C-470-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-470/11
ESCOGENCIA DEL
JUEZ PARA PRESENTAR LA DEMANDA LABORAL POR PARTE DEL ACTOR Y LA ORDEN DE PAGOS
SUSTENTADOS EN CLARA PRUEBA DOCUMENTAL-Vulneran el principio de igualdad, la
garantía del debido proceso y derecho de acceso a la justicia
La Corte determina que el artículo 45 de la Ley 1395
de 2010 es inconstitucional, pues la regla que él establece resulta contraria
al principio de igualdad y a los derechos al debido proceso y de acceso a la
justicia, en tanto somete a la parte demandada en los procesos laborales a la
posibilidad de tener que comparecer y ejercer su defensa en un espacio territorial
no predeterminado y por lo mismo en condiciones desproporcionadamente
desfavorables, según lo opte su contraparte. En consecuencia, la Corte
declarará la inexequibilidad del referido artículo 45. De igual manera, se ha
concluido que el artículo 47 de la misma ley, que permite al juez laboral
ordenar antes de la sentencia el pago de aquellos conceptos solicitados en la
demanda que correspondan a derechos ciertos e irrenunciables del trabajador y
que a su juicio se encuentren debidamente probados por documentos, resulta
contrario a la Constitución, por cuanto afecta de manera desproporcionada el
debido proceso del sujeto demandado, lesiona la igualdad en perjuicio de la
misma parte e impide, sin razones válidas, la impugnación de tan importante
decisión. Por lo anterior, se declarará también la inconstitucionalidad de esta
norma.
INCREMENTO DE
CUANTIA PARA EJERCER EL RECURSO DE CASACION ANTE LA JURISDICCION LABORAL-Cosa juzgada
constitucional
PROCESOS
LABORALES-Competencia
en razón del territorio
CLAUSULA GENERAL
DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Alcance
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que en
materias procesales ese ámbito de autonomía es especialmente amplio, pues según
lo ha explicado esta corporación, en ejercicio de su cláusula general de
competencia legislativa, las cámaras tienen la posibilidad de determinar
libremente, entre otras materias: i) lo relativo a las distintas acciones de
que dispondrán los ciudadanos y los tipos de procesos que a partir de ellas
deberán surtirse; ii) la radicación de competencias, salvo en los casos en que
la misma Constitución las ha asignado; iii) las diligencias y etapas que comprenderán
cada uno de tales procesos; iv) los medios de prueba que en cada caso podrán
emplearse; v) los recursos y medios de defensa que los ciudadanos pueden oponer
frente a las decisiones judiciales; vi) los deberes, obligaciones y cargas
procesales de las partes, del juez e incluso de los terceros intervinientes.
Así las cosas, con el fin de no estorbar el libre ejercicio de esa autonomía
por parte del poder legislativo, resulta aconsejable no aplicar
en este caso un test estricto, sino uno intermedio, o incluso de leve
intensidad.
JUICIO DE
PROPORCIONALIDAD-Elementos/TEST
DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO-Alcance
Referencia: expediente D-8303
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
45, 47 y 48 de la Ley 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas
en materia de descongestión judicial”.
Actor: Laura Orjuela Albarracín y otras
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C.,  trece (13) de junio de dos mil once
(2011).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución
Política, las ciudadanas Laura Orjuela Albarracín, Diana Estefany Segura
Castañeda y Sandra Lucía Tovar Reyes presentaron ante esta corporación demanda
de inconstitucionalidad contra el texto de los artículos 45, 47 y 48 de la Ley
1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión
judicial”.
Mediante auto de octubre 21 de dos mil diez (2010) el
Magistrado ponente admitió la demanda y ordenó fijar en lista el presente
asunto, y correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera
el concepto de rigor.
En esa misma decisión se ordenó también comunicar la
iniciación de este proceso a los señores Presidente de la República, Presidente
del Congreso y Ministros del Interior y de Justicia y de la Protección Social.
También se extendió invitación a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados del Trabajo y la
Seguridad Social de Colombia, y a las facultades de derecho de las
Universidades Pontificia Javeriana, Externado de Colombia, de Antioquia, de los
Andes, del Norte, de Cartagena, del Rosario, Autónoma de Bucaramanga y Nacional
de Colombia, para que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre la
constitucionalidad de los preceptos demandados.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.  LAS NORMAS DEMANDADAS
El siguiente es el texto de las normas demandadas, de
conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 47.768 del 12 de julio
de 2010:
“LEY 1395 DE 2010
(julio 12)
“Por la
cual se adoptan medidas en materia
de descongestión judicial.”
CAPÍTULO II.
REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
“ARTÍCULO 45. El artículo 5° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, modificado por el artículo 3° de la Ley 712 de 2001, quedará así:
Artículo 5°. Competencia por razón del lugar. La competencia se
determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el
domicilio del demandante, a elección de este. En los circuitos donde no haya
juez laboral conocerá de los procesos el respectivo juez del circuito, civil o,
en su defecto, promiscuo.
(…)                 (…)             (…)
ARTÍCULO 47. El numeral 3 del parágrafo 1° del
artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, modificado por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007, tendrá un tercer inciso, cuyo
texto será el siguiente:
Si en la audiencia o en cualquier etapa del proceso
resultan probadas con documento pretensiones de la demanda que versan sobre
derechos ciertos e irrenunciables de trabajador, el juez ordenará el pago y el
proceso continuará en relación con las demás pretensiones.
ARTÍCULO 48. Modifíquese el artículo 86 del Código del Procedimiento del Trabajo y de la
Seguridad Social, el cual quedará así:
Artículo 86. Sentencias susceptibles del recurso. A partir de la
vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en
ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya
cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual
vigente.”
III.    LA DEMANDA
A continuación se presentan, en relación con cada una
de las normas atacadas, las razones con apoyo en las cuales las actoras piden a
la Corte declarar su inconstitucionalidad:
3.1. Artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, que
modifica el artículo 5° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, cambiando la regla según la cual la competencia por razón del
territorio se determinaría por el último lugar donde se prestaron los servicios
o por el domicilio del demandado a elección del demandante, por el último lugar
de prestación de los servicios o el domicilio del demandante, a elección
de éste.
Las actoras consideran que esta norma vulnera los
artículos 1°, 13, 29 y 229 de la Constitución Política, así como varios instrumentos
internacionales vinculantes para Colombia, específicamente los artículos 14.1 y
14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el
artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrito en San
José de Costa Rica en 1948.
Sobre este tema, explican que la nueva regla sobre
escogencia del lugar de tramitación de las demandas laborales a elección del
trabajador accionante rompe la igualdad de las cargas procesales en perjuicio
del empleador demandado, ya que además de que el demandante puede decidir sobre
la localidad donde se realizará el proceso, ahora podrá también obligarlo a
comparecer en su propio domicilio, con todas las dificultades que ello implica,
por ejemplo, frente a la premura con que deberá constituir un apoderado y
contestar la demanda.
Señalan que si bien es claro que la relación laboral
se desarrolla dentro de un entorno de intrínseca desigualdad a favor del
empleador, razón por la cual resulta válido que el legislador establezca reglas
o mecanismos tanto sustanciales como procesales, encaminados a corregir esa
situación, ese propósito no puede llevarse al extremo, de crear entonces una
situación de desigualdad en perjuicio del empleador, que es lo que en su
concepto ocurre como efecto de este cambio normativo.
Las demandantes realizan algunas citas y
transcripciones de pronunciamientos de esta corporación en torno a los temas de
desigualdad entre empleadores y trabajadores, sentido de las reglas sobre reparto
territorial de las competencias judiciales y razonabilidad de esos criterios[1],
así como reflexiones propias respecto de tales consideraciones. Sobre estas
bases, indican que al someter a los empleadores a la omnímoda decisión del
trabajador en lo que atañe a la determinación del foro procesal, el referido
cambio normativo crea una ventaja excesiva a favor de los trabajadores, que
viola varios derechos y garantías de los empleadores, específicamente la
igualdad, el derecho de defensa y la posibilidad de acceder a la administración
de justicia, razones que justificarían la inexequibilidad de este precepto.
3.2. Artículo 47 de la Ley 1395 de 2010, que
adiciona un nuevo inciso al numeral 3° del parágrafo 1° del artículo 77 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, norma que establece las
reglas aplicables a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de
excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, que tiene lugar en los
procesos laborales. Esta nueva regla señala que, si durante esa audiencia o en
cualquier etapa del proceso, resultan probadas mediante documentos pretensiones
de la demanda que versan sobre derechos ciertos e irrenunciables del
trabajador, el juez deberá ordenar el pago y el proceso continuará entonces en
relación con las demás pretensiones.
A partir del contenido de esta disposición, consideran
las demandantes que resultan vulnerados el preámbulo constitucional, además de
sus artículos 13 sobre derecho a la igualdad, 29 sobre debido proceso, 31 sobre
el principio de la doble instancia y 229 sobre acceso a la administración de
justicia. En cada caso las presuntas vulneraciones constitucionales son
explicadas con base en extensas citas de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
Sobre lo primero, comienzan por recordar que esta
corporación ha admitido la posibilidad de que una norma legal se declare
inexequible a partir de su disconformidad con el preámbulo constitucional,
respecto de lo cual citan la sentencia C-477 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba
Triviño). A continuación, afirman que el artículo 47 aquí demandado no contribuye
a asegurar la justicia e igualdad de quienes integran el pueblo de Colombia, ni
tampoco a garantizar un orden político, económico y social justo, según el
mandato contenido en el preámbulo, sino por el contrario, es abiertamente
injusto y desproporcionado. Lo anterior por cuanto, de una parte, no existe un
fundamento claro para autorizar al juez a ordenar, en cualquier etapa del
proceso, el pago de acreencias que versen sobre derechos supuestamente ciertos
e irrenunciables, únicamente del trabajador; y de otra, porque tampoco existen
razones que justifiquen el que esta “criticada potestad del juez” no
resulte aplicable a los procesos que se adelanten ante otras jurisdicciones
distintas a la laboral.
También frente a este tema, explican las demandantes
que si bien se comprende la intención de protección al trabajador que subyace
tras este tipo de reglas, el propósito debería ser llevar a las dos partes de
la relación laboral a un escenario de igualdad, más no de desproporcionada
preeminencia del trabajador sobre el empleador, como en su opinión resulta de
facultades como la prevista en el artículo 47 aquí censurado. En relación con
este mismo tema, y a manera de ejemplo, las accionantes citan los artículos 50
del Código Procesal del Trabajo (sobre fallos extra y ultra petita) y 24 del
Código Sustantivo del Trabajo (sobre la carga de la prueba cuando se pretende
acreditar que la relación jurídica que da origen al proceso es de naturaleza
distinta a la laboral), normas que demostrarían el ya reconocido interés del
órgano legislativo por equilibrar una relación originariamente desigual, pero
dentro de un espíritu de justicia y proporcionalidad que, según consideran,
estaría ausente en el caso de la norma acusada.
En relación con la supuesta vulneración del derecho a
la igualdad incorporan una extensa reflexión, basada en gran medida en
anteriores pronunciamientos de esta corporación, principalmente de
constitucionalidad.
A este respecto mencionan la necesidad de que las
medidas que establezcan un trato desigual estén sustentadas en la previa
existencia de una desigualdad fáctica relevante, así como la de que la regla
que responda a ella consulte adecuadamente criterios de proporcionalidad al
comparar las situaciones de los diversos sujetos interesados. Explican entonces
que una regla de trato diferenciado con intención presuntamente correctiva sólo
podrá ser válida en la medida en que sea clara la previa existencia de
condiciones de desigualdad material, y siempre y cuando la situación resultante
no resulte excesivamente favorecedora del grupo cuya situación de inferioridad
se buscaba remediar.
Sobre este tema las demandantes citan de manera
extensa los fallos C-043 de 2002 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) y C-561 de 2004
(M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), en los que la Corte habría analizado la
conformidad constitucional de ciertas medidas correctivas de la igualdad en el
ámbito procesal, abordando temas tales como cuál es el grado de intensidad o
exigencia que en eventos así debe tener el juicio de igualdad para resguardar
adecuadamente ese principio sin afectar la autonomía que en todo caso debe
reconocerse al legislador, como también las condiciones bajo las cuales un
precepto que pretenda corregir la desigualdad de las partes dentro del proceso
podría eventualmente devenir discriminatorio contra alguna(s) de ellas.
A partir de estas y otras consideraciones, señalan que
la medida contenida en la norma demandada sería inexequible al carecer de “legitimidad
o validez constitucional en la finalidad propuesta”, por cuanto como
consecuencia de ella se sacrificarían bienes de mayor importancia
constitucional que los que se pretende proteger. Ello por cuanto, so pretexto
de resguardar derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, se lesionarían
garantías tan sensibles como el derecho de defensa de los otros sujetos
procesales, así como el derecho a la igualdad en cabeza de aquéllos.
Sobre el mismo punto, y a propósito de los elementos
del test de la igualdad, agregan que si bien sería posible, en gracia de
discusión, admitir que la medida podría ser necesaria en razón a la usual
inferioridad de condiciones económicas del trabajador, es evidente que no sería
idónea, pues no existen en torno a ella, en la misma norma o en otras aledañas,
mecanismos procesales adecuados para garantizar que esta facultad será
correctamente ejercida.
Por último, y aunque reconocen que estas
consideraciones son intrascendentes a efectos de sustentar la inconstitucionalidad
de la norma atacada, comentan que otras disposiciones del Código Procesal del
Trabajo, entre ellas su artículo 48, otorgan al juez amplios poderes para
restablecer el adecuado equilibrio entre las partes, lo que hace que esta nueva
regla sea, de un lado innecesaria, y de otro, impráctica e inoportuna. Agregan
que en razón al fuerte desbalance que ella genera, los jueces laborales podrán
experimentar duda y dificultad en su aplicación, dado que si bien es posible
invocar en este tipo de situaciones la excepción de inconstitucionalidad, este
mecanismo no suele brindar al juez tranquilidad suficiente, ante la posibilidad
de que su proceder sea luego cuestionado en el ámbito disciplinario, o incluso
en el penal.
En torno a la posible violación del derecho al debido
proceso de que trata el artículo 29 superior, explican las actoras que la forma
como la ley reguló esta facultad (que también es una obligación) del
funcionario judicial, apenas como una incidencia menor dentro del trámite de la
audiencia de conciliación, resolución de excepciones, saneamiento y fijación
del litigio, o en cualquier otro momento procesal, no garantiza el derecho a la
contradicción de la prueba, que según la jurisprudencia de esta Corte, hace
parte del derecho al debido proceso. Específicamente, cuestionan la ausencia,
dentro del texto de la norma, de una regulación suficiente sobre la forma de
poner en movimiento este poder del juzgador, como también la posibilidad de que
con su aplicación se sorprenda indebidamente al empleador demandado, quien no
estaría en condiciones de ejercer una defensa adecuada en tales situaciones.
En la misma línea, señalan que tampoco es claro si
proceden o no recursos contra una orden proferida en ejecución de esta
facultad, situación que infringiría el principio de que trata el artículo 31 de
la Constitución Política, teniendo en cuenta que tal decisión podría
considerarse como una sentencia parcial, por lo tanto susceptible de
reconsideración.
Igualmente, consideran que este mecanismo estorba el
proceso de libre formación del convencimiento del juez, que según explican,
constituye un principio necesario para la efectividad de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia (arts. 29 y 229 Const.). A
este respecto señalan que el hecho de haber tomado una determinación de este
tipo entraña un prejuzgamiento, que predispone al juez en relación con las
demás medidas que deberá tomar al avanzar el proceso, y especialmente al momento
de dictar sentencia, pues difícilmente él estará dispuesto a adoptar decisiones
que resulten en contradicción con sus iniciales apreciaciones, aquellas que le
condujeron a ordenar un pago inmediato y parcial de lo pedido en la demanda.
Finalmente, aducen que esta facultad que la ley
atribuye al juez laboral entra también en conflicto con apartes de varios
tratados internacionales de derechos humanos, que en cuanto tales son parte
integrante del bloque de constitucionalidad. De manera especial, concluyen que
en atención a todas estas consideraciones no podría afirmarse que la
participación de un empleador dentro de un proceso ordinario laboral implica
para éste la existencia de un recurso judicial efectivo, tal como lo precisa la
normatividad internacional sobre la materia, exigencia que resulta aplicable en
todos los ámbitos procesales y no únicamente en materia penal, razones que las
llevan a concluir que el artículo 47 en comento debe ser declarado
inconstitucional.
3.3. Artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, que
modifica el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, incrementando a 220 veces el salario mínimo mensual más alto la cuantía
requerida para la procedencia del recurso de casación en los procesos que se
siguen ante esa jurisdicción. Consideran las accionantes que esta regla y el
cambio operado frente a aquella previamente vigente[2],
son contrarios a los artículos 25, 53 y 229 de la Constitución Política.
En relación con este asunto, las demandantes plantean
una comparación de las cuantías contempladas en los sucesivos textos del
artículo 86 de este Código, desde su entrada en vigencia en 1948. A este respecto señalan que un elemento de racionalidad común a todos los anteriores
incrementos había sido la no superación del 50% de la suma anterior como
criterio del respectivo reajuste, parámetro que fue ignorado en esta última
reforma, puesto que el crecimiento de la cuantía mínima requerida supera en
este caso el 83%.
Seguidamente incluyen otras reflexiones derivadas de
la cuantía prevista en esta nueva norma procesal, así como del actual valor del
salario mínimo legal y del previsible volumen de personas que en el país
devengan apenas esa suma o alguna ligeramente superior, para concluir que esta
nueva regla convertirá en absolutamente marginal la posibilidad de que los trabajadores
interpongan el recurso extraordinario de casación, situación que en tal medida
sería contraria al contenido de los artículos 25 y 53 superiores.
En sustento de esta aseveración, las demandantes
presentan un ejemplo numérico frente al cual se aplica la norma acusada, según
el cual un caso de indemnización por despido injusto de un trabajador que
devengue un salario cercano a diez (10) salarios mínimos no tendría acceso al
recurso de casación, salvo en la imposible hipótesis de que el mismo hubiere
estado al servicio de ese empleador por un extenso período, incluso superior a
la totalidad de la vida laboral de un trabajador promedio.
Sostienen que en tales condiciones no se cumple
verdaderamente el derecho de acceder a la administración de justicia de que
trata el artículo 229 superior, razón por la cual la norma que contiene esta
regla es inconstitucional.
Más adelante, las demandantes realizan una extensa
cita de la sentencia C-596 de 2000 (M. P. Antonio Barrera Carbonell), en la que
la Corte discurrió sobre la naturaleza y finalidades del recurso extraordinario
de casación. Con apoyo en ello, señalan que si bien existen mecanismos
judiciales para ventilar las controversias de carácter laboral, la
imposibilidad casi generalizada para acceder a este recurso, y para lograr que
el órgano límite de esa jurisdicción pueda conocer de tales casos, impedirá que
esa alta instancia pueda invalidar sentencias que no apliquen correctamente el
derecho sustancial o hayan quebrantado requisitos esenciales del procedimiento
en perjuicio de los trabajadores, mermándose así de manera sustancial la
efectividad del derecho de acceder a la justicia y la de los derechos y
garantías laborales.
Finalmente, citan también la sentencia C-475 de 2003
(M. P. Jaime Araújo Rentería), conforme a la cual el test de razonabilidad
resulta aplicable no sólo al analizar la posible violación del derecho a la
igualdad, sino en general, al examinar la eventual vulneración de algún otro
derecho fundamental, como en este caso, el de acceder a la administración de
justicia. De allí concluyen que el señalamiento de una cuantía tan elevada para
acceder a este recurso sólo sería constitucionalmente viable en la medida en
que la finalidad perseguida, que como es sabido es la descongestión judicial,
cumpla un propósito constitucional, y que el beneficio alcanzado sea claramente
superior al sacrificio de derechos que con ello se ocasiona.
Consideran las actoras que estos parámetros no se
cumplen en el caso concreto de la restricción del recurso de casación en el
ámbito laboral, razón por la cual la norma debería ser declarada inexequible.
IV. INTERVENCIONES
Durante el término de fijación en lista se recibieron
cinco (5) escritos de ciudadanos e instituciones públicas y privadas que dieron
su opinión sobre los planteamientos contenidos en la demanda.
4.1. Del Ministerio de la Protección Social
Este Ministerio intervino por conducto de apoderada
especial, e hizo llegar a la Corte un extenso escrito en el que pidió declarar
la exequibilidad de todas las disposiciones legales acusadas.
En respaldo de su solicitud, esta interviniente
realiza en primer lugar una amplia exposición de los antecedentes legislativos
de la hoy Ley 1395 de 2010, que incluye las consideraciones generales, las
propuestas directamente relacionadas con el procedimiento laboral y fragmentos
de las ponencias en los que se sustentaría le conveniencia y/o utilidad de
tales iniciativas.
Consta allí, por ejemplo, que dado que el principal
móvil de este proyecto era procurar la descongestión de los despachos
judiciales, la razón que explica el cambio propuesto en torno a la escogencia
de domicilio procesal fue la percepción de que esta regla causa gran
acumulación de procesos laborales en los juzgados de las principales ciudades;
de igual manera, el aumento de la cuantía para recurrir en casación se
justificó en la sobrecarga de trabajo entonces existente en la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Resalta esta apoderada que, según se
informó en las ponencias, lo que se pretendía era la descongestión judicial, y “uno
de los instrumentos para lograr tal cometido es ‘la racionalización del aparato
judicial, para hacer más efectiva la justicia, mediante un control más estricto
de la demanda de la misma’.”
Concluido el relato de tales antecedentes, explica
también esta interviniente que las normas aquí demandadas son producto de las
decisiones racionales del órgano legislativo, dentro del amplio margen de
configuración normativa que aquél tiene respecto de este tipo de materias, en
desarrollo de lo previsto en el artículo 150 de la Constitución Política, y de
la función que le compete para señalar y establecer las formas propias de cada
juicio. Por lo demás, explica también que todas estas medidas efectivamente
apuntan a generar un alivio frente al grave problema de la congestión judicial,
lo que en su concepto avalaría su razonabilidad, que las demandantes ponen en
duda.
Agrega también que el hecho de que, según lo establece
el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, ciertas personas deban comparecer a procesos
judiciales que se adelantan en municipalidades distintas a aquellas en la que
tienen su domicilio, es una circunstancia casual que no es suficiente para
poner en duda la constitucionalidad de dicha medida. Afirma además que por
regla general en los procesos laborales es necesario concurrir por conducto de
apoderado, que es sobre quien recae la responsabilidad de asistir a las
audiencias y vigilar el proceso, lo que minimiza la incomodidad y el efecto
negativo que ello pudiera generar en los empleadores demandados.
En relación con la facultad de ordenar el pago de
derechos ciertos e indiscutibles de que trata el artículo 47 ibídem, resalta
esta interviniente que esta norma sólo resulta aplicable en aquellos casos en
que el respectivo derecho se encuentre probado más allá de toda duda, evento en
el que cualquier posible defensa del demandado resultaría inane y dilatoria.
Explica también que en caso de existir alguna incertidumbre sobre el
particular, la facultad prevista en esta norma no resulta aplicable. Así las
cosas, considera que en ese escenario no podría producirse menoscabo del
derecho de defensa del empleador, y que en tal medida, la norma resulta
plenamente exequible.
En torno a la regla que modifica la cuantía mínima
requerida para la procedencia del recurso de casación (art. 48), reitera la
representante de este Ministerio que esta norma se justifica en la necesidad de
racionalizar la carga de trabajo de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, objetivo para cuya consecución el Congreso tendría la
libertad de diseñar las medidas que considere más apropiadas.
En relación con el mismo tema, transcribe parcialmente
y comenta varias decisiones de esta corporación[3] en las que se habría
afirmado que la cuantía de las pretensiones es un criterio constitucionalmente
válido para racionalizar la demanda y el acceso a la administración de
justicia, y que el señalamiento de las reglas de procedibilidad de los
distintos recursos procesales es un asunto del resorte exclusivo del órgano
legislativo.
También indicó que la restricción resultante del
umbral de admisibilidad contenido en el precepto cuestionado aplica por igual a
demandantes y demandados, trabajadores y empleadores, por lo que no resulta
válido asumir que esa regla perjudica sólo a los primeros. Dijo además que en
aquellos casos en que no proceda el recurso de casación, existe aún un conjunto
de acciones y recursos procesales suficientes para a través de ellos lograr la
apropiada resolución de los conflictos originados en las relaciones de trabajo.
Con apoyo en los anteriores planteamientos, la
representante del Ministerio de la Protección Social reitera su solicitud de
que se declaren exequibles las disposiciones demandadas.
4.2. Del ciudadano Iván Alejandro Restrepo Pardo
Este interviniente presentó a consideración de la
Corte un escrito en el que se pronuncia únicamente en relación con el artículo
45 de la Ley 1395 de 2010, respecto del cual pidió declarar su exequibilidad.
En sustento de su solicitud, este ciudadano señala que
la constitucionalidad de esta norma depende directamente del resultado que
emane del test de proporcionalidad que sobre ella puede realizarse. Al proceder
a ello, indica entonces que esta norma deberá considerarse exequible siempre
que observe los tres criterios básicos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
En relación con el primero de ellos lo entiende
cumplido, en la medida en que la congestión judicial existente en Colombia que
es visible a todos los niveles, implica un incumplimiento, o por lo menos un
cumplimiento imperfecto del deber del Estado de administrar justicia frente a
los conflictos que surgen dentro de la sociedad. Así, el interviniente
considera necesario que el legislador ofrezca alternativas de
descongestión judicial que mejoren las condiciones en que el Estado presta este
servicio.
Entiende también que la medida es idónea pues
al brindar alternativas a los trabajadores demandantes, entre ellas la de
ventilar sus demandas en el lugar donde residen, o la de poder promoverlas ante
los jueces civiles o promiscuos en aquellos municipios en los que no existan
jueces laborales, efectivamente puede contribuirse al control de la congestión
judicial en otros espacios.
En lo que atañe a la proporcionalidad, criterio
que también considera cumplido, explica que ofrecer facilidades de acceso a la
justicia a los trabajadores, que son normalmente la parte débil de la relación
laboral, es una medida adecuada que contribuye a compensar esa situación, pues
además no considera que ello deje a los empleadores, que son la parte fuerte de
esa misma relación, en condiciones de indefensión ni de irrazonable afectación.
En torno al mismo tema, cita y transcribe apartes de
la sentencia C-390 de 2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero) en la que la
Corte analizó este mismo tipo de queja pero frente al texto entonces vigente
del artículo 5° del Código Procesal del Trabajo, conforme al cual la demanda
podría presentarse en el lugar en el que se prestó el servicio o en el
domicilio del demandado, a escogencia del actor, bajo la consideración de que
esa regla lesionaba los derechos y garantías del trabajador al tener que
presentar su demanda, las más de las veces fuera de su domicilio.
El interviniente subraya que en ese caso esta
corporación señaló que si bien ciertamente sería más favorable a los
trabajadores una regla como la ahora incluida en el artículo 45 de la Ley 1395
de 2010, el legislador tiene amplia facultad para decidir al respecto, por lo
que no es función de la Corte censurar la opción por él escogida, ni menos
imponer criterio alguno a este respecto. De lo anterior, el ciudadano
participante deduce que tampoco en este caso cabría cuestionar la reciente
decisión legislativa que permite al actor ante la jurisdicción laboral demandar
ante el juez de su propio domicilio.
4.3. Del Ministerio del Interior y de Justicia
Este Ministerio se pronunció, también a favor de la
exequibilidad de todas las disposiciones acusadas, mediante escrito presentado
por apoderada especial, designada por el señor Director de Ordenamiento
Jurídico.
En relación con la primera de las normas demandadas,
esto es, el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, manifiesta no compartir la
perspectiva desde la cual las actoras denuncian su inconstitucionalidad.
Explica además que la nueva configuración del llamado fuero
electivo[4] es resultado de la no
prosperidad de dos propuestas en las que se buscaba simplemente que las
demandas laborales se presentaran en el lugar donde hubieren sido prestados los
servicios: de una parte, un artículo del más reciente proyecto de ley de
reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que fue declarado
inexequible por esta corporación al considerarlo regresivo respecto de las
opciones antes existentes para los trabajadores demandantes[5],
y de otra, la versión inicial del artículo hoy demandado, en la que se proponía
también la eliminación del fuero electivo[6], opción que fue cambiada
por la finalmente aprobada y ahora cuestionada, precisamente en atención a la
reflexión planteada por esta corporación en el pronunciamiento de revisión
recién reseñado.
También cita los fallos de esta corporación C-390 de
2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero) sobre el texto entonces vigente del
artículo 5° del Código Procesal del Trabajo y C-540 de 1999 (M. P. Alfredo
Beltrán Sierra) sobre una norma de análogo contenido, pero referida a las
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral,
sentencias en las que la Corte resaltó, de una parte, la amplia libertad de
configuración normativa que en relación con estos temas tiene el legislador, y
de otra, el hecho de que si las normas que determinan competencias
jurisdiccionales causan alguna molestia o carga adicional a alguno de los
sujetos procesales, ello no puede conducir a considerar que esa norma es
inexequible.
Respecto del artículo 47 acusado la interviniente se
remite a lo explicado en la exposición de motivos del proyecto antecedente de la
Ley 1395 de 2010, en la que se habría sustentado la conveniencia y validez de
esta fórmula, resaltando que ella aplica únicamente para aquellos casos en que
el respectivo derecho esté “plenamente probado más allá de toda duda”,
bajo la consideración de que en estos casos no se justifica mayor desgaste
procesal, y bien puede procederse a decidir sin necesidad de agotar todo el
trámite. Considera que bajo esta perspectiva la norma no vulnera el derecho a
la igualdad de las partes ni ninguno otro de los preceptos constitucionales
invocados en la demanda (Está en negrilla en el texto original).
Finalmente, acerca del artículo 48, por el cual se
modifica la cuantía mínima para ejercer el recurso extraordinario de casación
en materia laboral, la apoderada interviniente realizó un recuento de los
sucesivos textos del artículo 86 del Código Procesal Laboral resaltando que,
más allá de los umbrales específicos definidos en cada oportunidad, la idea
subyacente es la limitación de la procedencia de este recurso, que es
excepcional y no usual, parámetro que la jurisprudencia ha avalado. En sustento
de la exequibilidad de ese precepto, efectuó entonces una extensa cita del
referido fallo C-596 de 2000 (M. P. Antonio Barrera Carbonell), en el que la
Corte habría relievado la validez constitucional de estas restricciones frente
al recurso extraordinario de casación, como también de la sentencia C-103 de
2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), en la que en línea semejante se
analizó el establecimiento de la única instancia en algunos procesos civiles de
baja cuantía.
4.4. Del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Dicho instituto intervino en este proceso con un
escrito preparado por uno de sus miembros, el abogado Ernesto Forero Vargas,
quien respalda los cargos de la demanda y solicita declarar la inexequibilidad
de las normas acusadas.
En relación con la primera de ellas, aquella que
reforma el artículo 5° del Código Procesal del Trabajo permitiendo que, por
escogencia del trabajador demandante, el proceso deba adelantarse ante el juez
del domicilio de éste, considera que esa regla resulta excesivamente
desfavorable para los empleadores, podría no contribuir al logro de mayores
niveles de descongestión judicial y en cambio crearía dificultades para el
manejo de las audiencias y la práctica de pruebas en lugar distinto al del
domicilio del demandado y de aquel en que se prestó el servicio. Incluye
referencias a varios pronunciamientos de esta corporación, entre ellos los
invocados por las actoras y también la sentencia C-588 de 1992, en la que la
Corte habría llamado la atención sobre el hecho de que las medidas que
pretendan materializar el principio de igualdad deben verdaderamente conducir
al logro de esta finalidad y no a un resultado diferente, como en su concepto
podría ocurrir en el presente caso.
En torno a la norma que permite ordenar en las
audiencias o en cualquier momento del proceso el pago de acreencias probadas
mediante documentos, señala que esta regla origina varios interrogantes no
resueltos, entre ellos el tipo de providencia que al respecto debe dictarse, su
efecto para el caso en que se hubieren propuesto excepciones previas y los
recursos que frente a ella serían procedentes. También adhiere al argumento
según el cual esta medida, supuestamente encaminada al logro de la igualdad,
supera esa finalidad, creando una situación en la que posiblemente aquélla se
rompería, en perjuicio del empleador demandado.
Finalmente, en lo que atañe a la regla contenida en el
artículo 48, que incrementa la cuantía necesaria para tener acceso al recurso
de casación ante la jurisdicción laboral, se remite a los argumentos planteados
por ese instituto dentro de otro proceso relacionado con la misma norma[7].
Sin embargo, agrega  que ese precepto debe ser declarado inconstitucional, pues
este gran incremento incide negativamente en la posibilidad de que los
trabajadores logren la efectiva garantía de sus derechos, lo que en su opinión
vulnera los artículos 25 y 53 de la Constitución, en cuanto reducen la
posibilidad de materializar la especial protección al trabajo prevista en el
texto superior.
Así mismo, considera que esta regla dificulta el
acceso a la justicia, previsto en el artículo 229 de la carta política, pues
este derecho debe garantizarse no solo a nivel de los despachos de instancia
sino de todas las acciones y mecanismos de protección que el sistema jurídico
ofrece a los ciudadanos. Comenta además que esta norma sería inocua como
mecanismo de descongestión en la Corte Suprema de Justicia, pues el artículo 7°
de la reciente Ley 1285 de 2009 (modificatoria de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia) permite a sus Salas de Casación
seleccionar las sentencias que serán objeto de pronunciamiento de fondo, con lo
que no todos los recursos interpuestos deberán necesariamente ser decididos.
Según lo anterior, el artículo 48 acusado sería
inconstitucional por dos razones más: de una parte, por su contrariedad con una
norma estatutaria, que en cuanto tal, es parámetro de constitucionalidad de las
leyes ordinarias, y de otra por su no idoneidad como mecanismo de
descongestión, propósito para el cual se aprobó, lo que permite considerar su
posible carácter discriminatorio.
4.5. De la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional de Colombia
Este centro de estudios presentó a consideración de la
Corte un documento suscrito por su Decano en el cual analiza las disposiciones
demandadas y los cargos que contra ellas se proponen y concluye proponiendo
adoptar las siguientes decisiones: i) declarar exequible el artículo 45 de la
Ley 1395 de 2010; ii) declarar exequible el artículo 47 de la misma ley, en el
entendido de que contra las órdenes que se dicten en desarrollo de esta norma
proceden los recursos de reposición y apelación, y iii) en relación con el
artículo 48, decidir estarse a lo resuelto en la sentencia que haya decidido
sobre la demanda radicada bajo el expediente D-8274, donde está acusada esta
misma norma.
En cuanto a la primera norma, afirma que el cambio en
la regla sobre el lugar en que debe presentarse la demanda laboral es una
medida que cabe sin dificultad dentro del margen de configuración normativa del
legislador. También señala que esta modificación pretende aliviar el problema
que frecuentemente enfrentan los trabajadores de tener que migrar al terminar
un trabajo, lo que en vigencia de la regla anterior, hacía que en muchos casos
se quedaran sin reclamar sus derechos. Anota que, por el contrario, los
empleadores suelen tener mayor movilidad y condiciones de encarar un proceso en
un lugar distinto a su domicilio, por lo cual la norma no resulta
discriminatoria en contra de ellos.
En relación con la segunda, manifiesta no compartir el
planteamiento según el cual esta regla favorece excesivamente al trabajador y
rompe la igualdad en perjuicio del empleador. Recuerda que este último es la
parte fuerte de la relación laboral, por lo cual considera que si el juez puede
tener por probadas determinadas acreencias mediante documentos aportados el
expediente, lo que procede es que el accionado ejercite una defensa
particularmente activa. Reconoce que esta norma deja algunos aspectos sin resolver,
como el relativo a los recursos que proceden contra una decisión de ese tipo,
pero no estima que esta razón sea suficiente para concluir que la misma es
inexequible, sino eventualmente para condicionar su exequibilidad. Por último,
estima que esta regla favorece la eficiencia del aparato judicial y
efectivamente promueve la descongestión, pues no tiene sentido que se aplace
hasta el final del proceso la decisión de asuntos que en etapas precedentes
parecen suficientemente claros.
4.6. Intervención extemporánea
Una vez vencido el término de fijación en lista se
recibió otro escrito remitido por un profesor de la Facultad de Jurisprudencia
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en el que se solicita declarar
la inexequibilidad de todos los preceptos aquí demandados, que en razón a su
extemporaneidad no será tenido en cuenta.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En concepto Nº 5059 de fecha diciembre 7 de 2010 el
Jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional que declare
inexequible la expresión “o por el domicilio del demandante”, contenida
en el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, y exequibles por los cargos
analizados los artículos 47 y 48 de la misma norma.
En primer término, el Procurador General se remite al
concepto expedido por su despacho en relación con el artículo 48 que incrementa
la cuantía para recurrir en casación ante la jurisdicción laboral dentro del
proceso D-8274, y transcribe los principales apartes del mismo. En ese escrito
el Procurador solicitó a la Corte declarar exequible esta disposición, al
considerar que no se afecta el principio de igualdad y que el cambio ordenado
por la misma cae dentro de la órbita de autonomía del legislador en relación
con el tema.
En relación con el artículo 45 acusado sobre
posibilidad de que la demanda laboral se presente ante el juez del domicilio
del actor por la sola voluntad de éste, considera que ciertamente esa regla
excede el propósito de nivelación que en general anima a las normas laborales,
y somete al empleador demandado a una situación especialmente gravosa, que
vulnera su debido proceso, al tener que comparecer en juicio en un municipio o
lugar con el que podría no tener ningún vínculo o cercanía. Resalta que si bien
el legislador es libre de regular los procedimientos judiciales en la forma que
lo considere más razonable, esa libertad está limitada por los derechos,
principios y valores constitucionales, parámetro que en este caso habría sido
excedido, en razón a las serias dificultades adicionales que el demandado en un
proceso laboral deberá afrontar como resultado de esta norma.
Finalmente, considera que la regla contenida en el
artículo 47 demandado que permite ordenar el pago inmediato de los derechos que
durante el proceso resulten documentalmente acreditados es un mecanismo de
racionalidad y eficacia que el legislador puede válidamente establecer en
ejercicio de sus facultades normativas. Anota además que el hecho de que se
trate de derechos ciertos e irrenunciables y la exigencia de que los mismos se
encuentren debidamente probados por documentos son garantía suficiente de que
esta facultad no será mal utilizada, ni resultará especialmente lesiva para los
empleadores. Por estas razones solicita a la Corte declarar su exequibilidad.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia.
Esta corporación es
competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo previsto
en el artículo 241 numeral 4° de la Constitución, puesto que las disposiciones
acusadas hacen parte de una Ley de la República.
2.  Los problemas jurídicos planteados.
Para resolver sobre los cargos formulados en la
demanda, la Corte los abordará separadamente, en el mismo orden en que fueron
planteados.
Sin embargo, antes de ello es necesario recordar que
mediante sentencia C-372 de mayo 12 de 2011 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) este tribunal decidió sobre la demanda radicada bajo el expediente
D-8274, declarando inexequible el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, sobre el
incremento de la cuantía necesaria para ejercer el recurso de casación ante la
jurisdicción laboral. Así las cosas, por sustracción de materia, la Corte no
podrá ya pronunciarse sobre la demanda dirigida contra esta disposición, y se
limitará a ordenar estarse a lo resuelto en la mencionada decisión.
Resta entonces definir lo relativo a los cargos de
inconstitucionalidad formulados respecto de los artículos 45 y 47 de la misma
Ley 1395 de 2010, esto es la norma que cambió la regla sobre el lugar en que
debe presentarse la demanda laboral, y la que establece la posibilidad de
ordenar, previamente a la sentencia, el pago de unos derechos ciertos e irrenunciables
que hayan sido documentalmente probados.
En cada uno de estos casos la Corte abordará la norma
acusada, comenzará por establecer con precisión su contenido y efecto, y
analizará en qué medida ellas se oponen a las normas superiores invocadas.
Estos análisis tendrán algunos elementos en común, derivados del hecho de que,
al menos parcialmente, se invocan como violados unos mismos preceptos
constitucionales, los artículos 13, 29 y 229, y en ambos casos se plantea un eventual
problema de proporcionalidad, en detrimento de los empleadores, en la medida en
que se habría favorecido excesivamente a los trabajadores, por ser el sector
usualmente asumido como la parte débil de la relación laboral.
A continuación procede la Corte a adelantar tales
estudios.
3. Análisis sobre la exequibilidad del artículo 45 de la
Ley 1395 de 2010
Como todas las normas que en este caso han sido
demandadas, el artículo 45 de esta ley subroga un texto previamente vigente del
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En este caso se trata del
artículo 5° del referido Código, norma que gobierna el tema de la competencia
de los jueces del trabajo por razón del territorio.
El cambio que por efecto de esta norma se genera,
consiste en que se establece que la competencia para conocer de los procesos
laborales se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o
por el domicilio del demandante a elección de éste, mientras que
anteriormente y desde la expedición de este Código en 1948, la regla había sido
el lugar donde se haya prestado el servicio o el domicilio del demandado, según
lo escogiera el actor. Además, ante la realidad de que en muchos municipios del
país, incluso en algunos cabecera de circuito, no existen juzgados laborales,
la nueva regla estableció que en esos casos “conocerá de los procesos el
respectivo juez del circuito, civil o, en su defecto, promiscuo”.
Las demandantes consideran que esta norma resulta
lesiva a los intereses de los empleadores, quienes usualmente ocupan el extremo
demandado en los procesos laborales, con lo cual se vulnerarían los artículos
1°, 13, 29 y 229 de la Constitución Política, además de algunos preceptos
integrantes de tratados internacionales ratificados por Colombia, concretamente
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 y la
Convención Americana de los Derechos Humanos de 1948.
Como quedó dicho, el planteamiento del eventual
conflicto constitucional parte del reconocimiento de que todas las
instituciones del derecho laboral han sido establecidas para la protección de
los trabajadores. Sin embargo, estiman las actoras que en este caso el efecto
favorable que para ellos significa permitirles escoger el municipio en el que
se adelantará el proceso que inicien, además de la posibilidad de que esa
elección recaiga sobre el lugar de su domicilio, resulta excesivamente gravoso
para el empleador demandado, que es la razón por la cual se produciría la
vulneración de las citadas normas constitucionales.
Frente a esta reflexión, y con respecto a las
situaciones a las que se aplica la norma demandada, es importante recordar que
si bien lo usual es que en las acciones de que conoce la justicia laboral el
actor sea el trabajador y el demandado el empleador, lo que ocurre por ejemplo
en los procesos ordinarios y ejecutivos, no sería exacto asumir que siempre
sucede así, pues esos roles se invierten en varios de los casos previstos en el
artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, por ejemplo en los
correspondientes a los numerales 2°, 3° y 10° de esta norma, o cuando se pide la
declaratoria de ilegalidad de una huelga, tema recientemente regulado por la
Ley 1210 de 2008. De igual manera, debe tenerse en cuenta que el artículo 5° de
este Código Procesal, modificado por la norma aquí acusada, no gobierna el tema
de la competencia territorial en la totalidad de los casos atribuidos a la
jurisdicción laboral, pues también los artículos 7° a 11 del mismo Código
contienen regulaciones sobre el particular.
Ahora bien, por el sentido de los cuestionamientos
traídos por las actoras, este tribunal observa que el efecto negativo que esta
norma podría representar para los demandados en los procesos laborales al
obligarlos a comparecer al domicilio procesal que libremente les señale su
contraparte, tendría sus principales repercusiones sobre el principio de
igualdad (art. 13 Const.), el debido proceso (art. 29) y el acceso a la
administración de justicia (art. 229). Por ello, la Corte abordará primeramente
las glosas relacionadas con la eventual infracción de estos tres preceptos, y
sólo en caso de concluir que la regla acusada no contraviene ninguno de ellos,
proseguirá su análisis con el estudio de la posible vulneración de las demás
normas constitucionales e internacionales que en este caso se invocan como
violadas.
Ahora bien, dado que ciertamente la regla contenida en
la norma acusada implica prima facie una situación desventajosa para
quienes resulten demandados en procesos laborales, la Corte observa que la eventual
transgresión de los tres preceptos superiores antes indicados como resultado de
esa situación debe auscultarse a partir de un juicio de proporcionalidad sobre
esa medida. Ello por cuanto, es evidente que la lesión al principio de igualdad
vendría dada por la consideración de que esa desventaja resulta excesiva, y en
relación con el debido proceso y el acceso a la justicia, esos derechos sólo
podrían estimarse afectados si, de igual manera, se concluyera que esa carga
dificulta de manera importante su recto ejercicio.
Procede entonces la Corte al análisis de
proporcionalidad de esta medida.
3.1. Elementos del juicio de proporcionalidad
Para efectos de este análisis, debe previamente
determinar esta corporación lo relativo a qué intensidad o grado de exigencia
debe tener el test que en relación con esta norma se aplique.
Uno de los primeros criterios a partir de los cuales
debe darse la respuesta a este interrogante lo constituye la mayor o menor
amplitud que, dependiendo de la materia regulada, deba reconocerse a la
libertad de configuración que es inherente a la función legislativa encomendada
al Congreso de la República.
En relación con este aspecto debe la Corte comenzar
por resaltar que, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que en materias procesales ese ámbito de autonomía es especialmente
amplio[8], pues según lo ha
explicado esta corporación, en ejercicio de su cláusula general de competencia
legislativa, las cámaras tienen la posibilidad de determinar libremente, entre
otras materias: i) lo relativo a las distintas acciones de que dispondrán los
ciudadanos y los tipos de procesos que a partir de ellas deberán surtirse; ii)
la radicación de competencias, salvo en los casos en que la misma Constitución
las ha asignado; iii) las diligencias y etapas que comprenderán cada uno de
tales procesos; iv) los medios de prueba que en cada caso podrán emplearse; v)
los recursos y medios de defensa que los ciudadanos pueden oponer frente a las
decisiones judiciales; vi) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las
partes, del juez e incluso de los terceros intervinientes. Así las cosas, con
el fin de no estorbar el libre ejercicio de esa autonomía por parte del poder
legislativo, resulta aconsejable no aplicar en este caso un test estricto, sino
uno intermedio, o incluso de leve intensidad.
De otra parte es necesario considerar que, según se
afirma en la demanda, la norma acusada sería inexequible al afectar el
ejercicio de varios importantes derechos fundamentales, la igualdad, el debido
proceso y el acceso a la justicia. Esta razón conduce entonces en dirección
contraria a la anterior, pues esa posibilidad de afectación justifica un mayor
rigor en el análisis de la  proporcionalidad de esta norma. Entonces, al
apreciar conjuntamente esas dos reflexiones, concluye la Corte que lo adecuado
es aplicar en este caso un test de intensidad intermedia.
3.1.1. El primer elemento del test de proporcionalidad
es, como bien se sabe, el relativo a la finalidad de la medida de que se
trata. En este tipo de análisis el propósito que el precepto cuestionado
persigue y los intereses que busca favorecer resultan relevantes, en cuanto si
la medida implica alguna restricción o sacrificio de otros derechos o
intereses, como a primera vista ocurre en este caso, la validez constitucional
de esa limitación depende, entre otros criterios, de la importancia que el
texto superior le reconozca al objetivo que la norma pretende alcanzar. La
jurisprudencia ha señalado que en los casos en que se aplica un test de
proporcionalidad de intensidad intermedia, el propósito que se busca debe ser importante,
a la luz del texto constitucional[9].
Ahora bien, en algunas circunstancias el propósito de
la norma resulta evidente al lector; sin embargo, una vía más segura para
determinar esa finalidad es el estudio de la exposición de motivos que en su
momento acompañó al proyecto de cuya aprobación surgió la preceptiva
cuestionada, así como las ponencias y debates que durante el trámite
legislativo se presentaron. En el caso de autos, el artículo demandado hace
parte de la Ley 1395 de 2010, cuyo propósito central es contribuir a alcanzar
la descongestión judicial, según se observa desde su mismo título, y pudo
apreciarse desde el momento en que el proyecto antecedente fue presentado a
consideración del Congreso de la República[10].
Así, en la correspondiente exposición de motivos se
incluyó una corta reflexión de carácter general sobre la necesidad de la
descongestión en vista del constante crecimiento de la demanda de justicia en
el país, que según se afirma, supera con creces el efecto de las medidas, tanto
normativas como administrativas, tomadas con este mismo propósito durante los
años recientes. Se resalta también que las propuestas allí contenidas apuntan a
tres objetivos más específicos como son: i) la desjudicialización de
conflictos, mediante la atribución de algunas materias antes judiciales a los
notarios y a otras autoridades; ii) la simplificación de procedimientos y
trámites, y iii) la racionalización del aparato judicial, según se dijo, para
hacer más efectiva la justicia, mediante un control más estricto de la demanda
de la misma.
La norma cuya exequibilidad aquí se examina aparece en
ese proyecto en el artículo 26, bajo un texto idéntico al que luego fuera
aprobado y sancionado. La importancia de este precepto y del cambio que él
supone, así como su posible contribución al logro del objetivo planteado
aparecen justificadas, de manera equívoca[11], en los siguientes
términos:
“Actualmente se le atribuye competencia al juez
laboral para conocer de los asuntos, bien por el último lugar donde se haya
prestado el servicio o bien por el domicilio del demandado, a elección del
demandante, fuero que ha terminado congestionando los juzgados laborales de las
grandes y medianas ciudades, ya que estas poblaciones son, por lo general, el
domicilio de los empleadores y de los abogados del demandante.
Por tal razón, en el proyecto de ley se prevé que la
demanda debe presentarse en el último lugar donde se haya prestado el servicio,
lo que redundará en una mejor distribución, desde el punto de vista
territorial, de las cargas de los juzgados laborales.”
Las ponencias que en relación con este proyecto se
presentaron en el Congreso de la República, así como los debates cumplidos con
anterioridad a cada votación en las comisiones y plenarias reproducen con
mínimas alteraciones esa misma línea de propósito[12],
lo que reafirma de manera inequívoca la finalidad que se atribuyó, de una parte
a la Ley 1395 como conjunto normativo, y de otra al hoy artículo 45, en torno a
la competencia territorial de los jueces laborales. Entre otros aspectos, estos
documentos resaltan la importancia del derecho de acceso a la justicia, e
indican que esta Corte le ha reconocido el carácter de derecho fundamental,
sobre lo cual citan la sentencia C-426 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil). A
este respecto, señalan que corresponde a las autoridades diseñar los mecanismos
necesarios para que ese acceso sea real y efectivo, lo que implica mayor
inversión en el financiamiento de la justicia y en la atención de sus
necesidades concretas, pero también la aprobación de reformas legislativas como
la que en ese momento era objeto de trámite, que pretenden imprimir mayor
agilidad a los asuntos judiciales, así como reducir, en lo posible, la demanda
de servicios de justicia[13].
Habiéndose determinado con claridad la finalidad de
esta norma, es necesario indagar ahora cuál es la trascendencia constitucional
del propósito que animó la expedición de la Ley 1395 de 2010 y de su artículo
45. Sin embargo, debe reconocerse que, pese a la frecuencia con que durante los
años recientes se han expedido normas que buscan superar los crónicos problemas
de congestión que de tiempo atrás han afectado a la justicia colombiana[14],
no son igualmente abundantes en la jurisprudencia constitucional las
reflexiones de fondo sobre la importancia que debe atribuirse a ese objetivo,
pues con escasas excepciones[15], en la mayoría de los
casos la Corte ha examinado la constitucionalidad de las instituciones
previstas en tales leyes a partir de su contenido material, sin abordar de
manera expresa lo relativo a su finalidad[16].
Con todo, existen dos referentes más precisos sobre la
materia que la Corte considera relevante tener presentes en este análisis. El
primero de ellos es el artículo 5° transitorio de la Constitución de 1991, que
concedió al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir
normas con fuerza de ley, una de cuyos objetivos era “descongestionar los
despachos judiciales”[17]. Este hecho resulta
significativo, pues si bien es sabido que en ese momento la concesión de
facultades extraordinarias en relación con diversos temas tenía por objeto
suplir la transitoria vacancia del órgano legislativo ordinario en razón al
llamado a nuevas elecciones contenido en el artículo 1° transitorio, la
circunstancia de que la Asamblea Constituyente hubiera incluido esta materia
dentro de aquellas que en su concepto requerían un urgente desarrollo
normativo, es reflejo de la importancia que la norma superior le atribuyó al
logro de la descongestión judicial, concepto que por lo demás, no aparece
mencionado en ningún otro artículo del texto constitucional.
El otro consiste en algunas referencias contenidas en la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, tanto en su versión original,
Ley 270 de 2006, como en la norma que recientemente le introdujo algunas
reformas, esto es la Ley 1285 de 2009, referencias que a su turno dieron lugar
a algunas breves reflexiones de esta corporación, en las providencias mediante
las cuales se cumplió el control previo y automático de constitucionalidad de
los respectivos proyectos de ley[18].
La Ley Estatutaria de 1996 contempló en su artículo 63
las facultades con que contaría la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para tomar decisiones conducentes a aliviar el fenómeno de la
congestión judicial, en los casos en que éste se presente, norma que fue
declarada exequible por esta corporación, al considerarla un instrumento válido
para materializar el principio constitucional conforme al cual la
administración de justicia debe ser pronta y eficaz. Esa misma ley previó
también, por ejemplo, que el eventual grado de congestión de los despachos
judiciales sería uno de los indicadores de rendimiento a tener en cuenta en
relación con su desempeño, en disposiciones que así mismo fueron declaradas
exequibles en su oportunidad.
Por su parte, la reciente Ley 1285 de 2009 abordó
también el tema de la congestión judicial, el cual es objeto de frecuentes
referencias a lo largo de su articulado, lo que sin duda pretende responder a
la ya mencionada persistencia del problema, pese a la recurrente adopción de
medidas encaminadas a luchar contra él. La principal de estas referencias se
encuentra en el artículo 15 de esta Ley, por el cual se reforma el ya citado
artículo 63 de la Ley Estatutaria, cuyo texto prevé ahora la existencia de un
Plan Nacional de Descongestión, hecho que nuevamente subraya la importancia de
este problema y la necesidad de contar con herramientas y planes
específicamente diseñados para hacerle frente.
Al analizar la exequibilidad de este precepto y la de
los demás anteriormente referidos[19], la Corte efectuó
extensas y reiteradas consideraciones adicionales sobre el tema de la
congestión judicial, de las cuales resulta un nuevo y explícito reconocimiento
de la importancia y gravedad de este problema y de la necesidad de contar con
mecanismos efectivos para luchar por su superación, lo que abona también la ya
referida percepción sobre la trascendencia constitucional de esta finalidad.
De las anteriores consideraciones puede concluirse
entonces, que el propósito de buscar la descongestión de los despachos
judiciales es, ciertamente, una finalidad constitucionalmente importante,
lo que al menos en principio, avala la exequibilidad de las iniciativas
legislativas que se sustenten en ese objetivo.
Sin embargo, en la misma línea de los pronunciamientos
antes referidos, debe precisar este tribunal que la descongestión judicial no
puede ser asumida como un fin en sí mismo, sino apenas como un mecanismo
complementario para garantizar el acceso a la justicia, ese sí explícitamente
mencionado por el texto superior en su artículo 229 y definido por la
jurisprudencia como un derecho fundamental[20]. Pues en efecto, es sólo en la medida en que la
demanda de justicia en desarrollo de ese derecho supera y desborda la capacidad
institucional del Estado para responder a esa necesidad, que se justifica
entonces la descongestión como un interés de la ciudadanía, cuya relevancia
avala la necesidad de contar con políticas públicas sobre la materia, las
cuales deben entonces tener una necesaria vocación de transitoriedad, siempre
atada y condicionada a la persistencia del problema que se busca superar[21].
Esta última reflexión permite a la Corte refrendar su
conclusión en el sentido de que la descongestión de los despachos judiciales
por la que propenden todas las disposiciones contenidas en la reciente Ley 1395
de 2010 es una finalidad legítima y constitucionalmente importante, no obstante
lo cual su relevancia es necesariamente inferior a la del derecho de acceder a
la administración de justicia, que es el principal interés al que debe servir.
En este sentido, la regla contenida en el artículo 45
de la Ley 1395 de 2010 cuya exequibilidad estudia ahora la Corte superaría el
primer elemento del test de proporcionalidad llevado a cabo a propósito de los
cargos propuestos.
3.1.2 El segundo elemento por analizar con miras a
determinar la proporcionalidad de la medida que se estudia es su idoneidad
para alcanzar la finalidad propuesta, esto es, contribuir a reducir los niveles
de congestión de los despachos judiciales. Dado que en este caso se aplica un
juicio intermedio de proporcionalidad, la medida ha de ser adecuada o
conducente para el logro del fin propuesto, por lo cual deberá existir un
importante grado de probabilidad de que a través de ella pueda lograrse el
objetivo buscado.
Como quedó dicho páginas atrás, la exposición de
motivos del proyecto que precedió a la aprobación de la Ley 1395 de 2010,
muestra que la principal razón con que se justificó la proposición de esta
norma fue la necesidad de aliviar la congestión de los juzgados laborales de
los grandes centros urbanos, puesto que, según se explicó, la regla previamente
vigente en el artículo 5° del Código Procesal del Trabajo producía ese efecto,
dada la usual concentración de empresas y empleadores en torno a las
principales ciudades del país.
Sobre este tema debe en primer término indicar la
Corte que en realidad el proyecto de ley y su exposición de motivos no
ofrecieron, más allá de la ya referida afirmación, evidencia de carácter
estadístico ni otros elementos de juicio que sustentaran de manera clara la
supuesta idoneidad de esta medida para contribuir a la descongestión judicial.
De otra parte, debe repararse también en el hecho de
que, según lo argumentado durante el trámite de este proyecto, el previsible
efecto de esta regla consistiría en que un importante volumen de las nuevas
demandas laborales corresponda a despachos judiciales ubicados en ciudades y
municipios intermedios y menores, aliviándose así en el mediano plazo los
niveles de congestión existentes en los juzgados de las grandes ciudades. Esto
implica que aun en caso de producirse el efecto visualizado por los autores de
la norma, no se reduciría el número total de procesos laborales puestos al
conocimiento de esta jurisdicción, lo que desdice de su capacidad para
contribuir a la descongestión del sistema.
Observa también esta corporación que el trámite de
expedición de esta norma evidencia que ella fue aprobada bajo la presunción de
que el demandante es siempre el trabajador, y bajo el supuesto no probado de
que la mayoría de ellos reside en un lugar diferente a aquel en el cual se
ubica el domicilio de su empleador y a donde tuvo lugar la prestación de los
servicios, o que se mudarían de esos lugares al terminar su contrato. Sin
embargo, frente a la segunda de estas hipótesis, y no obstante la carencia de
evidencia específica en uno u otro sentido, encuentra la Corte que, según lo
sugiere la experiencia, en realidad esa puede ser una situación marginal,
incluso excepcional, pues lo más frecuente es que ambas partes de la relación
laboral estén domiciliadas en un mismo lugar, caso en el cual no se produciría
un apreciable efecto de descongestión, ni siquiera a nivel de los despachos de
las grandes ciudades.
Por último, es oportuno considerar también que en el
evento en que el proceso se adelante en un municipio en el cual la persona o
empresa accionada no tiene su domicilio ni tampoco una sucursal, en todo caso
será inevitable que algunas diligencias se cumplan en el municipio sede, entre
ellas la notificación de la demanda y la práctica de pruebas como la inspección
judicial. En estos casos sería necesario entonces solicitar mediante despacho
comisorio la colaboración de los jueces del lugar, eventualidad que de hacerse
frecuente se convertiría en un nuevo factor de congestión, precisamente el
fenómeno que esta norma busca contrarrestar.
Las anteriores reflexiones llevan a la Corte a
concluir que es dudosa la capacidad de esta nueva regla para producir un cambio
significativo frente a la situación que la Ley 1395 de 2010 en su conjunto
pretende afrontar, circunstancia que a su turno crea incertidumbre en torno a
la posibilidad de que la norma acusada supere el juicio de proporcionalidad que
se viene adelantando. Sin embargo, y dado que el test que en este caso aplica la
Corte es de intensidad intermedia, se considera útil y pertinente agotar el
análisis de los demás elementos que lo componen para a partir de ello decidir
sobre la proporcionalidad de la medida.
3.1.3. En tercer lugar debe mirarse lo relativo a la necesidad
de la medida, esto es, si la misma resulta indispensable para el logro del
objetivo propuesto, aspecto que normalmente se determina examinando la
posibilidad de que se implemente otra medida menos gravosa, pero igualmente
conducente al propósito esperado.
En estos términos, la Corte encuentra evidente que la
medida contenida en el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010 no resulta necesaria.
De una parte por cuanto la congestión judicial es una problemática amplia y
multifactorial, que en cuanto tal podría agravarse, o por el contrario
reducirse, por efecto de una gran cantidad de distintas circunstancias,
escenario en el cual resulta difícil afirmar que una específica medida resulta
determinante y necesaria para su solución. Y de otra porque, no habiéndose
demostrado que esta nueva regla es efectivamente útil para contribuir a la
solución del problema ya planteado, deviene aun menos posible especular sobre
su posible carácter de necesaria.
3.1.4 Por último, debe analizarse también si esta
medida resulta proporcionada en sentido estricto, para lo cual se
requiere establecer el balance existente entre los beneficios que su aplicación
podría reportar y los costos o dificultades que ello ocasionaría. Sin embargo,
surge una primera dificultad al tratar de
apreciar esa relación, pues al haberse constatada la alta indeterminación del
beneficio que esta nueva regla sobre competencia territorial de los jueces
laborales puede generar, al menos frente al objetivo de contribuir a la
descongestión judicial, queda entonces en un plano puramente especulativo
evaluar la relación costo - beneficio que al respecto pudiera
plantearse y, a partir de allí, deducir si se está quebrantando el principio de
proporcionalidad.
De cualquier manera, debe anotarse que sí existe en
este caso una percepción mucho más amplia sobre el gravamen o dificultad que
para la persona demandada podría representar tener que afrontar un proceso en
un lugar que no es su domicilio ni tampoco sede de sus negocios, y sobre el
carácter posiblemente excesivo de la ventaja que esta regla confiere el
accionante, independientemente de quién, empleador o trabajador, ocupe uno u
otro rol. Incluso podrían existir percepciones sobre el efecto negativo que esa
regla puede tener sobre el sistema judicial en su conjunto, lo que también
incidiría en el juicio de proporcionalidad que al respecto pueda hacerse. Por
estas razones se estima procedente discurrir brevemente en relación con tales
circunstancias.
La posibilidad de ser demandado en lugar distinto al
propio domicilio supone siempre dificultades para el adecuado ejercicio del
derecho de defensa, que comienzan por la necesidad de desplazar un apoderado
desde la sede de los negocios, o por el contrario, emprender la búsqueda de un
representante de confianza en un entorno extraño. Además de ello, esta
situación supone también mayores costos para la vigilancia del proceso y para
la práctica de las pruebas. Por su parte, la posibilidad de escoger
autónomamente la sede territorial del juez o tribunal ante quien se presentará
una demanda, incluyendo dentro de las opciones posibles el propio domicilio del
actor, puede resultar problemática para la otra parte, en razón a la falta de
certeza que en ocasiones puede existir sobre la ubicación del domicilio de una
persona natural.
El domicilio, concepto sobre el cual se sustenta esta
regla, es uno de los atributos básicos de la personalidad, y se encuentra
definido en el artículo 76 del Código Civil como “la residencia acompañada,
real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”. Más adelante, los
artículos 77 a 89 del mismo código establecen diversas reglas y presunciones en
relación con el domicilio de las personas naturales, de las cuales resulta la
ausencia de registro, la posibilidad de tener varios domicilios simultáneamente
(art. 83), y en general, la relativa facilidad para cambiar de domicilio o
establecer uno nuevo, usualmente sin que otras personas puedan tener oportuno
conocimiento de ello.
Así las cosas, en el escenario más frecuente en la
jurisdicción laboral, que es cuando el demandante es una persona natural, éste
podría optar libremente por demandar ante el juez de su propio domicilio, y
conforme a las normas vigentes no sería necesario que presente un documento u
otro tipo de prueba sobre la ubicación de éste. En tales condiciones, la opción
que la norma ofrece al actor podría convertirse en una condición puramente
potestativa[22], en la que una de las
partes escoge el juez ante el cual ventilará su caso, situación sin duda muy
favorecedora para la parte que la ejerce, pero gravosa en la misma medida para
la parte contraria, que se ve compelida a comparecer en juicio y ejercer su
defensa dentro de un lapso limitado y corto, ante el juez de un lugar no
predeterminado ni conocido de antemano. Se trata de una circunstancia que
tradicionalmente ha repugnado al derecho procesal, precisamente por las
dificultades que supone para el ejercicio de la defensa por parte del
demandado, y por ello mismo, a juicio de esta Corte, resulta a todas luces
desproporcionada.
En casos específicos, la regla analizada puede
resultar especialmente desfavorecedora, y por lo mismo desproporcionada, por
ejemplo si el lugar escogido como nuevo domicilio es distante o de difícil
acceso, circunstancias que pueden también dificultar la oportuna selección o
desplazamiento de un representante competente para ejercer el derecho de
defensa del demandado.
Ahora bien, en opinión de algunos de los
intervinientes dentro de este proceso, esa carga adicional en cabeza del
demandado no resulta grave ni trascendente, pues evocando los roles que
tradicionalmente se asignan en la relación laboral a los empleadores y los
trabajadores, se considera que los primeros estarían en capacidad de asumir ese
mayor impacto sin consecuencias importantes, y que la posibilidad de escoger el
lugar donde se desarrollará el proceso, incluyendo la opción de que aquel se
cumpla ante el propio domicilio del demandante, sería una ventaja razonable que
beneficiaría principalmente a la parte débil de la relación laboral. La Corte
no comparte estos planteamientos, y por el contrario estima que la regla
contenida en el artículo 45 aquí cuestionado resulta desproporcionada y lesiva
de los intereses del demandado, completamente al margen de quién ocupe esta
posición dentro de un determinado proceso.
Considera esta corporación que esa posibilidad resulta
excesiva aún en los casos en que sean los empleadores quienes deban asumir los
adicionales costos y cargas resultantes, pues esas mayores dificultades sin
duda restringen el derecho de defensa y el acceso a la justicia, garantías que la
Constitución reconoce incluso a aquellos sujetos que en razón a sus condiciones
socio-económicas y/o a su posición contractual, han sido tradicionalmente
rotulados como la parte fuerte de una determinada relación jurídica. Además por
cuanto, en el caso concreto de la relación laboral, que sin duda es
intrínsecamente desigual, la necesaria corrección viene dada principalmente por
las garantías previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo
modifican[23], sin que sea propio de
las normas procesales ni de aquellas que determinan la competencia de los
jueces contribuir a equilibrar las cargas, sino garantizar un entorno de
igualdad dentro del cual pueda prevalecer el derecho sustancial[24].
El perjuicio injustificado que para el demandado
supone esta regla y el beneficio excesivo que se otorga al demandante se
aprecian también, aún con mayor razón, en los casos en que es el empleador
quien asume el rol de accionante, por ejemplo para solicitar el levantamiento
del fuero sindical de un trabajador o la declaratoria de ilegalidad de una
huelga. Tanto como en los otros casos, en este también resulta desproporcionado
que sea el demandante el que autónomamente determine el territorio ante cuyos
jueces deba cumplirse el proceso, situación que podría hacerse más notoria si,
por ejemplo, la empresa empleadora decidiera demandar ante el juez de la ciudad
donde se localiza una de sus sucursales, lugar con el que el trabajador o el
sindicato accionados no tienen ningún tipo de conexión, escenario que sin duda
dificultaría al extremo el ejercicio del derecho de defensa por parte de éstos.
Por último, y como quedó dicho páginas atrás al
estudiar la idoneidad de la regla analizada para contribuir al logro del
propósito para el cual fue aprobada, resulta difícil para un juez conocer de un
proceso que versa sobre hechos y situaciones ocurridos en otra localidad, en
algunos casos un lugar distante o incluso desconocido, por lo que podría
requerir de la frecuente solicitud de comisiones a los funcionarios judiciales
de ese otro territorio, circunstancia que además de conspirar contra la deseada
descongestión, dificulta gravemente la aplicación del principio de inmediación
en la práctica de las pruebas y la posterior adopción de decisiones. Sin duda,
todas estas situaciones resultan contrarias al adecuado funcionamiento del
sistema judicial, y por lo mismo inciden también en forma negativa en el
análisis de proporcionalidad de la medida que se viene estudiando.
En razón a las anteriores consideraciones, concluye
entonces la Sala que la regla según la cual el demandante en un proceso laboral
podrá ejercer su acción ante el juez del lugar donde se prestaron los servicios
o ante el de su propio domicilio es una medida que rompe el principio de
proporcionalidad en perjuicio de la parte demandada.
3.1.5. En suma, encuentra la Corte que la regla
contenida en el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010 no supera el test de
proporcionalidad propuesto, por cuanto si bien pretende contribuir a una
finalidad legítima y acorde con la Constitución como lo es la descongestión de
los despachos judiciales, resulta tener un efecto exiguo y dudoso frente al
logro de ese propósito, no puede catalogarse como necesaria, y especialmente,
no resulta proporcionada, dado que somete a los demandados a costos y cargas
adicionales excesivas y reporta a los demandantes un privilegio injustificado,
que puede además conducir a situaciones violatorias del debido proceso y
lesivas del derecho de acceder a la administración de justicia.
3.2. Conclusión: la regla según la cual el actor puede
escoger que el proceso laboral se adelante ante el juez del lugar donde se
prestó el servicio o ante el de su propio domicilio vulnera el principio de
igualdad, la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la justicia
Como resultado del anterior juicio de
proporcionalidad, observa la Corte que deben prosperar los cargos de
inconstitucionalidad propuestos contra el artículo 45 aquí demandado, pues la
regla sobre determinación de la competencia por el factor territorial en los
procesos laborales en él contenida efectivamente rompe el principio de igualdad
entre las partes en perjuicio del demandado, restringe el derecho de defensa
que hace parte integrante del derecho al debido proceso, y por lo mismo afecta
el derecho del extremo pasivo a acceder a la justicia y aspirar a la pronta e
imparcial resolución del conflicto planteado.
Por lo anterior, y sin necesidad de agotar el análisis
de los cargos basados en la infracción de otras normas constitucionales e
internacionales, esta corporación declarará la inexequibilidad del artículo 45
de la Ley 1395 de 2010, y con él, la de esta nueva regla de asignación de
competencia por el factor territorial.
4. Análisis sobre la exequibilidad del artículo 47 de la
Ley 1395 de 2010
El segundo precepto demandado dentro de este proceso
es el artículo 47 de la Ley 1395 de 2010, que establece un inciso adicional que
hará parte del numeral 3° del parágrafo 1° del artículo 77 del Código Procesal
del Trabajo, norma que establece las reglas aplicables a la audiencia
obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y
fijación del litigio, que debe tener lugar dentro del trámite de los procesos
ordinarios laborales.
La norma a la que se integra el texto aquí demandado
regula en todas sus partes el trámite de la audiencia que deberá adelantarse al
inicio de tales procesos, y que como su nombre lo indica comprende, en primer
lugar, un intento de conciliación, que de ser exitoso pone fin a la
controversia. Para el caso de no ser así, las reglas contenidas en el parágrafo
1° pretenden, en forma análoga a la contemplada en el actual texto del artículo
101 del Código de Procedimiento Civil, reducir en cuanto sea posible y
delimitar claramente el alcance de los temas que deberán ser necesariamente
decididos por el juez.
Para ello se prevé que a continuación, pero dentro de
la misma diligencia, éste resuelva sobre las excepciones previas, asunto que
también podría dar lugar a la terminación anticipada del proceso, inste a las
partes a reconocer los aspectos fácticos sobre los cuales estén de acuerdo, lo
que podría permitir reducir el número de pruebas que al respecto deban
decretarse, y adopte las demás medidas que juzgue necesarias para precaver
posibles nulidades.
Como posibilidad adicional, el artículo 47 ahora
acusado prevé que “si en la audiencia
o en cualquier etapa del proceso resultan probadas con documento pretensiones
de la demanda que versan sobre derechos ciertos e irrenunciables de trabajador,
el juez ordenará el pago y el proceso continuará en relación con las demás
pretensiones”. Como puede observarse,
esta facultad podrá ser ejercida tanto durante la referida audiencia como más
adelante, en cualquier etapa del proceso, y si bien gramaticalmente está
concebida en términos imperativos, depende en realidad del concepto que el
juzgador pueda formarse sobre el lleno de los presupuestos que según la norma
resultan necesarios.
Esta nueva regla ha sido demandada al considerar que
la posibilidad de ordenar pagos, bien durante la referida audiencia, bien en
momento posterior pero en todo caso anterior a la sentencia, puede implicar una
decisión sin fundamento suficiente, que por tanto sería contraria al derecho de
defensa y el debido proceso de la parte demandada, y significar además una
nueva lesión al principio de igualdad, en cuanto a partir de las precisiones
que la misma norma incluye, tal posibilidad está contemplada únicamente a favor
del trabajador, y sólo para los procesos laborales.
Adicionalmente, se cuestiona el hecho de que la norma
no establece ni regula qué recursos procederían contra una decisión de este
tipo, que si se considera materialmente equivalente a una sentencia debería, al
menos en principio, ser susceptible del recurso de apelación en desarrollo de
lo previsto en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política.
Para proceder al análisis de estos cargos, y según
quedó planteado páginas atrás, este tribunal considera que la eventual
infracción de los artículos 13, 29 y 229 de la carta política puede
dilucidarse, al igual que en el caso anterior, mediante la realización de un
test de proporcionalidad sobre tal medida, pues sería precisamente la magnitud
excesiva del desbalance generado entre las partes la que generaría la lesión de
tales preceptos. Por ello, la Sala procederá en primer término a este análisis,
dejando el estudio de la posible transgresión de otras normas superiores para
una etapa posterior, en caso de que una vez cumplido aquél se concluya que la
norma no es contraria a este principio.
4.1. Elementos del juicio de proporcionalidad
También en este caso debe la Sala comenzar por
precisar la intensidad que deberá tener el test de proporcionalidad que al
efecto se adelante, decisión que al depender de las mismas variables
consideradas en el caso anterior, conducirá también al mismo resultado, la
aplicación de un test de intensidad intermedia.
Como se recordará, en el análisis del artículo 45 esta
determinación tuvo en cuenta el hecho de tratarse de una materia frente a la
cual la jurisprudencia le ha reconocido al legislador un amplio margen de
configuración normativa, y de otra parte, que según se explica en los cargos de
la demanda, la norma acusada generaría restricciones en el disfrute de varios
derechos fundamentales. La conjunción de estos dos factores, de efecto opuesto
en relación con la intensidad que deba tener este test, arrojó como resultado
la necesidad de adelantar un juicio de proporcionalidad de intensidad
intermedia.
Ahora bien, al abordar los elementos de dicho estudio,
y en relación con la finalidad de la medida, considera la Sala
igualmente aplicables las reflexiones vertidas con respecto a este tema al
analizar la constitucionalidad de la norma precedentemente estudiada (art. 45).
Como ocurre con todas las disposiciones de la Ley 1395 de 2010, el objetivo es
contribuir a la descongestión del sistema judicial, propósito que según se
explicó, es legítimo e importante a la luz de la Constitución Política, al
entenderlo como un mecanismo sucedáneo y complementario para garantizar el
acceso a la justicia, que es un derecho fundamental cuya efectividad debe
asegurar el Estado. Así pues, deberá considerarse satisfecho el primer elemento
de este juicio de proporcionalidad.
En segundo lugar, en lo que atañe a la idoneidad de
la medida para alcanzar el fin propuesto, considera la Corte que la
posibilidad de que el juez ordene pagos solicitados en la demanda desde el
momento mismo en que se acredite documentalmente el correspondiente derecho, y
sin esperar hasta el momento de dictar sentencia, es una regla que, al menos en
lo inmediato, podría contribuir a la anhelada descongestión de los despachos
judiciales.
Observa la Sala que la facultad de ordenar
anticipadamente pagos solicitados dentro de las pretensiones de la demanda
siempre que concurra razonable y suficiente seguridad sobre la existencia del
derecho antecedente, es un mecanismo que permitiría reducir el alcance de la
controversia sobre la cual deberá resolver el juez, e incluso eventualmente, el
de los medios de prueba que será necesario evacuar para poder tomar una
decisión de fondo. Y si ello ocurre podrían obtenerse varias ventajas, todas
con algún efecto sobre la posibilidad de avanzar en la descongestión del
respectivo despacho judicial, por ejemplo un menor desgaste en la práctica de
pruebas, un más reducido acervo probatorio por evaluar en la decisión final, e
incluso, una sentencia más breve y concisa, quizás expedida con mayor prontitud
que en ausencia de esta orden de pago.
Así las cosas, considera la Corte que en este caso ese
elemento podría tenerse por cumplido, pues ciertamente podría conducir a que
algunos asuntos laborales concluyan en menor tiempo y con menos actividad
judicial, lo que podrá redundar en algún nivel de alivio, y por lo mismo en un
poco más de agilidad en el trámite de los asuntos bajo conocimiento de los
jueces laborales.
Por esas mismas razones, y tratándose de un test de
proporcionalidad de intensidad intermedia, la Corte acepta que la regla
contenida en esta norma podría considerarse necesaria, ya que en
comparación con otras medidas que pudieran adoptarse para favorecer la
descongestión de los juzgados y tribunales colombianos, ésta puede producir un
efecto tangible y significativo de agilidad en los casos en que sea aplicada.
Ahora bien, en lo que concierne a la proporcionalidad
en sentido estricto, considera la Sala que este criterio no concurre, ya
que el efecto positivo que la aplicación de esta norma podría reportar, para el
sistema judicial y para los litigantes en general, no resulta superior a los
costos y dificultades que como consecuencia de la misma pueden tener lugar.
En efecto, sin ignorar que podrían generarse algunos
beneficios de la aplicación de esta norma, la Corte observa que son mayores las
dificultades que de ella pueden resultar, en primer término para los
empleadores, parte que en todos los casos sería la directamente afectada por la
decisión que en desarrollo de la misma se tomaría, pero también para el sistema
judicial en su conjunto.
Esta apreciación deriva del hecho de que, pese a las
precauciones previstas en la norma, que en principio impedirían su aplicación
salvo que exista una prueba cierta y confiable del derecho reclamado, es
posible en todo caso que se adopten decisiones, concretamente órdenes de pago,
que carezcan del suficiente debate probatorio previo, y especialmente que no
observen debidamente el principio de contradicción de la prueba, las que sin
duda serían lesivas para la parte a cuyo cargo se ordena el pago.
De otro lado, es evidente que la inserción de una
actuación semejante al mandamiento de pago dentro del trámite de un proceso
ordinario, en momento indeterminado pero que en todo caso podría ser prematuro,
confunde y desnaturaliza la esencia de ese diligenciamiento, lo que incide de
manera negativa en las posibilidades de defensa y de acceso a la justicia de la
parte demandada. Esta circunstancia, unida al hecho de que, según más adelante
se explicará con mayor detalle, la norma no previó la procedencia de recursos
contra tan trascendental decisión, lo que aplaza cualquier posible controversia
al respecto a la eventual segunda instancia, configuran entonces un escenario
en el que los derechos de la parte demandada podrían sufrir importante mengua,
lo que demuestra y acentúa la ausencia de proporcionalidad de esta medida.
Si bien la falta de claridad frente a la naturaleza
jurídica y procesal de este tipo de decisión podría resultar en sí misma
problemática para la parte afectada, lo cierto es que cualquiera de las
hipótesis que a este respecto pudieran plantearse es igualmente desfavorecedora
para aquélla: en efecto, si se asume que estas órdenes se asemejan a un
mandamiento ejecutivo, se observa que frente a ellas no proceden excepciones de
fondo, oportunidad de defensa que la ley reconoce incluso en los procesos de
única instancia; y si se las entiende como una especie de sentencia, parcial y
anticipada, tampoco proceden recursos que permitan la reconsideración de lo
decidido. Esta circunstancia resulta entonces contraria al derecho de defensa y
al debido proceso de la parte demandada, así como lesiva de su derecho a la
igualdad, puesto que no existen a lo largo del proceso laboral momentos o
decisiones de comparable trascendencia en los que la parte accionante se vea
sometida a circunstancias de indefensión semejantes.
De otra parte, no obstante ser claro que esta norma
fue propuesta y aprobada como un mecanismo de descongestión judicial y no como
una medida encaminada a favorecer a un determinado tipo de sujeto procesal, por
las razones ya explicadas, la Corte también encuentra válido el planteamiento
de las actoras según el cual con ella se rompe el principio de igualdad, al
otorgar a los trabajadores una ventaja que excede el enfoque corrector propio del
derecho laboral, para dejar a éstos en lo que sería una situación de
superioridad frente a sus empleadores, originalmente la parte fuerte de esta
relación jurídica.
De todo lo anterior concluye la Sala que la regla
contenida en el artículo 47 de la Ley 1395 de 2010 no supera el test de
proporcionalidad de intensidad intermedia, y resulta contraria a los artículos
13, 29 y 229 de la Constitución Política, razones que justifican su
declaratoria de inexequibilidad.
4.2. Sobre la infracción del artículo 31 superior
Pese a la solidez de la conclusión que viene de
anotarse, que por sí sola basta para declarar la inexequibilidad del precepto
acusado, la Corte considera válido referirse brevemente a este otro aspecto
planteado por las demandantes, que a su juicio conduciría en la misma
dirección.
Según lo establece con precisión el artículo 31 de la
Constitución Política, toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada,
salvo las excepciones que consagre la ley. Por su parte, la norma acusada no
contiene una previsión expresa que excluya la procedencia de recursos, pero el
silencio que al respecto se observa es elocuente, y podría conducir a
interpretar que tales recursos, tanto el de apelación como el extraordinario de
casación, no serían procedentes.
Para determinar si en razón a esta circunstancia la
norma demandada sería contraria al referido precepto constitucional es
necesaria una primera reflexión, consistente en establecer si, en efecto, puede
afirmarse que las órdenes de pago previstas en el artículo 47 acusado equivalen
materialmente a una sentencia, de tal modo que resulte aplicable respecto de
ellas la regla general consagrada en el artículo 31 superior.
La Corte considera que la respuesta a este
interrogante ha de ser positiva, ya que ciertamente el efecto que surge al hacer uso de esta previsión es el de anticipar la
decisión de una(s) de las pretensiones planteadas en la demanda, así como
reducir el alcance de la materia que más adelante será resuelta al final del
proceso, una vez agotadas todas las etapas y diligencias procesales previstas
en el respectivo código. Es por ello que esta posibilidad ha sido contemplada
en la Ley 1395 de 2010 como un mecanismo de descongestión judicial.
Establecido que tales órdenes tienen el mismo efecto
práctico de una sentencia y vienen a suplir una parte de lo que de otro modo
sería objeto de decisión en aquélla, surge entonces, al menos en principio, la
necesidad de ofrecer a las partes, y especialmente al afectado por esa
decisión, la posibilidad de impugnarla, tal como ocurre en aplicación de ese
mandato superior con la generalidad de las sentencias, salvo las excepciones
que la ley disponga,
Sobre este tema, la Corte ha precisado que si bien el
artículo 31 superior deja abierta la posibilidad de que algunos fallos
judiciales sean de única instancia, y por lo mismo no puedan ser objeto de
nueva consideración a partir de la interposición de un recurso, esa
determinación legislativa en ningún caso podrá ser arbitraria, pero resultará
aceptable siempre que exista para ello una razón específica y
constitucionalmente válida que justifique la ausencia de recursos, como puede
ser, entre otras, la baja cuantía de las pretensiones que se reclaman, la
naturaleza de la materia controvertida, la existencia de un fuero personal de
carácter constitucional, o la ausencia de superior jerárquico que pueda conocer
del recurso que al respecto se interpondría[25].
En desarrollo de estos parámetros jurisprudenciales,
para que se considere válida la improcedencia de recursos respecto de una
decisión judicial que tenga el carácter de sentencia o equivalga a ella, será
entonces necesario que las razones que justifiquen esa exclusión sean evidentes
y puedan ser directamente apreciadas y reconocidas. En los casos en que la
norma de manera expresa establece que una decisión es de única instancia o
excluye la procedencia de la impugnación, esas razones, si no son notorias, suelen
constar en la respectiva exposición de motivos, a partir de lo cual el juez
constitucional tiene elementos para valorar su justificación. Empero, en el
presente caso el texto de la norma acusada no establece de manera expresa la
improcedencia de tales recursos, lo que impide evaluar las consideraciones que
el legislador haya podido tener.
De otra parte, observa la Corte que en el improbable
evento de que este tipo de decisión se considerara un auto y no una sentencia,
éste sería sin duda un auto interlocutorio, y a partir de ello podría
entenderse que contra él procede el recurso de reposición, en desarrollo de lo
previsto en el artículo 63 del Código Procesal del Trabajo, pero no el de
apelación, por no encontrarse expresamente contemplado en el artículo 65 de la
misma obra, modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. La Sala estima
que este remedio sería ciertamente insuficiente frente a la trascendencia de la
decisión que se viene comentando.
A partir de las anteriores consideraciones observa
entonces la Corte que en cuanto la decisión anticipada de ordenar pagos en
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 47 demandado equivale materialmente
a una sentencia, salvo la única e insuficiente consideración de tratarse de un
mecanismo de descongestión judicial, no existen en este caso razones precisas y
constitucionalmente válidas que justifiquen la improcedencia del recurso de
apelación que ordinariamente procede contra tales providencias. Así las cosas,
esa tácita improcedencia de recursos es una razón adicional para concluir que
esta regla resulta contraria a la Constitución.
Finalmente, en vista de que las anteriores reflexiones
resultan más que suficientes para que la Corte declare la inexequibilidad de
este precepto, la Sala se abstendrá de abordar el análisis sobre la posible
vulneración de otras normas superiores invocadas en la demanda, entre ellas el
preámbulo constitucional y distintas cláusulas de tratados internacionales
ratificados por Colombia, que en cuanto tales hacen parte del bloque de
constitucionalidad, en la medida en que reconozcan derechos humanos.
5. Conclusión
Asumido así el análisis de los cargos de
inconstitucionalidad propuestos en la demanda, la Corte determina que el
artículo 45 de la Ley 1395 de 2010 es inconstitucional, pues la regla que él
establece resulta contraria al principio de igualdad y a los derechos al debido
proceso y de acceso a la justicia, en tanto somete a la parte demandada en los
procesos laborales a la posibilidad de tener que comparecer y ejercer su defensa
en un espacio territorial no predeterminado y por lo mismo en condiciones
desproporcionadamente desfavorables, según lo opte su contraparte. En
consecuencia, la Corte declarará la inexequibilidad del referido artículo 45.
De igual manera, se ha concluido que el artículo 47 de
la misma ley, que permite al juez laboral ordenar antes de la sentencia el pago
de aquellos conceptos solicitados en la demanda que correspondan a derechos
ciertos e irrenunciables del trabajador y que a su juicio se encuentren
debidamente probados por documentos, resulta contrario a la Constitución, por
cuanto afecta de manera desproporcionada el debido proceso del sujeto
demandado, lesiona la igualdad en perjuicio de la misma parte e impide, sin
razones válidas, la impugnación de tan importante decisión. Por lo anterior, se
declarará también la inconstitucionalidad de esta norma.
Finalmente,
y dado que después de la admisión de la demanda que ahora se decide, pero con
anterioridad a la fecha de este pronunciamiento, este tribunal profirió la
sentencia C-372 de mayo 12 de 2011 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) en la
que se declaró inexequible el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, en esta oportunidad
se ordenará estarse a lo resuelto en la referida decisión.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar INEXEQUIBLES los artículos 45 y 47 de
la Ley 1395 de 2010.
Segundo: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-372 de 2011, que declaró INEXEQUIBLE
el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010.
Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZALEZ CUERVO               Magistrada
Magistrado
Aclaración
de voto
GABRIEL E. MENDOZA
MARTELO               JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado                                                               Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA                          JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Magistrado
HUMBERTO
A. SIERRA PORTO                     LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-470/11
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION LABORAL-Aumento de la cuantía para acceder al recurso no
constituye una medida desproporcionada (Aclaración de voto)
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION LABORAL-Aumento de la cuantía para acceder al recurso no
resulta contrario a derechos al trabajo y de acceso a la administración de
justicia (Aclaración de voto)
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Alcance
para restringir el acceso al recurso de casación (Aclaración de voto)
JUICIO DE RAZONABILIDAD-Aplicación injustificada de juicio intermedio
(Aclaración de voto)
JUICIO DE PROGRESIVIDAD-Aplicación inadecuada del juicio en sentido estricto
(Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente D-8303
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
45, 47 y 48 de la Ley 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en
materia de descongestión judicial.”
Actor: Laura Orjuela
Albarracín y otras
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Por
considerarlo pertinente frente a la decisión en la presente providencia de
estarse a lo resuelto en la sentencia C-372 de 2011, que declaró inexequible el
artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, con el acostumbrado respeto, aclaro mi
voto, reiterando las razones expuestas en salvamento de voto que efectúe a la
sentencia C-372 de 2011.[26] En dicha ocasión sostuve
lo siguiente:
“(…) la disposición legal acusada no resulta contraria
a los derechos al trabajo y de acceso a la administración de justicia, ni
constituye una medida regresiva en materia de mecanismos de protección de los
derechos de los trabajadores, en primer lugar, porque está dentro del margen de
configuración del legislador en materia de procedimientos judiciales, definir
una cuantía alta para restringir el acceso al recurso de casación. Un mayor
número de procesos de casación no asegura a su vez una mayor y mejor
unificación de la jurisprudencia, y por el contrario, resulta contraproducente
promover una carga excesiva para las altas Cortes.
En la sentencia, en segundo lugar, se emplea el juicio
intermedio de razonabilidad con fundamento en la eventual afectación de los
derechos a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia, cuando ha debido aplicarse un juicio leve, puesto
que siempre que se recurre al juicio de razonabilidad se está realmente ante un
problema de igualdad, y en el caso que se analiza realmente no surgen otras
razones que permitan sostener lo contrario. Aceptar el argumento de la
sentencia implicaría que en materia de procedimiento laboral, el legislador en
realidad no tiene un amplio margen de configuración porque siempre está
regulando derechos sociales, laborales y de acceso a la justicia. Dado que no
existe un derecho constitucional a la casación, que no hay una prohibición
constitucional que deba enfrentar el legislador al regular los procedimientos
judiciales, que no hay evidencia de arbitrariedad, y que no se configuran ninguno
de los elementos que justifican el cambio de jurisprudencia, la Sala no podía
ignorar el precedente constitucional.
La sentencia señala que el asunto planteado en la
demanda es distinto al considerado en la sentencia C-596 de 2000[27],
razón por la cual no puede seguirse la ratio decidendi de esa providencia y
considera que el demandante logró demostrar un aumento en la cuantía para
acceder a la casación de 100 smlmv en 1989 a 220 en 2010, lo que supone un aumento del 340% en ese periodo. No obstante, las cifras presentadas por el
demandante conducen a una falacia, pues la realidad es que con las
modificaciones introducidas a la figura de la casación desde 1956 hasta 1977 la
variación de la cuantía fue del 100%, de 1977 a 1989 del 100%, mientras que del 2001 al 2010, solo fue del 83%.
La sentencia, en tercer lugar, mezcla el principio de
progresividad con el concepto de carácter prestacional inherente a todos los
derechos y aplica el criterio de progresividad en relación con derechos
fundamentales, en este caso el acceso a la justicia, a pesar de que la doctrina
lo ha desarrollado respecto de derechos sociales para efectos de señalar que la
exigibilidad de estos derechos depende del desarrollo que le haya dado el legislador,
y que una vez se ha alcanzado un nivel de protección determinado, el legislador
no puede establecer condiciones regresivas o menos garantistas, salvo de manera
excepcional y temporal.
Finalmente, la sentencia aplica de manera inadecuada
el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, puesto que dado el amplio de
margen de configuración que tiene el legislador para diseñar los procedimientos
que deben ser aplicados por los jueces, el análisis de proporcionalidad del
límite que establece el artículo cuestionado para acceder a la casación
estableciendo una cuantía mínima, no puede conducir a que el juez
constitucional suplante al legislador en la apreciación de los intereses en
juego y en el diseño normativo. Lo que debe analizar la Corte al examinar la
proporcionalidad estricta de una medida, es si resulta manifiestamente
desproporcionada al comparar el fin perseguido con los intereses sacrificados.[28]
En el caso analizado, la sentencia no señala por qué sería manifiestamente
desproporcionado, especialmente si se tiene en cuenta que en el pasado los
incrementos que ha realizado el legislador cada diez o quince años, han sido
superiores. Un aumento del 83% en la cuantía mínima para acceder a la casación
está de hecho por debajo del promedio de las últimas reformas, en las que en
promedio, cada quince años, el legislador aumentó el valor en un 100%. La ponencia
calcula mal el aumento cuando pasa de cincuenta a cien salarios mínimos legales
mensuales porque éste no es del 50% sino del 100%. Si se examinan los términos
del texto original y la primera reforma de 1956, el aumento fue casi del 100%
(pasó de 67 smlmv a 128), y entre 1977 y 1984, el incremento también fue del
100% (pasó de 50 a 100 smlmv).”
Dejo, pues expuestas las razones que me llevan a
aclarar mi voto frente a la decisión adoptada por esta Corporación en el asunto
de la referencia, y que resulta necesario recordar en esta ocasión debido a la
decisión de la Sala de atenerse a lo resuelto en la sentencia C-372 de 2011.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1]  Citan entre otras las sentencias C- 1541 de 2000, C-1110 y
C-1195, ambas de 2001.
[2]  El texto del artículo 86 vigente al momento de expedirse la Ley 1395 de 2010 era el contenido en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, que fijó el interés pare recurrir en casación en los procesos laborales en la suma de 120
salarios mínimos mensuales.
[3] Entre ellas las sentencias C-179 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria
Díaz), C-017 de 1996 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), C-596 de 2000 (M. P.
Antonio Barrera Carbonell) y C-103 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[4]  Según se explica, la doctrina procesal laboral conoce con esta
denominación la facultad ofrecida por el artículo 5° del Código Procesal de la
materia, según la cual la demanda podrá presentarse en el último lugar donde se
prestaron los servicios o en el domicilio del actor.
[5] Literal b) del artículo 23 del proyecto de ley estatutaria No. 023/06
Senado y No. 286/07 Cámara “Por medio de la cual
se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”, revisado y declarado inexequible mediante sentencia
C-713 de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[6] Cita la exposición de motivos del proyecto que vino a
convertirse en Ley 1395 de 2010, publicada en la Gaceta Legislativa N° 825 de 2008.
[7] Se refiere al proceso D-8274, cuya sustanciación está a cargo
del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8] Sobre el margen de configuración normativa del legislador en
materias procesales ver, entre muchísimas otras, las sentencias C-742 de 1999,
C-111, C-384 y C-1270 de 2000, C-1104 de 2001, C-131 de 2002, C-204 y C-798 de
2003, C-662 de 2004, C-520 y C-807 de 2009.
[9] Cfr. sobre este aspecto, entre muchas otras, las sentencias
C-740 de 2003, C-316 de 2008 y C-354 de 2009.
[10] Proyecto 197 de 2008 Senado, presentado el 18 de noviembre de
2008 por el Ministro del Interior y de Justicia, publicado en la Gaceta N° 825 de noviembre 19 de 2008 (páginas 1 a 13).
[11] Exposición de motivos, Gaceta 825 de 2008, página 9.
Aparentemente por error, en el segundo párrafo transcrito se dice que la
reforma propuesta apunta a que la demanda se presente sólo en el último lugar
donde se prestaron los servicios, mientras que el articulado propuesto contenía
desde su primera versión la norma finalmente aprobada como artículo 45, es
decir la que permite que sea el lugar donde se prestaron los servicios, o el
domicilio el demandante, a elección de éste.
[12] Cfr. ponencia para primer debate en el Senado de la República, Gaceta 481 de 2009; ponencia para segundo debate ante la plenaria del Senado,
Gaceta 1257 de 2009, páginas 1 a 37;  acta N° 28 de la plenaria del Senado,
correspondiente a la sesión del día 16 de diciembre de 2009, en la que este
proyecto fue aprobado en segundo debate; ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, Gaceta 262 de 2010; ponencia para segundo debate ante la plenaria
de la Cámara, Gaceta 319 de 2010, páginas 1 a 56.
[13] Debe anotarse que las dos primeras de estas ponencias
(las presentadas ante la comisión y ante la plenaria del Senado) reprodujeron
de manera textual el segundo párrafo de la cita antes transcrita, y con él la
imprecisión a que se ha hecho referencia en relación con el contenido de la
regla propuesta para el artículo 5° del Código Procesal del Trabajo.
[14] Entre ellas la Ley 23 de 1991, el Decreto Extraordinario 2651 del
mismo año, la Ley 446 de 1998 y la Ley 1395 de 2010 de la cual hacen parte las
disposiciones demandadas, además de muchas otras normas contenidas en diversas
leyes en las que la descongestión judicial no es el único propósito pero sí se
encuentra presente.
[15] Cfr. en este sentido, entre otras, la sentencia C-162 de 1999 (M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[16] Han existido sí, reflexiones puntuales en torno a la
importancia de la descongestión de los despachos judiciales en aquellos casos
en que la Corte ha examinado la validez constitucional de instituciones tales
como la conciliación, el arbitraje o la amigable composición, en cuanto siempre
se ha considerado que la existencia de los llamados mecanismos alternativos de
solución de conflictos es una opción válida para, de una parte, escapar en
casos concretos de los traumatismos ocasionados por la congestión judicial, y
de otra, contribuir a nivel global a evitar el crecimiento e incidencia de este
fenómeno.
[17] Producto de estas facultades es el ya mencionado Decreto 2651
de 1991, de vigencia transitoria, prorrogado en varias oportunidades, algunas
de cuyas disposiciones adquirieron luego carácter permanente con la expedición
de la Ley 446 de 1998.
[18] Sentencias C-037 de 1996 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-713
de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), respectivamente.
[19] Sentencia C-713 de 2008, antes citada.
[20] Ver a este respecto, entre muchos otros, los fallos T-006 de 1992,
C-1195 de 2001, C-1027 de 2002, T-224 de 2003, T-114 de 2007, T-117 de 2009. y
T-238 de 2011.
[21] Si bien la parte resolutiva de la sentencia C-713 de 2008 no
introdujo condicionamientos a la exequibilidad del artículo 15 de este proyecto
que reformó el artículo 63 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su parte motiva sí incluyó reflexiones en torno al carácter
necesariamente transitorio del Plan Nacional de Descongestión desarrollado en
esta norma.
[22] Expresión con la que es usualmente conocida la
situación contemplada en el artículo 1535 del Código Civil.
[23] El carácter protector y corrector de la
desigualdad es inherente a las instituciones del Derecho Laboral y se sustenta
actualmente en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política. Cfr. sobre este tema, entre muchísimas otras, las sentencias C-893 y
C-1110 ambas de 2001 y C-038 de 2004.
[24] Ver en este sentido los artículos 4° y 37 del
Código de Procedimiento Civil, el primero de los cuales prevé la igualdad de
las partes como uno de los principios que deberán observarse en la
interpretación de las normas procesales, mientras que el segundo otorga al juez
los poderes necesarios para garantizar en todo momento la observancia de este
principio.
[25] Ver sobre este tema, entre muchísimas otras, las sentencias
C-142 de 1993, C-040 de 2002, C-670 de 2004 y C-934 de 2006.
[26] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] MP. Antonio Barrera Carbonell. En esta oportunidad, la Corte en relación con el cargo del actor, según el cual, las restricciones impuestas al
recurso de casación en cuanto a la cuantía del interés para recurrir violan los
derechos al trabajo, a la igualdad, y al acceso a la administración de
justicia, concluyó que no le asistía razón al demandante por las siguientes
razones: “(…) La protección del derecho al trabajo se logra esencialmente
durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el
legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e
intereses. En dichas instancias pueden hacer valer los correspondientes
recursos ordinarios. Igualmente, pueden hacer uso del recurso de casación
cuando para ello se reúnan los requisitos de procedibilidad. // No
necesariamente la protección de dicho derecho, en consecuencia, se logra con la
casación; ésta muchas veces se constituye en un obstáculo para que el
trabajador pueda en forma pronta y oportuna satisfacer sus derechos. Por
ejemplo, cuando el recurrente es el empleador. // No se rompe el principio de
igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del
proceso; es decir, cuando el recurrente es el trabajador o el empleador. // La
necesidad de establecer mecanismos procesales a favor del trabajador, para
facilitar la protección de sus derechos e intereses, con el fin de equilibrar
su desigualdad económica frente al empleador, no necesariamente debe hacerse
dentro del recurso de casación. // No se viola, por consiguiente, el acceso a
la justicia, porque éste se encuentra debidamente garantizado en las instancias
ordinarias del proceso; por lo tanto, bien puede restringirse, la posibilidad
de acudir a la casación, la cual, como se indicó anteriormente, es un recurso
excepcional, extraordinario y, por consiguiente, limitado.” Por lo
anterior, la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 86 y 92 del
C.P.T., y 221 del C.P.P. Igualmente declaró exequibles: la expresión "cuando
el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de
diez millones de pesos" del inciso 1º, y los parágrafos primero y
segundo del art. 366 del C.P.C.
[28] Sobre el tema de proporcionalidad ver la
sentencia C-916 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).