T-191-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-191/09
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Razones constitucionales y ius filosóficas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Concurrencia de tres situaciones
Lo esencial
para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una
sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento
de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o
algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer
procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente
en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental.
ACCION DE GRUPO-Características
generales
Para esta Corte es claro que la acción de grupo constituye (i) una
acción indemnizatoria, por cuanto tiene por objeto la reparación de los daños
ocasionados por la vulneración de derechos de carácter subjetivo susceptibles
de valoración patrimonial; y (ii) en una acción de carácter principal, que
procede a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial para
obtener la reparación del daño sufrido, pues precisamente el artículo 88 de la
Constitución y la Ley 472 de 1998 señalan que la misma puede instaurarse “sin
perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de
perjuicios”.
ACCION POPULAR Y ACCION DE GRUPO
ACCION DE GRUPO-Principios de orden
constitucional a los cuales debe ajustarse su trámite
En cuanto a los principios de
orden constitucional a los cuales debe ajustarse el trámite de las acciones de
grupo, esta Sala se permite mencionar el principio de prevalencia
del derecho sustancial, pero también los principios
hermenéuticos derivados de la Constitución como el principio de interpretación pro homine, el principio de interpretación conforme y el principio de interpretación razonable.
PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
El principio de prevalencia
del derecho sustancial se encuentra consagrado en el artículo 228
constitucional, de conformidad con el cual en las actuaciones de las
autoridades judiciales prevalecerá el derecho sustancial sobre las
disposiciones de carácter formal.
PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE
El principio de interpretación
pro homine, impone aquella
interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el
respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y
promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a
nivel constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º
Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana
como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la
garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,
así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de
todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.
PRINCIPIO DE INTERPRETACION CONFORME
El principio de interpretación conforme consiste en que la
interpretación de la totalidad de los preceptos jurídicos debe hacerse de tal
manera que se encuentre en armonía con las disposiciones constitucionales. Este
principio implica entonces, que cuando exista una norma ambigua cuya
interpretación razonable admita al menos dos sentidos diferentes, el intérprete
debe optar por la interpretación que se adecúe mayormente y de mejor manera a
los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales. Este principio
representa un desarrollo del artículo 4º de la Constitución, según el cual, la
Constitución es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales. Así pues, el principio de interpretación conforme encuentra
su fundamento en la supremacía y jerarquía normativa máxima de la Constitución
Nacional, a partir de cuya premisa se deriva que toda interpretación jurídica
debe arrojar un resultado que no sólo no debe ser contrario, ni solamente
permitido, sino más allá debe estar ajustado a la Constitución Nacional.
PRINCIPIO DE INTERPRETACION RAZONABLE
El principio
de interpretación razonable, supone que el juez debe
aplicar las normas de derecho de una manera tal que se produzcan resultados proporcionados, razonables, equitativos y verdaderamente justos, de preferencia sobre el principio jurídico.
ACCION DE GRUPO-Reiteración de
jurisprudencia sobre sus características
Esta
Sala de Revisión reitera (i) la relevancia de las acciones de grupo para la
implementación y desarrollo del Estado constitucional de Derecho y de sus
principios esenciales de solidaridad, dignidad humana, acceso a la
administración de justicia y eficacia de los derechos e intereses colectivos;
(ii) la importancia de la acción de grupo en cuanto a la reparación del daño
ocasionado a los derechos subjetivos de un número plural de personas, en la
medida en que todas ellas fueron afectadas por un evento lesivo común, que
amerita un tratamiento procesal unitario, aún cuando la determinación de la
reparación del daño es en principio individualizada, en razón a que lo que se
protege es el daño subjetivo de cada uno de los miembros del grupo; y (iii) el
que el trámite de estas acciones debe realizarse atendiendo a los principios
constitucionales de prevalencia del derecho sustancial y de interpretación pro homine,
interpretación conforme e interpretación razonable.
CADUCIDAD DE LA ACCION DE GRUPO
Se encuentra
en armonía con los preceptos constitucionales el establecimiento por el
legislador de un término de caducidad para la implementación de la acción de
grupo por el grupo afectado en sus derechos e intereses colectivos. Lo
anterior, en razón de la naturaleza propia de dichas acciones y de los derechos
que protege, así como por la necesidad de garantizar los principios
constitucionales relativos a la seguridad jurídica, el interés general y la
eficaz administración de justicia. Finalmente, considera la Sala conveniente
mencionar que la institución jurídico procesal de la caducidad en las acciones
de grupo opera respecto del grupo y no respecto de cada uno de sus integrantes,
de manera que en todo caso, el término extintivo para promover la acción de
grupo debe distinguirse del término de caducidad de la acción que corresponde a
cada persona del grupo de manera individual, cuyo término extintivo puede o no
coincidir con el derecho de accionar del grupo considerado como tal. De esta
forma, puede presentarse una situación en la cual caduca el derecho de accionar
en grupo, pero ello no implica la extinción del derecho para demandar la
pretensión de que es titular cada persona por separado.
DECLARACION DE CADUCIDAD COMO EXCEPCION PREVIA DENTRO DEL TRAMITE DE
LA ACCION DE GRUPO
CADUCIDAD DE LA ACCION DE GRUPO-Contabilización
del término
Es claro para
esta Sala, que el entendimiento de la norma legal que establece la caducidad
para las acciones de grupo –art. 47 de la Ley 472 de 1998- según el cual en los
casos de daño continuo o de daño de tracto sucesivo no opera la caducidad por
cuanto no ha cesado la acción vulnerante causante del daño al momento de la
presentación de la demanda, es un entendimiento que no sólo se desprende
claramente del contenido de la norma legal, sino que más allá se ajusta a la
Constitución Nacional y a su principios de prevalencia del derecho sustancial,
de interpretación “pro homine”, de interpretación conforme y razonable, así
como al respecto por los derechos del debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Como consecuencia de lo anterior, la aplicación
legal de la caducidad según la cual esta no opera en los casos de daño de
tracto sucesivo mientras no cese la acción vulnerante causante del mismo,
protege la efectividad de la acción de grupo y por contera los derechos e
intereses colectivos que se buscan garantizar a través de esta acción, como el
interés respecto de la indemnización patrimonial y los derechos a una vida
digna, a la salud y a un medio ambiente sano.
CADUCIDAD DE LA ACCION DE GRUPO-Caso en
que se encuentra acreditado que se demandó por un daño continuo y de tracto
sucesivo
Este tipo de
argumentos no son de recibo por esta Sala por lo menos por dos razones
fundamentales: (i) en primer lugar, por cuanto no es cierto que en la acción de
grupo instaurada por los actores no se hubiera mencionado e identificado clara
y expresamente como la causa del daño o la acción vulnerante causante del
mismo, el deterioro continuo y progresivo de las viviendas de los demandantes
que conforman la Agrupación Residencial Pueblo Nuevo, por haber sido
construidas en un terreno no apto en las cercanías del rio Fucha. Así en la
demanda de acción de grupo se afirma que se han venido generando daños
estructurales en sus viviendas e inundación de las mismas, deterioro
patrimonial y desvalorización de las viviendas, así como problemas sanitarios y
de contaminación que han afectado gravemente la calidad de vida de sus
habitantes. Por esta razón, encuentra la Sala que en la demanda de acción de
grupo sí se manifestó claramente que se demandaba por un daño continuo y de
tracto sucesivo, y no por un daño que se hubiera ejecutado o agotado en el
momento de la construcción o venta de las viviendas. (ii) En segundo lugar,
encuentra esta Sala de Revisión que este tipo de argumentos no son de recibo
por cuanto son en exceso formalistas, y con ellos se termina desconociendo el
mandato constitucional relativo a la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formalidades y rigorismos jurídicos, y de contera, desconociendo por una
mera formalidad los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, así como los derechos e intereses colectivos que en este caso se
pretenden garantizar con la acción de grupo, lo cual es, desde el punto de
vista constitucional, no sólo contrario a los mandatos superiores de la
Constitución, sino reprochable de un funcionario judicial instituido
precisamente para garantizar los derechos y garantías fundamentales. Por
consiguiente, encuentra esta Sala probada dentro del expediente relativo a la
acción de grupo que dio origen a esta tutela, la configuración de una vía de
hecho por defecto procedimental, consistente en que el Juzgado 34
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de primera instancia
declaró probada la excepción previa de caducidad, desconociendo que esta
excepción había sido ya resuelta debidamente dentro de dicha acción de grupo
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cual es violatorio del
derecho fundamental del debido proceso.
VIA DE HECHO JUDICIAL EN CASO EN QUE JUEZ DECLARO CADUCIDAD DE LA
ACCION DE GRUPO/CADUCIDAD DE LA ACCION DE GRUPO-Caso
en que viviendas fueron construidas en un terreno no apto en cercanías de
río-Caso en que el daño causado por el deterioro de las viviendas construidas
en zonas inapropiadas es de tracto sucesivo
En forma contraria a lo sostenido por el Juzgado 34 Administrativo y
confirmado por el Tribunal Administrativo, reitera esta Sala de Revisión que el
daño de que se trata en este caso, esto es, el daño causado por el deterioro de
las viviendas construidas en zonas inapropiadas para ello y por consecuencia
por el deterioro de la calidad de sus habitantes, constituye un daño típico de
tracto sucesivo, en cuanto no se ejecuta ni consuma en una sola acción u
omisión, sino que por el contrario es de carácter permanente, se actualiza día
a día, se prolonga en el tiempo, y ello de manera progresiva, razón por la cual
considera la Sala que no existe fundamento fáctico en este caso para la
declaratoria de la caducidad. Sobre este tema, en varias oportunidades esta
Corte ha sostenido que se configura una vía de hecho judicial y por tanto
prospera la acción de tutela, en razón de la declaratoria por el juez de la
caducidad de la acción, cuando dicha institución procesal que extingue la
acción judicial no se había configurado clara y plenamente. En consonancia con
lo anterior, para la Sala las decisiones judiciales que se demandan en esta
oportunidad son claramente contrarias al ordenamiento jurídico en cuanto se
declaró la ocurrencia de un fenómeno jurídico que no había acaecido. Se trata
de una interpretación del artículo 47 de la Ley 472 de 1998, que resulta
arbitraria, pues la jurisdicción se ejerció para aplicar una norma jurídica de
naturaleza procesal cuando tal aplicación era manifiestamente improcedente por
no concurrir el presupuesto fáctico en ella señalado.
VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANCIAL EN CASO QUE JUEZ APLICO UNA
NORMA SIN CONTAR CON HECHOS DETERMINANTES DEL SUPUESTO LEGAL
En este caso la
Sala encuentra que se trata de una típica vía de hecho por defecto sustancial
en tanto se aplicó una norma de derecho sin contar con los hechos determinantes
del supuesto legal. En este mismo sentido, observa la Sala que no se trata sólo
de una divergencia de criterios jurídicos en torno al término de caducidad para
la Acción de Grupo y que por ello su decisión puede catalogarse como una vía de
hecho. A este respecto, se considera que resultaría insólito y gravemente
lesivo del principio de legalidad, que el ordenamiento jurídico dejara a
discreción del juez la determinación del momento en el cual se configura la
caducidad, o en otros términos, del momento a partir del cual se contabiliza el
término de caducidad de las Acciones de Grupo. Lejos de ello, de conformidad
con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 el término de caducidad de la acción
de grupo de dos años, los cuales deben contabilizarse, como se expuso en la
parte motiva de este fallo, o bien a partir del momento en que se causó el
daño, en los casos de una daño que se ejecuta o perfecciona en una sola acción
u omisión, o bien, a partir del momento en que cesó la acción vulnerante
causante del mismo, en los casos de daño de tracto sucesivo, como el caso que
nos ocupa. En este orden de ideas, para esta Sala de Revisión es claro que en
el caso de existencia de daños continuos o de tracto sucesivo el juez debe
aplicar el segundo requisito de la disposición legal contenida en el artículo
47 de la Ley 472 de 1998, esto es, la determinación del momento de la cesación
de la acción vulnerante causante del daño, que para el caso en concreto no
había cesado para el momento de interposición de la demanda.
ACCION DE GRUPO-Orden a Juez de dictar nueva
sentencia
Ordenará al
Juzgado 34 Administrativo Circuito de Bogotá proferir una nueva sentencia
dentro del proceso de Acción de Grupo en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
la Alcaldía Menor de Fontibón y la Constructora Conformar S.A. en la que decida
de fondo la acción de grupo, y se tengan en cuenta las consideraciones hechas
en la presente providencia, así como las disposiciones contenidas en la Ley 472
de 1998 –artículos 64-67-. Para el cumplimento del fallo de tutela se concede
el término previsto para dictar sentencia en el artículo 124 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo, contado a partir de la notificación de la presente sentencia al
mencionado Tribunal.
Referencia:
expediente T-2123838
Acción de tutela interpuesta por Hernando Ordoñez Villalobos y otros
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección B y el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
veinte (20) de marzo dos mil nueve (2009).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos, al resolver sobre el asunto de la
referencia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Primera- y
el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1
Mediante resolución No. CU2 del 2 de marzo de
1997-017, el curador urbano No. 2 expidió licencia a la señora Josefina Rivera
de Ortiz, para urbanizar un lote de terreno denominado Nariño, zona verde sobre
la cual la firma Conformar S.A. construyó la agrupación residencial “Pueblo
Nuevo” y posteriormente procedió a su enajenación.
1.2
Los accionantes adquirieron mediante escritura pública,
viviendas de interés social, ubicadas en la mencionada agrupación residencial
Pueblo Nuevo, en la localidad de Fontibón. Los actores consideran que el predio
sobre el cual fueron construidas las viviendas, es inapropiado, toda vez que se
encuentra en la cercanía del río Fucha.
1.3
Con el tiempo, los accionantes han evidenciado
que la cercanía de los apartamentos al rio Fucha, ha desmejorado notablemente
su calidad de vida, constituyéndose en un factor de alto riesgo sanitario,
propiciando problemas estructurales en las viviendas, inundaciones,
enfermedades y problemas medio ambientales. Afirman que este deterioro se viene
presentando en forma progresiva y sucesiva.
1.4
Por la anterior situación, los accionantes
instauraron una acción de grupo en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Alcaldía Menor de Fontibón y la Constructora Conformar S.A., de conformidad con
lo previsto en la Ley 472 de 1998, por considerarse afectados en el aspecto
material y moral.
1.5
La acción de grupo impetrada se inició en la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1.6
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante auto del 1º de junio del 2005 resolvió la excepción de la caducidad,
en favor de los accionantes, argumentado que dicha excepción no estaba llamada
a prosperar ya que “…al momento de presentarse la demanda aún no había
cesado la acción causante del daño, lo que desvirtúa la caducidad de la acción”.
La anterior providencia fue notificada por estado el 7 de junio de 2005,
quedando en firme y ejecutoriada por aceptación de las partes al no presentarse
impugnación alguna.
1.7
Una vez en firme la decisión del Tribunal
respecto de la caducidad, la acción de grupo continúo su trámite procesal, de
conformidad con la Ley 472 de 1998. De este modo, se celebró audiencia de
conciliación y se dio apertura al periodo probatorio, en el cual se practicaron
pruebas que ratificaron los daños y la continuidad progresiva de los mismos,
como los malos olores y las continuas filtraciones e inundaciones en la
urbanización, hechos que corroboraron los peritos y fueron de conocimiento
público.
1.8
Al entrar en funcionamiento los Juzgados
Administrativos, el expediente de acción de grupo fue remitido al Juzgado 34
Administrativo de Bogotá, el cual continúo con el desarrollo del periodo
probatorio hasta emitir sentencia.
1.9
Vencida la etapa probatoria y presentados los
alegatos de conclusión, el juzgado de conocimiento profiere pronunciamiento, el
20 de noviembre de 2007, mediante el cual encuentra probada la caducidad de la
acción, sin tener en cuenta la decisión sobre esta excepción previamente
adoptada por el Tribunal Administrativo de Bogotá. Esta decisión fue notificada
personalmente el 21 de noviembre del 2007.
1.10
Los accionantes apelaron la decisión que declara
la caducidad de la acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera.
1.11
Mediante fallo de abril del 2008, el Tribunal
Administrativo resolvió el recurso de alzada decidiendo confirmar la decisión
adoptada por el juez de primera instancia, con el argumento de que la decisión
tomada en su momento por el Tribunal Administrativo en relación con la
excepción de caducidad carecía de fuerza vinculante y que quedaba al arbitrio
del juez revocarla.
1.12
Consideran los actores que las decisiones
anteriores, vulneraron los derechos al debido proceso y seguridad jurídica,
configurándose así una vía de hecho judicial por defecto sustantivo,
procedimental y fáctico, así como por desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución Nacional.
1.13
Por consiguiente, los actores instauraron acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 34
Administrativo de Bogotá por las decisiones del 20 de noviembre de 2007 y 3 de
abril de 2008.
2. De la
Acción de Grupo que dio origen a la presente tutela
2.1 La demanda
fue presentada el 27 de enero de 2005 ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
2.2 Por reparto
le correspondió a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
2.3 Mediante
Auto del 16 de febrero de 2005, luego de ampliada y precisada la demanda, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda.
2.4
Providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se decide
sobre excepciones previas (Fls. 44-47)
Mediante
providencia judicial calendada el 1º de junio de 2005, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca decide sobre las excepciones previas presentadas
por la parte demandada: Alcaldía Mayor de Bogotá y la constructora Conformar
S.A.
En esta
providencia se decide denegar la excepción previa de caducidad de la acción por
cuanto consideró el Tribunal que de conformidad con el artículo 47 de la Ley
472 de 1998 que establece la caducidad “se advierte que al momento de
presentarse la demanda aún no había cesado la acción causante del daño, lo que
desvirtúa la caducidad de la acción”.
2.5 Sentencia
de primera instancia del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito
de Bogotá (Fls. 48-62)
Mediante fallo
de primera instancia del 20 de noviembre de 2007, el juez de primera instancia
considera que “como quiera que, según lo alegado por los accionantes, el
daño se concretó con la expedición del permiso de construcción, es decir, el
dos (2) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999) el término para
interponer la presente acción de grupo comprendía del tres (3) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999) al dos (2) de marzo de dos mil uno (2001)
La presente
acción fue interpuesta el veintisiete (27) de enero de dos mil cinco (2005), es
decir, por fuera del término legal establecido para ello”.
Por consiguiente
y con fundamento en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, el
juez encuentra probada la excepción de caducidad de la acción de grupo, razón
por la cual no entra a pronunciarse sobre las demás excepciones de fondo, ni a
proferir fallo de fondo por haber operado la caducidad de la acción.
2.6 Recurso
de Apelación
Inconforme con la
decisión adoptada por el juez de primera instancia, el apoderado de la parte
actora impugnó la decisión mediante la cual se declaró probada la excepción de
caducidad.
En el escrito de
impugnación se alegó (i) en primer lugar, violación al derecho a la seguridad
jurídica por contrariarse una providencia en firme y ejecutoriada en etapa
procesal anterior. En este sentido se alegó que la sentencia de primera
instancia constituye una violación al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica, al basar su decisión en
la declaración de una excepción previa que desde el 1º de junio de 2005 había
sido ya resuelta por un órgano superior, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, decisión que ya se encontraba en firme y ejecutoriada.
Afirmó el
apoderado que en este caso no se evidencia ningún vicio de ilegalidad del Auto
del Tribunal que decide sobre las excepciones previas y que por tanto el juez
de primera instancia revocó dicho Auto sin fundamento legal alguno, lo que
viola los derechos de una de las partes dentro del proceso.
(ii) En segundo
lugar, alegó la parte activa, que existió una errónea aplicación del artículo
47 de la Ley 472 de 1998, por cuanto en este caso no operó la caducidad, como
erradamente lo sostuvo el juez de primera instancia, ya que la causa del daño
cuya indemnización se reclama mediante la Acción de Grupo no ha cesado, ya que
las viviendas que conforman la urbanización han venido presentando problemas de
deterioro progresivo, de tracto sucesivo, sin que hasta la fecha de la
instauración de la demanda hubiese cesado la acción vulnerante causante del
daño.
En este orden de
ideas consideró que resulta lesivo e inaceptable que se le exija al grupo
demandar dentro de los dos años siguientes al acto de licencia de construcción,
ya que existe un periodo de asentamiento de la construcción que es de dos años
siguientes a la realización de la construcción, y por tanto los actores no
podían anticipar los daños futuros y por el contrario actuando de buena fé
confiaron en las explicaciones de los constructores y en que los daños
cesarían.
2.7 Sentencia
de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección B, (Fls. 63-93)
Mediante fallo
del 3 de abril del 2008, el juez de segunda instancia decidió el recurso de
apelación interpuesto en contra de la decisión proferida por el Juzgado 34
Administrativo de Bogotá, del 20 de noviembre de 2007, decidiendo confirmar esa
sentencia.
(i) En relación
con el cargo relativo a la violación a la seguridad jurídica por contrariarse
una providencia en firme y ejecutoriada en etapa procesal anterior, el tribunal
consideró, con fundamento en jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia que “la providencia que resuelve negativamente las
excepciones previas carece de fuerza vinculante y por tanto el juez puede, tal
y como lo manifestó el a quo en su escrito aclaratorio de la sentencia,
pronunciarse de oficio sobre las excepciones previas al momento de proferir la
sentencia”.
En consecuencia
concluyó el juez de segunda instancia que si bien el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ya se había pronunciado sobre la excepción de caducidad el 1º de
junio de 2005, considerando que no estaba llamada a prosperar, “lo hizo al
conocer el proceso en primer instancia y en consecuencia, tal pronunciamiento
podía ser cambiado en la sentencia de oficio, tal como ocurrió en este caso”.
(ii) En relación
con el segundo cargo relativo a la errónea aplicación del artículo 47 de la Ley
472 de 1998, el Tribunal cita una sentencia del Consejo de Estado en donde se
decide un caso similar, y afirma que en este caso se demanda por permitir la construcción
y venta de los inmuebles en la Agrupación Residencial Pueblo Nuevo.
Afirma el
Ad-quem que en este caso la acción vulnerante que generó el daño se concretó
con la expedición de las licencias de urbanización CU2-99-036 de marzo 2 de
1999 y de construcción No. 99-02-0270 de marzo 23 de 1999. Por tanto, encuentra
el juez de segunda instancia que “el daño se causó a más tardar el 23 de
marzo de 1999, por lo que el término de caducidad venció el 23 de marzo de
2001. Como la demanda se interpuso el 27 de enero de 2005, la acción ya se
encontraba caducada para esa época”.
Adicionalmente
el Tribunal encuentra que las compraventas se realizaron entre los años 2000 y
2001, por lo que si se tiene en cuenta estas fechas la acción también se
encuentra caducada. Así mismo, manifiesta que en el caso de aceptarse que los
propietarios y habitantes de los inmuebles sólo tuvieron certeza del daño
cuanto comenzaron a habitar en esas viviendas, en el expediente obra un informe
de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Control de Vivienda, de fecha
febrero 28 de 2001, en la cual se atiende una queja presentada por varios
propietarios y habitantes de la Agrupación Residencial Pueblo Nuevo, razón por
la cual colige que para esa fecha los habitantes de los inmuebles en cuestión
ya sufrían desmejoras en sus viviendas y contaminación ambiental, teniendo
certeza del daño, razón por la cual si se tuviera en cuenta esa fecha, la
acción habría caducado en febrero de 2003.
Finalmente, expresa
el Tribunal que tal y como lo ha manifestado la jurisprudencia del Consejo de
Estado, debe diferenciarse entre la acción vulnerante que consistiría en la
expedición de la licencia de urbanización y construcción, de la agravación del
daño, puesto que el hecho que un daño se agrave después de su consolidación, no
implica que se trate de un daño continuado o de ejecución sucesiva.
De conformidad
con lo anterior, el Tribunal decide confirmar la sentencia impugnada.
3. La acción
de tutela instaurada
Los
peticionarios, mediante apoderado judicial, interponen acción de tutela el 22
de julio de 2008, con el fin de que se les protejan los derechos fundamentales
al debido proceso y seguridad jurídica por desconocimiento del precedente,  el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,  y el derecho a
la igualdad.
Como
consecuencia de lo anterior solicitan se revoquen las sentencias dictadas en el
proceso de acción de grupo adelantado; y se dejen sin efectos dichas
providencias judiciales ordenándose el pronunciamiento de fondo en la acción de
grupo impetrada, comoquiera que todas las excepciones previas ya fueron
resueltas en el trámite previo al periodo probatorio por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda.
En primer
término, realizan los tutelantes un recuento del proceso administrativo
enervado en la acción de grupo, en donde se solicita la indemnización para los
habitantes del conjunto residencial “Pueblo Nuevo” por los daños generados a
raíz de la construcción de este proyecto habitacional en un terreno no apto
ubicado en la ronda del río Fucha en Bogotá.
Consideran los
accionantes que dentro del proceso de acción de grupo instaurado se
configuraron defectos de carácter sustantivo, procedimental y fáctico, así como
desconocimiento del precedente judicial en materia de caducidad y vulneración
directa de la Constitución Nacional, al decidir el juzgado 34 administrativo de
Bogotá no fallar de fondo sino decretar la caducidad de la acción,
desconociendo la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 1 de junio de 2005, relativa a la no prosperidad de la
excepción previa de caducidad de la acción alegada por los demandados.
Encuentran los
actores que se configuró un defecto procedimental en cuanto en este caso
se contaba con una decisión en firme y ejecutoriada de dos años atrás sobre las
excepciones previas alegadas por las partes demandadas. Considera por tanto que
mediante esta conducta el juez modificó el procedimiento como tal, pues
desconoció la decisión ya tomada dos años atrás por el Tribunal de
Cundinamarca, decisión que fue fundamental para que los accionantes depositaran
todos los esfuerzos económicos y morales para impulsar la acción de grupo, en
busca de una reparación de los perjuicios que aún siguen sufriendo.  Lo
anterior lo encuentran violatorio de la seguridad jurídica.
En cuanto al defecto
sustantivo, consideran los demandantes que este defecto se configura por cuanto
los falladores desatendieron la interpretación correcta del artículo 46 de la
Ley 472 de 1998, artículo que fuera declarado exequible por la Corte
Constitucional. Mencionan los accionantes que el artículo 47 de la Ley 472 de
1998 reguló la caducidad de las acciones de grupo, considerando que ésta deberá
promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el
daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo. Consideran los
tutelantes, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia que existe sobre
esta materia, que en este caso no se podía hablar de caducidad comoquiera que “la
causa del daño cuya indemnización se reclamaba no había cesado, por el
contrario la acción vulnerante causante del mismo continuaba aun después de
presentada la demanda (inundaciones y progresivo incremento de contaminación
por el Río Fucha, humedades, etc.), tal y como lo ratificaba el acervo
probatorio recaudado por los peritos del proceso, quienes incluiso advirtieron
la situación de riesgo alertada por el mismo Hospital de Fontibon, el cual
había recientemente catalogado el sector como un foco de contaminación que
exponía a su población a graves riesgos” (resaltado en el texto
original)
En lo que toca
con el defecto fáctico alegan los demandantes que este se configura por
cuanto la acción de grupo, origen de la tutela, contó con un rico acervo
probatorio, no obstante lo cual no se realizó un análisis de dicho acervo
probatorio, toda vez que se decidió decretar la caducidad de la acción.
Mencionan los accionantes pruebas relativas a los conceptos rendidos por el
Hospital de Fontibon, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias, y el dictamen pericial practicado dentro
del proceso, entre otros.
De otra parte,
respecto del desconocimiento del precedente, consideran los accionantes que los
falladores no solamente desconocieron la decisión que al interior del proceso
se había tomado dos años atrás, sino que además desconocieron la jurisprudencia
decantada en este tipo de acciones, desconociendo la jurisprudencia del Consejo
de Estado.
Finalmente
consideran los actores que existió una vulneración directa de la Constitución
por cuanto al desconocer los pronunciamientos judiciales emitidos con
anterioridad en firme y ejecutoriados, se incurrió en una violación de los
derechos fundamentales del debido proceso y seguridad jurídica. Así mismo,
consideran que el fallo emitido deniega justicia, equidad y niega el derecho de
acceder a la justicia.
4. Las
respuestas de las entidades demandadas
4.1 Alcaldía
Mayor de Bogotá
En su escrito de
contestación de la demanda, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del
Subdirector de Gestión Judicial de la Secretaría General de dicha entidad,
solicita que la acción de tutela se declare improcedente o denegada.
La Alcaldía
Mayor considera que lo que pretende el actor con esta tutela es revivir una
discusión superada judicialmente en primera instancia y ratificada por la
segunda.
En cuanto al
proceso judicial que se impugna considera la demandada que existe la
posibilidad jurídica de reexaminar la excepción de caducidad en la sentencia
como excepción mixta, por cuanto lo debatido en el incidente de excepciones no
es óbice para un nuevo pronunciamiento y reexamen al momento del fallo e
incluso de oficio en segunda instancia, cuando quiera que estas se encuentren
probadas, de conformidad con la ley (art. 306 del C.P.C.) y la jurisprudencia
en la materia.
En segundo lugar
considera la Alcaldía Mayor que en el presente caso la tutela es improcedente
por cuanto no se configura ninguna de las causales de vía de hecho que la Corte
ha considerado para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Finalmente
considera la Alcaldía que en el presente caso la acción de tutela no cumple con
el requisito de inmediatez en relación con el momento mismo del acaecer del
presunto daño, e igualmente en relación con la improcedencia de la acción de
tutela cuando han caducado las acciones ordinarias, por cuanto la tutela es un
mecanismo subsidiario y no puede convertirse en un mecanismo principal cuando
se han dejado caducar las acciones ordinarias.
4.2 Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
En su escrito de
contestación de la demanda de tutela, el Tribunal reitera los argumentos
expuestos en la sentencia que decidió sobre la apelación interpuesta contra la
sentencia de primera instancia del Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, con
fundamento en lo cual solicita denegar el amparo de tutela solicitado, toda vez
que considera que la decisión de ese Tribunal se encuentra ajustada a derecho.
4.3 Juzgado
34 Administrativo de Bogotá
En su escrito de
contestación de la demanda de tutela, el Juzgado afirma, en primer lugar y en
relación con el cargo por violación de la seguridad jurídica, que no es cierto,
y que el juzgador al momento de fallar no solo tiene la facultad, sino el deber
de revisar todas las condiciones de existencia y validez formal del proceso, y
que el no hacerlo implicaría una violación del debido proceso, máxime cuando se
trata de un presupuesto de la acción como es la caducidad.
Afirma
igualmente, que la seguridad jurídica se predica de las decisiones que ponen
fin a los procesos y no a aquellos de puro trámite. Por tal razón, considera
que si bien en junio de 2005 el Tribunal al conocer el proceso en primera
instancia declaró no probada la excepción previa, al momento de fallarla era
posible cambiar tal pronunciamiento, como en efecto lo hizo.
En segundo lugar
y en relación con los cargos por vía de hecho, afirma el juzgado (i) que no existe
defecto sustantivo por ignorar una decisión en firme, ya que los autos
ejecutoriados no atan al juez al momento de proferir la decisión de fondo,
puesto que en la sentencia el juez puede separarse de sus conclusiones
anteriores. (ii) Igualmente expresa que no existe defecto sustantivo por
desatender la interpretación correcta del artículo 46 de la Ley 472 de 1998,
por cuanto “las pretensiones de la demanda referían el momento a partir del
cual se generaba el daño, esto es, la autorización para construir y las ventas
de los inmuebles y en ninguna de las pretensiones se señaló que el daño se
causara, como ahora lo alega, por el deterioro de las viviendas, las
inundaciones o la contaminación. Luego, no puede el actor solicitar a la fecha
lo que no pidió al presentar la demanda en ejercicio de la acción de grupo”.
(iii) No
encuentra tampoco configuración de vía de hecho por defecto fáctico al no
estudiar el acervo probatorio aportado, ya que de conformidad con el artículo
68 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 306 del C.P.C. cuando el juez encuentre
probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la
demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes, que fue precisamente lo
que ocurrió en este caso.
(iv) En cuanto
al desconocimiento del precedente, considera el juzgado que la jurisprudencia
que menciona el actor no se refiere a situaciones como las que fueron motivo de
sus pretensiones en la acción de grupo –haber permitido la construcción y venta
de inmuebles-, razón por la cual no puede aplicarse a este caso concreto.
(v) Respecto del
cargo por violación directa de la Constitución, considera el juzgado que no
hubo ninguna violación al debido proceso por parte de ese despacho, por cuanto
todas las actuaciones se surtieron dentro de los parámetros legales, y la
sentencia fue objeto del recurso de apelación que fue desatado en su debida
oportunidad por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
(vi) Finalmente,
considera el juzgado que en este caso no procede la tutela por cuanto no se
configura de modo alguno una vía de hecho judicial.
4.4 Alcaldía
Menor de Fontibón
En
representación de la Alcaldía Menor de Fontibón, la Secretaría de Gobierno de
Bogotá D.C. presentó escrito de contestación de la demanda en donde  presenta
los siguientes argumentos en contra de la tutela presentada:
(i) En relación
con el defecto procedimental considera la Alcaldía Menor que no se presentó tal
defecto por cuanto la caducidad es una excepción mixta, es decir, de aquellas
que atacan las pretensiones del demandante pero que pueden ser tramitadas como
previas. Manifiesta la representante de la Alcaldía Menor que de conformidad
con jurisprudencia del Consejo de Estado, es procedente el pronunciamiento sobre
la caducidad de la acción al momento del fallo aún cuando ésta se hubiera
resuelto durante el trámite de las excepciones previas.
(ii) Respecto
del cargo por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, por
interpretación errada del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, y el
desconocimiento del precedente judicial, considera la demandada que la
apreciación del accionante es errónea y “conduciría a que se crearan
acciones imprescriptibles al confundir la causa del daño con los perjuicios
originados del mismo”, confusión que ha sido evidenciada por el Consejo de
Estado en su jurisprudencia en la cual diferencia entre dos eventos distintos
para efectos del cómputo del término de caducidad de la acción de grupo: entre
el daño que se origina en un acto que se agota en su ejecución, y el daño que
no se agota en un solo acto o hecho.
En este sentido,
considera la demandada que en este caso el hecho generador del daño se
materializó con la expedición de la licencia de construcción violatoria del
régimen de ordenamiento territorial en lo tocante a la distancia que las
construcciones deben guardar de las rondas de rio. No obstante lo anterior y
aún cuando el término de caducidad se contara a partir del momento en que los
adquirentes tuvieron conocimiento del hecho generador del daño, seguiría
existiendo caducidad.
Finaliza su
escrito la demanda afirmando que en este caso la acción de tutela resulta
improcedente por cuanto no se configura ninguna vía de hecho judicial que la
haga procedente contra providencias judiciales.
4.5
Constructora Conformar S.A.
Mediante
apoderado judicial, la constructora Conformar S.A. en su contestación de la
demanda afirma:
(i) Que el
predio sobre el cual fueron construidas las viviendas de la Agrupación
Residencial Pueblo Nuevo Etapa I – Subetapa 1A es totalmente apropiado para
este tipo de construcción y por ello contó con todas las licencias y permisos
emitidos por las autoridades competentes para el desarrollo de construcción del
mismo como: a) la Resolución No.CU2-99-036 del 2 de marzo de 1999 mediante la
cual se otorgó la licencia de de urbanismo del Predio Nariño, expedida por la
Curaduría Urbana No. 2; b) licencia de construcción No. LC 99-2-0106 expedida
por la Curaduría Urbana No.2.
(ii) Que no le
consta lo referente a la presencia de zancudos, polillas, moscas, olores
nauseabundos, ni humedades permanentes en la urbanización Pueblo Nuevo, así
como que no existe nexo causal entre la construcción de las unidades de
vivienda y la supuesta existencia de los inconvenientes señalados por los
habitantes.
(iii) Igualmente
afirma que no le consta la existencia de deterioros progresivos y sucesivos en
las viviendas, y que no es cierto que la urbanización se haya construido sobre
la zona de ronda del río Fucha (30 metros) como quedó demostrado con el
peritaje técnico y la medición de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
(iv) En criterio
de la constructora, los daños alegados por la parte activa no se presentaron a
partir del 2005, como lo pretende hacer ver el apoderado a efectos de
justificar la inoperancia del fenómeno de caducidad, lo cual fue evidenciado
tanto por el juzgado 34 Administrativo de Bogotá como por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
(v) Afirma que
sólo 19 de los demandantes de la presente acción de tutela interpusieron la
Acción de Grupo, ya que el señor Nelson Garzón Acosta, no fue sujeto procesal
dentro de la Acción de Grupo.
(vi) Argumenta
la demandada que la presente acción de tutela es improcedente, ya que el
accionante la interpone como mecanismo transitorio, lo cual constituye una
imprecisión jurídica por cuanto el presente asunto no se puede tratar de un
mecanismo transitorio, por cuanto en efecto no existe otro medio de defensa
judicial, lo que significa que los accionantes pretenden revivir un proceso en
el cual obra sentencia ejecutoriada, respecto de lo cual no es procedente la
acción de tutela.
(vii) En cuanto
al defecto procedimental, alega la demandada que este no existió por cuanto en
primer lugar, la excepción de caducidad es una excepción de fondo que puede
decidirse al momento de la sentencia, y en segundo lugar, al momento en que el
Tribunal se manifestó sobre las excepciones previas no había contestado la
demanda una de las partes demandadas.
(viii) Respecto
del defecto sustantivo sostiene la demanda que no se configura, por cuanto la
norma aplicada –art. 47 de la Ley 472 de 1998- era existente, constitucional y
aplicable al caso concreto.
(ix) Igualmente
afirma que no existió defecto fáctico por cuanto la decisión adoptada se apoya
en el material probatorio obrante en el expediente y se realizó una debida
valoración del mismo.
(x) Finalmente,
sostiene que no existió desconocimiento del precedente ni vulneración directa
de la Constitución como lo afirman los accionantes.
5. Pruebas
aportadas
5.1 Resolución
No. CU2-99-036 del 2 de marzo de 199, “por la cual se aprueba el proyecto
urbanístico del predio denominado NARIÑO, se establecen sus normas, se concede
licencia de urbanización y se fijan las obligaciones a cargo del urbanizador
responsable” (Fls. 215-227).
5.2
Licencia de construcción No. L.C. 99-2-0106 del
28 de mayo de 1999, de la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá D.C.
5.3
Plano Topográfico No. F. 408/1-00 (Fl. 237)
5.4
Estudio de suelos y análisis de cimentación
edificios urbanización Pueblo Nuevo Etapa I, Concreto LFO 7526-2 (Fls. 241-260)
5.5
Informe de visita técnica de la Alcaldía Local
de Fontibón, del 13 de septiembre de 2006 (Fl. 261).
5.6
Intervención de la Empresa de Acueducto, Agua y
Alcantarillado de Bogotá dentro de la presente acción de tutela (Fls. 279-304)
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISIÓN
1. Primera
instancia
Mediante
sentencia del catorce (14) de agosto de 2008, la Sala de lo Contencioso
Administrativo –Sección Cuarta- del Consejo de Estado, decidió rechazar la
acción de tutela interpuesta por medio de apoderado, por los actores contra el
Juzgado 34 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca –Sección Primera Subsección B-.
Consideró el
A-quo, que “la acción de tutela no procede contra providencias judiciales,
pues no es admisible ni lógica ni jurídicamente que por un procedimiento sumario
como el de esta acción, se invaliden actuaciones surtidas en un proceso
diseñado prácticamente para garantizar los derechos constitucionales y legales
de las partes, pues ello implicaría que en aras de la protección de un derecho
fundamental, se vulneren otros de igual rango como el del debido proceso”.
En este mismo
sentido, argumenta el Consejo de Estado que las normas que consagraban la
posibilidad de interponer la acción de tutela contra providencias judiciales
–artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991- fueron declaradas inexequibles
por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992, razón por la cual no
resulta admisible la procedencia de tutela contra providencias judiciales.
Adicionalmente,
afirma el Consejo que la acción de tutela “no es procedente contra
providencias judiciales ni cuando se argumente que la decisión judicial
configura una vía de hecho o que el juez ha cometido “errores protuberantes o
groseros”, pues, semejantes calificaciones se traducen en interpretaciones y
criterios inminentemente subjetivos”.
Finalmente,
afirma el Consejo que la procedencia de la acción de tutela respecto de
decisiones judiciales, requiere de la existencia de norma o precepto
constitucional expreso y previo y supone una regulación normativa concreta,
específica y singular, lo cual no ocurre en Colombia, razón por la cual el
ejercicio de esta acción constitucional contra providencias judiciales no es
admisible por “injurídica, impertinente y extraña a nuestro ordenamiento
jurídico”.
2.
Impugnación
El apoderado
judicial de los actores, impugna el anterior fallo de tutela, solicitando que
se ordene tutelar los derechos fundamentales invocados en la misma acción, y
que en consecuencia se dejen sin efectos las providencias dictadas dentro de la
acción de grupo impetrada y se ordene el pronunciamiento de fondo en la acción
de grupo, y se condene en costas a los accionados.
En la
impugnación de la sentencia del A-quo, el apoderado judicial argumenta en
contra de la tesis sostenida por el Consejo de Estado, relativa a la no
procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales, por cuanto reitera
que en los fallos demandados se configuran claras vías de hecho judicial por defecto
sustantivo, procedimental y fáctico, y con estos fallos se violaron derechos
fundamentales de los accionantes. A este respecto, recuerda el apoderado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la procedencia de la
tutela contra fallos judiciales.
3. Segunda
instancia
Mediante
Sentencia proferida el nueve (09) de octubre de 2008, la Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Quinta- decidió confirmar el fallo proferido por el
Consejo de Estado. Para fundamentar su decisión el Ad-quem expuso lo siguiente:
Consideró el
Ad-quem que el uso de la tutela contra providencias judiciales es rechazado por
esa Sala por razones de seguridad jurídica, autonomía de los jueces, respeto al
principio de cosa juzgada.
En este sentido,
sostuvo que a pesar que la Corte Constitucional ha establecido la procedencia
excepcional de la tutela a través de la figura de la vía de hecho, por medio de
la cual se pretende atacar la decisión del juez bien sea por defecto
procedimental, fáctico, sustantivo u orgánico, esa Sala “en aras de la
seguridad jurídica y el respeto al principio de cosa juzgada, rechaza la tutela
para atacar providencias judiciales incoada con el fin de revivir instancias ya
cumplidas o que la sentencia en firme sea objeto de nuevo debate como si se
tratara de un recurso adicional”.
Concluye el
Ad-quem que la acción de tutela contra providencias judiciales es improcedente,
razón por la cual confirma la decisión del Consejo de Estado –Sección Cuarta-
en primera instancia que rechaza la acción.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. El
problema jurídico y esquema de resolución
En la presente revisión de tutela
corresponde a la Corte determinar si se configura vía judicial de hecho en las
decisiones adoptadas en primera y segunda instancia, por el Juzgado Treinta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca –Sección Primera- Subsección B-, respectivamente, dentro del
proceso de Acción de Grupo iniciado por los actores mediante apoderado
judicial, en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Alcaldía Menor de
Fontibón, y la Constructora Conformar S.A., en razón a que la construcción de la
Agrupación Residencial Pueblo Nuevo se llevó a cabo en una zona aledaña al rio
Fucha, la cual concentra altos niveles de contaminación y ha generado problemas
estructurales para la construcción, así como problemas sanitarios y
ambientales, afectando la calidad de vida de sus habitantes y vulnerando sus
derechos fundamentales.
En este sentido, debe esta Corte determinar
si existió una vía judicial de hecho por configurarse un defecto procedimental,
sustantivo y/o fáctico, en relación con la decisión que declara la caducidad de
la acción de grupo instaurada por los actores.
Para resolver el
anterior problema, esta Corte entrará (1) en primer lugar, a reiterar la
jurisprudencia de la Corte en relación con los requisitos generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; (2) en segundo lugar, a estudiar el tema de la acción de grupo, la
declaración de la caducidad y la determinación del término de caducidad dentro
de dicha acción;  y (3) en tercer lugar, entrará esta Corte a estudiar y a
resolver el caso concreto.
2.
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia.
2.1 En
cumplimiento de su deber de suprema guardiana de los principios, valores,
derechos y preceptos de la Constitución Política, de conformidad con el mandato
contenido en el artículo 241 Superior, y en su calidad de máxima intérprete de la
Carta y unificadora de la jurisprudencia constitucional, esta Corporación ha
sentado una sólida línea jurisprudencial en relación con la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y los requisitos para la misma.
En este sentido,
la Corte ha buscado una correcta ponderación y un debido equilibrio entre la
vigencia del principio constitucional relativo al respeto y garantía de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, de un lado, y por el respeto de la
autonomía e independencia de los jueces, y la seguridad jurídica, de otro
lado.
En cuanto al
primer principio relativo al respeto y garantía de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, para esta Corporación es claro que dentro del marco
normativo del Estado social y constitucional de Derecho está plenamente
justificada la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, cuando
se presente vulneración de los derechos fundamentales por estas decisiones, en
razón a que todas las ramas del poder público –legislativa, ejecutiva y
judicial- tienen el deber de respetar los derechos fundamentales, y por cuanto
las autoridades judiciales pueden llegar a vulnerar estos derechos, escenario
en el cual debe proceder la garantía constitucional de la tutela.
En este sentido,
para la Corte son manifiestas las razones constitucionales y
iusfilosóficas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
2.2 En cuanto a
las razones de orden constitucional éstas obedecen (i) en primer lugar, a que la
Constitución Política es norma de normas, tiene la mayor jerarquía normativa al
encontrarse en la cúspide de la pirámide del ordenamiento  jurídico, y por
tanto constituye el máximo precepto normativo con la máxima vigencia y máxima
eficacia jurídica; (ii) en segundo lugar, y en consonancia con la premisa
anterior, a que existe un claro mandato de orden constitucional relativo a que
todos los poderes públicos –ejecutivo, legislativo y judicial-, y por ende
todas las autoridades públicas, deben respetar los derechos fundamentales. Lo
anterior significa, que los derechos fundamentales vinculan por igual a todas
las autoridades públicas, a todas las ramas del poder público y a todas las
entidades y organismos del Estado; (iii) en tercer lugar, a que por expreso
mandato constitucional, la acción de tutela procede sin excepción,
contra todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder público; y
(iv) finalmente, a que el supremo interprete de la Constitución es el Tribunal
Constitucional.
2.3 De otra
parte, las razones de orden iusfilosófico son por lo menos las siguientes; (i)
que los derechos fundamentales constituyen pilares normativos de un Estado
constitucional y democrático de derecho y operan como límites frente al mismo
Estado y sus poderes públicos; (ii) que si bien en un Estado constitucional de
Derecho se debe buscar un ponderado equilibrio entre la vigencia de los
principios relativos al respeto de los derechos fundamentales y la justicia, de
una parte, y el respeto de la autonomía e independencia judicial y la seguridad
jurídica, de otra; en caso (iii) de una afectación inminente, prominente y
grave de los derechos fundamentales por parte de los operadores jurídicos o
administradores de justicia, en el juicio de ponderación por parte del juez
constitucional debe prevalecer la garantía de los derechos fundamentales y el
logro de la justicia, por cuanto la independencia y autonomía judicial y la
seguridad jurídica encuentran su límite normativo en el respeto de estos
derechos.
2.4 Ahora bien,
en la búsqueda del equilibrio ponderado entre los principios y valores aludidos
y con el fin de garantizar la vigencia del principio de autonomía e
independencia judicial y de la seguridad jurídica, es necesario asegurar que
sólo proceda la tutela excepcionalmente en aquellos casos cuando en verdad
exista una vulneración evidente, prominente y grave de los derechos
fundamentales. La jurisprudencia de esta Corte ha exigido entonces, para la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, no solamente el
cumplimiento estricto de los requisitos generales de procedibilidad para toda
acción tutelar, sino adicionalmente, la exigencia de la configuración de la
llamada “vía de hecho judicial”, requisito que hace alusión a la
existencia de un defecto dentro del proceso judicial que genera la vulneración
de un derecho fundamental.
2.5 A
continuación, se reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación,
sistematizada por la Sala Plena en el fallo de constitucionalidad C-590 de 2005[1]:
2.5.1 La tutela
contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal
e histórico[2], como desde una
interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[3]
e, incluso, a partir de la ratio decidendi[4] de la
sentencia C-543 de  1992[5], siempre que se presenten
los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
2.5.2 Así, al estudiar
la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los
siguientes requisitos formales[6], que no son más que los
requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la
especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[7];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[8];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[9].
2.5.3 Que se
presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente
elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[10]
sustantivo[11],
procedimental[12] o fáctico[13];
error inducido[14]; decisión
sin motivación[15];
desconocimiento del precedente constitucional[16]; y
violación directa a la constitución[17].
2.5.4. Sobre la
determinación de los defectos, es claro para la Corte que no existe un límite
indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma
inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden
implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la
falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la
falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de
un caso específico[18].
No sobra señalar
que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la sentencia C-543 de
1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los derechos
fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de
seguridad jurídica e independencia judicial[19]. Por ello, el
ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración grave a un
derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los
asuntos de evidente relevancia constitucional.
2.5.5. De
acuerdo con las consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la
procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la
concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las
causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el
amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la
necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental.[20]
3. DE LA
ACCION DE GRUPO Y LA CADUCIDAD DE DICHA ACCION
3.1 Características generales de las acciones de grupo
3.1.1 La Constitución Nacional en sus artículos 88 y
89 consagra las acciones colectivas, delegando al legislador en el artículo 88,
la facultad expresa para regular las acciones populares para la protección de
los derechos e intereses colectivos… y las acciones originadas en los daños
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las
correspondientes acciones particulares. Así mismo, en el artículo 89 la Carta
Política establece que fuera de las acciones directamente diseñadas por la
Carta, “la ley establecerá los demás recursos, las
acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la
integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales,
de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas”.
3.1.2 Mediante la Ley 472 de 1998, el legislador, en desarrollo del
amplio margen de configuración normativa reconocido por las disposiciones
constitucionales citadas, reguló el ejercicio de las acciones populares y de
grupo, fijando los principios que rigen su trámite procesal y regulando todo lo
relacionado con los procesos judiciales que las deciden.
3.1.3 En reiterada jurisprudencia esta Corporación se ha pronunciado
sobre el tema de las acciones colectivas en general, acciones populares y de
grupo, reconociendo la importancia de éstas acciones dentro del marco
constitucional fijado por la Carta de 1991, al ser éstas un elemento clave y
esencial para el desarrollo del Estado constitucional de Derecho, en razón a
que estas acciones constituyen mecanismos de participación social y se
encuentran íntimamente relacionadas con dos de sus principios fundantes: la solidaridad
y la dignidad humana (C.P. art. 1°).
Para la Corte es entonces claro que estas acciones son esenciales
para el modelo constitucional y democrático de Estado en cuanto coadyuvan al
propósito de protección de los derechos de la persona y de los grupos, lo cual
se encuentra consagrado también como un fin esencial del Estado (C.P. art. 2°),
al ser mecanismos colectivos de defensa de intereses comunitarios, a través de
los cuales se ejerce el principio de solidaridad[21].
3.1.4 La Corte se ha pronunciado sobre las
diferencias entre las acciones de grupo y las acciones populares, afirmando que
si bien ambas acciones tienen en común que son acciones colectivas, se
distinguen por su (i) finalidad y (ii) la naturaleza de los derechos afectados.
En cuanto a la finalidad, la acción de grupo tiene un
fin eminentemente reparatorio de un daño causado a intereses particulares o
colectivos, que en todo caso son susceptibles de individualización; mientras
las acciones populares tienen una finalidad preventiva.  En este sentido, la
Corte ha recalcado que las acciones de clase o de grupo no hacen relación
exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni únicamente a
derechos colectivos, por cuanto comprenden también derechos subjetivos de
origen constitucional o legal que han sido lesionados o afectados, por lo cual
se reclama la reparación ante un juez[22].
De otra parte, en cuanto a la naturaleza de los
derechos e intereses protegidos, mientras la acción popular busca amparar
esencialmente una categoría de derechos e intereses, los derechos e intereses
colectivos, la acción de grupo se proyecta sobre todo tipo de derechos e
intereses, sean éstos colectivos o individuales, pues lo que persigue es la
indemnización de los perjuicios provenientes de la afectación de un interés
subjetivo, causado a un número plural de personas[23].
En relación con el objeto de las acciones de grupo,
la jurisprudencia de esta Corte ha aclarado que en nuestra Constitución no se
distingue entre intereses colectivos e intereses
difusos, como sí lo hacen
otros ordenamientos jurídicos o la doctrina, y que por tal razón ha
interpretado que ambos intereses quedan comprendidos bajo el concepto de
“intereses colectivos” contenida en el artículo 88 Superior[24].
3.1.5 En lo que concierne de manera específica a las
acciones de grupo, objeto del presente pronunciamiento de esta Corte, la
jurisprudencia constitucional, de conformidad con los artículos 88 de la Carta
y 3° de la Ley 472 de 1998, ha afirmado que la acción de grupo tiene su origen
en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante
la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación y que no
obstante tratarse de intereses comunes, se puede individualizar en relación con
el daño cuya indemnización se persigue. Así, ha sostenido la Corte que la
acción de grupo busca resarcir el perjuicio ocasionado a un número plural de
personas o a un grupo, en cuanto todas ellas de manera individual y colectiva
al mismo tiempo, resultaron afectadas por un daño originado en circunstancias
comunes, lo que justifica un trato procesal unitario. En las acciones de grupo
la responsabilidad es entonces tramitada colectivamente, en cuanto se trata de
reclamar los daños ocasionados a un número importante de ciudadanos, pero las
reparaciones concretas son en principio individualizadas, ya que, por su
intermedio, lo que se ampara es el daño subjetivo de cada uno de los miembros
del grupo[25].
3.1.6 En armonía con lo expuesto, esta Corporación ha sostenido que
la acción de grupo contribuye claramente a la realización del derecho de acceso
a la administración de justicia y en el desarrollo del principio de economía
procesal, a resolver en un mismo proceso las pretensiones de un número plural
de personas que fueron afectadas por una misma causa. En efecto, una de las
finalidades de la acción de grupo es que se simplifique la administración de
justicia y se conjuguen los esfuerzos individuales para solicitar la reparación
de los daños causados por un evento lesivo. Es por esta razón, que la finalidad
de la acción de grupo es permitir que un número plural de individuos que
resulten afectados por un acontecimiento común, al encontrarse en situaciones
similares, puedan interponer una sola acción con fines de reparación e
indemnización, con lo que se logra una mayor economía procesal lo cual se
traduce en términos de reducción del desgaste del aparato judicial y su
contribución en la lucha contra la congestión de la administración de justicia,
así como en los costos de los litigios, lo que posibilita la democratización de
la justicia[26].
3.1.7 Así mismo, esta Corte se ha pronunciado en relación con las
características generales de la acción de grupo, poniendo de relieve en
reiterada jurisprudencia los siguientes aspectos: “i) No involucran derechos
colectivos. El elemento común es la causa del daño y el interés cuya lesión
debe ser reparada, que es lo que justifica una actuación judicial conjunta de
los afectados ; ii) En principio, por tratarse de intereses individuales
privados o particulares, los criterios de regulación deben ser los ordinarios ;
iii) Los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer efectiva la
reparación a cada uno de sus miembros sí deben ser regulados de manera
especial, con fundamento en la norma constitucional, atendiendo a las razones
de economía procesal que inspiran su consagración en ese nivel.”[27]
Por consiguiente, para esta Corte es claro que la acción de grupo
constituye (i) una acción indemnizatoria, por cuanto tiene por objeto la reparación
de los daños ocasionados por la vulneración de derechos de carácter subjetivo
susceptibles de valoración patrimonial; y (ii) en una acción de carácter
principal, que procede a pesar de la existencia de otros medios de defensa
judicial para obtener la reparación del daño sufrido, pues precisamente el
artículo 88 de la Constitución y la Ley 472 de 1998 señalan que la misma puede
instaurarse “sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la
indemnización de perjuicios”.
3.1.8
Finalmente considera la Sala necesario mencionar y resaltar que la Ley 472 de
1998 en su artículo 5º dispone expresamente que “[e]l
trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollará con fundamento en
los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia
del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se
aplicarán también los principios generales del Código de Procedimiento Civil,
cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones.
El Juez velará por el respeto
al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes” (resalta la Sala).
En
cuanto a los principios de orden constitucional a los cuales debe ajustarse el
trámite de las acciones de grupo, esta Sala se permite mencionar el principio
de prevalencia del derecho sustancial, pero también los principios
hermenéuticos derivados de la Constitución como el principio de interpretación pro homine, el principio de interpretación conforme y el principio de
interpretación razonable.
El
principio de prevalencia del derecho sustancial se encuentra consagrado en el
artículo 228 constitucional, de conformidad con el cual en las actuaciones de
las autoridades judiciales prevalecerá el derecho sustancial sobre las
disposiciones de carácter formal.
Por
su parte, el principio de interpretación pro homine, impone aquella interpretación de las
normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la
prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la
dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de
los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel
constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores,
en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como
fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la
garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,
así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de
todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.
De
otro lado, el principio de interpretación conforme consiste en que la interpretación de la
totalidad de los preceptos jurídicos debe hacerse de tal manera que se encuentre
en armonía con las disposiciones constitucionales. Este principio implica
entonces, que cuando exista una norma ambigua cuya interpretación razonable
admita al menos dos sentidos diferentes, el intérprete debe optar por la
interpretación que se adecúe mayormente y de mejor manera a los principios,
valores, derechos y mandatos constitucionales. Este principio representa un
desarrollo del artículo 4º de la Constitución, según el cual, la Constitución
es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Así pues, el principio de interpretación conforme encuentra su fundamento en la
supremacía y jerarquía normativa máxima de la Constitución Nacional, a partir
de cuya premisa se deriva que toda interpretación jurídica debe arrojar un
resultado que no sólo no debe ser contrario, ni solamente permitido, sino más
allá debe estar ajustado a la Constitución Nacional.
Por
su parte el principio de interpretación razonable, supone que el juez debe aplicar las
normas de derecho de una manera tal que se produzcan resultados proporcionados, razonables, equitativos y verdaderamente justos, de preferencia sobre el principio
jurídico.
3.1.9 En síntesis y de conformidad con lo
anteriormente expuesto, esta Sala de Revisión reitera (i) la relevancia de las
acciones de grupo para la implementación y desarrollo del Estado constitucional
de Derecho y de sus principios esenciales de solidaridad, dignidad humana,
acceso a la administración de justicia y eficacia de los derechos e intereses
colectivos; (ii) la importancia de la acción de grupo en cuanto a la reparación
del daño ocasionado a los derechos subjetivos de un número plural de personas,
en la medida en que todas ellas fueron afectadas por un evento lesivo común,
que amerita un tratamiento procesal unitario, aún cuando la determinación de la
reparación del daño es en principio individualizada, en razón a que lo que se
protege es el daño subjetivo de cada uno de los miembros del grupo[28];
y (iii) el que el trámite de estas acciones debe realizarse atendiendo a los
principios constitucionales de prevalencia del derecho
sustancial y de interpretación pro homine, interpretación conforme e interpretación
razonable.
3.2 Caducidad de las acciones de grupo
3.2.1 En lo que respecta al tema de la caducidad de las acciones de
grupo, consagrado en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998[29],
esta Corte mediante sentencia que declaró la constitucionalidad de dicha
disposición[30], analizó de manera
general el tema de la caducidad de las acciones de grupo, estableciendo que la
disposición legal mediante la cual se fija un término de dos años contados a
partir de la fecha en la cual se causó el daño o cesó la acción vulnerante
causante del mismo, es constitucional por cuanto lo que hace es fijar un
término razonable y proporcional para dar inicio a una acción judicial de
carácter colectivo mediante la cual se pretende el resarcimiento de un daño o
perjuicio ocasionado a unos derechos de carácter subjetivo que han sido afectados
de manera común, afectación que sin embargo puede ser también reivindicada de
manera individual.
3.2.2 En este sentido, sostuvo la Corte que existe una clara
diferenciación de la acción de grupo frente a las acciones populares, en lo que
toca con el tema de la caducidad, ya que para las acciones populares no opera
un término de caducidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la
Ley 472 de 1998, en el cual se consagra la regla general según la cual la
acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o
peligro al derecho e interés colectivo, sin límite de tiempo alguno, mientras
que para la acción de grupo, el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 fija un
término de dos (2) años a partir de la configuración del daño o de la cesación
de la acción causante del mismo.
La anterior diferenciación se explica para la Corte, en razón a que
la acción de grupo plantea unas circunstancias diferentes a la acción popular,
en la medida en que estas acciones se refieren a derechos de distinta entidad,
como quedó expuesto en el acápite anterior, ya que en el caso de las acciones
de grupo se trata de derechos subjetivos que si bien son afectados de manera
plural o masiva, y si bien son reivindicados judicialmente a través de un
mecanismo colectivo, también pueden ser objeto de acciones individuales con el
fin de obtener el resarcimiento que corresponda a cada una de ellas[31].
3.2.3 Por lo anterior, la Corte encontró ajustado al ordenamiento
constitucional la fijación por el legislador de un término de caducidad para
las acciones de grupo, en armonía con los principios constitucionales de
seguridad jurídica, el interés general y la administración de justicia. A este
respecto sostuvo la Corte:
“En efecto, la Constitución ha establecido esta categoría de
acciones destinadas a garantizar la eficacia de la justicia, al conceder la
oportunidad para que en un solo proceso, se resuelva sobre varias pretensiones
que tienen elementos comunes y que permiten su decisión en una misma sentencia.
La garantía constitucional se reduce entonces, a la alternativa de acudir a un
mecanismo ágil de defensa en un lapso prudencial, sin que con ello se elimine
la posibilidad para los miembros de ese grupo, de ejercer posteriormente y  dentro
de los términos ordinarios de caducidad, las acciones individuales que
correspondan.  Así, lo establece el artículo 47 impugnado, al disponer que el
término de caducidad para instaurar una acción de grupo es de dos (2) años
siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción causante del
mismo, “sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la
indemnización de perjuicios.”
Por consiguiente, la fijación de un término de caducidad para
ejercer la acción de grupo encuentra pleno sustento en la defensa de la
seguridad jurídica, el interés general y la eficacia de la administración
justicia y en el deber consagrado en el artículo 95-7 de la Constitución de
colaborar con el buen funcionamiento de la misma”[32].
3.2.4 El anterior entendimiento de la Corte respecto de la
constitucionalidad de la caducidad de las acciones de grupo encuentra así mismo
fundamento en los pronunciamientos de esta Corporación acerca de la institución
de la caducidad en general, la cual constituye una institución jurídico
procesal, que implica la extinción del derecho a la acción judicial por las
causas expresamente fijadas por el legislador, como el transcurso del tiempo y
la inactividad negligente del actor para reclamar sus derechos. Sobre la
caducidad ha establecido en términos generales la Corte:
“La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la
cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con
el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la
necesidad  por parte del conglomerado social de obtener seguridad  jurídica,
para evitar la paralización del tráfico jurídico[33].
En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el
contrario apunta a la protección de un interés general[34].
La misma  es una figura de orden  público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de declaración de oficio por parte del juez,
cuando se verifique su ocurrencia”[35].
En el mismo sentido ha afirmado esta Corporación:
"La caducidad es la extinción del derecho a la acción por
cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja
transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la
demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse
excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen una garantía para la
seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el
límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa
no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de
las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá
expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado"[36]
3.2.5 Por consiguiente, reitera esta Sala de Revisión que se
encuentra en armonía con los preceptos constitucionales el establecimiento por
el legislador de un término de caducidad para la implementación de la acción de
grupo por el grupo afectado en sus derechos e intereses colectivos. Lo
anterior, en razón de la naturaleza propia de dichas acciones y de los derechos
que protege, así como por la necesidad de garantizar los principios
constitucionales relativos a la seguridad jurídica, el interés general y la
eficaz administración de justicia.
3.2.6
Finalmente, considera la Sala conveniente mencionar que la institución jurídico
procesal de la caducidad en las acciones de grupo opera respecto del grupo y no
respecto de cada uno de sus integrantes, de manera que en todo caso, el término
extintivo para promover la acción de grupo debe distinguirse del término de
caducidad de la acción que corresponde a cada persona del grupo de manera
individual, cuyo término extintivo puede o no coincidir con el derecho de
accionar del grupo considerado como tal. De esta forma, puede presentarse una
situación en la cual caduca el derecho de accionar en grupo, pero ello no
implica la extinción del derecho para demandar la pretensión de que es titular
cada persona por separado.
3.3  La declaración de la caducidad y la contabilización del término
de caducidad
3.3.1 La discusión en el presente asunto objeto de revisión
constitucional, se centra en dos temas específicos respecto de la caducidad en
las acciones de grupo: en primer lugar, la declaración de la excepción de
caducidad; y en segundo lugar, el tema acerca del alcance de la disposición
contenida en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, en relación con la
contabilización del término de caducidad de dos (2) años “siguientes a la
fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.
Sobre estos temas, la Sala encuentra que presentan una clara
relevancia y connotación de orden constitucional en cuanto su esclarecimiento
(i) afecta la posibilidad efectiva de implementar la acción de grupo, que como
se vio en aparte anterior de este fallo, es un mecanismo esencial dentro del
marco de un Estado constitucional de Derecho para la garantía de los derechos e
intereses colectivos; (ii) tiene relación directa con derechos fundamentales
que se pretenden reivindicar a través de la acción de grupo, como las
indemnizaciones por el daño causado y la garantía del derecho a una vida digna,
a la salud y a un ambiente sano; y (iii) tiene relación directa e inmediata con
el derecho fundamental del debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.
3.3.2 La declaración de la caducidad como excepción previa dentro
del trámite de la acción de grupo
3.3.2.1 En relación con el tema de la declaración de la caducidad,
el artículo 57 de la Ley 472 de 1998 dispone que la parte demandada podrá
interponer excepciones de mérito con la contestación de la demanda, así como
las excepciones previas señaladas en el Código de Procedimiento Civil. Del
mismo modo consagra esta norma, que las excepciones de acuerdo con su
naturaleza se resolverán de conformidad con las reglas previstas en el Código
de Procedimiento Civil.
3.3.2.2 Por su parte, el artículo 97 del C.P.C. establece cuáles son
las excepciones previas y la oportunidad para proponerlas. Así esta norma
incluye como excepción previa la caducidad de la acción, al establecer que “[t]ambién
podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad
de la acción”.
3.3.2.3 En relación con el trámite y decisión de las excepciones
previas, el artículo 99 numerales 1-6 del C.P.C. establece como regla general
que las excepciones previas que no requieran práctica de pruebas se resolverán
una vez vencido el traslado a las partes de las excepciones propuestas. En este
sentido, el numeral 6 del artículo 99 C.P.C. dispone que vencido el traslado “el
juez resolverá sobre las excepciones que no requieran práctica de pruebas”
y si las requieren, “el juez con las limitaciones de que trata el artículo
98 del C.P.C., decretará las que considere necesarias, las cuales se
practicarán dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que
las decrete, y resolverá sobre ellas en la audiencia de que trata el artículo
101 del C.P.C.”.
Dispone así mismo el numeral 6 del artículo 99 del C.P.C. que en los
procesos en que no se aplica el artículo 101, las excepciones previas se
resolverán, cuando deben practicarse pruebas, dentro de los cinco días
siguientes al vencimiento del término para su práctica.
En relación con la procedencia de recursos frente a la providencia
judicial que resuelve sobre las excepciones previas, el numeral 13 del artículo
99 del C.P.C. establece que no es apelable el auto que resuelve sobre la
excepción previa del numeral 2º, ni el que niega alguna de las contempladas en
los numerales 4º a 7º. En forma contraria establece esta norma, que el auto que
resuelva sobre las demás excepciones previas, es apelable. Igualmente dispone
este precepto que el auto que declara probada cualquiera de las contempladas en
los numerales 4º a 12, es apelable en el efecto devolutivo, y en el suspensivo
el que declare probadas las de los numerales 1º y 3º.
3.3.2.4 Con fundamento en lo anterior, colige esta Sala que la
oportunidad procesal para que el juez resuelva sobre la excepción previa de
caducidad dentro de la acción de grupo y en general de procesos que las admitan,
de conformidad con las disposiciones anotadas del Código de Procedimiento
Civil, es como regla básicas y en aquellos casos en que no se requiera la
práctica de pruebas, el momento procesal subsiguiente al traslado de las
excepciones previas interpuestas, esto es, una vez se haya cumplido el traslado
a las partes de las excepciones previas propuestas. En caso de que se requiera
práctica de pruebas, el momento procesal para la resolución de las excepciones
previas será dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término
para la práctica de las pruebas –num. 6 art. 99 C.P.C.-.
3.3.2.5
Encuentra así mismo esta Sala, que la providencia judicial mediante la cual el
juez debe resolver las excepciones previas son los “Autos”, los cuales para el
caso de la de caducidad, son apelables –num. 13 art. 99 C.P.C.-. Así el
artículo 302 del C.P.C. establece que las providencias del juez pueden ser
autos o sentencias. Que son sentencias “las que deciden
sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el
carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se
pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión” (resalta la Sala). Así mismo establece
esta norma que son autos “todas las demás providencias,
de trámite e interlocutorias”.
3.3.2.6 Ahora bien, en relación con las excepciones previas es
preciso considerar también lo previsto en el numeral 7º del artículo 99 del
C.P.C, que dispone que cuando prospere alguna de las excepciones previstas en
los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 e inciso final del artículo 97[37],
sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes, el juez se abstendrá de
decidir sobre las demás, y declarará terminado el proceso.  Pero si el auto
fuere apelado y el superior lo revoca, éste deberá pronunciarse sobre las demás
excepciones propuestas. Quiere ello decir: (i) que el juez de primera instancia
debe pronunciarse sobre las excepciones previas planteadas por el demandado o
los terceros intervinientes en el proceso; (ii) que los autos mediante los
cuales se resuelven aquéllas pueden ser apelables; y, (iii) que la competencia
del superior jerárquico para pronunciarse sobre las excepciones previas se
encuentra limitada, en función de cual de ellas fue objeto de apelación y si
una o ambas partes apelaron; y, (iv) solo cuando en segunda instancia se revoca
la decisión que declaró probada una excepción sobre la totalidad del proceso,
en esta instancia se puede emitir pronunciamiento sobre las demás excepciones
previas propuestas.
3.3.2.7
En armonía con lo hasta aquí expuesto y en lo que tiene que ver con el tema de
la apelación del auto que decide las excepciones previas y la competencia del
juez de segunda instancia para decidir sobre dicha apelación, esta Corte ha
sido clara al sostener la competencia limitada del juez ad quem, quien no puede
pronunciarse sobre asuntos no decididos en primera instancia y por lo tanto no
puestos a su consideración en virtud de la apelación. En este sentido, ha
concluido la Corte que el juez superior no puede decidir sobre unas excepciones
previas sobre las cuales en la primera instancia el juez omitió el
pronunciamiento, siempre y cuando no se trate del caso contemplado en el
numeral 7 del artículo 99 del C.P.P. Para la Corte, un tal pronunciamiento del
juez de segunda instancia resultaría violatorio del debido proceso y del
principio de la doble instancia[38].
Del
mismo modo, ha establecido la Corte que al juez de segunda instancia le está
vedado vulnerar el derecho a la igualdad procesal, en el sentido de entrar a
pronunciarse sobre unas excepciones previas que fueron resueltas por el
inferior jerárquico, y otras que no lo fueron, es decir, sobre una decisión que
surtió efectivamente dos instancias, y otra que solo fue objeto de una[39].
3.3.2.8
Finalmente, esta Sala de Revisión considera necesario anotar en primer lugar,
que las normas procesales, en este caso las que tienen que ver con el trámite y
resolución de las excepciones previas, son normas de carácter público y por
tanto escapan a la órbita de voluntad de las partes dentro del proceso,
ostentando un carácter de estricto y obligatorio cumplimiento; y en segundo
lugar, que tales normas procesales deben ser interpretadas armónicamente con
las demás disposiciones constitucionales que consagran el debido proceso –art.
29 Superior- y las demás normas legales de la Ley 472 de 1998 y del Código de
Procedimiento Civil.
Para
la Sala es claro entonces, que sin lugar a dudas la interpretación del artículo
57 de la Ley 472 de 1998 y de los artículos del Código de Procedimiento Civil
al cual esa norma remite, no puede, de manera alguna, traducirse en una
vulneración al debido proceso.
En
relación con la importancia del respecto por el derecho fundamental del debido
proceso la Corte se ha pronunciado en múltiples oportunidades. A este respecto
a afirmado esta Corporación:
“El debido proceso debe entenderse como una manifestación del
Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las
autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas
propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo
consagra expresamente para toda clase de actuaciones judiciales o
administrativas".
Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de
cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que
limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y
obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las
autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los
procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.
Así, el debido proceso se vulnera cuando no se verifican los actos y
procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos. Se entiende que esta
obligación no sólo cobija a las autoridades públicas sino también a los
particulares, en forma tal que estos últimos también quedan obligados por las
reglas o reglamentos que regulan el juicio o la actuación, sin que puedan, de
conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o
procedimientos que los beneficien, y desconocer o ignorar aquellos que les sean
desfavorables”[40] (negrillas de
la Sala).
3.3.3. Contabilización de la caducidad para las acciones de grupo
En relación con el término de caducidad de la acción de grupo, esta
Sala de revisión entra a hacer un breve análisis del mismo.
3.3.3.1 El artículo 47 de la Ley 472 de 1998 establece que sin
perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de
perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante
causante del mismo.
3.3.3.2 En relación con la norma que establece el término para la
caducidad de las acciones de grupo, encuentra esta Sala que existen dos
aspectos del mandato legal sobre caducidad para las acciones de grupo que deben
diferenciarse. Así, la primera parte del artículo 47 de la Ley 472 de 1998
establece que la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años “siguientes
a la fecha en que se causó el daño”, y la segunda parte establece que la
acción deberá promoverse dentro de los dos (2) años “siguientes a la fecha
en que (…)  cesó la acción vulnerante causante del mismo”.
3.3.3.3. Considera esta Sala que la primera parte del mandato legal
hace relación a la contabilización del término de caducidad cuando se aplica
para aquella clase de daño que se agota, ejecuta o perfecciona en una sola
acción u omisión, aún cuando de ella se deriven perjuicios posteriores
para los afectados; mientras que la segunda parte del mandato legal hace
referencia a la clase de daño que no se agota, ejecuta o perfecciona mediante
una sólo acción u omisión determinable de manera objetiva en el tiempo, sino
que se refiere a la clase de daño que se extiende y actualiza en el tiempo, o
al denominado “daño continuado” o daño de “tracto sucesivo”, cuya
acción vulnerante causante del mismo no ha cesado para el momento de la
interposición de la acción de grupo.
En este mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sostenido, y ello en un caso similar al que ahora se estudia, que la norma
sobre la caducidad de las acciones de grupo consagra dos eventos distintos para
efectos del cómputo del término de caducidad de la acción de grupo: uno
referido a aquellos casos en los que el daño se origina en un acto que se agota
en su ejecución; y otro, cuando la conducta vulneradora no se agota en un solo
acto o hecho. Para el Consejo de Estado esta circunstancia debe ser determinada
en cada caso por el juez de la acción de grupo, con el fin de establecer si el
hecho generador del daño se agota en un solo momento o se prolonga en el tiempo[41].
3.3.3.4 En forma paralela y correspondiente a los elementos
contenidos en la prescripción legal a efectos de determinar la caducidad de las
acciones de grupo, el Consejo de Estado ha desarrollado también dos líneas
jurisprudenciales que en criterio de esta Sala corresponden a dicha
diferenciación.
3.3.3.5 De acuerdo con la primera línea jurisprudencial, el término
de caducidad para las acciones de grupo se debe contabilizar o bien teniendo en
cuenta la fecha objetiva en la cual se realizó la acción o tuvo lugar el evento
que causó el daño que se demanda; o bien a partir de la fecha en la cual se
puede determinar objetivamente que los afectados tuvieron conocimiento del daño
causado. Lo anterior, independientemente de que el daño se prolongue, agrave o
agudice, por cuanto de conformidad con este criterio jurisprudencial, si se
tuviera en cuenta la prolongación o agravación en el tiempo del daño generado,
ello implicaría en la práctica que existieran acciones resarcitorias sin
término de caducidad.
De conformidad con esta postura jurídica del Consejo de Estado, se
debe distinguir entre la acción vulnerante y la agravación del daño. Así las
cosas, el hecho de que el daño se agrave después de su consolidación, no
implica que se trate de un daño continuado o de tracto sucesivo, ya que ello
implicaría que el término de caducidad se prolongara de manera indefinida[42].
Por tanto, según esta posición, el término de caducidad debe
contarse desde el hecho u omisión dañosa, ya que lo contrario implicaría
concluir que las acciones de grupo no caducarían mientras no se reparara el
daño. Esta circunstancia objetiva, la ocurrencia del hecho o de la omisión
generadora del daño, o la cesación del mismo en el evento de que el hecho u
omisión causantes del perjuicio sean de tracto sucesivo, es la que constituye
el punto de partida del término de caducidad.
3.3.3.6 De conformidad con la segunda línea jurisprudencial, la cual
toma en cuenta la existencia de “daños de tracto sucesivo” o de daños
que se prolongan en forma progresiva en el tiempo, no se puede hablar de
caducidad en estos casos, en razón a que la causa del daño cuya indemnización
se reclama no ha cesado, sino que por el contrario, la acción vulnerante
causante del mismo se prolonga en el tiempo.
En este sentido la jurisprudencia en la materia ha sostenido, en un
caso similar al que ahora estudia, que mientras persistan las consecuencias
dañosas para las víctimas, que en el caso que se estudiaba en esa oportunidad
era el daño generado a los compradores de inmuebles construidos en un terreno
con fallas geológicas, la acción no caduca. Incluye además en sus
consideraciones que la caducidad puede ser apreciada judicialmente con
criterios de equidad. Se dijo en tal oportunidad:
“Luego, cuando ocurre el fenómeno del tracto sucesivo, el término de
caducidad no se agota mientras los daños se sigan produciendo, que es lo que
exacta y concretamente ha venido aconteciendo en el caso materia del presente
estudio de mérito.
Para corroborar la anterior apreciación, conviene traer a colasión
el aparte de la sentencia del 15 de febrero de 1996 de la Sección Tercera del
Honorable Consejo de Estado, dictada dentro del expediente No. 11.239 Consejero
Ponente, Dr. Jesús Maria Carrillo Ballesteros, cuyo contenido es el siguiente:
En este momento del discurso judicial, la Sala reitera la pauta
jurisprudencial en el sentido de que en casos como el presente, cuando los daños
se van causando día a día, esto es, en forma de tracto sucesivo, el término de
caducidad no se agota mientras los daños se sigan produciendo. En esta materia la
Sala hace suya la perspectiva doctrinaria que el Dr. Tomás Ramón Fernández
maneja en su conferencia: “El Contencioso Administrativo y la responsabilidad
del estado”, Abeledo Perrot, pág. 105, en la cual se lee:
“El dies a-quo del cómputo es también desde hace años, objeto de un
análisis muy amplio estimándose que el plazo no empieza a correr en tanto los
daños se sigan produciendo por mucho que sea el tiempo transcurrido desde que
tuvo lugar el hecho que los desencadenó”.
Así las cosas, en la especie, es forzoso hacer, por razones de
justicia y también de equidad, una interpretación generosa del momento a partir
del cual empieza a correr el término de caducidad, para permitir la admisión de
la demanda y con ésta, el acceso a la administración de justicia.” [43]
De acuerdo con esta línea jurisprudencial, en otra oportunidad el
Consejo de Estado, analizando otro caso similar al ahora examinado, afirmó que
cuando se presentan estos casos donde hay lugar a daños de tracto sucesivo, no
puede computarse el término de caducidad tomando como fecha el momento en que
se entregaron las unidades de vivienda a los compradores, por cuanto “la
norma es clara en señalar, que este término se cuenta a partir de la fecha en
que cesó la acción vulnerante causante del mismo, lo que en éste caso no ha
ocurrido pues los daños se siguen produciendo”[44].
En otro caso análogo, el Consejo de Estado sostuvo que “[e]n
síntesis, los daños en el caso presente se han presentado en forma de tracto
sucesivo, es decir, día a día, sin que los mismos hayan cesado desde su inicio,
esto es, desde mucho tiempo antes de construirse las viviendas materia del
presente litigio, como lo sostiene la constructora en su escrito de
contestación. Luego cuando ocurre el fenómeno de trato sucesivo, el término de
caducidad no se agota mientras los daños se sigan produciendo, que es lo que
exacta y concretamente ha venido aconteciendo en el caso materia del presente
estudio de mérito”[45].
En otro pronunciamiento, el Consejo de Estado reiterando el criterio
jurisprudencial expuesto afirmó que “cuando los daños se van causando día a
día, esto es en forma de tracto sucesivo, el termino de caducidad no se agota
mientras los daños se sigan produciendo”[46].
Igualmente sostuvo el Consejo de Estado, en otro caso semejante al
que ahora se estudia, que “si bien la construcción de la obra pública
finalizó en el mes de julio de 2000, ocurre que según la demanda, el perjuicio
ha venido prolongándose de tal manera que puede considerarse actual; así la
acción de grupo no ha caducado, pues el término de dos años previsto por el
artículo 47 de la Ley 472 de 1998 para promoverla, corre desde la fecha en que
se produjo el daño, hasta la interrupción de la causa, como debe entenderse en
este caso …”[47]
Del mismo modo, en otros pronunciamientos[48],
el Consejo de Estado ha declarado no probada la excepción de caducidad, en
cuanto si bien la construcción de la obra había finalizado en un momento
determinado en el tiempo, el perjuicio había venido prolongándose de tal manera
que podía considerarse actual, o venía produciéndose día a día en la medida en
que no se había consumado en su totalidad y por el contrario se había agravado
con el paso del tiempo, razón por la cual la acción de grupo no había caducado.
Finalmente, también desde el punto de vista doctrinario, algunos
autores sostienen que el término de la caducidad no empieza a correr en tanto
los daños se sigan produciendo por mucho que sea el tiempo transcurrido desde
que tuvo lugar el hecho que los desencadenó[49].
3.3.3.7 Por
consiguiente, considera la Sala que estas dos líneas jurisprudenciales
reseñadas, se diferencian la una de la otra fundamentalmente en que la primera
hace énfasis en la determinación de la “fecha en la que se causó el daño”,
mientras que la segunda línea jurisprudencial hace énfasis en la otra parte del
mandato legal respecto de la caducidad a partir del momento en que “cesa la
acción vulnerante causante del mismo”.
No obstante lo
anterior, en criterio de la Sala estas dos posturas no son excluyentes sino más
bien complementarias, siempre y cuando se realice la interpretación y
aplicación de la norma legal a partir de la diferenciación entre la ocurrencia
de un daño que se ejecuta y perfecciona mediante una sola acción u omisión y es
determinable de manera objetiva en el tiempo; y la ocurrencia de un daño
continuo o de tracto sucesivo cuya acción vulnerante causante del daño no ha
cesado.
3.3.3.8 De
conformidad con lo anterior, es claro para esta Sala, que el entendimiento de
la norma legal que establece la caducidad para las acciones de grupo –art. 47
de la Ley 472 de 1998- según el cual en los casos de daño continuo o de daño de
tracto sucesivo no opera la caducidad por cuanto no ha cesado la acción
vulnerante causante del daño al momento de la presentación de la demanda, es un
entendimiento que no sólo se desprende claramente del contenido de la norma
legal, sino que más allá se ajusta a la Constitución Nacional y a su principios
de prevalencia del derecho sustancial, de interpretación “pro homine”,
de interpretación conforme y razonable, así como al respecto por los
derechos del debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Como
consecuencia de lo anterior, la aplicación legal de la caducidad según la cual
esta no opera en los casos de daño de tracto sucesivo mientras no cese la
acción vulnerante causante del mismo, protege la efectividad de la acción de
grupo y por contera los derechos e intereses colectivos que se buscan
garantizar a través de esta acción, como el interés respecto de la
indemnización patrimonial y los derechos a una vida digna, a la salud y a un
medio ambiente sano.
Con base en los fundamentos jurídicos
anteriormente expuestos, pasa la Sala a resolver el caso concreto.
4. RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO
Debe determinar
esta Sala primeramente, la procedencia de la presente acción de tutela, para
posteriormente si ha lugar a determinar si hubo o no,  vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Para determinar
la procedencia de esta tutela, debe esta Sala analizar dos aspectos: (i) si el
presente trámite cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela y con los requisitos especiales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales; y (ii) si en el presente caso de tutela se evidencia
la configuración de una vía judicial de hecho en las sentencias que decidieron
la acción de grupo y que dieron origen a la acción tutelar.
4.1. Análisis
de procedibilidad de la acción.
A continuación
procede esta Sala de Revisión a verificar el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales en el
presente caso, de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos de esta decisión.
4.1.1.
Relevancia Constitucional: en relación con el
requisito de relevancia constitucional del asunto que se discute, encuentra
esta Sala de Revisión que el asunto planteado por la parte actora no constituye
simplemente un asunto de carácter legal y de interpretación de la ley, sino que
posee relevancia constitucional, por lo menos, por las siguientes tres razones:
(i) por cuanto afecta el ejercicio e implementación efectiva de uno de los
mecanismos previstos por la Constitución Nacional en su artículo 88 Superior,
relativo a la acción de grupo, que como se anotó en la parte considerativa de
este fallo, es un mecanismo esencial dentro del paradigma de un Estado
constitucional de Derecho; (ii) por cuanto este asunto tiene relación directa e
inmediata con la vulneración de los derechos fundamentales a una vida digna, a
la salud, al medio ambiente de la parte actora dentro de la Acción de Grupo que
dio origen a esta tutela; y (iii) por cuanto este asunto tiene que ver con la
configuración de unas vías de hecho judiciales que vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia.
4.1.2.
Subsidiariedad o agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios: en cuanto a este requisito,
observa la Sala de Revisión que los hechos por los cuales fue interpuesta la
acción de tutela que actualmente se estudia tienen origen en un proceso de
Acción de Grupo. En este proceso se declaró probada la excepción previa de
caducidad, por parte del juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá, en
Sentencia que fue impugnada y confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de manera que se surtieron y agotaron las vías
judiciales ordinarias.
Ahora bien,
considera la Sala necesario reiterar que este requisito de residualidad y
subsidiariedad cobra especial relevancia en aquellos casos cuando se trata de
tutelas contra providencias judiciales, por cuanto la presentación de la acción
de tutela presupone el cumplimiento de estos principios, los cuales se
encuentran en una relación de necesidad lógica con la procedencia de la tutela
en estos casos, en razón a que se demandan unas providencias judiciales que son
fruto del agotamiento de las vías ordinarias de defensa, por lo cual la
obligación de agotar los mecanismos ordinarios de defensa judicial constituye
un presupuesto normativo necesario para que se pueda interponer la acción de
tutela[50].
En este caso,
encuentra la Sala que sí finiquitaron los recursos judiciales, razón por la
cual considera que la presente acción cumple con el requisito de
subsidiariedad. Así mismo, es claro para la Sala que los actores no cuentan con
otros mecanismos judiciales de protección pues se declaró la caducidad de la
acción de grupo en la sentencia de primera instancia, la cual fue impugnada por
la parte actora,  siendo esta confirmada por el juez de segunda instancia, de
manera que se archivó el proceso.
4.1.3. El
requisito de inmediatez: en este caso encuentra la
Sala que el lapso transcurrido entre la decisión judicial que se controvierte,
la decisión de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
la cual fue proferida el tres (3) de abril de 2008, y la interposición de la
acción de tutela, el veintidós (22) de julio de 2008, es decir, dos meses y
diecinueve días (19) después de la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, lo cual permite concluir a esta Sala que el actor presentó la
tutela dentro un plazo razonable y proporcionado respecto del objeto y
naturaleza del debate, para la defensa de los derechos fundamentales invocados,
lo cual demuestra a su vez que los actores tienen un interés en la protección
de sus derechos y desarrollan un accionar diligente para la defensa de los
mismos.
De acuerdo con
estas consideraciones, la Sala encuentra que la acción de tutela bajo estudio
se ajusta al principio de inmediatez.
4.1.4. Que
las irregularidades que se alegan, hayan sido alegadas dentro del proceso que
dio origen a la tutela, de ser posible, y tengan una incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
En criterio de la
Sala, este requisito se cumple en el caso bajo estudio, ya que las
irregularidades que se alegan, no solo fueron alegadas dentro de la acción de
grupo que dio origen a esta acción de tutela sino que tuvieron incidencia
directa en las decisiones que se consideran vulneratorias de los derechos
fundamentales de los actores.
Así las cosas,
la irregularidad que se alega respecto del fallo de primera instancia del
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito, en cuanto decidió la
excepción previa de caducidad en la sentencia, desconociendo la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la declaró no
probada, es una irregularidad de carácter procesal que tiene relación directa
con la decisión que se alega, es vulneratoria del derecho fundamental al debido
proceso de los actores.
En igual
sentido, la irregularidad relativa a la interpretación errónea del artículo 47
de la Ley 472 de 1998, es de carácter sustancial que fue alegada dentro del
proceso de acción de grupo que dio origen a esta acción de tutela y tiene una
conexidad directa e inmediata con las decisiones adoptadas dentro de la acción
de grupo que se impugnan.
4.1.5. La
identificación en forma razonable de los hechos que generan la violación.
La Sala
encuentra que este requisito se configura plenamente en el presente caso, ya
que los motivos que dieron lugar a la acción de tutela, por violación del
debido proceso y de la seguridad jurídica, por configuración de un defecto
procedimental, sustantivo y fáctico, y finalmente por desconocimiento del
precedente jurisprudencial en materia de caducidad en las acciones de grupo,
fueron identificados en forma clara y razonable en la petición de tutela, y
fueron precisamente los argumentos expuestos y utilizados por la parte actora en
la acción de grupo cuando apeló la sentencia de primera instancia del Tribunal
Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, mediante la cual se declara probada
la excepción de caducidad de la acción de grupo.
Por lo anterior,
la Sala encuentra probado el requisito según el cual la violación por la cual
se interpone la acción de tutela debe ser expuesta de manera razonable y haber
sido alegada dentro del proceso judicial previo que dio origen a la acción
tutelar.
4.1.6. Que el
fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. Al respecto, basta señalar que la sentencia judicial que se
considera vulneratoria de los derechos fundamentales se produjo dentro de un
proceso de acción de grupo.
4.2
Procedencia material de la acción de tutela
Acreditados
todos los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, esta Sala de Revisión aborda el estudio de fondo, o de
la procedencia material del amparo, en cuanto a establecer la configuración de
una vía de hecho judicial, por defecto procedimental, sustantivo o fáctico.
4.2.1
Configuración de vía de hecho judicial por defecto procedimental
4.2.1.1 De
conformidad con la parte motiva y considerativa de este fallo en el que se
estudia el tema de la declaración de caducidad por parte del juez dentro del
trámite procesal de la acción de grupo, y de acuerdo con lo establecido por el
artículo 57 de la Ley 472 de 1998 y las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil, las características procesales generales de la declaración
de caducidad en la acción de grupo son: en primer lugar, que por constituir una
excepción previa, ésta debe resolverse luego del traslado de dichas excepciones
a las partes, esto como regla general y en caso de que no se requiera la
practica de pruebas. En caso de que exista la necesidad de practicar pruebas,
la excepción previa de caducidad debe resolverse dentro de los cinco días siguientes
al vencimiento del término para su práctica –num. 6 art. 99 C.P.C.-; y en
segundo lugar, que la excepción previa de caducidad debe resolverse mediante
Auto, que es apelable.
4.2.1.2 En este
caso, evidencia la Sala que la excepción previa de caducidad alegada por las
partes demandadas, Alcaldía Mayor de Bogotá y la constructora Conformar S.A.,
fue resuelta dentro del trámite de acción de grupo por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 1º de junio de 2005 (Fls.
44-47), providencia mediante la cual el Tribunal decidió denegar la excepción
previa de caducidad de la acción por cuanto consideró el Tribunal que de
conformidad con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 que establece la caducidad
“se advierte que al momento de presentarse la demanda aún no había cesado la
acción causante del daño, lo que desvirtúa la caducidad de la acción”.
4.2.1.3 No
obstante lo anterior, el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá, decide
en el fallo de primera instancia conceder la caducidad encontrándola probada.
Con esta decisión el juez desconoció que el Tribunal había ya resuelto sobre la
excepción previa de caducidad de la acción denegándola, decisión que no fue
impugnada por la parte demandada, y que se encontraba en firme y ejecutoriada,
y no presentó argumentación alguna respecto de algún vicio de ilegalidad del
Auto del Tribunal, razón por la cual a juicio de esta Sala la decisión del
Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá, resulta vulneratoria del
debido proceso.
4.2.1.4 Ahora
bien, aún cuando se argumente, como lo hacen los demandados en este proceso de
tutela, que la excepción de caducidad presenta un carácter mixto, y en consecuencia
la posibilidad de que el juez pueda decretarla cuando la encuentre probada
dentro del proceso, estima la Sala que estos argumentos no son de recibo en el
presente caso, por cuanto en el asunto bajo revisión, la excepción de caducidad
había sido debidamente alegada por la parte demandada y debidamente decidida
por el juez –para ese momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-, el
cual no la encontró probada, decisión que no fue impugnada y quedo en firme y
ejecutoriada. Por lo anterior, considera la Sala que el Juzgado 34
Administrativo de Circuito no podía entrar a decidir nuevamente sobre un asunto
debidamente resuelto dentro del proceso, sin violar con ello el derecho
fundamental al debido proceso.
4.2.1.5 De otra
parte, considera la Sala que el argumento expuesto por el Juzgado 34
Administrativo de Circuito en aclaración a la sentencia de primera instancia
del 20 noviembre de 2007, argumento que fue reiterado dentro de la presente
acción de tutela (Fl. 156), mediante el cual se pretende fundamentar la
decisión sobre la caducidad en la sentencia de primera instancia, afirmando que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo en cuenta una pretensión
diferente a la verdadera, no es de recibo para esta Sala.
En su
razonamiento, el Juzgado 34 Administrativo afirma que el Tribunal fundamentó su
decisión respecto de la caducidad alegada, en la pretensión de la acción de
grupo de obtener el resarcimiento por “los daños frente al deterioro de la
vivienda de los demandantes, que conforman la Agrupación Residencial Pueblo
Nuevo, ya que las mismas fueron construidas en terreno no apto”, a partir
de lo cual  concluyó que como el daño no había cesado no había caducidad. Para
el Juzgado esta no es la verdadera pretensión de los actores sino aquella que “estaba
dirigida a obtener la indemnización por “haber autorizado su construcción y la
venta de los inmuebles”, lo que implica en criterio del A-quo que la
caducidad sí existía y que el factor generador del daño era la licencia de
construcción o la autorización para llevar a cabo la obra y las ventas de los
inmuebles (Fl. 156).
4.2.1.6 Este
tipo de argumentos no son de recibo por esta Sala por lo menos por dos  razones
fundamentales: (i) en primer lugar, por cuanto no es cierto que en la acción de
grupo instaurada por los actores no se hubiera mencionado e identificado clara
y expresamente como la causa del daño o la acción vulnerante causante del
mismo, el deterioro continuo y progresivo de las viviendas de los demandantes
que conforman la Agrupación Residencial Pueblo Nuevo, por haber sido construidas
en un terreno no apto en las cercanías del rio Fucha. Así en la demanda de
acción de grupo se afirma que se han venido generando daños estructurales en
sus viviendas e inundación de las mismas, deterioro patrimonial y
desvalorización de las viviendas, así como problemas sanitarios y de
contaminación que han afectado gravemente la calidad de vida de sus
habitantes.  Por esta razón, encuentra la Sala que en la demanda de acción de
grupo sí se manifestó claramente que se demandaba por un daño continuo y de
tracto sucesivo, y no por un daño que se hubiera ejecutado o agotado en el
momento de la construcción o venta de las viviendas. (ii) En segundo lugar,
encuentra esta Sala de Revisión que este tipo de argumentos no son de recibo
por cuanto son en exceso formalistas, y con ellos se termina desconociendo el
mandato constitucional relativo a la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formalidades y rigorismos jurídicos, y de contera, desconociendo por una
mera formalidad los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, así como los derechos e intereses colectivos que en este caso se
pretenden garantizar con la acción de grupo, lo cual es, desde el punto de
vista constitucional, no sólo contrario a los mandatos superiores de la
Constitución, sino reprochable de un funcionario judicial instituido
precisamente para garantizar los derechos y garantías fundamentales.
4.2.1.7 Por
consiguiente, encuentra esta Sala probada dentro del expediente relativo a la
acción de grupo que dio origen a esta tutela, la configuración de una vía de
hecho por defecto procedimental, consistente en que el Juzgado 34
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de primera instancia
declaró probada la excepción previa de caducidad, desconociendo que esta
excepción había sido ya resuelta debidamente dentro de dicha acción de grupo
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cual es violatorio del
derecho fundamental del debido proceso.
4.2.2
Configuración de vía de hecho judicial por defecto sustantivo
4.2.2.1 Con
fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia, es claro para esta Sala de Revisión que de acuerdo con el artículo 47
de la Ley 472 de 1998 y en aquellos eventos en los que se trata de la
ocurrencia de un daño continuo o de tracto sucesivo, el término de caducidad no
opera mientras se continúe produciendo el daño o mientras no haya cesado la acción
vulnerante causante del daño, como efectivamente ocurre en el caso bajo
estudio.
4.2.2.2 En este
sentido, evidencia la Sala a partir de las pruebas que obran dentro del
expediente, que en el presente caso de acción de grupo se trata de un daño
continuo o de tracto sucesivo, caso en el cual la caducidad no había operado
para el momento de la presentación de la demanda.
Así, del
expediente se colige que el daño ha sido permanente, continuado y progresivo
desde la construcción del conjunto habitacional “Pueblo Nuevo” hasta la fecha
en la cual se impetró la acción de grupo y la presente acción de tutela, daño
que de conformidad con lo expresado por los habitantes no sólo se relaciona con
el deterioro estructural de las viviendas y la consecuente desvalorización
económica de las mismas, sino también con la afectación de la salud de sus
habitantes, la contaminación del rio Fucha y la afectación del medio ambiente,
todo lo cual ha vulnerado de manera permanente, continua y progresiva la
calidad de vida de sus habitantes.
Así mismo, obran
pruebas dentro del expediente de la acción de grupo, relativas al daño
ocasionado a los habitantes de la agrupación residencial “Pueblo Nuevo” por
haber sido construida en un terreno no apto en cercanías del rio Fucha, como
informes del Hospital de Fontibón sobre la afectación de la salud de los
residentes, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá sobre las inundaciones
recurrentes del conjunto habitacional, de la Dirección de Prevención y Atención
de Emergencias, así como el dictamen pericial practicado dentro del proceso.
4.2.2.3 Por lo
anterior, considera esta Sala que le asistió razón en su momento al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera-, al declarar mediante
providencia judicial que en este caso no se configuraba la caducidad. En forma
contraria, discrepa la Sala del criterio impuesto por el Juez 34 Administrativo
de Cirucito en sentencia de primera instancia, confirmado en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección
B-, en cuanto considera que el hecho generador del daño fue la construcción y
venta de las viviendas, y que en tal sentido y dado que la licencia de
construcción se concedió en marzo de 1999 y las ventas se realizaron en el
2001, en cualquier caso, se había configurado ya para el momento de la
interposición de la demanda de acción de grupo, la caducidad de dicha acción.
4.2.2.4 En forma
contraria a lo sostenido por el Juzgado 34 Administrativo y confirmado por el
Tribunal Administrativo, reitera esta Sala de Revisión que el daño de que se
trata en este caso, esto es, el daño causado por el deterioro de las viviendas
construidas en zonas inapropiadas para ello y por consecuencia por el deterioro
de la calidad de sus habitantes, constituye un daño típico de tracto sucesivo,
en cuanto no se ejecuta ni consuma en una sola acción u omisión, sino que por
el contrario es de carácter permanente, se actualiza día a día, se prolonga en
el tiempo, y ello de manera progresiva, razón por la cual considera la Sala que
no existe fundamento fáctico en este caso para la declaratoria de la
caducidad.
4.2.2.5 Sobre
este tema, en varias oportunidades esta Corte ha sostenido que se configura una
vía de hecho judicial y por tanto prospera la acción de tutela, en razón de la
declaratoria por el juez de la caducidad de la acción, cuando dicha institución
procesal que extingue la acción judicial no se había configurado clara y
plenamente.
4.2.2.6 En consonancia con lo anterior, para la Sala las decisiones
judiciales que se demandan en esta oportunidad son claramente contrarias al
ordenamiento jurídico en cuanto se declaró la ocurrencia de un fenómeno
jurídico que no había acaecido. Se trata de una interpretación del artículo 47
de la Ley 472 de 1998, que resulta arbitraria, pues la jurisdicción se ejerció
para aplicar una norma jurídica de naturaleza procesal cuando tal aplicación
era manifiestamente improcedente por no concurrir el presupuesto fáctico en
ella señalado.
4.2.2.7 Adicionalmente, evidencia esta Sala que tales actos de la
jurisdicción lesionan los derechos fundamentales de los perjudicados con los
daños colectivos ocurridos en la agrupación habitacional,  de que trata la
acción de grupo que se estudia en esta ocasión. Ello es así porque el juez
aplica una norma procesal de efectos sustanciales que conduce al archivo de la
acción de grupo e impide con ello el acceso a la administración de justicia con
miras al reconocimiento de la indemnización de los daños y perjuicios causados
con la construcción de un proyecto habitacional en cercanías del río Fucha, lo
cual como se anotó, ha generado para la comunidad problemas de carácter
económico y estructural en sus viviendas, así como de orden sanitario y
ambiental, afectando el derecho fundamental a una vida en condiciones de
dignidad.
4.2.2.8 Por lo tanto, en este caso la Sala encuentra que se trata de
una típica vía de hecho por defecto sustancial en tanto se aplicó una norma de
derecho sin contar con los hechos determinantes del supuesto legal. En este
mismo sentido, observa la Sala que no se trata sólo de una divergencia de
criterios jurídicos en torno al término de caducidad para la Acción de Grupo y
que por ello su decisión puede catalogarse como una vía de hecho.
A este respecto,
se considera que resultaría insólito y gravemente lesivo del principio de
legalidad, que el ordenamiento jurídico dejara a discreción del juez la
determinación del momento en el cual se configura la caducidad, o en otros
términos, del momento a partir del cual se contabiliza el término de caducidad
de las Acciones de Grupo. Lejos de ello, de conformidad con el artículo 47 de la
Ley 472 de 1998 el término de caducidad de la acción de grupo de dos años, los
cuales deben contabilizarse, como se expuso en la parte  motiva de este fallo,
o bien a partir del momento en que se causó el daño, en los casos de una daño
que se ejecuta o perfecciona en una sola acción u omisión, o bien, a partir del
momento en que cesó la acción vulnerante causante del mismo, en los casos de
daño de tracto sucesivo, como el caso que nos ocupa.
4.2.2.9 En este
orden de ideas, para esta Sala de Revisión es claro que en el caso de
existencia de daños continuos o de tracto sucesivo el juez debe aplicar el
segundo requisito de la disposición legal contenida en el artículo 47 de la Ley
472 de 1998, esto es, la determinación del momento de la cesación de la acción
vulnerante causante del daño, que para el caso en concreto no había cesado para
el momento de interposición de la demanda.
Como puede
advertirse, entonces, ni los argumentos expuestos por el juzgado accionado al
emitir su fallo, ni las razones esbozadas al momento de contestar la tutela,
cuentan como un fundamento de derecho.  Por el contrario, ellos no son más que
el intento de justificar una decisión jurídicamente injustificable.  Y es
lamentable que ello sea así, pues con ese tipo de posturas la administración de
justicia se limita a archivar expedientes en lugar de preocuparse por resolver
los dramas humanos que ellos recogen.  Lo sucedido en este caso es alarmante:
Se archiva un proceso de acción de grupo, de una comunidad de escasos recursos
económicos, que ha sufrido deterioro en su patrimonio, en su calidad de vida y
en sus derechos fundamentales, como consecuencia de una construcción de
vivienda en una zona inadecuada para ello.
4.2.2.10 De
conformidad con lo anterior, para esta Sala la decisión tomada por el Juez 34
Administrativo de Circuito de Bogotá, la cual fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera- Subsección B-, constituye una
clara vía de hecho sustancial por aplicación errónea, ilegal e
inconstitucional del artículo 47 de la Ley 472 de 1998. Con esta decisión
implica una clara denegación de justicia y una afectación al derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, así como a los derechos
e intereses colectivos que se pretenden garantizar con la acción de grupo que
dio origen a esta tutela, constituye un claro desconocimiento de los derechos
fundamentales como fundamento de legitimidad de los poderes constituidos.
5. Conclusiones
Los anteriores
razonamientos expuestos por esta Sala suministran fundamento suficiente para
que esta Sala de Revisión dé una respuesta positiva a los problemas jurídicos
planteados, en el sentido que en este caso se configura una vía de hecho
judicial tanto por defecto procedimental como por defecto sustancial. Lo
anterior en cuanto:
5.1. En primer
lugar, el juez de primera instancia dentro de la acción de grupo decidió sobre
la excepción previa de caducidad en el momento de la sentencia, desconociendo
que dentro del proceso se había alegado dicha excepción y resuelto de manera
debida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cual desconoce el
procedimiento propio de este tipo de asuntos y vulnera el derecho fundamental
al debido proceso de las partes.
5.2. En segundo
lugar, por cuanto dentro del proceso de acción de grupo que se estudia, se
aplicó una institución jurídico-procesal como la caducidad, sin que hubiera
operado este fenómeno por tratarse de un evento en el cual existe un daño
continuado o de tracto sucesivo, caso en el cual la acción vulnerante causante
del daño no había cesado al momento de presentación de la demanda.
Por tanto, en
este caso y desde un punto de vista estrictamente jurídico, el juez no podía
establecer el término de caducidad de la acción a partir de la construcción de
las viviendas, o a partir de la venta de las mismas, por cuanto el daño se
seguía produciendo al momento de presentación de la demanda y  ello de manera
progresiva desde el momento de la construcción, de manera tal que no se podía
determinar en el tiempo el momento en el cual se causó el daño, ni mucho menos
la cesación de la acción que lo causó, por cuanto como se anotó, el daño se
actualiza y prolonga en el tiempo.
5.3. De
conformidad con lo anterior, encuentra la Sala que con esta decisión de
declaratoria de la caducidad dentro de la acción de grupo, los jueces
vulneraron los derechos fundamentales de los actores al debido proceso y a la
administración de justicia, y por contera a los derechos fundamentales de los
accionantes a una vida digna, a la salud y a un medio ambiente sano.
5.4. Finalmente
y en armonía con las razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia relativas a la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y los requisitos especiales para su procedibilidad, encuentra la
Sala que la presente acción de tutela es no sólo procedente sino que debe
prosperar por cuanto como quedó expuesto se configura claramente una vía de
hecho tanto por defecto procedimiental como sustancial.
Por lo anterior,
la Sala no comparte las razones expuestas por el Consejo de Estado –Secciones
Cuarta y Quinta-, acerca de la improcedencia general de la acción de tutela
contra providencias judiciales y la improcedencia específica de esta acción de
tutela. En este punto, la Sala reitera el criterio jurisprudencial consolidado
acerca de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, cuando
esta acción cumple con los requisitos generales y especiales para ello.
Finalmente,
considera la Sala conveniente mencionar que se advierten inconsistencias de
técnica procesal en materia de acciones de tutela en las decisiones del Consejo
de Estado, objeto de revisión en esta tutela, toda vez que en la sentencia de la
Sala Cuarta se decide “recházase la acción de tutela”, cuando en sana
técnica procesal lo que procedía era una declaratoria de improcedencia
de la acción de tutela, ya que el rechazo de la tutela lo debe hacer el juez al
momento de decidir acerca de su admisión.
5.5. Con
fundamento en todo lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión en uso de sus
facultades constitucionales y legales revocará las sentencias de tutela proferidas
por la Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Cuarta- del Consejo de
Estado, en primera instancia; y por la Sala de lo Contencioso Administrativo
–Sección Quinta- del Consejo de Estado, en segunda instancia; mediante las
cuales se rechazó el amparo solicitado; y, en su lugar, tutelará los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
los actores.
En consecuencia
de lo anterior, dejará sin efectos la sentencia de primera instancia, proferida
por el Juzgado 34 Administrativo Circuito de Bogotá, el veinte (20) de
noviembre de 2007, así como la sentencia de segunda instancia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca –Sección Primera- Subsección B-, proferida el
tres (3) de abril de 2008, dentro del proceso de Acción de Grupo promovido por
los actores mediante apoderado judicial contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía
Menor de Fontibón y la Constructora Conformar S.A.
Finalmente,
ordenará al Juzgado 34 Administrativo Circuito de Bogotá proferir una nueva
sentencia dentro del proceso de Acción de Grupo en contra de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, la Alcaldía Menor de Fontibón y la Constructora Conformar S.A. en la
que decida de fondo la acción de grupo, y se tengan en cuenta las
consideraciones hechas en la presente providencia, así como las disposiciones
contenidas en la Ley 472 de 1998 –artículos 64-67-.
Para el
cumplimento del fallo de tutela se concede el término previsto para dictar
sentencia en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia
con el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de
la notificación de la presente sentencia al mencionado Tribunal.
IV. DECISIÓN
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero:
REVOCAR las sentencias de tutela proferidas por la
Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Cuarta- del Consejo de Estado,
en primera instancia; y por la Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección
Quinta- del Consejo de Estado, en segunda instancia; mediante las cuales se
rechazó el amparo solicitado; y, en su lugar, CONCEDER la tutela del
derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia
de los actores.
Segundo:
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de primera
instancia, proferida por el Juzgado 34 Administrativo Circuito de Bogotá, el
veinte (20) de noviembre de 2007, así como la sentencia de segunda instancia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Primera- Subsección B-, proferida
el tres (3) de abril de 2008, dentro del proceso de Acción de Grupo promovido
por los actores mediante apoderado judicial contra la Alcaldía Mayor de Bogotá,
la Alcaldía Menor de Fontibón y la Constructora Conformar S.A.
Tercero: ORDENAR
al Juzgado 34 Administrativo Circuito de Bogotá
proferir una nueva sentencia dentro del proceso de Acción de Grupo en contra de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Menor de Fontibón y la Constructora
Conformar S.A. en la que se falle de fondo la acción de grupo, y se tengan en
cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia, así como las disposiciones
contenidas en los artículos 64 a 67 de la Ley 472 de 1998. Para el cumplimento
del fallo de tutela se concede el término previsto para dictar sentencia en el
artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo
267 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la notificación
de la presente sentencia al mencionado Tribunal.
Tercero.- Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Consultar sentencia C-590 de 2005.
[2] “En la citada norma superior (artículo 86 C.P.) es evidente que el
constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la función
pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de
ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales.  Precisamente por
ello en la norma superior indicada se habla de  “cualquier”  autoridad
pública.  Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra los actos
que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional
y específicamente contra las decisiones judiciales, pues los jueces y
tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a supuestos
particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen constitucionalmente
relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar
derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[3] “La procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también
por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención
Americana de Derechos Humanos”. Ibid.
[4]
Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter
dicta, consultar la sentencia SU-047 de 1999  (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[5] “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue
excluir la tutela contra decisiones judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de
2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[6]
Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[7]
Ver sentencia T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-590 de
2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[8]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[9]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde
con los derechos fundamentales.
[10]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[11]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de 1998
M.P. (Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[12]
El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-196 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-996
de 2003 M.P. (Clara Inés Vargas Hernández), T-937 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda).
[13]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[14]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Hernández), T-1180 de 2001 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[15]
En tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).
[16]
“(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[17]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), o
cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver,
sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[18] Ver Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[19]
Es decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia
material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[20]
Sentencia C-590 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido,
sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[21]
Sobre este tema ver Sentencias C-215 de 1999, C-1062 de 2000,
C-459 de 2004, C-569 de 2004, C-622 de 2007 y C-116 de 2008, entre otras.
[22]
Ver Sentencia C-215 de 1999.
[23]
Sobre este punto ver las Sentencias C-215 de 1999, C-1062 de
2000 y C-569 de 2004. Así como las Sentencias SU-067 de 1993, T-244 de
1998, T-046 de 1999, entre otras.
[24]
Sentencia C-215 de 1999 y C-569 de 2004.
[25]
Ver Sentencias C-215 de 1999, C-569 de 2004 y sentencia C-116
de 2008.
[26]
Sentencia C-569 de 2004.
[27] Sentencia  C-215 de 1999, reiterado en sentencia
C-116 de 2008, entre otras.
[28] Ver Sentencias C- 569 de 2004 y C-116 de 2008.
[29]
“Artículo 47. Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual
que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá
promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el
daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo.”
[30]
Sentencia C-215 de 1999.
[31]
Sobre este punto ver Sentencia C-215 de 1999.
[32]
Sentencia C-215 de 1999.
[33]
Sentencia C-394/02 M.P. AlvaroTafur Galvis.
[34]
Ver Sentencia C- 832/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[35]
Sentencia C-832/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[36]
Sentencia C-115/98, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara, reiterado en sentencia
C-215 de 1999.
[37]
El artículo alude a las excepciones previas de falta de jurisdicción,
compromiso o cláusula compromisoria,  inexistencia del demandante o del
demandado, incapacidad o indebida representación del demandante o del
demandado, pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, al
igual que cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción.
[38]
Ver Sentencia T-516 del 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
[39]
Ibidem
[40]
Sentencia T- 467 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[41]
Ver Sentencia Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, del 2 de junio de 2005, dentro del expediente radicado con el No.
2000-0008, M.P. Alier Hernández.
[42]
Ver Sentencia Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
del 2 de junio de 2005, dentro del expediente radicado con el No. 2000-0008,
M.P. Alier Hernández.
[43]
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”,
AG-00-001, Acción de grupo contra el Distrito Capital-Alcaldía Mayor de Santafé
de Bogotá, Alcaldía Menor de la localidad de San Cristóbal Sur, y la Sociedad
Transporte de Materiales Equipos y Construcciones Ltda., “Transequipos y
construcciones Ltda., en liquidación”, demandante: Marcos Yesid García y otros.
[44]
Ver Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del Expediente 253000-23-26-000-2002-00995-01,
M.P. Camilo Arciniegas Andrade; entre otros.
[45]
Ver Sentencia del Consejo de Estado dentro de la acción de
grupo 1999-001.
[46]
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, dentro del expediente No. 11.239,
M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
[47]
Sentencia del Consejo de Estado del 2 de agosto de 2002 dentro del expediente
25000-23-25-000-2002-0011-01 (AG-047).
[48]
Ver expedientes 1467 de 2003, M.P. Carmen Alicia Rengifo, y AG 1050-2004, M.P.
Ayda Vides Pava.
[49]
Ver Tomás Ramón Fernández, Abeledo Perrot, pág. 15.
[50]
A este respecto ver Sentencia T-1049 de 2008.