T-183-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-183/12
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Consejo Seccional de la Judicatura es competente para
conocer y tramitar acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, según
auto 004 de 2004 y 100 de 2008
Los Autos 004 de 2004 y 100 de 2008, de la Sala Plena
de la Corte Constitucional, disponen que cuando la Corte Suprema de Justicia no
admita el trámite de una acción de tutela contra sus providencias, el
demandante está facultado para: (i) presentar el amparo ante cualquier juez
–unipersonal o colegiado- o incluso ante una Corporación de igual jerarquía de la
Corte Suprema de Justicia o; también, (ii) para solicitar ante la Secretaría
General de la Corte Constitucional que radique para selección el fallo que
inadmitió el amparo, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes
al proceso de selección. Así las cosas, ante la denegación del acceso a la
administración de justicia en sede de tutela, el actor tiene la posibilidad de
escoger entre esas dos vías para preservar la eficacia de sus derechos
fundamentales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos
DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LAS
PENSIONES Y LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA-Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que las
personas que acrediten la condición de pensionados tienen el derecho constitucional
a que les sea indexada la primera mesada de su pensión, esta afirmación ha sido
sustentada bajo tres argumentos. El primero informa que el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional se trata de un derecho constitucional
autónomo que encuentra fundamento en los artículos 48 y 53 superiores. Es así
como en la Sentencia C-862 de 2006, esta Corporación recordó que el artículo 53
de la Constitución Política establece “un derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional” y, que
además, el artículo 48 ibídem prescribe que “[l]a ley definirá los medios para
que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo
constante”, lo cual se traduce en “un deber constitucional en cabeza del
Congreso de la República”. El segundo argumento, señala que la indexación en
materia de pensiones está directamente relacionada con la definición política
del Estado Social de Derecho, donde la actualización periódica de las mesadas
pensionales se torna como la aplicación concreta de los deberes de garantía y
satisfacción a cargo del Estado colombiano en materia de los derechos
económicos, sociales y culturales. Finalmente, el tercer argumento señala que
la indexación es una medida que busca preservar el principio de equidad que se
fundamenta en el principio hermenéutico de interpretación más favorable a los
intereses del trabajador. En armonía con lo anterior, el precedente
constitucional ha sido unánime en reconocer que la pérdida del poder
adquisitivo de las mesadas pensionales requiere de respuestas adecuadas y
eficaces con el propósito de impedir que determinadas situaciones,
aparentemente consolidadas en circunstancias distintas a las actuales, puedan
acarrear un grave perjuicio a personas que, constitucionalmente, cuentan con un
amparo especial.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Beneficio se aplica a las pensiones reconocidas en
cualquier tiempo, sin que importe su origen convencional o legal
Los fondos administradores de pensiones tienen la
obligación de indexar el salario base de liquidación de aquellas mesadas que
tienen su valor desactualizado, y de igual manera deben actuar los jueces de la
república cuando los ciudadanos pretenden la protección de la capacidad
adquisitiva de sus prestaciones sociales. Tal obligación se predica inclusive
de las mesadas pensionales actuales, sin importar el momento desde el cual se
hizo exigible la prestación, pues el derecho a la seguridad social, que para el
asunto objeto de estudio se materializa en el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, tiene un carácter imprescriptible. De esta forma,
aunque no es posible reclamar la actualización de las mesadas que no se
cobraron en los plazos legales, los pensionados sí tienen la facultad de exigir
la indexación de aquellas que no han sido afectadas por la prescripción.
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Importancia
La
Corte Constitucional ha sostenido que el respeto por el precedente es un
mandato derivado del principio de igualdad en la esfera de la interpretación y
aplicación de la ley, y contribuye a la eficacia de diversos principios
constitucionales como la seguridad jurídica, la confianza legítima, la buena fe
y la unidad del sistema, pues la disciplina en la aplicación del precedente
permite dotar de cierta previsibilidad las actuaciones de los jueces y avanzar
en la unificación de la interpretación de las normas jurídicas, aspecto que se
hace más relevante en la jurisdicción constitucional, dada la característica
indeterminación de las cláusulas que consagran los derechos fundamentales. El
precedente cumple también un papel esencial en la argumentación judicial, pues
es un imperativo del razonamiento práctico dar igual trato a situaciones
iguales si no median trascendentales razones para no hacerlo, lo que se traduce
en reglas de “carga” y “descarga” argumentativa: así, quien sigue el precedente
sustenta su fallo en los ya citados principios constitucionales así como en la
racionalidad de la práctica judicial vigente, lo que supone una descarga en su
argumentación; por el contrario, el juez que considere prudente (o necesario)
variar el camino trazado por vía de precedentes deberá asumir cargas especiales
de argumentación de tal manera que demuestre no sólo la superioridad jurídica
de la nueva posición, sino la razón por la cual ésta justifica desde el punto
de vista constitucional una restricción de los principios de seguridad
jurídica, confianza legítima, buena fe.
DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN MATERIA DE INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Precedente constitucional fijado en la sentencia C-862
de 2006
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Se aplica a pensiones causadas en cualquier tiempo,
incluso, antes de la vigencia de la Constitución de 1991
La jurisprudencia constitucional reiterada en esta
oportunidad ha definido de manera uniforme y constante que la IPMP debe
aplicarse a cualquier tipo de pensión, incluidas aquellas reconocidas antes de
la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, y las de origen
convencional, la Sala ordenará al FSP de Ferrocarriles de Colombia (encargados
del pago de las prestaciones de la extinta Caja Agraria) que indexe la primera
mesada pensional del actor.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Fórmula de cálculo/INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Se ordena calcular su monto acorde a la fórmula adoptada en la
sentencia T-098 de 2005
Referencia: expediente
T-2797190
Acción de tutela presentada por José Gustavo Cardona
Buriticá contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y
el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos emitidos, en
primera instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el tres (3) de junio de dos mil diez
(2010), y en segunda instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura el treinta (30) de julio dos mil diez (2010),
con ocasión del proceso de tutela promovido por José Gustavo Cardona Buriticá
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[1] y el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con vinculación de los Juzgados
13 y 19 del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.[2]
Los fallos de tutela referidos fueron seleccionados para
revisión por la Sala de Selección Número Nueve, mediante auto proferido el
veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano José Gustavo Cardona Buriticá estima que
el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia (En adelante, FPS de
Ferrocarriles de Colombia) y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral desconocieron sus derechos fundamentales al mínimo vital, el debido
proceso y la seguridad social en pensiones, al no reconocerle el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional (en adelante, IPMP). A continuación
se presenta una síntesis de los hechos, fundamentos jurídicos de la demanda,
intervención de las accionadas y fallos objeto de revisión.
1. Hechos narrados en la demanda
1.1. El peticionario laboró para la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero[3]
(en adelante, la Caja Agraria) entre el primero (1º) de febrero de mil
novecientos setenta y uno (1971) y el quince (15) de noviembre de mil
novecientos noventa y uno (1991). Por Resolución 475 de veintidós de septiembre
de 1996, la entidad le reconoció pensión de jubilación convencional a partir de
veinte (20) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996).
1.2. El actor informa que, al momento de retirarse de
su trabajo devengaba un salario de $214.821.03, equivalente a 4.1 salarios
mínimos de la época, y que su primera mesada se calculó en un monto de
$161.115.77, correspondiente a 1.1 salario mínimo legal del año 1996, situación
que supone una seria lesión a su mínimo vital.
1.3. Señala que, con el fin de corregir esa inequidad,
inició proceso ordinario laboral, cuyo conocimiento correspondió en primera
instancia al Juzgado Diecinueve (19) Laboral del Circuito de Bogotá. Su pretensión
de indexación fue negada mediante providencia de primero (1º) de febrero de dos
mil dos (2002), y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, en grado de consulta, mediante providencia de diez (10) de abril
de dos mil dos (2002). Ambas decisiones tuvieron como fundamento lo dispuesto
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia
11818 de 18 de agosto de 1999 (en adelante, se hará referencia a este fallo
como CSJ; SCL – 11818 de 1999), según la cual no existía ninguna norma
sustantiva que permitiera indexar la primera mesada pensional, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
1.4. Posteriormente, el actor presentó una nueva
demanda ante el Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito de Bogotá, solicitando
la indexación de la primera mesada pensional, considerando que, con respecto a
su caso, surgía un nuevo hecho, teniendo en cuenta que la jurisprudencia más
reciente de la Corte Constitucional estableció el carácter universal del
derecho, variándose con fundamento en la sentencia SU-120 de 2003 uno de los
hechos narrados, así como los fundamentos de derecho de la demanda. La
pretensión fue negada, ya que el juzgado citado acogió la excepción de cosa
juzgada, en sentencia de veintitrés (23) de febrero de dos mil seis (2006),
confirmada en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cundinamarca en providencia de primero (1º) de junio de dos mil siete (2007). La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia
33949 de siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008), decidió no casar el fallo
de segunda instancia, considerando que no presentaba yerro alguno.
2. Argumentos jurídicos de la demanda.
2.1. En concepto del apoderado del actor la Sala de
Casación Laboral incurrió en defecto sustantivo al declarar la excepción de
cosa juzgada, sin advertir que la mesada pensional del actor no ha sido
indexada y al no dar aplicación a lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, particularmente, en las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de
2006, sobre la procedencia de la indexación frente a todo tipo de prestaciones
pensionales. Estos son los apartes centrales de la argumentación presentada en
la demanda:
“[L]a excepción [de cosa juzgada] en realidad no se ha
configurado y prueba de ello es que el demandante sigue recibiendo una mesada
incompleta: la misma mesada recortada que le asignaron con la Resolución 475 de
veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996). […] ||;
además, [las autoridades accionadas] incurren en vía de hecho porque están
negando un derecho privilegiado y garantizado por los artículos 46, 48 y 53 de la
Constitución, llegando el último a calificarlo de irrenunciable”. (Se omiten
las negrillas y las mayúsculas continuas de la demanda. Fl. 8). Además,
considera que las decisiones atacadas por tutela desconocen las “sentencias de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de siete (7) de octubre de dos
mil  ocho (2008); 29470 de veinte (20) de abril de dos mil siete (2007) y 32020
de seis (6) de diciembre de dos mil siete  (2007)”. Y argumenta que “Estas
conductas, además de injustas, originan más congestión judicial, porque obligan
a los trabajadores a reclamar el ajuste, una y otra vez pues el artículo 53 de la
Constitución los autoriza”.
2.2.
En adición a lo expuesto, argumentó el apoderado del actor, que en el primer
trámite no interpuso recurso extraordinario de casación, porque desde que fue
proferida la sentencia 11818 de 1999 (CSJ – SCL), la Corte Suprema venía
negando sistemáticamente el derecho e imponiendo una fuerte condena en costas
que el actor, con una mesada de un salario mínimo, no podía sufragar.
Finalmente,
precisa que el requisito de inmediatez se cumple, pues debe contarse desde que
se profirió la sentencia T-366 de 2009, en la que la Corporación decidió un
caso idéntico al suyo.
3. Del trámite de la acción de tutela.
3.1. El demandante  instauró acción de tutela contra la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Fondo Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia en enero de dos mil diez (2010),
considerando que su mesada no había sido indexada, siendo a pesar de los
diversos pronunciamientos constitucionales sobre la materia.
3.2. El estudio de primera instancia estuvo a cargo de
la Sala de Casación  Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que
decidió declarar improcedente el amparo por estimar que la demanda no cumplía
los especiales requisitos argumentativos de la tutela contra providencia
judicial. Al resolver la impugnación presentada por el actor, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió declarar la nulidad de
todo lo actuado, considerando que –según su interpretación de las normas
constitucionales- la tutela no procede contra decisiones de órganos de cierre.
3.3. Por esa razón, el diecinueve (19) de mayo de dos
mil diez (2010) el accionante interpuso una nueva tutela ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, invocando el Auto 004 de 2004 de la
Corte Constitucional, que habilita tal actuación. Ese Tribunal admitió la
tutela e inició el proceso objeto de revisión.
3.4. Asimismo, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca decidió vincular al proceso al Juzgado Trece Laboral del
Circuito de Bogotá, Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca,[4]
en tanto decidieron las respectivas instancias de los procesos ordinarios
laborales.
4. Pretensiones de la acción de tutela.
4.1. José Gustavo Cardona Buriticá solicita se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y la
seguridad social y, por consiguiente, que se ordene la indexación de su primera
mesada pensional dejando sin efecto los fallos proferidos en la jurisdicción
ordinaria.
4.2. Asegura que las sentencias proferidas por los
órganos de la especialidad laboral constituyen “vías de hecho” por
defecto sustantivo, en cuanto la denegación de la indexación pensional y la
posterior declaratoria de cosa juzgada, desconoce los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política y 272 de la Ley 100 de 1993, así como la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre los derechos a la seguridad social y al
reajuste periódico de las pensiones legales.
5. Respuesta de las accionadas
5.1. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
solicitó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado y el rechazo de la
tutela, pues –a su juicio- el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca no era competente para revisar la sentencia de tutela proferida
por una Alta Corte. De forma subsidiaria, pidió desestimar la acción por
improcedente, por no cumplir el requisito de inmediatez.
5.2. Del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia requirió al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca declarar
improcedente la acción de tutela, bajo el entendido de que las autoridades
accionadas no incurrieron en ninguna “vía de hecho”, porque sus decisiones
se ajustaron a la normatividad vigente.
5.3. De las demás autoridades vinculadas al trámite.
El Consejo Seccional de la Judicatura decidió vincular
al trámite a todas las autoridades judiciales que se pronunciaron sobre las
pretensiones del actor. Es decir, al Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá,
el Juzgado 19 Laboral del Circuito Laboral de Bogotá, y el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cundinamarca. Sin embargo, las autoridades vinculadas se abstuvieron
de presentar su posición y argumentos sobre el problema jurídico puesto en
conocimiento del juez de tutela.
6. Decisiones que se revisan
El tres (3) de junio de dos mil diez (2010), la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca,
profirió sentencia de primera instancia,
por la cual declaró improcedente la acción de tutela, porque el accionante no
interpuso recurso de casación contra la decisión proferida en el primer proceso
ordinario. Al decidir la impugnación, mediante fallo de treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió declarar improcedente la acción de tutela por
considerar que no se cumplió el requisito de inmediatez.[5]
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala es competente para revisar los fallos de tutela, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34
del Decreto 2591 de 1991.
2.
Cuestión previa al planteamiento del problema jurídico. La competencia del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para decidir la tutela en primera
instancia, en virtud de la declaratoria de nulidad y el rechazo de la acción
por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. (Auto 004 de 2004.
Reiteración).
2.1.
Como se expuso en los antecedentes, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia consideró que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no era competente para haber
conocido el amparo constitucional objeto de estudio. En su concepto, el reparto
de la acción de tutela, regulado por el Decreto 1382 de 2000, dispone que “(…)
lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia (…) será repartido a la misma
corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección, que
corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º
del presente decreto”.
No
obstante lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
avocó conocimiento de la presente acción de tutela aplicando la jurisprudencia
vertida en el Auto 004 de 2004 de la Corte Constitucional, por medio del cual
se determinó que cualquier juez de la República puede conocer las acciones de
tutela inadmitidas por la Corte Suprema de Justicia.
2.2.
Al respecto es pertinente recordar que los Autos 004 de 2004 y 100 de 2008, de la
Sala Plena de la Corte Constitucional, disponen que cuando la Corte Suprema de
Justicia no admita el trámite de una acción de tutela contra sus providencias,
el demandante está facultado para: (i) presentar el amparo ante
cualquier juez –unipersonal o colegiado- o incluso ante una Corporación de
igual jerarquía de la Corte Suprema de Justicia o; también, (ii) para
solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional que radique
para selección el fallo que inadmitió el amparo, con el fin de que surta el
trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Así las
cosas, ante la denegación del acceso a la administración de justicia en sede de
tutela, el actor tiene la posibilidad de escoger entre esas dos vías para preservar
la eficacia de sus derechos fundamentales.[6]
2.3.
De acuerdo con lo manifestado, advierte la Sala que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca era competente para conocer y tramitar la acción de
tutela interpuesta por José Gustavo Cardona Buriticá contra la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, al declarar la nulidad de
todo lo actuado y rechazar el trámite de tutela, la Sala de Civil de la Corte
Suprema de Justicia denegó el acceso a la administración de justicia al actor,
así como el derecho a un recurso judicial efectivo previsto en el artículo 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Por lo tanto, en
virtud del Auto 004 de 2004, el accionante podía presentar la tutela ante
cualquier juez de la República –unipersonal o colegiado-, tal como lo hizo.
Por
lo tanto, estima la Sala que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca acertó al rechazar, en primera instancia, la solicitud dirigida a
declarar la nulidad de lo actuado y rechazar la demanda. Despejada la cuestión
previa, procede la Sala a efectuar un planteamiento del caso sucinto,
determinar el problema jurídico y presentar la metodología de solución que
adoptará.
3.
Planteamiento del caso y problema jurídico
3.1. El demandante laboró para la Caja Agraria entre
los años 1971 y 1991, razón por la cual le fue reconocida pensión convencional
desde el veinte (20) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996). Sin
embargo, según se afirma, el monto de su primera mesada pensional se calculó
con base en el salario percibido cinco años antes, al momento de su retiro, lo
que ocasionó una grave inequidad: mientras que el actor devengaba más de cuatro
salario mínimos (4.1 SMLMV) cuando se retiró del trabajo, al hacerse efectivo
su derecho pensional empezó a recibir una mesada equivalente a poco más del
salario mínimo legal mensual vigente (1.1 SMLMV).
3.2. Por ese motivo, el actor inició un proceso
ordinario laboral en el año 2005[7],
con el fin de obtener la indexación de la primera mesada pensional. En
sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por el Juzgado 19 Laboral
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
en grado de consulta, respectivamente, le fue negado el derecho a la IPMP, con
base en la sentencia 11818 de 1999 (CSJ – SCL), en la que se consolidó la
posición de negar el reconocimiento de la indexación por ausencia de
disposición legal que consagrara ese derecho.
3.3. El actor inició un segundo proceso ordinario
laboral. En esa ocasión, incorporó como fundamentos de derecho de su pretensión
las normas constitucionales de las que se desprende el derecho a la IPMP. Sin
embargo, el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, la Sala de Decisión
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y la Corte
Suprema de Justicia, decidieron negar su solicitud, considerando que el asunto fue
definido durante el proceso laboral ya citado, de manera que se había producido
el fenómeno de cosa juzgada.
3.4. En relación con los aspectos procedimentales
relevantes, señaló el apoderado del actor que (i) la acción de la referencia cumple
el requisito de inmediatez porque, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional el derecho a la indexación no se extingue con el paso del
tiempo, ni la titularidad para reclamarlo ante el juez de tutela; (ii) en
cualquier caso, la razonabilidad del término de interposición debe contarse desde
que la Corte Constitucional profirió la sentencia T-366 de 2009, en la que se
decidió un problema jurídico con estrecha similitud al planteado en el asunto
objeto de análisis; y (iii) si bien es cierto que en el primer trámite no se agotó
el recurso de casación, ello ocurrió, según lo anota el actor, porque en la
época resultaba ineficaz, debido a la posición jurisprudencial que mantenía la
Corte Suprema de Justicia en la época, lo que hacía además evidente la
imposición de una condena en costas que el peticionario no estaba en
condiciones de sufragar.
3.5. El demandante solicita por medio de la acción de
tutela que se deje sin efecto la Sentencia de casación emitida por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el siete (7) de octubre de dos mil ocho
(2008) y, por lo tanto, se ordene al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia la indexación de su primera mesada pensional. Afirma que
dicha providencia, al declarar probada la excepción de cosa juzgada, porque en
un proceso ordinario anterior se resolvió el litigio, incurrió en una vía de
hecho, pues el caso no se examinó a la luz de la jurisprudencia constitucional
contenida en las sentencias SU-120 de 2003[8]
y C-862 de 2006.[9]
3.6. En el curso de este trámite se presentaron las
siguientes situaciones: (i) la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
declaró improcedente el amparo, considerando que la acción no cumple los
requisitos de la tutela contra providencia judicial; (ii) en segunda instancia,
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo
actuado, con base en el argumento según el cual la tutela no procede contra
órganos de cierre y, en su lugar, rechazó la demanda; (iii) el actor interpuso
nuevamente la acción ante el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, autoridad que, actuando como juez constitucional de primera
instancia, negó el amparo considerando que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia no incurrió en yerro alguno al dictar la sentencia
controvertida; (iv) al resolver la impugnación interpuesta por el actor, la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió
modificar parcialmente el fallo y declarar la improcedencia de la acción
por incumplimiento del requisito de inmediatez.
3.7.
Problema jurídico y esquema de la decisión.
3.7.1.
Antes de definir el problema jurídico, la Sala planteará algunas precisiones
metodológicas. Así, en primer término, se observa que la tutela se dirige
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el FPS de
Ferrocarriles de Colombia. Sin embargo, el juez de primera instancia decidió
vincular al trámite a todos los jueces de la jurisdicción ordinaria,
especialidad laboral, que se han pronunciado sobre la situación del actor.
En
concepto de la Sala, esa decisión resulta acertada ya que en la medida en que
la decisión que el actor pretende discutir se basa y se refiere a otras
decisiones, la vinculación de todas las autoridades concernidas fue, sin lugar
a dudas prudente,[10]
pues permite a la Corte adelantar consideraciones sobre cada uno de los fallos
laborales, siempre que lo considere pertinente.
3.7.2.
En segundo lugar, en este trámite se presenta la particularidad de que se
profirieron cinco sentencias judiciales en dos procesos ordinarios laborales.
3.7.3.
En tercer término, la Sala adelanta que el problema jurídico estudiado ya ha
sido fallado previamente por esta Corporación. Por ese motivo, después de
reiterar las subreglas generales sobre el derecho a la IPMP, se
efectuará una exposición concreta de tres providencias en las que se analizaron
problemas que involucraban a la misma autoridad accionada y presentaban
prácticamente las mismas hipótesis fácticas y jurídicas materiales y
procedimentales.
3.7.4.
En ese marco, los problemas jurídicos que corresponde abordar a la Sala Primera
de Revisión son los siguientes: si (i) las autoridades judiciales que
conocieron del último proceso incurrieron en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente al declarar probada la excepción de cosa juzgada
en la segunda reclamación laboral del peticionario, sin tomar en cuenta los
fallos de la Sala Plena de esta Corporación que, en concepto del actor- le
autorizaban iniciar ese proceso, aunque ya existían decisiones judiciales
previas sobre su pretensión de IPMP; (ii) si las autoridades judiciales del proceso
inicialmente adelantado por el peticionario incurrieron en defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución Política al negar al accionante el derecho
a la IPMP; y (iii) si el FSP de Ferrocarriles de Colombia incurrió en violación
a los derechos fundamentales del actor a la igualdad, el debido proceso, el
mínimo vital y la seguridad social en pensiones al negarse a reconocerle la
IPMP.
3.7.5. Esquema de la exposición: Para efectos
de resolver el problema jurídico, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii)
recordará las principales subreglas sobre el derecho a la IPMP; (iii) presentará
tres casos en que la Corte Constitucional ha resuelto situaciones semejantes al
sub exámine; y (iv) efectuará el análisis del caso concreto.
4. Procedencia excepcional de la tutela contra
providencia judicial. Reiteración.
4.1.
La Corte Constitucional sistematizó su jurisprudencia sobre la procedencia
excepcional de la tutela contra providencia judiciales en la sentencia C-590 de
2005[11].
Las subreglas expuestas en el fallo constituyen el balance constitucionalmente
adecuado entre los principios de eficacia de los derechos fundamentales y
supremacía de la Constitución Política, de una parte, y autonomía,
independencia judicial y estabilidad jurídica, de otra.
4.2.
Actualmente se acepta que la tutela contra sentencias está llamada a prosperar
siempre y cuando satisfaga un haz de condiciones.[12] En primer lugar, la
acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad –o de
procedibilidad general-, que le permitan al juez evaluar el fondo del asunto.
Para verificar si están dadas esas condiciones, el juez debe preguntarse, en
síntesis: (i) si la problemática tiene relevancia constitucional; (ii)
si han sido agotados todos los recursos o medios –ordinarios o extraordinarios-
de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio
irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias
particulares del peticionario;[13]
(iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se
solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la
violación);[14]
(iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran
tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten
gravemente los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica
debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos
vulnerados y si –de haber sido posible- lo mencionó oportunamente en las
instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la sentencia
impugnada no es de tutela.[15]
4.3.
Sólo después de superados los requisitos –generales- de procedibilidad,
el juez de tutela debe verificar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad
del amparo. En este plano, el juez debe evaluar si la providencia
cuestionada incurrió en alguno de los defectos a que se ha referido la
jurisprudencia constitucional como defectos sustantivo, fáctico, orgánico,
procedimental, por error inducido, por desconocimiento del precedente, por
falta de motivación o por violación directa de la Constitución.[16] Además, debe definir si
el haber incurrido en alguno de esos defectos, supuso la violación de derechos
fundamentales.
5.
Derecho constitucional a la indexación de la primera mesada pensional o salario
base de liquidación. Reiteración de jurisprudencia
5.1. La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado
que las personas que acrediten la condición de pensionados tienen el derecho
constitucional a que les sea indexada la primera mesada de su pensión,[17] esta afirmación
ha sido sustentada bajo tres argumentos. El primero informa que el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional se trata de un derecho constitucional
autónomo que encuentra fundamento en los artículos 48[18] y 53[19] superiores. Es así como
en la Sentencia C-862 de 2006,[20]
esta Corporación recordó que el artículo 53 de la Constitución Política
establece “un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional” y, que además, el artículo 48 ibídem prescribe
que “[l]a ley definirá los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”, lo cual se traduce en “un
deber constitucional en cabeza del Congreso de la República”. El segundo
argumento, señala que la indexación en materia de pensiones está directamente
relacionada con la definición política del Estado Social de Derecho, donde la
actualización periódica de las mesadas pensionales se torna como la aplicación
concreta de los deberes de garantía y satisfacción a cargo del Estado
colombiano en materia de los derechos económicos, sociales y culturales.
Finalmente, el tercer argumento señala que la indexación es una medida que
busca preservar el principio de equidad que se fundamenta en el principio
hermenéutico de interpretación más favorable a los intereses del trabajador.[21] En armonía
con lo anterior, el precedente constitucional ha sido unánime en reconocer que
la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas pensionales requiere de
respuestas adecuadas y eficaces con el propósito de impedir que determinadas
situaciones, aparentemente consolidadas en circunstancias distintas a las
actuales, puedan acarrear un grave perjuicio a personas que,
constitucionalmente, cuentan con un amparo especial.[22]
5.2. Ahora bien, en referencia a los sujetos de la
protección al poder adquisitivo de las mesadas pensionales, la jurisprudencia
de este Tribunal señaló que éste cobija a todos los beneficiarios del sistema
sin que sobre el particular pueda hacerse distinciones discriminatorias. La
universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional
significa que ésta se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo y
sin que importe su origen, sea convencional o legal, toda vez que el fenómeno
de pérdida de poder adquisitivo, que es consecuencia de la inflación, afecta
por igual a todos los jubilados.[23]
Esta posición de la Corte Constitucional tuvo su génesis como respuesta a la
tesis de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la
cual los pensionados convencionales no tenían derecho a la indexación de sus
mesadas si en el pacto colectivo no se había acordado algo al respecto.[24]
5.3. De esta forma, los fondos administradores de
pensiones tienen la obligación de indexar el salario base de liquidación de
aquellas mesadas que tienen su valor desactualizado, y de igual manera deben
actuar los jueces de la república cuando los ciudadanos pretenden la protección
de la capacidad adquisitiva de sus prestaciones sociales. Tal obligación se
predica inclusive de las mesadas pensionales actuales, sin importar el momento
desde el cual se hizo exigible la prestación, pues el derecho a la seguridad
social, que para el asunto objeto de estudio se materializa en el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, tiene un carácter imprescriptible.[25] De esta
forma, aunque no es posible reclamar la actualización de las mesadas que no se
cobraron en los plazos legales, los pensionados sí tienen la facultad de exigir
la indexación de aquellas que no han sido afectadas por la prescripción.
6. Precedentes relevantes para la solución del caso
concreto.
En
el acápite anterior, la Sala recordó la línea jurisprudencial sobre el derecho
a la indexación de la primera mesada pensional. En este aparte, se efectuará
una mención específica de los casos que guardan semejanzas más notorias con el
asunto objeto de decisión, tanto desde el punto de vista material como desde la
perspectiva procedimental. El propósito de hacer una reseña expresa e
independiente de estos casos obedece a la importancia de mantener al máximo la
consistencia en las decisiones de la Corte mediante la identificación y
aplicación de las subreglas jurisprudenciales desarrolladas en casos
análogos ya decididos (precedentes).
En
esa dirección, la Corte Constitucional ha sostenido que el respeto por el
precedente es un mandato derivado del principio de igualdad en la esfera de la
interpretación y aplicación de la ley, y contribuye a la eficacia de diversos
principios constitucionales como la seguridad jurídica, la confianza legítima,
la buena fe y la unidad del sistema, pues la disciplina en la aplicación del
precedente permite dotar de cierta previsibilidad las actuaciones de los jueces
y avanzar en la unificación de la interpretación de las normas jurídicas,
aspecto que se hace más relevante en la jurisdicción constitucional, dada la
característica indeterminación de las cláusulas que consagran los derechos
fundamentales.
El
precedente cumple también un papel esencial en la argumentación judicial, pues
es un imperativo del razonamiento práctico dar igual trato a situaciones
iguales si no median trascendentales razones para no hacerlo, lo que se traduce
en reglas de “carga” y “descarga” argumentativa: así, quien sigue el precedente
sustenta su fallo en los ya citados principios constitucionales así como en la
racionalidad de la práctica judicial vigente, lo que supone una descarga en
su argumentación; por el contrario, el juez que considere prudente (o
necesario) variar el camino trazado por vía de precedentes deberá asumir cargas
especiales de argumentación de tal manera que demuestre no sólo la
superioridad jurídica de la nueva posición, sino la razón por la cual ésta
justifica desde el punto de vista constitucional una restricción de los
principios citados en el párrafo anterior.[26]
Por
ello, juzga la Sala conveniente mantener como marco de análisis los siguientes
precedentes:
6.1.
Sentencia T-014 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
En
el fallo citado, la Corte Constitucional decidió un caso relativo a la
solicitud de IPMP de un accionante que había laborado para la Caja de Crédito
Agrario, Agroindustrial y Minero por aproximadamente 27 años, y a quien le fue
reconocida la pensión de jubilación por la entidad demandada en cuantía muy
inferior al salario que percibía, debido al tiempo transcurrido entre la fecha
de retiro y el momento en que acreditó la edad para acceder a la prestación.
Después
de agotar la reclamación administrativa, el accionante inició un proceso laboral
con la pretensión de obtener la IPMP, pero su derecho fue negado en el trámite
ordinario, mediante sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el
año 2001 y con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre
la improcedencia de la indexación, lo que llevó al actor a no acudir al recurso
extraordinario de casación, considerando improbable obtener una respuesta
favorable y previendo, en cambio, una condena en costas que no estaba en
capacidad de asumir por su nivel de ingresos.
Posteriormente,
el actor inició un segundo proceso. El juez  laboral de primera instancia
declaró probada la excepción de cosa juzgada y el peticionario presentó recurso
de apelación porque, en su concepto, la ratio decidendi de la sentencia T-328
de 2004 habilitaba a las personas que habían recibido una respuesta judicial
desfavorable en materia de indexación, a acudir nuevamente a la jurisdicción
para reclamar la eficacia del derecho fundamental a una remuneración vital y
móvil, mediante la actualización de la primera mesada. La sentencia de primera
instancia fue confirmada por el ad quem del proceso.
El
demandante interpuso entonces acción de tutela y fundamentó su solicitud de
IPMP en el presunto desconocimiento de las sentencias de sala Plena SU-120 de
2003 y T-862 de 2006.
La
Sala Quinta decidió conceder el amparo al actor y en consecuencia, ordenar a la
entidad demandada, efectuar la indexación de su primera mesada pensional.
Como
aspectos relevantes del fallo, cabe destacar los siguientes: (i) en concepto de
la Sala Quinta el actor cumplió el requisito de agotar todos los recursos
judiciales disponibles porque, a la fecha del primer proceso, el requisito de
acudir a la casación resultaba una carga desproporcionada, dada la ineficacia
del mismo derivada de la posición sentada en la providencia 11818 (CSJ-SCL);
(ii) el requisito de inmediatez se cumplió porque debía analizarse desde el
momento en que el peticionario conoció las sentencias relevantes de la Corte en
la materia y, especialmente, el fallo C-862 de 2006; y (iii) esa sentencia
debió ser considerada como un hecho nuevo que permitía al actor la
interposición de una nueva acción, en tanto determinó, con fuerza erga omnes
la existencia del derecho para todas las pensiones, con independencia de su
origen, naturaleza y fecha de reconocimiento.
En
las consideraciones sobre el fondo del asunto, expresó la Sala Quinta que los
jueces que intervinieron en la primera decisión incurrieron en defecto
sustantivo y violación directa de la Carta Política, al no dar aplicación a las
normas constitucionales que sustentan el derecho a la indexación pensional y al
criterio de equidad:
“En cuanto a los requisitos especiales para que la
acción de tutela proceda contra providencias judiciales, la Sala estima que en
el presente caso, el fallo de segunda instancia, proferido por vía del grado
jurisdiccional de consulta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
el 25 de abril de 2001, incurrió en un defecto material o sustantivo, puesto
que dio aplicación a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que
desconocía para ese momento el derecho constitucional del actor, dejando de
lado el mandato constitucional que impone el reconocimiento de la indexación de
la primera mesada pensional y el reconocimiento de la pérdida del poder
adquisitivo de las mesadas pensionales, razón adicional para determinar que en
este caso resulta procedente la presente acción de tutela contra dicha
sentencia”[27].
En
ese marco, la Sala decidió dejar sin efecto las decisiones judiciales del
primer proceso y ordenar directamente a la entidad accionada indexar la primera
mesada pensional del actor.
6.2.
T-130 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
Posteriormente,
en la providencia T-130 de 2009, la Sala Octava conoció la situación de una
persona que laboró durante aproximadamente 22 años para la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero (desde el día 1º de marzo de 1969 hasta el día 16
de noviembre de 1991) y a quien le fue reconocida la pensión convencional de la
institución. El actor cumplió el requisito de edad varios años después
del reconocimiento y la parte accionada no indexó su primera mesada pensional
-o el salario base de liquidación, como precisó la Sala Octava- lo que llevó a
una notable desproporción entre el salario que percibía como trabajador y su
mesada pensional.
Por
ese motivo, el actor inició un proceso ordinario laboral el cual fue fallado en
primera instancia, el 6 de agosto de 2004 y, en segunda instancia, el 31 de
marzo de 2005, de manera negativa a su pretensión. El demandante no agotó el
recurso de casación, considerando el amplio número de pronunciamientos en que la
Sala de Casación Laboral mantuvo la posición de negar el derecho, siguiendo la
sentencia providencia 11818 (CSJ-SCL).
El
peticionario indicó que, al conocer la jurisprudencia constitucional “más
reciente”, inició por segunda vez una reclamación administrativa y, ante la
negativa de la entidad encargada del pago de su pensión a indexar su primera
mesada, acudió de nuevo a la jurisdicción laboral mediante proceso ordinario.
Los jueces laborales de primera y segunda instancia en este segundo trámite
decidieron declarar la excepción de cosa juzgada, con base en las sentencias
dictadas en el trámite inicial.[28]
La
Sala Octava concedió el amparo y estimó que las autoridades judiciales del
segundo trámite incurrieron en defecto de desconocimiento del precedente
constitucional al negar el derecho en el segundo trámite. La existencia de los
dos procesos laborales fue tomada en cuenta como prueba de que el actor intentó
agotar todos los recursos[29]
y puso en conocimiento de los jueces naturales el motivo de la presunta
vulneración[30];
sobre el requisito de inmediatez, recordó que en materia de indexación no caben
tratos diferenciados en razón del tiempo, en virtud de lo expresado en
sentencias C-862 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-1059 de 2007
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
En
relación con el fondo del asunto, la Sala Octava decidió conceder el amparo. En
su concepto, las autoridades judiciales que intervinieron en el segundo
trámite laboral y dieron por probada la excepción de cosa juzgada
incurrieron en defectos de carácter material y de desconocimiento del
precedente constitucional contenido en la sentencia C-862 de 2006,
especialmente, porque en su segunda reclamación ante la justicia ordinaria, el
peticionario dejó en claro que su requerimiento era de carácter constitucional:
“42.- […] encuentra la Sala que la decisión del
Tribunal Superior de Bogotá, al absolver a la entidad demandada en la decisión
de instancia, incurrió en una causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales por cuanto dio aplicación a la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, desconociendo el precedente sentado por la
sentencia C-862 de 2006.  || Por ese motivo, aún existiendo, como ocurrió en el
caso bajo examen de la Sala en la presente ocasión, decisiones judiciales sobre
la materia […], no cabía alegar la excepción previa de cosa juzgada por cuanto
el precedente constitucional contenido en la sentencia C-862 de 2006 resultaba
aplicable al caso entonces objeto de consideración por la jurisdicción
ordinaria, de modo que al reunirse las exigencias para conceder la protección
del derecho a la indexación de la primera mesada pensional establecidos en esa
jurisprudencia, la justicia ordinaria laboral ha debido ordenarla, sin que
pudiese alegar, como lo hizo, la configuración de la excepción previa de cosa
juzgada.
6.3.
T-366 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
Finalmente,
la Sala Novena de Revisión analizó un caso en el que se discutía la procedencia
de la IPMP de la pensión de sustitución de una peticionaria cuyo esposo había
laborado por más de 20 años para la Caja de Crédito Agrario y a quien le fue
reconocida pensión convencional de jubilación por parte de la entidad. Como en
los eventos ya mencionados, el actor cumplió el requisito de edad varios
años después de haberse retirado del servicio, y su prestación no fue calculada
a partir de un salario base de liquidación actualizado o indexado,
produciéndose así una notoria desproporción entre su mesada pensional y el
salario que devengaba al momento de la desvinculación.
El
afectado inició entonces un proceso laboral, en el cual no se reconoció su
derecho a la IPMP[31]
y, como en los eventos anteriores, no agotó el recurso de casación,
considerándolo ineficaz, debido a la jurisprudencia vertida por la Corte
Suprema, en sentencia 11818 (CSJ-SCL).
Estos son los elementos relevantes de la providencia T-366 de 2009:
Al
estudiar el cumplimiento del requisito de inmediatez, expresó la Sala Novena: “[…]
encuentra esta Sala, que de conformidad con lo expuesto en el numeral tercero
de las consideraciones de esta providencia, la Sentencia C-862 de 2006
proferida por la Sala Plena de esta Corporación […] en tratándose de
solicitudes de los pensionados que buscan obtener el mantenimiento del poder
adquisitivo de su pensión, así como la indexación de la primera mesada
pensional, no es posible hacer ningún tipo de trato diferenciado con respecto a
otros pensionados. Esto quiere decir, que no por el hecho de que el pensionado
se haya demorado en reclamar ese derecho constitucional, habiendo transcurrido
nueve meses desde que se dictó el fallo que lo negó por vía ordinaria,
significa que éste ha perdido dicha prerrogativa. || A pesar de que existe una
providencia en firme de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desde
el año 2008, la actora interpuso la acción de tutela para reclamar sus derechos
en un término razonable, es decir, una vez tuvo conocimiento de la Sentencia
C-862 de 2006 que trajo consigo elementos nuevos que reforzaban la procedencia
de la indexación de todas las pensiones sin importar su origen y de la T-014 de
2008 que dirimió un conflicto muy similar al que ahora ocupa la decisión de esta
sala; situación que se puede considerar en el presente caso como un hecho nuevo
que abrió la posibilidad para que con fundamento en ella, la accionante
interpusiera la presente acción de tutela.”
La
existencia de dos procesos ordinarios fue valorada por la Sala al analizar el
cumplimiento del requisito de identificar el motivo de la vulneración, de esta
manera: “el actor ha identificado de manera razonable los hechos que han
generado la vulneración de sus derechos fundamentales, especialmente en el
proceso que se adelantó ante la justicia ordinaria en la segunda instancia y al
momento en que intentó por segunda vez, sobre la base de hechos nuevos iniciar
nuevamente la acción ordinaria laboral sin éxito, por haber prosperado la
excepción de cosa juzgada. En esas oportunidades, el actor manifestó ante los
jueces de instancia que los derechos que reclamaba eran de orden
constitucional, sin embargo, la justicia laboral siguiendo tesis diferentes que
entonces se debatían, no los consideró desde esa perspectiva.”
Finalmente,
en las consideraciones centrales sobre el fondo del asunto, señaló la
Corporación: “En cuanto a los requisitos especiales para que la acción de
tutela proceda contra providencias judiciales, la Sala estima que en el
presente caso, los fallos de primera y segunda instancia, proferidos por el
Juzgado Quince Laboral del Circuito y por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá el 2 de octubre de 2007 y el 31 de enero de 2008 respectivamente,
incurrieron en un defecto material o sustantivo, puesto que desconocieron el
precedente jurisprudencial emanado de ésta Corporación, dejando de lado el
mandato constitucional que impone el reconocimiento de la indexación de la
primera mesada pensional y el reconocimiento de la pérdida del poder
adquisitivo de las mesadas pensionales, razón adicional para determinar que en
este caso resulta procedente la presente acción de tutela contra la providencia
demandada”.
La
Sala Novena decidió entonces dejar sin efectos las sentencias proferidas en el
segundo trámite ordinario laboral y conceder el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, considerando que los jueces laborales incurrieron en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.
6.4.
Conclusión:
En
síntesis, mediante las providencias T-014 de 2008, T-130 de 2009 y T-366 de
2009, se estudiaron casos de peticionarios que involucraban a la misma entidad
administrativa accionada, pues laboraron para la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero y sus acciones se dirigieron contra el FPS de Ferrocarriles
de Colombia. Los procesos guardan similitudes fácticas evidentes, pues los
actores o beneficiarios disfrutaban de una pensión convencional reconocida por la
Caja Agraria, sin haberse efectuado la indexación de la primera mesada
pensional (o del salario base de liquidación); y también los aspectos
procedimentales son semejantes, pues los afectados acudieron en dos
oportunidades ante la justicia ordinaria laboral para obtener el derecho, sin
éxito para, posteriormente, interponer la acción de tutela. En cada uno de los
casos, el resultado del primer proceso laboral fue desfavorable a las
pretensiones de los actores, y todas las sentencias se basaron en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, vertida en el fallo 11818
(CSJ-SCL). Y en el segundo proceso laboral iniciado en cada caso, se declaró
probada la excepción de cosa juzgada.
En
los tres casos, los actores se abstuvieron de agotar el recurso extraordinario
de casación contra las primeras sentencias, pero lo intentaron en la segunda
oportunidad que acudieron a la justicia ordinaria. Alegaron que el recurso de
casación, entre los años 1997 y 2007 no resultaba idóneo porque la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral negaba sistemáticamente el
derecho e imponía condenas en costas que no podían cancelar, en tanto su mesada
pensional era de aproximadamente un salario mínimo mensual.
La
Corte Constitucional concedió el amparo en las tres oportunidades. En concepto
de las diversas salas de revisión que asumieron el conocimiento de esos casos,
(i) resultaba claro que el recurso de casación no era, entre los años 1997 y
2007, eficaz para proteger el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional debido a que la posición dominante de la Corte Suprema de Justicia
era plenamente identificable y se hallaba contenida en la sentencia de radicado
98118 de 1999; (ii) los jueces del primer trámite laboral incurrieron en
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política, debido a
que la indexación de la primera mesada sí tenía sustento constitucional en los
artículos 48 y 53 de la Carta Política; e incluso, antes de su entrada en
vigencia, en virtud del principio de equidad; (iii) los jueces que declararon
la excepción de cosa juzgada incurrieron en desconocimiento del precedente y
defecto sustantivo, pues las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006 y C-891A
de 2006 debieron ser interpretadas como un hecho procesal nuevo, relevante
para determinar la existencia o no de cosa juzgada constitucional; (iv) la
indexación es una prestación de carácter periódico y el derecho a la pensión es
imprescriptible. Por lo tanto, independientemente de que las decisiones
judiciales previas hayan afectado la percepción de un número determinado de
mesadas, la indexación debe efectuarse por la incidencia que tiene en las no
prescritas.
7.
Del caso concreto.
7.1.
Análisis de procedibilidad (formal) de la acción.
7.1.
Relevancia constitucional:
La
cuestión debatida es de evidente relevancia constitucional como lo ha
considerado la Corporación en amplio número de presentes. La razón de ello es
que en un estado social de derecho fundado sobre la solidaridad social y el
trabajo (entre otros), el mantenimiento del poder adquisitivo de las mesadas
salariales y pensionales es un asunto indispensable para la vigencia de
diversos derechos constitucionales y de las condiciones mínimas requeridas para
que la persona lleve una vida acorde con la dignidad humana. Por ello, en
aquellos eventos en que se cumplen los demás requisitos de procedibilidad, este
tipo de asuntos resultan de interés para la jurisdicción constitucional.
7.2.
Agotamiento de recursos.
En
el presente caso se cumple esta condición de procedibilidad. Siguiendo las
consideraciones que han realizado diversas salas de revisión en sentencias
T-014 de 2008, T-130 de 2009 y T-366 de 2009, el peticionario inició un proceso
ordinario laboral en el cual se produjeron fallos de primera y segunda
instancia. Esos fallos datan del año 2000, época en que la Corte Suprema de
Justicia mantenía la posición consistente de negar el derecho a la IPMP y
condenar en costas a los actores. Por ello, el recurso de casación resultaba
ineficaz y, además, la condena en costas (eventual pero altamente probable),
afectaba el mínimo vital del actor, cuya mesada pensional es de aproximadamente
un salario mínimo mensual vigente.[32]
De
otra parte, el actor inició un segundo proceso, en el cual agotó tanto el
recurso ordinario de apelación como el extraordinario de casación. Ese fallo
culminó con sentencia de siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008).
No
corresponde en esta etapa del análisis determinar si el actor estaba facultado
para iniciar ese segundo proceso o si ello resultaba temerario por existir cosa
juzgada, pues precisamente en torno a ese aspecto gira la discusión de fondo.
7.3.
Inmediatez.
El
análisis de inmediatez, en términos generales, consiste en una evaluación sobre
los principios constitucionales que se ven favorecidos por la estabilidad de
las posiciones y relaciones jurídicas (seguridad jurídica, debido proceso,
confianza, cosa juzgada), y aquellos que ordenan la eficacia de los derechos
fundamentales. En esta oportunidad es relevante recordar que (i) la inmediatez
no equivale a un término judicial objetivo, sino que debe determinarse en el
marco de cada caso;  (ii) frente a providencias judiciales el análisis es más
estricto porque involucra el principio de cosa juzgada, y la autonomía e
independencia judicial; (iii) sin embargo, en materia de IPMP, la Corte ha
señalado que deben tomarse en cuenta (iii.1)  que la afectación (en caso de
probarse) tiene un carácter continuo debido a la naturaleza periódica de la
prestación; (iii.2) que la persona que solicita la IPMP, por regla general,
posee condiciones de vulnerabilidad por motivos económicos, dada la
desproporción entre su mesada y el salario que percibía, sociales o biológicos,
pues la pensión es un derecho previsto para los riesgos de invalidez, vejez y muerte;
(iii.3) además, la existencia de fallos judiciales, principalmente cuando se
trata de sentencias de unificación o de constitucionalidad pueden ser
considerados hechos nuevos, pues eventualmente antes de su existencia no
existían los argumentos que sustentan la petición. Los fallos de revisión
también pueden ser considerados así, siempre que se cumpla con una carga
argumentativa suficiente para demostrar su relevancia frente al caso concreto;
(iv) por último, la exigencia de inmediatez es inversamente proporcional a la
diligencia del actor. En otras palabras, mientras mayor diligencia se demuestre
menos intenso será el análisis, pues la inmediatez es una carga procesal que
debe acompasarse con las demás cargas asumidas por el actor.
El primer proceso
laboral adelantado por el actor terminó en el año 2000. Sin embargo, el segundo
proceso finalizó con sentencia de casación de siete (7) de octubre de dos mil
ocho (2008), y la acción se interpuso en enero de dos mil diez (2010),
aproximadamente 15 meses después del fallo.[33]
Se presentan con
respecto al caso, los siguientes elementos de juicio a partir de los cuales la
Sala considera que el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho:
a) El demandante
manifestó haber presentado el recurso de amparo luego de conocer la expedición
de la sentencia T-366 de 2009,[34]
por medio de la cual se tutelaron los derechos a una persona que también había
recurrido a dos procesos ordinarios previos para obtener la indexación de la
primera mesada pensional convencional. Se puede entender que la emisión de tal
fallo, desde las circunstancias del asunto objeto de revisión, se constituye en
un hecho jurídico relevante para la interposición de la presente acción, en la
medida en que una situación constituida por supuestos fácticos y jurídicos
análogos al suyo había sido protegida hace ocho (8) meses por la Corte
Constitucional.[35]
b) De la misma
forma, debe observarse que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
cuando se solicita la indexación de la primera mesada pensional no hay cabida a
exigir el presupuesto de la inmediatez,[36]
en tanto que el desconocimiento de ese derecho se ha prolongado en el tiempo y
el peticionario ha recurrido de manera oportuna a la justicia ordinaria para
reclamar la protección del poder adquisitivo de sus mesadas.
c) La Sala advierte
que de acuerdo con argumentos expuestos en la demanda, que deberán analizarse
al abordar el fondo del asunto el actor sigue recibiendo unas mesadas
pensionales desactualizadas, lo que hace referencia a la vigencia de la
vulneración, y no ha demostrado una actitud de abandono para proteger la capacidad
adquisitiva de su pensión, pues ha elevado diversas peticiones a las entidades
demandadas y acudió en dos oportunidades a la jurisdicción ordinaria.
Por último, d)
el accionante es una persona de sesenta y dos (62) años de edad que,[37] como se vio,
agotó todos los mecanismos de defensa judicial para proteger la capacidad
adquisitiva de su pensión. El lapso entre el hecho generador de la vulneración iusfundamental
y la presentación de la acción de tutela debe ser evaluado en el contexto
de una prolongada búsqueda de protección de sus derechos fundamentales.[38] Puestos en
el contexto histórico de la lucha por sus derechos, que hasta hoy ha tomado más
de diez años, quince meses son un término razonable. Por lo tanto, para las
circunstancias de José Gustavo Cardona Buriticá, la Sala entiende satisfecho el
requisito de la inmediatez.
7.4.
Identificación de los actos o hechos presuntamente violatorios de derechos
fundamentales.
El
accionante identificó los fallos que declararon la cosa juzgada como el origen
de la presunta violación de sus derechos fundamentales; además, consideró que
los jueces laborales que resolvieron su caso en el “proceso uno” incurrieron en
un defecto sustantivo al no reconocer la IPMP, aspectos que permiten dar por
cumplido este requisito.
7.5.
Que la sentencia controvertida no sea una decisión de tutela.
Las
decisiones judiciales objeto de censura fueron adoptadas en procesos ordinarios
laborales, y no en sede de tutela.
El
requisito según el cual, en caso de tratarse de una irregularidad procesal,
esta tenga incidencia en la decisión, no es aplicable en esta oportunidad
porque las causales específicas de procedencia aducidas por el actor hacen
referencia a defectos de carácter material y de desconocimiento del precedente,
y no a aspectos procedimentales.
8. Las autoridades accionadas incurrieron en defectos
sustantivos, de desconocimiento del precedente constitucional, y de infracción
directa a la Constitución. Por lo tanto, la Sala dejará sin efecto las
decisiones judiciales proferidas con respecto al caso.
8.1. Como se indicó en el capítulo 5 de esta decisión,
la Corte Constitucional ha abordado asuntos semejantes en todos sus aspectos
relevantes al objeto de estudio en previas oportunidades y, concretamente, en
las sentencias T-014 de 2008, T-125 de 2009 y T-366 de 2009. Por ello, el
amparo concedido con base en los precedentes constitucionales y en las
consideraciones que a continuación se presentan.
8.2. Sobre las decisiones del proceso laboral iniciado
con posterioridad al primer proceso, que correspondió al Juzgado 19 Laboral del
Circuito de Bogotá
En el proceso laboral que el actor inició posteriormente,
con base a las sentencias de tutela mencionadas y la SU-120 de 2003, en primera
instancia, el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá declaró probada la
excepción de cosa juzgada constitucional, posición confirmada en el fallo de
segunda instancia y en la sentencia de casación de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia; tanto el Juzgado 13 Civil del Circuito como el TSDJ de
Cundinamarca basaron su decisión en un análisis sobre la identidad de partes, la
misma causa y, particularmente, resaltaron la identidad de pretensiones entre
este trámite y el inicialmente adelantado por el peticionario para obtener la
IPMP.[39]
Esta Sala no comparte ese análisis pues, según lo ha
establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional reiterada en esta
oportunidad, las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006 deben ser
consideradas, en el marco de los procesos de IPMP como hechos nuevos.
Además de ello, de acuerdo con el concepto de causa
pretendí que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional[40], los jueces
deben analizar el conjunto de hechos y argumentos jurídicos relacionados con
las pretensiones elevadas por el demandante, a efectos de determinar si, en
efecto, concurre la “triple identidad” que caracteriza la cosa juzgada. Y,
desde ese punto de vista, la causa petendi del proceso posterior difería
de la del proceso inicial, básicamente porque involucraba una pretensión de
aplicar directamente la Constitución Política que no se hallaba presente en el
primer trámite y que, además, tenía un pleno sustento en la jurisprudencia de la
Sala Plena de esta Corporación.
Es interesante destacar, sin embargo, que según la ratio
decidendi de las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, el derecho a la
indexación pensional no nace como derecho innominado con esos fallos; el
derecho existía incluso antes de la Constitución Política de 1991, con
fundamento en la equidad, y al entrar en vigencia la nueva Carta encontró
nuevos fundamentos en los mandatos contenidos en los artículos 48 y 53, que
hacen referencia al derecho a mantener el poder adquisitivo del salario (y,
analógicamente, de la mesada pensional).
La situación particular de este trámite (y que
comparten las sentencias invocadas a manera de precedentes) es que para la
época en que se dictaron los fallos del proceso inicial, existía una decisión
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, por la cual cambió
explícitamente su jurisprudencia sobre IPMP y sentó una posición según la cual
no existía un fundamento normativo para acceder a la indexación, por fuera de
las prestaciones reconocidas dentro del marco de la Ley 100 de 1993. La
sentencia SU-120 de 2003, precisamente recogió dos procesos en los que se
aplicó esa tesis por parte de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de
sentar la interpretación conforme a la Constitución Política en la materia y
consideró que la tesis no sólo era errónea, -como lo demostraban sentencias
previas de la propia Sala Laboral de la Corte Suprema-, sino que resultaba por
completo incompatible con los principios de Estado Social de Derecho y
favorabilidad en materia laboral.
Si bien ese fallo no tuvo efectos erga omnes, sí
planteó una posición unificada del intérprete autorizado de la Constitución
sobre la existencia del derecho para cualquier pensión, debido a que la
proporción entre el salario y la mesada es una necesidad derivada de la
equidad, pero que incide en derechos fundamentales, en tanto opera para impedir
que variables económicas (hechos) terminen lesionando los derechos que dan
sentido a un estado de carácter social y constitucional como el colombiano.
La sentencia C-862 de 2006 despejó cualquier duda
sobre el ámbito de aplicación de la IPMP, al señalar que es universal, no sólo
en el sentido lógico de la titularidad del derecho, sino en el sentido
temporal, de manera que no puede negarse por el simple transcurso del tiempo, y
material, en tanto procede con plena independencia del origen de la prestación.
En todo tipo de prestaciones debe asegurarse que los salarios (y en estos
casos, las mesadas pensionales) mantengan su poder adquisitivo.
Debe aclararse que la posición sentada por la Corte Constitucional
y reiterada en esta oportunidad no ordena a los jueces tener como un hecho
nuevo cualquier pronunciamiento judicial o cambio de posición por parte de
las altas cortes, lo que implicaría que las controversias sometidas a
consideración de los jueces naturales, nunca tendrían una respuesta definitiva
por parte de la administración de justicia, perdiendo ésta su capacidad para
conjurar pacíficamente las tensiones sociales. Pero en estos casos, el carácter
periódico de la prestación, la naturaleza imprescriptible de la pensión, el
cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema y sus efectos adversos sobre el
principio de igualdad en una materia en la que siempre existió el derecho pero
fue negado por un lapso de tiempo mediante una posición ya recogida por su
propio intérprete y juzgada incompatible con la Carta por este Tribunal han
llevado a la Corte a sostener que en estos trámites, la existencia de procesos
judiciales previos a las providencias de la Sala Plena ampliamente citadas
(SU-120 de 2003 y C-862 de 2006) sí permite a los afectados acudir nuevamente a
la jurisdicción.
Por ello, la Sala no considera acertada la posición
propuesta en la demanda, según la cual mientras un conflicto no se resuelva
favorablemente al actor no hay cosa juzgada constitucional. Las respuestas de
fondo o de “mérito” bien pueden no favorecer a una de las partes (sucederá
así cuando las partes presentan al juez posiciones incompatibles sobre lo que
dicta el derecho), sin que la parte vencida tenga el derecho de iniciar un
nuevo trámite, aún tratándose de conflictos asociados a prestaciones
periódicas.
Tampoco es cierto que cualquier cambio jurisprudencial
permita el reinicio de esas controversias. La Sala no considera prudente entrar
a una presentación de casos hipotéticos para determinar cuándo esos cambios
constituyen hechos nuevos. Pero sí debe resaltar que en el caso de la
IPMP las sentencias de Sala Plena de la Corte Constitucional recién citadas se
dictaron con el explícito propósito de recoger una tesis restrictiva y ajena a la
Constitución Política que venía lesionando el derecho a la igualdad entre
pensionados, personas por regla general vulnerables y por lo tanto, sujetos de
especial protección constitucional y por los motivos ampliamente expuestos, la
Corporación consideró que los casos sí incluían para los jueces hechos
procedimentales nuevos que modificaban materialmente la causa pretendi de
cada  reclamación.
En ese sentido, se reitera, en el escenario concreto
de la IPMP esas sentencias dotaban a la pretensión del actor (en su caso, sólo
se había dictado la SU-120 de 2003) de una naturaleza constitucional que los
jueces laborales del proceso posterior no evidenciaron: lo que estaba en juego no sólo era la
indexación, sino también la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Plena de
esta Corporación.
Esa petición demandaba de los jueces laborales una de
las tareas más importantes que les compete ejercer dentro de un Estado
Constitucional de Derecho: garantizar la fuerza normativa de la Carta Política
mediante la aplicación directa de las normas superiores en ella contenidas,
según su texto había sido clarificado por su intérprete autorizada.
Ciertamente, esto no implica que lo ideal haya sido el
inicio de los dos procesos ordinarios. Sólo que, en el marco de la IPMP debe
considerarse que en el segundo de los trámites, declarar la excepción de cosa
juzgada acarreó un desconocimiento del precedente constitucional. Y que a
partir de ello se produjo, así mismo, la violación a los derechos fundamentales
del actor a la seguridad social en pensiones, el mínimo vital, la igualdad y el
debido proceso, razón por la cual serán dejadas sin efecto las decisiones
adoptadas en el proceso posterior.
8.2. Los jueces que actuaron en el proceso laboral
inicial incurrieron en defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución Política al negar la IPMP.
Sobre los fallos del proceso inicial, es conveniente
reiterar lo expresado por la Sala Plena en el fallo SU-120 de 2003 que
precisamente analizó la actuación de la Corte Suprema al basarse en la
sentencia 11818 (CSJ-SCL) para negar el derecho en dos casos acumulados por
esta Corporación.
Así, expresó la Corte Constitucional en el fallo
citado, que esa decisión (i) desconocía el ordenamiento jurídico al no haber
aplicado el principio de equidad, y los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política; y (ii) violó el principio de favorabilidad laboral pues, existiendo
diversas posturas interpretativas en el seno de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, cualquier duda debería haberse resuelto con base en
el principio de favorabilidad laboral.
Idénticas consideraciones deben predicarse entonces de
las decisiones adoptadas en el proceso uno. En efecto, los jueces de instancia
se basaron en una sentencia que, como ampliamente se ha explicado en el cuerpo
de este pronunciamiento, no permitía la aplicación directa de los mandatos
contenidos en los artículos 48 y 53 superiores, ni definir el caso con  base en
la equidad que no sólo es un principio general del derecho sino que, en
concepto de la jurisprudencia constitucional, es una herramienta del derecho
constitucional que permite al juez adaptar la aplicación de la Ley a las
particularidades de los casos concretos, verificando los efectos que estas
pueden acarrear para las partes desde un punto de vista constitucional.
Por ello, no hace falta elaborar consideraciones
adicionales para concluir que las autoridades judiciales que intervinieron en
el proceso inicial incurrieron en defecto fáctico y violación directa de la
Constitución Política, razón por la cual tales decisiones deben también dejarse
sin efecto.
Si bien debe respetarse la autonomía de los jueces de la
República, dicho deber no puede ser superior al amparo del derecho a la
seguridad social de un ciudadano, amparo que se desprende directamente de la
Constitución Política.
8.3. El FPS de Ferrocarriles de Colombia violó el
derecho fundamental del actor a la IPMP.
Finalmente, en este proceso se ha dado por probado, al
igual que en los procesos laborales mencionados, que la Caja Agraria reconoció
al actor la pensión convencional de jubilación en el año 1991 y que el actor
devengaba en ese época algo más de cuatro salarios mínimos legales vigentes; de
igual manera, se ha acreditado que cumplió el requisito de edad en el año 1996,
y que su mesada pensional se calculó tomando como salario base aquel que
percibía al momento del retiro.
Como la jurisprudencia constitucional reiterada en
esta oportunidad ha definido de manera uniforme y constante que la IPMP debe
aplicarse a cualquier tipo de pensión, incluidas aquellas reconocidas antes de
la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, y las de origen
convencional, la Sala ordenará al FSP de Ferrocarriles de Colombia (encargados
del pago de las prestaciones de la extinta Caja Agraria) que indexe la primera
mesada pensional del actor.
8.4. Criterios a adoptar en materia de prescripción y
fórmula de cálculo de la indexación.
De
acuerdo con la doctrina constitucional de tutela contra providencias
judiciales, el juez de tutela, en este escenario, realiza un papel de
verificación sobre la conformidad del fallo acusado con la Constitución
Política y, específicamente, con la efectividad de los derechos fundamentales,
y no un estudio de corrección legal de la decisión controvertida, de manera que
no le corresponde abordar el caso concreto desde una perspectiva puramente
legal, ni permitir que se reabra la controversia fáctica e interpretativa
propia de los procesos ordinarios y especiales diseñados por el Legislador.
Por
ello, al momento de decidir, el juez constitucional debe establecer si la
sentencia impugnada vulnera un derecho fundamental por haber incurrido en
alguno de los defectos o causales genéricas de procedencia de la acción
identificadas por la Corte Constitucional. De ser así, deberá remitir el
expediente al juez natural del proceso para que éste rehaga la actuación desde
el momento en que se configuró la violación de un derecho fundamental,
respetando en esa nueva oportunidad los derechos fundamentales de los
accionados.
Sin
embargo, tanto en la tutela contra providencia judicial como en cualquier otro
asunto constitucional, el compromiso esencial del juez de tutela en un Estado
Constitucional de Derecho, cuya organización, estructura y funciones se dirigen
a la creación, diseño e implementación de garantías para la vigencia de los
derechos fundamentales y los demás principios constitucionales, es el de lograr
el más amplio rango de protección al goce efectivo de los derechos. Por ello,
una de las características de la jurisdicción constitucional consiste en que
las órdenes de amparo no siguen un esquema único sino que deben atender todos
los aspectos de relevancia constitucional de un caso.
En
consecuencia, cuando las circunstancias especiales del asunto en concreto
revelan que las órdenes del juez de tutela pueden devenir inocuos, bien sea por
la renuencia previamente declarada de los jueces accionados para acoger la
jurisprudencia constitucional; bien por las circunstancias de debilidad o
vulnerabilidad que enfrente el peticionario, la Corte ha considerado procedente
adoptar las determinaciones necesarias para proteger el derecho amenazado o
vulnerado, sin remitir el expediente a las autoridades judiciales accionadas.
En
los casos de indexación de la primera mesada pensional, el objeto
constitucional de la discusión es la eventual violación al mínimo vital, la
seguridad social en pensiones y la igualdad de los peticionarios, cuando el
derecho les ha sido negado. Si esa negativa se produce en una sentencia
judicial, diversos escenarios pueden presentarse para el juez constitucional,
con incidencia en la determinación del alcance de las órdenes.
Así,
desde una primera perspectiva, siguiendo los criterios generales de procedencia
de la tutela contra providencia judicial, la Corte ha dejado sin efecto los
fallos que negaron el derecho y remitido el expediente a los órganos judiciales
competentes para adoptar un nuevo fallo, respetuoso de los derechos
fundamentales y la jurisprudencia constitucional que precisa su alcance.
De
otra parte, tomando en consideración los principios de eficacia y celeridad de
la acción de tutela; la manifestación de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en sentido diferente a lo expresado en la sentencia
de unificación SU-120 de 2003,[41]
y la situación de vulnerabilidad que, por regla general enfrentan las personas
que solicitan la indexación de la primera mesada pensional, la Corte ha dejado
sin efectos los fallos de la jurisdicción ordinaria que negaron el derecho a la
indexación pensional y ordenado a las entidades que reconocieron la prestación
indexar la primera mesada pensional.[42]
Finalmente,
cuando la Corporación evidencia que la indexación fue reconocida inicialmente
en el proceso laboral en alguna de las instancias, pero la decisión fue
revocada por el superior jerárquico, ha optado por declarar directamente la
firmeza de las sentencias que concedieron la indexación de la primera mesada
pensional.[43]
La
elección entre las opciones señaladas depende de las circunstancias del caso
concreto y debe perseguir dos objetivos: (i) preservar al máximo la competencia
de los jueces naturales; y (ii) asegurar el goce efectivo de los derechos de
los peticionarios. De acuerdo con la división tripartita recién esbozada, es
claro que en el primero de los eventos citado (4.1), es decir, cuando se deja
sin efectos una decisión  y se remite nuevamente el expediente al juez de
instancia, la Corte no debe pronunciarse sobre aspectos probatorios o legales
del caso. Únicamente preservar el derecho a la indexación de la primera mesada,
en virtud de los mandatos constitucionales que satisface. En el segundo
supuesto (4.2) en la medida en que el juez constitucional decide ordenar
directamente el reconocimiento del derecho, debe establecer las pautas para que
la entidad accionada lleve a cabo el reconocimiento, las cuales comprenden concretamente,
la fórmula de liquidación y la determinación a que haya lugar sobre la eventual
prescripción de mesadas; en el último supuesto (4.3) el juez constitucional
deberá defender la decisión judicial que se ajuste a la Constitución Política,
en tanto respeta y protege el derecho a la indexación, sin entrar a definir (o
reabrir) aquellos aspectos ya abordados en el fallo de instancia, tales como la
prescripción y la forma de liquidación, a menos que esos temas hayan sido discutidos
en sede de tutela, con base en argumentos dotados de relevancia constitucional.[44]
6.
Como se explicó, en aquellos eventos en que la Corte Constitucional, además de
dejar sin efectos los fallos de instancia, decide ordenar directamente el
reconocimiento de la pensión de vejez, debe precisar todos los aspectos
necesarios para el cumplimiento de la orden de indexar la primera mesada y,
concretamente, establecer la forma de liquidar la prestación y lo concerniente
a la prescripción de mesadas pensionales. Los parámetros adoptados por la Corte
para definir esos aspectos no son otros que aquellos previstos por el
Legislador, según la interpretación que de ellos han efectuado las altas
cortes, siempre bajo la guía del principio de favorabilidad laboral.
Así,
en relación con la fórmula de indexación, en sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime
Araújo Rentería), se estableció el alcance de la obligación, con base en el
propósito de que la indexación se ajuste al índice de precios al consumidor, de
esta manera:
“Lo primero que debe señalarse es que la Sala
considera, por aplicación analógica del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que
así lo prevé, que el factor de actualización para la primera mesada pensional
del señor Manuel José González Alarcón debe ser el índice de precios al
consumidor. Para aplicar tal factor, se empleará la fórmula utilizada por el
Consejo de Estado en desarrollo del artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo y que se expondrá en la parte resolutiva de este fallo. || Es
necesario recordar aquí que a partir de la vigencia de la Ley 794 de 2003, los
indicadores económicos nacionales, tales como el índice de precios al
consumidor, son hechos notorios y como tales, no requieren prueba, por lo que
no se exigirá en la aplicación de la fórmula que el DANE certifique el IPC”.
Y, en relación con la fórmula concreta, expresó:
“
El ajuste de la mesada pensional del demandante se hará según la siguiente
fórmula:
R= Rh  índice final
índice inicial
Según la cual el valor presente de la condena (R) se
determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo
devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la
fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial, que
es el existente al 27 de enero de 1974. Debe determinarse así el valor de la
primera mesada pensional actualizada a 10 de diciembre de 1980. El Citibank
Colombia procederá a reconocer y liquidar los reajustes pensionales de los años
posteriores, conforme a la normatividad aplicable. Después establecerá la
diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como
consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se
descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema
de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que éstos
fueron pagados. || La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al
valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta
sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh índice final
índice inicial
Donde el valor presente de la condena (R) se determina
multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial,
que es el vigente al causarse cada mesada pensional. || Por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula
separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que
devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas),
teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una
de las prestaciones”.
En lo atinente a la prescripción de mesadas
pensionales, en la sentencia T-098 de 2005[45]
la Corporación declaró la excepción de prescripción, en tanto fue propuesta por
la parte demandante en el proceso laboral, “en relación con los montos adeudados y actualizados
correspondientes al período antecedente a los tres (3) años inmediatamente
anteriores a la reclamación del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional que hiciera el demandante a su empleador el día 29 de mayo de 1997 […] En consecuencia, [el empleador] deberá
pagar los montos adeudados y actualizados no prescritos, es decir, los
comprendidos entre el 29 de mayo de 1994 y la fecha de notificación de este
fallo”.
Agregó
la Corporación que con la presentación de la demanda laboral también operó la
interrupción judicial de la prescripción contemplada en el artículo 90 del
Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 41 del
Decreto 2282 de 1989, aplicable al procedimiento laboral por remisión expresa del
artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral.
“Además debe considerarse que con la presentación de
la demanda laboral por parte del señor González Alarcón el 1º de diciembre de
1997, también opera la interrupción judicial contemplada en el artículo 90[11]
del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 41 del
Decreto 2282 de 1989, que se aplica por remisión del artículo 145 del Código
Procesal Laboral, por no existir norma especial en éste. Dicha interrupción
opera a partir de la fecha señalada, ya que se constata en el expediente (Folio
147) que el demandado fue notificado del auto admisorio de la demanda el 15 de
enero de 1998, fecha que se encuentra dentro de los 120 días señalados en la
norma.”
Posteriormente,
en sentencia T-901 de 2010,[46]
la Sala Tercera consideró:
“[…] el efecto retroactivo de las diferencias
pensionales ha sido concedido, indirectamente, en la medida en que la pretensión
haya sido planteada por el actor, en las diferentes etapas del procedimiento
ordinario utilizado, toda vez que el acto que interrumpe la prescripción tuvo
que haberse producido con anterioridad a la iniciación del procedimiento
laboral, cuando el pensionado hizo el respectivo reclamo de indexación ante el
patrono. || Se dice “indirectamente”, porque al dejar sin efectos los fallos
que aceptaban el cálculo del monto de la mesada pensional con base en el
ingreso que el extrabajador percibía años antes de que finalmente le fuera
reconocida la pensión, hacía efectivo el derecho del pensionado a percibir una
pensión mínima vital calculada teniendo en cuenta los fenómenos inflacionarios
y la pérdida de poder adquisitivo del dinero, incluyendo las pretensiones de
pago retroactivas que el actor hubiera planteado en las diferentes etapas del
procedimiento ordinario utilizado”.
9.
En síntesis, con base en las reglas legales pertinentes, la Corte ha
establecido que (i) no hay lugar a la prescripción cuando esta no fue
solicitada por la parte demandada en el proceso laboral, pues esta excepción no
puede ser declarada de oficio; (ii) el derecho a la indexación no prescribe,
pero la acción para reclamarlo lo hace contados tres años desde el momento en
que la obligación se hace exigible; (iii) la simple reclamación del trabajador
suspende el término de prescripción por un período adicional de tres años; y
(iv) la presentación de la demanda (ordinaria) suspende el término de
prescripción. Finalmente, siguiendo lo expresado en la sentencia T-901 de 2010,
(v) la presentación de la demanda de tutela no incide de forma alguna en la
prescripción.
Por lo tanto, para dar cumplimiento a la orden de
indexar la primera mesada del actor, FSP deberá proceder a liquidar la
prestación, de conformidad con la fórmula establecida en la sentencia T-098 de
2005, previamente citada, y efectuar el pago retroactivo de la diferencia de
las mesadas dejadas de percibir por el actor como consecuencia de la negativa de
acceder a su pretensión de indexación de la primera mesada pensional, tomando
como fecha de suspensión de la prescripción el momento en que el accionante
presentó la reclamación administrativa inicial.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
LEVANTAR suspensión de términos.
Segundo.-
REVOCAR el fallo proferido el (30) de junio de dos mil diez (2010), por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por
medio del cual se confirma parcialmente la sentencia del tres (3) de junio de
dos mil diez (2010) emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en la acción de tutela
instaurada por José Gustavo Cardona Buriticá contra la Corte Suprema de
Justicia -Sala Laboral- y otro, por la cual se declaró improcedente la acción
de tutela presentada por el señor José Gustavo Cardona Buriticá y en su lugar
amparar los derechos a la seguridad social, en la faceta de indexación de la
primera mesada pensional y el mínimo vital.
Tercero.-
Dejar sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia el siete (7) de octubre de dos mil siete
(2007), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el primero (1º)
de junio de dos mil siete (2007) y Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito el siete
(7) de octubre de dos mil ocho (2008).
Cuarto.-
Dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado Diecinueve (19) Laboral
del Circuito de Bogotá el primero (1º) de febrero de dos mil dos (2002) y la
Sala del Tribunal Superior de Cundinamarca el diez (10) de abril de dos mil dos
(2002), por medio de las cuales se negaron las pretensiones del actor y se
declaró probada la excepción de cosa juzgada.
Quinto.-
Ordenar al Fondo de Pasivo Pensional de Ferrocarriles de Colombia que en el
término de ocho (08) días contados desde la notificación de esta providencia,
proceda a liquidar la indexación de la primera mesada pensional del señor José
Gustavo Cardona Buriticá, de acuerdo con la normatividad pertinente y según lo
expresado en los numerales 8º y 9º del acápite dedicado al estudio del caso
concreto.
Sexto.-
Una vez ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se liquide la
indexación de la primera mesada pensional, se procederá a la cancelación del
monto de la suma adeudada dentro del mes siguiente a tal ejecutoria.
Séptimo.-
Del acto administrativo contentivo de la liquidación deberá remitirse copia a la
Corte Constitucional, dentro de los quince (15) días siguientes al
reconocimiento del monto adeudado.
Octavo.-
Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El
proceso fue reportado en la Sala Plena en su sesión del dos (02) de febrero de
dos mil once (2011), disponiendo la Corporación que se decidiera en la correspondiente Sala de Revisión.
[2] Auto admisorio de la demanda,  proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el veintiuno (21) de mayo de dos mil diez (2010).
[3] La demanda se dirigió contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, argumentando que mediante el artículo 9º del Decreto 2721 de
Veintitrés de Julio de dos mil ocho (2008), el Gobierno Nacional designó al
citado fondo para que continuara con el reconocimiento y administración de la
pensión de los empleados de la caja agraria.
[4] Auto
mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca admite el trámite de la acción de tutela presentada por José
Gustavo Cardona Buriticá contra la Corte Suprema de Justicia y el Fondo  de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. (Folios 46 al 48 del
cuaderno tercero). Igualmente, en el expediente obra la orden de notificación a
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca (Folio 71 del cuaderno
tercero).
[5] La sentencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, contó con los salvamentos de voto de los
magistrados Julia Emma Garzón Gómez y Jorge Armando Otálora Gómez.
[6] Véase la sentencia T-815 de 2004 (MP. Rodrigo
Uprimny Yepes), mediante la cual se estudió el caso de un pensionado que en
sede de tutela solicitaba la indexación del salario base de liquidación y, en
primera instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó su petición de amparo, razón por la cual acudió al Consejo
Seccional de la Judicatura en busca de acceder a la administración de justicia.
La respectiva Sala de Revisión sostuvo que, de conformidad con el Auto 004 de
2004, y con la finalidad de proteger el derecho de acceso a la administración de
justicia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca era competente para tramitar y resolver la acción de tutela. Se debe advertir que esta
sentencia es previa a la expedición del Auto 100 de 2008, el cual adiciona la
opción de recurrir directamente a la Secretaría General de la Corte Constitucional para que surta el proceso de selección. Sin
embargo, como se explicó, todavía es posible invocar el Auto 004 de 2004 si se
prefiere presentar la acción ante cualquier juez de la república.
[7] En el expediente no consta la fecha exacta en
que se interpuso la acción. Del radicado (2005-800) y los demás hechos del
trámite, se desprende que fue interpuesta en ese año.
[8] (MP.
Álvaro Tafur Galvis, SV Clara Inés Vargas
Hernández y Jaime Araujo Rentería) En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional, luego de acumular diferentes acciones de tutela en las cuales
se pretendía el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional,
entendió que las normas constitucionales y legales que protegían el poder
adquisitivo de las mesadas pensionales prescribían a su vez un derecho
constitucional a la indexación del salario base de liquidación. Lo anterior de
conformidad con el principio interpretativo de favorabilidad en materia
laboral, la definición política del Estado Social de Derecho y lo prescrito por
los artículos 48 y 53 superiores.
[9] (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto, unánime).
[10] Esto no quiere decir que de no hacerlo se
hubiera producido una nulidad, pues la Sala no tiene por qué pronunciarse sobre
situaciones hipotéticas. Este acápite tiene fines puramente metodológicos, así
que los argumentos se dirigen a explicar la forma en que se resolverá el caso y
es, desde esa perspectiva, que se califica de prudente la decisión del juez
constitucional de instancia.
[11] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[12] Véase, al
respecto, la sentencia T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) en la cual la Corte tipificó algunos de los defectos en que pueden incurrir las providencias judiciales,
con la virtualidad de afectar derechos fundamentales. Más adelante la Corte, en la sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño. Unánime), sistematizó la
jurisprudencia en torno a la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias.
[13] A los accionantes que solicitan la indexación
de la primera mesada pensional se les exime del recurso extraordinario de
casación si debían interponerlo en la época cuando la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegaba sistemáticamente dicha
pretensión. Así lo ha dispuesto la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-002 de 2010 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla). En esa oportunidad la Corte estudió el caso de un pensionado que
reclamó la indexación del salario base de liquidación en dos procesos
ordinarios sin hacer uso del recurso extraordinario de casación. En el sentir
de la Sala, la acción de tutela era procedente porque “(…) en materia de indexación de la primera
mesada pensional, el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (…) negaba sistemáticamente este derecho entre 1997 y 2007, con
llevaba que la casación fuera, para aquel tiempo, un mecanismo claramente
ineficaz, que resultaba excesivo exigir. Tesis plenamente aplicable al caso del
señor Escobar González, pues la sentencia contra la cual se habría podido
interponer el recurso extraordinario de casación data de tal época (diciembre 2
de 2005)”.
[14] En sentencia T-130 de 2009 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), la Corte precisó que el requisito de la inmediatez debe
prolongarse en el tiempo si, en los casos de indexación de la primera mesada
pensional, persiste la vulneración continua a los derechos fundamentales del
pensionado. En esa oportunidad se concedió el amparo del derecho a la
indexación del salario base de liquidación de una persona que en las instancias
le habían denegado la tutela por ausencia de inmediatez, al respecto la Sala sostuvo que “(…) la inmediatez no es un argumento que permita declarar la
improcedencia de la presente acción. No puede alegarse inmediatez cuando el
desconocimiento de un derecho constitucional se ha prolongado en el tiempo y no
se ha protegido tal derecho (…) En este orden de ideas, considera la Sala que en el asunto sub examine el demandante interpuso oportunamente la acción de tutela,
lo anterior por cuanto en esta materia la posible vulneración del derecho a
obtener la indexación de la primera mesada pensional subsiste mientras no se
haya hecho efectivo el mencionado reconocimiento.”
[15] Sentencia
T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En ella la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra sentencias de tutela.
[16] Sobre la
caracterización de estos defectos, pueden verse, entre muchas otras, las
sentencias T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño. Unánime).
[17] Por lo
general, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional – o salario
base de liquidación – lo tienen aquellas personas que se retiraron del trabajo
porque habían cumplido con el tiempo de servicios para aspirar a la pensión de
vejez pero no reunían el requisito de edad para tal efecto, por lo cual debían
esperar un lapso – inclusive de varios años – para ser acreedores de la
prestación mencionada. Así, teniendo en cuenta que el salario base de liquidación
de las prestaciones era el de los últimos años de trabajo, las personas que se
encontraban en las circunstancias descritas sufrían el impacto de la inflación
desde el momento en que se retiraron hasta que alcanzaron la calidad de
pensionados.
[18] Artículo 48 C.P. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley. || (…) La ley definirá los medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. (…)”.
[19] Artículo 53 C.P. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo.
La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales: || (…) El estado garantiza el derecho al pago oportuno y
al reajuste periódico de las pensiones legales. (…)”.
[20] (MP Humberto Antonio Sierra Porto, unánime).
Mediante esta providencia se examinó la constitucionalidad del art. 260
(parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, porque según la actora se
vulneraba el derecho a la igualdad de los pensionados que se acogían al régimen
de la norma acusada, en cuanto expresaba que el salario base de liquidación era
el devengado en el último año de servicios. La Corte declaró exequible la norma bajo el entendido de que “(…) el salario base para la liquidación de la
primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con
base en la variación del Índice de Precios al Consumidos, IPC, certificado por
el DANE.”
[21] Ob, cit. Pág. 5. Sentencia SU-120 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis, SV
Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo
Rentería). Respecto la aplicación del principio de interpretación pro
operario señaló lo siguiente: “(…) la Sala accionada deberá considerar que el artículo 53 de la Constitución Política impone al interprete de las fuentes formales del derecho laboral el
criterio de elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al
trabajador, y en consecuencia optar por ordenar a las entidades financieras
obligadas mantener el valor económico de la mesada pensional de los actores,
por ser ésta la solución que los beneficia y que condice con el ordenamiento
constitucional (…)”.
[22] Véase, entre otras, la sentencia  T-991 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En ese
momento la Corte revisó la negativa de indexar el salario base de una pensión
sanción, allí se afirmó que “el reajuste de las pensiones tiene por objeto
proteger a las personas de la tercera edad, quienes por las condiciones físicas
derivadas de la edad o enfermedad, se encuentran en la imposibilidad de obtener
otros recursos distintos para su subsistencia y la de su familia”. La Corporación entendió que ese grupo de personas que cuentan con protección constitucional
especial tienen en su haber un derecho fundamental a la indexación de la mesada
pensional, pues hay conexidad con otros derechos de esta categoría como el
mínimo vital.
[23] Véase la Sentencia T-696 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil). Allí se profundizó sobre la universalidad de la protección a la capacidad
adquisitiva del salario base de liquidación de la siguiente manera: “este
carácter universal que la jurisprudencia ha reconocido al derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, es dado afirmar que éste se predica
no sólo de las pensiones de origen legal, sino también de aquellas de origen
convencional como quiera que el problema de la pérdida de poder adquisitivo,
consecuencia del fenómeno inflacionario, no les es ajeno, de suerte que una
conclusión diferente impondría una carga desproporcionada a estos pensionados
en el sentido de soportar la pérdida de poder adquisitivo de su mesada pensional
bajo el prurito de los beneficios extralegales de que fueron acreedores por la
suscripción de la convención colectiva que rige su derecho pensional. Así, la Corte ha señalado que, no por contener normas más favorables, puede la convención colectiva
desplazar los derechos mínimos de raigambre legal y constitucional reconocidos
a favor de los pensionados.”
[24] Ob, cit.
Pág. 12. Sentencia C-862 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto, unánime).
Allí se explica que la Corte Suprema de Justicia, en providencias del primero
(1) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) (rad. 10409. MP. José Roberto Herrera Vergara, SV. Jorge
Iván Palacio Palacio, Ramón Zúñiga Valverde, AV. Fernando Vásquez Botero) y del
treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) (rad. 11842,
MP. Rafael Méndez Arango), reconoció la
indexación del salario base de liquidación sólo para las pensiones legales,
dejando por fuera las convencionales. Sostenían que para las segundas, “(…) si el acuerdo entre las partes no contemplaba
ningún tipo de actualización debía cumplirse en los término pactados y no
correspondía al juez modificarlo mediante la indexación del salario base para
la liquidación de la pensión (…)”.
[25] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada la imprescriptibilidad de los
derechos pensionales. Así, por ejemplo, en la sentencia C-230 de 1998 (MP.
Hernando Herrera Vergara), mediante la cual se declaró inexequible la expresión
“el derecho a solicitar pensiones prescribe a los treinta años”,
contenida en el parágrafo segundo del artículo 2º de la Ley 116 de 1928, la Corte entendió que “(…) la
pensión de jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una
prescripción extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de
derechos, lo cual no significa que se atente contra el principio de seguridad
jurídica; por el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y
valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la
sociedad, la protección y asistencia especial a las personas de la tercera
edad, para mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho
irrenunciable a la  seguridad  social  (C.P., arts. 1, 46 y 48),
determinando  a su vez una realización efectiva del valor fundante que
impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un Estado
social de derecho; consideraciones que hacen inexequible la disposición
demandada (…) [Sin embargo,] dada
la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la
prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas
pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al
momento en que se presente la reclamación del derecho.”. En la misma dirección pueden observarse las sentencias C-198 de 1999
(MP. Alejandro Martínez Caballero) y T-155 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao
Pérez).
[26] Al respecto, se pueden consultar, entre muchas
otras, las sentencias C-639 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-292 de
2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[27] Continuó la Corte: “Esta decisión, conforme a la sentencia C-862 de
2006, resulta contraria al artículo 53 de la Constitución que reconoce el derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Este
derecho ha existido desde la expedición de la Constitución de 1991 y por esta razón no hay lugar a considerar el requisito de la inmediatez
porque la mencionada Sentencia no hizo sino declarar la existencia de un
derecho preexistente que debe ser reconocido sin distinción de la fecha en que
se obtuvo la pensión de jubilación ni la clase de pensión que haya sido
reconocida. Adicionalmente, en la Sentencia SU-120 de 2003 proferida por esta misma Corte, ya había sido reconocido como tal y se reafirma con la sentencia
C-862 de 2006 con efectos erga omnes. || Lo anterior, no significa dar
efectos retroactivos a la sentencia C-862 de 2006 sino reconocer que el derecho
de indexación deriva del artículo 53 de la Constitución y su efectividad puede alegarse en acción de tutela. Esta tesis atiende al
derecho de igualdad entre los pensionados y evitar hacer distinciones entre
ellos, lo que no es posible, conforme a la Sentencia C-862 de 2006. Además en consecuencia de la eficacia directa de la Constitución y del valor normativo. || De conformidad con lo anterior, la Sala estima que los fallos de la justicia ordinaria no debieron desconocer el derecho
constitucional del accionante a la indexación de su primera mesada pensional y
a la actualización del valor de sus mesadas pensionales. En consecuencia, se
tutelará el reconocimiento de esos derechos y se dejará sin efectos la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, del 25 de abril de 2001, que
confirmó el fallo del Juzgado Primero laboral del Circuito de Bogotá, del 19 de
febrero de 2001”. [Sentencia T-014
de 2008. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson Pinilla Pinilla]
[28] De acuerdo a la sentencia, en aquella
oportunidad los fallos que declararon la cosa juzgada habían sido proferidos,
en primera instancia, por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, y
en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá el quince (15) de
febrero de dos mil ocho (2008). No se puede identificar a partir del texto del
fallo la fecha en que se profirió la decisión de primera instancia. Estos son
los hechos relevantes del caso, tal como los presentó la Sala Octava: “4.- Frente a la reiterada renuencia por
parte de la Caja Agraria a reconocerle la actualización de su mesada pensional
según el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, el ciudadano
Rivas Téllez instauró demanda ante la jurisdicción ordinaria que correspondió
por reparto al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que
mediante sentencia emitida el día 6 de agosto de 2004 absolvió a la entidad
accionada de la obligación de reajustar y reliquidar la primera mesada
pensional reconocida al demandante a partir del 6 de febrero de 1999 y de pagar
las diferencias atrasadas que resultaren de dicha reliquidación, junto con los
reajustes de todo tipo y las mesadas adicionales, hacia futuro.
5.-
El actor interpuso recurso de apelación en debida forma para obtener la
revocatoria del fallo proferido por el a quo. Mediante sentencia emitida
el día 31 de marzo de 2005, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá confirmó en todas sus partes la sentencia dictada por el a
quo.
6.-
Teniendo en cuenta los reiterados fallos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia adversos a la pretensión de indexación de la primera
mesada pensional de carácter convencional y ante la inminencia de una
considerable condena en costas, el demandante se abstuvo de insistir ante la Jurisdicción Laboral por medio del recurso de casación.
7.-
En razón de que la jurisprudencia constitucional más reciente ha protegido el
derecho constitucional a la indexación de la primera mesada también respecto de
pensiones convencionales y por tratarse de una obligación de tracto sucesivo,
el ciudadano Rivas Téllez presentó una nueva reclamación administrativa ante la Caja Agraria, la cual se pronunció otra vez en sentido negativo, por lo que el demandante
resolvió interponer una nueva acción ordinaria.
8.-
El conocimiento de la nueva acción ante la jurisdicción ordinaria le
correspondió en primera instancia al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de
Bogotá. En la contestación de la demanda, la Caja Agraria alegó la excepción previa de cosa juzgada. Se sustentó para ello en las
sentencias emitidas respectivamente por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito
de Bogotá, y por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
9.-
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá acogió la tesis del de la
entidad demandada y declaró probada la excepción de cosa juzgada bajo la
consideración de que las partes eran las mismas y las pretensiones radicaban en
reconocer la actualización de la base salarial devengada por el demandante al
momento de su desvinculación. Sostuvo que los supuestos fácticos de ésta y de
aquella acción, coincidían. La decisión del a quo fue confirmada por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial en sentencia fechada el día 15 de
febrero de 2008.”
[29] “Respecto de la segunda exigencia atinente al
agotamiento de todos los mecanismos judiciales de defensa requeridos para
obtener el reconocimiento de su derecho pensional, conviene precisar que en el
presente caso, a partir de la lectura del expediente, se evidencia que el actor
agotó todos los medios judiciales ordinarios que se encontraban a su alcance
por cuanto en vista de la jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de negar de manera
constante la indexación de la primera mesada pensional en pensiones
convencionales, acudir al recurso ordinario de casación devenía infructuoso,
así que para evitar ese inconveniente y con ello superar el obstáculo que
impedía su acceso a la administración de justicia, el actor resolvió acudir a
la acción de tutela”.
[30] “la Sala observa que el accionante identificó de manera razonable los hechos que
a su juicio generaron la posible vulneración de sus derechos fundamentales, no
sólo dentro del trámite de tutela sino en el proceso que se adelantó ante la
justicia ordinaria, pues desde ese momento la parte actora dejó en claro que su
derecho reclamado era de orden constitucional y que las entidades accionadas lo
habían vulnerado al no garantizar su derecho a la indexación de la primera
mesada pensional”.
[31] En ese trámite, las sentencias dictadas por la
justicia ordinaria fueron las siguientes: Sentencia
del 7 de febrero de 2002 proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del
Circuito de Bogotá, mediante el cual se niega el reconocimiento de la pensión y
demás pretensiones y sentencia del 31 de mayo de 2002, proferida por el
Tribunal Superior de Distrito de Bogotá, mediante la cual se reconoce el
derecho a la pensión de jubilación pero se deniega la indexación del valor de
la primera mesada pensional. [Proceso uno]. || Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá,
providencia de primera instancia de 2 de octubre de 2007, negó las pretensiones
del demandante y absolvió a la entidad demandada, por considerar que prosperaba
la excepción de cosa juzgada; fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 31 de enero de 2008, que confirmó en todas
sus partes el auto de primera instancia. [Cfr. el acápite de pruebas de
la sentencia T-366 de 2009, citada].
[32] Al respecto, debe señalarse que la Corte Constitucional ha sostenido que la persona que pretende controvertir una providencia
judicial tiene la carga de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios
pertinentes para solucionar el problema jurídico, antes de acudir ante el
juez de tutela. Sin embargo, la Corporación también ha sido constante en
sostener que aquellos recursos que deben agotarse son aquellos idóneos y
eficaces para resolver el asunto, y no cualquier medio formalmente imaginable
para atacar decisiones previas. La primera exigencia constituye una carga
procesal inherente a la tutela contra providencia judicial, pues defiende la
autonomía, la independencia judicial, y el debido proceso, en la dimensión del
principio de juez natural. La segunda exigencia conduciría simplemente a la
congestión del aparato judicial.
En efecto, esa doctrina también ha sido aplicada a
casos similares al estudiado. Así, en sentencia T-1059 de 2007, la Corporación accedió al amparo en un caso en el que se atacaron dos sentencias de la justicia
ordinaria laboral por no acceder al derecho a la indexación de la primera
mesada pensional. Precisamente, en esa oportunidad, el actor alegó que no había
intentado el recurso de casación porque, al momento de dictarse las sentencias
del primer trámite laboral, la posición mayoritaria de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consistía en negar la prestación. La Sala Quinta de Revisión consideró que el argumento era constitucionalmente válido, y así lo
confirmó la Sala Plena al resolver la solicitud de nulidad que contra ese fallo
fue interpuesta, entre otros motivos, por considerar que se había variado la
jurisprudencia en materia de agotamiento de recursos. (Auto 086 de 2007).
[33] La sentencia de casación cuestionada se
profirió el siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008) y la acción de tutela
se impetró en enero de dos mil diez (2010). Folio 12 del cuaderno cuarto y 2
del cuaderno tercero, respectivamente.
[34] (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio).
[35] Ibíd.
Sentencia T-366 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). Respecto el
presupuesto de la inmediatez se sostuvo lo siguiente: “[a] pesar de que existe una providencia en
firme de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desde el año 2008, la
actora interpuso la acción de tutela para reclamar sus derechos en un término
razonable, es decir, una vez tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006 que trajo consigo elementos nuevos que reforzaban la procedencia de
la indexación de todas las pensiones sin importar su origen  y de la T 014 de 2008 que dirimió un conflicto muy similar al que ahora ocupa la decisión de esta
sala;  situación que se puede considerar en el presente caso como un hecho
nuevo que abrió la posibilidad para que con fundamento en ella, la
accionante interpusiera la presente acción de tutela.” (negrita original del texto).
[36] Véase la sentencia T-129 de 2008 (MP. Humberto
Sierra Porto) En esa oportunidad, la Corte resolvió amparar los derechos
fundamentales al debido proceso de unos pensionados que en la justicia
ordinaria les habían denegado la protección al poder adquisitivo de su primera
mesada pensional. En lo atinente al presupuesto de la inmediatez se sostuvo
que, “(…) cuando se trata del reconocimiento del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional el requisito de la inmediatez no es aplicable, por
cuanto se trata del desconocimiento de un derecho de carácter constitucional
que se ha prolongado en el tiempo y aún no se ha dado su cumplimiento por no
haberse reconocido del derecho a la actualización de la primera mesada
pensional.”. En la misma dirección puede observarse la sentencia T-425 de
2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), mediante la cual se examinaron
varios casos de indexación de la primera mesada pensional cuyas acciones se
habían propuesto un año después de haberse emitido las sentencias
desconocedoras de los derechos fundamentales. La respectiva Sala consideró que “(…)
en los casos bajo estudio la solicitud de amparo se sustenta en la afectación
actual de derechos fundamentales, en la medida en que subsiste una oposición
objetiva entre el contenido de las decisiones judiciales y la Constitución, como consecuencia del no reconocimiento del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional (…)”.
[37] Nació el
veinte (20) de julio de mil novecientos cuarenta y nueve (1949). Folios 21 al
23 del cuaderno cuarto.
[38] Véase la
sentencia T-842 de 2009. En la revisión de un proceso de tutela interpuesto
contra un fondo administrador de pensiones, la Corte reconoció una indemnización sustitutiva de una pensión de invalidez al actor que había presentado la acción
de tutela quince (15) meses después de que en la justicia ordinaria se le
denegaran las pretensiones. La Corte entendió que el amparo era procedente, a
pesar del tiempo transcurrido, dadas las circunstancias especiales del
peticionario.
[39] De acuerdo con el artículo 332, del Código de
Procedimiento Civil, fundamento central del fallo reseñado, los criterios que debe atender un juez para establecer
si se abstiene de resolver de fondo un caso, sobre la base de que ya ha sido
decidido por una providencia con fuerza de cosa juzgada son los siguientes: “que el nuevo proceso verse sobre el [i] mismo objeto, y se funde en la [ii]
misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya [iii]
identidad jurídica de partes”.
[40] Véase la
sentencia T-162 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esa oportunidad la Corte estudió el caso de un senador que por los mismos hechos se le habían iniciado
sucesivamente dos procesos, uno electoral y otro de pérdida de investidura,
respectivamente. Como el primero había culminado con una sentencia a su favor invocó
la excepción de cosa juzgada en el segundo, considerando que había identidad de
sujetos y de objeto. La Sala estimó que no operaba el fenómeno de la cosa
juzgada porque las razones jurídicas que soportaban los procesos eran
diferentes. Respecto la causa para pedir la Corte sostuvo lo siguiente: “(…) la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido
por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico,
constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los
hechos planteados sino, también, por el específico proceso argumentativo que
sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa
petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se
busca extraer una concreta consecuencia jurídica.”.
[41] Al respecto, ver auto 141B de 2004. (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[42] T-209 de 2010. MP Juan Carlos Henao Pérez. “Teniendo en cuenta los principios de celeridad
y eficacia previstos en el artículo 3° del Decreto 2591 de 1991, se impartirá
directamente al Instituto de Seguros Sociales la orden de actualizar, dentro
del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
la presente providencia, el valor de la mesada pensional inicial del ciudadano
Diógenes Riaño de conformidad con la fórmula señalada en la Sentencia T-098 de 2005. No obstante, la orden de pagar las mesadas pensionales se impartirá
teniendo en cuenta la fecha en la cual el demandante reclamó la indexación de
su mesada (3 de enero de 2007) para efectos de declarar el fenómeno de la
prescripción laboral [artículo 488 del código Sustantivo
del Trabajo], cuya excepción fue propuesta por el Instituto de Seguros
Sociales (Ver intervención de la parte demandada numeral 15). Por ello se
declarará la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 3 de enero
de 2004 y también se ordenará al Instituto de Seguros Sociales pagar dentro del
término anteriormente señalado al ciudadano Diógenes Riaño identificado con CC
N° 117352, la indexación de las mesadas pensionales causadas a partir del 3 de
enero de 2004”.
[43] T-697/10
Henao. Este es un supuesto en que se respeta la decisión del juez de primera
instancia sobre prescripción de mesadas. 29. En consecuencia, para proteger el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional de Tomás José Quiroz
Rodríguez, se revocará la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Penal –Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de febrero de 2010, se concederá el amparo, y se revocará la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C., Sala Laboral, el 18 de marzo de 2009, dejando vigente el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá,
D.C. el 10 de noviembre de 2008 mediante el cual se ordenó: “CONDENAR a
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. “AVIANCA”, a pagar a favor del señor
TOMÁS JOSÉ QUIROZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 121.993
de Bogotá, a la indexación de las mesadas pensionales, teniendo como punto de
partida que la primera mesada pensional asciende a $157.610.6 correspondiente
al 59.25% de su IBL. La suma insoluta o dejada de pagar igualmente será objeto de
indexación, desde la fecha en que se dejó de pagar, hasta la notificación de
esta sentencia, de conformidad con lo expresado en la parte motiva. Tal
reajuste por indización se condena respecto de las mesadas pensionales causadas
con posterioridad al 28 de noviembre de 2003”.
[44] T-076/10.
Se ordena al juez que liquide la primera mesada con base en la T-098/05. La reliquidación mediante esta fórmula
ha sido dispuesta por la Corte Constitucional cuando no se ha reconocido el derecho a la indexación en ninguna de las instancias del proceso laboral
ordinario, pues cuando ello ha sucedido opta por acoger lo allí decidido. Cfr.
T-425 de 2007, T-815 de 2007 y T-055 de 2007, con reciente reiteración la T-570 de agosto 26 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[45] MP. Jaime
Araujo Rentería.
[46] MP. Juan
Carlos Henao Pérez.