T-218-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-218/14
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
Teniendo
en cuenta las condiciones de indefensión y vulnerabilidad de la población
desplazada, en reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha
reconocido que la acción de tutela es un mecanismo judicial adecuado para la
protección de sus derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que
otros medios de defensa judicial resultan insuficientes para brindar protección
eficaz ante las circunstancias de urgencia y apremio que enfrenta esta
población y porque resultaría desproporcionado exigir a las personas
desplazadas el agotamiento previo de los recursos judiciales ordinarios, lo
cual equivaldría a la imposición de cargas adicionales a las que han tenido que
soportar en su condición de víctimas de la violencia.
DERECHO DE PETICION DE DESPLAZADOS-Protección constitucional/DERECHO
DE PETICION DE DESPLAZADOS-Condiciones que debe cumplir la respuesta
del mismo
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Reglas jurisprudenciales para
su entrega y prórroga
Sobre
la entrega de la ayuda humanitaria, la Corte ha sido enfática en señalar que,
en principio, esta debe realizarse conforme al orden cronológico establecido
para tal fin. Para la Corte, la acción de tutela no puede convertirse en un
mecanismo que permita al accionante eludir el orden de entrega de la asistencia
humanitaria, por cuanto ello conduciría a la vulneración del derecho a la
igualdad de aquellas personas que no acudieron a la acción de tutela y se
encuentran en circunstancias idénticas frente a quien sí lo hizo. No
obstante, esta Corporación ha indicado que en algunos casos, la ayuda
humanitaria de emergencia podrá ser entregada de forma prioritaria, cuando
quiera que resulte evidente que la persona se encuentra en una situación de
extrema urgencia y por ende la entrega de la asistencia humanitaria debe tener
prelación.
PRORROGA DE LA AYUDA HUMANITARIA DE
EMERGENCIA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Declaración de inexequibilidad respecto
del plazo de tres meses en sentencia C-278/07
Esta Corporación ha considerado
que no reconocer la prórroga de la ayuda humanitaria bajo la falsa premisa según
la cual el simple paso del tiempo disminuye la condición de vulnerabilidad de
la población desplazada, desconoce las condiciones materiales y las
circunstancias fácticas en las que se encuentra esta población, razón por la
cual no puede ser el criterio para negar la ayuda humanitaria. Por el
contrario, en muchas ocasiones, algunos grupos dentro de la población
desplazada presentan rasgos de vulnerabilidad que se acrecientan con el paso
del tiempo, como lo es el caso de los adultos mayores, respecto de quienes la
Corte Constitucional en sede ordinaria de tutela ha ordenado que la prórroga de la ayuda humanitaria se realice de
manera automática, es decir, de manera ininterrumpida y sin necesidad de
condicionarla a una verificación previa hasta que se demuestre que el afectado
si está en condiciones de autosostenerse.
PRORROGA DE LA AYUDA
HUMANITARIA-La
UARIV vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna del
accionante al negar la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia aún
cuando sus condiciones de vulnerabilidad son actuales
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Orden a la UARIV entregar
mensualmente y de manera completa al actor y a su cónyuge todos los componentes
previstos en la ley en cantidad y calidad suficiente para suplir sus
necesidades hasta tanto la situación de vulnerabilidad en que se encuentran
cese
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Orden a la UARIV brindar el acompañamiento y
asesoramiento necesario para que el accionante y su esposa, participen de los
demás componentes de la política pública para la atención a la población
desplazada
Referencia: expediente T-4125439
Acción de
tutela presentada por Hernán Seir Valencia Agudelo contra la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las víctimas
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., primero (1) de abril de dos
mil catorce (2014).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido en única instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino,
Antioquia, el tres (3) de septiembre de dos mil trece (2013), dentro de la acción
de tutela promovida por Hernán Seir Valencia Agudelo contra la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las víctimas.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de Auto del catorce (14) de noviembre de
dos mil trece (2013), proferido por la Sala de Selección Número Once.
I.  ANTECEDENTES
El señor Hernán Seir Valencia Agudelo presentó acción de tutela con el propósito de que se le protejan sus
derechos fundamentales de petición, vida digna,
dignidad humana, mínimo vital e igualdad, los cuales estima vulnerados frente a
la negativa de la entidad accionada en concederle la prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia a la que tiene derecho él y su núcleo familiar, en su
condición de desplazados, aduciendo que los hechos que originaron su
desplazamiento tuvieron ocurrencia hace más de diez (10) años, lo cual
desconoce su actual estado de vulnerabilidad.
1. Hechos
1.1. Manifiesta el accionante que es
desplazado por la violencia del municipio de Samaná, Caldas, por hechos ocurridos
el día trece (13) de junio de dos mil  (2000) que involucraron a su núcleo
familiar integrado por su esposa y sus tres (3) hijos.
1.2. Como consecuencia de lo ocurrido, tuvo
que trasladarse junto con su familia al municipio de Frontino en el departamento
de Antioquia y abandonar por completo la vivienda rural en la que habitaban y
de la cual derivaban su sustento diario.
1.3. Narra que, ante estas circunstancias, el
treinta (30) de agosto de dos mil ocho (2008), rindió declaración jurada ante la
Personería de Frontino[1]
y a la fecha se encuentra inscrito en el registro único de población
desplazada- RUPD- en calidad de jefe de hogar de su grupo familiar.
1.4. Señala que ha recibido ayuda
humanitaria de emergencia por parte del gobierno. No obstante debido a que le
ha sido imposible lograr su restablecimiento económico luego del desplazamiento,
en repetidas ocasiones ha solicitado la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia, la cual le ha sido negada. Informa que en la respuesta a su última
petición, la entidad demandada consideró que no era posible acceder a la misma,
en tanto “las solicitudes de atención humanitaria procesadas a partir del
día 25 de junio, de víctimas que se encuentran entre los 10 o más años de
ocurrencia del desplazamiento no serán avaladas, exceptuando casos que cumplan
con criterios de extrema vulnerabilidad soportada.”[2]
1.5. Sostiene que debido a su avanzada edad
(68 años de edad)[3]
es difícil encontrar un empleo fijo, por lo que su situación económica actual es
precaria. Así mismo, sus hijos, quienes ya conformaron hogares independientes,
deben velar por la manutención de las personas a su cargo, por lo que ni él ni
su cónyuge reciben ayuda de su parte. Agrega, que no cuentan con ingresos de
ningún tipo y deben pagar arriendo.
1.6. Establece que no ha pedido ayuda
cuando ha logrado tener empleos esporádicos, pero que les prometen que tendrán
opciones de trabajo, sin lograr para ellos estabilidad.
1.7. Ante la difícil situación que
atraviesa, el día diez (10) de julio de dos mil trece (2013), presentó
nuevamente ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-Unidad
Territorial Antioquia-, solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia a través de derecho de petición, no obstante, a la fecha, no ha
recibido respuesta alguna. [4]
1.8. Con fundamento en lo anterior, el
tutelante solicita como objeto material de protección: (i) el amparo de su
derecho fundamental de petición, así como el derecho a una vida digna, dignidad
humana, mínimo vital e igualdad, y (ii) la entrega efectiva y real de la ayuda
humanitaria de emergencia a la que considera tiene derecho.
2. Respuesta de la entidad demandada
Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Promiscuo de Familia de
Frontino, mediante auto proferido el veinte (20) de agosto de dos mil trece
(2013), el Despacho ordenó notificar a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas con sede en la
ciudad de Bogotá y en Medellín, con el fin de que en el término de tres (3) días
ejercieran el derecho de defensa y contradicción.[5]
Sin embargo, durante el traslado de la
acción de tutela y habiendo transcurrido el término respectivo para que ejercieran
sus derechos, la referida entidad guardó silencio, pese a que se le comunicó
directamente el requerimiento judicial mediante telegramas No. 347 y 348.[6]
3. Actuaciones en sede de revisión
3.1. Mediante auto del diecisiete
(17) de febrero de dos mil catorce (2014), esta Sala de Revisión decretó la
práctica de algunas pruebas en el trámite de la acción de tutela instaurada por
el señor Hernán Seir Valencia Agudelo contra la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las víctimas.
3.2. El señor Hernán Seir Valencia Agudelo
aportó constancia de la última entrega de la ayuda humanitaria de emergencia
reconocida por parte de la entidad demandada el día once (11) de septiembre de
dos mil trece (2013), por valor de un millón trescientos veinte mil pesos
($1.320.000) conforme “Nombre de Convenio: UARIV 737
Casos Especial, Número de Giro: 72359071”.[7]
Igualmente, el accionante aportó escrito
suscrito por él, en el que indica: “Le comunico a la
Corte Constitucional que a la fecha 6 de marzo 2014 no he (sic) resibido la
prologada de la ayuda comunitaria y me encuentro en condiciones económicas muy
graves. (sic) Sertifico que la ultima vez que (sic) resivi esa ayuda fue el 11
de septiembre de 2013. Solicito su Colaboración”.[8]
3.3. Vencido el término probatorio, no se
recibió respuesta alguna de las entidades requeridas en el auto de la
referencia (Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y Comisión de Seguimiento a la
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado- (CODHES)[9], pese a que
fueron debidamente notificadas del mismo.[10]
4. Decisión que se revisa
4.1 Sentencia de primera instancia
El Juzgado Promiscuo de Familia de
Frontino, Antioquia, mediante fallo del tres (3) de septiembre de dos mil trece
(2013), resolvió conceder el amparo invocado. Como sustento de su decisión, el
despacho consideró que la entidad accionada había omitido realizar un análisis
detallado de la situación particular del accionante que permitiera verificar su
actual estado de vulnerabilidad o la eventual superación de su condición de
desplazado y simplemente había fundado su negativa en el hecho de haberse
producido el desplazamiento hace más de diez (10) años.
Con fundamento en lo anterior, le ordenó a
la entidad accionada, suministrar mensualmente al tutelante y su núcleo
familiar, la ayuda humanitaria hasta tanto lograran una estabilidad
socioeconómica e igualmente ordenó el suministro de todos aquellos auxilios de
salud, vivienda, educación, así como la inscripción en los programas
productivos establecidos para la población desplazada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es
competente para revisar el fallo de tutela de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problema
jurídico
2.1. Teniendo en cuenta los antecedentes
previamente citados, le corresponde a la
Sala examinar el siguiente problema: ¿Vulnera una entidad pública (Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) los
derechos fundamentales de una persona desplazada (Hernán Seir Valencia Agudelo)
y su núcleo familiar, compuesto por su cónyuge de cincuenta y dos (52) años, que
solo trabaja en empleos esporádicos como él, al negarles la prórroga de la
ayuda humanitaria de emergencia, por tener dicha condición hace más de 10 años,
aún cuando las condiciones de vulnerabilidad son actuales?
2.2. Para dar solución al problema jurídico
planteado, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia de
esta Corporación relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela para
demandar la protección de los derechos fundamentales vulnerados a la población
desplazada; (ii) reiterará los criterios que deben tener en cuenta las
entidades públicas y privadas para responder satisfactoriamente los derechos de
petición elevados por los desplazados; (iii) señalará las reglas
jurisprudenciales definidas para la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia y por último, (iv) resolverá el caso concreto.
3. La acción de tutela es una acción procedente para
demandar la protección de los derechos fundamentales vulnerados a la población
desplazada. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. Teniendo en cuenta las condiciones de
indefensión y vulnerabilidad de la población desplazada,[11] en reiterada
jurisprudencia de esta Corporación se ha reconocido que la acción de tutela es
un mecanismo judicial adecuado para la protección de sus derechos
fundamentales.[12]
Lo anterior, debido a que otros medios de defensa judicial resultan
insuficientes para brindar protección eficaz ante las circunstancias de
urgencia y apremio que enfrenta esta población y porque resultaría desproporcionado exigir a las personas desplazadas el
agotamiento previo de los recursos judiciales ordinarios, lo cual equivaldría a
la imposición de cargas adicionales a las que han tenido que soportar en su
condición de víctimas de la violencia.
3.2. En
consecuencia, la Sala de Revisión considera que la acción de tutela interpuesta
por el señor Hernan Seir Valencia Agudelo, en su condición de desplazado,
persona de la tercera edad y carente de ingresos que le permitan subsistir en
condiciones dignas, es procedente como mecanismo para proteger sus derechos
fundamentales, presuntamente conculcados por la
Unidad Administrativa  de Atención y Reparación
Integral a las víctimas al no otorgarle las ayudas humanitarias de emergencia. Incluso,
la tutela de sus derechos fundamentales se hace más urgente, por cuanto se
trata de una persona cuyo desplazamiento ocurrió hace más de trece (13) años[13],
tiempo durante el cual el Estado no le ha brindado las herramientas suficientes
para superar su condición de desarraigo, de modo que su condición de
vulnerabilidad se ha mantenido y probablemente agravado.
Por esta razón, mientras la persona
permanezca en condición de desplazamiento, el amparo constitucional no solo es
actual, sino que se convierte en el único mecanismo idóneo para tratar de
evitar la vulneración permanente de sus derechos fundamentales.
4. Contenido de las respuestas para
personas en situación de desplazamiento.
4.1. En cuanto a las solicitudes de ayuda que
elevan los desplazados a las autoridades, en la
Sentencia T-025 de 2004[14] se estableció que las autoridades
competentes tienen el deber de: i) incorporar la solicitud en la lista de
desplazados peticionarios, ii) informarle al desplazado dentro del término de quince
(15) días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud;
iii) informarle dentro del mismo término si la solicitud cumple con los
requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo
puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; iv) si la
solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad
presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos,
determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; v) si la solicitud
cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente,
informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá
para que se reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un
fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos
fundamentales de los desplazados.[15]
4.2. Además, esta Corporación ha sostenido
que todo derecho de petición[16]
de esta naturaleza debe responderse en forma oportuna y de fondo. Por ende,
cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede,
no emite respuesta clara, precisa y congruente con lo solicitado o no ha sido debidamente
notificada o contestada al peticionario, se vulnera el derecho de petición.
En sentencia T-839
de 2006[17],
la Sala Octava de revisión tuteló el derecho de petición de una persona
desplazada, quien en reiteradas ocasiones había solicitado a Acción Social su
reubicación acompañada de un proyecto productivo que le generara ingresos
económicos y subsistencia digna. Pese a ello, la entidad había hecho caso omiso
a la solicitud del actor.  Al respecto, se consideró que:
“La protección reforzada en materia de
derecho de petición es claramente exigible, más aún de las autoridades
encargadas de la superación del “estado de cosas inconstitucional” que
ha generado dicho fenómeno, en la medida que se trata de personas que se
encuentran en una situación de violación múltiple, masiva y continua de sus
derechos fundamentales”.
Igualmente, en la
sentencia T-501 de 2009,[18]
la Sala Quinta de revisión consideró que Acción Social vulneró el derecho de
petición de una mujer desplazada, al omitir darle respuesta a sus solicitudes relativas
a la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y un plan para la ejecución
de un proyecto productivo. El Alto Tribunal le ordenó al ente accionado
realizar una visita al hogar de la peticionaria a fin de determinar su
situación socio económica actual y la eventual procedencia de la ayuda
humanitaria de emergencia. En esta ocasión, la
Sala precisó que:
“En esa protección reforzada, el
manejo de la información, su registro y control resultan de vital importancia,
pues las autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de las
solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su comunicación
efectiva al desplazado, de manera tal que puedan garantizar el respeto del
derecho fundamental de petición de las personas que se encuentran en esa
situación. En este orden de ideas, podemos concluir que la atención adecuada de
los derechos de petición de la población desplazada, forma parte del nivel
mínimo de protección constitucional que debe brindarse a quienes se encuentran
en esa condición.”
5. La ayuda humanitaria de emergencia.
Reglas jurisprudenciales sobre su entrega. Reiteración de Jurisprudencia.
5.1. Dentro del catálogo de derechos
mínimos que tiene la población desplazada, esta Corporación ha señalado que la
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia[19],
constituye uno de los derechos más importantes para proteger el mínimo vital y
la dignidad humana de quien se encuentra en situación de desplazamiento.[20]
Dada su importancia, el Estado está en la obligación de entregarla de forma ostensible, integra, oportuna y sin dilaciones. Lo
anterior, por cuanto el estado de debilidad manifiesta en que se encuentra ese
grupo poblacional lo hace merecedor de un trato especial por parte del Estado,
y en esa medida tiene derecho a recibir asistencia humanitaria en aspectos
tales como alimentación, salud, aseo personal, atención médica y psicológica,
vivienda en condiciones dignas, entre otros.
5.2. En atención a ello, el Estado colombiano
ha desarrollado su política pública en materia de desplazamiento forzado, la
cual está delineada principalmente en la Ley 387 de 1997[21] y las
disposiciones que la modifican y complementan, entre ellas, la
Ley de Víctimas 1448 de 2011.[22]
A partir de estas disposiciones, se ha establecido que una persona en situación de
desplazamiento tiene derecho a recibir la ayuda humanitaria de emergencia en
dos momentos específicos: i) cuando la persona rinde la declaración de su
desplazamiento ante la autoridad competente, y con el fin de atender sus
necesidades básicas hasta que la entidad competente resuelva de fondo la
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada.[23] Esta entrega
ha sido denominada como ayuda inmediata[24];
y ii) una vez se realiza la inscripción en el RUPD se tiene derecho a recibir
la ayuda humanitaria de emergencia de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal y acceso a los programas de ayuda.
Sobre la entrega de la ayuda humanitaria, la
Corte ha sido enfática en señalar que, en principio, esta debe realizarse
conforme al orden cronológico establecido para tal fin. Para la
Corte, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo que permita al
accionante eludir el orden de entrega de la asistencia humanitaria, por cuanto
ello conduciría a la vulneración del derecho a la igualdad de aquellas personas
que no acudieron a la acción de tutela y se encuentran en circunstancias
idénticas frente a quien sí lo hizo.[25]
No obstante, esta Corporación ha indicado que en algunos casos, la ayuda
humanitaria de emergencia podrá ser entregada de forma prioritaria, cuando quiera
que resulte evidente que la persona se encuentra en una situación de extrema
urgencia y por ende la entrega de la asistencia humanitaria debe tener
prelación[26].
De esta manera, es imprescindible que se tome en consideración los diferentes
grados de vulnerabilidad que presentan los peticionarios, quienes, a pesar de
encontrarse todos en situación de desplazamiento forzado por la violencia,
pueden poseer características que hagan procedente un trato diferenciado y una
protección doblemente reforzada a causa de su condición de pertenencia a una
minoría como, por ejemplo, ser madre cabeza de familia, presentar algún tipo de
discapacidad, ser menor de edad o adulto mayor, la pertenencia a una minoría
étnica o racial.[27]
En todo caso, la población desplazada tiene
derecho a conocer la fecha cierta a partir de la cual se hará entrega de la
ayuda, la cual debe darse dentro de un periodo de tiempo oportuno y razonable.[28]
Una actuación contraria, supondría la imposición de un obstáculo para la superación de la precaria situación en que se ve inmersa
esta población, produciendo una amenaza cierta al efectivo goce de los derechos
constitucionales que la propia condición de desplazamiento acarrea. [29]
5.3. Ahora bien, el
artículo 15 de la Ley 387 de 1997[30], “Por la cual se adoptan medidas para la prevención
del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia”, determinó que el
término durante el cual se tiene derecho a la asistencia humanitaria sería de
tres (3) meses. Bajo circunstancias excepcionales definidas en el artículo 21
del decreto 2569 del 2000[31],
esta asistencia sería prorrogada por espacio límite de tres (3) meses
adicionales. [32]
Empero, la sentencia C-278 de 2007 (MP: Nilson Pinilla
Pinilla), declaró inexequible las restricciones temporales para la entrega de
la ayuda humanitaria contenidas en la Ley 387 de 1997[33]. Allí,
sostuvo la Corporación:
“la
Corte estima que la ayuda humanitaria no puede estar sujeta a un plazo fijo
inexorable. Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, debe ser
flexible, sometida a que la reparación sea real y los medios eficaces y
continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, hasta salir de la
vulnerabilidad que atosiga a la población afectada, particularmente en esa
primera etapa de atención, en la cual se les debe garantizar condiciones de
vida digna que hagan viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución
definitiva mediante la ejecución de programas serios y continuados de
estabilización económica y social.
Teniendo en
cuenta, entonces, que el estatus de desplazado no depende del paso del tiempo
sino de una condición material, dichos programas sólo pueden iniciarse cuando
exista plena certeza de que el desplazado tiene satisfecho su derecho a la
subsistencia mínima, al haber podido suplir sus necesidades más urgentes de
alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención
médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en
condiciones dignas, aspectos a los que apunta este componente de atención de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la
Ley 387 de 1997.
En lo que
respecta a que el término de la ayuda humanitaria de emergencia sea de tres
meses, la Corte lo encuentra corto mas no necesariamente contrario a la
Constitución Política, en la medida de su acople y flexibilidad frente a las
características propias del hecho concreto, además ante la posibilidad de adicional
ayuda solidaria, por ejemplo proveniente del sector privado o del exterior, o
si las correspondientes instituciones oficiales cumplen con su deber en forma
integrada, pronta y acuciosa.
Lo
definitivamente inconstitucional, y así lo declarará la
Corte, son las expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3)
más”, del parágrafo del artículo 15 de la
Ley 387 de 1997, pues le imprimen rigidez al plazo para la provisión de la
ayuda humanitaria de emergencia a los desplazados, impidiendo que estas
personas puedan seguir recibiendo atención del Estado por un tiempo mayor,
mientras logran superar definitivamente su situación de vulnerabilidad.
El segmento restante del citado parágrafo se declarará
exequible, en el entendido que la atención humanitaria de emergencia será
prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su
autosostenimiento.”
Incluso, previo a este pronunciamiento en sede de
constitucionalidad abstracta, la Corte en sentencia de tutela T-025 de 2004[34], ya había
indicado que existían dos (2) grupos al interior de la población desplazada que
debido a sus condiciones particulares eran titulares de un derecho mínimo a recibir la ayuda
humanitaria de emergencia durante un periodo mayor al fijado en la ley. En primer lugar, aquellas personas que se
encontraran bajo situación de urgencia manifiesta o extraordinaria[35]
y en segundo lugar, aquellos que carecieran de las condiciones para asumir su
propio sostenimiento a través de proyectos de estabilización socioeconómica,
como el caso de niños sin acudientes, personas de la tercera edad que por su
avanzada edad o su delicado estado de salud resultaba imposible que pudieran
generar sus propios ingresos o madres cabeza de familia que debían dedicar todo
su tiempo al cuidado de niños menores o adultos mayores.
Así mismo, en la
sentencia SU-254 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, AV. Mauricio González
Cuervo) se sintetizaron los parámetros
constitucionales mínimos respecto de los derechos de las víctimas a la verdad,
justicia y reparación, en casos de delitos que constituyen un grave atentado en
contra de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, los
cuales tienen plena aplicación no sólo en el ámbito de las reparaciones que se
otorgan en sede judicial, sino también en contextos de justicia transicional,
para evaluar la constitucionalidad de programas masivos de reparación por vía
administrativa, como los previstos en la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo establecido en este
pronunciamiento, el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral
incorpora la obligación del Estado de garantizar todas
las medidas, tanto de atención como de reparación a la población desplazada y,
en general a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, hasta el
restablecimiento total y goce efectivo de sus derechos.[36]
5.4. Bajo estas circunstancias, para la
Corte resulta justificado que el Estado continúe prestando la ayuda
humanitaria que sea requerida hasta que la situación de especial vulnerabilidad
sea superada o haya finalizado.[37]
Para ello, es indispensable que se analice en cada caso concreto, la situación
particular de quien la solicita, pues “así como el Estado no puede suspender
abruptamente la ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de
autosostenerse, tampoco pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente
de dicha ayuda.”[38]
5.5. En conclusión, (i) las autoridades
competentes deben evaluar las condiciones particulares de cada caso, para
establecer si persisten las circunstancias de
vulnerabilidad, marginalidad e indefensión de las personas desplazadas que
solicitan la ayuda y (ii) en el evento de que estas circunstancias persistan,
la entrega de la ayuda debe realizarse según lo dispuesto en la sentencia C-278
de 2007[39],
es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su propio
sostenimiento.
6. La prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia no depende de un término específico ni puede suspenderse hasta
tanto la persona en condición de desplazamiento logre el restablecimiento de sus
condiciones materiales.
6.1. Esta Corporación ha considerado que no reconocer la prórroga
de la ayuda humanitaria bajo la falsa premisa según la cual el simple paso del
tiempo disminuye la condición de vulnerabilidad de la población desplazada,
desconoce las condiciones materiales y las circunstancias fácticas en las que
se encuentra esta población, razón por la cual no puede ser el criterio para
negar la ayuda humanitaria[40].  Por el contrario, en muchas
ocasiones, algunos grupos dentro de la población desplazada presentan rasgos de
vulnerabilidad que se acrecientan con el paso del tiempo, como lo es el caso de
los adultos mayores[41], respecto de quienes la
Corte Constitucional en sede ordinaria de tutela ha ordenado que la prórroga de la ayuda humanitaria se realice de manera automática, es
decir, de manera ininterrumpida y sin necesidad de condicionarla a una
verificación previa hasta que se demuestre que el afectado si está en
condiciones de autosostenerse.[42]
Lo anterior, por cuanto para el caso de los adultos mayores en
condición de desplazamiento, se presume una condición de vulnerabilidad
acentuada y la necesidad de la prórroga de la atención humanitaria de
emergencia hasta que se compruebe de manera fehaciente una auto suficiencia
integral y en condiciones dignas de su parte, o gracias a su familia, por lo
cual la entidad responsable deberá guiar y acompañar a ese grupo poblacional,
que goza de una especial protección reforzada, para que pueda acceder a las
ayudas previstas en la Ley 387 de 1997[43],
en especial las que garantizan el suministro y prórroga de la
AHE, la provisión de subsidios para arriendo, la adecuada cobertura de
servicios de salud y, en general, el acceso a los
mecanismos de reparación a las víctimas de la violencia.
En estos eventos, las autoridades deben invertir el orden habitual
en el proceso de entrega de la ayuda humanitaria. Es decir, deben primero
reconocer y entregar de manera automática la prórroga de la ayuda humanitaria
cuando reciben una solicitud al respecto, de suerte que se garanticen las
condiciones mínimas de subsistencia a través de la entrega ininterrumpida de la
referida ayuda y posteriormente evaluar la condición de vulnerabilidad, para
efectos de determinar si se suspende la entrega mediante una decisión motivada
cuando se compruebe en cada caso que se han logrado las condiciones de autosuficiencia
integral.
6.1.1. En sentencia T-312 de 2005[44],
la Sala Cuarta de Revisión analizó la situación de un ciudadano, adulto mayor,
desplazado, junto con su núcleo familiar desde el año dos mil dos (2002), que a
pesar de estar incluidos en el Registro Nacional de Población Desplazada por la
Violencia, tan solo les habían sido entregados dos mercados y dos arriendos
por parte de la Cruz Roja. Ante esta circunstancia, el accionante elevó
peticiones ante la Red de Solidaridad Social para obtener ayuda complementaria,
sin obtener una solución concreta. La Corte concedió el amparo y le ordenó al
ente accionado suministrarle al peticionario la ayuda humanitaria. Para ello,
sostuvo que:
“(…) A pesar de que se le ha manifestado al accionante que se va a
estudiar su caso para efectos de suministrarle ayuda humanitaria, aún ésta no
se le ha brindado en su totalidad. Se ha desconocido que el peticionario es una
persona de 61 años y que su núcleo familiar está conformado por personas que
pertenecen a la tercera edad, quienes podrían encontrarse en situación de
urgencia manifiesta, pero que en todo caso -como lo ha afirmado la
Corte- por razón de su avanzada edad o por su condición de salud, no están en
capacidad de generar ingresos. Por ese motivo se justifica que el Estado
continúe proveyendo la ayuda humanitaria que requieran para su subsistencia
digna hasta que tal circunstancia sea superada o hasta que estén en posibilidad
de cubrir su propio sustento. Es por ello que en el presente caso resultan
afectados los derechos a una alimentación mínima y a una subsistencia digna del
peticionario.”
6.1.2. En esta misma línea, en sentencia T-560
de dos mil ocho (2008)[45],
la Sala Primera de Revisión consideró
que la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la
Cooperación Internacional, había vulnerado los derechos fundamentales de la
accionante al no prorrogar la ayuda humanitaria, aún cuando no había logrado su
estabilización económica, pese al transcurso del tiempo desde la ocurrencia del
desplazamiento (año 2002). Según se extrae de los hechos de la tutela, la
actora era madre cabeza de familia de cinco (5) hijos, de los cuales adujo,
cuatro (4) eran menores de edad y uno, por condiciones de salud, dependía
totalmente de ella. Para resolver el problema jurídico, la
Corte consideró que la condición de desplazado y la vulneración a sus
derechos, no fenecía por el paso del tiempo, así como tampoco terminaba porque
el Estado asumiera la asistencia humanitaria de emergencia a la que está
obligado. Al respecto, el alto Tribunal sostuvo:
“De esta
forma, teniendo en cuenta que el estatus de desplazado no depende del paso del
tiempo sino del cumplimiento de condiciones materiales en las cuales los
derechos fundamentales de estas personas se ven reestablecidos, resulta
necesario concluir que la ayuda humanitaria –destinada a la satisfacción del
mínimo vital de los desplazados – debe continuar hasta tanto la vulnerabilidad
que los afecta y constituye en sujetos de especial protección constitucional
cese. Esto a pesar de las restricciones presupuestales y los escasos recursos,
ya que, por mandato constitucional, por ser el Estado colombiano un Estado
Social de Derecho (Art. 1°), “(…) el gasto público social tendrá prioridad
sobre cualquier otra asignación (…)” (Art. 366).”
Con fundamento en lo anterior, la
Corte le ordenó a la
Agencia Presidencial para la
Acción Social y la
Cooperación Internacional, la entrega mensual de la prórroga de ayuda
humanitaria a la accionante hasta tanto la situación de vulnerabilidad en que
se encontraba cesara.
6.1.3. Así mismo, en
sentencia T-856 de 2011[46],
la Sala Sexta de Revisión consideró que Acción Social había vulnerado los
derechos a la vida digna, mínimo vital y al debido proceso del actor, al
interrumpir la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a pesar de ser una
persona de ochenta y tres (83) años, cuyo núcleo familiar estaba integrado por su esposa, de setenta y seis (76) años de edad, quien padecía
cáncer terminal, su nieta de treinta y cuatro (34) años de edad, con “trastornos
mentales tipo epilepsia” y su bisnieto de nueve (9) años de edad, “también
con padecimientos mentales.” Para la
Corte:
“La avanzada edad
puede convertirse en un factor de discapacidad, limitación que al padre cabeza
de familia le impide procurar para él y para su hogar una subsistencia en
condiciones dignas” (…) “es relevante puntualizar que para el caso de los
adultos mayores en condición de desplazamiento, se presume una condición de
vulnerabilidad acentuada y la necesidad de la prórroga de la
AHE hasta que se compruebe de manera fehaciente una auto suficiencia integral
y en condiciones dignas de su parte, o gracias a su familia”.
“Acción Social
incurrió en incuria ante la precaria situación de la familia de Jiménez
González, que abandonó sin mediar una evaluación que acreditara haber logrado
una estabilidad socioeconómica. En consecuencia, ante los excepcionales
riesgos, resulta desproporcionado exigir ahora al peticionario que realice una
solicitud ante la autoridad competente y, así, debe operar la presunción que
genera la prórroga automática de la AHE, hasta que se compruebe su efectiva
estabilidad socioeconómica.”[47]
6.2. Además de
las consideraciones previamente expuestas, esta Corporación ha considerado que
se vulnera el derecho al mínimo vital de la población desplazada cuando (i) la
ayuda humanitaria se entrega de manera dispersa e incompleta a lo largo del tiempo,
pero además de ello, (ii) cuando no se acompaña del acceso a salidas efectivas
frente a la situación de emergencia fruto del desplazamiento.[48]
Sobre el primer
aspecto, la Corte ha precisado que además de desnaturalizar la finalidad última de la entrega de la
ayuda humanitaria puesto que no llega efectivamente a entregarse durante la
etapa de emergencia y su entrega parcial y tardía
equivale a paliar esporádicamente necesidades básicas insatisfechas,  perpetúa la condición de vulnerabilidad en
la que normalmente se encuentra la población desplazada.[49]
En relación con el segundo supuesto, diferentes Salas de revisión, han
establecido que la ayuda humanitaria es de carácter temporal, al tratarse de
bienes y servicios esenciales que solo tienen la capacidad de solventar
necesidades básicas presentes y actuales de quien la solicita. En este sentido,
la efectividad de la ayuda humanitaria se circunscribe
al acceso de la población desplazada a mecanismos o condiciones que permitan la
superación de la situación de emergencia para evitar que se prolonguen de
manera indefinida las condiciones de vida
violatorias de su derecho al mínimo vital. [50]
En esa medida, el Estado es responsable de garantizar el tránsito
entre la fase de  entrega de la ayuda de emergencia y la estabilización
socioeconómica de la persona. Sin embargo, si el Estado es incapaz de ello, y
persiste la imposibilidad de asumir un autosostenimiento, en principio y de acuerdo con las condiciones particulares de vulnerabilidad, subsiste la obligación de éste de continuar garantizando la entrega
de las prórrogas de la ayuda humanitaria de emergencia, hasta  tanto se
logre brindar al desplazado soluciones duraderas.
7. La Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna del
accionante al negar la prorroga de la ayuda humanitaria de emergencia aún
cuando sus condiciones de vulnerabilidad son actuales.
7.1. El accionante señala
que en su condición de desplazado y ante la imposibilidad de lograr un
estabilización socioeconómica, solicitó ante la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, sin embargo la
entidad consideró que ello no era posible en atención a que los hechos
generadores del desplazamiento tuvieron ocurrencia hace más de diez (10) años.
Ante esta circunstancia,
el actor  elevó nuevamente ante la entidad accionada, una solicitud de ayuda
humanitaria que no fue atendida por esta entidad,[51] quien incluso no dio respuesta al requerimiento
judicial durante el término de traslado de la presente acción de tutela. Por
ende, conforme al artículo 20[52]
del Decreto 2591 de 1991,[53]
que consagra la presunción de veracidad y el principio de buena fe consagrado
en el artículo 83 de la Carta Política[54],
deben tenerse por ciertos los hechos manifestados por la parte accionante.
7.2. El accionante
y su núcleo familiar son desplazados por la violencia del Municipio de Samaná,
Caldas, por hechos ocurridos el día trece (13) de junio de dos mil (2000), en
consecuencia por el solo hecho de su situación pueden exigir la atención del
Estado.[55]
Dentro del material que reposa en el expediente obra copia de una certificación
expedida por el Personero Municipal de Frontino, Antioquia, el primero (1) de
marzo de dos mil uno (2001),  en la cual se indica que el señor Hernán Seir
Valencia Agudelo y su núcleo familiar integrado por su esposa y tres (3) hijos,
son desplazados por la violencia, procedentes del municipio de Samaná, Caldas y
que en razón de ello declararon su situación de tal ante la
Personería de Frontino.[56]
Al respecto, la
Corte ha insistido en que la población desplazada constituye un sujeto de
especial protección constitucional dada su condición de vulnerabilidad,
exclusión y marginalidad. En consecuencia, el Estado debe adelantar políticas
que permitan su estabilización socio-económica o autosuficiencia integral en
condiciones de dignidad, pues solo en ese momento puede considerarse que la
condición de desplazado ha cesado. [57]
En este mismo sentido, ha señalado que la ayuda humanitaria busca garantizar la satisfacción de aquellos mínimos necesarios para aplacar las necesidades más
apremiantes de la población desplazada y así evitar que el estado de emergencia
producto del desplazamiento se prolongue en el tiempo, pues ello supondría la
perpetuación de sus condiciones de vulnerabilidad. De igual forma, fue indicado
que la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia no depende de un término
específico ni puede suspenderse hasta tanto la
persona en condición de desplazamiento logre el restablecimiento de sus
condiciones materiales, por lo que debe suministrarse hasta tanto cese la
vulnerabilidad que los afecta.
7.3. Para la
Sala, el accionante y su núcleo familiar se encuentran en un estado de
vulnerabilidad tal que ello conduce a la entrega inmediata de la prórroga de ayuda
humanitaria de emergencia, al constatarse condiciones de vida violatorias de su
derecho al mínimo vital. En efecto, como lo manifestó en su acción de tutela, “En
la actualidad no he podido lograr mi restablecimiento económico, razón por la
cual me encuentro en una situación muy precaria. Pagamos arriendo, no tenemos
trabajos fijos y constantes y no tenemos a nadie en el municipio que nos
proporcione ayuda de cualquier tipo.” Agrega, “Soy una persona de la
tercera edad convivo con mi cónyuge Aura Fanny Benavides, quien tiene
actualmente 52 años, no tenemos trabajo debido a nuestra edad, no recibimos
subsidio ni pensión, nuestros hijos ya conformaron sus hogares independientes y
tienen que velar por la manutención de sus seres a cargo (compañeras e hijos)”.
[58]
De acuerdo con
los supuestos fácticos que fundamentan la presente acción, al momento de interponerla, el accionante se encontraba inscrito en
el Registro Único de Población Desplazada[59]
y en consecuencia era acreedor de la atención humanitaria de emergencia. Ante la
imposibilidad de lograr una estabilización socio-económica, ha solicitado en varias
ocasiones, las prórrogas de ayuda humanitaria.[60]
De los medios
probatorios aportados al proceso se desprende que el once (11) de septiembre
del año dos mil trece (2013), el señor Hernán Seir Valencia Agudelo recibió por
última vez la ayuda humanitaria de emergencia equivalente a un millón
trescientos veinte mil pesos ($1.320.000) conforme “Nombre de Convenio:
UARIV 737 Casos Especial, Número de Giro: 72359071”[61].
La entidad accionada no respondió a la solicitud de la
Corte, por lo que no existen razones que justifiquen la cesación de la ayuda
humanitaria y la renuencia del ente demandado en continuar apoyando al señor
Valencia Agudelo y a su núcleo familiar en el acompañamiento y restablecimiento
de sus derechos a sabiendas de que es real su condición de desplazado.
7.4. Se
evidencia que la Unidad Administrativa vulneró el derecho al mínimo vital del
accionante y de su núcleo familiar compuesto también por su cónyuge de cincuenta
y dos (52) años[62],
al suspender la entrega de la ayuda humanitaria sin haber probado que en el
caso del señor Valencia Agudelo no habían cesado las condiciones que dieron
origen a la vulneración de sus derechos fundamentales. En efecto, la entidad
omitió realizar un análisis de la situación especial del accionante, por tratarse
de una persona de avanzada edad (68 años)[63], jefe del hogar, quien actualmente se encuentra desempleado y no
percibe ingreso alguno para solventar sus necesidades básicas y las de su
familia integrada por su esposa[64], de lo que se infiere su crítica situación económica y su actual
estado de vulnerabilidad manifiesta.
Conforme se
estableció en la parte considerativa de esta providencia, al momento de autorizar o no la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia o su prórroga, la entidad encargada debe tener en cuenta las
especiales circunstancias  en las que se encuentra la persona que la reclama y
ajustar su actuación a los parámetros que la
Corte ha definido para ello.
Adicionalmente,
la entidad no presentó prueba alguna que demostrara o desvirtuara que el
accionante ya había superado sus condiciones de precariedad como consecuencia
del desplazamiento y que por ende ya no eran necesarias las ayudas humanitarias
de emergencia, limitándose a afirmar que su petición no era procedente, por
cuanto los hechos generadores del desplazamiento habían tenido ocurrencia hace
más de diez (10) años. Al respecto sostuvo:
“las solicitudes de atención humanitaria procesadas a
partir del día 25 de junio, de víctimas que se encuentran entre los 10 o más
años de ocurrencia del desplazamiento no serán avaladas, exceptuando casos que
cumplan con criterios de extrema vulnerabilidad soportada.”[65]
7.5. Sobre este último punto, cabe
precisar que la situación de vulnerabilidad de los desplazados es tan grave y
compleja, que la atención que requieren no puede ser considerada bajo la regla
de un límite temporal, el cual frente a la realidad nacional, resulta
notoriamente irrazonable en la gran mayoría de situaciones y, por lo mismo, no
alcanza para que puedan paliarse, mitigarse y superarse los graves
quebrantamientos a múltiples derechos fundamentales de la población desplazada,
olvidando que se trata en muchos casos de víctimas de graves violaciones a
derechos humanos y, por ende, sujetos de especial protección que merecen ser
tratados con toda la consideración que impone su particular condición.[66]
De igual manera, conforme se explicó en
precedencia, el paso del tiempo, en modo alguno
supone que la condición de desplazado del accionante ha sido superada o que la
necesidad de la ayuda humanitaria ha perdido vigencia y que por ende los derechos
fundamentales de la persona que reclama la entrega ya no están afectados.
Adicionalmente, existen ciertos grupos de la
población, como el caso de los adultos mayores, en los cuales se presume una
condición de vulnerabilidad que se acrecienta y se acentúa con el transcurso de
los años, agravándose de esta manera sus condiciones de vida.  De ahí la
necesidad de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia  hasta que se compruebe de manera fehaciente una auto suficiencia
integral, que le permita a estas personas llevar una vida en condiciones
mínimas de dignidad.
Así pues,
descartar la prórroga de la atención humanitaria invocada por una persona
desplazada y su familia, aduciendo razones puramente formales (término estricto
para su prosperidad) y no sustanciales (derecho a la subsistencia digna),
desconoce la especial condición de marginalidad y vulnerabilidad en la que se
ven envueltas estas personas y no responde a la realidad de la permanente
vulneración de sus derechos.[67]
En el presente asunto, ciertamente, la vulneración de los derechos fundamentales
del actor y su familia iniciaron con el abandono
forzado de su hogar del que fueron víctimas en el año dos mil (2000)[68],
y esa situación continúa actualmente, pues el Estado no le ha brindado las herramientas suficientes para superar su condición de
desarraigo.
Por estas razones, la condición de desplazado del
accionante no puede depender de respuestas burocráticas, en las que se anota que:
“las solicitudes de atención humanitaria procesadas a partir del día 25 de
junio, de víctimas que se encuentran entre los 10 o más años de ocurrencia del desplazamiento
no serán avaladas, exceptuando casos que cumplan con criterios de extrema
vulnerabilidad soportada”.[69]
Incluso, la entidad ha mostrado en este caso, una actitud ajena a la
necesidad del actor, no solo en la entrega de la ayuda de emergencia sino en la
misma contestación a la acción de tutela, con lo cual omite sus obligaciones constitucionales y legales
frente a la población desplazada. Pero además de ello, la ayuda como ya se dijo, no puede estar
circunscrita a límites temporales, porque el status de desplazado no depende
del paso del tiempo ni de un término específico sino del cumplimiento de
condiciones materiales en las cuales los derechos fundamentales de estas
personas se vean restablecidos, por lo que resulta necesario afirmar conforme
lo ha hecho la jurisprudencia Constitucional, que la ayuda humanitaria,
destinada a satisfacer las necesidades más básicas de la población desplazada,
debe continuar hasta tanto la vulnerabilidad que los afecta y los hace merecedores
de un trato especial, cese, conforme lo establece, el artículo 18 de la
Ley 387 de 1997.[70]
7.6. En la sentencia T-025
de 2004[71],
la Corte reconoció “la necesidad de seguir proveyendo ayuda humanitaria más allá del término previsto en la ley y
hasta el momento en el
cual se superará la situación de emergencia, en relación con aquellas personas que carecieran de las
condiciones para asumir su propio sostenimiento como el caso de las personas de
la tercera edad que por su avanzada edad o su delicado estado de salud se les
dificultaba generar sus propios ingresos.”[72]
En esta ocasión, la
Sala Tercera de Revisión, señaló que,” existen dos tipos de personas desplazadas que, por
sus condiciones particulares, son titulares de un derecho mínimo a recibir
ayuda humanitaria de emergencia durante un período de tiempo mayor al que fijó
la ley: se trata de (a) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria,
y (b) quienes no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de
un proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica,  como es el
caso de los niños que no tengan acudientes y las personas de la tercera edad
quienes por razón de su avanzada edad o de sus condiciones de salud no están en
capacidad de generar ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban
dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores
bajo su responsabilidad. En estos dos tipos de situación, se justifica que el
Estado continúe proveyendo la ayuda humanitaria requerida para la subsistencia
digna de los afectados, hasta el momento en el cual la circunstancia en
cuestión se haya superado –es decir, hasta que la urgencia extraordinaria haya
cesado, o hasta que los sujetos que no estén en posibilidad de cubrir su propio
sustento adquieran las condiciones para ello -. Ello deberá evaluarse,
necesariamente, en cada caso individual. Advierte la
Corte que así como el Estado no puede suspender abruptamente la ayuda
humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse, tampoco pueden
las personas esperar que vivirán indefinidamente de dicha ayuda”. [73]
Posteriormente, en la ya
citada sentencia C-278 de dos mil siete (2007)[74], en la cual se hizo un análisis sobre la
temporalidad de la ayuda humanitaria de emergencia, la
Corte estableció que esta debía ser entregada y prorrogada hasta tanto no se
hubiere superado la situación de vulnerabilidad y se garantizaran las condiciones
para que la persona asumiera su autosostenimiento de manera definitiva. En esta
ocasión, se consideró que el límite temporal de la prórroga no podía ser rígido
e inexorable para atender de manera efectiva a la población desplazada,
impidiendo de esta manera que las personas en condición de desplazamiento
pudieran seguir recibiendo atención del Estado por un tiempo mayor, mientras
lograban superar definitivamente su situación de precariedad. Quedando establecido,
que la prórroga de la ayuda humanitaria podía ser otorgada sin limitación en su
duración, según el caso lo ameritara.[75] Al respecto, se expresó en la mencionada sentencia en
relación con parágrafo del artículo 15 de la
Ley 387 de 1997, “Por la cual se
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia en la
República de Colombia”: “Tal como está concebida, lleva en la práctica a
que el término para brindar ayuda humanitaria opere en contra y no a favor de
los desplazados, como debe ser, pues, se repite, conforme a lo dispuesto en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en el Estado, en cuya
contra también repercutirá el escaso tiempo otorgado, recae la responsabilidad
de solucionar la situación de esas personas y, por tanto, debe llevar a cabo
acciones oportunas, efectivas y suficientes en tal sentido, observando, al
efecto, los principios rectores de humanidad, imparcialidad y no discriminación.”
Finalmente, en la
sentencia SU-254 de dos mil trece (2013)[76],
en la que se revisaron varias acciones de
tutela interpuestas por víctimas del conflicto armado a quienes se había negado
o reducido el monto de la indemnización administrativa debido a que habían
recibido otro tipo de prestaciones, por concepto de asistencia social o ayuda
humanitaria, la Corte señaló que el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral incorpora
la obligación del Estado de garantizar todas las medidas, tanto de atención
como de reparación a la población desplazada y, en general a las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos, hasta el restablecimiento total y goce
efectivo de sus derechos.
7.7. Así las
cosas, en este caso, las condiciones actuales del señor
Valencia Agudelo (persona de avanzada edad[77],
desempleado, sin ingreso alguno y con múltiples gastos por atender tales como
el pago del arriendo y el mantenimiento de su cónyuge de 52 años de edad,
también desplazada)[78],
demuestran que con respecto a ellos, no se ha superado la situación de
emergencia y vulnerabilidad propia del desplazamiento y no se encuentran aún en
condiciones de asumir su autosostenimiento a través de mecanismos  de acceso a
la estabilización socioeconómica, por lo que debe garantizarse la prórroga de
la ayuda humanitaria. En efecto, el actor continúa inmerso en unas condiciones
económicas precarias y críticas que le han impedido lograr una autosuficiencia
en condiciones dignas y que se han agravado con el paso del tiempo.
Teniendo en
cuenta lo anterior, la Corte encuentra que no existe duda en torno a la
obligación de seguir proveyendo atención humanitaria al actor. Incluso, esta
obligación adquiere mayor sentido, en tanto la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las víctimas no le ha
brindado al peticionario las garantías suficientes para superar su condición
actual de emergencia por medio de soluciones duraderas que sustraigan la prolongación
indefinida del desplazamiento. Ello se explica, por cuanto no obra en el
expediente de tutela, actuación alguna de la entidad,
encaminada a brindarle al accionante las condiciones o los mecanismos que
busquen la consecución de ese propósito, pues ni siquiera ha cumplido con el
deber de proporcionarle ayuda humanitaria de emergencia en la forma establecida
en la ley. En efecto, aunque la ayuda le fue otorgada en un primer momento, con
posterioridad fue negada su entrega considerando que el actor ya no se
encontraba en condiciones de vulnerabilidad que ameritaran la ayuda por parte
del Estado.
7.8. En suma,
(i) la condición de desplazado del actor le confiere el derecho a recibir un trato especial por parte del Estado, que se concreta en
uno de sus aspectos en el derecho a recibir la ayuda humanitaria de emergencia
en forma  efectiva, oportuna
y sin dilaciones[79],
(ii) su condición actual de vulnerabilidad le permite acceder a estas
prerrogativas, máxime cuando no ha alcanzado un grado
mínimo de estabilidad económica y social que le permita asumir su
autosostenimiento, luego requiere de la atención del Estado para sobreponerse a
la crisis que atraviesa y (iii) el accionante es
titular del derecho mínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia durante un
tiempo mayor a tres (3) meses puesto que por su avanzada edad (68 años)[80]
le resulta imposible generar sus propios ingresos, por
lo cual se aplica la presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada y prórroga automática en la entrega de dicha ayuda. Bajo estas
circunstancias y teniendo en consideración que el actor
acudió ante el ente accionado a fin de que éste cumpliera con su obligación
legal,[81]
sin que la misma fuera debidamente atendida, es forzoso concluir que el derecho al mínimo vital del actor y su
familia, integrada por su esposa, ha sido transgredido, por lo que resulta
indispensable la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, en aras de evitar la prolongación de los efectos nocivos de su
desarraigo, en el cual se encuentra el accionante desde hace varios años sin haber recibido una solución
material definitiva a su crítica situación.
7.9. Ahora, la
Sala observa que mediante sentencia del tres (3) de septiembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino,
Antioquia, resolvió conceder el amparo invocado y en consecuencia ordenó la
entrega mensual de la ayuda humanitaria a favor del tutelante. Como sustento de
su decisión, el despacho consideró que la entidad accionada había omitido
realizar un análisis detallado de la situación particular del accionante que
permitiera verificar su actual estado de vulnerabilidad o la eventual
superación de su condición de desplazado y simplemente había fundado su
negativa en el hecho de haberse producido el desplazamiento hace más de diez (10)
años, motivo que era insuficiente para negar el amparo.
En cumplimiento del
referido fallo, el once (11) de septiembre del año dos mil trece (2013), la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las víctimas,
procedió a la entrega respectiva conforme se extrae de la prueba documental que
reposa en el expediente. [82]
Sin embargo, a pesar de
haberse ordenado la entrega mensual de la atención humanitaria, la entidad
accionada ha hecho caso omiso de la orden contenida en la sentencia de tutela,
en la medida en que desde la fecha de la última entrega (11 de septiembre de 2013)[83]
hasta el momento actual, el accionante no ha recibido ningún otro componente de
emergencia, según puede constarse del material obrante en el expediente. En
efecto, obra constancia aportada por el actor, en la cual indica que: “Le
comunico a la Corte Constitucional que a la fecha 6 de marzo 2014 no he (sic)
resibido la prologada de la ayuda comunitaria y me encuentro en condiciones
económicas muy graves. (sic) Sertifico que la ultima vez que (sic) resivi esa
ayuda fue el 11 de septiembre de 2013. Solicito su Colaboración.”[84]
Lo anterior, evidencia una
desatención a las órdenes de tutela[85],
una omisión del deber constitucional de guardar la integridad y supremacía de la
Carta Política en punto a la revisión de las decisiones judiciales
relacionadas con la tutela de los derechos constitucionales, en este caso de la
población desplazada por la violencia, pero sobretodo una vulneración clara del
derecho fundamental al mínimo vital del accionante en la medida en que la asistencia humanitaria no se está entregando de manera
constante en el tiempo, perpetuándose así las condiciones de vulnerabilidad
propias de la población desplazada. Es claro que la
Unidad Administrativa no puede someter a las víctimas del desplazamiento a una
espera desproporcionada de meses cuando su condición de tal las convierte en
sujetos de protección reforzada que requieren de la efectiva intervención del
Estado para superar su situación. Al respecto, en el Auto 099 de dos mil trece (2013), “Por
medio del cual se hace seguimiento
a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para la superación del
estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004 en
relación con el componente de ayuda humanitaria y se dictan las medidas necesarias para mejorar la
atención de la población desplazada por la violencia”, la Corte señaló:
“Esta situación, ha
reiterado la Corte Constitucional, no sólo desnaturaliza el propósito que debe
regir la entrega de la ayuda humanitaria puesto que “no llega efectivamente a
entregarse durante la etapa de emergencia, y su entrega parcial y tardía
equivale a paliar esporádicamente necesidades básicas insatisfechas” sino que
se perpetúa la situación de emergencia producto del desplazamiento forzado al
“permanecer la población desplazada en condiciones de vida violatorias de su
derecho al mínimo vital”, poniendo en riesgo y/o vulnerando el derecho al
mínimo vital de la población desplazada”. [86]
Por las razones expuestas,
se advertirá a la Unidad Administrativa que deberá dar estricto cumplimiento a
las órdenes impartidas en la presente tutela, so pena de incurrir en las
sanciones previstas en el artículo 52 Decreto 2591 de 1991, "Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”. [87]
7.10. Además de
las consideraciones previamente expuestas, la
Sala encuentra probado dentro del expediente, que la entidad accionante no
informó el trámite dado a la petición presentada por el tutelante el diez (10)
de julio de dos mil trece (2013), en la cual invocaba la prórroga de la
atención humanitaria de emergencia,[88] ni tampoco aportó prueba de haberle dado respuesta. En efecto,
conforme se estableció en la parte considerativa de esta providencia, el derecho
de petición comprende una respuesta material al asunto debatido a través de la
solicitud; característica que adquiere relevancia cuando se trata de personas
víctimas del desplazamiento[89], ya que en la mayoría de casos, si se informa de manera precisa a
los ciudadanos, se facilita el acceso a sus garantías constitucionales y la
satisfacción de sus necesidades fundamentales.[90]
Igualmente, la atención adecuada de los derechos de
petición de la población desplazada, es parte integrante del nivel mínimo de
protección constitucional que debe brindarse a quienes se encuentran en esa
condición y que se traduce en su derecho a ser reconocidos, escuchados y
atendidos por el Estado.
Así las cosas, de haberse resuelto en
debido tiempo la petición presentada por el accionante, la entrega de la
atención humanitaria no estaría sujeta a un plazo o término incierto de suministro,
el cual ha terminado por agravar las condiciones de vulnerabilidad propias del
desplazamiento y ha conllevado a la presentación de la acción de tutela que hoy
ocupa la atención de esta Sala.
La omisión de
responder, oportunamente y de fondo, la solicitud de ayuda humanitaria
elevada  por el accionante en el año dos mil trece (2013), vulneró su derecho
de petición. Entonces además, se advertirá al ente accionado para que en adelante
se abstenga de omitir su deber constitucional de
informar en forma clara y precisa el trámite impartido a las peticiones
presentadas por la población desplazada, en tanto de su respuesta oportuna
depende el acceso y goce de sus garantías fundamentales.
7.11. En conclusión, a partir de la calidad
de sujeto de especial protección constitucional del actor, en razón de su
condición de víctima del desplazamiento forzado; hecho que torna procedente la
entrega de la ayuda reclamada, se concederá el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida digna y mínimo vital.
7.11.1. Por ello, como primera medida la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, si no
lo ha hecho aún, deberá reanudar la entrega inmediata de la ayuda humanitaria
de emergencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, lo cual comprende el suministro de todos los componentes previstos en la ley
para suplir las necesidades del accionante y su núcleo familiar hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos
fundamentales desaparezcan según lo dispuesto por las
sentencias T-025 de 2004[91]
y C-278 de dos mil siete (2007)[92]
y, en consecuencia, se acredite que el actor y su familia han alcanzado condiciones suficientes de
auto sostenimiento. Por consiguiente, la entidad deberá
continuar proveyendo la atención humanitaria, hasta tanto acredite de manera
fehaciente, que el actor ha superado sus condiciones actuales de
vulnerabilidad. Ello teniendo en cuenta que en este caso se presenta una de las
hipótesis en las cuales es posible conceder la prórroga, conforme se sostuvo en
la sentencia T-025 de 2004, a propósito de “ quienes no estén en condiciones
de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o
restablecimiento socio económica,  como es el caso de los niños que no
tengan acudientes y las personas de la tercera edad quienes por razón de su avanzada
edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad de generar ingresos; o
las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a
cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad.”
Con fundamento en lo anterior, se ordenará
a la Unidad Administrativa de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, que deberá realizarle una evaluación al señor Hernán
Seir Valencia Agudelo y a su cónyuge, la señora Aura Fanny Benavides, con el
propósito de que, previa verificación de las circunstancias alegadas por el
actor (determinación del grado de necesidad y de urgencia), sean plenamente
identificadas, suministradas y prorrogadas las ayudas que concretamente
requiere para superar su estado de vulnerabilidad. Lo anterior, como quiera que
interesa resaltar que no puede confundirse el derecho de la población
desplazada a recibir la ayuda humanitaria de emergencia con el derecho a ser
priorizado o clasificado en un nivel alto de vulnerabilidad, lo que depende por
entero del examen de las autoridades correspondientes. Esto último es lo que
determina el orden en el cual habrá de realizarse la entrega.
Es importante aclarar que si bien la
jurisprudencia constitucional ha precisado que la entrega de la ayuda
humanitaria supone el respeto de los turnos preestablecidos en orden
cronológico con la finalidad de proteger el derecho a la igualdad de los demás
beneficiarios de dicha ayuda, también ha indicado que un modelo de asignación
de turnos que consulte el nivel de vulnerabilidad de los beneficiarios, resulta
a todas luces constitucional, pues atiende al grado de protección reforzada que
requiere quien, además de presentar la condición de desplazado por la
violencia, pertenece a uno de los grupos de especial protección constitucional.
[93]
En el caso objeto de estudio, la orden de
la entrega inmediata de todos los componentes que integran la ayuda de
emergencia al actor se encuentra justificada, por cuanto como se mencionó con
anterioridad, se trata de una persona de sesenta y ocho (68) años de edad[94]
que no cuenta con los recursos necesarios para solventar sus necesidades más
básicas. Además informa que actualmente se encuentra desempleado y por su
avanzada edad no está en capacidad de generar ingresos, de lo cual se desprende
que se encuentra ante una situación de urgencia manifiesta que debe ser
atendida. En este orden de ideas, opera para el presente asunto la presunción
constitucional de vulnerabilidad acentuada de las personas de la tercera edad y
así mismo la presunción de prórroga automática hasta tanto se compruebe la
autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad del actor.
7.11.2. De igual manera, teniendo en cuenta
que la atención por parte del Estado debe ser integral,
lo cual comprende una solución definitiva mediante la
ejecución de programas serios y continuados de estabilización económica y
social[95], se ordenará a la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, brindar el acompañamiento y asesoramiento necesario para que el
accionante y su esposa, participen en forma oportuna y expedita de los demás
componentes de la política pública para la atención a la población desplazada,
en tanto ello permite el logro de la solución de fondo
a la problemática que lo aqueja.[96]
7.11.3. Finalmente,
exhortará a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en adelante, se abstenga de
negar la solicitud de ayuda humanitaria de la población desplazada a partir de
la exigencia de un requisito, formalidad o apreciación que no sea fiel a la
situación en la que se encuentra la población desplazada, o que no se encuentra
establecido en la ley y en consecuencia se abstenga de  incurrir en dilaciones
injustificadas en la entrega de la misma.
8. Conclusión
8.1. Se ponen en riesgo o
se vulneran los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna de la
población desplazada, cuando las autoridades no reconocen la prórroga de la
ayuda humanitaria de emergencia aún cuando la vulneración es actual pues la
persona no ha superado sus condiciones iniciales de precariedad y
adicionalmente cuando aduce requisitos, formalidades y apreciaciones que no se
encuentran establecidos en la ley y sobretodo que no son fieles con la
situación en la que se encuentra la población desplazada. Es necesario, que las
autoridades responsables ajusten sus decisiones a las condiciones materiales y
a las circunstancias reales en las que se encuentran este grupo de personas en
los términos de la jurisprudencia constitucional recogida en este
pronunciamiento.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en  nombre del pueblo y por
mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Promiscuo de
Familia de Frontino, Antioquia el tres (3) de septiembre de dos mil trece
(2013) que resolvió conceder la tutela promovida por Hernán Seir Valencia
Agudelo contra la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, ordenando la entrega mensual de la ayuda humanitaria hasta que las
condiciones de vulnerabilidad fueran superadas.
Segundo.- ORDENAR a la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, si no lo ha hecho aún, entregue mensualmente y de manera completa
al señor Hernán Seir Valencia Agudelo y a su cónyuge, la señora Aura Fanny
Benavides, todos los componentes previstos en la ley,
en cuanto alimentación básica, apoyo para alojamiento, implementos para
habitación, cocina, aseo y vestuario, en cantidad y calidad suficiente para
suplir sus necesidades hasta tanto la situación de
vulnerabilidad en que se encuentran cese y en consecuencia se acredite que han alcanzado condiciones suficientes de auto sostenimiento.
Además, la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas deberá realizar una evaluación al señor Hernán Seir
Valencia Agudelo y a su cónyuge, la señora Aura Fanny Benavides, con el propósito
de que, previa verificación de las circunstancias alegadas por el actor, (determinación
del grado de necesidad y de urgencia), sean plenamente identificadas,
suministradas y prorrogadas las ayudas que concretamente requiere para superar
su estado de vulnerabilidad.
Tercero.- ORDENAR a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que deberá brindar el
acompañamiento y asesoramiento necesario para que el accionante y su esposa,
participen en forma oportuna y expedita de los demás componentes de la política
pública para la atención a la población desplazada, la cual tiene por
finalidad, la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia mediante la ejecución de programas serios y continuados, a fin de que las
condiciones de vulnerabilidad cesen.
Cuarto.- La
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante,
deberá abstenerse de negar las solicitudes de ayuda humanitaria de la
población desplazada a partir de la exigencia de un requisito o formalidad que no
se encuentre establecido en la ley y en consecuencia se abstenga de  incurrir en dilaciones injustificadas en la entrega de la misma.
Quinto.- REQUERIR al Defensor del Pueblo para que verifique el pleno cumplimiento de lo
ordenado en esta providencia y efectúe el seguimiento de la condición de
vulnerabilidad del accionante y su núcleo familiar.
Sexto.- LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]Dentro del material que reposa en el
expediente obra copia de una certificación expedida por el Personero Municipal
de Frontino, Antioquia, el primero (1) de marzo de dos mil uno (2001), en la
cual se indica que el señor Hernán Seir Valencia Agudelo y su núcleo familiar
integrado por su esposa y tres (3) hijos, son desplazados por la violencia,
procedentes del municipio de Samaná, Caldas, y que en razón de ello declararon
su situación de tal ante la
Personería de Frontino. (Folios 14 y 15 del cuaderno de la
Corte Constitucional). En adelante, cuando se cite un folio, debe entenderse
que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra
cosa.
[2] Según los hechos de la tutela, esta respuesta fue recibida por el
peticionario a través de la línea gratuita 018000911119. (Folio 1).
[3] El accionante nació el 8 de junio de 1945 conforme se extrae de la
cédula de ciudadanía. (Folio 9).
[4] En el mismo, el tutelante solicitó
específicamente las siguientes peticiones: “Primera: Con base en los
anteriores hechos solicito se me prorrogue la ayuda humanitaria de emergencia
por tres meses en los siguientes componentes: Alojamiento transitorio,
asistencia alimentaría, arriendo de manera automática hasta que alcance el
autosostenimiento. Segunda: Que se me indique la fecha cierta y determinada
para la entrega de la ayuda. (Folios 5 al 8).
[5] (Folios 10 al 13).
[6] (Folios 11 y 12).
[7] (Folio 10 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[8] (Folio 21 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[9] (Folio 17 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[10] (Folios 20 y 21 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[11] De acuerdo con el artículo 1 de la
Ley 387 de 1997 es desplazado: “toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.” El demandante afirma ser desplazado del
Municipio de Samaná, por hechos ocurridos el día 13 de junio de 2000, dice:
“[…] rendí mi declaración ante la Personería de Frontino – Antioquia, me
encuentro incluido en el RUPD Código SIPOD 685644 junto con mi grupo familiar
(folio 1).
[12] Sentencia T-840 de 2009 (M.P María
Victoria Calle Correa). En esta ocasión, la
Corte ordenó la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a una mujer en
condición de desplazamiento, comoquiera que se logró acreditar que en su caso
específico no habían cesado las condiciones de vulnerabilidad por lo que se
trataba de una persona en condición de indefensión que requería la protección
inmediata del Estado.
[13] “Soy desplazado por causa del conflicto armado del municipio de
Samaná- Caldas, con mi grupo familiar, por hechos ocurridos el día 13 de junio
de 2000 y por esta razón rendí mi declaración ante la
Personería de Frontino-Ant, en razón de ello, me encuentro incluido en el RUPD
Código SIPOD 685644 junto con mi grupo familiar.” (Folio 1).
[14] (M.P Manuel José Cepeda Espinosa). En esta ocasión, la
Corte declaró el estado de
cosas inconstitucional en razón a la violación masiva, prolongada y reiterada
de los derechos de la población desplazada, la cual a juicio de la
Corporación, no era imputable a una única autoridad, sino que obedecía a un
problema estructural que afectaba a toda la política de atención diseñada por
el Estado. En razón de lo anterior, la Corte impartió una serie de órdenes con
el fin de solventar esa grave situación.
[15] Al respecto pueden consultarse las
sentencias T- 307 de 1999 (Eduardo Cifuentes Muñoz), T-839 de 2006 (M.P Álvaro
Tafur Galvis) y T-501 de 2009 (M.P Mauricio González  Cuervo), en las cuales la
Corte dejó sentado que “La protección reforzada en materia de derecho de
petición es claramente exigible, más aún de las autoridades encargadas de la
superación del “estado de cosas inconstitucional” que ha generado
dicho fenómeno, en la medida que se trata de personas que se encuentran en una
situación de violación múltiple, masiva y continua de sus derechos
fundamentales”.
[16] El artículo 23 de la
Carta Política establece que: “Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución.”
[17] (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[18] (M.P. Mauricio González Cuervo).
[19]
El artículo 20 del decreto 2569 de 2000, la definió como “la
ayuda temporaria e inmediata encaminada a acciones de socorro, asistencia y
apoyo a la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas en
alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de
emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública”. También
puede consultarse el artículo 15, inciso 1°, Ley 387 de 1997. Cabe precisar que
actualmente, es la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, la entidad encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención
y Reparación a las Víctimas y la ejecución e implementación de la
Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las mismas en
los términos establecidos en la ley. En efecto, el artículo 166 de la
Ley 1448 de 2011, “Por la cual se
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, creó
la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonial. Por su parte, el Decreto 4157 de 2011
adscribió la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y el Decreto 4802 de 2011,
estableció su estructura.
[19] “Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones”.
[20] En sentencia T-840 de 2009 (M.P María Victoria Calle Correa), la
Corte consideró que se vulneraba el derecho al mínimo vital y dignidad humana
de la accionante y de su núcleo familiar, al suspenderse la entrega de la ayuda
humanitaria sin haberse probado que en el caso de la actora no habían cesado
las condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales. Según se extrae de los hechos de la tutela, la accionante y su
núcleo familiar fueron desplazados por la violencia desde el año 2001, momento
desde el cual fueron incluidos en el Registro Único de Población Desplazada para recibir los beneficios de la ley 387 de 1997. Sin embargo, desde el año 2002 Acción
Social no continuó prestándole ningún tipo de ayuda humanitaria. Con fundamento
en lo anterior, la Corte concedió el amparo invocado y le ordenó a Acción
Social reanudar la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia a la que tenía derecho la accionante hasta
tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales desaparecieran.
[21] “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia.” Artículo 15. De la
Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca el desplazamiento, el
Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la
atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y
proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación,
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica
y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en
condiciones dignas.
[22]
“Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.” Debe consultarse también, el Decreto
4157 de 2011, “Por el cual se determina la adscripción de la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, el Decreto 4800 de
2011, Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras
disposiciones, y el Decreto 4802 de 2011, “Por el cual se establece la
estructura de la Unidad Administrativa Especial para la atención y reparación
integral a las víctimas.”
[23] Conforme el artículo 16
del Decreto 4800 de 2011, “Por el cual se
reglamenta la Ley 1448
de 2011 y se dictan
otras disposiciones”, la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas será la encargada de la
administración, operación y funcionamiento del Registro Único de Víctimas.
[24] Artículo 16. Ayuda inmediata. Una vez recibida en la
sede de la entidad en la que se haya delegado la inscripción la declaración
enviada por la autoridad receptora de la misma, la persona que solicita el
reconocimiento de su condición de desplazado por el solo hecho de haber efectuado
la declaración dentro del término anteriormente señalado, tendrá derecho a
acceder a los beneficios establecidos en la
Ley 387 de 1997, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, para la
atención humanitaria de emergencia, proporcionada como ayuda inmediata y hasta
el momento en el cual se expida el acto que decida sobre la inscripción en el
registro.
[25] En sentencia T- 1161 de 2003 (M.P Marco Gerardo Monroy
Cabra), la Sala  Sexta de revisión, estudió el caso de una persona desplazada
por la violencia que invocaba el pago preferencial de la ayuda humanitaria
aduciendo condiciones económicas precarias, la
Corte sostuvo que: “No se
puede ordenar a través de tutela que el pago de la ayuda humanitaria
contemplada en el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 se realice de  manera
inmediata, porque de esta manera se estaría vulnerando el derecho a la igualdad
de todas las personas que han presentado la solicitud de esta ayuda con
anterioridad al peticionario, según lo señalado por la
Red de Solidaridad en su contestación. Sin embargo, se hace preciso indicar
que para las personas que se encuentran en condición de desplazados es
necesario conocer una fecha cierta, aunque no inmediata,  en la cual
se  realizará el pago. Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de
los turnos, dentro de un término razonable y oportuno.” Con fundamento en lo anterior, la
Corte ordenó informar al actor, la fecha en la cuál se cancelaría la ayuda
humanitaria., la cual no podía tener como consecuencia el irrespeto de los
turnos para las demás solicitudes presentadas, pero debía  corresponder a
un  término razonable y oportuno.En este mismo sentido, en sentencia T-067 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla), la Sala Séptima de revisión analizó el caso de un ciudadano que
solicitaba la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia en su condición de
desplazado por la violencia. Al respecto, la
Sala Séptima de revisión, precisó que  la emisión de una orden por parte del
juez constitucional estaba supeditada al respeto de los eventuales turnos
asignados por la entidad para sufragar esas prestaciones, con el fin de no
afectar el derecho a la igualdad de terceros que estuvieran a la espera de una
erogación similar. En este sentido, ordenó la entrega de la referida ayuda, con la advertencia de respetar los
eventuales turnos concedidos para sufragar ese tipo de erogaciones.
[26] Sentencia T-645 de 2003 (M.P Alfredo
Beltrán Sierra), en donde se analizaba el respeto de los turnos para la
atención integral en materia de salud de una persona desplazada. Al respecto la
Corte indicó: “En cuanto al respeto de los turnos, la
Sala considera que este argumento debe examinarse cuidadosamente, tal como lo
ha dicho la Corte en varias ocasiones. Si se está ante una situación de
urgencia manifiesta, no puede someterse al afectado al respeto de los turnos.
En estos eventos la atención debe ser inmediata. Si la situación no ha sido
calificada de urgencia, los turnos deben respetarse. (…)”. La Corte
le ordenó al ente demandado iniciar las gestiones necesarias ante las
instituciones competentes, para que se le suministrará la atención integral
requerida por la actora, según lo ordenado por el médico tratante. En este
mismo sentido, en sentencia T-496 de 2007 (Jaime Córdoba Triviño), la
Corte consideró que: “Es necesario tener en cuenta que en decisiones anteriores
que han versado sobre otros asuntos, se ha reiterado que el respeto estricto de
los turnos guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad de aquél que
está en la misma situación. No obstante, la
Corte ha indicado que en algunos casos muy excepcionales la ayuda humanitaria
de emergencia podrá ser entregada de forma prioritaria. Se trata de aquellos
casos en los cuales resulta evidente que la persona se encuentra en una
situación de extrema urgencia que amerita que la entrega de la asistencia
humanitaria tenga prelación”.Igualmente, en sentencia T-755 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt), la Corte precisó que: A pesar de la jurisprudencia haber dicho que
la regla general es la no procedencia de la acción de tutela para adelantar los
turnos en la asignación de beneficios de la población desplazada, en
excepcionales circunstancias la Corte ha ordenado darle prioridad a ciertos
sujetos aún más vulnerables, dentro de la misma población desplazada”. Al
respecto, en la sentencia T-919 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda),  la
Sala Tercera de revisión ordenó dar prioridad en el acceso a un subsidio de
vivienda a una persona desplazada que padecía SIDA a pesar del orden preestablecido en la asignación
de los subsidios de vivienda. La Corte consideró que se trataba de un caso excepcional en el que concurrían varias
circunstancias de especial indefensión, debilidad y vulnerabilidad, por lo que
era un deber indiscutible de las autoridades proporcionar un trato marcado por
una especial diligencia, consideración y sensibilidad frente a la difícil
situación por la que atravesaba el actor, para efectos de permitirle superar la
afectación de los derechos constitucionales que le habían sido vulnerados.
[27] En sentencia T- 755 de 2009 (M.P Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), la Sala Sexta de revisión, examinó la petición de una
mujer desplazada por la violencia, madre cabeza de familia de 5 hijos, uno de
ellos en situación de discapacidad, que invocaba la prorroga de la ayuda
humanitaria de emergencia al no haber superado su estado de vulnerabilidad
acentuado. En esta ocasión, la Sala de revisión, precisó que: “Entre el
grupo poblacional de personas desplazadas, que de por sí amerita un tratamiento
prioritario por su condición de especial protección constitucional, pueden
encontrarse casos de individuos o familias que se encuentran en una situación
de particular indefensión y vulnerabilidad, incluso mayor a la de la
generalidad de personas desplazadas. Se trata de casos individuales y
excepcionales, cuyas condiciones son especialmente extremas, y que por lo mismo
requieren un tratamiento particularmente atento, por haber adquirido el status
de sujetos de protección constitucional reforzada, en virtud de las condiciones
concurrentes de debilidad que les asisten.” Con fundamento en lo anterior, la
Corte concluyó que: “Es clarísimo que la
Corte debe conceder el amparo y, por lo tanto, el adelantamiento de los
turnos, por cuanto en una misma persona convergen varias condiciones de vulnerabilidad.
En efecto, se está en presencia de un niño, que igualmente es desplazado y que
además sufre de un alto grado de discapacidad. Dichas circunstancias generan en
cabeza del Estado la obligación de brindarle una ayuda prioritaria para el
mejoramiento de su calidad de vida en un marco de dignidad humana.”
[28] Sentencia T-496 de 2007 (Jaime Córdoba
Triviño). En esta ocasión, se examinaron varios expedientes de tutela, en los
cuales un grupo de desplazados invocaban la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia o su respectiva prorroga, pues la entidad no les había informado
sobre una fecha probable de entrega. En esta oportunidad, la
Sala Tercera de revisión sostuvo que: “Como ha destacado la
Corte, si bien resulta imperativo el respeto de los turnos de entrega de la
ayuda humanitaria de emergencia, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad
de las demás personas que se encuentran en la misma situación, este hecho no
puede convertirse en una excusa para no informar a la persona sobre el momento
en que se hará entrega de la asistencia humanitaria. No debe confundirse el
respeto al derecho a la igualdad que impone acatar los turnos establecidos para
la entrega de la asistencia humanitaria, con el derecho que tiene las personas
de conocer la fecha a partir de la cual se hará entrega de la ayuda, la cual
debe darse dentro de un periodo de tiempo oportuno y razonable.” El alto
Tribunal Constitucional, ordenó la realización de una evaluación de las
condiciones reales de los accionantes con el fin de determinar si se
verificaban las condiciones necesarias para otorgar la ayuda humanitaria.
[29] En sentencia T-182 de 2012 (M.P María
Victoria Calle Correa) la Corte analizó la situación de un grupo de desplazados
que invocaban la vulneración de sus derechos fundamentales por considerar que
la entidad accionada había desconocido su deber de asistencia, al no haber
entregado de manera integral ni puntual las ayudas humanitarias de emergencia o
sus respectivas prórrogas ni haber indicado en algunos casos una fecha cierta
de su entrega, aun cuando en la mayoría de los casos había  resultado imposible
la estabilización económica y el sostenimiento del grupo familiar, e incluso su
estado de necesidad y sus condiciones de vulnerabilidad se habían acentuado.
Para la Corte: “el hecho de que hayan transcurrido largos períodos sin la
recepción de las ayudas requeridas por los peticionarios, o que, en algunos
casos, la entrega haya sido inexistente, configura una vulneración efectiva de
sus derechos al mínimo vital y a la vida digna. Adicional a lo anterior,
recalca la Sala que la ausencia de información cierta sobre las fechas en que
las ayudas serán otorgadas se erige en un obstáculo para el goce efectivo de
los derechos de los accionantes, derivado de la carga desproporcionada que
genera la incertidumbre sobre el momento en que sus derechos vulnerados serán
plenamente satisfechos y que les impide llevar a cabo una mínima planificación
de su vida.”
[30] El artículo 15 de la
Ley 387 de 1997 decía, en su versión original: “[p]parágrafo. A la atención
humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres meses,
prorrogables excepcionalmente por otros tres más”. Mediante sentencia C- 278 de
2007 (M.P Nilson Pinilla Pinilla), la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las expresiones “máximo”
y “excepcionalmente por otros tres (3) más” contenidas en el parágrafo
del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, que hacían alusión a la atención
humanitaria de emergencia. Por consiguiente, el parágrafo precitado quedó así:
“[p]parágrafo. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho
por espacio de tres meses, prorrogables.”
[31] “Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones”.
[32] Esa prórroga era sumamente excepcional,
pues de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 2569 de 2000, sólo podía
concederse cuando se estuviera ante alguno de los siguientes supuestos: (i) que
en el hogar, uno cualquiera de sus miembros tuviera discapacidad física o
mental, parcial o total, debidamente certificada por las entidades prestadoras
de salud en atención humanitaria y de emergencia; (ii) que la jefatura del
hogar fuera femenina, o masculina mayor de 65 años y así apareciera reportado
en la declaración; (iii) que alguno cualquiera de los miembros de la familia
sufriera enfermedad terminal, debidamente certificada por las entidades
prestadoras de salud en atención humanitaria y de emergencia; o (iv) que a
juicio de Acción Social se presentara una situación de parecida gravedad a las
enunciadas, aun cuando no estuviera expresamente señalada en el Decreto.
[33] En esta ocasión, se demandó la constitucionalidad de los artículos
15 y 18 de la Ley 387 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención
del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 2,5,
11,13, 21,22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 93 de la
Constitución Política, en especial por considerar que el límite temporal de tres meses, prorrogable por otro período igual,
para la entrega de la ayuda de emergencia a los desplazados, establece un
condicionamiento que, en su parecer, “ha generado problemas gravísimos en la
comunidad víctima de desplazamiento, especialmente en los niños y adultos
mayores, quienes padecen entre otros problemas, de desnutrición severa,
hacinamiento, enfermedades infectocontagiosas, afecciones pulmonares etc.” La
Corte resolvió: “Primero. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “máximo” y
“excepcionalmente por otros tres (3) más”, contenidas en el parágrafo del
artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y EXEQUIBLE el resto del parágrafo,
en el entendido que el término de la atención humanitaria de emergencia
previsto en esa disposición será prorrogable hasta que el afectado esté en
condiciones de asumir su autosostenimiento. Segundo. Declarar INEXEQUIBLE
el parágrafo del artículo 18 de la Ley 387 de 1997, en el entendido de que el
imperativo “cooperará” representa una carga desproporcionada, pues lo
hace responsable de la obtención de su restablecimiento, desmontando así al
Estado de su deber primario de garantía y olvidando que se trata de víctimas de
violaciones a derechos humanos y, por ende, sujetos de especial protección que
merecen ser tratados con toda la consideración que impone su particular
condición, advirtiendo eso sí, que tal determinación no enerva la actitud de
los desplazados para participar y obrar juntamente con los organismos
estatales, privados y personas que coadyuven con el fin de conseguir el
mejoramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación,
colaborando voluntariamente en lo que esté a su alcance para mejorar su
situación, sin que su negativa pueda comportar una sanción para quienes lo que
necesitan es promoción y solidaridad.” (MP. Nilson Pinilla Pinilla. SV. Jaime
Araujo Renteria).
[34] (M.P Manuel José Cepeda Espinosa). Ibídem.
[35] Para estimar cuándo una situación es de
urgencia extraordinaria, la Corte ha considerado, entre otros factores, la
ausencia de un lugar donde albergarse y el bajo puntaje en el SISBEN. En este
sentido, la Corte en la sentencia T-868 de 2008 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil) , analizó si se vulneraban los derechos fundamentales de un grupo
de desplazados toda vez que Acción Social se negó hacerles entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia que solicitaron en su condición de población inscrita
en el RUPD. Para la Corte, se trataba de sujetos de especial protección
constitucional por lo que se presumían especiales condiciones de
vulnerabilidad, debilidad e indefensión que tornaban preferente la ayuda que
debía brindarles el Estado. En consecuencia, se ordenó al ente demandado, la
entrega de todos los componentes de ayuda humanitaria previstos en la ley hasta
que se encontraran en condiciones de asumir su autosostenimiento.
[36] En
esta sentencia, se revisaron varias acciones de tutela interpuestas por
víctimas del conflicto armado a quienes se había negado o reducido el monto de la
indemnización administrativa debido a que habían recibido otro tipo de
prestaciones, por concepto de asistencia social o ayuda humanitaria. En la
sentencia se efectúa un
detallado recuento y análisis de los derechos reconocidos a las víctimas en el
derecho internacional, en la jurisprudencia constitucional y del Consejo de
Estado, así como en la legislación interna. Al
respecto, la Sala Plena concluyó que: “la interpretación que debe realizarse
en relación con el monto de indemnización administrativa como reparación, es
que ésta es adicional a los subsidios que se conceden como asistencia social,
de conformidad con los mismos principios fijados por el artículo 25 de la
Ley  1448 de 2011, el artículo 154 del Decreto 4800 de 2011 y de conformidad
con la interpretación que ha dado al monto de la indemnización administrativa
el propio Gobierno Nacional, según la cual el monto de indemnización
administrativa no es el mismo ni descontable del subsidio de vivienda para
población desplazada, sino que es un monto adicional y acumulable al mismo”.
[37] En efecto, el artículo 18 de la
Ley 387 de 1997, “Por
la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia”, dispone que: La
condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la
consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o
en las zonas de reasentamiento.
[38] Sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Ibídem.
[39] (M.P Nilson Pinilla Pinilla). SV. MP. Jaime Araujo Rentería. Ibídem.
[40] En sede de control de constitucionalidad, la
Corte sostuvo que “el estatus de desplazado no depende del paso del tiempo
sino de una condición material” Sentencia C-278 de 2007.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Ibídem. En este sentido, en la sentencia T-688 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), la
Corte concedió la protección de una persona desplazada discapacitada que
solicitaba la prórroga de la ayuda humanitaria, ordenando el restablecimiento
de ésta hasta cuando se encontrara en condiciones de asumir su
autosostenimiento. En esa oportunidad se indicó: “Hoy por hoy, siguiendo los lineamientos de la ya citada sentencia
C-278 de abril 18 de 2007, en cuanto la ayuda humanitaria debe observar la
verdad material y los objetivos señalados y no puede estar sujeta a  plazos
inexorables, aparece sin justificación que la entidad demandada se oponga a
continuar apoyando al señor José Alonso Sarmiento Cardozo y a su núcleo
familiar, por el solo argumento de la temporalidad de la ayuda, sabiendo que es
real su condición de desplazado, hallándose inscrito en el correspondiente
Registro Único, tratándose además de una persona discapacitada”. De igual forma, en la sentencia T-560 de 2008 (M.P. Jaime Araújo
Rentería), la Corte consideró que “la
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia no depende de un término
específico, sino de las necesidades materiales de los desplazados”, y agregó
que “el estatus de desplazado no depende del paso del tiempo sino del
cumplimiento de condiciones materiales en las cuales los derechos fundamentales
de estas personas se ven reestablecidos”. Ibídem.
[41] Sentencia T-856 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). Ibídem. En
esta oportunidad, la Corte sostuvo “que la observancia del principio de
progresividad conlleva la atención de necesidades que con el paso del tiempo se
multiplican,”. Así lo constató esta Corporación en con una señora de edad
avanzada (63 años) en los siguientes términos: “Entonces, dado que  (...) (iii)
su condición económica y social se ha venido deteriorando con el tiempo por la
actitud displicente de Acción Social, esta Sala de Revisión concederá el amparo
deprecado y accederá a sus pretensiones”. Sentencia T-868 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
Ibídem.
[42]“Como puede apreciarse, en las establecidas
presunciones constitucionales que conllevan al reconocimiento de la prórroga
automática de la AHE, no se incluyó expresamente a las personas de avanzada
edad; sin embargo, a ellas se extenderá por todo lo expuesto y mediante (i) una
interpretación conforme de la
Constitución Política, (ii) observando los presupuestos que motivaron elevar
la protección reforzada de la que gozan las personas desplazadas con
discapacidad y las de la tercera edad, (iii) y teniendo en cuenta que durante
las consideraciones de esa providencia se le dio igual tratamiento a las
referidas personas.” Sentencia T-856 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
En esta ocasión la Corte recordó que “la avanzada edad puede convertirse en
un factor de discapacidad, limitación que al padre cabeza de familia le impide
procurar para él y para su hogar una subsistencia en condiciones dignas” (…)
“es relevante puntualizar que para el caso de los adultos mayores en condición
de desplazamiento, se presume una condición de vulnerabilidad acentuada y la
necesidad de la prórroga de la AHE hasta que se compruebe de manera fehaciente
una auto suficiencia integral y en condiciones dignas de su parte, o gracias a
su familia”. Ibídem.
[43]“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, la protección, consolidación y la estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en  la
República de Colombia.”
[44] (M.P Jaime Córdoba Triviño).
[45] (M.P Jaime Araujo Renteria).
[46] (M.P Nilson Pinilla Pinilla).
[47] Sobre el tema, puede consultarse también
la sentencia T-868 de 2008 (M.P Rodrigo Escobar Gil)  en la cual la
Sala Cuarta de Revisión consideró que la
Agencia Presidencial para la
Acción Social y la
Cooperación Internacional (Acción Social) había vulnerado los derechos
fundamentales a la igualdad y al mínimo vital de un grupo de desplazados al
negarse a hacerles entrega de la ayuda humanitaria de emergencia que
solicitaron, a pesar de estar en esa situación desde hace 7 años. Para la
Corte, “aún cuando es evidente que la entrega de la ayuda depende en gran
medida de la disponibilidad presupuestal con que cuente Acción Social, quienes
son víctimas del desplazamiento no pueden ser sometidos a una espera
desproporcionada, que en ocasiones no es de meses sino de años, máxime cuando
su vulnerabilidad los convierte en sujetos de especial protección que requieren
la efectiva intervención del Estado para superar su situación.” En esta
ocasión, el alto Tribunal ordenó la entrega completa de los componentes de la
ayuda humanitaria previstos en la ley hasta que los accionantes se encontraran
en condiciones de asumir su autosostenimiento. De igual manera la sentencia
T-840 de 2009 (M.P María Victoria Calle Correa), en la que se consideró que se
vulneraba el derecho al mínimo vital de la accionante y de su núcleo familiar,
al suspenderse la entrega de la ayuda humanitaria sin haberse probado que en el
caso de la accionante no habían cesado las condiciones que dieron origen a la
vulneración de sus derechos fundamentales. Con fundamento en lo anterior, la
Corte concedió el amparo invocado y le ordenó a Acción Social reanudar la entrega de la ayuda humanitaria
de emergencia a la que tenía derecho la accionante hasta tanto las condiciones que dieron origen a la
vulneración de sus derechos
fundamentales desaparecieran. Finalmente en la sentencia T-497 de 2010 (M.P
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte concedió el amparo de un ciudadano,
adulto mayor, desplazado por la violencia junto con su núcleo familiar, quien
invocaba la vulneración de sus derechos fundamentales al no habérsele otorgado
la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia y los demás componentes de
los programas de atención integral para la población desplazada, relativo al
subsidio de vivienda. El alto Tribunal consideró que las condiciones de
vulnerabilidad del actor eran actuales con lo cual subsistía la obligación de
atención especial por parte del Estado durante el tiempo estimado como
necesario para garantizar las condiciones dignas de subsistencia.
[48] En sentencia T-690A de 2009 (M.P Luis
Ernesto Vargas Silva), la Sala Tercera de Revisión analizó la situación de un
grupo de desplazados que invocaban la vulneración de sus derechos fundamentales
frente a la negativa de Acción Social en cumplir con sus obligaciones respecto
del trámite de entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, de la prórroga de
la misma y del proceso de estabilización socioeconómica y retorno a pesar de
que los hechos constitutivos del desplazamiento habían tenido ocurrencia años
antes de la instauración de la acción de tutela. La
Corte concedió el amparo constitucional, aduciendo que los accionantes se
habían visto sometidos a una vulneración permanente de sus derechos, “consistente
en resistir las condiciones del desplazamiento forzado con menos recursos de
los que la ley y la jurisprudencia han considerado los mínimos necesarios para
superar la emergencia, así como en esperar una ayuda que, brindada de manera
incompleta y esporádica por parte del Estado, no contribuye a cumplir el fin
para el cual fue dispuesta. Esta imposibilidad explica por qué los accionantes
continúan reclamando dicha ayuda y configura una vulneración del derecho al
mínimo vital y a la subsistencia mínima de los accionantes.” En este mismo
sentido, en sentencia T-704 de 2008 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa), la
Corte analizó si se vulneraba el derecho fundamental al mínimo vital de un
grupo de personas en situación de desplazamiento forzado, al no suministrar la
ayuda humanitaria de emergencia completa y oportunamente a pesar de que las
actoras habían elevado múltiples peticiones para obtener la referida ayuda. A
juicio de la Sala Segunda de revisión, la actuación de la entidad accionada
perpetúo las condiciones de vulnerabilidad de las tutelantes quienes en efecto
eran sujetos de especial protección. Al respecto, preciso: “Llama la
atención de esta Sala de Revisión el prolongado periodo de dependencia
asistencialista a lo largo del cual el estado ha mantenido a las actoras
quienes fueron desplazadas desde hace más de cinco años. Es importante
reiterar, que si bien la atención a la población desplazada tiene en una
primera etapa un componente asistencialista en donde el Estado suministra unas
ayudas humanitarias de emergencia, este periodo no puede prolongarse indefinidamente,
ya que es necesario pasar a una segunda etapa de autosostenimiento en donde el
Estado tiene el deber de facilitar la creación de oportunidades de
estabilización para que las personas desplazadas generen autónomamente sus
ingresos para que puedan vivir dignamente por sí solas.”
[49] En sentencia T- 817 de 2008 (M.P Clara Inés Vargas Hernández), la
Sala Novena de Revisión analizó la situación de una ciudadana, desplazada,
madre cabeza de familia de ocho hijos, que solicitaba la entrega de la prorroga
de la  ayuda humanitaria de manera completa hasta que se encontrara en
condiciones de asumir su propio sostenimiento. En esta ocasión, la
Sala Novena concedió el amparo, ordenándole a Acción Social la entrega
completa de cada uno de los elementos previstos en la
Ley para suplir las necesidades básicas de la accionante. Como fundamento de
su decisión, el alto Tribunal sostuvo que: “De suerte que, como el desplazamiento de la actora se produjo hace
varios años, la entrega de manera parcial de la ayuda de emergencia conlleva a
que no pueda superar dicha etapa, y por tanto, se prolonguen los efectos
nocivos de su desarraigo sin recibir una solución material a su crítica
situación.  Ciertamente,
la vulneración de sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar
iniciaron con el abandono forzado de su hogar del que fueron víctimas en el año
2004, y que continúa actualmente.”  ACL. M.P Jaime Araujo Renteria. En este mismo
sentido, también pueden consultarse las sentencias T-451 de 2008 (M.P Manuel
José Cepeda Espinosa) y la T-501 de
2009 (M.P Mauricio González Cuervo).
[50] “Esto significa que no constituye una prestación a la que se
tenga derecho de manera indefinida (…) Esto es así porque la política pública
en materia de desplazamiento tiene como propósito brindar las condiciones para
que las personas no permanezcan indefinidamente en situación de desplazamiento,
sino que avancen hacia la estabilización socioeconómica y el
autosostenimiento.” Sala Tercera de Revisión, sentencia T-690A de 2009
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Ibídem.
[51] La presentación de la petición está acreditada con copia aportada
al expediente. (Folios 5 al 8).
[52] Artículo 20. Presunción de veracidad. Si
el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa.
[53] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.”
[54] Artículo 83: Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas. En este sentido, las afirmaciones efectuadas por
el ciudadano Hernan Seir Valencia Agudelo se encuentran amparadas por la
presunción constitucional de buena fe (art. 83,
C.P.), y únicamente podrán ser desvirtuadas por los funcionarios competentes
de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las víctimas
con base en pruebas fehacientes y detalladas sobre la atención que ha recibido
el peticionario y las circunstancias socioeconómicas de su hogar.
[55] “El desplazamiento forzado es una
condición de hecho que está determinada por elementos objetivos, a saber: (i)
la coacción ejercida que determina el desplazamiento, y (ii) que el
desplazamiento se realice dentro de los límites del Estado (…) en consecuencia,
el derecho a reclamar las garantías constitucionales es corolario de la
situación de hecho en que se encuentra una persona determinada a raíz del
desplazamiento forzado, y no emana de la inscripción o certificación que para
tal efecto realice una autoridad pública”. La Corte ha indicado que la situación de
desplazamiento es una cuestión de hecho, y en esa medida, son las condiciones
materiales y las circunstancias fácticas las que hacen a la persona acreedora
del derecho a recibir especial protección, y no un trámite de carácter legal o
reglamentario. El Registro Único de población desplazada es tan sólo un
instrumento que permite el funcionamiento de la política pública para atender a
la población desplazada,  y en esa medida, la inscripción en el mismo es un
asunto de naturaleza distinta de la condición de desplazamiento forzoso, por lo
cual  no es un requisito para que la población adquiera su condición de tal. En
consecuencia, circunscribir el reconocimiento de la ayuda humanitaria a
aquellas personas que se encuentran inscritas en el Registro pone en riesgo y
vulnera su derecho fundamental al mínimo vital, por cuanto basta con encontrarse
en la situación fáctica descrita en la Ley para recibir la ayuda humanitaria
sin que sea necesario estar registrado. Esto se explica porque la obligación de brindar la
asistencia humanitaria de emergencia nace en el momento en el que se adquiere
la condición de desplazado, y la inscripción en este registro es un requisito
administrativo y no constitutivo de dicha condición. Sobre este punto, pueden
consultarse, entre otras la sentencia T-175 de 2005 (M.P Jaime Araujo Rentería),
T-882 de 2005 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis), T-042 de 2009 (M.P Jaime Córdoba Triviño).
[56] (Folios 11 y 12 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[57] Ley 387 de 1997, artículo 18. DE LA
CESACION DE LA CONDICION DE DESPLAZADO FORZADO. La condición de desplazado
forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización
socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento.
[58] (Folio 1).
[59] No se tiene la fecha exacta de inclusión en el RUPD ya que la
Unidad Administrativa de Atención a las Víctimas no contestó la tutela. Sin embargo, conforme se estableció en la
parte considerativa de esta providencia, el Registro Único de población
desplazada es tan sólo un instrumento que permite el funcionamiento de la
política pública para atender a la población desplazada,  y en esa medida, la
inscripción en el mismo es un asunto de naturaleza distinta de la condición de
desplazamiento forzoso, por lo cual  no es un requisito para que la población
adquiera su condición de tal. En la sentencia T-175 de 2005 (M.P. Jaime Araújo
Rentería), la Corte consideró que no se puede circunscribir “la ayuda
humanitaria a aquellas personas que han sido efectivamente declaradas como tal
en virtud de la inscripción en el RUPD”.En esta oportunidad, se examinó si
la protección que otorgaban las autoridades públicas a las personas que
forzadamente habían sido desplazadas de sus lugares de residencia habitual, se
circunscribía o no a aquellas personas que habían sido declaradas como tales
por el Ministerio del Interior, o por la entidades delegadas. La
Corte precisó que: “Así las cosas, resulta patente que la demandada
circunscribe la ayuda humanitaria a aquellas personas que han sido
efectivamente declaradas como tal, en virtud de la
Inscripción en el Registro Único de Población  Desplazada, desconociendo, de
esta manera, que la condición de desplazado es una situación de hecho que no se
adquiere en virtud de la declaración que al respecto realice una autoridad
pública, y que la Inscripción en el Registro Único de Población Desplazada no
constituye un requisito sine qua non para el ejercicio de los derechos
fundamentales de los desplazados internos.” La
Sala Primera de revisión ordenó la inscripción de la accionante y su núcleo
familiar en el RUPD así como la prestación efectiva de los beneficios derivados
de ella. Esta posición ha sido adoptada en muchas providencias, por ejemplo, en
la sentencia T-882 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la
Corte Consideró que “por el solo hecho de su situación, las personas
sometidas a desarraigo pueden exigir la atención del Estado, sin soportar
cargas adicionales a la información de su propia situación”. En esta
ocasión, se ordenó la inclusión de una persona desplazada en el RUPD, tras
considerar que la actuación de los jueces de instancia y del ente demandado resultó
contraria a los postulados constitucionales, al negarse a brindarle la ayuda
que el actor requería por considerar que la declaración sobre los hechos de su
desplazamiento resultaba contraria a la verdad. Para la
Corte, “Es claro que el actor manifestó ante las autoridades competentes
que fue el temor causado por los permanentes combates entre el Ejército y la
guerrilla lo que motivó su desplazamiento y el de su familia, y también lo es
que aquellos ocurrieron efectivamente y que dieron lugar al mayor número de
desplazamientos ocurridos en el territorio nacional, durante el año de 2004.”
Igualmente en la sentencia T-042 de 2009 (Jaime Córdoba Triviño). En esta
ocasión, la Corte analizó si la decisión de Acción Social de omitir la
declaración rendida por una mujer desplazada por considerar que la misma no
permitía deducir la ocurrencia de un desplazamiento forzado, resultó contraria
a sus derechos fundamentales. Para la Corte: “Una valoración de la
declaración y de la situación fáctica de la peticionaria que no respeta la
presunción de buena fe, y una interpretación y aplicación restrictiva de las
normas de rango legal como la expuesta, llevaron a que la peticionaria quedara
en situación de completa desprotección ante las amenazas proferidas por un
grupo armado ilegal; o bien, a que se viera obligada a permanecer por fuera del
municipio en donde se encontraba su residencia, sin contar con las condiciones
adecuadas para ello.” Con fundamento en lo anterior, se ordenó la inclusión
de la accionante y su núcleo familiar en el RUPD y la entrega de la ayuda
humanitaria a la que tenía derecho.
[60]“En la actualidad no he podido lograr mi restablecimiento económico,
razón por la cual me encuentra en una situación muy precaria. Pagamos arriendo,
no tenemos trabajos fijos y constantes y no tenemos a nadie en el municipio que
nos proporcione ayuda de cualquier tipo.”  (Folio
1).
[61] (Folio 10 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[62] “Soy una persona de la tercera edad convivo con mi cónyuge Aura
Fanny Benavides, quien tiene actualmente 52 años.”(Folio 1). Esta
afirmación no fue controvertida ni desvirtuada por lo que se aplica el principio
constitucional de veracidad y buena fe.
[63] El accionante nació el 8 de junio de 1945.
(Folio 9).
[64] “En la actualidad no he podido lograr mi
restablecimiento económico, razón por la cual me encuentro en una situación muy
precaria. Pagamos arriendo, no tenemos trabajos fijos y constantes, y no
tenemos a nadie en el municipio que nos proporcione ayuda de cualquier tipo.” (Folio 1).
[65] (Folio 1).
[66] En la sentencia C-278 de 2007 (M.P Nilson Pinilla Pinilla. SV.
Jaime Araujo Rentería), se alude a la afirmación del entonces Representante en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Julio
Roberto Meier, “si la ayuda humanitaria de emergencia no se presta o se
presta tardíamente, la situación de la población desplazada tiende a agravarse
con el paso de los meses, por lo cual no es razonable hacer depender del factor
temporal el alivio a las necesidades de los afectados y, menos aún, para
liberar de responsabilidad a las autoridades comprometidas en la atención del
fenómeno.”  Sentencia C-278 de 2007 (M.P Nilson
Pinilla Pinilla) (S.V. M.P Jaime Araújo Rentería).
Ibídem.
[67] La Corte ha considerado que al momento de analizarse por parte de las autoridades
responsables las solicitudes elevadas por la población desplazada para el reconocimiento
de la ayuda humanitaria, éstas no pueden limitarse a la exigencia de requisitos
puramente formales, omitiendo un examen riguroso de las condiciones materiales
y circunstancias fácticas especiales alegadas por la presunta víctima del
desplazamiento, dilatando de esta manera la entrega de la ayuda. En sentencia
T-611 de 2007 (M.P Nilson Pinilla Pinilla), la
Corte consideró que se vulneraban los derechos fundamentales de una mujer al
negarle su inscripción y el de su núcleo familiar en el Registro Único de
Población Desplazada, argumentando el retraso injustificado en la declaración
de los hechos que dieron origen al desplazamiento, la cual debió efectuarse
dentro del año siguiente a la ocurrencia de los mismos conforme el artículo 8
del Decreto 2569 de 2000, a pesar de las circunstancias apremiantes por las que
atravesaba la accionante. En esta ocasión, la
Corte resolvió inaplicar la referida disposición por considerar que
contrariaba la normatividad superior y vulneraba el núcleo esencial de los
derechos fundamentales de los desarraigados, teniendo en cuenta que la razón de
la negativa se fundamentaba en razones puramente adjetivas (temporal en cuanto
a la tardanza en pedirlo) y no sustanciales. Al respecto, el alto Tribunal
sostuvo: “la ayuda humanitaria debe observar la verdad material y los
objetivos señalados y no puede estar sujeta a  plazos inexorables”, y
agregó que es inaceptable que el Estado “eluda sus obligaciones y despoje de la
atención debida a la población desplazada, argumentando extemporaneidad para
negarle la ayuda tendiente a su mejoramiento, restablecimiento, consolidación y
estabilización”.
[68] “Soy desplazado por causa del conflicto armando del municipio de
Samaná- Caldas, con mi grupo familiar, por hechos ocurridos el día 13 de junio
de 2000 y por esta razón rendí mi declaración ante la
Personería de Frontino-Ant, en razón de ello, me encuentro incluido en el RUPD
Código SIPOD 685644 junto con mi grupo familiar.” (Folio 1).
[69] (Folio 1).
[70] El artículo 18 de la Ley 387 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención
del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia”, establece que: “La condición de desplazado forzado
por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización
socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento”.
[71] (M.P Manuel José Cepeda Espinosa). Ibídem.
[72] Sentencia T-025 de 2004 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa). Ibídem.
[73] Sentencia T-025 de 2004 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa). Ibídem.
[74] Es importante aclarar que, en sentencia C-278 de 2007 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla (S.V. M.P Jaime Araújo Rentería), la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las expresiones “máximo”
y “excepcionalmente por otros tres (3) más” contenidas en el parágrafo
del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, que hacían alusión a la atención
humanitaria de emergencia. Con ello, la limitación temporal para la entrega de
la prórroga fue expulsada del ordenamiento jurídico colombiano, quedando así
establecido, que la prórroga de la ayuda humanitaria puede ser otorgada sin
limitación en su duración, según el caso lo amerite. Ibídem.
[75] En esta oportunidad, la
Corte sostuvo que: “…Como el desplazamiento no funciona con la misma medida
cronológica para todos los afectados no garantiza la solución a la situación y,
por lo tanto, el límite impuesto no es razonable en las actuales condiciones
para que la persona planifique y reorganice opciones vitales ni para que el
Estado ofrezca  alternativas reales de solución, máxime cuando los mecanismos
estatales no proceden de manera inmediata ni efectiva y tampoco tienen en
cuenta la situación particular de los afectados.”
[76]  (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Mauricio González Cuervo).
[77] El accionante nació el 8 de junio de 1945.
(Folio 9).
[78] “En la actualidad no he podido lograr mi
restablecimiento económico, razón por la cual me encuentro en una situación muy
precaria. Pagamos arriendo, no tenemos trabajos fijos y constantes, y no
tenemos a nadie en el municipio que nos proporcione ayuda de cualquier tipo.” (Folio 1).
[79] “El estado de desplazamiento interno se
constituye por circunstancias fácticas y, en consecuencia, son esas condiciones
materiales las que hacen a la persona acreedora del derecho a recibir especial
protección, y no un trámite de carácter legal o reglamentario”. Sentencia
T-042 de 2009 (Jaime Córdoba Triviño). Ibídem.
[80] El accionante nació el 8 de junio de 1945 conforme se consigna en
su cedula de ciudadanía. (Folio 9).
[81]El artículo 15 de la
Ley 387 de 1997, “Por la cual se
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia en la
República de Colombia”,  decía: “A la atención
humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres meses,
prorrogables excepcionalmente por otros tres más”.  En sentencia C-278 de
2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla (S.V. M.P Jaime Araújo Rentería), la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las expresiones “máximo”
y “excepcionalmente por otros tres (3) más” contenidas en el parágrafo
del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, que hacían alusión a la atención
humanitaria de emergencia. Con ello, la limitación temporal para la entrega de
la prórroga fue expulsada del ordenamiento jurídico colombiano, quedando así
establecido, que la prórroga de la ayuda humanitaria puede ser otorgada sin
limitación en su duración, según el caso lo amerite. Ibídem. Por consiguiente,
el parágrafo precitado quedó así: “[p]parágrafo. A la atención
humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio de tres meses,
prorrogables.” Así mismo, el
artículo 18 de la Ley 387 de 1997, dispone que: La condición de desplazado forzado por la
violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización
socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento.”
[82] (Folio 10 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[83] (Folio 10 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[84] (Folio 21 del cuaderno de la
Corte Constitucional).
[85] Esta Corporación ha sostenido que, de
acuerdo con el régimen jurídico del recurso de amparo constitucional, “es
claro que las órdenes contenidas en las decisiones de tutela, dirigidas a la
protección de los derechos, tienen que acatarse y cumplirse sin excepción. La
autoridad o el particular que haya sido declarado responsable de la amenaza o
violación, debe cumplir la orden encaminada a la protección de los derechos
fundamentales en los términos que lo indique la sentencia y en el plazo allí
señalado. El incumplimiento de la decisión conlleva una violación sistemática
de la Carta. Por una parte, en cuanto frustra la consecución material de los
fines esenciales del Estado, como son la realización efectiva de los
principios, derechos y deberes consagrados en la
Carta, el mantenimiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo (Preámbulo, arts. 1° y 2°). Y por la otra, en cuanto dicha omisión
contraría, además de las normas constitucionales que regulan la acción de
tutela y el derecho infringido, también aquellas que reconocen en el valor de
la justicia y en los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia, pilares fundamentales del modelo de Estado Social
de Derecho (arts. 29, 86 y 230)”. Auto 010 de 2004 (M.P Rodrigo Escobar
Gil). A.V. M.P Eduardo Montealegre Lynett y M.P Jaime Córdoba Triviño. En este
auto se resolvió una solicitud de cumplimiento de la
Sentencia SU-1185 de 2001 (M.P Rodrigo Escobar Gil).
[86] (M.P Luis Ernesto Vargas Silva).
[87] Artículo 52. Desacato. La persona que
incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta
de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones
penales a que hubiere lugar.
[88] El tutelante solicitó específicamente lo
siguiente: “Primera: Con base en los anteriores hechos solicito se me
prorrogue la ayuda humanitaria de emergencia por tres meses en los siguientes
componentes: Alojamiento transitorio, asistencia alimentaría, arriendo de
manera automática hasta que alcance el autosostenimiento. Segunda: Que se me
indique la fecha cierta y determinada para la entrega de la ayuda. (Folios
5 al 8).
[89]“La protección reforzada en materia de derecho de petición es claramente
exigible, más aún de las autoridades encargadas de la superación del “estado
de cosas inconstitucional” que ha generado dicho fenómeno, en la medida
que se trata de personas que se encuentran en una situación de violación
múltiple, masiva y continua de sus derechos fundamentales”. Sentencia.
T-839 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En el presente asunto, la
Corte tuteló el derecho de petición de una persona desplazada, quien en
reiteradas ocasiones había solicitado a Acción Social su reubicación acompañada
de un proyecto productivo que le generara ingresos económicos y subsistencia
digna. Pese a ello, la entidad había hecho caso omiso a la solicitud del actor.
Esta postura ha sido reiterada en la sentencia T-501 de 2009 (M.P. Mauricio
González Cuervo), en la que se agregó lo siguiente: “En esa protección
reforzada, el manejo de la información, su registro y control resultan de vital
importancia, pues las autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de
las solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su
comunicación efectiva al desplazado, de manera tal que puedan garantizar el
respeto del derecho fundamental de petición de las personas que se encuentran
en esa situación. En este orden de ideas, podemos concluir que la atención
adecuada de los derechos de petición de la población desplazada, forma parte
del nivel mínimo de protección constitucional que debe brindarse a quienes se
encuentran en esa condición”. En esta ocasión, la
Corte consideró que Acción Social había vulnerado el derecho de petición de
una mujer desplazada, al omitir darle respuesta a sus solicitudes en las cuales
solicitaba la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y un plan para la
ejecución de un proyecto productivo. El alto Tribunal le ordenó al ente
accionado realizar una visita al hogar de la peticionaria a fin de determinar
su situación socio económica actual y la eventual procedencia de la ayuda
humanitaria de emergencia.
[90] “Las relaciones entre los individuos
pertenecientes a grupos marginados o discriminados de la sociedad, acreedores
de medidas estatales de especial protección, y las autoridades públicas
responsables de hacer efectivas esas medidas, hacen surgir una modalidad
reforzada del derecho de petición. En efecto, en estos casos existe un “deber
de especial protección” que impone a los servidores públicos responsables la
obligación de atender, de manera particularmente cuidadosa, las solicitudes de
aquellas personas que, por sus condiciones críticas de pobreza y vulnerabilidad
social, acuden al Estado en busca de que las necesidades más determinantes de
su mínimo vital sean atendidas”. Sentencia T-307 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta
oportunidad, la Corte examinó la situación de una ciudadana que
invocaba la vulneración de su derecho de petición, comoquiera que las
diferentes peticiones presentadas en las que solicitaba la realización de la
encuesta SISBEN no habían sido contestadas. Al respecto, el alto
Tribunal sostuvo: “Aparte del muy cuestionable comportamiento de los
servidores públicos comprometidos en los hechos de que da cuenta el presente
proceso, no queda duda, que la situación a la que fue sometida la actora se
explica por la falta de regulación del banco de datos del SISBEN.” Con
fundamento en lo anterior, la Corte concedió el amparo y le ordenó Alcalde
Municipal de Ibagué, previa realización de la respectiva encuesta proceder a
incluir los datos de la actora dentro del banco de datos del SISBEN y a
informarle si, de acuerdo con el resultado obtenido, tenía derecho a ser
afiliada al régimen subsidiado de salud.
[91] (M.P Manuel José Cepeda Espinosa). Ibídem.
[92] (M.P Nilson Pinilla Pinilla). (S.V. M.P Jaime Araújo Rentería). Ibídem.
[93]En sentencia T-182 de 2012 (M.P María
Victoria Calle Correa), la Corte le ordenó a la
Agencia Presidencial para la
Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social- la modificación en su política de
asignación de turnos para la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y
sus prórrogas, tomando en consideración criterios de diferenciación derivados
del grado de vulnerabilidad de los beneficiarios, dándole  prioridad, en
consecuencia, a los sujetos de especial protección constitucional, como madres
cabeza de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y
afrodescendientes. Ibídem.
[94](Folio 9).
[95] El Decreto 250 de 2005 “Por el cual se expide el Plan Nacional
para la Atención Integral a la
Población Desplazada  por la Violencia y se dictan otras disposiciones”,
consagra tres fases de intervención para atender a la población desplazada por
la violencia: 1. Prevención y Protección, 2. Atención Humanitaria de Emergencia
y 3. Estabilización Socioeconómica. Parte de la atención humanitaria de
emergencia son las acciones humanitarias, que son aquellas actividades
orientadas a atender las necesidades humanitarias básicas que se deben realizar
para minimizar los efectos del desplazamiento.
[96] Ley 387 de 1997, Artículo 3: "Es
responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección
y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por
la violencia.” Artículo 17: “De la consolidación y estabilización
socioeconómica. El Gobierno Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y
largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica
y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el
reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas. Estas medidas deberán permitir
el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del gobierno,
en particular a los programas relacionados con: 1. Proyectos productivos. 2.
Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino. 3. Fomento
de la microempresa. 4. Capacitación y organización social.  5. Atención social
en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las
personas de la tercera edad, y  6. Planes de empleo urbano y rural de la
Red de Solidaridad Social”.