T-107-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-107/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-No es
absoluta
La
competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, siguiendo el principio de autonomía e independencia
judicial, no es en ningún caso absoluta, pues se encuentra limitada por el
orden jurídico preestablecido y por el respeto a los derechos fundamentales de
las partes en contienda. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas
pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación, y para
establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les
es dable en esta labor, apartarse de las disposiciones de la Constitución o de
la ley”, ya que encuentran su límite en el principio procesal de la congruencia
judicial, así como en los contenidos, postulados y principios constitucionales
de forzosa aplicación, tales como la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas, de favorabilidad, pro homine, entre otros.
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y
positiva
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL EN PROCESO DE
RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Caso en el
que se exige al demandado acreditar el pago o la consignación de los cánones de
arrendamiento para ser oído
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS CARGAS PROCESALES QUE LIMITAN EL DERECHO
DE DEFENSA DE LOS ARRENDATARIOS DEMANDADOS EN PROCESOS DE RESTITUCION DE
INMUEBLE ARRENDADO
SUBREGLA CONSTITUCIONAL QUE EXIME AL
DEMANDADO DE LA APLICACION DE LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO
424 DEL CPC-Eventos en los cuales hay
serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto
fáctico
PROCESO DE RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Se exime al demandado de la obligación de acreditar el pago del
canon para ser oído en los eventos en que existen serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico
Al revelar el
material probatorio que no existía claridad acerca de cuál de los contratos de
arrendamiento estaba vigente respecto del arrendatario, era viable que el
juzgado accionado inaplicara la norma contenidas en el artículo 424 del Código
de Procedimiento Civil, con el fin de permitir al demandado ejercer su derecho
a la defensa y a la contradicción probatoria, ya que de esa forma se
garantizaba el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de
justicia.
DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO DE RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO-Desarrollo jurisprudencial de las cargas procesales que limitan el
ejercicio en los procesos de restitución de bien inmueble arrendado
La Corte ha
encontrado que las cargas procesales que se establecen al demandado para ser
oído en el marco de un proceso de restitución de inmueble arrendado, se ajustan
al texto constitucional porque corresponden a la inversión de la carga
probatoria sin que ello vulnere el derecho al debido proceso que le asiste al
arrendatario, ya que éste se encuentra en capacidad de poder demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, entre ellas, el pago de los
cánones acordados.
DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA
NORMA-A pesar que la norma está vigente y es
constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque
a la norma aplicada se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador
Referencia: expediente
T-4013476
Acción de tutela instaurada por Daniel Torres López
contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero
de dos mil catorce (2014).
La
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos dictados por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, el 8 de
mayo de 2013, y la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de esa misma
ciudad, el 14 de junio de 2013, que resolvieron la acción de tutela que
presentó Daniel Torres López contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Ibagué.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y acción de tutela
interpuesta:
El 23 de abril de 2013, Daniel
Torres López presentó acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Ibagué, por considerar que éste con las decisiones que profirió
dentro de los procesos abreviado de restitución de inmueble arrendado y
ejecutivo a continuación que formuló Arturo Durán Restrepo en su contra, le
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
contradicción, de acceso a la administración de justicia y de igualdad procesal
ante la ley, atendiendo a los siguientes hechos:
1.1. El día 25 de abril de 2011,
los señores Arturo Durán Restrepo y Daniel Torres López suscribieron contrato
de arrendamiento sobre un inmueble ubicado en el barrio La
Pola Parte Alta de Ibagué, en el cual el segundo, en su calidad de
arrendatario, se obligó a pagar como canon mensual la suma de $300.000, dentro
de los cinco primero días de cada mes. El término de duración del contrato se
pactó a 12 meses y la señora Aleyda Torres López lo firmó como codeudora.
1.2. Con ocasión del incumplimiento
contractual en el pago de los cánones del 1° de diciembre de 2011 al 1° de
febrero de 2012, el arrendador Arturo Durán Restrepo actuando por medio de
apoderado judicial, inició el 13 de febrero de 2012, proceso abreviado de
restitución de inmueble arrendado en contra de Daniel Torres López y su
codeudora, reclamando la terminación judicial del contrato de arrendamiento, el
lanzamiento y la consecuente entrega del bien inmueble. Allí adujo que se le
adeudaban $900.000 por cánones atrasados.
1.3. Por reparto, dicho proceso
abreviado correspondió al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, quien
admitió la demanda el 16 de febrero de 2012 y posteriormente, previo pago de
caución por la parte demandante, dispuso el embargo de un bien inmueble
propiedad de la codeudora Aleyda Torres López.
1.4. El accionante Daniel Torres
López se notificó el 15 de mayo de 2012 y se opuso a las pretensiones de la
demanda de restitución de inmueble arrendado, arguyendo que no era cierto que
adeudara la suma de $900.000 porque solo se habían causado dos mensualidades
del arriendo (del 1° de diciembre de 2011 al 1° de febrero de 2012), es decir,
solo debía $600.000. Adicionalmente presentó excepciones de mérito que denominó
“cobro de lo no debido y buena fé”, y aportó como anexos las
consignaciones correspondientes a los depósitos de arrendamiento No. 2774413 y
No. 2774414 que realizó en el Banco Agrario a nombre de su arrendador Arturo
Durán Restrepo, por valor de $300.000 cada una[1].
1.5. De otro lado, el accionante
advirtió al juzgado acusado que el inmueble objeto de la restitución había sido
embargado y secuestrado el 6 de febrero de 2012, por el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Ibagué dentro del proceso ejecutivo adelantado por Gustavo
Martínez Toledo en contra de Arturo Durán Restrepo, es decir, incluso antes de
haberse presentado la demanda abreviada. Durante esa diligencia, el secuestre
designado haciendo uso de sus facultades legales, le arrendó desde ese mismo
día el inmueble al accionante Daniel Torres López, quien atendió en calidad de
tenedor y le indicó que debía cancelarle los cánones mensuales de arrendamiento
directamente a él o, en su defecto, consignarlos a órdenes del juzgado de
conocimiento mediante depósito judicial.
1.6. El actor anexó al proceso
abreviado copia del acta que se levantó el día de la diligencia de secuestro
adelantada en la causa ejecutiva[2].
Apoyado en dicha acta, explicó que a partir del 6 de febrero de 2012, no le
debía cánones de arrendamiento al demandante Arturo Durán Restrepo y que el
inmueble al estar secuestrado impide que prospere la pretensión de restitución
del mismo, porque el demandante tiene limitado su derecho de dominio sobre el
bien. De esta forma, el accionante solicitó al juzgado acusado declarar
probadas las excepciones propuestas, levantar la medida cautelar que decretó
sobre el inmueble de la codeudora y terminar el proceso abreviado por pago
total de la obligación.
1.7. En vista de lo anterior, el
Juzgado acusado solicitó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué que
certificará las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo instaurado
contra Arturo Durán Restrepo. El 10 de agosto de 2012, éste último juzgado allegó
comunicación en la cual indicó que sí se realizó secuestro al inmueble objeto
de la restitución, que dicha medida estaba vigente y que en el reporte de
títulos judiciales no existía ninguna consignación para ese proceso.
1.8. Sin embargo, días antes, el
apoderado judicial de Arturo Durán Restrepo solicitó al juzgado accionado no
escuchar al demandado Daniel Torres López dentro del proceso abreviado con base
en el artículo 424, parágrafo 2, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil,
por considerar que no había demostrado el pago de los cánones de arrendamiento
presuntamente causados a partir del 1° de febrero de 2012. Ese pedimento no fue
atendido por el juzgado accionado el 21 de agosto de 2012, ya que el demandado
había demostrado el pago de los dos cánones que adeudaba y los posteriores
estimó que tenían como destino el proceso ejecutivo seguido en el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Ibagué.
1.9. El apoderado judicial de
Arturo Durán Restrepo presentó recurso de reposición contra el auto del 21 de
agosto de 2012, señalando que el demandado solo demostró el pago de dos
cánones, pero se abstuvo de hacerlo frente a aquellos causados a partir de
febrero de 2012, así los hubiese pagado al secuestre o consignado a órdenes del
juzgado que adelanta el trámite ejecutivo. Esa tesis fue acogida por el juzgado
accionado, quien repuso el auto mediante providencia del 5 de septiembre de
2012 y decidió no escuchar al accionante.
1.10. Mediante sentencia del 4 de
octubre de 2012, que fue posteriormente corregida, el juzgado accionado dictó
sentencia de plano, en la cual declaró terminado el contrato de arrendamiento celebrado
entre Arturo Durán Restrepo y Daniel Torres López, por incumplimiento de las
obligaciones económicas por parte de éste último, y en consecuencia, ordenó la
restitución del inmueble a favor del secuestre que fue designado por el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Ibagué.
1.11. Esa decisión fue cuestionada
por el actor mediante escrito de nulidad, al cual anexó copia del contrato de
arrendamiento que suscribió con el secuestre el 7 de marzo de 2012[3],
y copia de las constancias de pago mensual del canon firmadas por el auxiliar
de la justicia[4].
No obstante, su petición no fue atendida por el juzgado acusado en providencia
del 4 de diciembre de 2012, mismo auto que dispuso entregar los depósitos
judiciales existentes al demandante.
1.12. El 14 de diciembre de 2012,
el apoderado judicial de Arturo Durán Restrepo formuló demanda ejecutiva a
continuación del proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado,
solicitando librar mandamiento de pago por los cánones correspondientes a los
meses de febrero de 2012 a enero de 2013 ($300.000 c/u), además de la suma de
$1’133.400 por concepto de cláusula penal pactada en el contrato y $90.000 por
agencias en derecho.
1.13. Mediante providencia del 22
de enero de 2013, el juzgado accionado libró mandamiento de pago en contra del
accionante Daniel Torres López y le impuso la obligación, según el accionante,
“de responder por los cánones de arrendamiento ante dos (2) arrendadores,
sin reparar cuál de los dos (2) contratos de arrendamiento que corrían
simultáneamente sobre el mismo bien inmueble objeto de la litis era vigente y/o
hasta qué fecha tenía vigencia el contrato base de la demanda de restitución de
inmueble arrendado promovida por el demandante señor Arturo Durán Restrepo”.
1.14. Adicionalmente, el apoderado
del ejecutante solicitó que se le entregara despacho comisorio con el fin de
hacer efectiva la restitución del inmueble, petición que si bien en principio
había sido negada el 28 de febrero de 2013 por la juez adjunta, posteriormente
fue concedida por el juzgado accionado librando el correspondiente oficio para
realizar el lanzamiento.
1.15. El 31 de enero de 2013, ante
el vencimiento del contrato de arrendamiento que el accionante suscribió con el
secuestre, Daniel Torres López hizo entrega de las llaves y del inmueble al
auxiliar de la justicia Aldemar Oyola Escandón, quien así lo reportó al Juzgado
Tercero Civil Municipal de Ibagué[5].
1.16. El 4 de febrero de 2013, el
accionante consignó la suma de $4’823.400 mediante depósito judicial con
destino al proceso ejecutivo que a continuación del abreviado le formuló Arturo
Durán Restrepo, y ese mismo día pidió al juzgado accionado que diera por
terminado aquel proceso por pago total de la obligación y que procediera a
levantar las medidas cautelares, en especial la correspondiente al embargo del
inmueble propiedad de la codeudora. A pesar de realizar el pago, el accionante
manifestó su inconformidad porque el juzgado accionado no había tenido en
cuenta que desde el 6 de febrero de 2012, estaba vigente el contrato de
arrendamiento suscrito con el secuestre y, por ello, recalcó que el mandamiento
de pago librado era ilegal. Sin embargo, no presentó excepciones de mérito.
1.17. En vista de la anterior
solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación, el
juzgado accionado corrió traslado al ejecutante el 3 de abril de 2013, quien
manifestó no estar de acuerdo con el valor consignado porque no incluía unas
facturas de servicios públicos, las costas y los gastos procesales.
1.18. A pesar de la oposición que
hizo el accionante a la nuevas cuentas que pretendía incluir el ejecutante
Arturo Durán Restrepo, el juzgado accionado dictó el 25 de abril de 2013,
sentencia ejecutiva de mínima cuantía y única instancia en contra del
accionante en tutela, ordenando seguir adelante la ejecución por las sumas
indicadas en el mandamiento ejecutivo del 22 de enero de 2013. Además, dispuso
el avalúo y remate de los bienes embargados y los que posteriormente se
llegaren a embargar, efectuar la liquidación del crédito, condenar en costas al
ejecutado por la suma de $200.000 y no tener en cuenta los recibos de pago que
aportó el actor Daniel Torres López.
1.19. El accionante aduce que el
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué incurrió en violación al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, de acceso a la administración de
justicia y de igualdad procesal ante la ley, por los siguientes argumentos:
(i)  Defecto fáctico, por cuanto el juzgado accionado decidió no oír a Daniel Torres López
a pesar de que en el proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado
existía la certeza que el bien objeto de la litis se encontraba cautelado
dentro de otro proceso ejecutivo que se seguía en contra del demandante en el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, pues se aportó el acta de secuestro
del inmueble en donde consta la entrega material que del mismo se hizo al
auxiliar de la justicia y la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento
entre el secuestre y el actor en tutela. Además, se allegaron los recibos
correspondientes a los pagos mensuales que por concepto de cánones se hicieron
al secuestre, con lo cual se podía verificar que solo se adeudaban a Arturo
Durán Restrepo las mensualidades de diciembre de 2011 y enero de 2012, que fueron
consignadas mediante depósito judicial y posteriormente entregadas al
demandante. Entonces, no se tuvo en cuenta que desde el 6 de febrero de 2012,
se celebró un nuevo contrato de arrendamiento. Por consiguiente, el accionante
considera que no existía razón jurídica para que el juzgado acusado le ordenara
pagar los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de febrero de 2012
a febrero de 2013.
De esta forma, señala que el
defecto fáctico se manifestó por dos vías: positiva, como quiera que la
decisión de no escuchar al demandado estuvo apoyada en contra de la evidencia
probatoria que relevaba al accionante de cumplir con la obligación y que
impedía aplicar el supuesto legal de no oírlo en el trámite procesal. Y negativa,
porque no tuvo en cuenta las pruebas pertinentes y conducentes solicitadas y
allegadas por el actor, que demostraban que el 6 de febrero de 2012 finalizó el
contrato de arrendamiento con el demandante y que se suscribió uno nuevo con el
secuestre designado.
(ii) Defecto sustantivo, toda vez que la decisión de no oír al demandado se fundamentó en
una norma inaplicable para el caso concreto, en tanto el contenido del numeral
2° del parágrafo 2° del artículo 424 del CPC no encuentra conexión material con
los supuestos fácticos del proceso, dado que no existe certeza real sobre la
vigencia del contrato de arrendamiento celebrado entre Arturo Durán Restrepo y
Daniel Torres López.
(iii) Defecto procedimental
absoluto, porque el juzgado accionado actuó
completamente al margen del procedimiento que establece el CPC, al exigirle la
carga procesal de pagar todos los cánones para ser escuchado cuando no existía
certeza sobre la vigencia del contrato de arrendamiento objeto el litigio.
(iv) Desconocimiento del
precedente, porque la
Corte Constitucional en sentencia T-150 de 2007 indicó que cuando un
arrendatario firma dos contratos de arrendamiento que corrían simultáneamente
sobre el mismo inmueble, de tal manera que aquel deba responder ante dos
arrendadores, no es dable aplicar el artículo 424 del CPC frente a la carga de
pagar para ser oído dentro del trámite procesal, ya que se presentan serias
dudas sobre la existencia y/o vigencia del contrato de arrendamiento.
1.20. Señala el accionante que a
pesar de instaurar quejas disciplinarias en contra del juez, las cuales están
en curso, se encuentra frente a la inminencia de un perjuicio irremediable toda
vez que de ser rematado el bien inmueble de propiedad de la codeudora, no
tendría ningún medio para recuperarlo.
1.21.  En
este orden de ideas, el accionante solicita protección constitucional de los
derechos debido proceso, a la defensa y a la
contradicción, de acceso a la administración de justicia y de igualdad procesal
ante la ley. En consecuencia, se deje sin efectos jurídicos todo lo actuado a
partir del auto del 5 de septiembre de 2012 que decidió no escuchar al
demandado en el proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado y, en su
lugar, se ordene al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué que oiga a Daniel
Torres López, que le devuelva el depósito judicial que consignó por la suma de
$4’823.400 y que levante las medidas cautelares que profirió sobre el bien
propiedad de la codeudora porque, a pesar de las múltiples peticiones, no lo ha
hecho. Por último, pide que se condene en abstracto al juzgado accionado para
que pague los perjuicios causados al actor.
2. Respuestas del juzgado accionado
y de los vinculados:
2.1. El señor Juez Séptimo Civil
Municipal de Ibagué, mediante escrito recibido el 26 de abril de 2013, se opuso
a las pretensiones de la tutela aduciendo que el accionante Daniel Torres López
no hizo uso de los medios exceptivos con que contaba dentro del proceso
ejecutivo a continuación del abreviado, sino que “se limitó a presentar una
consignación y a rebatir situaciones anteriores y frente a las que presentaba
inconformismo, las cuales no desvirtuaban la ejecución, tan es así, que debió
seguirse adelante la ejecución”. En forma adicional, señaló que la tutela
no procede contra providencias judiciales cuando se pretende atacar la
interpretación válida, correcta y razonable dada por el funcionario judicial.
2.2. Los señores Arturo Durán
Restrepo (demandante) y Aleyda Torres López (codeudora) a pesar de estar
debidamente enterados de la presente acción constitucional mediante los oficios
No. 1179 y 1180 -respectivamente-, expedidos el 25 de abril de 2013 por el
juzgado de primera instancia, no hicieron pronunciamiento alguno.
3. Sentencias objeto de
revisión:
3.1. Primera Instancia:
El Juzgado Cuatro Civil del
Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 8 de mayo de 2013, negó el amparo deprecado
por el actor al considerar que éste incumplió con la obligación de pagar la
totalidad de los cánones de arrendamiento al demandante y de consignarlos, si
éste no le recibía, mediante el procedimiento de pago por consignación
extrajudicial que contempla el artículo 10 de la
Ley 820 de 2003. Así mismo, indicó que en el trámite del proceso abreviado se
le garantizaron al accionante sus derechos, pues tuvo la oportunidad de
controvertir las providencias que se dictaban en el curso del mismo.
3.2. Impugnación presentada
por el accionante:
Daniel Torres López presentó
impugnación contra la decisión del a quo, planteando que la tutela no solo
cuestiona el auto del 5 de septiembre de 2012 que dispuso no escucharlo dentro
del proceso abreviado, sino también las providencias subsiguientes que le
impidieron su defensa y que culminaron con la terminación del contrato de
arrendamiento que celebró con Arturo Durán Restrepo, por la causal de
incumplimiento del pago de los cánones a pesar de haber demostrado con el
material probatorio que allegó, que existía duda sobre la vigencia de dicho
contrato y que había consignado mediante depósito judicial los valores
adeudados. Además, indicó que cuestiona las decisiones adoptadas posteriormente
en proceso ejecutivo a continuación, por ser arbitrarias y contrarias a la
realidad procesal, más aún cuando consignó la totalidad de las sumas
relacionadas en el mandamiento de pago y solicitó el levantamiento de las
medidas cautelares que recaen sobre el inmueble de la codeudora.
3.3. Segunda Instancia:
El Tribunal Superior de Ibagué –
Sala Civil Familia, mediante sentencia del 14 de junio de 2013, confirmó la
denegatoria de amparo, arguyendo que no se cumplieron los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad que caracterizan la tutela. El primero, porque
habiéndose proferido el auto por el cual el juzgado accionado decidió no
escuchar al actor el 5 de septiembre de 2012, no existe justificación de que se
haya esperado ocho meses para presentar la acción constitucional; y el segundo,
por cuanto dentro del proceso ejecutivo no hizo uso de los medios de defensa
que tenía a su disposición, ya que no presentó excepciones ni repuso el
mandamiento de pago.
II. INSISTENCIA PRESENTADA POR
EL MAGISTRADO JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB:
El Magistrado Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 51 del
Acuerdo 05 de 1992, insistió en la selección del expediente de la referencia,
al considerar que el caso “(…) puede haberse configurado un defecto fáctico,
en la medida en que, tal como lo ha explicado reiteradamente el peticionario,
el juez de conocimiento careció de todo sustento probatorio que sustentara sus
decisiones, pues decidió no oírlo en juicio, pese haber cumplido siempre con la
exigencia legal de la consignar los dineros indicados”.
Por otra parte, indicó que se
presentó un defecto sustantivo porque el juez al librar mandamiento ejecutivo
invocó el artículo 335 del CPC, el cual refiere a aquellas sentencias que hayan
condenado al pago de alguna suma de dinero. En este sentido, señaló que ni la
sentencia que dio por terminado el proceso de restitución de inmueble
arrendado, ni el auto de corrección de la misma, ordenó el pago de suma alguna.
Igualmente, adujo que el
accionante consignó los dineros exigidos por el despacho judicial para poder
ejercer su derecho a la defensa. No obstante, el juzgado decidió no oírlo en
juicio, desconociendo la jurisprudencia constitucional que ha señalado que
cuando no existe claridad sobre cuál de los dos contratos de arrendamiento está
vigente, no se puede dar aplicación irrestricta al artículo 424 del CPC que
determina que el arrendatario no será oído sino demuestra el pago de lo
reclamado.
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para
revisar las decisiones judiciales antes descritas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a la
selección y el reparto efectuado el 17 de octubre de 2013.
2. Problema Jurídico.
De
acuerdo con los hechos expuestos, corresponde a la
Sala de Revisión determinar si el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué
desconoció los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia que le
asisten al accionante, al negarse a oírlo dentro del proceso de restitución de
inmueble arrendado aduciendo que éste no demostró haber pagado al demandante
los cánones supuestamente adeudados, a pesar de que el actor probó que el
inmueble objeto de la restitución había sido secuestrado en otro proceso
judicial y que su administración la estaba ejerciendo un auxiliar de la
justicia (secuestre), con quien celebró un nuevo contrato de arrendamiento y a
quien le pagaba los cánones mensuales, encontrándose al día.
Así
mismo, establecer si dicho juzgado incurrió en defecto al ordenar seguir
adelante con la ejecución de los supuestos cánones adeudados, a pesar de que el
actor demostró que celebró un nuevo contrato de arrendamiento con el secuestre
que ejercía la administración del bien, lo cual ubicaba el caso del ejecutante
en el presupuesto procesal de falta de legitimación en la causa por activa.
Para resolver las cuestiones
planteadas, estima la Sala la necesidad de ocuparse de los siguientes temas: (i)
requisitos generales y específicos de procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Especial profundización en los
defectos sustantivo y fáctico. Reiteración de jurisprudencia; (ii) constitucionalidad
de las cargas procesales que limitan el derecho de defensa de los arrendatarios
demandados en procesos de restitución de inmueble arrendado; (iii)
subregla constitucional que exime al demandado de la aplicación del numeral 2°
del parágrafo 2° del artículo  del CPC, en los eventos en que se presentan
serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento que sirve de
presupuesto fáctico; y, luego analizará (iv) el caso
concreto.
3. Requisitos
generales y específicos de procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Especial profundización en los defectos
sustantivo y fáctico. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. La
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias emitidas por los jueces de la república en
virtud del artículo 86 Superior que, al consagrar la acción de tutela, previó
expresamente que puede ser elevada para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Sin embargo, ha
subrayado que para salvaguardar la autonomía judicial y la seguridad jurídica,
principios que también ostentan relevancia constitucional y que pueden verse
afectados por la revisión en sede de tutela de los fallos judiciales, en estos
casos el amparo procede solo cuando se reúnen estrictos requisitos contemplados
en la jurisprudencia.
3.2. En desarrollo de esas
premisas, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005[6], estableció de forma
unánime un conjunto sistematizado de requisitos estrictos, de naturaleza
sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto,
como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales
afectados por una providencia judicial.
Ellos se dividen en dos grupos: (i)
los requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de
procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha
procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y legal,
relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la
independencia y autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de
competencias al interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) los
requisitos específicos, que se refieren a la descripción de los defectos en que
puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la
Constitución.
3.3. Así, los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales son los siguientes, siguiendo lo definido
por esta Corte en la mencionada sentencia C-590 de 2005:
3.3.1 Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no puede estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.[7]
3.3.2 Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-,  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[8].
3.3.3 Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[9].
3.3.4  Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.[10]
3.3.5  Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[11] Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuenta al
fundamento de la afectación de derechos a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
3.3.6  Que no
se trate de sentencias de tutela.[12]
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida.
3.4. Solo cuando la acción de tutela promovida contra un fallo judicial
ha superado este examen de forma completa, puede el juez constitucional entrar
a analizar si en la decisión judicial se configura al menos uno de los
requisitos especiales de procedibilidad. Dichos requisitos
específicos aluden a la configuración de defectos que, por su gravedad, tornan
insostenible el fallo cuestionado al ser incompatible con los preceptos
constitucionales. Estos defectos son los siguientes, según la sentencia C-590
de 2005:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la
Constitución.”
Así las cosas,
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales depende de la verificación de la configuración de todos los
requisitos generales y, al menos, de una causal específica de procedibilidad,
que conlleve a la violación de un derecho fundamental. De este modo se protegen
los elevados intereses constitucionales que se materializan en la ejecutoria de
las providencias judiciales, al tiempo que se garantiza el carácter supremo de la
Constitución y la vigencia de los derechos de los ciudadanos.
3.5. Ahora bien,
por su pertinencia para el caso sometido a revisión, se hará una breve
referencia a los defectos sustantivo y fáctico.
3.5.1. El primero de ellos, es
decir el defecto sustantivo, corresponde a aquellos casos en que se decide con
base en normas inexistentes o
inconstitucionales[13]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión[14].
A partir de esta denotación que consagró la sentencia C-590 de 2005, la
jurisprudencia ha precisado los supuestos en los que una decisión judicial
incurre en el yerro señalado, que consisten en:
(i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma
que no es aplicable, porque a) no es pertinente , b) ha perdido su vigencia por
haber sido derogada , c) es inexistente  d) ha sido declarada contraria a la
Constitución , e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque
a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador.
(ii)
cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma
al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable  o la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes  o
cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii)
cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos
erga omnes.
(iv)
la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva  o contraria a
la Constitución; (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se
utiliza “para un fin no previsto en la disposición” ; (vi) cuando la decisión
se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso ; (vii) cuando se desconoce
la norma del ordenamiento jurídico constitucional o infraconstitucional
aplicable al caso concreto .
(vii)
cuando la actuación no está justificada en forma suficiente  de manera que se
vulneran derechos fundamentales.
(viii)
cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial.
(ix)
“cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
violación manifiesta de la Constitución”[15].
De allí el que
se afirme que, la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, siguiendo el principio de autonomía
e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta, pues se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y por el respeto a los derechos
fundamentales de las partes en contienda. Por ello, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que “pese a la autonomía de los jueces para
elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma
de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las
disposiciones de la Constitución o de la ley”[16], ya que
encuentran su límite en el principio procesal de la congruencia judicial, así
como en los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa
aplicación, tales como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
de favorabilidad, pro homine, entre otros.
3.5.2. Por su parte, el defecto
fáctico o probatorio
ocurre
cuando el juez “toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión
en el decreto o valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las
mismas, de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorio.”[17]
Es de resaltar que esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en un
proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez desarrolla en mayor
medida, el ejercicio de la autonomía e independencia judicial, pues se basa en
la aplicación de las reglas de la lógica y la sana critica. De hecho, esta
Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad
probatoria del proceso”[18]. Por lo anterior, ha señalado que el vicio fáctico debe tener una
relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, de modo que, de no
concurrir ese error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido
distinto. Quiero ello decir que, el yerro debe ser relevante, no solo en
términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a
la controversia jurídica materia de la decisión judicial[19].
Adicionalmente, es pertinente indicar
que el defecto fáctico se estructura en dos dimensiones, según recogió la
Sala Plena de esta Corporación en la sentencia SU-447 de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo), las cuales se materializan así: “(i) una negativa, que se presenta “cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones
en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez”; y, (ii) una positiva, que se
configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución”.
Profundizando
concretamente en el defecto fáctico por dimensión negativa, la jurisprudencia
constitucional[20]
ha identificado tres escenarios de ocurrencia que se pasan a enunciar: el
primero, por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; y, el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez esté legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
En otras
palabras, “se presenta defecto fáctico por omisión cuando
el juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia
'impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido'. Existe defecto
fáctico por no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador
omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente. Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario
judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo
de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a
un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera
ilícita”[21]
4. Constitucionalidad de las
cargas procesales que limitan el derecho de defensa de los arrendatarios
demandados en procesos de restitución de inmueble arrendado.
4.1. El artículo 424 del
Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 227 del artículo 1°
del Decreto 2282 de 1989, regula el proceso de restitución de inmueble arrendado.
En el numeral 2° del parágrafo 2° de dicho artículo se dispone que, cuando la
demanda se fundamenta en la causal de mora en el pago de los cánones pactados,
el demandado no será oído en el proceso hasta tanto demuestre haberlos
cancelado, bien consignando a órdenes del juzgado el valor total de los
arriendos, o bien presentando los recibos de pago o de consignación
correspondientes a los últimos tres meses. Por su parte, el numeral 3° del
mismo parágrafo estableció que independientemente de la causal que fuese
invocada, el demandado también debe consignar órdenes del juzgado los cánones
que se causen durante el trámite del proceso en ambas instancias, como
presupuesto para ser oído.
4.2. Esta Corporación mediante
sentencia C-070 de 1993[22],
estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral segundo en
comento, en la cual se alegaba la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso. En esa oportunidad, declaró que la carga que se impone al demandado
como presupuesto para ser oído en el trámite de restitución, se ajusta a los
parámetros constitucionales porque (i) la prueba del pago de los cánones
se erige en cabeza del demandado que se encuentra en mejores condiciones para
aportarla, por cuanto resultaría desproporcional exigirla al demandante ya que
se trata de un hecho indefinido: el no pago; (ii) en esos casos, por
virtud de la ley, opera la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo
entonces al arrendatario desvirtuar la causal de mora en el pago invocada,
adosando para tal fin los recibos y consignaciones exigidas como requisito
procesal para rendir descargos; (iii) ese desplazamiento de la carga
probatoria hacia el demandado es razonable atendiendo la finalidad buscada por
el legislador, cual es, brindarle celeridad y eficacia al proceso toda vez que
aquel puede demostrar el cumplimiento de sus obligaciones; y, (iv) de
allí que no se vulnere el núcleo esencial del debido proceso que le asiste al
arrendatario, pues se le está exigiendo una prueba que solo él puede aportar.
Más adelante, en sentencia
C-056 de 1996[23]
esta Corporación con similares argumentos a los anotados, consideró que el numeral 3° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil no era contrario a la
Constitución, al exigirle al demandado en un proceso de restitución de
inmueble arrendado, que cualquiera que fuere la causal
invocada, el arrendatario debía consignar a órdenes del juzgado los cánones que
se causaran durante el proceso so pena de no ser oído. Además, adujo que no sería
lógico pedirle al demandado que cancele las rentas adeudadas para ser escuchado
en el juicio, y a su vez relevarlo del pago de los cánones durante el proceso,
puesto que la presentación de la demanda no modifica las obligaciones que el
contrato de arrendamiento crea para las partes.
Años después, la
Corte en la sentencia C-886 de 2004[24],
estudió la constitucionalidad del artículo 37 de la
Ley 820 de 2003[25],
norma según la cual, cualquiera que fuera la causal invocada en el proceso de
restitución de inmueble arrendado, el demandado, para ser oído, deberá
presentar “la prueba de que se encuentra al día en el pago de los servicios
cosas o usos conexos y adicionales, siempre que, en virtud del contrato haya
asumido la obligación de pagarlos”.  Esa disposición fue declarada
exequible de forma condicionada, bajo el entendido de que esta carga procesal
sólo operaría si la causal invocada para la restitución del inmueble era la
establecida en el numeral 2° del artículo 22 de la misma ley, es decir, el
impago de los servicios públicos que cause la desconexión o pérdida del
servicio en razón a la evidente conexión entre las dos normas.
4.3. Adicional a lo anterior,
cabe señalar que esta Corporación en las sentencias T-1082 de 2007[26],
T-067 de 2010[27]
y T-118 de 2012[28],
indicó que la carga procesal impuesta al demandado para poder ser oído dentro
de un proceso de restitución de inmueble arrendado, contenida en los numerales
2° y 3° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil,
comprende dos supuestos principalmente, a saber:
1)
“Los casos en que la demanda se fundamenta en la mora en el pago
de los cánones de arrendamiento: aquí el demandado tiene que demostrar que
canceló las prestaciones supuestamente adeudadas  antes de la presentación de
la demanda, mediante: a) los recibos de pago expedidos por el arrendador o
comprobantes de consignación a favor de aquel, correspondiente a los tres
últimos períodos; a falta de éstos b)  la consignación a órdenes del juzgado por
el valor total que presuntamente se adeuda.
2)
Los supuestos en los que la demanda se presenta por cualquiera de
las causales establecidas en la ley, caso en el cual el demandado debe
acreditar que canceló los cánones de arrendamiento que se causen con
posterioridad a la presentación de la demanda por el tiempo que dure el
proceso, mediante: a) la presentación de la consignación realizada a órdenes
del juzgado o títulos de depósito respectivos o b) la exhibición de los recibos
de pagos hechos directamente al arrendador”.
4.4.
Entonces, a título de conclusión, se puede afirmar que la
Corte ha encontrado que las cargas procesales que se establecen al demandado
para ser oído en el marco de un proceso de restitución de inmueble arrendado,
se ajustan al texto constitucional porque corresponden a la inversión de la
carga probatoria sin que ello vulnere el derecho al debido proceso que le
asiste al arrendatario, ya que éste se encuentra en capacidad de poder
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, entre ellas, el
pago de los cánones acordados.
5. Subregla constitucional que
exime al demandado de la aplicación de los numerales 2° y 3° del parágrafo 2°
del artículo 424 del CPC, en los eventos en que hay serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico.
5.1. Desde al año 2004[29], la
jurisprudencia constitucional ha precisado una subregla que ha de ser empleada
cuando se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento. Dicha subregla se concreta en que, “no puede exigírsele al
demandado, para poder ser oído dentro del proceso de restitución de inmueble
arrendado, la prueba del pago o la consignación de los cánones supuestamente
adeudados. Lo anterior en razón de no existir certeza sobre la concurrencia de
uno de los presupuestos fácticos de aplicación de la norma, para el caso, el
contrato de arrendamiento”[30].
De esta forma, cuando el juez al revisar el material probatorio evidencia
serias dudas respecto de la existencia real del contrato de arrendamiento
celebrado entre el demandante y el demandado, o de la vigencia actual del
mismo, debe auscultar que está en entredicho la presencia del supuesto de hecho
que regula la norma que se pretende aplicar.
Así, la jurisprudencia
constitucional de forma pacífica ha decantado que, a pesar de las cargas
probatorias que los numerales 2° y 3° del parágrafo 2° del artículo 424 del
Código de Procedimiento Civil imponen al demandado, las cuales se ajustan al
texto constitucional, “éstas no son exigibles cuando existan serias dudas
sobre la existencia del contrato de arrendamiento, las cuales debieron ser
alegadas razonablemente por las partes o constatadas por el juez. Lo anterior
motivado, en que no puede concederse las consecuencias jurídicas de una norma
cuando no se cumplen los supuestos fácticos de la misma”[31].
5.2. También ha reconocido que la
inaplicación de los numerales 2° y 3° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código
de Procedimiento Civil, no es el resultado de la utilización de la excepción de
inconstitucionalidad, sino que por el contrario obedece a “razones de
justicia y equidad”[32]
en la medida que el material probatorio obrante tanto en el expediente de
tutela como en el civil de restitución de inmueble arrendado, releva
dificultades para verificar la existencia real del contrato de arrendamiento o
la actualidad del mismo[33].
Por eso, “el juez ordinario no puede otorgar automáticamente la consecuencia
jurídica de la norma, sin estudiar los casos concretos en que surja la
incertidumbre del negocio jurídico, toda vez que ello implicaría una
restricción irracional al derecho de defensa del demandado”[34],
además del acceso a la administración de justicia.
Entonces,
el funcionario judicial está facultado para decidir no escuchar a un accionado
arrendatario en un proceso de restitución de tenencia por arrendamiento,
siempre que conforme al acervo probatorio aportado por las partes, tenga
certeza absoluta de la existencia del negocio jurídico; de ahí que, el momento
procesal adecuado para realizar esta valoración es una vez presentada la
contestación de la demanda, pues con ella se adjuntan las pruebas que
eventualmente demostrarían la duda respecto del perfeccionamiento y la vigencia
del convenio. Lo anterior, no es otra cosa que la prohibición para los jueces
de la aplicación objetiva del artículo referido del Código de Procedimiento
Civil.
5.3.  Ahora bien, la inaplicación
de la carga que debe asumir el demandado para ser oído en el trámite de
restitución de inmueble arrendado, ha sido varias veces avalada por esta
Corporación en control concreto, donde ha verificado la afectación de derechos
fundamentales. Como la línea comprende varias sentencias, haremos referencia a
aquellas que tienen impacto significativo de precedente para el asunto bajo
examen.
5.3.1. En primer lugar, en la
sentencia T-162 de 2005[35],
la Corte decidió sobre un caso en el
que el demandado dentro del proceso de restitución alegaba que el inmueble
había sido de su padre y que él habitaba allí, con la anuencia de sus hermanos,
mientras se decidía el proceso de sucesión. Además, explicaba que el demandante
era un medio hermano, que nunca había suscrito ningún contrato de arrendamiento
con él y que las declaraciones de testigos que se habían anexado al proceso
como prueba del contrato verbal de arriendo eran falsas, como lo demostraba una
declaración en ese sentido de uno de los testigos. Agregaba que por ese hecho
había formulado una denuncia penal ante la
Fiscalía y que no contaba con el dinero para consignar los cánones que
supuestamente adeudaba. Finalmente, del caso importa resaltar que el demandado
aportó prueba relevante que permitía dudar sobre la existencia del contrato de
arrendamiento, la cual no fue considerada en su momento por el operador
judicial.
En esa
oportunidad, este Tribunal concedió el amparo y ordenó al juzgado acusado
suspender el proceso hasta tanto se hubiera fallado el proceso penal iniciado
por el actor de la tutela. En la parte considerativa argumentó lo siguiente:
“En otras
palabras, cuando el parágrafo 2°, numeral 2°, del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil dispone que no se oirá al demandado si no cancela los
cánones adeudados, parte de la base de la existencia de un contrato de arriendo
incumplido, cuya prueba ha sido aportada con la demanda. Pero si, por la razón
que fuere, el juez encuentra un motivo grave para dudar de la validez de la prueba
aportada, como sucede en este caso, mal haría en aplicar automáticamente la
disposición.
“En
efecto, la decisión judicial no consiste en la imposición irreflexiva de las
consecuencias previstas en las normas, sin una evaluación particularizada de la
situación de hecho sujeta a examen, para determinar que ella sea realmente la
premisa de aplicación de la disposición.  La actividad judicial debe estar
presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela,
moderación y sensatez a la hora de aplicar la ley, más cuando, como en el caso
de autos, la aplicación automática de las normas puede conducir a una
restricción excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al
debido proceso, concretamente en sus garantías de defensa y contradicción.
“Es decir,
en el concreto y particular caso de autos, la inaplicación de la norma que
exige que para ser oído en juicio el demandado debe probar que se han cancelado
los cánones que se denuncian en mora, no obedece a la inconstitucionalidad de
la  disposición, sino a que se ha puesto en manos del juez una prueba relevante
que hacer surgir una duda grave sobre la existencia del contrato de arriendo y
de la deuda por concepto de mensualidades en mora. Así pues la inaplicación de
la disposición obedece a tal grave duda respecto del presupuesto fáctico de
aplicación de la misma.”
5.3.2. En segundo lugar, en la
sentencia T-150 de 2007[36],
esta Corporación estudió el caso de un arrendatario que firmó dos contratos de
arrendamiento que corrían simultáneamente sobre un mismo local comercial, de
tal manera que tenía que responder por los cánones de arrendamiento ante dos
arrendadores. En esa ocasión, la ratio decidendi de esa sentencia
puntualizó que si bien la situación era excepcional, no era menos que “en
casos como el presente, en los que no hay claridad acerca de cuál de los dos
contratos está vigente en relación con el arrendatario, no se pueden aplicar
las normas del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil que determinan
que al arrendatario demandando no será oído sino demuestra haber pagado los
cánones reclamados. La aplicación mecánica de las normas indicadas vulnera en
estos casos el derecho del arrendatario al debido proceso y a su derecho de
defensa, pues él sí ha cumplido sus obligaciones de arrendatario pagando el
canon, en este caso al arrendador original”.
De esa forma, señaló que si se
aplicara la carga que establece el numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424
del CPC, el actor no tendría más remedio que consignar dos arriendos por el
mismo mes para evitar ser demandado por mora en el pago y para poder ser oído
en el proceso de restitución, solución que halló irrazonable por configurar una
carga excesiva sobre el arrendatario de buena fe. Por ello, invocando el
respeto a los derechos de defensa y contradicción del arrendatario demandado,
así como al debido proceso, precisó que era necesario que éste fuera oído
dentro del proceso.
5.3.3. En tercer lugar, en la
sentencia T-808 de 2009[37],
el Tribunal Constitucional analizó el caso de una supuesta arrendataria que
alegaba no tener esa condición ante la inexistencia del contrato de
arrendamiento y su calidad de poseedora del bien objeto de restitución por más
de veinte años. La supuesta sociedad arrendadora señaló que celebró un contrato
verbal de arrendamiento con la actora y probó la existencia del mismo con tres
declaraciones extrajuicio. Como la arrendataria no acreditó el pago de los
cánones arrendados, el juzgado acusado no la escuchó durante el trámite
procesal, situación que motivó la interposición del amparo tutelar.
En esa oportunidad, la
Corte protegió el derecho fundamental al debido proceso del accionante, concretamente
en lo que se refiere a las garantías de defensa y contradicción probatoria, y
dispuso que fuera escuchada en el proceso de restitución de inmueble arrendado
porque evidenció serias dudas en la existencia del supuesto de hecho que
habilita la pretensión, es decir, del contrato de arrendamiento. Así, señaló
que “[s]i bien la naturaleza consensual del contrato de arrendamiento no
requiere que éste conste por escrito y la norma procesal exige tan solo una
prueba sumaria para demostrar su existencia, la prueba allegada para tal fin
por el demandante debe demostrar plenamente este hecho, es decir, es necesario
que ésta brinde absoluta certeza respecto de la celebración del acuerdo y de su
vigencia”. Por eso, en ese caso específicamente concluyó que los elementos
de prueba referían a la fecha de inicio del contrato y a la fecha en que
comenzó la mora en el pago de los cánones, pero jamás conducían a establecer
que el arrendador hubiera recibido consignaciones de pago de los meses
anteriores al incumplimiento como para producir una convicción real en el
juzgador, sobre la existencia del convenio.
5.3.4. En cuatro lugar, en la
sentencia T-067 de 2010[38],
esta Corporación asumió el estudio de un caso donde el demandado en el proceso
de restitución no fue escuchado porque no consignó el valor de los cánones
atrasados, a pesar de que alegó en el mismo que no tenía la calidad de
arrendatario sino de poseedor derivado de una sociedad de hecho que configuró
con el causante y presunto arrendador. El fundamento de la restitución era un
contrato verbal de arrendamiento que se probó por medio de testimonios.
La
Corte concedió el amparo al debido proceso y ordenó que se escuchara al actor,
aduciendo que “al no existir certeza sobre la concurrencia de uno de los
presupuesto fácticos de aplicación de la norma, para el caso, el contrato de
arrendamiento, no debe exigírsele al demandado para poder ser oído dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado, la prueba del pago o la
consignación de los cánones supuestamente adeudados (…)”. Agregó que cuando
el demandado tacha de falsas las pruebas que cimientan la existencia del
contrato de arrendamiento, se le debe permitir demostrar la inexistencia del
acuerdo contractual mediante el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y a
la contradicción probatoria. Por consiguiente, señaló que el contenido
normativo del numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil, no tenía conexidad material con los presupuestos del caso
y que, por esa razón, no se podía aplicar objetivamente el supuesto legal que
sirvió de fundamento a la providencia censurada.
5.3.5. Y finalmente, en la
sentencia T-118 de 2012[39]
que se constituye en la más reciente sobre esta línea, la
Corte analizó el caso de una señora que alegaba la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración
de justicia, porque no se le permitió ser oída en un proceso de restitución de
inmueble arrendado en el que se invocó la causal de mora en el pago de los
cánones, a pesar de que tachó de falsos los documentos que probaban la
existencia del contrato de arrendamiento, desde el inicio del proceso.
En esa oportunidad, esta
Corporación amparó los derechos invocados por la actora y ordenó que se le
escuchara en el proceso judicial, arguyendo para tal efecto que “(…) la
Sala no desconoce la naturaleza consensual del contrato de arrendamiento, la
cual implica que no se requiere para su perfeccionamiento que éste conste por
escrito. Sin embargo, la norma procesal exige una prueba sumaria para demostrar
su existencia, esto es, un medio de convicción necesario que en principio no
tiene contradicción, pero que brinda absoluta certeza respecto a la celebración
del acuerdo y de su vigencia”. Así, precisó que “ante el pronunciamiento
y el desconocimiento del contrato por la parte demandada en el proceso civil,
así como las dudas sobre las pruebas que fundamentaron la acción de
restitución, el juez de conocimiento debió hacerla oído en el proceso y
permitir controvertir la inexistencia del contrato de arrendamiento”.
5.3.6. Entonces como se puede
evidenciar del anterior recuento jurisprudencial, no es posible entender que la
carga procesal prevista en los numerales 2° y 3° del parágrafo 2° del artículo
424 del Código de Procedimiento Civil, deba extenderse a los supuesto en los
que se presentan serias dudas sobre la existencia o la vigencia del contrato de
arrendamiento, como quiera que ello viola el derecho fundamental al debido
proceso y coarta el acceso efectivo a la administración de justicia.
5.4. Justamente, relacionado con
lo anterior, esta Sala de Revisión estima importante resaltar que la
jurisprudencia constitucional desde finales del año 2007[40], ha establecido que la
decisión del juez de impedir al demandado ser oído en el proceso de restitución
de inmueble arrendado, cuando existe incertidumbre respecto del negocio
jurídico o de su vigencia, constituye simultáneamente defectos sustantivo y
fáctico[41].
El primero por cuanto el contenido de las cargas que establece el parágrafo 2°
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, no tiene conexión material
con los supuestos del caso; y el segundo porque la decisión judicial estuvo
apoyada en una prueba que no permitía demostrar con certeza la existencia del
contrato de arrendamiento, u omitió valorar una determinante para establecer
una duda razonable, circunstancias que impiden la aplicación de la consecuencia
jurídica que sirvió de fundamento a la providencia e incluso a continuar con el
trámite judicial.
5.5. En este orden de ideas,
siguiendo los lineamientos trazados por esta misma Sala de Revisión en la
sentencia T-118 de 2012 (f.j. 6.5), se puede concluir que:
“(i) Las cargas
probatorias contenidas en los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º  del artículo
424 CPC no son exigibles al demandado  en un proceso de restitución de
inmueble arrendado, cuando se presente incertidumbre sobre la existencia del
contrato de arrendamiento.
(…)
(iii) La inaplicación de
las reglas contenidas en los numerales 2º y 3º del artículo 424 del CPC, no es
resultado de la utilización de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad, sino del incumplimiento de la carga probatoria del
arrendador para demostrar la existencia del contrato, esto es, un supuesto de
hecho necesario de la norma que concede la consecuencia jurídica de no oír al
demandado hasta tanto no pague los cánones que se le endilgan.
(iv) El juez tiene la
facultad para decidir no escuchar al accionado arrendatario en un proceso de
restitución de inmueble arrendado hasta que éste no pague los cánones
adeudados, siempre que conforme al material probatorio aportado por las partes,
aquel tenga certeza absoluta de la existencia del negocio jurídico de
arrendamiento. Por consiguiente, el funcionario judicial debe realizar esta
valoración después de presentada la contestación la demanda, pues con ella se
adjuntan las pruebas que eventualmente demostrarían la duda respecto del
perfeccionamiento y vigencia del convenio.
(v) La jurisprudencia de
esta Corporación inicialmente consideró, que en los eventos en los cuales se le
exigía al demandado arrendatario cancelar los cánones adeudados por concepto
del contrato de arrendamiento para ser escuchado en el proceso, sin importar
que exista duda respecto de la existencia del negocio jurídico se configuraba
un defecto procedimental.   Actualmente, las diferentes Salas de Revisión de
revisión han concluido que cuando una decisión judicial decide lo mismo bajo
iguales supuestos, ésta incurre simultáneamente en un defecto fáctico y
sustantivo”.
6. Análisis del caso concreto:
6.1. En el asunto que ocupa la
atención de la Sala Novena de Revisión, el actor solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, y
de acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por
parte del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué porque mediante auto del 5
de septiembre de 2012, dispuso no oírlo dentro del proceso abreviado de
restitución de inmueble arrendado que instauró en su contra Arturo Durán
Restrepo, a pesar de haber aportado los depósitos judiciales correspondientes a
los cánones de diciembre de 2011 y enero de 2012, y demostrar que desde el 6 de
febrero de 2012 el inmueble materia de la restitución fue secuestrado y su
administración entregada a un auxiliar de la justicia, con quien celebró un
nuevo contrato de arrendamiento y a quien le venía pagando cumplidamente las
mensualidades acordadas. Así, el actor considera que ante las serias dudas
sobre la vigencia del contrato de arrendamiento que suscribió con el demandante
y la existencia de otro convenio escrito firmado con el secuestre, el juzgado
acusado debió inaplicar la carga procesal que establece el numeral 2° del
parágrafo 2° del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, para
permitirle controvertir y demostrar la realidad contractual.
Además, señala que en el trámite
del proceso ejecutivo que se siguió a continuación del abreviado de restitución
de inmueble arrendado, el juzgado accionado libró un mandamiento de pago que es
ilegal y ordenó seguir adelante con la ejecución el 4 de octubre de 2012, sin
tener en cuenta el material probatorio que le fue arrimado, con el cual se
evidenciaba que el pago de los cánones de arrendamiento lo había realizado al
secuestre designado por la autoridad judicial competente.
Concretamente, el actor indica
que el juzgado accionado incurrió en (i) defecto fáctico, al no
tener en cuenta las pruebas que le fueron aportadas referentes al acta de
secuestro del inmueble objeto de la restitución en donde constaba la entrega
material que del mismo se hizo al secuestre, a la celebración de un nuevo
contrato de arrendamiento escrito que firmó con el auxiliar de la justicia, y a
los recibos correspondientes a los pagos mensuales que por concepto de cánones
le realizó al secuestre, encontrándose al día; (ii) defecto sustantivo, porque
la norma que aplicó para no oír al demandado, no tiene conexión material con
los supuestos fácticos del proceso; (iii) procedimental absoluto, porque
el juzgado actuó al margen del procedimiento que establece el CPC, al exigirle
la carga procesal de pagar todos los cánones para ser escuchado, cuando no
existía certeza sobre la vigencia del contrato de arrendamiento suscrito con el
demandante en restitución; y, (iv) defecto por desconocimiento del
precedente, porque no aplicó la ratio decidendi consignada en la
sentencia T-150 de 2007, la cual indica que cuando un arrendatario firma dos
contratos de arrendamiento que corren simultáneamente sobre un mismo bien
inmueble, se le debe escuchar dentro del proceso abreviado de restitución.
Conforme se expuso en la
consideración central de esta providencia, la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, siempre y cuando exista una
vulneración de derechos fundamentales y se cumplan con los requisitos generales
y específicos que hagan viable el amparo constitucional. Siendo ello así,
corresponde a la Sala de Revisión determinar si el presente caso cumple con
tales requisitos.
6.2. Análisis de
procedibilidad formal o del cumplimiento de los requisitos generales expuestos
en el fundamento jurídico 3.3 de esta providencia:
6.2.1. Que la cuestión que de
discuta resulte de relevancia constitucional: Por tratarse de un cuestionamiento
directo que el actor hace en contra de las decisiones del juzgado acusado de no
oírlo dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado y de dictar
sentencias abreviada y ejecutiva de mínima cuantía que le fueron desfavorables,
a pesar de haber consignado mediante depósito judicial los cánones adeudados,
haber demostrado que el inmueble objeto del litigio estaba secuestrado y haber
probado que celebró un nuevo contrato de arrendamiento con el auxiliar de la
justicia designado a quien efectuó los pagos mensuales correspondientes, el
asunto adquiere relevancia constitucional en la medida que poner de presente la
supuesta violación de derechos fundamentales por cuanto al accionante no se le
tuvieron en cuenta sus diferentes intervenciones y pruebas arrimadas al trámite
judicial. Es de resaltar que solo con la intervención del juez de tutela se
puede evitar la configuración de un perjuicio irremediable a los derechos del
accionante, máxime cuando se ordenó seguir adelante con la ejecución de unas
sumas dinerarias que se derivan del presunto incumplimiento del contrato de
arrendamiento cuya vigencia es cuestionada. De acuerdo con lo antedicho, este
punto se encuentra satisfecho.
6.2.2. Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de
la persona afectada: Frente a este ítem, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que cuando el trámite de restitución de inmueble arrendado
terminó mediante sentencia y en éste no se escuchó al demandado, el requisito
de subsidiariedad se debe verificar a partir de “una valoración de la
actividad del tutelante en el uso de los medios de defensa judiciales del
proceso y de la posibilidad de que la providencia definitiva sea plausible de
los recursos de apelación o de los extraordinarios de revisión o casación”[42].
Si dicha sentencia de restitución además da pie para iniciar la “ejecución a
continuación” en contra del demandado, también es viable analizar la
intervención que el ejecutado adelantó en ese trámite judicial en procura de
defender sus intereses.
Puntualmente, en el presente caso
la Sala advierte que el tutelante no dispone de otro medio de defensa
judicial, pues la sentencia abreviada de restitución de inmueble arrendado que
dictó el juzgado acusado el 4 de octubre de 2012, es de única instancia por
tratarse de la causal de mora en el pago de los cánones pactados, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 820 de 2003, declarado exequible
por la Corte mediante sentencia C-670 de 2004. Así mismo, la sentencia
ejecutiva del 25 de abril de 2013 que ordenó seguir adelante con la ejecución
en contra del accionante, fue dictada en el marco de un proceso de única
instancia por la cuantía de las pretensiones, situación que analizada en
conjunto con la anterior, permiten concluir que el actor no contaba con recursos
para censurar dichas decisiones. Del mismo modo, no procedían los recursos de
casación y de revisión contemplados en los artículos 366 y 379 el Código de
Procedimiento Civil.
De igual manera, de acuerdo con
el material probatorio que obra en el expediente, se pudo verificar que el
señor Daniel Torres López agotó los mecanismos judiciales que se encontraban a
su alcance. El actor, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado,
presentó contestación de la demanda, excepciones de mérito, alegó la nulidad
del proceso y de la sentencia abreviada en las oportunidades previstas por la
ley procesal civil, y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares que
pesaban sobre el bien propiedad de su codeudora. Adicionalmente, si bien en el
proceso ejecutivo de mínima cuantía no repuso el mandamiento de pago proferido
el 22 de enero de 2013, ni formuló de manera técnica excepciones de mérito, no
lo es menos que el accionante intervino activamente en el trámite manifestando
su inconformidad por las sumas dinerarias cuyo recaudo forzoso se intentaba,
aportó mediante depósito judicial la consignación correspondiente a los valores
enunciados en el auto de apremio, recalcó nuevamente que el inmueble materia de
la restitución se encontraba bajo la administración de un secuestre designado
por la autoridad judicial con el cual firmó un nuevo contrato de arrendamiento
que se encontraba al día en los pagos, y solicitó la terminación del proceso
ejecutivo por pago total de la obligación. Es decir, contó con varias
intervenciones en el trámite ejecutivo y aportó diferentes pruebas, que en
últimas no fueron tenidas en cuenta por el juzgado acusado.
De esa forma, la
Sala advierte que el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho y
que, contrario a lo que consideraron los jueces de instancia constitucional, el
accionante sí desplegó una actividad procesal importante y relevante que no
halló eco judicial.
6.2.3. Que se cumpla el
requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiese interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración: Esta Corporación ha definido que, en casos como el presente, “el
plazo razonable para la interposición de la acción de tutela se contará desde
la fecha en que se expide la sentencia del proceso de restitución de inmueble
arrendado”[43].
Siendo ello así, la Sala observa que la sentencia abreviada fue dictada el 4 de
octubre de 2012 y que posteriormente fue corregida de oficio el 4 de diciembre
de 2012 al observa un “error por cambio de palabra” en la parte resolutiva, quedando
la misma en firme el 10 de diciembre de ese anualidad; por consiguiente, si el
amparo constitucional se instauró el 23 de abril de 2013, pasaron poco menos de
5 meses que resulta ser un plazo prudente y razonable, más aún si se tiene en
cuenta que el accionante durante ese periodo intervino activamente en el proceso
ejecutivo dentro del cual se libró mandamiento de pago el 22 de enero de 2013.
Vistas así las cosas, el requisito de inmediatez se encuentra acreditado
plenamente.
6.2.4. Que, en caso de
tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales: La acción
objeto de estudio se dirige a cuestionar irregularidades procedimentales,
sustantivas, fácticas y de desconocimiento del precedente judicial, que
supuestamente se produjeron al interior del proceso abreviado de restitución de
inmueble arrendado al disponer no oír al demandado y al dictar sentencia
declarando la terminación del contrato de arrendamiento que Arturo Durán
Restrepo celebró con el accionante, arguyendo la causal de mora en el pago de
los cánones estipulados, circunstancia que además posteriormente derivó en el recaudo
ejecutivo de las sumas supuestamente debidas.
Para la
Sala resulta claro que si el juez hubiese inaplicado la carga procesal que
establece el numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del CPC, permitiendo
oír al demandado ante las serias dudas que se evidenciaban respecto de la
vigencia del contrato y de la administración del inmueble objeto de la
restitución en manos de un auxiliar de la justicia, hubiese contado con
diferentes medios de prueba objetivos para orientar su decisión ajustada a la
realidad contractual y lógicamente hubiese garantizado los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, y de acceso
a la administración de justicia que le asiste al accionante.  Al ser la
irregularidad un punto relevante, la Sala observa que los argumentos que expone
el actor tienen incidencia directa en el trámite del proceso abreviado y en la
sentencia censurada de fecha 4 de octubre de 2012, así como en el recaudo
ejecutivo que se intenta contra el actor, porque de triunfar podrían cambiar el
sentido de las decisiones proferidas por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Ibagué.
6.2.5.  Que el accionante
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible: Sin duda, el accionante ha identificado plenamente tales hechos,
como quedó reseñado en los antecedentes de esta providencia. Respecto a que las
irregularidades que indica hayan sido expuestas dentro del proceso que
cuestiona, la Sala observa que existía una imposibilidad de alegarlas dentro
del trámite abreviado de restitución de inmueble arrendado, justamente porque a
pesar de haber presentado diferentes intervenciones y de haber adosado medios
de prueba relevantes, el señor Daniel Torres López no fue oído por el juzgado
acusado. De esta forma, se entiende acreditado este requisito genérico de
procedibilidad.
6.2.6. Que la providencia controvertida
no sea una sentencia de tutela: Al respecto, basta señalar que las providencias
judiciales que se consideran vulneradoras de los derechos fundamentales, se
produjeron en el marco de un proceso abreviado de restitución de inmueble
arrendado y dentro del “ejecutivo a continuación” que se derivó de la sentencia
emitida en aquel trámite judicial. Quiere ello decir que, no se controvierte
una decisión proferida en sede constitucional.
Así las cosas, acreditados los
requisitos generales o formales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala abordará el estudio de fondo, o de la
procedencia material del amparo mediante el análisis de los defectos
específicos que señala el accionante.
6.3. Análisis de
procedibilidad material o del cumplimiento de los requisitos específicos
expuestos en los fundamentos jurídicos 3.4 y 3.5 de esta providencia:
6.3.1. Conforme a lo establecido
en el expediente, se verifica que (i) el proceso de restitución de
inmueble arrendado promovido por Arturo Durán Restrepo, se basó en la causal de
mora en el pago de los cánones causados del 1° de diciembre de 2011 al 1° de
febrero de 2012 y que se allegó como prueba del convenio el contrato de
arrendamiento que las partes suscribieron el 25 de abril de 2011; (ii)
el demandado Daniel Torres López contestó en tiempo la demanda y anexó las
consignaciones correspondientes a los depósitos judiciales que realizó a nombre
el arrendador por valor unificado de $600.000, es decir, de los cánones
causados en diciembre de 2011 y enero de 2012; (iii) el demandado además
adosó en esa oportunidad procesal, copia del acta de la diligencia de secuestro
que se llevó a cabo el día 6 de febrero de 2012 por parte del Juzgado Tercero
Civil Municipal de Ibagué, dentro del proceso ejecutivo que Gustavo Martínez
Toledo adelantó en contra del arrendador, por unas deudas quirografarias que
éste incumplió. Como dicha diligencia fue atendida por el tenedor Daniel Torres
López, el secuestre actuando dentro de sus facultades legales, le informó que a
partir de la fecha la administración del bien la ejercería él  en su calidad de
auxiliar de la justicia, con quien debía entenderse para realizar el pago de
las mensualidades acordadas; (iv) a pesar de lo anterior, el juzgado
accionado decidió no oír al demandado en el proceso abreviado, decisión que
mantuvo durante todo el trámite procesal al punto que no tuvo en cuenta pruebas
relevantes que anexó posteriormente Daniel Torres López, como por ejemplo, el
nuevo contrato de arrendamiento de fecha 7 de marzo de 2012 que éste celebró en
calidad de arrendatario con el secuestre y en el que se acordó que el valor del
canon mensual sería la suma de $150.000, efectivos desde el 7 de febrero de
2012. Así mismo, tampoco tuvo en cuenta las copias de las constancias de pago
de los cánones que el demandado canceló al secuestre durante los meses de
febrero a octubre de 2012; (v) el juzgado accionado dictó sentencia
abreviada de restitución de inmueble, declarando el incumplimiento del contrato
de arrendamiento suscrito entre Arturo Durán Restrepo y Daniel Torres López, y
ordenó la restitución del inmueble a favor del secuestre designado por el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué; e (vi) invocando dicha
sentencia abreviada, Arturo Durán Restrepo instauró demanda ejecutiva singular
de mínima cuantía en contra del accionante, trámite en el cual se libró
mandamiento de pago y más adelante se dictó sentencia ordenando seguir adelante
con la ejecución, sin otorgar valor probatorio alguno al depósito judicial que
por $4’823.400 realizó el actor, suma que correspondía a las pretensiones
otorgadas en el auto de apremio.
6.2. Pues bien, visto lo
anterior, la Sala de Revisión considera que el juzgado accionado incurrió en
defecto fáctico en su vertiente negativa, habida cuenta que ignoró y dejó de
valorar de forma injustificada varios elementos de prueba determinantes para el
desenlace del proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado, al igual
que decidió no oír al demandado Daniel Torres López incurriendo en una
valoración defectuosa del acervo, en razón a que el funcionario judicial en
contra de la evidencia probatoria, le concedió certeza absoluta al contrato de
arrendamiento que anexó el demandante, pasando por alto el acta donde constaba
la diligencia de secuestro del bien inmueble objeto de la restitución y la
administración que del mismo ejercía el auxiliar de la justicia designado desde
el 6 de febrero de 2012; lo anterior ubicada el caso en la existencia de serias
dudas sobre el supuesto de hecho que determina la carga procesal establecida en
el numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de Procedimiento
Civil y por ello, siguiendo los parámetros jurisprudenciales que ha trazado
esta Corporación, era viable proceder a la inaplicación de dicha carga.
Y es que, importa resaltar que la
diligencia de secuestre en mención se llevó a cabo por el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Ibagué el día 6 de febrero de 2012, y el demandante Arturo Durán
Restrepo a sabiendas de lo anterior, instauró pocos días después, más
concretamente el 13 de febrero de 2012, la demanda de restitución de inmueble
arrendado en contra del actor.
La valoración del acta de la
diligencia de secuestro era trascendental para el asunto por dos cosas. En
primer lugar, de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 686 del Código de
Procedimiento Civil, si al practicarse el secuestro el bien materia de la
medida se halla en poder de un tenedor que demuestra sumariamente su condición,
la cual debe ser anterior a la diligencia y proceder además de la parte contra
la cual se decretó la medida, se le respetan los derechos que ejerce como
arrendatario, pero a su vez se le previene para que en lo sucesivo se entienda
con el secuestre. Y en segundo lugar, porque una vez al secuestre le es
entregado legal y materialmente el inmueble objeto de la cautela, éste entra a
ejercer la custodia el mismo (art. 10 del CPC), por lo cual si se trata de
bienes productivos de renta, como acontece en el presente caso, goza de las
atribuciones propias que tiene el mandatario según el Código Civil (art. 683
del CPC). Justamente el artículo 2158 del Código Civil indica que dentro de las
facultades que tiene el mandatario para cumplir su gestión, está el poder
ejercer actos de administración y cobrar los créditos que obran a favor del
mandante, es decir, el secuestre a partir de la fecha en que asume su función,
es quien ejerce la administración del bien arrendado y está legalmente
habilitado para recibir el pago de los cánones mensuales pactados.
Ahora bien, derivado precisamente
de ese poder de administración, en el presente caso el secuestre celebró un
nuevo contrato de arrendamiento con el accionante Daniel Torres López, el cual
se estipuló que tenía vigencia desde el 7 de febrero de 2012 y que el canon
pactado sería la suma de $150.000 mensuales, suma que el actor pagó mes a mes al
auxiliar de la justicia, según adosó pruebas el demandado durante el trámite
del proceso de restitución de inmueble arrendado y que no fueron tenidas en
cuenta por la autoridad judicial acusada.
Por consiguiente, al revelar el
material probatorio que no existía claridad acerca de cuál de los contratos de
arrendamiento estaba vigente respecto del arrendatario, era viable que el
juzgado accionado inaplicara la norma contenidas en el numeral 2° del parágrafo
2° del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de permitir
al demandado ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción probatoria,
ya que de esa forma se garantizaba el debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia. De haberse escuchado al actor en el trámite
abreviado, otro hubiese sido el rumbo del proceso y claramente no se hubiere
desembocado en el recaudo forzoso de los cánones presuntamente adeudados, más
aún cuando respecto al proceso ejecutivo se observa el incumplimiento de uno de
los presupuesto procesales para ejercer la acción, pues el señor Arturo Durán
Restrepo carecía de legitimación en la causa por activa para adelantar el
recaudo forzoso, toda vez que la sentencia abreviada dispuso que la restitución
se hiciera a favor del secuestre. Además, siguiendo los lineamientos del
artículo 2158 del Código Civil, el secuestre obrando como mandatario, es el que
está facultado para perseguir en juicio a los deudores de su mandante;
significa lo anterior que la legitimación en el causa por activa para instaurar
la causa ejecutiva, yacía en cabeza del auxiliar de la justicia y no del
arrendador del inmueble sobre el cual pesa la medida de secuestro, control
oficioso que olvidó realizar el juez acusado.
6.3. Del mismo modo, la
Sala observa que el juez accionado incurrió en defecto sustantivo por cuanto
la decisión de no oír al demandado, según el precedente jurisprudencial citado,
se fundamentó en una norma inaplicable al caso concreto, en tanto que el
contenido del numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del CPC, no
encuentra conexión material con los presupuestos fácticos del proceso, dado que
no existe certeza real sobre la vigencia del contrato suscrito entre Arturo
Durán Restrepo y Daniel Torres López.
6.4. Entonces, como resultado de
las consideraciones precedentes, la Sala revocará las sentencias proferidas el
8 de mayo de 2013 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, y el 14
de junio de 2013 por el Tribunal Superior de esa misma ciudad – Sala Civil –
Familia, que resolvieron negar la acción de tutela promovida por Daniel Torres
López contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué.  En su lugar,
concederá la protección constitucional de los derechos al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia y contradicción que le asisten
al accionante; en consecuencia, ordenará dejar sin efecto todo lo actuado
dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado que instauró Arturo
Durán Restrepo contra Daniel Torres López, a partir del auto de fecha 5 de
septiembre de 2012, inclusive, que decidió no escuchar en el trámite al
tutelante. Por lo tanto, el juzgado accionado deberá oír al demandado y
garantizarle, en los términos de esta providencia, sus derechos fundamentales.
Vale precisar que las anteriores
órdenes generan consecuencias directas sobre el proceso ejecutivo que
actualmente adelanta Arturo Durán Restrepo, con base en el título ejecutivo
representado en la sentencia abreviada de restitución de inmueble arrendado,
pues dejando ésta sin valor ni efecto jurídico, aquel trámite queda sin soporte
válido que justifique el recaudo ejecutivo forzoso. Por ende, sobre el tema
deberá resolver el juez natural teniendo presente que el título ejecutivo que
sustenta las pretensiones en contra del arrendatario, se dejó sin efectos y se
invalido. De allí que deberá tomar las medidas pertinentes para devolver al
accionante el valor que consignó en la cuenta de depósitos judiciales por la
suma de $4’823.400.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR las sentencias proferidas el 8 de mayo de 2013 por el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, y el 14 de junio de 2013 por el
Tribunal Superior de esa misma ciudad – Sala Civil – Familia, que resolvieron
negar la acción de tutela promovida por Daniel Torres López contra el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Ibagué. En su lugar, CONCEDER la protección
constitucional de los derechos al debido proceso, defensa, acceso a la
administración de justicia y contradicción que le asisten al accionante.
Segundo.- DEJAR sin efecto
todo lo actuado dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado que
instauró Arturo Durán Restrepo contra Daniel Torres López, a partir del auto de
fecha 5 de septiembre de 2012, inclusive, que decidió no escuchar en el trámite
al tutelante. Por lo tanto, el juzgado accionado deberá rehacer la actuación
oyendo al demandado y garantizándole, en los términos de esta providencia, sus
derechos fundamentales.
Tercero.- ORDENAR al
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué que dentro del proceso singular de
mínima cuantía que adelanta Arturo Durán Restrepo contra Daniel Torres López, profiera
la decisión que corresponda teniendo presente que el título ejecutivo
(sentencia abreviada) que sustenta las pretensiones de aquel, fue dejado sin
efecto e invalidado por esta Corporación. Así mismo, deberá resolver sobre la
devolución del depósito judicial que hizo el ejecutado, en el marco de ese
trámite de recaudo forzoso.
Cuarto.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con excusa
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Cfr. folios 34 y 35 cdno 3.
[2]
A folio 46 del cuaderno 3 se observa copia de la diligencia de
secuestro que llevó a cabo, en virtud de la
Comisión conferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, el
Inspector de Policía Permanente Central de Ibagué. La diligencia fue atendida
por Daniel Torres López, quien manifestó ser arrendatario. El inmueble fue
declarado legalmente secuestrado, razón por la cual del mismo se hizo entrega
al secuestre Aldemar Oyola Escandon, quien manifestó recibirlo a satisfacción y
dejar como arrendatario del bien a Daniel Torres López, al que se previno para
que desde ese momento cancelara el valor del canon mensual a nombre del
secuestre o mediante consignación al despacho judicial.
[3]
A folio 68 del cuaderno 3, se observa fotocopia del contrato
de arrendamiento suscrito el 7 de marzo de 2012 entre Aldemar Oyola Escandón,
actuando como secuestre del inmueble, y Daniel Torres López. En dicho contrato
se estipuló que el canon mensual sería la suma de $150.000 y que el primer mes
se contaba del 7 de febrero al 7 de marzo de 2012.
[4]
A folios 63 a 66 del cuaderno 3 se observa copia de los
recibos firmados por el secuestre Aldemar Oyola, en los que se indica que
Daniel Torres López canceló los cánones correspondientes a los meses de
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de
2012.
[5]
Cfr. folios 5
a 6 y 8 del cuaderno 6.
[6]
En esta sentencia se declaró la inexequibilidad de la
expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la
Ley 906 de 2004, relacionado con la sentencia de casación penal.
[7] Sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), cita
de la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[8] Sentencia T-504 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell), cita de la
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[9] Sentencia T-315 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), cita de la
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[10] Sentencia T-008 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz), citada de la
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdova Triviño).
[11] Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[12] Sentencias T-088 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y
SU-1219 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), citadas en  la sentencia
C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[13]Sentencia
T-522 de 2001, citada en sentencia C-590 de 2005.
[14]Sentencias
T-717 de 2011 y T-118 de 2012 (ambas del MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[15] Sentencia SU-448 de 2011
(MP Mauricio González Cuervo).
[16] Sentencia
T-757 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[17] Sentencias SU-159 de
2002 (MP Alfredo Beltran Sierra), T-302 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño) y
T-510 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[18] Sentencia T-790 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[19]
Sentencias T-310 de 2009 y T-718 de 2013 (ambas del MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[20] Sentencia SU-195 de 2012
(MP Jorge Iván Palacio Palacio). En ella puntualmente la
Sala Plena de esta Corporación indicó que las manifestaciones de este defecto
son:
“1.    Defecto
fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis
se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso
de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto
jurídico debatido.
2.
Defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a
pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos,
no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que
de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente[20].
3.
Defecto fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando
el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.”
[21] Al
respecto se pueden consultar las sentencias T-078 de 2010 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), T-288 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) T-513 de 2011
(MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-465 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[22]
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[23](MP Jorge Arango Mejía).
[24]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa). Salvamento parcial de
voto de Humberto Sierra Porto.
[25]
“Por la cual se expide el Régimen de Arrendamientos
de Vivienda Urbana y se dictan otras disposiciones”
[26]
(MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[27]
(MP Juan Carlos Henao Pérez).
[28]
(MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[29]
La sentencia fundadora de esta línea es la
T-838 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis). Posteriormente ha sido desarrollada y
concretada en las sentencias T-162 de 2005, T-494 de 2005, T-035 de 2006, T-326
de 2006, T-601 de 2006, T-150 de 2007, T-808 de 2009, T-067 de 2010 y T-118 de
2012, entre otras.
[30] Sentencia
T-067 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), f.j. 4.2.4.
[31] Sentencia
T-118 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[32] La sentencia T-150 de
2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) señaló que la inaplicación de esas
normas tiene su fuente en los principio de justicia y equidad en atención a las
especificidades de cada caso, con el fin de impedir los posibles excesos que se
podría derivar de la aplicación mecánica de los preceptos a circunstancias cuya
especificidad no fue prevista por el legislador.
[33] La sentencias T-326 de
2006 (MP Alfredo Beltrán Sierra) precisó que “(…) dado el contenido
altamente limitativo del derecho de defensa que tiene la carga procesal
prevista en el referido parágrafo del artículo 424 del Código de Procedimiento
Civil, la misma debe ser interpretada restrictivamente. De esta manera, cuando
se trata de aplicar esa disposición, el juez civil debe analizar la situación
fáctica que le haya sido planteada para ver si la misma se ubica en los
extremos a partir de los cuales la carga impuesta al demandado se ajusta a la
Constitución y que implican la existencia de un contrato de arrendamiento que
ha sido incumplid por el arrendatario (…)”.
[34] Sentencia
T-118 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[35]
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, y con aclaración de voto del
Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto).
[36]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[37]
(MP Juan Carlos Henao Pérez).
[38]
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[39]
(MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[40] Desde
la sentencia T-1080 de 2007 la Corte lo manifestó, y esa idea de configuración
de defectos sustantivo y fáctico se ha mantenido de forma pacífica en las
sentencias T-808 de 2009, T-067 de 2010 y T-118 de 2012.
[41] Anteriormente
se afirmaba que era procedimental. Para profundizar en el tema, se puede
consultar el análisis que hizo la sentencia T-118 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).
[42]
Sentencia T-118 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[43]
Sentencia T-118 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), en la
cual se citan como relevantes sobre el tema las sentencias T-035 de 2006, T-1082
de 2007, T-809 de 2209 y T-067 de 2010.