C-094-07
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
C-094/07
POTESTAD LEGISLATIVA EN MATERIA RELIGIOSA-Prohibiciones
PRINCIPIO DE IGUALDAD RELIGIOSA-Prohibición
de privilegiar a una determinada religión o culto sobre otros
En materia de
igualdad religiosa la Constitución no solamente prohíbe la discriminación “por
razones de (…) religión” (artículo 13 C.P.) sino que extiende la igualdad
religiosa a una dimensión colectiva. Así, el artículo 19 de la Constitución,
consagra que “(t)odas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente
libres ante la ley”. En desarrollo de este precepto constitucional la Corte ha
reconocido que el respeto al pluralismo religioso conduce a que no puedan
existir tratos discriminatorios que privilegien a una determinada religión o
culto sobre otros.
PLURALISMO RELIGIOSO-Reglas
jurisprudenciales
El estudio de
constitucionalidad que emprende la Corte se basa en los principios en que se
fundaron los diversos pronunciamientos jurisprudenciales citados. Ellos son:
(i) El respeto por el pluralismo religioso conduce a la proscripción de tratos
discriminatorios que privilegien a una determinada religión o culto (C-027 de
1993); (ii) La existencia de tratos favorables a determinadas comunidades
religiosas, sólo es compatible con la Constitución bajo el criterio de que
también las otras confesiones gocen de la posibilidad de acceder a tales
beneficios (C-027/93, C-478/99, T-616/97, T-269/01, C-088/94, C-609/96); (iii)
para la determinación de la constitucionalidad de regulaciones que involucren
el factor religioso, la jurisprudencia ha establecido unos criterios que guían
el correspondiente análisis (C-152/03 y C-1175/04).
TESTIMONIO POR CERTIFICACION JURADA-Trato
otorgado a los arzobispos y obispos debe extenderse  a los ministros de igual
jerarquía que pertenezcan a otras religiones reconocidas por el Estado
colombiano/PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Aplicación/ARZOBISPOS Y OBISPOS-Declaración
por certificación
La
exoneración de la comparecencia para testificar ante las autoridades
judiciales, tiene una justificación razonable en la autonomía que se reconoce a
las distintas iglesias para regular su organización interna y designar sus
autoridades, quienes tienen un evidente reconocimiento social en razón de las
tareas que cumplen en la dirección y representación de la respectiva comunidad,
acorde con el propósito constitucional de garantizar el pluralismo y la
libertad religiosa. Sin embargo, advierte también la Corte que la norma
acusada, al reservar tal prerrogativa a los obispos y arzobispos de la iglesia
católica, establece una discriminación contraria a los principios que
caracterizan al Estado colombiano en  materia religiosa. De manera particular,
destaca la Sala el precedente establecido en la sentencia C- 609 de 1996, la
cual declaró la constitucionalidad del testimonio por certificación jurada de
cardenales y obispos en los procesos penales, establecido en el artículo 287
del Decreto 2700 de 1991 (C.P.P.), en razón a que dicho trato se hizo
extensivo, por la propia disposición acusada, a los “ministros de igual
jerarquía que pertenezcan a otras religiones”. No encuentra la Sala razones
poderosas que la induzcan a cambiar el precedente específico sentado en la
citada decisión por lo que procederá a su reiteración declarando que el trato
exceptivo que la ley le otorga a los “arzobispos y obispos” debe concederse
también a los ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones
reconocidas por el Estado colombiano. Sólo en este sentido, la expresión
“arzobispos y obispos” que hace parte del artículo 222 del Código de Procedimiento
Civil resulta acorde con los postulados constitucionales del pluralismo
religioso y la libertad igualitaria de las diferentes iglesias y confesiones
religiosas.
SUCESION POR CAUSA DE MUERTE-Incapacidad
de recibir herencia o legado por eclesiástico que hubiere confesado al testador
SUCESION POR CAUSA DE MUERTE-Alcance de
la expresión “iglesia parroquial  del testador” como excepción a la incapacidad
de recibir herencia o legado/PRINCIPIO DE IGUALDAD RELIGIOSA Y
SUCESION POR CAUSA DE MUERTE-Excepción a la incapacidad de recibir herencia
o legado, se predica de todas las iglesias y confesiones ubicadas en el
domicilio del testador
El
significado de la expresión “iglesia parroquial” del inciso 2° del artículo
1022 del Código Civil, no se reduce al lugar de culto de la confesión católica,
si no al de cualquier iglesia o confesión religiosa entendida en un ámbito
territorial específico, conforme a la organización interna que determine
libremente la respectiva comunidad religiosa. Esto significa que la excepción
prevista en el artículo 1022 del Código Civil para poder recibir herencia o
legado, se predica de todas las iglesias y confesiones ubicadas en el domicilio
de testador, y como tal, la norma resulta compatible con los principios del
pluralismo, la libertad religiosa e igualdad de todas las iglesias y
confesiones religiosas, consagrados en la Constitución. Bajo esta perspectiva
la expresión acusada no reduce el ámbito de aplicación del derecho de
asignación  previsto en el  inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil a la
iglesia católica, ni discrimina a otras iglesias y confesiones religiosas
reconocidas por el orden jurídico colombiano, que son titulares, en análogas
condiciones, de la misma vocación hereditaria.
Referencia: expediente  D-6393
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 222 (parcial)
del Código de Procedimiento Civil y 1022 (parcial) del Código Civil.
Demandante: Juan Camilo Pinto Ojeda
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
catorce (14)  de febrero  de dos mil siete  (2007).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan
Camilo Pinto Ojeda demandó la inexequibilidad de la expresión “los arzobispos y obispos” contenida en el artículo 222 del Código de
Procedimiento Civil (Decretos 1400 y 2019 de 1970), y la expresión “iglesia parroquial” del
inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil.
Mediante auto
del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis (2006), la Corte admitió la
demanda al constatar que cumplía con las exigencias dispuestas en el Decreto
2067 de 1991.
II. TEXTO DE
LAS NORMAS ACUSADAS
A continuación se transcribe el texto de
las disposiciones que contienen las expresiones demandadas, las cuales aparecen subrayadas:
DECRETOS NUMEROS 1400[1]
Y 2019 DE 1970[2]
(agosto 6 y Octubre 26)
Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le
confirió la
Ley 4a. de 1969 y consultada la comisión asesora que ella
estableció,
DECRETA:
(…)
SECCION TERCERA.
REGIMEN PROBATORIO
TÍTULO XIII.
PRUEBAS
(…)
CAPÍTULO IV
DECLARACIONES DE TERCEROS
(…)
“Artículo
222. Declaración por certificación. El presidente
de la República, los Ministros del Despacho, el contralor general, los
gobernadores, los senadores y representantes mientras gocen de inmunidad, los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los consejeros de Estado y
fiscales del Consejo, el procurador general de la
nación, los arzobispos y obispos, los agentes diplomáticos de la
república, y los magistrados, jueces, fiscales y procuradores al rendir
testimonio ante funcionario inferior, declararán por medio de certificación
jurada para lo cual se les enviará despacho con los insertos del caso”.
CÓDIGO
CIVIL[3]
LIBRO
TERCERO
DE
LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE Y DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS
TÍTULO
I
DEFINICIONES
Y REGLAS GENERALES
(…)
“Artículo
1022. Incapacidad del confesor, su cofradía y sus deudos. Subrogado por el
artículo 84 de la Ley 153 de 1887. Por testamento
otorgado en la última enfermedad no puede recibir herencia o legado alguno, ni
aún como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al testador
en la misma enfermedad, o habitualmente en los dos últimos años anteriores al
testamento; ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro el
eclesiástico, ni sus deudos por consaguinidad o afinidad dentro del tercer
grado[4].
Tal incapacidad
no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre la
porción de bienes al que dicho eclesiástico, o sus deudos habrían correspondido
en sucesión intestada.
Quedan así
reformados el artículo 1022 del Código Civil y el 27 de la Ley 57 de 1887”.
III.
LA DEMANDA
El ciudadano
demandante considera que las expresiones “arzobispos y obispos” del
artículo 222 del Código de Procedimiento Civil, e “iglesia parroquial” del
inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil, son violatorias del Preámbulo y
de los artículos 13 y 19 de la Constitución.
Sostiene que la
inclusión de “los arzobispos y obispos” entre la lista de “funcionarios”
que conforme al artículo 222 del Código de Procedimiento Civil están
autorizados para rendir declaración por medio de certificación jurada, viola el
principio de igualdad de trato que debe prodigarse a todas las religiones y
confesiones religiosas (Arts. 13 y 19), al estatuir un beneficio especial en favor
de una religión en particular – la católica – caracterizada por su importancia
histórica, pero igual a las demás frente a la Constitución.
Manifiesta que
se altera el orden social justo al que aspira la Constitución cuando el
legislador crea normas que comportan el enaltecimiento, la imposición de
cargas, o el establecimiento de prerrogativas para el ejercicio de sus derechos
frente a la administración pública, en favor de una religión o culto en
particular.
Aduce así mismo,
que la habilitación de “la iglesia parroquial” del testador para
recibir herencia o legado por testamento otorgado en la última enfermedad del
causante, tal como lo prevé el inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil,
vulnera el principio del pluralismo religioso establecido en el artículo 19 de
la Carta, en razón a que por la expresión “iglesia” se entiende el lugar
físico en el que se rinde culto a la iglesia católica. Esto, según el
demandante privilegia dicha confesión en la medida que excluye de la
prerrogativa que la norma contempla a otros centros religiosos o
establecimientos de culto, que no son considerados “iglesia” ni “parroquia”,
y aún a aquellas confesiones religiosas que no cuentan con espacio físico
determinado para  el culto.
Solicita se
declare la inconstitucionalidad de las expresiones normativas acusadas.
IV.
INTERVENCIONES
De la
Academia Colombiana de Jurisprudencia
Para los
miembros correspondientes de la Academia Colombiana de Jurisprudencia que
intervienen en el proceso, los tratamientos exceptivos consagrados en el
artículo 222 del Código de Procedimiento Civil - para los arzobispos y
obispos, en cuanto a las formalidades del testimonio -, y en el artículo
1022 del Código Civil - para la iglesia parroquial, respecto a la
posibilidad de heredar o recibir legados – se avienen a la Constitución sólo si
se aplican para todos los credos religiosos legalmente establecidos en
Colombia. Ello en razón a que “no existe un fin constitucionalmente válido
para excluir a las demás iglesias y credos religiosos de las previsiones que a
manera de excepción se consagran en los artículos 222 del Código de
Procedimiento Civil y 1022 del Código Civil”.
Sostienen que la
dignidad de ciertos ministros o prelados de cualquier iglesia legalmente
reconocida obliga a que su testimonio se pueda recepcionar mediante declaración
juramentada igual a como sucede con los obispos y arzobispos de la religión
católica. Y de otra parte, pueden tener el carácter de herederos o legatarios
otras iglesias o confesores que no sean de la religión católica, a pesar de que
el confesor haya asistido al testador durante la última enfermedad o
habitualmente, durante los dos últimos años anteriores al testimonio.
En consecuencia,
solicitan la declaratoria de constitucionalidad condicionada de las expresiones
demandadas, en el sentido que el tratamiento contemplado en el artículo 222 del
Código de Procedimiento Civil para los “obispos y arzobispos” autorizando
su testimonio bajo declaración certificada, se entienda extendido a los
dignatarios de los demás credos religiosos; igualmente en relación con la
expresión “iglesia parroquial” del artículo 1022,  deberá entenderse que
la posibilidad de heredar o recibir legados cobija a los demás credos e
iglesias legalmente reconocidas de acuerdo con las normas nacionales.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2°, y 278, numeral 5° de la
Constitución, el Procurador General de la Nación rindió el concepto No. 4163,
en el siguiente sentido:
Considera que es
necesario hacer integración normativa de la expresión demandada “iglesia
parroquial” con la expresión “eclesiástico” contenida en el mismo
inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil, “con el fin de que la
interpretación integral del inciso en su conjunto, se adecue al ordenamiento
constitucional”.
Sobre esta
disposición manifiesta que es evidente que en razón al contexto histórico de
expedición de  la norma y por la definición lingüística de los términos, que la
expresión acusada fue concebida como referida exclusivamente a la iglesia
católica y que hoy solo puede entenderse acorde al ordenamiento constitucional
pluralista colombiano, si se le da una connotación amplia que comprenda todos lo
credos religiosos.
Afirma que de
los usos y definiciones comunes de los términos iglesia y parroquia se
puede concluir que, aunque están fuertemente asociados a las iglesias
cristianas y en particular a la católica, en un sentido lato tiene una connotación
más genérica y puede utilizarse con referencia a cualquier religión o confesión
independientemente de la concepción que esta tenga sobre el sitio de reunión,
si la expresión se aplica al grupo de personas que comparten un credo
religioso.
Concluye sobre
este aspecto de la impugnación, que la expresión acusada introduce una
situación discriminatoria injustificada, pero que atendiendo el principio de
conservación del derecho y de efecto útil del mismo, la Corte debe declarar la
exequibilidad de la expresión “iglesia parroquial” contemplada en el
inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil, bajo el entendido que hace
referencia  a todas las confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el
estado colombiano.
En relación con la expresión “arzobispos y obispos” del
artículo 222 del Código de Procedimiento Civil, el Ministerio Público sostiene
que la única manera de preservar los principios constitucionales de igualdad y
libertad religiosa es extendiendo los privilegios de presentar declaración por
certificación jurada a todos los altos jerarcas de las demás iglesias y
confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el estado colombiano. A su
juicio la expresión debe ser declarada exequible, bajo el entendido que se
refiere a los más altos jerarcas de todas las iglesias y confesiones religiosas
reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano.
VI.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
de la Corte
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues
las  disposiciones  acusadas forman parte, en el caso del artículo 1022,  del
Código Civil adoptado y adicionado mediante la Ley 57 de 1887; y en el caso del
artículo 222 del Código de Procedimiento Civil, adoptado mediante los Decretos
1400 de 1970 y 2919 de 1970, expedidos con fundamento en facultades
extraordinarias conferidas al Presidente de la República mediante la ley 4ª de
1969.
Problema
jurídico y temas jurídicos a tratar
2. Para el
ciudadano demandante las expresiones “arzobispos y obispos” del artículo
222 del Código de Procedimiento Penal, e “iglesia parroquial” del
artículo 1022 del Código Civil, son inconstitucionales en cuanto establecen un
trato privilegiado injustificado para los altos jerarcas de la iglesia
católica, y para la iglesia misma, en materia de formalidades del testimonio y
vocación para recibir herencias o legados de sus feligreses. Dicho trato sería
violatorio de los principios de pluralismo religioso y libertad de culto  que
rigen la Constitución conforme a su Preámbulo y a los artículos 13 y 19 de la
Carta.
En concepto del
Ministerio Público y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia no existe un
fin constitucionalmente válido que justifique el trato privilegiado que las
expresiones acusadas  establecen a favor de la iglesia católica y sus
dignatarios, por lo que la única forma de hacerlas compatibles con la
Constitución es declarando su constitucionalidad condicionada, bajo el
entendido que ellas también incluyen las iglesias y confesiones religiosas
reconocidas jurídicamente por el estado colombiano (1022 C.C.) , y a sus más
altos jerarcas (Art. 222 C.P.C.).
Corresponde en
consecuencia a la Corte determinar: (i) si la expresión normativa que
prodiga un trato especial a los “arzobispos y obispos”, en la rendición
de un testimonio ante autoridad judicial,  viola los preceptos constitucionales
que establecen la neutralidad religiosa del Estado y el principio de igualdad
de las confesiones religiosas con reconocimiento jurídico; y (ii) si la
expresión normativa que habilita a la “iglesia parroquial” del testador
para recibir herencia o legado, vulnera el principio de libertad e igualdad
religiosa previsto en el artículo 19 de la Constitución.
Para resolver
las cuestiones así planteadas la Corte seguirá la siguiente metodología:  (i)
reiterará su jurisprudencia sobre el carácter pluralista del Estado social
de derecho colombiano en materia religiosa, y la coexistencia igualitaria de
todas las confesiones religiosas; (ii) analizará la naturaleza y
finalidad del trato preferencial que el artículo 222 del Código de
Procedimiento Civil prodiga a los arzobispos y obispos, y a los más altos
funcionarios del Estado; (iii) examinará la naturaleza y finalidad de
las incapacidades para heredar que contempla el artículo 1022 del Código Civil,
y la excepción a favor de la iglesia parroquial del testador; (iv) a
partir de ese marco teórico estudiará si se configuran verdaderos cargos de
inconstitucionalidad contra las expresiones normativas acusadas.
La igualdad
ante la ley de las distintas iglesias y confesiones religiosas impide que el
Estado le otorgue a una de ellas un trato preferente
3. Esta Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el
alcance de los principios del pluralismo, la diversidad religiosa y la
neutralidad del Estado frente a las confesiones religiosas, así como sobre la
igualdad ante la ley de las distintas comunidades
religiosas[5].
En materia de
igualdad religiosa la Constitución no solamente prohíbe la discriminación “por
razones de (…) religión” (artículo 13 C.P.) sino que extiende la igualdad
religiosa a una dimensión colectiva. Así, el artículo 19 de la Constitución,
consagra que “(t)odas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente
libres ante la ley”. En desarrollo de este precepto constitucional la Corte
ha reconocido que el respeto al pluralismo religioso conduce a que no puedan existir
tratos discriminatorios que privilegien a una determinada religión o culto
sobre otros.
Una reseña de la
jurisprudencia constitucional sobre esta materia muestra una línea consistente
orientada a la exclusión de tratos preferenciales a favor de una determinada
confesión religiosa. Si bien, en algunas oportunidades, se ha reconocido la
posible existencia de tratos favorables a determinadas comunidades religiosas,
ello se ha hecho sólo bajo el criterio de que también las otras confesiones
gocen de la posibilidad de acceder a tales beneficios. Particularmente, ciertas
preferencias otorgadas a la Iglesia Católica han sido extendidas también a
otras Iglesias, en virtud del principio de igualdad ante la ley de las diversas
comunidades religiosas.
4. En la
sentencia C-027 de 1993[6] que estudió la
constitucionalidad del concordato celebrado entre la Iglesia Católica y el
Estado colombiano, la Corte declaró inexequibles algunos artículos del
concordato por considerar que violaban el principio de igualdad, extendido por
el propio constituyente más allá de su dimensión individual a una expresión
colectiva reflejada en las iglesias y confesiones religiosas. En esa
oportunidad la Corte declaró inexequible el artículo XI del concordato que
establecía la contribución del Estado, con fondos del presupuesto nacional, al
sostenimiento de planteles católicos. Consideró la Corte que dicha disposición
era contraria a la prohibición constitucional de decretar auxilios o donaciones
en favor de personas de derecho privado (Art. 355 CP), y vulneraba la igualdad
de las diferentes iglesias o confesiones religiosas. Sostuvo la Corte: “(...)
el artículo XI contempla un trato preferencial para los hijos de familias
católicas, con lo cual se desconoce el principio de igualdad en que la
Constitución coloca a todas las religiones (art. 19 inc. 2°) y ello, no
obstante se reconozca el hecho social-religioso palmario de ser la Iglesia
Católica la de la inmensa mayoría del pueblo colombiano.”
En la misma
sentencia (C-027 de 1993) al pronunciarse sobre la enseñanza y formación
religiosa en los establecimientos educativos del Estado, la Corte declaró la
inexequibilidad de la obligación de incluir en los
establecimientos oficiales “enseñanza
y formación religiosa según el magisterio de la Iglesia” por desconocer la libertad religiosa (Art. 19 de la Constitución).
Sostuvo la Corte sobre el particular:
“Dentro de la reglamentación legal que habrá de expedirse al efecto, a la Iglesia Católica habrá de dársele el espacio religioso en
los establecimientos del Estado, lo mismo que a las demás religiones, dejando
en todo caso en libertad a los estudiantes que no quieran recibir instrucción
religiosa alguna, con lo cual se conseguiría colocar en
el mismo plano de igualdad a todas las confesiones pues se satisfaría el
interés religioso de los estudiantes según sus propias creencias y no se
obligaría a nadie a recibir cátedra religiosa.”[7]
5. Sobre la
exención a la prestación servicio militar por parte de los ministros de una
iglesia, la Corte ha aceptado tal disposición, bajo la condición de que se
extienda a todos las confesiones religiosas legalmente reconocidas. En efecto,
mediante la sentencia C-027 de 1993 declaró la exequibilidad del artículo del
Concordato que exceptúa del servicio militar a clérigos y religiosos de la
Iglesia Católica. La Corte señaló que  la dispensa al servicio militar “antes
que violar el artículo 216 de la Constitución Nacional, encuentra en él su
asidero, ya que su inciso 3° dispone que la ley determinará las condiciones que
en todo tiempo eximen del servicio militar.” Sin embargo, puntualizó que tal
eximente del servicio militar “para preservar el principio de igualdad de
las religiones, ha de extenderse a las demás confesiones religiosas organizadas
respecto de sus ministros y clérigos.”
Tal doctrina ha sido sostenida en varias decisiones
posteriores. Así, en la C-478 de 1999[8], en relación con la
causal de aplazamiento del servicio militar consistente en “(h)aber sido
aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las
autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal
o de la vida religiosa”, la Corte declaró la  exequibilidad condicionada del
artículo 29 de la Ley 48 de 1993 bajo el entendido de que “es exequible en la
medida en que se entienda referida a todas las iglesias y confesiones
religiosas reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano, ya que sólo así
presenta total concordancia con el ordenamiento constitucional y una plena
vigencia de los principios de igualdad y de libertad religiosa y de cultos, así
como de la supremacía normativa jerárquica de la Constitución (C.P., Arts. 19 y
4°.)”[9]
6. El principio
de igualdad ante la ley de las diferentes confesiones religiosas se aplicó
igualmente en el ámbito de las exenciones tributarias. Al respecto, la
sentencia C-027 de 1993, declaró la constitucionalidad del artículo XXIV del
Concordato, que exceptuaba del pago de impuestos a los edificios de culto,
curias diocesanas, casas episcopales y seminarios. Estimó la Corte que
resultaría inequitativo exigir el cobro de tales tributos a las iglesias que
sostienen sus lugares de culto con dineros de los feligreses, puesto que éstos
tributan ya por su propio patrimonio, de tal manera que, de aceptarse el
gravamen sobre los inmuebles de la respectiva congregación se estaría
consagrando un doble tributo. Para preservar el principio de igualdad, la Corte
extendió los beneficios establecidos en el artículo del Concordato a los
distintos credos religiosos, siempre que reúnan los requisitos establecidos en
la ley.[10]
Sobre esta
misma materia, en la sentencia T- 269 de 2001[11], la Corte
reiteró el criterio de igualdad de las distintas iglesias frente a la ley y
decidió que “el Congreso debe crear un marco jurídico que asegure la igual
libertad de todas las iglesias y confesiones religiosas”. Sostuvo: “A la
luz de la Constitución, al legislador le está vedado dar un trato diferente a
las diversas confesiones religiosas o iglesias, lo cual no supone la concesión
automática de una exención tributaria a todas ellas cuando alguna de las mismas
ha cumplido con los requerimientos de ley para hacerse acreedora de dicha
exención. A lo que está obligado el legislador es a establecer iguales
condiciones objetivas para todas las confesiones religiosas e iglesias de forma
que puedan hacerse acreedoras a la mencionada exención. En la medida que cada
uno de los sujetos colectivos interesados cumpla con las condiciones objetivas
establecidas por la ley para obtener el beneficio de una exención tributaria,
dicha exención debe ser igualmente reconocida”.
7. En la
sentencia T-616 de 1997[12], la Corte tuteló el
derecho a la igualdad de una Iglesia Cristiana[13] frente a la
actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas –DIAN– que la obligaba a
presentar declaración de ingresos y patrimonio, en tanto que a la Iglesia
Católica se le exoneraba de tal deber. Fundamentó la Corte su decisión de
tutelar en que tal diferencia de trato no superaba ninguno de los requisitos
del examen de igualdad, en particular, no buscaba un interés público o
constitucional imperioso, con lo que se configuraba una discriminación injusta
en contra de las iglesias distintas a la Católica. De esta forma, la Corte
ordenó, en virtud del principio de igualdad de las distintas confesiones
religiosas, eximir a la iglesia demandante de tal obligación.
8. En la
sentencia C-088 de 1994[14], la Corte se refirió al
reconocimiento de la personería jurídica de la Iglesia Católica, la cual se
rige por el concordato. Estimó la Corte que tal reconocimiento no viola la
igualdad de otras iglesias, pues nada impide que también éstas celebren
acuerdos con el Estado colombiano para establecer mecanismos más fluidos de
regulación jurídica[15], conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la ley 133 de 1994, la Ley 25 de 1992, la Ley 115 de 1994
y el capítulo IV del Decreto 782 de 1995.[16]
9. El criterio
de promover la extensión de beneficios reconocidos a la Iglesia Católica a
otros cultos ha sido reiterado en otras sentencias. De particular relevancia
para el asunto bajo examen es la sentencia C-609 de 1996[17],
la cual declaró la constitucionalidad del testimonio por certificación jurada
de cardenales y obispos en los procesos penales, establecido en el artículo 287
del Decreto 2700 de 1991 (C.P.P.) [18], en razón a
que dicho trato se hacía extensivo por la propia disposición acusada a los “ministros
de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones”.
La anterior
reseña muestra que la Corte ha admitido, en diversas materias, un tratamiento
jurídico favorable a las iglesias o confesiones religiosas bajo la condición de
ofrecer igualdad de condiciones para acceder a dichos beneficios, a todas
aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
Los criterios
específicos establecidos por la jurisprudencia para determinar si una decisión
del Estado en materia religiosa es inconstitucional.
10. En la
sentencia C-152 de 2003[19] que se pronunció sobre la
constitucionalidad de la expresión “Ley María” con la cual se tituló la Ley
755/03, la Corte identificó unos criterios jurisprudenciales concretos
orientados a guiar el análisis de las normas que presuntamente vulneran los
principios del pluralismo religioso y la separación entre Estado e Iglesias.
Estos criterios, según lo señaló la Corte en aquella oportunidad cumplen la función de trazar la línea entre lo permitido y lo prohibido en
este campo.
Estimó la Corte que a las regulaciones en materia religiosa les está
constitucionalmente prohibido:  (i) establecer una religión o iglesia oficial;  (ii) que  el Estado se identifique
formal y explícitamente con una iglesia o religión;  (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o
iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre
las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia
religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro
de un estado liberal no confesional; (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa,
mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna
iglesia o confesión; (v)
adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto
primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia
en particular frente a otras igualmente libres ante la ley.
11. En la
sentencia C-1175 de 2004[20]la Corte declaró la inexequibilidad
parcial de las normas (Arts. 152 y 153 del Código Nacional de Policía) que
prescribían la participación de un miembro de la curia católica en el Comité de
Clasificación de Películas, por considerarlas contrarias a los principios de
neutralidad del Estado en materia religiosa e igualdad de las iglesias. En la
mencionada sentencia, además de test de igualdad, la Corte aplicó los criterios
específicos establecidos en la sentencia C-152 de 2003, para determinar que la
norma acusada desconocía prohibiciones constitucionales en materia religiosa.
12. El estudio
de constitucionalidad que emprende la Corte se basa en los principios en que se
fundaron los diversos pronunciamientos jurisprudenciales citados. Ellos son: (i)
El respeto por el pluralismo religioso conduce a la proscripción de tratos
discriminatorios que privilegien a una determinada religión o culto (C-027 de
1993); (ii)  La existencia de tratos favorables a determinadas
comunidades religiosas, sólo es compatible con la Constitución bajo el criterio
de que también las otras confesiones gocen de la posibilidad de acceder a tales
beneficios (C-027/93, C-478/99, T-616/97, T-269/01, C-088/94, C-609/96); (iii)
para la determinación de la constitucionalidad de regulaciones que involucren
el factor religioso, la jurisprudencia ha establecido unos criterios que guían
el correspondiente análisis (C-152/03 y C-1175/04).
En el mencionado
contexto se enmarcará el estudio de constitucionalidad de las normas acusadas
que a continuación asume la Corte, para lo cual previamente procederá a
determinar el alcance de la decisión de la Corte y de los preceptos
parcialmente acusados.
Estudio de
constitucionalidad de la expresión “arzobispos y obispos” del artículo 222
del Código de Procedimiento Civil.
Determinación
del ámbito de la impugnación y del alcance del pronunciamiento de la Corte.
13. A juicio del
demandante el segmento normativo acusado viola el precepto constitucional que
establece que “Todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante
la ley”(Art.19 C.P.). Aduce que históricamente Colombia le ha rendido culto
a la religión católica y en la actualidad sigue siendo la confesión religiosa
que cuenta con una mayoría de adeptos. Sin embargo considera injustificado que
los demás líderes religiosos diferentes a los mencionados en la disposición, y
pertenecientes a confesiones  religiosas distintas “deban presentarse ante
el juez de igual manera como lo haría cualquier persona común y corriente”.
Es claro para la
Corte que el sentido en que se plantearon los cargos por parte del demandante y
se debatieron en las intervenciones, plantea un asunto de discriminación por
vulneración del principio de igualdad religiosa. Ninguna censura formula la
demanda contra el aparte de la norma que desarrolla el criterio de la función
pública como parámetro de exención al deber de comparecencia para testificar,
ni respecto de la conformación del catálogo de personas que  integran la
selección del legislador.
El reproche de
inconstitucionalidad se dirige específicamente contra la expresión “los
arzobispos y obispos” la cual considera violatoria del principio de
igualdad puesto que “ (…) (T)oda persona sea católica, judía, musulmana,
cristiana o de cualquier religión o culto, tiene el derecho a ser tratada de
igual forma como se trata a las demás personas que hacen parte de otras
religiones y cuando se le da un beneficio especial a una religión en razón a su
credo o importancia histórica, este equilibrio se ve afectado y por lo tanto
debe el estado corregir esta medida para así mantener el orden social justo, lo
cual se violenta cuando el legislador crea normas que llevan consigo el
enaltecimiento de una religión por encima de las demás(…)”
El ámbito de la
censura así establecido, constituye el marco del pronunciamiento de la Corte.
La sentencia no resolverá, en consecuencia,  otros problemas de relevancia
constitucional que surgen tras el examen de la norma, tales como: (i) La
razonabilidad en la elaboración del catálogo de personas a quienes se aplica el
medio exceptivo para comparecer a declarar; (ii) la eventual vulneración
del principio de igualdad entre los mismos funcionarios del Estado; (iii) el
potencial problema de igualdad entre los integrantes del listado y otros
ciudadanos, en relación con el deber de colaboración previsto en el artículo 95
de la Carta.
Precisado así
el ámbito de la censura, y del pronunciamiento de la Corte, procede la Sala a
examinar el alcance de la disposición acusada.
La
certificación jurada como mecanismo excepcional para rendir declaración ante
autoridad judicial
14. El artículo
95 de la Constitución establece entre los deberes del ciudadano el de “colaborar
para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (num.7°).
Acorde con este precepto el legislador, al regular el régimen probatorio
aplicable a los procedimientos civiles, estableció el deber de testimoniar (Art.213
C.P.C.) en virtud del cual “toda persona tiene el deber de rendir el
testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley”[21].
La declaración
de terceros o testimonio, es uno de los medios de prueba explícitamente
reconocidos por el legislador civil para la formación del convencimiento del
juez (Art. 175). Conforme a las reglas instrumentales que  rigen este medio de
prueba, debe ser recibido por regla general en audiencia, a fin de garantizar
el derecho de contradicción de las partes en el proceso, y de crear las condiciones
para que, con base en la inmediación de la prueba, el juez dirija el
interrogatorio, lo que le permitirá acceder a mejores elementos de juicio para
precisar la razón de la ciencia del testigo sobre los hechos objeto de prueba,
valorar su credibilidad y asignarle el mérito que corresponda, en el marco de
sus facultades legales de apreciación razonada de la prueba.
15. La
exoneración al deber de comparecer a rendir testimonio ante los
despachos judiciales sustituyéndolo por mecanismos como el testimonio por
oficio[22], los informes con
juramento[23], la declaración por
informe[24], o la declaración
juramentada escrita[25], es una regla
instrumental probatoria de amplia tradición en los sistemas procesales
escritos. Los tratamientos exceptivos al deber de comparecer han sido
justificados de muy diversas maneras en los sistemas jurídicos que los
contemplan, y de los criterios utilizados para su instauración depende el
catálogo de personas a quienes se concede dicho tratamiento especial. Así, se
encuentra que el criterio más común y generalizado  es el de la protección de
la continuidad de la función pública y la dignidad inmersa en los altos cargos
de Estado[26]. Existen otros criterios
que determinan la elaboración del catálogo de personas a quienes se exonera del
deber de comparecer: el reconocimiento a la relevancia y requerimientos  de la
actividad militar[27]; el rango  diplomático[28];
las jerarquías religiosas [29]; así como otros
criterios derivados de la posición relevante de la persona en el ámbito
educativo[30];  o por el contrario de
posiciones o situaciones de algunos miembros de la sociedad de las cuales  se
derive, según criterio del legislador,  un deber especial de protección [31].
Son,  en
consecuencia de diversa índole los criterios que las legislaciones procesales
han considerado relevantes para prodigar un trato procesal preferencial a
ciertos miembros de la sociedad, quienes no obstante estar vinculados al deber
genérico de testificar en los procesos judiciales,  están exonerados de la
comparecencia personal ante la autoridad judicial, previéndose un
procedimiento  especial (testimonio por oficio, declaración por certificación
jurada, declaración mediante informe, etc.) para la recepción de la prueba.
16. El
legislador colombiano, al regular los procedimientos civiles, ha establecido
situaciones exceptivas en las cuales  el mecanismo de la audiencia es
sustituido por la declaración por certificación, rendida bajo juramento,
mediante el envío al declarante de un despacho con los insertos del caso. No se
trata de una excepción al deber de declarar, sino de el establecimiento de un
mecanismo distinto al ordinario para la recepción del testimonio que deben
rendir los altos funcionarios del Estado pertenecientes a las diversas ramas
del poder público, a los organismos de control, o los miembros relevantes de
instituciones no oficiales como la Iglesia.
En la norma que
es objeto de impugnación parcial el legislador acogió los criterios de la
función pública, y  las jerarquías religiosas, para establecer el trato
exceptivo. La Corte no entrará a evaluar la razonabilidad de la selección de
los servidores públicos exonerados del deber de comparecencia conforme al
precepto, por cuanto su análisis, como ya se precisó, se centrará en el cargo
que por presunta discriminación religiosa se formula en la demanda.
El juicio de
constitucionalidad
17. Para
determinar si la expresión acusada “arzobispos y obispos” en efecto,
como lo señala el demandante, involucra un trato preferente injustificado a la
iglesia católica, que deviene en  discriminación a las demás confesiones
religiosas, es preciso establecer su alcance, y el contexto en que fue creada
la norma.
La iglesia
católica como sociedad estructurada jerárquicamente está organizada y gobernada
con base en jurisdicciones o divisiones territoriales que se encuentran a cargo
de los obispos y los arzobispos[32]. De
manera que las expresiones demandadas aluden inequívocamente a títulos
correspondientes a la jerarquía ministerial de la iglesia católica, lo que
comporta indiscutiblemente el establecimiento de un trato diferenciado para los
ministros del culto católico del más alto rango dentro de esa iglesia.
No obstante,
destaca la Corte que el trato preferencial que la norma prodiga se refiere a la
selección del medio a través del cual las personas relacionadas en la
disposición deben cumplir  con el deber constitucional de colaborar con el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95 num. 7°)
cuando su testimonio es requerido en un proceso de naturaleza civil. No
comporta una dispensa al cumplimiento de ese deber constitucional al que
aquellos se encuentran vinculados como todas las demás personas con aptitud
para testificar.
18. Para la
Corte ese trato diferenciado que la ley establece para los ministros del culto
católico de más alto rango dentro de la iglesia católica - arzobispos y
obispos –  debe armonizarse e interpretarse en el marco que le proveen los
principios constitucionales del pluralismo religioso (Art.1°) y  la libertad
igualitaria de las diferentes iglesias y confesiones religiosas (Art.19). En
esa medida, la exoneración de la comparecencia para testificar ante las
autoridades judiciales, tiene una justificación razonable en la autonomía que
se reconoce a las distintas iglesias para regular su organización interna y
designar sus autoridades, quienes tienen un evidente reconocimiento social en
razón de las tareas que cumplen en la dirección y representación de la
respectiva comunidad, acorde con el propósito constitucional de garantizar el
pluralismo y la libertad religiosa.
19. Sin embargo,
advierte también la Corte que la norma acusada, al reservar tal prerrogativa a
los obispos y arzobispos de la iglesia católica, establece una discriminación
contraria a los principios que caracterizan al Estado colombiano en  materia religiosa,
el cual se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y además
reconoce la igualdad entre todas las iglesias, confesiones y denominaciones
religiosas, lo que le impide establecer la preeminencia jurídica, o promover
situaciones que comporten privilegios para determinados credos religiosos. Al
destacar el principio de igualdad de las iglesias o confesiones religiosas
sostuvo la Corte: “El carácter más extendido de una determinada religión no
implica que ésta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado
por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas
las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que
éstas tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o
equiparación con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías
religiosas”[33]
Con el propósito
de adecuar al principio de igualdad religiosa la exención de comparecencia de
los arzobispos y obispos a rendir testimonio en los asuntos civiles, la Corte
reiterará su línea jurisprudencial claramente orientada a extender a otras
iglesias y confesiones religiosas algunos beneficios que el legislador ha
establecido a favor de la iglesia católica o de sus miembros[34].
De manera
particular, destaca la Sala el precedente establecido en la sentencia C- 609 de
1996[35], la cual declaró la
constitucionalidad del testimonio por certificación jurada de cardenales y
obispos en los procesos penales, establecido en el artículo 287 del Decreto
2700 de 1991 (C.P.P.), en razón a que dicho trato se hizo extensivo, por la
propia disposición acusada, a los “ministros de igual jerarquía que
pertenezcan a otras religiones”.
Los principales argumentos que  fueron acogidos por la Corte en
aquella oportunidad para fundamentar la declaratoria de exequibilidad de la
norma que incluye en el trato preferencial a los dignatarios de todas las
confesiones religiosas, son los siguientes:
(i) La norma responde al reconocimiento del Constituyente de la
presencia del elemento religioso en la sociedad, y a la armonización de este
dato sociológico con el componente pluralista y democrático del Estado; (ii)
La norma reconoce que el fenómeno religioso tiene
indudables manifestaciones institucionales que se concretan en el reconocimiento
de la personalidad de las distintas iglesias y confesiones que gozan de
autonomía para regular su régimen interno, establecer su propia jerarquía y
designar a sus autoridades, a quienes, de ordinario, se les confían funciones
de especial importancia y  trascendencia; (iii)  la norma responde
también al propósito constitucional de brindar igual protección a las
diferentes iglesias y confesiones, la cual se concreta de manera singular en la
persona de su principales jerarcas y ministros; (iv) La inclusión de los
jerarcas de las iglesias en el trato exceptivo que la norma prevé, no entraña
un injustificado privilegio, pues ella atiende al amplio reconocimiento social
de que gozan, vinculado, no a la persona del jerarca o ministro en sí misma considerada,
sino a las tareas ligadas a la relevancia del cargo dentro de la organización
religiosa, y  a la trascendencia de las labores pastorales dentro de la
sociedad; (v) Las tareas que cumplen son parte esencial del derecho a
difundir la respectiva religión plasmado en el artículo 19 superior; (vi)
La prerrogativa que la norma contempla no comporta el compromiso del Estado con
una específica religión, ni el desconocimiento del carácter laico de la
organización política, sino apenas el reconocimiento de la trascendencia social
del fenómeno religioso en sus variadas manifestaciones; (vii)  Tal
prerrogativa – en la medida que incluye a los ministros de todas las
confesiones religiosas legalmente establecidas - es acorde con la naturaleza
democrática y pluralista del Estado colombiano.[36]
20. No encuentra
la Sala razones poderosas que la induzcan a cambiar el precedente específico
sentado en la citada decisión[37] por lo que procederá a
su reiteración declarando que el trato exceptivo que la ley le otorga a los
“arzobispos y obispos” debe concederse también a los ministros de igual
jerarquía que pertenezcan a otras religiones reconocidas por el Estado
colombiano. Sólo en este sentido, la expresión “arzobispos y obispos” que hace
parte del artículo 222 del Código de Procedimiento Civil resulta acorde con los
postulados constitucionales del pluralismo religioso y la libertad igualitaria
de las diferentes iglesias y confesiones religiosas.
Una decisión distinta a la exequibilidad condicionada, referida al medio concreto
previsto por el legislador y al específico caso de los obispos y arzobispos
violaría el precedente establecido en la sentencia C-609 de 1996.
21. De otra parte,
tampoco observa la Corte que la expresión acusada
desconozca el deber constitucional de colaboración con el buen funcionamiento
de la administración de justicia (Art. 95 num. 7°). El precepto demandado
parcialmente, no exime a los jerarcas religiosos de rendir testimonio, el cual
es una de las mas significativas expresiones del deber de colaboración con la
administración de justicia, sino que establece un mecanismo especial, para
hacer efectivo ese deber en el caso de las personas que desempeñan los cargos y
dignidades allí relacionados. La norma en que se inserta la expresión
demandada, se limita a establecer una regla específica respecto del modo en
que se debe cumplir, en el caso concreto del testimonio, ese deber
constitucional, sin que exista norma que le impida al legislador regular ese
mecanismo procesal a través del cual los ciudadanos allí relacionados deban
atender el mencionado mandato constitucional.
De manera que la
declaratoria de constitucionalidad condicionada,  además de respetar el
precedente establecido en la sentencia C- 609 de 1996, es la  opción que mejor
armoniza con la condición pluralista y democrática del Estado, con el propósito
constitucional de brindar protección y de garantizar la coexistencia igualitaria
y la autonomía a todas las iglesias y confesiones religiosas, así como con el
deber constitucional que se impone a toda persona de “colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia”. (Numeral 7° del artículo
95 de la Carta).
Por las razones
expuestas la Corte declarará la exequibilidad, por los cargos examinados, de la
expresión “arzobispos y obispos” contendida en el artículo 222 del
Código de Procedimiento Civil, condicionada a que se entienda que incluye
también a los ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones
reconocidas por el Estado colombiano.
Estudio de
constitucionalidad de la expresión “iglesia parroquial” del inciso 2º
del artículo 1022 del Código Civil.
22. En relación
con este precepto el cargo de inconstitucionalidad se funda en que, a juicio
del demandante, la habilitación de “la iglesia parroquial” del testador
para recibir herencia o legado por testamento otorgado en la última
enfermedad del causante, tal como lo prevé el inciso 2° del artículo 1022 del
Código Civil, vulnera el principio del pluralismo religioso establecido en el
artículo 19 de la Carta, en razón a que por la expresión “iglesia” se
entiende el lugar físico en el que se rinde culto a la iglesia católica. Esto,
según el demandante privilegia dicha confesión en la medida que excluye de la
prerrogativa que la norma contempla a otros centros religiosos o
establecimientos de culto, que no son considerados “iglesia” ni “parroquia”,
y aún a aquellas confesiones religiosas que no cuentan con espacio físico
determinado para  el culto.
23. La norma
parcialmente demandada forma parte del Título I del Libro Tercero del Código
Civil, que contiene las definiciones y reglas generales que regulan la sucesión
por causa de muerte y las donaciones entre vivos. El artículo 1022 en el cual
se inserta la expresión demandada se orienta a regular la incapacidad para ser
asignatario de herencia o legado, derivada de la posición y de la probable
influencia que el beneficiario pueda tener sobre el testador. Así, la regla
general que la disposición establece consiste en excluir como posible
asignatario de herencia o legado[38], o aún como albacea
fiduciario[39] a: (i) al
eclesiástico que hubiere confesado al testador[40] en la misma
enfermedad, o habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento;  (ii)
a la orden, el convento o la cofradía de que sea miembro el eclesiástico; (iii)
a los deudos (parientes) del mismo sacerdote, por consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado[41].
El inciso 2º
establece dos excepciones a  la incapacidad para suceder prevista en el inciso
primero, así: (i) “no comprende a la iglesia parroquial
del testador”;  (ii) “ni recaerá sobre la porción de bienes que al dicho
eclesiástico, o a sus deudos habrían correspondido en sucesión intestada[42]”.
La demanda se
dirige contra la primera excepción a la prohibición prevista en el inciso
primero,  que se traduce en la habilitación a la “iglesia parroquial” del
testador para recibir herencia o legado por testamento otorgado por
aquél en su última enfermedad.
24. La finalidad de la norma; en su conjunto, es la de evitar que la
voluntad del causante sea interferida por voluntades extrañas, al momento de
disponer de sus bienes por medio de un acto jurídico unilateral, especialmente
en las circunstancias en que el confesor tiene un particular ascendiente
espiritual sobre el testador. El reconocimiento de ese ascendiente espiritual
del confesor sobre el fiel, en circunstancias de especial vulnerabilidad, llevó
al legislador civil a prever la posibilidad de una injerencia que podría
alterar la auténtica voluntad del testador, a favor de su confesor o de
personas o entes que le sean próximos. De manera que es la expresión libre,
espontánea y autónoma de la voluntad del testador en el acto jurídico
unilateral que se configura con el testamento, el interés jurídico que la norma
preserva.
Consideró así
mismo el legislador – inciso 2° - que en relación con la “iglesia parroquial”
del testador no concurre la incapacidad prevista en el inciso primero, lo que
se explica en la mayor distancia espiritual que existe entre el causante y la
organización religiosa a la que pertenece, así sea la de su ámbito local,
distancia que neutraliza la vulnerabilidad y capacidad de injerencia sobre el
testador que el inciso primero percibe respecto del confesor.
25. El problema
constitucional que plantean la demanda y las intervenciones, surge del sentido
que se atribuye a la expresión “iglesia parroquial”. Para el demandante la
expresión tiene un significado exclusivamente canónico identificándola con “el
lugar físico donde se rinde culto a la Iglesia católica que es administrada por
el religioso que ha designado las autoridades católicas para que sean
realizadas las ceremonias religiosas que hacen parte de este credo”. En
concepto del señor Procurador, el “uso común de los términos” y  algunas
definiciones de contenido etimológico, indican que la expresión demandada, si
bien está fuertemente asociada a las iglesias cristianas y en particular a la
católica, “en sentido lato tiene una connotación más genérica y puede
utilizarse con referencia a cualquier religión o confesión, independientemente
de la concepción que esta tenga sobre el sitio de reunión, si la expresión se
aplica al grupo de personas que comparten un credo religioso”.
26. Pues bien,
para  la Corte es claro que si bien la norma se gestó en un contexto jurídico
muy distinto al que rige en la actualidad las relaciones entre el Estado y el
fenómeno religioso[43], el sentido de la
expresión puede armonizarse, interpretarse y adecuarse a los principios
constitucionales del pluralismo religioso (Art. 1º) y la libertad igualitaria
de las diferentes iglesias y confesiones religiosas (Art. 19 inc. 2º),
así como  la ley estatutaria que regula el derecho a  la libertad religiosa y
de cultos (L. 133/94) [44].
En tal sentido,
cabe destacar que el ámbito del derecho a la libertad religiosa y de cultos,
tal como quedó configurado en el artículo 19 de la Constitución no se  limita
al aspecto relativo a la creencia, profesión o difusión individual de un credo
o de una fe, sino a su dimensión colectiva. Para denominar los entes a través
de los cuales se realiza esta dimensión colectiva del fenómeno religioso, la
Constitución acuñó la expresión “confesiones religiosas e iglesias” proclamando
su igual libertad ante la ley. Acogiéndose a esa denominación el legislador
estatutario de 1994  usó de manera sistemática la expresión “Iglesia o
confesión religiosa” para referirse y regular el ejercicio  colectivo del
derecho a la libertad religiosa y de cultos que ese estatuto desarrolla[45].
De tal manera que las diferentes colectividades u organizaciones religiosas
que  se acojan a los preceptos establecidos en esa ley y las normas que la
desarrollan, y en consecuencia obtengan el reconocimiento del Estado para
representar a un determinado credo o expresión religiosa son denominados Iglesia
o confesión religiosa.
La expresión Iglesia
no puede ser reducida en su significado como lo pretende la demanda al
lugar de culto de la confesión católica. En sentido normativo se identifica
con confesión religiosa y designa a cualquier credo, culto, denominación
o movimiento religioso constituido en los términos y para los fines previstos
en el orden jurídico, como expresión de la dimensión colectiva del derecho a la
libertad religiosa. El orden jurídico la usa con referencia a cualquier
religión o confesión, independientemente de la concepción que ésta tenga sobre
el sitio de reunión o de ejercicio del culto.
27. Advierte la
Corte que lo que  genera la censura del demandante es el sentido que, a su
juicio,  le imprime a la norma la expresión “Iglesia” seguida del
vocablo “Parroquial”, al considerar  que existe una clara vinculación
del concepto de parroquia con las iglesias cristianas y particularmente
con la católica[46]. Bajo tal perspectiva la
prerrogativa para recibir herencia o legado, en los términos del precepto quedaría
reservada, de manera exclusiva, a la iglesia católica, lo que implicaría la
discriminación de las demás confesiones religiosas.
Al respecto,
encuentra la Corte que si bien la idea de parroquia puede vincularse a la
iglesia católica o a otras iglesias cristianas para significar el lugar de
culto, o el conjunto de feligreses de una jurisdicción territorial específica,
no es una expresión exclusivamente adscrita a estas confesiones. En un sentido
universal y laico, tiene una connotación administrativa para significar ciertas
entidades locales menores, conformadas por un conjunto de personas y bienes con
derechos e intereses peculiares y colectivos, diferenciables de los genéricos
del municipio principal, del cual dependen en diversos servicios, por razones
de economía[47].
En este sentido,
se trata de un vocablo que incorpora un concepto territorial no circunscrito de
manera exclusiva a una organización religiosa  en particular, responde a  la
idea de domicilio inmediato, de vecindad, y aún de ámbito territorial
específico que puede ser incorporado en las estructuras internas de las
diversas confesiones religiosas de acuerdo con la autonomía que el orden
jurídico les reconoce para regular su régimen interno, establecer sus propias
jerarquías, y designar sus autoridades.
Por
consiguiente, precisa la Corte que el significado de la expresión “iglesia
parroquial” del inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil, no se reduce al
lugar de culto de la confesión católica, si no al de cualquier iglesia o
confesión religiosa entendida en un ámbito territorial específico, conforme a
la organización interna que determine libremente la respectiva comunidad
religiosa. Esto significa que la excepción prevista en el artículo 1022 del
Código Civil para poder recibir herencia o legado, se predica de todas las
iglesias y confesiones ubicadas en el domicilio de testador, y como tal, la
norma resulta compatible con los principios del pluralismo, la libertad
religiosa e igualdad de todas las iglesias y confesiones religiosas,
consagrados en la Constitución.
Bajo esta
perspectiva la expresión acusada no reduce el ámbito de aplicación del derecho
de asignación  previsto en el  inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil a
la iglesia católica, ni discrimina a otras iglesias y confesiones religiosas
reconocidas por el orden jurídico colombiano, que son titulares, en análogas
condiciones, de la misma vocación hereditaria.
Por tales
razones, la expresión “iglesia parroquial”  del inciso 2° del artículo 1022 del
Código Civil será declarada exequible, frente a los cargos examinados.
VII.  DECISIÓN
Con fundamento
en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar exequible, por los cargos examinados, la expresión “Los
arzobispos y obispos” contenida en el artículo 222 del Código de
Procedimiento Civil, bajo el entendido que incluye también a los ministros de
igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones reconocidas por el Estado
colombiano.
Segundo: Declarar exequible, por los cargos examinados,  la
expresión “iglesia parroquial” contenida en el inciso 2° del artículo
1022 del Código Civil.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
CON
ACLARACION DE VOTO
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-094 DE 2007
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRAL-Aplicación
al examinar violación del derecho a la igualdad (Salvamento parcial de voto)
La Corte restringió el marco de su pronunciamiento al análisis
tendente a determinar si la expresión impugnada configuraba una afectación del
derecho a la igualdad de las religiones diferentes a la católica, al establecer
la prerrogativa señalada únicamente en favor de autoridades de la misma y al
excluir a los ministros de igual jerarquía de las demás. No obstante, considero
que el cargo permitía y, de hecho, hacía necesario entrar a realizar un control
integral de igualdad, lo cual demandaba de parte de este Tribunal Constitucional
el examen de razonabilidad de la inclusión de los arzobispos y obispos en el
listado de altos funcionarios del Estado exceptuados de comparecer a declarar
en los procesos civiles, esto es, debía determinar si la equiparación de dichos
altos jerarcas de la iglesia con los altos funcionarios del Estado realmente
resultaba constitucional, en consideración a la laicidad o secularidad que
caracterizan al Estado colombiano.
ESTADO LAICO-Alcance (Salvamento parcial
de voto)
ESTADO LAICO-Consagración constitucional/PRINCIPIO
DE IGUALDAD EN TESTIMONIO POR CERTIFICACION JURADA-Establecimiento
de privilegio   injustificado/TESTIMONIO POR CERTIFICACION JURADA-
Arzobispos y obispos (Salvamento parcial de voto)
Considero que la solución para remediar la inconstitucionalidad
advertida, no era la de incluir a los ministros de igual jerarquía de todas las
religiones reconocidas por el Estado colombiano, sino más bien aquella de
excluir de las consecuencias jurídicas de la disposición parcialmente acusada a
los obispos y arzobispos de la iglesia católica, por cuanto ellos son los
únicos integrantes del listado que no son funcionarios del Estado. La inclusión
de los jerarcas de la iglesia católica en la excepción aludida obedece a la
lógica del Estado confesional existente antes de la promulgación de la
Constitución del 91. En efecto, durante la vigencia de la Constitución de 1886
la religión católica fue la religión oficial del Estado y era deber del poder
público protegerla y hacerla respetar como elemento esencial del orden social,
además de establecer beneficios tributarios en su favor y de encomendarle la
tarea de determinar los parámetros de la educación pública. Sin embargo, bajo
el nuevo marco constitucional, tales prerrogativas resultan a todas luces inadmisibles
en virtud de la laicidad del Estado, sin que subsistan razones que permitan
mantener dentro del ordenamiento jurídico este tipo de prerrogativas en
relación con autoridades religiosas.
Referencia: expediente D-6393
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 222 (parcial)
del Código de Procedimiento Civil y 1022 (parcial) del Código Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el
acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de la Sala Plena de esta
Corporación, en el presente salvamento parcial de voto me permito expresar las
razones por las cuales me aparto de la decisión finalmente adoptada en relación
con el análisis de constitucionalidad de la expresión “Los arzobispos y
obispos” contenida en el artículo 222 del Código de Procedimiento Civil.
En
el presente caso, la Sala Plena de esta Corporación declaró que la inclusión de
los arzobispos y los obispos de la iglesia católica dentro de las personas a
quienes se les aplica el medio exceptivo para comparecer a declarar en los
procesos civiles, era exequible, por los cargos examinados, “bajo el
entendido que incluye también a los ministros de igual jerarquía que
pertenezcan a otras religiones reconocidas por el Estado colombiano”. Lo
anterior, tras realizar el juicio de constitucionalidad por los cargos de
vulneración de los principios de igualdad, pluralismo religioso y libertad de
culto, contenidos en los artículos 13 y 19 de la Constitución Política. Con
todo, en la parte considerativa de la providencia, se aclaró que el
pronunciamiento no entraría a resolver otros problemas que igualmente
comportaban relevancia constitucional y que surgían tras el examen de la
disposición acusada parcialmente, tales como: “(i) La razonabilidad en la
elaboración del catálogo de personas a quienes se aplica el medio exceptivo
para comparecer a declarar; (ii) la eventual vulneración del principio de
igualdad entre los mismos funcionarios del Estado; (iii) el potencial problema
de igualdad entre los integrantes del listado y otros ciudadanos, en relación
con el deber de colaboración previsto en el artículo 95 de la Carta.”[48].
Así
pues, la Corte restringió el marco de su pronunciamiento al análisis tendente a
determinar si la expresión impugnada configuraba una afectación del derecho a
la igualdad de las religiones diferentes a la católica, al establecer la
prerrogativa señalada únicamente en favor de autoridades de la misma y al
excluir a los ministros de igual jerarquía de las demás. No obstante, considero
que el cargo permitía y, de hecho, hacía necesario entrar a realizar un control
integral de igualdad, lo cual demandaba de parte de este Tribunal
Constitucional el examen de razonabilidad de la inclusión de los arzobispos y
obispos en el listado de altos funcionarios del Estado exceptuados de
comparecer a declarar en los procesos civiles, esto es, debía determinar si la
equiparación de dichos altos jerarcas de la iglesia con los altos funcionarios
del Estado realmente resultaba constitucional, en consideración a la laicidad o
secularidad que caracterizan al Estado colombiano.
Un
cargo de igualdad por lo general tiene dos elementos comparables en donde uno
de ellos pretende presentarse en una situación de discriminación en relación
con el otro. En el presente caso, estos elementos resultaban ser los jerarcas
de la iglesia católica y los jerarcas de las demás confesiones religiosas
reconocidas en Colombia. En el anterior sentido, pareciera que, en principio, a
la mayoría de la Sala le asistía la  razón al restringir el estudio de
constitucionalidad a dicho alcance. No obstante, en mi parecer, no resulta
razonable que si los extremos en comparación, considerados en conjunto,
conforman a su vez una categoría que mediante un criterio sospechoso (religión)
pretende igualmente ser privilegiado, se eluda el análisis de igualdad en dicho
sentido, bajo el argumento según el cual el cargo sólo se refería a los
elementos específicos en comparación.
De
haberse adelantado tal estudio, estimo, la conclusión no hubiese podido ser
otra que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “los arzobispos
y obispos” contenida en el artículo 222 del Código de Procedimiento Civil,
por las razones que paso a exponer.
El
Estado colombiano fue definido en la Carta Fundamental como un Estado plural
que exige la laicidad traducida en términos de libertad de cultos, de
conciencia y de religión, así como la igualdad de todas las religiones ante la
ley. Pero dicha característica no se queda en estas exigencias mínimas, sino
que va más allá en tanto implica “[i]ndependencia de los asuntos
públicos en relación con los religiosos”[49], o “[l]a
independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado,
respecto de cualquier organización o confesión religiosa”[50].
De
conformidad con estas definiciones resulta claro entonces que el Estado
colombiano debe mantenerse en absoluta independencia respecto de la
multiplicidad de religiones que en él coexisten y que son titulares de iguales
derechos, lo cual (i) significa que en asuntos públicos no debe haber
injerencia de religión alguna, (ii) impide que el Estado pueda escoger una
religión oficial, (iii) e imposibilita la concesión de privilegios o
prerrogativas a una religión por encima de las demás.
Esta
ha sido la interpretación que ha realizado la Corte desde los inicios de su
labor[51]. Y en reciente
jurisprudencia (sentencia C-1175 de 2004[52]), al realizar
el examen de constitucionalidad de las expresiones “y un representante de la
curia Arquidiocesana de Bogotá” y “excepto el representante de la curia,
que será designado por el arzobispado” contenidas en los artículos 152 y
153 del Código Nacional de Policía[53], respectivamente, la
Sala Plena de esta Corporación decidió declarar inexequibles tales expresiones
por implicar una discriminación en relación con las otras religiones
reconocidas por el Estado colombiano. Sin embargo, lo que resulta interesante,
a mi juicio, es que el sector mayoritario de la Sala Plena consideró que la
solución para hacer cesar la discriminación referida no era la inclusión de un
representante de cada religión en el Comité de Clasificación de Películas, lo
cual era inaceptable a la luz de los principios de la Constitución de 1991,
pues precisamente estos prescriben la separación iglesia – Estado y están
enderezados a “impedir la participación del criterio religioso, de una, de
varias y de todas las confesiones, en un asunto que representa la posibilidad
de imponer visiones y valores doctrinales del orden social distintos a la
pluralidad y la tolerancia.”, sino que, antes por el contrario, decidió
retirar del ordenamiento jurídico tales expresiones por resultar contrarias al
carácter plural y laico definitorios del Estado colombiano.
En
igual sentido, opino, ha debido ser resuelto el presente proceso, como quiera
que la disposición aquí parcialmente cuestionada incluye dentro del listado de
los altos funcionarios del Estado[54] exceptuados de
comparecer personalmente a declarar en los procesos civiles, a altos jerarcas
de la iglesia católica. Así, considero que la solución para remediar la
inconstitucionalidad advertida, no era la de incluir a los ministros de igual
jerarquía de todas las religiones reconocidas por el Estado colombiano, sino
más bien aquella de excluir de las consecuencias jurídicas de la disposición
parcialmente acusada a los obispos y arzobispos de la iglesia católica, por
cuanto ellos son los únicos integrantes del listado que no son funcionarios del
Estado.
Esto
hace evidente que se trata de una excepción establecida en razón al cargo
desempeñado por los sujetos taxativamente enunciados en la disposición en
virtud de su condición de altos funcionarios del Estado y la cual sólo se
justifica en la medida en que propende por la máxima realización de principios
orientadores de la función pública como los de eficiencia y eficacia y que,
indiscutiblemente responde a las características particulares de las funciones
que a estos corresponde cumplir, así como al nivel de responsabilidad que
representa ocupar alguno de dichos cargos. De esta manera, es claro que la
inclusión de los jerarcas de la iglesia católica en la excepción aludida
obedece a la lógica del Estado confesional existente antes de la promulgación
de la Constitución del 91. En efecto, durante la vigencia de la Constitución de
1886 la religión católica fue la religión oficial del Estado y era deber del
poder público protegerla y hacerla respetar como elemento esencial del orden
social, además de establecer beneficios tributarios en su favor y de encomendarle
la tarea de determinar los parámetros de la educación pública. Sin embargo,
bajo el nuevo marco constitucional, tales prerrogativas resultan a todas luces
inadmisibles en virtud de la laicidad del Estado, sin que subsistan razones que
permitan mantener dentro del ordenamiento jurídico este tipo de prerrogativas
en relación con autoridades religiosas.
Considero
importante señalar, además, que un problema atinente a los efectos jurídicos de
la presente sentencia surge al haber sido omitido el examen integral por el
cargo de igualdad en este caso, pues, como puse de presente y la propia
sentencia lo hizo, otros aspectos de capital relevancia quedaron por fuera del
análisis de la constitucionalidad de la expresión acusada, relativos, asimismo,
al principio de igualdad. Este problema es el siguiente: la sentencia en su
parte resolutiva enuncia que declara condicionalmente exequible la expresión
demandada, “por los cargos examinados”. Con todo, esta decisión no hace
tránsito a cosa juzgada por el cargo de igualdad, por la sencilla razón de que
deja abierta la puerta a una posterior demanda contra la misma expresión de la
disposición ahora estudiada, cuyos cargos planteen como extremos de comparación
a los altos funcionarios del Estado y a las autoridades de las confesiones
religiosas reconocidas por el Estado, o a estos últimos y los demás ciudadanos
colombianos. Dada tal eventualidad, podría incurrirse en el absurdo de haber
declarado exequible en esta oportunidad la expresión “los arzobispos y
obispos” adicionando a los ministros de las demás religiones reconocidas
como sujetos cobijados por las consecuencias jurídicas de la disposición, y
declararla inexequible posteriormente también por el cargo de igualdad. Esto,
innegablemente, lejos de efectivizar los principios de seguridad jurídica y
certeza de las decisiones judiciales, configura un claro desconocimiento de los
mismos.
Dejo,
pues, expuestas las razones que me llevan a disentir parcialmente de la
decisión mayoritaria adoptada por esta Corporación en el asunto de la
referencia.
Fecha ut
supra,
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
SALVAMENTO DE
VOTO DE LA MAGISTRADA CLARA INES VARGAS HERNANDEZ A LA SENTENCIA C-094 DE 14 DE
FEBRERO DE 2007
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRAL-Aplicación
al examinar violación del derecho a la igualdad (Salvamento de voto)
La Corte ha
debido partir del cargo de inconstitucionalidad contra el segmento normativo
del artículo 222 del C. de P.C., para realizar un examen de constitucionalidad
integral por violación del derecho a la igualdad, no restringiendo su
pronunciamiento al problema jurídico planteado dado el amplio contenido de la
norma legal acusada que hacía indispensable la valoración de los distintos
tópicos presentes, que de haber procedido en dicha forma esta Corporación, dada
su función inicial de efectuar un control de constitucionalidad integral,
hubiere llevado indefectiblemente a la inexequibilidad de la totalidad de dicha
disposición legal. La Corte, entonces, ha debido también entrar a estudiar: i)
si la inclusión de los “arzobispos y obispos” en el listado de las personas
beneficiarias para declarar por certificación jurada se encuentra justificado
constitucionalmente, ii) las razones que se tuvieron en cuenta en la
elaboración del  listado de las personas que pueden rendir declaración por
certificación al excluirse otros altos funcionarios del Estado, y iii)  si todo
el listado de personas que declararán por medio de certificación jurada resulta
constitucional o no en relación con los ciudadanos. Aspectos, entre otros, que
de haberse estudiado hubieren llevado a la inexequibilidad del artículo 222 del
Código de Procedimiento Civil, por no superar el juicio de igualdad,
concretamente por haber introducido un trato discriminatorio que no encuentra
una justificación objetiva y razonable.
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN TESTIMONIO POR CERTIFICACION JURADA-Establecimiento de privilegio   injustificado/TESTIMONIO POR
CERTIFICACION JURADA- Arzobispos y obispos (Salvamento de voto)
i) La
delimitación del grupo de personas que podrán declarar por certificación jurada
no sigue un criterio claro, uniforme y razonable que justifique su inclusión
como la exclusión de otros sujetos, por lo que se introduce un privilegio
procesal injustificado, ii) no existe razón constitucional alguna para que
arzobispos y obispos se incluyan dentro de la norma legal y menos cuando
atiende a una particular jerarquía religiosa, iii) el factor religioso no es un
factor que justifique diferencias de trato frente a la ley procesal y de
colaboración con el buen funcionamiento de la administración de justicia,
atendiendo que la Constitución de 1991 establece un Estado laico donde existe
una separación entre la iglesia y el Estado, y iv) el trato preferente que se
otorga a determinados funcionarios del Estado al exonerarlos del deber de
comparecer a rendir testimonio -forma de declaración-, no tiene una finalidad
constitucional legítima respecto a los demás altos funcionarios y ciudadanos.
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN SUCESION POR
CAUSA DE MUERTE-Establecimiento de trato preferente no justificado, al
excluir de la prohibición de recibir herencia o legado, a la iglesia parroquial
del testador (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-6393
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 222 (parcial)
del Código de Procedimiento Civil y 1022 (parcial) del Código Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional me permito hacer
explícitos los argumentos que me llevan a salvar el voto en esta ocasión
respecto a la sentencia C-094 de 2007, pues, considero que la mayoría de la
Corte ha debido declarar la inexequibilidad de la totalidad del artículo 222
del Código de Procedimiento Civil, como también de la expresión acusada del
artículo 1022 del Código Civil, por violación de los artículos 1, 13 y 19 de la
Constitución.
En el presente
asunto, la Corte se limitó a plantear como problema jurídico si los segmentos
normativos “los arzobispos y obispos” del artículo 222 del Código de
Procedimiento Civil, e “iglesia parroquial” del artículo 1022 del Código
Civil, vulneran el principio de igualdad religiosa al privilegiar
injustificadamente a la iglesia católica (1, 13 y 19 de la Constitución). Sobre
dichas expresiones esta Corporación resolvió: “Primero: Declarar exequible,
por los cargos examinados, la expresión “Los arzobispos y obispos”
contenida en el artículo 222 del Código de Procedimiento Civil, bajo el
entendido que incluye también a los ministros de igual jerarquía que
pertenezcan a otras religiones reconocidas por el Estado colombiano. Segundo:
Declarar exequible, por los cargos examinados,  la expresión
“iglesia parroquial” contenida en el inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil.”
Decisión que no
comparto por cuanto la mayoría de la Corte ha debido partir del cargo de
inconstitucionalidad contra el segmento normativo del artículo 222 del C. de
P.C., para realizar un examen de constitucionalidad integral por violación del
derecho a la igualdad, no restringiendo su pronunciamiento al problema jurídico
planteado dado el amplio contenido de la norma legal acusada que hacía
indispensable la valoración de los distintos tópicos presentes, que de haber
procedido en dicha forma esta Corporación, dada su función inicial de efectuar
un control de constitucionalidad integral, hubiere llevado indefectiblemente a
la inexequibilidad de la totalidad de dicha disposición legal.
La Corte,
entonces, ha debido también entrar a estudiar: i) si la inclusión de los “arzobispos
y obispos” en el listado de las personas beneficiarias para declarar por
certificación jurada se encuentra justificado constitucionalmente, ii) las
razones que se tuvieron en cuenta en la elaboración del  listado de las
personas que pueden rendir declaración por certificación al excluirse otros
altos funcionarios del Estado, y iii)  si todo el listado de personas que
declararán por medio de certificación jurada resulta constitucional o no en
relación con los ciudadanos.
Aspectos, entre
otros, que de haberse estudiado hubieren llevado a la inexequibilidad del
artículo 222 del Código de Procedimiento Civil, por no superar el juicio de
igualdad, concretamente por haber introducido un trato discriminatorio que no
encuentra una justificación objetiva y razonable. Ello por cuanto:
i) la
delimitación del grupo de personas que podrán declarar por certificación jurada
no sigue un criterio claro, uniforme y razonable que justifique su inclusión
como la exclusión de otros sujetos, por lo que se introduce un privilegio
procesal injustificado, ii) no existe razón constitucional alguna para que
arzobispos y obispos se incluyan dentro de la norma legal y menos cuando
atiende a una particular jerarquía religiosa, iii) el factor religioso no es un
factor que justifique diferencias de trato frente a la ley procesal y de
colaboración con el buen funcionamiento de la administración de justicia,
atendiendo que la Constitución de 1991 establece un Estado laico donde existe
una separación entre la iglesia y el Estado, y iv) el trato preferente que se
otorga a determinados funcionarios del Estado al exonerarlos del deber de
comparecer a rendir testimonio -forma de declaración-, no tiene una finalidad
constitucional legítima respecto a los demás altos funcionarios y ciudadanos.
Además, la Corte
al haber declarado la exequibilidad condicionada -sentencia aditiva-, del
artículo 222 del C. de P.C., termina extendiendo a otros sujetos el trato
privilegiado injustificado que pretende abolirse, lo cual resalta aún más la
inconstitucionalidad de la norma legal que hacía imperioso declarar su
inexequibilidad para así excluir definitivamente el trato discriminatorio para
los demás ministros de igual jerarquía de otras iglesias que no sea la
católica.
De otro lado, en
cuanto a la exequibilidad pura y simple de la expresión “iglesia parroquial”
del inciso 2 del artículo 1022 del Código Civil, considero que al excluirse la
iglesia parroquial del testador de la prohibición de recibir herencia y legado
termina estableciendo un trato preferente no justificado respecto a los entes y
sujetos sobre los cuales pesa la negativa según el inciso 1 de dicha
disposición, como son “el eclesiástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad, o
habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento; ni la orden,
convento o cofradía de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deudos
por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado”. Ello, por cuanto el objetivo de la prohibición contenida en el
inciso 1, tiene una finalidad constitucional legítima como lo es proteger la
independencia total del causante, es decir, que “El acto de disposición de los bienes, en especial cuando habrá de
tener efectos luego de la muerte de la persona, debe ser libre, espontáneo y autónomo”, como lo sostuvo en su oportunidad la Corte[55].
Finalmente, debe
señalarse que en la medida que la sentencia de exequibilidad adoptada por la
Corte lo fue solo respecto a las expresiones acusadas y en relación con los
cargos examinados, no se está ante una cosa juzgada constitucional por lo que
puede demandarse nuevamente dichas normas legales de manera integral por
violación del derecho a la igualdad.
Así dejo
expresado los argumentos que me llevan a salvar el voto en esta oportunidad.
Fecha ut supra,
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-094 DE 2007 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN TESTIMONIO POR CERTIFICACION JURADA-Establecimiento de privilegio injustificado/TESTIMONIO POR
CERTIFICACION JURADA-Arzobispos y obispos (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-6393.
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 222
(parcial) del Código de Procedimiento Civil y 1022 (parcial) del Código Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Con el debido
respeto por las decisiones de esta Corporación, me permito salvar mi voto a la
presente sentencia, para lo cual me permito consignar las siguientes razones:
1.
Considero, que resultaba insuficiente una
decisión en el sentido que adoptó la mayoría, en la cual se dispuso la
exequibilidad de las disposiciones acusadas pero con un simple condicionamiento
en cuanto a la interpretación de las expresiones que eran materia de examen. En
efecto, la expresión “arzobispos y obispos” que forman parte del
artículo 222 del CPC, y  los vocablos “iglesia parroquial” debieron ser,
a mi juicio, declarados inexequibles, por haber consagrado un privilegio que no
encuentra justificación razonable y mucho menos soporte en el texto
constitucional. Considero, que tal y como lo ha anotado Sieyes toda
excepción constituye un privilegio, y que, como en lo que aquí se debate,
se encuentra desprovisto de todo fundamento político y normativo en nuestro
ordenamiento.
2.
Además y no menos importante, considero que la
eficacia normativa de las frases enunciadas, evidentemente resultan antinómicas
con un Estado laico fundado en los principios del pluralismo, libertad
religiosa e igualdad consagrados en los artículos 1º, 13 y 18 de la Carta.
3.
De otro lado advierto, que la ponencia no refuta
los argumentos de la demanda. Es necesario precisar que, aunque en la esfera
religiosa los arzobispos y obispos sí pueden tener prelación, en el ámbito
jurídico procesal no puede ocurrir lo mismo, pues contraría los principios de
un Estado constitucional y democrático de Derecho que iluminan el ordenamiento
jurídico-procesal. De tal suerte que, en este caso el problema se centra en un
trato privilegiado y no se resuelve el punto de objeción planteado en la
acusación.
4.
De otra parte, considero que si la prerrogativa
en cuestión no se justifica por razón de la jerarquía, mucho menos por la
relevancia social que es un concepto mucho más amplio y complejo, pues entre
otras razones, una cosa es la autoridad en el campo privado y otra en la esfera
pública, ya que, puede haber potestad, pero sin autoridad y sin relevancia
social. Este argumento, comporta también un problema cultural asumido en la
sentencia como generalizado, sin tener en consideración a las minorías.
5.
Finalmente, debo anotar que si bien la cuestión
que se analiza es de estirpe procedimental, el derecho fundamental al debido
proceso, que además es un principio rector, no solo está definido y menos
compuesto únicamente por lo que dice el Legislador, ya que este no puede
desconocer la igualdad de trato y las garantías procesales otorgando privilegios
contrarios a la Constitución.
Con base a las
razones anteriormente señaladas salvo mi voto en la presente decisión.
Fecha ut
supra,
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
A LA SENTENCIA C-094 de 2007
Referencia: expediente  D-6393
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 222 (parcial)
del Código de Procedimiento Civil y 1022 (parcial) del Código Civil.
Demandante: Juan Camilo Pinto Ojeda
Magistrado Ponente:
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
En esta
oportunidad me limitaré a reiterar lo que he señalado en otras aclaraciones o
salvamentos de voto, puesto que no considero pertinente explicar en extenso mi
posición sobre lo decidido en la presente sentencia. Basta con señalarla
públicamente al votar y firmar la sentencia, y con expresar mi criterio sobre
las opiniones disidentes.
A diferencia de
lo que sucede en otros países de tradición romano-germánica, en Colombia existe
una sólida y saludable tradición de pluralismo en el ejercicio de la
magistratura.[56] Esta se refleja en tres
aspectos: (i) el voto de los magistrados es conocido y divulgado, usualmente en
un comunicado oficial de la Corte, lo cual permite a los ciudadanos conocer la
posición de cada magistrado, (ii) las sentencias son firmadas por todos los
magistrados, lo cual le permite a cada uno señalar públicamente, debajo de su
rúbrica, si aclara o salva el voto, (iii) las deliberaciones constan en un acta
accesible al público inmediatamente después de ser aprobada por el Pleno de la
Corte donde se recogen los argumentos de cada magistrado, y (iv) a la
correspondiente sentencia se deben adjuntar las opiniones disidentes de los
magistrados, si las hay, o sea, los salvamentos o aclaraciones de voto. Además,
la Secretaria General puede certificar cómo voto cada magistrado, si un
interesado así lo solicita.
Estos cuatro
aspectos - que constituyen una de las fortalezas de nuestra tradición judicial
- son separables, como lo demuestra el derecho comparado.[57]
O sea que es perfectamente posible que un magistrado opte por disentir, pero
deponga su interés en criticar la sentencia correspondiente, cultivar el
individualismo, hacer gala de su conocimiento o mostrar soluciones alternativas
que considera más apropiadas. Todo en aras de contribuir a fortalecer a la
institución judicial a la cual pertenece y a que las sentencias fijen el
sentido de la Constitución con sólida autoridad.
Habrá, por
supuesto, casos en que dicha contribución se logre mejor escribiendo una
opinión separada, siempre dentro del mayor respeto por la institución. Así lo
estimé necesario, por ejemplo, en la sentencia sobre el aborto (C-355 de 2006),
la cual compartí enteramente. Escribí una aclaración de voto a dicha sentencia
para agregar algunos argumentos fundados en el derecho comparado, con el fin de
dar elementos de juicio orientados a impulsar desarrollos futuros en la
materia, no para criticar la sentencia.[58] En cambio, en
la primera sentencia en la cual participé sobre la igualdad de las parejas del
mismo sexo (SU-623 de 2001), escribí un salvamento de voto conjunto para tratar
de abrir el camino hacia evoluciones jurisprudenciales encaminadas a proteger a
las parejas del mismo sexo, como en efecto sucedió varios años después sobre
bases distintas a las que en 2001 dividieron a la Corte.
Lo mismo hice en
temas menos “duros” pero importantes en el contexto colombiano, como la
posibilidad de subsanar algunos vicios de procedimiento (C-333 de 2005). Mi
orientación anti-formalista me conduce a declarar el vicio pero también a
admitir, como lo dice expresamente la Constitución desde 1991, que si se reúnen
ciertas condiciones la ley puede ser devuelta para que la falla en el
procedimiento pueda ser subsanada. Así sucede ahora frecuentemente con las
leyes aprobatorias de tratados públicos. Es que en nuestro contexto hay
cuestiones constitucionales de enorme relevancia sobre las cuales cabe
anticipar una evolución, lo cual es un aliciente para que la opinión disidente
sea escrita, no para atacar a la Corte, sino para sentar bases sólidas que
propicien un cambio de jurisprudencia. Ello también ocurrió, por supuesto,
antes de la Carta de 1991. Un buen ejemplo de ello es el salvamento de voto del
magistrado Luis Sarmiento Buitrago a favor del control material de los decretos
declarativos de un estado de excepción durante la vigencia de la Constitución
de 1886. Si bien la Corte Suprema de Justicia nunca dio ese paso, en la
Constitución de 1991 se plasmaron los fundamentos para que la Corte
Constitucional avanzara en esa dirección, como en efecto aconteció.
Fue este
espíritu constructivo el que me animó a abstenerme de seguir repitiendo el
mismo salvamento de voto (ver, por ejemplo, el que escribí a la T-080 de 2006)
a las sentencias de tutela que ordenaban la terminación indiscriminada de
cualquier proceso ejecutivo hipotecario denominado en UPAC[59].
Una vez que la Sala Plena decidió asumir el conocimiento de varias tutelas
acumuladas con el fin de unificar la jurisprudencia, dejé de escribir una
opinión disidente en las Salas de Revisión en las cuales participé y tampoco lo
hice en la sentencia de unificación donde la Corte construyó un enfoque
diferente sobre nuevas premisas compartidas por casi todos los magistrados (SU-
813 de 2007).
Ahora bien, las
sentencias de la Corte cumplen una misión trascendental consistente en fijar el
significado de la Constitución. Por lo tanto, la decisión de escribir una
opinión separada o disidente también implica una responsabilidad primordial:
articular una crítica útil a la sentencia de la Corte, en especial cuando dicha
sentencia puede llegar a constituirse en un precedente. Si una opinión separada
o disidente no puede ser orientada en ese sentido, el juez que salve o aclare
su voto puede satisfacer sus convicciones jurídicas simplemente anunciado que
no esta de acuerdo con la Corte.
Así interpretó
el famoso jurista Roscoe Pound el dilema de escribir o no opiniones disidentes,
en un artículo publicado en 1953[60]. Para Roscoe Pound la
actitud de varios jueces movidos por la vanidad o el orgullo personal, que
creían que tenían que escribir una opinión individual para cualquier caso, era
contraproducente desde el punto de vista del progreso del derecho. Por eso
destacó el siguiente canon de ética judicial: “Un juez no debe ceder a la
vanidad de su opinión ni valorar de manera más alta su reputación individual
que la de la Corte a la cual le debe lealtad.” (Canon 19, parágrafo 3, ABA,
1924). De tal forma que hay una diferencia entre anunciar un desacuerdo y,
adicionalmente, escribir en extenso una crítica de la sentencia de la cual el
magistrado difiere.
Frecuentemente
se pasa por alto que inclusive en Estados Unidos donde, a diferencia de Europa,
existe una larga tradición de admitir las opiniones disidentes, varios
magistrados entendieron que, en determinadas circunstancias, tanto la certeza
del derecho como la solidez de la Corte aconsejan reducir el disenso y promover
la unanimidad. Es bien sabido, por ejemplo, que el jurista Earl Warrem trabajó arduamente para conseguir que la sentencia
Brown v. Board of  Education – mediante la cual se puso fin a la segregación
racial en los colegios públicos- fuera unánime. Así mismo, John Marshall solo
escribió nueve opiniones disidentes en cuarenta y cuatro años de ejercicio de
la magistratura, puesto que comprendió que el nacimiento del control
constitucional y la consolidación de la Corte investida de la autoridad para
decir qué dice la Constitución, requería de una clara cohesión institucional.
Por esa misma razón, Marshall aceptó ser magistrado ponente de sentencias con
las cuales estaba en desacuerdo.[61]
Además, en este
caso el ímpetu de afinar la pluma para criticar la sentencia se ha desvanecido
después de tranquilas reflexiones en torno al sentido de las opiniones
separadas o disidentes. Estas me han llevado a darme cuenta de que aun los
juristas admirados por la claridad, elocuencia,  pertinencia y seriedad de sus
opiniones disidentes, estimaban que no tenía sentido insistir, una y otra vez,
en escribir de manera individual la posición que expresaron en las
deliberaciones y mucho menos las que habían sostenido a lo largo del tiempo. No
se debe olvidar que Oliver Wendel Holmes - denominado el gran disidente -
sostenía que cuando un magistrado escribe un salvamento o aclaración de voto
debe recordar que “esta dando su punto de vista sobre el derecho, no peleando
con otro gallo”. Esto llevó en múltiples ocasiones al magistrado Holmes a
señalarles a los colegas de la Corte con los cuales compartía una opinión
disidente, que debían modificar los términos empleados en el escrito
correspondiente para respetar el principio ético de la civilidad en el disentimiento.
No se trata de
seguir una regla de consenso, inapropiada en un contexto pluralista y en todo
caso superada por la divulgación de los votos de cada magistrado. El objetivo
esencial es contribuir a la consolidación de una institución que, como la Corte
Constitucional, adopta decisiones que definen el rumbo del país en temas que
despiertan enorme sensibilidad, tienen un impacto profundo o están sujetos de
manera recurrente a la dura prueba del litigio constitucional.
Entonces, honro
esa responsabilidad consustancial a la administración de justicia, que ha de
ser tenida en cuenta por el juez constitucional cuando - más allá de hacer
pública su posición al advertir que salva o aclara el voto - decide escribir
una opinión disidente: la voz individual del magistrado debe contribuir a
esclarecer el derecho, en lugar de confundir, y debe inscribirse en el respeto
por la majestad de la justicia, en lugar de tratar de deslegitimarla.
Fecha ut
supra,
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] Publicado
en  el Diario Oficial No. 33.150 del 21 de septiembre de 1970.
[2]
Publicado en el Diario Oficial No. 33.215 de diciembre 18 de 1970.
[3]
Texto adoptado y adicionado mediante la Ley 57 de 1887. Publicado en los
Diarios Oficiales No. 7019 de Abril 20 de 1887. El artículo 1022 fue reformado
por el artículo 84 de la Ley 153 de 1887,  publicada en los  Diarios Oficiales
Nos.7.151 y 7.152 de 1887.
[4] Este
inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia
C-266 de 1994.
[5]
De particular relevancia en este tema son las sentencia C-027 de 1993, MP,
Simón Rodríguez; C-350 de 1994, MP, Alejandro Martínez Caballero; C-088 de
1994, MP, Fabio Morón Díaz; C-152 de 2003, MP, Manuel José Cepeda Espinosa;
C-1175 de 2004, MP, Humberto Sierra Porto.
[6]
M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[7] Este criterio fue seguido nuevamente en la sentencia
C-088 de 1994, cuando se analizó la exequibilidad del literal h) del artículo 6
del proyecto de ley estatutaria de libertad religiosa y de culto que establece
el derecho de toda persona de “elegir para sí y los padres para los menores o los
incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación
religiosa y moral según sus propias convicciones”. Específicamente sobre el
derecho de los padres a brindar la educación religiosa que consideren adecuada
para sus hijos, la sentencia T-421 de 1992 (MP, Alejandro Martínez Caballero)
tuteló los derechos a la libertad religiosa de un menor de edad y de sus padres
y ordenó a un establecimiento público de educación abstenerse de impartir
educación religiosa y de hacer comparecer a sus rituales al menor, con
fundamento en el derecho de los padres a escoger libremente el tipo de
educación religiosa  que desean impartir a su hijo. Adujo la Corte: “(L)as
instituciones educativas oficiales deben mantener una posición neutral y
preguntarle al educando -o a sus padres si es menor-, al momento de la
matrícula, acerca de si desea estudiar o no la asignatura de religión, sin
indagar si en efecto profesa o no dicho credo”.
[8]
M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano (E).
[9]
Sobre el particular en la sentencia T-568 de 1.998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, la Corte señaló que “En síntesis, según las normas estudiadas, (1) todas
las congregaciones se encuentran en capacidad de crear centros de preparación
religiosa para sus fieles, sin que tengan la obligación de impartir en estos
una educación similar a la que se ofrece en las entidades de educación
superior, y, (2) todos los estudiantes de estos centros tienen derecho al
aplazamiento de que trata la Ley 48 de 1993”). En esta ocasión la Corte tuteló
los derechos de un miembro del culto menonita de Colombia, que seguía estudios
para ordenarse como ministro de su iglesia, y que fuera declarado remiso por el
ejército, contrariando una disposición de la Ley 48 de 1.993 que consagra como
causal de aplazamiento haber sido aceptado o estar cursando estudios
reconocidos por las autoridades eclesiásticas en centros de preparación para la
carrera sacerdotal o la vida religiosa por el tiempo que subsista. Así mismo en
la  sentencia  C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz, la Corte revisó la
constitucionalidad de diversas normas que regulaban el servicio militar
obligatorio y nuevamente rechazó la posibilidad de reconocer un tipo de
objeción de conciencia al servicio militar de orden constitucional, con lo cual
se reiteró la sentencia C-027 de 1993.
[10]
Este criterio es acogido en  la sentencia C-088 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz,
mediante la cual la Corte ejerció el control automático de constitucionalidad
del proyecto de ley estatutaria sobre el derecho a la libertad religiosa y de
cultos. En ella la Corte declaró inexequible el inciso 2º del literal e) del
artículo 7º y el literal h) del mismo artículo del mencionado proyecto, los
cuales establecían respectivamente una “... franquicia postal para impresos y
correos de las iglesias y confesiones religiosas” y la posibilidad “de recibir
de la Nación  y de las entidades territoriales exenciones tributarias”, pues
este tipo de exenciones tributarias es de iniciativa gubernamental, sin que tal
requisito se hubiera cumplido en esta ocasión. No obstante, declaró exequible
el parágrafo del artículo 7, en el que se dejaba en libertad a los municipios
para conceder exenciones tributarias a las Iglesias siempre que se respetara el
principio de igualdad.
[11]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta oportunidad el ministro de una
iglesia interpuso acción de tutela con miras al reconocimiento, al igual que a
la Iglesia Católica, de una exención de pago de la sobretasa ambiental. Aunque
en  la sentencia se negó la tutela de los derechos invocados por considerar que
el ministro no podía, en desmedro de la autonomía de su iglesia, arrogarse la
representación de una iglesia cuyo representante legal no ha celebrado un
acuerdo para entablar y regular sus relaciones con el Estado, se reiteraron los
criterios relativos a la obligatoriedad del legislador de establecer criterios
objetivos de igualdad para los diversos credos religiosos.
[12]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[13] Casa de la Roca.
[14]
M.P. Fabio Morón Díaz, en la cual se efectuó la revisión previa del proyecto de
ley estatutaria sobre libertad religiosa.
[15]
En ejercicio de tal prerrogativa legal, otras iglesias como es el caso de  la
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia, ha sucrito convenios de Derecho
Público con el Estado Colombiano, con el fin de garantizar a plenitud el
ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos.
[16]
Este convenio reconoce, mediante un artículo adicional especial para la iglesia
Adventista del Séptimo Día lo siguiente: “el descanso laboral semanal, para los
fieles de la iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo día de precepto o fiesta
de guardar sea el sábado, podrá comprender, siempre que medie acuerdo entre las
partes, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado
en sustitu­ción del que establezca las leyes.” Ver T-982 de 2001; M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[17]
Ms.Ps. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
[18] Artículo 287 Testimonio por certificación jurada.
El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los ministros
del Despacho, los senadores y representantes a la Cámara, los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado,
del Consejo Superior de la Judicatura y miembros del Consejo Nacional
Electoral; el Fiscal General de la Nación y sus delegados, el Procurador General
de la Nación y sus delegados; el Defensor del Pueblo, el Contralor General de
la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, los directores de
departamentos administrativos, el Contador  General de la Nación, el Gerente y
los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, los magistrados
de los tribunales, los gobernadores de departamento, cardenales, obispos, o
miembros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones, jueces de
la República, el Alcalde Mayor de Santa fé de Bogotá, los alcaldes municipales,
los generales en servicio activo, los agentes, diplomáticos y consulares de
Colombia en el exterior, rendirán su testimonio por medio de certificación
jurada, y con este objeto se les formulará un cuestionario y se les pasará copia
de lo pertinente.
La
certificación jurada debe remitirse dentro de los ocho días siguientes a su
notificación.
Quien
se abstenga de dar la certificación a que está obligado o la demore, incurrirá
en falta por incumplimiento a sus deberes. El funcionario que haya requerido la
certificación pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad encargada de
juzgar al renuente.
El
derecho a rendir certificación jurada es renunciable”.(Subrayas fuera del
original).
En virtud de la reforma a
la ley procesal penal que se produjo en el año 2000 (Ley 600 de 2000), la
anterior norma fue sustituida por el artículo 271 que establece: Testimonio
por certificación jurada. (…) Los (…) cardenales, obispos o ministros de
igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones (…) rendirán su
testimonio por medio de certificación jurada, y con este objeto se le
notificará y formulará un cuestionario, indicando de manera sucinta  los hechos
objeto de declaración”.Con el advenimiento del sistema de tendencia  acusatoria
(ley 906 de 2004) la posibilidad de rendir “testimonio especial” se limitó al
Presidente de la República y al Vicepresidente, a quienes se recibirá
testimonio en su despacho (Art.387);  y a los miembros del cuerpo diplomático
de nación extranjera acreditado en Colombia, el cual se tramitará mediante
carta suplicatoria. (Art.388).
[19] MP, Manuel José Cepeda
Espinosa.
[20] MP, Humberto Antonio
Sierra Porto.
[21]
La exigibilidad de este deber se encuentra reforzada por el legislador al
establecer que la renuencia injustificada del testigo a comparecer le acarreará
una multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales , quedando siempre en la
obligación de rendir el testimonio. (Art. 225 C.P.C.).
[22] El artículo 495 del Código de Procedimiento Civil de
Venezuela contempla, de manera excepcional la posibilidad de que altos
funcionarios del Estado, el alto mando militar, así como, “los Arzobispos y
Obispos titulares de Arquidiócesis” rindan testimonio mediante oficio.
[23]
El artículo 230 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador prevé que altos
dignatarios del Estado, así como  “los cardenales, arzobispos y obispos, los
prefectos provinciales”, emitan informe con juramento sobre los hechos respecto
de los cuales se les haya requerido.
[24]
El artículo 449 del Código de Procedimiento Civil de Bolivia contempla la
declaración por informe, bajo juramento de altos funcionarios del Estado, así
como de los “ Arzobispos”, Embajadores y Ministros Plenipotenciarios.
[25]
El artículo 341del Código de Procedimiento Civil del Paraguay. Ley 1.337 de
1988 exceptúa de la obligación de comparecer a prestar declaración a los más
altos funcionarios del Estado, así como “a los prelados” y a los Jefes de las
Fuerzas Armadas en servicio activo con el grado de General o jerarquía
equivalente. Así mismo el  Art. 362 (351) del Código
de Procedimiento Civil de Chile exonera de la obligación de  concurrir a la
audiencia para rendir declaración, sustituyéndola por el mecanismo del informe
bajo juramento a  altos funcionarios del orden  nacional y regional , así como
a los religiosos de todas las jerarquías. En similar sentido el art. 250 del Código de Procedimiento Civil de Argentina. (Ley N°
23.984 de 1991) prevé un tratamiento especial para los altos funcionarios del
Estado, incluyendo todos los del poder judicial, los oficiales superiores de
las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad,
los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades
oficiales, quienes pueden rendir testimonio en su residencia o mediante informe
escrito, emitido bajo juramento.
[26]
Los sistemas procesales civiles revisados incluyen,  bajo este criterio, con
algunas variaciones  derivadas de las estructuras que conforman la organización
de cada Estado, a los más altos funcionarios de Estado pertenecientes a las
diferentes ramas u órganos del poder público (Presidente,  Vicepresidente,
Ministros, Legisladores, Magistrados, en algunos casos Jefes de entidades
territoriales), a los representantes de los organismo de control de la gestión
pública, e incluso a Directores de la banca oficial (en el caso del Ecuador se
exceptúa del deber de comparecer a declarar “ a los gerentes generales de
los bancos central y de fomento”.
[27]
El sistema venezolano exceptúa del deber de comparecer los integrantes del
Alto Mando Militar; el ecuatoriano a los oficiales generales de las
Fuerzas Armadas en servicio activo; el boliviano a los Comandantes en
Jefe de las Fuerzas Armadas y Comandantes de Fuerza; el paraguayo a los
Jefes de las Fuerzas Armadas en servicio activo con el grado de General o
jerarquía equivalente; el chileno a los Oficiales Generales en servicio
activo o en retiro, los Oficiales Superiores y los Oficiales Jefes; el
uruguayo a los Oficiales Generales en actividad de las Fuerzas Armadas; el
argentino los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, desde el grado de
Coronel o su equivalente, en actividad.
[28]
El sistema procesal civil venezolano exonera del deber de testificar a
los Jefes de Misiones Diplomáticas y aquellos de sus empleados que gocen de
extraterritorialidad, si espontáneamente deciden testificar, se recibirá
mediante rogatoria; el ecuatoriano exonera del deber de comparecer a
los agentes diplomáticos; así mismo el boliviano a los Embajadores y Ministros
Plenipotenciarios; el chileno a las personas que gozan en el país de
inmunidad diplomática”; el argentino a “los ministros diplomáticos y
cónsules generales”.
[29]
En el Código de Procedimiento Civil de Venezuela se exceptúa del deber de
comparecencia a testificar a “los Arzobispos y Obispos titulares de
Arquidiócesis y Diócesis”; en el del Ecuador a “los cardenales,
arzobispos y obispos”; en el de Bolivia “los Arzobispos”; en el del
Paraguay “los prelados”; en el de Chile “el Arzobispo y los Obispos,
los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provisores capitulares;
y los Párrocos, dentro del territorio de la Parroquia a su cargo”. Los “religiosos
incluso los novicios”, serán examinados en su morada; en el argentino “los
altos dignatarios de la Iglesia”.
[30]
Bajo este criterio el procedimiento civil ecuatoriano exoneran del deber de
comparecer a testificar a “los rectores de las universidades”; en tanto
que el argentino incluye en su catálogo a “los rectores de las universidades
oficiales”.
[31]
La ley procesal civil chilena excluye del deber de comparecencia a testificar a
“las mujeres siempre que por su estado o posición no puedan concurrir sin
grave molestia” y a “los que por enfermedad u otro impedimento
calificado por el tribunal, se hallen en la imposibilidad de hacerlo”. Estas
personas “serán examinadas en su morada”.
[32]
Conforme a la regulación interna de esta confesión religiosa, dentro de las
categorías  jerárquicas se encuentran los obispos diocesanos, el obispo
titular, y el obispo coadjutor. El arzobispo es el nombre que recibe un
obispo con el título de una arquidiócesis. (Cfr. GUTIÉRREZ, José Luis,
en “Manual de Derecho canónico”, “Organización jerárquica de la Iglesia, Ed.
Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 1998, Pags. 291 y ss.).
[33] Sentencia C-350 de 1994,
MP, Alejandro Martínez Caballero.
[34] Tal como se reseñó en los antecedentes
jurisprudenciales que sirven de marco teórico a esta sentencia, la Corte
consideró que para que la eximente al servicio militar obligatorio prevista
para clérigos y religiosos de la iglesia católica sea adecuada al principio de
igualdad religiosa debía extenderse a las confesiones religiosas organizadas,
respecto de sus ministros y clérigos[34].
En igual sentido, respecto de las causales legales de aplazamiento del servicio
militar obligatorio, la Corte consideró, en su momento, que aquella consistente
en haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos
reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la
carrera sacerdotal o de la vida religiosa (Art.29 d) Ley 48 de 1993) era “exequible
en la medida en que se entienda referida a todas las iglesias y confesiones
religiosas reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano”(C-478 de 1999).Así
mismo, el beneficio fiscal  que establece el art. XXIV de la ley 20 de 1994 en
relación con “los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las
casas episcopales y curales y los seminarios”, pertenecientes a la iglesia
católica fue declarada exequible por la Corte, en cuanto se entienda “extendida
también a las distintas
entidades y congregaciones destinadas también a fines de orden espiritual y
pastoral”, pertenecientes
a otros cultos religiosos, modulación efectuada con el expreso propósito de
mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos. El reconocimiento de la posibilidad de que las otras
confesiones religiosas, diferentes a la iglesia católica, celebraran acuerdos
con el Estado colombiano para establecer mecanismos más fluidos de regulación
jurídica, fue el argumento central para la declaratoria de exequibilidad de la
norma del proyecto de ley estatutaria  sobre libertad religiosa[34] que aludía al reconocimiento
de la personería jurídica de la Iglesia católica, la cual se rige por el
concordato.
[35]
Ms.Ps. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. Esta decisión
mayoritaria de la Corte presenta tres  (3) salvamentos de voto suscritos uno,
por el magistrado José Gregorio Hernández Galindo, y otro conjuntamente, por
los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. El primero
consideró que el precepto en su totalidad era inconstitucional por que
quebrantaba de manera ostensible el principio de igualdad ante la ley, puesto
que, sin justificación plausible y sin un criterio uniforme y razonable,
excluía a numerosas personas del deber de acudir ante los jueces a rendir
declaración directa cuando sea indispensable dentro de los procesos penales.
Estimó que las excepciones plasmadas en el precepto parecen obedecer más  al
capricho del legislador que a un adecuado sentido de la justicia distributiva.
Los segundos consideraron que “el trato diferente consagrado a favor de ciertas
jerarquías religiosas o de ciertos servidores públicos en relación con la
obligación de testimoniar no resiste el necesario examen estricto de igualdad y
por ello debió ser declarado inexequible, puesto que viola el deber igualitario
que todas las personas tienen de colaborar en la misma forma con la
administración de justicia (CP arts 13 y 95 ord 7°), pues parte de la base que
asistir ante autoridad judicial que lo requiera es un hecho denigrante, trato
que discrimina y diferencia a sujetos que de acuerdo con la concepción
democrática del Estado de Derecho son iguales ante la ley penal”. (Salvamentos
sentencia C-609/96).
[36] En la sentencia C- 609 de 1996, sostuvo la Corte: “La
norma demandada, en cuanto tiene que ver con los “cardenales, obispos o
ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones, responde al
propósito constitucional de brindar protección a las diferentes iglesias y
confesiones, protección que, de manera singular se concreta en la persona de
sus máximos jerarcas y ministros, que normalmente gozan de un amplio
reconocimiento social vinculado no a su condición individual sino a la
trascendencia de sus labores pastorales,  de cuyo cabal cumplimiento no deben
ser sustraídos, ya que, por la importancia de esas funciones, las tareas que
cumplen son parte esencial del derecho a difundir la respectiva religión,
plasmado en el artículo 19 superior”.(…) La redacción de la disposición acusada
permite afirmar que la prerrogativa allí contemplada no comporta el compromiso
del Estado con una específica religión, sino apenas el reconocimiento de la
trascendencia social del fenómeno religioso en sus variadas manifestaciones,
situación que, sin desconocer el carácter laico de la organización política, se
acompasa muy bien con su naturaleza democrática y pluralista. Cabe aclarar que
no se introduce un injustificado privilegio, pues no se atiende a la persona
del jerarca o ministro, en sí misma considerada, lo que entrañaría una
inconveniente reminiscencia  del antiguo régimen y del estado estamental, sino
a las tareas ligadas a la relevancia del cargo que estas personas ocupan dentro
de la organización religiosa de que se trate”.
[37] Cfr. Sentencias
C-311 de 2002 y C-096 de 2003, MP, Manuel José Cepeda Espinosa.
[38]
Artículo 1011 C.C. “Las asignaciones a título universal se llaman herencias,
y las asignaciones a título singular legados. El asignatario de herencia
se llama heredero y el asignatario de legado legatario”.
[39]
Conforme al artículo 1368 del Código Civil, el albacea fiduciario es el
encargado de ejecutar los encargos secretos y confidenciales hechos por el testador
ya sea al heredero, al albacea o a cualquier otra persona, para que se invierta
en uno o más objetos lícitos una cuantía de bienes de que pueda disponer
libremente.
[40] La
Corte se pronunció en anterior oportunidad (C-266 de 1994, MP, José Gregorio
Hernández) sobre la exequibilidad del inciso primero del artículo 1022 del
Código Civil. El cargo que en aquella oportunidad consistió en que la norma
establecía la incapacidad del “sacerdote católico” para ser heredero o
legatario por el hecho de haber dado a un enfermo o a un moribundo (el
causante) los auxilios propios de la religión católica como el sacramento de la
“confesión”, lo cual según el razonamiento del demandante, envolvía un
trato discriminatorio contra los ministros de dicha religión. La Corte estimó
que “Los sacramentos, que constituyen signos externos de la profesión de una
determinada fe, asumen en distintas religiones formas rituales y denominaciones
que los identifican como medios de comunicación entre la concepción espiritual
de los creyentes y la expresión exterior de ella. En tal sentido, no son
exclusivos de la religión católica (...) sino que, de acuerdo con cada
doctrina, tienen manifestaciones específicas en los diversos cultos”.(…) En lo
referente al que la Iglesia Católica ha instituido como Sacramento de la
Penitencia, si bien no es concebido como tal en todas las religiones, puede
encontrar formas parecidas en cultos penitenciales, en cuya virtud los fieles,
bajo las condiciones que cada confesión señala, buscan el perdón temporal o
definitivo de sus culpas” Sobre esa base estimó que  la norma demandada no
discrimina a los sacerdotes católicos.
[41]
Sobre esta incapacidad ha dicho la Corte Suprema de Justicia: “La
incapacidad en cuestión proviene de dos situaciones de hecho distintas,
claramente señaladas por el legislador, e inspiradas ambas en la influencia que
el sacerdote pudo haber ejercido sobre el testador en cuanto a las
disposiciones de última voluntad que lo favorezcan a él, a la orden, Convento o
cofradía a que pertenezca, o a sus parientes próximos, lo cual indica con
nitidez que el testamento debe haberse otorgado siempre con posterioridad a la
fecha de la confesión para que la mencionada incapacidad exista. (…) Para que
la incapacidad exista no solamente se requiere a juicio de la Corte, que ese
sacerdote haya confesado al testador, así sea una sola vez, en la enfermedad
que le ocasionó la muerte y que durante ella se haya otorgado el testamento,
sino que es indispensable también,(...) que la confesión haya precedido al
testamento. Dado el espíritu que la informa y los claros fines que con ella
se persiguen, no en otra forma puede entenderse la primera parte de la norma
legal en comento (…) Toda asignación testamentario que se haga en contravención
a lo dispuesto en la citada norma es nula, por mandato del artículo 1023 del
C.C.; sin embargo, si el sacerdote o sus parientes, dentro del tercer
grado de consanguinidad o afinidad tuvieren vocación hereditaria proveniente de
la ley, dicha incapacidad no los afectará en cuanto a la cuota que por virtud
de ésta pudiere corresponderles” (Corte Suprema de Justicia, sentencia de abril
23 de 1975, G.J., t, CLI. Pág. 81.
[42] La sucesión se denomina
intestada si se sucede en virtud de la ley (Art.1009 C.C.).
[43]
El texto original del artículo 1022 del Código Civil establecía: “Los
sacerdotes o ministros de cualquier religión o culto no pueden recibir por
testamento a título de herencia y legado, ni aún como albaceas fiduciarios, sino
lo que, si no hubiere habido testamento, habrían heredado abintestato. En la
misma prohibición quedan comprendidos los parientes, por consanguinidad o
afinidad, dentro del tercer grado, del sacerote que hubiere sido confesor el
testado durante la última enfermedad, o habitualmente en los últimos dos años”.
La reforma introducida mediante el artículo 84 de la Ley 153 de 1887 adicionó
el artículo 1022 C.C. con el inciso 2º que hoy se acusa parcialmente , para
destacar que las prohibiciones del inciso primero no comprenden a la “iglesia
parroquial” del testador, con el evidente propósito de que las prohibiciones al
sacerdote no afectaran las donaciones a la iglesia, desde luego la oficial de
la época.
[44]
“Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad religiosa
y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”.
[45] El artículo 2° alude a las “Iglesias y Confesiones
religiosas” para declarar el carácter no confesional del Estado y  el deber de
protección del poder público a los individuos y a las colectividades
religiosas. El artículo 3° replica el derecho a la libertad igualitaria de
todas las “confesiones Religiosas e Iglesias”. El artículo 9° reconoce
el derecho de las “Iglesias, con­fesiones y denominaciones religiosas” a
obtener personería jurídica. El artículo 14 regula los derechos legales
de las Iglesias y confesiones religiosas.
[46]
La parroquia es definida por la regulación canónica
como “una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la
Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano,
se encomienda a un párroco como pastor propio” (GUTIERREZ, José Luis,
“Organización jerárquica de la Iglesia”, en Manual de Derecho Canónico,
Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1998, Pág.344. (comentarios a los
cánones 374 y 515&1 del Código canónico).
[47]
Cabanellas Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de derecho usual”, T. VI,  Ed.
Heliasta, Buenos Aires, 1981, p. 108.
[48]
Fundamento jurídico No. 13 de la sentencia.
[49]
Definición del término secularidad, incluido en la 23ª.
edición del Diccionario de la lengua española. El diccionario, además, define
este término como la “[c]ondición común de lo laico en contraposición
a lo eclesiástico”. Consulta realizada en la página electrónica www.rae.es.
[50]
Ibíd.. La definición completa
del término laicismo es la siguiente: “Doctrina que defiende la
independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado,
respecto de cualquier organización o confesión religiosa.”
[51]
Sentencias C-027 de 1993, C-568 de 1993, C-088 de 1994, C-350 de 1994, C-152 de
2003, C-1175 de 2004, entre otras.
[52]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. S.V. Álvaro Tafur Galvis,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil.
[53]
Decreto 1355 de 1970, artículos modificados por los artículos 2° y 3° del
Decreto 2055 de 1970, respectivamente.
[54]
La disposición incluye expresamente a los siguientes: presidente de la
república, ministros del Despacho, contralor general, gobernadores, senadores y
representantes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consejeros de
Estado y fiscales del Consejo, procurador general de la nación, agentes
diplomáticos de la república, y magistrados, jueces, fiscales y procuradores.
[55] C-266
de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[56]
Desde el siglo XIX los magistrados han podido salvar o aclarar el voto. Sin
remontarnos más allá de la vigencia de la Constitución de 1886, cabe resaltar que
en la primera sentencia en la cual se juzgó, en control previo, un acto del
legislador, se presentaron salvamentos de votos.
[57] En efecto, en Francia
están prohibidas las opiniones disidentes en el Consejo Constitucional, pero
las actas de sus deliberaciones son públicas, varias décadas después de su aprobación.
En Estados Unidos están permitidas las opiniones disidentes, pero no existen
actas de las deliberaciones. Mucho de la evolución del pensamiento de la Corte
estadounidense queda consignado por escrito en los memorandos y notas oficiales
que se cruzan los magistrados, los cuales son públicos también después de
varias décadas. En Alemania, después de un complejo y extenso proceso, se pasó
de la interdicción de las opiniones disidentes a su admisión. Ello sucedió a
raíz del famoso caso Spiegel, resuelto en 1966, en el cual los magistrados se
dividieron 4 contra 4. Ante la ausencia de mayoría por la inconstitucionalidad,
el acto controvertido en dicho caso se consideró convalidado. Para entonces,
las opiniones disidentes no estaban permitidas. Entonces, la Corte
Constitucional alemana optó por publicar las dos opiniones enfrentadas como
parte de la sentencia misma, sin divulgar los nombres de los magistrados. Ello
suscitó un debate sobre si las opiniones disidentes deberían ser permitidas. En
1968 se llevó a cabo un debate apasionado al respecto en el Congreso de
Derecho, organizado por la asociación de juristas. Luego de una votación, los
juristas se inclinaron a favor de permitir las aclaraciones y salvamentos de
voto, a pesar de que los magistrados que integraban las cinco altas cortes
alemanas votaron en contra (158 contra 65). En 1970, el Parlamento modificó la
Ley Orgánica de la Corte Constitucional Federal alemana para permitir las
opiniones disidentes.
[58]
Inclusive respecto de estas cuestiones tan álgidas, algunos magistrados han
preferido abstenerse de hacer públicas las razones de su posición. En Alemania,
en la primera sentencia sobre el aborto, dos magistrados escribieron sus
opiniones disidentes. Por eso, se cree que la votación fue 6 contra 2. No
obstante, en realidad fue una sentencia 5 contra 3, ya que uno de los magistrados
de la minoría decidió no escribir un salvamento de voto.
[59]
Los puntos de mi disenso se originaron en que a mi juicio la tutela no debía
ser concedida sin verificar si el interesado había solicitado la terminación
del proceso, si el inmueble estaba efectivamente destinado a vivienda, si el
deudor había aceptado la reliquidación del crédito  o si el inmueble ya había
sido adjudicado a una familia que lo adquirió de buena fe para vivir en él
[60] Roscoe Pound. Cacoethes Dissentiendi: The Heated Judicial
Dissent. 39 A.B.A.J. (1953), 794.
[61] El justicia Antonin
Scalia, un vigoroso disidente en la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos, critica esta actitud en un ensayo sobre la opinión disidente. Ver The
Dissenting Opinion. 1994 J. Sup. Ct. Hist. 33.