T-692-15
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Sentencia T-692/15
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA RESPECTO DE PERSONAS CON LIMITACIONES-Casos en que empresas terminan relaciones
laborales con trabajadores que padecían diversas enfermedades y afectaciones de
salud
ACCION DE TUTELA
PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Procedencia
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia
excepcional de la acción de tutela para su protección cuando el trabajador se
encuentra en estado de debilidad manifiesta
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Carece de todo efecto despido o terminación de contrato sin
la autorización previa del Ministerio de Trabajo
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O DISMINUCION FISICA-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA-Doble dimensión
Conceptualmente,
la jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado la doble dimensión de la
estabilidad laboral reforzada, como principio y como derecho, definiendo que,
desde su perspectiva deóntica, “supone que el trabajo esté dotado de una vocación de permanencia o
continuidad mientras no varíe el objeto de la relación, sobrevenga una
circunstancia que haga nugatorias las obligaciones reconocidas a los sujetos de
la relación o aparezca una justa causa de despido”, y desde su dimensión
de derecho “se manifiesta en la posibilidad de exigir la ejecución de conductas que permitan el
acceso y la preservación del empleo o la omisión de las que obstaculicen tales
objetivos so pretexto de razones injustas, supuestos que corresponden a los
conceptos de protección
laboral positiva y protección laboral negativa,
respectivamente”.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA EN CONTRATO A TERMINO FIJO-El vencimiento del
plazo inicialmente pactado no basta para dar por terminado el contrato por
parte del patrono
A través de la
sentencia C-016 de 1998, esta
Corte resolvió la demanda formulada contra algunos acápites de los artículos 45
(duración del contrato de trabajo), 46 (contrato a término fijo) y 61
(terminación del contrato) del Código Sustantivo del Trabajo, dejando claro que “el
sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de
voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el
contrato, sólo así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de
estabilidad, en cuanto ‘expectativa cierta y fundada’ del trabajador de
mantener su empleo”.
De ahí que se haya establecido, en observancia del principio de “primacía de la
realidad sobre las formas”, que el contrato laboral
a término fijo, “en el evento en el que (…) subsista la materia de trabajo y que
el trabajador haya cumplido a cabalidad con sus obligaciones y compromisos, se
modifica para dar paso a la activación del principio de estabilidad en el
empleo”.
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA CON LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O
SENSORIALES-Garantías contenidas en la Ley 361 de 1997 y
jurisprudencia constitucional sobre su aplicación
PRESUNCION DE
DESPIDO DISCRIMINATORIO Y PROTECCION A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
PRINCIPIO DE
INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-La prestación del servicio de salud debe ser oportuna,
eficiente y de calidad
PRINCIPIO DE
CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Imposibilidad
de interrumpir de manera intempestiva servicio médico cuando no se ha logrado
el restablecimiento pleno de la salud del paciente
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden de reintegrar
a accionante en el cargo que desempeñaba o en otro igual o mejor, sin solución
de continuidad frente a los salarios, prestaciones y demás emolumentos
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden de pagar a
accionante las acreencias laborales dejadas de percibir durante el periodo que
duró la desvinculación laboral
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden de pagar a accionante
la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
DERECHO FUNDAMENTAL
A LA SALUD-Advertir a Positiva que deberá garantizar de
forma efectiva la continuidad de los procedimientos o tratamientos médicos que
sean prescritos a favor del accionante
DERECHO FUNDAMENTAL
A LA SALUD-Orden a clínica en calidad de I.P.S proceda a
valorar el estado de salud del accionante
DERECHO FUNDAMENTAL
A LA SALUD-Orden a EPS asumir la prestación del servicio de
salud a favor del accionante, autorizando los procedimientos o tratamientos
clínicos que le sean prescritos por el médico tratante
Referencia:
Expedientes T-5080961 y T- 5088585 (acumulados).
Expediente T-5080961:
Acción de tutela promovida por Wilfrido José Pinto Bermúdez, contra la Cooperativa
Integral Lechera del Cesar –Coolesar–.
Expediente T-5088585:
Acción de tutela promovida por Jaime Alexander Walteros González, contra Casa
de la Válvula S.A. –Casaval S.A.–.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil
quince (2015).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las
Magistradas María Victoria Calle Correa, Myriam Ávila Roldán (e) y el Magistrado
Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los siguientes fallos: dentro del
expediente T-5080961, (i) la sentencia de primera
instancia dictada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de
Valledupar, el veintiséis (26) de enero de dos mil quince (2015), (ii) y la de segunda
instancia, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar,
el nueve (09) de marzo de dos mil quince (2015). En relación con el expediente
T-5088585, (i) la decisión de primer grado proferida el cuatro (4) de mayo de
dos mil quince (2015), por parte del Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal
de Bogotá, y (ii) la de segundo grado, fechada el veintitrés (23) de junio de
dos mil quince (2015) y dictada por el Juzgado Treinta y Tres Civil del
Circuito de Bogotá D.C.
Mediante auto del 27 de agosto de 2015, la Sala de Selección Número
Ocho de la Corte Constitucional decidió seleccionar y acumular para su revisión
los expedientes T-5004316, T-5080961 y T-5088585; sin embargo, en conocimiento
de la Sala Primera de Revisión, a través de auto del diecisiete (17) de
septiembre de dos mil quince (2015), se decidió desacumular el primero de estos
radicados, luego de considerar la necesidad de resolverlo a través de una
sentencia independiente a la de los otros dos procesos.
I.
ANTECEDENTES
En los procesos de la referencia,
los señores Wilfrido José Pinto Bermúdez y Jaime Alexander Walteros González
ejercieron acción de tutela contra Coolesar y Casaval S.A., respectivamente,
con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada; por considerar que éste les fue vulnerado cuando las
empresas demandadas decidieron dar por terminado el vínculo laboral unilateralmente
y sin justa causa, sin considerar que los accionantes se hallaban en condición
de debilidad manifiesta por razones de salud y sin que se solicitara autorización
del Ministerio de Trabajo.
Con el fin de
exponer los antecedentes de forma precisa, a continuación la Sala procederá a
narrar los hechos en los que se sustentaron las acciones de tutela incoadas, y
las decisiones de instancia objeto de revisión.
1. Expediente
T-50800961: acción de tutela promovida por Wilfrido José Pinto Bermúdez, contra
la empresa Cooperativa Integral Lechera del Cesar
1.1. Hechos
1.1.1. Wilfrido
José Pinto Bermúdez es una persona de treinta y siete (37) años de edad,[1]
quien afirma haber laborado para la empresa Cooperativa Integral Lechera del
Cesar (en adelante Coolesar),[2]
desde el seis (6) de octubre de dos mil cuatro (2004) hasta el quince (15) de agosto
de dos mil catorce (2014), sustentado a través de diversas constancias
laborales allegadas con el escrito de tutela.[3]
1.1.2. Dicho
vínculo laboral, según lo manifiesta el actor, surgió a través de un contrato a
término fijo inferior a un año, celebrado el seis (6) de octubre de dos mil
cuatro (2004),[4]
el cual fue renovado en las siguientes fechas: (i) del dos (2) de diciembre de
dos mil cuatro (2004) al primero (1) de agosto de dos mil cinco (2005); (iii)
del seis (6) de septiembre de dos mil cinco (2005) hasta el cinco (5) de
septiembre de dos mil seis (2006); (iv) del seis (6) de octubre de dos mil seis
(2006) hasta el cinco (5) de octubre de dos mil siete (2007); (v) del primero
(1) de noviembre de dos mil siete (2007) al veintiocho (28) de enero de dos mil
nueve (2009); (vi) del dieciocho (18) de mayo de dos mil nueve (2009) al
diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010); (vii) del dieciséis (16)
de marzo de dos mil once (2011) al quince (15) de julio de dos mil doce (2012);[5]
(viii) del dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012) al quince (15) de febrero
de dos mil trece (2013);[6]
(ix) del dieciséis (16) de febrero de dos mil trece (2013) al quince (15) de
agosto de dos mil trece (2013); del dieciséis (16) de agosto de dos mil trece
(2013) al quince (15) de febrero de dos mil catorce (2014); del dieciséis (16)
de febrero de dos mil catorce (2014) al quince (15) de agosto de dos mil
catorce (2014).[7]
1.1.3. Resulta
necesario dejar presente que la información descrita en el párrafo anterior fue
acreditada por el accionante a través de diversas certificaciones laborales
expedidas por el empleador, las cuales dan cuenta de la veracidad de lo narrado.[8]
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la empresa
empleadora no hizo alusión a la existencia de llamados de atención o desempeño
insuficiente de las labores asignadas al trabajador, durante el periodo que
éste estuvo vinculado.
1.1.4. Señala
que  debido a las labores desempeñadas durante su vinculación, tuvo contacto
directo con animales que a diario eran sacrificados en el frigorífico, por lo
que resultó contagiado de la enfermedad “brucelosis”, la cual le fue reconocida
como de origen laboral.[9]
1.1.5. Como consecuencia del padecimiento antes referido, expone el
accionante que desde el año dos mil doce (2012) ha tenido que acudir en varias
oportunidades a consultas médicas en la Clínica de Valledupar, por presentar,
entre otros síntomas, dolores lumbares y articulares intensos, además de cefalea.
Adicionalmente, dado el diagnóstico de “brucelosis”, en el año dos mil
trece (2013) la ARL Positiva S.A. recomendó a Coolesar su reubicación laboral.[10]
1.1.6. Adicionalmente,
afirma que el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014) se le informó
que no se le volvería a prorrogar su contrato laboral, por lo que quedó
desempleado desde el dieciséis (16) de agosto de dos mil catorce (2014).[11]
1.1.7. Por
último, manifiesta que el veintiséis (26) de septiembre de 2014 se prescribió médicamente
la realización de una “cirugía ASA II/III”;[12] sin embargo,
la Clínica de Valledupar se opuso a adelantar la intervención quirúrgica,
fundamentándose en que tanto la ARL Positiva S.A. como Famisanar E.P.S. se
negaron a autorizar la prestación de servicios médicos a favor del accionante, por
estar registrado como “retirado” en estas dos instituciones.
1.1.8. Con base
en lo anterior, el quince (15) de enero de dos mil quince (2015) el ciudadano
Wilfrido José Pinto Bermúdez, a través de apoderado judicial, instauró acción
de tutela contra Coolesar, pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales
al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la vida digna y a la
seguridad social, para que como consecuencia de ello se ordene: (i) a la
empresa empleadora realizar el reintegro inmediato, pagar los salarios dejados
de percibir hasta el quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), y
cancelar el valor de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361
de 1997; y (ii) a Famisanar E.P.S. y ARL Positiva S.A. garantizar la prestación
de los servicios médicos necesarios para su recuperación.
1.2. Respuesta de la empresa Coolesar
El veintiuno
(21) de enero de dos mil quince (2015), el representante legal de Coolesar
radicó ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Valledupar el escrito
mediante el cual dio respuesta a la acción de tutela objeto de estudio, en el
que solicita “negar las pretensiones de la acción de la referencia”,
bajo las siguientes consideraciones:
(i) Que el
dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), Coolesar celebró con el
accionante un contrato laboral a término fijo inferior a un año, que fue objeto
de prórrogas cada seis meses, hasta el quince (15) de agosto de dos mil catorce
(2014).
Al respecto,
aclara que el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014) se notificó al
trabajador la decisión de “no prorrogar su contrato laboral con una
antelación superior al treinta (30) días al vencimiento del plazo del mismo,
razón por la cual se puede deducir que el accionante no fue despedido, sino que
su vínculo laboral terminó por expiración del plazo contractual pactado”.
(ii) Que al
momento de la terminación del vínculo laboral el trabajador se encontraba “en
pleno ejercicio de sus actividades laborales” y no estaba incapacitado.
(iii) En cuanto
a la procedibilidad de la acción impetrada, manifiesta que, en primer lugar, no
se cumple con el requisito de la inmediatez, pues entre la fecha en que se
notificó la decisión de no prorrogar el contrato laboral y el día en que se
presentó la acción de tutela, han transcurrido más de seis meses; y en segundo
lugar, el accionante dispone de la jurisdicción ordinaria laboral en la que,
desde su perspectiva, se debe dar solución a la controversia.
1.3. Pruebas relevantes
obrantes al momento de proferirse los fallos de instancia
Al momento de
fallar, los jueces de instancia contaban con las siguientes pruebas relevantes,
allegadas por las partes:
(i)
Certificación de Coolesar, en la que se acredita que el accionante se desempeñó
como Auxiliar Frigorífico, desde el 6 de octubre de 2004 hasta el 5 de noviembre
de 2004;[13]
(ii) constancia laboral expedida por el Jefe de Recursos Humanos de Coolesar,
en la que se señala que el actor laboró en el cargo de auxiliar planta de
sacrificio durante las siguientes fechas: (a) del 2 de diciembre de 2004 al 1
de agosto de 2005, (b) del 6 de septiembre de 2005 al 5 de septiembre de 2006,
(c) del 6 de octubre de 2006 al 05 de octubre de 2007, (d) del 1 de noviembre
de 2007 al 28 de enero de 2009, (f) del 18 de mayo de 2009 al 17 de septiembre
de 2010, (g) del 16 de marzo de 2011 al 15 de julio de 2012;[14] (iii) cartas
de prórroga del contrato de trabajo del 16 de agosto de 2013[15] y del 16 de
febrero de 2014;[16]
(iv) certificación expedida por la compañía de seguros Positiva S.A., en la que
se informa que el accionante está afiliado al sistema de riesgos laborales
desde el 01 de octubre de 2004, y que desde el 15 de agosto de 2014 se registra
como “inactivo”;[17]
(v) documento suscrito por el señor Wilfrido José Pinto Bermúdez, en el que
solicita al Ministerio del Trabajo-Dirección Territorial del Cesar informar si
la empresa Coolesar pidió autorización para dar por terminado su contrato de trabajo,[18]
y respuesta dada a la misma.[19]
Además, (vi)
escrito suscrito por el representante legal de Coolesar, en el que se informa
que dicha empresa celebró contrato de trabajo a término fijo por 6 meses, desde
el 16 de agosto de 2012, el cual fue prorrogado en las siguientes fechas: (a)
desde el 16 de febrero de 2013 hasta el 15 de agosto de 2013, (b) desde el 16
de agosto de 2013 hasta el 15 de febrero de 2014, (c) desde el 16 de febrero de
2014 hasta el 15 de agosto de 2014, y que el 26 de junio de 2014 se le notificó
la decisión de no seguir prorrogando su contrato laboral;[20] (vii)
comunicación fechada el 18 de diciembre de 2012, en la que el Jefe de Recursos
Humanos de Coolesar informa al accionante que, por órdenes del Médico
Veterinario Ronald Jaime Camacho (Jefe de la Planta de Sacrificio), se ha
determinado que a partir del 19 de diciembre de 2012 debe ocupar el cargo de
Conductor de Planta de Sacrificio;[21]
(viii) escrito suscrito por la médica Nidia Andrea Pardo Ángel, a través del
cual se señala que se hace entrega de un “dictamen de calificación de origen
por Brucelosis, según valoración realizada en consulta de medicina laboral el
10 de octubre de 2012 en la ciudad de santa marta” (sic).[22]
También obra en
el expediente, (ix) reportes médicos por “luxación de vértebra torácica”,[23]
“brucelosis debida a brúcela abortus”,[24]
“dolores articulares”;[25]
(x) documento suscrito por la médica laboral María Antonieta Muñoz, de la
compañía aseguradora Positiva S.A., en el que comunica a la médica Nidia Andrea
Pardo Ángel (adscrita a Medicina del Trabajo de Famisanar E.P.S.) que “se
determina estar de acuerdo con su calificación en primera oportunidad por la
patología: BRUCELOSIS, como de origen laboral” (negrilla original en
el texto). Este escrito fue enviado a Famisanar E.P.S., con copia al señor
Wilfrido José Pinto Bermúdez y a la empresa Coolesar de Valledupar.[26]
Finalmente, (xi)
comunicación dirigida a Famisanar E.P.S., por parte de la Jefe de Recursos
Humanos de la empresa Coolesar, informando que se ha realizado un examen de
Antígenos Febriles al empleado Wilfrido José Punto Bermúdez, cuyo resultado fue
“Brucelas Abortus – Positivo 1/40”, y solicita “el tratamiento
pertinente, con el fin de que podamos obtener su recuperación, como Manipulador
de Alimentos”;[27]
(xii) escrito remitido por la compañía de seguros Positiva S.A. a Coolesar, en
el que informa una serie de recomendaciones laborales con restricciones del afiliado
Wilfrido José Pinto Bermúdez;[28]
(xiii) reporte de análisis científico expedido por el Laboratorio de
Diagnóstico Veterinario de Valledupar, en el que se concluye resultado positivo
a tres pruebas de Rosa de Bengala realizadas al paciente Wilfrido José Pinto
Bermúdez, los días 2 de marzo de 2012, 19 de junio de 2012 y el 4 de octubre de
2013;[29]
(xiv) resultados del examen de Antígenos Febriles adelantado por el Laboratorio
Bioclínico Sabil Ltda., en el que se registra “Brucella Abortus Positivo
1/40”, con fecha del 19 de junio de 2012;[30]
(xv) copia de epicrisis e historias clínicas por valoración de “brucelosis”,[31]
por valoración en consulta externa,[32]
por “cefalea vascular, dolor articular, malestar y fatiga”,[33]
por “DIX de brucelosis, trae reporte de Rosa de Bengala Positivo, manifiesta
Cefalea”,[34]
por valoración médica del 26 de septiembre de 2012,[35] del 30 de
agosto de 2012;[36]
(xv) incapacidad médica por lumbago, del 30 de agosto de 2012;[37] (xvi)
informe de evolución médica, del 03 de mayo de 2012, en el que  señala como
enfermedad actual que se trata de “paciente que desde el año pasado le salió
brúcela, trabaja Coolesar y trae nuevo reporte desde este año que reporta
nuevamente lo mismo, no ha recibido tratamiento”;[38] (xvii)
historia clínica completa fechada el 12 de septiembre de 2014;[39] (xviii) constancia
de incapacidad médica por dolor articular, fechada el doce de septiembre de dos
mil catorce;[40]
(xix) epicrisis completa, fechada el 01 de octubre de 2014;[41] y (xx)
certificación expedida por Famisanar E.P.S., en la que se acredita que el
accionante se encuentra en estado “retirado”.
1.4. Decisión del juez de tutela de primera instancia
Mediante fallo del veintiséis (26) de enero de dos mil quince
(2015), el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Valledupar decidió
negar el amparo de los derechos invocados por el accionante, basándose en la “existencia
de otro mecanismo judicial idóneo al cual puede acudir el actor, en defensa de
sus derechos”.
1.5. Impugnación
El treinta (30) de enero de dos mil quince (2015), el apoderado
judicial del accionante impugnó la sentencia de primera instancia, exponiendo
que si bien es cierto existen mecanismos ordinarios disponibles para ejercer la
defensa de los derechos de su poderdante, lo cierto es que éste “viene
sufriendo diferentes problemas de salud a causa de la enfermedad que adquirió
en dicha empresa [Coolesar]”, por lo cual insiste en la necesidad de
valorar los documentos allegados como pruebas en el escrito de demanda. Aunado
a ello, reitera que a raíz del diagnóstico que presenta, hoy se mantiene
desempleado, por lo que no cuenta con un mínimo vital que permita garantizar la
manutención personal y de su familia.
1.6. Decisión del juez de tutela de segunda instancia
El nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015), el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Valledupar resolvió confirmar en su integridad el fallo
de primer grado, proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad
de Valledupar, luego de considerar que el accionante dispone de mecanismos
judiciales en la jurisdicción ordinaria, en donde es posible plantear la
defensa de sus derechos.
2. Expediente
T5088585: acción de tutela promovida por Jaime Alexander Walteros González,
contra la empresa Casa de la Válvula S.A.
2.1.
Hechos
2.1.1.
El señor Jaime Alexander Walteros González es un ciudadano de treinta y nueve
(39) años de edad,[42]
quien expone que desde el trece (13) de abril de dos mil diez (2010) suscribió
contrato de trabajo a término indefinido con la empresa Casa de la Válvula S.A.
(en adelante Casaval S.A.) –desempeñándose como “montacarguista y ayudante
de bodega”–, el cual fue finalizado de forma unilateral por parte del
empleador el treinta (30) de enero de dos mil quince (2015).
2.1.2.
En relación con la terminación de su vínculo laboral, refiere el accionante que
para la fecha en que ocurrió este evento se encontraba en estado de debilidad
manifiesta por razones de salud, pues se hallaba bajo diagnóstico de “lesión
espoliosis espondiloartrosis”, y adelantaba un tratamiento médico que se
vio suspendido por la desvinculación laboral.
2.1.3.
El tres (3) de febrero de dos mil quince (2015), el accionante fue valorado por
un profesional de la salud adscrito a Compensar E.P.S., quien diagnosticó “M542
Cervicalgia M545 lumbago no especificado”, y reconoció antecedentes clínicos
de “cervicalgia”, “escoliosis cervical”, “espondioloartrosis
cervical inicial” y “escoliosis de conexidad derecha con vértice en C3,
espondiloartrosis inicial”;[43]
como consecuencia de ello, el médico tratante prescribió que se “requiere
evitar el levantamiento de cargas pesadas, adecuada higiene postural y pausas
activas cada 2 horas de trabajo a espera de valoración por ortopedia”.[44]
2.1.4.
Adicionalmente, expone que al momento de practicarse el examen médico de egreso
se conceptuó médicamente el padecimiento de “patologías que requieren
seguimiento por EPS”.[45]
2.1.5.
De igual forma, afirma que dado su “estado de salud”, se dirigió a las
instalaciones de Casaval S.A. con el fin de solicitar el reintegro; no
obstante, el dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), la Líder
Nacional de Gestión del Talento Humano de la empresa accionada remitió al
demandante una comunicación en la que le informaba que “según diagnóstico
emitido por el Centro Médico Asistencial en Salud Ocupacional en el que se le
realizó el examen médico de retiro, usted debe solicitar cita médica en su EPS
en los próximos días con medicina general, por posible patología”.[46]
2.1.6.
Aunado a lo anterior, en relación con sus antecedentes clínicos refiere:
(a)
Que en el año 2012 padeció “Parálisis de Bell”, por lo que fue reubicado
por el empleador, previo conocimiento de las recomendaciones médicas generadas
el veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012).[47]
(b)
A finales del año dos mil trece (2013), empezó a sentir fuertes dolores de
espalda, debido a las funciones que desempeñaba como ayudante de bodega y
montacarguista, por lo cual decidió tomar analgésicos caseros; y el nueve (9)
de diciembre de dos mil trece (2013) fue incapacitado por padecer “cervicalgia
mecánica”.
(c)
Al observar la continuación de sus padecimientos, el cinco (5) de febrero de
dos mil catorce (2014) se dirigió a un consultorio médico de Compensar E.P.S.,
siendo diagnosticado con “dispepsia y dolor en el pecho al respirar”.[48]
(d)
El dieciséis (16) de abril de dos mil catorce (2014), le fue practicado un
examen radiológico “RX Columna Cervical”, cuyo resultado fue “escoliosis
de conexidad derecha con vértice C3”, con opinión médica de “espondiloartrosis
inicial”.[49]
(e)
En virtud del dolor cervical y un adormecimiento del brazo izquierdo, el ocho
(8) de abril de dos mil catorce (2014) fue incapacitado durante cuatro días,
por presentar “tendinitis”;[50]
sin embargo, expone que decidió asistir a su sitio de trabajo “para no
causar traumatismos a la empresa”.
(f)
Posteriormente, el tres (3) de mayo de dos mil catorce (2014), fue valorado
nuevamente bajo el diagnóstico de “cervicalgia”;[51] en relación con
lo cual aclara que “no accedió a incapacidad por temor a hacer (sic) despedido”.[52]
2.1.7.
Finalmente, manifiesta que el treinta (30) de enero de dos mil quince (2015),
Casaval S.A. dio por terminado su contrato de trabajo “sin justa causa”;
pese a que desde hace aproximadamente dos años venía presentando fuertes dolores.
2.1.8. Por lo
anterior, el nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015) el señor Jaime
Alexander Walteros González instauró acción de tutela contra Casaval S.A.,
pretendiendo el amparo de su derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada, solicitando se ordene a la accionada el reintegro inmediato, la
afiliación al sistema de seguridad social en salud, el pago de la indemnización
de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y la cancelación de todos
los salarios dejados de percibir desde el primero (1) de febrero de dos mil
quince (2015).
2.2. Respuesta de la entidad accionada y las entidades
vinculadas
En
principio la acción de tutela fue promovida únicamente contra la empresa
Casaval S.A.; no obstante, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá D.C., en
sede de primera instancia, vinculó a Compensar E.P.S., Clínica Partenón,
Alianza Exámenes Empresariales, Ergios, Idime, Policlínico  del Olaya, ARL
Colpatria, señor Lewis Petuz, Sigla Centro Médico Asistencial en Salud
Ocupacional, y Ministerio del Trabajo. Por ello, a continuación se sintetizan
las respuestas dadas a la solicitud de amparo objeto de estudio.
2.2.1.
Respuesta de la empresa Casaval S.A.
La
empresa demandada presentó un informe en el cual se pronuncia sobre los hechos
y pretensiones de la acción de tutela, manifestando que el despido no era
ineficaz ni ilegal, por cuanto se realizó en los términos del artículo 63 del
Código Sustantivo del Trabajo y no era necesario solicitar permiso al
Ministerio de Trabajo, dado que el empleado al momento del despido no se
encontraba enfermo, ni incapacitado, ni en ningún tratamiento médico o
terapéutico; agrega además que, “al notificársele el despido no manifestó
tal condición”.[53]
En
el mismo sentido, la empresa manifiesta que todos los diagnósticos médicos e
incapacidades aportadas por el accionante son posteriores al treinta (30) de
enero de dos mil quince (2015), fecha en que se produjo su retiro laboral.
Respecto
a los hechos, afirma que el accionante fue retirado de la empresa mediante la
modalidad denominada “terminación unilateral del contrato sin justa causa”,
por lo que se le pagó la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo
de Trabajo, además de los montos correspondientes a su liquidación definitiva
de prestaciones sociales. Expone que en la hoja de vida del trabajador, y en la
historia laboral de la ARL y la EPS no obra incapacidad médica alguna, salvo el
registro de una parálisis facial que sufrió el señor Walteros González en el
año 2012.
En
relación con la patología a la que alude el trabajador, correspondiente a “cervicalgia”
y “escoliosis”, concluye que estas enfermedades son de origen común.
Finalmente,
señala que es cierto que la empresa no solicitó la autorización ante el
Ministerio de Trabajo para proceder al despido del accionante, pues al momento
de la terminación del vinculó este último no se encontraba incapacitado, enfermo,
o en tratamiento médico por algún tipo de enfermedad, por lo que considera no
haber razones para hacerle exigible la autorización a que se refiere el
artículo 26 de la ley 361 de 1997.
2.2.2.
Respuesta de la Clínica Partenón
El
representante legal de esta institución relata que el señor Walteros González
ingresó por urgencias en abril del año dos mil doce (2012) (estando afiliado a Compensar
E.P.S.), por presentar una parálisis facial a la que se le dio el tratamiento
respectivo. Añade que, el veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015),
al presentar dolor a nivel lumbar, el señor Walteros González fue atendido a
través del servicio de urgencias.
2.2.3.
Respuesta del Centro Policlínico del Olaya
Solicita
su desvinculación del trámite tutelar. Además, considera que al accionante se
le ha brindado la atención médica requerida por lo que no hay lugar a
considerar que ha existido afectación a sus derechos, por parte de la entidad.
2.2.4.
Respuesta de Compensar E.P.S.
A
través de su representante legal, señala que el señor Walteros González se
encuentra actualmente afiliado en calidad de beneficiario de su cónyuge, y que
hasta febrero de dos mil quince (2015) lo estuvo en calidad de cotizante
dependiente de la empresa Casaval S.A.
En
relación con accidentes de trabajo o enfermedades gestionadas por medicina
laboral, afirma que “no se han emitido recomendaciones laborales, ni se han
adelantado gestiones ante el fondo de pensiones”.[54]
Frente
a las autorizaciones de servicios prestados al accionante, expone  que se han
suministrado todos los servicios de urgencias en odontología, medicina general,
ortopedia y terapias físicas, por lo que no se han vulnerado derechos.
Con
base en lo anterior y por considerar que el actor cuenta con otros mecanismos
judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico para plantear las
pretensiones a que se refiere la demanda, concluye que la tutela es
improcedente en el caso particular.
2.2.5.
Respuesta de la A.R.L. AXA Colpatria
Solicita
sea desvinculada por no haber afectado los derechos fundamentales del
accionante, y además porque no es posible realizar pronunciamiento alguno sobre
los hechos y pretensiones de la demanda de tutela, dado que los mismos se
encaminan es a lograr el reintegro del trabajador. Aunado a ello, certifica que
el accionante, desde el trece (13) de abril de 2010, estuvo afiliado a la A.R.L.
AXA Colpatria a través de la empresa Casaval S.A.; sin embargo, a la fecha de
suscribir la contestación de la tutela el estado de afiliación corresponde a:
no vigente.
2.2.6.
Respuesta del Ministerio de Trabajo
El
Ministerio de Trabajo hace un recuento de los antecedentes de la acción de
tutela y concluye que esta es improcedente en referencia al ente ministerial.
2.2.7.
Respuesta de Lewis Gutiérrez Pertuz
El
señor Gutiérrez Pertuz, en su condición de jefe de bodega en la empresa Casaval
S.A., señala que fue jefe inmediato del accionante el cual se desempeñaba como
montacarguista y que éste presentó las siguientes enfermedades: “parálisis
facial en el año 2012, la cual fue tratada por la EPS compensar, fue objeto de
tratamiento médico y rehabilitación hasta que se mejoró totalmente. Durante
dicho período de 2012 a 2013 fue incapacitado y se reubico laboralmente por
orden médica. Superada su enfermedad fue ubicado nuevamente en el cargo de
montacarguista cargo que ocupó hasta la fecha de su retiro. Posteriormente, en
abril de 2014 fue incapacitado por tendinitis, recibió terapia, se le dieron
los permisos ordenados por la EPS compensar hasta que recupero su salud (…)”.[55] Agrega
que luego de la última incapacidad, el trabajador prestó sus servicios de forma
normal hasta el momento en el cual se produjo su despido.
2.2.8.
Respuesta del Instituto de Diagnóstico Médico S.A. –IDIME S.A. –
Indica
que el señor Walteros González ha sido atendido en esa institución en las
siguientes ocasiones: “15/04/2014: Radiografía de columna cervical;
06/02/2015: Radiografía de columna lumbosacra; 28/02/2015: Resonancia magnética
de columna lumbosacra; 16/03/2015: Radiografía de columna cervical”.[56] Finalmente,
solicita se desvincule a Idime S.A. de la acción de tutela, pues en su criterio
no se han vulnerado los derechos fundamentales del actor.
2.3. Pruebas
obrantes al momento de proferirse los fallos de instancia
Los jueces de
instancia conocieron de las siguientes pruebas:
(i) Historias
clínicas parciales con diagnósticos de “Síndrome de Articulación
Condrocostal (Tietze)”,[57]
“Dispepsia R071 dolor en el pecho al respirar”,[58] “cervicalgia”,[59]
“cervicalgia M940, Síndrome de la Articulación Condrocostal (Tietze), Sinovitis
y Tenosinovitis I10X, Hipertensión Esencial (primaria)”,[60] “Cervicalgia,
Mialgia, Contractura Muscular, Escoliosis, e Hipergliceridemia Pura”,[61]
“cervicalgia y lumbago no especificado”, y remite a consulta de
ortopedia de primera vez,[62]
“dolor cervical” y se ordena resonancia nuclear de columna, y cita
médica de fisioterapia por primera vez,[63]
“lumbago con ciática”;[64]
(ii) procedimiento adelantado por Compensar E.P.S., del 29 de abril de
2014, 3 y 7 de mayo de 2014, con descripción “manejo de cervicalgia a través
de sesiones de terapia con manejo calor, estiramientos musculares cervicales,
ejercicios libres”, entre otros;[65] (iii) certificado de incapacidad del 27 de
febrero de 2015 por 5 días;[66]
(iv) incapacidades médicas por “tendinitis de brazo izquierdo”[67]
y por “cervicalgia”;[68]
(v) carta del 16 de febrero de 2015, en la que la empresa Casaval S.A. le
comunica al accionante que “según diagnóstico emitido por el Centro Médico
Asistencial en Salud Ocupacional en el que se le realizó el examen médico de
retiro, usted debe solicitar cita médica en su EPS en los próximos días con
medicina general, por posible patología”, y anexa copia del referido
examen;[69]
(vi) apoyos diagnósticos del 20 de febrero de 2015, en los que se dictamina “cervicalgia
escoliosis, pizaiento hombro izq” y “discopatía lumbar”.[70]
Finalmente,
(vii) constancia de medicina general, del 3 de febrero de 2015, en el que se
señala que el paciente “requiere evitar el levantamiento de cargas pesadas,
adecuada higiene postural y pausas activas cada 2 horas de trabajo a espera de
valoración por ortopedia”;[71]
(viii) resultados de Evaluación Osteomuscular y de Condición Física, del 30 de
enero de 2015, en los que se señala que no fue posible realizar las pruebas de
fuerza muscular y flexibilidad por dolor del paciente, y se diagnostica “escoliosis”;[72]
(ix) resultados del examen de rayos x de columna cervical, fechado el 16
de abril de 2014, en el que se indica que “hay escoliosis y
espondiloartrosis inicial”;[73] (x) carta suscrita por el Líder
Nacional de Gestión Humana de la empresa Casaval S.A., en la que se le comunica
al accionante la decisión de terminar unilateralmente y sin justa causa el
contrato de trabajo;[74]
(xi) certificación expedida por Casaval S.A., en la que se señala que el
accionante laboró durante el periodo comprendido entre el 13 de abril de 2010 y
el 30 de enero de 2015.
2.3. Decisión del juez de tutela de
primera instancia
Mediante sentencia del cuatro (4)
de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado Treinta y Cuarto Civil Municipal
de Bogotá negó el amparo constitucional solicitado por el señor Jaime Alexander
Walteros González.
Como fundamento para llegar a tal
conclusión, sostuvo que no se encontraban acreditadas las calidades para
considerar que el actor se hallaba en estado de debilidad manifiesta, por
cuanto “no ha tenido un tratamiento constante que implicara una patología de
tal importancia que le diera estatus para gozar de estabilidad laboral
reforzada al momento de la terminación de su contrato (…)”[75].
Por último, señala el a quo
que el actor cuenta con otros mecanismos ordinarios para plantear sus
alegaciones, máxime si se tiene en cuenta que no existen elementos para
concluir que fue la calidad de enfermo la que motivó el despido, pues al
momento de la terminación del vínculo laboral el trabajador no estaba en
tratamiento médico o incapacitado.
2.4. Impugnación
El señor Jaime Alexander Walteros
González impugnó el fallo de primera instancia, considerando que allí no se
tuvo en cuenta que para el momento de terminación del contrato laboral, él se
encontraba con una lesión física lumbar que tenía dos años de evolución, tal y
como se registró  en el examen médico de egreso y en las pruebas que obran en
el proceso.
Manifiesta además que la
deficiencia física que padecía le impedía desarrollar su trabajo en condiciones
normales, lo cual le obligó a acudir constantemente a consultas médicas. Pese a
lo anterior, buscando no perder su puesto de trabajo, continuó cumpliendo con
sus labores sin tener en cuenta sus padecimientos físicos, los cuales eran conocidos
por la empresa. Esto último, acreditado según el accionante en el hecho de que
en la comunicación recibida el dieciséis (16) de febrero de dos mil quince
(2015) la misma le indicó que “usted debe solicitar cita médica en su EPS,
en los próximos días con medicina general por posible patología”.[76]
Por lo anterior, solicita que el
fallo sea revocado y se decida su reintegro, hasta que logre recuperarse totalmente
de los problemas físicos que padece.
2.5. Decisión de tutela de segunda instancia
A través de sentencia fechada el
veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015), el Juzgado Treinta y Tres
Civil del Circuito de Bogotá decidió confirmar integralmente el fallo
impugnado. En su concepto, de acuerdo con los hechos y pruebas obrantes en el
expediente, no se puede concluir que el accionante se encuentre en un estado de
debilidad manifiesta, toda vez que no ha sido valorado por una junta de
calificación que determine su real estado de salud, ni se allegó prueba
documental que acredite su calidad de discapacitado o sujeto de especial
protección constitucional. Finalmente, expone que la tutela no tiene la
vocación de resolver pretensiones netamente económicas, pues estas deben ser
conocidas por el juez laboral.
3.
Actuaciones adelantadas y documentos allegados en sede de revisión
En relación
con el radicado T-5080961, mediante Auto del siete
(07) de octubre de dos mil quince (2015), esta Sala de Revisión ordenó la
vinculación de A.R.L. Positiva, Famisanar E.P.S. y Clínica de Valledupar, con
el fin de que se pronunciaran sobre los hechos de la demanda formulada dentro
del expediente. A través este mismo acto, se solicitó a las dos primeras
entidades vinculadas informaran sobre (i) las razones
médicas que dieron lugar a negar la realización de la cirugía ASA II/III,
prescrita médicamente el 26 de septiembre de 2014 a favor del accionante; y
(ii) las gestiones adelantadas para garantizar en su integridad el derecho a la
salud del señor Wilfrido Pinto Bermúdez, con ocasión de su diagnóstico de
“brucelosis” y la necesidad médica de practicar la cirugía ASA II/III.
Adicionalmente,
se ordenó a la Clínica de Valledupar (i) allegar copia íntegra de la histórica
clínica del accionante, y (ii) comunicar las razones por las que no se adelantó
la intervención quirúrgica ya referida.
En respuesta
al requerimiento ordenado por la Sala de Revisión, las entidades vinculadas
manifestaron:
(i) Mediante
escrito del diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015), la A.R.L.
Positiva S.A. señaló que ha brindado atención médica al accionante con ocasión
del diagnóstico de “brucelosis” calificado como de origen laboral; advirtiendo
que el último control clínico por infectología realizado al paciente fue el
veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015).
(ii) A través
de comunicación fechada el veinte (20) de octubre de dos mil quince (2015),
Famisanar E.P.S. expuso que efectivamente el accionante presenta un diagnóstico
de hernia discal, con inclinación izquierda L4, y que estando hospitalizado se
realizó una valoración por anestesia, de la cual resultó no presentar
contraindicaciones para adelantar la intervención quirúrgica. Adicionalmente,
advierte que no ha sido posible practicar la cirugía debido a que el paciente
no ha presentado la confirmación expresa para la realización de la cirugía. Por
último, manifiesta que no puede dejar de considerarse que el señor Wilfrido
José Pinto Bermúdez fue retirado de la empresa a la cual estuvo vinculado.
(iii) El
veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015), la Clínica de Valledupar allegó
a la Corte Constitucional un escrito mediante el cual expuso que el centro
médico ha prestado los servicios que han sido autorizados y que la cirugía
prescrita no fue realizada debido a que el paciente presentaba evolución en su
diagnóstico. Además, anexa la historia clínica solicitada, contenida en 214
folios.
Aunado a lo anterior, a través de
comunicación allegada a la Corte Constitucional el día once (11) de noviembre
de dos mil quince (2015), el señor Wilfrido José Pinto Bermúdez expuso “bajo
la gravedad de juramento que desde el pasado 15 de septiembre de 2014 no he
vuelto a recibir ni un peso”, pues no ha podido conseguir trabajo. Sostiene
que al momento de su desvinculación de Coolesar, él era la fuente principal de
ingresos en su hogar, pues su compañera permanente, con quien convive desde
hace diecisiete (17) años, no tiene empleo debido a que se ha dedicado a cuidar
de sus hijos menores de edad. Igualmente, señala que al momento de la
terminación de su contrato de trabajo vivía en arriendo, junto con su núcleo
familiar (compuesto por su compañera y dos hijos)[77], pero dadas las
consecuencias económicas generadas por la terminación de su vínculo laboral, actualmente
se encuentran viviendo en la casa de la madre del accionante, y su
sostenimiento viene dependiendo de la caridad de su progenitora y algunos
familiares.
En cuanto al expediente
T-5088585, mediante comunicación allegada el once (11) de noviembre de dos
mil quince (2015), el accionante manifiesta que actualmente se encuentra “en
una situación muy precaria tanto de salud como económica” ya que por la
condición física en la que se encuentra no ha podido acceder a un empleo. Añade
que al momento de la terminación de su contrato de trabajo con la empresa
Casaval S.A., él era el pilar económico de su núcleo familiar, por lo que si
bien su esposa se encuentra trabajando, no ha sido posible lograr una solvencia
económica en su hogar, pues de hecho han tenido que aplazar los estudios
superiores de su hija debido a la falta de recursos.[78]
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro
de los trámites de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso
3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.[79]
2. Presentación de los casos y
planteamiento del problema jurídico
2.1. En cuando al primer
expediente analizado (T-5080961), el señor Wilfrido José Pinto Bermúdez
interpuso acción de tutela contra la empresa Coolesar, por considerar vulnerado
su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, al haberse decidido,
unilateralmente y sin justa causa por parte de dicha compañía, no volver a
renovar el contrato laboral a término fijo inferior a un año suscrito desde el
seis (6) de octubre de dos mil cuatro (2004), pese a que el accionante se
encontraba en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, al padecer “brucelosis”;
[80]
lo que le ocasionaba, según relata, dolores en la cintura, en la región
cervical, malestar articular generalizado y dolores de cabeza.
Adicional a ello, estima el
accionante que la A.R.L. Positiva y Famisanar E.P.S. han vulnerado su derecho
fundamental a la salud, pues no le han prestado los servicios para el
tratamiento de la enfermedad.
Por su parte, la entidad
accionada (Coolesar) señala que no hubo vulneración alguna a los derechos del
actor, pues la finalización del vínculo se dio únicamente por vencimiento del
término contractual pactado, y que en ese momento el trabajador se encontraba
ejerciendo plenamente sus actividades laborales.
2.2. Frente al expediente
T-5088585, el señor Jaime Alexander Walteros González promueve acción de tutela
contra la empresa Casaval S.A., por considerar que ésta ha conculcado su
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, pues a través de una
decisión unilateral y sin justa causa fue despedido de su puesto de trabajo,
sin considerar que padecía “cervicalgia” y “escoliosis”.
Al respecto, la sociedad
accionada manifestó que efectivamente el rompimiento de la relación laboral
obedeció a un despido sin justa causa, y que por lo mismo el accionante recibió
la indemnización respectiva. Igualmente, señala que no es cierto que se hubiese
vulnerado el derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues la enfermedad que
alega padecer el accionante es de origen común y sobre la misma la empresa
nunca tuvo conocimiento.
2.3. Con base en lo expuesto,
corresponde a la Sala Primera (1ª) de Revisión ocuparse de resolver los siguientes
problemas jurídicos:
¿Vulnera un
empleador (Coolesar) el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
de un trabajador (Wilfrido José Pinto Bermúdez), al decidir de
manera unilateral y sin obtener autorización previa del inspector de
trabajo no renovarle su contrato laboral a término fijo, el cual había sido
suscrito desde el año 2004 con prorrogas hasta el mes de agosto de 2014, a
pesar de que padecía de una afectación en su estado de
salud (diagnóstico de “brucelosis” y “hernia discal”)?
¿Vulnera un empleador (Casaval
S.A.) el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de un
trabajador (Jaime Alexander Walteros González), a quien le fue terminado su
contrato de trabajo a término indefinido, unilateralmente, sin justa causa y
omitiendo solicitar la autorización del inspector de trabajo, pese a que el
trabajador se encontraba en situación de debilidad manifiesta en razón de
que padecía “cervicalgia” y “escoliosis”?
¿Vulnera una
Administradora de Riesgos Laborales (Positiva S.A.) y una Entidad Promotora de
Salud (Famisanar E.P.S.) el derecho fundamental a la salud de un ciudadano
(Wilfrido José Pinto Bermúdez) a quien se le ha negado la continuidad del
servicio médico por el hecho de encontrarse en estado de desafiliación –lo cual
se derivó de la terminación de su vínculo laboral–, pese a que el paciente
venía siendo tratado por un cuadro clínico de “brucelosis”?
Con el fin de resolver estos
interrogantes, la Sala (i) reiterará brevemente las reglas jurisprudenciales
relativas a la procedencia de la acción de tutela para obtener la protección al
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada; (ii) desarrollará una
sucinta reiteración jurisprudencial sobre la titularidad del derecho a la
estabilidad laboral reforzada en cabeza de los trabajadores que atraviesan un
deterioro de su salud física; y a partir de lo expuesto (iii) se solucionarán
los problemas planteados en cada caso particular.
3. Procedencia de la acción de
tutela para hacer exigible el derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Reiteración jurisprudencial
3.1. En atención
a lo establecido en el artículo 86 constitucional,[81] la acción de tutela se erige
en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo judicial de carácter
preferente y sumario, diseñado para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por parte de
cualquier autoridad pública o excepcionalmente de particulares.[82]
De ahí que este Tribunal haya definido, como regla general, que el recurso de amparo no constituye el mecanismo judicial procedente
para resolver controversias típicamente legales o contractuales, cuyo escenario
natural corresponde a la jurisdicción especializada, según sea el caso.
3.2. Sin embargo,
jurisprudencialmente se ha definido que la simple existencia de un mecanismo
judicial ordinario de defensa no implica, per se, declarar improcedente
el recurso constitucional de amparo promovido, ya que en cualquier caso resulta
necesario valorar si el mismo se configura como la herramienta idónea para
garantizar el ejercicio integral de los derechos que se estiman conculcados,
por cuanto, en el evento de no ser así, la situación ya no sólo se torna
legalmente relevante, sino constitucionalmente trascendente.[83]
3.3. En relación
con lo anterior, la Corte ha admitido el ejercicio excepcional de la acción de
tutela en dos eventos: en primer lugar, cuando se interpone como el medio
principal para garantizar la protección inmediata de los derechos invocados,
siempre que (i) no exista otro mecanismo judicial disponible dentro del
ordenamiento, o (ii) pese a existir, el mismo no resulte idóneo o eficaz para
tal fin.  En segundo lugar, cuando se ejerce de forma transitoria para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable, cuya configuración exige la prueba siquiera sumaria[84] de su inminencia, urgencia, gravedad, así como
la consecuente necesidad de acudir a este medio constitucional como fórmula de
protección impostergable.[85]
3.4. Así, frente a asuntos de naturaleza laboral, la
jurisprudencia constitucional ha aclarado que cuando las pretensiones se
dirigen, por ejemplo, a obtener el reintegro de trabajadores, el pago de
salarios, el reconocimiento de prestaciones sociales, incapacidades o
pensiones, y, en fin, todas aquellas que derivan su causa jurídica de la
existencia de una relación laboral, en principio, deben ser tramitadas ante la
jurisdicción laboral y de seguridad social; pues la acción
de tutela no configura un medio para eludir las cargas procesales que
implica un litigio ordinario.
3.5. No
obstante, en tratándose de reintegros laborales, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que el juez de tutela puede garantizar la protección
inmediata de los derechos fundamentales conculcados –y por tanto admitir la
procedencia de la acción de amparo–, estando facultado para conceder la
salvaguarda constitucional definitiva, siempre que en el caso particular se
evidencie la ineficacia de la jurisdicción del trabajo para ventilar el
conflicto respectivo.[86]
Esto es así, por cuanto se ha sostenido que la tutela se torna
procedente cuando se trate (i) de personas en estado de debilidad manifiesta,
por su avanzada edad, por su mal estado de salud, por carencia de ingresos
económicos, por su condición de madre cabeza de familia con hijos menores de
edad y/o por su situación de desplazamiento forzado, entre otras;[87]
o (ii) de aquellos eventos frente a los cuales la Constitución otorga una
estabilidad laboral reforzada.[88]
3.6. En
relación con lo anterior, se ha establecido que si bien no existe un
derecho fundamental a la conservación del trabajo o a permanecer determinado
tiempo en cierto empleo, sí existe una titularidad del derecho a la estabilidad
laboral reforzada por parte de aquellas personas que se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta, por tratarse, entre otras,
de mujeres en estado de embarazo, de trabajadores aforados, de empleados en estado de discapacidad o invalidez, o por el
deterioro de su estado de salud.[89]
Con fundamento en ello, se ha dejado claro, entonces, que resulta
constitucionalmente inadmisible que a estos sujetos se les desvincule
laboralmente sin que medie una autorización del inspector del trabajo.[90]
3.7. Lo hasta aquí dicho permite
a esta Sala de Revisión concluir que cuando un ciudadano ejerce la acción de
tutela con el propósito de obtener el reintegro laboral, por haber existido
presuntamente un despido discriminatorio y sin autorización de la inspección
del trabajo, resulta necesario declarar la procedencia transitoria o definitiva
de este mecanismo constitucional, lo cual se encuentra condicionado a que al
accionante no le sea posible soportar los trámites procesales de los medios
judiciales ordinarios, por tratarse de un sujeto de especial protección, o que
por sus particulares circunstancias de salud o económicas se encuentra inmerso
en condiciones de debilidad manifiesta.
4. Las acciones de tutela
promovidas por Wilfrido José Pinto Bermúdez (T-5080961) y por Jaime Alexander
Walteros González (T-5088585) son procedentes
4.1. En cuanto a la acción de
tutela instaurada por el señor Wilfrido José Pinto Bermúdez contra Coolesar, la
Sala observa que la misma se torna procedente en consideración a las
condiciones particulares del actor, porque:
(i) Se trata de una persona que
presenta diagnóstico de “brucelosis”, por el que venía siendo sujeto de tratamiento médico en la Clínica de
Valledupar, el cual se encuentra suspendido por la desafiliación del Sistema de
Seguridad Social en Salud –derivada de la finalización de su relación laboral
con la empresa empleadora–, imposibilitando el acceso a servicios médicos
preeminentes como la realización de la intervención quirúrgica prescrita el
veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014).
(ii)
Desde el momento de su desvinculación laboral carece de recursos que permitan
garantizar su subsistencia y la de su núcleo familiar, pues dado que al momento
del despido él constituía la única fuente de ingresos en su hogar y debido a
que su condición médica ha significado un obstáculo para reincorporarse al
mercado laboral, actualmente atraviesa una situación económica que lo ubican a
él y a su núcleo familiar en circunstancias de debilidad manifiesta. Lo
anterior, máxime si se tiene en cuenta que de él venía dependiendo el
sostenimiento de su compañera permanente que se encuentra desempleada y el de
sus dos hijos menores de edad,[91]
pero ante la actual carencia de medios económicos, su manutención ha sido
asumida por la madre del accionante y sus familiares.[92]
(iii)
Pese a conocer los padecimientos del trabajador, el empleador unilateralmente
decidió, al vencimiento del plazo pactado, no volver a renovar el contrato a
término fijo suscrito con el accionante.[93]
4.2.
Ahora bien, dado que la empresa Coolesar solicitó declarar la improcedencia de
la acción, por no cumplirse con el requisito de inmediatez, esta Sala debe recordar que el principio de
la inmediatez corresponde a la razonabilidad del lapso transcurrido entre la
situación que dio origen a la transgresión alegada y la presentación de la
acción de tutela; de ahí que no sea de recibo lo señalado por la accionada si
se tiene en cuenta que, en primer lugar, la fecha en la cual se materializó la
desvinculación laboral del accionante fue el quince (15) de agosto de dos mil
catorce (2014), y en segundo lugar, el recurso de amparo fue promovido el
quince (15) de enero de dos mil quince (2015), por lo que el actor tardó cinco
(5) meses para solicitar la protección de sus derechos, sin que ello pueda ser
calificado como un periodo irrazonable.
4.3. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que, con base en lo
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
inmediatez también responde a las particularidades de cada caso, siendo
necesario valorar, por ejemplo, si la vulneración se ha extendido en el tiempo
de forma que al momento de presentar la acción de tutela el accionante aún se
encuentre en situación de debilidad manifiesta; tal como ocurre en el caso
concreto en donde, como se expuso previamente, el señor Pinto Bermúdez continúa
padeciendo los quebrantos de salud que atravesaba al momento de la terminación
unilateral del contrato de trabajo suscrito con Coolesar y en razón de los
mismos no ha podido reincorporarse a una actividad laboral.[94]
4.4. Frente a la acción de tutela
instaurada por el señor  Jaime Alexander Walteros González contra Casaval S.A.,
al igual que en el caso anterior, la Sala observa su procedencia debido a que
el accionante:
(i) Presenta una situación de
vulnerabilidad por la disminución física representada en los padecimientos de “cervicalgia”
y “escoliosis”, diagnosticados desde el año 2013, los cuales venían
siendo objeto de tratamiento clínico hasta el momento de la terminación de su
contrato de trabajo, y que le han significado la prescripción de medicamentos,
terapias, procedimientos e incapacidades médicas.
(ii) Actualmente no tiene acceso
a medios económicos que garantice su sostenimiento, pues no sólo se le ha
negado la oportunidad de acceder a un nuevo empleo, sino que la misma accionada
ha negado la solicitud de reintegro manifestada por el actor. Al respecto, debe
tenerse en cuenta que en comunicación allegada a la Corte el once (11) de
noviembre de dos mil quince (2015), el actor precisa que se encuentra
atravesando una situación crítica debido a que él venía siendo el pilar
económico de su hogar hasta el momento de su despido, por lo que los ingresos
que devenga su esposa no resultan suficientes para garantizar la manutención de
su núcleo familiar compuesto por su cónyuge y su hija. Como sustento de esta
situación, expone que incluso los estudios superiores de su hija se vieron
suspendidos luego de su desvinculación laboral, pues le ha resultado imposible
obtener medios económicos.[95]
(iii) Pese a los distintos
padecimientos del trabajador y a que en el examen de egreso se advirtió al
empleador sobre la existencia de patologías que requieren atención médica, éste
último mantuvo el despido sin justa causa y sin la autorización del inspector
de trabajo.
4.5. Con base en lo hasta aquí
expuesto, se tiene que la jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido que la
acción de tutela (i) procede como el mecanismo idóneo para proteger el derecho
a la estabilidad laboral reforzada del accionante, cuando éste se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta derivada de su situación económica, o el padecimiento
de afectaciones en su salud mental o física; y (ii) se torna como el medio
principal cuando las circunstancias del caso dan cuenta de la ineficacia de la
jurisdicción laboral para dar solución a la controversia.[96]  De
ahí que, en relación con los asuntos objeto de estudio, para esta Sala resulte
claro que si bien los accionantes podrían acudir a la vía ordinaria para hacer
exigible la garantía de sus derechos fundamentales, en ambos casos la acción de
tutela se constituye como el mecanismo principal para dirimir el conflicto
planteado, pues (i) se trata de sujetos que atraviesan circunstancias de
debilidad manifiesta a causa de la afectación que existe sobre su salud; (ii)
debido a sus padecimientos no han podido reincorporarse al mercado laboral; y
por tanto (iii) en los dos eventos el hecho de hacer exigible el acudir al
escenario especializado redundaría en imponer una espera injustificada, lo
cual, a su vez, implicaría una extensión indefinida de la situación de
vulnerabilidad.
4.6. Como consecuencia de lo
anterior, a continuación la Sala entrará a estudiar de fondo los hechos
planteados en las dos acciones de tutela, y se ocupará de resolver los
problemas jurídicos formulados.
5. El derecho a la estabilidad
laboral reforzada en titularidad de los trabajadores que atraviesan un
deterioro en su salud física. Reiteración jurisprudencial
5.1. Conceptualmente, la
jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado la doble dimensión de la
estabilidad laboral reforzada, como principio y como derecho, definiendo que, desde
su perspectiva deóntica, “supone que el trabajo esté dotado de una vocación
de permanencia o continuidad mientras no varíe el objeto de la relación,
sobrevenga una circunstancia que haga nugatorias las obligaciones reconocidas a
los sujetos de la relación o aparezca una justa causa de despido”, y desde
su dimensión de derecho “se manifiesta
en la posibilidad de
exigir la ejecución de conductas que permitan el acceso y la preservación del
empleo o la omisión de las que obstaculicen tales objetivos so pretexto de
razones injustas, supuestos que corresponden a los conceptos de protección laboral positiva y protección laboral negativa,
respectivamente”.[97]
5.2. Desde el punto de vista
normativo-constitucional, la estabilidad laboral reforzada halla su principal
fundamento en el artículo 53 superior, y se constituye en aquella garantía que
tiene el trabajador de que el vínculo
laboral existente no será finalizado por el mero arbitrio del empleador, cuando
la decisión del despido está fundada únicamente en la condición de
vulnerabilidad del empleado[98]; sin importar que el contrato de trabajo sea a término fijo o
indefinido.[99]
5.3.
Sobre este último punto, debe tenerse en cuenta que, a través de la sentencia
C-016 de 1998,[100] esta Corte resolvió la demanda formulada
contra algunos acápites de los artículos 45 (duración del contrato de trabajo),
46 (contrato a término fijo) y 61 (terminación del contrato) del Código
Sustantivo del Trabajo, dejando claro que “el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado,
producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del
patrono de no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte la efectividad
del principio de estabilidad, en cuanto ‘expectativa cierta y fundada’ del
trabajador de mantener su empleo”. De ahí que se haya establecido, en observancia
del principio de “primacía de la realidad sobre las formas”, que el contrato
laboral a término fijo, “en el evento en el que (…) subsista la materia de
trabajo y que el trabajador haya cumplido a cabalidad con sus obligaciones y
compromisos, se modifica para dar paso a la activación del principio de
estabilidad en el empleo”.[101]
5.4.
Aunado a ello, jurisprudencialmente se ha reconocido que la estabilidad laboral
reforzada obedece a una característica propia del Estado Social de Derecho,
siendo resultado de la interpretación sistemática de principios
constitucionales[102] como (i) el de la integración social de las
personas con afectación en su salud física, sensorial o psíquica (artículo 47);[103]
(ii) el de la protección especial a las personas que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta (artículo 13);[104] y
(iii) el de solidaridad, según el cual es deber de todos los ciudadanos obrar “respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas” (artículo 95).[105]
5.5. En relación
con el último de los principios enunciados –el de solidaridad–,[106]
esta Corte ha señalado que frente a los eventos en los que la estabilidad
laboral reforzada se deriva de una afectación grave en la salud del trabajador,[107]
el empleador “asume una posición de sujeto obligado
a brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición que
presenta”,[108] lo cual exige la adopción de medidas
como las de “mantenerlo en su cargo o
trasladarlo a otro similar que impli[que] menos riesgo”.[109]
5.6. Obedeciendo
a tales directrices constitucionales, legalmente la estabilidad laboral
reforzada encuentra sustento principalmente en la Ley 361 de 1997, mediante la
que se establecen mecanismos de integración social de las personas con
discapacidad, cuyos alcances han sido ampliamente reiterados por este Tribunal,
bajo el entendido de que  “si bien la ley en comento contempla una protección
específica para la población con discapacidad, la cual, dadas sus condiciones
físicas o mentales se encuentra realmente en estado de debilidad manifiesta es
importante señalar que esta Corporación ha hecho extensiva la protección
mencionada a todos aquellos trabajadores que, de ser despedidos o
desvinculados, quedarían sumidos en una completa situación de desprotección,
como aquellos que han sufrido menguas en su salud o en su capacidad general
para desempeñarse laboralmente”.[110]
5.7. De esta
forma, el artículo 26 de la Ley mencionada establece,[111] en
primer lugar, la prohibición de despedir a un trabajador que atraviesa una
disminución física o mental sin que exista previamente una autorización del
Ministerio del Trabajo, y en segundo lugar, que en caso de presentarse tal
hecho, el empleador se encuentra obligado a pagar al empleado una indemnización
correspondiente a 180 días de salario.[112]
5.8. Adicional a
lo anterior, frente a la debilidad manifiesta que da lugar al reconocimiento de
la estabilidad laboral reforzada, resulta importante considerar la síntesis
planteada por la Sala Segunda de Revisión, a través de sentencia T-302 de 2013,[113]
en la que se dijo que tal situación se presenta cuando existe “(i) una deficiencia
física, entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea
psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; (ii) una
discapacidad o (iii) una minusvalía”. Igualmente,
se ha señalado que frente a la valoración de estas circunstancias resulta irrelevante
considerar la causa de la afectación, y si se ha realizado o no una calificación
previa de invalidez.[114]
5.9. Al respecto, debe
aclararse que si bien en un primer momento la jurisprudencia constitucional
impuso como requisito para conceder el amparo a la estabilidad laboral
reforzada la prueba de la conexidad entre el despido y la limitación del
trabajador, con posterioridad la Corte desarrolló la inversión de esta carga,
haciendo recaer sobre el empleador la necesidad de acreditar que el despido
tuvo como causa razones distintas a la discriminación del empleado en razón de
su debilidad manifiesta.[115]
5.10. Como
consecuencia de ello, se estructuró la presunción de despido discriminatorio, en
cuya virtud se entiende que si una persona es titular del derecho a la
estabilidad laboral reforzada y el empleador no ha logrado desvirtuar que
fueron las circunstancias de debilidad manifiesta del trabajador las que dieron
origen al despido sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, debe el
juez constitucional concluir que con la terminación del vínculo laboral hubo una
grave afectación a los derechos del empleado.
5.11. Con base en lo
hasta aquí señalado, es posible concluir que: (i) la estabilidad laboral
reforzada constituye una garantía integrada por principios constitucionales
como la no discriminación, la igualdad y la solidaridad; (ii) que los titulares de este derecho fundamental son aquellos
trabajadores en situación de debilidad manifiesta, dentro de los que se
encuentran quienes atraviesan una afectación o disminución de su salud física o
mental; (iii) que legalmente la estabilidad laboral reforzada halla su
desarrollo en la Ley 361 de 1997, la cual exige que el despido se dé con la
autorización previa del Ministerio de Trabajo, y establece que en caso
contrario el empleador será obligado a cumplir con la indemnización de que
trata el artículo 26 de dicho cuerpo normativo, sin que ello signifique volver
eficaz la terminación del vínculo; y (iv) que jurisprudencialmente se ha
establecido la presunción de terminación discriminatoria del vínculo laboral,
por lo que en caso de que el patrono no logre desvirtuarla, se entenderá que la
causa del despido fue la debilidad manifiesta del trabajador, y por tanto será
deber del juez constitucional amparar los derechos fundamentales conculcados
con ocasión de la finalización unilateral de la relación.
6. La empresa
Coolesar vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del
señor Wilfrido José Pinto Bermúdez
6.1. El señor Wilfrido José Pinto Bermúdez
interpuso acción de tutela, pretendiendo la protección de sus derechos fundamentales
al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la salud, los cuales estima
conculcados por parte de la empresa Coolesar, pues ésta decidió no volver a
renovar el contrato a término fijo inferior a un año suscrito con el
accionante, pese a que (i) su vinculación con la empresa fue de nueve (9) años,
diez (10) meses y diez (10) días; (ii) durante ese periodo no recibió llamados
de atención a propósito del cumplimiento de su trabajo; (iii) en desarrollo de
su labor como “auxiliar de frigorífico” constantemente tuvo que tener contacto
directo con animales que eran sacrificados para su comercialización, por lo que
adquirió contagio de “brucelosis”; enfermedad que fue calificada como de
origen laboral por parte de la A.R.L. Positiva S.A. y generó disminución en su
calidad de vida e incapacidades médicas;[116]
finalmente, (iv) con ocasión de la enfermedad laboral, la A.R.L. Positiva S.A.
ya había comunicado a la empresa empleadora la necesidad de reubicar al
accionante.[117]
6.2. Sobre estos presupuestos fácticos, Coolesar manifestó
que no hubo vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el
accionante, pues, en primer lugar, la causa de la desvinculación fue la
finalización de la prórroga contractual pactada, y en segundo lugar, que al
momento de este evento, el trabajador se encontraba “en pleno ejercicio de sus
actividades laborales”.
6.3. Al respecto, esta Sala observa que entre la
empresa demandada y el accionante existió un vínculo laboral que surgió a
través de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, celebrado
desde el (6) de octubre de dos mil cuatro (2004) hasta el cinco (5) de
noviembre del mismo año;[118]
el cual fue objeto de prórrogas sucesivas por periodos de seis (6) meses, hasta
el quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014); habiéndose decidido
unilateralmente por parte del empleador no volver a renovar el vínculo
existente.
6.4. En relación con las condiciones de salud del
accionante, se evidencia que desde el año dos mil doce (2012) presenta un
cuadro clínico de infección por “brucelosis”, diagnosticado a través de
distintas visitas y exámenes médicos realizados hasta el momento mismo de la
terminación de la relación laboral[119]
y que incluso fue calificada médicamente como de origen laboral.[120] Igualmente,
se observa que esta situación estaba bajo el conocimiento pleno del empleador,
pues no sólo los resultados de las valoraciones médicas le fueron enviadas por
parte de las instituciones tratantes,[121]
sino que a raíz de una serie de recomendaciones dadas por la A.R.L. Positiva
S.A.,[122]
el diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012) se determinó su
reubicación laboral[123]
por presentar tal patología.[124]
6.5. En vista de lo expuesto,
para esta Sala al momento de materializarse el rompimiento de la relación
laboral el accionante se encontraba en una situación que lo hacía titular del
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, por atravesar una
disminución progresiva de su condición física, lo cual le generaba una pérdida
en sus capacidades laborales. A pesar de lo cual la empresa Coolesar decidió no
renovar el contrato que había sido prorrogado sucesivamente por periodos de
seis (6) meses; lo cual, contrario a lo manifestado en la contestación de esta
acción, en sí mismo no constituye una causa justa de desvinculación laboral
puesto que, tal como se desarrolló en el párrafo considerativo 5.3., en el
evento en que la materia que dio origen a la celebración del contrato persiste
al momento de finalizar el periodo pactado, es deber del patrono mantener el
vínculo en atención a los principios constitucionales de solidaridad y
estabilidad laboral reforzada.
6.6. Lo anterior
encuentra sustento si se tiene en cuenta que dentro de este proceso constitucional
la empresa contratante no desvirtuó la afirmación del accionante, según la cual
su retiro había sido producto de una discriminación en razón de su condición
física, ni tampoco acreditó que el objeto contractual se hubiese extinguido. De
ahí que sea menester dar lugar a la aplicación estricta de la presunción de
despido discriminatorio desarrollada por este Tribunal, en cuya virtud es
posible establecer que en el presente caso, no se prorrogó el contrato porque el
actor padecía una enfermedad de origen laboral que incluso dio lugar a que la
A.R.L. Positiva S.A. presentara recomendaciones a la empresa empleadora para
que se llevara a cabo la reubicación laboral del trabajador, teniendo en cuenta
las circunstancias fácticas que atravesaba; con lo cual se desconoció la
garantía de la estabilidad laboral reforzada, máxime si se observa que para
tomar esta decisión nunca hubo una autorización previa del Ministerio de
Trabajo,[125]
lo cual es presupuesto necesario para que el empleador pueda desintegrar
unilateralmente la relación.[126]
6.7. Así las cosas, en
el presente asunto se tiene que (i) el accionante suscribió con la demandada un
contrato de trabajo a término fijo que había sido prorrogado de forma sucesiva,
cuyo objeto, correspondiente al desempeño del cargo de “auxiliar frigorífico”,[127]
no se hallaba extinto al momento de finalizar la relación laboral; (ii) el
accionante es titular del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada por ser sujeto de una enfermedad de carácter laboral, la cual era plenamente
conocida por el empleador; (iii) la empresa contratante nunca desvirtuó la
presunción de retiro discriminatorio que cobija al trabajador en el presente
caso; y (iv) la decisión de no volver a prorrogar el contrato de trabajo no
estuvo precedida por la autorización del Ministerio de Trabajo, pese a las
condiciones de especial vulnerabilidad del empleado.
6.8. Por tanto, para
esta Sala de Revisión, Coolesar, en su calidad de sociedad empleadora del señor
Wilfrido José Pinto Bermúdez, vulneró el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada del accionante, por lo que no sólo está en la
obligación de reintegrarlo, sino que debe disponer el pago de la indemnización
de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues de acuerdo con el desarrollo
jurisprudencial expuesto previamente,[128]
la misma resulta plenamente exigible en el caso particular, al tratarse de un
ciudadano que fue desvinculado laboralmente debido a su condición física.
7. Acerca de la posible vulneración del derecho
fundamental a la salud del accionante, por desconocimiento del principio de
continuidad en la prestación del servicio
7.1. En el caso particular, el actor estima que su
derecho a la salud fue desconocido por Famisanar E.P.S, porque (i) desde su
parecer no se ha garantizado el acceso a un tratamiento médico integral frente
al contagio de “brucelosis”, adquirido en cumplimiento de sus funciones
dentro de la empresa Coolesar, y (ii) no se ha autorizado la realización de una
intervención quirúrgica prescrita médicamente por el padecimiento de una hernia
discal.
7.2. Dado estas circunstancias, mediante auto del
siete (07) de octubre de dos mil quince (2015), se decidió vincular a Famisanar
E.P.S., A.R.L. Positiva S.A. y a la Clínica de Valledupar, a fin de determinar
si existió o no una vulneración del derecho a la salud del accionante, y si la
misma fue responsabilidad de estas entidades; aspecto sobre el cual procede la
Sala a pronunciarse.
7.3. A través de la sentencia T-760 de 2008[129] se
precisó que, en desarrollo de los criterios jurisprudenciales históricamente
establecidos por la Corte Constitucional, la prestación oportuna, eficiente y
de calidad de los servicios médicos responde a principios como el de la
continuidad; en cuya virtud se erige el derecho que tiene toda persona a que le
sea garantizada la ininterrupción del servicio hasta tanto se haya dado el
restablecimiento de su salud.
7.4. De esta forma, se garantiza al paciente el
acceso a los servicios requeridos, en atención a lo ordenado por el médico
tratante, siendo inadmisible decidir la interrupción de los mismos por motivos
distintos a criterios médico-científicos o al estado de salud del ciudadano.
Esto, además, en armonía con el principio de integralidad, a partir del cual se
ha definido que los pacientes deben recibir “todo cuidado, suministro de medicamentos,
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el
diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el tratante
valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o
para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones”.[130]
7.5. Con base en lo expuesto, se ha establecido que
las instituciones prestadoras del servicio de salud y que se encuentren
suministrando un tratamiento médico a un paciente, están en el deber de
garantizar su finalización eficiente y de calidad, pudiendo sustraerse de éste
únicamente en el evento en que la prestación del servicio no se haya dado de
forma efectiva por otra entidad, o que, como se dijo previamente, el ciudadano
haya superado sus padecimientos.
7.6. Frente al caso concreto, los soportes de
visitas médicas obrantes en el expediente evidencian que la atención en salud
por el diagnóstico de “brucelosis” venía siendo prestada por la A.R.L.
Positiva S.A., al tratarse de una enfermedad que, como ya se ha indicado, fue
calificada como de origen laboral. No obstante, según refiere el accionante, desde
el momento de darse la finalización de la relación de trabajo existente con
Coolesar, no se continuó con el tratamiento por estar desafiliado del sistema
de riesgos profesionales.[131]
Adicionalmente, el veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) fue
atendido por cita de control en la Clínica de Valledupar, en donde le fue
identificada una hernia discal, por lo que se ordenó la realización de una “cirugía
ASA II/III”. Intervención ésta que, según el demandante, le fue negada por
la E.P.S. Famisanar, al encontrarse en estado de “retiro”.
7.7. Al respecto, resulta importante considerar que:
en primer lugar, la A.R.L. Positiva S.A. manifestó a esta Sala de Revisión que a
través de controles clínicos ha venido atendiendo el diagnóstico médico de “brucelosis”
del actor, y que la última visita médica se dio el veinte (20) de agosto de dos
mil quince (2015), en donde se entregó al afiliado la autorización para realizar
valoraciones en el área de infectología.[132]
De esta forma, observando que la entidad vinculada manifiesta y acredita la
realización de un seguimiento al padecimiento que presenta el accionante
—respecto del cual tiene la obligación de dar tratamiento por tratarse de una
enfermedad de origen laboral—, resulta claro que la misma no ha vulnerado el
derecho fundamental a la salud del señor Pinto Bermúdez, pues se ha encargado
de permitir la continuación de un tratamiento especializado por infectología,
acorde con las prescripciones médicas respectivas.
7.8. No obstante, en pos de proveer un acceso
oportuno, eficiente y de calidad al tratamiento necesario para la superación
del diagnóstico de “brucelosis”, esta Sala advertirá a la A.R.L.
Positiva S.A. la necesidad de garantizar la continuidad y prestación integral
de los servicios médicos que requiera el accionante, hasta tanto no haya una
superación de la patología u otra institución idónea no asuma la prestación del
servicio de forma efectiva.
7.9. En segundo lugar, frente a la actuación de
Famisanar E.P.S., a través de la contestación al requerimiento hecho por esta
Sala de Revisión, la entidad aclaró que (i) la prescripción “ASA” es una
valoración de reclasificación, cuyo propósito es el de corroborar si es posible
dar vía libre a una cirugía; (ii) en el caso del señor Wilfrido Pinto, se llevó
a cabo el análisis “ASA”, sin que resultara ninguna contraindicación para
realizar la cirugía ordenada por el médico tratante de la hernia discal que
padece.
7.10. En tercer lugar, la Clínica de Valledupar manifestó
ante esta Sala que el primero (1) de octubre de dos mil catorce (2014) el demandante
fue valorado por un médico especialista en neurocirugía, quien consignó en la
historia clínica que “en junta médica neuroquirúrgica se decide manejo
conservador. Conducta Alta hospitalaria medicado con pregabalina 75 Mgrs. VO
C/12 Hrs. E ibuprofeno 400 Mgrs. VO C/12 Hrs. Fisioterapia 10 sesiones.
Incapacidad laboral ambulatoria por 10 días”.[133] Dada esta
circunstancia, señala la I.P.S. que se decidió no adelantar la intervención
quirúrgica, pues el paciente presentaba, por ahora, mejoría, según concepto de
la junta.[134]
7.11. Sin embargo, con base en lo anterior y
propendiendo por la materialización plena del derecho fundamental a la salud
del peticionario, en su faceta de continuidad, esta Sala encuentra pertinente ordenar
a la Clínica de Valledupar —en su calidad de I.P.S. prestadora de los servicios
médicos del accionante— que debe continuar con el tratamiento y procedimientos
clínicos prescritos por el médico tratante que se requieran para la
recuperación del estado de salud. Famisanar E.P.S. tendrá que garantizar el
acceso efectivo a las prescripciones del galeno tratante, hasta tanto el actor
no haya superado su padecimiento u otra entidad haya asumido de forma efectiva
la prestación del servicio médico. Finalmente, se advertirá al actor que
siempre que la práctica de un procedimiento clínico dependa de su autorización
expresa, es deber de la I.P.S. darle a conocer las implicaciones del mismo, y
será su obligación, en calidad de paciente, manifestar de forma clara si está o
no de acuerdo con la realización de la intervención médica respectiva.
8. La empresa
Casaval S.A. vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
del señor Jaime Alexander Walteros González
8.1. El señor Jaime Alexander
Walteros González solicita la protección de su derecho a la estabilidad laboral
reforzada, el cual considera vulnerado por parte de la empresa Casaval S.A., al
dar por terminado de forma unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo
suscrito a término indefinido, dejando de lado que el accionante padecía “cervicalgia”
y “escoliosis”.
8.2. Por su parte, la empresa
Casaval S.A. afirma que el trabajador jamás manifestó que estuviera: (i)
enfermo, (ii) incapacitado o en (iii) tratamiento médico, razón por la cual el
despido no estuvo mediado por una autorización del Ministerio de Trabajo, ni
procedió con la desvinculación en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de
1997. Adicionalmente, señaló que (iv) la enfermedad del peticionario es de
origen común y no tipifica un estado de debilidad manifiesta.
8.3. Conforme a lo expuesto, a
continuación la Sala de Revisión se ocupará de estudiar si en el presente caso
se cumplen los presupuestos jurisprudenciales previamente referidos, para
determinar si el señor Jaime Alexander Walteros González es titular del derecho
a la estabilidad laboral reforzada.
8.4. En primer lugar, se
encuentra acreditado que entre Casaval S.A. y el accionante existió una
relación laboral que surgió a través de un contrato de trabajo a término
indefinido, cuyo objeto era desempeñar el cargo de “montacarguista”[135],
suscrito el trece (13) de abril de dos mil diez (2010),[136] y que finalizó, 4 años
y 10 meses más tarde, por decisión unilateral del empleador el treinta (30) de
enero de dos mil quince (2015). Tal decisión fue comunicada al actor a través
de una carta remitida el mismo día del retiro y sin motivación alguna, en la
que se señala que se trata de un “despido sin justa causa”.[137] Igualmente, se
encuentra demostrado que el empleador pagó al trabajador una suma de dinero
correspondiente a la indemnización por terminación del contrato sin justa
causa.
8.5. En segundo lugar, frente a
la condición médica del accionante, claramente se observa que al momento de
darse la desvinculación laboral el actor:
(i)  Ya
había sido incapacitado por “cervicalgia”[138] el 20 de febrero
de 2013.
(ii) Durante los meses de febrero
y abril de 2014 fue atendido en varias oportunidades por la E.P.S. Compensar,
siendo diagnosticado con “cervicalgia”, “escoliosis”, “síndrome
de articulación condrocostal”, “sinovitis” y “tenosinovitis”,
entre otras patologías.[139]
(iii) En el periodo comprendido
entre los meses de abril y junio de 2014, fue sujeto a un tratamiento
terapéutico por parte de la E.P.S. Compensar, en atención a la enfermedad de “cervicalgia”.
(iv) Esta patología fue
confirmada con el resultado del “examen rayos x columna cervical”, de 16
de abril de 2014, en el que se indica la presencia de “escoliosis” y “espondiloartrosis
inicial”.[140]
(v) El 25 septiembre de 2014 se
registra que el trabajador es atendido nuevamente en la E.P.S. por “lumbago
no especificado”.
(vi) Con posterioridad a su
despido, el 3[141],
20[142]
y 27[143]
de febrero de 2015, se reitera diagnóstico de “cervicalgia y lumbago no
especificado” y es remitido por primera vez a consulta de ortopedia.[144]
8.6. Con ello, se pone de
presente que si bien al momento de culminar la relación de trabajo el señor
Walteros González no se encontraba con incapacidad médica, desde el año 2013 sí
venía presentando una situación clínica cuyos síntomas se mantenían al momento
de la desvinculación.
8.7. En tercer lugar y dado lo
anterior, esta Sala de Revisión observa que la afectación de salud del señor
Walteros González le dificultó el desempeño de sus labores en condiciones
normales, pues de acuerdo con lo manifestado por el actor su desempeño exigía
un esfuerzo físico dado su cargo de montacarguista, lo cual se hace aún más
evidente con las prescripciones y valoraciones médicas,[145] en las que es
permanente la formulación de medicamentos y procedimientos para aliviar el
dolor en espalda y cuello. Por tanto, al momento de darse la terminación
unilateral del contrato de trabajo, el actor era titular del derecho a la
estabilidad laboral reforzada,  pues se encontraba en condiciones de debilidad
manifiesta por atravesar distintas afectaciones en su salud.
8.8.
Por otra parte, debe anotarse que, de acuerdo con los criterios
jurisprudenciales establecidos por esta Corte y
previamente enunciados en esta decisión, existe una presunción de
discriminación, en virtud de la cual se entiende que cuando se da el despido de
un trabajador con padecimientos de salud y sin autorización de la oficina de
trabajo, este acto debe ser asumido como discriminatorio al tenerse como causa
de retiro la debilidad del empleado, siempre que el patrono no logre desvirtuar
tal presunción.
8.9. De esta
forma, dentro del caso objeto de estudio se tiene que el señor Jaime
Alexander Walteros González: (i) tenía una relación laboral con la empresa
Casaval S.A, a través de contrato de trabajo a término indefinido que fue
terminado en forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador, (ii)
que al momento de su despido sufría de una disminución física por la “cervicalgia” y “escoliosis” que
afectaban su condición de salud, enfermedades que empezaron a ser
diagnosticadas por parte de la EPS a la cual estaba afiliado, dos años antes de
su despido,  y, (iii)  el despido del señor Walteros González se
realizó sin que mediara la autorización de la oficina de trabajo, por lo cual
está amparado de la presunción de ánimo discriminatorio en los términos
explicados en las consideraciones de esta sentencia, siendo deber del empleador
desvirtuar tal presunción; lo cual será objeto de estudio a continuación:
Con respecto a
lo que señaló el empleador en la contestación de la tutela, se tiene que frente
a las pretensiones manifiesta que no era necesario solicitar autorización del
Ministerio de Trabajo por cuanto el trabajador no se encontraba enfermo, ni
incapacitado, ni en tratamiento médico o terapéutico. Incluso agrega que al ser
notificado del despido éste no manifestó tal condición. Frente a tal
afirmación, se observa que la misma se contradice directamente con lo esgrimido
por el actor en su escrito de tutela, pues allí se menciona que su jefe
inmediato, Lewis Pertuz, quien era el responsable de la bodega, conocía sus
padecimientos de salud, afirmación que no fue desvirtuada por la empresa ni fue
objeto de contradicción. Además, relata el accionante que a los 3 días de que
le terminaran su contrato fue examinado por la médica Paula Andrea Guevara con
R.M 5304713 quien señaló que: “tenía antecedentes de cervicalgia con
espondiloartrosis lumbalgia, y requiere evitar el levantamiento de cargas
pesadas, adecuada higiene corporal y pausas activas cada dos horas de trabajo y
esperar valoración ortopedia”.
El
trabajador agrega que una vez le entregaron esta valoración clínica se presentó
a la empresa Casaval S.A para informar su estado de salud y solicitar su
reintegro. Indica que frente a tal requerimiento, la empresa le contesto: “usted
debe solicitar cita Médica en su EPS, en los próximos días con medicina laboral
por posible patología.”  Estas afirmaciones del trabajador
encuentran respaldo probatorio dentro del expediente con el examen médico de
egreso, fechado el 3 de febrero de 2015[146];
igualmente, a través de la comunicación suscrita por la líder nacional de
talento humano de la empresa Casaval S.A de fecha 16 de febrero de 2015[147] se le
indica al señor González Walteros que de acuerdo con lo mencionado en el examen
médico de retiro, debía solicitar cita médica a su EPS por posible patología.
El accionante allegó copia de su
historia clínica desde el año 2012 hasta el año 2015 y de sus incapacidades
médicas prescritas durante este período, pruebas documentales que obran en el
expediente y de las cuales se infiere que el trabajador fue diagnosticado en
varias oportunidades por la EPS Compensar con “cervicalgia” y “escoliosis”.
Incluso esta patología fue confirmada con el resultado del “examen
rayos x columna cervical”, de 16 de abril de 2014, en el que se indica la
presencia de “escoliosis” y “espondiloartrosis
inicial”.[148]
El
empleador insiste en que ni en la hoja de vida del actor, ni en su historia
laboral de la ARL y la EPS, obran incapacidades laborales. No obstante, en la
respuesta que a la tutela da la E.P.S. Compensar[149], se presenta una
relación de todos los servicios suministrados con ocasión de su patología,
entre los cuales se evidencia la atención a servicios de medicina general,
ortopedia y terapias.
El
empleador afirma que el trabajador padece de una enfermedad de origen común por
lo cual no se tipifica dentro un estado de debilidad manifiesta. Igualmente,
enfatiza que al momento del despido el trabajador no se encontraba incapacitado
ni en tratamiento médico. Con respecto a estas afirmaciones, la Sala de
Revisión, tal y como lo índico en las consideraciones de esta sentencia, que el
presupuesto para la protección a la estabilidad laboral reforzada no depende
del origen de la enfermedad, ni de la circunstancia de que el trabajador se
encuentre incapacitado o en tratamiento médico.
La
parte accionada no logró desvirtuar la presunción de ánimo discriminatorio de
la que es titular el trabajador, y  de acuerdo con lo expuesto es sujeto del
derecho a la estabilidad laboral reforzada, por encontrarse en una situación de
afectación de su salud, por lo que la empresa requería para su desvinculación
de la autorización del Ministerio de Trabajo como requisito previo, sin el cual
el despido se torna ineficaz.
8.10. La anterior situación se
refuerza si se tiene en cuenta que la empresa demandada nunca se ocupó de
demostrar la existencia de una causa objetiva de retiro, sino que, por el
contrario, se limitó a precisar que en el presente caso existió un despido sin
justa causa ausente de motivación, y que  realizó el pago de la respectiva indemnización.[150]
8.11
Adicionalmente, debe recordarse, tal como se desarrolló anteriormente,[151] que
la estabilidad laboral reforzada también responde, entre otros, al principio
constitucional de la solidaridad, el cual impone al empleador la obligación de
brindar especial protección al trabajador, a través de la adopción de medidas
que resulten necesarias para garantizar la conservación del empleo. Este
presupuesto constitucional, cuya aplicación ha considerado útil la Corte en el ámbito laboral,
permite evaluar las decisiones adoptadas por los empleadores en aquellos casos
en que el trabajador se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta.
8.12. En este sentido, si el empleador torna más gravosa la situación de
debilidad del trabajador, por ejemplo cuando éste presenta un padecimiento de
salud y es despedido, estaría actuando en contravía del postulado de
solidaridad, pues un retiro en estas condiciones y sin el permiso de la
autoridad de trabajo trae consecuencias adversas a la parte débil de la
relación laboral, ya que le impide continuar recibiendo los servicios derivados
de la afiliación a seguridad social, le quita la posibilidad de percibir  un
salario y lo pone en un escenario de desprotección dada la enorme dificultad
que tendría de volver a conseguir un empleo, en razón de su menoscabo en la
salud. Por el contrario, un actuar solidario supone el respeto a la estabilidad
laboral reforzada del trabajador, bien sea manteniendo al trabajador en su
empleo o reubicándolo en uno que sea acorde con su capacidad laboral.
8.13 Así, dentro del caso
particular, se tiene que una vez finalizado sin justa causa el contrato laboral
y cuando el trabajador procedió a practicarse el examen médico de retiro, el
día 3 de febrero de 2015,[152]
el Centro Médico Asistencial de Salud Ocupacional al cual está afiliada la
empresa  advirtió la existencia de “patologías que requieren seguimiento por
EPS”,[153]
frente a lo cual la respuesta de la accionada fue únicamente comunicarle al
trabajador que con base en los resultados de la valoración médica de egreso, le
recomendaba solicitar una cita médica a su E.P.S., manteniéndose en la decisión
de dar por terminado el vínculo contractual existente.[154]
8.14. Teniendo en cuenta que el
examen médico de retiro del trabajador es una evaluación que se practica cuando
culmina la relación laboral, con el fin de valorar y registrar las condiciones
de salud en las que el empleado se retira del cargo ocupado, se tiene que, aun
en los casos en que no se incorpore un dictamen definitivo o concluyente con
relación al estado de salud del empleado, el mismo sí permite advertir la
existencia de síntomas o señales que hacen inferir la presencia de una
enfermedad, tal como ocurrió en el caso que hoy se estudia.
8.15. Aunado a lo anterior, no
puede perderse de vista que la valoración realizada en el dictamen médico de
retiro es coherente con lo referido por el accionante, en relación con sus
quebrantos de salud, y permite confirmar plenamente la información brindada en
su relato.
8.16. Precisamente es la
abstención de cumplir con este deber lo que genera un reproche en sede
revisión, pues no se entiende cómo estando dentro de sus posibilidades el
empleador no procedió con la suspensión del despido mientras se verificaba la
real condición de salud del trabajador y se subsanaban los yerros y omisiones
cometidos durante el proceso de despido, tales como pedir autorización al
Ministerio de Trabajo.
8.17. En el presente caso no puede dejarse de tener en cuenta que
la solidaridad es sinónimo de cooperación, y que implica un actuar reciproco de
apoyo y colaboración, en atención a lo cual es posible señalar que la conducta
desplegada por el accionante en el transcurso de la relación laboral siempre
fue comprometida y consecuente con los objetivos empresariales de la empresa
Casaval S.A., pues de las pruebas obrantes en el expediente y lo manifestado
por las partes, se advierte que el peticionario estuvo vinculado con el
empleador durante casi cinco (5) años ininterrumpidos; tiempo durante el cual
prestó su fuerza de trabajo al servicio de esta empresa y cumplió sus labores
sin ninguna tacha. Esto, sin duda, contrasta con el proceder de la empresa
demandada, la cual sin consideración alguna de la situación de su empleado,
decidió despedirlo en razón de sus padecimientos físicos.
8.18. Así las cosas, esta Sala de Revisión debe concluir que en el
presente caso la empresa Casaval S.A. vulneró el derecho a la estabilidad
laboral reforzada del accionante, puesto que (i) el trabajador se encontraba en
debilidad manifiesta por atravesar un cuadro clínico de “cervicalgia” y “escoliosis”;
(ii) no existió una causa objetiva de despido y no se solicitó autorización
ante la oficina de trabajo, por tanto se entiende la terminación del contrato
como consecuencia del estado de salud del actor; (iii) en el examen médico de
retiro se le advirtió la existencia de una “posible patología” que
requería atención médica; y (iv) el trabajador venía desempeñándose en
cumplimiento estricto de sus funciones; pese a todo lo cual dicha empresa se
abstuvo de retractar el despido injustificado.
8.19. Conforme a lo expuesto, para la Sala es claro que la
empresa Casaval, al haber vulnerado el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de Jaime Alexander Walteros González, se encuentra en la obligación
de: en primer lugar, reintegrarlo de forma inmediata; en segundo lugar, pagar los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de
percibir durante el tiempo que duró la desvinculación; en tercer lugar,
cancelar la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de
1997, la cual, con fundamento en lo desarrollado en esta providencia, resulta
plenamente aplicable en este caso, pues el empleador (i) no logró desvirtuar
que el despido del accionante se dio en razón del deterioro en su salud física
y (ii) no solicitó la autorización previa del Ministerio de Trabajo; y en
cuarto lugar, debido a
que la empresa Casaval S.A. pagó al trabajador la indemnización por despido sin
justa causa, prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, la
Sala ordenará su compensación del monto de los salarios y prestaciones
laborales dejadas de percibir por el accionante desde el momento de su despido
y de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
9. Conclusiones
9.1. De
acuerdo con lo desarrollado dentro del expediente
T-50800961: acción de tutela promovida por Wilfrido José Pinto Bermúdez, contra
la empresa Cooperativa Integral Lechera del Cesar; la Sala Primera de Revisión
debe concluir que:
9.1.1. Un empleador
vulnera el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y como
consecuencia debe pagar la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley
361 de 1997, en el evento en que (i) éste decida unilateralmente no volver a
renovar un contrato a término fijo, suscrito con un trabajador que se encuentra
en una situación de vulnerabilidad en razón de su estado de salud; (ii) el
empleado hubiese estado desempeñando un cargo que sigue requiriendo la empresa
por temas relacionados con el objeto de la misma;[155] (iii)
se recomendó por la A.R.L., debido a la situación de salud, la reubicación del
trabajador a otro cargo en la misma empresa; (iv) la enfermedad haya sido
calificada como de origen laboral; (v) pese a ello, el empleador no solicite
permiso del Ministerio de Trabajo para tomar la decisión de terminación
unilateral del vínculo laboral; y  (vi) se argumente por el empleador que la
causa de la finalización de la relación de trabajo se fundamenta en el
vencimiento del plazo pactado.
9.1.2. Cuando una
Administradora de Riesgos Laborales o una Entidad Promotora de Salud han venido
prestando los servicios médicos requeridos por un paciente –o que le fueron
prescritos en virtud de un control médico–, las mismas tienen la obligación de
garantizar con eficiencia, eficacia y calidad la continuidad integral de los
tratamientos o procedimientos prescritos por el médico tratante, hasta tanto no
se reestablezca el estado de salud del ciudadano, u otra entidad asuma bajo las
mismas o mejores condiciones el acceso al servicio.
9.1.3. Con fundamento en lo anterior, se ha establecido que en el
caso concreto la empresa Coolesar vulneró el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada del señor Wilfrido José Pinto Bermúdez, y que por
su parte la A.R.L. Positiva y Famisanar E.P.S. no le conculcaron el derecho
fundamental a la salud. De ahí que la Sala encuentre necesario tomar las
siguientes determinaciones: revocar el fallo de segunda instancia, proferido el
nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015) por parte del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Valledupar, que confirmó en su integridad la sentencia de primera
instancia proferida el veintiséis (26) de enero de dos mil quince (2015), por
parte del Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Valledupar. En su
lugar, se ampararán los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada
del señor Wilfrido José Pinto Bermúdez.
Como consecuencia, se ordenará:
(i) que Coolesar proceda a reintegrar al señor Wilfrido José Pinto Bermúdez;
(ii) pague retroactivamente los salarios, prestaciones y demás emolumentos
dejados de percibir durante el tiempo que duró la desvinculación; (iii)
sufrague a favor del accionante el valor de la indemnización correspondiente a
180 días de salario, artículo 26 de la
Ley 361 de 1997; (iv) que la A.R.L. Positiva S.A. garantice al accionante un
tratamiento médico integral respecto del padecimiento de “brucelosis”,
hasta tanto dicha patología no sea superada o haya una nueva entidad que asuma
tal garantía; (v) que la Clínica de Valledupar proceda de forma
inmediata a valorar el estado de la “hernia discal L4-L5 y L5-S1” que
padece el señor Wilfrido José Pinto Bermúdez,  para que de acuerdo con el
resultado se ordenen los tratamientos y/o procedimientos clínicos que se
requieran para la recuperación de su estado de salud dentro del diagnóstico
descrito, y se conceptúe sobre la necesidad de realizar la intervención
quirúrgica prescrita el veintiséis (26) de septiembre del año dos mil catorce
(2014); (vi) a Famisanar E.P.S. que autorice y
practique al demandante los procedimientos o intervenciones clínicas ordenadas
por el médico tratante, hasta tanto el actor no haya superado su
padecimiento u otra entidad haya asumido de forma efectiva la prestación de
estos servicios; y (vii) se advertirá al actor que siempre que la práctica de
un procedimiento clínico dependa de su autorización expresa, es deber de la
I.P.S. darle a conocer las implicaciones del mismo, y será su obligación, en
calidad de paciente, manifestar de forma clara si está o no de acuerdo con la
realización de la intervención médica respectiva
9.2. En relación con
lo desarrollado dentro del expediente T5088585: acción
de tutela promovida por Jaime Alexander Walteros González, contra la empresa
Casa de la Válvula S.A., la Sala concluye que:
9.2.1. Si, en virtud
de un contrato de trabajo a término indefinido, (i) un empleador decide dar por
terminado el contrato a término indefinido, asegurando que lo hace sin justa
causa pese a que el trabajador se encuentra en situación de debilidad
manifiesta, por estar sujeto a la disminución de sus capacidades físicas, con
ocasión de lo cual ha sido incapacitado médicamente en varias oportunidades;
(ii) no desvirtúa la presunción de despido discriminatorio; (iii) en el examen clínico de egreso
fue advertida la existencia de una patología que requiere atención médica; y a
pesar de ello (iv) el patrono decidió no acceder a la solicitud de reintegro
elevada por el accionante; el empleador vulnera el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada, en inobservancia no sólo del principio
constitucional de no discriminación, sino también el de solidaridad.
9.2.2. En ese sentido, al haberse establecido que dentro de este
caso concreto Casaval S.A. vulneró el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada del señor Jaime Alexander Walteros González; la
Sala adoptarán las siguientes medidas: se
revocará la sentencia de segunda instancia proferida el veintitrés (23) de
junio de dos mil dos mil quince (2015) por parte del Juzgado Treinta y Tres
Civil del Circuito de Bogotá, en virtud de la cual se decidió confirmar integralmente
la sentencia proferida el cuatro (4) de mayo de dos mil quince (2015), por
parte del Juzgado Treinta y Cuarto Civil Municipal de Bogotá. Como consecuencia
de ello, se tutelará el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
del accionante; y se ordenará a Casaval S.A. (i) reintegrar al señor Jaime
Alexander Walteros González, (ii) pagar los salarios,
prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que duró
la desvinculación, (iii) cancelar a favor del accionante el valor de la
indemnización de que trata el artículo 26
de la Ley 361 de 1997, y (iv) compensar de los montos indicados en los dos
numerales anteriores el valor de la indemnización ya recibida
por el accionante como consecuencia del despido sin justa causa, prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- En relación con el expediente T-5080961, REVOCAR
el fallo de segunda instancia proferido el nueve (9) de marzo de dos mil quince
(2015) por parte del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Valledupar, que confirmó en su integridad la
sentencia de primera instancia proferida el veintiséis (26) de enero de dos mil
quince (2015), por parte del Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de
Valledupar, en la que se declaró improcedente la acción promovida por Wilfrido José Pinto Bermúdez; y en su lugar CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del
accionante.
Segundo.- ORDENAR a la Cooperativa Integral Lechera del
Cesar –Coolesar–
que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, reintegre al señor Wilfrido José
Pinto Bermúdez en
el cargo que desempeñaba el quince (15) de agosto del año dos mil catorce
(2014), o en otro igual o mejor, sin solución de continuidad frente a los
salarios, prestaciones y demás emolumentos.
Tercero.- ORDENAR a la Cooperativa Integral Lechera del
Cesar –Coolesar–
que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, pague al señor Wilfrido José Pinto
Bermúdez las acreencias laborales dejadas de
percibir durante el periodo que duró la desvinculación laboral.
Cuarto.- ORDENAR a la Cooperativa Integral Lechera del
Cesar –Coolesar–
que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, pague al señor Wilfrido José Pinto
Bermúdez la indemnización de que trata el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Quinto.- ADVERTIR a la A.R.L. Positiva S.A. que deberá garantizar de forma
efectiva la continuidad de los procedimientos o tratamientos médicos que sean
médicamente prescritos a favor del señor Wilfrido José
Pinto Bermúdez,
dentro del diagnóstico de “brucelosis”, hasta tanto el accionante se
encuentre recuperado plenamente de esta enfermedad o hasta que una institución
distinta asuma tal garantía.
Sexto.- ORDENAR a la Clínica de Valledupar —en su
calidad de I.P.S. prestadora de los servicios médicos del accionante— que de
forma inmediata proceda a valorar el estado de la “hernia discal L4-L5 y
L5-S1” que padece el señor Wilfrido José Pinto
Bermúdez,  para que de acuerdo con los resultados se ordenen los tratamientos
y/o procedimientos clínicos que se requieran para la recuperación de su estado
de salud dentro del diagnóstico descrito, y se conceptúe sobre la necesidad
médica de realizar la intervención quirúrgica prescrita el veintiséis (26) de
septiembre del año dos mil catorce (2014).
Séptimo.- ORDENAR a Famisanar E.P.S. asumir la prestación del servicio de salud a
favor del señor Wilfrido José Pinto Bermúdez, autorizando los
procedimientos o tratamientos clínicos que le sean prescritos por el médico
tratante, dentro del diagnóstico de “hernia discal L4-L5 y
L5-S1”. Esta orden deberá cumplirse
hasta tanto el accionante se encuentre recuperado plenamente del diagnóstico
mencionado o hasta que una entidad distinta asuma la prestación efectiva de los
servicios requeridos por el paciente.
Octavo.- ADVERTIR al señor Wilfrido
José Pinto Bermúdez que siempre que la práctica de un procedimiento
clínico dependa de su autorización expresa, es deber de la I.P.S. darle a
conocer las implicaciones del mismo, y será su obligación, en calidad de
paciente, manifestar de forma clara si está o no de acuerdo con la realización
de la intervención médica respectiva.
Noveno.- En relación con el
expediente T-5088585, REVOCAR el fallo de segunda instancia
proferido el veintitrés (23) de junio de dos mil dos mil quince (2015) por
parte del Juzgado
Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá D.C., que confirmó en su integridad
la sentencia de primera instancia proferida el cuatro (4) de mayo de dos
mil quince (2015), por
parte del Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, en la que se decidió
declarar improcedente la acción de tutela promovida por Jaime Alexander
Walteros González; y en su lugar CONCEDER el amparo del
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del accionante.
Décimo.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la empresa Casa de la Válvula S.A. –Casaval S.A. – que, en el término de diez
(10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, reintegre
al señor Jaime Alexander Walteros González en el cargo que desempeñaba el treinta (30) de enero del año dos
mil quince (2015), o en otro igual o mejor, sin solución de continuidad frente
a los salarios, prestaciones y demás emolumentos.
Undécimo.- ORDENAR a la empresa Casa de la Válvula S.A.
–Casaval S.A. –
que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, pague al señor Jaime Alexander Walteros González las acreencias laborales dejadas de percibir durante
el periodo que duró la desvinculación laboral.
Duodécimo.- ORDENAR a la
empresa Casa de la Válvula S.A. —Casaval S.A.— que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, pague al señor Jaime Alexander
Walteros González la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
Trigésimo.- ORDENAR a la empresa Casa de la Válvula S.A.
—Casaval S.A.—, compensar de los montos indicados en los dos numerales
anteriores el valor de la indemnización ya recibida por
el accionante como consecuencia del despido sin justa causa,
prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
Cuadragésimo.- LÍBRESE por la
Secretaría General de esta Corporación la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
A LA SENTENCIA
T-692/15
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Criterio diferencial
que caracteriza, de un lado, la protección constitucional y de otro, la
protección legal a la estabilidad laboral reforzada (Salvamento
parcial de voto)
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Desacuerdo con
aplicación de presunción por despido discriminatorio ante ausencia de
autorización de inspector de trabajo, y con orden de reconocer indemnización
por 180 días de salario (Salvamento parcial de voto)
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Protección no se
encuentra bien fundamentada (Salvamento parcial de voto)
Magistrado Ponente:
María Victoria Calle Correa
Referencia:
Expediente
T-5.080.961 y T-5.088.585
1. Con el acostumbrado respeto, me
permito salvar parcialmente mi voto en relación con el fallo de la referencia,
con fundamento en el criterio diferencial que, a mi juicio, caracteriza, de un
lado, la protección constitucional y, de otro, la protección legal a la
estabilidad laboral reforzada, según lo expongo a continuación:
1.1. Si bien existen numerosas sentencias
de la Corte que no lo han hecho así, estimo que es preciso separar dos
hipótesis que son claramente diferenciables, y que, por lo mismo, requieren el
desarrollo de reglas jurisprudenciales acordes con cada circunstancia.
Se trata de la situación del trabajador
discapacitado, por un lado, quien está cobijado por la protección del artículo
26 de la Ley 361 de 1997 y la del trabajador no discapacitado pero sí en
condición de debilidad manifiesta, por otro, cuya protección tiene origen
directamente en la Constitución y en el desarrollo jurisprudencial, más no en
el régimen legal mencionado. Considero que, en principio, éste régimen sólo es
aplicable a las personas con discapacidad; sin embargo, la jurisprudencia lo ha
extendido a personas en otros estados de debilidad, como la incapacidad o los
tratamientos médicos vigentes, pero creo que allí surge un sistema distinto de
protección, que repito, tiene fuente constitucional y no legal. De ello se
derivan varias consecuencias.
Con el fin de proteger la estabilidad
laboral reforzada del trabajador en situación de discapacidad, la Ley 361 de
1997 contempló la obligación legal del empleador de
acudir a un trámite administrativo -el concepto de la autoridad del trabajo-
para dar por terminada la vinculación laboral. De no hacerse así, el empleado
queda cobijado por una presunción de despido discriminatorio, que hace ineficaz
el mismo, y cuya consecuencia inmediata es el reintegro, el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir, y la sanción por 180 días de salario.
Ahora, con respecto al trabajador en
estado de debilidad manifiesta, si bien cabe predicar el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, y, por consiguiente, la existencia de una
obligación del patrono de mantener al trabajador en el empleo, como producto de
un imperativo constitucional de solidaridad, no existe la obligación legal de
obtener el concepto de la autoridad del trabajo para dar por terminada la
vinculación laboral. Por lo mismo, tampoco cabe aplicar la consecuencia que la
ley ha atribuido para el incumplimiento de esa carga legal, cual es la sanción
de 180 días de salario, pues hacerlo va en contravía con el principio de
legalidad que se predica de los procedimientos y de las sanciones.
En ese orden de ideas, estimo que la
protección que se brinda a las personas en situación de debilidad, cuyo estado
es de difícil valoración probatoria y apenas ocurre en sede de tutela, no pude
ser la misma que la que se aplica para las personas en situación de
discapacidad, cuya condición ha sido de específica definición por el legislador
y debe estar previamente determinada por la autoridad competente.
En tal sentido, si bien estoy de acuerdo
con el amparo a la estabilidad laboral reforzada del accionante en el caso
T-5.088.585, no convengo con la aplicación de la presunción por despido
discriminatorio ante la ausencia de la autorización del inspector del trabajo,
ni con la orden de reconocer la indemnización por 180 días de salario,
contemplada por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
2. Por otra parte, considero que el
amparo a la estabilidad laboral reforzada en el primer caso (T-5.800.961) no se encuentra
tan bien fundamentando, pues resulta inquietante que se haya concluido que el
despido del accionante se produjo en virtud de su estado de salud cuando el
último hecho que se registró, que hubiese podido generar un motivo para su
desvinculación, fue la recomendación de su reubicación laboral el 23 de enero
de 2013, es decir, un año y medio antes de que le informaran sobre la
terminación del contrato, el 26 de junio de 2014. El largo periodo transcurrido
genera muchas dudas sobre la conexidad entre la motivación discriminatoria y el
despido, lo que no permite llegar a una conclusión determinante sobre la
efectiva vulneración del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada. No obstante, en este caso sí convengo con la protección del derecho
a la salud en su faceta de continuidad, por las razones expuestas en el cuerpo
de la sentencia.
Fecha ut supra,
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
[1] Como
anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su Cédula de
Ciudadanía, en la que consta que nació el 07 de abril de 1978. Folio 11 del cuaderno principal (de ahora en adelante,
siempre que se haga alusión a un folio, se entenderá que hace parte del
cuaderno principal del respectivo expediente, salvo que se diga otra cosa).
[2] Según el Certificado de Existencia y Representación
Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar, el objeto social de
esta institución es fundamentalmente el desarrollar actividades de producción
de productos pecuarios como leche y carne, propias de los frigoríficos. Folios
83 a 88.
[3] Ver
folios 13, 14, 18, 19, y 36.
[4] En el
folio 12 obra copia de una comunicación fechada el 5 de octubre de 2004, en el
que la gerente general de Coolesar manifiesta al accionante que “la empresa
ha contratado sus servicios como AUXILIAR FRIGORÍFICO, por el periodo
comprendido del 6 de octubre de 2004 al 5 de noviembre de 2004”
[5] Estas
fechas fueron acreditadas a través de la copia de la constancia laboral
expedida por Coolesar, en la que se describe tal información. (Folio 13)
[6] En el folio
14 obra comunicación suscrita por el Gerente General de Coolesar, en la que se
expone tal información.
[7] Ver
folio18, en el que se encuentra copia de una carta en la que Coolesar le
informa al accionante sobre estas prórrogas.
[8] Tal
como fue descrito en los pie de página anteriores.
[9] Así lo
acredita el concepto médico de la ARL Positiva Compañía de Seguros.
[10] Así lo
acredita la comunicación dirigida a Coolesar, fechada el 23 de enero de 2013.
(Folio 36)
[11] Ver folio 19.
[12] Así lo
acredita la historia clínica obrante en el expediente, específicamente en el
folio 73.
[13] Folio
12.
[14] Folio
13.
[15] Folio
14.
[16] Folio
15.
[17] Folio
16.
[18] Folio
17.
[19] Folio
20.
[20] Folios
18 y 19.
[21] Folio
21.
[22] Folio
22.
[23] Folio
25.
[24] Folio
26 y 27.
[25] Folio
28.
[26] Folios
29, 30 y 34.
[27] Folio
31.
[28] Folios
36 y 37.
[29] Folios
40, 41 y 42.
[30] Folio
43.
[31] Folios
44 a 46.
[32] Folio
47.
[33] Folio
48 y 49.
[34] Folio
50
[35] Folio
51.
[36] Folio
53.
[37] Folio
55.
[38] Folio
56.
[39] Folio
65.
[40] Folio
61.
[41] Folios
69-73.
[42] Así lo acredita la copia de la cédula de ciudadanía,
contenida en el folio 9 del cuaderno principal.
[43] Folios 37, 38 y 39.
[44] Folio 49.
[45] Folio 47.
[46] Folio 46.
[47] Folio 52.
[48] Folio 29.
[49] Folio 54.
[50] Folio 44.
[51] Folio 35.
[52] Folio
3.
[53] Folio 189 del cuaderno principal.
[54] Folio 128 del cuaderno principal.
[55] Folio 148 del cuaderno principal
[56] Folio 270 del cuaderno principal
[57] Folio
28.
[58] Folio
29.
[59] Folio
30.
[60] Folios
31 y 32.
[61] Folio
33.
[62] Folios
38 y 39.
[63] Folio
40.
[64] Folio
43.
[65] Folios
34, 35 y 36.
[66] Folio
42.
[67] Folio
44.
[68] Folio
45.
[69] Folio
46 y 47.
[70] Folio
48.
[71] Folio
49.
[72] Folios
50 y 51.
[73] Folio
54.
[74] Folio
55.
[75] Folio 203 del cuaderno principal
[76] Folio 324 del cuaderno principal
[77] Según
los registros civiles de nacimiento allegados, los dos hijos con los que
convive, Katlin Carolina Pinto Correa y Jeambran Josué Pinto Correa, cuentan
con una edad de 13 y 15 años, respectivamente. (Folios 309 y 310 del cuaderno
de revisión).
[78] Al
escrito allegado el actor anexa el registro civil de nacimiento de su hija,
quien cuenta con una edad de 18 años. Folios 15 a 19 del cuaderno de revisión.
[79] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[80] La
Clínica de la Universidad de Navarra describe los síntomas de la brucelosis
humana así: “Lo
más frecuente es la aparición de síntomas generales, entre los que predomina
la fiebre. || Alrededor del 30% de los pacientes
presentan síntomas respiratorios dominados por la tos y hasta un 20%
tienen síntomas digestivos.  || A la exploración física,
más de la mitad de los pacientes presentan un aumento del tamaño del hígado
(hepatomegalia), muchas veces acompañado de un aumento del bazo
(esplenomegalia) y hasta una cuarta parte de los pacientes presentan
adenopatías palpables. Las lesiones cutáneas son raras. || Las manifestaciones
localizadas aparecen por afectación específica de un determinado órgano o
tejido. La localización osteoarticular es la más frecuente. Aparece en
aproximadamente un tercio de los pacientes y se manifiesta principalmente con
sacroiletis y/o espondilitis de predominio lumbar. || La localización
neurológica (principalmente meningitis con mayor o menor grado de encefalitis),
cardiovascular (endocarditis y pericarditis) representan las formas más graves
de la enfermedad.” Adicionalmente, se expone respecto de la forma como se
contagia que “el
hombre puede adquirir la enfermedad principalmente por vía digestiva, sobre
todo a través de la ingesta de leche o derivados lácteos que no han pasado los
pertinentes controles sanitarios y, por tanto, no precisando contacto directo
con la fuente infecciosa. || Otras vías de infección son la
respiratoria por inhalación, la cutánea o la conjuntival por inoculación, lo
cual necesariamente implica un contacto directo con los animales infectados.”. Dicha
información se encuentra disponible en: http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/brucelosis
[81] Artículo
86: “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. || La protección consistirá en una orden para que
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. || Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. || En ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. ||
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
[82] Reiteradamente,
y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 2591 (“Por el cual
se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”), la Corte ha desarrollado la procedencia de la
acción de tutela contra particulares en los siguientes casos: (i) cuando está a cargo de la prestación de un servicio
público, (ii) cuando su conducta afecta grave y
directamente el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión. Al respecto, pueden verse, por
ejemplo, las sentencias T-389 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-129
de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-117 de 2011, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-419 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-634 de 2013 y
T-276 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[83] Al
respecto puede verse, entre otras, la sentencia T-489 de 1999, M.P. Martha
Victoria Sáchica; T-1088 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-034 de 2010, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-472 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
y T-128 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[84] En sentencia T-1068 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se dijo: “(…) para demostrar el perjuicio
irremediable, al menos se deben señalar los hechos concretos que permitan
deducir que ocurre dicho perjuicio el juez no se los puede imaginar, por
supuesto que no se necesitan términos sacramentales pero al menos alguna
indicación que le permita al juzgador tener la confianza de que en verdad se
halla el peticionario en una situación que lo afecta a él y a su familia”.
Posteriormente, en sentencia
T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, se señaló: “(…) tratándose de sujetos de
especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser
interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva.  De
un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del
grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía
privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la
persona individualmente considerada (…). De cualquier manera, no todos los
daños constituyen un perjuicio irremediable por el simple hecho de tratarse de
sujetos de trato preferencial”. De igual forma, sobre la
flexibilidad en la valoración del perjuicio, pueden observarse las sentencias T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-456 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-167 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-352 de
2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-796 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto; T-206 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio; T-269 de 2013 y
T-276 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[85] Estas reglas de aplicación fueron desarrolladas en la
sentencia T-225 de 1993,
M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[86] Puede observarse, entre otras, la sentencia T-1239 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[87] Al respecto, ver las sentencias T-941 de
2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1065 de 2005, M. P. Álvaro Tafur
Galvis; T-326 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-182 de 2011, M. P. Mauricio
González Cuervo; y T-457 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[88] Así, por ejemplo, en sentencia T-1023, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, al estudiar dos acciones de tutela en las que se reclamaba la
protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada, derivada de un
precario estado de salud, se dijo: “la regla que desarrolla el principio de
subsidiariedad no es absoluta, ya que la jurisprudencia constitucional ha
establecido que, si bien en principio no procede la tutela para solucionar este
tipo de controversias, excepcionalmente y con carácter extraordinario, ésta se
muestra como el mecanismo apto para la protección inmediata de los derechos del
peticionario, cuando quiera que se involucren los derechos de sujetos que se encuentran
en estado de debilidad manifiesta o de aquellos que tienen derecho a la
estabilidad laboral reforzada”.
[89] Frente a este aspecto, pueden consultarse
las sentencias T-1040 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-941 de 2005, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-1065 de 2005, M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-198
de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-326 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar
Gil; y T-182 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
[90] En ese
mismo sentido, puede revisarse la sentencia T-269 de 2010, M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio, en donde la Sala revisó los fallos en los que se resolvió una
acción de tutela interpuesta por un trabajador en misión, quien sufrió una
pérdida de su capacidad laboral como consecuencia de un accidente laboral, y
quien al finalizar su incapacidad no fue reintegrado a su cargo. En relación
con la procedencia de la acción de tutela, se dijo que “[…] dada la imperiosa necesidad de materializar la especial
protección constitucional de personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta
como enfermos, discapacitados, mujeres en estado de embarazo etcétera; se ha
precisado que en dichos eventos la acción de tutela es el mecanismo idóneo y
procedente para alegar la protección de derechos fundamentales tales como el
trabajo, la estabilidad laboral reforzada o la protección del mínimo vital,
entre otros”. En tal oportunidad se
decidió tutelar los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral
reforzada y al mínimo vital del tutelante, y se ordenó a la empresa de servicios
temporales que reintegrara al accionante a un cargo de igual o superior
jerarquía que estuviera acorde con sus condiciones de salud.
[91] Según
los registros civiles de nacimiento allegados, los dos hijos con los que
convive, Katlin Carolina Pinto Correa y Jeambran Josué Pinto Correa, cuentan
con una edad de 13 y 15 años, respectivamente. (Folios 309 y 310 del cuaderno
de revisión).
[92] Así lo
manifestó el accionante a través de comunicación allegada el once (11) de
noviembre de dos mil quince (2015). Obrante en los folios 301 a 318 del
cuaderno de revisión.
[93] Es
necesario no perder de vista que luego de ser desvinculado se le diagnosticó
también una hernia discal y el médico tratante le prescribió una cirugía.
[94] En
relación con la valoración particular de la inmediatez, se ha dicho que, por
ejemplo, en el asunto concreto debe verificarse si “(i) la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros” (sentencia T-792 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Igualmente, en sentencia T-211 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, la
Sala de Revisión estudió la vulneración de
los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al
mínimo vital de un ciudadano por parte de la empresa accionada, derivada de la
terminación del contrato laboral sin que mediara autorización del inspector del
trabajo, pese a que el empleado presentaba disminuciones físicas ocasionadas
por un accidente laboral. En ese caso la acción de tutela se interpuso, al
igual que en el caso objeto de estudio, cinco (5) meses luego del despido, por
lo que la Sala aclaró que “debe ponerse de presente que el derecho
fundamental alegado subsiste a pesar del paso del tiempo, como quiera que el
peticionario aún está en condiciones de debilidad manifiesta, pues el accidente
laboral que sufrió le ha ocasionado diferentes afecciones de salud y de hecho
le generó una pérdida de capacidad laboral permanente, por lo que no debe alegarse
la ausencia del presupuesto inmediatez en el término para interponer la acción”.
[95] Folios
15 a 19 del cuaderno de revisión.
[96] Al
respecto, en sentencia T-009 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Sala
de Revisión estudió el caso de una funcionaria que fue desvinculada
laboralmente porque la entidad a la que estaba adscrita presentaba un plan de
renovación, sin que se tuviera en cuenta que la accionante, al momento de su
despido, era titular del retén social. En tal oportunidad se decidió tutelar el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, y, frente a la
procedibilidad de la acción de tutela, se dijo que “el juez de
tutela está habilitado para conceder la protección de manera definitiva, si por la gravedad de las
circunstancias del caso resulta inoperante asistir al debate ante la
jurisdicción laboral, o transitoria,
cuando el asunto objeto de discusión puede ser discutido en última instancia
ante la jurisdicción laboral”. Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado en
distintos casos donde las Salas de Revisión han reconocido la procedencia de la
acción de tutela como el mecanismo principal para garantizar el amparo del
derecho a la estabilidad laboral reforzada de trabajadores que atraviesan una
pérdida de capacidad, como ocurrió, entre otras, en sentencias T-440A de 2012,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-116 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada; y
T-738 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos. Igualmente, varias ocasiones las Salas
han amparado el derecho a la estabilidad laboral de un trabajador que fue
despedido, pese a padecer afectaciones en su estado de salud, tal como ocurrió,
entre otras, en las sentencias T-962 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-263
de 2009, T-337 de 2009, T-554 de 2009, y T-797 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-230 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa; T-651 de 2012, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-837 de 2014 y T-899 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[97] Sentencia T-449 de 2010, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, lo cual ha sido reiterado, por ejemplo, en sentencias
T-860 de 2010 del mismo magistrado ponente; T-140 de 2011, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-226 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-457 de
2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Adicionalmente, en sentencia SU-250
de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, S.V. Fabio Morón Díaz, se
desarrolló la existencia de ciertos grados de estabilidad en el empleo,
clasificándola en absoluta, impropia, y precaria. La primera, generada por la
seguridad plena de conservar intacto el vínculo laboral; la segunda, con la que
se permite el pago de una indemnización a cambio de la efectividad del despido
o desvinculación; y la última, se da en aquellas relaciones donde el empleador
goza de un amplio grado de discrecionalidad, tal como sucede con los empleos de
libre nombramiento y remoción. A su vez, tan consideración ha sido reiterada
en, por ejemplo, las sentencias T-519 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
T-081 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-1080 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-385 de 2006, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; T-812 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-866 de
2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-809 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao;
T-307 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-738 de 2013, M.P. Alberto
Rojas Ríos; y T-445 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[98] En sentencia T-225 de 2012, M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto, la Sala de Revisión estableció que dos empresas
vulneraron los derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital y a la
estabilidad laboral reforzada de un ciudadano que fue desvinculado de su
trabajo, pese a haber estado incapacitado a causa de un accidente de tránsito,
a la vez que determinó que, en virtud del artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo, ambas empresas debían responder solidariamente por la vulneración de
los derechos alegados por el accionante. Posición reiterada, entre otras, en la
sentencia T-226 de 2012, del mismo magistrado ponente.
[99] La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica
en establecer que la figura constitucional de la estabilidad laboral reforzada
es exigible de los contratos de trabajo, sin distinción de su naturaleza (sea a
término fijo o indefinido). Al respecto, pueden verse las sentencias C-016 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, S.V. José Gregorio
Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez
Caballero; T-040 A de 2001, M.P. Fabio Morón
Díaz; T-546 de 2006, Álvaro Tafur Galvis; T-1083 de 2007 y T-449 de 2008, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[100] M.P.
Fabio Morón Díaz, S.V. José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz,
Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero. Igualmente, en
sentencia T-449 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Sala Octava de
Revisión estudió el caso de una mujer a la que se decidió no renovarle su
contrato de trabajo a término fijo suscrito con la accionada. En este caso, si
bien se declaró la carencia de objeto por hecho superado, se consideró que sí
existió una vulneración de la estabilidad laboral reforzada y se consideró que “en los contratos laborales celebrados
a término definido en los que esté inmerso un sujeto de especial protección y
en los que el objeto jurídico no haya desaparecido, no basta con el vencimiento
del plazo o de la prórroga para dotar de eficacia la terminación unilateral del
contrato, sino que, es obligación del patrono acudir ante Inspector del Trabajo
para que sea éste quien, en aplicación del principio constitucional de la
primacía de la realidad sobre las formas, determine si la decisión del
empleador se funda en razones del servicio, como por ejemplo el incumplimiento
por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles, y no en
motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le
haya dado al vínculo laboral”. Al respecto
pueden verse, además, las sentencias T-864 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez; T-651 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-547 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa; y T-041 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
entre muchas otras.
[101] Ibídem.
[102] Así se
ha reconocido, por ejemplo, en sentencia T-415 de 2011, M.P. María Victoria
Calle Correa, en donde la Sala de Revisión decidió tutelar los derechos a la
estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de una persona que padecía la
pérdida parcial de la capacidad laboral, y a quien se le finalizó
unilateralmente su vínculo laboral sin que mediara concepto previo de la
inspección del trabajo.
[103] Al respecto, resulta de especial relevancia observar
la sentencia T-263 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, mediante la cual se
estudió la acción de tutela promovida por una ciudadana que fue desvinculada
laboralmente sin autorización del inspector de trabajo, pese a que la
trabajadora padecía cáncer. Allí se concedió el amparo solicitado y se dijo que
el derecho a la estabilidad laboral reforzada es también producto de la
interpretación del artículo 47 constitucional, según el cual “el Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran”.
[104] En
principio, la aplicación del artículo 13 constitucional fue entendido como
fundamento de la estabilidad laboral reforzada en el caso de mujeres en estado
de gravidez (T-373 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); sin embargo, dicha
interpretación ha sido extendida a todos los casos en los que se ha reconocido
el derecho a la estabilidad laboral, por vulnerabilidad manifiesta del actor,
tal como ocurrió en las sentencias T-531 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
T-925 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T- 530 de 2005, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; T-780 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T- 307 de 2010
y T-988 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
[105] La
integración de la estabilidad laboral reforzada con lo dispuesto en el artículo
95 de la Constitución Política fue acogida desde la sentencia T-519 de 2003.
Allí se dijo que la estabilidad laboral reforzada también se soporta “en el cumplimiento del deber de solidaridad; en efecto,
en estas circunstancias, el empleador asume una posición de sujeto obligado a
brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición que
presenta”; posición ésta que se ha constituido en un
pacífico criterio jurisprudencial, el cual ha sido reiterado, entre otras, en
las sentencias T-496 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-632 de 2004, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-689 de 2004 y T-853 de 2006, M.P. Álvaro Tafur
Galvis; T- 295 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-232 de 2010, T-050
de 2011, T-2011 de 2012, T-837 de 2014, y T-405 de 2015, M.P. María Victoria
Calle Correa.
[106] Tal
como fue sintetizado en la sentencia T-434 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil,
el principio de solidaridad presenta una triple dimensión: “(i) como una pauta de
comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas
ocasiones; (ii) como un criterio de interpretación en el análisis de
las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los
derechos fundamentales; (iii) como un límite a los derechos propios”. Esta postura fue adoptada con
posterioridad por la Sala Plena de la Corte, en la Sentencia C-459 de 2004, en
donde se estudió la constitucionalidad de los artículos 39 y 40 (parcial) de la
Ley 472 de 1998, y se hizo un amplio desarrollo sobre el principio de la
solidaridad en la Constitución Política Colombiana, advirtiéndose que “[e]n el ámbito de nuestro ordenamiento
jurídico discurren múltiples expresiones de la solidaridad, siendo pertinente
destacar, entre otras las siguientes:  (i) la que le corresponde asumir al
Estado, a la sociedad y a la familia frente al derecho a la vida digna;
(ii) la que le atañe a las personas frente al deber de contribuir al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de
justicia y equidad;  (iii)  la que le corresponde al empleador
frente a la dignidad del trabajador que padece de alguna enfermedad
catastrófica, manteniéndolo en su cargo, o si existe posibilidad de contagio,
reubicándolo en otra plaza”
(negrilla fuera del texto).
[107] Ver
sentencia T-445 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[108] Sentencia
T-519 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra –la cual, como se dijo previamente, ha sido objeto de constante
reiteración–. Allí, además, se dijo que “[c]uando
se comprueba que la causa del despido fue en realidad el estado de salud del
accionante, la Corte ha encontrado que la desvinculación configura una
discriminación, frente a la cual procede la tutela como mecanismo de
protección. Para justificar tal actuación no cabe invocar argumentos legales
que soporten la desvinculación como la posibilidad legal de despido sin justa
causa (…) [e]sta protección especial se soporta, además del singular amparo
brindado por la Constitución a determinadas personas por su especial condición,
en el cumplimiento del deber de solidaridad; en efecto, en estas circunstancias,
el empleador asume una posición de sujeto obligado a brindar especial
protección a su empleado en virtud de la condición que presenta”.
[109] Tal
posición fue inicialmente desarrollada en la sentencia SU 256 de 1996, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, en estudio estricto del deber de solidaridad del
empleador respecto de ciudadanos que se encuentran en situación de debilidad,
En igual sentido, pueden observarse las sentencias T-936 de 2009, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; y T-003 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en
las que se dio aplicación al principio de solidaridad en los eventos en los que
el empleado presenta una disminución física.
[110] Este planteamiento fue esgrimido en la sentencia T-116 de 2013, M.P. Alexei Julio
Estrada; sin embargo, con anterioridad ya las distintas Salas se había
pronunciado al respecto, por ejemplo en las sentencias T-1040 de 2001, y T-531
de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1183 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza;
T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-819 de 2008, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; T-226 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; entre
otras. Y más recientemente las reiteraciones realizadas en, por ejemplo, las
sentencias T-877 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-351 de 2015, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T- 405 de 2015 y T-503 de 2015, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[111] Artículo
26 de la Ley 361 de 1997: “En ningún caso la limitación de una persona,
podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que
dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por
razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de
Trabajo. || No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato
terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito
previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente
a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
[112] A través de sentencia C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el
entendido de que la indemnización a que éste se refiere no tiene por propósito
darle eficacia al despido de un trabajador con afectación en su salud y sobre
el que no ha existido autorización de la Oficina de Trabajo. De ahí que se
advierta que tal indemnización es constitutiva simplemente de una sanción que
se impone al empleador por su actuación discriminatoria, quien, además, debe
asumir la ausencia de efectos jurídicos de la desvinculación laboral.
[113] M.P.
Mauricio González Cuervo.
[114] En
la sentencia T-1040 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Sala Quinta de
Revisión amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada de una ciudadana
que padecía una afectación en su salud, pese a lo cual fue despedida
unilateralmente y sin justa causa. Allí se determinó que la titularidad del
derecho en mención no depende estrictamente de la existencia de una
discapacidad calificada, sino que basta la presencia de una disminución física
al momento del despido –que puede derivarse de una afectación en la salud del
trabajador o de la recuperación de algún procedimiento clínico–, de forma que
le impedían el desarrollo normal de las labores impuestas por su empleador.
Igualmente, en sentencia T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la
Sala Sexta de Revisión estudió el caso de una persona que padecía “síndrome
de túnel carpiano y rectificación de la curva cervical lordotica”, y no
obstante fue despedido por el empleador, quien alegaba una justa causa por
presentarse una reestructuración administrativa de la empresa. En esa
oportunidad se tuteló la estabilidad laboral reforzada del accionante, y se
dijo que este derecho se extiende a favor “no sólo de los trabajadores
discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de
salud en el desarrollo de sus funciones”. Esta posición ha sido constantemente reiterada por las
distintas Salas de esta Corte, por ejemplo en las sentencias T-518 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-819 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-603 de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-050 y T-415 de 2011, M.P. María Victoria
Calle Correa; T-225 y T-226 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-547
de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa; y T-486 de 2014, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[115] Inicialmente,
la posición jurisprudencial de la Corte se orientaba a que el amparo del
derecho a la estabilidad laboral reforzada debía estar precedido por la
acreditación del nexo de causalidad entre el despido y la debilidad manifiesta.
Así, por ejemplo, en la sentencia T-519 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, se tuteló el derecho antes referido de un trabajador que fue despido sin
justa causa y a raíz de los padecimientos de “carcinoma basocelular”. En
ese momento se consideró que “no es suficiente el
mero hecho de la presencia de una enfermedad o una discapacidad en la persona
para que el empleador decida desvincular de manera unilateral sin justa causa.
Para que la protección vía tutela prospere debe estar probado que la
desvinculación laboral se debió a esa particular condición”. No obstante, a partir de la ya citada
sentencia T-198 de 2006 se ha presumido que el despido de una persona que
atraviesa un deterioro grave en su salud obedece a un trato discriminatorio, a
menos que el empleador logre probar lo contrario. Esta última postura es la que
hoy impera en nuestro ordenamiento jurídico, en sustento de lo cual pueden
observarse las sentencias T-062 de 2007 y 1083 de 2007, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-992 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-434 de 2008,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-263 de 2009, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-003 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
T-263 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-018 de 2013 y
T-691 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras.
[116] En el
folio 29 obra constancia de la calificación de origen realizado por Positiva
A.R.L. Adicionalmente, obra en el expediente constancia de incapacidades
médicas prescritas el 30 de agosto de 2012 y el 12 de septiembre de 2014, cuya
causa fue dolor lumbar y dolores articulares, respectivamente.
[117] Esto
es acreditado a través de la comunicación dirigida a Coolesar, fechada el 23 de
enero de 2013. (Folio 36).
[118] Así lo
acredita la copia de la certificación laboral allegada por parte del
accionante, respecto de la cual la empresa demandada nunca se manifestó. (Folio
14).
[119] Folios 23, 25, 26, 27, 28, 43, 47, 56. Esto además se
hace evidente en las epicrisis e historias clínicas parciales obrantes en los
folios 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 65, y 69 a 73.
[120] Folios
22, 29, 30 y 34.
[121] Folios
31, 40, 41 y 42.
[122] Folios 36 y 37.
[123] En el folio 21 obra copia de la comunicación dirigida
al accionante por parte del empleador, en donde se informa que se ha decidido
su reubicación laboral en el cargo de Conductor de Planta de Sacrificio.
[124] Adicionalmente, debe
tenerse en cuenta que el veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce
(2014) fue diagnosticado con una hernia discal,[124]
prescribiéndosele la realización de una intervención quirúrgica que, por el
hecho de encontrarse desvinculado laboralmente, no fue llevada a cabo. Pese a
que esta situación no se evidenció al momento de la finalización del contrato,
la misma sí da cuenta de una circunstancia adicional que corrobora el estado de
vulnerabilidad actual del accionante.
[125] Al
respecto no sólo el empleador se sostuvo en la idea de no tener la obligación
en este caso de solicitar la autorización del inspector de trabajo, sino que la
ausencia de este requisito también fue soportada con la comunicación dirigida
por el Ministerio-Dirección Territorial del Cesar al accionante, en el que
refiere que nunca se solicitó la validación del retiro. (Folio 20).
[126] Ver
párrafo considerativo No. 5.7.
[127] En la
copia del contrato allegado por la parte demandada, se describe el objeto del
mismo así: “a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de
trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio
mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad
con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus
representantes y || b) A no prestar directa ni indirectamente servicios
laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo
oficio, durante la vigencia de este contrato. C) A guardar absoluta reserva
sobre los hechos documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en
general, sobre todos los asuntos que llegan a su conocimiento por causa o con
ocasión de su contrato de trabajo.”
[128] Ver
párrafos considerativos No. 5.6 y 5.7.
[129] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[130] Ibídem,
en reiteración de lo dicho en la sentencia T-1059 de 2006, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[131] En el expediente obra constancia de desafiliación, en
el folio 16.
[132] La
contestación obra en los folios 20 a 39 del cuaderno de revisión, y
puntualmente la autorización de las valoraciones referidas se encuentra en el
folio 35 del mismo cuaderno.
[133] Ver
folios 192 y 193 del cuaderno de revisión.
[134] Folio
81 y 82 del cuaderno de revisión.
[135] Folio
57.
[136] En el folio
161 obra una certificación laboral expedida por Casaval S.A, en la que se
acredita tal información.
[137] Así lo
acreditó la misma empresa empleadora, la cual allegó copia de la comunicación
del despido (folio 158).
[138] Folio
45.
[139] Ver
folios 29 a 34.
[140] Folio
54.
[141] Folios
38, 39 y 49.
[142] Folio
40.
[143] Folio
42.
[144] Folio
48.
[145] Historia
clínica parcial del 1 de octubre de 2012, con diagnóstico “Síndrome de
Articulación Condrocostal (Tietze)” (folio 28); historia clínica parcial
del 05 de febrero de 2014, con diagnóstico “Dispepsia R071 dolor en el pecho
al respirar” (folio 29); historia clínica parcial del 15 de abril de 2014,
bajo diagnóstico de “cervicalgia” (folio 30); historia clínica parcial
del 08 de abril de 2014, en la que se señalan como diagnósticos “cervicalgia
M940, Síndrome de la Articulación Condrocostal (Tietze), Sinovitis y
Tenosinovitis I10X, Hipertensión Esencial (primaria)” (folio 31 y 32);
historia clínica parcial del 21 de abril de 2014, diagnosticado con “Obesidad,
Cervicalgia, Mialgia, Contractura Muscular, Escoliosis, e Hipergliceridemia
Pura” (folio 33); procedimiento
adelantado por Compensar E.P.S., del 29 de abril de 2014, 3 de mayo de 2014 y 7
de mayo de 2014, por diagnóstico de “cervicalgia”, con descripción “manejo
de cervicalgia a través de sesiones de terapia con manejo calor, estiramientos
musculares cervicales, ejercicios libres”, entre otros. (folio 34, 35, 36); historia clínica parcial del 25 de
septiembre de 2014, con diagnóstico “lumbago no especificado” (folio
37); historia clínica parcial, del 03 de febrero de 2015, con diagnóstico “cervicalgia
y lumbago no especificado”, y remite a consulta de ortopedia de primera vez
(folio 38 y 39); incapacidad médica por “tendinitis de brazo izquierdo”,
del 8 de abril de 2014 (folio 44); incapacidad médica por diagnóstico de “cervicalgia”,
del 9 de diciembre de 2013 (folio 45); carta del 16 de febrero de 2015, en la
que la empresa Casaval S.A. le comunica al accionante que “según diagnóstico
emitido por el Centro Médico Asistencial en Salud Ocupacional en el que se le
realizó el examen médico de retiro, usted debe solicitar cita médica en su EPS
en los próximos días con medicina general, por posible patología”, y anexa
copia del referido examen (folio 46 y 47); resultados de Evaluación
Osteomuscular y de Condición Física, del 30 de enero de 2015, en los que se
señala que no fue posible realizar las pruebas de fuerza muscular y
flexibilidad por dolor del paciente, y se diagnostica “escoliosis” (folio
50 y 51); resultado del examen de rayos x
de columna cervical, fechado el 16 de abril de 2014, en el que se indica que “hay
escoliosis y espondiloartrosis inicial” (folio 54).
[146] A
folio 47 obra el examen médico de egreso realizado al señor Jaime Alexander
González Walteros por la empresa Alianza Exámenes Empresariales, y en el cual
se registran las siguientes recomendaciones: “usar elementos de protección
personal, estilos de vida saludable, higiene postural, hacer pausas activas”.
En este dictamen médico también se ordena remitir a ortopedia y se conceptúa
que el paciente “presenta patologías que requieren seguimiento por EPS”. (negrilla
fuera de texto original)
[147] Folio
46. En esta comunicación de la empresa Casaval S.A se señala: “Por medio del
presente documento, queremos comunicarle que según diagnostico emitido por el
centro médico asistencial en salud ocupacional en el que se le realizó el
examen médico de retiro, usted debe solicitar cita médica en su EPS en los
próximos días por posible patología.”
[148] Folio
54.
[149] Folio
277.
[150] Debe
recordarse, en primer lugar, que en el expediente obra copia de la carta de
despido, en la que se hace evidente lo señalado. (Folio 158). En segundo lugar,
que la indemnización fue pagada a través de la liquidación del contrato y que
correspondía al despido sin justa causa, no de la que trata el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997.
[151] Ver
párrafos considerativos 5.4 y 5.5.
[152] Folio
47.
[153] Ibídem.
[154] Así incluso se lo hizo saber al trabajador la misma
empresa, a través de carta suscrita el 16 de febrero de 2015. Ver folio 46.
[155] Según el Certificado de Existencia y Representación
Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar, el objeto social de
esta institución es fundamentalmente el desarrollar actividades de producción
de productos pecuarios como leche y carne, propias de los frigoríficos. Folios
83 a 88.