T-144-98
Sentencia T-144/98
Sentencia T-144/98
DERECHO A LA
IGUALDAD EN REGIMEN DE CESANTIAS PARCIALES-Cambio de legislación
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
La Corte
Constitucional, en numerosas sentencias, ha señalado que la tutela, de manera
general, no es el mecanismo judicial apropiado para lograr el pago de
prestaciones laborales, por existir el medio adecuado ordinario de defensa
judicial. Sin embargo, esta misma Corporación ha señalado, que en situaciones
excepcionales y extraordinarias, la tutela se empleará para lograr el pago de
acreencias laborales, únicamente cuando lo que se pretenda con ella, sea la
protección y prevalencia de derechos fundamentales constitucionales violados o
amenazados, para lo cual los mecanismos ordinarios no serían efectivos.
INDEXACION DE
CESANTIAS PARCIALES
CESANTIAS
PARCIALES-Reconocimiento
no puede supeditarse a disponibilidad presupuestal
DERECHO DE
PETICION-Resolución
concreta
Referencia:
Expedientes Acumulados T-147016,    T-146565,      T-147256,  T-147297,  T-147391,
T-147916,      T-148276,  T-148400,  T-148542,    T-148620,      T-148637,  T-148756,  T-148827,
T-148828,      T-149003,  T-149209,  T-149339,    T-149437,      T-149622,  T-149778,  T-149887,
T-150015,      T-150062,  T-150435,  T-150443,    T-150690,      T-150793,  T-150982,  T-113897,
T-151296,      T-151529,  T-151646,  T-151653,    T-151654,      T-151810,  T-152251
Demandantes:
Baudilio Rocha Sánchez otros
Demandado:
Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Y Administración Judicial.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO.
Santa Fé de Bogotá D.C., a los veinte (20)
días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Fabio Morón Díaz,
Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Han pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de las acciones de tutela
instauradas por el señor Baudilio Rocha Sánchez y otros contra el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la Administración Judicial en sus diferentes
seccionales y en algunos casos al Consejo Superior de la Judicatura.
En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33 y 36 del Decreto 2591 de 1991, los Juzgados, Tribunales, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado, remitieron a la Corte Constitucional
los expedientes de la referencia, para los efectos de la revisión
constitucional de los fallos proferidos por ellos en el trámite de primera o
segunda instancia de las diferentes tutelas cuyos procesos se encuentran
acumulados.
I.  ANTECEDENTES.
Los demandantes promovieron acciones de
tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administración
Judicial en sus diferentes seccionales y en algunos casos al Consejo Superior
de la Judicatura, al considerar que se les han quebrantado sus derechos
fundamentales a la igualdad, petición y en algunos casos al trabajo y debido
proceso, con fundamento en los siguientes hechos:
1. Hace varios
meses los tutelantes solicitaron el reconocimiento, liquidación y pago de sus
cesantías parciales a las cuales dicen tener derecho.
2. Hasta la fecha,
en ninguno de los casos aquí estudiados, se han reconocido las prestaciones
reclamadas, ni  han sido pagadas. Se ha excusado la Administración en todos los
casos supeditando el reconocimiento de las mismas a la existencia de la
correspondiente disponibilidad presupuestal, como así lo comunicaron por
escrito las correspondientes Seccionales de la Administración Judicial.
3. Ante tal
situación, los demandantes consideran violado su derecho fundamental a la
igualdad, pues se sienten discriminados frente a aquellos servidores públicos
que habiéndose acogido al nuevo régimen de cesantías previsto en los decretos
57 y 110 de 1993, recibieron el pago de sus cesantías parciales a los pocos
días de haberlas solicitado, sin que existiera justificación alguna para el
trato diferente.
4. Consideran
igualmente menoscabado su derecho fundamental de petición, teniendo en cuenta
que, en los casos aquí relacionados las respuestas dadas a los peticionarios no
resolvieron de fondo sus pretensiones o en el peor de los casos nunca se
dieron.
II. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN.
En el cuadro anexo que hace parte de esta
sentencia, se relacionan los nombres de los demandantes, su condición de
empleado o no de la Rama Judicial, la fecha en la cual solicitaron el pago de
sus cesantías parciales, la existencia o no de resolución reconociendo o no sus
prestaciones, el nombre de las entidades demandadas, los derechos que
consideran violados, lo solicitado en la tutela, y las decisiones proferidas
por los diferentes despachos judiciales en las diferentes instancias, señalando
en cada caso lo ordenado en dichos fallos.
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE.
A. Competencia.
Según lo dispuesto por los artículos 86 y
241 de la Constitución Política, esta Sala es competente para revisar las
sentencias proferidas por los juzgados, tribunales, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado.
B. Tránsito de
un sistema legal a otro.
En la sentencia
T-499 del 8 de octubre de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández
Galindo se trató el tema que ahora se reitera:
“En cuanto a los
expedientes acumulados objeto del presente fallo, la Sala reitera los criterios
expuestos en las sentencias T-418 de 1996, T-175 y SU-400 de 1997, en el
sentido de que el cambio de legislación no justifica un trato diferencial, en
cuanto al momento del pago de cesantías parciales, entre los servidores
públicos que se acogen al nuevo régimen y quienes permanecen en el anterior.
“En relación con
el punto, se reitera:
"El artículo
53 de la Constitución, a cuyos principios mínimos está sujeto el legislador y
lo están, por supuesto, el Gobierno y los jueces, dispone la igualdad de
oportunidades para los trabajadores, en desarrollo del principio general de la
igualdad, que, de conformidad con el artículo 13 ibídem proscribe toda
forma de discriminación o preferencia injustificada.
“Aunque, como lo
ha declarado esta Corte, el legislador tiene competencia para introducir
modificaciones a la normatividad laboral y puede, en consecuencia, plasmar
cambios en el contenido de las prestaciones sociales, crear nuevas modalidades
de ellas y señalar condiciones y requisitos aplicables a las relaciones
laborales futuras, es lo cierto que no goza de atribuciones para instituir o
propiciar distinciones no sustentadas en motivos fundados y razonables, para desconocer
los derechos de los trabajadores ni para menoscabar su libertad
“(...)
“Por tanto, el
tránsito de un determinado sistema salarial o prestacional a otro no puede
implicar el establecimiento de categorías o castas de trabajadores, ni a la
pérdida, por parte de algunos de ellos, de los derechos mínimos reconocidos
directamente por la Constitución.
“El cambio de
legislación no puede llevar a que los trabajadores que queden cobijados por las
nuevas modalidades de protección de sus derechos laborales -que no otro puede
ser su contenido- queden marginados de la igualdad de oportunidades ante la
ley; de la remuneración mínima vital y móvil; de la proporcionalidad entre la
remuneración y la cantidad y calidad de trabajo; de la garantía de estabilidad
en el empleo; de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
las normas laborales; de la seguridad en el sentido de que no serán forzados o
estimulados a transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles; de
la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales del Derecho; de la primacía de la
realidad sobre las formalidades; de las garantías de seguridad social,
capacitación, adiestramiento y descanso necesario, ni de la protección laboral
especial para las mujeres, las madres y los menores.
“De ninguna
manera las reformas del sistema jurídico en materia laboral pueden llevar
consigo la pérdida o la relativización del derecho que tiene todo trabajador,
por el hecho de serlo, con independencia del régimen laboral que lo cobije, al
pago puntual y al reajuste periódico de salarios, pensiones y prestaciones
sociales, ni al justo e inalienable derecho de reclamar que se le reconozcan
intereses moratorios, acordes con la tasa real vigente en el mercado, cuando el
patrono -oficial o privado-, la respectiva entidad de seguridad social o el
fondo de pensiones y cesantías al que pertenece, según el caso, incurre en mora
en el pago o cubrimiento de tales factores. Las trabas burocráticas, el
descuido y la inmoralidad son inadmisibles, frente a los postulados
constitucionales, como posibles excusas para el retraso, mientras que la
insolvencia o la iliquidez temporal del patrono o los problemas presupuestales,
en los casos de entidades públicas, pueden constituir explicaciones de aquél
pero jamás justificación para que sean los trabajadores quienes asuman sus
costos bajo la forma de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-418 del 9 de
septiembre de 1996).
“No es válido,
frente al derecho constitucional de la igualdad, el trato discriminatorio que,
según lo probado, han recibido las solicitudes de cesantías parciales
presentadas por los accionantes.”
C. Del pago de
acreencias laborales y la tutela.
La Corte
Constitucional, en numerosas sentencias, ha señalado que la tutela, de manera
general, no es el mecanismo judicial apropiado para lograr el pago de
prestaciones laborales, por existir el medio adecuado ordinario de defensa
judicial.
Sin embargo, esta
misma Corporación ha señalado, que en situaciones excepcionales y
extraordinarias, la tutela se empleará para lograr el pago de acreencias
laborales, únicamente cuando lo que se pretenda con ella, sea la protección y
prevalencia de derechos fundamentales constitucionales violados o amenazados,
para lo cual los mecanismos ordinarios no serían efectivos. Así pues, en la
sentencia T-175 del 8 de abril de 1997, Magistrado Ponente Doctor José Gregorio
Hernández Galindo se señaló al respecto lo siguiente:
"...la
liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la
acción de tutela, y si bien es cierto la Corte ha admitido su procedencia en
algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la
falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos que se dejan expuestos,
relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las
que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo
judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente.
“Así, ha
encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el
pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias
T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16
de septiembre de 1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se
cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la
tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr.
sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244
del 1 de junio de  1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de
noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca
unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el
derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es
posible restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado
cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la
cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se
acogen a determinado régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han
optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996) (subraya
la Sala).
“En todos los
casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta
Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el
acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en
detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del
medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto,
cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la
Constitución. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-01 del 21 de enero de 1997)
“En el caso sub-examine
debe resaltarse, además, que, si bien los interesados persiguen el pago de sus
cesantías parciales, no es este el objeto central de las acciones de tutela. La
razón básica de sus demandas tiene que ver en realidad con la violación del
derecho fundamental a la igualdad a raíz de las diferencias de trato existentes
entre los empleados de la Rama Judicial que se acogieron al nuevo régimen contenido
en los decretos 57 y 110 de 1993 y los que siguieron bajo las normas
anteriores, en materia del pago de cesantías parciales.
“En efecto, como
lo manifestaron en sus escritos, mientras a los del nuevo régimen se les está
cancelando sus cesantías parciales máximo en un mes después de haberlas
solicitado, los del antiguo sistema fácilmente tienen que esperar varios años
para lograr el pago.
“Esta
discriminación resulta odiosa pues no puede aceptarse que ante la ley y en las
mismas circunstancias, existan trabajadores tratados peyorativamente y
perjudicados desde el punto de vista económico sin razón válida alguna, tan
sólo como consecuencia de haber optado por un régimen legal diferente”
Lo anterior es la
misma situación que se configura en el caso sub-examine frente a la evidente
discriminación entre individuos que se someten a distintos regímenes legales,
respecto de una misma prestación. Por lo tanto, la tutela promovida no se
encamina exclusivamente a obtener el efectivo pago de las cesantías parciales
reconocidas, ni a desconocer o a invalidar el nuevo sistema de cesantías, sino
a restablecer la igualdad entre las personas, cuando esta ha sido quebrantada,
en virtud del trato diferente, para los efectos del pago de las cesantías
reclamadas, razón por la cual es procedente aplicar la misma jurisprudencia de
la Corporación a los similares hechos que dieron lugar al ejercicio de las
acciones formuladas en este proceso.
D. Indexación
de las cesantías parciales aún no canceladas.
Tal y como lo señala
de manera muy clara la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997, el retardo en
que incurre la administración en relación con el lapso transcurrido entre la
fecha de liquidación de las cesantías parciales y aquella en que el pago de las
mismas se hace efectivo, causa un grave perjuicio económico a los demandantes.
Además, no existe diferencia alguna entre las necesidades que apremian a
quienes permanecieron en el antiguo régimen de cesantías, y aquellas que
optaron por el nuevo régimen, razón por la cual quienes están obligados a pagar
salarios, prestaciones o pensiones, deben cubrir oportunamente todas las sumas
adeudadas y actualizarlas. Al respecto, la sentencia ya mencionada señaló lo
siguiente:
“Ya expresó la
Corte al respecto que "la necesidad de recibir los dineros de sus
cesantías, que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, no es menor en el
caso de quienes prefirieron el nuevo régimen que en el de quienes permanecieron
en el antiguo". Lo cual pone de presente el perjuicio ocasionado al trabajador
a quien el pago se ha demorado.
“En efecto, una
vez liquidada la suma que en ese momento puede retirar el empleado, lo normal
sería que se le entregara, toda vez que él cuenta con ella para atender a las
necesidades que según la ley justifican el retiro de la cesantía parcial. El
retardo de la administración le causa daño económico, bien sea por la pérdida
de la oportunidad de utilización efectiva de los fondos, ya por la necesidad de
contratar créditos mientras el desembolso se produce.
“Bien es cierto
que desde el punto de vista de la entidad pública obligada, ésta, de
conformidad con el artículo 345 de la Constitución, no podría efectuar el
correspondiente gasto público sin la suficiente disponibilidad presupuestal,
pero no lo es menos que, por una parte, el tiempo que transcurra entre la
liquidación y el desembolso, inclusive por causas presupuestales, implica un
deterioro del poder adquisitivo de la moneda, y por otra, que el costo
respectivo no debe asumirlo el trabajador sino el patrono. Si éste desea que
tal costo disminuya, habrá de procurar el pronto pago, mediante la agilización
de los trámites presupuestales, pero no le será lícito prolongar
indefinidamente la iniciación de los mismos, cargando al trabajador con las
consecuencias.
“Así, si el
trabajador, mientras se produce el pago efectivo, ha contratado un empréstito y
debe pagar unos intereses, sería del todo injusto y profundizaría la
desigualdad respecto del empleado a quien sí se cancela con rapidez la cesantía
parcial, pretender que aquél no tenga derecho a la actualización monetaria de
las cantidades que la administración le adeuda.
“La Corte
Constitucional, en Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, dejó en claro
que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones deben asumir,
además del cubrimiento íntegro de las sumas correspondientes, la actualización
de los valores que hayan venido reteniendo a los trabajadores, desde el momento
en que adquirieron el derecho al pago hasta el instante en que éste se produzca
efectivamente.
“Tal
actualización, según lo destacó la Sala Plena en Sentencia C-448 de 1996,
desarrolla claros principios constitucionales, en especial el que surge del
artículo 53 C.P., a cuyo tenor la remuneración laboral debe ser móvil, a
fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que se logra
normalmente mediante la indexación de las sumas adeudadas, para que éstas no se
deterioren en términos reales con el paso del tiempo, sin detrimento de los
cargos que pueda hacerse a la entidad incumplida en cuanto a la indemnización
de otros perjuicios que su ineficiencia y demora puedan generar al afectado.
“Desde luego, son
los mecanismos ordinarios previstos en la legislación los que permiten por
regla general la indemnización de perjuicios o el resarcimiento por los daños
sufridos.
“Salvo los
eventos contemplados en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 -en los cuales
se parte del supuesto de que el afectado no dispone de otro medio judicial, de
que la violación del derecho es manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, y de que la indemnización del daño emergente
resulta indispensable para asegurar el goce efectivo del derecho-, no es la
acción de tutela el mecanismo indicado para obtener que tales reconocimientos y
pagos se efectúen.
“Cuando la Sala
Quinta de Revisión accedió a ordenar el pago de intereses moratorios, como lo
hizo en el caso resuelto mediante Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996,
lo hizo asignando tal concepto al necesario resarcimiento del daño ocasionado
por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo que ha evolucionado en la
jurisprudencia de la Corte, a partir de la Sentencia de Sala Plena C-448 del 19
de septiembre de 1996, hacia la obligatoria inclusión de la indexación de las
sumas debidas. Obsérvese que en aquélla oportunidad no se ordenó el pago de
cantidades indexadas, pues el papel de la actualización del poder adquisitivo
de la moneda lo cumplían en esa perspectiva los intereses de mora.
“Puesto que la
Sala Plena ha distinguido los aludidos conceptos, la solución entonces adoptada
no puede hacerse extensiva, de manera indiscriminada, a otros eventos, cada uno
de los cuales debe, normalmente ser verificado a la luz del daño causado, lo
que corresponde al juez ordinario. Tal el motivo de esta Sentencia de
unificación.”
“ (...).
“Otra cosa
acontece con la indexación, que resarce también un perjuicio -el ocasionado por
la depreciación del dinero en una economía inflacionaria-, pero que no exige el
análisis de cada caso concreto para establecer si existen o no, en las
circunstancias del peticionario, otra clase de perjuicios, pues siempre los
montos por pagar tendrán que indexarse para sostener su valor real.
Finalmente, advierte
la Corporación que como se ha señalado, no es viable por el mecanismo de la
tutela, el reconocimiento exclusivo de los intereses moratorios como objeto de
la acción, cuando ya se ha producido el pago de las prestaciones parciales, ya
que en dichos eventos el pretendido perjuicio causado, debe demostrarse ante la
justicia ordinaria, por existir otro medio de defensa judicial para dichos
casos, lo cual hace improcedente el ejercicio de aquella, como así se
dispondrá.
E. Situaciones
concretas.
Es pertinente
señalar que como quiera que en los asuntos analizados no existió, en ninguno de
ellos, decisión de la administración, con respecto a la reclamación de los
peticionarios acerca del reconocimiento de sus cesantías parciales, ya que la
respuesta emitida simplemente indica que la resolución que deba reconocerle tal
prestación laboral no se ha hecho por falta de disponibilidad presupuestal, se
ha transgredido abiertamente el derecho de petición, pues dicha respuesta en
nada resuelve concretamente en un sentido u otro la solicitud formulada por el
actor. En situación similar la Corte Constitucional mediante sentencia T-363
del 6 de agosto de 1997, señaló lo siguiente:
“La Corte procede
a reiterar los argumentos expuestos en Sentencia T-206 del 26 de abril de 1997,
que sirvieron de base para conceder la tutela invocada en los procesos antes
citados, pues los fundamentos de hecho y de derecho son esencialmente idénticos
a los que ahora estudia esta Sala.
“En dicho fallo
la Corte consideró que las autoridades tienen la obligación de responder de
manera oportuna, clara y precisa las peticiones que ante ella se formulan. En
efecto, la demora en responder o las contestaciones evasivas, vagas,
contradictorias, y en general todas aquellas que tiendan a confundir al
interesado, violan el derecho fundamental de petición. Tales apreciaciones son
aplicables al caso que ahora se estudia, pues es necesario anotar que la
liquidación efectuada por la Dirección Seccional de Administración Judicial no
conforma, como ésta misma lo reconoce, un acto administrativo que decida lo
referente al derecho pedido pero siembra en el actor una esperanza sobre su
eventual reconocimiento. Así, pues, dicho estado de indefinición constituye
vulneración del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta Política.
“Dijo la Corte en
la aludida sentencia:
"... la
respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido,
desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la
conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias
necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco
tiene la seguridad de que ella sea fallida.
“Tal
circunstancia hace inútil el derecho fundamental del que se trata y, por tanto,
cuando ella se presenta, debe considerarse vulnerado el artículo 23 de la Carta
Política.
“En los casos
objeto de análisis, la característica común a las respuestas recibidas por los
solicitantes radica precisamente en la indefinición acerca de la materia
planteada por ellos ante la administración judicial -el reconocimiento y pago
de sus cesantías parciales-, pues, aunque no se les niega que puedan tener
derecho a retirarlas de conformidad con la ley, se les aplaza indefinidamente
la respectiva resolución por un motivo ajeno al derecho mismo, consistente en
la falta de apropiación presupuestal".
“(...).
"Para la
Corte Constitucional es claro que, si bien, como lo ha sostenido
invariablemente en su jurisprudencia, no debe producirse erogación alguna de
parte del Estado con cargo al tesoro público si no existe la correspondiente
provisión presupuestal, de ésta no depende la decisión administrativa sobre el
derecho que pueda tener el trabajador al reconocimiento de lo que se le adeuda
por concepto de una determinada prestación que el sistema jurídico le otorga.
“En otros
términos, la circunstancia coyuntural de la falta de una partida suficiente en
el presupuesto constituye óbice para el pago inmediato pero de ninguna manera
puede erigirse en obstáculo para que la administración determine si el derecho
existe en el caso concreto, ni tampoco para que proceda a su liquidación, ni
para que inicie los indispensables trámites, con miras a futuras provisiones
presupuestales respecto de vigencias posteriores, o a las adiciones necesarias
en la que se ejecuta.
“Así, en el
asunto que se examina, los solicitantes tenían derecho, con base en el artículo
23 de la Constitución, a que la Administración Judicial les resolviera sin
demora, es decir, dentro de los términos legales, si tenían o no derecho al
pago de sus cesantías parciales. Otra cosa era la disponibilidad actual del
Estado para pagarles de modo inmediato, según el Presupuesto de la vigencia
respectiva. Reconocer que tenían el derecho en ese momento no equivalía al pago
pero implicaba, como surge de la Constitución, que se hiciera lo necesario para
atender a esas obligaciones en el período siguiente o, inclusive, dentro del
mismo que se venía ejecutando, mediante procedimientos legalmente contemplados,
como las adiciones presupuestales.”
De esta forma, la
administración debió dar respuesta efectiva a los peticionarios, y no evadir su
obligación, justificada en una falta de disponibilidad presupuestal, situación
esta que es ajena al derecho mismo del peticionario..
En atención a lo
anterior, se tutelará el derecho fundamental de petición de los
demandantes, para lo cual la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial,
en sus diferentes seccionales, dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda,
si aún no lo ha hecho con anterioridad al presente fallo, a dar respuesta
-afirmativa o negativamente- a las peticiones de los demandantes, advirtiendo
que la existencia o no de disponibilidad presupuestal no es excusa válida para
la definición de su derecho subjetivo.
Sin embargo, en
aquellos casos en que los jueces de instancias procedieron a conceder las
correspondientes tutelas respecto del derecho a la igualdad, ordenando
previamente a la administración la expedición del acto administrativo que
reconoce las cesantías parciales solicitadas por los peticionarios, la Corte
procederá, a confirmar parcialmente dichas decisiones, sólo, en cuanto
tutelaron el derecho de igualdad, pues el juez constitucional no puede entrar a
ordenar a la administración que reconozca un derecho cuando dicha función le es
completamente ajena a su actividad judicial, más aún, cuando dicho
reconocimiento debe darse previo el cumplimiento de unos requisitos que en cada
caso en particular son verificados por la misma autoridad administrativa. Se
tutelará entonces el derecho de petición, para que la entidad responda
inicialmente,  afirmativa o negativamente las solicitudes de reconocimiento de
las prestaciones referidas.
Por otra parte, del
análisis de los mismos expedientes, resulta evidente el hecho de que los
demandantes eran funcionarios de la Rama Judicial desde hace varios años; que
todos permanecieron bajo el régimen antiguo de cesantías y en consecuencia, no
se acogieron al nuevo sistema establecido en los decretos 57 y 110 de 1993; que
todos solicitaron el reconocimiento y liquidación de sus cesantías parciales
por tiempo considerable, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo el pago
de las mismas, situación que fue justificada de manera general en la falta de
disponibilidad presupuestal.
Con base en lo
anteriormente descrito, se tutelará el derecho constitucional fundamental a la
igualdad, para lo cual se revocaran aquellas decisiones que en principio la
denegaron y se ordenará, a su vez, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia, sitúe los fondos necesarios para cubrir dichos
pagos y su indexación, en el evento claro esta, de que exista la
correspondiente apropiación presupuestal ; de no existir, dispondrá dicha
entidad del término anteriormente indicado, para iniciar las gestiones
pertinentes, tendientes a asegurar las adiciones presupuestales que fueran del
caso. Finalmente, se ordenará a la Dirección de Administración Judicial para
que proceda a pagar a los demandantes, dentro de los cinco (5) días siguientes
al momento de recibir las partidas correspondientes.
Sólo se procederá a
confirmar en su totalidad las providencias a través de las cuales se tutelaron
los derechos invocados por los peticionarios en los términos arriba
especificados.
IV. DECISIÓN.
Con base en las
consideraciones precedentes, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE :
Primero. REVOCAR los
fallos proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, Salas de
Casación Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Juzgado 15 Civil del
Circuito de Bogotá, Juzgado 5 Civil del Circuito de Ibagué, Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Villavicencio, Sección Primera de la Sala Contenciosa
Administrativo del Consejo de Estado y Sala penal del Tribunal Superior de
Manizales; al resolver sobre las acciones de tutela radicadas bajo los
siguientes números y correspondientes a los peticionarios que se indican a
continuación:
T-147256   Hector
Alvaro Morales Rojas
T-147391   Henry Olarte
Ramírez
T-147916   Arnoldo
Mahecha Sánchez
T-148756   Jaime
Heli Guarín Gómez
T-148827   Luis
Carlos Pisco Páez
T-148828   Jorge
Augusto Cuan Cuan
T-149003   Carlos
Ignacio Acosta Rodríguez
T-149437   Norman
Guarín Castro
T-150443   José
Eduardo Caballero Martínez
T-150982   Delva
Sierra Barros
T-113897   José
Octalivar Velosa
T-151296   Ramón
Andrés Enciso Castillo
T-151653   Segundo
Vicente Ordóñez Martínez
T-151654   Aura
Dolores Vacca López
T-151810   María
Anatilde Santana Rodríguez
T-152251   Alvaro
Ancizar Vanegas Taborda
Segundo.
CONFIRMAR parcialmente, los fallos proferidos por las Secciones Tercera y
Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, Sala Penal
del Tribunal Superior de Pasto, Sala Civil Tribunal Superior de Cali, Juzgado
14 Penal del Circuito de Medellín, Salas Civil y Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, Juzgado 9 Civil del Circuito de Cali, Juzgado 11 Penal del Circuito de
Bogotá, Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, Juzgado 5 Civil del Circuito de
Cali, Juzgado 5 Penal del Circuito de Cali, Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta, Juzgado Civil del Circuito de Málaga, Sala Laboral del Tribunal
Superior de Medellín, Juzgado 9 Laboral del Circuito de Medellín, al resolver
sobre las acciones de tutela radicadas bajo los siguientes números y
correspondientes a los peticionarios que se indican a continuación:
Los expedientes
cobijados por esta orden son:
T-147016   Baudilio
Rocha Sánchez
T-146565   Jaime
Eduardo Narváez Rodríguez
T-147297   Pedro
Antonio Gómez
T-148276   Luz
Marina Aristizábal de R.
T-148400   Celmira
Inés Díaz Vergara
T-148542   Cristóbal
Tobar Pérez
T-148620   Yolanda
Rodríguez Bohórquez
T-148637   William
Garzón Wane
T-149209   Heriberto
Albán Davalos
T-149339   Albinia
Ángel Avila
T-149622   José
Ignacio Castro Peña
T-149778   Pablo
Crisanto Ramírez Matamoros
T-149877   Aurelio
Isidro Quintero Villabona
T-150435   Cesar
Augusto Estrada
T-150690   Marlene
Londoño Pava
T-151529   Etilvia
Raquel Morales
T-151646   Guillermo
Amancio Nieto Vanegas
Tercero. En
relación con los expedientes citados en los numerales 1° y 2°, CONCÉDESE
las tutelas solicitadas por violación del derecho a la igualdad y petición y en
consecuencia, ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en sus diferentes seccionales, para que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
para que, si aún no lo ha hecho, proceda a resolver en uno u otro sentido,
valga decir, reconociendo o negando la solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías formuladas por los peticionarios.
Cuarto. En el
evento en que la Administración Judicial profiera resolución ordenando el
reconocimiento y pago de cesantías parciales, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a más tardar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes,
deberá situar, si ya no lo hubiere hecho, los fondos indispensables para el
pago de cesantías parciales solicitadas por los peticionarios junto con su
correspondiente indexación, siempre que hubiere apropiación presupuestal suficiente.
En caso contrario,
es decir, si no hubiere apropiación presupuestal, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público iniciará los trámites indispensables a fin de efectuar las
pertinentes adiciones presupuestales.
Quinto. ORDÉNASE
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a las respectivas
seccionales, que, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al
momento en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe los fondos
respectivos, procedan, si ya no lo hubieren hecho, al pago de las cesantías
parciales que se adeudan a los demandantes, indexando las sumas debidas, tal
como lo dispuso la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997, proferida por la
Sala Plena de esta Corte.
Sexto. CONFIRMAR los
fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, Juzgado 3
Civil del Circuito de Medellín, Juzgado 32 Penal del Circuito de Bogotá, en
cuanto tutelaron el derecho de petición, para lo cual ordenaron que la
Dirección de Administración Judicial en sus diferentes seccionales, resolviera,
las peticiones ante ellas elevadas - afirmativa o negativamente -, lo anterior
respecto de las tutelas correspondientes a los siguientes expedientes:
T-150015   Aldemar
Bermúdez
T-150062   Aurelio
Bernal Mazo
T-150793   Luz
Marina Caicedo de Sánchez
Séptimo. Por
Secretaria líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
No.
Rad.
Demandante
Calidad
del d.dante
Fecha de
Solicitud de
Cesantías
Existe Resol.
Demandado
Derechos
Petición
1°Instancia
2°Instancia
147016
Baudilio Rocha
Sánchez
Empleado
Rama
Judicial
Sept. 20/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Tolima
Igualdad
Pago de
cesantías
parciales.
Trib. Adm del Tolima. Concede. Ordena a la Dir. Secc. de Adm. Judicial
pagar la suma adeudada al actor, con indexación, dentro de los cinco (5) días
ss. a la fecha en que el Consejo Superior de la Judicatura haya situado los
fondos.
Secc. Quinta, Sala Cont. Adm. Consejo de
Estado. Revoca.  En su
lugar concede la tutela del derecho de petición. Ordena a la Adm. Secc.
Judicial del Tolima, expedir en 48 hrs, el acto administrativo que satisfaga
el derecho de petición.
146565
Jaime Eduardo
Narváez Rodríguez
Empleado
Rama
Judicial
Octubre 17/95
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Pasto
Petición,
Trabajo.
Reconocimiento,
liquidación y pago de intereses moratorios.
Juzg. 2 Penal Cto, Pasto.
Denegó. Consideró que el actor puede acudir a la acción de
reparación directa
Sala Penal. Trib. Sup. de Pasto. Revocó. Tuteló los derechos a la igualdad y
trabajo. Ordena a la Dir. Secc. de Adm. Judicial que en 48 hrs, liquide el
valor debido por actualización de cesantías. El Minhacienda deberá en el
mismo plazo situar los dineros. De no existir apropiación presupuestal,
habrán 48 hrs para iniciar los trámites de adición presupuestal. Situados los
fondos la Dir. Secc. de Adm, Judicial deberá pagar en los ss 5 días.
147256
Hector Alvaro
Morales Rojas
Empleada
Rama
Judicial
Julio 09/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá
Igualdad,
Petición,
Trabajo,
Debido proceso.
Pago de
cesantías parciales e indexación.
Juzg. 35 Civil Cto, Bogotá.
Concede. Ordena al Min. Hacienda que en 5 días sitúe los
recursos para pagar lo adeudado. Ordena a la Dirección de la Adm. Judicial
Secc. Bogotá, pagar en las 48 horas s.s. a la disposición de los recursos.
Sala Civil. Trib, Sup. Bogotá.
Revoca. Considera que difícil que una cesantía parcial sea
cancelada en la misma anualidad en que se solicita. Además, no hay violación
al derecho de petición, pues  existió respuesta  al abstenerse de pagar por
falta de apropiación presupuestal.
147297
Pedro Antonio
Gómez
Empleado
Rama
Judicial
Julio 10/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Ad. Judicial Seccional
Cali
Igualdad
Petición
Reconocimiento,
y pago de cesantías parciales
Juzg. 14 Civil Cto. Cali.
Concede. Ordena al Ministerio de Hacienda que 5 días inicie
los trámites para la adición presupuestal que asegure el pago. Ordena a la
Dir. Secc de Adm. Judicial Secc. Cali, para que en los 2 días ss. a lo
cumplido por  Min. Hacienda, profiera el acto administrativo. de
reconocimiento y pago, más interese bancarios.
Sala Civil, Trib. Sup. Cali.
Revoca. Señala que al interponerse la presente tutela, no
se había expedido la resolución reconociendo el derecho al actor. Por lo
tanto, ordena, a la Ad. Judicial de Cali, expedir el correspondiente
acto administrativo.
147391
Henry Olarte
Ramírez
Empleado
Rama
Judicial
Julio 14/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá y Cundinamarca
Igualdad,
Petición.
Pago de
cesantías parciales.
Sala Penal Trib. Sup. Bogotá. Deniega. Considera que el actor actuó con
precipitud, pues interpuso la tutela tan sólo 15 días después de elevar su
petición. Además, por no estar previsto en el presupuesto los dineros
solicitados, deberá esperar a la adición presupuestal.
Sala Cas. Penal. Corte Sup. de Justicia.
Confirma. Considera que
limitadas las autoridades del Estado en materia presupuestal, no resulta
viable que una sentencia judicial, ordene disponer de recursos presupuestales
convirtiéndose en un co-gobierno del tesoro nacional.
147916
Arnoldo Mahecha
Sánchez
Empleada
Rama
Judicial
Sept. 23/967
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Consejo
Seccional de la Judicatura
y Adm. Judicial Seccional
Bogotá
Igualdad,
Petición,
Debido Proceso
Reconocimiento,
liquidación y pago de cesantías parciales.
Juzg. 8 Civil Cto. Bogotá.
Concede por violación del derecho a la igualdad. Ordena al
ministerio de Hacienda a situar los fondos dentro de los siguientes 10 días.
Ordena a su vez a la Adm. Judicial que dentro de los siguientes 3 días expida
la resolución que reconozca y ordene pagar las cesantías, y pague en 48
horas, después de que los dineros estén situados.
Sala Civil. Trib. Sup. Bogotá.
Revoca. Considera la Sala que no existe comportamiento
arbitrario, pues cuando se solicitó el pago de cesantías, el presupuesto de
1996 estaba en ejecución. Además, el año de 1997 aún no ha terminado y
todavía sobra tiempo para pagar las prestaciones solicitadas en 1996.
148276
Luz Marina
Aristizábal de R.
Empleada
Rama
Judicial
Julio 04/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Antioquia
Igualdad
Pago de
cesantías parciales, intereses moratorios o indexación.
Juzg. 41 Penal Mpal, Medellín. Concede. Ordena Al Minhacienda que en 10 días,
sitúe los fondos para cancelar las cesantías parciales e indexación a la
actora. En las 48 hrs. Ss, la Adm Judicial Seccional Antioquia, deberá
proferir resolución ordenando el pago de las cesantías parciales más
intereses moratorios.
Juzg. 14 Penal Cto. Medellín. Confirma, con base en las mismas consideraciones.
148400
Celmira Inés
Díaz Vergara
Empleada
Rama
Judicial
Sept. 05/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Consejo Superior de la Judicatura y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá - Cundinamarca
Petición,
Igualdad,
Trabajo
Reconocimiento y
pago de cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 5 Civil Cto. Bogotá. Concede. Ordena al Ministerio de Hacienda que en
las 48 hrs. Ss., sitúe los fondos necesarios para pagar las cesantías
parciales y su indexación. La Adm. Secc. Judicial deberá pagar, si ya no lo
hubiere hecho, en los 5 días ss. a recibir los dineros.
Sala civil Trib. Sup. de Bogotá. Confirma
solamente en lo
referente a ordenar el pago de las cesantías parciales sin indexación, pues
el liquidar las cesantías retroactivamente, tomando el último salario como
base, equivale a la indexación.
148542
Cristóbal Tobar
Pérez
Empleado
Rama
Judicial
Agosto 05/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Cali
Igualdad,
Petición, Debido proceso.
Reconocimiento y
pago de Cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 11 Civil Mpal. Cali. Concede. Ordena a la Adm. Secc Judicial Cali,
expedir en  las 48 hrs ss. a la notificación del fallo, la respectiva
Resolución. Proferido dicho acto, el Ministerio de Hacienda en los 6 días ss.
a la notificación de este fallo, situará los fondos para el efectivo pago de
las cesantías parciales. Finalmente la Adm. Secc. Judicial deberá pagar en
las 48 hrs. ss.. No se ordena el pago de intereses moratorios pues al no
existir resolución no se causaron.
Juzg. 9 Civil Cto. Cali. Confirma el fallo del a quo en todo menos en lo
atinente a ordenar al Ministerio de Hacienda de situar el plazo de 6 días los
dineros para pagar al actor. También revoca lo atinente al no pago de
intereses moratorios.
148620
Yolanda
Rodríguez Bohórquez
Empleada
Rama
Judicial
(Fiscalía General)
Junio 06/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá
Igualdad,
Petición,
Trabajo.
Pago de
Cesantías parciales
Juzg. 11 Penal Cto Bogotá. Concede. Tutela los derechos a la igualdad,
trabajo y seguridad social. Ordena a la Dir. Adm. y Fin. De la Fiscalía para
que en 48 hrs. sitúe los fondos a la orden de la oficina de Bogotá y
Cundinamarca para cancelar las cesantías parciales de la demandante.
148637
William Garzón
Wane
Empleado
Rama
Judicial
Abril 14/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá - Cundinamarca
Igualdad,
Trabajo.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 45 Civil Mpal. De Bogotá. Concede respecto del derecho de petición. Ordena
a la Dir. Secc. de Adm. Judicial de Bogotá - Cundinamarca, que en las 48 hrs
ss, a la notificación de esta providencia, responda la petición elevada por
el actor.
148756
Jaime Heli
Guarín Gómez
Empleado
Rama
Judicial
Junio 24/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá - Cundinamarca
Petición,
Igualdad, Trabajo.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Sala penal Trib. Sup. de Bogotá. Tutela el derecho a la igualdad. Señala el
evidente trato discriminatorio del cual ha sido objeto el actor. Ordena al
Min. de Hacienda para que en los 5 días ss. a la notificación de este fallo,
sitúe los fondos para el pago de lo pedido. Se ordena a la Dir. Nacional de
Adm. Judicial para que en los 5 días siguientes a recibir los dineros,
proceda a pagar.
Sala de Cas. Penal de la Corte Suprema de
Justicia. Revoca en
fallo del a quo. Señala que existen infranqueables principios
constitucionales que no permiten que por vía de tutela se ordene expedir
actos administrativos que reconozcan el pago de obligaciones a cargo del
Estado.
148828
Jorge Augusto
Cuan Cuan
Empleado
Rama
Judicial
Sept. 24/95
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional Bogotá - Cundinamarca
Igualdad,
Trabajo.
Reconocimiento y
pago de cesantías parciales e intereses moratorios.
Sala Penal del Trib. Sup. de Bogotá.
Tuteló el derecho a la
igualdad. Ordenó al Min. de Hacienda para que en las 48 hrs ss. a la
notificación de este fallo, sitúe los fondos para el pago de las cesantías y
su indexación. Si no hubiere apropiación presupuestal dispondrá de 48 hrs.
apara iniciar los trámites de las adiciones presupuestales pertinentes. La
Dirección Nacional de Adm. Judicial deberá pagar en los 5 días siguientes a
recibir los dineros
.
Sala Cas. Penal Corte Suprema de
Justicia. Revocó el
fallo del a quo. Señaló que los regímenes jurídicos bajo los cuales se
encuentran quienes se acogieron a los decretos 57 y 100 de 1993, no es el
mismo de quienes permanecieron en el anterior.
148827
Luis Carlos
Pisco Páez
Empleado
Rama
Judicial
Enero 24/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá - Cundinamarca
Petición,
Igualdad.
Reconocimiento y
pago de cesantías parciales e intereses moratorios.
Sala Penal Trib. Sup. de Bogotá. Deniega  el derecho de petición, pues se le
respondió señalando el porque no se le podía pagar en el momento. Concede
la tutela del derecho a la igualdad. Ordena al Min. de Hacienda para que en
el plazo de 8 días ss a la notificación de este fallo, sitúe, si no lo ha
hecho, los recursos para pagar las cesantías e intereses de mora del actor.
Ordena a la Dir. Secc de Adm. Judicial, para que en las 48 hrs. ss. a la
recepción de los dineros.
Sala Cas. Penal Corte Suprema de
Justicia. Revocó el
fallo del a quo. Señaló que existen infranqueables principios
constitucionales que no permiten que por vía de tutela se ordene expedir
actos administrativos que reconozcan el pago de obligaciones a cargo del
Estado. Además, resulta imposible hacer adiciones presupuestales para la
vigencia fiscal que avanza.
149003
Carlos Ignacio
Acosta Rodríguez
Empleado
Rama
Judicial
Junio 07/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
Igualdad,
Trabajo, Debido proceso y Seguridad Social
Reconocimiento y
pago de cesantías parciales
Juzg. 22 Civil Cto. Bogotá. Tuteló el derecho de igualdad. Consideró que si
bien el demandado es el Min. de Hacienda, la Dir. De Adm. Judicial Secc.
Bogotá queda vinculada como litisconsorcio necesario, pues esta entidad es la
que debe expedir la resolución de pago de las cesantías parciales. Se ordena
al Ministerio para que en los 6 días ss. a la notificación del fallo, sitúe
los recursos para pagar. Si no hubiere apropiación presupuestal dicho plazo
será para los trámites de las adiciones presupuestales. Se ordena a la Dir.
Secc. Adm. Judicial pagar en los 5 días ss. a que el Ministerio sitúe los
dineros. Se deniega la tutela respecto de los otros derechos.
Sala Civil Trib. Sup. de Bogotá. Revocó el fallo del a quo. Consideró  que de
acuerdo al art. 345 de la C.P., no puede existir erogación alguna que no
figure en el presupuesto de gastos. Además, como la petición fue radicada en
junio de 1996, la vigencia fiscal para la cual se pudo incluir dicha
prestación se encuentra en ejecución, la administración no se encuentra en
mora de pagar dicha prestación.
149209
Heriberto Albán
Davalos
Empleado
Rama
Judicial
Sept. 17/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Cali
Igualdad.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 2 Civil Mpal. Jamundi (Valle).
Denegó la tutela, pues
al no existir partida presupuestal no se puede proferir resolución
reconociendo tal prestación. Además, no se vislumbra trato discriminatorio
alguno.
Juzg. 5 Civil Cto. Cali. Revocó el fallo del a quo. En su lugar, concede
la tutela por violación del dcho a la igualdad. Ordena a la Adm. Judicial
Secc. Cali que a más tardar en las 48 hrs,. ss. al momento en que el Min.
Hacienda sitúe los fondos, pague, si aún no lo ha hecho, las cesantías
parciales del actor. En cuanto a los intereses, estos son de rango legal
149339
Albinia Angel
Avila
Empleada
Rama
Judicial
Oct. 18/95
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá - Cundinamarca
Igualdad,
Petición, Trabajo y Debido proceso.
Pago de cesantías
parciales e indexación.
Juzg. 9 Civil Cto Bogotá. Concede. Ordena al Min. de Hacienda para que en
las 48 hrs. ss. a la notificación del fallo, sitúe los fondos para pagara a
la actora sus cesantías parciales con indexación. Si no hubiere apropiación
presupuestal, dispondrá de 48 hrs. para iniciar los trámites de adición
presupuestal. Se ordena a la Dir. Secc. Adm. Judicial para que pague a la
actora en los 5 días ss. a que el Ministerio hubiere situado los fondos.
Sala Civil Trib. Sup. de Bogotá. Modifica el fallo del a quo, en lo referente a
suprimir la indexación allí ordenada. En todo lo demás se confirmará la
decisión.
149437
Norman Guarín
Castro
Empleado
Rama
Judicial
Mayo 22/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional Bogotá - Cundinamarca
Igualdad,
Trabajo.
Pago cesantías
parciales, intereses moratorios o indexación.
Juzg. 52 Civil Mpal Bogotá. Concede. Tutela los derechos de petición e
igualdad. Ordena a la Dir. Secc. de Adm Judicial, que en las 48 hrs, ss. a la
notificación del fallo, expida el acto administrativo a que haya lugar.
Además, deberá informar al Min. de Hacienda, el cual dispondrá de 8 días
desde la notificación del fallo, para situar los fondos, si ya no lo hubiere
hecho, a fin de pagar al actor. Si no hubiere apropiación presupuestal,
dispondrá de 48 hrs para iniciar los trámites de adición presupuestal.
Juzg. 15 Civil Cto de Bogotá. Revocó la decisión del a quo en lo referente a
lo ordenado al Min. de Hacienda y a la Dir. Secc. de Ad. Judicial. Consideró
que por circunstancias ajenas a la Dir. de Adm. Secc. Jud., no puede expedir
acto administrativo sin que exista la correspondiente asignación presupuestal
que garantice su pago, más cuando la tutela no se instituyó para afectar el
ámbito presupuestal.
149622
José Ignacio
Castro Peña
Empleado
Rama
Judicial
Agosto 01/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Cali
Igualdad,
Petición,
Trabajo.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 29 Penal Mpal. Cali. Denegó. Consideró que el tiempo transcurrido
entre la petición de las cesantías parciales y la presentación de la tutela
era muy breve (tan sólo 22 días), además de que por situación ajenas a la
Dir. de Adm. Judicial no podía cancelar lo pedido.
Juzg. 5 Penal Cto de Cali. Revocó el fallo del a quo. Consideró violado el
derecho de petición. Por lo tanto, ordenó a la Dir. Secc. de la Rama
Judicial, para que en 48 hrs resuelva la solicitud del actor. Ordenar a la
misma entidad que una vez haya resuelto tal petición, informe a este juzgado.
149778
Pablo Crisanto
Ramírez Matamoros
Empleado
Rama
Judicial
Julio 03/97
SIN RESOL.
Adm. Judicial Nacional y Seccional
Cúcuta
Petición.
Reconocimiento
de cesantías parciales.
Juzg. 4 Laboral de Cúcuta. Denegó. Consideró de forma muy breve que, la
tutela no es la vía para imponer obligaciones o compromisos en lo atinente al
presupuesto nacional.
Sala Lab. Trib. Sup. Cúcuta. Revocó el fallo del a quo. Consideró que la
entidad demandada, ha violado el derecho de petición, razón por la cual
ordena a la Adm. Jud. Nacional y Seccional Cúcuta, expedir el correspondiente
acto administrativo en el término de 8 días.
149877
Aurelio Isidro
Quintero Villabona
Empleado
Rama
Judicial
Nov. 22/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bucaramanga
Igualdad,
Petición y Pago
oportuno.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. Civil Mpal. De Málaga (Sant.).
Concedió. Consideró
violados los derechos de igualdad y pago oportuno. Ordenó al Min. de Hacienda
que incluya en la próxima adición presupuestal el dinero requerido para pagar
las cesantías parciales e indexación solicitadas por el actor. Ordenó a su
vez a la Dir. Secc. de Adm. Judicial que proceda en el lapso de 48 hrs a
efectuar el reconocimiento y pago de los dineros adeudados al actor.
Juzg. Civil Cto. Málaga. Confirmó el fallo del a quo. Sin embargo modificó
las ordenes impartidas, en el sentido de ordenar al Min. de Hacienda para que
en las 48 hrs. ss. a la notificación del fallo, sitúe, si aún no lo ha hecho,
los dineros para pagar al actor sus cesantías parciales e indexación. Si no
hubiere partida presupuestal las 48 hrs referidas se otorgan para iniciar los
trámites necesarios para la adición presupuestal.
150015
Aldemar Bermúdez
Empleado
Rama
Judicial
Dic. 04/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
Consejo Superior de la Judicatura y Adm. Judicial
Seccional Cali
Igualdad,
Petición y Trabajo
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 9 Penal Cto. Cali. Concedió la tutela respecto del derecho de
petición. Ordenó a la Adm. Jud. Secc. Cali para que en las 48 hrs. ss. a la
comunicación de esta decisión, proceda a resolver la solicitud de
reconocimiento y liquidación de las cesantías parciales. Denegó la tutela respecto
del pago exigido.
Sala Penal Trib. Sup. Cali, Confirmó en fallo del a quo. Revocó respecto
de la orden de pago y en su lugar ordenó, al Min. de Hacienda para que en las
48 hrs. ss, a la notificación de este fallo proceda a situar los fondos
requeridos para cancelar lo adeudado al actor. Si no hubiere apropiación
presupuestal el término referido se otorga para iniciar los trámites
necesarios para las correspondientes adiciones presupuestales. Esta
obligación del ministerio, surge tan pronto la Adm. Jud. Secc. Judicial haya
reconocido tal derecho al actor.
150062
Aurelio Bernal
Mazo
Empleado
Rama
Judicial
Abril 21/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Antioquia
Igualdad y
Trabajo.
Pago de cesantías
parciales e intereses moratorios.
Juzg. 10 Civil Mpal. Medellín. Denegó la tutela. Consideró que si bien existen
sentencias de la Corte Constitucional no se acoge dichos criterios. Considera
que no se viola el dcho a la igualdad en razón al trato diferente señalado
por la ley a los diferentes regímenes. No ordena pago alguno, pues el derecho
no ha sido reconocido y porque no existe disponibilidad presupuestal.
Juzg. 3 Civil Cto. Medellín. Revocó la decisión del a quo. Consideró violado
el derecho a la igualdad. Ordenó al Min. de Hacienda que en las 48 hrs ss. a
la notificación del fallo, sitúe los fondos, si ya no lo hubiere hecho para
pagar las cesantías parciales solicitadas. Si no hubiere disponibilidad
presupuestal, dicho término se otorgará para iniciar los trámites de adición
presupuestal. Se ordena a la Dir. Secc. de Adm. Judicial que en las 48 hrs
ss. a que el Min. de Hacienda sitúe los recursos, profiera el respectivo acto
administrativo reconociendo y pagando las cesantías parciales en cuestión.
150435
Cesar Augusto
Estrada
Empleado
Rama
Judicial
Junio 10/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda Y Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Antioquia
Igualdad,
Trabajo y
Seguridad Social.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 10 Lab. Cto Medellín. Concedió respecto de los derechos de igualdad y
trabajo. Ordenó al Min. de Hacienda que en las 48 hrs. ss. a la notificación
de esta decisión, sitúe, si ya no lo hubiere hecho, los recursos  para el
pago de las cesantías parciales y su indexación. Si no hubiere apropiación
presupuestal dispondrá de dicho término para iniciar los trámites para las
adiciones presupuestales. Ordena a la Adm. Secc. Judicial que en las 48 hrs.
ss. a que el Min. de Hacienda sitúe los recursos proceda a pagar.
Sala Lab. Trib. Sup. Medellín. Confirmó el fallo del a quo, excepto en la orden
impartida en el evento en que no haya disponibilidad presupuesta, lo cual
revoca. Consideró para ello que, si no hubiere disponibilidad presupuestal no
es correcto imponer al Ministerio cargas por vía de tutela.
150443
José Eduardo
Caballero Martínez
Empleado
Rama
Judicial
Mayo 27/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y Adm. Judicial Seccional
Tolima
Igualdad
Trabajo
Reconocimiento,
pago de cesantías parciales e intereses moratorios
Juzg. 5 Civil Cto Ibagué. Denegó. Consideró que como la petición de las
cesantías en cuestión, se hizo en mayo de 1997, estas no se encontraban
previstas dentro del presupuesto de dicho año. Por tal motivo, se hace
necesario establecer un compás de espera.
150690
Marlene Londoño
Pava
Empleada
Rama
Judicial
Julio 16/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá - Cundinamarca
Igualdad,
Petición y
Seguridad Social.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 12 Penal Cto Bogotá. Concedió. Ordenó al Min. de Hacienda que en las 48
hrs ss. a la notificación del fallo, sitúe, si no lo ha hecho aún, los
recursos para pagar las cesantías parciales e intereses moratorios a la
actora. Si no hubiere apropiación presupuestal, las 48 hrs, serán para
iniciar los trámites de adición presupuestal. Ordenó a la Dir. Nal. De Adm.
Judicial  que en los 5 días ss. a que el Ministerio haya situado los
recursos, pague efectivamente.
Sala Penal Trib. Sup. Bogotá. Confirmó el fallo del a quo con base en las
mismas consideraciones.
150793
Luz Marina
Caicedo de Sánchez
Empleada
Rama
Judicial
Dic. 01/95
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá - Cundinamarca
Igualdad,
Petición.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 52 Penal Mpal Bogotá. Concedió. Ordenó a la Dir. Secc. Adm. Judicial
Bogotá, que en las 48 hrs ss. a la notificación de este fallo, expida la
resolución que reconozca las cesantías parciales de la actora, por existir
presupuesto de acuerdo a la Resol. 1421 de julio 24/97. Si no se encontraren
situados dichos recursos, la misma entidad dispondrá de 5 días, para exigirle
al Min. de Hacienda el cumplimento de dicha resolución. Se denegó la
tutela respecto del Min. de Hacienda, pues al existir ya una apropiación
presupuestal en manos del Consejo Sup. de la Judicatura, el ministerio se
exime de toda responsabilidad administrativa.
Juzg. 32 Penal Cto Bogotá. Confirmó el fallo del a quo. Se mantiene la orden
impartida a la Adm. Secc. Judicial en el sentido anotado por el a quo. Sin
embargo, se revoca el fallo del a quo en lo referente a la obligación
del Min. de Hacienda, de cumplir la resolución No. 1421 de julio 24/97, por
cuanto obra informe de que éste ya había ubicado los dineros necesarios par
cumplir con la petición de la demandante.
150982
Delva Sierra
Barros
Empleada
Rama
Judicial
Abril 08/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional Guajira
Igualdad,
Trabajo.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Sala Lab. Trib. Sup. Riohacha. Denegó. Consideró que no se vislumbra trato
discriminatorio alguno. Además, la demandante tiene otra vía de defensa
judicial como es agotar la vía gubernativa y proceder a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Sala Cas. Lab. Corte Suprema de Justicia.
Confirmó el fallo del a
quo. Consideró que la verdadera justificación de la improcedencia de la
tutela es la limitante constitucional y legal, que obliga a que toda
erogación con cargo al Tesoro Nacional, debe estar incluido en el presupuesto
para la respectiva vigencia.
113897
José Octalivar
Velosa
Empleado
Rama
Judicial
Feb. 25/95 y
Julio 19/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Ad. Judicial Seccional
Caquetá
Igualdad,
Trabajo.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Sala Lab. Trib. Sup. Florencia. Concedió. Ordenó al Min. de Hacienda que en los 15
días ss. a la notificación del fallo sitúe los fondos requeridos para el pago
de las cesantías en cuestión y de los intereses moratorios. Ordenó
igualmente, a la Dir. de Adm. Jud. de Florencia que a más tardar en las 48
hrs. ss, a que el ministerio sitúe los fondos pague lo reclamado, junto con
los intereses de mora.
Sala Cas. Lab. Corte Suprema de Justicia.
Revocó el fallo del a
quo. Consideró que en el expediente no existe prueba que demuestre el trato
discriminatorio contra el actor. Por otra parte, corresponde al Consejo Sup.
de la Judicatura, Sala Adm. elaborar el presupuesto de la Rama Judicial el
cual se remite al Gobierno Nacional, además de que no se puede hacer erogación
alguna con cargo al Tesoro Nacional, que no se encuentre incluida en el
presupuesto.
151296
Ramón Andrés
Enciso Castillo
Empleado
Rama
Judicial
Abril 21/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y
Ad. Judicial Seccional Villavicencio
Igualdad,
Trabajo.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 2 Penal Circuito. Villavicencio.
Denegó. Consideró que la
administración a surtido en un término razonable los trámites para el
efectivo pago de la prestación solicitada por el actor. De esa forma, este ya
se ha venido acercando en turno riguroso a una oportunidad de pago.,
situación que se ha surtido en un término razonable.
151529
Etilvia Raquel
Morales Sotomayor
Empleada
Rama
Judicial
Julio 03/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Ad. Judicial Seccional
Antioquia
Igualdad,
Petición, Trabajo y
Vivienda digna.
Reconocimiento y
pago de cesantías parciales e intereses moratorios.
Juzg. 9 Lab. Cto Medellín. Concedió. Orenó al Min. de Hacienda para que en
los 2 meses ss. a la notificación del presente fallo, sitúe los fondos
necesarios para cancelar las cesantías parciales y los interese moratorios de
la actora. Ordenó a su vez a la Dir. Secc. de Adm Judicial, para que en las
48 hrs. ss, a que el ministerio haya situado los recursos pague a la actora
lo aquí ordenado.
LA IMPUGNACIÓN FUE PRESENTADA
EXTEMPORANEAMENTE.
151646
Guillermo
Amancio Nieto Vanegas
Empleado
Rama
Judicial
Oct. 04/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Nariño
Igualdad,
Trabajo.
Reconocer,
liquidar y pagar las cesantías parciales e intereses moratorios.
Trib. Administrativo. Nariño. Concedió. Ordena al Min. de Hacienda situar en la
Dir. Ejecutiva de Adm. Judicial, en el lapso de 30 días, si ya no lo hubiere
hecho, los recursos necesarios para pagar al actor. Ordenó a la Dir. Ad. Jud.
Secc. Pasto, pagar al actor en las 48 hrs. ss, a que el ministerio haya
cumplido con lo aquí ordenado.
Secc 3. Sala Cont. Adm. Consejo de Estado.
Revocó el fallo del a
quo. En su lugar ordenó a la Dir. Secc. Adm. Judicial de Pasto, que en las 48
hrs. ss. a la notificación del fallo, resuelva la petición de liquidación de
cesantías parciales del actor.
151653
Segundo Vicente
Ordóñez Martínez
Empleado
Rama
Judicial
Abril 24/97
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Nariño
Igualdad,
Trabajo.
Reconocimiento y
pago de cesantías parciales.
Trib. Administrativo de Nariño. Concedió. Ordena al Min. de Hacienda situar en la
Dir. Ejecutiva de Adm. Judicial, en el lapso de 30 días, si ya no lo hubiere
hecho, los recursos necesarios para pagar al actor. Ordenó a la Dir. Ad. Jud.
Secc. Pasto, pagar al actor en las 48 hrs. ss, a que el ministerio haya
cumplido con lo aquí ordenado.
Secc. 1. Sala Contencioso Adm. Consejo de
Estado. Revocó la
decisión de a quo. En su lugar procede a denegar la tutela. Consideró que el
actor no demostró el trato discriminatorio del que ha sido objeto. Además, tiene
razón el Min. de Hacienda, cuando señala que cualquier acto administrativo
que afecte las apropiaciones presupuestales esta sujeto a que estas existan.
151654
Aura Dolores
Bacca López
Empleada
Rama
Judicial
Dic. 20/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Nariño
Igualdad,
Trabajo
Reconocimiento y
pago de cesantías parciales e intereses moratorios.
Trib. Administrativo de Nariño. Denegó la tutela respecto de los derechos a la
igualdad y trabajo. Concedió la tutela respecto del derecho de
petición. Ordenó a la Dir. de Adm. Judicial Secc. Nariño, dar respuesta a la
petición de la actora en el plazo de 3 días, contados a partir de la
notificación del presente fallo.
Secc. 1 Sala Cont. Adm. Consejo de
Estado. Revocó la
decisión del a quo. En su lugar procede a rechazar. Señala que la
demandante no aportó prueba que demuestre trato discriminatorio contra ella.
No se encuentra violado tampoco, el derecho al trabajo. Señala además, que
todo acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales, esta
sujeto a que dichas apropiaciones existan. Sustenta su argumento en el
artículo 14 de la Ley 344 de 1996.
151810
María Anatilde
Santana Rodríguez
Empleada
Rama
Judicial
Mayo 13/96
SIN. RESOL.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Bogotá - Cundinamarca
Igualdad,
Petición,
Trabajo.
Reconocimiento y
pago de cesantías parciales e intereses moratorios.
Sala Penal Trib. Sup. de Bogotá. Denegó el derecho de petición, pues la
justificación dada, de falta de apropiación presupuestal es una respuesta
efectiva. Concedió la tutela del derecho a la igualdad. Ordenó al Min.
de hacienda para que en los 8 días ss. a la notificación del presente fallo,
sitúe si aún no lo ha hecho, los dineros requeridos para el pago de las
cesantías parcial es de la actora con su indexación. Ordenó a la Dir. Secc.
de Adm Judicial para que en las 48 hrs. ss, a que el ministerio haya cumplido
lo aquí ordenado, proceda a pagar a ala actora. Se solicita allegar a este
tribunal prueba del cumplimiento de lo ordenado.
Sala de Cas. Penal. Corte Suprema de
Justicia. Revocó el
fallo del a quo. En su lugar procedió a denegar la tutela. Consideró
que no es posible ordenar, en contra del presupuesto Nacional, el pago de
cesantías parciales que no cuentan con la disponibilidad presupuestal
necesaria para su pago.
152251
Alvaro Ancizar
Vanegas Taborda
Empleado
Rama
Judicial
Marzo 07/96
SIN RESOL.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Adm. Judicial Seccional
Caldas
Igualdad,
Trabajo.
Pago de
cesantías parciales e intereses moratorios o indexación.
Juzg. 5 Penal Cto. Manizales. Tuteló los derechos invocados. Ordenó al Min.
de Hacienda , que en los 8 días ss a la notificación del fallo, proceda a
situar, si aún no lo ha hecho, los recursos para pagar al actor. Si no lo
hubiere hecho, utilizará dicho tiempo para iniciar los trámites necesarios a
fin de lograr las adiciones presupuestales necesarias. Ordenó a la Dir. de
Adm. Judicial Secc, que en las 48 hrs. ss a que el ministerio hubiere
cumplido lo ordenado, pague al actor las cesantías parciales, si aún no lo ha
hecho.
Sala Penal Trib. Sup. de Manizales.
Revocó la decisión del a
quo. Consideró que al no existir apropiación presupuestal para cubrir la
prestación solicitada por el actor, no se puede expedir el correspondiente
acto administrativo. Además, este no es un caso que revista un carácter
excepcional y grave, o que el actor se encuentre en un caso de extrema
necesidad.
Auto aclaratorio Sentencia T-144/98
Referencia:
Expedientes Acumulados T-147016,    T-146565,      T-147256,  T-147297,  T-147391,
T-147916,      T-148276,  T-148400,  T-148542,    T-148620,      T-148637,  T-148756,  T-148827,
T-148828,      T-149003,  T-149209,  T-149339,    T-149437,      T-149622,  T-149778,  T-149887,
T-150015,      T-150062,  T-150435,  T-150443,    T-150690,      T-150793,  T-150982,  T-113897,
T-151296,      T-151529,  T-151646,  T-151653,    T-151654,      T-151810,  T-152251
Demandantes:
Baudilio Rocha Sánchez otros
Demandado:
Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Y Administración Judicial.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO.
Santa Fé de Bogotá D.C., a los diez (10)
días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Mediante Sentencia T-144 del veinte (20) de
abril de 1998, la Sala Séptima de Revisión, resolvió los expedientes de tutela
de la referencia. Sin embargo, por error involuntario de mecanografía en el
texto final, se omitió una precisión, que si bien no altera de manera alguna ni
cambia el sentido de la decisión tomada, es fundamental hacer la siguiente
aclaración, la cual fue a vez fue solicitada por el Juzgado Décimo Civil
Municipal de Medellín:
En la página 12 de la mencionada sentencia,
correspondiente al numeral sexto de la parte resolutiva se lee lo siguiente:
“Sexto. CONFIRMAR
los fallos proferidos por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, Juzgado 3 Civil del Circuito de
Medellín, Juzgado 32 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto tutelaron el derecho
de petición, para lo cual ordenaron que la Dirección de Administración Judicial
en sus diferentes seccionales, resolviera, las peticiones ante ellas elevadas -
afirmativa o negativamente -, lo anterior respecto de las tutelas
correspondientes a los siguientes expedientes:
T-150015     Aldemar
Bermúdez
T-150062     Aurelio
Bernal Mazo
T-150793     Luz
Marina Caicedo de Sánchez"
Sin embargo, el
texto contenido en el archivo del computador y que a continuación se resalta es
el definitivo y correcto:
“Sexto. CONFIRMAR
los fallos proferidos por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, Juzgado 3 Civil del Circuito de
Medellín, Juzgado 32 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto tutelaron los
derechos de petición y/o igualdad respectivamente, lo anterior
respecto de las tutelas correspondientes a los siguientes expedientes:
T-150015     Aldemar
Bermúdez
T-150062     Aurelio
Bernal Mazo
T-150793     Luz
Marina Caicedo de Sánchez"
Visto lo anterior,
RESUELVE:
Primero:
CORREGIR la parte resolutiva de la sentencia T-144 del veinte (20) de abril
de 1998, la cual en la página doce (12) numeral sexto de la parte resolutiva
queda de la siguiente manera:
“Sexto. CONFIRMAR
los fallos proferidos por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, Juzgado 3 Civil del Circuito de
Medellín, Juzgado 32 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto tutelaron los
derechos de petición y/o igualdad respectivamente, lo anterior
respecto de las tutelas correspondientes a los siguientes expedientes:
T-150015     Aldemar
Bermúdez
T-150062     Aurelio
Bernal Mazo
T-150793     Luz
Marina Caicedo de Sánchez"
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General