T-283-20
Sentencia T-283/20
Referencia: Expediente T- 7.184.275
Acción de tutela instaurada por Violeta[1] contra la
Central de Abastos y Federico
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil
veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
en el asunto de la referencia por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples, el 12 de septiembre de 2018, en primera
instancia y, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, el 23 de octubre de 2018, en
segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
El 29 de agosto de 2018, Violeta interpuso acción de
tutela buscando la protección de  sus derechos “a la dignidad humana,
a la libertad, a la igualdad de oportunidades sin ninguna discriminación, a la
intimidad personal, familiar y buen nombre, a la honra, a la libre circulación,
al trabajo y a no ser desterrada”, que considera vulnerados por la Central
de Abastos (en adelante, la Central de Abastos o la Central) y el señor Federico.
A continuación la Sala resumirá los hechos narrados y probados durante el
proceso:
1. Hechos
1.1. Violeta tenía 21 años de edad para el momento en
que acudió a la acción de tutela, es madre cabeza de familia y solía trabajar
como vendedora ambulante de tintos en la Central de Abastos desde el año 2017.
En ese lugar conoció al señor Federico, propietario de dos locales en los que
comercia cítricos, con quien, afirmó, mantuvo una relación. Unos meses después
de haberle conocido, se enteró de que estaba casado y le estaba siendo infiel a
su compañera con ella. A partir de ese momento, aseguró, empezó a recibir
llamadas y mensajes en su celular por parte de la pareja del accionado “insultándo[la]
y tratándo[la] mal, acusándo[la]  [de ser]  trabajadora
sexual, [de]  ofre[cer] servicios sexuales entre otros insultos”.
Esa situación “ha afectado todo [su]   entorno, tanto en el ámbito
laboral como en [su] estado psicológico, emocional, [su] honra y
buen nombre”.[2]
1.2. El 17 de julio de 2018, el señor Federico le
pidió a la administración de la Central de Abastos expulsar a la accionante de
sus instalaciones. En concreto, solicitó que se le prohibiera entrar, circular
y realizar su actividad laboral como vendedora ambulante. La solicitud
presentada fue la siguiente:
“Yo FEDERICO propietario del local 57 del Bloque A y
propietario del local A 24-13 de la central, con el debido respeto que me
caracteriza me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la expulsión de la
central de abastos de a la señora VIOLETA la cual se desempeña como vendedora
ambulante dentro de las instalaciones de la Central.
La señora Violeta valiéndose de artimañas me ofreció
sus servicios de índole sexual logrando obtener beneficios económicos y de paso
acabando con la paz que había en mi hogar, ya que la señora mencionada se
dedicó a dañar el buen nombre que me caracteriza tanto como comerciante como
persona dentro de la central. Y de paso llamar a mi esposa, con el fin de
atormentarla haciendo comentarios que no son verdaderos y que además están
fuera de tono, con el fin de indisponerla aún más en contra mía. El propósito
de la señora, es acabar totalmente con mi matrimonio.
Yo como comerciante mayorista por más de 12 años de
cítricos de la Central de Abastos, espero se me apoye en un 100% con mi
solicitud. Y evitemos de paso que personas como estas le estén ocasionando
problemas personales y familiares a los demás comerciantes de la central.”[3]
1.3. El 6 de agosto de 2018, la Central puso en
conocimiento de Violeta  la petición antes citada y, le informó que contaba con
tres días para “brindar las respectivas aclaraciones por escrito sobre los
hechos mencionados por el peticionario.” [4]
1.4. La accionante se defendió enviando un escrito el
10 de agosto siguiente, en el que aclaró (i) que no prestó servicios sexuales
al señor Federico sino que mantuvo con él una relación sentimental, (ii) que no
era cierto que lo hubiese contactado por teléfono y (iii) que el accionado “se
ha ensañado en afectar[la] tanto emocionalmente, psicológicamente,
económicamente y está atentando contra [su] paz y contra el hogar que
est[á]  tratando de formar […]”[5]
1.5. El 11 de agosto de 2018, la Central de Abastos
resolvió la petición del señor Federico y encontró que ambas partes habían
cometido faltas según el reglamento interno de la propiedad. Por lo tanto, le
impuso a la accionante una sanción de 5 años de suspensión como vendedora
ambulante y al señor Federico una multa de 15 salarios mínimos diarios legales
vigentes. La Central argumentó que las sanciones tenían un fin preventivo y
correctivo pues tanto la accionante como el señor Federico habrían incurrido en
faltas graves y gravísimas, según los estatutos de la copropiedad.[6]
1.6. La actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad de
oportunidades sin ninguna discriminación a la intimidad personal, familiar y
buen nombre, a la honra, a la libre circulación, al trabajo y a no ser
desterrada. Afirmó que se siente “discriminada y atropellada por
[su] condición de mujer y posición socio económica”[7]. En su
opinión, el señor Federico utilizó en su contra la posición de comerciante
mayorista de la Central de Abastos, entidad que no tuvo en cuenta sus
condiciones personales. Explicó que es una persona en condición de
vulnerabilidad económica y madre cabeza de familia; hizo énfasis en que ha “sido
ofendida y agredida, tanto psicológicamente, verbalmente y con mensajes de
texto vía celular […] acusándo[la] de mujer prestadora de
servicios sexuales entre otras ofensas”.[8]
1.7. La petición está encaminada a (i) que la Central
de Abastos revoque la decisión de suspender su ingreso como vendedora ambulante
durante 5 años, para así proteger sus derechos al trabajo y a la libre
movilización y, (ii) que se ordene al señor Federico y a su compañera
sentimental cesar las agresiones en su contra, con el fin de salvaguardar sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra y al buen nombre.[9]
2. Trámite de primera instancia y respuesta
de la accionada
El 29 de agosto de 2018, el Juzgado Primero Municipal
de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples asumió el conocimiento de la acción
de tutela, y notificó a los accionados con el fin de que se pronunciaran sobre
los hechos de la demanda.
-
Central de Abastos
2.1. Mediante comunicación del 4 de septiembre de
2018, el representante legal de la Central de Abastos contestó la acción de
tutela y solicitó negar el amparo. En primer lugar, aseguró que la señora Violeta
no hace parte de las vendedoras ambulantes autorizadas por la Central. Señaló
que aunque la vida personal de los usuarios y copropietarios que ingresan a la
Central no es de su interés, la convivencia pacífica en las instalaciones sí
son de su competencia. En este sentido, el señor Federico les dio a conocer una
situación que afectaba su ejercicio como comerciante y, por lo tanto, iniciaron
un procedimiento sancionatorio que se llevó a cabo con todas las garantías del
debido proceso tal como lo dispone el artículo 27 del reglamento interno de la
propiedad. Así, sostuvo que a la accionante se le permitió el ejercicio de su
derecho de defensa, de contradicción y se respetó su dignidad humana. Aseguró
que “el comportamiento de la accionante se pudo corroborar con las mismas
conversaciones aportadas por ella, en los [sic] cuales sostiene que tuvo
relaciones sexuales con el señor FEDERICO y que lo hizo por dinero.”[10] Por
último, advirtió que según la Ley 675 de 2001 del régimen de propiedad
horizontal, la Central de Abastos tiene plena autonomía para establecer su
reglamento y las sanciones que estime necesarias. Precisamente, en virtud de lo
anterior tiene prohibido el ofrecimiento de servicios sexuales por dinero al
interior de la Central.
-
Federico
2.2. En escrito presentado el 4 de septiembre de 2018,
el señor Federico dio respuesta a la acción de tutela y pidió no acceder a las
pretensiones planteadas por la accionante, pues considera que no ha vulnerado
ninguno de los derechos fundamentales invocados. Afirmó que todo el
procedimiento sancionatorio al que alude la actora se adelantó respetando las
garantías del debido proceso y que la decisión de la Central de Abastos se
fundamentó en el material probatorio que recaudó durante el mismo. Sostuvo que
son él y su compañera sentimental quienes se han visto afectados por las
acciones de la accionante, con quien tuvo una relación que se limitó a hacer
uso de los servicios sexuales que ofrecía, pagando una tarifa convenida entre
ellos dos.
El señor Federico relató que en el mes de marzo de
2018 la accionante le ofreció sus servicios sexuales y, fijó un pago de
$100.000 por cada encuentro íntimo. Tras algunas citas, afirmó, la señora Violeta
lo persiguió y hostigó en su lugar de trabajo y telefónicamente, a tal punto
que tuvo que cambiar su línea de celular. Aseguró que la señora Violeta sabía
desde un principio que él estaba casado y que, precisamente, aprovechó dicha
información para “sacar provecho pecuniario, mediante chantaje y extorsión,
la cual se perpetró por más de tres meses.”[11] Señaló que
la reacción de la accionante ante su rechazo fue buscar a su hermano e
informarle un supuesto estado de embarazo, así como burlarse y ofender a su
esposa pretendiendo acabar con la paz de su hogar.
3. Los fallos objeto de revisión
-
Sentencia de primera
instancia[12]
3.1. El 12 de septiembre de 2018, el Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples resolvió, en primera
instancia, tutelar el derecho al debido proceso de la señora Violeta. Luego de
analizar el material probatorio allegado al proceso, la Juez determinó que la
sanción impuesta a la accionante resultaba desproporcionada, pues mientras al
señor Federico se le impuso una multa que corresponde a menos de $400.000, a la
actora se le prohibió la entrada a su lugar de trabajo durante 5 años. Afirmó
que existió una “afectación del entorno social de los accionantes y no de
los demás usuarios y copropietarios de la Central de Abastos, no obstante ante
la responsabilidad de la accionante como del copropietario vinculado, esta
deberá ser ajustada no solo al debido proceso sino también a la igualdad de
sanción que cumpla la función preventiva y correctiva definida en el artículo
30 del reglamento interno de CAV PH, máxime cuando no se observa catalogada una
sanción de 5 años.”[13]
En consecuencia,  le ordenó al representante legal de la Central de Abastos, o
a quien haga sus veces, disponer “lo necesario para que proceda a dejar sin
valor y efecto la sanción interpuesta a la accionante el día 11 de agosto de
2018 analizando una sanción proporcional previo debido proceso”.[14]
-
Impugnación
3.2. El representante legal de la Central de Abastos
impugnó, oportunamente, el fallo de primera instancia. Argumentó que se debe
respetar la autonomía del régimen de propiedad horizontal de la Central en
virtud de la cual expidió su propio reglamento que prohíbe, en el artículo 38,
las ventas ambulantes. En su opinión, la sanción impuesta a la accionante no es
desproporcionada porque es necesario diferenciar entre su situación y la del
señor Federico. Este último, argumentó, es copropietario de la Central y por
ello debe asumir gastos como cuotas de administración y pago de servicios
públicos e impuestos prediales, mientras que la accionante, al no tener
autorización para laborar en la Central, no realiza pagos por ningún concepto.
Concluyó que al valorar las calidades de ambas partes las sanciones impuestas
fueron adecuadas en tanto “los usuarios que no son propietarios, ni
comerciantes, no tienen sentido de pertenencia por las instalaciones, no tienen
el respeto debido a los comportamientos permitidos y prohibidos por los
reglamentos que la misma copropiedad establece. Por tanto, las sanciones deben
ser más drásticas y prolongadas”.[15]
-
Sentencia de segunda
instancia
3.3. El 23 de octubre de 2018, el Juzgado Quinto Civil
del Circuito del Distrito Judicial resolvió revocar el fallo de primera
instancia y, en su lugar, negó el amparo de los derechos fundamentales de la
accionante. El Juez argumentó que la sanción impuesta a la señora Violeta
estuvo precedida por un procedimiento administrativo que se adelantó con el
respeto de todas las garantías del debido proceso. Consideró que “la sanción
impuesta no resulta desproporcionada, pues dentro de sus facultades tanto
legales como reglamentarias la accionada tiene la facultad de sancionar con la
expulsión y/o establecer a quien le permite el ingreso, lo cual no es desmedido
pues la señora Violeta no tiene derecho de exigir el ingreso a la propiedad
privada pues no es dueña de ninguna de las unidades comerciales
(locales-bodegas) ni tiene su calidad de arrendataria […] menos aún, si
se tiene en cuenta que la actividad que pretende ejercer la accionante no está
autorizada por la administración y es evidente que afectaría a los comerciantes
[…]”. Añadió que la accionante no hizo uso de los medios de defensa
ordinarios, como el proceso verbal de impugnación de actos de asamblea
establecido en el artículo 382 del Código General del Proceso.
4. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Además del material probatorio allegado al proceso
durante el trámite de las sentencias de instancia, que consiste principalmente
en documentos que dan cuenta del proceso que se llevó a cabo por la Central de
Abastos en el caso[16],
el reglamento interno de la misma[17],
grabaciones de audio y capturas de pantalla de conversaciones vía whatsapp
entre las personas implicadas en los hechos del caso[18],
declaraciones extrajuicio aportadas por el accionado[19] y otros escritos[20]; la magistrada
ponente solicitó concepto sobre el caso a la profesora Ochy Curiel, a la Escuela de
Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y al Centro Regional
de Derechos Humanos y Justicia de Genero Humanas Colombia[21].
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo
de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991[22]
y en cumplimiento del auto del 26 de febrero de
2019, expedido por la Sala de Selección Número Dos de 2019 de esta
Corporación.
2. La acción de tutela es
procedente
2.1. Antes de formular el problema
jurídico, la Sala debe analizar la procedencia de la acción de tutela
interpuesta por Violeta contra la Central de Abastos y el señor Federico. De manera preliminar, advierte que en esta
oportunidad se cumplen todos los requisitos de procedencia de la acción de
tutela, esto es, la legitimación por activa y pasiva, la inmediatez y la
subsidiariedad. A continuación se exponen los argumentos que sustentan dicha
conclusión.
2.2. Legitimación por activa: Violeta puede
presentar la acción de tutela, al ser una persona que actúa en nombre propio,
buscando la protección de sus derechos fundamentales.[23]
2.3. Legitimación por pasiva: la
tutela puede dirigirse contra la Central de Abastos y el señor Federico porque
frente a ellos Violeta se encuentra en estado de indefensión.[24] Un estado de indefensión se presenta cuando
existe una situación desigual entre dos partes en la que una es más fuerte que
la otra, y esta última -la parte débil-, no tiene medios físicos o jurídicos
para defenderse, o los que existen son insuficientes para resistir la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, lo cual la pone en una
situación de desamparo[25].
Según esta Corte, “la indefensión es un concepto de naturaleza fáctica, que
se configura cuando una persona se encuentra en estado de debilidad manifiesta
frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias de hecho que
rodean el caso, no le es posible protegerse en un plano de igualdad, bien porque
carece de medios jurídicos de defensa o porque, a pesar de existir dichos
medios, ellos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o
amenaza de sus derechos fundamentales.”[26] En específico, las relaciones entre
la administración de lugares organizados bajo el régimen de propiedad
horizontal y los destinatarios de sus decisiones, generan estados de
indefensión o subordinación[27].
2.4. En el caso bajo estudio, la Sala advierte que se
configura una situación fáctica de indefensión entre Violeta y la Central de
Abastos[28]
así como frente al señor Federico. En relación con la Central, teniendo en
cuenta (i) que su administración le impuso a la accionante una sanción que se
ve obligada a acatar[29],
(ii) que esa sanción podría afectar sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al buen nombre, al debido proceso y al trabajo y (iii) que no existen
medios apropiados que le permitan ejercer una defensa en condiciones de
igualdad -aspecto que será desarrollado en detalle al analizar el requisito de subsidiariedad-,
es posible concluir que la Central de Abastos tiene legitimación por pasiva en
el caso bajo estudio.
2.5. En sentido similar, existe un estado de
indefensión de la accionante frente al señor Federico que habilita la
procedencia de la acción de tutela en su contra. Debe tenerse en cuenta que
mientras el accionado es copropietario de dos locales dentro de la Central de
Abastos,[30]
lugar en el que, según afirmó, ha desempeñado labores como comerciante desde
hace 12 años, la accionante solía trabajar allí como vendedora ambulante. La
calidad de copropietario y la antigüedad de la labor desempeñada por el señor Federico
en la Central de Abastos, lo ponen en una posición de superioridad frente a la
señora Violeta, quien, dada su labor informal, tenía apenas un vínculo fáctico
con la Central. El largo tiempo durante el cual el accionado ha desempeñado su
labor en la Central, hace que sus afirmaciones tengan un peso mucho mayor y en
particular sean percibidas como ciertas por el conglomerado, e incluso, por los
órganos de la administración. También debe tenerse en cuenta  que la accionante
es una mujer, madre cabeza de familia y se encontraba trabajando como vendedora
ambulante al interior de la Central, condiciones que demuestran un evidente
estado de vulnerabilidad.[31]
Por lo tanto, la Sala encuentra satisfecho el requisito de legitimación por
pasiva frente al señor Federico, a quien se le acusa de haber vulnerado los
derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra y buen nombre de la accionante.
2.6. Inmediatez: la acción de tutela fue
promovida en un plazo razonable.[32]
Entre el
hecho vulnerador, es decir el momento en que la Central de Abastos resolvió
imponer a la accionante la sanción de 5 años de suspensión, el 11 de agosto de
2018 y la interposición de la acción de tutela, el 29 de agosto del mismo año,
transcurrieron 11 días hábiles, término más que oportuno para acudir al amparo
constitucional.
2.7. Subsidiariedad: la acción
de tutela es el mecanismo que puede proteger de mejor manera los derechos
fundamentales de la accionante.[33]
Para controvertir la decisión adoptada por la Central, Violeta únicamente puede
acudir a la acción de tutela, pues no existen otros mecanismos judiciales de
defensa.[34]
Aunque el juez de segunda instancia
estimó que la peticionaria podía haber iniciado un proceso verbal de
impugnación de actos de asamblea tal como lo dispone el artículo 382 del Código
General del Proceso, este argumento no puede ser avalado por la Sala toda vez
que (i) la decisión que se controvierte en esta oportunidad no es precisamente
un acto de asamblea y (ii) en todo caso la accionante no está legitimada para
hacer uso de la mencionada acción.[35]
Por un lado, la impugnación de los actos de asamblea está prevista para
aquellas decisiones que se tomen por el órgano administrativo de una propiedad
horizontal, en el marco de las reuniones ordinarias o extraordinarias que
realice;[36]
por otro, sólo el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes
privados pueden promoverla.[37]
Así pues, al no tratarse de un acta de asamblea, y no tener legitimidad para
impugnar una eventual decisión de ese tipo, este mecanismo judicial no podía
iniciarse por la actora.
2.8. En igual sentido, la tutela cumple el
requisito de subsidiariedad frente al señor Federico. Si bien la acción penal
podría parecer un medio judicial idóneo de defensa,[38] la Sala considera que
la acción de tutela es el único medio judicial efectivo que podía usar  Violeta
para obtener la protección de su derecho al buen nombre. En la sentencia T-263 de 1998,[39] la Corte Constitucional sostuvo que “[l]a vía penal sólo protege determinadas
vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la protección
que la Constitución Política depara a los mismos es total. Por esta razón,
existen violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar
a constituir formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por
ende, autorizan su protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es
necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.” Conviene recordar que la accionante no busca establecer una
responsabilidad civil o penal, sino específicamente, el restablecimiento de sus
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre que estima vulnerados por el
señor Federico. Por lo tanto, sólo la protección que brinda la Constitución
Política a los mencionados derechos es completa puesto que no se limita al
establecimiento de responsabilidades, sino que permite además evitar una
vulneración de derechos o restaurarlos si es del caso.
2.9. Al encontrar satisfechos los
requisitos formales de procedencia, la Sala continuará con el estudio del caso.
3. Formulación del
problema jurídico y metodología de la decisión
3.1. Le Corresponde a la Sala
determinar, por un lado, si una Central de Abastos vulnera el derecho al debido
proceso de una vendedora ambulante, que fue acusada por uno de sus
copropietarios de ofrecer servicios sexuales, al imponerle una sanción de
suspensión de entrada a sus instalaciones. Por otro, deberá estudiar si Federico
vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, honra y buen nombre de
la señora Violeta al acusarla de ofrecer servicios sexuales al interior de las
instalaciones de la Central.
3.2. En este orden de ideas, la Sala
se referirá: (i) a la competencia de los particulares para imponer sanciones
contempladas en los reglamentos de propiedad horizontal y la obligación de
respetar el derecho al debido proceso; (ii) a los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la
honra; (iii) a
la protección al trabajo y las condiciones de vulnerabilidad en la que se
encuentran las trabajadoras informales, especialmente quienes trabajan en el
espacio público; y (iv) explicará por qué la Central de Abastos no podía
sancionar la conducta de los implicados en los hechos del caso, y al hacerlo,
vulneró el derecho al debido proceso de la accionante. A partir de lo anterior,
establecerá los remedios judiciales para salvaguardar y reparar los derechos de
la señora Violeta. Por último, (v) expondrá las razones que permiten concluir
que no existió una vulneración de los derechos a la honra y el buen nombre de
la accionante.
4. La posibilidad de los particulares de
imponer sanciones conforme a los reglamentos de propiedad horizontal
4.1. En este apartado la Sala (i)
realizará consideraciones sobre la facultad que tienen los particulares para
imponer sanciones y la forma en la que la jurisprudencia de esta Corte la
intervenido para salvaguardar las garantías constitucionales en este ámbito y
(ii) estudiará la necesidad de respetar el debido proceso en el marco de las
facultades sancionatorios con las que cuentan las personas jurídicas
organizadas bajo el régimen de propiedad horizontal.
4.2. Uno de los accionados en este caso es una copropiedad
destinada a usos comerciales cuyo funcionamiento debe seguir las normas comunes
para la propiedad horizontal, contenidas en la Ley 675 de 2001[40]. Según
esta Ley, las personas jurídicas organizadas bajo dicho régimen tienen la
facultad de crear sus propios reglamentos, que en general, buscan armonizar el
dominio privado con los espacios públicos o comunes. Los reglamentos regulan
los derechos y obligaciones de los copropietarios y establecen cuáles
actividades se encuentran permitidas en los espacios de uso común, además de
las formas para financiar su mantenimiento.[41] Estas disposiciones, al operar como
principal fuente para resolver y ordenar los asuntos de la copropiedad, deben
enmarcarse dentro de la legalidad propia del Estado de derecho[42] y por
ende, deben respetar los derechos de los copropietarios así como los de
terceros y demás sujetos interesados.
4.3. Teniendo claro que las personas jurídicas
organizadas bajo el régimen de propiedad horizontal tienen plena autonomía para
adoptar reglamentos y establecer su forma de aplicación, la jurisprudencia
constitucional ha intervenido dicha facultad cuando ha encontrado que no se
ajusta al orden constitucional, o afecta derechos fundamentales. En la
Sentencia C-318 de 2002,[43]
la Corte estudió una demanda contra varios artículos de la Ley 675 de 2001, que
según la interpretación de los accionantes excluía a los moradores no
propietarios de participar en los debates sobre las decisiones que podían
afectarles y se les privaba de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa
ante eventuales sanciones. Al analizar de fondo los cargos, la Corte resolvió
que las normas demandadas se ajustaban a la Constitución bajo el entendido que
quienes vivan en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal pero no
sean copropietarios, deben ser escuchados en las decisiones que puedan
afectarlos -tienen voz pero no voto- y, cuando sean objeto de sanción, deben
contar con las garantías propias del debido proceso, en especial el derecho de
defensa.[44]
Más adelante, en la Sentencia C- 522 de 2002,[45] declaró exequible el párrafo 2 del
artículo 37 de la citada ley que establece un sistema de votación por
coeficiente de propiedad[46]
para la toma de decisiones de la asamblea general, pero entendiendo que las
determinaciones que se adopten en las copropiedades destinadas a vivienda
diferentes a las obligaciones de tipo económico[47]nque
afecten la vida colectiva y, con ello, otros derechos fundamentales, como el
derecho a la intimidad o al libre desarrollo de la personalidad, no pueden
tomarse con base en el mencionado sistema;[48] en esos casos, “la regla debe ser  un
voto por cada unidad privada y de esta manera, armonizar el carácter expansivo
de la democracia y la primacía de los derechos de las personas con el ejercicio
del derecho de propiedad privada y sus atributos de dominio y disposición.”[49]
4.4. En sentido similar, al revisar acciones de tutela
en el contexto de relaciones entre particulares en los regímenes de propiedad
horizontal, la Corte ha señalado que las juntas administradoras de conjuntos
residenciales pueden imponer sanciones a los residentes que no estén al día en
el pago de las cuotas de administración, siempre que con ello no se afecten
derechos inalienables de la persona tales como la vida y el derecho a recibir
acciones solidarias de vecinos y amigos. Por lo tanto, no pueden suspender el
servicio de citófono en aquellas copropiedades en las que por su tamaño, la
comunicación por ese medio es una necesidad vital, por ejemplo, para el ingreso
de ambulancias en caso de emergencia o cualquier otra ayuda que se llegue a
necesitar.[50]
Tampoco  pueden impedir la recepción de correspondencia a los residentes morosos
pues con ello se vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar,
consagrado en el artículo 15 constitucional. Ha señalado también que la orden
de la administración a los porteros de no abrir las puertas de entrada a los
garajes del conjunto a los residentes que se encuentran en mora, con el
objetivo  de obligarles a bajarse del vehículo abrir personalmente la puerta
entrar y luego devolverse a cerrarla, puede vulnerar los derechos fundamentales
a la vida, a la integridad personal y a la libertad de locomoción, atendiendo a
circunstancias como la avanzada edad de los usuarios, sus condiciones físicas,
o si se trata de personas en condición de discapacidad.[51] Del mismo
modo, limitó la decisión de un administrador de negar el uso de un bien comunal
a una persona de la tercera edad, al encontrar que con ello se afectaba su
derecho a la salud y que se había argumentado, únicamente, presuntos riesgos para
la salud de los niños del conjunto que resultaron “inciertos, subjetivos y
eventuales”, incurriendo así en un acto de discriminación frente a la
accionante.[52]
4.5. De otra parte, la Corte también ha
dispuesto que los principios y reglamentos de las copropiedades no pueden
generar actuaciones arbitrarias y discriminatorias, por ejemplo, al negar la
renovación de la inscripción de uno de sus miembros antes aceptados tras
advertir que se trataba de una persona homosexual.[53] Asimismo, encontró
inconstitucional un artículo de un reglamento interno de una  corporación
privada que negaba la calidad de socio del club a un menor de edad por ser hijo
extramatrimonial y ordenó la inscripción del niño como hijo del socio activo
correspondiente.[54]
En otro caso, estableció que una administración de propiedad horizontal no
puede cobrar a los residentes que instauren acciones judiciales o
administrativas en su contra los gastos de representación en los que incurra
para su defensa y, determinó que las unidades residenciales deben adoptar
medidas positivas frente a las personas en condición de discapacidad que
contribuyan a la superación de las barreras físicas con las que suelen
encontrarse. En consecuencia, modificó la forma en la que se distribuían los
parqueaderos de un edificio mes a mes, de manera que por lo menos el 2% de los mismos fuera asignado a las
personas con discapacidad.[55]
La Corte también ha advertido que los centros comerciales no pueden retirar de
sus instalaciones a parejas del mismo sexo, por realizar manifestaciones de
cariño en  público, por ser un acto discriminatorio que vulnera los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la no
discriminación y a la intimidad.[56]
Recientemente, dejó sin efectos una decisión sancionatoria proferida por la Administración de la Plaza de
Mercado de Paloquemao, que consistió en la suspensión definitiva de la
administradora de un vivero ubicado al interior de la misma, después de
evidenciar que el proceso sancionatorio que adelantó en su contra desconoció
sus derechos de defensa y contradicción y que se le impuso una sanción que no
corresponde a lo previsto por el reglamento interno, afectando sus derechos al
debido proceso y al trabajo.[57]
4.6. Este breve recuento jurisprudencial
muestra que las amplias facultades de autoregulación de las propiedades
horizontales que les permiten adoptar sus propios reglamentos e imponer
sanciones a quienes los incumplan, tienen un claro límite en el respeto por los
derechos fundamentales de los destinatarios de su aplicación y en esos casos,
puede el juez constitucional intervenir con el propósito de salvaguardar
intereses superiores.
-
Sobre el debido
proceso y la facultad sancionatoria
4.7. En concordancia con lo anterior, debe tenerse en
cuenta que el artículo 29 constitucional establece que el debido proceso debe
ser respetado en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por
ello, ha sostenido la Corte que el debido proceso invade todo el ordenamiento
jurídico, incluso las relaciones entre particulares, en especial en aquellos
escenarios en los que éstos tienen la facultad de imponer sanciones[58] como
ocurre en el caso de las administraciones de centros comerciales o centrales de
abastos. De manera general, la jurisprudencia ha identificado los contenidos
mínimos del derecho al debido proceso que deben ser garantizados en todas las
actuaciones sancionatorias que adelanten las organizaciones de naturaleza
privada o los particulares. En este sentido, ha señalado que “los presupuestos
mínimos del debido proceso que se hacen extensibles a toda actuación
sancionatoria corresponden a: (i) el principio de legalidad, de
manera que el procedimiento se sujete a las reglas contenidas en el reglamento
o cuerpo normativo respectivo;[59] (ii) la
debida motivación de la decisión que atribuye efectos jurídicos a la conducta
de quien es sujeto de sanción; (iii) la publicidad e imparcialidad en
las etapas del trámite; (iv) la competencia estatutaria del organismo
decisorio; y (v) el derecho a la defensa y contradicción[60].”[61]
4.8. El régimen legal dispuesto para la propiedad
horizontal, Ley 675 de 2001, señala expresamente que los procesos
sancionatorios deben respetar el debido proceso.[62] El
artículo 60 de la citada ley, dispone que para la imposición de sanciones se
deben seguir los procedimientos contemplados en el reglamento interno,
garantizar el derecho de defensa, contradicción e impugnación, valorar la intención
que se tuvo al realizar el acto, la posible imprudencia o negligencia y tener
en cuenta circunstancias atenuantes. Asimismo, para determinar la sanción a
imponer, “se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las
sanciones, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la
reincidencia.”
4.9. Conviene recordar que la Corte se pronunció sobre
este tema en la sentencia C-318 de 2002,[63] en la que señaló que el debido
proceso es una garantía que debe ser respetada por las autoridades de los
regímenes de propiedad horizontal en todas sus actuaciones y frente a todas las
personas, sean o no copropietarias:
“[…] hay que observar que en todas las oportunidades, los propietarios
y los moradores en general, cuando son objeto de sanciones o de la limitación
de alguno de sus derechos, debe garantizárseles el debido proceso, y el derecho
de defensa. Además, pueden acudir al procedimiento establecido en el Código de
Procedimiento Civil. […]
4.7 De otra
parte, observa la Corte que quienes residan en el inmueble sometido al
régimen de propiedad horizontal pero no sean propietarios, pueden verse
afectados por decisiones adoptadas por la asamblea de copropietarios o por las
autoridades internas, casos estos en los cuales no puede privárseles del
derecho de elevar peticiones y obtener pronta resolución, como tampoco
negárseles la posibilidad de ser oídos antes de que se adopten por quien
corresponda las decisiones pertinentes, en cuanto puedan afectarlos, para lo
cual podrán actuar directamente o por intermedio de representantes suyos y con
sujeción al reglamento de propiedad horizontal que, se repite, no podrá
conculcar o hacer nugatorio este derecho.”
4.10. A su vez, los principios orientadores[64] de la ley
de propiedad horizontal establecen que dentro de la configuración de las
propiedades destinadas a usos comerciales se debe procurar el respeto por los
derechos económicos de los propietarios, comerciantes o empresarios y también
establecer garantías mínimas para todas aquellas personas que puedan ser
destinatarias de sus decisiones. En este punto cabe mencionar que uno de los
demandados en el caso bajo estudio es una Central de Abastos, un mercado mayorista
de productos alimentarios que cumple una importante función de abastecimiento
urbano y regional de alimentos.[65]
Al ser espacios abiertos al público, las plazas de mercado son escenarios en
los que ocurren distintos tipos de intercambios comerciales y se desarrollan
variedad de actividades amplifican el ejercicio de los derechos de las
personas. En ellas, el espacio público y el privado se mezclan para acoger una
suma de intereses particulares que, al unirse en un esfuerzo común por alcanzar
metas de interés general, como el mantenimiento de un lugar seguro y pacífico
en el cual adquirir alimentos y otros bienes básicos para la subsistencia de
las personas, necesitan de regulaciones que busquen proteger no sólo a quienes
son copropietarios del lugar, sino también a todas aquellas personas que
ingresen a sus instalaciones y puedan verse afectadas por las decisiones que adopte
la administración, así como por cualquier tipo de eventualidad que ocurra al
interior de las mismas.
4.11. En relación con las propiedades horizontales de
uso comercial, ha sostenido la Corte que “son los derechos de propiedad, el
[ánimo de lucro], la libertad y el derecho al trabajo (arts. 58, 333, 25 y
26 C.P.) de quienes participan en la actividad comercial y los derechos y
libertades de los visitantes (arts. 11-39 C.P.), los que en conjunto articulan
la pieza singular de la realidad social, humana y urbana de los centros
comerciales. Con más razones cuando, aparte de su función comercial, este tipo
de superficies por la forma como se desarrollan las urbes, están llamadas a
asumir unas responsabilidades consistentes con el significado que en términos
de espacio privado pero a la vez público, representan para los ciudadanos e
individuos, como entornos comunes para el ejercicio de derechos de toda índole,
incluidos naturalmente los derechos fundamentales[66].”[67]
4.12. En suma, puede concluirse que las personas
jurídicas organizadas bajo el régimen de propiedad horizontal están habilitadas
legalmente para adoptar sus propios reglamentos que pueden incluir entre otros,
normas de conducta, procedimientos para imponer sanciones y formas de
resolución de conflictos.  Además, al hacer uso de la facultad sancionatoria,
las propiedades horizontales deben respetar los derechos fundamentales de todas
las personas que se puedan ver afectadas con sus decisiones, en especial, los
contenidos mínimos del debido proceso, sin distinguir entre copropietarios,
moradores usuarios o transeúntes, según se trate de inmuebles destinados a
vivienda o a uso comercial.
5. Los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la
honra. Breve reiteración de jurisprudencia[68]
5.1. A
continuación, la Sala expondrá algunos aspectos centrales de los derechos al
buen nombre y a la honra, identificados por la jurisprudencia constitucional,
que se consideran importantes para abordar el análisis del presente caso.
5.2. La Constitución de 1991 consagró un amplio margen
de protección del fuero interno de las personas. Muestra de ello es el
reconocimiento de los derechos al libre desarrollo de la personalidad,[69] a la
intimidad y al buen nombre.[70]
Según la jurisprudencia de esta Corte, al reconocer la autonomía y la identidad
personal como derechos fundamentales, se protege la potestad de todas las
personas de auto determinarse, es decir, la facultad de escoger un modelo de
vida que corresponda a sus intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, sin
recibir presiones o intromisiones de ninguna clase; salvo los límites del
respeto por los derechos ajenos y el orden constitucional.[71] Asimismo,
los derechos a la intimidad y al buen nombre ocupan un papel importante en el
proceso de construcción individual, “en
cuanto están estrechamente ligados al principio de la dignidad humana e
involucrados en el proceso de reconocimiento de la libertad, la autonomía y la
conservación personales. Estos derechos buscan proteger el entorno más
entrañable de la persona y de su familia, habilitándola para exigir respeto
público y privado a sus actuaciones, decisiones, necesidades y comportamientos,
que son de su resorte exclusivo e íntimo.[72]”[73]
5.3. El artículo 15 constitucional establece que todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, e impone una doble
obligación al Estado, debe respetar el mencionado derecho y hacerlo respetar. El derecho a la intimidad protege múltiples
aspectos de la vida de la persona que incluyen desde la proyección de la propia
imagen hasta la reserva de espacios privados en los cuales el individuo realiza
actividades que solo le conciernen a él. En efecto, desde sus primeros
pronunciamientos la Corte ha sostenido:
“(…) constituyen aspectos de la órbita privada, los asuntos
circunscritos a las  relaciones familiares de la persona, sus costumbres y
prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los
espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel
informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general
todo "comportamiento del sujeto que no es conocido por los extraños y que
de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación" que
éstos tienen de aquel”.[74]
5.4. A
partir de los diversos aspectos que abarca el derecho a la intimidad, la Corte
ha considerado que este derecho se presenta en distintos grados, a saber: (i) personal, (ii) familiar, (iii) social y
(iv) gremial.[75] Por tanto, puede afirmarse que el derecho
a la intimidad está instituido para garantizar a las personas una esfera de
privacidad en su vida personal, familiar, social y gremial, en el marco de la
cual ni el Estado ni terceros pueden intervenir injustificada o
arbitrariamente.
5.5. El
derecho a la intimidad ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional “como la facultad de exigirle a los
demás el respeto pleno por un ámbito exclusivo que incumbe solamente al
individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y
de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a
exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones.”[76] En otras palabras, este derecho  comprende, de manera
particular, la protección de la persona frente a
la divulgación no autorizada de los asuntos relacionados a ese ámbito de
privacidad.[77]
5.6. En suma,  el derecho a la intimidad
constituye un área restringida que “solamente puede ser penetrada por
extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por
autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la
Constitución y la ley”.[78]
5.7. El derecho al buen nombre también está consagrado en el
artículo 15 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional lo
ha definido como aquel
asociado a la idea de reputación, buena fama u opinión que de una
persona tienen los miembros de la sociedad. En este sentido, el derecho al buen
nombre ha sido relacionado a las actividades desplegadas de forma pública
y resulta vulnerado, por ejemplo, cuando particulares o autoridades
públicas difunden información falsa o inexacta, o que se tiene derecho a
mantener en reserva, con la intención de causar una afrenta contra el prestigio
público de una persona. Al respecto, en la Sentencia T-949 de 2011 la Corte
señaló:
“el derecho al buen nombre tiene
carácter personalísimo, relacionado como está con la valía que los miembros de
una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la
persona el componente que activa la protección del derecho. Se relaciona con la
existencia de un mérito, una buena imagen, un reconocimiento social o una
conducta irreprochable, que aquilatan el buen nombre a proteger, derecho que es
vulnerado cuando se difunde información falsa o inexacta, o que se tiene
derecho a mantener en reserva, con la intención de causar desdoro contra el
prestigio público de una persona”.[79]
5.8. Así entonces, el derecho al buen
nombre protege a las personas frente a las expresiones o informaciones
ofensivas o injuriosas, falsas o tendenciosas, las cuales distorsionan el
concepto público que se tiene del individuo. La reputación de una persona es
uno de los elementos más valiosos de su patrimonio moral y social.
5.9.
En lo que tiene que ver con el derecho a la honra, debe señalarse que se
encuentra consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política y ha sido
asociado por la jurisprudencia constitucional a la valoración de comportamientos en ámbitos privados.
Para la Corte la honra es “la
estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona
debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le
tratan”,[80] y protege el valor intrínseco de los individuos frente a la
sociedad y frente a sí mismos, garantizando la adecuada consideración y
valoración de las personas dentro de la colectividad, por lo que se deriva de
la propia dignidad de la persona. En el mismo sentido, en la Sentencia T-322 de
1996[81] se indicó que el núcleo esencial del derecho
a la honra lo integran tanto la perspectiva interna, esto es, la estimación que cada persona hace de sí misma y la
perspectiva externa, que consiste en el reconocimiento que los demás hacen de
la dignidad de cada individuo. Además, precisó que para que pueda tenerse como
afectado este derecho, esos dos factores deben apreciarse de manera conjunta.[82]
5.10. En línea con lo anterior, ha entendido esta
Corte que, al permitir el reconocimiento y la individualización social, los
derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, al buen nombre
y a la honra son una parte esencial del ser humano y sus limitaciones sólo son
admisibles si buscan la salvaguarda de verdaderos intereses constitucionales.[83] Por lo
tanto, en ningún caso se puede afectar su núcleo esencial, que consiste en las
decisiones tomadas autónomamente que determinan un modelo de vida y una visión
de su dignidad como persona.[84]
Debe también observarse que uno de los elementos inherentes a la persona humana
es la sexualidad, aspecto que hace parte de su entorno más íntimo y por ende,
es uno de los componentes del núcleo esencial de los derechos al libre
desarrollo de la personalidad e intimidad. A partir de lo anterior, “la Corte ha considerado que si la autodeterminación
sexual del individuo constituye una manifestación de su libertad fundamental y
de su autonomía, como en efecto lo es, ni el Estado ni la sociedad se
encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una
específica identidad sexual, pues ello conduciría ‘a aceptar como válido el
extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por
razones asociadas a una política estatal contingente.’[85]”
[86]
6. La protección constitucional de quienes se dedican
a las ventas ambulantes como personas en condición de vulnerabilidad
6.1. La Corte Constitucional
ha estudiado la especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentran
quienes se dedican a las ventas informales y ambulantes. En la Sentencia C-211
de 2017[87],
la Corte declaró exequible el artículo 140 de la Ley 1801
de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”, que consagra la imposición de multas
y el decomiso
o la destrucción de bienes que se encuentren ocupando ilegalmente el espacio
público, “EN EL ENTENDIDO que
cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta o
pertenecientes a grupos de especial protección que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de
confianza legítima, no se les aplicarán las medidas correccionales de multa,
decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades
competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en
garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo.” En esa
Sentencia la Corte realizó una exposición sobre la realidad social y económica que afecta a los
vendedores ambulantes, que ha llevado a caracterizarles como una población
vulnerable y, en esta medida, objeto de especial protección constitucional por
el Estado. Así, sostuvo que las actividades informales, en especial las ventas
ambulantes, han sido objeto de discriminación y estigmatización “y, en mayor
o menor medida, de persecución y hostigamiento por parte de las autoridades.”
Sobre las condiciones que generan ese mencionado estado de vulnerabilidad,
afirmó la Corte:
“Generalmente las personas que se dedican
al comercio informal ocupando el espacio público pertenecen a grupos
vulnerables por faltas de oportunidades académicas y laborales, muchos hacen
parte de la población desplazada debido al conflicto armado interno que les
obliga a abandonar áreas rurales para ubicarse en las urbes, a lo cual se suma
el desempleo constante y, muchas veces, la falta de programas estatales para la
inserción de las personas en la vida social y económica, de manera que puedan
contar con la asistencia que ofrece el Estado.
6.5. La realidad descrita también ha
ocupado la atención de los organismos internacionales, entre ellos, la
Organización Internacional del Trabajo -O.I.T.-, institución que mediante el
Convenio número 150, sobre la Administración del Trabajo, ha procurado generar
en los Estados miembros un entorno normativo dedicado a proteger la economía
informal. En este Convenio se reconoce que existen problemas para llegar a un
gran número de trabajadores y empleadores de la economía informal respecto de
los cuales se procura suministrar un entorno empresarial estable.”
6.2. Esa condición de
vulnerabilidad ha sido estudiada en varias ocasiones por distintas salas de
revisión de tutelas, generalmente, en casos en los que existía una tensión
entre la recuperación del espacio público y el respeto por el principio de confianza
legítima. La situación de las personas que
ejercen el comercio informal fue explicada por la Corte en sentencia T-244 de
2012[88] así: “la venta informal es
una forma de precariedad laboral que pone al individuo en situación de
vulnerabilidad, ya que se trata de trabajos mal remunerados, inexistencia de
estabilidad laboral, falta de afiliación al sistema de seguridad social y de
salud e ingresos fluctuantes, que en su conjunto limitan la posibilidad de
autodeterminación del individuo. Además, razonó que la economía informal es el
resultado de la exclusión sistemática de cierta población, por lo que advirtió
que causas externas les impide desarrollar con libertad y autonomía el proyecto
de vida”. En sentido similar, la Sentencia T-386 de 2013,[89]
revisó el caso de una vendedora ambulante que ocupaba el espacio público en el
barrio Bazurto de Cartagena y fue desalojada sin ninguna medida de reubicación
que le permitiera continuar con un medio de subsistencia. La accionante había
sido excluida del censo realizado para recopilar información sobre los
vendedores del sector, pese a que trabajaba en conjunto con su esposo, quien
había fallecido para el momento de interposición de la acción de tutela. En
este contexto, sostuvo la Corte que “una de las circunstancias que lleva a
que las personas encuentren en la informalidad la solución para tener empleo y
poder proveer lo necesario para subsistir dignamente, es la imposibilidad del
Estado de asegurar una política de empleo digno, lo cual los ubica en situación
de vulnerabilidad.”[90]
6.3. En línea con lo anterior, el derecho al trabajo
en todas sus modalidades tiene una especial protección del Estado[91] el cual debe
procurar que su ejercicio se de en condiciones dignas y justas. No obstante, en
la actualidad existe una preocupación a nivel global en relación con las
precarias condiciones laborales en las que se encuentra una gran parte de la
población. En un reciente informe titulado “Acabar con la violencia y el
acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo”,[92] la
Organización Internacional del Trabajo explicó el alcance de los objetivos de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En dicho documento analizó el
tratamiento de la violencia y el acoso laborales en los marcos normativos de 80
países, incluyendo Colombia. Una de las conclusiones que allí se presentan es
que quienes trabajan en la economía informal[93] están más expuestos a la violencia y
el acoso y por lo general no pueden acceder a mecanismos efectivos de solución
de controversias ni ser beneficiarios de la inspección del trabajo.[94]
6.4. Por su parte, la Organización de Mujeres en
Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés)
publicó en mayo de 2018 una nota informativa[95] a propósito de la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2018 y 2019. En esta pone de presente que el 71%
del empleo total en el mundo es informal, y que en América Latina, África y
Asia incluyendo la China Urbana, el empleo informal es una fuente de trabajo no
agrícola mayor para las mujeres que para los hombres.[96] También
advierte que la violencia que experimentan quienes trabajan en empleos
informales se relaciona, en especial, con las competencias por recursos
limitados como el espacio productivo urbano o los materiales reciclables
valiosos. El informe incluye algunas consideraciones especiales sobre la
situación de las mujeres en este ámbito que cobran importancia para el caso
concreto:
·
“Las mujeres se
concentran en la base de la pirámide económica como trabajadoras autoempleadas
en empleo informal debido a la discriminación de género y segmentación en el
mercado laboral (Chen 2012). La violencia es una forma de disciplinar y
controlar el trabajo de las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar
(Bhattacharya 2013). Las causas de esto pueden encontrase en los enraizados
roles de género en la familia, el lugar de trabajo y la sociedad. Por lo tanto,
las discusiones sobre violencia en el mundo del trabajo no pueden ser ajenas a
la violencia doméstica o a la violencia en los espacios públicos; todas ellas
tratan de suprimir y controlar la movilidad, la sexualidad y el acceso a los
recursos de las mujeres.
·
La pobreza y las
privaciones no llevan necesariamente a la violencia de género, pero pueden
contribuir a la violencia experimentada por las mujeres trabajadoras en empleo
informal. Los bajos ingresos, y las malas o peligrosas condiciones de trabajo y
de vida aumentan el riesgo de sufrir violencia en el mundo del trabajo, tanto
en domicilios privados como en espacios públicos.”[97]
6.5. Así las cosas, en el contexto actual
internacional el mundo laboral es estudiado desde una amplia perspectiva que
incluye la economía formal y la informal. De esta última se “señalan de
forma destacada los lugares de trabajo no tradicionales, como los espacios
públicos donde operan los vendedores ambulantes, y los domicilios privados
donde los trabajadores a domicilio tercerizados, trabajadores del hogar y
teletrabajadores realizan actividades económicas (OIT 2016: § 5)”. Al
llamar la atención sobre estos lugares concretos de trabajo informal, se
visibiliza entonces una realidad social de las ciudades: la violencia urbana.
En este sentido, advierte WEGO, los trabajadores informales se ven expuestos
principalmente a dos fuentes de violencia. Una proviene del Estado y se
materializa en abusos por parte de la policía, los guardias de tráfico y los
agentes fronterizos. La otra tiene origen en particulares como los compañeros
de trabajo, la familia, el público y/o usuarios de sus servicios y
delincuentes, la mayoría de ellos buscando tener “control sobre sus
condiciones y lugares de trabajo.” Estas precarias condiciones laborales se
ven agravadas por el hecho de que los trabajadores informales se encuentran
excluidos de la legislación que protege a la parte subordinada de las
relaciones laborales, en tanto la leyes de salud y seguridad social ocupacional
y de no discriminación no son aplicables a los trabajadores en empleo informal,
especialmente a los autoempleados, como los vendedores ambulantes.
6.6. A modo de conclusión, los trabajadores informales
que, como la accionante, desempeñan sus labores en el espacio público han sido
reconocidos por la Corte como personas en condición de vulnerabilidad, en
virtud de la ausencia de garantías laborales a la que se enfrentan, las cuales,
como se acaba de ver, les exponen a diferentes formas de violencia tales como
el acoso y abuso verbal, físico y sexual, desalojos, arrestos violentos y en
general a graves violaciones de sus derechos fundamentales. Esta problemática
afecta sobre todo a las mujeres, quienes son mayoría en las cifras sobre
economía informal.
6.7. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala pasará a
exponer por qué en este caso la Central de Abastos vulneró los derechos fundamentales
de Violeta.
7.
Solución del problema jurídico. La Central de Abastos vulneró el derecho al
debido proceso de Violeta
-
Breve
presentación del caso
7.1. La señora Violeta trabajaba como
vendedora ambulante en la Central de Abastos. En ese lugar inició una relación
con el señor Federico, el cual es propietario de dos locales y se dedica a la
comercialización de cítricos. Durante esa relación, la accionante se enteró de
que el señor Federico tenía una esposa o compañera permanente, a partir de ese
momento empezó a recibir mensajes y llamadas acusándola de ser trabajadora
sexual. Días después, el señor
Federico le pidió a la administración de la Central de Abastos expulsar a la
actora del inmueble  acusándola de haberle ofrecido servicios sexuales y de
querer destruir su matrimonio. Agotado el procedimiento establecido en el
reglamento de la Central, el 11 de agosto de 2018, Violeta fue sancionada con 5
años de suspensión como vendedora ambulante y el señor Federico con una multa
de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para la accionante, esa
situación vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
igualdad, a la intimidad, al buen nombre, a la honra y al trabajo. Afirmó que
se siente “discriminada y atropellada por [su] condición de
mujer y posición socio económica”[98].
Por lo tanto, solicitó dejar sin efectos la sanción que le fue impuesta por la
Central, y ordenar al señor Federico cesar las agresiones en su contra.
7.2. La Central de Abastos respondió la acción de
tutela asegurando que durante el proceso sancionatorio se respetaron todas las
garantías constitucionales de los implicados y que tomó una decisión con base
en el reglamento interno de la propiedad que adoptó autónomamente según lo
dispuesto en la Ley 675 de 2001. A su turno, el señor Federico solicitó no
acceder a las pretensiones planteadas por la señora Violeta porque considera
que son él y su compañera sentimental quienes se han visto afectados por la
conducta de la accionante.
7.3. En primera instancia, el Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples resolvió tutelar el
derecho al debido proceso de la accionante, tras argumentar que la sanción que
le fue impuesta resultaba desproporcional. Impugnada dicha decisión, el Juzgado
Quinto Civil del Circuito del Distrito Judicial revocó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, negó el amparo de los derechos fundamentales. El Juez
argumentó que la sanción en comento estuvo precedida por un procedimiento
administrativo que se adelantó con el respeto de todas las garantías del debido
proceso. Advirtió que existía otro medio judicial de defensa, el proceso verbal
de impugnación de actos de asamblea establecido en el artículo 382 del Código
General del Proceso.
7.4. En este contexto, la Sala analizará la
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante en dos etapas.
Primero, explicará las razones que le permiten concluir que la Central de Abastos
vulneró el derecho al debido proceso al iniciar el proceso sancionatorio en
comento. En segundo lugar, expondrá por qué no existió vulneración de los
derechos al buen nombre y a la honra de la accionante.
-
La
Central de Abastos no podía sancionar la conducta de la accionante. Al hacerlo,
vulneró su derecho fundamental al debido proceso
7.5. La Sala llegó al consenso de que en este caso
existió una clara vulneración del derecho al debido proceso de la accionante y,
por lo tanto, se va a concentrar en dicha cuestión. Siguiendo las
consideraciones presentadas sobre la autonomía con la que cuentan las personas
jurídicas organizadas bajo el régimen de propiedad horizontal para adoptar sus
propios reglamentos y la facultad con la que cuentan para imponer sanciones a
particulares, la Sala debe, en primer lugar, determinar si el reglamento de la
Central de Abastos era aplicable a la situación que le fue presentada por el
señor Federico.
7.6. Los reglamentos de las propiedades horizontales
tienen un objetivo específico que es regular los derechos y obligaciones de los
copropietarios y establecer las actividades se encuentran permitidas en los
espacios de uso común, además de las formas para financiar su mantenimiento.
Por ende, no pueden disponer o afectar de manera invasiva los derechos de los
propietarios en lo que tiene que ver con el dominio de sus unidades
particulares.[99] Además, según reiterada jurisprudencia
constitucional, el ejercicio de esa autonomía debe ejercerse siempre dentro de
un marco de legalidad y respetar los derechos fundamentales de quienes puedan
ser destinatarios de sus disposiciones.
7.7. Para justificar la petición de expulsión de la
Central de Abastos de la accionante, y de acuerdo con las pruebas aportadas al
proceso, el señor Federico argumentó que Violeta, “valiéndose de artimañas”,
le ofreció servicios sexuales con el fin de obtener beneficios económicos y
acabar “con la paz que había en [su] hogar”. Agregó que había
vulnerado el buen nombre que lo caracteriza como comerciante dentro de la
Central y que se había encargado de indisponer a su esposa en su contra. Para
la Sala esta situación puede describirse como una serie conflictos
interpersonales entre tres individuos mayores de edad y autónomos, que tomaron
decisiones que hacen parte de su fuero íntimo y, en consecuencia, están fuera
del alcance de la potestad sancionatoria con la que cuenta la Central, así como
del ámbito de acción del Estado. Es importante resaltar que no existe ninguna
prueba en el expediente que demuestre que la situación descrita por el señor Federico
hubiese generado efectos más allá de las afectaciones que describe en su vida
personal. Las diferencias entre él, la accionante y su esposa no ocasionaron
daños a derechos de terceras personas, ni afectaron la convivencia pacífica en
la Central de Abastos.
7.8. De otra parte, las
consideraciones expuestas por la Administración de la Central en el oficio que
expidió para resolver la petición que le hizo el señor Federico,  señalan que las
sanciones que impuso en el caso bajo estudio buscaban proteger los principios
consagrados en su reglamento.[100]
La finalidad de hacer cumplir las normas de conducta contempladas en la
regulación interna de una propiedad horizontal es constitucionalmente
admisible. Debe también recordarse que la Central de Abastos es un espacio que se
encuentra abierto al público en el que se comercian alimentos al que concurren
personas de todas las edades, por lo tanto, establecer reglas específicas
destinadas a asegurar una convivencia pacífica en sus instalaciones  es una
medida necesaria e imperiosa en atención a la importante función social que se
desarrolla en su interior.
7.9. No obstante, advierte la Sala
que la Central no fue clara al establecer cuál disposición de su reglamento
estaría siendo incumplida por Violeta y ello tiene que ver con que el conflicto
en el que se vio involucrada no afectó a la Central. Las pruebas allegadas al
proceso permiten a la Sala concluir que el conflicto que surgió entre la
accionante y el señor Federico no generó efectos más allá de sus vidas íntimas
y personales. Así, no está demostrado, de hecho no fue siquiera alegado, que la
conducta de la señora Violeta y el desarrollo de la relación que mantuvo con el
accionado perturbara la convivencia pacífica en las instalaciones de la
Central. La Sala no tiene noticia de que hubiese existido por ejemplo, un
escándalo público relacionado con los hechos, que la accionante hubiese
atentado contra las instalaciones físicas de la Central o en específico contra
los locales de los que es dueño el señor Federico, o cualquier otro acto que
pudiese generar efectos negativos en su lugar de trabajo. Lo que se evidencia
con claridad es que la controversia que dio origen a la sanción que estudia la
Sala se dio exclusivamente en ámbito íntimo y privado de sus implicados,
mediante comunicaciones verbales y escritas vía whatsapp, que en nada afectan el transcurso normal de las
actividades de la Central.
7.10. En efecto, las decisiones que tome la señora Violeta
en torno a su sexualidad y la forma en que se relaciona con otras personas
hacen parte de su fuero más íntimo, son manifestaciones de su libertad
fundamental, de su autonomía y de su identidad y por ello, ni el Estado ni la
sociedad están habilitados para obstruir su libre proceso de formación como
persona, salvo que resulten abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico o
que afecten gravemente derechos de terceras personas. Esto se diferencia
claramente de la imposición de sanciones por los impactos colectivos que pueda
generar un asunto que en principio transcurrió en el fuero interno de uno de
los copropietarios pero trasciende al ámbito público. La imposición de
sanciones por particulares es una facultad limitada y restringida que debe
ejercerse siempre en términos razonables y proporcionales, respetando los
derechos fundamentales que se puedan ver afectados en cada situación.
7.11. Piénsese, por ejemplo, en un comerciante que
decide celebrar a diario y en exceso los cierres de caja. Entre otras particularidades,
durante esas celebraciones pone música a un nivel de volumen que logra afectar
la tranquilidad de los negocios adyacentes, que se encuentran también cerrando
las cuentas del día. En ese contexto, la Administración de la Central podría
intervenir en la decisión personal y libre del vendedor de festejar a diario,
dada la afectación que genera en el espacio colectivo. Pero si a la
Administración acuden, por ejemplo, los hijos o la esposa de ese comerciante
para que se tomen medidas encaminadas a evitar que las ganancias del negocio se
destinen a esas celebraciones, poco o nada podría hacer la Central de Abastos
ante esa situación.
7.12. Teniendo claro lo anterior, la Sala advierte que
el reglamento interno de la Central no era aplicable a la situación que el
señor Federico puso en conocimiento de la Administración. Al tratarse de un
conflicto entre particulares que en nada afectó a la propiedad horizontal ni
perturbó los intereses propios de la persona jurídica a la que representa, la
Administración ha debido abstenerse de asumir de fondo el conocimiento de ello.
Usar las facultades legales que le permiten imponer sanciones en los eventos en
que estos contravengan las disposiciones de su reglamento interno, para
resolver asuntos privados de uno de sus copropietarios desborda los fines
constitucionales que sirven de fundamento para esa prerrogativa y vulnera el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
7.13. Antes bien, la Sala resalta que
en el ejercicio de su autonomía reglamentaria las propiedades horizontales
abiertas al público pueden establecer criterios de admisión y permanencia en
sus instalaciones, pero ello no puede darse con fundamento en motivos
proscritos por la Constitución.[101]
Más allá de los argumentos que intentaron proponerse para justificar
prohibición del ingreso de la accionante durante cinco años a la Central, la
Sala advierte que lo que se le reprocha es haber ofrecido, presuntamente,
servicios sexuales a uno de sus copropietarios. Las pruebas que obran en el expediente
demuestran que tanto la señora Violeta como el señor Federico reconocieron
haber mantenido relaciones sexuales, en las que existió una contraprestación económica
para la actora.[102]
Lo anterior significa que dos personas mayores de edad, autónomas, con plenas
capacidades se pusieron de acuerdo para mantener relaciones sexuales, y convinieron
un pago por las mismas. Esto no demuestra, de ninguna manera, que la accionante
hubiese ofrecido servicios sexuales en las instalaciones de la Central; de
hecho, la Sala desconoce si hubo acuerdo económico y si fue ella o el señor Federico
quien abordó al otro para llegar al supuesto convenio. Únicamente un testigo de
oídas afirmó, en una declaración extrajuicio[103]
aportada por el accionado, que la accionante habría ofrecido servicios sexuales
en la Central. Para la Sala esta sola manifestación es insuficiente para
concluir que, en efecto, Violeta se dedicaba a dicha actividad pues no existe
ninguna otra prueba, si quiera sumaria, que demuestre que ella ofrecía
servicios sexuales en la Central. Se reitera, existe certeza sobre la relación
que mantuvo con Federico, también de que en algunas ocasiones recibió dinero
por parte de él, pero no de que ella estuviera ofreciendo servicios sexuales en
la Central ni de que existiera un acuerdo de pago en torno a ello.
7.14. Tras advertir que la Central de Abastos no podía
sancionar a la accionante por la situación descrita por el señor Federico, la
Sala revocará la sentencia de segunda instancia para, en su lugar, confirmar la
sentencia proferida por la Juez Primera Municipal de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples, en el sentido de conceder el amparo a Violeta, por
encontrar vulnerado su derecho al debido proceso.
-
Federico
no vulneró los derechos al buen nombre y a la honra de la accionante
7.15. El segundo problema jurídico
planteado por la Sala tiene que ver con la presunta vulneración de los derechos
a la intimidad buen nombre y a la honra de Violeta por parte de Federico.
Siguiendo las pautas jurisprudenciales en relación con los mencionados derechos
que fueron expuestas en el título 5 de las consideraciones de esta Sentencia,
la Sala encuentra que no existió una vulneración a los mismos.
7.16. Recuérdese que uno
de los presupuestos esenciales para que se configure una vulneración de los
derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre, es que los datos o
apreciaciones sobre una persona se hayan hecho públicos y que con ello se haya
afectado a percepción que tiene la comunidad de la misma. Así, el derecho a la
intimidad protege ante una divulgación no autorizada de aspectos privados de la
persona; el derecho a la honra tiene dos perspectivas, una interna y otra
externa, que
consiste en el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada
individuo y para que pueda tenerse como afectado este derecho, esos dos
factores deben apreciarse de manera conjunta. Según la Corte, “aunque este
derecho es asimilable en gran medida al buen nombre,[104] tiene
sus propios perfiles que la jurisprudencia constitucional enmarca en ‘la estimación o deferencia con
la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los
demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan’[105]”[106];
por último, el derecho al buen nombre tiene que ver con la idea de reputación, buena fama u opinión que de una persona tienen los miembros de la sociedad.
7.17. La Sala
no desconoce la afectación a la honra en su componente interno que pudo suponer
para la actora verse enfrentada a las acusaciones que en su contra hizo el señor
Federico. De la accionante se dijo que ofrecía servicios sexuales a cambio de
dinero. Fue acusada de dedicarse a una actividad que tradicionalmente ha estado revestida de estigma y
prejuicios a quienes la ejercen por voluntad, al tiempo que genera
discriminación en su contra.[107]
Es una actividad que suele
estar asociada a estereotipos sociales que, a su vez, incluyen perjuicios en
contra de quienes se dedican a ello tanto de manera voluntaria como forzada. Hacer
estos señalamientos frente a una mujer en condición de vulnerabilidad, como Violeta,
la cual es una madre cabeza de familia que se dedica a la venta ambulante de
tintos para conseguir el sustento de su familia, es una muestra de los
prejuicios y las violencias a los que se ven enfrentados quienes se dedican al
trabajo informal. Sin embargo, la afectación específica que se dio en este caso
no constituyó una vulneración de tales derechos fundamentales.
7.18. La
Corte no tiene la función de determinar si las afirmaciones hechas por el
accionado en relación con Violeta corresponden a la verdad. Pero independiente
a eso, entiende que son aseveraciones que pueden resultar ofensivas para ella.
No obstante, se dieron en un contexto bastante reservado que no trasciende en
un grado tal de lesión a las garantías fundamentales que deba ser conjurado
mediante la acción de tutela. No se le acusó de forma abierta y pública, ni se
difundió la acusación. No se hizo de forma agresiva, ni con intención de dañar
y ofender. La accionante no mencionó, ni reclamó que esas acusaciones se
hubiesen hecho públicas irrazonable o arbitrariamente y que, en consecuencia,
la percepción de su dignidad y su buen nombre se afectaran significativamente con
las mismas. La Sala solo cuenta con una declaración extrajuicio, presentada por
el accionado, en la que el señor Juan, señaló que en un viaje hacia Bogotá Federico
le comentó, en privado y advirtiendo que no quería que nadie se enterara de
ello, que Violeta vendía tintos en la Central y también prestaba servicios
sexuales, de los cuales había hecho uso hasta que surgieron problemas con su
esposa.[108] De hecho,
la Central afirmó, al contestar la acción de tutela, que “en ningún momento
afect[ó]  la dignidad humana y la
honra de la accionante puesto que nunca se hizo una manifestación pública del
asunto, y se llevó con el mayor grado de reserva.”[109]Así, existe prueba de que el accionado le
contó a una persona sobre el tipo de relación que mantenía con la accionante,
pero no de que esa información llegara a oídos de la comunidad que trabaja y
suele frecuentar la Central y, que, en consecuencia, hubiese existido una
afectación a sus derechos fundamentales que deba ser corregida por el juez de
tutela. Por lo tanto, la pretensión formulada frente al señor Federico será
negada.
-
Síntesis de la
decisión
7.19. En el caso bajo estudio la accionante trabajaba
como vendedora ambulante en la Central de Abastos. En ese lugar, mantuvo una
relación con Federico el cual es copropietario de dos locales y comerciante de
cítricos. Tras tener problemas personales con su esposa, el señor Federico le
pidió a la Central expulsar a la accionante alegando que le había ofrecido
servicios sexuales. La Central inició un proceso en el que sancionó a la actora
con 5 años de suspensión de entrada al edificio, y al accionado con una multa
de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además de considerar
vulnerados sus derechos al trabajo y al mínimo vital, la accionante manifestó
que se vio afectada a nivel emocional y psicológico, teniendo en cuenta las
falsas acusaciones que fueron hechas en su contra.
7.20. En primera instancia, el Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples concedió el amparo y
ordenó dejar sin efecto la sanción que le fue impuesta a la accionante y
analizar su caso conforme al principio de proporcionalidad y el debido proceso.
Impugnada dicha decisión, en segunda instancia, el Juzgado Quinto Civil del
Circuito Judicial revocó el primer fallo y resolvió negar el amparo. Consideró
que la sanción impuesta a la accionante era proporcional y que, en todo caso,
podía acudir al proceso verbal sumario de impugnación de actas de asamblea
consagrado en el artículo 382 del Código General del Proceso.
7.21. Antes de estudiar el fondo del asunto, la Sala
analizó los requisitos de procedencia formal de la acción de tutela,
considerando que todos estaban cumplidos. En especial, señaló que la accionante
se encuentra en estado de indefensión frente a los dos accionados y que no
existen otros mecanismos judiciales de defensa, diferentes a la acción de
tutela, para obtener la salvaguarda de los derechos que estima vulnerados.
7.22. En cuanto al fondo del asunto, la Sala se
propuso determinar si
la Central de Abastos desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante -la cual fue acusada de ofrecer servicios sexuales-, al imponerle
una sanción de suspensión de entrada sus instalaciones como consecuencia de una
solicitud hecha por uno de sus copropietarios; y estudiar si el señor Federico
había vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen
nombre con las acusaciones que hizo en su contra.
7.23. Para resolver el anterior
problema jurídico, la Sala se enfocó en tres temas. Primero, recordó que el
régimen de propiedad horizontal les permite a los particulares crear sus
propios reglamentos y, con base en ellos, imponer sanciones y resolver
conflictos. Sin embargo, recordó que siempre se deben respetar las garantías
del derecho al debido proceso y en general los derechos fundamentales que los
destinatarios de sus decisiones, sean o no copropietarios. Segundo, expuso brevemente
la jurisprudencia constitucional sobre los derechos a la intimidad, a la honra
y el buen nombre. Tercero, se
refirió a la especial condición de vulnerabilidad que se predica de los
vendedores ambulantes.
7.24. Finalmente, la Sala analizó el caso concreto,
considerando, por un lado, que la Central de Abastos no podía sancionar a la
accionante por conductas realizadas en privado que en nada afectaron la
convivencia de sus instalaciones, ni los derechos de terceras personas. Por
otro, que pese a que las acusaciones hechas por el señor Federico podían
resultar ofensivas para la accionante, las mismas se produjeron en un ámbito
reservado, de manera tal que no existió una lesión de los derechos  a la
intimidad, a la honra y al buen nombre, de Violeta que necesite de la
intervención del juez de tutela.
7.25. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos la
sanción que le fue impuesta la accionante, de manera que si desea ingresar de
nuevo a la Central de Abastos, esta lo debe permitir.
III. DECISIÓN
7.26. La administración de una
Central de Abastos vulnera el derecho fundamental al debido proceso de una vendedora ambulante, al sancionarla
con una prohibición de ingreso, por conductas relacionadas con su vida íntima
que en nada afectaron la convivencia ni el funcionamiento normal de la
copropiedad.
RESUELVE:
Primero.- Revocar, la sentencia de segunda
instancia proferida por el Juzgado
Quinto Civil del Circuito del Distrito Judicial el 23 de octubre de 2018, y en su
lugar, confirmar la sentencia de primera instancia adoptada por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas
y Competencias Múltiples en tanto amparó el derecho al debido proceso de la
accionante, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
Sentencia.
Segundo.- Librar, por Secretaría General,  las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-283/20
Una perspectiva ausente, silenciada
1.
Aunque acompaño la Sentencia T-283 de 2020, en la cual se
decidió que una central de abastos vulnera el derecho fundamental al debido
proceso de una vendedora ambulante, al sancionarla con una prohibición de
ingreso a sus instalaciones, por conductas relacionadas con su vida íntima que
en nada afectaron la convivencia ni el funcionamiento normal de la copropiedad,
aclaro mi voto porque considero que este caso debió ser estudiado desde una
perspectiva de género.
2.
La situación descrita por la accionante daba lugar a la
protección de su derecho al debido proceso tal como quedó expuesto en el texto
de la sentencia. Sin embargo, la mayoría de la Sala resolvió no pronunciarse
sobre un aspecto que, en mi opinión, debió guiar la solución de este asunto.
Violeta dijo, en repetidas ocasiones, que se sintió “ofendida y agredida,
tanto psicológicamente, verbalmente y con mensajes de texto vía celular […
al haber sido acusada] de mujer prestadora de servicios sexuales entre otras
ofensas”. Estas manifestaciones demandaban de la Sala analizar el caso
desde una perspectiva de género, a partir de la cual se habría podido
determinar si, además de violar su derecho al debido proceso, los accionados
habrían incurrido en actos discriminatorios y violencia simbólica en contra de
la accionante. Es una mirada que no sólo está ausente, sino que se silenció,
pues originalmente le fue propuesta a la Sala y esta decidió excluirla.
3.
La sociedad alberga múltiples estereotipos
de género que son la base de varias formas de violencia contra la mujer, dentro
de las que se encuentra la violencia simbólica. Esta última es una de las
formas más sutiles de violencia porque suele estar asociada a hábitos sociales
o a una naturalización de determinados comportamientos, pero ello no la hace
menos grave o importante. Es necesario recordar que la violencia y la
discriminación contra la mujer son resultado “de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”[110],
que generan discriminación e impiden su pleno desarrollo. Por ello, a nivel
internacional, se han creado obligaciones para los Estados tanto en el Sistema
Universal[111]
de protección de derechos humanos como en el Sistema Interamericano,[112]
que en general, buscan la eliminación de todas las formas de violencia y
discriminación contra la mujer.
4.
Estos estándares internacionales, que obligan al Estado
colombiano, se concretan en el ordenamiento jurídico interno en varias
disposiciones normativas y jurisprudenciales que buscan la protección de las
mujeres en escenarios de violencia y discriminación y, que todo el sistema
normativo se lea e interprete en clave de género. Es así como el artículo 43
superior establece ecuanimidad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres y proscribe expresamente cualquier tipo de discriminación contra la
mujer. Este mandato constitucional se refleja en diferentes ámbitos normativos
que buscan eliminar la brecha cultural e histórica existente entre hombres y
mujeres. “Así se han adoptado medidas legislativas y jurisprudenciales en
temas económicos, laborales y de protección a la maternidad, de acceso a cargos
públicos, de libertades sexuales y reproductivas, de igualdad de
oportunidades, entre muchas otras. Por supuesto, también se encuentra
legislación referente a la violencia contra la mujer y las formas para
combatirla.” Asimismo, la jurisprudencia de la Corte ha advertido que este
fenómeno tiene diferentes causas, señalando, entre otros, aspectos “sociales,
culturales, económic[o]s, religios[o]s, étnic[o]s, históric[o]s y polític[o]s,
que operan en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad”.[113]
5.
Con el propósito de crear reglas que permitan garantizar a
todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en ámbito público como
privado, se promulgó y sancionó la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan
normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Esta
ley establece una serie obligaciones tanto para los particulares como para el
Estado en la materia, y define las conductas que constituyen violencia contra
la mujer en Colombia. Según esta norma, violencia contra la mujer es “cualquier
acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.” También
establece que el daño puede ser físico, psicológico, sexual y patrimonial o
económico, sin que queden excluidas otro tipo de consecuencias conforme se
evidencie en cada hecho o situación.
6.
Existe una armonía entre la Constitución, el bloque de
constitucionalidad y sus desarrollos en el sistema legal. Como se mostró,
expresamente se han incorporado algunos estándares internacionales de
protección de la mujer en las normas internas. Por ejemplo, la Ley 1257 de 2008
introduce una nueva visión en el ordenamiento legal, al darle un tratamiento
especial a los casos que involucren violencia o discriminación contra la mujer.
Dichos actos deben ser juzgados con base en criterios diferentes a los que
tradicionalmente venían siendo usados. Criterios que aseguren que la justicia
es sensible a una perspectiva de género, a una mirada, en este caso, desde las
mujeres.
7.
Precisamente, hacen parte de esa nueva perspectiva las
obligaciones concretas que establece la misma Ley 1257 de 2008 para la sociedad
civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios
económicos y demás personas jurídicas y naturales, que les impone la
responsabilidad de emprender acciones encaminadas a la eliminación de la
violencia y la discriminación contra las mujeres, todo ello en virtud del
principio de corresponsabilidad. El artículo 15 de la Ley señala algunos
deberes específicos, que cobran especial importancia en el caso que resolvió la
Sala, tales como: “1) Conocer, respetar y promover los derechos de las
mujeres reconocidos señalados en esta ley; 2) abstenerse de realizar todo acto
o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial
contra las mujeres; 3) abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique
discriminación contra las mujeres y 4) Denunciar las violaciones de los
derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su contra.”
8.
Pues bien, considero que, visto desde una
perspectiva de género, el caso de Violeta no sólo planteaba un debate
constitucional en relación con la vulneración de su derecho al debido proceso,
sino también respecto a la violencia simbólica que fue ejercida en su contra,
tanto por Federico como por la central de abastos. Conviene recordar, tal como
lo admitió la mayoría de la Sala, que al margen de los argumentos expuestos por
los accionados para justificar sus actos, lo que se le reprochaba a la actora
era haber ofrecido, presuntamente, servicios sexuales a uno de
sus copropietarios. Esta acusación constituye un acto de violencia simbólica y
discriminación contra Violeta que se encuentra prohibido por el ordenamiento
jurídico colombiano.
9.
La
accionante manifestó en reiteradas ocasiones que con ocasión de la solicitud
hecha por el señor Federico y su posterior expulsión de la central de abastos,
ha visto afectado su entorno laboral y su estado psicológico y emocional. En
sus palabras, ha “sido ofendida y agredida, tanto psicológicamente,
verbalmente y con mensajes de texto vía celular” al ser acusada de
dedicarse a ofrecer servicios de carácter sexual.
10.
En mi opinión, era necesario tener en cuenta que Violeta fue
acusada de dedicarse a la prostitución, una actividad que ha sido valorada
social y moralmente como indeseable y, por lo tanto, que suele revestir de
estigma y prejuicios a quienes la ejercen, al tiempo que genera discriminación
en su contra.[114]
En el caso analizado por la Sala, la accionante resaltó que
el ataque había supuesto una afectación a ella y a su dignidad y, sin lugar a
dudas, era un elemento fáctico relevante que ha debido ser considerado por la
Sala. No simplemente dejado de lado, invisibilizado.
11.
La Corte ha explicado que la prostitución es una actividad
que suele estar asociada a estereotipos sociales que, a su vez,
incluyen perjuicios en contra de quienes se dedican a esta actividad tanto de
manera voluntaria como forzada.[115]
Así pues, la valoración moral de la prostitución está ligada a un patrón
cultural que ha tendido a menospreciar a quienes se dedican a esta actividad[116].
Este tipo discriminación fue explicado en detalle en la Sentencia T-594 de 2016[117].
Allí recordó la Corte que la asignación de estereotipos responde a una
categorización de las personas en la sociedad, que las enmarca en un grupo
particular y que genera condiciones de desventaja para el ejercicio de sus
derechos fundamentales[118].
El uso de estereotipos origina también prejuicios que contribuyen a la
subordinación e indefensión de los grupos poblacionales más vulnerables en la
sociedad, y oculta las problemáticas relacionadas con sus derechos
fundamentales. Según lo ha dicho esta Corporación, los estereotipos que existen
frente a los trabajadores sexuales las “pone en situación de discriminación
y los hace vulnerables a ser víctimas de violencia.”[119]
12.
El prejuicio asociado al trabajo sexual tiende a
menospreciar a quienes se dedican a esa actividad, incluso sin tener en cuenta
si se trata del ejercicio de una decisión, en principio, autónoma o de una
condición de explotación. En el caso bajo estudio, pareciera que por el solo
hecho de ser mujer, Violeta tuvo que soportar ese prejuicio y ello, a mi
juicio, podría haber sido estudiado por la Sala.  Además, este caso muestra un
escenario de violencia y acoso en el que tienen que desenvolverse, día a día,
las mujeres dedicadas a las ventas ambulantes. El abuso de poder que,
considero, quedó evidenciado, es un ejemplo de la forma en que los extremos
dominantes de la sociedad actúan de forma discriminatoria, prohibiendo en esta
ocasión el ingreso a una central de abastos a una mujer, madre cabeza de
familia que se dedica a la venta informal de tintos, por haber sido acusada de
ejercer trabajo sexual. Es un argumento adicional para la protección de la
mujer dedicada a las ventas informales, que ha debido sustentar la decisión y
remedio que se adoptó.
13.
Por esta razón, propuse a la Sala declarar que la central de
abastos incumplió las obligaciones que la Ley 1257 de 2008 impone a las
personas jurídicas y en general a los particulares, en relación con la
eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, que se
basan en el principio de corresponsabilidad. El artículo 15 de esa ley señala
como deberes, entre otros, (i) abstenerse de realizar todo acto o conducta que
implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra las mujeres;
(ii) abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación
contra las mujeres; y (iii) denunciar las violaciones de los derechos de las
mujeres y la violencia y discriminación en su contra. La acusación de que
Violeta se dedicaba a ofrecer servicios sexuales y la correspondiente
consecuencia que esta tuvo, constituyen un acto de violencia simbólica en su
contra.
14.
Aunque no desconozco que algunas personas pueden escoger
autónoma y libremente dedicarse a la prostitución, así se trate de casos
minoritarios, lo cierto es que Violeta afirmó constantemente que no era ésta
una decisión que ella hubiese tomado. Por el contrario, consideraba ofensiva
dicha acusación. También entiendo las diversas aproximaciones y manifestaciones
que cada mujer y hombre puedan tener frente a la prostitución y las
variabilidades, contradicciones y cambios que se puedan dar desde su fuero
personal. En este sentido, el Estado, y nosotros como jueces constitucionales,
estamos en la obligación de brindar protección a unas y otras. A quienes
defienden la prostitución como una decisión propia y la entienden como una
forma de trabajo, a través de la cual procuran la satisfacción de sus
necesidades básicas; y también a quienes, como la accionante, estiman que, al
haber sido acusadas de prostitutas, se les ha vulnerando su derecho a la
dignidad.
15.
También quiero llamar la atención sobre concepciones quizás
más sutiles en la vida diaria de las mujeres y las trabajadoras sexuales que
suelen jugar en contra de sus garantías fundamentales. Existe una percepción
generalizada de que las trabajadoras sexuales están siempre trabajando
o, desde el punto de vista de la moral social, están siempre cometiendo actos
indeseables o contrarios a la dignidad humana. De hecho, se
considera que quienes se dedican a ejercer labores sexuales son un tipo
diferente de persona, su esencia es sustancialmente distinta a la del resto de
individuos de la sociedad. Así, la prostitución se ha convertido en una
actividad que se ejerce simplemente al hablar o caminar. Son comunes los
relatos de trabajadoras sexuales, en los cuales son detenidas por la Policía
por el solo hecho de estar hablando en grupos de dos o más en espacios
públicos, o en el recorrido que hacen desde sus casas al punto en el que se
suben al transporte público, o al supermercado. En ese contexto se les retiene
bajo la acusación de estar ejerciendo prostitución, cuando en realidad se
encontraban realizando actividades que son básicas para cualquier persona.[120]
16.
El estereotipo de prostituta es usado muchas veces
como una forma de control a la mujer, pues permite realizar juicios a partir de
la forma de vestir, los lugares por los que transita, las personas con las que
se relaciona o a quienes les dirige la palabra, e incluso el momento del día en
el que lo hace. Todos estos son aspectos que se utilizan para definir la
esencia de una mujer, para señalarla de prostituta incluso sin serlo. Violeta
vivió en primera persona las consecuencias de ese estereotipo.
17.
Las cuestiones que suscita la prostitución son diversas. El
uso de expresiones como ‘trabajo sexual’, por ejemplo, son problemáticas, si no
se hacen las distinciones y precisiones propias del caso. Pueden confundirse
casos de explotación y trata de personas, en los cuales las mujeres requieren
ante todo la acción decidida del Estado para respetar, proteger y garantizar
sus derechos, con casos en los cuales las personas ejercen sus libertades
presuntamente de manera autónoma. O también, por ejemplo, puede perderse de
vista que toda mujer, sea cual sea su condición, merece un trato justo,
equitativo, digno y sin discriminación del Estado. Tiene derecho a ser
protegida de los ataques y prejuicios asociados a la prostitución, sin importar
si la persona ejerce o no tal actividad, y si lo hace por necesidad, a la
fuerza o por decisión propia.
18.
El análisis de este caso bajo una perspectiva de género le
habría permitido a la Sala pronunciarse sobre estas dimensiones y ámbitos de
protección de los derechos fundamentales y la forma de incorporar los estándares
de no violencia contra la mujer. En especial, la aplicación de estos derechos
en ámbitos privados, como la aplicación de reglamentos internos de propiedades
horizontales abiertas al público. El caso también le permitía a la Corte
referirse a la forma en la que funciona el estereotipo de prostituta frente a
una mujer que afirma no serlo y las consecuencias que ello tendría en la
garantía de sus derechos, como el derecho a un debido proceso neutral e
imparcial.
19.
Por tanto, es esta ausencia de la mirada de género, de la
mirada de la mujer, la razón por la cual aclaro mi voto en esta oportunidad.
Una mirada que se incluyó, consideró y propuse a la Sala, pero que,
lamentablemente, se decidió silenciar.
Fecha ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Como
medida para proteger la intimidad de la accionante en este asunto, la Sala
suprimirá de esta providencia y de toda futura publicación de la misma su
nombre verdadero, así como los de las demás personas involucradas en el
proceso.
[2] Folio 2, cuaderno 1, escrito de
tutela.
[3] Folio 10, cuaderno 1.
[4] Folio 9, cuaderno 1, comunicación enviada por la Central a la
accionante.
[5] Folio 11, cuaderno 1, descargos de la accionante dentro del trámite
iniciado en su contra por la Central.
[6] En particular, identificó las siguientes:
“El reglamento interno de funcionamiento
establece en el numeral 2 del parágrafo 1 del artículo 31 que ‘realizar hechos
de violencia física o moral, contra los copropietarios, arrendatarios,
comerciantes, auxiliares de carga, vendedores autorizados, clientes o
visitantes y en general contra cualquier usuario de LA CENTRAL’.
El reglamento interno de funcionamiento establece
en numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 31 que ‘La violación del principio de
convivencia pacífica y solidaridad social’.
El reglamento interno de funcionamiento establece
en el numeral 7 del parágrafo 2 del artículo 31 que ‘Los hechos que sean
catalogados como tales por parte del Consejo de Administración, al reconocer de
hechos o circunstancias no contempladas en el presente Reglamento’.” Folios 12 y 13, cuaderno de primera instancia.
[7] Folio 4, cuaderno 1, escrito de
tutela.
[8] Folio 5, cuaderno 1, escrito de
tutela.
[9] Folios 6 y 7, cuaderno 1, escrito de
tutela.
[10] Folio 28, cuaderno 1, contestación de la Central de Abastos a la acción
de tutela.
[11] Folio 63, cuaderno 1, contestación del
accionado a la tutela.
[12] Folios 89 a 91, cuaderno 1.
[13] Folio 91, cuaderno 1.
[14] Folio 91, reverso, cuaderno 1.
[15] Folio 96, cuaderno 1, impugnación a la
sentencia de primera instancia.
[16] 1) Notificación enviada por el Administrador
General de la Central a la señora Violeta, en la que le informa sobre la
petición realizada por el señor Federico para ser expulsada de dicho
establecimiento, y le otorga tres días para pronunciarse al respecto. (Folio 9,
cuaderno de primera instancia1). 2) Petición realizada por el señor Federico a
la Central de Abastos para expulsar de sus instalaciones a la señora Violeta,
por presuntamente haberle ofrecido servicios sexuales. (Folio 10, cuaderno 1).
3) Comunicación enviada por la señora Violeta a la Central de Abastos en la que
se pronunció sobre los hechos narrados por el señor Federico, niega haberle
ofrecido servicios sexuales y denuncia malos tratos en su contra. (Folio 11,
cuaderno 1). 4) Oficio AD-494-2018 en el que la Central de Abastos decidió
imponer una multa de 15 SMDLV al señor Federico y suspender como vendedora
ambulante a la señora Violeta durante 5 años, tras haber concluido que
incurrieron en faltas graves y gravísimas según el reglamento interno de la
Central. (Folios 12 y 13, cuaderno 1). 5) Listado de vendedores ambulantes
autorizados por la Central de Abastos en julio 23 de 2018. (Folios 32 y 33,
cuaderno 1).
[17] Copia del Reglamento interno de funcionamiento de
la Central de Abastos. (Folios 34 a 57, cuaderno 1).
[18] 1) Copias de capturas de pantalla de
conversaciones vía whatsapp entre la accionante, el señor Federico y su
esposa o compañera permanente. En las imágenes aportadas por la accionante el
demandado se refiere a ella como “gran perra”, “prostitutica barata”,
le pide que le pague “los 500 mil que me sacó”, y señala: “yo le
pagué cada culiada” (Folios 14 a 16, cuaderno 1). Por su parte, el
accionado envió algunas tomas de pantalla en las que la accionante manifiesta
que el accionado le “pagó ya el semestre”; le pide al accionado que “controle
a su mujer y déjeme mi vida en paz. Ya es suficiente”; señala no estar
arrepentida de nada y le advierte a la esposa del actor que, “Aga  [sic]
lo que aga [sic] eso no va ha [sic] quitar lo que pasó aquí
muchos tuvieron la culpa yo no busqué a nadie que él se acuerde muy bien quien
[sic] buscó a quien [sic]”; “Que su marido no se limpie las manos que si yo
podré ser muy perra y todo pero a la final su marido fue el que le juró amor yo
no, el [sic] fue el que se casó con usted yo no reclamarle a el
[sic] que al final el que le debe fidelidad es el[sic]
yo no.” También afirma que el accionado “buena plata si daba” y que “no
quería nada solo plata y ya logré lo que quería mi universidad mi moto y mi
negosio [sic] cagalo [sic] quédese con el [sic] me da
igual”. A esta afirmación la esposa del actor responde “no lo lograste”.
(Folios 69 a 82, cuaderno 1).
[19] Dos declaraciones juramentadas presentadas por
conocidos del señor Federico. En la primera (folio 83, cuaderno 1), el
declarante afirma que la accionante se dedicaba a vender tintos y a prestar
servicios sexuales. En la segunda (folio 84, cuaderno 1), quien declara afirmó
que el accionado  le contó que la accionante le prestaba servicios sexuales y
que no quería que eso se supiera. Dijo que había escuchado que “las personas
mencionadas -refiriéndose a la accionante y el accionado- se encerraban
en una bodega, bajaban la reja y alguien vigilaba que nadie llegara, y hablaban
de tarifas, las cuales desconozco”.
[20] 1) Solicitudes promovidas por la señora Violeta
para llevar a cabo una audiencia de conciliación en equidad, en las que se cita
a la esposa o compañera permanente del señor Federico, a comparecer el 26 y 31
de julio de 2018 con el fin de llegar a un acuerdo pacífico entre ellas dos.
(Folios 17 y 18, cuaderno 1). 2) Informe de evolución de fonoaudiología del
hijo del señor Federico, en el que se hacen las siguientes observaciones, el 31
de agosto de 2018 que contiene la siguiente observación: “Se solicita con
URGENCIA valoración por Psicología debido a los continuos retrocesos en sus
procesos en su desarrollo del lenguaje-habla; debido a constantes cambios de
estados de ánimo que son expresados por el niño ante situaciones en su hogar”
(Folios 86 a 87, cuaderno 1). 3) Certificación emitida por una docente de apoyo
personalizado “Clases en Casa”, quien afirmó apoyar el desarrollo del
hijo del accionado con una intensidad de seis horas semanales, y sostuvo que “a
mediados del mes de Julio su atención y concentración disminuyeron afectando el
óptimo desarrollo en las actividades a realizar, desviando su interés y
notándose preocupado por las discusiones de sus padres, bajando su autoestima.”
(folio 88, cuaderno 1)
[21] La Sala recibió un informe enviado por la Escuela
de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia en el cual
advierte que el caso involucra violencia de género y de clase en contra de la
accionante. Sostiene que las razones que usó la Central de Abastos para
prohibir el ingreso a ese lugar y la posibilidad de comercializar sus productos
están estrechamente relacionadas con su condición de mujer y se fundamentan en
un ejercicio desmesurado de poder. Para la Escuela de Estudios de Género, la
accionante se encuentra en una posición de desventaja derivada de las
relaciones de poder existentes en la sociedad colombiana que tienden a someter
a las mujeres, y de su condición económica, la cual es sustancialmente inferior
con respecto al señor Federico y los miembros administrativos de la Central de
Abastos, quienes tienen títulos de propiedad y cargos de poder en dicho
establecimiento. En su opinión, la Central de Abastos vulneró los derechos
fundamentales de la accionante al pasar por alto que las razones expuestas por
el señor Federico para expulsar a la actora pertenecían exclusivamente al ámbito
de lo íntimo-personal; ya que a partir de los hechos narrados no podría
afirmarse que hubiese una afectación a terceras personas. Afirmó que privar a
la accionante de su único medio de sustento es un acto de violencia en su
contra y agrava su condición por ser madre cabeza de familia. Hizo énfasis en
que debe tenerse en cuenta que la señora Violeta fue sometida al escarnio
público al afirmar que es una trabajadora sexual, al ser ello considerado como
un insulto que ultraja de manera especial a las mujeres por las connotaciones
morales que la prostitución tiene en la sociedad colombiana. En suma, estimó
que en este caso existió violencia de género  porque los agravios que sufrió la
accionante son consecuencia de una relación de dominación abusiva entre ella y
el señor Federico, quien se aprovechó de su posición de poder económico y
social para difamar y privar de su derecho al trabajo a una mujer, madre cabeza
de familia, vendedora ambulante en condición de alta vulnerabilidad. La
intervención finaliza señalando que la reparación de los derechos fundamentales
de la actora debe incluir (i) los perjuicios patrimoniales que le hayan sido
causados por no poder laborar y, (ii) aquellos derivados del daño a su buen
nombre, para lo cual estima necesario ordenar una rectificación de los hechos y
el ofrecimiento de disculpas públicas por parte de quienes la injuriaron.
[22] “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
[23] Según lo dispuesto por el artículo 86 constitucional,
todas las personas pueden interponer acción de tutela ante los jueces para la
protección de sus derechos fundamentales, bien sea directamente o por medio de
otra persona que actúe a su nombre[23].
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que dicha
acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”.
[24] El citado artículo 86 superior señala que la
acción de tutela procede frente a particulares en tres circunstancias: (i) cuando
están encargados de la prestación de servicios públicos, (ii) si su conducta
afecta grave y directamente el interés colectivo, o (iii) respecto de quienes
el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
[25] Sentencia T-407 A de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[26] Sentencia T-062 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[27] Ver, entre muchas otras, la Sentencia SU-509 de
2001. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, en la que la Sala Plena de la Corte sostuvo: “En primer lugar hay que reiterar que la
jurisprudencia ha expresado que es factible interponer tutela contra
particulares que administran conjuntos residenciales debido a que los afectados
por decisiones de una Junta o Consejo de Administración, o por un
Administrador, o Administradora de los conjuntos sometidos generalmente al
régimen de propiedad horizontal, son decisiones que pueden colocar en situación
de indefensión o necesariamente de subordinación a los copropietarios.”
[28] Persona jurídica de carácter privado que opera
bajo el régimen de propiedad horizontal consagrado en la Ley 675 de 2001 “Por
medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”
[29] Artículo 37 de la Ley 675 de 2001: “[l]as
decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, son de
obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los
ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo
pertinente para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto”.
[30] Ver hecho número cuatro de los antecedentes.
[31] Ello fue advertido, incluso,  por la Central de
Abastos en la impugnación de la sentencia de primera instancia. Recuérdese que
en esa oportunidad argumentó, a favor de la forma en que resolvió el conflicto
que le fue planteado y la diferencia entre las sanciones que impuso a una y
otra parte, que tuvo en cuenta la diferencia entre las calidades personales de cada
uno de los implicados, en especial, la condición de copropietario del señor Federico
y los aportes económicos que en virtud de ello realiza a la copropiedad. Ver
párrafo 13 de los antecedentes.
[32] La acción de tutela debe interponerse en un
término oportuno, justo y razonable, es decir, cumplir con el requisito de
inmediatez. Ello responde a la finalidad de “protección inmediata” de
los derechos fundamentales que rige este medio judicial, la cual implica que,
pese a no existir un término específico para acudir al juez constitucional, los
ciudadanos deban actuar de manera diligente y presentar la acción en un tiempo
razonable
[33] El
requisito de subsidiariedad que se refiere al agotamiento previo de todos los
medios judiciales de defensa que se encuentren al alcance del accionante para
resolver sus pretensiones.
[34] Ver Sentencia T-141 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[35] En la Sentencia T-386 de 2002,  MP Rodrigo
Escobar Gil  se estudió la idoneidad del artículo 435 del C.P.C. que
también establece un proceso verbal sumario  como medio de defensa
alternativo de un acto adoptado por las directivas de  un conjunto
residencial. En esa ocasión y respecto de la declaración de persona non grata
adoptada, la Sala manifestó que el proceso es idóneo para conflictos relativos
a la propiedad horizontal misma [Sentencias T-228 de 1994 Y T 630 de 1997] y
que la acción de tutela resulta procedente en los siguientes eventos: “a)
cuando prima facie existe una vulneración de derechos fundamentales o una
limitación arbitraria de estos derechos; b) cuando el proceso verbal sumario
“no resulta idóneo y efectivo para lograr el amparo inmediato de derechos
fundamentales conculcados o amenazados en razón de actos expedidos por dicha
junta o asamblea” [Sentencia T-333 de 1995]; C) cuando las decisiones de la
administración o asamblea impiden la satisfacción mínima de las condiciones de
existencia vital que los individuos no pueden asegurarse por si
mismos.[Sentencia T-454 de 1998] En tales casos, la acción de tutela se
constituye en una vía expedita y prevalente para proteger los derechos
vulnerados.(…) el proceso verbal sumario no constituye el medio
judicial idóneo o eficaz para solucionar el conflicto constitucional planteado,
pues, en efecto, no se trata de resolver ningún tipo de diferencias en relación
con los bienes de uso común o el funcionamiento del edificio, ni de conflictos
relativos al cumplimiento de las obligaciones del accionante como
copropietario, ni tampoco de la imposición de una multa (…).T-869-02 M.P.
Manuel José Cepeda Espinoza.
[36] El mecanismo previsto en el artículo 382 del
Código General del Proceso[36]
permite controvertir los actos de las asambleas, las juntas directivas o las
juntas de socios de las personas jurídicas de derecho privado, es decir,
aquellas decisiones que se tomen en virtud de una reunión ordinaria o
extraordinaria del correspondiente órgano, según lo dispuesto en el artículo
181 del Código de Comercio[36].
[37] Es preciso recordar que de
conformidad con el artículo 191 del Código de Comercio[37], solo los administradores,
los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes pueden impugnar las
decisiones de la asamblea o junta de socios. Resulta entonces evidente que el
proceso verbal sumario de impugnación de actas de asamblea no es un mecanismo
judicial al que pudiera acudir la accionante:
“ARTÍCULO 191. <IMPUGNACIÓN DE DECISIONES
DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS>. Los administradores, los revisores fiscales
y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la
asamblea o de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones
legales o a los estatutos.
La impugnación sólo podrá ser intentada dentro de
los dos meses siguientes a la fecha de la reunión en la cual sean adoptadas las
decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban
ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se
contarán a partir de la fecha de la inscripción.”
[38] En tanto el ordenamiento jurídico nacional
tipifica la injuria (Código Penal, artículo 220) y calumnia (Código Penal, artículo 221) En
efecto, esta Corte ha sostenido que la existencia de una conducta punible no
implica, por sí misma, la improcedencia de la acción de tutela, en la medida
que: “(i) aunque la afectación exista y sea antijurídica, se puede
configurar algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la
responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal
protección a los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un
castigo penal, sino solamente su rectificación; y (iii) la pronta respuesta de
la acción de tutela impediría que los efectos de una eventual difamación sigan
expandiéndose y prologándose en el tiempo como acontecimientos reales y
fidedignos.” Sentencia T-110 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[39] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[40] ARTÍCULO 1o. OBJETO. La
presente ley regula la forma especial de dominio, denominada propiedad
horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes
privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes,
con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los
inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad.
[41] En la
Sentencia C-522 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte sostuvo: “Una vez constituida legalmente la
propiedad horizontal se crea una persona jurídica sin ánimo de lucro cuyo único
fin es administrar los bienes y asuntos comunes. El poder de disposición de la
organización administrativa del régimen de propiedad horizontal, es restringido
y específico, en ningún momento puede disponer o afectar en forma invasiva los
derechos de los propietarios en cuanto al dominio de sus unidades particulares.”
[42] Ver Sentencia T-555 de 2003. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[43] M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En esa sentencia fue revisada la
constitucionalidad de los artículos 1, 3, 32, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 50,
51, 53, 58, 59 y 62 de la Ley 675 de 2001.
[44] Sentencia C-318 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En esa sentencia fue
revisada la constitucionalidad de los artículos 1, 3, 32, 37, 39, 42, 43, 44,
45, 47, 50, 51, 53, 58, 59 y 62 de la Ley 675 de 2001.
[45] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[46] Este sistema otorga mayor peso en la
toma decisiones a quienes tienen un mayor coeficiente de propiedad.
[47] La Corte se refirió a aquellas situaciones que no
se desarrollan bajo “la regla económica del equilibrio entre derecho y deberes
sino que se encuentran vinculados al diario vivir y que definen las reglas de
la convivencia entre los habitantes de un conjunto residencial tales como: la
tenencia de mascotas, el uso de los ascensores, y parques, reglas para el
acceso a los apartamentos, personal autorizado para ingresar y circular, el
ingreso del personal de servicios a domicilio, el horario para realizar
trasteos, el uso del salón comunal etc.”
[48] “En principio el uso del coeficiente de
propiedad para definir el valor del voto en las asambleas de copropietarios es
un criterio que responde a los atributos de dominio y disposición de la propiedad
privada de conformidad con el equilibrio entre los derechos y deberes de los
copropietarios, en donde el coeficiente de propiedad define las cuotas partes
de las responsabilidades económicas de los recursos necesarios para el
sostenimiento de los bienes comunes y pago de servicios públicos domiciliarios
y así, quien posee el mayor coeficiente correlativamente paga la mayor cuota de
sostenimiento.”
[49] Ibídem.
[50] Sentencia
T-630 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esa oportunidad, argumentó
la Corte: “en
ocasiones la suspensión del servicio de citófono toca con derechos inalienables
de la persona, tales como la vida, el derecho a recibir acciones solidarias de
vecinos y amigos y derechos de comunicación derivados de la vida en comunidad,
los cuales forman parte del espacio y necesidad vital de los residentes de un
conjunto residencial, en donde casi en todos los casos, necesitan del mismo
para tener contacto con lo que sucede al interior de su apartamento, pues los
apartamentos se encuentran tan alejados de la portería y de los lugares de
acceso a la unidad residencial que la comunicación a través del citófono se
torna en una necesidad vital, tal es el caso de la tutela T-144.724 en donde
los 375 apartamentos se ubican de manera distante de la portería, lo que además
impide la visibilidad directa a ese importante lugar de acceso al conjunto.”
[51] Sentencia SU-509 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. A.V. Manuel
José Cepeda Espinoza.
[52] Sentencia
T-698 de 2012. M.P. Federico González Cuervo. En esa oportunidad la Corte
revisó el caso de una señora de 79 años diagnosticada con osteoartritis, a quien su médico tratante le
había formulado terapias en pisicina. La accionante no sabía nadar, razón por
la cual pidió usar la piscina para niños teniendo en cuenta que ésta era menos
profunda. El administrador del conjunto le prohibió el uso de ese bien común
argumentando que con ello se podría afectar la salud de los menores de edad que
frecuentaban esa área.
[53] Sentencia
T-808 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En el caso, la Asociación Scout de
Colombia había negado la renovación de la inscripción del accionante, luego de
que este manifestara públicamente ser homosexual y respaldar un proyecto de ley que precisamente, buscaba
reconocer derechos a uniones de parejas del mismo sexo, sin exponer
justificación alguna, pues únicamente invocó sus estatutos y el derecho de
“reserva de admisión”. Para la Corte, con ello se vulneraron los derechos a la
igualdad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad del actor, y por lo tanto ordenó a la Asociación
aceptar la inscripción del accionante.
[54] Sentencia T-433 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[55] Sentencia T-062 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[56] En las sentencias
T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez, S.V. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, A.V. Aquiles Arrieta
Gómez (E); la Corte estudió casos en los que parejas homosexuales habían sido
reprendidas y obligadas a abandonar centros comerciales por besarse en público.
La Corte tuvo en cuenta que
“con su actuar no pusieron en riesgo los
derechos de los demás, no violaron ninguna regla del orden jurídico, tan sólo y
para bien, ejercieron sus libertades. Pero también, lo que hicieron estos
jóvenes fue expresar libremente su orientación sexual, como opción de vida que
en sus componentes de libertad pura, para darse besos, debe ser protegida y
respetada por el Estado y los particulares[…] el trato dado por el
guardia de seguridad, pretendía anular, o dominar a los jóvenes homosexuales,
apelando a prejuicios sociales y personales de que sus besos de pareja en
público, por provenir de parejas homosexuales, son reprochables al resultar más
afrentosos para la tranquilidad, la seguridad y la moralidad públicas, que
los besos que se dan los heterosexuales. […] En
este orden, la responsabilidad del centro comercial COSMOCENTRO y de la empresa
de seguridad FORTOX, no opera porque hubiese sido activo en imponer reglas de
control de vigilancia claramente homofóbicas. Nada parecido está acreditado en
el proceso ni nada semejante se imputa en esta providencia. Pero sí son
responsables por la vulneración al principio de no discriminación que se
produjo contra Jimmy Moreno y Robbie Pérez, al haber aplicado en ellos la regla
(ilegítima) de prohibir besarse de modo romántico.” Destaca la Sala.
[57] Sentencia T- 141 de 2019. M.P. Carlos Bernal
Pulido.
[58] Desde sus primeros
pronunciamientos la Corte ha advertido sobre la obligatoriedad del respeto por el debido proceso
en las relaciones entre particulares cuando uno de ellos tiene la facultad de
imponer sanciones. Así fue señalado en la sentencia T-433 de 1998. M.P. Alfredo
Beltrán Sierra, en la que se estudió el caso de un médico que trabajaba en la
Fundación Santa Fe de Bogotá, quien había estado
vinculado a una investigación disciplinaria que culminó con su
desvinculación de la Clínica y alegó que no tuvo posibilidades para
controvertir las pruebas que obraban en su contra. En este contexto, afirmó la
Corte: “El artículo 29 de la Constitución establece que el debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esto significa que en todos
los campos donde se haga uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta como
la prerrogativa de un sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser
observados los requisitos o formalidades mínimas que integran el debido
proceso. Mandato que, dada su naturaleza, no sólo involucra u obliga a las
autoridades públicas, en el sentido amplio de este término, sino a los
particulares que se arrogan esta facultad, como forma de mantener un principio
de orden al interior de sus organizaciones (v.gr. establecimientos educativos,
empleadores, asociaciones con o sin ánimo de lucro, etc). Razón que hace
indispensable que los entes de carácter privado fijen unas formas o parámetros
que delimiten el uso de este poder y que permitan al conglomerado conocer las
condiciones en que puede o ha de desarrollarse su relación con éstos. Es
aquí donde encuentra justificación la existencia y exigencia que se hace de los
llamados reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, etc., en los cuales
se fijan esos mínimos que garantizan los derechos al debido proceso y a la
defensa de los individuos que hacen parte del ente correspondiente”
[59] En la sentencia T-944 de 2000. M.P. Alejandro
Martínez Caballero, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional indicó
lo siguiente: “(…) para que la protección a este derecho [el
del debido proceso] sea efectiva, es necesario que cada uno de las
etapas procesales estén previamente definidas, pues, de lo contrario, la
imposición de sanciones queda sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen
la función de solucionar los conflictos de los implicados. Esta previa
definición de los procedimientos que constituyen el debido proceso, se
configura por lo tanto, en la garantía de referencia con que cuentan las
personas para determinar en qué momento la conducta de quien ejerce la función
de imponer sanciones se convierte en ilegítima, por desconocerse lo dispuesto
en las normas”.
[60] Vid. Particularmente, la sentencia
T-731 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. No obstante, con anterioridad
la Corte ya había señalado, en la sentencia T-470 de 1999. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, que: “[l]a garantía del debido proceso ha sido
establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya dignidad exige que,
si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento
jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas
predeterminadas, por el tribunal o autoridad competente y con todas las
posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo sido oído el acusado y
examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que
constan en su favor. No podría entenderse cómo semejante garantía,
reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta, pudiera ser
exigible únicamente al Estado. También los particulares, cuando se hallen en
posibilidad de aplicar sanciones o castigos, están obligados por la
Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho
fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los
fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados.
Por eso, ante las vulneraciones o amenazas para el ejercicio de ese derecho
fundamental, cabe la acción de tutela” (énfasis fuera del texto
original).
[61] Sentencia T-623 de 2017. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[62] Artículos 2 y 60 de la Ley 675 de
2001.
[63] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[64] “ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA LEY. Son principios orientadores de la
presente ley:
1. Función social y ecológica de la propiedad. Los
reglamentos de propiedad horizontal deberán respetar la función social y
ecológica de la propiedad, y por ende, deberán ajustarse a lo dispuesto en la
normatividad urbanística vigente.
2. Convivencia pacífica y solidaridad social. Los
reglamentos de propiedad horizontal deberán propender al establecimiento de
relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los
copropietarios o tenedores.
3. Respeto de la dignidad humana. El respeto de la
dignidad humana debe inspirar las actuaciones de los integrantes de los órganos
de administración de la copropiedad, así como las de los copropietarios para el
ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la ley.
4. Libre iniciativa empresarial. Atendiendo las
disposiciones urbanísticas vigentes, los reglamentos de propiedad horizontal de
los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, así como los integrantes de
los órganos de administración correspondientes, deberán respetar el desarrollo
de la libre iniciativa privada dentro de los límites del bien común.
5. Derecho al debido proceso. Las actuaciones de
la asamblea o del consejo de administración, tendientes a la imposición de
sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, deberán consultar
el debido proceso,
el derecho de defensa, contradicción e impugnación.”
[65] Vid. Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. La función de los
mercados mayoristas en los centros urbanos de Colombia. Disponible en <http://www.fao.org/3/a-as344s.pdf>.
[66] Vid. Stephen Carr et. Al. Public Space. Cambridge, Cambridge
University Press, 1992.
[67] Sentencia T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao
Pérez. S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[68] En este título la Sala seguirá de cerca la
Sentencia T-578 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. A.V. Alejandro Linares
Cantillo.
[69] Artículo 16, Constitución
Política de Colombia.
[70] Artículo 15 ibídem.
[71] Ver, sentencias  T-542 de 1992. M.P. Alejandro
Martínez Caballero y C-507 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. A.V. Antonio
Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero.
[72] Cfr., entre otras, la Sentencia
T- 261/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[73] Ob. Cit. Sentencia C-507
de 1999.
[74] Sentencia SU-089 de
1995. MP. Jorge Arango Mejía.
[75] Sentencia T-787 de
2004. MP. Rodrigo Escobar Gil, en la que se estudió la tutela interpuesta por
una profesora de una institución educativa quien estuvo varios meses
incapacitada por problemas de salud, por lo que el accionado realizó una
caricatura que circuló en diarios locales en la que insinuaba que no eran
ciertas las incapacidades otorgadas a la accionante, además, se aludía a la
realización de actos sexuales de la accionante con otra persona. La  Corte
protegió los derechos de la intimidad, honra y buen nombre de la accionante.
Sobre la intimidad personal, precisó que es “la salvaguarda del derecho de
ser dejado sólo y de poder guardar silencio, es decir, de no imponerle a un
determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados
o fiscalizado aspectos íntimos de su vida”. En relación a la intimidad en
el grado familiar, esta “responde al secreto y a la privacidad en el núcleo
familiar”. Por su parte, el ámbito social de la intimidad “involucra las
relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales como, las
sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de la
interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo social”.
Finalmente, la intimidad gremial “se relaciona estrechamente con las
libertades económicas e involucra la posibilidad de reservarse -conforme a
derecho- la explotación de cierta información”.
[76] Sentencia
T- T-478 de 2015. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
A.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[77] Sobre la naturaleza y
características del derecho a la intimidad, ver, entre otras: sentencias T-787
de 2004, MP. Rodrigo Escobar Gil; T-405 de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño;
T-634 de 2013. MP. María Victoria Calle Correa; T-478 de 2015. MP. Gloria
Stella Ortiz Delgado. A.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-050 de 2016. MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado. Según la
jurisprudencia el derecho a la intimidad se sustenta en cinco principios básicos que
aseguran la inmunidad del individuo frente a la innecesaria injerencia
de los demás: (i) el principio de libertad, de acuerdo con el cual el
registro o divulgación de los datos personales de una persona requiere de su
consentimiento libre, previo, expreso o tácito o que el ordenamiento jurídico
imponga una obligación de relevar dicha información con el fin de cumplir un
objetivo constitucionalmente legítimo. (ii) El principio de finalidad, el cual
exige que la recopilación y divulgación de datos de una persona atienda a una
finalidad constitucionalmente legítima. (iii) El principio de necesidad, de
acuerdo con el cual la información personal que deba divulgarse debe tener una
relación de conexidad con la finalidad pretendida mediante su revelación. (iv)
El principio de veracidad, el cual exige que los datos personales que puedan
divulgarse correspondan a situaciones reales. (v) El principio de  integridad,
que exige que la información que se divulga se presente de manera
completa. Sentencia T-787 de 2004. MP. Rodrigo Escobar Gil. Para la Corte estos
cinco principios permiten delimitar la protección del núcleo esencial del
derecho a la intimidad.
[78] Sentencia T-696 de 1996. MP. Fabio
Morón Díaz.
[79] Sentencia T-949 de 2011. MP. Nilson
Pinilla Pinilla.
[80] Sentencia T-411 de
1995. MP. Alejandro Martínez Caballero.
[81] MP. Alejandro
Martínez Caballero.
[82] Sobre el derecho a la
honra también pueden consultarse, entre otras sentencias: T-405 de 2007. MP.
Jaime Córdoba Triviño; T-015 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. A.V. María
Victoria Calle Correa; T-050 de 2016. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83] Sobre este aspecto, en la Sentencia T-413 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte sostuvo: “Correlativamente,
este derecho implica una
restricción para el Estado como una obligación de no interferencia y para la
sociedad del respeto de las decisiones que hacen parte del ámbito de la
intimidad de cada persona, lo cual incluye la expresión exterior del sujeto
en el ejercicio de la autonomía personal, siempre que ésta no afecte derechos
de terceros ni los valores y principios del Estado. Así pues, el ejercicio de
algunas de las libertades que se derivan del libre desarrollo de la
personalidad a su vez se inscriben en las protecciones del derecho a la intimidad
que “hace parte de la esfera o espacio de vida privada no susceptible de la
interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un
elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente
en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y
familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento
jurídico”. Lo anterior,
reiterando la Sentencia C-881 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[84] Sentencia C-481 de 1998. M.P. Alejandro Martínez
Caballero. S.V. Alfredo Beltrán Sierra, José Gregorio Hernández Galindo y
Hernando Herrera Vergara. A.V. Vladimiro Naranjo Mesa.
[85] Sentencia C-098/96, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[86] Ob. Cit. Sentencia C-507 de 1999.
[87]M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo (E). S.V.
Alberto Rojas Ríos; S.P.V.  María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares
Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo; A.V. Alejandro Linares Cantillo,
Gloria Stella Ortiz Delgado y Aquiles Arrieta Gómez (E). En esta Sentencia la Corte
estudió la demanda de
inconstitucionalidad presentada por un ciudadano contra el artículo 140,
numeral 4, parágrafos 2º (numeral 4) y 3º de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia”, al considerar que los apartes acusados vulneran los
artículos 1º, 2º, 13, 25, 29 y 54 de la Constitución. En esta
oportunidad, la Sala Plena consideró que el problema jurídico que debía
resolver se circunscribía a determinar “¿si el numeral 4 y los
parágrafos 2 (numeral 4) y 3 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, que
establecen la prohibición de ocupar el espacio público en violación de las
normas vigentes y prevén sanciones pecuniarias para quien incurra en las
conductas tipificadas, como también el decomiso o la destrucción de los bienes
cuando se verifique que el comportamiento ha ocurrido en dos o más ocasiones;
al afectar a los vendedores informales y no incluir acciones afirmativas para
ellos, infringen los principios fundamentales del Estado social de derecho, la
dignidad humana, los fines esenciales del Estado, la efectividad de los
derechos, la participación y el orden justo, así como los derechos a la
protección especial de los sujetos vulnerables, al trabajo y al debido proceso,
confianza legítima y ubicación laboral de personas en edad de trabajar (arts.
1, 2, 13, 25, 29 y 54 superiores)?”.
[88] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
S.V. Humberto Antonio Sierra Porto, A.V. Luis Ernesto Vargas Silva.
[89] M.P. María Victoria Calle Correa.
[90] En este mismo sentido pueden ser consultadas las
sentencias T-231 de 2014. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-607 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-067
de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez (E);  T- 424 de 2017.
M.P. Alejandro Linares Cantillo y T-701 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, A.V.
Diana Fajardo Rivera y Carlos Bernal Pulido. En todas estas sentencias la Corte
estudió la tensión entre los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
dignidad humana y al trabajo de vendedores ambulantes y la recuperación del
espacio público.
[91] Constitución
Política de Colombia, artículo 25: “El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas.”
[92] Organización
Internacional del Trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 107ª reunión.
Informe V(1). Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los
hombres en el mundo del trabajo. Ginebra, 2018. Disponible en <https://bit.ly/2P6zrXO>.
[93] “El término «economía informal» se refiere «al
conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las
unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están
insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto”
OIT: Resolución y conclusiones sobre el trabajo decente y la economía informal,
Conferencia Internacional del Trabajo, 90.ª reunión (Ginebra, 2002), párrafo 3.
[94] De hecho, la 108.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo que se llevará a cabo entre el 10 y 21 de junio de
2019 en Ginebra, estará dedicada a continuar con la discusión sobre la
elaboración de normas para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del
trabajo.
[95] WIEGO. Violencia y empleo informal. Nota
informativa. Mayo de 2018. Disponible en <http://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/nota_informativa_violencia_empleo_informal_WIEGO.pdf>
[96] OIT y WIEGO. 2012. “Statistical
Update on Employment in the Informal Economy.” Disponible en línea:
http://laborsta.ilo.org/applv8/
data/INFORMAL_ECONOMY/2012-06-Statistical%20update%20 -%20v2.pdf
[97] Ob. Cit. WIEGO. Violencia y empleo informal. Nota informativa.
[98] Folio 4, cuaderno de primera
instancia.
[99] Sentencia
C-522 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[100] Ver folio12, cuaderno de primera instancia.
[101] Ver, entre otras, las sentencias T-131 de 2006.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T- 560 de
2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. S.V. Alberto Rojas Ríos; T-030 de 2017.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T- 572 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. S.V. José Fernando Reyes Cuartas.
[102] Folios 14 a 16 y 69 a 82, cuaderno 1.
[103] Folio 83, cuaderno 1.
[104] Corte
Constitucional, sentencia SU-082 de 1995.
[105] Corte
Constitucional, sentencia T-411 de 1995.
[106] Sentencia T-015 de 2015. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva. A.V. María Victoria Calle Correa.
[107] “Esta discriminación tiene
dos fuentes principales, una social y otra legal. La social, surge del trato y
lugar que la sociedad le ha dado a la prostitución lícita, la cual es tolerada,
pero al mismo tiempo es provista como indigna e indeseada. La jurisprudencia ha
llegado a definir la prostitución como una actividad que va en contra de la
dignidad humana, incluso cuando se presenta en el ejercicio del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, y ha circunscrito su trato, en un
principio, exclusivamente a asignar deberes para el Estado de rehabilitar y
disminuir sus efectos nocivos. Cabe resaltar que, al determinar la obligación
de rehabilitación hacia las personas que ejercen el trabajo sexual estas son
estigmatizadas como personas enfermas, o que requieren regresar a su estado
anterior.” Sentencia T-594 de 2016. La otra fuente de discriminación hacia las trabajadoras
sexuales, según esta Corte, es legal. En este sentido, ha sostenido que la
omisión del Estado de regular el trabajo sexual lícito de forma específica,
para reconocerlo bajo la protección del derecho al trabajo, es en sí mismo una
forma de discriminación, pues excluye a este grupo poblacional de las garantías
laborales. Para un análisis detallado de  lo anterior pueden ser consultadas
las sentencias T- 629 de 2010 y T-736 de 2015, antes citadas.
[108] Folio 84, cuaderno 1.
[109] Folio 27, cuaderno1.
[110] Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), párrafo 118.
[111] La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer(en adelante CEDAW), ratificada
por Colombia mediante la Ley 51 de 1981, define la
discriminación en contra de la mujer como “toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas,
económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. A su turno, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en
contra de la Mujer, aprobada por las Naciones Unidas
el 20 de diciembre de 1993, entendida por la
jurisprudencia de esta Corte como una pauta de interpretación para determinar
el alcance de las normas domésticas e internacionales relacionadas con la
discriminación en contra de la mujer (Sentencia T-012
de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), define la violencia contra la
mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada.” En sentido similar, en la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, se reconoció “que la
eliminación de la violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el
desarrollo y la paz y atribuye por primera vez responsabilidades a los Estados
por dichos actos.”
[112] En lo que tiene que ver con el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, “tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como
la Corte Interamericana, han emitido una serie de pronunciamientos y decisiones
de las cuales es posible extraer estándares normativos aplicables a casos
concretos, al igual que un mínimo de obligaciones para los Estados parte de la
Convención. Gran parte de este desarrollo se ha dado a partir de la adopción de
la Convención de Belém do Pará (1994), y la influencia que el Sistema Universal
tuvo sobre las decisiones regionales.”  Algunos de los estándares
normativos en relación con las obligaciones de los Estados, que resultan
importantes para el caso resuelto en esta oportunidad, tienen que ver con el
reconocimiento del “vínculo estrecho entre los problemas de la
discriminación y la violencia contra las mujeres” y “la obligación de
los Estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra la
mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento que promueven su
tratamiento inferior en sus sociedades.”
[113] Sentencia C-776 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[114] Esta Corte, entre otras cosas, ha dicho al
respecto lo siguiente: “Esta discriminación tiene dos fuentes principales,
una social y otra legal. La social, surge del trato y lugar que la sociedad le
ha dado a la prostitución lícita, la cual es tolerada, pero al mismo tiempo es
provista como indigna e indeseada. La jurisprudencia ha llegado a definir la
prostitución como una actividad que va en contra de la dignidad humana, incluso
cuando se presenta en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, y ha circunscrito su trato, en un principio, exclusivamente a
asignar deberes para el Estado de rehabilitar y disminuir sus efectos nocivos.
Cabe resaltar que, al determinar la obligación de rehabilitación hacia las
personas que ejercen el trabajo sexual estas son estigmatizadas como personas
enfermas, o que requieren regresar a su estado anterior.” Sentencia T-594
de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[115] La otra fuente de discriminación hacia
las trabajadoras sexuales, según esta Corte, es legal. En este sentido, ha
sostenido que la omisión del Estado de regular el trabajo sexual lícito de
forma específica, para reconocerlo bajo la protección del derecho al trabajo,
es en sí mismo una forma de discriminación, pues excluye a este grupo
poblacional de las garantías laborales. Para un análisis detallado de lo
anterior pueden ser consultadas las sentencias T- 629 de 2010. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez y T-736 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[116] En la Sentencia T- 629 de 2010, la Corte recogió algunos
pronunciamientos de diferentes foros sobre prostitución en Bogotá que muestran
la desprotección histórica de los trabajadores sexuales frente a sus
condiciones laborales, y los estereotipos que suelen ser asociados a su oficio.
[117] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[118] “Los estereotipos han sido definidos como una preconcepción
sobre los atributos o las características de los miembros de un grupo
particular, o sobre los roles que éstos deben cumplir. En este sentido, los
estereotipos presumen que todos los miembros de un grupo tienen unas
características o cumplen con unos roles precisos, y por lo tanto cuando se
valora a una persona que pertenezca al grupo se presume que ésta actuará de
conformidad con dichas preconcepciones, o que es su deber hacerlo.”
Sentencia T-594 de 2016. Ob Cit.
[119] Sentencia T-629 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En el documento
“Primer Foro sobre Prostitución en Bogotá, Hablemos de Prostitución, Marzo 30
de 2009” folio 101-102, tercer cuaderno: “Y, valga destacarlo,
por esto también resulta explicable que en el Documento denominado `Primer Foro
sobre Prostitución en Bogotá, Hablemos de Prostitución, Marzo 30 de 2009´, en
la `mesa´ de normatividad y derechos se haya dicho entre otras cosas, que no ha
existido un lenguaje común en relación a la prostitución,  `ya que no se puede
hablar de Derechos Humanos cuando se desarrolla un oficio como la prostitución´
. O que en la encuesta realizada por el Distrito en los conversatorios de
`Hablemos de prostitución en Bogotá´ como parte del plan de desarrollo Bogotá
Positiva 2008-2012, con un grupo diverso pero inclusivo de mil entrevistados,
comprendidos todos los actores de la prostitución como actividad , cuyos resultados
se trajeron al proceso, un 36% estimaran que las mujeres en situación de
prostitución no pueden ´nunca (…) quejarse de abuso sexual o violación´, porque
esto hace parte de su trabajo por el cual `reciben un pago´ , con lo que se
está diciendo que quienes ejercen la actividad, son sujetos que no tiene ni
honra ni pudor sexuales, y que pueden ser agredidos y violentados, es decir
que, no preservan su dignidad moral por el hecho de vender servicios sexuales.
Por esto, en fin, un 42% de aquellos afirma que `una persona en situación de
prostitución nunca podrá ser buena madre´, lo que significa la negación a
priori de un derecho inherente al desarrollo de la personalidad, consistente en
reproducirse y formar una familia (arts 16 y 42 CP), fundada en el único
supuesto de la actividad a la que el sujeto en cuestión se dedica. Una
apreciación que resulta aún más impactante, en cuanto que, según indican otros
estudios del Distrito capital, la mayoría de las mujeres dedicadas a la
prostitución son madres cabeza de familia.”
[120] Melissa Gira Grant. Playing the whore: the work of sex work. Londres, Verso, 2014. Un claro ejemplo de este tipo de problemas fue
el que resolvió la Corte en la Sentencia T-594 de 2016. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado. En esa sentencia la Corte resolvió el caso de dos mujeres
que fueron detenidas en la Plaza de la Mariposa en el sector de San Victorino
en Bogotá, y llevadas a la UPJ por el solo hecho de estar sentadas en una banca
hablando. Según la Policía, la conducción tuvo como fundamento un supuesto alto
grado de exaltación, sin embargo, tanto las accionantes como testigos de los
hechos, aseguraron que los agentes de Policía
manifestaron
que las detendrían “por putas”. La Sala constató que no existía ninguna
prueba que demostrara alguna situación que pusiera en riesgo los derechos de
las accionantes o de terceros que hiciera necesaria urgente e idónea su
conducción a la UPJ. En el mismo sentido, tampoco encontró prueba de que
Esperanza y Abril estuvieran practicando la prostitución. Lo que se evidenció
fue que estaban sentadas en una banca, en el ejercicio de su derecho a estar en
el espacio público y sin haber realizando exhibiciones obscenas. Por lo tanto,
aseguró la Corte que “es razonable inferir, como lo alegaron las
accionantes, que el criterio de supuesta obscenidad está ligado a la forma de
vestir de las mujeres, para identificarlas como trabajadoras sexuales.” El
fallo concluyó con el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la
libertad personal y a la libre circulación de las actoras, una orden a la
Policía Metropolitana de Bogotá para que se abstenga de utilizar la política de
recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación
de las accionantes, y órdenes y exhortos a diferentes autoridades distritales y
nacionales, encaminadas a la generación de oportunidades para las personas en
ejercicio del trabajo sexual y capacitaciones sobre el trato digno a esta
población.