T-715-10
Sentencia T-715/10
Sentencia
T-715/10
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas y especiales de procedibilidad/ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defectos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Vulneración al
debido proceso por decretar ilegalidad de auto que denegó por
improcedente recurso de reposición y conceder y tramitar recurso de apelación
contra sentencia en proceso ordinario laboral
En relación con las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela, y de acuerdo con los elementos fácticos,
probatorios y jurisprudenciales ya señalados, encuentra la Corte que la Sala
Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería y el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería,
incurrieron en vía de hecho por defecto procedimental, al haber actuado por
fuera de las normas que rigen el procedimiento ordinario laboral, desviando el
cumplimiento de las formas propias de cada juicio, con la consecuente violación
del derecho al debido proceso del accionante, en tanto que, de una parte, el
Juzgado accionado concedió mediante auto del 17 de abril de 2009 el recurso de
apelación de la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral
adelantado por el accionante en contra de su exempleador, por la vía de la
declaratoria de ilegalidad del auto del 20 de marzo de 2009 que había rechazado
por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial
del demandado, desconociendo que la providencia se encontraba en firme y había
hecho tránsito a cosa juzgada por no haberse interpuesto dentro del término
legal los recursos que procedían. Por su parte, en tales condiciones, el
Tribunal resolvió el recurso de apelación mediante sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2009, sin haber hecho mención alguna sobre el trámite procesal
que se impartió en la concesión del recurso de apelación.
Referencia:
expediente T-2651278
Acción de tutela instaurada por Rugero Segundo Castro
Otero contra la Sala Cuarta Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería y el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería.
Magistrada Ponente:
Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá D.C., ocho (8) de
septiembre de dos mil diez (2010).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados, María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, el 16 de febrero de 2010 y la Sala de Decisión
Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia el 15 de abril de 2010, dentro
de la acción de tutela instaurada por Rugero Segundo Castro Otero contra la
Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería.
El presente expediente fue escogido para revisión por
medio de auto del 27 de mayo de 2010, proferido por la Sala de Selección de
Tutelas Número Cinco repartido a la Sala Primera de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
El
señor Rugero Segundo Castro Otero, instauró, el 2 de febrero de 2010, acción de
tutela contra la Sala Cuarta Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la
misma ciudad, por considerar que las autoridades judiciales incurrieron en una
vía de hecho y en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y
del principio de favorabilidad laboral, al conceder y resolver como recurso de
apelación la sustentación a un recurso de reposición interpuesto contra la
sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el
accionante en contra de su exempleador, a pesar de que el juez de primera
instancia había negado por improcedente dicho recurso de reposición, mediante
auto que se encontraba en firme por la no interposición oportuna de recursos.
1.     Hechos
relevantes
1.1.
El accionante inició proceso ordinario laboral en contra del señor Francisco
Stefano Collavini Rosin, quien lo empleó desempeñándose como auxiliar de
reparación e instalación. Pretendía la declaratoria de la existencia de dos
contratos de trabajo y su terminación unilateral, así como la indemnización de
perjuicios por el accidente de trabajo sufrido durante la relación laboral y
por el despido injusto de que fue objeto.
1.2.
Advierte que el 5 de octubre de 2006 sufrió un accidente de trabajo ocasionado
por culpa de la empresa demandada por incumplir las normas de salud
ocupacional, pues al estar corroídos los guantes de protección que le fueron
suministrados, recibió una descarga eléctrica que lo hizo caer de una altura de
6 metros cuando se encontraba instalando una línea telefónica. El accidente le
ocasionó un trauma cráneo encefálico con secuelas permanentes de “Hipo
acucia bilateral, síndrome vertiginoso periódico, trastorno de la memoria
postraumático parálisis facial leve y disfunción del deseo anular de la mano
izquierda”,[1] que lo incapacitó
hasta el mes de abril de 2007. Por orden del médico especialista de salud
ocupacional, en mayo de 2007, fue reubicado en el cargo de digitador hasta
cuando fue despedido en forma unilateral y sin justa causa por el empleador el
31 de julio de 2007.
1.3. Afirma que el dictamen
elaborado por la Junta Regional de Invalidez de Cartagena el 17 de enero de
2007, arrojó como resultado una pérdida de capacidad laboral del 42.02%, con
lesiones de carácter progresivo que lo obligan a someterse a tratamiento
permanente, sin que haya podido volver a trabajar.
1.4. Mediante fallo proferido
el 13 de marzo de 2009, el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería,
declaró la existencia de los contratos de trabajo y condenó al empleador al
pago de perjuicios morales en la suma de $50.000.000 debidamente indexados y
una indemnización por despido injusto en la suma de $204.000, a partir de la
fecha de terminación del contrato.
1.5. Sostiene que en razón a
que la sentencia fue notificada en estrados el día viernes 13 de marzo de 2009,
las partes disponían de los días lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de marzo de
2009, es decir, tres días hábiles para interponer el recurso de apelación,
único recurso procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del
C.P.T., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007. No obstante lo
anterior, la apoderada judicial de la parte demandada en el proceso ordinario
laboral, interpuso recurso de reposición en memorial presentado ante el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Montería  “el 16 de marzo de 2009 en
Barranquilla y remitido el mismo día por intermedio de Transportes González
S.C.A. y posiblemente entregado al día siguiente al juzgado”.[2]
1.6. Posteriormente la
apoderada judicial, radicó otro memorial en el cual manifestó “…por medio
del presente escrito presento los alegatos del recurso de apelación instaurado
en contra de la sentencia dictada dentro del proceso de la referencia y lo hago
en los siguientes términos”, que si bien fue presentado ante la Oficina Judicial
- Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla el 18 de marzo
de 2009, tan sólo fue recibido en el juzgado el 19 de marzo de 2009 cuando ya
era extemporáneo.[3] Ese mismo día, también
presentó incidente de nulidad contra la sentencia por violación del artículo
140 del C.P.C., numerales 5 y 6.
1.7. Mediante auto proferido el
20 de marzo de 2009, el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería, denegó
por improcedente el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia de
primera instancia.
1.8. Con fecha 26 de marzo de
2009, la apoderada de la parte demandada presentó: (i) un primer memorial
mediante el cual aclaró que el recurso presentado realmente fue de apelación y
no de reposición tal como lo manifestó en el memorial de sustentación que hace
parte del inicial y por tanto, el juez ha debido acudir a la facultad de
interpretación para garantizar los derechos a las partes, estudiando tanto el
escrito de interposición del recurso como el que lo sustenta, con lo cual
habría podido establecer claramente que se trataba de un error de lenguaje;[4]
(ii) un segundo memorial mediante el cual solicitó al juez se declare la
ilegalidad del auto que resolvió el recurso interpuesto contra la sentencia,
por haber dejado de lado su deber de interpretar y analizar de manera profunda
los dos memoriales presentados por la apoderada;[5] (iii) un tercer memorial
en el que interpuso “recurso de apelación contra el auto de fecha Marzo 24 (sic)
de 2009,  que resuelve el recurso de interposición (sic) interpuesto, y
el cual sustentaré ante el superior”;[6] (iv) un cuarto memorial
mediante el cual solicitó decretar la ilegalidad del auto que ordenó el cierre
del período probatorio y además, del auto de fecha 15 de enero de 2009 que
señala la primera fecha para la audiencia de juzgamiento y de la sentencia de
primera instancia de fecha 13 de marzo de 2009.[7]
1.9. Sostiene el accionante que
con posterioridad a la expedición del auto del 20 de marzo de 2009 que declaró
improcedente el recurso de reposición y dejó en firme la sentencia de primera
instancia, no era posible tramitar un recurso de apelación que no fue
interpuesto en tiempo, o cualquier otro recurso o incidente procesal por
haberse configurado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, ni tampoco podía
el Juez modificar su propia sentencia o declarar nulidades o ilegalidades. No
obstante lo anterior, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería,
resolvió: (i) mediante auto del 31 de marzo de 2009, dar traslado por 3 días a
la parte demandante del escrito de nulidad; y (ii) por auto del 17 de abril de
2009, decretar ilegalidad del auto de fecha 20 de marzo de 2009 que declaró
improcedente el recurso de reposición interpuesto y conceder el recurso de
apelación de la sentencia, para no vulnerar el derecho a la doble instancia y
de defensa, pues al encontrarse ubicado en otro cuaderno, no había tenido en
cuenta el escrito fechado el 19 de marzo de 2009, con el que la parte demandada
sustentó oportunamente el recurso interpuesto. Contra este auto, el apoderado
del demandante interpuso recurso de reposición.
1.10. Mediante sentencia
proferida el 9 de septiembre de 2009, la Sala Cuarta de Decisión Civil,
Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería,
revocó parcialmente el fallo apelado absolviendo a la empresa demandada de la
condena por perjuicios morales cuantificada en la suma de $50.000.000.
1.11. Por lo anterior,
considera el actor que el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al respeto de la cosa
juzgada, los principios de irreformabilidad de la sentencia por el mismo juez y
de la justicia rogada, al haber decretado, mediante auto del 17 de abril de
2009 la ilegalidad del auto del 20 de marzo de 2009 que había denegado por
improcedente el recurso de reposición interpuesto y consecuencialmente conceder
el recurso de apelación de la sentencia ya ejecutoriada, aceptando errada y
extralimitadamente por vía de interpretación de los memoriales presentados por
la apoderada judicial, que el recurso que impetró fue el de apelación y no el
de reposición. No obstante señala que el recurso realmente interpuesto fue el
de reposición y que si en gracia de discusión se aceptara que fue de apelación,
la sustentación fue extemporánea por encontrarse vencido el término legal para
ello. También estima violado el principio de favorabilidad laboral, por
permitir con su actuación que la parte demandada alegara su propia culpa, la
cual admitió y convalidó, toda vez que al no interponer el recurso ni obrar con
diligencia y cuidado en el asunto bajo su responsabilidad, ha debido sufrir las
consecuencias de su error y no contar con la “defensa” del juez, lo cual es
ilegal y violatorio de los derechos de la contraparte.
1.12. De la misma forma
considera violatoria de sus derechos fundamentales, la actuación adelantada por
la Sala Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería al tramitar el recurso de apelación omitiendo el
deber de corregir los defectos o vicios del procedimiento que generen nulidades
insaneables o en la interposición y concesión del recurso, en especial con la
obligación de: “1- establecer si el recurso vertical fue interpuesto dentro
de los términos establecidos por la ley; 2- Examinar la legitimación procesal
para interponerlo (personería e interés); 3.-Comprobar la adecuación del
recurso y la indicación del agravio, como también del vicio o error que lo
motiva (sustentación); y 4.- Que la providencia apelada sea susceptible de ser
atacada por este medio”.
1.13. También informa que, “encontrándome
en la actual situación de incapacidad para trabajar y sin recursos de ninguna
índole, no me fue posible obtener los servicios de un profesional del derecho
suficientemente capacitado para llevar este asunto hasta la casación. Más sin
embargo, a falta de apoderado interpuse el recurso de casación directamente, el
cual fue rechazado por improcedente por la Sala Cuarta de Decisión Civil – Familia
– Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.”
1.14. Por último, solicita se
ordene que no existió recurso de apelación o en su defecto éste fue
extemporáneo y por tanto, es nula toda la actuación posterior al auto del 20 de
marzo de 2009, al quedar debidamente ejecutoriada la sentencia de primera
instancia.
2.     Intervención de
las autoridades judiciales accionadas.
Mediante auto del 3 de febrero
de 2010, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, admitió
la acción, ordenó la vinculación de los intervinientes dentro del proceso
ordinario laboral y la notificación a los magistrados de la Sala Cuarta Civil,
Familia, Laboral del Tribunal Superior de Montería y al Juez Primero Laboral
del Circuito de Montería accionado, para que dentro del término del traslado se
manifestaran sobre los hechos de la demanda. Al vencimiento del término
otorgado, las autoridades judiciales accionadas no dieron respuesta alguna al
requerimiento.
3.     Sentencias de
tutela objeto de revisión
3.1. La Sala de Casación Laboral, mediante sentencia del
16 de febrero de 2010 negó la tutela impetrada por considerar su improcedencia
en razón a que no cumple con el requisito de inmediatez, puesto que han
transcurrido más de 10 meses de la irregularidad alegada sin que se hubiere
acudido prontamente en defensa de los derechos que considera vulnerados y
además por cuanto el actor no presentó oportunamente el recurso extraordinario
de casación, lo que va en contraposición de la extensa jurisprudencia de esa
Corporación que destaca la importancia de agotar previamente todos los medios de
defensa judicial antes de acudir al mecanismo constitucional.
3.2. La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Decisión Penal de Tutelas, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, confirmó
el fallo impugnado por el accionante al considerar que el actor no logró
demostrar de qué manera se le están vulnerando las garantías fundamentales,
principalmente si se tiene en cuenta que el proceder de las autoridades
judiciales accionadas no se considera arbitrario o caprichoso, puesto que si
bien la apoderada judicial interpuso recurso de reposición, el escrito mediante
el cual sustentó la apelación, subsanó cualquier presunta irregularidad que se
pudiera haber presentado. Si el accionante consideraba la improcedencia del
recurso de apelación, debió dentro del término del traslado y antes que el
Tribunal dictara el fallo de segunda instancia, poner en conocimiento la
presente irregularidad, pues no puede alegar una situación que él mismo
cohonestó. Además, al no presentar en debida forma el recurso extraordinario de
casación, no puede pretender enmendar la negligente y despreocupada postura
procesal que adoptó en su momento, permitiendo que la sentencia de segundo
grado adquiriera firmeza, puesto que la acción de tutela no es una tercera instancia
cuando los resultados son desfavorables o cuando se desechan los recursos
establecidos en el ordenamiento jurídico ni tampoco para reabrir el debate de
las pretensiones a partir de nuevas argumentaciones.
II.
CONSIDERACIONES y
fundamentos
1.     Competencia
Esta Sala es competente
para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en el artículo 241, numeral 9, de la Constitución
Política.
2.     Problema
jurídico
El problema jurídico que debe resolver la Sala en esta
oportunidad consiste en determinar si las autoridades judiciales accionadas,
incurrieron en una vía de hecho por dar trámite al recurso de reposición
interpuesto contra la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral
iniciado por el accionante contra su exempleador como si se tratara de un
recurso de apelación, el cual fue concedido al decretarse la ilegalidad de la
providencia que denegó por improcedente el recurso de reposición, y desconocer
que dicho auto se encontraba en firme y había hecho tránsito a cosa juzgada
porque contra él la parte demandada no había interpuesto oportunamente los
recursos de ley.
Para resolver el problema jurídico planteado la Sala hará
referencia en primer lugar a la doctrina constitucional sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y en segundo
lugar, aplicará esta doctrina al caso concreto.
3.     Procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
3.1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, tiene un claro fundamento
normativo y jurisprudencial. Los artículos 2 y 86 de la Carta, reconocen su
procedencia cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”
Una
amplia línea jurisprudencial desarrollada por la Corte constitucional,[8] la concibe
como una figura de carácter eminentemente subsidiario y excepcional. Sólo
procede ante situaciones en las que no existe otro mecanismo judicial idóneo
para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando
existiendo otro medio de defensa judicial, éste a) no resulta tan eficaz para
la protección de los derechos de los asociados como la tutela, o, b) la persona
afectada se encuentra ante un perjuicio irremediable.
Esta
línea jurisprudencial que inicialmente se conoció bajo el concepto de “vía
de hecho”, ha pasado a denominarse “causales de procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales,[9]
con el propósito de superar una percepción restringida que había permitido
su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial.[10]
Entre
las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se pueden citar, por ser relevantes para el caso bajo
revisión, en primer lugar, las de carácter general, orientadas a
asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela, como son (i) que se hayan
agotado los medios de defensa disponibles, y (ii) la inmediatez. La
jurisprudencia también ha señalado como requisitos de procedibilidad, además de
los ya señalados (iii) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (iv) que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal trasgresión en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible, y (v) que no se trate de sentencias de tutela.
En segundo lugar, las de carácter específico, centradas en los defectos
de las actuaciones judiciales en sí mismas consideradas, que son aquellas
identificadas genéricamente como: (i) defecto sustantivo; (ii) defecto fáctico;
(iii) defecto orgánico y (iv) defecto procedimental.
3.2.
El primer requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, consistente en el agotamiento efectivo de los recursos
y mecanismos ordinarios de defensa judicial,[11]
responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende
asegurar que la acción no sea considerada en sí misma una instancia más en el
trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador.[12]
No es el camino para solucionar errores u omisiones de las partes o para
corregir oportunidades vencidas[13]
en los procesos judiciales ordinarios.[14]
Se trata de lograr una diligencia mínima de los ciudadanos frente a sus propios
asuntos procesales,[15]
salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración,
la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos
ordinarios de defensa dentro del proceso judicial,[16] circunstancia que deberá
ser debidamente acreditada en la acción de tutela.
Así,
puede proceder la acción de tutela contra una providencia judicial en dos
eventos: (i) cuando ante la vulneración ostensible de derechos fundamentales
mediante acciones u omisiones de los operadores jurídicos que desconozcan de
manera grave o inminente tales derechos,[17]
no exista otro medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos
fundamentales invocados y la actuación judicial acusada constituya una vía
de hecho o, (ii) cuando se emplee como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable en materia de derechos fundamentales.[18] Esta segunda
hipótesis tiene lugar especialmente, cuando a la fecha de presentación  de la
tutela aún está pendiente alguna diligencia o instancia procesal, pero la
protección constitucional provisional se requiere de manera urgente para evitar
el perjuicio irremediable. En estos casos, naturalmente, la actuación
constitucional resulta generalmente transitoria.
3.3.
El segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias, el de inmediatez, reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial
vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente
forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando
el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado
un control constitucional de la actividad judicial por la vía de la acción de
tutela.[19]
Desde esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la
necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho
era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad.
Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además la
seguridad jurídica.
3.4.
Por otra parte, frente a las causales específicas de procedibilidad excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales, se requiere que se
consolide en la decisión judicial alguno de los defectos que la
jurisprudencia constitucional ha considerado contrarios a la Carta. La lista
que a continuación se presenta, si bien no es exhaustiva, sí registra algunos
de los principales casos en los que esta Corporación ha encontrado  “una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial”.[20]
Tales defectos, en consecuencia, pueden ser descritos genéricamente de la
siguiente forma:
(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión
judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable,[21]
ya sea porque[22]
(a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[23] (b) es
inconstitucional,[24]
(c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso.[25]
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (d) un grave error en la interpretación de la norma
constitucional pertinente,[26]
el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte
Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se
apoya en una interpretación  claramente contraria a la Constitución.[27]
Se
considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial
tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación[28] que afecte derechos fundamentales;
(f) cuando se desconoce el precedente judicial[29] sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente[30] o (g)
cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[31]
(ii) Se produce  un defecto fáctico en una
providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se
desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió[32] la “valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.[33]
En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta cuando
el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente”.[34]
En una dimensión positiva, el defecto fáctico “abarca la valoración de
pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer
la Constitución.”[35]
Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.).[36]
En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela  por
vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece
arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.[37]”[38]
(iii) El llamado defecto orgánico tiene lugar,
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia que se controvierte,
carece totalmente de competencia para ello conforme a la ley; y,
(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el
juez de instancia actúa completamente ajeno al procedimiento
establecido,[39]
es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas
propias de cada  juicio”,[40]
con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de
las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser
manifiesto, debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno
atribuible al afectado.
Fuera
de las causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha reconocido otra
adicional, denominada[41]
vía de hecho por consecuencia, que puede ser descrita de la siguiente
forma:
(v) La vía de hecho por consecuencia se da cuando
el defecto en la providencia judicial es producto de la inducción al error de
que es víctima el juez de la causa.[42]
En este caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la
actuación final resulta equivocada.[43]
En la sentencia T-705 de 2002,[44]
la Corte precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura
especialmente, cuando la decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación
de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos
competentes hayan violado derechos constitucionales, y (ii) tenga como
consecuencia un perjuicio iusfundamental.”
Con fundamento en las consideraciones jurisprudenciales previamente
expuestas, la Sala deberá determinar en el caso concreto, si la tutela
presentada por el señor Rugero Segundo Castro Otero resulta o no procedente
desde un punto de vista formal. Superado ese análisis preliminar, podrá la
Corte  establecer si se incurrió o no en una vía de hecho en el proceso
cuestionado.
4.     El análisis de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
4.1. De conformidad con la doctrina expuesta de forma
precedente, es preciso determinar si en el presente caso se cumplieron los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, para lo cual establecerá si se agotaron los medios de
defensa disponibles por la legislación para el efecto y se cumple con el
requisito de inmediatez en la presentación de la acción.
4.2.
En cuanto al primer requisito general de procedibilidad, la Corte encuentra que
el accionante obró con el grado de diligencia mínina que se le exige a los
ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, al haber interpuesto
oportunamente los recursos y mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
En
efecto, agotó los medios ordinarios de defensa judicial a su alcance, puesto
que a través de apoderado judicial ante el Juez Primero Laboral del Circuito de
Montería dentro del término legal mediante memorial radicado el 21 de abril de
2009 (fl.344), presentó recurso de reposición contra la providencia judicial
cuestionada de fecha 17 de abril de 2009 que concedió el recurso de apelación,
el cual fue negado por el Juez al disponer la no reposición del auto atacado
(fl.347). De la misma forma, en su afán de agotar los medios extraordinarios de
que disponía para la defensa de sus derechos, por sí mismo y sin apoderado
judicial por carecer de recursos para pagar un abogado, interpuso contra la
sentencia proferida el 9 de septiembre de 2009 por la Sala Cuarta de Decisión
Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería
que resolvió la apelación, el recurso de casación, el cual fue negado por
improcedente por el mismo Tribunal mediante providencia del 8 de octubre de
2009, “por no poseer el derecho de postulación.”(fl.47).
De
conformidad con lo anterior, el accionante agotó tanto los recursos ordinarios
como los extraordinarios para controvertir la decisión, aun cuando el recurso
de casación interpuesto no hubiera prosperado por haberlo sustentado
directamente y no a través de un apoderado judicial. Adicionalmente, existen
elementos de juicio suficientes para concluir que el actor se encuentra en
situación de extrema vulnerabilidad que hace posible la procedencia excepcional
de la acción de tutela como mecanismo de protección de sus derechos
fundamentales:[45] (i) la condición de
discapacidad que lo afecta producto del accidente de trabajo que le causó “lesiones
de carácter progresivo,” (ii) el tiempo que ha transcurrido sin que
haya podido trabajar y obtener otros recursos para su subsistencia, y
(iii) el hecho de que aportó prueba sumaria sobre su precaria situación
económica.
4.3. También encuentra la Sala que se cumple con el
requisito referente a la inmediatez puesto que la acción se presentó en un
plazo prudencial, si se tiene en cuenta que el auto cuestionado mediante el
cual se concedió el recurso de apelación contra la sentencia, fue proferido por
el Juez de primera instancia el 17 de abril de 2009, la sentencia de segunda
instancia, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación, fue expedida
el 9 de septiembre de 2009 y la presente acción de tutela fue interpuesta el 2
de febrero de 2010, es decir tan sólo un poco más de cuatro meses después de
producida la última de las providencias cuestionadas.
Por lo anterior, la Sala de Revisión concluye que la
acción de tutela presentada por el señor Rugero Segundo Castro Otero objeto de
estudio en el presente proceso reúne los requisitos de procedibilidad
establecidos por la jurisprudencia y, por tanto, puede ser resuelta por el juez
de tutela.
5.     La Sala Cuarta
de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería y el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería, incurrieron en
vía de hecho por defecto procedimental.
5.1. En relación con las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela, y de acuerdo con los elementos fácticos,
probatorios y jurisprudenciales ya señalados, encuentra la Corte que la Sala
Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería y el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería,
incurrieron en vía de hecho por defecto procedimental, al haber actuado por
fuera de las normas que rigen el procedimiento ordinario laboral, desviando el
cumplimiento de las formas propias de cada juicio, con la consecuente violación
del derecho al debido proceso del accionante, en tanto que, de una parte, el
Juzgado accionado concedió mediante auto del 17 de abril de 2009 el recurso de
apelación de la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral
adelantado por el accionante en contra de su exempleador, por la vía de la
declaratoria de ilegalidad del auto del 20 de marzo de 2009 que había rechazado
por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial
del demandado, desconociendo que la providencia se encontraba en firme y había
hecho tránsito a cosa juzgada por no haberse interpuesto dentro del término
legal los recursos que procedían. Por su parte, en tales condiciones, el
Tribunal resolvió el recurso de apelación mediante sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2009, sin haber hecho mención alguna sobre el trámite procesal
que se impartió en la concesión del recurso de apelación.
5.2. Previa verificación de los elementos probatorios
obrantes en el expediente, la Sala constató lo siguiente:
5.2.1. El viernes 13 de marzo de 2009, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Montería, profirió sentencia dentro del proceso
ordinario laboral adelantado por el accionante contra su empleador Francisco
Stefano Callavini Rosin, mediante la cual declaró la existencia de dos
contratos de trabajo, cuya terminación se realizó sin justa causa y además se
señaló que el accidente de trabajo se produjo por culpa del empleador.[46]
En tal medida, condenó al demandado a pagarle al actor, perjuicios morales y
una indemnización por despido injusto,[47] a partir de la fecha de
terminación del contrato de trabajo. La sentencia fue notificada por estrados.
5.2.2. Con nota de presentación personal del lunes 16
de marzo de 2009 ante la Oficina Judicial de Barranquilla, la apoderada
judicial del demandado en el proceso ordinario laboral, presentó ante el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, memorial mediante el cual
interpuso el recurso de reposición contra la sentencia, advirtiendo que
posteriormente sería sustentado. (fl.319).
5.2.3. Con nota de presentación personal del 18 de
marzo de 2009 ante la Oficina Judicial de Barranquilla, recibido con fecha 19
de marzo de 2009 en el Juzgado, la apoderada judicial también presentó escrito
en el que indicó que “presento los alegatos del recurso de apelación
instaurado contra la sentencia dictada dentro del proceso de la referencia…”
(fl.320).
5.2.4. Con nota de presentación personal del 18 de
marzo de 2009 ante la Oficina Judicial de Barranquilla, recibido con fecha 19
de marzo de 2009 en el Juzgado, la apoderada judicial presentó escrito en el
que indicó que “presento INCIDENTE DE NULIDAD, por violaron (sic) al
artículo 140 del CPC, numeral 4,6 y al debido proceso…” (fl.325).
5.2.5. Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2009, el
Juzgado denegó por improcedente el recurso de reposición presentado por la
apoderada del demandado contra la sentencia del 13 de marzo de 2009,
argumentado, con base en lo dispuesto en los artículos 63 y 66 del C.P.T, lo
siguiente:
“De conformidad con las normas en cita, observa el
Despacho que la apoderada del demandado erró al interponer el recurso de
reposición contra la sentencia adiada el 13 de marzo de 2009, pues está clase
recurso (sic) no es de recibo para
las sentencias, sino para los autos interlocutorios como bien lo dice el art.
63 en comento.-
Así las cosas, el Despacho atendiendo lo antes dicho,
denegará el recurso de reposición impetrado por ser a todas luces
improcedente.”
5.2.6. El 26 de marzo de 2009, la apoderada judicial
del exempleador demandado, presentó ante el Juzgado los siguientes memoriales:
1. Memorial mediante el cual explica al Juez de
primera instancia, que el recurso que se interpuso fue el de apelación y no el
de reposición y por tanto ha debido el despacho estudiar no sólo el recurso
interpuesto sino también el que lo sustenta, para establecer que se trataba de
un error de lenguaje:
“Por medio de la presente y encontrándome dentro del
término legal para ello, doy alcance  al memorial presentado el día 26 (sic) de marzo en el que se interpone recurso de
apelación contra el auto que resuelve el recurso presentado contra la sentencia
dictada dentro del presente proceso, en el sentido de aclararle y agregarle que
el auto recurrido resuelve un recurso de reposición cuando este era de
apelación.
“Al respecto me permito manifestarle que es evidente y
claro que el recurso presentado es el de apelación ya que dentro del término
legal, por lo que por ley hace parte del inicialmente presentado, siendo además
que fue agregado al expediente antes de resolver su despacho el recurso
interpuesto contra la sentencia recurrida.
“Así las cosas, se establece claramente que se
sustenta un recurso de apelación y no de reposición, toda vez que se trato de
un error de lenguaje al momento de transcribir, pues si el recurso interpuesto
hubiese sido de reposición por ley debía ser sustentado al momento de su
interposición y no después como se manifestó en el escrito.
“El despacho en su sana crítica y al tener la facultad
y el deber de interpretación que le otorga la ley, debió estudiar no solo el
escrito de interposición del recurso sino el que lo sustenta y así de manera
clara establecer que se trataba de un error de lenguaje y que el recurso
interpuesto es de apelación, pues es evidente en los múltiples escritos la
inconformidad contra la sentencia y es deber del juzgador utilizar la facultada
(sic) de interpretación para garantizarle a las partes todos sus derechos.”
2.
Memorial mediante el cual la apoderada del demandado solicita al Juez declare
la ilegalidad del auto del 20 de marzo que resolvió el recurso interpuesto y se
conceda el recurso de apelación, argumentado para ello, las mismas
consideraciones expuestas en el anterior memorial relacionadas con el error de
lenguaje al momento de transcribir, que permiten establecer que lo que
verdaderamente se interpuso fue el recurso de apelación y no el de reposición.
Por tanto sostiene que:
“El auto cuyo decreto de ilegalidad se solicita, viola
los derechos del demandado, especialmente el de defensa, pues con ello se le
cercena toda posibilidad de que la sentencia recurrida sea revisada por el
superior y peor aún cuando en la dictada se dejaron de practicar pruebas, lo
cual es una clara vía de hecho en su contra.”
3.
Memorial mediante el cual interpone recurso de apelación en los siguientes
términos:
“(…)por medio del presente escrito manifiesto al
Despacho que interpongo recurso de apelación contra el auto de fecha marzo 24
de 2009, que resuelve el recurso de interposición interpuesto, y el cual
sustentaré ante el superior.”
4.
Memorial mediante el cual solicita se decrete “la ilegalidad del auto que
ordenó el cierre del periodo probatorio, del auto de fecha enero 15/ 2009 que
señala la primera fecha para llevar a cabo audiencia de juzgamiento y la
sentencia de primera instancia fechada el 13 de marzo de 2009…”
5.2.7. Auto de fecha abril 17 de 2009, mediante el
cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería se pronunció sobre
cada una de las peticiones presentadas por la apoderada del demandado y
resolvió conceder el recurso de apelación de la sentencia:
Respecto del memorial mediante el cual formuló recurso
de apelación contra el auto del 20 de marzo, precisó que se abstiene de
concederlo “ya que no se encuentra en listado (sic) en el artículo 65
del C.S.T., para atacar dicho auto de (sic) ha debido hacer de acuerdo
al artículo 68 del C.P.T.”. Negó la nulidad propuesta, en razón a que los
hechos en que se fundamenta son anteriores a la sentencia, lo que va en
contravía de lo dispuesto en el artículo 142 inciso 1° del C.P.C., que
determina que las únicas nulidades alegables después de proferida la sentencia
son las que hayan ocurrido en ella. En relación con los escritos en los que
solicita la ilegalidad del auto que resuelve el recurso interpuesto con
fundamento en el error cometido, explicó que “le asiste razón a la
memorialista en cuanto a sus escritos, sin embargo considera el despacho que el
auto atacado, no se hizo bajo los parámetros legales, es decir solicitando la
reposición del mismo y en defecto se expedirán las copias pertinentes para el
recurso de queja ante el Superior.[48]
Por último decide sobre la apelación contra la
sentencia en los siguientes términos:
“Pero no puede pasar por alto el despacho, que en
efecto no tuvo en cuenta el escrito fechado 19 de marzo y sustentó el recurso
interpuesto oportunamente, el motivo del mismo obedeció a la ubicación de dicho
escrito en cuaderno diferente al principal; ya que si se hubiera examinado
oportunamente por este operador jurídico, le hubiera dado el alcance merecido
ya que por desconocer el intereses (sic)
de la parte demandada el recurso de la parte demandada, hubiera sido una
interpretación exegética. Por lo expuesto y atendiendo que con lo sucedido, en
efecto se niega el derecho a la doble instancia y el de defensa contemplada en la
Constitución Nacional, decreta la ilegalidad del auto de fecha 20 de marzo de
2009 y procede a conceder el recurso de apelación de la sentencia en el efecto
sustantivo.”
5.2.8. El 21 de abril de 2009, el apoderado judicial
del demandante, interpuso recurso de reposición contra el auto de fecha abril
17 de 2009 por considerarse en discrepancia de lo resuelto al conceder el
recurso de apelación, puesto que en su criterio, no existió procedimentalmente
un recurso de apelación porque lo que presentó el demandado fue un recurso de
reposición, aun cuando posteriormente, y por fuera del término legal, hubiera
intentado sustentar un supuesto recurso de apelación. Afirma adicionalmente que
el demandado tampoco interpuso en tiempo ni el recurso de reposición ni el
recurso de queja que cabía contra el auto que había denegado la reposición.
5.2.9. Mediante auto del 28 de abril de 2009, el
juzgado resolvió no reponer el auto del 17 de abril de 2009, argumentando que “por
un error de interpretación no puede el Despacho mantener una decisión que es a
todas luces violatoria del derecho de defensa a la parte demandada y el de la
doble instancia, pues el yerro cometido por dicha apoderada el momento de
recurrir el fallo en mención, es un lapso que cualquier togado puede cometer,
pero que en el fondo lo que quiso decir la apoderada era que presentaba recurso
de apelación y no de reposición y así lo entendió el Despacho, hasta el punto
de que el recurso debidamente sustentado dentro del término que nos indica la
Ley 8ª de 1984.”
5.3. De conformidad con lo anteriormente expuesto, la
Sala encuentra que el auto de 20 de marzo de 2009 que declaró improcedente el
recurso de reposición contra la sentencia de primera instancia, no podía ser
declarado ilegal, pasado casi un mes de haberse proferido, pues se encontraba
en firme al haber transcurrido el término de ejecutoria sin que se hubieren
interpuesto en debida forma los recursos que la ley confiere a las partes.
En
efecto, el auto interlocutorio de fecha 20 de marzo de 2009 se encontraba
ejecutoriado para el 17 de abril de 2009, fecha en que se profirió su
declaratoria de ilegalidad, si se tiene en cuenta que dentro de los dos días
siguientes a la notificación por estado del auto ‑ notificación que se surtió el 24 de marzo de 2009,
fijándose por un día ‑[49] transcurrieron los días miércoles 25 y jueves 26 de
marzo de 2009, sin que se interpusiera el recurso de reposición para obtener la
revocatoria del mismo según lo previsto en el artículo 63 del C.P.T.[50]
Según las pruebas obrantes en el expediente, si bien
la apoderada judicial del demandado en el proceso ordinario laboral, presentó
el día 26 de marzo de 2009 cuatro memoriales, dentro del término de ejecutoria,
en dicho término, no instauró en debida forma el recurso de reposición que era
el medio de impugnación procedente tratándose de autos interlocutorios. La
profesional se limitó a solicitar la declaratoria de ilegalidad de los autos
del 15 de enero de 2009, mediante el cual se ordenó el cierre del período probatorio
dentro del proceso ordinario laboral y del proferido el 20 de marzo de 2009 que
declaró improcedente la reposición contra la sentencia, precisando respecto de
éste último que se trató de un error de transcripción, pues lo que
verdaderamente interpuso fue el recurso de apelación y no el de reposición. En
el tercero de los memoriales, interpuso recurso de apelación contra el auto del
20 de marzo, el cual fue rechazado por improcedente, puesto que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65 del C.P.T.,[51] que hace una enunciación
taxativa de los autos que son apelables, el auto interlocutorio que deniega por
improcedente el recurso de reposición contra una sentencia, no se encuentra
expresamente contemplado.
Así también lo evidenció el Juez en la providencia del
17 de abril de 2009, en la que, previo a declarar la ilegalidad de su propio
auto, consideró que pese a que la apoderada judicial tenía razón respecto de
las manifestaciones contenidas en los memoriales, su inconformidad respecto del
auto atacado no se expresó bajo los parámetros legales, es decir solicitando la
reposición del mismo.
La Sala observa que la apoderada a más de no
interponer en debida forma el recurso contra el auto de 20 de marzo de 2009
como medio de defensa que tenía a su alcance como se explicó, interpuso
erróneamente el recurso de reposición y no el de apelación contra la sentencia
que puso fin al proceso ordinario, y pretendió subsanar su propia incuria con
la presentación de un memorial sustentatorio de un recurso de apelación que no
interpuso, en lugar de aprovechar que al momento de su presentación se
encontraba en tiempo para presentar el recurso, si se tiene en cuenta que el
escrito fue presentado personalmente ante un juzgado de Barranquilla el último
día del término de ejecutoria de la sentencia, es decir el 18 de marzo de 2009
y posteriormente remitido al juez de conocimiento.
Así entonces, habiendo presentado el recurso de
reposición contra la sentencia proferida en el proceso ordinario laboral y no
el de apelación, el juez debía declarar, como en efecto lo hizo mediante el
auto del 20 de marzo de 2009, su improcedencia y no conceder un recurso que no
fue interpuesto oportunamente por la vía de la declaratoria de la ilegalidad
del auto so pretexto de proteger el derecho a la doble instancia y el de
defensa, pues en virtud del principio procesal de congruencia, el Juez laboral
está obligado a resolver las pretensiones que hayan sido planteadas por las
partes en un proceso y por tanto no podía resolver sobre las que no han sido
invocadas, como lo fue la interposición del recurso de apelación.
En tal sentido, ejecutoriado el auto que denegó por
improcedente el recurso de reposición contra la sentencia, el juez no podía
decretar de oficio su ilegalidad como sucedió, ni mucho menos a petición de
parte, pues la oportunidad procesal para hacerlo era a través de la
interposición oportuna del recurso de reposición contra el auto interlocutorio,
lo que nunca sucedió. No tuvo en cuenta el juez que de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 309[52] y 311[53]
del C.P.C., que los autos interlocutorios sólo pueden ser aclarados o
adicionados por el mismo juez dentro del término de ejecutoria y revocados o
reformados mediante la interposición de los recursos de reposición y de
apelación y por tanto, no pueden ser declarados ilegales en cualquier etapa del
proceso.
Sobre el particular en sentencia T-519 de 2005 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra) la Corte afirmó que: “un auto ejecutoriado no
puede ser revocado por el juez, ya que la ley procesal no establece la
revocación ni de oficio ni a petición de parte después de que se produzca la
ejecutoria. Tampoco puede declararse la nulidad de un acto después de ejecutoriado,
ya que la parte lo consintió si no interpuso recurso o éste se resolvió,
quedando ejecutoriado el proveído, y a menos que se dé una causal de nulidad
que no haya sido saneada.”
Para la Sala es claro que al declarar la ilegalidad
del auto que había hecho tránsito a cosa juzgada, el juez actuó sin
justificación razonable, incurriendo en una vía de hecho por defecto
procedimental, puesto que además de que el auto declarado ilegal no fue objeto
de recurso alguno por las partes, esta figura no se encuentra contemplada en el
Código Procesal del Trabajo ni en el Código de Procedimiento Civil.
A pesar de estas irregularidades, la Sala Cuarta Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, resolvió el
supuesto recurso de apelación, como si hubiera sido interpuesto y sustentado en
debida forma[54] y modificó el numeral
primero del fallo apelado, exonerando de responsabilidad al empleador Collavini
Rosin y revocó parcialmente el numeral segundo en el sentido de absolver al
demandado de la condena en perjuicios morales cuantificada en $50.000.000 y
confirmándola en lo demás.[55]
Por
lo anterior, la Sala Primera de Revisión revocará la sentencia de la Sala de
Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia que negó por
improcedente la acción de tutela en el presente caso y concederá el amparo del
derecho al debido proceso solicitado por el accionante por considerar que la
Sala Cuarta Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad,
incurrieron en una vía de hecho por defecto procedimental al conceder y
tramitar el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 13 de marzo
de 2009 dentro del proceso ordinario laboral adelantado por Rugero Segundo
Castro Otero contra su exempleador Stefano Collavini Rosin.
Como
consecuencia, ordenará: (i) dejar sin efecto la sentencia del 9 de septiembre
de 2009, proferida en segunda instancia por la Sala Cuarta de Decisión Civil,
Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería,
dentro del proceso ordinario laboral; (ii) dejar sin efecto el auto del 17 de
abril de 2009, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Montería, dentro del proceso ordinario laboral mediante el cual decretó la
ilegalidad del auto de fecha 20 de marzo de 2009 y concedió el recurso de
apelación de la sentencia en el efecto suspensivo; y (iii) dejará en firme el
auto del 20 de marzo de 2009, proferido por el Juez Primero Laboral del
Circuito de Montería dentro del proceso ordinario laboral mediante el cual se
denegó por improcedente el recurso de reposición impetrado por la apoderada
judicial del demandado contra la sentencia del 13 de marzo de 2009.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
el fallo del 15 de abril de 2010 proferido por la Sala de Decisión Penal de
Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó  el proferido el 16 de
febrero de 2010 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, dentro del proceso de tutela instaurado por Rugero Segundo Castro
Otero contra la Sala Cuarta Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería y el Juez Primero Laboral del Circuito de
Montería. CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso solicitado
por el accionante.
Segundo.-
DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 9
de septiembre de 2009, proferida en segunda instancia por la Sala Cuarta de
Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Rugero Segundo
Castro Otero contra Francisco Collavini Rosin.
Tercero.-
DEJAR SIN EFECTO el auto del 17 de
abril de 2009, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Montería, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Rugero Segundo
Castro Otero contra Francisco Collavini Rosin mediante el cual decretó la
ilegalidad del auto de fecha 20 de marzo de 2009 y concedió el recurso de
apelación de la sentencia en el efecto suspensivo.
Cuarto.-
DEJAR EN FIRME el auto del 20 de
marzo de 2009, proferido por el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería,
dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Rugero Segundo Castro Otero
contra Francisco Collavini Rosin mediante el cual se denegó el recurso de
reposición impetrado por la apoderada judicial del demandado contra la
sentencia del 13 de marzo de 2009, por ser improcedente. Tal sentencia quedó
ejecutoriada y constituye el título jurídico de los derechos que contiene.
Quinto.- LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí establecidos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folios 176 al 177 del cuaderno principal.
[2] Folio 296, Cuaderno 4 de pruebas.
[3] Folio 297, Cuaderno 4 de pruebas.
[4] Folio 307, Cuaderno 4 de pruebas.
[5] Folio 308, Cuaderno 4 de pruebas.
[6] Folio 309, Cuaderno 4 de pruebas.
[7] Folios 310-312, Cuaderno 4 de pruebas.
[8] Consultar al respecto,
entre otras, las sentencias  C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo); T-079 de 1993(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-231 de 1994 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-329 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo);
T-483 de 1997 (MP: Vladimiro Naranjo Mesa); T-008 de 1998 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz); T-458 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-567 de
1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz);  SU-047 de 1999 (MPs. Carlos Gaviria Díaz y
Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz); SU-622 de 2001 (MP.
Jaime Araújo Rentería);  SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV.
Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra); T-441 de
2003 (MP: Eduardo Montealegre Lynett); T-029 de 2004 (MP. Vladimiro Naranjo
Mesa); T-1157 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño);  T-778 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-237 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-448 de 2006 (MP.
Jaime Araújo Rentería);  T-510 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-953 de 2006
(MP. Jaime Córdoba Triviño); T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-387 de
2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-446 de 2007 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández); T-825 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-1066 de
2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-243 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa);  T-266 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil); y T-423 de 2008 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[9] Ver las sentencias T-774
de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa);  T-200 de 2004 (MP. Clara
Inés Vargas); y T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), entre otras.
[10]  Da cuenta de esta evolución la Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime
Córdoba Triviño).
[11] Ver las sentencias T-441
de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-742 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas)
y T-606 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes),  entre otras.
[12] Sentencia SU-622 de 2001
(MP. Jaime Araujo Rentería).
[13] Sentencias C-543 de 1992
(MP. José Gregorio Hernández); T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz);
T-511 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); SU-622 de 2001 (MP. Jaime
Araujo Rentería) y  T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
[14] Sentencia T-200 de 2004
(MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[15] Sentencia T-116 de 2003
(MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[16] Sentencias
T-440 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda), T-329 de 1996 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo) y T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[17]
Sentencia T-1009 de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[18]
Sentencias SU-1159 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés
Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur
Galvis) y T-578 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[19]
Sentencia T-578 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[20] Sentencia T-231 de 1994
(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[21]
Sentencia T-774 de 2004 (MP.  Manuel José Cepeda Espinosa).
[22]
Sentencia SU-120 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[23] Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[24]
Sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[25]
Sentencia SU-1185 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas
Hernández).
[26]
Ver las sentencias T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-1285 de
2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) y T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[27]
Ver las sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynnet); T-1625 de
2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-1031 de 2001 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett) y T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[28]
Sentencias T-114 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y T- 1285 de 2005
(MP. Clara Inés Vargas).
[29]
Sentencias T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); SU-640 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y  T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[30]
Sentencias T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-193 de 1995 (MP.
Carlos Gaviria Díaz) y T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[31]
Sobre el tema pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett), T-1625 de 2000 (Martha Victoria Sáchica Méndez),
T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-047 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández).
[32] Sentencia SU-159 de 2002
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar
Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
[33] Cfr., por
ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[34] Sentencia SU-159 de 2002
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar
Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
[35] Ibídem.
[36] Ver la sentencia SU-159
de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar
Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
[37] Cfr., sentencia
T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[38] Sentencia SU-159 de 2002
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar
Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
[39]
Sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[40]
Sentencia SU-1185 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas
Hernández).
[41] Sentencias T-462 de 2003 y T-441 de 2003 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett) y T-047 de 2005. (MP. Clara Inés Vargas Hernández), entre
otras.
[42]
Ver, entre otras, las Sentencias SU-014 de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez);
T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[43]  Sentencia T-1285 de
2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[44]
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[45] Ver entre otras las sentencias T-799 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño); T-580 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-619 de 2009 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio).
[46] Folios 282 a 294 del cuaderno principal.
[47] Por valor de $50.000.000 y $204.000 respectivamente.
[48] No consta en el expediente de tutela, información sobre si el recurso
de queja fue tramitado ni la forma como fuera resuelto, en el evento en que
hubiera sido efectivamente tramitado.
[49] El día lunes 23 de marzo de 2009, era un día feriado y por tanto no
hábil para la contabilización de los términos.
[50] La citada disposición estipula: “ART. 63.- Procedencia
del recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra los autos
interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su
notificación cuando se hiciere por estados y se decidirá a más tardar tres días
después. Si se interpusiese en audiencia,  deberá decidirse oralmente en la
misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora”.
[51] El mencionado artículo dispone: “ART. 65.—Modificado. L. 712/2001,
art. 29.Procedencia del recurso de apelación. Son apelables los siguientes
autos proferidos en primera instancia: /1. El que rechace la demanda o su
reforma y el que las dé por no contestada./2. El que rechace la representación
de una de las partes o la intervención de terceros./3. El que decida sobre
excepciones previas./4. El que niegue el decreto o la práctica de una
prueba./5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida./6. El
que decida sobre nulidades procesales./7. El que decida sobre medidas
cautelares./8. El que decida sobre el mandamiento de pago./9. El que resuelva
las excepciones en el proceso ejecutivo./10. El que resuelva sobre la
liquidación del crédito en el proceso ejecutivo./11. El que resuelva la
objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias  en
derecho./12. Los demás que señale la ley. /El recurso de apelación se
interpondrá: /1. Oralmente, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí
mismo se concederá  si es procedente./2. Por escrito, dentro de los cinco (5)
días siguientes cuando la providencia se  notifique por estado. El juez
resolverá dentro de los dos (2) días siguientes./Este recurso se concederá en
el efecto devolutivo enviando al superior copia de las piezas del proceso que
fueren necesarias, salvo que la providencia recurrida impida la continuación
del proceso o implique su terminación, caso en el cual se concederá en el
efecto suspensivo./El recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención
de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que concedió el
recurso. En caso contrario se declarará desierto./Las copias se autenticarán
gratuitamente por el secretario. Cumplido lo anterior deberán enviarse al
superior dentro de los tres (3) días siguientes./La sentencia definitiva no se
pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior, cuando ésta pueda
influir en el resultado de aquella.”
[52] La citada disposición establece: “ART. 309 .—Modificado. D.E.
2282/89, art. 1º, num. 139. Aclaración. La sentencia no es revocable ni
reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto
complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que
influyan en ella. /La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término
de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término./El
auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.” (Subrayado fuera
del texto).
[53] La norma estipula: “ART. 311.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º,
num. 141. Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los
extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley
debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada dentro del mismo término. /El superior deberá complementar la
sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero
si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. /Los autos
solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud
de parte presentada en el mismos término.” (Subrayado fuera del texto).
[54] Folio 36, Cuaderno 4 de pruebas.
[55] Folios 36 a 43, Cuaderno 4 de pruebas.