T-964-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-964/04
CORTE CONSTITUCIONAL-Inaplicación de
normas contrarias a la Constitución/CORTE CONSTITUCIONAL-Inaplicación
del artículo 16 del Decreto 190 de 2003
Frente a la facultad de inaplicar normas
legales contrarias a la Constitución, la Corte frente a casos similares a los
que ahora se revisan decidió efectivamente inaplicar el art. 16 del Decreto 190
de 2003, tras considerar que: “Vista la valiosa protección que la misma
Constitución otorga a las mujeres madres cabeza de familia, la Corte considera
que la limitación en el tiempo del beneficio que se les otorgó en la Ley 790,
artículo 12, por el Decreto 190, artículo 16, no es ajustada a la Constitución,
por cuanto una norma de menor jerarquía (Decreto 190 de 2003, artículo 16),
estableció un límite que la norma que le daba validez (Ley 790 de 2002,
artículo 12) no establecía, por esta razón, la Corte aplicará la Constitución y
no tendrá en cuenta el artículo 16 del Decreto 190 de 2003”. Cuando se esta
frente a la vulneración flagrante de un derecho fundamental por una norma
jurídica y se hace necesario otorgar una  protección de manera inmediata, el
juez de tutela se encuentra excepcionalmente  facultado para ordenar su
inaplicación, sin que ello signifique que se desconozca la competencia
atribuida a los órganos judiciales para decidir definitivamente y con efectos
erga omnes sobre su constitucionalidad o ilegalidad.
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Vulneración de
derechos fundamentales por la aplicación del artículo 16 del Decreto 190 de
2003
Para los
casos analizados en esta oportunidad se procederá dando prevalencia a los
mandatos superiores, por cuanto a los accionantes, en este caso, madres cabeza
de familia en su mayoría y una persona con comprobadas limitaciones físicas, se
les vulneraron, a ellos y a sus hijos, los derechos reconocidos por la
Constitución con la aplicación en su caso del artículo 16 del Decreto 190 de
2003, que limitó en el tiempo la protección establecida en el artículo 12 de la
Ley 790 de 2002.
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Desvinculación
de Telecom/MADRE CABEZA DE FAMILIA Y DISCAPACITADA-Protección laboral
MADRE CABEZA DE FAMILIA-No deben
aplicárseles las mismas reglas que a las demás trabajadoras en proceso de
reestructuración
La sentencia
T-925 de 2004 alude de manera genérica a las desvinculaciones que se producen
en los procesos de reestructuración en el sector público, en tanto que la
situación de las personas que demandan en calidad de madres cabeza de familia o
discapacitados dentro de un proceso de  reestructuración, corresponde a sujetos
constitucionalmente protegidos de manera especial, por lo que el análisis del
perjuicio irremediable “no puede ser idéntico dada la especial protección que
se predica de dichos sujetos y la particular vulnerabilidad de los mismos. En
nada quedaría la especial protección debida a las madres cabeza de familia y a
sus hijos menores si se les aplicaran las mismas reglas que a los demás
trabajadores afectados en un proceso de reestructuración.”
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Criterios de
protección con base en la sentencia T-925 de 2004/MADRE CABEZA DE FAMILIA-Criterios
de protección en caso de habérsele pagado la indemnización por desvinculación
de Telecom
Este fallo
seguirá los criterios consignados en la sentencia T-925 de 2004 y si a los
accionantes ya se les pagó la indemnización de que hablan los artículos 24 a 26
del decreto 1615 de 2003, la orden que procede  no puede ignorar ese hecho y
por lo tanto, la protección se hará de la siguiente manera: (i) En cuanto los
demandantes no han debido ser desvinculados por encontrarse amparados, en
consonancia con los mandatos superiores, por la protección especial establecida
en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, deberá reconocérseles todos los
salarios y prestaciones a que tenían derecho desde la fecha en que fueron
desvinculados hasta el momento en que efectivamente sean incorporadas a la
nómina de la entidad accionada. (ii) Si ya la indemnización se pagó, habría que
señalar que si la indemnización tiene como fundamento la desvinculación de los
accionantes de la entidad demandada, y si en virtud de la presente sentencia
dicha desvinculación queda sin efectos, ha de dejarse igualmente sin efectos la
indemnización anotada. (iii) Empero en la medida en que la restitución
inmediata de dicha indemnización podría no resultar posible por haberse
dispuesto de la misma por parte de los accionantes, efectuado el cruce de
cuentas correspondiente, en caso de resultar saldos a favor de la entidad
accionada, ésta deberá ofrecer facilidades de pago a los accionantes que
garanticen para éstas su subsistencia digna y la de sus hijos menores.
Reiteración de jurisprudencia
Referencia: expedientes acumulados T-896389,
T-896455, T-899451, T-932117, T-933023, T-934006, T-934009 y T-925582
Acciones de tutela instauradas por Enna Carmen Cancimansi y otros
contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM –en liquidación-.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D. C.,
ocho (8) de octubre de dos mil cuatro (2004).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Sierra Porto, Álvaro
Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
dentro del
trámite de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos.
Los accionantes prestaron sus servicios
como trabajadores oficiales de Telecom –en liquidación- y, según ellos, fueron
amenazados con la terminación de sus contratos de trabajo o desvinculados
durante los primeros meses del presente año. Por estos hechos, consideran que
se les ha violado los derechos fundamentales consagrados en los artículos 42,
43 y 44 de la Constitución Política.
A lo largo de
los años ochenta y noventa los accionantes fueron vinculados como servidores
públicos de Telecom –en liquidación- y durante el mes de agosto del año 2002 el
Gobierno profirió la instructiva presidencial numero 10, mediante la cual quedó
establecida la decisión de reestructurar las Entidades que conforman el sector
central del Estado colombiano, entre las cuales se encuentra Telecom.
Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 790 de diciembre 27
de 2002, por medio de la cual se reguló el programa de renovación de la
administración pública y se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente
de la República. El artículo 12 de esta ley estableció:
Artículo 12. Protección
especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno
Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa
de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin
alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o
auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos,
edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de
vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la
presente ley. (Negrillas fuera de texto).
Para los
accionantes esta norma consagra la protección conocida como “retén social”,
aplicable a los servidores públicos de las entidades estatales que entren en
proceso de liquidación. Sin embargo, el Presidente de la República, en
ejercicio de su poder reglamentario, expidió el Decreto 190 de 2003,
estableciendo un límite temporal al beneficio denominado “retén social”,
contrariando, según los demandantes, lo dispuesto en la Ley 790 de 2002.
El 10 de junio
de 2004 la fuerza pública ocupó las instalaciones de Telecom –en liquidación-
en todo el país, desalojó al personal y tomó el control de los inmuebles y
equipos de la Empresa. El día 13 de junio el Gobierno Nacional dispuso la
liquidación y disolución de Telecom, y estableció un trámite especial para este
propósito.
Los accionantes
fueron amenazados con la terminación de sus contratos de trabajo o
desvinculados laboralmente de Telecom a pesar de que, según ellos, estaban
cobijados por el denominado “retén social” teniendo en cuenta sus
circunstancias especiales. La amenaza y la desvinculación laboral han tenido
consecuencia directa para los peticionarios, para sus hijos y sus respectivas
familias, razón por la cual consideran que han sido vulnerados sus derechos
constitucionales fundamentales.
Mediante las
acciones de tutela ejercidas se pretende evitar la terminación de los contratos
de trabajo y que se ordene el reintegro laboral, hasta que Telecom sea
definitivamente liquidada, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 790
de 2002. Como petición especial solicitan a los jueces de tutela QUE INAPLIQUEN
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DEL DECRETO 190 DE 2003, por cuanto son incompatibles con
lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 de la Constitución Política, como
también con lo previsto en la Ley 790 de 2002. Las acciones acumuladas en el
presente caso fueron interpuestas como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable derivado de la terminación de los contratos laborales.
Aseguran los
peticionarios que a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial, la
demora para adoptar un decisión perjudicaría a su núcleo familiar, el cual en
la mayoría de los casos, está compuesto por niños titulares de derechos
protegidos especialmente.
2. Petición
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
Los accionantes
solicitan a los jueces de tutela que inapliquen por inconstitucionales los
artículos 14 y 16 del Decreto 190 de 2003, en cuanto establecen un término de
protección laboral, debido a que su contenido pugna con lo dispuesto en la
Constitución Política. Explican que la Ley 790 de 2002 prohibió expresamente el
retiro del servicio de determinadas personas, creando una especie de fuero de
inamovilidad o de estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta el grado de
debilidad de los beneficiarios de tal medida.
Según los
accionantes, el Gobierno al reglamentar la ley se extralimitó al señalar una
fecha límite a partir de la cual las personas cobijadas por el denominado “retén
social”, podrían ser desvinculadas laboralmente, a pesar de que la Ley 790 de
2002 no lo permite. Para los demandantes, el Decreto 190 de 2003 contradice lo
dispuesto en la ley y, por ende, deberá ser inaplicado, pues de otra manera se
estarían violando los derechos consagrados en los artículos 42, 43 y 44 de la
Constitución Política. Las normas que en concepto de los peticionarios deben
ser inaplicadas por inconstitucionales son las siguientes:
“Artículo 14.
Pérdida del derecho. La estabilidad laboral a la que hace referencia este
capítulo cesará cuando se constate que el ex empleado ya no hace parte del
grupo de personas beneficiarias de la protección especial.
“En todo
caso, la estabilidad laboral cesará una vez finalice el Programa de Renovación
de la Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 16 del
presente decreto.
“Artículo 16. Aplicación
en el tiempo. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior sobre la supresión de
cargos vacantes y en el capítulo II sobre el reconocimiento económico para la
rehabilitación profesional y técnica, las disposiciones contenidas en el
presente decreto se aplican a partir del 1° de septiembre de 2002, dentro del
Programa de Renovación de la Administración Pública del orden nacional, y hasta
su culminación, la cual no podrá exceder, en todo caso, el 31 de enero de 2004.”
(Negrillas fuera de texto).
Las peticiones
de tutela formuladas en el presente caso están referidas a personas que
prestaron sus servicios a Telecom y que suponen que sus contratos de trabajo
terminarían el 31 de enero de 2004, o que fueron desvinculadas contrariando,
presuntamente, lo dispuesto en materia de “retén social”. A continuación
se relacionan los ocho expedientes acumulados, acerca de los cuales se deberá
decidir mediante la presente sentencia.
3.
Acumulación de expedientes.
El 10 de junio
de 2004, la Sala de Selección número Seis escogió el expediente T-925582 y lo
asignó para revisión a la Sala Séptima. El 30 de junio del mismo año, la Sala
de Selección número seis decidió escoger y acumular entre sí los expedientes
T-896389, T-896455, T-899451, T-932117, T-933023, T-934006 y T-934009, para ser
fallados en una misma sentencia. El 15 de septiembre  de 2004, mediante auto
expedido por la Sala Séptima de revisión, se resolvió acumular el expediente
T-925582 al expediente T-896389, considerado principal, para ser fallados en
una misma providencia.
4. Expediente
T-896389.
La señora Enna
Carmen Cancimansi ejerció acción de tutela contra la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones Telecom -en liquidación- en demanda de protección para los
derechos fundamentales consagrados en los artículos 42, 43 y 44 de la
Constitución Política. La accionante está vinculada como trabajadora oficial de
Telecom desde el 18 de abril de 1986, e interpone la demanda como mecanismo
transitorio ante la eventualidad de que sea terminado su contrato de trabajo.
La accionante asegura ser beneficiaria del denominado “retén social” de
Telecom, teniendo en cuenta su calidad de madre cabeza de familia.
El Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Cali negó el amparo al considerar que no se
reunían  los requisitos propios del perjuicio irremediable, agregando que el
juez de tutela no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de los
actos administrativos. Finalmente, manifestó que “la acción de tutela no
procede contra hechos imaginarios o posteriores, ya que es la misma accionante
quien manifiesta que será retirada del retén social el día 31 de enero de 2004,
situación que aún no se ha configurado y por ese solo hecho excluye la
procedencia de la acción tutelar”.
La Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la
decisión, explicando que el Decreto 190 de 2003 es un acto de carácter general
y abstracto, reglamentario de la ley 790 de 2002, cuyo contenido no viola los
derechos fundamentales de la accionante, razón por la cual el amparo no era
procedente.
5. Expediente
T-896455.
La señora María
Elena Escobar Gómez ejerció acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable contra Telecom, pretendiendo el amparo de los
derechos consagrados en los artículos 42, 43 y 44 de la Constitución Política.
Fue vinculada laboralmente el 01 de noviembre de 1998, la Empresa le informó
que se encontraba cobijada por el Programa de Protección Social en la modalidad
de madre cabeza de familia.
La petición de
amparo fue decidida en primera instancia por el Juzgado Quince Civil del
Circuito de Cali, quien decidió inaplicar el artículo 16 del Decreto 190 de
2003 y tutelar los derechos de la mujer cabeza de familia, previniendo a
Telecom para que se abstuviera de incurrir en acciones u omisiones como las que
dieron lugar a la demanda de amparo.
La Sala Civil
del Tribunal Superior de Cali revocó la sentencia proferida por el juzgado
quince civil del circuito y denegó la tutela, por considerar que es
improcedente inaplicar el artículo 16 del Decreto 190 de 2003. Para la
Corporación la decisión de la Entidad demandada de dar por terminado el
contrato no obedece a su capricho, sino al cumplimiento de normas legales cuya
inconstitucionalidad no aparece prima facie.
6. Expediente
T-899451.
El señor Álvaro
González Lozano ejerció acción de tutela contra Telecom, por considerar que la
Empresa violó los derechos fundamentales consagrados en los artículos 42, 43 y
44 de la Constitución Política. Fue vinculado laboralmente el 16 de abril de
1986, al momento de presentar la demanda se encontraba cobijado por el
denominado “retén social”, teniendo en cuenta su condición de persona
con limitación física, mental, visual o auditiva.
A pesar del
fuero de estabilidad que lo cobija, la Empresa manifestó que terminaría su
contrato el 31 de enero de 2004, según lo dispuesto en el Decreto 190 de 2003.
La demanda de
amparo correspondió al Juzgado Quinto de Familia de Ibagué, autoridad judicial
que estableció que al accionante se le venía pagando sus salarios y
prestaciones sociales. El mencionado despacho negó la tutela explicando que su
función no era la de juez de constitucionalidad competente para desatar
controversias surgidas entre servidores públicos y el gobierno por la
interpretación, aplicación y ejecución de normas legales y reglamentarias.
Impugnada esta
decisión, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué, confirmó la
decisión del a quo por considerar que es a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo a quien corresponde la función de pronunciarse sobre
la legalidad de los artículos 14 y 16 del Decreto 190 de 2003.
7. Expediente
T-925582.
La señora Olga
Lucía Gualdrón Cárdenas ejerció acción de tutela contra Telecom, por considerar
violados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 42, 43 y 44 de
la Constitución Política. La peticionaria fue vinculada laboralmente el día 6
de octubre de 1989 como trabajadora oficial y la fiduciaria La Previsora,
actuando como liquidador de Telecom, a finales de julio de 2003 dio por
terminados los contratos de miles de trabajadores oficiales, excepción hecha de
los dirigentes sindicales y de los trabajadores amparados por la protección
establecida en la Ley 790 de 2002, conocida como “retén social”.
Telecom
reconoció a la accionante que reúne los requisitos para estar cobijada por el “retén
social” en calidad de madre cabeza de familia. Sin embargo, manifiesta que
el representante de Telecom pretende terminar su contrato de trabajo a partir
del 01 de febrero del 2004 ya que el Decreto 190 de 2003, contrariando lo
dispuesto en la Ley 790 de 2002, fija término a la protección especial. A la
fecha de presentación de la demanda la peticionaria no había recibido suma
alguna de dinero de parte de Telecom por concepto de prestaciones sociales y/o
indemnización, por el contrario, se había dejado de pagar salarios y
prestaciones sociales cuando la propia Empresa le había reconocido su condición
de beneficiaria.
Para la
demandante, el Decreto 190 de 2003 es inconstitucional por cuanto limita el
periodo de protección establecido en la Ley 790 de 2002.
El Juzgado
Primero de Familia de Bucaramanga negó el amparo solicitado por la señora Olga
Lucía Gualdrón Cárdenas, explicando que las decisiones adoptadas por Telecom
corresponden a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario No 190 de 2003, estatuto
que estableció un plazo después del cual la Entidad procedió a terminar los
contratos de trabajo, entre ellos el de la accionante. La decisión del juzgado
no fue impugnada.
8. Expediente
T-932117.
La señora Sandra
Patricia Mejía Morón ejerció acción de tutela contra Telecom, por considerar
violados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 42, 43 y 44 de
la Constitución Política. La peticionaria fue vinculada laboralmente a Telecom
el 1 de agosto de 1990 y al momento de presentar la demanda se encontraba
cobijada por el denominado “retén social” en calidad de madre cabeza de
familia. Sin embargo, asegura que la Empresa ha manifestado que terminará su
contrato de trabajo el 31 de enero de 2004, según lo dispuesto en el Decreto
190 de 2003.
La petición de
amparo correspondió al Juzgado Tercero de Familia de Valledupar, quien resolvió
negar la tutela solicitada por considerar que tanto la accionante como su hijo,
están protegidos hasta el término establecido en el artículo 12 de la Ley 790
de 2002, reglamentado por el artículo 16 del Decreto 190 de 2003, es decir, la
demandada ha actuado de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan
el trámite de liquidación, terminando los vínculos laborales y comerciales
según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
9. Expediente
T-933023.
La señora Francy
Elena Burbano Vera ejerció acción de tutela contra Telecom, por considerar
violados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 42, 43 y 44 de
la Constitución Política. La accionante fue vinculada laboralmente a Telecom el
04 de febrero de 1994, está cobijada por el denominado “retén social” en
calidad de madre cabeza de familia, pero la Empresa le ha manifestado que
terminará su contrato de trabajo el 31 de enero de 2004, fecha en la que, según
el Decreto 190 de 2003, vence la protección especial.
La petición de
amparo correspondió al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Saravena
–Arauca-, despacho judicial que concedió el amparo y ordenó a Telecom
garantizar a la accionante su permanencia dentro del sistema de protección
denominado “retén social”. Como fundamento de esta decisión, expuso que entre
la promulgación de la Ley 790 de 2002 y la fecha del retiro del servicio de la
accionante (enero 31 de 2004), no habían transcurrido los tres años de que
trata el artículo 12 de la misma ley, que prevé el límite máximo para mantener
a una persona en el “retén social”.
Impugnada la
decisión, correspondió decidir en segunda instancia al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Arauca, quien revocó en su integridad la sentencia
proferida por el juzgado promiscuo del circuito por considerar que la actuación
de Telecom se aviene a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
particularmente a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y en
el Decreto 190 de 2003. Respecto de la inaplicación de las normas de este
estatuto, explicó el ad quem que no es procedente acceder a la
respectiva petición, por tratarse de un acto de carácter general.
10.
Expediente T-934006.
La señora Diana
Patricia Demoya Petro ejerció acción de tutela contra Telecom, por considerar
violados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 42, 43 y 44 de
la Constitución Política. La accionante fue vinculada laboralmente a Telecom el
5 de diciembre de 1995; hasta el 31 de enero de 2004 estuvo protegida por el
“retén social” dada su condición de madre cabeza de familia; en esta fecha se
dio por terminado su contrato de trabajo, siguiendo lo dispuesto en el Decreto
190 de 2003. Mediante la demanda de amparo pretende que se ordene el reintegro
inmediato al servicio, teniendo en cuenta el fuero de estabilidad laboral que
la ampara.
El Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Montería negó el amparo solicitado, por considerar
que existe otra vía de defensa judicial dependiendo de la calidad de los
sujetos vinculados en la relación laboral. Además, explicó el Despacho que la
controversia tiene su origen en la aplicación de un acto general y según lo
establecido en el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela resulta improcedente.
Impugnada la
decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería confirmó el
fallo de primera instancia por considerar que el despido de la accionante se
llevó a cabo con fundamento en una disposición legal en virtud de la cual fue
suprimido su cargo con el reconocimiento de prestaciones sociales e
indemnizaciones a que tenía derecho. Además, para el ad quem las normas
con fundamento en el cual actuó Telecom no pueden ser inaplicadas debido a su
carácter general, impersonal y abstracto.
11.
Expediente T-934009.
La señora Luz
Eugenia Quintero Tello ejerció acción de tutela contra Telecom, por considerar
violados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 13, 25, 43, 44
y 46 de la Constitución Política. La accionante fue vinculada laboralmente a
Telecom desde el 28 de noviembre de 1989, estaba cobijada por el denominado
“retén social” en calidad de madre cabeza de familia, pero mediante comunicación
enviada el 31 de enero de 2004, fue retirada del “retén social”, por lo cual
acudió a la acción de tutela en defensa de los derechos de sus dos menores
hijos y los suyos propios.
El juzgado
Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Viterbo negó la tutela reclamada por
la accionante, por considerar improcedente el amparo debido a que se trata de
atacar un acto de carácter general, impersonal y abstracto. Además, consideró
que existen otros mecanismos de defensa judicial que pueden ser utilizados en el
presente caso.
Impugnada la
decisión, correspondió conocer al Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Sogamoso, despacho judicial que revocó el fallo de primera instancia y dispuso
conceder la tutela como mecanismo transitorio e inaplicar el artículo 16 del
Decreto 190 de 2003, por el cual se reglamenta la Ley 790 de 2002, por ser una
norma contraria a la Constitución Política, especialmente a sus artículos 42,
43 y 44.
En cuanto al
trámite que se imprimió a esta petición de tutela, considera la Sala de
Revisión que el juzgado segundo civil municipal de Santa Rosa de Viterbo
incurrió en un vicio de procedimiento al admitir la demanda, pues, según lo
establece el artículo 1º. del decreto 1382 de 2000, cuando la demandada es una
entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional, la
competencia para conocer en primera instancia corresponde a los jueces civiles
del circuito.
Por esta razón,
la Sala declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la
demanda y ordenará devolver el expediente para que sea subsanado el vicio
advertido.
II. DEFENSA
DE LA ENTIDAD DEMANDADA.
Telecom,
mediante sus representantes legales, respondió a las peticiones de tutela
manifestando que su comportamiento se ha ceñido a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico, teniendo en cuenta que el decreto 190 de 2003 le obliga a poner fin a
las relaciones laborales allí reguladas, estableciendo como plazo máximo el día
31 de enero de 2004.
Agregó que la
acción de tutela resulta improcedente en el presente caso, debido a que los
demandantes cuentan con otro medio de defensa judicial, representado por la
posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria o a la contencioso
administrativa para que, luego del respectivo proceso, se dirima el litigio
planteado.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para conocer del presente caso, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en el
Decreto 2591 de 1991, en el Decreto 1382 de 2000 y demás disposiciones
concordantes.
2. Protección
constitucional a la mujer cabeza de familia.
La especial
protección establecida en el artículo 43 de la Constitución Política es acorde
con los postulados del Estado social de derecho, pues esta norma declara la
igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer, explicando que
ella no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Mediante este
precepto el constituyente desarrolla lo dispuesto en el artículo 13 superior
sobre derecho a la igualdad, señalando un ámbito de garantías a favor de las
mujeres, quienes durante el embarazo y después del parto gozarán de especial
asistencia y protección del Estado.
Considerando la
diferencia existente entre hombres y mujeres, el constituyente, mediante el
artículo 43 superior, busca establecer un sistema de garantías a favor de
quienes históricamente han sido objeto de tratos discriminatorios. De esta
manera se pretende convertir en realidad el propósito de establecer condiciones
de igualdad material entre las personas que anteriormente eran consideradas
formalmente iguales. El tránsito de un Estado formal de derecho a un Estado
material de derecho, en el cual se dé trato igual a los iguales y desigual a
los desiguales para erradicar todo tipo de discriminación, encuentra en el
artículo 43 de la Constitución un eficaz instrumento favorable a la mujer
cabeza de familia. Acerca de la diferencia y de la protección establecidas en
la norma que se comenta, la Corte ha explicado:
“Tradicionalmente en nuestra sociedad, como en la mayoría de las
sociedades actuales, el ‘paradigma de lo humano’ se ha construido alrededor del
varón. Es a él a quien se le atribuyen características socialmente valoradas
como la racionalidad, la fuerza, el coraje, por oposición a la mujer a quien se
caracteriza como irracional, débil, sumisa[1].
Tal dicotomía en la construcción del género o, en otras palabras, los
diferentes roles y estereotipos que culturalmente se han asignado al hombre y a
la mujer, no han hecho nada distinto que generar una enorme brecha entre los
sexos que, a su vez, ha dado lugar a la discriminación de esta última en los
más variados campos. En especial, este trato diferente ha relegado a la mujer
al espacio de lo privado, al de la fiel esposa, aquélla que debe guardar
sumisión frente al marido, ‘quien debe liberar al ciudadano de las
preocupaciones y tareas del ámbito privado (el de naturaleza) para que éste
pueda dedicarse al ámbito de lo público (el de la cultura)’.
“(…)
“Sin ir más lejos, en nuestro ordenamiento jurídico se pueden reseñar,
entre muchas otras, las normas que restringían la ciudadanía, aquéllas que
equiparaban a la mujer con los menores y dementes en la administración de sus
bienes o las que la obligaban a adoptar el apellido del marido, agregándole al
suyo la partícula ‘de’ como símbolo de pertenencia”[2].
Para desarrollar
la garantía prevista en el inciso segundo del artículo 43 constitucional, según
el cual el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia, el
Congreso expidió la ley 790 de 2002, estableciendo mediante el artículo 12 un
ámbito especial de protección para quienes siendo madres cabeza de familia sin
alternativa económica, se encontraban vinculadas a entidades estatales
sometidas al Programa de Renovación de la Administración Pública.
Las garantías
previstas en la Constitución Política y en la ley 790 de 2002 para la mujer
cabeza de familia, son acordes con lo expuesto sobre la materia por la
jurisprudencia de la corte Constitucional. Al respecto esta Corporación ha
manifestado:
“El apoyo especial a la mujer cabeza de familia es un mandato
constitucional dirigido a todas las autoridades públicas. Con él se buscó (i)
promover la igualdad real y efectiva entre ambos sexos; (ii) reconocer la
pesada carga que recae sobre una mujer cabeza de familia y crear un deber
estatal de apoyo en todas las esferas de su vida y de su desa­rrollo personal,
para compensar, aliviar y hacer menos gravosa la carga de sostener su familia;
y (iii) brindar, de esta manera, una protección a la familia como núcleo básico
de la sociedad”[3].
En el sistema
normativo colombiano las madres cabeza de familia gozan de una protección
reforzada, consecuente con el deber que tiene el Estado de brindarles apoyo,
pues de esta manera se ampara a la familia y, según el caso, a los niños y a
las personas de la tercera edad, en consideración a la forma como esté
integrado cada núcleo familiar.
3. Protección
constitucional a los niños.
La mayoría de
los accionantes han manifestado que Telecom –en liquidación- ha amenazado o
violado los derechos fundamentales de algunas madres cabeza de familia y, por
consecuencia, de sus pequeños hijos. La especial protección consagrada a favor
de la familia (C.P. art. 42), como la establecida a favor de la mujer cabeza de
familia (C.P. art. 43, inc. segundo), es concordante con la prevista para los
niños (C.P. art. 44), en cuanto se trata de realizar los propósitos del
constituyente, quien en el artículo 2o superior, refiriéndose a los fines
esenciales del Estado, señaló entre ellos el de promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución.
Dada su especial
situación de vulnerabilidad, los niños son objeto de un tratamiento
preferencial establecido en el artículo 44 constitucional, según el cual sus
derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Acerca de de esta
garantía, la jurisprudencia ha expuesto:
“El ordenamiento constitucional no sólo confiere a los niños una
serie de derechos fundamentales que no reconoce a los restantes sujetos de
derecho, sino que, adicionalmente, establece que dichos derechos tendrán
prevalencia sobre los derechos de los demás. En el Estado social de Derecho, la
comunidad política debe un trato preferencial a quienes se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta y están impedidos para participar, en
igualdad de condiciones, en la adopción de las políticas públicas que les
resultan aplicables. En este sentido, es evidente que los niños son acreedores
de ese trato preferencial, a cargo de todas las autoridades públicas, de la
comunidad y del propio núcleo familiar al cual pertenecen (C.P. art. 44).
“Pero la protección especial de los derechos fundamentales del menor
no se explica exclusivamente por la fragilidad en la que se encuentra frente a
un mundo que no conoce y que no está en capacidad de afrontar por sí solo. La
Carta pretende promover un orden basado en los valores que orientan cualquier
Estado civilizado : la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad.
No obstante, un orden tal de valores sólo es verdaderamente efectivo si los
sujetos a quienes se orienta lo conocen y lo comparten. En este sentido, el
constituyente quiso que las personas, desde la infancia, tuvieran acceso a este
código axiológico, mediante un compromiso real y efectivo de la sociedad para
garantizar las condiciones que les permitieran crecer en igualdad y en
libertad, con justicia y respeto por las opiniones y creencias ajenas. En estas
circunstancias, es razonable suponer que el menor accederá a la mayoría de
edad, como una persona libre y autónoma, que conoce los valores de igualdad y
justicia que informan la Carta y que, por lo tanto, se encuentra en capacidad
de defenderlos y promoverlos. Estas y otras consideraciones explican que la
Constitución declare, de manera expresa, la especial protección constitucional
que merecen los derechos fundamentales de los niños en el territorio nacional”[4].
En determinadas
circunstancias, la vulneración a los derechos de una madre cabeza de familia
acarrea el atentado contra los derechos fundamentales de los niños,
correspondiendo, en estos eventos, al Estado acudir en defensa de quienes
debido a su especial situación, son titulares privilegiados de determinadas
garantías constitucionales, asociadas al amparo que el Estado y la sociedad
deben a la familia en general y en especial a cada uno de sus miembros.
4. Protección
a las personas discapacitadas.
Las
circunstancias de vulnerabilidad e indefensión en las cuales desarrollan su
vida las personas afectadas con algún tipo de discapacidad, son reconocidas por
la Constitución Política en sus arts. 13 y 47, estableciendo como deber del
Estado el de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición
física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. El
mandato contenido en esta disposición tiene como propósito, además de
garantizar un tratamiento privilegiado a las personas discapacitadas, equiparar
las condiciones de vida de los titulares de esta especial protección, con las
de las demás personas, para que el principio de igualdad material se realice
eficazmente.
El “deber
positivo de trato especial” consagrado a favor de las personas discapacitadas
comprende una pluralidad de acciones de diferenciación, tendientes a evitar que
las estructuras físicas, jurídicas y culturales, refuercen o mantengan la
discriminación a la cual estas personas han estado sometidas. La Corte Constitucional
se ha referido a esta protección, explicando su vínculo con la naturaleza
propia del Estado social de derecho; al respecto, la Corporación ha expuesto:
“8. El Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y
discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas
disminuidas física, sensorial o psíquicamente. Es así como la Carta Política
consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de los
discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP art.
13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85),
reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho
constitucional, de carácter programático (CP art. 47), que se deduce de la
obligación  estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e
integración social.
“9. El derecho a la igualdad de oportunidades trasciende la
concepción formal de la igualdad ante la ley. Tiene en cuenta las diferencias
naturales o sociales como factores relevantes para determinar el trato a que
tienen derecho determinadas personas o grupos. En relación con los
discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un
medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena
participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un
derecho fundamental mediante el que se ‘equipara’ a las personas en
inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.
“Los derechos específicos de protección especial para grupos o
personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan
una ‘diferenciación positiva justificada’ en favor de sus titulares. Esta
supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para
personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13)”[5].
La
diferenciación positiva justificada, reconocida en el art. 13 constitucional a
favor de las personas discapacitadas, fue desarrollada por el legislador mediante
el art. 12 de la Ley 790 de 2002, estableciendo el denominado “retén social”
para otorgarles el beneficio de una estabilidad laboral reforzada, la cual
posteriormente fue objeto de regulación a través del Decreto 190 de 2003 y de
la Ley 812 de 2003.
5. Solicitud
de inaplicar el artículo 16 del decreto 190 de 2003. Procedencia de la tutela
como mecanismo transitorio.
Como se ha
explicado, los accionantes solicitaron a los jueces de tutela que, valiéndose
de la excepción de inconstitucionalidad prevista en el art. 4º. constitucional,
inapliquen los arts. 14 y 16 del Decreto 190 de 2003, por cuanto establecen un
límite temporal no previsto en la ley para el beneficio denominado “retén
social”. El art. 12 de la Ley 790 de 2002 preceptúa:
“Protección especial. De
conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no
podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación
de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa
económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y
los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de
servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término
de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley”. (Negrilla
de la Sala).
Esta
norma fue demandada y la Corte Constitucional la declaró exequible mediante la
sentencia C-1039 de 2003. En esta providencia la Corporación expresó:
“El objeto de
la ley 790 de 2002, es renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva
del orden nacional, con la finalidad de garantizar un adecuado cumplimiento de
los fines del Estado.
“En
desarrollo de este objetivo, el capitulo II de esta ley establece una
protección especial con el fin de que no puedan ser retirados del servicio en
desarrollo del programa de renovación de la administración pública, las madres
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación
física, mental, visual o auditiva y los servidores que cumplan con la totalidad
de los requisitos de edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de
jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley.
“En general, la protección que
contempla la disposición mencionada tiene por finalidad la estabilidad laboral
y el respeto a la dignidad humana”
De su
parte, el Gobierno Nacional reglamentó el art. 12 de la ley 790 de 2002
mediante el Decreto 190 de 2003. Las normas del mencionado decreto cuya
inaplicación se solicita  en esta tutela son las siguientes:
Artículo 14. Pérdida del derecho. La estabilidad laboral a la que
hace referencia este capítulo cesará cuando se constate que el ex empleado ya
no hace parte del grupo de personas beneficiarias de la protección especial.
“En todo caso, la estabilidad laboral cesará una vez finalice el
Programa de Renovación de la Administración Pública, conforme a lo establecido
en el artículo 16 del presente decreto.
“(…)
“Artículo 16. Aplicación en el
tiempo. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior sobre la supresión de cargos
vacantes y en el capítulo II sobre el reconocimiento económico para la
rehabilitación profesional y técnica, las disposiciones contenidas en el
presente decreto se aplican a partir del 1° de septiembre de 2002, dentro del
Programa de Renovación de la Administración Pública del orden nacional, y hasta
su culminación, la cual no podrá exceder, en todo caso, el 31 de enero de 2004”.
(Negrillas fuera de texto).
La
posibilidad de que después del 31 de enero de 2004, Telecom pudiera poner fin a
los contratos de trabajo o, en general, desvinculara laboralmente a las madres
cabeza de familia y a las personas con limitación física, mental, visual o auditiva,
condujo a los demandantes a solicitar la inaplicación de las normas
transcritas, pues con ellas se estaría desconociendo lo dispuesto en los arts.
42, 43 y 44 de la Constitución Política.
En
efecto, ya en ocasiones anteriores, frente a la facultad de inaplicar normas
legales contrarias a la Constitución, la Corte frente a casos similares a los
que ahora se revisan (T-792 de 2004 M.P. Jaime  Araújo Rentería y T-925 de 2004
M.P. Alvaro Tafur Galvis) decidió efectivamente inaplicar el art. 16 del
Decreto 190 de 2003, tras considerar que: “Vista la valiosa protección que la
misma Constitución otorga a las mujeres madres cabeza de familia, la Corte
considera que la limitación en el tiempo del beneficio que se les otorgó en la
Ley 790, artículo 12, por el Decreto 190, artículo 16, no es ajustada a la
Constitución, por cuanto una norma de menor jerarquía (Decreto 190 de 2003,
artículo 16), estableció un límite que la norma que le daba validez (Ley 790 de
2002, artículo 12) no establecía, por esta razón, la Corte aplicará la
Constitución y no tendrá en cuenta el artículo 16 del Decreto 190 de 2003”.
(Sentencia T-792 de 2004).
Ambas
providencias precisaron que cuando se esta frente a la vulneración flagrante de
un derecho fundamental por una norma jurídica y se hace necesario otorgar una
protección de manera inmediata, el juez de tutela se encuentra
excepcionalmente  facultado para ordenar su inaplicación, sin que ello
signifique que se desconozca la competencia atribuida a los órganos judiciales
para decidir definitivamente y con efectos erga omnes sobre su
constitucionalidad o ilegalidad.
Es de destacar
adicionalmente que el texto del Decreto 190 de 2003 se repitió dentro de la Ley
812 de 2003, ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo para los años
2003- 2006, al señalar que los beneficios establecidos en el capítulo II de la
Ley 790 de 2002, se aplicarían a los servidores públicos retirados del servicio
en desarrollo del programa del a Administración Pública del orden nacional a
partir de septiembre de 2002 y hasta el 31 de enero de 2003, repitiendo como se
dijo, el contenido normativo previsto por el artículo 16 del Decreto 190 de
2003.
Por ello, en la
sentencia T-792 de 2004, la Corporación también señaló:
“Concluyendo,
resulta imperioso entonces para evitar la vulneración de los derechos
fundamentales de la señora Chávez Fonseca, garantizarle su estabilidad laboral
hasta el momento en que Telecom pierda definitivamente su personería jurídica,
y no como lo pretende el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 y  el artículo 8,
literal D de la Ley 812 de 2003, hasta el 31 de enero de 2004”.
Para los casos
analizados en esta oportunidad se procederá en el mismo sentido, vale decir,
dando prevalencia a los mandatos superiores, por cuanto a los accionantes, en
este caso, madres cabeza de familia en su mayoría y una persona con comprobadas
limitaciones físicas, se les vulneraron, a ellos y a sus hijos, los derechos
reconocidos por la Constitución (arts. 43 y 44 C. P.) con la aplicación en su
caso del artículo 16 del Decreto 190 de 2003, que limitó en el tiempo la
protección establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.
Ahora, en
relación a la procedencia de las acciones de tutela interpuestas, valgan las
siguientes consideraciones:
Conforme al
artículo 86 de la Constitución, toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial. Es decir, que de
contar el afectado con otro medio de defensa judicial, aun  cuando se tratare
de la protección de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta improcedente,
salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Evidentemente, para este caso, los accionantes cuentan con otro
mecanismo de defensa judicial, pues es obvio que mediante la acción de nulidad
resulta posible controvertir el Decreto 190 de 2003, cuya inaplicación
solicitan quienes demandan en tutela. Luego, únicamente en la medida en que se
configure en el presente caso un perjuicio irremediable, las acciones
instauradas resultarían procedentes.
Halla la Corte
como razón suficiente el hecho de que los accionantes y su grupo familiar en
los casos estudiados, realmente afrontan un perjuicio irremediable dado que con
la medida adoptada por la entidad accionada, se les vulneraron los derechos
reconocidos por la Constitución (arts. 43, 44 y 47 C.P.) con la aplicación en
su caso de los artículos 14 y 16 del Decreto 190 de 2003 que limitaron en el
tiempo la protección establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.
Resulta evidente
que quienes demandan en esta oportunidad se vieron enfrentados a perder el
empleo del que derivan su único sustento, quedó desprotegido su núcleo familiar
y en particular se vieron afectados los derechos fundamentales de sus hijos
menores. Todo ello basta para conceder  el amparo solicitado en los casos
revisados, para que hasta tanto se mantengan las condiciones que sustentan la
protección especial establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, y sin
que ello los exonere de sus obligaciones con la entidad demandada o que los proteja
frente a las medidas disciplinarias, fiscales o penales que eventualmente
puedan ejercerse en su contra, se garantice su estabilidad laboral en la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM- en liquidación.
Los jueces de
instancia que negaron el amparo han debido proteger los derechos invocados e
inaplicar como se les solicitó los artículos 14 y 16 del Decreto 190 de 2003.
En consecuencia, debieron ordenar que no se procediera a la desvinculación por
tratarse de una persona discapacitada y en los otros casos, mientras las
demandantes conservaran su condición de madres cabeza de familia.
Sin embargo, en
lo que toca al perjuicio irremediable invocado, debe tenerse presente también
que según las normas que regulan el proceso de liquidación de la empresa
Telecom, se consagró el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho las
personas que resultaran desvinculadas de la entidad como consecuencia de la
supresión de la empresa, situación en la que se encuentran los accionantes. Los
artículos 24 a 26 del Decreto 1615 de 2003, así lo establecieron:
“ARTÍCULO 24- INDEMNIZACIONES. A los trabajadores oficiales a
quienes se les termine el contrato de trabajo como consecuencia de la supresión
de la empresa nacional de telecomunicaciones TELECOM, se les reconocerá y
pagará una indemnización, de conformidad con lo previsto en la tabla contenida
en el artículo 5º.de la Convención Colectiva suscrita entre la empresa nacional
de telecomunicaciones- Telecom- y sus trabajadores el día 18 de febrero de
1994. Dicha indemnización será cancelada en el término máximo establecido en el
Decreto 797 de 1949[6].
“ARTÍCULO 25.-INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS INDEMNIZACIONES.- Las indemnizaciones a las que se refiere el presente Decreto son
incompatibles con cualquier otra de las establecidas para la terminación
unilateral y sin justa causa de los contratos de trabajo.
“ARTÍCULO 26.- COMPATIBILIDAD CON LAS PRESTACIONES SOCIALES.- El pago de las indemnizaciones previstas en el presente Decreto es
compatible con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que
tenga derecho el trabajador oficial a la terminación del respectivo contrato de
trabajo.”
El pago de una
indemnización en principio excluye la posibilidad de conceder la tutela como
mecanismo transitorio, por cuanto el posible perjuicio que hubiera podido
irrogar el despido de un trabajador, es remediado mediante el pago de una
indemnización. Igualmente, la jurisprudencia ha dispuesto que el pago efectivo
de una indemnización excluye la protección de los derechos vulnerados por la
supresión de los cargos en las reestructuraciones de las entidades públicas.[7] De
seguirse tal pauta de la jurisprudencia, las tutelas en estos casos deberían
ser negadas.
Pese a lo dicho,
la sentencia T-925 de 2004, M.P. Alvaro Tafur Galvis, estimó que la
jurisprudencia reseñada alude de manera genérica a las desvinculaciones que se
producen en los procesos de reestructuración en el sector público, en tanto que
la situación de las personas que demandan en calidad de madres cabeza de
familia o discapacitados dentro de un proceso de  reestructuración, corresponde
a sujetos constitucionalmente protegidos de manera especial, por lo que el
análisis del perjuicio irremediable “no puede ser idéntico dada la especial
protección que se predica de dichos sujetos y la particular vulnerabilidad de
los mismos. En nada quedaría la especial protección debida a las madres cabeza
de familia y a sus hijos menores si se les aplicaran las mismas reglas que a
los demás trabajadores afectados en un proceso de reestructuración.”
En tal medida,
es obligado sostener, como se hizo en la sentencia T-925 de 2004 que para los
casos analizados no es aplicable la jurisprudencia que ordena negar la tutela
de carácter transitorio porque media el pago de una indemnización, puesto que los
accionantes interpusieron las acciones de tutela precisamente para evitar un
perjuicio irremediable resultado de la desvinculación en los términos
establecidos en el artículo 24 del decreto 1615 de 2003, y con el proceder de
la empresa TELECOM se desconoció claramente la protección que ordena la
Constitución en los artículo 43, 44 y 47 éste último en relación con la
protección constitucional que merecen las personas discapacitadas.
Por
consiguiente, este fallo seguirá los criterios consignados en la sentencia
T-925 de 2004 y si a los accionantes ya se les pagó la indemnización de que
hablan los artículos 24 a 26 del decreto 1615 de 2003, la orden que procede  no
puede ignorar ese hecho y por lo tanto, la protección se hará de la siguiente
manera:
(i) En cuanto los demandantes no han debido ser desvinculados por
encontrarse amparados, en consonancia con los mandatos superiores, por la
protección especial establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, deberá
reconocérseles todos los salarios y prestaciones a que tenían derecho desde la
fecha en que fueron desvinculados hasta el momento en que efectivamente sean
incorporadas a la nómina de la entidad accionada.
(ii) Si ya la indemnización se pagó, habría que señalar que si la
indemnización tiene como fundamento la desvinculación de los accionantes de la
entidad demandada, y si en virtud de la presente sentencia dicha desvinculación
queda sin efectos, ha de dejarse igualmente sin efectos la indemnización
anotada.
(iii) Empero en la medida en que la restitución inmediata de dicha
indemnización podría no resultar posible por haberse dispuesto de la misma por
parte de los accionantes, efectuado el cruce de cuentas correspondiente, en
caso de resultar saldos a favor de la entidad accionada, ésta deberá ofrecer
facilidades de pago a los accionantes que garanticen para éstas su subsistencia
digna y la de sus hijos menores.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en el nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en los
expedientes T-896389 y T-896455; por la Sala Civil familia del
Tribunal Superior de Ibagué en el expediente T-899451; por el Juzgado
Primero de Familia de Bucaramanga en el expediente T-925582; por el
Juzgado Tercero de Familia de Valledupar en el expediente T-932117; por
el Tribunal Superior del distrito Judicial de Arauca en el expediente T-933023;
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en el expediente T-934006,
y en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado en cada uno de los casos.
Segundo. ORDENAR a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM- en
liquidación, reintegrar en la nómina de la entidad a los accionantes, sin
solución de continuidad desde 1º de febrero de 2004 y efectuar los cruces de
cuentas que sean indispensables en los términos señalados en  esta sentencia.
Tercero.
DECLARAR la nulidad de lo actuado dentro del
expediente T-934009 a partir del auto admisorio proferido el 16 de marzo
de 2004 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Viterbo,
teniendo en cuenta que la demandada, es decir TELECOM –en liquidación-, es una
entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional.
Por lo tanto, se
ordena devolver el expediente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa
de Viterbo, para que proceda a subsanar el vicio advertido por la Sala de
Revisión.
Cuarto.
LÍBRESE por Secretaría la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y
publíquese en la Gaceta de la Corte  Constitucional.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ponente
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Alda Facio Montejo explica con precisión
las implicaciones de la asignación de roles. Al respecto señala que "el
que se atribuyan características dicotómicas a cada uno de los sexos, tal vez
no sería tan grave si las características con que se define a uno y otro sexo
no gozaran de distinto valor, no legitimaran la subordinación del sexo
femenino, y no construyeran lo masculino como el referente de todo lo
humano."  Alda Facio Montejo. El Principio de Igualdad ante la Ley.
En el contexto de una política para la eliminación de la discriminación sexual en:
Avances en la construcción jurídica de la igualdad para las mujeres
colombianas.  Santafé de Bogotá, Defensoría del Pueblo, 1995.
[2] Sentencia
C-368 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[3] Sentencia
C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Sentencia
SU-225 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5] Sentencia T-288 de 1995. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[6] El artículo 1° del  Decreto Legislativo
797 de 1949 señala:
ART. 1º El artículo 52 del Decreto 2127 de 1945
quedará así: Artículo. 52. Salvo estipulación expresa en contrario, no se
considerará terminado el contrato de trabajo antes de que el patrono ponga a
disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e
indemnizaciones que le adeude, salvo las retenciones autorizadas por la ley o
la convención; si no hubiere acuerdo respecto del monto de tal deuda, bastará
que el patrono consigne ante un juez o ante la primera autoridad política del
lugar la cuantía que confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la
controversia.
PARAGRAFO 1º Tampoco se considerará terminado el
contrato de trabajo mientras no se practique el nuevo examen médico de que
trata el artículo 3º del Decreto  2541 de 1945 y no se le dé el correspondiente
certificado de salud al trabajador, a menos que éste, por su culpa, eluda,
dificulte o dilate dicho examen. Se considerará que el trabajador por su culpa,
elude, dificulta o dilata el examen, si transcurridos cinco (5) días a partir
de su retiro no se presenta al médico respectivo para la práctica del examen, a
pesar de haber recibido la orden correspondiente.
PARAGRAFO 2º Los contratos de trabajo entre el
Estado y sus servidores, en los casos en que existan tales relaciones jurídicas
conforme al artículo 4º de este decreto, sólo se considerarán suspendidos hasta
por el término de noventa (90) días, a partir de la fecha en que se haga
efectivo el despido o el retiro del trabajador. Dentro de este término los
funcionarios o entidades respectivos deberán efectuar la liquidación y pago de
los correspondientes salarios, prestaciones e indemnizaciones que se adeuden a
dicho trabajador.
Durante la suspensión de los contratos de trabajo a
que se refiere este artículo, serán de aplicación las normas contenidas en el artículo
46 del presente decreto y estarán a cargo de la caja de previsión social a que
se hallen afiliados los trabajadores oficiales, o del respectivo tesoro
nacional, departamental o municipal, si no existiere tal caja o del fondo
especial que cubre sus remuneraciones en los casos señalados en el artículo 29
de la Ley 6ª de 1945, el reconocimiento y pago del seguro de vida y el auxilio
funerario en caso de muerte dentro del período de suspensión, así como los
auxilios monetarios y la asistencia médica de que haya venido disfrutando el
trabajador desde antes de la fecha del retiro o en los casos de enfermedad o
accidente de trabajo, y hasta por el término que señala la ley.
Si transcurrido el término de noventa (90) días
señalado en el inciso primero de este parágrafo no se hubieren puesto a órdenes
del trabajador oficial los salarios, prestaciones e indemnizaciones que se le
adeuden, o no se hubiere efectuado el depósito ante autoridad competente, los
contratos de trabajo recobrarán su vigencia en los términos de la ley
[7] Sentencia T-069 de 2001 M.P. Alvaro Tafur
Galvis.