T-570-98
Sentencia T-570/98
Sentencia T-570/98
ACCION DE TUTELA-Procedimiento preferente y sumario/JUEZ DE TUTELA-Verificación
supuestos de hecho
El procedimiento preferente y sumario al que da lugar el ejercicio de
la acción de tutela, requiere de suma prudencia en la conformación del
convencimiento del juez constitucional, y de mesura por parte de éste al
expedir órdenes de inmediato cumplimiento.
JUEZ DE TUTELA-No es válido ordenar a particulares desobedecer
providencia judicial en firme
No es válido que el juez de tutela ordene a un particular desobedecer
una providencia judicial en firme, sin pronunciarse en el mismo fallo sobre la
procedencia del amparo en contra de tal providencia; las acciones por medio de
las cuales los particulares acatan órdenes judiciales en firme, deben ser
tenidas por el juez que conoce de la solicitud como justificadas, o éste da al
traste con el derecho de todos los ciudadanos a confiar en el cumplimiento
indefectible de las providencias de los jueces de la República.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Condena en costas
Referencia:
Expediente T-162.311
Acción
de tutela contra el Banco Ganadero, Banca Institucional, por una presunta
violación de los derechos a la vida y a la seguridad social.
Temas:
La
acción de tutela es improcedente cuando no existe violación o amenaza de los
derechos fundamentales.
El
procedimiento preferente y sumario al que da lugar el ejercicio de la acción de
tutela, requiere de suma prudencia en la conformación del convencimiento del
juez constitucional, y de mesura por parte de éste al expedir órdenes de
inmediato cumplimiento.
Actor:
Eda Judith Mendoza Castillo
Magistrado
Ponente:
Dr.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Santafé
de Bogotá D.C., trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La
Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por
los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y
Carlos Gaviria Díaz, éste último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
procede
a revisar la sentencia de instancia que profirió el Juzgado Primero Penal
Municipal de Cartagena en el trámite del proceso radicado bajo el número
T-162.311.
ANTECEDENTES
1.
Hechos.
La
actora adquirió la calidad de pensionada de Colpuertos en 1991 y, según afirmó
en su solicitud de tutela, "desde entonces recibo mi pago cada
veintiseis o veintisiete del mes respectivo..."
Añadió
la demandante que desde enero de 1998 empezó a tener dificultades para que se
le pagara oportunamente la mesada, pues un juez de Sabanalarga ordenó el
embargo de la cuenta del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia en Liquidación FONCOLPUERTOS.
"Hoy dos de marzo del año 98, aún no ha sido posible que me
cancelen la mesada de febrero al igual que al resto de mis demás compañeros,
poniendo en peligro mi supervivencia y la de mi familia de donde derivamos
nuestro sustento...".
La
actora anexó a su solicitud de amparo, copia de la sentencia de la Corte
Constitucional T-327/94[1], y del fallo de tutela T-1998-0009-15 del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (Sala de Decisión
Laboral) del 18 de febrero de 1998, pues consideró que resolvían asuntos
similares.
2.
Fallo de instancia.
Lo
adoptó el Juez Primero Penal Municipal de Cartagena el día siguiente al reparto
de la solicitud, el 4 de marzo de 1998, y en él consideró:
"Que dicha solicitud pretende garantizar y proteger el derecho
fundamental a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política
de Colombia, así como los derechos de la familia.
"Que las cuentas se encuentran congeladas por una orden de embargo
siendo la misma improcedente por tratarse de dineros destinados al pago de
pensiones y por lo tanto inembargables conforme al art. 1° de la ley 15 de
1982.
"Como bien lo expresó el Tribunal del Distrito Judicial de
Barranquilla, se encuentra que la cuenta embargada está exclusivamente
destinada al pago de las mesadas correspondientes a los pensionados
(T-1998-0009-15 Magistrado Ponente Dr. Efraín Argüello Patiño).
"A pesar de la decisión tomada en la acción de tutela antes
mencionada, se siguen vulnerando los derechos de los pensionados dentro de los
cuales se encuentra la accionante que efectivamente al ser impagada su mesada
ve reducidos los medios para su subsistencia y la de los familiares que
dependen de ella, lo cual trae como consecuencia directa que se ponga en
peligro su propia vida y la de su familia.
"A pesar de existir otros medios de defensa judicial para lograr
el desembargo de los bienes la tutelante ha manifestado que con esta acción
pretende evitar un perjuicio inminente e irremediable al no recibir su mesada a
tiempo lo que puede ocasionar detrimento en su salud e incluso pérdida de la
vida la cual sería irremediable por naturaleza.
"...
"Los medios de prueba allegados a este Despacho con la solicitud
de tutela producen en el Juez el pleno convencimiento de la vulneración del
derecho fundamental citado ya que incluso se ordenó por parte del Tribunal de
Barranquilla la suspensión del acto u orden atinentes al embargo con
comunicación a las entidades bancarias en las que se encuentran depositados los
dineros embargados, orden que no de (sic) ha cumplido por parte del Banco
Ganadero, lo cual causa los perjuicios antes anotados.
"De conformidad con el art. 18 del Decreto 2591 de 1991, el juez
podrá ordenar el inmediato restablecimiento del derecho prescindiendo de
cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, cuando los
medios de prueba allegados con la solicitud sean suficientes para deducir una
grave e inminente violación al derecho fundamental cuya tutela se
solicita"
En
virtud de esas consideraciones, resolvió: "Ordenar el restablecimiento
del derecho vulnerado a la señora EDA JUDITH MENDOZA, para tal efecto el Banco
Ganadero Banca Institucional deberá descongelar los fondos de los pensionados
de Colpuertos y proceder a liberar las cuentas corrientes, las fiducias y demás
valores que a cualquier título posea el Fondo de Pasivos de Colpuertos".
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
1.
Competencia.
La
Corte Constitucional es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Primero Penal Municipal de Cartagena, en virtud de los artículos 86 y
241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión adoptar el
fallo respectivo, de acuerdo con el reglamento interno y el auto de la Sala de
Selección Número Cuatro del 29 de abril de 1998.
2.
La acción de tutela es improcedente cuando no existe violación o amenaza de
los derechos fundamentales.
Según
la actora, el comportamiento con el que la entidad demandada violó sus
derechos, fue el retraso en el pago de la mesada correspondiente al mes de
febrero: "hoy dos de marzo del año 98, aún no ha sido posible que me
cancelen la mesada de febrero al igual que al resto de mis demás
compañeros..." (folio 1).
Si
esa afirmación de la actora fuera cierta, las consideraciones del fallo de
instancia tendrían lugar; pero aquélla no lo es y éstas son improcedentes,
puesto que esta Sala ordenó al Banco Ganadero que informara sobre las mesadas
pensionales que pagó a la actora, y esa institución acreditó que canceló tales
mesadas en las fechas que se detallan a continuación: mesada de enero de 1998:
27/01/98; de febrero: 24/02/98; de marzo: 24/03/98; de abril: 21/04/98;
y de mayo: 23/05/98 (folios 201-205).
Así,
los derechos que tuteló el fallador de instancia nunca fueron violados por la
empresa demandada, y no procedía la acción pues el banco pagó a la actora la
mesada de febrero el 24 de ese mes, días antes de lo acostumbrado, y de que
ésta afirmara lo contrario en su solicitud de tutela. Por tanto, en la parte
resolutiva de esta providencia se revocará el fallo de instancia, se negará el
amparo y se condenará en costas a la actora, Eda Judith Mendoza Castillo.
3.
El procedimiento preferente y sumario al que da lugar el ejercicio de la
acción de tutela, requiere de suma prudencia en la conformación del
convencimiento del juez constitucional, y de mesura por parte de éste al
expedir órdenes de inmediato cumplimiento.
Es
cierto que el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991[2]
entrega al juez de tutela el poder excepcional de hacer el procedimiento
sumario en extremo, pero éste debe ser ejercido sólo en el excepcional evento
de que sea ineludible otorgar un amparo judicial inmediato para evitar o
suspender una grave violación o amenaza de los derechos fundamentales del
actor, y cuando no es posible lograr igual protección con las órdenes
provisionales de que trata el artículo 7 del mismo estatuto.
La
gravedad e inminencia del peligro que podía haber existido en este caso en
contra de la vida de la actora y sus familiares, ciertamente no ameritaban el
comportamiento excepcional del juez de instancia, quien actuó de manera al
menos imprudente al abstenerse de verificar los supuestos de hecho en los que
basó su decisión. ¿Por qué no ordenó el informe de la entidad demandada, que
podía obtener en menos de 24 horas? ¿Por qué si valoró que la violación requería
de una intervención judicial inmediata, no otorgó una medida de protección
provisional, que le permitiera a la vez adelantar una prudente averiguación?
¿Con base en qué dio por hecho que la entidad demandada estaba desacatando la
orden del Tribunal Superior de Barranquilla? ¿Por qué si en las consideraciones
del fallo de instancia hizo mención de dos procesos judiciales en los que se
produjeron decisiones que afectaron dineros que el Fondo tenía depositados en
el Banco Ganadero, no ordenó a éste informar si había varias cuentas y
fiducias, y qué otras providencias se habían dictado con efectos sobre ellas?
La
precariedad que muestra la averiguación de los hechos, contrasta en el fallo de
instancia con el exagerado alcance de la parte resolutiva; en ésta, el juez no
se contentó con indicar el desembargo de la cuenta con cuyos fondos se pagan
las mesadas de la actora, y ordenó a cambio, el desembargo de "todas
las cuentas, fiducias y demás valores que a cualquier título posea el
Fondo..."; y de esa manera, afectó los derechos fundamentales de
terceros interesados que habían tenido que recurrir a acciones ejecutivas para
cobrar acreencias de igual origen laboral -también créditos preferenciales-,
porque dejó sin efecto las garantías que los jueces les habían concedido en el
trámite de esos procesos ordinarios (folios 115-129); además, es indudable que
se hicieron varios pagos no originados en pensiones, a personas diferentes a
los pensionados, y de dineros del Fondo depositados en el Banco Ganadero
(folios 149-155).
Como
si lo anterior no bastara, el Juzgado Primero Penal Municipal de Cartagena
consideró que el comportamiento del banco vulneraba los derechos fundamentales
de la actora, presumiendo que la entidad demandada estaba desacatando una
sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, e ignorando que las acciones
del Banco Ganadero contra las que se dirigió la solicitud de amparo obedecían a
órdenes judiciales en firme, contra las cuales sólo procede la tutela, cuando
está acreditado que constituyen vías de hecho. Es que no es válido que el juez
de tutela ordene a un particular desobedecer una providencia judicial en firme,
sin pronunciarse en el mismo fallo sobre la procedencia del amparo en contra de
tal providencia; las acciones por medio de las cuales los particulares acatan
órdenes judiciales en firme que no son cuestionadas por el actor en la tutela,
deben ser tenidas por el juez que conoce de la solicitud como justificadas, o
éste da al traste con el derecho de todos los ciudadanos a confiar en el cumplimiento
indefectible de las providencias de los jueces de la República.
Vale
la pena aclarar a la actora que en la sentencia T-327/94, anexada por ella a la
solicitud de tutela, el asunto a resolver fue otro muy diferente al que ella
plantea: "en
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, 'las rentas y
recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación son
inembargables'. Dicho principio no desaparece por el hecho de que las rentas o
recursos se transfieran o cedan a los Departamentos o Municipios a través del
situado fiscal o la cesión de recursos, porque, como lo señala la Carta
Política en sus artículos 356 y 357, la fuente en ambos supuestos son los
recursos ordinarios de la Nación. El embargo de dichos recursos solo procede
conforme al artículo 177 del C.C.A." Por tanto, no se presenta en este caso ningún cambio
de jurisprudencia.
Queda
entonces por esclarecer si la acción temeraria de la actora vulnera otras
normas del ordenamiento jurídico vigente, y si la actuación imprudente y
desmesurada del Juez Primero Penal Municipal de Cartagena tiene relevancia
disciplinaria y penal; por tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se
ordenará que la decisión de revisión sea notificada por la Secretaría General
de la Corte Constitucional a las partes en el proceso, que se remita copia del
expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, y que
el expediente, antes de ser devuelto al Despacho de origen, sea remitido al Consejo
Seccional de Bolívar para la averiguación disciplinaria del caso.
DECISIÓN
En
mérito de las consideraciones antecedentes, la Sala Cuarta de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.
REVOCAR en su totalidad el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal
Municipal de Cartagena el 4 de marzo de 1998 y, en su lugar, negar por
improcedente la tutela solicitada por Eda Judith Mendoza Castillo.
Segundo.
CONDENAR en costas a la actora, Eda Judith Mendoza Castillo, por la
temeridad en que incurrió al demandar judicialmente el pago de una mesada
pensional que ya le había sido cancelada.
Tercero.
ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que remita
copia del presente expediente a la Fiscalía General de la Nación par las
averiguaciones de su competencia.
Cuarto.
Ordenar a la Secretaría General de la Corte Constitucional que proceda a
notificar a las partes en este proceso lo decidido en vía de revisión, y a remitir
el expediente, antes de que regrese al Despacho de origen, al Consejo Seccional
de Bolívar, para que adelante la averiguación disciplinaria del caso.
Quinto.
Comunicar finalmente esta providencia al Juzgado Primero Penal Municipal de
Cartagena, para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1998.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JAIME BETANCUR
CUARTAS
Conjuez
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
Conjuez
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] Artículo 18. Restablecimiento
inmediato. El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho,
prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación
previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se
pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho".