SU949-14
Sentencia SU-949/14
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS DE LAS SALAS DE CASACION DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Procedencia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, sí es competente para el conocimiento de la
presente acción de tutela.
DERECHO
DE ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA DE TUTELA-Posibilidad de acudir ante cualquier Juez o
Cuerpo colegiado para interponer la acción de tutela o directamente ante la
Corte Constitucional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
La
Corte  Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución
Política y guardiana de su integridad, ha desarrollado una doctrina bien
definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio
adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional, de un
lado, la primacía de los derechos fundamentales y, de otro, el respeto por los
principios de autonomía e independencia judicial.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO
SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Hipótesis
en las cuales puede incurrir la autoridad judicial
Esta
Corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las normas jurídicas al caso sometido al
conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la
acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que
lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales. En relación con el defecto sustantivo por interpretación
errónea de las disposiciones jurídicas, debe advertirse que es un supuesto
particularmente restringido de procedencia de la tutela. En efecto, en la tarea
de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a diversas posibilidades
hermenéuticas que derivan de la interpretación de las disposiciones normativas,
y no corresponde al juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más
conveniente para la resolución de un caso específico, porque el funcionario
judicial al administrar justicia goza de una libertad interpretativa, producto
del respeto de la independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a salvo
de injerencias indebidas que afecten su imparcialidad y la sujeción al orden
jurídico, y que únicamente encuentran límite en la desviación caprichosa y arbitraria
de la ley.
ACCION
DE TUTELA CONTRA INTERPRETACIONES JUDICIALES-Procedencia excepcional
Procede
cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por
lo que en caso de que existan distintas interpretaciones razonables debe
prevalecer la del juez de conocimiento en aras de preservar los principios de
independencia, autonomía y especialidad de la labor judicial.
DEFECTO FACTICO-Configuración
Se
configurará un defecto fáctico cuando (i) las pruebas allegadas al proceso resultan insuficientes para adoptar la
decisión correspondiente, bien porque no fueron decretadas o bien porque no
fueron practicadas; (ii) cuando la valoración que de ellas se haga resulte contraevidente, y (iii) cuando las pruebas sean nulas, de pleno derecho, por haber sido
obtenidas con violación del debido proceso.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
La acción de tutela será viable contra una providencia
judicial, cuando alegada la configuración de un defecto fáctico, el error en el
juicio valorativo hecho por el juez sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.
DEFECTO
PROCEDIMENTAL-Configuración
La Corte
Constitucional ha señalado que la figura del defecto procedimental se presenta
cuando se da una
manifiesta desviación de las formas propias del juicio que conduce a una
amenaza o vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de
los demás sujetos procesales con interés legítimo.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Para que se admita,
el defecto procedimental tiene que ser de tal magnitud que afecte, de manera
irremediable, el contenido constitucional del debido proceso.  En otras
palabras, no cualquier falla en el procedimiento constituye una causal genérica
de procedibilidad de la acción de tutela.
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia por cuanto la accionante disponía de un
mecanismo de defensa judicial en el trámite del recurso de casación que debió
activar para alegar el defecto procedimental
Referencia: Expediente
T-3958606
Acción de tutela
presentada por la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, contra
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos, en primera instancia, por la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el quince (15)
de marzo de dos mil trece (2013) y, en segunda instancia, por la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el ocho (08) de mayo de dos
mil trece (2013), dentro del proceso de tutela iniciado por la Cruz Roja
Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá contra la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia.
El proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala
de Selección de Tutelas Número Ocho, mediante auto proferido el veintinueve (29)
de agosto de dos mil trece (2013), y su conocimiento fue asumido por la Sala
Plena según decisión del diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), en razón
de la “trascendencia del tema”, de conformidad con el inciso 1º del
artículo 54A del Acuerdo 05 de 1995, que establece el Reglamento Interno de la
Corte Constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013) la Cruz Roja
Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá (en adelante Cruz Roja), representada
legalmente por Laura Marina Palacio Arciniegas y actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que mediante la sentencia
de casación adoptada el ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012), que dejó sin
efectos el fallo proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad de
la Entidad.  En su criterio, la autoridad judicial incurrió en varios defectos
al ordenarle “pagar una serie de beneficios extralegales a sus empleados,
sin fundamento en el derecho positivo aplicable al caso concreto, y sin
considerar la difícil situación económica que padece [la Seccional]”[1].
En consecuencia, solicitó que se deje sin efectos dicha providencia de casación
y, en su lugar, le restituya la firmeza a la sentencia emitida por el Tribunal Superior
de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008).
El apoderado judicial de la accionante fundamentó su solicitud de
tutela en los siguientes hechos relevantes[2]:
1. Afirmó que en el
año mil novecientos ochenta y siete (1987) la Cruz Roja adoptó unilateralmente una serie de beneficios extralegales a favor de sus
trabajadores de nómina, entre ellos, primas extralegales en junio y diciembre,
primas extralegales de vacaciones y antigüedad, acceso a medicina prepagada y
préstamos especiales para vivienda, calamidad doméstica y estudio, que
posteriormente consignó en la “Cartilla de Servicios y Beneficios a los
empleados de junio de 1999”[3].
Dicha cartilla fue elevada a la categoría de convención colectiva en el año dos
mil tres (2003), y fue condicionada su aplicación a la buena situación
económica del empleador.
2. Señaló que desde finales de los años noventa (90),
y con especial gravedad en dos mil (2000), dos mil uno (2001) y dos mil dos (2002),
la Cruz Roja afrontó una difícil situación financiera, y que para el año dos
mil dos (2002), “fecha en la cual se efectúo el recorte de beneficios
extralegales a sus empleados, la [Entidad] registró un déficit económico de
alrededor de 390 millones de pesos y pasivos o deudas por más de 4 mil millones
de pesos”[4].
3. Planteó que por esa época la Cruz Roja enfrentaba
un conflicto colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional
de Trabajadores de las Entidades de la Cruz Roja en Colombia (en adelante Sintracruz Roja Colombia), generado por un pliego de
peticiones de cuarenta y ocho (48) cláusulas presentado por el Sindicato el siete
(7) de mayo de dos mil dos (2002), que fue resuelto por un tribunal de arbitramento obligatorio mediante
laudo del quince (15) de junio de dos mil tres (2003)[5].
4. Relató que el laudo denegó casi la totalidad de las peticiones
realizadas por Sintracruz
Roja Colombia[6]
y autorizó a la Cruz Roja a eliminar los beneficios extralegales reconocidos a
favor de sus trabajadores bajo ciertas condiciones financieras, económicas y
administrativas[7],
por un lado, en razón de la naturaleza jurídica del empleador pues se trata de
una asociación sin ánimo de lucro dedicada a programas humanitarios y, por otro
lado, al reconocer la difícil situación económica de la Entidad, “agravada
por los beneficios extralegales que les venía concediendo a sus empleados, los
cuales le habían costado $518 millones de pesos durante el año 2002, y que de
seguir pagando ‘muy seguramente’ pondrían ‘en grave peligro la existencia de la
entidad’”.
5. Narró que Sintracruz
Roja Colombia solicitó la
anulación del laudo arbitral referido ante la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, bajo los siguientes argumentos: (i) el
tribunal de arbitramento no estudió si tenía competencia para resolver el
conflicto colectivo de trabajo; (ii) no motivó su decisión, y (iii)
desconoció el principio de equidad que permite resolver los conflictos de tipo
económico entre trabajadores y empleadores[8].
Dicha petición, según afirma, fue denegada porque (i) los recurrentes no
probaron la falta de competencia del tribunal de arbitramento; (ii) el
laudo sí cumplió con su carga de motivación, y (iii) no le correspondía
a la Corte Suprema revisar la “equidad” de aquella decisión arbitral, toda vez
que su función era evaluar su regularidad legal y constitucional[9].
6. Expuso que con estos apoyos jurisdiccionales y bajo el entendimiento
de que los beneficios extralegales de la convención estaban condicionados a la
buena situación económica del empleador, la Cruz Roja decidió unilateralmente suspender la aplicación de los mismos. Decisión que fue
comunicada el ocho (08) de septiembre de dos mil tres (2003) a sus empleados en
donde se les explicó que la medida se tomaba para “garantizar su viabilidad financiera,
evitar su liquidación y asegurar su existencia”.
7. Señaló que en razón de lo anterior el Sindicato presentó demanda ordinaria laboral contra
la Cruz Roja, por considerar que había violado normas sustanciales del
trabajo al dejar de aplicar la “Cartilla de Servicios y Beneficios a los
empleados de junio de 1999”, pretendiendo el restablecimiento de los
beneficios extralegales en cuestión[10].
8. El Juzgado Décimo
Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá conoció en primera instancia el
proceso ordinario, y mediante sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos
mil siete (2007) absolvió a la demandada “de todas y cada una de las
pretensiones incoadas en su contra por [SINTRACRUZ ROJA COLOMBIA]”[11].
Según afirmó, esta decisión tuvo en cuenta que: (i) la Cartilla de
servicios y beneficios había sido aplicada “a mera liberalidad de la empresa”;
(ii) el laudo arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003),
ratificado por la Corte Suprema de Justicia el veintiuno (21) de agosto del
mismo año, autorizó a la demandada a “enmendar, modificar, aumentar o
eliminar dichos beneficios en cualquier momento fundamentando su decisión desde
el punto de vista financiero, económico o administrativo”[12], y (iii)
la difícil situación económica que atravesaba la Entidad certificada por el
correspondiente revisor fiscal[13].
9. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de
Descongestión Laboral, conoció del recurso de apelación interpuesto por Sintracruz
Roja Colombia, y mediante sentencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho
(2008), decidió confirmar integralmente el fallo de primera instancia. Afirmó
el apoderado de la accionante, que “el Tribunal Superior reconoció el
carácter de “convención colectiva” que revestían las disposiciones contenidas
en el laudo arbitral del 15 de julio de 2003”, además concluyó (i) que
la aplicación y vigencia de la convención colectiva estaba condicionada a la
buena situación económica de la Cruz Roja, y (ii) que estaba debidamente
probada la precaria situación financiera de la entidad desde el año dos mil dos
(2002), con los estados financieros que examinó el laudo arbitral dentro del
proceso que resolvió el conflicto colectivo de trabajo[14].
10. Narró que contra la sentencia de segunda instancia
el Sindicato presentó recurso de casación ante la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, pretendiendo que se anularan sus efectos y, en
consecuencia, se restableciera el derecho de los trabajadores de la Cruz Roja a percibir los beneficios extralegales.  Allí se acusó a la sentencia de segunda
instancia de violar la ley sustancial por la vía directa, en tanto no le dio
efectos de convención colectiva a los beneficios de la cartilla, a pesar de que
un laudo arbitral había decidido elevar a esa categoría las garantías allí
contenidas.  La Cruz Roja se opuso a la prosperidad de dicha recurso.
11. En la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil
doce (2012), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió casar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y revocar
íntegramente la providencia dictada por el Juzgado Décimo Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá.  En su lugar, condenó a la Cruz Roja a “restablecer,
a partir del 1° de septiembre de 2003, la totalidad de los derechos contenidos
en la Cartilla de Servicios y Beneficios a los Empleados”[15]. La Corte sostuvo que para eliminar las garantías otorgadas previamente, la Cruz Roja debía denunciar la convención colectiva (artículo 479 del Código Sustantivo del
Trabajo) o pedir su revisión (artículo 480, ibíd.), pero nunca revocar sus
efectos unilateralmente. En palabras de la Corte: “cuando alguna de las partes considera que las disposiciones colectivas son lesivas a sus intereses,
cuenta con dos posibilidades, la denuncia de la convención colectiva de trabajo
o su revisión, cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones
de la normalidad económica”. De esta forma entendió que se había violado
directamente el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, pues allí se
disponen mecanismos de refrendación de las convenciones colectivas para evitar
arbitrariedades en su aplicación.
12. Consideró el apoderado judicial de la demandante, que
el fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “quebranta
los derechos fundamentales de [su] representada al debido proceso y a la
igualdad […] pues desconoce las normas que rigen el proceso de casación;
realiza una interpretación arbitraria y errónea de las normas aplicables al
caso concreto; confiere un trato desigual e injustificado[16] […] y
pone en serio peligro la existencia y el cumplimiento de la labor humanitaria
que voluntariamente desarrolla desde el año 1972”[17].  En
síntesis, planteó que la sentencia incurrió en los defectos sustantivo, fáctico
y procedimental y en violación directa de la Constitución.  Por una parte,
señaló que (i) la autoridad judicial realizó una interpretación
arbitraria del derecho aplicable, en tanto el artículo cuarto del laudo
arbitral proferido el quince (15) de julio de dos mil tres (2003) (que elevó a
categoría de convención colectiva la cartilla de beneficios) dispuso
expresamente que la Cruz Roja “podrá enmendar, modificar, aumentar o
eliminar dichos beneficios, en cualquier momento fundamentando su decisión
desde el punto de vista financiero”, y en ese sentido las garantías
extralegales fueron consagradas de manera facultativa y no como una obligación[18].
De otra parte, alegó que (ii) la Corte incurrió en una “falta de
valoración de las pruebas sobre la difícil situación financiera de la Cruz Roja”,
por lo que se configura un defecto fáctico en su dimensión negativa[19].
Finalmente, adujo que la Corte (iii) admitió un recurso extraordinario
de casación ‘abiertamente’ improcedente, porque el recurrente combinó cargos de
violación directa e indirecta, y eso desconocía el derecho fundamental al
debido proceso de la Cruz Roja[20].
2. Respuesta de la Corporación accionada y de
los demás vinculados
Mediante auto del cuatro (04) de marzo de dos mil trece (2013), la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá avocó
el conocimiento de la presente acción de tutela y ordenó notificar a la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia accionada.  Además, notificó la
misma a las salas Civil y Penal de la misma colegiatura, al Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, al Ministerio de Protección
Social y a Sintracruz Roja
Colombia, por considerar que eventualmente
podrían resultar afectados con la decisión[21].
2.1. Respuesta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.  El siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), los magistrados
de la Sala suscriben respuesta en el sentido de considerar que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
no puede asumir el conocimiento de la solicitud de amparo debido a que el
inciso 2° del numeral 2° del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000[22],
le atribuye a la propia Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las
acciones de tutela que se intentan contra sus decisiones, y dicho precepto está
en vigor y es de obligatoria observancia, y “no tiene ningún efecto jurídico
la atribución de competencias efectuada por la Corte Constitucional para
conocer de esas acciones a otras autoridades judiciales distintas de las
señaladas por el ordenamiento legal”. Asimismo, precisaron que “[n]o es
entonces jurídicamente posible que cualquier autoridad judicial pretenda
imponerle a la Corte Suprema de Justicia un criterio interpretativo contrario a
su jurisprudencia”. En consecuencia, solicitan que declare la nulidad de lo
actuado por falta de competencia para conocer de dicha acción y que la rechacen
o, en su defecto, la desestimen por improcedente.  Finalmente, señalan que “la
determinación cuestionada, no pudo conculcar derechos superiores, pues se
emitió en estricto apego a la ley”[23].
2.2. Respuesta del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Descongestión
de Bogotá.  El siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), informó la Juez
a cargo del despacho que la sentencia dictada en el proceso donde actuaba como
demandante Sintracruz Roja
Colombia, fue proferida por el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá el treinta y uno
(31) de enero de dos mil siete (2007), el cual corresponde a otro despacho
diferente al que conduce, toda vez que dicho Juzgado fue creado mediante
Acuerdo No. PSAA11-8831 del primero (1°) de diciembre de dos mil once (2011),
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  Razón por la
cual le es imposible realizar algún tipo de pronunciamiento[24].
2.3. Respuesta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia.  El seis (06) de marzo de dos mil trece (2013) la Presidenta de
la Sala planteó que, con fundamento en el Decreto 1382 de 2000, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, carece
de competencia para conocer de la acción de tutela.  Además, señaló: “[…] de
admitir este tipo de solicitudes de amparo, las jurisdicciones previstas en la
Carta Magna se reducirían tan sólo a una, que sería el centro de unificación de
la jurisprudencia nacional en todas las materias, suprimiendo de paso el
recurso extraordinario de casación y el control de constitucionalidad y
legalidad que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa.  ||  […], la
función del juez disciplinario no es la de unificar la jurisprudencia pues esta
tarea la cumple el recurso extraordinario de casación por expreso mandato de la
Carta política.  Justamente, en respeto de la separación de jurisdicciones, esta
Corte se ha abstenido de conocer acciones de tutela contra determinaciones de
la jurisdicción disciplinaria, pues abrir este dique a jueces y abogados
sancionados, no sería acorde con la Constitución.  Por ello, espera que este
asunto se decida consultando la Constitución y la autonomía institucional”[25].
2.4. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social.  El
siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), el Director Jurídico del
Ministerio solicitó la declaración de improcedencia de la acción de tutela en
contra de dicha Entidad por falta de legitimación por pasiva, por cuanto no ha
violado o amenazado los derechos invocados por la accionante, toda vez que los
hechos sobre los que versa la solicitud de amparo son de naturaleza laboral.
En consecuencia, peticionó su desvinculación del trámite de amparo[26].
2.5. Respuesta de Sintracruz Roja Colombia.  El ocho (08) de
marzo de dos mil trece (2013), la representante legal del Sindicato presentó
oposición a la tutela de los derechos fundamentales invocados por la Cruz Roja[27],
con apoyo en los siguientes argumentos:
2.5.1. Señaló que la accionante cometió una arbitrariedad al dejar de
aplicar a partir del primero (01) de septiembre de dos mil trece (2003) la
Cartilla de servicios y beneficios que venía reconociendo a todos sus
trabajadores desde el año mil novecientos ochenta y siete (1987), “amparándose
para hacerlo en la interpretación errada que le dio al contenido del artículo
4to. del LAUDO ARBITRAL proferido el 15 de julio del mismo año, para dirimir el
conflicto colectivo generado con la presentación de un pliego de peticiones por
parte de la organización sindical a la [Cruz Roja], ignorando lo ya resuelto
por la misma SALA DE CASACIÓN LABORAL al desatar el RECURSO DE ANULACIÓN
interpuesto contra el mismo, al reiterar que lo decidido por el TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO no fue otra cosa que elevar a canon convencional la referida
CARTILLA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS”.
2.5.2. Precisó que si efectivamente las razones financieras,
administrativas o económicas llevaron a la accionante a tomar la “ilegal e
injusta” determinación de dejar de aplicar la Cartilla de servicios y
beneficios, lo debió haber hecho ante la justicia ordinaria y, más
puntualmente, “acudiendo al proceso de la negociación colectiva en el
entendido que ninguna cláusula convencional se puede dejar de aplicar por el
empleador en forma unilateral”[28].
2.5.3. Indicó que la gravísima actuación de la entidad empleadora
limitó el derecho de negociación colectiva consagrado en los Convenios 98 y 154
de la OIT, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad a la luz de
lo establecido en el inciso 4° del artículo 53 y en el artículo 93 de la
Constitución.
2.5.4. Explicó que la “entidad empleadora está buscando tapar su
torpeza mediante la acción de tutela al no haber aplicado en la oportunidad
procesal los mecanismos idóneos encaminados a obtener la revisión del laudo
arbitral, si lo consideraba pertinente y necesario”.  Asimismo, que la
accionante “está actuando de forma temeraria al pretender constituir la
acción de tutela como una tercera instancia a pesar de que ya existen unos
pagos parciales efectuados en el Banco Agrario a Nombre de algunos actores de
la demanda de Casación”.
2.5.5. Finalmente, planteó que el Consejo Seccional de la Judicatura no
es el órgano competente para cuestionar las actuaciones y fallos de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
3. Decisión del juez de tutela de primera
instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, mediante sentencia del quince (15) de marzo de dos mil
trece (2013)[29],
negó el amparo de los derechos al debido proceso y a la igualdad de la Cruz
Roja, bajo las siguientes consideraciones:
3.1. Frente a la falta de competencia del Consejo Seccional de la
Judicatura para el conocimiento de la acción de tutela, señaló: “[e]n el
caso específico, en que la acción de tutela se interpuso contra la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con el decreto 1382 de 2000 le correspondería
conocer a la misma Corporación, sin embargo, ante su manifestación de no dar
trámite a la demanda y en acatamiento al pronunciamiento de la Corte
constitucional a este respecto en auto del 3 de febrero de 2004, cuyos
criterios han sido reiterados por esa Colegiatura mediante auto 100 de 2008, la
sala asumió su conocimiento, pues estando de por medio derechos
constitucionales fundamentales sin definir y el de acceso a la administración
de justicia, se hace imperioso acudir al artículo 37 del decreto 2591 de 1991,
en virtud del cual son competentes para conocer de las acciones de tutela los
jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o
la amenaza que motiva la presentación de la demanda”.
3.2. En relación con el defecto fáctico alegado, aclaró que no fue
relevante para el análisis de la solicitud de amparo si la autoridad accionada,
al definir el trámite de casación, valoró o no la situación económica de la
entidad demandada –Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca–, toda vez que expresamente
se señaló en la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012): “[…]
frente a la formulación del cargo, es claro que la modalidad de violación que
denuncia es la infracción directa, dado que le atribuye al ad quem la omisión
en la aplicación de las normas que allí consignó, y aun cuando dice que ello lo
conllevó a incurrir en error de derecho, lo cierto es que lo que realiza es un
eminente reproche jurídico. ||  Como la vía elegida fue la directa, no hay
discusión frente al contenido de la norma convencional, la decisión unilateral
de la demandada de suprimir el pago de los beneficios contenidos en la
cartilla, la fecha en que ello ocurrió, ni la difícil situación económica por
la que aquella atravesaba cuando adoptó tal determinación…”.
Entonces, en lo que tiene que ver con la falta
de valoración del supuesto fáctico relacionado con la situación económica de la
Cruz Roja, concluyó que “carece de vocación de prosperidad la solicitud de
amparo deprecada, dando lugar a la negativa del amparo, cuando, lo que se dijo
no evidenciado en el plenario y dejado de acreditar, fue desde el principio
admitido y tenido por cierto en la sentencia que se cuestiona, más cuando, se
insiste, ello no fue siquiera considerado relevante para definir el trámite
ordinario”.
3.3. En relación con la supuesta afectación
del derecho a la igualdad y al defecto procedimental en que incurrió la Sala de
Casación Laboral de la Corporación accionada, análisis que realiza en conjunto,
señaló: “No obstante la inflexibilidad que se considera característica del
recurso de casación, lo cierto es que durante la formulación del mismo existe
un amplio terreno de interpretación para el operador judicial, como quiera que
la viabilidad o no del recurso depende, conforme se dejó citado, en un eminente
trabajo de persuasión.  ||  Y considera la Sala, fue ello lo que primó en el
caso analizado cuando, no obstante determinar desafortunada la forma en que se
planteó el disentimiento con la decisión cuestionada, se llegó a la conclusión
de que su sentir era diáfano para la Sala Mayoritaria y transmitía con claridad
suficiente el objeto de su disenso, tanto que se estimó correctamente planteado
el cargo en lo que se refería a la violación de una ley sustancial por la vía [directa]
al omitir aplicar, entre otros, los artículos 461 y 467 del C.S.T. y no darle
el efecto jurídico debido al laudo arbitral. || Y fue precisamente la posterior
demostración de ese cargo lo que dio lugar a la decisión de casación”.
Agregó: “[…] el solo hecho de que el actor
no comparta la admisión de la demanda de Casación no puede dar lugar a la
emisión de orden de amparo, cuando, según se desprende del mismo relato de la
solicitud de amparo, el auto de admisión propiamente dicho no fue objeto de
controversia o reparo alguno, y si bien al descorrer el traslado de la demanda
de casación se planteó [la] improcedencia del recurso por su falta de técnica,
fue hasta la emisión del fallo adverso por parte de la instancia cuestionada
que se recapituló por el petente el inconformismo que le generaba el auto de
admisión que, como se dijo, no fue objeto de reparo alguno luego de su emisión.
||  El pronunciamiento aludido fue objeto entonces de convalidación por parte
del actor al abstenerse de reparar de alguna manera la decisión de esa Colegiatura
que accedió al análisis de la demanda de Casación, sin que sea la vía de tutela
la oportunidad para revivir etapas que fueron superadas en el decurso
ordinario, sin que, se insiste, fuese agotada controversia alguna.  ||  En tal
medida, se desestimará el amparo deprecado en lo que al defecto procedimental y
la desatención del derecho a la igualdad respecta, por no encontrarlo
configurado”.
3.4. En lo que se refiere a la configuración
de un defecto sustantivo por la interpretación arbitraria del derecho aplicable
por parte de la autoridad accionada, luego de hacer un análisis de la finalidad
de una convención colectiva de trabajo, a la luz de la normativa laboral,
indicó: “Es evidente entonces que ninguna eficacia podría tener una
convención colectiva donde uno de los extremos de manera unilateral decide
cuándo están dados los presupuestos para obligarse o no con alguna carga que
dicho documento convencional contiene y fue precisamente ese el fundamento de
la decisión de la Corte, la creencia de que el empleador debió acudir a los
medios previstos para desprenderse de las cargas de una convención, siendo ese
el momento en que se refiere o bien a la denuncia de la convención o su
revisión, mismos obviados por la demandada que optó por la imposición
unilateral de su criterio para desconocer un reconocimiento económico que, al
ser considerado producto de una convención, era igualmente el resultado de una
concertación y por ende no era dable la implementación de mecanismos
unilaterales para su inobservancia.  ||  Así las cosas, considera la Sala que
no existen presupuestos para afirmar la existencia de defecto sustancial alguno
en la sentencia objeto de análisis, por lo cual habrá de desestimarse el amparo
deprecado, como en efecto se hace”.
4. Impugnación
El apoderado judicial de la Cruz Roja, mediante escrito presentado el
veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013), impugnó el fallo emitido por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá[30],
con fundamento en las siguientes consideraciones:
4.1. La Sala de primera instancia “no apreció las condiciones de la
Cruz Roja Colombiana, Seccional Bogotá y Cundinamarca, que se ve
irremediablemente afectada con [el] fallo, así como ninguna de las
circunstancias de vulneración del derecho al debido proceso que acaecieron
durante el trámite y fallo del recurso de casación en un proceso que la Cruz
Roja había ganado en las sucesivas instancias”.
4.2. Asimismo, el Consejo Seccional omitió hacer la relación entre la
decisión de la Corte Suprema de Justicia y “las pruebas aportadas sobre la
precaria situación financiera de la Cruz Roja, que la había llevado a eliminar
los beneficios extralegales dispuestos en la Cartilla de Servicios y Beneficios
de 1999, y que se agrava dramáticamente con la sentencia impugnada”.
4.3. Finalmente, planteó que el fallo de primera instancia “analiza
con tremenda superficialidad y benevolencia hacia la sala de casación laboral
de la Corte Suprema de Justicia, la existencia de un defecto procedimental
denunciado, consistente en la indebida admisión del recurso de casación, que
era improcedente pero que la H. Sala Laboral había admitido a trámite no sin
controversia interna”.
5. Decisión del juez de tutela de segunda instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura mediante sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil trece (2013)[31],
confirmó el fallo de instancia que negó la acción de tutela instaurada por la
representante legal de la Cruz Roja, contra la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia[32].
6. Actuaciones en sede de revisión
6.1. La Sala de Revisión para efectos de adoptar una decisión informada
en el asunto de la referencia, en atención a que la discusión planteada en la
tutela presentada por la Cruz Roja contra la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, se centra en el alcance que se le dio al laudo
arbitral que dirimió el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz
Roja y Sintracruz Roja Colombiana, con fecha del quince (15) de julio de dos
mil tres (2003), en cuyo artículo 4 se decidió que “[l]os beneficios
extralegales “Cartilla de Servicios y Beneficios a los Empleados de Junio de
1999”, los podrá conceder el empleador solamente si las condiciones y
circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador se lo
permitan, por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos
beneficios, en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de
vista financiero, económico o administrativo”[33]; requirió a
la señora Miryam Luz Triana Alvis, quien actúa en calidad de presidenta y
representante legal del Sindicato, el envío de algunas pruebas.  En respuesta a
lo anterior, fue remitida la siguiente información:
6.1.1. Fotocopia de la respuesta de la Coordinadora de Archivo Sindical
del Ministerio de Trabajo, a la solicitud de certificado de depósito de laudo
arbitral realizada por Myriam Luz Triana Alvis[34].
En dicha comunicación se lee:
Atendiendo a su solicitud, radicado en este
Ministerio bajo el No. 166721 del 26 de septiembre de 2014, de manera atenta le
informo que revisado el kárdex del archivo sindical APARECE LAUDO
ARBITRAL suscrito entre la organización sindical denominada SINDICATO NACIONAL
DE LAS ENTIDADES DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA “SINTRACRUZ ROJA COLOMBIANA”
y la empresa denominada CRUZ ROJA COLOMBIANA del 15 de
julio de 2003…” (cursivas, negrillas y mayúsculas originales)[35].
6.1.2. Fotocopia del pliego de peticiones presentado por Sintracruz
Roja Colombia del siete (7) de mayo de dos mil dos (2002)[36].
6.1.3. Fotocopia de la carta enviada por la Secretaria General de
Sintracruz Roja Colombia al Director Territorial del Trabajo y Seguridad Social
de Cundinamarca y Bogotá, el siete (7) de mayo de dos mil dos (2002), a través
del cual se hace entrega del pliego de peticiones presentado por el Sindicato a
la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, para efectos de depósito[37].
6.1.4. Fotocopia de la carta de aceptación de nombramiento como árbitro
en nombre de los trabajadores, suscrita por Fabio Herrera Parra el veintiséis
(26) de junio de dos mil dos (2002), para representarlos en el Tribunal de
Arbitramento que ha de solucionar el conflicto surgido con la presentación del
pliego de peticiones a la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Boyacá[38].
Este nombramiento es comunicado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el
doce (12) de agosto de dos mil dos (2002)[39].
6.1.5. Fotocopia del comunicado dirigido por Sintracruz Roja Colombia
al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el veintiocho (28) de junio de dos
mil dos (2002), con la finalidad de que ordene la constitución de un tribunal
de arbitramento que dirima el conflicto colectivo suscitado de la presentación
del pliego de peticiones por parte de Sintracruz Roja Colombia, a la empleadora
Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, debido a que durante la etapa de
arreglo directo, transcurrida entre el veinte (20) de mayo y el ocho (08) de
junio de dos mil dos (2002), no se llegó a acuerdo en ninguna de las 48
cláusulas contenidas en el pliego[40].
6.1.6. Fotocopia de la Resolución No. 01195 del veintinueve (29) de
julio de dos mil dos (2002), emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, por la cual se ordena la constitución de un tribunal de arbitramento
obligatorio en la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, para
que estudie y decida el conflicto colectivo de trabajo existente entre dicha
Entidad y Sintracruz Roja Colombia[41].
6.1.7. Fotocopia de la comunicación dirigida al Ministerio de Trabajo,
el treinta (30) de agosto de dos mil dos (2002), por parte de la Cruz Roja
Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, a través de la cual se informa el nombramiento
del árbitro Jorge Enrique Carvajal[42].
6.1.8. Fotocopia de la Resolución No. 01414 del diez (10) de septiembre
de dos mil dos (2002), emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
por la cual se integra un tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el
conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja Colombiana
Seccional Cundinamarca y Bogotá y Sintracruz Roja Colombia[43].
6.1.9. Fotocopia de la Resolución No. 01514 del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil dos (2002), emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, por la cual se aprueba la designación de la doctora Rosana Vásquez de
Torres, como árbitro del sindicato, en reemplazo del doctor Fabio Herrera
Parra, para integrar el tribunal de arbitramento obligatorio que estudiará y
decidirá el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja y
Sintracruz Roja Colombia[44].
6.1.10. Fotocopia de la Resolución No. 01550 del dos (02) de octubre de
dos mil dos (2002), emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por
la cual se aprueba la designación del doctor Mario Rodríguez Parra, como
árbitro de la entidad, en reemplazo del doctor Jorge Enrique Carvajal, para
integrar el tribunal de arbitramento obligatorio que estudiará y decidirá el
conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja y Sintracruz Roja
Colombia[45].
6.1.11. Fotocopia del oficio suscrito por la Viceministra de Trabajo y
Seguridad Social del treinta (30) de enero de dos mil tres (2003), mediante el
cual informa la designación del tercer árbitro, doctora Leyla Jiménez Murillo,
para integrar el tribunal de arbitramento obligatorio, y de la Resolución No.
00147 del veintiséis (26) de febrero de dos mil tres (2003), emanada del Ministerio
de la Protección Social, en igual sentido[46].
6.1.12. Fotocopia del laudo arbitral del quince (15) de julio de dos
mil tres (2003), convocado por el Ministerio de Protección Social para dirimir
el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja Colombiana Seccional
Cundinamarca y Bogotá y el Sindicato de Trabajadores de las Entidades de la
Cruz Roja Colombiana[47].
En el laudo, cuya vigencia se fijó en el artículo primero desde la fecha de su
expedición hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cuatro (2004), resolvió
en relación con las cláusulas que tienen que ver con la “Cartilla de Servicios
y Beneficios a los Empleados de Junio de 1999”:
“ARTÍCULO CUARTO: Beneficios Extralegales[48]:
Los Beneficios extralegales “Cartilla de Servicios y Beneficios a los Empleados
de Junio de 1999”, los podrá conceder el empleador solamente si las condiciones
y circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador se lo
permitan[49],
por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en
cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero,
económico o administrativo”[50].
6.1.13. Fotocopia de la constancia de interposición del recurso de
anulación por parte del apoderado especial del Sintracruz Roja Colombia, contra
el laudo arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003)[51],
y del escrito de sustentación del mismo presentado el once (11) de agosto de dos
mil tres (2003)[52].
6.1.14. Fotocopia del fallo del veintiuno (21) de agosto de dos mil
tres (2003) expedido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia[53],
a través del cual se decide no anular el laudo arbitral proferido el quince
(15) de julio de dos mil tres (2003), por las siguientes razones: (i) el
Tribunal no omitió pronunciarse sobre ninguna de las cuestiones para las que
fue constituido y, por tanto, no es viable la devolución del expediente como lo
solicita la organización sindical; (ii) no le es dado a la Corte asumir
el estudio de asuntos meramente procesales que debieron ser ventilados en las
etapas propias del conflicto colectivo, entre ellos, la falta de prueba del
resultado de la etapa de arreglo directo; (iii) el Tribunal sí motivó su
decisión de negar todas las peticiones que condujeran a un beneficio extralegal
y otras por escapar de su competencia, y (iv) el Tribunal tuvo por demostrada
la crítica situación económica de la entidad empleadora y de allí concluyó,
aplicando el principio de equidad, que era imposible imponerle cargas
adicionales, porque ellas pondrían en peligro su propia existencia.  En
relación con el alcance que se le dio en el artículo cuarto del laudo a los
beneficios extralegales contenidos en la Cartilla de Servicios y Beneficios
reconocidos por la Cruz Roja a sus trabajadores, concluyó que el Tribunal no
excedió sus atribuciones, porque:
“[El laudo arbitral] acogió la cláusula 7ª del
pliego[54],
pero limitó su aplicación a las condiciones económicas de la Cruz Roja, en
tanto estas le permitan reconocer los derechos y prerrogativas que antes eran
extralegales.  Esta situación de ser extralegales, es la que permite definir la
cuestión, porque tal como se viene diciendo, el límite para el Tribunal está
anclado en los derechos previstos en la Constitución Nacional, la ley o las
convenciones vigentes, que no es el caso de ahora, porque se trata de unas
concesiones que unilateralmente ha venido haciendo la entidad a sus
trabajadores[55].
“[…]
“Tampoco resulta ser un argumento válido para
la anulación del artículo cuarto, el que se diga que estaba por fuera de la
órbita del tribunal limitar su alcance porque ello no era materia del
conflicto; al contrario, si el fin último de una convención es crear nuevas
condiciones laborales que mejoren las existencias para los trabajadores, y el
laudo arbitral hace las veces de tal acuerdo, aquí se logró el cometido de
elevar a canon convencional los beneficios anteriores contenidos en la
cartilla, que antes no eran imperativos para el empleador, en cuanto podía a su
arbitrio modificarlos o revocarlos en cualquier tiempo, cosa que ahora sólo
podrá hacer por específicas razones económicas, financieras o administrativas.
Por lo demás, la Sala ha convenido en que los Tribunales pueden restringir
hasta donde sea necesario y justo las aspiraciones del sindicato, cuando la
situación económica del empleador así lo aconseje”[56] (negrillas
fuera de texto).
6.2. El apoderado judicial de la Cruz Roja allegó un memorial a través
del cual reitera que la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, que revivió la validez de la “Cartilla de Servicios y Beneficios a
los empleados de junio de 1999”, eliminada desde dos mil tres (2003), lleva
a la entidad, cuya naturaleza jurídica es de derecho privado sin ánimo de
lucro, a una “grave situación fiscal y financiera que prácticamente la pone
ad portas de su liquidación”.  Para demostrar el hecho afirmado, anexó el
informe “Análisis de la situación financiera de la institución” donde se hace
un comparativo entre “la (i) aplicación de la cartilla de beneficios y (ii)
su no aplicación desde el año 2003 hasta la fecha donde se evidencia sin mayor
dificultad la amenaza fundada a la sostenibilidad fiscal y financiera de la
institución”[57]
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Plena es competente para revisar los fallos de tutela
proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
El
apoderado de la Cruz Roja
Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, por considerar que mediante la sentencia adoptada el ocho (08) de
mayo de dos mil doce (2012), se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y la igualdad de la Entidad, al casar la providencia del treinta (30)
de abril de dos mil ocho (2008) proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, para en su lugar, revocar íntegramente la
providencia del treinta y
uno (31) de enero de dos mil siete (2007) dictada por el Juzgado Décimo Laboral
de Descongestión del Circuito de Bogotá, y condenar a la Cruz Roja a
restablecer, a partir del primero (1°) de septiembre de dos mil tres (2003), la
totalidad de los derechos contenidos en la Cartilla de Servicios y Beneficios a
los Empleados.
Planteó el apoderado judicial de la demandante que,
con ello, la Corporación accionada incurrió, supuestamente, en los defectos
sustantivo, fáctico y procedimental y en violación directa de la Constitución.
Concretamente, el reclamo
constitucional se fundamentó en la violación al debido proceso de la Entidad, porque (i)
realizó una interpretación arbitraria y errónea de las normas aplicables al
caso concreto; (ii) ignoró las pruebas que acreditaban la difícil
situación financiera por la que atraviesa la Cruz Roja, poniendo en serio
peligro la existencia y el cumplimiento de la labor humanitaria que
voluntariamente desarrolla desde el año 1972, y (iii) admitió y falló un
recurso de casación abiertamente improcedente pues desconocía las normas que
rigen el proceso de casación. Asimismo, planteó la violación del derecho a la
igualdad toda vez que confirió un trato desigual e injustificado a su
representada. En consecuencia,
solicitó que se deje sin efectos dicha providencia de casación y, en su lugar,
le restituya la firmeza a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de
Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008).
De acuerdo con estos hechos, corresponde a la Sala Primera de Revisión
resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneró la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, al
casar la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el
proceso laboral adelantado por Sintracruz
Roja Colombia, para en su lugar,
revocar íntegramente la providencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007) dictada por el
Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, y condenar a la
Cruz Roja a restablecer, a partir del primero (1°) de septiembre de dos mil
tres (2003), la totalidad de los derechos contenidos en la Cartilla de
Servicios y Beneficios a los Empleados?
Para desarrollar el anterior interrogante, la Sala
procederá a (i) resolver la cuestión atinente a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias de las salas de casación de la Corte
Suprema de Justicia; (ii) revisar las causales genéricas de
procedibilidad de la acción de tutela cuya configuración se alega en el
presente asunto; (iii) constatar en el caso concreto el cumplimiento de los
requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela; (iv) recordar
la figura del arbitramento obligatorio en materia laboral, y (v) analizar
la institución de la convención colectiva de trabajo en el contexto de la
legislación nacional.  Finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.
3. Cuestión
previa: procedencia de la acción de tutela contra providencias de las salas de
casación de la Corte Suprema de Justicia
3.1. Conforme con las normas de reparto que gobiernan el ejercicio de
la acción de tutela, la demandante inicialmente se dirigió ante la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de radicar su
solicitud de amparo constitucional[58].
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), negó el amparo reclamado por considerar que la actuación acusada
carecía de arbitrariedad.  Sin embargo, una vez impugnada la anterior decisión,
la Sala de Casación Civil de la misma Corporación, a través de auto del doce
(12) de febrero de dos mil trece (2013)[59],
declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto que avocó conocimiento de
la acción de tutela, disponiendo su inadmisión, bajo la consideración de que
las sentencias proferidas por las salas especializadas de la Corte Suprema de
Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, no son
susceptibles de ser controvertidas a través de este mecanismo constitucional[60].
En razón de ello, no ordenó la remisión del expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Así las cosas, el apoderado judicial de la Cruz Roja, amparado en lo
dispuesto en el auto 100 de 2008, dictado por la Sala Plena de esta
Corporación, presentó nuevamente acción de tutela ante la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, quien
resolvió admitirla y darle el trámite correspondiente.
3.2. Teniendo en cuenta que la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y varios de los
vinculados, manifestaron que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, carece de competencia para el
conocimiento de la presente acción de tutela, debido a que el Decreto 1382 de
2000[61]
le atribuye a la propia Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las
acciones de tutela que se intentan contra sus decisiones, corresponde a la Sala
de Revisión pronunciarse al respecto.
3.3. El artículo
86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública; y que, en todo caso, se remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en concordancia con lo previsto en el numeral 9° del artículo
241 superior, precepto que le asigna a la Corte Constitucional la función de
revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales
relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
En el mismo sentido el Decreto 2591 de 1991,
reglamentario de la acción de amparo, cuerpo normativo con rango y fuerza de
ley estatutaria, prevé en su artículo 1 que “[t]oda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señale este Decreto” (negrillas fuera de
texto).
A su vez, el Presidente de la República expidió el Decreto 1382 de
2000, con el fin de reglamentar el reparto de las acciones de tutela, el cual
en sus artículos 1 y 4 regula detalladamente lo relacionado con la competencia
para el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas contra
corporaciones y funcionarios judiciales.  En este sentido, es especialmente
claro el inciso 2° del numeral 2° del artículo 1 al prever que “[l]o
accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será
repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión,
sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 4º del presente decreto”.
Entonces,
de los enunciados normativos antes reseñados se desprende sin ninguna discusión
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues los
funcionarios judiciales son una autoridad pública cuyas actuaciones, cuando son
vulneradoras de derechos fundamentales, pueden ser atacadas mediante el remedio
constitucionalmente previsto para tales efectos.
3.4.
Ahora bien, ante la negativa reiterada de ciertas corporaciones judiciales a
dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
anteriormente señaladas, esta Corporación ha sostenido que en esos casos la
acción de tutela puede ser interpuesta ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado).
Cabe
reiterar aquí lo planteado en el auto 004 de 2004[62]:
“Por
lo tanto, si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art.
1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede
contra cualquier autoridad pública y no solo en contra de las
autoridades administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en
sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada,
es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte
Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que
interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de
dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso
a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial
efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados
Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90,
OC-16/99).
“Le
corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la
Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado
que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no
pueden quedar sin solución alguna.
“Pese
a lo anterior, no es posible, como regla general, que la respectiva Sala de
Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas hubieren surtido el
trámite propio de las instancias.
“En
estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de
1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo
pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los
accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela
del derecho fundamental que consideran violado.  Es claro que el juez escogido
por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte
Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no
admitir su trámite.
“Tampoco
podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del
accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo,
la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de
justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela.
“Finalmente,
es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse
en la misma situación aquí advertida.  Por ello, para los casos en que exista
la misma situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos
fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez
(unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la
Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la
protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de
una Sala de casación de la Corte Suprema de Justicia”.
3.5. En el caso objeto de examen, la solicitud de amparo presentada por
el apoderado judicial de la Cruz Roja ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, el veintisiete (27) de febrero de dos mil trece
(2013), tiene origen precisamente en la negativa de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, tribunal de segunda instancia en el trámite, en
avocar el conocimiento de la acción de tutela instaurada inicialmente ante la
Sala de Casación Penal de la misma Corporación, el veinte (20) de noviembre de dos
mil doce (2012), contra la Sala de Casación Laboral.
Es decir, la Cruz Roja presentó la acción de tutela ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (reparto), haciendo uso de la regla
fijada en el auto 04 de 2004 por la Corte Constitucional, por considerar
vulnerado su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, toda
vez que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se negó a avocar
el conocimiento de la solicitud de amparo.  Así las cosas, la accionada estaba
legitimada, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[63],
para acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida otra
Corporación de igual jerarquía, en solicitud del amparo de los derechos
fundamentales que considera vulnerados por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
3.6. Teniendo en consideración las ideas precedentes, la Sala concluye
que en el caso concreto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, sí es competente para el
conocimiento de la presente acción de tutela.
4. Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
4.1. La Corte  Constitucional como intérprete
autorizado de la Constitución Política y guardiana de su integridad, ha
desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea se basa en la
búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden
constitucional, de un lado, la primacía de los derechos fundamentales y, de
otro, el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial[64].
4.2. Para lograr este adecuado equilibrio, en
primer lugar, la Corte ha partido de los principios generales de procedencia de
la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes
en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial; en segundo
lugar, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que una
providencia judicial vulnere los derechos fundamentales, con el fin de evitar
acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y
entendimiento entre los diversos operadores judiciales. Por último, ha
acentuado constantemente que la acción de tutela solo procede cuando se
encuentre acreditada la amenaza o violación de un derecho fundamental.
4.3. A continuación, se reiterará brevemente
la jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la Sala Plena en la
decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[65]:
4.3.1. La tutela contra sentencias judiciales
es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico[66],
como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[67]
e, incluso, a partir de la ratio decidendi[68] de la
sentencia C-543 de  1992[69],
siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
4.3.2. Así, al estudiar la procedencia de la
acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos
formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la
acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales[70]:
(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente
relevancia constitucional[71];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[72]; (iii)
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[73].
4.4. Además de la verificación de los
requisitos generales, para que proceda la acción de tutela contra una decisión
judicial es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las
causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia
constitucional[74],
a saber: defecto orgánico[75],
sustantivo[76],
procedimental[77]
o fáctico[78];
error inducido[79];
decisión sin motivación[80];
desconocimiento del precedente constitucional[81],
y violación directa de la Constitución[82].
4.5. Acerca de la determinación de los vicios
o defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre
ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o
el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el
desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de
una prueba, pueda producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de
disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[83].
No sobra señalar que el criterio sostenido en
la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume,
esto es, la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a
través de un entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e
independencia judicial[84].
Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción de tutela es la vulneración
grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe
a los asuntos de evidente relevancia constitucional.
4.6. De acuerdo con las consideraciones
precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de
una providencia judicial debe verificarse la concurrencia de tres situaciones: (i)
el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad; (ii) la
existencia de alguna o algunas de las causales establecidas por la Corporación
para hacer admisible el amparo material, y (iii) el requisito sine
qua non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela,
para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[85].
5. Causales genéricas de procedibilidad de la
acción de tutela cuya configuración se alega en el presente caso
5.1. Defecto sustantivo por interpretación
errónea
5.1.1. Esta Corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las normas jurídicas al caso sometido
al conocimiento del juez[86].
Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe
tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de
un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
constitucionales. En tal sentido, expresó la Corte en sentencia T-462 de 2003[87]:
“[…] una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador[88],
(ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente[89]
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes[90]
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva
”.
En similar sentido, en las sentencias T-018 de 2008[91] y T-757 de
2009[92],
la Corte Constitucional ha explicado que los siguientes supuestos pueden dar
lugar a un defecto sustantivo:
“3.2.1. Ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto[93],
bien sea, por ejemplo  (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional[94],
(iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[95]
o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”[96].
5.1.2. Por lo tanto, la acción de tutela es procedente para controvertir la
interpretación de las normas efectuada por el juez natural del conflicto, si la
opción hermenéutica escogida por el juez natural resulta insostenible desde el
punto de vista constitucional por (i) entrar en conflicto con normas
constitucionales; (ii) ser irrazonable, pues la arbitrariedad es
incompatible con el respeto por el debido proceso; (iii) devenir
desproporcionada, al lesionar excesivamente los intereses de una de las partes,
siempre que esa afectación ostente relevancia constitucional, o (iv) ser
incompatible con la interpretación autorizada, y decantada por las altas
cortes.
5.1.3. En relación con el defecto sustantivo por interpretación
errónea de las disposiciones jurídicas[97],
debe advertirse que es un supuesto particularmente restringido de procedencia
de la tutela.  De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial. En efecto, en
la tarea de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a diversas
posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de las
disposiciones normativas, y no corresponde al juez constitucional señalar cuál
es la “correcta”, o la más conveniente para la resolución de un caso
específico, porque con fundamento en el artículo 230 de la Constitución
Política, el funcionario judicial al administrar justicia goza de una libertad
interpretativa, producto del respeto de la independencia y la autonomía
judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que afecten su
imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran
límite en la desviación caprichosa y arbitraria de la ley[98].
5.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra interpretaciones judiciales
5.2.1. La jurisprudencia constitucional y la doctrina especializada han
sostenido en forma pacífica que el ejercicio de la función judicial no solo
implica la aplicación silogística de reglas normativas para casos concretos que
restringen claramente la libertad de apreciación del juez, sino también la
interpretación de disposiciones de obligatorio cumplimiento que, por la
complejidad propia del lenguaje, su ambigüedad o simplemente por su textura
abierta, exigen que el aplicador jurídico amplíe el texto normativo y señale el
alcance o sentido concreto del mismo. Es por eso que, al momento de atribuir el
significado a la disposición normativa, puede verse que la función judicial se
desarrolla en varios momentos, algunos de los cuales en los que la valoración
del juez es determinante para la decisión y su entendimiento, resultan
indispensables para concretar el carácter democrático y pluralista del Estado
social de derecho, en que él se enmarca.
Precisamente porque se reconoce la especialidad de la función judicial
y la importancia que ella tiene para concretar los valores y principios que la
Constitución proclama, los artículos 228 y 230 consagraron la autonomía e independencia
judicial –que se resumen en que únicamente está sometido al imperio de la ley–
como garantías institucionales que se deben preservar para efectos de articular
correctamente el principio de separación de poderes, además, como medios para
lograr los fines superiores de “garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución” (artículo 2 CP).  De
este modo, es claro que a pesar de que el ejercicio judicial es reglado y está
sometido al imperio de la ley y la Constitución, también es evidente que la
norma superior reconoció que existen situaciones en las que el juez debe gozar
de un margen de discrecionalidad importante para apreciar el derecho aplicable
al caso, para lo cual debe ser independiente y autónomo[99].
Pero, incluso, también como una forma de garantizar la efectiva
concreción del Estado social de derecho, el Constituyente consideró importante
preservar y promover el principio de separación de jurisdicciones en aras de
garantizar la especialidad y la solvencia en los distintos temas que se someten
al análisis judicial. Por esta razón, el Título VIII de la Constitución
organizó a la Rama Judicial en jurisdicciones y, como órganos de cierre, ubicó
a la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria, al Consejo de
Estado en la jurisdicción contencioso administrativa y a la Corte
Constitucional en la jurisdicción constitucional.
Puede concluirse, entonces, que un juez competente para resolver una
controversia sometida a su decisión es libre y autónomo para aplicar la
Constitución y la ley, pero bajo ningún punto lo será para apartarse de ellas
ni para aplicar reglas que no se deriven de las mismas. De hecho, no hay más
riesgo de socavar un Estado social de derecho que un juez arbitrario, por lo
que también deberá existir un instrumento judicial idóneo para combatir el
capricho judicial y la arbitrariedad, imponer la aplicación de la Constitución
y restablecer los derechos afectados[100].
5.2.2. De este modo, para efectos de armonizar las garantías
constitucionales de independencia y autonomía judicial, eficacia de los
derechos fundamentales y supremacía constitucional, que resultan tan
importantes para la estructura del Estado social de derecho, sin que se
sacrifiquen unas a costa de las otras, la jurisprudencia constitucional ha
señalado algunas premisas con base en las cuales debe analizarse la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan
interpretaciones judiciales, a saber: (i) el juez constitucional no
puede suplantar al juez ordinario; (ii) el juez de conocimiento tiene
amplia libertad interpretativa en materia de valoración probatoria conforme al
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 176 del Código
General del Proceso[101],
y en el análisis y determinación de los efectos de las disposiciones normativas
aplicables al caso concreto[102];
(iii) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la
arbitrariedad judicial y, (iv) las interpretaciones razonables y
proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que consideraría
viables el juez de tutela[103].
En este orden de ideas, en la sentencia SU-120 de 2003[104] la Corte
Constitucional señaló que una decisión judicial constituye un defecto
sustantivo por interpretación judicial, cuando: “el juez elige la norma
aplicable o determina su manera de aplicación (i) contraviniendo o haciendo
caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales[105],
(ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados[106], (iii)
sin respetar el principio de igualdad[107],
y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio[108]”.
Ahora bien, a partir de una descripción en sentido negativo, también la
jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que no constituye un defecto
sustantivo por interpretación judicial[109],
cuando se trata de (i) la simple divergencia sobre la apreciación
normativa[110];
(ii) la contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial[111];
(iii) una interpretación que no resulta irrazonable, no pugna con la
lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a la disposición analizada[112],
y (iv) discutir una lectura normativa que no comparte[113], porque
para ese efecto debe acudirse a los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios y no a la acción de tutela, pues no se trata de una tercera
instancia.
5.2.3. En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
protección de los derechos fundamentales por vía de tutela cuando estos
resultan afectados por la interpretación judicial de pruebas o de normas
jurídicas debe ser excepcionalísima, y únicamente procede cuando el juez se
aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de
que existan distintas interpretaciones razonables debe prevalecer la del juez
de conocimiento en aras de preservar los principios de independencia, autonomía
y especialidad de la labor judicial.
5.3. Defecto
fáctico
5.3.1. La Corte Constitucional ha
entendido que el funcionario judicial que deja de decretar, practicar o valorar
una prueba absolutamente imprescindible para la defensa de los derechos
sustantivos de alguno de los sujetos procesales, incurre en una causal genérica
de procedibilidad de la acción de tutela.  Asimismo, cuando “el apoyo probatorio en que se basó el juez para
aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”[114].  Es decir, la Corporación ha considerado que se
configura un defecto fáctico cuando no existe el sustento probatorio necesario
para adoptar la decisión, que puede darse por la falta de producción o de
apreciación del material probatorio, o por un error grave en su valoración[115].
5.3.2.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la valoración de la prueba es, en principio,
una cuestión que atañe de manera exclusiva al juez de la causa, quien debe
fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en
los principios científicos de la sana crítica” (artículos 187 CPC y
61 CPL)[116].
No obstante, dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria, debido a
que la evaluación del acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, “la
adopción de criterios objetivos[117],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[118], es decir, que
ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos[119],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas”[120].
Al
respecto, la Corporación ha reconocido que el funcionario judicial es titular
de un gran poder discrecional para valorar las pruebas. Incluso, ha llegado a
sostener que:
“[…] el campo en el que la independencia del juez se
mantiene con mayor vigor es el de la valoración de las pruebas. Ello por cuanto
el juez de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
el material probatorio que obra dentro del proceso. Por eso la regla general de
que la figura de la vía de hecho solamente puede tener aplicación en
situaciones extremas debe ser manejada de forma aún más restrictiva cuando se
trata de debates acerca de si el material probatorio fue valorado en la debida
forma.  Sólo excepcionalmente puede el juez constitucional entrar a decidir
sobre la significación y la jerarquización de las pruebas que obran en un
proceso determinado, puesto que él no ha participado de ninguna manera en la
práctica de las mismas”[121].
Los
casos excepcionales a los que hace referencia la sentencia citada son aquellos
eventos en los cuales resulta manifiesto que el juez ha utilizado su poder de
una manera arbitraria, esto es, completamente al margen de los principios de la
sana crítica.  Según la jurisprudencia de la Corte, el ejercicio del poder de
valoración de la prueba resulta arbitrario (i) cuando el funcionario
omite por completo la producción[122]
o la valoración de pruebas que inciden de manera determinante en la decisión[123]; (ii) valora pruebas determinantes que no
fueron conocidas ni controvertidas por el sujeto procesal afectado[124] o
que fueron obtenidas con violación del debido proceso[125], o excepcionalmente, (iii)
en aquellos casos en los cuales existe un error ostensible, flagrante y
manifiesto en el juicio valorativo de la prueba, siempre que el mismo tenga una
incidencia directa en la decisión[126].
Finalmente, (iv) en aquellos eventos en los cuales una falla contundente
de la defensa técnica hubiera generado que el acervo probatorio en el que se
basó el juez para proferir una determinada providencia judicial, no resultara “de
un proceso en el que el imputado hubiese podido solicitar las pruebas
necesarias para probar su eventual inocencia o controvertir las que condujeron
a demostrar su responsabilidad”, la sentencia correspondiente adolecerá de
un defecto fáctico[127].
En
síntesis, se configurará un
defecto fáctico cuando (i) las pruebas allegadas al proceso resultan
insuficientes para adoptar la decisión correspondiente, bien porque no fueron
decretadas o bien porque no fueron practicadas; (ii) cuando la
valoración que de ellas se haga resulte contraevidente, y (iii) cuando
las pruebas sean nulas, de pleno derecho, por haber sido obtenidas con
violación del debido proceso.
5.3.3. En consecuencia, el comportamiento del juez que
incurre en un defecto fáctico da lugar a una violación de los derechos al
debido proceso, a la igualdad de las partes ante la ley procesal, al acceso a
la administración de justicia, así como a obtener un trato imparcial de quien
dirige el proceso, toda vez que el funcionario distorsiona la verdad para darle
un alcance a los hechos que en realidad no tienen, por lo que no dicta una
decisión en derecho, sino que lo quebranta.  Por ello, cuando estos supuestos
converjan, la acción de tutela resulta idónea, porque, además, tal error
incidió de manera determinante en el sentido de la decisión final.
Con todo, la
acción de tutela será viable contra una providencia judicial,  cuando alegada
la configuración de un defecto fáctico, el error en el juicio valorativo hecho
por el juez sea “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia”[128].
5.4. Defecto
procedimental
5.4.1. La Corte Constitucional ha señalado que la
figura del defecto procedimental se presenta cuando se da “una manifiesta
desviación de las formas propias del juicio que conduce a una amenaza o
vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de los demás
sujetos procesales con interés legítimo”[129].
Bajo estas
circunstancias, ha de entenderse que cada proceso definido por el legislador
tiene establecidos unas determinadas etapas y formalidades, que si llegan a ser
desatendidas o inobservadas en su totalidad por el operador jurídico, tal
conducta injustificada no solo comprometerá la legalidad del proceso en
cuestión, sino que su incidencia podrá afectar de manera contundente el derecho
fundamental al debido proceso de las partes.
5.4.2. Sin embargo, si bien
existe un sistema de normas que establece las etapas y formalidades a seguir en
los diferentes asuntos litigiosos que deben ser respetadas por los jueces y los
particulares que administren justicia, no todo desconocimiento de estas permite
la procedencia de la tutela, pues para que se admita, el defecto procedimental
advertido tiene que ser de tal magnitud que afecte, de manera irremediable, el
contenido constitucional del debido pro- ceso.  En otras palabras, no cualquier
falla en el procedimiento constituye una causal genérica de procedibilidad de
la acción de tutela.  Al respecto, la
Sala Novena de Revisión en la sentencia T-446 de 2007[130], señaló:
“Así, el procedimiento judicial previamente
establecido, propio a diferentes actuaciones, da seguridad jurídica a las
providencias que se dicten en el trámite de cualquier actuación judicial,
garantizando no sólo, la transparencia de las autoridades en su comportamiento
como operadores del derecho, sino que también da tranquilidad a las partes que
pueden con certeza defender sus derechos e intereses.
“Por otra parte, toda vez que el conjunto de normas
procesales no se pueden tener como fin en sí mismo, sino como medio para la
efectiva garantía del derecho de defensa de las partes, para que se incurra en
vía de hecho por defecto procedimental, además del desconocimiento de la norma
o la insostenible interpretación de ésta, se requiere que el ejercicio del
derecho de defensa se haya visto efectivamente obstaculizado por éste”.
Así las cosas, tal
circunstancia implica que, a falta del cumplimiento de ciertas formalidades y
ritos, el juez desborde por completo los parámetros razonables en el ejercicio
de su actividad, llevando por consecuencia a que la decisión impartida sea
abiertamente arbitraria, circunstancia frente a la cual se haría necesaria la
protección de los derechos fundamentales en sede constitucional.
5.4.3. Entonces, el
defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el
juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o
cuando pretermite las etapas propias del juicio, por ejemplo, omite la
notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando
pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación[131].
Así mismo, la Corte
ha entendido que las dilaciones injustificadas de los funcionarios judiciales
constituyen un defecto procesal susceptible de ser impugnado a través de la
acción de tutela.  En este sentido, la Corporación ha establecido: “Nada
obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en
dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo, que proceda a
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales”[132].
Adicionalmente,
origina un defecto procesal la conducta del funcionario judicial en virtud de
la cual se dilata o se omite el cumplimiento de una providencia judicial[133].
En relación con el tema, en la sentencia T-081 de 1994[134] expresó la Sala
Segunda de Revisión que “el derecho de acceso a la justicia (art. 229 C.P.),
que tiene el carácter de fundamental, implica no sólo la posibilidad de poner
en movimiento, a través de la formulación de una pretensión, la actividad
jurisdicción al Estado, sino la de obtener una pronta resolución de la misma, y
que la decisión estimatoria de la pretensión logre su plena eficacia, mediante
el mecanismo de la ejecución de la respectiva sentencia, que tienda a su
adecuado cumplimiento”.
Finalmente, la
jurisprudencia constitucional ha entendido que la falta de defensa técnica o material
por causas imputables al Estado pueden llegar a viciar el procedimiento hasta
el punto en el que la sentencia proferida adolezca de un defecto procedimental
susceptible de ser impugnado a través de la acción de tutela[135].  No
obstante, también ha precisado que para que dicho defecto se configure, no es
suficiente probar la existencia de una defensa deficiente, ya que “si las
deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y
notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de
sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela
contra las decisiones judiciales del caso”[136].
5.5. Violación
directa de la Constitución
5.5.1. La
evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales ha llevado a que se adecue el concepto original de vía de hecho
con el de causales genéricas de procedibilidad.  No obstante, ha resultado
constante en ambas etapas de dicho desarrollo conceptual, la procedencia del amparo
contra decisiones judiciales cuando quiera que estas últimas sean consecuencia de
una violación directa de la Constitución[137].
5.5.2. En conclusión, la Corporación ha determinado que no importa qué
tipo de actuación defectuosa haya producido el juez, pues lo relevante es que
la misma sea de tal entidad que lleve a comprometer su legalidad y, además, conduce
al desconocimiento de los derechos fundamentales que se encuentran en cabeza de
las partes del proceso, circunstancia suficiente para que el juez
constitucional revise dicha decisión judicial.
6. Constatación de los requisitos formales de
procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
6.1. Antes de asumir el estudio de fondo del problema jurídico que
plantea la presente solicitud de amparo, debe la Sala verificar el cumplimiento
de los requisitos formales de procedibilidad de la acción.
6.1.1. Observa la Sala que el asunto sometido al conocimiento del juez
de tutela tiene evidente relevancia constitucional, en tanto que se discute si
la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
el sentido de casar la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho
(2008) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Bogotá, en el proceso laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, para en su lugar, revocar íntegramente la
providencia del treinta y uno
(31) de enero de dos mil siete (2007) dictada por el Juzgado Décimo Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá, y condenar a la Cruz Roja a restablecer,
a partir del primero (1°) de septiembre de dos mil tres (2003), la totalidad de
los derechos contenidos en la Cartilla de Servicios y Beneficios a los
Empleados; (i) vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de la Cruz Roja, consagrados en los artículos 29 y 13
de la Constitución Política, respectivamente, por incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental y en violación directa de la Constitución, o, por el contrario, (ii) constituye el
legítimo ejercicio de la independencia y autonomía judicial, pues se trata de
una decisión que envuelve una interpretación razonable y proporcionada del
ordenamiento constitucional, legal y convencional.
6.1.2. En relación con el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
antes de acudir al juez constitucional, encuentra la Sala que la entidad accionante
no cuenta con otro mecanismo para controvertir la decisión adoptada por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en defensa de sus derechos
fundamentales.  Por lo tanto, el presupuesto de la subsidiaridad se haya
debidamente acreditado.
6.1.3. Se constata,
igualmente, el cumplimiento del requisito de inmediatez debido a que transcurrió
un término razonable entre el proferimiento del fallo de casación laboral por
parte de la Corte Suprema de Justicia, el ocho (08) de mayo de dos mil doce
(2012), y la interposición de la presente solicitud de amparo, el veintisiete
(27) de febrero de dos mil trece (2013), si se tiene en consideración que en el
entre tanto de estas fechas se intentó infructuosamente la defensa de los
derechos fundamentales de la Cruz Roja ante la Sala de Casación Penal de la
misma Corporación[138].
Recordemos que dicho juez colegiado mediante sentencia del once (11) de
diciembre de dos mil doce (2012), negó el amparo reclamado por considerar que
la actuación acusada carecía de arbitrariedad. Sin embargo, una vez impugnada
la anterior decisión, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
a través de auto del doce (12) de febrero de dos mil trece (2013)[139],
declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto que avocó conocimiento de
la acción de tutela, disponiendo su inadmisión y, en razón de ello, no ordenó
la remisión del expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
6.1.4. Como en el presente caso se discute una supuesta irregularidad
de carácter procesal toda vez que, según afirma el apoderado de la accionante, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió y falló un recurso de casación
abiertamente improcedente pues desconocía las normas que rigen el proceso de
casación, situación que generó la vulneración del derecho al debido proceso de su representada; procede la Sala
a analizar este aspecto en el marco del requisito de subsidiaridad.
El inciso 2° del artículo 93 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, modificado por el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, establece
que “[p]resentada en tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se
ajusta a los requisitos antes señalados.  Si así lo hallare ordenará el
traslado de ella a quienes no sean recurrentes, por quince días hábiles a cada
uno, para que formulen sus alegatos” (negrillas fuera de texto).  A su
vez, el artículo 94 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, señala
que “[a]dmitido el recurso [de casación] se mandará dar traslado al
recurrente por veinte días para que formule la demanda de casación y al
opositor por diez días para que la conteste” (negrillas fuera de texto).
En este orden de ideas, encuentra la Sala que la accionante disponía de
un mecanismo de defensa judicial en el trámite del recurso de casación que
debió activar para alegar el defecto procedimental que en esta oportunidad pretende
ventilar en sede de tutela[140].
Como fue planteado con anterioridad, la acción de tutela solo procede
cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio irremediable, pues no está diseñada para
sustituir ni reemplazar los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa
judicial.  En razón de ello, la Sala declarará la improcedencia de la presente
acción de tutela para controvertir el defecto procedimental propuesto por el
apoderado de la Cruz Roja.
6.1.5. Finalmente, en la acción de tutela se identificaron, de
forma razonable, los hechos que generaron la presunta violación de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja, y la solicitud
no se dirige contra una sentencia de tutela sino contra una providencia
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
6.2. Por las anteriores razones, salvo en
el caso del defecto procedimental alegado por el apoderado de la accionante, encuentra
la Sala cumplidos los requisitos
formales de procedibilidad de la acción, por lo cual se impone examinar si la
sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico,
afectando, con ello, el debido proceso de la Entidad, además, en violación
directa de la Constitución en contravención del derecho a la igualdad de trato.
7. El arbitramento obligatorio en materia laboral
7.1. La Corte ha señalado que el arbitramento es un mecanismo “en
virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la
decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se
adopte”[141].
Este procedimiento, regido por la Ley
1563 de 2012 “por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje
Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, supone conferir la jurisdicción respecto de un
conflicto específico a favor de un particular, quien queda investido de la
facultad temporal de resolverlo con carácter definitivo y obligatorio mediante
una decisión denominada laudo arbitral.
7.2. La legislación laboral prevé dos tipos de arbitramento: el arbitramento
voluntario y el arbitramento obligatorio.  En este marco, existen cuatro eventos en donde por expresa disposición del legislador, la regla general
de voluntariedad del arbitramento se exceptúa y se insta a alguna o a ambas
partes del conflicto, según sea el caso, a formar parte del tribunal de
arbitramento.
Así, el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo,
modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000, dispone que serán
sometidos a arbitramento obligatorio (i) los conflictos colectivos de
trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieren
podido resolverse mediante arreglo directo; (ii) los conflictos
colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren por el arbitramento,
conforme a lo establecido en el artículo 444 de este Código[142], y (iii)
los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y
cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado
por la huelga cuando esta sea procedente.  Asimismo, el numeral 4° del artículo 448 del
Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1210 de 2008, prevé otro evento en el
cual procede el arbitramento obligatorio y ambas partes deben solicitar al Ministerio de la
Protección Social la convocatoria de un tribunal:  (iv) cuando una vez terminada la etapa de
arreglo directo no se haya logrado un acuerdo entre el empleador y los
trabajadores, luego de ejercidos los buenos oficios por parte de la Comisión de
Concertación de Políticas
Salariales y Laborales[143].
7.3. El arbitramento obligatorio está
instituido para la resolución de aquellas  reivindicaciones con fines
económicos y profesionales que pueden surgir entre los trabajadores con
ocasión de la labor que les ha sido encomendada, las cuales se han denominado
por la doctrina como conflictos
económicos o de intereses[144].  Estos tienen
como propósito acrecentar un derecho existente o crear uno nuevo.
Es importante destacar que la diferencia
existente entre la naturaleza de los conflictos económicos que deben ser
solucionados por medio de un tribunal de arbitramento obligatorio y los
conflictos jurídicos que se resuelven mediante un tribunal de arbitramento
voluntario, implica que se les dé un tratamiento normativo diferente, pues en
el primer caso, la decisión que ha de tomarse se basa en criterios de justicia
material por ser una decisión que involucra aspectos económicos de las partes,
en cambio, en el segundo, el litigio ha de resolverse en derecho, al ser una
diferencia en la aplicación de una norma legal o convencional.
En este sentido, la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia señaló en la sentencia de homologación del veinte
(20) de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949), que: “los
árbitros del art. 452 C.S. del T. [Tribunal de arbitramento obligatorio]
son distintos de los previstos en este art. 130, porque aquellos tienen el
carácter de árbitros de reglamentación y ejercen una jurisdicción en equidad,
mientras que éstos ejercen una jurisdicción en derecho”[145].
7.4.
Ahora bien, una vez surtido el procedimiento arbitral el tribunal de
arbitramento debe proferir un laudo arbitral que, conforme lo precisa la sentencia SU-837 de 2002[146], pone fin
al conflicto laboral, imprime certeza a los derechos y obligaciones de las
partes, fija el marco normativo para el desarrollo del contrato de trabajo y “tiene
la fuerza jurídica de una convención colectiva”, con todo lo cual brinda
seguridad jurídica a quienes se encuentran cobijados por él así como a la
sociedad en general.
Es importante tener presente que para la época de los hechos regía el
artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, incorporado en el artículo 190
del Decreto 1818 de 1998[147],
el cual señalaba el efecto jurídico y la vigencia de los fallos arbitrales, en
el siguiente sentido: “1. El fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el
carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo.  ||
2. La vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos (2) años.  ||  3. No
puede haber suspensión colectiva de trabajo durante el tiempo en que rija el
fallo arbitral”[148].
8. La Corporación accionada, en
el marco del proceso ordinario laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, no vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja
8.1. Como ya fue indicado en líneas anteriores, el apoderado de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá,
interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, por estimar que mediante la sentencia adoptada el ocho (08)
de mayo de dos mil doce (2012), se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y la igualdad de la Entidad, al casar la providencia del treinta
(30) de abril de dos mil ocho (2008) proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, para en su lugar, revocar íntegramente la
providencia del treinta y uno
(31) de enero de dos mil siete (2007) dictada por el Juzgado Décimo Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá, y condenar a la Cruz Roja a restablecer,
a partir del primero (1°) de septiembre de dos mil tres (2003), la totalidad de
los derechos contenidos en la Cartilla de Servicios y Beneficios a los
Empleados.  Con ello, la Corporación accionada incurrió, supuestamente, en los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental y en violación directa de la
Constitución.
Concretamente, el reclamo constitucional se fundamentó en la violación al
debido proceso de la
Entidad, porque (i) realizó una interpretación arbitraria y errónea de
las normas aplicables al caso concreto; (ii) ignoró las pruebas que
acreditaban la difícil situación financiera por la que atraviesa la Cruz Roja,
poniendo en serio peligro la existencia y el cumplimiento de la labor
humanitaria que voluntariamente desarrolla desde el año 1972, y (iii)
admitió y falló un recurso de casación abiertamente improcedente pues
desconocía las normas que rigen el proceso de casación.  Asimismo, planteó la
violación del derecho a la igualdad toda vez que confirió un trato desigual e
injustificado a su representada. En
consecuencia, solicitó que se deje sin efectos dicha providencia de casación y,
en su lugar, le restituya la firmeza a la sentencia emitida por el Tribunal
Superior de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008)[149].
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, mediante sentencia del quince (15) de marzo de dos mil
trece (2013)[150],
negó el amparo de los derechos al debido proceso y a la igualdad de la Cruz
Roja.  Impugnada la anterior decisión por la Entidad accionante, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante
sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil trece (2013)[151], confirmó la
providencia emitida en primera instancia.
8.2. En relación con
el primer cuestionamiento planteado por el apoderado judicial de la demandante,
es decir, la configuración de un defecto sustantivo toda vez que, en su
criterio, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, realizó una interpretación arbitraria y errónea de
las normas aplicables al caso concreto, en particular, del contenido literal
del artículo cuarto del laudo arbitral expedido el quince (15) de julio de dos
mil tres (2003)[152];
la Sala resalta que dicho tribunal de casación en la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce
(2012), dispuso darle a los beneficios extralegales contenidos en la “Cartilla de Servicios y Beneficios a
los empleados de junio de 1999”,
fuerza de convención colectiva.
En este marco, encuentra la Sala que la interpretación vertida en el fallo adoptado el
ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012), a
la luz de la normativa laboral, es
razonable y no constituye una violación flagrante ni grosera de la
Constitución.  Según la Corporación accionada,
“[…] pese a que el Tribunal advirtió sobre el
carácter de disposición colectiva del artículo 4° del laudo Arbitral, a juicio
de esta Corte, sí desconoció que, por tal motivo, la única posibilidad para que
el empleador hubiese podido suprimir los beneficios allí consignados, era,
precisamente, a través de la denuncia de la convención o, si se presentaba el
supuesto, mediante la revisión de que trata el artículo 480 del [Código
Sustantivo del Trabajo], esto bajo el respeto [del] carácter convencional que
investía la cláusula.  ||  Lo contrario sería desconocer la importancia de la
negociación colectiva, específicamente, la de los derechos que por su virtud se
materializaron en el documento y que son normas obligatorias para las partes.
“Permitir que el empleador pueda modificar a
su arbitrio, o suprimir los derechos que tienen rango convencional, sería
desconocer que, justamente, aquellos son fruto de un ejercicio de concertación,
que busca poner en un plano de igualdad las relaciones obrero-patronales y ello
daría al traste con un mecanismo que ha resultado eficaz en aras de la
consecución de la justicia laboral.
“Justamente, cuando alguna de las partes
considera que las disposiciones colectivas son lesivas a sus intereses, cuenta
con dos posibilidades, la denuncia de la convención colectiva de trabajo o su
revisión “cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones
de la normalidad económica”, y ha entendido la jurisprudencia de esta
Corte, que en estos eventos se acoge la teoría de la imprevisión[153].
“[…]
“En ese orden de ideas, es claro que los
procedimientos contenidos en el ordenamiento jurídico son garantía para las
partes, y adquieren connotación porque a través de ellos, entre otros, se
consolidan acuerdos o se crean derechos, y su respeto es requisito sine qua non
para armonizar relaciones que, como las del trabajo, implican un ejercicio
democrático para concretar principios y derechos como el de la igualdad; en tal
sentido es diáfano que el Tribunal infringió el artículo 479 del C.S.T., pues
si como lo consideró en el texto de la providencia atacada, los beneficios
extralegales contenidos en la “Cartilla Servicios y Beneficios a los
Empleados de junio de 1999”, tenían fuerza de convención colectiva, aun
cuando su aplicación estuviera condicionada a las circunstancias financieras,
económicas y administrativas del empleador, ésta eventualidad tan solo lo
habilitaba para mantener en suspenso su reconocimiento, mientras la situación
mejorara, y en su defecto denunciar la convención colectiva, mas no podía
revocarla, unilateralmente, como en efecto sucedió” (negrillas fuera de
texto)[154].
Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser
acusada de tener un defecto sustantivo, es necesario que el funcionario
judicial aplique una norma inexistente o absolutamente impertinente o profiera
una decisión que carece de fundamento jurídico; aplique una norma abiertamente
inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, irrazonable o
desproporcionada la norma aplicable.
Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión
judicial que se funda en una interpretación indebida de una disposición legal.
Al respecto, la Corte ha señalado con claridad que prima facie, los
debates sobre la adecuada interpretación de un texto legal o reglamentario no
pueden dar origen a la acción de tutela contra una providencia judicial.  En su
criterio, los principios de independencia y autonomía funcional de los jueces
consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, les
confiere a estos funcionarios la facultad de escoger, entre las diversas
opciones hermenéuticas de una disposición, la que consideren más ajustada al
ordenamiento jurídico en su conjunto.  En aplicación de esta teoría, la Corte
ha negado múltiples solicitudes de tutela, pues, a su juicio, la procedencia de
la tutela en estas circunstancias equivaldría a convertir al juez
constitucional en una instancia más del proceso.  En este sentido, la Sala
Quinta de Revisión señaló:
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente
contengan una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante
repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales, pueden
ser susceptibles de ataque en sede constitucional. No así las decisiones que
estén sustentadas en un determinado criterio jurídico, que pueda ser admisible
a la luz del ordenamiento, o interpretación de las normas aplicables, pues de
lo contrario se estaría atentando contra el principio de la autonomía judicial”[155].
A partir de la exposición precedente, no puede afirmarse que la
Corporación accionada haya realizado una interpretación irrazonable de la
normativa laboral y convencional, cuando en su actuación ejerció su
independencia y autonomía judicial y procuró que su entendimiento de la ley
redundara en el goce efectivo de los derechos constitucionales y, en especial,
del artículo 53 superior[156].
En la indicada norma, el Constituyente consagró derechos mínimos de los
trabajadores, es decir, derechos inalienables, que no pueden disminuirse,
renunciarse, ni es factible transigir sobre ellos; que se imponen inclusive al
legislador y desde luego a los jueces y a los funcionarios administrativos.
Entre tales derechos se encuentra el que surge de la aplicación del
principio de favorabilidad, que la Constitución entiende como la “situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho”.  Siendo la ley una de esas fuentes, su
interpretación, cuando se presenta la hipótesis de la cual parte la norma –la
duda–, no puede ser ninguna diferente de la que más favorezca al trabajador.
Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para el juez.
Como lo expone la Sala Quinta de Revisión en la sentencia T-001 de 1999[157],
“allí la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser
muy relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable
hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más
entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica.
Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida
sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por
lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que
para el trabajador resulten desfavorables u odiosos.  El juez no puede escoger
con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha
hecho por él y de manera imperativa y prevalente”.
Al respecto, no vacila la Corte en afirmar que toda transgresión a esta
regla superior en el curso de un proceso judicial constituye un defecto
sustantivo e implica el desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales
del trabajador, en especial el del debido proceso (artículo 29 CP).  Ya lo dijo
la Corte en Sala Plena y lo reitera esta Sala sin ambages en la presente
oportunidad:
“[…] considera la Corte que la “condición más
beneficiosa” para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante
la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia
laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien
corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o
benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla.  En
nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado
en los siguientes términos: “situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”,
precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.
“De conformidad con este mandato, cuando una
misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del
derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber
de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más
beneficiosa o favorezca al trabajador.  La favorabilidad opera, entonces, no
sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o
entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola
norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser
aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-168 del 20 de abril de
1995. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz)” (negrillas fuera de texto).
En el caso objeto de controversia, no hay duda alguna en el sentido de
que como los beneficios extralegales contenidos en la “Cartilla Servicios y
Beneficios a los Empleados de junio de 1999” tenían fuerza de convención
colectiva, según lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce
(2012), la interpretación favorable a los trabajadores era la que partía del
entendimiento de que conforme a los artículos 479 y 480 del Código Sustantivo
del Trabajo, que consagran las figuras de la denuncia y revisión de la
convención colectiva de trabajo, respectivamente, no era posible revocar dichos
beneficios unilateralmente, como lo hizo la Cruz Roja, sino acudir a los
mecanismos legales de denuncia o revisión de las normas convencionales con
fundamento en las “circunstancias financieras, económicas y administrativas
del empleador”.  Entonces, no se reprocha la posibilidad de que un acuerdo
convencional sea modificado o revisado, pues para ello hay instrumentos
legales, sino que se hayan revocado unilateralmente unos beneficios
convencionales sin surtir los trámites que el legislador prevé para tal efecto.
A partir de las anteriores premisas, la Sala considera que la
Corporación accionada no incurrió en un defecto sustantivo derivado de
la interpretación contraevidente, irrazonable o desproporcionada del artículo cuarto del laudo arbitral
emanado del tribunal de arbitramento obligatorio entre la Cruz Roja y
Sintracruz Roja Colombia, a la
luz del Código Sustantivo del Trabajo.
Lo anterior, es coherente con artículo 61 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, que establece la libre formación del
convencimiento en el sentido de que “[e]l Juez no estará sujeto a la tarifa
legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento,
inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba
y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta
procesal observada por las partes”.
8.3. En relación con el defecto fáctico que plantea el apoderado de la
entidad accionante, en el sentido de que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia ignoró
las pruebas que acreditaban la difícil situación financiera por la que
atraviesa la Cruz Roja, poniendo en serio peligro la existencia y el
cumplimiento de la labor humanitaria que voluntariamente desarrolla desde el
año 1972; la Sala encuentra que no le asiste razón al peticionario pues el juez
de casación en relación con este aspecto, sostuvo:
“[…] es pertinente indicar que el Laudo
Arbitral, de 15 de julio de 2003, en su artículo cuarto elevó a cláusula
convencional los beneficios extralegales, supeditados a que el empleador los
reconociera “si las condiciones y circunstancias financieras, económicas y
administrativas del empleador se lo permiten, por lo tanto podrá enmendar,
modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en cualquier momento,
fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o
administrativo”.
“Lo anterior, sin embargo, conforme lo
señalado en las consideraciones del recurso, implicaba que la Cruz Roja
Colombiana no podía por sí misma, sin cumplir con lo dispuesto en la
normatividad, eliminar unilateralmente los beneficios; y es claro, además, que la
demandada no demostró que estuviera afrontando las situaciones que comprendían
dicha cláusula, para suspender el pago de la Cartilla de Beneficios, por cuanto
tan sólo se limitó a acudir a las consideraciones del laudo arbitral, sin
aportar siquiera balances de la entidad para, se reitera, demostrar su
inviabilidad económica, financiera o administrativa, pese a que era ella en
quien recaía la carga de la prueba, de manera tal que su actuación no está
amparada y por tal motivo deberá restablecer, a partir del 1° de septiembre de
2003 los derechos contenidos en la Cartilla de Servicios y Beneficios a los
Empleador, esta declaración sin perjuicio de las acciones individuales que
recaen en cada trabajador, en atención a lo previsto en el artículo 476 del
Código Sustantivo del trabajo, sin que por tanto sea viable acceder al resto de
pretensiones incoadas”.
Ha reiterado la Sala que la acción de tutela no puede convertirse en
una instancia más para revivir actuaciones judiciales que no resultaron
favorables a las pretensiones de las partes, en este caso, la Cruz Roja, máxime
cuando tuvo la posibilidad jurídica de demostrar en el proceso laboral “las condiciones y circunstancias
financieras, económicas y administrativas” que sufría la Entidad y no lo hizo.  En este punto
es importante recordar lo sentado por la Sala Novena de Revisión de la Corte,
casi que desde los orígenes de la teoría de las vías de hecho, en cuanto
a que la “procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
no autoriza al Juez constitucional para entrar a resolver sobre la cuestión
litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar
la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a través
de la providencia demandada.  En virtud de lo anterior, si la decisión no es
producto de una actuación arbitraria o abusiva sino el resultado de una
confrontación objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso
concreto, dicha actuación no puede ser objeto de amparo constitucional a través
del mecanismo de la acción de tutela”[158].
No se trata en el presente caso de que la Corporación accionada haya dejado de decretar, practicar o valorar una
prueba absolutamente imprescindible para la defensa de los derechos sustantivos
de alguno de los sujetos procesales, ni que el apoyo probatorio en que se haya basado para aplicar
una determinada norma sea absolutamente inadecuado, ni que se haya presentado un error grave en la valoración de la prueba.  Lo que sí
se hace evidente es el incumplimiento de una carga procesal que compromete a
las partes a “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”, y que es definido en el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos[159],
como carga de la prueba.  En este sentido, no se configura el defecto fáctico
alegado por la entidad accionante y, en razón de ello, no se constituye una
causal de procedibilidad de la acción de tutela.
Es
importante reiterar que la valoración de la prueba es, en principio,
una cuestión que atañe de manera exclusiva al juez de la causa, quien debe
fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en
los principios científicos de la sana crítica” conforme a los artículos 187
del Código de Procedimiento Civil[160]
y 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[161].  Por ello se ha
señalado que el campo de la valoración de las pruebas es en el que se
materializa con mayor vigor la independencia y autonomía del juez.
Entonces,
en el caso objeto de estudio no se observa que la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral, haya incurrido en un defecto fáctico y, por
tanto, no puede endilgársele la violación al debido proceso.
8.4.
Tampoco se observa que con la actuación de la Corporación accionada se haya
vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley procesal de la Cruz Roja o se
haya incurrido en violación directa de la Constitución, pues se constata que la
decisión adoptada a través de la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012), en la
cual se resolvió casar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y revocar
íntegramente la providencia dictada por el Juzgado Décimo Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá y, en su lugar, condenar a la Cruz Roja a
“restablecer, a partir del 1° de septiembre de 2003, la totalidad de los
derechos contenidos en la Cartilla de Servicios y Beneficios a los Empleados”,
es coherente con el ordenamiento constitucional, legal y convencional, y
constituye un ejercicio racional y razonable de la independencia y autonomía
judicial.
8.5. En relación con el defecto procedimental planteado por el
apoderado judicial de la Cruz Roja y que, supuestamente, influyó en la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso de su representada, a
raíz de que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió y falló un recurso de casación
abiertamente improcedente pues desconocía las normas que rigen el proceso de
casación; en el acápite de verificación del cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad de la acción de tutela, ya la Sala señaló que la Cruz Roja disponía de un mecanismo de defensa judicial en el trámite
del recurso de casación que no activó oportunamente, razón por la cual anticipó
la declaración de improcedencia de la presente acción de tutela para
controvertir este defecto procedimental.
9. Conclusión
En atención a lo anterior, la Sala de Revisión concluye que la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso
ordinario laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, en razón
de la interpretación dada al artículo
cuarto del laudo arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003),
emanado del tribunal de arbitramento obligatorio entre la Cruz Roja y
Sintracruz Roja Colombia, a la
luz del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que esta es razonable y no
constituye una violación flagrante ni grosera de la Constitución.   Además, el
cumplimiento de sus funciones en el trámite del recurso de casación se sujetó
al ordenamiento
constitucional, legal y convencional, y constituyó un ejercicio racional y
razonable de la independencia y autonomía judicial.
En consecuencia, la Sala confirmará las sentencias del ocho (08) de mayo de dos mil
trece (2013) proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, y del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013)
emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en este
proceso por medio de auto del cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2013).
Segundo.- DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por la
Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, contra la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para controvertir el asunto
relacionado con el defecto procedimental alegado y que tuvo ocurrencia en el
trámite del recurso de casación, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente sentencia.
Tercero.-
CONFIRMAR las sentencias del ocho (08) de mayo de dos mil trece
(2013) proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, y del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) emanada de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá.
Cuarto.-  LÍBRESE por Secretaría General las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
aclaración de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
con excusa
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
ANDRES
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
A
LA SENTENCIA SU949/14
PRESTACIONES EXTRALEGALES-Pueden ser revocadas
unilateralmente por el empleador, siempre y cuando no estén establecidas en
alguna fuente obligacional que tenga el carácter de instrumento vinculante que
constituya ley para las partes (Aclaración de voto)
Toda prestación extralegal reconocida por mera liberalidad
puede ser revocada unilateralmente por el empleador, siempre y cuando la misma
no esté establecida en el contrato de trabajo, convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbitral o en alguna otra fuente obligacional que tenga el
carácter de instrumento vinculante que constituya ley para las partes y que por
ende las obligue a avenirse a los términos de lo expresamente pactado, pues si
esto último es lo que acontece, ante cualquier inconformidad, deberán aquel
acudir a la denuncia de la convención colectiva o a su revisión, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 479 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo.
Referencia: Expediente
T-3958606. Acción de tutela presentada por la Cruz Roja Colombiana, Seccional
Cundinamarca y Bogotá, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia.
Magistrada ponente:
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
No
obstante que comparto la decisión de mayoría en lo concerniente a la
declaratoria de improcedencia la acción de tutela interpuesta por la Cruz Roja
Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, contra la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, por la no configuración de un defecto
procedimental en la sentencia que casó y concedió los derechos convencionales
solicitados por los trabajadores del sindicato Sintracruz Roja Colombia, muy
brevemente, considero necesario poner de resalto que, a tono con el estado
actual de la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria
en materia laboral, toda prestación extralegal reconocida por mera liberalidad
puede ser revocada unilateralmente por el empleador, siempre y cuando la misma
no esté establecida en el contrato de trabajo, convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbitral o en alguna otra fuente obligacional que tenga el
carácter de instrumento vinculante que constituya ley para las partes y que por
ende las obligue a avenirse a los términos de lo expresamente pactado, pues si
esto último es lo que acontece, ante cualquier inconformidad, deberán aquel
acudir a la denuncia de la convención colectiva o a su revisión, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 479 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo.
Así
lo sostuvo en particular la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia del 8 mayo 2014, rad. 42970, en los siguientes términos:
"Además
de ello, en lo que concierne a la senda jurídica por la que se encamina el
cargo, lo cierto es que, a tono con lo concluido por el Tribunal, esta Sala de
la Corte ha sostenido que las prestaciones extralegales, que son pagadas por
mera gracia del empleador, pues no encuentran consagración legal en el contrato
de trabajo o en alguna otra fuente de obligaciones vinculante, como la
convención colectiva, el laudo arbitral o el pacto colectivo, pueden ser
revocados unilateralmente, pues la liberalidad nace de la autodeterminación y
no puede ser impuesta".
Sin
embargo, en el caso que ocupó la atención de la Sala, las prestaciones
extralegales en reclamo, en las instancias ordinarias, si bien habían sido
inicialmente reconocidas de forma unilateral y por mera liberalidad por parte
del empleador, lo cual, en principio, de acuerdo con la jurisprudencia citada,
lo habilitaba para revocarlas o extinguirlas, lo cierto es que, con
posterioridad, este acordó con sus trabajadores su incorporación en el texto de
la convención colectiva y ante el yerro de aquel de no haber acudido al procedimiento de denuncia[162]
o revisión[163] procedentes, no
le era dable pretender lograr, por vía de tutela, que se dirimiera un asunto,
relacionado con el cumplimiento de obligaciones laborales válidamente
establecidas que, de fondo, le corresponde ventilarlo, en últimas, en caso de
conflicto, a la justicia ordinaria del trabajo.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Folio 4 al 36 del cuaderno principal. En adelante, los folios que se
refieran harán parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente
otra cosa.
[2] Antes de narrar los hechos, realizó una aclaración preliminar
en el siguiente sentido: “Esta acción de tutela fue presentada ante la Corte
Suprema de Justicia por el suscrito, en una demanda de contenido igual a la
presente, el pasado 20 de noviembre de 2012, y declarada no admisible a trámite
por el alto Tribunal mediante auto de la Sala de Casación Civil de 12 de
febrero de 2013, del que se anexa copia auténtica [folios 218 al 249].  Así las
cosas, en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en su Auto 100 de
2008, la competencia para conocer de esta acción, en primera instancia, corresponde
ahora al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y por ello acudo
en solicitud de tutela ante ese H. Consejo, mediante esta demanda que no tiene
variaciones respecto de la presentada ante la Corte Suprema de Justicia…”.
[3] Si bien los beneficios se otorgaron desde mil novecientos ochenta y
siete (1987), ellos se encuentran consagrados en la “Cartilla de Servicios y
Beneficios” de mil novecientos noventa y nueve (1999).  Folios 64 al 71 del
cuaderno principal.
[4] En el laudo arbitral de fecha quince (15) de julio de dos mil tres
(2003), anexo a la demanda y obrante a folios 73 al 86, cuya vigencia era desde
la fecha de expedición hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
cuatro (2004), según el artículo primero; se indica en las consideraciones: “El
Tribunal se ocupó, de analizar los documentos presentados sobre los estados
financieros auditados a 31 de diciembre de 2002, que se encuentran certificados
por el señor JOSE GUILLERMO INFANTES, Revisor Fiscal, […] de los cuales se
desprende la crítica situación económica de la Entidad y la incidencia que en
la misma tiene la deuda con Laboratorios BAXTER, problema este último que ya es
objeto de un proceso ejecutivo. || El estado de pérdidas y ganancias del año
2002, aprobado por la Revisoría Fiscal, arroja una pérdida operacional de
Trescientos Setenta y Cuatro Millones Ciento Noventa y Un Mil ($364.191.000.oo)
pesos, igualmente, el déficit de flujo de caja disponible acumulado para los
años 2002, 2003 teniendo en cuenta la incidencia de la deuda con BAXTER, sería
de Cuatro Mil Veintidós Millones ($4.022.000.000.oo) de pesos. || Es de
resaltar, así mismo, que con fecha enero 22 de 2003, la Superintendencia
Nacional de Salud, por intermedio de la Jefe de la División de Instituciones
Prestadoras de Salud, se dirigió al Representante Legal de la CRUZ ROJA –
Seccional Cundinamarca Bogotá D.C., en los siguientes términos: || “Asunto: SE
ADVIERTE DIFICIL SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. || […]” (folios 72 y 73).
[5] Laudo Arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003),
mediante el cual se resolvió el conflicto colectivo de trabajo entre Sintracruz
Roja Colombia y la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá
(folios 73 al 85).
[6] En el laudo se lee que “[t]anto el Pliego de Peticiones como
las exposiciones que las partes realizaron ante el Tribunal de Arbitramento, se
menciona “La cartilla de Servicios y Beneficios a los Empleados de junio de
1999”.  Beneficios extralegales [e]stos, que según la información financiera
suministrada, para el año 2002, ascendía a un costo de Quinientos Dieciocho
Millones ($518.000.000.oo) de pesos, consecuencia de lo cual, se debe aceptar
que se trata de unas prestaciones extralegales que por mera liberalidad ha
venido reconociendo la CRUZ ROJA COLOMBIANA - Seccional Cundinamarca - Bogotá
D.C., pero que su impacto financiero “es tan grave que podría llevar a ser
inviable la Seccional”. || Los razonamientos sobre los aspectos económicos,
atrás expuestos llevan al Tribunal a no conceder beneficio extralegal alguno…”
(folio 73).
[7] El artículo cuarto de la parte resolutiva del laudo, dice expresamente
que los “Beneficios extralegales “Cartilla de Servicios y Beneficios a los
Empleados de junio de 1999” los podrá conceder el empleador solamente si las
condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas se lo
permiten, por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos
beneficios en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de
vista financiero, económico o administrativo” (folios 83 y 84).
[8] El escrito obra a folios 87 al 94.
[9] Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
sentencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013), radicado No.
22214, recurso de anulación, MP Fernando Vásquez Botero (folios 102 al 131).
[10] Folios 134 al 141.
[11] Folios 153 al 150.
[12] Folios 79 y 80.
[13] En la sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil
siete (2007) proferida por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del
Circuito, se lee: “[…] la demandada CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA
Y BOGOTÁ D.C., no tiene obligación de dar cumplimiento a la Cartilla tantas
veces mencionada y mal puede el Juzgado ordenar el restablecimiento de unos
beneficios extralegales que como se ha dicho y se demostró dentro del proceso
no son de obligatorio cumplimiento, se repite, por la grave situación económica
y administrativa por la que atraviesa la empresa”.
[14] A folios 152 al 168 obra la sentencia del treinta (30) de abril de dos
mil ocho (2008), proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, en donde se lee: “Les (sic) asiste razón por tanto al
demandante en cuanto afirma que el carácter autónomo de que en principio
gozaban los beneficios contemplados en la denominada cartilla se sujetan con
posterioridad a una disposición legal, al ser objeto de debate por el tribunal
de Arbitramento y adoptarse a (sic) una determinación de carácter colectivo,
quedando por tanto sujeta su aplicación y existencia a las condiciones que el
Tribunal dejó planteadas. || Teniendo claro lo anterior y no obstante haberse
logrado por la organización sindical el objetivo de concretar estos derechos
con fuerza de convención colectiva, lo único que se garantiza con ello es la
existencia y aplicación provisional de lo allí contenido, más no garantiza de
fondo su perdurabilidad en el tiempo, en el entendido que es la misma
determinación la que faculta a la empresa para su eliminación condicionada eso
si (sic) a las circunstancias económicas, administrativas y financieras. || En
otras palabras encontramos que aunque la H. Corte Suprema, en efecto establece
el deber de la entidad en respetar los derechos contenidas en la cartilla de
beneficios, no significa que este (sic) igualmente garantizada su perpetuidad,
pues la norma carece de suficiente fuerza vinculante para garantizar su
efectividad” (folios 159 al 160).
[15] Sentencia de casación del ocho (08) de mayo de dos mil doce
(2012), proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, MP Elsy del Pilar Cuello Calderón, radicado No. 37523 (folios 167
al 187).  Esta sentencia contó con sendos salvamentos de voto presentados por
los magistrados Camilo Tarquino Gallego y Carlos Ernesto Molina Monsalve
(folios 188 al 197).
[16] En relación con la violación del derecho a la igualdad, señaló
el apoderado que la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, menoscabó dicho derecho de la Entidad que representa, en
“su dimensión de recibir el mismo trato judicial ante casos semejantes. […]
||  En concreto, el derecho a la igualdad se infringió cuando la Sala laboral
de la Corte Suprema admitió y resolvió favorablemente al recurrente una demanda
de casación sin el lleno de los requisitos legales, no obstante su práctica
constante demostrara que ante tales circunstancias la única alternativa
disponible era desestimar el recurso o no casar la sentencia”.  Citó como casos
previos en los cuales la Sala de Casación Laboral no casó la sentencia tras
evidenciar errores protuberantes en la demanda de casación, los procesos radicados
35610, acta No. 12 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil doce (2012), y
34142, acta No. 11 del veinticinco (25) de marzo de dos mil nueve (2009).  En
consecuencia, concluyó que se configuró una violación directa a la Constitución
que debe ser remediada en sede de tutela.
[17] Se anexa al escrito de tutela un Informe de análisis de la
situación financiera de la Institución (folios 203 al 217).  Agrega el
apoderado de la demandada que “[d]esde el año 2001 la Cruz Roja atraviesa por
dificultades financieras que la obligaron a eliminar dichos beneficios y le
impiden restablecerlos en aras de garantizar su existencia.  Esta situación se
demuestra con el análisis de resultados financieros de la Cruz Roja desde el
año 2001 hasta el año 2011, sometidos a una simulación financiera consistente
en modelar dicho resultado con el respectivo pago de la Cartilla de beneficios desde
el año 2003, con base en lo cual resulta evidente que el pago de tales
beneficios ‘sería inviable, debido a que su patrimonio estaría pronunciándose
negativamente, obligándola a una inmediata liquidación.  Se podría decir que la
situación financiera de la seccional habría sido caótica. || Por consiguiente,
la sentencia de Casación Laboral controvertida pone en riesgo inminente la
existencia misma de la Cruz Roja, ya que le impone unos deberes laborales que
le resulta imposible cumplir, so pena de afectar su sostenibilidad financiera a
largo plazo” (folio 13).
[18] Concluyó el apoderado que “es menester declarar la
configuración de un defecto sustantivo en la sentencia de casación emitida por
la Sala Laboral de la Corte Suprema el 8 de mayo de 2012, el cual representa
una violación del derecho fundamental al debido proceso de [su] poderdante”,
teniendo en cuenta: “1) que el sentido literal del artículo 4° en debate
establece el carácter facultativo de los beneficios extralegales contenidos en
la Cartilla de Servicios y Beneficios de junio de 1999, 2) que el significado
del verbo “poder” en el contexto normativo donde fue empleado confirma esa
discrecionalidad, 3) que cuatro autoridades judiciales –incluyendo la misma
Sala Laboral– y el Sindicato recurrente, entendieron que los beneficios
extralegales disputados fueron consagrados de manera “facultativa” a favor de
la Cruz Roja, [4)] que la autonomía de los jueces en la interpretación de las
normas no implica que puedan hacerlo de forma arbitraria o contraevidente, y [5)]
que incluso dos magistrados de la Sala Laboral dejaron constancia de su
inconformidad con la hermenéutica irregular adoptada por la mayoría” (folios 18
y 19).
[19] Precisó el apoderado: “En su dimensión “negativa”, esta clase
de defecto se presenta cuando el juez “se niega a practicar o a decretar una
prueba o hace su valoración, ‘de manera arbitraria, irracional y caprichosa u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente’.  ‘Esta dimensión
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez’ […]  ||  En el
presente caso, es innegable que si la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia hubiese tenido en cuenta las pruebas que llevaron a los dos
jueces de instancia a rechazar las pretensiones de Sintracruz Roja Colombia,
con seguridad el sentido del fallo emitido el 8 de mayo de 2012 hubiese sido
diferente. || Las pruebas sobre la difícil situación económica de la Cruz Roja
estuvieron presentes durante todo el recorrido del presente litigio.  En
particular, la Sala laboral tuvo a su alcance dos expedientes de instancia en
donde se acreditó dicha situación.  A su vez, el Sindicato demandante nunca
refutó la existencia de aquella precariedad económica, o en todo caso, nunca
aportó elementos de juicio que indicaran lo contrario.  […]  ||  La única
conclusión razonable ante estas circunstancias, es que dicha Sala omitió
valorar las pruebas obrantes en el proceso.  Esta omisión motivó la expedición
de una sentencia arbitraria que condenó a la Cruz Roja a sufragar unos
beneficios extralegales no debidos.  En consecuencia, se configuró un defecto
fáctico, en su dimensión negativa, que vulneró el derecho fundamental al debido
proceso de [su] poderdante y torna procedente la acción de tutela como
mecanismo de defensa judicial” (folios 20, 21 y 22).
[20] Señaló el poderdante que “para formular correctamente la demanda de
casación en el presente caso, el recurrente debía como mínimo invocar la causal
correspondiente y, si era del caso, allegar las pruebas que pretendía hacer
valer ante la Sala Laboral de la Corte Suprema.  Así mismo, […] debía definir
la vía por la cual pretendía atacar la sentencia del Ad quem y establecer, de
forma clara, si específicamente estaba invocando la vía directa o la
indirecta.  […]  No obstante lo anterior, el recurrente incumplió con estas
cargas formales y nunca invocó la causal correspondiente ni señaló sucintamente
si la vulneración del Ad quem se había producido por una aplicación indebida,
una interpretación errónea o por un error de hecho o de derecho.  Así las
cosas, es más que evidente que su demanda no debió admitirse.  ||  […]  || En
conclusión, el trámite del recurso de casación no respetó los presupuestos
legales de la admisibilidad y el estudio de fondo del asunto, previstos en las
normas del Código Procesal del trabajo.  ||  Estas graves irregularidades
procesales llevaron a la expedición de una sentencia que condenó
arbitrariamente a la Cruz Roja a pagar unos beneficios extralegales indebidos y
que, en consecuencia, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al
punto de configurar un defecto procedimental controlable mediante una acción de
tutela”.
[21] Folio 265.
[22] “Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de
tutela”.  El inciso 2° del numeral 2° del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000,
dispone: “Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala
de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”.
[23] Folios 345 al 348.
[24] Folio 279.
[25] Folios 317 y 318.
[26] Folios 338 al 343.
[27] Folios 332 al 337.
[28] El artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, dispuso:
“REVISIÓN. Las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que
sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica.
Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión fundada en tales
alteraciones, corresponde a la justicia del Trabajo decidir sobre ellas; y
entretanto estas convenciones siguen en todo su vigor”.  En tal sentido, agregó
que “al haber sido elevada a canon convencional, la CARTILLA DE SERVICIOS Y
BENEFICIOS las normas y [beneficios] en ella contenidos no podían ser
transgredidas y menos desconocidas unilateralmente por el empleador, por tal
sentido se debió recurrir en el momento oportuno a las instancias anteriormente
comentadas y en oportunidad legal, no en forma extemporánea”.
[29] MP Rafael Vélez Fernández, radicado No. 20130125500 (folios 349
al 369).
[30] Folio 384.
[31] MP Pedro Alonso Sanabria Buitrago, radicado No. 20130125501
(folios 7 al 36 del cuaderno dos).
[32] En dicha providencia señaló: “[…] en la aludida actuación de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, este Juez Constitucional
no encuentra un quebrantamiento al debido proceso, ni la configuración del
defecto sustantivo.  La interpretación que se hizo de la norma está fundada en
principios de autonomía, sin que ello implique una forma arbitraria de la Sala
mayoritaria que consideró que la Cruz Roja Colombiana, no podía unilateralmente
excluir los beneficios extralegales, sin cumplir con lo dispuesto en la
normatividad.  ||  No es irrazonable la posición jurídica de la sala de
Casación Laboral de la Corte, en la medida que la entidad demandada debió obrar
de conformidad con los postulados que ritualizan el procedimiento para
inaplicar los beneficios extralegales a los empleados.  ||  […] olvida el
accionante que esta eliminación de los beneficios estaba supeditada a
fundamentar su decisión, es decir, denunciar la convención y allí demostrar su
incapacidad financiera y económica para el pago de los beneficios
extralegales.  ||  En este orden, la interpretación de la Corte no se torna
grosera ni arbitraria, y la admisión del recurso extraordinario de Casación es
procedente frente la situación jurídica planteada, con las advertencias que de
entrada hizo [la] Sala de Casación Laboral, lo que no impidió el estudio del
recurso.  ||  En lo que respecta a la vulneración del derecho a la igualdad,
considera esta Corporación que si la interpretación que hizo la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no fue caprichosa, ni absurda frente
al debate planteado, la consecuencia de la misma no puede considerarse
violatoria del derecho a la igualdad.  ||  […] Ahora bien, el reproche invocado
por el actor en cuanto a la no valoración de las pruebas sobre la difícil
situación financiera de la Cruz Roja, como configuración de un defecto fáctico,
tampoco tiene vocación de prosperidad, por cuanto como quedó plasmado en el
fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte, la Entidad ‘tan sólo se
limitó acudir a las consideraciones del Laudo Arbitral, sin aportar siquiera
los balances para demostrar su inviabilidad económica, financiera
administrativa, pese a que era en ella la que recaía la carga de la prueba, de
manera tal que su actuación no está amparada y por tal motivo deberá
restablecer, a partir del 1° de septiembre de 2003 los derechos contenidos en
la Cartilla de servicios y Beneficios de los Empleados’” (folios 32 al 34).
[33] Folios 136 y 137 del cuaderno de revisión.
[34] Folio 34 del cuaderno de revisión.
[35] Folio 34 del cuaderno de revisión.
[36] Folios 40 al 53 del cuaderno de revisión.
[37] Folio 39 del cuaderno de revisión.
[38] Folio 36 del cuaderno de revisión.
[39] Folio 69 del cuaderno de revisión.
[40] Folios 37 y 38 del cuaderno de revisión.  A folios 58 al 61
aparecen, en su orden, el acta de iniciación de conversaciones del conflicto
colectivo suscitado a raíz de la presentación del pliego de peticiones por
parte de Sintracruz Roja Colombia a la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y
Bogotá, del catorce (14) de mayo de dos mil dos (2002), y el acta final de
conversaciones del ocho (08) de junio de dos mil dos (2002).
[41] Folios 73 y74 del cuaderno de revisión.
[42] Folio 72 del cuaderno de revisión.
[43] Folios 75 y 76 del cuaderno de revisión.
[44] Folios 83 y 84 del cuaderno de revisión.  La doctora Rosana
Vásquez tomó posesión del cargo el primero (01) de octubre de dos mil dos
(2002).  Ver acta obrante a folio 87 del cuaderno de revisión.
[45] Folios 88 y 89 del cuaderno de revisión.  El doctor Mario
Rodríguez Parra tomó posesión del cargo el quince (15) de noviembre de dos mil
dos (2002).  Ver acta obrante a folio 93 del cuaderno de revisión.
[46] Folios 113 y 114 del cuaderno de revisión.  La doctora Leyla
Jiménez Murillo tomó posesión del cargo el treinta y uno (31) de marzo de dos
mil tres (2003).  Ver acta obrante a folio 118 del cuaderno de revisión.
[47] Folios 126 al 138 del cuaderno de revisión.
[48] Se refieren a la prima extralegal, la prima extralegal de
navidad, la prima extralegal de vacaciones, la prima extralegal de antigüedad,
el auxilio de alimentación, los permisos, los auxilios, los préstamos para
vivienda, los préstamos por calamidad doméstica, los cursos de natación, los
cursos de primeros auxilios, los descuentos de medicina genera especializada y
servicios de ambulancia y los descuentos de odontología.
[49] En párrafos anteriores, el documento señala: “El Tribunal se ocupó, de
analizar los documentos presentados sobre los estados financieros auditados a
31 de diciembre de 2002, que se encuentran certificados por [Revisor Fiscal],
de los cuales se desprende la crítica situación económica de la Entidad y la
incidencia que en la misma tiene la deuda con Laboratorios BAXTER, problema
este último que ya es objeto de un proceso ejecutivo.  ||  El estado de
pérdidas y ganancias del año 2002, aprobado por la Revisoría Fiscal, arroja una
pérdida operacional de Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Ciento Noventa y
Un Mil ($364.191.000.oo) pesos, igualmente, el déficit de flujo de caja
disponible acumulado para los años 2002, 2003 teniendo en cuenta la incidencia
de la deuda con BAXTER, sería de Cuatro Mil Veintidós Millones
($4.022.000.000.oo) de pesos.  ||  Es de resaltar, así mismo, que con fecha
enero 22 de 2003, la Superintendencia Nacional de Salud, por intermedio de la
Jefe de la División de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, se
dirigió al Representante Legal de la CRUZ ROJA - Seccional Cundinamarca Bogotá
D.C., en los siguientes términos: ||  ‘Asunto: SE ADVIERTE DIFICIL SITUACION
ECONOMICA Y FINANCIERA […]’.  ||  […]  ||  Tanto en el Pliego de Peticiones
como en las exposiciones que las partes realizaron ante el Tribunal de
Arbitramento, se menciona “La Cartilla de Servicios y Beneficios a los
Empleados de junio de 1999”.  Beneficios extralegales éstos, que según la
información financiera suministrada, para el año 2002, ascendía a un costo de
Quinientos Dieciocho Millones ($518.000.000.oo) de pesos, consecuencia de lo
cual, se debe aceptar que se trata de unas prestaciones extralegales que por
mera liberalidad ha venido reconociendo la CRUZ ROJA COLOMBIANA – Seccional
Cundinamarca – Bogotá D.C., pero que su impacto financiero “es tan grave que
podría llevar a ser inviable la Seccional”.  ||  Los razonamientos sobre los
aspectos económicos, atrás expuestos llevan al Tribunal a no conceder beneficio
extralegal alguno […].  ||  Como es absolutamente discutible, tratándose de un
conflicto de intereses, o económico los Árbitros deben proferir su decisión
fundamentalmente bajo el criterio de la equidad, desde luego, sin afectar
derechos o facultades de las partes reconocidas en la Constitución Nacional o
en la Ley, y así se ha hecho en el caso concreto, pues, se insiste, el estado
financiero demostrado y ratificado por la Superintendencia de Salud, conlleva
necesariamente a no crear cargas económicas, por lo menos durante el transcurso
del año 2003, ya que decidir lo contrario sería eminentemente inequitativo
y muy seguramente se pondría en grave peligro la existencia de la entidad, que
como igualmente ya se dijo, persigue no fines de lucro, sino, por el contrario,
presta un servicio social necesario e indispensable máxime las actuales
circunstancias del País” (negrillas fuera de texto) (folios 129 al 131 del
cuaderno de revisión).
[50] Folios 136 y 137 del cuaderno de revisión.  La doctora Rosana Vásquez
de Torres presentó salvamento de voto en relación con la anterior decisión.  Consideró
que como mínimo se debieron reconocer a favor del Sindicato los beneficios
derivados de la cartilla de prestaciones extralegales que se aportó como
prueba, que han sido admitidos en forma voluntaria por la empleadora, con lo
cual sí se hubiera logrado un punto de equidad.  Asimismo, señaló que no hay
razón valedera para que el tribunal de arbitramento decida que los beneficios
unilaterales que la Cruz Roja ha reconocido de tiempo atrás a sus trabajadores
solamente los pueda conceder en caso de que las condiciones y circunstancias
financieras, económicas y administrativas se lo permitan, o que la entidad
pueda enmendar, modificar, aumentar o eliminar estos beneficios en cualquier
momento, pues con ello se excedió el Tribunal en sus facultades.
[51] Folio 145 del cuaderno de revisión.
[52] Folios 150 al 164 del cuaderno de revisión.  En esa oportunidad
alegó (i) la nulidad total del laudo y, consecuencialmente, solicitó la
devolución del expediente al tribunal para que se pronuncie en equidad sobre el
pliego de peticiones en su integridad; (ii) falta de competencia del
tribunal para decidir el conflicto, puesto que dio por probado que la etapa de
arreglo directo se surtió sin que se hubiera llegado a ningún acuerdo en
relación con el pliego de peticiones presentado, y (iii) falta de
motivación del laudo arbitral.  En relación con las facultades de los árbitros
para decidir el conflicto en equidad, planteó (iv) que la decisión del
tribunal es arbitraria y abusiva en cuanto desconoce la cartilla de servicios y
beneficios vigente en la Cruz Roja; en concreto, se cimenta sobre el
desconocimiento del principio de equidad y de los derechos constitucionales a
la igualdad, a la asociación sindical y al debido proceso.
[53] Folios 166 al 196 del cuaderno de revisión. MP Fernando Vásquez
Botero. Radicación 22214 - Recurso de anulación.
[54] La cláusula 7ª del pliego de peticiones de Sintracruz Roja
Colombia, establece: “COMPROMISOS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE: EL EMPLEDOR,
seguirá dando cumplimiento a los compromisos adquiridos anteriormente con sus
trabajadores, contemplados en la “Cartilla de Servicios y Beneficios a los
Empleados, de junio de 1999” y a los demás que por liberalidad viene
reconociendo a todos sus trabajadores” (folio 42 del cuaderno de revisión).
[55] Folio 191 del cuaderno de revisión.  Continúa explicando: “Y
aunque se ha sostenido, como lo dice el impugnante, que este tipo de
reconocimientos puede ser recogido por el Tribunal de Arbitramento en el laudo,
no necesariamente tiene que ocurrir así, ya que de por medio está ese principio
de equidad, con fundamento en el cual debe decidir el conflicto colectivo
económico” (folio 192).
[56] Folio 192 del cuaderno de revisión.
[57] Folios 20 al 30 del cuaderno de revisión.  El informe anexo
concluye que “de no haberse tomado la decisión en 2003 de retirar la cartilla
de beneficios la entidad hubiera tenido un rápido deterioro financiero que la
hubiera llevado a situaciones insostenibles de liquidez y solvencia,
conduciendo a su quiebra en 2007.  De mantenerse en vigencia la cartilla a
futuro, será inevitable que un mayor número de funcionarios ingrese al
sindicato, precisamente por los beneficios adicionales que esta membresía
acarrea.  Los ejercicios de sensibilidad presentados arriba indican que si todo
el personal de la Seccional se afilia al sindicato, entre 2014 y 2015 la
entidad tendrá egresos adicionales acumulados por ese solo concepto de $1.770
millones – lo cual equivale a casi el 80% de su patrimonio actual.  Dichos
egresos adicionales acumulados tendrían un valor muy superior a nuestro capital
de trabajo disponible y se traducirían en un índice de endeudamiento cercano al
100%” (folio 30 del cuaderno de revisión).
[58] Folios 218 al 249.
[59] Magistrado Jesús Vall de Rutén Ruiz (folios 256 al 262).
[60] Al respecto, señaló: “[…] es un imposible lógico y jurídico
tratar de abrir un nuevo espacio de discusión respecto de un asunto en el que
la Sala Especializada, en el ámbito de sus privativas funciones y competencias,
casó la sentencia de segundo grado en el juicio laboral aludido, merced a la
calidad de órgano límite y de cierre de la jurisdicción ordinaria que tiene la
Corte Suprema de Justicia por disposición constitucional, lo que impide que sus
decisiones puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por
otras autoridades, puesto que en tal condición no existe otro organismo que
pueda disputarle las resoluciones que haga dentro de su propio ámbito” (folio
259).
[61] “Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de
tutela”.  El inciso 2° del numeral 2° del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000,
dispone: “Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala
de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”.
[62] Posición que es reiterada en el auto 100 de 2008 emanado de la
Sala Plena de la Corporación.
[63] El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, reza: “Primera instancia. Son
competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
[64] Al respecto, ver las sentencias T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462
de 2003, T-771 de 2003 y T-949 2003 (todas ellas del MP Eduardo Montealegre
Lynett), C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño. Unánime) y T-018 de 2008 (MP
Jaime Córdoba Triviño).  Entre muchas otras, la posición fijada ha sido
reiterada en las sentencias T-743 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-451 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).
[65] MP Jaime Córdoba Triviño.  Se trata de una exposición sintetizada de
la sentencia C-590 de 2005.
[66] “En la citada norma superior (artículo 86 CP)
es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos
ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de
ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos
fundamentales. Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de
“cualquier” autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela procede
también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a
la función jurisdiccional y, específicamente, contra las decisiones judiciales,
pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a
supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen
constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de
la ley y afectar derechos fundamentales”.  Cfr. sentencia C-590 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño).
[67] “La procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino
también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la
Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibídem.
[68] Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta,
consultar la sentencia SU-047 de 1999  (MP Carlos Gaviria Díaz).
[69] MP José Gregorio Hernández Galindo (SV Ciro
Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). “Al
proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la
tutela contra decisiones judiciales”. Cfr. sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño).
[70] Se reitera, se sigue la exposición de la sentencia C-590 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño).
[71] Ver sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y
C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[72] Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su
relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de
tutela para controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (MP
Jaime Córdoba Triviño).
[73] Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte
Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe
entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión,
se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[74] Es importante precisar que esta línea jurisprudencial se conoció
inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, con el propósito
de superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su
asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, la Corporación
sustituyó la expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de
la acción de tutela contra decisiones judiciales” que responde mejor a su
realidad constitucional.  La sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta
evolución, señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra
providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales genéricas de
procedibilidad de la acción”, que de vía de hecho.
[75] El defecto orgánico hace referencia a la carencia absoluta de
competencia por parte del funcionario que dicta la sentencia.
[76] El defecto sustantivo se configura cuando se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión (ver sentencia C-590
de 2005); igualmente, los fallos T-079 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y
T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[77] El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al
respecto, ver sentencias T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937 de
2001 (MP Manuel José Cepeda), SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa;
SV Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería), T-996
de 2003 (MP  Clara Inés Vargas Hernández), T-196 de 2006 (MP Álvaro Tafur
Galvis), T-937 de 2001 (MP Manuel José Cepeda).
[78] El defecto fáctico está referido a la producción, validez o
apreciación del material probatorio. En razón al principio de independencia judicial,
el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente
restringido.
[79] El error inducido, también conocido como vía de hecho por
consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable
y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una
decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario
es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia
o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver,
principalmente, las sentencias SU-014 de 2001 (MP Martha Victoria Sáchica
Hernández), T-1180 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000 (MP
Alfredo Beltrán Sierra; SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa; AV
Álvaro Tafur Galvis).
[80] La decisión sin motivación se configura en una de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la motivación es un deber de
los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un
ordenamiento democrático. Ver sentencia T-114 de 2002 (MP Eduardo Montealegre
Lynett).
[81] Conforme a la sentencia T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), el
desconocimiento del precedente constitucional “[se presenta cuando] la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver
sentencias SU-640 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime) y SU-168 de
1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime).
[82] La violación directa de la Constitución se presenta cuando el juez le
da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la
Constitución.  Al respecto, ver sentencias T-1625 de 2000 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez), SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y T-1031 de
2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett).  Asimismo, cuando no se aplica la
excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido
solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[83]
Ver sentencia T-701 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).
[84] Es decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de
justicia material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[85] Ver sentencias C-590 de 2005 y T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño). En el mismo sentido, la sentencia T-701 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny
Yepes).
[86]
El defecto sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de
tutela ha sido ampliamente estudiado por la Corte.  Para una exposición
completa del tema, ver las sentencias C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño. Unánime), T-462 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño) y T-757 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[87] MP Eduardo Montealegre Lynett.
[88]
Cfr. sentencia T-573 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía).
[89]
Cfr. sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[90]
Cfr. sentencia T-001 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[91] MP Jaime Córdoba Triviño.
[92] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[93]
Sobre el particular, además de la sentencia T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), pueden consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-984 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[94]
Cfr. la sentencia SU-1722 de 2000 (MP Jairo Charry Rivas). Tal es el caso, por
ejemplo, de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de
“no reformatio in pejus”.
[95]
Cfr. la sentencia C-984 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[96]
Sentencia SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV
Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería).
[97]
En este aparte, la Sala seguirá el esquema expositivo de la sentencia T-1031 de
2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett).  En este caso, un miembro de un grupo
armado al margen de la ley que se hallaba fuera del país, ofreció colaboración
a la Fiscalía General de la Nación a cambio de los beneficios previstos por la
ley para este tipo de asuntos. La Fiscalía consideró que no podrían otorgarse
tales beneficios sino una vez se entregara a la justicia. La interpretación fue
considerada irrazonable, pues no existía norma que prohibiera otorgar los
beneficios en las condiciones descritas. La Sala de Revisión recalcó que los
jueces son independientes, pero que su independencia no es absoluta. La falta
de una razón jurídica para negar una interpretación penal más favorable, fue
considerada suficiente para otorgar el amparo.
[98] Así lo expresó la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1031 de
2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett): “Para la realización de este ejercicio
hermenéutico, el juez ha de estar rodeado de algunas garantías, que
corresponden a su independencia (pretensión de neutralidad y ausencia de
inherencias horizontales –frente a las otras ramas del poder–) y autonomía
(ausencia de inherencias verticales –libertad frente al superior–), que han
tenido consagración constitucional apropiada”.
[99] Ver la sentencia T-1263 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla).
[100] Ibídem. En este sentido, la Sala Séptima de Revisión en la sentencia
T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), señaló: “La “efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, constituyen el
parámetro de la actuación legítima de los poderes públicos.  ||  Así las cosas,
resulta evidente que la labor de los jueces al interpretar el derecho para
aplicarlo al caso concreto, si bien supone que sea realizada de manera autónoma,
no puede convertirse en patente de corzo para aplicar cualquier interpretación
posible.  El sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a
las interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo
distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho
requerimiento”.
[101] El artículo 176 del Código General del Proceso, establece:
“Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
||  El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada
prueba”.
[102] La sentencia T-588 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), explicó
al respecto: “[…] no es posible cuestionar, por vía de tutela,
una sentencia, únicamente porque el actor o el juez constitucional consideran
que la valoración probatoria o la interpretación de las disposiciones legales
por el juez ordinario fueron discutibles. Es necesario que las interpretaciones
y valoraciones probatorias del juez ordinario sean equivocadas en forma
evidente y burda para que pueda proceder el amparo constitucional.  Cualquier
tesis distinta implicaría no sólo desconocer la autonomía funcional que tienen
los jueces para interpretar el derecho y valorar las pruebas (CP art. 230) sino
que además desconocería la separación funcional entre la justicia
constitucional y la jurisdicción ordinaria”.
[103] En este sentido, pueden verse las sentencias T-066 de 2005 (MP
Rodrigo Escobar Gil), T-345 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-588
de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-070 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-028 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-1263
de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson
Pinilla Pinilla), T-661 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio.
AV Nilson Pinilla Pinilla), entre otras.
[104] MP Álvaro Tafur Galvis.
[105] Sobre la posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales que
resulten contrarias a la Constitución, y en relación con la procedencia de la
acción de tutela en los casos en que la interpretación que el juez hace de una
norma contraría un criterio hermenéutico establecido por esta Corporación, ver las
sentencias T-001 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-522 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-842 de 2001 (MP Álvaro Tafur
Galvis), entre otras.
[106] La Corte se ha referido a los casos en que la interpretación judicial
resulta contra evidente o irracional, entre otras, en las sentencias T-1017 de
1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1072 de 2000 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[107] Sobre las decisiones proferidas en contravención del principio de
igualdad se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-123 de 1995 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-321 de
1998 (MP Alfredo Beltrán Sierra), SU-1300 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-068 de 2001 (MP Álvaro Tafur Galvis) y T-1306 de 2001 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[108] La jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho procesal
no puede ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho sustantivo,
entre otras, en las sentencias C-596 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell) y
T-1306 de 2001(MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[109] Ver la sentencia T-1263 de 2008 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla), entre
otras.
[110] La sentencia T-565 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), señaló: “[…] siempre
que la interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de un texto
legal permanezca dentro de los límites de lo objetivo y lo razonable, la mera
divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye una
irregularidad que haga procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales”.
[111] Al respecto, la sentencia T-1001 de 2001 (MP Rodrigo Escobar
Gil), reiterada en la sentencia T-565 de 2006 del mismo ponente, explicó: “En
materia de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de
una vía de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera
concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho.
El hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas
autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por el
operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso
concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se
trata, en realidad, de una vía de derecho distinta que, en consecuencia, no es
posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el
respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que
reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación
razonable del derecho”.
[112] Es
clara la sentencia T-1036 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), al afirmar:
“[…] las divergencias en la interpretación de las normas legales, en principio,
no son materia que pueda ser objeto de acción de tutela, sobre todo en presencia
de recursos ordinarios, diseñados precisamente para lograr ‘la superación de
las diferencias de interpretación de las normas y promover, a su vez, la
unificación de criterios entre los funcionarios judiciales, con vista a una
aplicación uniforme de la ley’. Por lo tanto, cuando la labor interpretativa
realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es
susceptible de ser ‘cuestionada, ni menos de ser calificada como una vía de
hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las
partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo
extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente’ […]. En
suma, el juez de tutela no puede controvertir la interpretación que de las
situaciones de hecho o de derecho realice el juez de la causa en el respectivo
proceso, salvo que esta hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y, por ende,
vulnere los derechos fundamentales de la persona que acude a la acción de
tutela”.
[113] En la
sentencia T-955 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentaría), la Sala Primera de Revisión
concluyó lo siguiente: “[…] la
labor adelantada por el Tribunal hace parte de su función interpretativa de las
normas, y que la decisión que profirió en el presente caso no surge subjetiva o
irrazonable, por el simple hecho de que el accionante no comparta la forma en
que dicho tribunal aplicó las normas pertinentes en su caso. || Ciertamente en
materia de interpretación judicial, es claro que los criterios para definir la
existencia de una vía de hecho se circunscriben a la actuación arbitraria que
adelante el juez, y que por ello sea abiertamente contraria al derecho, lo cual
no se aprecia en el presente caso”.
[114] Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, las sentencias
T-932 de 2003 (MP Jaime Araujo Rentería), T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra) y T-162 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería).
[115]
Sentencia T-554 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández).  También puede
consultarse la Sentencia SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[116] Sentencia T-442 de 1994
(MP Antonio Barrera Carbonell).
[117] Sentencia SU-1300 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra.  SV Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil;
AV Rodrigo Uprimny Yepes). En esa ocasión la Corte encontró perfectamente
razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la
sentencia anticipada.  El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por
probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento
patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas
se probó a través de la confesión de [varios testigos], y de un conjunto
concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas
en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el
peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias
de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas
constructoras de la familia”.
[118] Sentencia T-442 de 1994
(MP Antonio Barrera Carbonell).
[119] Sentencia T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida
apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que
se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del
juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende
la suerte del proceso penal.
[120] Sentencia
SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV Jaime Araujo Rentería, Alfredo
Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil).
[121] Ver la sentencia T-055 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[122] Por ejemplo, en la sentencia T-589 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz) la Corporación encontró configurado un defecto fáctico en un caso en el
cual el fiscal había dejado de practicar la totalidad de las pruebas
oportunamente solicitadas por el sindicado y que tenían la función de
desvirtuar la cadena indiciaria que, según el funcionario judicial, permitía
demostrar la participación del sujeto en el hecho delictivo investigado.  En el
mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-005 de 1994 (MP
Jorge Arango Mejía); T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell); T-324 de
1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-329 de 1996 (MP José Gregorio Hernández
Galindo) y T-654 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[123] Al respecto pueden verse las sentencias T-576 de 1993 (MP Jorge Arango
Mejía), T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell) y T-329 de 1996 (MP
José Gregorio Hernández Galindo).  En esta última providencia, la
Sala Quinta de Revisión sostuvo que “cuando un juez omite apreciar y evaluar
pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución
judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra
la providencia dictada procede la acción de tutela.  La vía de hecho consiste
en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que,
contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos
legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones
que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que
bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la
decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición
contraria”.
[124] Ver la sentencia C-609 de 1996 (MsPs Alejandro Martínez
Caballero y Fabio Morón Díaz.  SV José Gregorio Hernández Galindo, Carlos
Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
[125] Ver las sentencias T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y
T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[126] Ver la sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[127] Ver la sentencia T-654 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[128] Sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[129] Sentencia T-1006 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería).  Entre otras, como
antecedentes es posible consultar las sentencias T-567 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-784 de 2000 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-408 de 2002 (MP
Clara Inés Vargas Hernández) y T-819 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[130] MP Clara Inés Vargas Hernández.
[131] Ver la sentencia T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández).  La
Corte ha indicado que un acto a través del cual se pretermite por entero una de
las instancias judiciales, o se impide arbitrariamente la utilización de un
recurso necesario para la defensa (sentencias T-538 de 1994, MP Eduardo
Cifuentes Muñoz, y SU-478 de 1997, MP Alejandro Martínez Caballero), o se omite
por completo la notificación a uno de los sujetos interesados (sentencia T-654
de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz), puede ser atacado a través de la acción
de tutela. No obstante, también ha señalado la Corporación que una falla en el
proceso de notificación que no impida que la persona pueda conocer el acto que
se notifica –como un error mecanográfico prácticamente intrascendente en la
publicación de un edicto– no da lugar a una vía de hecho judicial.
[132] Sentencia C-543 de 1992 MP
José Gregorio Hernández Galindo (SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz y Alejandro Martínez Caballero).
[133] Al respecto, puede ser consultada la sentencia T-055 de 1994
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[134] MP Antonio Barrera Carbonell.  En este mismo
sentido se ha pronunciado la Corporación frente al incumplimiento de sentencias
de habeas corpus cuando quiera que la autoridad judicial, con el fin de
legalizar una situación irregular profiere una decisión que tiende a impedir la
ejecución de la orden de libertad.  Ver, al respecto, la sentencia T-046 de
1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[135] Ver, entre otras, las sentencias T-654 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz) y T-589 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).  En
la sentencia SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda) se consideró que el defecto
procedimental puede producirse, a título de ejemplo, “cuando se pretermiten
eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las
garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por
ejemplo, no: (i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone
la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los
que sea necesario–, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar
las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les
comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el
mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez,
que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas”.
[136] Sentencia T-654 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[137] Sentencia T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett).  En
esa oportunidad, la Sala Séptima de Revisión sostuvo: “Esta evolución de la
jurisprudencia implica que la Corte ha decantado los conceptos de capricho y
arbitrariedad judicial. No sólo se trata de los casos en que el juez impone, de
manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye
aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad).
Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal,
máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna
manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo
razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a
la Constitución”.  En este sentido, explicó la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1216 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) que
“la Corte Constitucional desarrolló la tesis de la vía de hecho en la que
pueden incurrir los jueces al dictar sus fallos.  Dicha postura tuvo como base
que ante errores groseros y burdos en que se incidiera en una sentencia
judicial, se debía proteger a los ciudadanos de lo que ello implicaba: la
arbitrariedad y el capricho desprendidos de la conducta del juez. Ello se
consideró como un deber del juez constitucional […].  || Ahora bien, la
referencia a la expresión vía de hecho, si bien es cierto que resulta clara en
la medida en que reseña algunos supuestos que pretende describir, tales como
errores burdos o arbitrariedad desprendidos de las decisiones judiciales, no lo
es menos que no en todos los casos en que se determina la existencia de una vía
de hecho judicial, ésta es atribuible a una equivocación producto de la
ignorancia o la mala fe del juez.  De hecho, los jueces pueden elaborar
sentencias correctas desde el punto de vista formal, pero basadas en una lógica
ajena al ideario de protección de los derechos fundamentales. De ahí, que se
deba admitir la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales, en aras
que el juez constitucional repare la vulneración de los derechos
constitucionales; y es allí justamente, donde la Corte Constitucional debe
decir la última palabra”.
[138] En esa primera oportunidad la demanda de tutela fue presentada
el veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012), es decir un poco más de
seis (6) meses después de emitida la decisión que se discute.  Término que,
igualmente, la Sala estima razonable.
[139] Magistrado Jesús Vall de Rutén Ruiz (folios 256 al 262).
[140] Al respecto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante sentencia del quince (15) de
marzo de dos mil trece (2013), negó el amparo de los derechos al debido proceso
y a la igualdad de la Cruz Roja, bajo las siguientes consideraciones:  “[…] el
solo hecho de que el actor no comparta la admisión de la demanda de Casación no
puede dar lugar a la emisión de orden de amparo, cuando, según se desprende del
mismo relato de la solicitud de amparo, el auto de admisión propiamente dicho
no fue objeto de controversia o reparo alguno, y si bien al descorrer el
traslado de la demanda de casación se planteó [la] improcedencia del recurso por
su falta de técnica, fue hasta la emisión del fallo adverso por parte de la
instancia cuestionada que se recapituló por el petente el inconformismo que le
generaba el auto de admisión que, como se dijo, no fue objeto de reparo alguno
luego de su emisión.  ||  El pronunciamiento aludido fue objeto entonces de
convalidación por parte del actor al abstenerse de reparar de alguna manera la
decisión de esa Colegiatura que accedió al análisis de la demanda de Casación,
sin que sea la vía de tutela la oportunidad para revivir etapas que fueron
superadas en el decurso ordinario, sin que, se insiste, fuese agotada
controversia alguna.  ||  En tal medida, se desestimará el amparo deprecado en
lo que al defecto procedimental y la desatención del derecho a la igualdad
respecta, por no encontrarlo configurado” (folios 363 y 364).
[141] Sentencia C-242 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), reiterada en la
sentencia C-330 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).  Las
características del arbitramento: (i) la voluntariedad; (ii) la temporalidad;
(iii) la excepcionalidad; (iv) fungir como un mecanismo alternativo de solución
de controversias, y (v) ser una institución de orden procesal, han sido objeto
de estudio y análisis por parte de la Corporación en las sentencias T-057 de
1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz. AV Carlos Gaviria Díaz), C-294 de 1995 (MP
Jorge Arango Mejía.  SV Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz), C-242
de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara) C-163 de 1999 (MP Alejandro Martínez
Caballero.  Unánime), C-330 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz.  Unánime), C-1436
de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra), C-060 de 2001 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-098
de 2001 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez.  Unánime) y C-330 de 2012 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto.  Unánime).
[142] El artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el
artículo 61 de la Ley 50 de 1990, establece: “DECISION DE LOS TRABAJADORES.
Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un
acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la
declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un
Tribunal de Arbitramento.  ||  La huelga o la solicitud de arbitramento serán
decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de
la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable,
por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea
general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad
de aquellos trabajadores…”.
[143] Al respecto puede ser consultada la sentencia C-330 de 2012 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto).
[144] La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
Segunda, en la sentencia de homologación del dieciocho (18) de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho (1988), diferencia entre los conflictos jurídicos y
los conflictos económicos o de intereses: “En el conflicto jurídico las partes
si lo quieren derogan la jurisdicción ordinaria por mutuo acuerdo, mediante el
compromiso o la cláusula compromisoria, y someten su diferendo a los árbitros
para que ellos, al igual que lo haría el juez ordinario a quien reemplazan en
el cumplimiento de sus funciones, falle en derecho con aplicación de una forma
preexistente al litigio; mientras que en el conflicto de intereses económicos –y
el originado por la presentación de un pliego de peticiones que puede
desembocar en una convención colectiva de trabajo o pacto colectivo (y en
ciertos casos en un laudo arbitral) es el conflicto económico por antonomasia–
no se trata ya de aplicar normas existentes sino de crearlas, de dar nacimiento
a un nuevo derecho, siendo aquí por ello la función de los árbitros –llamados
por un sector de la doctrina arbitradores para distinguirlos– la de solucionar
hacia el futuro y por medio de un fallo de índole constitutiva, y no meramente
declarativa como lo es la sentencia o laudo que termina un litigio de
naturaleza jurídica, el conflicto que enfrenta a las partes insatisfechas con
la normatividad imperante y que precisamente han promovido en procura de
obtener una nueva que mejor convenga a sus intereses”.
[145] El tema puede ser consultado en la sentencia SU-837 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), en el que se señala: “5.4 Límites de los árbitros. El
artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo enuncia, de manera general,
límites de orden constitucional, legal y convencional a los árbitros. Uno de
ellos es el de respetar los derechos constitucionales fundamentales de las
partes, dentro de los cuales se encuentra el derecho al debido proceso. Ello es
compatible con los mandatos derivados del principio de Estado Social de Derecho
relativos a cómo se han de tomar las decisiones. Es claro que éstas no se
pueden adoptar de manera caprichosa ni arbitraria. Así como es claro, también,
que la carga de razonamiento es distinta respecto de cada autoridad. Por eso, a
los jueces, como autoridades que deciden en derecho, se les exige que sus
providencias sean motivadas y que lo sean de una manera ajustada a reglas y
principios jurídicos.  El juez debe fundar sus decisiones en razones vinculadas
a un referente objetivo de orden normativo.  Sobre los árbitros que deciden en
equidad no recae el mismo deber de razonar en derecho, puesto que, como su
nombre lo indica, deciden en equidad. Su deber es distinto. Consiste en razonar
en equidad, lo que implica entre otras cosas que sus decisiones lejos de ser
caprichosas o arbitrarias sean sustentadas a partir de las especificidades de
cada caso. Por eso, y dado que el concepto de equidad ha sido
constitucionalizado, el debido proceso arbitral en equidad comprende unos
límites sustanciales de orden constitucional. Un claro límite constitucional de
las decisiones de los árbitros en equidad consiste en que éstas tienen que ser
razonadas, no en derecho, pero sí en equidad. De ello depende que no sean
caprichosas y, sobre todo, que el juez de homologación tenga bases para revisar
el laudo e impedir que sea arbitrario. El control judicial, materialización del
Estado Social de Derecho, que ejerce el juez de homologación se hace imposible
o inocuo si el laudo correspondiente carece de motivación en equidad.  ||  […]
||  Ahora bien, la motivación de una decisión puede ser de diversa naturaleza
–p.ej. jurídica, en equidad, política, moral, económica, etc.– dependiendo del
tipo de razones que se esgriman para respaldarla. En el caso de la decisión en
equidad, es claro que las razones de respaldo no requieren ser normativas, a
diferencia de lo que sucede con la decisión en derecho.  Aun cuando el marco
mínimo en el que se adopta la decisión en equidad esté fijado en la
Constitución y la ley –los árbitros en equidad deben decidir respetando los
derechos y facultades constitucionales, legales y convencionales de las partes
(art. 458 CST)–, el referente para justificar la decisión es otro, diferente a
las normas jurídicas.  La decisión en equidad ausculta las circunstancias concretas
del conflicto y propugna por la justicia del caso, sin necesidad de basarse en
referentes normativos positivos. La decisión en equidad se basa en una
constelación de factores diferentes y relevantes relativos a las
especificidades de cada caso– como por ejemplo los intereses en juego, las
necesidades de los involucrados en el conflicto o la situación económica de las
partes.  En cuanto a su justificación, la decisión en equidad debe entonces
presentar razones para entenderse motivada. Cuando no existen razones que
sustenten la decisión en equidad, ésta no puede ser tenida como ejercicio
legítimo de una función pública, al tornarse incontestable y sinónimo de un
acto inexpugnable y arbitrario”.
[146] MP Manuel José Cepeda Espinosa.  En este fallo fue analizado el
principio de estabilidad de los laudos arbitrales y la procedencia de la acción
de tutela en contra del laudo arbitral y la sentencia de homologación.
[147] Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos.
[148] El artículo 190 del Decreto 1818 de 1998, “por medio del cual
se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos”, fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, “por
medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y
se dictan otras disposiciones”, que entró a regir.
[149] Folios 4 al 36.
[150] MP Rafael Vélez Fernández, radicado No. 20130125500 (folios 349
al 369).
[151] MP Pedro Alonso Sanabria Buitrago, radicado No. 20130125501
(folios 7 al 36 del cuaderno dos).
[152] El artículo cuarto del laudo arbitral, establece: “Beneficios
extralegales: Los beneficios extralegales “Cartilla de Servicios y Beneficios a
los Empleados de Junio de 1999”, los podrá conceder el empleador solamente si
las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas del
empleador se lo permiten, por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o
eliminar dichos beneficios, en cualquier momento fundamentando su decisión
desde el punto de vista financiero, económico o administrativo” (folio 99 del
expediente de revisión).
[153] En este punto, cita la providencia del veinte (20) de octubre
de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) del Tribunal Supremo del Trabajo,
mediante la cual se explica que el derecho del trabajo acoge la doctrina de la
cláusula “rebus sic stabilus”, según la cual un contrato solo vincula
mientras las circunstancias en que fue concluido no se modifiquen en lo
fundamental.  En esa oportunidad, señaló el Tribunal: “El derecho del trabajo
sí ha acogido la mencionada doctrina para el supuesto de que cambien las
condiciones económicas en que se haya celebrado el contrato individual o la
convención colectiva de trabajo.  ||  […] es obvio que aun sin precepto expreso
tiene lugar, respecto de dichas convenciones, la teoría de la imprevisión,
tanto más cuanto que no limitando la ley el término de su duración, como sí lo
ha hecho para los contratos individuales, pueden celebrarse aquellas por un
tiempo más o menos largo, con lo cual aumenta la contingencia de los cambios en
las condiciones económicas.  ||  Otro tanto cabe decir de los Laudos arbitrales
que ponen fin a los conflictos colectivos y que están equiparados por la ley a
las convenciones colectivas de trabajo” (cita original de la sentencia).  No
obstante lo planteado, continúo explicando la Sala de Casación Laboral, “esta
Corte delimitó que tal revisión sólo operaba en el evento en el que sobrevinieran
situaciones desconocidas para las partes, al momento de suscribir la citada
convención, y estableció que para los eventos en que alguna de ellas
considerara necesario un cambio debía utilizar la denuncia a la convención” (este
último análisis se apoyó en la sentencia del doce (12) de junio de mil
novecientos setenta (1970) de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia) y
en la sentencia C-1319 de 2000 (MP Vladimiro Naranjo Mesa.  AV José Gregorio
Hernández y Carlos Gaviria Díaz).
[154] Folios 181 al 188.
[155] Ver la sentencia T-100 de 1998 (MP José Gregorio Hernández
Galindo). En esa oportunidad la Sala de Revisión confirmó los fallos de
instancia por medio de las cuales se negó el amparo de los derechos al debido
proceso y a la defensa del accionante, quien mediante la acción de tutela
pretendía que se revocara una decisión adoptada en segunda instancia por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, en virtud de la cual se
declaró la ilegalidad de la diligencia de entrega y se ordenó la entrega de unos
locales a la poseedora y dueña de los inmuebles, al considerar que la
providencia atacada no desconoció en forma alguna la cosa juzgada, pues la
sentencia del Juzgado Civil había recaído sobre la suerte de la administración
del establecimiento de comercio y no sobre los locales comerciales. Señaló:
“Esa –aunque pudiera no compartirse, a partir de enfoques jurídicos diferentes
acerca de la normatividad aplicable– es una distinción respetable, que puede
sostenerse y sustentarse sin que comporte desobediencia a las disposiciones
vigentes, y sin que signifique agravio a los derechos fundamentales de la parte
no favorecida con la decisión judicial”.  Bajo esta misma línea argumentativa,
la sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), señaló: “Las
actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las
convierte –pese a su forma– en verdaderas vías de hecho, no merecen la
denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de
establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la
apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad
constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. La doctrina de
la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana
distinción entre las providencias judiciales –que son invulnerables a la acción
de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y
respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios
judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico– y las vías de
hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería
administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y
abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para
vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. La violación flagrante
y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con
el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la
acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en
el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del
afectado para la defensa de su derecho. El objeto de la acción y de la orden
judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate
en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se
viola o amenaza un derecho fundamental”.
[156] Incluso, en la sentencia T-001 de 1999 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), señaló una Sala de Revisión que “[e]s evidente que dentro
de ese concepto constitucional de autonomía, que impide al juez de
tutela ingresar en el terreno propio del examen que únicamente atañe al juez
competente ordinario, éste goza de independencia cuando, en el ámbito de sus
atribuciones, interpreta las disposiciones legales que le corresponde aplicar.
Por ese motivo, no cabe tampoco proceso disciplinario alguno que busque
responsabilizarlo por el entendimiento que, dentro de su competencia y
autonomía, haya dado a determinado precepto” (negrillas originales).
[157] MP José Gregorio Hernández Galindo.  En esa oportunidad la Sala
Quinta de Revisión revocó las sentencias proferidas por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso laboral
adelantado por un trabajador que gozaba de fuero sindical contra Foncolpuertos,
y concedió la tutela impetrada, al considerar que “[c]omo consecuencia de la
interpretación del Tribunal, desfavorable para el trabajador, se aplicaron
erróneamente las normas procesales y, por tanto, fueron desconocidas las reglas
que gobiernan el juicio, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso
(art. 29 C.P.), negando a la persona el derecho de acceso a la administración
de justicia (art. 229 C.P.) y haciendo prevalecer sobre el Derecho sustancial
un necio concepto formal acerca de la contabilización del término de
prescripción, con lo cual fueron violados los artículos 53 y 228 de la Carta.
|| Esto ha repercutido, además, en que no se ha podido establecer judicialmente
si fueron vulneradas o no las disposiciones legales sobre fuero sindical,
haciendo nugatoria para el actor la garantía consagrada en el artículo 39 de la
Carta Política…”.
[158] Sentencia T-518 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).  La providencia
agrega: “[…] es importante reiterar que la labor del Juez constitucional en lo
que se refiere a la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es producto
de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no hace
parte de sus funciones el inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial,
tomando decisiones paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su función
constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y
principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de
derecho consagrados en la Carta Política de 1991”.
[159] Dicho texto normativo fue derogado por el literal c) del artículo 626
de la Ley 1564 de 2012, vigente a partir del primero (1°) de enero de dos mil
catorce (2014), en los términos del numeral 6° del artículo 627 ibíd.
[160] El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la
época de los hechos, establece: “APRECIACION DE LAS PRUEBAS.  Las pruebas
deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para
la existencia o validez de ciertos actos.  ||  El juez expondrá siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. El presente texto
normativo fue derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de
2012, vigente a partir del primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014), en
los términos del numeral 6° del artículo 627 ibíd.
[161] El artículo 61 del CPTSS, dispone: “LIBRE FORMACION DEL
CONVENCIMIENTO. El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo
tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios
científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las
circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las
partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam
actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.  ||  En todo caso, en la
parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que
causaron su convencimiento”.
[162]
Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 479.Denuncia. Para que sea válida la
manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo,
si se hace por una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse
por triplicado ante el Inspector del Trabajo del lugar, y en su defecto, ante
el Alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación,
señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia
será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las copias serán
destinadas para el Departamento Nacional de Trabajo y para el denunciante de la
convención. Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta
continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención.
[163]
Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 480 Revisión. Las convenciones
colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves
alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las
partes acerca de la revisión fundada en tales alteraciones, corresponde a la
justicia del Trabajo decidir sobre ellas; y entretanto estas convenciones
siguen en todo su vigor.