T-802-14
Sentencia
T-802/14
DERECHO
A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Reiteración de
jurisprudencia sobre protección por tutela
La acción de tutela, como medio constitucional de protección
de los derechos fundamentales, ampara la salud garantizándoles a todas las
personas el acceso a los servicios
indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida
gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad.
DERECHO
A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTONOMO-Reiteración de
jurisprudencia
La Corte Constitucional reconoce la salud como un derecho
fundamental autónomo del cual emanan dos clases de obligaciones: (i) las de cumplimiento inmediato al tratarse de una
acción simple del Estado que no requiere mayores recursos o requiriéndolos la
gravedad y urgencia del asunto demandan una acción estatal inmediata, o (ii) de
cumplimiento progresivo por la complejidad de las acciones y recursos que se
requieren para garantizar de manera efectiva el goce del derecho.
SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Requisitos
(i) Que el servicio haya sido
ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el
Comité Técnico Científico. (ii) Que la falta del servicio, tratamiento o medicamento, vulnere
o amenace los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal. (iii) Que el servicio no pueda ser
sustituido por otro que sí se encuentre incluido o que pudiendo estarlo, el
sustituto no tenga el mismo grado de efectividad que el excluido del plan. (iv) Que el actor o su familia no
tengan capacidad económica para costearlo.
DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Acceso a terapias alternativas no POS bajo la metodología A.B.A.
En desarrollo del derecho fundamental a la salud de menores en
circunstancia de discapacidad y el principio de integralidad, este tribunal ha
estudiado el tema de tratamientos alternativos tipo ABA y de neurodesarrollo
(no POS) con el objeto de que este grupo poblacional goce de un estado completo
de bienestar físico, mental, emocional y social. Este tribunal, con el objeto de mejorar la calidad de vida
e integración social de los menores con discapacidad, ha concedido
tratamientos especiales excluidos del plan obligatorio, cuando la institución
adscrita a la red de la entidad prestadora del servicio de salud no cumpla con
los estándares de calidad e idoneidad, o no cuente con personal especializado
en la prestación del servicio requerido. No obstante, al evidenciarse que dicho tratamiento ha sido
cuestionado por su grado de eficacia por parte de las entidades prestadoras,
este Tribunal además de verificar los requisitos jurisprudenciales para ordenar
tratamientos no POS, ha considerado que en algunos casos para el suministro del
mencionado tratamiento es necesario que los pacientes sean o hayan sido
valorados previamente por el personal médico de la salud de la E.P.S. a la que
se encuentran afiliados. El concepto debe estar fundamentado en criterios
médico-científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo.
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE MENOR CON
DISCAPACIDAD-Orden a EPS evaluar y calificar a
menor por un equipo multidisciplinario a fin de determinar la pertinencia del
servicio requerido, concepto que deberá estar fundamentado en criterios
técnicos o científicos
EXONERACION DE CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-Reglas jurisprudenciales
ACCION DE TUTELA CONTRA EPS-Improcedencia
para exoneración de cuotas moderadoras, por cuanto no se cumple
requisitos
Referencia:  expedientes
acumulados:
T-4406707 (Mahdy
Pinilla Mantilla).
T-4405825
(Keiner
Alejandro Sánchez de la Cruz).
T-4421628 (Ángel
Felipe Villa Alford).
T-4432792 (Omar
David Gómez Redondo).
T-4418915
(Sheyla Julio Coronel).
T-4421629
(Valery Kligman Troncoso).
T-4406658
(Ismenia
María Palacios Gulloso).
T-4406693
(Melany Isabel Blanco Guzmán).
T-4406690
(Oswaldo Uparela Vergara).
T-4421624
(Yalexi Parra Ramos).
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de
dos mil catorce (2014)
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge
Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos de tutela dictados en los asuntos de la
referencia.
I. ANTECEDENTES.
Los
distintos actores, diez (10) en total, presentan acción de tutela en contra diferentes
E.P.S. del departamento del Atlántico por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales
a la vida digna, a la salud, al tratamiento integral, a la igualdad, al mínimo
vital, a la seguridad social y a la protección especial del menor, al no
autorizar la práctica de terapias alternativas tipo ABA y de neurodesarrollo no
POS en una IPS específica prescritas por médicos no adscritos a las demandadas.
Como
cada caso presenta sus propias particularidades, pese a la conexidad anotada,
la Corte reseña a continuación los supuestos fácticos, elementos probatorios
relevantes y decisiones de instancia de cada uno.
Número
Expediente
T-4406707
Accionante
Gisselle
Johari Pinilla Mantilla, quien actúa en representación de su hijo Mahdy
Pinilla Mantilla, de 4 años de edad.
Demandado(s)
Saludcoop
E.P.S. de Barranquilla
Situación Particular
Expone
que el menor fue diagnosticado con autismo y que asiste a
control con el psiquiatra infantil Haroldo Martínez Pedraza, quien en sus
controles ha manifestado que “es pertinente que el menor ingrese a un
centro especializado recibiendo terapias integrales para su desarrollo
personal y social, ya que a través de consultas externas es muy poco el
trabajo que se puede abordar en el menor y los resultados serían poco
significativos”[1].
Agrega que su hijo asistió donde el neuropediatra
Jesús Ruiz Aguirre, quien recomendó las terapias ABA para su rehabilitación.
Informa que de manera particular
sufragó la evaluación y el comienzo del tratamiento en la IPS Avanza (de
Barranquilla) con la galena Luz Aminta Barba, quien pertenece a la red de la
accionada.
Afirma
que la E.P.S. Saludcoop le negó dicho procedimiento sobre la base de que se
encuentra fuera del POS, afectando con ello la salud de su hijo.
Manifiesta
que no cuenta con los recursos suficientes para mantener este tratamiento,
que además de ser costoso debe ser continuo.
Solicita
que se le ordene a la E.P.S. continuidad en las terapias, así como el
tratamiento integral que requiera su hijo.
Pruebas
Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Gisselle Johari Pinilla Mantilla[2].
Copia del registro civil del menor Mahdy Pinilla
Mantilla[3].
Copia de la historia clínica expedida
por el médico Haroldo Martínez Pedraza, el 27 de junio de 2012, quien le
diagnosticó autismo infantil a la menor[4].
Copia del informe académico del 20 de
septiembre de 2012, expedido por la doctora Margarita Bustillo Guzmán, quien le
recomendó seguir con los apoyos externos[5].
Copia de la evolución de la historia
clínica del 10 de septiembre de 2012 y el 4 de julio de 2013, expedida por el
galeno Martínez, quien informó su mejoría y lo remitió a psiquiatría,
terapias ocupacionales, fonoaudiología y a neurología pediátrica[6]
Copia de las recomendaciones dadas por
la médica Mirla Eliza Vásquez Bermúdez, el 28 de agosto de 2013, quien señaló
que la menor debía ingresar a un centro especializado recibiendo terapias
integrales para su desarrollo personal y social, ya que a través de consultas
externas es muy poco el trabajo que se puede abordar[7].
Copia del informe de evaluación
integral de la IPS Avanza, del 30 de septiembre de 2013, donde señala que la menor
requiere iniciar intervención desde el programa de habilitación
cognitiva-comportamental, con el fin de realizar actividades que le permitan
el desarrollo integral en cuanto a alimentación, vestido, relaciones con las
personas, desenvolvimiento en el medio, uso correcto de recursos del entorno.
Asimismo, desarrollar hábitos de comportamiento social[8].
Copia del informe de fonoaudiología
del 28 de octubre de 2013, expedido por la doctora Silvia Margarita Guzmán Bustillo,
dentro del cual afirmó que se trata de una paciente que posee un vocabulario
amplio y significativo, su articulación es clara, algunas veces su prosodia
es incorrecta, en cuanto a su atención es dispersa. Por ello recomendó que continuara
trabajando su lenguaje[9].
Copia del informe de evolución de
terapia ocupacional del 29 de octubre de 2013, expedido por la terapeuta ocupacional,
Marta Luz Guzmán, donde sugirió terapia psicológica para manejo de control de
impulso y pautas de crianza[10].
Copia de la historia clínica expedida
por el médico Haroldo Martínez Pedraza, el 20 de noviembre de 2013, quien indicó
el avance del menor y recomendó terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje,
psiquiatría y pediatría[11].
Copia de la evaluación de la IPS Avanza,
expedida por el doctor Jesús Ruiz Aguirre, el 9 de diciembre de 2013, quien
prescribió las terapias ABA[12].
Copia del examen auditivo[13].
Copia de la naturaleza, actividades y
funciones de la IPS Avanza[14].
Copia de los certificados de estudios
de la galena Luz Aminta Barba Palacio[15].
Respuesta de la entidad
demandada
El Director Médico de la E.P.S. Saludcoop,
Martín Solano Ripoll, solicitó negar la acción impetrada puesto que la
entidad ha cumplido con todas las disposiciones tanto legales como de orden
constitucional para la prestación del servicio del menor[16].
Informó que según concepto de la
Asociación Colombiana de Neurología Infantil -ASCONI-, las terapias ABA no
ofrecen ninguna efectividad en el tratamiento integral de pacientes con
autismo y parálisis cerebral[17].
Asimismo, consideró que la E.P.S. no
puede autorizar el citado tratamiento, no solo por ser experimentales no
convencionales, sino porque además no están incluidas en el POS y fue
ordenado por un médico no adscrito a la red.
Finalmente, solicitó que se remitiera
al menor Mahdy Pinilla Mantilla a valoración por un grupo médico
multidisciplinario de la Red de Prestadores de Servicios de la E.P.S., con el
fin de establecer la pertinencia de los servicios reclamados.
Sentencia objeto de revisión
El 5 de febrero de 2014 el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Barranquilla concedió la acción de tutela por
encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y
a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a
suministrar a la paciente lo reclamado y en el evento de que dicho tratamiento
estuviera excluido del POS recobrara ante el FOYSGA el valor del mismo.
Lo expuesto obedece al estado de
discapacidad de la menor, quien requiere de las terapias para procurar su
desarrollo social, físico e intelectual y de esta manera llevar una vida en
condiciones dignas.
Finalmente, indicó que la E.P.S. no
desvirtuó con criterios científicos la efectividad de las citadas terapias,
ni le brindó al paciente un plan de rehabilitación para el manejo de su
patología[18].
Número
Expediente
T-4405825
Accionante
Lisbeth
de la
Cruz Palmera,
quien actúa en representación de su hijo Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz,
de 2 años de edad.
Accionado(s)
Saludcoop
E.P.S. de Barranquilla
Situación Particular
Expone
que el menor fue diagnosticado con hipotonía y trastorno psicomotor; que no
ha recibido por parte de la demandada el respectivo procedimiento integral,
ya que solo le ha suministrado terapias de tipo físicas, ocupacionales y
fonoaudiológicas.
Sostiene que la médica fisiatra de la
IPS Sonrisa de Esperanza (de Barranquilla), Olga Lucía Surmay, valoró al
pequeño y le prescribió un tratamiento integral de terapias de
neurodesarrollo.
Señala
que asumió en forma particular los costos del método en mención desde el mes
de mayo de 2013, logrando para su hijo pequeños avances. Sin embargo, debido
a sus recursos limitados suspendió dichas terapias.
Finalmente,
expone que la accionada se negó a brindarle el citado tratamiento afectando
el progreso y mejora de la calidad de vida del menor.
Pide
que se le ordene a la E.P.S. que autorice las terapias y la exoneración de
copagos y cuotas moderadas en los servicios requeridos.
Entidad vinculada
IPS Sonrisa de Esperanza de
Barranquilla
Pruebas
Copia del registro civil del menor Keiner
Alejandro Sánchez de la Cruz[19].
Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Lisbeth de la
Cruz Palmera[20].
Copia del informe de evaluación de
neurodesarrollo del Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
Sonrisa de Esperanza, del 24 de agosto de 2013, dentro del cual se recomendó
que el menor asistiera a un programa de tratamiento integral con un enfoque
de neurodesarrollo para mejorar su control postural y de movimientos,
incrementar su capacidad de adaptación e interacción con su entorno[21].
Copia de la orden médica del 4 de
septiembre de 2013, para el tratamiento de las terapias de neurodesarrollo,
expedida por la doctora Olga Lucía Surmay Angulo de la IPS ajena de la
accionada[22].
Copia del reporte de evolución del 4
de septiembre de 2013, expedido por la citada médica, quien señaló que se
trata de un paciente con incapacidad motora de origen central, hipotonía
axial y retardo del desarrollo psicomotriz, por lo que ordenó un plan de
habilitación infantil personalizado, intensivo e interdisciplinario, con
énfasis en apoyo con terapias de neurodesarrollo[23].
Respuestas de las entidades
demandadas
(i) El Director Médico de la E.P.S. Saludcoop,
Martín Solano Ripoll,
solicitó negar la acción de tutela, toda vez que la entidad ha cumplido con
sus obligaciones legales tendientes a asegurar el derecho a la salud y a la
vida del paciente.
Sostuvo
que el pequeño se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud a través de esta E.P.S., en calidad de beneficiario, y presenta un
diagnóstico de hipotonía y trastorno psicomotor.
Dijo
que mediante este amparo se buscaba la autorización de terapias
experimentales y no convencionales, las cuales no pueden ser autorizadas por
la E.P.S. debido a que fueron ordenadas por un médico ajeno a la entidad,
además de estar excluidas del POS.
Consideró
que este tipo de procedimientos podían realizarlos terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas o terapeutas físicas, e incluso padres de familia con entrenamiento
en este método.
Adicionó
que no existe evidencia médica que determine la efectividad del método
pretendido, ya que los resultados de este tratamiento dependen en gran medida
de los pacientes.
Por
lo expuesto, solicitó que se ordenara la valoración del menor por un grupo
multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la
pertinencia del servicio requerido. También, que en el evento
de ser concedida la presente acción, se ordenará al FOSYGA pagarle el 100%
del costo de las prestaciones que estén fuera del POS[24].
(ii)
La IPS Sonrisa de Esperanza no se pronunció.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico), el 8 de octubre de 2013, concedió la acción de tutela
por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida
digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que
procediera a suministrar al paciente lo solicitado en la IPS reclamada; y
exoneró a la petente de copagos. Autorizó a la E.P.S., en el evento de que
dicho tratamiento estuviera excluido del POS, para que recobrara ante el
FOYSGA el valor del mismo. Finalmente, exhortó a la demandada a ceñirse a los
principios constitucionales de eficiencia administrativa en el desarrollo de
los trámites.
Lo expuesto obedece a que el
mencionado tratamiento busca brindar una mejor calidad de vida al menor, quien
goza de protección constitucional. Igualmente, porque la accionada no
desvirtuó científicamente el servicio solicitado.
La anterior decisión fue impugnada
por Saludcoop E.P.S.[25].
Sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad
(Atlántico) inadmitió el recurso de alzada de la acción al no existir certeza
respecto de la representación legal de la E.P.S., toda vez que el señor
Martín Solano Ripoll no había aportado el respectivo certificado que lo
acreditaba como representante legal de la misma.
Número
Expediente
T-4421628
Accionante
Ercila
Mercedes Alford Castillo, quien actúa en representación de su hijo Ángel
Felipe Villa Alford, de 9 años de edad.
Accionado(s)
Saludcoop
E.P.S. de Barranquilla
Situación particular
Indica
que su hijo padece de trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
otitis, hipoacusia bilateral, problemas gástricos e hipotiroidismo.
Afirma
que en razón a que la demandada no ha iniciado un tratamiento de
rehabilitación integral para su hijo, el 8 de febrero de 2011 acudió a la
Fundación Hospital Universitario Metropolitano, siendo valorado por los
doctores Yurani Puccini Colina y Jhon Echeverría Armelia, quienes
recomendaron iniciar terapias ABA.
Manifiesta
que el paciente fue examinado por el Psiquiatra Haroldo Martínez Pedraza,
adscrito a la accionada, quien determinó dicha enfermedad.
Sostiene
que como la citada fundación ordenó el método ABA, solicitó ante la E.P.S. la
autorización de la misma. Sin embargo, su petición fue resuelta negativamente
sobre la base de que las terapias no hacían parte del POS.
Reclama
que se le ordene a la accionada la autorización del mencionado procedimiento
y la exoneración de copagos y cuotas moderadoras.
Entidades vinculadas
Fundación Prosperar del Caribe IPS de
Soledad (Atlántico)
Pruebas
Copia de la evaluación
neuropsicológica realizada el 8 de febrero de 2011 por la Fundación Hospital
Universitario Metropolitano, que recomendó terapias ABA, estimulación
cognitiva, neuropediatría, terapia ocupacional, fonoaudiología y control de
neuropsicológico[26].
Copia de la historia clínica del 11 de
febrero de 2011, dentro de la cual se registra que se hizo junta médica para
aclarar el diagnóstico. En ella se concluyó que el menor tenía un síndrome
producido por un trastorno de integración sensorial y un coeficiente de
inteligencia normal bajo[27].
Copia del acta de la junta médica del
30 de septiembre de 2011, que señala que el paciente debe asistir a valoración
por fisiatría, optometría, control de psiquiatría y de neuropediatría[28].
Copia de la historia clínica del 30 de
agosto de 2012, donde se recomendó calificar al pequeño por conocimientos
laborales, mantener un programa de ejercicios físicos, reiniciar terapias
ocupacionales, de lenguaje y realizar prueba cognitiva[29].
Copia del informe de valoración al
paciente  realizado por la Fundación Prosperar del Caribe IPS, el 17 de
octubre de 2013, que señaló que necesita tratamiento intensivo y permanente
de las mencionadas terapias[30].
Copia de valoración del 10 de
diciembre de 2013 realizada al menor Ángel Villa Alford por el doctor David
Dancur, quien recomendó iniciar plan de rehabilitación con terapia ABA y de neurodesarrollo[31].
Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Ercilia Alford Castillo[32].
Copia del registro civil de nacimiento
y tarjeta de identidad del menor Ángel Villa Alford[33].
Respuestas de las entidades
demandadas
(i) El Director Médico de la E.P.S.
Saludcoop,
Martín Solano Ripoll,
solicitó negar la acción de tutela toda vez que la entidad ha cumplido con
sus obligaciones legales tendientes a asegurar el derecho a la salud y a la
vida del paciente.
Sostuvo
que el pequeño se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud a través de esta E.P.S., en calidad de beneficiario, y presenta un
diagnóstico de hipotonía y trastorno psicomotor.
Dijo
que mediante este amparo se busca la autorización de terapias experimentales
y no convencionales, las cuales no pueden ser autorizadas por la E.P.S. debido
a que fueron ordenadas por un médico ajeno a la entidad, además de estar
excluidas del POS.
Consideró
que este tipo de procedimientos podían realizarlos terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas o terapeutas físicas e incluso padres de familia con
entrenamiento en este método.
Adicionó
que no existe evidencia médica que determine la efectividad del método
pretendido, ya que los resultados de este tratamiento dependen en gran medida
de los pacientes.
Por
lo expuesto, solicitó que se ordenara la valoración del menor por un grupo
multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la
pertinencia del servicio requerido. También, que en el evento
de ser concedida la presente acción, se ordenará al FOSYGA pagarle el 100%
del costo de las prestaciones que estén fuera del POS[34].
(ii) La Coordinadora Terapéutica de
la IPS Fundación Prosperar del Caribe, Jenny Martínez Barrera, manifestó que
el menor es uno de los pacientes, que recibe terapias de método ABA, como lo
prescribió el médico David Dancur. Adicionó que esta IPS está atendiendo tres
pacientes con autorización de servicio de la entidad Saludcoop E.P.S..
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico) el 18 de febrero de 2014, concedió la acción de tutela
por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida
digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que
procediera a suministrar al paciente lo solicitado y en la IPS reclamada. En
el evento de que dicho tratamiento estuviera excluido del POS, recobrara ante
el FOYSGA el valor del mismo.
La anterior decisión fue impugnada
por Saludcoop E.P.S.[35].
Sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad
(Atlántico), inadmitió el recurso de alzada de la acción al no existir
certeza respecto de la representación legal de la E.P.S., toda vez que el
señor Martín Solano Ripoll no había aportado el respectivo certificado que lo
acreditaba como representante legal de la misma.
Número
Expediente
T-4432792
Accionante
Olinda
Esther Acuña Arrieta, quien actúa como agente oficioso de su nieto, Omar
David Gómez Redondo, de 9 años de edad.
Accionado(s)
Saludcoop
E.P.S. de Barranquilla
Situación Particular
Dice
que su núcleo familiar está conformado por  su hija y su nieto, quien se
encuentra afiliado a la accionada a través de su madre que es la cotizante.
Asevera que el menor padece de
trastorno del aprendizaje e hiperactividad y la demandada no ha iniciado tratamiento
de rehabilitación. Solo le brinda tratamientos paliativos.
Señala que el 19 de noviembre de 2013
solicitó ante la E.P.S. las terapias ABA, sin obtener respuesta alguna. Por
esto, averiguó en la IPS Cencaes con el fin de que su nieto mejorara su
calidad de vida.
Agrega que la citada institución,
después de realizarle una serie de exámenes al menor, a través del neurólogo
David Dancur, le recomendó iniciar tratamiento intensivo de terapias como
equinoterapia, hidroterapia, musicoterapia, apoyadas con terapias de
psicología, fisioterapia y fonoaudiología.
Solicita
que se le ordene a la E.P.S. que autorice el tratamiento en mención y la
exoneración de copagos y cuotas moderadas en los servicios requeridos.
Entidad vinculada
IPS Cencaes de Barranquilla
Pruebas
Escrito por parte de la docente de
apoyo Rosiris de la Asunción Gil, dirigido a la Fundación Seres Creativos,
del 3 de septiembre de 2013, solicitando que el menor sea atendido en esa
entidad por psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología[36].
Copia del informe del Comité Técnico
Científico de la IPS Cencaes, del 10 de octubre de 2013, que recomendó
iniciar terapia ABA para mejorar habilidades deficientes en el paciente.[37].
Copia de una solicitud de
electroencefalograma[38].
Copia del registro civil de nacimiento
y tarjeta
de identidad del
pequeño Omar Gómez Redondo[39].
Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Olinda Esther Acuña Arrieta[40].
Copia de la cédula de ciudadanía de la
madre del paciente, Mislin Redondo Acuña[41].
Respuestas de las entidades
demandadas
(i) El Director Médico de la E.P.S.
Saludcoop,
Martín Solano Ripoll,
solicitó negar la acción de tutela toda vez que la entidad ha cumplido con
sus obligaciones legales tendientes a asegurar el derecho a la salud y a la
vida del paciente.
Sostuvo
que el menor se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en
Salud a través de esta E.P.S., en calidad de beneficiario, y presenta un
diagnóstico de hipotonía y trastorno psicomotor.
Dijo
que mediante este amparo se buscaba la autorización de terapias
experimentales y no convencionales, las cuales no pueden ser autorizadas por
la E.P.S. debido a que fueron ordenadas por un médico ajeno a la entidad,
además de estar excluidas del POS.
Consideró
que este tipo de procedimientos podían realizarlos terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas, terapeutas físicas e incluso padres de familia con entrenamiento
en este método.
Expuso
que no existe evidencia médica que determine la efectividad del método
pretendido, ya que los resultados de este tratamiento dependen en gran medida
de los pacientes.
Adicionó que la actora cuenta con una
capacidad económica suficiente para sufragar el costo del tratamiento del
pequeño.
Solicitó
que se ordenara la valoración del menor por un grupo multidisciplinario de la
E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido.
También, que
en el evento de ser concedida la presente acción, se ordenará al FOSYGA
pagarle el 100% del costo de las prestaciones que estén fuera del POS[42].
(ii) La Coordinadora del Centro de
Capacitación Especial Cencaes manifestó que el menor hace parte de sus
pacientes y está recibiendo terapias ABA como lo ordenó el CTC de la
fundación. Además, esa institución cuenta con personal profesional
especializado y la respectiva habilitación de la Secretaría de Salud del
Distrito de Barranquilla.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico), el 5 de marzo de 2014,  concedió la acción de tutela
por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida
digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que
procediera a suministrar al paciente lo solicitado y en la IPS reclamada. En
el evento de que dicho tratamiento estuviera excluido del POS, recobrara ante
el FOYSGA el valor del mismo. Asimismo, accedió a la exoneración de copagos y
cuotas moderadoras en el expediente.
Lo expuesto, por cuanto a pesar de que
la orden no fue prescrita por un médico adscrito a la red de la E.P.S., el
diagnóstico y la prescripción médica que verificó el médico tratante respecto
del menor son vinculantes, además que no fueron controvertidos científicamente
por la accionada.
La anterior decisión fue impugnada
por Saludcoop E.P.S.[43].
Sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad
(Atlántico) inadmitió el recurso de alzada de la acción al no existir certeza
respecto de la representación legal de la E.P.S., toda vez que el señor
Martín Solano Ripoll no había aportado el respectivo certificado que lo
acreditaba como representante legal de la misma.
Número
Expediente
T-4418915
Accionante
Susan
Coronell Padilla, quien actúa en representación de su hija Sheyla Julio
Coronel, de 4 años de edad.
Accionado(s)
Coomeva
E.P.S. de Barranquilla
Situación particular
Manifiesta que promovió acción de
tutela al considerar que tanto la falta de autorización de la mencionada
terapia como los suplementos Ensure y Enfagrow vulneran los derechos a la
salud, a la vida digna, a la integridad física y a la seguridad social de la
menor.
Señala
que al momento de nacer su hija presentó una malformación congénita llamada
hidrocefalia con doble corteza cerebral, la cual fue diagnosticada por los
médicos adscritos a la E.P.S., por lo que requiere de cuidados especiales.
Sostiene
que las terapias ABA y de neurodesarrollo fueron ordenadas por el médico
particular Jesús Ruiz Aguirre y la doctora Luz Marina López Torres, quien es
médica adscrita a la red de prestadores de la demandada.
Afirma
que reclamó dicho tratamiento ante la E.P.S., solicitud que le fue negada sobre la base de que no hacía parte del POS.
Asevera
que la menor venía recibiendo las terapias para su desarrollo integral en el
Centro de   Estimulación y Aprendizaje Sonrisas de Esperanza, el cual estaba
adscrito a la E.P.S.. Sin embargo, fue trasladada al Centro SION, donde no
existen las condiciones adecuadas para la atención que requiere este tipo de
pacientes.
Añade
que la menor ha mejorado con el tratamiento ordenado. Además, cualquier tipo
de cambio en su entorno terapéutico podría ocasionarle daños irreversibles en
su psiquis, por lo que se hace imperioso que su tratamiento continúe en la
Institución Sonrisa.
Solicita
que se le ordene a la accionada la continuidad de las terapias con
acompañante y transporte durante el traslado, así como los insumos de Ensure
y Enfagrow.
Entidades vinculadas
Secretaría de Educación Distrital y
Departamental de Barranquilla.
Pruebas
Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Susan Coronell Padilla[44].
Copia de la historia clínica del
Centro de Salud de la Costa, del 29 de octubre de 2007, dentro de la cual se
evidenció que la paciente ingresó por cuadro clínico de convulsiones,
diagnosticándole epilepsia focal sintomática y heterotopia cortical (doble corteza)[45].
Copia de la historia clínica de la
E.P.S. Coomeva, desde el 17 de febrero de 2010 a 23 de mayo de 2012, en la
que consta que la menor padece de hidrocéfalo congénito[46].
Copia de la epicrísis del Centro
Hospitalario la Costa, del 12 de diciembre de 2012, dentro de la cual se
evidenció que se trata de una paciente con epilepsia, retardo psicomotor y
síndrome de Dandy Walker, a quien se recomienda control con neuropediatría[47].
Copia de la historia clínica de la
menor expedida por la Fundación Centro Médico del Norte, del 24 de enero de
2013, mediante la cual se indicó que la pequeña ingresó con cuadro de crisis
tónico clónica generalizada presenciada con desviación de la mirada hacia la
derecha y con sialorrea abundante[48].
Copia de la epicrísis de
hospitalización de la Clínica de la Costa, del 8 de abril de 2013, dentro de
la cual  señaló que ingresó con convulsiones[49].
Copia de las órdenes de terapias de
neurodesarrollo  y paños desechables del 14 de julio de 2011, el 24 de julio
de 2012 y el 19 de junio y 10 de julio de 2013, expedidas por el neuropediatra
Jesús Ruiz Aguirre[50].
Copia de las órdenes médicas de
terapias ABA y de neurodesarrollo, del 10 de octubre de 2013, expedidas por la
neuropediatra, Luz Marina López Torres[51].
Copia de la petición presentada por la
accionante ante la E.P.S. Coomeva, donde solicitó la continuación del
tratamiento de su hija en la IPS Sonrisa de  Esperanza[52].
Copia de los informes evolutivos del
Centro de Rehabilitación Sonrisas de Esperanza, que  concluyen que la
paciente requiere asistir a un programa de tratamiento integral con un
enfoque de neurodesarrollo, con el fin de mejorar su control postural y de
movimientos con actividades que le permitan fortalecer fibras musculares,
estabilizar y organizar su postura de manera funcional en las diferentes
posiciones[53].
Respuestas de las entidades
demandadas
(i) La apoderada judicial de Coomeva
E.P.S. solicitó negar esta acción ya que no se le ha vulnerado a la paciente
derecho fundamental alguno, puesto que la entidad ha garantizado de manera
oportuna y permanente los servicios de salud que requiere la menor y no
existe prueba que demuestre lo contrario.
Indicó que el concepto emitido por la
Presidencia de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil -ASCONI-,
respecto de las terapias ABA, señala que:
“-
En ninguna guía clínica para atención y/o tratamiento de pacientes con
Parálisis Cerebral se encontró que se mencionen o recomienden las Terapias
ABA.
-
Que hay ausencia de evidencia de buena calidad sobre la efectividad y
seguridad de las Terapias ABA en pacientes con Autismo para este último
término aplica la expresión Trastorno del Espectro Autista.
-
Las Terapias ABA no ofrecen ningún beneficio en el tratamiento integral de
pacientes con Autismo (Trastorno del Espectro Autista)”[54].
Por esto, pidió que se le permitiera
valorar al usuario por un neuropediatra adscrito a la red, para determinar el
tratamiento de la pequeña, toda vez que la entidad desconocía el mencionado
procedimiento.
Advirtió que la accionante incurrió en
temeridad al interponer una tutela por los mismos hechos y pretensiones que
la interpuesta en el año 2012, en la que solicitaba de igual manera las
terapias de neurodesarrollo, pañales, suplementos nutricionales,
integralidad, etc.. Dicha tutela fue tramitada en el Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Barranquilla.
Señaló que en marzo de 2013 la actora
solicitó nuevamente el amparo constitucional ante el Juzgado Tercero Penal,
para que las terapias reclamadas fueran entregadas a la IPS Sonrisa de
Esperanza, institución que no se encuentra adscrita a la red, siendo amparado
el derecho de la menor.
Acerca de las terapias ABA expuso que
no existe evidencia científica de tener resultados positivos terapéuticos y
no se encuentran en el POS por lo que deben pasar por proceso de validación
ante el Comité Técnico Científico, quienes evalúan cada caso particular
buscando las mejores opciones de terapias.
(ii) El Jefe de la Oficina Jurídica
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Alfredo del
Toro Núñez, manifestó que esa dependencia no está legitimada para asumir
dichas terapias sino las E.P.S., quienes tienen la obligación de practicar
los citados tratamientos, ya que deben ser ejecutados por personal médico
experto y capacitado.
Sentencia objeto de revisión
Primera instancia.
El 10 de enero de 2014 el Juzgado
Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla
concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social. En
consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar a la paciente lo
solicitado con la potestad de repetir en contra del FOSYGA.
Respecto a las terapias de neurodesarrollo,
dijo que conforme a las pruebas aportadas en el expediente se evidenció que
las mismas están siendo prestadas de manera continua por la E.P.S. Coomeva.
No obstante, en cuanto a la terapia tipo
ABA, señaló que fueron ordenadas por la doctora López Torres, médica tratante
de la menor, quien conoce la patología y por ende es la indicada en
prescribir los tratamientos. Además la accionante informó que la galena en
mención se encuentra adscrita a la red de la entidad y que la demandada no
controvirtió dicha afirmación.
Impugnación.
El Analista Jurídico Regional de Coomeva
E.P.S., Jhosmar Illidge Cardona, expuso que esa entidad cuenta con
instituciones que prestan el servicio de terapia ABA y la accionante no puede
alegar por simple capricho que la paciente sea atendida por un prestador
particular bajo el argumento de que el servicio es ineficaz.
Agregó que el Ministro de Salud, en
audiencia pública convocada por la Comisión Séptima de la Cámara, denunció
defraudación con terapias ABA. Solicitó remitir esta acción a la
Superintendencia Nacional de Salud y revocar el fallo del a quo, ya
que se trata de un servicio educativo y la IPS es ajena a la E.P.S..
Segunda instancia.
El Juzgado Octavo Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, mediante providencia del 14 de
marzo de 2014, confirmó la sentencia de primera instancia argumentando que
conforme a las pruebas aportadas al expediente la institución adscrita a la
accionada no cumple con las condiciones de calidad, por lo que no garantiza
integralmente la prestación del servicio médico. Sin embargo, modificó el
numeral segundo, en el sentido que el mencionado tratamiento tenía que ser
adelantado en una IPS adscrita a la demandada.
Número
Expediente
T-4421629
Accionante
Genexy
Troncoso, quien actúa en representación de su hija, Valery Kligman Troncoso,
de 5 años de edad.
Accionado(s)
Coomeva
E.P.S. de Barranquilla
Situación particular
Afirma
que la menor padece de trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
que si bien ha recibido tratamientos médicos generales, los mismos no se enfatizan
en el problema que tiene.
Indica
que ha sido atendida por la neuropediatra de la E.P.S., doctora Irma Caro
Castellar, quien implementó un plan de psicología y terapia ocupacional.
Añade
que acudió al Centro de Terapias Integrales Progresar S.A.S., para que su
hija fuera valorada, diagnosticándole trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, recomendándole terapias ABA prescritas por el psiquiatra
Sergio Olivares Ruiz.
Sostiene
que desde el mes de julio de 2013 la pequeña inició el mencionado
tratamiento. No obstante, no han sido proporcionadas con la intensidad
requerida por la falta de recursos económicos.
Por
esto, solicitó ante la E.P.S. la autorización del tratamiento médico. Reclamación
que le fue negada sobre la base de que el psiquiatra es ajeno a la entidad
prestadora del servicio, las terapias no hacen parte del POS y los
tratamientos educativos le corresponden al Ministerio de Educación.
Finalmente,
pide que se le ordene a la accionada la autorización de las terapias y la
exoneración de copagos y cuotas moderadas.
Entidades vinculadas
IPS Centro de Terapias Integrales
Progresar S.A.S.
Pruebas
Copia del registro civil de nacimiento
de Valery Kligman Troncoso [55].
Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Genexy Troncoso Castro[56].
Copia de la evaluación realizada el 21
de junio de 2013, expedida por la IPS Progresar S.A.S., que advirtió
alteraciones en las áreas de lenguaje y comunicación, psico afectiva,
cognoscitiva, física y ocupacional, que inciden en el desarrollo integral y
el aprendizaje, y recomendó el método ABA[57].
Copia de la evaluación de audiología,
realizada el 13 de agosto de 2013[58].
Copia del informe de evolución de
Valery Kligman, de julio, agosto y septiembre de 2013, en la que se decidió
continuar con el mencionado tratamiento[59].
Copia de la historia clínica expedida
por la Doctora Irma Caro Castellar del 24 de septiembre de 2013, quien ordenó
psicología, terapia ocupacional, meltifenidato y control[60].
Copia del informe de psiquiatría
expedido por el galeno Sergio Olivares Ruiz, el 2 de octubre de 2013, quien
prescribió las mencionadas terapias[61].
Copia de petición elevada por la
accionante a la E.P.S. Coomeva, el 9 de octubre de 2013, mediante la cual solicitó
la continuación del tratamiento a su hija en la IPS Progresar S.A.S.[62].
Copia del certificado expedido por el
representante legal de la mencionada IPS, quien indicó que la pequeña recibe
las terapias ABA[63].
Copia de la respuesta de la E.P.S. a
la actora, en la que informó que no procede dicha pretensión en razón a que
el médico que la ordenó no se encuentra adscrito a la red de servicios.
Además, la prestación de las terapias ABA le corresponde
al Ministerio de Educación a través de las direcciones territoriales[64].
Respuestas de las entidades
demandadas
(i)
La E.P.S. no se pronunció.
(ii) La Representante Legal de la IPS Progresar
S.A.S. indicó que la menor Valery Kligman fue valorada de manera particular
por su grupo interdisciplinario, con un diagnóstico de trastorno por déficit
de atención con hiperactividad. Por esto, se le recomendó la realización de
terapias ABA.
Sentencia objeto de revisión
Primera instancia.
El 18 de diciembre de 2013 el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió la acción de
tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la
vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que
procediera a suministrar al paciente lo solicitado con la potestad de repetir
en contra el FOSYGA.
Lo expuesto, obedece a que se le debe
proteger los derechos de la paciente, garantizándole la efectividad de ese
servicio y la continuidad del mismo, no solo por ser menor de edad sino
también por su condición de indefensión. Así que las razones expuestas por la
demandada no muestran amparo o garantía del derecho a la salud a menores de
edad que por su condición de discapacidad no reciben una cobertura efectiva e
integral en materia de salud.
Impugnación.
El Analista Jurídico Regional de
Coomeva E.P.S., Jhosmar Illidge Cardona, expuso que esa entidad cuenta con
instituciones que prestan el servicio de terapia ABA y la accionante no puede
alegar por simple capricho que la paciente sea atendida por un prestador
particular bajo el argumento de que el servicio es ineficaz.
Agregó que el Ministro de Salud, en
audiencia pública convocada por la Comisión Séptima de la Cámara denunció
defraudación con terapias ABA.
Adicionó que la patología de la menor
no amerita este tipo de terapias, ya que lo ordenado obedece a una prescripción
médica incorrecta que debe ser estudiada por los médicos especialistas
adscritos a esa entidad, puesto que fue prescrita por un psicólogo y no por
un neuropediatra, quien es el médico indicado para determinar si un paciente
necesita las terapias ABA y si su aplicación ayudaría a mejorar la patología
de la niña.
Además el tratamiento de la
hiperactividad está enfocado en tres aspectos: farmacológico (el
pequeño se encuentra en tratamiento con risperidona y fluoxetina,
medicamentos indicados para esta patología), psicológico
y educativo.
Señaló que esa entidad no ha negado
ningún servicio prescritos por los médicos adscritos a su red, como terapias
de neurodesarrollo las cuales, conforme con la literatura médica, son las
adecuadas para el tipo de patología que padece la menor[65].
Manifestó que estas terapias están
siendo disfrazadas por muchas IPS que se están lucrando con un servicio que
realmente no es prestado y así lo ha hecho saber el Ministro de la
Protección, Alejandro Gaviria en el V Foro sobre la reforma a la Salud[66].
Agregó que la accionante sí cuenta con
el ingreso para costear el tratamiento puesto que estas instituciones no son
sin ánimo de lucro, ya que el servicio que prestan tiene tarifas absurdas.
Además,  no cuentan con las instalaciones debidas ni el personal idóneo para
la realización de las mismas.
Finalmente, dijo que el médico Sergio
Olivares no hace parte de la red de prestadores de su entidad.
Por esto, solicitó remitir esta acción
a la Superintendencia Nacional de Salud y revocar el fallo del a quo,
ya que se trata de un servicio educativo y la IPS es ajena a la E.P.S..
Segunda instancia.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Soledad (Atlántico), mediante providencia del 4 de abril de 2014, confirmó
la sentencia de primera instancia argumentando que conforme con las pruebas
aportadas al expediente se evidenció que la menor presenta una patología que
evita su normal desarrollo e interacción con el medio en el que se
desenvuelve, puesto que se trata de una persona en situación de debilidad
manifiesta y el Estado debe brindar lo necesario para su asistencia y
recuperación.
Aunado a esto, sostuvo que no es
admisible que la demandada niegue el servicio sobre la base de que el galeno
tratante no se encuentra adscrito a la red.
Número
Expediente
T-4406658
Accionante
La
señora Draisy Guilloso Galvis, quien actúa en representación de su hija
Ismenia María Palacios Gulloso, de 10 años de edad.
Accionado(s)
Salud
Total S.A. E.P.S. de Barranquilla
Situación particular
Expone
que el 12 de julio de 2008, su hija fue valorada por la neuropediatra
(adscrita a la accionada), Irma Caro Castelar, quien le diagnosticó retraso
psicomotor, probable síndrome genético. Luego, el 6 de agosto del mismo año,
la doctora Lucy Tache Herrera expidió certificado de concepto de discapacidad
integral, en el que determinaron retraso psicomotor-síndrome de Down.
Indica
que el 24 de octubre de 2009, la menor fue valorada nuevamente por el doctor
Ernesto Barceló Martínez, médico adscrito a la E.P.S., diagnosticándole
potencial evocado auditivos compatibles con hipoacusia neurosensorial leve
bilateral.
Por
ello, señala que solicitó a los médicos adscritos a la E.P.S. que iniciaran
tratamientos alternos para mejorar la calidad de vida de la paciente. No
obstante, le informaron que solo se ordenaban terapias contenidas en el POS.
En
virtud de esto, acudió ante la IPS Prosperar del Caribe, donde establecieron
un esquema de trabajo conformado con terapias comportamentales ABA y de
neurodesarrollo (como hidroterapia y musicoterapia) con sesiones de
terapéutica, fisioterapia y psicología.
Señala
que no cuenta con los recursos económicos para continuar con los costos del
tratamiento.
Finalmente,
pide que se le ordene a la accionada suministrar a la menor tratamiento
especial y, garantizar la entrega de los medicamentos y ayudas técnicas, así
como los exámenes ordenados por el galeno David Dancur. Asimismo, que se le
exonere de pago de cuotas moderadoras o copagos.
Entidad vinculada
IPS Fundación Prosperar del Caribe de
Soledad (Atlántico)
Pruebas
Copia del certificado de concepto de
discapacidad del 6 de agosto de 2006, donde se le diagnosticó retraso
psicomotor y síndrome de Down[67].
Copia de la historia clínica del 12 de
julio de 2008 expedida por la doctora Irma Caro Castellar que diagnosticó que
la menor padece de síndrome de Down y ordenó terapias física, fonoaudiología,
ocupacional y psicología[68].
Copia del examen de cariotipo en sangre
periférica o fetal del 6 de octubre de 2009 que determinó trisomía libre del
cromosoma 21 en todas las mitosis analizadas[69].
Copia
del examen de potencial evocado auditivo del 24 de octubre de 2009, mediante
el cual le hallaron ondas con morfología, latencias absolutas e interpico y
reproducción de onda V hasta 40dB bilateral[70].
Copia del informe de valoración por
parte del Comité Técnico Científico de Prosperar IPS, del 29 de agosto de
2013 que recomendó terapias ABA y de neurodesarrollo[71].
Copia del informe de valoración
neurológica del 26 de septiembre de 2013 realizada por el doctor David Dancur
Baldovino, quie prescribió terapias ABA y de neurodesarrollo[72].
Copia
de la cédula de ciudadanía de la señora Draisy Gulloso Galvis[73].
Copia del registro civil
de nacimiento y la tarjeta de identidad de la menor Ismenia
Palacios Gulloso[74].
Respuestas de las entidades
demandadas
(i)
La Administradora de la E.P.S. Salud Total S.A., María Bernarda Osorio Chica
solicitó declarar la improcedencia del amparo por tratarse de una acción
temeraria e infundada, toda vez que las terapias de rehabilitación (como
ocupacionales, físicas y de lenguaje) no han sido negadas. Además, las
terapias comportamentales son procedimientos de tipo educativo que no le
corresponde asumir a la E.P.S..
Indicó
que se trata de una paciente de síndrome de Down a quien se le ha garantizado
la prestación asistencial requerida como neuropediatría, fisiatría,
otorrinolaringólogo, cardiólogo, endocrino, psiquiatras infantil y
fisioterapias, entre otras. Sin embargo, dicho tratamiento fue suspendido
debido a que la paciente no volvió a las respectivas valoraciones[75].
Por
último, aclaró que el doctor David Dancur no hace parte de la red de
prestadores de servicios de esa E.P.S. y no cuenta con especialidades
pediátricas.
(ii)
La Coordinadora Terapéutica de la IPS Fundación Prosperar del Caribe, Jenny
Martínez Barrera señaló que la menor es paciente de esa institución, y que
recibe terapias de rehabilitación integral como ABA y de neurodesarrollo,
como lo prescribió el médico David Dancur.
Adicionó
que la paciente ha presentado avances en su padecimiento. Además, aclaró que
es la única paciente que proviene de la entidad accionada.
Sentencia objeto de revisión
El 17 de febrero de 2014 el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) en ambos caso concedió la
acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la
salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la
E.P.S. que procediera a suministrar al paciente lo solicitado y no accedió a
la exoneración del pago de las cuotas moderadoras.
Lo expuesto, obedece a que con estos
procedimientos médicos lo que se busca es darle una mejor calidad de vida a
la menor, ya que dicha enfermedad no tiene cura, más que mejorar su condición
de persona en situación de discapacidad, desarrollarle ciertos
comportamientos y ayudarlos a hacerle la vida más fácil.
La anterior decisión fue impugnada
por Salud Total E.P.S.[76]. No
obstante, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), inadmitió
el recurso de alzada de la acción, al no existir certeza respecto de la
representación legal de la E.P.S., toda vez que la señora María Osorio Chica
no había aportado el respectivo certificado que lo acreditaba como
representante legal de la misma.
Número
Expediente
T-4406693
Accionante
La
señora Ana Isabel Blanco Guzmán, quien actúa en representación de su hija
Melany Isabel Blanco Guzmán, de 8 años de edad.
Accionado(s)
Salud
Vida E.P.S. de Barranquilla
Situación particular
Informa
que su hija fue diagnosticada con síndrome de Down – trastorno déficit
atención hiperactiva (TDAH).
Adiciona
que ha solicitado a los médicos tratantes de la E.P.S. que recomienden
tratamientos alternativos con el fin de mejorar la calidad de vida de su
hija. Sin embargo, le informaron que solo pueden ordenar terapias contenidas
en el POS.
Señala
que la E.P.S. ha venido negando estas terapias alegando que son educativas,
no POS y que fueron ordenadas por un galeno ajeno a la demandada.
Sostiene
que sometió a su hija a evaluación en la Fundación Prosperar del Caribe IPS
con el objeto de que recibiera dicho tratamiento y así mejorar su calidad de
vida.
Por
último, asevera que no cuenta con los recursos económicos para costear de
manera independiente las terapias.
Por
esto, pide que se le ordene a la E.P.S. la autorización del citado
procedimiento y que garantice la entrega de medicamentos e insumos, así como
los exámenes ordenados por el galeno. También, que se le exonere de pago de
cuotas moderadoras o copagos.
Entidad vinculada
IPS Fundación Prosperar del Caribe de
Soledad (Atlántico)
Pruebas
Copia del informe de valoración del 8
de octubre de 2013 por parte del Comité Técnico Científico de Prosperar IPS,
del 29 de agosto de 2013 que ordenó terapias ABA y de neurodesarrollo[77].
Copia del informe de valoración
neurológico del 10 de diciembre de 2013, expedido por el doctor David Dancur
Baldovino que recomendó las terapias ABA y de neurodesarrollo[78].
Copia de la cédula de la ciudadanía de
la señora Ana Isabel Blanco Guzmán[79].
Copia del registro civil de nacimiento y
tarjeta de identidad de la menor Melany Blanco Guzmán[80].
Copia de solicitud de exámenes
paraclínicos expedido por el doctor David Dancur[81].
Respuestas de las entidades
demandadas
(i) El Gerente de Salud Vida S.A.
E.P.S.S., Rodrigo Bula Álvarez pidió que se declarara la improcedencia por
carencia de objeto, toda vez que no se ha negado ningún servicio médico.
Manifestó que la accionante no aportó
prueba alguna que demostrara la negación de servicios de salud requeridos, ya
que la misma acudió a la tutela para que a través de ese medio se le
suministrara a su hija dicho tratamiento.
Indicó que la paciente tiene que
acercarse a las instalaciones para entregarle las autorizaciones pertinentes
y ser atendida por un grupo interdisciplinario de médicos especialistas en la
IPS Cambiando Vidas, con el fin de que la valoren y tracen el tratamiento a
seguir para mejorar su calidad de vida.
Finalmente, dijo que la IPS Fundación
Prosperar del  Caribe y el doctor David Dancur no se encuentran adscritos en
la red de prestadores de esa entidad
(ii) La Coordinadora Terapéutica de
la IPS Prosperar del Caribe, Jenny Martínez Barrera manifestó que la pequeña
es paciente de esa institución y que recibe terapias de rehabilitación tanto
ABA como de neurodesarrollo, prescritas por el médico David Dancur.
Añadió
que esta IPS se encuentra en proceso de contratación con la entidad Salud
Vida S.A. E.P.S. y en la actualidad está atendiendo tres pacientes que hacen
parte de la accionada.
Sentencia objeto de revisión
El 18 de febrero de 2014 el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) en ambos caso concedió la
acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la
salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la
E.P.S. que procediera a suministrar al paciente lo solicitado y no accedió a
la exoneración del pago de las cuotas moderadoras.
Lo expuesto obedece a que con estos
procedimientos médicos lo que se busca es darle una mejor calidad de vida a
la menor, ya que dicha enfermedad no tiene cura, más que mejorar su condición
de persona en situación de discapacidad, desarrollarle ciertos
comportamientos y ayudarlos a hacerle la vida más fácil.
La anterior decisión fue impugnada
por Salud Vida E.P.S. [82]. No
obstante, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico),
inadmitió el recurso de alzada de la acción, al no existir certeza respecto
de la representación legal de la E.P.S., toda vez que el señor Rodrigo Bula
Álvarez no había aportado el respectivo certificado que lo acreditaba como
representante legal de la misma.
Número
Expediente
T-4406690
Accionante
La
señora Nievelcy Vergara Ortiz, quien actúa como agente oficiosa de su hijo
Oswaldo Uparela Vergara, de 29 años de edad.
Accionado(s)
Famisanar
E.P.S. de Barranquilla
Situación particular
Sostiene
que su hijo fue diagnosticado con Cráneosisnostosis Sagital.
Manifiesta
que la doctora psiquiatra Dubrazka Duque le ordenó al paciente la práctica de
terapias ABA con el objeto de mejorarle la calidad de vida.
Afirma
que la E.P.S. negó dicho procedimiento argumentando que el tratamiento ordenado
constituye una educación especial y se encuentra excluido del POS.
Por
esto, solicita que se le ordene a la demandada que autorice el tratamiento
ordenado por el médico tratante.
Pruebas
Copia del diagnóstico de la enfermedad
craneosinostosis de la sutura sagital, de fecha del 16 de enero de 1986[83].
Copia de la prescripción médica de las
terapias ABA  expedida por la psiquiatra Dubrazca Duque del 26 de noviembre
de 2013[84].
Copia de la cédula de ciudadanía de
Oswaldo Uparela Vergara[85].
Copia de la respuesta de la E.P.S. Famisanar,
mediante el cual le informó a la actora que dicho procedimiento se encuentra
excluido del POS[86].
Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Nievelcy Vergara Ortiz[87].
Respuesta de la entidad
demandada
La Representante Legal de la E.P.S. Famisanar,
Licelore Ruiz De Campo pidió que se declarara la improcedencia de la acción,
ya que no ha desconocido o puesto en peligro los derechos fundamentales del
usuario.
Expuso que el paciente se encuentra
afiliado a esa entidad en calidad de cotizante pensionado. Agregó que
conforme con la normatividad vigente, el tratamiento ABA fue analizado por el
Comité Técnico Científico, siendo negado con base en que no se evidenció
riesgo inminente para la vida del usuario.
Sentencia objeto de revisión
El 20 de febrero de 2014 el Juzgado
Segundo Civil  Municipal de Barranquilla concedió el amparo por encontrar
amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la
seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a la
realización de las terapias tipo ABA.
Esto por cuanto se trata de una
persona en estado de discapacidad, que necesita el mencionado tratamiento
para procurar su desarrollo social físico e intelectual y de esta manera
brindarle la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas.
Número
Expediente
T-4421624
Accionante
La
señora Patricia Del Rosario Ramos Stevenson, quien actúa como agente oficiosa
de su hija Yalexi Parra Ramos, de 20 años de edad.
Accionado (s)
Suramericana
E.P.S. y Medicina Prepagada de Barranquilla
Situación particular
Manifiesta
que la joven fue diagnosticada con retraso psicomotor y, la entidad accionada
no ha querido proporcionarle tratamientos alternativos pese a las constantes
solicitudes.
Dice
que la entidad le negó las terapias ABA y de neurodesarrollo argumentando que
son educativas, están excluidas del POS y no fueron ordenadas por el médico
tratante de la E.P.S..
Asevera
que consultó al médico de la Fundación Prosperar del Caribe IPS, quien le
prescribió a su hija terapia comportamental ABA y de neurodesarrollo.
Alega
que es una persona de escasos recursos, por lo que solicita que se le ordene
a la accionada la continuidad de las terapias en la citada institución.
Entidades vinculadas
Fundación Prosperar del Caribe IPS de
Barranquilla, Secretaría de Salud Local, Secretaría de Educación Municipal de
Malambo y al Ministerio de Educación y de Salud.
Pruebas
Copia del informe del Comité Técnico
Científico que realizó a la paciente por la Fundación Prosperar del Caribe
IPS, el 30 de agosto de 2013, que recomendó las mencionadas terapias[88].
Copia de valoración del 26 de
septiembre de 2013 realizada a la joven Yalexi Parra Ramos expedida por el doctor
David Dancur, quien indicó que se trata de una paciente con retraso psicomotor
y autismo. Asimismo, recomendó iniciar terapia ABA e integrales y de neurodesarrollo[89].
Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Patricia del Rosario Ramos Stevenson[90].
Copia de la cédula de ciudadanía de la
joven Yalexi Parra Ramos[91].
Copia de exámenes de rayos X de la
joven expedidos por el médico David Dancur[92].
Respuestas de las entidades
demandadas
(i) La Representante Legal de la
E.P.S. y medicina prepagada de Suramericana S.A., María del Pilar Vallejo
Barrera solicitó la improcedencia de la acción por cuanto la E.P.S. no ha
vulnerado derecho fundamental alguno.
Aclaró que la paciente no es una menor
de edad, sino una joven de 19 años. Que la accionante nunca ha utilizado los
servicios de esa entidad desde la afiliación de su hija de 2011 y, la E.P.S. ha
autorizado atención médica con especialistas para el manejo de los problemas
de salud como neurología y psiquiatría.
Señaló que el Centro de Rehabilitación
Integral Prosperar del Caribe no forma parte de la red de prestadores de la
E.P.S.. Además, dicha institución no cuenta con un registro de habilitación
para prestar las terapias ABA ni de neurodesarrollo, por lo que solicitó que
se revisara la documentación de funcionamiento del mencionado centro[93].
Afirmó que el galeno tratante, David
Dancur es un profesional de salud particular, especialista en neurocirugía de
adultos, quien valoró a la joven y ordenó las terapias después de haber visto
a la persona en una sola oportunidad. Además, no es la persona idónea para
tratar a la joven, toda vez que este requiere un médico entrenado en manejo
de problemas comportamentales y para tratar a la paciente, la entidad ha
dispuesto a especialistas en psiquiatría y neurología.
Expuso que las terapias ABA desbordan
las coberturas del sistema, máxime cuando dicho tratamiento tiene cuestionada
su efectividad. Al respecto el Instituto de Evaluación de Tecnologías (IETS)
sostuvo:
“En
el uso de las terapias ABA para el tratamiento de parálisis cerebral no se
encontró evidencia a nivel mundial que apoye dicha práctica para esta
indicación, por su parte el uso de animal -terapia para el tratamiento de
parálisis cerebral reportó muy poca evidencia y de muy baja calidad respecto
al efecto positivo especialmente usando caballos (hipoterapia) sobre
desenlaces no relevantes para la salud del paciente; en el caso del pájaro y
canino-terapia no se reportó evidencia que apoye dicha práctica a nivel
global”[94].
En igual sentido se ha pronunciado el
Presidente de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, en relación
con dichas terapias para pacientes con autismo, patología para la cual solo
se encontraba demostrado el beneficio de estos procedimientos[95].
Además, el Ministro de Salud, en
audiencia pública convocada en Barranquilla, denunció defraudación con
terapias ABA.
(ii) El Jefe Administrativo de la Fundación
Prosperar del Caribe, Heimán Ordoñez Sarmiento indicó que Yalexis Parra Ramos
es paciente que actualmente está recibiendo las terapias de rehabilitación
prescritas por el médico David Dancur. Finalmente, sostuvo que dicha
fundación está atendiendo pacientes pertenecientes a la entidad accionada.
(iii) El Secretario de Educación
Municipal de Malambo Daniel Escorcia Castro indicó, que no tiene competencia
respecto a la solicitud elevada por la actora.
Aseveró que la competencia de las
secretarías de educación de los municipios, está dada por lo consagrado en el
artículo 7º de la Ley 715 de 2001. Asimismo, la financiación del sector
educativo se hace con recursos del Sistema General de Participaciones, el
cual los limita en su ejecución, en el sentido que debe atenderse la
educación regular de niños y niñas mayores de 5 años, atendiendo el precepto
del artículo 67 Superior.
(iv) El Alcalde Municipal de Malambo
(Atlántico), solicitó que se desvinculara a las secretarías de salud y de
educación municipal y, consecuentemente al ente territorial, así como que se
declarara la improcedencia de la acción.
Indicó que la Secretaría de Salud
Municipal no tiene facultades para conminar a la E.P.S. a brindar un
tratamiento médico determinado en favor de la paciente.
Sentencia objeto de revisión
Primera instancia.
El 3 de febrero de 2014 el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió la acción de
tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la
vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que
procediera a suministrar a la paciente lo solicitado.
Lo anterior, por cuanto se trata de
una joven de 19 años cuyas dificultades de crecimiento y desarrollo se han
visto afectadas como consecuencia de su patología, y la E.P.S. está en la
obligación de ofrecerle toda la atención médica necesaria a fin de obtener su
máxima rehabilitación posible.
Impugnación.
Suramericana
E.P.S
señaló los mismos argumentos expuestos en la contestación
del presente amparo.
Segunda instancia.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito
en Oralidad de Soledad (Atlántico), mediante providencia del 25 de marzo de
2014, confirmó la sentencia de primera instancia argumentando que conforme
con las pruebas aportadas al expediente se evidenció que la joven presenta
una patología que evita su normal desarrollo e interacción con el medio en el
que se desenvuelve, puesto que se trata de una persona que se encuentra en
estado de debilidad manifiesta y el Estado debe brindar lo necesario para su
asistencia y recuperación.
Aunado a esto, sostuvo que no es
admisible que la demandada niegue el servicio sobre la base de que el galeno
tratante no se encuentra adscrito a la red.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
Esta Sala es competente para analizar los fallos
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas jurídicos.
Sobre la base de los antecedentes
reseñados, corresponde a esta Sala de Revisión verificar si una E.P.S. vulnera
los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al tratamiento integral, a
la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y a la protección especial
del menor, cuando niega a una persona en situación de discapacidad la práctica
de procedimientos alternativos tipo ABA y de neurodesarrollo, con el
argumento de que fueron prescritos
por médicos ajenos a la E.P.S..
Para ello esta Sala reiterará
su jurisprudencia en relación con: (i) la salud como derecho fundamental;
(ii) el
suministro de medicamentos, elementos, tratamientos y procedimientos que no se
encuentran incluidos en el POS; (iii) las terapias alternativas ABA y de
neurodesarrollo. Con
base en dicho análisis,
(iv) resolverá el caso concreto.
3. La salud como
derecho fundamental susceptible de protección por vía de tutela. Reiteración de
jurisprudencia[96].
La Carta Política, en su artículo 48,
señala que la seguridad social es un servicio público obligatorio sujeto a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Asimismo, en su artículo
49, dispone que “la atención en salud y saneamiento ambiental son servicios
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
La jurisprudencia constitucional[97]
ha precisado que la salud es un derecho fundamental autónomo, que comprende
todo un conjunto de bienes y servicios con miras a lograr el nivel más alto de
protección razonable[98].
Al respecto la sentencia C-252 de 2010 expuso:
“La
Corte en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 241 de la
Constitución, vías control abstracto y concreto, ha protegido el derecho a la
salud como un derecho fundamental bajo tres aspectos. Una inicial, en su carácter
social por el factor de conexidad con derechos fundamentales como la vida, la
integridad y la dignidad humana. Otra cuando el accionante tiene la calidad de
sujeto de especial protección constitucional. Y finalmente, se ha reconocido el
carácter de derecho fundamental autónomo”.
La Observación General 14 de 2000 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas indicó
que “la salud es un derecho humano fundamental indispensable
para el ejercicio de los demás derechos humanos. Al respecto, el Comité
insiste en la indivisibilidad e interdependencia del derecho a la salud en
tanto está ‘estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos
y depende de esos derechos’, refiriéndose de forma específica al ‘derecho a la
alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana,
a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas,
a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación,
reunión y circulación’. Para el Comité, ‘esos y otros derechos y libertades
abordan los componentes integrales del derecho a la salud’”.
Por lo anterior, la Corte Constitucional
reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo del cual emanan dos
clases de obligaciones: “(i) las de
cumplimiento inmediato al tratarse de una acción simple del Estado que no
requiere mayores recursos o requiriéndolos la gravedad y urgencia del asunto
demandan una acción estatal inmediata, o (ii) de cumplimiento progresivo por la
complejidad de las acciones y recursos que se requieren para garantizar de
manera efectiva el goce del derecho”[99].
Es así como esta Corporación ha
protegido el derecho a la salud cuando: “(i) esté amenazada la
dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial
protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de
indefensión ante su falla de capacidad económica para hacer valer su derecho”[100].
De
lo anterior se concluye que la acción de tutela, como medio constitucional de
protección de los derechos fundamentales, ampara la salud garantizándoles a
todas las personas el acceso a los “servicios indispensables para conservar
su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad
personal o su dignidad”[101].
4. Suministro de medicamentos,
elementos, tratamientos y procedimientos que no se encuentran incluidos en el
POS[102].
En repetidas oportunidades este tribunal
ha establecido que las normas que reglamentan los contenidos del POS no pueden
desconocer derechos fundamentales. Tal situación ocurre cuando una E.P.S.
excluye la práctica de procedimientos, tratamientos o el suministro de
insumos directamente relacionados con la vida o la dignidad de los pacientes,
argumentando que no se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
De ahí que este tribunal ha inaplicado
la normatividad que excluye dichos servicios médicos para impedir que un
precepto legal o una decisión administrativa dificulten el goce efectivo de
garantías fundamentales como la vida, la integridad y la salud. Al efecto, para
que resulte procedente la aplicación de esta disposición, la Corte ha
establecido la obligación de comprobar los siguientes requisitos:
(i) Que el servicio haya sido ordenado
por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el Comité
Técnico Científico.
(ii) Que la falta del servicio,
tratamiento o medicamento, vulnere o amenace los derechos a la salud, a la vida
y a la integridad personal.
(iii) Que el servicio no pueda ser
sustituido por otro que sí se encuentre incluido o que pudiendo estarlo, el
sustituto no tenga el mismo grado de efectividad que el excluido del plan.
(iv) Que el actor o su familia no tengan
capacidad económica para costearlo.
De lo expuesto se tiene que no todas las
prestaciones médicas prescritas por un galeno podrán ser objeto de protección
por vía de la acción de tutela, toda vez que, al menos en principio, la
autorización de servicios se encuentra restringida al plan obligatorio. Por
ello, para que resulte procedente la orden de suministrar un tratamiento,
insumo y medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, será preciso
comprobar si se cumplen los lineamientos jurisprudenciales ya mencionados.
5. Terapias alternativas tipo ABA y de
neurodesarrollo.
En desarrollo del derecho fundamental a
la salud de menores en circunstancia de discapacidad y el principio de
integralidad, este tribunal ha estudiado el tema de tratamientos alternativos tipo
ABA y de neurodesarrollo (no POS) con el objeto de que este grupo poblacional
goce de un estado completo de bienestar físico, mental, emocional y social[103].
Sin embargo, como han sido cuestionados
dichos tratamientos en cuanto a su grado de efectividad, la Corte ha ido
ajustando su línea jurisprudencial para autorizar los mismos. Así lo ha
señalado en sus distintos pronunciamientos:
5.1. En la sentencia T-1222
de 2008,
al analizar la situación de dos menores de edad (que padecían autismo), quienes
a través de la acción de tutela buscaban que las E.P.S. les autorizara
terapia comportamental tipo ABA
en instituciones específicas, en su momento, la Corte sostuvo:
“El derecho a la salud de los menores es
autónomamente fundamental, y es deber de la familia, la sociedad y el Estado
garantizar su desarrollo armónico e integral. Adicionalmente cuando ellos
padezcan de una discapacidad, son merecedores de una protección reforzada por
parte del ordenamiento jurídico, lo cual implica que se les debe garantizar un
tratamiento integral que permita lograr su rehabilitación”.
En el citado fallo se tuteló el
derecho a la salud. Se ordenó en ambos casos que los médicos tratantes de los
menores establecieran cuál era la institución más idónea y especializada para
el tratamiento de autismo con el fin de lograr la rehabilitación integral de
los mismos. Además advirtió que el referido método debía ser prestado en
principio por una IPS adscrita a las accionadas, siempre y cuando cumpliera con
parámetros de calidad, especialidad e idoneidad.
5.2. En igual sentido, la
sentencia T-650 de 2009, al estudiar el caso de dos niños que
sufrían de autismo y déficit cognitivo, quienes requerían terapias integrales
para mejorar su salud. En esa oportunidad, la Corte reprobó la decisión emitida
por el a quo, debido a que: “se [había
limitado] a apelar a un argumento de naturaleza formal para negar el amparo
solicitado, pasando por alto que los demandantes son personas discapacitadas
que requieren (…) las terapias solicitadas, lo cual exige como quedó visto en
las consideraciones de esta providencia especial cuidado y atención por parte
de todas las autoridades”.
Esta Corporación, una vez que constató
los requisitos jurisprudenciales para ordenar un tratamiento excluido del POS,
tuteló los derechos a la vida y a la salud; y ordenó a las E.P.S. practicar el
tratamiento reclamado[104],
pero con previa valoración por parte
de médicos adscritos a la entidad con el fin de determinar la periodicidad,
cantidad y tipo de procedimiento concreto que debía realizarse.
La
Corte sostuvo que las terapias debían practicarse preferiblemente
en la IPS específica. Sin embargo, indicó que en el evento de no existir
contrato con ese organismo podría ser suministrada en otra
institución, siempre y cuando no implicara un obstáculo para el acceso a la
prestación del servicio de salud[105].
Es así como este tribunal, con el
objeto de mejorar la calidad de vida e integración
social de
los menores con discapacidad, ha concedido tratamientos especiales excluidos del
plan obligatorio[106],
cuando la institución adscrita a la red de la entidad prestadora del servicio
de salud no cumpla con los estándares de calidad e idoneidad, o no cuente con
personal especializado en la prestación del servicio requerido.
No
obstante, al evidenciarse que dicho tratamiento ha sido cuestionado por su grado de eficacia por parte de las
entidades prestadoras, este Tribunal además de verificar los requisitos
jurisprudenciales para ordenar tratamientos no POS, ha considerado que en algunos
casos para el suministro del mencionado tratamiento es necesario que los pacientes sean o hayan sido valorados previamente por
el personal médico de la salud de la E.P.S. a la que se encuentran afiliados.
El concepto debe estar fundamentado en criterios médico-científicos y en ningún
caso en argumentos de tipo administrativo.
Además,
advirtió a las E.P.S. que en el evento de que dicha evaluación demuestre la
necesidad del tratamiento (en cuanto a una mejoría o progreso en su salud del paciente),
esta tenía la obligación de autorizar las mismas.
Del mismo modo, ha aclarado que las entidades
prestadoras del servicio de salud no están obligadas a prestar el procedimiento
a través de IPS específicas, solo por simple capricho de los pacientes. Así se
expuso en las siguientes providencias:
5.3.
En sentencia T-371 de 2010, al analizar el asunto de unos menores de edad que solicitaban terapias
integrales y que estas se realizaran
específicamente en el sitio requerido por los accionantes, la Corte precisó:
“Ahora bien, en aras de la protección del derecho fundamental a la
salud de los menores discapacitados, la carga mínima que correspondía a las EPS
y ante la evidencia que la receta médica había sido emitida por un médico
particular- que no está probado haga parte del sistema general de seguridad social
en salud - era confirmarla, descartarla o modificarla, con base en
consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso
concreto. Tales consideraciones podían ser las que se derivaran del concepto de
un médico adscrito a la EPS o de la valoración que hiciere el Comité Técnico
Científico, según lo haya determinado la EPS. Como resultado de lo anterior,
las EPS hubieren podido establecer el tratamiento médico a seguir para la
protección del derecho fundamental a la salud de los menores mencionados.
Así las cosas, se revocarán las sentencias de instancia única y se
ordenará a las EPS confirmar, descartar o modificar, el dictamen dado por el
médico particular en los presentes casos, con base en consideraciones de
carácter técnico emitidas por un médico adscrito a esa EPS o efectuadas por el
Comité Técnico si así lo determina la EPS.
En el evento que el médico adscrito
establezca la necesidad de algún tratamiento al menor, las EPS no están
obligadas a prestar el servicio a través de la institución prestadora de salud
privada solicitadas por las tutelantes – Funtierra Rehabilitación IPS- más aún
cuando de los expedientes se desprende que la Institución IPS Funtierra
Rehabilitación no es idónea ni especializada para llevar a cabo el tratamiento
de terapias, no brinda las condiciones requeridas y no posee las instalaciones
indispensables para realizarlas; no cumpliendo con los principios de idoneidad, oportunidad y calidad exigidos”.
Concluye el citado
fallo que “en este caso específico, esta Sala de Revisión no ordenará el
cumplimiento de los tratamientos ordenados por el médico particular, por cuanto
procedimientos como la animalterapia,
equinoterapia, musicoterapia, hidroterapia, hipoterapia, entre otros, han sido
ampliamente discutidos por las entidades prestadoras del servicio de salud
respecto de su eficacia, nivel de experimentación y validez para el tratamiento
de las discapacidades. Por tal razón dicha valoración, estima la Sala,
corresponde a los médicos adscritos a las EPS”.
5.4. En providencia T-855 de 2010 esta
corporación sostuvo que la E.P.S. estaba en la obligación de
proporcionar el servicio integral terapéutico en hidroterapia, animalterapia,
equinoterapia y musicoterapia, siempre y cuando fuere factible para el paciente
obtener una mejoría o progreso en su salud a través de las mismas, logrando con
ello mejor calidad de vida para el menor[107].
5.5. En
sentencia T-890
de 2010[108],
la Corte al analizar el caso de una menor que sufría “parálisis cerebral espástica, síndrome west y retardo
psicomotor”, a quien su médico tratante le había ordenado terapias
físicas, de lenguaje y ocupacionales (programas de neurodesarrollo,
acuaterapia, músicoterapia, dactilopintura y terapias ABA), expuso:
“Todos los menores de edad que padezcan algún
tipo de discapacidad, tienen derecho a (i) recibir
el más adecuado tratamiento posible,
(ii) que propenda por su desarrollo armónico e integral (iii) así sus
componentes no estén incluidos en el POS pero estos sean necesarios para
conservar su dignidad y su calidad de vida (incluidas las ayudas técnicas, la
asistencia de enfermeras y el suministro de pañales) (iv) a recibirlos así
hayan sido prescritos por un profesional no adscrito a la entidad demandada
cuando la entidad encargada de prestarlos teniendo noticia de dicha opinión
médica no la descarta con base en criterios médico - científicos, (v) a que el
tratamiento sea prestado por personal especializado aun si la entidad especializada en prestarlos no
tiene convenio con la EPS a la cual se encuentre afiliado el menor, (vi) sin importar si tienen carácter educativo y
no médico asistencial y (vii) así sus acudientes no cuenten con dinero para
cubrir dichos gastos pero, se requiera
de un tratamiento o procedimiento médico para proteger su desarrollo armónico e
integral y su derecho a la vida en
condiciones de dignidad”.
Concluyó que
la accionada había vulnerado los derechos a la salud, a la
dignidad y al desarrollo armónico e integral de la niña, ya que si bien había
prestado los tratamientos incluidos en el POS, omitió valorar otras
prescripciones, entre estas el concepto del médico fisiatra externo, que
recomendaba las terapias integrales.
En consecuencia, este
tribunal ordenó a la E.P.S. que valorara a la paciente con el fin de establecer cuál era el tratamiento que se le
debía prestar. Asimismo, ordenó someter a consideración del
Comité Técnico Científico el concepto del médico, que había recomendado la
práctica de un tratamiento integral. Agregó que si la accionada no
contaba con una institución que pudiera ofrecer los servicios especializados,
debía contratarlos para atender a la paciente[109].
5.6. En sentencia T-872 de 2011 al estudiar el caso de una menor
de edad que sufría síndrome de Down, la jurisprudencia
constitucional señaló que si bien es cierto que
los derechos de los niños tienen una protección prevalente, máxime cuando estos
sujetos están en circunstancia de vulnerabilidad como ocurre con personas con
discapacidad, también lo es que quien interpone la acción de tutela “debe demostrar los supuestos fácticos en que basa su solicitud de
protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados para
evidenciar la violación o amenaza de los mismos y, de esta forma, habilitar al
juez constitucional para que pueda salvaguardarlos y ampararlos”[110].
En ese asunto, al
evidenciarse que la accionante no había
requerido a la E.P.S. para que realizara la práctica de las terapias prescritas
de fisioterapia y terapia ocupacional (que incluían hidroterapia,
animalterapia, musicoterapia y equinoterapia); que el tratamiento no había sido
prescrito por un médico especialista adscrito a la E.P.S.; y que la capacidad económica de la petente no era suficiente para
costear dicho tratamiento, este tribunal
ordenó a la accionada, que
a través del Comité Técnico Científico, evaluara si la paciente requería de
aquellas terapias, si existía un tratamiento análogo incluido en el POS que
pudiera suministrársele y que evaluara la capacidad económica de la accionante
para efectos de suministrar el procedimiento reclamado.
La Corte reiteró que para
ordenar los tratamientos integrales (como hidroterapia, animalterapia, musicoterapia y equinoterapia) no
es suficiente con la simple prescripción médica, sino que es necesario que se
justifique con base en criterios médico-científicos que el paciente va obtener
una mejoría o progreso en su salud; en el evento de que la prescripción
provenga de un médico particular, la E.P.S. está en la obligación de valorar
dicho concepto sobre la base de criterios médico-científicos
y en ningún caso con argumentos de tipo administrativo; y una vez demostrado el grado de eficacia, la entidad prestadora del
servicio de salud debe brindar las terapias en una institución adscrita a su
red, que cuente tanto con profesionales especializados como con las debidas
instalaciones para realizar el respectivo tratamiento.
5.7. La sentencia T-731 de 2012 examinó el caso de un menor, que
sufría parálisis cerebral espástica, quien a
través de su representante solicitaba que se le realizara terapias integrales.
Esta corporación no avaló la pretensión de la accionante[111], al
considerar:
“Por lo anterior, la Sala encuentra que no es posible avalar la
solicitud de la accionante, así que procederá a confirmar el fallo proferido
por el Juez de segunda instancia por considerarlo acertado y proporcional ya
que i) no se evidencia una situación de amenaza
del derecho constitucional a la salud del niño, puesto que ya fue protegido
mediante un fallo de tutela anterior, ii)
la EPS Salud Total ha cumplido a cabalidad las órdenes emanadas de dicho fallo
brindándole el tratamiento integral, suministro de los medicamentos,
actividades, procedimientos, intervenciones o elementos, aunque no estén dentro
del plan obligatorio de salud, así como el no cobro de las cuotas moderadoras y
copagos y iii) no es el juez constitucional la autoridad
competente para ordenar a una entidad promotora de salud la autorización de un
tratamiento en una institución, con la cual no se tiene convenio, menos, cuando
no hay orden del médico tratante que lo prescriba y no existe prueba de que las
terapias y los servicios por ésta ofrecidos no son los idóneos”.
5.8. En fallo T-1076
de 2012 dos madres solicitaban el amparo de sus hijos menores de edad, quienes
padecían de hipoacusia neurosensorial y síndrome de Down, y un médico ajeno a
la E.P.S. les había prescrito las terapias ABA. Este
tribunal, al no evidenciar que la parte accionada hubiere incurrido en una
acción u omisión con la cual se hubiere conculcado los derechos objeto de
protección constitucional, declaró la improcedencia de la acción.
No obstante, por
tratarse de sujetos de protección especial constitucional (niños en situación
de discapacidad), ordenó que los pequeños fueran evaluados y calificados por el
personal médico de la E.P.S., agregando que “[e]l concepto de AMBUQ EPS-S
deb[ía] estar fundamentado en criterios médico-científicos y en ningún caso en
argumentos de tipo administrativo”. Asimismo, recordó que en caso de que tales servicios debieran adelantarse en
un lugar diferente al domicilio del paciente, las entidades tenían que cubrir
los gastos de transporte a que hubiere lugar conforme con el artículo 43
del Acuerdo 029 de 2011[112].
5.9. En igual sentido, la sentencia T-118 de 2014 señaló que a pesar de que se cumplían algunos criterios establecidos
para acceder a servicios médicos no POS, no se evidenciaba dentro del
expediente que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, fuera
“catalogad[o] como una discapacidad cognitiva y, que las terapias
contempladas en el [POS] no surtan el mismo efecto que las ordenadas”.
Así que el fallo en mención ordenó a la E.P.S. realizar un
diagnóstico médico, que determinará si el paciente sufría una discapacidad
cognitiva y si requería o no el tratamiento señalado por la IPS particular, con
base en justificaciones médicas. Advirtió que en caso de controversia entre el
diagnóstico médico brindado por la E.P.S. y el concepto médico de la institución
específica, se debe explorar otras opiniones que permitan descartar o aprobar
el procedimiento solicitado, con el fin de garantizar la mayor objetividad en
el análisis clínico del asunto concreto.
De lo expuesto se concluye que:
(i) La salud de los niños constituye un derecho fundamental,
cuya protección se refuerza cuando son personas con discapacidad. Debido a ello,
las E.P.S. tienen la obligación de brindar un tratamiento integral encaminado a
alcanzar el bienestar tanto físico como mental y emocional del menor[113].
(ii) Para ordenar las terapias alternativas tipo
ABA y de neruodesarrollo no POS, no basta con la simple prescripción médica
(independientemente de si el profesional de salud pertenece o no a la red de la
E.P.S.), sino que es necesario que se justifique con base en criterios
médico-científicos que el paciente va obtener una mejoría o progreso en su
salud. Asimismo, que dicho método no puede ser sustituido o reemplazado por uno
de los servicios incluidos en el POS[114].
(iii) Si la
orden emana del personal médico de salud de la E.P.S. y cumple con los
criterios jurisprudenciales de esta Corte, tales como (a) que la falta
del tratamiento, transgreda la vida, la salud y la integridad personal de un
individuo; (b) que se trate de un elemento que no puede ser sustituido por
otro; y (c) que el interesado no pueda costear los gastos. La entidad
prestadora de salud tiene la obligación de autorizar los mencionados métodos.
(iv) En el evento de que la prescripción provenga
de un galeno ajeno a la E.P.S., los accionantes deben solicitar el referido
tratamiento ante las entidades prestadoras del servicio de salud con el fin de
que estas valoren dicho concepto sobre la base de criterios médico-científicos
y en ningún caso con argumentos de tipo administrativo[115].
(v) En todo caso los accionantes tienen la
obligación de demostrar que no cuentan con los recursos suficientes para
sufragar las terapias ABA y de neurodesarrollo[116].
(vi) Una vez verificada la eficacia del
tratamiento alterno (sobre estudios médico-científicos), la E.P.S. está
obligada a proporcionar los procedimientos integrales en una IPS que forme
parte de su red de prestadores y que brinde tanto profesionales especializados como
instalaciones para llevar a cabo los tratamientos requeridos[117].
(vii) Las E.P.S. no están obligadas a prestar el
servicio a través de una institución particular por el solo capricho del
paciente o su familia, menos aún cuando la IPS elegida por aquellos no cumple
con los estándares para llevar a cabo los tratamientos[118].
(viii) En caso de que las entidades prestadoras
de servicio de salud no suministren tratamiento tipo ABA y de neurodesarrollo o
no tengan convenio con una IPS, o que sus IPS no cuente con las condiciones de
idoneidad requeridas, se encuentran obligadas a contratar la práctica de las
mismas con una institución particular y debidamente autorizada por el Estado[119].
(ix) Sin los soportes correspondientes ningún juez constitucional es la autoridad competente para ordenar a una
entidad promotora de salud la autorización de un tratamiento alternativo tipo
ABA y de neurodesarrollo no POS, ni la competente para ordenar a la misma la realización
del tratamiento en una institución con la cual no se tiene convenio[120].
6.
Casos concretos.
6.1. Los distintos actores, diez (10) en
total, presentan acción de tutela en contra diferentes E.P.S. del departamento
del Atlántico por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la salud, al tratamiento integral, a la igualdad, al mínimo vital, a
la seguridad social y a la protección especial del menor, al no
autorizar la práctica de terapias alternativas tipo ABA y de neurodesarrollo no
POS en una IPS específica, prescritas por médicos no adscritos a
las demandadas.
Procede entonces la Sala a evaluar las
situaciones concretas objeto de revisión:
6.2. Expediente
T-4406707.
6.2.1. La madre del niño Mahdy Pinilla
Mantilla (de 4 años de edad), quien sufre de autismo,
presentó solicitud
de
amparo contra Saludcoop
E.P.S.
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad,
al mínimo vital y a la seguridad social, al
habérsele negado la continuidad de las terapias ABA en la IPS Avanza.
En la contestación de la tutela la
E.P.S. manifestó que al niño se le ha brindado la atención requerida. Igualmente,
que según concepto de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, el
citado método no ofrece ninguna efectividad en el tratamiento integral de
pacientes con autismo y parálisis cerebral. Por esto, señala que la entidad no
puede autorizar dicho procedimiento, además de haber sido prescrito
por un médico no vinculado a su red de prestadores y de estar
excluido del POS.
El Juzgado Segundo Civil Municipal de
Barranquilla concedió la protección con fundamento en que dicho tratamiento le
brindaba al menor la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas. Asimismo,
porque la accionada no desvirtuó con criterios científicos la idoneidad de lo
reclamado ni
le brindó un plan de rehabilitación para el manejo de su patología.
6.2.2. Con base en los
criterios jurisprudenciales expuestos, la Sala evidencia que
Saludcoop E.P.S. no transgredió los derechos fundamentales invocados por
negarse a autorizar las terapias tipo ABA en la IPS Avanza.
En este caso no existe prueba que demuestre
que la señora Gisselle Johari Pinilla Mantilla haya elevado alguna petición del
referido tratamiento ante la accionada con el fin de que esta pudiera dar
trámite a su solicitud, sobre todo cuando lo que se pretende a través de este
medio es la autorización de un tratamiento no POS, prescrito por un médico
ajeno de la E.P.S.. Por lo anterior, era obligatorio que la accionante agotara
el respectivo procedimiento.
En virtud de esto, la petente no puede
pretender que mediante la acción de tutela se ordene la protección de un
derecho fundamental cuando la E.P.S. no ha tenido la oportunidad de incurrir en
ninguna acción u omisión que ponga en peligro las prerrogativas del niño[121].
6.2.3. Con base en lo expuesto, se
revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo
invocado. Sin
embargo, como el acceso efectivo a
los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte
médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de
prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias[122] y teniendo en cuenta que se trata de
un menor de edad en estado de discapacidad[123], la
Corte ordenará
que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S.,
a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto
deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso
en argumentos de tipo administrativo. En el evento de
que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá
ser autorizado.
6.3. Expediente
T-4405825.
6.3.1. La señora Lisbeth de la
Cruz Palmera
presentó acción de tutela contra Saludcoop E.P.S. por
considerar vulnerados los derechos a la salud, al tratamiento integral y a la
vida dignidad de su hijo Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz (de 2 años de
edad), al negarle la autorización y práctica de las terapias tipo ABA, las
cuales fueron prescritas por un médico no adscrito a la demandada. Asimismo,
pidió ser eximida de copagos.
En la contestación de la tutela, la
E.P.S. negó dicho método por cuanto, según afirma, no existe evidencia médica
que determine la efectividad del tratamiento, fue ordenado por un médico ajeno
a la entidad y no está incluido en el POS. Solicitó que se ordenara valorar al
menor por un grupo multidisciplinario de la entidad a fin de determinar la
pertinencia del servicio requerido.
La IPS Sonrisa de Esperanza no se
pronunció en el trámite.
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico) concedió el amparo argumentando que el mencionado
tratamiento busca brindar una mejor calidad de vida al menor, quien goza de
protección constitucional. Igualmente, opina que la accionada no desvirtuó
científicamente el servicio solicitado.
6.3.2. En este asunto, no obra prueba
que demuestre que la accionante haya solicitado las mencionadas terapias ante
la accionada para que esta estudiara la posible autorización de las mismas, por
lo que no se puede afirmar que la E.P.S. ha vulnerado algún derecho
fundamental.
6.3.3. Por lo anterior, se revocará el
fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin
embargo, como el acceso efectivo a
los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte
médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de
prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que
se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la
Corte ordenará
que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S.,
a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto
deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso
en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla
con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.
6.3.4. En cuanto a los copagos, este
tribunal ha señalado que a pesar de que se trata de una exigencia consagrada en
la regulación que rige las E.P.S., para una mejor racionalización de sus
recursos, ha resaltado dos eventos en los cuales se puede obviar dicha figura.
Esto es, cuando el usuario necesita la prestación del servicio de salud y de
este dependa su integridad y dignidad, y no cuente con la capacidad económica
para sufragar dichos costos[124].
En cuanto a la condición económica de la
petente, se observa que está vinculada al régimen contributivo a través de
SALUDCOOP E.P.S., en calidad de cotizante. En el escrito de tutela manifestó
que asumió el pago de la valoración y el costo del tratamiento, pero por los
múltiples compromisos no podía continuar asumiendo los costos.
Ante la ausencia de pruebas acerca de la situación
financiera de la actora, la Sala estima que no cumple con los
criterios para que se le exonere de los copagos.
6.4. Expediente T-4421628.
6.4.1. La señora Ercila Mercedes Alford
Castillo presentó acción de tutela contra la E.P.S. Saludcoop por considerar
vulnerados los derechos a la vida digna, a la salud y al tratamiento integral
de su hijo Ángel Felipe Villa Alford (de 9 años de edad), al negarle la
autorización de las terapias ABA prescrita por un médico ajeno a dicha entidad.
Igualmente, solicitó ser eximida de copago.
En la contestación de la tutela, la
E.P.S. adujo que no existe evidencia médica que determine la efectividad del
tratamiento, que este había sido ordenado por un médico ajeno a la entidad, que
el POS excluía este procedimiento y, además, que de todas maneras el
tratamiento podía ser suministrado por médicos adscritos a la E.P.S.. Por ello,
solicitó que se ordenara valorar al menor por un grupo multidisciplinario de entidad
a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido.
La IPS Fundación Prosperar del Caribe
manifestó que el menor es uno de las pacientes, que recibe terapias de método
ABA prescritas por el médico David Dancur.
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico) concedió el amparo argumentando que la E.P.S. no le
brindaba al menor los procedimientos médicos que requería para tener una mejor
calidad de vida, máxime cuando dicho padecimiento no tenía cura.
6.4.2. En este caso tampoco se evidencia
que Saludcoop E.P.S. haya vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad,
al mínimo vital y a la seguridad social, al negar la
autorización de las terapias tipo ABA en la mencionada IPS.
No se advierte vulneración por parte de
la demandada, toda vez que no obra prueba alguna en el expediente, que
demuestre que la petente haya solicitado el método en mención ante la E.P.S.
con el fin de que esta pudiera dar trámite a su petición.
6.4.3. Por lo anterior, se revocará el
fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin
embargo, como el acceso efectivo a
los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte
médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de
prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que
se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la
Corte ordenará
que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S.,
a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto
deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso
en argumentos de tipo administrativo. En el evento de
que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá
ser autorizado.
6.4.4. Ante la ausencia de certeza
en relación
con la falta de capacidad económica (puesto que se encuentra en
el régimen contributivo y nada dijo respecto de su situación pecuniaria), la Sala
no exonerará a la accionante de los copagos.
6.5. Expediente T-4432792.
6.5.1. La señora Olinda
Ersther Acuña presentó acción de tutela contra la E.P.S. Saludcoop por
considerar vulnerados los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social
y a la integridad física de su nieto Omar David Gómez Redondo, al negarle la
autorización de las terapias ABA, recomendadas por un médico no adscrito a la
E.P.S..
En la contestación de la tutela la E.P.S.
negó el citado tratamiento por cuanto, según afirma, no existe evidencia médica
que determine la efectividad del tratamiento, fue ordenado por un galeno ajeno
a la entidad y no está incluido en el POS. Adicionó que la actora cuenta con
capacidad económica suficiente para sufragar el costo del tratamiento del
paciente. Solicitó que se ordenara valorar al niño por un grupo
multidisciplinario de la entidad a fin de determinar la pertinencia del
servicio requerido.
La IPS Cencaes manifestó que el menor es
paciente de la institución y está recibiendo terapias tipo ABA como lo ordena
el CTC de la fundación.
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico) concedió la protección bajo el argumento de que si bien
era cierto que la prescripción del citado tratamiento fue recomendado por un
galeno ajeno a la E.P.S., también lo era, que la demandada tenía la obligación
de controvertir con criterios médico-científicos dicha orden.
6.5.2. En este caso, tampoco se
evidencia que la accionada ha vulnerado los derechos fundamentales invocados,
puesto que no existe prueba que demuestre que la petente haya presentado
petición alguna de las mencionadas terapias ante la E.P.S. con el fin de que
esta pudiera dar trámite a su solicitud, más aún cuando lo que se busca
mediante esta acción es la autorización de un procedimiento no POS, prescrito
por un galeno ajeno a la accionada. Por esto, era necesario que la actora
agotara el respectivo trámite.
6.5.3. Entonces, se revocará el fallo
objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin
embargo, como el acceso efectivo a
los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte
médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de
prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que
se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la
Corte ordenará
que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S.,
a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto
deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso
en argumentos de tipo administrativo. En el evento de
que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá
ser autorizado.
6.5.4. Respecto de la exoneración de
copagos, se tiene que la señora Olinda Esther Acuña Arrieta se
encuentra en el régimen contributivo y manifestó que no cuenta con la capacidad
económica para sufragar el costo de las terapias.
En virtud de lo expuesto, la Sala no
tiene certeza respecto de la capacidad económica de la petente y la de su
núcleo familiar, por lo que no se le exonerará de los copagos.
6.6. Expediente T-4418915.
6.6.1. La madre de la menor Sheyla Julio
Coronel, de 4 años de edad, quien padece de hidrocefalia con doble corteza
cerebral, solicitó ante Coomeva E.P.S. la autorización de las terapias tipo ABA
y de neurodesarrollo, y el suministro de suplementos
alimenticios prescritos.
La E.P.S. negó dicho método por cuanto
se están garantizado de manera oportuna y permanente los servicios de salud que
requiere la menor; falta de efectividad y seguridad de las terapias ABA, y no
se encuentran contempladas en el POS.
Tanto el Juez Catorce Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Barranquilla, como el Juzgado Octavo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad,
concedieron la acción de tutela respecto de las terapias ABA por cuanto fueron
ordenadas por la médica tratante, quien conocía la patología y era la persona
indicada para prescribir los tratamientos.
6.6.2. La Sala evidencia que la presente
acción no se torna temeraria en razón a que si bien es cierto la accionante en
los años 2012[125]
y 2013[126]
solicitó el tratamiento de neurodesarrollo, pañales, suplementos nutricionales,
integralidad y demás con el fin de que se le protegieran los derechos
fundamentales a la salud y a la vida de su hija, también lo es, que se trata de
una pretensión distinta a la presente tutela.
6.6.3. Sin embargo, el paciente no
cumple con los criterios establecidos por esta Corte para que le sean
suministrado el procedimiento ABA, a pesar de no estar contempladas en el POS.
Esto por las siguientes razones:
(a) Existen órdenes expedidas por un
médico ajeno a la E.P.S.. No obstante, este no fundamentó su orden con
criterios médicos o técnicos respecto de la necesidad de aplicar dicho método,
que ante la falta del mismo afectaría la salud o la integridad del paciente.
Además, la E.P.S. indicó que conforme
con el concepto emitido por la Presidencia de la Asociación Colombiana de
Neurología Infantil -ASCONI- no se tiene certeza científica respecto de la
efectividad y seguridad del mencionado procedimiento [127].
La Corte ha señalado que, en principio,
la regla general es que los tratamiento e insumos deben estar ordenados por un
médico adscrito a la E.P.S. por presumirse que la prescripción emana del
seguimiento de la condición de salud del paciente. Sin embargo, en ciertas ocasiones
estas entidades no logran satisfacer de manera eficiente las necesidades de sus
afiliados, razón por la cual los usuarios se ven obligados a acudir a
especialistas que no se encuentran adscritos a su E.P.S. para obtener una
oportuna atención médica[128].
Así que cuando existe una orden médica
prescrita por un galeno ajeno a la E.P.S., esta última tiene el deber de
desvirtuar el dictamen con criterios científicos o técnicos. Requisito que no
se evidencia en este caso[129].
(b) Se trata de un menor que padece
hidrocefalia con doble corteza cerebral por lo que su condición pone en
evidencia que se encuentra en estado delicado de salud y necesita de ciertos
servicios, ya que la ausencia de los mismos afectaría su calidad de vida en
condiciones dignas. Sin embargo, la demandada ha proporcionado tratamientos e
insumos que requiere la paciente conforme a su enfermedad[130].
Las circunstancias descritas ponen en
duda la necesidad de las terapias ABA para que la menor logre su adaptación al
entorno, para facilitar su desenvolvimiento social y personal; tampoco hay
evidencia de que la falta del mismo podría afectar su calidad de vida en
condiciones dignas.
(c) En cuanto a las terapias ABA, la
Corte no es la entidad para determinar la idoneidad de ese método, ni para establecer
si ese procedimiento puede ser sustituido por uno de los servicios incluidos en
el POS.
(d) La madre de la paciente, quien se
encuentra en el régimen contributivo, no dijo nada respecto de su situación
económica en el escrito de tutela. Aunado a esto, la E.P.S. afirmó que la
accionante a pesar de señalar que carece de medios económicos para costear el
tratamiento, no aportó prueba alguna que soportara tal afirmación[131].
Por esto, la Sala no tiene certeza
respecto a la imposibilidad de la petente y la de su núcleo familiar para
sufragar los gastos que conllevan las terapias ABA que requiere su hija.
6.6.4. Concluye esta Sala que existe incertidumbre respecto de la prescripción de dichas terapias,
ya que (i)
las pruebas aportadas no logran satisfacer el cumplimiento de los requisitos
exigidos por esta Corte para suministrar un procedimiento excluido en el POS;
(ii) la prescripción médica no justificó la efectividad del tratamiento
requerido para tratar la patología de la menor, de manera
médico-científica; (iii) la demandada no logró
desvirtuar de manera técnica y científica, el concepto dado por el galeno
particular; y
(iv) no fue posible establecer la situación económica de la accionante.
Así que a pesar de mediar orden médica
expedida por un galeno ajeno a la E.P.S., que como ya se explicó no constituye
en principio impedimento para reconocer la prestación requerida, lo cierto es
que en el presente asunto, no hay certeza respecto de la efectividad del referido
método. Por esto, se tiene que el a quo erró tanto en la apreciación de
las pruebas como en la interpretación jurisprudencial de esta corporación
respecto de la inaplicación del POS.
6.6.5. No obstante, se evidencia que la
accionante acudió a un médico ajeno de la E.P.S. para obtener una
oportuna atención médica, por cuanto la accionada no
logró satisfacer de manera eficiente las necesidades de su hijo. Por ello, la
Sala protegerá el derecho que tiene el paciente de que un galeno adscrito la
entidad prestadora del servicio de salud prescriba el procedimiento o
tratamiento que se considere pertinente para tratar su patología[132].
En ese sentido, se confirmará
parcialmente el fallo objeto de revisión en cuanto tuteló el derecho
fundamental a la vida digna y a la salud y revocará el numeral segundo de la
citada sentencia, en cuanto ordenó a Coomeva E.P.S. que procediera a autorizar
las terapias conductuales ABA en la cantidad y en periocidad ordenadas por el
médico tratante, en una IPS adscrita en la E.P.S.. En su lugar ordenará que la
menor sea examinada y evaluada por un equipo multidisciplinario de la
E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho
concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
6.7. Expediente T-4421629.
6.7.1. El médico tratante de la menor
Valery Kligman Troncoso, de 5 años de edad, quien padece de trastorno por déficit
de atención, le recomendó las terapias ABA.
La E.P.S. negó dicho método por cuanto
se está garantizado de manera oportuna y permanente los servicios de salud que
requiere la menor. Además, la ausencia de efectividad y seguridad de las
terapias ABA. Además, la patología de la menor no amerita este tipo de
terapias, que fueron prescritas por una psicóloga y no por un médico
especialista en determinar la necesidad de dicho método.
Tanto el Juez Primero Promiscuo
Municipal de Malambo (Atlántico) como el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soledad (del mismo departamento), concedieron la acción de tutela por cuanto la
E.P.S. está en la obligación de brindar lo necesario para la recuperación de la
menor.
6.7.2. La Sala
evidencia que Coomeva E.P.S. no transgredió los derechos fundamentales a la
vida digna, a la salud y al tratamiento integral de la menor. Esto por cuanto
la paciente no cumple con los lineamientos jurisprudenciales expuestos para que
le sean autorizadas las terapias ABA. Lo anterior, por las siguientes razones:
(a) De acuerdo con los hechos expuestos,
después de una valoración realizada por la IPS Progresar S.A.S., el doctor
Sergio Olivares Ruiz (psiquiatra particular) se limitó a ordenar el tratamiento
ABA, sin exponer razones técnico-científicos.
La demandada indicó que conforme con la
patología de la menor, este tipo de procedimiento no es el indicado para su
enfermedad, ya que el tratamiento de la hiperactividad debe estar enfocado en
tres aspectos: farmacológico con medicamentos indicados para esta
patología,
psicológico y educativo, tratamientos que se le están brindando a la menor[133].
Asimismo, el citado método fue prescrito
por un psiquiatra y no por un neuropediatra, quien es el médico indicado para
determinar si un menor necesita las terapias ABA y si su aplicación ayudaría a
mejorar la patología del niño. Además, hace mención nuevamente del concepto
emitido por la Presidencia de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil
-ASCONI- respecto de las terapias ABA.
(b) Si bien es una menor que padece
trastorno por déficit de atención, la accionada le está brindado
los servicios y tratamientos tipo neurodesarrollo que requiere para su
enfermedad, por lo que desde este punto de vista, se puede afirmar que la
ausencia del referido procedimiento no está transgrediendo los derechos a la vida
o a la integridad personal de la paciente.
(c) La Sala desconoce que este servicio ABA
no pueda ser sustituido por otro que sí este incluido o que pudiendo estarlo,
el sustituto no tenga el mismo grado de efectividad que el excluido del POS.
(d) La representante de la menor, a
pesar de estar en el régimen contributivo, manifestó en el escrito de tutela
que las terapias en mención son costosas y que su familia no cuenta con
recursos económico. Por esto, recurrió a la ayuda de familiares y amigos para
sufragar las mismas.
Por otro lado, la E.P.S. informó que
la actora sí tiene capacidad para pagar el tratamiento, puesto que estas
instituciones no son sin ánimo de lucro.
En ese sentido, la sala tiene duda en
relación con la imposibilidad de la accionante cubrir los gastos que conllevan
el procedimiento ABA.
6.7.3. Se
concluye que no hay certeza en relación con
la necesidad de las terapias tipo ABA, ya que (i) las pruebas
aportadas no logran satisfacer el cumplimiento de los requisitos exigidos por
esta Corte para suministrar un procedimiento excluido en el POS; (ii) el médico
particular no demostró la efectividad médico-científica de las citadas terapias; y (iii) la
imposibilidad de establecer la situación económica de la accionante.
6.7.4. No obstante, se evidencia que la
accionante acudió a un médico ajeno de la E.P.S. para obtener una
oportuna atención médica, por cuanto la accionada no
logró satisfacer de manera eficiente las necesidades de su hija. Por ello, la
Sala protegerá el derecho que tiene el paciente de que un galeno adscrito a la
entidad prestadora del servicio de salud prescriba el procedimiento o
tratamiento que se considere pertinente para tratar su patología[134].
En ese sentido, se confirmará
parcialmente, el fallo objeto de revisión en cuanto tuteló el derecho
fundamental a la salud y a la vida digna y revocará el numeral segundo de la
citada sentencia, en cuanto ordenó a Coomeva E.P.S. procediera a autorizar las
180 terapias conductuales ABA en la IPS Centro Terapias Integrales Progresar
S.AS. y, en su lugar ordenará que la menor sea examinada y
evaluada por
un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia
del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios
técnicos o científicos. En el evento de
que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá
ser autorizado.
6.7.5. En cuanto a los copagos, este Tribunal
ha señalado que a pesar de que se trataba de una exigencia consagrada en la
regulación que rige las E.P.S., para una mejor racionalización de sus recursos,
ha resaltado dos eventos en los cuales se puede obviar dicha figura. Esto es,
cuando el usuario necesita la prestación del servicio de salud y de este
dependa su integridad y dignidad, y no cuente con la capacidad económica para
sufragar dichos costos.
Al no tener certeza
respecto de
la capacidad económica de la accionante, la Sala no exonerará a la accionante
de los copagos.
6.8. Expediente T-4406658.
6.8.1. En el presente caso la señora
Draisy Guilloso Galvis presentó el amparo constitucional contra la E.P.S. Salud
Total S.A. por considerar vulnerados los derechos a la salud, a la vida y a la
seguridad social de su hija Ismenia María Palacios Guilloso, al negarle la
autorización de las terapias ABA y de neurodesarrollo.
En la contestación de la demanda, la
E.P.S. sostuvo que la paciente ha recibido la prestación asistencial requerida
como neuropediatría, fisiatría, otorrinolaringólogo, cardiólogo, endocrino,
psiquiatra infantil y fisioterapias, entre otras. Sin embargo, la menor no ha
asistido a los respectivos tratamientos[135].
El Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Malambo (Atlántico) concedió la acción de tutela ya que a través del referido
tratamiento se busca brindarle una mejor calidad de vida a la menor, toda vez
que si bien la enfermedad no tiene cura si mejoraría el estado de la persona en
situación de discapacidad.
6.8.2. En el presente asunto Salud Total
E.P.S. no violó los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la
seguridad social, puesto que en el expediente no se evidencia que la actora
haya elevado escrito de petición solicitando las referidas terapias ante la
accionada,
existiendo duda acerca de si realmente la solicitud fue radicada. Por lo que no
se puede afirmar que la entidad prestadora del servicio de salud ha vulnerado
derecho fundamental alguno.
6.8.3. Entonces, se revocará el fallo
objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin
embargo, como el acceso efectivo a
los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte
médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de
prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que
se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la
Corte ordenará
que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S.,
a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto
deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
6.8.4. En cuanto a los copagos, este Tribunal
ha señalado que a pesar de que se trataba de una exigencia consagrada en la
regulación que rige las E.P.S. para una mejor racionalización de sus recursos,
existen dos eventos en los cuales se puede obviar dicha figura. Esto es, cuando
el usuario necesita la prestación del servicio de salud y de esta dependa su
integridad y dignidad, y no cuente con la capacidad económica para sufragar
dichos costos.
Como ya se dijo, la Sala no
tiene certeza en relación con la situación financiera de la actora.
Por esto, no exonerará a la accionante de los copagos.
6.9. Expediente T-4406693.
6.9.1. La madre de la menor Melany
Isabel Blanco Guzmán, de 8 años de edad, quien padece de síndrome de Down,
promovió el amparo constitucional, al considerar que la no autorización del
tratamiento prescrito por un médico particular por parte de la E.P.S. consistente
en terapias ABA y de neurodesarrollo vulnera los derechos fundamentales a la
salud, a la vida y a la seguridad social.
En la contestación de la demanda, la E.P.S.
Salud Vida manifestó que la accionante no aportó prueba alguna que demostrara
la negación de servicios de salud requeridos, ya que la misma acudió directamente
a la tutela para que se le suministrara a su hija dicho tratamiento.
El Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Malambo (Atlántico) concedió la acción de tutela toda vez que a través del
referido tratamiento se busca brindarle una mejor calidad de vida a la menor,
ya que si bien la enfermedad no tiene cura si mejora la calidad de vida de la
persona en circunstancia de discapacidad.
6.9.2. En este
asunto, la Sala no se puede aseverar que la accionada haya incurrido en una
acción u omisión con la cual se conculcaron los derechos objeto de protección
constitucional, puesto que si bien es cierto, que se trata de un
sujeto de especial protección, también lo es que no se puede exonerar a la
actora de demostrar en el presente amparo que realizó el respectivo trámite
ante la accionada, y dentro del material probatorio no obra evidencia alguna
que haya acudido a la E.P.S..
6.9.3. Por lo expuesto, se
revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo
invocado. Sin
embargo, como el acceso efectivo a
los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte
médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de
prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que
se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la
Corte ordenará
que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S.,
a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto
deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
6.9.4. En cuanto a los copagos, este Tribunal
ha señalado que a pesar de que se trataba de una exigencia consagrada en la
regulación que rige las E.P.S., para una mejor racionalización de sus recursos,
existe dos eventos en los cuales se puede obviar dicha figura. Esto es, cuando
el usuario necesita la prestación del servicio de salud y de este dependa su
integridad y dignidad, y no cuente con la capacidad económica para sufragar
dichos costos.
La Sala no tiene
certeza en relación con la situación financiera de la actora.
Por esto, no exonerará a la accionante de los copagos.
6.10. Expediente T-4406690.
6.10.1. En este asunto la madre de
Oswaldo Uparela Vergara, de 29 años de edad, quien padece de cráneosisnostosis
sagital, presentó el amparo constitucional contra la E.P.S. Famisanar por
considerar vulnerado los derechos a la salud y a la vida, al negarle la
autorización de las terapias ABA.
La E.P.S. sostuvo que al paciente se le
ha prestado el servicio de salud requerido. Sin embargo, dicho tratamiento fue
analizado por el Comité Técnico Científico, quien lo negó en razón a que no se
evidenció riesgo inminente para la vida del usuario ni cumplía los requisitos
para las exclusiones del POS.
El Juez Segundo Civil Municipal de
Barranquilla concedió la acción de tutela sobre la base de que era una persona
en condiciones de discapacidad, quien necesitaba el mencionado procedimiento
para procurar su desarrollo social, físico e intelectual y de esta manera
brindarle una vida en condiciones dignas.
6.10.2. En este asunto,
el juez constitucional erró en las valoración de las pruebas para ordenar un
tratamiento alternativo tipo ABA no POS. Esto por cuanto:
(a) Dentro del material probatorio, se
observa la prescripción de las terapias ABA por el psiquiatra Dubrazka Duque
(médico particular), sin una previa valoración y sin demostrar la efectividad
del mismo mediante criterios técnicos o científicos.
(b) Si bien es cierto que la persona fue
diagnosticado con cráneosisnostosis sagital, la demandada le
está brindado los tratamientos que requiere su enfermedad.
Aunado a lo anterior y ante la ausencia
de pruebas que demuestren la necesidad de lo acá reclamado, se puede afirmar
que la falta de la realización de las terapias en mención no está
transgrediendo los derechos a la vida o a la integridad personal del paciente.
(c) Como ya se expuso, esta Sala
desconoce que este servicio no pueda ser sustituido por otro que sí esté
incluido en el POS.
(d) En cuanto la situación económica de
la petente, manifestó en el escrito de tutela que no podía asumir el costo del
servicio, sin embargo el señor Uparela Vergara se encuentra afiliado a la
demanda en calidad de cotizante pensionado. Es decir, que está recibiendo una
prestación mensual, por lo que le asiste duda a esta Sala sobre este punto.
6.10.3. Se concluye que no hay certeza
en relación con la necesidad de las terapias tipo
ABA, ya que (i)
las pruebas aportadas no logran satisfacer el cumplimiento de los requisitos
exigidos por esta Corte para suministrar un procedimiento excluido en el POS;
(ii) el médico particular no demostró la efectividad médico-científica de las citadas terapias; y (iii) la
imposibilidad de establecer la situación económica de la accionante.
6.10.4. No
obstante, se evidencia que el accionante acudió a un médico ajeno de la E.P.S. para
obtener una oportuna atención médica, por cuanto la accionada no
logró satisfacer de manera eficiente las necesidades de su hijo. Por ello, la
Sala protegerá el derecho que tiene el paciente de que un galeno adscrito la
entidad prestadora del servicio de salud prescriba el procedimiento o
tratamiento que se considere pertinente para tratar su patología.
6.10.5. En ese sentido, se confirmará
parcialmente, el fallo objeto de revisión en cuanto tuteló el derecho
fundamental a la vida digna y a la salud y revocará el numeral segundo de la
citada sentencia, en cuanto ordenó a la E.P.S.
Famisanar que procediera a realizar la autorización de las terapias tipo ABA al
joven conforme fueron prescritas por su médico tratante y, en su lugar ordenará
que el paciente sea examinado y evaluado por un equipo
multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del
servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios
técnicos o científicos. En el evento de
que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá
ser autorizado.
6.11. Expediente T-4421624.
6.11.1. La madre de la joven Yalexi
Parra Ramos, de 20 años de edad, quien sufre de retraso psicomotor, interpuso
la acción de tutela contra la E.P.S. Suramericana por considerar vulnerado los
derechos a la salud, a la vida digna, a la igualdad, a la integridad física y a
la seguridad social, al no autorizarle las terapias ABA y de neurodesarrollo.
En la contestación de la demanda, la
E.P.S. sostuvo que la joven ha recibido la respectiva atención médica para el
manejo de su enfermedad como neurología y psiquiatría.
Los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico) y Segundo Civil del Circuito en Oralidad de Soledad (del
mismo departamento) concedieron la acción de tutela argumentando que se trata
de una joven cuya condición de vivir dignamente se ha visto afectada como
consecuencia de su patología y la E.P.S. está en la obligación de ofrecerle
toda la atención médica necesaria a fin de obtener su máxima rehabilitación.
6.11.2. En
este caso tampoco se evidencia que la actora haya presentado alguna solicitud
respecto del tratamiento pretendido ante la demanda, existiendo duda
acerca de si realmente la misma fue radicada y que la entidad haya realizado
alguna acción u omisión que hubiere puesto en peligro algún derecho fundamental
de la paciente.
6.11.3. Entonces, se revocará el fallo
objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin
embargo, como el acceso efectivo a
los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte
médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición de la paciente, con el objeto
de prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que
se trata de una joven en estado de discapacidad, la Corte ordenará
que sea valorada y diagnosticada por un equipo multidisciplinario de la E.P.S.,
a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto
deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
6.12. Otras
decisiones.
Finalmente, se advierte al Juzgado
Segundo Civil Municipal, al Juzgado Catorce Penal Municipal, al
Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla,
al
Juzgado Primero y Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) y al Juzgado Segundo
Civil del Circuito en Oralidad de Soledad (Atlántico), que al momento
de analizar procedimientos, insumos o medicamentos no POS y preferiblemente
tratamientos tipo ABA y de neurodesarrollo deben ceñirse a lo establecido en la
línea jurisprudencial de esta Corte sobre la materia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. En el
expediente T-4406707, REVOCAR el
fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Barranquilla, de fecha cinco (5) de febrero de 2014. En su lugar, NEGAR
la acción impetrada por la señora Gisselle Johari Pinilla Mantilla en
representación de su hijo Mahdy Pinilla Mantilla.
Segundo.
No
obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida
digna y a la salud, ORDENAR a la E.P.S. Saludcoop de
Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de esta providencia, evalúe y
califique al menor Mahdy
Pinilla Mantilla
por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de
determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar
fundamentado en criterios técnicos o científicos y en
ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Tercero. En el
expediente T-4405825, REVOCAR el
fallo proferido en única instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico), de fecha ocho (8) de octubre de 2013. En su lugar, NEGAR
la acción presentada por la señora Lisbeth de la Cruz Palmera en representación
de su hijo Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz.
Cuarto.
No
obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida
digna y a la salud, ORDENAR la E.P.S. Saludcoop de
Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de esta providencia, evalúe y
califique al menor Keiner
Alejandro Sánchez de la Cruz por un equipo multidisciplinario
de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho
concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en
ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Quinto. NO EXONERAR de
cancelación de copagos y cuotas moderadoras al menor Keiner Alejandro
Sánchez de la Cruz.
Sexto. En el
expediente T-4421628, REVOCAR el
fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico), de fecha dieciocho (18) de febrero de 2014. En su lugar, NEGAR
la acción interpuesta por la señora Ercila Mercedes Alford Castillo en
representación de su hijo Ángel Felipe Villa Alford.
Séptimo.
No
obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la
vida digna y a la salud, ORDENAR a la E.P.S. Saludcoop
de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de esta providencia, evalúe y
califique al menor Ángel
Felipe Villa Alford por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin
de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá
estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso
en argumentos de tipo administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Octavo. NO EXONERAR de
cancelación de copagos y cuotas moderadoras al menor Ángel Felipe
Villa Alford.
Noveno. En el
expediente T-4432792, REVOCAR el
fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico), de fecha cinco (5) de marzo de 2014. En su lugar, NEGAR
la acción elevada por la señora Olinda Esther Acuña Arrieta como agente
oficioso de su nieto Omar David Gómez Redondo.
Décimo.
No
obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida
digna y a la salud, ORDENAR a la E.P.S. Saludcoop
de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de esta providencia, evalúe y
califique al menor Omar
David Gómez Redondo
por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de
determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar
fundamentado en criterios técnicos o científicos y en
ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Undécimo. NO EXONERAR de
cancelación de copagos y cuotas moderadoras al menor Omar David Gómez
Redondo.
Duodécimo. En el
expediente T-4418915, CONFIRMAR
PARCIALMENTE
el
fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de
Barranquilla,
de fecha catorce (14) de marzo de 2014, que a su vez confirmó la decisión del
diez (10) de enero del mismo año proferida por el Juzgado Catorce con Función
de Control de Garantías de la misma ciudad. En
esa medida, CONCEDER la protección de los derechos a la salud,
a la vida digna y a la integridad física y a la seguridad social de la menor
Sheyla Julio Coronell.
Décimo
tercero. REVOCAR el numeral segundo del fallo proferido
por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla,
de fecha catorce (14) de marzo de 2014, que a su vez confirmó la decisión del
diez (10) de enero del mismo año proferida por el Juzgado Catorce con Función
de Control de Garantías de la misma ciudad, en cuanto
ordenó a Coomeva E.P.S. que procediera a autorizar las terapias conductuales
ABA en la cantidad y en periocidad prescritas por el médico tratante.
Décimo
cuarto. ORDENAR a Coomeva E.P.S. de Barranquilla que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, evalúe
y califique la menor Sheyla
Julio Coronell
por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de
determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar
fundamentado en criterios técnicos o científicos y en
ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Décimo
quinto. En
el expediente T-4421629, CONFIRMAR PARCIALMENTE el
fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soledad (Atlántico), de fecha cuatro (4) de abril de 2014, que a su vez
confirmó la decisión del dieciocho (18) de diciembre de 2013
proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo del mismo
departamento.
En esa medida, CONCEDER la protección de los derechos a la vida
digna, salud, a la integridad física y a la seguridad social de la menor
Valery Kligman Troncoso.
Décimo
sexto. REVOCAR el numeral segundo del fallo proferido por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), de
fecha cuatro (4) de abril de 2014, que a su vez confirmó la decisión del
dieciocho (18) de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Malambo del mismo departamento, en cuanto
ordenó a Coomeva E.P.S. procediera a autorizar las 180 terapias conductuales
ABA en la IPS Centro Terapias Integrales Progresar S.A.S..
Décimo
séptimo. ORDENAR a Coomeva E.P.S. de Barranquilla que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, evalúe
y califique la menor Valery
Kligman Troncoso por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin
de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá
estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso
en argumentos de tipo administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Décimo
octavo. NO EXONERAR de cancelación
de copagos y cuotas moderadoras a la menor Valery Kligman Troncoso.
Décimo noveno. En el
expediente T-4406658, REVOCAR el
fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico), de fecha diecisiete (17) de febrero de 2014. En su lugar, NEGAR
la acción elevada por la señora Draisy Guilloso Galvis en representación de su
hija Ismenia María Palacios Gulloso.
Vigésimo. No obstante lo
anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida
digna, ORDENAR a la E.P.S. Salud Total de Barranquilla
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de esta providencia, evalúe y califique a la menor Ismenia María
Palacios Gulloso
por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de
determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar
fundamentado en criterios técnicos o científicos y en
ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Vigésimo
primero. NO EXONERAR de cancelación
de copagos y cuotas moderadoras a la menor Ismenia María Palacios Gulloso.
Vigésimo segundo. En el
expediente T-4406693, REVOCAR el
fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Malambo (Atlántico), de fecha dieciocho (18) de febrero de 2014. En su lugar, NEGAR
la acción elevada por la señora Ana Isabel Blanco Guzmán en representación
de su hija Melany Isabel Blanco Guzmán.
Vigésimo tercero. No obstante lo
anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a
la salud, ORDENAR a la E.P.S. Salud Vida de Barranquilla
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de esta providencia, evalúe y califique a la menor Melany Isabel
Blanco Guzmán
por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la
pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en
criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo
administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Vigésimo
cuarto. NO EXONERAR de cancelación
de copagos y cuotas moderadoras a la menor Melany Isabel Blanco Guzmán.
Vigésimo quinto. En el
expediente T-440690, CONFIRMAR
PARCIALMENTE
el
fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Barranquilla,
de fecha veinte (20) de febrero de 2014. En
esa medida, CONCEDER la protección de los derechos a la vida
digna, a la salud, a la integridad física y a la seguridad social de Oswaldo
Uparela Vergara.
Vigésimo
sexto. REVOCAR el numeral segundo el fallo proferido en única
instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barranquilla, de
fecha veinte (20) de febrero de 2014, en cuanto ordenó a la E.P.S. Famisanar
que procediera a realizar la autorización de las terapias tipo ABA al joven
conforme fueron prescritas por su médico tratante.
Vigésimo
séptimo. ORDENAR a Famisanar E.P.S. de Barranquilla que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de
esta providencia, evalúe y califique a Oswaldo Uparela Vergara por
un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia
del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios
técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo
administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Vigésimo
octavo. En
el expediente T-44021624, REVOCAR el fallo
proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito en Oralidad de Soledad
(Atlántico), de fecha veinticinco (25) de marzo de 2014, que a su vez confirmó
la decisión del
tres (3) de febrero del mismo año proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Malambo del mismo departamento. En su lugar, NEGAR la acción impetrada
por la señora Patricia del Rosario Ramos Stevenson como agente oficiosa de su
hija Yalexi Parra Ramos.
Vigésimo
noveno. No obstante lo
anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a
la salud, ORDENAR a la E.P.S. Suramericana de
Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de esta providencia, evalúe y
califique a la Yalexi
Parra Ramos
por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de
determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar
fundamentado en criterios técnicos o científicos y en
ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el
evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento
reclamado deberá ser autorizado.
Trigésimo.
ADVERTIR
al
Juzgado Segundo Civil Municipal, al Juzgado Catorce Penal Municipal, al
Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla, al
Juzgado Primero y Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) y al Juzgado Segundo
Civil del Circuito en Oralidad de Soledad (Atlántico), que al momento
de analizar tratamientos, procedimientos, insumos o medicamentos no POS y
preferiblemente tratamientos tipo ABA y de neurodesarrollo deben ceñirse a lo
establecido en la línea jurisprudencial de esta Corte sobre la materia.
Trigésimo
primero. LÍBRESE
por la Secretaría General de esta Corporación las comunicaciones de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado Ponente
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Cuaderno original,
folio 3.
[2] Ídem, folio 32.
[3] Cuaderno original,
folio 33.
[4] Ídem, folio 41.
[5] Ídem, folio 37.
[6] Ídem, folio 42.
[7] Ídem, folio 44.
[8] Cuaderno original,
folio 48.
[9] Ídem, folio 34.
[10] Cuaderno
original, folio 36.
[11] Ídem, folio 45.
[12] Ídem, folio 46.
[13] Cuaderno original,
folio 38.
[14] Ídem, folio 63.
[15] Ídem, folio 70.
[16] Copia de
autorizaciones de servicios expedidas para el paciente de fecha 17 y 18 de
marzo de 2014. Cuaderno original, folio 85.
[17] Copia del concepto de
ASCONDI, dentro del cual señala que “En ninguna guía clínica para atención
y/o tratamiento de pacientes con Parálisis Cerebral se encontró que se
mencionen o se recomienden las Terapias ABA. Que hay ausencia de evidencia de
buena calidad sobre la efectividad y seguridad de las Terapias ABA en pacientes
con Autismo para este último término aplica la expresión Trastorno del Espectro
Autista. Las terapias ABA no ofrecen ningún beneficio en el tratamiento
integral de pacientes con Autismo (Trastorno del Espectro Autista)”.
Cuaderno original, folio 87.
[18] La E.P.S. SALUDCOOP
le envió un informe de cumplimiento al juez, donde informó que está acatando el
fallo de tutela. (cuaderno original, folio 105).
[19] Cuaderno original,
folio 14.
[20] Ídem, folio 15.
[21] Cuaderno
original, folio 19.
[22] Ídem, folio 16.
[23] Ídem, folio 17.
[24] Anexó copia de
las autorizaciones de servicios expedidas para el paciente, con el fin de
acreditar que ha venido brindando los servicios médicos requeridos por este.
Entre ellos adjuntó: Ortesis palmar con muñeca mano en posición funcional
(Código 102134); Endocrinología Pediátrica consulta (Código 890202); Cortisol
(Código 904805); y Hormona Adrenocorticotropica (ACTH) (Código 904103). Cuaderno
original, folios 59 a 62.
[25] El Director
Médico de la E.P.S., el señor Martín Solano Ripoll solicitó que se revocara el
fallo de primera instancia, debido a que no se había vulnerado el derecho de
salud del menor, ya que se le ha brindado el servicio médico requerido para su
enfermedad.
Indicó
que no se le podía exigir a la E.P.S. cumplir con las autorizaciones de
terapias ordenadas por un médico no adscrito a la red prestadora de servicios.
Agregó
que el mencionado método hace énfasis al manejo de la conducta del paciente y
en esencia consiste en la aplicación sistemática de los principios y técnicas
del aprendizaje en la modificación de la conducta humana, es decir, en la
enseñanza por medio de repetición de acciones reforzándolas con premios y
castigos.
Dijo
que el referido procedimiento no es imprescindible para la mejora y
mantenimiento de las condiciones de salud del usuario, dado que como se explicó
tienen tratamiento terapéutico equiparable dentro de los beneficios del POS.
Por ello, en el plan existen terapias como del lenguaje, físicas y
ocupacionales, que pueden ser concedidas por la E.P.S. y de la misma forma
contribuyen al restablecimiento de las condiciones de salud del menor.
Sostuvo
que en relación con la atención integral, conllevaría a que el juez de tutela
impartiera una orden amparando hechos futuros e inciertos difíciles de
diagnosticar, por lo que no se puede obligar a la entidad a asumir el costo de
servicios que ni siquiera han sido solicitados.
En
relación con el cobro de copagos y cuotas moderadoras, con base en el Acuerdo
260 de 2004 del Consejo Nacional de Seguridad en Salud consagra que el pago de
estos valores debe ser teniendo como base el salario que devenga la persona.
[26] Cuaderno original,
folio 16.
[27] Cuaderno
original, folio 24.
[28] Cuaderno
original, folio 25.
[29] Cuaderno
original, folio 26.
[30] Cuaderno original,
folio 15.
[31] Cuaderno original,
folio 9.
[32] Cuaderno
original, folio 28.
[33] Cuaderno
original, folio 29 y 30.
[34] Copia de
autorizaciones de servicios expedidas para el paciente de fecha 5 de noviembre
de 2011. Cuaderno original, folio 76.
[35]
Expuso los mismos motivos que en el expediente T-04405825.
[36] Cuaderno
original, folio 15.
[37] Cuaderno
original, folio 18.
[38] Ídem, folio 26.
[39] Ídem, folio 27 y
28.
[40] Ídem, folio 29.
[41] Ídem, folio 30.
[42] Copia de autorizaciones de
servicios expedidas para el menor, cuaderno original, folio 52.
[43]
Expuso los mismos motivos que en el expediente T-4405825.
[44] Cuaderno
original, folio 46.
[45] Ídem, folio 52.
[46] Cuaderno original,
folio 47.
[47] Ídem, folio 56.
[48] Ídem, folio 59.
[49] Ídem, folio 58.
[50] Ídem, folio 66.
[51] Ídem, folio 73.
[52] Cuaderno original,
folio 78.
[53] Ídem, folio 79.
[54] Cuaderno original,
folio 89.
[55] Cuaderno
original, folio 14.
[56] Cuaderno
original, folio 15.
[57] Ídem, folio 19.
[58] Cuaderno original,
folio 18.
[59] Ídem, folio 26.
[60] Cuaderno
original, folio 16.
[61] Ídem, folio 21.
[62] Ídem, folio 22.
[63] Ídem, folio 25.
[64] Ídem, folio 29.
[65] Terapias
ocupacionales, fonoaudiología y psicología.
[66]Foro que se realizó en
la Universidad Autónoma de Barranquilla, el 21 de noviembre de 2013.
[67] Ídem, folio 22.
[68] Ídem, folio 21.
[69] Cuaderno
original, folio 23.
[70] Ídem, folio 25.
[71] Ídem, folio 10.
[72] Cuaderno original,
folio 9.
[73] Ídem, folio 18.
[74] Cuaderno original,
folios 19 y 20.
[75] Señaló que
acudió por primera vez argumentando retraso psicomotor el 2 de mayo de 2008 al
pediatra, quien lo remitió a consulta especializada por neurología pediátrica,
siendo atendido el 12 de julio de 2008 por la doctora Irma Caro, quien ordenó
cariotipo, terapia física, ocupacional, fonoaudiología y evaluación por salud
ocupacional para determinar el porcentaje de discapacidad.
Luego,
el 22 de septiembre de 2008 fue valorada por psicología, quien recomendó seguir
con las terapias de lenguaje y ocupacional.
Sostuvo
que la paciente no acudió en el 2008 a cita de control con neurología
pediátrica y el 29 de julio de 2009 acudió de nuevo a pediatría solicitando
remisión a la especialidad, lo cual se autorizó, ordenándose además valoración
por fisiatría, endocrinología, otorrino y cardiología pediátrica.
Expuso
que asistió nuevamente a neurología el 18 de julio de 2008, la doctora Irma
Caro, quien diligenció ante el CTC el cariotipo, terapias de fonoaudiología,
psicología, terapia ocupacional, perfil tiroideo y control en 6 meses. Sin
embargo, se verificó que no había acudido a valoraciones.
Posteriormente,
el 4 de mayo de 2011 la psiquiatra infantil ordenó el medicamento Haloperidol
para disminuir las conductas disruptivas y ordenó control, no obstante el
paciente no acudió.
Copia
de las historias clínicas del 12 de junio de 2004 del doctor Haroldo Martínez
Pedraza; y autorizaciones de insumos y procedimientos médicos de los años de
2008 a 2011; y de la doctora Irma Caro de fecha 18 de julio de 2009, 12 de
julio de 2008. (Cuaderno original, folios 91 a 99).
[76] La Administradora
Suplente
de la E.P.S. Salud Total, María Osorio Chica solicitó revocar el fallo del a
quo puesto que la demandada no había vulnerado derecho alguno ya que la
accionante no demostró que esa entidad ha dejado de suministrar algún
procedimiento o insumo ordenados por los médicos adscritos.
Señaló
que tampoco existe evidencia científica de efectividad respecto del
tratamiento, además son educativas por lo que la corresponde a la Secretaría de
Educación asumir la responsabilidad.
Por
ello, solicitó que se ordenara al menor asistir a psiquiatría y a las terapias
médicas prestadas en la IPS de la red; y el derecho a repetir contra el FOSYGA.
(Cuaderno original, folio 149).
[77] Ídem, folio 10.
[78] Cuaderno original,
folio 9.
[79] Ídem, folio 17.
[80] Cuaderno original,
folios 18 y 19.
[81] Cuaderno
original, folio 20.
[82] El
Representante Legal de
la E.P.S. Salud Vida, Rodrigo Bula Álvarez solicitó revocar el fallo de primera
instancia puesto que el servicio reclamado se encuentra fuera del POS, además
el mismo es de competencia de la Secretaría de Salud del Atlántico. (Cuaderno
original, folio 108)
[83] Cuaderno original,
folio 4.
[84] Cuaderno original,
folio 5.
[85] Ídem, folio 6.
[86] Ídem, folio 7.
[87] Ídem, folio 13.
[88] Cuaderno original,
folio 11.
[89] Cuaderno original,
folio 10.
[90] Cuaderno
original, folio 20.
[91] Cuaderno
original, folio 21.
[92] Cuaderno original,
folio 22.
[93] Certificados de la
Fundación Educación para Todos APRENDO (C.O., folio 49), E.S.C.O. Salud Plus
IPS S.A.S. (C.O., folio 50) Neuro Rimular S.A.S. IPS (C.O., folio 51) Orietta
Correo Marchetti Terapista de neurodesarrollo (C.O., folio 52):
[94] Cuaderno original,
folio 34.
[95] Ídem, folio 35.
[96] La Corte reseña las
consideraciones de la sentencia T-727 de 2012, proferida por esta misma Sala de
Revisión. Cfr. Sentencias T-004, T-020, T-033, T-036 y T-206 de 2013; T-1092,
T-1060, T-1030, T-979 y T-975 de 2012; T-022, T-035, T-052 y T-046 de 2011;
T-1055, T-1039, T-993 y T-953 de 2010; T-050, T-053, T-065 y T-103 de 2009; y
T-760 de 2008, entre muchas otras.
[97] Cfr. Sentencias T-320
de 2011, T-499 de 2009, T-961 y T-649 de 2008, entre muchas otras.
[98] Entre ellos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, firmado
por Colombia el 21 de diciembre de 1966 y ratificado el 29 de octubre de 1969.
[99] Sentencia T-760 de
2008.
[100] Sentencias T-922 de
2009 y T-760 de 2008, entre muchas otras.
[101] Sentencias T-760 de
2008, SU-819 de 1999 y SU-480 de 1997.
[102] La Corte reseña
consideraciones de la sentencia T-769 de 2013, emitida por esta misma Sala de
Revisión. Cfr. Sentencias T-678, T-433, T-423, de 2014; T-209, T-180, T-089 y
T-020 de 2013; T-626, T-478, T-359 y T-034 de 2012; T-974 yT-955 de 2011, entre
otras.
[103] Cfr.
Sentencias
T-681 de 2014, T-116A, T-206, T-209, T-374, T-567, T-586, T-807 de 2013, T-731
de 2012, T-974  y T-654 de 2010 y T-872 de 2011. El fallo
T-518 de 2006 indicó: “la salud de los niños se erige como un derecho
fundamental, y que tratándose de menores con discapacidad el Estado se
encuentra obligado a ofrecer un tratamiento integral encaminado a lograr la
integración social del niño. En este sentido, debe ofrecerse al menor todos los
medios que se encuentren al alcance con el fin de obtener su rehabilitación,
teniendo en cuenta, además, que este proceso puede tener ingredientes médicos y
educativos, como podría presentarse en el caso de los niños autistas”.
[104] Terapias consistentes
en hidroterapia, animalterapia, musicoterapia y
equinoterapia.
[105] Al respecto dijo la
Corte: “Las citadas terapias deberán ser practicadas preferiblemente en el
Centro de Capacitación Especial -CENCAES- que se encuentra en el municipio de
Soledad (Atlántico), donde están ubicadas las residencias de los demandantes,
con la salvedad de que en el evento de no existir contrato con este organismo,
podrán ser prestadas en otro siempre y cuando no implique una carga
desproporcionada o un obstáculo para acceder al servicio de salud”.
[106] Hay terapias que están incluidas en el POS, razón por la
cual es obligación de las E.P.S. el suministro de las mismas, conforme con la
Resolución núm. 5521 de 2013, dentro de la cual consagran, entre otras: terapias
ocupacionales, terapia física integral, terapia respiratoria integral,
terapia fonoaudiologica integral, terapia fonoaudiologica para problemas
evolutivos y adquiridos del lenguaje oral y escrito, terapia fonoaudiologica
para desórdenes del habla, voz, fluidez, articulación, resonancia; terapia
fonoaudiologica para desórdenes auditivos comunicativos; terapia
fonoaudiológica para desórdenes cognitivo comunicativos; otro adiestramiento y
terapia del habla.
[107] Así
lo expuso en el asunto de un
niño que padecía de síndrome Down, quien requería
terapias integrales para tratar dicha patología: “Con todo lo dicho, es necesario determinar que la
entidad prestadora del servicio de salud están en la imperiosa obligación de
suministrar la atención requerida si es factible para el paciente obtener una
mejoría o progreso en su salud mediante las terapias integrales requeridas,
logrando con ello mantener en el menor una mejor calidad de vida. Resulta
importante resaltar que la patología que sufre el demandante “Síndrome Down” es
una discapacidad que conlleva una limitación psíquica o de comportamiento, que
no le permite comprender el alcance de sus actos que asume riesgos excesivos o
innecesarios en el manejo de su patrimonio, es una razón más que suficiente
para proteger especialmente en tanto es latente la debilidad manifiesta en la
que se encuentra, pues no hacerlo sería ubicarlo en un plano de desigualdad que
resulta inadmisible a la luz de los mandatos establecidos en la Constitución Política”.
Por esto, este tribunal ordenó a la accionada el suministro
de terapias a través de la institución particular, ya que esta se encuentra en
la municipalidad del domicilio del menor, nuevamente hizo la salvedad “de
que en el evento de no existir contrato con este organismo, podrán ser
prestadas en otro siempre y cuando no implique una carga desproporcionada o un
obstáculo para acceder al servicio de salud del menor”.
[108] La
Corte analizó el caso de una niña que sufría “parálisis
cerebral espástica, síndrome west y retardo psicomotor”, a quien su
médico tratante le había ordenado terapias físicas, de lenguaje y ocupacionales
(programas de neurodesarrollo, acuaterapia, músicoterapia, dactilopintura y
terapias ABA).
[109] Cfr. Sentencia T-807
de 2013.
[110] Fallo T-731 de 2012.
[111]
Dicha providencia negó las pretensiones por: ”En primer lugar, el
Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá, en sentencia del 21 de julio de 2010,
amparó los derechos del niño Wilder Horacio, ordenando el tratamiento integral
y todos los servicios necesarios para su condición: parálisis cerebral
espástica, que estén o no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud, lo
cual evidencia que al joven ya se le protegieron, por vía de tutela, los
derechos presuntamente vulnerados y, como lo señaló la actora en su escrito, el
menor de edad si está recibiendo las terapias y tratamientos, lo cual deja ver
que Wilder no enfrenta una situación de amenaza a sus derechos
constitucionales.
En segundo lugar, teniendo en
cuenta las pruebas allegadas a este proceso, se observa que la entidad
accionada no ha negado tratamiento alguno pues le ha autorizado y practicado
los requeridos y necesarios para que el joven pueda llevar una condición de
vida digna, cumpliendo con lo ordenado en el fallo de tutela en su contra.
En tercer lugar, no existe
evidencia que justifique la necesidad del tratamiento o las terapias
solicitadas por la accionante en otra institución, más aún cuando se trata de las mismas terapias que le
está brindando la EPS a su hijo. En este respecto, sólo hay una valoración
realizada por la IPS Neurorehabilitar en donde se considera que el menor de
edad tiene las condiciones necesarias para ingresar al instituto. Del análisis
de las pruebas obrantes en el plenario, la Sala observa que las terapias y los
servicios solicitados por la actora se fundamentan sobre sus apreciaciones
personales en el sentido de que dichas terapias son esenciales para mantener la
calidad de vida de su hijo, en los siguientes términos: Aclaro que el
tratamiento que solicito en NEUROREHABILITAR es porque es el mejor para mi hijo
y el que puede brindar los mejores resultados para su rehabilitación. (…)
En cuarto lugar, se señala que
no hay claridad en cuanto a la naturaleza de los procedimientos solicitados por
la accionante ya que ella los denomina como una propuesta de rehabilitación
integral más no educativa, pero la entidad accionada reitera que se trata de un
tratamiento educativo por no afectar de manera directa la vida del menor de
edad”.
[112] “Artículo 43. Transporte
del paciente ambulatorio. El
servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a un
servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en
el municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima
adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas, en las zonas
geográficas en las que se reconozca por dispersión”.
[113] Cfr. Sentencias
T-105, T-118, T-155 y T-433 de 2014, entre otras.
[114] Cfr. Sentencias
T-T-371 y T-855 de 2010 y T-118 de 2014.
[115] Cfr. Sentencia T-1076
de 2010.
[116] Cfr. Sentencias
T-T-678, T-433 y T-423 de 2014; T-T-089 y T020 de 2013, entre otras.
[117] Cfr. Sentencia T-650
de 2009.
[118] Cfr. Sentencia T-371
de 2010.
[119] Cfr.
Sentencias
T-807 de 2013, T-771 y T-864 de 2012, T-392 de 2011.
[120] Cfr. Sentencia T-731
de 2012.
[121] Sentencia T-329 de
2011.
[122] Sentencia T-1076 de
2012. Cfr. Sentencia T-854 de 2010: “El derecho al diagnóstico se presenta
además como una manifestación de la prestación del servicio de salud, que está
relacionada con la garantía al acceso a la salud, el mejoramiento permanente de
la calidad de la atención mínima y la búsqueda y generación de eficiencia en la
prestación de los servicios de salud.”
[123] Cfr. Sentencias
T-209, T-218, T-374, T-586 y T-807 de 2013; T-048, T-344A, T-389, T-708, T-727
de 2012; T-561, T-705, T-872, T-976 de 2011; T-391 de 2009, T-201 y T-862 de
2007, entre otras.
[124] Sentencia T-953 de
2011.
[125] Sentencia del 22 de
marzo de 2013 emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barranquilla,
dentro de la cual se tuteló los derechos fundamentales a la salud y a la vida
de la menor Sheila Julio Coronell y se ordenó a Coomeva E.P.S. la realización
de la evaluación médica especializada de la menor y en caso de ser prescritas
las terapias integrales, físicas, fonoaudiológicas y ocupacionales, pañales
desechables y suplementos nutricionales por el médico tratante, estas debían
suministrarse. (Cuaderno original, folio 106).
Sentencia del 30 de mayo de 2012 proferida por el
Juzgado Sexto del Circuito con Funciones del Conocimiento de Barranquilla,
dentro de la cual, confirmó parcialmente el fallo del a quo y ordenó a
la demandada “el amparo en relación con la evaluación médica especializada
tendiente a la realización de las terapias de neurodesarrollo y se deniegue la
tutela en relación con la entrega de suplementos nutrientes y pañales
desechables, salvo que el médico tratante luego de la valoración determine
ordenar [los mismos]”. (Cuaderno original, folio 113).
[126] Providencia del 2 de
abril de 2013 dictada por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantía de Barranquilla, dentro de la cual tuteló
los derecho de la infante y ordenó a la E.P.S. que autorizara el traslado de la
menor de la Fundación SION a la IPS Centro de Estimulación y Aprendizajes
Sonrisas de Esperanzas. (Cuaderno original, folio 117).
[127] Cuaderno original,
folio 89.
[128] Sentencias T-359 de
2012 y T-049 de 2009.
[129] Ídem.
[130] Coomeva E.P.S. en
cumplimiento de órdenes judiciales ha entregado pañales desechables,
complementos alimenticios y terapias de neurodesarrollo (Cuaderno original,
folio 92 a 94)
[131] Cuaderno original,
folio 100.
[132] La sentencia T-639 de
2011 dijo: “En múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha señalado que el
derecho a la salud no sólo incluye la potestad de solicitar atención médica, es
decir, tratamientos, procedimientos quirúrgicos o terapéuticos, medicamentos o
implementos correspondientes al cuadro clínico, sino, también el derecho a un
diagnóstico efectivo. La Corte ha determinado que el derecho al diagnóstico
está compuesto por tres preceptos: “(i) la práctica de las pruebas, exámenes y
estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente,
(ii) la calificación igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la
autoridad médica correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y
(iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del procedimiento,
medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado, a la luz de
las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia
médica y los recursos disponibles”.
[133] Terapias de
neurodesarrollo las cuales, conforme con la literatura médica, son las
adecuadas para el tipo de patología que padece la menor como ocupacional,
fonoaudiología y psicología.
[134] La sentencia T-639 de
2011 dijo: “En múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha señalado que el
derecho a la salud no sólo incluye la potestad de solicitar atención médica, es
decir, tratamientos, procedimientos quirúrgicos o terapéuticos, medicamentos o
implementos correspondientes al cuadro clínico, sino, también el derecho a un
diagnóstico efectivo. La Corte ha determinado que el derecho al diagnóstico
está compuesto por tres preceptos: “(i) la práctica de las pruebas, exámenes y
estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente,
(ii) la calificación igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la
autoridad médica correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y
(iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del procedimiento,
medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado, a la luz de
las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia
médica y los recursos disponibles”.
[135] Señaló
que acudió por primera vez argumentando retraso psicomotor el 2 de mayo de 2008
al pediatra, quien lo remitió a consulta especializada Neurología Pediátrica,
siendo atendido el 12 de julio de 2008 por la doctora Irma Caro, quien ordenó
cariotipo, terapia física, ocupacional, fonoaudiología y evaluación por salud
ocupacional para determinar el porcentaje de discapacidad.
Luego, el 22 de septiembre de 2008 fue
valorada por psicología que recomendó seguir con las terapias de lenguaje y
ocupacional.
Sostuvo que la paciente no acudió en el
2008 a cita de control con Neurología pediátrica y el 29 de julio de 2009
acudió de nuevo a pediatría solicitando remisión a la especialidad, lo cual se
autorizó, ordenándose además valoración por fisiatría, endocrinología, otorrino
y cardiología pediátrica.
Expuso que asistió nuevamente a
Neurología el 18 de julio de 2008, la doctora Irma Caro, quien diligenció ante
el CTC el cariotipo, terapias de fonoaudiología, psicología, terapia
ocupacional, perfil tiroideo y control en 6 meses. Sin embargo, se verificó que
no había acudido a valoraciones.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2011 la
psiquiatra infantil ordenó el medicamento Haloperidol para disminuir las
conductas disruptivas y ordenó control, no obstante el paciente no asistió.
Copia de las historias clínicas del 12
de junio de 2004 del doctor Haroldo Martínez Pedraza; y autorizaciones de
insumos y procedimientos médicos de los años de 2008 a 2011; y de la doctora
Irma Caro de fecha 18 de julio de 2009, 12 de julio de 2008. (Cuaderno original,
folios 91 a 99).