T-438-01
Sentencia T-438/01
Sentencia T-438/01
DERECHO AL PAGO
OPORTUNO DEL SALARIO-Fundamental/DERECHO
AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios
PARTIDA
PRESUPUESTAL-Ejecución o
apropiación para pago de salarios
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expediente T-406517
Acción de tutela
instaurada por la señora Myriam Amparo González Valbuena contra  el  Hospital
Regional  del  Líbano -Tolima-
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C., veintiseis          (26) de
abril de dos mil uno (2001).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Montealegre Lynett,
Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Civil del Circuito del  Líbano -Tolima- y del
Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  -Sala Civil de Decisión- de
Ibagué, en relación con la acción de tutela impetrada por la señora Myriam
Amparo González Valbuena.
I. ANTECEDENTES.
La accionante es empleada pública del
Hospital Regional del Líbano desde julio de 1982 y actualmente se desempeña
como auxiliar de enfermería, teniendo como funciones entre otras: arreglar la
unidad y ambiente físico del usuario; preparar, organizar y colaborar con la
atención al usuario durante el tratamiento médico y procedimientos a realizar;
registrar en la historia clínica las anotaciones de enfermería que permitan
conocer el estado clínico del usuario; preparar y colaborar con el médico en la
consulta; realizar acciones de educación sobre aspectos básicos de salud y
promoción del medio ambiente; esterilizar y preparar el material y equipos a su
cargo; revisar historias clínicas y órdenes médicas en cada turno y actualizar
el plan de enfermería[1].
No obstante estar cumpliendo sus funciones,
la entidad demandada (Hospital Regional del Líbano -Tolima-), no le ha
cancelado su salario oportunamente, perjudicándola notablemente en el
cubrimiento de las necesidades de su familia, lo cual la ha agotado física y
moralmente.
Solicita que el juez de tutela le garantice
los derechos a la vida, al trabajo y a la dignidad humana; para ello requiere
que se ordene a la entidad demandada que cancele los salarios puntualmente.
II. DECISIONES JUDICIALES.
1. Primera Instancia
El 11 de septiembre de 2000 el Juzgado
Civil del Circuito del Líbano, concedió la tutela en aplicación de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, al demostrarse que se le están
vulnerando a la actora los derechos al trabajo y a la vida, por la omisión en el
pago del salario por parte de la entidad demandada, además, afirmó que aún
existiendo otro medio de defensa judicial, no hay duda que su demora le
ocasionaría perjuicios a corto plazo.
2. Segunda Instancia
El 24 de octubre de 2000 el Tribunal
Superior del Distrito Judicial -Sala Civil de Decisión- de Ibagué, revocó la
decisión de primera instancia al considerar que la entidad hospitalaria
demandada "...a lo largo del presente año, le viene cancelando
mensualmente una suma correspondiente a conceptos salariales a que ella tiene
derecho como empleada...lo que significa, que en verdad la accionante ha estado
percibiendo en forma mensual, emolumentos de índole salarial a que ella tiene
derecho y por tanto, no ha estado desprovista de una remuneración que le sirva
como elemento medio de su subsistencia" y advirtió al Gerente del
Hospital Regional del Líbano, "...que proceda de inmediato a realizar
las gestiones para obtener recursos que se requieren al efecto, y si ya las
hubiere hecho, que insista en su solución pronta, a fin de ponerse al día con
los salarios que le adeuda a la accionante".
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión judicial mencionada.
2.     Reiteración de
jurisprudencia. El trabajador a través del salario mensual logra la estabilidad
y el cubrimiento de sus necesidades básicas.
El
trabajador que está prestando una labor determinada a un empleador lo hace para
obtener, a partir de su esfuerzo personal, unos recursos en dinero que le van a
servir para lograr la conservación y el desarrollo material y cultural de su familia.
Sin embargo, cuando esa remuneración no se cancela puntualmente, aún
cumpliéndose con la labor contratada, procede la tutela excepcionalmente si se
demuestra que se está afectando la subsistencia mínima y vital del peticionario
y de su familia, lo cual hace desplazar el medio judicial ordinario para
resolver tal situación, con el fin de remediar de manera urgente e inmediata la
circunstancia atípica en que se encuentra el afectado.
Al respecto esta
Corporación ha señalado:
“a. El derecho de todos los trabajadores al pago oportuno de su
remuneración salarial, es una garantía que no se agota en la simple enunciación
de un deber surgido de la relación laboral, sino que se trata de un verdadero
derecho fundamental.
b. La figura de la retribución salarial está directamente relacionada
con la satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia,
reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las garantías a la
vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), y a
la seguridad social (Art. 48 C.P.); pero no se agota en la satisfacción de las
necesidades de mera subsistencia biológica del individuo, pues debe permitir el
ejercicio y realización de los valores y propósitos de vida individual, y su
falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas del grupo familiar que
depende económicamente del trabajador.
c. No corresponde a una efectiva protección de los derechos a la
igualdad y al trabajo, la idea de limitar la protección judicial del salario por
vía de tutela, a la cuantía que define el legislador como salario mínimo, pues
éste es, según la ley, la contraprestación menor aceptable en las labores que
no requieren calificación alguna. Si el juez de amparo escoge el criterio
cuantitativo más deficiente para limitar la procedencia de la tutela, no sólo
desconoce las necesidades de un vasto sector de la población para el que el
salario, si bien superior al mínimo, también es la única fuente para satisfacer
las necesidades personales y familiares.
d. Para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la instauración
de una acción de tutela, el juez está obligado a examinar los hechos que ante
él se exponen, así como las pretensiones del actor, para verificar sí, por sus
características, el caso materia de estudio puede ser resuelto en relación con
los derechos fundamentales posiblemente afectados o amenazados, por los
procedimientos judiciales ordinarios, o sí, a la inversa, la falta de respuesta
eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la única posibilidad de
alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales.
e. La informalidad de la acción de tutela, y el hecho de que la persona
no tenga que probar que es titular de los derechos fundamentales reconocidos
por la Carta Política a todos, o a los que se encuentran en determinados
supuestos normativos, no exoneran al actor de probar los hechos en los que basa
sus pretensiones; sin embargo, en esta clase de procesos preferentes y
sumarios, el régimen probatorio está orientado por las facultades excepcionales
que confiere el Decreto 2591 de 1991 al juez de amparo, especialmente en los
artículos 18, 20, 21 y 22. Además, en la aplicación de las reglas de la sana
crítica, debe partir el fallador del principio de la buena fe,
constitucionalizado en el artículo 83 de la Carta de 1991.
f. Con el propósito de lograr la eficaz y completa protección de los
derechos fundamentales comprometidos con la falta de pago, es menester que la
orden de reconocimiento que imparte el juez de tutela se extienda a la
totalidad de las sumas adeudadas al momento de presentar la demanda,
tratándose, como en los casos que se analizan, de personas cuyo mínimo
vital depende de su salario, y que se garantice la oportuna cancelación de las
contraprestaciones futuras que correspondan al mínimo vital.
g. El retardo en el que incurre el empleador -privado o público-, que
se verifica por el lapso transcurrido entre la fecha en que se causan los
salarios y aquélla en que el pago se hace efectivo -máxime si dicho pago se
produce en virtud de una orden judicial-, causa un grave perjuicio económico a
los actores. Quienes están obligados a pagar salarios, prestaciones o pensiones,
deben cubrir oportunamente todas las sumas adeudadas y actualizarlas.
h. Es necesario precisar que la falta de presupuesto de la
administración, o la insolvencia del empleador particular, como motivo para no
pagar oportunamente los salarios, no constituye razón suficiente para
justificar el desconocimiento de derechos fundamentales como la vida en
condiciones dignas y el bienestar del trabajador y sus familiares.
Todo lo anterior justifica la tutela, siempre que concurran las
condiciones de procedibilidad de la misma.” (Sentencia de unificación SU-995
del 9 de diciembre de 1999[2]).
La actora alega la
vulneración a sus derechos fundamentales a la vida y al trabajo, en cuanto al
no recibir el salario de junio, julio y agosto de 2000, se ha desgastado física
y moralmente, tanto por la presión de la situación en que la ha puesto el
Hospital demandado y también el saber que debe cumplir con las funciones que
exige el cargo de auxiliar de enfermería.
Sin embargo, el
Gerente del Hospital demandado afirmó en escrito G.01.256 del 14 de septiembre
de 2000 que "en los meses de pago que reclama la accionante (junio,
julio y agosto) la entidad le giró a la mencionada señora [accionante] por
concepto de salario la suma de ($2.753.141.00)...En el mes de septiembre se le
ha girado por concepto de auxilio de alimentación, subsidio de transporte,
recargo y festivos la suma de ($581.335.00)...Lo anterior para considerar como
dije antes nos genera situaciones difíciles pero no con el alcance en este caso
de vulnerar o poner en riesgo un derecho fundamental como lo expresa la
accionante..."[3].  Evidentemente, a la accionante se le ha
estado cancelado un porcentaje de los meses en los que alega no haber recibido salario[4]
(junio, julio y agosto) y además en el mes de septiembre de 2000, de acuerdo
con la certificación de la Pagadora del Hospital, se le han pagado los
complementarios salariales de los meses de enero, febrero, marzo y abril de
2000[5].
En tal virtud, se
observa que la entidad demandada canceló una parte del salario a la accionante,
con el cual puede cubrir los gastos más urgentes en guarda de la subsistencia
de ésta y de sus familiares mientras que, según lo afirmó el Gerente del Hospital
demandado "una vez se tenga la provisión de los fondos será prioritario
cumplir lo ordenado por su despacho [pues ha]  estado y  estoy gestionando la
consecución de dichos dineros con las entidades que le adeudan al Hospital, con
la Secretaría de Salud del Departamento y con más  entidades a nivel Nacional"[6].
No obstante tales gestiones no pueden prolongarse indefinidamente, por lo que
se reitera la orden del Ad quem de requerir al mencionado Gerente para
que adelante las gestiones que
sean necesarias para asegurar la apropiación de las partidas presupuestales que
garanticen el pago oportuno de los salarios futuros, de conformidad con lo
pactado en el contrato de trabajo suscrito
con la actora[7].
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones,
la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR en su integridad el fallo de
segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
-Sala Civil de Decisión-  de Ibagué, el 24 de octubre de 2000.
Segundo.-  PREVENIR al ente demandado para que se apreste a
cumplir, si todavía no lo ha hecho, el requerimiento hecho por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial -Sala Civil de Decisión- de Ibagué, el 24 de
octubre de 2000, con el fin de que se garantice el pago oportuno de los
salarios de la actora, y para que, en el futuro, no repita la omisión que dio
origen a la instauración  de la presente acción.
Tercero.- Por Secretaría LIBRESE la comunicación
prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folios 18 y 19 del expediente de tutela.
[2] M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
[3] Folio 40 del expediente de tutela.
[4] De acuerdo con la certificación expedida por el Jefe
Departamental de Recursos Humanos del Hospital demandado, la actora recibe una
asignación básica para la vigencia del año 2000 de $575.626,oo pesos. Folio 11
del Expediente de tutela.
[5] Folio 33 del expediente de tutela.
[6] Folio 34 del expediente de tutela.
[7] Folio 20 del expediente de tutela.