T-404-19
Sentencia T-404/19
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE
1993-Jurisprudencia constitucional
REGIMEN DE TRANSICION REFERENTE AL IBL-Desarrollo
jurisprudencial
El ingreso base
de liquidación – IBL no es un elemento que haga parte del régimen de
transición.
MONTO E INGRESO BASE DE LIQUIDACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE
TRANSICION-Precedente establecido en la sentencia C-258/13
MONTO E INGRESO BASE DE LIQUIDACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE
TRANSICION-Para liquidarlo se debe tomar en cuenta el promedio devengado en
los diez (10) últimos años, por cuanto IBL no hace parte del régimen de
transición
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo por indebida
interpretación del art. 36 de la ley 100 de 1993 y por desconocimiento de las
sentencias de constitucionalidad con efecto erga omnes C-168 de 1995 y C-258 de
2013
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por
defecto sustantivo, por indebida interpretación del art. 36 de la ley 100/93,
lo cual derivó en un abuso del derecho en reliquidación pensional
Referencia: Expediente T-7.209.094.
Acción de tutela
instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Decimoctava de Decisión Laboral y el Juzgado
Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., treinta
(30) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Séptima de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo
Schlesinger –quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas
Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de primera y segunda
instancia[1] proferidos dentro de la
acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra el
Tribunal Superior de Medellín, Sala Decimoctava de Decisión Laboral y el
Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y
241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la
Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional escogió, para efectos
de su revisión, la acción de tutela de la referencia[2].
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1. Hechos y solicitud
El 14 de septiembre de 2018, Carlos Eduardo Umaña Lizarazo en su
calidad de Director Jurídico y apoderado judicial de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP (en adelante UGPP), instauró acción de tutela contra el Tribunal
Superior de Medellín, Sala de Decisión Laboral y el Juzgado Veintiuno Laboral
del Circuito de Medellín por considerar que dichas autoridades vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia “en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del
sistema pensional” de la entidad al ordenar reliquidar la pensión de Luis
Evelio Hoyos Zapata teniendo como Ingreso Base de Liquidación (IBL) el 75% de
la asignación más alta devengada como magistrado en su último año de servicios
y con la inclusión de todos los factores salariales devengados en dicho cargo
en el mismo periodo, desconociendo irregularmente que el IBL no es objeto de
transición como lo señaló la Corte Constitucional en las sentencias C-168
de1995, C-258 de 2013, T-078 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU 395 de
2017, Auto 229 de 2017, T-494 de 2017, T-018 de 2018, T-039 de 2018 y T-328 de
2018 y que en razón de la fecha en que el señor Hoyos Zapata  adquirió su
status pensional debieron haberse tenido solo los factores enlistados en el
Decreto 1158 de 1994. Funda su solicitud en los siguientes hechos:
1.1. El señor Luis Evelio Hoyos Zapata nació el 21 de mayo de 1952 y
prestó sus servicios al Estado así:
Entidad
Cargo
Desde
Hasta
Tiempo
Rama Jurisdiccional
Citador Grado 4
01-05-1973
15-09-1973
4 meses y 15 días
Rama Jurisdiccional
Escribiente Grado 7
16-09-1973
04-05-1975
1 año, 7 meses y 19 días
Rama Jurisdiccional
Oficial Mayor Grado 11
05-05-1975
20-06-1975
1 mes y 16 días
Rama Jurisdiccional
Escribiente Grado 7
21-06-1975
13-01-1976
6 meses y 23 días
Rama Jurisdiccional
Escribiente Grado 9
14-01-1976
08-02-1976
25 días
Rama Jurisdiccional
Oficial Mayor Grado 14
09-02-1976
04-04-1976
1 mes y 26 días
Rama Jurisdiccional
Oficial Mayor Grado 11
05-04-1976
31-10-1977
1 año, 6 meses y 27 días
Rama Jurisdiccional
Secretario Grado 14
01-11-1977
31-12-1978
1 año, 2 meses y 1 día
Rama Jurisdiccional
Secretario Grado 9
01-01-1979
31-08-1985
6 años, 8 meses y 1 día
Rama Jurisdiccional
Secretario Grado 10
01-09-1985
30-04-1988
2 años y 8 meses
Rama Jurisdiccional
Oficial Mayor Grado 9
01-05-1988
01-10-1989
1 año, 4 meses y 23 días
Rama Jurisdiccional
Secretario Grado 10
02-10-1989
31-03-1990
6 meses
Rama Jurisdiccional
Sustanciador Grado 9
01-04-1990
03-07-1990
3 meses y 3 días
Rama Jurisdiccional
Secretario Grado 10
04-07-1990
17-09-1990
2 meses y 14 días
Rama Jurisdiccional
Auxiliar Judicial Grado 11
18-09-1990
31-03-1991
6 meses y 14 días
Rama Jurisdiccional
Juez Municipal
01-04-1991
31-10-2000
9 años, 7 meses y 1 día
Rama Jurisdiccional
Juez Circuito
01-11-2000
18-09-2001
10 meses y 18 días
Rama Jurisdiccional
Juez Municipal
19-09-2001
12-01-2003
1 año, 3 meses y 24 días
Rama Jurisdiccional
Juez Circuito
13-01-2008
30-10-2008
1 año, 5 meses y 18 días
Rama Jurisdiccional
Magistrado Auxiliar
31-10-2008
19-12-2008
1 mes y 20 días
Rama Jurisdiccional
Juez Circuito
20-12-2008
30-06-2009
6 meses y 11 días
1.2. El último cargo desempeñado por el señor Hoyos Zapata fue el de
Juez 9º Civil del Circuito de Medellín en propiedad, por retiro definitivo del
servicio a partir del 01 de julio de 2009.
1.3. El señor Luis Evelio Hoyos Zapata adquirió su status de pensionado
el 21 de mayo de 2007 por lo que el 13 de junio de 2007 solicitó a la extinta
CAJANAL, el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.
1.4. CAJANAL, en la Resolución No. 02121 del 31 de enero de 2008
ordenó reconocer y pagar la pensión de vejez de conformidad con el Decreto 546
de 1971, Ley 100 de 1993 y Decreto 1158 de 1994[3], en una
cuantía de $3.249.459.74, efectiva a partir del 21 de mayo de 2007,
condicionado a demostrar el retiro definitivo del servicio para su disfrute.
Dicho acto administrativo fue objeto de recurso de reposición[4]
el cual fue desatado en la Resolución No. 02845 del 27 de enero de 2009
confirmando la resolución recurrida, en todas sus partes.
1.5. Inconforme con lo anterior, el causante inició proceso
ordinario laboral el cual fue conocido por el Juzgado Veintiuno Laboral del
Circuito de Medellín que en sentencia del 25 de marzo de 2010 consideró que la
pensión del demandante había sido mal liquidada pues no aplicó lo señalado por
la norma especial (Decreto 546 de 1971) en lo concerniente al IBL y, por lo tanto,
resolvió: (i) condenar a CAJANAL al reconocimiento y pago de “la diferencia
o el reajuste de las mesadas pensionales causadas del 1 de julio de 2009 hacia
el futuro”[5], y el retroactivo a que
haya lugar por dicha diferencia o reajuste del 1 de julio de 2009 hasta el 28
de febrero de 2010[6] en suma de $30.671.047.
(ii) condenar a CAJANAL al pago continuado a partir del 1 de marzo de 2010 por
concepto de mesadas pensionales la suma mensual de $6.921.342. (iii) absolver a
CAJANAL de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (iv)
condenar en costas a la demandada; y (v) remitir el expediente al Tribunal
Superior de Medellín para que se surta el grado jurisdiccional de consulta, si
la decisión no es apelada.
1.6. Ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia, por lo
que el Tribunal Superior de Medellín, Sala Decimoctava de Decisión Laboral en
sentencia del 29 de octubre de 2010 resolvió confirmar y modificar el fallo
apelado dado que no era posible incluir una doceava tanto de la bonificación
por actividad judicial como de la bonificación por gestión judicial por cuanto
la primera era solo para los jueces de la República, por tanto la excluyó y
contabilizó completa la bonificación por gestión judicial, dejando para el año
2009 una mesada de $11.385.984 y un retroactivo de $735.554.180[7];
se señaló además, que a partir de 2010 se debía pagar una mesada de
$11.613.704. Dicha providencia quedó ejecutoriada el 10 de diciembre de 2010.
1.7. En la Resolución No. UGM 000181 del 20 de junio de 2011,
CAJANAL cumplió el fallo judicial de segunda instancia y reliquidó la pensión
del señor Luis Evelio Hoyos Zapata elevando la cuantía a $11.613.704 efectiva a
partir del 01 de marzo de 2010. Por otra parte, en Resolución No. UGM 0058677
del 20 de noviembre de 2012, la entidad modificó el numeral octavo de la parte
resolutiva donde ordenó una devolución de aportes descontados por nuevos
factores salariales por el FOPEP.
1.8. El señor Luis Evelio Hoyos Zapata falleció el 24 de agosto de
2014. Teniendo en cuenta lo anterior, la UGPP, a través de la Resolución No.
RDP 036889 del 04 de diciembre de 2014 le reconoció pensión de sobrevivientes a
la menor Manuela Hoyos Valencia, representada legalmente por Alba Luz Valencia
Valencia a partir del 25 de agosto de 2014, día siguiente al fallecimiento del
pensionado.
1.9. La UGPP, en Resolución No. RDP 009196 del 9 de marzo de 2015,
le negó el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes a la señora
Dalila del Socorro Sánchez Montoya en calidad de compañera permanente. No
obstante, en Resolución No. RDP 13528 del 08 de abril del mismo año, se
modificó el anterior acto administrativo en el sentido que se reconoció pensión
de sobrevivientes a la señora Dalila del Socorro Sánchez Montoya en un 50%, con
carácter vitalicio y a partir del 25 de agosto de 2014.
1.10. En Auto No. ADP 003339 del 21 de abril de 2015 se ordenó el
archivo de la solicitud de reposición y apelación, en razón de que lo
solicitado se había materializado en la Resolución No. RDP 13528.
1.11. Finalmente, en la Resolución No. RDP 022729 del 04 de junio de
2015 la UGPP modificó la Resolución  RDP 13528 por haberse cometido un error
involuntario al señalar que los efectos fiscales serían a partir de la
inclusión en nómina para la beneficiaria menor de edad, quien ya ostentaba el
derecho a partir del día siguiente al fallecimiento del causante.
1.12. Señala la entidad accionante que el señor Luis Evelio Hoyos
Zapata estuvo activo en la nómina de pensionados devengando la suma de
$12.979.045,55 hasta agosto de 2014 y en noviembre de 2011 se le pagó un
retroactivo de $248.746.082,82. La señorita Manuela Hoyos Sánchez Valencia está
en nómina de pensionados con una mesada de $7.906.105,23 y Dalila del Socorro
Sánchez Montoya está activa en nómina de pensionados con una mesada de
$7.906.105,23.
1.13. Para la entidad accionante, los fallos atacados incurrieron en
defecto fáctico por omitir, en sus consideraciones, las pruebas obrantes en el
expediente laboral que: (i) mostraban la evidente presencia de una vinculación
precaria ostentada por el causante en su último año de servicio de un mes y veinte
días como magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura; (ii)
evidenciaban la vinculación precaria del señor Hoyos, el IBL se liquidó con la
asignación y factores salariales propios de dicho cargo (magistrado auxiliar);
(iii) contenían el expediente pensional del causante donde se observa
claramente que nunca hizo cotizaciones como magistrado auxiliar sino en otros
cargos como escribiente, oficial mayor, secretario, juez municipal y juez del
circuito, lo que incrementó injustificadamente no solo su IBL sino también los
factores salariales a tener en cuenta.
1.14. De igual manera, considera la UGPP que las autoridades
accionadas incurrieron en defecto material o sustantivo ya que desconocieron
(i) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que indica que la liquidación de las
pensiones debe hacerse con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años o
con el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho de conformidad con
el artículo 21 de la misma Ley, y (ii) el Decreto 1158 de 1994 al ordenar
incluir en el IBL todos los factores salariales devengados en el cargo de
magistrado auxiliar (aplicando el Decreto 546 de 1971) cuando el referido
decreto enlista específicamente cuáles son las que constituyen el Ingreso Base
de Liquidación.
1.15. Finalmente, aduce la demandante que las sentencias acusadas
desconocieron el precedente jurisprudencial en tanto desconocieron las
sentencias C-168 de1995, C-258 de 2013, T-078 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU 395 de 2017, Auto 229 de 2017, T-494 de 2017, T-018 de 2018, T-039
de 2018 y T-328 de 2018 referentes a “la vinculación precaria, la forma de
liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición y qué factores
deben ser incluidos”.
1.16. Frente al abuso palmario del derecho señalan que se presentó
en tanto hubo una vinculación precaria del señor Luis Evelio por un mes y veinte
días en el cargo de magistrado auxiliar en el último año de servicios; se
ordenó que el IBL se liquidara con base en el Decreto 546 de 1971, es decir,
con base en la asignación devengada más alta ostentada; y se dispuso que el IBL
debía estar constituido con todos los factores devengados como juez del
circuito y como magistrado auxiliar. Su mesada pensional pasó de $3.249.459,74
a $11.613.704 para el año 2010 y de $5.135.252 a $15.812.211 para el 2018, es
decir, un incremento de 257.40%.
1.17. Aclara la demandante que “no señala que los accionados
estén realizando conductas ilícitas sino que la configuración del abuso del
derecho en que se recae es a raíz de la interpretación errónea de la norma
relacionada con la figura de la vinculación precaria, la forma de liquidar el
IBL de las personas sujetas al régimen de transición y los factores salariales
que debían constituir dicho IBL”.
1.18. Teniendo en cuenta lo anterior solicita: (i) como medida
provisional, se decrete la suspensión de las sentencias acusadas hasta tanto se
decida la presente acción de tutela con el fin de no seguir generando un grave
perjuicio al erario público, (ii) amparar los derechos fundamentales invocados,
(iii) dejar sin efectos los fallos del 25 de marzo de 2010 y 29 de octubre de
2010 proferidos por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Laboral, y (iv) se ordene esta
última autoridad dictar nueva sentencia ajustada a derecho.
2. Contestación
de la acción de tutela[8]
2.1. Juzgado
Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín[9]
El 8 de octubre
de 2018, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, por Oficio No.
740 dirigido a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que “en
el expediente del proceso ordinario con rad. 05001 310502120090072100, no se
encontraron otros sujetos procesales o intervinientes, a los cuales se deba
realizar notificación de la presente tutela”.
2.2. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral[10]
El 9 de octubre
de 2018, una auxiliar judicial del despacho de la magistrada María Patricia
Yepes García, informó que en dicho despacho se trató de identificar el proceso
frente al cual la “Sala Sexta de Decisión Laboral hubiese proferido algún
pronunciamiento, sin lograr resultado”, por lo que solicitaron se
suministrara el radicado único nacional del expediente que se controvierte.
2.3. Dalila
del Socorro Sánchez Montoya[11]
La señora Dalila
del Socorro Sánchez Montoya, a través de apoderado judicial, respondió la
acción de tutela en los siguientes términos:
La presente
acción de tutela es improcedente porque no cumple con los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad.
2.3.1. Señala
que la accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial como lo es
el recurso de revisión, no obstante, la Corte Constitucional ha señalado que
puede proceder la acción de tutela cuando se presente un abuso palmario del
derecho, circunstancia que no se presentó en el presente caso.
Las sentencias
acusadas datan del 25 de marzo y 29 de octubre de 2010, lo que significa que “para
ese momento la interpretación y sustento de dichos fallos era válida y se
aplicaba a numerosos fallos, sumado a que aún no se había proferido por parte
de la Corte Constitucional la sentencia unificadora en la cual la actora basa
su petición, razón por la cual no existe ningún yerro que se le pueda endilgar
a los despachos accionados que puedan dar lugar a la procedencia del amparo”.
Lo anterior da
lugar a concluir que “a quienes causaron la pensión antes del 08 de mayo de
2013 (fecha de la sentencia C-258 de 2013), se les aplicaba íntegramente el
régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993, incluido el IBL; pero las
personas que adquirieron el derecho a partir de esa fecha, solo se les mantiene,
como beneficios de la transición, las condiciones de edad, tiempo de servicios
o semanas de cotización y tasa de remplazo, excluyendo el IBL, conforme a lo
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia referida”.
De otra parte, arguye
que la liquidación que hace el accionante para acreditar el incremento del
monto pensional “carece de claridad y veracidad por lo que no puede ser el
referente para determinar el porcentaje del incremento, y en consecuencia no
puede ser el punto de partida para establecer la existencia de un abuso
palmario del derecho”.
Con base en las
mismas dudas alegadas por la UGPP en donde calificó de abuso del derecho y
detrimento patrimonial generadas por el nombramiento del señor Hoyos, la
Contraloría General de la República – Sector Social, inició en contra de la
magistrada María Mercedes López Mora y el doctor Hoyos, un proceso de
responsabilidad fiscal dentro del cual se profirió el Auto No. 001 del 31 de
julio de 2016 en el que el Contralor Delegado decidió archivar las
investigaciones señaladas.
Finalmente,
aduce que el monto reconocido como pensión al señor Luis Evelio Hoyos no viola
los topes pensionales establecidos.
2.3.2. En el
caso concreto, las decisiones que se controvierten son de fecha 25 de marzo y
29 de octubre de 2010, lo que de entrada señala que ha trascurrido un término
más que exagerado (8 años) entre las providencias atacadas y la interposición
de la presente acción de tutela.
2.4. La hija del
causante, que para la época era menor de edad y que fue identificada como M.H.V.,
no se pronunció respecto de la acción de tutela de la referencia.
3. Pruebas
que obran en el expediente
3.1. Copia de la
Resolución No. AMB 02121 del 31 de enero de 2008, proferida por Cajanal “Por
la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez”,
al señor Luis Evelio Hoyos Zapata, efectiva a partir del 21 de mayo de 2007
supeditada al retiro efectivo del servicio y por un monto de $3.249.459,74[12].
3.2. Copia de la
Resolución No. 02845 del 27 de enero de 2009 proferida por Cajanal, “Por la
cual se resuelve un recurso de reposición” presentado contra la Resolución
02121 del 31 de enero de 2008, en la que se confirmó en todas sus partes el
acto administrativo recurrido[13].
3.3. Copia de la
primera página del Acta de Audiencia de Trámite y Juzgamiento llevada a cabo el
25 de marzo de 2010 proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral Piloto de
Oralidad del Circuito de Medellín al interior del proceso ordinario laboral
iniciado por Luis Evelio Hoyos Zapata contra Cajanal con decisión condenatoria[14].
3.4. Copia del
Acta de Audiencia de Juzgamiento llevada a cabo el 29 de octubre de 2010
proferida por la Sala Decimoctava de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín al interior del proceso ordinario laboral iniciado por Luis Evelio
Hoyos Zapata contra Cajanal cuya decisión es confirmar y modificar la sentencia
de primera instancia[15].
3.5. Constancia
de fecha 11 de febrero de 2011 que señala que la decisión de primera instancia
confirmada en segunda instancia al interior del proceso ordinario laboral
iniciado por Luis Evelio Hoyos Zapata contra Cajanal quedó ejecutoriada desde
el 10 de diciembre de 2010[16].
3.6. Copia de la
Resolución No. UGM 000181 del 20 de junio de 2011 proferida por la UGPP, “por
la cual se le da cumplimiento a un fallo proferido por el Tribunal Superior de
Medellín, Sala Decimoctava de Decisión Laboral”. En esta se resolvió
establecer la pensión del señor Luis Evelio Hoyos en $11.613.704 efectiva a
partir del 01 de marzo de 2010, de conformidad con el fallo judicial. Se ordenó
también el pago de $73.554.180 por concepto de diferencias de mesadas
pensionales del 01 de julio de 2009 al 28 de febrero de 2010. De igual manera,
se ordenó descontar de las mesadas atrasadas, $6.794.251 por concepto de
aportes para pensión de los factores de salario no efectuados[17].
3.7. Copia de la
Resolución No. RDP 036889 del 04 de diciembre de 2014 proferida por la UGPP, “Por
la cual se reconoce una pensión de sobrevivientes”. En dicho acto se
resolvió reconocer y ordenar el pago de una pensión de sobrevivientes con
ocasión del fallecimiento de Luis Evelio Hoyos Zapata, a partir del 25 de
agosto de 2014 a Manuela Hoyos Valencia en un porcentaje de 100% como hija
menor del causante[18].
3.8. Copia de la
Resolución No. RDP 009196 del 09 de marzo de 2015 expedida por la UGPP “por
medio de la cual se niega el pago de reconocimiento de una pensión de
sobreviviente” por cuanto la señora Dalila del Socorro Sánchez Montoya no
aportó copia auténtica de su registro civil de nacimiento[19].
3.9. Copia de la
Resolución RDP 013528 del 08 de abril de 2015 expedida por la UGPP, “por la
cual se modifica la resolución No. RDP036889 del 04 de diciembre de 2014”
en el sentido de otorgar pensión de sobreviviente del señor Luis Evelio Hoyos a
Dalila del Socorro Sánchez Montoya en su calidad de compañera permanente en un
50% y a Manuela Hoyos Valencia en calidad de hijo menor en un 50%[20].
3.10. Copia de
Auto No. ADP 003339 del 21 de abril de 2015 expedido por la UGPP en el que se
ordena el archivo del recurso de reposición y en subsidio de apelación
presentado por el apoderado de Dalila Sánchez contra la Resolución RDP 009196
del 09 de marzo de 2015 dado que lo pedido ya se materializó en la Resolución
RDP 013528 del 08 de abril de 2015[21].
3.11. Copia de
la Resolución No. RDP 022729 del 04 de junio de 2015 expedida por la UGPP “por
la cual se modifica la resolución RDP 13528 del 08 de abril de 2015” en el
sentido de aplicar los mismos efectos fiscales para ambas beneficiarias[22].
3.12. Copia de
una certificación de fecha 16 de mayo de 2017 proferida por la Unidad de
Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia – Chocó en la que constan cargos y todo lo devengado año por año por
Luis Evelio Hoyos Zapata desde 1973 hasta 1992[23].
3.13. Copia de
una certificación de fecha 16 de mayo de 2017 proferida por la Unidad de
Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia – Chocó en la que constan cargos y todo lo devengado año por año por
Luis Evelio Hoyos Zapata desde 1993 hasta 1999[24].
3.14. Copia de
una certificación de fecha 16 de mayo de 2017 proferida por la Unidad de
Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia – Chocó en la que constan cargos y todo lo devengado año por año por
Luis Evelio Hoyos Zapata desde 2000 hasta 2007[25].
3.15. Copia de
Certificación del 01 de junio de 2007, expedida por la Jefe de la Unidad de
Presupuesto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia –
Chocó en la que consta que el señor Luis Evelio Hoyos Zapata labora con la Rama
Judicial de Antioquia desde el 01 de mayo de 1973 y actualmente se desempeñaba
como Juez 09 Civil del Circuito de Medellín. En dicha certificación se
enumeraron los factores salariales percibidos en los años 2006 y 2007[26].
3.16. Copia de
Certificación del 5 de septiembre de 2018, expedida por el Fondo de Pensiones Públicas
del Nivel Nacional FOPEP en donde consta el histórico de pago pensional del
señor Luis Evelio Hoyos Zapata[27].
3.17. Copia de
Certificación del 5 de septiembre de 2018, expedida por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional FOPEP en donde consta el histórico de pago
pensional de Manuela Hoyos Valencia[28].
3.18. Copia de
Certificación del 5 de septiembre de 2018, expedida por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional FOPEP en donde consta el histórico de pago
pensional de Dalila del Socorro Sánchez Montoya[29].
3.19. Copia de “Formulario
Único de Solicitudes Prestacionales” de la UGPP suscrito por la señora
Dalila del Socorro Sánchez Montoya, de fecha 23 de septiembre de 2014[30].
3.20. Copia de “Formulario
Único de Solicitudes Prestacionales” de la UGPP suscrito por Manuela Hoyos
Valencia, de fecha ilegible[31].
3.21. Copia de “Formulario
Único de Solicitudes Prestacionales” de la UGPP suscrito por la señora
Dalila del Socorro Sánchez Montoya, de fecha 23 de septiembre de 2014.
3.22. Copia de
Auto No. 001 de julio de 2018, proferido por la Contraloría General de la
República, Contralor Delegado para el Sector Social, por medio del cual, entre
otros, avoca conocimiento de una acción fiscal en la que la afectada es la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y
Protección Social, y el FOPEP y decreta pruebas[32].
3.23. Copia de
Certificación de fecha 28 de septiembre de 2009, expedida por la Directora
Administrativa de la División de Tesorería de la Rama Judicial, en la que
constan los pagos y descuentos hechos a Luis Evelio Hoyos Zapara entre el 20 de
octubre y 19 de diciembre de 2008[33].
3.24. Escrito de
solicitud de selección de expediente de tutela de fecha 8 de febrero de 2019
suscrita por Carlos Eduardo Umaña Lizarazo como Director Jurídico de la UGPP,
dirigido a la Corte Constitucional[34].
3.25. Expediente
original del proceso ordinario laboral iniciado por Luis Evelio Hoyos Zapata
contra Cajanal, enviado por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín
por oficio No. 280 del 17 de mayo de 2019.
4. Decisiones
judiciales objeto de revisión
4.1. La Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia del 10 de octubre
de 2018, resolvió declarar la improcedencia[35] de la acción
de tutela.
Lo anterior,
teniendo en cuenta que “la última providencia emitida al interior del
proceso ordinario laboral se dictó el 29 de octubre de 2010, mientras que el
amparo constitucional se presentó el 19 de septiembre de 2018, es decir,
después de 7 años y 11 meses, lapso que no guarda proporcionalidad con el fin
de la tutela, esto es, la protección inmediata de los derechos fundamentales”.
Así, aunque se
tuviera en cuenta que la UGPP solo hasta marzo de 2013 adquirió la carga
pensional materia de debate, lo cierto es que la solicitud de amparo se radicó
5 años y 6 meses después, lo que tampoco es admisible. Aunado a que el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 consagra el recurso extraordinario de revisión de
providencias judiciales en las que se hubieren reconocido pensiones a cargo del
tesoro público, mecanismo idóneo al que la accionante no acudió.
4.2. El
Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado judicial de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP presentó impugnación con base en los mismos
argumentos del escrito tutelar. Adicionalmente, señaló que el a quo pasó
por alto que la UGPP ya no cuenta con el recurso extraordinario de revisión ya
que el término de los 5 años conferidos por la sentencia SU 427 de 2016 ya
caducó, lo que hace que la acción de tutela sea el único mecanismo con que se
cuenta para poner fin a la alegada irregularidad dado que se presentó un abuso
palmario del derecho por una vinculación precaria y un aumento desproporcionado
en la liquidación de la mesada pensional[36].
4.3. La Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 13 de diciembre
de 2018, resolvió confirmar el fallo impugnado dado que no se cumplió el
requisito de inmediatez ya que la acción constitucional se interpuso más de 7
años después de haberse emitido el fallo de segunda instancia. Además de lo
anterior, existe otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión
previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, herramienta que la entidad
accionada no usó estando legitimada para ello.
5.
Actuaciones en sede de revisión
5.1. Por Auto de
fecha 13 de mayo de 2019 la Sala, para mejor proveer, solicitó en calidad de
préstamo al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el expediente
con radicación No. 05001 310502120090078100, correspondiente al proceso
ordinario laboral de Luis Evelio Hoyos Zapata contra CAJANAL EICE.
De igual manera,
se decidió suspender los términos para decidir por un mes contado a partir de
que la prueba se allegara al despacho.
5.2. El Juzgado
Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, por oficio 280 del 17 de mayo de
2019, remitió a la Corte Constitucional el expediente No. 05001
310502120090078100, correspondiente al proceso ordinario laboral de Luis Evelio
Hoyos Zapata contra CAJANAL EICE.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados
en el proceso de esta referencia.
2. Problemas
jurídicos
La Sala deberá
verificar si (i) la acción de tutela interpuesta contra
una autoridad judicial cumple con los requisitos generales de procedencia
contra providencias judiciales.
Posteriormente, si la respuesta al anterior interrogante es
afirmativa y en consideración a los antecedentes planteados, corresponde a
la Sala de Revisión atender la siguiente problemática:
(ii) ¿Las sentencias proferidas por el
Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Decimoctava de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
incurrieron en las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales denominadas defecto material o sustantivo,
defecto fáctico y desconocimiento del precedente constitucional, al ordenar la
reliquidación de la pensión de jubilación de una persona teniendo como Ingreso
Base de Liquidación (IBL) el 75% de la asignación más alta devengada en su
último año de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el mismo periodo, desconociendo que el IBL no es objeto de
transición como lo señaló la Corte Constitucional en las sentencias C-168
de1995, C-258 de 2013, T-078 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU 395 de
2017, Auto 229 de 2017, T-494 de 2017, T-018 de 2018, T-039 de 2018 y T-328 de
2018 y que en razón de la fecha en que el señor Hoyos Zapata adquirió su status
pensional debieron haberse tenido en cuenta  solo los factores enlistados en el
Decreto 1158 de 1994, violando sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia “en conexidad con el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional”.
(iii) ¿Los fallos acusados incurren en otra
causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que, a pesar de no haber sido invocada por el accionante, la Corte
Constitucional en virtud de sus facultades ultra y extra petita pueda
analizar por presentarse una evidente vulneración de un derecho fundamental de
la entidad demandante?
Para resolver las cuestiones planteadas, la
Sala Séptima de Revisión de Tutelas reiterará jurisprudencia sobre: primero,
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales incluyendo las reglas fijadas para las acciones de tutela
interpuestas por las administradoras de fondos de pensiones en supuestos de
abuso del derecho, segundo, el examen de procedencia general en el caso
concreto para luego, de ser superado, analizar tercero, las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, cuarto, el defecto material o sustantivo, quinto, el
defecto fáctico, sexto, el defecto por desconocimiento del precedente
constitucional, séptimo, desarrollo jurisprudencial del régimen de
transición referente al IBL, para finalmente, octavo, analizar el caso
concreto.
3. Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, desde ya hace tiempo, sistematizó y unificó
los requisitos de procedencia y las razones o causales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales[37].
De esta manera, la Corte en la Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño) señaló como requisitos generales de procedencia los siguientes:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional (…), b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (…), c. Que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración (…), d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…), e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…),
f. Que no se trate de sentencias de tutela”[38].
3.1. Frente a la evidente relevancia constitucional,
esta Corte ha concluido que dicha exigencia obedece al respeto por la órbita de
acción del juez constitucional así como de la de las demás jurisdicciones. Aquí
es el momento en el que el juez de tutela debe argumentar con fundamentos
claros y expresos por qué el asunto analizado es de relevancia constitucional
al punto de afectar garantías constitucionales de alguna o ambas partes.
3.2. El agotamiento de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial está en estrecha relación con la
subsidiariedad de la acción de tutela pues, de no ser así, se convertiría en
una instancia adicional para las partes dentro del proceso. Esta exigencia trae
consigo una excepción consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y es
que puede flexibilizarse en aras de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Respecto de este requisito, específicamente, el Acto
Legislativo 1º de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución, indicó
que la Ley debía consagrar un “un procedimiento breve para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente
celebrados”,
entendiéndose como tal, aquel que debe iniciar cualquier administradora de
pensiones cuando considera que la prestación pensional de una persona, fue
otorgada con base en abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos.
La
sentencia SU-427 de 2016[39] señaló que la instrucción dada en el Acto
Legislativo mencionado no ha sido desarrollada legalmente de manera específica,
por lo tanto, se ha acudido al recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003[40],
para que las administradoras de pensiones puedan hacer revisar las prestaciones
pensionales que consideran fueran concedidas con base en irregularidades o con
abuso del derecho[41].
Esta misma
providencia aclaró que, aunque el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 indicó que
el recurso solo está en cabeza de algunas entidades[42], la
posibilidad de interponer el recurso de revisión por configurarse un abuso del
derecho recae “además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en
cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero”[43].
Frente al término
que tienen las entidades para interponer el recurso extraordinario de revisión
contra las decisiones judiciales que concedieron prestaciones pensionales que
consideran irregulares, se tiene que según la Ley 1437 de 2011, artículo 251,
debe ser iniciada dentro de los 5 años contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia atacada o del 12 de junio de 2013, tratándose de la UGPP y de
sentencias judiciales proferidas antes de dicha fecha[44].
De acuerdo con lo
anterior, al existir otro medio idóneo para revisar las providencias judiciales
que conceden prestaciones económicas bajo presuntas irregularidades, las
acciones de tutela que interpongan las administradoras de fondos de pensiones
con el fin de evaluar un posible abuso del derecho se tornan improcedentes, a
la luz del artículo 86 de la Constitución Política.
No obstante, la
jurisprudencia constitucional[45]
ha señalado que dicha improcedencia tiene una excepción y es cuando del caso
concreto se puede evidenciar un abuso palmario del derecho en tanto, en
esas ocasiones, con dichas prestaciones pensionales se cruzan los límites
impuestos por el principio de solidaridad del sistema de seguridad social,
generando con esto, ventajas irrazonables frente a otros beneficiarios
afiliados obligando a los fondos de pensiones a pagar erogaciones cuantiosas “que, por su carácter periódico, atentan
contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de manera actual. Todo ello
debe derivar de la elusión de los principios y de las reglas que rigen el
sistema pensional”[46].
La Corte
Constitucional en diferentes sentencias de unificación ha establecido cuándo se
acredita el abuso palmario del derecho que permite hacer procedente
excepcionalmente la acción de tutela que pretende atacar providencias
judiciales que ordenaron el reconocimiento, reliquidación y/o pago de
pensiones.
En la sentencia
SU-427 de 2016[47]
se señalaron unos criterios que permiten declarar la configuración de un abuso
del derecho: (i) el monto del incremento
pensional y (ii) que este sea consecuencia de vinculaciones precarias en cargos
con asignaciones salariales superiores. De tal modo, si se verifican estas
circunstancias, la acción de tutela se hace procedente por advertirse un abuso
palmario del derecho.
La
sentencia SU-395 de 2017[48] indicó que a pesar de la posibilidad de
acudir al recurso de revisión, los “reconocimientos prestacionales logrados
mediante un abuso del derecho evidente, amerita que ante casos de graves
cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de
prestaciones periódicas a la UGPP” la acción de tutela es procedente
excepcionalmente. No obstante, el aumento pensional debe considerarse “grave”.
En
la sentencia SU-631 de 2017[49] se concretaron los criterios para
identificar un abuso palmario del derecho: (i) que se esté ante
incrementos pensionales ilegítimos  que resulten cuantiosos al punto de
desfinanciar el sistema, (ii) que no haya correspondencia entre lo reconocido y
la historia laboral del beneficiario, lo que supone un beneficio excesivo, y
(iii) que se presente una ventaja o incrementos significativos que, en
comparación con otros afiliados, resulte irrazonable como es el caso de omitir
el límite de 25 salarios mínimos legales vigentes, establecido en la sentencia
C-258 de 2013.
Dicha providencia también aclaró que puede presentarse
un abuso palmario del derecho cuando los beneficios o ventajas
irrazonables son consecuencia de una vinculación precaria, la cual se
define como fugaz resultado de por ejemplo un encargo o una provisionalidad o
un cargo de libre nombramiento y remoción, por cuanto las administradoras de
pensiones se ven obligadas a pagar “erogaciones
cuantiosas que, por su carácter periódico, atentan contra la equidad y la
sostenibilidad del sistema, de manera actual”[50].
No obstante, la verificación de uno solo de los criterios
mencionados[51] no lleva a la
configuración del abuso del derecho de manera palmaria, pues dichas pautas
tienen el “propósito de facilitar la labor interpretativa de la Corte para
determinar los casos de abuso palmario del derecho. Sin embargo, la Corte
Constitucional y sus distintas Salas de Revisión conservan la autonomía
interpretativa para formar su criterio en torno a la acreditación de un abuso
palmario del derecho que conduzca a la procedencia excepcional de la acción de
tutela”[52] (resaltado fuera
de texto).
De comprobarse la existencia de un abuso palmario del derecho
que haga procedente la acción de tutela, se ha indicado también que “el operador jurídico deberá
tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los derechos
fundamentales de los implicados en la causa, por lo que, en caso de verificarse
la existencia de una irregularidad, lo procedente es disponer que el reajuste
de la prestación se dé conforme al ordenamiento jurídico constitucional”[53]. De tal manera
que los efectos de la decisión no pueden ser de manera inmediata sino que se
debe conceder un periodo de gracia prudencial que en la sentencia SU-631 de
2017[54]
se fijó en 6 meses contados a partir de la fecha de la notificación de la nueva
reliquidación. Aunado a lo anterior, se concluyó que no es posible ordenar el
reintegro de sumas ya pagadas ya que se presume que fueron recibidas de buena
fe.
En síntesis, se han
reiterado unas reglas para el análisis del requisito de subsidiariedad en las
acciones de tutela interpuestas por los fondos de pensiones:
“(i)
Por regla general las acciones de tutela que pretendan controvertir
providencias judiciales que ordenaron algún tipo de reconocimiento prestacional
periódico con abuso del derecho, son improcedentes.
(ii)
Esa improcedencia general del amparo obedece a la existencia del recurso
extraordinario de revisión dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando se interponga dentro de la
oportunidad establecida en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 (cinco
años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia judicial)
o en la Sentencia SU-427 de 2016 (cinco años contados a partir del 12
de junio de 2013, en el caso de que sean providencias judiciales proferidas
antes de la fecha de sucesión de la UGPP en la representación judicial de
CAJANAL, o a partir de la fecha de ejecutoria).
(iii)
La legitimación para interponer el recurso extraordinario de revisión por la
configuración de un abuso del derecho recae, además de los sujetos establecidos
en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas
del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular.
(iv) Excepcionalmente, las
acciones de tutela interpuestas por las administradoras de pensiones para
controvertir providencias judiciales por abuso del derecho, serán procedentes
si tal abuso del derecho es de carácter palmario.
(v) Para la identificación de un abuso
palmario del derecho en materia pensional debe realizar un análisis en conjunto de las diversas
circunstancias presentes en los casos concretos y para el efecto se puede acudir a los criterios y
pautas de interpretación fijados en las Sentencias SU-427 de 2016[55], SU-395 de 2017[56] y SU-631 de 2017[57], relacionados con
la existencia de incrementos pensionales desproporcionados, no correspondencia
entre el monto de la pensión y la historia laboral, ventajas irrazonables como
el desconocimiento de topes pensionales y/o vinculaciones precarias (subraya
fuera de texto). El accionante tiene la carga de aportar la información
necesaria, pertinente y conducente para establecer la existencia del abuso
palmario del derecho y, así, que en el caso concreto procede excepcionalmente
la acción de tutela. En todo caso, la Corte Constitucional, sus distintas Salas
de Revisión y los jueces de tutela, con base en los principios de autonomía e
independencia judicial, se encuentran en libertad para establecer su
convencimiento sobre el caso concreto y sobre si existe o no un abuso del
derecho de carácter palmario.
(vi) En los casos en los
que se acredite un abuso palmario del derecho y se decida de fondo el caso se
adoptarán medidas para no afectar los derechos fundamentales de los
implicados en la causa, tales como establecer un período de gracia de seis
meses para hacer el reajuste pensional y/o no hacer exigible el reintegro de
sumas ya canceladas[58]”[59] (Resaltados
propios del texto).
3.3. Para preservar la seguridad jurídica y la cosa juzgada
y poner fin a la posibilidad de que una decisión judicial pueda siempre ser
susceptible de una revisión constitucional, se debe cumplir con el requisito
de inmediatez[60] que
indica que debe interponerse la acción de tutela en un término razonable y
proporcionado contado desde el hecho que se considera vulnerador.
3.4. Las irregularidades alegadas deben
tener incidencia directa en los fallos cuestionados
ya que en caso contrario pudieron ser subsanadas en el trámite, ya sea por el
paso del tiempo o de las actuaciones, o por cuanto no se alegaron, de tal
manera que las únicas que pueden ser revisadas son aquellas que verdaderamente
pueden ser consideradas como violatorias de derechos fundamentales.
3.5. La parte accionante debe identificar
razonablemente los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales con el fin de ofrecer claridad respecto de la afectación que
pretende sea amparada y que se le imputa a la sentencia atacada.
3.6. No es posible atacar una sentencia
de tutela con el fin de no prolongar indefinidamente el debate
constitucional teniendo en cuenta que todos los fallos de tutela llegan ante la
Corte para su eventual revisión.
4. Examen de la procedencia general en
el caso concreto
4.1. Relevancia
constitucional. El caso bajo estudio tiene una evidente relevancia
constitucional pues se analiza la posible afectación del derecho fundamental al
debido proceso por cuanto las decisiones controvertidas ordenaron la
reliquidación pensional de una persona, aparentemente sin tener en cuenta la
normativa y jurisprudencia constitucional aplicable al ingreso base de
liquidación.
4.2. Requisito
de inmediatez. En cuanto a este requisito se tiene que la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Decimoctava de Decisión
Laboral es del 29 de octubre de 2010 y la acción de tutela se interpuso el 14
de septiembre de 2018, es decir, entre las dos actuaciones transcurrieron casi ocho
años. No obstante lo anterior, es de recordar que la UGPP solo hasta marzo de
2013 adquirió la carga pensional materia de debate, aun así, el tiempo
trascurrido desde ese momento hasta la interposición de la solicitud de amparo
es de más de cinco años.
Sin embargo,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional[61]
el requisito de inmediatez se flexibiliza cuando se trata del pago de una
prestación periódica “que implica una afectación de carácter continua,
directa y grave al patrimonio público”[62]. En ese
sentido, esta Corte ha reiterado que la exigencia de que el plazo trascurrido
entre la presunta vulneración de derechos y la interposición de la acción de
tutela sea oportuno y razonable, debe flexibilizarse ante situaciones como
esta, pues “el período empleado para la defensa de los derechos
fundamentales (…) se torna adecuado y por ende la acción es procedente ante la
grave afectación de recursos públicos”[63].
Así las
cosas, en tanto el presente asunto versa sobre el pago de una pensión (pago
periódico) a cargo de la UGPP (patrimonio público), esta Sala considera que
dicha situación hace que el requisito de inmediatez se analice de manera
flexible y, en consecuencia, se cumpla concluyendo que el tiempo trascurrido no
es irrazonable ni desproporcionado.
4.3. Identificar razonablemente los
hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales. El
accionante identificó de manera clara y lógica los argumentos que considera son
los generadores de las presuntas vulneraciones de su derecho fundamental al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Efectivamente, se
consideró que los fallos incurrieron en defecto material o sustantivo, defecto
fáctico y desconocimiento del precedente constitucional, al ordenar la
reliquidación de la pensión de jubilación de una persona teniendo como Ingreso
Base de Liquidación (IBL) el 75% de la asignación más alta devengada en su
último año de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el mismo periodo.
4.4. Las irregularidades alegadas tienen
incidencia directa en los fallos cuestionados. Los defectos alegados tienen
incidencia directa en lo decidido en los fallos acusados y no pudieron ser
subsanadas en el trámite. Los yerros señalados tienen un efecto determinante en
las sentencias lo que puede hacer que estas lleguen a ser considerados como
violatorios de derechos fundamentales.
4.5. No es
tutela contra tutela. La presente acción constitucional está dirigida
contra las sentencias proferidas por las autoridades de primera y segunda
instancia, al interior de un proceso ordinario laboral.
4.6. Agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial. En este caso, el accionante es la UGPP, y se tiene que el
señor Luis Evelio Hoyos Zapata inició proceso ordinario solicitando la
reliquidación de su pensión. El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de
Medellín en sentencia del 25 de marzo de 2010 resolvió: (i) condenar a CAJANAL
al reconocimiento y pago de “la diferencia o el reajuste de las mesadas
pensionales causadas del 1 de julio de 2009 hacia el futuro”, y el
retroactivo a que haya lugar por dicha diferencia o reajuste del 1 de julio de
2009 hasta el 28 de febrero de 2010 en suma de $30.671.047. (ii) condenar a
CAJANAL al pago continuado a partir del 1 de marzo de 2010 por concepto de
mesadas pensionales la suma mensual de $6.921.342. (iii) absolver a CAJANAL de
los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (iv) condenar en
costas a la demandada; y (v) remitir el expediente al Tribunal Superior de
Medellín para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta, si la
decisión no era apelada. Ambas partes apelaron la sentencia de primera
instancia, por lo que el Tribunal Superior de Medellín, Sala Decimoctava de
Decisión Laboral en sentencia del 29 de octubre de 2010 resolvió confirmar y
modificar el fallo apelado dado que excluyó la contabilización de la
bonificación por actividad judicial, aun por doceava, teniendo en cuenta que no
es un factor aplicable a los magistrados, dejando para el año 2009 una mesada
de $11.385.984 y un retroactivo de $735.554.180; se señaló además, que a partir
de 2010 se debía pagar una mesada de $11.613.704. Dicha providencia quedó
ejecutoriada el 10 de diciembre de 2010.
Contra este
último fallo procedía el recurso extraordinario de revisión dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 siempre y cuando se interpusiera dentro de la
oportunidad establecida en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011[64]
o en la sentencia SU-427 de 2016 en el caso de la UGPP. Ambos plazos ya
fenecieron, el primero, el 10 de diciembre de 2015, y el segundo, el 11 de
junio de 2018. De tal manera que en principio, la presente acción tutelar se
torna improcedente dado que no se agotaron los mecanismos idóneos.
No obstante,
esta Sala considera que el amparo puede ser procedente si tal abuso del derecho
es de carácter palmario y tan evidente y desproporcionado que sea
necesaria una intervención del juez constitucional para evitar la continuación
de tal abuso y que la vulneración al interés público y a la sostenibilidad del
sistema se siga manteniendo en el tiempo.
Por tanto,
es necesario hacer un análisis frente a las subreglas establecidas por la Corte
Constitucional para estos casos en las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de
2017.
En el presente caso, y de acuerdo con lo señalado en precedencia
(criterios y pautas de interpretación relacionados
con la existencia de incrementos pensionales desproporcionados, no
correspondencia entre el monto de la pensión y la historia laboral, ventajas
irrazonables como el desconocimiento de topes pensionales y/o vinculaciones
precarias), la UGPP señaló que la mesada pensional del señor Luis Evelio
Hoyos Zapata, pasó en 2009 de $3.249.459,74 a $11.613.704 lo que equivale en
2018 a un incremento de $5.135.252 a $15.812.211. Este último monto está siendo
pagado efectivamente por una parte, a la señorita Manuela Hoyos Sánchez
Valencia en un total de $7.906.105,23 y, por otra a Dalila del Socorro Sánchez
Montoya en un total de $7.906.105,23. Lo anterior significa un incremento del
257.40%. Es decir que el aumento pensional supone que en cada mesada pensional
se estén pagando $10.676.959 adicionales.
Esta Sala considera que, en efecto, el aumento del 257.40% en la
mesada pensional del señor Luis Evelio Hoyos Zapata, que hoy disfrutan sus
beneficiarias de sustitución pensional, es desproporcionado; aunado a lo
anterior el monto de la pensión no corresponde a la historia laboral del
beneficiario dado que es producto de una liquidación sobre la asignación
devengada más alta, en el último año, e incluyendo factores que no hacían parte
de su salario mensual. Finalmente, del acervo probatorio allegado al
expediente, se encuentra que la asignación tenida en cuenta para liquidar la
pensión es producto de una vinculación precaria, esto es, un mes y veinte días
como magistrado auxiliar.
Lo anterior, evidencia que, a pesar de que en principio la acción
constitucional sería improcedente por cuanto no se agotaron los mecanismos
idóneos, e incluso, el plazo que la Corte Constitucional otorgó a la UGPP para
interponer el recurso de revisión ya terminó, en este particular caso se está
ante un abuso palmario del derecho de evidente desproporción que
habilita la procedencia excepcional de la acción de tutela y que reclama la
intervención de la Corte Constitucional en aras de primar lo sustancial frente
a lo procedimental, lo público sobre lo particular y la sostenibilidad del
sistema pensional.
4.7. De lo
anterior, esta Sala concluye que la acción de tutela presentada cumple los
presupuestos procesales generales para ser estudiada de fondo.
5. Causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia
La Corte
Constitucional, desde el 2005, recopiló la evolución jurisprudencial en sede de
tutela respecto de la posibilidad de interponer acción de tutela contra una
providencia judicial. Por esto, la Sala Plena profirió la sentencia C-590 de
2005[65] en donde se señaló que
además de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, como
mecanismo subsidiario en busca de la protección de garantías fundamentales, se
requería la presencia de alguna de las causales de procedibilidad especiales o
materiales del amparo tutelar contra las decisiones judiciales, las cuales son:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación
directa de la Constitución”.[66]
De tal manera
que, aunque en cada caso concreto se confirme la procedencia general de la
acción de tutela, es necesario que se pueda verificar la presencia de alguno de
los defectos mencionados, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de
controvertir una decisión judicial.
6. El defecto material o sustantivo como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. Reiteración de jurisprudencia
6.1. La Corte
Constitucional, en su jurisprudencia, ha señalado que el defecto sustantivo (o
material) se presenta cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto”.[67]
De igual forma, se concluyó que este defecto se ha erigido como tal, como
consecuencia de que la competencia asignada a los jueces para interpretar y
aplicar las normas jurídicas no es completamente absoluta, aunque se funde en
el principio de autonomía e independencia judicial. En cuanto esto se indicó:
“[p]or tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.”[68]
6.2. Esta
corporación también ha identificado ciertas situaciones que pueden presentarse
y en las que se puede incurrir en dicho defecto:
“(i) la
sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente,
d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que la norma
cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica
a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos
distintos a los señalados expresamente por el legislador;
(ii) a
pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra
legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada,
sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica
aceptable la decisión judicial;
(iii)
no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga
omnes;
(iv) la
disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución;
(v) un
poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin
no previsto en la disposición”;
(vi) la
decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso; o
(vii)
se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto”.[69]
6.3.
De lo anterior se concluye que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funda una decisión judicial configura un defecto sustantivo o material,
solo aquellas que se consideren irrazonables, desproporcionadas, arbitrarias o
caprichosas, pues de no comprobarse, la acción de tutela sería improcedente[70]. La
irregularidad señalada debe ser de tal importancia y gravedad que por su causa
se haya proferido una decisión que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos fundamentales[71].
Así las cosas, pueden
existir vías jurídicas distintas para resolver un caso concreto, las cuales
resultan admisibles si se verifica su compatibilidad con las garantías y
derechos fundamentales de los sujetos procesales[72].
7. El defecto fáctico como causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Reiteración de
jurisprudencia
7.1. La Corte Constitucional ha sostenido
que el defecto fáctico se presenta cuando “resulta evidente que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado (...)”[73], o cuando “se hace
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su
providencia[74]. Así, ha indicado
que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia
(…)”[75].
7.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Corte ha concluido que en el defecto fáctico se presentan dos dimensiones[76]:
“la primera
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional
y caprichosa[77] u omite su valoración[78]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente[79]. Esta dimensión
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[80].
La segunda se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la
Constitución”[81].
7.3. De tal manera, que el señalado vicio
se puede manifestar así:
“(i) Omisión por
parte del juez en el decreto y práctica de pruebas[82].
La Corte ha considerado que se configura, cuando el funcionario judicial omite
el decreto y la práctica de pruebas, generando en consecuencia la indebida
conducción al proceso “de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido”[83].
(ii) No
valoración del material probatorio allegado al proceso judicial[84].
Esta hipótesis tiene lugar, cuando la autoridad judicial a pesar de que en el
respectivo proceso existen elementos probatorios, “omite considerarlos, no
los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar
la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente”[85].
(iii) Valoración
defectuosa del acervo probatorio[86]. Esta situación tiene
lugar, cuando el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados, y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su
consideración, o cuando aprecia una prueba allegada al proceso que se encuentra
viciada”[87].
8. El defecto por desconocimiento del precedente constitucional como
causal independiente. Reiteración de jurisprudencia
8.1. A la Corte Constitucional se le ha encargado, de acuerdo con el
artículo 241 Superior, “la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”, de tal manera que tiene como una de sus funciones “fijar
los efectos de los derechos fundamentales y determinar el sentido en el que
debe interpretarse”[88] la misma.
Así, cuando un funcionario judicial se aparta de una regla de
decisión establecida en un precedente constitucional fijado por la Corte
Constitucional, sin la carga de argumentación requerida, se configura la causal
específica que hace procedente la acción de tutela contra providencia judicial[89].
La sentencia SU-354 de 2017[90] trajo a
colación lo ya mencionado por esta Corporación, en cuanto a que:
“La interpretación de la Constitución, que además permite materializar
la voluntad del constituyente, tiene como propósito principal, orientar el
ordenamiento jurídico hacia los principios y valores constitucionales
superiores. No reconocer entonces el alcance de los fallos constitucionales
vinculantes, sea por desconocimiento, descuido, u omisión, genera en el
ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión
concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones
ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca
del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Que perturba, además la
eficiencia y la eficacia institucional, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra organización judicial”
Así mismo, en la sentencia en mención[91]
se señaló que:
“Es preciso resaltar que los fallos emitidos por la Corte irradian
dos tipos de efectos: en el caso de los fallos de control abstracto de
constitucionalidad estos hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de ahí
que se ha reconocido su carácter vinculante, obligatorio y de fuente de
derecho; por el contrario, los efectos de los fallos de tutela en principio son
inter partes. No obstante, existe un punto de encuentro y es que ambos fallos
se deben observar, no solo por reconocer que la Constitución es norma superior,
sino para garantizar el derecho a la igualdad de los administrados.
4.6. Los efectos inter partes de las acciones de tutela en ocasiones
pueden hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión que realiza el
Tribunal Constitucional. En este sentido, la vinculación de los jueces de
tutela a los precedentes constitucionales, resulta relevante para la unidad y
la armonía del ordenamiento jurídico como un conjunto estrechamente relacionado
a la Constitución. Por tal razón, de no acogerse un precedente
constitucional, la consecuencia devendría en restarle fuerza normativa a la
Carta, ya que cada juez podría interpretar la norma constitucional como
quisiera, desarticulando el sistema jurídico de las interpretaciones hechas a
Constitución”. (Subraya fuera de texto)
No obstante, a pesar de los efectos distintos de ambos tipos de
sentencias, “sí comparten una particularidad y es que se deben respetar, no
solo para reconocer que la Constitución es la norma Superior, sino para
garantizar el derecho a la igualdad”[92].
Así las cosas, se ha concluido que el deber de acatamiento del
precedente establecido por la jurisprudencia constitucional debe ser más
estricto “ya que las normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de
jerarquía dentro del sistema de las fuentes del derecho”[93].
8.2. Ahora bien, el carácter obligatorio
de los fallos de constitucionalidad que profiere la Corte Constitucional emana
de sus efectos erga omnes y del tránsito a cosa juzgada constitucional
de que están revestidos[94]; por ello, se ha
precisado por la Corte que las razones o motivos de la decisión de las
sentencias de juicio abstracto contienen la solución constitucional a los
problemas jurídicos estudiados, y por tal razón, deben ser atendidas por las
autoridades judiciales, para que la aplicación del derecho sea conforme a la
Carta Política[95].
En el caso de los fallos en sede de
revisión de tutela, se ha concluido que el respeto a su ratio decidendi
se debe a “la concreción de los principios de igualdad en la aplicación de
la ley y la confianza legítima”.[96] De tal manera que, el
alcance que la Corte Constitucional le da a los derechos fundamentales debe
prevalecer sobre cualquier otra interpretación emitida por otras autoridades
judiciales.
Lo anterior se refuerza en los casos de
las sentencias de unificación y de control abstracto de constitucionalidad pues
un solo fallo o pronunciamiento ya es considerado un precedente teniendo en
cuenta que “las primeras, unifican el alcance e interpretación de un derecho
fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan
problemas jurídicos y, las segundas, determinan la coherencia de una norma con
la Constitución Política”[97].
Esta Corporación ha señalado algunas
circunstancias en las que se puede configurar un desconocimiento del precedente
constitucional:
“(i) se aplican disposiciones
legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de
constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de
sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación
de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del
texto superior, (iii) se
desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales
fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela”.[98]
Así las cosas, se concluye que las
autoridades judiciales están obligadas a tener en cuenta y acatar las razones
de la decisión plasmadas en las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional, ya que dicha Corporación es el máximo intérprete de la Carta
Política a la cual todos estamos sometidos.
8.3. Finalmente, esta Corte ha definido
unas pautas que sirven para determinar si se está ante la configuración del
defecto de desconocimiento del precedente constitucional:
“(i) Determinar la existencia de un precedente o de un
grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas
decisionales contenidas en estos precedentes.
(ii) Comprobar que el fallo judicial impugnado debió
tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría
en un desconocimiento del principio de igualdad.
(iii) Verificar si el juez tuvo razones fundadas para
apartarse del precedente judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre
el precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión debería
ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en
relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y
efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro
hómine”. [99]
De todo lo anterior se concluye que, “el
precedente Constitucional debe ocupar un lugar privilegiado en el análisis del
caso por parte del juez de la causa”[100] ya que en
caso de desconocerse, se contrarían principios constitucionales pues quienes
administran justicia tienen la obligación de respetar la jurisprudencia de esta
Corporación, “especialmente, porque es a través de la función jurisdiccional
de la Corte Constitucional que se garantiza la eficacia de los derechos
constitucionales a los asociados”[101].
9.  Defecto
por violación directa de la Constitución. Reiteración de jurisprudencia
Este defecto
parte del enunciado dispuesto en el artículo 4° superior que expresamente
señala: “La Constitución es Norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”. Así las cosas, la Carta
Política es la de mayor rango en el ordenamiento jurídico y, de acuerdo con
ella, se establece la eficacia de las demás disposiciones que componen la
estructura legal del país. En ese orden, el sistema jurídico actual reconoce
valor normativo a las disposiciones fundamentales contenidas en la
Constitución, de manera que su aplicación se traduce en una obligación directa
que le asiste a todas las autoridades judiciales de velar y materializar el
principio de supremacía constitucional, de tal forma que en caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
apliquen las disposiciones constitucionales.
Recientemente,
esta Corporación en la sentencia SU-024 de 2018[102] recordó que
en principio esta causal se concibió como un defecto sustantivo, pero que a
partir de la sentencia T-949 de 2013[103]
se determinó como un defecto específico autónomo e independiente de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, interpretación que en
efecto se consolidó en la sentencia C-590 de 2005 estableciendo que “(…) la
violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i)
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto,
dos (ii) al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución”[104].
Es más, la sentencia SU-336 de 2017 precisó que la violación directa a la
Constitución “encuentra cimiento en el actual modelo de ordenamiento
constitucional que reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo
tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las
distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Es por
esa razón que resulta factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a
través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida o
irrazonablemente tales postulados”[105].
De acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, este defecto o causal se estructura en las
siguientes hipótesis. En primer lugar, porque no se aplica una norma ius
fundamental al caso en estudio, por ejemplo, cuando“(a) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con
la Constitución”[106].
Y en segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución, concretamente, “el juez debe tener en cuenta
en sus fallos, que con base en el artículo 4° de la C.P. la Constitución es
norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele
sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”[107].
Significa lo anterior que, la prevalencia del orden superior debe asegurarse
aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para
el caso particular.
En este orden de
ideas, el defecto específico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominado violación directa de la Constitución, se
genera a partir del desconocimiento de los jueces de su obligación de aplicar
el texto superior, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4° de la
Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus
postulados, en procura de materializar la supremacía constitucional y de
garantizar la eficacia directa de las disposiciones superiores.
10. Desarrollo jurisprudencial del régimen de transición referente
al IBL
10.1. Régimen
de transición. La Ley 100 de 1993, que organizó el
régimen de seguridad social, además modificó las condiciones para acceder a las
prestaciones pensionales como la de vejez. No obstante, estableció un régimen
de transición en aras de proteger las expectativas legítimas[108]
de quienes al 1º de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la
mencionada ley) estuvieran cotizando para otros regímenes y cumplieran ciertas
prerrogativas:
“ARTÍCULO 36.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de
entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o
más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a
estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere Superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.”
De lo anterior
se extrae que el beneficio cobija a quienes a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 (i) tuvieran 35 o 40 años o más (mujeres u hombres respectivamente)
o (ii) independientemente de la edad acrediten quince (15) años de servicios o
más.
El régimen de
transición estaba consagrado para que inicialmente rigiera hasta el 31 de julio
de 2010, pero se hizo extensivo para aquellos que al 25 de julio de 2005,
cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, hubiesen cotizado como
mínimo 750 semanas, frente a estos casos, el beneficio se mantendría hasta el
31 de diciembre de 2014, fecha última para acreditar el cumplimiento de los
requisitos.
10.2. El régimen de transición y el Ingreso Base de Cotización – IBL[109].
La Corte Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial que señala que
el ingreso base de liquidación – IBL no es un elemento que haga parte del
régimen de transición. En sentido similar lo ha entendido la Corte Suprema de
Justicia y, recientemente, el Consejo de Estado.
10.2.1. La Corte
Suprema de Justicia[110] ha considerado que el
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 “solo
conservó a sus beneficiarios lo relativo a la edad, tiempo de servicios y monto
porcentual de la prestación. Por tanto, los demás aspectos del régimen
pensional, incluido el IBL, quedaron sometidos a la nueva legislación en
materia de seguridad social, especialmente, a lo dispuesto en los artículos 21
y 36 ibídem”[111]. Lo anterior,
atendiendo a que el monto hace alusión al porcentaje que se debe
aplicar mas “no a la base reguladora de la pensión o a los ingresos en los
que esta se fundamenta”[112].
10.2.2. El
Consejo de Estado, por su parte, inicialmente consideró que los elementos que
cobijaba el régimen de transición eran la edad, el tiempo de servicios y el
monto, con base en que el IBL era un factor que no regulaba dicho beneficio[113].
Posteriormente, cambió su jurisprudencia[114] “por
razones de favorabilidad laboral y del efecto útil de las normas”[115],
y señaló que a quienes eran beneficiarios del régimen de transición se les
debía aplicar de manera integral el régimen anterior, es decir, “el
ingreso base de liquidación no podía calcularse con fundamento en las
normas del SGSS”[116]. Esta postura se acogió
en tanto la redacción del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no era clara por lo
cual era necesario aplicar la interpretación más favorable al trabajador[117].
De manera más
reciente, la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir un fallo de
remplazo de una sentencia de unificación indicó que “el régimen de
transición no hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la
pensión ni de la forma de liquidar la misma”[118],
de lo que se puede deducir que el IBL está incluido en el régimen de
transición.
Finalmente, en
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, MP César Palomino Cortés[119],
el Consejo de Estado, Sala Plena, acercó la interpretación que había sostenido
ese alto tribunal sobre el IBL, a la de la Corte Suprema de Justicia y a la de
la Corte Constitucional. En ese sentido, estableció que el IBL se debe calcular
con base en las reglas de la Ley 100 de 1993 y no en aquellas del régimen
anterior. Al respecto señaló: “[e]l Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con
los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
10.2.3. La Corte
Constitucional, desde la sentencia C-168 de 1995[120]
indicó que las personas serían beneficiarias del régimen de transición si
cumplían las condiciones de edad, tiempo de servicio o semanas de cotización,
pero respecto de las demás condiciones del derecho pensional, se ceñiría a la
Ley 100 de 1993.
Al respecto, y
desde una visión general, sostuvo la Corte en sede de control abstracto, que “sin importar cuál era la vinculación con la
legislación anterior, las personas serían beneficiarias del régimen de
transición cuando cumplieran con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
semanas cotizadas, pero su aplicación frente al resto de condiciones sería la
consagrada en la Ley 100 de 1993”[121].
Específicamente, la sentencia C-168 de 1995 expresó lo
siguiente:
“dado que en la ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos
para acceder a la pensión de vejez, se establece en el inciso segundo del
artículo 36, materia de acusación, un régimen de transición que da derecho a
obtener ese beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de edad,
tiempo de servicio, o semanas cotizadas estatuidas en la legislación anterior,
para las personas que a la fecha de entrar a regir el nuevo sistema de
seguridad social, tengan 35 años o más de edad si son mujeres, y 40 o más años
de edad si son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de servicios
cotizados. Las
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para obtener tal
derecho son los contenidos en las disposiciones de la nueva ley” (Resaltado
fuera de texto).
En cuanto al inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 concluyó, desde ese momento, que
“las reglas allí previstas para determinar el
IBL son aplicables a las personas beneficiarias del régimen transicional y, por
tanto, no es posible acudir a las condiciones especiales consagradas en la
legislación anterior”[122].
Posteriormente,
en la sentencia C-258 de 2013, la Corte estudió la constitucionalidad de la
expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, y entre otras cosas, determinó que el “Ingreso Base de
Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente
en el texto del artículo 36”.
Ahora
bien, reforzando la regla interpretativa consagrada con el fallo anterior, en
la sentencia T-078 de 2014[123], se reiteró que el
monto de la pensión se liquidaba con base en lo dispuesto por el régimen
especial pero el IBL estaba sujeto a lo preceptuado en el inciso 3° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En la
sentencia SU-230 de 2015[124], la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en el sentido que “[a]unque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la
Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial
consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, (…), ello no excluye la interpretación
en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por
tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para
determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se
pertenezca” (negrillas originales) [125].
De
manera posterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha proferido
diferentes sentencias de unificación que han desarrollado el tema de manera
tangencial.
Por ejemplo, la
sentencia SU-427 de 2016 reiteró que: “el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar
las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del
sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación
ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero
solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación.
Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en
especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que
buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la
pensión.” (Subraya fuera de texto)
La sentencia SU-210 de 2017, señaló por su parte que
el IBL debe aplicarse conforme lo consagrado en la Ley 100 de 1993: “a los beneficiarios del régimen especial se les debe aplicar el
ingreso base de liquidación (IBL) establecido en el artículo 21 y el inciso 3º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debido a que es la interpretación
normativa que mejor se ajusta a los principios constitucionales de equidad,
eficiencia y solidaridad del artículo 48 superior, a la cláusula de Estado
social de Derecho, y que evita los posibles casos de evasión y fraude al
sistema”, además de considerar que “para todos los efectos, con la base   del régimen general, esto
es, el promedio de los últimos 10 años de servicios[126]”. (Subraya fuera de texto)
Finalmente, en la Sentencia SU-023 de 2018[127]
se compilaron las reglas aplicables al régimen de transición, en especial, al
IBL, así:
“98. (i) El régimen de transición no puede
caracterizarse como una especie de derecho adquirido sino de expectativa.
99. (ii) El régimen de transición tenía como fecha
final el 31 de julio de 2010, excepto para quienes hubiesen cotizado, al menos,
750 semanas al 25 de julio de 2005, momento en el cual entró en vigencia el
Acto Legislativo 01 de 2005; para estas personas, dicho régimen se mantuvo
hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que pudieran reunir los
requisitos para ser acreedores a la pensión de vejez. Para estos últimos
efectos, el derecho debía consolidarse hasta el 31 de diciembre de 2014.
100.
(iii) El régimen de
transición está restringido a tres categorías de trabajadores: (i)
mujeres que al 1 de abril de 1994 tuvieran 35 años de edad o más; (ii) hombres
que al 1 de abril de 1994 tuvieran 40 años de edad o más; y (iii) trabajadores
que hubieren acreditado 15 o más años de servicios cotizados al 1 de abril de
1994 (750 semanas) sin consideración de su edad.
101. (iv)
A los beneficiarios del
régimen de transición les son aplicables las reglas previstas en las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993 sobre: (i) edad para consolidar
el derecho; (ii) tiempo de servicios o semanas cotizadas;
y (iii) monto de la pensión.
102. (v) El monto corresponde a la tasa de
reemplazo o, en términos de la Corte Suprema de Justicia, al porcentaje
que se aplica al calcular la pensión.
103. (vi)
El Ingreso Base de Liquidación
(IBL), para el caso de las personas a las que se refiere el inciso 2º del
artículo 36 de la Ley 100 del año 1993 (regla iii supra), es el
que regula el inciso 3º del referido artículo 36, en concordancia con el
artículo 21 ibídem y otras normas especiales en la materia.
104.
(vii) Los factores
constitutivos de salario, que deben tenerse en cuenta para calcular el monto de
la pensión de jubilación, por un lado, deben valorarse según las
consideraciones de la sentencia SU-395 de 2017 y, por el otro, tienen que ser
específicamente calculados para cada caso en concreto.
105.
(viii) La acreditación del
carácter subsidiario de la acción de tutela, en los
términos de las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017, a pesar de que se
cuente con la posibilidad de agotar los recursos ordinarios y, eventualmente,
el recurso extraordinario de revisión que regulan los artículos 19 y 20 de la
Ley 797 de 2003[128], está supeditada, a que
se trate de un supuesto de “abuso palmario del derecho”. Este se
configura, si se constata (i) un caso de “vinculación precaria”
en “un cargo de mayor jerarquía y remuneración” y, (ii) que
hubiese conllevado a un “incremento excesivo en la mesada pensional”.”
De lo anterior se extrae que existe un precedente constitucional
consolidado según el cual quienes son beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tienen la posibilidad de que
se les aplique el régimen anterior en lo referente a edad, tiempo de servicios
o semanas cotizadas y monto de la pensión, el cual se refiere a la tasa de
remplazo. El IBL debe corresponder a lo previsto en la legislación vigente,
esto es, el promedio de los factores salariales devengados en los últimos 10
años de servicio.
Ahora bien, frente a los factores salariales que componen el IBL, la
Sentencia SU-395 de 2017 señaló específicamente que:
“En la medida
en que si el inciso tercero de la norma bajo análisis expresamente establece
cuál debe ser el Ingreso Base de Liquidación para los beneficiarios del régimen
de transición, entonces el monto se refiere al porcentaje aplicable a esa base
que será el señalado por la normativa anterior que rija el caso concreto. En
igual sentido, los factores salariales, al no determinar el monto de la pensión
sino parte de la base de liquidación de la misma, serán los señalados por la
normativa actual (…).
A través de las
Sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, a la Corte Constitucional le
correspondió estudiar la constitucionalidad de los incisos segundo y tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin dejar lugar a dudas sobre el alcance
del inciso tercero, en cuanto a que el mismo determina el ingreso base de
liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen de transición en los
términos de los incisos primero y segundo”.
Aunado a que
“[e]l Acto Legislativo 01 de 2005, en su
inciso 6, introdujo la regla ya consagrada en el artículo 13 de la Ley 100 de
1993, de acuerdo con la cual, para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones. Y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”. (Subraya fuera de texto)
Finalmente,
dicha sentencia de unificación concluyó que:
“En este orden
de ideas, es posible concluir que de acuerdo con lo expresamente establecido
por el legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el Constituyente
en el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de eficiencia
del Sistema de Seguridad Social, correspondencia entre lo cotizado y lo
liquidado, y el alcance y significado del régimen de transición, la
interpretación constitucionalmente admisible es aquella según la cual el monto
de la pensión se refiere al porcentaje aplicable al IBL, y, por tanto, el
régimen de transición no reconoce que continúan siendo aplicables ni el IBL ni
los factores salariales previstos con anterioridad a la Ley 100 de 1993”
(subraya fuera de texto).
10.3. Ahora
bien, teniendo en cuenta la jurisprudencia reseñada sobre el Ingreso Base de
Liquidación, la Corte Constitucional ha proferido decisiones en las que se
señala cuándo se incurre en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución respecto de la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
10.3.1.
Defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993[129].
La Corte
Constitucional ha concluido que los jueces incurren en defecto sustantivo
cuando al proferir sus fallos “se apartan de la lectura que
ha establecido la Corte respecto del alcance y contenido del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, a partir de las Sentencias C-168 de 1995[130]
y C-258 de 2013[131]”(negrilla
propia del texto)[132]. Esto, dado que los
fallos de este Tribunal, en sede de control abstracto, tienen efectos erga
omnes y de cosa juzgada.
(i) En ese sentido, la sentencias
T-078 de 2014 y SU-230 de 2015 negaron las acciones de tutelas interpuestas ya
que se concluyó que no se configuraba el defecto sustantivo en las
providencias judiciales atacadas, las cuales habían considerado que el IBL no
era uno de los aspectos cubiertos por el régimen de transición. Así, la Corte
Constitucional adujo que lo señalado por la Sala de Casación Laboral en dichos
fallos no era contrario a lo establecido en la Sentencia C-258 de 2013.
(ii) La sentencia SU-427 de 2016
indicó que las providencias judiciales acusadas, en el marco de una acción de
tutela interpuesta por la UGPP, incurrieron en un defecto sustantivo al
ordenar la liquidación de una pensión de vejez teniendo como Ingreso Base de
Liquidación el consagrado en la norma especial como lo es el régimen
prestacional de la Rama Judicial. De esta manera adujo que, aunque la
beneficiaria pertenecía al régimen de transición, se debió utilizar el IBL
consagrado en las normas actualmente vigente.
(iii) En la sentencia SU-395 de
2017 se analizaron varios casos, y en algunos se protegió el derecho al debido
proceso de Colpensiones en tanto los fallos que ordenaron la reliquidación de
la mesada pensional de beneficiarios del régimen de transición con base en el
promedio de lo percibido en el último año o semestre de servicios, contrariaron
la Ley 100 de 1993 e incurrieron en defectos sustantivo y violación directa
de la Constitución dado que las sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013
aclararon el alcance del artículo 36 de la mencionada Ley en cuanto a que el
IBL no es un aspecto que haga parte de la transición.
(iv) Por
otra parte, la sentencia SU-631 de 2017 concluyó que las sentencias demandadas
incurrieron en defecto sustantivo al ordenar la reliquidación pensional
de personas beneficiarias del régimen de transición sin tener en cuenta el
principio de solidaridad que permea todo el sistema pensional. De esta manera,
“aun cuando los fallos judiciales contra los cuales se
presentaron las acciones de tutela eran anteriores a la Sentencia C-258 de
2013[133], para la Corte era claro que los jueces ordinarios y de lo contencioso
administrativo no tuvieron en cuenta la interpretación sistemática de las
normas aplicables al caso concreto (entre ellas el principio de solidaridad),
pues las beneficiarias sostuvieron una vinculación precaria que les permitió
incrementar sus mesadas pensionales de forma exorbitante, sin tener en cuenta
su historia laboral[134]”[135].
(v) Así
mismo, la sentencia T-018 de 2018 reiteró que las providencias judiciales
incurren en defecto sustantivo cuando se interpretan las normas
indebidamente al calcular el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición  y cuando no se tienen en cuenta las disposiciones aplicables. Esto
ya que la sentencia C-168 de 1995 ya había aclarado la lectura correcta del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
(vi) En el
Auto 617 de 2018, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad
parcial de la sentencia T-039 de 2018 en la cual se determinó, en uno de los
expedientes estudiados, que no se había configurado el defecto sustantivo pues
el fallo acusado había sido proferido el 25 de julio de 2011, es decir, antes
de la expedición de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. En esta
reciente ocasión se concluyó que a partir de la sentencia C-168 de 1995 las providencias
que ordenen reconocimientos pensionales teniendo un IBL diferente al consagrado
en la Ley 100 de 1993 incurren en defecto sustantivo al interpretar de
manera equivocada el artículo 36 de la señalada ley y en violación directa
de la Constitución, específicamente el artículo 48 y los principios de
eficiencia, solidaridad y correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado[136].
Conclusión que cobija incluso, fallos dictados antes de la sentencia C-258 de
2013.
De lo
anterior se concluye que la Corte Constitucional ha entendido que las
providencias judiciales incurren en defecto sustantivo cuando: “(i)
interpretan indebidamente el alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
cual ha sido establecido por los pronunciamientos de esta Corporación (Sentencias
C-168 de 1995[137]
y C-258 de 2013[138]);
y (ii) omiten la aplicación de la citada norma legal y acuden ultractivamente a
las disposiciones anteriores para determinar el ingreso base de liquidación de
los beneficiarios del régimen de transición”[139].
10.3.2.
Defecto por desconocimiento del precedente constitucional respecto de la  interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993[140].
En este punto,
la Corte ha indicado que se desconoce el precedente constitucional en relación
con la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 cuando la autoridad
judicial desconoce o se aparta de decisiones proferidas tanto por la Sala Plena
de la Corte Constitucional como por las emitidas por una Sala de Revisión de
tutelas.
(i) En ese
sentido, el Auto 326 de 2014[141] analizó una solicitud
de nulidad la cual fue negada por considerar que no se desconoció el precedente
constitucional dado que antes de la sentencia C-258 de 2013 no se había
proferido un fallo en sede de control abstracto sobre cómo se debía interpretar
el monto y el ingreso base de liquidación de personas beneficiarias del régimen
de transición. Así las cosas, era posible acoger cualquier interpretación dada
por alguna de las salas de revisión. También aclaró que la sentencia C-168 de
1995 no se refirió al monto e IBL al interior de la transición, por tanto, el
precedente respecto de este tema fue establecido en la sentencia C-258 de 2013.
(ii) Más
adelante, en el Auto 229 de 2017[142] se declaró la nulidad
de la sentencia T-615 de 2016 en la que se había analizado si un fallo del
Tribunal Administrativo de Bolívar de 2015 había incurrido en desconocimiento
del precedente concluyendo que no en tanto las sentencias C-168 de 1995 y C-258
de 2013 supuestamente abordaron problemas jurídicos diferentes. No obstante, en
el auto de nulidad que “la sub-regla del ingreso base de liquidación
(IBL) [como elemento excluido] del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 se fijó desde la Sentencia C-168 de 1995”[143]. De tal manera que la
providencia atacada si desconoció el precedente constitucional establecido en
las sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013.
(iii) De igual manera, en la sentencia T-494 de 2017[144]
se concluyó que las sentencias revisadas incurrieron en desconocimiento del
precedente constitucional dado que era indispensable que los jueces dieran “aplicación
de lo dispuesto por la Corte Constitucional para la época en que se emitieron
los fallos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho”
refiriéndose a las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
(iv) La sentencia SU-631 de 2017[145] indicó que las
providencias emitidas en 2003 y 2004 que se acusaron al interior de la acción
de tutela analizada, no desconocieron el precedente constitucional pero
sí incurrieron en defecto sustantivo por cuanto el primer defecto, es
alegado por inaplicar la sentencia C-258 de 2013 la cual fue proferida después
de los fallos acusados, por lo cual no les era exigible a los jueces seguir los
derroteros establecidos por esta.
(v) La sentencias T-643 de 2017[146] y T-661 de 2017[147]
al analizar unas decisiones proferidas por Tribunales Administrativos
concluyeron que dichos fallos no incurrieron en desconocimiento del precedente
constitucional al apartarse de la jurisprudencia del Consejo de Estado de la
época, la cual consideraba que el IBL hacía parte del régimen de transición
dado que argumentaron suficientemente su cambio de criterio aludiendo “al
principio de supremacía constitucional y al carácter preferente de las
Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015”[148].
(vi) La sentencia T-018 de 2018[149], proferida en remplazo
de la sentencia T-615 de 2016, señaló que la sentencia acusada en la acción de
tutela sí desconoció el precedente constitucional y recordó que la regla que
indica que el IBL no hace parte de la transición “constituye un precedente
interpretativo de acatamiento obligatorio que no puede ser desconocido bajo
ningún argumento, si en gracia de discusión se aceptara que los jueces
accionados no pudieron aplicar para el caso concreto lo dispuesto en la
referida sentencia SU-230 de 2015, sí debieron aplicar la sentencia C-258 de
2013, jurisprudencia vigente para la época”.
(vii) La sentencia SU-023 de 2018[150],
emitida en remplazo de la sentencia T-022 de 2010 reiteró, como ya se explicó,
las reglas jurisprudenciales respecto del alcance del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y, en ese sentido, consideró que la sentencia proferida en 2008 por la
Sala de Casación Laboral no incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente judicial ya que estaba de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional en vigor al momento de emitirse la sentencia de remplazo. Al
respecto señaló: “[c]on posterioridad a la expedición del
auto de anulación (Auto 144 de 2012) y antes de que se profiriera la sentencia
de reemplazo, la Sala Plena unificó su jurisprudencia en cuanto a la
determinación del IBL para los beneficiarios del régimen de transición, en la
Sentencia SU-230 de 2015, reiterada, de manera reciente, en las sentencias
SU-210 y SU-395, ambas de 2017. Este precedente, consideró la Sala Plena,
vinculaba la solución del caso”.
(viii) La
sentencia SU-114 de 2018[151] concluyó que las
sentencias acusadas sí desconocieron el precedente ya que no aplicaron los
parámetros establecidos por esta Corte referentes al IBL consagrados en la
sentencia C-258 de 2013, reiterados posteriormente.
(ix) En la
sentencia T-368 de 2018[152] se revocaron las
decisiones de instancia, amparando el derecho al debido proceso solicitado por
Pensiones de Antioquia, el cual consideraba vulnerado por el Tribunal
Administrativo del mismo Departamento al no argumentar suficientemente su
decisión de apartarse de lo establecido por las sentencias C-258 de 2013 y SU 230
de 2015. En ese sentido, esta corporación concluyó que los fallos demandados
incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.
Teniendo en
cuenta lo anterior, esta Sala reitera lo señalado en la sentencia T-109 de 2019
en el sentido de que, al hacer el anterior recuento jurisprudencial, debe
considerarse que la postura actual de la Corte Constitucional es que el defecto
por desconocimiento del precedente constitucional respecto de la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se configura después de la sentencia C-258
de 2013.
10.3.3.
Defecto por violación directa de la Constitución por indebida interpretación o
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993[153].
La Corte
Constitucional ha concluido, de igual manera, que los fallos judiciales pueden
incurrir en una violación directa de la Constitución cuando omiten o aplican
indebidamente los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.
(i) La sentencia
SU-395 de 2017[154], como ya se dijo,
consideró que algunos de los expedientes analizados, y acumulados en sede de
revisión, contenían fallos que incurrieron en violación directa de la
Constitución al ordenar la reliquidación de pensiones don base en el último año
o semestre de servicios, en la medida de que ya las sentencias C-168 de 1995 y
C-258 de 2013 habían aclarado que el IBL no era un aspecto de la transición. Al
respecto mencionó que es necesario “dar cumplimiento a la regla establecida
en la Ley 100 de 1993 (Art. 13, literal 1) y consagrada en el Acto Legislativo
01 de 2005, según la cual, con fundamento en el principio de eficiencia del
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, la liquidación de las
pensiones debe corresponder a las cotizaciones efectivamente realizadas”.
(ii) En la sentencia T-494 de 2017[155],
esta Corporación concluyó que los fallos revisados incurrieron en violación
directa de la Constitución “al construir argumentos sobre las reglas
de transición y establecer criterios de interpretación distintos a los
definidos en la ley, que alteran o atentan contra los principios de igualdad y
sostenibilidad financiera del sistema pensional”.
(iii) Finalmente,
la sentencia T-661 de 2017[156] consideró que las
sentencias judiciales acusadas en la acción de tutela las cuales habían
reiterado la sentencia C-258 de 2013 referente a la manera de aplicar el IBL a
los beneficiarios del régimen de transición, no incurrían en una violación
directa a la Constitución en tanto respetaron lo establecido por la Corte
Constitucional. Conforme a esto, señaló que los fallos atacados no violaron los
principios de igualdad, favorabilidad, buena fe y confianza legítima, ni los
derechos al debido proceso y la garantía de los derechos adquiridos.
Así las cosas, los fallos
judiciales pueden incurrir en una violación directa de la Constitución cuando “se
construyen argumentos respecto de las reglas de interpretación sobre el IBL
como aspecto incluido en el régimen de transición, de manera que se desconocen
los principios de igualdad y solidaridad contemplados en el artículo 48 de la
Constitución que informan el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones”[157],
aunado a que se contraría el Acto Legislativo 01 de 2005,
según la cual la liquidación de las pensiones debe corresponder a las
cotizaciones efectivamente realizadas.
11. Caso concreto
11.1. Análisis del caso frente al
defecto sustantivo[158]
La accionante considera que los fallos
atacados incurrieron en defecto material o sustantivo ya que desconocieron (i)
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que indica que la liquidación de las
pensiones debe hacerse con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años o
con el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho de conformidad con
el artículo 21 de la misma Ley, y (ii) el Decreto 1158 de 1994 al ordenar
incluir en el IBL todos los factores salariales devengados en el cargo de
magistrado auxiliar (aplicando el Decreto 546 de 1971) cuando el referido
decreto enlista específicamente cuáles son las que constituyen el Ingreso Base
de Liquidación.
Al respecto, la Sala considera que las
sentencias proferidas el 25 de marzo de 2010 por el Juzgado Veintiuno Laboral
del Circuito de Medellín y el 29 de octubre del mismo año por el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Decimoctava de Decisión Laboral sí incurrieron en
un defecto sustantivo, por cuanto:
(i) El señor Luis Evelio Hoyos Zapata en
razón a su edad y tiempo de servicios era beneficiario del régimen de
transición[159], por lo que su pensión
de vejez de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debió
reconocerse aplicando el régimen prestacional de la Rama Judicial (Decreto 546
de 1971) únicamente en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de
servicios y tasa de remplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación.
(ii) Las autoridades accionadas reajustaron
la pensión de vejez del señor Luis Evelio Hoyos Zapata teniendo en cuenta el
ingreso base de liquidación del régimen especial cuando debieron utilizar los
parámetros del sistema general.
(iii) El reajuste de la pensión de vejez
del señor Luis Evelio Hoyos Zapata se efectuó sin tener en cuenta la reseñada
hermenéutica del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 la cual establece que el IBL
no hace parte de la transición[160], lo cual derivó en un
abuso del derecho, ya que se dispuso el aumento de la prestación, para la época,
de $3.249.459,74 a $11.613.704 con fundamento en una vinculación precaria en su
último año de servicio de un mes y veinte días como magistrado auxiliar del
Consejo Superior de la Judicatura, periodo en el cual se incrementó
considerablemente su asignación salarial y recibió una bonificación por gestión
judicial, que a la postre también fue tenida en cuenta para efectuar la
liquidación de la mesada prestacional.
Aunado a esto, es preciso traer a colación
que el señor Hoyos Zapata estuvo desvinculado entre el año 2004 y el 2007 del
servicio judicial, lo cual refuerza la desproporcionalidad y abuso del derecho
con que se reconoció la pensión analizada pues, de aplicarse de manera correcta
la regla del sistema general para el IBL (promedio de los últimos diez años)
este vacío incide de manera directa sobre el cálculo de su mesada pensional.
(iv) La reliquidación de la pensión del
señor Luis Evelio Hoyos Zapata se hizo teniendo en cuenta todos los factores
salariales devengados en el cargo de magistrado auxiliar, aplicando el Decreto
546 de 1971, esto es, sueldo básico, prima especial, bonificación por gestión
judicial, bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios y
prima de navidad[161] desconociendo que los
factores salariales aplicables, al no determinar el monto de la pensión (lo
cual sí hace parte de la transición) sino parte de la base de liquidación de la
misma, debieron ser aquellos señalados por la normativa actual, es decir, el Decreto
1158 de 1998.
(v) Al incluir todos los factores
salariales percibidos como magistrado auxiliar para la reliquidación de la
mesada pensional del señor Luis Evelio Hoyos Zapata, se desconoció lo
establecido por el legislador en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y por el
Constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto a que para liquidar
las pensiones solo deben tenerse en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones, teniendo en cuenta que el señor
Hoyos únicamente cotizó como magistrado auxiliar por un periodo de poco más de
un mes, siendo sus demás cotizaciones correspondientes a sus cargos de juez de
circuito, juez municipal, auxiliar judicial, entre otros.
Así las cosas, esta Sala concluye que las
sentencias que ordenaron reliquidar la pensión del señor Luis Evelio Hoyos
Zapata con base en la legislación especial, es decir, con base en todos los
factores percibidos en la asignación más alta del último año de servicios,
afirmando que el ingreso base de liquidación hace parte del régimen de
transición, incurrieron en defecto sustantivo o material vulnerando el derecho
fundamental al debido proceso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP en
tanto, interpretaron indebidamente el alcance del artículo 36 de la Ley 1000
de  1993 ya establecido por esta Corte en las sentencias C-168 de 1995 y C-258
de 2013 y omitieron la aplicación de la citada norma y acudieron ultractivamente
a las disposiciones anteriores para determinar el IBL aplicable..
11.2. Análisis frente al defecto fáctico
La entidad demandante aduce que los fallos atacados incurrieron
también en un defecto fáctico por cuanto omitieron valorar las pruebas obrantes
en el expediente laboral que (i) evidenciaban la presencia de una vinculación
precaria ostentada por el causante en su último año de servicio de un mes y
veinte días como magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura;
(ii) desencadenó en que el IBL se liquidó con la asignación y factores
salariales propios de dicho cargo (magistrado auxiliar); (iii) obviaron el
expediente pensional del causante donde se observa claramente que nunca hizo
cotizaciones como magistrado auxiliar sino en otros cargos como escribiente,
oficial mayor, secretario, juez municipal y juez del circuito, lo que
incrementó injustificadamente no solo su IBL sino también los factores
salariales a tener en cuenta.
Lo alegado se enmarcaría en el defecto
fáctico, en tanto este se configura cuando: (i) se omite por parte del juez,
decretar y practicar pruebas, para dilucidar hechos que son indispensables para
la solución del caso, (ii) no se valoran las pruebas allegadas al proceso
judicial que de haberlas tenido en cuenta, la solución del asunto variaría
sustancialmente, (iii) cuando se valoran de manera defectuosa las pruebas
aportadas. Pasa la Sala a verificar la configuración de alguna de estas
circunstancias en la sentencia acusada.
Para el caso específico, el asunto se
enmarca en el tercer panorama dado que, al aplicar un régimen especial en lo
atinente al IBL con lo cual, como ya se dijo, incurrió en un defecto sustantivo
o material, se le dio un tratamiento equivocado a las pruebas allegadas en el
proceso ordinario laboral.
Así, aunque se tuvieron en cuenta aquellas
pruebas que evidenciaban que el señor Hoyos pertenecía al régimen de transición
y que, por lo tanto, se debía aplicar el régimen especial en cuanto a edad,
tiempo de servicios y tasa de remplazo, y que en lo demás debía aplicarse la
normativa vigente, equivocadamente se concluyó que el IBL hacía parte de la
transición y que por tanto, era el señalado por el régimen anterior. De esta
manera, encuentra la Sala que se debió promediar lo devengado por el actor en
los últimos diez (10) años de servicios como lo señala la norma actual, con lo
cual bastaba observar la historia laboral del señor Hoyos que daba cuenta de lo
percibido por él como escribiente, oficial mayor, secretario, juez municipal y
juez del circuito, incluso, como magistrado auxiliar.
Por otra parte, se valoraron
defectuosamente las certificaciones allegadas por la Dirección Seccional de la
Rama Judicial Seccional Medellín, en donde se reflejaban los aportes realizados
a seguridad social que evidenciaban que el señor Luis Evelio Hoyos Zapata nunca
realizó cotizaciones al Sistema como magistrado auxiliar, excepto por las
realizadas en un mes y 20 días, por lo demás sus aportes correspondían a lo
devengado como escribiente, oficial mayor, secretario, juez municipal y juez
del circuito, entre otros.
También, se valoraron de manera errónea las
pruebas allegadas en tanto se aplicó una norma equivocada referente al IBL,
dándole el valor que no se debía por ejemplo a una certificación de lo
percibido como magistrado auxiliar, teniendo en cuenta todos los factores
salariales recibidos, y encaminando dichas pruebas a liquidar una mesada
pensional desproporcionada.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala
concluye que las sentencias acusadas incurrieron en defecto fáctico
porque pese a que las pruebas fueron analizadas de manera integral y en
conjunto, su estudio fue realizado bajo el Decreto 546 de 1971 incluyendo el
IBL y los factores salariales a tener en cuenta para su cálculo. De esta
manera, es necesario que las pruebas se valoren conforme al Decreto 546 de
1971, al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al Decreto 1158 de 1998 y al Acto
Legislativo 01 de 2005.
11.3. Análisis frente al defecto de
desconocimiento del precedente constitucional
En este punto, aduce la demandante que las sentencias acusadas
desconocieron el precedente jurisprudencial en tanto omitieron las sentencias
C-168 de1995, C-258 de 2013, T-078 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU
395 de 2017, Auto 229 de 2017, T-494 de 2017, T-018 de 2018, T-039 de 2018 y
T-328 de 2018 referentes a “la vinculación precaria, la forma de liquidar el
IBL de las personas sujetas al régimen de transición y qué factores deben ser
incluidos”.
Al respecto, esta Sala concluyó previamente que aunque en dos autos de
esta Corte se consideró que el defecto por desconocimiento del precedente se
configuraba a partir de la expedición de la sentencia C-168 de 1995[162],
de acuerdo con los fallos proferidos por este Tribunal, el mencionado defecto
se configura a partir de la sentencia C-258 de 2013 como sentencia hito en
la que se señaló específicamente que el IBL no hacía parte de los aspectos
incluidos en el régimen de transición en pensiones. Dicha sub regla ha sido
reiterada, entre otras, en las sentencias  T-078 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU 395 de 2017, Auto 229 de 2017, T-494 de 2017, T-018 de 2018,
T-039 de 2018 y T-328 de 2018, lo cual constituye una línea jurisprudencial
consolidada, imperante y en vigor de esta Corporación. No obstante, para la
época de los fallos acusados (2010) tanto la C-258 de 2013 como sus
reiteraciones no habían sido proferidas aun.
Por tanto, esta Sala concluye que los fallos emitidos por el Juzgado
Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín,
Sala Decimoctava de Decisión Laboral, no desconocieron el precedente
fijado en la sentencia C-258 de 2013 ni los fallos que la reiteran en tanto para
la fecha en que fueron emitidos los fallos acusados (2010) la señalada
sentencia, como demarcadora de la posición unificada de la Corte Constitucional
respecto del IBL de pensiones de beneficiarios del régimen de transición, no
había sido proferida aún (07 de mayo de 2013).
11.4. Análisis frente al defecto de
violación directa de la Constitución
Finalmente, y
teniendo en cuenta que el juez de tutela está facultado para emitir sentencias
extra y ultra petita, cuando de la situación fáctica de la demanda puede
evidenciar la vulneración de un derecho fundamental, aun cuando su protección
no haya sido solicitada por el peticionario[163],
esta Sala analizó si los fallos acusados se enmarcan dentro del defecto por
violación directa de la Constitución, como causal especial de procedencia de la
acción de tutela,  encontrando que sí incurrieron en este yerro al
considerar que era procedente aplicar un IBL consagrado en un régimen especial
derogado para liquidar una pensión de una persona beneficiaria del régimen de
transición, desconociendo flagrantemente los principios de igualdad y
solidaridad contemplados en el artículo 48 de la Constitución y construyendo
argumentos sobre las reglas de la transición y criterios de interpretación
distintos a los ya establecidos por la ley.
Aunado a lo
anterior, es importante recordar que se trata de una pensión que al
reliquidarse desconociendo la correcta interpretación del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, aumentó en un 257.40% pasando de $3.249.459,74
a $11.613.704 para el año 2010 y de $5.135.252 a $15.812.211 para el 2018. Lo
anterior, teniendo en cuenta que fue una mesada calculada con base en el mayor
valor percibido en el último año de servicios (vinculación precaria de un mes y
veinte días) e incluyendo todos los factores recibidos, por lo que se trata de una
prestación otorgada sin el financiamiento suficiente, es decir, contraviniendo
lo ordenado por el Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto a que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones vulnerando directamente una norma
constitucional y además atentando contra la sostenibilidad financiera del sistema.
11.5. Órdenes a
impartir
(i) Teniendo en cuenta lo anterior, se
revocarán las decisiones proferidas en sede de tutela, en tanto declararon
improcedente la acción constitucional.
(ii) Se dejarán sin efectos las sentencias
proferidas por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior de Medellín, Sala Decimoctava de Decisión Laboral, al
interior del proceso laboral iniciado por el señor Luis Evelio Hoyos Zapata contra
Cajanal.
(iii) Dispondrá que la UGPP, en el término
de 15 días contados a partir de la notificación de esta providencia, deberá
reliquidar la pensión reconocida al señor Luis Evelio Hoyos Zapata, hoy en
cabeza de sus beneficiarias (compañera permanente supérstite y de su hija)
teniendo como ingreso base de liquidación el promedio de los ingresos
percibidos por el afiliado en los diez últimos años de servicio, incluyendo los
factores salariales sobre los cuales se realizaron efectivamente cotizaciones
al sistema pensional, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al Consumidor.
(iv) Se advertirá a la UGPP que la
disminución de la mesada pensional reconocida al señor Luis Evelio Hoyos
Zapata, hoy en cabeza de sus beneficiarias, no tendrá efectos de manera
inmediata, sino que los mismos entrarán a regir luego de transcurridos seis
meses contados a partir de la notificación de la resolución que se expida por
la entidad demandante en cumplimiento de esta providencia, así como que no
habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya percibidas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en Auto del trece (13) de mayo de
dos mil diecinueve (2019).
SEGUNDO.-
REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal el 13 de diciembre de 2018, en la que se
confirmó el fallo de primera instancia emitido por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral el 10 de octubre de 2018, en el que se
resolvió declarar improcedente la acción de tutela y, en su lugar, CONCEDER
el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS las providencias emitidas tanto por el
Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el 25 de marzo de 2010 y por
el Tribunal Superior de Medellín, Sala Decimoctava de Decisión Laboral el 29 de
octubre de 2010 dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Luis Evelio
Hoyos Zapata contra Cajanal.
CUARTO.- DISPONER que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, en el término de 15
días contados a partir de la notificación de esta providencia, deberá
reliquidar la pensión reconocida al señor Luis Evelio Hoyos Zapata, hoy en
cabeza de sus beneficiarias (compañera permanente supérstite y de su hija)
teniendo como ingreso base de liquidación el promedio de los ingresos
percibidos por el afiliado en los diez últimos años de servicio, incluyendo los
factores salariales sobre los cuales se realizaron efectivamente cotizaciones
al sistema pensional, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al Consumidor.
QUINTO.- ADVERTIR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP que la disminución de
la mesada pensional reconocida al señor Luis Evelio Hoyos Zapata, hoy en cabeza
de sus beneficiarias, no tendrá efectos de manera inmediata, sino que los
mismos entrarán a regir luego de transcurridos seis meses contados a partir de
la notificación de la resolución que se expida por la entidad demandante en
cumplimiento de esta providencia, así como que no habrá lugar al reintegro de
sumas de dinero ya percibidas.
SEXTO.- DEVOLVER a través de la Secretaría de la Corte Constitucional, el expediente con radicación No. 05001 310502120090078100,
correspondiente al proceso ordinario laboral de Luis Evelio Hoyos Zapata contra
CAJANAL EICE, al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.
SÉPTIMO.-
LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría
General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal el 13 de diciembre de 2018, que a su vez confirmó la sentencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral el 10 de
octubre de 2018.
[2] Sala de Selección Número Tres, conformada por las magistradas Diana
Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado. Auto de selección del 15 de marzo
de 2019, notificado el 1º de abril de 2019.
[3] Esto ya que se probó que el demandante era beneficiario del
régimen de transición por tener más de 40 años al momento de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993.
[4] El demandante interpuso recurso de reposición con base en que se
debió liquidar su IBL teniendo en cuenta el mayor valor percibido en el último
año de servicios y no el promedio de los últimos 10 años. Además que era
necesario que se le tuvieran en cuenta todos los factores salariales como
primas de vacaciones y navidad.
[5] El juez de instancia ordenó el pago de la diferencia o reajuste de
las mesadas pensionales causadas a partir del 01 de julio de 2009 dado que fue
para esa fecha cuando comenzó a percibir la prestación pues se comprobó su
retiro efectivo.
[6] Se ordenó el pago del retroactivo hasta esta fecha dado que en
adelante ya se pagaría la mesada reliquidada.
[7] El juzgado de primera instancia, al liquidar el IBL incluyó una
doceava de la bonificación por actividad judicial y una doceava de la
bonificación por gestión judicial.
[8] La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en auto del
3 de octubre de 2018 admitió la acción de tutela, vinculó al trámite a Dalila
del Socorro Sánchez Montoya y a la menor “M.H.V.”, tuvo como pruebas las
documentales allegadas, corrió traslado de las diligencias a la accionada y
vinculado para que en el término de un (1) día rindieran informe sobre los
hechos y pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción,  requirió a
las autoridades judiciales para que, dependiendo de quien tuviera el expediente
materia de debate, en el término de un (1) día informaran si en el proceso
existen otros sujetos procesales o intervinientes, y de ser así, los
relacionara y, finalmente, negó la medida provisional solicitada por no reunir
los requisitos previstos en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. Folio 5,
cuaderno 2 del expediente de tutela.
[9] Oficio No. 740 del 5 de octubre de 2018, enviado por correo
electrónico el 8 de octubre de 2018. Folio 22, cuaderno 2 del expediente de
tutela.
[10] Correo electrónico enviado el 9 de octubre de 2018. Folio 48,
cuaderno 2 del expediente de tutela.
[11] Escrito del 8 de octubre del 2018, allegado a la Corte Suprema de
Justicia a través de correo electrónico de la misma fecha. Folios 25 al 38,
cuaderno 2 del expediente de tutela.
[12] Folios 82 al 85, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[13] Folios 86 al 89, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[14] Folio 90, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[15] Folios 91 al 93, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[16] Folio 94, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[17] Folios 96 al 98, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[18] Folios 99 al 100, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[19] Folios 101 al 103, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[20] Folios 104 al 107, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[21] Folio 108, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[22] Folios 109 al 111, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[23] Folios 112 al 116, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[24] Folios 117 al 118, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[25] Folios 118 al 121, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[26] Folio 121 (b), cuaderno 1 del expediente de tutela.
[27] Folio 122, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[28] Folio 123, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[29] Folio 124, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[30] Folio 125, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[31] Folios 126 y 127, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[32] Folios 39 al 46, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[33] Folio 46b, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[34] Folios 2 al 37, cuaderno sede de revisión.
[35] Se aclara que el fallo de instancia resolvió “negar” la
acción de tutela por incumplimiento de requisitos de procedencia, lo cual es
una fórmula equivocada dado que cuando se presenta el incumplimiento de alguno
de dichos requisitos, lo pertinente es declarar improcedente el amparo.
[36] Escrito radicado el 26 de octubre de 2018. Folios 136 al
176, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[37] Tema que había sido tratado, entre muchas otras, en las Sentencias
T-079 de 1993 y T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-118 de 1995 (MP
José Gregorio Hernández Galindo), T-055 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-204 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara), T-001 de 1999 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-1009 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-025 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynnet), T-188 de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[38] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño), reiterada uniformemente en múltiples pronunciamientos como en
las sentencias T-950 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-905 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-203 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-264
de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-583 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-453 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-589 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa), T-464 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-872 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo), SU-918 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-103 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-213 de 2014
(MP María Victoria Calle Correa), SU-297 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez),
T-060 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo) y T-176 de 2016 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[39] Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[40] Artículo 20 de la Ley 797 de 2003: “Revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes
tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación. || La revisión
también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial. || La revisión se tramitará por el
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el
respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por
las causales consagradas para este en el mismo código y además: || a) Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
[41] Lo anterior fue inicialmente señalado en la sentencia C-258
de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[42] El Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contralor General de la
República o el Procurador General de la Nación.
[43] Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[44] La Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez), indicó que en el caso específico de las
reclamaciones que presente la UGPP atacando decisiones judiciales proferidas
antes a que dicha entidad asumiera la defensa judicial de CAJANAL, “el plazo
para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que
la demandante asumió las funciones de esta última empresa [CAJANAL], es
decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013”.
[45] Corte Constitucional, sentencias C-258 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), SU-427 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) y SU-631 de
2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
[46] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de
2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[47] Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[48] Corte Constitucional, sentencia SU-395 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[49] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[50] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[51] (a) El monto del incremento pensional; (b) la vinculación precaria
en cargos con asignaciones salariales superiores, (c) la falta de
correspondencia entre el reconocimiento pensional y la historia laboral del
beneficiario y (d) la ventaja irrazonable en comparación con otros
beneficiarios del sistema pensional como es el caso de la exclusión de topes al
monto pensional.
[52] Corte Constitucional, sentencia T-212 de 2018 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[53] Corte Constitucional, sentencia T-212 de 2018 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado), reiterando lo señalado en la sentencia SU-427 de 2016
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[54] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[55] “M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez”.
[56] “M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez”.
[57] “M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado”.
[58] “T-212 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado),
reiterando las sentencias T-034 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y
T-039 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado)”.
[59] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[60] Sobre este punto, es pertinente recordar que esta Corporación ha
establecido como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales el principio de inmediatez, el cual se traduce en el
deber de solicitar el amparo constitucional tan pronto como sea posible,
atendiendo las particularidades del hecho que genera la violación. Al respecto,
se puede consultar entre muchas otras: sentencias T-1089 de 2004 (MP Álvaro Tafur
Galvis), T403 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés
Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería), T-607 de 2008 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-680 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-611 de 2011 (MP
Mauricio González Cuervo), T-323 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-034 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), SU-377 de 2014 (MP María
Victoria Calle Correa) y T-539 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[61] Corte Constitucional, sentencias T-060 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo), T-360 de 2018 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo), T-073 de
2019 (MP Carlos Bernal Pulido).
[62] Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2019 (MP Carlos Bernal
Pulido).
[63] Corte Constitucional, sentencias T-060 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo), T-360 de 2018 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo), T-073 de
2019 (MP Carlos Bernal Pulido).
[64] Cinco años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la
providencia judicial.
[65] Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño).
[66] Dichas causales han sido reiteradas y tenidas en cuenta para fallar
innumerables casos en donde la(s) providencia(s) atacada(s) presenta(n) alguno
de los defectos señalados. Por ejemplo, las sentencias SU-540 de 2007 (MP
Álvaro Tafur Galvis), T-766 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-819 de
2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-257 de 2010 (MP Mauricio González
Cuervo), T-429 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-978 de 2011 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-010 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-267 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-482 de 2013 (MP
Alberto Rojas Ríos), T-941 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-414 de
2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-574 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo), entre otras.
[67] Corte Constitucional, sentencia T-008 de
1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T- 156 de 2000 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), SU-416 de 2015 (MP
Alberto Rojas Ríos).
[68] Corte Constitucional, sentencia T- 757 de
2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[69] Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2017 (MP Diana Fajardo
Rivera) reiterando lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), SU-400 de 2012 (MP (e) Adriana María Guillén Arango), SU-416
de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos) y SU-050 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[70] Corte Constitucional, sentencias T-118A de 2013 (MP Mauricio
González Cuervo), SU-490 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[71] Corte Constitucional, sentencias SU-241 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado), SU-432 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), SU-427 de 2016
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[72] Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[73] Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), reiterada en sentencias como la T-555 de 1999 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-1100 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-781 de
2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras.
[74] Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), citando la sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[75] Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[76] Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), reiterada en la sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[77] “Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz)”.
[78] “Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para
la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar
y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere
resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por
tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de
hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal,
haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes
ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a
las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo
pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son
excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo
injustificadamente la posición contraria”.
[79] “Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993 (MP Jorge Arango
Mejía)”.
[80] “Ver por ejemplo la sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera
Carbonell)”.
[81] Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[82] Algunas decisiones en que la Corte Constitucional ha considerado
que se configura un defecto fáctico son: T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-778 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-996 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-171 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
T-908 y T-808 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1065 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-162 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería), T-458
de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1082 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-417 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-808 de 2009 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), T-653 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-350 de
2011 (MP María Victoria Calle Correa), SU-424 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), SU-950 de 2014 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado), SU-240 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica
Méndez), SU-406 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-090 de 2017 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[83] Corte Constitucional, sentencia T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[84] “Un caso en el que esta Corporación consideró que existió vía de
hecho por defecto fáctico, por haberse omitido la valoración de algunas
pruebas, lo constituye la sentencia T-039 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Sobre este mismo tópico, la sentencia T-902 de 2005, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, igualmente es ilustrativa.” Otros casos en los que la
Corte Constitucional ha fallado por encontrarse un defecto fáctico por omitir
la valoración de alguna prueba son: T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis),
T-747 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-078 de 2010 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), T-360 de 2011  (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-628 de
2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-1100 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-803 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-261 de 2013 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), T-734 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), T-241 de
2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
[85] “Ibídem”.
[86] “Al respecto, puede consultarse la sentencia T-235 de 2004, M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra”.
[87] Corte Constitucional, sentencia T-916 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), reiterada, entre otras, en la sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto).
[88] Corte Constitucional, sentencia SU -354 de 2017 (MP Iván
Humberto Escrucería Mayolo).
[89] Corte Constitucional, sentencia T-369 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[90] Reiterando lo señalado en las sentencias SU-640 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-270 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla), entre
otras.
[91] Reiterado en la sentencia T-018 de 2018 (MP José Fernando
Reyes Cuartas).
[92] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2018 (MP José
Fernando Reyes Cuartas) reiterando la T-270 de 2013 (MP Nilson Pinilla
Pinilla).
[93] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2018 (MP José
Fernando Reyes Cuartas) reiterando la Sentencia T-102 de 2014
(MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[94] Constitución Política de Colombia. Artículo 243.
[95] Corte Constitucional, sentencia T-410 de 2014 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), reiterada en el fallo T-123 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), entre otras.
[96] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2018 (MP José
Fernando Reyes Cuartas).
[97] Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2017 (MP María Victoria
Calle Correa).
[98] Corte Constitucional, sentencia T-1092 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), reiterado en la T-656 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-536 de 2017 (MP Iván Humberto Escrucería Mayolo), y T-018 de 2018
(MP José Fernando Reyes Cuartas).
[99] Corte Constitucional, sentencia T-107 de 2016 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[100] Corte Constitucional, sentencia T-018 de
2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[101] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2018 (MP José Fernando
Reyes Cuartas) reiterando la T-410 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
reiterada en el fallo T-123 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), entre
otras.
[102] Sentencia SU-024 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[103] Sentencia T-949 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[104] Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[105] Sentencia SU-336 de 2017 (MP Iván Humberto Escrucería Mayolo).
[106] Sentencia T-809 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), reiterada en
las sentencias SU-024 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger) y SU-069 de 2018
(MP José Fernando Reyes Cuartas).
[107] Sentencia SU-024 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[108] Corte Constitucional, sentencias C-789 de 2002 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-543 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo) y T-045 de 2016 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[109] Consideración basada y reiterativa de lo señalado en la
SU-023 de 2018 (MP Carlos Bernal Pulido).
[110] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del
7 de febrero de 2018 (52594): “Es sabido que con los regímenes de transición
especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a
los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera
grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio
normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho. || Desde
luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la
utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o
modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su
integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más
favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte
Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de
definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como
las referidas a los derechos prestacionales. || Precisamente con el régimen de
transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no
quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su
totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino
solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por
reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus
beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del
Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base
salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones
legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía
falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo
36 citado (…)”.
[111] Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 2018 (MP Carlos
Bernal Pulido).
[112] Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 2018(MP Carlos
Bernal Pulido). Dicha tesis ha sido reiterada por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias con radicados exp. 20223 de
1997, exp. 11128 de 1998, exp. 11455 de 1999, exp. 19663 de 2003, exp. 22226 de
2004, exp. 33578 de 2008, exp. 33343 de 2008, exp. 31711 de 2009, exp. 571960
de 2018, 52594 de 2018.
[113] Esta tesis se fundamentó en un concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del 20 de mayo del año 1998.
[114] Corte Suprema de Justicia, expedientes No. 470-90 de 2000 y 2004-00
de 2000. En la última se señaló: “[e]n armonía con lo anterior, concluye la
Sala, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consagró el
régimen de transición, consistente en que, las personas que cumplan las
hipótesis allí previstas, en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto de la
pensión, se les aplica en su integridad el régimen anterior que las regula y
beneficia.  Si se aplica el inciso tercero del mismo artículo 36 de la citada
ley, para establecer la base de liquidación de la pensión, se escinde la ley,
pues la normatividad anterior (Ley 33 de 1985) señala la forma de liquidar la
pensión, se desnaturaliza el régimen, y se dejaría de aplicar el principio de favorabilidad
de la ley en los términos ya indicados”.
[115] Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 2018 (MP Carlos
Bernal Pulido).
[116] Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 2018 (MP Carlos
Bernal Pulido).
[117] “81. Esta tesis ha sido reiterada en casos posteriores, del 16 de
febrero de 2006 (radicación 4076-04), 6 de marzo de 2008 (radicación 4799-05) y
17 de abril de 2013 (radicación 0112-12).” Corte Constitucional, SU-023 de 2018
(MP Carlos Bernal Pulido).
[118] Consejo de Estado, Sección Segunda.
Expediente No. 0112-2009.
[119] Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
[120] La Corte, mediante control abstracto de constitucionalidad de los
artículos 11 parcial, 36 parcial, y 288 de la ley 100 de 1993, excluyó del
ordenamiento jurídico colombiano, aquellas expresiones del artículo 36 referido
que establecían un trato discriminatorio para la población afiliada al sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se tomaba
como base en el promedio de los devengado los 2 últimos años de servicios, para
los segundos, el promedio se calcula solamente, sobre lo devengado en el último
año. || En esa ocasión se señaló: “Dado que en la [L]ey 100 de 1993 se
modifican algunos de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se
establece en el inciso segundo del artículo 36, materia de acusación, un
régimen de transición que da derecho a obtener ese beneficio mediante el
cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas
estatuidas en la legislación anterior, para las personas que a la fecha de
entrar a regir el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años o más de
edad si son mujeres, y 40 o más años de edad si son hombres; o a quienes hayan
cumplido 15 o más años de servicios cotizados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para obtener tal derecho son los
contenidos en las disposiciones de la nueva ley.”
[121] Corte Constitucional, Auto 229 de 2017 (MP José Antonio Cepeda
Amarís).
[122] Corte Constitucional, Auto 229 de 2017 (MP José Antonio Cepeda
Amarís).
[123] Corte Constitucional, sentencia T-078 de 2014 (MP Mauricio González
Cuervo).
[124] Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[125] De manera previa, en el Auto 326 de 2014, al conocer el incidente
de nulidad de la sentencia T-078 de 2014, en la que la Sala Segunda de Revisión
había negado las pretensiones, en un caso similar al que se estudia, la Sala
Plena consideró lo siguiente: “A partir de las anteriores razones, la
Sala Plena considera que la solicitud de nulidad no está llamada a prosperar,
por cuanto la Sala Segunda de Revisión de Tutelas no cambió la jurisprudencia
constitucional en vigor, relativa a la interpretación del inciso 2º y 3º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo atinente a la forma de liquidar el
monto y el ingreso base de liquidación, sino que, por el contrario, siguió en
estricto rigor la interpretación autorizada que realizó la Sala Plena en la
Sentencia C-258 de 2013, que por un lado, ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional sólo en cuanto al régimen pensional especial contenido en la Ley
4 de 1992 y, que por otro lado, preciso es reiterarlo, establece un precedente
interpretativo sobre la aplicación del artículo 21 y el inciso 3° del artículo
36 de la Ley 100/93, según el cual el monto y el ingreso base de liquidación se
calculan bajo presupuestos diferentes, el primer concepto, bajo el régimen
especial del que fuese beneficiario el afiliado antes de la entrada en vigencia
del tránsito normativo, y el segundo, siguiendo lo previsto en las normas antes
mencionadas de la Ley 100/93 [32]”.
[126] “Consultar, entre otras, las Sentencias C-258 de 2013, T-078 de
2014 y SU-230 de 2015”.
[127] Corte Constitucional, SU-023 de 2018 (MP Carlos Bernal
Pulido).
[128] “El Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su artículo 1 que el
Legislador debía regular un procedimiento breve para la revisión de las
pensiones reconocidas con abuso del derecho, o sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales
válidamente celebrados. Esta disposición no ha sido objeto de desarrollo
legislativo, por tanto, tal como se ha considerado a partir de las sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, reiteradas en las sentencias SU-427 de 2016,
SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, el medio judicial procedente es el recurso
extraordinario de revisión que contemplan los artículos 19 y 20 de la Ley 797
de 2003”.
[129] En este acápite se reiterará lo señalado recientemente en la
sentencia T-109 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[130] MP Carlos Gaviria Díaz.
[131] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[132] Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2019 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[133] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[134] MP Gloria Stella Ortiz Delgado. En
esta oportunidad, la Corte indicó: “[d]ado el sentido que se le dio a las
normas aplicables al caso de Judith Cecilia Santander Rovira  y Judith Aya de
Cifuentes, sin atender las finalidades ni el conjunto de principios que orienta
el sistema de seguridad social en pensiones, se defraudó la solidaridad que lo
rige, pues con un incremento excesivo de las mesadas pensionales que
inicialmente les fueron reconocidas y como consecuencia, en cada caso, de una
vinculación precaria, obtuvieron un beneficio que carga ostensiblemente a los
fondos de naturaleza pública con los que se financian las prestaciones
pensionales de los demás colombianos que han contribuido para solidificarlo”.
[135] Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2019 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[136] Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2019 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[137] MP Carlos Gaviria Díaz.
[138] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[139] Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2019 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[140] En este acápite se reiterará lo señalado recientemente en la
sentencia T-109 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[141] MP Mauricio González Cuervo.
[142] MP José Antonio Cepeda Amarís.
[143] MP José Antonio Cepeda Amarís.
[144] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[145] MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[146] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[147] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[148] Corte Constitucional, sentencia T-643
de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[149] MP José Fernando Reyes Cuartas.
[150] MP Carlos Libardo Bernal Pulido.
[151] MP Alberto Rojas Ríos.
[152] MP Cristina Pardo Schlesinger.
[153] En este acápite se reiterará lo señalado recientemente en la
sentencia T-109 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[154] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[155] MP Alejandro Linares Cantillo.
[156] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[157] Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2019 (MP Gloria Stella
Ortiz delgado).
[158] Dado que la situación fáctica es similar a la tratada en la
sentencia SU427 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), se resolverá
aplicando la misma fórmula contenida en dicho fallo unificador.
[159] Folio 2, expediente ordinario laboral.
[160] Ver supra 9.2.3. y ver por ejemplo los Autos 229 de 2017 (MP
José Antonio Cepeda Amarís) y 617 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[161] Folio 274, expediente ordinario laboral.
[162] Ver Autos 229 de 2017 (MP José Antonio Cepeda Amarís) y 617
de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[163] Corte Constitucional, sentencia T-104 de
2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger): “4. Fallos extra y ultra petita en
el trámite de tutela. 4.1. La Corte Constitucional ha reiterado la posibilidad
que tienen los jueces de tutela de fallar un asunto de manera diferente a lo
pedido. Por ejemplo, en la sentencia SU-195 de 2012[163] la Sala Plena indicó: “En
cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra y ultra petita en
materia de tutela, esta Corte de manera pacífica ha señalado que el
juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo
incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la
informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos
fundamentales violados. Así, desde los primeros pronunciamientos se ha
sentado esta posición, toda vez que conforme a la condición sui
generis de esta acción, la labor de la autoridad judicial no puede
limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino
que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos
fundamentales.” (Subraya fuera de texto)4.2. Lo anterior, reiterando lo
señalado en la sentencia SU-484 de 2008[163], en donde
la Corte, al referirse a la aplicación de la facultad extra petita,
señaló: “En consideración a la naturaleza fundamental de los derechos amparados
por la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, el régimen de
la tutela está dotado de una mayor laxitud que el resto de las acciones
jurídicas. En efecto, mientras que el pronunciamiento
judicial ultra y extra petita está vedado en materia
civil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil[163],
al juez de tutela le está permitido entrar a examinar detenidamente los
hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar
cuáles son los derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, disponiendo lo
necesario para su efectiva protección. No en vano la Corte Constitucional
ha sostenido que: “(…) dada la naturaleza de la presente acción, la labor del
juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier
persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar
encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales
relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En
otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta procedente sino que en
algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra
petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo,
el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho
fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda
vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad
procesal.  Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que
desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo
de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales
fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho.”
(Subraya fuera de texto) Lo anterior permite concluir que el juez de tutela
está facultado para emitir fallos extra y ultra petita, cuando de la
situación fáctica de la demanda puede evidenciar la vulneración de un derecho
fundamental, aun cuando su protección no haya sido solicitada por el
peticionario”.