T-663-15
Sentencia T-663/15
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de
jurisprudencia
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que
puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias
distintas: hecho superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-El
tratamiento requerido por accionante le está siendo suministrado de manera
efectiva
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD Y FARMACODEPENDENCIA O DROGADICCION EN EL ORDENAMIENTO
JURIDICO NACIONAL
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD Y FARMACODEPENDENCIA O DROGADICCION EN LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL
DERECHO
A LA SALUD-Protección
constitucional especial a personas que padecen problemas de farmacodependencia
y/o drogadicción
DERECHO
A LA SALUD MENTAL DE FARMACODEPENDIENTE-Se deberá preservar el consentimiento de
las personas que se llegaren a someter a tratamientos y rehabilitación
DERECHO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE FARMACODEPENDIENTE-Orden
al ICBF constatar que en
Centro Médico se le garantice al accionante su derecho al consentimiento
informado, en relación con el plan de manejo formulado para su situación de
salud
Referencia:
Expediente T-5052564
Acción de tutela instaurada por Rafael,
invocando la calidad de agente oficioso de su hijo Hernán, contra la Clínica
General del Norte-Convenio Magisterio, con vinculación oficiosa del Instituto
de Psicoterapias Villa 76.[1]
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de
octubre de dos mil quince (2015)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por las Magistradas María Victoria Calle Correa
y Myriam Ávila Roldán, y el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Quinto Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el veintinueve (29) de diciembre de
dos mil catorce (2014) y, en segunda instancia, por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el veintisiete (27) de
marzo de dos mil quince (2015), dentro de la acción de tutela promovida por Rafael,
invocando la calidad de agente oficioso de su hijo Hernán, contra la Clínica
General del Norte-Convenio Magisterio, con vinculación oficiosa del Instituto
de Psicoterapias Villa 76.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión mediante auto del trece (13) de agosto de dos mil
quince (2015), proferido por la Sala de Selección Número Ocho.[2]
I. ANTECEDENTES
1. Rafael, invocando la calidad
de agente oficioso de su hijo, Hernán, interpuso acción de tutela contra la
Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, por considerar vulnerados sus
derechos a la vida, la salud, la dignidad humana y de los adolescentes. La
vulneración de derechos fundamentales tendría como base los siguientes
Hechos
2.  Rafael expresa que su hijo, Hernán,
que al momento de la interposición de la acción constitucional tenía dieciséis
(16) años de edad,[3]
fue diagnosticado con farmacodependencia,[4] razón por la
cual fue internado en el Instituto de Psicoterapias Villa 76.[5]
3. Señala que el adolescente huyó
de este lugar el siete (7) de diciembre de dos mil catorce (2014), con ocasión
de la fuga masiva de pacientes.[6]
4. Manifiesta que su hijo se
niega a ser reintegrado a dicho sitio “[…] ya que manifiesta los malos
tratos de algunos enfermeros”.[7]
5. Indica que, de la misma
manera, el Instituto de Psicoterapias Villa 76 se rehúsa a recibir de nuevo al
adolescente y que la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio se niega a
emitir una orden para que sea internado en otro lugar.[8]
6. Por lo anterior, solicita que
se ordene a la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio que garantice
tratamiento médico por un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días al
adolescente, en un centro de cuidado diferente al Instituto de Psicoterapias
Villa 76. De igual manera, pide que se advierta a la entidad accionada que se abstenga
de incurrir en el futuro en situaciones como las que dieron lugar a la presente
acción de tutela.
Documentos que constan en el
expediente
7. Derecho de petición presentado
por la señora Mabel el día diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014)
ante la Unión Temporal del Norte EPS, a través del cual peticiona que se
autorice la expedición de los documentos necesarios para el traslado de su hijo
a la ciudad de Barranquilla, de tal manera que el mismo sea “[…] internado
de manera ambulatoria…” en alguno de los centros que aquella sugería en su
escrito.[9]
Se menciona, igualmente, que el joven habría estado institucionalizado
previamente en el centro Sembrando Vencedores.
8. Remisión del paciente Hernán
emitida por la Clínica General del Norte al Instituto de Psicoterapias Villa
76, para la prestación del servicio de internación, fechada el cinco (5) de
agosto de dos mil catorce (2014).[10]
9. Formato de histórica clínica
ambulatoria de la Clínica General del Norte del catorce (14) de agosto de dos
mil quince (2015), en la que se registra consulta con la siquiatra Milena Rubio
García. Según los datos allí consignados, el adolescente asistió a la consulta
con su padre, el señor Rafael.[11]
En cuanto al diagnóstico principal se señala: “Trastornos mentales y del
comportamiento debido al uso de múltiples drogas…”[12]
Y en relación al plan de manejo se indica: “Se solicita hospitalización para
el manejo de intoxicación y abstinencia”.[13] Dentro
de los registros médicos consta la remisión formulada para el internamiento del
adolescente en el Instituto de Psicoterapias Villa 76.[14]
10. Fórmula médica del treinta
(30) de septiembre de dos mil catorce (2014) del Hospital Universitario CARI
E.S.E., firmado por la siquiatra Milena Rubio García, en la cual se prescribe
internación en centro de rehabilitación para tratamiento de consumo de
sustancias sicoactivas por trescientos sesenta y cinco (365) días.[15]
11. Oficio de justificación de
insumos y procedimientos no POS del (30) de septiembre de dos mil catorce
(2014) del Hospital Universitario CARI E.S.E., en el que se describe el cuadro
clínico del accionante como “historia de consumo de sustancias psicoactivas
larga data múltiples recaídas.”[16]
12. Remisión del paciente Hernán
al Instituto de Psicoterapias Villa 76 del quince (15) de octubre de dos mil
catorce (2014), emitida por la Clínica General del Norte, para la prestación
del servicio de rehabilitación de consumo de sustancias sicoactivas por un
tiempo de treinta (30) días.[17]
13. Formulario donde se registra
el ingreso, el cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), y el
posterior egreso, el dieciséis (16) de octubre del mismo año, del paciente Hernán
del Centro de Atención y Rehabilitación C.A.R.I. E.S.E. Allí se consigna que,
en esta última fecha, el “[…] paciente presenta evolución favorable de su
cuadro clínico de ingreso motivo por qué se decide dar de alta con fórmula
médica, cita por psiquiatría y recomendaciones”[18]
De igual manera, dentro del tratamiento se formulan seis medicamentos:
olanzapina, carbamazepina, ácido valproico, levomepromazina, loratadina y
acetaminofén.
14. Consentimiento informado
prestado por el señor Rafael, padre del adolescente Hernán, el diecisiete (17)
de octubre de dos mil quince (2015) para el internamiento del joven en el
Instituto de Psicoterapias Villa 76.[19]
15. Carta de veinte (20) de
octubre de dos mil catorce (2014) firmada por la señora Mabel, madre del
adolescente, por medio de la cual solicita a la Clínica General del Norte dar
continuidad al tratamiento médico de su hijo y que se permita su internación
por un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días, en vez de los treinta
(30) días que fueron autorizados por la entidad accionada.[20]
16. Remisión del paciente Hernán
al Instituto de Psicoterapias Villa 76 del quince (15) de noviembre de dos mil
catorce (2014), emitida por la Clínica General del Norte para la prestación del
servicio de internación.[21]
17. Remisión del adolescente al
Instituto de Psicoterapias Villa 76 con fecha de cinco (5) de diciembre de dos
mil catorce (2014), emitida por la Clínica General del Norte para
rehabilitación de consumo de sustancias sicoactivas por un periodo de treinta
(30) días.[22]
18. Información sobre el horario
de visitas a pacientes.[23]
Respuesta
de la entidad vinculada
19. El dieciocho (18) de
diciembre de dos mil catorce (2014), el gerente del Instituto de Psicoterapias
Villa 76 S.A.S.[24]
contestó la acción de tutela interpuesta. Señaló que el paciente Hernán,
durante el periodo en que estuvo internado, incumplió las normas del centro de
rehabilitación “[…] promoviendo actos de violencia y agresión en contra del
personal de enfermería y destruyendo la infraestructura de la institución.”[25]
En consecuencia, indicó que no pueden aceptarlo de nuevo, pues no recibe el
tratamiento de forma voluntaria y entorpece el proceso de rehabilitación de los
demás pacientes.
Adicionalmente, declaró que la
institución no se niega a ofrecer tratamiento ambulatorio al adolescente, pero
que para ello es necesario contar con una orden de la Clínica General del
Norte-Convenio Magisterio.[26]
Respuesta de la Clínica General
del Norte-Convenio Magisterio
20. La entidad accionada no
contestó la acción de tutela.
Decisiones que se revisan
Sentencia de Primera Instancia
21. El veintinueve (29) de diciembre de
dos mil catorce (2014), el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla profirió sentencia de primera instancia, a través
de la cual dispuso denegar la acción constitucional interpuesta por Rafael, en
representación de Hernán, contra la Clínica General del Norte-Convenio
Magisterio, al estimar que no existió vulneración de los derechos fundamentales
del joven.[27]
La decisión señaló que no se le negó el
servicio de salud, pues este se encontraba internado en un centro de
rehabilitación hasta el momento en que decidió fugarse, situación que supuso la
suspensión del tratamiento. Asimismo, estableció que no es facultad del juez de
tutela ordenar a una EPS que uno de sus pacientes sea atendido en una
institución prestadora de servicios de salud específica ni determinar el tipo
de tratamiento que debe recibir.
22. Pese a lo anterior, el juez
constitucional exhortó a la entidad accionada a continuar con la prestación del
servicio de salud al paciente y le advirtió que “[…] los servicios que le
sean prestados al joven referido, deberán ser los adecuados, los mejores e
idóneos para su patología, procurando siempre la continuidad en el acceso a los
servicios de salud requeridos para su recuperación, de acuerdo al concepto de
su médico tratante…”[28]
Impugnación
23. El diecinueve (19) de enero de dos
mil quince (2015), Rafael impugnó el fallo de tutela de primera instancia, por
no estar de acuerdo con la decisión adoptada. En el escrito señaló que la
entidad accionada no estaría prestando el servicio de salud al adolescente,
exponiéndolo a sufrir un perjuicio irremediable.[29]
Sentencia de Segunda Instancia
24. El veintisiete (27) de marzo de dos
mil quince (2015), el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla profirió sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de la referencia, a través de la cual confirmó la decisión del juez
inferior.[30]
De acuerdo con el juez constitucional,
la acción de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, toda vez
que, para lograr la protección de los derechos fundamentales en cuestión, el
actor debió hacer uso de la función jurisdiccional atribuida a la
Superintendencia Nacional de Salud por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, “Por
la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.”
Pruebas decretadas en sede de
revisión
25. El tres (3) de septiembre de dos mil
quince (2015),[31]
la Sala Primera de Revisión profirió auto a través del cual, entre otros,
dispuso: (i) oficiar al accionante para que aclarara el vínculo que lo une al
titular de los derechos invocados y que aportara prueba de dicha relación; (ii)
oficiar al Instituto de Psicoterapias Villa 76 para que informara si en relación
con los hechos que dieron lugar a la fuga de pacientes mencionada en la tutela
se inició alguna investigación, así como los resultados arrojados por esta, en
caso que la misma hubiese tenido lugar. También se le requirió para que
indicara si se llevó a cabo alguna pesquisa por los alegados malos tratos a los
que habría sido sometido el adolescente y que especificara cuáles fueron las
conductas contrarias al reglamento cometidas por aquel; (iii) oficiar a la
accionada para que allegase copia de la historia clínica del paciente; (iv)
vincular a la señora Mabel, madre del adolescente, al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF–, a la Superintendencia Nacional de Salud y al
Ministerio de Salud y la Protección Social al proceso, para que se pronunciaran
sobre los hechos y pretensiones del caso; (v) oficiar al ICBF para que
entrevistase a Hernán para conocer su opinión en relación con la situación
ventilada en la tutela y, en especial, con el tratamiento médico que se le
suministra; (vi) invitar al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión
Social –PAIIS– de la Universidad de los Andes, a la Fundación Saldarriaga
Concha, al Centro para el Reintegro y Atención Integral al Niño –CRAN–, a la
organización Pares en Acción-Reacción contra la Exclusión Social –PARCES– y al
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON– para
que, de considerarlo pertinente, conceptuaran sobre el asunto sometido a
revisión.
Respuesta de Rafael
26. A través de memorial, el accionante
dio respuesta al auto de pruebas proferido por la Sala de Revisión.[32]
Indicó que es el padre de Hernán, adjuntó copia del registro civil de
nacimiento del joven.[33]
Igualmente, anexó acta de conciliación en la cual se expresa que el accionante
se encuentra a cargo de la custodia y cuidados personales de su hijo.[34]
27. El actor indicó que es una persona
de escasos recursos, que no es profesional ni tiene un empleo estable, por lo
que le fue imposible acudir a un abogado para la presentación de la acción
constitucional, siendo asistido por el Ministerio Público.[35]
28. Explicó también que la razón que lo
llevó a solicitar el amparo fue la insatisfacción con el proceso de
rehabilitación del adolescente en el Instituto de Psicoterapias Villa 76.[36]
Sin embargo señaló que, luego de insistir en relación con su solicitud de
cambio de centro de rehabilitación ante la Clínica General del Norte-Convenio
Magisterio, esta accedió a lo pedido. En consecuencia, indicó: “[…] hoy mi
hijo se encuentra en el Centro Terapéutico Reencontrarse, donde ha tenido una
evolución positiva por la forma en que fue atendido desde su llegada con un
calor humano no solo por parte de los profesionales que atienden allí, sino por
todo el personal que labora en ese lugar. Hoy día mi hijo lleva más de cinco
(5) meses internado, encontrándose en la última fase de la primera etapa y su
evolución es tal que no sólo ha cumplido con el objetivo del programa, sino que
se ha convertido en un líder y modelo para los que allí se encuentran. Al
iniciar el mes de octubre entra en la segunda etapa, la cual es hospital día
por lo que está muy motivado a seguir adelante, en aras de su recuperación y
rehabilitación…”[37]
Respuesta de Mabel
29. A través de memorial, la señora Mabel,
madre de Hernán, dio respuesta al oficio remitido.[38]
Manifestó que lo expresado por el padre del adolescente en su escrito de tutela
es cierto y, por lo tanto, solicitó que se concediera el amparo deprecado,
tutelando los derechos fundamentales vulnerados.
Respuesta del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
30. La jefe de la oficina asesora
jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[39]
dio respuesta al oficio remitido.[40]
Expresó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de pruebas y
vinculación, se procedió a entrevistar al adolescente Hernán el diez (10) de
septiembre de dos mil quince (2015) en el Centro Médico Terapéutico
Reencontrarse TRC, lugar donde se encuentra internado.
31. En cuanto al tratamiento que
actualmente recibe en este último lugar, Hernán manifestó:
“[…] tengo 5 meses de estar en la
fundación Reencontrarse, recibiendo tratamiento para rehabilitación de consumo
de sustancias psicoactivas. Desde el momento en que llegué me sentí feliz, me
sentí bien por las instalaciones de la fundación y el trato de todos los que
trabajan aquí, las orientaciones, los medicamentos, la comida, todo es
excelente, son muy organizados, es la mejor fundación donde he estado, cuando
uno tiene alguna inconformidad escuchan y buscan solución.”[41]
Posteriormente, añadió: “Estoy
contento en el programa Reencontrarse, he recuperado parte de la confianza que
tenía, veo a mis papás diferentes, los siento más tranquilos”.[42]
32. De otra parte, al ser indagado por
el tiempo en que permaneció internado en el Instituto de Psicoterapias Villa
76, el adolescente relató su experiencia, la cual se transcribe en su
integridad:
“En Villa 76 duré casi dos meses,
desde que llegué allá me sentí muy mal, esperaba otra cosa diferente, algo como
esto donde estoy ahora y lo encontré inadecuado, muy desagradable, la comida la
repetían casi todos los días, el trato de los enfermeros es muy malo, querían
estar gritando a uno a cada rato, no pedían el favor, la UCI que es el cuarto
de aislamiento, tenía el baño dañado, las comidas las entregaban fuera del
horario habitual, la cama parecía de manicomio, muy feo, estábamos todos
revueltos, los que estaban pagando pena de presos, los psiquiátricos y nosotros
los fármacos. Se formaban unas peleas porque los psiquiátricos olían feo, se
querían sentar en todas las bancas, tapaban los baños, me salieron hongos en
los pies, no hacían bien el aseo, no quería estar allí, sobre todo por el
trato, me volé a los 15 días de haber ingresado, y ese mismo día me encontró
una enfermera, y me llevó otra vez con una patrulla de la policía de infancia.
Cuando llegué a Villa 76 el enfermero que me recibió, no recuerdo el nombre, me
quería dar golpes a mano limpia, me amenazaba y otro enfermero le dijo que si
me iba a pegar que me pegara en el cuerpo, no me pegara en la cara, así duraron
como una semana con esas amenazas, me decían como me des la patica ya sabes te
casco, ese día me inyectaron en la pierna, eran como las 2 de la tarde y
desperté al día siguiente como a las 3 y media en el UCI donde duré como 3
semanas, desperté con mucho dolor de cabeza, a mi papá no le avisaron nada de
eso, se enteró porque yo mismo le dije ya que tenía unas llagas o ampollas en
los pies y no me querían curar. Yo ingresé el 15 de octubre de 2014, la primera
vez que me volé fue el 28 de octubre y me volé otra vez el día 7 de diciembre.
El día 7 de diciembre de 2014 una compañera se montó al techo para evadirse,
como vio que nadie la seguía se devolvió, cuando estaba bajando un enfermero la
hala por la pierna y pelada cae de cabeza en la escalera desmayada, no me
acuerdo cuantos jóvenes estábamos ahí, pero al ver eso reaccionamos y nos
fuimos corriendo a coger a la pelada, la íbamos a llevar a la enfermería y yo
le pegué un puño en la cara al enfermero y él se encerró arriba en el segundo
piso, entonces los que estábamos ahí cerca nos fuimos para la puerta por donde
entran las visitas y tumbamos la puerta y nos fuimos 17 jóvenes, ya estábamos
aburridos de tanto maltrato, me fui para la casa de un compañero, de allí se
comunicaron con mi mamá y ella se comunicó con mi papá. Me fue a recoger el día
siguiente en las horas de la mañana.”[43]
33. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar señaló que los hechos denunciados por el accionante tienen especial
relevancia al considerar que el afectado es un adolescente que se encuentra en
situación de vulnerabilidad, debido a sus circunstancias económicas y de salud.
Refirió a los contenidos de las leyes 1566 de 2012 y 100 de 1993, en relación
con el principio de atención integral que rige en materia de prestación de
servicios de salud. Adujo que la atención integral de salud precisa del
cumplimiento de estándares mínimos de calidad en las distintas etapas,
necesarios para la recuperación del paciente.
34. De igual forma, hizo referencia a
las condiciones de atención del Instituto de Psicoterapias Villa 76. Estableció
que, de acuerdo a su objeto misional, esta es una clínica “[…] especializada
en la prestación de servicios integrales de promoción, prevención y atención en
el área de salud mental; con énfasis en la atención de urgencias psiquiátricas,
prevención del suicidio e intervención en crisis emocionales.”,[44]
razón por la cual debe prestar servicio de atención integral a pacientes que
tienen condiciones de vulnerabilidad específicas, siendo en este sentido
sujetos de especial protección constitucional.
Indicó también que, de acuerdo al relato
narrado por el adolescente, existen múltiples problemáticas en este centro de
salud, relacionadas con: (i) violencia física recurrente por parte de los
funcionarios; (ii) violencia psicológica por parte de los funcionarios; (iii)
hacinamiento; (iv) falta de condiciones habitacionales mínimas, como aseo y separación
de internos de acuerdo con su perfil; (v) falta de comunicación de pacientes
que no han alcanzado la mayoría de edad con sus padres y familiares; (vi)
retención ilegal, debido a traslados sin que se cuenten con garantías mínimas a
los pacientes y sin notificación a sus padres.[45]
35. En vista de todo lo anterior, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “[…] considera necesario realizar
una verificación de las condiciones de atención de dicho centro, con el fin de
constatar si estas situaciones hacen parte del trato diario que obtienen los
pacientes en el lugar, y que, no sólo implicaría una vulneración a sus derechos
fundamentales […] sino que impediría que puedan gozar de una atención y
rehabilitación integral.”[46]
En consecuencia, señaló que procederá a realizar las gestiones correspondientes
para verificar el estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
internados en la clínica Villa 76.[47]
36. Finalmente, expresó que, a juicio de
la entidad, los derechos de Hernán se encuentran restablecidos, toda vez que el
mismo se encuentra en una institución que le brinda atención integral.
Respuesta del Ministerio de Salud
y Protección Social
37. El director jurídico del Ministerio
de Salud y Protección Social respondió al oficio remitido por la Sala Primera
de Revisión[48]
y solicitó que, en caso que la acción de tutela prospere, se ordene a la
Clínica General del Norte-Convenio Magisterio garantizar la prestación de los
servicios de salud que el adolescente precisa, pues los mismos se encuentran
incluidos en el POS, y no se emita pronunciamiento en relación con la facultad
de recobro al FOSYGA.
38. La respuesta se refirió a las
coberturas del POS en relación con la salud mental contenidas en la Resolución
5521 de 2013. Igualmente, presentó consideraciones en torno a la elección de
IPS, de acuerdo a lo dispuesto en la Decreto 1485 de 1994, concluyendo que “[…]
la libertad de escogencia de IPS, se limita a las instituciones que ofrece la
entidad prestadora de salud con las cuales tiene contrato y dentro de esta
lista de instituciones el usuario puede escoger la IPS de su preferencia.”[49]
De igual manera, llamó la atención en
torno a que los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se
encuentran cubiertos por un régimen de excepción distinto al contemplado en la
Ley 100 de 1993, razón por la cual cuenta con instituciones, normas y
procedimientos distintos a los creados por el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
39. De forma concomitante, el Ministerio
remitió oficio a través del cual se refirió a las cuestiones por las cuales se
le indagó en el auto de pruebas.[50]
Propuso una serie de elementos que han de tenerse en cuenta para valorar el
consentimiento de los niños, niñas y adolescentes y los límites a la facultad
de los padres de decidir sobre los tratamientos a los que serán sometidos sus
hijos, dentro de los cuales se encuentran: (i) urgencia e importancia del
tratamiento para los intereses del paciente; (ii) intensidad del impacto sobre
la autonomía actual y futura del niño; y (iii) la edad del paciente.[51]
40. Finalmente, señaló que para la
decisión del caso concreto deben tomarse en cuenta: (i) la capacidad del
paciente para manifestar su consentimiento o aceptar el tratamiento; (ii) la
severidad del consumo de sustancias realizado; (iii) la situación de abuso y
maltrato denunciada por el adolescente.[52]
Respuesta de la Superintendencia
Nacional de Salud
41. El asesor del despacho del
Superintendente Nacional de Salud[53]
intervino dentro del proceso de la referencia para responder al auto proferido
por la Sala Primera de Revisión y solicitar que se desvincule a la entidad del
proceso de tutela.[54]
Señaló que el joven Hernán se encuentra afiliado como beneficiario de la señora
Mabel al régimen especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al cual no le resulta aplicable el régimen establecido en la Ley
100 de 1993, pues el artículo 279 de la misma excepciona de su ámbito de
aplicación a dicho régimen.[55]
42. En cuanto a la manera en que se
realiza la inspección, vigilancia y control de las instituciones que prestan
servicios de salud a niños, niñas y adolescentes con dependencia a sustancias
sicoactivas, la Superintendencia indicó que estas “[…] son realizadas en
primera instancia por las entidades territoriales del orden departamental,
distrital y municipal, las cuales se enmarcan dentro de la gestión de acciones
de salud pública que deben realizar los prestadores de servicios habilitados
para ello…”[56]
Sin embargo, adujo que, por su parte, “[…] la Superintendencia Nacional de
Salud en el desarrollo propio de sus funciones adelanta acciones tendientes a
verificar que los actores del sistema cumplan con las normas y obligaciones
particulares asignadas por la ley. De esta manera se realiza inspección,
vigilancia y control sobre la gestión en salud pública individual y colectiva…”[57]
Respuesta de la Fundación
Saldarriaga Concha
43. El líder de incidencia[58]
de la Fundación Saldarriaga Concha intervino[59] dentro del
proceso de la referencia “[…] con el fin de proveer algunos argumentos
jurídicos sobre la relación entre la discapacidad y la farmacodependencia”[60]
Hizo referencia al concepto legal de discapacidad en nuestro país, a la
protección constitucional de las personas con discapacidad, a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley
1618 de 2013.[61]
44. Posteriormente, afirmó que incluir a
las personas en situación de dependencia a sustancias sicoactivas dentro de la
categoría de sujetos con discapacidad puede generar efectos tanto positivos
como negativos. Advirtió que la farmacodependencia guarda elementos comunes con
la discapacidad si se toman en cuenta las normas constitucionales y la
jurisprudencia de esta Corporación. Mencionó que el Comité de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que las
personas farmacodependientes pueden encajar dentro de la categoría de
discapacidad sicosocial percibida y gozar de la protección del tratado.
Finalmente, hizo referencia la forma en la que los ordenamientos jurídicos de
los Estados Unidos de América, Perú y Argentina abordan la relación entre
dependencia a sustancias sicoactivas y discapacidad.
Respuesta del Programa de Acción
por la Igualdad y la Inclusión Social-PAIIS
45. La clínica jurídica PAIIS intervino[62]
dentro del proceso para solicitar a la Corte que profiera órdenes encaminadas a
proteger los derechos fundamentales del adolescente.[63]
El concepto adujo que la situación del joven Hernán se plantea en términos de
diagnóstico de farmacodependencia, sin que se considere la manera en que el
comportamiento del adolescente se relaciona con los factores que han influido
en el desarrollo de sus habilidades de vida. En dicho sentido se afirmó que “[t]odos
los estudios médicos parecen concluir y entender que la condición de Hernán es
una enfermedad “grave” y con serias implicaciones, sin tener en consideración
el entorno en que se ha desarrollado su vida.”[64]
46. PAIIS manifestó que Hernán enfrenta
barreras en el reconocimiento de su voluntad en relación con la valoración de
su consentimiento y que “[…] las consecuencias de estas barreras pueden ser
comparadas con aquellas que enfrentan las personas con discapacidad
psicosocial.”[65]
En consecuencia, aseveró que las barreras que enfrenta el adolescente en la
interacción con su entorno en momentos de crisis y a la hora de manifestar su
voluntad y preferencias generan una discapacidad, por lo que el mismo es beneficiario
del régimen legal establecido en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.[66]
La intervención enfatizó que, al amparo
de la convención mencionada, es deber de los Estados impedir el aislamiento de
estas personas, tal como ocurre en los casos de institucionalización, sino que,
por el contrario, han de propender por su integración a la comunidad. Por ello,
estimó que el internamiento forzado del adolescente es una decisión que tiene
el efecto de reforzar la exclusión y segregación que atraviesa, por lo que
resaltó la necesidad de generar aproximaciones al caso de acuerdo a modelos de
rehabilitación basada en comunidad (RBC).
47. De igual forma, llamó la atención
sobre la falta de constancia en el expediente del consentimiento informado de Hernán
para el suministro y aplicación de los medicamentos siquiátricos prescritos por
sus médicos y para su institucionalización.[67] Afirmó que
si bien la Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, el
consentimiento sustituto de los padres es suficiente para la realización de
procedimientos médicos y tratamientos que involucran la salud de niños, también
se ha mantenido que ello no obsta para que se tome en cuenta la opinión de
estos y que en determinados casos resulte inviable proceder con el
consentimiento sustituto de los progenitores.[68]
Respuesta de la Fundación Centro
para el Reintegro y Atención del Niño-CRAN
48. La Fundación CRAN remitió oficio a
la Sala Primera de Revisión a través del cual señaló que “[…]
infortunadamente CRAN no cuenta con la experticia para conceptuar temas
relaciones con el consumo y dependencia a sustancias psicoactivas…”[69]
Respuesta del Instituto de
Psicoterapias Villa 76
49. El gerente[70]
de la entidad vinculada ofreció respuesta al oficio remitido por la Sala Primera
de Revisión.[71]
Indicó que el adolescente Hernán “[…] fue un paciente ansioso e inquieto que
manifestaba no querer estar en el tratamiento y mucho menos hospitalizado.”[72]
Afirmó que los sicoterapeutas del centro buscaron orientarlo para que de manera
voluntaria recibiera el tratamiento de rehabilitación y que no es una práctica
de la institución maltratar de ninguna manera a sus pacientes. Así mismo,
aseveró que como “[c]onsecuencia del incidente del 7 de diciembre, nuestra
política para recibir un paciente es que éste se hospitalice y quiera recibir
su tratamiento de rehabilitación voluntariamente.”[73]
50. En cuanto al contexto en el cual
aconteció la fuga de pacientes, adujo que:
“En nuestras instalaciones, en un
salón que llamamos Andalucía, dada la fecha significativa como es el 7 de
diciembre, se realizó una actividad lúdica-recreativa por nuestra Trabajadora
Social, actividad en la que los pacientes manifestaron su complacencia y
agradecimiento. Una vez finalizada la actividad tipo 5 pm, se dirigieron al
sitio donde se recrean individualmente y estando allí, se reunieron con el fin
de planear y escaparse. Regresan al salón Andalucía y Hernán y sus compañeros
(13), unos agreden al personal de enfermería y otros le dan golpes (patadas) a
la puerta de salida a la calle hasta derribarla y conseguir su objetivo que era
la fuga. Se llamó la atención a la policía marcando el 123 y nunca
respondieron. Se procedió a llamar a los padres de cada uno de ellos para
ponerle en conocimiento de lo acontecido. Internamente se hizo la investigación
con los compañeros que quedaron dentro de la institución. Ellos manifestaron
que los que se fugaron querían participar en las festividades del 7 de
diciembre.”[74]
Respuesta de las demás entidades
oficiadas
51. La Clínica General del
Norte-Convenio Magisterio, Pares en Acción-Reacción contra la Exclusión Social
–PARCES– y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
–IDIPRON– guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
52. La Sala es
competente para revisar el fallo de tutela referido, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34
del Decreto 2591 de 1991.
Planteamiento del caso y
problemas jurídicos
53. Rafael,
actuando en calidad de representante legal de su hijo, Hernán, interpuso acción
de tutela contra la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, por
considerar vulnerados los derechos de este último a la vida, la salud, la
dignidad humana y de los adolescentes.
54. De acuerdo
el acervo documental contenido en el expediente, el adolescente fue
diagnosticado con farmacodependencia, debido al consumo de múltiples sustancias
sicoactivas,[75]
así como con trastornos mentales y del comportamiento asociados a esta
situación.[76]
Su siquiatra prescribió la internación de Hernán en un centro de rehabilitación
para tratamiento del consumo de sustancias sicoactivas por un periodo de
trescientos sesenta y cinco (365) días. Por su parte, la Clínica General del
Norte habría emitido múltiples autorizaciones para servicios de rehabilitación
e internación del joven.
Reposa en el
expediente consentimiento informado prestado por el accionante, en calidad de
padre del adolescente, para su internamiento el Instituto de Psicoterapias
Villa 76, sin que se cuente con registro escrito en torno a la opinión del
titular de los derechos sobre el tratamiento que se le ha suministrado.
El tratamiento
administrado al adolescente en la entidad de salud mencionada se interrumpió
luego de que el mismo huyó del sitio junto con otros pacientes. Hernán se niega
a volver a dicho lugar, por haber sido objeto de malos tratos por parte de
miembros del personal. Por su parte, el Instituto de Psicoterapias Villa 76 se
rehúsa a recibirlo de nuevo, debido a que el mismo habría desconocido las
normas establecimiento.
55. De la
situación expuesta se desprenden los siguientes problemas jurídicos:
56. ¿Vulnera una
entidad que presta servicios médicos el derecho a la salud de una persona con
farmacodependencia al no autorizar su traslado a otro centro de rehabilitación,
pese a que el mismo fue solicitado debido a aparentes situaciones de maltrato
en contra del usuario?
57. ¿Vulneran
las entidades que hacen parte del sistema de salud el derecho fundamental de un
paciente de dieciséis (16) años[77]
a que se cuente con su consentimiento informado para el tratamiento de su
dependencia a sustancias sicoactivas, cuando este no ha manifestado su
aceptación para reabrir el tratamiento, ni se le ha informado debidamente sobre
el mismo?
Procedencia de
la acción de tutela
Legitimación en
la causa
58. De acuerdo
con el texto de la tutela, el señor Rafael interpuso esta acción constitucional
invocando la calidad de agente oficioso del adolescente Hernán. Sin embargo, al
analizar los documentos que reposan en el expediente, se puede concluir que el
accionante es el padre del joven, razón por la cual ostentaría su
representación legal.[78]
Lo anterior resulta patente si se tiene en cuenta que el accionante aportó
copia del registro civil de nacimiento del adolescente, en el cual figura como
padre, y que, de acuerdo con el artículo 306 del Código Civil, “La
representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres.”
Así las cosas,
la legitimación en la causa para interponer la acción de tutela no
correspondería a un caso de agencia oficiosa, sino a uno en que la acción
constitucional se interpuso por medio de representante legal. En cuanto a este
evento, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, señala
que “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante...”
59. En
consecuencia, la Sala estima que el señor Rafael tiene legitimidad e interés
para interponer la acción de tutela, al obrar como representante legal del
adolescente cuyos derechos fundamentales, al parecer, estarían siendo
conculcados.
Requisito de
subsidiariedad
60. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 86 constitucional, la acción de tutela es un mecanismo de protección
de derechos fundamentales que se encuentren vulnerados o amenazados por
autoridades públicas y, de forma excepcional, por particulares. Esta se
caracteriza por tener un procedimiento preferente y sumario, estar regida por
el principio de informalidad y tener un carácter subsidiario en relación con
otras acciones legales determinadas por la Constitución Política y la ley.
La tutela está llamada a proceder en uno
de tres supuestos: (i) cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial que
permita al accionante salvaguardar sus derechos; (ii) cuando existiendo otro
mecanismo de defensa judicial, este resulta inidóneo o ineficaz para lograr la
protección pretendida; o (iii) cuando contándose con otros mecanismos de defensa
idóneos y efectivos, se está frente a la posibilidad de sufrir un perjuicio
irremediable.[79] Es
decir que la tutela no siempre es el instrumento llamado a operar para la
salvaguarda de derechos fundamentales, siendo en este sentido un mecanismo de
protección subsidiario a otras acciones ordinarias y constitucionales.
61. En el caso
objeto de análisis, el juez de segunda instancia consideró que la acción de
tutela bajo estudio debe ser declarada improcedente, al no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, pues el accionante podía hacer uso de la facultad
jurisdiccional asignada a la Superintendencia Nacional de Salud por el artículo
41 de la Ley 1122 de 2007, “Por la cual se hacen algunas modificaciones en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones”.
62.
En cuanto a esto, debe precisarse que si bien la disponibilidad de otros medios
de defensa judicial conduciría, en principio, a que la acción constitucional se
tornase inviable, esta Corte ha indicado que no basta con la simple existencia
de cualquier otro mecanismo judicial aparentemente útil para que pueda
predicarse improcedencia de la tutela, pues se requiere, además, que estos sean
idóneos y eficaces para garantizar los derechos fundamentales que se encuentran
en juego.[80]
En
cuanto al mecanismo establecido en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, la
jurisprudencia constitucional ha señalado en múltiples ocasiones[81]
que el trámite jurisdiccional referido puede resultar ineficaz para garantizar
el derecho a la salud de las personas, en tanto el mismo carece de una
reglamentación suficiente que le permita ser considerado como un medio de
efectivo y oportuno en situaciones de extrema gravedad o urgencia.[82]
63.
A ello se suma que, en el caso bajo estudio, el titular de los derechos
fundamentales que se encuentran en juego es un adolescente que ha visto
comprometida su salud y calidad de vida debido a su dependencia de sustancias
sicoactivas, razón por la cual el mismo es un sujeto que cuenta con especial
protección constitucional. Esta Corporación ha señalado la gravedad que puede
predicarse de la farmacodependencia, como situación que afecta la salud, debido
a sus efectos en la funcionalidad tanto física como mental de la persona, lo
que se aúna a las profundas consecuencias familiares, económicas y comunitarias
que puede acarrear.[83] Igualmente, ha sido reiterativa
en señalar que en estos eventos la tutela puede ser interpuesta debido a la
necesidad de evitar que se produzca un perjuicio irremediable para el titular
de los derechos.[84]
64. En cuanto a
la procedencia de la tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en
estos eventos la sentencia de tutela otorga, en principio, un amparo
transitorio con el fin de velar por la integridad de los derechos fundamentales
amenazados. La jurisprudencia constitucional ha establecido que para que pueda
hablarse de perjuicio irremediable, este ha de ser inminente y grave,
requiriendo de “[…] medidas urgentes y de aplicación inmediata e
impostergable.”[85]
65. Toda vez que
la dependencia de sustancias sicoactivas puede acarrear graves consecuencias
tanto a nivel personal como social para Hernán y su familia, y que existe
inminencia respecto a la materialización de dicho riesgo, la Sala considera que
en este caso se cumplen con las condiciones necesarias para considerar
satisfecho el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
Carencia actual
de objeto
66. En varias
ocasiones la Corte ha señalado que en aquellos casos en los que las órdenes a
proferir por parte del juez de tutela no surtirían ningún efecto práctico en
relación con lo pedido por el accionante, se está frente a una situación de
carencia actual de objeto. Esta puede configurarse de dos maneras: de un lado
se encuentra el hecho superado, que se presenta cuando entre el momento de la
interposición de la acción constitucional y la sentencia que la resuelve se ha
satisfecho de manera íntegra la pretensión del tutelante, por lo que el amparo
pretendido ya no resulta necesario. De otro lado, se encuentra el daño
consumado, que ocurre cuando la vulneración o lesión a los derechos
fundamentales se ha materializado, sin que sea viable evitarla o hacer que
cese, siendo procedente tan solo la reparación de los perjuicios causados.[86]
67. A fin de
evaluar si en el caso concreto se ha presentado el fenómeno de carencia actual
de objeto, la Sala analizará si en relación con la situación planteada por el
accionante se ha configurado un hecho superado o un daño consumado. Ahora bien,
dicho análisis debe efectuarse en relación con cada una de las situaciones que,
en principio, han podido generar una amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales de Hernán.
En este orden de
ideas, el estudio de la carencia actual de objeto ha de llevarse a cabo en
relación con tres situaciones independientes, a saber: (i) la solicitud de
traslado del adolescente de institución de salud solicitada por el accionante
ante la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio; (ii) las alegadas
situaciones de maltrato puestas en conocimiento de la Sala de Revisión por
parte de Hernán, que habrían conllevado a la fuga de pacientes del siete (7) de
diciembre de dos mil catorce (2014); y (iii) el derecho al consentimiento
informado de este último en relación con el tratamiento para su
farmacodependencia.
68. En cuanto a
la primera situación, el accionante en el oficio remitido a
esta Corte en sede de revisión señaló que “[d]espués de haber insistido en
la EPS Clínica General del Norte Convenio Magisterio, logré que se le brindara
atención en otro centro de rehabilitación para sustancias psicoactivas y hoy mi
hijo se encuentra en el Centro Terapéutico Reencontrarse, donde ha tenido una
evolución positiva por la forma en que fue atendido desde su llegada con un
calor humano, no solo por parte de los profesionales que atienden allí, sino
por todo el personal que labora en ese lugar.”[87]
Lo anterior fue corroborado por la entrevista realizada por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar al adolescente, en la cual este declaró: “Tengo 5
meses de estar en la fundación Reencontrarse, recibiendo tratamiento para
rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas. Desde el momento en que
llegué me sentí feliz, me sentí bien por las instalaciones de la fundación y el
trato de todos los que trabajan aquí, las orientaciones, los medicamentos, la
comida, todo es excelente, son muy organizados, es la mejor fundación donde he
estado, cuando uno tiene alguna inconformidad escuchan y buscan solución.”[88]
En consecuencia, la Sala concluye que,
en relación con la solicitud de traslado del paciente a otra institución de
salud se presenta un hecho superado, pues se tiene certeza de que el
tratamiento requerido por Hernán le está siendo suministrado de manera efectiva
en otro centro médico, previa autorización de la Clínica General del
Norte-Convenio Magisterio, por lo que la pretensión del accionante se ha
satisfecho a plenitud.
69. Sin embargo,
la Sala debe referirse a la presunta situación de maltrato mencionada por el
accionante en su tutela y detallada por el adolescente en la entrevista que se
le practicó por parte de los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Sala encuentra que, aun en el evento en que se concluyera que la
misma ocurrió tal como lo relató Hernán, se habría configurado un daño
consumado, debido a que la vulneración de los derechos fundamentales a la salud
y a la dignidad humana del adolescente se habrían tornado irreversibles, pues
los hechos que dieron lugar a la afectación iusfundamental ya
ocurrieron.
70. Una
situación similar se presenta en relación con el derecho al consentimiento
informado del paciente en relación con el tratamiento para la
farmacodependencia que se le suministró en el Instituto de Psicoterapias Villa
76. A Hernán le administraron distintos tipos de medicamentos y,
posteriormente, su internación sin que, aparentemente, se le informara respecto
a las consecuencias del plan de manejo adoptado para su situación de salud. No
obstante, el mismo ya no recibe tratamiento en aquella institución, toda vez
que escapó de ella y, a la fecha, se encuentra en el Centro Médico Terapéutico
Reencontrarse TRC. En consecuencia, aun si se considera que al administrarle el
tratamiento señalado se vulneró su derecho al consentimiento informado, esta
afectación se ha tornado definitiva.
71. En
consecuencia, es forzoso concluir que en el caso bajo revisión se ha
configurado la carencia actual de objeto, por cuanto se ha constatado un hecho
superado en torno a la solicitud de traslado de centro de tratamiento y se ha
establecido un daño consumado en relación con las supuestas situaciones de
maltrato sufridas por el paciente en el Instituto de Psicoterapias Villa 76 y a
su derecho al consentimiento informado para la administración del tratamiento
para la farmacodependencia.
72. No obstante,
en el caso específico del daño consumado esta Corporación ha afirmado que:
“[…] si bien no resulta viable
emitir la orden de protección que se solicitaba en el recurso de amparo, la
Corporación en sede de revisión tiene la facultad de decretar una serie medidas
de reparación integral, en principio, no pecuniarias. En primer lugar, como
medidas de no repetición y de satisfacción, la Corte ha sostenido la necesidad
de pronunciarse de fondo en la parte motiva de la sentencia sobre la presencia
del daño consumado y sobre si existió o no la vulneración de los derechos
invocados en la demanda, lo cual incluye, en el caso del juez de segunda
instancia y de la Corte Constitucional, la revisión de los fallos precedentes
para señalar si el amparo ha debido ser concedido o negado. De igual manera,
este Tribunal ha advertido a la autoridad demandada para que en ningún caso
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder
la tutela. También, la Corte ha compulsado copias del expediente a las
autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados
cuya acción u omisión causó el mencionado daño. Ésta Colegiatura ha considerado
que dada la naturaleza preventiva de la acción de tutela no es posible, en
principio, ordenar indemnizaciones de carácter económico, a modo de
compensación por los perjuicios causados. No obstante, la Corte ha señalado que
es obligación del juez de tutela informar al actor o a sus familiares sobre las
acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para la reparación del
daño, y en casos de graves vulneración de derechos fundamentales, ha condenado
en abstracto, en los términos del artículo 25 del decreto 2591 de 1991.
Las anteriores medidas encuentran su fundamento en las obligaciones de este
Tribunal, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de guardar la
integridad y supremacía de la Constitución, de desarrollar el derecho a la
verdad, entendido como la garantía a saber para no olvidar y así abstenerse de
repetir y de velar por la protección de los derechos fundamentales. Así pues,
la Corte no puede permanecer indiferente cuando evidencia la trasgresión de
estos últimos, ya que su inactividad significaría avalar la misma.”[89]
Así las cosas, la Sala considera
que es preciso efectuar un pronunciamiento de fondo en torno a los supuestos
hechos de maltrato ocurridos en el Instituto de Psicoterapias Villa 76 y al
derecho al consentimiento informado del adolescente Hernán. Para ello se presentarán
consideraciones referidas a la garantía del derecho a la salud de las personas
con farmacodependencia y se analizará si en relación con los dos asuntos
mencionados se presentaron afectaciones a derechos fundamentales.
La garantía del derecho a la salud
de las personas con farmacodependencia
Normas constitucionales
73. Las personas con
farmacodependencia y sus familias gozan de especial protección jurídica de
acuerdo a varias disposiciones constitucionales. De una parte, el inciso
tercero del artículo 13 de la Constitución Nacional consagra un mandato de
especial cuidado en favor de las personas que se encuentren en situación de
debilidad manifiesta debido a circunstancias de carácter económico, físico o
mental.[90]
Este mandato se ve reforzado por el artículo 47 Superior, el cual ordena a las
distintas autoridades del Estado tomar medidas para velar por el bienestar y la
autonomía de las personas en situación de discapacidad.
De la misma manera, debe
considerarse el Acto Legislativo 02 de 2009, “Por el cual se reforma el
artículo 49 de
la Constitución Política”,[91] que introdujo una modificación destinada
a definir la manera en la que el Estado ha de afrontar el consumo de sustancias
que generan dependencia. La norma proscribe el uso, porte y consumo de
sustancias sicotrópicas y sicoactivas si no se cuenta con prescripción médica.
Igualmente, ordena la puesta en marcha de medidas administrativas, pedagógicas,
profilácticas y terapéuticas con fines preventivos y rehabilitadores para
atender las necesidades de las personas farmacodependientes. En consonancia con
lo anterior, declara que el sometimiento a dichas medidas precisa del
consentimiento informado de la persona que, junto con su familia, goza de
especial respaldo por parte de las entidades del Estado.
Jurisprudencia constitucional
74. Son varias las sentencias en
las que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, se ha referido
a los derechos de las personas con dependencia a sustancias sicoactivas,
haciendo especial énfasis en su derecho a recibir atención integral en salud,
incluyendo las providencias T-094 de 2011,[92] T-497 de
2012,[93]
T-796 de 2012,[94]
T-578 de 2013,[95]
T-949 de 2013,[96]
T-124 de 2014,[97]
T-141 de 2014,[98]
T-153 de 2014[99]
y T-043 de 2015.[100]
De las decisiones judiciales precitadas se derivan un conjunto de cánones que
han de servir de guía a efectos de garantizar el derecho a la salud de las
personas con farmacodependencia.
La prestación de servicios de
salud para tratar la farmacodependencia
75. (i) La salud es un derecho fundamental que debe
ser garantizado de forma integral a las personas farmacodependientes; (ii) la
farmacodependencia es una situación que tiene la potencialidad de afectar la
autodeterminación y autonomía del consumidor, así como su salud y su entorno
familiar y social, razón por la cual debe ser tratada como un problema de salud
pública; (iii) toda vez que la dependencia de sustancias sicoactivas puede
afectar la salud y la vida en condiciones dignas del consumidor, las entidades
del sistema general en seguridad social en salud no pueden negarse a prestar
los servicios necesarios para lograr el restablecimiento de su bienestar físico
y mental; (iv) el tratamiento para la dependencia a sustancias sicoactivas
precisa del acompañamiento de un equipo interdisciplinario de profesionales,
así como de las entidades del sistema de salud, la familia y el Estado; (v) los
tratamientos para la farmacodependencia pueden requerir servicios tanto
incluidos como excluidos del POS, sin que ello sea obstáculo para que se provea
atención efectiva al consumidor; (vi) que un servicio o medicamento no se
encuentre incluido en el POS no faculta a las EPS para denegarlo, pues debe
determinarse en cada caso si el usuario lo requiere para la garantía de su
derecho a la salud; (vii) en principio, el derecho de los afiliados a la libre
escogencia del lugar de tratamiento se encuentra circunscrito a las IPS con las
que la respectiva EPS tenga convenio, sin embargo existen circunstancias en las
cuales este derecho se extiende más allá de las entidades que conforman la red
de servicios.
El manejo de la farmacodependencia como una
situación que compromete la salud mental
76. (i) Toda vez que la farmacodependencia puede
tener efectos negativos en la salud mental de las personas, las reglas
aplicables para la prestación de servicios para la garantía de la salud mental
aplican también para el tratamiento de la dependencia a sustancias sicoactivas;
(ii) en materia de salud mental, el servicio médico debe ser el más adecuado
para la situación del paciente; (iii) si un procedimiento es necesario, no
puede estar condicionado al pago de sumas de dinero, a menos que exista
capacidad de pago; (iv) la atención en salud mental no puede estar limitada a
un determinado número de días, meses o atenciones por año, pues pueden
presentarse recaídas o momentos de crisis; (v) si el tratamiento para la
farmacodependencia requiere de internación en una unidad mental, esta no puede
hacerse de manera indefinida, debido a que debe propenderse por la integración
del sujeto a la comunidad.
El derecho al consentimiento
informado de las personas con farmacodependencia
77. (i) Las medidas de
tratamiento y rehabilitación de las personas farmacodependientes precisan del
consentimiento previo, libre e informado del consumidor, con el fin de
garantizar sus derechos del libre desarrollo de la personalidad, a la libertad
individual, a la dignidad humana y a la integridad personal; (ii) si bien el
consentimiento informado del paciente farmacodependiente puede ser difícil de
obtener, en aquellos momentos en que la persona se encuentre lúcida la
persuasión del médico tratante se torna especialmente importante para que el
paciente comprenda las ventajas y riesgos de aceptar o no un determinado tratamiento;
(iii) pueden presentarse situaciones (riesgo de muerte) en las cuales el
consentimiento informado ceda ante principios de la práctica médica, como el de
beneficencia o utilidad, lo que debe definirse caso por caso; (iv) no obstante,
el consentimiento sustituto tiene un carácter marcadamente excepcional en
materia de tratamiento de la farmacodependencia; (v) el consentimiento
informado del paciente farmacodependiente implica que las entidades de salud
informen al paciente de manera detallada el plan de manejo que se adoptará, la
forma en que se realizará el tratamiento, las terapias y demás procedimientos
conexos.
A continuación, es preciso
abordar la legislación relativa a los derechos de las personas con
farmacodependencia.
Legislación
sobre la garantía de derechos de las personas con farmacodependencia
78. La Ley 1566
de 2012, “Por la cual se dictan normas
para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias
psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la prevención
del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”.”,
consagra normas encaminadas a velar por la atención integral de las personas
farmacodependientes. Señala que el abuso y la dependencia a sustancias
sicoactivas son un asunto de salud pública, al afectar el bienestar individual,
familiar y social.[101]
Declara el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir
atención integral por parte de las entidades que hacen parte del sistema de
salud, al paso que dispone la inclusión de medicamentos y tratamientos
necesarios para esta situación en el POS.[102]
De igual forma,
consagra el derecho al consentimiento informado de los pacientes
farmacodependientes, lo cual demanda que estos cuenten con información completa
en relación con el tipo de tratamiento a recibir, los riesgos y ventajas del
mismo, tratamientos alternativos disponibles, su eficacia, duración y
restricciones, los derechos que le asisten durante la atención en salud y demás
asuntos relevantes.[103]
79. Es preciso también mencionar
la Ley 1616 de 2013, “Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental
y se dictan otras disposiciones”, en la cual se incorporaron normas
encaminadas a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de
servicios de salud mental. Aquella reconoce que la salud mental es un derecho
fundamental que se define “[…] como un estado dinámico que se expresa en la
vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que
permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos
emocionales, cogniti­vos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para
trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la
comunidad.”[104]
Para la protección de este
derecho, la ley establece en su artículo 6 varias garantías en favor de los
pacientes, las cuales se consideran indispensables a efectos de recibir
atención integral para los quebrantos de salud que puedan presentarse, en
consonancia con el principio de la dignidad humana.[105]
Se refiere a las distintas
modalidades de atención en salud mental, dentro de las cuales se incluye el
centro de atención en drogadicción y servicios de farmacodependencia.[106]
También se contempla la integración escolar para niños, niñas y adolescentes
con quebrantos de salud mental,[107]
así como un mandato para los entes territoriales y las entidades
administradoras del sistema de salud de “[…] disponer de servicios
integrales en salud mental con modalidades específicas de atención para niños,
niñas y adolescentes garantizando la atención oportuna, suficiente, continua,
pertinente y de fácil accesibilidad a los servicios de promoción, prevención,
detección temprana, diagnóstico, intervención, cuidado y rehabilitación
psicosocial en salud mental…”[108]
Finalmente, cabe resaltar las
labores de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de
Salud sobre las entidades que prestan servicios de salud mental y centros de
atención a la drogadicción.[109]
La institucionalización de niños,
niñas y adolescentes
80. La institucionalización de
niños, niñas y adolescentes por motivos de salud y cuidado personal es una
medida que si bien tiene propósitos de protección, se encuentra sometida a
estrictos controles con el fin de velar por su interés superior y derechos fundamentales.[110]
La institucionalización puede verse acompañada de importantes consecuencias
negativas para la persona sometida a ella, lo que impone el deber de considerar
cualquier alternativa menos lesiva para lograr el fin pretendido.[111]
81. Debe mencionarse la
Observación General Número 9 del Comité de los Derechos del Niño, referida a
los derechos de los niños con discapacidad, que advirtió sobre los riesgos que
produce la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, pues esta
medida implica su separación de sus padres y familiares.[112]
El Comité sostuvo que la institucionalización debe ser aplicada por los Estados
como último recurso, en atención a los principios de necesidad y del interés
superior, al tiempo que manifestó su preocupación por la falta de atención que
se otorga a los niños y niñas a la hora de determinar las medidas de protección
que deben dictarse en su favor.[113]
Por ello, precisó la necesidad de revisar de forma periódica la ubicación que
se hubiere hecho del niño.[114]
El Comité señaló que la
institucionalización aumenta el riesgo que tienen los niños de sufrir abuso
físico y emocional de diversos tipos, por lo que la misma solo debe intentarse
en aquellas situaciones en las que no exista ninguna otra alternativa para
garantizar su interés superior. Por demás, se encuentra prohibido justificar
dicha medida en circunstancias como la discapacidad de niños, niñas o
adolescentes, de sus padres, o en la escasez de recursos del núcleo familiar.[115]
82. De lo anterior se deriva que
la institucionalización está regida por dos parámetros estrictos: el principio
de necesidad y el interés superior del niño. Solo cuando se satisfagan estos
dos requisitos puede procederse a una ubicación que signifique su
institucionalización, pues esta implica la separación del niño, niña o
adolescente de su núcleo familiar y comunidad, lo cual sin duda puede conllevar
a traumatismos en su desarrollo integral. Por ello, entra en tensión con el
derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, a
disfrutar de la vida en comunidad y a la libertad personal.[116]
Una vez abordado este punto, se
procederá a resolver el caso concreto.
Caso concreto
83. Hernán, quien al momento de
la interposición de la tutela tenía dieciséis (16) años de edad,[117]
fue diagnosticado con dependencia a sustancias sicoactivas, y trastornos
mentales y de comportamiento asociados al consumo.[118]
En consecuencia, le fue prescrito tratamiento consistente en internación en
centro de rehabilitación para el consumo de sustancias sicoactivas por un
periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días.[119]
El adolescente, de acuerdo a los
documentos que obran en el expediente, había estado institucionalizado con
anterioridad a los hechos que dieron lugar a esta acción de tutela.[120]
Posteriormente, recibió varias autorizaciones por parte de la Clínica General
del Norte-Convenio Magisterio para su internamiento en el Instituto de
Psicoterapias Villa 76; lugar donde estuvo recibiendo tratamiento hasta el
siete (7) de diciembre de dos mil catorce (2014), cuando escapó con ocasión de
una fuga de pacientes.[121]
De acuerdo a lo señalado por el
accionante, Hernán se niega a ser ingresado nuevamente al Instituto de
Psicoterapias Villa 76, pues alega haber sido objeto de malos tratos mientras
estuvo allí.[122]
Por su parte, la entidad vinculada se rehúsa a recibir de nuevo al joven,
argumentando que el mismo incumplió el reglamento del centro de tratamiento al
incurrir en conductas agresivas en contra de algunos enfermeros.[123]
Por ello, el actor solicita que se ordene a la Clínica General del
Norte-Convenio Magisterio autorizar que el tratamiento de su hijo se realice en
otra institución.
84. Para empezar, la Sala
considera necesario referirse a los hechos de supuesto maltrato denunciados por
Hernán en la entrevista practicada por los funcionarios del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
El Instituto de Psicoterapias
Villa 76 vulneró los derechos a la salud y a la dignidad humana del adolescente
Hernán
85. De acuerdo a lo relatado por
el adolescente, en el Instituto de Psicoterapias Villa 76 se presentarían
situaciones que rompen no solo con cualquier modelo legal de atención en salud,
sino con el principio mismo de la dignidad humana.[124]
86. Según lo señalado por Hernán,
al interior de este centro de rehabilitación ocurrirían episodios de violencia
en contra de pacientes y se amenazaría de forma recurrente a estos con el uso
de la fuerza física en su contra. Así mismo, sería una práctica común tratar a
los usuarios a los gritos y no se separaría a las personas que allí se
encuentran de acuerdo con su perfil, por lo que permanecerían juntas personas
con farmacodependencia, en situación de discapacidad y aquellos que cumplen
sanciones por infracciones que la ley castiga.
El adolescente relató que se le
sedó por un periodo de tiempo considerable con un medicamento que,
posteriormente, le produjo fuertes dolores de cabeza, debido a que trató de
huir del establecimiento. Además, expresó que se le confinó en un espacio
(UCI), que este describe como un cuarto de aislamiento.
También indicó que el
funcionamiento del lugar tendría serias dificultades en cuanto al estado de la
planta física y el suministro de servicios como la alimentación y el aseo, que
habrían dado lugar a problemas de salud de los pacientes como, en el caso de Hernán,
la presencia de hongos y llagas en los pies.
En vista de todo lo anterior y,
con ocasión de un evento en el cual una usuaria habría resultado lesionada, el
adolescente y varios de sus compañeros decidieron huir del lugar por la fuerza.
87. Por su parte, el Instituto de
Psicoterapias Villa 76 adujo que en la institución no se maltrata a los
pacientes, que se cuenta con cámaras en el lugar y que el personal sabe que si
incurren en situaciones de abuso serán retirados del servicio. De la misma
manera, señaló que la fuga de pacientes del siete (7) de diciembre de dos mil
catorce (2014) habría ocurrido debido a la iniciativa de un grupo de internos
que tenía como objetivo el participar de las festividades de esta fecha, razón
por la cual, decidieron darse a la fuga.[125]
88. Al cotejar la versión
ofrecida por el adolescente Hernán sobre los sucesos que ocurrieron en el
Instituto de Psicoterapias Villa 76, con las del gerente de este centro de
tratamiento, se tiene que las mismas resultan contrarias entre sí, razón por la
cual no es posible afirmar con certeza que, efectivamente, se hubiesen
presentado situaciones de maltrato al interior de dicho establecimiento pues,
adicionalmente, no existe evidencia suficiente al respecto.
La entidad vinculada se le pidió
en el auto de pruebas proferido por esta Sala de Revisión el día tres (3) de
septiembre de dos mil quince (2015) que informara “[…] si en relación con
los hechos que dieron lugar a la fuga de pacientes de la institución de salud
ocurrida el siete (7) de diciembre de dos mil catorce (2014) se inició alguna
investigación, así como los hallazgos encontrados en caso de que la misma
hubiere tenido lugar y que anexe la documentación referida a aquella.
Especialmente, se pide a la entidad de salud que indique si se investigó los
alegados malos tratos en contra del adolescente Hernán…”,[126]
en la respuesta remitida por aquella solo se señala que “[i]nternamente se
hizo la investigación con los compañeros que quedaron dentro de la institución.
Ellos manifestaron que los que se fugaron querían participar de las
festividades del 7 de diciembre.”[127]
89. En cuanto a los hechos de
esto, es propicio reiterar las guías básicas de acción para el tratamiento de
adicciones incorporadas en la sentencia T-043 de 2015 (M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio), las cuales incluyen: (i) perspectiva de derechos humanos;[128]
(ii) consentimiento libre de informado;[129] (iii)
disponibilidad y accesibilidad;[130]
(iv) valoración y acompañamiento multidisciplinario;[131]
e (v) integración antes que aislamiento.[132]
Así las cosas, pese a no contarse
con evidencia suficiente para determinar si en efecto Hernán y los demás
pacientes del Instituto de Psicoterapias Villa 76 fueron objeto de maltrato por
parte del personal de este centro de tratamiento, la Sala considera necesario
que se proceda a verificar las condiciones de funcionamiento de esta
institución, con el fin de establecer la veracidad de las declaraciones del
adolescente y velar por la garantía de los derechos fundamentales de las
personas que allí se encuentran.
A continuación, se abordará el
derecho al consentimiento informado del paciente para el tratamiento contra la
farmacodependencia.
El tratamiento contra la
farmacodependencia de Hernán precisa de su consentimiento informado
90. Dentro de los documentos que
reposan en el expediente no se encuentra constancia escrita del consentimiento
informado prestado por Hernán para recibir tratamiento para su dependencia a
sustancias sicoactivas.[133]
91. El consentimiento informado
del paciente es un requisito que, por regla general, resulta necesario para el
tratamiento de la farmacodependencia, según lo establece el Acto Legislativo 02
de 2009, modificatorio del artículo 49 de la Constitución, que declara que “[c]on
fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos
administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las
personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas
medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto”
(subrayas propias).
92. El derecho de la persona con
farmacodependencia a que se cuente con su consentimiento informado para
administrar tratamientos de salud también encuentra consagración en el artículo
4 de la Ley 1566 de 2012, de acuerdo con el cual “[p]ara realizar el proceso
de atención integral será necesario que el servicio de atención integral al
consumidor de sustancias psicoactivas o el servicio de farmacodependencia haya
informado a la persona sobre el tipo de tratamiento ofrecido por la
institución, incluyendo los riesgos y beneficios de este tipo de atención, las
alternativas de otros tratamientos, la eficacia del tratamiento ofrecido, la
duración del tratamiento, las restricciones establecidas durante el proceso de
atención, los derechos del paciente y toda aquella información relevante para
la persona, su familia o red de apoyo social o institucional. La persona podrá
revocar en cualquier momento su consentimiento.”, y en el numeral 13 del
artículo 6 de la Ley 1616 de 2013, que incorpora el derecho de toda persona en
el ámbito de salud mental a “[…] exigir que sea tenido en cuenta el
consentimiento informado para recibir el tratamiento.”
93. Así las cosas, no existe duda
de que los usuarios de servicios de salud mental y, específicamente, aquellos
que reciben tratamiento para la farmacodependencia tienen derecho a prestar o
rehusar su consentimiento informado en relación con el tratamiento prescrito
para su situación de salud, pues de lo contrario se estarían desconociendo sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, la integridad personal y al libre
desarrollo de la personalidad.[134]
94. Lo anterior resulta todavía
más claro en aquellos eventos en los que el tratamiento para la dependencia a
sustancias sicoactivas se lleva a cabo a través de la internación del paciente,
pues esta es una medida que, si bien pretende facilitar el restablecimiento de
la salud de las personas con farmacodependencia, se ve aparejada de importantes
limitaciones a los derechos fundamentales a la libertad personal y a la vida en
comunidad.[135]
Por ello, puede considerarse altamente restrictiva, precisando para su
aplicación del consentimiento previo, libre e informado de la persona sobre la
cual recae, pues como lo ha afirmado esta Corte en varias ocasiones: existe un
deber de obtener la “[…] aceptación expresa e informada del paciente en
todos los casos en que se pretenda adelantar un procedimiento médico de
carácter invasivo.”[136]
Igualmente, la Sala no pasa por
alto que la institucionalización de niños, niñas y adolescentes se encuentra
sometida a estrictos controles constitucionales, razón por la cual la misma
será procedente solo en aquellos casos en los que se satisfagan los principios
constitucionales de necesidad e interés superior del niño.[137]
En relación con este último estándar, la Sala recuerda que el interés superior
debe determinarse de acuerdo a las circunstancias particulares, individuales y
contextuales del niño y su familia, con base en la evidencia científica
disponible.[138]
95. Ahora bien, podría pensarse
que en el caso concreto el derecho del joven Hernán a que se cuente con su
consentimiento informado para el tratamiento contra la farmacodependencia puede
satisfacerse por medio del consentimiento sustituto otorgado por su padre,
debido a que el titular de los derechos en juego no ha alcanzado la mayoría de
edad, por lo que, al tener menos de dieciocho (18) años, la decisión de
someterse al tratamiento prescrito por su médico puede ser tomada por su
representante legal.
96. La Sala no desconoce que el
consentimiento informado en casos que involucran la salud de niños, niñas y
adolescentes tiene particularidades que hacen improcedente emplear allí, sin
consideraciones adicionales, las reglas atinentes al derecho al consentimiento
informado aplicables a personas mayores de edad, precisamente debido a que, en
relación con aquellos, es necesario velar por la prevalencia de su interés
superior, lo que, en principio, autorizaría que bienes jurídicos como la salud
o integridad física puedan ser garantizados incluso en contra de la voluntad de
su titular.[139]
97. En varias ocasiones la Corte
Constitucional se ha referido al alcance del consentimiento informado de niños,
niñas y adolescentes en relación con procedimientos de salud. Se ha
pronunciado, por ejemplo, en torno a eventos como transfusiones de sangre en
contra de la voluntad del paciente,[140]
intervenciones quirúrgicas en personas intersexuales,[141]
procedimientos de reasignación y reafirmación sexuales,[142]
esterilización en personas en situación de discapacidad,[143]
entre otros.
98. Al respecto ha sostenido que “[e]n
el caso de procedimientos médicos en menores de edad se presenta una tensión
entre el principio de autonomía y el principio de beneficencia, toda vez que
los niños también son seres independientes y titulares de derechos, pero a la
vez no cuentan con un desarrollo racional suficiente para tomar decisiones
sobre su propia existencia”,[144]
lo cual ha dado pie a que se afirme que “[…] por regla general, son sus
padres los responsables de expresar su consentimiento, sin embargo cuando
tengan la madurez suficiente debe prevalecer la voluntad informada de los niños
y niñas.”[145]
99. No obstante, la Corte también
ha señalado que la regla según la cual cuando un determinado tratamiento médico
recae sobre un niño, niña o adolescente, el consentimiento informado
corresponde a los padres, no tiene un carácter absoluto, pues las personas que
no han alcanzado la edad de dieciocho (18) años pueden tomar decisiones sobre
su salud de acuerdo a su nivel de desarrollo.[146]
100. La Corte ha dicho que para
definir el alcance del derecho al consentimiento sustituto de los padres y, en
consecuencia, del consentimiento informado de los niños, niñas y adolescentes
en materia de procedimientos de salud, es necesario efectuar una ponderación
entre el principio de beneficencia, de acuerdo con el cual debe preservarse el
bienestar del paciente, y el principio de autonomía, según el cual corresponde
a este definir de forma libre e independiente si ha de someterse a un
determinado tratamiento. Para ello, en cada caso corresponde al juez
constitucional apreciar de forma holística todas las circunstancias relevantes
a efectos de determinar si el paciente se encuentra en condiciones de otorgar o
rehusar directamente su consentimiento en torno a un servicio de salud.[147]
101. En cuanto a esto, en la
sentencia SU-337 de 1999 (MP. Hernán Martínez Caballero) se fijaron tres
parámetros guía para determinar la forma en que han de balancearse los
principios constitucionales señalados, en torno al consentimiento informado
sobre procedimientos médicos que involucran niños, niñas y adolescentes, a
saber: (i) la urgencia e importancia del tratamiento para los derechos
fundamentales del paciente, (ii) los riesgos e impacto del tratamiento sobre su
autonomía, tanto presente como futura; (iii) su edad.[148]
Por su parte, el concepto remitido en sede de revisión por el Ministerio de
Salud y Protección Social invita a la Corte a tomar en consideración estos
mismos criterios a efectos de definir la capacidad de Hernán para consentir el
plan de manejo que se le ofrece para su salud.[149]
102. Tomando en cuenta las
consideraciones, la Sala estima que son varios los factores que deben evaluarse
a fin de establecer si la decisión respecto a someterse al tratamiento contra
la farmacodependencia formulado por su siquiatra correspondía al joven Hernán
o, en su defecto, a su padre, el señor Rafael.
103. En primer lugar, la Sala
toma en cuenta que, de acuerdo a la información que consta en el expediente, Hernán
tenía dieciséis (16) años de edad al momento en que se interpuso la acción de
tutela y, para cuando en que se decide esta acción constitucional, el mismo
contaría con diecisiete (17) años, estando tan solo a meses de convertirse en
mayor de edad, hecho que ocurrirá el dos (2) de enero de dos mil dieciséis
(2016).[150]
Por lo tanto, puede inferirse de
manera razonable que se halla en una etapa avanzada de su proceso de
desarrollo, próximo a adquirir plena capacidad jurídica, lo que le permitiría
tomar decisiones informadas respecto a la gran mayoría de los asuntos
correspondientes a su salud, pues tendría con suficiente desarrollo cognitivo
para entender el alcance y consecuencia de sus actos, y formar una opinión
autónoma en relación con los mismos.
La posición del adolescente en
relación con el tratamiento médico en cuestión debe analizarse desde el
principio de reconocimiento progresivo de la autonomía personal de los niños,
las niñas y los adolescentes antes mencionado, y del derecho fundamental de los
niños a ser escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, consagrados
en los artículos 21.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño[151]
y 7.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.[152]
104. Por otro lado, también
podría pensarse que la posibilidad que tiene el adolescente de formarse un
juicio propio, razonable e informado en relación con su tratamiento se
encuentra limitada por su dependencia a sustancias sicoactivas y los “trastornos
bipolares y del comportamiento” que le fueron diagnosticados.[153]
En cuanto a este punto, la Sala estima pertinente señalar que la farmacodependencia,
si bien es una situación que puede comprometer la salud mental, no
necesariamente se traduce en una pérdida absoluta de las capacidades
cognoscitiva y volitiva del sujeto. Si este fuera el caso, no habría razón para
que se exigiera contar con el consentimiento informado del consumidor para su
tratamiento, como lo ha hecho de manera reiterada la jurisprudencia
constitucional, y lo hacen el artículo 49 Superior y las leyes 1566 de 2012 y
1616 de 2013.
La incapacidad de la persona con
dependencia a sustancias sicoactivas para formarse un juicio propio, razonable
e informado que le permita tomar decisiones sobre su propia salud es un asunto
que no puede presumirse, sino que, en cada caso, debe acreditarse. Es por ello
que esta Corporación ha señalado que si bien la obtención del consentimiento
informado de personas farmacodependientes presenta retos especiales, debido a
la posibilidad de estados alterados de conciencia del consumidor, ello no
elimina dicha posibilidad sino que, por el contrario, exige que el personal
médico haga uso de la persuasión para darle a entender al paciente los riesgos
y ventajas de acceder o no al tratamiento.[154]
En el asunto objeto de revisión,
la Sala encuentra que no se ha acreditado que Hernán esté imposibilitado por su
situación de salud para construir un juicio propio y manifestar su voluntad en
relación con el tratamiento médico prescrito para su farmacodependencia. En
consecuencia, esta no es una circunstancia que pueda traducirse en una
restricción al derecho al consentimiento informado del adolescente.
105. Adicionalmente, se enfatiza
que en materia de tratamiento para la farmacodependencia, la voluntad del
paciente juega un papel especialmente relevante, pues es a través de su
determinación que pueden alcanzarse el objetivo pretendido: eliminar la
dependencia a las sustancias sicoactivas.[155]
106. En síntesis, la Sala
encuentra que: (i) Hernán se encuentra a tan solo meses de alcanzar la mayoría
de edad; (ii) no se ha probado que esté en incapacidad de formarse una opinión
propia, libre e informada respecto a su situación de salud, ni mucho menos que
no comprenda el alcance y efectos de sus decisiones.
107. De acuerdo con esto, se
concluye que debe garantizarse a Hernán el derecho a que se cuente con su
consentimiento libre, previo e informado en cualquier procedimiento médico que
se adelante para responder a su dependencia a sustancias sicoactivas.
108. Ahora bien, al contrastar
esta situación con la forma en que se gestionó la atención médica del joven Hernán,
la Sala concluye que las instituciones del sistema de salud y, en especial, el
Instituto de Psicoterapias Villa 76, lesionaron el derecho al consentimiento
informado del adolescente, en tanto procedieron a administrarle un tratamiento
que involucró el suministro de medicamentos sin que se le informara
adecuadamente el tipo de tratamiento que se llevaría a cabo y las consecuencias
que el mismo tendría para su cuerpo.
Al adolescente, por lo tanto, le
asistía el derecho de ser informado en relación con el plan de manejo que
habría de adoptarse para tratar su farmacodependencia, por ser este un
procedimiento que tiene consecuencias en relación con el goce efectivo de sus
derechos fundamentales y, de forma específica, en relación con su cuerpo e
integridad física.
109. Ahora bien, no puede pasarse
por alto que de los oficios remitidos en sede de revisión por el señor Rafael y
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se sigue que, actualmente, Hernán
se encuentra recibiendo tratamiento en el Centro Médico Reencontrarse TRC. En
torno a esta situación, solo se conoce que tanto el accionante como el
adolescente se muestran satisfechos con el tipo de tratamiento que este último
se encuentra recibiendo en dicha institución.[156]
Así las cosas, la Sala estima
que, en atención a que Hernán se encuentra recibiendo atención para su
dependencia a sustancias sicoactivas en un centro de tratamiento distinto al
inicial, es necesario que se verifique que, en este nuevo lugar, se esté
garantizando el derecho al consentimiento informado del adolescente.
110. Por demás, la Sala toma de
lo sugerido por la clínica jurídica PAIIS, la cual plantea que con el fin de
garantizar el derecho al consentimiento informado del adolescente es preciso
proveer los apoyos que sean necesarios para la toma de las decisiones que
involucran su salud.[157]
La entidad interviniente sugiere que se establezcan los ajustes necesarios, que
en los términos de los artículos 2 y 5 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad deben ser razonables, para hacer efectivo el
derecho de Hernán al consentimiento informado.[158]
Así las cosas, la Sala considera
que el adolescente ha de contar con acompañamiento de sus seres queridos, en
especial de sus padres, con el fin de asistirlo en su decisión, de tal manera
que el mismo reciba el apoyo que requiere para determinar el curso de acción a
seguir.
111. En cuanto a este último
punto, los conceptos de las entidades especializadas allegados al expediente
plantean una discusión acerca de si al peticionario debe dársele el tratamiento
de una persona con discapacidad o, en términos más amplios, si las personas con
farmacodependencia enfrentan una discapacidad. La Sala considera que resultaría
aventurado que el juez constitucional asuma una de las dos posiciones. Sin
embargo, es claro que la sociedad impone barreras a las personas que enfrentan
una dependencia de esta naturaleza y que, por ese motivo, se encuentran en una
situación análoga a la que persigue erradicar el enfoque social de la
discapacidad. En consecuencia, estima que en este caso pueden utilizarse las
normas del derecho nacional e internacional diseñadas para la protección de los
derechos de las personas con discapacidad.
Órdenes a impartir
112. Pese a la existencia de un
hecho superado en cuanto a la solicitud de traslado solicitada por el
accionante, la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio que debe
continuar con la prestación de los servicios requeridos por Hernán hasta tanto
restablezca de forma completa su salud.
113. De otra parte, es necesario
que se investiguen las situaciones de maltrato físico, verbal y sicológico
puestas en conocimiento de esta Sala de Revisión por Hernán, con la finalidad
de ofrecer satisfacción al adolescente por la vulneración de sus derechos
fundamentales, de velar por la protección de los demás pacientes que se
encuentran internados en el Instituto de Psicoterapias Villa 76 y de procurar
la no repetición de la situación acontecida. Por ello, han de ordenarse
acciones concretas para verificar las condiciones en las que opera el centro de
rehabilitación.
Al ser preguntada por la manera
en que se realiza la inspección, vigilancia y control de las instituciones que
prestan servicios a niños, niñas y adolescentes con farmacodependencia, la
Superintendencia de Salud indicó que esta función recae, en primera instancia,
en los entes territoriales del municipales, distritales y departamentales.[159]
No obstante, afirmó que en el marco de sus competencias legales, la
Superintendencia Nacional de Salud realiza acciones para verificar que los
actores del sistema (entidades territoriales, entidades responsables del pago e
instituciones prestadoras de servicios de salud) cumplan con las normas y
obligaciones incorporadas en la ley.[160]
Por su parte, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, en el oficio remitido a esta Sala de Revisión
afirmó que “[…] con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1098 del 2006,
procederá a realizar las gestiones correspondientes a fin de verificar el
estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes internados en la
Clínica Villa 76.”[161]
De esta manera, se ordenará al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Superintendencia Nacional de
Salud que, en el marco de sus competencias legales, realicen las gestiones
necesarias para inspeccionar de manera presencial el Instituto de Psicoterapias
Villa 76, a fin de verificar la forma como opera dicho centro de
rehabilitación, así como las presuntas situaciones de maltrato denunciadas por
el adolescente Hernán. En caso de encontrar que el Instituto de Psicoterapias
Villa 76 incumplió con sus deberes legales y reglamentarios, las entidades
deberán proceder a implementar los correctivos del caso en la forma que
corresponda. Para el cumplimiento de esta orden, las entidades mencionadas
podrán solicitar la colaboración de cualquier otra entidad estatal que
requieran.
114. Finalmente, en relación con
el derecho al consentimiento informado del paciente, la Sala encuentra que Hernán
ya no está internado en el Instituto de Psicoterapias Villa 76, pues recibe
tratamiento para su farmacodependencia en el Centro Médico Terapéutico
Reencontrarse TRC. En este orden de ideas, y buscando prevenir que se lesione
de nuevo el derecho al consentimiento informado del adolescente, se ordenará al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, en el marco de sus
competenciales legales, realice las gestiones necesarias para garantizar que en
esta nueva institución al paciente se le garantice este derecho en relación con
el plan de manejo formulado para atender su situación de salud. En el marco de
dicha labor, el ICBF deberá verificar que Hernán cuente con los apoyos
necesarios para ejercer de manera efectiva esta prerrogativa y, además,
constatará que se observen los derechos consagrados en el artículo 6 de la Ley
1616 de 2013.
115. En vista de lo anterior, la
Sala revocará la sentencia proferida el veintinueve (29)
de diciembre de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Quinto
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, que denegó
la acción de tutela interpuesta por Rafael en representación de su hijo Hernán,
la cual fue confirmada el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015)
por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla. En su lugar, se declarará la carencia actual de objeto en
relación con las vulneraciones de derechos fundamentales que se presentaron en
contra del adolescente Hernán.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- DECLARAR
la
carencia actual de objeto en relación con las vulneraciones de derechos
fundamentales que se presentaron en contra del adolescente Hernán. En
consecuencia se dispone REVOCAR las
sentencias proferidas el veintinueve (29) de diciembre de dos mil
catorce (2014) por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Barranquilla, que denegó la acción de tutela interpuesta por
Rafael en representación de su hijo Hernán, y del veintisiete (27) de marzo de
dos mil quince (2015) por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla, que confirmó la anterior.
Segundo.- ORDENAR al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, en el marco de sus
competenciales legales, realice las gestiones necesarias para constatar que en
el Centro Médico Terapéutico TRC se le garantice a Hernán su derecho al
consentimiento informado, en relación con el plan de manejo formulado para su
situación de salud. En el marco de dicha labor, el ICBF deberá verificar que el
adolescente cuente con los apoyos necesarios para ejercer de manera efectiva
este derecho y, además, verificará que se observen los derechos consagrados en
el artículo 6 de la Ley 1616 de 2013.
Tercero.- ORDENAR al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Superintendencia Nacional de
Salud que, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, realicen
las gestiones necesarias para realizar de manera presencial una inspección al
Instituto de Psicoterapias Villa 76, con el fin de determinar la veracidad de
las situaciones de presunto maltrato de que al parecer son objeto las personas
internas en dicha institución. Igualmente, deberán verificar que las
condiciones de funcionamiento de dicho centro de rehabilitación se ajusten a
los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos aplicables. En caso de
encontrar que el Instituto de Psicoterapias Villa 76 incumplió con sus deberes
legales o reglamentarios, las entidades deberán velar porque se implementen los
correctivos del caso, en la forma que corresponda. Para el cumplimiento de esta
orden, las entidades mencionadas podrán solicitar la colaboración de cualquier
otra entidad estatal que se requiera.
Cuarto.- La
Clínica General del Norte-Convenio Magisterio deberá continuar
con la prestación de los servicios requeridos por Hernán hasta tanto
restablezca de forma completa su salud.
Quinto.- COMUNICAR el
contenido de esta decisión a la Personería Distrital de Barranquilla.
Sexto.- Por
la Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que alude el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MYRIAM ÁVILA ROLDAN
Magistrada (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] En las decisiones de la Corte
Constitucional, la
reserva de los nombres se ha efectuado cuando la solicitud de amparo comprende
aspectos íntimos de la persona, que pueden generar el deterioro innecesario de
la imagen frente a sí mismo o ante la sociedad.  Por ejemplo, algunos eventos
en los que la Corporación ha protegido el derecho a la intimidad de los sujetos
implicados en trámites de tutela, a través de la supresión de los datos que
puedan permitir su identificación, implican escenarios de protección de
derechos de la familia, los niños y las niñas, y los adolescentes; de personas
intersexuales o con ambigüedad genital; de personas que conviven con VIH/SIDA o
enfermedades catastróficas, u otras afectaciones del estado de salud; de
personas LGBT, y de personas que han estado vinculadas en investigaciones de
naturaleza penal. En este caso, la Sala estima necesario cubrir con reserva los
nombres de los integrantes del núcleo familiar cuya situación se ventila, con
el fin de velar por la protección de la intimidad de un menor de dieciocho (18)
años.
[2] La
Sala de Selección Número Ocho estuvo conformada por la Magistrada (e) Myriam
Ávila Roldán y el Magistrado Mauricio González Cuervo.
[3] De
acuerdo a los documentos aportados en sede de revisión por el accionante en
sede de revisión, Hernán nació el dos (2) de enero de mil novecientos noventa y
ocho (1998), razón por la cual para el momento en que se profiere esta
sentencia el mismo contaría con diecisiete (17) años de edad, estando a tan
solo unos meses de convertirse en adulto. Cuaderno de revisión, folio 29.
[4]
Folio 7. En adelante, siempre que se haga referencia a un folio, se entenderá
que hace parte del cuaderno principal, salvo que se haga indicación en
contrario.
[5] Folio
1.
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
[8] Ibíd.
[9]
Folio 32.
[10]
Folio 14.
[11] Allí
se indica como diagnóstico del paciente “[…] DX DE FARMACODEPENDENCIA, HISTORIA
DE CONSUMO DE SUSTANCIAS DESDE HACE DOS AÑOS; MARIHUANA, COCAINA, ALCOHOL,
BENZODIACEPINAS, EL AÑO PASADO ESTUVO SIETE MESES EN UN PROCESO DE
REHABILITACIÓN, NO LO FINALIZÓ DEBIDO A QUE SU PADRE PIDIÓ QUE EL TRATAMIENTO
FUESE AMBULATORIO. ACTUALMENTE NO ESTUDIA, NO TRABAJA…” Folio
8.
[12]
Folio 9.
[13]
Ibíd.
[14]
Folio 13.
[15] Folio
7.
[16] Ibíd.
[17]
Folio 17.
[18]
Folio 22.
[19]
Folios 18 al 20.
[20]
Folios 29 y 30.
[21]
Folio 16.
[22]
Folio 15.
[23]
Folio 21.
[24]
Doctor Pedro Ricaurte Ortíz.
[25]
Folio 39.
[26]
Ibíd.
[27] Folios
40 al 52.
[28]
Folio 52.
[29]
Folio 56.
[30] Cuaderno
2, folios 4 al 7.
[31] Cuaderno de
revisión, folios 10 al 12.
[32] Cuaderno de
revisión, folios
25 al 44.
[33] Cuaderno
de revisión, folio 29.
[34] Acta de
conciliación Nº 25 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Centro Zonal
Engativá-Equipo Protección del veintisiete (27) de junio de dos mil catorce
(2014). Cuaderno
de revisión, folio 39.
[35] La Personería
Distrital de Barranquilla Coadyuvó la acción constitucional. Folio 4. Cuaderno
de revisión, folio 25.
[36] Cuaderno de
revisión, folio 26.
[37] Ibíd.
[38] Cuaderno de
revisión, folios 45 al 47.
[39] Doctora
Luz Karime Fernández Castillo.
[40] Cuaderno
de revisión, folios 48 al 53.
[41] Cuaderno
de revisión, folio 48.
[42] Cuaderno de
revisión, folio 49.
[43] Cuaderno de
revisión, folios 48 y 49.
[44] Cuaderno
de revisión, folio 50. Descripción tomada de la página web de la institución.
http://clinicavilla76.com
[45] Cuaderno
de revisión, folio 50.
[46] Cuaderno de
revisión, folio 50.
[47] Ibíd.
[48] Cuaderno
de revisión, folios 54 al 60.
[49] Cuaderno de
revisión, folio 57.
[50] Cuaderno de
revisión, folios 61 al 63.
[51] M. P. Hernán
Martínez Caballero.
[52] Cuaderno
de revisión, folio 63.
[53] Doctor Diego
Germán Escobar Alarcón.
[54] Cuadernos
de revisión, folios 64 al 85.
[55] Por
ello, indicó que “[e]n criterio de esta oficina, tanto la red prestadora de
servicios de salud encargada de garantizar la prestación de servicios de salud
a los afiliados del régimen especial o de excepción del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, como la Fiduciaria la Previsora, entidad
encargada de administrar y velar porque los recursos destinados a la salud de
los maestros y sus beneficiarios cumplan con su finalidad, son las entidades
que deben garantizar el derecho a la salud de toda la población afiliada a
dicho régimen…” Cuaderno de revisión, folio 65.
[56] Cuaderno de
revisión, folio 72.
[57] Ibíd.
[58] Doctor
Lucas Correa Montoya.
[59] Cuaderno de
revisión, folio 86 al 105.
[60] Cuaderno
de revisión, folio 86.
[61] “Por
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”
[62] Cuaderno
de revisión, folios 106 al 130.
[63] Las
solicitudes de PAIIS consisten en: “1. Que se ordene a la Clínica General del
Norte Convenio Magisterio, y al Instituto de Psicoterapias Villa 76, que a
través de sus equipos interdisciplinarios realicen una valoración de apoyos que
requiere el joven Hernán y a partir de esa valoración se establezca un plan de
tratamiento con su consentimiento libre e informado, buscando desarrollar su
vida en comunidad y su inclusión social. || 2. Que se ordene a la Secretaría de
Salud de Barranquilla, que adopte las medidas necesarias para garantizar el
derecho a la salud del joven, supervisando la atención con el fin de que sea en
su consentimiento informado. || 3. Que inste el Ministerio de Salud y a la
gobernación del Atlántico a implementar de forma expedita las disposiciones de
la Ley 1616 de 2013 para desarrollar esquemas de promoción de la salud
comunitaria a nivel territorial e impulsen un plan nacional y departamental de
desinstitucionalización psiquiátrica en línea con los mandatos de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. || 4. Que inste al
Ministerio de Justicia, en el marco de la obligación que le corresponde a la
luz del artículo 21 de la Ley 1618, a desarrollar una reglamentación que permita
a las personas con discapacidad el uso de directivas anticipadas como parte de
la toma de decisiones con apoyo.” Cuaderno de revisión, folios 127 y 128.
[64] Cuaderno
de revisión, folio 112.
[65] Cuaderno de
revisión, folio 114.
[66] Cuaderno de
revisión, folio 115.
[67] Cuaderno de
revisión, folio 119
[68] Cuaderno de
revisión, folio 124.
[69] Cuaderno de
revisión, folios 131 al 132
[70] Doctor
Pedro Ricaurte Ortiz.
[71] Cuaderno de
revisión, folios 149 al 150.
[72] Cuaderno
de revisión, folio 150.
[73] Ibíd.
[74] Cuaderno de
revisión, folio 149.
[75]
Folio 8.
[76]
Folio 9.
[77] De
acuerdo a los documentos aportados en sede de revisión por el accionante en
sede de revisión, Hernán nació el dos (2) de enero de mil novecientos noventa y
ocho (1998), razón por la cual para el momento en que se profiere esta
sentencia el mismo contaría con diecisiete (17) años de edad, estando a tan solo
unos meses de convertirse en adulto. Cuaderno de revisión, folio 29.
[78] Ibíd.
[79]
Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamente la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política.”, art. 6; sentencias T-618 de 1999,
M. P. Álvaro Tafur Galvis, y T-177 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[80] Determinar
la idoneidad de los demás mecanismos “[…] supone
que, el otro medio de defensa judicial debe ser evaluado en
concreto, es decir, teniendo en cuenta su eficacia en las circunstancias
específicas que se invoquen en la demanda de tutela. Por tal razón, el juez de
la causa, debe establecer si ese mecanismo permite brindar una solución “clara,
definitiva y precisa” a los acontecimientos que se ponen
en consideración en el debate constitucional y su aptitud para proteger los
derechos invocados. En consecuencia, “el otro medio de defensa judicial
existente, debe, en términos cualitativos, ofrecer la misma protección que el
juez constitucional podría otorgar a través del mecanismo excepcional de la
tutela”.”
Corte Constitucional, sentencia T-764 de 2008, M. P. Jaime Araujo Rentería.
[81]
Corte Constitucional, sentencias T-930 de 2013 (M. P. Nilson Elías Pinilla
Pinilla), T-042 de 2013 (M. P. Mauricio González Cuervo), T-188 de 2013 (M. P.
Mauricio González Cuervo), T-193 de 2013 (M. P. Mauricio González Cuervo).
[82] En
cuanto a esto, la sentencia T-314 de 2015 señaló que “[a]unado a lo anterior,
la Corte ha explicado que el procedimiento de solución de controversias
contenido en la Ley 1122 de 2007 no ha sido reglamentado y dijo que en tanto
esta circunstancia se mantenga así, el mecanismo previsto en la norma no es
eficaz a la luz del artículo 2º de la Constitución, para garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes en ella consagrados.” Corte
Constitucional, sentencia T-314 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
[83] En
palabras de la Corte: “La grave afectación a la
salud, tanto física como mental, por el abuso de sustancias psicoactivas,
incluido el alcohol, ha sido tratada históricamente en forma complicada, sin
medir las graves implicaciones que trascienden del consumidor contra su
familia, la sociedad y el Estado, debido, entre otras razones, a la provocación
de situaciones colectivas de violencia, criminalidad, pobreza e impacto
negativo para la cohesión social y el desarrollo.” Sentencia T-124 de 2014, M.
P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[84]
Ibíd.
[85]
Corte Constitucional, sentencia T-1190 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[86] En
torno a este punto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que “El
fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que
la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se
presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
Por un lado, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo -verbi
gratia se ordena la práctica de la cirugía cuya realización se negaba o se
reintegra a la persona despedida sin justa causa-, razón por la cual cualquier
orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello
que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes
de que el mismo diera orden alguna. En estos casos, se debe demostrar que en
realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción
de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a
declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y
a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a
prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a
advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma
se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Por otro lado, la
carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración
o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía
evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el
resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental.”
Sentencia T-200 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
[87] Cuaderno
de revisión, folio 26.
[88] Cuaderno
de revisión, folio 48.
[89] Sentencia
T-316A de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[90] El
artículo 13 de la Constitución Política señala: “El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[91] El artículo 49 de la Constitución señala: "La
atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud. || Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo
en los términos y condiciones señalados en la ley. || Los servicios de salud se
organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación
de la comunidad. || La ley señalará los términos en los cuales la atención
básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. || Toda persona
tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.
|| El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está
prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores
la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico,
profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El
sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado
del adicto. || Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo
dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios
que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de
la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará
en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o
sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.”
[92] En
la sentencia se decidieron varios casos relativos a la prestación de servicios
de salud. Uno de estos casos se refería a la acción de tutela interpuesta por
una madre quien, actuando en representación de su hijo de veinte (20) años de
edad, que se encontraba privado de la libertad, interpuso acción de tutela
contra una EPS con el fin de que autorizara, ordenara y cubriera el tratamiento
para la adicción al consumo de sustancias sicoactivas desarrollada por aquel.
La entidad prestadora de salud se habría negado a ello bajo el argumento de que
dicho servicio no se encontraba incluido en el POS. La Corte Constitucional
tuteló los derechos del representado y ordenó a la EPS prestarle el tratamiento
requerido en un centro de tratamiento idóneo, una vez terminara de cumplir su
condena. Sentencia T-094 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[93] En
la sentencia se conocieron tres acciones de tutela interpuestas por varias
personas a las cuales distintas entidades prestadoras de servicios de salud del
régimen contributivo y subsidiado les negaron el tratamiento requerido para
superar su dependencia a sustancias sicoactivas. La Corte Constitucional en dos
de los casos decidió denegar los amparos solicitados, al considerar que los
accionantes tuvieron acceso efectivo a los servicios de salud, razón por la
cual no se presentaron vulneraciones de derechos fundamentales. Sin embargo, en
el restante concedió la tutela y ordenó que se garantizara el tratamiento, pues
consideró que el mismo era necesario para garantizar el derecho fundamental a
la salud de las personas. Sentencia T-497 de 2012, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto. S. P. V. Luis Ernesto Vargas Silva.
[94] En
la sentencia se acumularon dos procesos relativos al consumo de sustancias
sicoactivas. En el primero, se ventiló la acción de tutela interpuesta por una
madre, actuando como agente oficiosa de su hijo mayor de edad, a través de la
cual solicitó que una EPS sufragara los costos de su tratamiento contra la
farmacodependencia, consistente en su internamiento en un centro de
rehabilitación. Por su parte, la EPS adujo que no había negado tratamientos
incluidos en el POS, por lo cual el amparo debía declararse improcedente. En el
segundo, se conoció una acción de tutela interpuesta por un hombre en calidad
de agente oficioso de su hermano de cincuenta y seis (56) años de edad, el cual
fue internado por su familia en un centro de rehabilitación para tratar los
efectos de su dependencia al alcohol. Debido a que la familia no podía
continuar cubriendo los costos del tratamiento, solicitaron a su EPS asumir los
mismos, a lo que esta se negó, argumentando que el tratamiento no se encontraba
incluido en el POS y que el médico que lo prescribió no hacía parte de la
entidad. La Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales vulnerados y
ordenó a las respectivas entidades prestadoras de salud garantizar los servicios
médicos necesarios. Sentencia T-796 de 2012, M. P. María
Victoria Calle Correa.
[95] La
sentencia decidió el caso de un hombre quien, obrando como agente oficioso de
su hijo de diecinueve (19) años de edad, interpuso acción de tutela contra una
EPS. El joven habría sido diagnosticado con esquizofrenia y trastornos mentales
debido al uso de sustancias sicoactivas. Su padre solicitó a la accionada que
le otorgase un cupo en un centro de rehabilitación para que allí recibiera
tratamiento, debido a que la atención que se le estaba prestando en el hospital
siquiátrico no estaba mejorando el estado de salud de aquel, a lo cual la EPS
se negó. Si bien la Corte Constitucional consideró que la tutela se había
tornado improcedente al haberse constatado la carencia actual de objeto por
hecho superado, presentó importantes consideraciones sobre el derecho a la
salud mental de las personas farmacodependientes. Sentencia T-578
de 2013, M. P. Alberto Rojas Ríos.
[96] En la sentencia se
revisaron dos expedientes, uno de ellos correspondiente a la acción de tutela
interpuesta por un hombre en representación de su hermano, quien había
desarrollado dependencia a la heroína. Según el accionante, su pariente sufrió
lesiones graves debido a un episodio de crisis relacionado con el consumo de
sustancias, razón por la cual fue remitido a un centro médico donde se le
prestó la atención requerida. Posteriormente, se le dio de alta debido a que,
de acuerdo con el personal que lo atendía, era poco lo que podía hacerse por la
persona; opinión no compartida por la familia, la cual estimaba que requería
atención especializada. La Corte Constitucional tuteló los derechos vulnerados
y ordenó medidas tendientes a garantizar el acceso efectivo del paciente a los
servicios de salud que requería. Sentencia T-949 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[97] En la sentencia se
ventiló una acción de tutela interpuesta por un defensor de familia en
beneficio de los intereses de un adolescente, a quien una siquiatra le
prescribió medicamentos e internación en una institución de rehabilitación, con
el fin de tratar su dependencia a sustancias sicoactivas. La EPS que atendía al
joven se negó, argumentando que el tratamiento prescrito no se encontraba
comprendido dentro del POS. La Corte Constitucional protegió los derechos del
adolescente y ordenó a la EPS autorizar el tratamiento para la dependencia de
sustancias sicoactivas requerido por el adolescente. Sentencia T-124 de 2014, M. P.
Nilson Pinilla Pinilla. A. V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[98] En la sentencia se
conoció una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo en
representación de un hombre que había desarrollado dependencia a sustancias
sicoactivas y a quien le fue prescrito por parte de su siquiatra un programa de
rehabilitación. La entidad de salud responsable se rehusó a autorizar el
tratamiento debido a que el mismo se encontraba excluido del POS. Si bien la
Corte Constitucional declaró la tutela improcedente, al constatarse la carencia
actual de objeto por hecho superado, advirtió a la EPS a la cual se encontraba
afiliado el paciente que debía garantizar la atención requerida por este, tal
como lo ordenó su siquiatra. Sentencia
T-141 de 2014, M. P. Alberto Rojas Ríos.
[99] En
la sentencia se decidió una acción de tutela interpuesta por un padre, actuando
como agente oficioso de su hijo de dieciocho (18) años de edad, quien
desarrolló dependencia a sustancias sicoactivas, lo que lo ponía en riesgo de
ver afectada su salud y estabilidad personal y familiar. Por ello, su padre
decidió ingresarlo en un centro de rehabilitación, para lo cual adquirió un
crédito con el fondo de empleados de la empresa donde laboraba. Sin embargo,
debido a los altos costos del tratamiento, interpuso acción de tutela con el
fin de recibir ayuda de la EPS para sufragar los servicios de salud requeridos
por el joven. La Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales del
hijo del accionante y ordenó a la EPS que, contando con el consentimiento de
este, procediera a realizar una valoración y diagnóstico de su situación de
salud. Sentencia
T-153 de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.
[100] En
la sentencia se conoció una acción de tutela interpuesta por un personero
municipal en agencia oficiosa de una persona habitante de calle, quien había
desarrollado dependencia a sustancias sicoactivas. De acuerdo con la tutela, la
mujer requería un lugar de alojamiento que debía ser provisto por las
autoridades municipales del lugar, pese a lo cual aquellas se negaban bajo el
argumento de que su situación no se ajustaba a los supuestos contemplados en la
ley. Si bien el caso se centraba en el derecho a la vivienda digna de la
habitante de calle, también se analizó su acceso a tratamiento para la
farmacodependencia. En dicho sentido, la Corte Constitucional concedió la
tutela y ordenó a su EPS diseñar un plan de atención completo para garantizar
los derechos fundamentales de la persona en situación de vulnerabilidad. Sentencia
T-043 de 2015, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[101] El
artículo 1 de la Ley 1566 de 2012 señala: “Reconózcase que el consumo, abuso y
adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud
pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto,
el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere
atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y
las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del
Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de
Salud y Protección Social.”
[102] En relación con la
atención integral de personas farmacodependientes, el artículo 2 de la Ley 1566
de 2012 dispone: “Toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra
patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas
licitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las
Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las
instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos
trastornos. || Parágrafo 1°. La Comisión de Regulación en Salud incorporará, en
los planes de beneficios tanto de régimen contributivo como subsidiado, todas
aquellas intervenciones, procedimientos clínico-asistenciales y terapéuticos,
medicamentos y actividades que garanticen una atención integral e integrada de
las personas con trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, que
permitan la plena rehabilitación psicosocial y recuperación de la salud. || La
primera actualización del Plan de Beneficios en relación con lo establecido en
esta ley, deberá efectuarse en un término de doce (12) meses a partir de la
promulgación de la presente ley. || Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional y los
entes territoriales garantizarán las respectivas previsiones presupuestales
para el acceso a los servicios previstos en este artículo de manera progresiva,
dando prioridad a los menores de edad y a poblaciones que presenten mayor grado
de vulnerabilidad. En el año 2016 se debe garantizar el acceso a toda la
población mencionada en el inciso primero de este artículo. || Parágrafo 3°.
Podrán utilizarse recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y
Lucha contra el Crimen Organizado –Frisco– para el fortalecimiento de los
programas de prevención, mitigación, superación y desarrollo institucional,
establecidos en el marco de la Política Nacional para la reducción del consumo
de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y su impacto.”
[103] En
cuanto al consentimiento informado, el artículo 4 de la Ley 1566 de 2012
ordena: “Para realizar el proceso de atención integral será necesario que el
servicio de atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas o el
servicio de farmacodependencia haya informado a la persona sobre el tipo de
tratamiento ofrecido por la institución, incluyendo los riesgos y beneficios de
este tipo de atención, las alternativas de otros tratamientos, la eficacia del
tratamiento ofrecido, la duración del tratamiento, las restricciones
establecidas durante el proceso de atención, los derechos del paciente y toda aquella
información relevante para la persona, su familia o red de apoyo social o
institucional. La persona podrá revocar en cualquier momento su
consentimiento.”
[104] En
cuanto a la salud mental, el artículo 3 de la Ley 1616 de 2013 indica: “La
salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida
cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que
permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos
emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar,
para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. ||
La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de
Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es
un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.”
[105]
Sobre los derechos de los pacientes, el artículo 6 declara: “Además de los
Derechos consignados en la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica
Mundial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
otros instrumentos internacionales, Constitución Política, y la Ley General de
Seguridad Social en Salud son derechos de las personas en el ámbito de la Salud
Mental: || 1. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por
el equipo humano y los servicios especializados en salud mental. || 2. Derecho
a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias
relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico,
incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan,
así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de
su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social. ||
3. Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los
tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances
científicos en salud mental. || 4. Derecho a que las intervenciones sean las
menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente.
|| 5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones
necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de
cambio, bienestar y calidad de vida. || 6. Derecho a recibir psicoeducación a
nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de
autocuidado. || 7. Derecho a recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones
dispuestas por el profesional de la salud tratante, garantizando la
recuperación en la salud de la persona. || 8. Derecho a ejercer sus derechos
civiles y en caso de incapacidad que su incapacidad para ejercer estos derechos
sea determinada por un juez de conformidad con la Ley 1306 de
2009 y demás legislación vigente. || 9. Derecho a no ser discriminado o
estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención en salud mental.
||10. Derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con
sus creencias. || 11. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema
educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de su trastorno mental. ||
12. Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre con fines
terapéuticos o diagnósticos. || 13. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta
el consentimiento informado para recibir el tratamiento. ||14. Derecho a no ser
sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su
consentimiento informado. || 15. Derecho a la confidencialidad de la
información relacionada con su proceso de atención y respetar la intimidad de
otros pacientes. || 16. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad. || Este
catálogo de derechos deberá publicarse en un lugar visible y accesible de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que brindan atención en salud
mental en el territorio nacional. Y además deberá ajustarse a los términos
señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 y demás
jurisprudencia concordante.”
[106] Ley 1616 de 2014,
art. 13.
[107] En cuanto a la
integración escolar de niños con afectaciones a su salud mental el artículo 24
de la ley determina: “El Estado, la familia y la comunidad deben propender por
la integración escolar de los niños, niñas y adolescentes con trastorno mental.
|| Los Ministerios de Educación y de la Protección Social o la entidad que haga
sus veces, deben unir esfuerzos, diseñando estrategias que favorezcan la
integración al aula regular y actuando sobre factores que puedan estar
incidiendo en el desempeño escolar de los niños, niñas y adolescentes con
trastornos mentales. ||| Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación
deben adaptar los medios y condiciones de enseñanza, preparar a los educadores
según las necesidades individuales, contando con el apoyo de un equipo
interdisciplinario calificado en un centro de atención en salud cercano al
centro educativo.”
[108] El
artículo 25 de la Ley 1616 de 2013, al referirse a la atención en salud mental
para niños, niñas y adolescentes manifiesta: “Los entes territoriales, las
empresas administradoras de planes de beneficios deberán disponer de servicios
integrales en salud mental con modalidades específicas de atención para niños,
niñas y adolescentes garantizando la atención oportuna, suficiente, continua,
pertinente y de fácil accesibilidad a los servicios de promoción, prevención,
detección temprana, diagnóstico, intervención, cuidado y rehabilitación
psicosocial en salud mental en los términos previstos en la presente ley y sus
reglamentos.”
[109] Se
lee en el artículo 37 de la ley: “La inspección, vigilancia y control de la
atención integral en salud mental, estará a cargo de la Superintendencia
Nacional de Salud y de los entes territoriales a través de las Direcciones
Territoriales de Salud. || La Superintendencia Nacional de Salud y los entes
territoriales realizarán la inspección, vigilancia y control de las
instituciones prestadoras de servicios de salud mental y Centros de Atención de
Drogadicción, velando porque estas cumplan con las normas de habilitación y
acreditación establecidas por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad,
así como con la inclusión de las redes de prestación de servicios de salud
mental en su oferta de servicios y la prestación efectiva de dichos servicios
de acuerdo con las normas vigentes. || La Superintendencia Nacional de Salud
presentará un informe integral anual de gestión y resultados dirigido a las
Comisiones Séptimas Constitucionales de Senado y Cámara, a la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo sobre el ejercicio de las
funciones de inspección, vigilancia y Control en virtud de lo ordenado en la
presente ley.”
[110] En
la sentencia T-043 de 2015 se afirma: “Los eventos en los que se requiera el
internamiento deben ser el resultado de una valoración médica y psicológica
integral y exhaustiva en conjunto con la opinión del paciente. Pero aun en
estos espacios resulta clave el acompañamiento permanente no solo de un equipo
interdisciplinario de profesionales, sino de una red de apoyo social dispuesta
a acogerlo nuevamente como ciudadano pleno.” Al paso que se refleja la opinión
de expertos de la Universidad del Rosario que afirmaron en su intervención ante
la Corte que “la institucionalización prolongada en psiquiatría ha entrado en
desuso, ya que “demostró ser una herramienta de control social en la que se
presentaban frecuentes vulneraciones a los derechos de las personas y un alto
riesgo de deterioro”.” Además de señalar que “no es necesario por razones
clínicas someter a una internación a una persona que requiere estos
tratamientos, ya que la continuidad de los mismos “no depende de una
restricción a su movilización, salvo que en algún momento se requiera por
razones fundamentadas y por corto tiempo, como es el caso de una intoxicación
aguda asociada al consumo de una sustancia o por un acuerdo terapéutico por un
corto plazo en procesos de rehabilitación”.”
[111] Comité
de los Derechos del Niño, Observación General Nº 9, “Sobre los Derechos de los
Niños con Discapacidad”, párr. 47.
[112]
Según el párrafo 47 de la Observación: “[l]as instituciones también son un
entorno particular en que los niños con discapacidad son más vulnerables a los
abusos mentales, físicos, sexuales y de otro tipo, así como al descuido y al
trato negligente…” Ibíd., párr. 47.
[113] En
dicho sentido, se afirmó: “Preocupa al Comité el hecho de que a menudo no se
escucha a los niños con discapacidad en los procesos de separación y
colocación. En general, en el proceso de adopción de decisiones no se da un
peso suficiente a los niños como interlocutores, aunque la decisión que se tome
puede tener un efecto trascendental en la vida y en el futuro del niño. Por
consiguiente, el Comité recomienda que los Estados Partes continúen e
intensifiquen sus esfuerzos por tener en cuenta las opiniones de los niños con
discapacidad y faciliten su participación en todas las cuestiones que les
afectan dentro del proceso de evaluación, separación y colocación fuera del
hogar y durante el proceso de transición. El Comité insiste también en que se
escuche a los niños a lo largo de todo el proceso de adopción de la medida de
protección, antes de tomar la decisión, cuando se aplica ésta y también
ulteriormente.” Ibíd., párr. 48.
[114] La
Observación General declara: “Sea cual fuere la forma de colocación que hayan
escogido las autoridades competentes para los niños con discapacidad, es
fundamental que se efectúe una revisión periódica del tratamiento que se ofrece
al niño y de todas las circunstancias relacionadas con su colocación con objeto
de supervisar su bienestar.” Ibíd., párr. 50.
[115] Ibíd.,
párr. 47, 48 y 50.
[116] De
acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política: “Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también
de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los
tratados internacionales ratificados por Colombia. || La familia, la sociedad y
el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de
los infractores. || Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de
los demás.”
[117] Folio 1.
[118] Folio 7.
[119] Folio 105.
[120] Antes de ser
trasladado a la ciudad de Barranquilla, el adolescente habría estado en
tratamiento en el centro Sembrando Vencedores. Folio 32.
[121] Folio 1.
[122] Ibíd.
[123] Folio 39.
[124] En los folios
48 y 49 del cuaderno de revisión se consigna el relato de Hernán, el cual
transcurre así: “En Villa 76 duré casi dos meses, desde que llegué
allá me sentí muy mal, esperaba otra cosa diferente, algo como esto donde estoy
ahora y lo encontré inadecuado, muy desagradable, la comida la repetían casi
todos los días, el trato de los enfermeros es muy malo, querían estar gritando
a uno a cada rato, no pedían el favor, la UCI que es el cuarto de aislamiento,
tenía el baño dañado, las comidas las entregaban fuera del horario habitual, la
cama parecía de manicomio, muy feo, estábamos todos revueltos, los que estaban
pagando pena de presos, los psiquiátricos y nosotros los fármacos. Se formaban
unas peleas porque los psiquiátricos olían feo, se querían sentar en todas las
bancas, tapaban los baños, me salieron hongos en los pies, no hacían bien el
aseo, no quería estar allí, sobre todo por el trato, me volé a los 15 días de
haber ingresado, y ese mismo día me encontró una enfermera, y me llevó otra vez
con una patrulla de la policía de infancia. Cuando llegué a Villa 76 el
enfermero que me recibió, no recuerdo el nombre, me quería dar golpes a mano
limpia, me amenazaba y otro enfermero le dijo que si me iba a pegar que me
pegara en el cuerpo, no me pegara en la cara, así duraron como una semana con
esas amenazas, me decían como me des la patica ya sabes te casco, ese día me
inyectaron en la pierna, eran como las 2 de la tarde y desperté al día
siguiente como a las 3 y media en el UCI donde duré como 3 semanas, desperté
con mucho dolor de cabeza, a mi papá no le avisaron nada de eso, se enteró
porque yo mismo le dije ya que tenía unas llagas o ampollas en los pies y no me
querían curar. Yo ingresé el 15 de octubre de 2014, la primera vez que me volé
fue el 28 de octubre y me volé otra vez el día 7 de diciembre. El día 7 de
diciembre de 2014 una compañera se montó al techo para evadirse, como vio que
nadie la seguía se devolvió, cuando estaba bajando un enfermero la hala por la
pierna y pelada cae de cabeza en la escalera desmayada, no me acuerdo cuantos
jóvenes estábamos ahí, pero al ver eso reaccionamos y nos fuimos corriendo a
coger a la pelada, la íbamos a llevar a la enfermería y yo le pegué un puño en
la cara al enfermero y él se encerró arriba en el segundo piso, entonces los
que estábamos ahí cerca nos fuimos para la puerta por donde entran las visitas
y tumbamos la puerta y nos fuimos 17 jóvenes, ya estábamos aburridos de tanto
maltrato, me fui para la casa de un compañero, de allí se comunicaron con mi
mamá y ella se comunicó con mi papá. Me fue a recoger el día siguiente en las
horas de la mañana”.
[125] De
acuerdo con el memorial remitido por el Instituto de Psicoterapias Villa 76 en
sede de revisión: “En nuestras instalaciones, en un salón que llamamos
Andalucía, dada la fecha significativa como es el 7 de diciembre, se realizó
una actividad lúdica-recreativa por nuestra Trabajadora Social, actividad en la
que los pacientes manifestaron su complacencia y agradecimiento. Una vez
finalizada la actividad tipo 5 pm, se dirigieron al sitio donde se recrean
individualmente y estando allí, se reunieron con el fin de planear y escaparse.
Regresan al salón Andalucía y Hernán y sus compañeros (13), unos agreden al
personal de enfermería y otros le dan golpes (patadas) a la puerta de salida a
la calle hasta derribarla y conseguir su objetivo que era la fuga. Se llamó la
atención a la policía marcando el 123 y nunca respondieron. Se procedió a
llamar a los padres de cada uno de ellos para ponerle en conocimiento de lo
acontecido. Internamente se hizo la investigación con los compañeros que
quedaron dentro de la institución. Ellos manifestaron que los que se fugaron
querían participar en las festividades del 7 de diciembre.” Cuaderno de
revisión, folio 149.
[126] Cuaderno
de revisión, folio 11.
[127] Cuaderno de
revisión, folio 149.
[128] En torno a este se señaló en la
sentencia: “Los centros de salud y rehabilitación
social deben estar disponibles al adicto con la mayor flexibilidad posible,
buscando las facilidades en la localización, los horarios de ingreso, tiempos
de espera y condiciones de seguridad. La oficina de Naciones Unidas para las
drogas (UNODC) recomienda eliminar los registros oficiales de datos por cuanto
pueden ser asociados con eventuales multas y penalidades. Es igualmente
importante proveer un sistema de bajo costo, y en la medida de lo posible
gratuito, con el objetivo de incentivar el acceso para sectores de la población
especialmente marginales. || Estos centros de acogida deberían resultar
“amigables” al paciente y presentar un programa sensible a las diferencias
culturales y de género de los usuarios proveyendo, por ejemplo, asesoramiento
en educación sexual y en métodos anticonceptivos.” Sentencia T-043 de 2015, M.
P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[129] Sobre el consentimiento libre e
informado se indicó que “Para garantizar que los
pacientes/usuarios sean tratados oportunamente y acorde con sus necesidades se
recomienda una valoración inicial de urgencia para advertir las primeras
acciones que tienen que ser ejecutadas. Posteriormente, el tratamiento a seguir
debe ser trazado conjuntamente por un equipo multidisciplinario incluidos
médicos, psicólogos y trabajadores sociales, dadas las múltiples facetas e
impactos de la drogadicción no solo en el campo físico, sino mental, familiar y
social. Dicho programa de atención debe ser fijado de acuerdo con la evidencia
científica disponible.
|| Aunque no existe un marco de tiempo
definido de duración para estos tratamientos, la información vigente advierte
que para pacientes ambulatorios la participación por un periodo inferior a 90
días tiene una eficacia limitada, por lo que para obtener mejoras
significativas se sugiere un rango mayor de días.” Ibíd.
[130] En cuanto a la disponibilidad y
accesibilidad se afirmó en la providencia: “Los centros de salud y rehabilitación social deben estar
disponibles al adicto con la mayor flexibilidad posible, buscando las
facilidades en la localización, los horarios de ingreso, tiempos de espera y
condiciones de seguridad. La oficina de Naciones Unidas para las drogas (UNODC)
recomienda eliminar los registros oficiales de datos por cuanto pueden ser
asociados con eventuales multas y penalidades. Es igualmente importante proveer
un sistema de bajo costo, y en la medida de lo posible gratuito, con el objetivo
de incentivar el acceso para sectores de la población especialmente marginales. || Estos centros de acogida deberían resultar “amigables” al paciente
y presentar un programa sensible a las diferencias culturales y de género de
los usuarios proveyendo, por ejemplo, asesoramiento en educación sexual y en
métodos anticonceptivos.” Ibíd.
[131] En torno a este punto se adujo
que “Para garantizar que los
pacientes/usuarios sean tratados oportunamente y acorde con sus necesidades se
recomienda una valoración inicial de urgencia para advertir las primeras
acciones que tienen que ser ejecutadas. Posteriormente, el tratamiento a seguir
debe ser trazado conjuntamente por un equipo multidisciplinario incluidos médicos,
psicólogos y trabajadores sociales, dadas las múltiples facetas e impactos de
la drogadicción no solo en el campo físico, sino mental, familiar y social.
Dicho programa de atención debe ser fijado de acuerdo con la evidencia
científica disponible. || Aunque no existe un marco de tiempo definido de
duración para estos tratamientos, la información vigente advierte que para
pacientes ambulatorios la participación por un periodo inferior a 90 días tiene
una eficacia limitada, por lo que para obtener mejoras significativas se
sugiere un rango mayor de días.” Ibíd.
[132] Finalmente, en relación con esta
guía se señaló: “De acuerdo con el concepto rendido
por la Universidad del Rosario, la institucionalización prolongada en
psiquiatría ha entrado en desuso, ya que “demostró ser una herramienta de
control social en la que se presentaban frecuentes vulneraciones a los derechos
de las personas y un alto riesgo de deterioro”. Además, no es necesario por
razones clínicas someter a una internación a una persona que requiere estos
tratamientos, ya que la continuidad de los mismos “no depende de una
restricción a su movilización, salvo que en algún momento se requiera por
razones fundamentadas y por corto tiempo, como es el caso de una intoxicación
aguda asociada al consumo de una sustancia o por un acuerdo terapéutico por un
corto plazo en procesos de rehabilitación”. || Los eventos en los que se
requiera el internamiento deben ser el resultado de una valoración médica y
psicológica integral y exhaustiva en conjunto con la opinión del paciente. Pero
aun en estos espacios resulta clave el acompañamiento permanente no solo de un
equipo interdisciplinario de profesionales, sino de una red de apoyo social
dispuesta a acogerlo nuevamente como ciudadano pleno.” Ibíd.
[133] Folio 18.
[134] En
torno a dicho asunto, esta Corporación ha afirmado que “[…] la regla general en
materia de consentimiento libre e informado para las personas que padecen de
farmacodependencia, es que solamente le corresponde a ellas decidir de manera
autónoma si optan o no por el tratamiento que sea dispuesto por el médico
tratante, siendo excepcionalísima la posibilidad de acudir a la figura del
consentimiento sustituto, la cual únicamente procedería como quedó anotado,
cuando el paciente se encuentre en grave riesgo de muerte.” Ibíd.
[135] En
torno a esto, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad señala que “Los Estados Partes en la presente
Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las
personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las
de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el
pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión
y participación en la comunidad, asegurando en especial que: a) Las personas
con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde
y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) Las personas
con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida
la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta; c)
Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general
estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad
y tengan en cuenta sus necesidades.”
[136] Corte
constitucional, sentencia T-579 de 2013, M. P. Alberto Rojas Ríos.
[137] Sentencia T-528
de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
[138] En cuanto a la determinación del interés superior del
niño, se ha afirmado que “[…] en cada caso, deberá observar el juez constitucional: (i) las
circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad; y (ii) las normas
establecidas en el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil.
Las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el
contenido del interés superior cuentan con un margen de discrecionalidad
importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas
relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores de edad
implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés. Al mismo
tiempo, la definición de esos criterios, surgió ante la necesidad de recordar
los deberes constitucionales y legales que tienen las autoridades en relación
con la preservación del bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes,
que requieren de su protección, los cuales obligan a los jueces y funcionarios
administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y
cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de
temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma
definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses
y derechos. || La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha fijado claramente los criterios
jurídicos generales a los que debe acudirse, para determinar el interés
superior del menor y para materializar el carácter prevalente de sus derechos
fundamentales, con miras a tomar la decisión que corresponda en cada caso: || (i) Garantía del desarrollo integral del
menor. Se debe, asegurar el desarrollo armónico e integral de los
menores, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y
ético, así como la plena evolución de su personalidad. Corresponde a la
familia, la sociedad y el Estado, brindar la protección y la asistencia
necesarias para materializar el derecho de los niños a desarrollarse
integralmente, teniendo en cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones
propias de cada menor. || (ii) Garantía del pleno ejercicio de los derechos
fundamentales del menor. Los
derechos de los menores deben interpretarse siempre aplicando la norma más
favorable a sus intereses. || (iii) Protección del menor frente a riesgos prohibidos. Se debe resguardar al menor de todo tipo de abusos y
arbitrariedades, y protegerlos frente a condiciones extremas que amenacen su
desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la
prostitución, la violencia física o moral, la explotación económica o laboral,
y en general, el irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas.
|| (iv) Equilibrio entre
los derechos de los niños y los derechos de sus parientes biológicos o de
hecho, sobre la base de que prevalecen los derechos del menor. Cuando el equilibrio entre los derechos del niño y los de sus
parientes (biológicos o de hecho) se quiebre, la solución deberá ser la que
mejor satisfaga el interés superior del menor. En relación con los intereses de
los padres, estos pueden ser antepuestos a los del niño cuando ello satisfaga
su interés prevaleciente, y garantice la materialización de su interés
superior. || (v) Necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones
presentes del menor involucrado. Al
momento de adoptar una decisión respecto del bienestar del niño implicado, la
autoridad competente debe abstenerse de desmejorar las condiciones en las
cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión, según las
características del cuidado que está recibiendo o que podría recibir un menor
de edad, y a la forma en que éstas le permiten materializar plenamente sus
derechos fundamentales, independientemente de su nivel de ingresos.” Sentencia
T-580A de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo.
[139] En relación con
los límites del consentimiento sustituto, en la sentencia SU-337 de 1999 se
afirmó que “La prevalencia
del principio de autonomía, y el consecuente deber médico de obtener un
consentimiento informado, no constituyen, sin embargo, una regla de aplicación
mecánica y absoluta en todos los casos, por cuanto este deber del equipo
sanitario puede colisionar, en ciertos eventos, con otros valores que tienen
también sustento constitucional y que pueden adquirir en la situación concreta
un mayor peso normativo. Así, como es obvio, en una emergencia, y en
especial si el paciente se encuentra inconsciente o particularmente
alterado o se encuentra en grave riesgo de muerte, es natural que los médicos
actúen en función exclusiva del principio de beneficencia y adelanten los tratamientos
necesarios para salvar la existencia o la integridad física del paciente, por
cuanto es razonable presumir que la mayor parte de las personas desean
salvaguardar su vida y salud, y la espera para la obtención de un
consentimiento informado podría tener consecuencias catastróficas para el
propio paciente, cosa que no sucede en el presente asunto.
[140] Sentencia
T-474 de 1996, M. P. Fabio Morón Díaz.
[141] Sentencia
SU-337 de 1999 (M. P. Hernán Martínez Caballero), T-1390 de 2000 (M. P. Hernán
Martínez Caballero), T-1025 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), T-622 de 2014
(M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[142] Sentencia T-477
de 1995, MP. Hernán Martínez Caballero.
[143] Sentencia
T-560A de 2007 (M. P. Rodrigo Escobar Gil) y C-131 de 2014 (M. P. Mauricio
González Cuervo A. V. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Jorge Iván Palacio Palacio. S. P. V. Mauricio González Cuervo y Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[144] Corte Constitucional, sentencia T-622 de 2014, M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[145] Ibíd.
[146] En
dicho sentido se ha afirmado: “Sin embargo, la facultad que tienen
los padres de emitir un consentimiento sustituto no puede interpretarse en
términos absolutos, toda vez que los niños y niñas están capacitados para tomar
decisiones sobre su propia salud en directa proporción con su nivel de
desarrollo. Es en este punto donde adquiere importancia el derecho de los niños
hacer escuchados y a participar de las decisiones que les conciernen.” Ibíd.
[147] En
cuanto a este punto la sentencia SU-337 de 1999 menciona que “[e]n anteriores
oportunidades, la Corte precisó que estos límites derivan de una adecuada
ponderación, frente al caso concreto, de los principios en conflicto, esto es,
entre el principio de la autonomía, según el cual el paciente debe directamente
consentir el tratamiento para que éste sea constitucionalmente legítimo, y el
principio de beneficencia, según el cual el Estado y los padres deben proteger
los intereses del menor. Y para ello es necesario tomar en consideración
múltiples factores, por lo cual es muy difícil establecer reglas generales
simples y de fácil aplicación para todos los casos médicos. Con todo, la Corte
ha precisado que existen tres criterios centrales a ser considerados en
situaciones de esta naturaleza, y que son (i) la urgencia e importancia misma
del tratamiento para los intereses del menor, (ii) los riesgos y la intensidad
del impacto del tratamiento sobre la autonomía actual y futura del niño y (iii)
la edad del paciente.” Sentencia SU-337 de 199, MP. Hernán Martínez Caballero.
[148] En
torno a dichos parámetros la sentencia SU-337 de 1999 declaró que “Un análisis combinado de esos criterios permite
identificar casos extremos. Así, hay tratamientos ordinarios, esto es de poco
impacto para la autonomía del niño, realizados en infantes de poca edad y de
evidentes beneficios médicos para su salud. En estos eventos, es claro que los
padres pueden decidir por el hijo. Así, ninguna objeción constitucional se
podría hacer al padre que fuerza a un niño de pocos años a ser vacunado contra
una grave enfermedad. En efecto, a pesar de la incomodidad relativa que le
puede ocasionar al infante la vacuna, los beneficios de la misma para sus
propios intereses son evidentes. Por ello es razonable concluir que no se
vulnera la autonomía del niño, a pesar de que éste se oponga de momento a la
vacuna, por cuanto es lícito suponer que en el futuro, al llegar a la edad
adulta, el hijo reconocerá la corrección de la intervención paternal. Se
respeta entonces la autonomía con base en lo que algunos autores denominan un
“consentimiento orientado hacia el futuro”, esto es, la decisión se funda en
aquello que los hijos verán con beneplácito al ser plenamente autónomos, no
sobre aquello que ven en la actualidad con beneplácito. En cambio, en la
hipótesis contraria, no sería admisible constitucionalmente que un padre
forzara a su hijo, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, a someterse
a una intervención médica que afecta profundamente su autonomía, y que no es
urgente o necesaria en términos de salud, como una operación de cirugía
plástica por meras razones estéticas. En este caso el padre está usurpando la
autonomía de su hijo y modelando su vida, pues le está imponiendo, de manera
agobiante y permanente, unos criterios estéticos que el menor no comparte. La
decisión paterna deja entonces de tener sentido para proteger los intereses del
menor y se convierte en la imposición coactiva a los individuos de un modelo
estético contrario al que éste profesa, lo cual obviamente contradice la
autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la persona, fundamentos
esenciales de nuestro ordenamiento jurídico (CP arts. 1º, 5 y 16). Igualmente,
como ya se señaló, tampoco podría un padre, invocando sus convicciones
religiosas, rechazar para su hijo de pocos meses un tratamiento que resulta
indispensable para proteger su vida, por cuanto se estaría sacrificando al menor
en función de la libertad religiosa del padre, lo cual es contrario al deber
del Estado de proteger de manera preferente la vida, la salud y la dignidad de los niños (CP arts. 1º, 2º y 44). Ibíd.
[149] Cuaderno de
revisión, folios 62 y 63.
[150] Cuaderno de
revisión, folio 29.
[151] De
acuerdo a esta provisión “[l]os Estados Partes garantizarán al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.”
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12.1.
[152] De
acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad: “Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas
con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas
las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho.”
[153] Folio
9.
[154] “En el caso de las personas que padecen de drogadicción crónica,
sería en principio problemática la obtención del consentimiento informado, dado
que pueden encontrarse en un estado de inconciencia que sencillamente no les
permite discernir sobre la bondad de un tratamiento de rehabilitación que esté
encaminado a superar la adicción a las drogas. Sin embargo, en aquellos
momentos de lucidez cognitiva, la persuasión médica se constituye en una
herramienta fundamental para que el fármaco-dependiente comprenda las ventajas
y riesgos que implica aceptar un tratamiento médico, con el fin de que sobre la
base del libre desarrollo de la personalidad (art. 16 de la CP) y la libertad
individual (preámbulo y art. 13), decida autónomamente si continúa o no
consumiendo sustancias psicoactivas.” Sentencia T-497 de 2012, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[155] Sentencia T-043 de 2015, M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[156] Cuaderno de
revisión, folios 26 y 51.
[157] Cuaderno
de revisión, folio 125.
[158] En
cuanto a esto, el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad establece que “Por “ajustes razonables” se entenderán
las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.”
[159] En la
respuesta se señala: “Las acciones de inspección, vigilancia y control a la
calidad de la atención que prestan las instituciones dedicadas a la atención de
la farmacodependencia, corresponden en primera instancia al resorte de la
entidad territorial, las cuales incluyen: || Autocontrol de la planeación y
ejecución de intervenciones específicas dentro del componente de promoción de
la salud mental y la convivencia. Vigilancia y [contr]ol dentro del proceso de
habilitación de los prestadores de servicios de salud. || Vigilancia y control
a la calidad de la atención, a través del seguimiento regular a la prestación del
servicio de salud o a través de las peticiones, quejas o reclamos que se
presenten en relación con las instituciones que prestan servicios de atención a
la farmacodependencia. || Asistencia técnica a los prestadores. Cuaderno de
revisión, folio 72.
[160] Adicionalmente,
la Superintendencia señaló que “No obstante, la Superintendencia en el
cumplimiento de la ley de infancia y adolescencia, desarrolla auditorías, a
partir de la vigilancia regular o por control preferente, las cuales incluyen
el componente de atención a poblaciones especiales y vulnerables, buscando que
se garantice la atención preferencial a la población de niños, niñas y
adolescentes, acciones que no solamente enmarcan la vigilancia al componente de
salud mental y convivencia, sino a los demás componentes que determinan la
salud integral de los niños, niñas y adolescentes.” Cuaderno de revisión, folio
73.
[161] Cuaderno
de revisión, folio 53.