T-324-20
Sentencia T-324/20
Referencia: Expediente T- 7.402.480
Acción de tutela instaurada por Jaime Parra
Cubides contra Néstor Obed Camargo Camelo
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos
mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
en el asunto de la referencia por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del
Líbano, Tolima el 19 de febrero de 2019 y el Juzgado Promiscuo de Familia del
Líbano, el 27 de marzo de 2019.[1]
I. ANTECEDENTES
El 7 de febrero de 2019, el señor Jaime Parra Cubides
interpuso acción de tutela buscando la protección de sus derechos fundamentales
al buen nombre, a la honra y al debido proceso, los cuales habrían sido
vulnerados por el señor Néstor Obed Camargo Camelo, al haber emitido un mensaje
vía WhatsApp, el cual, según el accionante, contiene afirmaciones
deshonrosas en su contra. La tutela fue promovida con base en los fundamentos
fácticos que la Sala resumirá a continuación, siguiendo el relato del
peticionario:
1. Hechos
1.
El señor Jaime Parra
Cubides, militante de partido Centro Democrático[2],
señaló que el 20 de noviembre de 2018 recibió vía WhatsApp una imagen
que contenía el siguiente mensaje: “El Directorio del Partido en el
municipio del Líbano, siempre ha manifestado que el señor Jaime Parra alias
“Karpov” es una persona no grata dentro del partido, sus antecedentes son
nefastos, solo es un mercader de la politi[c]a”.[3]
2.
Una vez recibido el
texto confirmó que había sido enviado desde el número de celular de Néstor Obed
Camargo Camelo, quien en ese entonces era el Presidente del Directorio del partido
Centro Democrático en el municipio del Líbano, Tolima (en adelante, el
Directorio).[4]
Aseguró que muchas personas le hicieron saber que habían recibido ese mismo
mensaje.[5]
3.
El 30 de enero de 2019,
el actor citó al señor Camargo Camelo en la Inspección de Policía de Líbano,
con el fin de que llevara pruebas que sustentaran las afirmaciones realizadas
en su contra o de lo contrario, se retractara de lo dicho.[6] El 31 de enero del
mismo año se llevó a cabo una audiencia pública en la que el accionado aceptó
ser el autor del mensaje en comento y se negó a retractarse del mismo.
Analizada la situación, el Inspector de Policía que dirigió la mencionada
diligencia emitió una amonestación policiva dirigida tanto al accionante como
al accionado por los hechos ocurridos, y exhortó a ambos para que en lo
sucesivo se abstuviesen de generar problemas de convivencia.[7]
4.
El accionante señaló
que el señor Camargo Camelo debe retractarse porque no aportó documento válido
en el que constara la decisión del Directorio Municipal de declararlo “persona
no grata dentro del partido”[8],
y por lo tanto, la información que divulgó no es veraz.  Sostuvo que si
existiera una decisión en ese sentido sería nula, pues nunca fue vinculado a un
proceso en el que ello fuera discutido y reiteró que el mensaje divulgado por
el accionante “tiene aptitud de causar graves repercusiones en la honra y
buen nombre al asociar al suscrito con un alias y con actuaciones que
contravienen la ley (mercader de la política) y, por supuesto, reprochadas por
la sociedad”.[9]
Afirmó encontrarse subordinado ante el Representante Legal a nivel municipal
del Partido del que es militante y haber agotado las demás instancias que tenía
a su alcance, como la diligencia policiva antes reseñada.
5.
De conformidad con lo
expuesto, el señor Parra Cubides invocó la protección de sus derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso, y en
consecuencia, solicitó ordenar al accionado rectificar la información que
difundió por WhatsApp y al Directorio, anular el acto administrativo en
el que se tomó la decisión de declararlo “persona no grata”, así como
publicar en la página web del Partido la rectificación correspondiente.
También solicitó ordenar a la Directora Nacional (Presidenta) del partido
Centro Democrático, adelantar una investigación disciplinaria en contra del
accionado por los hechos expuestos.
2. Trámite de primera instancia y respuesta del accionado
6.
El 7 de febrero de
2019, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Líbano, Tolima,  asumió el
conocimiento de la acción de tutela, notificó al accionado con el fin de que se
pronunciara sobre los hechos de la demanda y vinculó al Directorio Municipal
del Centro Democrático con el mismo objetivo.
-  Jesús Antonio Barragán Amórtegui
7.
El 11 de febrero de
2019[10],
el señor Jesús Antonio Barragán Amórtegui, Vicepresidente del Directorio, dio respuesta
a la acción de tutela. En primer lugar, señaló que es cierto que para la época
de los hechos que narró el accionante, el señor Nestor Obed Camargo Camelo era
el Presidente del Directorio; no obstante, aclaró que no le constan los hechos expuestos
en la tutela, y que el Directorio nunca se reunió con el fin evaluar las
condiciones del accionante respecto al Partido. Aseguró que desde la
constitución del mismo, el señor Camargo Camelo nunca convocó al organismo para
que sesionara. Hizo énfasis en que el Directorio “jamás se propuso declarar
al señor Jaime Parra Cubides como persona indeseable para el Partido”,[11] por lo que las
afirmaciones que dieron origen a la acción de amparo corresponden a una opinión
personal del accionado y no a una posición oficial y colectiva del Directorio.
Por último, señaló que de accederse las pretensiones del actor, solo el señor
Camargo Camelo puede ser destinatario de las órdenes pues el mensaje objeto de controversia
fue enviado a título personal, y es completamente ajeno al Directorio.
- Néstor Obed Camargo Camelo
8.
Mediante comunicación
del 13 de febrero de 2019[12],
el accionado contestó la acción de tutela haciendo un análisis de cada uno de
los adjetivos utilizados en el mensaje. Manifestó que las afirmaciones realizadas
no son deshonrosas ni injuriosas e indicó que el mensaje es solo una opinión,
por lo que considera que no existió vulneración de los derechos del señor Jaime
Parra Cubides. En particular, sostuvo que (i) el mensaje se refiere al señor
Jaime Parra alias Karpo, “quien no es el Doctor JAIME PARRA CU[B]IDES, pues el accionado no
identifica o individualiza al Doctor JAIME PARRA CU[B]IDES con
algún seudónimo que afecte su honra, ya que el mismo reconoce su
individualización o identificación por seudónimo, el accionado no lo identifica
de esa manera”;[13]
(ii) la calificación de persona no grata, significa persona no
bienvenida y no tiene ninguna consecuencia jurídica, es una apreciación
personal e individual que no tiene efectos colectivos y no es deshonrosa; (iii)
al decir que sus antecedentes son nefastos, usó el adjetivo conforme a
la costumbre en el  lenguaje político, contexto en el cual se refiere a una
persona que “no gana elecciones, para quien se le reconoce como perdedor o
para quien no suma sino resta o divide […]”;[14]
(iv) la expresión mercader de la política se refiere a alguien
que aplica un método para enfrentar eventos electorales y captar adeptos, no es
un calificativo deshonroso que pretenda difamar, injuriar o afectar el buen
nombre de una persona que hace parte de un partido político. Por último,
manifestó que el mensaje es una opinión que hace parte de un discurso político
y, por ende, merece una especial protección, no son afirmaciones ofensivas que
tengan la capacidad de afectar derechos como el buen nombre o la honra, pues se
trata únicamente de un ejercicio del derecho a la libertad de opinión.
3. Los fallos objeto de revisión
- Sentencia de primera instancia[15]
9.
El 19 de febrero de
2019, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Líbano resolvió, en primera
instancia, declarar improcedente la acción de tutela. Consideró que no se
cumplía el requisito de legitimación por pasiva, toda vez que el actor no se
encuentra en estado de indefensión frente a quien presuntamente vulneró sus
derechos. Señaló que el medio por el cual se divulgó el mensaje no es de gran
impacto; al haber sido emitido por Whatsapp, su grado de difusión se
limita al número de contactos del accionado, y no se demostró a cuántas
personas fue enviado ni si fue reenviado. Añadió que el accionante no se
encuentra sometido frente al señor Camargo Camelo, por el contrario, tiene
varias vías para defender sus derechos tal como lo demuestra la amonestación
policiva que aportó al proceso. Añadió que puede acudir a las acciones
disciplinarias consagradas en los estatutos del Partido al que pertenece y
considerar hacer uso de acciones penales.
- Impugnación[16]
10.
Dentro del término
legal, el señor Jaime Parra Cubides impugnó el fallo de primera instancia.
Argumentó que el Juez minimizó el daño producido por la difusión del mensaje
puesto que redujo su análisis a estimar que WhatsApp no es un medio de
gran impacto, dejando de lado otras consideraciones, como que quién envió el
mensaje era el Presidente del Directorio, por lo que el efecto de su acción es
en sí misma considerable. Además, afirmó que no cuenta con otros medios para la
protección de sus derechos, ya que previamente intentó una conciliación con el
accionado pero en ella no se llegó a ningún acuerdo y un proceso penal
demoraría demasiado en resolverse.
- Sentencia de segunda
instancia[17]
11.
El 27 de marzo de 2019,
el Juzgado Promiscuo de Familia del Líbano resolvió revocar el fallo de primera
instancia y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales del
accionante. Consideró que el accionado utilizó un medio sobre el cual el actor
no tiene control, poniéndolo en una situación de indefensión, y en
consecuencia, estimó cumplido el requisito de legitimación por pasiva.  En lo
que respecta al fondo del asunto, afirmó que existió una vulneración de los
derechos del señor Parra Cubides. Resaltó que el derecho de opinión tiene
límites tales como atender a criterios de veracidad y confirmar las fuentes; en
este sentido, explicó que el señor Camargo Camelo dijo que el accionante era
una persona no grata para el Partido sabiendo que ello no era verdad, pues tal como
lo manifestó el Directorio en la respuesta a la acción de tutela, dicho
organismo nunca había sesionado desde su constitución. A su juicio el mensaje
es “a todas luces negativo sobre la persona del señor Jaime Parra, es mendaz
dado que el directorio negó haber hecho tales declaraciones y fue divulgado por
un medio masivo de comunicación […]”.
Con base en las consideraciones expuestas, ordenó al señor Camargo
Camelo rectificar la información difundida y publicar un retracto en una
radiodifusora del municipio de Líbano.
4. Actuaciones en sede de revisión
12.
Mediante Auto del
quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la Sala solicitó a las
partes ampliar la información sobre el contexto del mensaje que se cuestiona y
las facultades de quien lo emitió. En esa misma providencia suspendió los
términos para fallar el asunto. A continuación se resumen las respuestas que
obran en el expediente.
-  Jaime Parra Cubides[18]
13.
El accionante informó
que se encontraba desempeñando el cargo de asesor jurídico del Directorio, cuyo
Coordinador (antes Presidente del Directorio) actualmente es Germán Cárdenas
Castaño. Sostuvo que fue concejal en el año 1990-1992 en el Líbano por el partido
Conservador, y aclaró que no ha desempeñado cargos públicos ni ha aspirado a
ellos como miembro del partido Centro Democrático. Explicó que se sintió aludido
con el mensaje enviado por el señor Camargo Camelo porque en éste se menciona
su nombre “Jaime Parra y el mote “Karpov”, con el que [se
le] conoce en el Líbano”[19];
sostuvo que nació, creció y se educó en Líbano, y fue compañero de primaria y
bachillerato del accionado. Aseguró que es un destacado jugador de ajedrez y
por ese motivo sus amigos de infancia le llaman por el apodo Karpov; en su
opinión, “es un hecho notorio en el Líbano que [le] dicen Karpov.”
Por último, se refirió a la forma en que el accionado dio cumplimiento al fallo
de segunda instancia. Dijo que la rectificación hecha era una burla y una
ofensa más para él. Indicó que el “mote Karpov, es logrado a partir de la
superación personal dentro del juego ciencia, es un apodo que no atenta contra
la imagen, ni produce burla, en otros términos es un elogio. […] Pero el
Señor Camargo Camelo, en su rectificación dice que tengo un alias” y no
pidió disculpas ni se comprometió a no volver a cometer este tipo de conductas.
Adjuntó una imagen del texto de la rectificación.[20]
- Germán Cárdenas Castaño. Coordinador
Municipal del Líbano-Tolima, partido Centro Democrático[21]
14.
Germán Cárdenas
Castaño, actual Coordinador Municipal del Directorio del partido Centro
Democrático del Líbano, Tolima, explicó que por una reforma a los estatutos el
Directorio se denomina ahora Coordinación Municipal y el cargo que solía
denominarse “Presidente” es ahora el de “Coordinador”. Sostuvo que actualmente
el señor Camargo Camelo es militante oficial del Partido y no ocupa cargo
alguno en la Coordinación, mientras que el señor Parra Cubides es militante y
se desempeña como abogado-asesor de la Coordinación Municipal. En relación con
la forma en la que esa colectividad suele dar a conocer sus decisiones, aseguró
que es a través de comunicados firmados por el Coordinador o por la Mesa
Directiva, los cuales se envían también mediante correo electrónico y redes
sociales, aclarando siempre que se trata de información oficial de la
Coordinación Municipal. De otra parte, afirmó que como Presidente del
Directorio, el señor Néstor Obed Camargo Camelo estaba facultado para hablar y
escribir a nombre de esa Institución. Añadió que si lo que se comunicaba era
una decisión tomada por los miembros de la Junta Directiva, o información
avalada por ese órgano, así debía expresarlo en las publicaciones, y si eran
opiniones personales, estas no comprometen al Partido. Aseguró que “las
consecuencias prácticas de una comunicación o de una opinión expresada por el
Coordinador del Centro Democrático, son de gran importancia para el conglomerado,
porque la gente considera que esas manifestaciones son el sentir del partido.
Por ello deben ser responsables.”[22]
15.
En cuanto al
procedimiento disciplinario partidista consagrado en los artículos 135 y
siguientes del Estatuto del partido Centro Democrático, señaló lo siguiente:
“Las investigaciones se inician de oficio o a petición
de parte, por queja presentada por cualquier ciudadano o por el veedor (en este
caso del Tolima) que conozca o sepa que el militante (art.8), ha incurrido en
la o las prohibiciones contenidas en el art.120 del Código de Ética o haya
quebrantado los Estatutos del Partido, y por ende, incurrido en alguna de las
faltas contempladas en los artículos 126 y s.s.
En la investigación se escucha al disciplinado, se
recaudan pruebas, se le designa defensor de oficio si no lo tiene, la carga de
la prueba está a cargo del Partido, se le notifica el inicio de la
investigación formal, se cierra la investigación, alegatos de conclusión,
decisión, apelación y sanción o absolución.
Entre otros términos, […] no se puede vituperar a un
militante del partido a nombre de una Coordinación, ni expulsarlo sin un debido
proceso, en el cual la persona disciplinada tenga todas las garantías de
defensa, de conformidad con la función otorgada al Consejo Nacional de Ética,
Disciplina y Transparencia, por los artículos 75 y s.s.
6. Consideramos que el Coordinador del Partido, en ese
entonces, señor Nestor Obed Camargo Camelo, actuó de manera personal, sin
consultar al partido, ni a la Junta Directiva que iba a injuriar a un
militante. Mintió a la opinión pública cuando afirmó en ese mensaje que era el
Directorio Municipal, el ente que siempre ha considerado al señor Parra Cubides
como un mercader de la política. El Directorio jamás ha dicho eso. Es más, el
Directorio Municipal en el periodo abarcado desde 2015 a enero de 2019 (tiempo
en el que el accionado presidió el Directorio) nunca se reunió formalmente,
luego, no podía tomar una decisión descalificatoria contra Parra Cubides,
porque sencillamente no sesionó jamás en esa época.”
16.
Por último, sostuvo que
este mecanismo es el único que se encuentra regulado en la organización interna
del Partido.
17.
El accionado, Nestor
Obed Camargo Camelo, no respondió a las preguntas formuladas por el despacho
sustanciador.[23]
Tampoco se pronunció sobre las respuestas que se acaban de reseñar durante el
término concedido para el efecto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
18.
La
Sala es competente para conocer los fallos objeto de revisión, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del Auto del 28 de
junio de 2019, expedido por la Sala de Selección Número Seis de
esta Corte.
2. La procedencia formal de la acción de tutela
19.
Antes de formular el
problema jurídico, la Sala debe analizar la procedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Jaime Parra Cubides contra el señor Nestor Obed
Camargo Camelo. De manera preliminar,
advierte que en esta oportunidad se cumplen todos los requisitos de procedencia
de la acción de tutela, esto es, la legitimación por activa y pasiva, la
inmediatez y la subsidiariedad. A continuación se exponen los argumentos que
sustentan dicha conclusión.
20.
Legitimación
en la causa: Jaime Parra Cubides puede presentar la acción de tutela, al
ser una persona que actúa en nombre propio, buscando la protección de sus
derechos fundamentales (legitimación por activa).[24]
Asimismo, la tutela puede dirigirse contra el señor
Nestor Obed Camargo Camelo, porque para el momento en que se interpuso, el
accionante se encontraba en estado de indefensión frente al accionado[25]
(legitimación por pasiva). Es preciso recordar que un estado de indefensión se presenta cuando
existe una situación desigual entre dos partes en la que una es más fuerte que
la otra y esta última -la parte débil- no tiene medios físicos o jurídicos para
defenderse, o los que existen son insuficientes para resistir la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental, lo cual la pone en una situación de
desamparo[26].
Según esta Corte, “la indefensión es un concepto de naturaleza fáctica, que
se configura cuando una persona se encuentra en estado de debilidad manifiesta
frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias de hecho que
rodean el caso, no le es posible protegerse en un plano de igualdad, bien
porque carece de medios jurídicos de defensa o porque, a pesar de existir
dichos medios, ellos resultan insuficientes para resistir o repeler la
vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.”[27] Por lo tanto, debe ser el juez constitucional
quien verifique si el accionante se encuentra en situación de indefensión
respecto del accionado según el contexto específico de cada caso. De manera
reciente la Sala Plena de la Corte unificó su jurisprudencia en relación con la
procedencia de la acción de tutela entre particulares, en casos que involucran
el derecho a la libertad de expresión en redes sociales. La Sentencia SU-420 de
2019 señaló que “debe hallarse probada la situación de indefensión del
peticionario, la cual no se activa automáticamente por tratarse de expresiones
realizadas en una red social en contra del buen nombre u honra de un individuo,
pues esto parte del estudio concreto que el juez realice en cada caso, a fin de
constatar la legitimación en la causa por pasiva del particular accionado”.[28]
21.
En el caso bajo estudio
se configura una situación fáctica de indefensión entre los señores Jaime Parra
Cubides y Nestor Obed Camargo Camelo. En primer lugar, debe tenerse en cuenta
que para el momento en que ocurrieron los hechos el señor Camargo Camelo era el
Presidente del Directorio. En segundo lugar, es necesario recordar que el
mensaje que se alega como vulnerador de los derechos fundamentales a la honra y
buen nombre del actor fue divulgado por el accionado mediante la aplicación WhatsApp.
En tercer lugar, la Sala valorará la existencia de un medio material de
defensa, como es el mecanismo interno de control previsto en el Reglamento del
partido político. Lo anterior bajo el entedido que, al hacer parte del análisis
de procedencia formal de la acción de tutela, en este punto se realiza una
aproximación inicial sobre la situación de indefensión del accionante. Un análisis
sustancial de la misma corresponde al fondo del asunto, y por lo tanto, será
adelantado por la Sala luego de formular el problema jurídico que corresponda.
22.
Así, (i) al haber sido
nombrado como Presidente del Directorio, el señor Camargo Camelo tenía una
evidente posición de liderazgo y jerarquía  frente a los militantes del
Partido, lo cual, en principio, podría poner al accionante en una situación de desventaja.
Se trata del ejercicio de los derechos y libertades políticas de una persona,
frente a quien ostenta un lugar de poder dentro del movimiento o el partido
político. (ii) El mensaje fue difundido a través de la aplicación WhatsApp,
que es una plataforma que usa internet para comunicar a las personas de manera instantánea
mediante mensajes de texto, de audio y llamadas. Esta aplicación de mensajería
permite la comunicación de manera individual, o mediante la creación de grupos
a partir de la lista de contactos de cada usuario, y dentro de las condiciones del servicio de privacidad,
implementó un sistema de doble cifrado.  En la Sentencia T-574 de 2017[29]  la Corte explicó el mencionado sistema de esta
manera:
“Con el
objeto de impedir injerencias en las conversaciones que desarrollan los
usuarios, la aplicación ha previsto, en sus últimas versiones, el cifrado de
extremo a extremo, consistente en que las llamadas, mensajes y demás
información enviada a través de esta aplicación sólo puede ser vista, leída y
escuchada por las personas participantes en ellas. Todos los mensajes cuentan
con una especie de “candado” que habilita únicamente a los involucrados en la
conversación para ver el contenido de los mensajes o la información remitida.
En la prestación normal del servicio, no guarda en sus servidores un registro
de los mensajes, pues una vez son entregados al destinatario se eliminan de los
mismos. A su vez, si un mensaje no consigue ser entregado de manera inmediata,
puede guardarse en los referidos servidores hasta por 30 días.”
23.
Al aceptar los
Términos y Condiciones de la plataforma, el usuario reconoce que WhastApp está
exonerado de responsabilidad derivada de la utilización que otros usuarios
hagan del servicio de mensajería instantánea y llamadas. Sin entrar a precisar
el alcance y validez de esta descarga de responsabilidad, la cual no es objeto
de la presente sentencia, es relevante señalar tres aspectos importantes para
el análisis del caso. Por un lado, el accionado tenía pleno dominio sobre el contenido del mensaje y sus
destinatarios, mientras que el señor Parra Cubides no podía controlar la
circulación de este. Asimismo, se encontraba “imposibilitado para
contrarrestar de forma actual y oportuna la posible vulneración de sus derechos”[30] pues desconocía las
personas a las que les fue enviado. Por último, carecía de un mecanismo que le permitiera “dirimir
las diferencias entre los particulares en el mismo contexto en el que se
produjo, esto es, en la red social”[31],
en tanto WhatsApp no contempla un mecanismo directo de reclamo ante la
plataforma.
24.
Queda por analizar la
existencia de un mecanismo material de defensa, esto es, el proceso interno de
control del partido político en el que militan las partes. Tanto el accionante
como el accionado hacen parte de un mismo partido político el cual contempla en
sus estatutos un “Procedimiento disciplinario partidista”, explicado por el actual Coordinador del
Municipio de el Libano en el informe que evió a la Sala durante el trámite de
revisión.[32]
Dicho procedimiento interno se ocupa de investigar y sancionar las faltas
disciplinarias y el incumplimiento de los deberes que, como militantes de dicho
grupo, asumen quienes entran a hacer parte de este. Pues bien, una valoración
inicial de la existencia de dicho mecanismo autocompositivo no es suficiente
para desestimar un estado de indefensión en cabeza del señor Parra Cubides.
25.
El contexto
político colombiano tiene unos razgos importantes que deben ser observados por
el juez constitucional, en casos que involucran tensiones políticas. Tras seis
décadas de conflicto armado interno, el país sigue viviendo en un entorno de violencia
e inacción institucional que se ve reflejado en una realidad política compleja
que golpea con mayor ímpetu a las regiones y poblaciones más vulnerables. Para
temporada electoral de 2019, la Defensoría del Pueblo advirtió que el 36% de
los municipios del país se encontraban en riesgo electoral por presencia de
grupos armados ilegales. Por lo tanto, emitió la Alerta temprana 035-19 sobre
riesgo electoral 2019, en la cual señaló que “pudo establecer que son 78 los municipios que tienen
un nivel de riesgo extremo, en donde hay disputa entre grupos armados ilegales
o con la fuerza pública; hay economías ilegales; vulnerabilidad de la sociedad
y poca presencia del Estado.”[33] La polarización y la
estigmatización política y mediática son, entre otros, factores que inciden en
la seguridad de los candidatos y miembros de partidos políticos, líderes sociales,
defensoras de derechos humanos, y miembros de grupos étnicos involucrados en la
contienda electoral. Este panorama incide de manera directa en la actividad
política, en medio de la cual, dependiendo de los actores y el lugar del país
en el que se esté, lo que se dice sobre un militante de un partido político
puede poner en peligro la garantía de muchos de sus derechos. No sólo la honra
y el buen nombre pueden verse comprometidos; también la salud, la dignidad y la
vida misma terminan por ser amenazados en un contexto de violencia e
inseguridad generalizadas. En este contexto, además, la violencia generalizada
puede suponer la captura de los mecanismos internos de control. Por ello, la
existencia de un mecanismo material de defensa, como los procesos internos que
contemplen los partidos políticos en sus estatutos, no desvitua prima facie
el estado de indefensión en el que se puede econtrar un militante de un grupo
político frente a otro miembro de esa misma organización.
26.
La valoración conjunta de estos tres elementos
lleva a la Sala a concluir que la tutela procede en este caso en contra de un
particular, dado que el accionante se encontraba, en principio, en un estado de
indefensión respecto del demandado.
27.
Inmediatez: la acción de tutela fue promovida en un
plazo razonable[34].
Entre el hecho vulnerador, esto es la emisión del mensaje vía WhatsApp
por parte del señor Nestor Obed Camargo Camelo, el 20 de diciembre de 2018, y
la interposición de la acción de tutela, el 5 de febrero de 2019,
transcurrieron un (1) mes y diecisiete (17) días, término más que oportuno para
acudir al amparo constitucional.
28.
Subsidiariedad: la Sala advierte que la acción
de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para la defensa de los derechos
fundamentales del accionante.[35] En especial, considera que la acción penal[36] no es, en este caso,
un medio judicial idóneo de defensa para salvaguardar los derechos
fundamentales a la honra y el buen nombre del señor Parra Cubides. Es
importante tener en cuenta que lo que busca el actor no es fijar una
responsabilidad civil o penal, sino específicamente, el restablecimiento de sus
derechos fundamentales, y según la jurisprudencia de esta Corte, sólo la
protección que brinda la Constitución Política es completa, en tanto no se
limita al establecimiento de responsabilidades, sino que permite además evitar
una vulneración de derechos o restaurarlos si es del caso.[37] Al encontrar
satisfecho también el requisito de subsidiariedad, la Sala continuará con el
estudio del caso.
3. Formulación
de los problemas jurídicos y metodología de la decisión
29.
El accionante,
militante del partido Centro Democrático, señaló que el señor Nestor Obed
Camargo Camelo, presidente del Directorio regional en el Líbano de dicho
partido, realizó afirmaciones vía WhatsApp que vulneran sus derechos
fundamentales. En este contexto le corresponde a la Sala determinar, en primer
lugar, si debe ser el juez de tutela
quien dirima una controversia que involucra el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión entre dos miembros del mismo partido político, cuando no
se ha acudido a las instancias internas de control, y lo que se debate no es un
asunto de interés público. Si la respuesta al primer problema es afirmativa, a
continuación la Sala deberá estudiar si la difusión de un mensaje mediante Whatsapp por parte del Coordinador
Municipal de un partido político vulnera los derechos al buen nombre y a la
honra de un militante del mismo, al referirse a él como ‘persona no grata’, ‘de
antecedentes nefastos’ y ‘mercader de la política’, en el contexto y la forma
en que lo hizo.
30.
Para contestar a estos problemas
jurídicos la Sala hará referencia a tres cuestiones. Primero, expondrá la
jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión
haciendo especial énfasis en el ejercicio de este derecho en un contexto
político y los parámetros constitucionales para establecer su grado de
protección. En segundo lugar, estudiará las características que adquiere la
libertad de expresión al ser ejercida en plataformas tecnológicas. Por último,
aplicará esos criterios al caso concreto.
4. El derecho a
la libertad de expresión, contenido y límites en el ordenamiento jurídico
colombiano
- Contenido del derecho a la libertad de
expresión
31.
El artículo 20 de la
Constitución Política consagra, entre otros, los derechos y libertades
fundamentales a la libertad de expresión y la libertad de información; proscribe
la censura y garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.[38] Siguiendo los fines
que persigue esta norma, y los tratados internacionales ratificados por
Colombia sobre la materia, esta Corte ha concluido que el derecho a la libertad
de expresión está compuesto por: “i)
la libertad de expresión, en estricto sentido; (ii) la libertad de información
con sus componentes de libertad de búsqueda de información, libertad de
informar y la libertad y derecho de recibir información; (iii) la libertad de
prensa que incluye la de fundar medios masivos de comunicación y administrarlos
sin injerencias; (iv) el derecho a la rectificación en condiciones de equidad;
y (v) las prohibiciones de censura, pornografía infantil, instigación pública y
directa al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia
y el delito.”[39].
Los derechos fundamentales a
la expresión y a la información son especialmente relevantes para cualquier
sociedad democrática porque de ellos dependen otros derechos como la
participación en la conformación, gestión y control del poder político, y sirven
de base para valores como la pluralidad y la tolerancia, esenciales para el
Estado Social de Derecho.[40]
32.
Los primeros dos derechos que
distingue la Corte en el artículo 20 de la Constitución, como se evidencia en
la anterior cita, son, por una parte, la libertad de expresión en sentido estricto, que se refiere al derecho
con el que cuentan todas las personas para manifestar y difundir sin
limitaciones sus propios pensamientos, opiniones, o ideas, a través del medio y
la forma que desee. Y, por otra parte, la libertad de información que alude a
la comunicación de hechos, eventos, acontecimientos, y en general situaciones,
que permiten a quien está recibiendo esos datos, enterarse de lo que está
ocurriendo, finalidad que precisamente, le impone a esta segunda libertad
mayores restricciones relacionadas con las cargas de veracidad e imparcialidad.
Tanto la libertad de expresión como la de información se refieren a la
posibilidad de comunicar datos entre personas, se diferencian en que la
libertad de expresión abarca todas las declaraciones que pretendan difundir
ideas, pensamientos, opiniones, entre otros; mientras que la libertad de
información se refiere únicamente a la capacidad de “enterar o dar noticias sobre un determinado suceso”[41]. Sin embargo, en ocasiones es difícil
realizar una diferenciación tajante entre libertad de expresión y libertad de
información, pues una opinión lleva de forma explícita o implícita un contenido
informativo, de la misma manera en que una información supone algún contenido
valorativo o de opinión. Lo anterior incide de manera directa en los límites de
cada una.[42]
33.
La caracterización dual
de la libertad de expresión es importante porque le ha permitido a esta Corte
sostener que las cargas de veracidad e imparcialidad como límites a la misma no
tienen siempre el mismo alcance. En particular, la libertad de expresión en
sentido estricto goza de una gran amplitud en sus garantías y por ende sus
límites son mucho más reducidos.[43]
La expresión de toda persona es parte integral de su ser. Limitar la expresión
de una persona es, por tanto, limitarle su posibilidad misma de ser. Así, la
especial protección que tiene esta libertad incluye una presunción
constitucional en su favor: ante la existencia de una tensión entre el
ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos, valores o principios
constitucionales, prima, en principio, la libertad de expresión. Lo anterior no
significa que se trate de un derecho absoluto, por el contrario, admite
limitaciones “cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio
constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de las
circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con
cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación de
esta libertad”.[44]
- La especial protección del discurso
político y sobre asuntos de interés  público
34.
Dentro del marco de
protección de la libertad de expresión en sentido estricto, la jurisprudencia
constitucional e interamericana[45]
han identificado algunos discursos que gozan de una especial garantía. Este
mayor grado de protección le ha sido otorgado al discurso político, al debate
sobre asuntos de interés público, y a los discursos que constituyen un
ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que
necesitan del ejercicio de la libertad de expresión para materializarse.[46] La Sala referirá a los
dos primeros discursos enunciados, comoquiera que son los que resultan
importantes para la solución del caso bajo estudio.
35.
La Corte ha señalado
que el discurso político “comprende tanto aquellos de contenido electoral
como toda expresión relacionada con el gobierno y, con mayor razón, las
críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos. En consecuencia, toda restricción
en su contra es vista con sospecha, debido a que “(i) a través de ellos no
sólo se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y libertad de
expresión, sino que se realizan todas las demás finalidades por las cuáles se
confiere a ésta una posición preferente en los estados constitucionales; (ii)
este tipo de discursos suelen ser los más amenazados, incluso en las
democracias más vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social,
político o económico pueden llegar a ser afectados por tales formas de
expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su poder para censurar
dichas manifestaciones y reprimir a sus autores.”[47]”[48]
36.
En sentido similar, los
discursos de interés público o que involucren críticas al Estado o sus
funcionarios también gozan de una protección reforzada. Esto se justifica
principalmente en dos razones: “(i) a través de ellos no sólo se manifiesta el
estrecho vínculo entre democracia y libertad de expresión, sino que se realizan
todas las demás finalidades por las cuáles se confiere a ésta una posición
preferente en los estados constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen
ser los más amenazados, incluso en las democracias más vigorosas, por cuanto
quienes detentan mayor poder social, político o económico pueden llegar a ser
afectados por tales formas de expresión y, en consecuencia, verse tentados a
movilizar su poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus
autores”.[49] La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha resaltado la importancia que tiene el
discurso sobre asuntos de interés público. Para este Tribunal, “el control democrático, por
parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia
de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios
sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a
cualquier restricción del debate político o del debate sobre
cuestiones de interés público”.[50]
37.
En suma, el debate
político es “un escenario que dota a la
libertad de expresión de una protección amplia dada su relevancia de cara al
fortalecimiento de la democracia, el pluralismo y la preservación de intereses
públicos […]”[51]. Sin embargo, el
ejercicio de este derecho no es absoluto. A continuación la Sala se detendrá a
estudiar los rasgos que adquiere la libertad de expresión en el contexto
político.
-
La libertad de
expresión en el contexto político
38.
En el análisis de asuntos
que involucran el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el contexto
en el que se comunica es determinante para establecer la forma en que deben ser
resueltos. Teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio las partes del
proceso actúan en su calidad de militantes de un mismo partido político, a
continuación la Sala hará algunas consideraciones sobre el ejercicio de la
libertad de expresión en este entorno específico.
39.
Los partidos políticos
ocupan un lugar importante en la configuración del Estado, en tanto son una de
las modalidades de representación democrática reconocidas por la Constitución.
El artículo 2 de la Ley 130 de 1994 “Por la cual se dicta el estatuto básico
de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación
y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones.”, los
define así:
“ARTÍCULO 2º—Definición. Los
partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político,
promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la
formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al
poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones
políticas y democráticas de la Nación.
Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos
constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o
para participar en las elecciones. Los partidos y movimientos políticos
constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y legales
tendrán personería jurídica.”
40.
Como parte del sistema
político, los partidos deben actuar conforme a los principios rectores de “transparencia,
objetividad, moralidad, la equidad de género” consagrados en el artículo
107 de la Constitución, los cuales fueron introducidos en la reforma realizada
por el Acto Legislativo 01 de 2009. Al explicar el contenido de estos, la Corte
en Sentencia SU-585 de 2017[52]
señaló que su análisis debe ir de la mano con el principio constitucional de
autonomía reconocida a los movimientos y partidos políticos. En este sentido,
sostuvo la Sala Plena que “la autonomía de los partidos y movimientos
políticos es una materialización de los principios de pluralismo y de
separación entre asuntos públicos y privados y una condición de la democracia
real. Se trata de reconocer que en los regímenes absolutos, no existe
separación entre los partidos y el poder público y se acude a crear un partido
de Estado, en el entendido de que el partido es controlado por los gobernantes
o viceversa y se excluye de iure o de facto la libre
contienda política. Esto quiere decir que la democracia exige garantías de no
injerencia de los órganos del poder público en la organización y gestión de
estas instituciones.” Esa autonomía encuentra límites en el respeto de la
Constitución y las leyes[53]
y su principal materialización es la facultad de dictar sus propios estatutos.
41.
El debate político es
un escenario en el que suelen crearse diferentes tipos de controversias. Las discusiones en una contienda política
incluyen debates y contradictores, es un espacio en el que suelen haber
ataques. Se trata pues de una dinámica especial, que debe ser observada por el
juez de tutela cuando tiene que resolver casos como el que ahora estudia la
Sala. Conviene recordar que esta Corte ha avalado en varias ocasiones la
posibilidad de que en época electoral los partidos utilicen la llamada
“propaganda negativa”. Así, ha entendido que se trata de “un recurso válido
en el ejercicio del proselitismo político porque permite el contraste de las
ideas y estimula la formación de la conciencia política del electorado.”[54], la Corte, reiterando
la Sentencia C-089 de 1994[55],
“no halló razonable ‘que los partidos y movimientos se vean privados de
referirse y descalificar tanto los programas de sus émulos como las personas
que los encarnan.’[56]
La Corporación indicó que la denominada ‘propaganda negativa’ ‘es plenamente
legítima y merece la protección del Estado, visto que la misma es manifestación
directa del derecho a la libertad de expresión’[57]”[58]
42.
Además, tal como se
viene sosteniendo,[59]
dentro de los discursos protegidos el político tiene una salvaguarda reforzada,[60] pues con el ejercicio
libre de la expresión en el ámbito político se protegen otras garantías
fundamentales como: el correcto ejercicio de la función administrativa (artículo
209 C.P.), el control político del Congreso -y demás corporaciones públicas-
(artículos 114 y 138 C.P.), la democracia directa y participativa (artículo 3
C.P. ), y el derecho al control político ciudadano (artículo 40 C.P.). La
democracia y pluralidad, como valores constitucionales, fundamentan ese mayor
grado de protección. En este sentido, la Corte ha señalado:
“4.2.2.3.1. Dentro del rango de tipos de discursos
protegidos por la libertad de expresión en sentido estricto, el mayor grado de
protección se provee al discurso político, al debate sobre asuntos de interés
público, y a los discursos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de
derechos fundamentales adicionales que se vinculan necesariamente a la libertad
de expresión para poder materializarse. Las expresiones de contenido político,
o que contribuyen al debate abierto sobre asuntos de interés público o general,
reciben –y han recibido tradicionalmente- un nivel especialmente alto de
protección constitucional frente a todo tipo de regulación. Es claro que el
discurso de contenido político, o que forma parte del debate público, no se
agota en las publicaciones y discursos políticos relacionados con temas
electorales; esta categoría cubre toda expresión relevante para el desarrollo
de la opinión pública sobre los asuntos que contribuyan a la vida pública de la
nación. Por otra parte, existe una serie de modos de expresión que constituyen,
en sí mismos, el ejercicio de otros derechos fundamentales distintos a la
libertad de expresión stricto senso, la cual por lo tanto es una condición
necesaria para su ejercicio y ha de recibir especial protección en estos
ámbitos particulares”[61]
43.
Cabe también advertir
que al adherirse voluntariamente a un partido se adquierien  derechos y
deberes. Por ejemplo, como concreción del principio de participación, todas las
personas que se afilien a un partido político pueden intervenir directamente, o
por medio de su representante, en las decisiones, control o administración del
partido.[62]
Asimismo, al tratarse de agrupaciones que se rigen por el principio del
pluralismo, deben garantizar la expresión de las tendencias existentes en su
interior. Ello implica que sus afiliados están dispuestos a permitir debates en
torno a cada uno de ellos y, por ende, acceden a soportar las críticas,
apreciaciones y reparos que tengan  sus compañeros en relación con sus
conductas y la forma en que representan al partido.  Al introducirse en el
marco de lo público, “se entiende que voluntariamente se sometieron al
escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos de su fuero privado sobre
los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir,
por estar referidos: “(i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al
incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida
privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las
que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades
requeridas para ejercer sus funciones”.[63]
44.
Bajo este marco
contextual, en el que el ejercicio de la libertad de expresión es especialmente
protegido dada su relevancia para el ejercicio de una democracia pluralista y
participativa, la Sala expondrá, siguiendo de cerca el precedente de la
Sentencia T-155 de 2019[64],
algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta por el juez de tutela para
establecer si se trata o no de un caso que deba analizar sustancialmente. Así,
al enfrentarse a controversias generadas entre dos miembros de una misma
organización política, el juez debe examinar: (i) el tipo de organización al
que pertenecen las partes; (ii) quién comunica; (iii) de quién o de qué se comunica;
y (iv) qué es lo que se comunica. Si luego de analizados esos cuatro aspectos,
concluye que se trata de un caso que debe ser resuelto por el juez
constitucional, a continuación lo que corresponde es evaluar el acto
comunicativo según estos otros tres aspectos, a saber: (v) a quién se comunica;
(vi) cómo se comunica; y (vii) por qué medio se comunica.
45.
(i) Características
de la organización a la que pertenecen las partes: debe tenerse en cuenta el tipo de organización de la
que hacen parte quienes se encuentran la controversia. Así, es importante
determinar que se trate de una organización política, dentro de la que se
encuentran los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así
como los movimientos sociales y los grupos
significativos de ciudadanos, los cuales cuentan con la posibilidad de
inscribir candidatos para elecciones.[65]
También  se debe evaluar si se trata de una organización jerárquica; si
consagra en sus estatutos reglas fuertes de conducta y obediencia, o si, por el
contrario, se trata de una estructura flexible en la que se permiten y se
fomentan continuos debates y críticas entre sus miembros. También corresponde
en este punto analizar si los estatutos o reglamentos establecen mecanismos de
defensa interna para la solución de conflictos entre sus miembros. Este aspecto
es muy importante en casos en los que, como el que ahora se analiza, las partes
del proceso entraron en un conflicto como militantes de un mismo partido
político. Tal como lo advirtió la Sala previamente, en virtud del principio de
autonomía las posibilidades de injerencia frente a las actuaciones de los
partidos o de sus miembros debe estar precedida por la certeza de que es
absolutamente necesaria la intervención de personas ajenas a los mismos.
46.
(ii) Quién comunica: debe tenerse en cuenta quién es la persona
que emite la opinión o da a conocer una información y si esta es la autora del
mensaje que se comunica. Deben valorarse sus cualidades y el rol que ejerce en
la organización política a la que pertenece. En concreto, debe apreciarse,
entre otras situaciones, el lugar que ocupa la persona que emite el mensaje en
la colectividad; si ejerce un cargo directivo; si ocupa un cargo público, en
especial de elección popular; o si se encuentra aspirando como candidato a
algún cargo; si se trata de una persona reconocida en el entorno político de su
organización y cuál es su grado de influencia al interior de la misma. Cabe
recordar las consideraciones que sobre los funcionarios públicos expuso esta
misma Sala en la Sentencia T-155 de 2019, en la que concluyó que “dado que el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión por parte de funcionarios públicos tiene un impacto mucho mayor en el
imaginario colectivo, dado el grado de confianza y credibilidad que las personas
suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan estos cargos, se justifica
que tengan una diligencia mayor a la que debería tener un particular al momento
de expresar sus opiniones.”
47.
También
es importante precisar que, cuando es una persona jurídica quien emite el
mensaje,[66] “hay que evaluar quién es
la persona jurídica que se expresa, pues la protección a las opiniones puede
ser más amplia si al ejercer la libertad de expresión también se ejercen otros
derechos fundamentales o se garantizan principios o valores constitucionales.
Por ejemplo, la protección a la libertad de expresión que pueda tener una
empresa u organización privada que transmite un mensaje cuyo interés es
exclusivamente particular y no público, puede ser menor, dadas las circunstancias,
a la protección que tenga un partido político o cualquier agremiación social
con intereses públicos que, en ejercicio de sus derechos políticos, transmita
un mensaje.”[67] También ha de
evaluarse si quien comunica pertenece a un grupo históricamente discriminado,
marginado o en una especial situación de vulnerabilidad, [68] o lo hace en representación de estos, porque cualquier
medida que disminuya la protección de uno de sus derechos se presume
discriminatoria y debe ser desvirtuada para que pueda ser considerada válida.[69] Al respecto ha dicho la Corte:
“se puede señalar que cuando entren en juego los derechos de
grupos de especial protección, dentro de los que se incluyen los grupos
tradicionalmente discriminados, y sean introducidas normas jurídicas que
supongan para ellos afectación o disminución de sus derechos, opera prima facie
una presunción de discriminación, basada en los criterios sospechosos que su
trato desigual plantea. Dicho de otro modo, para preservar la validez y
vigencia de tal Derecho, resulta necesario desvirtuar este supuesto de hecho
discriminatorio del que se parte. // En tales circunstancias se emplea el
mencionado escrutinio judicial estricto, conforme al cual se debe demostrar que
la actuación y las reglas dispuestas, a pesar de generar un efecto adverso en
un grupo marginado o discriminado, obedece i) a una finalidad imperiosa, ii) es
necesaria para lograr dicha finalidad y iii) es proporcionada, en el sentido de
no sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente específicos en aras
de promover la finalidad”.[70]
48.
(iii) De quién se
comunica: en concordancia
con lo anterior, el juez debe establecer las características de la persona
respecto de quien se transmite el mensaje. En este sentido, debe determinar su
lugar o posición dentro de la organización política, su tiempo de permanencia
en la misma, cuál es su capital político, si se trata o no de un servidor
público o si se encuentra aspirando a algún cargo como miembro del partido.
Esta distinción es importante porque dependiendo del grado que ocupe la persona
presuntamente afectada en sus derechos, puede existir un mayor grado de
afectación de los mismos. No es lo mismo que el Director Nacional de un partido
político descalifique públicamente a un militante que está aspirando a un cargo
regional, que si la situación ocurre al contrario. De igual forma, una disputa
entre dos altos cargos regionales, con similitud de partidarios y poder al
interior de la organización, tendría consecuencias distintas en relación con
una posible afectación de sus derechos fundamentales, en especial si el
contexto en el que se da a conocer el mensaje es en etapa electoral o
pre-electoral, toda vez que con ello se puede llegar a influenciar el derecho a
elegir libre - a partir de información veraz- de los ciudadanos.
49.
(iv) Qué es lo que
se comunica: el juez debe
estudiar si el mensaje es “preciso y detallado o general y ambiguo,
dependiendo, entre otros factores, de la forma en que este se transmite”
Así, debe determinar si se trata de un discurso prohibido, es decir, aquellos
que no están protegidos por el derecho a la libertad de expresión: (a) la
propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial,
religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación,
la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por
cualquier motivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas
comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del
delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación
directa y pública a cometer genocidio. De otra parte, le corresponde al juez
precisar si se trata de uno de los discursos especialmente protegidos,
explicados en el acápite 4.2. de esta Sentencia. En particular, es importante
aclarar si se trata de una discusión propia del debate político, que reviste un
interés público, o si por el contrario se trata de un asunto personal que no
está conectado o relacionado con lo público.
50.
Analizados los
anteriores cuatro elementos, de estimarse pertinente, el juez debe estudiar
tres aspectos importantes del acto comunicativo, en los términos de la citada
Sentencia T-155 de 2019, a saber: (a) el receptor del mensaje, (b) la forma en
que se comunica el mensaje, y (c) el medio utilizado para comunicar el mensaje:
“6.3. A quién se comunica: en la ponderación que realice
el juez para solucionar el conflicto entre los derechos a la libertad de
expresión y los derechos de terceras personas, es importante fijar quién es el
receptor del mensaje, para lo cual debe tenerse en cuenta tanto sus cualidades
y características como su cantidad o número.
[…]
6.4. Cómo se comunica: la manera como se comunica el
mensaje también se encuentra amparada por la libertad de expresión, por lo que
se protegen todas las formas de expresión, como el lenguaje oral o escrito, el
lenguaje de signos o símbolos, expresiones no verbales como imágenes u objetos
artísticos o cualquier conducta con contenido o implicaciones expresivas.
[…]
6.5. Por qué medio se comunica:
la
jurisprudencia constitucional ha precisado que la libertad de expresión protege
también el medio que se usa para comunicar. En efecto, “la expresión puede
efectuarse a través de cualquier medio seleccionado por quien se expresa, y la
protección constitucional se extiende a dicho proceso de transmisión y
difusión, así como al medio utilizado, ya que la libertad constitucional que se
estudia protege tanto el contenido de la expresión como su forma”.[71] Por tanto,
las opiniones pueden expresarse a través de libros, periódicos, revistas,
videos, audios, películas, obras de teatro, pinturas, fotografías, programas de
televisión, emisiones radiales, páginas de internet, redes sociales, cartas,
manifestaciones públicas, el uso de prendas con mensajes expresivos, entre
muchos otros. No obstante, cada medio o foro en particular plantea sus propias
especificidades y complejidades constitucionalmente relevantes, que repercuten
en el alcance de la libertad de expresión en cada caso. Por tanto, en el
ejercicio de ponderación en los casos en que entren en conflicto derechos de
terceros con el derecho a la libertad de expresión, es fundamental que el juez
valore el medio o el foro a través del cual se expresa la opinión, ya que este
incide en el impacto que tenga la expresión sobre los derechos como el buen
nombre, la honra o la intimidad.
[…]”[72]
51.
Al igual
que como sostuvo en la Sentencia T-155 de 2019, la Sala advierte que estos
parámetros deben ser analizados en conjunto, pues están todos relacionados
directa o indirectamente, por ello, sólo si se valoran de manera agregada
permiten resolver de forma adecuada la tensión entre derechos. Cabe advertir
también que no se trata de una lista taxativa de los aspectos a tener en
cuenta para resolver conflictos relacionados con el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión entre dos personas que pertenecen a un mismo partido
político: Son solo una guía,
extraída en gran parte de la propia jurisprudencia constitucional, para
orientar la labor del juez al resolver cada caso. Así, le corresponde al juez adelantar
un balance complejo y minucioso entre la amplia protección que debe recibir la
libertad de expresión y  la garantía de derechos como el buen nombre y la honra
o la intimidad, “apuntando siempre a buscar la medida menos lesiva para
libertad de expresión,[73]
pero asegurando al mismo tiempo que el ejercicio de esta no sea usado como una
herramienta de difamación y desinformación en tiempos en donde las “noticias
falsas” se apoderan de la opinión pública y se propagan rápidamente a través de
los distintos escenarios digitales”.[74]
Este análisis debe incorporar, a su turno, los límites constitucionales a la
libertad de expresión.
- Límites a la libertad de expresión
52.
De manera general, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que frente a la libertad de
información operan como límites la veracidad e imparcialidad de los hechos o
sucesos que se den a conocer; mientras que del ejercicio de la libertad de
expresión en sentido estricto se demanda una distinción entre hechos de
opiniones, y en la medida en que incluya supuestos fácticos equivocados o
falsos, puede ser sometida a rectificación. También se encuentran prohibidas
las apologías al racismo, al odio, a la guerra, y la pornografía infantil.[75] Con todo, ambas
libertades deben ejercerse responsablemente, pues no pueden irrespetar los
derechos de los demás. En un estado social y democrático de derecho ningún
derecho constitucional es absoluto, incluyendo, por supuesto, la libertad de
expresión.
53.
Precisamente, la Sentencia T-110 de 2015[76]
señaló que: “no puede
entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar
los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando
principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa
misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona
ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público”.[77] Esta Corte ha sostenido que,
en caso de conflicto con otros derechos la libertad de expresión prevalece a
menos que se logre comprobar que en la información divulgada exista una
intención dañina o una negligencia al presentar
hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan
derechos fundamentales.[78]
54.
La
Corte también ha señalado, siguiendo los parámetros de protección de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,[79]
que toda limitación a la libertad de expresión se presume sospechosa, por lo
que debe estar sometida a un juicio estricto de constitucionalidad, el cual
impone verificar que la restricción que pretende imponerse: “(i) esté
prevista en la ley; (ii) persiga el logro de ciertas finalidades
imperiosas, que han de estar relacionadas con el respeto a los derechos de los
demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la
moral pública; (iii) sea necesaria para el logro de dichas
finalidades; y (iv) no imponga una restricción desproporcionada en el
ejercicio de la libertad de expresión. Adicionalmente, es preciso verificar
que (v) la medida restrictiva sea posterior y no previa a la
expresión objeto del límite, como también, el que (vi) no constituya
censura en ninguna de sus formas, lo que incluye el requisito de guardar
neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita.”[80]
55.
En conclusión,
la libertad de expresión es un derecho que goza de una especial protección
constitucional, pues es muy importante para una sociedad libre, abierta y
democrática. Sin embargo, como todos los derechos, no es absoluto. Sus límites
dependen por un lado, del discurso que se exprese, vale recordar que apologías que promuevan el racismo, el
odio, la guerra, así como la pornografía infantil, son discursos y expresiones
prohibidas por el ordenamiento jurídico colombiano; por otro,  de la modalidad de expresión que se utilice, esto es
opinión o información.
5. La libertad de expresión en internet
- El ejercicio de la libertad de
expresión a través de las nuevas tecnologías
56.
Tal como se ha venido
enunciando, la libertad de expresión en sentido estricto tiene un margen de
protección amplísimo. Este derecho abarca la facultad de todas las personas de
comunicarse con otras, de escoger el medio para hacerlo y difundir su mensaje
al número de destinatarios que desee. En lo que tiene que ver con el contenido
de lo que se da a conocer, esta libertad comprende toda comunicación de ideas,
informaciones y opiniones, incluso si no resultan socialmente aceptables,
incómodas ofensivas o contrarias al sentimiento mayoritario. En consecuencia,
la libertad de expresión está sujeta únicamente a responsabilidades posteriores
que dependerán, exclusivamente, de que se pruebe la afectación de derechos
fundamentales de terceras personas, en otras palabras, está prohibida la
censura previa.
57.
Los nuevos escenarios
digitales juegan un papel importante en el ejercicio de la libertad de
expresión pues lo facilitan y democratizan. La comunicación de opiniones e
informaciones a través de las nuevas plataformas tecnológicas se transmite de
manera ágil e inmediata por cualquier persona a un público muy amplio. Por lo
tanto, los debates democráticos han pasado de estar exclusivamente en manos de
personajes públicos y los medios de comunicación a la ciudadanía, que ha visto
en estas una oportunidad para expresar sus ideas y opiniones, denunciar,
organizarse y movilizarse. En términos de la Relatoría especial para la
libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “[e]n
la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un
instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme potencial en
amplios sectores de la población”[81].
Por supuesto, la tecnología es neutra y puede ser usada con finalidades
distintas e incluso contrarias a la democracia. Es evidente que el internet y
las nuevas tecnologías también implican riesgos, que cada día se conocen más.
Por eso es importante asegurar que los espacios virtuales y digitales ofrezcan
las mismas libertades y garantías para el debate público, y se mantenga como un
espacio de libre, abierto y amplio espectro de comunicación y deliberación.
58.
En este contexto se
debe revisar cuáles son las nuevas dinámicas en términos de interacción social
digital, y analizar sus implicaciones para el ejercicio de la libertad de
expresión. Para ello resulta importante y de gran utilidad acudir a los
estándares interamericanos de protección a la libertad de expresión, que son el
desarrollo de normas, reglas y principios que conforman el bloque de
constitucionalidad. Estos estándares
coinciden con valores y principios del orden constitucional vigente, como el
pluralismo (artículo 1º de la CP), la no discriminación (artículo 13 de la CP) y
privacidad (artículo 15 de la CP). A continuación la Sala se referirá en
específico a un informe elaborado por la Relatora Especial para la Libertad de
Expresión de la OEA y a la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión.
Ambos insumos carecen de vinculatoriedad jurídica toda vez que no hacen parte
del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, esta Corte suele seguir de cerca su contenido,
teniendo en cuenta que se trata de los análisis de una autoridad internacional sobre
la materia y de parámetros útiles de interpretación para este tipo de casos.
59.
En el informe “Libertad
de expresión e internet”, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de
la OEA explicó y aplicó al entorno digital el contenido de los principios
consagrados en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,
adoptados por dicha Organización[82]:
(i) acceso, que consagra la igualdad de oportunidades para todas las
personas, de recibir, buscar y difundir información por cualquier medio de
comunicación; (ii) pluralismo, que se refiere a la maximización del
número de personas y la diversidad de voces que participan en la deliberación
pública, para lo cual los Estados deben “preservar las condiciones
inmejorables que posee Internet para promover y mantener el pluralismo
informativo”; (iii) no discriminación, que implica la adopción de
medidas positivas para prevenir y corregir situaciones discriminatorias que
impidan a ciertos grupos poblacionales ejercer libremente sus expresiones; y (iv)
privacidad, que se refiere al deber del Estado de respetar y proteger la
información personal de todas las personas, y garantizar que terceros se
abstengan de realizar conductas abusivas o intromisorias sobre la misma. La
aplicación de estos principios asegura que los entornos virtuales y digitales
promuevan espacios abiertos y democráticos, en los que la deliberación se pueda
dar en libertad. Impiden que se excluyan personas y discursos o no se busque
superar la brecha digital.
60.
Cabe también recordar
que la Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet,[83] adoptó una serie de principios sobre la
materia dentro de los que estableció que las mismas prerrogativas y límites que
tiene la libertad de expresión en medios tradicionales de comunicación, como
periódicos, programas radiales, o de televisión, entre otros, aplican también
para su ejercicio en internet,
la libertad de expresión se
aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. La
Declaración advierte también que las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan
aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen,
entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una
finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias
para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita").[84] En otros términos, la amplia y
prioritaria protección que reciben los medios de comunicación en una sociedad
abierta y democrática también debe reflejarse y estar presente en los entornos
virtuales y digitales.
61.
Esa misma Declaración
señaló que “al evaluar la proporcionalidad de una
restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto
que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar
y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la
restricción reportaría para la protección de otros intereses”[85]. En el sentido similar, la Corte Constitucional ha establecido que el
amparo a la libertad de expresión y sus respectivos límites se aplican a
internet y a las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de
comunicación,[86] por lo que las restricciones deben
analizarse a la luz de los mismos estándares.
62.
En casos similares al
que ahora se estudia, es decir, tratándose de controversias relativas a la
tensión entre la libertad de expresión y los derechos a la honra y buen nombre
en redes sociales digitales, siendo ambas partes particulares -no medios de
comunicación- la Corte ha analizado cada patrón fáctico para determinar cuál de
esas dos prerrogativas constitucionales debe prevalecer sobre la otra,
partiendo de la protección reforzada de la libertad de expresión, y de las
características diferenciadas que adquiere una publicación hecha en una red
social digital, que si bien puede brindar ventajas y maximizar el potencial
emancipador de la misma, genera también riesgos especiales sobre los derechos
de terceras personas.
63.
El derecho a la
libertad de expresión no cobija únicamente los discursos que gozan de cierto
nivel de aceptación en la sociedad, sino que también están salvaguardados los
mensajes que pueden resultar polémicos, molestos o impertinentes. No sólo se
ampara el contenido sino el tono de las manifestaciones. Así lo
ha reconocido la Corte al señalar que “la libertad constitucional protege
tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas
inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas,
chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente
contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad
constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono.”[87]  La Sentencia T-277 de
2018[88]
estudió la tutela interpuesta por el exalcalde de Girardot, quien solicitaba la
protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra,
presuntamente vulnerados por un particular que en su cuenta de Facebook
había realizado varias publicaciones en las que lo señalaba de cometer actos de
corrupción durante su gestión como Alcalde. Al resolver el caso concreto sostuvo la Corte:
“En ese contexto, aunque algunas opiniones
del accionado resultan chocantes e irritantes para el accionante o sus
familiares, su libre ejercicio de la libertad de opinión deriva en un
imperativo constitucional y un beneficio democrático para el Estado, en su
conjunto. Además, en las expresiones u opiniones revisadas no encuentra esta
Corte un lenguaje agraviante o una ofensa insidiosa ni “mucho menos se observa
que la información publicada sea falsa o hiriente, que ocasione una lesión de
los derechos invocados por el accionante ni distorsione el concepto que la
comunidad pueda tener sobre su gestión o con ellas se impida una debida defensa
en las instancias correspondientes, que conlleve a que este derecho deba ser
limitado.”[89]
64.
La Sala advierte que
los parámetros que en materia de libertad de expresión en internet se han
fijado hasta el momento no son definitivos y estáticos, ya que están en
constante construcción. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha precisado
algunas pautas que permitan determinar, en cada caso, el alcance de la
protección a la libertad de expresión cuando su ejercicio choca con derechos de
terceras personas. Además, teniendo en cuenta el contexto específico de este
caso, en el que dos personas de un mismo partido político están involucradas en
un conflicto generado por un mensaje enviado mediante la aplicación whatsapp,
la Sala se detendrá para hacer unas breves consideraciones sobre el ejercicio
de la libertad de expresión en política y establecerá algunos criterios con el
fin de guiar la labor del juez constitucional en casos análogos.
65.
Teniendo claro lo
anterior, la Sala aplicará los parámetros reseñados al caso concreto.
6. Análisis del
contexto del mensaje enviado por el señor Nestor Obed Camargo Camelo a través
de la aplicación móvil WhatsApp
66.
Siguiendo la metodología anunciada previamente, en primer lugar,
le corresponde a la Sala determinar si la controversia que existe entre Nestor Obed Camargo Camelo y Jaime
Parra Cubides, ambos militantes del partido político Centro Democrático,
generada por un mensaje enviado por el primero, el cual era para ese momento el
Presidente del Directorio Regional del Líbano, Tolima,   en el que afirmó que
el Directorio consideraba al accionante como una persona no grata, de
antecedentes nefastos y mercader de la política; es un asunto que deba ser
resuelto mediante acción de tutela.
67.
De manera preliminar, la Sala advierte que atendiendo a la
estructura del partido político al que pertenecen las partes, el contexto en el
que se realizó el acto comunicativo y el mensaje enviado, la controversia debe
ser resuelta en la instancia interna del partido Centro Democrático. Enseguida,
la Sala aplicará los parámetros constitucionales reseñados en el anterior
acápite de esta Sentencia, con el fin de exponer los argumentos que le permiten
llegar a dicha conclusión.
68.
La organización a la
que pertenecen las partes:
según los hechos probados durante el proceso, tanto el accionante como el
accionado son militantes del partido Centro Democrático, y hacían parte del
entonces Directorio Regional del Líbano, Tolima -hoy Coordinación Regional-. El
partido Centro Democrático tiene personería jurídica reconocida a través de la Resolución
3035 del 23 de julio de 2014 proferida por el Consejo Nacional Electoral.
Cuenta con estatutos propios dentro de los cuales se define como “una
organización política de ciudadanos de carácter democrático, popular, diverso,
incluyente y participativo. El Centro Democrático se inspira en su doctrina
fundacional y en los principios en ella establecidos, los cuales se incluyen en
el preámbulo del presente Estatuto.”[90]
Se trata de un Partido consolidado y organizado jerárquicamente. En sus
estatutos consagra como máximo líder a su Presidente fundador y está
estructurado en cuatro niveles,[91]
cada uno de los cuales cuenta con una Dirección y su respectiva Convención:
nacional, departamental, municipal e internacional. El Capítulo 2 está dedicado
a los derechos y deberes de los miembros del Partido, entre los cuales la Sala
destaca los siguientes:
“ARTÍCULO 12. DERECHOS. Son derechos de los
miembros del partido Centro Democrático:
1. Ser informado y participar en los actos y
decisiones del Partido, según su Estatuto y reglamentos. […]
4. Tener un debido proceso y pleno respeto de sus
garantías en los procedimientos internos.
5. Expresar disensos de manera respetuosa al interior
del Partido, por las vías y espacios consagrados en el Estatuto. […]
ARTÍCULO 13. DEBERES. Los miembros del Centro Democrático
tendrán los siguientes deberes:
1. Respetar y acatar la Constitución, la ley, el
presente Estatuto y las reglamentaciones internas del Partido. […]
4. Cumplir con las directrices dictadas por el
Partido.
5. Denunciar cualquier conducta ilegal por parte de
otros miembros del Partido, que afecten el buen nombre, la transparencia de la
actividad pública y privada del Partido Centro Democrático. […]
8. Ser veedores constantes de las actuaciones de los
miembros y directivos del Partido, especialmente de quienes ostentan cargos de
elección popular. […].”
69.
El Título
VI está dedicado al “Código de ética, disciplina y transparencia”, y en
el artículo 120 prohíbe, entre otros, “la desobediencia a las instrucciones
o directrices que emanen de los órganos señalados en el artículo 30 del
presente estatuto, siempre y cuando no atente contra la objeción de conciencia
aprobada a  un miembro de alguna de las bancadas”[92], “realizar
declaraciones y manifestaciones públicas en nombre del partido Centro
Democrático que comprometan políticamente al mismo, sin contar con la
autorización expresa de los órganos competentes”[93],  y “ejecutar
actos de violencia, injuriar o calumniar a miembros del Partido”.[94] El
reglamento también establece claramente cuáles son las faltas en las que pueden
incurrir los miembros del Partido, dentro de las que se encuentra “trasgredir
cualquiera de las disposiciones señaladas en el capítulo de prohibiciones”[95]; las
clasifica en gravísimas, graves y leves y establece las implicaciones para cada
una de las sanciones que van desde la expulsión del partido a llamados de
atención de forma verbal o escrita.
70.
En línea
con lo anterior, el Capítulo V, del Título VI establece el “Procedimiento
disciplinario partidista”. El artículo 135 instituye la competencia[96] para el
efecto y los siguientes
artículos -136 a 139- describen el proceso disciplinario para los miembros del
partido, el cual fue explicado en detalle por el actual Coordinador Municipal
del Líbano-Tolima del partido Centro Democrático - ver apartado 4 de los
antecedentes, sobre las actuaciones en sede de revisión.
71.
En suma, la
organización a la que pertenecen los actores de este proceso es un partido
político con personería jurídica, consolidado y organizado en una estructura
jerárquica, en el que existe un deber de obediencia respecto de las decisiones
y directrices que adopten los órganos de dirección y representación, consagra
en sus estatutos varios derechos y deberes para sus miembros, y establece
claramente un proceso disciplinario interno, en conjunto con las faltas y las
sanciones que pueden dar lugar o ser consecuencia del mismo.
72.
Quién
comunica:
Nestor Obed Camargo Camelo es el autor del mensaje que el accionante considera
lesivo de sus derechos fundamentales, tal como él mismo lo reconoció al
responder a la acción de tutela. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que para el
momento en el que ocurrieron los hechos, el señor Camargo Cáceres era el
Presidente del Directorio Regional del Líbano del partido Centro Democrático y,
en principio, el mensaje divulgado daba a entender que estaba hablando en tal
calidad. Además, tal como lo aseguró el actual Coordinador del Partido en el
Líbano,  “las consecuencias
prácticas de una comunicación o de una opinión expresada por el Coordinador del
Centro Democrático, son de gran importancia para el conglomerado, porque la
gente considera que esas manifestaciones son el sentir del partido. Por ello
deben ser responsables.” Pese a que al responder
a la acción de tutela el señor Camargo Camelo aseguró que el mensaje enviado es
una opinión individual y propia sobre un asunto de la política regional, lo
cierto es que al emitirlo dijo estar hablando en nombre del Directorio del
Partido. Debe también observarse que el mensaje no fue enviado durante una
época electoral o pre-electoral, y que el señor Camargo Cáceres no es un
servidor público ni desempeña cargo alguno de elección popular. Cabe mencionar,
que durante su intervención en el proceso, el Vicepresidente del Directorio
explicó que desde su constitución -el 27 de mayo de 2015-, este organismo nunca
fue convocado para que sesionara, por lo tanto era materialmente imposible que
existiera una declaración conjunta respecto de uno de sus militantes.[97]
73.
De qué o de quién se
comunica: la opinión del señor Camargo Camelo está
dirigida a calificar las condiciones de “Jaime Parra alias ‘Karpov’”, a
quien se refiere como una persona no grata para el Directorio, de antecedentes
nefastos y mercader de la política. El accionante, Jaime Parra Cubides es un
militante del Partido, que no se encontraba desempeñando o aspirando a cargos
políticos, y, que según él mismo lo afirmó, no es una persona reconocida
públicamente.[98]
El mensaje se refiere a un miembro del mismo partido político de la persona que
lo emitió, y por ende, podría aportar o generar controversia al interior del
mismo. En efecto, las conductas de los integrantes de un partido, su desempeño
en el marco de la contienda política y sus relaciones, entre otros, son
aspectos que pueden ser revisados continuamente por la organización a la que
pertenecen.
74.
Qué se comunica: el mensaje emitido por Nestor Obed Camargo Camelo es
indeterminado y contiene un alto grado de subjetividad. Por lo tanto, la Sala
no puede ubicarlo dentro de un discurso protegido, como lo pretende el
accionado. Conviene recordar, según quedó expuesto en la parte motiva de esta
providencia, que no toda información u opinión expresada en relación con un
actor político tiene relevancia o interés público. Para que un mensaje pueda entrar
en esa categoría su contenido debe ser de interés público, real, serio y actual
de conformidad con la trascendencia e impacto en la sociedad, “[a]sí, la
libertad de información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos
surge la necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general”.[99] El mensaje que se
analiza en esta oportunidad, no cuenta, sin embargo, con una trascendencia tal
que le permita a la Sala ubicarlo dentro de un discurso político, pues se
refiere a apreciaciones subjetivas, respecto a una persona que milita en un
partido político pero que no es reconocida públicamente. No es pues una  discusión
propia del debate político, que revista un interés público, sino un asunto
personal que no está conectado o relacionado con lo público. Debe resaltarse
que en el mensaje no se estaban denunciando, por ejemplo, actos de corrupción o
de mal manejo de lo público. Lo que se hizo fue calificar, con términos que
pueden resultar molestos, a uno de los militantes del partido Centro
Democrático.
75.
Valoración de los primeros
cuatro parámetros:
analizados en conjunto cada uno de los anteriores aspectos, la Sala concluye
que este no es un caso en el que el juez de tutela deba mediar para su
solución. Es en el marco del proceso disciplinario del partido Centro
Democrático, en donde corresponde resolver el conflicto que existe entre los
señores Parra Cubides y Camargo Camelo. La Sala advierte que, en virtud del
principio de autonomía de los partidos políticos, y teniendo en cuenta el
contexto y las características específicas de este caso, el accionante debió
acudir a las instancias disciplinarias de su Partido en aplicación y
acatamiento de sus estatutos, y no directamente a la acción de tutela.
76.
En asuntos como este,
en el que dos militantes de un mismo partido político que no son ampliamente
reconocidos, no alegaron contar con poder disuasivo dentro de la organización y
no son servidores públicos, están inmersos en un conflicto por un mensaje en el
que se usan calificativos incómodos o chocantes para referirse a uno de ellos,
sin estar en etapa electoral o pre-electoral, debe ser la propia política quien haga un control sobre los
excesos de la expresión. Es un escenario en el que de manera autónoma la
política debe controlar las situaciones que ocurren en su interior, en el cual
no es necesaria la intervención del juez constitucional. Recuérdese que no es
limitando o impidiendo la libertad de expresión como se contrarrestan los
excesos de esta, sino controlándola con más expresión;[100]
teniendo en cuenta la protección reforzada de esta libertad en la Constitución.
Por ello, debe ser en el marco del procedimiento interno partidista el lugar en
el que ambas partes den a conocer sus opiniones y apreciaciones sobre la
situación en concreto. En éste, el propio partido debe propender por que se
cumpla su propósito de ser “una organización política con alto sentido de
solidaridad y fraternidad en el que prevalecen las relaciones amistosas y
cordiales entre sus integrantes, y entre estos y la sociedad, para materializar
una cultura de pertenencia al partido”.[101]
77.
De otra parte, es
importante tener en cuenta que la
militancia en un partido político es también una forma de ejercer control
político ciudadano materializado en la libertad de formar parte de los partidos
políticos (artículo 40, numeral 3 y artículo 107, inciso primero C.P.). Jaime
Parra Cubides decidió, de manera voluntaria, afiliarse a un partido político y
en ese momento adquirió una serie de derechos y deberes como miembro del mismo.
Al optar por participar activamente en la vida política del país el accionante admitió
también la posibilidad de recibir críticas y opiniones opuestas de quienes
comparten su filiación política y de quienes no. Sus funciones como miembro del
Centro Democrático, el cumplimiento de sus deberes legales como ciudadano, y la
competencia y capacidades requeridas para desempeñar las actividades que le
sean asignadas, hacen parte del debate propio del contexto político de su
partido y, por lo tanto, debe estar dispuesto a que sean revisadas y
controvertidas por sus compañeros y por la sociedad en general.
78.
Una situación distinta podría
presentarse si una de las partes es notoriamente reconocida en el círculo del
partido al ser uno de los miembros directivos más importante del mismo. Si es
esta persona la que se refiere a otro militante de su mismo partido, si ese
militante, además, aspira a algún cargo público, o es funcionario público y de
lo que se le acusa es de haber cometido actos de corrupción; el juez de tutela
tendría que entrar a evaluar la tensión entre derechos que ello genere; pues podrían
estar en juego otros intereses superiores, por ejemplo, si lo que se busca es influir
en el derecho a elegir libremente y a partir de información veraz de los
ciudadanos.
79.
Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala no entrará a valorar el contenido del mensaje enviado por Néstor Obed Camargo
Camelo, y por lo tanto no estudiará el segundo problema jurídico que fue
planteado.
7. Síntesis de la decisión
80.
La Sala revisó la
acción de tutela promovida por Jaime Parra Cubides, militante del partido
Centro Democrático, contra Néstor Obed Camargo Camelo, quien se desempeñaba
como presidente del Directorio Regional en el Líbano, Tolima, del mencionado
partido, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre y
a la honra. La controversia se originó en un mensaje que el accionado envió
mediante la aplicación WhatsApp en el que afirmó que el Directorio
consideraba al accionante como una “persona no grata, de antecedentes
nefastos y mercader de la política”.
81.
Antes de proceder con el análisis
de fondo del caso, la Sala estudió el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, considerando que todos ellos se verificaban. Particularmente,
con relación al cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por
pasiva, explicó que el accionante se encontraba en una situación de desventaja
frente al accionado pues éste último tenía una posición de liderazgo en el
Directorio Regional del partido político al que ambos pertenecen. También
valoró la Sala el hecho que el mensaje fuese enviado por la aplicación WhatsApp.
82.
Concluyó que el actor se encontraba, en principio, en una
situación de indefensión porque al desconocer a las personas a las que le fue enviado
el mensaje no podía controlar la circulación del texto ni contrarrestar de
forma actual y oportuna la posible vulneración de sus derechos; asimismo,
sostuvo que la existencia de un mecanismo
de control al interior del partido, teniendo en cuenta el contexto político
colombiano, no desvirtuaba la apreciación inicial de indefensión que habilita
la procedencia formal de la acción de tutela. En particular, advirtió que los líderes sociales y políticos en Colombia no
solo ven comprometida su honra y buen nombre frente a calumnias, injurias o
falsas acusaciones. Debido al grado de violencia que se enfrenta en algunas
regiones, además de ver comprometida la libertad y autonomía política para
ejercer y gozar efectivamente de sus derechos políticos; son su vida, su salud,
su integridad personal y su dignidad lo que puede encontrarse en riesgo.
83.
La Sala consideró que eran dos los
problemas jurídicos que le correspondía abordar. El primero era establecer si
debe ser el juez de tutela quien dirima una controversia entre dos miembros del
mismo partido político, cuando no se ha acudido a las instancias internas de
control. El segundo tenía que ver con determinar si la difusión de un mensaje mediante WhatsApp
por parte del Presidente del Directorio Regional de un partido político vulnera
los derechos al buen nombre y a la honra de un militante, al referirse a él
como “persona no grata, de antecedentes nefastos y mercader de la política”.
Para resolverlos la Sala realizó un breve recuento  de la   jurisprudencia
constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión, estudió las
características que adquiere este derecho al ser ejercido en plataformas
tecnológicas y los parámetros constitucionales para establecer su grado de
protección, en especial cuando se ejerce en un contexto político.
84.
En el caso concreto, la Sala
utilizó unos parámetros
constitucionales específicos que le permiten al juez de tutela identificar los
casos en los que su intervención es imprescindible, de cara al principio de
autonomía de los partidos políticos. Así, siguiendo algunos de los criterios
sistematizados en la Sentencia T-155 de 2019, sostuvo que los aspectos que
deben ser tenidos en cuenta, en casos análogos a este, parten de considerar, al
menos, cuatro puntos: (i) las características de la organización a la que
pertenecen las partes, y en especial, la existencia de mecanismos de control
interno en sus reglamentos o estatutos; (ii) quién comunica; (iii) de qué o de
quién se comunica; y (iv) qué se comunica. Si luego de analizados esos cuatro
aspectos, se concluye que se trata de un caso que debe ser resuelto por el juez
constitucional, a continuación lo que corresponde es evaluar el acto
comunicativo según estos otros tres aspectos, a saber: (a) a quién se comunica;
(b) cómo se comunica; y (c) por qué medio se comunica. Enseguida, aplicó esa metodología para analizar el
mensaje enviado por Néstor Obed Camargo Camelo, y concluyó que este es un
asunto que debe ser resuelto al interior del partido político, y no mediante
acción de tutela. La Sala tuvo en cuenta que las partes involucradas no
desempeñan cargos públicos, no son ampliamente reconocidos dentro de su partido,
el discurso que se cuestiona no es de interés público, no se estaba en etapa
electoral o pre-electoral y no son candidatos a un cargo público; y a partir de
allí concluyó que  en este caso debe ser el mismo partido político el que
controle, inicialmente, un presunto exceso en el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión de uno de sus militantes. Por último recordó que, al
afiliarse voluntariamente a un partido político, el accionante asumió que sus
actos, la forma en que desempeña sus funciones y el cumplimiento de sus deberes
legales como ciudadano, entre otros, son asuntos que pueden ser objeto de
debate al interior de la organización. Por lo tanto, accedió a soportar
críticas y a que sus ideas y aportes sean controvertidos.
III. DECISIÓN
85.
Corresponde a los
partidos políticos resolver las disputas que se generen entre sus militantes,
cuando existe un presunto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión,
en un contexto que no es electoral o pre-electoral, y los involucrados no son
funcionarios públicos ni se están refiriendo a asuntos de interés público, sino
a asuntos de carácter personal, expresados de manera difusa y altamente
subjetiva.
86.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. - LEVANTAR la suspensión de términos decretada mediante Auto del quince (15) de octubre de dos mil
diecinueve (2019).
Segundo.
- Por las razones y en los términos
de esta providencia, REVOCAR las sentencias proferidas el 19 de febrero de 2019 por el Juzgado
Tercero Promiscuo Municipal del Líbano, y el 27 de marzo de 2019 por el Juzgado
Promiscuo de Familia del Líbano. En su
lugar, NEGAR el amparo a los derechos fundamentales del señor Jaime
Parra Cubides.
Tercero.- DEVOLVER al juzgado de primera instancia el expediente
digitalizado para darle el trámite respectivo. Una vez se retomen actividades
normales, la Secretaría General de la Corte Constitucional deberá REMITIR el expediente físico.
Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la
Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a
las partes –a través del Juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo
36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente seleccionado por la Sala Número Seis, conformada por los
magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos, mediante Auto
del 28 de junio de 2019.
[2]
El accionante anexó una copia del carné que lo identifica como militante
oficial del partido Centro Democrático. (Folio 19, cuaderno 1).
[3]
Folio 1, cuaderno 1.
[4] El accionante aportó al proceso un Acta con fecha del 21 de mayo de
2015, en la que el Partido se reunió con
el fin de constituir el Directorio
Municipal del Líbano, Tolima (Folios 5 a 12, cuaderno 1). También anexó Acta
del 2 de febrero de 2019 en la que se
conformó el nuevo Directorio Regional del Partido. (Folios 13 a 18,
cuaderno 1).
[5] El accionante no especificó cuántas personas habrían recibido el
mensaje.
[6]
El folio 2 del cuaderno 1 corresponde a la citación realizada por la
Inspección de Policía del Líbano al señor Néstor Obed Camargo Camacho para el día
31 de enero a las 5:00 p. m. En ella consta que el citado se negó a firmarla.
Ver artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se
expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.”, sobre el trámite de proceso verbal abreviado ante las autoridades
de Policía.
[7]La
amonestación quedó registrada en los siguientes términos: “[…] se les llama la atención a las
partes acá presentes, para que se abstengan en lo sucesivo de generar problemas
de convivencia y en caso de volver a incurrir en ellos serán merecedores de
correspondiente comparendo policivo, sin perjuicio de las acciones judiciales a
que haya lugar. Igualmente, se les manifiesta a las partes presentes que de
llegar a pasar algo a la integridad física o a la del núcleo familiar del (la)
señor(a) JAIME PARRA CUBIDES […] en calidad de
convocante y de otra parte el (la) señor(a) NESTOR OBED CAMARGO CAMELO […],
serán las primeras personas investigadas como quieran que manifiestan no
tener comportamientos de alteración de convivencias con otras personas”. (Folios 3 y, cuaderno de primera instancia).
[8]
Explicó que los directorios del partido se manifiestan a través de actos
administrativos firmados por el representante legal en unos casos, y en otros,
por toda la junta directiva. Adjuntó una copia del Estatuto del Partido Centro
Democrático (Folios 20 a 77, cuaderno 1).
[9] Folio 81, cuaderno 1.
[10] Respuesta del Directorio Municipal (Folios 94 a 100,
cuaderno 1)
[11] Folio 97, cuaderno 1.
[12] Respuesta del accionado (Folios 106 a 110, cuaderno 1)
[13] Folio 106, cuaderno 1.
[14] Folio 107, cuaderno 1.
[15] Folios 11 a 115, 1.
[16] Folios 121 a 127, 1.
[17] Sentencia de segunda instancia (Folios 7 a 1o, cuaderno 2).
[18] Al accionante se le preguntó sobre i) el lugar ocupa en el partido
Centro Democrático; (ii) si ha desempeñado cargos públicos o ha aspirado a
éstos como miembro del mencionado Partido, (iii) se le pidió indicar por qué se
consideró aludido con el mensaje enviado por Néstor Obed Camargo Camelo, y
exponer cualquier información adicional que considerara relevante para la
definición del asunto de la referencia.
[19] Folio 35, cuaderno de revisión.
[20] “Buenas tardes:
Dando cumplimiento al resuelve
del Juzgado Promiscuo de familia del Líbano, me permito rectificar la
información que publiqué en este whatsapp, por lo tanto rectifico que el señor
Jaime Parra Cubides alias Karpov, no es una persona no grata en el CD del
Líbano Tolima, no es nefasto, ni es un mercader de la política.”. Folio 38,
cuaderno de revisión.
[21] Al Director, hoy Coordinador, del Directorio Regional del Líbano
del Centro Democrático se le pidió información sobre: i) el lugar que ocupan
los señores Jaime Parra Cubides y Néstor Obed Camargo Camelo en el Directorio y
en el Partido, (ii) la forma en la que el Directorio suele dar a conocer al
público sus decisiones, (iii) señalar si, mientras se desempeñó como Presidente
del Directorio, el señor Néstor Obed Camargo Camelo estaba facultado para
hablar o escribir a nombre de esa Institución, las condiciones en que podía
hacerlo, cuál era su consecuencia práctica y si tiene conocimiento de que lo
hubiese hecho en otras ocasiones, diferentes al mensaje que se controvierte en
la presente acción de tutela, (iv) la forma como funciona el procedimiento
disciplinario partidista consagrado en los artículos 135 y siguientes del
Estatuto del Partido Centro Democrático, (v) los mecanismos que existen al
interior del Partido para solucionar las controversias que surjan entre los
miembros o militantes del mismo y la forma en que funcionan los mismos, y (iv)
cualquier información adicional que considere relevante para la definición del
asunto de la referencia.
[22] Folio 43, cuaderno de revisión.
[23] Al accionó se le pidió que informara sobre (i) el lugar ocupa en el
Partido Centro Democrático,  (ii) las funciones que tenía como Presidente del
Directorio Regional del Partido en Líbano, Tolima, en especial en relación con
la divulgación de las decisiones del mismo; (iii) explicar si estaba autorizado
para dar a conocer las decisiones y opiniones del Directorio por medios
digitales como la aplicación WhatsApp; (iv) aclarar si en el pasado
había hablado en nombre del Directorio y en qué circunstancia, por cuál medio y
qué información dio a conocer en esa oportunidad; (v) aclarar si la persona de
la cual habló en el mensaje que es objeto de la acción de tutela de la
referencia es el accionante, Jaime Parra Cubides, o señalar a quién se refería
en el mismo, y (vi) cualquier información adicional que considere relevante
para la definición del caso.
[24] Según lo dispuesto por el artículo 86 constitucional, todas las
personas pueden interponer acción de tutela ante los jueces para la protección
de sus derechos fundamentales, bien sea directamente o por medio de otra
persona que actúe a su nombre[24]. Por su parte,
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que dicha acción
constitucional “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”.
[25] El citado artículo 86 superior señala que la acción de tutela
procede frente a particulares en
tres circunstancias: (i) cuando están encargados de la prestación de servicios
públicos, (ii) si su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo,
o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
o indefensión.
[26] Sentencia T-407 A de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. La Corte Constitucional ha identificado enunciativamente algunas
situaciones que pueden dar lugar a este supuesto. En la sentencia T-012 de
2012. MP. Jorge Iván Palacio, hizo referencia a las siguientes circunstancias: “(i)
cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e
idóneos que le permitan conjurar la vulneración de un derecho fundamental por
parte de un particular; (ii) quienes se encuentran en situación de marginación
social y económica; (iii) personas de la tercera edad; (iv) discapacitados; (v)
menores de edad; (vi) la imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o
vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro
particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es
titular; (vii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o
contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten
lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación
entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc.
y, (viii) el uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social
que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo
en favor de otro”.
[27] Sentencia T-062 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En este caso se resolvió la tutela interpuesta por una persona en
condición de discapacidad física contra la administración del conjunto en el
que vivía. El accionante pedía que le fuera asignado  un parqueadero de forma
permanente, y que se le ordenara al conjunto residencial “dar excusas
públicas por las afirmaciones y apreciaciones
deshonrosas, groseras y displicentes” sobre su situación de
discapacidad, que fueron expuestas ante los demás copropietarios, al haber
publicado, en un espacio común, una respuesta al derecho de petición que
formuló. La Corte sostuvo que existía una situación de indefensión del
accionante frente a la administración del conjunto y, determinó que las unidades
residenciales deben adoptar medidas positivas frente a las personas en
condición de discapacidad, que contribuyan a la superación de las barreras
físicas con las que suelen encontrarse. En consecuencia, modificó la forma en
la que se distribuían los parqueaderos del edificio mes a mes, de manera que
por lo menos el 2% de los mismos fuera asignado a las personas con discapacidad
[28] Sentencia SU-420 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
S.P.V. y A.V. Alejandro Linares Cantillo y Diana Fajardo Rivera.
[29] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[30] Sentencia T-155 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. En esta oportunidad, la Corte estudió una tutela interpuesta por el Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico de la E.S.E.
Hospital Universitario de Santander, quien consideraba vulnerados sus derechos
al buen nombre, a la honra y a la intimidad, por parte de una trabajadora de
ese mismo Hospital, al haber compartido una publicación en su cuenta de
Facebook en la que aparece una foto y el nombre del accionante, junto con el de
otros directivos del Hospital Universitario de Santander, acusándoles de hacer
parte de un cartel de la corrupción en el Hospital Universitario de Santander.
La Sala concluyó que en el caso la libertad de expresión de la accionada gozaba
de una amplia protección, debido principalmente a que su opinión se enmarcaba
dentro de un tipo de discurso protegido.
[31] Sentencia SU-420 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
S.P.V. y A.V. Alejandro Linares Cantillo y Diana Fajardo Rivera.
[32] Ver supra párrafos 14 y 15.
[33] Defensoría del Pueblo de Colombia. Alerta temprana 035-19. Riesgo
electoral 2019. Septiembre 4 de 2019. Disponible en línea: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/8276/Informe-de-seguimiento-a-la-alerta-temprana-035-19.htm>
[34] La acción de tutela debe interponerse en un término oportuno, justo
y razonable, es decir, cumplir con el requisito de inmediatez. Ello responde a
la finalidad de “protección inmediata” de  los derechos fundamentales
que rige este medio judicial, la cual implica que, pese a no existir un término
específico para acudir al juez constitucional, los ciudadanos deban actuar de
manera diligente y presentar la acción en un tiempo razonable
[35] El requisito de subsidiariedad que se refiere al agotamiento previo
de todos los medios judiciales de defensa que se encuentren al alcance del
accionante para resolver sus pretensiones.
[36] El ordenamiento jurídico nacional tipifica la injuria (Código
Penal, artículo 220) y calumnia (Código Penal, artículo 221) En
efecto, esta Corte ha sostenido que la existencia de una conducta punible no
implica, por sí misma, la improcedencia de la acción de tutela, en la medida
que: “(i) aunque la afectación exista y sea antijurídica, se puede
configurar algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la
responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal
protección a los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un
castigo penal, sino solamente su rectificación; y (iii) la pronta respuesta de
la acción de tutela impediría que los efectos de una eventual difamación sigan
expandiéndose y prologándose en el tiempo como acontecimientos reales y
fidedignos.” Sentencia T-110 de 2015. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
[37] En la sentencia T-263 de 1998 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte sostuvo: “[l]a vía
penal sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos fundamentales,
al paso que la protección que la Constitución Política depara a los mismos es
total. Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las
personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, sí
afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía de la
acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.”
[38] Constitución Política. Artículo 20. Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.
[39] Sentencia T-110 de 2015. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. En esta sentencia la Corte protegió
los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la Rectora de un
colegio quien había sido objeto de señalamientos injuriosos, a través de un
documento distribuido en el Municipio donde residía, por supuestamente impedir
la realización de un congreso de filosofía en el colegio del que era Rectora.
[40] En este sentido, ha sostenido la Corte que “La libertad
de expresión, al igual que las libertades de información y opinión son piedras
angulares de cualquier sociedad democrática. Detrás de ellas se encuentra el
pluralismo, la contingencia del debate y la posibilidad de que las personas se
formen una posición propia frente a su entorno social, artístico, ambiental,
económico, científico y político. Es por esto que cada una de las mencionadas
libertades cuenta con un lugar privilegiado dentro del ordenamiento jurídico
nacional e internacional” Sentencia T-263 de 2010. M.P.
Juan Carlos Henao Pérez. En dicha oportunidad, la Sala Tercera de Revisión de
la Corte Constitucional estudió un caso en el que los promotores de un comité
de revocatoria del mandato del Alcalde de Fusagasugá promovieron una acción de
tutela porque consideraban vulnerados sus derechos a la honra y buen nombre,
toda vez que el servidor público contra el que se dirigía la  revocatoria, una
vez se enteró de la creación del comité, había efectuado diversas alocuciones
al respeto a través de medios de comunicación escritos y audio visuales.
[41] Sentencia T-110 de 2015. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[42] Al respecto ver, entre otras, las sentencias: SU-1721 de 2000. MP.
Alvaro Tafur Galvis; T-218 de 2009. MP. Mauricio González Cuervo; T-904 de 2013
M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-015 de
2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa. En todos
estos casos, la Corte analizó acciones de tutela interpuestas contra
periodistas o medios de comunicación. Al resolverlas sostuvo que cuando una
columna de opinión exprese hechos concretos tales expresiones deben ser
verdaderas, por lo que una columna de esa naturaleza, frente a los hechos que
exponga, deberá cumplir con el requisito de veracidad. En este sentido, sostuvo
la Corte que aunque por mandato constitucional la opinión siempre será libre y
no puede ser modificada por terceros por ser fundada en los valores y
expresiones personales de quien opina, cuando incluya hechos, éstos deben ser
ciertos. Si no lo son, se debe rectificar únicamente en lo que tenga relación
con los hechos que no fueran ciertos, pero nunca sobre las opiniones.
[43] La libertad de expresión es objeto de un grado reforzado de
protección, el cual se fundamenta en (i) consideraciones filosóficas sobre la
búsqueda de la verdad; (ii) razones derivadas del funcionamiento de las
democracias; (iii) motivos atinentes a la dignidad y autorrealización
individual; (iv) consideraciones sobre la preservación y aumento del patrimonio
cultural y científico de la sociedad; y (v) en motivos históricos y
consideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal de intervenir
apropiadamente en esta esfera (Sentencia T-015 de
2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Por ende, este Tribunal ha
sintetizado que la libertad de expresión cumple las siguientes funciones en una
sociedad democrática: (i) permite buscar la verdad y desarrollar el
conocimiento; (ii) hace posible el principio de autogobierno; (iii) promueve la
autonomía personal; (iv) previene abusos de poder; y (v) es una “válvula de
escape” que estimula la confrontación pacífica de las decisiones estatales o
sociales que no se compartan (Sentencia C-650 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[44] Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  En este caso
la Corte tuteló los derechos al debido proceso en conexidad con la libertad de
expresión de RCN, de los presentadores del programa “El Mañanero de La Mega”,
de quienes expresan sus opiniones y puntos de vista a través de este programa,
y de su audiencia. Lo anterior, a propósito de la acción de tutela que
interpuso RCN contra una providencia judicial proferida por el Consejo de
Estado en el marco de una acción popular iniciada por una organización de la
sociedad civil que exigía la protección de la moral pública y las buenas
costumbres de la juventud, valores que consideraba vulnerados por el lenguaje,
los contenidos “soeces”, y la invitación a la agresión que se daban en el
programa “El Mañanero de la Mega”.
[45] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de
julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127: “El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión
pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad
de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un
margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre
cuestiones de interés público”
En este mismo sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló “la jurisprudencia interamericana ha
definido la libertad de expresión como, “el derecho del individuo y de toda la
comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de
todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la
sociedad”; ha enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más
eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre
asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones
inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan,
irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer
cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población.”. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial para la libertad de
expresión. Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de
expresión. 2010. En línea. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf. Consulta del 31/10/18. La Sala
reitera que estas referencias son valoradas unicamente como parámetro de
interpretación sobre el tema, toda vez que, al no hacer parte del bloque de
constitucionalidad, carecen de fuerza vinculante.
[46] Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza. S.V.
Rodrigo Escobar Gil.
[47] Sentencias T-312 de 2015 y T-904 de 2013.
[48] Sentencia T-546 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. S.V.
Alberto Rojas Ríos. En esta providencia la Corte estudió el caso de quien se
había desempeñado como Director General de la Policía Nacional entre los años
2013 y 2016, contra la Editorial La Oveja Negra y Rafael Vergara Padilla,
porque en su opinión, con la publicación del libro “La comunidad del anillo”,
en el que se denunciaba la existencia de una presunta red de prostitución
masculina al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, y el uso de
una foto suya en la portada, vulneraba sus derechos a la intimidad, al buen
nombre, a la honra y a la dignidad, toda vez que la editorial había hecho uso
de su imagen sin su debida autorización. La Corte no encontró vulneradas dichas
garantías fundamentales porque el libro era una recopilación de noticias a
propósito del escándalo en el que se había visto inmerso el accionante, se
trataba de hechos que habían sido difundidos de manera previa a la publicación
del libro, que habían sido oportunamente controvertidos por el demandante.
[49] Corte Constitucional. Sentencia T-904 de 2013. MP. María Victoria
Calle Correa. A.V. Luis Guillermo Guerrero. En esta Sentencia la Corte protegió
los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los hijos, menores de edad,
de la Contralora General de la República, cuyas imágenes habían sido difundidas
en un reportaje emitido en un noticiero de televisión. En Sentencia T-155 de
2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[50] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs.
Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127.
[51] Sentencia T-244 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. A.V.
Carlos Bernal Pulido.
[52] M.P. Alejandro Linares Cantillo. S.V. Carlos Bernal Pulido y
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[53] Ver Sentencia C-089 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
S.V. Jorge Arango Mejía, Carlos Gaviria Díaz, Antonio Barrera Carbonell y José
Gregorio Hernández Galindo. S.P.V. Jorge Arango Mejía, José Gregorio Hernández
Galindo, Eduardo Cifuentes Muñoz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez
Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa. A.V. Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón
Díaz.
[54] Sentencia C-1153 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araujo Rentería.  En esta providencia la
Corte realizó el control previo de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de
garantías electorales.
[55] Ob. Cit. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[56] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[57] Véase la Sentencia C-1153 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[58] Sentencia T-959 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En este
caso la Corte estudió la acción de tutela presentada por Iván Cepeda Castro
contra el gerente de la campaña “Adelante Presidente”, que buscó la reelección
del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez. El accionante consideraba vulnerado
el principio básico de respeto de la dignidad de las víctimas de violaciones
generalizadas de derechos humanos. Lo anterior como consecuencia de la
publicación de un mensaje en el que una persona que habría pertenecido al grupo
político Unión Patriótica le acusaba a ese movimiento de actuaciones violentas.
[59] Ver supra párrafos 35 y 36.
[60] Sentencias SU-420 de 2019 y T-169 de 2019. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
[61] Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[62] Ley 1475 de 2011, “por la cual se adoptan reglas de organización
y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos
electorales y se dictan otras disposiciones.”, artículo 1, numeral 1.
[63] Sentencia T-546 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[64] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[65] Artículo 108, Constitución Política.
[66] La jurisprudencia constitucional ha aceptado que el derecho a la
libertad de expresión puede ser ejercido por personas jurídicas. Ver, entre
otras sentencias: T-391 de 200. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Rodrigo
Escobar Gil; T-904 de 2013. M.P. María
Victoria Calle Correa. A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-312 de 2015. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. A.V. Alberto Rojas Ríos.
[67] Sentencia T-155 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[68] La Corte Constitucional ha
establecido que “para
que un grupo se configure como discriminado o marginado debe reunir tres
características, a saber: i) que en efecto se trate de un grupo social
identificable; ii) que se encuentre en una situación de subordinación
prolongada; y iii) que su poder político se encuentre severamente limitado, por
condiciones socioeconómicas, por clase, o por perjuicio de los demás” (Sentencia
T-736 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub). Así mismo, ha precisado que el grupo marginado es más amplio que el
discriminado pues “comprende no sólo a personas que han sido colocadas en una situación de
desventaja por decisiones estatales, políticas públicas o prejuicios sociales,
sino además a quienes dadas las condiciones reales en que viven, sin importar
la causa, están en una situación de exclusión social, no se han incorporado a
las actividades económicas acudiendo a las formas ordinarias para ello o están
en la imposibilidad material de acceder a los beneficios de una sociedad
organizada” (Sentencia C-741 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. A.V. Jaime Araujo Rentería). De otra parte, la Corte ha señalado que
existen grupos en especial situación de vulnerabilidad por los riesgos de
carácter extraordinarios que enfrentan debido al tipo de tareas y actividades
que desempeñan, como por ejemplo, los defensores de derechos humanos (Sentencia
T-1191 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[69] Ob.Cit. Sentencia T-155 de 2019.
[70] Corte Constitucional.
Sentencia T-629 de 2010. MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[71] Corte Constitucional. Sentencia T-391
de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Rodrigo Escobar Gil.
[72] Sentencia T-155 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[73] Si bien es cierto el grado de restricción
a las libertades de expresión y de información depende de las circunstancias de
cada caso, algunas medidas pueden considerarse altamente lesivas para el
ejercicio de estos derechos, como aquellas que imponen sanciones penales (Cfr.
Caso Kimel Vs. Argentina), indemnizaciones pecuniarias (Cfr. Corte I.D.H. Caso
Fontevecchia y D’Amico) o censuras previas (Cfr. Caso “La Última Tentación de
Cristo” Vs. Chile). Otras acciones contienen restricciones importantes pero
menos gravosas, como las órdenes de rectificación (Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia T-243 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera), y algunas otras tienen un
grado de lesividad menor para el ejercicio de estos derechos, como aquellas que
exigen actualizar cierta información (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
T-725 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez).
[74] Sentencia T-155 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[75] Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V.
Rodrigo Escobar Gil. Reiterada en sentencias T-219 de 2009. M.P. Mauricio
González Cuervo; C-592 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Mauricio
González Cuervo; y T-110 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[76] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esta Sentencia la Corte
protegió los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la Rectora
de un colegio quien había sido objeto de señalamientos injuriosos, a través de
un documento distribuido en el Municipio donde residía, por supuestamente
impedir la realización de un congreso de filosofía en el colegio del que era
Rectora.
[77] Ibídem.
[78] Al respecto ver, entre otras, las sentencias
T-015 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva y T-050 de 2016. MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. En ambos casos se estudiaron colisiones entre los derechos
fundamentales a la libertad de expresión y el buen nombre y honra de terceros.
En ellos se consideró que pese a la especial protección que le brinda el orden
jurídico nacional e internacional a la libertad de expresión, ello no implica
la desprotección de otros derechos que también son destinatarios de amparo
constitucional. Por lo tanto, la prevalencia de la libertad de expresión puede
ceder si se está ante una manifiesta vulneración de otros derechos
fundamentales como la intimidad, la honra y el buen nombre, y si se demuestra
una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales,
incompletos o inexactos que violen o amenacen tales derechos.
[79] En los casos Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Párr. 120;  Palamara Iribarne Vs. Chile.
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Párr. 79;  Kimel Vs. Argentina. Sentencia
del 2 de mayo de 2008. Párr. 54 y  Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina.
Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Párr. 43, la Corte Interamericana ha
señalado que “el
derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, este puede ser
objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención en
sus incisos 4 y 5.” También ha precisado que el derecho a la
libertad de expresión deja un
margen muy reducido a cualquier restricción del debate político o del debate
sobre cuestiones de interés público. En relación con esto, especificó que las
restricciones deben cumplir de forma concurrente con los siguientes requisitos:
(i) estar previamente fijadas por ley -en sentido formal y material-, para que no
queden al arbitrio del poder público; (ii) responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana (“el respeto a los derechos o a la reputación de
los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas”); y (iii) ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual
deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad).
Cita tomada de la Sentencia T-543 de 2017. MP. Diana
Fajardo Rivera.
[80] Corte Constitucional. Sentencia T-543 de 2017. MP. Diana Fajardo
Rivera. S.V. Carlos Bernal Pulido.
[81] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Relatoría especial para la libertad de expresión. Libertad de
expresión en internet. 2013. En línea. Disponible en: < http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf> Consulta del 16/03/18.
[82] Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Adoptada el
19 de octubre de 2000 por la Organización de los Estados Americanos.
[83] Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet.
Adoptada el 1º de junio de 2011 por el Relator especial de las Naciones Unidas
-ONU- sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión, el Representante para la libertad de los medios de comunicación de
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa -OSCE-, la Relatora
especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos
-OEA-, y la Relatora especial sobre libertad de expresión y acceso a la
información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
-CADHP-.
[84] La prueba tripartita a la que hace alusión la Declaración conjunta
sobre libertad de expresión en internet hace referencia a los requisitos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para establecer restricciones a la libertad de expresión, esto es: (1)
la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una
ley formal y material, (2) la limitación debe estar orientada al logro de
objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (3) la limitación
debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines
imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad
perseguida; e idónea para alcanzar el objetivo imperioso que pretende
garantizar.
[85] Ob. Cit. Declaración conjunta sobre libertad de expresión en
internet. Adoptada el 1º de junio de 2011 por el Relator especial de las
Naciones Unidas -ONU- sobre la promoción y protección del derecho a la libertad
de opinión y expresión y otros.
[86] Sentencias T-277 de 2015. M.P. María
Victoria Calle Correa, T-050 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-155 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
En estas sentencias se resolvieron casos en los que a través de aplicaciones
digitales se habían emitido mensajes y opiniones, cuyos destinatarios
encontraron deshonrosas y negativas en relación con su buen nombre. Al
resolverlos, la Corte partió de los mismos límites que le son aplicables a los
medios de comunicación tradicionales.
[87] Sentencia C-442 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. S.V.
María Victoria Calle Correa y Juan Carlos Henao Pérez. En esta Sentencia la
Corte declaró exequibles los artículos 220 y 221 de
la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”, modificados por el
artículo 1 de la Ley 890 de 2004, que consagran los delitos de injuria y
calumnia, luego de considerar, entre otros, que los derechos al buen nombre y a
la honra pueden ser legítimamente protegidos mediante tipos penales.
[88] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[89] Sentencia T-277 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[90] Artículo 2 de los estatutos del partido Centro Democrático.
Folio 25, cuaderno 1.
[91] Artículo 28 de los estatutos del partido Centro Democrático.
Folio 31, cuaderno 1.
[92] Numeral 2 del artículo 120 de los estatutos del partido
Centro Democrático. Folio 65, cuaderno 1.
[93] Numeral 4 del artículo 120 de los estatutos del partido
Centro Democrático.
[94] Ibídem.
[95] Artículo 128, numeral 1 de los estatutos del partido Centro
Democrático. Folio 67, cuaderno 1.
[96] “ARTÍCULO 135. COMPETENCIA. La facultad
disciplinaria del Partido estará en cabeza del Consejo Nacional de Ética,
Disciplina y Transparencia de los Consejos Departamentales de Ética, Disciplina
y Transparencia y de los Veedores en materia de instrucción, según su
correspondiente jurisdicción, quienes estarán investidos de las facultades
otorgadas por la Constitución, las leyes que tratan la materia y el presente
Estatuto, para instruir, sancionar y tomar las decisiones de orden disciplinario
que correspondan, siempre con arreglo a los principios del debido proceso. // PARÁGRAFO:
Para efecto de los procedimientos disciplinarios previstos en el presente
Estatuto, el Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia conocerá de
los mismos en segunda instancia, mientras que los Consejos Departamentales de
Ética, Disciplina y Transparencia, lo harán en primera instancia.”
[97] El señor Jesús Antonio Amórtegui Barragán, actual
vicepresidente del Directorio aseguró haberse reunido con las señoras Martha
Cecilia Vallejo Sierra, Ginna Paola Calderón Cruz, Sara Inés Sánchez Ruiz, y
los señores Germán Muñoz Guzmán, Isidro Chacón Castro y Hernando Herrera, todos
ellos miembros de la mencionada colectividad. (Folio 97, cuaderno 1).
[98] En el escrito de impugnación del fallo de primera instancia el
accionante sostuvo: “aunque no soy un personaje público y nacionalmente
conocido, también tengo derecho como ciudadano a que proteja mi buen nombre por
parte de la justicia.” (Folio 129 del cuaderno 1).
[99] Sentencia SU-1723 de 2000. M.P. Alejandro
Martínez Caballero. Esta Sentencia analizó una acción de tutela interpuesta por
un famoso cantante y compositor musical contra un programa de televisión que
había divulgado información relacionada con un proceso penal que se encontraba
en curso en contra del mencionado músico. Al resolverlo se decidió que el
derecho a la información, en el caso concreto, tenía una doble preferencia
porque (i) la persona a la que se hizo referencia en las notas periodísticas
era una figura pública nacional, y (ii) sus conductas habían despertado la
atención legítima de la sociedad. Este precedente ha sido reiterado en varias
oportunidades, entre otras en las sentencias T-312 de
2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T- 546 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[100] En casos como la Sentencia T-155 de 2019, varias veces
citada a lo largo de esta providencia, la Corte ya había hecho referencia a
esta idea central que informa y fundamenta el derecho a la libertad de
expresión.
[101] Preámbulo de los estatutos del partido Centro Democrático. Folio
24, cuaderno 1.