T-195-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-195/02
LIBERTADES
CIUDADANAS-Restricciones
ORDEN PUBLICO Y LIBERTADES CIUDADANAS-Restricciones
DERECHOS A LA SEGURIDAD, TRANQUILIDAD, SALUBRIDAD Y
MORALIDAD PUBLICAS-Fundamentales
por conexidad
DERECHO A LA TRANQUILIDAD, INTEGRIDAD E INTIMIDAD
PERSONAL Y FAMILIAR-Perturbación
en plaza  pública/ALCALDE MUNICIPAL-Omisión en el cumplimiento de
deberes constitucionales y legales
Estima la Sala que si la perturbación
del orden público y la tranquilidad en la Plaza de la Libertad de Chiquinquirá
se consolida todos los fines de semana y festivos por los motivos expuestos por
los accionantes en la demanda de tutela, la solución no puede ser la de que
éstos se den a la tarea de llamar a la estación de policía más cercana o a la
propia alcaldía municipal, pues el cumplimiento de los deberes constitucionales
y legales que se imponen a la Policía Nacional y al Alcalde como primera
autoridad de policía del municipio, jamás puede estar supeditado a las quejas
puntuales que formulen los ciudadanos frente a hechos cuya ejecución se esté
materializando, por cuanto el cumplimiento de esos deberes implica la adopción
de medidas preventivas y no solamente represivas.
Referencia:
expediente T-523575
Acción de tutela
interpuesta por Milthon Eduardo García Salinas y otros contra el Alcalde
Municipal de Chiquinquirá, Boyacá.
Magistrada
Ponente:
Dra. CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos
mil dos (2002).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
concretamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el decreto 2591 de 1991, dicta la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
adoptados en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Chiquinquirá el 3 de septiembre de 2001, y en segundo grado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil Familia, el 5 de octubre
del mismo año, en virtud de la acción de tutela promovida por Milthon  Eduardo
García Salinas, Laureano Gómez Castellanos, Anastasio Ortegón, James García
Jaramillo, Gilma Ofelia García de Mendieta, Hely Mercedes Salinas de Ortegón,
Hortensia de Rosero, Rosa Elena de Rueda, Elsa de Ortegón, Leonor Estrada
Peralta, Carlos Castañeda, Hernán Velásquez Gómez, Jaime Edilberto Espinosa
Blanco y Rosa Elena Benitez Guzmán, contra el Alcalde Municipal de
Chiquinquirá, Boyacá.
I.  ANTECEDENTES
1. Hechos y solicitud
El 21 de agosto de 2001, mediante demanda
dirigida al Juez Civil del Circuito (Reparto) de Chiquinquirá, los ciudadanos
antes mencionados interpusieron acción de tutela contra el Alcalde de
Chiquinquirá, Coronel (r) NELSON ORLANDO RINCÓN SIERRA, por hechos que en,
síntesis, se circunscriben a que residían junto con sus familias en el marco de
la Plaza de la Libertad o Plaza de Bolívar del municipio de Chiquinquirá, lugar
donde funcionaban establecimientos comerciales en los que se expendían bebidas
alcohólicas durante el día y hasta altas horas de la noche, especialmente los
fines de semana y festivos, por lo cual los clientes mantenían los equipos de
sonido de sus vehículos a alto volumen, así como los dueños de los negocios; se
suscitaban escándalos, desórdenes, peleas, uso de armas de fuego y además las
personas que acudían a la plaza utilizaban las paredes y portones de sus
viviendas para hacer necesidades fisiológicas.
Con fundamento en esa situación fáctica,
los accionantes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la
intimidad, a la integridad personal y familiar, a la tranquilidad, la seguridad,
al libre desarrollo de la personalidad y a vivir en condiciones dignas.
Por ello, solicitaron al juez de tutela que
se ordenara al Alcalde Municipal de Chiquinquirá y a las autoridades de policía
dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre el orden y moral
públicas, así como de seguridad ciudadana, contempladas en los Códigos Nacional
y de Policía de Boyacá, para que procedieran e inmediato a prohibir e impedir
todas las actividades violatorias de sus derechos constitucionales fundamentales,
adelantando un riguroso control a los establecimientos de comercio para
determinar la legalidad de su funcionamiento, de conformidad con la
reglamentación vigente, prohibiendo el expendio de bebidas alcohólicas por
fuera de los linderos de cada establecimiento, así como en los muros
perimetrales de la plaza, en los andenes de los inmuebles, y regular los
relacionado con la venta en horas de la noche, así como prohibir que en el
marco de la Plaza de Bolívar se estacionaran vehículos en horas nocturnas con
equipos de sonido a alto volumen.
Los actores fundamentaron su solicitud en
lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-476 de 1997, M . P.
Vladimiro Naranjo Mesa, pues en su concepto, los criterios expuestos en ese
fallo resultaban aplicables al caso por ellos propuesto.
Los peticionarios aportaron copia del
escrito fechado el 2 de mayo de 2001, en el que solicitaron al Alcalde
Municipal adoptar medidas para controlar los desórdenes que se presentaban en
el lugar los fines de semana y festivos.
2. Actuación procesal
2.1. Intervención de la autoridad
pública accionada
En escrito dirigido al Juez Segundo Civil
del Circuito, el Alcalde Municipal de Chiquinquirá NELSON ORLANDO RINCÓN
SIERRA, solicitó que se negara la tutela impetrada.
Argumentó el funcionario, en síntesis, que
las afirmaciones hechas por los accionantes no fueron demostradas por ninguno
de los medios probatorios establecidos por la “ley procesal colombiana”; que no
era cierto que la acción de tutela fuera el único medio eficaz e idóneo que
tenían los accionantes para la protección de sus derechos, porque la violación
no era cotidiana y la medida preventiva en esos casos era reportar a la Policía
Nacional cada evento, para que ésta a su vez tomara los correctivos previstos
en el Código Nacional de Policía; que para prevenir la ocurrencia de hechos que
alteraran el orden público, la Alcaldía ya había solicitado al Comandante de la
Estación de Policía Local que realizara los operativos pertinentes con el fin
de mantener el lugar bajo control, según constaba en oficio SJICHI-291, de 6 de
agosto de 2001, con lo cual se demostraba que la Alcaldía había tomado las
acciones legales pertinentes para mantener la plaza “La Libertad” en
condiciones de tranquilidad y orden público normales, anticipándose de ese modo
a la pretensión de los ahora accionantes; que como los hechos narrados por los
actores no tenían “una frecuencia probada”, por lo tanto no podían ser objeto
de la acción planteada contra la Alcaldía Municipal, pues del procedimiento
idóneo en tales casos era llamar a la Policía Nacional para que atendiera cada
evento perturbatorio; que cada uno de los actores debió probar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que afectaban sus derechos fundamentales
en particular, y no como se planteó “masificando las peticiones y derechos sin
demostrar el efecto nocivo que los presuntos desórdenes generan”. Si se buscaba
la protección de derechos colectivos, las acciones pertinentes eran las
populares, según la Ley 472 de 1998, artículo 2º y concordantes, previo
agotamiento de la vía gubernativa; y que para solucionar los conflictos
planteados en la demanda, existían medios legales tales como órdenes de
comparendo a los escandalosos y perturbadores, multas y cierres de
establecimientos comerciales que violaran los reglamentos policivos y
diligencias de compromiso entre las partes.
El Alcalde Municipal de Chiquinquirá
acompañó a su escrito copia del oficio No. SJICHI-291, que envió al Comandante
de Policía Local el 6 de agosto de 2001, así como del oficio calendado el 18 de
mayo de 2001 mediante el cual respondió petición formulada por el ciudadano
CARLOS CASTAÑEDA y los residentes en el marco de la Plaza de la Libertad.
2.2. Pruebas
2.2.1. Escuchado
en declaración el accionante MILTHON EDUARDO GARCIA SALINAS, médico ginecólogo
de profesión y residente en el marco de la Plaza de la Libertad de
Chiquinquirá, expuso que se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales a
la intimidad, la integridad personal y familiar, a la tranquilidad y la
seguridad, al libre desarrollo de la personalidad y a una vida digna, en razón
de los escándalos, peleas, “tiroteos”, uso de armas de fuego, desórdenes,
utilización de equipos de sonido a alto volumen en las noches y madrugadas, el
consumo exagerado de licor y drogas, la presencia de conductores ebrios de
vehículos y motocicletas que manejaban a alta velocidad y ocasionaban
accidentes. Igualmente, indicó que se vulneraban sus derechos por el daño que
se causaba a los inmuebles ya que en varias oportunidades habían roto los
vidrios de su casa de habitación, en una de ellas mediante un proyectil de arma
de fuego, y también había tenido que cambiar el portón de la entrada en razón
del deterioro ocasionado porque las personas hacían necesidades fisiológicas en
el lugar.
Reseñó el actor que en el primer piso del
apartamento donde vivía con su familia funcionaba un establecimiento que
expendía cerveza pero no tenía servicio de baño y en la esquina de plaza se
ubicaban dos puestos de venta de tinto en los durante toda la noche vendían
licor. Precisó que no se oponían a que la gente trabajara pero así mismo ellos
(los accionantes) tenían derecho a descansar, a su tranquilidad, la cual era
perturbada en tanto la gente se estacionaba los vehículos, compraba licor en
los establecimientos y bebían afuera de éstos porque no contaban con mesas ni
servicio de baño y por ello hacía sus necesidades en el marco de la plaza, todo
lo cual acaecía en horas de la noche.
Finalmente, aseveró el declarante que
cuando se presentaban problemas graves, se llamaba a la policía y ésta hacía
presencia pasajera, y en algunas ocasiones se la llamaba  y respondía que irían
pero no concurría al lugar.
2.2.2. El
día martes 28 de agosto de 2001 a las 8 de la noche, el juez Segundo Civil del
Circuito de Chiquinquirá practicó diligencia de Inspección Judicial a los
establecimientos de comercio ubicados en la Plaza de la Libertad  en los que se
expendían bebidas embriagantes, así como a los lugares aledaños e inmuebles de
los accionantes, con el fin de establecer las condiciones de funcionamientos,
causas de los ruidos, existencia de desórdenes de cualquier clase.
Al efecto, el juez constató que en el
primer piso del inmueble donde residía el accionante MILTHON GARCÍA funcionaba
una licorera y por ello no tenía servicio de baño para el público. En otro
establecimiento de la misma clase se verificó que sí contaba con ese servicio y
que en ninguno de los dos usaban equipos de sonido. En el negocio denominado
“Plaza 17” se determinó que vendían licor y cerveza, tenía servicio de baño
para damas y caballeros, dotación de sillas y mesas y el equipo de sonido
funcionaba con volumen moderado. El señor MIGUEL ALFONSO GARCÍA FERRO, dueño
del establecimiento llamado “Rapibroaster” le informó al juez que en realidad
se presentaban muchos desórdenes en la esquina de la calle 17 con carrera 11,
tales como peleas, balaceras, ruido con equipos de sonido de los vehículos “en
forma impresionante entre las once y media de la noche hasta las cuatro y media
de la mañana, los viernes y los sábados por general”. Igualmente, el juez
constató que las residencias de los accionantes se encontraban ubicadas cerca
de los establecimientos de comercio inspeccionados.
2.2.3. Los
accionantes HELY MERCEDES SALINAS ORTEGÓN y JAMES GARCÍA JARAMILLO, en escritos
recibidos en el Juzgado el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2001,
respectivamente, manifestaron su deseo de DESISTIR de la acción de tutela
promovida contra el Alcalde Municipal de Chiquinquirá.
3. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Civil del Circuito, en
fallo de tutela de 3 de septiembre de 2001, resolvió:
“1) TUTELAR los derechos fundamentales de
los accionantes MILTHON EDUARDO GARCIA SALINAS, HERNAN VELASQUEZ GOMEZ, JAIME
EDILBERTO ESPINOSA BLANCO, ROSA ELENA BENITEZ GUZMAN, LAUREANO GOMEZ
CASTELLANOS y GILMA OFELIA GARCIA DE MENDIETA, a la vida, a la vida en
condiciones dignas y justas, a la intimidad, a la integridad personal y
familiar, a la tranquilidad, a la seguridad, al libre desarrollo de la
personalidad.
“2) ORDENAR al ALCALDE MUNICIPAL DE
CHIQUINQUIRÁ, coronel ® NELSON ORLANDO RINCON SIERRA, so pena de
incurrir en las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991,
dar cumplimiento a las normas sobre orden y moral públicas y seguridad ciudadana
previstas en los Códigos de Policía y el Decreto 0080 del 2 de abril de 2001
proferida (sic) por la misma Alcaldía de Chiquinquirá en lo que se halle
vigente, y en consecuencia disponer la vigilancia y atención regular en el
sector de la plaza de la Libertad, especialmente en la carrera 11 entre calles
17 y 18 en las horas de la noche y con mayor énfasis durante los fines de
semana.
“Así mismo, velar por el cumplimiento por
parte de los establecimientos destinados a la venta de licores y bebidas embriagantes,
de los requisitos mínimos necesarios para su funcionamiento.
“3) Admitir el desistimiento de la tutela
presentado por ELY MERCEDES SALINAS DE ORTEGON y JAMES GARCIA JARAMILLO.”
El a quo inicialmente indicó que la acción
de tutela era procedente, en tanto que Ley 393 de 1997, reglamentaria de la
acción de cumplimiento, en su artículo 9º establecía que ésta no procedía
cuando se trataba de proteger derechos que podían ser garantizados por vía de
acción de tutela, y en el caso de interponerse una acción de cumplimiento en
tales circunstancias, el juez administrativo le debía dar el trámite
preferencial de tutela.
Seguidamente, la primera instancia se ocupó
en reseñar las obligaciones del Alcalde Municipal como primera autoridad
administrativa y de policía del municipio según el artículo 315 Superior, así
como la viabilidad de la acción de tutela para proteger derechos cuando se
presentaban situaciones en que los llamados derechos colectivos (paz,
salubridad pública, la moral administrativa o el medio ambiente), afectaban a
varias personas identificadas o identificables (Sentencia T-028 de 1994 de la
Corte Constitucional), y luego citó apartes de la Sentencia de Unificación No.
476 de 1997, mediante la cual esta Corporación resolvió un caso similar al que
dio origen a la tutela interpuesta y  en la que concluyó que las alteraciones
de orden público en un sector determinado, pueden afectar derechos
fundamentales de cada peticionario por separado y sus respectivas familias,
tales como el de la vida, la intimidad personal y familiar, la salud, el libre
desarrollo de la personalidad, la integridad y a vivir en condiciones dignas y
justas.
Puso de presente el a quo que ese despacho,
en oportunidad anterior y en virtud de acción de tutela promovida para proteger
el derecho a la igualdad, suspendió los efectos de la prohibición de vender
bebidas embriagantes en los establecimientos ubicados en el marco de la plaza
de La Libertad o de Bolívar después de la seis de la tarde, contenida en el
artículo segundo del Decreto 008 del 2 de abril de 2001, pero que de ninguna
manera afectó aquella reglamentación de estacionamiento de vehículos
automotores en el lugar después de las seis de la tarde, norma vigente y que
hasta el momento el señor Alcalde Municipal debía cumplir y hacer cumplir.
Con fundamento en todas esas premisas, el
Juzgado concluyó que la exposición del accionante MILTHON EDUARDO GARCÍA
SALINAS  resultaba muy descriptiva y, por la calidad y condiciones del testigo,
ameritaba credibilidad, en cuanto a las situaciones a las que se veía sometido
junto con sus familiares y los residentes en el sector de la Plaza de la
Libertad, en razón de los continuos problemas que se suscitaban por la falta de
control de las autoridades de policía, vulnerándose de esa manera los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela.
Precisó el sentenciador que era clara la
relación de causalidad entre la inactividad de las autoridades de policía en
ejercer la vigilancia permanente y en forma regular en el sector, no solamente
para restablecer el orden sino para prevenir las conductas y mantener la
tranquilidad y seguridad necesarias, sin que resultara entendible que se le
exigiera al ciudadano que frente a esas circunstancias procediera a llamar a la
policía en todos los casos, pues ésta no estaría cumpliendo con el deber de
aplicar las normas de prevención.
Finalmente, indicó el Juzgado que
correspondía a la primera autoridad del municipio velar por el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias para que los establecimientos que
expendían bebidas embriagantes continuaran con dicha actividad.
4. Impugnación
Inconforme con el fallo, el Alcalde
Municipal de Chiquinquirá lo impugnó.
En el escrito sustentatorio de la
impugnación, la autoridad pública accionada reiteró los planteamientos que
expuso al momento de responder a la demanda, a los cuales agregó:
El Juzgado no tuvo en cuenta para nada el
oficio mediante el cual se solicitó al Comando de la Estación de Policía el 6
de agosto de 2001, “enfatizar operativos nocturnos de control en la plaza de la
libertad para prevenir y evitar... alteraciones de la tranquilidad pública”.
Señaló el impugnante que el Comandante del
Segundo Distrito de Policía, en oficio de 5 de septiembre de 2001, dio cuenta
de 13 operativos de control en el marco de la Plaza de la Libertad, efectuados
los días 27 de enero, 10, 12 y 24 de febrero, 4, 9, 10 y 20 de marzo, 3, 7, 14
y 22 de abril y 15 de julio de 2001, lo cual revelaba un acción de control
permanente, continua y con éxito al incautarse armas, y munición a diferentes
particulares.
Igualmente, reseñó el recurrente que el
Comando del Batallón de Infantería No. 2 Sucre con sede en Chiquinquirá, en
oficio de 6 de septiembre de 2001, informó de “otros tantos operativos”
realizados durante dicho año por personal militar en horario nocturno en la
Plaza de la Libertad, con el fin de garantizar la tranquilidad y el orden
público, por solicitud de la Alcaldía.
Así mismo, puso de presente el Alcalde que
la Secretaría de Tránsito Municipal, el 5 de septiembre de 2001, dio cuenta de
otros operativos nocturnos efectuados por orden de la Alcaldía  los fines de
semana entre las 9 de la noche  y las 2 de la mañana, en coordinación con el
Ejército, la Comisaría de Familia y la Personería durante los meses de mayo,
junio y julio de 2001, con resultados positivos.
En igual sentido, la Comisaría de Familia
local reseñó los operativos de control que efectuó en conjunto con la
Personería y la Inspección de Policía en la Plaza de la Libertad, los fines de
semana de los meses de mayo, junio y julio para evitar el consumo de licor por
menores de edad y el exceso de ruido, ordenándosele a la Estación de Policía en
el mes de agosto que continuara con tales operativos.
Argumentó el impugnante que los accionantes
y el juez de tutela no podían pretender que la Alcaldía, sin lesionar a otros
ciudadanos, ordenara un control policivo militar permanente durante las 24
horas del día los fines de semana en la Plaza mencionada, porque el personal de
policía era limitado y existían otros frentes de seguridad que cubrir en toda
la jurisdicción de la estación policial, razón por la cual los operativos eran
discontinuos.
El funcionario accionado anexó a su escrito
las comunicaciones signadas por las autoridades por él mencionadas (Segundo
Comandante del Batallón de infantería No. 2 Sucre, Comisario de Familia e
Inspector de Policía, Comandante del Segundo Distrito de Policía y Personero
Municipal). Posteriormente, se allegó oficio suscrito por el Secretario de
Tránsito y Transporte y la Inspectora de Tránsito, en el que dieron cuenta de
los operativos realizados por esas dependencias, en conjunto con otras
autoridades municipales, en la Plaza de la Libertad.
5. Segunda Instancia
Correspondió a la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja conocer de la impugnación
contra el fallo de primer grado, la cual, en sentencia de 5 de octubre de 2001,
decidió REVOCARLO para en su lugar no tutelar los derechos fundamentales
invocados, por las siguientes razones:
El derecho de petición no fue vulnerado a
los accionantes porque el alcalde accionado dio respuesta completa y dentro del
término legal, a la petición formulada por aquellos el 18 de mayo de 2001, en
la que les informó que la Alcaldía estaba coordinando acciones con la Policía
Nacional para evitar problemas de orden público en la Plaza La Libertad.
De la lectura de los hechos narrados por
los accionantes y de las pruebas recepcionadas en primera instancia, no se
deducía la vulneración del derecho a la intimidad por parte del accionado.
Los accionantes no señalaron
específicamente cuáles eran los actos que ponían en peligro su integridad
personal y familiar, sino que en forma general indicaron que como consecuencia
de la venta de licores se presentaban escándalos, tiroteos, desórdenes y peleas
a altas horas de la noche. Sin embargo no había una sola prueba que llevara a
establecer que la integridad persona de los accionantes se encontrara en
peligro permanente, pues un  hecho aislado como en narrado por el médico
MILTHON GARCÍA no conllevaba ese tipo de peligro. Además, revisada la prueba
aportada por el Alcalde accionado, se desprendía que éste había realizado todos
los actos necesarios para que en la Plaza de la Libertad no se presentaran los
hechos narrados por los accionantes.
En cuanto al derecho al libre desarrollo de
la personalidad, respecto del cual la Constitución señalaba como límites “los
derechos de los demás” y “el orden jurídico”, no se encontraba prueba de su
vulneración por parte del Alcalde accionado, quien había sido diligente en
agotar todos los trámites correspondientes para remediar las conductas
censurables, profiriendo los actos administrativos correspondientes.
No se desconocía que los accionantes tenían
razón al manifestar su inconformidad por el proceder de quienes, sin
consideración alguna para con ellos, actuaban de manera escandalosa e
irrespetuosa, perturbando su tranquilidad y descanso nocturno; pero,
igualmente, los actores tenían a su alcance para solucionar el tipo de
conflictos planteados en la demanda de tutela, otros medios legales como eran
los establecidos en los Código Nacional y Departamental de Policía, mediante
quejas oportunas ante las autoridades policivas, órdenes de comparendo a los
infractores, e iniciación de procesos contravencionales contra éstos, multas u
cierres de establecimientos comerciales para quienes violaran los reglamentos
policivos, diligencias de compromiso entre las partes, “y aún más contra esos
terceros que protagonizan los hechos enlistados, en cuanto autores materiales
podría ejercitarse la acción de tutela, asuntos que en este proceso no podían
analizarse ni decidirse por no haber dirigido la acción contra ellos, ni
haberse vinculado como partes”.
Se encontraba demostrado que el accionado,
como primera autoridad de policía y administrativa, había velado por hacer
cumplir las normas de convivencia ciudadana reglamentadas en los Códigos de
Policía Departamental y Municipal, tanto que, una vez conoció del derecho de
petición elevado por los accionantes, inclusive con antelación a la
presentación de la acción de tutela, intensificó sus actividades en
coordinación con los miembros de la Policía Nacional de la localidad y demás
instituciones municipales, en aras de garantizar el orden público y la
convivencia pacífica de la comunidad.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para
revisar la decisión judicial ya reseñada, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991.
2. La
materia. Restricciones a las libertades ciudadanas. El orden público y las
limitaciones de los derechos individuales. El desconocimiento de la
conservación de tranquilidad, la seguridad y la moralidad públicas y
circunstancias concretas en que es posible la prosperidad de la acción de
tutela para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por ese motivo.
Reiteración de jurisprudencia
Los accionantes acudieron a la acción de
tutela por considerar vulnerados los derechos fundamentales que invocaron, en
su condición de vecinos residentes en inmuebles ubicados en el marco de la
Plaza de la Libertad  del municipio de Chiquinquirá, toda vez que en ese lugar
funcionan establecimientos comerciales en los que se expenden bebidas
alcohólicas durante el día y hasta altas horas de la noche, especialmente los
fines de semana y festivos, por lo cual los clientes de los negocios mantenían
los equipos de sonido de sus vehículos a alto volumen, así como los dueños de
los establecimientos; además, se suscitaban escándalos, desórdenes, peleas, uso
de armas de fuego y las personas que acudían a la plaza utilizaban las paredes
y portones de sus viviendas para hacer necesidades fisiológicas, todo ello sin
que el Alcalde Municipal, como primera autoridad de policía del municipio,
adoptara las medidas establecidas en la ley para controlar el orden público en
la zona.
Como se reseñó en su oportunidad, los
peticionarios apoyaron su pretensión en lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia Unificada 476 de 1997[1], en
la que la Sala Plena estudió el caso propuesto por varios residentes (actor y
coadyuvantes) del barrio El Chicó, entre las calles 94 y 100 y carreras 15 a
11, de Bogotá, pues allí se ubicaban todas las noches gran cantidad de
prostitutas y travestidos semidesnudos que ofrecían y ejercían su actividad en
plena vía pública, sometiendo a los residentes a presenciar constantes
escándalos y actos erótico - sexuales que realizaban a la vista de todos los
transeúntes, en las calles, en los parques del sector y en los antejardines de
las residencias particulares, todo lo cual se agravaba con la venta de drogas y
por los atracos que se cometían con frecuencia contra los desprevenidos
transeúntes y los mismos residentes, sin que existiera un control efectivo y
permanente por parte de las autoridades, no obstante los múltiples
requerimientos hechos por los residentes del lugar. Los accionantes estimaron
que la situación planteada violaba sus derechos fundamentales a la vida, a la
integridad personal, a la intimidad personal y familiar, a la paz, a no ser
molestados en sus personas o familias, el de petición y el derecho a vivir
dignamente.
En la sentencia en cita, la Sala Plena de
la Corte se ocupó de manera amplia en examinar temas tales como los referidos a
las restricciones a las libertades ciudadanas en general, y el orden público y
las limitaciones a los derechos individuales, sobre el cual precisó que la
conservación del orden público en todo el territorio nacional implica la
adopción, por parte de las autoridades, de medidas que regulen el ejercicio de
los derechos y libertades de los gobernados, dictadas en ejercicio del llamado
“poder de policía” y que se materializan en normas de carácter nacional,
departamental o municipal, abstractas, impersonales y objetivas, cuya finalidad
es asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y el predominio  de la
solidaridad  colectiva. Agregó la Corte que en desarrollo de este poder de
policía, la propia Carta Política y la ley, otorgan a las autoridades
administrativas, en virtud del llamado “poder de policía administrativo”, la
reglamentación y ejecución de las normas, lo cual compromete dos aspectos
específicos : la gestión administrativa concreta (poder de reglamentación
y supervisión) y la actividad de policía propiamente dicha, asignada a los
cuerpos uniformados a quienes les corresponde velar directamente por el
mantenimiento del orden público, a través  de las acciones preventivas o
represivas legalmente reconocidas.
En ese orden, se indicó en la sentencia que
en el caso concreto de los alcaldes, el artículo 315 de la Constitución
dispone como una de sus atribuciones la de “Conservar el orden público
en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que
reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador...”, de
manera que el mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y
la moralidad públicas, exigía de las autoridades administrativas - poder de
policía administrativo -, la adopción de medidas tendientes a la prevención de
comportamientos particulares que perturbaran o alteraran las condiciones
mínimas de orden público que impidieran a los miembros de la sociedad o de una
comunidad en particular, disfrutar de sus derechos sin causa legal que lo
justificara.
En igual forma, la Corte sentó su criterio
en el sentido de que la conservación de la tranquilidad, la seguridad y  la
moralidad podían ser objeto de protección a través de la acción de tutela, pues
aunque la Carta no les otorgaba el carácter de derechos fundamentales,
resultaba claro que, frente a situaciones concretas, el desconocimiento de
aquellos podía conducir a la amenaza o violación de uno o varios derechos
fundamentales como la vida, la intimidad personal y familiar, la salud,
configurándose el fenómeno denominado por la doctrina constitucional como
derecho fundamental por conexidad.
Señaló también la Corporación que ante la
amenaza o vulneración de uno o varios derechos fundamentales donde apareciera
involucrado un grupo de personas determinadas o determinables, era
juridicamente viable, incluso por razones de economía procesal, la procedencia
de la acción de tutela. Sobre esa base, se dijo que se trataba realmente de una
acumulación de acciones que perseguían la protección de los derechos de cada
uno de los individuos afectados, por lo cual, no era correcto sostener que los
medios legales existentes para proteger intereses colectivos - como las acciones
populares y las acciones de clase-, fueran el único medio idóneo, tan sólo
porque la amenaza o violación afectaba a un número plural de personas, o porque
en cierta medida la acción u omisión, además de desconocer derechos
fundamentales, involucrara también derechos colectivos como los reconocidos en
el artículo 88 de la Constitución Política.
Sobre ese mismo tópico, se puntualizó en la
sentencia que la protección solicitada por vía de tutela no podía ser
satisfecha a través de la acción de cumplimiento contenida en la Ley 393 de
1997, porque además de que la solicitud de amparo fue interpuesta con
anterioridad a la vigencia de esa ley, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 9o. de la misma, la acción de cumplimiento no
procedía cuando se trataba de proteger derechos que podían ser garantizados por
vía de acción de tutela, en tanto que, frente a esta hipótesis, la norma
disponía que cuando el juez competente para conocer de las acciones de
cumplimiento encontrara que los derechos invocados podían ser protegidos por
vía de tutela, debía darle a la solicitud el trámite que correspondiera a esta
acción; con lo cual, la citada ley le daba prioridad a la protección que a
través de la acción tutela, se brinda a los derechos constitucionales fundamentales
que resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en los casos autorizados por la ley.
Fue así como en ese caso la Corporación
concluyó, desde luego que con base en los elementos de juicio aportados al
proceso, que la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, la Alcaldía local de
Chapinero y las autoridades de policía, no habían asumido una actitud diligente
y habían hecho caso omiso de la ley y de los reglamentos, al no impedir, en la
zona residencial denunciada, las actividades que constituían permanente
violación de los derechos fundamentales invocados, e igualmente, habían
consentido el incremento clandestino de lugares destinados a la práctica de la
prostitución y al expendio de drogas alucinógenas.
Por consiguiente,
al aparecer probada la alteración constante del orden público en la zona
comprendida entre las carreras 11 y 15, entre calles 94 a 100 del barrio el
“Chicó” de Santafé de Bogotá, y dada la negligencia de las autoridades en hacer
cumplir estrictamente las normas vigentes sobre la materia, la Corte tuteló los
derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la tranquilidad, a
la seguridad, al libre desarrollo de la personalidad y a vivir dignamente del actor
y los coadyuvantes.
En tal virtud, se
ordenó en el fallo al alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, al alcalde Local de
Chapinero y a las autoridades de policía del orden nacional y distrital, dar
estricto cumplimiento a las normas sobre orden y moral públicos y sobre
seguridad ciudadana y, por consiguiente, que procedieran de inmediato a
suspender en el sector todas las actividades que constituyera violación o
amenaza contra los derechos constitucionales fundamentales mencionados en esa
providencia.
3. El caso concreto. Procedencia de la
acción de tutela por la de omisión en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales y legales por parte de la autoridad pública demandada
El señor Alcalde Municipal de Chiquinquirá,
a tiempo de responder a la demanda, se limitó a plantear que las afirmaciones
de los accionantes no fueron demostradas por ninguno de los medios probatorios
establecidos en la “ley procesal colombiana”, o que la  acción de tutela no era
el único medio eficaz e idóneo que tenían los accionantes para la protección de
sus derechos, sino que en razón de que “la violación” no era cotidiana, el
mecanismo a seguir era el de reportar a la Policía Nacional cada evento, para
que ésta a su vez tomara los correctivos previstos en el Código Nacional de Policía.
También planteó que cada uno de los actores debió probar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que afectaban sus derechos fundamentales en particular.
Y, como prueba pertinente para el caso, el
Alcalde sólo aportó copia del oficio que envió al Comandante de Policía Local
el 6 de agosto de 2001, mediante el cual le había reiterado su solicitud
verbal en el sentido de “la urgente necesidad de enfatizar operativos
Nocturnos de Control en la Plaza de la Libertad, para prevenir y evitar el
consumo de licores, tumultos y la alteración de la tranquilidad pública en la
vía pública, por parqueo vehicular con bafles a alto volumen hasta altas horas
de la madrugada”, en virtud de las permanentes quejas telefónicas
recibidas en la Alcaldía por tales motivos, recordándole al Comandante la
existencia de decretos que restringían el expendió de licores, petición que le
hizo acatando lo dispuesto por el Tribunal Superior de Tunja en el sentido de
que la restricción en la venta de licores debía hacerse en forma general[2].
La autoridad pública accionada no solicitó
la práctica de prueba alguna y evidentemente tampoco estuvo al tanto del curso
del trámite hasta la emisión del fallo. Por eso, sólo con ocasión de los razonamientos
consignados en esa providencia, atendibles en tanto eran reflejo de la prueba
aportada hasta ese momento, el Alcalde advirtió con absoluta claridad que lo
que realmente los accionantes le estaban cuestionando era su presunta falta de
diligencia o supuesta omisión de sus deberes como primera autoridad
administrativa y de policía del municipio, en el sentido de no controlar que en
la Plaza de la Libertad, la venta de bebidas alcohólicas durante el día y hasta
altas horas de la noche, especialmente los  fines de semana y festivos, no
originara la alteración del orden y la tranquilidad públicos, pues los clientes
que frecuentaban la plaza mantenían los equipos de sonido de sus vehículos a
alto volumen, suscitaban escándalos, desórdenes, peleas, uso de armas de fuego,
y que las personas utilizaran las paredes y portones de las viviendas de los
accionantes para hacer necesidades fisiológicas.
Por ello, al impugnar el fallo de tutela de
primera instancia, el Alcalde Municipal se preocupó por tratar de demostrar que
no era cierto que se hubiera consolidado la absoluta falta de control de su
administración, a través de las autoridades correspondientes, para lo cual
aportó documentos públicos (oficios), suscritos por el Segundo Comandante del
Batallón de Infantería No. 2 Sucre, por el Comisario de Familia y el Inspector
Único de Policía, por el Comandante del Segundo Distrito de Policía, por el
Personero Municipal y por el Secretario de Tránsito y Transporte  y la
Inspectora de Tránsito, cuyo contenido refleja que esas autoridades
efectivamente habían cumplido actos (operativos), todos dirigidos al firme
propósito de controlar el orden público en la Plaza de la Libertad, en aras de
mantener la tranquilidad en horas de la noche durante los fines de semana y días
festivos, es decir, las acciones que justamente los demandantes de la tutela
reclamaban.
Como era apenas de esperarse, esos medios
de prueba allegados por el impugnante fueron evaluados por el juez colegiado de
tutela de segunda instancia, y en ese sentido se explica porque resolvió
revocar el fallo impugnado para en su lugar no tutelar los derechos
fundamentales invocados, con argumentos que para la Sala no resulta de recibo,
verbigracia, la ausencia de prueba sobre la violación del derecho a la
intimidad, o la amenaza del derecho a la integridad personal por no existir un
“peligro permanente”, pues el examen acerca de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados debía hacerla dentro del contexto de la situación
fáctica planteada por los peticionarios y sin perder de vista que a la
autoridad pública accionada se le endilgaba una conducta eminentemente omisiva
ante la perturbación o alteración del orden público en la Plaza de la Libertad
de Chiquinquirá.
Pero lo que verdaderamente resulta
importante es que el juez colegiado de segunda instancia no hizo una adecuada y
correcta valoración de la totalidad de los elementos de juicio allegados al
expediente.
Inicialmente debe dejarse en claro desde
ahora que no escapa al juicio de la Sala que, muy seguramente, pese a los
operativos de control que las autoridades de policía y aún de las fuerzas
militares realicen para mantener la tranquilidad y el orden públicos en un
lugar determinado del país, bien sea urbano o rural, inevitablemente se habrán
de materializar hechos por parte de los particulares que los perturben y que
afecten en un momento dado los derechos fundamentales de los asociados.
Esa es una realidad que difícilmente puede
evitarse pese a la existencia de normas constitucionales y legales que
restringen las libertades ciudadanas y propenden por la conservación de las
mínimas condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que
hagan posible la convivencia pacífica en un Estado de Derecho. Es un hecho
notorio que la Policía y el Ejército no cuentan con el personal suficiente para
hacer presencia permanente en todo el territorio nacional como que la
permanente perturbación del orden público del país así lo demuestra. El Estado
carece de los medios logísticos y el recurso humano para satisfacer
completamente los postulados constitucionales relacionados con la paz, la
seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.
Pero, por ese aspecto y en lo que atañe a
la acción de tutela como mecanismo protector de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, lo que se impone examinar es que las autoridades públicas no
hayan omitido de manera permanente, reiterada y grave, el observar una
actitud diligente para impedir la consumación de esos hechos atentatorios de
los derechos individuales y aún colectivos, situación ésta que,
paradójicamente, aparece demostrada en el expediente con la prueba con la cual
el Alcalde Municipal de Chiquinquirá pretendió acreditar lo contrario, en su
afán por desvirtuar los hechos expuestos por los accionantes en la demanda de
tutela, ratificados específicamente por el médico MILTON EDUARDO GARCÍA SALINAS
bajo la gravedad del juramento en el interrogatorio de parte que surtió el juez
de primera instancia.
Debe recordarse como el mencionado accionante
GARCÍA SALINAS describió en detalle los hechos que en su sentir originaban la
violación de sus derechos fundamentales, de su familia y los demás actores,
residentes todos en el marco de la Plaza de la Libertad de Chiquinquirá. El
juez colegiado de segunda instancia desechó sin mayor formula de juicio este
testimonio al analizarlo sólo respecto de la presunta violación del derecho a
la integridad personal y familiar, pues, según expuso, “un hecho aislado
narrado por el médico García no conllevan (sic) a establecer un peligro
permanente”, deduciéndose que se refería a aquel consistente en que en
alguna oportunidad un  vidrio del inmueble habitado por el peticionario GARCIA
SALINAS fue roto por un proyectil de arma de fuego, pero el Tribunal nada dijo
acerca de las razones por las cuales daba o no credibilidad a la declaración
del actor. Y, resulta que, no puede menos que conferírsele credibilidad al
relato del médico accionante, y, por consiguiente, a las afirmaciones de los
demás actores de la demanda, porque, como ya se dijo, el propio Alcalde
accionado aportó la prueba para tal efecto.
A tiempo de impugnar el fallo adverso de
primer grado, el funcionario accionado anexó a su escrito comunicaciones
suscritas por el Segundo Comandante del Batallón de infantería No. 2 Sucre, por
el Comisario de Familia e Inspector de Policía, por el Comandante del Segundo
Distrito de Policía y Personero Municipal, y luego se aportó oficio suscrito
por el Secretario de Tránsito y Transporte y la Inspectora de Tránsito, en el
que dieron cuenta de los operativos realizados por esas dependencias, en
conjunto con otras autoridades municipales, en la Plaza de la Libertad.
En oficio signado por el Comandante del
Segundo Distrito de Policía, fechado el 5 de septiembre de 2001, da cuenta de
13 operativos de control en el marco de la Plaza de la Libertad, efectuados los
días 27 de enero, 10, 12 y 24 de febrero, 4, 9, 10 y 20 de marzo, 3, 7, 14 y
22 de abril y 15 de julio de 2001,  lo cual, a juicio del Alcalde, revelaba
un acción de control permanente, continua y con éxito al incautarse armas, y
munición a diferentes particulares (folios 77 a 79 del expediente).
El segundo Comandante del Batallón de
Infantería No. 2 Sucre con sede en Chiquinquirá, en oficio de 6 de septiembre
de 2001, al decir del Alcalde Municipal de Chiquinquirá, informó de “otros
tantos operativos” realizados durante el año 2001 por personal militar en
horario nocturno en la Plaza de la Libertad, con el fin de garantizar la
tranquilidad y el orden público, por solicitud de la Alcaldía.
Dicho oficio textualmente dice:
·   “Diariamente
a partir de las 19:00 horas se ordenan patrullas de control sobre los puntos
críticos de la jurisdicción, especialmente en la Plaza de Bolívar.
(negrillas fuera de texto).
·   “Semanalmente
se ordenan retenes de control en las distintas vías de aproximación con el fin
de evitar el tráfico de armas, estupefacientes y circulación de personal con
antecedentes.
·   “Los fines
de semana se organizan patrullas constantes en coordinación con la Policía
Nacional en toda la ciudad, con el fin de prevenir cualquier
desorden o actividad que perturbe la tranquilidad en el sector (se subraya y
destaca).
·   “El
Comando del Batallón continuará con este tipo de actividades que han arrojado
resultados tangibles y han coadyudado (sic) a la tranquilidad ciudadana,
seguros de seguir contando con su decidida colaboración y apoyo”. (folio 75).
El oficio suscrito por el Comisario de
Familia y el Inspector Único de Policía dice textualmente:
“Comedidamente,
nos permitimos presentar informe de los operativos que se vienen realizando
desde el mes de marzo a la fecha, de acuerdo con lo ordenado por su Despacho y
según el Decreto Número 079 de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil uno
(2001).
“En coordinación
con la Policía Nacional, la Secretaría de Tránsito, la Personería Municipal,
Inspección única de Policía y la Comisaría de Familia, ha realizado operativos
con el fin de controlar el exceso consumo de alcohol, orden público,
contaminación auditiva, de las 9:00. P. M.  a la 1:00 A. M. en la Plaza
de la Libertad; los menores de edad que se encuentran en dicho sitio
son recogidos y llevados al Centro Administrativo Municipal y luego se cita o
se llaman a los padres para realizar la respectiva amonestación. A las demás
personas que se encuentran en la Plaza se les solicita el retiro ya que de
acuerdo con al Decreto Número 079 está prohibido el consumo de bebidas
embriagantes y la contaminación auditiva entre otras hasta quedar completamente
vacía, el retiro del personal se hizo hasta la una de la mañana ya que
hasta esa hora se contó con el apoyo policial. (subrayas y negrillas
fuera de texto).
“Estos
operativos se continuarán y se hará cumplir de acuerdo al Decreto 079 del 27 de
marzo de 2001”. (folio 76).
Se verifica que el contenido del oficio
suscrito por el Personero Municipal de Chiquinquirá, es idéntico al signado por
el Comisario de Familia y el Inspector Único de Policía (folio 80).
Finalmente, la comunicación del Secretario
de Tránsito y Transporte y de la Inspectora de Transito, señala que se hicieron
operativos con el fin de recuperar la tranquilidad de los habitantes del área
urbana de la ciudad, en  especial en el Centro Histórico Cultural y Religioso,
en horas de la noche y los fines de semana, “desde las 21 horas hasta las 03
horas”, los días 7, 21 y 28 de abril; 12, 18, 19 y 26 de mayo; y 16 y 23
de junio. Los funcionarios aseveran que los operativos fueron planeados de
manera conjunta con la Policía Nacional, la Comisaría de Familia y la
Secretaría de Transito y Transporte, con un balance positivo en tanto se
inmovilizaron vehículos y se impusieron comparendos y amonestaciones (Folios 91
y 92).
Esos documentos públicos, suscritos por
funcionarios en ejercicio de su funciones, a juicio del Alcalde Municipal de
Chiquinquirá, permitían sostener que los hechos expuestos en la demanda de
tutela eran aislados y sin una “frecuencia comprobada”, por lo cual, la llamada
a responder por ellos era la Estación de Policía.
No obstante, en opinión de la Sala, la
prueba documental que se acaba de reseñar permite colegir que dada la
problemática real que se presenta en la llamada Plaza de la Libertad, en cuyo
marco residen los aquí accionantes, las medidas adoptadas por el Alcalde
Municipal accionado no han sido suficientes para evitar que los derechos
fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la tranquilidad, a la
seguridad y a vivir en condiciones dignas y justas de aquellos hayan sido
vulnerados o estén, por lo cual la acción de tutela resulta ser el mecanismo
idóneo para protegerlos.
En efecto. A primer vista, los medios de
prueba allegados por el Alcalde de Chiquinquirá apuntarían a demostrar que no
han sido pocas las actividades que las autoridades municipales, la Policía
local y también el Ejército Nacional han desarrollado para mantener el orden y
la tranquilidad públicos en la tantas veces mencionada Plaza de la Libertad de
ese municipio, luego no se comprendería cómo es que los accionantes aseveran
que en el lugar se consuman frecuentemente escándalos, tiroteos, desórdenes,
peleas y, además, que los dueños o usuarios de vehículos que se parquean dentro
del perímetro de la plaza utilizan los equipos de sonido a alto volumen
perturbando la tranquilidad y el descanso a que tienen derecho.
Empero, un examen algo más detenido de las
pruebas, pone de presente que los controles de las autoridades municipales de
Chiquinquirá no han sido con la periodicidad, duración y oportunidad que la
situación reclama y, por consiguiente, han resultado inútiles y es por ello que
los accionantes consideran que el Alcalde Municipal y las autoridades de
Policía no han dado cumplimiento exacto a las disposiciones legales que los
facultan para mantener en forma permanente el orden y la tranquilidad en el
lugar.
En ese sentido, se advierte que el
Comandante del Segundo Distrito de Policía efectivamente dio cuenta de 13
“actividades operativas” llevadas a cabo en la Plaza la Libertad; empero, en
cuanto a su periodicidad, se observa que tales actividades se cumplieron los
días sábado 27 de enero; sábado 10, lunes 12 y sábado 24 de febrero;
domingo 4, viernes 9, sábado 10 y martes 20 de marzo; martes 3, sábados
7 y 14 y domingo 22 de abril; y el día domingo 15 de julio de 2001. Además,
se verifica que las actividades se circunscribieron a la incautación de armas
de fuego especialmente, debiéndose anotar que en dos de esos casos los
portadores de las armas habían hecho disparos “al aire”, perturbando el orden
público, hechos que fueron conocidos por la Policía a las “03:30 HORAS”.
El informe policivo pone entonces de
presente que si el abuso en el consumo de bebidas embriagantes, los desórdenes
y la perturbación de la tranquilidad  por parte de los particulares que acuden
a la Plaza de la Libertad se presenta los fines de semana y días festivos,
es claro que el control por parte de la Policía no ha sido suficiente, y mal
podría serlo si, como se observa, por ejemplo, en los meses de mayo y junio de
2001 las policía no reportó caso alguno, e igual podría decirse de los días los
fines de semana (viernes y sábado, especialmente) no relacionados en el informe
del Comandante del Segundo Distrito de Policía.
Además de lo anterior, los informes del
Comisario de Familia, el Personero Municipal y del Inspector Único de Policía
dan cuenta de que los operativos para controlar el exceso en el consumo de
alcohol, el orden público y la contaminación auditiva en la Plaza de la
Libertad, se efectuaron desde las 9:00. P. M.  a la 1:00 A. M.,
por cuanto hasta esa hora se contó con el apoyo de la Policía. En igual
forma se tiene que en la comunicación del Secretario de Tránsito y Transporte y
de la Inspectora de Tránsito, si bien señalan que se hicieron operativos con el
fin de recuperar la tranquilidad de los habitantes del área urbana de la
ciudad, en especial en el Centro Histórico Cultural y Religioso, en horas de la
noche y los fines de semana, también dicen que tales operativos se iniciaron a
las 9 de la noche y culminaron a las 3 de la mañana, los días sábados 7,
21 y 28 de abril;  sábado 12, viernes 18 y sábados 19 y 26 de mayo, así como
los sábados 16 y 23 de junio; todo lo cual significa que antes de las 9 de
la noche y después de las 3 de la mañana, al igual que los días viernes,
especialmente, de algunos fines de semana, no ha existido control efectivo
para las actividades que se cumplen en la aludida Plaza de la Libertad de
Chiquinquirá, con el fin de evitar y prevenir desórdenes, contaminación
auditiva y el consumo de licor en la vía pública o en el área de la misma
plaza.
Considera la Sala que si en la Plaza de la
Libertad de Chiquinquirá funcionan establecimientos en los que legalmente está
permitido el expendio de licores hasta determinada hora de la noche, esto es,
que existe una normatividad que permite esa situación, y, en sentido contrario,
no existe disposición alguna que prohíba el parqueo de automotores en la calles
que rodean la aludida plaza, es apenas de esperarse que, como ya lo ha
puntualizado la Corte Constitucional al referirse al tema de la conservación
del orden público a nivel general,  las autoridades adopten las medidas
necesarias que regulen el ejercicio de los derechos y libertades de los
gobernados, dictadas en desarrollo del llamado “poder de policía
administrativo”, lo cual compromete los aspectos específicos de la gestión
administrativa concreta (poder de reglamentación y supervisión) y la actividad
de policía propiamente dicha, asignada a los cuerpos uniformados a lo que les
corresponde velar directamente por el mantenimiento del orden público a través
de las acciones preventivas o represivas legalmente reconocidas[3].
En el caso en estudio, los hechos que
dieron origen a la interposición de la acción de tutela revelan que si bien el
Alcalde Municipal de Chiquinquirá, mediante los Decretos 080 y 097 de 2001
reguló finalmente que “El horario de venta al público de licores (sic),
bebidas embriagantes y cualesquier otra sustancia psicoactiva en los
Establecimientos de Comercio ubicados en el cordón del cual hacen parte del
Centro Histórico Cultural y Religioso será de Lunes a domingo hasta las 20
horas [4]
”, en la práctica ha permitido que se incumpla con esa orden por parte del
comando de la policía al que le corresponde hacerla cumplir, puesto que, habida
consideración de las características que presenta el lugar (sitio que hace
parte del centro histórico, cultural y religioso que por ese motivo es de una
afluencia turística públicamente notoria), hace indispensable que el control
del orden y tranquilidad públicas tenga que ser prácticamente
permanente.
Esa obligación de la Alcaldía Municipal y
de las autoridad de policía local, a juicio de la Sala, no puede dejarse de
lado sobre la base de que ésta última no cuenta con el personal de efectivos
suficiente para cumplirla, o porque no se puede pretender que la mayor cantidad
de miembros de la Fuerza Pública se concentre en la Plaza de la Libertad porque
quedarían desprotegidos otros sitios de la ciudad. De lo que se trata es de que
se haga un  uso racional y oportuno de la Fuerza Pública que, a la par
con la adopción de medidas que regulen el ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos sin llegar al extremo de irrespetárselos (por
ejemplo, la de implementar la prohibición de que se estacionen vehículos en las
calles que rodean la Plaza de la Libertad en determinadas horas del día o a
partir de una determinada hora), se garantice en forma permanente la
conservación del orden publico en el lugar, con el fin de que los derechos a la
tranquilidad, a la intimidad personal y familiar, a la seguridad y al libre
desarrollo de la personalidad de los residentes en el marco de la aludida Plaza
que decidieron acudir a la acción de tutela, no resulten amenazados o
efectivamente quebrantados.
Estima la Sala que si la perturbación del
orden público y la tranquilidad en la Plaza de la Libertad de Chiquinquirá se
consolida todos los fines de semana y festivos por los motivos expuestos por
los accionantes en la demanda de tutela, la solución no puede ser la de que
éstos se den a la tarea de llamar a la estación de policía más cercana o a la
propia alcaldía municipal, pues el cumplimiento de los deberes constitucionales
y legales que se imponen a la Policía Nacional y al Alcalde como primera
autoridad de policía del municipio, jamás puede estar supeditado a las quejas
puntuales que formulen los ciudadanos frente a hechos cuya ejecución se esté
materializando, por cuanto el cumplimiento de esos deberes implica la adopción
de medidas preventivas y no solamente represivas.
Consecuente con todo lo expuesto, la Sala
Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional REVOCARÁ la
sentencia de segundo grado y CONFIRMARÁ el fallo de primera instancia
que concedió el amparo solicitado, con la aclaración en el sentido de que el
Alcalde Municipal de Chiquinquirá deberá coordinar con el Comando de Policía
local que los operativos de control en la Plaza de la Libertad se realicen
durante las 24 horas del día, especialmente todos los fines de semana (viernes
y sábado y festivos), por el tiempo que sea indispensable y  hasta que la
situación pueda ser apreciada como razonable y dentro de los límites de
normalidad necesarios para conservar el orden y la tranquilidad en el
lugar.
IV.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la sentencia de 5 de octubre de 2001, adoptada el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil Familia, para en su lugar CONFIRMAR
el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de dicha ciudad el 3 se septiembre del mismo año mediante el cual
decidió tutelar los derechos fundamentales invocados por los accionantes, con
la ACLARACIÓN en el sentido de el Alcalde Municipal de Chiquinquirá
deberá coordinar con el Comando de Policía local que los operativos de control
en la Plaza de la Libertad se realicen durante las veinticuatro (24) horas del
día, especialmente todos los fines de semana (viernes y sábado y festivos), por
el tiempo que sea indispensable y  hasta que la situación pueda ser apreciada
como razonable y dentro de los límites de normalidad necesarios para conservar
el orden y la tranquilidad en el lugar.
Segundo: ORDENAR que por la Secretaría General se libren las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Ponente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] El oficio es visible a folio 44 del expediente.
[3] Sentencia SU-476 de 1997.
[4] Artículo Segundo del Decreto 0097 de 26 de junio de 2001,
mediante el cual el Alcalde Municipal de Chiquinquirá modificó el artículo
segundo del Decreto 080 de 2 de abril del mismo año, cuya fotocopia obra a
folio 73 del expediente.