T-496-07
SENTENCIA
Sentencia T-496/07
ACCION DE TUTELA
EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Reiteración de jurisprudencia sobre procedibilidad
Desde el punto de vista estrictamente
procedimental, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para la protección
de los derechos fundamentales. Como esta Corporación lo ha reconocido, la
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada y la entrega de la
ayuda humanitaria de emergencia o su respectiva prórroga hacen parte del
catálogo de los derechos fundamentales mínimos de la población desplazada.
REGISTRO UNICO DE
POBLACION DESPLAZADA-Pautas
de interpretación de las normas aplicables
REGISTRO UNICO DE
POBLACION DEZPLAZADA-Requisitos
materiales que deben ser verificados por Acción Social en cada caso para que
sea procedente la inscripción
Para determinar si la inscripción en el
Registro de Desplazados es procedente, tanto la ley 387 de 1997 como reiterada
jurisprudencia de la Corte coinciden en señalar que la condición de
desplazamiento resulta de una circunstancia de hecho y no de la declaración que
realice una autoridad o entidad administrativa. Esta circunstancia de hecho
está compuesta por dos requisitos materiales, los cuales deben ser verificados
por Acción Social en cada caso para que sea procedente la inscripción en el
RUPD. La Corte ha definido estos requisitos así: “Sea cual fuere la descripción
que se adopte sobre desplazados internos, todas contienen dos elementos
cruciales: la coacción que hace necesario el traslado y la permanencia dentro
de las fronteras de la propia nación. Si estas dos condiciones se dan, como
ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la menor duda de que se está
ante un problema de desplazados.”
REGISTRO UNICO DE
POBLACION DESPLAZADA-Reglas
específicas que deben guiar este proceso
PRORROGA DE AYUDA
HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE SENTENCIA
C-278/07-Efecto de la
inexequibilidad de la norma legal sobre el decreto que la reglamentó/DECAIMIENTO
DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Su cumplimiento deja de ser obligatorio
La jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado coinciden en indicar que según el
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, sobre los actos
administrativos, ya sean de carácter general o abstracto o particular y
concreto, opera la presunción de legalidad y se consideran válidos a partir de
su existencia. De tal forma que una vez se ha cumplido con los requisitos de
publicidad y notificación quedan revestidos de fuerza ejecutoria. Esto significa
que son de obligatorio cumplimiento, aún en contra de la voluntad de los
administrados, hasta que no hayan sido anulados, suspendidos por la
jurisdicción en lo contencioso administrativo o hayan perdido su fuerza
ejecutoria. La pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos
opera cuando, por ejemplo, desaparecen las circunstancias tanto fácticas como
jurídicas que le dieron origen a este acto o sobre las que se fundamentó su
expedición. Esto ocurre cuando la Corte declara inconstitucionales los
fundamentos de derecho en los que se basó el acto administrativo. Pero esto no
significa que dicho acto sea nulo pues pudo producir efectos jurídicos en el
pasado. En este caso, se está ante el fenómeno del decaimiento del acto
administrativo lo cual significa que su cumplimiento deja de ser obligatorio y
si se pretende hacer exigible, el destinatario podrá oponerse por vía de
excepción, alegando la pérdida de fuerza ejecutoria del acto.
AYUDA HUMANITARIA
DE EMERGENCIA-Reglas
jurisprudenciales sobre su entrega y prórroga
i) A pesar de las restricciones
presupuestales y los recursos escasos, la ayuda humanitaria de emergencia, como
expresión del derecho fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el
Estado para que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación;
ii) la entrega de esta asistencia debe respetar de forma estricta el orden
cronológico definido por Acción Social y sólo podrá hacerse entrega de forma
prioritaria ante situaciones de urgencia manifiesta; iii) la prórroga de la
ayuda humanitaria debe ser evaluada en cada caso concreto, en especial cuando
se trata de adultos mayores o madres cabeza de familia que no cuentan con los
recursos económicos para su sostenimiento; y, iv) la entrega de la prórroga de
la asistencia humanitaria debe realizarse según lo dispuesto en la sentencia
C-278/07, es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su
propio sostenimiento.
DERECHOS DE LOS
DESPLAZADOS-Protección
constitucional
Referencia:
expedientes T-1551591, T-1527592, T-1530574 y T-1528867
Acciones de tutela
presentadas por Leidy Milena Murcia Parra y otros contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de
dos mil siete (2007).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
en el trámite de revisión de los fallos
proferidos en los asuntos de la referencia, dentro de las acciones de tutela
promovidas separadamente por Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo, Jair Genoy,
Carlos Enrique Higuita Usuga y Leidy Milena Murcia Parra contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social.
De manera preliminar debe anotarse que la
presente Sala de Revisión, a través del auto del 24 de abril de 2007, decidió
acumular los citados procesos a fin de ser resueltos en una sola sentencia. Lo
anterior en razón a la analogía de los problemas jurídicos en ellos contenidos,
circunstancia que a la luz del principio de economía procesal justificó la
mencionada acumulación.
I.
ANTECEDENTES
a.    Expediente T-1527592
i.     La acción de tutela interpuesta
El 9 de octubre de 2005, la señora Teresa
de Jesús Bermúdez Acevedo, quien actualmente cuenta con 74 años de edad, y su
grupo familiar, se desplazaron hacia la ciudad de Medellín a raíz de la
violencia ejercida por los grupos armados en el municipio de Támesis,
Antioquia. El 16 de diciembre de 2005 acudió ante la Unidad Permanente para los
Derechos Humanos de la Personería de Medellín y rindió declaración sobre su
desplazamiento.
Mediante la resolución #050018716 con fecha
del 16 de enero de 2006, Acción Social ordenó excluirla del Registro Único de
Población Desplazada (en adelante RUPD) porque su declaración resultaba
contraria a la verdad. Según la Entidad, la afirmación de la señora Bermúdez de
ser desplazada desde el 9 de octubre de 2005 desde Támesis, Antioquia quedó
desvirtuada al comprobarse que se encontraba registrada en el Sisben de La
Estrella -Antioquia-, desde el 29 de septiembre de 2004. Además, según la entidad,
el relato del desplazamiento no era claro.
El 8 de marzo de 2006, la señora Bermúdez
interpuso recurso de reposición contra dicha resolución. Acción Social indicó
que en el recurso la actora no desvirtuó las razones por las cuales quedó
excluida del RUPD y confirmó la decisión anterior.
Ante este segundo rechazo, el 10 de octubre
de 2006 la señora Bermúdez interpone acción de tutela. En su criterio, la
exclusión del RUPD vulnera sus derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, integridad física, derecho de petición, derecho a la libre circulación,
derecho a la protección de personas de la tercera edad, derecho a la igualdad,
salud y seguridad social.
La accionante afirmó que actualmente su
situación amerita especial atención. Al respecto indicó:
“Señor Juez, no
sabemos que camino tomar, estamos desesperados, pasando constante hambre. No
sabemos si es mejor devolvernos para el Municipio de donde fuimos desplazados y
asumir las consecuencias por parte del grupo al margen de la Ley o esperar a
una respuesta de las instituciones gubernamentales destinadas a apoyar a la
población desplazada.”
La accionante solicita la tutela de los
derechos fundamentales invocados y que se ordene su inclusión y la de su grupo
familiar en el Registro de Población Desplazada para poder recibir las ayudas
humanitarias de emergencia.
ii.     Respuesta de la entidad accionada
El 12 de octubre de 2006, el juzgado
veintitrés penal del circuito de Medellín corrió traslado a la Secretaría de
Bienestar Social del Municipio de Medellín y a Acción Social para que se
pronunciaran sobre la acción de tutela interpuesta.
Mediante escrito del 13 de octubre de 2006,
la Secretaria de Bienestar Social indicó que no ha vulnerado ni amenazado los
derechos fundamentales de la peticionaria. Para la Secretaría, Acción Social es
la única entidad del orden nacional responsable de la valoración e inclusión en
el sistema de información de la población desplazada. Adicionalmente, señaló
que para entregar la atención humanitaria de emergencia es necesaria la previa
inscripción de la persona desplazada en la base de registro de Acción Social, y
dado que la peticionaria no aparece inscrita en dicho registro la Secretaría no
puede brindar la ayuda porque de hacerlo estaría violando la ley 387 de 1997 y
el decreto reglamentario 2569 del 2000.
Acción Social, mediante escrito del 18 de
octubre de 2006, se opuso a las peticiones de la accionante. Indicó que el
Comité de Valoración de la Unidad Territorial de Antioquia verificó que los
hechos narrados por la accionante eran contrarios a la verdad. Si bien la
accionante manifestó que durante 77 años y 11 meses residió en el municipio de
Támesis (Antioquia), la entidad logró establecer que en el 2004, fecha en la
que debería estar residiendo en el municipio de Támesis, la accionante aparece
inscrita en el Sisben del municipio de La Estrella, desvirtuándose de esta
manera el principio de buena fe.
Según la entidad, las encuestas del Sisben
son para personas que manifiestan ser habitantes permanentes del lugar de la
encuesta, que corresponde a un proceso “que no es de un día ni una cuestión
de casualidad”. Según Acción Social, dentro de dicho proceso el funcionario
encargado verifica la permanencia del ciudadano en el municipio, así como otras
variables tales como la antigüedad, a fin de determinar con certeza que se
trata de verdaderos habitantes del lugar y no de recién llegados al mismo.
Por otra parte, Acción Social señaló que el
relato efectuado por la accionante sobre los hechos de su desplazamiento no era
claro, y en consecuencia, ante los elementos aportados no era posible
determinar las circunstancias que exige el artículo 1 de la ley 387 de 1997
para quedar incluido en el RUPD.
Además, Acción Social informó que el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución que negó la inscripción
no clarifica los motivos por los cuales quedó excluida, ni tampoco presentó
argumentos que desvirtúen la motivación que sostuvo la entidad.
iii.     Decisión judicial objeto de revisión
El juez veintitrés Penal del Circuito de
Medellín, en sentencia del 25 de octubre de 2006 negó por improcedente la
acción de tutela. Indicó que el juez constitucional no puede por medio de la
acción de tutela imponer órdenes que no están expresamente permitidas al no ser
el superior jerárquico ni funcional de Acción Social. Para el juez de
instancia, las entidades accionadas no están vulnerando ni amenazando sus
derechos fundamentales “porque la dama Bermúdez Acebedo, no se encuentra
incluida en el registro único de desplazados.”
b.   Expediente T-1530574
i.     La acción de tutela interpuesta
El 13 de enero de 2004, Jair Genoy junto a
su núcleo familiar salió desplazado de la vereda La Bocana la Reina ubicada en
la Inspección de la Unión Penaya (Caquetá) debido a los enfrentamientos entre
el ejército y la guerrilla. En este sentido el accionante afirmó: “cierto
día comenzaron a avisar que lo mejor era desocupar la vereda (…) dejé las pocas
pertenencias que tenía, una tierra y la casa, sin poder volver pues son la
leyes de ese lugar.”
El 11 de febrero del 2004[1], Jair Genoy se presentó
ante la personería municipal de El Doncello (Caquetá) para rendir declaración
sobre los hechos de su desplazamiento. Sin embargo, no recibió respuesta alguna
de Acción Social sobre su inclusión en el Registro Único de Población
Desplazada.
Ante esta situación, acudió en varias
ocasiones a la Personería municipal para averiguar sobre su inclusión en el
mencionado registro y envió varias cartas a la personería en el mismo sentido
sin recibir respuesta alguna. El 10 de agosto de 2004, la Personería de El
Doncello envió un oficio dirigido al Coordinador de la Unidad Territorial de la
Red de Solidaridad solicitando información sobre la inscripción de varias
personas dentro de la base de datos de Acción Social, entre las que se
encontraba el accionante. A pesar de la intervención de la Personería, no
recibió respuesta. Posteriormente, el accionante tuvo conocimiento de la
decisión de Acción Social de no inscribirlo en el Registro Único de Población
Desplazada, sin que el escrito de tutela el accionante explique cómo se enteró
de esta decisión[2].
La Red de Solidaridad Social, por medio de
la resolución del primero de marzo de 2004 resolvió no inscribir en el Registro
Nacional de Población Desplazada al señor Jair Genoy. La Red fundamentó su
decisión en dos razones: i) el desconocimiento del lugar de desplazamiento y,
ii) la inexistencia de una amenaza directa contra el accionante o su familia.
No obstante, el señor Jair Genoy afirmó que
en su declaración había expuesto que, en efecto, el lugar donde se desplazó era
una inspección. Además, indicó que la notificación de dicha decisión se hizo en
la ciudad de Florencia, y no en El Doncello donde declaró su desplazamiento y
reside actualmente, razón por la cual no pudo presentar los recursos
correspondientes contra dicha decisión.
El 13 de octubre de 2006, Jair Genoy
interpone acción de tutela contra Acción Social. Considera que la decisión de
quedar excluido del RUPD vulnera sus derechos fundamentales conexos a la salud,
alimentación y vivienda en condiciones dignas, por lo que solicitó su
protección.
ii.     Respuesta de la entidad accionada
Acción Social, por intermedio del Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica desestimó las peticiones. La entidad considera que
según su declaración el accionante manifestó: “no a nosotros no nos
amenazaron, si no que salimos porque todo el mundo se salió” por lo tanto,
de conformidad con el artículo 1 de la ley 387 de 1997, Acción Social resolvió
no inscribirlo en el RUPD.
Posteriormente, Acción Social le solicitó
al accionante, mediante oficio del 5 de marzo de 2004, que se acercara a la
Unidad de Atención y Orientación de la Población Desplazada U.A.O., ubicada en
la ciudad de Florencia, para que se notificara personalmente de la resolución
que ordenó su no inclusión en el RUPD. Dado que el accionante no se acercó para
notificarse del acto administrativo, se procedió según el artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo, fijando un edicto para su notificación a
partir del 29 de marzo de 2004, desfijado el 13 de abril de 2004, quedando
notificado de la actuación y agotada la vía gubernativa.
iii.     Decisión judicial objeto de revisión
El juez primero Civil del Circuito de
Florencia declaró improcedente la acción de tutela en sentencia del 1 de
noviembre de 2006. Indicó que Acción Social expuso dos razones para negar la
inscripción en el RUPD, al respecto señaló la Entidad: “[1] existe
desconocimiento de la zona por parte del declarante (hoy accionante) ya que la
Unión Penaya no es municipio, es una inspección, [2] no esta registrada
en la declaración amenaza directa contra el declarante o algún miembro de su
familia.”
Al respecto, el juez de instancia considera
que el argumento de no saber el lugar del desplazamiento resulta “baladí” en
cuanto no puede negarse la inscripción de un desplazado por el desconocimiento
de la división territorial del departamento, inclusive, puntualiza el juez de
instancia, “la Unión Penaya no es una inspección de policía, sino un
corregimiento.”
Respecto a la falta de una amenaza directa,
el juez de tutela indicó que este argumento no permite resolver la exclusión
del registro, sobre el particular indicó:
“las razones que
hacen que una persona se desplace no son sólo el producto de amenazas
materiales, sino que el aspecto psicológico juega un papel muy importante,
(como lo ha dicho la Corte en la sentencia T-268-03 arriba citada), y es un
hecho notorio en el Caquetá, que la población urbana y rural de la Unión Penaya
se vio compelida a abandonar su territorio en virtud del conflicto interno y
que este desplazamiento aún está vigente.”
Ahora bien, el juez de instancia indicó que
la no inclusión del accionante en el RUPD es plasmada en un acto administrativo
el cual no es controvertido por el accionante, por lo tanto, desde el punto de
vista exclusivamente procedimental, la acción de tutela resulta improcedente.
En este sentido el juez concluye:
“En el presente
caso, no resulta procedente el amparo como mecanismo transitorio, en cuanto
están cerradas todas las posibilidades para acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa, y que toda las acciones caducaron. (…) por este
motivo y solo por este, se negará la protección solicitada, haciendo énfasis en
que se constató que Acción Social actuó con ligereza, pero la inactividad del
accionante hace inoperante la tutela, el cual es un mecanismo excepcional, de
carácter subsidiario, que no sirve para revivir términos judiciales ya
vencidos.”
c.     Expediente T-1528867
i.     La acción de tutela interpuesta
Carlos Enrique Higuita Usuga, quien
actualmente tiene 70 años, junto a su núcleo familiar compuesto por su cónyuge
y su hija, salieron desplazados por el conflicto interno del municipio de la
Tebaida, Antioquia, hacia la ciudad de Medellín. En febrero de 2004 presentó
declaración de su desplazamiento ante la Personería Municipal de Medellín
quedando inscrito junto a su núcleo familiar en el RUPD. No obstante, desde el
momento de la inscripción hasta la fecha sólo ha recibido un mercado
suministrado por la Unidad de Atención y Orientación, a pesar de haber
solicitado en varias oportunidades la asistencia humanitaria.
Según el accionante, dada su actual
condición, la entrega de la ayuda humanitaria es de suma urgencia: “actualmente
no tenemos con qué pagar arriendo, y estamos atrasados en el pago de los
servicios públicos, estamos aguantando física hambre, con mi hija que en este
momento está enferma.”
Ante la falta de respuesta de Acción
Social, Carlos Enrique Higuita Usuga interpuso acción de tutela el 2 de
noviembre de 2006. El accionante afirmó que la actuación de la entidad vulnera
sus derechos fundamentales a la vida digna, el mínimo vital, la alimentación,
la educación y los derechos de los niños.
ii.     Respuesta de la entidad accionada
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
solicitó denegar la acción de tutela interpuesta. Al respecto la entidad
afirmó:
“De acuerdo al
oficio enviado por la Unidad Territorial de Antioquia – Acción Social, No UTAN
– 11704 de noviembre 1 de 2006, donde se citará vía telefónica al señor
HIGUITA, para el día martes 21 de noviembre de 2006, se acerque a nuestras
oficinas y hacerle entrega de las Ayudas Humanitarias de Alojamiento por tres
meses y en cuanto a los alimentos se remitirá a la Unidad de Atención y
Orientación “UAO” con el fin de que haga entrega de los mismos.”
En consecuencia, Acción Social considera
que al hacerse la entrega de las ayudas reclamadas, no se vulneran los derechos
fundamentales alegados y se estaría frente al fenómeno del hecho superado.
iii.     Decisión judicial objeto de revisión
El juez veinticinco Penal del Circuito de
Medellín, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2006 ordenó negar la acción
de tutela por improcedente. El juez de instancia consideró que, de manera
similar al asunto estudiado en la sentencia T-499/95, la acción de tutela debe
respetar “el orden cronológico y el derecho a la igualdad de las personas
que acuden a que se les otorgue el auxilio para asistencia humanitaria a las
víctimas de la violencia.”
Para el juez de instancia, al accionante no
se le han conculcado sus derechos fundamentales, como quiera que el accionante
se citará por la entidad demandada para hacerle entrega de la ayuda
humanitaria.
d.   Expediente T-1551591
i.     La acción de tutela interpuesta
Leidy Milena Murcia Parra vivía con su
núcleo familiar compuesto por su cónyuge y un hijo menor, en Puerto Alvira
(Meta) en donde trabajaba en una finca de su propiedad. En el año 2004, su
cónyuge desapareció debido a “la violencia imperante contra el Estado”,
razón por la cual se desplazó hacia la ciudad de Villavicencio junto a su hijo,
quedando inscrita en el RUPD a partir del 5 de agosto de 2004.
Según la accionante, Acción Social sólo le
ha entregado tres mercados y tres meses de arriendo, que resultan insuficientes
para satisfacer sus necesidades mínimas. Ante esta situación, interpone acción
de tutela contra Acción Social por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad con su hijo y al reconocimiento
de las obligaciones legales por parte del Estado.
En su escrito solicita al juez que disponga
lo conveniente para que se le adjudique un proyecto productivo, la vivienda y
los tres mercados y los tres meses de arriendo como refuerzo.
ii.     Respuesta de la entidad accionada
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
Acción Social indicó que la accionante se encuentra inscrita en el RUPD desde
el 5 de agosto de 2004 junto con su núcleo familiar. En razón a este hecho, y
según las normas que regulan la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y
las pautas establecidas por la sentencia T-025/04 de la Corte Constitucional,
se le hizo entrega de forma completa e integral de la ayuda humanitaria de
emergencia. Al respecto, la entidad manifestó:
“(…) [L]a entrega se realizó a través del
convenio Acción Social – CHF Operador Pastoral Social de la siguiente manera:
tres (3) meses de recursos para asistencias alimentarias representadas en
mercados los días 4 de noviembre de 2004, 21 de abril y 19 de mayo de 2006;
tres (3) meses de recursos para alojamiento temporal representado en arriendos,
los días 4 de noviembre de 2005 y 3 de mayo de 2006. Además se le hizo entrega
de los respectivos kits humanitarios de aseo.”
Por lo anterior, Acción Social considera
que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales alegados por la
accionante.
iii.     Decisión judicial objeto de revisión
El 13 de diciembre de 2006 el juez cuarto
Civil del Circuito de Villavicencio negó la acción de tutela. Consideró que la
entidad accionada no vulneró con su actuación los derechos fundamentales de la
accionante.
El juez de instancia llega a esta
conclusión por cuanto Acción Social en la contestación de la acción de tutela
manifestó:
“[Acción Social] ha venido prestando la
debida colaboración a la población desplazada, entre ellos a la señora Leidy
Milena García Parra, quien se encuentra inscrita en el Sistema Único de
Registro de la Población Desplazada por la Violencia (SUR) desde el 5 de agosto
de 2004, junto a su núcleo familiar compuesto por su hijo Cristian Camilo
Murcia, de 4 años y medio de edad, recibiendo como Ayuda Humanitaria las
relacionadas por el Coordinador Unidad Territorial Meta.”
II.
PRUEBAS
DECRETADAS EN SEDE DE REVISIÓN
a.    Expediente T-1528867
Por medio del auto con fecha del 20 de
marzo de 2007, se solicitó a la Unidad Territorial de Antioquia de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social y a la Unidad de Atención y Orientación “UAO” para la Población
Desplazada que informaran sobre la entrega de las ayudas humanitarias de
emergencia, que según la contestación de la acción de tutela interpuesta por el
accionante Carlos Enrique Higuita Usuga, sería realizadas el 21 de noviembre de
2006.
Además, se solicitó al accionante, Carlos
Enrique Higuita Usuga, que informara a este despacho: i) si Acción Social le
hizo entrega de la ayuda humanitaria el 21 de noviembre de 2006; ii) qué
componentes de la ayuda humanitaria de emergencia, tales como alojamiento,
asistencia alimentaria, kits de aseo, kits de cocina etc, le fueron entregados;
iii) si Acción Social le ha informado de sus derechos como persona desplazada y
los programas a los que puede acceder.
b.   Expediente T-1527592
Mediante el auto del 14 de mayo de 2007, se
solicitó al Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín
que informara si la señora Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo se encontraba
registrada en la base de datos del municipio de la encuesta Sisben y si estaba
registrada en dicha encuesta como población desplazada.
A su turno, se solicitó al Departamento
Administrativo de Planeación del municipio de La Estrella que indicara si la
señora Bermúdez se encontraba registrada en la encuesta Sisben que aplica dicha
municipalidad, la fecha de realización de la encuesta y su nivel de clasificación.
Finalmente, se solicitó a Acción Social que
remitiera a este despacho copia de la declaración rendida por la señora
Bermúdez sobre los hechos de su desplazamiento, como también cualquier otro
tipo de información que considerara pertinente.
III.
PRUEBAS
RECIBIDAS.
a.    Expediente T-1528867
Acción Social, mediante escrito del 10 de
abril de 2007 informó que al señor Carlos Enrique Higuita Usuga se le hizo
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia. Al respecto la entidad indicó:
“(…) es pertinente
señalar que, según informe de la Unidad Territorial de Antioquia, al señor
Carlos Enrique Higuita Usuga le fue entregada la atención Humanitaria de
Emergencia de forma completa e integral conforme a la ley 387 de 1997 de la
siguiente manera:
Asistencia
alimentaria, auxilio de alojamiento y kits humanitarios (Hábitat) el día 21 de
noviembre de 2006”
Vencido el término probatorio, la
Secretaría General de esta Corporación informó a este Despacho que no se
recibió respuesta sobre la solicitud dirigida al accionante.
b.   Expediente T-1527592
El Técnico en Clasificación Poblacional del
municipio de la Estrella, en el oficio recibido el 8 de junio de 2007, informó:
“la señora Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo no se encuentra registrada en la
Base de Datos de este municipio, pero que una vez revisada la página de la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia, dicha usuaria aparece registrada en
el Municipio de Medellín, (…)”
En este mismo sentido, mediante oficio del
12 de junio de 2007, el subdirector de Metroinformación de la alcaldía de
Medellín informó que la señora Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo se encuentra
identificada y registrada en la base de datos del municipio de Medellín. Al
respecto señaló:
“La vivienda de
la señora Teresa de Jesús con su grupo familiar, fue visitada y encuestada por
primera vez el día 24 de junio de 2005, luego la señora Teresa de Jesús
solicitó incluir a una nueva persona de nombre Lina Marcela Montoya Sucerquia,
modificación realizada el 28 de abril de 2007, como consta en el Certificado
Sisbén, a la fecha la señora Teresa de Jesús, está clasificada en el nivel uno
(1) y este es el estado actual, como el de todo su grupo familiar. En lo
referente a su condición de desplazada no se informó y no quedó registrado en
la ficha de la encuesta dado que el formato original de la encuesta diseñado
por el Departamento Nacional de Planeación no incluye esta variable.”
Por su parte, el Coordinador del Área de
Gestión y Administración Documental y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
Acción Social remitieron al expediente los siguientes documentos:
§  Copia de la declaración realizada ante la
Unidad Permanente para los Derechos Humanos con fecha del 16 de diciembre de
2006.
§  Copia de la resolución del 16 de enero de
2006 en la que se resuelve no incluir a la accionante.
§  Copia del oficio de enero 26 de 2006,
mediante el que se requiere a la señora Bermúdez para que se acerque a la
Unidad Territorial con el fin de que se notifique de la resolución de no
inclusión.
§  Copia de la constancia de diligencia de la
Unidad Permanente para los Derechos Humanos.
§  Copia de la notificación personal de la
resolución de no inclusión.
§  Copia del recurso de reposición interpuesto
por la señora Bermúdez.
§  Copia de la resolución del 24 de marzo de
2006 mediante la cual se decidió el recurso de reposición.
§  Copia de la notificación personal de la
resolución que resolvió el recurso de reposición.
§  Copia del formato de valoración de
población desplazada.
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Corte Constitucional, a través de
esta Sala, es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del
proceso de tutela de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas
en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problemas Jurídicos
2. Los asuntos bajo revisión plantean a la
Corte varios problemas jurídicos. El primero, de tipo procedimental, y que
cobija a todos los expedientes que se revisan, es si la acción de tutela dadas
la condiciones de especial vulneración de los accionantes es el mecanismo
judicial apropiado para la protección de sus derechos fundamentales.
En caso de que la respuesta al problema
jurídico procedimental sea afirmativa, la Corte deberá estudiar los problemas
de fondo que platean los asuntos de la referencia. Es preciso tener en cuenta
que, de conformidad con el sustrato fáctico anteriormente expuesto, los
problemas jurídicos sustanciales están relacionados con dos puntos específicos
de la política pública de atención a la población desplazada, a saber: i) el
Registro Único de Población Desplazada y ii) la entrega de la ayuda humanitaria
de emergencia o su respectiva prórroga.
En este orden de ideas, para los
expedientes T-1.527.592 y T-1.530.574, la Corte deberá establecer: i) si las
razones que expone Acción Social para rechazar la inscripción en el RUPD de los
accionantes Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo y Jair Genoy vulnera sus derechos
fundamentales.
Por otra parte, para los expedientes T-
1.528.867 y T-1.551.591, la Corte deberá estudiar: ii) si existe vulneración de
los derechos fundamentales de los accionantes Carlos Enrique Higuita Usuga y
Leidy Milena Murcia Parra, cuando Acción Social: a) no hace entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia o b) rechaza la solicitud de prorrogar la ayuda
humanitaria.
Finalmente, en relación con la entrega de
la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, la Corte deberá establecer:
iii) cuál es el efecto que tiene la declaración de inconstitucionalidad del
término de duración de la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria, sobre
aquellas normas reglamentarias que reproducen o remiten directamente a esta
norma legal y, su aplicación a los casos concretos.
Para el estudio de los problemas plateados
la Corte pasará a analizar: i) la procedencia de la acción de tutela para la
protección de los derechos fundamentales de la población desplazada; ii) los
principios y derechos constitucionales que deben guiar la inscripción en el
RUPD con el fin de acceder a los componentes de la política pública en materia
de desplazamiento forzado; iii) las reglas jurisprudenciales definidas para la
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y las circunstancias bajo las
cuáles la Corte ha precisado que resulta procedente la entrega de la prórroga
de esta ayuda y, iv) las consecuencias jurídicas que tiene la declaración de
inconstitucionalidad hecha por la Corte en la sentencia C-278/07 de los
fundamentos jurídicos en los que se basó la reglamentación de la ayuda
humanitaria de emergencia contenida en el decreto 2569 del 2000.
Procedibilidad de la acción de tutela en
materia de desplazamiento forzado. Reiteración de jurisprudencia.
3. En reiterada jurisprudencia de esta
Corporación se ha dispuesto que la acción de tutela es el mecanismo judicial
adecuado para la protección de los derechos fundamentales de la población
desplazada[3].
Si bien la Corte entiende que dada la naturaleza jurídica de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social[4]
sus actuaciones pueden ser controvertidas por otros medios de defensa judicial,
en materia de desplazamiento forzado dichos medios resultan insuficientes para
brindar una protección adecuada y eficaz a los derechos fundamentales de uno de
los sectores más marginados de la población colombiana.
Al respecto la Corte ha indicado:
“Esta Corporación
ha sostenido en varias ocasiones que con su deber de suministrar atención y
ayuda a la población desplazada para que cese la vulneración masiva de sus
derechos fundamentales, la tutela es el mecanismo idóneo y expedito para lograr
la protección de los mismos, a pesar de la existencia de otros mecanismos de
defensa que garanticen tal resultado, en vista de la precaria situación en la
que se encuentran y del peligro inminente que afrontan, situaciones que no les
permiten esperar hasta que la jurisdicción ordinaria se ocupe de su caso.[5]”[6]
En este mismo sentido:
“Ahora bien, debe
quedar claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven
sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las
acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la Red, ni a
la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora del Sistema.
Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta
las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que justifican
la procedencia de la acción de tutela.”[7]
Siguiendo la anterior doctrina constitucional,
desde el punto de vista estrictamente procedimental, la acción de tutela es el
mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales.
Como esta Corporación lo ha reconocido, la inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada y la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia o su
respectiva prórroga hacen parte del catálogo de los derechos fundamentales
mínimos de la población desplazada[8].
Una vez resuelto el problema procedimental,
pasa la Corte ha estudiar los problemas de fondo planteados.
El Registro Único de Población Desplazada.
Pautas de interpretación de las normas aplicables. Reiteración de
jurisprudencia.
4. La Red de Solidaridad Social,
actualmente denominada Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social, es la entidad encargada de la
coordinación del Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia.[9]
Entre sus funciones tiene a su cargo el manejo del Registro Único de Población
Desplazada[10],
el cual constituye una herramienta técnica que busca identificar a la población
afectada por el desplazamiento, la cual tiene por objeto actualizar la
información de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios
que el Estado presta a esta población.[11]
5. La Corte en múltiples pronunciamientos
ha insistido en la relevancia constitucional del registro de la población
desplazada, señalando que constituye un medio adecuado para la focalización de
los destinatarios de la política pública en materia de desplazamiento. En este
sentido, se ha subrayado la importancia que tiene el uso adecuado de esta
herramienta por parte de Acción Social, porque de este registro depende el
acceso a las ayudas dispuestas por la política pública de atención al
desplazamiento forzado.
En este sentido, la sentencia T-025 del
2004 indicó que cuando una persona se encuentre bajo las circunstancias de
desplazamiento forzado, tiene derecho a quedar registrada como tal, ya sea de
forma individual o junto a su núcleo familiar.[12]
Adicionalmente, el registro de la población desplazada se encuentra incluido en
los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno,[13] que según la Corte
hace parte del bloque de constitucionalidad[14]
y es un elemento fundamental para la interpretación y la definición del alcance
de los derechos fundamentales de los desplazados.
6. El procedimiento para la inscripción en
el Registro Único de Población Desplazada, definido por la ley 387 de 1997 y el
decreto reglamentario 2569 de 2000[15],
dispone que la persona deberá rendir una declaración sobre los hechos de su
desplazamiento ante la autoridad competente, y posteriormente, Acción Social
tiene a su cargo realizar una valoración de esta declaración y determinar si
procede o no, la inscripción en el mencionado Registro.
Para determinar si la inscripción en el
Registro de Desplazados es procedente, tanto la ley 387 de 1997[16] como reiterada
jurisprudencia de la Corte coinciden en señalar que la condición de
desplazamiento resulta de una circunstancia de hecho y no de la declaración que
realice una autoridad o entidad administrativa[17].
Esta circunstancia de hecho está compuesta por dos requisitos materiales, los
cuales deben ser verificados por Acción Social en cada caso para que sea
procedente la inscripción en el RUPD. La Corte ha definido estos requisitos
así:
“Sea cual fuere
la descripción que se adopte sobre desplazados internos, todas contienen dos
elementos cruciales: la coacción que hace necesario el traslado y la
permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si estas dos
condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la
menor duda de que se está ante un problema de desplazados.”[18]
Una vez acreditadas las dos condiciones que
evidencian una situación de desplazamiento, Acción Social debe proceder a
realizar la inclusión de dicha persona en el RUPD. Ahora bien, el decreto 2591
de 2000 definió una serie de circunstancias en las cuales el registro es
improcedente y por lo tanto la persona queda excluida. Esto ocurre cuando: i) la
declaración resulta contraria a la verdad; ii) existen razones objetivas y
fundadas de no cumplirse con los dos requisitos materiales que permitan
concluir que se está frente a una situación de desplazamiento, iii) la
declaración y la solicitud de inscripción se realice por fuera del término de
un año desde el momento en que ocurrió el desplazamiento[19].
7. La Corte ha enfatizado que el registro
de la población desplazada debe ser aplicado de forma tal que logre obtener los
objetivos propuestos y no se vulneren ni amenacen los derechos fundamentales de
los desplazados. No obstante, en la sentencia T-025/04 y en los autos
posteriores sobre su cumplimiento la Corte ha identificado varios problemas
tanto en el diseño del mecanismo como en su aplicación[20].
Con posterioridad a la sentencia citada, la
Corte Constitucional se ha ocupado en 10[21]
ocasiones sobre el registro de la población desplazada, en donde se han
analizado los problemas que son objeto de estudio.
Esta jurisprudencia coincide en que la
actuación de Acción Social en materia de registro de la población desplazada al
momento de aplicar las normas que regulan esta herramienta no se ajusta a los
parámetros constitucionales que han sido definidos por la Corte para el estudio
de la inscripción en el RUPD, lo que ha conducido a la vulneración de los
derechos fundamentales de esta población.
Al respecto, la Corte ha insistido en que
la población desplazada constituye un sujeto de especial protección
constitucional dada su condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad.[22] En consecuencia, al
momento de evaluar las condiciones formales y materiales que indican que ha
existido una situación de desplazamiento forzado, Acción Social debe: i) tener
en cuenta las especiales circunstancias en las que se produce la declaración
del desplazamiento;[23]
y ii) ajustar su actuación a los parámetros que la Corte ha definido para
realizar la valoración de la declaración, con el fin de identificar los
elementos materiales que reflejan una situación de desplazamiento.
A continuación se reseñarán los parámetros
definidos por la Corte para el estudio de la inscripción en el Registro Único
de Población Desplazada.
8. En varias oportunidades, la Corte ha
señalado que para proteger y garantizar los derechos constitucionales de la
población desplazada, la interpretación de las normas que regulan la
inscripción en el RUPD[24]
debe estar orientada por los siguientes principios: i) las normas de derecho
internacional que hacen parte de bloque de constitucionalidad, a saber: a) el
artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949[25] y b) los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema
de los Desplazamientos Internos de Personas[26];
ii) el principio de buena fe[27];
iii) el principio de favorabilidad y confianza legítima[28] y, iv) el principio de
prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho.[29]
9. A partir de estos principios, la Corte
ha encontrado que el proceso de registro de una persona en el RUPD debe estar
guiado por las siguientes reglas específicas, que en reciente jurisprudencia
fueron recogidas de la siguiente forma:
“28. En virtud de
los anteriores principios la Corte ha identificado una serie de reglas
relativas al registro de una persona en el RUPD que vale la pena recordar[30]. (1)
En primer lugar, los servidores públicos deben informar de manera pronta,
completa y oportuna a quien pueda encontrarse en situación de desplazamiento
forzado, sobre la totalidad de sus derechos y el trámite que deben surtir para
exigirlos[31].
(2) En segundo término, los funcionarios que reciben la declaración y
diligencian el registro sólo pueden requerir al solicitante el cumplimiento de
los trámites y requisitos expresamente previstos en la ley para tal fin[32].  (3)
En tercer lugar, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como
ciertas, prima facie,  las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante[33]. En
este sentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba falta
a la verdad, debe demostrar que ello es así[34];
los indicios deben tenerse como prueba válida[35];
y las contradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el
solicitante falte a la verdad[36].
(4) La declaración sobre los hechos constitutivos de desplazamiento debe
analizarse de tal forma que se tengan en cuenta las condiciones particulares de
los desplazados así como el principio de favorabilidad[37]. (5)
Finalmente, la Corte ha sostenido que en algunos eventos exigir que la
declaración haya sido rendida dentro del término de un año definido en las normas
vigentes puede resultar irrazonable o desproporcionado, en atención a las
razones que condujeron a la tardanza y a la situación que dio lugar el
desplazamiento y en la cual se encuentra la persona afectada[38].”
10. Con base en las anteriores reglas
definidas por la Corte, se ha dispuesto que debe procederse a la inscripción de
quien lo solicita, o la revisión de la declaración rendida, o en su defecto, la
recepción de una nueva declaración siempre y cuando en el caso concreto se
verifique que Acción Social: i) negó la inscripción con base en una valoración
de los hechos expuestos en la declaración de desplazamiento contraria a los
principios de favorabilidad y buena fe[39];
ii) expidió una resolución carente de motivación para negar la inscripción[40]; iii) ha negado la
inscripción por causas imputables a la administración[41]; iv) ha negado la
inscripción por el incumplimiento de requisitos no contemplados por la ley para
quedar inscrito en el Registro[42]
o ha exigido cumplir con requisitos formales que resultan desproporcionados[43]; v) cuando no se
registra al solicitante porque su declaración incurre en contradicciones o su
explicación de los hechos del desplazamiento no son claros[44]; vi) cuando la
exclusión se basa exclusivamente en la aplicación de la encuesta Sisben sin que
se aporten otras pruebas que permitan concluir que la persona no se encuentra
en situación de desplazamiento[45];
vii) cuando no se ha tenido la oportunidad procesal para interponer los
recursos administrativos que permitan controvertir las razones expuestas por
Acción Social para negar la inscripción en el Registro[46].
11. Así, conforme a los parámetros
expuestos para el estudio de la inscripción en el RUPD, la Sala concluye que
para los casos sometidos a revisión se concluye que: i) una actuación acorde
con los principios que orientan la interpretación de las normas aplicables al
Registro de la Población Desplazada permite inferir que la condición de
desplazamiento es una situación de orden fáctico, que no se encuentra
supeditada al reconocimiento oficial de una autoridad administrativa; ii) que
las declaraciones sobre los hechos del desplazamiento se encuentran amparadas
por el principio de buena fe y favorabilidad, lo que conduce al traslado de la
carga probatoria a los funcionarios competentes para desvirtuar las motivos
expresados por la persona afectada, siendo necesario su justificación en hechos
reales y no en situaciones eventuales o hipotéticas; iii) que la valoración de
esta declaración debe tener en cuenta las condiciones particulares de la
población desplazada, a quienes se les dificulta proporcionar una narración
exacta y clara sobre los hechos del desplazamiento; y iv) las exigencias
procedimentales y materiales para la inscripción son únicamente las
contempladas por la ley, sin que los funcionarios encargados se encuentren
facultados para exigir requisitos adicionales.
La ayuda humanitaria de emergencia. Reglas
jurisprudenciales sobre su entrega y su prórroga. Reiteración de
Jurisprudencia.
12. Además de la inscripción de la
población desplazada al RUPD, Acción Social tiene a su cargo la promoción y
coordinación de la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia para esta
población.[47]
Esta Ayuda humanitaria de emergencia tiene
como fin constitucional brindarle a la población desplazada asistencia, socorro
y apoyo para que logre compensar las necesidades básicas de “alimentación,
salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de
hábitat interno y salubridad pública.”[48]
13. Sobre la entrega de la ayuda
humanitaria, la Corte en la sentencia T-025 indicó que hace parte del catálogo
de derechos básicos de la población desplazada. Además, para esta Corte dicha
ayuda constituye una manifestación del derecho fundamental al mínimo vital, ya
que el fin constitucional que se propone es brindar aquellos mínimos necesarios
para aplacar las necesidades más apremiantes de la población desplazada[49].
14. De acuerdo con las decisiones
anteriores sobre la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia[50], la Corte ha sido
enfática en señalar que, en principio, dicha entrega debe realizarse conforme
al orden cronológico establecido por Acción Social. Para la Corte la acción de
tutela no puede convertirse en un mecanismo que permita al accionante eludir el
orden de entrega de la asistencia humanitaria y de esta forma obtenga su
entrega de forma prioritaria, por cuanto esto conduciría a la vulneración del
derecho a la igualdad de aquellas personas que no acudieron a esta acción y se
encuentran en circunstancias idénticas frente a quien ejercerse la acción de
tutela.
En relación con el respeto de los turnos de
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, la Corte ha señalado:
“(…) esta Corte
abordó el tema del respeto de los turnos para el pago de la ayuda humanitaria
solicitada por los desplazados y dijo: “también en el suministro de dicha Ayuda Humanitaria
se deben respetar los turnos asignados en virtud del momento de la presentación
de la solicitud de apoyo económico. La población desplazada atendida por la Red
de Solidaridad, en principio, tiene derecho a un trato igualitario del cual se
deriva el respeto estricto de los turnos”[51].”[52]
15. Ahora bien, es necesario tener en
cuenta que en decisiones anteriores que han versado sobre otros asuntos[53], se ha reiterado que
el respeto estricto de los turnos guarda estrecha relación con el derecho a la
igualdad de aquél que está en la misma situación. No obstante, la Corte ha
indicado que en algunos casos muy excepcionales la ayuda humanitaria de
emergencia podrá ser entregada de forma prioritaria. Se trata de aquellos casos
en los cuales resulta evidente que la persona se encuentra en una situación de
extrema urgencia que amerita que la entrega de la asistencia humanitaria tenga
prelación[54].
16. Como ha destacado la Corte, si bien
resulta imperativo el respeto de los turnos de entrega de la ayuda humanitaria
de emergencia, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de las demás
personas que se encuentran en la misma situación, este hecho no puede
convertirse en una excusa para no informar a la persona sobre el momento en que
se hará entrega de la asistencia humanitaria. No debe confundirse el respeto al
derecho a la igualdad que impone acatar los turnos establecidos para la entrega
de la asistencia humanitaria, con el derecho que tiene las personas de conocer
la fecha a partir de la cual se hará entrega de la ayuda, la cual debe darse
dentro de un periodo de tiempo oportuno y razonable.
Al respecto la Corte ha señalado:
“No se puede
ordenar a través de tutela que el pago de la ayuda humanitaria contemplada en
el artículo 49[[55]]
de la Ley 418 de 1997 se realice de manera inmediata, porque de esta manera se
estaría vulnerando el derecho a la igualdad de todas las personas que han
presentado la solicitud de esta ayuda con anterioridad al peticionario, según
lo señalado por la Red de Solidaridad en su contestación.
Sin embargo, se
hace preciso indicar que para las personas que se encuentran en condición de
desplazados es necesario conocer una fecha cierta, aunque no inmediata, en la
cual se realizará el pago. Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de
los turnos, dentro de un término razonable y oportuno.”
17. En relación con la prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia, la sentencia T-025/04 indicó que existen dos tipos
de personas desplazadas que debido a sus condiciones particulares resulta
procedente esta asistencia. Este grupo está compuesto por: i) personas que se
encuentren bajo situación de urgencia manifiesta o ii) aquellos que carezcan de
las condiciones para asumir su propio sostenimiento a través de proyectos de
estabilización socioeconómica, como el caso de niños sin acudientes, personas
de la tercera edad que por su avanzada edad o su delicado estado de salud
resulta imposible que puedan generar sus propios ingresos o madres cabeza de
familia que deben dedicar todo su tiempo al cuidado de niños menores o adultos
mayores.
Bajo estas circunstancias, para la Corte
resulta justificado que el Estado continúe prestando la ayuda humanitaria que
sea requerida hasta que la situación de especial vulnerabilidad sea superada o
haya finalizado. En todo caso, la entrega de la ayuda humanitaria debe ser
cuidadosamente analizada en cada caso concreto, por lo que advierte la Corte
que: “así como el Estado no puede suspender abruptamente la ayuda
humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse, tampoco pueden
las personas esperar que vivirán indefinidamente de dicha ayuda.”[56]
En este sentido la Corte ha señalado:
“(…)[A] pesar de que se le ha manifestado al
accionante que se va a estudiar su caso para efectos de suministrarle ayuda
humanitaria, aún ésta no se le ha brindado en su totalidad. Se ha desconocido
que el peticionario es una persona de 61 años y que su núcleo familiar está
conformado por personas que pertenecen a la tercera edad, quienes podrían
encontrarse en situación de urgencia manifiesta, pero que en todo caso -como lo
ha afirmado la Corte- por razón de su avanzada edad o por su condición de
salud, no están en capacidad de generar ingresos. Por ese motivo se justifica
que el Estado continúe proveyendo la ayuda humanitaria que requieran para su
subsistencia digna hasta que tal circunstancia sea superada o hasta que estén
en posibilidad de cubrir su propio sustento”[57]
18. Finalmente, según el decreto 2569 del
2000, se tiene derecho a recibir la ayuda humanitaria de emergencia en dos
momentos específicos: i) cuando la persona rinde la declaración de su
desplazamiento ante la autoridad competente, y con el fin de atender sus
necesidades básicas hasta que Acción Social resuelva de fondo la inscripción en
el Registro Único de Población Desplazada. Esta entrega ha sido denominada como
ayuda inmediata[58];
y ii) una vez se realiza la inscripción en el RUPD se tiene derecho a recibir
la ayuda humanitaria de emergencia de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal y acceso a los programas de ayuda.
Ahora bien, el término durante el cual se
tiene derecho a la asistencia humanitaria fue definido por el artículo 15 de la
ley 387 de 1997, que en un principio, indicó que la asistencia humanitaria
sería prestada por el término de tres meses, y que bajo circunstancias
excepcionales definidas en el artículo 21 de del decreto 2569 del 2000, esta
asistencia sería prorrogada por espacio límite de tres meses adicionales.
Empero, la sentencia C-278/07 declaró la inconstitucionalidad condicionada de
esta norma, en el entendido en que la asistencia humanitaria sería prorrogada
hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su propio sostenimiento.
A continuación se pasa a analizar el efecto
que tiene la declaración de inconstitucionalidad anteriormente señalada sobre
el decreto 2569 del 2000 que reglamentó, entre otros aspectos, lo concerniente
a la ayuda humanitaria de emergencia.
La prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia y la declaración de inconstitucionalidad de la sentencia C-278/07.
19. Como se señaló anteriormente, la
sentencia C-278/07[59]
declaró la inconstitucionalidad de la norma que establecía que la prórroga de
la ayuda humanitaria sería prestada por el término límite de tres meses, y que
más allá de este término el Estado no tendría la obligación de brindar dicha
ayuda.
Ahora bien, en algunos apartes del decreto
2569 de 2000 “por el cual se reglamenta parcialmente la ley 387 de 1997 y se
dictan otras disposiciones” se reprodujo el enunciado normativo que la
Corte declaró inconstitucional y, en otros apartes remitió directamente a este
enunciado[60].
En este punto, se pregunta la Corte cuál es
el efecto que tiene la inexequibilidad de la norma legal sobre el decreto que
la reglamentó.
20. Sobre este mismo problema la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
coinciden en indicar que según el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo, sobre los actos administrativos, ya sean de carácter general o
abstracto o particular y concreto, opera la presunción de legalidad y se
consideran válidos a partir de su existencia.[61]
De tal forma que una vez se ha cumplido con los requisitos de publicidad y
notificación quedan revestidos de fuerza ejecutoria. Esto significa que son de
obligatorio cumplimiento, aún en contra de la voluntad de los administrados[62], hasta que no hayan
sido anulados, suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo
o hayan perdido su fuerza ejecutoria[63].
La pérdida de la fuerza ejecutoria de los
actos administrativos opera cuando, por ejemplo, desaparecen  las
circunstancias tanto fácticas como jurídicas que le dieron origen a este acto o
sobre las que se fundamentó su expedición[64].
Esto ocurre cuando la Corte declara inconstitucionales los fundamentos de derecho
en los que se basó el acto administrativo. Pero esto no significa que dicho
acto sea nulo pues pudo producir efectos jurídicos en el pasado. En este caso,
se está ante el fenómeno del decaimiento del acto administrativo lo cual
significa que su cumplimiento deja de ser obligatorio y si se pretende hacer
exigible, el destinatario podrá oponerse por vía de excepción, alegando la
pérdida de fuerza ejecutoria del acto[65].
Sobre este evento, la Corte Constitucional
en la sentencia que estudió la constitucionalidad del artículo que consagra la
pérdida de fuerza ejecutoria indicó:
“De esta manera,
cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto
administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si
bien es cierto que todos los actos administrativos son obligatorios mientras no
hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que
"salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede
prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un
presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto
jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o
de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por providencia
judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón
precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo.”[66]
A su turno, el Consejo de Estado llega a la
misma conclusión. Al respecto consideró:
“La Corte
Constitucional mediante sentencia C-702/99 de 20 de septiembre de 1999
declaró inexequibles, entre otras disposiciones, los artículos 54 y 120 de la
mencionada Ley 489 de 1998.
Significa lo precedente que en este caso operó lo que el artículo 66 del C.C.A.
consagra como “pérdida de fuerza ejecutoria”, o decaimiento del acto, fenómeno
este que se presenta, entre otros eventos, cuando han desaparecido los fundamentos
de hecho o de derecho del mismo, y que se traduce en que los actos
administrativos en tales condiciones no están llamados a producir efectos. Así
las cosas, resulta innecesario suspender los efectos del Decreto acusado pues,
por mandato legal, éstos ya no están llamados a producirse, por haber operado,
como ya se dijo, la pérdida de su fuerza ejecutoria, en virtud de la
declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones legales en que se
fundamentó.”
En consecuencia, sobre los apartes del
decreto que reglamentó la ayuda humanitaria de emergencia que reproducen o
remiten directamente a la disposición que fue declarada inconstitucional, operó
la pérdida de fuerza ejecutoria, en razón a que los fundamentos jurídicos en
los que se basaba fueron declarados inconstitucionales. De tal forma que Acción
Social deberá abstenerse de darle cumplimiento a estas normas so pena de
incurrir en una vía de hecho.
Por otra parte, teniendo en cuenta que por
expreso mandato constitucional, ninguna autoridad puede dar aplicación a las
disposiciones normativas que previamente fueron declaradas inconstitucionales
por esta Corporación, en virtud del principio de supremacía constitucional, las
órdenes que sean dictadas se harán de conformidad con lo establecido por la
Corte en la sentencia C-278/07.
21. De lo expuesto la Sala extracta las
siguientes conclusiones: i) a pesar de las restricciones presupuestales y los
recursos escasos, la ayuda humanitaria de emergencia, como expresión del
derecho fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el Estado para
que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación; ii) la
entrega de esta asistencia debe respetar de forma estricta el orden cronológico
definido por Acción Social y sólo podrá hacerse entrega de forma prioritaria
ante situaciones de urgencia manifiesta; iii) la prórroga de la ayuda
humanitaria debe ser evaluada en cada caso concreto, en especial cuando se
trata de adultos mayores o madres cabeza de familia que no cuentan con los
recursos económicos para su sostenimiento; y, iv) la entrega de la prórroga de
la asistencia humanitaria debe realizarse según lo dispuesto en la sentencia
C-278/07, es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su propio
sostenimiento.
V.
ESTUDIO DE LOS
CASOS CONCRETOS
a.    Expediente T-1527592
22. De acuerdo con la declaración rendida
el 16 de diciembre de 2005 ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos
de la Personería de Medellín, el 9 de octubre de 2005 la accionante Teresa de
Jesús Bermúdez Acevedo, que actualmente cuenta con 74 años de edad, se desplazó
junto a su grupo familiar compuesto por su cónyuge de 90 años de edad, cinco
hijos, dos nietas menores y una nuera también menor de edad, desde la vereda
Nubillales municipio de Támesis, Antioquia.
Adicionalmente, la accionante manifestó en
su declaración que fue encuestada por el Sisben del municipio de Medellín,
quedando incluida en el nivel 1 junto a su núcleo familiar. Así quedó
consignado en la declaración: “PREGUNTA: ¿Informe si usted está
clasificada por el SISBEN. RESPUESTA: Sí tengo SISBEN. DE PAÍS: COLOMBIA
DPTO: ANTIOQUIA MPIO: MEDELLÍN ZONA: CENTRORIENTAL BARRIO: LLANADITAS. NOS
ENCUESTARON CUANDO LLEGAMOS NIVEL I. Todavía no nos han entregado [el carné
de afiliación]”
La Unidad Territorial de Antioquia de
Acción Social negó la inscripción al RUPD de la accionante, sustentando su
decisión en dos razones: i) se constató que la accionante se encontraba
encuestada  por el Sisben del municipio de La Estrella (Antioquia), lo cual
desvirtuaba la condición de persona desplazada desde el municipio de Támesis
(Antioquia) lo que forzaba a concluir que se encontraba domiciliada en el
municipio en donde fue encuestada por el Sisben  y,  ii) la declaración rendida
por la accionante no era comprensible y por lo tanto no se evidenciaba una
situación de desplazamiento.
Contra esta decisión la accionante
interpuso recurso de reposición, el cual fue sustentado así: “Yo, (Maria)
Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo con C.C. NO. 22.130.379 de Támesis, Antioquia,
no aparezco como desplazada en dicha oficina [Acción Social, Red de
Solidaridad Social] yo declaré en la Unidad Permanente de los Derechos
Humanos según constancia que anexo.”
Al respecto, Acción Social indicó que no se
refutaron las razones expuestas por la entidad para ordenar su no inclusión en
el Registro, por lo tanto confirmó la decisión anterior.
En criterio de la accionante, la actuación
de Acción Social vulnera sus derechos fundamentales porque restringe el acceso
a las ayudas a las que tiene derecho la población desplazada.
El juez de instancia consideró que el
amparo era improcedente. Apuntó que la accionante no hace parte de la población
desplazada, al quedar excluida por Acción Social del mencionado Registro.
Agregó que el juez de tutela no puede desconocer su no inclusión, ni tampoco
imponer órdenes que extralimiten sus funciones por no ser el superior
jerárquico de Acción Social.
Para resolver el problema jurídico
planteado, se pasa a verificar si la valoración de la declaración sobre los
hechos del desplazamiento se ajusta a los parámetros definidos por la
jurisprudencia de esta Corporación.
23. En primer lugar, el argumento esgrimido
por Acción Social de falta de claridad en la narración de los hechos del
desplazamiento no constituye una justificación válida para negar el Registro.
Como lo ha indicado reiterada
jurisprudencia de la Corte, las personas desplazadas merecen un trato digno y
humanitario cuando acuden a las autoridades competentes para quedar inscritos
en el RUPD. Esto exige tener en consideración la situación de vulnerabilidad,
exclusión y marginalidad de la población desplazada como sujeto de especial
protección constitucional.
Dada la especial condición de la población
desplazada, hay que considerar que existen una serie de factores que afectan la
declaración sobre el desplazamiento, tales como los altos índices de
alfabetismo presentes en esta población, el “temor reverencial” hacia las
autoridades públicas, el bajo grado de espontaneidad en que se puede
producirse, los traumas causados por el mismo hecho del desplazamiento, etc.
Todos estos factores hacen que la declaración no sea presentada con exactitud y
que en ocasiones el relato no sea claro.
En consecuencia, cuando Acción Social
realiza el estudio sobre los hechos del desplazamiento expuestos en la
declaración, debe tener en cuenta los factores expuestos por afectar
directamente la narración consignada en dicho documento. En esta medida, la
entidad no puede limitarse a indicar que el relato del desplazamiento es poco
claro, porque dicha actuación desconoce los principios de buena fe y
favorabilidad que amparan la declaración.
Por lo anterior, resulta contrario a los
parámetros definidos por la Corte exigir una exactitud y precisión definitiva
sobre los hechos del desplazamiento. Este objetivo resulta en muchas ocasiones
extremadamente complejo o imposible de alcanzar, dados los distintos factores
que como se indicó, afectan la declaración. Por lo tanto, Acción Social deberá
aportar otros elementos probatorios que le permitan desvirtuar los hechos sobre
el desplazamiento y ante la falta de claridad deberá darle primacía al
principio de buena fe y de favorabilidad.
24. En segundo lugar, Acción Social
argumentó que el relato de la accionante faltaba a la verdad. La entidad
verificó que la accionante se encontraba registrada en el Sisben del municipio
de La Estrella, desde el 29 de septiembre de 2004, lo cual desvirtuó su
afirmación de haber residido en el municipio de Támesis durante 77 años y 11
meses y que su desplazamiento se produjera el 9 de octubre de 2005.
25. Con el objeto de tener mayores
elementos de juicio para resolver este aspecto, la Corte le solicitó al
municipio de La Estrella que informara si la Señora Teresa de Jesús Bermúdez
Acevedo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.130.379 de Támesis se
encuentra en la base de datos del Sisben de este municipio.
Sobre este punto el municipio afirmó que:
“(…) la Señora
Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo identificada con la cédula de ciudadanía
22.130.379 no se encuentra en la Base de Datos de este Municipio, pero que una
vez revisada la página de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, dicha
usuaria aparece registrada en el Municipio de Medellín, (…) [p]ara este caso debe remitirse a al
oficina del SISBEN en el Municipio de Medellín.”
En este mismo sentido, el municipio de
Medellín informó que:
“(…) Consultada
la base de datos del Sisbén de Medellín, se encontró que la señora Teresa de
Jesús Bermúdez Acevedo, se encuentra identificada y clasificada en nuestra base
de datos y su situación socioeconómica está consignada en la ficha de
clasificación No. 1174321,
La vivienda de la
señora Teresa de Jesús con su grupo familiar, fue visitada y encuestada por
primera vez el día 24 de Junio de 2005, luego la señora Teresa de Jesús
solicitó incluir una nueva persona de nombre Lina Marcela Montoya Sucerquia,
modificación realizada el día 28 de abril de 2007, como consta en el
Certificado Sisbén, a la fecha la señora Teresa de Jesús, está clasificada en
el nivel uno (1) y este es el estado actual, como el de todo su grupo familiar.
En lo referente a su condición de desplazada no se informó y no quedó
registrado en la ficha de la encuesta dado que el formato original de la
encuesta diseñado por el Departamento Nacional de Planeación no incluye esta
variable.”
26. De acuerdo con las pruebas recibidas,
para el caso que se analiza se tiene que la accionante manifestó en su
declaración que su desplazamiento se produjo el día 9 de octubre de 2005.
Acción Social negó la inscripción al
Registro de Desplazados al verificar que la accionante se encontraba registrada
en el Sisben del municipio de La Estrella, el 29 de septiembre de 2004. Dado lo
anterior, Acción Social concluyó que la accionante no se encontraba en
situación de desplazamiento, al comprobarse que ya  estaba registrada en el
Sisben-La Estrella, lo que indicó a la entidad que la accionante era una
persona residente de esta municipalidad, porque el Sisben es una encuesta que
sólo es aplicada a los vecinos del municipio.
Finalmente, el municipio de La Estrella
afirmó que la accionante no se encontraba registrada en el Sisben de esta
municipalidad, sino que, como también lo afirmó el municipio de Medellín, la
señora Teresa de Jesús se encuentra registrada en la base de datos del
Sisben-Medellín desde el 24 de junio de 2005.
27. De lo anterior se desprende que, como
quedó probado en el presente proceso, la accionante y su grupo familiar está
actualmente registrado y clasificado por el Sisben del municipio de Medellín.
No obstante, en la resolución de Acción Social, se hace referencia al Sisben
del municipio de La Estrella, como una de las razones que fundamenta la
exclusión en el RUPD. Ahora bien, el registro de la accionante y su familia en
la base de datos del Sisben-Medellín no fue la circunstancia fáctica en la que
se fundó la orden de Acción Social de excluir a la accionante del Registro.
Al respecto es necesario tener en cuenta
que las autoridades administrativas tienen el deber de expresar las razones en
las cuales se sustentan las decisiones que acogen y no puede aceptarse que
hechos no estimados sustentaron la decisión, porque de lo contrario se estaría
incurriendo en una vulneración del debido proceso administrativo que exige que
en los actos administrativos se incluyan todas y cada una de las razones que
justifican la decisión. Por lo tanto, resulta insostenible considerar que esta
fue la razón por la cual Acción Social ordenó la exclusión del RUPD. No
obstante, el expediente no aporta los suficientes elementos de juicio que
permitan concluir a la Corte que Acción Social basó su decisión en información
inexacta o que falta a la verdad para tomar su decisión.
28. No obstante, tal y como afirmó Acción
Social en la contestación de la acción de tutela, la entidad considera que la
aplicación de la encuesta del Sisben constituye plena prueba sobre la
inexistencia de la situación de desplazamiento, y por lo tanto, hace
improcedente la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada. Sobre
este punto, es necesario que la Corte se pronuncie sobre el valor probatorio
que tiene la aplicación de la encuesta del Sisben al momento de determinar si
se está ante una situación de desplazamiento forzado.
En principio, la aplicación de la encuesta
del Sisben puede arrojar un indicio que puede lograr desvirtuar, prima
facie, la situación de desplazamiento. Sin embargo, la Corte ha constatado
que el sistema de selección de beneficiarios de programas sociales – Sisben no
es un mecanismo infalible que permita una focalización y una medición exacta de
las condiciones socioeconómicas de la población más pobre y vulnerable[67], a pesar de que parte
de estos inconvenientes fueran corregidos en las modificaciones formuladas por
el Conpes Social  55 del 22 de noviembre de 2001[68].
En decisiones anteriores, la Corte ha
logrado constatar que uno de estos inconvenientes hace referencia a que no
siempre las personas encuestadas por el Sisben residen obligatoriamente y de
forma permanente en el lugar en donde es aplicada la encuesta. Lo anterior ha
permitido a la Corte indicar que no resulta razonable colegir que la
clasificación en el Sisben constituya una plena prueba que de forma infalible
desvirtúe la condición de desplazamiento. Por el contrario, el Sisben
constituye un indicio el cual debe ser sometido a verificación, como quiera que
el principio de favorabilidad al desplazado impone que la carga de la prueba
para desvirtuar la situación de desplazamiento se encuentre a cargo de Acción
Social.
Al respecto, la Corte Constitucional, en la
sentencia T-1094/04 se ocupó del caso de una persona que declaró ante la
Personería de Local de Bogotá los hechos que rodearon su desplazamiento. Acción
Social, luego de estudiar la declaración del accionante resolvió no inscribirlo
en el Registro de Población Desplazada porque su declaración incurrió en varias
contradicciones.[69]
Una de estas contradicciones, consistía en que, con anterioridad a su
desplazamiento, el accionante se encontraba inscrito en el Sisben de Bogotá.
Así lo explicó la Corte:
“En la acción de
tutela, asevera que regresó a la vereda de Santa Marta Palmar “hace tres años” (abril de 2001) y que
posteriormente viajó a Bogotá “de vez en cuando” y que “máximo me
quedaba 8 días, y en una de esas ocasiones, cuando pasaron haciendo la encuesta
para el Sisbén, yo decidí inscribirnos a mí y a mis hijos.” No obstante la
familia del accionante se encuentra afiliada al Sisbén con base en una encuesta
realizada en noviembre de 2000, momento anterior al supuesto traslado de Bogotá
a la vereda de Santa Marta Palmar.”
En este caso, la Corte consideró que las
contradicciones en que incurrió el accionante eran sólo aparentes y Acción
Social no aportó ninguna prueba contundente que permitiera concluir que no
existió una situación de desplazamiento forzado, a pesar de estar registrado en
el Sisben-Bogotá. En este pronunciamiento la Corte indicó:
“5.3. Lo
anterior genera razonablemente dudas acerca de si el señor Huepa Yara fue
realmente desplazado de la manera como lo afirma, y si residía en el lugar de
expulsión en el momento que lo señala. Por esta razón, la Corte considera que
la decisión de la Red de no inscribir al declarante no carece por completo de
sustento.
No obstante,
continúa existiendo incertidumbre. En efecto, a pesar de que las
contradicciones en que incurre el accionante generan dudas acerca de la versión
proporcionada por éste, ellas no llevan a concluir que dicha persona no sea
realmente desplazada. Por esta razón, en ninguno de los documentos suscritos
por la Red de Solidaridad Social se observa una prueba de que el declarante no
es verdaderamente desplazado, que controvierta que dicha persona vivía en Santa
Marta Palmar en el momento en el que ocurrieron los hechos que, según su
relato, le forzaron a desplazarse, o simplemente, que indique que dichos
eventos no sucedieron.”
En otra oportunidad[70], la Corte analizó el
caso de una persona desplazada que fue encuestada por el Sisben a pesar de su
ubicación temporal en la vivienda donde se aplicó la encuesta. En esta ocasión,
la accionante se desplazó desde el municipio de Solita, Caquetá hacia Pitalito,
Huila. Acción Social negó la inscripción en el RUPD al comprobar que la
accionante y su grupo familiar se encontraban registrados en el Sisben de
Pitalito, en abril del 2004.
Admitida la acción de tutela el juez de
instancia recibió testimonio de la accionante en donde expuso:
“(…) luego del
desplazamiento, llegó junto con su familia a la casa de un amigo, ubicada en el
barrio Libertador del municipio de Pitalito.  Al segundo día de su estancia en
ese lugar, les fue aplicada la encuesta Sisben, para lo cual la actora informó
al funcionario correspondiente acerca de su condición de desplazados (…)”
En la citada sentencia, la Corte consideró
que la aplicación de la encuesta Sisben no desvirtúa la condición de
desplazamiento dado que este mecanismo busca brindar subsidios a las personas
pobres y vulnerables. Además señaló que la condición de desplazamiento no puede
quedar desvirtuada por el simple hecho de la aplicación de la encuesta Sisben.
En esta oportunidad la Corte precisó:
“(…)[L]a
aplicación de la encuesta Sisben como etapa previa a la concesión de beneficios
a la población marginada, en especial la inclusión en el régimen subsidiado de
seguridad social en salud, no puede convertirse en un instrumento para negar el
acceso a otros programas a favor de las personas en condiciones de debilidad
manifiesta, como lo es la asistencia Humanitaria a la población desplazada.”
Finalmente, en la sentencia T-1083/00 la
Corte estudió un asunto con hechos análogos al anterior. En este caso, se
trataba de una persona a la cual le fue aplicada la encuesta del Sisben, pese a
no residir de forma permanente en el lugar en donde fue aplicada la encuesta.
La accionante interpone acción de tutela porque considera que la actuación de
las autoridades administrativas vulneran sus derechos fundamentales “al
imprimir en la ficha de encuesta una información relativa a la vivienda en la
cual ella se encontraba temporalmente (…)” y que no corresponde a su
verdadera situación socio económica.
En esta oportunidad la Corte consideró que
no resulta “razonable” aplicar la encuesta del Sisben a una persona que se
encuentra temporalmente en la vivienda que es encuestada, sin embargo, ante
este hecho, es necesario que la persona que es encuestada informe si en el
lugar es donde se aplica la encuesta reside de forma permanente o transitoria.
Esto dijo la Corte:
“12. No resulta
razonable que una persona sea entrevistada en un lugar en el que se encuentra
de paso cuando la información sobre el tipo de vivienda, los servicios con que
cuenta o los electrodomésticos que contiene es tenida en cuenta para realizar
la respectiva clasificación socioeconómica. En estos casos, los funcionarios
encargados de practicar la respectiva ficha deben ser en extremo cuidadosos e
informar adecuadamente a las personas entrevistadas sobre las consecuencias de
la información que se consigne en la encuesta.
Al anterior
aserto podría oponerse el hecho de que la propia ficha permite registrar el
hecho de que la persona entrevistada no es propietaria ni arrendataria del
lugar en el que es encuestada (pregunta 22), pues, como fue mencionado, a la
pregunta tenencia de vivienda es posible responder una de las siguientes tres
alternativas: (1) propia – (2)  arrendada – (3) otra forma. No obstante, no
resulta claro cual es valor ponderado de esta respuesta, ni si la misma es
suficiente para valorar el hecho de que la persona se encuentre apenas
transitoriamente en un lugar. En este último caso, es evidente que no puede, de
ninguna manera, suponerse que un lugar de tránsito sea la vivienda de la
persona encuestada.  En otras palabras, si una persona es encontrada en una
casa de habitación en la que se encuentra de manera meramente transitoria, no
parece ajustado a la verdad suponer que se trata de su vivienda. Será entonces
la persona entrevistada quien, previa suficiente información, deberá indicar a
los funcionarios del SISBEN si el lugar en el que es encuestado es su lugar de
habitación o si se encuentra en él de manera transitoria.”
29. En este orden de ideas, para el
presente caso Acción Social parte de una interpretación razonable al suponer
que previamente al desplazamiento, la accionante y su grupo familiar ya habían
sido encuestados y clasificados en el Sisben. Pero ante la falta de pruebas
adicionales que permitieran la verificación de este indicio, de acuerdo con el
precedente jurisprudencial expuesto, este indicio no es suficiente para
desvirtuar la situación de desplazamiento.
Sin embargo, a pesar de las anteriores
consideraciones, en el presente caso la Corte no cuenta con los elementos de
juicio suficientes para concluir que la accionante se encuentra en situación de
desplazamiento. A pesar de que como se ha señalado, la aplicación de la
encuesta del Sisben no permite inferir necesariamente que la persona era vecina
del sitio en donde se lleva a cabo la encuesta, continúa existiendo
incertidumbre.
30. Según la información remitida por el
municipio de Medellín, la accionante y su grupo familiar fueron entrevistados
por primera vez el 24 de junio quedando clasificados en el nivel 1 del Sisben.
Pero según la accionante, en su declaración manifestó que su desplazamiento se
produjo el 9 de octubre de 2005, lo cual indica que la encuesta del Sisben en
Medellín es anterior al momento en que ocurre el desplazamiento. Ahora bien,
puede considerarse que la fecha del desplazamiento no es exacta, o que en ese
momento la accionante haya incurrido en un error de memoria, o que cuando fueron
encuestados por el Sisben se encontraran de forma transitoria en Medellín. No
obstante, al momento de realizarse la encuesta del Sisben-Medellín la
accionante no informó de su situación de desplazamiento, ni tampoco indicó que
se encontraba transitoriamente en dicho lugar.
Por lo anteriormente expuesto, dado que en
el presente caso persisten las dudas de si se trata de una persona desplazada,
Acción Social no puede sostener que no existió desplazamiento hasta que no se
compruebe realmente esta circunstancia.
31. En este orden de ideas, la Corte
concederá la presente acción de tutela con el fin de amparar los derechos
fundamentales de la accionante y evitar la consumación de un perjuicio
irremediable. Esta Corte ordenará que se realice una segunda evaluación acerca
de la inclusión de la señora Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo y su grupo
familiar en el Registro Único de Población Desplazada, en donde se tomarán
otros elementos de juicio adicionales a los que ya fueron considerados por
Acción Social, con el fin de aclarar las dudas de si se está ante una situación
de desplazamiento forzado, y decidir definitivamente sobre su inclusión en el
RUPD. Mientras esta decisión es adoptada, Acción Social deberá hacer entrega de
la ayuda inmediata, según lo dispuesto por el artículo 16 del decreto 2569 de
2000.
b. Expediente
T-1530574
32. La Red de Solidaridad Social,
actualmente Acción Social, a través de la Unidad Territorial de Florencia
resolvió en la Resolución No. 18005246 del 1 de marzo de 2004, no inscribir al
accionante Jair Genoy en el Registro Único de Población Desplazada. Para tomar
esta decisión la entidad argumentó: i) que el accionante desconoce la zona
desde donde se desplazó y, ii) no se evidenció una amenaza directa contra el
declarante o su grupo familiar.
Para notificar esta decisión Acción Social
envió un oficio al accionante, el 5 de marzo de 2004, en donde le solicitó:
“presentarse de
forma inmediata en la oficina de la Unidad de Atención y Orientación de la
Población Desplazada U.A.O. ubicada en el antiguo Idema de la ciudad de
Florencia, (…) con el fin de notificarle la Resolución Nro. 18005246 de marzo 1
de 2004.  De no atender la presente citación, se procederá de conformidad con
el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.”
Dado que el accionante no se presentó para
notificarse personalmente de la resolución que negó su inscripción en el RUPD,
Acción Social, de acuerdo con el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, procedió a fijar un edicto para notificar la resolución. El
edicto fue fijado en un lugar público de las oficinas de la Unidad de Atención
y Orientación para la Población Desplazada UAO en Florencia, Caquetá por el
término de diez días hábiles, desde el 29 marzo de 2004 hasta el 13 abril de
2004, quedando así notificado el accionante de la mencionada resolución.
Sin embargo, el accionante afirma en su
escrito de tutela que la resolución que ordenó su no inscripción al RUPD no le
fue notificada. En efecto, el accionante señaló que el 11 de febrero de 2004
rindió declaración de su desplazamiento en la personería del municipio de El
Doncello. Después de rendida la declaración, el accionante afirma: “(…) pero
pasaba el tiempo y no recibía ningún tipo de respuesta, se mandaron oficios
directos de la personería pidiendo alguna respuesta o información acerca de mi
diligencia; (…)”
Dentro del expediente se encuentra probado
que el accionante acudió a la personería de El Doncello, Caquetá solicitando
información sobre su Registro. A folio 18 obra un oficio de la Personería
Municipal de El Doncello, con fecha del 10 de agosto de 2004, en donde la
auxiliar administrativa de la personería le solicita al Coordinador (E) de la
Unidad Territorial – Red de Solidaridad Social información sobre la inscripción
en el RUPD del accionante.
Pero pese a la intervención de la
personería municipal de El Doncello, el accionante afirma que seguía sin ser
notificado de la resolución de Acción Social. Finalmente, logró tener conocimiento
de la resolución a través de una funcionaria de la Red de Solidaridad Social
que remitió a la personería una copia de la decisión. Al respecto, el
accionante en la declaración rendida para ampliar los hechos de la acción de
tutela manifestó:
“PREGUNTADO:
bajo la gravedad de juramento que acaba de prestar, sírvase informar al
Juzgado, qué diligencias adelantó usted ante la Red de Solidaridad Social (hoy
Acción Social), para enterarse qué se había resulto respecto a su declaración
de desplazamiento? CONTESTO: Yo, el once de febrero de dos mil cuatro
(2004) coloqué la declaración de desplazamiento en la Personería de El
Doncello, yo venía desplazado de una vereda que llama LA BOCANA LA REINA
inspección de la Unión Penaya. Yo era espere y espere y averigüé en la
Personería si había sido incluido o no en la lista y en la Personería me decía
que no llegaba respuesta de la Red de Solidaridad, así pasó más de un año y por
medio de una hija mía que vive acá en Doncello, también desplazada, ella
averiguó con la Doctora Carolina, no sé su apellido, que ella trabaja en la Red
y entonces por medio de esta doctora mandaron una resolución a la personería
acá en Doncello, eso fue en enero o febrero de este año [2006] y yo vine acá a la personería y
me dijeron que eso estaba allá en Florencia o sea el documento, pero no había
sido incluido, entonces yo me fui a trabajar, (…) Presento en esta declaración
fotocopia de la resolución por la cual no me incluyeron como desplazado y copia
de un oficio dirigido a la Red solicitando respuesta sobre mi declaración de
desplazado. Claro que eso se hicieron más oficios, sino que no lo tengo. ”
El 13 de octubre de 2006 el señor Jair
Genoy interpone acción de tutela contra Acción Social. En su criterio, la
actuación de la entidad vulnera sus derechos fundamentales. El juez de
instancia consideró que operó la caducidad del otros medios de defensa
judicial, siendo la acción de tutela improcedente.
Para el presente caso es necesario analizar
las razones de Acción Social para ordenar la exclusión de RUPD a la luz de los
criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos. Posteriormente, se
analizará si operó la caducidad del otro medio de defensa judicial, teniendo en
cuenta los aspectos de la notificación antes presentados.
33. Como se señaló, fueron dos las razones
por las cuales Acción Social negó la inscripción al RUPD. La primera razón
expuesta es que para la entidad: “existe desconocimiento de la zona por
parte del declarante ya que la Unión Penaya no es un municipio es una inspección
(…)”(Énfasis por fuera del texto)
De acuerdo con el juez de instancia esta
razón no puede justificar la exclusión del Registro, pues como se ha indicado
los requisitos materiales para ser incluido en el RUPD son de carácter fáctico
y hacen referencia a: i) la coacción que hace necesario el desplazamiento y ii)
la permanencia dentro de las fronteras nacionales.
De tal forma que la exigencia del
conocimiento del lugar donde se produce el desplazamiento constituye una
requisito adicional que carece de sustento legal y constitucional. En efecto,
como precisó el juez de instancia, “(…) inclusive, la Unión Penaya no es una
inspección de policía, sino un corregimiento.”
34. La segunda razón para negar la
inscripción consiste en que en la declaración del accionante no se evidencia la
existencia de una amenaza directa contra el accionante o su grupo familiar. Al
respecto la Corte ha señalado lo siguiente:
“Para la Corte
Constitucional, el desplazamiento, lejos de estructurarse con unos indicadores
y parámetros rígidos, debe moldearse a las muy disímiles circunstancias en que
una u otra persona es desplazada dentro del país. Son circunstancias claras,
contundentes  e inclusive subjetivas, como el temor que emerge de una zozobra
generalizada, las que explican objetivamente el desplazamiento interno. De
allí, que la formalidad del acto no puede imponerse ante la imperiosa evidencia
y necesidad  de la movilización forzada.”[71]
De acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corte, una vez más se reitera que la falta de amenaza directa no desvirtúa la
condición de desplazamiento, pues constituye un requisito no contemplado por la
ley y la jurisprudencia para ordenar el registro. Además, como se desprende de
la cita jurisprudencial, la amenaza directa en materia de desplazamiento
constituye una exigencia que impone una carga insoportable sobre la persona
desplazada y que desconoce la prevalencia del derecho sustancial dentro del
Estado Social de Derecho.
En adición a lo anterior, como lo señaló en
su momento el juez de instancia, “(…) es un hecho notorio en el Caquetá, que
la población urbana y rural de la Unión Penaya se vio compelida a abandonar su
territorio en virtud del conflicto interno y que este desplazamiento está aún
vigente.”
Dada la violencia estructural imperante en
el lugar en donde ocurre el desplazamiento, la cual fue calificado por el juez
de instancia como un “hecho notorio en el Caquetá”, resulta palpable que el
accionante se vio compelido a abandonar su lugar de residencia al temer  de
forma cierta por su vida y la de su familia, y desplazarse hacia el municipio
de El Doncello. Así mismo, el accionante en su declaración manifestó: “no a
nosotros no nos amenazaron, si no que salimos porque todo el mundo se salió.” Lo
anterior evidencia la insoportable situación que sufrió el accionante y que lo
obligó a migrar de su lugar de residencia.
35. En consecuencia, parece claro que: i)
la declaración del accionante cumple con el requisito formal de hacerse dentro
del año siguiente a la ocurrencia del desplazamiento; ii) el desconocimiento de
la división territorial del Departamento del Caquetá no es un requisito legal
ni constitucional para la inscripción en el RUPD; y, iii) Acción Social no
presentó pruebas suficientes que permitieran desvirtuar que no existió una
amenaza directa contra el accionante.
Por lo anteriormente expuesto, a primera
vista parece que el accionante se encuentra en situación de desplazamiento y
que las razones dadas por Acción Social no desvirtúan esta condición. A esta
misma conclusión llega el juez de instancia, no obstante, consideró que las
acciones judiciales para controvertir la decisión de Acción Social ya había
caducado y por lo tanto la acción de tutela devenía en improcedente. A
continuación pasa la Corte a considerar este aspecto.
36. De las pruebas que obran en el
expediente y de los hechos relatados por el accionante en su escrito de tutela
se logró verificar que el actor no fue notificado a través de los mecanismos
institucionales de la resolución que ordenó excluirlo del Registro Único de
Población Desplazada. Si bien en el expediente obra una comunicación con fecha
del 5 de marzo de 2004 en donde se le solicita al accionante acercarse a la
Unidad Territorial ubicada en Florencia para que se notifique personalmente de
la resolución, todo parece indicar que esta comunicación nunca fue recibida por
el accionante.
Confirma lo anterior, el hecho de que con
posterioridad a la comunicación de Acción Social en donde solicitaba dirigirse
a la oficina de la entidad en la ciudad de Florencia,  el 10 de agosto de 2004
el personero municipal de El Doncello envió un oficio a la Unidad Territorial
de Acción Social para que se informara sobre la inclusión del RUPD del
accionante y otras personas que se encontraban en la misma situación.
Según el artículo 11 del decreto 2569 del
2000[72]
cuando Acción Social determine que no hará la inscripción en el Registro Único
de Población Desplazada, estas razones deberán ser consignadas en un acto administrativo
el cual deberá ser notificado al afectado, y será susceptible de ser impugnado
por los recursos procedentes.
Con base en esta disposición, Acción Social
envió una comunicación en donde requirió al accionante para que se acerque a la
ciudad de Florencia en donde se encuentra ubicada la oficina de la Entidad.
Ante la ausencia del accionante, la entidad procede a fijar un edicto en la
misma oficina y así considera que se ha surtido la notificación de la
resolución.
Como se evidencia, si bien desde el punto
de vista formal la actuación de Acción Social se ajusta a los procedimientos
establecidos por la ley, para el caso concreto resulta claro no se logró
notificar al accionante de la mencionada resolución. Por lo tanto, el
accionante nunca tuvo conocimiento de las razones que motivaron a la entidad
para excluirlo del Registro, lo cual imposibilitó el ejercicio de su derecho de
defensa para controvertir las razones de la Entidad.
Adicionalmente, es necesario considerar que
el procedimiento dispuesto para la notificación debe dar cuenta de la especial
condición de las personas desplazadas, que dada su vulnerabilidad y
marginalidad, en algunos casos, no están en capacidad de cumplir con los
deberes generales que exige el procedimiento de notificación. Acción Social
debe prestar especial atención cuando la persona interesada en notificarse no
se encuentra ubicada en la misma ciudad o municipio en donde están las Unidades
Territoriales de Acción Social, porque en estos casos, exigir el traslado hasta
la oficina de la entidad puede llegar a constituir una carga desproporcionada
sobre la población desplazada.
Como ocurrió en el presente caso, resulta
desproporcionado exigirle al accionante que tiene su residencia en el municipio
de El Doncello, que se traslade hasta la ciudad de Florencia, en donde está
ubicada la oficina de la Unidad Territorial de Acción Social, para ser
notificado personalmente de la resolución que emitió la entidad. Esta exigencia
no es sensible a las dificultades por las cuales tiene que atravesar esta
población y desconoce la especial situación de vulneración y marginalidad a la
que están sometidas las personas desplazadas.
Por lo anteriormente expuesto, la Corte se
aparta de la conclusión de juez de instancia que consideró que para el caso que
se estudia operó la caducidad del otro medio de defensa judicial. Como quedó
probado dentro del proceso, la resolución de Acción Social no fue notificada,
lo cual constituye un requisito sine quanon para poder contabilizar el
término de caducidad de las acciones judiciales.
37. Finalmente, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación en materia de desplazamiento, dada su
condición de sujeto de especial protección constitucional, la acción de tutela
constituye el mecanismo idóneo y eficaz para proteger sus derechos
fundamentales, por lo que en el presente caso se concederá el amparo
constitucional.
En consecuencia, se ordenará a la Unidad
Territorial – Meta de Acción Social que proceda a notificar al accionante de la
resolución que negó la inscripción en el RUPD. Esta notificación deberá
surtirse ante la personería municipal de El Doncello, que es la autoridad
administrativa a la cual el accionante tiene acceso. A partir de esta
notificación el accionante podrá controvertir las razones dadas por Acción
Social para negar su inscripción al Registro. Una vez interpuesto los recursos
procedentes y mientras Acción Social toma una decisión de fondo, la entidad
deberá hacer entrega de la ayuda inmediata, según lo dispuesto por el artículo 16
del decreto 2569 de 2000.
c. Expediente
T-1528867
38. El accionante, Carlos Enrique Higuita y
su grupo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada, desde el 18 de diciembre de 2001, pero hasta el momento no han
recibido la ayuda Humanitaria a que tienen derecho. Según Acción Social se
haría contacto con el accionante vía telefónica para acordar la entrega de las
ayuda humanitarias. El juez de instancia consideró que la acción de tutela era
improcedente por cuanto dadas las restricciones presupuestales no puede
desconocerse el orden cronológico de la entrega de las ayudas y además Acción
Social informó que haría entrega de las mismas.
Sobre la entrega de las ayudas, Acción
Social informó que el día 21 de noviembre se le hizo entrega al señor Carlos
Enrique Higuita Usuga las ayudas humanitarias “(…) 3 meses de alojamiento, 3
meses de alimentación y kits” Se solicitó al accionante que informara a
este despacho si en la fecha que indicó Acción Social las ayudas fueron entregadas,
sin que se recibiera respuesta alguna.
Ahora bien, como lo indicó el juez de
instancia, teniendo en cuenta que existen recursos escasos para atender a la
población desplazada, en principio, debe respetarse el orden cronológico para
la entrega de la ayuda. Sin embargo, la Corte también ha considerado que cuando
se trata de personas de la tercera edad que se encuentran imposibilitados para
generar los recursos necesarios que permitan su propio sostenimiento, la ayuda
humanitaria deberá se entregada de forma prioritaria.
39. Para el caso concreto se tiene que el
accionante es una persona de 70 años que al parecer no cuenta con los recursos
necesarios para solventar sus necesidades más básicas como alimentación,
vivienda y servicios públicos. Además informa que tiene una hija que se
encuentra enferma, de lo cual se desprende que posiblemente se esté ante una
situación de urgencia manifiesta que debe ser atendida.
40. Ahora bien, sin desconocer el hecho de
que Acción Social informa que hizo la entrega de las ayudas humanitarias, la
Entidad deberá realizar una evaluación de las condiciones reales del accionante
con el fin de determinar si las ayudas entregadas fueron suficientes para
superar la condición de extrema vulnerabilidad aquí identificada. Si se
verifica que las condiciones persisten, Acción Social deberá informar al
accionante sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de
la asistencia humanitaria, la cual será prorrogada hasta que dicha situación de
urgencia finalice o, sea superada.
d. Expediente
T-1551591
41. Leidy Milena Murcia Parra  y su hijo
menor se encuentran registrados como población desplazada y por tal razón
recibieron tres meses de ayuda humanitaria. Sin embargo, debido a que tiene a
cargo el cuidado de su hijo y la falta de su cónyuge por encontrarse
desaparecido, las ayuda entregadas no son suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas, razón por la cual solicitó la entrega de la prórroga de la
ayuda humanitaria. Acción Social señaló que la entrega de la ayuda humanitaria
se realizó de forma completa según lo dispuesto por la ley 387 de 1997. El juez
de instancia consideró que la tutela era improcedente porque la actuación de
Acción Social no vulnera los derechos fundamentales de la accionante ya que
como lo indicó en la contestación de la tutela, hizo entrega de forma completa
de la asistencia humanitaria.
Teniendo en cuenta los hechos expuestos, si
bien Acción Social realizó la entrega completa de la ayuda humanitaria, por el
término definido por la ley y que como la Corte indicó, resulta razonable, la
entidad se ha negado hacer entrega de la prórroga.
42. Al respecto es necesario considerar que
la accionante compone un hogar con jefatura femenina, que tiene a cargo un hijo
menor y que su cónyuge está desparecido a causa del conflicto armado. De tal
forma que ante una eventual situación de vulnerabilidad de la accionante, la
negación de la prórroga de la ayuda humanitaria conduciría a la negación de su
derecho fundamental al mínimo vital y el de su hijo.
43. De tal forma que, Acción Social deberá
realizar una evaluación de las condiciones reales de la accionante con el fin
de determinar si en el caso concreto se verifican las condiciones necesarias
para otorgar la prórroga de la ayuda humanitaria. En caso de estas
circunstancias sean confirmadas, Acción Social deberá informar al accionante
sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la
asistencia humanitaria, la cual será prorrogada hasta que dicha situación de
urgencia finalice o, sea superada.
44. Finalmente, como lo ha considerado la
Corte, la atención a la población desplazada no se agota con la inscripción en
el Registro Único, ni tampoco con la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia, sino que por el contrario, la inscripción en el Registro da inicio
al acompañamiento y seguimiento de forma permanente por parte del Estado hacia
la población desplazada, pues la política pública en materia de desplazamiento
tiene como fin la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia. Por lo tanto se
ordenará a Acción Social, según cada caso, brindar el acompañamiento y
asesoramiento necesario para que los accionantes participen de los demás componentes
de la política pública para la atención a la población desplazada.
45. Finalmente, resulta pertinente que las
decisiones de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado que
sean producidas con posterioridad a la sentencia T-025/04 en donde fue
declarado el “estado de cosas inconstitucional”, sean puestas en
conocimiento de la Sala de Revisión que profirió este fallo para lo que
considere pertinente y así se articule una actuación coherente de esta
Corporación ante esta situación que hasta el momento no ha sido superada.  En
consecuencia, se ordenará notificarse a la Sala Tercera de Revisión de la
decisión adoptada para lo que considere pertinente.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia del juez veintitrés Penal del
Circuito de Medellín y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales de la accionante Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo.
Segundo. ORDENAR a la Unidad Territorial de Antioquia de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción Social que, en el término de ocho (8) días contados a partir de la
notificación de la presente decisión, realice una segunda evaluación acerca de
la inclusión de la señora Teresa de Jesús Bermúdez Acevedo y su grupo familiar
en el Registro Único de Población Desplazada, en donde se tomarán otros
elementos de juicio diferentes a los que ya fueron considerados por Acción
Social, con el fin de aclarar las dudas de si se está ante una situación de
desplazamiento forzado, y decidir definitivamente sobre su inclusión en el
RUPD. Mientras esta decisión es adoptada, Acción Social,  en el término de ocho
(8) días a partir de la notificación de la presente decisión, hará entrega de
la ayuda inmediata, según lo dispuesto por el artículo 16 del decreto 2569 del
2000.
Tercero. REVOCAR la sentencia del juez primero Civil del
Circuito de Florencia y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales del accionante Jair Genoy.
Cuarto. ORDENAR a la Unidad Territorial de Caquetá de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción Social que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la
notificación de esta sentencia, proceda a notificar al accionante de la
resolución que negó la inscripción en el RUPD. Esta notificación deberá surtirse
ante la personería municipal de El Doncello, que es la autoridad administrativa
a la cual el accionante tiene acceso. A partir de esta notificación el
accionante podrá controvertir las razones dadas por Acción Social para negar su
inscripción al Registro. Una vez interpuesto los recursos procedentes y
mientras Acción Social toma una decisión de fondo, la entidad deberá hacer
entrega de la ayuda inmediata, según lo dispuesto por el artículo 16 del
decreto 2569 de 2000.
Quinto. REVOCAR la sentencia del juzgado veinticinco Penal
del Circuito de Medellín y en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales del accionante Carlos Enrique Higuita Usuga.
Sexto. ORDENAR a la Unidad Territorial de Antioquia de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social que, en el término de ocho (8) días a partir de la notificación de esta
sentencia, proceda a realizar una evaluación de las condiciones reales del
accionante con el fin de determinar si las ayudas entregadas fueron suficientes
para superar la condición de extrema vulnerabilidad identificada. Si se
verifica que las condiciones persisten, Acción Social deberá informar al
accionante sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de
la asistencia humanitaria, la cual será prorrogada hasta que dicha situación de
urgencia finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia
C-278/07.
Adicionalmente Acción Social, en el término
de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente decisión,
deberá brindarle al accionante el acompañamiento y asesoramiento necesario para
que participe de los demás componentes de la política pública para la atención
a la población desplazada.
Séptimo. REVOCAR la sentencia del juez cuarto Civil del
Circuito de Villavicencio y en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales de la accionante Leidy Milena Murcia Parra.
Octavo. ORDENAR a la Unidad Territorial del Meta de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción Social que, en el término de ocho (8) días a partir de la notificación
de esta sentencia, realice una evaluación de las condiciones reales de la
accionante con el fin de determinar si en el caso concreto se verifican las
condiciones necesarias para otorgar la prórroga de la ayuda humanitaria. En
caso de que estas circunstancias sean confirmadas, Acción Social deberá
informar a la accionante sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar para
la entrega de la asistencia humanitaria, la cual será prorrogada hasta que
dicha situación de urgencia finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la
sentencia C-278/07.
Adicionalmente Acción Social, en el término
de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente decisión,
deberá brindarle al accionante el acompañamiento y asesoramiento necesario para
que participe de los demás componentes de la política pública para la atención
a la población desplazada.
Noveno. NOTIFICAR la presente providencia a la Sala de
Revisión que profirió la sentencia T-025/04 para lo que considere pertinente.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El accionante afirma en su escrito de
tutela que el 11 de Febrero de 2004 realizó su declaración (Fl. 1). En este
mismo sentido, la Personera Municipal de El Doncello certificó que la
declaración de desplazamiento se realizó en dicha fecha (Fl. 3). Sin embargo,
en la resolución que negó la inscripción al RUPD y en las demás actuaciones de
Acción Social que obran en el expediente se afirma que la declaración de desplazamiento
fue rendida el 9 de febrero de 2004. (Fls. 21 y 26)
[2] Al respecto el accionante expone: “(…)
Hice la declaración como desplazado el día 11 de Febrero del mismo año en la
personería del municipio, con el fin de obtener Ayuda de la Acción Social por
mi actual condición, pero pasaba el tiempo y no recibía ningún tipo de
respuesta, se mandaron oficios directos de la personería pidiendo alguna
respuesta o información acerca de mi diligencia; tiempo después,
notificaron que no fui incluido en el registro único de población desplazada (…)”
(Énfasis por fuera del texto)
[3] Sobre este mismo punto ver: T-740/04, T-175/05, T-1094/04,
T-563/05, T-1076/05, T-882/05, T-1144/05, T-086/06 y T-468/06, entre otras.
[4] Al respecto la Corte ha señalado lo siguiente: “Precisamente para hacer frente a esta
nueva categoría de colombianos, el ordenamiento jurídico ha confiado a la Red
de Solidaridad Social -que es un establecimiento público del orden nacional,
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República- la
tarea de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más
pobre y vulnerable del país, de la que indudablemente hace parte la franja de
los desplazados. Ellos, por las terribles circunstancias a que los ha conducido
la confrontación armada, tienen derecho constitucional a que el Estado
despliegue su acción de manera efectiva, oportuna y eficiente, con miras a su
amparo y al disfrute de garantías básicas de las que han sido violentamente
despojados.” T-1635/00
[5] Ver al respecto las sentencias T-227 de
1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, T-1346 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-098 de 2002, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,
T-813 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, T-1094 de 2004, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, entre otras.
[6] T-563/05
[7] T-086/06
[8] Sobre estos derechos en particular la sentencia
T-025/04 dijo: “Estos derechos han sido desarrollados por la ley y conforman
una carta de derechos básicos de toda persona que ha sido víctima de
desplazamiento forzado interno. Así, a cada desplazado se le informará que:
1. Tiene derecho a ser registrado como
desplazado, solo o con su núcleo familiar.
2. Conserva todos sus derechos
fundamentales y por el hecho del desplazamiento no ha perdido ninguno de sus
derechos constitucionales sino que por el contrario es sujeto de especial
protección por el Estado;
3. Tiene derecho a recibir ayuda
humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3
meses, prorrogables por 3 meses más y que tal ayuda comprende, como mínimo, a)
alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c)
vestido adecuado, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales. (…)”
[9] Artículo 1 del decreto 2569 del 2000.
[10] Artículo 4 Decreto 2569 del 2000. El
numeral 1 del artículo 1 del decreto 2569 de 2000 explica en detalle las
funciones de Acción Social en relación con el Registro Único de Población
Desplazada: “a) Orientar, diseñar y capacitar a los
miembros del Sistema, en los procedimientos para obtener la declaración de que
trata el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 387 de 1997 y establecer,
alimentar y mantener actualizado el Registro Unico de Población Desplazada;”
[11] Artículo 4 decreto 2569 del 2000. En este
mismo sentido la Corte Constitucional ha establecido: “(…) esta Corporación ha resaltado de manera reiterada la importante
misión de Acción Social y la relevancia del RUPD como
instrumento para una adecuada planeación y ejecución de políticas públicas en
materia de desplazamiento forzado. (…)” T-328/07
[12] Ver nota al pie número 8.
[13] Principios Rectores del Desplazamiento
Forzado Interno, consagrados en el Informe del Representante Especial del
Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos
Internos de Personas Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero
de 1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones
Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis
Deng. 1.4.11. El Principio 20 consagra (1) el derecho de todo ser humano
a ser reconocido como persona jurídica en todo lugar, y (2) la necesidad de que
para hacer efectivo este derecho en cabeza de las personas desplazadas, las
autoridades competentes expidan todos los documentos que sean necesarios
para el disfrute de sus derechos, tales como pasaportes, documentos de
identificación personal, certificados de nacimiento y certificados de
matrimonio. En particular, se especifica que las autoridades deberán facilitar
la expedición de nuevos documentos, o la reposición de los documentos que se
hayan perdido en el curso del desplazamiento, sin imponer para ello condiciones
irrazonables, tales como exigir el retorno al área de residencia habitual para
obtener los documentos requeridos. También (3) se especifica que existe
igualdad de derechos entre hombres y mujeres para obtener los documentos
necesarios en cuestión, así como para que se expida tal documentación con el
nombre propio del solicitante.”
Tomado del Anexo 3 a la sentencia T-025/04.
[14] Al respecto ver: SU-1150/00, T-327/01,
T-098/02, T-268/03,
T-419/03 y T-602/03. En el anexo 3 a la sentencia T-025/04, se
consideró que: “la
importancia de este documento para el ordenamiento jurídico nacional, así como
la naturaleza vinculante de algunas de las disposiciones de derecho
internacional que se encuentran reflejadas e interpretadas en él (art. 93,
C.P.), han sido resaltadas por la jurisprudencia de esta Corporación en
sucesivas oportunidades. (…) Como se puede apreciar, la Corte
Constitucional ha llegado incluso a considerar que algunas de las disposiciones
contenidas en los principios forman parte del bloque de constitucionalidad” (Énfasis fuera del texto)
[15] Una descripción más detallada del procedimiento para
la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada fue hecha por la
Corte en la sentencia T-563/05 la cual dispuso: De las disposiciones contenidas en las anteriores
normas se concluye que el procedimiento que debe seguirse para que una persona
sea inscrita en el RUPD, es el que a continuación se explica:
(i)
La persona desplazada
debe rendir una declaración sobre los hechos que dieron lugar a su
desplazamiento ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, las personerías distritales o municipales, o cualquier despacho
judicial. Dicha declaración debe presentarse dentro del año siguiente a la
ocurrencia de los hechos.
(ii)
Una vez una de las
anteriores autoridades recibe la declaración de quien solicita la inscripción,
debe remitirla de inmediato a la Red de Solidaridad Social o a una de sus
unidades territoriales, con el objeto de que se efectúe su estudio con miras al
registro del solicitante. El incumplimiento de este deber acarrea
responsabilidad disciplinaria.
(iii)
A partir del momento
en que la autoridad autorizada para la inscripción recibe la declaración del
desplazado, ésta tiene 15 días hábiles para valorarla junto con otros datos y
pruebas que tenga en su poder sobre los hechos señalados por aquél como
causantes del desplazamiento. Una vez realizado este estudio, debe informar al
peticionario si su inclusión en el RUPD fue aceptada, o las razones por las
cuales fue rechazada. El acto administrativo que niega el registro debe
notificarse y contra él proceden los recursos de la vía gubernativa.
[16] El artículo 1 de la ley 387 de 1997
define a la persona desplazada en los siguientes términos: “ARTICULO 1o. DEL DESPLAZADO. Es
desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
o alteren drásticamente el orden público.”
[17] En este sentido el registro de la población desplazada no
constituye un reconocimiento de su condición, pues como ya se explicó, esta es
una herramienta técnica para la implementación de la política pública en
materia de desplazamiento. Al respecto la Corte ha indicado: “La condición de
desplazado por la violencia es una circunstancia de carácter fáctico, que
concurre cuando se ha ejercido coacción para el abandono del lugar habitual de
residencia a otro sitio dentro de las fronteras de la propia nación.  En ese
sentido, la inscripción en el RUPD carece de efectos constitutivos de esa
condición; por lo que, en cambio, dicho Registro cumple únicamente las
finalidades de servir de herramienta técnica para la identificación de la
población afectada y como instrumento para el diseño e implementación de
políticas públicas que busquen salvaguardar los derechos constitucionales de
los desplazados.” T-1076/05
[18] T-227/97
[19] Artículo 11 del decreto 2569 del 2000. Sobre la última causal de
exclusión, la declaración y solicitud dentro del año siguiente al
desplazamiento, la Corte en sentencia C-047/01 declaró la constitucionalidad
condicionada de la norma, indicando que dicho término no puede desconocer las
especiales circunstancias por las que atraviesa la población desplazada, por lo
tanto en caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito que no
permitieran cumplir con el término establecido, su contabilización deberá
hacerse a partir del momento en el cual dicha circunstancia que impidió
realizar la declaración en el momento oportuno fuera superada.
[20] Al respecto ver: T-025/04 aparte 6.3.1.3.
y A333/06.
[21] Al respecto ver: T-740/04, T-1094/04, T-175/05, T-563/05, T-882/05,
T-1076/05, T-1144/05, T-086/06,  T-468/06 y T-328/07.
[22] En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó:  “En efecto,
debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos
fundamentales de la que son objeto, estas personas se encuentran en una
especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la
primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide
acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus
derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un
proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una
persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la
que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no
pertenece al grupo de beneficiarios directos  de los intercambios regulares y
del reconocimiento social. Estas dramáticas características convierten a la
población desplazada en sujetos de especial protección constitucional, lo cual
debe manifestarse no sólo en el diseño de una política pública de carácter
especial, sino en la asignación prioritaria de recursos para su atención,
incluso por encima del gasto público social.”
[23] Al respecto la Corte ha señalado una serie de
circunstancias a tener en cuenta al momento de establecer si la persona que
rindió la declaración se encuentra o no en situación de desplazamiento forzado,
T-327/01: “III.1. Se hace
indispensable un trato digno y por demás humanitario en la atención de la
población desplazada que acude ante las entidades que tramitan el Registro
Nacional de Desplazados.  Desde el momento de la recepción de la declaración,
el funcionario público debe tomar conciencia de la vulnerabilidad y estado de
indefensión en que se encuentra la persona desplazada que acude ante su oficina
para declarar. Además para determinar la condición de desplazado hay que
considerar, entre otras, estos factores:
a.
Que la mayoría de las
personas desplazadas por la violencia provienen de ambientes donde la
educación a la que tuvieron acceso es exigua -motivo por el cual el grado de
analfabetismo es alto-;
b.
Que en muchas
ocasiones quien es desplazado por la violencia proviene de contextos en los
cuales se ha educado a las personas en una especie de "temor
reverencial" hacia las autoridades públicas;
c.
Que en el momento de
rendir un testimonio ante las autoridades, el grado de espontaneidad y claridad
con el que podrían hacerlo se reduce considerablemente;
d.
Que a las
circunstancias del entorno de origen de los desplazados, se añaden las secuelas
de la violencia. No es fácil superar el trauma causado por los hechos
generadores del desplazamiento forzado. Esta situación puede conllevar traumas
sicológicos, heridas físicas y afectivas de difícil recuperación, además de la
inminente violación de derechos humanos que se da desde que la persona es
víctima del delito de desplazamiento que pueden influir en el desenvolvimiento
del desplazado al momento de rendir la declaración.
e.
El temor de denunciar
los hechos que dieron lugar al desplazamiento hace que no exista espontaneidad
en su declaración.”
[24] Al respecto la sentencia T-327/01 expone: “Para realizar una interpretación
razonable al artículo 2 inciso 2 del decreto 2569 de 2000, se deben aplicar
criterios de interpretación sistemática, teleológica, y más favorable a la
protección de los derechos humanos. Siendo esto así, al aplicar la
interpretación sistemática, se debe tener muy claro que el decreto contentivo
del artículo en estudio es desarrollo reglamentario de una ley que reconoce el
desplazamiento forzado como situación de hecho; a su vez, esta ley es
desarrollo de un sistema constitucional al cual están incorporadas normas
supranacionales como lo son los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos, emanados de la ONU y el artículo 17 del Protocolo adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que buscan proteger a los
desplazados y no exigen certificación de tal fenómeno de facto.  Si se hace una
interpretación teleológica de la norma, se observa que el fin de tal artículo es
brindar protección y Ayuda frente a una situación que, como se reconoce en el
inciso primero de tal artículo, se da por la ocurrencia de los hechos de una
manera estructurada. No requiere el citado artículo la necesidad del
reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en un
caso concreto. Igualmente, realiza una interpretación en el sentido que más
convenga a la finalidad de la norma, se encuentra que frente al tratamiento de
tan grave situación como lo es el desplazamiento forzado,  lo más razonable es
entender que no se puede condicionar la existencia de una realidad a la
afirmación de su configuración por parte de las autoridades. Finalmente, de
acuerdo con el criterio hermenéutico de la interpretación más favorable a la
protección de los derechos humanos. Al  aceptar como válida tal interpretación,
el inciso segundo de la norma en estudio se debe tomar como una serie de pautas
para facilitar una organizada protección de los derechos fundamentales de los
desplazados.”
[25] “Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos
forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por
razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad
de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento
tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la
población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento,
salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las
personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con
el conflicto”.
[26] Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de
1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones
Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis
Deng.
[27] Al respecto la Corte ha señalado: “ (…) al analizar los casos de los desplazados se debe tener en cuenta
el principio constitucional de la buena fe. No deben formulársele preguntas
capciosas tendientes hacer incurrir a la persona en contradicción; debe
recordarse que como posibles secuelas mentales del desplazamiento la persona no
sea capaz de recordar los hechos con total nitidez y coherencia; y debe darse
una atención inmediata a la recepción de su declaración. En resumen, al
desplazado debe mirársele como ser digno que no ha perdido su condición de
sujeto protegido por los derechos constitucionales y que aún más, es un sujeto
que merece especial protección del Estado.” T-327/01
[28] Cfr. T-025/04
[29] Cfr. T-025/04
[30]  En la sentencia T-1076 de 2005 sobre
esta misma cuestión dijo la Corte: “En cuanto se
refiere al registro de una persona en el RUPD la Corte ha sostenido,
específicamente, lo siguiente: (i) La interpretación favorable de las normas
que regulan la materia permite sostener que la condición de desplazado forzado
interno es una situación fáctica, que no está supeditada al reconocimiento
oficial a través de la inscripción en el RUPD; (ii) las exigencias procedimentales
para esa inscripción sólo pueden ser aquellas expresamente fijadas en la ley,
sin que los funcionarios encargados de esa labor estén facultados para exigir
requisitos adicionales; (iii) la declaración sobre los hechos constitutivos de
desplazamiento debe analizarse de tal forma que se tengan en cuenta las
condiciones particulares de los desplazados, que en la mayoría de los casos les
dificultan relatarlos con exactitud; y (iv) estas declaraciones están amparadas
por la presunción de buena fe, lo que traslada a los funcionarios competentes
la carga probatoria para desvirtuar los motivos expresados por el afectado.”.
[31] En la sentencia T-563 de 2005 se describen y explican
las etapas de la inscripción en el RUPD. Sobre el derecho de las personas en
situación de desplazamiento a recibir información plena, eficaz y oportuna ver
T-645 de 2003.
[32] Cfr. Sentencia T-1076 de 2005.
[33] Al respecto la Corte ha sostenido que en materia de
desplazamiento forzado la carga de probar que las declaraciones de la persona
no corresponden a la verdad corresponde al Estado. Así por ejemplo, sobre la
presunción de validez de las pruebas aportadas, la Corte ha señalado: “si una
persona desplazada afirma haber realizado una declaración sobre los hechos que
dieron lugar a su traslado y aporta certificación al respecto proveniente de
una de las autoridades previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor,
la Red de Solidaridad debe presumir que el documento es verdadero y debe dar
trámite a la solicitud de inscripción..”. Sentencia T-563 de 2005.
[34] Al respecto la Corte ha señalado: “es a quien desea
contradecir la afirmación a quien corresponde  probar la no ocurrencia del
hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental
alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la inmanejable
dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las entidades
gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones las causas
del desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la persona que no
está siendo víctima de este delito. Frente a este tipo de situaciones es
inminente la necesidad de la presunción de buena fe si se le pretende dar
protección al desplazado.” Sentencia T-327 de 2001.
[35] Al respecto dijo la Corte: “uno de los elementos que
pueden conformar el conjunto probatorio de un desplazamiento forzado son los
indicios y especialmente el hecho de que la persona haya abandonado sus bienes
y comunidad. Es contrario al principio de celeridad y eficacia de la
administración el buscar llegar a la certeza de la ocurrencia de los hechos,
como si se tratara de la tarea de un juez dentro de un proceso, ya que al hacer
esto se está persiguiendo un objetivo en muchas ocasiones imposible o en
extremo complejo, como se ha expresado anteriormente, la aplicación del
principio de buena fe facilita la tarea del funcionario de la administración y
le permite la atención de un número mayor de desplazados.”. Sentencia  T-327 de
2001.
[36] Para la Corte la inversión de la carga de la prueba se
produce en virtud de la aplicación de los principios de buena fe y favorabilidad
y en atención a las especiales circunstancias en las que suelen encontrarse las
personas en situación de desplazamiento forzado. Por estas mismas
circunstancias la Corte ha entendido que las inconsistencias en la declaración
no pueden ser prueba suficiente de su falsedad. Al respecto la Corporación ha
dicho que al momento de recibir la correspondiente declaración, los servidores
públicos deben tener en cuenta que: “(i) la mayoría de las personas
desplazadas por la violencia provienen de ambientes donde la educación a la que
tuvieron acceso es exigua -motivo por el cual el grado de analfabetismo es
alto-; (ii) en muchas ocasiones quien es desplazado por la violencia
proviene de contextos en los cuales se ha educado a las personas en una especie
de "temor reverencial" hacia las autoridades públicas; (iii) en
el momento de rendir un testimonio ante las autoridades, el grado de
espontaneidad y claridad con el que podrían hacerlo se reduce
considerablemente; (iv) a las circunstancias del entorno de origen de
los desplazados, se añaden las secuelas de la violencia. No es fácil superar el
trauma causado por los hechos generadores del desplazamiento forzado. Esta
situación puede conllevar traumas sicológicos, heridas físicas y afectivas de
difícil recuperación, además de la inminente violación de derechos humanos que
se da desde que la persona es víctima del delito de desplazamiento que pueden
influir en el desenvolvimiento del desplazado al momento de rendir la
declaración; y (v) el temor de denunciar los hechos que dieron lugar al
desplazamiento hace que no exista espontaneidad en su declaración.”
[37] Ibidem.
[38] Al respecto cabe recordar que en la sentencia C-047 de 2001 la Corte declaró exequible el plazo de un año para
solicitar la ayuda humanitaria, bajo el entendido de que el término de un año
fijado por el Legislador para acceder a la ayuda humanitaria comenzará a
contarse a partir del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito
que impidieron presentar oportunamente la solicitud. Ver nota 38 infra.
[39]Al respecto la Corte ha señalado: “(…) la valoración de los hechos que se
declaran originadores del desplazamiento, debe hacerse a partir de la buena fe
de quien lo declara. Si la solicitante manifestó que salió de la población en
donde habitaba, por la llegada de grupos paramilitares, esto debe tomarse como
cierto hasta tanto las mismas autoridades demuestren que no es así. La Red de
Solidaridad Social (hoy Acción Social), cuenta con medios suficientes para
verificar la situación social de los lugares de Colombia de donde manifiestan
los declarantes que fueron desplazados, así como las fechas en que ello
supuestamente ocurrió. Además, pueden también determinar sumariamente los lugares
del país en donde tienen influencia los actores armados.” T-458/06
[40] Sobre este punto, la Corte precisó: “(…) contrario
a lo sostenido por el juez de primera instancia, y de acuerdo con el de
segunda, la Resolución carece de motivación y si el punto de partida para
analizar la situación de quien solicita la inscripción en el registro, para
concederlo o no, es su declaración, es claro que no se observa la objetividad
con la cual se otorgó la inscripción a la madre del actor y su núcleo familiar,
en tanto a él le fue negada, pues la entidad accionada no refutó los argumentos
del actor sobre la zona de origen del desplazamiento que es la misma de la de
señora madre de su esposa, entonces, es claro que no hubo un estudio de las
condiciones subjetivas del actor, ni de las objetivas entre el relato suyo y el
de su suegra. (…)” T-1144/05 En este mismo sentido la sentencia T-086/06
indicó: “A la Corte en esta
oportunidad, no le queda más que censurar categóricamente la conducta asumida
por los funcionarios de (…) la Red de Solidaridad Social, quienes
ante las posibles incoherencias presentes en la declaración (que, por cierto,
la Sala no alcanza a detectar) se limitaron a expedir unas resoluciones
confusas que, sin duda, no tienen la suficiente entidad para negar la
inscripción en el Registro Nacional de Población Desplazada (…) En efecto, esta entidad se limitó a indicar, sin
ninguna explicación, que los hechos no eran cobijados por la Ley 387 sino más
bien, se ajustaban a los beneficios previstos en la Ley 418 de 1997, es decir,
a la actora se le consideró como víctima del conflicto armado pero
–paradójicamente- se le negó el status de desplazada por la violencia.  Pues
bien, agregado a este contrasentido, la Red olvidó que era su deber, conforme a
los artículos 12 y 13 de la Constitución Política y el principio de buena fe,
cotejar los hechos denunciados, comprobar plenamente que esta persona no tenía
la calidad de desplazada y, en todo caso, dejarlo claramente consignado en las
respectivas Resoluciones.”
[41] En una decisión anterior se dispuso: “(…) la Red de Solidaridad no puede trasladar los efectos
de las omisiones de las autoridades encargadas de tomar las declaraciones y de
efectuar la inscripción de las víctimas del desplazamientos en el RUPD, a estos
últimos, sino que su obligación es remediar la situación y brindar una
respuesta oportuna a las solicitudes de los desplazados. Por lo tanto, la Sala
ordenará a la Red de Solidaridad Social, en vista de la pérdida de la
declaración del peticionario, tomarle de nuevo su declaración y estudiar su
caso en el menor tiempo posible, con miras a su inscripción y la de su núcleo
familiar en el RUPD, con el fin de permitir su acceso a la asistencia que la
Red debe brindar a la población desplazada.” T-563/05
[42] Al respecto la Corte ha sostenido: “(…)
las exigencias procedimentales para esa inscripción sólo pueden ser aquellas
expresamente fijadas en la ley, sin que los funcionarios encargados de esa
labor estén facultados para exigir requisitos adicionales (…)” T-1076/05
[43] En este sentido la Corte ha señalado: “Para la Sala, el estado de desplazamiento (…) se encuentra demostrado con las distintas
declaraciones rendidas por él ante los jueces de tutela.  Ese estado material
no puede ser desconocido argumentando el carácter extemporáneo de la solicitud
de inscripción en el registro nacional de población desplazada pues tal
condición no se adquiere por virtud del acto formal de inscripción sino por el
hecho cierto del desplazamiento.  Por lo tanto, esa es una razón
sustancialmente insuficiente para negarle la inscripción y para desvincularlo
de los programas de protección dispuestos para tal protección.” T-740/04
[44] Sobre este aspecto la
Corte ha indicado: “(…) [L]as contradicciones en lo dicho por una persona desplazada no
tienen ineludiblemente como consecuencia perder la atención a la que se tiene
derecho como desplazado, a no ser que se compruebe que el sujeto no es en
realidad desplazado. Es en este sentido que ha de interpretarse el numeral 1º
del artículo 11 del Decreto 2569 de 2000[44] citado por la
Red de Solidaridad Social, según el cual, la no inscripción procede cuando “la
declaración resulte contraria a la verdad”. La verdad a que se refiere la norma
es el hecho mismo del desplazamiento, y no cualquier elemento de la declaración
sobre hechos distintos que puedan sugerir alguna inconsistencia o error. Ahora
bien, con el fin de establecer si las inconsistencias presentadas en una
declaración llevan a concluir que el desplazamiento alegado no tuvo lugar, las
autoridades tienen la posibilidad de contrastar la versión del solicitante con
una amplia gama de indicios sobre el hecho mismo del desplazamiento.” T-1094/04
[45] Al respecto la Corte ha precisado lo
siguiente: “(…)[L]a aplicación de la encuesta Sisben (…) no puede convertirse
en un instrumento para negar el acceso a otros programas a favor de las
personas en condiciones de debilidad manifiesta, como lo es la asistencia
Humanitaria a la población desplazada. (…) ” T-1076/05
[46] La Corte ha sostenido que: “(…) la Red ha desconocido el mandato de presunción de
buena fe que deriva del artículo 83 de la Carta y que ha sido desarrollado por
esta Corporación en el caso de las víctimas del desplazamiento forzado, por
cuanto no ha dado valor a la certificación que (…) aportó sobre la declaración
que realizó en el año 2000 sobre los hechos que dieron lugar a su huída junto
con su familia (…)”
[47] Al respecto el artículo 1
del decreto 2569 del 2000 dispone: “Atribuciones de la Red de Solidaridad
Social.
La Red de Solidaridad Social como entidad coordinadora del Sistema Nacional de
Información y Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia
desarrollará las siguientes actividades: (…) b) Promover entre las entidades
estatales que integran el Sistema Nacional de Atención para la Población
Desplazada, el diseño y la elaboración de programas y proyectos encaminados a
prevenir y brindar atención integral a los afectados por el desplazamiento; (…) e) Promover y coordinar
la adopción por parte de las autoridades nacionales y locales de medidas
Humanitarias, de manera tal que se brinde oportunamente atención Humanitaria de
Emergencia, protección y condiciones de estabilización y consolidación a la
población desplazada; (…) j) Promover con entidades públicas y privadas el
establecimiento de una red nacional para la atención Humanitaria integral de
Emergencia, conformada por campamentos móviles para alojamiento de Emergencia,
centros de alojamiento transitorio y unidades de atención y orientación en las
ciudades medianas y grandes.”
[48] Artículo 20 del decreto 2569/00.
[49] En este mismo sentido, el principio 18 de
los Principios del Desplazamiento Forzado Interno precisa el alcance de la
asistencia humanitaria. Sobre este Principio, el anexo 3 de la sentencia
T-025/04 indicó: Al respecto la Corte señaló: “El
derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al
mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las
autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como
asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua
potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d)
servicios médicos y sanitarios esenciales.” (…)También se dispone que
las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación
plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la
distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse
también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el
Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia Humanitaria que las
autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia digna
de los desplazados. Esta asistencia Humanitaria se refiere tanto a la ayuda
humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento, como
a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento
económico y de retorno.”
[50] Con posterioridad a la sentencia T-025/04
la Corte se ha ocupado de la asistencia humanitaria en 4 ocasiones: T-097/05,
T-312/05, T-373/05 y T-136/07.
[51] T-1161/03
[52] T-373/05 En este mismo sentido, la sentencia
SU-1150/00 indicó: “Es
importante enfatizar que los desplazados son las principales víctimas de la
violencia que flagela al país. El hecho del desplazamiento forzado comporta
para ellos una ruptura violenta con su devenir existencial y la violación
múltiple y continua de sus derechos. Es por eso que el Estado y la sociedad
misma les deben prestar una atención especial. Cualquier acto de discriminación
contra ellos constituye una vulneración flagrante del principio de igualdad,
atacable ante los jueces de tutela. En principio, cualquier tipo de
diferenciación - no positiva - que se base en la condición de desplazado debe
considerarse como violatoria del derecho de igualdad contemplado en el artículo
13 de la Constitución.”
[53] La Corte ha reiterado la regla del
respeto estricto de los turnos en asuntos como: “i.) la realización de exámenes de ADN. No obstante el carácter
fundamental del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de los
menores, el cual sólo puede protegerse una vez se obtengan los resultados de
esos exámenes, dentro del proceso de filiación, esta Corte ha sostenido que los
turnos en la realización de tal examen deben respetarse estrictamente, pero ha
ordenado que se informe la fecha de realización de los mismos, pero dentro de
un término razonable y oportuno; ii.) el pago de cesantías
parciales que ya han sido reconocidas. En este caso la acción de tutela es
improcedente para que una persona obtenga el pago con antelación a otro que
obtuvo el reconocimiento con anterioridad y iii.) en materia de salud,
cuando una cirugía ordenada por el médico tratante no es de carácter urgente se
deben respetar los turnos; sin embargo ha indicado que es un deber de la EPS
correspondiente, señalar la fecha en la cual se llevará a cabo la misma,
teniendo un criterio razonable.” T-373/05
[54] Este mismo razonamiento fue hecho por la
Corte en la T-645/03, en donde se analizaba el respecto de los turnos para la
atención integral en materia de salud de una persona desplazada. Al respecto la
Corte indicó: “En cuanto al respeto de los turnos, la
Sala considera que este argumento debe examinarse cuidadosamente, tal como lo
ha dicho la Corte en varias ocasiones. Si se está ante una situación de
urgencia manifiesta, no puede someterse al afectado al respeto de los turnos.
En estos eventos la atención debe ser inmediata. Si la situación no ha sido
calificada de urgencia, los turnos deben respetarse.
(…)”
[55] “Quienes sufran perjuicios por causa de homicidios
u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la
seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o
políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o
agresiones de esta naturaleza, serán beneficiados por una ayuda humanitaria de
emergencia, tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los
efectos de los mismos.
La mencionada ayuda humanitaria será
otorgada por la Red de Solidaridad Social con cargo al monto del rubro
específico que anualmente se asignará al efecto en el Presupuesto General de la
Nación y hasta por el importe total de dicho rubro.”
[56] Cfr. T-025/04
[57] T-312/05
[58] Artículo 16. Ayuda inmediata. Una vez recibida en
la sede de la entidad en la que se haya delegado la inscripción la declaración
enviada por la autoridad receptora de la misma, la persona que solicita el
reconocimiento de su condición de desplazado por el solo hecho de haber
efectuado la declaración dentro del término anteriormente señalado, tendrá
derecho a acceder a los beneficios establecidos en la Ley 387 de 1997, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, para la atención humanitaria de
emergencia, proporcionada como ayuda inmediata y hasta el momento en el cual se
expida el acto que decida sobre la inscripción en el registro.
[59] Al respecto, en el comunicado de prensa
del día 18 de abril de 2007 se consignó la decisión en los siguientes términos:
“2.3.       Decisión
Primero.- Declarar inexequibles las
expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3) más”, contenidas
en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997 y exequible el
resto del parágrafo, en el entendido que será prorrogable hasta que el afectado
esté en condiciones de asumir su auto sostenimiento.
(…)”
[60] Los textos normativos del decreto 2569 de
2000 que reprodujeron o
remitieron a la norma declarada inconstitucional son
los siguientes:
Artículo 20. De la atención
Humanitaria de Emergencia. Se entiende por atención Humanitaria de
Emergencia la ayuda temporaria e inmediata encaminada a acciones de socorro,
asistencia y apoyo a la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades
básicas en alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de
Emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública. Se tiene
derecho a la atención humanitaria de emergencia por espacio máximo de tres (3)
meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) meses más. (Énfasis
fuera del texto)
Artículo 21. Prórroga de la atención Humanitaria de
Emergencia. A juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera
excepcional, se podrá prorrogar la atención humanitaria de emergencia
hasta por un término de tres (3) meses al tenor del parágrafo del artículo 15
de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del artículo
anterior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y atendiendo criterios
de vulnerabilidad, solidaridad, proporcionalidad e igualdad. (Énfasis fuera del texto)
[61] En la sentencia que estudió la constitucionalidad del
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que se ocupa de la pérdida de
la fuerza ejecutoria de los actos administrativos la Corte Constitucional en
afinidad al Consejo de Estado indicó: “La existencia del acto administrativo está ligada al
momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una
decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde
el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva
envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su
vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición,
condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea
de carácter general o individual. El Consejo de Estado ha expresado su criterio
en reiteradas oportunidades en cuanto que el acto administrativo existe desde
que se expide, y su eficacia está condicionada a su publicación o notificación. (…)” C-069/95 Excepcionalmente, el Consejo
de Estado ha considerado que existe una circunstancia en la cual se considera
el acto administrativo inexistente, al respecto ha indicado: "El uso de la nomenclatura de
"acto inexistente" quiere indicar que es emitido sin "sombra de
competencia" es de tal modo nulo que carece de fuerza ejecutoria, y ni
siquiera puede reconocérsele la presunción de legalidad que en principio los
doctrinantes atribuyen a todo acto administrativo" CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Providencia del 15 de febrero de 1983.
Consejero Ponente: Dr. Jacobo Pérez Escobar.
[62] Sobre el particular la Corte expresó: “La fuerza ejecutoria del acto
administrativo está circunscrita a la facultad que tiene la Administración de
producir los efectos jurídicos del mismo, aún en contra de la voluntad de los
administrados. El artículo 64 del Decreto 01 de 1984
consagra: "Salvo norma expresa en contrario,
los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán
suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de
inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos
es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados" En esta forma, el acto administrativo tiene carácter
ejecutorio, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de
publicación o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a
hacerlo cumplir. La fuerza ejecutoria de los actos
administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos
fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que
no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene según el artículo 62 del
Decreto 01 de 1984, cuando contra los actos administrativos no proceda ningún
recurso, o los recursos interpuestos se hayan decidido, o no se interpongan
recursos o se renuncie expresamente a ellos, o cuando haya lugar a la
perención, o se acepten los desistimientos. (…)”
[63] Sin embargo, como ha señalado la jurisprudencia del Consejo
de Estado, si bien estos tres eventos tienen el mismo efecto: los actos
administrativos dejan de ser de obligatorio cumplimiento, no pueden confundirse
su naturaleza jurídica en la medida en que la pérdida de ejecutoria afecta
únicamente la eficacia del acto más no su validez. Al respecto se ha dispuesto:
“El
fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria… es una institución jurídica
distinta a la de la anulación del acto administrativo; y, por lo mismo, tiene
su propia regulación, de la cual surge que posea a su vez sus propias causales,
a saber, las descritas en el artículo 66 del C.C.A., sus propias
características, efectos, mecanismos para hacerla efectiva, etc. (…) Como su nombre lo
indica, dicha figura está referida específicamente a uno de los atributos o
características del acto administrativo, cual es la de la ejecutividad del
mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita de su cumplimiento y
obedecimiento, tanto por parte de la Administración como de los administrados
en lo que a cada uno corresponda, consagrada en el primer inciso del precitado
artículo 66, al disponer que “salvo norma en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción  en lo contencioso pero perderán su fuerza
ejecutoria en los siguientes casos…”. Sentencia de 18 de febrero de 1998, exp. núm.
4490, actor: Beatriz González Guillén y otra, Consejero Ponente: Dr. Juan
Alberto Polo Figueroa.
[64] El artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo indica las causales de pérdida de la fuerza ejecutoria: ARTÍCULO 66. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción
en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los
siguientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre
sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia.
[65] Sobre este aspecto el Consejo de Estado ha indicado: “(…) Dentro de las cinco
circunstancias o causas de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo, está… la desaparición de sus fundamentos de derecho (numeral 2,
artículo 66 cit.), cuya ocurrencia para nada afecta la validez del acto, en
cuanto deja incólume la presunción de legalidad que lo acompaña, precisamente
el atributo de éste que es el objeto de la acción de nulidad. Por lo mismo,
tales causales de pérdida de ejecutoria, vienen a ser situaciones posteriores
al nacimiento del acto de que se trate, y no tienen la virtud de provocar su
anulación.
(…)” Ibídem.
[66] C-069/95. En este mismo sentido, en decisiones
anteriores en sede de revisión la Corte Constitucional ha considerado que opera
el fenómeno del decaimiento de acto administrativo cuando los fundamentos
jurídicos del acto administrativo son previamente declarados inconstitucionales
por la Corte. Al respecto ha indicado: Ahora bien, respecto de esta disposición
reglamentaria, se tiene que, en un primer momento, a partir de la declaración
de inexequibilidad de la norma legal que le servía de sustento a aquélla, operó
el fenómeno del "decaimiento del acto administrativo", figura
prevista en el artículo 66, numeral 2, del Código Contencioso Administrativo,
según la cual los actos administrativos -aunque conserven vigencia- pierden su
fuerza ejecutoria "cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de
derecho" (Cfr. Sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995. M.P.: Dr.
Hernando Herrera Vergara).
T-237/00. En este orden de
ideas, la administración no puede mantener los efectos jurídicos de un acto
administrativo, como aquel mediante el cual se extingue una cuota parte de una
pensión de sobreviviente, que fue adoptado con base en unas normas legales que
fueron declaradas inexequibles por la Corte, so pena de vulnerar el derecho
fundamental al debido proceso administrativo. En otros términos, la insistencia
de la autoridad pública en darle plenos efectos a un acto administrativo, y que
por efectos del decaimiento ante la declaratoria de inexequibilidad de la norma
legal que le servía de fundamento pierde fuerza ejecutoria, constituye una vía
de hecho. T-702/05. En este
mismo sentido ver: T-679/06, T-1082/06, T-1143/05, T-1087/05.
[67] Sobre los inconvenientes de la encuesta
Sisben como mecanismo para la focalización del gasto público social, la
sentencia T-441/06 realizó un recuento jurisprudencial sobre los aspectos más
sobresalientes. Al respecto concluyó: “8.5. El
estudio de los precedentes de la Corte sobre las controversias de naturaleza
constitucional que generan los inconvenientes procedimentales propios de la
encuesta Sisben permite a la Sala inferir algunas conclusiones.  En primer
lugar, el sistema de selección impide en algunas ocasiones el acceso a
programas sociales, entre ellos el régimen subsidiado de salud, a personas que
si bien no obtienen un nivel de priorización alto de acuerdo con los parámetros
para la focalización del gasto público, están en circunstancias de debilidad
manifiesta y, por tanto, son titulares de la protección especial por parte del
Estado.  En segundo término, habida cuenta las especiales características de la
población objeto de la encuesta Sisben, es imperativo contar con servidores
públicos comprometidos con la protección de sus derechos fundamentales, en
especial la igualdad material y el acceso democrático a los bienes y servicios
públicos. Este compromiso es, en estas condiciones, incompatible con la
utilización del sistema de selección de forma tal que promueva prácticas
clientelistas.  Finalmente, las actuaciones relacionadas con la modificación
del nivel para la selección de beneficiarios a programas sociales y la
exclusión de individuos o grupos familiares del régimen subsidiado de salud,
deben ceñirse a los postulados que hacen parte del contenido esencial del
derecho al debido proceso.  En ese sentido, tales actuaciones de las
autoridades públicas están sujetas a los principios de motivación y publicidad
propios de los actos administrativos.”
[68] Es necesario tener en cuenta que el Sisben como instrumento de
focalización del gasto público social ha tenido dos etapas: la primera, desde
1994 hasta 2001 en donde se aplicó una primera metodología formulada en los
documentos Conpes 22 de 1994 y 40 de 1997. Con base en los resultados arrojados
en esta primera etapa y ante la identificación de una serie de falencias de la
metodología planteada se introdujeron cambios sustanciales en las variables que
se venían aplicando en la encuesta y que fueron formulados en el Conpes Social
55 del 22 de noviembre de 2001.
[69] Las inconsistencias en que incurrió el accionante fueron
expuestas por la Corte en los siguientes términos: “De lo anterior, la Corte
encuentra las siguientes inconsistencias: (i) en el recurso de reposición el
accionante afirma haber salido de Bogotá por causa de las dificultades
económicas que se vivían en la ciudad capital, mientras que en la acción de
tutela sostiene que regresó a Santa Marta Palmar en razón a la muerte de su
padre y a que su madre necesitaba de compañía. Sin embargo, la inconsistencia
puede ser aparente porque su regreso pudo estar motivado en la concurrencia de
ambas razones, la económica y la familiar. (ii) En la acción de tutela el señor
Huepa Yara señala que “hace unos años” se radicó durante ocho años en
Bogotá. Sin embargo, en el recurso de reposición afirma haber llegado a esta
ciudad en el año 2000, por lo que sería imposible haber vivido en ella durante
8 años. Este error puede obedecer a diferentes fuentes -desde un lapsus (años,
meses) hasta la mentira- pero revela que al presentar la tutela el señor Huepa
Yara admite que vivió años en Bogotá, lo cual no significa que después de haber
regresado a su tierra no haya sido amenazado y hubiera tenido que desplazarse,
esta vez contra su voluntad y en razón del conflicto armado. (…)”
[70] T-1076/05
[71] T-268/03
[72] Artículo 11. De la
no inscripción. La entidad en la que se haya delegado la
inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la
condición de desplazado, en los siguientes casos:
1. Cuando la declaración resulte contraria a la
verdad.
2. Cuando existan razones objetivas y fundadas para
concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de
hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
3. Cuando el interesado efectúe la declaración y
solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las
circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
En tales eventos, se expedirá un acto en el que se
señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal determinación, el cual
deberá ser notificado al afectado. Contra dicho acto proceden los recursos de
Ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa