T-436-17
Sentencia
T-436/17
PENSION DE VEJEZ-Cómputo de semanas en el régimen de transición
contemplado en el Acuerdo 049/90
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales
y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
En relación con el defecto
sustantivo, esta Corporación lo ha caracterizado como
la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas
aplicables al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto de
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de tal identidad que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales.
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva
Con respecto al defecto fáctico esta
Corporación ha señalado que tiene dos dimensiones, una positiva y otra negativa. La primera se presenta cuando
el juez efectúa una valoración por completo equivocada o fundamenta
su decisión en una prueba no apta para ello y la segunda cuando omite o ignora
la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin
justificación alguna.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
Para que la tutela resulte procedente
ante un error fáctico, el yerro en el juicio valorativo de la prueba debe ser
de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto.
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Frente
al defecto por desconocimiento del precedente, es preciso advertir que el mismo
se configura cuando se omite aplicar una
sentencia, o un conjunto de providencias anterior a un caso determinado, que
por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo.
PRECEDENTE-Elementos/PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que
justifiquen su decisión
Esta Corporación fijó los parámetros que permiten
determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Así, la sentencia
T-292 de 2006, estableció que deben verificarse los siguientes criterios: (i)
que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso; y (iii) que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. De no
comprobarse la presencia de estos tres elementos esenciales, no es posible
establecer que un conjunto de sentencias anteriores constituye precedente
aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es exigible dar
aplicación al mismo. De otro modo, cuando se encuentran cumplidos los tres
criterios mencionados, los funcionarios judiciales tienen la posibilidad de
apartarse del precedente siempre y cuando (i) hagan referencia al precedente
que van a inaplicar y (ii) ofrezcan una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones por las que se apartan
de la regla jurisprudencial previa. Así se protege el carácter dinámico del
derecho y la autonomía e independencia de las que gozan los jueces.
DERECHO
FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO AL
MINIMO VITAL-Contenido y alcance
DERECHO AL
MINIMO VITAL-Carácter móvil y
multidimensional
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Naturaleza
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Es un derecho fundamental y un servicio público cuya prestación
debe asegurar el Estado
El derecho a la seguridad social ha sido consagrado
desde dos connotaciones: (i) como un servicio público que se presta bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, el cual debe responder a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; y (ii) como un derecho
fundamental irrenunciable en cabeza de todos los ciudadanos. Frente a esta
última dimensión, la Corte ha señalado que la seguridad social se debe entender
como el conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar
progresivamente a los individuos y sus familias, las garantías necesarias
frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y
oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia
acorde con la dignidad del ser humano.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL IRRENUNCIABLE-Reiteración de
jurisprudencia
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Reiteración de
jurisprudencia
PENSION DE VEJEZ-Naturaleza y finalidad
HISTORIA
LABORAL-Contenido y finalidad
DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Deberes de las Administradoras de pensiones respecto de la información
consignada en la historia laboral de sus afiliados
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DE PENSIONES-Deber de custodia, conservación y guarda de la
información concerniente al Sistema de Seguridad Social
INCONSISTENCIAS
EN HISTORIA LABORAL-Carga de la prueba
es de la entidad administradora de pensiones
INCONSISTENCIAS
EN HISTORIA LABORAL-Administradoras de pensiones deberán
desplegar las actuaciones que sean necesarias para garantizar la veracidad,
claridad y precisión de las historias laborales, y no se debe trasladar la
carga de su negligencia a los afiliados
MORA EN EL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES PENSIONALES-Obligación de las
entidades administradoras de cobrar a los empleadores morosos los aportes
adeudados
MORA EN EL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES PENSIONALES-Entidad administradora de pensiones
no puede hacer recaer sobre el trabajador las consecuencias negativas que se
puedan derivar de la mora del empleador en el pago de dichos aportes
INOPONIBILIDAD DE LA MORA PATRONAL PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
VEJEZ-Reiteración de
jurisprudencia
PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Acumulación de tiempos no cotizados al ISS para reconocimiento de la
pensión de vejez
PENSION DE
VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION-Aplicación del Acuerdo 049/90
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo al desconocer
aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional y
por no aplicar norma ajustable al caso
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico por indebida
valoración probatoria en materia de responsabilidad por mora patronal y
las obligaciones de las administradoras de pensiones en relación con
información consignada en historia laboral
Referencia:
Expediente T-6.070.257
Procedencia:
Acción de tutela instaurada por Gerardo Chacón Ordóñez contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá.
Asunto:
Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación del régimen de
transición contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de la
pensión de vejez.
Magistrada
Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Iván
Escrucería Mayolo, Cristina Pardo Schlesinger y por la magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
del fallo dictado en segunda instancia el 7 de febrero de 2017, proferido por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez
confirmó la decisión del 30 de noviembre de 2016 de la Sala Laboral de la misma
Corporación, en el sentido de negar la acción presentada por Gerardo Chacón
Ordóñez, a través de apoderado judicial, contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá. El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión de
la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
cumplimiento de los artículos 86 de la Constitución Política y 31 y 32 del
Decreto 2591 de 1991. En auto del 17 de abril de 2017, la Sala de Selección
Número Cuatro de esta Corporación escogió la presente tutela para su revisión.
I.
ANTECEDENTES
El señor Gerardo
Ordóñez Chacón, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela el 16
de noviembre de 2016[1]
en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. El peticionario
considera que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social. En particular, el actor sostiene que dicha
violación se produjo por la decisión del Tribunal accionado de revocar,
mediante sentencia del 26 de febrero de 2015, la sentencia del Juzgado 12
Laboral del Circuito de Bogotá que, en audiencia del 22 de enero de 2015,
ordenó el reconocimiento y pago en favor del señor Ordóñez Chacón de la pensión
de vejez en virtud del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990.
1. Hechos relevantes
1. El señor
Gerardo Ordóñez Chacón, de 78 años de edad[2]
señaló que es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 toda vez que tenía más de 40 años al momento de la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones contemplado en dicha norma.
2. Por esta
razón, y de acuerdo al régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990[3],
el 25 de noviembre de 2002 el accionante presentó solicitud de reconocimiento
pensional ante el extinto Instituto de los Seguros Sociales (ISS) donde acreditó
cotizaciones tanto del Sector Público como del Sector Privado[4]. Sin embargo,
mediante Resolución del 30 de julio de 2003[5],
la entidad negó la petición en razón a que la historia pensional acreditada
muestra que dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima
solo se encontraban reportadas 453 semanas de cotización.
3. Así, el 23 de
septiembre del 2003 el peticionario interpuso el recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el mencionado acto administrativo. En el mismo,
solicitó que en el cómputo pensional se tuviera en cuenta el tiempo laborado
con las empresas Cettal Ltda. y Autollanos Ltda. Correspondiente a 15 meses de
aportes.  Mediante resolución del 10 de abril de 2006[6] el ISS negó
el recurso de reposición al señalar que en la historia pensional del accionante
no aparecen las semanas cotizadas con dichas empresas. A su vez, mediante Resolución
del 2 de marzo de 2007[7]
la entidad confirmó su decisión y negó el recurso de apelación por las mismas
razones contenidas en el acto administrativo que conoció de la reposición.
4. Por lo
anterior, el 13 de enero de 2014 el peticionario interpuso acción ordinaria
laboral contra Colpensiones (como entidad que sustituyó al ISS) con el fin de
obtener el reconocimiento de su pensión de vejez. De esta forma, mediante
sentencia del 22 de enero de 2015, el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá
reconoció la pensión de vejez del actor en razón a que encontró que en su
historia pensional se acreditaban plenamente las semanas cotizadas requeridas dentro
del régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990. Para llegar a esta
conclusión, el juez consideró las pruebas presentadas por la parte actora ya
que, a pesar de requerir el documento desde el auto admisorio del proceso,
Colpensiones no allegó al proceso la historia laboral del señor Ordóñez Chacón.
De esta forma, después de validar las semanas acreditadas por el actor, y en
virtud de la regla de prescripción de las mesadas pensionales, ordenó a
Colpensiones asumir el pago de una pensión de vejez correspondiente a un
salario mínimo a partir del 13 de enero de 2011, pues encontró que el
peticionario había cotizado más de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores
al cumplimiento de la edad mínima, esto es entre el 10 de marzo de 1998 y el 10
de marzo de 1978. Asimismo, el juez laboral advirtió que para efectos de las
semanas cotizadas no iba a tener en cuenta aquellas reportadas por la
Gobernación de Boyacá toda vez que el Acuerdo 049 de 1990 no permite la acumulación
de semanas reportadas desde el Sector Público[8].
5. La anterior
decisión fue apelada por Colpensiones por lo que, en audiencia del 26 de
febrero de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la
decisión en su totalidad. Para llegar a esta decisión, la Corporación consideró
que el accionante en realidad solo había acreditado 453 semanas dentro de los
20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, pues el tiempo laborado
en las empresas Cettal Ltda.  y Autollanos Ltda. no aparecía en su historia
laboral en Colpensiones, a pesar de que la entidad le había indicado que debía
solicitar la revisión de los números patronales correspondientes a dichas
compañías con el fin de que dichas cotizaciones se tuvieran en cuenta para el
conteo pensional. Además, los magistrados del Tribunal consideraron que no se
puede alegar la mora en el pago de prestaciones sociales, puesto que las
empresas no fueron vinculadas al proceso laboral ordinario y el actor solo allegó
al proceso certificaciones laborales expedidas por las mismas. Por lo demás, el
Tribunal compartió el criterio del juez de primera instancia en relación con las
semanas cotizadas en la Gobernación de Boyacá[9].
6. Por último,
el señor Chacón Ordóñez manifestó que su estado de salud es precario toda vez
que el 3 de enero de 2012 fue diagnosticado con un tumor maligno por lo que fue
sometido a una gastrectomía total donde se le extrajo el estómago[10].
De la misma forma manifestó que, después de la providencia atacada, acudió en
numerosas oportunidades a Colpensiones para solicitar una conciliación
administrativa. Sin embargo, solo hasta junio 29 de junio de 2016 obtuvo una
respuesta por parte de la entidad donde se negaba dicha petición.
7. Por los
anteriores hechos, el señor Gerardo Ordóñez Chacón considera que la actuación
de la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá, vulneró sus derechos fundamentales
al mínimo vital y a la seguridad social en la medida en que dicha Corporación
Judicial desconoció los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la
responsabilidad  con respecto a la mora patronal en los aportes pensionales e
incurrió en un defecto fáctico al valorar de manera indebida las pruebas
aportadas al proceso en relación con los aportes referidos al tiempo trabajado
con las empresas Cettal Ltda. y Autollanos Ltda.
2. Actuación
procesal.
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoció de la tutela en
primera instancia. Por medio de auto del 23 de noviembre de 2016 ordenó la
notificación de la tutela a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá así
como a Colpensiones y al Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá. En ese
sentido, les otorgó a las partes el término de dos días para que presentaran
una respuesta, enviaran una copia completa del expediente del proceso laboral
ordinario y allegaran información adicional que pudiera ser relevante para el
examen del caso concreto. Así las cosas, las entidades accionadas dieron
respuesta a la tutela en los siguientes términos:
A. Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá
La Corporación
judicial se opuso a las pretensiones[11]
e indicó que la tutela es improcedente ya que: (i) el accionante no agotó el
recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia; y (ii) no
se configuró ningún defecto en la providencia en razón a que la decisión se
ajustó a los precedentes legales y jurisprudenciales y a las pruebas aportadas
de manera oportuna por las partes.
B. COLPENSIONES
La entidad se
opuso a las pretensiones[12]
al sostener que la acción de tutela es improcedente, en tanto no se agotaron
las instancias ordinarias para resolver la controversia pensional. Además, y
luego de transcribir de manera extensa una sentencia de la Corte Constitucional
sobre los requisitos específicos de procedencia de la tutela contra sentencia,
concluye de manera general que el amparo presentado por el señor Chacón Ordóñez
no cumple con ninguno de dicho requerimientos.
C. Juzgado 12
Laboral del Circuito de Bogotá
A pesar de ser
notificada mediante oficio del 24 de noviembre de 2016[13] el Juzgado
vinculado guardó silencio durante el trámite de la acción de tutela y no aportó
el expediente del proceso ordinario laboral requerido.
3. Decisiones
judiciales objeto de revisión.
A. Sentencia de
primera instancia
Mediante
sentencia del 30 de noviembre de 2016[14],
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo.
Para llegar a esta decisión, transcribió una parte de la audiencia de
juzgamiento realizada por el Tribunal Superior de Bogotá en la que los
magistrados de dicha Corporación advierten que en realidad el accionante solo
acreditó la cotización de 453 semanas dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima. Lo anterior, en razón a que de las pruebas
presentadas no se puede inferir que las empresas Cettal Ltda.  y Autollanos
Ltda. se encuentran en mora con respecto a los aportes en pensiones y que no es
posible condenarlas a que realicen los mismos, pues no fueron vinculadas al
proceso laboral. A partir de lo anterior, la Corte concluyó que no se evidenció
ningún vicio o irregularidad manifiesta que afectara los derechos fundamentales
al mínimo vital y a la seguridad social del peticionario.
Aunado a lo anterior,
la Corte Suprema negó la tutela al considerar que la acción no observó el
requisito de inmediatez en razón a que entre la decisión del Tribunal Superior
de Bogotá y la interposición del amparo transcurrieron más de 12 meses.
B. Impugnación
A través de memorial
del 16 de diciembre de 2016[15],
el actor impugnó la decisión de primera instancia. En primer lugar, señaló que
la Corte omitió advertir que el Tribunal Superior de Bogotá desconoció otros
aportes que realizó al Sector Público por lo que, incluso si se desconocen las
cotizaciones de las empresas Cettal Ltda.  y Autollanos Ltda, cumple con el
requisito de 500 semanas contemplado en el Acuerdo 049 de 1990, pues con dichos
aportes tendría un total de 670 semanas. Por otra parte, con respecto a la mora
patronal de los aportes en pensiones, señaló que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que las cargas administrativas relacionadas con su
reconocimiento y cobro no pueden ser trasladadas al trabajador, más aún cuando
su estado de salud es inestable debido al tumor maligno que padeció. Por
último, en lo que respecta a la inmediatez, el peticionario señaló que después
del fallo del Tribunal presentó varias peticiones de conciliación ante
COLPENSIONES pero que solo hasta junio de 2016 obtuvo una respuesta en donde se
negaba esa solicitud.
C. Sentencia de
segunda instancia
En sentencia del
7 de febrero de 2017[16],
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de
primera instancia al señalar que tras examinar la sentencia del Tribunal se
logró constatar que se tuvieron en cuenta los hechos del caso, las pruebas
allegadas al expediente y la jurisprudencia y legislación vigente. Por lo
anterior, concluyó que no se advierte una actitud caprichosa o ausente de
sustento fáctico o jurídico, puesto que si Colpensiones desconocía el vínculo
laboral entre el actor y las empresas Cettal Ltda. y Autollanos Ltda. no podía
ejercer ninguna acción para lograr el cobro de los periodos de cotización
supuestamente dejados de pagar. Además, el actor no proporcionó los números
patronales que permitieran demostrar el vínculo laboral que afirmó haber
tenido. Por lo anterior, la Sala Penal concluyó que la actuación judicial
atacada fue acertada y que, en todo caso, el peticionario debió haber acudido
al recurso de casación para obtener el reconocimiento pensional requerido.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, a través de esta Sala de
Revisión, los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de la referencia,
con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Asunto
bajo revisión y planteamiento de los problemas jurídicos
2.
El presente caso involucra a una persona de 78 años de edad que aduce ser beneficiaria
del régimen de transición pensional de acuerdo con lo señalado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990. Por esta razón, en el año
2002 el peticionario presentó una solicitud de reconocimiento pensional ante el
ISS pero la misma fue negada por considerar que el accionante no acreditó 500
semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la
edad mínima. Ante esta situación, el actor presentó una acción ordinaria laboral
ante el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que accedió a sus
pretensiones y ordenó el reconocimiento pensional solicitado. Sin embargo, tras
la impugnación presentada por Colpensiones, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá revocó la decisión al concluir que de la historia pensional
del señor Chacón Ordóñez no se acreditaron el número mínimo de semanas
cotizadas en razón a que el tiempo que laboró para las empresas Cettal Ltda. y
Autollanos Ltda. no se acreditó porque no se aportaron las pruebas necesarias
para inferir la existencia de mora patronal y tampoco se les vinculó en el
proceso ordinario para exigir el pago de los aportes. Además, el despacho
judicial concluyó que las semanas cotizadas por el peticionario en la
Gobernación de Boyacá no podían ser tenidas en cuenta para el cálculo pensional
debido a que el Acuerdo 049 de 1990 solo permite aportes al ISS.
3.
A su vez, los jueces de tutela negaron el amparo al considerar que el
peticionario pretermitió la instancia contemplada en el recurso extraordinario
de casación por lo que desatendió el requisito de subsidiariedad de la tutela.
Asimismo, la primera instancia advirtió que no se cumplía el requisito de
inmediatez mientras que la segunda instancia consideró que la providencia del
Tribunal no fue el resultado de una actuación caprichosa o arbitraria.
4. De acuerdo con los antecedentes
resumidos anteriormente, esta Sala de Revisión, debe resolver en primer lugar
el siguiente problema jurídico relacionado con la procedencia de la acción de
tutela:
(i)   ¿la acción de tutela presentada por
el señor Gerardo Chacón Ordóñez contra la decisión de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá del 26 de febrero de 2015 observa las reglas
generales de procedencia de la acción de tutela contra providenciales
judiciales?
Para responder a ese problema
jurídico, a continuación se reiterarán los contenidos de las reglas generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, a fin de determinar
si es procedente el estudio de fondo del caso.
Reglas generales procedibilidad de la
acción de tutela contra las sentencias judiciales -reiteración jurisprudencial[17]-.
5. La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional
y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Constitución[18].
Por su parte, se explica también por algunas normas que hacen parte del bloque
de constitucionalidad[19]
como el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos[20]
y el artículo 2.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[21]
.
6. Inicialmente,
el Tribunal desarrolló la teoría de las vías de hecho[22] para
explicar en qué casos el amparo se podía invocar contra una sentencia judicial.
Sin embargo, con la sentencia C-590 de 2005[23], la Corte
Constitucional superó dicho concepto para dar paso a la doctrina de supuestos
de procedibilidad. Así, en la sentencia SU-195 de 2012[24],
esta Corporación reiteró la doctrina establecida en la mencionada providencia,
en el sentido de condicionar la procedencia de la acción de tutela contra
providencias al cumplimiento de ciertos y rigurosos requisitos de
procedibilidad, agrupados en: (i) requisitos generales de procedibilidad; y
(ii) causales específicas de procedibilidad.
7. Los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales se pueden resumir de la siguiente manera: (i) que la cuestión sea de
relevancia constitucional; (ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial al alcance, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; (iii) la observancia del requisito de inmediatez, es decir, que
la acción de tutela se interponga en un tiempo razonable y proporcionado a la
ocurrencia del hecho generador de la vulneración; (iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en la providencia que se
impugna en sede de amparo; (v) la identificación razonable de los hechos que
generaron la vulneración de derechos fundamentales y de haber sido posible, que
los mismos hayan sido alegados en el proceso judicial; y (vi) que no se trate
de una tutela contra tutela.
Frente
a la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia constitucional,
esta Corte ha dicho que ello obedece al respeto por la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones. Debe el juez
de tutela, por lo tanto, establecer clara y expresamente si el asunto puesto a
su consideración es realmente una cuestión de relevancia constitucional, que
afecte los derechos fundamentales de las partes.
El
deber de agotar todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance del afectado, guarda relación con la excepcionalidad y
subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría
en una instancia adicional para las partes en el proceso. Esta exigencia trae
consigo la excepción consagrada en el artículo 86 Superior, que permite que
pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable o cuando se pretender proteger derechos frente a
medidas judiciales ordinarias ineficaces.
Adicionalmente,
el juez debe verificar que la acción de tutela se invoque en un término
razonable y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, a fin de
cumplir el requisito de la inmediatez. De no ser así, se pondrían en
juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
Así
mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe haber sido
decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y debe afectar
los derechos fundamentales del peticionario. Este requisito busca que sólo
las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales
tengan corrección por vía de acción de tutela, de manera que se excluyan todas
aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se alegaron en el
proceso.
También
se exige que la parte accionante identifique razonablemente los hechos que
generaron la vulneración de derechos fundamentales. Este requisito pretende
que el actor ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que se imputa a la decisión judicial. En este punto, es importante que
el juez de tutela verifique que los argumentos se hubieren planteado al
interior del proceso judicial, de haber sido esto posible.
La
última exigencia de naturaleza procesal que consagró la tipología propuesta en
la C-590 de 2005, es que la sentencia atacada no sea de tutela.
Así se buscó evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más
aún cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de
selección ante esta Corporación, trámite después del cual se tornan
definitivas, salvo las escogidas para revisión.
Se pasa ahora a
verificar si se cumple con estos requisitos en el caso de la tutela interpuesta
por el señor Gerardo Chacón Ordóñez.
Análisis de
procedencia en el caso concreto
8. En primer
lugar la Sala pasa a examinar si se cumple con el requisito referente a la legitimidad
por activa. En ese sentido, es preciso recordar que conforme al artículo 86
de la Carta, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para
procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública o particular.
A
su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el
ejercicio de la acción de tutela. La norma en cita establece que la solicitud
de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de
representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; o (iv) mediante
agente oficioso.
En
consecuencia, se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de
tutela siempre que se acrediten las siguientes condiciones: (i) que la persona
actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado
judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales.
En
el caso objeto de estudio, está demostrado que el actor se encuentra
legitimado en la causa por activa para formular la acción de tutela de la referencia,
a través de apoderado judicial, pues en el expediente de tutela se allegó
el respectivo poder en el que se indica que el apoderado se encuentra facultado
para presentar la acción de tutela a nombre de señor Gerardo Chacón Ordóñez[25].
En
relación con la legitimación por pasiva, la Sala reitera que la
misma hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la
acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en
el proceso[26].
Así, conforme a los artículos 86 de la Constitución, 1 y 42 del Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública como lo es
el Tribunal Superior de Bogotá, razón por la cual también se cumple con este
requisito en la presente acción.
9. A su vez, la
Sala encuentra que, en lo que respecta al presente proceso, se cumplen con los
requisitos generales de procedencia antes descritos en razón a que, en primer
lugar, la cuestión que se plantea es de relevancia constitucional, pues guarda relación
concreta con el alcance de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social de un sujeto de especial protección constitucional,
Por otra parte,
aunque en el proceso judicial ordinario el actor no acudió al recurso
extraordinario de casación, la no interposición del mismo no hace que la tutela
sea improcedente. En casos similares, esta Corporación ha considerado cumplido dicho
requisito cuando el mecanismo judicial no utilizado tendría una decisión
tardía, pues se pueden comprometer los derechos fundamentales de los
interesados, cuando no están en edad de trabajar y tienen condiciones
económicas precarias. Igualmente, ha estimado la Corte que la simple
verificación de mecanismos judiciales que no se utilizaron no configura el
incumplimiento de la condición de subsidiariedad de la tutela. Es indispensable
evaluar en el caso específico la idoneidad y efectividad del recurso o la
acción para proteger los derechos[27].
Sumado a lo
anterior, cuando se trata de personas en estado de indefensión o vulnerabilidad
la Corte ha determinado que el examen de estos supuestos no debe ser tan
riguroso, y que su condición amerita un tratamiento diferencial positivo[28].
En este sentido, una de las maneras en las que un ciudadano se puede encontrar
en un estado de indefensión ocurre cuando son sujetos de especial protección
constitucional. Dicha situación ha sido definida por la Corporación de la
siguiente manera:  son sujetos de especial protección los niños y niñas, las
madres cabeza de familia, las personas en situación de discapacidad, la población
desplazada, los adultos mayores y todas aquellas personas que por su
situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad
material con respecto al resto de la población; motivo por el cual se considera
que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en
la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones
de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de
acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de
garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor
de los grupos mencionados[29].
En ese sentido,
esta Corporación ha entendido que el recurso de casación requiere de una
técnica judicial rigurosa dada su naturaleza como mecanismo de revisión, por
parte de la Corte Suprema de Justicia. La finalidad de la casación no es otra
que la revisión de
sentencias que sean acusadas de violar la ley sustancial al cometer una
infracción directa o indirecta, aplicación indebida o interpretación errónea de
la normatividad. En otras palabras, su finalidad es la de defender la unidad e
integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos
internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los
derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la
jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión
de la providencia recurrida[30].
Así, por ejemplo, en la Sentencia T-401 de 2015[31], la Corte analizó la procedencia de
una tutela interpuesta por una persona de la tercera edad que no acudió al
recurso de casación en un proceso ordinario laboral por el no reconocimiento de
una pensión de sobreviviente. En dicha providencia, el Tribunal señaló que el
análisis realizado por el juez para determinar la configuración del requisito
de subsidiariedad no puede limitarse a una simple constatación de la existencia
de otros mecanismos previstos por el ordenamiento para controvertir la decisión
judicial. En efecto, tales mecanismos tienen que ser idóneos, eficaces y
oportunos para la salvaguarda de los derechos fundamentales alegados por las
partes. En ese sentido, señaló la Corte, que el recurso de casación no resulta
ni idóneo ni eficaz para dar una respuesta oportuna a la vulneración de los
derechos involucrados, en tanto la resolución del recurso de casación es, por
regla general, dilatada, razón por la cual para el momento de una futura decisión,
la afectación de los derechos fundamentales de la accionante ya se habría
consolidado en forma grave. En este sentido, en la medida en que se solicita el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de una persona que supera
la edad promedio para ingresar al mercado laboral, es claro que el recurso
extraordinario no resultaría idóneo ni eficaz para la protección inmediata de
sus derechos fundamentales.
Bajo esta premisa, se tiene que el presente proceso involucra a
una persona que merece una protección constitucional reforzada, en razón de su
condición de sujeto de especial protección, puesto que no solo es un
adulto mayor sino que se encuentra en una situación de salud precaria. Así,
es relevante recordar que el peticionario es una persona de 78 años de edad al
que le fue extraído su estómago debido a un tumor maligno, que ya agotó las
instancias ordinarias laborales, por lo que exigirle acudir a un medio
extraordinario y calificado como la casación resultaría excesivo. Los
anteriores hechos hacen que el examen de idoneidad y eficacia de los mecanismos
ordinarios sea más flexible, lo que lleva a la Corte a concluir que el requisito
general de procedencia también se cumple en el presente caso.
A su vez, en lo referente al requisito de inmediatez es importante
anotar que si bien entre la sentencia atacada y la tutela transcurrieron 20
meses, el mismo se cumple. Así, a diferencia de lo sostenido por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el actor presentó varias peticiones
ante Colpensiones con el fin de buscar una conciliación administrativa con las
entidades. Las mismas, no solo fueron posteriores al fallo del Tribunal
Superior de Bogotá, sino que fueron reiteradas ante la falta de respuesta de la
entidad. Así, por ejemplo, en el expediente de tutela se encuentra una
solicitud de conciliación presentada por el actor el 11 de julio de 2016 en la
que se reitera la petición realizada el 30 de octubre de 2015 con el fin de
encontrar una solución para su reconocimiento pensional[32]. La anterior petición solo fue resulta
mediante comunicación del 29 de junio de 2016, como consta en el memorial de
Colpensiones incorporado al escrito de tutela[33]. Así,
entre ésta actuación y la presentación de la tutela, el 17 de noviembre de
2016, solo transcurrieron 5 meses.
Todo lo anterior, demuestra que el peticionario no incurrió en una
actuación descuidada o dilatoria sino que, por el contrario, acudió ante la
entidad pensional para encontrar una solución extrajudicial. Por tanto, a
diferencia de lo sostenido por el juez de tutela de primera instancia, la
Sala considera que el señor Chacón Ordóñez desplegó una actividad mínima para
tratar de resolver la controversia judicial y que, ante el fracaso de dichos
intentos, acudió al juez constitucional de manera oportuna. En ese sentido,
se encuentra acreditado que se cumple con el requisito de inmediatez.
10. Por tal razón, al
corroborar que la tutela revisada cumple con los requisitos generales de
procedencia, la Sala pasará ahora a resolver el problema de fondo que se plantea
en la misma y que puede ser resumido en el siguiente problema jurídico:
(ii)     ¿la sentencia
de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que revocó el reconocimiento
de la pensión de vejez en favor del señor Gerardo Chacón Ordóñez produjo una
vulneración de los derechos fundamentales  al mínimo vital y a la seguridad
social del actor al incurrir en un desconocimiento del precedente
constitucional vigente sobre la aplicación de la condición más beneficiosa que ha
fijado la Corte Constitucional, así como en un defecto fáctico por la indebida
valoración probatoria?
Para resolver el
problema jurídico, la Sala:  (i) reiterará las reglas sobre causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales;
(ii) expondrá el alcance y contenido de los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social; (iii) explicará los precedentes constitucionales
en relación con los deberes de la administradora de pensiones respecto de la
información consignada en la historia laboral de sus afiliados; (iv) presentará
los precedentes sobre la responsabilidad de los administradores de pensiones cuando
existe mora patronal de aportes pensionales; (v) resumirá la posición vigente
de la Corte Constitucional en referencia al reconocimiento de aportes
provenientes del sector público en el régimen de transición pensional; y (vi)
analizará el caso concreto.
Causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales -reiteración de jurisprudencia[34]-
11. Las causales
específicas de procedibilidad persiguen el análisis sustancial del amparo
solicitado, así lo advirtió esta Corporación en la sentencia C-590 de 2005[35],
que además estableció que basta con la configuración de alguna de las causales
específicas, para que proceda el amparo respectivo. Tales causales han sido
agrupadas por la jurisprudencia constitucional en forma de defectos, así:
11.1
Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la
sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de competencia.
11.2
Defecto procedimental absoluto: surge cuando el juez actuó totalmente al
margen del procedimiento previsto por la ley.
11.3
Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión impugnada carece del
apoyo probatorio, que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión o
cuando se desconocen pruebas que tienen influencia directa en el sentido del
fallo.
11.4
Defecto sustantivo: tiene lugar cuando la decisión se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una
contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión, cuando se
deja de aplicar una norma exigible al caso o cuando se otorga a la norma
jurídica un sentido que no tiene.
11.5
El error inducido: acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de
engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales.
11.6
Decisión sin motivación: se presenta cuando la sentencia atacada carece
de legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan.
11.7
Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se
ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial
desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la acción de
tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la
igualdad.
10.8
Violación directa de la Constitución: que se deriva del principio de
supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como un
supuesto plenamente vinculante y con fuerza normativa.
12. En relación con el defecto sustantivo, esta
Corporación lo ha caracterizado como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas aplicables al caso sometido al
conocimiento del juez. Para que el defecto de lugar a la procedencia de la
acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de tal identidad que lleve
a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales.
En la sentencia
SU–195 de 2012[36]
se estableció que, en sentido amplio, se está en presencia de esta
causal cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso
concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal
manera que contraría la razonabilidad jurídica. A su vez, en estricto
sentido, lo configuran los siguientes supuestos: (i) el fundamento de la
decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por
impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le
reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador; (ii) no se hace
una interpretación razonable de la norma; (iii) cuando se aparta del alcance de
la norma definido en sentencias con efectos erga omnes; (iv) la
disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; (v) el
ordenamiento otorga poder al juez y éste lo utiliza para fines no previstos en
la disposición; (vi) la decisión se funda en una interpretación no sistemática
de la norma, es decir se trata de un grave error en la interpretación; y (vii)
se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustenta o
justifica de manera insuficiente su actuación.
13. Con respecto al defecto fáctico esta
Corporación ha señalado que tiene dos dimensiones, una positiva y otra
negativa. La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no
apta para ello y la segunda cuando omite o ignora la valoración de una prueba
determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. En ese sentido,
para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, el yerro en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto.
Así, la sentencia SU-172 de 2015[37] recordó
que desde sus inicios la Corte estableció que los jueces tienen amplias facultades para efectuar el análisis del material
probatorio en cada caso concreto por lo que determinó que cuando se alega un
error de carácter probatorio, la evaluación de la providencia judicial por
parte de un juez de tutela debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial. Sin embargo, también
advirtió que dicho poder facultativo debe estar inspirado en los principios de la sana crítica, atender
necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y
motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en
la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela
podría revocar la providencia atacada. En razón de lo anterior, en dicha
providencia la Corporación estableció que el defecto fáctico se configura
cuando: (i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en
el proceso; (ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas
presentadas; o (iii) no se valora en su integridad el material probatorio.
14.
Frente al defecto por desconocimiento del precedente, es
preciso advertir que el mismo se configura cuando se omite aplicar una sentencia, o un conjunto de providencias anterior
a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo[38]. La relevancia de respetar el precedente atiende a
razones de diversa índole, que en todo caso se complementan.
La primera razón se basa en la necesidad de proteger el
derecho a la igualdad de las personas que acuden a la administración de
justicia y de salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica.
Esto, debido a que no tener en cuenta las sentencias anteriores a un caso que
resulta equiparable al analizado, implicaría el evidente desconocimiento de
esos derechos y principios.
El segundo argumento se basa en el reconocimiento del
carácter vinculante de las decisiones judiciales, en especial si son adoptadas
por órganos cuya función es unificar jurisprudencia. Como lo ha explicado esta
Corte, tal reconocimiento se funda en una postura teórica que señala que “el
Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en
preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo
XIX (…) sino una práctica argumentativa racional”[39].
Con lo cual, en últimas, se le otorga al precedente la categoría de fuente de
derecho aplicable al caso concreto.
Ahora bien, esta Corporación fijó los parámetros que permiten
determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Así, la sentencia
T-292 de 2006[40], estableció que deben verificarse los siguientes criterios:
(i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que esta ratio
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso; y
(iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente.
De no comprobarse la presencia de estos tres elementos
esenciales, no es posible establecer que un conjunto de sentencias anteriores
constituye precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es
exigible dar aplicación al mismo.
De otro modo, cuando se encuentran cumplidos los tres
criterios mencionados, los funcionarios judiciales tienen la posibilidad de
apartarse del precedente siempre y cuando (i) hagan referencia al precedente
que van a inaplicar y (ii) ofrezcan una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones por las que se apartan
de la regla jurisprudencial previa[41]. Así se protege el carácter dinámico del derecho y la
autonomía e independencia de las que gozan los jueces.
En
esa medida, sólo cuando un juez se aísla de un precedente establecido y es
plenamente aplicable a determinada situación, y no cumple con la carga
argumentativa antes descrita, incurre en la causal de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, referente al desconocimiento del
precedente judicial, en tanto que, con ese actuar, vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a
la administración de justicia.
Con
todo, como quiera que la presente actuación plantea una posible vulneración, a
través de un defecto en la actuación judicial, de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social del accionante, la Sala presentará de
manera breve un desarrollo jurisprudencial que resume el alcance y contenido de
los mismos.
Alcance y contenido del derecho al
mínimo vital como concepto cualitativo o multidimensional y del derecho a la
seguridad social -reiteración jurisprudencial[42]-
15.
Como lo ha indicado la dogmatica constitucional[43], el
sentido inicial que la Corte Constitucional le dio al concepto del mínimo vital
fue el de derecho fundamental innominado como parte de una interpretación
sistemática de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia T-426 de 1992[44] la Corte conoció el caso de un ciudadano de 69 años de edad que
llevaba un año sin devengar su pensión. Al ordenar el pago de la misma, el
Tribunal señaló que aunque la Constitución no contemplaba un derecho a la
subsistencia éste se deducía del derecho a la salud, a la vida, al trabajo y a
la seguridad social.
Sin embargo, posteriormente la Corte
definió el mínimo vital, ya no como un derecho, sino como un elemento del
núcleo esencial de los derechos sociales prestacionales. Así, por ejemplo en la sentencia T-081 de 1997[45] la Corte relacionó el mínimo vital
con el salario mínimo vital y móvil, en la medida en que el primero está
relacionado con la remuneración proporcional a la que tiene derecho la persona
por el trabajo realizado.
Ahora
bien, posterior a este periodo la Corte señaló que el mínimo vital es un
derecho fundamental autónomo ligado a la dignidad humana. Por ejemplo, en la sentencia SU-995 de 1999[46], al resolver varias tutelas que interpusieron diferentes maestros
a los que se les adeudaba su salario, la Corte señaló que este derecho constituye la porción de los
ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación y la atención en salud. Es decir, prerrogativas
cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional.
Sin embargo, la misma sentencia
señaló que el análisis frente al mínimo vital no se puede reducir a un examen
meramente cuantitativo sino que, por el contrario, se deben introducir
calificaciones materiales y cualitativas que dependen de cada caso concreto. En
otras palabras, cada persona tiene un mínimo vital diferente, que depende en
últimas del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida. Por
esta razón, este derecho se debe entender como una garantía de movilidad social
de los ciudadanos quienes, de manera natural, aspiran a disfrutar a lo largo de
su existencia de una mayor calidad de vida. De esa manera, la jurisprudencia de
la Corte ha aceptado que al existir diferentes montos y contenidos del mínimo
vital, es consecuente que haya distintas cargas soportables para cada persona[47].
Esto implica que el mínimo vital no
está constituido, necesariamente, por el salario mínimo mensual legalmente
establecido y se requiere una labor valorativa del juez constitucional en la
cual entre a tomar en consideración las condiciones personales y familiares del
peticionario, así como sus necesidades básicas y el monto mensual al que ellas
ascienden. De igual manera, es indispensable llevar a cabo una valoración
material del trabajo que desempeña el actor o desempeñaba el ahora pensionado,
en aras de la protección a la dignidad humana como valor primordial del
ordenamiento constitucional.
En el caso específico de los
pensionados, la sentencia T-827 de 2004[48] conoció el caso de un antiguo
trabajador de FONCOLPUERTOS al que le fue impuesto un descuento sobre su mesada
pensional. En dicha oportunidad, la Corte señaló que el mínimo vital
de los pensionados no sólo resulta vulnerado por la falta de pago o por el
retraso injustificado en la cancelación de las mesadas pensionales sino también
por el pago incompleto de la pensión. Esta circunstancia ha sido puesta de
presente por la Corte Constitucional en eventos en que se ha reducido el monto
de la pensión o se paga una parte de las mesadas. En la misma sentencia, el Tribunal
recordó que la jurisprudencia ha fijado reglas generales para determinar qué
requisitos se deben comprobar para acreditar la vulneración del mínimo vital,
así: (i) si el salario o mesada afectada es el ingreso exclusivo del trabajador
o del pensionado o si existen ingresos adicionales estos serían insuficientes
para la cobertura de sus necesidades básicas; y (ii) si la falta de pago de la
prestación genera para el afectado una situación crítica tanto a nivel
económico como psicológico, derivado de un hecho injustificado, inminente y
grave.
De otra parte, en repetidas
ocasiones, como lo resaltó la sentencia T-147 de 2016[49] cuando conoció el caso de varios
maestros pensionados a los que la UGPP suspendió el pago por sospecha de
irregularidades sin tener en cuenta que dos de ellos padecían de graves
enfermedades, la Corte ha advertido que las reglas expuestas sobre la
protección del mínimo vital se refuerzan para los casos de incumplimiento o de
descuentos cuando los titulares de la prestación son sujetos de especial
protección constitucional.
16. En conclusión, se pueden extraer
las siguientes reglas constitucionales acerca del mínimo vital: (i) es un
derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional que no depende
exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona;
(ii) como herramienta de movilidad social, el mínimo vital debe ser entendido
de manera dual, ya que además de ser una garantía frente a la preservación de
la vida digna, se convierte en una medida de la justa aspiración que tienen
todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de manera más cómoda; y
(iii) en materia pensional, el mínimo vital no sólo resulta vulnerado
por la falta de pago o por el retraso injustificado en la cancelación de las
mesadas pensionales, sino también por el pago incompleto de la pensión, más
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional.
17. A su vez, el derecho a la seguridad social ha sido
consagrado desde dos connotaciones[50]:
(i) como un servicio público que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, el cual debe responder a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad; y (ii) como un derecho fundamental irrenunciable
en cabeza de todos los ciudadanos. Frente a esta última dimensión, la Corte ha
señalado que la seguridad social se debe entender como el conjunto de medidas
institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus
familias, las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que
puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos
suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano.
A
su vez, como lo recordó por ejemplo la sentencia T-013 de 2011[51],
del derecho a la seguridad social se desprende el derecho a la pensión de
jubilación, que consiste en recibir el goce efectivo de una mesada calculada de
acuerdo con los factores dispuestos por la ley para la situación de cada
persona. Se trata de un derecho fundamental que tiene como objeto brindar las
condiciones económicas para la vida digna de quienes han
trabajado por mucho tiempo.
18.
Así, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado reiteradamente que el
derecho a la pensión es imprescriptible. Con sustento en el carácter
irrenunciable del derecho a la seguridad social consignado en el artículo 48 de
la Constitución, y conforme al principio de solidaridad, a la especial
protección que debe el Estado a las personas de tercera edad y al principio de
vida digna, se ha construido una sólida línea jurisprudencial que sostiene que
el derecho a la pensión no se extingue con el paso del tiempo. Por ejemplo, la sentencia
C-230 de 1998[52]
de este Tribunal precisó, al examinar la regla de prescripción de las
solicitudes de pensiones introducida por la Ley 116 de 1928, que la protección
reforzada de la pensión se desprende del principio de solidaridad del Estado
Social de Derecho, ya que es un mecanismo que busca garantizar la dignidad de
los ciudadanos, especialmente aquellos de la tercera edad como quiera que es un
derecho que se adquiere tras un periodo considerable de tiempo en los cuales se
deben realizar aportes regulares y constantes al sistema de seguridad social.
Ahora bien, como el presente caso trata de un posible
defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas, la Sala presentará
un resumen de la responsabilidad de las administradoras de pensiones frente a
la información consignada en la historia laboral.
Responsabilidad de las administradoras de
pensiones frente a la información consignada en la historia laboral de sus
afiliados -reiteración de jurisprudencia-
19. El artículo 48 de la Constitución
define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que
debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con
sujeción a los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad, en los
términos que contemple la ley. El sistema de seguridad social que el Legislador
diseñó en cumplimiento de ese mandato vincula al Estado con la cobertura de las
contingencias que puedan sufrir sus afiliados, en especial, la de
aquellas que menoscaban su salud y su capacidad económica, como las que derivan
de la vejez, de la invalidez y de la muerte.
Así, la pensión de vejez cubre el
primero de esos riesgos, garantizando que quienes lleguen a cierta edad y
acrediten el cumplimiento de determinados requisitos puedan retirarse de sus
labores sin dejar de recibir los ingresos que destinaban a suplir sus
necesidades y las de su familia. Así, por ejemplo, la sentencia C-546 de
1992[53] destacó que el objetivo de la
pensión, integrada con los ahorros que el afiliado efectuó mientras estuvo
laboralmente activo, no es otro que protegerlo cuando llega a una edad en la
que su fuerza laboral ha disminuido, por ser ese el momento en el que requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable
diferencia de trato que amerita la vejez.
Bajo este entendido, el esfuerzo que la pensión de vejez busca retribuir
está dado, en particular, por las cotizaciones obligatorias que el trabajador
efectuó durante su vida laboral. Eso explica que la historia laboral y los
documentos que relacionan esos aportes, se conviertan en la herramienta clave
dentro del proceso que antecede el reconocimiento y pago de esa prestación. Con
esa convicción, y en el marco de los asuntos que ha estudiado en sede de
revisión de tutela, esta Corporación ha dado cuenta de la especial
responsabilidad que incumbe a las administradoras de pensiones respecto de la
información consignada en la historia laboral de sus afiliados y sobre los
derechos fundamentales que suelen verse comprometidos cuando los datos que esta
reporta son incompletos. Tal responsabilidad tiene que ver, tanto con la
función que cumple la historia laboral en el marco de un sistema pensional de
naturaleza contributiva como con el carácter personal de los datos que
contiene.
Frente al primero de esos aspectos, es preciso recordar que el sistema pensional colombiano supedita el
reconocimiento de la pensión de vejez a la acreditación de un mínimo de
cotizaciones que se ven reflejadas en la historia laboral que, además, registra
el periodo dentro del cual se realizaron esos aportes, la relación laboral o
contractual de la que se derivan y el monto del ingreso con base en el cual se
pagaron. En ese contexto, la historia laboral opera como un elemento de prueba
definitivo que, a la vez que facilita el acceso del trabajador y de
la entidad que administra sus aportes a la información clara, actual y completa
sobre el estado de cumplimiento de los requisitos en virtud de los cuales el
primero podría llegar a adquirir el estatus de pensionado, propicia el oportuno
reconocimiento de la prestación económica y la salvaguarda efectiva de los
derechos fundamentales que se protegen a través del mismo.
En ese sentido, por ejemplo, en la sentencia T-079 de 2016[54], a través de la cual la Corte
resolvió una tutela referida a la ausencia de cotizaciones en la historia
pensional de un ciudadano, el Tribunal advirtió que los deberes que surgen para
las entidades encargadas del reconocimiento de las prestaciones económicas del
sistema pensional, en su condición de administradoras de las historias
laborales de sus afiliados, no se agota, sin embargo, en función del valor
probatorio que ostentan esos documentos. Su responsabilidad en esa materia
tiene que ver, también, con la naturaleza de la información que allí se
consigna, la cual, en los términos advertidos previamente, incluye datos que
facilitan la identificación e individualización del trabajador, permiten
conocer el monto de sus ingresos y el tipo de actividad de la que estos se
derivan. Se trata, en suma, de datos personales, cuyo tratamiento se sujeta a
las pautas contempladas en la legislación respecto del tratamiento de las bases
de datos y archivos que incluyen información de esas características.
A su vez, la obligación que surge para las administradoras de pensiones
respecto del manejo de las historias laborales es la que las vincula con la
custodia, conservación y guarda de la información que determina si sus
afiliados cumplen los requisitos de acceso a la pensión y de los documentos
físicos o magnéticos en los que esa información reposa. Así lo ha sostenido
esta corporación, por ejemplo en la sentencia T-585 de 2011[55] al estudiar una tutela formulada por
una persona que vio comprometida su posibilidad de acceder a la pensión de
vejez, debido a la presencia de inconsistencias en su historia laboral,
atribuibles a problemas operativos en la administración de esos documentos.
En otra oportunidad, en la sentencia T-493 de 2013[56] el Tribunal, tras advertir que la obligación
de custodiar, conservar y guardar la información consignada en la historia
laboral involucra también el deber de organizar y sistematizar
esos datos, señaló que no es posible trasladarle a los afiliados las
consecuencias negativas a los defectos que puedan derivarse de la infracción de
ese deber. En ese sentido, los efectos de los errores operacionales en la
administración de las historias laborales deben ser, por el contrario, asumidos
por la entidad administradora, que cuenta con los medios y la infraestructura
para gestionar los datos de las cotizaciones y sus soportes, para evitar su
pérdida o deterioro e impedir que el afiliado sufra los efectos negativos que
puedan derivarse de cualquiera de esas circunstancias.
En ese sentido, como lo recordó la sentencia T-897 de 2010[57], el valor probatorio que ostenta la
historia laboral también compromete a las entidades encargadas de su
administración a asegurar que su contenido sea confiable, esto es, a garantizar
que refleje el verdadero esfuerzo económico que realizó el potencial
beneficiario de la pensión en aras de la satisfacción de las condiciones
legales para acceder a ella. La confiabilidad de la historia laboral depende de
que la información que allí se consigna sea cierta, precisa, fidedigna y
actualizada. Tal es el sentido del principio de veracidad o calidad intrínseco
al tratamiento de los datos a cuyo cargo se encuentran la administradora del
régimen pensional de prima media y los fondos privados de pensiones.
20. En conclusión, la Sala advierte que la Corte
Constitucional guarda un precedente uniforme con respecto a las obligaciones
derivadas del manejo de información por parte de las administradoras del
régimen de pensiones. Lo anterior, debido al valor probatorio que tiene la
historia laboral para el proceso de reconcomiendo pensional, el cual se
constituye en una garantía para el acceso a la misma. En ese sentido, la Corte
también ha señalado que debido a las complejidades técnicas y de
infraestructura de esta tarea, las inconsistencias en las mismas no pueden ser
trasladadas a los ciudadanos. Dicho lo anterior, se pasará ahora a reiterar las
reglas sobre la responsabilidad que tienen las administradoras de pensiones
cuando existe mora patronal con respecto a los aportes pensionales.
Responsabilidad de las administradoras de
pensiones cuando hay mora patronal en el pago de aportes -reiteración
jurisprudencial-
21. En diferentes oportunidades, la Corte
Constitucional se ha ocupado del tema de la mora patronal como obstáculo para
el reconocimiento de la pensión de vejez. Así, ha señalado de manera reiterada
que dicha omisión constituye un obstáculo para el reconocimiento de la pensión
de vejez. En ese sentido, como lo señaló la sentencia T-702 de 2008[58], la mora por parte del empleador en la
transferencia de los aportes pensionales, puede llegar a afectar el derecho a
la seguridad social en conexidad con el mínimo vital del trabajador, pues del
pago oportuno que se haga de los mismos depende directamente el reconocimiento
de la pensión, en caso de que el éste reúna los requisitos legales. Lo
anterior, debido a que el diseño institucional pensional en el país parte de un
modelo tripartida donde, de un lado, se ubica el trabajador, quien para acceder
a la prestación económica de vejez, debe cumplir con la edad requerida y haber
hecho las cotizaciones de ley; de otro lado se encuentra el empleador, el cual
debe efectuar mensualmente los aportes que estén a su cargo, debe descontar del
salario del empleado los aportes que se encuentran a cargo de éste y debe
trasladar los recursos obtenidos de la totalidad de los aportes a la entidad
encargada de reconocer la pensión; y por último, se sitúa la Administradora de
Fondo de Pensiones, la cual tiene por obligaciones recibir los aportes hechos
por el empleador o por el trabajador si es independiente, cobrar los pagos no
realizados en tiempo por el empleador y reconocer las pensiones cuando éstas
efectivamente se causen.
Ahora bien, con respecto a las consecuencias frente a dicha mora,
la jurisprudencia también ha sido clara en señalar que, como quiera que los
artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 le otorgan a las administradoras
diferentes herramientas para que efectúen los cobros correspondientes al
empleador para mantener la integralidad de los aportes, ni la falta de pago de
aportes a la seguridad social por parte del empleador, ni la negligencia en el
uso de las herramientas de cobro, constituyen motivos suficientes para negar el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez que se reclama. Así lo recordó,
por ejemplo, la sentencia T-631 de 2009[59] al
indicar que dichas deficiencias no pueden ser imputadas al trabajador en la
medida en que hacerlo sería tanto como endilgarle las consecuencias negativas
del incumplimiento de la obligación legal del empleador y de la correlativa
falta de acción de la entidad encargada del cobro de aportes. El trabajador no
debe asumir la ineficiencia de la administradora en el cobro de los aportes.
En este orden de ideas, la sentencia
T-387 de 2010[60], al
resolver una tutela de un persona beneficiaria del régimen de transición a la
que se le negó la pensión por no contar con las semanas requeridas, en razón a
la mora de uno de sus antiguos patronos, recordó que ante el incumplimiento del
empleador en el pago oportuno y completo de los aportes pensionales, las
administradoras deben hacer uso de los mecanismos de cobro que consagra la
legislación. Lo anterior, debido a que dicha omisión no es oponible al
trabajador en razón a que no se puede desconocer un derecho adquirido del cotizante.
La anterior regla fue reiterada por
la Corte en la sentencia T-906 de 2013[61]. En dicha
providencia, el Tribunal conoció el caso de una persona de 64 años de edad a la
que el juez ordinario laboral, a pesar de encontrarse en el régimen de
transición, se le negó la pensión debido a que no acreditaba las cotizaciones
requeridas. Al revisar el historial laboral del peticionario, la Corte encontró
que se desconocieron algunos aportes que se encontraban en mora por lo que, al
revocar la decisión judicial atacada, reiteró que el pago oportuno de los
aportes es una obligación de carácter legal en cabeza del empleador y que, por
su parte, las administradores del régimen, tienen la obligación de recibir
dichos aportes y cobrar de manera coactiva los pagos no realizados en tiempo. Así,
advirtió nuevamente que la mora o la omisión por parte del empleador en la transferencia y pago de
los aportes pensionales, puede llegar a afectar el derecho a la seguridad
social en conexidad con el mínimo vital del trabajador, pues del pago oportuno
que se haga de los mismos depende directamente el reconocimiento de la pensión,
en caso de que el trabajador reúna los requisitos legales. Por lo tanto, es
claro que una entidad administradora de pensiones no puede negar a un
trabajador la pensión a que tiene derecho, argumentando el incumplimiento del
empleador en el pago de los aportes, pues ello supone someter al accionante, a
un grave perjuicio por una falta completamente ajena a su voluntad, imputable
directamente a su empleador y por la cual éste debe responder.
22. En conclusión, la regla consolidada y vigente
determina que la mora en el pago de aportes no puede ser oponible a los
trabajadores en razón a que dicha omisión es un grave obstáculo para el
reconocimiento pensional. Aunado a lo anterior, la Corte ha destacado en varias
oportunidades que las administradoras cuentan con varios mecanismos legales
para el cobro de dichos saldos, ya que tienen la capacidad e infraestructura
para perseguir coactivamente a quienes incumplen con la obligación pensional de
sus trabajadores.
Ahora bien, como quiera que en el trámite del
proceso laboral ordinario se discutió sobre el cómputo de semanas que provienen
del trabajo en el sector público, respecto del régimen de transición contenido
en el Acuerdo 049 de 1990, brevemente la Sala recopilará su precedente con
respecto a este aspecto.
El computo de semanas en el régimen de transición
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 -reiteración de jurisprudencia-
23. La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia ha sostenido que dentro del régimen del Acuerdo 049 de 1990
solo se puede tener en cuenta, para efectos de reconocer las prestaciones que
consagra, los aportes realizados directamente al antiguo ISS, pues dicha norma
no consagró la posibilidad de acumular tiempos de servicio como si lo hicieron,
por ejemplo, otros regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, como la Ley 71 de
1988[62].
Sin
embargo, la Corte Constitucional ha optado por construir una interpretación
diferente en virtud del principio de favorabilidad. Según la misma, si es
posible tener en cuenta el tiempo que no fue cotizado directamente al régimen
de prima media (al entonces ISS) para sumarlo a los aportes realizados
directamente a dicho instituto, aplicando el Acuerdo 049 de 1990. Así, por
ejemplo, en la sentencia T-090 de 2009[63]
el Tribunal conoció el caso de una persona a la que le fue negada su
pensión de vejez, debido a que la entidad consideró que la norma mencionada no
permitía sumar el tiempo prestado en el sector público.
Al
estudiar el Acuerdo, la Corte encontró que éste podría ser interpretado de dos
maneras. En la primera interpretación,
acogida por la Corte Suprema de Justicia, se negaba la posibilidad de acumular
el tiempo de servicios cotizados en el antiguo ISS, con los “tiempos públicos”
que fueran cotizados a través de fondos o cajas de previsión social. Lo
anterior sugería que el interesado en obtener la pensión de vejez bajo la
acumulación perdería los beneficios del régimen de transición, pues para dicho
fin debía acogerse integralmente al Sistema General de Pensiones desarrollado
por la Ley 100 de 1993, el cual sí lo permitía. La segunda interpretación acepta
dicha acumulación, dado que ni el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 exigía
que las cotizaciones debían ser efectuadas exclusivamente al ISS, ni la
aplicación del régimen de transición hacía referencia al cómputo de las
semanas, requisito que debe determinarse según se dispone en la Ley 100 de
1993.
Teniendo en cuenta que ambas
interpretaciones eran razonables y concurrentes, esta Corte acogió la segunda
de ellas apoyada en el principio de favorabilidad en material laboral. Así, a
partir de dicha decisión y en reiteradas ocasiones[64],
el Tribunal ha señalado que el denominado principio impone al operador
jurídico, judicial o administrativo el deber de optar por la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales del derecho. Bajo esta óptica, y a partir del precedente
descrito, las Salas de Revisión de la Corte Constitucional han advertido que el
administrador del régimen de transición del Acuerdo 049 de 1990, en este caso
Colpensiones, debe totalizar los tiempos públicos no cotizados al ISS con los
periodos aportados directamente al instituto.
Sin embargo, la línea jurisprudencial
explicada no era pacífica con respecto a las personas que solicitaran la
acumulación de cotizaciones para obtener la pensión de vejez acudiendo, como en
este caso, al requisito alternativo de las 500 semanas o más aportadas durante
los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Así, por
ejemplo, la sentencia T-201 de 2012[65] advirtió
que el principio de favorabilidad solo cobijaba el régimen de transición
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 cuando se cumplen los requisitos de 1000
semanas de cotización y la edad requerida. Por lo demás, en otras oportunidades[66], la Corte optó por tomar una aproximación
diferente y aplicar la regla cuando se trataba de peticiones que implicaban la
certificación de 500 semanas cotizadas.
Por esta razón, mediante sentencia
SU-769 de 2014[67] la Sala Plena del Tribunal
determinó que adoptar la primera interpretación, sin importar el tipo de
requisito exigido, resultaba ser más restrictivo para el goce efectivo del
derecho fundamental a la seguridad social. En ese sentido, la Corte indicó que permitir
la acumulación de tiempos tanto del sector público como del privado en los
eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha
visto disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que
le permitan tener una subsistencia en condiciones dignas. De esta manera, el
Tribunal concluyó que la interpretación que más se acompasa con el principio de
favorabilidad, es la que, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, permite
acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a empleadores privados,
para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de cotización dentro de
los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la pensión de
vejez.
24. En conclusión, el precedente
vigente de la Corte Constitucional se opone a la interpretación literal y
restrictiva aplicada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En
razón de lo anterior, bajo el principio de favorabilidad en material pensional,
el régimen de transición del Acuerdo 049 de 1990 admite la acumulación de las
semanas cotizadas entre el Sector Público y los aportes realizados en su
momento el ISS, para cualquiera de los dos escenarios contenidos en dicha
disposición.
Ahora bien, realizadas las anteriores consideraciones
jurídicas, la Sala pasará a analizar el caso concreto.
Análisis del caso concreto
25. La Corte Constitucional, en esta oportunidad,
debe analizar si la actuación realizada por el Tribunal Superior de Bogotá
vulneró los derechos fundamentales del señor Gerardo Chacón Ordóñez. En primer
lugar, la Sala determinará si dicha Corporación judicial incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente. Así, aunque el actor no aportó prueba en la
tutela sobre dichas cotizaciones tanto el Juez Laboral del Circuito como el
Tribunal Superior de Bogotá se refrieron a que, dentro de los 20 años
anteriores a la fecha del cumplimiento de la edad mínima, el peticionario
acreditó un número de semanas cotizadas como empleado de la Gobernación de
Boyacá[68]. Sin embargo los
falladores descartaron de plano acumular dichas semanas para efectos de cálculo
pensional aplicando el precedente de la Corte Suprema de Justicia descrito en
las consideraciones del caso.
Ahora bien, en esta oportunidad, la Sala reitera
el precedente fijado por la sentencia SU-769 de 2014 que determinó que,
para efectos de cálculo de las semanas cotizadas en cualquier de los dos
escenarios contemplados por el Acuerdo 040 de 1990, se deben acumular las
semanas cotizadas al ISS con aquellas aportadas al sector público bajo la
aplicación de la condición más beneficiosa en materia pensional. Ahora bien,
tal y como se ha establecido en la presente providencia, en primer lugar
resulta claro que el Tribunal Superior de Bogotá desconoció el precedente de la
Corte Constitucional respecto al alcance de dicho principio. Es más, no solo
omitió acudir al mismo sino que no lo tuvo en cuenta durante la audiencia de
juzgamiento, para efectos de determinar si el peticionario era beneficiario o
no de una pensión de vejez del régimen de transición.
No obstante, aplicó el actual precedente de la
Corte Suprema de Justicia, que restringe dicha garantía al análisis literal de
la norma, fundado en el argumento de preservar los principios de legalidad y
seguridad jurídica. Por esta razón, y bajo el entendido de que los precedentes
verticales aplicados por el Tribunal Superior accionado corresponden a aquellos
de su juez superior, no es posible concluir que la providencia atacada incurrió
en un defecto por desconocimiento del precedente vertical. Llegar a esta
conclusión, implicaría ordenarle al juez laboral omitir de manera abierta las
reglas judiciales fijadas por el órgano de casación de su jurisdicción lo que,
sin duda, no resistiría análisis constitucional alguno.
Sin embargo, para esta Sala de Revisión sí se
encuentra acreditado que la actuación judicial incurrió en un defecto
sustantivo en la medida en que no observó la condición más beneficiosa que la
jurisprudencia ha explicado en múltiples oportunidades y además produjo como
consecuencia la inaplicación de una norma plenamente aplicable. En efecto,
tal y como se ha señalado en la presente providencia, el Acuerdo 049 de 1990 permite
la acumulación de semanas cotizadas sin importar el origen del mismas. Por
esto, al haberse omitido un precedente constitucional vigente para resolver el
caso objeto de estudio, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto
sustantivo, que finalizó con la vulneración de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social del accionante, toda vez que para el
momento en que se profirió la decisión atacada la sentencia de unificación
descrita era un precedente plenamente vigente y oponible que debía determinar
la correcta interpretación del Tribunal de las normas legales relevantes para
resolver el caso concreto.
En ese sentido, la actuación de dicho despacho
judicial desconoció la aplicación del principio de condición más beneficiosa en
materia pensional y se abstuvo de observar, sin explicación o argumentación
alguna, un precedente claro fijado por la Sala Plena de esta Corporación. En
ese sentido, los jueces ordinarios debieron sumar las semanas cotizadas por el
señor Gerardo Chacón Ordóñez como empleado de la Gobernación de Boyacá para
determinar si con las mismas se cumplía el requisito de las 500 semanas
cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.
Si bien el Tribunal Superior de Bogotá fundamentó
su decisión en sentencias actuales de la Corte Suprema de Justicia, y en la necesidad
de preservar los principios de legalidad y seguridad jurídica, lo cierto es que
tales argumentos no son suficientes para desatender una interpretación
constitucionalmente adecuada. En efecto, el defecto descrito supuso sólo un
reconocimiento del principio de legalidad estricto, sin la debida aplicación
del principio de favorabilidad. Lo anterior, por sí solo, constituye un defecto
grave en la actuación judicial que redundó en una violación de los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social pues la expectativa
pensional del accionante, debido a su condición de vulnerabilidad, constituye
una garantía para su adecuado sostenimiento y manutención.
26. Además de lo anterior, la Sala encuentra que el
Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración de la prueba que, de manera concurrente, también desconoce el
precedente fijado por la Corte Constitucional en materia de la responsabilidad
por mora patronal y las obligaciones de las administradoras de pensiones en
relación con la información consignada en la historia laboral. Para
explicar este punto, la Sala comienza por recordar que el Tribunal Superior de
Bogotá consideró que los certificados aportados por el actor no tenían la
contundencia para inferir si quiera que existió una relación laboral entre éste
y las empresas Cettal Ltda. Y Autollanos Ltda[69].
Sin embargo, la Sala no comparte las conclusiones
a las que llegó el juzgador laboral, pues las mismas desconocen la regla de
inoponibilidad en materia de mora patronal y las obligaciones de las administradoras
de pensiones frente a la fiabilidad de la información consignada en la historia
laboral de los afiliados. Así, se tiene que en la tutela[70] el señor Chacón Ordóñez
allegó un certificado laboral, expedido por el gerente de la empresa Cetta Ltda
que da cuenta con claridad que el peticionario estuvo vinculado con dicha
entidad entre el 16 de julio de 1984 y el 15 de diciembre del mismo año bajo un
contrato de trabajo a término indefinido. Incluso, en el mismo documento se
confirma el número patronal de la compañía[71].
Bajo una tarifa legal razonable, fijada a la luz de los precedentes
jurisprudenciales antes mencionados, resulta claro que con respecto a la mora
patronal de la señalada empresa el Tribunal incurrió en un defecto fáctico en
su dimensión positiva en la medida en que una prueba que demostraba un
vínculo laboral del señor Chacón Ordóñez fue desvirtuada de manera arbitraria
bajo una valoración general y abstracta de todo al acerbo probatorio recaudado
durante el proceso ordinario.
Lo anterior se confirma al evaluar las pruebas
referidas a la relación del accionante con la empresa Autollanos Ltda. Aunque
en principio, en el escrito de tutela se incorporaron varios memoriales de la
compañía donde, como respuesta a sendas solicitudes presentadas por el actor,
se le informa que no existen registros suyos en los archivos de la entidad, se
allegan otras evidencias que permiten confirmar que existió un vínculo laboral
entre el 21 de noviembre de 1989 y el 18 de octubre de 1990[72]. Así, el señor Chacón Ordóñez
presentó una copia del contrato de trabajo que suscribió con la mencionada
empresa con fecha 21 de noviembre de 1989[73]
y un documento suscrito por el señor Néstor Díaz Moncada, socio mayoritario de
la compañía para la fecha de la contratación del actor, en el que manifiesta
que éste trabajó para la entidad[74].
Por lo anterior, para la Sala no es posible
compartir la conclusión a la que arribó el Tribunal en la que advirtió que el
peticionario no aportó documentos que permitieran siquiera inferir una relación
laboral. Además, el argumento expuesto por dicho despacho judicial en el
sentido de que la administradora de pensiones no tiene responsabilidad alguna
en este caso pues requirió al peticionario para que convalidara su información patronal
tampoco es adecuado a partir de las obligaciones que estas entidades tienen
frente al manejo de la historia laboral de las personas. Por lo anterior, de la
descripción del material probatorio, la Corte considera que, acudiendo a las
reglas de la sana crítica judicial y las interpretaciones derivadas de los
precedentes sobre mora patronal y obligaciones frente a la evidencia de la
información pensional, es claro que el peticionario si logró probar la
existencia de una relación de trabajo con dichas empresas.
En ese sentido, desvirtuar dichas pruebas
desconoce el hecho de que las cargas procesales con respecto a la mora
patronal corresponden a la administradora de pensiones pues, como ya se dijo, ésta
cuenta con la capacidad técnica y la experticia necesaria para realizar este
tipo de gestiones, además de los mecanismos que la ley les reconoce para
realizar el cobro de este tipo de pasivos. Lo anterior se ratifica por lo
mismos hechos del caso, en cuanto de los mismos es claro que el peticionario
solicitó varias veces a las empresas la ratificación de los números patronales,
encontrando que éstos no correspondían con los reportes consignados en el ISS.
En ese sentido, para el peticionario era imposible realizar cualquier otra
gestión, por lo que resulta desproporcionado el criterio aplicado por el
Tribunal para examinar las pruebas descritas. Por lo demás, teniendo en cuenta
lo explicado en el acápite sobre las obligaciones de certeza, calidad y
fiabilidad en la información, es notorio que cualquier discrepancia en la
información debe ser resuelta de manera cierta y oportuna por la administradora
de pensiones, en particular cuando existen pruebas que permiten determinar de
manera razonable que existió un vínculo laboral y que durante el mismo no se
realizaron los aportes a pensiones.
27. Por último, la Sala quiere llamar la atención
sobre un hecho que ocurrió en la audiencia de juzgamiento en la segunda
instancia del proceso laboral ordinario. De las transcripciones realizadas, es
claro que el Tribunal Superior de Bogotá, como argumento para desconocer el
material probatorio allegado, señaló que no era posible ordenar el pago
pensional a las empresas señaladas debido a que las mismas no fueron vinculadas
el proceso. Para la Corte, con este argumento el Tribunal
incumplió sus obligaciones constitucionales en relación con la responsabilidad
que tienen las autoridades judiciales de impulsar el proceso de una manera
eficiente que respetase los derechos sustanciales del señor Chacón Ordóñez. Así,
para la Sala resulta notorio que aunque el Tribunal llegó a la plena convicción
de que las pruebas no eran suficientes para demostrar la mora, dicha
Corporación no acudió a sus facultades procesales para vincular a Cettal Ltda.
y a Autollanos Ltda. y de esta manera integrar de manera correcta el
litisconsorcio[75].
Los funcionarios judiciales, como
defensores del interés general, deben procurar que sus decisiones tengan una
eficacia material, por lo que la actuación del Tribunal debió incluir la
referida vinculación, más cuando la ausencia de las entidades tuvo un valor
determinante al momento de proferir la sentencia recurrida. Por esta razón, la
Corte exhorta al Tribunal Superior de Bogotá para que, en futuras oportunidades,
cuando deba resolver una controversia judicial similar a la ahora analizada,
aplique de manera efectiva sus facultades procesales como una medida para
garantizar la eficacia de la protección judicial en la materia.
28. En consecuencia, la Sala procederá a revocar
las decisiones de tutela que negaron la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del señor Gerardo Chacón
Ordóñez y por lo tanto dejará sin efectos la decisión suscrita por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 26 de febrero de 2015 que, a su vez,
revocó la decisión del Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá que, en
sentencia del 22 de enero de 2015, reconoció la pensión de vejez en favor del
peticionario de acuerdo al régimen de transición consagrado en el Acuerdo 049
de 1990. De esta manera, la Corte procederá a ordenar que en un tiempo
prudencial el Tribunal expida una nueva providencia, observando las
consideraciones incluidas en la presente decisión referida a la aplicación de
la condición más favorable en materia pensional con respecto a la acumulación
de semanas cotizadas y a la debida valoración fáctica en virtud de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional, relacionados con la inoponibilidad
de la mora patronal y las obligaciones de calidad y certeza de la información
de la historia laboral en cabeza de las administradoras de pensiones.
Lo anterior, implica que el Tribunal, en su
decisión, debe tener en cuenta las semanas cotizadas por el peticionario en el
sector público de tal manera que las mismas sean sumadas para efectos de
determinar si éste es beneficiario del régimen de transición. Además, la
Corporación debe reevaluar las pruebas presentadas en el proceso laboral, en
especial en lo que referente a la existencia de un vínculo laboral, y por lo
tanto la configuración de una obligación pensional, con las empresas Cettal Ltda. y Autollanos Ltda.
Conclusión
29.  Contrario a lo señalado en la actualidad por
la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional reitera que, en
consonancia con el principio de la condición más beneficiosa, y para
salvaguardar los derechos a la seguridad social y mínimo vital, el Acuerdo 049
de 1990 admite la acumulación de semanas cotizadas sin importar si el origen de
las mismas es público o privado. En ese sentido, los jueces laborales que
desconozcan dicha interpretación, incurren en un defecto sustantivo que vulnera
materialmente los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de los
ciudadanos. A su vez, la Sala encontró que a partir de los precedentes fijados
por la Corporación frente a la mora patronal y las obligaciones de calidad de
la información de la historia laboral, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió
en este caso en un defecto fáctico en su dimensión positiva, toda vez que
desconoció el alcance real de las pruebas presentadas por el peticionario y
descartó, de plano y de manera caprichosa, el valor de las mismas. Por último,
se invita a la Sala Laboral del mencionado Tribunal que en caso de que llegue a
la convicción de que es necesario allegar más pruebas o que debe vincular a
otros entes responsables pero no demandados, acuda a sus amplias facultades
procesales para vincular a las entidades que considere necesarias para integrar
de manera correcta el litisconsorcio y así proveer una justicia material de
forma oportuna y eficiente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la
decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que en providencia del 7 de febrero de 2017 confirmó la decisión de la
Sala de Casación Laboral de la misma Corporación que negó la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del señor Gerardo Chacón
Ordóñez vulnerado por la actuación de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá.
Segundo.- DEJAR
SIN EFECTOS la decisión proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá mediante audiencia de juzgamiento de 26 de febrero
de 2015, dentro del proceso laboral ordinario iniciado por el señor Gerardo
Chacón Ordóñez contra Colpensiones.
Tercero.-
ORDENAR a
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que, en el término de diez (10)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, expida
una nueva sentencia donde observe las consideraciones realizadas por la Corte
Constitucional en la presente decisión, en especial aquellas referidas a la
acumulación de semanas en el régimen de transición consagrado en el Acuerdo 049
de 1990 y la valoración adecuada de las pruebas. Esto conforme a las reglas
jurisprudenciales fijadas por esta Corte en las sentencias de unificación sobre
la materia.
Cuarto.-
Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
GLORIA STELLA
ORTÍZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SHCLESINGER
Magistrada
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e)
ROCIO LOAIZA
MILÍAN
Secretaria
General (e)
[1] Escrito de
tutela (folios 1 a 8; cuaderno de primera instancia).
[2] Copia simple de
la cédula de ciudadanía (folio 124; cuaderno de primera instancia).
[3] Es preciso
recordar que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 exige, para efectos del reconocimiento
pensional, tener 60 o más años de edad para los casos del hombre y 500 semanas
cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la
referida edad o 1000 semanas cotizadas en cualquier época.
[4] Copia simple del
reporte de cotizaciones (folio 97; cuaderno de primera instancia).
[5] Copia simple de
la Resolución 14604 de 2003 expedida por el ISS (folio 10; cuaderno de primera
instancia).
[6] Copia simple de
la Resolución 14115 de 2003 expedida por el ISS (folio 11; cuaderno de primera
instancia).
[7]
Copia símpela de la Resolución 445 del 2 de marzo de 2007 expedida por el ISS
(folio 13; cuaderno de primera instancia).
[8] Audio de la
audiencia de juzgamiento del Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá (folio
128; cuaderno de primera instancia).
[9] Audio de la
audiencia de juzgamiento del Tribunal Superior de Bogotá (folio 129; cuaderno
de primera instancia).
[10] Certificado
médico en el que se da explica el procedimiento de gastrectomía (folio 48;
cuaderno de primera instancia).
[11]
Memorial de respuesta de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
(folios 18 a 22; cuaderno de primera instancia).
[12] Memorial de
respuesta de COLPENSIONES (folios 29 a 31; cuaderno de primera instancia).
[13] Oficio de
notificación (folio 6; cuaderno de primera instancia).
[14] Sentencia de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (folios 35 a 39;
cuaderno de primera instancia).
[15] Memorial de
impugnación (folios 40 a 43; cuaderno de primera instancia).
[16]
Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (folios
4 a 13; cuaderno de segunda  instancia).
[17]
Sobre esta materia, la Sala adoptará la recopilación de las reglas generales de procedibilidad de la tutela contra sentencias
consignada en las sentencia T-956 de 2014 (Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado) y T-667 de 2015 (Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[18]
Constitución de 1991. Artículo 86.  Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
[19]
Para una definición del alcance del concepto de bloque de constitucionalidad
ver, entre otras, las sentencias C-228 de 2009; C-307 de 09; y C-488 de 2009.
[20]
Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25.1.  Protección Judicial. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[21]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2.3.a. Cada
uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus
funciones oficiales.
[22]
Para la jurisprudencia anterior al 2005, la vía de hecho “únicamente se
configura sobre la base de una ostensible transgresión del ordenamiento
jurídico, lo cual repercute en que, distorsionado el sentido del proceso, las
garantías constitucionales de quienes son afectados por la determinación
judicial -que entonces pierde la intangibilidad que le es propia- encuentren en
el amparo la única fórmula orientada a realizar, en su caso, el concepto
material de la justicia. Por supuesto, tal posibilidad de tutela no es regla
general sino excepción, y los jueces ante quienes se solicita están obligados a
examinar de manera rigurosa el caso para no desvirtuar los principios de
autonomía funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada”. (Corte
Constitucional. Sentencia T-555 de 1999. Magistrado Ponente: José Gregorio
Hernández Galindo).
[23]
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime
Córdoba Triviño.
[24]
Corte Constitucional. Sentencia SU-195 de 2012. Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio.
[25] Copia
autenticada del poder otorgado por el señor Gerardo Chacón Ordóñez (folio 9;
cuaderno de primera instancia).
[26]
Ver, entre otras, sentencias T-396 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio;T-373 de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado;
y T-098. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
[27]
Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio.
[28]
Frente al tema, la Corte ha señalado que “algunos grupos con
características particulares, (…) pueden llegar a sufrir daños o amenazas que,
aun cuando para la generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio
irremediable, sí lo son para ellos, pues por encontrarse en otras condiciones
de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener repercusiones de mayor
trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que
amplia (sic) a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de
protección por vía de tutela Corte Constitucional. Sentencia T-1316
de 01. Magistrado Ponente: Rodrigo Uprimny Yepes.
[29]
Corte Constitucional. Sentencia T-737de 2013. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos.
[30]
Corte Constitucional. Sentencia T-704 de 2014. Magistrada Ponente: Gloria Stela
Ortiz Delgado.
[31] Corte
Constitucional. Sentencia T-401 de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[32] Copia simple de
la solicitud de conciliación del 11 de julio de 2016 (folio 117; cuaderno de
primera instancia).
[33] Copia simple del
oficio de Colpensiones que niega la solicitud de conciliación administrativa
(folio 126; cuaderno de primera instancia).
[34]
Sobres esta materia, la Sala adoptará la recopilación de las reglas generales de procedibilidad de la tutela contra
sentencias consignada en las sentencia T-956 de 2014 (Magistrada Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-667 de 2015 (Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[35] Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba
Triviño.
[36] Corte
Constitucional. Sentencia SU-195 de 2012. Magistrado Ponente: Manuel José
Cepeda Espinosa.
[37] Corte
Constitucional. SU-172 de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[38]
Cfr. T-292 de 2006; SU-047 de 1999 y C-104 de
1993.
[39] Cfr. C-634 de 2011.
[40]
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006. Magistrado Ponente: Manuel José
Cepeda Espinosa.
[41]
Cfr., T-082 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-794 de 2011, M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En
esta última, dicho en otras palabras se explica: “La Corte también refirió al
grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente
jurisprudencial emitido por las altas cortes.  Resulta válido que dichas
autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan
en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa opción
argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer
explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor
sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar
suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de
mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.  Esta
opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en
reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de
derecho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante
del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho
consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del
stare decisis.”
[42] En aras de garantizar la eficacia y eficiencia de la
administración de justicia, la Sala tomará como modelo, en lo concerniente a las reglas
generales de procedibilidad, lo consignado en la sentencia T-147 de 2016
proferida por el despacho de la magistrada ponente.
[43] ARANGO, Rodolfo y LEMAITRE, Julieta. Jurisprudencia constitucional
sobre el derecho al mínimo vital. Universidad de los Andes.
Bogotá. 2002.
[44]
Corte Constitucional. Sentencia T-426 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[45]
Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 1997. Magistrado Ponente: José
Gregorio Hernández Galindo.
[46]
Corte Constitucional. Sentencia SU-995 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos
Gaviria Díaz.
[47]
Ver, entre otras, sentencia T-053 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos; y T-157 de 2014. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
[48]
Corte Constitucional. Sentencia T-827 de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo
Uprimny Yepes.
[49]
Corte Constitucional. Sentencia T-147 de 2016. Magistrada Ponente: Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[50]
Ver, entre otras, sentencias C-859 de 2008; C-979 de 2010; T-164 de 2013; C-613
de 2013; y T-770 de 2013.
[51]
Corte Constitucional. Sentencia T-013 de 2011. Magistrado Ponente: Juan Carlos
Henao Pérez.
[52]
Corte Constitucional. Sentencia C-230 de 1998. Magistrado Ponente: Hernando
Herrera Vergara.
[53] Corte
Constitucional. Sentencia C-546 de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita
Barón.
[54] Corte
Constitucional. Sentencia T-079 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva.
[55] Corte
Constitucional. Sentencia T-585 de 2011. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla
Pinilla.
[56] Corte
Constitucional. Sentencia T-493 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[57] Corte
Constitucional. Sentencia T-897 de 2014. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla
Pinilla.
[58] Corte
Constitucional. Sentencia T-702 de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[59]
Corte Constitucional. Sentencia T-631 de 2009. Magistrado Ponente: Mauricio
González Cuervo.
[60] Corte
Constitucional. Sentencia T-387 de 2010. Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva.
[61] Corte
Constitucional. Sentencia T-906 de 2013. Magistrada Ponente: María Victoria
Calle Correa.
[62] Cfr. Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 4 de noviembre de
2004 (23611). Magistrado Ponente: Gustavo José Gnecco Mendoza.
[63] Corte
Constitucional. Sentencia T-090 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto.
[64] Ver, entre
otras, sentencias T-398 de 2009. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-583 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto;
T-695 de 2010. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa; T-760 de 2010.
Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa; T-093 de 2011. Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva; T-334 de 2011. Magistrado Ponente: Nilson
Pinilla Pinilla; T-559 de 2011. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinlla;
T-360 de 2012. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio; y T-143 de 2014.
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
[65]
Corte Constitucional. Sentencia T-201 de 2012. Magistrado Ponente: Nilson
Pinilla Pinilla.
[66] Ver, entre
otras, sentencias T-093 de 2011. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva;
T-145 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva; y T-145 de 2013.
Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
[67] Corte
Constitucional. Sentencia SU-769 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio.
[68] En
la Audiencia de Juzgamiento de primera instancia el Juez Laboral manifestó que “el
despacho de plana descarta cualquier tiempo de servicios de la Gobernación de
Boyacá habida cuenta de que estos periodos no son prestados al sector privado
ni pueden contarse a los efectos de tiempos cotizados al ISS para hacerse
beneficiario del régimen del Decreto 758 (sic)”. A su vez, el Tribunal
Superior de Bogotá manifestó que “en cuanto al tiempo que señala el actor
haber laborado a la Gobernación de Boyacá la Sala considera que en el régimen
consagrado en el Acuerdo 049 del 90 solo son admisibles para el efecto del cómputo
de semanas efectivamente cotizadas, como lo tiene establecido el artículo 12
del Acuerdo 049 del 90, las semanas efectivamente cotizadas al Instituto lo que
encuentra su aval en sentencia proferida igualmente por la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en radicación 29149 del 1 de marzo del 2017, en la
que la Corte puntualiza que solamente es posible tener en cuenta las semana
cuando han sido cotizadas directamente al Instituto para el régimen del Acuerdo
049 aprobado por el Decreto 758 del año 90, criterio que igualmente la Corte ha
reiterado nuevamente en el radicado 40255 del 24 de agosto del 2010 (sic)”. Transcripciones
realizadas por el despacho de la magistrada sustanciadora de los audios de las
audiencias de juzgamiento correspondientes al proceso laboral ordinario (folios
128 y 129; cuaderno de primera instancia).
[69] En
particular, el Tribunal señaló que “contrario a lo manifestado por el
fallador de primera instancia no pueden contabilizarse el tiempo laborado en la
empresa Autollanos S.A. entre el 21 de noviembre del 89 y el 18 de octubre del
90 y el tiempo laborado en la empresa Transportes Cetta entre el 16 de julio
del 84 y el 15 de diciembre del 84 como quiera que no existe ninguna prueba en
el expediente que permita inferir que dichas empresas afiliaron al actor al ISS
pues lo único que aparecen son unas certificaciones expedidas por dichos
empleadores los cuales no fueron vinculados en el presente proceso, aunado a que
como ya se dijo en los actos administrativos en los cuales se resolvió el
recurso de reposición y de apelación la demanda le manifestó al demandante que
esos periodos no le figuraban en la historia laboral y lo invitó a que los
convalidara de manera tal que quedaran registradas en su historia laboral. Así
las cosas es necesario precisar que una cosa es que las empresas hubieran
afiliado al actor y no hubieran efectuado los correspondientes aportes caso en
el cual esa responsabilidad si sería de la demandada por cuanto tendría que
haber adelantado las acciones de cobro respecto de las cotizaciones en mora
como lo sostuvo el a quo pero en el presente caso no aparece, como ya se dijo,
que el actor haya sido afiliado por dichas empresas y o se le puede condenar a
que realicen unos aportes pues se reitera que dichas empresas no fueron
vinculadas a este proceso (sic)”. Transcripciones realizadas por el
despacho de la magistrada sustanciadora de los audios de las audiencias de
juzgamiento correspondientes al proceso laboral ordinario (folio 129; cuaderno
de primera instancia).
[70] En
las audiencias de juzgamiento los jueces ordinarios se refieren a las
certificaciones que ahora se describen en el proceso de tutela por lo que se
infiere que las mismas fueron presentadas en el proceso laboral.
[71] Copia
simple del certificado laboral expedido por la empresa Cetta Ltda. (folio 99;
cuaderno de primera instancia).
[72] Respuestas
de la empresa Cetta Ltda. donde le indican al actor que no se encuentra
registrado en sus archivos laborales (folios 17 a 23; cuaderno de primera
instancia).
[73] Copia
simple del contrato de trabajo suscrito entre Gerardo Chacón Ordóñez y la
empresa Autollanos Ltda.
[74] Copia
simple del documento suscrito por Néstor Díaz Moncada (folio 122; cuaderno de
primera instancia).
[75] Código General
del Proceso. Artículo 42. Deberes del juez. “Son deberes del juez (…) 5.
Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de
procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar
la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta
interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de
congruencia”.