T-760-13
Sentencia T-760/13
Sentencia T-760/13
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia constitucional del requisito general de
subsidiariedad para su procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CUANDO ADELANTA
PROCESOS CONCURSALES-Procedencia
Los actos
y decisiones que emita la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus
funciones adquieren el carácter de actos administrativos, de manera que su
contradicción sólo puede configurarse por vía de las acciones contenciosos
administrativas contempladas en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que en
principio haría improcedente la acción de tutela si no se han agotado
previamente estas acciones. Sin embargo, cuando de manera excepcional esta
entidad se encuentre en desarrollo de funciones jurisdiccionales, las
decisiones que profiera serán consideradas bajo la misma perspectiva de la
jurisdicción ordinaria y, en principio, sólo será procedente la solicitud de
amparo si se agotaron previamente los recursos que para estos efectos contenga
la regulación de cada proceso, respecto de lo cual, en el caso expuesto
hablamos de procesos concursales.
SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES-Cumple funciones jurisdiccionales frente al proceso concursal
PROCESO CONCURSAL-Finalidad
La
economía nacional y el desarrollo social se encuentran estructurados
celularmente por unidades de explotación económica que denominamos empresas,
las cuales pueden constituir la piedra angular del mercado nacional. En razón
de lo expuesto, el Estado colombiano ha desarrollado un esquema normativo con
la finalidad de garantizar la sostenibilidad y recuperación de la empresa como
unidad de explotación económica, por lo cual, en un principio se expidieron las
leyes 222 de 1995 y 550 de 1999 con el propósito de regular los procesos
concursales de concordato y liquidación obligatoria. Posteriormente, las
disposiciones contenidas en las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999 fueron
modificadas por el Régimen de Insolvencia establecido por la ley 1116 de 2006,
la cual definió los procesos concursales de reorganización y liquidatorios como
medidas que permiten la conservación económica de la empresa y la protección
del crédito.
REGIMEN DE INSOLVENCIA
EMPRESARIAL-Finalidad
REGIMEN DE INSOLVENCIA-Proceso concursal de
reorganización empresarial y proceso concursal liquidatorio
Es necesario señalar que existe una
diferencia entre las dos clases de procesos concursales contemplados en el
Régimen de Insolvencia de la ley 1116 de 2006, la cual permite aplicar la
medida en distintas circunstancias. En primer lugar, el proceso de
reorganización empresarial pretende reestructurar la masa pasiva del deudor
para que este pueda superar sus dificultades financieras y permitir que la
empresa continúe funcionando como unidad de explotación económica. Por otro
lado, el proceso liquidatario busca la reordenación del crédito para su
satisfacción mediante la venta de los bienes del deudor de forma directa o en
subasta privada, en ocasión a la imposibilidad de reactivación de la empresa.
PROCESO CONCURSAL DE REORGANIZACION EMPRESARIAL-Aspectos generales del debido proceso/PRINCIPIO PAR
CONDITIO CREDITORUM-Desarrollo en el proceso concursal
La
Superintendencia de Sociedades, como órgano vinculado a la Administración
Pública se encuentra regulado por la normatividad que para estos efectos
establece la Constitución Nacional y el Código Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, razón por la cual los procesos que inicie la
Superintendencia en uso de su función jurisdiccional se encuentran encuadrados
dentro de la regulación establecida para los procesos que excepcionalmente
conocerá en ejercicio de estas funciones y de las leyes que rijan cada
institución. Por lo anterior, además de los principios que rigen los procesos
administrativos, la jurisprudencia constitucional ha definido los principios de
universalidad e igualdad como principios imperantes que rigen los procesos
concursales, a los cuales se les denomina par conditioomnium creditorum.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CUANDO ADELANTA
PROCESOS CONCURSALES-Improcedencia por cuanto la parte accionante cuenta con el
derecho de voto y objeción frente a los acuerdos dentro del proceso concursal,
según ley 1116/06
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA PARA EVITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inminencia, urgencia,
gravedad e impostergabilidad de la tutela, deben encontrarse efectivamente
comprobadas
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA-Carga argumentativa y probatoria de perjuicio irremediable recae sobre
el accionante
La jurisprudencia de esta Corporación ha mencionado la
carga argumentativa y probatoria que recae sobre el actor que pretende hacer
uso de la acción de tutela como mecanismo de amparo transitorio, con el fin de
demostrar al Juez constitucional la forma en que se consolidaría el perjuicio irremediable
para el accionante. Este concepto, se encuentra levemente desarrollado en el
expediente, toda vez que  los argumentos presentados por la accionante en el
escrito de tutela se encuentran dirigidos a desvirtuar la actuación de las
demandadas, pero los mismos no demuestran ni prueban la forma en que habría de
consolidarse el perjuicio irremediable para la empresa, el cual, simplemente
aparece alegado en el libelo sin una estructura argumentativa sólida.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CUANDO ADELANTA
PROCESOS CONCURSALES-Improcedencia de tutela transitoria por cuanto no se
configura perjuicio irremediable y existe otro medio de defensa judicial
Referencia: expediente T-3.906.300
Acción de Tutela instaurada por la Empresa Colombiana
de Petróleos ECOPETROL S.A., contra la Superintendencia de Sociedades y CAMCO
Ingeniería S.A.S.
Derechos fundamentales invocados: Debido
proceso y defensa.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre
de dos mil trece (2013)
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside– Alberto Rojas Ríos y Luís Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que revocó la sentencia
proferida por el Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, Sección Segunda, dentro de la acción de tutela incoada por la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A.,
contra la Superintendencia de Sociedades y la empresa CAMCO Ingeniería S.A.
1. ANTECEDENTES
La
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A., interpuso acción de tutela en contra de la Superintendencia de Sociedades y de la empresa CAMCO
Ingeniería S.A., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso y defensa. La solicitud de amparo la sustentó en los
siguientes:
1.1.
HECHOS
1.1.1. Declara el apoderado de la accionante, que el día 27 de agosto de 2010
ECOPETROL S.A. contrató con CAMCO Ingeniería S.A.S. labores de mantenimiento
técnico de las unidades de generación de vapor y energía de la Gerencia en la
Refinería Barrancabermeja de ECOPETROL S.A., ubicada en Barrancabermeja,
Santander.
1.1.2. Manifiesta la necesidad sobrevenida que obligó a la terminación del
contrato el día 6 de septiembre de 2011, toda vez que CAMCO Ingeniería S.A.S
incumplió con el pago de acreencias laborales de 297 trabajadores vinculados en
la ejecución del contrato.
1.1.3. En consecuencia, la empresa accionada solicitó a ECOPETROL S.A.
cancelar las obligaciones laborales por ella incumplidas a costa de sus saldos
a favor del contrato, con el fin de aplicar la Cláusula Vigésima Tercera de las
Condiciones Generales del Contrato No. 4027930.
1.1.4. En respuesta a la anterior solicitud, la actora procedió a realizar los
descuentos y los pagos requeridos, para lo cual se practicaron 297 audiencias
de conciliación con igual número de trabajadores ante el Ministerio de la
Protección Social – Seccional Barrancabermeja, en los días 14 de octubre de
2011, 29 de noviembre de 2011 y 21 de diciembre de 2011, en las cuales se
concilió un pago total de MÍL SETECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIESICÉIS PESOS M/TE ($ 1.730.442.216.).
1.1.5.
Por otro lado, el día
28 de septiembre de 2011, la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S. presentó ante la
Superintendencia de Sociedades solicitud de admisión a un proceso de
reorganización empresarial, de manera que el día 14 de octubre de 2011 se
admitió a la sociedad accionada dentro del proceso solicitado.
1.1.6.
Ante estas
circunstancias, aduce la accionante no haber sido notificada del proceso de
reorganización empresarial adelantado por la Superintendencia de Sociedades;
además, asegura que en dicho proceso, se incorporó como deuda laboral en el
balance de pasivos de la sociedad las obligaciones laborales canceladas por la
empresa accionante, por  valor de MÍL SETECIENTOS TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/TE ($
1.730.442.216.).
1.1.7.
Asimismo, la accionante
expresa que la empresa CAMCO Ingeniería S.A.S. de manera cuestionable no
tramitó ante el Juez del concurso el permiso que permitiría continuar a
ECOPETROL S.A. con los pagos por ella solicitados, según lo dispuesto en la
ley. Igualmente, la actora afirma que no solicitó el permiso por
desconocimiento del trámite concursal y por no ostentar condición de deudora.
1.1.8.
En relación con el
permiso no tramitado por la sociedad concursada, la accionante aduce que la
Superintendencia de Sociedades le hizo extensivo efectos no contemplados en la
Ley 1116 de 2006, al desconocer que los pagos realizados se hicieron en
cumplimiento de lo pactado por las partes en el contrato de ejecución. En
consecuencia, la actora interpuso recurso de reposición.
1.1.9.
Ante las circunstancias
descritas, la actora alega la indelicada posición de la Sociedad CAMCO
Ingeniería S.A.S en el escrito que descorre los términos del recurso de
reposición ya que desconoce las solicitudes realizadas y el acuerdo pactado.
1.1.10.
Igualmente, la actora reprocha
la posición proteccionista por parte de la Superintendencia de Sociedades hacia
la empresa CAMCO Ingeniería S.A.S., toda vez que pretendió hacer prevalecer la
protección de acreedores de menor derecho, frente a los derechos fundamentales
de los trabajadores que solicitaron el pago. En consecuencia, la obligación
laboral se incorporó en el informe de calificación, valoración y graduación de
créditos.
1.1.11.
Expresa la empresa
accionante, que la Superintendencia de Sociedades cuestionó su conducta al
estimar que en ningún momento solicitó autorización ante esta entidad, ni se
retractó, o asumió responsabilidad en su actuar, ni mucho menos reversó los
desembolsos que afectaron las facturas de la concursada.
1.1.12. Asimismo, la actora manifiesta que el día 14 de noviembre de 2012, la
Superintendencia de Sociedades ordenó a su cargo el pago de la suma descontada
por valor de MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS DIESICÉIS PESOS M/TE ($ 1.730.442.216.) a favor de CAMCO Ingeniería
S.A.S.
1.1.13. Ante esta decisión, la accionante interpuso recurso de reposición que
fue resuelto mediante auto del 20 de diciembre de 2012, en el cual el Juez del
concurso confirmó la decisión atacada y manifestó que la sociedad accionada en
ningún momento elevó solicitud alguna al despacho para autorizar el pago de sus
obligaciones laborales.
1.1.14. Esta circunstancia llevó a la accionante a interponer acción de tutela
el día 24 de enero de 2013, sustentada en la vulneración a sus derechos
fundamentales al debido proceso y defensa, y con el propósito de revocar la
orden adoptada por la Superintendencia de Sociedades.
1.2.
PRUEBAS DOCUMENTALES
Obran en el expediente las siguientes pruebas
documentales:
1.2.1.
Poder especial a favor del
abogado Jairo Darío Contreras López (cuaderno 1, Fl. 34).
1.2.2.
Copia de poder general a favor
del abogado Jairo Darío Contreras López (cuaderno 1, Fl. 35).
1.2.3.
Certificado de existencia y
representación legal de la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL S.A.- (cuaderno
1, Fls. 37 – 69).
1.2.4.
Comunicado del 29 de agosto de
2011, radicado No. 2-2011-078-49508 (cuaderno 1, Fl. 61).
1.2.5.
Comunicado del 2 de septiembre
de 2011, radicación 2-2011-078-50678 (cuaderno 1, Fl. 62).
1.2.6.
Comunicado del 1º de
septiembre de 2011, radicado No. 2-2011-078-50746 (cuaderno 1, Fl. 63).
1.2.7.
Comunicación del 5 de septiembre
de 2011, radicación 2-2011-078-51279 (cuaderno 1, Fl. 64).
1.2.8.
Comunicado No. 5 emitido por
el representante legal de CAMCO Ingeniería S.A (cuaderno 1, Fl. 65).
1.2.9.
Comunicación del 12 de
septiembre de 2011, radicación 2-2011-078-53254 (cuaderno 1, Fls. 66 y 67).
1.2.10.      Comunicación del 19 de septiembre de 2011, radicación
2-2011-078-55649 (cuaderno 1, Fls. 68 - 86).
1.2.11.      Comunicación del 20 de septiembre de 2011, emitida por
la Jefatura Administrativa de CAMCO Ingeniería S.A. (cuaderno 1, Fl. 87).
1.2.12.      Comunicación del 20 de septiembre de 2011, radicado
No. 2-2011-078-56327 (cuaderno 1, Fl. 88).
1.2.13.      Copia de la comunicación del 29 de septiembre de 2011,
radicado No. 2-2011-078-59047 (cuaderno 1, Fls. 89 - 92).
1.2.14.      Copia de correo electrónico del 27 de noviembre de
2011 (cuaderno 1, Fl. 94).
1.2.15.      Copia de correo electrónico del 30 de noviembre de
2011 (cuaderno 1, Fl. 93).
1.2.16.      Copia de oficio No. 3627 del 12 de diciembre de 2012
(cuaderno 1, Fl. 95).
1.2.17.      Comunicación del 10 de noviembre de 2011, radicación
No. 2-2011-078-68918 (cuaderno 1, Fl. 96).
1.2.18.      Copia de la factura No. CI 0495 del 29 de septiembre
de 2011 (cuaderno 1, Fl. 100).
1.2.19.      Copia  de la factura No. CI 0502 del 8 de octubre de
2011 (cuaderno 1, Fl. 99).
1.2.20.      Copia de la factura No. CI 0511 del 26 de diciembre de
2011 (cuaderno 1, Fl. 98).
1.2.21.      Certificación emitida por el Ministerio de Protección
Social – Seccional Barrancabermeja el 10 de enero de 2013 (cuaderno 1, Fl. 102).
1.2.22.      Copia de auto No. 400-016737, proferido el 14 de
octubre de 2011 (cuaderno 1, Fl. 104 y 105).
1.2.23.      Copia del informe de calificación y graduación de
créditos y determinación de votos del 24 de febrero de 2012 (cuaderno 1, Fl.
106 - 227).
1.2.24.      Copia de auto No. 2013-01-010413 del 16 de enero de
2013 (cuaderno 1, Fl. 228).
1.2.25.      Copia de auto No. 2011-01-419772 del 20 de diciembre
de 2012 (carpeta 2, Fls. 232 - 235).
1.2.26.      Copia del recurso de reposición del 21 de noviembre de
2012, radicación 2012-01-321892 (cuaderno 2, Fls. 184 - 203).
1.2.27.      Copia del certificado de existencia y representación
legal de la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S. (cuaderno 2, Fls. 34 - 36).
1.2.28.      Copia de contrato No. 4027930 suscrito entre ECOPETROL
S.A. y CAMCO Ingeniería S.A.S. (cuaderno 2, Fls. 37 - 48).
1.2.29.      Copia de las Condiciones Genéricas de la Contratación
CGC (cuaderno 2, Fls. 49 - 75).
1.2.30.      Copia de la guía para realizar pagos laborales,
aportes al SSI y aportes parafiscales en nombre del contratista (carpeta 2, Fls.
331 - 336).
1.2.31.      Copia de actas conciliatorias emitidas en 297
audiencias de conciliación, realizadas en los días 14 de octubre de 2011, 29 de
noviembre de 2011 y 21 de diciembre de 2011 (carpetas 3 - 12).
1.2.32.      Copia de actas 430-001571 (cuaderno 1, Fls. 289 - 297).
1.2.33.      Copia de autos 400-013555; 400-016536; 400-015850;
400-017558; 400-017989; 400-000458; 400-000511; 415-100211; 415-183896 y
400-017501 (cuaderno 1, Fls. 267 - 288).
1.2.34.      Copia de auto del 27 de julio de 2012 emitido por la
Superintendencia de Sociedades (cuaderno 1, Fls. 298 – 305).
1.2.35.      Copia de correo electrónico del 24 de octubre de 2011
(cuaderno 2, Fls. 76 y 77).
1.2.36.      Comunicación del 25 de octubre de 2011 (cuaderno 2, Fls.
78 y 79).
1.2.37.      Comunicación del 8 de noviembre de 2011 (cuaderno 2,
Fls. 81 - 83).
1.2.38.      Copia de la factura No. CI 0510 (cuaderno 2, Fl. 87).
1.2.39.      Comunicación del 1º de marzo de 2012 (cuaderno 2, Fls.
89 - 100).
1.2.40.      Comunicación del 11 de enero de 2013 (cuaderno 2, Fl.
101).
1.2.41.      Acta de liquidación final del contrato No. 4027930
(cuaderno 2, Fls. 104 - 138).
1.2.42.      Copia del contrato de fiducia mercantil suscrito entre
CAMCO Ingeniería S.A.S. y FIDUCOLPATRIA (cuaderno 2, Fls. 139 - 164).
1.2.43.      Objeción al proyecto de calificación y graduación de
créditos presentado por ECOPETROL S.A. el 8 de marzo de 2012 (cuaderno 2, Fls.
165 - 183).
1.2.44.      Incidente de nulidad interpuesto por ECOPETROL S.A. el
27 de noviembre de 2012 (cuaderno 2, Fls 204 - 212.).
1.2.45.      Escrito de objeciones presentado por CAMCO Ingeniería
S.A.S. el día 8 de marzo de 2012 (cuaderno 1, Fls. 11 - 32).
1.2.46.      Contestación del 27 de noviembre de 2012 que descorre
traslado de recurso de reposición, radicado No. 2012-04-015213 (cuaderno 2, Fls.
212 - 215).
1.2.47.      Escrito del 5 de diciembre de 2012 por el cual se
contesta incidente de nulidad (cuaderno 2, Fls. 216 - 218).
1.2.48.      Copia de auto con radicación No. 2012-01-410007 del 11
de diciembre de 2012 (cuaderno 2, Fl. 219).
1.2.49.      Registro del auto de admisión al proceso de
reorganización empresarial (carpeta 2, Fls. 256 – 257).
1.2.50.      Copia de poder especial a favor del abogado Asdrúbal
Ricardo Núñez Suárez (cuaderno 1, Fl. 33).
1.2.51.      Copia de auto del 25 de octubre de 2011, radicado No.
1-2011-078-65513 (cuaderno 1, Fl. 78).
1.2.52.      Copia del aviso de octubre 20 de 2011 por el cual se
notifica la apertura al proceso concursal (cuaderno 1, Fl. 79).
1.3.
ACTUACIONES PROCESALES
El Juzgado Séptimo Contencioso
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, avocó el conocimiento de la acción de tutela y
ordenó correr traslado de la misma a la
Superintendencia de Sociedades y a la empresa CAMCO Ingeniería S.A.S, mediante auto calendado el 21 de enero de 2013. En
respuesta, las accionadas manifestaron:
1.3.1. Respuesta de la Superintendencia de Sociedades.
En escrito presentado el día 24 de enero del 2013, la
Superintendente Delegada para los Procedimientos de Insolvencia presentó
escrito que descorrió los términos de la acción instaurada, mediante el cual, se
opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
1.3.1.1.      Primeramente, precisó las funciones jurisdiccionales
de la Superintendencia de Sociedades en el trámite de procesos concursales, de
lo cual manifestó que a partir de la disposición contemplada en el artículo 6º
de la ley 1116 de 2006, se otorgaron facultades jurisdiccionales a ésta Entidad.
Asimismo, alegó la improcedencia de la acción de
tutela para el caso en litigio, manifestando que la accionante pretende
sustituir los medios de impugnación previstos en la Ley para estas situaciones.
1.3.1.2.      Una vez realizadas las anteriores precisiones, la
defensa realizó un breve recuento de las actuaciones surtidas dentro del
proceso concursal y prosiguió a desestimar los argumentos de la accionante
mediante las siguientes premisas:
En relación con el incumplimiento del contrato
suscrito entre ECOPETROL S.A. y la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S., manifestó
que no compete al juez del concurso pronunciarse sobre este aspecto ya que el
mismo corresponde a la jurisdicción ordinaria.
1.3.1.3.      En lo referente a la notificación del auto admisorio
al proceso concursal, expresó que “(…) es cierto que este Despacho no le
informó o notificó al accionante dicho auto toda vez que los procesos
concursales son procesos jurisdiccionales y por ende públicos y de acceso al
público en general, en virtud de lo cual, los usuarios pueden libremente
consultar los expedientes y los estados con el fin de informarse y de esta
manera velar por sus derechos”.
1.3.1.4.      Igualmente, manifestó que la Superintendencia en
ningún momento vulneró los derechos fundamentales de la accionante y que la
actuación surtida por esta entidad estuvo circunscrita dentro del marco legal
que permite la ley concursal, por cuanto: “(…) en ningún momento se le está desconociendo
el crédito que tiene ECOPETROL, debido a que se le reconoció, la subrogación
legal a su favor de este en la posición de los trabajadores, con lo cual y de
conformidad con el acuerdo de reorganización confirmado, éstos serían los
primeros en pagarse al estar calificados como primera clase o laboral…”.
Además, anotó que ECOPETROL S.A. realizó los pagos sin
considerar las advertencias de la sociedad concursada sobre la imposibilidad de
ejecutar éstos giros en razón a los efectos del  proceso de reorganización.
1.3.1.5.      En este mismo sentido, arguyó que los trámites
conciliatorios adelantados tuvieron plenos efectos para los intereses de la
accionante en razón a que en ningún momento los pagos fueron autorizados previo
requerimiento de la sociedad concursada, lo cual explica con las siguientes
expresiones: “(…) según lo que consta en el expediente, no fue solicitado
por la concursada, con lo cual y según el acervo probatorio, este despacho
concluye que este pago lo realizó ECOPETROL como tercero, con su propio
pecunio. De esta manera lo que se ordena a ECOPETROL es que devuelva los
dineros que hacen parte del concurso”.
En esta misma línea argumentativa, sostuvo que la
actora no hizo mención alguna en el escrito de objeciones sobre la solicitud a la
Superintendencia para autorizar la ejecución de los pagos, respecto a lo cual
afirmó: “Entonces no es dable o permitido a ECOPETROL hacer uso de unos
dineros que en principio son del concurso. Por eso el análisis aplicado al caso
es que ECOPETROL pagó a los trabajadores por su cuenta y con su dinero, con lo
cual la consecuencia es que, por un lado, la concursada queda liberada del pago
de estas acreencias laborales pero por el otro, comprometida a pagar a
ECOPETROL, quien fue el que asumió dicho pago y quien se subroga en la posición
de los trabajadores”.
1.3.1.6.      Por último, aseguró que los derechos fundamentales de
los trabajadores se encuentran garantizados y protegidos a través del proceso de
reorganización que inician las empresas, en la medida que todos los procesos
ejecutivos se incorporan al proceso de reorganización con el fin de reconocer
los créditos, por lo cual “(…) no era deber de ECOPETROL, proteger al deudor
o evitar acciones judiciales y constitucionales contra éste porque ya había
entrado a operar la ley de insolvencia que regula los procesos de
reorganización”.
1.3.2. Respuesta de la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S.
En cumplimiento de los términos legales para ejercer
su derecho de contradicción, el apoderado de la Sociedad CAMCO Ingeniería
S.A.S. presentó escrito de contestación de la demanda el día 25 de enero de
2013, mediante el cual se opuso a los hechos y pretensiones del libelo bajo los
siguientes argumentos:
1.3.2.1.      En primer lugar, adujo que el 28 de septiembre de 2011,
la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S. presentó ante la Superintendencia de
Sociedades solicitud de admisión a un proceso de reorganización empresarial, en
razón a la crisis económica que atravesaba la empresa como consecuencia del
incumplimiento por parte de ECOPETROL S.A. de sus obligaciones contractuales y
principalmente, por la mora en el reconocimiento y pago de los servicios
prestados.
1.3.2.2.      Seguidamente, expresó que a pesar de haber otorgado
autorización a la empresa accionante para los pagos de acreencias laborales,
los mismos quedaron sin efectos desde el momento de la presentación de la
solicitud al proceso de reorganización empresarial, toda vez que así lo dispone
el artículo 17 de la ley 1116 de 2006. Asimismo, afirmó que a partir de
la lectura del contrato no se desprende la cláusula que incorpora las
Condiciones Generales de la Contratación (CGC).
1.3.2.3.      Como tercer argumento presentado por la defensa, se
menciona el aspecto concerniente a la notificación  que se hizo a ECOPETROL
S.A. sobre el proceso de reorganización en el cual se encontraba la Sociedad
CAMCO Ingeniería S.A.S., hecho frente al cual la sociedad accionada manifestó
que en diversas oportunidades puso en conocimiento de ECOPETROL S.A. sobre su
admisión al proceso de reorganización empresarial con la advertencia de que sin
la autorización de la Superintendencia de Sociedades no podían hacerse los
pagos de acreencias laborales. Además, afirma que lo anterior se presentó en  la
reunión realizada en día 24 de octubre de 2011, convocada mediante comunicación
5210294-GRB1-4027930-322-2011-C (radicado No. 2-2011-078-27574) en la que se
hizo entrega de la copia del auto No. 400-016737 de octubre 14 de 2011expedido
por la Superintendencia de Sociedades, lo cual fue ratificado con la entrega
oficial del auto mediante comunicación de fecha 26 de octubre de 2011.
En este sentido, sostuvo que a pesar de haber plasmado
en los cuerpos de las facturas la advertencia de no poder continuar con la
cancelación de las obligaciones laborales sin previa autorización de la
Superintendencia de Sociedades, ECOPETROL S.A. se dirigió por riesgo y cuenta
propia ante el Ministerio de la Protección Social con el fin de conciliar las
obligaciones laborales de los trabajadores de CAMCO Ingeniería S.A.S.
1.3.2.4.      Asimismo, como cuarta premisa, precisó que la empresa
accionante realizó las audiencias de conciliación sin el respectivo poder o
documento que autorizara a ECOPETROL S.A. la representación de la Sociedad
CAMCO Ingeniería S.A.S. con el fin de obligarse a su nombre en la firma de las
conciliaciones laborales, razón por la cual, arguye que las actas de
conciliación levantadas en las distintas audiencias fueron suscritas por
ECOPETROL S.A. a nombre propio y no como resultado de un mandato o autorización
otorgada por la Sociedad CAMCO Ingeniaría S.A.S.
Linealmente aseguró: “(…) en los diferentes
acuerdos conciliatorios suscritos ante el Ministerio de la Protección Social no
concurrió CAMCO, ni a través de su representante legal, ni a través de
apoderado, ya que quien asumió la obligación de pago y suscribió las actas fue
directamente ECOPETROL en nombre y por cuenta propia, sin tener facultades para
representar a CAMCO”.
1.3.2.5.      Por último, recalcó nuevamente que los pagos realizados
por ECOPETROL S.A. en razón de las conciliaciones adelantadas, son totalmente
ineficaces de pleno derecho puesto que la accionante tenía amplio conocimiento
acerca del proceso de reorganización empresarial en el cual se encontraba
incursa la empresa CAMCO Ingeniería S.A.S., Además, alegó que las acreencias
subrogadas por ECOPETROL S.A. se encuentran incluidas en el acuerdo de pago que
será aprobado por la Superintendencia de Sociedades.
2. DECISIONES JUDICIALES
2.1.   SENTENCIA DE
PRIMERA INSTANCIA – JUZGADO SÉPTIMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA.
En fallo proferido el 1º de febrero de 2013, el Juez Séptimo
Contencioso Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., decidió tutelar
el derecho fundamental al debido proceso del accionante, sobre lo cual sustentó
su decisión en los siguientes argumentos:
2.1.1. En primer lugar, consideró que las decisiones
judiciales adoptadas por la Superintendencia de Sociedades en el proceso de
reorganización empresarial de CAMCO Ingeniería S.A.S., no le eran oponibles a
ECOPETROL S.A. en calidad de tercero hasta que no fuera notificado de las
mismas, razón por la cual estimó que el auto de admisión al proceso de
reorganización era inoponible al accionante hasta que éste no fuera enterado de
su contenido, lo cual sólo ocurrió hasta el día 24 de octubre de 2011. En este mismo
sentido, consideró que la actuación de ECOPETROL S.A. en calidad de tercero
frente al proceso de reorganización, no se ajustaba a lo previsto en los
artículos 17, 18 y 19 de la ley 1116 de 2006, sin embargo, ante el equívoco
llamamiento al incidente de ineficacia, su intervención sólo se limitó a este
trámite.
En virtud de lo anterior, el a quo observó que la entidad
accionante sólo habría estado legitimada para objetar el informe de
calificación y graduación de créditos presentado por la accionada ante la
Superintendencia, si se hubiere admitido su participación como acreedora dentro
del proceso de reorganización.
2.1.2.          Como segundo aspecto precisado por el
despacho, emerge el argumento  según el cual la actuación de la sociedad
accionada se encontraba en contradicción con la obligación que tienen las
empresas concursadas de aportar información de manera oportuna, transparente,
comparable y de buena fe, toda vez que CAMCO Ingeniería S.A.S. pidió a
ECOPETROL S.A. aplicar la cláusula No. 13 del contrato 4027930 un día después
de presentar la solicitud de reorganización; además, estimó que la accionada no
solicitó a ECOPETROL S.A. el pago directo y en su favor de las facturas CI 502,
CI 0511 y CI 0495, así como tampoco solicitó a la Superintendencia de
Sociedades que ordenara a la accionante el pago.
2.1.3.          Igualmente, el despacho presentó como tercer
argumento para soportar su decisión, que la sociedad accionada no hizo uso de
la facultad contemplada en el numeral 7º del artículo 19 de la Ley 1116 de
2006, mediante la cual pudo haber solicitado a la Superintendencia de
Sociedades decretar alguna medida cautelar sobre los bienes de la entidad
actora, como podría haber sido la orden a ECOPETROL S.A. de realizar el pago de
las sumas adeudadas.
2.1.4.          En cuarto lugar, el fallador de primera
instancia aseveró que la disposición contemplada en el artículo 17 de la ley
1116 de 2006, no otorga facultad a la Superintendencia de Sociedades para
pronunciarse sobre la ineficacia de los pagos realizados por terceros, toda vez
que la disposición se refiere exclusivamente a los realizados por el deudor,
por lo cual precisó:
“De lo anterior, se sigue que la Superintendencia
accionada incurrió en error cuando se refirió , en la parte considerativa de
los proveídos analizados, a la validez del “pago efectuado a los 297
trabajadores” hecho por ECOPETROL S.A., pues el artículo 17 de la ley 1116 de
2006 no la faculta para hacer tal pronunciamiento, lo que implica que las
providencias estudiadas están viciadas por un defecto orgánico, pues el
funcionario judicial que las profirió no tenía competencia para resolver sobre
la validez de esos pagos, incurriendo por lo tanto en una vía de hecho (…)”.
2.1.5. Por último, en consideración a lo expuesto, el a
quo reputó que la orden impartida por la Superintendencia de Sociedades en
el auto del 14 de noviembre de 2012, constituye una vulneración alegada por
haberse adoptado dentro de la decisión del incidente de ineficacia instaurado
por la Sociedad concursada, por lo cual la Superintendencia incurrió en un
defecto orgánico y sustancial.
2.2.   IMPUGNACIÓN
Dentro del término legal oportuno, la Sociedad CAMCO
Ingeniería S.A.S. presentó escrito de impugnación en contra del fallo de
primera instancia, frente a lo cual sustentó su respuesta con base en los
siguientes argumentos:
2.2.1.
Primeramente, aseguró que el Juez Séptimo Contencioso
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., carecía de competencia
para conocer de la acción de tutela en análisis ya que uno de los accionados es
la Superintendencia de Sociedades, por lo cual, como entidad del sector
descentralizado por servicios de orden nacional, el juez competente para
conocer las acciones de tutela en contra de esta es el Juez Civil del Circuito,
de conformidad con lo consagrado en el artículo 1º del Decreto 1382 del 2000.
2.2.2. Seguidamente, como segunda premisa presentada en el
escrito de impugnación, la Sociedad accionada adujo que la orden impartida por la
Superintendencia de Sociedades a ECOPETROL S.A. mediante auto proveído el 14 de
noviembre de 2012 no correspondía a un fallo extra-petita, en razón a
que el artículo 5º de la ley 1116 de 2006 facultó al juez del concurso para
proteger, custodiar y recuperar los activos del deudor, los cuales, no
corresponden únicamente a la prenda general de los acreedores sino también al
flujo de caja con el que el deudor organizará su empresa y dará cumplimiento a
sus obligaciones mercantiles.
Sobre esta misma línea de razonamiento, afirmó que el
numeral segundo del artículo 5º no delimita la facultad del juez para la
recuperación del activo del deudor a una etapa procesal específica en el
trámite de reorganización, por lo que no era aceptable el concepto de la Juez
de tutela al considerar que la Superintendencia había incurrido en una decisión
extra-petita, toda vez que la decisión  contenida en el auto del 14 de
noviembre de 2012, es una medida pertinente que protege la recuperación del
deudor dentro del régimen especial de la insolvencia empresarial.
2.2.3. En tercer lugar, el impugnante alegó no haber sido
parte en las audiencias de conciliación adelantadas por la accionante ante el
Ministerio del Trabajo, por lo cual estimó que ECOPETROL S.A. adelantó las
mencionadas audiencias a nombre propio y por cuenta suya, en atención a su
condición como deudor solidario según lo estipula el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo.
Asimismo, presentó como cuarto argumento impugnatorio,
el hecho a partir del cual, las facturas generadas como consecuencia de los
pagos realizados por la accionante a los trabajadores fueron emitidas con
posterioridad al inicio del proceso de reorganización en la Superintendencia,
de manera que no le era posible a ECOPETROL S.A. hacer uso de recursos que
habrían de cancelar obligaciones incluidas en la reorganización, y además,
tampoco le era posible al Juez de primera instancia pretender que la
Superintendencia accionada ordenara como medida cautelar el pago de dichas
sumas.
2.2.4.          Por último, el impugnante sostuvo que el a
quo había desconocido el contrato de cesión de derechos económicos suscrito
el 20 de octubre de 2010 entre la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S. y la
Fiduciaria COLPATRIA S.A., en virtud del cual los dineros adeudados por
ECOPETROL S.A. a la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S. se encontraban cedidos a
un patrimonio autónomo, por lo que además de la prohibición contemplada en el
artículo 17 de la ley 1116 de 2006, tampoco le era posible a la accionante disponer
de esos recursos con libre arbitrio ya que los mismos debían ser girados al
patrimonio autónomo.
2.3    SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B.
El día 18 de marzo de 2013, el ad quem se pronunció sobre la
impugnación presentada por la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S. y decidió
revocar el fallo de primera instancia en consideración a las siguientes
razones:
2.3.1.          Luego de realizar el examen de procedencia
del caso y desestimar el argumento del impugnante bajo el cual se controvertía
la competencia del a quo, el Tribunal consideró que ECOPETROL S.A. había
sido notificado sobre el auto de admisión al proceso de reorganización en
audiencia del 24 de octubre de 2011 y en escritos del 26 de octubre de 2011 y 8
de noviembre de 2011, por lo cual tenía conocimiento sobre la prohibición en la
cual estaba incursa según el artículo 17 de la ley 1116 de 2006.
En consecuencia, el despacho estimó que la accionante había realizado
el pago a los 297 trabajadores de la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S. por
cuenta propia y con recursos propios, por lo cual los pagos realizados son
válidos pero efectuados por un tercero.
2.3.2. Por lo anterior, el ad quem precisó que la
subrogación legal aplicada por el Juez del concurso a favor de la accionante se
configuró por la dificultad que implicaba la devolución de los dineros por
parte de los ex trabajadores, pues con esa medida se buscaba proteger los
dineros del subrogado; además, compartió la posición de la Superintendencia en
otorgarle prelación al crédito de la accionante por ser subrogada en los
derechos de los trabajadores.
2.3.3. Para finalizar, en relación con el enriquecimiento
sin justa causa en el cual incurría la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S., el
despacho aseguró la inexistencia de dicha figura en virtud del traspaso de
titularidad en el derecho a favor de ECOPETROL S.A.
3. CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, con base en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la
Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el
proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma
establecida por el reglamento de la Corporación.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO.
A través de escrito de tutela, ECOPETROL S.A. manifestó
que la Superintendencia de Sociedades y la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S.
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, por
considerar que la decisión contemplada en el auto No. 400-015850 del 14 de
noviembre de 2012, constituye una vía de hecho y desconoce lo acordado en el
contrato No. 4027930 del 27 de agosto de 2010.
Según narra la accionante, la Sociedad CAMCO
Ingeniería S.A.S desconoció la obligación por la cual había autorizado a
ECOPETROL S.A. el pago de acreencias laborales por valor de MIL SETECIENTOS
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS
M/TE ($ 1.730.442.216.) al incorporar el monto de los pagos ejecutados dentro
del balance de activos y pasivos presentado en el proceso de reorganización
ante la Superintendencia de Sociedades.
Por otro lado, asegura que la Superintendencia de
Sociedades ignoró que los pagos se efectuaron en cumplimiento de lo pactado en
el contrato de ejecución suscrito entre las partes.
En este orden de ideas, la Sala debe entrar a resolver
si, en el caso particular, la acción de tutela resulta procedente como
mecanismo judicial transitorio para controvertir una orden de pago emitida por la
Superintendencia de Sociedades sobre la accionante, teniendo en cuenta que esta
ejecutó pagos de acreencias laborales en virtud de lo estipulado en el contrato
de mantenimiento técnico suscrito con la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S.
Para definir el asunto, la Sala debe analizar, en primer
término, la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para controvertir decisiones judiciales de la Superintendencia de
Sociedades que ordenan incorporar sumas de dinero a un proceso de
reorganización empresarial. En caso de resultar procedente la acción
constitucional, el segundo aspecto que deberá entrar a resolver la Sala
se encuentra relacionado con la  figura del concordato en Colombia y el régimen
legal aplicable. Posteriormente, como tercer aspecto que debe precisar
esta Sala, resalta la necesidad de revisar los aspectos legales que enmarcan el
procedimiento concursal; finalmente, resolverá el caso concreto.
3.3.   REQUISITOS GENERALES Y
ESPECIALES DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE
DECISIONES JUDICIALES
El artículo 86 de la
Constitución Nacional, consagra la acción de tutela como herramienta jurídica a
disposición de los ciudadanos para obtener el reconocimiento y protección de
sus derechos fundamentales, en la medida que estos no cuenten con otro medio de
defensa judicial para la obtención de sus garantías constitucionales.
En la misma línea con este razonamiento,
la jurisprudencia constitucional ha desarrollado los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de  tutela. Se tiene entonces de una parte, que
los criterios generales para la procedencia de la
acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son los
siguientes:
“(i) Se requiere, en primer lugar, que
la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como
en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho
fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos
casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su
alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera
posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se
requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se
impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela”[1].
3.3.1. Por otro lado, podemos identificar los requisitos
específicos de procedibilidad de la acción de tutela definidos igualmente por
esta Corporación, los cuales son:
“(i) defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva el
debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de
valorar pruebas absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para
adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto
material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de
motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la
Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha
decisión; (v) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño o error grave, por parte de terceros y ese engaño o
error, lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”[2]
3.3.2. Con esta conceptualización, podemos notar el carácter
residual y subsidiario que el  legislador imprimió a la acción constitucional
de tutela, con el fin de salvaguardar la competencia del juez natural y honrar
los mecanismos judiciales de defensa que el legislador previamente había
establecido. En este sentido, al analizar el principio democrático de la
autonomía funcional del juez, esta Corporación afirmó que el juez de tutela no
puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el
ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus
providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría
gravemente los principios constituciones del debido proceso[3].
Sin embargo, el mismo
artículo 86 constitucional estableció una excepción a la regla de
subsidiariedad y residualidad de la tutela al permitir hacer uso de este
mecanismo como herramienta transitoria para evitar la consolidación de un
perjuicio grave e irremediable para el actor. En este mismo sentido, el
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, adicionó otra excepción a la regla de
subsidiaridad de la tutela al considerar su procedencia cuando el mecanismo de
defensa ordinario no resulte idóneo para la protección de los derechos
fundamentales, razón por la cual se estimará procedente la acción de tutela
según lo determine el juez para cada caso en concreto.
3.3.3. En relación con el perjuicio irremediable, la
sentencia T-225 de 1993[4]
estableció ciertos elementos que deben configurarse para estimar la consolidación
de esta afectación, a saber: i) un perjuicio inminente, ii) medidas que deben
adoptarse de manera urgente frente al mismo; y iii)  que el peligro emergente
sea grave; de ese modo la protección de los derechos fundamentales se tornaría
impostergable.
3.3.4. Por otro lado, respecto a la idoneidad del mecanismo
de defensa ordinario para la protección de derechos constitucionales, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido:
“(…)
tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho
fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una
relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del
derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido
concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese
derecho”[5].
3.3.5. En tal sentido, aún cuando existan otros mecanismos
de protección, el juez puede avocar el conocimiento de la acción de tutela para
su estudio, cuando, a partir de los hechos probados, pueda evidenciar un evento
que amenaza o viola en forma irremediable y grave los derechos del accionante,
de acuerdo con las subreglas atrás indicadas, evento en el cual el amparo
procede como mecanismo definitivo.
3.4.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES
La Superintendencia de
Sociedades es una entidad pública administrativa adscrita al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en Colombia, encargada principalmente de ejercer
labores de vigilancia y control sobre las sociedades mercantiles, aunque sus
atribuciones no se limitan únicamente al control y vigilancia de estas
sociedades toda vez que igualmente le fueron otorgadas facultades
jurisdiccionales según la ley 222 de 1995.
Por lo anterior, los
actos y decisiones que emita la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de
sus funciones adquieren el carácter de actos administrativos, de manera que su
contradicción sólo puede configurarse por vía de las acciones contenciosos
administrativas contempladas en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que en
principio haría improcedente la acción de tutela si no se han agotado previamente
estas acciones.
3.4.1. Sin embargo, cuando de
manera excepcional esta entidad se encuentre en desarrollo de funciones
jurisdiccionales, las decisiones que profiera serán consideradas bajo la misma
perspectiva de la jurisdicción ordinaria y, en principio, sólo será procedente
la solicitud de amparo si se agotaron previamente los recursos que para estos
efectos contenga la regulación de cada proceso, respecto de lo cual, en el caso
expuesto hablamos de procesos concursales.
Ahora bien, en relación con lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido:
“Al
respecto la Corte ha recordado que de conformidad con el artículo 116 de la
Constitución, excepcionalmente la ley puede “atribuir función jurisdiccional en
materias precisas a determinadas autoridades administrativas” y, tratándose de la
Superintendencia de Sociedades, mediante la Ley 222 de 1995 fue dotada de
funciones jurisdiccionales para tramitar los procesos concursales de
sociedades, cooperativas, fundaciones o sucursales extranjeras que no
estuvieran sujetas a algún régimen especial de intervención o liquidación y, en
esa medida, la Corte ha reiterado que en contra de las decisiones proferidas
dentro de los trámites cuyo conocimiento le fue asignado a la Superintendencia
de Sociedades por la Ley 222 es viable instaurar la acción de tutela”[6].
3.4.2. En esta misma línea de
razonamiento, la jurisprudencia también ha calificado las decisiones de la
Superintendencia de Sociedades como decisiones judiciales susceptibles de ser
analizadas constitucionalmente, siempre que contengan alguno de los defectos
mencionados anteriormente[7]. En este sentido, la
jurisprudencia expresa:
“Queda entonces claro que la Superintendencia de Sociedades, entidad
administrativa de orden nacional encargada de la inspección, vigilancia y
control de las sociedades no vigiladas por otras Superintendencias, desempeña
funciones de tipo jurisdiccional en el desarrollo de procesos de liquidación
obligatoria de sociedades mercantiles, y que sus decisiones, por lo tanto,
constituyen providencias judiciales, lo que indica que, eventualmente, éstas
pueden llegar a constituir vías de hecho y pueden ser impugnadas mediante el
ejercicio de la acción de tutela. Sin embargo, para verificar la procedencia
excepcional de la acción de tutela en tal hipótesis, es necesario que la Sala
realice un estudio de los medios judiciales de defensa de los que disponen las
partes que intervienen en los procesos de liquidación obligatoria”[8].
3.4.3. En virtud de lo
expuesto, es notoria la posibilidad de ejercer la acción constitucional de
tutela en contra de decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades
en funciones jurisdiccionales, cuando estas hayan incurrido en algunos de los
defectos desarrollados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia
del amparo en estos eventos[9].
3.5.   FINALIDAD
DEL PROCESO CONCURSAL
La
economía nacional y el desarrollo social se encuentran estructurados
celularmente por unidades de explotación económica que denominamos empresas,
las cuales pueden constituir la piedra angular del mercado nacional[10].
3.5.1. En razón de lo expuesto,
el Estado colombiano ha desarrollado un esquema normativo con la finalidad de
garantizar la sostenibilidad y recuperación de la empresa como unidad de
explotación económica, por lo cual, en un principio se expidieron las leyes 222
de 1995 y 550 de 1999 con el propósito de regular los procesos concursales de
concordato y liquidación obligatoria.
Posteriormente, las disposiciones
contenidas en las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999 fueron modificadas por el Régimen
de Insolvencia establecido por la ley 1116 de 2006, la cual definió los
procesos concursales de reorganización y liquidatorios como medidas que
permiten la conservación económica de la empresa y la protección del crédito.
En este sentido, en relación con la finalidad de proceso concursal, la ley 1116
de 2006 establece que:
“(…) tiene por objeto la protección del crédito
y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de
reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor.
El proceso de reorganización pretende a
través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones
comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional,
administrativa, de activos o pasivos.
El proceso de liquidación judicial
persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del
patrimonio del deudor.
El régimen de insolvencia, además,
propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en
general y sanciona las conductas que le sean contrarias”[11].
La jurisprudencia constitucional no ha
sido ajena a este tema y también ha definido la finalidad de los procesos
concursales regulados por el Régimen de Insolvencia, de lo cual, mediante
sentencia C- 620 de 2012[12]
sostuvo:
“El régimen judicial de insolvencia regulado en la
presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y
conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente
generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de
liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor. El
proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas
viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su
reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. El proceso
de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el
aprovechamiento del patrimonio del deudor. El régimen de insolvencia, además,
propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en
general y sanciona las conductas que le sean contrarias”.
Esta providencia continúa el desarrollo de
esta línea de razonamiento y establece el derecho concursal como un escenario
donde se pueden hacer efectivos derechos crediticios bajo los principio de
igualdad:
“El derecho concursal se
funda en el interés general pero no desconoce el derecho de los acreedores a
obtener la satisfacción de su crédito, para lo cual se crea un marco de
condiciones generales que debe cumplir la empresa: “El derecho concursal
actual, además de los principios de libertad de empresa, libre iniciativa
privada y libertad de disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los
derechos ajenos y en la sujeción de los intereses individuales al interés
colectivo y al beneficio común. Así, esta rama o disciplina del derecho no
desconoce que el deudor debe cumplir con las obligaciones adquiridas y que,
correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr
la satisfacción total de su crédito, sino que, ante la imposibilidad del
primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones,
reemplaza la ejecución singular por una colectiva en la que se satisfacen los
derechos de crédito concurrentes de manera ordenada, amén de solucionar todos
los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, además, garantice el
reparto equitativo de las pérdidas, dentro del rango adquirido por cada
acreedor –par conditio creditorum-“.
Así las cosas, se observa la
importancia que representa para el Estado Colombiano la conservación de la
empresa como unidad de explotación económica, toda vez que las diferentes
afectaciones que puede recaer sobre ella tienen incidencia en todo el plano
nacional y podrían generar un estancamiento en el progreso de la Nación.
3.5.2. En el mismo sentido de lo expuesto, la jurisprudencia
constitucional no ha sido ajena frente a la figura concursal y ha
conceptualizado la finalidad del proceso de insolvencia en los siguientes
términos:
“Los procesos concursales se orientan hacia la
protección de la organización empresarial y, a través de ella, hacia el
mantenimiento del empleo y la salvaguarda del sistema crediticio. Este triple
objetivo se logra mediante la sujeción de las empresas que afrontan crisis
económicas a ciertos trámites, que pueden ser de dos clases: a) el concordato,
o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, y b) la liquidación
obligatoria, o realización de los bienes del deudor para atender el pago
ordenado de sus obligaciones (…).
(…) La figura del concordato permite que las
empresas con dificultades graves en el pago de sus pasivos, lleguen a un
acuerdo con sus acreedores, con la finalidad de permitir su recuperación y
conservación, en tanto unidades de explotación económica y fuentes generadoras
de empleo, y asimismo proteger el crédito, a la vez que se trazan las reglas a
las cuales se someterá el cumplimiento de las obligaciones insolutas a su
cargo. El régimen concordatario encuentra su justificación constitucional, en
el deber del Estado de crear mecanismos para promover el sector empresarial, y
así preservar la función que éste cumple en materia de desarrollo económico”[13].
3.5.3. Ahora bien, es necesario señalar que existe una
diferencia entre las dos clases de procesos concursales contemplados en el
Régimen de Insolvencia de la ley 1116 de 2006, la cual permite aplicar la
medida en distintas circunstancias. En primer lugar, el proceso de
reorganización empresarial pretende reestructurar la masa pasiva del deudor
para que este pueda superar sus dificultades financieras y permitir que la
empresa continúe funcionando como unidad de explotación económica. Por otro
lado, el proceso liquidatorio busca la reordenación del crédito para su
satisfacción mediante la venta de los bienes del deudor de forma directa o en
subasta privada, en ocasión a la imposibilidad de reactivación de la empresa.
En relación con estos conceptos, la misma providencia citada estableció:
“Los
objetivos inmediatos de los procesos en mención difieren, como quiera que el
concordato pretende la reestructuración del pasivo del deudor, con miras a que
éste pueda reactivar su actividad productiva, en tanto la liquidación
obligatoria procede cuando tal reactivación no es posible a fin de lograr la
satisfacción ordenada del crédito”[14].
Asimismo,
la Corte determinó:
“Al expedir la Ley 222 de
1995, modificada por la ley 1116 de 2006, el legislador previó dos tipos de
procesos concursales, aplicables al ámbito de personas jurídicas no cobijadas
por regímenes de insolvencia especiales. El concordato, que consiste en la
celebración de un acuerdo entre los acreedores y el deudor, con el fin de
mantener en funcionamiento la sociedad afectada por dificultades económicas y
proteger, de esa forma, el ahorro, el empleo, y la empresa como “unidad de
explotación económica”. La liquidación obligatoria, por su parte, persigue
proteger derechos patrimoniales, prestacionales y fiscales, entre otros, cuando
la situación de la entidad resulta insostenible, mediante la venta de los
activos del deudor”[15].
3.6.
ASPECTOS GENERALES DEL DEBIDO PROCESO EN         PROCESO CONCURSAL DE
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.
La
Superintendencia de Sociedades, como órgano vinculado a la Administración
Pública se encuentra regulado por la normatividad que para estos efectos
establece la Constitución Nacional y el Código Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, razón por la cual los procesos que inicie la
Superintendencia en uso de su función jurisdiccional se encuentran encuadrados
dentro de la regulación establecida para los procesos que excepcionalmente
conocerá en ejercicio de estas funciones y de las leyes que rijan cada
institución.
3.6.1. Por lo anterior, además
de los principios que rigen los procesos administrativos, la jurisprudencia
constitucional ha definido los principios de universalidad e igualdad como
principios imperantes que rigen los procesos concursales, a los cuales se les
denomina par conditioomnium creditorum, frente a lo que la misma
Sentencia T- 079 de 2010[16] la Corte expresó:
“Los principios más
importantes de los procesos concursales son el de universalidad e igualdad
entre acreedores, también conocido como par conditioomnium creditorum. De
acuerdo con el primer principio, todos los bienes del deudor conforman una masa
patrimonial que se constituye en prenda general de garantía de los acreedores;
correlativamente, los acreedores establecen una comunidad de pérdidas, lo que
significa que sus créditos serán cancelados a prorrata, o en proporción a las
posibilidades económicas, una vez realizada la venta de los bienes del deudor.
El principio de igualdad entre acreedores, por su parte, establece que todos
los interesados deben hacerse parte dentro del proceso concursal, respetando de
forma rigurosa los procedimientos, recursos y cargas previstas por el
legislador para la participación en el concurso. Es evidente que todos los
procedimientos legales deben ser respetados, en virtud del carácter general y
abstracto de la ley; sin embargo, en el caso de los concursos de acreedores,
esta exigencia hace parte de la naturaleza del proceso, pues si se toma en
cuenta la limitación patrimonial que se enfrenta al iniciarse una liquidación
obligatoria, la posibilidad de que algunos acreedores persigan sus intereses
por vías privilegiadas, o la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de los
términos procesales, implicaría una afectación del conjunto de acreedores,
particularmente de los más vulnerables, que suelen ser trabajadores y
pensionados”[17].
3.6.2. A partir de lo anterior, se observa la necesidad de
cumplir con el requisito de publicidad en el momento de dar apertura al proceso
concursal con el objeto de vincular a todos aquellos que puedan resultar
afectados con las decisiones a proferir en desarrollo del mismo, de manera que
puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa dentro de los términos
legales para el efecto.
3.6.3. Ahora bien, antes de la apertura del proceso
concursal, es necesario que la empresa o sociedad solicitante cumpla ciertos
requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 9º y 10º de la ley
1116 de 2006[18],
lo cual debe ir acompañado con la solicitud de admisión al proceso de
reorganización y que a su vez será evaluada por la Superintendencia de
Sociedades con el fin de establecer si el solicitante cumple con los requisitos
de admisibilidad en el proceso. No obstante, es necesario detallar que la
solicitud de admisión al proceso concursal genera unos efectos que establecen
limitantes para el administrador de la empresa o sociedad en insolvencia, lo
cual, en términos del artículo 17 de la ley 1116 de 2006, se define como:
“A partir de la fecha de presentación de la
solicitud, se prohíbe a los administradores la adopción de reformas
estatutarias; la constitución y ejecución de garantías o cauciones que recaigan
sobre bienes propios del deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos
fiduciarios que tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos,
arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo
acuerdo de procesos en curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase
de obligaciones a su cargo; ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones
que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor o que se
lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables,
incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa
finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido; salvo que
exista autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso”.
3.6.4. En base a lo expuesto, podemos identificar la
prohibición expresa que consagró el legislador en el Régimen de Insolvencia
Empresarial dirigida a proteger el patrimonio de la sociedad o empresa que
pretende estar incursa en un proceso de reorganización, toda vez que se procura
evitar que la condición de los pasivos de la empresa se vea agravada en el
lapsus comprendido entre la presentación de la solicitud de admisión y la
expedición el auto admisorio al proceso concursal. Por lo tanto, la prohibición
contemplada en la norma porta de forma inherente la sanción a la cual deben
estar sujetos aquellos administradores quienes a partir del momento de la presentación
de la solicitud de admisión al proceso de reorganización realicen operaciones
crediticias por fuera del giro ordinario de los negocios de la empresa.
No obstante, aunque
la norma consagra una prohibición sobrevenida como consecuencia de la presentación
de la solicitud de admisión al proceso concursal, el inicio del proceso y sus
efectos comienzan a tener vida jurídica desde el momento en que se expide el
auto de admisión y apertura al proceso de reorganización[19],
aunque la prohibición continúa vigente durante todo el proceso.
3.6.5. Una vez expedido el auto de admisión y apertura al
proceso concursal, se generan unos efectos que limitan las facultades del
deudor y los derechos de los acreedores. Por un lado, el deudor adquiere la
limitación legal que impide continuar con cualquier pago por fuera del giro
ordinario de los negocios de la empresa o sociedad, constituir cauciones, hacer
pagos o arreglos relacionados con las obligaciones vigentes al inicio del
proceso, o llevar a cabo reformas estatutarias; sin embargo, este mandato
contiene una excepción por la cual se permite al deudor realizar cualquiera de
estos actos con previa autorización del juez del concurso[20].
Lo anterior, encuentra sustento en la intención que
tuvo el legislador de garantizar la igualdad de los acreedores y constituir
medidas de conservación del crédito para conservar indemne el patrimonio del
deudor desde el momento de la presentación de la solicitud de admisión al
proceso, lo cual tiene como finalidad suspender cualquier operación económica
que agrave más la situación de la insolventada.
Desde la óptica de los acreedores, las limitaciones se
enfocan en impedir la terminación de contratos celebrados con el deudor
mediante la imposibilidad de oponer el hecho que el deudor fue admitido al
proceso concursal como causal para la terminación de contratos. Igualmente, se
suspende la iniciación de nuevas ejecuciones o continuación de las que se
encuentran en curso. Para estos efectos el legislador ha dispuesto que a través
del fuero de atracción se deberán remitir al juez del concurso aquellos
procesos de ejecución.
En este mismo sentido, surge la necesidad de integrar
todo el conjunto de activos y pasivos de la empresa o sociedad dentro de la
masa concursal con el ánimo de realizar la reorganización del patrimonio
concursado y configurar la respectiva prelación de créditos. Este razonamiento
ha sido compartido por la Corte al concluir que “Por su naturaleza y fines, el concordato prevalece sobre los
procesos ejecutivos singulares que se estén surtiendo en contra de quien se
encuentra inmerso en él; por ello los bienes de propiedad del deudor que se
estén persiguiendo en estos últimos deben ingresar a la masa de bienes del
concordato, con la finalidad de que formen parte del acuerdo que se celebre
entre el deudor y sus acreedores”[21].
3.6.6. Esta conceptualización,
nos conduce a precisar que en relación con los procesos ejecutivos, la ley 1116
de 2006 se encuentra en el mismo plano de razonamiento desde la expedición del
Decreto 350 de 1989[22], al impedir la ejecución extraconcursal,
por razones vinculadas a la protección de la empresa y como efecto del
principio de universalidad propio de estos procesos, de conformidad con el cual
la totalidad de los bienes del deudor quedan vinculados al concurso y, por este
motivo, emerge la imposibilidad de proceder simultáneamente ejecuciones sobre
ellos, ni continuar las ejecuciones que se hubiesen iniciado antes de la
apretura al proceso de reorganización.
De igual modo, salta la exigencia procesal de vincular
al proceso a todos los acreedores de la empresa y en general, a toda persona
interesada que pueda resultar afectada con las decisiones que se adopten en el
curso del proceso, para que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, de
manera que se dispondrá en el auto de admisión al proceso la inscripción del
mismo en el registro mercantil de las cámaras de comercio, o en registro
mercantil que haga sus veces, así como las demás contempladas en el artículo 19
de la ley 1116 de 2006.
En relación con lo referido, esta Corporación ha
expresado que “La apertura del
trámite concordatario modifica las relaciones obligacionales entre el deudor y
el resto de sus acreedores, habida cuenta que en tanto se negocia el acuerdo y
ejecuta lo convenido, uno y otros están obligados a proceder del modo y de la
forma acordada sin considerar las condiciones crediticias inicialmente pactadas
en aras de lograr una solución que incluya todas las acreencias insatisfechas.
En consecuencia las ejecuciones individuales en curso se suspenden, y la
iniciación de las pendientes se aplaza.  No obstante puede acontecer que
el deudor y sus acreedores no lleguen a un acuerdo, dentro del término previsto
para tal fin, o puede suceder que el acuerdo logrado no se cumpla. Y también
puede ocurrir que el proceso liquidatorio culmine sin satisfacer la totalidad
del pasivo a cargo del deudor”[23].
3.6.7. Por lo anterior, podemos identificar los siguientes
aspectos: (i) La expedición del auto de admisión al proceso concursal ordena
suspender los pagos que impliquen un giro por fuera de las operaciones normales
de la empresa o sociedad; (ii) imposibilidad de oponer la admisión al concurso
como causal de terminación de contratos; (iii) imposibilidad de iniciar
ejecuciones extraconcursales; (iv) necesidad de vincular todo el conjunto de
activos y pasivos de empresa o sociedad dentro de la masa concursal; (v)
necesidad de cumplir con el requisito de publicidad y vincular a todos los
acreedores de la empresa o sociedad y en general, terceros con interés en el
proceso; (vi) remisión por fuero de atracción al juez del concurso de los
procesos ejecutivos vigentes en contra de la concursada.
4.      CASO
CONCRETO
4.1.   BREVE RESUMEN DE LOS HECHOS
4.1.1 La empresa ECOPETROL S.A. solicita por vía de tutela
la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente
conculcado por la Superintendencia de Sociedades y la empresa CAMCO Ingeniería
S.A.S.
Conforme a la descripción de los antecedentes, la
Superintendencia de Sociedades, mediante auto del 14 de noviembre de 2012
ordenó a la empresa accionante realizar el pago de MÍL SETECIENTOS TREINTA
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIESICÉIS PESOS M/TE ($
1.730.442.216.) a favor de la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S. incursa en
proceso concursal de reorganización empresarial.
4.1.2. El juez de tutela de primera instancia concedió transitoriamente
el amparo solicitado por el actor. Para ello, tuvo en cuenta factores como el
tiempo en el cual fue notificada la accionante sobre el auto de admisión al
proceso de reorganización, así como las solicitudes realizadas por la Sociedad
CAMCO Ingeniería S.A.S. a ECOPETROL S.A. para el pago de la deuda laboral,
especialmente aquella realizada el día siguiente a la presentación de la solicitud
al proceso de reorganización empresarial.
Asimismo, el despacho
determinó que el artículo 17 de la ley 1116 de 2006, no facultaba al Juez del
concurso para pronunciarse sobre la eficacia de los pagos realizados por un
tercero, por lo cual estimó que el pronunciamiento sobre estos había desbordado
los linderos de la competencia que detenta la Superintendencia en estas
eventualidades.
4.1.3. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, revocó la decisión del a quo,
en consideración a que ECOPETROL S.A. había sido notificada en tres ocasiones
sobre el proceso de reorganización empresarial en el cual se encontraba incursa
la Sociedad CAMCO Ingeniería S.A.S., razón por la cual estimó que los pagos
realizados por la accionante se efectuaron a nombre propio de esta. Igualmente,
coincidió con el razonamiento del Juez del concurso por el cual se subrogó a
ECOPETROL S.A. en los derechos crediticios de los ex trabajadores de la
sociedad concursada y a causa de ellos se le ha otorgado la misma prelación de
créditos que tenían los trabajadores.
4.2.   Estudio de procedencia en el
caso concreto.
4.2.1. Vistos los argumentos del accionante, de las demandadas
y analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala entra a
realizar el estudio del caso concreto con base en las subreglas definidas por
esta Corporación.
4.2.2. Relevancia Constitucional
Como se expuso anteriormente,
la actora manifiesta en el libelo que sus derechos fundamentales al debido
proceso y defensa fueron vulnerados por la Superintendencia de Sociedades y la
empresa de Ingeniería CAMCO S.A.S., lo cual estima como un hecho que adquiere
relevancia constitucional.
4.2.2.1. Primeramente, es necesario precisar que esta
Corporación ha sostenido la intrínseca relación que existe entre los derechos
al debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual quedó expresado de la
siguiente forma:
“La relación existente entre el derecho al
debido proceso y el derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias
del juicio que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas
para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas reglas, tiene en
el derecho a la defensa el complemento necesario que le permite al interesado
controvertir, aportar o solicitar las pruebas que conduzcan al real
esclarecimiento de los hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la
autoridad. Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté
debidamente enterada de las decisiones que en particular comprometen sus
derechos, es un deber indeclinable de las autoridades. Es mediante el acto de
la notificación que la administración cumple con el principio de publicidad y
garantiza con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a la defensa”.
“Buena parte de
la eficacia que se predica de un ordenamiento jurídico  como instrumento
social encaminado a proteger los derechos fundamentales de los miembros de una
comunidad y resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores
sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el debate
razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que las demandas y
pretensiones que presentan los ciudadanos en defensa de sus intereses, puedan
ser discutidas y resueltas sobre la base de procedimientos claramente
establecidos por las normas jurídicas[...]”[24].
4.2.2.2. Ahora bien, el análisis judicial de esta Corporación
se encuentra estructurado con el propósito de resolver asuntos que comporten
una significativa importancia constitucional en atención a la posible
vulneración de un derecho fundamental. Por esta razón, la jurisprudencia de la
Corte ha sido reiterativa en establecer como requisito de procedencia de la
acción de tutela la necesidad presentar un caso que contenga un grado de
trascendencia relevancia constitucional que motive el análisis por parte de la
Corte, aunque es notorio cómo los derechos fundamentales permean todo el
sistema jurídico, por lo cual no existen temas jurídicos que no sean irradiados
con un derecho fundamental.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la existencia de materias que en principio no resultan discutibles
ante el juez de tutela, toda vez que han sido ampliamente reguladas por el
legislador, como sucede con los conflictos de carácter económico. Este razonamiento
se encuentra plasmado en la sentencia T- 910 de 2009[25] mediante la
cual esta Corporación manifestó lo siguiente:
“Resulta
claro entonces, no sólo que no se reúnen los elementos que según lo ha
explicado la jurisprudencia configuran el denominado perjuicio irremediable,
sino que en realidad se trata de un conflicto de contenido económico o
patrimonial, situación frente a la cual la acción de tutela es improcedente. Es
un típico conflicto de derecho privado y de contenido patrimonial, para cuya
resolución existen otras acciones judiciales efectivas a  través de las
cuales podría, de ser procedente, obtenerse lo que en este caso pretende el actor,
y dado que no se observa una situación de subordinación o indefensión, ni
ningún otro aspecto de evidente relevancia constitucional que justifique el
análisis en sede de tutela del reclamo planteado por el accionante, concluye la
Sala que esta acción es claramente improcedente”.
De forma lineal a esta
concepción, se encuentra la sentencia T- 499 de 2011[26], mediante la cual
se manifestó que:
“Las discusiones de
índole económica resultan ajenas a la jurisdicción constitucional, pues el
ordenamiento jurídico tiene previsto instrumentos procesales especiales para su
trámite y resolución. Con fundamento en lo expuesto, esta Corporación ha negado
la procedencia de la acción de tutela para resolver controversias de naturaleza
económica, (…)  pues la finalidad del amparo constitucional es servir de
instrumento de salvaguarda iusfundamental, más no como mecanismo encaminado a
resolver controversias de estirpe contractual y económico. Así, la Corte ha
estimado que el amparo deviene improcedente frente a reclamaciones
estrictamente económicas, pues el diseño constitucional de la acción de tutela
permite colegir que ella no está prevista como medio paralelo y supletorio de
los mecanismos legales ordinarios”[27].
Igualmente, la sentencia
T- 086 de 2002[28] reitera la concepción de la
Corte sobre los asuntos de carácter económico, acerca de lo cual sostiene que:
“En cuanto, a la
procedencia de la acción de tutela para desatar controversias de tipo
contractual, esta Corporación se ha pronunciado en numerosas oportunidades en
torno a la improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos de
naturaleza contractual, considerando que, el amparo por vía de tutela es
excepcional, por tratarse de controversias que se derivan de acuerdos privados
celebrados por las partes, que en principio, deberían ser resueltos mediante
acciones ordinarias de carácter civil, comercial o contencioso dependiendo del
caso particular”.
En el caso que nos ocupa, es
notorio que la finalidad de la pretensión se encuentra dirigida a eludir una
orden de carácter económico, que a juicio de la accionante, representa un
perjuicio de carácter irremediable.
4.2.2.3. A partir de lo expuesto,
las
situaciones reguladas por las leyes 222 de 1995 y 1116 de 2006 se refieren
principalmente a la afectación de intereses comerciales, originados en la
cesación (o potencial cesación) de pagos de obligaciones propias del giro de
los negocios de sociedades mercantiles que, de acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corporación, no pueden ser discutidas en sede de tutela.
4.2.3. Agotamiento de los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios.
Como se expuso
anteriormente, los procesos de ejecución iniciados con anterioridad a la
apertura del proceso concursal, deberán ser remitidos al juez del concurso por
fuero de atracción; mientras que las actuaciones ejecutivas que se pretendan
iniciar con posterioridad a la apertura del proceso concursal, no serán
procedentes por cuanto la totalidad de los bienes del deudor quedan vinculados
al concurso, lo cual impide la simultaneidad de ejecuciones.
Lo
anterior, lleva a que los acreedores e interesados en el concurso sólo puedan
ejercer sus derechos de contradicción y defensa dentro de los márgenes legales
del proceso de reorganización, mediante los medios de defensa que para estos
efectos haya contemplado el legislador.
4.2.3.1. Sin embargo, examinadas
las leyes que sobre el tema ha desarrollado el legislador, se puede advertir la
ausencia de un capítulo que expresamente desarrolle los medios de impugnación
frente a las decisiones emitidas por la Superintendencia de Sociedades en el
trámite de procesos concursales, razón por la que debe acudirse a las
disposiciones del estatuto procesal civil.
Esta
concreción, debe confrontarse con los supuestos de hecho presentados en el caso
concreto, de lo cual se advierte que la providencia atacada es un auto, frente
al cual, en principio sería susceptible
de los recursos de reposición, apelación y súplica, propios de todo auto. No
obstante, esta regla propia del estatuto procesal civil[29], sufre variaciones en materia de los
procesos concursales que se tramitan en la Superintendencia, por la naturaleza
de la entidad, a saber: (i) frente al recurso de apelación, por ser entidad
administrativa que cumple funciones jurisdiccionales se hace en única
instancia, lo cual significa que no tiene superior jerárquico en esta materia y
como tal no procede este tipo de impugnación. (ii) En cuanto al recurso de
súplica, tampoco procede ya que no estamos ante un juez plural o colegiado y
frente a decisiones proferidas por un magistrado ponente en el curso de la
segunda o única instancia. En consecuencia, el único recurso viable en esta
materia es el de reposición.
4.2.3.2. Así las cosas, se observa que a través de
los avisos notificatorios publicados por las accionadas en cumplimiento del
requisito procesal de publicidad, se concedió la oportunidad procesal para que
la actora interviniera en el proceso y ejerciera su derecho de contradicción y
defensa, lo cual se puede apreciar en las intervenciones que realizó la
accionante frente al traslado del proyecto de calificación y graduación de
créditos y derechos de voto surtido entre los días 2 al 8 de marzo de 2012.
Igualmente, se aprecia que en relación al incidente de ineficacia de pago
promovido por la Sociedad concursada, la accionante agotó debidamente su
derecho de contradicción y presentó impugnación por medio de recurso de
reposición.
Ahora bien, cabe
precisar que la subrogación crediticia contemplada en el auto del 14 de
noviembre de 2012, produjo un resultado por el cual se otorga a la accionante
los mismos derechos de voto, facultades y oportunidades de los trabajadores,
razón que lleva a este Despacho a inferir que la accionante aún cuenta con
medidas tendientes al reconocimiento de su derecho crediticio y a la protección
de la suma en disputa.
En este sentido la
accionante cuenta con el derecho de objeción frente a los acuerdos dentro del
proceso concursal, el cual está contemplado en el artículo 29 de la ley 1116 de
2006:
“Del proyecto de reconocimiento y
graduación de créditos y derechos de voto presentados por el promotor, se
correrá traslado en las oficinas del juez del concurso por el término de cinco
(5) días.
El deudor no podrá objetar las acreencias
incluidas en la relación de pasivos presentada por él con la solicitud de
inicio del proceso de reorganización. Por su parte, los administradores no
podrán objetar las obligaciones de acreedores externos que estén incluidas
dentro de la relación efectuada por el deudor.
De manera inmediata al vencimiento del
término anterior, el Juez del concurso correrá traslado de las objeciones por
un término de tres (3) días para que los acreedores objetados se pronuncien con
relación a las mismas, aportando las pruebas documentales a que hubiere lugar.
Vencido dicho plazo, correrá un término de
diez (10) días para provocar la conciliación de las objeciones. Las objeciones
que no sean conciliadas serán decididas por el juez del concurso en la
audiencia de que trata el artículo siguiente.
La única prueba admisible para el trámite
de objeciones será la documental, la cual deberá aportarse con el escrito de
objeciones o con el de respuesta a las mismas.
No presentadas objeciones, el juez del
concurso reconocerá los créditos, establecerá los derechos de voto y fijará el
plazo para la presentación del acuerdo por providencia que no tendrá recurso
alguno”.
Por otro lado, en
caso de incumplimiento del deudor, la Ley ha previsto la posibilidad adelantar
una audiencia de incumplimiento[30]
con la finalidad que los interesados acuerden la forma de subsanar este
quebrantamiento para evitar la liquidación judicial.
En este mismo
sentido, el artículo 16 de la ley 1116 de 2006 faculta al acreedor para que en
casos de incumplimiento del acuerdo de reorganización, reanude las ejecuciones
que se suspendieron por la apertura del proceso concursal o para adelantar
nuevos procesos de cobro en contra de los garantes del deudor.
Así las cosas, la
accionante no se encuentra desamparada en su derecho crediticio ya que cuenta
con medios que pretenden hacer efectivo su derecho. En relación con estas
afirmaciones, la jurisprudencia constitucional ha señalado que[31]:
“… el sólo hecho de que una empresa se
encuentre en un proceso de reorganización no implica que genere un riesgo
económico, situación que sí se consumaría cuando afecte concretamente de manera grave el cumplimiento del
contrato, hipótesis en la cual sí será posible su terminación unilateral.
La interpretación correcta de la norma
exige también agregar que para aquellos eventos en los cuales el contratista
esté en un proceso de reorganización pero el mismo no ponga en peligro el
cumplimiento del contrato “La entidad dispondrá las medidas de
inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contractual e impedir la paralización del servicio”, tal como dispone la
parte final del artículo 17 de la ley 80 de 1993.
En este sentido,
dentro del propio proceso de reorganización existen diversas formas para exigir el
cumplimiento, distintas a que la propia
administración pueda declarar la terminación unilateral del contrato:
(i)  En
primer lugar, el incumplimiento de las obligaciones no subsanado en audiencia
da lugar a la terminación del acuerdo de reorganización e incluso a la
liquidación judicial de la empresa.
(ii) En segundo lugar, la ley 1116 de
2006 establece que “El deudor
admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la renegociación, de mutuo
acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de que fuera parte”en caso
contrario se iniciará el incidente contemplado en el artículo 8 de esta ley, de
acuerdo con el cual:
“Las cuestiones accesorias que se susciten en el curso del proceso de
insolvencia se resolverán siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento Civil.
Los actos de trámite que deban
surtirse dentro del proceso de insolvencia y que correspondan a actuaciones que
no deben ser controvertidas por las demás partes del proceso, tales como
expedición de copias, archivo y desglose de documentos, comunicación al
promotor o liquidador de su designación como tal, entre otros, no requerirán la
expedición de providencia judicial que así lo ordene o decrete y para su
perfeccionamiento bastará con el hecho de dejar constancia en el expediente de
lo actuado, lo cual tampoco requerirá notificación”
En tercer lugar, cuando
se inicia un proceso de reorganización, se designa un juez del concurso, el
cual queda investido de una serie de facultades para controlar la actividad del
deudor y evitar fraudes como los señalados por el actor[32].
4.2.4. Plazo razonable
(inmediatez).
En
virtud de la naturaleza de protección inmediata que reviste la acción de
tutela, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que si bien no
existe un plazo determinado por el legislador, la esencia misma del amparo
conlleva a concebir su ejecución dentro de un plazo razonable que exponga el
apremio del accionante[33]. En consecuencia, en caso del
análisis la acción de tutela fue presentada el día 24 de enero del año 2013, es
decir, dos meses y diez días luego de proferida la decisión atacada, lo cual no
constituye para esta Corporación un término suficiente que permita inferir
negligencia por parte del actor, razón que lleva a esta Sala a considerar el
cumplimiento de este requisito.
4.2.5. Incidencia directa de
una irregularidad procesal en la vulneración de los derechos fundamentales.
Vistos
los hechos y argumentos que obran en el expediente, y cotejada la información
con el material probatorio aportado, la Sala no encuentra la existencia de
yerro formal que vulnere los derechos fundamentales de la accionante.
4.2.5.1. En primer lugar, se
observa que las demandadas cumplieron con los requisitos procesales de
publicidad mediante la notificación por aviso del auto admisorio al concurso,
de manera que la accionante pudo ejercer su derecho de contradicción y defensa,
como puede apreciarse en la intervención realizada en el traslado del proyecto
de calificación y graduación de créditos y derechos de voto surtido entre los
días 2 al 8 de marzo de 2012.
4.2.5.2. El segundo aspecto a
detallar tiene relación con el incidente de ineficacia promovido por la
Sociedad concursada, dentro del cual es notorio el ejercicio del derecho de
defensa por parte del actor, así como el uso del recurso de reposición
mecanismo de impugnación para estos casos.
Por
lo anterior, la Sala no considera la existencia de una irregularidad procesal
que tenga una injerencia directa en la vulneración de los derechos
fundamentales aducidos, toda vez que la accionante ha ejercido su derecho de
defensa al intervenir en el proceso concursal presentando objeciones dentro del
mismo y disponiendo del recurso de reposición como único mecanismo de
impugnación dentro de estos procesos, lo que evidencia las oportunidades que ha
tenido la accionante como consecuencia de las correctas notificaciones que se
surtieron en desarrollo del concurso.
4.2.6. Identificación de los
hechos que generan violación del derecho fundamental.
Los
hechos que se narran en el expediente permiten apreciar con claridad las
actuaciones que, a juicio de la accionante, constituyen una violación a sus
derechos fundamentales.
4.2.7. No se controvierta
una sentencia de tutela.
Claramente
se puede apreciar que la solicitud de amparo no se encuentra dirigida a
desvirtuar un fallo de tutela.
4.3.
Análisis de procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio contra decisión judicial en el caso concreto.
Una vez analizados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela para el caso concreto, cabe recordar
que nos encontramos frente a una solicitud de amparo transitorio en contra de
una providencia judicial, lo cual nos conduce inexorablemente al análisis
adicional de procedencia de la acción de tutela para estas eventualidades.
4.3.1. Configuración de un
perjuicio irremediable.
El
concepto de esta figura constitucional ha sido desarrollado por la
jurisprudencia de esta Corporación en providencias anteriores, respecto de lo
cual se ha expresado:
“La irremediabilidad
del perjuicio, implica que las cosas no puedan retornar a su estado anterior, y
que sólo pueda ser invocada para solicitar al juez la concesión de la tutela
como "mecanismo transitorio" y no como fallo definitivo, ya que éste
se reserva a la decisión del juez o tribunal competente. Es decir, se trata de
un remedio temporal  frente a una actuación arbitraria de autoridad
pública, mientras se resuelve de fondo el asunto por el juez competente.
En el caso que nos ocupa, la situación que se presenta no es irremediable, pues
como el perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer (…)”[34].
De forma consecuente con esta
definición, la Corte ha establecido unos elementos que deben configurarse para
poder concebir la existencia de un perjuicio irremediable, los cuales serán
confrontados con el caso concreto. Como
se expuso anteriormente, la jurisprudencia de esta Corporación definió estos
elementos de la siguiente forma: i) un perjuicio inminente, ii) medidas que
deben adoptarse de manera urgente frente al mismo; y iii)  que el peligro
emergente sea grave; de ese modo la protección de los derechos fundamentales se
tornaría impostergable[35].
4.3.1.1. En primer lugar, al
realizar la valoración sobre la inminencia del perjuicio en el caso concreto, la
Sentencia T- 225 de 1993[36] definió:
“A) El perjuicio ha
de ser inminente: ‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo anterior
se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética”.
Al
confrontar esta definición con los hechos y pruebas del caso concreto, se desprende
que el estado del proceso concursal de reorganización se encuentra en un etapa
que comporta la toma de decisiones sobre el monto en disputa, lo que se
consolida como la causa alegada por la cual se puede configurar el perjuicio
para el actor. Para este caso, la inminencia entendida como la concreción de
una circunstancia perjudicial inaplazable para el actor, no se encuentra
visible en la medida que la accionante aún puede hacer valer su derecho
crediticio dentro del proceso concursal, o en su defecto, cuenta las medidas
establecidas por el legislador para subsanar cualquier incumplimiento del
deudor como lo es la audiencia de incumplimiento y el proceso liquidatorio,
etapas a las cuales aún no se ha llegado.
4.3.1.2.
El
segundo elemento que debe apreciarse para la existencia de un perjuicio
irremediable, es aquel que expone la observancia de las medidas que deben
adoptarse de manera urgente frente al caso, de lo cual la misma providencia
citada expresó:
B) Las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar
o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el
Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y
la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento
que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud.
Como se definió
anteriormente, los interesados que intervienen dentro de un proceso concursal
de reorganización empresarial, deben suspender las ejecuciones que estén en
curso contra el deudor y abstenerse de realizarlas de forma extraconcursal y de
forma simultánea al desarrollo del concurso, razón por la cual los
intervinientes únicamente cuentan con el derecho de objetar medidas y
comentarios dentro del proceso e impugnar mediante recurso de reposición las
decisiones que se tomen dentro del mismo. Ahora bien, una vez pactado el
acuerdo de reorganización, es posible que éste sea incumplido por parte del
deudor, frente a lo cual el inciso 7º del artículo 43 de la ley 1116 de 2006
estableció que el “acreedor
que cuente con garantías reales o personales constituidas por terceros para
amparar créditos cuyo pago haya sido contemplado en el acuerdo, podrá iniciar
procesos de cobro contra los garantes del deudor o continuar los que estén en
curso al momento de la celebración del acuerdo”.
Esta facultad demuestra
la posibilidad concursal y extraconcursal con la que cuentan los acreedores de
la concursada para ejercer su derecho de defensa y obtener la satisfacción de
su pretensión, lo cual frente al caso concreto, permite visualizar que la
accionante ejerció su derecho de contradicción e impugnación dentro del proceso
concursal y, además, al haber sido subrogada e integrada como acreedora dentro
del proceso de reorganización, aún cuenta con la posibilidad de hacer efectivo
su derecho crediticio dentro del mismo, o en caso de incumplimiento por parte
de la accionada, se encuentra en posibilidad de obtener la protección de su
derecho crediticio mediante acciones de cobro ordinario.
4.3.1.3. Como tercer aspecto definido por esta Corporación,
resalta que el peligro emergente alcance un nivel de gravedad frente a la cual
la protección de los derechos fundamentales se tornaría impostergable, lo que
fue conceptualizado de esta forma:
“No
basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de
la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden
jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la
amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de
las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por
cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la
indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
La urgencia y la gravedad
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya
haya desenlace con efectos antijurídicos”[37].
Para
establecer el nivel de gravedad que podría representar el perjuicio o daño para
el actor, así como su nivel de oferta reparatoria, es necesario realizar un
examen sistemático sobre las condiciones en las cuales se encuentra el
accionante para que nos permita discernir el impacto que generaría sobre éste
la ocurrencia del hecho.
Por este motivo, el
análisis de la suma en disputa dentro del proceso concursal, la cual equivale a MÍL SETECIENTOS TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/TE ($
1.730.442.216.), puede ser apreciada comercialmente desde diversas ópticas. Así
las cosas, si nos situamos en el escenario de una empresa ubicada en el sector mypimes,
evidentemente la pérdida de este monto acomodaría a esta empresa en una
grave condición de insolvencia e incumplimiento, por lo cual podríamos hablar
de la configuración de un perjuicio grave e irremediable en estos casos.
Contrario sensu, esta Sala observa que el monto mencionado no alcanza a desplegar una
afectación o daño con efectos irremediables para el actor, toda vez que la
ausencia del valor alegado no ubicaría a la accionante en una situación de
inminente insolvencia e incumplimiento que provoque la necesaria interrupción
de las funciones económicas de la empresa. Además, la accionante pretende
evitar el pago de una suma de dinero frente a la cual ostenta el derecho de
cobro para reincorporar ese valor a su peculio, mediante el cobro del crédito
dentro del proceso concursal, hecho por el cual esta Sala observa que la
decisión de la Superintendencia de Sociedades se encuentra dirigida a
garantizar y proteger el derecho crediticio de la accionante dentro del
concurso.
Igualmente, la subrogación crediticia aplicada sobre
la actora por la Superintendencia de Sociedades, da la facultad a la accionante
de obtener de manera eficiente la reincorporación de la suma pecuniaria, toda
vez que según lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 1116 de 2006[38]
el nuevo acreedor goza de la misma prelación de créditos con la que contaba el
antiguo acreedor. Por este motivo, es de considerarse que el crédito cedido a
la accionante contiene la misma prelación del crédito laboral que tenían los
trabajadores, razón por la cual el pago del valor en disputa habrá de
reincorporarse al patrimonio de la actora antes que los demás acreedores[39].
Esta presentación, conlleva a entender que la suma de
dinero en disputa nunca ha estado llamada a salir de forma permanente del
patrimonio de la accionante, en atención a que finalidad del proceso concursal
siempre ha sido reincorporar el valor a la actora. Este hecho se convierte en
un vicio que impide la configuración de un perjuicio irremediable para la
actora.
4.3.2. Falta de idoneidad de los medios de defensa con
que cuenta el actor
En los términos de las
definiciones anteriormente señaladas, para la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo transitorio es igualmente necesario que el
accionante no cuente con otro medio de defensa judicial, o en su defecto, que
aquellos con los cuales dispone no resulten idóneos para garantizar la
protección del derecho.
4.3.2.1. Bajo esta concepción,
y en consideración a lo expuesto, para esta Sala es claro que la actora agotó
los medios de defensa y contradicción con los cuales disponía dentro del
proceso concursal, razón que inexorablemente dejó como único recurso frente al
caso la solicitud transitoria de amparo constitucional, por cuanto el actor
considera que existe una afectación irremediable que vulnera sus derechos
fundamentales.
Sin embargo, como se expuso
anteriormente, la subrogación crediticia a favor de la accionante permite que
esta pueda continuar ejerciendo su derecho de voto y objeción dentro del
proceso concursal en los mismos términos y condiciones con las cuales eran
atendidos los derechos de los trabajadores; además, en caso de incumplimiento
del deudor frente al acuerdo de reorganización, la legislación ha dispuesto
mecanismos que permiten garantizar los derechos crediticios de los afectados, los
cuales se materializan a través de la acción revocatoria y la acción de
simulación[40],
en la audiencia de incumplimiento o, en su defecto, el proceso liquidatario.
Estas etapas aún no han sido agotadas por la accionante de manera que es
notorio que existen mecanismos para proteger y garantizar el derecho
prestacional de la actora.
4.3.2.2. De
conformidad con la exposición de los hechos presentados en el escrito de
tutela, y cotejada la información con el material probatorio aportado, en un
principio podría percibirse la configuración de un posible perjuicio
irremediable para el actor, en atención al elevado monto pecuniario que
representa el valor de la suma en disputa. Sin embargo, la línea de este
razonamiento lleva a esta Sala a observar la necesidad de realizar una
observación en lo concerniente al concepto de la palabra irremediable. Cuando
utilizamos esta expresión, hacemos referencia a una situación en la que se
consolidó una dificultad para la cual no existe remedio[41]
o solución, por lo cual, de manera antagónica podemos definir una situación
remediable como aquella para la cual existe un remedio o solución.
En consecuencia, esta Sala
advierte que en el caso expuesto no se consolida una dificultad o posible
afectación para la cual no exista remedio o solución, toda vez que la decisión
adoptada por la Superintendencia de Sociedades mediante auto del día 14 de
noviembre de 2012, no pretende desconocer el derecho de reembolso que tiene la
accionante frente a la Sociedad concursada, antes bien, el Juez del concurso
aplicó correctamente la figura de la subrogación legal con el fin de garantizar
el derecho que tiene la accionante frente a la Sociedad concursada, junto con
la misma prelación del crédito que ostentaban los trabajadores, según lo
dispone el artículo 28 de la ley 1116 de 2006. Por esta razón, la Sala
encuentra vigente un remedio o solución que permite a la accionante obtener el
reconocimiento del pago de la suma en disputa.
Asimismo, es claro que la
accionante aún cuenta con recursos ordinarios en caso de presentarse
incumplimiento en el pago de su crédito, lo cual le permitiría hacer uso de
elementos para hacer efectiva su pretensión.
En este mismo sentido, la
jurisprudencia de esta Corporación ha mencionado la carga argumentativa y
probatoria que recae sobre el actor que pretende hacer uso de la acción de
tutela como mecanismo de amparo transitorio, con el fin de demostrar al Juez
constitucional la forma en que se consolidaría el perjuicio irremediable para
el accionante. Este concepto, se encuentra levemente desarrollado en el expediente,
toda vez que  los argumentos presentados por la accionante en el escrito de
tutela se encuentran dirigidos a desvirtuar la actuación de las demandadas,
pero los mismos no demuestran ni prueban la forma en que habría de consolidarse
el perjuicio irremediable para la empresa, el cual, simplemente aparece alegado
en el libelo sin una estructura argumentativa sólida.
Mediante sentencia T- 071 del
2008, esta Corporación estimó que:
“cuando se trata de acciones de tutela dirigidas contra
entidades en procesos de reestructuración de pasivos o intervenidas por el
Gobierno, esta Corporación ha sido enfática en señalar la improcedencia general
de la tutela[42],
por tratarse de un procedimiento originado en la circunstancias deficitarias de
la entidad y que tiene como finalidad suspender las garantías de los acreedores
(por ejemplo, suspender el derecho a instar un proceso ejecutivo o a continuar
el que estuviere en curso), en orden a alcanzar en el largo plazo la
satisfacción de las deudas pendientes. Si la suspensión de las garantías de los
acreedores es la vía que tomó el legislador para garantizar la satisfacción de
las prestaciones adeudadas, admitir la procedencia de la tutela en la
generalidad de los casos, sería justamente ir en contravía de los propósitos de
la ley, y afectar el derecho a la igualdad de otros acreedores sometidos a las
reglas del proceso de reestructuración.
Entonces, en eventos sumamente
excepcionales, la Corte ha concedido peticiones de tutela encaminadas a exigir,
de entidades en reestructuración, el pago de acreencias contractuales[43]: en lo que atañe a las
acreencias laborales, lo ha hecho por haberse encontrado plenamente acreditada
la vulneración al mínimo vital de los trabajadores[44]; en aquellos casos en los
cuales se reclama el pago de acreencias contractuales mercantiles o
administrativas, las ha concedido siempre y cuando sean acreditadas las
condiciones que permitan inferir la vulneración de un derecho fundamental, y la
constitución de un perjuicio no remediable de otra manera que exigiendo el pago
de la obligación dineraria mediante la tutela.”
4.3.2.3. En virtud de lo expuesto, no se concederá el amparo de la solicitud por cuanto
no se reúnen todos los requisitos definidos por la jurisprudencia
constitucional para la procedencia de la acción de tutela en estas
eventualidades. La Sala concluye lo anterior, toda vez que el margen de apreciación y estudio aplicado en
el caso concreto, nos muestra que si bien la solicitud de amparo reúne gran
parte de los requisitos de procedencia de la acción, el caso en desarrollo no
alcanza a generar la inquietud del Juez constitucional para que sea apreciado
como un asunto de relevancia constitucional. Asimismo, el examen
sistemático desarrollado frente a las condiciones de la accionante, no conduce
a percibir la configuración de un perjuicio irremediable para la actora y,
además, se observa la existencia de mecanismos legales para proteger el derecho
de la accionante. Por último, no se percibe la configuración de un defecto
procesal que tenga incidencia directa con la vulneración alegada.
En este sentido, es necesario
resaltar que la carencia de estos requisitos genera un vacío al cual esta
Corporación no está llamada a subsanar.
4.3.2.3. Finalmente, se insta a la Superintendencia de
Sociedades para que de estricto cumplimiento a lo contemplado en el auto del 14
de noviembre de 2012 y garantice en todas sus formas el derecho crediticio de la
Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL S.A.-, con la misma  prelación de
créditos, privilegios y garantías con la cual contaban los trabajadores.
5.     DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, dentro de la acción de tutela instaurada por la
Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL S.A.- en contra de la Superintendencia
de Sociedades y la Empresa de Ingeniería CAMCO S.A.S..
SEGUNDO. DECLARAR improcedente la solicitud de amparo por los motivos expuestos en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrese la comunicación de que
trata el  artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHLAJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Ver Sentencia T-1241 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[2]
Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: T- 125 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T- 100 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T- 060 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; T- 1095 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T- 1103 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T- 1154 de
2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T- 1189 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T- 169 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T- 613 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T- 906 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T- 966 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T- 555 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[3]
Ver Sentencias T-133 de 2010 y T-383 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[4]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[5]
Ver Sentencia T-003 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
[6]
Ver Sentencia 1045 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7]
Defecto orgánico, defecto fáctico,
defecto procedimental, defecto material, error inducido.
[8]
Ver Sentencia T-803 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[9]
Ver entre otras, Sentencias T-1045 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; A. 229 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; A. 058 de 2009, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-291 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-235 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-337 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-568 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-891 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-114 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo; A. 057 de 2009, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; A. 061 de 2009, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; A. 074 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A. 077 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A. 092 de 2009, M.P. Jaime Araújo Rentería; A. 093 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A. 094 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-830 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-279 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-1143 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-243 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T- 142 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[10]
Código de Comercio Colombiano, artículo Art. 25 “Se entenderá por empresa toda actividad
económica organizada para la producción, transformación, circulación,
administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios”.
Asimismo, ver las sentencias C- 100 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C- 620 de
2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[11]
Ley 1116 de 2006, artículo 1º.
[12]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[13]
Ver Sentencia C- 1143 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[14]
Ver Sentencia C- 263 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[15]
Ver Sentencia T- 079 de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[16]
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[17]
La ley 1116 de 2006 estableció los principios que rigen los
procesos concursales, a saber: Artículo
4o. Principios del régimen de
insolvencia. “El régimen de insolvencia está orientado por los siguientes
principio: (i) Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus
acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su
iniciación; (ii) Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que
concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las
reglas sobre prelación de créditos y preferencia; (iii) Eficiencia:
Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor administración de los
mismos, basados en la información disponible; (iv) Información: En virtud del
cual, deudor y acreedores deben proporcionar la información de manera oportuna,
transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier
oportunidad del proceso; (v) Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del
proceso deben propiciar entre los interesados la negociación no litigiosa,
proactiva, informada y de buena fe, en relación con las deudas y bienes del
deudor; (vi) Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua
con las autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia transfronteriza;
(vii) Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de insolvencia,
una dirección gerencial definida, para el manejo y destinación de los activos,
con miras a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial”.
[18]
Artículo 9o.  El inicio del proceso de
reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación
de pagos o de incapacidad de pago inminente.
1. Cesación de pagos. El
deudor estará en cesación de pagos cuando:
Incumpla el pago por más de
noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más
acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos dos
(2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más acreedores para el pago
de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en
cuestión deberá representar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo total
a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud, de
conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley.
2. Incapacidad de pago
inminente. El deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente,
cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al
interior de su organización o estructura, que afecten o razonablemente puedan
afectar en forma grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un
vencimiento igual o inferior a un año.
parágrafo. En el caso de las personas
naturales comerciantes, no procederá la causal de incapacidad de pago
inminente. Para efectos de la cesación de pagos no contarán las obligaciones
alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas.
Artículo 10. La solicitud de inicio del
proceso de reorganización deberá presentarse acompañada de los documentos que
acrediten, además de los supuestos de cesación de pagos o de incapacidad de
pago inminente, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. No haberse vencido el plazo
establecido en la ley para enervar las causales de disolución, sin haber
adoptado las medidas tendientes a subsanarlas.
2. Llevar contabilidad regular
de sus negocios conforme a las prescripciones legales.
3. Si el deudor tiene pasivos
pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el
pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles.
Las obligaciones que por estos
conceptos se causen durante el proceso, así como las facilidades de pago
convenidas con antelación al inicio del proceso de reorganización serán pagadas
de preferencia, inclusive sobre los demás gastos de administración.
[19]
Ley 1116 de 2006, artículo 18: “El proceso de reorganización comienza el día de expedición del auto de
iniciación del proceso por parte del juez del concurso (…)”.
[20]
Ley 1116 de 2006, artículo 17. Asimismo, observar ISAZA UPEGUI, Álvaro y
LONDOÑO RESTREPO, Álvaro, “Comentarios al Régimen de Insolvencia Empresarial”,
ED. LEGIS, 4ta Ed., Bogotá 2011, página 84.
[21]
Ver Sentencia T- 381 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[22]
Este Decreto introdujo distintas modificaciones al régimen de los concordatos
preventivos del proceso de quiebra en Colombia, aunque posteriormente fue
derogado por la Ley 222 de 1995.
[23]
Ver Sentencia C- 263 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[24]
Ver Sentencia T-1263 de 2001 M.P., Jaime Córdoba Triviño.
[25]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[26]
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[27]
Ver entre otras Sentencias de Corte Constitucional: T- 1318 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T- 155 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T- 233
de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[28]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[29]
Código de Procedimiento Civil, artículos 348, 351 y 363.
[30]
Ley 1116 de 2006, artículo 46.
[31]
Ver Sentencia C- 620 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32]
Ley 1116 de 2006, artículo 5º.
[33]
Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: C- 590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T- 584 y T- 288  de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34]
Ver Sentencia T- 458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía. Asimismo, ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: T- 701 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T- 076 de 2011 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva; T- 333 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T- 191 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo; T- 015 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara; T- 747 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T- 838 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T- 081 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, entre
otras.
[35]
Ver Sentencia T- 225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[36]
Ibídem.
[37]
Ibídem.
[38]
Artículo 28: La subrogación legal o cesión de créditos
traspasan al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y
accesorios en los términos del artículo 1670 del Código Civil. El adquirente de la respectiva acreencia
será titular también de los votos correspondientes a ella.
[39]
Ley 1116 de 2006, artículos 4º, 5º inc. 7, 25, 41, 58. Código Civil Colombiano,
Artículo 2495, inciso 4º.
[40]
Ley 1116 de 2006, artículo 74.
[41]
Diccionario de la Real Academia Española, RAE.
[42]
Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: Sentencias T-104 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-146 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-585 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1023 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-052 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[43]
El numeral 15 del artículo 58, Ley
550 de 1999, contempla la posibilidad de que la entidad incurra en un gasto no
dispuesto expresamente en el acuerdo de reestructuración, cuando quiera que sea
ordenado “por disposiciones constitucionales.”
[44]
En la sentencia T-1160 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte concedió el amparo a unos educadores del Municipio de
Corozal, a quienes se les había dejado de cancelar sus salarios, afectando con
ello su derecho a un mínimo vital.