T-498-00
Sentencia T-498/00
Sentencia
T-498/00
ACCION DE TUTELA-Hecho consumado
HERMENEUTICA DE
LA IUS FUNDAMENTALIDAD-Alcance
La hermenéutica
de la ius fundamentalidad exige una actuación particular del juez que estudia
acciones de tutela, pues debe desligar criterios eminentemente formalistas y
otorgar prevalencia al derecho sustancial que involucra la situación fáctica
concreta. Por consiguiente, la interpretación de los derechos fundamentales le
reclama al juez una mayor participación en la búsqueda de la máxima efectividad
de la Constitución. Sin embargo, ello no significa que la justicia
constitucional deba ser oficiosa ni que el éxito de las pretensiones de la
tutela correspondan única y exclusivamente al juez, puesto que “es razonable
sostener que quien conoce la manera exacta
como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece
el daño o la amenaza de afectación”.
JUEZ CONSTITUCIONAL-Práctica de pruebas de oficio
El juez constitucional, como principal garante de los derechos
fundamentales, debe adelantar actuaciones mínimas y razonables para la
verificación objetiva de los hechos sometidos a su consideración. Por
consiguiente, “la práctica de pruebas para el juez constitucional no es sólo
una potestad judicial (art. 179 del Código de Procedimiento Civil y artículos
19, 21 y 32 del Decreto 2591 de 1991) sino que es un deber inherente a la
función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa juzgada, exige una
definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto planteado”.
Referencia:
expediente T-290.279
Acción de tutela instaurada por Bernabé Gómez Salazar, en
representación de su hija Nancy Catalina Gómez Gómez.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
cuatro (04) de mayo de dos mil (2000)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado 15 Civil del Circuito de
Medellín, el 3 de diciembre de 1999; dentro de la acción de tutela instaurada
por Bernabé Gómez Salazar, en representación de la menor Nancy Catalina Gómez
Gómez contra la Seccional Antioquia del Seguro Social.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
- La niña a cuyo
favor se interpone la acción de tutela es menor de edad y estuvo hospitalizada
en la Clínica León XIII del Seguro Social, por cuanto padecía de un tumor en el
cerebro.
- Según información
del padre, los médicos conceptuaron la necesidad de practicar una biopsia de
cerebro, para diagnosticar en concreto el tipo de enfermedad que sufría la
menor. Sin embargo, el accionado se negó a practicar dicho examen.
2. La Solicitud
El
accionante considera que el Seguro Social transgredió los derechos a la vida,
salud e igualdad de su menor hija. Por ello, solicita que el juez de
tutela ordene que el accionado “realice de inmediato el examen de biopsia de
que se trata y los demás procedimientos médicos a que haya lugar en forma
integral”
3. Sentencia objeto de revisión
Mediante providencia
del 3 de diciembre de 1999, el Juzgado 15 Civil del Circuito de Medellín
decidió negar la tutela de la referencia.
Después de
transcribir los artículos 48 y 49 de la Constitución el A quo, consideró
que, “sin que sea necesario de otras disquisiciones”, “la inexistencia en la
petición de la documentación base de dicha solicitud” hace improcedente la
acción de tutela.
II. PRUEBAS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
En
razón a que no estaban totalmente claros los hechos de la tutela y que se
requerían elementos probatorios indispensables para la decisión, mediante autos
del 28 de marzo y del 25 de abril de 2000, la Sala Sexta de Revisión solicitó a
los Directores de la Seccional Antioquia del Seguro Social y de la Clínica León
XIII, información sobre si la menor es beneficiaria de los servicios del
seguro, si galenos adscritos a esa entidad solicitaron la práctica de exámenes
médicos para la niña, el estado de salud y los tratamientos médicos a que ha
sido sometida la accionante.
El
14 de abril del presente año, la Sala recibió escrito del Coordinador de
Afiliación y Registro del Seguro Social, por medio del cual informa que la niña
Nancy Catalina Gómez es beneficiaria de los servicios de la EPS y que el
reporte de cotizaciones en salud figura hasta el mes de enero de 2000.
Después
del requerimiento probatorio que la Sala realizó vía fax, el Gerente de la
Clínica León XIII, informó que la menor fue hospitalizada en ese centro
hospitalario el 20 de octubre de 1999 con un diagnóstico de tumor cerebral y;
que el 28 de noviembre de 1999 fue remitida a la Clínica Cardiovascular, en
donde falleció pocos días después.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para
revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9o. de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto
2591 de 1991.
Hecho consumado
2.
El padre de una menor que sufre de un tumor en el cerebro presenta acción de
tutela contra el Seguro Social, por cuanto esa entidad se niega a “practicar
una biopsia”. Luego de algunos días de hospitalización -cerca de 15 días
después de haber interpuesto la acción de tutela-, la niña muere como
consecuencia de su enfermedad. El juez de instancia niega el amparo de los
derechos fundamentales de la menor, toda vez que el escrito de tutela no allegó
las pruebas que sustentan la petición.
3. Pues bien, en
razón a que la menor a cuyo favor se interpone la presente acción falleció bajo
la atención hospitalaria del Seguro Social, la Sala no entrará a analizar la
procedencia sustancial de la tutela y se abstendrá de conceder el amparo
solicitado, pues no sólo el numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
así lo dispone, sino que la reiterada jurisprudencia de esta Corporación[1] ha señalado que “el
supuesto del daño consumado impide el fin  primordial  de la acción de tutela,
cual es la protección inmediata de los derechos fundamentales, para evitar
precisamente los daños que dicha violación pueda generar, y no una protección
posterior a la causación de los mismos cuya protección es objeto de acción
indemnizatoria que puede reclamarse por otra vía judicial”[2]. Por consiguiente, en
aquellos casos en donde ha cesado la causa que generó el daño “ninguna utilidad
reportaría una orden judicial, aun en el caso de que la acción estuviere
llamada a prosperar, pues la misma no tendría el poder de modificar situaciones
ya superadas y protegidas por la acción de la autoridad judicial”[3].
4. No obstante lo
anterior, la Sala no puede decidir sin antes referirse a la decisión de
instancia, la cual despacha desfavorablemente las pretensiones del actor por
ausencia de pruebas en la solicitud de tutela, sin considerar que debe
analizar, frente al caso concreto, la posible vulneración de un derecho
fundamental.
Protección efectiva de los derechos fundamentales y deber del juez de
practicar pruebas
5. Una Constitución
humanista como la de 1991, no se preocupa solamente por declarar la existencia
de derechos fundamentales sino también por consagrar mecanismos tendientes a
hacerlos efectivos. De ahí que corresponde al Estado no sólo obligaciones de
abstención ni sólo de promoción sino también es su deber la protección y
garantía del disfrute efectivo de los derechos fundamentales (C.P. art. 2º).
Precisamente, un mecanismo de protección para la eficacia y efectividad de los
derechos fundamentales es la jurisdicción constitucional (C.P. arts. 4º y 43 de
la Ley 270 de 1996), quien, en primer lugar, es la llamada a interpretar y
aplicar la especial protección constitucional a este tipo de derechos.
En este orden de
ideas, la hermenéutica de la ius fundamentalidad exige una actuación
particular del juez que estudia acciones de tutela, pues debe desligar
criterios eminentemente formalistas y otorgar prevalencia al derecho sustancial
que involucra la situación fáctica concreta (C.P. art. 228). Por consiguiente,
la interpretación de los derechos fundamentales le reclama al juez una mayor
participación en la búsqueda de la máxima efectividad de la Constitución (C.P.
art. 4). Sin embargo, ello no significa que la justicia constitucional deba ser
oficiosa ni que el éxito de las pretensiones de la tutela correspondan única y
exclusivamente al juez, puesto que “es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan
los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la
amenaza de afectación”[4].
6.
De lo anterior se colige que el juez constitucional, como principal garante de
los derechos fundamentales, debe adelantar actuaciones mínimas y razonables
para la verificación objetiva de los hechos sometidos a su consideración. Por
consiguiente, tal y como esta misma Sala ya lo dijo en anterior oportunidad,
“la práctica de pruebas para el juez constitucional no es sólo una potestad
judicial (art. 179 del Código de Procedimiento Civil y artículos 19, 21 y 32
del Decreto 2591 de 1991) sino que es un deber inherente a la función judicial,
pues la decisión con fuerza de cosa juzgada, exige una definición jurídicamente
cierta, justa y sensata del asunto planteado”[5].
7. Con base en lo expuesto y en virtud de
que, en el asunto sub iudice, el juez de instancia negó el amparo porque
el actor no allegó pruebas en el escrito de tutela, pero nunca tuvo en
consideración el contenido sustancial de la acción, la prevalencia de los
derechos de los niños (C.P. art. 44) y la gravedad de los hechos descritos en
la tutela, frente a lo cual era necesario y procedente el decreto oficioso de
pruebas. Por ende, la Sala llama la atención del A quo para que, en
próximas oportunidades, no desatienda su deber constitucional de practicar
pruebas en función de la protección de los derechos fundamentales, como pilar
básico del Estado Social de Derecho.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Medellín, el 3 de diciembre
de 1999, dentro de la acción de tutela de la referencia, pero únicamente por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. LÍBRESE por Secretaría la comunicación de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias
T-452 de 1993, T-596 de 1993, T-124 de 1998, T-150 de 1998 y SU-747 de 1998.
[2] Sentencia T-138 de 1994 M.P. Fabio Morón Díaz
[3] Sentencia T-012 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[4] Sentencia T-864 de 1999 M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[5] Sentencia T-864 de 1999 M.P. Alejandro Martínez
Caballero