T-316-20
Sentencia T-316/20
Referencia: Expediente T-7.495.600
Acción de tutela instaurada por Rebeca contra el
Juzgado 23 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, el Juzgado 14 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
Medellín y la Fiscalía 150 Local de Medellín Unidad de Lesiones Personales.
Asunto: Protección
especial a mujeres víctimas de violencia y la perspectiva de género en la
administración de justicia.
Magistrada sustanciadora:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte
(2020).
La Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, Alberto Rojas Ríos y José
Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de las sentencias del 12 de junio de 2019 proferida en segunda
instancia por la Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de
la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia del 25 de abril de 2019
de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín que negó la
acción de tutela instaurada por la accionante.
El asunto llegó a esta
Corporación por la remisión que hizo la Secretaría de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del
artículo 86 de la Constitución y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La
Sala de Selección de Tutelas Número Ocho escogió los expedientes para su
revisión mediante el auto del 20 de agosto de 2019.
En cumplimiento del
mencionado auto, mediante oficio del 04 de septiembre de 2019, la Secretaría
General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho de la
Magistrada Cristina Pardo Schlesinger.
En razón a que en
el presente caso se estudia la situación de una mujer quien presuntamente es
víctima de la violencia, la Sala advierte que como medida de protección de su
intimidad y de prevención de la revictimización se ha suprimido de esta
providencia, y de toda futura publicación de la misma, el nombre de las partes
involucradas y los datos e informaciones que permitan conocer su identidad.
Esta versión contiene la identidad ficticia de las partes involucradas y de los
lugares donde sucedieron los hechos, para efectos de su publicidad.
I. ANTECEDENTES
1.
El 3 de abril de 2019 la accionante del
proceso de la referencia interpuso acción de tutela contra la decisión de
preclusión de la investigación de los delitos de lesiones personales y
violencia intrafamiliar, proferida por la Fiscalía 150 Local de Medellín Unidad
de Lesiones Personales, avalada por el Juzgado 23 Penal Municipal con funciones
de conocimiento de Medellín en primera instancia y por el Juzgado 14 Penal del
Circuito con funciones de conocimiento de Medellín en segunda instancia.
La solicitud de amparo de la accionante está relacionada con la
presunta vulneración de los derechos al acceso a la administración de justicia,
al debido proceso, a la dignidad humana, y a estar libre de violencia de género
a través de las decisiones administrativas y judiciales.
A.     Hechos y pretensiones.
1.
El 3 de marzo de 2015 la accionante presentó
denuncia por violencia intrafamiliar. Solicitó medida de protección contra el
señor Luis quien era su cónyuge.
2.
El 24 de marzo de 2015 la Comisaría de
Familia de la Comuna 11 de Medellín decretó en contra del señor Luis medida
de protección con prohibición de agredir, maltratar, ofender o ejecutar cualquier
acto que constituya violencia intrafamiliar hacia la señora Rebeca. En
el mismo oficio la Comisaría de familia solicitó a las entidades policiales
atender y brindar especial protección a la señora Rebeca y remitió copia
de la denuncia penal a la Fiscalía General de la Nación.
3.
Del mismo modo la comisaría informó a
la accionante del derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor
de conformidad con el artículo 4º de la Ley 294 de 1996 modificada con la Ley
575 de 2000 y la Ley 1257 de 2008.
4.
En agosto de 2015 la accionante se
acercó a la Fiscalía 113 Local de Medellín para manifestar que no deseaba ser
confrontada con el señor Luis, considerando que el delito denunciado,
violencia intrafamiliar, no era conciliable. Por lo que solicitó continuar con
la investigación.
5.
El 18 de mayo de 2016 se remitió, a
través de una fiscal especializada al director seccional de fiscalías, la
solicitud de la defensoría delegada para los derechos de las mujeres y los
asuntos de género en la que se pidió la adopción de mecanismos diferenciales
como la realización de la investigación con perspectiva de género, así
como medidas de protección efectivas, de acuerdo con las recomendaciones de los
instrumentos internacionales en la materia.
6.
La indagación de los hechos
correspondió inicialmente a la Fiscalía 113 Local de Medellín, pero culminó
bajo la dirección de la Fiscalía 150 Local de Medellín quien el 21 de marzo de
2017 postuló la preclusión anticipada de los hechos investigados.
7.
El 12 de octubre de 2017 el abogado de
la accionante remitió oficio a la Fiscalía 150 Local de Medellín en el que
solicitó la no preclusión de la investigación y para reiterar que aunque no
hubiera existido una lesión de orden físico, si existió un daño sobre su
defendida. También señaló que omitir la aplicación de criterios de equidad de
género implica incurrir en una falla en el derecho a la administración de
justicia.
8.
El asunto fue asignado por reparto al
Juzgado 23 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín. Luego de
agotar la audiencia en múltiples sesiones, el 25 de febrero de 2019 decretó la
preclusión de la causa penal (violencia intrafamiliar y lesiones personales
dolosas) por atipicidad de los hechos investigados. La accionante presentó
recurso de apelación, el cual fue declarado desierto el 11 de marzo de 2019 por
el Juzgado 14 Penal del Circuito de Medellín por falta de sustentación.
9.
De otra parte, el 18 de septiembre de
2018, el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín decretó el divorcio
de matrimonio civil entre la accionante y su cónyuge con fundamento en las
causales 2ª y 8ª del artículo 154 del Código Civil. Declarando como cónyuge
culpable al señor Luis.
10.
Por lo anterior la señora Rebeca
interpuso acción de tutela por estimar que la Fiscalía y los juzgados penales
que decidieron precluir la investigación penal, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por
no tener en cuenta las valoraciones psicológicas que evidenciaban el daño
sicológico sufrido por ella a raíz de la violencia intrafamiliar ejercida por
su ex cónyuge. Considera que durante los cuatro años que duró la etapa de
indagación se omitió examinar detenidamente toda la documentación que obra en
el expediente. Afirma que el juez se limitó a concluir que su denuncia no era
cierta y que todo lo ocurrido es producto de su enojo al no aceptar que su ex
cónyuge decidió irse de su lado.
B. Actuación Procesal
Mediante auto del 5 de abril de 2019 la sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Medellín admitió la acción de tutela, notificó a
las entidades demandadas (Juzgado 23 Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Juzgado
14 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín y la Fiscalía
150 Local de Medellín Unidad de Lesiones Personales) y vinculó a las demás partes e intervinientes en el
proceso penal, así como a la Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer, la Comisaría de Familia Comuna 11 de Medellín, la Defensoría del Pueblo
y el Concejo de Medellín.
C. Respuesta de las entidades accionadas
Juzgado 23 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Medellín[1]
Afirmó que decretó la preclusión de la investigación penal
de conformidad con lo establecido en la causal 4ª del artículo 332 del
Código de Procedimiento Penal, que consagra la atipicidad de la conducta.
Explicó que su decisión se soportó en las pruebas allegadas por la Fiscalía,
respetando las garantías procesales de la denunciante.
Fiscalía 150 Local de Medellín[2]
Explicó que se llevó a cabo un programa metodológico a fin
de establecer la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del indiciado. A
partir de allí solo fue posible concluir la atipicidad de todas las hipótesis
fácticas investigadas (violencia intrafamiliar y lesiones personales) teniendo
en cuenta la especial protección que cobija a las mujeres víctimas de la
violencia.
Describió los hechos narrados por la víctima en la denuncia
de la siguiente manera:
“3 de marzo de 2015
Este día me llamó mi esposo Luis y me dijo que él no quería
hablar más conmigo y que él quería dejar firmada la separación de mutuo acuerdo
porque dijo: “no quiero saber más nada de usted.”
Él es una persona enferma porque tiene tratamiento
psiquiátrico y bipolar. Posterior a esto él se fue de mi casa el 11 de febrero
pasado y de una forma muy extraña porque él me sigue llamando y me insulta y me
amedranta y que ahora “si voy a saber quién es el,” esto es una violencia
psicológica y él lo que trata de hablarme es como amenaza de que yo le tenga
miedo.
Se le pregunta a la víctima si ha sido objeto de otro
delito en los últimos 12 meses: contesta No.
Ampliación de la denuncia el día 25 de agosto de 2015:
Precisa que convivió en unión libre con el señor Luis desde
el 11 de diciembre de 2009 al 28 de marzo de 2014.
El 29 de marzo de 2014 se casaron por lo civil.
El 11 de febrero él se fue de su lado. El 3 marzo ya no
vivían juntos.
Dice que lo denunció porque durante todo el mes de febrero
de 2015, él viéndola que estaba tan enferma se fue del apartamento, antes de
irse le comenzó a hacer llamadas telefónicas en las que le decía que “ella no
servía para nada, que ni para la cama si quiera, que ahora si iba a saber quién
era él, que no le importaba lo que pensara ella.”
No volvió a almorzar a la casa
Esas llamadas las hacía después de que salía del
apartamento, unas veces de su celular y otras de otros números
El 9 de febrero llamó a la casa de su hermana Ana desde su
celular y le dijo que Rebeca tenía una cita con el cardiólogo y que él no la
iba acompañar, que “viera cómo iba a hacer con ella,” lo que generó muchos
nervios en su hermana
Después siguió llamándola, diciéndole que tenía una cita
con el cardiólogo y que él no la iba a acompañar, que “vieran qué iban a hacer
con ella” lo que le generó muchos nervios en su hermana, eso mismo se lo dijo a
un amigo, Gabriel.
Después siguió llamándola diciéndole que “se tenía que ir
del apartamento porque él no la iba a mantener más,” que él tenía a otra
persona, que él quería estar con otras personas, que le gustara o no las cosas
iba a ser así.
Cada que la llama es con una burla que la afecta
psicológicamente.
El 10 de febrero de 2015, le pusieron un Holter que es un
aparato para chequear el ritmo cardiaco. Luis sabía que no podía estar cerca de
teléfonos celulares, computador, del calor porque se altera el funcionamiento
del aparato y ese día no hizo sino llamarla al celular, ella no le contestó
pero él lo hizo adrede, sabiendo que no podía utilizar el celular, situación
que la afecta psicológicamente.
Concluye que la violencia que está sufriendo de parte de Luis
es sicológica y económica, porque ella dependía de él y en esos momentos no
podía trabajar por su enfermedad, él se está aprovechando de eso y la está
acorralando.
Para el momento de la ampliación estaba pagando el
apartamento, pero solo hasta septiembre de 2015, de ahí que la va a dejar en la
calle. El psicólogo le diagnostico trastorno mixto de ansiedad y depresión a causa
de lo que está pasando con Luis. Como testigo precisa a su hermana Ana y a su
amigo Levi.
Ampliación de la denuncia del 30 de octubre de 2017
Narra que el rompimiento se dio el 10 de enero de 2015,
desde ese día comenzaron a dormir en cuartos separados, ese día Luis llegó a la
casa como a las6:15de la tarde, llegó extraño, con un comportamiento que no le
conocía muy irascible, le ofreció comida, dijo que no quería nada, que lo
dejara en paz, él se quedó viendo televisión, ella se acostó y la despertó el
ruido del televisor que estaba muy duro, le pidió que se acostara, cuando se
acercó a decirle esto el en forma intempestiva la toma del cuello con las
dos manos y comenzó a chorrear  babas, decía incoherencias y ella le decía Luis,
suélteme, suélteme y se logró zafar, se zafó por su instinto de sobrevivencia y
porque sabe artes marciales, quedó en shock y temerosa de que el hiciera algo
más, por ello se encerró en el cuarto.
Estuvo una semana muy adolorida y le quedaron los dedos de
él marcados como por cuatro o cinco días, no consultó al médico por esos
hechos.
Al otro día llamó a Sara la hija de él y ella le dijo que
su papá durante el tiempo que vivieron con él actuaba muy violentamente, lo
tachó de loco.
Buscó ayuda en muchas partes, habló con varios psicólogos,
fue a la comisaría nocturna, la atendió el señor Francisco y le dijo que
buscara un abogado y se separara.
Cuando fue a presentar la denuncia por estos hechos, le
dijeron que solo podía hablar de lo que había pasado un mes antes de la fecha
de formular la denuncia.
Cuando fue ampliar la secretaria de la Comisaría Rosalba
Osorio no le permitió hablar de ese tema, solo la concretaban a la denuncia
inicial.
Joaquín Patiño el asistente de la Fiscalía 113 tampoco le
permitió hablar de ese tema, solo la concretaban a la denuncia inicial.
Habló con la Fiscal 113, le dijo que la iba a citar a una
entrevista para hablar de eso y nunca la citó, por ello rindió una declaración
extra juicio el 28 de agosto de 2017, sobre ese ataque físico.
Desde el 11 de enero él ya casi no iba a la casa.
El 23 de enero de 2015 la vio indispuesta y mejor se fue a
rumbear con los amigos.
El llamaba a Gabriel un amigo y a su hermana y les decía
que miraran a ver quién la iba a acompañar al médico, para ella esto es una
violencia emocional muy fuerte.
Durante los cinco años que vivieron juntos, Luis se
desbordó de amor por ella, Romeo no le llegaba a los zapatos.
En esta ampliación, la señora Rebeca considera que son
actos de violencia sutil, los siguientes:
-
Ella vivía en un apartamento en la
calle 44 con la 72, ahí tenía su consultorio, cuando se fue a vivir con Luis permanecieron
allí dos años, pero él la convenció que se fueran a vivir a un apartamento más
grande para cuando sus hijos fueran tuvieran donde quedarse, por lo que es violencia
que la sacó de su vivienda, lugar de trabajo independiente, porque la desacomodó
de toda su estabilidad, porque ahí tenía su consultorio, su edificio era
muy bien ubicado, todos los vecinos eran amigos, se cuidaban, estaba cerca de
todo lo que ella hacía.
-
Luis se enfermaba y de esa forma
la manipulaba, eso lo hacía para
que dejara su actividad laboral porque ella tenía programas fuera de la casa y
él la llamaba todo el tiempo le decía que estaba mal porque no le gustaba estar
sin ella, y se enfermaba de verdad, ella lo cuidaba, lo acompañaba al médico
como es debido, como una esposa, esto le parece un acto de violencia sutil para
manipularla con la enfermedad y es claro porque era para que ella estuviera
pendiente de él.
-
Luego comenzó a quejarse porque se
sentía cansado ya que llevaba 32 años trabajando en el Sena, entonces ella le ayudaba
con su trabajo porque estaba muy agotado, le daba clases a sus alumnos, le
ayudaba con los informes le ayudó con los procesos de certificación, lo
incentivo para que volviera a hacer deporte, lo motivó con la música, regresó a
la orquesta del Sena, lo acompañó a ensayos, presentaciones. Esto para ella
es una forma de violencia porque la acorraló para sacarla de sus actividades
laborales, como para ponerla a su servicio, lo que hizo él fue que la utilizó,
la manipuló para que ella dejara sus cosas y le sirviera a él, lo hizo con
mucha sutileza. Fue una violencia sistemática porque él la vio muy enamorada.
-
Ella es una mujer inteligente y
durante el tiempo de convivencia él se mofaba de que por fin había encontrado
una mujer inteligente, hecho que considera también como una violencia sutil y
sistemática.
-
A pesar que Luis se fue de la casa,
siente que la violencia con las falsedades que él dice en el proceso, las
manifestaciones que tiene contra ella, sabiendo que él es verdadero culpable
como lo admitió en la comisaría ya que no objetó el fallo, es decir estuvo de
acuerdo con la que la comisaría dijo.
-
Todo ello la impactó
psicológicamente y le generó disautonomía por la desazón y frialdad hacia ella.
Posteriormente, la Fiscalía explicó que diseñó un programa
metodológico a fin de establecer la ocurrencia del hecho y la responsabilidad
del indiciado. Del análisis concluyó que la conducta era atípica para el delito
de lesiones personales y para el de violencia intrafamiliar, razón por la cual
solicitó ante el Juez 23 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, la
preclusión de la investigación de conformidad con los artículos 331 y 332
numeral 4º del Código de Procedimiento Penal.  Los fundamentos para llegar a
tal conclusión fueron los siguientes:
“Es por ello que la Fiscalía en razón de los elementos
materiales probatorios obtenidos, bajo el entendido de la sana crítica concluyó
que los hechos relatados por la denunciante no se constituyen en verbo rector
necesario para la descripción típica de violencia intrafamiliar, considerando
que la situación familiar por la que se encontraba pasando la pareja era una
relación tensa producto de un fenómeno natural como es el de estar inmerso en
una separación, donde necesariamente se resaltarán en mayor grado las
diferencias que pueden existir en una relación pues no es una situación que se
viva a diario, la de estar divorciándose o separándose, sin que se olvide
que durante la convivencia de pareja que narra la señora el ambiente fue en
condiciones de armonía, equidad, buen trato, si bien es cierto el derecho penal
es de acto, no de autor, la entidad lesiva de esa conducta, frente a los hechos
narrados, no son dados a convocar la intervención del Estado, por la decisión
subjetiva de la presunta víctima de considerar que de alguna manera quien antes
era su compañero hoy debe asumir severas consecuencias por no estar más con
ella. No trató la Fiscalía de minimizar unos hechos, pero puestos en la
balanza de la justicia estos hechos así narrados no alcanza a superar el límite
de la conducta atípica.
Igualmente se adujo por la Fiscalía que es imposible
tipificar como actos de violencia psicológica las situaciones propias de la
cotidianidad los actos de violencia intrafamiliar, que la señora Rebeca
describe cómo actos de violencia intrafamiliar sutiles, la misma Corte
Constitucional, en sentencia que cita la misma accionante, ha dicho que la
violencia debe ser con ímpetu e intensidad.
De allí que si una pareja se cambia de un apartamento a
otro más grande, ese solo hecho no quiere decir que está ejerciendo violencia
sutil, el hecho de que el señor Luis se enfermara continuamente, lo que no se
puede prever siendo normal que las parejas se cuiden cuando están enfermas,
trasnochen, no duerman, es parte del amor conyugal no de una situación de
violencia, ayudarle en el trabajo, máxime que Rebeca y Luis tienen profesiones
afines, tampoco es violencia intrafamiliar, fue voluntad de Rebeca apoyar a su
esposo. Ahora mofarse de que ella es inteligente tampoco es violencia
intrafamiliar. Todos los actos que relaciona la señora Rebeca como violencia
sutil, no tipifican la conducta de violencia intrafamiliar.
Los actos de violencia sutil precisados por la señora
Rebeca son atípicos, estos eventos no son otra cosa que producto de una
relación sentimental que presenta altibajos, los demás actos de violencia
psicológica como las múltiples llamadas que aduce la señora Rebeca le hacía el
señor Luis , el hecho de volver a almorzar a la casa, de decirle a la hermana
de ella que ahora si van a saber quién era él, de salir a tomar vino y tocar
guitarra con los amigos, son propios de la tensión normal frente a una
separación y el duelo del divorcio y es fundamento en los dictámenes de
medicina legal que no dan cuenta de una afectación sicológica derivada de un
proceso de violencia intrafamiliar, sino de una ruptura de una relación
sentimental que por sí genera un afrontamiento de duelo propio como es la
sensación de soledad, vacío y demás situaciones propias.
En cuanto a la violencia económica, consideró la Fiscalía
que dicha conducta también es atípica por cuanto el señor Luis apoyó
económicamente a la señora Rebeca durante varios meses con el pago del
arriendo, los servicios, el servicio médico del SENA, consciente de que ella
tiene unas necesidades y de manera voluntaria por conciliación acordó una cuota
alimentaria de un salario mínimo legal vigente por dos años, respecto de la
cual aporta recibos de su cumplimiento, con lo cual se desvirtúa la presunta
violencia económica sufrida por la denunciante, a más de que es una persona
profesional, altamente capacitada, que se ha superado sola.
Frente a la posibilidad de que hay lugar a un tipo penal de
lesiones personales, respecto de los hechos ocurridos el día 10 de enero de
2015, no se cuenta con una valoración médico legal que se dé cuenta de
lesiones sufridas por la señora Rebeca.
En virtud de lo anterior el Juzgado 23 de Penal Municipal
con funciones de conocimiento, el pasado 25 de febrero de 2019, avaló la
solicitud de la Fiscalía y decretó la preclusión de la investigación, en favor
del señor Luis, en relación con los recursos que procedían en contra de esta
decisión, el apoderado de la víctima solicitó un receso para hablar con su
cliente, superado el receso, el apoderado adujo que él le informó a la señora
Rebeca que consideraba que no debía interponer el recurso de apelación, pero
que ella insistía, por lo que procedió a apelar, sin que atacara el fondo de la
decisión, sino una argumentación en torno a la antijuricidad y la atipicidad
desde el punto de vista jurisprudencial y doctrinal, por tal razón la segunda
instancia declaro desierto el recurso.
En este trámite no se violó el derecho al debido proceso a
la señora Rebeca, pues sus pruebas fueron valoradas por el juez de primera
instancia, en la Fiscalía se hizo efectivo ese derecho y el acceso a la
justicia se escuchó en declaración, se valoraron las pruebas por esta aportadas
y se escucharon a sus testigos, en igual sentido lo hizo el juez de primera
instancia.
Es así que todos los recursos judiciales a los que tenía
derecho la señora Rebeca ya fueron agotados por esta y no se vislumbra vía de
hecho alguna en que hayan incurrido los Jueces 23 Penal Municipal con funciones
de conocimiento y 14 Penal del Circuito de la ciudad de Medellín, por el
contrario estos fueron respetuosos de los derechos de la señora, la
intervención de esta no fue obstaculizada, incluso su apoderado adujo en el
trámite de la preclusión documentación que obraba en la carpeta de la Fiscalía
y que esta misma funcionaria allego al Juez 23 penal Municipal.
(…)
Por último es necesario precisar que esta Delegada Fiscal,
es conocedora de las leyes que protegen los derechos de las mujeres, de la
perspectiva de género y el enfoque diferencial, y en ese sentido se actuó en
esta indagación considerando su género como mujer y alejada de cualquier
valoración machista, sin prejuzgar, ni revictimizar (…).
(…)”
Comisaría de Familia de la Comuna 11 de Medellín[3]
Presentó informe de su gestión en el procedimiento
administrativo por violencia intrafamiliar dentro del cual se practicaron
varias pruebas. De allí concluyó que entre los señores Rebeca y Luis
se han presentado algunos hechos de violencia intrafamiliar a nivel verbal,
aunque podría tratarse más de un conflicto familiar que de violencia
intrafamiliar. Pese a lo anterior señaló que el despacho estaba obligado a salvaguardar
los derechos de ambos intervinientes. El 2 de julio de 2015 dictó medidas de
protección a favor de ambas partes. La decisión fue confirmada en sede de
apelación por el Juzgado Trece de Oralidad de Familia de Medellín.
Contra la misma decisión la accionante interpuso acción de
tutela la cual fue fallada de forma desfavorable por la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Medellín el 30 de octubre de 2015.
Concejo de Medellín[4]
Indicó que tuvo conocimiento de los procedimientos
administrativos y penal mediante derecho de petición elevado por la accionante.
Solicitó que se le desvinculara de la acción constitucional en tanto carecía de
competencia para intervenir en el trámite.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer[5]
Solicitó se le desvinculara del proceso en tanto no tiene
ninguna injerencia en las decisiones de la administración de justicia.
Defensoría del Pueblo Regional Antioquia[6]
Señaló que desde 2015 tuvo conocimiento del proceso penal
iniciado por la accionante. Destacó que la señora Rebeca solicitó varias
veces el cambio de representante siempre bajo el argumento de inconformidad en
la prestación del servicio por parte de los profesionales asignados, por lo que
efectivamente se le modificó en 4 oportunidades el representante para la
satisfacción de sus intereses.
Finalmente, dijo, la accionante decidió revocar el poder
del último abogado que le había sido asignado para conferírselo a uno de
confianza. Por lo anterior la entidad no actuó dentro de las diligencias en las
que se decidió la preclusión.
Procuraduría 121 Judicial II Penal de Medellín[7]
Atendió la vinculación como interviniente en el proceso
penal. Luego de hacer un recuento procesal del asunto solicitó negar el amparo
por no haberse vulnerado los derechos fundamentales a la presunta víctima por
el carácter excepcional del amparo constitucional.
D. Decisiones de Instancia
Tribunal Superior de Medellín – Sala de Decisión Penal
Mediante sentencia del 25 de abril de 2019, la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín negó el amparo de los
derechos al debido proceso y a la administración de justicia solicitados por la
accionante. En particular, señaló que no se observa la ocurrencia de un defecto
fáctico por parte de los despachos accionados por omitir la valoración de
alguna prueba allegada al proceso.
Resaltó que el defecto fáctico se configura
cuando i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran
necesarias en el proceso, ii) se verifica una valoración caprichosa y
arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) cuando no se valoran en su
integridad el material probatorio.
En opinión del Tribunal, el juzgado de
conocimiento lo que hizo fue descartar la ocurrencia de agresiones físicas y
económicas con fundamento en otras pruebas bajo el supuesto de que si bien se
presentaron hechos como el cambio de domicilio, enfermedades de Luis que
demandaron cuidados personales por parte de Rebeca, así como ayuda en el
trabajo de él, estos no constituyen violencia intrafamiliar, sino más bien se
estiman conductas usuales en la convivencia de pareja.
De la misma forma, señaló que las actitudes
posteriores al 10 de enero de 2015 cuando se inició el rompimiento de la
relación afectiva, no encuadran en ningún tipo penal previsto en el
ordenamiento jurídico, sino que se trata de manifestaciones esperables dentro
de una ruptura de pareja; y, que es el derecho privado el que está llamado a
otorgar una solución a este tipo de situaciones.
Al respecto, concluyó que “en las condiciones
del caso sub judice no es posible que la Sala se adentre en consideraciones
tendientes a compartir o derruir los argumentos de las providencias judiciales
censuradas por la demandante, basta con advertir que se trata de posturas
jurídicas y constitucionalmente sustentables y que luego de revisar el extenso
expediente tutelar se encuentra que la Fiscalía, los jueces y todas las demás
autoridades públicas cuyas puertas fueron tocadas por la señora Rebeca, se
preocuparon por cuidar las garantías superiores de la administrada incluida la
moderación que demanda la protección especial de la mujer. No por el hecho que
ninguna de ellas hallara el mérito para acceder a sus pretensiones, implica que
se trasgredan sus derechos fundamentales o que se la esté discriminando”.
Impugnación
La accionante señaló que se configuró un defecto procedimental
absoluto por cuanto el Juzgado 14 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín, al ceñirse única y exclusivamente al tenor literal de
la ley y por ende a las reglas de conducta procesales, como se menciona en el
fallo impugnado, desconoció el principio supremo del derecho que establece que
la realidad prima sobre la formalidad. También bajo la ocurrencia de un defecto
fáctico en tanto que el Juzgado 23 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de la misma ciudad no ofreció el análisis y estudio necesario a
las valoraciones psicológicas.
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal – Sala
de Decisión de Tutelas No. 3
Mediante sentencia proferida el 12 de junio de 2019, confirmó
el fallo impugnado. Consideró que el simple hecho de que una autoridad judicial
o administrativa no acceda a las pretensiones que le son presentadas, no
constituye una afectación de prerrogativas constitucionales, ya que no se
advierte que las decisiones censuradas disten de un criterio razonable de
interpretación y mucho menos confiere facultades al juez constitucional para
invadir la competencia del juez natural, pues la intervención de éste se admite
únicamente cuando dentro del trámite legal cuestionado, se presenta un abierto
desconocimiento de las garantías procesales, cuestión que no ocurrió, ya que
además en cada etapa procesal se brindó a la accionante la oportunidad de
ejercer sus derechos de contradicción y defensa.
Esta Sala de Decisión de Tutelas concluyó que “de
admitirse la discusión propuesta en la demanda, se desconocerían los principios
que orientan la actividad de los jueces, de independencia y sujeción exclusiva
a la ley previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, así como
los del juez natural y las formas propias del juicio contenidas en el artículo
29 de la Norma Superior”.
II.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante auto del 20 de noviembre
de 2019, la Magistrada sustanciadora ofició al Juzgado Tercero de
Familia de Oralidad de Medellín, para que dentro del término de los ocho (8)
días siguientes al recibo de la notificación de la providencia, remitiera copia
del expediente relativo al proceso de divorcio de matrimonio civil radicado con
el número: 05001-31-10-003-2017-00128-00 promovido por el señor Luis contra la accionante. Ordenó también suspender los
términos para fallar de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015 de la Corte Constitucional, y el traslado de la prueba a las
partes una vez recolectadas.
El 13 de enero de 2020 se recibió
el expediente requerido.
De allí se pudo evidenciar que el
señor Luis interpuso demanda de
divorcio contra Rebeca con base en la causal 8º del artículo 154 del
Código Civil (separación de cuerpos judicial o de hecho, que haya perdurado por
más de dos (2) años). No obstante Rebeca presentó demanda de
reconvención contra Luis en la que
solicitó que fuera declarado cónyuge culpable con base en la causal 2ª (el
grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los
deberes que la ley les impone como tales y como padres), y en la causal 3ª (los
ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra) del artículo 154 del
Código Civil.
Para
fundamentar su solicitud, Rebeca señaló que su esposo la abandonó desde
el 11 de febrero de 2015 sin preocuparse por su situación, sin compartir lecho,
techo y mesa con ella, sin prestarle ayuda o socorro, aun cuando se encontraba
en graves condiciones de salud. De igual manera la desafilió del servicio
médico de la empresa donde trabajaba y la afilió a otra EPS sin consultarle, dejó
de pagar el arriendo donde habitaba, por lo que la desalojaron del predio. Manifestó
que no tenía un lugar donde vivir.
Señaló
además que el señor Luis siguió
ejerciendo violencia económica y psicológica en su contra pues a pesar de estar
en una condición económica superior a la de ella, la marginó y la privó de
condiciones de vida mínimas, exponiéndola a una vida precaria. Con lo que la
sometió a fuertes humillaciones.
Manifestó
que Luis la amenazó con quitarle la
seguridad social en salud, y le cobró arriendo, servicios públicos y excedentes
del servicio médico causados a partir del momento en el que abandonó el hogar
en común.
En
relación con la causal 3ª del artículo 154 del Código Civil (ultrajes, trato
cruel y maltratamientos de obra) dijo que el 10 de enero de 2015 la intentó
estrangular. Afirmo que ante lo sucedido ella logró zafarse por su experiencia
en temas de defensa personal, sin embargo sufrió un impacto emocional que le generó
enfermedades terribles, como disautonomía, trastorno de estrés postraumático,
leucopenia y pérdida severa de peso). Manifestó que después de la agresión ella
acudió a la comisaría de familia a denunciar a su cónyuge por violencia
intrafamiliar pero en esa instancia el demandado presentó falsos testimonios en
su contra, logrando que no prosperaran sus pretensiones.  Igualmente acudió a
la Fiscalía pero la investigación se inició por el tipo penal de lesiones
personales y no por violencia intrafamiliar. De la misma forma añadió que el
demandado seguía ejerciendo violencia económica y sicológica.
De todo lo anterior el Juez 3º de
Familia de Oralidad de Medellín resolvió decretar el divorcio civil declarando
como cónyuge culpable del divorcio al señor Luis por la causal 2ª. Motivó su decisión bajo el argumento que
el matrimonio constituye un contrato solemne en el que las partes se comprometen
a cohabitar, ayudarse, entenderse, socorrerse y a afrontar las adversidades de
la vida. En ese sentido, el abandono del hogar rompe los deberes que le impone
la ley como cónyuge. Al respecto también anotó:
“(…) el matrimonio es un contrato
solemne el cual supone un acuerdo de voluntades. Su inobservancia trae
aparejada una serie de consecuencias legales. Los artículos 176 a 178
establecen las obligaciones de los cónyuges. Una de ellas es la de vivir juntos
(art. 178 CC). No es posible dirigir conjuntamente el hogar ni darse los
esposos entre si la ayuda y protección en todas las circunstancias de la vida
sin cumplir esta obligación. También es una obligación que importa al orden
público e impera desde que se celebra el matrimonio. No pueden los cónyuges desconocerla
de forma unilateral salvo que haya motivo legal como lo es una decisión
judicial en materia de separación de cuerpos. Si uno de los cónyuges no vive
con su familia dará lugar a un incumplimiento grave porque con ello se atenta
contra la razón de ser del matrimonio y se impide atender otras obligaciones y
necesidades dentro del matrimonio. Desde la contestación de la demanda
principal en efecto la pareja no vive desde el año 2015. El incumplimiento se
produce por parte de Luis que se fue del hogar sin una autorización. Ese
incumplimiento implica un abandono material y espiritual. Sin embargo ha
seguido cumpliendo con la obligación económica. En efecto esa causal se
desarrolla cuando el cónyuge omite cumplir el deber de socorro. (…)”
En relación con los actos de
violencia dijo lo siguiente:
(…) que ella los haya cometido o
los haya cometido el señor Luis, de entrada este despacho desecha porque no encuentra
prueba alguna sobre la existencia de violencia física o verbal y muy a
pesar de lo dicho por la apoderada de Rebeca puede que efectivamente
encuentra actos de violencia económica pero estos no están consagrados dentro
de la causal autónoma como para tenerla establecida. Esos hechos pueden
igualmente ser considerados dentro de la causal de incumplimiento de los
deberes. Sin embargo se tiene evidencia que se ha hecho una entrega de dineros correspondientes
a los alimentos conciliados. (…) No hay elemento alguno para que se tenga por
establecida la causal tercera.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia.
Con fundamento en las facultades conferidas por los
artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente
para revisar el fallo de tutela proferido en el proceso de la referencia.
2. Asunto objeto de análisis.
La señora Rebeca presentó una acción de tutela en contra del Fiscal 150 Local de Medellín Unidad de Lesiones
Personales, el Juez 23 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Medellín y la Juez 14 Penal del Circuito de la misma ciudad por haber declarado
la preclusión de la investigación penal de los delitos de lesiones
personales y violencia intrafamiliar. Delitos que fueron presuntamente
ejercidos en contra suya por su ex esposo. Como fundamento de su petición la
accionante señaló que tanto el fiscal como los jueces de conocimiento
incurrieron en un defecto fáctico puesto que desconocieron elementos
probatorios que daban cuenta de la afectación sicológica de la cual era
víctima.
Mediante sentencia del 25 de abril de 2019 la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Medellín negó el amparo de los derechos al
debido proceso y a la administración de justicia solicitado por la accionante.
Este fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Casación Penal-Sala
de Decisión de Tutelas No. 3 de la Corte Suprema de Justicia. Para ambas
instancias no se encontró configuración de algún defecto que diera lugar a la
protección constitucional solicitada.
De acuerdo a los antecedentes reseñados, la Sala de
Revisión deberá determinar si la presente acción de tutela contra providencias
judiciales resulta procedente. Posteriormente deberá establecer si los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados
por la señora Rebeca fueron vulnerados por los
jueces de conocimiento y la Fiscalía, al desconocer o no valorar integralmente
las pruebas presentadas durante la fase preliminar del proceso penal.
3. Problema jurídico
En caso de ser procedente la presente acción de
tutela, será preciso resolver el siguiente problema jurídico:
¿La Fiscalía General de la Nación y los jueces
penales competentes vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de una ciudadana al ordenar la
preclusión de una investigación penal, así como al declarar desierto el recurso
de apelación presentado contra esa decisión, al no haber valorado debidamente
los elementos materiales probatorios que, al parecer, evidenciaban los daños psicológicos
y físicos de los que esta fue víctima?
En esa medida, antes de abordar la resolución del caso
concreto y dar solución al problema jurídico planteado, la Sala analizará los
siguientes temas: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) prevención, protección y sanción de la violencia
contra la mujer, la violencia intrafamiliar y iii) acceso a la administración
de justicia de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Finalmente hará el
análisis del caso concreto.
4. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
El
artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como
mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública,
incluidas las autoridades judiciales.
Los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de que
cuando los jueces emitieran decisiones que vulneraran garantías fundamentales,
las mismas fueran susceptibles de control por vía de tutela. Sin embargo, la
Corte Constitucional mediante la sentencia C-543 de 1992 declaró la
inexequibilidad de los referidos artículos.[8]
En ese fallo la Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela
contra providencias judiciales transgredía la autonomía y la independencia
judicial y contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
No
obstante en tal declaración de inexequibilidad, esta Corporación también
estableció la doctrina de las vías de hecho, mediante la cual se plantea
que la acción de tutela sí puede ser invocada contra una providencia judicial,
cuando ésta es producto de una manifiesta situación de hecho, creada por actos
u omisiones de los jueces, que implica la trasgresión o amenaza de un derecho
fundamental.
En
esa medida, a partir de 1992 se permitió la procedencia de la acción de tutela
para atacar, por ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas
inaplicables, proferidas con carencia absoluta de competencia o bajo un
procedimiento ajeno al fijado por la legislación vigente. Tales vías de
hecho fueron identificándose caso a caso.[9]
Después
esta Corte profirió la sentencia C-590 de 2005, en la que la doctrina de las vías
de hecho fue replanteada en los términos de los avances jurisprudenciales
que se dieron en ese interregno.[10]
En dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, así: i) requisitos
generales de procedencia, con naturaleza procesal y ii) causales específicas de
procedibilidad, de naturaleza sustantiva.
4.1. Requisitos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 dispuso hacer compatible el control por vía de
tutela de las decisiones judiciales, con los principios de cosa juzgada,
independencia y autonomía judicial, y seguridad jurídica. Por esta razón
estableció diversas condiciones procesales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Condiciones que deben superarse en su
totalidad para hacer posible un estudio posterior de las denominadas causales
específicas de procedibilidad.
Esas condiciones son
las siguientes: i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; ii) que se
hayan agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance; iii) que se
cumpla el principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que la misma sea decisiva en el proceso; v) que se identifiquen, de
manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales y vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela.
En relación con la
exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia constitucional, este
Tribunal ha dicho que ello obedece al respeto por la órbita de acción tanto de
los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones. Por lo
tanto el juez de tutela debe establecer clara y expresamente si el asunto
puesto a su consideración es realmente una cuestión de relevancia
constitucional, que afecte los derechos fundamentales de las partes.
La obligación de agotar
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
del afectado, se relaciona con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción
de tutela. Si ello no fuera así, esta acción constitucional se convertiría en una
alternativa adicional para las partes en el proceso. Este deber trae consigo la
excepción consagrada en el artículo 86 superior, que permite que esa exigencia
pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable o cuando el mecanismo no es idóneo y eficaz.
Además de lo anterior, el
juez debe verificar que la acción de tutela se invoque en un término razonable
y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, a fin de cumplir el
requisito de la inmediatez. Todo con el fin de evitar que se pongan en riesgo la
seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las decisiones
judiciales estarían siempre sujetas a una eventual evaluación constitucional.
Del mismo modo, cuando
se trate de una irregularidad procesal, ésta debe haber sido decisiva o
determinante en la sentencia que se impugna y debe afectar los derechos
fundamentales del peticionario. Este requisito busca que sólo las
irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales tengan
corrección por vía de acción de tutela, de manera que, se excluyan todas
aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se alegaron en el
proceso.[11]
También se exige que la
parte accionante identifique razonablemente los hechos que generaron la
vulneración de derechos fundamentales. Este requisito pretende que el actor
ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
se imputa a la decisión judicial. En este punto, es importante que el juez de
tutela verifique que los argumentos se hubieren planteado al interior del
proceso judicial, de haber sido esto posible.
Finalmente la última
exigencia de naturaleza procesal que consagró la tipología propuesta en la
C-590 de 2005 fue que la sentencia atacada no sea de tutela. Así se buscó
evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún cuando
todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección ante
esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas, salvo las
escogidas para revisión.
4.2. Causales
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
Ahora bien, frente a las
causales especiales de procedibilidad,
esta Corporación ha emitido un gran número de fallos en los cuales ha
desarrollado jurisprudencialmente los
parámetros a partir de los cuales el operador jurídico pueda identificar
aquellos escenarios en los que la acción de tutela resulta procedente para
controvertir los posibles defectos de las decisiones judiciales. [12] A partir de ello poder
determinar si hay o no lugar a la protección excepcional y restrictiva de los
derechos fundamentales por vía de la acción de tutela[13].
Así pues la jurisprudencia entendía que existían básicamente tres
defectos, el sustantivo, el procedimental y el fáctico; sin embargo, producto
de una labor de sistematización sobre la materia, en la sentencia C-590 de 2005 se indicó que puede configurarse una vía de hecho cuando se
presenta alguna de las siguientes causales: (i) defecto orgánico
que ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada
carece, en forma absoluta, de competencia.(ii) defecto procedimental absoluto
que surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento
previsto por la ley. (iii) defecto fáctico que se presenta cuando
la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en
que se sustenta la decisión. (iv) defecto material o sustantivo que
tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, o cuando existe una contradicción evidente y grosera entre
los fundamentos y la decisión. (v) el error inducido que acontece
cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que
la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales. (vi) decisión
sin motivación que presenta cuando la sentencia atacada carece de
legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan. (vii) desconocimiento
del precedente que se configura cuando por vía judicial se ha fijado un
alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial desconoce la regla
jurisprudencial establecida. En estos casos, la acción de tutela busca
garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad. (viii) violación
directa de la Constitución que se deriva del principio de supremacía de la
Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como documento plenamente
vinculante y con fuerza normativa.
En el caso sub
examine se alegan las causales referentes al defecto fáctico, por tanto
esta Sala efectuará una breve caracterización de dicha causal a fin de proceder
al estudio del caso concreto.
5. Defecto
fáctico
Desde sus inicios esta
Corte estableció que los jueces de conocimiento tienen amplias facultades
discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso
concreto[14].
Por ello esta Corporación determinó que cuando se alega un error de carácter
probatorio, la evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de
tutela, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[15].
A pesar de ello, este
poder discrecional debe estar basado en los principios de la sana crítica, corresponder
necesariamente criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación,
entre otros, así como  respetar la Constitución y la ley. De lo contrario, la
discrecionalidad sería entendida como arbitrariedad judicial, hipótesis en la
cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría dejar
sin efecto la providencia atacada.[16]
Esta Corporación
estableció, en su variada jurisprudencia, que el defecto fáctico se configura
cuando: (i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en
el proceso; (ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas;
o (iii) no se valora en su integridad el material probatorio.
De igual forma, la
Corte Constitucional señaló que el defecto fáctico tiene dos
dimensiones, una positiva y otra negativa. La primera ocurre cuando el juez
efectúa una valoración por “completo equivocada”, o
fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello[17]  y, la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.[18]
Con todo, esta
corporación ha sido enfática en señalar que “para que la tutela resulte
procedente ante un error fáctico, ‘[e]l error en el juicio valorativo de
la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y
el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto’”[19].
Dado que en el
presente asunto se denunció la estructuración de primera y la tercera hipótesis
de defecto fáctico, (omisión y/o la falta de valoración integral del material
probatorio) la Sala prescindirá del estudio de la segunda que tiene que ver con
la valoración caprichosa de las mismas. Por lo tanto, se centrará en establecer
en qué consiste el defecto fáctico por ausencia de valoración probatoria y por
no haber valorado integralmente el material probatorio aportado.
5.1. Defecto
fáctico por ausencia de valoración probatoria
Como se mencionó antes, la posibilidad de cuestionar las
decisiones judiciales por vía de tutela en atención a sus deficiencias
probatorias está vinculada a la necesidad de propiciar la adopción de
sentencias ajustadas a la realidad, para contribuir a concretar los propósitos
de lealtad y eficiencia en la administración de justicia. Exigir que las
providencias judiciales se ajusten a las pruebas aportadas por los sujetos
procesales y a las que se practicaron en el curso del proceso es, por lo tanto,
acorde con la intención de cerrarle el paso a la arbitrariedad e incentivar la
confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Esta Corporación ha
considerado que se presenta un defecto fáctico cuando el funcionario judicial, “a pesar de que en el proceso existan elementos
probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene
en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”.[20]
Son dos, entonces,
los elementos que deben reunirse para que se configure el defecto fáctico
por ausencia de valoración del material probatorio. De un lado, es
necesario que el funcionario judicial haya adoptado una decisión carente de
respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una prueba que resultaba
determinante para la solución del problema jurídico sometido a su
consideración. La relevancia de dicha prueba es, precisamente, el segundo
requisito que conduce a la estructuración del defecto. De ahí que, en todo
caso, deba demostrarse que la falta de valoración probatoria incidió de manera definitiva
sobre el sentido de la sentencia acusada.
5.2. Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
Una cosa es que el
funcionario judicial haya excluido injustificadamente una o varias pruebas del
análisis que precedió la adopción de la sentencia. Otra, que las haya apreciado
de manera errónea. Este último evento sitúa al juez constitucional ante un defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio, definido por esta
corporación como aquel que tiene lugar cuando el funcionario judicial “en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva”.[21]
De
modo que no es cualquier objeción
sobre la valoración probatoria la que conduce a declarar la presencia de un
defecto fáctico. La jurisprudencia ha sido clara en que los errores sobre dicha
valoración solo vulneran el debido proceso cuando lo concluido por el juez es
manifiestamente arbitrario e incorrecto, es decir, cuando aparece totalmente
desvinculado de las reglas de la sana crítica.
En efecto, la
estructuración del defecto fáctico derivada de la valoración defectuosa del
material probatorio se da frente al escenario específico en que dicho juicio
aparezca absolutamente caprichoso. La intervención del juez de tutela solo es
factible cuando el error denunciado es ostensible, flagrante, manifiesto e
incide definitivamente sobre la decisión del juez, pues es este el único evento
que desborda el marco de autonomía de los jueces para formarse libremente su
convencimiento.
En ausencia de la
dicha arbitrariedad, la intervención del juez constitucional es inadmisible,
pues, como lo ha dicho la Corte, el juez de
tutela “no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según
las reglas generales de competencia”.[22]
6. Análisis del problema jurídico sustancial
Para resolver el problema jurídico identificado, la Sala
deberá revisar las disposiciones legales y constitucionales, así como la
jurisprudencia constitucional que indica los parámetros que deben seguir las
autoridades públicas para garantizar el derecho a la administración de justicia
de las mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar. A continuación
se hará un recuento del contenido de las normas relativas a la prevención,
protección y sanción de la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar
y el derecho a la administración de justicia de las mujeres víctimas de
violencia.
6.1. Prevención, protección y sanción de la violencia
contra la mujer. La violencia intrafamiliar
El
artículo 13 de la Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación por
razón del género al tiempo que ordena al Estado adoptar medidas a favor de grupos,
marginados o discriminados como es el caso de las mujeres
De modo análogo los tratados e
instrumentos de mayor relevancia en este aspecto son la Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967); la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW-
de 1981; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra
de la Mujer de 1993; y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Beijing, 1995. Todos estos emanados de diversas dependencias de la
Organización de Naciones Unidas, ONU.
A nivel regional la Organización de
Estados Americanos, OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos[23] y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención
de Belém do Pará” de 1995[24],
proscribe este tipo de discriminación.
Todos estos instrumentos internacionales consagran el
principio de igualdad y no discriminación y, adicionalmente, algunos definen de
diversa forma los conceptos de discriminación
y violencia contra la mujer.
El artículo 1° de la CEDAW señala que la expresión
discriminación contra la mujer “denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. [25]
El artículo 1° de la Declaración de la ONU sobre la
Eliminación de la Violencia (1993), estableció que por esta “se entiende todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la vida privada”. [26]
El artículo 2° de
esa misma Declaración señala que la violencia contra la mujer incorpora
diversos actos como la violencia física,
sexual y psicológica que se produzca al interior de la familia, la comunidad o
el Estado. En esos diversos escenarios los actos de violencia incluyen: el
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por
otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación, el
acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educativas, la
trata de mujeres y la prostitución forzada.
Respecto a la igualdad de trato
entre hombres y mujeres, al interior del matrimonio y las relaciones
familiares, también los referidos instrumentos internacionales señalan ciertas
medidas y mandatos que deben cumplir los Estados. Por ejemplo, el artículo 16
de la CEDAW establece que éstos adoptarán todas la medidas adecuadas para que, tanto
hombres y mujeres, tengan los mismos derechos para decidir o no contraer
matrimonio, hacerlo sólo por su libre albedrío y pleno consentimiento y elegir
libremente el cónyuge. También se declara la obligación estatal de
equiparar los derechos y las responsabilidades de los cónyuges “durante el
matrimonio y con ocasión de su disolución”.[27]
La Convención Interamericana de
Belém do Pará dispone que toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia tanto en el ámbito público como en el privado[28]. Y precisa que tal categoría
implica: “a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de
discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.[29]
En Colombia todos los tratados
internacionales antes mencionados han sido ratificados por el Estado. Hacen parte
del ordenamiento jurídico interno y deben ser usados como fundamentos
normativos para proteger a las mujeres de cualquier tipo de discriminación o
violencia a nivel nacional de conformidad al  artículo 93 de la Carta que consagra
el bloque de constitucionalidad.
La Ley 1257 de
2008 por la cual se dictaron normas para la sensibilización, prevención
y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres,
busca adoptar medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de
violencias, tanto en el ámbito público como privado y facilitar el acceso a los
procedimientos administrativos y judiciales establecidos para su protección y
atención.
Esta norma establece las definiciones de
violencia contra la mujer y de daño psicológico, físico, sexual y patrimonial:
Artículo 2. Definición de
violencia contra la mujer. Por
violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente
en el ámbito público o en el privado.
Para efectos de la presente ley, y
de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de
Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción
u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas,
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición
social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en
las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.
Artículo 3. Concepto de daño
contra la mujer. Para interpretar esta
ley, se establecen las siguientes definiciones de daño:
a. Daño psicológico: Consecuencia
proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio
de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta,
humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en
la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo
o disminución de la integridad corporal de una persona.
c. Daño o sufrimiento sexual:
Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a
mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras
interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción,
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o
limite la voluntad personal.
Igualmente, se considerará daño o
sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a
realizar alguno de estos actos con terceras personas.
d. Daño patrimonial: Pérdida,
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.
Igualmente se enuncian las diferentes
medidas de sensibilización y prevención que el Estado colombiano debe adoptar,[30] y se consagran los
criterios de interpretación:
ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS.
La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los
siguientes principios:
1. Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado
diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las
mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos.
2. Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son
Derechos Humanos.
3. Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la
Familia son responsables de respetar los derechos de las mujeres y de
contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es
responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra
las mujeres.
4. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas
de violencia comprenderá información, prevención, orientación, protección,
sanción, reparación y estabilización.
5. Autonomía. El Estado reconoce y protege la
independencia de las mujeres para tomar sus propias decisiones sin
interferencias indebidas.
6. Coordinación. Todas las entidades que tengan
dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia deberán
ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una
atención integral.
7. No Discriminación. Todas las mujeres con
independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales
como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión
entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a
través de una previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional.
8. Atención Diferenciada. El Estado garantizará la
atención a las necesidades y circunstancias específicas de colectivos de
mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que se asegure su
acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley.
En lo que tiene que ver con la diferenciación entre
violencia física y psicológica, esta misma ley establece que la violencia
psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a
producir en una persona sentimientos de desvalorización de inferioridad sobre
sí misma, que le generan baja de autoestima. Esta tipología no ataca la
integridad física del individuo sino su integridad moral y psicológica, su
autonomía y desarrollo personal y se materializa a partir de constantes y
sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación,
insultos y/o amenazas de todo tipo.[31]
En relación con este punto la Organización Mundial de la
Salud presentó el precitado Informe titulado “Estudio
multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica contra la
mujer (2005)”[32]. De los resultados de las investigaciones se destacan
las conclusiones referentes al maltrato psíquico inflingido por la pareja a la
mujer, pues se establece que el mismo es sistemático y en la mayoría de los
casos es más devastador que la propia violencia física.
En dicho estudio se identificaron los
actos específicos, que para la OMS son constitutivos de dicho maltrato
psicológico,[33] así: (i) cuando la mujer es insultada
o se la hace sentir mal con ella misma; (ii) cuando es humillada
delante de los demás; (iii) cuando es intimidada
o asustada a propósito (por ejemplo, por una pareja que grita y tira
cosas); cuando es amenazada con
daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a
alguien importante para ella).
Asimismo, ese informe definió que cuando
la pareja propicia maltrato psíquico sobre la mujer, se registra un porcentaje
más elevado de comportamiento dominante sobre la misma, a partir del cual
también se ejercen actos de intimidación como los siguientes:[34] impedirle ver a sus amigos, limitar
el contacto con su familia carnal, insistir en saber dónde está en todo
momento, ignorarla o tratarla con indiferencia, enojarse con ella si habla con
otros hombres, acusarla constantemente de serle infiel o/y controlar su acceso
a la atención en salud.
Sobre la violencia psicológica este Tribunal expuso los
siguientes puntos a tener en cuenta: (i) se trata de una realidad mucho más
extensa y silenciosa, incluso, que la violencia física y puede considerarse
como un antecedente de esta, (ii) se ejerce a partir de pautas
sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros,
que amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de autogestión
y desarrollo personal, (iii) los patrones culturales e históricos que promueven
una idea de superioridad del hombre (machismo – cultura patriarcal),
hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y aceptada por las
mujeres como algo “normal”, (iv) los indicadores de presencia de
violencia psicológica en una víctima son: humillación, culpa, ira, ansiedad,
depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la
concentración, alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación para la
toma decisiones, entre otros, (v) la violencia psicológica a menudo se
produce al interior del hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría
de los casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima.[35]
De
otra parte el legislador expidió la Ley 1761 de 2015 por la cual se creó
el tipo penal de feminicidio como delito autónomo.
Con el objeto de
garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por
motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas
violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana.
El artículo 2º de esta ley dispone:
Artículo 2°. La Ley 599 de 2000 tendrá un
artículo 104A del siguiente tenor:
Artículo 104A. Feminicidio. Quien causare la
muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad
de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes
circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a
quinientos (500) meses.
a) Tener o haber tenido una relación familiar,
íntima o, de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de
trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica
o patrimonial que antecedió el crimen contra ella.
b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer
actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y
dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.
c) Cometer el delito en aprovechamiento de las
relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización
personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.
d) Cometer el delito para generar terror o
humillación a quien se considere enemigo.
e) Que existan antecedentes o indicios de
cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral
o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de
género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el
hecho haya sido denunciado o no.
f) Que la víctima haya sido incomunicada o
privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la
muerte de aquella.
En relación con esta ley
la Corte Constitucional estableció parámetros que resultan fundamentales para
la compresión del delito de feminicidio,[36]
consideró que (i) además de la protección de la vida, con la consagración de
este delito se pretende salvaguardar la igualdad y hacer efectiva la
prohibición de discriminación; (ii) no todo acto de agresión en contra de una
mujer puede catalogarse como violencia de género; y (iii) en estos casos, la
investigación del contexto en el que ocurre la conducta resulta determinante
para establecer si el sujeto atacó a su víctima por el hecho de ser mujer.
Señaló que la finalidad
de la tipificación del feminicidio como delito responde a la protección,
mediante el derecho penal, de diversos bienes jurídicos más allá de la vida de
la mujer. Esto constituye una respuesta a condiciones de discriminación
estructurales que hacen de su homicidio una consecuencia de patrones de
desigualdad imbuidos en la sociedad. Dichos patrones se manifiestan en diversas
formas de violencia, que pueden tener un carácter sistemático o no.
Indicó que no toda
violencia contra una mujer es violencia de género y aun cuando se trate de
violencia de género no todas las acciones previas a un hecho generan una cadena
o círculo de violencia que cree un patrón de discriminación que pueda demostrar
la intención de matar por razones de género. Por ejemplo, el homicidio de una
mujer después de un altercado sobre límites de propiedad de vecinos, no
necesariamente evidencia un elemento de discriminación en razón del género que
pueda configurar un trato bajo patrones de desigualdad y estereotipos de
género, pero sí constituye un antecedente de violencia. De la misma forma, el
homicidio de una mujer después de abusos sexuales, mutilaciones y tratos
crueles y degradantes sí constituyen un antecedente claro que evidencia un
móvil de matar en razón del género.
En relación con la violencia intrafamiliar el Congreso de la República expidió la Ley 294 de
1996, por la cual se desarrolla el
artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir,
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, que aunque no es una norma exclusivamente dirigida
a proteger a las mujeres, sus disposiciones buscan proteger a todos los
integrantes del grupo familiar.
En dicha ley se
identificaron los principios que toda autoridad pública debe seguir al momento
de evaluar un caso de violencia intrafamiliar, de los cuales se destacan, a)
la primacía de los derechos
fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la
sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se considera
destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y
sancionada por las autoridades públicas; c) la igualdad de
derechos y oportunidades del hombre y la mujer; entre otros. [37]
Asimismo, dicha normativa consagró varias
medidas de protección, el procedimiento a seguir cuando ocurren actos de
violencia y las formas de asistencia a víctimas del maltrato intrafamiliar.[38]
En relación con este tema la Corte
Constitucional ha establecido que la violencia
doméstica o intrafamiliar es aquella que se propicia por el daño físico,
emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de
la familia y al interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por
acción u omisión de cualquier miembro de la familia. [39] Ha señalado que este tipo de
violencia es una a la cual están sometidas las mujeres de forma más silenciosa. Al respecto ha dicho que las agresiones en
el ámbito doméstico no solo son formas de discriminación en razón del sexo sino
que además pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tanto dolor y
sufrimiento que configuran verdaderas torturas o, al menos tratos crueles,
prohibidos por la Constitución y por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. [40]
En el mismo sentido lo ha expresado la Relatora Especial de Naciones Unidas de
Violencia contra la mujer al afirmar que la violencia grave en el hogar puede
interpretarse como una forma de tortura, mientras que las formas menos graves
como malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. [41].
No obstante lo anterior, uno de los problemas más evidentes
para atacar el flagelo de la violencia intrafamiliar ha sido el de considerar
que la familia y las relaciones de los miembros al interior de se ubican dentro
de un ámbito de protección privada y no son de interés público. Así lo sostuvo el
Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer[42].
De allí que la Recomendación General número 19 de dicho organismo del 29 de
enero de 1992 explicó que “la violencia en la familia es una de las formas
más insidiosas de la violencia contra la mujer”[43]. Por lo anterior, recomendó a los
Estados que ratificaron la CEDAW como Colombia, establecer las medidas
necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia.
Dentro de esas recomendaciones el Comité sugirió incorporar
acciones como (i) sanciones penales en los casos inexcusables y recursos
civiles en caso de violencia en el hogar; (ii) legislación que elimine la
defensa del honor como justificativo para atacar a las mujeres de la familia o
atentar contra su vida; (iii) servicios para garantizar la seguridad de las
víctimas de violencia en la familia, incluidos refugios y programas de
asesoramiento y rehabilitación; (iv) programas de rehabilitación para
agresores; y (v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un
caso de incesto o de abuso sexual.
También en 1994, en la Cuarta
Conferencia de Beijing se indicó que la violencia contra las mujeres y las
niñas que ocurre en la familia o en el hogar, a menudo es tolerada. “El
abandono, el abuso físico y sexual y la violación de las niñas y las mujeres
por miembros de la familia y otros habitantes de la casa, así como los casos de
abusos cometidos por el marido u otros familiares, no suelen denunciarse, por
lo que son difíciles de detectar”[44].
La Organización Mundial de la Salud a través del informe
titulado “El Estudio multipaís de la OMS sobre
salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer” señaló que la “la violencia doméstica, en particular, continúa
siendo terriblemente común y es aceptada como “normal” en demasiadas sociedades
del mundo”.
En Colombia la violencia intrafamiliar también está
contemplada como delito en el Código Penal. Allí se establece la conducta
punible de la siguiente manera:
“Artículo 229. Violencia intrafamiliar El que maltrate física o
psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena
mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará de la
mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente,
una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en
situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien
se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad.
Cuando el responsable
tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber
cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, Títulos I y IV
del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los diez
(10) años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá
la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo.
PARÁGRAFO
1o. A la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo
familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este
artículo contra:
a) Los cónyuges o
compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado.
b) El padre y la
madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se
dirige contra el otro progenitor.
c) Quien, no
siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios
miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que
se realice la conducta.
d) Las personas
con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de
carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de
estabilidad.
PARÁGRAFO
2o. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo
familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y
realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo.
6.2. Acceso a la administración de justicia de las mujeres
víctimas de violencia doméstica
A pesar de todo el marco de protección que se examinó antes,
las violencias basadas en género son uno de los fenómenos sociales que más
afectaciones producen sobre la vida de quienes las enfrentan de manera
cotidiana y constante a lo largo de sus vidas. Las mujeres, las adolescentes y
las niñas al ser las principales víctimas de este fenómeno enfrentar un sin
número de efectos físicos, mentales y emocionales que configuran y determinan
de forma directa sus vidas.[45]
Las cifras sobre violencia contra
la mujer siguen siendo alarmantes. El mayor número de casos que reportó
Medicina Legal entre 2017 y 2018 fue de violencia de pareja, con un
total de 42.285 mujeres víctimas de sus parejas y ex parejas, con una tasa de
167,61 por 100.000; seguida de los delitos sexuales con 22.304 exámenes y una
tasa de 88,41 por 100.000 mujeres; y, 16.810 casos de violencia intrafamiliar
con una tasa de 66,63 por 100.000.[46]
De la misma forma, una de las más grandes limitaciones que
tienen las mujeres es justamente el acceso a la justicia sobre los actos de
violencia que se ejercen en su contra. Ello exige superar en muchos casos
dificultades probatorias, en especial cuando se trata de violencia doméstica y
psicológica
La necesidad de fortalecer el ámbito de
protección del acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia ha
llevado a la Corte Constitucional a pronunciarse en diversas oportunidades
sobre el rol las autoridades públicas, en concreto de los jueces y fiscales que
reciben las solicitudes de protección de las mujeres víctimas[47].
Particularmente, la Corte ha señalado que hay un deber por parte de los
operadores judiciales de erradicar cualquier tipo de discriminación en contra
de la mujer. De allí que los jueces deban incorporar criterios de género al
solucionar sus casos. [48].
En esa línea por ejemplo, la Corte ha identificado
la insuficiencia de criterios de interpretación diferenciados cuando colisionan
los derechos de un agresor y una víctima de violencia doméstica o psicológica
en un proceso de naturaleza civil o de familia. Al respecto ha dicho lo
siguiente:
(…) en aras de lograr igualdad procesal
realmente efectiva, es evidente que en
ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente con
mayor peso que los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental
y a vivir libre de cualquier tipo de violencia. // En este sentido, es
necesario verificar si el operador judicial actúa o no desde formas
estereotipadas de ver a la familia y a la mujer, que contribuyen a
normalizar e invisibilizar la violencia. En efecto, cualquier interpretación
judicial en la que la ponderación probatoria se inclina en favor del agresor,
porque no son creíbles las pruebas aportadas por hacer parte de la esfera
privada de la pareja, sobre la base de la dicotomía público-privado resulta
contraria a la Constitución Política y a los tratados internacionales sobre la
protección de las mujeres.[49]
Al respecto ya este Tribunal había señalado que la intimidad y la
inviolabilidad de los hogares no justifican la impunidad de las agresiones
contra las mujeres en las relaciones domésticas. Ha indicado que incluso esta
violencia puede ser mucho más grave que la que ocurre en ámbitos más abiertos pues
su ocurrencia en estos ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso,
tolerado, e incluso, a veces, tácitamente legitimado.[50] Así mismo lo ha dicho la
Relatora de los Derechos Humanos de la Mujer cuando ha afirmado que se observa una tendencia a considerar los
casos de violencia contra las mujeres como conflictos domésticos, privados y no
prioritarios que deben ser resueltos sin la intervención del Estado.[51]
Por su parte la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado que la investigación en los casos de violencia contra
la mujer debe hacerse con seriedad y no como una simple formalidad condenada
de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por
el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o
de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que
la autoridad pública busque efectivamente la verdad”[52].
En términos generales la Corte IDH ha
establecido unos criterios para el desarrollo de investigaciones en casos de
violencia contra la mujer: ha dicho que debe ser: (i) oportuna para
evitar que el tiempo atente contra la averiguación de la verdad y para adoptar
medidas de protección eficaces; (ii) exhaustiva, practicando las pruebas
necesarias y valorándolas integralmente [53] y (iii) analizando
el contexto de los hechos para determinar si se trata de un patrón
generalizado de conducta[54]; (iv) imparcial, para lo
cual fiscales y jueces deben actuar objetivamente, es decir, libres de
prejuicios o tendencias;[55] (v) evitando razonamientos
teñidos de estereotipos; y (vi) respetando en forma adecuada los
derechos de las afectadas, para prevenir una revictimización.[56]
En concordancia con lo
anterior este Tribunal también ha señalado que omisión de toda actividad
investigativa y/o la realización de investigaciones aparentes[57]; la falta de
exhaustividad en el análisis de los elementos de juicio o revictimización en la
recolección de pruebas[58];
la utilización de estereotipos de género para tomar decisiones; y la afectación
de los derechos en su condición de víctimas[59],
constituyen criterios que indican que un operador judicial vulnera el derecho
de las mujeres víctimas de la violencia a la administración de justicia.[60]
La Corte Suprema de Justicia
por su parte ha señalado que en el ámbito penal, el abordaje
de los casos con un enfoque de género implica entre otras cosas la indagación
por el contexto en el que ocurre un episodio de violencia, en particular
toda vez que: (i) es posible que la agresión física haya estado precedida de
violencia psicológica, económica o de cualquier otra índole, que también deba
ser incluida en los cargos; (ü) permite establecer el nivel de afectación
física o psicológica de la víctima; (iii) facilita la determinación de las
medidas cautelares que deban tomarse, especialmente las orientadas a la protección
de la víctima; (iv) brinda mayores elementos de juicio para analizar la
credibilidad de las declaraciones y, en general, para valorar las pruebas practicadas
durante el proceso; y (v) fraccionar la realidad, puede contribuir al clima de
normalización o banalización de la violencia de género, lo que puede dar lugar
a la perpetuación de estas prácticas violatorias de los derechos humanos.[61]
Del mismo modo ha
reiterado mínimos que orientan la actividad judicial en este tipo de casos:
[62] ha dispuesto
la necesidad de: (i) desplegar toda actividad investigativa en aras de
garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar
los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones
sistemáticas de la realidad, de suerte que en ese ejercicio hermenéutico se
admita que las mujeres son titulares de un trato diferencial; (iii) no tomar
decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización
de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; (v) flexibilizar la
carga probatoria en casos de violencia o discriminación, en el sentido de
privilegiar los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas
resulten insuficientes; (vi) efectuar un análisis riguroso sobre los
actos de quien presuntamente comete violencia; (vii) evaluar las posibilidades
y recursos reales de acceso a trámites judiciales; y (viii) analizar las
relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres.
Dentro del ejercicio de control concreto de
constitucionalidad este Tribunal también ha analizado la ocurrencia de vías de
hecho por parte de las autoridades públicas en casos en los que se investigan
distintos tipos de violencia contra la mujer. En diversas oportunidades ha
amparado el derecho a la administración de justicia cuando se logra evidenciar
que los jueces omiten valorar pruebas obrantes en el expediente que demuestran
la existencia de violencia intrafamiliar y, como consecuencia, se abstienen de
analizar los casos a la luz de un enfoque de género[63].
Así mismo, ha indicado que se configura un defecto fáctico cuando el
juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en
el que sustenta la decisión[64], ya sea porque dejó de valorar
una prueba o no la valora dentro de los cauces racionales y/o denegó la
práctica de alguna sin justificación[65].
Así ocurrió en la sentencia T-241 de 2016 donde la Corte se
pronunció sobre la vulneración de los derechos fundamentales de una mujer
víctima de violencia intrafamiliar, por el defecto fáctico en el que pudo
incurrir el juez accionado. Este revocó la decisión adoptada por la Comisaría
de Familia consistente en declarar el incumplimiento de la medida de protección
que favorecía a la accionante. Frente al asunto, la Corte identificó que la
autoridad judicial accionada valoró defectuosamente el material probatorio al
no darle credibilidad a las consultas psicológicas que se le hicieron a la
accionante, y en donde señalaba que era víctima de maltrato psicológico por
parte de su cónyuge y se indicaba que el denunciado no había querido asistir a
terapia de pareja tal como lo había ordenado la Comisaría de Familia.[66]
También en la sentencia T-967 de 2014
la Corte evaluó si los derechos fundamentales de la accionante habían sido
conculcados por el juzgado de familia accionado. Dicho operador judicial no
valoró debidamente las pruebas que daban cuenta de la violencia física y
psicológica a la que fue sometida junto con sus hijas menores de edad, y que
fueron presentadas en el proceso de divorcio.[67]
En aquella ocasión la Corte señaló que el juzgado incurrió en defecto
fáctico y en vulneración directa de la Constitución Política, al emitir la
sentencia bajo argumentos que en ese caso contribuían a perpetuar la violencia
y la discriminación contra la mujer. Además precisó que los hechos de violencia
psicológica y doméstica son muy difíciles de probar desde los parámetros
convencionales del derecho procesal, por lo que es claro que las víctimas
tienen como única posibilidad de protección abrir los espacios de intimidad
familiar a sus más allegados; en esa medida, los operadores judiciales deben
flexibilizar esas formas de prueba y valorar integralmente todos los indicios
de violencia.[68]
Así mismo, en la sentencia T-772 de
2015 esta Corporación se pronunció sobre la vulneración a los derechos
fundamentales de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, como
consecuencia de la inactividad de la Fiscalía General de la Nación y otras
autoridades competentes, frente a las medidas de protección urgentes
solicitadas a través de la Defensoría del Pueblo.[69] Al respecto, la Corte se
refirió a la relevancia del derecho a un plazo razonable y su relación con el
derecho al debido proceso,[70]
además indicó que en el caso concreto, el Estado no cumplió con su deber de
protección ya que la accionante fue golpeada después de haber denunciado ante
las autoridades competentes que su pareja la agredía y de haber solicitado las
medidas de protección; lo cual constituía una revictimización.[71]
Luego en la sentencia T-012 de 2016
se puso en consideración de la Corte el caso de una mujer a la que en el marco
de un proceso de divorcio se le negó el derecho a recibir alimentos por parte
de su ex cónyuge. Dicha decisión con fundamento en que la violencia
intrafamiliar que dio lugar a la causal de divorcio, había sido recíproca,
conforme las pruebas allegadas al proceso. La sala de revisión consideró al
respecto que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico al “cercenar”
pruebas evidentes que comprobaban el maltrato constante y prolongado que se
ejerció sobre la tutelante”[72]
En efecto, el Tribunal acusado, obviando que existía una sentencia emitida por
la justicia penal que condenó al agresor por el delito de violencia
intrafamiliar, concluyó que la violencia había sido recíproca entre las partes,
sin detenerse a analizar lo que los elementos probatorios evidenciaron.[73]
Sobre
el rol de la Fiscalía
Sobre
el rol de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justica ha precisado que en el
sistema de enjuiciamiento criminal regulado en la ley 906 de 2004 esta entidad
tiene una serie de funciones:
(i)
La Constitución Política le asignó la función de
investigar los hechos que revistan las características de un delito y acusar
cuando haya mérito para ello, a los presuntos responsables;
(ii)
El ordenamiento jurídico le otorga amplias
facultades investigativas orientadas a desarrollar el programa metodológico,
independientemente de que las mismas deban ser objeto de control previo y/o
posterior por parte de los jueces;
(iii)
Bajo el concepto de "discrecionalidad
reglada", el ente investigador puede decidir autónomamente sobre la
formulación de imputación y la procedencia de la acusación, sin que los
jueces puedan ejercer control material sobre esas actuaciones, sin perjuicio de
las labores de dirección de la audiencia, orientadas a que la formulación de
cargos se haga conforme los lineamientos formales previstos en la ley;
(iv)
Para tales efectos la Fiscalía debe estructurar
la respectiva hipótesis de hechos jurídicamente relevantes y verificar que la
misma encuentre respaldo suficiente en las evidencias recopiladas, según los
estándares establecidos por el legislador;
(v)
Esa hipótesis debe ser presentada de manera
sucinta y clara en las audiencias reguladas en los artículos 286 y siguientes y
338 y siguientes de la Ley 906 de 2004, sin que le sea dable entremezclarla con
los contenidos de las evidencias ni con otra información impertinente para esas
fases de la actuación; y
(vi)
Esta autonomía asociada a la ausencia de
controles materiales, se traduce en una mayor responsabilidad en el ejercicio
de las funciones asignadas a los fiscales, pues de las mismas depende, en buena
medida, la eficacia de la administración de justicia, toda vez que el contenido
de la imputación y la acusación determinan el tema de prueba y, en virtud del
principio de congruencia, limita la posibilidad decisional del juez.[74]
De igual manera ha dicho que en los casos de
violencia intrafamiliar, como una de las expresiones de la violencia de género,
es determinante el contexto en el que ocurren los actos de agresión, no
solo porque ello facilita el entendimiento del caso y la valoración de las
pruebas, sino además porque la existencia de escenarios sistemáticos de
violencia y discriminación pueden hacer parte de los hechos jurídicamente
relevantes, toda vez que: (i) en sí mismos, pueden ser subsumidos en la
norma que penaliza la violencia ejercida contra las integrantes de la Familia y
dispone la agravación de la pena cuando la misma recae sobre una mujer o sobre
otras personas que deben ser objeto de especial protección (niños, ancianos,
etcétera), como cuando constituyen violencia física, psicológica u otras formas
de agresión; (ii) esos ámbitos de dominación y discriminación deben ser
visibilizados, como presupuesto de su erradicación, que es, precisamente, uno
de los objetivos principales de la penalización de la violencia de género y,
puntualmente, de la ocurrida en el seno de la familia; (iii) desestimar el
contexto en el que ocurre la violencia de género y analizar aisladamente las
agresiones puede dar lugar a su banalización, punto de partida para que este
flagelo sea perpetuado, lo que, desde esta perspectiva, vacía de contenido las
normas penales orientadas a sancionar este tipo de atentados contra los
derechos humanos; y (iv) ese contexto hace parte de las circunstancias que
rodean el delito, cuya relevancia jurídica puede ser más notoria cuando encajan
en alguno de los presupuestos previstos en los artículos 54 a 58 del Código
Penal, sin perjuicio de que puedan ser subsumidas en cualquiera de las normas
de la parte especial de esa codificación, independientemente de que resulten
favorables o no al procesado.
En
relación con la trascendencia del análisis del contexto en el que ocurre la
violencia intrafamiliar ese mismo Tribunal señaló lo siguiente:
Lo que
se quiere resaltar es que el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
Estado en virtud de los tratados internacionales y demás instrumentos
relacionados en precedencia, implica la verificación de los contextos en los
que ocurren ese tipo de agresiones, no solo para establecer su verdadera
gravedad, sino, además, para facilitar el acopio de pruebas suficientes para
que se tomen las decisiones en el ámbito penal, bajo el entendido de que,
precisamente, las dificultades para obtener la información sobre los hechos
ocurridos en la intimidad de la familia constituye uno de los principales
obstáculos para combatir el referido flagelo. Lo anterior, sin perjuicio de que
los datos obtenidos puedan resultar favorables al procesado, lo que bajo
ninguna circunstancia se contrapone a la idea de una justicia pronta y eficaz. La
investigación del contexto puede resultar determinante para establecer la
relevancia jurídico penal de cierto tipo de agresiones, que pueden no tenerla
si los hechos se analizan aisladamente, pero pueden ser de la mayor gravedad
cuando corresponden a patrones sistemáticos de agresión, lo que adquiere mucha
más relevancia en los casos de violencia psicológica o económica, pues no
se discute que el herimiento físico, causado con dolo a otro integrante del
núcleo familiar, encaja en el delito previsto en el artículo 229 del Código
Penal, sin perjuicio de que puedan demostrarse circunstancias de atenuación
punitiva e, incluso, eximentes de responsabilidad.[75]
7. Análisis de procedibilidad en el caso concreto
La accionante Rebeca presentó una acción de tutela
en contra del Fiscal 150 Local de Medellín Unidad de
Lesiones Personales, el Juez 23 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento
de Medellín y la Juez 14 Penal del Circuito de la misma ciudad por haber
declarado la preclusión de la investigación penal de los delitos de lesiones
personales y violencia intrafamiliar. Delitos que fueron
presuntamente ejercidos en contra suya por su ex esposo. Como fundamento de su
petición la accionante señaló que tanto el fiscal como los jueces de
conocimiento incurrieron en un defecto fáctico puesto que desconocieron
elementos probatorios que daban cuenta de la afectación sicológica de la cual
era víctima.
Mediante sentencia del 25 de abril de 2019 la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Medellín negó el amparo de los derechos al
debido proceso y a la administración de justicia solicitados por la accionante.
Este fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Casación Penal
Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Corte Suprema de Justicia. Para ambas
instancias no se encontró configuración de algún defecto que diera lugar a la
protección constitucional solicitada.
De acuerdo con las consideraciones
expuestas esta Sala inicialmente evaluará si la presente acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad del amparo contra
providencias judiciales
Relevancia constitucional
En el asunto que se revisa existe claramente relevancia
constitucional porque se trata de la protección de una mujer quien es presunta
víctima de violencia física y psicológica por parte de su ex cónyuge. Frente a
lo cual el Estado tiene el deber de investigar de manera exhaustiva y verificar
que las actuaciones de la administración judicial hayan sido conformes a los
parámetros constitucionales.
De igual forma para la Sala de Revisión es claro que la
situación de la señora  Rebeca no debe evaluarse sólo desde una
perspectiva individual. Es necesario observar bajo la premisa de que la
discriminación estructural contra las mujeres es una cuestión que le compete al
Estado y lo obliga a enmarcar las actuaciones de la administración desde una
perspectiva de género, en virtud del deber de cumplimiento de las obligaciones
adquiridas a nivel internacional y de las consagradas en los artículos 42, 43,
44 y 93 de la Constitución colombiana.
Inmediatez
La última actuación que se llevó a cabo fue la que dio
lugar a la acción de tutela que hoy se revisa la cual se interpuso el 3 de
abril de 2019. Para entonces solo habían transcurrido menos de 30 días entre la
decisión de segunda instancia de la preclusión de la investigación penal
dictada por el juez de conocimiento. En opinión de la Sala este es un lapso
razonable y proporcionado que da lugar a la satisfacción del requisito.
Identificación de los hechos relevantes
La accionante tanto en la demanda como en la impugnación identificó
los hechos que considera violatorios de sus derechos fundamentales. Expuso los
argumentos por los cuales consideró que la Fiscalía 150 de Medellín y los
Jueces 13 Penal Municipal y 14 Penal del Circuito de Medellín habían incurrido
en una vía de hecho por defecto fáctico.
Subsidiariedad
De la misma forma la Sala pudo verificar que la accionante
usó todos los medios disponibles en el ordenamiento jurídico que tuvo a su
alcance antes de acudir a la acción de tutela. En efecto acudió a las
comisarías de familia y a la Fiscalía, así como a los recursos judiciales
disponibles para controvertir las decisiones tomadas por estos.
Alegación de una irregularidad procesal dentro del trámite
ordinario y prohibición de interponer tutela contra una decisión de tutela
Finalmente, de la demanda se pudo corroborar que no se trata
de una irregularidad procesal ni de una acción de tutela contra una sentencia
de la misma naturaleza.
Por todo lo anterior, esta acción de tutela es procedente y
en esa medida la Sala pasará a verificar si se configuran la causal específica
alegada; esto es, el defecto fáctico por omisión en la valoración del
material probatorio.
8. Análisis de la configuración del defecto fáctico en el
caso de la señora Rebeca
Para establecer si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico al
valorar indebidamente el material probatorio acumulado dentro del proceso es
preciso recordar las razones concretas que manifiesta la accionante.
De acuerdo con lo expresado
en el escrito de tutela, así como en la impugnación, la señora Rebeca indicó
que no fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía y los jueces las valoraciones psicológicas que evidenciaban el daño
sicológico por ella sufrido a raíz de la violencia intrafamiliar ejercida por
su ex cónyuge. Consideró que durante
los cuatro años que duró la etapa de indagación se omitió examinar
detenidamente toda la documentación que obra en el expediente. Concretamente
manifestó que el juez de conocimiento no ofreció el análisis y estudio
necesario a las valoraciones psicológicas.
Al confrontar tanto la actuación de la Fiscalía como
de los jueces de conocimiento en el proceso penal, esta Sala estima que no se
configura el defecto fáctico alegado por la accionante. La razón
fundamental con la que se sustenta esta consideración es que a lo largo de todo
el proceso penal se evaluó en detalle y con detenimiento el contexto en el que
ocurrieron los supuestos actos de agresión.
Para la Sala, el conjunto de elementos probatorios
disponibles y valorados por las autoridades accionadas fueron suficientes para
concluir que no constituyen en efecto un escenario jurídico penal relevante.
Mucho menos es posible afirmar que con dicho análisis se haya contribuido a
alimentar la trivialización de un conflicto entre la accionante y su ex esposo,
que diera lugar a una situación de maltrato como ejercicio de violencia.
Se pudo verificar en el expediente que la Fiscalía
Delegada 150 de Medellín llevó a cabo todo un procedimiento metodológico
detallado para concluir que no había lugar a darle continuidad a la actuación
penal, y en cambio, solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la
investigación de conformidad con los artículos
331 y 332 numeral 4º del Código de Procedimiento Penal.
En efecto, la decisión de solicitar al juez de
conocimiento la preclusión de la investigación penal estuvo fundamentada por la
certeza de la Fiscalía en cuanto a que los hechos relatados por la señora Rebeca
no encuadraban en la conducta típica correspondiente al delito de violencia
intrafamiliar o de lesiones personales.
De manera que resulta razonable la forma como la Fiscalía llega a la
conclusión de calificar la situación de la accionante y su ex cónyuge. Una tensión
propia de un proceso de separación en el que se resaltan en mayor grado las
diferencias, no alcanza a superar los requisitos para que sea tenida como una
conducta típica. Se observó claramente que esta entidad hizo una evaluación
exhaustiva del caso al descartar la materialización de una situación constante
y sistemática que produjera maltrato sobre la señora Rebeca por parte de
su ex cónyuge. Así como se observa a continuación:
(…) si una pareja se cambia de un apartamento a otro más
grande, ese solo hecho no quiere decir que está ejerciendo violencia sutil, el
hecho de que el señor Luis se enfermara continuamente, lo que no se
puede prever siendo normal que las parejas se cuiden cuando están enfermas,
trasnochen, no duerman, es parte del amor conyugal no de una situación de
violencia, ayudarle en el trabajo, máxime que Rebeca y Luis tienen
profesiones afines, tampoco es violencia intrafamiliar, fue voluntad de Rebeca
apoyar a su esposo. Ahora mofarse de que ella es inteligente tampoco es
violencia intrafamiliar. Todos los actos que relaciona la señora Rebeca
como violencia sutil, no típica la conducta de violencia intrafamiliar.
Los actos de violencia sutil precisados por la señora Rebeca
son atípicos, estos eventos no son otra cosa que producto de una relación
sentimental que presenta altibajos, los demás actos de violencia psicológica como
las múltiples llamadas que aduce la señora Rebeca le hacía el señor Luis,
el hecho de volver a almorzar a la casa, de decirle a la hermana de ella que ahora
si van a saber quién era el,[76]
de salir a tomar vino y tocar guitarra con los amigos, son propios de la
tensión normal frente a una separación y el duelo del divorcio y es fundamento
en los dictámenes de medicina legal que no dan cuenta de una afectación
sicológica derivada de un proceso de violencia intrafamiliar, sino de una
ruptura de una relación sentimental que por si genera un afrontamiento de duelo
propio como es la sensación de soledad, vacío y demás situaciones propias.
En cuanto a la violencia económica, consideró la Fiscalía
que dicha conducta también es atípica por cuanto el señor Luis apoyó
económicamente a la señora Rebeca durante varios meses con el pago del
arriendo, los servicios, el servicio médico del SENA, consciente de que ella
tiene unas necesidades y de manera voluntaria por conciliación acordó una cuota
alimentaria de un salario mínimo legal vigente por dos años, respecto de la
cual aporta recibos de su cumplimiento, con lo cual se desvirtúa la presunta
violencia económica sufrida por la denunciante, a más de que es una persona
profesional, altamente capacitada, que se ha superado sola.
Frente a la posibilidad de que hay lugar a un tipo penal de
lesiones personales, respecto de los hechos ocurridos el día 10 de enero de
2015, no se cuenta con una valoración médico legal que se dé cuenta de
lesiones sufridas por la señora Rebeca.”[77]
En el mismo sentido de
la audiencia pública llevada a cabo por el Juez 23 Penal Municipal de Medellín en
la que se avala la solicitud de la Fiscalía de prelucir la investigación penal,
se observa un análisis juicioso y detallado por parte del operador judicial. No
solo evalúa y explica los elementos que configuran el delito de violencia
intrafamiliar, sino que los confronta con los hechos probados y concluye la
procedencia de la preclusión. De esa forma pudo verificarlo la Sala de Revisión
en el audio de la audiencia adjuntado en el expediente:[78]
“(…)
Es necesario indicar en qué consiste el delito de violencia intrafamiliar: El delito
se configura cuando ocurre el verbo maltratar en donde es
necesaria la existencia de antijuridicidad material. El verbo rector es
maltratar física o psicológicamente. (…) el bien jurídico protegido surge del
hecho de compartir un proyecto de vida en común. Debe provenir de un miembro
del núcleo familiar, pues el bien jurídico protegido no es la familia sino la
coexistencia pacífica de un proyecto colectivo. Tal como lo expuso la CSJ
(48047 Luis A Hernández Barbosa). De manera que ese propósito se excluye cuando
se trata de parejas separadas. (…) De esta forma no se allegan elementos
estructurales para encontrar el dolo en el delito de violencia intrafamiliar-
en la medida que no había una convivencia cotidiana en un núcleo familiar no
compartían proyecto de vida.
Así
pues en este caso debe tenerse en cuenta la sentencia de la CSJ 8064 sala de
casación penal 7 de junio de 2017. El maltrato a la ex pareja causado a
quien no convive con ella estructura el delito de lesiones personales dolosas
no de violencia intrafamiliar.
No
obstante, en la medida que compartieron techo del 10 de enero hasta el 11 de
febrero entonces se hace el análisis en relación con el delito de violencia
intrafamiliar:
En
relación con la violencia económica no se tipifica. Según evidencias encontradas
el denunciado sufragó los gastos de la accionante hasta enero de 2016.Tambien
pagó el seguro médico en la EPS Sura, además le brindó cuota alimentaria de
conformidad con el acuerdo de conciliación que se llevó a cabo en la comisaría
de familia.
En
relación con la violencia física del 10 de enero, la Fiscalía llamó a
declarar a la hermana de Rebeca, Ani[79]
y a su amigo Levi[80]
quienes coincidieron ambos en que no habían visto marcas en el cuello ni la
habían notado afónica. Y además señalaron que solo se empezaron a ver los
problemas desde que se presentó la ruptura de la relación.[81]
De igual manera llamaron a declarar a los hijos de
Luis, ambos señalaron que el papá es tranquilo que nunca habían
visto señales de violencia.[82]
Señalaron que Rebeca los quiso alejar a ellos de su papá. De igual manera
en la declaración de la secretaria de la Comisaría de Familia ella señala que
en la denuncia inicial la señora Rebeca nunca mencionó violencia física,
solo psicológica y económica. Por lo anterior, la Fiscalía envió la causa al grupo
de lesiones personales dolosas.
(…)
Al
respecto de la violencia intrafamiliar o violencia física la tentativa de
ahorcamiento, a modo de conclusión no es posible señalar válidamente que se
estructura la violencia intrafamiliar. Los hechos no resisten un juicio de
tipicidad. Luego de haberse desplegado un trabajo investigativo integral.
De
esta manera no pueden entenderse esos actos ejecutados si quiera como actitudes
violentas. Pueden dentro del contexto ser interpretadas como una resultante del
descontento en que se encontraban. Las manifestaciones no son violentas per
se. No logran estructurar violencia o agresión luego de un juicio de
atipicidad. Tampoco hay un contexto previo de violencia. Luis nunca ha sido agresivo ni violento.
De
otra parte la denuncia por el supuesto ahorcamiento se oficializó solo 30 meses
después de la ocurrencia de los hechos, en octubre de 2017. Y para la revisión
de medicina legal transcurrió más de un año. Abril de 2016. Ni sus seres
allegados dieron cuenta de esa agresión violenta. Si ni siquiera el círculo más
cercano puedo conocer el detalle de lo ocurrido. Solo en abril de 2016 se puso
en conocimiento. [De manera que] debió haber dado una explicación mínima de las
razones por las que se demoró tanto en denunciar.
Por
todo lo anterior prospera la causal de preclusión del artículo 332 n. 4 del CPP
por atipicidad de la conducta. Se dispondrá el archivo definitivo de la
actuación
Tampoco
se vislumbra lesiones personales dolosas. No se observó ningún comportamiento
viciado en la Fiscalía incluso el comité técnico hizo el estudio detallado. Al
no allegarse incapacidad o secuelas decidió solicitar sentencia de preclusión
por el delito de lesiones personales dolosas. No se estructura ni lesiones
personales dolosas. La sentencia tiene efectos de cosa juzgada con la
procedencia de los recursos de reposición y apelación.”
Ahora bien, en relación con la valoración de los
dictámenes psicológicos, los cuales señala la accionante, de forma particular,
fueron omitidos de análisis, la Sala identifica los siguientes dentro del
expediente:
a.
Concepto de Psiquiatra Carlos Herrera: Paciente
evaluada en consulta domiciliaria el 21 de febrero de 2015 por presentar
trastorno adaptativo secundario a la separación de pareja. Diagnóstico: “Trastorno
de adaptación con síntomas depresivos”. Observación: los trastornos
adaptativos mejoran cuando desaparecen las razones que los causan.
b.
Consulta psiquiatra 05 de noviembre
de 2015 Examen físico: “consiente, orientada (…) pensamiento en uso coherente,
hilado, contenido, cogniciones depresivas y ansiosas, memoria, juicio y
raciocinio preservados. Opinión Plan: paciente con trastorno de estrés
postraumático, pérdida de peso, trastorno de sueño y vómito, leucopenia, dolor
articularen estudio por medicina interna y hematoconogia disautonomía en
tratamiento.”
c.
Declaración extra juicio para fines
procesales del 25 de enero de 2015. Médico de cabecera de la señora Rebeca: “Antes
del 23 de enero gozaba de buena salud. Ante la evaluación clínica y el exámen
físico no presentaba síntomas cardiovasculares neurológicos como mareo, desmayo
o pérdida del conocimiento (…) luego de acudir al cardiólogo se le
diagnostica disautonomía.”
d.
Declaración extra proceso del 9 de
septiembre de 2015. Psicóloga Clínica quien afirma conocer a la señora Rebeca
por más de 20 años. “Rebeca me venía manifestando desde principios de 2015
sobre situaciones de maltrato por parte de su esposo y solicitando asesoría
psicológica para el manejo de la situación. (…) fue abandonada en el mes de
febrero de 2015 por su esposo y a partir de ese momento los actos de violencia
y hostigamiento psicológico presentados por él hacia Rebeca la han venido
llevando a un deterioro progresivo de su salud física y mental. Como
psicóloga clínica con más de 30 años de experiencia, puedo dar fe de los
efectos que este tipo de comportamientos inesperados pueden traer sobre la
salud de las personas y esto ha sido evidente en el caso de Rebeca. (…)
Recomiendo entonces que los estamentos jurídicos estudien con cuidado y apoyen
este caso, donde se puede evidenciar y respaldar con hechos, por ella
presentados la violencia ejercida por su esposo.
De lo anterior se puede
concluir que el hecho de que estas declaraciones extraprocesales no fueran
propiamente resaltadas en la actuación penal por la Fiscalía o los jueces de
conocimiento, no da lugar a la configuración de un defecto fáctico por ausencia de valoración del material
probatoria, ni permite concluir
que dictámenes como el de Medicina Legal no fueran valorados. Lo anterior,
porque, como se explicó en la parte considerativa de esta providencia, para que
se configure un defecto fáctico por ausencia de valoración del material
probatorio es necesario que el funcionario judicial haya adoptado una decisión
carente de respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una prueba que
resultaba determinante para la solución del problema jurídico sometido a su
consideración. La relevancia de dicha prueba es precisamente el requisito
que conduce a la estructuración del defecto.
De ahí que no es
posible afirmar que en este caso la decisión preclusión de la investigación
penal por los delitos de lesiones personales o violencia intrafamiliar es
arbitraria, está desprovista de razón, o que el contenido de las declaraciones
sobre los diagnósticos psicológicos de la señora Rebeca hubiese podido
incidir de manera definitiva y diferente en el sentido de la decisión que hoy
se ataca.
Para esta Sala, el
deterioro psicológico de la accionante que es certificado en las declaraciones
aportadas al expediente, ni en sí mismo, ni visto dentro del contexto de los
hechos denunciados por la señora Rebeca, constituye per se la
prueba que indique que existía una relación de poder desequilibrada entre los
cónyuges de la cual surgiera un abuso crónico, permanente, periódico o si
quiera ocasional que le hubiera generado daño psicológico a la accionante, que
pudiera haber llegado a configurar una conducta punible por el ordenamiento
jurídico.
En ese sentido, para la Corte un diagnóstico de trastorno
de adaptación con síntomas depresivos, trastorno de estrés postraumático y/o un
cuadro de enfermedad aguda o crónica, podría llegar a ser consecuencia de un
ejercicio de poder abusivo entre cónyuges, del cual resultara un daño
psicológico que pudiera encuadrarse dentro de un escenario de violencia
intrafamiliar, siempre que del contexto general de la relación pudiera
demostrarse la existencia de dicho desequilibrio. De lo contrario sería
razonable, como ocurrió en este caso, concluir que las afectaciones psicológicas
podrían ser consecuencia de una crisis personal desencadenada por la separación
de pareja de la accionante.
En ese escenario, el operador judicial sin desconocer
acciones enmarcadas dentro de un conflicto de pareja dentro de un proceso de
separación, consideró que ellas no llegaban a constituir un acto de violencia
contra la mujer, como conducta punible. De manera que en estos casos no era
ajustado a derecho darle un valor objetivo a un diagnóstico psicológico, sin
tener en cuenta el contexto general de la relación y de los actos señalados,
como se indicó en las consideraciones precedentes.
Ahora bien, la
Sala observa que el abandono sufrido por la señora Rebeca de parte de su
esposo, quien decidió de manera unilateral salir de la casa y no regresar, fue
una conducta sancionada dentro del juicio civil de divorcio contencioso. Razón
por la cual el señor Luis fue declarado cónyuge culpable en la sentencia
de divorcio. Como lo indicó el juez civil, el abandono del hogar constituye un
incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de matrimonio. De
manera que dicho abandono no puede considerarse una conducta punible en sí
misma.
Finalmente,
no se advierte irregularidad alguna en la actuación del Juzgado 14 Penal del
Circuito de Medellín al declarar desierto el recurso de apelación contra la
decisión de preclusión de la investigación. Al respecto, consideró el citado juzgado que en este caso el apoderado de
la denunciante, al exponer los motivos de inconformidad no “demostró con
argumentos jurídicos, fácticos y probatorios los desatinos de la decisión
cuestionada”, sino que comenzó su disertación aludiendo que la misma se “fundamentará
con la incongruencia en lo manifestado por la Fiscalía y lo concedido por la
judicatura” en cuanto a la tipicidad del delito, sin señalar de manera
puntual, las razones del disentimiento y sus manifestaciones se reducen a
opiniones personales. Por lo tanto, consideró que una sustentación indebida,
como en este caso, se equiparaba a no haberlo hecho y declaró desierto el
recurso. Contra esta decisión procedía “el recurso de impugnación” sin
que las partes presenten hicieran uso de este.
Por todo lo anterior, la
Sala concluye que los Juzgados 23 Penal Municipal y 14 Penal del Circuito de
Medellín y la Fiscalía General de la Nación a través de su delegada no incurrieron
en defecto fáctico por omisión o indebida valoración probatoria por lo
tanto la Sala confirmara las decisiones tomadas por los jueces de instancia en
el sentido de negar el amparo solicitado.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO:
LEVANTAR los términos de suspensión decretados
por esta Sala de Revisión, mediante auto del 20 de noviembre de 2019.
SEGUNDO:
CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de junio de 2019 por la Sala de
Casación Penal- Sala de Decisión de Tutelas no.3 de la Corte Suprema de
Justicia que a su vez confirmó el fallo dictado el 25 de abril de 2019 por la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, por el cual se había negado
la presenta acción de tutela.
TERCERO: Por
Secretaría General, LIBRAR la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Cúmplase.
CRSITINA
PARDO SHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA
Secretaria
General
[1]
Escrito presentado el 8 de abril de 2019.
[2]
Escrito presentado el 11 de abril de 2019.
[3]
Escrito presentado el 12 de abril de 2019.
[4]
Escrito presentado el 24 de abril de 2019.
[5]
Escrito presentado el 9 de abril de 2019.
[6]
Escrito presentado el 10 de abril de 2019.
[7]
Escrito presentado el 10 de abril de 2019.
[8] Corte Constitucional, sentencia C-543 de
1992 (M P. José Gregorio Hernández Galindo).
[9] Al respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159
de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de
2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de
2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[10] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró
inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía
el ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias
proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[11] Corte
Constitucional, sentencia T-512 de 2017 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[12] Ver entre muchas otras las sentencias T-620 de 2013,
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-612 de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-584 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-661 de 2011, M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-671 de 2010; , M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-217 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza; T-949 de 2009,
M. P. Mauricio González Cuervo; T-555
de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-584 de 2008, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-796 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-1027 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-812 de 2005,
M. P. Rodrigo Escobar Gil;
[13] T-419 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-1257 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[14] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia.
[15] Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-442 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-159 de
2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-114 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva. En ésta última se indicó expresamente: “la
intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de
conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El
respeto por los principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden
que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
[16] Ver sentencia
T-442 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien
el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento,
inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho poder
jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone
necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.”
[17] Cfr., entre otras, SU-159 de 2002, precitada.
[18] Cfr., entre otras, T-442 de 1994 y SU-159 de 2002,
precitadas.
[19] Corte Constitucional.SU-198 de 2013, precitada, y T-636 de 2006, (M. P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[20] Corte Constitucional, sentencia T-902 de 2005 (M.P.
Marco Gerardo Monroy).
[21] Ibídem.
[22] Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994 (M.P.
Antonio Barrera Carbonell).
[23] Ratificada por Colombia mediante la Ley
16 de 1972.
[24] Ratificada por Colombia mediante la Ley
248 de 1995.
[25] Cuyo contenido es reproducido por el
artículo 1º de la Convención Interamericana de Belém do pará.
[26] Definición posteriormente reiterada, en
lo esencial, en el párrafo 113 de la Cuarta Conferencia de Beijing y por los
artículos 1º y 2º de la Convención Interamericana de Belém do Pará.
[27] CEDAW, artículo 16, numeral 1º, literal
c.
[28] Convención Interamericana de Belém do
Pará. Artículo 3.
[29] Convención Interamericana de Belém do
Pará. Artículo 6.
[30] Artículo 9 ° y siguiente.
[31] Según el
artículo 3° de la Ley 2157 de 2008, el daño psicológico es el “proveniente
de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación,
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.”
[32] Dentro del
cual se incluyen varias investigaciones realizadas en algunos países
seleccionados como Brasil, Perú, Montenegro, República Unida de Tanzania y
Japón, entre otros.
[33] OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia
doméstica contra la mujer, 2005. Pág. 10.
[34] OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia
doméstica contra la mujer, 2005. Pág. 22 y 23.
[35] Corte Constitucional, sentencia T-967 de 2014 (MP.
Gloria Stella Ortiz Delgado)
[36] Corte Constitucional, sentencia C-297 de 2016 (MP.
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[37] Ley 294 de 1996, artículo 3º.
[38] Ley 294artìculo 5º. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley
1257 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad competente
determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima
de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de
protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta
objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro
miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el
caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo
18 de la presente ley: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de
habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una
amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los
miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier
lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha
limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide,
amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores,
cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor
esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas
discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir
a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada
que ofrezca tales servicios, a costa del agresor. e) Si fuere necesario, se
ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica,
psicológica y psíquica que requiera la víctima; f) Cuando la violencia o
maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente
ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las
autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo
tuviere; g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima
el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se
haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad; h) Decidir
provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e
hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras
autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; i) Suspender
al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean
indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá
ser motivada; j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones
alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras
autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; k) Decidir
provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la
competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta
medida o modificarla; l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto
de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si
tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a
las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial;
m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal,
documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o
custodia de la víctima; n) Cualquiera otra medida necesaria para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos
por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de
protección consagradas en este artículo.
PARÁGRAFO 2o. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma
provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos
que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.
PARÁGRAFO 3o. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de
violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la
investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.
[39] Corte Constitucional, sentencia
T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[40] Corte Constitucional, sentencia C-408 de
1996 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
[41]“Naciones Unidas. Consejo Económico y
Social. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer. Documento E/CN.4/1996/53 Párrafo No 48.”
[42] Recomendación General número 19 del
Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW. “Las actitudes
tradicionales según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le
atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que
entrañan violencia o coacción, tales como la violencia y los malos tratos en la
familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes
insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina.”
[43] Ver Recomendación General número 19 del
Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW. Emitida el 29 de
enero de 1992.
[44] Párrafo 117, Cuarta Conferencia de
Beijing.
[45] Gobierno
de Colombia. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Informe
Anual del Congreso de la República Ley 1257 de 2008: sobre la situación de
violencia contra las mujeres, sus manifestaciones, magnitud, avances y
retrocesos, consecuencias e impactos.”2017- 2018.
[46] Informe anual al Congreso de la República Ley 1257 de
2008: sobre la situación de violencia contra las mujeres, sus manifestaciones,
magnitud, avances y retrocesos, consecuencias e impacto. Consejería
presidencial para la equidad de la mujer.
[47] Dichos criterios fueron reiterados en las sentencias
T-027 de 2017, T-145 de 2017, T-184 de 2017 y T-590 de 2017, entre otras.
[48] Sentencia T-012 de 2016.
[49]
[50] Corte
Constitucional, sentencia C-408 de 1996 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[51] Relatoría sobre los Derechos Humanos de la Mujer de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre “El acceso
a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas
[52] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez
Rodríguez vs. Honduras.
[53] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Bueno
Alves vs. Argentina, Ríos y otros vs. Venezuela, Juan Humberto
Sánchez vs. Honduras, Perozo y otros vs. Venezuela.
[54] Relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre los derechos de la mujer. Informe “acceso a la justicia para
mujeres víctimas de violencia en las américas”.
[55] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Palamara Iribarne vs. Chile.
[56] Sentencia T-878 de 2014.
[57] Este supuesto se presenta cuando se deja de
investigar porque simplemente la mujer decide no formular la acción penal o
llega a un acuerdo de conciliación, y también cuando se le traslada la carga de
la investigación, por ejemplo, alegando que el impulso procesal le corresponde
a ella o que las pruebas que aportó no son suficientes para soportar lo dicho.
[58] Este supuesto ocurre cuando se decide archivar el
proceso por falta de material probatorio, sin que se haya hecho uso de los
poderes oficiosos, o cuando se hace una evaluación fragmentada o cuando no se
le da alcance al contexto de la mujer al momento de valorar el acervo allegado,
desestimando la existencia de un patrón de violencia sistemático.
[59] Las mujeres que sufren actos de violencia están
predispuestas a la revictimización, es decir, deben enfrentarse a otra clase de
maltratos por las entidades de policía, judiciales y de salud. De entrada, la
mujer que se arriesga a denunciar a su compañero sentimental debe asumir largas
esperas, interminables diligencias, recorridos por distintas oficinas,
múltiples citaciones, interrogatorios denigrantes y precaria atención médica y
psicológica. Esta situación desincentiva a la mujer a reconocer en público la
violencia padecida, y de denunciar su condición de víctima ante la justicia.
[60] Corte Constitucional, sentencia T-878 de 2014 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio).
[61] Casación
No. 52394 Javier Villate Zárate
[62] Corte Constitucional, sentencia T-012 de 2016 (M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva).
[63] Sentencias T-473 de 2014, T-967 de 2014, T-241 de
2016 y T -145 de 2017.
[64] Sentencia SU-448 de 2016.
[65] Sentencia T-454 de 2015.
[66] Corte Constitucional, sentencia T-241 de
2016 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[67] Corte Constitucional, Sentencia T-967 de 2014 (MP
Gloria Stella Ortíz Delgado).
[68] La Corte amparó los derechos fundamentales invocados
por la accionante y dejó sin efecto la sentencia proferida dentro del proceso
de divorcio por ella promovido, ordenando al Juzgado proferir nuevo fallo en el
que se tengan en cuenta todas las consideraciones referentes al principio de
igualdad y no discriminación por razón del sexo y la especial protección que
merece la mujer víctima de cualquier tipo de violencia.
[69] Corte Constitucional, Sentencia T-772 de
2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
[70] “La relevancia del derecho al plazo razonable ha sido
reconocido en numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la cual ha establecido criterios que deben ser tenidos en cuenta para
establecer la razonabilidad del plazo: (i) la complejidad del asunto; (ii) la
actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de las autoridades
nacionales y (iv) la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos
y deberes —es decir, la situación jurídica— del individuo”. (Corte Constitucional, Sentencia T-772 de
2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
[71] La Corte resolvió amparar los derechos fundamentales
de la accionante y ordenar al Juzgado Penal de conocimiento que realice una
audiencia para decidir si es procedente aplicar las medidas especiales
solicitadas por la Defensoría del Pueblo, dentro de un plazo máximo de ocho
días contados desde la notificación de la sentencia.
[72] Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[73] “Si el Tribunal Superior de Bogotá hubiese hecho un
estudio riguroso de las pruebas, el sentido del fallo habría sido diferente. En
dicho documento se evidencia con claridad que la situación de violencia que
ejercía el señor Carlos Manuel, comenzó de tiempo atrás y que el episodio
relatado por su empleada doméstica, fue producto de los continuos agravios y
episodios violentos en su contra. Esta Sala no comparte el análisis jurídico
del Tribunal que otorgó el mismo valor probatorio a los medios aportados por
las partes, a la postre de cercenar por completo la decisión de la justicia
penal (…) En caso de haberse tenido en cuenta esa decisión judicial, la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá ineludiblemente tuvo que haber llegado a
otra conclusión sobre el fundamento fáctico de la sentencia. En ese sentido, la
Sala Novena de Revisión Constitucional encuentra que la agresión de la
tutelante declarada por la señora Daniela Pérez, encuentra explicación (no
justificación) en toda una trayectoria de violencia efectuada por Carlos
Manuel. Así, el juez no solo no tuvo en cuenta ese historial, sino que juzgó
con las mismas consideraciones dos episodios sin reflexionar sobre la naturaleza
subjetiva de las partes, debiendo aplicar enfoque de género en su raciocinio”.
(Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva,
SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[74] (CSJSP, 23 nov. 2017, Rad. 45899; CSJSP, 5 jun. 2019,
Rad. 51007; entre muchas otras).
[75] (CSJSP, 23 nov. 2017, Rad. 45899; CSJSP, 5 jun. 2019,
Rad. 51007; entre muchas otras).
[76]
Al respecto, en declaración extrajuicio, la hermana de la accionante, manifestó
que Fernando Valencia llamó “en varias ocasiones a nuestra familia
refiriéndose de manera burlezca y desobligante de mi hermana, esto ha sido muy
doloroso y triste para todos y peor aún, para ella que lo quería y había
compartido 5 años con él, ha sido tanto el abuso que mi hermana lo denunció y
desde entonces ha empeorado la situación ya que el señor incluyó a su hija y su
ex esposa quienes han ofrecido falsos testimonios sobre mi hermana de manera
indolente a pesar de conocer ellas quien es verdaderamente el agresor”. Ver
página 29 del cuaderno 1 del cd a folio 112 el expediente.
[77]
Ver folio 99 a 111 del cuaderno 2 del expediente.
[78]
Ver folio 130 del cuaderno 2 del expediente.
[79]
Ver declaración a página 212 del cuaderno 1 del cd visible a
folio 112 del cuaderno 2 del expediente. Al respecto la declarante indicó: “(…)
ella le preguntó que si iba a comer y que la agarró del cuello y que le dijo
que no quería que le hablara y que se fuera que no la quería ver más, no me
detalló cómo fue esa agarrada del cuello (…) No le vi marcas en el cuello, como
le dije la vi disfónica (…)”.
[80]
Ver declaración a página 222 del cuaderno 1 del cd visible a
folio 112 del cuaderno 2 del expediente. Al respecto el declarante indicó: “(…)
ella me contó que ese día 10 de enero de 2015 él había ido a visitar a sus
hijos y que llegó agresivo. Yo la vi el otro día, es decir, el 11 de enero de
2015, yo no le vi marcas de ninguna clase en el cuello, ella lo que me relató
es que él la había cogido del cuello y que ella lo había retirado rápidamente,
yo en detalle no entré con eso (…)”.
[81]
En su declaración, la señora Ani destaca lo siguiente al responder una
pregunta relacionada con actos de violencia: “PREGUNTA: En ese espacio de
tiempo que usted compartió el 10 de enero de 2015 con Rebeca y Luis, el señor
Luis gritó o maltrató de palabra o de obra a la señora Rebeca? CONTESTO: No
tenía ademanes como de desprecio, como que no me diga nada, pero más que todo
con la mirada y con la cara, se molestó cuando ella le dijo que si se quería cambiar
la camisa, él no le gritó pero sí le hizo un ademán como de abrir la mano como
queriendo decir no me hable, no me diga nada, pero en ademán. Ese día yo me fui
muy preocupada por ese cambio de él y fue el día que él la agredió a ella pero
entonces estaban los dos solos, ese día él se fue poco antes de yo irme y
Rebeca me contó que volvió y que tarde en la noche casi la mata, que la agredió
que la cogió del cuello, ella me contó eso al otro día, el once, yo la vi como
sin energía, mi hermana que es con tanta energía, como disfonía  pero no tenía
marcas en el cuello (…)” Ver declaración a página 215 del
cuaderno 1 del cd visible a folio 112 del cuaderno 2 del expediente
[82]
Ver declaraciones a páginas 196 y 200 del cuaderno 1 del cd
visible a folio 112 del cuaderno 2 del expediente. Al respecto, la hija señaló:
“PREGUNTA: Durante el tiempo de convivencia de su papá con su mamá hubo
episodios de violencia?: CONTESTO: Nunca. Ni con mi mamá ni con nosotros (…)”.
El hijo por su parte, señaló: “Nunca en los veinte años que mi papá y mi mamá
vivieron hubo violencia ni con ella, ni con nosotros, la separación fue porque
no se entendían, pero nunca por violencia. Quiero resaltar que durante el
tiempo que nosotros vivimos con mi papá, lo hicimos en la misma casa nunca,
jamás tuvimos conflictos con ningún vecino. En cambio, supe que en el poco
tiempo que vivió mi papá con Rebeca se cambiaron de casa como cinco
veces por los conflictos e inconformidades de ella con los vecinos, nunca he
creído que mi papá haya tenido que ver con esto, es ella la que siempre busca
el conflicto”.