SU267-19
Sentencia SU267/19
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL
O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO-Naturaleza dentro del
proceso ordinario laboral
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA
INTERPRETACION DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por cuanto se incurrió en defecto por desconocimiento del precedente en
relación con el principio de favorabilidad en la interpretación de las
convenciones colectivas
Referencia: Expediente T-6.909.272
Acción de tutela formulada por León Darío
Metaute Salazar contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Antioquia, Sala
Segunda de Descongestión Laboral.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada
por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Diana
Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, así como los Magistrados Carlos
Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos de tutela
emitidos el 12 de junio de 2018, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, en primera instancia, y el 12 de julio del mismo año por la
Sala de Casación Civil de dicha Corporación, en segunda instancia, dentro de la
acción de tutela formulada por León Darío Metaute Salazar contra: (i) la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que profirió sentencia del 24 de
enero de 2018; y, (ii) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
Antioquia, Sala Segunda de Descongestión Laboral, que emitió fallo del 30 de
junio de 2011.
I. ANTECEDENTES
La Sala de Selección Número Diez de la Corte
Constitucional escogió esta acción de tutela para su revisión[1] teniendo en
cuenta la insistencia presentada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger,
mediante escrito del 28 de septiembre de 2018[2].
Los criterios de selección mencionados por la Sala
fueron: (i) posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte
Constitucional, como criterio objetivo y (ii) tutela contra providencias
judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional, como
criterio complementario.
1. Hechos
1.1.
El señor León Darío
Metaute Salazar nació el 24 de octubre de 1958 y laboró como trabajador oficial
en el Departamento de Antioquia, desempeñándose como ayudante de oficial
en la Secretaría de Infraestructura Física -antes conocida como Obras Públicas
Departamentales-, desde el 12 de marzo de 1979 hasta el 5 de diciembre de 2005,
fecha última en la que fue despedido.
1.2.
Refirió que estuvo
afiliado al Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia
-Sintradepartamento- y que, como tal, es beneficiario de la convención
colectiva del 9 de diciembre de 1970, cuya cláusula duodécima establece:
“PENSIÓN DE JUBILACIÓN:
El Gobierno Departamental continuará
reconociendo la pensión de jubilación a todos sus trabajadores al cumplir
veinte (20) años de trabajo y cincuenta (50) años de edad.
Parágrafo 1°. Igualmente reconocerá pensión
vitalicia de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del
promedio mensual de los salarios devengados en el último año de servicio al
trabajador amparado por esta Convención que cumpla o haya cumplido cincuenta
(50) años de edad y que labore treinta (30) años o más, continuos o
discontinuos, exclusivamente al servicio del Departamento de Antioquia.
Parágrafo 2°. A los trabajadores que
estando vinculados cumplan sesenta (60) años de edad y más de quince (15) de
servicios continuos o discontinuos sin llegar a veinte (20) y deseen retirarse,
el Gobierno Departamental les reconocerá una pensión vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio mensual
devengado durante el último año, siempre y cuando los servicios hubiesen sido
prestados exclusivamente al Departamento de Antioquia y en actividades regidas
por contrato de trabajo con la Administración Departamental”[3].
Además, señaló que la cláusula séptima de la
convención suscrita el 30 de noviembre de 1978, fijó un monto pensional
equivalente al 80% del promedio mensual de los salarios devengados en el último
año de labores[4].
1.3.
Narró que el 12 de
marzo de 1999 completó los 20 años de labores exigidos convencionalmente y el
24 de octubre de 2008 cumplió 50 años de edad, por lo que satisfizo los
presupuestos necesarios para el reconocimiento de la pensión de jubilación
mencionada.
1.4.
Señaló que el mismo
24 de octubre de 2008 solicitó al Departamento de Antioquia el reconocimiento
de su pensión de jubilación. Sin embargo, dicha petición fue negada al
argumentar que, en criterio del ente territorial, debía cumplir los 50 años de
edad estando vinculado al departamento.
1.5.
Como consecuencia
de lo anterior, el actor presentó una demanda ordinaria laboral ante el Juzgado
2º Laboral del Circuito de Medellín, en la que alegó que ninguno de los apartes
de las convenciones exigía el cumplimiento de la edad mientras se encontraba
vigente la relación laboral.
1.6.
Dicha autoridad
judicial, mediante providencia del 18 de agosto de 2010, avaló la
interpretación del demandante, pero negó sus pretensiones al considerar que, si
bien tenía derecho a la pensión, se configuraba la excepción de “petición
antes de tiempo”. A tal conclusión llegó al considerar que la norma convencional
reproducía la Ley 6ª de 1945[5],
por lo que resultaban aplicables la Ley 33 de 1985 y el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 que exige 55 años de edad para acceder a la pensión[6]. En
consecuencia, aseveró que el accionante debía esperar a cumplir dicha edad para
reclamar la prestación social.
1.7.
Inconforme con esta
decisión, el señor Metaute Salazar interpuso recurso de apelación, pero en
segunda instancia se confirmó la negativa de sus pretensiones, por razones
disímiles a las esbozadas. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Segunda de Descongestión Laboral, en sentencia del 30 de junio
de 2011, descartó la excepción de “petición antes de tiempo”[7] y
aseveró que: (i) no se aportó la nota de depósito de las convenciones
colectivas ante el entonces Ministerio de Protección Social[8], lo que
imposibilitaba un fallo de fondo; y, (ii) en gracia de discusión, el accionante
no tendría derecho a la pensión así cumpliera los 55 años de edad, toda vez que
su interpretación del texto convencional llevaba a concluir que sólo era
posible el nacimiento a la vida jurídica del derecho pensional si el demandante
cumplía la edad de 50 años estando al servicio del departamento.
1.8.
Debido a lo
anterior, el accionante formuló recurso extraordinario de casación[9]
ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, con fundamento en
que: (i) aportó debidamente la respectiva nota de depósito ante el Ministerio
de la Protección Social; y, (ii) la cláusula duodécima de la convención
colectiva del 9 de diciembre de 2007 no exige cumplir 50 años estando vinculado
al departamento, tanto así, que el parágrafo segundo de esta cláusula, al
regular otra clase de pensión, sí señala expresamente este requisito[10].
1.9.
La Sala de Casación
Laboral de la Corte profirió fallo del 24 de enero de 2018, en el sentido de no
casar la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín. En primer lugar, la Corte señaló que era cierto que la parte
recurrente había aportado la nota de depósito ante el Ministerio de la
Protección Social, por lo que el litigio se limitaba a definir si la sentencia
de segunda instancia se equivocó, al considerar que “para acceder a la
pensión de jubilación convencional, era esencial cumplir los 50 años de edad
estando en vigencia de la relación laboral para acceder a la pensión
convencional”[11].
Sobre este último punto, señaló que el artículo 467
del Código Sustantivo del Trabajo[12]
establece que las convenciones colectivas rigen los contratos de trabajo
durante su vigencia, por lo cual, por regla general, sus efectos no se
extienden a situaciones ulteriores, salvo que así lo dispongan las partes.
Frente al asunto concreto, indicó que, en su criterio, la lectura de la
cláusula invocada no permitía establecer que la pensión de jubilación se
admitiera para quienes hubieren terminado sus funciones, pues “no incorporó
las expresiones ‘extrabajadores’ o ‘trabajadores que
hubiesen desempeñado’, lo cual hubiera permitido realizar otro tipo de
inferencia”[13].
Así mismo, indicó que “tampoco era viable la
aplicación del principio in dubio pro operario, pues por regla general
éste sólo opera frente a un conflicto real en las fuentes de derecho, que no
ante una incertidumbre fáctica (CSJ SL, 4 nov. 2009, rad. 5818, tesis reiterada
en la CSJ SL7807-2016)”[14].
Sentencias que aseguran que las convenciones colectivas no son normas jurídicas
sino pruebas que se aportan al proceso laboral y, por ende, no se les puede
aplicar el principio de favorabilidad del artículo 53 Constitucional[15].
1.10.
La sentencia de
casación tuvo dos salvamentos de voto, en los cuales se expresó que debió
reconocerse el derecho pensional del recurrente pues era necesario acudir al
principio de favorabilidad, el cual sí era aplicable, en tanto las convenciones
colectivas son verdaderas fuentes de Derecho, por lo que debían ser
interpretadas a la luz de los lineamientos constitucionales[16]. Los
Magistrados disidentes también aseguraron que la inaplicación de este parámetro
se debía a que la mayoría de la Sala de Casación Laboral  sigue considerando a
las convenciones como simples pruebas en casación y no como auténticas normas
jurídicas[17].
Además indicaron que la palabra trabajadores es
una expresión genérica que puede denotar a los que son activos como inactivos,
por lo que tampoco se podía acudir al uso de formalismos o exageraciones del
lenguaje al exigir el uso de vocablos como extrabajadores para resolver
el presente caso[18].
1.11.
Teniendo en cuenta
la decisión negativa en sede de casación, el señor Metaute Salazar formuló
acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, aduciendo que cometieron un error sustancial -defecto
sustantivo- al inaplicar los principios de igualdad y favorabilidad
(artículo 13 y 53 CP), y que, además, incurrieron en desconocimiento del
precedente horizontal y vertical.
1.12.
Como sustento de lo
anterior, el accionante afirmó que las convenciones colectivas de trabajo son
una fuente del Derecho y como tal, sus disposiciones también deben ser
interpretadas conforme a los postulados constitucionales. Al respecto, hizo
referencia a la sentencia SU-241 de 2015, en la cual la Corte Constitucional
expresó que:
“Si bien los jueces –incluyendo las
altas cortes- tienen un amplio margen de interpretación en las normas laborales,
no les es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es,
seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente
lo desfavorece o perjudica (…) una conducta contraria configura un defecto que
viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por
desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional.
Si a juicio del fallador la norma – y esto
incluye a las convenciones colectivas – presenta dos alternativas posibles de
interpretación, el juez debe inclinarse por la más favorable al trabajador, en aplicación del principio
de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 C.P. y del derecho fundamental
del debido proceso”[19].
El demandante también indicó que las autoridades
judiciales desconocieron el precedente horizontal y vertical y, con ello, su
derecho a la igualdad real, por cuanto no respetaron casos previos con
similitud fáctica en los que se concedió la pensión convencional, inclusive
citó sentencias en las que se condenó al Departamento de Antioquia con base en
los mismos argumentos de su acción[20].
1.13. Con fundamento en lo expuesto, el accionante solicitó que: (i) se
amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la negociación
colectiva, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas; y que, en
consecuencia (ii) se dejen sin efectos las citadas sentencias para, en su
lugar, (iii) condenar al Departamento de Antioquia a reconocer la pensión de
jubilación a que tiene derecho.
De forma subsidiaria, solicitó que se ordenara a la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, emitir un nuevo fallo, en
el que case la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Segunda de Descongestión Laboral, y se acceda a sus pretensiones[21].
2.
Traslado y
contestación de la demanda
2.1.
Admisión de la
tutela
Mediante Auto del 30 de mayo de 2018[22], la Sala de
Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia asumió el conocimiento de la acción de tutela y vinculó al trámite al
Juzgado 2º Laboral del Circuito de Medellín y a los demás intervinientes en el
proceso laboral adelantado por el accionante para que se pronunciaran sobre los
hechos y pretensiones de la tutela.
2.2.
Respuestas de
las autoridades accionadas y vinculadas
Dentro del término concedido por el juez de primera
instancia, sólo se pronunciaron la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, y el Departamento de Antioquia. No hubo pronunciamiento de las demás
autoridades.
2.2.1.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral
Mediante escrito del Magistrado Jorge Mauricio Burgos
Ruiz, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia solicitó que
se declarara improcedente el amparo constitucional, “no sólo porque está
encaminado a dejar sin valor y efecto la sentencia de casación que, con
estricto apego a la ley, fuera dictada dentro del proceso ordinario laboral que
instauró el actor contra el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, sino porque la sentencia
cuestionada fue dictada por esta Corporación, en su condición de máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria y, por ende, en ejercicio de la función
que la ley le otorga como órgano de cierre de la misma, de forma tal que,
aunque contraria a los intereses del petente, no puede ser objeto de
confrontación en sede de tutela”[23].
2.2.2.  Departamento de Antioquia
La abogada del ente territorial adujo que la
convención colectiva de trabajo se celebra “para fijar las condiciones que
regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, en virtud de lo
consagrado en el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo. Por lo que el
reconocimiento de la pensión solicitada sólo hubiera sido posible si el
accionante cumplía los 50 años de edad mientras trabajaba para el Departamento.
3.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
3.1.
Primera
instancia
Mediante sentencia del 12 de junio de 2018[24],
la Sala de Decisión de Tutelas No. 3, Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, negó el amparo con fundamento en que el demandante no
advirtió “algún defecto específico que habilite el amparo invocado. Tampoco
se evidencian arbitrarias las decisiones controvertidas, sino razonables y
ajustadas a derecho”[25].
Señaló que, en su opinión, carecían de sustento las
afirmaciones expuestas en la tutela, toda vez que la Sala accionada llevó a
cabo el análisis detallado del caso y “advirtió que las previsiones
convencionales no pueden extenderse más allá de la vigencia de la relación
laboral, salvo que exista un pacto de común acuerdo con el que se busque
extender sus efectos a situaciones posteriores”[26].
3.2.
Impugnación
El 21 de junio de 2018, el señor León Darío Metaute
Salazar impugnó la referida sentencia, indicó que la Sala “dio primacía a la
autonomía judicial y no al principio de favorabilidad en la interpretación de
las fuentes formales (sic) del derecho (convención colectiva) y no tuvo
en cuenta las reiteradas decisiones de la Corte Constitucional sobre la
aplicación de este principio en el derecho laboral especialmente la Sentencia
SU-241 de 2015”[27].
Estimó que, de la lectura del primer inciso de la
cláusula 12 de la convención colectiva del 9 de diciembre de 1970, se puede
concluir que “este no tiene ningún requisito adicional al de cumplir los 20
años de servicio y los 50 de edad. Es decir, sobre la edad no dice que debe
cumplirse estando al servicio del Departamento”[28].
De igual manera hizo referencia a algunos precedentes
constitucionales que las autoridades demandadas presuntamente desconocieron
(sentencias T-800 de 1999, T-350 de 2012 y SU-241 de 2015) y, por ende,
vulneraron su derecho a acceder a la pensión de jubilación.
Para concluir, alegó que no se tuvo en cuenta que la
Corte Suprema de Justicia incurrió en un error sustancial, debido a que: “a)
Negó mi derecho convencional al tomar la convención colectiva como una prueba y
no como una norma que debe interpretarse con el principio de favorabilidad. b)
No tuvo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Laboral, no respetaron su propio precedente,
violándome el derecho a la igualdad”[29].
3.3.
Sentencia de
segunda instancia
Mediante sentencia del 12 de julio de 2018[30],
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión
de primera instancia, cimentándose en la autonomía judicial. También, argumentó
que los precedentes traídos a colación por el accionante eran insuficientes,
por cuanto “no se atisba la contradicción por él reprochada. Basta
examinarlos y darse cuenta que, la razón por la que en ellos se confirió la
“pensión” se edificó en la redacción de las “cláusulas convencionales”
disputadas, las cuales de manera homogénea, cubrían, de forma inequívoca, a los
“exempleados”; circunstancia fáctica que no hallaron los funcionarios del
pleito comentado en el escenario natural”[31].
4.
Pruebas que
obran en el expediente
4.1.
Información
allegada por el señor León Darío Metaute Salazar:
-
Copia de la demanda del
proceso ordinario laboral[32].
-
Copia de la sentencia
de primera instancia proferida el 18 de agosto de 2010 por el Juzgado 2º
Laboral del Circuito de Medellín[33].
-
Copia de la sentencia
de segunda instancia proferida el 30 de junio de 2011 por la Sala Segunda de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín[34].
-
Copia de la sentencia
de casación proferida el 24 de enero de 2018 proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con los respectivos salvamentos de
voto[35].
-
Copia de la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita el 9 de diciembre de 1970 entre el Departamento
de Antioquia y los trabajadores oficiales (personal de planilla) de las
Secretarías de Obras Públicas y Agricultura[36].
-
Copia de la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita el 30 de noviembre de 1979 entre el Departamento
de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores al servicio de éste[37].
4.2.
Información
allegada por el Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruíz, como ponente de la
decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia:
-
Copia de la sentencia
de casación proferida el 24 de enero de 2018 proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con los respectivos salvamentos de
voto[38].
4.3.
Información
allegada por la apoderada del Departamento de Antioquia:
-
Copia del otorgamiento
de poder especial para actuar a la doctora Natalia Montoya Quiceno[39].
-
Copia del Decreto “por
medio del cual se delegan unas funciones del Gobernador del Departamento de
Antioquia” en el Secretario General, con fecha del 10 de febrero de 2016[40].
-
Copia del Acta de
Posesión del señor Javier Mauricio García Quiroz como Secretario General del
Departamento de Antioquia[41].
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente
para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Se destaca que el 1º de febrero de 2019, el Magistrado
Ponente sometió el presente asunto al conocimiento de la Sala Plena de la
Corte, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015,
Reglamento Interno de esta Corporación. En sesión del día 23 de febrero de
2019, la Sala decidió asumir conocimiento del proceso debido a que se trata de
una acción de tutela contra una Alta Corte.
2. Análisis de procedencia general de la acción de
tutela contra providencias judiciales
En primer lugar, la Sala debe verificar si en el
presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de las
acciones de tutela que se formulan contra providencias judiciales. Bajo este
propósito, se explicarán progresivamente cada uno de los requisitos y se
analizará su cumplimiento en el caso concreto. De sobrepasar el referido
examen, se pasará a formular el respectivo problema jurídico y se realizará el
estudio de fondo del asunto[42].
El artículo 86 de la Carta Política, el Decreto 2591
de 1991 y la  jurisprudencia constitucional[43], han
establecido que la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario,
pues es un mecanismo judicial de naturaleza excepcional que persigue una
protección inmediata frente a la conducta de cualquier autoridad pública o, en
precisos eventos, de particulares, cuando quiera que su acción u omisión
implique alguna vulneración o amenaza a los derechos fundamentales.
En desarrollo de dicha disposición superior y, en
concordancia con lo previsto en los artículos 1°, 5º, 6º, 8º, 10º y 42 del
Decreto 2591 de 1991[44],
así como la jurisprudencia constitucional relativa al tema[45], los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales son:
(i) legitimación en la causa por activa; (ii)
legitimación en la causa por pasiva[46];
(iii) relevancia constitucional; (iv) subsidiariedad o agotamiento de los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (v) inmediatez;
(vi) de tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia
directa en la decisión[47];
(vii) identificación de los hechos del caso y los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados; y (viii) que no se trate de una acción de tutela
formulada contra sentencias adoptadas en procesos de tutela.
2.1. Legitimación en la causa por activa
En virtud del artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, toda acción de tutela debe ser
ejercida por la persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, por sí misma o a través de representante. Además, es posible que
un tercero interponga la acción si el titular de los derechos se encuentra en
imposibilidad de promover su propia defensa (agencia oficiosa)[48].
De acuerdo con lo anterior, se resalta que
este presupuesto debe ser acatado frente a cualquier acción de tutela, por lo
que también hace parte de los requisitos generales de procedencia de aquellas
acciones que se dirijan contra providencias judiciales. En consecuencia, la
Corte debe abordar su examen, tal como se ha realizado, entre otras, en las
sentencias T-406 de 2017, T-313 de 2017, SU-173 de 2015[49].
En el presente caso, quien formuló el amparo
fue el señor León Darío Metaute Salazar actuando a nombre propio fundado en la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
negociación colectiva, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.
Por lo anterior, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación en
la causa por activa, en la medida en que la solicitud del demandante está
encaminada a la salvaguarda de sus propias garantías.
2.2. Legitimación en la causa por pasiva
Los artículos 5º y 13 del
Decreto 2591 de 1991 señalan que la acción debe dirigirse contra la autoridad
pública o el representante del órgano que presuntamente haya violado o
amenazado los derechos fundamentales del demandante. A su vez, las
disposiciones 86 Superior y 42 del Decreto en cita establecen las condiciones
para que el amparo pueda formularse contra acciones u omisiones de particulares[50].
En esta ocasión, el amparo se
formuló contra las autoridades judiciales que negaron el reconocimiento de la
pensión de jubilación al señor Metaute Salazar, por lo que se trata de las
entidades presuntamente responsables de la vulneración de sus derechos y, por
ende, se encuentra acreditada su legitimación en la causa por pasiva.
2.3 Relevancia
constitucional
Esta Corporación ha señalado
al respecto, que el juez debe examinar si la naturaleza de la controversia es
verdaderamente constitucional en cuanto gira en torno al contenido, alcance y/o
goce de un derecho fundamental,  o si, en cambio, se limita a una discusión de
raigambre legal o económica que no debería ser tramitada por medio de acción de
tutela[51].
El presente caso, se refiere a
la presunta vulneración de las garantías fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, entre otros, del señor León
Darío Metaute Salazar, ante la negativa de las autoridades accionadas de
aplicar los principios constitucionales contenidos en el artículo 53 Superior,
y presuntamente por haber incurrido en un desconocimiento del precedente
constitucional fijado por esta Corte. De tal forma que el asunto bajo análisis
sí acredita este requisito de procedencia.
2.4. Subsidiariedad o agotamiento de los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial
La acción de amparo tiene un carácter residual y
subsidiario, en virtud de lo consagrado en el artículo 86 de la Carta Política,
del Decreto 2591 de 1991 y la  jurisprudencia constitucional[52]. Con
fundamento en lo anterior, esta acción sólo es procedente de forma excepcional
como mecanismo: (i) definitivo, en los casos en que el presunto afectado
no cuente con otro medio idóneo y eficaz de defensa judicial para la protección
de sus derechos fundamentales; y (ii) transitorio, cuando se
busca evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Por consiguiente, si el asunto puede ser ventilado
ante una autoridad jurisdiccional a través de un mecanismo ordinario, en
principio deberían agotarse las etapas y formas previstas en el ordenamiento
jurídico para cada proceso, pues el juez de tutela no podría desplazar el
conocimiento de las autoridades instituidas para el efecto.
Del estudio del expediente se concluye que el accionante
agotó todos los mecanismos requeridos para salvaguardar sus derechos antes de
incoar la acción de tutela, en la medida en que acudió al proceso ordinario
laboral e, inclusive, al recurso extraordinario de casación; por tanto, se
entiende satisfecho el requisito de subsidiariedad o el denominado agotamiento
de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
Adicionalmente, se subraya que el presente amparo se
dirige contra una providencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la cual no puede ser cuestionada por ningún medio
judicial a disposición del accionante, a excepción de la acción de tutela.
2.5. Inmediatez
Esta Corporación ha
indicado que: “como requisito de procedibilidad, la acción de tutela también
exige que su interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado
a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia constitucional de
ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con
miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de
violación o amenaza”[53].
En el asunto objeto de estudio, se evidencia que el 24
de enero de 2018 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
profirió sentencia dentro del proceso laboral adelantado por el accionante,
dicha providencia fue notificada mediante edicto fijado el 8 de febrero de la
anualidad mencionada[54].
Así mismo, se encuentra que el 24 de mayo de 2018 se interpuso la acción de
tutela.
Con lo cual, debe resaltarse que tan sólo
transcurrieron cerca de cuatro meses entre la actuación que presuntamente
generó la vulneración de los derechos fundamentales invocados y la formulación
del amparo, tiempo más que prudencial y proporcionado para cumplir el
presupuesto de inmediatez.
2.6 Que de tratarse de una irregularidad procesal,
ésta tenga incidencia directa en la decisión
Frente a esta exigencia se destaca que, si bien se ha
asumido como un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, su supuesto de hecho (tratarse de una irregularidad
procesal), hace que se limite a una circunstancia específica o especial que
al día de hoy sólo se predicaría del defecto denominado procedimental
absoluto[55].
Es por ello que este supuesto ha perdido su carácter
general y no resulta aplicable para el caso concreto, debido a que las
irregularidades señaladas por el actor son de carácter sustantivo y no procesal
o, mejor dicho, procedimental, al estar relacionadas con el alcance y contenido
de la cláusula convencional que incorpora el derecho a la pensión de jubilación,
y no con el devenir del procedimiento judicial como tal.
2.7 Identificación de los hechos del caso y los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados
La acción de tutela bajo análisis refiere claramente
los hechos que dieron lugar al conflicto jurídico constitucional en cuestión,
así como las decisiones judiciales que se adoptaron en el curso del proceso
laboral, las cuales presuntamente habrían desconocido los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la
negociación colectiva, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas del
señor Metaute Salazar, de manera que se satisfizo este requisito.
2.8 Que no se trate de una acción de tutela formulada
contra sentencias de tutela
Esta exigencia también se acredita toda vez que las
providencias judiciales en controversia no son sentencias de amparo[56],
sino que se trata del ataque en sede de tutela, contra una providencia que
resolvió el recurso de casación contra un fallo proferido dentro de un proceso
laboral.
Teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela bajo análisis, la
Sala Plena pasa a abordar el examen de fondo del presente asunto.
3. Planteamiento del problema jurídico y
metodología de resolución del caso
Con base en los antecedentes expuestos, la Sala Plena
de la Corte Constitucional considera que el problema jurídico que debe resolver
en este caso es el siguiente:
¿La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, (sentencia del 24 de enero de 2018), y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Descongestión Laboral, (fallo
del 30 de junio de 2011), vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas de León Darío Metuaute Salazar, por cuanto presuntamente incurrieron
en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, al asumir una
interpretación de la convención colectiva aplicable al caso, que excluyó el
principio de favorabilidad para resolver el asunto sometido a su criterio?
Para resolver la cuestión planteada, la Corte
estudiará los siguientes temas: (i) causales específicas de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii)
caracterización de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
jurisprudencial; (iii) la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas;
(iv) el principio de favorabilidad y su aplicación ante convenciones
colectivas; y, (v) resolución del caso concreto.
4. Causales específicas de procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales
Además
de los presupuestos generales de procedencia previamente analizados, la Corte
Constitucional ha establecido unos requisitos especiales para estudiar la
viabilidad de acciones de tutela contra decisiones judiciales, los cuales se
traducen en vicios que, de encontrarse, permiten la intervención del juez de
tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales que hayan sido
transgredidos. Estos defectos han sido sintetizados de la siguiente manera:
“a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.
Violación directa de la Constitución”.[57]
De otra parte, debe
señalarse que la acción de tutela contra providencias judiciales sólo opera
cuando todos los mecanismos que le han precedido han fallado, toda vez que se
exige haber acudido a ellos de manera diligente por quien considera afectados
sus derechos por las decisiones de los jueces. Ello,  por cuanto de haberse
reconocido las pretensiones del afectado, “nada nuevo tendrá que decir el
juez de tutela, pues los jueces ordinarios habrán cumplido a cabalidad con la
tarea de garantizar los derechos fundamentales concernidos”[58].
5. Caracterización de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente jurisprudencial
5.1 Defecto material o sustantivo
Los artículos 228 y 230 de la Constitución Política[59]
consagraron el principio de autonomía e independencia de los jueces para
ejercer sus funciones. Sin embargo, es necesario que las autoridades judiciales
acudan correctamente a la hermenéutica jurídica para interpretar las
disposiciones legales aplicables y sus efectos conforme a la Constitución y el
imperio de la ley.
Sobre el particular, la Corte ha advertido, en sede de
control concreto de constitucionalidad, que la función de los jueces no puede
reducirse a una mera actividad mecánica e irreflexiva de aplicación de normas
generales, impersonales y abstractas a los diferentes casos estudiados[60].
Todo lo contrario, su labor necesariamente debe trascender para no desconocer
la complejidad y singularidad que caracteriza la realidad social, la cual no
puede ni debe ser “abarcada por completo dentro del ordenamiento jurídico”.[61]
En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha
definido al defecto material o sustantivo como aquel que acontece cuando existe
“una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”[62]
o cuando el juez ha fallado con base en: (i) una norma evidentemente
inaplicable al caso que se estudia; (ii) una norma inexistente; o (iii) una
norma declarada inconstitucional[63].
En la sentencia SU-659 de 2015, la Corte
Constitucional hizo una breve síntesis de algunas situaciones en las que se
incurre en el referido defecto, entre las cuales se encuentran las siguientes:
“(i) Cuando existe una carencia absoluta de
fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no
existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) Aplicación de norma que requiere
interpretación sistemática con otras normas, caso en el cual no se tienen
en cuenta otras normas aplicables al caso y que son necesarias para la decisión
adoptada.
(iii) Por aplicación de normas
constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma
no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos
fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.
(iv) Porque la providencia incurre en
incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se
configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones
expuestas en la providencia.
(v) Al aplicar una norma cuya
interpretación desconoce una sentencia de efectos ‘erga omnes’. En esta
hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una
sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.
(vi) Por aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido
declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución. En
este evento, la tutela procede si el juez ordinario no inaplica la norma por
medio de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.”[64]
5.2 Desconocimiento del precedente jurisprudencial
La jurisprudencia constitucional también ha decantado
que la autonomía de los jueces encuentra un límite ante la relevancia del
precedente en el ordenamiento jurídico colombiano y la garantía efectiva del
derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, lo
cual implica el derecho ciudadano a tener una interpretación y aplicación
equivalente de la ley.[65]
Bajo esta consigna, el defecto por desconocimiento del
precedente tiene como fin proteger los principios de seguridad jurídica,
igualdad, buena fe y confianza legítima. Al respecto, esta Corporación ha
aseverado que “el desconocimiento del precedente, sin una debida
justificación, hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad.”[66].
Ahora bien, cuando una autoridad judicial considere
pertinente apartarse de algún criterio jurídico adoptado con anterioridad,
tiene la obligación de motivar claramente su decisión, exponiendo las razones
que justifican su postura. De ahí que a los jueces se les ha impuesto el
cumplimiento de dos requisitos, a saber:
(i) El de transparencia, el cual hace
referencia al reconocimiento expreso del precedente que se busca modificar o
desconocer; y (ii) el de suficiencia de la carga argumentativa. En este
último no basta simplemente esbozar argumentos que sean contrarios a la
posición de la que se aparta, sino que deben exponerse “de manera suficiente
y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de
sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía”[67].
Finalmente, se resalta que el respeto del precedente
jurisprudencial también se encuentra íntimamente ligado a la obligatoriedad de
los fallos de tutela, lo cual emana precisamente del respeto por la
institucionalidad y los valores y reglas que rigen el Estado Social de Derecho.
Ello permite garantizar que las decisiones de los jueces no sean arbitrarias,
caprichosas o que desconozcan la interpretación autorizada de la Carta Política[68].
6. Naturaleza jurídica de las convenciones colectivas.
Reiteración de jurisprudencia.[69]
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, ha aseverado que las convenciones colectivas se equiparan a un medio
probatorio, atendiendo a que son normas de alcance particular y carecen de la
aplicación nacional propia de las leyes del trabajo. Así mismo, ha destacado
que el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo les otorga un carácter
solemne, de manera que, deben ser aportadas como pruebas en todo proceso
ordinario laboral, adjuntando copia auténtica y la respectiva acta de depósito
ante la autoridad administrativa del trabajo[70].
El alcance de estas consideraciones llega a tal punto,
que la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, sólo admite ventilar
conflictos interpretativos sobre convenciones colectivas por la vía indirecta,
en tanto, dilema sobre una situación fáctica y no jurídica[71].
En contraste con lo anterior, la Corte Constitucional
ha sostenido que no se puede desconocer el valor normativo de las convenciones
colectivas, así se aporte a un proceso judicial en calidad de prueba. En la
sentencia SU-241 de 2015, esta Corporación señaló que el deber de
interpretación es un “mandato constitucional para todos los operadores
jurídicos, y más aún para la autoridad judicial (artículos 228 y 55 de la
Constitución Política), las cuales una vez establecido el texto de la
convención colectiva, deben interpretarla como norma jurídica, y no
simplemente como una prueba, máxime si de aquella se derivan derechos y
obligaciones para los particulares”[72].
En tal sentido, se ha reiterado que la tesis explicada
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desconoce los
postulados de la Carta Política, pues “si bien la convención colectiva se
aporta al proceso como una prueba, es una norma jurídica, la cual debe
interpretarse a la luz de los principios y reglas constitucionales, entre ellos
el principio de favorabilidad”[73].
La reciente sentencia SU-113 de 2018, menciona al
respecto que cuando el juez ejerza su facultad de interpretación de una norma
jurídica, ya sea que se encuentre en una ley, un decreto, un reglamento o en
una convención colectiva, “su análisis deberá realizarse de conformidad con
los valores, principios y derechos fundamentales señalados en la Carta
Política”[74].
Con fundamento en ello, este Tribunal ha concluido
que, pese a que una convención colectiva se allega a un proceso como prueba,
debe ser considerada como norma jurídica y, por tanto, su interpretación debe
ir acorde a los principios de la Constitución[75].
7. El principio de favorabilidad y su aplicación ante
convenciones colectivas. Reiteración de jurisprudencia
En los artículos 53 Superior[76] y 21 del
Código Sustantivo del Trabajo se establece como principio que, en caso de duda
en la aplicación y/o interpretación de las fuentes del derecho, siempre deberá
preferirse aquella que resulte más favorable para el trabajador. Lo anterior,
se conoce como el principio de favorabilidad o in dubio pro operario,
cuyo alcance ha sido desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
El máximo organismo de la jurisdicción ordinaria
laboral ha señalado que “el juez del trabajo solamente puede acudir a dicho
principio constitucional cuando se halle ante una duda en la aplicación de dos
o más normas vigentes y aplicables al caso, evento que es conocido como la
regla más favorable o cuando tenga una duda sobre las diversas interpretaciones
de la misma disposición jurídica”[77].
Ahora bien, la Corte Constitucional en
ocasiones ha diferenciado el significado de los principios de favorabilidad e in
dubio pro operario, en los siguientes términos:
“El principio de favorabilidad se aplica en los casos
en que existe duda sobre la disposición jurídica aplicable, en tanto se
encuentran dos o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el
derecho. En tales eventos, ‘los cánones protectores de los derechos del
trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la disposición jurídica
que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o beneficiario del
sistema de seguridad social’, respetando el principio de inescindibilidad de la
norma, esto es, la aplicación de manera íntegra en relación con la totalidad
del cuerpo normativo al que pertenece.
El principio in
dubio pro operario o favorabilidad en sentido amplio, por otro lado, implica
que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso admiten diversas
interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo, hipótesis bajo la
cual el operador jurídico debe escoger aquella que brinde mayor amparo o sea
más favorable al trabajador”[78].
Esta Corporación también ha señalado que
estos parámetros se relacionan intrínsecamente con el principio de
interpretación pro persona, en virtud del cual deben aplicarse las
normas jurídicas de tal forma que se procure la mayor protección y goce
efectivo de los derechos de los individuos[79].
Esto, con el fin de que las disposiciones legales sirvan como instrumento para
garantizar el respeto por los derechos y prerrogativas esenciales que, a su
vez, se encaminan a materializar una “mejor calidad de vida de las personas”[80].
Este criterio se fundamenta tanto en la
normatividad nacional como en la internacional, a saber, en lo dispuesto en los
artículos 1º y 2º de la Constitución Política[81],
en el Preámbulo y artículo 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos[82]
y en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[83],
entre otros.
Ahora bien, en lo relativo a la aplicación
de estos principios supralegales a la interpretación de convenciones
colectivas, recientemente la Corte se pronunció al respecto en las sentencias
SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018, en las cuales se analizaron casos en los que
la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a aplicar el
principio de favorabilidad a la hora de interpretar convenciones colectivas.
En la sentencia SU-241 de 2015 el
accionante laboraba para la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de
Barranquilla E.S.P y solicitaba la aplicación de la convención colectiva
suscrita entre el sindicato y la entidad, específicamente, aducía que le era
aplicable la pensión de jubilación convencional que se reconocía a empleados
que hubieran prestado 10 años o más de servicios y cumplieran 50 años (hombres)[84].
La empresa negó sus pretensiones aduciendo
que el actor no había cumplido la edad de 50 años en vigencia del contrato,
argumento que fue rechazado por el demandante al sostener que el texto
convencional no exigía estar vinculado a la entidad para el momento de cumplir
la edad requerida.
Aunque en primera instancia se le dio la
razón al demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
indicó que no le asistía el derecho pensional debido a que la convención
colectiva no fijó expresamente que la edad podía cumplirse con posterioridad al
periodo en que el trabajador estuvo vinculado a la entidad. Además, la Corte
Suprema de Justicia señaló que la convención admitía dos posibles
interpretaciones y el juzgador estaba en la libertad de escoger razonablemente
una de ellas.
Pese a lo anterior, la Sala Plena de la
Corte Constitucional reivindicó el papel del principio de favorabilidad en esta
clase de casos y la obligación de aplicar los postulados del artículo 53
Superior, por lo que amparó los derechos invocados por el accionante, revocó la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia y confirmó la de primera instancia,
en el sentido de reconocer la pensión de jubilación convencional.
En la providencia SU-113 de 2018, los
hechos hacen referencia a una trabajadora de la empresa Minercol Ltda., que
solicitaba el reconocimiento de una pensión convencional. Los requisitos para
ésta eran 50 años de edad para mujeres y 20 años de servicios[85], la
discusión giraba en torno a la posibilidad de cumplir dicha edad con
posterioridad a la finalización de la relación contractual.
El texto de la convención no permitía
dilucidar cuál interpretación acoger, lo que fue asumido por los jueces de
instancia y la Corte Suprema de Justicia como una imposibilidad para reconocer
la pensión solicitada. Además, excluyeron el principio de favorabilidad en
tanto éste sólo se utilizaría para conflictos entre fuentes de derecho y no
sobre elementos fácticos o probatorios.
En contraste, la Corte Constitucional
indicó que:
“En el escenario de los conflictos de trabajo, so
pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es
dable al operador jurídico desconocer las garantías laborales
reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni
tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan
como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. (…)
Si una
norma -incluyendo las convenciones colectivas de trabajo, según la dogmática que precede-, admite
varias posibilidades de interpretación, es deber del juez aplicar la que
resulta más benéfica para el trabajador, pues en caso contrario, se
vulneraría el derecho fundamental al debido proceso y el principio de
favorabilidad previsto en el artículo 53 Superior.”[86].
En consecuencia, la Sala Plena concedió la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de
la accionante, dejó sin efectos la decisión de la Corte Suprema y reafirmó que
ésta autoridad “tiene el deber constitucional de interpretar la norma
convencional para fijar su sentido y alcance, de manera uniforme para todos los
asuntos, y garantizar así la efectividad del principio de seguridad jurídica, a
partir de parámetros explícitos de favorabilidad”[87].
Así las cosas, se concluye que la
aplicación del principio de favorabilidad en esta clase de casos debe regirse
por los siguientes pilares: “(i) la obligación de los jueces de la República
de someterse en sus decisiones al derecho, bajo la idea de la fuerza material
de ley de las convenciones colectivas y su carácter de acto solemne, y (ii) la
obligación de los jueces de la República de aplicar las garantías
constitucionales de la igualdad formal ante la ley y el principio de
favorabilidad laboral en caso de duda en la interpretación de las disposiciones
de las convenciones colectivas”[88].
8. Resolución del caso concreto
En el caso bajo examen, la Sala Plena de la Corte
evidencia que existe un consenso entre las partes respecto a los siguientes
hechos: el ciudadano León Darío Metaute Salazar, actualmente de 60 años de
edad, laboró para la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de
Antioquia en calidad de trabajador oficial. Fue miembro del sindicato de
trabajadores y empleados del referido departamento, donde laboró desde el 12 de
marzo de 1979 hasta el 5 de diciembre de 2005, fecha en la cual fue despedido.
Así, el demandante inició la referida relación laboral con 21 años de edad, y
tras 26 años de trabajo, fue despedido a la edad de 47 años.
Tomando como fundamento lo anterior, el accionante
invoca las convenciones colectivas del 9 de diciembre de 1970 y del 30 de
noviembre de 1978, las cuales hacen parte de la Recopilación de normas
convencionales y laudos arbitrales vigentes 1945-2002, con el fin de
reclamar su derecho a una pensión de jubilación.
Dada la importancia de dichas convenciones, la Sala
hace referencia expresa a los textos mencionados:
-Convención colectiva del 9 de diciembre de 1970,
cláusula duodécima:
“PENSIÓN DE JUBILACIÓN:
El Gobierno Departamental continuará
reconociendo la pensión de jubilación a todos sus trabajadores al cumplir
veinte (20) años de trabajo y cincuenta (50) años de edad.
Parágrafo 1°. Igualmente reconocerá pensión
vitalicia de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del
promedio mensual de los salarios devengados en el último año de servicio al
trabajador amparado por esta Convención que cumpla o haya cumplido cincuenta
(50) años de edad y que labore treinta (30) años o más, continuos o
discontinuos, exclusivamente al servicio del Departamento de Antioquia.
Parágrafo 2°. A los trabajadores que
estando vinculados cumplan sesenta (60) años de edad y más de quince (15) de
servicios continuos o discontinuos sin llegar a veinte (20) y deseen retirarse,
el Gobierno Departamental les reconocerá una pensión vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio mensual
devengado durante el último año, siempre y cuando los servicios hubiesen sido
prestados exclusivamente al Departamento de Antioquia y en actividades regidas
por contrato de trabajo con la Administración Departamental”[89].
-Convención colectiva del 30 de noviembre de 1978,
cláusula séptima:
“La pensión mensual y vitalicia de
jubilación para los trabajadores del Departamento vinculados, a partir de la
presente Convención, será equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio
mensual de los salarios devengados por el trabajador en el último año de
servicios”[90].
El actor indica que tiene derecho a la pensión
jubilación convencional debido a que el 12 de marzo de 1999 cumplió 20 años de
servicio y el 24 de octubre de 2008 cumplió los 50 años de edad, por lo que
acreditaría los presupuestos de la cláusula duodécima de la convención
colectiva del 9 de diciembre de 1970 relativos a tiempo laborado y edad.
Pese a lo anterior, el Departamento de Antioquia negó
su petición asegurando que la referida cláusula exigía el cumplimiento de la
edad de 50 años estando al servicio del ente territorial. De manera que, si el
señor Metaute Salazar había sido despedido a la edad de 47 años, no podía
solicitar su derecho a la pensión de jubilación.
La Corte encuentra que es en este momento en que dos
formas de interpretar los textos convencionales entran en colisión, lo que
lleva al accionante a acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para dirimir
el asunto. Por otra parte, se destaca que la pretensión del accionante tiene
como fundamento que cumplió 50 años de edad el 24 de octubre de 2008, esto es,
con anterioridad al 31 de julio de 2010, fecha a partir de la cual expiraron
todos los regímenes pensionales especiales, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2005[91].
Dado lo anterior, se concluye que las convenciones
colectivas invocadas por el actor estaban vigentes para el año 2008, de
conformidad con lo previsto en el artículo 478 del Código Sustantivo del
Trabajo respecto a las prórrogas automáticas de las convenciones laborales[92], y el parágrafo
transitorio 3° del Acto Legislativo 01 de 2005 que avaló la continuación de las
reglas pensionales de carácter especial durante la entrada en vigencia del referido
Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010[93].
Así las cosas, en primera instancia, se tiene que el
Juzgado 2º Laboral del Circuito de Medellín avaló la interpretación del
demandante, pero negó sus pretensiones al asegurar que debía esperar a cumplir
55 años de edad para reclamar su derecho (petición antes de tiempo),
dado que el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993 así lo exigía[94].
Frente a esta decisión, el actor interpuso recurso de
apelación al sostener que el juzgado se equivocó al acudir a las reglas propias
de la pensión legal de vejez, cuando su petición giraba en torno a la
aplicación de convenciones colectivas de trabajo que reconocen el derecho a una
pensión de jubilación a trabajadores del Departamento de Antioquia.
Aunque se evidencia que, en segunda instancia, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de
Descongestión Laboral, en fallo del 30 de junio de 2011, admitió que el
demandante tenía razón y no resultaba aplicable la Ley 100 de 1993 para este
asunto[95],
negó nuevamente las pretensiones de la demanda por razones diferentes, las
cuales se abordarán más adelante.
En este punto, la Corte Constitucional considera
ilustrativo dedicar un aparte exclusivo a explicar en detalle el contenido de
la sentencia del Tribunal y la que, posteriormente, proferiría la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dado que la acción de tutela
sometida a revisión se dirige en contra de estas.
Providencias judiciales objeto de acción de tutela
i)
Tal como se venía relatando, el 30 de junio de 2011, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Descongestión Laboral,
negó la solicitud pensional del señor León Darío Metaute Salazar bajo dos
argumentos:
-En primer lugar, aseguró que la recopilación de los
textos convencionales “no reúne los requisitos de validez establecidos en el
artículo 469 del C.S.T., en cuanto debió aportarse con la correspondiente nota
de depósito del Ministerio de la Protección Social”[96]. Por lo que,
en su criterio, ni siquiera había lugar a estudiar de fondo la solicitud del
demandante.
-Sin embargo, en gracia de discusión, señaló que no
comparte la interpretación del actor respecto a “que sólo se requiere el
cumplimiento del tiempo de servicio, por cuanto es el que determina el nacimiento
del derecho” (...) “toda vez que desnaturaliza por completo la
hermenéutica que desde tiempos inmemoriales ha entendido como requisitos para
alcanzar la pensión de jubilación o la de vejez, esta última bajo el nuevo
Sistema General de Pensiones, la prestación del servicio durante un número
determinado de años, con la necesaria concurrencia del factor edad y, de faltar
alguno de ellos, bien es sabido, que no es posible el surgimiento del derecho a
las citadas prestaciones económicas”[97].
A lo cual agregó que el derecho a la pensión “nace
a la vida jurídica al cumplirse dos requisitos, cincuenta años de edad y veinte
años de servicios; mismos que no son simplemente condiciones para la
exigibilidad del pago de la mesada pensional, sino elementos configurativos del
derecho a disfrutarla y sin los cuales el trabajador no puede reclamarla
válidamente”[98].
ii)
En desacuerdo con este fallo, el accionante formuló recurso extraordinario de
casación con fundamento en que sí aportó la respectiva nota de depósito ante el
Ministerio de la Protección Social y, además, erró la sentencia al interpretar
equivocadamente la cláusula duodécima de la convención colectiva suscrita el 9
de diciembre de 1970, dado que ésta contempla tres clases de pensiones y la que
él reclama no exige cumplir la edad estando vinculado al Departamento de
Antioquia[99].
En sentencia del 24 de enero de 2018, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, descartó el primer
argumento del Tribunal debido a que el recurrente sí aportó la nota de depósito
ante el entonces Ministerio de la Protección Social, no obstante lo anterior se
abstuvo de casar la providencia atacada por las siguientes razones:
-Señaló que la convención colectiva reclamada por el
accionante sólo tenía una posible interpretación, a saber, que debía cumplirse
la edad de 50 años en vigencia del contrato de trabajo. Para ello, señaló que
el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo consagra que las convenciones
rigen los contratos durante su vigencia, por lo que, por regla general, no
aplican a situaciones ulteriores, salvo que así lo dispongan las partes.
Frente a lo cual, indicó que: “al verificarse que
las partes en la convención colectiva en el sub lite, no entronizaron la
previsión pensional dejando expresamente consagrada la voluntad de que el
derecho pensional fuera reconocido a ‘extrabajadores’, permitiendo así el
cumplimiento del requisito de la edad después de extinguida la relación
laboral, (...) el Tribunal no podía conceder la prerrogativa deprecada”[100].
-Posteriormente, excluyó la aplicación del principio
de favorabilidad para resolver el asunto, al sostener que “tampoco era
viable la aplicación del principio in dubio pro operario, pues por regla
general éste sólo opera frente a un conflicto real en las fuentes de derecho,
que no ante una incertidumbre fáctica (CSJ SL, 4 nov. 2009, rad. 5818, tesis
reiterada en la CSJ SL7807-2016)”[101].
Se destaca que las sentencias a las que hace
referencia el fallo  aseguran que las convenciones colectivas no son normas jurídicas
sino pruebas que se aportan al proceso laboral y, por ende, no se les puede
aplicar el principio de favorabilidad reconocido por el artículo 53
Constitucional[102].
-Por último, la Corte Suprema de Justicia indicó que “una
lectura atenta a la cláusula convencional, de la cual se pretende derivar el
derecho pretendido por el demandante, permite llegar a la conclusión de que sus
previsiones están dirigidas solamente a aquellos trabajadores activos al
momento de cumplir los dos requisitos”[103].
Tesis que justificó al sostener que “la cláusula
convencional establece, puntualmente, como beneficiarios generales de
aplicación a ‘sus trabajadores’ sin realizar distinción alguna”,  por lo
que “resulta claro que el texto convencional no incorporó las expresiones
‘extrabajadores’ o ‘trabajadores que hubiesen desempeñado’ lo cual
hubiera permitido realizar otro tipo de inferencia”[104].
Análisis de los defectos endilgados a las sentencias
objeto de tutela
Ahora bien, la Sala Plena de la Corte Constitucional
pasa a examinar si, tal como lo adujo el accionante, las referidas sentencias
transgredieron su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto incurrieron
en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
En primer lugar, se observa que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Descongestión Laboral,
comenzó su fallo basándose en que no se aportó la nota de depósito ante el
Ministerio de Protección Social, argumento que fue rebatido incluso por la
misma Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Con posterioridad a ello y, sólo en gracia de
discusión, la sentencia se centró en cuestionar la afirmación del actor, según
la cual “sólo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicio, por cuanto
es el que determina el nacimiento del derecho”[105]. Frente a
esto, el Tribunal dedicó sus argumentos a asegurar que la pensión se adquiere
con la concurrencia de dos requisitos, a saber, tiempo de servicio y edad.
A lo cual agregó que, sin la concurrencia de los dos
factores no es posible el surgimiento del derecho pensional, por lo que la edad
no es simplemente una condición de exigibilidad de la pensión sino un elemento
configurativo de ésta.
Frente a ello, la Sala Plena de la Corte destaca que,
en realidad, ninguno de los argumentos del Tribunal tiene la potencialidad de contradecir
el razonamiento del demandante, dado que éste no pretende excluir la edad
como uno de los requisitos necesarios para la configuración de su derecho, como
parece haberlo entendido dicha autoridad judicial.
En realidad, el actor coincide plenamente en que la edad
es un presupuesto indispensable para cumplir los requisitos de la pensión
convencional, razón por la cual sólo hasta el 24 de octubre de 2008, fecha en
la cual cumplió los 50 años de edad, solicitó la prestación social bajo examen,
sin que exigiera su reconocimiento desde el 12 de marzo de 1991, momento en que
completó 20 años de servicios.
La diferencia existente entre el actor y el
Departamento de Antioquia, así como la verdadera razón del litigio, es en qué
momento podía cumplirse la edad de 50 años. Bajo la tesis del ente territorial,
sólo era posible hacerlo en vigencia del contrato y, en contraste, el
demandante aduce que podía cumplir la edad con posterioridad a su terminación.
Sin embargo, se evidencia que, el Tribunal optó por la primera opción sin
esgrimir razones contundentes al respecto.
Es así como el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín se equivocó al proferir un fallo con base en un incumplimiento
inexistente respecto a la carga procesal de aportar la respectiva nota de
depósito ante el Ministerio de Protección Social, ratio decidendi de su
sentencia y, además, al señalar “en gracia de discusión” razones que no
apuntaban hacia el verdadero objeto del asunto y tampoco permitían
dilucidar por qué acogió una interpretación y no la otra.
Con lo cual, es posible concluir que se configuró un
defecto sustantivo en su fallo, el cual se configura ante “la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez”[106],
tal como fue explicado en el acápite 5.1 de esta sentencia.
Este yerro se fundamenta en que el Tribunal realizó
una errónea hermenéutica jurídica al centrar su sentencia en un aspecto que no
era central para el objeto del litigio ni constituía un argumento contenido en
la demanda del actor y, además, porque escogió una interpretación desfavorable de
las convenciones colectivas invocadas por éste sin aducir razones de peso para
ello.
En relación con la providencia del 24 de enero de
2018, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
se destaca que, en síntesis, la negativa a casar la sentencia del Tribunal se
fundamentó en dos argumentos: (i) el sentido unívoco que se le fijó a la
cláusula duodécima de la convención del 9 de diciembre de 1970, en el sentido
de excluir la posibilidad de cumplir la edad requerida con posterioridad a la
finalización del vínculo; y, (ii) la inaplicación del principio de
favorabilidad para dirimir el asunto, dado su carácter de elemento probatorio y
no de norma jurídica.
Frente al primer argumento, la Sala Plena de la Corte
Constitucional pone en duda la existencia de una única forma de interpretar la
señalada cláusula duodécima, al detenerse a examinar las diversas formas que se
utilizan para referirse a los trabajadores del Departamento de Antioquia. Con
el fin de ilustrar este punto se vuelve a traer a colación su texto literal:
“PENSIÓN DE JUBILACIÓN:
El Gobierno Departamental continuará
reconociendo la pensión de jubilación a todos sus trabajadores al
cumplir veinte (20) años de trabajo y cincuenta (50) años de edad.
Parágrafo 1°. Igualmente reconocerá pensión
vitalicia de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del
promedio mensual de los salarios devengados en el último año de servicio al
trabajador amparado por esta Convención que cumpla o haya cumplido
cincuenta (50) años de edad y que labore treinta (30) años o más, continuos o
discontinuos, exclusivamente al servicio del Departamento de Antioquia.
Parágrafo 2°. A los trabajadores que
estando vinculados cumplan sesenta (60) años de edad y más de quince (15)
de servicios continuos o discontinuos sin llegar a veinte (20) y deseen
retirarse, el Gobierno Departamental les reconocerá una pensión vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio
mensual devengado durante el último año, siempre y cuando los servicios
hubiesen sido prestados exclusivamente al Departamento de Antioquia y en
actividades regidas por contrato de trabajo con la Administración
Departamental”[107].
Como puede evidenciarse, el texto base del artículo
establece que el Gobierno Departamental continuará reconociendo una pensión de
jubilación “a todos sus trabajadores” que cumplan 20 años de trabajo y
50 años de edad. Por otra parte, el parágrafo primero de la cláusula reconoce
otro tipo de pensión “al trabajador amparado por esta Convención” que
cumpla 50 años de edad y haya laborado 30 años o más; y, finalmente, el
parágrafo segundo avala otra prestación “a los trabajadores que estando
vinculados” cumplan 60 años de edad y más de 15 años de trabajo, sin llegar
a 20.
Este aspecto llama especialmente la atención debido a
que la crítica de la Corte Suprema de Justicia a la interpretación del
demandante, es que la convención debió utilizar expresamente las palabras “extrabajadores”
o “trabajadores que hubiesen desempeñado”, para que se entendiera
posible que funcionarios desvinculados podían acceder a la pensión de
jubilación.
Sin embargo, el texto bajo estudio sí realiza una
diferenciación precisa entre tres posibles pensiones, una de las cuales está
destinada específicamente “a los trabajadores que estando vinculados”
cumplan ciertos requisitos. Con lo cual, una sencilla interpretación a
contrario podría dar lugar a concluir que las otras dos modalidades de pensión
(artículo base y parágrafo 1°) no requieren estar vinculados al momento de
cumplir la edad exigida.
De acuerdo con lo anterior, tal como lo ha afirmado el
accionante en diversas instancias judiciales, la cláusula duodécima no le exige
cumplir la edad de 50 años estando al servicio del departamento, tan sólo
refiere “El Gobierno Departamental continuará reconociendo la pensión de
jubilación a todos sus trabajadores al cumplir veinte (20) años de trabajo y
cincuenta (50) años de edad”.
Además, se destaca que, si se admite la interpretación
del Departamento de Antioquia como la única forma de entender el texto
convencional, sería posible que un trabajador que ya cuente con 20 años de
servicio pueda ser despedido con anterioridad a que cumpla 50 años de edad para
así, evitar que acceda a la pensión de jubilación. Escenario que permite recordar
que, en el presente caso, el señor León Darío Metaute Salazar, después de 26
años de trabajo para este ente territorial fue despedido a la edad de 47 años.
Así las cosas, la Sala Plena evidencia que la
interpretación del actor es totalmente coherente y razonable, por lo que, al
menos existen dos formas de interpretar el texto convencional, una a favor del
trabajador y otra en su contra. Este punto da lugar a examinar el segundo
argumento utilizado por la Corte Suprema de Justicia para negar las pretensiones
del demandante.
En criterio de la mayoría de la Sala de Casación
Laboral no era posible dilucidar cuál interpretación acoger acudiendo al
principio in dubio pro operario, dado que éste aplicaría únicamente ante
un “conflicto real en las fuentes de derecho, que no ante una incertidumbre
fáctica”.
El fundamento de tal criterio se sustenta en que tal
autoridad judicial continúa asumiendo que las convenciones colectivas de
trabajo no son una fuente de Derecho sino un elemento probatorio que se allega
al proceso laboral, por lo que no sería posible aplicar principios
constitucionales como el de favorabilidad, pues estos sólo operan ante
conflictos interpretativos de auténticas normas jurídicas.
Tal como se ha abordado a lo largo de esta sentencia, dicha
tesis se contrapone directamente a las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018, donde se
reiteró que: (i) las convenciones colectivas son auténticas fuentes del
Derecho; y (ii) sus disposiciones deben ser interpretadas conforme a las reglas
y principios constitucionales, entre los cuales se destaca el de favorabilidad.
Más aún, la sentencia SU-241 de 2015 concluye
enfáticamente que:
“Si bien los jueces –incluyendo las
altas cortes- tienen un amplio margen de interpretación en las normas
laborales, no les es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es,
seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente
lo desfavorece o perjudica (…) una conducta contraria configura un defecto que
viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por
desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional.
Si a juicio del fallador la norma – y esto
incluye a las convenciones colectivas – presenta dos alternativas posibles de
interpretación, el juez debe inclinarse por la más favorable al trabajador, en aplicación del principio
de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 C.P. y del derecho fundamental
del debido proceso”[108].
Por estas razones, la Sala Plena recuerda que,
justamente, en aquellos casos en los que existe un conflicto entre dos posibles
formas de entender o interpretar una convención colectiva, es que el
constituyente fijó el artículo 53 Superior, el cual establece como uno de sus
principios mínimos fundamentales el escoger la “situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho”.
Este enunciado abarca el principio de favorabilidad en
su sentido amplio o el denominado in dubio pro operario, locución latina
que indica el camino que debe seguir todo operador judicial en caso de duda, a
saber, la escogencia de la interpretación más favorable para el trabajador. De
esta manera, se constitucionalizó un consenso relativo a la regulación del
mundo del trabajo en condiciones dignas, a través de un ordenamiento jurídico
que protegiera efectivamente a la parte más débil en el contrato de trabajo.
Conforme a todo lo anterior, teniendo en cuenta los
acápites abordados a lo largo de la sentencia y siguiendo de cerca las ya
referidas sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018, la Sala Plena de esta
Corporación considera que la providencia dictada el 24 de enero de 2018 por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en los
siguientes defectos:
(i)
Sustantivo. Tal como se refirió con anterioridad,
este defecto se caracteriza por “la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del
juez”[109].
Al respecto, se resalta que la ya citada
sentencia SU-241 de 2015 concluyó que existía un defecto sustantivo cuando se
inaplicaba el principio de favorabilidad para resolver un asunto, por lo cual,
concluyó que “se configura una vía de hecho judicial cuando las autoridades
judiciales niegan beneficios convencionales a los trabajadores al dar sentido a
las convenciones colectivas de trabajo como pruebas y no como normas
susceptibles de ser interpretadas con base en el principio de favorabilidad
(art. 53 C.P.)”.
Estas consideraciones resultan
perfectamente aplicables al presente caso, por cuanto la providencia de la Sala
de Casación Laboral no sólo realizó una errónea hermenéutica jurídica al asumir
equivocadamente que existía un sentido unívoco de interpretar la convención
colectiva (en contra del trabajador), sino que excluyó el principio de
favorabilidad como parámetro válido para solucionar el caso.
(ii)
Desconocimiento del
precedente. Tal como se ha
argumentado, la sentencia bajo examen ignoró la existencia de un lineamiento
constitucional claro sobre la naturaleza jurídica de las convenciones
colectivas y la obligación de interpretarlas conforme al artículo 53 Superior,
tanto así, que ni siquiera hizo referencia alguna a la sentencia SU-241 de 2015[110].
Además, reiteró sus razonamientos respecto
a las convenciones colectivas como simples medios probatorios, tesis que ya
había sido rebatida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, al determinar
que éstas son auténticas fuentes de Derecho y, por ende, los conflictos
interpretativos que susciten deben ser resueltos conforme al principio de
favorabilidad.
Por lo tanto, se resalta que también se
configuró este defecto frente a la decisión adoptada el 24 de enero de 2018 por
parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Con fundamento en todo lo anterior, este Tribunal
Constitucional revocará los fallos de tutela proferidos por la Salas de
Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negaron el amparo
invocado por el actor, para en su lugar, conceder la protección de su derecho
fundamental al debido proceso. Adicionalmente, se destaca que los defectos en
las decisiones judiciales pueden dar lugar a la violación de otras garantías
constitucionales, por lo que en el presente caso también se concederá el amparo
de los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social del
accionante.
Aunque el actor también solicitó la protección de sus
garantías a la negociación colectiva, al acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, la Sala considera
que en el presente litigio solo se logró verificar: (i) una errónea
interpretación jurídica por parte de las autoridades accionadas -debido
proceso-; (ii) un desconocimiento del precedente constitucional -debido
proceso e igualdad-; y, (iii) que los defectos mencionados impidieron que
el accionante tuviera acceso a la pensión de jubilación que válidamente había
solicitado -seguridad social-. Sin embargo, en el presente caso no se logró
acreditar que los yerros mencionados implicaran la vulneración de las demás
garantías invocadas por el señor Metaute Salazar.
En consecuencia, la Sala Plena dejará sin
efectos la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, dentro del proceso laboral promovido por el accionante contra
el Departamento de Antioquia, y se le ordenará que elabore una nueva sentencia
en el cual observe el precedente adoptado por la Corte Constitucional, en
relación con el principio de favorabilidad y su aplicación ante controversias
que giren en torno a convenciones colectivas.
9. Síntesis de la decisión
El señor León Darío Metaute Salazar acude a la acción
de tutela con la finalidad de proteger sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, entre otros,
presuntamente vulnerados por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral (sentencia del 24 de enero de 2018), y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Descongestión Laboral, (fallo
del 30 de junio de 2011).
Lo anterior, debido a que, en las providencias
mencionadas, dichas autoridades negaron las pretensiones del accionante dentro
del proceso laboral que éste promovió contra el Departamento de Antioquia. El
actor solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación conforme a las
convenciones colectivas que se suscribieron en favor del sindicato del cual
hacía parte. Como fundamento de ello, aseguró que cumplía los requisitos
previstos para dicha pensión, a saber, 20 años laborados y 50 años de edad.
En las sentencias cuestionadas se aseveró que: (i) el
señor Metaute Salazar cumplió la edad de 50 años con posterioridad a la
finalización del vínculo laboral; y, (ii) una lectura de las convenciones
colectivas permitía interpretar que era necesario que acreditara dicha edad en
vigencia del contrato, por lo que no procedía el reconocimiento pensional
solicitado.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, argumentó que el principio de favorabilidad laboral no era un
parámetro válido para resolver el presente caso, debido a que las convenciones
colectivas no son fuentes de Derecho sino simples elementos probatorios que se
allegan al proceso laboral.
Ante tal escenario, la Sala Plena de la Corte
Constitucional analiza si las referidas providencias presuntamente incurrieron
en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente,
conforme a los requisitos específicos de procedibilidad de las acciones de
tutela contra providencias judiciales.
Se destaca que, en las sentencias SU-241 de 2015 y
SU-113 de 2018, la Corte abordó casos con similares situaciones fácticas y
jurídicas al presente asunto. En dichas oportunidades, se indicó que las
convenciones colectivas son auténticas fuentes de Derecho y no pueden ser
consideradas simplemente como elementos probatorios. En consecuencia, su
interpretación debe ceñirse a los principios constitucionales, entre los cuales
se destacan favorabilidad e in dubio pro operario (artículo 53 Superior).
Bajo este razonamiento, la Corte ha indicado que estos
principios deben ser aplicados por el juez laboral ante la existencia de dudas
interpretativas relacionadas con convenciones colectivas, más aún, al tratarse
de derechos pensionales en disputa.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra en
el presente caso que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
siguientes defectos: (i) sustantivo, al proferir una decisión realizando
una errónea hermenéutica jurídica al asumir que las convenciones colectivas
tenían un sentido unívoco en perjuicio del trabajador; y, (ii) desconocimiento
del precedente, debido a que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, falló en contra de los lineamientos fijados en la sentencia SU-241 de
2015.
Así las cosas, la Sala revoca
las sentencias de tutela proferidas dentro del proceso bajo examen y, en su
lugar, ampara los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a
la seguridad social del accionante. Así mismo, deja sin efectos la decisión de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, proferida el 24 de
enero de 2018, dentro del proceso laboral promovido por el actor y le ordena
que adopte un nuevo fallo conforme a los postulados constitucionales y los
lineamientos descritos en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas el 12 de junio de
2018, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en primera
instancia, y el 12 de julio de 2018, por la Sala de Casación Civil
de la misma Corte, en segunda instancia, las cuales negaron la acción de tutela
formulada por León Darío Metaute Salazar contra la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Antioquia, Sala Segunda de Descongestión Laboral. En su lugar TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
seguridad social del accionante.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 24 de enero de 2018,
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la
cual decidió no casar el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Antioquia, Sala Segunda de Descongestión Laboral, emitido el 30 de
junio de 2011, dentro del proceso ordinario laboral promovido por León Darío
Metaute Salazar contra el Departamento de Antioquia.
TERCERO. ORDENAR a la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral que, en el término de treinta (30) días hábiles, contado a
partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en
la cual observe el precedente adoptado por la Corte Constitucional, en relación
con el principio de favorabilidad y su aplicación ante controversias respecto a
la interpretación de convenciones colectivas, de conformidad con los
lineamientos expuestos en esta providencia.
CUARTO. Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
publíquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO  GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
En Comisión
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
En comisión
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sala de Selección Número Diez, conformada
por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Antonio José
Lizarazo Ocampo. Auto del 16 de octubre de 2018, notificado el 30 de octubre de
2018.
[2] Ver folios 3-6 del cuaderno principal.
[3] Ver folios 1-2 del cuaderno principal.
Énfasis agregado. Se destaca que esta norma corresponde al artículo 96 de la
recopilación de normas convencionales y laudos arbitrales vigentes 1945-2002.
Ver folio 11b del mismo cuaderno.
[4] El texto literal del artículo 7º indica: “la
pensión mensual y vitalicia de jubilación para los trabajadores del
Departamento vinculados, a partir de la presente Convención, será equivalente
al ochenta por ciento (80%) del promedio mensual de los salarios devengados por
el trabajador en el último año de servicios”. Ver folio 43 del cuaderno
principal.
[5] El Juzgado hizo referencia al artículo 17
de la Ley 6a de 1945, que establece: “Los empleados y obreros nacionales de
carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: b) Pensión
vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a
cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o
discontinuo…”. Ver folio 17 del cuaderno principal.
[6]  “Artículo 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco
(55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*,
fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años
para las mujeres y 62 para los hombres.”
[7] El Tribunal indicó al respecto: “Valga
aclarar que no hará referencia esta Colegiatura a la decisión de primera
instancia, toda vez que no guarda relación alguna con las pretensiones de la
demanda, por cuanto desvió la atención la a-quo el tema central de la
controversia, cual es la pensión convencional, dedicando su análisis al estudio
de la pensión legal, bajo los dictados de la Ley 33 de 1985”. Ver Folio 11b
del cuaderno principal.
[8] Ibídem. folio 12.
[9] Ibídem. folios 27 y 28.
[10] Tal como se expuso previamente en el hecho
1.2 de esta sentencia el parágrafo segundo del mencionado artículo establece: “Parágrafo
2°. A los trabajadores que estando vinculados cumplan sesenta
(60) años de edad y más de quince (15) de servicios continuos o discontinuos
sin llegar a veinte (20) y deseen retirarse, el Gobierno Departamental les
reconocerá una pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del salario promedio mensual devengado durante el último año,
siempre y cuando los servicios hubiesen sido prestados exclusivamente al
Departamento de Antioquia y en actividades regidas por contrato de trabajo con
la Administración Departamental”. Énfasis agregado.
[11] Ver folio 29 del cuaderno principal.
[12] “DEFINICIÓN. Convención colectiva de
trabajo es la que se celebra entre uno o varios {empleadores} o asociaciones
patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales
de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los
contratos de trabajo durante su vigencia”.
[13] Ver folio 31 del cuaderno principal.
Énfasis original.
[14] Ver folio 30 del cuaderno principal.
[15] Al respecto puede consultarse este aparte
de la citada providencia CSJ SL 7807-2016 “esta Sala de la Corte, por
mayoría, ha considerado que el principio de favorabilidad en materia de
interpretación de las normas jurídicas que se consagra en el artículo 53 de la
Constitución Política, que recoge la regla  universal del in dubio pro
operario, no opera en relación con preceptos contenidos en convenciones
colectivas de trabajo, que, desde luego, no son normas de alcance nacional y
deben considerarse, para esos efectos, como pruebas del proceso.”
[16] Ver folio 36 del cuaderno principal.
[17] Ibíd. Folio 36.
[18] Ibíd. Folios 33-37.
[19] Ibíd. Folios 7 y 8. Énfasis agregado
[20] Para corroborar aquella afirmación, hizo
referencia a las siguientes decisiones del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, en las que se concedió la pensión de jubilación al
cumplirse la edad requerida con posterioridad a la terminación del vínculo
laboral: sentencia del 13 de julio de 2005, radicado 05 001 31 05 004 2003
00547 01, M.P. Gabriel Raúl Castañeda Blandón; sentencia del 13 de marzo de
2007, radicado 2004-00524, M.P. John Jairo Acosta; sentencia del 28 de
noviembre de 2007, radicado 05 001 31 05 006 2006 0178 01, M.P. Martha Cecilia
Sánchez Rodríguez; sentencia del 19 de diciembre de 2003, radicado 05 001 31 05
013 2001 00876 01, cuya decisión fue avalada por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, M.P. Luis Javier Osorio, radicado No. 23811, Acta No.
14 del 14 de febrero de 2005.
En el mismo sentido, resaltó lo dicho por esta
Corporación mediante sentencia SU-241 de 2015, en la que se cita la sentencia
del 11 de marzo de 2015 con radicado No. 44597, MP Rigoberto Echeverry Bueno,
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se
establece que: “la Sala debe precisar su jurisprudencia en el entendido que
el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo posee una
estructura clara, que admite una lectura unívoca, en cuanto consagra una
especie de pensión restringida de jubilación, que se causa con el tiempo
de servicios y el retiro diferente al despido por justa causa, y en la que el
cumplimiento de la edad constituye un simple requisito de exigibilidad”.
Énfasis agregado.
[21] Ibíd. Folio 9.
[22] Ver folio 49 del tercer cuaderno.
[23] Ver folio 60 del tercer cuaderno.
[24]  Ver folios 75-84 del tercer cuaderno.
[25] Ver folio 81 del tercer cuaderno.
[26] Ver folio 83 del tercer cuaderno.
[27] Ver folio 105 del tercer cuaderno.
[28] Ibíd. Énfasis agregado
[29] Ver folio 108 del tercer cuaderno.
[30] Ver folios 4-8 del segundo cuaderno.
[31] Ver folio 7 del segundo cuaderno.
[32] Ver folios 11-13 del tercer cuaderno.
[33] Ver folios 14-18 del tercer cuaderno.
[34] Ver folios 19-23 del tercer cuaderno.
[35] Ver folios 24-38 del tercer cuaderno.
[36] Ver folios 39-41 del tercer cuaderno.
[37] Ver folios 42-46 del tercer cuaderno.
[38] Ver folios 61-74 del tercer cuaderno.
[39] Ver folio 94 del tercer cuaderno.
[40] Ver folios 95-96 del tercer cuaderno.
[41] Ver folio 96 del tercer cuaderno.
[42] Se destaca que esta metodología: (i) fue
utilizada en la reciente sentencia SU-113 de 2018, de similares características
a la presente; y, (ii) resulta procesalmente adecuada, ya que, si un
determinado caso no sobrepasa el análisis de procedencia formal, resultaría
innecesario haber planteado el problema jurídico correspondiente o desarrollar
contenidos dogmáticos propios de un análisis de fondo.
Al respecto, se destaca que “en la Sentencia C-590
de 2005, la Corte distinguió entre requisitos generales y causales específicas
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Los primeros,
denominados también requisitos formales, se refieren a los presupuestos
cuyo cumplimiento es condición necesaria para que el juez pueda entrar a
evaluar de fondo la controversia planteada. (…)” Énfasis agregado a
la sentencia T-217 de 2010, citada textualmente en la SU-113 de 2018.
[43] Ver sentencias T-119 de 2015, T-250 de
2015, T-446 de 2015 y T-548 de 2015, y T-317 de 2015.
[44] “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[45] La recopilación realizada tiene como
sustento las siguientes sentencias: SU-113 de 2018, T-054 de 2018, T-553 de
2017, T-406 de 2017, T-313 de 2017, T-244 de 2017, SU-391 de 2016, SU-173 de
2015, SU-540 de 2007, C-590 de 2005, entre otras.
[46] La inclusión de estos dos presupuestos
relativos a la legitimación en la causa se justifica en los artículos y
sentencias citadas. Además, se explicará su inclusión en el siguiente punto.
[47] Esta exigencia no debería hacer parte de
los requisitos de procedencia general de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ya que se refiere a una circunstancia especial o
específica que solo aplicaría para el denominado defecto procedimental
absoluto.
[48] Decreto 2591 de 1991: “Artículo 10.
Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[49] Así mismo, se destaca que el análisis de
este requisito es indispensable dado que existen acciones de tutela contra
providencias judiciales que fueron formuladas por un tercero que no tenía
legitimación en la causa para ello, tal fue el caso de las sentencias T-406 de
2017 y SU-173 de 2015.
[50] En términos generales, el artículo 86 de
la Constitución indica que procede contra “encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.”.
Por otra parte, se reitera que este requisito también
debe ser analizado en el marco de los requisitos generales de procedencia de
acciones de tutela contra providencias judiciales, debido a los postulados del
Decreto 2591 de 1991 y la posibilidad de amparos que se dirijan contra
sentencias, pero cuyos demandados carezcan de legitimación en la causa por
pasiva.
[51] Ver sentencias SU-617 de 2014, T-291 de
2016, T-651 de 2017, T-063 de 2018, T-176 de 2018, T-341 de 2018, entre otras.
[52] Ver sentencias T-119 de 2015, T-250 de
2015, T-446 de 2015 y T-548 de 2015, y T-317 de 2015.
[53] Sentencia T-712 de 2017.
[54] Folio 38 del Cuaderno Principal.
[55] Un aspecto que muestra este hecho es que
la caracterización de este defecto requiere específicamente que: “se trate
de un error de procedimiento grave, que tenga incidencia cierta y directa
en la decisión de fondo adoptada por el funcionario judicial correspondiente”
(Sentencias T-348 de 2008, T-267 de 2009, entre muchas otras), lo cual
reproduce exactamente esta exigencia.
[56] Al respecto, resulta pertinente la
Sentencia SU-391 de 2016.
[57] Sentencia C-590 de 2005.
[58] Ibíd.
[59] Constitución Política de 1991: “Artículo
228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. (…) Artículo
230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la
ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la
doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”
[60] C-836 de 2001.
[61] Corte Constitucional, Sentencia SU-113 de
2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; en la que se hace referencia a la
sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[62] Corte Constitucional, Sentencia T-459 de
2017.
[63] Sentencias
SU-659 de 2015, T-133 de 2015, T-176 de 2016, T-060 de 2016, T-064 de 2016,
T-065 de 2016 entre otras.
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-459 de
2017; en la que se hace alusión a la sentencia SU-659 de 2015. Énfasis
agregado.
[65] Corte Constitucional, Sentencia SU-113 de
2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; en la que se hace referencia a la
sentencia C-836 de 2001.
[66] Corte Constitucional, Sentencia SU-069 de 2018.
[67] Corte Constitucional, Sentencia SU-113 de
2018, SU-354 de 2017, entre otras.
[68] Al respecto la sentencia SU-068 de 2018
menciona: “La Corte Constitucional ha precisado que su precedente posee
fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos, entre ellos, los jueces.
Se trata de materializar el respeto de los principios de la igualdad, la
supremacía de la Carta Política, el debido proceso y la confianza legítima,
mandatos que obligan a que los jueces tengan en cuenta las decisiones de esta
Corte, al decidir los asuntos sometidos a su competencia (…) En suma, la Corte
estima que las autoridades judiciales tienen el deber de seguir las decisiones
proferidas por los órganos de cierre, en especial las posiciones expuestas por
la Corte Constitucional. La obligatoriedad del precedente pretende garantizar
los principios de igualdad, de justicia formal, de buena fe y de seguridad
jurídica, así como realizar la coherencia y consistencia del sistema jurídico”.
[69] Este acápite reitera el acápite elaborado
sobre el particular en la sentencia SU-113 de 2018. Al respecto, también pueden
consultarse las sentencias SU-1185 de 2001 y C-009 de 1994.
[70] Al respecto, la sentencia SU-113 de 2018
cita la providencia adoptada el 7 de mayo de 2014 (Ref. 58235). Por otra parte,
se referencia la sentencia del 4 de febrero de 2005 (Ref. 24316).
[71] Ibídem.
[72] Corte Constitucional, Sentencia SU-113 de
2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; en la que se hace referencia a la
sentencia SU-1185 de 2001. Énfasis agregado.
[73] Corte Constitucional, Sentencia SU-241 de
2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[74] Corte Constitucional, Sentencia SU-113 de
2018.
[75] Sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de
2018.
[76] Constitución Política, Artículo 53: “El
Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad
de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía
a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los
contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
(Subrayado fuera del texto)
[77] Corte Suprema de Justicia, Sentencia
SL450-2018, Radicación n.° 57441 del 28 de febrero de 2018.
[78] Corte Constitucional, Sentencia T-088 de
2018; en la que se hace referencia a las sentencias T-832A de 2013 y T-832A de 2013: “Sentencia T-832A de
2013. Sobre el particular, la Corte sostuvo en esa providencia lo siguiente:
“El legislador desarrolló el principio de favorabilidad en armonía con el
criterio de conglobamento en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo,
en los siguientes términos: ‘Normas más favorables. En caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable
al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad’ (énfasis
añadido). En acuerdo con el anterior precepto, el artículo 20 del mismo cuerpo
normativo expresa: ‘Conflictos de leyes. En caso de conflicto entre las leyes
del trabajo y cualesquiera otras, prefieren aquéllas’. Cabe precisar, sin
embargo, que el criterio de inescindibilidad o conglobamento no es absoluto y
por ello admite diversas limitaciones atendiendo a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad analizables en cada caso concreto (Infra 59 y 60)”. “Sentencia
T-832A de 2013. Sobre este punto, la Corte explicó: “Para una mejor comprensión
de esta figura es necesario recordar la habitual distinción entre disposición y
norma jurídica empleada por esta Corporación. En esa dirección, la Corte ha
precisado que una misma disposición jurídica puede contener diversas normas
jurídicas o interpretaciones. La norma jurídica en realidad es el resultado de
la disposición jurídica interpretada. Al respecto, es necesario tener en cuenta
que las expresiones texto legal, disposición jurídica y enunciado normativo,
son sinónimas; y que los términos norma jurídica, contenido normativo e
interpretación, lo son igualmente entre sí”.
[79] Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs.
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie
C No. 109, párr. 172 y 173.
[80] Corte Constitucional, Sentencia T-088 de
2018.
[81] Constitución Política: “Artículo 1.
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general.
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.” Énfasis
agregado.
[82] Naciones Unidas, Asamblea General, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo “Considerando que,
conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus
derechos iguales e inalienables, Reconociendo que estos derechos se
derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. Énfasis agregado
Artículo 5: “(…) 2. No podrá admitirse restricción
o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o
vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o
costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce
en menor grado.”
[83] Organización de los Estados Americanos –
OEA –, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica, Artículo 29: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser
interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes,
grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en
ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o
de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados.”
[84] El texto de la convención es el siguiente:
“ARTICULO CUARENTA Y DOS (42) –JUBILACIÓN: LA EMPRESA reconocerá a todo su
personal un régimen especial de jubilación así:  (…) b) Los empleados que
presten o hayan prestado diez (10) años o más de servicio a la Empresa y menos
de veinte tendrán derecho a la jubilación proporcional/según el tiempo de
servicio, cuando cumplan las edades establecidas de cincuenta (50) años para
los hombres y cuarenta y siete (47) años para las mujeres; en estos casos para
establecer el salario de liquidación se tomarán en cuenta los mismos factores
del último sueldo y el promedio de las prestaciones en la forma establecida en
el ordinal a). Para la jubilación proporcional no se tendrán en cuenta los años
de servicio prestados en otras entidades oficiales.”.
[85] El texto de la convención indicada es el
siguiente: “A partir de la vigencia de esta convención, MINERALCO S.A.
reconocerá y pagará a los trabajadores a su servicio que hayan cumplido o
cumplan cincuenta (50) años de edad en las mujeres y cincuenta y cinco (55)
años de edad en los hombres y veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos, en entidades públicas, oficiales o semioficiales y particulares,
una pensión mensual de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento
(75) del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio”.
[86] Corte Constitucional, Sentencia SU-113 de
2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; en la que se hace referencia a la
T-800 de 1999. Énfasis agregado.
[87] Énfasis agregado.
[88] Corte Constitucional, Sentencia SU-241 de
2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia reiterada en la SU-113 de
2018. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[89] Ver folios 1-2 del cuaderno principal.
Énfasis agregado. Se destaca que esta norma corresponde al artículo 96 de la
recopilación de normas convencionales y laudos arbitrales vigentes 1945-2002.
Ver folio 11b del mismo cuaderno.
[90] Ver folio 43 del cuaderno principal.
[91] El Acto Legislativo 01 de 2005: “Parágrafo
transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable
a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo
establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los
regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier
otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema
General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010”.
Énfasis agregado.
[92] “ARTICULO 478. PRORROGA AUTOMATICA. A menos que se hayan pactado
normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60)
días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una
de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de
darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos
sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para
su terminación.”
[93] "Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter
pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas
en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos
válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente
estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre
la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán
estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren
actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de
2010". Énfasis agregado. Al respecto puede consultarse la sentencia
SU-555 de 2014 y lo reiterado por la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en
la sentencia SJSL12498 del 9 de agosto de 2017.
[94]  “Artículo 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco
(55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*,
fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años
para las mujeres y 62 para los hombres.”
[95] El Tribunal indicó al respecto: “Valga
aclarar que no hará referencia esta Colegiatura a la decisión de primera
instancia, toda vez que no guarda relación alguna con las pretensiones de la
demanda, por cuanto desvió la atención la a-quo el tema central de la
controversia, cual es la pensión convencional, dedicando su análisis al estudio
de la pensión legal, bajo los dictados de la Ley 33 de 1985”. Ver Folio 11b
del cuaderno principal.
[96] Ibíd. Folio 12.
[97] Ibíd. Folio 12b.
[98] Ibíd. Folio 13.
[99] Textualmente, la Corte Suprema de Justicia
resume el recurso del actor bajo los siguientes términos: “Afirmó la censura
que la norma convencional contempla tres clases de pensiones: i) Pensión
de jubilación para todos los trabajadores al cumplir 20 años de servicio y 50
años de edad; ii) Pensión de jubilación para aquellos trabajadores que
cumplan 50 años de edad y que laboran 30 años o más, continuos o discontinuos,
exclusivamente en el Departamento de Antioquia; y, iii) Pensión de
jubilación para aquellos trabajadores que estando vinculados cumplan 60 años de
edad y más de 15 años de servicios continuos o discontinuos sin llegar a 20,
prestados exclusivamente al Departamento de Antioquia.
Aduce que las dos primeras clases de pensiones no
exigen que el beneficiario sea trabajador activo en el momento de cumplir la
edad para tener derecho a la prestación, agregando que, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Sala, sin indicar cuál, ‘la edad es una condición para
iniciar el disfrute de la pensión de jubilación, de tal suerte que cumplido el
requisito del tiempo servido surge un derecho eventual, que se opone a la mera
expectativa’”.
[100] Ver folio 30 del cuaderno principal.
[101] Ibíd.
[102] Al respecto puede consultarse este aparte
de la citada providencia CSJ SL 7807-2016 “esta Sala de la Corte, por
mayoría, ha considerado que el principio de favorabilidad en materia de
interpretación de las normas jurídicas que se consagra en el artículo 53 de la Constitución
Política, que recoge la regla  universal del in dubio pro operario, no opera en
relación con preceptos contenidos en convenciones colectivas de trabajo, que,
desde luego, no son normas de alcance nacional y deben considerarse, para esos
efectos, como pruebas del proceso.”
[103] Ver folio 30b del cuaderno principal.
[104] Ibíd.
[105] Ibíd. Folio 12b
[106] SU-241 de 2015.
[107] Ver folios 1-2 del cuaderno principal.
Énfasis agregado. Se destaca que esta norma corresponde al artículo 96 de la
recopilación de normas convencionales y laudos arbitrales vigentes 1945-2002.
Ver folio 11b del mismo cuaderno.
[108] Ibíd. Folios 7 y 8. Énfasis agregado
[109] SU-241 de 2015.
[110] No se incluye la sentencia SU-113 de 2018
debido a que ésta fue proferida con posterioridad a las providencias atacadas.