C-031-09
Sentencia C-241/06
Sentencia C-031/09
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE CHILE, PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO
DE COMPLEMENTACION ECONOMICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO ECONOMICO
AMPLIADO ENTRE COLOMBIA Y CHILE (ACE 24)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Características
CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS
TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez
en la representación de un Estado
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación y celebración
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de debates
en el Senado de la República/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
de requisitos de trámite
En razón del trámite ordinario de la ley,
se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión
constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación
oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates
de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras; (iv) que entre el
primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la
aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la
otra, transcurran por lo menos quince días; (v) la comprobación del anuncio
previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial
y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días
siguientes. A partir del examen efectuado por la Corte Constitucional, pudo
verificarse que el Proyecto de Ley inició su curso en el Senado de la
República; se realizaron las publicaciones oficiales del proyecto y de la
ponencia por parte del Congreso de la República, antes de darle curso en la
comisión respectiva; entre el primer y segundo debate en cada Cámara,
transcurrió un tiempo no inferior a ocho (8) días, así también, pudo
constatarse que entre la aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación
del debate en la Cámara de Representantes transcurrió un lapso no
inferior a quince (15) días; el trámite legislativo observó el requisito del
quórum decisorio en el sentido prescrito por el artículo 146 de la Constitución
Nacional, y se cumplieron con los debates y aprobaciones en las Comisiones
Segundas Permanentes y en las Plenarias de Senado y Cámara, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 160 y 163 superiores; se dio cumplimiento al
requisito de anuncio previo consagrado en el artículo 160 constitucional dentro
del trámite legislativo
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No se incumplió porque entre la sesión en
que se hizo el anuncio y la sesión en que se votó no medió ninguna sesión de la
Comisión Segunda del Senado
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONGRESO-Cumplimiento de requisitos/TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL EN SESIONES
EXTRAORDINARIAS DEL CONGRESO-Competencia de comisión segunda y plenaria de la
Cámara para su trámite
La Corte constata que efectivamente, la Cámara de
Representantes contaba con la competencia temporal y material para tramitar la
ley aprobatoria y el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Chile,
toda vez que el Presidente de la República, mediante decreto núm. 096 de 2008,
fechado 17 de enero de 2008, convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la
República desde el 6 de febrero de 2008 hasta el 15 de marzo del mismo año,
precisándole el trámite que debía surtirse durante el período de sesiones, en
el que se encontraba el proyecto de ley en estudio
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elemento material
En cuanto al elemento material del control
de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, las de la ley
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
determinar si se ajustan o no al Texto Fundamental.
TRATADO INTERNACIONAL-Concepto
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-Alcance/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-Aplicación del
principio in dubio pro legislatoris/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-Doctrina non self executing
Si bien, la Corte Constitucional ha sostenido que el
juicio que adelanta sobre los tratados internacionales no es de conveniencia
sino jurídico, también resulta cierto que el examen de constitucionalidad
acerca del respeto de los principios de equidad, igualdad, reciprocidad y
conveniencia nacional, en los términos de los artículos 9, 150.16, 226 y 227
Superiores, tratándose de Acuerdos de Libre Comercio, no puede adelantarse sin
tomar en cuenta las actuales dimensiones de los intercambios comerciales entre
las Partes; las expectativas válidas de incremento de aquéllos, al igual que el
grado de desarrollo de sus respectivas economías. Así pues, no le basta al juez
con examinar la constitucionalidad de los diversos equilibrios, ventajas y
concesiones presentes en cada uno de los compromisos asumidos formalmente por
los contratantes a lo largo del clausulado que conforma el texto del tratado,
sino que este último debe ser apreciado como un todo, aunque por razones
metodológicas su estudio se adelante por grandes capítulos o incluso, de forma
transversal. Dicho análisis, por lo demás, debe ser llevado a cabo dentro de un
contexto histórico y económico específico. Una de las características de los
controles abstractos de constitucionalidad, es la ausencia de elementos
fácticos, de aplicación concreta, lo cual le impide a la Corte tomar una
decisión plena con todos los elementos de juicio. De allí que la decisión de la
Corte se apoya en los elementos de juicio con que cuenta en el momento, lo que
conduce a señalar que, en materia de control previo de constitucionalidad, la
decisión que se toma respecto al tratado sea a priori, por cuanto su efectiva
adecuación con la Constitución se verificará en la práctica. De allí que, sea
dable afirmar la existencia de varias interpretaciones, opiniones y
valoraciones sobre la equidad y conveniencia del tratado, así como distintas
alternativas hipotéticas de interpretación que llevan a reconocer la presunción
de validez y de constitucionalidad del tratado, con base en el principio in
dubio pro legislatoris.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-Control
judicial sobre disposiciones que tengan por objeto su ejecución/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD SOBRE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-Reserva de la Corte
para examinar leyes que desarrollen cláusulas de acuerdo de libre comercio
Las futuras ejecuciones legislativa y administrativa
del instrumento internacional deben ser conformes con la Constitución, y
aquellas disposiciones con rango legal o reglamentario que permitan la debida
ejecución interna de un tratado internacional de libre comercio, deberán ser
sometidas a los correspondientes controles judiciales, con lo que se quiere
significar que la Corte se reserva su competencia para examinar toda ley que
desarrolle las cláusulas contenidas en un Acuerdo de Libre Comercio, sin que se
pueda alegar la operancia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional. En
este orden de ideas, se concluye y precisa que, la declaratoria de
exequibilidad de un tratado internacional de comercio, no afecta (i) la
existencia y vigencia plena de competencias normativas del Congreso y del
Ejecutivo; (ii) la aplicación, en casos concretos, del bloque de
constitucionalidad queda intacta; y (iii) la eventual procedencia de alcance de
las acciones constitucionales. Un tratado de libre comercio no puede llevar al
vaciamiento o desconocimiento de las competencias de los órganos judiciales que
propenden por la defensa de los derechos fundamentales. De hecho, no se puede
olvidar que un tratado internacional de libre comercio no es más que una ley, y
por ende, debe ser interpretada y aplicada de conformidad con la Constitución.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-Contenido
De igual manera, es preciso indicar que el control de
constitucionalidad que adelanta la Corte sobre los tratados internacionales
comprende la integridad del texto, es decir, los anexos, pies de página, al
igual que cualquier comunicación entre las Partes encaminada a acordarle algún
sentido o alcance a los compromisos asumidos
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-Intensidad
En cuanto a la intensidad del control de
constitucionalidad en lo atinente a tratados de libre comercio, la Corte
considera que aquél debe ser leve, en consideración al amplio margen de
discrecionalidad de que goza el Presidente de la República como director de las
relaciones internacionales y a la materia regulada. Sin embargo, aquél se torna
intenso en relación con aquellas cláusulas convencionales que afecten el
disfrute de derechos fundamentales constitucionales, tales como la salud y el
trabajo, al igual que la protección de las comunidades indígenas y raizales.
Así, se debe precisar que, en materia de control previo de constitucionalidad
sobre tratados de libre comercio, la Corte debe analizar si las normas que
restringen derechos fundamentales superan un test de razonabilidad; que los
fines a alcanzar sean constitucionales y que las restricciones sean adecuadas.
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA ENTRE COLOMBIA Y CHILE-Es una reforma al Acuerdo de Complementación Económica
ACE 24/PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA ENTRE
COLOMBIA Y CHILE-Constituye un verdadero tratado internacional
El Protocolo Adicional al Tratado de Libre Comercio
suscrito entre Colombia y Chile en 2006, constituye una reforma al Acuerdo de
Complementación Económica ACE 24 suscrito en 1993, con el propósito de
establecer un espacio económico ampliado en el marco del Tratado de Montevideo
de 1980, y  cumple a cabalidad con todas y cada una de las condiciones para ser
considerado un tratado internacional, en los términos de la Convención de Viena
de 1969
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA ENTRE COLOMBIA Y CHILE ACE 24-Contexto en que se inserta/ASOCIACION
LATINOAMERICANA DE INTEGRACION ALADI-Conformación/ASOCIACION
LATINOAMERICANA DE INTEGRACION ALADI-Principios rectores
El Acuerdo comercial entre Colombia y Chile
es un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica núm. 24,
celebrado entre ambos países el 6 de diciembre de 1993, en el marco de la
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, creada mediante el Tratado de
Montevideo de 1980 y aprobado en Colombia mediante Ley 45 de 1981. La
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, es una organización
internacional de integración económica, conformada en la actualidad por
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela, siendo sus principios rectores los siguientes: (i)
pluralismo en materia política y económica; (ii) convergencia progresiva de
acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano;
(iii) flexibilidad; (iv) tratamientos diferenciales con base en el nivel de
desarrollo de los países miembros; y (v) multiplicidad en las formas de
concertación de instrumentos comerciales. Los Estados miembros de la ALADI, con
el propósito de consolidar un mercado común latinoamericano, pueden aprobar
acuerdos de integración económica de diversa naturaleza, como son: (i) Acuerdos
contentivos de preferencias arancelarias regionales, las cuales se aplican a
productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes
para terceros países; (ii) Acuerdos de alcance regional, es decir, comunes a la
totalidad de los países miembros; y (iii) Acuerdos de alcance parcial, con la
participación de dos o más países del área.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Objetivos
Son objetivos del TLC con Chile, entre
otros, (i) la promoción, en condiciones de equidad, del desarrollo equilibrado
y armónico de las Partes; (ii) eliminar los obstáculos al comercio bilateral de
bienes y servicios; (iii) coordinar la ejecución de políticas comerciales y
ambientales; y (iv) incrementar las oportunidades de inversión.
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Conformidad con postulados integracionistas
constitucionales
En el tratado internacional sometido
actualmente al control de la Corte, se evidencia la conformidad del mismo con
los postulados integracionistas constitucionales, por cuanto mediante la
adopción de tales instrumentos, encaminados a liberalizar el comercio de bienes
y servicios mediante la supresión de barreras arancelarias y medidas de efecto
equivalente, se estrechan los vínculos comerciales entre los países, se genera
un clima propicio para las inversiones recíprocas, y en últimas, se fomenta la
generación de empleo en los sectores exportadores. De igual manera, se pretende
que los consumidores locales accedan a una mayor variedad de bienes y servicios
a mejores precios.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Incompetencia de la Corte Constitucional
para determinar conformidad con otros tratados sobre comercio internacional
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Limitación de efectos a ciertos espacios no
constituye renuncia al ejercicio de la soberanía nacional ni exclusión de
espacios de su territorio
La exclusión de ciertos espacios en el Acuerdo de
Libre Comercio entre Colombia y Chile no constituye renuncia alguna al
ejercicio de la soberanía nacional ni significa, como equivocadamente se podría
pensar, que el Estado está admitiendo que tales espacios excluidos no conforman
parte de su territorio. Todo lo contrario. El Estado colombiano, en ejercicio
de su soberanía, suscribe un tratado internacional en el cual, por motivos de
conveniencia, decide limitar los efectos jurídicos de aquél a ciertos espacios
que conforman su territorio.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Consagración de cláusulas tipo y cláusulas
convencionales en tratado se ajusta a la constitución/TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CON CHILE-Inclusión de medidas de salvaguardia es conforme con
principios de derecho internacional económico
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Adopción de medidas antidumping y derechos
compensatorios constituyen instrumentos de defensa comercial legítimos
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Condiciones para aplicación de modalidades
de expropiación
El Capítulo IX del Acuerdo de Libre
Comercio con Chile consagra dos modalidades de expropiación: directa e
indirecta. En ambos casos, se deben cumplir las siguientes condiciones: (i) que
sea por causa de utilidad pública o de interés social; (ii) se aplique de
manera no discriminatoria; (iii) medie un pago pronto, adecuado y efectivo de
la indemnización; y (iv) se respete el debido proceso. Se prevé igualmente que
la indemnización deberá (i) ser pagada sin demora; (ii) ser equivalente al
valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes
de que la medida expropiatoria sea llevada a cabo; (iii) no reflejar ningún
cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con
antelación a la fecha de la expropiación; y (iv) ser completamente liquidable y
libremente transferible.
EXPROPIACION DIRECTA EN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO-Concepto/EXPROPIACION
DIRECTA EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Pilares fundamentales/EXPROPIACION
DIRECTA EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Se ajusta a la constitución
EXPROPIACION INDIRECTA EN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO-Concepto/EXPROPIACION
INDIRECTA EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Requisito para su aplicación/EXPROPIACION
INDIRECTA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONOMICO-Antecedentes
La denominada expropiación indirecta,
consistente en un acto o una serie de actos realizados por una Parte que tienen
un efecto equivalente al de una expropiación directa, pero sin transferencia
formal del derecho de dominio. Se establece como condición que debe cumplir la
medida de efecto equivalente a la expropiación directa, la realización de una
investigación fáctica, caso por caso, que considere entre otros factores los
siguientes: (i) el impacto económico del acto gubernamental, aunque el hecho de
que un acto o una serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso sobre el
valor económico de una inversión, por sí solo, no establece que una
expropiación indirecta haya ocurrido; (ii) el grado en el cual la acción del
gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables de la inversión;
y (iii) el carácter de la acción gubernamental.
EXPROPIACION INDIRECTA EN DERECHO
INTERNACIONAL ECONOMICO-Ejemplos
de actos gubernamentales calificados por Tribunales Arbitrales
Internacionales como expropiaciones indirectas
Tribunales arbitrales internacionales han calificado
como expropiaciones indirectas actos gubernamentales tales como: (i)
declaración de zona protegida para la conservación de una especie de vegetal
desértica, unida al no otorgamiento de permiso de construcción, en el lugar en
donde se llevaría a cabo la inversión; (ii) interferencia de una autoridad
regulatoria gubernamental (Consejo de Medios), a efecto de permitir que el
inversionista doméstico dé por terminado un contrato, que fue básico para que
el inversionista extranjero realizara su inversión; (iii) revocatoria de una
licencia de funcionamiento de un depósito de desechos tóxicos; (iv) imposición
de tributos excesivos o arbitrarios, que acarrean la consecuencia de hacer
económicamente insostenible la inversión; (v) revocatoria de certificado de
zona de libre comercio acarreando la consecuencia de prohibir la importación; y
(vi) imposición de administradores designados por el Estado anfitrión. Así, en
materia de expropiaciones indirectas no sólo está de por medio la protección de
la propiedad privada y la primacía del interés general sobre el particular,
como sucede en materia de expropiación directa, sino además el ejercicio de las
facultades regulatorias estatales, encaminadas a la protección de intereses
legítimos como son la salud pública, la seguridad y el medio ambiente.
EXPROPIACION INDIRECTA EN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO-Tiene fundamento
constitucional en principio de confianza legítima/EXPROPIACION INDIRECTA EN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Condiciones establecidas para su aplicación son
razonables y no limitan competencias regulatorias estatales
Si en esencia, la confianza legítima consiste en que
el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible,
en cual pueda confiar. Se trata, por tanto, que el particular debe ser
protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades
públicas. No se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea
titular de un derecho adquirido, se trata de una mera expectativa en que una
determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas
intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la
obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los
medios, para adaptarse a la nueva situación. En el Acuerdo de Libre Comercio
suscrito entre Colombia y Chile se establece unas claras condiciones para que
se trate de un daño indemnizable. La determinación acerca de si un acto o una
serie de actos estatales, en el contexto de una situación específica,
constituye una expropiación indirecta demanda la realización de una
investigación fáctica, caso por caso, en la cual se consideren, entre otros
factores, los siguientes: (i) el impacto económico del acto gubernamental,
aunque el hecho de un acto o una serie de actos de una Parte tenga un efecto
adverso sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no establece
que una expropiación indirecta haya ocurrido; (ii) el grado en el cual la
acción del gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables de la
inversión; y (iii) el carácter de la acción gubernamental.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Mecanismos de solución de controversias
entre inversionistas extranjeros y Estados se ajustan a la Constitución
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Comercio de servicios y su liberalización
se ajusta a la Carta Política en la medida que no afecta la existencia de
monopolios rentísticos ni la intervención del Estado en la economía
El Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre
Colombia y Chile pretende avanzar en el proceso de apertura del mercado de
servicios de ambas naciones, en un ambiente de libre competencia, mediante la
adopción de cláusulas referentes al trato nacional, nación más favorecida,
medidas disconformes y reconocimiento mutuo, e incluye una regulación
específica para la prestación de servicios profesionales, y de conformidad con
su jurisprudencia, la Corte ha estimado que la liberalización del comercio de
servicios se ajusta a la Carta Política, en la medida en que respete las
facultades atribuidas a los órganos de control, inspección y vigilancia, e
igualmente, no afecten la facultad de que dispone el Estado para reservarse la
prestación de determinados servicios, en tanto que actividades estratégicas, o
por razones de interés social, en los términos del artículo 365 Superior.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Disposiciones sobre contratación pública se
ajustan a los principios que orientan la contratación pública en Colombia
El capítulo de contratación pública busca
lograr la apertura de los mercados de adquisición de bienes y servicios de las
entidades públicas, en condiciones de igualdad y en un marco de transparencia,
estableciendo cláusulas convencionales encaminadas a asegurar un trato nacional
y no discriminatorio para los proveedores de bienes y servicios originarios de
Chile y Colombia, al igual que ciertas reglas para los procesos de licitación
pública, en tanto que la contratación directa se restringe. Así mismo, se
establecen condiciones y requisitos mínimos referentes al proceso de selección
que incluyen la publicación para todas las licitaciones de un aviso en un medio
electrónico que tenga un punto único de acceso para todo el gobierno y que sea
accesible electrónicamente. Todas estas previsiones se ajustan a los principios que
orientan la contratación pública en Colombia y que son igualmente conformes con
lo dispuesto en el artículo 209 Superior, en materia de principios rectores la
función administrativa.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE-Mecanismo y procedimiento previstos para la
solución de controversias se ajustan a los postulados del debido proceso y del
derecho de defensa de las partes
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA DE
1993 ACE 24 ENTRE COLOMBIA Y CHILE-No ha sido sometido a aprobación del Congreso ni al
control constitucional/ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA DE 1993 ACE 24
ENTRE COLOMBIA Y CHILE-Exhorto al Gobierno para que remita al congreso el
texto del Acuerdo/ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA DE 1993 ACE 24 ENTRE
COLOMBIA Y CHILE-Incompetencia de la Corte Constitucional para declarar su
inexistencia
En 1993, Colombia y Chile suscribieron un Acuerdo de
Complementación Económica o ACE 24, con el propósito de establecer un espacio
económico ampliado en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, del cual el
Acuerdo de Libre Comercio, aprobado por el Congreso mediante Ley 1189 de 2008 y
sometido a la revisión de la Corte constituye un Protocolo adicional al ACE 24,
es decir, una reforma al mismo, y si bien cabe precisar que el ACE 24 fue
incorporado al orden interno colombiano mediante decreto reglamentario núm.
2717 de 1993, modificado posteriormente por el decreto núm. 1741 de 1994 y
ampliado por medio de los decretos 2172 de 1995; 2181 de 1996; 2178 de 1997 y
617 de 2002, no ha sido sometido, hasta el presente, a la aprobación del
Congreso ni al control constitucional a cargo de la Corte. La Corte considera
que carece de competencia para declarar la inexistencia de un tratado, en razón
a que la Carta Política, la faculta exclusivamente para ejercer el control de
constitucionalidad sobre los tratados internacionales y sus correspondientes
leyes aprobatorias, no pudiendo asumir, de oficio, el conocimiento de acuerdos
internacionales, o de textos normativos que se le presenten como tales por los
ciudadanos, los cuales ni siquiera han sido sometidos a la aprobación del
Congreso de la República.
Referencia: expediente LAT-323
Revisión automática del “Acuerdo
de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile,
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el
Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE
24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006, y de la Ley 1189 de 2008, por medio del cual fue aprobado.
Magistrado Ponente:
Dr.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de
dos mil nueve (2009)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión automática del “Acuerdo
de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile,
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el
Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE
24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006, y de la Ley 1189 de 2008, por medio del cual fue aprobado.
I. ANTECEDENTES
Mediante oficio recibido el día 6 de mayo
de 2008, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a
esta Corporación copia auténtica del “Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo
de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”,
suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006, y de la Ley 1189 de
2008, por medio del cual fue aprobado, para que de conformidad con lo previsto
en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la
exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
Mediante auto del 3 de junio de 2008 el
Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Con
el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una
decisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la
práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos. Recibidas
éstas, dictó auto de continuación de trámite y ordenó dar cumplimiento a lo
dispuesto en los numerales cuarto y siguientes del auto del 3 de junio de 2008.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la
Corte a decidir acerca del asunto de la referencia.
II. LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL
SOMETIDOS AL EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A continuación se transcribe el texto de la
ley enviada para revisión.
LEY 1189 DE 2008
(abril 28)
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile - Protocolo
adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un
Espacio Económico Ampliado Entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre
de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006.
El Congreso de Colombia
Visto el texto del “Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y la República de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo
de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito
en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006, que a la letra dicen:
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C.,
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Consuelo Araújo Castro.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia y la República de Chile - Protocolo adicional al
Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio
Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de Diciembre de 1993”,
suscrito en Santiago, Chile, el 27 de Noviembre de 2006.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y la República de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo
de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito
en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006, que por el artículo 1° de esta
ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de
Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Fernando Araújo Perdomo.
El Viceministro de Desarrollo Empresarial, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de las funciones del
Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Sergio Diazgranados Guida.
Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile el
cual constituye un protocolo adicional al ACE 24
Debido a la extensión del texto del tratado
internacional, el mismo puede consultarse en el Diario Oficial Núm. 46.974 del
28 de abril de 2008.
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Mediante auto del 1º de julio de 2008, el
Magistrado Sustanciador emitió auto de requerimiento dirigido al Señor
Secretario General del Senado de la República con el objetivo de hacer acopio
de la totalidad de la información relacionada con la aprobación de la ley
objeto de examen. De manera específica, solicitó la remisión de las siguientes
pruebas:
1.
Todas las
gacetas en las
cuales aparezcan publicadas las correspondientes ponencias, informes de
ponencia, debates, anuncios y aprobación del “Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al
Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio
Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”,
suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006, y de la Ley 1189 de
2008, por medio del cual aquél fue aprobado, indicando las correspondientes
páginas con exactitud.
2.
Certificación, con
exactitud, de cada uno de los quórum deliberatorios y decisorios con los
cuales fue aprobada en cada uno de los debates la mencionada ley en el Senado
de la República (Comisión Segunda y Plenaria).
3.
Certificación en
el sentido de si se conformó o no una Comisión de Conciliación, y dado el caso,
las correspondientes Gacetas del Congreso donde figuren los anuncios y
respectivas aprobaciones.
IV. INTERVENCIONES.
1. Consejo Gremial Nacional.
Luis Carlos Villegas Echeverri, actuando
como Presidente de la ANDI y del Consejo Nacional Gremial, interviene en el
proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declarar exequibles el
tratado internacional y su ley aprobatoria.
Luego de examinar el trámite que surtió el
tratado internacional y su respectiva ley aprobatoria, indica que el Tratado de
Libre Comercio entre Colombia y Chile es una Complementación Económica del
texto suscrito por las partes en 1994, cuando en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración ALADI, suscribieron el ACE-24.
En tal sentido, indica que el ACE-24 ha
generado una liberalización del 99% de las partidas sometidas a régimen, y a su
amparo se realiza el 95% del comercio bilateral.
Así las cosas, señala que el presente
tratado comercial abre las puertas al comercio y a la integración entre ambas
naciones, el cual ha crecido de manera significativa en los últimos años. De
allí que la profundización en disciplinas ya existentes y la inclusión de
nuevas, permite crear nuevas condiciones para la inversión extranjera.
En cuanto al capítulo laboral, indica que
el tratado incluye objetivo de ambos países en preservar los derechos
laborales, asegurando que el comercio no se realizará a expensas de los
trabajadores.
Respecto a las medidas sanitarias y
fitosanitarias, explica que el tratado internacional fortalece la capacidad
institucional para la implementación del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
En lo que atañe a los mecanismos de
solución de controversias, el tratado internacional incluye uno que consta de
tres etapas: consultas, intervención de la comisión y tribunal arbitral, cuyos
procedimientos y términos brindan un marco de seguridad jurídica y eficacia
para resolver las diferencias que puedan surgir entre las partes.
2. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN.
Jacqueline Prada Ascencio, actuando en
representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,
interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declarar
exequible el tratado internacional.
Indica que el instrumento internacional se
ajusta a los principios de solidaridad y cooperación entre los pueblos;
desarrolla los derechos y obligaciones adquiridos en el ámbito de la
Organización Mundial del Comercio y del Tratado de Montevideo de 1980 e
incentiva la participación activa de las partes en la Asociación
Latinoamericana de Integración ALADI. De igual manera, el tratado
internacional, mediante el cual se crea una zona de libre comercio, se encamina
a promover el desarrollo de los países, en condiciones de equidad.
En materia tributaria, explica, el tratado
establece una cláusula de excepción de tributación muy semejante a la
consagrada en el Acuerdo de Promoción Comercial firmado entre Colombia y
Estados Unidos. Así, con miras a restringir aspectos tributarios derivados de
los compromisos comerciales y evitar la doble tributación, se dispone que en
caso de incompatibilidad entre el Acuerdo y cualquier convenio tributario
suscrito entre las partes, prevalecerá este último.
3. Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Tito Simón Ávila Suárez, actuando en representación
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, interviene en el
proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declarar exequible el
tratado internacional.
Señala que, desde la perspectiva ambiental,
el tratado internacional no desconoce el marco constitucional de preservación
de la flora y fauna. Con todo, aclara que las actividades desarrolladas en
virtud del instrumento internacional deberán someterse a los principios de
prevención y precaución, así como al régimen de licenciamiento.
4. Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
Luis Guillermo Plata Páez, Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, interviene en el proceso de la referencia para
solicitarle a la Corte declare exequible el Tratado de Libre Comercio suscrito
entre Colombia y Chile.
Explica el interviniente que el Acuerdo
constituye un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica núm.
24, celebrado entre Colombia y Chile el 6 de diciembre de 1993, en el marco de la
Asociación latinoamericana de Integración ALADI.
Indica que los acuerdos de libre comercio
suscritos con Chile son instrumentos idóneos para promover la prosperidad
general, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, así como el
desarrollo social.
En cuanto a la estructura del tratado
internacional, el interviniente explica que aquél se  compone de 22 capítulos y
25 anexos, entre ellos, 23 a los capítulos y 2 al tratado. En tal sentido, el
artículo 20.1 del Acuerdo establece que los anexos, apéndices y notas a pie de
página constituyen parte integrante del mismo. Sobre el particular, aclara el
funcionario que todos los anexos fueron incorporados al texto de la ley
aprobatoria.
Señala que el Acuerdo cumple con el mandato
constitucional de promover la internacionalización de las relaciones económicas
y comerciales con Latinoamérica. En efecto, las políticas encaminadas a
celebrar tratados y acuerdos comerciales ayudan a impulsar un ciclo de
desarrollo fundamentado en el aumento de los flujos de comercio, lo que
incrementa la demanda de productos nacionales, generando un alto impacto en la
generación de nuevos empleos, en el bienestar de la población y en la reducción
de la pobreza. De hecho, el Acuerdo busca un mayor acceso del consumidor a
bienes y servicios de mejor calidad y menor precio.
Precisa que el Acuerdo crea una zona de
libre comercio, de conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio  de 1994 GATT y el artículo V del Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios GATTS. De allí la conformidad del mismo con los artículos
9, 226 y 227 constitucionales.
En lo que concierne a la libre circulación
de bienes y servicios, explica que con el ACE 24 se convino establecer un
espacio económico ampliado entre los dos países. Así pues, la liberalización
comercial bilateral fue acordada en dos etapas, según el grado de sensibilidad
de sectores y productos: del 1º de enero de 1994 a 1999 y del 1º de enero de
1997 al 31 de diciembre de 2011.
Así las cosas, en virtud del artículo 22.3
del ALC, se mantienen vigentes del ACE 24 los artículos 3 al 6 del capítulo II
(Programa de Liberación), los anexos 1 al 5, los protocolos modificatorios del
1 al 7 y la resolución 6/06 de 2006 de la Comisión Administradora del ACE 24,
es decir, las Partes decidieron mantener vigente todo lo relacionado con el
programa de liberación del comercio de bienes.
Como consecuencia de lo anterior, el
cronograma de desgravación de aranceles para el comercio de bienes entre
Colombia y Chile está pactado y avanzando conforme a lo establecido en el ACE
24. Sin perjuicio de lo anterior, en el ALC se actualizaron y profundizaron las
disposiciones existentes y se incluyeron nuevas, las cuales dan mayor certeza y
transparencia al comercio bilateral de bienes.
En lo que atañe al principio del trato
nacional, en materia de acceso a las mercancías, el instrumento internacional
se aviene a los artículos 13, 100 y 227 que imponen el deber de otorgar, bajo
condiciones recíprocas, el mismo trato a los nacionales de Chile en nuestro
territorio que a los nacionales colombianos. Así mismo, respecto a la
eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas, indica que Chile y
Colombia, como miembros de la OMC, convinieron en dicho esquema multilateral de
integración.
Por otra parte, respecto al Capítulo V del
tratado, referente a la facilitación del comercio, señala que éste busca
implementar procedimientos aduaneros simplificados, expeditos y con reglas de
juego claras para las exportadores e importadores, con lo cual se están
cumpliendo los mandatos constitucionales de  eficiencia y eficacia
administrativas.
En relación con el Capítulo VI, referente a
la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias, el interviniente sostiene
que el tratado busca implementar lo acordado en el seno de la OMC,
disposiciones éstas que se avienen a la Constitución. Otro tanto sucede con el
capítulo correspondiente a los mecanismos de defensa comercial, es decir, con
los derechos compensatorios y las medidas antidumping.
En materia de inversión extranjera, indica
el interviniente que el tratado internacional pretende amparar aquélla que se
realice en los territorios de los Estados Partes, mediante la inclusión de
cláusulas de trato nacional, nación más favorecida, garantía de transferencias
y solución de controversias inversionista-Estado. Las anteriores disposiciones
se encuentran igualmente presentes en otros tratados bilaterales de inversión
declarados exequibles por la Corte.
Ahora bien, explica el Ministro que la
liberalización del sector servicios permitirá que Colombia se convierta en una
importante plataforma exportadora de servicios hacia Chile. En tal sentido, las
disposiciones del tratado se ajustan a los postulados constitucionales de libre
competencia, integración latinoamericana, reciprocidad y equidad.
Una novedad que igualmente desea resaltar
el interviniente es la referente  a la entrada temporal de personas de
negocios, normatividad que pretende agilizar el comercio de bienes y servicios,
al igual que fomentar la inversión extranjera.
Por otra parte, en lo atinente al comercio
electrónico, indica el interviniente que ninguna disposición del tratado puede
ser entendida como un impedimento para la imposición de impuestos, directos o
indirectos, sobre productos digitalizados, razón por la cual no se vulnera la
Constitución.
Respecto al capítulo de contratación
pública, sostiene que Chile es uno de los países latinoamericanos que está a la
vanguardia en la utilización de la información para mejorar su sistema de
contratación. De hecho, “ChileCompra” es modelo de la realización de
todo el proceso de contratación, incluida la adjudicación de forma no
presencial, alcanzando la contratación pública la suma de USS 3.5 miles de millones.
Las normas del tratado, por tanto, ofrecen ventajas para el país.
En lo que atañe a los mecanismos de
solución de controversias, explica que el Acuerdo otorga a la Parte reclamante
la posibilidad de elegir el foro para la resolución de aquéllas, lo que se
denomina “elección del foro”. En virtud de lo anterior, si la parte
reclamante considera oportuno acudir al mecanismo del Acuerdo para resolver la
controversia con la otra parte, se aplicarán las disposiciones del capítulo
XVII del Tratado, pero si estima conveniente acudir ante la OMC, se aplicarán
entonces las normas contenidas en el “Entendimiento Relativo a las Normas y
Procedimientos por los que se rige la solución de diferencias” en la OMC.
En asuntos laborales el interviniente
tampoco encuentra inconstitucionalidad alguna, por cuanto el tratado se limita
a reafirmar las obligaciones que tienen como miembros de la OIT, especialmente,
las derivadas de la “Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento” de 1998.
Por último, en lo referente al capítulo
sobre medio ambiente, el interviniente señala que el Acuerdo se limita a
recordar los compromisos asumidos internacionalmente por las partes y a
respectar sus respectivas legislaciones internas en la materia.
5. Ministerio de Agricultura.
Oskar Schroeder Muller, actuando en
representación del Ministerio de Agricultura, interviene en el proceso de la
referencia para solicitarle a la Corte declarar exequible el tratado de libre
comercio suscrito entre Colombia y Chile.
Indica que el Acuerdo tiene por objeto
desarrollar principios, derechos y obligaciones constitucionales, en especial,
aquellos que propenden por integración de la comunidad latinoamericana, y que
su texto en nada controvierte la Carta Política.
6. Cámara de Comercio de Bogotá.
María Fernanda Campo Saavedra, Presidenta
Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, interviene en el proceso de la
referencia para solicitarle a la Corte declarar exequible el tratado
internacional.
Asegura que el TLC con Chile representa
para Colombia una enorme oportunidad para acceder a los mercados asiáticos con
quienes el país austral mantiene estrechas relaciones comerciales, lo cual le
permitirá a los empresarios colombianos trabajar conjuntamente con sus pares
chilenos a efectos de acceder a mercados con altos niveles de demanda.
7. Comisión Nacional de Televisión.
María Carolina Hoyos Turbay, Directora de la
Comisión Nacional de Televisión, interviene en el proceso de la referencia para
solicitarle a la Corte declarar exequible el TLC suscrito con Chile.
Sostiene que las disposiciones del Acuerdo
10 de 2006 de la CNT, referentes a la transmisión de televisión abierta y
cerrada, deben ser tenidas en cuenta por la Corte al momento de resolver lo
pertinente en relación con el tratado internacional. En tal sentido explica que
el porcentaje de obras cinematográficas colombianas que se deben emitir por el
servicio público de televisión abierta, ya se encuentra reglamentado.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
En ejercicio de las competencias previstas
en los artículos 242.2 y 278 del texto constitucional, el Procurador General de
la Nación presentó concepto núm. 4625 dentro del trámite de la referencia, en
el cual solicitó a la Corte lo siguiente:
“Declarar EXEQUIBLE la Ley
1189 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba “EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE, suscrito en Santiago,
Chile, el 27 de noviembre de 2006””. Subsidiariamente, en caso que la Corte Constitucional
establezca que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes NO
fue convocada a las sesiones extraordinarias en las cuales discutió y aprobó el
Proyecto de ley 187 de 2006, Senado; 200 de 2007, Cámara, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 143, o en el 138, ambos de la Constitución Política,
declarar INEXEQUIBLE la Ley 1189 de 2008, por vicio de trámite
substancial en su aprobación basado en la falta de competencia de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes para discutir y aprobar el Proyecto de
ley 187 de 2006, Senado; 200 de 2007, Cámara; o, en su defecto, ORDENAR SU
DEVOLUCIÓN al Congreso de la República que subsane el vicio de trámite
indicado retomado la discusión del Proyecto de ley 187 de 2006, Senado; 200 de
2007, Cámara, a partir de la Comisión Segunda del Congreso de la República.
“Declarar EXEQUIBLE el “EL
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE
CHILE – PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO ECONÓMICO AMPLIADO ENTRE COLOMBIA Y CHILE (ACE
24) DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006”, bajo el entendido que sólo se aprueba el “EL ACUERDO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE”,
suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006”, debido a que se trata
de un Instrumento independiente del considerado INEXISTENTE “ACUERDO DE
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO ECONÓMICO
AMPLIADO ENTRE COLOMBIA Y CHILE (ACE 24) DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1993” porque fue
adoptado en Colombia sin cumplir los requisitos constitucionales establecidos
para el efecto. Dicha aprobación debe contemplar los siguientes
condicionamientos:
“Declarar EXEQUIBLE el “EL
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE
CHILE”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006” bajo el
entendido que:
“Para Colombia, la definición de
territorio establecida en el Anexo 2.1 del Capítulo 2 del Acuerdo es la
comprendida en el artículo 101 de su Constitución Política.
“Las Partes aclararán, mediante
tratado o el órgano de gobierno del Acuerdo Comercial, el factor VM de
la fórmula establecida en el artículo 4.2 que determina el valor del contenido
regional de las mercancías que son producidas en el territorio de una Parte a
partir de materiales no originarios, para efectos de establecer si dicha
mercancía se considera originaria.
“Las Partes se comprometen a
pactar medidas de cooperación para atender y solucionar de manera efectiva las
reclamaciones que presenten los consumidores de una Parte contra los oferentes,
proveedores o comercializadores de bienes y servicios del mercado electrónico
localizados en la otra Parte, según lo pactado al respecto en el Capítulo 12.
“La sigla DEG se refiere a los
Depósitos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional o, de no ser
así, que las Partes aclararán lo correspondiente a dicha sigla para determinar
el valor máximo estimado por el período completo de duración de la contratación
pública para calcular el valor de un contrato con el propósito de comprobar si
la contratación pública se encuentra cubierta por el Capítulo 13.
En cuanto al trámite del proyecto de ley aprobatoria
en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la Vista Fiscal constató
que el anuncio de votación en primer debate fue efectuado en la sesión del
22 de mayo de 2007, fijándose como fecha de votación la de la siguiente
sesión, con lo cual se cumplió con el aviso previo de votación del proyecto
de ley, en sesión distinta en la cual se debe efectuar la votación. A renglón
seguido sostiene que “En el Presente caso, la citación efectuada para la
siguiente sesión es claramente determinable puesto que, como se indica en el
numeral 2.3.4. del presente Concepto, la votación se efectuó en la sesión de la
Comisión Segunda del Senado de la República del 29 de mayo de 2007, sin que
se hubiere realizado sesión alguna de por medio. Es decir, la citación fue
efectuada en los términos constitucionales requeridos con el fin de proteger
los derechos de las minorías que llevan la vocería al interior del Congreso de la
República”.
De igual manera, en cuanto al anuncio
realizado en la sesión plenaria del Senado de la República, la Procuraduría
constató igualmente que aquél se efectuó correctamente, por cuanto “El aviso
de votación en segundo debate fue efectuado en la Sesión de la Plenaria del
Senado de la República, el 4 de diciembre de 2007 (Gaceta del Congreso 40 de
2008, páginas 33-35), fijándose como fecha de votación la de la siguiente
sesión, con lo cual se cumplió con el aviso previo de votación del proyecto de
ley, en sesión distinta en la cual se debe efectuar la votación (artículos 160,
Constitución Política; 8, Acto Legislativo 01 de 2003)”.
La Vista Fiscal manifiesta que el aviso
para votación efectuado en la sesión extraordinaria de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, mediante el cual se fijó como fecha de votación la
sesión siguiente “cumplió con el aviso previo de votación del proyecto de
ley en sesión distinta en la cual se debe efectuar la votación (artículos 160,
Constitución Política; 8, Acto Legislativo 01 de 2003).” Otro tanto sucedió
con aquél realizado durante la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes
que tuvo lugar el 26 de marzo de 2008.
Así las cosas, la Procuraduría considera
que el trámite de aprobación de la ley y del tratado internacional, adelantado
en el Congreso de la República, se ajustó a la Constitución. No obstante lo
anterior, hace la siguiente observación:
“Sin embargo, en el expediente se echa de
menos la convocatoria a sesiones extraordinarias, por parte de la Cámara de
Representantes (que No de su Mesa Directiva), de la Comisión Segunda de
dicha Cámara  para darle curso al primer debate del Proyecto de Ley 187 de 2006
Senado, 200 de 2007 Cámara…O, en su defecto, hace falta que obre en presente
expediente la convocatoria del Gobierno Nacional a sesiones extraordinarias del
Congreso de la República con la finalidad de continuar con el trámite del
Proyecto de Ley 187 de 2006 Senado, 200 de 2007 Cámara.
Si este
requisito de convocatoria no se cumplió, el trámite de la Ley 1189 de 2008
deviene en inconstitucional porque esa Comisión sesionó y aprobó en primer
debate el Proyecto de ley referido por fuera del período ordinario de sesiones,
los días 4 y 5 de marzo de 2008, lo que significa que actuó sin competencia.
Como ya se citó, los períodos ordinarios van del 20 de julio al 16 de diciembre
y del 16 de marzo al 20 de junio de cada año. Esa percepción será puesta de
manifiesto a la Corte Constitucional, de manera subsidiaria, en las
conclusiones del presente concepto, para lo cual solicitará la inexequibilidad
pertinente o, en su defecto, que se ordene la devolución de la Ley 1189 de 2008
al Congreso de la República para que subsane el vicio de trámite indicado
(Constitución Política, artículo 241, parágrafo), retomado la
discusión del Proyecto de ley 187 de 2006, Senado; 200 de 2007, Cámara a partir
de la Comisión Segunda del Congreso de la República.”
En cuanto al contenido material del tratado
internacional, la Procuraduría plantea que existe una cuestión previa que debe
dilucidar la Corte referente a la “inexistencia del Acuerdo de
Complementación Económica Colombia-Chile para el establecimiento de un espacio
económico ampliado entre los dos países (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993,
porque no ha entrado en vigor en Colombia por no haberse surtido los trámites
de aprobación pertinentes según lo establecido en la Constitución Política de 1991.”
Al respecto, explica la Vista Fiscal que el Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24), fue adoptado en Colombia mediante el
Decreto REGLAMENTARIO 2717 de 1993. Que al observar el texto de dicho
instrumento, independientemente de su origen en el Tratado de Montevideo
mediante el cual se creó la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, el
cual fue aprobado en Colombia mediante la Ley 45 de 1981, “se ve que ese
Acuerdo de Complementación Económica debió ser objeto de los trámites que
prescribe nuestra Carta Política de 1991 para la aprobación de los tratados
internacionales, como lo está siendo el Acuerdo de Libre Comercio en su
carácter de Protocolo adicional del ACE 24, por haber sido suscrito en 1993
bajo la vigencia de la actual Constitución.”
En este orden de ideas, la Procuraduría concluye
afirmando que “se trata de un Instrumento que es INEXISTENTE, legal
y jurídicamente, en el orden interno colombiano porque fue adoptado de una
manera contraria a los mandatos de la Constitución Política de 1991 al respecto”.
No obstante lo anterior, se indica que “Revisado el texto del Acuerdo de
Libre Comercio entre Colombia y Chile se observa que es totalmente
independiente del Acuerdo ACE 24 y que puede regir entre las Partes con
identidad propia e independencia del Instrumento que se pretende matriz”.
Luego de examinar cada uno de los Capítulos que
conforman el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile, la Procuraduría
no encuentra reparo alguno de constitucionalidad, salvo en lo atinente al
artículo 4.2. :
“En
el artículo 4.2 se observa que el factor VM de la fórmula que determina
el valor del contenido regional de las mercancías que son producidas en el territorio
de una Parte a partir de materiales no originarios, para efectos de establecer
si dicha mercancía se considera originaria, no fue objeto de definición,
por lo que la misma resulta inaplicable, a menos que se trate de un
asunto técnico estandar en el comercio internacional contemplado por la
Organización Mundial del Comercio o que las Partes lo tengan claro desde los
puntos de la igualdad y reciprocidad.
De
lo contrario, podría tratarse de un asunto que haría inaplicable el régimen de
origen de mercancías entre las Partes, lo cual requeriría del trámite de un
Instrumento Aclaratorio o de una Aclaración por intermedio del órgano de
gobierno del tratado. Esto último, siempre y cuando no se presente una
variación sustancial del Acuerdo Comercial. En ese sentido, se solicitará el
pronunciamiento judicial pertinente.
Por último, la Procuraduría encuentra un problema de
constitucionalidad en relación con la sigla DEG, contenida en el Capítulo 13
del Acuerdo, en los siguientes términos:
“De
acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1.6, el numeral 1 de la Sección A,
el numeral 1 de la Sección B y el numeral 1 de la Sección C del Anexo 13.1,
todos del Capítulo 13, se observa que no existe claridad en lo que significa la
sigla DEG para determinar el valor máximo estimado por el período completo de
duración de la contratación pública para calcular el valor de un contrato con
el propósito de comprobar si la contratación pública se encuentra cubierta por
el Capítulo 13.
Teniendo
en cuenta que ambas Partes contratantes son miembros del Fondo Monetario
Internacional, es prever que la referida sigla hace alusión a los Depósitos
Especiales de Giro, como unidad contable y medio de pago de dicho Fondo.
Por
tanto, se solicitará se declare exequible el Capítulo 13 del Acuerdo Comercial
Colombia-Chile bajo el entendido que la sigla DEG se refiere a los Depósitos
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional o, de no ser así, que las
Partes aclararán lo correspondiente a dicha sigla para determinar el valor
máximo estimado por el período completo de duración de la contratación pública
para calcular el valor de un contrato con el propósito de comprobar si la
contratación pública se encuentra cubierta por el Capítulo 13.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto del control
Según lo previsto en el artículo 241
numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control
automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes
que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a
esta Corporación en estos casos es integral, automático y versa tanto sobre el
contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como
sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas
constitucionales aplicables.
En relación con el aspecto formal la Corte
se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado
colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del
tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que
precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Sobre el particular, es
preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República,
por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.);
y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte
del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.N.).
En tal sentido, en razón del trámite
ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo
en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii)
la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria
en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157
C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a
ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la
iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160
C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art.  241-10 C.P.).
Ahora bien, en cuanto al elemento material
del control de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en confrontar
las disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, las de la ley
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de determinar
si se ajustan o no al Texto Fundamental.
2. La constitucionalidad del tratado y de
la ley aprobatoria en sus aspectos formales.
En relación con el aspecto formal la Corte
se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado
colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del
tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que
precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis.
2.1. Remisión del Acuerdo y su ley aprobatoria
Mediante oficio del 30 de abril de 2008, la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta
Corporación copia auténtica del Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito
en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006, y de la Ley 1189 de 2008, por
medio del cual fue aprobado.
2.2. Negociación y celebración del Tratado
La Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples
oportunidades, el deber constitucional de revisar los tratados internacionales
y las leyes que los aprueban y ha afirmado que tal análisis implica comprobar
la existencia de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar,
adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento
internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969[1].
En el caso bajo estudio, de acuerdo con la
Exposición de Motivos se encuentra que el proceso de negociación entre Chile y
Colombia inició el 7 de agosto de 2006, con la visita que realizó la Presidenta
Michelle Bachelet al Presidente colombiano. Las negociaciones del acuerdo se
iniciaron formalmente el 10 de octubre de 2006, en la ciudad de Santiago de
Chile y culminaron, en la ciudad de Barranquilla, el 27 de octubre del mismo
año.
El Acuerdo fue suscrito por el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Dr. Jorge Humberto Botero, y por el
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Dr. Alejando Foxley, el 27 de
noviembre de 2006.
Ahora bien, en relación con la competencia
para la suscripción del tratado internacional, se tiene que el Presidente de la
República confirmó los plenos poderes al Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, para que en representación del Estado colombiano procediera a
suscribir el mencionado Acuerdo.
2.3. Trámite de aprobación de la Ley 1189 de 2008 en el Senado de la República
Con fundamento en los antecedentes
legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República
y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la
República y la Cámara de Representantes, se pudo verificar que el trámite
surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No. 1189 de 2008, fue
el siguiente.
2.3.1. Presentación del proyecto de ley aprobatoria y
primer debate en la Comisión Segunda del Senado.
El proyecto de Ley por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la
República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile
(ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006 por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge
Humberto Botero Angulo, fue presentado ante la Comisión Segunda del Senado de la
República por el mencionado funcionario y la Ministra de Relaciones Exteriores,
María Consuelo Araújo Castro. El respectivo “Proyecto de Ley número 187 de
2006 Senado”, aparece publicado, junto con su correspondiente exposición de
motivos, en la Gaceta del Congreso núm. 691 de 2006 (pp. 1 a 98).
El informe de ponencia para primer debate
en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentado el 18 de mayo
de 2007 por el Congresista Juan Manuel Galán Pachón, texto que aparece
publicado en la Gaceta del Congreso núm. 198 (pp. 15 a 23). De igual manera, el
22 de mayo de 2006, los Senadores Martha Lucía Ramírez de Rincón, Jairo
Clopatofsky Ghisays, Carlos Emiro Barriga, Manuel Ramiro Velásquez, Adriana
Gutiérrez, Nancy Patricia Gutiérrez, Mario Uribe Escobar, Jesús Enrique Piñacué
y Alexandra Moreno Piraquive, presentaron igualmente el texto de la “Ponencia
para primer debate al proyecto de ley número 187 de 2006 Senado, por medio de
la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia
y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre
Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito en Santiago,
Chile, el 27 de noviembre de 2006”, documento que aparece publicado en la
Gaceta del Congreso núm. 200 (pp. 1 a 32). En otras palabras, para los debates
del proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y
Chile en Comisión Segunda del Senado se presentaron dos ponencias: una
mayoritaria y la otra de autoría del Senador Juan Manuel Galán, quien proponía
darle primer debate al proyecto de ley pero en la exposición de motivos expresaba
la opinión de que el Congreso de la República debía formular una declaración
interpretativa referente al tema del comercio electrónico. La anterior
proposición fue rechazada por los miembros de la Comisión II del Senado.
En el acta número 37 de la sesión celebrada
el día martes 22 de mayo de 2007, la cual fue publicada en la Gaceta del
Congreso número 438 del 7 de septiembre de 2007 (p.48), figura el siguiente
texto del anuncio:
“Toma la palabra la señora Presidenta,
Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón:
Entonces por favor damos primero que todo
la aprobación del proyecto de ley del Tratado de Libre Comercio con Chile para
el día de mañana. Le ruego el favor de anunciar los proyectos señor
Secretario.
El señor Secretario informa a la
Presidencia que se anuncia la discusión y votación de los siguientes proyectos
de ley para la próxima sesión:
- Proyecto de ley
número 187/06
- Proyecto de ley número
142/06.
- Proyecto de ley número
163/06.
- Proyecto de ley número
225/07.
La señora Presidenta, Senadora Marta Lucía
Ramírez de Rincón, pregunta si hay algún otro tema que quieran tratar los señores
Senadores. Muchísimas gracias, se levanta la sesión y se convoca para
mañana a las 9 de la mañana. (negrillas y subrayados agregados).
La Presidenta,
Marta
Lucía Ramírez de Rincón.
La Vicepresidenta,
Alexandra
Moreno Piraquive.
El Secretario,
Felipe
Ortiz Marulanda
El proyecto de ley fue discutido y aprobado
en sesión del día martes 29 de mayo de 2007, según consta en el
Acta núm. 38 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 440 del 7
de septiembre de 2007.
En cuanto a los quórum deliberatorio,
decisorio votación del proyecto de ley, Felipe Ortiz M., Secretario General a la
Comisión Segunda del Senado de la República, certificó lo siguiente:
“QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO:
integrado por once (11) de los trece (13) H Senadores que conforman la Comisión
Segunda del Senado.
VOTACIÓN: fue aprobado por la totalidad de
los votos presentes conforme al inciso 1º del artículo 129 del Reglamento del
Congreso, con constancia del Senador Juan Manuel Galán Pachón, Alexandra Moreno
Piraquive y Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda de una nota interpretativa”
El texto definitivo aprobado en primer
debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente fue publicado
en la Gaceta del Congreso número 304 del 26 de junio de 2007 (p. 28).
2.3.2. Trámite en la Plenaria del Senado.
La ponencia para segundo debate del
proyecto de ley núm. 187 de 2006 Senado, fue presentada por el Senador Juan
Manuel Galán Pachón, habiendo sido publicada en la Gaceta del Congreso número 295
del 15 de junio de 2007 (pp. 1 y 2). De igual manera, en la Gaceta del Congreso
núm. 304 del 26 de junio de 2007 (pp. 1 a 28), aparece publicado el texto de la
“PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 187 DE 2006 SENADO”,
presentada por los Senadores Martha Lucía Ramírez de Rincón, Jairo Clopatofsky
Ghisays, Manuel Ramiro Velásquez, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Emiro
Barriga, Nancy Patricia Gutiérrez, Adriana Gutiérrez y Mario Uribe Escobar. En
otras palabras, al igual que sucedió en la Comisión II del Senado, ante el
Plenario se presentaron dos ponencias: una mayoritaria y la otra de autoría del
Senador Juan Manuel Galán.
En la Gaceta del Congreso No. 41 del
viernes 15 de febrero de 2008, se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la
República No. 24 correspondiente a la sesión celebrada el día martes 4 de
diciembre de 2007, texto en el cual figura el respectivo anuncio de
votación en los siguientes términos (pp. 33 y 34):
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo número 01 de 2003 la Secretaría anuncia los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
(…)
Proyecto de ley número 187 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo
de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile-
Protocolo adicional al acuerdo de complementación económica para el
establecimiento de un espacio económico ampliado entre Colombia y Chile (ACE
24) del 6 de diciembre de 1993, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre
de 2006.
Durante la Sesión Plenaria núm. 25 del día miércoles
5 de diciembre de 2007, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso
núm. 41 del viernes 15 de febrero de 2008, fue aprobado el proyecto de ley
sometido al examen de la Corte. El texto de la aprobación es el siguiente:
Lectura
de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate
Proyecto de ley número 187 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de
Chile - Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el
establecimiento de un espacio económico ampliado entre Colombia y Chile (ACE
24) del 6 de diciembre de 1993¿, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006.
La Presidencia manifiesta
lo siguiente:
Hemos tenido dos Sesiones frente a este
proyecto, en la última Sesión se presentó la solicitud de declarar la
suficiente ilustración y quedamos con esa Proposición, ¿la aprueba la Plenaria?
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria la suficiente ilustración a la discusión del Proyecto de ley número
187 de 2006 Senado y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
La Presidencia indica a la Secretaría dar
lectura a la proposición con que termina el informe de ponencia.
Por Secretaría se da lectura a la
proposición positiva con que termina el informe de ponencia mayoritaria.
La Presidencia indica a la Secretaría dar
lectura a la proposición presentada en el informe de ponencia minoritaria.
Por Secretaría se da lectura a la
proposición positiva con que termina el informe de ponencia, presentada por el
honorable Senador Juan Manuel Galán Pachón.
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia
presentada por el honorable Senador Juan Manuel Galán Pachón y, cerrada su
discusión, esta la niega.
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia
mayoritaria y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
Dejan constancia de su voto negativo a la
aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia,
los honorables Senadores Jorge Enrique Robledo Castillo, Parmenio Cuéllar
Bastidas y Jesús Antonio Bernal Amorocho.
Se abre
segundo debate
La Presidencia pregunta a la
Plenaria si acepta omitir la lectura del articulado y, cerrada su discusión,
esta responde afirmativamente.
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la
Plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del
Proyecto de ley número 187 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba
el ¿Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de
Chile - Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el
establecimiento de un espacio económico ampliado entre Colombia y Chile (ACE
24) del 6 de diciembre de 1993¿, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006.
Leído este, la Presidencia lo somete a
consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los
miembros de la Corporación el título? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites constitucionales,
legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores
presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la República? Y estos
responden afirmativamente.
La Presidencia indica a la
Secretaría continuar con el Orden del Día.
En lo que concierne al quórum y
votación del proyecto de ley, en comunicación recibida el 13 de junio de 2008
en la Secretaría General de la Corte Constitucional, el Secretario General del
Senado de la República afirma lo siguiente:
“Entregamos la Gaceta del Congreso número
41 del viernes 15 de febrero de 2008, donde consta la aprobación por unanimidad,
sin solicitud de verificación de quórum, del proyecto, páginas, 5, 40 y
41. Según Acta de Plenaria número 25 de la sesión ordinaria del día miércoles 5
de diciembre de 2007”. (negrillas y subrayado agregados).
Posteriormente, en cumplimiento de un auto
del 1 de julio de 2008, proferido por el Magistrado Sustanciador, el Secretario
General del Senado de la República certificó lo siguiente:
“Publicación del Acta de Sesión Plenaria
número 25 del día miércoles 5 de diciembre de 2007, en la Gaceta del Congreso
número 41 del viernes 15 de febrero de 2008 que contiene la aprobación
por quienes aparecen asistiendo a la plenaria según acta y con la
constancia negativa de votos de los Honorables Senadores Jorge Enrique Robledo
Castillo; Parmenio Cuellar Bastidas y Jesús Antonio Bernal Amorocho, Páginas 5,
40 y 41” (negrillas y subrayados agregados).
El texto definitivo aprobado en segundo
debate por parte de la Plenaria del Senado de la República el día 5 de
diciembre de 2007, fue publicado en la Gaceta del Congreso número 41 de 2008.
2.3.3. Trámite en la Comisión II de la Cámara de
Representantes.
2.3.3.1. Convocatoria a sesiones
extraordinarias.
El Presidente de la República, mediante
decreto núm. 096 de 2008, fechado 17 de enero de 2008, convocó a sesiones
extraordinarias al Congreso de la República desde el 6 de febrero de 2008 hasta
el 15 de marzo del mismo año. En el artículo 2º del mencionado decreto se
establece lo siguiente:
“Artículo 2º. Durante el período de
sesiones extraordinarias señalado en el artículo anterior, el Honorable
Congreso de la República se ocupará de darle trámite legislativo a los
siguientes proyectos de ley:
“Proyecto de Ley 187 de 2006 Senado “Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito
en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006”.
2.3.3.2. Trámite surtido en la Comisión II
de la Cámara de Representantes.
Radicado el Proyecto de ley en la Cámara de
Representantes con el número 200 Cámara, se le repartió a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, siendo designado como ponente el Representante Manuel
José Vives Henríquez. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 43
del 19 de febrero de 2008 (pp. 1 a 16).
En el Acta de Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes No. 06, fechada el día
martes 4 de marzo de 2008 y publicada en la Gaceta del Congreso No. 270
del 19 de mayo de 2008, se realizó el anuncio correspondiente en los siguientes
términos (p.2):
“Hace uso de la palabra la
Secretaria la Comisión doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anuncio los proyectos de ley para
aprobación en primer debate para la próxima sesión de Comisión,
de acuerdo a lo que usted  ordena señor Presidente: (negrillas y subrayados
agregados).
Proyecto de ley número 187 de 2006 Senado,
200 de 2007 Cámara, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al
Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio
Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”,
suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006”.
En el Acta número 07 del día miércoles 5
de marzo 2008, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 270 del 19 de mayo
de 2008,  aparece la aprobación del proyecto en los siguientes términos:
“Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Augusto Posada Sánchez:
Señora Secretaria sírvase leer el
articulado del proyecto.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Articulado del proyecto. El Congreso de la
República decreta:
Artículo 1°. Apruébase el acuerdo de libre
comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, protocolo
adicional al acuerdo de complementación económica para el establecimiento de un
espacio económico ampliado entre Colombia y Chile, (AC-24), el 6 de diciembre
de 1993, suscrito en Santiago de Chile el 27 de noviembre de 2006.
Artículo 2°. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1º de la Ley Séptima de 1944, el acuerdo de libre
comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, protocolo
adicional al acuerdo de complementación económica para el establecimiento de un
espacio económico ampliado entre Colombia y Chile (AC-24), del 6 de diciembre
de 1993, suscrito en Santiago de Chile el 27 de noviembre de 2006, que por el
artículo 1º de esta ley se aprueba obligará al país a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
Leído el articulado del proyecto señor
Presidente.
Hace uso de la palabra
el Presidente, honorable Representante Augusto Posad a Sánchez:
En consideración el articulado del
proyecto, anuncio que va a cerrarse, ¿aprueban los honorables miembros de esta
Comisión el articulado leído?
Hace uso de la palabra la Secretaria
General, doctora Pilar Rodríguez          Arias:
Ha sido aprobado el articulado leído señor
Presidente.
Hace uso de la palabra
el Presidente, honorable Representante Augusto Posada Sánchez:
Favor dar lectura al título del proyecto.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Título del proyecto: por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia
y la República de Chile, protocolo adicional al Acuerdo de Complementación
Económica para el establecimiento de un espacio económico ampliado entre
Colombia y Chile (AC-24), del 6 de diciembre de 1993. Suscrito en Santiago de
Chile el 27 de noviembre de 2006.
Ha sido leído el título del proyecto señor
Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Augusto Posada Sánchez:
En consideración el título del proyecto,
anuncio que va a cerrarse, ¿aprueban los honorables miembros de esta Comisión
el título leído?
Hace uso de la palabra la Secretaria
General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el título leído señor
Presidente.
Hace uso de la palabra
el Presidente, honorable Representante Augusto Posada Sánchez:
¿Quieren
los Representantes presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la
República?
Hace uso de la palabra la Secretaria
General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí lo quieren señor Presidente.”
En cuanto al quórum y votación del proyecto
de ley, la Secretaria General de la Cámara de Representantes, en certificación
recibida el día 16 de junio de 2008 en la Secretaría General de la Corte
Constitucional, afirma lo siguiente:
“En sesión del día 5 de marzo de 2008, con
la asistencia de 15 Honorables Representantes, la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes dio primer debate y aprobó por unanimidad el
proyecto de ley 187/06 Senado, 200/07 Cámara, “por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la
República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile
(ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006”. (negrillas y subrayados agregados).
El texto definitivo aprobado en primer
debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 100 de 2008,
p. 6.
2.3.4. Trámite en la Plenaria de la Cámara
de Representantes.
El informe de ponencia para segundo debate
en la Cámara de Representantes fue presentado el día 14 de marzo de 2008 por el
Congresista Manuel José Vives Henríquez, texto que aparece publicado en la
Gaceta del Congreso No. 87 del 26 de marzo de 2008, (pp. 1 a 16)
En el Acta núm. 97 del 26 de marzo de 2008
de la Sesión Plenaria, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso No.
253 del 14 de mayo de 2008, se verifica lo siguiente respecto del anuncio ( p.
38):
“Señora Secretaria, mencione los Proyectos de
ley para el próximo martes 1º de abril.
(…)
Proyecto de ley número 200 de 2007 Cámara, 187 de 2006
Senado, por la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Colombia y la República de Chile, protocolo adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el establecimiento de un espacio económico
ampliado entre Colombia y Chile.
Señor Presidente, están leídos los
Proyectos para la próxima Sesión.  ( negrillas y subrayados agregados).
De conformidad con el Acta de Plenaria núm.
98 de la sesión ordinaria del día martes 1º de abril de 2008, la cual
aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 165 del 22 de abril de 2008,
fue aprobado el proyecto de ley en los siguientes términos (p. 25).
“Proyecto de ley número 200 de 2007 Cámara,
187 de 2006 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el establecimiento de un espacio económico
ampliado entre Colombia y Chile AC-24, del 6 de diciembre de 1993, suscrito
en Santiago de Chile el 27 de noviembre de 2006.
El informe de ponencia es como sigue:
Propongo a los honorables Representantes
dar segundo debate y aprobar el Proyecto de ley número 200 de 2007 Cámara, 187
de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al
Acuerdo de Complementación Económica para el establecimiento de un espacio
económico ampliado entre Colombia y Chile AC-24 del 6 de diciembre de 1993,
suscrito en Santiago de Chile el 27 de noviembre.
Por esa razón le solicito a la Plenaria dar
aprobación al mismo.
Firma: Manuel
José Vives Hernández.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Bérner León
Zambrano):
En consideración la proposición con la que
termina el informe, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda
cerrada ¿la aprueba la Cámara?
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Bérner León
Zambrano):
El articulado, señor Secretario.
La Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez):
Tiene tres artículos sin proposición.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Bérner León Zambrano):
En consideración el articulado leído, se
abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿lo aprueba la
Cámara?
La Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez):
Aprobado, Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia
(doctor Bérner León Zambrano):
El título del proyecto, señor Secretario.
La Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez):
Proyecto de ley número 200 de 2007 Cámara,
187 de 2006 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el establecimiento de un espacio económico
ampliado entre Colombia y Chile AC-24, del 6 de diciembre de 1993, suscrito
en Santiago de Chile el 27 de noviembre de 2006.
Ha sido leído el título, señor Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Bérner León
Zambrano):
En consideración el título del proyecto, se
abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿lo aprueba la
Cámara?
La Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez):
Aprobado señor Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Bérner León
Zambrano):
¿Quiere la Cámara que el proyecto sea ley
de la República?
La Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez):
Así lo quiere, señor Presidente.
En lo que concierne al quórum y votación
del proyecto de ley, el Secretario General de la Cámara de Representantes
certificó lo siguiente:
“Que en sesión plenaria de la H. Cámara de
Representantes del día 1º de abril de 2008, a la cual se hicieron presentes
ciento cuarenta y nueve (149) Honorables Representantes fue considerada y
aprobada por mayoría de los presentes en votación ordinaria, la Ponencia para
Segundo debate, el articulado y el título del Proyecto de ley núm. 200/07
Cámara, 187/06 Senado “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un
Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre
de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006.”
El texto definitivo aprobado el 1º de abril
de 2008 en segundo debate por parte de la plenaria de la Cámara de
Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 165 de 2008.
La Ley 1189 de 2008 fue publicada en el
Diario Oficial núm. 46.974 del 28 de abril de 2008. El Presidente de la
República remitió a la Corte Constitucional, el 30 de abril de 2008, los textos
de la ley aprobatoria y del tratado internacional para su revisión.
Ahora bien, una vez ha sido concluida la
presentación del trámite legislativo de aprobación ofrecido al proyecto de ley,
es preciso adelantar un análisis acerca del cumplimiento de los requisitos
constitucionales.
2.4. El cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1189 de 2008.
2.4.1. Iniciación del trámite en el Senado
A partir del examen efectuado por la Corte
Constitucional, pudo verificarse que el Proyecto de Ley inició su curso en el
Senado de la República, tal como lo indica el artículo 154 de la Constitución.
2.4.2. Término que debe mediar entre
debates
En lo que respecta a las exigencias
derivadas de lo dispuesto en el artículo 160 Superior, se encuentra que los
términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de
ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es
de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del
debate en la otra, es de 15 días.
En el caso concreto es posible evidenciar
lo siguiente: el primer debate en el Senado de la República tuvo lugar el día
18 de mayo de 2007 y la aprobación en la Plenaria se llevó a cabo durante la
sesión del 5 de diciembre de 2007. Por su parte, el  13 de febrero de
2008 inició el debate del tratado en la Comisión II de la Cámara de
Representantes, el cual finalmente fue aprobado por la Plenaria de esa
Corporación el 1º de abril de 2008. De acuerdo con lo anterior, queda
demostrado que entre el primer y segundo debate en cada Cámara, transcurrió un
tiempo no inferior a ocho (8) días. Así mismo, pudo constatarse que entre la
aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación del debate en la Cámara de
Representantes transcurrió un lapso no inferior a quince (15) días.
2.4.3. Publicaciones oficiales
En el numeral 1° del artículo 157 de la
Constitución se consagra la obligación de realizar la publicación oficial del
proyecto y de la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de
darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así:
-
El texto del proyecto
de Ley por medio del cual “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito
en Santiago de Chile, el 27 de noviembre de 2006, fue publicado junto con la
respectiva exposición de motivos en la Gaceta del Congreso núm. 691 de 2006
(pp. 1 a 98).
-
El informe de ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República aparece
publicado en la Gaceta del Congreso núm. 198 (pp. 15 a 23).
-
El texto definitivo
aprobado en primer debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente fue publicado en la Gaceta del Congreso número 304 del 26 de junio
de 2007 (p. 28).
-
La ponencia para
segundo debate del proyecto  aparece publicada en la Gaceta del Congreso número
295 del 15 de junio de 2007 (pp. 1 y 2).
-
La aprobación en
Plenaria de Senado aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 41 del
viernes 15 de febrero de 2008.
-
El texto definitivo
aprobado en segundo debate por parte de la Plenaria del Senado de la República
el día 5 de diciembre de 2007 fue publicado en la Gaceta del Congreso número 41
de 2008.
-
El informe de ponencia para
primer debate en Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 43 del 19
de febrero de 2008 (pp. 1 a 16).
-
El texto definitivo
aprobado en primer debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del
Congreso número 100 de 2008, p. 6.
-
El informe de ponencia
para segundo debate en la Cámara de Representantes aparece publicado en la
Gaceta del Congreso No. 87 del 26 de marzo de 2008, (pp. 1 a 16).
-
La aprobación del
proyecto en Plenaria de Cámara aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm.
165 del 22 de abril de 2008.
-
La Ley 1189 de 2008
aparece publicada en el Diario Oficial 46.974 del 28 de abril de 2008.
2.4.4. Quórum y Mayorías
Fue posible verificar que el trámite legislativo observó
el requisito del quórum decisorio en el sentido prescrito por el artículo 146
de la Constitución Nacional, y que igualmente se cumplieron con los debates y
aprobaciones en las Comisiones Segundas Permanentes y en las Plenarias de
Senado y Cámara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160 y 163
superiores.
En tal sentido, se tiene que Felipe Ortiz
M., Secretario General a la Comisión Segunda del Senado de la República,
certificó lo siguiente:
“QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO:
integrado por once (11) de los trece (13) H Senadores que conforman la Comisión
Segunda del Senado.
VOTACIÓN: fue aprobado por la totalidad de
los votos presentes conforme al inciso 1º del artículo 129 del Reglamento del
Congreso, con constancia del Senador Juan Manuel Galán Pachón, Alexandra Moreno
Piraquive y Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda de una nota interpretativa”
De igual manera, en lo que concierne al quórum
y votación del proyecto de ley en Plenaria del Senado de la República, en
comunicación recibida el 13 de junio de 2008 en la Secretaría General de la
Corte Constitucional, el Secretario General del Senado afirmó lo siguiente:
“Entregamos la Gaceta del Congreso número
41 del viernes 15 de febrero de 2008, donde consta la aprobación por
unanimidad, sin solicitud de verificación de quórum, del proyecto, páginas, 5,
40 y 41. Según Acta de Plenaria número 25 de la sesión ordinaria del día
miércoles 5 de diciembre de 2007”.
Respecto al quórum y votación del proyecto
de ley en la Comisión II de la Cámara de Representantes, la Secretaria General
de la Cámara de Representantes, en certificación recibida el día 16 de junio de
2008 en la Secretaría General de la Corte Constitucional, afirma lo siguiente:
“En sesión del día 5 de marzo de 2008, con
la asistencia de 15 Honorables Representantes, la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes dio primer debate y aprobó por unanimidad el proyecto de ley
187/06 Senado, 200/07 Cámara, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de
Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile,
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el
Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE
24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006”.
Finalmente, en lo que respecta al quórum
y votación del proyecto de ley en Plenaria de la Cámara de Representantes, se
tiene que el Secretario General de la Cámara de Representantes certificó mediante
oficio del 13 de junio de 2008 lo siguiente:
“Que en sesión plenaria de la H. Cámara de
Representantes del día 1º de abril de 2008, a la cual se hicieron presentes
ciento cuarenta y nueve (149) Honorables Representantes fue considerada y
aprobada por mayoría de los presentes en votación ordinaria, la Ponencia para
Segundo debate, el articulado y el título del Proyecto de ley núm. 200/07
Cámara, 187/06 Senado “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un
Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre
de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006.”
2.4.5. Examen del cumplimiento del
requisito del anuncio previo consagrado en el artículo 160 constitucional
dentro del trámite legislativo de aprobación de la ley 1189 de 2008
Una vez revisadas las pruebas que reposan
en el expediente, la Corte constata que los anuncios realizados durante el
trámite de la Ley 1189 de 2008 se ajustan a la Constitución, por las razones
que pasan a explicarse.
En lo que concierne al debate en la
Comisión II del Senado de la República, se tiene que, al final de la sesión que
tuvo lugar el día martes 22 de mayo de 2007, la Presidenta de la misma
convocó “para el día de mañana” la sesión aprobatoria del Tratado de
Libre Comercio con Chile. En igual sentido, al terminar la sesión, la
Presidenta convocó expresamente para “mañana a las 9 de la mañana”.
Así las cosas, en principio, el tratado
internacional debía haber sido aprobado el día miércoles 23 de mayo y no
el martes 29 de mayo, tal y como finalmente lo fue según consta en el
Acta núm. 38, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 440 del
7 de septiembre de 2007.
No obstante lo anterior, la Corte estima
que no se violó el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, por las
siguientes razones.
En el texto del Acta número 37, de la
sesión celebrada el día martes 22 de mayo de 2007, se lee que el Secretario de la
Comisión Segunda del Senado  informó a la Presidencia que “se anuncia la
discusión y votación de los siguientes proyectos de ley para la próxima
sesión....Proyecto de ley número 187/06”, sesión que finalmente tuvo
lugar el día miércoles 23 de mayo de 2007.
Así mismo, cabe resaltar que, en
cumplimiento de las pruebas ordenadas por el Magistrado Sustanciador, el
Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, certificó
lo siguiente:
“En atención al oficio de la referencia me
permito certificar que la Comisión Segunda del Senado No sesionó entre
los días 23 y 28 de mayo de 2007” (negrillas originales)[2].
En este orden de ideas, queda claro que la
“próxima sesión” de la Comisión Segunda del Senado no tuvo lugar el día
miércoles 23 de mayo de 2007, sino el 29 de mayo del mismo año, fecha en la
cual fue aprobado el proyecto de ley aprobatoria del tratado internacional. En
otras palabras, la “próxima sesión” válida fue el 29 de mayo de 2007,
motivo por el cual no se vulneró lo dispuesto en el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003.
En lo que atañe al anuncio de votación
realizado en la Plenaria del Senado, se tiene que durante la sesión celebrada
el día martes 4 de diciembre de 2007, la Secretaría “anuncia los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión”, la cual tuvo lugar el  miércoles 5 de diciembre
de 2007, según publicación que aparece en la Gaceta del Congreso núm. 41 del
viernes 15 de febrero de 2008. No se presentó, por tanto, irregularidad alguna.
De igual manera, en lo referente al anuncio
realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se tiene que
durante la sesión realizada el día martes 4 de marzo de 2008, el
Secretario de aquélla “Anuncio
los proyectos de ley para aprobación en primer debate para la próxima
sesión de Comisión, de acuerdo a lo que usted  ordena señor Presidente”, dentro de los cuales se encontraba  el “Proyecto
de ley número 187 de 2006 Senado, 200 de 2007 Cámara, “por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la
República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile
(ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006”. Pues bien, según consta en el Acta número 07 del día miércoles
5 de marzo 2008, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 270 del 19 de
mayo de 2008, el mencionado proyecto de ley fue aprobado.
Finalmente, en relación con el debate en
Plenaria en la Cámara de Representantes, se tiene que, de conformidad con el
texto del Acta núm. 97 del 26 de marzo de 2008, la cual aparece publicada en la
Gaceta del Congreso No. 253 del 14 de mayo de 2008, la Secretaría anunció los “Proyectos
de ley para el próximo martes 1º de abril”, dentro de los cuales
figuraba el “Proyecto de ley número 200 de 2007 Cámara, 187 de 2006 Senado,
por la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile, protocolo adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el establecimiento de un espacio económico
ampliado entre Colombia y Chile”. De conformidad con el Acta de Plenaria
núm. 98 de la sesión ordinaria del día martes 1º de abril de 2008, la
cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 165 del 22 de abril de
2008, fue aprobado el proyecto de ley en cuestión.
2.4.6. Convocatoria a sesiones
extraordinarias.
En el presente caso, fue necesario
verificar que la Comisión II de la Cámara y la Plenaria de la misma Corporación
hubiesen tenido competencia para tramitar en sesiones extraordinarias el texto
de la ley aprobatoria y del tratado internacional. De hecho, la Vista Fiscal en
su concepto alude a la existencia de un posible vicio de inconstitucionalidad
subsanable, de no llegar a demostrarse tal competencia.
En tal sentido, la Corte constata que
efectivamente el Presidente de la República, mediante decreto núm. 096 de 2008,
fechado 17 de enero de 2008, convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la
República desde el 6 de febrero de 2008 hasta el 15 de marzo del mismo año. En
el artículo 2º del mencionado decreto se establece lo siguiente:
“Artículo 2º. Durante el período de
sesiones extraordinarias señalado en el artículo anterior, el Honorable
Congreso de la República se ocupará de darle trámite legislativo a los
siguientes proyectos de ley:
“Proyecto de Ley 187 de 2006 Senado “Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993”, suscrito
en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006”.
En este orden de ideas, la Cámara de
Representantes contaba con la competencia temporal y material para tramitar la
ley aprobatoria y el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Chile.
3. La constitucionalidad del tratado
internacional en sus aspectos materiales.
3.1. Descripción del instrumento internacional
y de sus anexos.
3.1.1. Estructura general del TLC.
El Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo
de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993, está
conformado por 22 capítulos y 25 anexos, de los cuales 23 lo son a los
respectivos capítulos y dos a la integridad del tratado. De igual manera, el
artículo 20.1 del ALC dispone que los anexos, apéndices y notas a pie de página
constituyen parte integral del mismo.
Así las cosas, como anexos generales al
Acuerdo se encuentran los Anexos I y II, los cuales contienen las denominadas “medidas
disconformes” para servicios e inversión, en tanto que los correspondientes
anexos a cada capítulo son los siguientes:
Capítulo
Anexo
Materia
Capítulo II: definiciones generales
Anexo 2.1
Definición específica para cada país
Capítulo III: comercio de mercancías.
Anexo 3.1
Anexo 3.2
Trato nacional y restricciones a la
importación y a la exportación.
Impuestos a la exportación.
Capítulo IV: régimen de origen
Anexo 4.1.4
Anexo 4.1.
Certificado de origen
Reglas de origen
Capítulo VI: medidas sanitarias y
fitosanitarias
Anexo 6.10
Autoridades competentes
Capítulo VII: obstáculos técnicos al
comercio
Anexo 7.10
Comité sobre obstáculos técnicos al
comercio.
Capítulo IX: inversión
Anexo 9- A
Anexo 9-B
Anexo 9- C
Anexo 9- D
Anexo 9- E
Anexo 9- F
Anexo 9.3
Derecho internacional consuetudinario.
Pagos y transferencias
Expropiación
Decreto Ley 600 Chile
Entrega de documentos a una Parte
Posibilidad de un Órgano de Apelación o
Mecanismo Similar.
Trato de la nación más favorecida
Capítulo X: comercio transfronterizo de
servicios
Anexo 10.1.4 (d)
Anexo 10.9
Servicios profesionales
Capítulo XI: entrada temporal de personas
de negocios
Anexo 11.3
Anexo 11.3.1
Apéndice 11.3.A.1
Entrada temporal de personas de negocios
Capítulo XIII. Contratación pública
Anexo 13.1
Sección A- entidades del nivel central de
gobierno.
Capítulo XV. Administración.
Anexo 15.1.1
Anexo 15.2
Integrantes de la Comisión de Libre
Comercio.
Coordinadores del Acuerdo.
Capítulo XVI: solución de controversias
Anexo 16.2.1
Anulación o menoscabo
Capítulo XXI: excepciones
Anexo 21.4
Autoridades competentes.
3.2. Preámbulo.
En el texto del Preámbulo, Colombia y Chile
manifiestan su interés en estrechar sus vínculos de amistad, solidaridad y
cooperación, en desarrollo de sus respectivos derechos y obligaciones derivados
del Acuerdo de Marrakech, por medio del cual se creó la Organización Mundial del
Comercio.
Afirman igualmente la necesidad de
fortalecer el proceso de integración latinoamericana, a fin de alcanzar los
objetivos previstos en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante la
suscripción de tratados bilaterales de libre comercio.
Manifiestan igualmente su interés en
profundizar los resultados alcanzados en el Acuerdo de Complementación
Económica para el Establecimiento de un Espacio Ampliado entre Colombia y Chile
(Acuerdo núm. 24).
Por último, indican que sus respectivas
políticas comerciales y ambientales deben apoyarse mutuamente, a efectos de
alcanzar un desarrollo sostenible.
3.3. Capítulo 1. Disposiciones iniciales.
El Capítulo I, sobre disposiciones
iniciales, establece la creación de una zona de libre comercio, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 y el artículo V del Acuerdo General sobre Comercio
de Servicios y el Tratado de Montevideo de 1980. Se trata, en consecuencia, de
ampliar los logros alcanzados mediante el “Acuerdo de Complementación
Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre
Colombia y Chile”, del 6 de diciembre de 1993.
De igual manera, se establecen como
objetivos del TLC, entre otros, (i) la promoción, en condiciones de equidad,
del desarrollo equilibrado y armónico de las Partes; (ii) eliminar los
obstáculos al comercio bilateral de bienes y servicios; (iii) coordinar la
ejecución de políticas comerciales y ambientales; y (iv) incrementar las
oportunidades de inversión.
3.4. Capítulo 2. Definiciones generales.
El Capítulo II del instrumento
internacional contiene diversas definiciones de siglas, términos y expresiones
que se emplean a lo largo del mismo, tales como: ACE 24; Acuerdo de Valoración
Aduanera; Acuerdo MSF; AGCS, entre muchos otros. De igual manera, abarca el
Anexo 2.1., el cual tiene efectos en relación con la totalidad del texto del
TLC. En este último especifica qué debe entenderse por la palabra “territorio”.
Para el caso colombiano, el literal b) dispone lo siguiente:
“respecto de Colombia, además de su territorio continental, el
archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y
todas las demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, así
como su espacio aéreo y las áreas marítimas sobre las que tiene soberanía o
derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con su legislación interna y
el Derecho Internacional, incluidos los tratados internacionales aplicables”.
3.5. Capítulo 3. Comercio de mercancías.
El Capítulo III sobre comercio de
mercancías tiene por objeto complementar las disposiciones sobre la materia
vigentes en el Capítulo II del Acuerdo de Complementación Económica para el
Establecimiento de un Espacio Ampliado entre Colombia y Chile o ACE 24, donde
se establecen las condiciones del programa de liberalización del comercio
bilateral entre Colombia y Chile. Contiene igualmente los Anexos 3.1. y
3.2.
En tal sentido, en el Protocolo Adicional
al ACE 24, el cual constituye el presente objeto de estudio, se mantienen
vigentes los artículos 3 al 6 del Capítulo II (Programa de Liberación) del
inicial ACE 24, al igual que sus anexos 1 al 5, los protocolos modificatorios
del 1 al 7 al igual que la resolución 6/06 de 2006, proferida por la Comisión
Administradora del ACE 24, es decir, las Partes decidieron  mantener vigente
todo lo relacionado con el programa de liberación del comercio de bienes.
En pocas palabras, en materia de comercio
de mercancías, la enmienda al ACE 24 pretende profundizar los logros alcanzados
con el inicial TLC suscrito entre Colombia y Chile. De allí que en el texto del
Protocolo modificatorio se incluyan cláusulas tipo de los tratados
internacionales sobre inversión extranjera, tales como aquellas del trato
nacional, la superación de restricciones a la importación y exportación de
bienes, al igual que el interés de las Partes por lograr una eliminación
multilateral de los subsidios a las exportaciones de mercancías agropecuarias
en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
El Anexo 3.1., por su parte, estipula las
excepciones a la aplicación de la cláusula del trato nacional y a la
eliminación de restricciones a la importación y exportación de bienes. En tal
sentido, el Estado colombiano se reservó los controles a las importaciones de
bienes usados, imperfectos, saldos o segundas y desperdicios. Todos estos
bienes seguirán sujetos, en consecuencia, al régimen de licencia previa, tal y
como sucede en la actualidad, permitiendo sólo la importación de bienes usados
no producidos en el país.
El Anexo 3.2. consagra las excepciones a la
eliminación de los impuestos a la exportación. Sin perjuicio de lo anterior,
las Partes se reservan algunos temas sensibles para sus economías.
3.6. Capítulo 4. Régimen de origen.
El Capítulo 4, sobre régimen de origen, se
compone, a su vez de dos secciones: la (A) sobre reglas de origen y la (B)
sobre procedimientos de origen. Lo integran igualmente los Anexos 4.14 y 4.1.
En líneas generales, la finalidad de este
capítulo consiste en fijar unos criterios de calificación y los
correspondientes procedimientos de certificación y verificación del origen de
las mercancías de ambos países. Así pues, estas disposiciones y procedimientos
administrativos apuntan a que sólo las mercancías originarias de Colombia y
Chile, es decir, los productos creados, transformados o procesados en estos
Estados reciban los beneficios del tratado internacional, esto es, el
tratamiento arancelario preferencial.
El Anexo 4.14 contiene simplemente un
formato del “certificado de origen”, el cual deberá ser empleado por las
respectivas autoridades aduaneras colombianas y chilenas. A su vez, el Anexo
4.1. establece unas notas generales acerca de la interpretación de las normas
de origen, al igual que un extenso listado contentivo de productos agrícolas,
farmacéuticos, manufacturas, minerales, maquinaria y textiles, entre otros, acompañados
de sus correspondientes códigos.
3.7. Capítulo 5. Facilitación del comercio.
El Capítulo 5 del Protocolo al ACE 24,
referente a la facilitación del comercio, pretende implementar procedimientos
aduaneros simplificados, expeditos, que permitan agilizar las operaciones de
importación y exportación de mercancías a un menor costo, beneficiando de esta
forma a los consumidores finales del producto.
En este orden de ideas, el instrumento
internacional establece medidas encaminadas a (i) asegurar la transparencia de
las operaciones comerciales; (ii) eliminación de sobrecostos en las operaciones
aduaneras; (iii) aplicación uniforme de la normatividad aduanera; (iv)
introducción de cambios tecnológicos en las respectivas aduanas; (v)
posibilidad de los usuarios del servicio aduanero de impugnar las decisiones
adoptadas por las correspondientes autoridades.
3.8. Capítulo 6. Medidas sanitarias y
fitosanitarias.
El Capítulo 6 del tratado internacional,
referente a medidas sanitarias y fitosanitarias, se encamina a proteger la vida
y la salud humanas; la salud animal, la sanidad vegetal, facilitar el comercio
entre las Partes y las capacidades para la implementación del Acuerdo MSF de la
Organización Mundial del Comercio, es decir, a evitar que las normas sanitarias
y fitosanitarias internas obstaculicen indebidamente el comercio binacional. El
Capítulo VI igualmente contiene el Anexo 6.10 sobre “Autoridades
competentes”.
El Capítulo consta de doce artículos: los
tres primeros relacionados con los objetivos (artículo 6.1), las disposiciones
generales (artículo 6.2) y los derechos y obligaciones (artículo 6.3). Los
cinco restantes contienen el compromiso de Chile y Colombia para desarrollar de
manera conjunta los principios establecidos en el Acuerdo sobre la Aplicación
de Medidas del Comercio relativos a la armonización (artículo 6.4),
equivalencia (artículo 6.5), evaluación de riesgo y nivel adecuado de
protección (artículo 6.6), reconocimiento de zonas libres y de escasa
prevalencia de plagas y enfermedades (artículo 6.7) y procedimientos de
control, inspección, aprobación y certificación (artículo 6.8).
Por último, el Capítulo contempla cuatro
artículos relacionados con la institucionalidad para apoyar la aplicación del
mismo. En este sentido, las partes pueden suscribir convenios entre autoridades
sanitarias y fitosanitarias (artículo 6.9); acuerdan la creación y las
funciones asignadas al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (artículo
6.10); definen un mecanismo para adelantar las consultas técnicas que surjan de
la aplicación del Capítulo (artículo 6.11) y, por último, establecen sus
autoridades competentes (artículo 6.12).
En el Anexo 6.10 simplemente se designan
las autoridades colombianas y chilenas coordinadoras de la aplicación de las
medidas sanitarias y fitosanitarias.
3.9. Capítulo 7. Obstáculos técnicos al
comercio.
El objetivo de este capítulo consiste en
incrementar y facilitar el comercio y obtener acceso efectivo al mercado, con
base en una mejor implementación del Acuerdo OTC de la OMC; la eliminación de
los obstáculos técnicos innecesarios al comercio y el aumento de la cooperación
bilateral. De igual manera, contiene un Anexo 7.10.
Desde esta perspectiva, en el Capítulo se
reconoce que las Partes tienen derecho a establecer normas y reglamentos
técnicos, por ejemplo, para la protección de la vida y la salud de las
personas, la preservación de las especies animales y vegetales, así como el
medio ambiente. De allí que se pretenda que ni los reglamentos ni las normas
técnicas, referentes a los procedimientos de prueba y certificación, creen
obstáculos innecesarios al comercio bilateral.
En pocas palabras, el Capítulo busca que
las exportaciones de ambos países puedan ingresar con mayor facilidad a los respectivos
mercados, lo cual comporta una reducción en los costos de las operaciones, y
por ende, reduce los precios de los productos.  Para tales fines, se adoptan
medidas en el tratado a efectos de (i) asegurar la transparencia; (ii) agilizar
las solicitudes de información; (iii) establecer mecanismos de cooperación
sectorial en materia de normas y reglamentos técnicos; y (iv) conformación de
un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio.
En el Anexo 7.10 se indica simplemente que,
en el caso chileno, el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio será
coordinado por el Ministerio de Economía, en tanto que para Colombia dicha
labor la realizará el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3.10. Capítulo 8. Defensa comercial.
El Capítulo VIII del Acuerdo, referente a
la defensa comercial, se compone de dos Secciones: la (A) sobre medidas de
salvaguardia, y la (B) atinente a derechos antidumping y compensatorios.
El objetivo de este Capítulo es diseñar
unas medidas de defensa comercial frente a dos fenómenos: las prácticas
desleales de comercio internacional o dumping y los subsidios estatales
a la producción o exportación de productos.
Se trata, en consecuencia, de ajustar el
comercio binacional a los mecanismos de defensa diseñados en el seno de la OMC,
con el fin de brindar seguridad jurídica y transparencia a los diferentes
agentes económicos.
Ahora bien, en cuanto a la Sección A, la
misma reglamenta la aplicación de una medida de salvaguardia bilateral. Para
tales efectos, se incluyen disposiciones específicas sobre la vigencia del
régimen de salvaguardia bilateral, condiciones de aplicación, naturaleza de las
medidas, preservación de los reglamentos de la OMC sobre salvaguardia general y
no simultaneidad en la aplicación de medidas generales y bilaterales, así como
normas de exclusión por mínimis.
La Sección B, por su cuenta, contiene
procedimientos antidumping y derechos compensatorios. En general, se
aplican los estándares diseñados por la OMC en la materia.
3.11. Capítulo 9. Inversión.
El Capítulo 9 sobre inversión se compone de
las siguientes secciones: (A) sobre inversión; (B) acerca de soluciones de
controversias Inversionista-Estado; y (C) definiciones. Además, contiene siete
(7) anexos, además de dos listados de medidas disconformes incluidas en los
Anexos I y II del Acuerdo.
El propósito general del Capítulo es garantizarle
a las empresas de ambos países un marco jurídico sólido, que les brinde
protección recíproca, estabilidad y previsibilidad en el tratamiento de sus
inversiones.
Así las cosas, en la Sección A se reúnen
todas las disposiciones sustantivas sobre protección recíproca de las
inversiones colombo-chilenas. De allí que se establezcan cláusulas referentes
a: (i) trato nacional; (ii) trato de nación más favorecida; (iii) nivel mínimo
de trato; (iv) tratamiento en caso de contienda; (v) requisitos de desempeño;
(vi) altos ejecutivos y directorios; (vii) medidas disconformes; (viii) transferencias;
(ix) expropiación e indemnización; (x) formalidades especiales y requisitos de
información; (xi) denegación de beneficios; (xii) inversión y medio ambiente; y
(xiii) implementación.
La Sección B, por su cuenta, versa sobre
solución de controversias Inversionista-Estado. En tal sentido, contiene
disposiciones referentes a: (i) consultas y negociación; (ii) sometimiento de
una reclamación a arbitraje; (iii) consentimiento de cada una de las Partes al
arbitraje; (iv) condiciones y limitaciones al consentimiento de las Partes; (v)
selección de árbitros; (vi) realización del arbitraje; (vii) transparencia en
las actuaciones arbitrales; (viii) derecho aplicable; (ix) interpretación de
los anexos; (x) informes de expertos; (xi) acumulación de procedimientos; (xii)
laudos; y (xiii) entrega de documentos.
La Sección C, titulada “definiciones”,
se encamina a precisar los significados de determinados términos y expresiones,
únicamente para efectos del Capítulo IX, tales como: Acuerdo sobre los ADPIC;
Convenio del CIADI; empresa de una Parte; inversionista de un país no Parte;
Tribunal, entre otros.
En el Anexo 9 A, titulado “derecho
internacional consuetudinario”, se establece que por esta expresión debe
entenderse una práctica general “y consistente de los Estados, seguida por
ellos en el sentido de una obligación legal”.
En el Anexo 9 B sobre “pagos y
transferencias” se dispone que cada Parte se reserva las atribuciones y
facultades de sus bancos centrales para mantener o adoptar medidas de
conformidad con su legislación interna; para el caso colombiano, la Ley 31 de
1992. Se pretende, en consecuencia, velar por la estabilidad de la moneda y el
normal funcionamiento de los pagos internos y externos.
En el Anexo 9-C, referente a la
expropiación, las Partes confirman su común acuerdo en que un acto o una serie
de actos de una Parte no pueden constituir una expropiación, a menos que
interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los
atributos o facultades esenciales del dominio de una inversión. De igual
manera, se adelantan ciertas precisiones acerca de los conceptos expropiación
directa e indirecta.
En el Anexo 9-D se adelantan ciertas
precisiones acerca del Decreto Ley 600 de 1974 de Chile o Estatuto de la
Inversión Extranjera, indicando que se trata de un régimen voluntario y
especial. A su vez, en el Anexo 9-E se regula lo referente a la “Entrega de
documentos a la Parte de conformidad con la Sección B”, en tanto que el
Anexo 9-F se alude a la posibilidad de crear un Órgano de Apelación o un
mecanismo similar.
Finalmente, en el Anexo 9.3 se realizan
ciertas precisiones en materia de aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida.
3.12. Capítulo 10. Comercio Transfronterizo
de Servicios.
El propósito principal de este Capítulo
consiste en superar los obstáculos que se presentan para el comercio
transfronterizo de servicios. Se compone de doce (12) artículos y de los Anexos
10.1.4 (d) y 10.9 sobre “servicios profesionales”. Así pues, el Capítulo
comprende dos elementos principales: los principios de liberalización y los
anexos de medidas disconformes, que son las excepciones a los principios de
liberalización acordados en aquél.
Así las cosas, el Capítulo X aplica a las
medidas adoptadas o mantenidas por una Parte que afecten el comercio
transfronterizo de servicios suministrados por proveedores de servicios de la
otra Parte. Dentro de la lista descriptiva de tales medidas, se incluyen
aquellas que afectan, entre otros: la producción, distribución,
comercialización, venta y suministro de un servicio; la compra, uso o pago de
un servicio; el acceso a sistemas de distribución; el transporte y las redes de
comunicaciones; al igual que la presencia en su territorio de un proveedor de
servicios de la otra Parte.
De igual manera, en el Capítulo X se
precisan los temas no cubiertos por el mismo, tales como los servicios
financieros, las compras estatales, los servicios aéreos, al igual que aquellos
prestados en ejercicio de facultades gubernamentales.
3.13. Capítulo 11. Entrada temporal de
personas de negocios.
El Capítulo XI sobre entrada temporal de
personas de negocios está conformado por nueve (9) artículos y los Anexos 11.3
“entrada temporal de personas de negocios”; 11.3.1; y 11.3.A.1 “actividades
de negocios”.
El Capítulo está dividido en dos partes
principales. La primera hace referencia a las disposiciones generales en
materia de entrada temporal de personas de negocios; la segunda, corresponde a
los Anexos que señalan las diferentes categorías de personas incluidas dentro
del capítulo (visitante de negocios, comerciantes e inversionistas,
transferencias intracorporativas y profesionales).
En suma, a lo largo del Capítulo XI se
establecen diversas disposiciones encaminadas a facilitar la entrada temporal
de personas de negocios, conforme al principio de reciprocidad y la necesidad
de establecer criterios y procedimientos transparentes para tal efecto. Tales
disposiciones reconocen la necesidad de garantizar la seguridad de las
fronteras, particularmente en cuanto al ingreso, así como el derecho a proteger
el trabajo de sus nacionales y el empleo permanente de sus territorios, de
conformidad con su respectiva legislación interna.
3.14. Capítulo 12. Comercio electrónico.
La finalidad del Capítulo XII consiste en
facilitar el comercio de productos digitales. Para tales efectos, se establecen
disposiciones que garantizan el acceso de dichos productos a los mercados de
las Partes, evitando la imposición de gravámenes a su comercio transfronterizo
y al comercio de los mismos en medios portadores.
Desde esta perspectiva, el capítulo XII
consagra diversas cláusulas convencionales referentes a (i) suministro
electrónico de servicios; (ii) aranceles aduaneros a productos digitales; (iii)
no discriminación para productos digitales; (iv) cooperación; (v) protección al
consumidor; (vi) autenticación y certificados digitales; y (vii) definiciones.
3.15. Capítulo 13. Contratación pública.
El Capítulo XIII del Acuerdo, referente a
la contratación pública, está conformado por veinte (20) artículos y un Anexo
13.1, integrado a su vez por una Sección A (Entidades del nivel central de
gobierno) y una Sección B (Entidades del nivel sub-central de gobierno).
El capítulo de contratación pública busca
lograr la apertura de los mercados de adquisición de bienes y servicios de las
entidades públicas, en condiciones de igualdad y en un marco de transparencia,
cubriendo todas las compras superiores a 50.000 DEGs (Derechos Especiales de
Giro), para las entidades señaladas en los anexos. Sin embargo, existen algunas
excepciones motivadas en restricciones legales o asuntos de alta sensibilidad.
A lo largo del Capítulo XIII se establecen
cláusulas convencionales encaminadas a asegurar un trato nacional y no discriminatorio
para los proveedores de bienes y servicios originarios de Chile y Colombia. Se
establecen igualmente ciertas reglas para los procesos de licitación pública,
en tanto que la contratación directa se restringe. Así mismo, se establecen
condiciones y requisitos mínimos referentes al proceso de selección que
incluyen la publicación para todas las licitaciones de un aviso en un medio
electrónico que tenga un punto único de acceso para todo el gobierno y que sea
accesible electrónicamente.
De igual manera, se establece que los
pliegos de condiciones y los términos de referencia requieren de una
información mínima que permita a cualquier proveedor preparar una oferta con
todos los requisitos de la contratación.
Por último, se debe señalar que la lista de
entidades de Colombia comprende el ámbito de aplicación de la Ley 80 de 1993,
incluidos los Ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades
territoriales y las demás ramas del poder público. Sin embargo, existen algunas
contrataciones exceptuadas por cada país, ya sea de forma particular o general.
3.16. Capítulo 14. Transparencia.
El Capítulo XIV sobre transparencia tiene
como objetivo establecer los compromisos que adquieren las partes para
garantizar un libre comercio libre de interferencias indebidas.
El Capítulo contempla obligaciones para las
Partes encaminadas a dotar de una mayor transparencia las actuaciones
administrativas, legislativas y judiciales. Se enfatizan por tanto los
compromisos de publicidad, notificación y suministro de información,
procedimientos administrativos, revisión e impugnación de decisiones.
3.17. Capítulo 15. Administración.
El propósito central del Capítulo XV
consiste en el establecimiento de reglas claras sobre la forma en que se
administrará el Acuerdo, al igual que la manera como se garantizará el
cumplimiento de los compromisos pactados. Para tales efectos, se dispone la
creación de unos órganos encargados de administrar el Acuerdo, la forma como se
integran, sus competencias, etcétera. El Capítulo comprende además el Anexo
15.1.1 sobre “integrantes de la Comisión de Libre Comercio” y el Acuerdo
15.2 titulado “Coordinadores del Acuerdo”.
En el Capítulo XV se crea la Comisión de
Libre Comercio, en tanto que máximo órgano del Acuerdo, integrado por el
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministro de Comercio, Industria
y Turismo de Colombia.
La principal función de la Comisión es
supervisar el proceso de implementación del Acuerdo; velar por la ejecución de
las disposiciones del Acuerdo; intentar solucionar las controversias, al igual
que supervisar el trabajo de los comités creados por el Acuerdo.
3.18. Capítulo 16. Solución de
controversias.
El Capítulo XVI tiene como objetivo permitir
una pronta y efectiva solución a las controversias que surjan entre Colombia y
Chile, en lo que respecta a los derechos y obligaciones de las Partes bajo el
Acuerdo. Cuenta además con un Anexo 16.2.1 sobre “Anulación o menoscabo”.
En este orden de ideas, el Acuerdo otorga a
la Parte reclamante la posibilidad de elegir el foro para la solución de su
controversia, lo que comúnmente se llama “elección del foro”.
En virtud de lo anterior, si la Parte
reclamante considera oportuno acudir al mecanismo del Acuerdo para resolver su
controversia con la otra Parte, se aplicarán las disposiciones del Capítulo
XVI; pero si considera oportuno acudir al mecanismo de la OMC, se aplicarán las
disposiciones del “Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por
los que se Rige la Solución de Diferencias”, en la OMC. Una vez se haya
solicitado la integración del tribunal arbitral del ALC o del grupo especial
conforme a la OMC, el foro seleccionado será excluyente del otro.
Ahora bien, el mecanismo cuenta con tres
etapas: etapa de consulta; intervención de la Comisión de Libre Comercio; y
establecimiento de un Tribunal de Arbitramento.
El Capítulo desarrolla igualmente todo lo
referente a la integración, competencias y procedimientos empleados por el
Tribunal Arbitral.
3.19. Capítulo 17. Laboral.
Las disposiciones del Capítulo XVII del
Acuerdo apuntan a que las Partes asuman obligaciones dirigidas a garantizar la
inclusión de derechos laborales fundamentales, reconocidos internacionalmente y
en las correspondientes legislaciones internas de Colombia y Chile.
En el artículo del Capítulo se reafirman
las obligaciones derivadas de la “Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento” de 1998. De
igual forma, se reconoce expresamente la cooperación laboral entre las Partes,
al igual que el establecimiento de un mecanismo de consultas en caso de
controversias surgidas por la aplicación de las disposiciones labores del
Acuerdo.
3.20. Capítulo 18. Ambiental.
El Capítulo XVIII pretende contribuir en la
creación de políticas ambientales y comerciales compatibles con la preservación
de los recursos naturales. En tal sentido, se fijan unos compromisos
internacionales, se crea un mecanismo de consultas e igualmente se establece la
posibilidad de decretar sanciones y multas.
3.21. Capítulo 19. Cooperación.
En el Capítulo XIX se crea un espacio para
canalizar las necesidades de cooperación que tengan las Partes a efectos de
implementar el Acuerdo y para aprovechar al máximo los beneficios que se
deriven del mismo, mediante la profundización del Convenio Básico de
Cooperación suscrito entre Colombia y Chile en 1991.
El Capítulo XIX está conformado por
cláusulas referentes a (i) objetivos; (ii) ámbito de aplicación; (iii)
cooperación económica; (iv) cooperación e innovación; (v) cooperación
energética; (vi) aspectos institucionales; y (vii) definiciones.
3.22. Capítulo 20. Disposiciones generales.
El Capítulo XX del Acuerdo está conformado
por un conjunto de disposiciones de diversa naturaleza, las cuales cumplen
fines transversales del Acuerdo, siendo necesarias para una adecuada ejecución
del mismo. De allí que se encuentren cláusulas referentes a los anexos, las
notas a pie  de página, sucesión de acuerdos, etcétera.
3.23. Capítulo 21. Excepciones.
El Capítulo XXI contiene el régimen de
excepciones al Acuerdo, es decir, los asuntos o materias que quedan excluidos
de las obligaciones que el mismo consagra y sobre las cuales ambas Partes se
pueden reservar el derecho a regular de manera absoluta, sin que ninguna de
ellas pueda alegar incumplimiento alguno del Acuerdo. Contiene igualmente un
Anexo 21.4 sobre “Autoridades competentes”, en el cual se estipula que,
para el caso de Chile será el Director del Servicios de Impuestos Internos del
Ministerio de Hacienda, en tanto que para Colombia lo será el Viceministro
Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Así las cosas, el respectivo Capítulo
comprende disposiciones acerca de (i) excepciones generales; (ii) seguridad esencial;
(iii) orden público; (iv) tributación; y (v) dificultades en la balanza de
pagos.
3.24. Capítulo 22. Disposiciones finales.
El Capítulo XXII regula la manera como
puede enmendarse o modificarse el tratado internacional, su vigencia,
aplicación provisional, denuncia, adhesión y negociaciones futuras.
3.25. Anexos I y II del Acuerdo. Medidas
Disconformes a los Capítulos de Servicios Transfronterizos e inversión.
El Anexo I tiene por objetivo incluir en el
Acuerdo las medidas existentes en la legislación nacional de cada país, que son
contrarias a las obligaciones de otorgar a los proveedores de servicios de la
otra Parte, los beneficios que emanan de las cláusulas de la nación más
favorecida, el trato nacional, el acceso a mercados y a no exigir presencia
local para la prestación transfronteriza de servicios.
El Anexo I establece, a su vez, elementos
tales como: sector, subsector, obligaciones afectadas, descripción y medidas,
entendiendo por éstas las leyes, regulaciones o semejantes respecto de las
cuales se ha elaborado la respectiva ficha técnica.
El Anexo II, por su parte, tiene como
finalidad incluir en el Acuerdo los sectores, subsectores o actividades de servicios
sobre los cuales el país podrá adoptar cualquier tipo de reglamentación a
futuro, sin que ello viole los compromisos de otorgar a los proveedores de
servicios de la otra Parte, el respectivo trato nacional o se le aplique la
cláusula de la nación más favorecida.
En tal sentido, en el texto del Anexo II se
indica, de conformidad con los artículos sobre medidas disconformes del
capítulo de comercio transfronterizo de servicios y del capítulo de inversión,
los sectores, subsectores o actividades específicas para los cuales Colombia podrá
mantener medidas existentes o adoptar nuevas o más restrictivas.
3.2. Contenido, alcance e intensidad del
control de constitucionalidad sobre tratados de libre comercio.
De manera reiterada, la Corte Constitucional ha
sostenido que el juicio que adelanta sobre los tratados internacionales no es
de conveniencia sino jurídico. No obstante lo anterior, lo cierto es que el
examen de constitucionalidad acerca del respeto de los principios de equidad,
igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, en los términos de los
artículos 9, 150.16, 226 y 227 Superiores, tratándose de Acuerdos de Libre
Comercio, no puede adelantarse sin tomar en cuenta las actuales dimensiones de
los intercambios comerciales entre las Partes; las expectativas válidas de
incremento de aquéllos, al igual que el grado de desarrollo de sus respectivas
economías.
En otras palabras, no le basta al juez con examinar la
constitucionalidad de los diversos equilibrios, ventajas y concesiones
presentes en cada uno de los compromisos asumidos formalmente por los
contratantes a lo largo del clausulado que conforma el texto del tratado, sino
que este último debe ser apreciado como un todo, aunque por razones metodológicas
su estudio se adelante por grandes capítulos o incluso, de forma transversal.
Dicho análisis, por lo demás, debe ser llevado a cabo dentro de un contexto
histórico y económico específico. De allí que, la conformidad del tratado
internacional con la Constitución dependerá no sólo de la ausencia de
contradicciones normativas entre el primero y la segunda, sino de la
preservación fáctica de los grandes equilibrios alcanzados inicialmente por las
Partes contratantes.
A decir verdad, los instrumentos internacionales de
comercio suelen ser negociados por los Estados bajo unas determinadas
circunstancias económicas, las cuales pueden cambiar drásticamente, afectando
el equilibrio primigenio entre las obligaciones y los deberes asumidos entre
los contratantes, e incluso, comprometiendo el cumplimiento del tratado. De
allí que, en el derecho interno, la declaratoria de exequibilidad del tratado
internacional se funde igualmente en un examen apriorístico acerca de los
contenidos y alcances de las cláusulas convencionales, juicio que puede cambiar
conforme se perciban, con el tiempo, los efectos prácticos de la aplicación del
instrumento internacional, siendo posible constatar, por el juez constitucional,
la eventual existencia de esos cambios fundamentales en las circunstancias que
afectan la eficacia del tratado internacional. De hecho, una de las
características de los controles abstractos de constitucionalidad, es la
ausencia de elementos fácticos, de aplicación concreta, lo cual le impide a la
Corte tomar una decisión plena con todos los elementos de juicio. De allí que
la decisión de la Corte se apoya en los elementos de juicio con que cuenta en
el momento (intervenciones ciudadanas, concepto de la Procuraduría,
condicionamiento a futuras leyes de desarrollo, a regulaciones por decreto, a
contratos, etcétera).
Todo lo anterior conduce a señalar que, en materia de
control previo de constitucionalidad, la decisión que se toma respecto al
tratado sea a priori, por cuanto su efectiva adecuación con la
Constitución se verificará en la práctica. De allí que, sea dable afirmar la
existencia de varias interpretaciones, opiniones y valoraciones sobre la
equidad y conveniencia del tratado, así como distintas alternativas hipotéticas
de interpretación que llevan a reconocer la presunción de validez y de constitucionalidad
del tratado, con base en el principio in dubio pro legislatoris.
De igual manera, las futuras ejecuciones legislativa y
administrativa del instrumento internacional deben ser conformes con la
Constitución. En efecto, es usual que ciertas disposiciones consagradas en
tratados internacionales tengan carácter, en términos de la doctrina americana
y seguida por la europea, de normas non-self-executing[3],
esto es, que para poder desplegar todos sus efectos en el ordenamiento interno
de un  Estado requieran del correspondiente desarrollo normativo, a diferencia
de aquellas que son self-executing o autoejecutables. Así pues, aquellas
disposiciones con rango legal o reglamentario que permitan la debida ejecución
interna de un tratado internacional de libre comercio, deberán ser sometidas a
los correspondientes controles judiciales.
Quiere ello decir, que la Corte se reserva su
competencia para examinar toda ley que desarrolle las cláusulas contenidas en
un Acuerdo de Libre Comercio, sin que se pueda alegar la operancia del fenómeno
de la cosa juzgada constitucional.
En este orden de ideas, se concluye y precisa que, la
declaratoria de exequibilidad de un tratado internacional de comercio, no
afecta (i) la existencia y vigencia plena de competencias normativas del
Congreso y del Ejecutivo; (ii) la aplicación, en casos concretos, del bloque de
constitucionalidad queda intacta; y (iii) la eventual procedencia de alcance de
las acciones constitucionales. Un tratado de libre comercio no puede llevar al
vaciamiento o desconocimiento de las competencias de los órganos judiciales que
propenden por la defensa de los derechos fundamentales. De hecho, no se puede
olvidar que un tratado internacional de libre comercio no es más que una ley, y
por ende, debe ser interpretada y aplicada de conformidad con la Constitución.
En igual sentido, la Corte señaló en sentencia C-864
de 2006 que aquellos elementos estrictamente técnicos y operativos que resulten
de la aplicación de un tratado de libre comercio, pueden ser resueltos mediante
el ejercicio de las respectivas acciones judiciales. En palabras de esta
Corporación:
“Finalmente, aun cuando el contenido de los
Anexos, previamente descrito, no genera prima facie ninguna violación de la
Constitución, pues corresponden a aspectos esencialmente técnicos y operativos
que permiten la aplicación de las disposiciones previstas en el Acuerdo de
Complementación suscrito, esto no significa que algunos asuntos específicos
puedan suscitar controversia en su ejecución, especialmente, en lo referente a
la protección de los derechos fundamentales y colectivos. Para la Corte,
cualquier problema que se origine en la aplicación de los Anexos y que implique
la violación o amenaza de dichos derechos constitucionales, escapa al ámbito
del control abstracto de constitucionalidad, por lo que su defensa se puede
obtener mediante el ejercicio de las otras acciones constitucionales
reconocidas en la Carta Fundamental.
De igual manera, es preciso indicar que el control de
constitucionalidad que adelanta la Corte sobre los tratados internacionales
comprende la integridad del texto, es decir, los anexos, pies de página, al
igual que cualquier comunicación entre las Partes encaminada a acordarle algún
sentido o alcance a los compromisos asumidos. Sobre el particular, es preciso
recordar la definición que de tratado trae la Convención de Viena de 1969, en
su artículo 2º:
“se entiende por
"tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre
Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular”
Pues bien, en cuanto a la intensidad del control de
constitucionalidad en lo atinente a tratados de libre comercio, la Corte considera
que aquél debe ser leve, en consideración al amplio margen de discrecionalidad
de que goza el Presidente de la República como director de las relaciones
internacionales y a la materia regulada. Sin embargo, aquél se torna intenso en
relación con aquellas cláusulas convencionales que afecten el disfrute de
derechos fundamentales constitucionales, tales como la salud y el trabajo, al
igual que la protección de las comunidades indígenas y raizales.
En tal sentido, se debe precisar que, en materia de
control previo de constitucionalidad sobre tratados de libre comercio, la Corte
debe analizar si las normas que restringen derechos fundamentales superan un
test de razonabilidad; que los fines a alcanzar sean constitucionales y que las
restricciones sean adecuadas.
Así mismo, en cuanto al parámetro para ejercer el
control de constitucionalidad de estos tratados internacionales de comercio, se
debe tener en cuenta que éstos deben ser conformes con el llamado “bloque de
constitucionalidad”, muy especialmente, respecto a aquellas normas que
tienen rango de ius cogens, es decir, en los términos del artículo 53 de
la Convención de Viena de 1969, aquellas disposiciones imperativas de derecho
internacional general aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como normas “que no admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional
general que tenga el mismo carácter.”
3.3. El contexto económico del Acuerdo
internacional sometido al examen de la Corte.
Según cifras del DANE, el proceso de
liberalización arancelaria entre Colombia y Chile, iniciado a comienzos de la
pasada década, ha incidido positivamente en  los flujos de comercio entre ambos
países. Para tales efectos, basta con consultar la siguiente tabla:
Relaciones comerciales entre Colombia y
Chile entre 2000 y 2006.
(Millones de dólares)
Año
Exportaciones
Importaciones
2000
191.4
234.9
2001
167.8
238.4
2002
176.8
255.9
2003
189.4
275.6
2004
255.0
324.3
2005
299.2
337.8
2006
258.8
476.6
2006- noviembre
237.2
440.4
2007- noviembre
341.0
573.3
El anterior gráfico muestra que, mientras
que el intercambio comercial en el 2006 alcanzó los US$ 735 millones, en el
2000 apenas llegaba a los US$ 426 millones.
De igual manera, la importancia del
intercambio comercial entre ambos países se aprecia en la siguiente gráfica, referente
al comportamiento de las exportaciones de Colombia hacia Chile, en millones de
dólares:
Tipo de exportación
2003
2004
2005
2006
2007-nov.
Exportaciones tradicionales
22.6
31.4
75.4
22.7
88.4
Exportaciones no tradicionales
166.8
223.6
220.8
236.0
252.7
Total exportado
189.4
255.0
296.2
258.8
341.0
Como se puede observar en la anterior
gráfica, más de la tercera parte de los bienes exportados por Colombia a Chile,
corresponden a productos no tradicionales. De igual forma, se aprecia que la
mayoría de productos exportados por nuestro país presentan un alto valor
agregado, destacándose además la escasa concentración que hay de un solo
producto, y por ende, la poca dependencia que existe de un único sector.
De igual manera, según estudios realizados
sobre las exportaciones colombianas hacia Chile evidencian que, en 2006, los
sectores exportadores fueron: industria básica (químicos, compresas higiénicas
y pañales para bebé y metalurgia): industria liviana (plásticos, textiles y
confecciones); productos agroindustriales (azúcares) y bienes primarios.
Cabe asimismo destacar que las
importaciones de productos provenientes de Chile se han incrementado
notoriamente, habiendo alcanzado en año 2006 la suma de USD 476 millones, lo
que representa un incremento del 41% respecto al año 2005.
Por último, en materia de inversión chilena
en Colombia, según los datos oficiales, la misma en el año 2005 aumentó en USD
6.3 millones, cifra superior a los USD 5.6 millones registrados en 2004,
incremento que se registró en el sector energético. A su vez, la inversión
directa colombiana en Chile, para el año 2005, ascendió a poco más de USD 23
millones, cifra superior a los USD 22 millones registrada en el año anterior.
3.4. El Protocolo Adicional suscrito entre
Colombia y Chile en el contexto de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI.
El Acuerdo comercial entre Colombia y Chile
es un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica núm. 24,
celebrado entre ambos países el 6 de diciembre de 1993, en el marco de la
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI.
El Tratado de Montevideo de 1980, aprobado
en Colombia mediante Ley 45 de 1981, creó la Asociación Latinoamericana de
Integración ALADI, organización internacional de integración económica,
conformada en la actualidad por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, siendo sus
principios rectores son los siguientes: (i) pluralismo en materia política y
económica; (ii) convergencia progresiva de acciones parciales hacia la
formación de un mercado común latinoamericano; (iii) flexibilidad; (iv) tratamientos
diferenciales con base en el nivel de desarrollo de los países miembros; y (v) multiplicidad
en las formas de concertación de instrumentos comerciales.
Ahora bien, los Estados miembros de la
ALADI, con el propósito de consolidar un mercado común latinoamericano, pueden
aprobar acuerdos de integración económica de diversa naturaleza, como son: (i)
Acuerdos contentivos de preferencias arancelarias regionales, las cuales se
aplican a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles
vigentes para terceros países; (ii) Acuerdos de alcance regional, es decir, comunes
a la totalidad de los países miembros; y (iii) Acuerdos de alcance parcial, con
la participación de dos o más países del área.
Precisamente, en 1993, Colombia y Chile
suscribieron un Acuerdo de Complementación Económica o ACE 24, con el propósito
de establecer un espacio económico ampliado en el marco del Tratado de
Montevideo de 1980. En tal sentido, el Acuerdo de Libre Comercio, aprobado por
el Congreso mediante Ley 1189 de 2008 y sometido a la revisión de la Corte constituye
un Protocolo adicional al ACE-24, es decir, una reforma al mismo.
Sobre el particular, cabe precisar que el
ACE 24 fue incorporado al orden interno colombiano mediante decreto
reglamentario núm. 2717 de 1993, modificado posteriormente por el decreto núm. 1741
de 1994 y ampliado por medio de los decretos 2172 de 1995; 2181 de 1996; 2178
de 1997 y 617 de 2002. Le asiste por tanto razón a la Procuraduría cuando
señala que el ACE-24 no ha sido sometido, hasta el presente, a la aprobación
del Congreso ni al control constitucional a cargo de la Corte.
Al respecto, la Vista Fiscal en su intervención le
plantea a la Corte adoptar dos decisiones: por una parte, declarar (i) “EXEQUIBLE
el “EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA
DE CHILE – PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO ECONÓMICO AMPLIADO ENTRE COLOMBIA Y CHILE (ACE
24) DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006”, bajo el entendido que sólo se aprueba el “EL ACUERDO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE”,
suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006”, debido a que se trata
de un Instrumento independiente; y (ii) declarar “INEXISTENTE el “ACUERDO
DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO ECONÓMICO
AMPLIADO ENTRE COLOMBIA Y CHILE (ACE 24) DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1993” porque fue
adoptado en Colombia sin cumplir los requisitos constitucionales establecidos
para el efecto”.
En cuanto a la segunda de las decisiones, es decir,
declarar que el Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre Colombia y
Chile en 1993 es “inexistente”, la Corte considera que carece de
competencia para ello por cuanto la Carta Política, en su artículo 241.10, la
faculta exclusivamente para ejercer el control de constitucionalidad sobre los
tratados internacionales y sus correspondientes leyes aprobatorias. En otras
palabras, esta Corporación no puede asumir, de oficio, el conocimiento de
acuerdos internacionales, o de textos normativos que se le presenten como tales
por los ciudadanos, los cuales ni siquiera han sido sometidos a la aprobación
del Congreso de la República.
Ahora bien, en cuanto a la primera de las peticiones,
es decir, declarar exequible de manera condicionada el presente Acuerdo,
en el sentido de que se trata de un “instrumento independiente”, la
Corte considera que, por las razones que pasan a explicarse, tampoco es
necesario tal condicionamiento.
En primer lugar, el artículo 241.10 Superior le
atribuye a la Corte competencia para “Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben”. Concordando tal disposición con el artículo 2º de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, se tiene que el
presente Acuerdo de Libre Comercio es un instrumento internacional sometido al
control de la Corte. En efecto, la citada norma internacional establece lo
siguiente:
“Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente
Convención:
a) se entiende por "tratado" un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
Revisado el texto del Acuerdo de Libre Comercio
suscrito entre Colombia y Chile en 2006, se tiene que cumple a cabalidad con
todas y cada una de las condiciones para ser considerado un tratado
internacional, en los términos de la Convención de Viena de 1969.
En segundo lugar, el Acuerdo internacional sometido al
control de la Corte fue adoptado en el seno de la ALADI, organización internacional cuyo tratado
constitutivo de Montevideo de 1980 fue aprobado en Colombia mediante Ley 45 de
1981, en cuyo artículo 11 establece las características y objetivos de los
Acuerdos de Complementación Económica, en los siguientes términos:
”Los acuerdos de complementación económica
tienen como objetivos, entre otros, promover el máximo aprovechamiento de los
factores de la producción, estimular la complementación económica, asegurar
condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los
productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y
armónico de los países miembros.
Estos acuerdos se sujetarán a las normas
específicas que se establezcan al efecto.
Aunado a lo anterior, conviene indicar que el mismo
texto del Preámbulo del instrumento internacional sometido al control de la
Corte se precisa que el mismo se adopta en el seno de la ALADI y con el
propósito de alcanzar los fines previstos en el Tratado de Montevideo de 1980.
En otras palabras, se está en presencia de un tratado internacional adoptado en
el seno de una organización internacional de integración.
Sobre el particular, conviene además precisar que
actualmente, más allá de los esquemas de integración subregionales (Comunidad
Andina de Naciones y el MERCOSUR-ACE Nro. 18), existen nueve acuerdos de
complementación económica que prevén el establecimiento de zonas de libre
comercio entre sus signatarios. En estos Acuerdos participan Chile-Venezuela
(ACE 23), Chile-Colombia (ACE 24), Bolivia-México (ACE 31), Chile-Ecuador (ACE
32) Colombia-México-Venezuela (ACE 33), MERCOSUR-Chile (ACE 35),
MERCOSUR-Bolivia (ACE 36), Chile-Perú (ACE 38), Chile-México (ACE 41),
MERCOSUR-Perú ACE 58, MERCOSUR-Colombia-Ecuador-Venezuela (ACE 59) y
México-Uruguay (ACE 60).
En tercer lugar, la Corte considera, al
igual que la Vista Fiscal, que el instrumento internacional sometido a su
examen no es incompatible con el Acuerdo de Complementación Económica de
1993 o ACE 24.
En efecto, el original ACE 24 de 1993 es un
instrumento internacional relativamente corto, de apenas 40 artículos, de
carácter muy general, en el cual (i) se fijan unos objetivos programáticos a
alcanzar; (ii) se prevé la puesta en marcha de un programa de desgravación
arancelaria; (iii) se fijan ciertas garantías generales a los inversionistas de
ambos países; y (iv) se establecen unos mecanismos amplios de solución de
controversias.
Por el contrario, el instrumento internacional
sometido actualmente al control de la Corte, está conformado por 22 capítulos y
25 anexos, de los cuales 23 lo son a los respectivos capítulos y dos a la
integridad del tratado. De igual manera, el artículo 20.1 del ALC dispone que
los anexos, apéndices y notas a pie de página constituyen parte integral del
mismo. En tal sentido, como se ha explicado, se abordan los siguientes temas:
(i) definiciones generales; (ii) comercio de mercancías; (iii) régimen de
origen; (iv) medidas sanitarias y fitosanitarias; (v) obstáculos técnicos al
comercio; (vi) inversión; (vii) comercio transfronterizo de servicios; (viii)
entrada temporal de personas de negocios; (ix) Contratación pública; (x)
administración; (xi) solución de controversias; y (xii) excepciones.
En cuarto lugar, tal y como lo señaló la
Corte en sentencia C- 751 de 2008, referente al control automático del “Protocolo
Modificatorio al  Acuerdo de Promoción Comercial Colombia – Estados Unidos”, las
enmiendas, protocolos modificatorios y cartas adjuntas son “verdaderos
tratados internacionales”. Así mismo, “la jurisprudencia relativa al
control constitucional sobre protocolos modificatorios y enmiendas, muestra que
siempre ha sido posible hacer un control de constitucionalidad separado de
estos instrumentos, y en dicha jurisprudencia nunca se ha señalado que la
Corte no pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad del tratado porque el
protocolo o la enmienda lo modificaron, ni tampoco que no sea posible
pronunciarse sobre la constitucionalidad del protocolo o la enmienda de manera
independiente”. (negrillas agregadas).
Más adelante, en la misma sentencia se señala lo
siguiente:
Por otra parte, según el argumento del
Procurador existe una relación tan estrecha entre el Acuerdo de Promoción
Comercial y el Protocolo Modificatorio y la Carta Adjunta, que no es posible
analizar su contenido de manera aislada. Si bien la conexión de las enmiendas y
protocolos modificatorios con el instrumento internacional que pretenden
modificar puede ser muy estrecha, ello no les quita su naturaleza de tratados
internacionales ni impide su examen de constitucionalidad.
Según lo que establece el artículo 2 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados “se entiende por
"tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre
Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular.” En esa medida, los protocolos modificatorios o las enmiendas son
verdaderos tratados, como quiera que son el resultado de un acuerdo escrito de
voluntades entre sujetos de derecho internacional para modificar, adicionar, o
incluso interpretar otro instrumento internacional.
La Corte ha revisado en numerosas ocasiones
leyes aprobatorias de protocolos modificatorios, tanto frente a tratados
bilaterales como multilaterales, en materia económica, ambiental, de derechos
humanos, de derecho internacional humanitario, y de integración económica. En
la mayoría de los casos, los protocolos modificatorios o las enmiendas fueron
presentados por el gobierno para que el Congreso los aprobara en una ley
separada del tratado original y, por lo tanto, fueron revisados por la Corte en
sentencias separadas. (negrillas
agregadas).
Así las cosas, la Corte considera que tiene
competencia para examinar la constitucionalidad del Protocolo Adicional al
Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Chile,
3.5. Conformidad del Acuerdo de Libre Comercio con el
mandato de promoción de la internacionalización de las relaciones económicas y
comerciales con Latinoamérica.
La Constitución de 1991, desde su Preámbulo, denota
una fuerte vocación integracionista hacia los países de la comunidad
latinoamericana.  De igual manera, el artículo 9 Superior, referente a los
principios que deben orientar la política exterior colombiana, señala que ésta
debe orientarse “hacia la integración latinoamericana y del Caribe”. En
igual sentido, el artículo 227 constitucional, señala que “El Estado
promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y
especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la
celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad,
creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad
latinoamericana de naciones”.
En igual sentido, la Corte en sentencia C- 155 de
2007, referente a la ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en
Colombia, resaltó la vocación integracionista de la Constitución de 1991, en
los siguientes términos:
“La Constitución Política de 1991 no fue
ajena a la integración del Estado Colombiano al orden internacional. Así, el
Preámbulo y los artículos 9º y 227 señalan que se promoverá la integración
económica, social y política con los demás Estados, especialmente los de
América Latina y del Caribe, para lo cual se autoriza: (i) la creación de
organismos supranacionales; (ii) la participación en una comunidad
latinoamericana; (iii) la realización de elecciones directas para la
conformación del parlamento Andino y del parlamento latinoamericano.
Así mismo, en sentencia C- 923 de 2007, referente al
control de constitucionalidad sobre el Acuerdo de Complementación Económica
núm. 33 o Tratado de Libre Comercio entre México, Venezuela y Colombia, la
Corte indicó lo siguiente en relación con el postulado de la integración
latinoamericana:
“Los propósitos implícitos en las
disposiciones del Acuerdo constitutivo del Sexto Protocolo Adicional, se
enmarcan dentro de la Carta Fundamental al perseguir fortalecer y profundizar
el proceso de integración latinoamericana y ampliar el ámbito de liberación
comercial sobre la base de un comercio compensado para que los Estados prosigan
en su desarrollo económico y social, que consulta el inciso final del artículo
9 de la Constitución, al disponer que “la política exterior de Colombia se orientará
hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Ahora bien, en el caso concreto del tratado
internacional sometido actualmente al control de la Corte, se evidencia la
conformidad del mismo con los postulados integracionistas constitucionales, por
cuanto mediante la adopción de tales instrumentos, encaminados a liberalizar el
comercio de bienes y servicios mediante la supresión de barreras arancelarias y
medidas de efecto equivalente, se estrechan los vínculos comerciales entre los
países, se genera un clima propicio para las inversiones recíprocas, y en
últimas, se fomenta la generación de empleo en los sectores exportadores. De
igual manera, se pretende que los consumidores locales accedan a una mayor
variedad de bienes y servicios a mejores precios.
3.6. Examen de constitucionalidad del articulado del
tratado internacional.
3.6.1. Preámbulo.
El Preámbulo del tratado internacional apunta a
señalar los grandes objetivos que las Partes persiguen con su adopción como
son, entre otros, estrechar los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación
entre los pueblos; fortalecer el proceso de integración Latinoamérica; trabajar
conjuntamente hacia una mayor integración con la región Asia – Pacífico; así
como crear nuevas y mejores condiciones de empleo. Lo anterior, en concordancia
con los compromisos asumidos por las Partes en el Tratado de Montevideo de 1980
y en el Acuerdo de Marrakech.
Al respecto, la Corte no observa ningún reproche de
constitucionalidad, por cuanto los objetivos fijados en el texto del Preámbulo
coinciden con aquellos plasmados en los artículos 9, 226  y 227 Superiores.
3.6.2. Capítulo I. Disposiciones iniciales.
En el Capítulo I del Acuerdo se dispone la
creación de una zona de libre comercio entre Colombia y Chile, de conformidad
con el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994 y el artículo V del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y el
Tratado de Montevideo de 1980.
De igual manera, se establecen como
objetivos del TLC, entre otros, (i) la promoción, en condiciones de equidad,
del desarrollo equilibrado y armónico de las Partes; (ii) eliminar los
obstáculos al comercio bilateral de bienes y servicios; (iii) coordinar la
ejecución de políticas comerciales y ambientales; y (iv) incrementar las
oportunidades de inversión.
Ahora bien, la Corte observa que las
disposiciones citadas en el artículo 1.1. del tratado internacional, autorizan
a los Estados Partes, bien sea en el ámbito de la Organización Mundial de
Comercio o de la ALADI, a celebrar acuerdos comerciales encaminados a constituir
zonas de libre comercio o uniones aduaneras, a condición de que se cumpla con
determinadas condiciones[4]. Al respecto, esta
Corporación considera que carece de competencia para determinar la conformidad
del instrumento internacional sometido a su examen con otros tratados
internacionales sobre comercio internacional, como es el caso del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios y el Tratado de Montevideo de 1980. En efecto, en estos
casos serán los órganos internacionales correspondientes, sean de carácter
judicial o no, creados por los respectivos tratados internacionales, los
competentes para examinar posibles violaciones a los tratados constitutivos de
la respectiva organización internacional, con ocasión de la creación de nuevas
zonas de libre comercio o uniones aduaneras.
Realizada la anterior precisión, la Corte
considera que la creación de una zona de libre comercio se aviene los
principios constitucionales señalados en el Preámbulo de la Carta Política, así
como en los artículos 9, 226 y 227 Superiores. Otro tanto sucede con los
objetivos fijados con la conformación de aquélla, los cuales aparecen
estipulados en el artículo 1.2. del Acuerdo de Libre Comercio.
3.6.3. Capítulo II. Disposiciones
generales.
El Capítulo II del instrumento
internacional contiene diversas definiciones de siglas, términos y expresiones
que se emplean a lo largo del mismo, tales como: ACE 24; Acuerdo de Valoración
Aduanera; Acuerdo MSF; AGCS, entre muchos otros. De igual manera, abarca el
Anexo 2.1., el cual tiene efectos en relación con la totalidad del texto del
TLC. En este último se especifica qué debe entenderse por la palabra “territorio”.
Para el caso colombiano, el literal b) dispone lo siguiente:
“respecto de Colombia, además de su territorio continental, el
archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y
todas las demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, así
como su espacio aéreo y las áreas marítimas sobre las que tiene soberanía o
derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con su legislación interna y
el Derecho Internacional, incluidos los tratados internacionales aplicables”.
Sobre el particular, la Procuraduría en su
concepto sostiene lo siguiente:
El Capítulo 2 establece definiciones de
aplicación general, incluida la de territorio en el Anexo 2.1. En este aspecto es
de señalar que la definición de territorio es incompleta en relación con lo
establecido al respecto en nuestro orden interno, porque no se incluye lo
correspondiente al subsuelo, el segmento de la órbita geoestacionaria y el
espectro electromagnético, entre otros, con lo que eso puede significar en
materia de soberanía…Por tanto se solicitará la exequibilidad de dicho
artículo, incluida la de su Anexo 2.1, bajo el entendido que para Colombia la
definición de territorio es la comprendida en el artículo 101 de su
Constitución Política.
No comparte la Corte la opinión de la Vista
Fiscal por las siguientes razones.
La Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados de 1969, en su artículo 29, dispone que “Un tratado será
obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de
su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de
otro modo.” En otras palabras, al momento de suscribir un instrumento
internacional las Partes pueden limitar el ámbito geográfico de aplicación del
mismo. Así por ejemplo, es viable excluir de la aplicación del tratado determinadas
regiones del país, o ciertos elementos de sus respectivos territorios, como lo
serían los espacios marítimos o el subsuelo. De tal suerte que la norma
internacional según la cual los tratados internacionales se aplican “a la
totalidad del territorio” es de ius dispositivum, es decir, se trata
de una disposición que admite acuerdo en contrario, a diferencia de aquellas de
ius cogens.
En este orden de ideas, la exclusión de
ciertos espacios en el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile no
constituye renuncia alguna al ejercicio de la soberanía nacional ni significa,
como equivocadamente se podría pensar, que el Estado está admitiendo que tales
espacios excluidos no conforman parte de su territorio. Todo lo contrario. El
Estado colombiano, en ejercicio de su soberanía, suscribe un tratado internacional
en el cual, por motivos de conveniencia, decide limitar los efectos jurídicos
de aquél a ciertos espacios que conforman su territorio. Tanto es así que el
Anexo 2.1. dispone que “Para los efectos de este Acuerdo, a menos que
se especifique otra cosa, territorio significa…”.
Así las cosas, la Corte considera que el Capítulo II
del tratado internacional es conforme con la Constitución.
3.6.4. Capítulo III. Comercio de mercancías.
El Capítulo III sobre comercio de mercancías tiene por
objeto liberalizar el comercio de bienes o mercancías entre Colombia y Chile.
Comprende igualmente tres anexos sobre “Trato nacional y restricciones a la
importación y a la exportación”.
El artículo 3.1. consagra la cláusula del trato
nacional, en virtud de la cual cada Parte, de conformidad con el artículo III
del GATT de 1994, le otorgará a las mercancías de la otra, el mismo tratamiento
acordado a las propias. Se trata, en pocas palabras, de evitar que los
productos importados sean discriminados en el país receptor, bien sea en
aspectos tributarios, acceso a la publicidad, comercialización o distribución
de los mismos.
En cuanto a los impuestos a la exportación, el
artículo 3.2. del TLC dispone que, salvo lo establecido en el Anexo 3.2.,
ninguna Parte podrá mantener o adoptar arancel, impuesto u otro cargo sobre las
exportaciones de mercancías, a menos que aquél sea adoptado o mantenido “sobre
cualquier mercancía para consumo doméstico”.
El artículo 3.3. se refiere a las cuotas y
trámites administrativos, estableciendo que las tasas o cargos de cualquier
naturaleza, diferentes a los aranceles aduaneros, a los impuestos internos,
derechos antidumping y compensatorios, que debe soportar la importación
o exportación de bienes, deben limitarse al costo aproximado de los servicios
prestados y no debe representar protección indirecta a las mercancías nacional
ni un impuesto a las exportaciones o importaciones para propósitos fiscales.
El artículo 3.4. regula lo referente a las
medidas no arancelarias. Al respecto, se prohíbe adoptar restricciones a las
importaciones y exportaciones, salvo aquellas consagradas expresamente en el
Acuerdo y en el Artículo XI del GATT de 1994.
En lo que concierne a los subsidios a las
exportaciones agropecuarias, el artículo 3.5. dispone que las Partes comparten
el objetivo de la eliminación multilateral de los mismos, para lo cual
trabajarán conjuntamente en el seno de la OMC.
Finalmente, desde un punto de vista
orgánico, el artículo 3.6. prevé la creación de un Comité de Comercio de
Mercancías, compuesto por representantes de cada Parte, cuya función consiste
en fomentar el comercio de mercancías, al igual que considerar los obstáculos
al comercio de mercancías entre las Partes.
La Corte considera que el Capítulo III del
Acuerdo de Libre Comercio se ajusta a la Constitución, por las siguientes
razones.
La cláusula del trato nacional es una
clásica manifestación del principio de igualdad en las relaciones
internacionales. Su objetivo apunta a que las mercancías que ingresan a un
Estado Parte no sean sometidas a un trato discriminatorio en relación con los
productos del país receptor. En otras palabras, se busca asegurar la existencia
de unas reglas de competencia leal y transparente entre el producto importado y
el nacional. La existencia de tales cláusulas-tipo en los tratados
internacionales de integración o de inversión extranjera siempre ha sido
considerada conforme con la Constitución por la Corte[5].
De igual manera, las cláusulas
convencionales referentes a cuotas o trámites administrativos y a restricciones
a las importaciones y exportaciones, se ajustan a la Constitución en cuanto son
instrumentos idóneos para asegurar el establecimiento de una zona de libre
comercio, es decir, conformar un espacio económico en el cual los bienes y
servicios de ambas Partes puedan circular libremente.
Así mismo, la Corte tampoco estima que la
creación de comités encargados de asegurar el cumplimiento de los compromisos
asumidos por las Partes en materia de igualdad de trato y de regulación de
trámites administrativos vulnere la Carta Política. Al respecto, y en caso
semejante al presente, la Corte en sentencia C- 864 de 2006, referente al
Acuerdo de Complementación Económica CAN-MERCOSUR, consideró lo siguiente:
“Una lectura sistemática de las citadas
normas permite concluir, que se trata de un conjunto de disposiciones cuyo fin
es consolidar la existencia de una  instancia de coordinación internacional,
para vigilar y supervisar la aplicación del presente Acuerdo sin que en ello
sea posible encontrar contradicción alguna con la Constitución. En estos mismos
términos, se pronunció esta Corporación en sentencia C-228 de 1999, al declarar
la exequibilidad de la Comisión de seguimiento del Acuerdo de Intercambio
Comercial entre la República de Colombia y la República Argelina.
Por último, los compromisos
asumidos por las Partes en materia de desmonte de subsidios a las exportaciones
agrícolas se ajusta a la Constitución, en la medida en que propende por un
comercio internacional más equitativo entre las naciones desarrolladas y en vía
de desarrollo, e igualmente es conforme con los compromisos asumidos por el
Estado colombiano ante la Organización Mundial del Comercio.
3.6.5. Capítulo IV. Régimen
de origen.
El Capítulo 4, sobre régimen de origen, se
compone, a su vez de dos secciones: la (A) sobre reglas de origen y la (B)
sobre procedimientos de origen. Lo integran igualmente los Anexos 4.14 y 4.1.
En pocas palabras, la finalidad de este
capítulo consiste en fijar unos criterios de calificación y los
correspondientes procedimientos de certificación y verificación del origen de
las mercancías de ambos países. Así pues, estas disposiciones y procedimientos
administrativos apuntan a que sólo las mercancías originarias de Colombia y
Chile, es decir, los productos creados, transformados o procesados en estos
Estados reciban los beneficios del tratado internacional, esto es, el
tratamiento arancelario preferencial.
En relación con los
procedimientos, el TLC preserva el mecanismo de la certificación, bajo
responsabilidad de entidades certificadoras, públicas o privadas, de cada uno
de los Estados. Se prevé igualmente que los importadores podrán solicitar la
devolución de los aranceles pagados hasta un año después de la importación de
la mercancía, en caso de no haber solicitado tratamiento arancelario
preferencial al momento de la importación.
La Corte considera que las
normas técnicas referentes a las normas de origen y procedimientos se ajustan a
la Constitución, por cuanto se trata de mecanismos encaminados a evitar que de
las preferencias arancelarias acordadas entre las Partes se beneficien
mercancías originarias de otros países. De tal suerte que se pretende alcanzar
una mayor transparencia en el intercambio de productos entre Colombia y Chile,
lo cual se ajusta a los postulados de los artículos 9, 226 y 227 Superiores.
3.6.6. Capítulo V. Facilitación
del comercio.
El Capítulo V comprende un conjunto de
procedimientos aduaneros simplificados y de reglas de juego claras para los
operadores del mercado, que permitan realizar transacciones de importación y
exportación de manera ágil y a bajo costo. Así las cosas, las mencionadas
medidas apuntan a (i) asegurar la transparencia de las operaciones comerciales;
(ii) eliminación de sobrecostos en las operaciones aduaneras; (iii) aplicación
uniforme de la normatividad aduanera; (iv) introducción de cambios tecnológicos
en las respectivas aduanas; (v) posibilidad de los usuarios del servicio
aduanero de impugnar las decisiones adoptadas por las correspondientes
autoridades.
Al respecto, la Corte advierte que las
medidas señaladas en el Capítulo V del Acuerdo de Libre Comercio se ajustan a
los postulados integracionistas de la Carta Política, en la medida en que el
intercambio bilateral de bienes y servicios exige la adopción de procedimientos
aduaneros eficientes, la sistematización de las aduanas, un óptimo manejo del
riesgo, así como la adecuación de los procedimientos administrativos internos a
las exigencias del comercio mundial. De igual manera, la adecuación del sistema
colombiano aduanero a las exigencias internacionales de eficiencia y eficacia
se ajusta a los principios consagrados en el artículo 209 Superior.
Así mismo, en cuanto a las
disposiciones del Acuerdo concernientes  a la revisión y apelación de los actos
administrativos referentes a asuntos aduaneros (art. 5.9), la Corte considera
que se ajustan a los postulados del artículo 29 Superior, en la medida en que
se le garantiza  a los importadores la existencia de instancias judiciales de “revisión
judicial de los actos administrativos”. Así mismo, se garantiza que las
Partes mantendrán, en sus respectivos derechos internos, un sistema que permita
la imposición de sanciones civiles o administrativas, y cuando corresponda,
penales, en temas referentes a la clasificación arancelaria, valoración
aduanera, reglas de origen y “solicitudes de tratamiento arancelario
preferencial según este Acuerdo”, disposiciones éstas que se ajustan a los
deberes estatales consagrados en el artículo 2º constitucional.
Finalmente, en cuanto a la
conformación de un “Comité de Facilitación del Comercio” (art. 5.12), encargado
de proponerle a la Comisión del Acuerdo la adopción de prácticas y lineamientos
aduaneros que faciliten el intercambio comercial entre las Partes, así como
velar por la correcta aplicación de la normativa aduanera, la Corte estima que
tampoco se vulnera la Constitución, por cuanto la creación de tales órganos
internacionales constituye un medio para alcanzar los objetivos propuestos con
la creación de la zona de libre comercio.
3.6.7. Capítulo VI.
Medidas sanitarias y fitosanitarias.
El Capítulo 6 del tratado internacional, referente a
medidas sanitarias y fitosanitarias, se encamina a proteger la vida y la salud
humanas; la salud animal, la sanidad vegetal, facilitar el comercio entre las
Partes y las capacidades para la implementación del Acuerdo MSF de la
Organización Mundial del Comercio, es decir, a evitar que las normas sanitarias
y fitosanitarias internas obstaculicen indebidamente el comercio binacional. El
Capítulo VI igualmente contiene el Anexo 6.10 sobre “Autoridades
competentes”.
El Capítulo consta de doce artículos: los
tres primeros relacionados con los objetivos (artículo 6.1), las disposiciones
generales (artículo 6.2) y los derechos y obligaciones (artículo 6.3). Los
cinco restantes contienen el compromiso de Chile y Colombia para desarrollar de
manera conjunta los principios establecidos en el Acuerdo sobre la Aplicación
de Medidas del Comercio relativos a la armonización (artículo 6.4),
equivalencia (artículo 6.5), evaluación de riesgo y nivel adecuado de
protección (artículo 6.6), reconocimiento de zonas libres y de escasa
prevalencia de plagas y enfermedades (artículo 6.7) y procedimientos de
control, inspección, aprobación y certificación (artículo 6.8).
Por último, el Capítulo contempla cuatro
artículos relacionados con la institucionalidad para apoyar la aplicación del
mismo. En este sentido, las partes pueden suscribir convenios entre autoridades
sanitarias y fitosanitarias (artículo 6.9); acuerdan la creación y las
funciones asignadas al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (artículo
6.10); definen un mecanismo para adelantar las consultas técnicas que surjan de
la aplicación del Capítulo (artículo 6.11) y, por último, establecen sus
autoridades competentes (artículo 6.12).
En el Anexo 6.10 simplemente se designan
las autoridades colombianas y chilenas coordinadoras de la aplicación de las
medidas sanitarias y fitosanitarias.
La Corte considera que el
Capítulo VI sobre medidas sanitarias y fitosanitarias se ajusta a la
Constitución, por las siguientes razones.
En materia de comercio
internacional, de tiempo atrás, se ha planteado la siguiente discusión: ¿cómo
garantizar que los nuevos productos que ingresan a un país como resultado de la
aplicación de procesos de liberalización económica, no atenten, a su vez,
contra derechos fundamentales y bienes jurídicos protegidos como son la vida,
la salud humana y animal, los derechos de los consumidores y el medio ambiente
sano?; y al mismo tiempo, ¿cómo evitar que la aplicación estricta de controles
sanitarios, fitosanitarios y ambientales no constituyen un mecanismo para
proteger a los productores nacionales frente a la competencia de los productos
importados?.
Aunado a lo anterior, se ha
constatado que la reducción multilateral de barreras arancelarias, llevada a
cabo en diversas rondas en el seno del antiguo GATT y de la actual Organización
Mundial del Comercio, ha llevado a que algunos Estados intenten proteger a sus
productores nacionales de la competencia extranjera, mediante la adopción de
medidas de carácter técnico que impidan el ingreso al país de determinados
bienes o mercancías, argumentado que tales controles persiguen fines legítimos
como son la preservación de la salud o del medio ambiente, entre otros. De allí
la necesidad de regular, bien sea en el ámbito de la OMC o de los tratados
bilaterales o multilaterales de libre comercio, la existencia y aplicación de
dichos controles administrativos.
Por las anteriores razones,
en el artículo 6.1 del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile se dice
que el objetivo de dicho Capítulo es proteger la vida y la salud humana, la
salud animal y la sanidad vegetal, pero que, a su vez, “Las Partes se
comprometen a evitar que sus normas sanitarias y fitosanitarias constituyan
obstáculos injustificados  al comercio”. Así mismo, las Partes afirman que
en la materia se regirán por lo establecido en el Acuerdo MSF, que significa,
según el Capítulo II del tratado, “Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias”, el cual hace parte del Acuerdo sobre la OMC.
Sobre el particular,
conviene precisar que el Acuerdo MSF de la OMC establece las reglas básicas
para la normativa sobre inocuidad de los alimentos y salud de los animales y
preservación de los vegetales. En tal sentido, el Acuerdo autoriza a los países
a establecer sus propias normas en la materia, pero también precisa que las
reglamentaciones estén fundadas en principios científicos y, además, que sólo
se apliquen en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de las
personas y de los animales o para preservar los vegetales y que no discriminen
de manera arbitraria o injustificable entre Miembros en que prevalezcan
condiciones idénticas o similares
Así las cosas, a lo largo del Capítulo VI
las Partes reiteran sus compromisos asumidos en el Acuerdo MSF; se comprometen
a garantizar la inocuidad de los alimentos, prevenir el ingreso de plagas y
enfermedades, al igual que mejorar sus controles sanitarios y fitosanitarios.
De igual forma, disponen la creación de un “Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias”, encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos
asumidos por las Partes, así como servir de foro para la implementación del
Acuerdo MSF.
En este orden de ideas, la
Corte considera que la preservación y perfeccionamiento de controles
administrativos sanitarios y fitosanitarios se ajusta a la Carta Política, en
la medida en que se trata de mecanismos encaminados a proteger derechos
fundamentales y bienes jurídicos tutelados, en los términos del artículo 2º
Superior. Que igualmente es conforme con la Constitución el establecimiento de
instancias encargadas de velar por que dichos controles cumplan sus objetivos legítimos
y no constituyan obstáculos injustificados para el comercio bilateral.
3.6.8. Capítulo VII.
Obstáculos técnicos al comercio.
El Capítulo VII sobre
obstáculos técnicos al comercio comprende un conjunto de medidas encaminadas a
incrementarlo y facilitarlo, obteniendo acceso efectivo al mercado mediante el
mejoramiento de la implementación del Acuerdo OTC, la eliminación de los
obstáculos técnicos innecesarios al comercio y el aumento de la cooperación bilateral.
Por consiguiente, las Partes acuerdan utilizar las normas y procedimientos de
orden técnico de manera adecuada, es decir, únicamente cuando la protección de
un bien jurídico tutelado lo justifique, tales como la seguridad nacional, la
prevención de prácticas comerciales desleales o el medio ambiente sano. Para
tales efectos, se crea un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, órgano
encargado de velar por que los compromisos asumidos por las Partes en la
materia se cumplan adecuadamente.
Sobre el particular, es necesario precisar
que el Acuerdo OTC o Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, adoptado en
el seno de la OMC, pretende que los reglamentos, las normas y los
procedimientos de prueba y certificación no creen obstáculos innecesarios a los
procesos de exportación o importación de mercancías entre los Estados. En tal
sentido, el Acuerdo estipula que los procedimientos utilizados para decidir
sobre la conformidad de un producto con las normas pertinentes, tienen que ser
justos y equitativos. Se pretende así evitar que mediante la utilización de
métodos técnicos se acuerde a los bienes de producción nacional una ventaja
injusta frente al producto importado. El Acuerdo fomenta también el
reconocimiento mutuo entre los países de los procedimientos de evaluación de la
conformidad. Sin ese reconocimiento, se duplicarían las pruebas de las
mercancías, llevándolas a cabo primero en el país exportador y luego en el país
importador.
En este orden de ideas, la
Corte considera que el capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio se ajusta
a la Constitución por cuanto persigue unas finalidades, emplea unos mecanismos
y prevé la creación de unas instancias internacionales que, por una parte, se
encaminan a salvaguardar bienes jurídicos constitucionales (vgr. la seguridad
nacional, la prevención de prácticas desleales de comercio, etcétera), y por
otra, disponen el empleo de aquéllos de forma tal que no terminen por
discriminar a los productores del país exportador.
3.6.9. Capítulo VIII.
Defensa comercial.
El Capítulo VIII del Acuerdo, referente a la defensa
comercial, se compone de dos Secciones: la (A) sobre medidas de salvaguardia, y
la (B) atinente a derechos antidumping y compensatorios.
El objetivo de este Capítulo es diseñar
unas medidas de defensa comercial frente a los siguientes fenómenos: (i)
situaciones reales de amenaza o daño a la producción nacional de un determinado
bien debido al aumento, en términos absolutos de la importación de bienes del
otro Estado; (ii) las prácticas desleales de comercio internacional o dumping
y (iii) los subsidios estatales a la producción o exportación de productos.
Se trata, en consecuencia, de ajustar el
comercio binacional a los mecanismos de defensa diseñados en el seno de la OMC,
con el fin de brindar seguridad jurídica y transparencia a los diferentes
agentes económicos.
Ahora bien, en cuanto a la Sección A, la
misma reglamenta la aplicación de una medida de salvaguardia bilateral. Para
tales efectos, se incluyen disposiciones específicas sobre la vigencia del
régimen de salvaguardia bilateral, condiciones de aplicación, naturaleza de las
medidas, preservación de los reglamentos de la OMC sobre salvaguardia general y
no simultaneidad en la aplicación de medidas generales y bilaterales, así como
normas de exclusión por mínimis.
La Sección B, por su cuenta, contiene
procedimientos antidumping y derechos compensatorios. En general, se
aplican los estándares diseñados por la OMC en la materia.
La Corte considera que el
Capítulo de defensa comercial del Acuerdo de Libre Comercio se ajusta a la
Constitución por las siguientes razones.
En derecho internacional
económico es usual que los tratados internacionales mediante los cuales se
establecen programas de liberalización de bienes y servicios, incluyan
cláusulas de salvaguardia, es decir, determinadas disposiciones mediante las
cuales, bajo situaciones excepcionales, se puedan incumplir temporalmente,
algunos de los compromisos asumidos por las Partes contratantes.
En tal sentido, la cláusula
de salvaguardia o “escape clause” tiene como fundamento el clásico principio
“rebus sic stantibus”, soporte de la teoría de la imprevisión, según la
cual, bajo determinadas circunstancias excepcionales, un Estado puede incumplir
algunas obligaciones asumidas en el texto del instrumento internacional. Así
pues, la finalidad de las cláusulas de salvaguardia es evitar que los Estados
violen el tratado internacional ante el advenimiento de hechos o circunstancias
que tornen imposible su cumplimiento.
Así las cosas, en el
contexto de los artículos XIX del GATT de 1994 y X del GATS, los cuales
sirvieron de referente para la redacción del Capítulo VIII del Acuerdo de Libre
Comercio entre Colombia y Chile, se prevé una cláusula de salvaguardia según la
cual cuando quiera que se presente una situación de desorganización del mercado
que amenace con causar un perjuicio grave a los productores nacionales de una
mercancía o servicio similar al importado o que haga competencia con éstos, el
Estado afectado podrá, a efectos de prevenir el daño o remediarlo y luego de
efectuada una investigación por sus autoridades competentes y con arreglo a un
procedimiento previamente establecido y hecho público en consonancia con el
artículo X del GATT de 1994, (i) suspender la reducción futura de cualquier
tasa arancelaria establecida en el tratado; (ii) aumentar la tasa arancelaria
para la mercancía a un nivel que no exceda el menor de la tasa arancelaria
aplicada de nación más favorecida en el momento en que se adopte la medida; y
(iii) en el caso de un arancel aplicado a una mercancía sobre la base
estacional aumentar la tasa arancelaria a un nivel que no exceda el de la tasa
arancelaria NMF.
De manera muy similar se
regula la aplicación de la cláusula de salvaguardia en el Acuerdo de Libre
Comercio entre Colombia y Chile, indicando que, de llegar a presentarse una
situación de daño grave o amenaza a un sector productivo, una Parte puede
suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria establecida en el
Acuerdo o aumentar la misma. Así mismo, en el artículo 8.1.3 del Acuerdo de
Libre Comercio dispone que no se podrá aplicar simultáneamente el artículo XIX
del GATT de 1994 y la cláusula de salvaguardia prevista en el tratado
internacional.
Así las cosas, la inclusión
de medidas de salvaguardia en el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y
Chile se ajusta a la Constitución por cuanto es conforme con los principios que
actualmente rigen el derecho internacional económico (art. 9 Superior). Además,
tiene por finalidad proteger a los productores nacionales  ante situaciones de
grave amenaza o riesgo para su supervivencia, originadas por la aplicación de
programas de liberalización económica.
Por otra parte, en cuanto a
las medidas de defensa comercial, se tiene que las mismas constituyen un
conjunto de procedimientos administrativos encaminados a proteger a los países
frente a importaciones desleales o lícitas pero causantes de graves
distorsiones en sus mercados internos.
En tal sentido, una clásica
medida de defensa comercial lo constituyen los derechos antidumping, los cuales
son empleados por los Estados para hacerle frente a prácticas desleales del
comercio internacional. Se considera que una mercancía es objeto de dumping
cuando se exporta a otro Estado a un precio inferior a su valor normal en el
mercado interno del país productor, es decir, si su precio de exportación es
menor que el precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales
de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. La anterior
diferencia de precios debe causar un daño o significar una amenaza a los
productores nacionales existentes o retrasar sensiblemente la creación y
desarrollo de la industria nacional.
Ante tal situación, los
Estados pueden neutralizar los efectos negativos del dumping mediante la
adopción de derechos antidumping, los cuales constituyen cargas pecuniarias
impuestas a las mercancías importadas. Para tales efectos, se debe surtir un
trámite administrativo durante el cual deben demostrarse la diferencia de
precios y la existencia de la amenaza a la producción nacional.
Los derechos compensatorios,
a su vez, constituyen cargas pecuniarias impuestas por los Estados a mercancías
importadas que se benefician de una subvención en su país de origen. Por
subvención hay que entender toda ventaja económica cuantificable, concedida por
el sector público a una empresa sin contraprestación alguna. Algunas de estas
subvenciones presentan un mercado carácter proteccionista  y otorgan una
ventaja competitiva importante a las mercancías del Estado concedente. Por
ello, el Estado de destino puede neutralizar los efectos de las subvenciones
otorgadas a los productos importados, mediante la adopción de derechos
compensatorios, fijados mediante un procedimiento administrativo similar al
empleado en casos de dumping.
La Corte considera que las
medidas antidumping y los derechos compensatorios se ajustan a la Constitución,
en especial a los deberes de protección consagrados en el artículo 2 Superior,
por cuanto constituyen instrumentos de defensa comercial legítimos, encaminados
a proteger a los productores nacionales frente a prácticas, o bien desleales
del comercio internacional, o que distorsionan las reglas de libre competencia.
3.6.10. Capítulo IX.
Inversión.
El Capítulo 9 sobre inversión se compone de las
siguientes secciones: (A) sobre inversión; (B) acerca de solución de
controversias Inversionista-Estado; y (C) definiciones. Además, contiene siete
(7) anexos, además de dos listados de medidas disconformes incluidas en los
Anexos I y II del Acuerdo.
El propósito general del Capítulo es
garantizarle a las empresas de ambos países un marco jurídico sólido, que les
brinde protección recíproca, estabilidad y previsibilidad en el tratamiento de
sus inversiones.
En cuanto a la Sección A sobre inversión,
la misma reúne todas las disposiciones sustantivas sobre protección recíproca
de las inversiones colombo-chilenas. De allí que se establezcan cláusulas
referentes a: (i) trato nacional; (ii) trato de nación más favorecida; (iii)
nivel mínimo de trato; (iv) tratamiento en caso de contienda; (v) requisitos de
desempeño; (vi) altos ejecutivos y directorios; (vii) medidas disconformes;
(viii) transferencias; (ix) expropiación e indemnización; (x) formalidades
especiales y requisitos de información; (xi) denegación de beneficios; (xii)
inversión y medio ambiente; y (xiii) implementación.
La Sección B, por su cuenta, versa sobre
solución de controversias Inversionista-Estado. En tal sentido, contiene
cláusulas referentes a: (i) consultas y negociación; (ii) sometimiento de una
reclamación a arbitraje; (iii) consentimiento de cada una de las Partes al
arbitraje; (iv) condiciones y limitaciones al consentimiento de las Partes; (v)
selección de árbitros; (vi) realización del arbitraje; (vii) transparencia en
las actuaciones arbitrales; (viii) derecho aplicable; (ix) interpretación de
los anexos; (x) informes de expertos; (xi) acumulación de procedimientos; (xii)
laudos; y (xiii) entrega de documentos.
La Sección C, titulada “definiciones”, se
encamina a precisar los significados de determinados términos y expresiones,
únicamente para efectos del Capítulo IX, tales como: Acuerdo sobre los ADPIC;
Convenio del CIADI; empresa de una Parte; inversionista de un país no Parte;
Tribunal, entre otros.
La Corte considera que el
Capítulo IX sobre inversión se ajusta a la Constitución por las razones que
pasan a explicarse.
En cuanto al respeto por los
principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, en los
términos de los artículos 150.16, 226 y 227 Superiores, la Corte encuentra que,
en cuanto al ámbito de aplicación, el Capítulo IX se aplica a todas las
inversiones hechas en Chile, sin importar el régimen de inversión por el cual
hayan ingresado a dicho territorio, incluyéndose la modalidad de inversión
regulada en el decreto-ley 600 de aquél, referente a acceso al mercado
cambiario y los derechos relacionados con la denominada invariabilidad tributaria.
De igual manera, en el Acuerdo se garantiza a los inversionistas de ambos
países la aplicación del principio de no discriminación y el respeto por el
derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas. Así
mismo, las Partes acordaron levantar restricciones que cada uno mantenía para
el ingreso de inversiones provenientes de sus respetivos países. Se trata, en
consecuencia, de un capítulo equilibrado, equitativo y justo para ambos
Estados.
En cuanto a la regulación de
las cláusulas del trato nacional y de la nación más favorecida, la Corte
encuentra que las mismas se ajustan a los actuales principios del derecho
internacional económico. En efecto, una y otra constituyen instrumentos
encaminados a asegurar que los inversionistas originarios de los Estados Partes
no sean discriminados, es decir, que puedan actuar en el mercado en las mismas
condiciones que lo hacen los inversionistas locales. Sobre el particular, esta
Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades.
Así, en sentencia C- 379 de
1996, por medio de la cual se declaró exequible el Convenio sobre inversiones
suscrito entre Colombia y Cuba, la Corte estimó lo siguiente:
“La segunda regla, conocida bajo el nombre de
"cláusula de la nación más favorecida", según la cual cada Estado se
obliga a dar al otro un trato no menos favorable del que se concede a sus
nacionales o a los nacionales de cualquier tercer Estado, de acuerdo con las
cláusulas del convenio no se extiende a las inversiones de la otra, cuando
tales ventajas provengan de una unión aduanera, un mercado común, una zona de
libre comercio o cualquier acuerdo internacional similar al que pertenezca una
de las Partes. Así mismo, la excepción opera cuando las ventajas para el tercer
Estado sean producto de "cualquier acuerdo, arreglo internacional o
legislación doméstica relacionada total o parcialmente con tributación".
Por su parte, el artículo 11 prevé que en caso de que por cualquier motivo una
de las partes llegue a aprobar, en beneficio de la otra, un trato más favorable
que el previsto en el Tratado, dicho trato prevalecerá sobre las disposiciones
de este último.
En igual sentido, respecto a la cláusula de
la nación más favorecida, la Corte en sentencia C- 494 de 1998, referente al
control del “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
entre la República de Colombia y el Reino de España”, consideró lo siguiente:
“El principio del trato
nacional está dirigido a colocar en condiciones de igualdad jurídica a las
inversiones de extranjeros y nacionales. El efecto básico de esta cláusula
consiste en hacer desaparecer, dentro del ámbito de materias reguladas por la
Convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En
este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre
categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del
trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones
nacionales. En cuanto a la cláusula de la nación más favorecida, esta
Corporación acoge la doctrina de la Corte Internacional de Justicia, en el
Asunto relativo a los derechos de los nacionales de los Estados Unidos de
América en Marruecos (1952), oportunidad en la que estableció: "Las
cláusulas de la nación más favorecida tienen por objeto establecer y mantener
en todo tiempo la igualdad fundamental, sin discriminación entre todos los
países interesados". La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula
de la nación más favorecida hace desaparecer toda diferencia entre las
inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a
partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una
ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no
menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas
concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la
aludida cláusula
En cuanto al nivel mínimo de
trato, estipulado en el artículo 9.4 del Acuerdo, según el cual las Partes
concederán a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho
internacional consuetudinario, incluido un trato justo y equitativo, la Corte
considera que es conforme con los artículos 1, 2 y 95 Superiores, al igual que
lo estimó en sentencia C- 358 de 1996 en relación con un tratado de inversión
extranjera suscrito entre Colombia y el Reino Unido. En palabras de la Corte:
“La posición mayoritaria de la doctrina internacional
en torno a los principios del "trato justo y equitativo" y de la
"entera protección y seguridad" indican que éstos se determinan en
cada caso concreto, de conformidad con las reglas contenidas en los respectivos
tratados, no respecto de una regla de justicia de carácter abstracto. En este
orden de ideas, se debe tener en cuenta el objeto y la finalidad del Convenio
en la aplicación de cada una de sus reglas particulares.
En cuanto a la expropiación,
el Capítulo IX consagra dos modalidades: directa e indirecta. En ambos casos,
se deben cumplir las siguientes condiciones: (i) que sea por causa de utilidad
pública o de interés social; (ii) se aplique de manera no discriminatoria;
(iii) medie un pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización; y (iv) se
respete el debido proceso. Se prevé igualmente que la indemnización deberá (i)
ser pagada sin demora; (ii) ser equivalente al valor justo de mercado que tenga
la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria sea
llevada a cabo; (iii) no reflejar ningún cambio en el valor debido a que la
intención de expropiar se conoció con antelación a la fecha de la expropiación;
y (iv) ser completamente liquidable y libremente transferible.
En tal sentido, la Corte considera que la expropiación
directa, regulada en el Capítulo IX del Acuerdo, caracterizada por la
transferencia formal del título o del derecho de dominio de un particular al
Estado, por causa de utilidad pública o de interés social, previa
indemnización, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 Superior. En efecto, la
Corte ha sido constante en señalar que “el instituto de la expropiación
descansa sobre tres pilares fundamentales: i) el principio de legalidad
fundamento de todo Estado de Derecho, ii) la efectividad del derecho de defensa
y del debido proceso del particular que va a ser expropiado y iii) el pago de
una indemnización que no haga de la decisión de la administración un acto
confiscatorio, expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución.”[6]
Sobre
el anterior aspecto, tal y como se precisó en sentencia C- 294 de 2002, se debe
advertir que la Constitución también autoriza que la expropiación tenga lugar
por vía administrativa, “en los casos previamente señalados por
el legislador, la cual puede ser impugnada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, incluso respecto del precio. Proceso que, no sobra decirlo,
debe igualmente respetar el debido proceso y el derecho de defensa del afectado”.
Más complejo resulta ser el
examen constitucional de la denominada expropiación indirecta, regulada
en el Anexo 9- C del Acuerdo de Libre Comercio, consistente en un acto o una
serie de actos realizados por una Parte que tienen un efecto equivalente al de
una expropiación directa, pero “sin transferencia formal del derecho de
dominio”. A renglón seguido, se establece como condición que debe cumplir
la medida de efecto equivalente a la expropiación directa, la realización de
una investigación fáctica, caso por caso, que considere entre otros factores
los siguientes: (i) el impacto económico del acto gubernamental, aunque el
hecho de que un acto o una serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso
sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no establece que una
expropiación indirecta haya ocurrido; (ii) el grado en el cual la acción del
gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables de la inversión;
y (iii) el carácter de la acción gubernamental.
Aunado a lo anterior, el
literal b) del artículo 3 del Anexo 9-C, precisa que, salvo en circunstancias
excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios
no discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados para proteger
objetivos legítimos de bienestar público. En un pie de página se aclara lo
siguiente “Para mayor certeza, son ejemplos de objetivos legítimos de
bienestar público la salud pública, la seguridad y el medio ambiente”.
En tal sentido, en derecho internacional
económico, en las últimas décadas se ha presentado una intensa discusión acerca
del término expropiación indirecta o “regulatory expropiation[7]”,
entendida ésta, en términos amplios, como una medida estatal, bien sea una ley,
un acto regulatorio proferido por una autoridad pública o incluso una
sentencia, que priva al inversionista extranjero de una expectativa cierta y
razonable de ganancia, aunque no se produzca un cambio en la titularidad del
derecho de dominio. Algunos autores, por el contrario, basándose en la
jurisprudencia sentada por el Centro Internacional de Arreglo de Disputas
referentes a Inversiones CIADI, sostienen que la expropiación indirecta alude
exclusivamente a actos imputables a la administración pública.
A decir verdad, las
controversias suscitadas entre inversionistas extranjeros y Estados interesados
en preservar sus competencias regulatorias, bien sea en los ámbitos de los
servicios públicos, el medio ambiente, la salud o la seguridad, no son
recientes. Ya en la década de 1920, surgieron algunas disputas referentes a  expropiación
indirectas de inversiones extranjeras. En aquellos tiempos, los tribunales
internacionales resolvieron dichos casos basándose en la costumbre
internacional. Sin embargo, los instrumentos internacionales que se refieren a
la expropiación indirecta solo se suscribieron a partir de los años cincuenta. Después
de la Segunda Guerra Mundial, países en desarrollo y Estados de la órbita
socialista adoptaron medidas legales y económicas destinadas a transferir la
propiedad de extranjeros a manos del Estado o de grupos nacionales. En respuesta
a estos sucesos, algunos Estados, en conjunto o individualmente, decidieron
proteger la propiedad de sus inversionistas en el extranjero contra las
expropiaciones indirectas.
En 1961, la “Harvard
Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to
Aliens”, incluyó la prohibición de la expropiación indirecta reconociéndose
por primera vez en su artículo 10 (3) (a) el principio de interferencia no
razonable en el uso de la propiedad privada.
Más tarde, en 1967, en el borrador del
texto de la Convención para la protección de la inversión extranjera de la OCDE,
se reguló la expropiación indirecta, en los siguientes términos:
“Artículo 3. Expropiación.
“Ninguna Parte podrá adoptar medidas que
afecten, directa o indirectamente, la propiedad de un nacional de otro
Estado Parte, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
a)      las medidas sean adoptadas para
salvaguardar el interés público y con sometimiento al debido proceso;
b)       no sean discriminatorias
c)      Se garantice el pago de una indemnización,
la cual debe representar el valor real de la propiedad afectada, sea cancelada
en tiempo y transferible al país de origen.
Recientemente, en los textos de los
Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones suscritos entre muy diversos
países, se ha incluido la cláusula de protección a los inversionistas frente a
actos gubernamentales que constituyan expropiaciones indirectas, en términos
semejantes a los propuestos por la OCDE, aunque con algunas precisiones en el
sentido de no calificar como aquellas los actos regulatorios no
discriminatorios estatales que apuntan a proteger intereses legítimos como el
bienestar general, la salud pública o el medio ambiente. Estas cláusulas-tipo
disponen que, a diferencia de la tradicional expropiación directa,
caracterizada por el traslado del derecho de dominio de un particular hacia el
Estado por razones de interés general o de utilidad pública, mediando la correspondiente
indemnización, tratándose de expropiaciones indirectas el inversionista extranjero
continua siendo titular del mencionado derecho, aunque igualmente termina siendo
indemnizado.
En tal sentido, los tribunales arbitrales
internacionales han calificado como expropiaciones indirectas actos gubernamentales
tales como: (i) declaración de zona protegida para la conservación de una
especie de vegetal desértica, unida al no otorgamiento de permiso de construcción,
en el lugar en donde se llevaría a cabo la inversión[8];
(ii) interferencia de una autoridad regulatoria gubernamental (Consejo de
Medios), a efecto de permitir que el inversionista doméstico dé por terminado
un contrato, que fue básico para que el inversionista extranjero realizara su
inversión[9]; (iii) revocatoria de una
licencia de funcionamiento de un depósito de desechos tóxicos[10];
(iv) imposición de tributos excesivos o arbitrarios, que acarrean la
consecuencia de hacer económicamente insostenible la inversión[11];
(v) revocatoria de certificado de zona de libre comercio acarreando la
consecuencia de prohibir la importación[12]; y (vi) imposición
de administradores designados por el Estado anfitrión[13]
.
Así las cosas, en materia de expropiaciones
indirectas no sólo está de por medio la protección de la propiedad privada y la
primacía del interés general sobre el particular, como sucede en materia de
expropiación directa, sino además el ejercicio de las facultades regulatorias
estatales, encaminadas a la protección de intereses legítimos como son la salud
pública, la seguridad y el medio ambiente. La pregunta que surge entonces es hasta
qué punto esta figura del derecho internacional económico se enmarca en los
principios del artículo 58 Superior o si, por el contrario, su fundamento se
haya en otras disposiciones constitucionales.
Al respecto, la Corte considera que la
interpretación planteada en su intervención por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en el sentido de estimar que el artículo 58 Superior, al
no distinguir entre expropiación directa e indirecta, abarcaría ambas, no es de
recibo por cuanto en la historia del constitucionalismo colombiano la figura de
la expropiación ha comportado, desde siempre, la transferencia del derecho de
dominio de un particular al Estado, característica que se encuentra ausente en
la expropiación indirecta.
Así las cosas, la expropiación indirecta
encuentra un fundamento constitucional en el principio de la confianza
legítima. En tal sentido cabe señalar que como corolario del principio de la
buena fe, la doctrina y jurisprudencia foráneas, desde mediados de la década de
los sesentas[14], han venido elaborando
una teoría sobre la confianza legítima, el cual ha conocido originales e
importantes desarrollos a lo largo de diversos pronunciamientos de esta Corte.
Así pues, en esencia, la confianza legítima consiste
en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y
previsible, en el cual pueda confiar. Para Müller[15],
este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas,
que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado
comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto,
y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades
públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un
comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares,
surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés
público imperioso contrario.
Se trata, por tanto, que el particular debe ser
protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades
públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el
administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica
es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de
una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación
jurídica no serán modificadas intempestivamente[16].
De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de
proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para
adaptarse a la nueva situación[17].
Ahora bien, en materia de expropiación
indirecta, el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Chile
establece unas claras condiciones para que se trate de un daño indemnizable. En
efecto, la determinación acerca de si un acto o una serie de actos estatales,
en el contexto de una situación específica, constituye una expropiación
indirecta demanda la realización de una investigación fáctica, caso por caso,
en la cual se consideren, entre otros factores, los siguientes: (i) el impacto
económico del acto gubernamental, aunque el hecho de un acto o una serie de
actos de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una
inversión, por sí solo, no establece que una expropiación indirecta haya
ocurrido; (ii) el grado en el cual la acción del gobierno interfiere con
expectativas inequívocas y razonables de la inversión; y (iii) el carácter de
la acción gubernamental.
A renglón seguido, se aclara que, salvo en
circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los
actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y
aplicados para proteger intereses legítimos de bienestar común, tales como la
salud pública, la seguridad y el medio ambiente, sin que la lista sea
exhaustiva.
En este orden de ideas, estima la Corte que
las condiciones establecidas en el tratado para que un acto estatal pueda ser
calificado en términos de expropiación indirecta, y en consecuencia, ser
indemnizable, son razonables, conformes con los postulados de la confianza
legítima, y no limitan de manera desproporcionada las competencias regulatorias
estatales en temas sensibles como la salud pública, el medio ambiente y la
seguridad. Con todo, aclara la Corte que la aplicación de la figura de la
expropiación indirecta debe hacerse de manera estricta, previo cumplimiento de
absolutamente todas las condiciones y supuestos establecidos en el tratado
internacional, so pena de atentar contra las facultades regulatorias estatales
y la preservación del interés general.
Por otra parte, la Sección B sobre “solución de
controversias inversionista-Estado”, dispone que, en caso de presentarse
una controversia relativa a una inversión, el demandante y el demandado deberán
tratar de solucionarla mediante consultas y negociación. De no ser ello
posible, el demandante podrá someter a arbitraje la reclamación alegando que el
respectivo Estado ha incumplido los compromisos asumidos en la Sección A del
Capítulo IX del Acuerdo. De igual manera, el artículo 9.17 dispone que cada
Parte consciente en someter una reclamación al arbitraje, de conformidad con el
Convenio del CIADI y todos los instrumentos aplicables.
Al respecto, la Corte
advierte que en sentencia C- 442 de 1996 declaró exequible el texto del “Convenio
sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales
de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965, mediante el
cual se crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones CIADI, instancia internacional competente para solucionar las
diferencias relativas a inversiones entre Estados contratantes y nacionales de
otros Estados Partes, a un procedimiento de conciliación y arbitraje.
En tal sentido, en el
artículo 25 del Tratado de Washington de 1965 se establece que el Estado y el
inversionista deben haber consentido por escrito en someter su controversia a
la jurisdicción del CIADI, previsión que igualmente se encuentra presente en el
artículo 9.17 del Capítulo IX del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y
Chile.
Así las cosas, la Corte
considera que los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas
extranjeros y Estados se ajustan a la Constitución por cuanto son conformes con
los principios de solución pacífica de diferencias del actual derecho
internacional económico, en los términos del artículo 9 Superior.
3.6.11. Capítulo X.
Comercio transfronterizo de servicios.
El objetivo principal del Capítulo X consiste en
superar los obstáculos que se presentan para el comercio transfronterizo de
servicios. Se compone de doce (12) artículos y de los Anexos 10.1.4 (d) y 10.9
sobre “servicios profesionales”. Así pues, el Capítulo comprende dos
elementos principales: los principios de liberalización y los anexos de medidas
disconformes, que son las excepciones a los principios de liberalización
acordados en aquél.
Así las cosas, el Capítulo X aplica a las
medidas adoptadas o mantenidas por una Parte que afecten el comercio
transfronterizo de servicios suministrados por proveedores de servicios de la
otra Parte. Dentro de la lista descriptiva de tales medidas, se incluyen
aquellas que afectan, entre otros: la producción, distribución,
comercialización, venta y suministro de un servicio; la compra, uso o pago de
un servicio; el acceso a sistemas de distribución; el transporte y las redes de
comunicaciones; al igual que la presencia en su territorio de un proveedor de
servicios de la otra Parte.
De igual manera, en el Capítulo X se
precisan los temas no cubiertos por el mismo, tales como los servicios
financieros, las compras estatales, los servicios aéreos, al igual que aquellos
prestados en ejercicio de facultades gubernamentales.
La Corte considera que el
Capítulo X del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile se ajusta a la
Constitución, por las razones que pasan a explicarse.
En el orden internacional
económico, el comercio entre Estados no se ha limitado al intercambio de
productos sino que ha comprendido, tal y como lo entendió la Corte
Internacional de Justicia en sentencia del 12 de diciembre de 1996, en el
asunto de las plataformas petroleras, “el conjunto de transacciones  de
importación y exportación de servicios, de relaciones de intercambio, de
transporte y de operaciones financieras entre naciones”.[18]
De igual manera, la doctrina especializada[19] comenta que
la regulación internacional del comercio de servicios ha sido mucho más lenta
que aquella de mercancías, por cuanto (i) en ocasiones se traslada el prestador
del servicio, quien lo recibe o el servicio mismo (vgr. servicios de televisión
o telecomunicaciones); (ii) el comercio de servicios presupone avances
tecnológicos, así como la capacidad de movilizar capitales de inversión
importantes; (iii) la rentabilidad financiera puede ser débil o altamente
aleatoria; y (iv) los Estados consideran que, por razones de seguridad
nacional, determinados servicios no pueden ser prestados por extranjeros. De
hecho, en las primeras regulaciones del GATT no se aludía a la libre
circulación de servicios. Fue necesario esperar al Acuerdo de Marrakech de 1994
para que se suscribiera, en el seno de la OMC, un Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS), sin que sea dable sostener que la liberalización
de los mismos haya alcanzado los niveles logrados en materia de mercancías.
Dentro de este contexto
internacional, el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Chile
pretende avanzar en el proceso de apertura del mercado de servicios de ambas
naciones, en un ambiente de libre competencia, mediante la adopción de
cláusulas referentes al trato nacional, nación más favorecida, medidas
disconformes y reconocimiento mutuo. Así mismo, el tratado incluye una
regulación específica para la prestación de servicios profesionales.
Ahora bien, de conformidad
con su jurisprudencia, la Corte ha estimado que la liberalización del comercio
de servicios se ajusta a la Carta Política, en la medida en que respete las
facultades atribuidas a los órganos de control, inspección y vigilancia, e
igualmente, no afecten la facultad de que dispone el Estado para reservarse la
prestación de determinados servicios, en tanto que actividades estratégicas, o
por razones de interés social, en los términos del artículo 365 Superior. Así,
en sentencia C- 369 de 2002, referente al “Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios con la lista de compromisos específicos
de Colombia anexa”, consideró lo siguiente:
“Con todo,
podría argumentarse que el presente protocolo, en la medida en que hace
referencia a los servicios de telecomunicaciones, muchos de los cuales pueden
ser caracterizados como servicios públicos, entra en contradicción con el
artículo 365 de la Carta, que regula estas actividades. Conforme a ese reparo,
si bien esa disposición constitucional autoriza que los servicios públicos sean
prestados por particulares, sin embargo no sólo confiere al Estado la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios sino que además
prevé que, por razones de soberanía o de interés social, el Estado puede , mediante
ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, y por
iniciativa del Gobierno, “reservarse determinadas actividades
estratégicas o servicios públicos”. Según ese reparo, el presente
convenio sería inconstitucional por cuanto propugna por un régimen de libertad
de comercio en un área, como las telecomunicaciones, que no sólo deben ser
controladas y reguladas por el Estado sino que, además  la Carta autoriza que
sean objeto de una reserva estatal, lo cual es contrario al régimen de libertad
de comercio al cual Colombia se compromete.
La Corte
considera que la anterior objeción no es de recibo por las siguientes dos
razones: de un lado, los compromisos que Colombia adquiere no excluyen las
labores de vigilancia y control del Estado sobre la prestación de los servicios
públicos. Es más, precisamente la libertad de comercio en ciertas actividades
presupone una vigilancia estatal que asegure que los actores no incurran en
prácticas monopólicas, desleales o que obstruyan la misma libertad de comercio.
Por ello, el propio documento anexo o de referencia, en donde Colombia
desarrolla sus compromisos adicionales al AGCS, establece, de manera expresa,
distintas formas de vigilancia estatal sobre esas actividades de
telecomunicaciones, por ejemplo, para impedir que aquellos proveedores que,
individual o conjuntamente, sean un proveedor importante empleen o sigan
empleando prácticas anticompetitivas, o para asegurar que las tarifas estén
basadas en el costo y sean transparentes y razonables.
En tal sentido, la Corte
constata que en el texto del Anexo II, el cual como se explicó tiene efectos
frente a todo el tratado internacional, el Estado colombiano se reservó el derecho
a adoptar o mantener, en materia de comercio transfronterizo, cualquier medida
que imponga limitaciones en sectores tales como (i) servicios de investigación
y seguridad; (ii) distribución de energía y gas combustible; (iii) servicios
sociales y de salud; (iv) servicios de enseñanza; (v) servicios de distribución
en sectores en los cuales el gobierno establece un monopolio, de conformidad
con el artículo 336 Superior; y (vi) servicios relacionados con el medio
ambiente.
Así las cosas, la Corte
considera que el Capítulo X del Acuerdo de Libre Comercio se ajusta a la
Constitución, en la medida en que el programa de liberalización del sector
servicios dispuesto en el mismo, no afecta la existencia de los monopolios
rentísticos ni la intervención del Estado en la economía.
3.6.12. Capítulo XI.
Entrada temporal de personas de negocios.
El Capítulo XI sobre entrada temporal de personas de
negocios está conformado por nueve (9) artículos y los Anexos 11.3 “entrada
temporal de personas de negocios”; 11.3.1; y 11.3.A.1 “actividades de
negocios”.
El Capítulo está dividido en dos partes
principales. La primera hace referencia a las disposiciones generales en
materia de entrada temporal de personas de negocios; la segunda, corresponde a
los Anexos que señalan las diferentes categorías de personas incluidas dentro
del capítulo (visitante de negocios, comerciantes e inversionistas,
transferencias intracorporativas y profesionales).
En suma, a lo largo del Capítulo XI se
establecen diversas disposiciones encaminadas a facilitar la entrada temporal
de personas de negocios, conforme al principio de reciprocidad y la necesidad
de establecer criterios y procedimientos transparentes para tal efecto. Tales
disposiciones reconocen la necesidad de garantizar la seguridad de las
fronteras, particularmente en cuanto al ingreso, así como el derecho a proteger
el trabajo de sus nacionales y el empleo permanente de sus territorios, de
conformidad con su respectiva legislación interna.
La Corte considera que el
Capítulo XI se ajusta a la Constitución por cuanto al regular la entrada
temporal de personas de negocios, dedicadas a actividades relacionadas con el
comercio de bienes, servicios e inversiones, se está facilitando el
cumplimiento de los compromisos asumidos por ambos países. Se trata, en
consecuencia, de flexibilizar el régimen migratorio, a fin de que los actores
del mercado puedan realizar más fácilmente sus labores comerciales. Sobre este
tema, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia C- 178
de 1995, en el contexto del denominado G-3:
“También se garantiza la integridad de las
competencias para evitar graves trastornos  económicos y financieros  en el
territorio de una parte, para corregir las amenazas a la balanza de pagos de
una parte y el estado de sus reservas monetarias, con el deber de proceder a
las comunicaciones e informaciones pertinentes entre las partes; de otra lado
también se regula la entrada temporal de personas de negocios con base
en el principio de reciprocidad y transparencia, garantizando la seguridad de
las fronteras, la protección al trabajo de los nacionales y el empleo
permanente en los respectivos territorios (negrillas agregadas).
Aunado a lo anterior, el
flujo de personas de negocios ayuda a cumplir los objetivos constitucionales de
integración latinoamericana.
3.6.13. Capítulo XII. Comercio
electrónico.
La finalidad del Capítulo XII consiste en facilitar el
comercio de productos digitales. Para tales efectos, se establecen
disposiciones que garantizan el acceso de dichos productos a los mercados de
las Partes, evitando la imposición de gravámenes a su comercio transfronterizo
y al comercio de los mismos en medios portadores.
Desde esta perspectiva, el capítulo XII
consagra diversas cláusulas convencionales referentes a (i) suministro
electrónico de servicios; (ii) aranceles aduaneros a productos digitales; (iii)
no discriminación para productos digitales; (iv) cooperación; (v) protección al
consumidor; (vi) autenticación y certificados digitales; y (vii) definiciones.
El Capítulo XII del Acuerdo
de Libre Comercio se ajusta a la Constitución por cuanto el comercio
electrónico ofrece enormes ventajas para las empresas, profesionales
independientes e inversionistas de incrementar sus transacciones, lo cual
redunda en la generación de empleo y calidad de vida de los ciudadanos. Al
mismo tiempo, se establecen mecanismos encaminados a proteger a los
consumidores de la realización de operaciones fraudulentas, estableciendo
mecanismos bilaterales de cooperación.
Respecto a las actividades
realizadas por Internet, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse en
sentencia C- 1147 de 2001, en los siguientes términos:
“A nadie escapa el valor que tienen dentro
de un sistema global de comunicaciones, como Internet, derechos y libertades
tan importantes para la democracia como el derecho a la igualdad (artículo 13
C.P.), la intimidad y el habeas data (artículo 15 C.P.), la libertad de
conciencia o de cultos (artículos 18 y 19 C.P.), la libertad de expresión
(artículo 20 C.P.), el libre ejercicio de una profesión u oficio (artículo 26
C.P.), el secreto profesional (artículo 74 C.P.) y el ejercicio de los derechos
políticos que permiten a los particulares participar en las decisiones que los
afectan (artículos 2 y 40 C.P.), por citar tan sólo algunos ejemplos. Nadie
podría sostener que, por tratarse de Internet, los usuarios sí pueden sufrir
mengua en sus derechos constitucionales.
En este orden de ideas,
regular mediante tratados internacionales el comercio electrónico, apunta a
brindarle a los operadores económicos ciertas garantías al momento de llevar a
cabo operaciones electrónicas; facilita el libre intercambio de productos
digitales, e igualmente, propende por el desarrollo económico de los pueblos.
3.6.14. Capítulo XIII.
Contratación pública.
El Capítulo XIII del Acuerdo, referente a la
contratación pública, está conformado por veinte (20) artículos y un Anexo
13.1, integrado a su vez por una Sección A (Entidades del nivel central de gobierno)
y una Sección B (Entidades del nivel sub-central de gobierno).
El capítulo de contratación pública busca
lograr la apertura de los mercados de adquisición de bienes y servicios de las
entidades públicas, en condiciones de igualdad y en un marco de transparencia,
cubriendo todas las compras superiores a 50.000 DEGs (Derechos Especiales de
Giro), para las entidades señaladas en los anexos. Sin embargo, existen algunas
excepciones motivadas en restricciones legales o asuntos de alta sensibilidad.
A lo largo del Capítulo XIII se establecen
cláusulas convencionales encaminadas a asegurar un trato nacional y no
discriminatorio para los proveedores de bienes y servicios originarios de Chile
y Colombia. Se establecen igualmente ciertas reglas para los procesos de
licitación pública, en tanto que la contratación directa se restringe. Así
mismo, se establecen condiciones y requisitos mínimos referentes al proceso de
selección que incluyen la publicación para todas las licitaciones de un aviso
en un medio electrónico que tenga un punto único de acceso para todo el
gobierno y que sea accesible electrónicamente.
De igual manera, se dispone que los pliegos
de condiciones y los términos de referencia requieren de una información mínima
que permita a cualquier proveedor preparar una oferta con todos los requisitos
de la contratación.
Finalmente, se debe señalar que la lista de
entidades de Colombia comprende el ámbito de aplicación de la Ley 80 de 1993,
incluidos los Ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades
territoriales y las demás ramas del poder público. Sin embargo, existen algunas
contrataciones exceptuadas por cada país, ya sea de forma particular o general.
La Corte considera que el
Capítulo XIII del Acuerdo de Libre Comercio se ajusta a la Constitución, por
las siguientes razones.
En derecho internacional
económico se examina hasta qué punto la contratación estatal puede generar
obstáculos no arancelarios cuando termina por discriminar a los productores y
oferentes extranjeros, en relación con los proveedores nacionales. Sin lugar a
dudas, en el comercio internacional, los Estados se han convertido en los
principales demandantes de bienes y servicios, motivo por el cual, es usual que
conserven ciertas medidas normativas y prácticas administrativas encaminadas a
privilegiar a sus nacionales al momento de llevar a cabo procesos de
contratación. De allí que en el “Entendimiento relativo a la interpretación del
artículo XVII del GATT de 1994” se defina a las empresas comerciales del Estado
como “Las empresas gubernamentales y no gubernamentales, incluidas las
entidades de comercialización, a las que se han concedido derechos o
privilegios exclusivos o especiales, con inclusión de facultades legales o
constitucionales, en el ejercicio de los cuales influyan por medio de
sus compras o ventas sobre el nivel o la dirección de las importaciones o las
exportaciones”.
Dentro de esta categoría de
empresas comerciales estatales se destacan los monopolios nacionales de
carácter comercial, que suponen una situación en la que las autoridades
nacionales están en condiciones de controlar o dirigir los intercambios entre
Estados, o bien de influir sensiblemente en aquéllos, por medio de un organismo
constituido con ese fin o de un monopolio concedido por el Estado a un tercero.
Según las disposiciones de la OMC, la existencia de los monopolios no genera
obstáculos al comercio internacional, a menos que den preferencia a la
comercialización de mercancías nacionales.
En tal sentido, el objetivo
principal del Capítulo XIII del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y
Chile consiste en remover esos obstáculos existentes en ambos países en materia
de contratación estatal, con base en la aplicación del principio de trato nacional
y no discriminación. Para tales efectos, se introducen  normas encaminadas a
garantizar la publicidad y transparencia en los procesos contractuales
estatales, el acceso a la información por parte de los oferentes, los plazos
para presentar ofertas, las condiciones para participar, al igual que la
información sobre adjudicaciones.
Al respecto, la Corte
encuentra que todas estas previsiones se ajustan a los principios que orientan
la contratación pública en Colombia y que son igualmente conformes con lo
dispuesto en el artículo 209 Superior, en materia de principios rectores la
función administrativa.
3.6.15. Capítulo XIX.
Transparencia.
El Capítulo XIV sobre transparencia  tiene como
objetivo establecer los compromisos que adquieren las partes para garantizar un
comercio libre de interferencias indebidas.
El Capítulo contempla obligaciones para las
Partes encaminadas a dotar de una mayor transparencia las actuaciones
administrativas, legislativas y judiciales. Se enfatizan por tanto los
compromisos de publicidad, notificación y suministro de información,
procedimientos administrativos, revisión e impugnación de decisiones.
La Corte considera que el
mencionado Capítulo se ajusta a la Constitución por cuanto se limita a
establecer un conjunto de mecanismos y procedimientos encaminados a asegurar
que las reglas de juego del comercio bilateral sean conocidas por todos los
operadores económicos del mercado. Se busca, en consecuencia, garantizar que
los compromisos asumidos por las Partes no se vean desvirtuados en la práctica
por la presencia de ciertas prácticas administrativas oscuras, contrarias al
mandato de transparencia. Lo anterior, es perfectamente conforme con lo
dispuesto en el artículo 209 Superior.
3.6.16. Capítulo XV.
Administración.
El objetivo central del Capítulo XV consiste en el
establecimiento de reglas claras sobre la forma en que se administrará el
Acuerdo, al igual que la manera como se garantizará el cumplimiento de los
compromisos pactados. Para tales efectos, se dispone la creación de unos
órganos encargados de administrarlo, la forma como se integran, sus
competencias, etcétera.
En tal sentido, en el Capítulo XV se crea la
Comisión de Libre Comercio, en tanto que máximo órgano del Acuerdo, integrado
por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia. La principal función de aquélla es supervisar
el proceso de implementación del Acuerdo; velar por la ejecución de las
disposiciones del Acuerdo; intentar solucionar las controversias, al igual que
supervisar el trabajo de los comités creados por el Acuerdo.
La Corte considera que el Capítulo XV es
conforme con la Constitución, por los siguientes motivos.
La creación de órganos encargados de
administrar el cumplimiento de tratados de libre comercio es una  constante en
el ámbito internacional. En efecto, aquellos han sido establecidos en acuerdos
celebrados entre los países integrantes del MERCOSUR, en las negociaciones
recientes entre El Salvador, Guatemala y Honduras con Canadá, al igual que en
el caso de los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC). Al respecto, la Corte en sentencia C- 864 de 2006, al momento de
examinar la constitucionalidad del Acuerdo de Complementación Económica
CAN-MERCOSUR, respecto a la creación de una Comisión Administradora del mismo
dijo lo siguiente:
“Los artículos 40 y 41 crean la Comisión Administradora
del Tratado y le asignan sus principales funciones, las cuales se dirigen
primordialmente a evaluar los compromisos adquiridos, estudiar los mecanismos
que permitan profundizar el proceso de integración y servir de instancia para
la solución de conflictos.
Una lectura sistemática de las citadas
normas permite concluir, que se trata de un conjunto de disposiciones cuyo fin
es consolidar la existencia de una instancia de coordinación internacional,
para vigilar y supervisar la aplicación del presente Acuerdo sin que en ello
sea posible encontrar contradicción alguna con la Constitución.
No existe por tanto contradicción alguna entre el
Capítulo XV del tratado y la Constitución.
3.6.17. Capítulo XVI.
Solución de controversias.
El Capítulo XVI tiene como objetivo permitir una
pronta y efectiva solución a las controversias que surjan entre Colombia y
Chile, en lo que respecta a los derechos y obligaciones de las Partes bajo el
Acuerdo. Cuenta además con un Anexo 16.2.1 sobre “Anulación o menoscabo”.
En este orden de ideas, el Acuerdo otorga a la Parte reclamante la posibilidad
de elegir el foro para la solución de su controversia, lo que comúnmente se
llama “elección del foro”.
En virtud de lo anterior, si la Parte
reclamante considera oportuno acudir al mecanismo del Acuerdo para resolver su
controversia con la otra Parte, se aplicarán las disposiciones del Capítulo
XVI; pero si considera oportuno acudir al mecanismo de la OMC, se aplicarán las
disposiciones del “Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por
los que se Rige la Solución de Diferencias”, en la OMC. Una vez se haya solicitado
la integración del tribunal arbitral del ALC o del grupo especial conforme a la
OMC, el foro seleccionado será excluyente del otro.
La Corte considera que el Capítulo XVI
sobre solución de controversias se ajusta a la Constitución, por las siguientes
razones.
En el derecho de los tratados es usual que
los Estados Partes en un instrumento internacional prevean la existencia de
unos mecanismos, judiciales o no, encaminados a resolver las eventuales controversias
jurídicas que se presenten entre ellos con ocasión de la interpretación o
ejecución del mismo. Se trata, sin lugar a dudas, de una manifestación del
principio de solución pacífica de las diferencias, consagrado en el Capítulo VI
de la Carta de Naciones Unidas.
En tal sentido, la importancia del capítulo
XVI del Acuerdo de Libre Comercio estriba en diseñar un marco jurídico mediante
el cual puedan solucionarle los litigios entre las Partes suscitados en
desarrollo del Acuerdo, de forma tal que se garantice el derecho al debido
proceso de los intervinientes.
Al respecto, cabe señalar que, en múltiples
ocasiones la Corte ha encontrado ajustados a la Constitución mecanismos
semejantes de solución de controversias internacionales, como por ejemplo, los
presentes en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia, Venezuela y
México[20]; el Convenio Comercial
suscrito con la República de Hungría[21]; el Acuerdo Comercial
con la República Checa[22]; el Acuerdo Comercial
con Malasia[23] y el Acuerdo Comercial
con el Reino de Marruecos[24].
Por último, en cuanto al procedimiento mismo de
solución de controversias regulado en el Acuerdo de Libre Comercio entre
Colombia y Chile, consistente en conformar un tribunal de arbitramento
internacional, la Corte encuentra que el mismo se ajusta a lo dispuesto en el
artículo 116 Superior, y que el trámite procesal que se adelanta ante el mismo
se ajusta a los postulados del debido proceso, garantizando el ejercicio del
derecho de defensa de las Partes.
3.6.18. Capítulo XVII. Laboral.
Las disposiciones del Capítulo XVII del Acuerdo
apuntan a que las Partes asuman obligaciones dirigidas a garantizar la
inclusión de derechos laborales fundamentales, reconocidos internacionalmente y
en las correspondientes legislaciones internas de Colombia y Chile.
En el artículo del Capítulo se reafirman
las obligaciones derivadas de la “Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento” de 1998. De
igual forma, se reconoce expresamente la cooperación laboral entre las Partes,
al igual que el establecimiento de un mecanismo de consultas en caso de
controversias surgidas por la aplicación de las disposiciones laborales del
Acuerdo.
La Corte considera que el Capítulo XVII del
Acuerdo de Libre Comercio se ajusta a la Constitución, por cuanto simplemente reafirma
la vigencia de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado
colombiano en el seno de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en
especial, en materia de principios y derechos fundamentales, es decir, los ocho
(8) convenios fundamentales. De igual manera, el instrumento internacional
dispone que las Partes debe adoptar medidas internas a efectos de hacer cumplir
sus propias legislaciones laborales, lo cual es conforme con lo dispuesto en el
artículo 53 Superior.
En este orden de ideas, el
Capítulo XVII es conforme con la Carta Política en cuanto propende por el
respeto de los derechos de los trabajadores colombianos.
3.6.19. Capítulo XVIII.
Ambiental.
El Capítulo XVIII pretende contribuir en la creación
de políticas ambientales y comerciales compatibles con la preservación de los
recursos naturales. En tal sentido, se fijan unos compromisos internacionales,
se crea un mecanismo de consultas e igualmente se establece la posibilidad de
decretar sanciones y multas.
La Corte considera que el Capítulo XVIII es
conforme con la Constitución en la medida en que reconoce los derechos y
responsabilidades derivados del ejercicio de la soberanía estatal en materia
ambiental y de recursos naturales; e igualmente, establece un marco muy amplio
de cooperación en estos asuntos, acompañado de un mecanismo expedito para poder
ejecutar proyectos de interés mutuo.
En este orden de ideas, las disposiciones contenidas
en el capítulo ambiental se adecuan a los postulados constitucionales,
configuradores de la llamada “Constitución ecológica”, en especial, los
artículos 79 y 80 Superiores.
3.6.20. Capítulo XIX.
Cooperación.
En el Capítulo XIX se crea un espacio para canalizar
las necesidades de cooperación que tengan las Partes a efectos de implementar
el Acuerdo y para aprovechar al máximo los beneficios que se deriven del mismo,
mediante la profundización del Convenio Básico de Cooperación suscrito entre
Colombia y Chile en 1991.
El Capítulo XIX está conformado por
cláusulas referentes a (i) objetivos; (ii) ámbito de aplicación; (iii)
cooperación económica; (iv) cooperación e innovación; (v) cooperación
energética; (vi) aspectos institucionales; y (vii) definiciones.
La Corte considera que los compromisos asumidos por el
Estado colombiano en el Capítulo XIX se ajustan a la Constitución en la medida
que la cooperación internacional es uno de los principios rectores del actual
derecho internacional público, en los términos de los artículos 9, 226 y 227
Superiores. En tal sentido, se estipulan compromisos entre Colombia y Chile a
efectos de estrechar los vínculos de ayuda mutua  y amistad en las siguientes
materias: innovación tecnológica; recursos energéticos; desarrollo e
investigación.
3.6.21. Capítulo XX. Disposiciones
generales.
El Capítulo XX del Acuerdo está conformado por un
conjunto de disposiciones de diversa naturaleza, las cuales cumplen fines
transversales del Acuerdo, siendo necesarias para una adecuada ejecución del
mismo. De allí que se encuentren cláusulas referentes a los anexos, las notas a
pie de página, sucesión de acuerdos, etcétera.
En cuanto las relaciones entre el Acuerdo
de Libre Comercio entre Chile y Colombia y otros tratados internacionales, el
artículo 20.2 del mismo se ajusta a la Constitución en cuanto dispone que “Las
Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas de
conformidad con el Acuerdo sobre la OMC, el Tratado de Montevideo de 1980 y
otros acuerdos internacionales de los que ambas Partes sean parte”. Quiero
ello decir, que la suscripción del instrumento internacional no comporta
violación de anteriores compromisos internacionales en materia de comercio e
integración asumidos por Colombia, lo cual configura una reafirmación de los
principios del derecho internacional público referidos en el artículo 9
Superior.
3.6.22 Capítulo XXI. Excepciones.
El Capítulo XXI contiene el régimen de
excepciones al Acuerdo, es decir, los asuntos o materias que quedan excluidos
de las obligaciones que el mismo consagra y sobre las cuales ambas Partes se
pueden reservar el derecho a regular de manera absoluta, sin que ninguna de
ellas pueda alegar incumplimiento alguno del Acuerdo. Contiene igualmente un
Anexo 21.4 sobre “Autoridades competentes”, en el cual se estipula que,
para el caso de Chile será el Director del Servicios de Impuestos Internos del
Ministerio de Hacienda, en tanto que para Colombia lo será el Viceministro
Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Así las cosas, el respectivo Capítulo
comprende disposiciones acerca de (i) excepciones generales; (ii) seguridad
esencial; (iii) orden público; (iv) tributación; y (v) dificultades en la
balanza de pagos.
La Corte considera que el Capítulo XXI
sobre excepciones es conforme con la Constitución en la medida en que le
permite al Estado colombiano preservar sus competencias a efectos de poder
adoptar normas nacionales no discriminatorias, encaminadas a salvaguardar
intereses nacionales tales como la seguridad, el orden público, el recaudo
tributario, así como el equilibrio de la balanza de pagos.
Sobre el particular, merece la pena destacar que el
Capítulo XX del GATT consagra unas disposiciones muy semejantes a las
examinadas por la Corte:
“Artículo XX: Excepciones generales
A reserva de que no se apliquen las
medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de
discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan
las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional,
ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de
impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas:
a)
necesarias para proteger la moral pública;
b)
necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o
para preservar los vegetales;
c)
relativas a la importación o a la exportación de oro o plata;
d)
necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no
sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las
leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al
mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el
párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes,
marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de
prácticas que puedan inducir a error;
e)
relativas a los artículos fabricados en las prisiones;
f)
impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o
arqueológico;
g)
relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de
que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o
al consumo nacionales;
h)
adoptadas en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo
intergubernamental sobre un producto básico que se ajuste a los criterios
sometidos a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobados por ellas o de un acuerdo
sometido a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobado por éstas*;
i)
que impliquen restricciones impuestas a la exportación de materias primas
nacionales, que sean necesarias para asegurar a una industria nacional de
transformación el suministro de las cantidades indispensables de dichas
materias primas durante los períodos en que el precio nacional sea mantenido a
un nivel inferior al del precio mundial en ejecución de un plan gubernamental
de estabilización, a reserva de que dichas restricciones no tengan como
consecuencia aumentar las exportaciones de esa industria nacional o reforzar la
protección concedida a la misma y de que no vayan en contra de las
disposiciones del presente Acuerdo relativas a la no discriminación;
j)
esenciales para la adquisición o reparto de productos de los que haya una
penuria general o local; sin embargo, dichas medidas deberán ser compatibles
con el principio según el cual todas las partes contratantes tienen derecho a
una parte equitativa del abastecimiento internacional de estos productos, y las
medidas que sean incompatibles con las demás disposiciones del presente Acuerdo
serán suprimidas tan pronto como desaparezcan las circunstancias que las hayan
motivado. Las PARTES CONTRATANTES examinarán, lo más tarde el
30 de junio de 1960, si es necesario mantener la disposición de este
apartado.
Adviértase entonces que ya en el seno del
GATT, cuyo respeto las Partes ratifican en el texto del TLC Colombia-Chile, se
admite que los Estados conserven plenamente sus competencias regulatorias en
determinados sectores económicos y bajo determinadas condiciones, lo cual, por
supuesto, es conforme con las facultades constitucionales de que dispone el
Estado colombiano para intervenir en la economía.
3.6.23. Capítulo XXII. Disposiciones
finales.
El Capítulo XXII regula la manera como
puede enmendarse o modificarse el tratado internacional, su vigencia,
aplicación provisional, denuncia, adhesión y negociaciones futuras.
La Corte considera que el Capítulo XII es
conforme con la Constitución por cuanto, desde la perspectiva del derecho de
los tratados, se limita a estipular un conjunto de disposiciones referentes a
los efectos en el tiempo del instrumento internacional, al igual que la forma
de enmendarlo.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE el Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo
de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993, suscrito
en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006.
SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1189 de 2008, por medio de la cual
fue aprobado el tratado internacional.
TERCERO. EXHORTAR al Gobierno Nacional para que remita al Congreso de la
República el texto del Acuerdo de Complementación Económica de 1993, suscrito
entre Colombia y Chile.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Con Salvamento de voto
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-031 DE 2009 DEL MAGISTRADO
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA DE
1993 ACE 24 ENTRE COLOMBIA Y CHILE-No ha sido incorporado en debida forma al ordenamiento
colombiano (Salvamento de voto)/ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA DE 1993
ACE 24 ENTRE COLOMBIA Y CHILE-Imposibilidad de celebrarlo por parte del
Gobierno sin trámite de ratificación y revisión constitucional (Salvamento de
voto)
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inexequible (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT- 323
Revisión automática del “Acuerdo de
Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile,
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el
Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE
24) del 6 de diciembre de 1993, suscrito en Santiago, Chile, el 27 de
noviembre de 2006, y de la Ley 1189 de 2008, por medio de la cual fue aprobado.
Magistrado
Sustanciador:
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
En mi concepto, tanto el Acuerdo como la Ley 1189 de
2008 que lo aprueba son inconstitucionales, en la medida que el Tratado
Internacional que le sirve de fundamento no ha sido incorporado en debida forma
al ordenamiento colombiano y por lo tanto, no podía el Gobierno Nacional
proceder a celebrarlo sin haberse surtido el trámite de ratificación y revisión
constitucional del “Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento
de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de
diciembre de 1993”, que la Carta exige para que un tratado internacional
obligue al Estado colombiano.
Por lo tanto, tanto la Ley 1189 de 2008, como el Acuerdo
de Libre Comercio entre Colombia y Chile han debido ser declarados
inexequibles.
Fecha ut supra,
JAIME ARAÚJO
RENTERÍA
Magistrado
[1] El artículo 7° de la
citada Convención dispone que la representación de un Estado para todo lo
relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de los
siguientes casos: (1) cuando la persona delegada presenta los adecuados plenos
poderes (7.1-a); (2) si de la práctica del Estado, o de otras circunstancias,
se deduce que existe la intención de considerar a la persona que participa en
la negociación como la representante del Estado para esos efectos,
prescindiendo de la presentación de plenos poderes (7.1-b); o (3) cuando se
deduce de las funciones que cumple la persona delegada, sin tener que presentar
plenos poderes (7.2). En este último caso, el mismo artículo considera que, por
razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y
adoptar el texto de un tratado: (i) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y
ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (ii) el jefe de la misión
diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (ii) el
representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o
ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta
(7.2-c).Verificada la ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas,
debe entenderse cumplido el requisito de representación del Estado para cada
una de las diversas etapas dentro de la celebración de un tratado
internacional.
[2] Visible a folio 380 del cuaderno principal.
[3] Para los Profesores Stefan A. Riesenfeld y Frederick Abbot, en su
artículo The scope of  U.S. control over the conclusion and operation of
treaties”, Parliamentary participation in the making and operation of
treaties: a comparative study, Netherlands, Ed. Nijhoff, 1994,  una disposición de un tratado
internacional es calificada como self-executing, cuando no requiere de
una legislación  interna para ser aplicada, y puede crear directamente derechos
y obligaciones  en cabeza de los particulares, invocables ante los tribunales
nacionales.  Por el contrario, algunas normas internacionales, incorporadas a
los ordenamientos internos, precisan de la intermediación de una ley o de un
decreto para poder ser invocadas ante los tribunales o administraciones estatales.
En este último caso, nos encontraremos ante una norma convencional not-self-executing.
Sobre el contenido y alcance de la noción de self-executing, ver
además,  T. Buergenthal, “Self-executing and not-self-executing treaties in
national and international law”, R.C.A.D.I., Tome 235, 1992, pp. 235 y
ss.
[4] Por
ejemplo, en el ámbito de la OMC, el Artículo XXIV señala las siguientes
condiciones para conformar zonas de libre comercio o uniones aduaneras:
Artículo XXIV
Aplicación territorial -
Tráfico fronterizo
Uniones aduaneras y zonas de libre
comercio
1.       Las
disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a los territorios aduaneros
metropolitanos de las partes contratantes, así como a cualquier otro territorio
aduanero con respecto al cual se haya aceptado el presente Acuerdo de
conformidad con el artículo XXVI o se aplique en virtud del
artículo XXXIII o de conformidad con el Protocolo de aplicación provi­sional.
Cada uno de dichos territorios aduaneros será considerado como si fuera parte
contratante, exclusivamente a los efectos de la aplicación territorial del
presente Acuerdo, a reserva de que las disposiciones de este párrafo no se interpreten
en el sentido de que crean derechos ni obligaciones entre dos o más territorios
aduaneros respecto de los cuales haya sido aceptado el presente Acuerdo de
conformidad con el artículo XXVI o se aplique en virtud del
artículo XXXIII o de conformidad con el Protocolo de aplicación
provisional por una sola parte contratante.
2.       A
los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por territorio aduanero todo
territorio que aplique un arancel distinto u otras reglamen­taciones
comerciales distintas a una parte substancial de su comercio con los demás
territorios.
3.       Las
disposiciones del presente Acuerdo no deberán interpretarse en el sentido de
obstaculizar:
a)      las ventajas
concedidas por una parte contratante a países limítrofes con el fin de
facilitar el tráfico fronterizo;
b)      las ventajas
concedidas al comercio con el Territorio Libre de Trieste por países limítrofes
de este Territorio, a condición de que tales ventajas no sean incompatibles con
las disposiciones de los tratados de paz resultantes de la segunda guerra
mundial.
[5] Por ejemplo, en las sentencia C- 358 de 1996, C.- 379
de 1996, C- 494 de 1998 y C- 864 de 2006
[6] Ver al respecto, sentencia  C-51 de 2001.
[7] Ver al respecto, A. P. Newcombe, “Regulatory
Expropriation, Investment Protection and International Law: When Is Government
Regulation Expropriatory and When Should Compensation Be Paid?, en
International Law ICSID Review Foreign Investment Law Journal Vol. 20, 2005, p.
1.
[8]  Asunto Metalclad
Corp. v. México, ARB(AF)/97.1, TLCAN, 2001.
[9] Asunto CME v. la República Checa,
UNCITRAL Tribunal Arbitral, Laudo parcial, 2001.
[10] Asunto Técnicas Medioambientales Tecmed,
S.A. v. México ARB(AF)/00/2, 2003.
[11] Asunto Revere Copper and Brass Inc. v. Overseas
Private Investment Corporation, 1978.
[12] Asunto Goetz and Others v. República de Burundi, ICSID, 1998.
[13] Asunto Starrett Housing Corp. v. Government of the
Islamic Republic of Iran, Tribunal de Reclamaciones Irán-US, 1983.
[14] Ricardo García Macho, “Contenido y
límites del principio de la confianza legítima”, en Libro Homenaje al
Profesor José Luis Villar Palasí, Madrid, Edit. Civitas, 1989, p. 461.
[15] Müller J.P. Vertrauesnsschutz im Völkerrecht, Berli,
1971, citado por Silvia Calmes, Du principe de protection de la confiance
légitime en droits allemand, communautaire et français, París, Ed. Dalloz,
2002, p. 567.
[16] Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
sentencia del 17 de diciembre de 1992, asunto Holtbecker, en J. Boulouis
y M. Chevallier, Grands Arrêts de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, París, Dalloz, 1993, p. 77.  En este fallo el Tribunal consideró que el principio
de la confianza legítima se definía como la situación en la cual se encuentra
un ciudadano al cual la administración comunitaria, con su comportamiento, le
había creado unas esperanzas fundadas de que una determinada situación jurídica
o regulación no sería objeto de modificación alguna.
[17] Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, sentencia del 8 de junio de 1977, asunto Merkur. en J. Boulouis y M.
Chevallier, Grands Arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes,
París, Dalloz, 1993, p. 218. En esta sentencia el Tribunal consideró que el
principio de la confianza legítima podía llegar a ser vulnerado por la
Comunidad Europea debido a la supresión o modificación con efectos inmediatos,
en ausencia de unas medidas transitorias adecuadas  y sin que se estuviera ante
la salvaguarda de un interés general perentorio.
[18] CIJ, auto de excepciones preliminares
del 12 de diciembre de 1996, asunto de las plataformas petroleras entre Irán y
Estados Unidos.
[19] Patrick Daillier y Allan Pellet, Droit
Internacional Public, París, 2008.
[20] Sentencia C- 178 de 1995.
[21] Sentencia C- 216 de 1996.
[22] Sentencia C- 323 de 1997.
[23] Sentencia C- 492 de 1998.
[24] Sentencia C- 719 de 1999.