T-741-05
II
Sentencia T-741/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional y subsidiaria por constituir vía de hecho
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales
genéricas de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Vía de hecho
por defecto sustantivo
PROCESO EJECUTIVO-Interrupción de la prescripción de la acción cambiaria
no puede solo limitarse a la notificación del demandado dentro de los 120 días
La decisión del juez que considere simple y
llanamente que opera la interrupción de la prescripción, por no notificarse al demandado dentro del lapso contenido en
el artículo 90 del C.P.C, sin consideración a las diversas actuaciones del
demandante, vulnera uno de los elementos que integran no sólo el núcleo
esencial del derecho al debido proceso (artículo 29) sino del derecho mismo de acceso a la administración de
justicia (artículo 229). El juez, al momento de decidir sobre la prescripción
de la acción cambiaria en el proceso ejecutivo, sólo puede atender a
circunstancias objetivas que le permitan concluir que la falta de notificación al demandado del auto
admisorio de la demanda, o del mandamiento de pago, dentro de los 120 días como
se contemplaba en el anterior artículo 90 del C.P.C no obedece a la negligencia
o desidia del demandante, quien ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a
cabo en su oportunidad, mucho menos puede favorecer la conducta de quien siendo
demandado dentro del proceso pretende eludir su responsabilidad impidiendo la
notificación.
VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Al declarar prescrita la acción cambiaria sin tener en
cuenta la actuación diligente del demandante
Existe vía de hecho por defecto sustantivo
en la decisión adoptada por el Tribunal, ya que en su providencia no tuvo en
cuenta (i) la actitud diligente del demandante en el proceso, (ii) la oportunidad con que se
presentó la demandada (septiembre de 2000), (iii) se solicitó oportunamente la
notificación personal (noviembre 8 de 2000) y (iv) el emplazamiento (marzo 14
de 2001) también oportuno, pues es claro, que todos estos hechos ocurrieron antes de que operara la
prescripción de la acción cambiaria.
Referencia: expediente T-1075189
Acción de tutela presentada por Oscar
Javier Peláez González contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali.
Procedencia: Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil cinco
(2005).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime
Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo adoptado por la
Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor
Oscar Javier Peláez González, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali.
I. ANTECEDENTES.
El actor presentó el día 18 de noviembre de 2004, acción de tutela, contra la decisión
del Tribunal Superior de Cali, por considerar que se violó el debido proceso,
en el trámite de la segunda instancia que resolvió declarar probada la
prescripción de la acción cambiaria.
1. Hechos y fundamentos.
Los hechos y fundamentos que dieron origen a la acción
de la referencia pueden resumirse de la siguiente manera:
1.1. Señala el actor que para respaldar una operación
de crédito suscribió con el señor Luis Antonio Pineda Bastidas, un pagaré  por la suma de $90.000.000
millones de pesos, con vencimiento el día 14 de abril de 1998.
1.2. Por el incumplimiento de la obligación contenida
en el pagaré, el día 19 de septiembre de 2000, presentó acción ejecutiva de
mayor cuantía contra el señor
Pineda Bastidas ante el Juzgado Civil del Circuito de Cali, en la demanda,
expresamente indicó: “A la
fecha no ha sido cancelada la suma de capital adeudada y vencida y en cuanto a
los intereses corrientes fueron cancelados hasta el 14 de julio de 2000”.
1.3. Igualmente, el día 8 de noviembre de 2000,
mediante apoderado presentó escrito ante el Juzgado Quince Civil del Circuito
de Cali, en el cual señaló “en
mi carácter de apoderado especial del demandante en el proceso de la referencia
me permito anexar
boleta de citación expedida por la Oficina Judicial para proceder a notificar
el mandamiento de pago al demandado”.
1.4. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali,
profirió el día 21 de junio de 2001, un edicto emplazando al señor Pineda Bastidas para que concurriera a ese despacho
con el fin de notificarle el mandamiento de pago que se había dictado en su
contra a causa del proceso ejecutivo que se había instaurado en contra suya.
1.5. El día 27 de septiembre de 2001, es decir un año
después de interpuesta la
acción ejecutiva contra el señor Pineda Bastidas, éste presentó contestación de
la demanda, señalando que había operado por dos razones diferentes, la
prescripción de la acción cambiaria directa.
El apoderado de la parte demandada, en su contestación, señaló: “el pagaré supuestamente debió pagarse el
14 de abril de 1998. Los tres años de que trata el artículo 789 del Código de
Comercio para que se produzca la prescripción avanzaban hasta el 15 de abril de
2001. La demanda se presentó en septiembre de 2000, es decir antes de la fecha limite
(abril 15 de 2001), haciéndose aplicable a efecto de que se produzca la
interrupción de la prescripción, lo dispuesto en el artículo 90 del C.P.C, que
ordena que el ejecutante debe notificar al demandado el auto de mandamiento de pago dentro de
los 120 días siguientes a la notificación que reciba él de dicho auto; término
que corría hasta el 25 de mayo del presente año; como dicha notificación no se
hizo dentro de ese espacio de tiempo, pues sólo se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2001, la
prescripción no se interrumpió, produciéndose la misma el 15 de abril de 2001”.
De otra parte, el apoderado de la parte demandada negó
el pago de los intereses, señalando que el demandado no adeuda suma alguna, afirmó que existe una falsedad que engaña a la
administración de justicia.
1.6. El día 26 de noviembre de 2003, el Juzgado Quince
Civil del Circuito de Cali, profirió sentencia de primera instancia, negando
las pretensiones del demandado al estimar que en esta oportunidad la acción cambiaria contenida en el
artículo 789 del Código de Comercio, no había prescrito.
Para la juez de primera instancia, el artículo 789 del
C.Co. como norma especial, enfáticamente señala que el término de prescripción
de la acción cambiaria directa
es de tres años, al igual establece desde cuando se cuenta dicho término.
Por lo tanto, no se puede subordinar tal disposición
como norma especial con otra disposición de carácter general, diferente sería
que no existiese norma alguna
que regule determinado asunto, para que así pueda aplicar otra fuente de
derecho. Bajo esa óptica referente a la acción cambiaria no se puede decir que
opera la caducidad como sanción, toda vez que la obligación es exigible desde
el momento que el obligado
directo incumpla.
Adicionalmente, la Juez Quince Civil del Circuito de
Cali encontró que de conformidad con el acervo probatorio era evidente que
había un reconocimiento tácito por parte del señor Pineda de la deuda contenida
en el pagaré. Por tanto,
decidió declarar no probada la excepción de mérito propuesta por la parte
demandada y en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución contra el
demandado.
1.7. El demandado (Pineda Bastidas) interpuso recurso
de apelación contra la
sentencia proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali.
El 1 de octubre de 2004, el Tribunal Superior de Cali,
revocó el fallo del a-quo declarando la prescripción de la acción, argumentando
que no se cumplió con lo reglado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ni se probó el pago de
intereses indicado en la demanda, por tanto dio por terminado el proceso.
1.8. Para el actor, la decisión del Tribunal demandado
constituye una vía de hecho, por cuanto en su concepto, interpretó equivocadamente el contenido de la
referida norma y de otro lado, valoró indebidamente el acervo probatorio.
2. La demanda.
El actor solicita la protección de
sus derechos al debido proceso (artículo 29 de la Constitución) y  al acceso a
la administración de justicia (artículo 228 de la
Constitución), por cuanto considera que la decisión adoptada por el Tribunal
Superior de Cali presenta errores manifiestos que desconocen las garantías
básicas que deben rodear a las partes en un proceso judicial.
3. Fallo de primera instancia.
Mediante sentencia de diciembre seis (6) de 2004, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia, al considerar que el despacho judicial
acusado no incurrió en vía de
hecho alguna que haga procedente el mencionado mecanismo.
En concepto de ese despacho judicial, la decisión del
Tribunal demandado se apoyó en reflexiones que desde la óptica constitucional
de tutela no califican como una típica vía de hecho, en cuanto refieren a juicios objetivos,
que parten de un supuesto fáctico probatorio. La decisión obedece a una labor
valorativa propia del juez natural que la protegen de preceptos de raigambre
constitucional en los que no puede incursionar un juez de tutela.
4. Sentencia de segunda instancia.
Apelada la decisión anterior, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de nueve (9) de
febrero de dos mil cinco (2005), confirmó el fallo de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de
Justicia, al considerar que no hubo en la decisión del Tribunal demandado, vía
de hecho que permita inferir la violación de derecho fundamental alguno.
Señaló que al juez de tutela le está vedado injerirse
en actuaciones de competencia
de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y
autónomas conforme a lo previsto en el artículo 228 y 230 de la Constitución.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera.- Competencia.
La Sala Segunda de Revisión es competente para decidir
sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 241, numeral 9°, de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de
1991.
Segunda.- El asunto objeto de discusión.
Corresponde a esta Sala establecer si, en
el presente caso, se ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor, por la
decisión del Tribunal Superior de Cali que revocó el fallo del a-quo, en el
sentido de declarar probada la
excepción de prescripción de la acción cambiaria.
Para el actor, esta decisión es contraria a
derecho, ya que por la lentitud del juez de instancia de notificar a la parte
demandada, debe soportar las consecuencias desfavorables a sus pretensiones, pese a que están contenidas en un
título valor.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y
Laboral que conocieron de la acción de la referencia, consideraron que el
despacho judicial acusado no incurrió en vía de hecho, dado que la decisión
adoptada se ajustaba a la
normatividad existente.
Tercera.- La vía de hecho en la
jurisprudencia de la Corte.
Reiterada ha sido la jurisprudencia de esta
Corporación en la que se ha aceptado la procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales,
cuando en éstas, el funcionario judicial se aparta de la sana lógica y de los
principios mínimos que rigen la interpretación, para hacer prevalecer su
voluntad y capricho al momento de adoptar una decisión determinada, sin
consideración alguna a la
normatividad existente.
Esta misma jurisprudencia ha establecido
las diversas modalidades que puede revestir la vía de hecho en tratándose de
decisiones judiciales, sin que la mencionada enumeración resulte excluyente de
otros casos en los que ésta pueda
evidenciarse, al tiempo que ha delimitado el alcance de la acción de tutela,
pues ésta sólo es procedente cuando se logre demostrar que al configurarse una
vía de hecho resultan afectados directamente derechos de rango fundamental,
dado que la finalidad de esta
garantía constitucional no es otra que la protección de derechos de esta
naturaleza. Al respecto, en sentencia T-453 de 2005, se expresó:
“(...) la Sala considera pertinente señalar
que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción
de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha
decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que
originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se
trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad
sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de
los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’ En
este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a
la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho
por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla
jurisprudencial se redefine en los siguientes términos,
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de
fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales
con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos
fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible,
solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa de la Constitución.”
3.2. Por la naturaleza de las alegaciones
específicas que se plantean en la demanda de tutela, es relevante que la Sala
se pronuncie brevemente sobre el alcance de la llamada “vía de hecho por
defecto sustantivo”. En varios fallos anteriores, la Corte ha delimitado el
campo de aplicación de esta figura, señalando que se presenta, entre otras
razones, (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, lo cual ocurre cuando, por
ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente, o
no se encuentra vigente por haber sido derogada, o por haber sido declarada
inexequible; (ii) cuando la interpretación o aplicación que se hace de la norma
en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido su alcance; (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin
tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias
para efectuar una interpretación sistemática; (iv) cuando la norma aplicable al
caso concreto es desatendida y por ende inaplicada; o (v) porque a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación al caso
concreto resulta inconstitucional, por ejemplo, por violar otras normas
constitucionales.
En la sentencia SU-159 de 2002 se
sintetizaron los rasgos fundamentales de esta figura, así:
“La Corte Constitucional ha señalado en su
jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo  (i.) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico,
(ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador.”
Más recientemente, en la sentencia T-462 de
2003, la Corte explicó que “una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y
finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la
norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Así las cosas, la Sala aclara que no
comparte las decisiones de los jueces de tutela, por ende ha de proceder a
determinar si la decisión del  Tribunal Superior de Cali, en el sentido de declarar la prescripción de la acción
cambiaria en el proceso ejecutivo adelantado por el actor, constituye una vía
de hecho en los términos de la jurisprudencia de la Corte.
Cuarta.- El demandante que ha ejercido
oportunamente el derecho de acción, no puede soportar en su contra la desidia o morosidad de
quien debe realizar la notificación, mucho menos la conducta del demandado
encaminada a eludirla con el fin de paralizar el proceso, haciendo nugatorio el
derecho de quien acude a la administración de justicia.
4.1. Como es suficientemente conocido, los
títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del
derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, ya que contienen una
obligación clara expresa y exigible.
La exigibilidad del título se encuentra sometida a unas normas
especiales, es así como, el Código de Comercio señala en su artículo 789 que “la acción cambiaria directa prescribe en
tres años a partir del vencimiento”, éste Código no desarrolla la interrupción de la prescripción, por lo que es necesario ir al
Código de Procedimiento Civil.
El artículo 90 del C.P.C establecía que la
prescripción puede ser interrumpida con la presentación de la demanda, siempre
y cuando se notifique el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago, si fuera el caso al
demandado, dentro de los ciento veinte 120 días siguientes a la notificación de
tales providencias al demandante.[1]
4.2. Para la Sala, la necesidad de practicar la notificación
del mandamiento de pago está en cabeza de la administración judicial, pues el
demandante acude ante ella solicitando el cumplimiento de una obligación, para
la cual anexa el título valor y la dirección de quien es señalado como deudor.
En  caso de no poder realizarse la
notificación personal, se hace la notificación por edicto, según lo preceptuado
por la ley y será responsabilidad del juez  decretar oportunamente el
emplazamiento.
“el Código de Procedimiento Civil ha tenido en cuenta la
eventualidad de que los deudores demandados intenten evadir las consecuencias
del proceso, impidiendo ser notificados, y para ello ha diseñado la posibilidad
de emplazarlos por edicto y de nombrarles un curador ad litem para atender a su derecho de defensa.
Con ello se persigue evitar que quien no
enfrenta el proceso, logre paralizarlo, lo cual haría nugatorios los derechos
del demandante y le daría efectos a una conducta evasiva, contraria al
principio de buena fe.
Será el juez competente el que evalúe si se ha obrado de mala fe o no, en cada
caso”.(Sentencia T-299 de
2005. M.P. Manuel José Cepeda)
4.3. Teniendo en cuenta lo anterior, la
decisión del juez que considere simple y llanamente que opera la interrupción de la prescripción, por no
notificarse al demandado dentro del lapso contenido en el artículo 90 del
C.P.C, sin consideración a las diversas actuaciones del demandante, vulnera uno
de los elementos que integran no sólo el núcleo esencial del derecho al debido proceso (artículo 29) sino
del derecho mismo de acceso a la administración de justicia (artículo 229).
Al respecto en sentencia de septiembre 20
de 2000, expediente 5422, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia. M.P. José Fernando
Ramírez Gómez señaló:
“El punto que ofrecería duda estaría en la notificación
extemporánea, a pesar de la normal diligencia del demandante, por ocultación,
escollos u obstáculos de los demandados, o negligencia de los funcionarios
judiciales. Pues bien,
este aspecto quedó elucidado en las sentencias de 19 de noviembre de 1976. En
ellas expuso la Corte:
“Partiendo de que nadie está obligado a lo
imposible (ad impossibilia nemo tanetur), la Corte, meditando nuevamente sobre
la inteligencia que
debe darse al precepto comentado, llega a la conclusión de que, si ejercitado
oportunamente el derecho de acción con la presentación de la demanda, la
notificación del auto admisorio de ésta, sin culpa posterior del demandante, se
hace vencido el bienio a
que la ley se refiere en la norma mencionada, entonces la sola presentación del
libelo en tiempo tendría el efecto de impedir la caducidad de los efectos
patrimoniales de la declaración de paternidad. Proceder de otro modo sería
cohonestar el fraude premiando
al demandado que se oculta o que intencionalmente estorba que se le notifique
en tiempo el auto admisorio, posturas estas que atentan contra la lealtad
procesal, o sería hacer responsable de la negligencia de los funcionarios
judiciales al mismo demandante
que ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo
en oportunidad.
“La inteligencia, pues, que debe darse al
texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los
funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la
normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero cuando es palmario
que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado
en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse, ya sea porque los demandados se
ocultan, se ausenten del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden
o dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no
alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que esa tardanza tiene su
génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad
culpable de los funcionarios que  deben realizar la notificación”.
Esta interpretación no solamente aboga por
la protección de los derechos de quien quiso amparar la ley 75 de 1968 (el hijo extramatrimonial),
sino por la tutela de principios tan caros al proceso, como lo son la lealtad y
la buena fe procesal de las partes, hoy enaltecidos al rango de
constitucionales.
4.4. Es claro, entonces, que en este caso no puede decirse que la
prescripción se da por no notificarse al demandado dentro del lapso de tiempo
señalado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, sin considerar
que el término para hacer exigible el título valor suscrito (pagaré) es de tres años y que la demanda
se presentó antes de que concluyera dicho término.
La interrupción civil de la prescripción de
la acción directa, ocurre
cuando se presenta la demanda y se notifica al demandado antes de la fecha de
precluir el derecho de ejercer la acción (artículos 789 y ss del Código de
Comercio).
4.5. Así, el juez, al momento de decidir
sobre la prescripción de la acción
cambiaria en el proceso ejecutivo, sólo puede atender a circunstancias
objetivas que le permitan concluir que la falta de notificación al demandado
del auto admisorio de la demanda, o del mandamiento de pago, dentro de los 120
días como se contemplaba en el
anterior artículo 90 del C.P.C no obedece a la negligencia o desidia del
demandante, quien ha realizado una normal actividad para que la notificación se
lleve a cabo en su oportunidad, mucho menos puede favorecer la conducta de
quien siendo demandado dentro
del proceso pretende eludir su responsabilidad impidiendo la notificación.
4.6. Es más, debe tenerse en cuenta que la
ley 794 de enero 8 de 2003 “por
medio de la cual se reformó el Código de Procedimiento Civil”, modificó el término de ciento veinte días para efectos de la interrupción
judicial de la prescripción, ampliándolo al término de un año, pues en la
exposición de motivos (gaceta número 468 de noviembre 5 de 2002 pag 3) se tuvo
en cuenta el “inadecuado y
obsoleto régimen de
notificaciones personales”,
señalando que la propuesta que modifica éste término, no es dilatoria del
procedimiento, sino que va en beneficio de quien demanda, en el sentido de que
si su deseo es apresurar la notificación puede hacerlo, pero si considera puede dedicarse a otras actuaciones
procesales, porque cuenta con un término suficientemente amplio para lograr la
notificación al demandado.
Dentro de este contexto, la Sala entra a
analizar si la decisión del Tribunal demandado, desconoció las garantías procesales del demandante, y la
prevalencia del derecho sustancial, ya que en tratándose de la prescripción de
la acción cambiaria, existe norma especial que prevé expresamente el término de
tres años para que opere el fenómeno de la prescripción, término que puede ser interrumpido siempre que el
auto admisorio de la demanda o el de mandamiento ejecutivo se notifique al
demandado dentro de los
ciento veinte días siguientes a la  notificación al demandante de tales
providencias.
Quinto.- Análisis del caso concreto.
5.1. Pues bien, la decisión de prescripción
de la acción cambiaria, adoptada por el Tribunal Superior de Cali, que dio
origen a la acción de tutela de la referencia, parte de un supuesto, que
consiste en considerar que en el caso materia de estudio, la sola presentación de la demanda no
interrumpió el término para la prescripción.
Decisión que se adoptó con fundamento en el
Código de Procedimiento Civil, ya que para el Tribunal acusado, “el mandamiento ejecutivo se notificó al
demandante por estado
el día 31 de octubre de 2000, razón por la que de conformidad con el anterior
artículo 90 del C.P.C, los 120 días vencían el 23 de mayo de 2001”.
Sin embargo, según el Tribunal, “el título valor se hizo exigible el día 14
de abril de 1998, el
plazo para prescribir vencía el 15 de abril de 2001, y si la notificación del
auto ejecutivo al apoderado del demandado se hizo el 17 de septiembre de 2001,
ésta notificación no interrumpió la prescripción, si se tiene en cuenta que la
mencionada notificación
no se llevó a cabo dentro de los ciento veinte (120) días siguientes que
consagra el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil”( fl 93).
Entonces, para el Tribunal Superior de Cali
quien actuó como juez de segunda instancia, el proceso ejecutivo se encuentra terminado, pues está
prescrita la acción cambiaria “al
no haberse logrado la notificación de la orden ejecutiva antes del vencimiento
del término de prescripción”.
5.2. En el caso objeto de revisión, de las
pruebas anexas al expediente, encuentra
la Sala que existe un título valor suscrito por el señor Luis Antonio Pineda
Bastidas el día 14 de abril de 1997, para ser exigible el día 14 de abril de
1998 (fl 28), lo que significa que de conformidad con el artículo 789 del
Código de Comercio prescribía
el día 14 de abril de 2001, no como lo consideró el Tribunal demandado, el día
15 de abril de ese año.
La demanda ejecutiva se presentó a través
de apoderado el 20 de septiembre de 2000, es decir, en tiempo antes de que
operara el término de prescripción
de tres años dispuesto en el artículo 789 del Código de Comercio.
El mandamiento de pago se notificó al
demandante el día 31 de Octubre de 2000. De ahí en adelante, tenía 120 días
para notificar al demandado, los que vencían el 23 de mayo de 2001, teniendo en cuenta la vacancia judicial.
El demandante a través de apoderado, actúo
diligentemente y pagó la notificación personal en tiempo anexando la boleta de
citación expedida por la oficina judicial el día 8 de noviembre de 2001.
Posteriormente, en vista de que no fue posible la notificación
personal al demandado, solicitó el emplazamiento en memorial presentado el 16
de marzo de 2001, aunque aparece fechado en Cali el 14 de marzo de 2001. Es
decir, la carga de actuar en procura de la notificación a la parte demandada se cumplió “antes de vencerse los 120 días siguientes
a la notificación al demandante del mandamiento de pago”, según el artículo 90 del Código de
Procedimiento Civil y antes de la fecha de prescripción establecida en el
Código de Comercio.
No obstante lo anterior, el Juzgado Quince
Civil del Circuito de Cali, no actúo diligentemente, ya que decretó el
emplazamiento hasta el mes de junio de 2001 (fl 43), casi tres meses después de
pedido el emplazamiento.
El 17 de septiembre de 2001, se notificó el
apoderado del demandado en el proceso ejecutivo, alegando la prescripción de la
acción cambiaria, pues en su concepto “los ciento veinte días corrían hasta el 25 de mayo de
2001, como dicha notificación no se hizo en ese espacio de tiempo, pues sólo se llevó a cabo
hasta el 17 de septiembre de 2001, la prescripción no se interrumpió,
produciéndose la misma el día 15 de abril de 2001” (fl 49). Apreciación que fue tenida en cuenta por el
Tribunal Superior de Cali para
dar por terminado el proceso, decretando probada la excepción de prescripción
de la acción cambiaria.
5.3. Quiere ello decir, que existe vía de
hecho por defecto sustantivo en la decisión adoptada por el Tribunal, ya que en
su providencia no tuvo en cuenta
(i) la actitud diligente del demandante en el
proceso, (ii) la oportunidad con que se presentó la
demandada (septiembre de 2000), (iii) se solicitó
oportunamente la notificación personal (noviembre 8 de 2000) y (iv) el emplazamiento (marzo 14 de 2001) también oportuno, pues es claro, que todos
estos hechos ocurrieron antes de que operara la prescripción de la acción
cambiaria.
Aunado a lo anterior, ha de tenerse en
cuenta que la misma fue interrumpida en los términos del artículo 90 del Código
de Procedimiento Civil que
dispone que:  “la presentación de la demanda interrumpe el término para la
prescripción siempre que el auto admisorio de la demanda o el de mandamiento
ejecutivo se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la  notificación al demandante de tales
providencias.”
En este caso, la notificación al demandante
se hizo el 31 de octubre de 2000, y los ciento veinte días vencían en mayo del
2001, lo que significa que aunque el apoderado del demandado en el proceso ejecutivo, sólo se notificó el 17 de septiembre
de 2001, su actuación no puede desconocer la actitud diligente del demandante,
quien pago la notificación personal en tiempo y solicitó el emplazamiento
oportunamente antes de que se vencieran los términos para la prescripción.
Es decir, si hubo actuación diligente de la
parte actora en cuanto pagó la notificación inmediatamente quedó ejecutoriado
el auto que decretó el mandamiento de pago, e igualmente solicitó en forma
oportuna el emplazamiento del demandado antes de que trascurrieran los ciento veinte (120) días
a que se refiere el artículo 90 del C.P.C, resulta contrario a derecho  someter
al actor que acude al Estado para la realización coactiva del derecho de
crédito, a soportar las consecuencias jurídicas desfavorables y de las que no es responsable, pues no
se le puede imputar falta de diligencia como ya se demostró, ni debe ser
victima de la incuria judicial presentada al proferir el emplazamiento tres
meses después de solicitado, pese a que dicha solicitud se formuló en tiempo, mucho menos puede beneficiarse
luego al demandado que se notifica cuando ya se encontraba cumplida la
actuación anterior para alegar entonces la prescripción del título valor.
En conclusión, en este caso, no puede la
falta de diligencia de la
administración judicial en lograr la notificación personal, o por edicto al
demandado y la posible conducta de éste de eludir su responsabilidad
impidiéndola, desconocer los derechos de quien ostenta un título valor, o
mejor, una obligación clara,
expresa y exigible, debido a que la falta de diligencia en estas actuaciones
vulneraron no sólo el derecho al debido proceso, sino también el acceso
efectivo a la administración de justicia, entre otros.
Por último, la Sala aclara que no hará
pronunciamiento alguno sobre
el supuesto pago de intereses o sobre la autenticidad del título valor, ya que
son asuntos que deberán probarse y controvertirse al interior del proceso
ejecutivo, o a través de otros mecanismos de defensa judicial, siendo ajenos a la acción de tutela aquí formulada.
III. Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Revócase el fallo proferido en febrero nueve (9) de dos mil cinco (2005), por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor Oscar Javier Peláez González, en contra del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de
Cali. Por consiguiente, Concédase el amparo solicitado.
En consecuencia, Ordénase al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
que de conformidad con los planteamientos expuestos en la parte motiva de esta
sentencia, en el término máximo
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
confirme la decisión del Juzgado Quince Civil del Circuito de fecha noviembre
26 de 2003 y siga adelante con el proceso ejecutivo.
Segundo: Por Secretaria General, líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado Ponente
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Hoy la ley 794 de
2003, establece el termino de un año y no de 120 días.