SU462-20
Sentencia T-780/10
Sentencia SU462/20
Referencia: Expediente T-7.798.642
Acción de tutela
instaurada por Jack Khoudari Amram en calidad de socio y miembro de la
Junta Directiva de Textiles Konkord S.A. en liquidación, y otros en calidad de
ex trabajadores y acreedores del primer orden de esa sociedad, en contra de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos
mil veinte (2020)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de las decisiones proferidas en primera instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) y en segunda instancia por la Sala de Casación Penal[1] de la
Corte Suprema de Justicia el cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019), en el proceso de tutela de la referencia.
La acción de
amparo fue seleccionada para revisión por la Sala de Selección de Tutelas
Número Dos de la Corte Constitucional[2] mediante Auto proferido el veintiocho (28) de febrero
de dos mil veinte (2020), notificado por estado el trece (13) de marzo de la
misma anualidad[3].
I. ANTECEDENTES
El 26 de septiembre de 2019 el ciudadano Jack Khoudari Amram y
otros[4] ex trabajadores y acreedores del primer orden de
la sociedad Textiles Konkord S.A.[5], mediante apoderado judicial, formularon acción
de tutela contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2016 por Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la cual se resolvió casar la
providencia dictada el 11 de julio de 2012 por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el fallo de primera
instancia adoptado el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito
de la misma ciudad, en el que se negaron las pretensiones incoadas en un
proceso de resolución de contrato de compraventa. Lo anterior por considerar que
la sentencia atacada vulnera sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la
libertad de empresa y al principio de la intervención del Estado en la
economía.
1. La demanda
1.1. El 1 de diciembre de 2005
Konkord S.A. y Textiles Fabricato Tejicóndor S.A.[6] celebraron
un contrato de compraventa sobre un bien inmueble ubicado en el municipio de
Sibaté, Cundinamarca, por un valor de trece mil millones de pesos ($13.000.000.000),
pagaderos al 1 de diciembre de 2009. Una vez elevado a escritura pública, el
negocio jurídico se perfeccionó con la tradición del inmueble a Konkord S.A.
1.2. Konkord S.A. canceló los
intereses convenidos hasta el mes de agosto de 2006, fecha a partir de la cual
dejó de pagarlos al argumentar una grave afectación por la crisis del sector
textil derivada del incremento en la tasa de cambio del dólar y la consecuente
alza en el precio de los insumos; circunstancia esta por la cual se vio en la
necesidad de iniciar un proceso de reestructuración empresarial.
Proceso de reestructuración
1.3. Mediante escrito radicado en
la Superintendencia de Sociedades el 30 de abril de 2007, Konkord S.A. presentó
solicitud para adelantar un acuerdo de reestructuración en los términos de la
Ley 550 de 1999[7].
1.4. El 25 de junio de 2007 la
Superintendencia de Sociedades aceptó la solicitud de promover acuerdo de
reestructuración, designó a un promotor para adelantar el trámite respectivo y
fijó, por el término de cinco días, un escrito informando acerca de la
promoción de dicho proceso.
1.5. El 16 de octubre de 2007 se
convocó a los acreedores de Konkord S.A. a una reunión para la determinación de
los derechos de voto y acreencias dentro del trámite de reactivación
empresarial de la referida sociedad. Así, luego de aclarar algunas objeciones,
se aprobó de forma unánime la determinación de los derechos de voto y las
acreencias.
A la referida reunión asistió el representante
de Fabricato S.A. y se reconoció a favor de esa compañía un crédito por valor
de catorce mil ochocientos noventa y seis millones quinientos setenta y un mil
cuatrocientos cuatro pesos ($14.896.571.404) y un igual número de votos (14.898.908.585),,
sin que se hubiese presentado ninguna objeción al respecto por parte de ese
acreedor.
1.6. El 14 de febrero de 2008
Konkord S.A., siguiendo lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la Ley 550 de
1999, celebró con sus acreedores el acuerdo de reestructuración, trámite que
cobró validez jurídica a partir de ese mismo día. La sociedad Fabricato S.A.
participó en dicho convenio votando de forma negativa.
1.7. El 15 de febrero de 2008 Konkord
S.A. fue notificada de una demanda de resolución de contrato de compraventa
iniciada en su contra por Fabricato S.A. con el fin de satisfacer su acreencia
por una vía judicial diferente al proceso concursal.
Fabricato S.A. pretendía la
resolución del contrato de compraventa celebrado con la sociedad en liquidación
el 1 de diciembre de 2005 y se ordenará la restitución del inmueble.
1.8. El 25 de febrero de 2008 el
promotor designado, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 31 de la Ley 550 de 1999, en relación con la publicidad de la
negociación, inscribió la noticia de la celebración del acuerdo de
reestructuración en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Demanda de resolución de
contrato de compraventa
1.9. La demanda de resolución de
contrato de compraventa fue decidida en primera instancia por el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 30 de marzo de 2012.
En la referida providencia el a quo negó la totalidad de las pretensiones
incoadas y declaró probados los hechos exceptivos. Lo anterior, al argumentar
que (i) Fabricato S.A. intervino en el proceso de reestructuración presentando
su acreencia y (ii) la causal de mora en el pago de intereses desapareció
frente al hecho de que la demandada se acogió al proceso de reestructuración
regulado en la Ley 550 de 1999.
1.10. En sentencia del 11 de
julio de 2012 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que Fabricato S.A.
hizo parte del acuerdo de reestructuración celebrado en favor de Konkord S.A.
en virtud de lo cual se le reconoció la obligación que daba origen al proceso
ordinario, razón por la cual dicha sociedad estaba obligada a cumplir los
términos del proceso concursal.
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79 de la Ley 550 de 1999, las disposiciones de ese cuerpo normativo tienen
aplicación preferente. En ese orden de ideas, Fabricato S.A. como parte
vendedora debía “someterse a lo decidido en el acuerdo de reestructuración,
a pesar de haberlo votado negativamente (artículo 34 ibídem)”[8].
Por lo anterior, el 11 de julio de 2012 Fabricato S.A. interpuso el recurso
extraordinario de casación.
Recurso extraordinario de
casación
1.11. La Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 17 de agosto de 2016 casó el
fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y en
sede de instancia dictó sentencia sustitutiva.
1.12. Indicó que, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 1546 y 1602 del Código de Civil, el contrato de
compraventa lleva implícita la condición resolutoria, por lo que el
incumplimiento de una de las partes de sus obligaciones da derecho a la otra a
solicitar la resolución del contrato bajo los siguientes presupuesto: “(a)
que se trate de un contrato bilateral válido, (b) que quien promueva la acción
haya cumplido con sus obligaciones o haya estado dispuesta a cumplirlas y (c)
que el otro contratante haya incumplido las obligaciones que le corresponden”[9]. Así, concluyó que Fabricato S.A. había
cumplido con sus obligaciones de vendedora y estaba facultada para solicitar la
resolución del contrato de compraventa.
1.13. Argumentó que el régimen
concursal colombiano contempla el postulado general de la continuidad de los
contratos. En esa medida, el deudor no puede desconocer sus obligaciones, ni el
juez está facultado para no observar los efectos del incumplimiento
contractual.
1.14. A juicio de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la participación de los
acreedores en la reunión preliminar (reunión de determinación de derechos de
voto y acreencias) a la celebración y aprobación del acuerdo de reestructuración
no significa una renuncia a su derecho a ejercer la acción resolutoria, ni el acuerdo
celebrado vincula al acreedor que decide renunciar a la ejecución del contrato
y opta por terminarlo antes de que se surta el trámite de su publicación.
Para sustentar su posición, la
Sala de Casación Civil afirmó que la elección de Fabricato S.A. como acreedor
consistió en “pretender la resolución del contrato por incumplimiento del
comprador”. Así, sostiene que “desde el momento en que el comprador
incumplió su obligación se dieron los presupuestos de hecho de la condición resolutoria tácita y se entiende que el
contrato terminó en virtud del derecho que el juez declara en sentencia”[10].
Tal circunstancia, para esa
corporación, configura una “ficción jurídica” mediante la cual se
entiende que “el bien que es objeto de la resolución del contrato nunca ha
salido del patrimonio del vencedor, quien por ello puede reivindicarlo; por lo
que no es posible que haga parte del patrimonio del deudor que es garantía
común de los acreedores del acuerdo de reestructuración”[11].
1.15. Finalmente, concluyó que
Konkord S.A. no desvirtuó la afirmación de Fabricato S.A. en el sentido de que
solo se pagaron los intereses pactados hasta el mes de agosto 2006. Así las
cosas, para la Corte Suprema de Justicia la sociedad demandada incumplió su
obligación de pagar los intereses en la fecha y forma pactada, dando lugar a la
resolución del contrato.
Por lo anterior, en la sentencia
del 17 de agosto de 2016 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia casó el fallo del 11 de julio de 2012 y, en sentencia sustitutiva,
declaró que Konkord S.A. incumplió el contrato de compraventa, ordenó la
resolución del negocio jurídico, al igual que la restitución del inmueble a
favor de Fabricato S.A.
1.16. Una vez notificada la sentencia de casación, Konkord S.A.
solicitó su adición al considerar que la providencia de remplazo se limitó a
decretar el pago de los frutos a favor de Fabricato S.A., absteniéndose de
ordenar las restituciones a favor de Konkord S.A.
Dicha solicitud fue negada por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia
del 20 de febrero de 2017, al indicar que “no existen puntos en el fallo que
por confusos sean susceptibles de ser aclarados, ni extremos o puntos omitidos
que deban ser adicionados”[12].
1.17. Posteriormente, Konkord
S.A. solicitó la nulidad del auto que negó la adicción de la sentencia
sustitutiva al argumentar que a uno de los magistrados que firmó dicha
providencia previamente se le había aceptado un impedimento para conocer del
asunto. En providencia del 30 de junio de 2017 la Sala de Casación Civil
rechazó de plano la solicitud de nulidad, razón por la cual Konkord S.A.
interpuso recurso de súplica contra la providencia mencionada.
1.18. El 22 de noviembre de 2017
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso
de súplica y decidió revocar el auto suplicado y decretar la nulidad del Auto
del 20 de febrero de 2017.
1.19. El 11 de julio de 2019 la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió un nuevo auto
negando la solicitud de adición al fallo acusado. El 17 de julio de 2019
Konkord S.A. solicitó aclaración y adición de dicha providencia, petición que
fue rechazada por improcedente en Auto del 19 de julio de la misma anualidad.
La acción de tutela
1.20. Por estos hechos, el 26 de
septiembre de 2019 el señor Jack Khoudari Amram en
calidad de socio y miembro de la Junta Directiva de Konkord S.A., en
liquidación, y algunos ex trabajadores y acreedores del primer orden de esa
sociedad, mediante apoderado especial, presentaron acción de tutela en
contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, al trabajo, a la libertad de empresa y al
principio de la intervención del Estado en la economía. En síntesis, en la
tutela se expone que:
i) La Sala de Casación Civil
incurrió en defecto fáctico por omisión al no tener en cuenta que Fabricato
S.A. participó activamente en todo el proceso concursal desde la fecha de su
iniciación hasta el día de la votación y celebración del acuerdo de
reestructuración (14 de febrero de 2008), momento en el cual su crédito quedó
incluido en el proceso concursal y se estableció el valor y la nueva forma de
pago.
ii) La Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia proferida el
17 de agosto de 2016 omitió la aplicación de los principios de igualdad,
universalidad y colectividad que rigen los procesos concursales al otorgarle un
trato privilegiado a Fabricato S.A., pues permitió que satisficiera su
acreencia por fuera del proceso de reestructuración; circunstancia esta que
configuró un defecto sustantivo. A su vez, desconoció los precedentes de la
Corte Constitucional[13]
que obligan a observar aquellos principios en todo trámite relacionado con un
proceso de insolvencia.
Asimismo, indicó que la
corporación accionada incurrió en defecto sustantivo al omitir su deber legal
de pronunciarse sobre las restituciones a las que Textiles Konkord S.A. tiene
derecho.
iii) La Sala de Casación Civil
realizó una interpretación contraevidente de las normas sustanciales
comerciales atribuyéndoles un alcance que no tienen, lo que la llevó a afirmar
que el acuerdo de reestructuración solo surte efectos para las partes a partir
de su publicación y no desde la votación y aprobación de este, por parte de los
acreedores.
1.21. Adicionalmente, en el
escrito tutelar se reiteran que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia pasó por alto un acuerdo de reestructuración en firme, permitiendo
que el crédito de Fabricato S.A. fuera reclamado y reparado por fuera del
acuerdo.
1.22. Los accionantes manifiestan
que la sentencia de casación acusada ha tenido impactos directos sobre la
estabilidad empresarial de Konkord S.A. y la vida de sus ex trabajadores pues,
según certificación del jefe de recursos humanos, el 62% de las personas que
allí trabajaban eran mujeres solteras cabezas de familia; un 78% tienen entre 1
a 3 hijos, el 11% tienen 4 hijos, e incluso una ex trabajadora tiene 5 hijos.
Asimismo, los demandantes afirman
que el 68% de los ex trabajadores son mayores de 48 años, sus núcleos
familiares hacen parte de los estratos 1 (13%); 2 (73%) y 3 (14%). En cuanto al
tiempo para pensionarse, certificaron que a un 25% de los ex trabajadores les
faltaba de 1 a 3 años; a un 25% les faltaba de 4 a 7 años; a un 17% les faltaba
de 8 a 12 años y a un 33% más de 13 años.
1.23. Así las cosas, los
accionantes concluyen que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia generó el desempleo de personas en situación de vulnerabilidad, cuyos
ingresos dependían exclusivamente de Konkord S.A. y ha puesto en grave riesgo
el pago de los salarios adeudados y aportes a la seguridad social al no contar
la sociedad en liquidación con el mayor activo social (bien inmueble restituido);
circunstancia esta que disminuyó la capacidad de pago de Konkord S.A. y vulneró
sus derechos fundamentales.
Por lo anterior, los
accionantes solicitan (i) “TUTELAR a la sociedad Konkord S.A. –y por
esa vía a los ex trabajadores de la empresa y sus familias- los
derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CP), acceso al trabajo (art.
25 CP), la libertad de empresa (art. 333 CP), y el principio de la intervención
del Estado en la Economía (art. 334); (ii) DEJAR SIN EFECTOS
JURÍDICOS la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia y las demás providencias dictadas con
posterioridad a este asunto; (iii) DEJAR EN FIRME la
sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá del 11 de julio de 2012; y (iv) se adopten las demás medidas
que estimen necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales de la
sociedad accionante, así como de los trabajadores de la empresa, sus familias y
de los demás sujetos a que haya lugar ”.
2. Contestación de la demanda
Mediante Auto del 30 de septiembre de 2019 la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó correr traslado a la parte accionada para que ejerciera su
derecho de defensa y contradicción.
Asimismo, ordenó la vinculación al trámite tutelar de los terceros
interesados, a las autoridades, a las partes e intervinientes en el proceso
ordinario promovido por Fabricato S.A. contra Konkord S.A. en liquidación,
radicado N° 11001-31-03-007-2017-00606-01, para que se pronunciaran sobre los
hechos y pretensiones de la tutela.
En cumplimiento de lo ordenado en la citada providencia, se
recibieron las siguientes respuestas:
2.1. Superintendencia de Sociedades
La Superintendente Delegada de
Procedimientos de Insolvencia, mediante escrito del 13 de octubre de 2019[14], se refirió a los hechos y pretensiones y
solicitó desvincular del trámite de tutela a esa entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
La Superintendencia de Sociedades
indicó que, mediante oficio 2007-01-123492 del 25 de junio de 2007, aceptó
solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración celebrado entre los
acreedores internos y externos de Konkord S.A. en los términos de la Ley 550 de
1999.
Informó que el 29 de febrero de
2008 el promotor de Konkord S.A. allegó el original del acuerdo de
reestructuración junto con la votación recibida, en memorial N° 2008-01-034850.
Al respecto, la entidad vinculada
señaló que, de conformidad con el artículo 38 del citado memorial, el acuerdo
de reestructuración presentado adquirió fuerza vinculante para la totalidad de
los acreedores, aun para los ausentes y disidentes, al suscribirse el 14 de
febrero de 2008 por la mayoría señalada en la Ley 550 de 1999.
Asimismo, resaltó que en el
artículo 41 del acuerdo de reestructuración suscrito entre Konkord S.A. y sus
acreedores quedó estipulado que “los procesos ejecutivos que cursen, o
lleguen a cursar por obligaciones que sean materia de este acuerdo, en contra
de LA EMPRESA, éstos se terminarán en virtud de la celebración de este acuerdo
(…)”[15].
Para la Superintendente Delegada
de Procedimientos de Insolvencia la citada disposición encuentra fundamento
legal en el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, a saber:
“ARTICULO 14. Efectos de la iniciación de la
negociación. A partir
de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los
cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no podrá
iniciarse ningún proceso de ejecución (C de P.C., art. 488) contra el
empresario y se suspenderán los que se encuentren en curso, quedando legalmente
facultados el promotor y el empresario para alegar individual o conjuntamente
la nulidad del proceso (C. de P.C., art. 140)o pedir su suspensión al juez
competente, para lo cual bastará que aporten copia del certificado de la cámara
de comercio en el que conste la inscripción del aviso”[16].
No obstante, la Superintendente
Delegada de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades
aclaró que mediante auto 2007-01-275621 del 16 de mayo de 2017 se decretó la
liquidación judicial de los bienes y haberes de Konkord S.A. por el
incumplimiento del acuerdo de reestructuración regulado por la Ley 550 de 1999.
La entidad vinculada aclaró que
según la Ley 1116 de 2006 los procesos de liquidación judicial tienen como
objetivo la liquidación pronta y ordenada de la sociedad concursada. En esa
medida, se debe procurar que, en lo posible, con el patrimonio del deudor se
pague la totalidad de los créditos u obligaciones a cargo de la empresa,
conforme a la disponibilidad de los recursos o activos que posea.
Finalmente, la Superintendencia
de Sociedades señaló que en el presente caso el acto acusado como presunto
vulnerador de los derechos fundamentales de los accionantes fue proferido por
la Corte Suprema de Justicia, corporación que es la llamada a responder como
parte accionada. Máxime, si se tiene en cuenta que la entidad interviniente no
fue demandada en el trámite tutelar de la referencia.
2.2. Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá
El 2 de octubre de 2019 el Juez
Séptimo Civil del Circuito de Bogotá emitió pronunciamiento respecto de la
acción de tutela de la referencia e indicó que en ese despacho judicial cursó
proceso ordinario de Fabricato S.A. contra Konkord S.A. con número de radicación
110013103007-2007-00606-00.
La autoridad judicial manifestó
que el 30 de marzo de 2012 emitió sentencia de primera instancia y una vez
formulado recurso de apelación el asunto se remitió al Tribunal Superior de
Bogotá para lo pertinente, sin que el expediente haya retornado a ese despacho.
Finalmente, el Juzgado Séptimo
Civil del Circuito de Bogotá consideró inapropiado emitir juicios de valor
sobre la legalidad de las actuaciones adelantadas por su superior jerárquico
(Corte Suprema de Justicia) o sobre la sentencia que se cuestiona en sede de
tutela. En consecuencia, se limitó a remitir la providencia proferida en esa
instancia.
2.3. Fabricato S.A.
Fabricato S.A., mediante oficio
del 3 de octubre de 2019, dio respuesta a la acción de tutela y solicitó (i)
negar el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes y (ii)
mantener en firme los efectos jurídicos de la sentencia proferida por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de 2016. Lo
anterior, al considerar que la presente acción pretende reabrir una discusión
jurídica que se dio hace más de tres años ante la jurisdicción civil.
El apoderado de la referida
sociedad indicó que la jurisprudencia constitucional ha determinado que la
tutela no puede convertirse en una “especie de tercera instancia” para
discutir, una vez más y a manera de una nueva apelación, las decisiones
judiciales. Máxime, cuando dichas providencias son expedidas por la Corte
Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.
Afirmó que la acción de tutela
frente a providencias judiciales tiene una aplicación limitada pues opera
únicamente frente a decisiones que configuren errores ostensibles y una grave
afectación a los derechos fundamentales de los afectados.
Para Fabricato S.A. la presente
acción no es procedente al pretender que el juez constitucional reabra un
debate sobre el alcance de los acuerdos de reestructuración y la posibilidad de
ejercer una acción de resolución contractual por falta de cumplimiento.
El interviniente resaltó que el
fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
el 17 de agosto de 2016 es “una sentencia hito, con un análisis profundo,
ponderado y extenso tanto del material probatorio como de las argumentaciones
jurídicas expuestas por los participantes en el proceso ordinario suscitado
entre Fabricato y Textiles Konkord”[17].
El
apoderado de Fabricato S.A. indicó que la supuesta afectación de los derechos
fundamentales de los ex trabajadores de Konkord S.A. es el resultado de las “cuestionables
decisiones de negocios adoptadas por los administradores de Konkord que
llevaron a esa compañía al estado de insolvencia”[18].
Así, afirmó que la situación
empresarial de Konkord S.A. no tiene relación directa con la sentencia de
casación proferida por la Corte Suprema de Justicia pues en dicho fallo se
ordenó la resolución de un contrato de compraventa celebrado por esa sociedad
ante el incumplimiento flagrante de sus compromisos contractuales.
Sobre los supuestos valores no
reconocidos a favor de Konkord, el interviniente afirmó que:
“i) Si Konkord no pagó nada del
precio pactado por el inmueble, obviamente no hay lugar a restituirle nada.
ii) Si Konkord a lo largo de
un proceso judicial que se extendió por más de 9 años no alegó, acreditó o
probó las mejoras que reclama, no hay lugar a reconocimiento alguno a su favor.
iii) Si Konkord no operaba, no
ejecutaba actividad alguna y de contera no cumplía con sus obligaciones, pese a
que tuvo la tenencia del inmueble, sin pagar nada por él por más de 9 años, lo
natural era que se ordenará su liquidación judicial, con lo que ello suponía
para la compañía, sus administradores y empleados”[19].
Adicionalmente, Fabricato S.A.
adujo que la jurisprudencia constitucional ha determinado que la tutela debe
presentarse a más tardar en un término de seis meses luego de expedirse la decisión
cuestionada, razón por la cual, considera que dicho plazo no se cumple en este
caso pues la acción de amparo fue formulada luego de tres años de proferirse la
sentencia sustitutiva en sede de casación.
Por lo anterior, el apoderado de
Fabricato S.A. solicitó “mantener los efectos jurídicos del fallo de
casación proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 17 de agosto de 2016”. Asimismo, ordenar a los accionantes el
cumplimiento inmediato de la providencia acusada y se abstengan de “presentar
más solicitudes, recursos, acciones constitucionales, etc., que resultan
abiertamente improcedentes”.
2.4. Departamento de
Cundinamarca
La Dirección de Defensa Judicial
y Extrajudicial del Departamento de Cundinamarca[20] solicitó declarar la improcedencia de la acción
de amparo de la referencia frente al ente territorial vinculado al argumentar
que no le asiste responsabilidad frente a los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados y no tiene participación alguna en los hechos que
motivaron la tutela.
El departamento de Cundinamarca
advirtió falta de legitimación en la causa por pasiva al sostener que es ajeno
a la relación jurídica existente entre Fabricato S.A. y Konkord S.A. y por
consiguientes no ha tenido ninguna injerencia en los hechos relatados en la
tutela. Asimismo, resaltó que no tiene relación sustancial con las partes
procesales intervinientes en el proceso de reestructuración.
Finalmente, aclaró que la acción
de amparo se formuló en contra de personas jurídicas diferentes al ente
territorial vinculado y no observa como la decisión que se profiera en sede de
tutela pueda afectarlo. Por lo anterior, concluyó que no se encuentra
constitucional ni legalmente facultado para intervenir en esta clase de
asuntos.
3. Pruebas obrantes en el
expediente
·
Certificado
de existencia y representación judicial de Konkord S.A. en liquidación[21].
·
Certificación
laboral expedida por Konkord S.A. y encuestas de caracterización de mínimo
vital de los trabajadores y sus núcleos familiares[22].
·
Comunicación
emitida por el Alcalde Municipal de Sibaté, del 29 de junio de 2017, con
destino al gerente financiero de Konkord S.A.[23].
·
Copia de la
escritura de compraventa número 4.493, expedida por la Notaría 30 del Circulo
de Bogotá[24].
·
Copia del
escrito presentado por el vicepresidente financiero de Fabricato S.A., de fecha
27 de agosto de 2007, al promotor del acuerdo de reestructuración de Konkord
S.A., mediante el cual informa sobre el valor adeudado por la sociedad en
reestructuración[25].
·
Copia del
Acta de reunión de determinación de derechos de voto y acreencias de Konkord
S.A. del 16 de octubre de 2007[26].
·
Copia del acuerdo
de reestructuración celebrado entre los acreedores internos y externos de Konkord
S.A. y sus respectivos anexos, incluida la votación recibida para su aprobación[27].
·
Copia
de la comunicación del 14 de febrero de 2008, mediante la cual Fabricato S.A.,
a través de su representante legal, vota negativamente el acuerdo de
reestructuración de Konkord S.A.[28].
·
Copia
de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Bogotá el 30 de marzo de 2012 dentro del proceso ordinario de
Fabricato S.A. contra Konkord S.A., expediente 2007-00606-04[29].
·
Copia de la
sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá el 11 de julio de 2012 dentro del proceso ordinario de
Fabricato S.A. contra Konkord S.A., expediente 2007-00606-04[30].
·
Copia de la
sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia las declaraciones el 17 de agosto de 2016, radicado
11001-31-03-007-2007-00606-01[31].
·
Salvamento
de voto a la sentencia de casación proferida el 17 de agosto de 2016[32].
·
Copia de la
providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 20 de febrero de 2017, mediante la cual se niega la solicitud de
adición al fallo del 17 de agosto de 2016[33].
·
Copia de la
providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 30 de junio de 2017, mediante la cual se rechaza solicitud de
nulidad del auto del 20 de febrero de 2017[34].
·
Copia de la
providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 22 de noviembre de 2017, mediante la cual se resuelve un recurso de
súplica en contra del auto del 30 de junio de 2017 y se decreta la nulidad del
auto dictado el 20 de febrero de esa anualidad[35].
·
Copia de la
providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 11 de julio de 2019, mediante la cual se niega la solicitud de
adición al fallo del 17 de agosto de 2016[36].
·
Copia de la
providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 19 de julio de 2019, mediante la cual se rechaza solicitud de
aclaración y adición del auto del 11 de julio de 2019[37].
·
Copia del
Auto del 16 de mayo de 2017 expedido por la Superintendencia de Sociedades,
mediante el cual se decreta la liquidación judicial de Konkord S.A.[38].
·
Copia del
testimonio del señor Rodolfo Yáñez Ortega rendido dentro del proceso ordinario
de resolución de contrato[39].
·
Copia del
testimonio del señor Luis Guillermo Restrepo Duperly rendido dentro del proceso
ordinario de resolución de contrato[40].
4. Sentencias objeto de
revisión
4.1. Primera Instancia
Mediante providencia del nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela de
los derechos invocados en la acción de amparo promovida por Jack Khoudari Amram
en calidad de socio y miembro de la Junta Directiva de Konkord S.A., en
liquidación, y otros ex trabajadores y acreedores del primer orden, en contra
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En primer lugar, el juez de
primera instancia advirtió que, de
acuerdo con los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, la presentación de
acciones de tutela contra autoridades judiciales solo pueden formularlas quienes
tienen un interés directo para hacerlo, exigencia que consideró no se cumple en
el presente caso, pues ninguno de los accionantes acreditó ser el representante
legal de Konkord S.A. a efectos de perseguir los intereses de la misma, así
como tampoco demostraron ser parte o haber intervenido dentro del proceso
objeto de cuestionamiento. Por lo anterior, concluyó que los demandantes
carecían de legitimidad en la causa para actuar dentro del proceso de tutela.
En segundo lugar, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que no procede
censura alguna en contra de la sentencia proferida por la Sala de Casación
Civil de esa corporación el 17 de agosto de 2016 o de las providencias del 11 y
19 de julio de 2019, a través de la cual se definió lo relativo a la adición de
fallo, pues todas estuvieron fundamentadas en la valoración de las pruebas
allegadas al proceso, en la libre formación del convencimiento del juzgador, en
el análisis de la normativa aplicable al caso y en una apreciación racional del
asunto sometido a estudio.
4.1.1. Escrito de impugnación
En oficio del 21 de octubre de 2019
los accionantes, mediante apoderado judicial, presentaron escrito de
impugnación al considerar que la decisión adoptada en primera instancia debía
ser revocada para en su lugar acceder a la protección invocada en atención a
las razones expuestas en la acción de tutela. Asimismo, indicaron que “de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, y en amplia jurisprudencia
constitucional, el único requisito para impugnar un fallo de tutela es la
oportunidad y de dicha manifestación no se requiere sustentación alguna”[41].
No obstante lo anterior, el
apoderado de los demandantes, mediante oficio del 31 de octubre de 2019, allegó
a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia los fundamentos de
su impugnación.
El apoderado de los accionantes
afirmó que, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la
legitimación por activa y el interés legítimo son elementos interdependientes
que deben confluir en la persona que interpone cualquier acción judicial para
que pueda ser estudiada. En esa medida, sostuvo que la tutela de la referencia
fue promovida en representación del señor Khoudari Amram y de varios ex
trabajadores de Konkord S.A. cumpliendo con el supuesto de hecho de la referida
norma.
Indicó que si bien a Konkord S.A.
se le vulneraron sus derechos fundamentales como persona jurídica, lo cierto es
que sus representados también se vieron afectados por las decisiones de la Sala
de Casación Civil pues individualmente gozan de garantías constitucionales que
deben ser protegidas en ese caso.
El apoderado manifestó que la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no se pronunció acerca
de la titularidad o no de los derechos invocados en cabeza de los accionantes,
pues sus consideraciones estuvieron dirigidas a afirmar que “solo aquellas
personas que hicieron parte del proceso judicial finalizado con la providencia
que se impugna vía tutela tienen el interés para promoverla”[42].
Al respecto, el abogado aclaró
que sus poderdantes no se vieron llamados a intervenir en el proceso adelantado
contra Konkord S.A. dado que en primera y segunda instancia los jueces
competentes fallaron a favor de la referida sociedad, la cual agenciaba
directamente sus intereses. Sin embargo, arguyó que “cuando la Sala de
Casación Civil profirió su fallo se cumplió la condición suspensiva que condujo
a la liquidación de Konkord S.A. situación  que puso en riesgo su trabajo en la
textilera. Posteriormente, cuando mantuvo en firme su decisión de no reconocer
restituciones a favor de la sociedad, el pago de sus acreencias laborales
también se vio amenazado. De estos últimos hechos nace el interés directo y legítimo
del señor Khoudari Amram y los ex trabajadores de la sociedad Konkord S.A. en
las decisiones que impugnaron vía tutela”[43].
El apoderado concluyó que la
postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es
errada pues los accionantes tienen un interés legítimo para interponer la
presente acción de tutela contra las providencias acusadas y proferidas por la Sala
de Casación Civil de esa corporación, toda vez que: (i) los demandantes son
terceros no vinculados al proceso ordinario que vieron en riesgo su estabilidad
laboral y el pago de acreencias a su favor con las decisiones adoptadas en sede
de casación; (ii) la exigencia de participación formal de los peticionarios
dentro de proceso de resolución de contrato de compraventa desconoció la forma
en cómo este se desarrolló; (iii) el interés de los poderdantes surgió con las
actuaciones de la Sala de Casación Civil y en ese momento ya no podían hacer
parte del proceso; y, (iv) aceptar la tesis de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia significaría que la protección de los derechos
fundamentales del señor Khoudari Amram y los ex trabajadores de Konkord S.A.
queda supeditada a la voluntad de la liquidación de la sociedad.
Adicionalmente, el apoderado de
los demandantes afirmó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia faltó a su deber de motivación cuando afirmó, sin justificación ni
análisis, que las providencias objeto de tutela no habían incurrido en ningún
defecto. Consideró que es imperativo que todos los jueces de la República
expongan las razones de hecho y de derecho que justifiquen las afirmaciones en
las que sustentan sus decisiones para garantizar el debido proceso.
Por lo anterior, en el escrito de
fundamentos de la impugnación se solicitó “(i) la protección constitucional
de los derechos de todas y cada una de las personas que interpusieron la tutela
(…)”; (ii) dejar sin efectos “las providencias de la Sala de Casación
Civil acusadas”; y (iii) confirmar “la sentencia proferida por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de julio de
2012”.
4.1.2. Escrito de
coadyuvancia
La agente liquidadora y representante legal de Konkord
S.A., mediante oficio del 31 de octubre de 2019, solicitó que se le reconociera
como coadyuvante de la acción de tutela de la referencia y de la impugnación
presentada en el proceso por el abogado de los demandantes.
Indicó que
en su calidad de agente liquidadora y representante legal de Konkord S.A. tiene
un interés legítimo en la resolución del presente caso pues de lo que resuelva
el juez de tutela dependerá que pueda realizar la liquidación de la sociedad
con mayor o menor cantidad de activos y determinar con qué se le pagará a los
acreedores de la empresa, dentro de los cuales están los accionantes.
Consideró
que como agente liquidadora y representante legal de Konkord S.A., no le era
posible presentar directamente la acción de tutela para la defensa de los
derechos fundamentales de quienes fueron parte de esa sociedad o de los ex
trabajadores de la misma. No
obstante, aclaró que su decisión de coadyuvar la tutela y la impugnación
presentada obedece a que, según los argumentos de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, es necesario que en el proceso tutelar se
encuentre alguna de las partes del proceso ordinario para que se pueda proceder
con el estudio de fondo.
4.2. Decisión del juez de
tutela de segunda instancia
El cinco (5) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[44] decidió confirmar el fallo proferido en primera
instancia.
Sobre el interés de los
accionantes para promover el presente asunto el juez de segunda instancia
concluyó que los mismos sí están legitimados pues con ocasión de la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17
de agosto de 2016 salió del patrimonio “común” y “general” de los
acreedores de Konkord S.A. en liquidación el inmueble objeto del contrato de
compraventa celebrado entre ésta y Fabricato S.A. (vendedora); circunstancia
que puso en riesgo el trabajo de los demandantes y dificultó el pago de las
prestaciones causadas.
Por ende, la Sala de Casación
Penal estimó superado el presupuesto de procedibilidad de que trata el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991 y procedió a adelantar el estudio de fondo del
caso.
El ad quem indicó que
comparte el criterio del juez de primera instancia sobre la sentencia adoptada
por la Sala de Casación Civil el 17 de agosto de 2016 pues se fundó en
argumentos razonables con base en una ponderación probatoria y jurídica, propia
de la actividad judicial.
La Sala de Casación Penal reiteró
que la teoría de los actos propios “no es una garantía absoluta, sino que es
siempre subsidiaria y supletoria, por lo que no opera cuando existen normas
expresas que amparan el comportamiento de las personas, por muy contrario que
pueda ser a sus actuaciones anteriores”[45], pues el simple cambio del sentido de una
conducta no constituye una expectativa de la cual tenga que surgir una
obligación para el agente y, en cambio, es una actitud del libre ejercicio de
la voluntad que tutela el orden positivo.
El juez de segunda instancia enfatizó
en que el simple hecho de que Fabricato S.A. asistiera a la reunión de determinación
de voto y acreencias no le impedía optar posteriormente, como en efecto hizo,
por la otra alternativa que le brinda la ley civil y comercial, esto es, hacer
uso de la condición resolutiva. En esa medida, encontró acertada la decisión de
la Sala de Casación Laboral al sostener que no es procedente pretender imponer
al acreedor la conformación de su conducta a un comportamiento anterior bajo la
excusa de aplicar la “teoría de los actos propios” pues la ley ampara
tal actuación expresamente con una acción legal.
Sobre los autos proferidos por la
Sala de Casación Civil el 11 y 19 de julio de 2019, mediante las cuales se
despachó desfavorablemente la solicitud de adición de la sentencia de casación
presentada por Konkord S.A. y se rechazó de plano la pretensión de aclaración y
adición, respectivamente, el ad quem advirtió que las mismas
corresponden a una valoración hecha bajo el principio de la sana crítica; por el
cual, “las providencias censuradas son intangibles por el sendero de este
diligenciamiento”.
Así las cosas, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que el razonamiento de
esa corporación no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela,
pues la misma no es una herramienta jurídica adicional para verificar la juridicidad
de los trámites por los presuntos desaciertos en la valoración probatoria o
interpretación de las disposiciones jurídicas.
5. Actuaciones en revisión
5.1. En Auto 185 del 27 de
mayo de 2020 esta corporación solicitó a la
Superintendencia de Notariado y Registro un informe detallado sobre el registro de la sentencia sustitutiva
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17
de agosto de 2016 efectuado ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Soacha, específicamente
sobre el bien inmueble identificado con número de matrícula 51-1310, objeto de
litigio dentro del proceso ordinario de
resolución de contrato de compraventa iniciado por Fabricato S.A. contra
Konkord S.A., radicación 11001-31-03-007-2007-00606-01.
Asimismo, se requirió a Konkord S.A. y Fabricato S.A.
información sobre el
cumplimiento de la
orden de restitución material del bien inmueble identificado con número de
matrícula 51-1310, ordenada en la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de 2016.
Finalmente, se
solicitó a la Superintendencia
de Sociedades y a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia copia del expediente del proceso de reestructuración, hasta el
trámite de la liquidación judicial, de Konkord S.A. y del expediente del proceso ordinario de resolución de contrato de
compraventa de Fabricato S.A. contra Konkord S.A., con número de radicación 11001-31-03-007-2007-00606-01.
5.2. El 29 de julio de 2020 la
Secretaría General de esta corporación allegó al despacho sustanciador las
siguientes pruebas, recepcionadas en cumplimiento del Auto 185 de 2020.
5.2.1. El
representante legal de Fabricato S.A. dio
respuesta al oficio No. OPTB-439/20 e informó:
Que una
vez se obtuvieron las copias auténticas de la sentencia de casación proferida
por la Corte Suprema de Justicia, Fabricato S.A. solicitó el registro de la providencia
judicial en el folio de matrícula respectivo, trámite que se efectúo el 19 de
diciembre de 2019, según anotaciones 19 y 20 del folio de matrícula No.
051-1310.
Sobre el trámite del proceso de
reestructuración y posterior liquidación judicial adelantado por Konkord S.A.
ante la Superintendencia de Sociedades manifestó que una vez se decretó la
liquidación judicial de Konkord S.A., el 25 de mayo de 2017, esa autoridad profirió
el auto No. 400-009236 en el que ordenó la exclusión del inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria No. 051-1310 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Soacha.
Manifestó que en la referida providencia
la Superintendencia solicitó a Fabricato S.A. adelantar el trámite de registro
de la sentencia y ordenó al liquidador de Konkord S.A. que una vez se llevará a
cabo esta gestión debía restituir el inmueble a Fabricato S.A., decisión no fue
recurrida por ninguno de los acreedores de sociedad en liquidación.
Sin embargo, informó que el señor
Jack Khoudari Amram, accionante en el presente proceso, presentó un recurso en
el que solicitó “no acceder a la exclusión del inmueble, argumentando que la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia no estaba en firme”, petición que
fue resuelta negativamente por la Superintendencia de Sociedades, en auto No. 400-011401
del 24 de julio de 2017, al reiterar que se trataba de una decisión
ejecutoriada de parte de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la exclusión
era del todo procedente.
En cumplimiento de lo anterior, el
10 de enero de 2020 la liquidadora de Konkord S.A. restituyó materialmente el
inmueble objeto de litigio a Fabricato S.A.
El representante legal de Fabricato S.A. reiteró que la supuesta afectación de los
derechos fundamentales de los ex trabajadores de Konkord S.A. es el resultado
de las “cuestionables decisiones de negocios adoptadas por los
administradores de Konkord que llevaron a esa compañía al estado de insolvencia”
y que en el presente caso la sociedad en liquidación  no tiene derecho a que se
le restituya valor alguno pues nunca pago nada del precio pactado por el
inmueble.
Finalmente, informó que una vez
se notificó la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Fabricato
S.A. en su condición de emisor de valores dio aviso de la situación y el avance
del proceso a la Superintendencia Financiera y, con ocasión del registro de la
sentencia de casación en el folio de matrícula de inmueble respectivo y de la entrega material
del mismo, ajustó sus estados financieros.
A la presente respuesta se
anexaron los siguientes documentos:
·
Copia del folio de
matrícula inmobiliaria No. 051-1310 expedido por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Soacha, en el que consta la inscripción de la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
·
Copia de los
memoriales remitidos por el apoderado de Fabricato S.A. en el proceso de
liquidación judicial de Konkord S.A. en los que se notificó la exclusión del
inmueble.
·
Copia del acta de
entrega y recibo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No.
051-1310, fecha el 10 de enero de 2020.
5.2.2. De otra parte, en
cumplimiento del Auto 185 de 2020, la representante legal de Konkord S.A. en liquidación
judicial informó lo siguiente a esta corporación:
Indicó que el 25 de junio de 2007
Konkord S.A. inició un trámite de reactivación
empresarial y promoción de acuerdo de reestructuración en los términos
previstos de la Ley 550 de 1999. Sin embargo, precisó que el 16 de mayo de
2017, mediante Auto 400-008622, la Superintendencia de Sociedades decretó la
apertura de la liquidación judicial de los bienes y haberes de esa sociedad por
incumplimiento del acuerdo celebrado, en los términos de la Ley 1116 de 2006[46].
Konkord S.A. informó que dentro
del proceso de liquidación judicial adelantado en la Superintendencia de Sociedades,
mediante Auto No. 400-009236 de fecha 25 de mayo de 2017, se ordenó excluir de
la masa liquidatoria el inmueble con matrícula inmobiliaria 051-1310 (antes
50S-93484), conforme la orden de restituir el bien, contenida en el ordinal
tercero de la Sentencia SC11287-2016 del 17 de agosto de 2016 proferida por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso
ordinario de resolución de contrato de compraventa iniciado por Fabricato S.A.
contra Konkord S.A., radicación 11001-31-03-0072007- 00606-01.
Así mismo, manifestó que en
virtud de lo previsto en el artículo 55.8 de la Ley 1116 de 2006 se ordenó al
liquidador que hiciera la entrega material del bien inmueble a Fabricato S.A.,
una vez registrada la sentencia ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente (16 de diciembre de 2019 - folio de matrícula inmobiliaria
051-1310, anotaciones 19 y 20).
La representante legal de Konkord
S. A. indicó que el 10 de enero de 2020 se realizó la entrega material del bien
inmueble de matrícula inmobiliaria 051-1310 a esa sociedad, en cumplimiento de
la sentencia de casación proferida el 17 de agosto de 2016.
Finalmente, la interviniente
anexó a su respuesta los siguientes documentos:
·
Auto de apertura de
liquidación judicial No.400-008622 de fecha 16 de mayo de 2017.
·
Auto de exclusión de
bienes No. 400-009236 de fecha 25 de mayo de 2017.
·
Acta de entrega y recibo
del bien inmueble de MI 051-1310 entre Fabricato S.A. y Konkord  S.A. en liquidación
judicial de fecha 10 de enero de 2020.
·
Certificado de
Tradición y Libertad inmueble de MI 051-1310 de fecha 9 de enero de 2020.
·
Certificado de
existencia y representación legal de S.A. en liquidación judicial.
·
Cedula ciudadanía del
representante legal.
5.3. Sobre la solitud de copia de
los expedientes del proceso de
reestructuración de Konkord S.A. y el proceso ordinario de resolución de contrato
de compraventa con número de radicación 11001-31-03-007-2007-00606-01, las autoridades requeridas
manifestaron lo siguiente:
De un lado, la Superintendencia de
Sociedades informó que las piezas procesales contentivas del proceso de
reestructuración y de liquidación judicial de Konkord S.A. podían ser visualizadas
y descargadas en el enlace:
https://supersociedades365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/enviosaj_supersociedades_gov_co/Eqkv3MFrb4RHh0iOYvGUuZwBdbLI1VbDDsBqqgLBFV7ZAA?email=secretaria2%40corteconstitucional.gov.co&e=yIg4yv
Finalmente, advirtió “que el
enlace one drive estará disponible para su consulta hasta el 31 de diciembre de
2020. Así mismo, le informamos que el usuario que tendrá permitido el acceso al
aludido enlace es secretaria2@corteconstitucional.gov.co”.
5.4. El
secretario de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia remitió once
(11) archivos adjuntos del expediente del proceso
ordinario de resolución de contrato de compraventa de Fabricato S.A. contra
Konkord S.A., con número de radicación 11001-31-03-007-2007-00606-01, para
lo pertinente. También precisó que faltaba un libro que fue aportado como
pruebas, sobre el cual informó que “se está digitalizado aún, un vez se
finalice se procederá a su envió por este mismo medio”.
Para efectos del
estudio que realizará la Corte se destacan las siguientes pruebas:
·
Copia de la demanda de
casación formulada por el representante de Fabricato S.A. contra la sentencia
del 11 de julio de 2012 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, dentro del proceso ordinario 11001-31-03-007-2007-00606-00[47].
·
Copia de la respuesta
a la demanda de casación presentada por Konkord S.A.[48].
·
Copia de la sentencia
sustitutiva proferida el 17 de agosto de 2016 por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia[49].
·
Copia de la promesa de
compraventa celebrada entre Fabricato S.A. en su condición de promitente
vendedora y Konkord S.A. en su condición de
promitente compradora[50].
·
Copia de la escritura
pública No. 4493 del 1 de diciembre de 2005, protocolizada en la Notaría
Treinta de Bogotá, por medio de la cual Fabricato S.A. -como vendedora-, le
transfirió el inmueble objeto de y materia del contrato contenido en la
referida escritura pública, a Konkord S.A.-como comprador-. En el citado
documento público se constituyó una hipoteca de primer grado a favor de la
sociedad vendedora sobre el inmueble objeto del contrato[51].
·
Copia del certificado
de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No. 50S-93484[52].
·
Copia del testimonio
No. 2007-606, rendido por el señor Luis Guillermo Restrepo en calidad de vicepresidente
financiero de Fabricato S.A.[53].
·
Copia del certificado
de acreencias proferido por el vicepresidente financiero de Fabricato S.A. del
27 de agosto de 2007, dirigido al promotor del acuerdo
de restructuración de Konkord S.A.[54].
·
Copia de poder
especial otorgado por el representante legal de Fabricato S.A. al señor Carlos
Zacipa Rincón para que ejerciera la representación de esa sociedad dentro de la
reunión de determinación de derechos de voto y acreencias
de Konkord S.A. a efectuarse el 16 de octubre de 2007[55].
·
Copia del Acta de la reunión
de determinación de derechos de voto y acreencias de Konkord S.A.[56].
·
Copia del oficio del 8
de febrero de 2008 mediante el cual el promotor del acuerdo de restructuración
de Konkord S.A. allegó a la Superintendencia de Sociedades el original del
acuerdo de reestructuración junto con el anexo de la votación recibida[57].
·
Copia de la sentencia
de primera instancia proferida el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado Séptimo
Civil del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario de Fabricato
S.A. en contra de Konkord S.A.[58].
·
Copia de la sentencia
de segunda instancia proferida el 11 de julio de 2012 por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
5.5. En
oficio AA-154 del 23 de julio de 2020 el Registrador Seccional de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, Cundinamarca, comunicó a este
despacho que el folio de matrícula 051-1310 se trata de un predio denominado LA
ESPERZANZA antes SEDALANA, con un área de 295.707.00 mts2, según
escritura pública 2737 de fecha 25 de noviembre de 2005.
Advirtió
que sobre el citado predio no se adelanta proceso alguno, ni se encuentra
bloqueado por ninguna actuación administrativa. Que la cadena traditicia cuenta
con 22 anotaciones, resaltando que con las anotaciones 19 y 20 se registró la
sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 17 de agosto de 2016 y el acto de resolución de contrato,
respectivamente.
Finalmente,
el Registrador Seccional de Soacha informó que la titularidad del predio LA
ESPERANZA se encuentra en cabeza de Fabricato S.A. y que únicamente se ha
segregado el folio de matrícula 051-238526 con un área de 43.00 mts2,
propiedad de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en cumplimiento de
sentencia judicial del 30 de octubre de 2019.
5.6. En
escrito allegado a este despacho vía correo electrónico, el 2 de septiembre de
2020, el doctor Jorge Iván Palacio Palacio en su condición de apoderado de los
ex trabajadores y acreedores del primer orden de Textiles Konkord S.A. y del
señor Jack Khoudari Amram, accionantes de la tutela de la referencia, se
pronunció sobre el escrito de traslado de pruebas presentado por los apoderados
de Fabricato S.A. para indicar que el mismo contiene varias afirmaciones falsas
e imprecisas. Al respecto afirmó:
Sobre la
afirmación de que Fabricato S.A. no recibió “ni un peso” por el bien
inmueble objeto de controversia y que el objetivo del trámite de
reestructuración era defraudar el contrato de compraventa, aclaró que “es
completamente falso. Textiles Konkord S.A. pagó a Fabricato S.A. cerca de dos
mil millones de pesos por el inmueble, hasta que entró en situación de
iliquidez y luego se celebró el acuerdo de reestructuración”. Asimismo,
indicó que el valor que restaba por pagar se incluyó dentro del acuerdo de
reestructuración, en aras de que Textiles Konkord S.A. satisficiera por
completo la deuda adquirida con Fabricato S.A.
El
apoderado judicial de Konkord S.A. reiteró que Fabricato S.A. participó durante
todo el proceso de reestructuración adelantado por su representada y lo voto
negativamente al no estar conforme con lo pactado en ese convenio, y aun cuando
no interpuso recurso alguno contra la acreencia reconocida a su favor en el
trámite concursal, pretendió satisfacer su crédito por otra vía.
Resaltó
que, a pesar de la oposición de Fabricato S.A., el acuerdo de reestructuración
fue aprobado por la mayoría de los acreedores y, en consecuencia, estaba
obligado a cumplir lo ahí estipulado. De modo que “quien quiso saltarse las
obligaciones contraídas no fue Textiles Konkord S.A., sino Fabricato S.A. al
promover un proceso de resolución de contrato de compraventa a la par del
trámite de reestructuración, actuación desleal que fue avalada por la Corte
Suprema de Justicia”.
Al
presente oficio se anexaron copias de las facturas mediante las cuales Konkord
S.A. pagó cerca de dos mil millones de pesos a Fabricato S.A. por concepto del
bien inmueble objeto de la controversia.
5.7.
Finalmente, durante el presente trámite de revisión se tuvo conocimiento   que la
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 2020-01-419722[59] resolvió
aprobar la rendición de cuentas finales de gestión del liquidador de Konkord
S.A. en liquidación y declaró terminado el proceso liquidatorio de la referida
sociedad con corte al 1 de abril de 2020.
Por lo
anterior, ordenó a la Cámara de Comercio del domicilio del deudor cancelar la
respectiva matricula mercantil y levantar las medidas cautelares. Asimismo, la
Superintendencia de Sociedades ordenó a la DIAN cancelar el RUT de la sociedad
concursada y archivar el expediente del proceso de Konkord S.A. en
liquidación.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Sala Plena de la Corte
Constiticonal es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro
del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86,
inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Análisis de los presupuestos generales de
procedencia excepcional
2. Conforme a la situación
fáctica del asunto, la Sala iniciará por establecer si concurren los requisitos
generales de procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial.
Para ello, se reiterarán las reglas jurisprudenciales en la materia y, con base
en ellas, se verificará el cumplimiento de esas exigencias. De observarse los
presupuestos generales, esta corporación abordará el examen de fondo.
Requisitos generales de
procedencia
Legitimación en la causa por activa
3. Los artículos 86 de la Constitución y 5º del Decreto 2591 de
1991 disponen que toda persona
puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
4. El artículo
10 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela, por su parte,
señala que “el amparo constitucional puede ser solicitado directamente
por la persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales o
a través de representante”[60], y que también “se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa”, caso en el cual deberá manifestarse tal circunstancia en
la solicitud.
5. La tutela, en
consecuencia, puede ser instaurada por el titular de los derechos fundamentales
que se consideran amenazados o vulnerados: (i) de manera directa, (ii) a través
de representante, en el caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
personas declaradas en estado de interdicción y las personas jurídicas; (iii) a
través de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe tener la
calidad de abogado titulado y acompañar al escrito de tutela el poder especial
para el caso; (iv) por medio de agente oficioso, cuando el afectado en sus
derechos no está en condiciones físicas o psicológicas de promover la acción de
tutela por sus propios medios[61] y, finalmente, (v) por el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales.
6. El apoderado judicial de los
accionantes alega que sus representados sufrieron una vulneración a sus
derechos fundamentales, en cuanto la autoridad judicial accionada decidió acceder
a las pretensiones contenidas en el recurso de casación formulado en el marco
del proceso de resolución de contrato de compraventa al que se hizo referencia
en los antecedentes de esta sentencia; circunstancia esta que presuntamente les
ocasionó una desventaja dentro del proceso concursal del que fueran parte como
acreedores de Konkord S.A.
7. Por un lado, el señor Jack Khoudari Amram formula la acción de tutela como acreedor, socio y miembro
de la Junta Directiva de Konkord S.A. en liquidación, y, por otro lado, los demás accionantes lo hacen en
calidad de ex trabajadores y acreedores del primer orden de esa sociedad. Así las cosas, al verificar que los accionantes
intervienen en el presente proceso en calidades diferentes, la Sala analizará
de manera separada el requisito de legitimación por activa.
8. En el caso del señor Jack Khoudari Amramse comprueba su legitimación
en la causa por activa para formular la presente tutela en procura del amparo
de sus propios derechos como acreedor.
9. Asimismo, en el acuerdo de
reestructuración celebrado por Konkord S.A. (el 14 de febrero de 2008) quedó
reconocido como acreedor interno el señor Jack Khoudari Amram, cuyos intereses quedaron sujetos a las
resueltas del proceso concursal a efectuarse.
10. A su vez, los demás
accionantes en calidad de ex trabajadores acuden a la acción de tutela al
considerar que la decisión proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia el 17 de agosto de 2016 vulneró los derechos fundamentales
que ostentan como acreedores del primer orden en situación de vulnerabilidad y
cuyos ingresos dependían exclusivamente de Konkord S.A., tal y como quedó
reconocido en el acuerdo de reestructuración celebrado por todos los acreedores
de la sociedad en liquidación.
11. Así las cosas, encuentra esta
corporación que en el presente caso se cumple el requisito al que alude el
artículo 86 en relación con la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
por la acción u omisión de una autoridad pública, al verificarse un interés
legítimo en cabeza del señor Jack
Khoudari Amram y los otros accionantes para cuestionar la decisión de la
autoridad judicial accionada.
12. En esta oportunidad, esta
corporación coincide con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
juez de segunda instancia en el proceso de tutela, sobre la legitimidad en la
causa por activa en cabeza de los accionantes para refutar las decisiones
adoptadas en la sentencia de casación proferida el 17 de agosto de 2016. Lo
anterior por cuanto, como lo expuso esa autoridad judicial en fallo del 5 de
diciembre de 2019, con ocasión de la citada sentencia de casación, “salió
del patrimonio <<común>> y <<general>> de los
acreedores de Textiles Konkord S.A. en liquidación el inmueble objeto del
contrato de compraventa celebrado entre ésta (compradora) y Fabricato S.A.
(vendedora), cuyo precio ascendía a la suma de $13.000.000.000 M/Cte para la
fecha del aludido pacto (2005), lo que, además de poner en riesgo el trabajo de
los accionantes en aquella compañía, el pago de sus prestaciones causadas y no
canceladas se ve amenazada[62]”.
13. Finalmente, el apoderado
acompañó a la demanda los poderes que le confirieron los accionantes para
presentar la acción de tutela bajo examen, por lo que se encuentra debidamente
acreditada la legitimación por activa de los demandantes.
14. Aunado a todo lo anterior, la agente liquidadora y representante legal de Konkord S.A.
solicitó que se le reconociera como coadyuvante de la acción de tutela de la
referencia. Indicó que en su calidad de agente liquidadora y representante
legal de Konkord S.A. tiene un interés legítimo en la resolución del presente
caso, pues de lo que resuelva el juez de tutela dependerá que pueda realizar la
liquidación de la sociedad con mayor o menor cantidad de activos y determinar
con qué se les pagará a los acreedores de la empresa, dentro de los cuales
están los accionantes. Así las cosas, y a la luz del artículo 32 del Código
Sustantivo de Trabajo, la representante legal de Konkord S.A. se encuentra
legitimada por activa para participar en el trámite tutelar pues involucra
intereses de la sociedad que representa y, por esa vía, el de los ex
trabajadores de Konkord S.A.
Legitimación en la causa por pasiva
15. La
legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela es regulada por los
artículos 86 de la Constitución Política y 42 del Decreto 2591 de 1991, los
cuales prevén que esta se puede promover contra todas las autoridades y contra
los particulares que estén encargados de la prestación de un servicio público,
cuya conducta afecte gravemente el interés colectivo. Igualmente, respecto de
quienes el solicitante se halle en situación de subordinación e indefensión.
16. Los actos
sobre los cuales se presenta la acción de tutela son providencias judiciales,
en particular la sentencia de casación dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el
17 de agosto de 2016 y los autos proferidos con posterioridad a la misma por
esa autoridad, en particular los del 11
y diecinueve 19 de julio de 2019. En este contexto, también se supera el
análisis de la legitimación en la causa por pasiva, pues se trata de acciones
de una autoridad pública, conforme a una de las hipótesis del artículo 86
constitucional.
Así las cosas,
al verificarse el cumplimiento de la legitimación en la causa por activa y por
pasiva en el presente proceso, la Sala procederá a verificar los demás
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
17. Esta Corporación admite la
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, en su
calidad de autoridades públicas, cuando se comprueba la existencia de graves
yerros incompatibles con la Constitución y que afectan los derechos
fundamentales de las partes[63]. En todo caso, dicha procedencia es
excepcional pues no se pueden desconocer los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica, ni la naturaleza subsidiaria que
caracteriza a la tutela[64].
Para
tal efecto, la Corte
Constitucional en sentencia C-590 de 2005 introdujo los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
(i) Relevancia constitucional, la cuestión que
se discute debe involucrar la posible vulneración de los derechos fundamentales
de las partes.
La Sala observa que el presente caso es de evidente relevancia
constitucional, por cuanto está
inmerso en una controversia iusfundamental
que gira en torno al presunto desconocimiento del derecho fundamental al debido
proceso, principio rector de todas las actuaciones judiciales. Así, más allá del
debate civil o comercial que pueda subyacer, lo que se cuestiona son los
argumentos que motivaron la sentencia de casación y los posibles defectos en
que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia pudo haber
incurrido.
En esa medida, se cuestiona la postura
fijada por esa corporación en la providencia proferida el 17 de agosto de 2016
en el marco de un proceso de resolución de contrato de contraventa de un bien
inmueble, y en la cual se válida que un acreedor que participó dentro de un
trámite concursal formulara demanda ordinaria para satisfacer las acreencias
reconocidas dentro del concurso.
Asimismo, se alega la presunta transgresión
del derecho fundamental al trabajo de los ex trabajadores de Konkord S.A. y el desconocimiento
del precedente judicial relativo a los principios de universalidad e igualdad en
materia concursal.
Así las cosas, se trata de un debate jurídico relacionado directamente con
los derechos fundamentales establecidos en los artículos 25 y 29 de la
Constitución Política, cuya resolución es de competencia de la Corte Constitucional.
(ii) Subsidiariedad, es decir, que se hayan
agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del accionante, salvo
que se trate de evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, se advierte que, en principio, los
accionantes contarían con el recurso extraordinario de revisión (artículos 354
y siguientes del Código General del Proceso) para atacar la decisión proferida
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo,
dicha determinación no es susceptible de ser controvertida por esa vía puesto
que las razones que fundamentan la solicitud de amparo no están comprendidas en
ninguno de los supuestos expresamente consagrados en la normativa aplicable
para activar tal dispositivo jurídico de defensa, lo que desvirtúa de plano su
idoneidad y eficacia para resolver la controversia que se plantea en esta
ocasión.
Así pues, la Sala considera
cumplido este presupuesto, dado que los
accionantes no cuentan con otros
mecanismos judiciales para cuestionar la sentencia adoptada en sede de casación
por la Corte Suprema de Justicia y, de esta forma, reclamar la protección
efectiva de los derechos fundamentales invocados.
De las pruebas aportadas al expediente
T-7.798.642 se observa que Konkord S.A. agotó todos los medios de defensa
judicial que tenía a su disposición dentro del proceso ordinario de resolución
de contrato de compraventa; especialmente, para atacar el fallo proferido por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y sus posteriores
autos. Por lo tanto, quedaría la acción de tutela como última vía para hacer
efectiva la protección de los derechos fundamentales de los accionantes en
calidad de ex trabajadores accionantes y acreedores de esa sociedad.
(iii) Inmediatez, la tutela se debe formular en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración.
En el asunto sometido a
consideración, encuentra la Sala que la sentencia atacada se profirió el 17 de agosto de 2016, fecha en la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia se pronunció en sede de casación dentro del proceso ordinario de resolución
de contrato de compraventa.
El 30 de agosto de 2016 Konkord
S.A. presentó solicitud de adición a la sentencia sustitutiva del 17 de agosto
de 2016, petición que se negó en providencia del 20 de febrero de 2017.
El 3 de mayo de 2017 Konkord S.A.
presentó incidente de nulidad contra el auto del 20 de febrero de 2017. No
obstante, la Sala de Casación Civil en providencia del 30 de junio de 2017
rechazó de plano la solicitud de nulidad.
El 6 de julio de 2017 la sociedad
demandada dentro del proceso ordinario formuló recurso de súplica contra el
auto del 30 de junio de 2017, el cual fue resuelto el 22 de noviembre de la
misma anualidad, en dicho auto de decidió revocar la decisión del 30 de junio
de 2017 y se decretó la nulidad de la providencia del 20 de febrero de 2017.
Por lo anterior, el 11 de julio
de 2019 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió un
nuevo auto mediante el cual se negó la solicitud de adición de la sentencia de
casación del 17 de agosto de 2016.
El 17 de julio de 2019 Konkord
S.A. solicitó aclaración y adición de la providencia del 11 de julio de ese
año, petición que fue rechazada por improcedente en auto del 19 de julio de
2019.
Del anterior recuento la Sala
constata que las últimas actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario de
resolución de contrato de compraventa fueron: (i) el auto del 11 de julio de
2019 que negó la solicitud de adición de la sentencia de casación y (ii) el
auto del 19 de julio de 2019 mediante el cual se rechazó la solicitud de
aclaración y adición a la providencia del 11 de julio del mismo año.
Así las cosas, en el presente
caso, tras la expedición de la sentencia que aquí se cuestiona, Konkord S.A.
presentó infructuosamente solicitud de adición y aclaración, incidente de
nulidad y recurso de súplica, lo cual hace que su última actuación ante la
jurisdicción ordinaria se diera el día 17 de julio de 2019, momento a partir
del cual solo transcurrieron dos meses y nueve días hasta la interposición de
la acción de tutela (26 de septiembre de 2019).
(iv) Que se trate de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia que se impugna[65].
La Sala observa que este requisito no es
aplicable al asunto objeto de estudio, por cuanto la presunta anomalía alegada
por los accionantes es la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente.
(v) Se identifiquen de manera razonable los hechos
que generaron la vulneración y los derechos vulnerados.
De igual manera la Sala encuentra reunido
este presupuesto pues el apoderado judicial de los accionantes identificaron
como fuente de la presunta vulneración la sentencia proferida por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso
ordinario de resolución de contrato de compraventa en contra de Konkord S.A.
cuyo radicado correspondió al número 11001-31-03-007-2007-00606-01.
Los demandantes afirman que el operador judicial censurado desconoció sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al trabajo pues, consideran, incurrió en (i) defecto fáctico al pasar
por alto un acuerdo de reestructuración en firme, celebrado de conformidad con
los requisitos exigidos por ley, permitiendo que el crédito de Fabricato S.A.
fuera reclamado y reparado por fuera del convenio; (ii) defecto sustantivo  al
sostener que el acuerdo de reestructuración solo tiene efectos para las partes
desde su publicación en el registro de Cámara de Comercio y no a partir de la
fecha en que se aprueba con la mayoría de votos que exige la ley; y (iii)
desconoció el precedente fijado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
al omitir los principios de universalidad e igualdad, propios de los procesos
concursales al concluir que Fabricato S.A. podía obtener la resolución del
contrato de compraventa y la restitución del bien para así pagar su crédito, en
detrimento de los derechos de los demás acreedores de Konkord S.A.,
especialmente de sus ex trabajadores y el Estado.
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Para la Sala esta exigencia también se
cumple pues la solicitud de amparo instaurada no se dirige contra decisiones
adoptadas en el marco de procesos
de tutela, constitucionalidad y nulidad por
inconstitucionalidad -Consejo de Estado-. Lo que
se cuestiona es la sentencia que profirió la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia en sede de casación dentro del proceso ordinario señalado.
Al verificarse el cumplimiento de
todos los presupuestos generales de procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales, pasa la Sala a abordar el examen de
fondo del asunto.
Problema jurídico a resolver y metodología de
resolución
18. Según los antecedentes reseñados en este
pronunciamiento, corresponde a la Sala Plena determinar si la sentencia proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de 2016 adolece de alguna
de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, específicamente la
supuesta configuración de (i) defecto fáctico desde una errada o
inexistente valoración probatoria, (ii) defecto sustantivo por una interpretación contraevidente la
Ley 550 de 1999 y demás normas sustanciales comerciales, y (iii) desconocimiento
del precedente constitucional al omitir la aplicación de los principios de
universalidad, colectividad e igualdad que rigen los procesos concursales, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y
al trabajo del señor Jack
Khoudari Amram, en calidad de acreedor interno, socio y miembro de la Junta
Directiva de Konkord S.A., en liquidación, y de los demás accionantes[66], ex trabajadores y acreedores del primer orden de Konkord
S.A.
19. Para tal cometido, se desarrollará lo siguiente: (i) causales específicas de procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales, (ii) breve caracterización de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente, (iii) contexto y antecedentes del régimen de insolvencia en Colombia, (iv) el acuerdo de reestructuración, Ley 550 de 1999, y (v) principios
rectores de la Ley 550 de 1999. Con base en lo anterior, se solucionará el caso concreto.
Causales específicas de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
20.
Además de los requisitos generales, la jurisprudencia constitucional define
unos requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, relacionados con graves defectos que las hacen
incompatibles con los preceptos constitucionales[67]. En todo caso, se
debe comprobar la configuración de al menos uno de ellos para que la
acción de amparo sea procedente.
(i) Defecto
material o sustantivo: se presenta cuando: (i)
la providencia judicial se basa en una norma inaplicable al caso concreto, ya
sea porque no se ajusta a este, fue derogada o declarada inconstitucional; (ii)
la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance;
(iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables
al caso, que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, (iv)
la norma pertinente es inobservada e inaplicada[68] o
(v) no se hace uso de la excepción de inconstitucionalidad y, por el contrario,
se emplea una interpretación normativa que resulta
contraria a la Constitución[69].
(ii)  Defecto
fáctico: se
configura cuando la providencia judicial cuestionada es el resultado de un
proceso en el que (i) se dejaron de practicar pruebas determinantes para
dirimir el asunto, (ii) habiendo sido decretadas y practicadas no fueron
apreciadas por el juez bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, o
(iii) carecen de aptitud o de legalidad, bien sea por su inconducencia,
impertinencia o porque fueron recaudadas de forma inapropiada[70].
(iii) Defecto
procedimental: ocurre cuando la autoridad judicial desatiende o deja de aplicar las reglas
procesales pertinentes al dictar su decisión o durante los actos o diligencia.
Esta corporación en la Sentencia T-781 de
2011 indicó que se pueden configurar dos modalidades de defecto procedimental: (i)
absoluto, cuando el juez “sigue un trámite totalmente
ajeno al asunto sometido a su competencia,
pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa
por alto el debate probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de
decisiones como su cumplimiento”[71], y (ii) por exceso ritual
manifiesto, esto es, cuando arguye razones formales a manera de impedimento
que implican una denegación de justicia[72].
(iv) Decisión
sin motivación: la autoridad competente no da cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos del fallo proferido, o lo hace de manera aparente, afectando la legitimidad de
su órbita funcional y la de sus decisiones. Al respecto, esta Corte afirma que
en los casos en que se compruebe que “la argumentación es decididamente
defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez
de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado[73]”.
(v) Desconocimiento del precedente: caso
en que el juez se aparta del precedente jurisprudencial sobre un determinado
asunto sin exponer una razón suficiente. En este sentido, es necesario: (i) determinar la existencia de un precedente
aplicable al caso y distinguir las reglas decisionales contenidas en el mismo;
(ii) comprobar que la providencia judicial debió tener en cuenta tal precedente,
para no desconocer el principio de igualdad, y (iii) verificar la existencia de
razones fundadas para apartarse del precedente, bien por las diferencias
fácticas entre este y el caso analizado o porque la decisión debía ser adoptada
de otra manera para lograr la efectividad de los derechos fundamentales[74]
(vi) Defecto
orgánico: el juez que profirió la sentencia impugnada carece en forma
absoluta de competencia; circunstancia esta que se
produce cuando la autoridad judicial desconoce su competencia o asume una que
no le corresponde, o adelanta alguna actuación o emite un pronunciamiento por
fuera de los términos jurídicamente dispuestos para ello[75].
(vii) Error inducido: la sentencia se soporta en
hechos o situaciones que inducen a error al funcionario judicial, imputables a personas
obligadas a colaborar con la administración de justicia, con grave perjuicio
para los derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
(viii) Violación
directa de la Constitución: la decisión
proferida desconoce de forma específica los postulados de la Constitución, ya
sea porque (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto o (ii) aplica la ley al margen de los preceptos superiores.
Caracterización de los defectos endilgados
a la sentencia censurada. Reiteración de jurisprudencia
Defecto fáctico
21. De conformidad con
la jurisprudencia constitucional[76], el defecto fáctico surge cuando la autoridad judicial
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que sustenta la decisión. En ese sentido, se configura ante la existencia de
fallas en la decisión, atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
22. La Sala Plena de esta corporación
en la sentencia de unificación SU-195 de 2012 indicó que el defecto fáctico “tiene lugar siempre que resulte evidente que el apoyo
probatorio en que se fundamentó el juez para resolver un caso es absolutamente
inadecuado[77].
23. La Corte ha
explicado que las deficiencias
probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial o (ii) por una acción
positiva. De un lado, la dimensión omisiva comprende la falta de
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados en un caso concreto por el juez competente[78], como puede ser la falta de práctica, decreto o la
insuficiencia probatoria. Así como, cuando sin razón válida, el juez da por no
probado un hecho que emerge claramente.
24.. La dimensión
omisiva indica “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa
de la prueba[79] que se presenta cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración[80], cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[81]”[82].
25. De otro lado, por
acción  positiva se entiende la valoración de pruebas que no puede
realizar el juzgador sin desconocer la Constitución, como es la errada
interpretación de las pruebas allegadas al proceso (defecto por interpretación
errónea), o la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o totalmente
inconducentes al caso concreto (defecto por ineptitud e ilegalidad de la
prueba)[83], para la Corte, estas pruebas no pueden ser admitidas ni
valoradas pues fueron indebidamente recaudadas[84].
26.
La jurisprudencia constitucional enmarca las anteriores deficiencias
probatorias en distintas modalidades, a saber: (i) defecto fáctico por
la omisión en el decreto y la práctica de pruebas[85]; (ii)
defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio[86]; y (iii)
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
(desconocimiento de las reglas de la sana crítica[87])[88].
Defecto sustantivo
27. La Corte Constitucional en su
jurisprudencia señala que el defecto sustantivo (o material) se presenta cuando
“la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto”[89]. Específicamente, en la sentencia SU-210 de 2017 indicó que el referido defecto parte de reconocer que la
competencia en cabeza de las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas no es
completamente absoluta, aunque se funde en el principio de autonomía e
independencia judicial.
Lo anterior, al tratarse de una
atribución reglada emanada de la función pública de administrar justicia y
limitada por el orden jurídico preestablecido y por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al Estado Social de Derecho[90].
28. En la jurisprudencia
constitucional se han identificado diversas situaciones en las que se puede
incurrir en defecto sustantivo al momento de administrar justicia:
“(i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable
porque a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c)
es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar
de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo,
se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador;
(ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie,
dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica
de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y
de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial;
(iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance
con efectos erga omnes;
(iv) la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva
o contraria a la Constitución;
(v) un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se
utiliza “para un fin no previsto en la disposición”;
(vi) la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la
norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso; o
(vii) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al
caso concreto”[91].
29. Adicionalmente, la Sala Plena de
la Corte en sentencia SU-072 de 2018 reiteró otros
eventos constitutivos de defecto sustantivo, a saber:
i) cuando la sustentación
o justificación de la actuación judicial resulta insuficiente[92]
y configura una afectación de derechos fundamentales;
ii) cuando se desconoce el precedente judicial[93]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente;[94] o
iii) cuando la autoridad judicial se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes
en el proceso[95].
30. De lo anterior
se concluye que el defecto
sustantivo es un yerro producto de la irregular interpretación o aplicación de
normas jurídicas a un caso sometido a conocimiento del juez[96],
y cuya decisión resulta irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. No
obstante, la irregularidad alegada debe ser de tal importancia y gravedad que
por su causa se haya proferido una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales[97].
Desconocimiento
del precedente
Debido a que en los antecedentes fácticos descritos por el apoderado judicial
de los accionantes se alega la configuración de un defecto sustantivo bajo la
modalidad de desconocimiento del precedente, a continuación, se hará referencia
a: (i) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y (ii) el desconocimiento del
precedente constitucional en sentido estricto, con el fin de diferenciar el
defecto sustantivo vinculado con la inobservancia de un precedente judicial, ya
sea de tipo horizontal o vertical, del defecto denominado desconocimiento del
precedente, el cual aparece caracterizado de manera autónoma en la
jurisprudencia constitucional como una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
31. La jurisprudencia de la Corte constitucional define el precedente
judicial como “la sentencia o el conjunto
de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza
en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[98].
32. Esta Corporación en sentencia SU-268 de 2019 al
referirse a la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales por desconocimiento del precedente reiteró que la misma
se configura cuando los órganos de cierre omiten su deber de unificar su jurisprudencia,
en virtud de lo cual ante casos similares deben proferirse decisiones análogas.
En la referida oportunidad esta corporación insistió que proferir una decisión
judicial que se aparte del precedente establecido sin la debida justificación,
desconoce el principio de igualdad que le asiste a los usuarios del sistema de
justicia e infringe el ordenamiento superior[99].
33. La jurisprudencia constitucional identifica dos clases
de precedente judicial: (i) el horizontal, que se constituye por las decisiones
emitidas por autoridades judiciales de igual nivel jerárquico funcional, y su
carácter vinculante se deriva de los principios de buena fe, seguridad jurídica
y confianza legítima; y (ii) el vertical que se predica de las providencias
proferidas por jueces de superior categoría o por el órgano de cierre de la
respectiva jurisdicción y su fuerza vinculante obedece al principio de igualdad
y funge como limitante a la autonomía judicial de los jueces[100].
34. Asimismo, esta Corte de manera reiterada
ha fijado los criterios que deben consultarse al momento de estudiar la causal
de desconocimiento del precedente, así:
“i) Determinar la existencia de un precedente o de un grupo
de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales
contenidas en los mismos.
ii) Comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar
en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad.
iii) Verificar si el juez tuvo razones fundadas para
apartarse del precedente judicial bien sea por encontrar diferencias fácticas
entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la decisión
debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica
en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia
y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro
hómine”[101].
35. En suma, en los casos en que se
alega la citada causal específica de
procedencia se debe verificar que los asuntos omitidos sean análogos; es
decir, que exista por lo menos un caso con supuestos fácticos y jurídicos
iguales, y que la autoridad judicial a la que se le acusa del yerro analizado se
haya apartado sin justificación válida del precedente en cuestión.
Defecto por desconocimiento
del precedente constitucional
36. El defecto por desconocimiento del
precedente constitucional[102]
se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional
en su jurisprudencia[103].
Así, esta corporación en la Sentencia T-830 de 2012 señaló que el mismo se
presenta, por ejemplo, cuando “la Corte establece el alcance de un derecho
fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la
Carta, y luego el juez ordinario resuelve un caso limitando sustancialmente
dicho alcance o apartándose de la interpretación fijada por el órgano de cierre
de la jurisdicción constitucional”.  En tales casos, la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[104]
u otros mandatos de orden superior.
37. En la anotada sentencia T-830 de 2012,
se indicó que la supremacía del precedente constitucional surge de la función
otorgada por el artículo 214 superior a la Corte de salvaguardar la
Constitución Política como norma de normas –principio de supremacía
constitucional[105].
38. Así, las decisiones de la Corte
Constitucional contienen un carácter obligatorio tanto en su parte resolutiva,
como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver
la controversia[106].
39. Lo anterior por cuanto, si se desconoce
el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, se “(…) genera en el
ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia  y de
conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en
contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta,  que
dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad
jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en
su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de
las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene
una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual
organización jurídica”[107].
40. Cabe resaltar, que el alcance y
fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de
revisión de tutelas. Sin embargo, en ambos casos se pretende (i) garantizar el
carácter normativo de la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte
Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta[108], y (ii)
unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones de
igualdad[109].
41. Para la Corte, la obligatoriedad de la
jurisprudencia decantada en las sentencias de control abstracto de
constitucionalidad se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa
juzgada constitucional. Así, por una parte “cualquier norma que sea
declarada inconstitucional por parte de la Corte por ser contraria a la Carta,
debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna
autoridad”. De otra parte, “la ratio decidendi de todas las sentencias
de control abstracto de constitucional –bien declaren o no inexequible una
disposición-, debe ser también atendida por todas las autoridades para que la
aplicación de la ley sea conforme a la Constitución”[110].
42. En cuanto a los fallos de revisión de
tutela, la Corte indica que “el respeto de su ratio decidendi es necesario
para lograr la concreción de los principios de igualdad en la aplicación de la
ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos
con decisiones o actuaciones imprevistas- y para garantizar los mandatos
constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su
intérprete autorizado”[111].
43. Por lo anterior, se reitera que la
interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los
pronunciamientos realizados en los fallos de revisión de tutela deben
prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades
judiciales, aún sean altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones[112].
44. Asimismo, la Corte afirma que en el caso
de las sentencias de unificación de tutela (SU) y de control abstracto de
constitucionalidad, basta con que exista una sentencia para que se configure un
precedente, pues “las primeras unifican el alcance e interpretación de un
derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan
problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con
la Constitución Política”[113].
45. En síntesis, se
desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando: “(i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio
decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la
interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse
a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de
tutela”[114].
46. Así, con independencia de la
clasificación que se alegue de este tipo de defecto – como defecto autónomo
o modalidad de defecto sustantivo-, en todo caso, procederá la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se verifique que el desconocimiento
del precedente constitucional puede (i) violar los derechos de las partes a la
igualdad y al debido proceso, entre otros, o (ii) vulnerar el principio de
supremacía constitucional.
Contexto y
antecedentes del régimen de insolvencia en Colombia
47. El riesgo de una crisis
empresarial profunda y de graves consecuencias en económicas ha sido tema de
regulación legislativa en diversas disposiciones normativas. Lo anterior, en
desarrollo de los múltiples preceptos constitucionales que reconocen a la
empresa como base del desarrollo en el marco de una libertad general para su
ejercicio (art. 333).
48. Así mismo, la actividad
económica organizada se constituye como una de las fuentes de empleo más
significativas, de modo que su protección es una condición de ejercicio del
derecho al trabajo y de la protección del empleo (arts. 25, 53 y 334).
49. El régimen de insolvencia se
ha caracterizado por los procesos concursales y sus diversas finalidades, en
donde se destacan la preservación de la actividad económica organizada mediante
fórmulas de acuerdo o concertación que hagan posible su continuidad o, en caso
de no ser posible su recuperación, se haga posible acudir a un procedimiento
ordenado que permita que los bienes del deudor cubran el mayor número de sus
obligaciones.
50. Esta corporación en sentencia
C-1143 de 2000 se pronunció sobre los efectos de la Ley 222 de 1995 y sostuvo
que, “[e]n general, los procesos concursales se orientan hacia la protección
de la organización empresarial y, a través de ella, hacia el mantenimiento del
empleo y la salvaguarda del sistema crediticio”. Para la Corte ese “triple
objetivo se logra mediante la sujeción de las empresas que afrontan crisis
económicas a ciertos trámites, que pueden ser de dos clases: a) el concordato,
o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, y b) la liquidación
obligatoria, o realización de los bienes del deudor para atender el pago
ordenado de sus obligaciones”[115]
51.
La Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 2018 se refirió a los
antecedentes del régimen de insolvencia en Colombia, haciendo énfasis en las
etapas sobre la regulación de dichos procesos.
52.
En primer lugar, se pronunció sobre el Decreto 750 de 1940[116] mediante el
cual se establecía el régimen de quiebra con el fin de dar seguridad al
crédito, caracterizado por la celeridad en la liquidación de los patrimonios en
bancarrota y las duras penas aplicables al deudor que fuera encontrado
culpable, como la inhabilidad o el castigo penal por actos de negligencia o
engaño[117].
53.
El artículo 1 del citado decreto definía en quiebra al “comerciante que
sobresee en el pago corriente de sus obligaciones”. A partir de entonces,
la situación de deudor debía ponerse en conocimiento del juez competente y
demostrar que la quiebra no le era imputable.
54.
Cuando el comerciante era absuelto de toda culpa, tenía la posibilidad de hacer
uso de un mecanismo denominado concordato, el cual consistía en un acuerdo de
pagos con sus acreedores, que debía ser aprobado en audiencia por la mayoría
simple de los acreedores presentes siempre que representaran el 80% del pasivo,
avalado por el juez y sus términos eran de obligatorio cumplimiento para el
deudor y los titulares de los créditos[118]. Cumplido el concordato el
acreedor inculpable era rehabilitado[119].
55.
En segundo lugar, la sentencia que se viene comentando se refirió a  los
Decretos 2264 de 1969 y 410 de 1971 a través de los cuales se pretendía la
protección de la empresa.
56.
Con la expedición el Decreto 2264 de 1969 se crearon las figuras de concordato
preventivo potestativo y concordato preventivo obligatorio, cuyo objetivo era
el de proveer de herramientas al deudor que veía inminente el cesar el pago de
sus obligaciones o que se encontrara en dicha situación, para establecer nuevas
reglas en las relaciones con sus acreedores que le permitieren, de ser posible,
superar la situación.
57.
En esta normativa se asumió el proceso de quiebra como un fenómeno económico de
trascendencia pública por lo que excluyó su declaratoria en los casos de las
empresas del Estado o de economía mixta en que el Estado tenga la parte
principal[120],
y limitó dicha declaratoria al trámite de un concordato preventivo para las
empresas de mayor envergadura o que prestaran servicios públicos[121].
58.
No obstante, el Decreto 2264 de 1969 fue derogado por el Decreto 410 de 1971,
Código del Comercio, subsumiendo en los artículos 1910 a 1936 las fórmulas del
concordato preventivo potestativo y obligatorio, estableciendo nuevas
condiciones y requisitos para su aplicación, así como la regulación del proceso
de quiebra (artículos 1937 y 2010).
59.
Mas adelante, se expide el nuevo régimen de los concordatos preventivos
mediante el Decreto 350 de 1989, norma que apuntaba hacía la protección del
empresario. Al respecto, su artículo 2 señalaba “El concordato preventivo
tiene por objeto la conservación y recuperación de la empresa como unidad de
explotación económica y fuente generadora de empleo, cuando ello fuere posible,
así como la protección adecuada del crédito”.
60.
En tercer lugar, en vigencia de la Constitución Política de 1991, el legislador
expidió las Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999, caracterizadas por la protección a
la empresa.
61.
La Ley 222 de 1995 se centró en un proceso de sustitución gradual de la figura
de la quiebra por los procedimientos concursales, incluyendo el trámite de
liquidación obligatoria, cuyo fin consistía satisfacer el pago de obligaciones
en deuda con los bienes que estuvieran en cabeza del deudor. En esta norma se
consolida la finalidad de protección a la empresa como “fuente de empleo y
explotación económica, generando posibilidades de recuperación al deudor y
abandonando el papel protagónico del crédito en los procesos concursales”[122].
62.
Sin embargo, la crisis económica de finales de los años noventa dejó una gran
cantidad de sociedades en insolvencia; circunstancia esta que demandó la
implementación de un régimen transitorio que permitiera un procedimiento más
ágil.  Así, se expidió entonces la Ley 550 de 1999[123], la cual se
caracterizó por el desarrollo  de las disposiciones constitucionales de
intervención estatal en la economía con el fin de “promover la reactivación
de la economía y el empleo mediante la reestructuración de empresas
pertenecientes a los sectores productivos de la economía, tales como el
agropecuario, el minero, el manufacturero, el industrial, el comercial, el de
la construcción, el de las comunicaciones y el de los servicios” (artículo
2, numeral 1).
63.
La Ley 550 de 1999 suspendió las reglas del concordato y las reemplazó por el
acuerdo de reestructuración[124],
cuya finalidad consistía en lograr un convenio con los acreedores, a fin de
mantener la empresa y adelantar los ajustes necesarios para que pudiera sortear
la crisis sin necesidad de ser liquidada.
64.
La norma permitía que las acreencias pudieran convertirse en acciones de
capital de la empresa, en bonos de riesgo, o en ventajas en la participación,
bajo un sistema de intervención y vigilancia que permitiera trazar
conjuntamente la solución a los problemas y lograr la recuperación de empresas
en riesgo en medio de la crisis[125].
65. Según la exposición de motivos del proyecto de ley, la
norma en comento fue concebida como “un mecanismo transitorio para atender
una situación coyuntural de crisis económica generalizada, en consideración a
que los mecanismos concursales diseñados para situaciones ordinarias resultaron
insuficientes e inadecuados, por eso el proceso concordatario fue suspendido
por cinco (5) años, para entrar en aplicación la citada ley, la cual fue
prorrogada por el término de dos (2) años a través de la Ley 922 de 2004”[126].
66.
Finalmente, se profirió la Ley 1116 de 2006 como un marco legal que establece un régimen de insolvencia unificado, con
vocación de permanencia, en el que se diseñó un proceso ágil y acorde con los
principios de la Constitución económica y con la normatividad comercial
colombiana e internacional.
67. A este respecto, la exposición de motivos de la Ley
1116 de 2006 sostiene: “[a]dicionalmente, la propuesta incorpora al
ordenamiento jurídico colombiano, la Ley Modelo sobre Insolvencia
Transfronteriza de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional).”
68. Con la Ley 1116 de 2006 se busca un proceso en
condiciones de igualdad entre todos los acreedores. Para tal fin, se establecen
como principios rectores el de universalidad por el cual “la totalidad de
los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de
insolvencia a partir de su iniciación”, y el de igualdad, que implica un “tratamiento
equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia, sin
perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación de créditos y
preferencias”.
69. El nuevo marco normativo preceptúa que todo proceso
liquidatario debe regirse bajo el fuero de atracción; así, todos los
asuntos de ejecución adelantados contra el deudor quedan incorporados al mismo
y hacen parte de la fase de liquidación[127].
Otro aspecto importante es el carácter de la no prejudicialidad
respecto del proceso de insolvencia y otros procesos en curso[128],
con lo cual se pretende evitar las dilaciones injustificadas y desigualdades
que pueda causar la suspensión en espera de otras decisiones judiciales.
70. La Ley 1116 de 2006 dota de seguridad jurídica al
proceso de insolvencia al unificar la regulación sobre la materia, de tal
manera que la reorganización (antigua reestructuración) y la liquidación quedan
bajo las mismas reglas, estableciendo el carácter permanente y jurisdiccional
del trámite de los acuerdos de reorganización.
71. En conclusión, la Ley 1116 de 2006 es el resultado de
la evolución normativa tendiente a la protección de la empresa mediante una
serie herramientas que agilizan el trámite y garantizan la equidad entre los
acreedores.
Teniendo en cuenta
que el proceso de reestructuración de la empresa Konkord S.A. se inició en
vigencia de la Ley 550 de 1999[129], a continuación
la Sala hará unas breves consideraciones de la referida norma con el fin de
aportar mayor claridad a ese proceso de reactivación económica empresarial.
Acuerdo de reestructuración, Ley 550 de 1999
72. Mediante la expedición de la Ley 550 de 1999, el
legislador fijó un marco jurídico destinado a propiciar la reactivación
empresarial en el sector privado inspirado en una concepción contractual, no
procesal, de los mecanismos de intervención entre los que se destacan los
denominados acuerdos de reestructuración[130].
73. En la citada
norma se reglamentó un proceso de reestructuración dirigido a empresas (y
entidades territoriales) que atravesaban dificultades en su gestión, pero respecto
de las cuales, operativa y económicamente, era viable su recuperación. Lo
anterior, con fin era evitar su liquidación.
74. Según el artículo 5 de la Ley 550 de 1999, “Se
denomina acuerdo de reestructuración la convención (...) que se celebre a favor
de una o varias empresas (...)”, y en cuya solicitud, promoción, negociación
y celebración el empresario y sus acreedores “podrán actuar directamente o
por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la intervención
a través de abogados (...)”.
75. Al ser el acuerdo de reestructuración de la naturaleza jurídica
contractual, era necesaria la manifestación expresa de la voluntad de las
partes intervinientes. En esa medida, el acuerdo contendido en la Ley 550 de
1999 era una clara expresión de los principios de consensualismo y autonomía de
la voluntad, propios de los contratos entre particulares, por cuanto su
celebración se supeditaba a los acreedores internos y externos, quienes, mediante
su voto, determinaban si se realizaba o no.
76. El carácter contractual de este tipo de convenio exige
ciertas formalidades para su celebración, V.gr. constar por escrito como
todo contrato solemne. Se trata entonces de un acuerdo reglado, mediante el
cual las partes cuentan con la libertad para negociar y establecer las
cláusulas que crean convenientes para el mejor desarrollo de la empresa, y para
su validez no es necesaria la aprobación por parte de una autoridad judicial y
es de obligatorio cumplimiento para quienes lo suscriban.
77. Al respecto, la Corte
Constitucional en
sentencia C-1185 de 2000[131] indicó que la naturaleza jurídica de la Ley 550 de 1999 se
soportó en las potestades de intervención económica consignadas en los
artículos 334 y 335 de la Constitución. Así, señaló que la referida normativa
buscaba dotar a deudores y acreedores de “nuevos incentivos y
mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta
de programas que les permitan a las empresas privadas colombianas normalizar su
actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros”.
78. En dicha providencia, esta corporación
definió el acuerdo de reestructuración como un mecanismo extrajudicial, de naturaleza contractual, que
permitía a una empresa salir de una crisis económica y continuar con su
importante misión productiva, considerada como de interés general, y que
permitía evitar su liquidación.
79. Las partes del acuerdo de reestructuración estaban
conformadas por: (i) la empresa como entidad objeto de la reestructuración;
(ii) los acreedores externos como titulares de créditos ciertos[132] que pertenezcan a una cualquiera de las clases
de créditos previstas en el Código Civil; y (iii) los acreedores internos: accionistas, socios o asociados del
empresario
80. Una de las características
principales del mecanismo de reestructuración contemplado en la Ley 550 de 1999
era su carácter universal pues vinculaba en forma generalizada todos los
aspectos económicos y factores comerciales de la empresa que pudieran influir
en su situación económica, financiera, contable y administrativa.
81. El acuerdo de reestructuración comprende dos grandes
etapas, en primer lugar, se formula la solicitud por la empresa (o entidad
territorial), los acreedores o, inclusive, de oficio[133]. Una vez recibida la solicitud, se efectúa la
designación del promotor, el nombramiento de los peritos y se da inicio al
procedimiento con la determinación de derechos de voto y acreencias, se lleva a
cabo la negociación y finalmente se celebra el acuerdo. En segundo lugar, se
procedía con la ejecución y cumplimiento del acuerdo.
82. El aviso sobre la iniciación de la negociación del
acuerdo debe inscribirse en el Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio
con jurisdicción en el domicilio del empresario y el de las sucursales
existentes y publicarse en un diario de amplia circulación en dichos domicilios
(artículo 11, inciso 1º de la Ley 550 de 1999).
83. Así, el convenio de reestructuración celebrado creaba,
modificaba o extinguía obligaciones, es decir, producía efectos jurídicos desde
el momento mismo en que se llevaba a cabo la negociación; en donde los
acreedores, por lo general, cedían en sus pretensiones al no exigir la
satisfacción inmediata de sus acreencias, sino que se establecían fórmulas para
facilitar al empresario salir de la crisis[134].
84. La Corte en la
sentencia C-586 de 2001[135] precisó que la desjudialización propia de este
procedimiento (acuerdo) no implicaba el desconocimiento de los derechos de los
acreedores y del deudor, pues se trataba de una modificación en la forma de
ejecución de las obligaciones, la cual  debía efectuarse colectivamente y no de
manera singular; circunstancia esta que permitía, en primer lugar, el rescate
de la empresa en la medida en que ello fuera posible.
85. Para la corporación, ante la imposibilidad del empresario de atender
puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones, se debía reemplazar “la
ejecución singular por una colectiva en la que se satisfacen los derechos de
crédito concurrentes de manera ordenada, amén de solucionar todos los pasivos,
mediante un tratamiento igualitario que, además, garantice el reparto
equitativo de las pérdidas, dentro del rango adquirido por cada acreedor –par
conditio creditorum-”.
86. Una vez iniciada la
negociación y por el término de cuatro meses no se podían adelantar procesos de
ejecución[136] en contra del empresario y quedaban
automáticamente suspendidos los que se encontraran en trámite (artículo 14).
Lo anterior, con el
objetivo de garantizar que las negociaciones con los acreedores se adelantaran
sin ningún tipo de interferencias jurídicas y en igualdad de condiciones para
todos. Así, todas las acreencias determinadas quedaban sujetas a los términos
del acuerdo a celebrase, y se aseguraban los recursos con los cuales habría que
cubrir las obligaciones a cargo de la empresa y así, propender por su
continuidad.
87. En atención a lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, la prohibición de instaurar
procesos ejecutivos en contra de la empresa obedecía a la intención del
legislador de evitar cualquier tipo de inequidad frente a los restantes
acreedores de la sociedad.
88. Asimismo, al
tenor de los artículos 15 y 16 de la ley en referencia, al inicio de la
negociación de un acuerdo de reestructuración tampoco se podía decretar la
caducidad administrativa de los contratos celebrados entre el Estado y el
empresario, ni ser causal de terminación de los contratos de tracto sucesivo.
Adicionalmente, no se podía suspender la prestación de servicios públicos domiciliarios
por causa de créditos insolutos.
89. Específicamente, el artículo
15 de la Ley 550 de 1999 se refería al alcance de las cláusulas contractuales
en el acuerdo de reestructuración y establecía que:
“Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las
estipulaciones que formen parte de cualquier acto o contrato y que tengan por
objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente la
promoción, la negociación o la celebración de un acuerdo de reestructuración,
mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de
obligaciones, la imposición de restricciones y, en general, a través de
cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de
efectos desfavorables para el empresario que negocie o celebre un acuerdo de
los previstos en esta ley.
Las discrepancias sobre la ineficacia de una estipulación
en el supuesto previsto en el presente artículo, serán decididas a solicitud
del empresario o de cualquier acreedor por la Superintendencia de Sociedades,
en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante el procedimiento verbal
sumario. De verificarse la ocurrencia de la ineficacia, el pago de los créditos
a favor del correspondiente acreedor quedará legalmente postergado a la
atención previa de todos los demás créditos, y la Superintendencia ordenará la
cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido otorgadas por el
empresario o por terceros para caucionarlos”.
90. Mas
adelante, el artículo 27 de la Ley 550 de 1999 establecía que, dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de la reunión de determinación de derechos
de voto y acreencias, si no se presentan objeciones, o dentro de los cuatro
meses siguientes a la fecha en que la Superintendencia de Sociedades resolviera
las objeciones presentadas, debía celebrarse el acuerdo de reestructuración
entre los acreedores de la compañía[137].
91. El acuerdo de
reestructuración se celebraba con el voto favorable (mayor al 50% del total de
los votos) de los acreedores internos y externos, que representaran en forma
adecuada, según lo estipula la norma, a las diferentes clases de acreedores
(artículo 29 de la citada norma).
92. La noticia de la
celebración del acuerdo debía inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara
de Comercio correspondiente al domicilio del empresario y de sus sucursales. Al respecto, la Superintendencia de
Sociedades en Oficio 220-53338 de agosto de 2000 conceptuó que:
“La inscripción de la noticia de
celebración de un acuerdo de reestructuración, tiene como finalidad básica la
de informar y dar conocer a terceros acerca del estado en que transitoriamente
se encuentra la sociedad. Luego si tal formalidad no tiene otra virtud que la
de dotar el acto de publicidad para que a él tengan acceso todos los
interesados, mal podría pensarse que la sanción que se deriva de la no
inscripción en tiempo de dicha noticia sea una distinta a la de la
inoportunidad de dicho acuerdo frente a terceros. De lo anterior se concluye
que la inscripción extemporánea en el registro mercantil del mencionado
acuerdo, no afecta ni la existencia ni la validez, ni la eficacia de la
convención. Las consecuencias tendrán incidencia frente a terceros, a quienes
no les serán oponibles las disposiciones y efectos del referido acuerdo, dado
que los actos y documentos no producirán efectos frente a terceros sino a
partir de la fecha de su inscripción. (Artículo 29 numeral 4 del Código de Comercio)”.
93. El artículo 34 de la ley en referencia estipulaba que el acuerdo
celebrado era de obligatorio cumplimiento para la empresa y para todos los
acreedores internos y externos de la misma, aún para los que no lo hayan votado
o lo hayan votado desfavorablemente.
94. Finalmente, el artículo 35 de la Ley 550
de 1999 contenía las causales por las cuales se podía dar por terminado el
acuerdo, a saber: (i) cumplimiento del plazo estipulado; (ii) terminación
anticipada, (iii) por incumplimiento de la negociación, (iv) ante la
configuración de circunstancias no previstas en el acuerdo, previa verificación
del comité de vigilancia; o, (v) por incumplimiento en el pago, entre otras.
95. En
conclusión, un acuerdo de reestructuración (empresarial) era un convenio de
naturaleza contractual suscrito entre el deudor insolvente y sus acreedores,
con un plazo determinado, cuyo objetivo principal era la superación de la
crisis empresarial para garantizar la continuación de su actividad productiva.
Así, la Ley 550 de 1999 consagraba políticas más flexibles que el régimen legal
del concordato y la liquidación, mediante la implementación de mecanismos de
intervención del Estado en la economía, a fin de lograr la
reactivación de las empresas.
La negociación y
celebración del acuerdo de reestructuración producía efectos inmediatos; razón
por la cual, se suspendían los procesos en curso e impedía el inició de
cualquier otro cuyo objetivo principal fuera obtener el pago de las
obligaciones a cargo del empresario por fuera del acuerdo celebrado.
Principios rectores
de la Ley 550 de 1999
96. Si bien el acuerdo de reestructuración tiene carácter
contractual, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia[138], su
regulación se encuentra demarcada por los principios de universalidad (objetiva y subjetiva), igualdad
y colectividad al ser una modalidad de concurso.
Principio de
universalidad
97. Los artículos 17, 20
y 29 de la Ley 550 de 1999 contienen inmerso el principio de universalidad,
mediante el cual se ordena al deudor realizar un inventario de todos sus bienes
para constituir con ellos una prenda general con la cual se deben pagar las
obligaciones de todos los acreedores.
98. Así, el acuerdo de reestructuración se caracteriza por ser
universal pues todo el patrimonio del deudor queda afectado por la negociación
y sirve de garantía de todas y cada una de las acreencias a su cargo. En razón
a ello, a partir de la iniciación de la negociación la norma en comento prohíbe
al deudor efectuar actos que no correspondan al giro ordinario de sus negocios
con el fin de resguardar el patrimonio y proteger los derechos de los
acreedores.
99. Lo anterior se
compagina con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-625 de
2003, según la cual, de conformidad con el principio de universalidad, “todo
el patrimonio del deudor se encuentra afecto a los fines de la
reestructuración, y por ende, el empresario no podrá adoptar reformas
estatutarias, ni constituir ni ejecutar garantías o cauciones a favor de los
acreedores de la empresa que recaigan sobre sus bienes, ni efectuar pagos,
arreglos, conciliación o transacciones de ninguna clase, ni efectuar
enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de
la empresa o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias
aplicables”.
100. Recientemente, esta corporación se refirió al efecto que
tiene la constitución de un patrimonio común para garantizar las deudas de
todos los acreedores dentro de un proceso concursal en aplicación del principio
de universalidad. Al respecto, sostuvo que:
“Uno de los efectos de
naturaleza procesal que a la Sala le interesa resaltar dentro del presente
proceso de revisión, es el atinente al fuero de atracción que
es propio del proceso concursal, en razón a que todos los procesos de ejecución
que se adelanten contra el deudor en liquidación obligatoria deben ser
remitidos al juez del concurso quien, en virtud de tal fuero, es el competente
para su conocimiento. Por tanto, en la legislación colombiana no está
contemplada la ejecución extraconcursal de las obligaciones a cargo del deudor
que se somete a liquidación judicial, ya que en aplicación del principio de
universalidad, la totalidad de los bienes del deudor quedan afectos a lo que
suceda en el proceso liquidatorio. Lo anterior no sería posible si a cualquier
acreedor se le permitiera sustraerse del trámite liquidatorio para buscar el
pago por fuera de dicho proceso”[139]. (Subraya fuera de texto).
101. Con la expedición
de la Ley 550 de 1999 el legislador pretendió dotar a los empresarios de una
alternativa legal consistente en una reestructuración económica benéfica para
la empresa y los acreedores. En esa medida, la norma contiene la imposibilidad
de iniciar múltiples procesos en contra del deudor pues permitir la ejecución
extracontractual de las obligaciones a su cargo desconocería que la prenda
general constituida por el activo patrimonial del deudor debe responder ante
todos los acreedores en igualdad de condiciones, salvo las prelaciones legales[140].
102. Así, la
figura de reestructuración empresarial comporta un proceso doblemente universal
tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, en la medida en que debe
ingresar al proceso la totalidad de los bienes que conforman el patrimonio del
deudor, y todos sus acreedores quedan
vinculados al proceso a partir de su iniciación.
103. El principio
de universalidad -objetiva- resulta de gran importancia en los procesos de
reestructuración pues permite que el patrimonio del deudor fallido sea prenda
común de los acreedores. Asimismo, al involucrar al concurso a todos los
acreedores del deudor, éstos por consiguiente pierden el derecho de ejecución
individual, en contraprestación, sus acreencias quedan respaldadas por todo el
total del patrimonio comprometido, involucrado y resguardado en el proceso.
104. En aplicación
del principio de la universalidad -objetiva-, el artículo 14 de la Ley 550 de
1999 incluye la imposibilidad de  iniciar procesos de ejecución a partir de la
fecha de iniciación de la negociación o de continuar los ya iniciados, con lo
cual se pretende evitar que parte del patrimonio del deudor quede comprometido
en otros procesos; circunstancia esta que ocasionaría un efecto perturbador
sobre la masa patrimonial del deudor y limitaría el normal desarrollo del
acuerdo de reestructuración[141].
105. Al
respecto, la Superintendencia de Sociedades en Oficio número 220-101453 del 18
de octubre de 2010, al referirse al citado artículo 14 indicó que “a
partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan
transcurrido cuatro meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no podrá
iniciarse ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los
que se encuentren en curso…”. Luego, “ningún acreedor puede llegar a
satisfacer sus acreencias por fuera del escenario del acuerdo de
reestructuración”.
106. En
conclusión, el principio de universalidad se predicaba tanto del patrimonio
como de los acreedores, pues resulta imprescindible unificar la totalidad del
patrimonio del deudor – prenda común de los acreedores- y también la totalidad
de relaciones jurídicas establecidas. Lo anterior, en razón a que el objetivo
final del acuerdo de restructuración es superar la crisis financiera de la
empresa y evitar su liquidación.
Asimismo, la norma propugna
por una presencia real y efectiva de todos los acreedores dentro de la
negociación para hacer valer sus acreencias, aportar las pruebas pertinentes,
formular objeciones a los derechos de voto y manifestar su anuencia o reparo en
relación con la propuesta de acuerdo. La participación de los acreedores desde
el inicio de la negociación comporta un carácter sustancial que configura un
requisito previo para el ejercicio de sus derechos.
Principio de
igualdad
107. La jurisprudencia
constitucional ha definido el principio igualdad como imperante de todo proceso
concursal. Así, esta Corporación en sentencia C-126 de 2003 indicó que en
aplicación del mismo “los
distintos acreedores concurren en igualdad de condiciones al acuerdo, no sólo
en relación a la oportunidad en que pueden participar sino a su derecho al voto
y la oportunidad para el pago, salvo que se trate de créditos privilegiados
(art. 22 y 34 Ley 550 de 1999)”.
108. En el mismo
sentido, la Corte en la sentencia T-079 de 2010 expresó que “el principio de igualdad entre
acreedores, por su parte, establece que todos los interesados deben hacerse
parte dentro del proceso concursal, respetando de forma rigurosa los
procedimientos, recursos y cargas previstas por el legislador para la
participación en el concurso”.
109. Para esta corporación, la solución de
todos los pasivos en un proceso concursal se debe hacer en condiciones de
igualdad al tratarse de una ejecución colectiva. Al respecto, en la sentencia
C-527 de 2013, por medio de la cual se declaró exequible el numeral 1º del
artículo 74 de la Ley 1116 de 2006[142], se reiteró que el derecho
concursal se sustenta en el
respeto de los derechos ajenos y en la sujeción de los intereses individuales
al interés colectivo y al beneficio común, en atención a los artículos 16, 58,
95, 333 y 334 de la C.P. En esa oportunidad, la Corte indicó:
“Así, esta rama
o disciplina del derecho no desconoce que el deudor debe cumplir con las
obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir
sus bienes hasta lograr la satisfacción total de su crédito, sino que, ante la
imposibilidad del primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus
obligaciones, reemplaza la ejecución singular por una colectiva en la que se
satisfacen los derechos de crédito concurrentes de manera ordenada, amén de
solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, además,
garantice el reparto equitativo de las pérdidas, dentro del rango adquirido por
cada acreedor –par conditio creditorum-”.
110. En esa misma
línea, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 2018
analizó el alcance e importancia de los principios de universalidad e igualdad
entre acreedores en los procesos concursales, también conocido como par conditio
creditorum, señalando que “(…) El principio de igualdad entre
acreedores, por su parte, establece que todos los interesados deben hacerse
parte dentro del proceso concursal, respetando de forma rigurosa los
procedimientos, recursos y cargas previstas por el legislador para la
participación en el concurso. Es evidente que todos los procedimientos legales
deben ser respetados, en virtud del carácter general y abstracto de la ley; sin
embargo, en el caso de los concursos de acreedores, esta exigencia hace parte
de la naturaleza del proceso, pues si se toma en cuenta la limitación
patrimonial que se enfrenta al iniciarse una liquidación obligatoria, la
posibilidad de que algunos acreedores persigan sus intereses por vías
privilegiadas, o la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de los términos
procesales, implicaría una afectación del conjunto de acreedores,
particularmente de los más vulnerables, que suelen ser trabajadores y
pensionados”.
111. En los
términos de la Ley 550 de 1999, si bien el fin principal de los acuerdos de
reestructuración es el de preservar a la empresa como actividad económica, la
referida norma también propende por la protección de los acreedores del deudor
fallido, mediante la formulación de reglas acordadas y aprobadas por la mayoría
de dichos acreedores en un escenario de igualdad, las cuales deben ser
respetadas por todos, descartando cualquier acción de contribuya a la
satisfacción individual o separada de las obligaciones.
112. En atención
al principio de igualdad todos los acreedores de una empresa sometida a un
proceso de reestructuración quedan bajo el mismo plano frente al deudor común,
mediante una regulación igualitaria de todas sus relaciones, respetando en todo
caso la prelación otorgada por la ley.
113. En aplicación
del citado principio, se reconocen iguales derechos y deberes a todos los
acreedores incluidos en el proceso (internos y externos), lo cual no significa que
sustancialmente estén en un mismo nivel, pues se debe respetar la prelación
legal de crédito.
114. El principio
de igualdad en un proceso de reestructuración configura la imposibilidad de los
acreedores para lograr el pago de sus créditos mediante una ejecución singular
pues dentro del concurso no pueden subsistir paralelamente juicios o
reclamaciones privadas, pues esto permitiría que uno o varios acreedores puedan
obtener la satisfacción de su crédito por fuera de las condiciones pactadas en
el acuerdo.
115. Así las
cosas, ante el hecho de la insolvencia del deudor, desde el inicio de la
negociación de un acuerdo de reestructuración los acreedores cuentan con el
derecho de que su acreencia sea pagada en igualdad de condiciones, respetando
cada una de las reglas a las que se someten sus créditos en el convenio, tales
como privilegios o cuantías.
116. En el
artículo 29 de la Ley 550 de 1999, estipula que la aprobación del acuerdo de
reestructuración exige el “voto favorable de un número plural de acreedores
internos y externos que representen por lo menos la mayoría absoluta de los
votos admisibles”. Lo anterior, como manifestación expresa del principio de
igualdad, imperante en el derecho concursal. En esa medida, el acuerdo se caracteriza por su naturaleza
colectiva, el cual debe desarrollarse con base en una regla de justicia que
permite que se liquide la totalidad de los bienes que conforman el patrimonio
del deudor, con su producto se paguen íntegramente todas las deudas, o en caso
contrario, en prorrata según las categorías y privilegios respetando el
principio básico de igualdad.
117.
En conclusión, el principio de igualdad en un acuerdo de reestructuración supone
un tratamiento equitativo para todos los acreedores que participan en dicho
proceso, sin perjuicio de la aplicación de las
reglas sobre prelación de créditos y preferencias. En aplicación de la
Ley 550 de 1999, la solicitud de reestructuración debe contener todas las acreencias,
es decir todos los acreedores están llamados a formar parte de la negociación.
Desde el inició de la negociación los acreedores pierden el derecho de
ejecución individual o separada, y reciben un mismo tratamiento, salvo la
modificación a las reglas de prelación legal, pues el acuerdo tiene carácter
general y vinculante. En otros términos, los acreedores deben recibir un trato
igualitario (par conditio omnium creditorum).
Principio de colectividad
118. El artículo 34 de la Ley 550
de 1999 desarrolla el principio de colectividad como un factor necesario para
la ejecución del proceso de reestructuración empresarial. Al respecto la norma
señala que “como consecuencia de la función social de la empresa los
acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la
presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios
respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa,
incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que,
habiéndolo hecho, no hayan consentido en él (…)”.
119. La necesidad de que todos
los acreedores del deudor hagan parte del proceso concursal en virtud del
principio de colectividad y según los parámetros establecidos en la Ley 550 de
1999, fue objeto de pronunciamiento por esta corporación en la sentencia C-625
de 2003 en los siguientes términos:
“En virtud del principio de colectividad, se debe llamar a
todos y cada uno de los acreedores del empresario, sin discriminación alguna, a
fin de que, con sujeción estricta a unas reglas procedimentales señaladas en la
ley, se negocie y adopte un acuerdo de reestructuración, que resulta vinculante
para el empresario, los acreedores internos y externos de la empresa,
incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que,
habiéndolo hecho, no hayan consentido en él”.
120. En el mismo sentido se
pronunció la Superintendencia de Sociedades mediante concepto 220-44706, al
indicar que, en desarrollo del principio de colectividad, a los procesos
concursales debían acudir todos los acreedores del deudor, incluidos aquellos “acreedores
de obligaciones ciertas y exigibles, las sujetas a plazo o condición, así como
las litigiosas”.
121. En conclusión, en aplicación
del principio colectividad todos los acreedores, sin excepción alguna, deben
hacer parte del proceso de reestructuración. Máxime, cuando la Ley 550 de 1999
no contempla distinción alguna sobre la naturaleza de las obligaciones que deben
hacer parte del proceso, en esa medida, todos los acreedores están llamados a
intervenir en el proceso para satisfacer sus acreencias, incluidas aquellas
sujetas a una condición de resolución tácita.
Solución del caso concreto
122. Con fundamento en lo expuesto, pasa la Sala Plena de la Corte Constitucional a
establecer si la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
trabajo de los
accionantes por presuntamente haber incurrido en los defectos fáctico, sustantivo
y desconocimiento del precedente en la sentencia proferida el 17 de agosto de
2016, por los siguientes hechos:
123. Los
demandantes sostienen que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia incurrió en: (i) defecto fáctico por omisión al no tener en cuenta los
elementos probatorios que comprueban la participación activa de Fabricato S.A.
en todo el proceso concursal hasta la fecha de la votación del acuerdo de
reestructuración (14 de febrero de 2008), momento a partir del cual su crédito quedó
incluido en el convenio celebrado, se estableció el valor adeudado y se pactó
una nueva forma de pago, (ii) defecto sustantivo al realizar una interpretación
contraevidente de las normas sustanciales comerciales y atribuirles un alcance
que no tienen, lo que la llevó a afirmar que el acuerdo de reestructuración únicamente
surte efectos para las partes a partir de su publicación y no desde su aprobación
por parte de los acreedores, (iii) omitió la aplicación de los principios de
igualdad, colectividad y universalidad que rigen los procesos concursales;
circunstancia esta que configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, específicamente, las sentencias C-625 de 2003, C-527 de
2013.
Análisis de las causales específicas de
procedibilidad alegadas
124. Así las cosas, la Sala Plena
procederá a realizar el análisis de cada uno de los defectos invocados por los
accionantes para establecer su configuración en el presente caso.
Para lo anterior, la Sala Plena aclara que el estudio por el presunto
desconocimiento del precedente se efectuará desde el ámbito de configuración de
un defecto por desconocimiento del
precedente constitucional, dado que,
en esta oportunidad, los
accionantes alegan en su escrito de tutela que
el operador judicial demandado dejó de aplicar algunas providencias de esta corporación
cuya ratio decidendi contempla la aplicación necesaria de los principios
de igualdad, universalidad y colectividad en la definición de los procesos
concursales. Es decir, para los demandantes la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia se apartó de posiciones jurisprudenciales
consolidadas por la Corte Constitucional sobre una específica materia, incluso,
en sede de control abstracto, que regían la solución del caso.
Configuración
del defecto fáctico
125. Los demandantes
afirman que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al
expedir la sentencia del 17 de agosto de 2016, por la cual decidió casar el
fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá, incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración de las pruebas
que dan cuenta de la intervención de Fabricato S.A. en todo el proceso de
restructuración y no solo en su etapa preliminar, material probatorio que aseguran
no se tuvo en cuenta al momento de fundamentar la decisión atacada[143].
Así, los accionantes afirman que
la citada autoridad judicial dio por demostrado que el representante de
Fabricato S.A. únicamente participó en la reunión de determinación de derechos
de voto y acreencias. Lo anterior, sin analizar la intervención de esa sociedad
en las etapas posteriores a la referida reunión, incluida la votación, celebración
y aprobación del acuerdo.
126. Por su parte, el órgano de
cierre de la jurisdicción ordinaria consideró que el acreedor (Fabricato S.A.)
podía optar por el cumplimiento del contrato o por su resolución, pues su simple
presencia en los actos preliminares al acuerdo de reestructuración, como lo es “su
asistencia a la reunión de determinación de acreencias y
votos” no le impedía optar posteriormente por la alternativa de hacer
uso de la condición resolutoria del contrato de compraventa del inmueble. Concretamente,
el fallo en cuestión señaló:
“El acreedor cumplido o que se allana a cumplir -se
reitera- bien pudo optar por el cumplimiento del contrato o por su resolución,
y el simple hecho de que asistiera a la reunión de determinación de acreencias
y votos no le impedía optar posteriormente, como en efecto hizo, por la
alternativa que le brinda la ley civil y comercial, esto es hacer uso de la
condición resolutoria”[144].
Adicionalmente, indicó que ante
el cumplimiento de la condición resolutoria tácita del contrato objeto de
controversia, se debe entender que el bien inmueble no salió del patrimonio del
vendedor (Fabricato S.A.).
127. Los elementos probatorios a
los que hace referencia la parte accionante y que presuntamente fueron omitidos
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia son los
siguientes:
i)
Copia del
documento mediante el cual el promotor depositó el acuerdo de reestructuración
en la Superintendencia de Sociedades con radicado del 1 de marzo de 2008,
mediante el cual se informó que dicho acuerdo se celebró el 14 de febrero de
2008, con la mayoría de votos que exige el artículo 29 de la Ley 550 de 1999, y
en cuyo anexo se observa un cuadro de votantes en contra, entre ellos Fabricato
S.A., cuya acreencia ascendía a la suma de $14.896.571.404[145].
ii)
Copia de la
comunicación de fecha 14 de febrero de 2008 enviada por el señor Luis Guillermo
Restrepo Duperly, en su condición de representante legal de Fabricato S.A., al promotor del acuerdo de reestructuración de Konkord S.A., mediante
la cual manifestó su voto negativo a dicho convenio[146].
iii)
Copia del
testimonio rendido por el señor Rodolfo Yáñez Ortega, promotor del acuerdo de reestructuración
de Konkord S.A. en el cual confirmó que Fabricato S.A. se hizo parte del
proceso y presentó su acreencia para que fuera reconocida en los términos de la
Ley 550 de 1999[147].
iv)
Copia del
testimonio rendido por el señor Luis Guillermo Restrepo Duperly, en donde
manifestó que en su condición de vicepresidente financiero de Fabricato S.A.
firmó con voto negativo el acuerdo de reestructuración
de Konkord S.A., confirmó que su representada había informado al promotor
sobre el valor de la acreencia por concepto del valor de un inmueble e indicó
que desconocía si Fabricato S.A. había manifestado al promotor que se abstenía
de participar como acreedor en el proceso de reestructuración[148].
v)
Copia de la
notificación personal de la demanda de resolución de contrato de compraventa hecha
al apoderado judicial de la sociedad Konkord S.A. efectuada el 15 de febrero de
2008, es decir, con posterioridad a la votación y a probación del acuerdo de reestructuración de
Konkord S.A., en donde participó activamente Fabricato S.A.
128. Encuentra la Sala que la situación
planteada expone una problemática relacionada con el ejercicio del juez en la
actividad probatoria, concretamente la valoración de las pruebas al momento de
fundamentar la decisión respectiva.
129. Específicamente,
los accionantes alegan la configuración de un defecto fáctico por “omitir la valoración de las
pruebas, ya sea porque el juzgador no las advierte o simplemente no las tiene
en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva”.
130. De acuerdo
con los elementos de prueba allegados, tanto al proceso ordinario de resolución de contrato de
compraventa, específicamente al trámite
en que se decidió el recurso extraordinario de casación, como al proceso tutela, encuentra la Corte acreditada
la participación activa de Fabricato S.A. en todo el proceso de reestructuración
empresarial de Konkord S.A., incluida la votación del acuerdo de
reestructuración, como se expondrá a continuación:
131. Mediante
Oficio número 155-031945 del 26 de junio de 2007 la Superintendencia de
Sociedades le informó al representante legal de Konkord S.A. que había sido
aceptada la solicitud de promoción de acuerdo de reestructuración, al
verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 6 de la
Ley 550 de 1999. En la misma comunicación se designó al promotor de dicho
acuerdo.
132. El 27 de
agosto de 2007 el vicepresidente financiero de Fabricato S.A. remitió al promotor
del acuerdo de reestructuración de Konkord S.A., previa solicitud del 30 de
julio de 2007, certificado de acreencias, con corte al 25 de junio de 2007,
mediante el cual manifestó que Konkord S.A. adeudaba a Fabricato S.A. la suma
de $15.729.101.687.
133. El 1 de
octubre de 2007 se convocó a todos los acreedores de Konkord S.A. a la reunión
de determinación de derechos de voto y acreencias a celebrarse el 16 de octubre
de ese mismo año.
134. En
comunicación del 12 de octubre de 2007 el represente legal de Fabricato S.A. le
informó al promotor designado al caso Konkord S.A. que confería “poder
especial al señor CARLOS ZACIPA RINCÓN, (…) para que nos represente en
la reunión de Determinación de Derechos de Voto y Acreencias…que se
realizará el día 16 de octubre 2007 (…)”.
135. El 16 de
octubre de 2007 se celebró la reunión para determinación de derechos de voto y
acreencias, reconociéndosele a Fabricato S.A. un crédito por $14.896.571.404,
sin que el apoderado de esa sociedad hubiera presentado ninguna objeción.
136. El 14 de febrero
de 2008 se celebró el acuerdo de reestructuración de Konkord S.A. con la
mayoría exigida por el artículo 29 de la Ley 550 de 1999 En dicha celebración
participó Fabricato S.A. cuyo voto fue negativo, según lo manifestó su
representante legal en comunicación enviada al promotor en la misma fecha, de
la cual reposa copia en el expediente.
137. El 25 de
febrero de 2008 se inscribió la noticia de la celebración del acuerdo de
reestructuración en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.
138. Bajo este
contexto, para la Sala queda plenamente probado que Fabricato S.A., a través de
su representante legal, efectivamente participó en todo el trámite de
reestructuración empresarial de Konkord S.A., pues solicitó por escrito ser
reconocido como acreedor, designó representante y participó en la reunión de
determinación de derechos de voto y acreencias y votó el acuerdo de
reestructuración, quedando su obligación sujeta a las resueltas del trámite del
convenio sin presentar objeción alguna, como consecuencia del contrato de
contraventa contenido en la escritura pública No. 04493 otorgada en la Notaria
30 del Círculo de Bogotá el 1 de diciembre de 2005.
Así, se
comprueba que Fabricato S.A. participó en la última etapa del proceso que dejó
en firme el acuerdo de reestructuración, según consta en la comunicación del 14
de febrero de 2008, dirigida por el represente legal de esa sociedad al
promotor, en la cual manifestó que “la Compañía que represento vota negativamente
el Acuerdo de Reestructuración de TEXTILES KONKORD S.A. propuesto a los
acreedores”[149].
139. Adicionalmente,
la Sala encuentra que el argumentó expuesto por la Sala de Casación Civil sobre
el cumplimiento de la condición
resolutoria tácita no está llamado a prosperar pues al momento en que se inició
el proceso de reestructuración (30 de abril de 2007) la tradición del bien ya
se había efectuado, como consta las pruebas aportadas al expediente del trámite
ordinario, y Fabricato S.A., en su condición de acreedor dentro de ese proceso,
nada expresó sobre el particular.
140. Adicional a
la existencia de las pruebas documentales referidas que dan cuenta de la
participación de Fabricato S.A. en todo el proceso que culminó con la
aprobación del acuerdo de reestructuración, los hechos anteriores fueron corroborados
por el vicepresidente financiero de esa sociedad en el testimonio rendido ante
el Juez Séptimo Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso No. 2007-606,
el 20 de enero de 2010[150], quien bajo la gravedad de
juramento manifestó, entre otras:
Sobre el
inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración
“(…) PREGUNTADO: diga al despacho si
como consecuencia de la admisión de textiles konkor (sic) al tramite (sic) de
reestructuración de la ley 550 con fecha 27 de junio del año 2007, fabricato
se presentó como acreedor dentro de dicho tramite (sic), en caso afirmativo
sírvase decir por que concretos y en que calidad se presentó como acreedor.
CONTESTO: fabricato informó al promotor del acuerdo sobre el valor de las
acreencias tanto por el concepto de costo del inmueble y su indexación como por
los intereses que se debían a la fecha de corte para ingresar al acuerdo de
reestructuración. PREGUNTADO: la manifestación ala (sic) cual se refiere
ud, es la que consta en carta de fecha 27 de agosto de 2007 que obra a folios 8
y 9 del cuaderno principal que solicito le sea puesto de presente. Se le pone d
(sic) presente. CONTESTO: si, esa fue la comunicación que se envió al promotor
según solicitud de él mismo a fabricato. PREGUNTANDO: diga al despacho si
con independencia a las dos comunicaciones antes mencionadas fabricato
manifestó de alguna manera al promotor que se abstenía de participar como
acreedor dentro del proceso de reestructuración de konkor (sic)
reservándose u optando por reclamar el pago de las deudas por fuera dela (sic)
cuerdo (sic) d (sic) reestructuración. CONTESTO: no conozco ninguna
manifestación en ese sentido”.
Más adelante, se le pregunta: “con fecha
16 de octubre de 2007 se llevó a cabo la reunión de determinación de derechos
de acreencias y votos de konkor (sic), dentro de la cual fue calificado y
graduado el crédito de fabricato (…) De acuerdo con lo anterior diga al
despacho si contra dicha determinación de acreencias y votos fabricato presentó algún recurso u objeción para que fuera
excluido como acreedor de konkor (sic). CONTESTO: no se presentó
ningún recurso por cuanto la cifra incluida en el estado de derechos de
votos y acreencias coincidía con la que se había reportado al promotor”.
Sobre la
votación del acuerdo de reestructuración
“(…)
PREGUNTADO: sabe ud, que posición asumió fabricato frente al acuerdo de
reestructuración celebrado entre los acreedores de konkor (sic). CONTESTO: si
perfectamente por que (sic) incluso el voto de fabricato fue firmado por mi
persona como representante legal en su momento en sentido negativo frente al
acuerdo (…) PREGUNTADO: diga al despacho si con anterioridad al voto
negativo que formuló fabricato para no aprobar el acuerdo de reestructuración
que votaron los acreedores y fue aprobado por la mayoría en febrero de 2008, fabricato
envío alguna comunicación al promotor a la sociedad deudora informándole que se
retiraba del tramite (sic) de reestructuración o que no participaba en
él. CONTESTO: no hubo ninguna comunicación en ese sentido. Entre
esas fechas se presentó la demanda de la que estamos hablando en esta ocasión.
PREGUNTADO: diga al despacho si fabricato presentó alguna solicitud, recurso o
acción para que el inmueble o bodega sobre la cual tenia (sic) hipoteca y
vendió a konkor (sic) fuera tenido en cuenta dentro dl (sic) acuerdo de
reestructuración como soporte o respaldo de las deudas con los demás acreedores
del acuerdo. CONTESTO: no presentó ninguna solicitud en ese sentido (…)
PREGUNTADO: Diga al despacho si fabricato fue incluido y reconocido como uno de
los acreedores con privilegio en virtud de la garantía hipotecaria para ser
pagado dentro dela (sic) cuerdo (sic) de reestructuración que celebraron todos
los acreedores de konkor en febrero de 2008. CONTESTO: si fue incluido en el
acuerdo aunque las condiciones propuestas para el pago eran inaceptables por
fabricato, no solo debido al plazo tan amplio que contemplaba, a la tasa de
interés propuesta sino que además se impedía la utilización de nuestro derecho
sobre el inmueble o sobre el valor adeudado como fuente de obtención de
recursos alternativos”.
Más adelante, “(…)  diga al despacho si
ud, sabe si fabricato impugnó o demandó el acuerdo de reestructuración
aprobado por la mayoría de los acreedores, alegando que su deuda no
debería haber sido incluida en dicho acuerdo o que el inmueble vendido a
konkor (sic) debería ser excluido de sus activos; en vaso negativo sírvase
explicar si ud, sabe por que (sic) fabricato no realizó Tales (sic) acciones
judiciales. CONTESTO: No se presentó ninguna impugnación frente al acuerdo y no conozco la razón jurídica
ya que no es mi especialidad (…)”.
141. Aunado a lo
anterior, el señor Rodolfo Yañez Ortega en calidad de promotor designado por la
Superintendencia de Sociedades dentro del acuerdo de reestructuración de
Konkord S.A. también rindió testimonio en el proceso ordinario de resolución de
contrato de compraventa en los siguientes términos[151]:
Sobre el
inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración
“PREGUNTADO: DR. RODOLFO a folios 8 y 9
del cuaderno No. 3 aparecen dos escritos enviados por fabricato a ud, en los
que relaciona el valor de las acreencias que tiene fabricato en la reu[n]ion
(sic) de la determinación de acreencias y votos que se realizó el 16 de octubre
de 2007, (…) sírvase informar si tales documentos fueron recibidos por ud, y si
fueron tenidos en cuenta para el proceso de reestructuración de compra, en el
cual ud, actuaba como promotor. CONTESTO: como lo indica la ley 550 los
acreedores debían hacerse parte al proceso por tal enviaban la
documentación bien a la supersociedades o al suscrito y q ue (sic) yo recuerde efectivamente
fabricato presentó su acreencia en los términos de ley y una vez hecho las
indagaciones en la contabilidad de la compañía los funcionarios encargados de
la misma se pudo comprobar que los valores eran lo que venían solicitando y
por ende se reconoció el crédito en la forma como lo prevé la ley 550 (…). PREGUNTADO:
a folios 10 a 65 del cuaderno No. 3 aparece copia del acta de reunión de
determinación de derechos de voto y acreencias de la sociedad textiles Konkor
s.a. (sic) celebrada el 16 de octubre de 2007 (…) sírvase informar al
despacho por que razón y bajo que supuestos jurídicos ud, incluyó a fabricato
como acreedor de textiles konkor (sic) en dicha acta. CONTESTO: el acta en
mención supongo es propia autentica de que debe reposar en la supersociedades y
los datos igualmente deben ser los que allí figuran y que yo recuerde efectivamente
al presentar el crédito fabricato tejicondor (sic) en debida forma y al
establecerse la existencia de la misma contabilidad de la compañía se reconoció
el crédito y se le asignaron los derechos de votos correspondientes de acuerdo
a lo previsto en la ley 550 y así quedo plasmado en el acta de la reunión
de determinación de votos y acreencias (…). (Negrilla agregada).
Más adelante. “PREGUNTADO: diga al
despacho si fabricato, conforme a la ley 550 tenía la opción de sustraerse de
participar como acreedor dentro del tramite (sic) de reestructuración de
konkor (sic); si de acuerdo a ello dentro de los diez días siguientes a la
admisión al tramite (sic) de reestructuración fabricato presento a ud. o ala
(sic) superintendencia alguna comunicación manifestando expresamente su reserva
para no participar como acreedor o para que el inmueble que le vendió a konkor
fuera excluido de los activos de la sociedad. CONTESTO:  que yo recuerde no
existió tal pronunciamiento por ello nunca se hizo alusión en el acta de la
reunión de determinación de derechos de votos, ni posteriormente en el
desarrollo [d]el acuerdo. PREGUNTADO: sírvase informar al
despacho si ud, sabe si fabricato presentó algún recurso u objeción en
contra de la determinación de acreencias y votos hecha por ud, y en caso
afirmativo sin este fue tramitado y como fue resuelto. CONTESTO: Que yo
recuerde no hubo ningún tipo de recurso u objeción sobre el reconocimiento
que se dio en la reunión de determinación de derechos de votos. (Negrilla
agregada).
PREGUNTADO: De acuerdo con su respuesta
anterior y dada su experiencia profesional en el tema, al no haberse objetado
por parte de fabricato su reconocimiento como acreedor de konkor (sic), quiere
ello decir que Fabricato quedó reconocido legalmente como uno de los acreedores
de konkor (sic) y en consecuencia incluido para ser pagado como crédito dentro
del acuerdo de reestructuración. En caso afirmativo si es posible le agradecería
nos explique las razones jurídicas para ello. CONTESTO:  si una vez reconocido
los créditos en la reunión de determinación de derechos de votos, en los cuales
quedó incluido el crédito de fabricato posteriormente se firmó un acuerdo en
donde que contemplado la forma como se van a pagar la totalidad de los créditos
acuerdo este que fue votado con las formalidades legales y reposa en
supersociedades y esta  (sic) ejecutándose y allí quedó previsto la forma de
pago del crédito de fabricato y la de los demás acreedores (…)”.
Más adelante, “PREGUNTADO: Sírvase
informar al despacho si hasta la fecha en que fue aprobado el acuerdo de
reestructuración de konkor (sic) ud, como promotor fue informado o
notificado sobre la existencia de alguna demanda presentada por fabricato
pidiendo la resolución del contrato de compraventa de las bodegas que
adquirió konkor (sic) y que sirvió de fundamento al crédito que ud, incluyó y
calificó como deuda dentro dela (sic) cuerdo (sic). CONTESTO: no, a mi (sic)
no me notificaron al respecto”. (Negrilla agregada).
Sobre la
votación del acuerdo de reestructuración
“(…) PREGUNTADO: sírvase informar al
despacho si hasta la fecha en que fue votado y aprobado el acuerdo de
reestructuración, con excepción de la comunicación que mandó fabricato,
informándole que votaba negativamente el acuerdo, ud, recibió
otra comunicación en la que fabricato le manifestara expresamente que no
fuera incluido como acreedor del acuerdo o que fuera excluido del mismo o
que se retiraba de intervenir en dicho acuerdo. CONTESTO: que yo recuerde no
hubo mas comunicaciones al respecto y por ende las básicas fueron las que
se reconociera el crédito como en efecto se hizo (…). PREGUNTADO: SIRVASE
INFORMA AL (sic) despacho si ud, sabe si fabricato presentó alguna
demanda de revocatoria o anulación en contra [d]el acuerdo de
reestructuración que fue aprobado por la mayoría de acreedores. CONTESTO: que
yo recuerde no hubo ningún pronunciamiento sobre ese particular”.
(Negrilla agregada).
Más adelante, “(…)PREGUNTADO: DE (sic)
acuerdo con su profesión y conocimientos en la materia sírvase informar al
despacho, en virtud de su calidad de promotor dentro del tramite (sic) de
reestructuración de konkor (sic) sírvase informar al despacho si en virtud
de que el acuerdo de reestructuración es votado y aprobado por la mayoría
que exige la ley, dicho acuerdo obliga también  a todos los demás
acreedores que hubieren votado negativamente o en contra del acuerdo, o si
por el contrario de acuerdo con la ley el acreedor que voto negativamente se
puede retirar del acuerdo y cobrar su crédito desconociendo el acuerdo de
reestructuración aprobado. CONTESTO: El acuerdo una vez votado por la
mayoría prevista en la ley 550 hace ley para las partes y para todos los
acreedores que se hicieron parte dentro del proceso de reestructuración, en
todo caso sobre este particular la ley 550 claramente señala los alcances que
conlleva la aprobación de acuerdo con las formalidades legales”.  (Negrilla
agregada).
142. Con los testimonios citados en
precedencia, para la Sala queda plenamente demostrado que Fabricato S.A.
voluntariamente se hizo parte del proceso de reestructuración de Konkord S.A. solicitando
el reconocimiento de su acreencia mediante comunicación del 27 de agosto de
2007, quedando su obligación sujeta a las resueltas del trámite del acuerdo.
143. Asimismo, se comprueba que la acreencia
a favor Fabricato S.A., como consecuencia del contrato de compraventa contenido
en la escritura pública No. 04493 otorgada en la Notaria 30 del Círculo de
Bogotá, el 1 de diciembre de 2005, fue reestructurada en virtud del acuerdo de
Konkord S.A. celebrado el 14 de febrero de 2008, etapa en la que, se reitera, también
participó Fabricato S.A. y manifestó su voto negativo.
144. Conforme con las normas concursales, la
participación activa de Fabricato S.A. en el proceso de reestructuración
configuró un acto de voluntad que implicaba la renuncia de las acciones
ordinarias pertinentes ante el incumplimiento de Konkord S.A. para sujetar el
pago de la obligación a las condiciones que se pactaron en el acuerdo de
reestructuración.
145. Así las cosas, la Corte
Constitucional puede concluir que no es cierto que Fabricato S.A. haya optado
únicamente por la alternativa de hacer uso de
la condición resolutoria del contrato de compraventa del inmueble como se
afirma en la sentencia de casación cuestionada en esta oportunidad, pues se verifica que Fabricato S.A. al mismo tiempo que participó
del proceso de reestructuración de Konkord S.A. inició ante la justicia
ordinaria la referida acción para hacer efectiva la resolución del contrato
suscrito y así lograr la satisfacción directa de sus derechos. No obstante,
resulta claro que su acreencia quedó legalmente incluida y reestructurada en el
acuerdo un día antes de efectuarse la notificación personal de la demanda
ordinaria al representante legal de Konkord S.A. (15 de febrero de 2008).
146. Al respecto, cabe señalar que si bien
en los acuerdos de reestructuración no existe una verdadera contención al no
ostentar una naturaleza contradictoria, no se puede desconocer que se trata de
verdaderos negocios jurídicos, para cuya validez y eficacia la ley exigía tan
solo la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos admisibles,
según el artículo 29 de la Ley 550 de 1999. En ese sentido, el logro de los
objetivos del régimen de insolvencia empresarial o de cualquier régimen
concursal requieren que todos los interesados procedan con rectitud y lealtad,
es decir, que actúen siempre bajo los parámetros de la buena fe.
147. En materia concursal, la buena fe
reviste gran importancia y es predicable tanto del deudor que debe obrar
correctamente al realizar el inventario de sus activos y pasivos, como de los
acreedores, quienes tienen la obligación de proceder con rectitud al solicitar
el reconocimiento de sus créditos y formular objeciones al momento de
efectuarse la reunión de determinación de derechos de voto y acreencias, so pena
de multas o, incluso, de sanciones penales, o de postergación de sus créditos[152].
148. Asimismo, en los procesos de
reestructuración empresarial, la Ley 550 de 1999 garantizaba a los acreedores el
debido proceso y la salvaguarda del derecho de defensa al establecer los
procedimientos que debían agotarse de manera estricta. Así, a cada interesado
se le reconocían sus derechos y se le otorgaba la posibilidad de hacerlos valer
y de asumir su tutela o defensa. En esa medida, en la audiencia de
determinación de derechos de voto y acreencias los acreedores contaban con la
posibilidad de formular objeciones frente a la existencia, inclusión y cuantía
de las acreencias que debían ser objeto del acuerdo.
149. Al respecto, el artículo 26 de citada
norma[153] contemplaba la figura denominada “objeción a la
determinación de derechos de voto y acreencias” como el mecanismo idóneo
para controvertir las decisiones del promotor. El citado precepto imponía al
acreedor la carga de expresar su desacuerdo a lo decidido en el curso de la
audiencia de determinación de derechos de voto y acreencias mediante la
formulación de objeciones, a través del trámite verbal sumario ante la
Superintendencia de Sociedades, quien para tal efecto estaba investida de
funciones jurisdiccionales.
Ante el hecho de no presentarse ninguna
objeción, o conciliarse ésta, o no presentarse la demanda verbal sumaria, la
determinación de derechos de voto y acreencias quedaba en firme.
150. En el asunto objeto de estudio, al
revisar el acta de la audiencia de determinación de derechos de voto y
acreencias en el proceso de reestructuración de Konkord S.A., celebrada el 16
de octubre de 2007, la Sala verifica que la acreencia de Fabricato S.A. fue
incluida sin que el vicepresidente financiero o el representante legal de esa
sociedad manifestaran objeción alguna en dicha reunión. Por lo anterior, se
elaboró el acuerdo de reestructuración en el que se incluyó la acreencia
mencionada, se pactó la forma de pago y se reconocieron los intereses;
circunstancia esta por la cual se debía entender que el incumplimiento en que
había incurrido Konkord S.A. desapareció al acordarse un nuevo plazo para el
pago de la obligación.
151. Asimismo, de los elementos probatorios
obrantes en el expediente del proceso de casación, la Sala constata que hasta
la fecha de votación y aprobación del acuerdo de reestructuración, 14 de
febrero de 2008, Fabricato S.A. no informó al promotor de Konkord S.A. sobre ningún
desacuerdo con lo aprobado, ni anunció su intención de acudir a la vía
ordinaria para solicitar la resolución del contrato de compraventa, como
tampoco alegó la obligación de la empresa deudora en reestructuración de restituir
el objeto de la mencionada compraventa, cuestión que de haberse expresado,
tenía que formularse como una objeción a la determinación de derechos de voto y
acreencias hecha por el promotor, y en consecuencia, Fabricato S.A. debió
presentar la respectiva demanda ante la Superintendencia de Sociedades, en los
términos señalados en la Ley 550 de 1999.
Así las cosas, la Sala aclara que, aunque
para la fecha en que se aprobó el acuerdo de reestructuración Fabricato S.A.
manifestó su voto negativo al convenio celebrado, nunca emitió un
pronunciamiento relativo a que dejaría de participar en el trámite concursal
para reclamar su crédito por otra vía.
152. La anterior afirmación fue reconocida,
bajo la gravedad de juramento, por el vicepresidente financiero
de Fabricato S.A. en el testimonio rendido ante el Juez Séptimo Civil del Circuito de
Bogotá dentro del proceso No. 2007-606, el 20 de enero de 2010, diligencia en
la que testificó que su representada nunca le manifestó al promotor de Konkord
S.A. su intención de abstenerse de participar como acreedor en el proceso de reestructuración o que se reservaba su derecho de reclamar
el pago de lo adeudado por una vía diferente a la del trámite concursal.
153. Al ser interrogado sobre la posible
presentación de algún recurso u objeción para que Fabricato S.A. fuera excluido
como acreedor externo de Konkord S.A. el vicepresidente financiero de esa
sociedad aseguró que “no se presentó ningún recurso por cuanto la cifra
incluida en el estado de derechos de votos y acreencias coincidía con la que se
había reportado al promotor”.
154. Aunando a lo anterior, el representante
de Fabricato S.A. testificó que esa sociedad nunca manifestó su intención de no
participar o de retirarse del acuerdo de reestructuración aprobado, ni presentó
impugnación contra el mismo alegando que su deuda no debía ser incluida en dicho
acuerdo.
155. Para la
Corte Constitucional es clara la participación activa de Fabricato S.A. en todo
el proceso de reestructuración de Konkord S.A. hasta la fecha en que el acuerdo
fue aprobado. Así mismo, encuentra la Sala que las actuaciones desplegadas por
la sociedad acreedora fueron a todas luces contrarias a los postulados de
rectitud, lealtad y buena fe que se espera de todos los acreedores dentro de un
proceso sometido al régimen de insolvencia empresarial.
156. Esta
corporación reitera que la Ley 550 de 1999 fue expedida por el legislador como
un mecanismo para salvar a las empresas que atravesaban dificultades económicas
debido a factores externos, ajenos por tanto al control del deudor;
circunstancia esta que requería por parte del Estado y de los acreedores una
actitud de apoyo y de solidaridad.
Así las cosas,
los acuerdos de reestructuración iniciados en vigencia de la citada norma
dependían en gran medida de que todos los acreedores, estatales o públicos y
privados o particulares se hicieran parte bajo los parámetros de cooperación y
colaboración para que los deudores pudieran sobreponerse a la crisis económica
que enfrentaban.
157. Todo lo
anterior permite a esta corporación concluir que la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto fáctico por falta de
análisis y valoración de las pruebas anteriormente relacionadas. Tal omisión
contribuyó de forma determinante y decisiva a que en la resolución del recurso
de casación se tuviera como cierto que Fabricato S.A. únicamente asistió a la
reunión de determinación de derechos de voto y acreencias, y no en todas las
etapas del proceso concursal, incluida la votación, firma y celebración del
acuerdo de reestructuración, el 14 de febrero de 2008.
158. Ante tales
omisiones probatorias en el presente caso se puede aseverar una ostensible
violación al derecho fundamental al
debido proceso de los accionantes pues de
haberse efectuado una valoración en conjunto de todos los elementos probatorios
obrantes en el proceso ordinario el resultado habría sido distinto.
Configuración
del defecto sustantivo por interpretación contra legem
159. Los demandantes sostienen
que en la decisión proferida el 17 de agosto de 2016 la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia también incurrió en
defecto sustantivo al interpretar erróneamente que los efectos de un acuerdo de
un reestructuración celebrado en los términos de la Ley 550 de 1999  “(…) no
se extienden al vendedor que ejercitó la acción resolutoria antes de la
publicación de la celebración de ese arreglo, que es el momento a partir del
cual el empresario y sus acreedores quedan vinculados por sus términos, aun
cuando no hayan participado del mismo o no hubieren consentido en dicho
convenio”, tal como lo dispone el artículo 34 de esa norma.[154].  (Negrilla agregada).
160. Por su parte, para la Sala de Casación Civil resulta válido que a la par
del proceso de reestructuración empresarial se adelante una acción de
resolución de contrato de compraventa por incumplimiento, pues considera que en
materia de concurso “subsisten los efectos del incumplimiento contractual
aunque los negociantes hayan quedado cobijados por el acuerdo de
reestructuración, por lo que nada se opone a que la parte cumplida ejerza las
acciones contempladas en la ley en caso de que el deudor transgreda su
obligación”. Así, en la sentencia de
casación acusada esa corporación concluyó que el principio de continuidad de los
contratos también es aplicable al régimen concursal pues da estabilidad y
fuerza normativa a los convenios privados.
161. Asimismo, afirmó que “1)
que la participación de los vendedores en las reuniones preliminares al acuerdo
de reestructuración no significa una renuncia a su derecho a ejercer la acción
resolutoria; 2) que el acuerdo de reestructuración no vincula al acreedor que
renuncia a la ejecución del contrato y opta por terminarlo antes de que se notifique
el referido acuerdo”.
162. Con base en los argumentos
expuestos, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decretó la
resolución del contrato de compraventa celebrado entre Konkord S.A. y Fabricato
S.A. y ordenó la restitución del bien objeto de la transacción, pese a que la
acreencia reconocida por ese negocio jurídico fue incluida y reestructurada en
el acuerdo celebrado el 14 de febrero de 2008.
163. Al respecto, la Corte
Constitucional no comparte los argumentos planteados por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 17 de agosto de 2016
sobre el momento a partir del cual empieza a surtir efectos un acuerdo de
reestructuración, pues tanto de la Ley 550 de 1999, como de los conceptos que
en esa materia a proferido la Superintendencia de Sociedades, se deduce que los
acuerdos de reestructuración surten efectos frente a quienes participan en
ellos desde el momento en que son aprobados por la mayoría de los acreedores
que exige esa norma, y el trámite de publicidad al que hace referencia el
máximo órgano de la jurisdicción ordinaria únicamente es necesario para que sus
efectos sean oponibles a terceros. Lo anterior, en atención a lo siguiente:
164. Sobre la celebración del
acuerdo y el momento en que empieza a surtir efectos, el parágrafo del artículo
31 de la Ley 550 de 1999 dispone que “para efectos del plazo previsto en el
artículo 27[155] de esta ley, el acuerdo se entiende celebrado
el día en que sea firmado por el último de los acreedores requerido para su
celebración, de conformidad con el artículo 29 de esta ley; y siempre y cuando
la noticia de su celebración se inscriba en la Cámara de Comercio
correspondiente al domicilio del empresario dentro de los diez (10) días
siguientes a dicha firma”.
165. Seguidamente, el artículo 34
de la norma en comento dispone que:
“Como consecuencia de la función social de la empresa los
acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la
presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios
respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa,
incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que,
habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes
efectos legales:
1.     La obligación a cargo del
empresario de someter, en los términos pactados en el acuerdo de
reestructuración, a la autorización previa, escrita y expresa del comité de
vigilancia la enajenación a cualquier título de bienes de la empresa,
determinados o determinables con base en lo dispuesto en el acuerdo para tal
fin. Dicho
comité deberá contar, además, con la autorización expresa de la DIAN en los
casos a que se refiere el numeral 14 del presente artículo. Esta obligación
será oponible a terceros a partir de la inscripción de la parte pertinente del
acuerdo de reestructuración en la oficina de registro de instrumentos públicos
del lugar de ubicación, tratándose de inmuebles, en la que haga sus veces
tratándose de otros bienes, y, en todo caso, en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio del domicilio del empresario y de sus sucursales (…)”
(Negrilla agregada).
166. Sobre la vigencia y los efectos de los
acuerdos de reestructuración que se tramitan al amparo de la Ley 550 de 1999, la Superintendencia de Sociedades en Oficio 220-49120 del
julio 29 de 2003[156],
al dar respuesta a los interrogantes sobre “ (i) en qué momento empieza a
regir el acuerdo si en su texto no se indica cuando se inicia y de otra, (ii)
si en el evento de ser impugnado el acuerdo por uno de los acreedores, el mismo
no adquiere firmeza hasta tanto se resuelva la correspondiente demanda”, indicó:
167. De conformidad con el parágrafo del
artículo 31 de la Ley 550 de 1999, en lo que se refiere al momento en que el
acuerdo de reestructuración entra a regir, se entiende celebrado y por ende
entra en vigencia “a partir de la fecha en que sea
firmado por el último de los acreedores requerido para su celebración, esto es
en la fecha en que se consiga la última firma del último de los acreedores con
el cual se complete la mayoría que la
ley exige para su suscripción, siempre y cuando que la noticia de
su celebración se inscriba en la Cámara de Comercio correspondiente al
domicilio del empresario dentro de los diez días siguientes a su firma, en el
entendido que esta formalidad solo tiene la virtud de dotar el acto de
publicidad, haciéndolo oponible frente a terceros”. (Negrilla
agregada).
168. Asimismo, la Superintendencia de
Sociedades manifestó que “la impugnación del acuerdo o de alguna de sus
cláusulas que en los términos del artículo 37 de la mencionada Ley presenten
los acreedores, no supone per se la cesación de sus efectos en uno u otro caso,
a menos que dentro de las medidas cautelares y siempre que hubiere lugar a
ello, con la admisión de la demanda el juez de oficio o a petición de parte,
como tramitación accesoria decrete la suspensión provisional del acuerdo o de
sus cláusulas”.
169. En igual sentido, la Superintendencia de Sociedades en Oficio 220-139111 del
22 de noviembre de 2010 se pronunció sobre los efectos vinculantes del acuerdo
de reestructuración e indicó que:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 ibidem, una
vez celebrado el acuerdo de reestructuración, será de obligatorio cumplimiento
para el empresario y para todos los acreedores internos y externos de la
empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que,
habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y que tiene los efectos allí enumerados,
entre ellos el que ‘todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo
dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en
cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prorrogas
aún sin el voto favorable del respectivo acreedor’”.
170. Posición
que fue reiterada por la misma
Superintendencia de Sociedades en Oficio2 20-166353 del
28 de noviembre de 2011:
“Una vez celebrado el acuerdo en los
términos de la susodicha ley, será de obligatorio cumplimiento para el
empresario o deudores respectivos y para todos los acreedores internos y
externos, incluyendo quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo
o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los efectos
legales previsto en el artículo 34 ejusdem, entre los cuales se encuentra,
el que todas las obligaciones, causadas antes de la fecha de iniciación de la
negociación del acuerdo, se atenderán con sujeción a los dispuesto en el mismo,
y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución
de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aún sin el voto favorable del
respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley
en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la
DIAN, titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad
social.
171. En esa
oportunidad, la Superintendencia de Sociedades concluyó que “en condiciones normales de un deudor persona natural o
jurídica, es decir, que no haya iniciado la negociación de un acuerdo de
reestructuración, el pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor
de la obligación, esto, en los términos del documento contentivo de la
obligación, en tanto que si el deudor se encuentra adelantando un proceso de
reestructuración, la solución de las obligaciones a su cargo, debe hacerse en
los términos del acuerdo que se llegaré a celebrar entre los acreedores
externos e internos”[157].
172. De lo
anterior se colige que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia al afirmar que el acuerdo de reestructuración de Konkord S.A. empezó a
surtir efectos entre los acreedores y el deudor después de su registro en la
Cámara de Comercio de Bogotá (25 de febrero de 2008) y no a partir del momento en que fue firmado por el último de
los acreedores requeridos para su celebración, esto es el 14 de febrero de 2008,
fecha en que se completó la mayoría votos que la ley exige para su suscripción,
incurrió en defecto sustantivo por dos razones:
173. La primera
consiste en sustentar erróneamente que según el artículo 34 de la Ley 550 de
1999 el acuerdo de reestructuración solo surte efectos para el empresario y sus
acreedores, incluidos aquellos que no hayan participado del mismo o no hubieren
consentido en dicho convenio, desde el momento en que se efectúa la inscripción
de la noticia de su celebración en la Cámara de Comercio. Lo anterior por
cuanto, el referido artículo únicamente hace referencia a la publicidad del
acuerdo para establecer su oponibilidad frente a terceros, sin pronunciarse sobre
el momento en que el mismo empieza a surtir efectos.
174. Así lo aclaro
la Superintendencia de Sociedades en Oficio
220-49120 del julio 29 de 2003 al indicar que la noticia de celebración de un
acuerdo de reestructuración, en los términos de la Ley 550 de 1999, debe
inscribirse en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del
empresario dentro de los diez días siguientes a su firma, entendido que “esta
formalidad solo tiene la virtud de dotar el acto de publicidad, haciéndolo
oponible frente a terceros”. (Negrilla agregada).
175. La segunda razón es la indebida
interpretación que efectúa de la Ley 550 de 1999, desconociendo que el parágrafo
del artículo 31 de esa norma específicamente se encarga de regular lo atinente
a la celebración del acuerdo, precisando que “para efectos del plazo
previsto en el artículo 27 de esta ley [plazo para la celebración de los
acuerdos], el acuerdo se entiende celebrado el día en que sea firmado por el
último de los acreedores requeridos para su celebración, de conformidad con el
artículo 29 de esta ley; y siempre y cuando la noticia de su celebración se
inscriba en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del empresario
dentro de los diez (10) días siguientes a dicha firma”. Es decir, se
entiende por celebrado el día en el cual se firma por el último acreedor que
completa las condiciones del artículo 29 de la ley de reestructuración
(porcentaje y calidad de los acreedores que se exige para aprobar el acuerdo).
176. La adecuada interpretación del
parágrafo citado da a entender que la inscripción del acuerdo tiene efectos
suspensivos en la celebración del acuerdo, pero una vez se haga, aquella se
tiene por realizada desde el día de la última firma necesaria para aprobarlo.
177. Para esta corporación la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
realizó una interpretación contraevidente -contra legem- de los
artículos de la Ley 550 de 1999 aplicables al caso, pues les atribuyó un
contenido jurídico distinto al que en realidad contienen; circunstancia esta
que la llevó a reconocer equivocadamente que el acuerdo de reestructuración
solo surte efectos después de su inscripción en la Cámara de Comercio.
178. Con lo anterior, la referida autoridad
judicial permitió que se adelantara el proceso ordinario de resolución de
contrato de compraventa por incumplimiento por ser previo a aquel registro y consintió
que Fabricato S.A. obtuviera el pago de su acreencia por fuera del acuerdo de
reestructuración en el que participó. Ello, en pleno desconocimiento del
numeral 8° del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, que dispone:
“Como consecuencia de la función social de la empresa
los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la
presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios
respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa,
incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que,
habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes
efectos legales:
8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo
dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en
cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas,
aun sin el voto favorable del respectivo acreedor”.
179. Al respecto, esta Corporación reitera
lo manifestado por la Superintendencia de Sociedades en Oficio 220-139111 del
22 de noviembre de 2010 al indicar que “la negociación de un acuerdo de
reestructuración, constituye un mecanismo por medio del cual se pretende
normalizar el pasivo de la entidad deudora mediante la celebración de un
acuerdo con sus acreedores. Lo anterior, implica que todas las obligaciones
causadas con anterioridad a la fecha en que comenzó la negociación según las
formalidades de la Ley 550 de 1999, serán objeto del negociación y en el
acuerdo que finalmente se suscriba se debe estipular la forma cómo se pagarán
todos y cada uno de los créditos a cargo de la deudora”.
180. De suerte que, en el presente caso la
acción resolutoria resultaba improcedente pues el efecto legal del acuerdo de
reestructuración es el de modificar la forma de pago del precio convenido en la
compraventa celebrada entre las partes y cuya resolución se incoaba. Máxime, si
se tiene en cuenta que durante todo el trámite para celebrar el acuerdo de
reestructuración Fabricato S.A. guardó silencio sobre la posibilidad de hacer
valer su crédito contra el empresario por la vía ordinaria, pese a contar con
un derecho real de garantía sobre el bien inmueble objeto del negocio
contractual (hipoteca). Así las cosas, Fabricato S.A. debía estarse a lo acordado
en el convenio celebrado el 14 de febrero de 2008, en los términos de la Ley
550 de 1999.
181. Lo anterior se sustenta en el
itinerario cronológico del proceso de ordinario de resolución de contrato de
compraventa que se extrae del expediente puesto a consideración de esta Sala,
pues se comprueba que la relación jurídico procesal, la litis contestatio,
quedó formulada el 15 de febrero de 2008 cuando se surtió la notificación
personal al apoderado judicial de Konkord S.A. al paso que el perfeccionamiento
del acuerdo en el marco del proceso concursal, según certificación de su
promotor enviada a la Superintendencia de Sociedades, acaeció el 14 de febrero
de esa anualidad. Al respecto, se lee que “1. Conforme al parágrafo del
artículo 31 de la ley 550 de 1999, el acuerdo se celebró con la mayoría que
exige el artículo 29 de la misma ley, el día jueves 14 de febrero de 2008”[158].
182. Así las cosas, en el presente caso la
Sala comprueba que el crédito de Fabricato S.A. quedó incluido en el acuerdo de
reestructuración, documento en el cual quedó previsto su forma de pago a futuro
y en disposición del numeral 8° del artículo 34 de la Ley 550 de 1999 dicha
obligación no podía ser pagada o reclamada de otra forma, pues, se reitera,
debía ser cancelada en los términos del acuerdo que se celebró entre los
acreedores externos e internos, incluido Fabricato S.A.
183. No obstante, la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia al considerar que el acuerdo no era vinculante
por no haberse efectuado su publicación, inaplicó sus efectos favoreciendo al
acreedor que voto negativamente (Fabricato S.A.), pese a que el incumplimiento
por parte de Konkord S.A. había desaparecido al haberse pactado un nuevo plazo
para el pago de su acreencia.
184. En conclusión, para la Corte
Constitucional la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
incurrió en defecto sustantivo en la sentencia proferida el 17 de agosto de
2016 al otorgarle a los artículos 31 y 34 de la Ley 550 de 1999 un alcance que
no se desprende de esos preceptos debido a una errónea interpretación de los
mismos y pese a que su contenido es claro.
Específicamente, inaplicó el numeral 8° del
artículo 34 de la norma en comento al no tener en cuenta que el efecto de la
celebración del acuerdo de reestructuración sobre el crédito en cabeza de
Fabricato S.A. fue que su obligación se reestructuró a futuro y, por tanto, se
tornó en inexistente el incumplimiento previo.
185. La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia avaló que el acreedor continuara con el proceso de
resolución de contrato de compraventa y reclamara por esa vía el pago de su
acreencia, lo que, erradamente, la llevó a decretar la resolución del contrato
de compraventa entre Fabricato S.A. y Konkord S.A. desconociendo que el acuerdo
de reestructuración empezó a surtir efectos el 14 de febrero de 2008; es decir,
un día antes de trabarse el proceso ordinario con la notificación personal
hecha al demandado (15 de febrero de 2008).
186. En tales circunstancias, para esta
Corporación el fallo de casación objeto de la presente acción de tutela se
profirió sin apoyo de normativa alguna pues en él se concluyó que la acción
resolutoria era procedente a partir de entender que el acuerdo se perfecciona y
es vinculante desde su inscripción en el Registro Mercantil, cuando es evidente
que la inscripción obligatoria a que se refiere el artículo 34 de la Ley 550 de 1999 no
tiene más efectos que lograr la publicidad de los actos inscritos en el ya mencionado
registro, como acontece con la gran mayoría de las inscripciones, salvo
excepción legal[159].
Configuración del defecto por desconocimiento del precedente constitucional
187. A continuación, la Sala
Plena efectuará el análisis de la presunta configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente constitucional, dado
que, en el escrito de tutela se
alega que el operador judicial demandado dejó
de aplicar algunas providencias de esta corporación cuya ratio decidendi
contempla la aplicación necesaria de los principios de igualdad, universalidad
y colectividad en la definición de los procesos concursales.
188. Los accionantes consideran que con la
decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de decretar
la resolución del contrato de compraventa celebrado entre esa sociedad y Fabricato
S.A. y ordenar la restitución del bien inmueble objeto de ese negocio jurídico
se inaplicaron los principios en los que se fundamenta el proceso concursal:
igualdad, universalidad y colectividad.
189. Los demandantes afirman que el máximo
órgano de la jurisdicción ordinaria permitió “un tratamiento privilegiado
para Fabricato S.A. porque a pesar de su participación en el proceso concursal
y de su necesaria vinculación al acuerdo de reestructuración celebrado el 14 de
febrero de 2008, decretó la resolución del contrato de compraventa realizado
con Konkord S.A. que en la práctica se tradujo en que su crédito se pagara con
la restitución del bien inmueble objeto del contrato (…)”,  decisión con la
que consideran “no solo dio a Fabricato S.A. más de lo que pudo haber
logrado en el proceso concursal, siendo entonces un pago inequitativo, sino que
además empeoró la situación en la cual se encontraban los acreedores más
vulnerables de Konkord S.A., como sus ex trabajadores, justo a quienes el
principio de igualdad del proceso concursal -y su vertebra principal- se
preocupa por proteger más”[160].
190. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional precisa que los acuerdos de reestructuración regulados por la
Ley 550 de 1999 constituyen un trámite no judicial orientado a la recuperación
de la empresa y sobre el cual son aplicables los principios de igualdad y universalidad.
Lo anterior, en virtud de la necesidad de que todos los acreedores acudan al
proceso concursal. En tal sentido se pronunció esta corporación en la sentencia
C-625 de 2003:
“(…) la
negociación de un acuerdo de reestructuración constituye un proceso concursal
no judicial, encaminado a recuperar una empresa que atraviesa por una crisis
económica profunda, inspirado en los principios de la universalidad y la
colectividad, al cual es preciso que acudan todos los acreedores del
empresario a fin de celebrar un convenio en el que se defina la forma en
que éste atenderá sus créditos y se procure por una óptima estructura
administrativa, financiera y contable de la empresa en aras a restablecer su
capacidad de pago”. (negrilla agregada).
191. La igualdad entre los acreedores es
un principio estructural de los procesos de reestructuración, que en procura de
lograr una solución beneficiosa para todos aquellos que puedan ver en riesgo
sus créditos, elimina las ventajas que puedan poner en detrimento los derechos
de unos frente a otros, con la sola diferencia que surge de la naturaleza de
los créditos y que se traduce en las reglas de prevalencia en el orden de pago.
192. El trato igualitario entre acreedores
o principio par conditio creditorum resulta fundamental y necesario en
un proceso concursal en el que se pretende satisfacer, de forma ordenada y
equitativa, las deudas del deudor insolvente. Como se expuso en los
considerandos de esta decisión, esta Corte ha resaltado la importancia del
principio y defendido su constitucionalidad en diferentes ocasiones.
193. Así, esta corporación en la sentencia
T-065 de 2000 resaltó, tanto el alcance del principio  par conditio
creditorum, como su importancia en los procesos concursales. En esa ocasión
indicó que al tratarse de trámites de carácter concursal y universal, en los
que los acreedores son llamados a hacerse parte demostrando su acreencia, a
efectos que la misma pueda ser cancelada a prorrata con los activos de la entidad,
la igualdad entre acreedores resultaba necesaria pues “cada acreedor tiene
derecho a que se le pague el valor de su acreencia, en proporción a los activos
existentes, sin que pueda preferenciarse (sic) a un acreedor sobre otro. La
existencia de este principio, entonces, no admite la aplicación de concesiones
o de mecanismos que puedan redundar en beneficio de unos, y en desmedro de
otros”.
194. Seguidamente, en la sentencia T-441
de 2002 se refirió al principio par conditio creditorum para indicar que resultaba
razonable su exigencia pues era necesario que todos los créditos sean resueltos en igual
forma, proporción y plazo. De esta manera se evita la discriminación entre
acreedores de la misma clase que podría conllevar un perjuicio desmedido para
un acreedor a diferencia de otro.
195. Más adelante, esta corporación en la sentencia
T-079 de 2010 indicó que el
principio de igualdad entre acreedores (par conditio omnium
creditorum) “es el nervio del debido proceso en un trámite
concursal” pues también constituye una faceta del derecho (principio) general
de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la Constitución
Política.
196. En esa ocasión,
la Corte resaltó la relevancia constitucional del principio mencionado al
afirmar que: (i) “persigue la vigencia de la igualdad formal en el trámite
concursal”, (ii) “garantiza el debido proceso sustancial, y el
cumplimiento de los objetivos de los procesos concursales, algunos de los
cuales ostentan rango constitucional”; (iii) además, “una vez ha
sido desarrollado por el legislador, es una manifestación del principio
democrático”.
197. Sobre la relevancia constitucional de que goza el principio par
conditio creditorum, la Corte Constitucional reiteró en la sentencia C-527 de 2013
que el mismo es una materialización del derecho constitucional de igualdad en los
procesos concursales, puesto que permite dar solución a todos los pasivos debido a que su
trámite se entiende como una ejecución colectiva de los créditos en cabeza del
deudor que se somete al mismo. Al respecto, se resaltó:
“El derecho concursal actual, además de los
principios de libertad de empresa, libre iniciativa privada y libertad de
disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos y en la
sujeción de los intereses individuales al interés colectivo y al beneficio
común –artículos 16, 58, 95, 333 y 334
C.P.-.
Así, esta rama o disciplina del derecho no
desconoce que el deudor debe cumplir con las obligaciones adquiridas y que,
correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr
la satisfacción total de su crédito, sino que, ante la imposibilidad del
primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones,
reemplaza la ejecución singular por una colectiva en la que se satisfacen los
derechos de crédito concurrentes de manera ordenada, amén de solucionar todos
los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, además, garantice el
reparto equitativo de las pérdidas, dentro del rango adquirido por cada
acreedor –par conditio creditorum-”. (subrayado fuera del texto).
198. Respecto de la posición que estos
acreedores tienen en cuanto a la garantía patrimonial de su crédito, el trámite
de reestructuración extingue las ventajas que tengan algunos por haber acudido
a las vías judiciales y que puedan poner en detrimento las garantías de los
demás acreedores, y justamente procura igualdad frente a todos los acreedores,
dando prevalencia a los derechos sustantivos sobre las diferencias formales y
procedimentales, que pueden existir entre los acreedores.
199. El trato igualitario
entre acreedores o principio par conditio creditorum resulta fundamental
y necesario en un proceso concursal en el que se pretende satisfacer, de forma
ordenada y equitativa, las deudas del deudor insolvente. Como se expuso en los
considerandos de esta decisión, esta Corte ha resaltado la importancia del
principio y defendido su constitucionalidad en diferentes ocasiones. Resalta entre ellas, lo dicho
por la Corte Constitucional en sentencia C-006 de 2018 al referirse al principio de igualdad en los procesos
concursales:
“…uno
de los principios que rige este proceso, es el de la igualdad entre acreedores
-par conditio creditorum-, según el cual cada acreedor tiene derecho a
que se le pague el valor de su acreencia, en proporción a los activos
existentes, sin que pueda preferenciarse(sic) a un acreedor sobre otro. La
existencia de este principio, entonces, no admite la aplicación de concesiones
o de mecanismos que puedan redundar en beneficio de unos, y en desmedro de
otros”[161] (Subrayas
fuera del original).
En esa oportunidad, esta corporación
reconoció a los principios de universalidad e igualdad como los más importantes
de los procesos concursales. Sobre la universalidad indicó que su efecto más significativo
se materializa en la constitución de un patrimonio común mediante el cual se
garantizan las deudas de todos los acreedores, impidiendo que alguno de ellos
pueda buscar el pago de su acreencia por fuera del proceso concursal:
“Uno de
los efectos de naturaleza procesal que a la Sala le interesa resaltar dentro
del presente proceso de revisión, es el atinente al fuero de
atracción que es propio del proceso concursal, en razón a que todos
los procesos de ejecución que se adelanten contra el deudor en liquidación
obligatoria deben ser remitidos al juez del concurso quien, en virtud de tal
fuero, es el competente para su conocimiento. Por tanto, en la legislación
colombiana no está contemplada la ejecución extraconcursal de las obligaciones
a cargo del deudor que se somete a liquidación judicial, ya que en aplicación
del principio de universalidad, la totalidad de los bienes del deudor quedan
afectos a lo que suceda en el proceso liquidatorio. Lo anterior no sería
posible si a cualquier acreedor se le permitiera sustraerse del trámite
liquidatorio para buscar el pago por fuera de dicho proceso”. (Subrayas
fuera del original).
200. Adicionalmente,
la Corte en la sentencia C-006 de 2018 resaltó la relevancia del principio de
universalidad como garantía para lograr el pago de acreencias a los deudores en
condiciones de igualdad, específicamente se refirió a las obligaciones de
carácter laboral, a saber:
“Resulta necesario recordar que tanto el proceso ejecutivo
singular con medidas cautelares como los procesos liquidatorios tienen el mismo
propósito: lograr el pago de las acreencias del deudor. Si bien en el
primero este propósito es individual de ejecutante, y puede lograrlo sobre
bienes determinados del deudor, el mismo objetivo puede ser conseguido dentro de
un proceso liquidatorio universal. En este último, la prenda general
constituida por el activo patrimonial del deudor responde ante todos los
acreedores en igualdad de condiciones, salvo las prelaciones legales, de
manera tal que la garantía de pago subsiste. No es pues cierto, como lo afirma
el demandante, que por el hecho de la apertura del proceso liquidatorio, del
llamamiento a todos los demandantes en procesos ejecutivos en curso y de la
cancelación de los embargos decretados, se eliminen las garantías de pago, pues
como queda dicho estas se conservan sobre la masa de la liquidación. Más aún
si se trata de obligaciones laborales, que es el caso que motiva la
preocupación del actor, pues como es sabido su pago con cargo a esta masa tiene
prelación según las normas legales vigentes que regulan la materia, a las que
expresamente remite el artículo 32 del Decreto sub examine”[162]. (Subrayas fuera del texto
original).
201. Así, se reitera que la Ley
550 de 1999 está orientada por los principios básicos anteriormente referidos y
en cuyo análisis jurisprudencial por esta corporación se ha sentado un amplio y
pacífico precedente constitucional respecto de su obligatoria aplicación en
materia concursal. De una parte, en virtud de los principios de universalidad y
colectividad, la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores
quedan vinculados al proceso de reestructuración a partir de su iniciación. En
particular, se resalta una doble dimensión de los principios referidos:
objetiva, en tanto los activos del deudor se integran al proceso y, subjetiva,
dado que todos los acreedores concurren a gestionar los derechos de los que son
titulares. A su vez, esa norma contempla el principio de igualdad como una vía
para proporcionar un tratamiento equitativo a todos los acreedores que
concurran al proceso de reestructuración, sin perjuicio de la aplicación de las
reglas sobre prelación de créditos y preferencias.
202. La Corte advierte que en virtud de la
importancia de los principios de universalidad, colectividad e igualdad,
particularmente relevantes en el proceso reestructuración contemplado en la Ley
550 de 1999, el trato paritario entre los acreedores se convierte en la piedra
angular del proceso concursal y constituye una regla acogida por la
jurisprudencia constitucional.
203. Por otra parte, la preferencia de las
normas del proceso de reestructuración empresarial responde a la naturaleza
universal del mismo, característica que lo dota de efectividad y sin la cual
sería inoficioso acudir a él, pues una vez aprobado el acuerdo de
reestructuración no puede admitirse demanda alguna en la cual se pretenda el
pago de una acreencia que fue reconocida, incluida y reestructurada en dicho
acuerdo.
204. La naturaleza y los principios del acuerdo
de reestructuración exigen la renuncia del pago individual de las obligaciones
y, en su lugar, obliga acogerse a lo decidido colectivamente bajo un mismo
régimen.
205. Ello implica, entonces, la
existencia de un mandato de trato igual prima facie, susceptible de ser
limitado cuando existan razones poderosas para establecer una regla de
prelación o de preferencia tal y como se ha previsto en diferentes cuerpos
normativos (Código Civil, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 550 de 1999, Ley
1116 de 2006, entre otras).
206. Conforme a lo anterior, se tiene que en
los procedimientos concursales todos los acreedores están llamados en un plano
de igualdad para que hagan valer sus derechos de crédito, pero respetando las
legítimas causas de prelación. Así lo prevé la misma Constitución para
determinados derechos de carácter prevalente como los consagrados en los
artículos 25 y 44.
207. Respecto a la prelación, el
ordenamiento jurídico en los artículos 134 de la Ley 1098 de 2006, 157 del
Código Sustantivo del Trabajo, 2493 y siguientes del Código Civil, entre otros,
da prioridad a las deudas de alimentos a menores de 18 años, a las que se
encuentran en cabeza de adultos mayores, y a las acreencias laborales, las
cuales se consideran del primer orden por motivos constitucionales.
En esa medida, surge el
imperativo de aplicar las reglas que establecen el orden que debe seguirse al
momento de satisfacer acreencias en un escenario de reestructuración o de
liquidación.
208. Específicamente, el trabajo encuentra especial consagración como garantía
fundamental en el artículo 25 superior, que le asigna el carácter de derecho y
obligación social, que goza, en todas sus modalidades, de especial protección
del Estado.
209. En materia de pago de las obligaciones laborales,
durante el trámite concursal y la ejecución de los acuerdos de
reestructuración, los salarios y las prestaciones de los trabajadores se deben
cancelar puntualmente. La Ley 550 de 1999 evidencia una reiterada protección de
los derechos laborales, junto con los fiscales, los parafiscales y de seguridad
social.
210. Así, los acuerdos de reestructuración
empresarial contienen reglas para la administración en su planeación y
ejecución financiera y administrativa, para atender de manera oportuna los
créditos pensionales, laborales, de seguridad social y fiscales, al igual que pautas
para el pago de pasivos pensionales, en caso de aquellos empresarios que deban
atenderlos, al tenor de lo establecido en los cardinales 13 y 14 del artículo
33 de la Ley 550.
211. En esa medida, el conjunto de disposiciones constitucionales sobre
protección al trabajo y a los trabajadores se desarrollan en forma expresa o
cuando menos tácita en los procesos concursales. De ahí que las leyes de
concursos hayan establecido dentro del objeto o finalidad la recuperación y
conservación de la empresa como fuente generadora de empleo, cuya estabilidad
pregona el artículo 53 de Constitución.
212. La protección constitucional
especial que tienen los créditos de primer orden en cabeza de los trabajadores
conlleva un privilegio excluyente sobre todos los demás dentro de todo proceso
de reestructuración. En ese sentido, dentro del concurso de acreedores o de liquidación
se debe disponer el pago privilegiado y pronto de los créditos a los
trabajadores afectados por la insolvencia del empleador.
213. Y esto es
así puesto que la regulación legal de los concursos no es ajena a la igualdad
material, como no podría serlo en un Estado Constitucional y Social de Derecho.
Así, se entiende como una clara protección a los derechos laborales y
pensionales, específicamente, el trabajo, la pensión y el mínimo vital,
potencialmente comprometidos en los procesos concursales.
214. En el
presente caso, la Sala encuentra que el trato igualitario entre Fabricato S.A.
y los demás acreedores (principio par conditio creditorum) resultaba
fundamental y necesario en el proceso de restructuración de Konkord S.A.
en el que se pretendía satisfacer, de forma ordenada y equitativa, las deudas
del deudor insolvente. Máxime, si se tiene en cuenta la participación activa de
Fabricato S.A. en todo el trámite que concluyó con el acuerdo de
reestructuración celebrado el 14 de febrero de 2008.
215. En ese
sentido se pronunció la Superintendencia de Sociedades al indicar que a la luz del principio par
conditio creditorum, inherente a todo proceso concursal, “todos los
acreedores del deudor admitido o convocado a un trámite concursal, concurren a
éste en igualdad de derechos, oportunidades, cargas y obligaciones
(sustanciales y procesales) obteniendo, de parte de la ley y del Juez del
concurso, igual tratamiento para la satisfacción de sus intereses particulares”[163].
216. En palabras
de la Superintendencia de Sociedades “la eficacia obligatoria del acuerdo
para el empresario y sus acreedores constituye así una manifestación de la
referida igualdad” pues “el reconocimiento del principio de la
solidaridad, que también tiene respaldo constitucional, según el cual la
empresa en concordato no puede salir adelante sola sino que necesita del apoyo
de todos y cada uno de los acreedores”[164].
217. No obstante lo anterior, con
la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de
decretar la resolución del contrato de compraventa y
ordenar la restitución del inmueble objeto de ese negocio jurídico se permitió
que se pagara de manera preferente el crédito a favor de Fabricato S.A. y
se desconoció el precedente de la Corte Constitucional sobre los principios de
universalidad, colectividad e igualdad en materia concursal, en detrimento de
los derechos fundamentales y la prelación de créditos que le asistía a los hoy
accionantes en su calidad de acreedores de primer orden. Prelación de créditos
que constituye un evidente desarrollo de los postulados constitucionales de (i)
protección especial al trabajo (C.P.art. 25), (ii) interés superior del menor
(C.P. Art. 44), (iii) promoción de la igualdad real y efectiva (C.P. art.13)  y
(iv) prevalencia del interés general sobre el particular (C.P. art. 1º).
218. Para esta corporación el
haber adelantado un proceso judicial paralelo al inicio del trámite de
reestructuración no constituyó para Fabricato S.A. una circunstancia que reclamara
un trato diferenciado y a favor suyo frente a los demás acreedores durante su
participación en el mismo proceso.
219. Haber demandado al
acreedor en reestructuración mediante una acción de resolución de contrato de
compraventa no es un criterio de diferenciación constitucionalmente válido como
sí lo es la afectación de un derecho fundamental, en este caso de tipo laboral
como el que ostentan los ex trabajadores accionantes, y el cual desarrolla la
normatividad sobre prelación de créditos.
220. En el caso analizado, la
decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia permitió
que Fabricato S.A. en su condición de acreedor pudiera válidamente sustraerse
del concurso; circunstancia esta que comportó una discriminación y, por lo
tanto, el desconocimiento de la regla ya anotada. Lo anterior por cuanto, se
reitera, desde la apertura de un proceso concursal los acreedores se sitúan en
un esquema de comunidad de suerte, puesto que la satisfacción de sus acreencias
va a depender del desarrollo del respectivo proceso, y no gozan de otro
respaldo que la masa concursal.
221. Así las cosas, al permitirse
en sede de casación la satisfacción de la acreencia de Fabricato S.A. en
detrimento de los derechos crediticios de los otros acreedores, específicamente
del señor Jack Khoudari
Amram como socio y acreedor interno y de los otros accionantes de la presente tutela
en calidad de ex trabajadores de la empresa en reestructuración y acreedores
del primer orden, los principios de universalidad, colectividad e igualdad se
vieron completamente frustrados.
Los de universalidad y
colectividad, pues en su vertiente subjetiva suponía que todos los acreedores
del deudor comparecieron al concurso para hacer valer sus acreencias y obtener
su pago de forma ordenada, como efectivamente hicieron, incluido Fabricato S.A.
El de igualdad, pues suponía que todos los acreedores pertenecientes a una
misma categoría debían recibir un trato equivalente en ese escenario concursal.
222. Sin embargo, la Corte Constitucional comprueba
que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia otorgó a
Fabricato S.A. en calidad acreedor de Konkord S.A. un trato privilegiado en
desconocimiento de los principios de igualdad, universalidad y colectividad que
exige la ley, apartándose así del precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación; circunstancia esta que puso en desventaja al señor
Jack Khoudari Amram como socio y
acreedor interno de la sociedad concursada y,  en especial, a los demás accionantes
(en calidad de ex trabajadores y acreedores del primer orden de Konkord S.A.) de
la presente demanda y ocasionó que la empresa Konkord S.A. entrara en un
proceso de liquidación al sustraer de la masa concursal el activo más
importante. Lo anterior en detrimento de la posibilidad de la empresa de
continuar sus actividades y mantener los puestos de trabajo.
223. Bajo este
contexto, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que la sentencia
del 17 de agosto de 2016 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia presenta un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional, toda vez que al momento de proferir su decisión
respecto de la demanda de resolución de contrato de compraventa no tuvo en cuenta
que la misma se trataba de una acreencia que se encontraba inmersa en el
proceso de reestructuración de Konkord S.A. por lo que debía aplicar los
principios de igualdad, universalidad y colectividad. Al no hacerlo, dejó de
aplicar providencias de esta corporación cuya ratio decidendi contempla
la observancia necesaria de los referidos principios en la definición de los
procesos concursales.
224. En conclusión, la decisión adoptada por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de
2016 se profirió por fuera del contexto del acuerdo de reestructuración
celebrado, esto es, sin reconocer las mismas proporciones a todos los
acreedores pertenecientes a una misma clase o grupo y afectando mínimos
legales, como en el caso de los créditos laborales en cabeza de los hoy
accionantes.
225. Ante tal
omisión del precedente constitucional en el presente caso se puede aseverar una
ostensible violación al derecho
fundamental al trabajo de los accionantes pues
de haberse efectuado su aplicación el resultado habría sido distinto. Sin
embargo, al ordenarse la
restitución del inmueble objeto de ese negocio jurídico se permitió que se
pagara de manera preferente el crédito a favor de Fabricato S.A., lo que
ocasionó el fracaso del acuerdo de reestructuración y se iniciara el proceso de
liquidación; circunstancia esta que causó el cierre de la empresa y la pérdida
de los empleos por parte de los ex trabajadores, hoy demandantes.
226. De acuerdo con esas premisas, en este caso procede el amparo de los
derechos fundamentales al debido
proceso y al trabajo de los accionantes, los
cuales fueron vulnerados por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia al expedir la sentencia SC11287-2016 el 17
de agosto de 2016, mediante la cual esa corporación casó el fallo proferido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de julio de 2012, al
interior del proceso 11001-31-03-007-2007-00606-01, por haber incurrido en los
defectos factico, sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional.
227. En
síntesis, la exegesis efectuada por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia del 17 de agosto de 2016 sobre el trámite
del proceso de reestructuración adelantado por Konkord S.A., en los términos de
la Ley 550 de 1999, no se ajustó la interpretación constitucional que esta
corporación ha efectuado de esa norma y en general de los procesos de
naturaleza concursal.
Lo anterior por cuanto: (i) en
virtud de los principios de igualdad, universalidad y colectividad, todas las
obligaciones debían ser atendidas de conformidad con lo establecido en el
acuerdo de reestructuración celebrado, según lo prescrito en el numeral 8 del
artículo 34 de la Ley 550 de 1999[165]; (ii) todos los acreedores tenían la carga de
presentar formalmente su acreencia ante la situación de crisis empresarial y estaban
llamados a realizar un esfuerzo para negociar el acuerdo que permitiría la recuperación
de la sociedad; (iii) aceptar que luego de (a) iniciado el proceso concursal,
(b) convocados los acreedores, (c) valorados los créditos y (d) definido el
derecho a votar, uno de los acreedores presentara una demanda con el objeto
eludir los efectos del proceso concursal, afectó gravemente los propósitos que
se adscriben a tal trámite -protección de la empresa y del crédito; y (iv) las
circunstancias presentadas imponían a Fabricato S.A. una obligación de
sujetarse al proceso concursal en virtud de lo establecido en el numeral 8 del
artículo 34 de la ley 550 de 1999.
228. Así las
cosas, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 17 de agosto de 2016 incurrió
en los defectos factico, sustantivo y desconocimiento del precedente
constitucional al otorgarle una especial valía a la acción resolutoria en el
contrato de compraventa, desconociendo las exigencias de igualdad, colectividad
y universalidad aplicables a los procesos concursales y reconocidas en el
numeral 8º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, con lo cual, terminó
reconociendo un mejor derecho a Fabricato S.A.
229. En este
orden, la Sala Plena no estudiará el defecto sustantivo alegado en la tutela
respecto de las providencias proferidas por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia con posterioridad al fallo del 17 de agosto de 2016, específicamente los Autos dictados  los días 11
y 19 de julio de 2019, pues basta con la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional en la sentencia de
casación analizada para que se evidencie la vulneración a los derechos
fundamentales de los accionantes.
Órdenes
230. En virtud de lo expuesto, la Corte
Constitucional revocará la sentencia proferida por la Sala de Decisión
de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el
cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), que
confirmó la decisión adoptada por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el nueve (9) de
octubre de dos mil diecinueve (2019), que negó el amparo de los derechos deprecados en la acción de tutela de
la referencia. En su lugar, se concederá el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo del señor Jack
Khoudari Amram y de los demás
accionantes[166], en
calidad de acreedores de Konkord S.A.
Por lo anterior, se dejará en firme la
sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el once
(11) de julio de dos mil doce (2012) que confirmó el fallo
dictado por Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá treinta (30) de marzo
de dos mil doce (2012) en el proceso ordinario de resolución de contrato de
compraventa iniciado por Fabricato S.A. en contra de Konkord S.A. por las razones expuestas en la presente providencia.
231. Asimismo, esta corporación dejará sin efectos todas las providencias proferidas por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia con
posterioridad a la determinación del 17 de agosto de 2016, al interior del proceso
radicado No. 11001-31-03-007-2007-00606-01, incluidos los Autos del 11 y diecinueve 19 de julio de 2019, mediante los cuales se negó la solicitud de adición al
fallo de casación y se rechazó de plano por improcedente la solicitud de
aclaración de la providencia que negó la adición referida, respectivamente.
232. Seguidamente, ordenará a Fabricato S.A. proceder con la restitución
material inmediata del inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria No. 051-1310 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Soacha a la Superintendencia de Sociedades con el fin
de que dicho bien pase a integrar un patrimonio autónomo para
atender en forma ordenada las obligaciones insolutas de la sociedad concursada konkord
S.A.[167].
233. Finalmente se
ordenará a la Superintendencia de Sociedades designar un liquidador de la lista
oficial de auxiliares de la justicia con el fin de celebrar un contrato de fiducia mercantil para la
constitución y administración del patrimonio
autónomo para atender en forma ordenada las obligaciones insolutas de la
sociedad concursada konkord S.A., en los términos de la Ley 1116 de 2006.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. - REVOCAR la
sentencia proferida por la Sala de
Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia el cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), que
confirmó la decisión adoptada por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el nueve (9) de
octubre de dos mil diecinueve (2019), que negó el amparo de los derechos deprecados en la acción de tutela de
la referencia. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo del señor Jack Khoudari Amram y de los demás accionantes.
Segundo. - DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016),
que casó el fallo proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el once (11) de julio de dos mil doce
(2012), al interior del proceso radicado No.
11001-31-03-007-2007-00606-01. En su lugar, DEJAR EN FIRME
la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el once (11) de julio de dos mil doce (2012) que confirmó el
fallo dictado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá treinta (30)
de marzo de dos mil doce (2012) en el proceso ordinario de resolución de
contrato de compraventa iniciado por Fabricato S.A. en contra de Konkord S.A.,
que declaró probados los medios exceptivos propuestos por la demandada, por las razones expuestas en la presente
providencia.
Tercero. - DEJAR SIN EFECTOS todas las providencias proferidas por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia con
posterioridad a la determinación del 17 de agosto de 2016, al interior del proceso
radicado No. 11001-31-03-007-2007-00606-01, incluidos los Autos del once (11) y diecinueve (19) de julio
de dos mil diecinueve (2019), mediante los
cuales se negó la solicitud de adición al fallo de casación y se rechazó de
plano por improcedente la solicitud de aclaración de la providencia que negó la
adición referida, respectivamente.
Cuarto. - ORDENAR a Fabricato S.A. proceder con la restitución
material inmediata del inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria No. 051-1310 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Soacha a la Superintendencia de Sociedades con el fin
de que dicho bien pase a integrar un patrimonio autónomo para atender en forma
ordenada las obligaciones insolutas de la sociedad concursada Textiles konkord
S.A.
Quinto. – ORDENAR a la
Superintendencia de Sociedades designar un liquidador de la lista oficial de
auxiliares de la justicia con el fin de celebrar un contrato de fiducia mercantil para la constitución y
administración del patrimonio autónomo de que
trata el ordinal cuarto de la parte resolutiva de esta providencia, en los
términos de la Ley 1116 de 2006.
Sexto. - Por
Secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ
NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de
voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de
voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
RICHARD S. RAMÍREZ
GRISALES
Magistrado (e)
Con salvamento de
voto
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sala
de Decisión de Tutelas N° 3.
[2] Integrada por los magistrados Gloria Stella
Ortiz Delgado y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[3]
En sesión del día 22 de abril de 2020,
la Sala Plena de esta corporación decidió asumir el conocimiento del asunto
conforme al informe que se presentó, acorde con el artículo 61 del Acuerdo 02
de 2015.
[4] Acero Peña Ramiro,
Alcalá Santo Bertilda, Amaya Rodríguez Nohora, Ariza Quiroga Ruth Élvir,
Barragán Barragán Luz Nelly, Benítez Gamboa Jasmín, Castañeda Ramírez Yaned,
Cely Vega Rosa Delia, Contreras Morales Patricia, Contreras Ruíz César,
Cristancho Gómez Yolinda, Díaz Salinas Luz Marina, Fierro Céspedes Fernando,
Fonseca Sabogal Carmen, Gaitán Orozco José Rodrigo, Galeano Villegas Esperanza,
García Montes Jhon Mario, García Rodríguez María, Garzón Simbaqueva Jorge, Girón
Ortiz Reinaldo, Gómez Duarte Cristhian, González Vargas Dénniz, Hernández
Gutiérrez Ana, Hernández Mora Alejandro, Herrera Parra María Olga, Jaimes
Varila Edilia, Junco Castro Luz Dary, Khoudari Amram Daniel, Khoudari Ratner Cilia,
Lozano Morales Doris, Maury Bernal Jorge, Mayorga María del Carmen,  Medina
Garzón Alba Inés, Medina Garzón Armando, Monroy Guzmán Narcizo, Montes Garzón Claudia, Morales
Lozano Mercedes, Munevar Pulido Jorge, Murillo Rojas Luz Mery, Naranjo Yaya
Dora María, Niño Leyva Oneida, Parra Gil Humberto, Pedrero Rodríguez Abraham, Peña
Acosta Oliva Ofelia, Peña Rivera Nubia Helena, Pestaña Almario Oswaldo, Piñeros
Sanabria Luis,
Pirabán Niño Carlos Arturo, Potes Manrique Daniel, Poveda Leal Miguel, Prieto Cañón Jorge
Arturo, Prieto Cañón Rona Inés, Quimbayo Millán Aníbal, Ramírez Morales Marlén, Ramos
Osorio
Freddy Alonso, Reyes
Mogollón Yeimy,
Reyes Pérez Mario Hernán, Rincón Cárdenas María, Rivera Hernández José Luis, Rivera
Triana Olimpia, Rodríguez Rodríguez Nubi, Rojas Suárez Armando, Román
Ramírez Doris, Rozo Huertas Amparo, Rúa Acero Saúl Antonio, Sánchez Guzmán Víctor,
Sandoval Rodríguez José, Tolentino Quintero Víctor, Tovar Mancera Nolfi,
Trujillo Parra Alicia y Vargas Nino Cristian David.
[5] En adelante Konkord S.A.
[6] En adelante Fabricato S.A.
[7] La Sala aclara que según el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, esa
norma empezó a regir seis meses después de su promulgación (27 de diciembre de
2007).  Artículo 126 de la Ley 1116 de 2006: “Salvo lo que se indica en los
incisos anteriores, la presente ley comenzará a regir seis (6) meses después de
su promulgación y deroga el Título II de la Ley 222 de 1995, la cual estará
vigente hasta la fecha en que entre a regir la presente ley”.
[8] Folio
17 del cuaderno constitucional.
[9] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia de casación del 17 de agosto de 2016, folio 331,
anexo No. 12.
[10] Folio
316, anexo 12.
[11] Ibidem.
[12] Folio
58 del cuaderno constitucional.
[13] Sentencias
C-126 de 2003, C-527 de 2013.
[14] Folios
36 al 40 cuaderno principal del expediente T-7.798.642. (En adelante se debe
entender que los folios a los que se haga referencia hacen parte del cuaderno
principal a menos que se indique lo contrario).
[15] Folio
37.
[16] Ibídem.
[17] Folio 42.
[18] Ibidem.
[19] Folio 43.
[20] Folios
62 y 63, se aclara que el oficio de contestación de la tutela proferido por el
Departamento de Cundinamarca no tiene fecha de expedición.
[21] Folios 35 al 40. Anexo 2.
[22] Folio 42 al 157. Anexo 3.
[23] Folios 159 y 160. Anexo 4.
[24] Folios
162 al 192. Anexo 5.
[25] Folio
194. Anexo 6.
[26] Folios 196 al 231. Anexo 7.
[27] Folios
233 al 254. Anexo 8.
[28] Folios
256. Anexo 9.
[29] Folios 258 al 268. Anexo 10.
[30] Folios 270 al 291. Anexo 11.
[31] Folios
293 al 350. Anexo 12.
[32] Folios 352 al 355. Anexo 13.
[33] Folios
357 al 360. Anexo 14.
[34] Folios
362 al 366. Anexo 15.
[35] Folios
368 al 373. Anexo 16.
[36] Folios
375 al 378. Anexo 17.
[37] Folio
380. Anexo 18.
[38] Folios
382 al 388. Anexo 19.
[39] Folios
390 al 397. Anexo 20.
[40] Folios
399 al 405. Anexo 20.
[41] Folio 142.
[42] Folio 165.
[43] Folio 168.
[44] Sala de Decisión de Tutelas No. 3. Folios 3
al 22 del cuaderno 3.
[45] Folio
15 del cuaderno 3.
[46] El
artículo 117 de la Ley 1116 de 2006 preceptúa que ante el incumplimiento o fracaso
del acuerdo de reestructuración, se debía dar inicio al proceso de liquidación
judicial regulada en esa ley.
[47] Folios 10 al 70 del
archivo PDF “C. CORTE.I” del expediente del proceso ordinario de
resolución de contrato de compraventa de Textiles Fabricato S.A. contra Textiles Konkord S.A.
[48] Folios
74 al 86 del archivo PDF “C. CORTE.I”, ibidem.
[49] Folios
130 al 169 ibidem y folios 170 al 188 del archivo PDF “C. CORETE II”,
ibidem.
[50] Folios
2 al 9 del archivo PDF “C. JUZGADO I PARTE I”.
[51] Folios 35 al 45 del archivo PDF “C. JUZGADO I PARTE I”.
[52] Folios
70 y 71, ibidem.
[53] Folios
170 y siguientes del archivo PDF “C. JUZGADO I PARTE I”.
[54] Folio 306 del archivo PDF “C. JUZGADO I
PARTE II”.
[55] Folio 307 del archivo
PDF “C. JUZGADO I PARTE II”.
[56] Folios 308 al 362, ibidem.
[57] Folios
363 al 431, ibidem y folios 432 al 436 del archivo PDF “C. JUZGADO I PARTE
III”.
[58] Ibidem.
[59] Copia expedida por el grupo de procesos de liquidaciones I el 13 de
agosto de 2020 con destino al archivo de apoyo judicial.
[60] El Artículo 10 señala que: “Legitimidad e interés. La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
[61] Lo
anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 superior y en el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
[62] Folio
10 del cuaderno No. 3 del expediente de tutela.
[63] Sentencia
T-555 de 2009.
[64] T-244 de 2016.
[65] En los términos de la Sentencia C-590 de
2005, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales no exigen que la decisión cuestionada comporte
necesariamente una irregularidad procesal, sino que tal irregularidad tenga un
efecto determinante en la providencia que se impugna.
[66] Accionantes: Acero Peña
Ramiro, Alcalá Santo Bertilda, Amaya Rodríguez Nohora, Ariza Quiroga Ruth
Élvir, Barragán Barragán Luz Nelly, Benítez Gamboa Jasmín, Castañeda Ramírez
Yaned, Cely Vega Rosa Delia, Contreras Morales Patricia, Contreras Ruíz César,
Cristancho Gómez Yolinda, Díaz Salinas Luz Marina, Fierro Céspedes Fernando,
Fonseca Sabogal Carmen, Gaitán Orozco José Rodrigo, Galeano Villegas Esperanza,
García Montes Jhon Mario, García Rodríguez María, Garzón Simbaqueva Jorge,
Girón Ortiz Reinaldo, Gómez Duarte Cristhian, González Vargas Dénniz, Hernández
Gutiérrez Ana, Hernández Mora Alejandro, Herrera Parra María Olga, Jaimes
Varila Edilia, Junco Castro Luz Dary, Khoudari Amram Daniel, Khoudari Ratner
Cilia, Lozano Morales Doris, Maury Bernal
Jorge, Mayorga María del Carmen,  Medina Garzón Alba Inés, Medina Garzón
Armando, Monroy Guzmán Narcizo, Montes Garzón Claudia, Morales Lozano Mercedes, Munevar Pulido Jorge, Murillo Rojas
Luz Mery, Naranjo Yaya Dora María, Niño
Leyva Oneida, Parra Gil Humberto, Pedrero
Rodríguez Abraham, Peña Acosta Oliva
Ofelia, Peña Rivera Nubia Helena, Pestaña
Almario Oswaldo, Piñeros Sanabria Luis, Pirabán Niño Carlos Arturo, Potes Manrique Daniel, Poveda Leal Miguel, Prieto Cañón Jorge Arturo, Prieto Cañón
Rona Inés, Quimbayo Millán Aníbal, Ramírez Morales Marlén, Ramos Osorio
Freddy Alonso,
Reyes Mogollón Yeimy, Reyes Pérez Mario
Hernán, Rincón Cárdenas María, Rivera Hernández José Luis, Rivera Triana Olimpia, Rodríguez
Rodríguez Nubi, Rojas Suárez Armando, Román Ramírez Doris, Rozo Huertas Amparo, Rúa Acero Saúl Antonio, Sánchez Guzmán Víctor, Sandoval
Rodríguez José, Tolentino Quintero Víctor, Tovar Mancera Nolfi, Trujillo Parra
Alicia y Vargas Nino Cristian David.
[67] Sentencias C-590
de 2005, T-666 de 2015 y T-582 de 2016, entre otras.
[68] Sentencias T-781 de 2011, SU 424 de
2012, T-388 de 2015 y T-582 de 2016.
[69] Sentencia SU-132 de 2013.
[70] Ibíd. De acuerdo con la Sentencia SU-159 de 2002, al
adelantar el estudio del material probatorio, el operador judicial debe
utilizar “criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una
de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de
justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de
pruebas debidamente recaudadas”.
[71] Sentencia T-950 de 2011. Reiterada en la
Sentencia T-671 de 2017.
[72] La Corte indicó en la Sentencia SU-215 de
2016 que esta modalidad ocurre cuando el juez (i) aplica disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso
concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de forma
irreflexiva que pueden constituir cargas imposibles de cumplir para las partes;
(iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas, o
(iv) omite el decreto oficioso de pruebas cuando haya lugar a ello.
[73] Sentencias T-233 de 2007 y T-709 de 2010.
[74] Sentencia T-140 de 2012.
[75] Sentencias
T-446 de 2007 y T-929 de 2008.
[76] Sentencias C-590 de 2005 y T-270 de 2017, entre otras.
[77] Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de 1998.
[78] Sentencia
T-442 de 1994
[79] Ibíd. sentencia T-442 de 1994.
[80] Cfr. sentencia T-576 de 1993.
[81] Cfr. sentencia T-239 de 1996.
[82] Sentencia SU-195 de 2012, reiterada en
las sentencias SU-416 de 2015,
T-567 de 2017 y T-475 de 2018, entre otras.
[83] Sentencias
T-117 de 2013, T-271 de 2013, T-620 de 2013, SU-625 de 2015 y T-270 de 2017,
entre otras.
[84] Sentencias
SU-195 de 2012, SU-416 de 2015 y T-567 de 2017, entre otras.
[85] Caso en el
que el funcionario judicial excluye el decreto y la práctica de pruebas,
impidiendo la debida conducción al proceso de hechos que son indispensables
para el análisis y solución del asunto jurídico bajo revisión.
[86] Se configura cuando el juez no realiza el análisis y valoración de
elementos probatorios que reposan en el acervo probatorio allegado a
determinado proceso, ya sea porque no los advierte o sencillamente no los tiene
en cuenta para efectos de fundamentar su decisión, los cuales, de haberse
contemplado, habrían cambiado sustancialmente la solución del asunto jurídico
debatido.
[87] Se presenta cuando el
funcionario judicial decide separarse por completo
de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.
[88] Consultar, entre otras, las Sentencias T-902 de 2005, T- 458 de 2007 y T-620 de
2013.
[89] Sentencias T- 008 de 1999, T- 156 de 2000 y SU-416 de 2015.
[90] Sentencia T- 757 de 2009.
[91] Ver
sentencias SU-399 de 2012, SU-400 de 2012, SU-416 de 2015, SU-050 de 2017,
SU-072 de 2018 y SU-238 de 2019, entre otras.
[92] Sentencias T-114 de 2002 y T-1285 de 2005.
[93] Ver sentencias T-292 de 2006, SU-640 de
1998 y T-462 de 2003.
[94] Sentencia T-1285 de 2005.
[95] Sentencia T-047 de 2005.
[96] Sentencias SU-416 de 2015 y T-453 de 2017, entre otras.
[97] Sentencias SU-241 de 2015, SU-432 de
2015, SU-427 de 2016.
[98] Cfr.
Sentencia SU-053 de 2015, reiterada en sentencia SU-268 de 2019.
[99] Cfr.
Sentencias T-334 y SU-035 de 2018, SU-354 de 2017, y SU-556 de 2014.
[100] Cfr.
Sentencias SU-035 de 2018, SU-354 de 2017 y SU-268 de 2019.
[101] Sentencias T-153 de 2015 y T-146 de 2014.
[102] A continuación, la Sala se referirá esta
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
teniendo en cuenta las consideraciones que sobre el asunto se desarrollaron en
la sentencia T-830 de 2012.
[103] Ver sentencias C-590 de 2005 y T-292 de
2006, entre otras.
[104] Sentencia T-123 de 2010.
[105] Sentencia C-539 de 2011.
[106] Sentencia SU-168 de 1999.
[107] Sentencia T-292 de 2006, reiterada por la
sentencia T-830 de 2012.
[108] Ver además sentencias T-468 de 2003 y T-292
de 2006.
[109] T-351
de 2011
[110]
Sentencia T-830 de 2012.
[111]
Ibidem.
[112] En palabras de la Corte: “En síntesis,
la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los
fallos de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la
administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la
Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho
precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por
qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por
distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración
de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su interpretación de la
Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los
asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la
interpretación de las normas.” Cfr. Sentencia T-566 de 1998, reiterado en
las sentencias T-292 de 2006 y T-830 de 2012, entre otras posteriores.
[113] Sentencia C-634 de 2011.
[114] Sentencias T-1092 de 2007 y T-656 de 2011, entre otras.
[115] Reiterado
en sentencia C-586 de 2001.
[116] El
29 de mayo de 1969, la Corte Suprema de Justicia declaró la inexequibilidad del
Decreto 750 de 1940 al argumentar que fue promulgado excediendo las
competencias que la Ley 54 de 1939 había dado al gobierno.
[117] Decreto 750 de 1940. “Artículo 3º. Además
de los actos que el Código Penal considera culpables, la quiebra lo es, para
los efectos penales y mercantiles, cuando el comerciante ha alterado u ocultado
sus libros y documentos; cuando no lleva contabilidad o la lleva en la forma
que no permita conocer las entradas y salidas y la marcha o estado de los
negocios; cuando ha empleado fondos ajenos en sus propios negocios sin estar
autorizado para ello; cuando no manifieste su estado de quiebra de acuerdo con
la ley; cuando se hace responsable de hechos que la ley considera punibles,
como girar cheques sin provisión de fondos ni previa autorización del girado,
estafa, u otros que hayan influido de algún modo en la quiebra; cuando ha
vendido a menosprecio mercancías compradas al fiado, sin causa que lo justifique;
cuando aparezca ejerciendo públicamente el comercio sin estar inscrito en el
Registro Público de Comercio de la Cámara de jurisdicción, y cuando no haya
cumplido con las obligaciones que la ley le imponga en orden al registro de sus
cuentas en la misma Cámara”.
[118] Artículo
34 del Decreto 750 de 1940.
[119]Decreto 750 de 1940. “Artículo 48. Los
quebrados inculpables deben ser rehabilitados cuando prueben el cumplimiento
del concordato que hicieron con sus acreedores o, sino hubo concordato, que con el haber de la quiebra o con
entregas posteriores se cubren las deudas reconocidas en el procedimiento de
quiebra.”
[120] Decreto
2264 de 1969 artículo 17.
[121] Artículo
16. En ningún caso podrá procederse a la declaratoria de quiebra de una persona
que estando sometida a la inspección y vigilancia del Estado, tenga un pasivo
externo superior a la suma de cinco millones de pesos, o más de cien
trabajadores permanentes, o preste un servicio público, sin que antes se haya
agotado la tramitación del concordato preventivo ante el organismo de la Rama
Ejecutiva del Poder Público, al cual esté adscrita a la inspección y vigilancia
de la correspondiente persona. \\  El Juez ante quien se presente una solicitud
de declaración de quiebra contra persona sometida al régimen previsto en este
artículo, la enviará ante quien deba tramitar el concordato preventivo. Sí éste
no culmina o se incumple, dicho organismo pasará lo actuado al Juez competente
para abrir el proceso de quiebra.
[122] Sentencia C-006 de 2018.
[123] “Por la cual se establece un régimen que
promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los
entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el
régimen legal vigente con las normas de esta ley”. Tuvo una vigencia
transitoria inicial de 5 años, que se prorrogó luego por 2 años más hasta 2006.
El proceso establecido por la Ley 550 de 1999 sigue vigente para las entidades
territoriales.
[124]Ley 550 de 1999, Artículo 5. “ACUERDO DE
REESTRUCTURACION. Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que, en
los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas
con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación
y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan
recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el
mismo.\\ El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el
plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales
que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a
pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en esta
ley. \\ Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo
de reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente
o por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la
intervención a través de abogados. Un solo apoderado podrá serlo simultáneamente de varios acreedores.” Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66: PARAGRAFO 1. “Los procedimientos
concursales de las personas naturales continuarán tramitándose de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 222 de 1995.”
[125] Vélez Luís-Guillermo (2011). Régimen de
Insolvencia Empresarial Colombiano. Una breve historia del derecho concursal
moderno en Colombia. Superintendencia de Sociedades.
[126] Congreso
de la República de Colombia, Gaceta del Congreso 432 de 2006.
[127] Ley
1116 de 2006, Artículo 50, numeral 12. “La remisión al Juez del concurso de
todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, hasta
antes de la audiencia de decisión de objeciones, con el objeto de que sean
tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de
voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los jueces de conocimiento
respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la actuación aquí
descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del concurso. Los
procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial, estarán
sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse antes del traslado para
objeciones a los créditos. \\ Cuando se remita un proceso de ejecución en el
que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones de mérito
propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.”
[128] Ley
1116 de 2006, Artículo 7°. No prejudicialidad. El inicio, impulsión y
finalización del proceso de insolvencia y de los asuntos sometidos a él, no
dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la decisión que haya de
adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza. De la misma manera, la
decisión del proceso de insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad.
[129] Ley 550 de 1999, la cual a pesar de haber
sido deroga expresamente por la Ley 1116 de 2006, se sigue aplicando a los
acuerdos de reestructuración ya celebrados y a las liquidaciones obligatorias
en curso al momento de entrar a regir esta ley (artículo 117 ibidem):
[130] La Corte Constitucional en sentencia C-1185
de 2000 indicó que el acuerdo de reestructuración podía ser entendido como “un
convenio entre los acreedores de la empresa”, “una convención colectiva
vinculante para el empresario y todos los acreedores” o “un mecanismo
extrajudicial y de naturaleza contractual, que permita a la empresa salir de su
situación y continuar con su importante misión productiva, considerada como de
interés general”.
[131] Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 7º parágrafo 4º, 57 parágrafo 3º y 75 de la Ley 550 de 1999.
[132] Según el código civil colombiano, se
entiende por crédito cierto o deuda toda obligación de dar, hacer o no hacer
que una persona natural o jurídica tenga frente a un tercero, como puede ser
las derivadas de un contrato de trabajo, de servicios, de arrendamiento,
compraventa, letras de cambio, conciliaciones o transacciones, sentencias
judiciales, etc. (Artículos 2495 y siguientes).
[133] Artículo 6
de la Ley 550 de 1999.
[134] Art.
13 y siguientes de la Ley 550 de 1999.
[135] Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de 1999.
[136] Oficio 400-30099 del 2 de mayo de 2000.
Superintendencia de sociedades:
Suspensión de los
procesos ejecutivos como consecuencia de la iniciación de la promoción de un
acuerdo de reestructuración y sus efectos sobre las medidas cautelares
decretadas.
“La iniciación de
la negociación de un acuerdo de reestructuración genera efectos respecto del
deudor, de sus acreedores y de las relaciones jurídico-económicas en las cuales
interviene, procesales y mixtos.”
“(…) Uno de los
efectos procesales corresponde a la suspensión de los procesos ejecutivos que
se adelantan contra el empresario que negocia un acuerdo de reestructuración,
la cual tiene un objetivo claramente protector de la empresa y de los
acreedores como adelante se expone.”
[137] Según
el artículo 33 de la Ley 550 de 1999 el acuerdo debía contener, entre otras,
las siguientes cláusulas:
Prelación,
plazos y condiciones en las que se pagarán, tanto las acreencias anteriores a
la fecha de iniciación de la negociación, como las que surjan con base en lo
pactado en el mismo. Reglas de constitución y funcionamiento de un Comité de
Vigilancia. Compromiso de ajustar a las normas legales, si fuera el caso, las
prácticas contables de la empresa. Reglas para interpretar y modificar el acuerdo. Normas sobre distribución de
utilidades y reparto de dividendos durante la vigencia del acuerdo. Regulación de
los eventos de incumplimiento y forma de remediarlos.
Regulación referente a las autorizaciones que deba impartir el Comité de vigilancia.
[138] Sentencias
C-1185 de 2000 y C-586 de 2001, entre
otras.
[139] Sentencia C-006 de 2018.
[140] Ibidem.
[141] ARTICULO 14. EFECTOS DE LA INICIACION DE LA
NEGOCIACION. “A partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta
que hayan transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta
ley, no podrá iniciarse ningún proceso de ejecución contra el empresario y se
suspenderán los que se encuentren en curso, quedando legalmente facultados el
promotor y el empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad del
proceso o pedir su suspensión al juez competente, para lo cual bastará que
aporten copia del certificado de la cámara de comercio en el que conste la
inscripción del aviso. En los anteriores términos se adiciona el artículo 170
del Código de Procedimiento Civil; y el juez que fuere informado por el
demandado de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo
dispuesto en el presente inciso, incurrirá en causal de mala conducta”.
[142] Por la cual se establece el Régimen de
Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras
disposiciones.
[143] Folio
24 del cuaderno número dos del expediente de tutela.
[144] Folio
328 del cuaderno de anexos del expediente de tutela.
[145] Folios
232 y siguientes del cuaderno de anexos, ibidem.
[146] Anexo 9 del cuaderno de anexos, folios 255
y 256 del. Expediente de Tutela T-7.798.642.
[147] Anexo
20 del cuaderno de anexos, folios 389 al 396 del. Expediente de Tutela
T-7.798.642.
[148] Anexo 8 del cuaderno de anexos, folios 232
y siguientes, ibidem.
[149] Anexo 9 del cuaderno de anexos del
expediente de tutela. Folio 256.
[150] Anexo 21, ibidem. Folios 398 al 405.
[151] Anexo
20 del cuaderno de anexos del expediente de tutela T-7.798.642. Testimonio
proceso No. 2007-606, folios 389 al 397.
[152] Artículo
21 de la Ley 550 de 1999.
[153] ARTICULO
26. OBJECIONES A LA DETERMINACION DE DERECHOS DE VOTO Y DE ACREENCIAS. “Cuando
cualquier acreedor interno o externo, o un administrador del empresario con
facultades de representación, tenga una objeción a las decisiones del promotor
a que se refieren los artículos 22 y 25 de la presente ley que no pueda ser
resuelta en la reunión prevista en su artículo 23, dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de terminación de dicha reunión el objetante tendrá
derecho a solicitar por escrito a la Superintendencia de Sociedades que
resuelva su objeción. La Superintendencia resolverá dicha objeción, en única
instancia, mediante el procedimiento verbal sumario, pronunciándose a manera de
árbitro, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 435 del
Código de Procedimiento Civil. La Superintendencia resolverá todas las
objeciones presentadas en tiempo sobre el particular sobre el particular
<sic> y la providencia respectiva, una vez en firme, permitirá al
promotor establecer con certeza los votos admisibles y los créditos que han de
ser objeto del acuerdo de reestructuración”.
[154] Corte Suprema de Justicia, Sala de casación
Civil, Sentencia del 17 de agosto de 2016, páginas 33 y 34.
[155] ARTICULO
27. PLAZO PARA LA CELEBRACION DE LOS ACUERDOS. Los acuerdos deberán celebrarse
dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en que queden
definidos los derechos de voto, mediante decisión del promotor o mediante la
ejecutoria de la providencia de la Superintendencia de Sociedades que resuelva
las objeciones que llegaren a presentarse.
[156] Esta corporación se
permite aclarar que los conceptos de la Superintendencia
de Sociedades citados en esta sentencia tienen un carácter estrictamente
ilustrativo sobre la interpretación que esa entidad ha hecho sobre la Ley 550
de 1999, conforme con la Constitución Política. Por lo anterior, dichos
conceptos no pueden entenderse como una fuente de carácter vinculante para la
Corte Suprema de Justicia o para cualquier otra autoridad judicial.
[157] Oficio2
20-166353 del 28 de noviembre de 2011.
[158] Folio
354 del cuaderno de anexos del proceso de tutela, expediente T-7.798.642.
[159] Salvamento
de voto de a la sentencia del 17 de agosto de 2016, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
el proceso con radicación No. 11001-31-03-007-2007-00606-01. Folios 352 al 355,
anexo 13.
[160] Folio
39 del cuaderno número 2 del expediente de tutela.
[161] Sentencia
T-065 de 2000, reiterada en sentencia C-006 de 2018.
[162] Reiteración
de la sentencia C-291 de 2002.
[163] Oficio
220-165963 del 28 de noviembre de 2011, “Tratamiento de los créditos litigiosos
en los acuerdos de reestructuración – Ley 550 de 1999”.
[164] Ibidem.
[165] El
referido numeral indica: “8. Todas las obligaciones se atenderán con
sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se
establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de
plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor, salvo
las excepciones expresamente previstas en esta ley en relación con las
obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares
de otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social”.
[166] Accionantes: Acero Peña
Ramiro, Alcalá Santo Bertilda, Amaya Rodríguez Nohora, Ariza Quiroga Ruth
Élvir, Barragán Barragán Luz Nelly, Benítez Gamboa Jasmín, Castañeda Ramírez
Yaned, Cely Vega Rosa Delia, Contreras Morales Patricia, Contreras Ruíz César,
Cristancho Gómez Yolinda, Díaz Salinas Luz Marina, Fierro Céspedes Fernando,
Fonseca Sabogal Carmen, Gaitán Orozco José Rodrigo, Galeano Villegas Esperanza,
García Montes Jhon Mario, García Rodríguez María, Garzón Simbaqueva Jorge,
Girón Ortiz Reinaldo, Gómez Duarte Cristhian, González Vargas Dénniz, Hernández
Gutiérrez Ana, Hernández Mora Alejandro, Herrera Parra María Olga, Jaimes
Varila Edilia, Junco Castro Luz Dary, Khoudari Amram Daniel, Khoudari Ratner
Cilia, Lozano Morales Doris, Maury Bernal
Jorge, Mayorga María del Carmen,  Medina Garzón Alba Inés, Medina Garzón
Armando, Monroy Guzmán Narcizo, Montes Garzón Claudia, Morales Lozano Mercedes, Munevar Pulido Jorge, Murillo Rojas
Luz Mery, Naranjo Yaya Dora María, Niño
Leyva Oneida, Parra Gil Humberto, Pedrero
Rodríguez Abraham, Peña Acosta Oliva
Ofelia, Peña Rivera Nubia Helena, Pestaña
Almario Oswaldo, Piñeros Sanabria Luis, Pirabán Niño Carlos Arturo, Potes Manrique Daniel, Poveda Leal Miguel, Prieto Cañón Jorge Arturo, Prieto Cañón
Rona Inés, Quimbayo Millán Aníbal, Ramírez Morales Marlén, Ramos Osorio
Freddy Alonso,
Reyes Mogollón Yeimy, Reyes Pérez Mario
Hernán, Rincón Cárdenas María, Rivera Hernández José Luis, Rivera Triana Olimpia, Rodríguez
Rodríguez Nubi, Rojas Suárez Armando, Román Ramírez Doris, Rozo Huertas Amparo, Rúa Acero Saúl Antonio, Sánchez Guzmán Víctor, Sandoval
Rodríguez José, Tolentino Quintero Víctor, Tovar Mancera Nolfi, Trujillo Parra
Alicia y Vargas Nino Cristian David.
[167] En atención a decisión proferida por la
Superintendencia de Sociedades de declarar terminado el proceso liquidatorio de
Konkord S.A. en liquidación judicial, mediante auto No. 2020-01-419722, durante
el presente trámite de revisión.