T-138-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-138/03
ADULTO CON RETRASO MENTAL-Protección/PRINCIPIO
DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Requisitos para que no se interrumpa
Esta Corte ha señalado que no se puede
suspender un tratamiento, es decir, que debe haber continuidad en el servicio,
si el médico tratante así lo prescribe. En efecto, como cualquier servicio público, la atención en salud debe cumplir
con una de sus principales características: la continuidad. En otras palabras,
la atención en salud no debe interrumpirse, a menos que exista una causa legal
que lo autorice. Para que se continúe con un tratamiento médico o con el
suministro de un medicamento, es necesario determinar si la suspensión de los medicamentos
viola derechos fundamentales, y para esto se deben cumplir los siguientes
requisitos: 1.Debe ser un médico tratante de la EPS quien haya determinado el
tratamiento u ordenado los medicamentos; 2. El tratamiento ya se debió haber
iniciado, o los medicamentos suministrados se aplican por determinación del
juez de tutela. Esto significa que debe haber un tratamiento médico en curso. 3.El
mismo médico tratante debe indicar que el tratamiento debe continuar o los
medicamentos deben seguir siendo suministrados para que haya efectividad. La razón por la cual los pagos al
Instituto INTECI fueron interrumpidos por parte de la accionada fueron de tipo
económico y financiero, no fueron motivos médicos, por lo cual se produjo una
interrupción en el tratamiento que se venía prestando.
EMPRESA ACERIAS PAZ DEL RIO-Con acto
jurídico creó derecho a favor de un tercero/DERECHO A LA SALUD DE ADULTO CON
RETRASO MENTAL-Conexidad con otros derechos
La atención
al accionante no deriva entonces de la ley ni del mencionado acuerdo de pagos,
sino de un acto jurídico de la entidad accionada. Habiéndose creado un derecho
a favor de un tercero, como lo es el accionante, no se ha revocado dicho acto;
es más, no se puede revocar dicho derecho sin el asentimiento de la curadora
del beneficiario, por cuanto este derecho hace relación al derecho
constitucional a la salud en conexión con el derecho a la dignidad y a la
integridad personal. Ahora bien, la situación económica de la entidad accionada
no es obstáculo para conceder la tutela porque está de por medio la protección
del derecho a la salud en conexión con los derechos fundamentales del
accionante, quien sufre de retardo mental que lo ubica dentro de la protección
especial de los artículos 13 y 47 de la Constitución. La Corte concederá la
tutela instaurada respecto del derecho a la salud en conexión con el derecho a
la vida, a la integridad personal, a la dignidad  y a la igualdad. El
mencionado beneficio de la atención en salud prestada por la sociedad accionada
no ha sido revocado por ésta, por tanto debe honrar el compromiso que adquirió
y que tuvo una causa lícita, como lo fue el trabajo del padre del accionante en
Acerías Paz del Río y el reconocimiento del beneficio. Hay que agregar que la
entidad accionada no señaló término al beneficio por lo cual debe seguirlo
cumpliendo. La precaria situación económica tanto del accionante como de su
curadora, les impiden sufragar los costos de la atención en salud, y que la
tutela es el único recurso eficaz con que cuentan en vista de la urgencia del
tratamiento y de la naturaleza del beneficio otorgado. Por otra parte, y en
virtud de la especial característica del beneficio otorgado por Acerías Paz del
Río en favor del accionante, quien es sujeto de especial protección
constitucional, como ya fue expuesto, éste no deberá someterse a ningún orden
de prelación de créditos, ya que se trata del derecho a la salud en conexidad
con el derecho a la vida digna.
Referencia: expediente T-674083
Peticionario: Beatriz Roselli de Suárez
Accionado: Acerías Paz del Río S.A.
Magistrado Ponente:
Dr.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D. C.,  veinte (20) de febrero de dos mil tres (2003).
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados doctores, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Marco
Gerardo Monroy Cabra, quien la preside,  en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
I. HECHOS
1.
La señora BEATRIZ ROSELLI DE SUÁREZ interpuso
ación de tutela en nombre y representación de su hijo BERNARDO SUÁREZ ROSSELLI,
mayor de edad, quien sufre de retraso mental profundo y síndrome convulsivo,
por considerar que la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO le está vulnerando sus
derechos a la vida y a la integridad personal.
2.
Las condiciones en mención de Bernardo Suárez
Rosselli son de orden biológico y de carácter irreversible, y por ésta razón se
encuentra interno en el Instituto Terapéutico de la Conducta, INTECI, desde el
primero de diciembre de 1978. La atención al enfermo venía siendo pagada al
Instituto directamente por Acerías Paz del Río S.A, de forma ininterrumpida
hasta abril de 2002, y a manera de complemento de la pensión de sobreviviente
que le fue reconocida desde mayo de 1973 a la señora Beatriz Rosselli de
Suárez, ya que su ya fallecido esposo fue trabajador de la sociedad demandada.
3.
El 6 de julio de 2000 fue inscrito el auto
mediante el cual la Superintendencia de Sociedades aprobó la modificación del
acuerdo concordatario de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la
Ley 500 de 1999, y se inició el trámite de reactivación empresarial o promoción
del acuerdo de reestructuración de la sociedad accionada. El 4 de septiembre de
2000 esta misma sociedad se acogió al trámite de recuperación económica
consagrada en la ley 550 de 1999.
4.
La sociedad accionada alega que fue por mera
deliberalidad que asumió el costo del sostenimiento del señor Suárez Roselli en
el Instituto INTECI desde que ingresó a éste, previa aprobación de la junta
directiva hace aproximadamente 30 años, época en que la situación económica de
la empresa era fructífera, sin que constituyera factor salarial ni personal
alguno. Explica que la aprobación de esta suma de dinero era revisada y
autorizada anualmente por la junta directiva de la correspondiente época.
Argumenta que la razón por la cual no ha realizado algunos pagos es el
encontrarse actualmente en una situación económica que está en los límites de
una liquidación por imposibilidad de atender cumplidamente sus obligaciones
económicas.
5.
La accionante considera que el pago de la
pensión de su hijo en el Instituto es un derecho adquirido y absolutamente
necesario para la vida de ambos. Por estas razones, SOLICITA que la accionada
pague el dinero de la atención en el Instituto que está pendiente de pago, y
que continúe pagándola oportunamente.
II.PRUEBAS
1.
Carta enviada por Beatriz Roselli de Suárez el
16 de julio de 2002 al presidente y demás miembros de la junta directiva de
Acerías Paz del Río en la que les solicita continuar con los pagos que han
venido haciendo al Instituto Terapéutico de la Conducta, INTECI INTEC, que es
el albergue donde está desde hace cerca de 30 años su hijo Bernardo Súarez
Roselli.f.1
2.
Copia de lo ordenado por el Juzgado 18 Civil del
Circuito de Bogotá el 16 de mayo de 1975, en cumplimiento de lo ordenado en el
proceso de interdicción de Bernardo Súarez Roselli. Consideró el juez luego de
estudiar el dictamen de pruebas y el dictamen médico, en el que se estableció
que Bernardo Súarez Roselli "mentalmente presenta un retardo total con
ausencia de ideas, sentimientos y afectos. Carece completamente de lenguaje y
no se puede dar a entender ni siquiera en forma convencional. Por lo tanto su
existencia está reducida a niveles negativos. Dicho retardo mental aún con
tratamiento no tiene ninguna mejoría pues se trata de lesiones
irreversibles." Esta enfermedad altera totalmente su estado mental normal,
lo que conduce a no poder administrar ni disponer de su patrimonio, si lo
tuviere, en forma normal. Por esta razón, el juez lo declaró interdicto
definitivamente por causa de demencia, y en consecuencia se le privó de la
administración y disposición de sus bienes, y se le defirió la curaduría a su
madre, señora Beatríz Roselli de Suárez, de conformidad con lo previsto en el
artículo 550 del C.C.f.2
3.
Certificado médico, suscrito por José Mauricio
Sarmiento, médico cirujano, y expedido el 6 de agosto de 2002, en el que consta
que Bernardo Suárez Roselly presenta retardo mental profundo y síndrome
convulsivo, condiciones éstas de origen biológico y de carácter irreversible,
razón por la cual se encuentra interno en el Instituto Terapéutico de la
Conducta, INTECI.f.10
4.
Certificado expedido por el Instituto Terapéutico
de la Conducta, INTECI, en el que consta que Bernardo Suárez Roselly ingresó al
Instituto desde diciembre 1 de 1978, cuyo valor por concepto de pensión mensual
de $680.000 venía siendo pagada normalmente hasta abril de 2002, encontrándose
a la fecha pendiente de pago los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2002,
a razón de $680.000 mensuales, por lo cual el total en mora es de
$2.272.000.f.11
5.
Resolución número 6728 por medio de la cual el
Ministerio de Educación Nacional resolvió conceder la licencia de iniciación de
labores al Instituto Terapéutico de la Conducta, INTECI, en los niveles de
educación preescolar y básica primaria para los alumnos con retardo
mental.f.12
6.
Carta enviada por Acerías Paz del Río a la
señora Beatríz Roselli de Suárez, el 29 de enero de 1974, en la que le reitera
que seguirá consignando en la cuenta corriente del señor Martín Pascual la suma
correspondiente a la pensión en el Centro de Rehabilitación Especial, del hijo
de la señora Roselli de Suárez.f.13
7.
Registro de nacimiento de Bernardo Suárez
Roselly, en el que consta que la fecha de nacimiento es el 25 de julio de
1953.f1.4
8.
Certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de la constitución por escritura
pública de la sociedad Acerías Paz del Río el 2 de octubre de 1948.f.15
9.
Respuesta de Acerías Paz del Río al oficio No
1814 del 26 de agosto de 2002, enviado por el Juez Cuarto Civil Municipal de
Bogotá. Señala el apoderado que, para dar respuesta, deberá hacer unas
precisiones de orden técnico y fáctico relacionadas con el incumplimiento del
pago de algunas de las mesadas, y que se deben a la situación que afecta al
país. Manifiesta que el incumplimiento no es deliberado ni tiene el fin de
causarle daño o perjuicio a los pensionados, ni que tampoco obedece a
negligencia por desatención administrativa. Dice que la entidad accionada había
entrado en proceso concordatario el 2 de mayo de 1995, el cual concluyó el 2 de
mayo de 2000, y que el 4 de septiembre de 2000 se acogió al trámite de
recuperación económica consagrada en la ley 550 de 1999. Aduce como hecho
notorio la recesión que sufre la economía y en especial el mercado del acero a
nivel mundial. Asegura que a la accionante se le han pagado todas las mesadas
causadas durante el pasado año 2001 y las correspondientes a lo que va corrido
del 2002, incluidas las mesadas de los meses de mayo, junio, julio, las cuales
reclama la accionante en su acción, mediante consignación a su cuenta personal,
por giro que hace la fiduciaria FIDUFI S.A. Señala que la entidad accionada
cuenta como únicos ingresos los de su actividad industrial, los cuales debe
repartir entre sus 5024 extrabajadores pensionados que están bajo las mismas
condiciones de la accionante, y sus 2698 trabajadores activos. Para efectos de
la improcedencia de la tutela, informa que adicionalmente a que la accionada no
le adeuda a la accionante las mesadas mencionadas, ésta tiene una pensión
compartida ya que recibe dinero por parte del ISS a título de pensión que
aporta a la empresa, por lo tanto no se le está vulnerando su mínimo vital.
Dice que las mesadas pensionales se han pagado en la medida de la
disponibilidad presupuestal y de la existencia de flujo de caja de la empresa,
quedando en forma pendiente las mesadas reconocidas en la audiencia de
determinación de votos y acreencias de la ley 550, celebrada el 17 de enero de
2001, en la cual el representante legal de los pensionados accedió y consintió
en que las mesadas fueran créditos para ser pagados en los términos que el
acuerdo de reestructuración indicara, sin presentar objeción alguna en su
oportunidad procesal.
Respecto a la pregunta formulada por el Juez acerca de por qué dejó
de pagar oportunamente desde hace cuatro meses a la accionante la pensión
mensual para el Instituto Terapéutico de la Conducta, INTECI, el accionado
asegura que nunca adquirió tal compromiso, ya que el pago de las mesadas
pensionales de la señora Roselli, así como las de los demás pensionados, se
realiza mediante consignación a su cuenta personal. Reitera que las mesadas de
mayo, junio y julio ya le fueron pagadas, y que la de agosto ya fue liquidada y
está pendiente, ya que éste pago se realiza mes vencido.
El 26 de marzo de 2001 la empresa suscribió un acuerdo de pagos con
la EPS del Instituto de los Seguros Sociales, en virtud del cual trabajadores
activos y pensionados obtienen el servicio de atención médica y salud
correspondiente al POS.
El 23 de agosto de 2001 suscribió la entidad un contrato de fiducia
mercantil de administración y pago de mesadas con la fiduciaria FIDUFI S.A, que
girará mediante la administración de un patrimonio autónomo  una mesada de las
causadas con posterioridad a la admisión de la empresa en la ley 550, para así
garantizar el pago de las mesadas hacia el futuro y cumplir con los gastos de
administración. Señala que el 17 de septiembre de 2001 se reanudaron los pagos
de las mesadas de conformidad al contrato de fiducia celebrado.
Señala el accionado que "Desde el 4 de septiembre de 2000 se ha
venido cancelando una mesada pensional causada y vencida, de aquellas que no se
encuentran en el acuerdo de la ley 550. Por lo tanto la empresa si está
cumpliendo con los gastos operativos. La empresa se encontraba en el
trámite de concordato preventivo, previsto en la ley 222 de 1995, el cual fue
modificado por el trámite de reactivación empresarial, con la aprobación de la
superintendencia de Sociedades, en la forma prevista en el artículo 65 de la
Ley 550 de 1999, casos en los cuales los citados estatutos legales
establecen reglas precisas para el pago de las acreencias oportunamente
recibidas en las actuaciones, conservando las garantías legales de prelación de
pago." Afirma que ha venido pagando las mesadas causadas con
posterioridad al 4 de septiembre de 2000, hecho que indica que Acerías sí
cumple con sus obligaciones legales. Además, que el accionante cuenta con otro
medio de defensa judicial como es la actual acción de grupo tramitada en el
juzgado 30 civil del circuito de Bogotá, y que fue instaurada por los
pensionados de Acerías para obtener la indemnización moratoria, compensatoria,
de salarios caídos, de daño moral, costas, y agencias en derecho por el no pago
de las mesadas pensionales incluidas en el acuerdo de la ley 550.f.36
10. Respuesta de Acerías Paz del Río al oficio No 1887 del 26 de
agosto de 2002, enviado por el Juez Cuarto Civil Municipal de Bogotá. Informa
el apoderado de la entidad que ésta concedió al señor Bernardo Suárez Roselli,
"por medio de su señor padre quien fuera empleado de la misma y teniendo
en cuenta su condición un Auxilio especial, para cubrir el costo de su
tratamiento médico." Dice que el señor Vicente Suárez, quien fuera
empleado de la empresa, fue pensionado de la empresa por cumplir los requisitos
de ley, y posteriormente a su fallecimiento le correspondió dicha pensión a su
esposa, Beatríz Roselli. Señala que su representada, en un acto de
agradecimiento con el señor Vicente Suárez, y por mera deliberalidad, asumió el
costo del sostenimiento del señor Suárez Roselli en el Instituto INTECI desde
que ingresó a éste, previa aprobación de la junta directiva hace
aproximadamente 30 años, época en que la situación económica de la empresa era
fructífera, sin que ésta beca constituya factor salarial ni personal alguno. Explica
que la mencionada beca revisada y autorizada por anualmente por la junta
directiva de la correspondiente época. Argumenta que por encontrarse
actualmente la empresa en una situación económica que está en los límites de
una liquidación por imposibilidad de atender cumplidamente sus obligaciones
económicas, y también por el hecho notorio de la recesión que sufre la economía
y en especial al mercado del acero a nivel mundial. Dice que es preciso
informar al Despacho que " Acerías Paz del Río S.A. había entrado primero
en un proceso concordatario iniciado el 2 de mayo de 1995, el cual tuvo su
conclusión apenas el 22 de junio del año 2000, mediante auto 410 proferido por
la Superintendencia de Sociedades; como es de anotar los esfuerzos por mejorar
la situación económica y financiera de la empresa nos llevaron a acogernos al
trámite de recuperación económica consagrado en la Ley 550 de 1999, al que fue
aceptado mediante oficio No 2008-1634 de septiembre de 2000. Los lineamientos
señalados en la Ley 550 de 1999, limitan el representante legal de Acerías Paz
del Río a dar cumplimiento de este tipo de privilegios otorgados a los
empleados, como ya mencionó, en épocas en que  la situación económica y legal
de la empresa así lo permitan."f.50
III.
DECISIONES JUDICIALES
a. Primera Instancia
En sentencia proferida el 5 de septiembre de 2002, el Juez Cuarto
Civil Municipal de Bogotá decidió denegar la acción de tutela incoada por
Beatríz Rosselli de Suárez en contra de Acerías Paz del Río. Consideró que
después de haber realizado el estudio de las pruebas documentales arrimadas al
plenario no encontró argumento alguno para establecer la vulneración del
derecho a la vida del hijo del accionante por parte de la entidad accionada, al
no haberse allegado prueba que indique que a Bernardo Suárez Rosselli se le
haya dejado de prestar los servicios en el Instituto Terapéutico de la
Conducta, INTECI, como que tampoco existen elementos suficientes y serios para
entrar a concluir que en caso que al hijo de la accionante se le deje de
atender en la citada institución se ponga en peligro inminente su vida o
integridad personal. Hace énfasis en que si la accionante considera que la beca
otorgada por la accionada se convirtió en un derecho adquirido por el transcurso
del tiempo, el camino a seguir no es el de la acción de tutela sino que debe
acudir a la jurisdicción laboral para que a través del proceso ordinario se
declare o reconozca tal derecho. Concluye que el accionante posee otros medios
de defensa diferentes a la acción de tutela por lo que ésta se torna
improcedente.
Impugnación
del fallo
La accionante interpuso de apelación el 17 de septiembre de 2002 en
contra del fallo proferido el 5 de septiembre de 2002 por el Juez Cuarto Civil
Municipal de Bogotá. Manifiesta que, al contrario de lo indicado por el juez,
ella anexó una certificación del INTECI en la que consta que se le deben varios
meses de la pensión que venía pagando por Acerías Paz del Río, lo que quiere
decir que dicha entidad dejó de hacer el respectivo pago y que por ende está en
mora de hacerlo. Dice que si bien es cierto que dicha certificación no dice que
ya se le dejaron de prestar los servicios a su hijo, no es menos cierto que
ésta amenaza se la han hecho a ella directa y verbalmente los directivos de la
entidad demandada en caso de que en un periodo de más o menos un mes no consiga
solucionar el asunto.
Señala que es obvio y no necesita mayor prueba el hecho de que si su
hijo le es entregado, dado de que ella no logró que la demandada continúe
haciendo el pago de la pensión, tanto su hijo como ella se verían en avocados a
una situación muy difícil que podría llevarlos a tener una vida indigna y
difícil dada su enfermedad y la edad de la madre (casi 80 años al momento de
interponer la acción de tutela).
Explica que por el retraso que sufre su hijo parece que tuviera 1
año de edad, y con frecuencia se torna agresivo e inmanejable, y sólo en la
citada institución lo han sabido manejar. Finalmente, dice haber acudido a la
tutela para proteger el derecho a la y a la integridad personal de su hijo
mientras adelanta los trámites judiciales tendientes a que la accionada sea
obligada a continuar pagando las mesadas.
b. Segunda Instancia
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia del 21
de octubre de 2002, decidió confirmar el fallo de primera instancia proferido
el 5 de septiembre de 2002 por el Juez Cuarto Civil Municipal de Bogotá. Dice
que no se puede considerar que la accionada le esté vulnerando o violando el
derecho a la vida de Bernardo Suárez Rosselli, pues el no pago de la pensión
mensual al INTECI, entidad encargada del albergue, " no constituye un
hecho generador que ponga en peligro en peligro la vida de la persona antes
citada, lo cual se dice de paso, no era obligación de la Empresa, sino que se
concedió esa beca por mera liberalidad, tal como se afirma en el escrito de los
folios 50 a 53 del expediente y además las mesadas de la señora Beatriz
Rosselli de Suárez, quien es "pensionada compartida", se las han pagado
todas del año 2001 y las del 2002." Agrega que no se puede afirmar que se
esté causando un perjuicio que ponga en peligro la vida del hijo de aquella,
porque al ser discapacitado la pensión de sustitución debe ser compartida con
su progenitora, quien es el cónyuge supérstite.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241
de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para revisar el
presente fallo de tutela.
B. Fundamentos
En el presente caso se hará referencia a la protección integral en
salud al discapacitado mayor de edad y a la continuidad en la prestación del
servicio.
a.
Protección al adulto con retraso mental
El artículo 13 de la Carta Fundamental consagra la igualdad de todas
las personas ante la ley y las autoridades, y establece que el Estado
"promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados." También
el Estado adelantará, según el artículo 47 constitucional, "una política
de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran."
El Protocolo Adicional a la Convención
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San
Salvador, señala en su artículo 9.1 que "Toda
persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o
mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y
decorosa." Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social[1]. El Protocolo también
hace referencia en su artículo 18, a la protección a los minusválidos:
"Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o
mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar
el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en
especial a: ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo,
incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser
libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso
(...)"
El cuidado y la protección de los disminuidos físicos o mentales es
una responsabilidad compartida del Estado, la familia y los particulares en
general. Al respecto, la Corte manifestó: "Frente a las personas con
limitaciones físicas o mentales existe una obligación de especial protección
por parte del Estado, familia y particulares en general, la cual se debe asumir
en virtud del principio de solidaridad ya que todas estas instituciones son
parte conformante de una colectividad[2]."
b. El derecho
a la salud en el Estado Social de Derecho[3]
y su protección integral
El Estado Social de Derecho busca que los derechos fundamentales y
la justicia social tengan una efectividad real. El derecho a la vida está
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política como el primero de los
derechos fundamentales. La salud, cuando está conexa con el derecho fundamental
a la vida, se convierte en fundamental, además de su atención es uno de los
fines  esenciales del Estado, y su atención es un servicio público a cargo de
éste[4].
Referente al derecho fundamental a la vida, en sentencia T-645 de
1998,  señaló la Corte que " Esta Corte ha sostenido que la vida humana
está consagrada en el preámbulo de la Carta de 1991, como un valor superior que
debe asegurar la organización política, pues las autoridades públicas, aún más
las de carácter de seguridad social, están instituidas para protegerla
integralmente y para garantizar el derecho constitucional fundamental a la
integridad física y mental; en concordancia con ese valor, el artículo 11 de la
C.P. consagra el derecho a la vida como el de mayor connotación jurídico
política, toda vez que se erige en el presupuesto ontológico para el goce y
ejecución de los demás derechos constitucionales, ya que cualquier
prerrogativa, facultad o poder en la sociedad es consecuencia necesaria de la
existencia humana[5]."
En cuanto al derecho a la salud, en sentencia T-723 de 1998[6] la Corte estableció que
"Dentro del Estado Social de derecho, la atención de la salud de las
personas residentes en Colombia, constituye un cometido programático de carácter
social a cargo del Estado y de los asociados, que sin duda le impone al poder
público y a los particulares la misión constitucional de establecer y crear un
sistema de seguridad social integral que atienda los derechos sociales
previstos en la Carta Política, especialmente en materia de salud, que
comprende por extensión los derechos fundamentales a la vida y a la integridad
física."
Es entonces deber del Estado brindarle a todos los colombianos
residentes en el país protección en salud, más aún cuando está en conexidad con
el derecho a la vida. En efecto, la Ley 100 numeral 3° del artículo 153 habla
de protección integral: “El sistema general de seguridad social en
salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de
educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia,
de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio
de salud”. A su vez, el literal c del artículo 156 ibídem expresa que “Todos
los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan
integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico
quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominada el plan obligatorio
de salud.” La atención integral se refiere entonces a la rehabilitación y
tratamiento de la persona enferma. "Dentro del sistema de seguridad
social en salud existen Entidades Promotoras de Salud -EPS-  y se entiende que
ellas responden por lo que el propio Estado haya establecido que se debe
cubrir. Una vez afiliado al sistema una persona, se tiene derecho a la
cobertura que éste da, no solo para el afiliado sino para sus beneficiarios
dentro de los cuales se encuentran, entre otros, los hijos menores."
c.      La continuidad en el servicio
El artículo 48 de la Constitución Política indica que la seguridad
social debe sujetarse a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad en los términos que establezca la ley. La salud es un servicio
público esencial[7]
que hace parte de la seguridad social. El artículo 365de la Constitución dice
que: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado.
Es deber del estado asegurar su prestación  eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional".
La sentencia de unificación SU-562 de 1999 se refirió de manera muy
especial al tema de la continuidad en el servicio en materia del servicio
público de salud en los siguientes términos: "En el caso colombiano, la
aplicación ineludible de los principios está basada en el artículo 2° de la C.
P. que señala como uno de los fines del estado “garantizar la efectividad de
los principios”. Luego, el principio de la continuidad en el servicio público
de salud de los trabajadores dependientes no puede ser afectado ni siquiera
cuando se incurre en mora superior a los seis meses, en el pago de los aportes,
porque la disposición que permite suspenderle el servicio a quienes estén en
esta circunstancia es una regla de organización dentro de la seguridad social
establecida en la ley 100 de 1993 que no se puede extender a la “garantía de la
seguridad social” establecida como principio mínimo fundamental en el artículo
53 de la C. P. que, para efectos de los contratos suspendidos de trabajo tiene
un argumento adicional en la ley 222 de 1995[8]."
La citada sentencia citó el artículo 104 de la ley 222 de 1995 (que
modifica el Libro II del Código del Comercio), la cual establece:
"ARTICULO 104. Prestación de Servicios Públicos.
Las personas o sociedades que presten servicios públicos domiciliarios o
industriales al deudor, admitido o convocado a concordato, no podrán suspender
la prestación de aquéllos por causa de tener créditos insolutos a su favor. Si
la prestación estuviere suspendida, estarán obligadas a restablecerla, so pena
de responder por los perjuicios que se ocasionen. El valor de los nuevos
servicios que se presten a partir de la apertura del concordato, se pagarán
como obligaciones posconcordatorias.
Parágrafo. Igual regulación se
aplicará a las entidades de previsión social en relación con las obligaciones
que tengan con trabajadores del deudor."
Al respecto, concluye la Corte que "como se aprecia, en el
primer inciso se consagra la continuidad en la prestación de los servicios
públicos en los casos en que el empleador está en concordato y se halla en mora
con la entidad prestadora del servicio. Con igual o superior razón el
trabajador a quien se le presta los servicios públicos de seguridad social, con
fundamento en relación laboral vigente, queda amparado con dicho principio de
continuidad.
"O sea que en la legislación colombiana, aunque el empleador se
halle en proceso de concordato no podrá suspenderse la seguridad social en
salud a los trabajadores. Aunque no se mencionen en el artículo los casos de
liquidación obligatoria esto no borra los principios de los servicios públicos,
uno de ellos muy importante: la continuidad, ni menos el principio de
garantizar la seguridad social establecido en el artículo 53 de la C.P. Por
supuesto que, emanando la prestación del servicio de la relación laboral, lo
correspondiente a dicho servicio es crédito privilegiado."
Esta Corte ha señalado  que no se puede
suspender un tratamiento, es decir, que debe haber continuidad en el servicio,
si el médico tratante así lo prescribe. En efecto, como
cualquier servicio público, la atención en salud debe cumplir con una de sus
principales características: la continuidad. En otras palabras, la atención en
salud no debe interrumpirse, a menos que exista una causa legal que lo autorice[9].
Para que se continúe con un tratamiento médico o con el suministro
de un medicamento, es necesario determinar si la suspensión de los medicamentos
viola derechos fundamentales, y para esto se deben cumplir los siguientes
requisitos:
1.Debe ser un médico tratante de la EPS quien haya determinado el
tratamiento u ordenado los medicamentos;
2.El tratamiento ya se debió haber iniciado, o los  medicamentos
suministrados se aplican por determinación del juez de tutela. Esto significa
que debe haber un tratamiento médico en curso.
3.El mismo médico tratante debe indicar que el tratamiento debe
continuar o los medicamentos deben seguir siendo suministrados para que haya
efectividad.
Del caso en
concreto
Surgen del expediente los siguientes hechos:
1.
BERNARDO SUÁREZ ROSSELLI, persona mayor de edad,
sufre de retraso mental profundo y síndrome convulsivo.
2.
La sociedad en la que trabajó su padre, ACERÍAS
PAZ DEL RÍO, venía pagándole al enfermo lo correspondiente al tratamiento de
forma ininterrumpida. Dicho pago se le hacía al Instituto Terapéutico de la
Conducta, INTECI.
3.
El señor Suárez Rosselli ha recibido atención en
el mencionado instituto desde el primero de diciembre de 1978, y desde esa
fecha hasta abril de 2002, el pago venía efectuándose. Sin embargo,
argumentando una mala situación que la tiene en los límites de una liquidación,
la sociedad accionada interrumpió los pagos. Por esta razón, la señora Beatriz
Roselli de Suárez interpuso ación de tutela en nombre y representación de su
hijo, por considerar que no sólo la sociedad accionada le está vulnerando sus
derechos a la vida y a la integridad personal, si no que el pago de la
mensualidad es un derecho adquirido.
4.
El retraso mental de Bernardo Suárez Rosselli es
de orden biológico y de carácter irreversible, razón por lo cual el Juez 18
Civil del Circuito de Bogotá, el 16 de mayo de 1975, en cumplimiento de lo
ordenado en el proceso de interdicción contra Bernardo Súarez Roselli,
consideró que en virtud a que esta enfermedad altera totalmente su estado
mental, lo que conduce a no poder administrar ni disponer de su patrimonio en
forma normal, si lo tuviere, debía ser declarado interdicto definitivamente por
causa de demencia, y en consecuencia fue privado de la administración y
disposición de sus bienes. A esta conclusión llegó luego de estudiar las
pruebas y el dictamen médico en el cual se estableció que Bernardo Súarez
Roselli "mentalmente presenta un retardo total con ausencia de ideas,
sentimientos y afectos. Carece completamente de lenguaje y no se puede dar a
entender ni siquiera en forma convencional. Por lo tanto su existencia está
reducida a niveles negativos. Dicho retardo mental aún con tratamiento no tiene
ninguna mejoría pues se trata de lesiones irreversibles." La curaduría fue
diferida a su madre, señora Beatríz Roselli de Suárez, de conformidad con lo
previsto en el artículo 550 numeral 3 del Código Civil, según el cual la
curaduría del demente se deferirá a sus ascendientes.
5.
La señora Beatríz Roselli está obligada al
cuidado de su hijo enfermo, pero su estado económico no le permite sufragar el
costo del Instituto terapéutico.
6.
La accionada dice que fue por mera liberalidad
que asumió el pago al Instituto desde que Bernardo Suárez ingresó, previa
aprobación de la Junta Directiva hace aproximadamente 30 años, pago que es
revisado y autorizado anualmente por la junta directiva de la correspondiente
época, sin que constituya factor salarial ni personal alguno.
7.
En respuesta al oficio No. 1814 enviado por le
Juez Cuarto Civil Municipal de Bogotá, el 28 de agosto de 2002, el apoderado
judicial de la sociedad accionada en la tutela objeto del presente fallo,
indicó que el 26 de marzo de 2001 "la Empresa suscribió un acuerdo de
pagos con la EPS I.S.S, en virtud del cual tanto trabajadores activos como
pensionados, obtienen el servicio de atención médica y salud, correspondiente
al POS."
De lo expuesto anteriormente se deduce lo siguiente:
La atención al accionante no deriva entonces de la ley ni del
mencionado acuerdo de pagos, sino de una acto jurídico de la entidad accionada.
Habiéndose creado un derecho a favor de un tercero, como lo es el accionante,
no se ha revocado dicho acto; es más, no se puede revocar dicho derecho sin el
asentimiento de la curadora del beneficiario, Bernardo Suárez Roselli, por
cuanto este derecho hace relación al derecho constitucional a la salud en
conexión con el derecho a la dignidad y a la integridad personal. Ahora bien,
la situación económica de la entidad accionada no es obstáculo para conceder la
tutela porque está de por medio la protección del derecho a la salud en
conexión con los derechos fundamentales del accionante, quien sufre de retardo
mental que lo ubica dentro de la protección especial de los artículos 13 y 47
de la Constitución.
La Corte concederá la tutela instaurada por el señor Bernardo Suárez
Rosselli, a través de su curadora, Beatríz Roselli, respecto del derecho a la
salud en conexión con el derecho a la vida, a la integridad personal, a la
dignidad  y a la igualdad, por las siguientes razones:
Un discapacitado, sea o no menor de edad, es beneficiario, en su
calidad de hijo de un trabajador subordinado o del cónyuge supérstite
beneficiario, tiene derecho a la atención integral en salud, tiene derecho a la
continuidad del servicio[10]
mientras no aparezca razón constitucional válida para suspenderlo, o el médico
tratante así lo determine, como lo señalan los artículos 162 de la Ley 100 de
1993 y 11 del Decreto 1938 de 1994. El accionante de la presente tutela es un
adulto que sufre de retraso mental profundo. El artículo 47 de la Constitución
Política ordena una protección especial a los disminuidos físicos, sensoriales
y psíquicos porque, entre otras razones, esas personas se encuentran en esa
condición de debilidad manifiesta[11].
El mencionado beneficio de la atención en salud prestada por la
sociedad accionada no ha sido revocado por ésta, por tanto debe honrar el
compromiso que adquirió y que tuvo una causa lícita, como lo fue el trabajo del
padre del accionante en Acerías Paz del Río y el reconocimiento del beneficio.
Hay que agregar que la entidad accionada no señaló término al beneficio por lo
cual debe seguirlo cumpliendo.
Debe resaltarse que el accionante, representado por su curadora,
tenía el derecho a esperar que se siguiera cumpliendo el compromiso adquirido
por la accionada, máxime cuando había transcurrido un lapso de casi treinta
años en el cual la empresa ha venido pagando de manera ininterrumpida el
tratamiento. Este hecho generó una relación basada en la buena fe.
La razón por la cual los pagos al Instituto INTECI fueron
interrumpidos por parte de la accionada fueron de tipo económico y financiero,
no fueron motivos médicos, por lo cual se produjo una interrupción en el
tratamiento que se venía prestando.
Debe tenerse en cuenta también que la precaria situación económica
tanto del accionante como de su curadora, les impiden sufragar los costos de la
atención en salud, y que la tutela es el único recurso eficaz con que cuentan
en vista de la urgencia del tratamiento y de la naturaleza del beneficio
otorgado.
Por otra parte, y en virtud de la especial característica del
beneficio otorgado por Acerías Paz del Río en favor del accionante, quien es
sujeto de especial protección constitucional, como ya fue expuesto, éste no
deberá someterse a ningún orden de prelación de créditos, ya que se trata del
derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna.
Como el 26 de marzo de 2001 la empresa accionada suscribió un
acuerdo de pagos con la EPS del Instituto de los Seguros Sociales, en virtud
del cual trabajadores activos y pensionados obtienen de él el servicio de
atención médica y salud correspondiente al POS, la obligación del pago al
Instituto INTECI podrá en un futuro recaer sobre la EPS, previa solicitud que
Acerías Paz del Río hiciere al respecto. Mientras ello no ocurre, y mientras no
exista una real atención por entidad diferente a Acerías Paz del Río, el
accionante no puede quedar desprotegido. Quedará entonces a discreción de la
Sociedad Acerías Paz del Río tomar las medidas que considere necesarias para
que la EPS asuma la obligación, pero mientras tanto la entidad accionada debe
seguir cumpliendo con la obligación que asumió y que no ha revocado ni puede
revocar sin asentimiento del beneficiario.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida
por el 21 de octubre de 2002 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá, y en su lugar CONCEDER la tutela al derecho a la salud en
conexidad con el derecho a la vida, a favor de Bernardo Suárez Roselli,
representado por su madre, Beatriz Suárez Roselli.
SEGUNDO: ORDENAR a Acerías Paz del Río
que en el término de 48 horas continúe cumpliendo con la obligación que
asumió con Bernardo Suárez Roselli, y por tanto pagar el tratamiento al
Instituto Terapéutico de la Conducta.
TERCERO: Disponer que el Juez de origen
vigile el cumplimiento de la orden en esta tutela.
CUARTO: Para los efectos del artículo 36
del decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y
tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
El Protocolo Adicional a la Convención sobre
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador,
señala en su artículo 10
[2]
T1034 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[3]
T-775 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[4]Artículo 49 de la
Constitución Política: La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo
en los términos y condiciones señalados en la ley.
Los servicios de
salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con
participación de la comunidad.
La ley señalará los
términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita
y obligatoria.
Toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad.
[5]
Sentencia T-645 de 1998, M.P. Fabio Morón
Díaz
[6]
Sentencia T-723 de 1998, M.P.Fabio Morón Díaz
[7]
SU-562 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero :"Que la salud es un
servicio público, y además esencial, no tiene la menor duda porque los
artículos 48 y 49 expresamente dicen que la salud es servicio público, el
artículo 366 C.P. presenta como objetivo fundamental del estado la solución a
la salud, y la ley 100 de 1993 también lo indica en su artículo 2º."
[8]
SU-562 de 1999
[9]
T-1029 de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[10]
El tratamiento y rehabilitación de la enfermedad están incluidos dentro del
plan obligatorio de salud, POS, como
[11]
Sentencia T-1137-01, M.P. Clara Inés Vargas Hernández "Por mandato
constitucional, el Estado le debe una especial protección a las personas
discapacitadas, y concretamente a aquellas que por su condición  económica,
física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
(artículo 13 C. P.), debiendo adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social para disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará una la atención especializada que requieran
(artículo 47 Ib.)."