T-936-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-936/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Término razonable debe valorarse en cada caso concreto
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Término superior a seis (6) meses para
interponer la acción no se considera razonable salvo que haya justificación
para la inactividad del accionante
A partir del examen
realizado por otras Salas de Revisión, se ha considerado que un término
superior a seis meses para interponer la acción de tutela contra una providencia
judicial no resulta razonable, a menos que, atendiendo a las particularidades del caso sometido a
revisión, se encuentren circunstancias que justifiquen la inactividad del
accionante. Así, por ejemplo, en
la Sentencia T-739 de 2010, se estableció que se desconocía el principio de
inmediatez, por el hecho de que el actor hubiese esperado ocho meses para
solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, los cuales fueron
presuntamente vulnerados por una sentencia condenatoria proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Subreglas para determinar el cumplimiento
a pesar de que no exista un término de caducidad de la acción de tutela
Para determinar
la razonabilidad del tiempo, en procura de establecer si existe o no una
tardanza injustificada e irrazonable, este Tribunal ha trazado las siguientes
subreglas: (i) que exista un motivo válido para la inactividad del actor; (ii)
que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión o bienes constitucionalmente protegidos de
igual importancia (v.gr. la seguridad jurídica); y (iii) que exista un nexo
causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
del interesado. Excepcionalmente, si el fundamento de la acción de tutela surge
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma, (iv) su ejercicio debe realizarse en un plazo no muy alejado
de dicha situación.
EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE-Trámite
EXCEPCIONES PREVIAS-Trámite/EXCEPCIONES PREVIAS-Finalidad
En relación
con trámite de las excepciones previas, el artículo 65 del CPTSS, señala que el
auto que las decida puede ser cuestionado por medio de los recursos de
reposición y apelación, ya sea de manera oral dentro de la audiencia en que se
profirió o en los cinco días siguientes cuando la providencia se notifique por
estado.
DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO-Configuración
DEFECTO SUSTANTIVO POR INDEBIDA O EQUIVOCADA
INTERPRETACION DE LA LEY-Caracterización
INTERPRETACION JUDICIAL-Limitada por las normas y la Constitución/AUTONOMIA
JUDICIAL E INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION
Es innegable que la
autonomía y libertad que se les reconoce a las autoridades judiciales para
interpretar las normas jurídicas (CP arts. 228 y 230), no comprende, en ningún
caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento del
ordenamiento constitucional y menos aún de los derechos fundamentales de las
personas. Así lo ha reconocido esta Corporación al sostener que: “es cierto que
los jueces son independientes” y “su independencia es para aplicar las normas,
[más] no para dejar de aplicar la Constitución”. “Un juez no puede invocar su
independencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos para no aplicar
la ley de leyes, la norma suprema que es la Constitución”.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR INDEBIDA INTERPRETACION JUDICIAL-Procedencia excepcional cuando se evidencia un actuar
caprichoso y arbitrario del juez
Si bien es cierto que los
jueces son autónomos e independientes para elegir las normas pertinentes al
caso, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, ello no los habilitada para
que en desarrollo de dicha labor puedan apartarse de lo previsto en el régimen
constitucional y, por ende, del carácter vinculante de los derechos fundamentales.
No obstante, cuando se pretenda cuestionar una interpretación judicial por vía
de la acción de tutela su procedencia es eminentemente excepcional, por lo que sólo se configura en los casos en los que
se evidencia un actuar arbitrario y caprichoso del juez. En este sentido, ante la existencia de distintas
interpretaciones razonables, no cabe duda de que debe prevalecer la del juez de
conocimiento, en aras de preservar los principios de autonomía e independencia
de la labor judicial.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
INTERPRETACION JUDICIAL-Improcedencia
cuando existen varias interpretaciones de disposición legal y debe prevalecer
la del juez de conocimiento en aras del principio de autonomía e independencia
judicial
CONVENCION COLECTIVA-Vigencia/CONVENCION COLECTIVA-Prórroga de
cláusulas de contenido económico
CONVENCION COLECTIVA-Definición de la denuncia/CONVENCION COLECTIVA-Efectos
de la denuncia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se ejercieron
los recursos en proceso laboral
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Inexistencia de defecto sustantivo por
cuanto no existe interpretación errada del art. 478 del Código Sustantivo del
Trabajo y del art. 20 de la Convención Colectiva en proceso laboral
Referencia: expedientes T-4013899, T-4018005 y T-4019888
Asuntos: Acciones de tutela interpuestas por
TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, dieciséis
(16) de diciembre de dos mil trece (2013)
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido
la siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos adoptados por la Sala de Segunda de Decisión
de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
través de los cuales revocó las providencias de la Sala de Casación Laboral de
la misma corporación judicial, respecto de los expedientes de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1.1. Hechos
TERMOTASAJERO S.A.
E.S.P., actuando a través de apoderado, solicitó la revisión por parte del juez
constitucional de las providencias judiciales proferidas dentro de los procesos
laborales iniciados en su contra por los señores Rubén Darío Bautista Ramírez,
Néstor Caballero Ramírez y Rodolfo Suárez Castañeda, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, con fundamento en los hechos que se narraran a continuación[1]:
1.1.1. En el año
de 1996, el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL)
suscribió un Acuerdo Marco Sectorial con el Ministerio de Minas y Energía y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el que se estableció
un conjunto de condiciones laborales con la intención de que fueran incluidas
en las convenciones colectivas de las empresas del sector, como lo era la sociedad
Centrales Eléctricas del Norte de Santander, en donde prestaban sus servicios
los señores Rubén Darío Bautista Ramírez, Néstor Caballero Ramírez y Rodolfo
Suárez Castañeda.
Al respecto, se
afirma que SINTRAELECOL es una organización sindical de primer grado y de
industria, la cual tiene afiliados a trabajadores de más de 30 empresas del
sector de comercialización y generación de energía eléctrica[2].
1.1.2. A finales del
año en cita, la Nación suscribió un contrato de aporte de activos con TERMOTASAJERO
S.A. E.S.P.[3],
por virtud del cual le transfirió a la citada empresa el derecho de dominio
sobre los activos que componen la Central Térmica de Tasajero,  ubicada en el municipio de
San Cayetano en el departamento de Norte de Santander, lo que condujo a
que operara un fenómeno de sustitución patronal frente a los trabajadores
previamente mencionados.
1.1.3. El 10 de
diciembre de 1998, se suscribió un nuevo Acuerdo Marco Sectorial, en el que se estipuló
que para el primer año habría un incremento salarial del 18% y, para el
segundo, el IPC. En todo caso, en dicho año, se suscribió una convención
colectiva (1998-2000), en la que se señaló que el incremento salarial para el
segundo año correspondería al IPC más un 0.5%.
1.1.4. En el año
2000, con posterioridad a un proceso de negociación entre TERMOTASAJERO y
SINTRAELECOL, se decidió incorporar vía conven-ción colectiva algunas de las
decisiones y acuerdos a los que se llegó en la Comisión del Acuerdo Marco
Sectorial de 1996, entre los cuales se acordó una regla sobre incrementos
salariales. La convención se suscribió el 26 de diciembre de 2000, con una
vigencia del 1º de marzo de dicho año al 28 de febrero de 2002. La cláusula
sobre la materia dispone lo siguiente:
“Artículo 20. Aumento de salario básico.
Termotasajero S.A. E.S.P. aumentará los salarios básicos de sus trabajadores en
un porcentaje equivalente al nueve por ciento (9%) a partir del primero (1º) de
marzo de 2000. A partir del 1º de enero de 2001, la asignación básica se
incrementará en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor
año completo, para los doce (12) meses anteriores. Los reajustes cobijarán al personal
que se encuentre de vacaciones.
Parágrafo 1.- Termotasajero S.A. E.S.P. no hará aumentos personales
discrimina-torios distintos a los pactados en esta Convención.
Parágrafo 2.- Termotasajero S.A. E.S.P. reconoce la incidencia de
este aumento en las prestaciones sociales de que gozan los trabajadores.
Parágrafo 3.-  Termotasajero S.A. E.S.P. incorporará a la presente
Convención Colectiva de Trabajo, el esquema del escalafón con sus respectivos
salarios.
Nivel y
Salario
Salario
Básico
Básico
Salario
Grado
1999
2,000
Diario
Hora
2,001
A1
488,737
532,724
17,757
2,220
A2
498,280
543,125
18,104
2,263
A3
508,189
553,926
18,464
2,308
A4
517,915
564,528
18,818
2,352
B1
520,248
567,071
18,902
2,363
B2
535,289
583,465
19,449
2,431
B3
550,911
600,493
20,016
2,502
B4
567,426
618,495
20,616
2,577
B5
583,151
635,635
21,188
2,648
C1
603,083
657,360
21,912
2,739
C2
626,742
683,149
22,772
2,846
C3
652,852
711,609
23,720
2,965
C4
679,731
740,907
24,697
3,087
C5
705,286
768,761
25,625
3,203
D1
741,575
808,317
26,944
3,368
D2
781,900
852,271
28,409
3,551
D3
824,585
898,798
29,960
3,745
D4
871,701
950,154
31,672
3,959
D5
915,075
997,432
33,248
4,156
E1
975,674
1,063,485
35,449
4,431
E2
1,042,118
1,135,909
37,864
4,733
E3
1,113,770
1,214,009
40,467
5,058
E4
1,190,910
1,298,092
43,270
5,409
E5
1,262,658
1,376,297
45,877
5,735
P10
1,073,243
1,169,834
38,994
4,874
P11
1,146,329
1,249,499
41,650
5,206
P12
1,225,148
1,335,411
44,514
5,564
P13
1,310,002
1,427,902
47,597
5,950
P14
1,388,924
1,513,927
50,464
6,308
P15
1,416,703
1,544,207
51,474
6,434
P22
1,599,294
1,743,231
58,108
7,263
P31
1,843,902
2,009,853
66,995
8,374
Parágrafo adicional.- Beneficio por acuerdo nacional. Los
trabajadores de Termotasajero S.A. E.S.P. recibirán por una sola vez, dentro de
los dos (2) meses siguientes al vencimiento de las respectivas convenciones
colectivas, la suma de ciento treinta y un mil pesos moneda legal colombiana ($
131,000,oo), la cual no tendrá incidencia salarial, ni prestacional”.
1.1.5. El 11 de
abril de 2002, se suscribió un nuevo Acuerdo Marco Sectorial, en el cual la
Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos acordaron invitar a las
empresas privadas del sector a que incrementaran los salarios de sus
trabajadores, de acuerdo con el IPC ponderado nacional. Según se afirma por el
sindicato, TERMOTASAJERO se apartó de lo acordado por el sector[4].
1.1.6. Una vez
cumplido el plazo de vigencia de la convención colectiva suscrita en el año 2000,
esto es, el 28 de febrero de 2002, la citada empresa formalizó su denuncia,
conforme a lo previsto en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo[5].
Dado que los empleados no han dado inicio al conflicto colectivo y tampoco han
presentado un nuevo pliego de peticiones para que se inicie la negociación de
las condiciones que regirán los contratos de trabajo, TERMOTASAJERO ha venido
denunciado sucesivamente la convención, en los términos consagrados la ley[6].
1.1.7. En el mes
de septiembre del año 2003, los empleados sindicalizados de TERMOTASAJERO
interpusieron demanda laboral ordinaria en su contra, con el propósito de
obtener el reconocimiento y la cancelación del aumento indexado de su salario
desde el 1° de marzo de 2002, con los correspondientes intereses de mora. Para
el efecto, se alegó la obligatoriedad de lo suscrito en los acuerdos
sectoriales, al tiempo que se invocó la existencia de un trato discriminatorio
respecto de los trabajadores no sindicalizados[7].
En la contestación
de la demanda, en primer lugar, la entidad accionada alegó la falta de
competencia del juez laboral para resolver las pretensiones, ya que el acuerdo
sectorial no constituye una fuente de obligaciones laborales y la discusión
acerca de la fórmula para indexar el salario es propia de un conflicto
económico sometido al proceso de negociación colectiva[8]. Por lo
demás, también se invocó como excepción de fondo la inexistencia de la
obligación y el cobro de lo no debido, en atención a la inexistencia de un trato
discriminatorio[9].
1.1.8. En sentencia
del 29 de mayo de 2009, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Descongestión
de Bogotá absolvió a TERMOTASAJERO y declaró probada la excepción de
inexistencia de la obligación. En términos generales, consideró que el Acuerdo
Marco Sectorial no tiene fuerza vinculante y que su naturaleza no es la de
reemplazar un pliego de peticiones o modificar una convención colectiva vigente,
por lo que no genera obligación alguna respecto de las empresas que no han
consentido su aplicación[10].
Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento del derecho a la
igualdad, sostuvo que no se acreditó con certeza que en efecto existiese la
diferenciación de trato alegada[11].
Esta decisión fue
apelada por los trabajadores sindicalizados, siendo confirmada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 26 de marzo de 2010,
en la que se sostuvo que: “(…) se hace necesario el estudio del acta de Acuerdo
fechada el 11 de abril de 2002, obrante a folios 201 y 202 del plenario, la
cual es el motivo (…) de la litis. Debemos comenzar el estudio de la
misma verificando que los firmantes (…) son el Ministerio de Minas y Energía,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Sintraelecol Nacional
y como testigo el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de lo que se
infiere que no aparece por ninguna parte consentimiento alguno de
TERMOTASAJERO, parte demandada en el presente caso. (…) Entonces, el hecho de
invitar al análisis de un documento no es requisito sine qua non para
acogerse al acuerdo ya tantas veces citado”.[12]
1.1.9. Durante el
transcurso del proceso ordinario laboral que culminó en el 2010, SINTRAELECOL
interpuso una acción de amparo constitucional en contra de TERMOTASAJERO, en la
que solicitó la protección de los derechos al mínimo vital y a la movilidad
salarial de los trabajadores sindicalizados de dicha empresa, los cuales fueron
presuntamente vulnerados por no haberles aumentado el ingreso básico mensual
desde el año 2002, en contra de lo previsto en la Convención y en las pautas gubernamentales
de incremento del salario mínimo[13].
En primera
instancia, en sentencia del 20 de abril de 2007, el Juzgado Primero Civil
Municipal de Bogotá declaró la improcedencia del amparo, básicamente por considerar
que existían otros medios de defensa judicial para hacer valer los derechos reclamados,
aunado al hecho de que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable. En sede de apelación, el 31 de mayo de 2007, el Juzgado 34 Civil
del Circuito de Bogotá concedió el amparo de manera transitoria, al considerar
que el desconocimiento de la movilidad salarial constituye un trato injusto, de
acuerdo con lo previsto en la Sentencia T-102 de 1995[14]. En
consecuencia, ordenó a TERMOTASAJERO indexar y pagar lo correspondiente a la
remuneración salarial de los trabajadores sindicalizados en la forma prevista
en la parte motiva del fallo, desde marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007[15],
fecha en la que se profirió la decisión ad quem.
1.1.10. En
cumplimiento de la sentencia de tutela, la empresa demandada indexó en un
34.32% el salario de los empleados demandantes. Sin embargo, a juicio de estos
últimos, no se reconoció ni pagó las diferencias a los reajustes salariales y a
las prestaciones sociales causadas desde el 1º de marzo de 2002, por lo que el
aumento salarial debería haber sido del 42.33%.
1.1.11. Con
posterioridad a la decisión del juez de tutela, los ciudadanos Rubén Darío
Bautista Ramírez (afectado directo en el expediente T-4013899), Néstor
Caballero Ramírez (afectado directo en el expediente T-4018005) y Rodolfo
Suárez Castañeda (afectado directo en el expediente T-4019888), de manera
individual, interpusieron demanda ordinaria laboral con el fin de que se les
reconociera la diferencia mes a mes del salario básico desde el 1º de marzo de
2002 hasta el 31 de mayo de 2007, con base en el índice de precios al
consumidor, correspondiente al lapso en que el salario fue congelado. Por lo
demás, entre otras, también reclamaron el reconocimiento del aumento de las
horas extras, primas legales de servicio, prima de carestía, prima de
antigüedad, prima de vacaciones, gastos de rodamiento, intereses de cesantías,
reliquidación de cesantías y diferencias salariales de los aportes a seguridad
social.
Las tres demandas
fueron repartidas al Juzgado 3 Laboral del Circuito de Cúcuta, por lo que con
posterioridad a su admisión, se corrió traslado a TERMOTASAJERO, con el
propósito de que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones invocadas. En
concreto, la empresa demandada alegó tres excepciones: (i) pleito pendiente
entre las mismas partes y sobre el mismo asunto; (ii) inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido y (iii) prescripción.
Respecto de la
primera de las citadas excepciones, manifestó que: “Tal como se señaló en los
capítulos precedentes, en la actualidad cursa un proceso ordinario laboral
promovido entre otros por el aquí demandante, proceso que se soporta en los
mismos hechos y pretensiones a las planteadas en esta demanda.” En concreto se
refiere al proceso promovido por SINTRAELECOL contra TERMOTASAJERO, en el que
se alegó la obligatoriedad de lo suscrito en los acuerdos sectoriales y se
invocó la existencia de un trato discriminatorio respecto de los trabajadores
no sindicalizados, el cual para ese momento había sido resuelto en primera
instancia por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Descongestión de
Bogotá, en sentencia del 29 de mayo de 2009, estando pendiente la definición
del recurso de apelación. Por lo anterior, se señaló que: “En primera
instancia, las pretensiones de los demandantes fueron negadas y en la
actualidad el proceso se encuentra al conocimiento del H. Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá repartido al H. Magistrado Giovanny Rodríguez,
pendiente que se señale fecha para proferir sentencia de segunda instancia. En
estas condiciones, es palmaria la existencia de la excepción propuesta y así
solicito se declare en la primera audiencia de trámite”.
En cuanto a la
segunda excepción, expuso las siguientes razones para justificar la
improcedencia del incremento salarial y de la reliquidación solicitada: “[i] La
sentencia de tutela en la que se fundamenta la pretensión, no ordenó
incrementos salariales retroactivos sino a partir del 31 de mayo de 2007, fecha
a partir de la cual se ha realizado en la forma ordenada en la providencia (…).
[ii] La organización sindical a la que pertenece el actor, se abstuvo
injustificadamente de denunciar la convención colectiva de trabajo, siendo ésta
la razón por la cual no fue posible renegociar las condiciones salariales en el
período reclamado en la demanda. (…) [iii] De manera reiterada viene
sosteniendo la H. Corte Suprema de Justicia, que la jurisdicción laboral no
está facultada para ordenar incrementos salariales porque no existe ninguna
disposición en el ordenamiento jurídico que así lo ordene cuando quiera que se
trata de salarios superiores al mínimo legal”.
Finalmente, se
propuso la excepción de prescripción, en el entendido que sin admitir la
existencia del derecho reclamado, las obligaciones laborales no son
justiciables cuando su causación haya sido anterior a los tres años previos a
la fecha de presentación de la demanda.
1.1.12. En los
tres casos, por medio de autos fechados el 25 de noviembre de 2009, al momento
de adelantar la primera audiencia de trámite y/o de conciliación, el juez de
primera instancia dispuso lo siguiente respecto a la excepción previa de pleito
pendiente planteada por TERMOTASAJERO:
“Se propuso como excepción previa la excepción de
PLEITO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES Y SOBRE EL MISMO ASUNTO, la cual se
tomará como de fondo, y se dispone que sea decidida junto con las demás
propuestas en ese sentido, al momento de dictarse la correspondiente
sentencia”.
A continuación,
con fundamento en lo expuesto, decretó que:
“AUTO:
1.- DISPONER que todas las excepciones propuestas se
decidan al momento de dictarse la correspondiente sentencia.
2.- ORDENAR se continúe con el trámite que legalmente
corresponde a la presente audiencia.
3.- NOTIFICAR por estrados a las partes”.
1.1.13. En
providencias de primera instancia, proferidas en los tres casos el 15 de abril
de 2011, el a quo absolvió a la entidad demandada de las pretensiones
invocadas en las demandas, al considerar que la controversia propuesta
corresponde a un asunto de naturaleza económica, respecto del cual no existe
norma legal o convencional que obligue o faculte al empleador a realizarle al
trabajador un incremento salarial anual[16].
Al margen de lo
anterior, en cuanto a las excepciones planteadas por TERMOTASAJERO, se
consideró innecesario proceder a su examen, pues los argumentos expuestos por
el a quo eran suficientes para enervar la procedencia de las
pretensiones alegadas. Así, en la parte resolutiva de las sentencias en
mención, se dispuso que:
“DECLARAR que no hay lugar a hacer pronunciamiento
alguno respecto de las excepciones propuestas por la EMPRESA TERMOTASAJERO S.A.
E.S.P”.
1.1.14. Los
trabajadores apelaron la decisión y su conocimiento le correspondió a la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el cual revocó
las sentencias de primera instancia[17].
En concreto manifestó que ante la inexistencia de un mandato legal referente al
incremento anual de salarios de los trabajadores que devengan un ingreso
superior al mínimo legal, la pretensión invocada estaba supeditada a lo
establecido en la convención colectiva del trabajo. De ahí que, una vez
examinado el contenido de los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del
Trabajo, aun cuando se haya denunciado por el empleador la convención suscrita entre
el 1º de marzo de 2000 y el 28 de febrero de 2002, lo cierto es que “la misma
se mantiene vigente hasta tanto se firme una nueva, lo cual no ha ocurrido en
este caso pues los trabajadores no han presentado nuevo pliego de peticiones
para dar origen al conflicto colectivo”. Lo anterior, en el asunto bajo examen,
exigía revisar el artículo 20 del acuerdo convencional, para efectos de
determinar su vigencia temporal.
Así las cosas, en
criterio del ad quem, la referencia de la norma al 1º de enero de 2001
constituye la base inicial desde la cual se aplica el mencionado incremento al
salario de los trabajadores, sin imponer una fecha límite respecto del mismo,
cuya exigibilidad se deriva, además, del hecho de que la propia convención
remitiera a la favorabilidad en la exégesis de su contenido. Puntualmente, se
dispuso que:
“[E]stima la Sala que cuando el texto convencional
citado dispone que: “A partir del 1º de enero de 2001, la asignación básica
se incrementará en el porcentaje de variación del índice de precios al
consumidor año completo, para los doce (12) meses anteriores”, la misma ha
de interpretarse en el sentido que el 1º de enero de 2001 constituye la base
inicial desde la cual se aplicará el mencionado incremento al salario de los
trabajadores sin imponer una fecha límite respecto del mismo, y por cuanto el
inciso final del artículo 1º del pacto señala que: “En caso de conflicto o
duda sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente, prevalecerá la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad”, ha de entenderse que el aparte en discusión del artículo 20 de
la C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el futuro pues no cerró
su aplicación para un determinado lapso, y más aún porque conforme al principio
de ultraactividad, las cláusulas normativas del convenio han prorrogado sus
consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor un nuevo pacto colectivo,
yendo lo anterior en consonancia con lo establecido en el artículo 478 del
C.S.T que dispone la prórroga automática de las convenciones y la presunción en
cuanto a la ultraactividad exlege, es decir, que a menos que se hayan
pactado normas diferentes, lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores
mantendrá en vigor todo su contenido normativo.
De aquí, que la ultraactividad sea entonces una de las
características fundamentales de nuestro sistema de negociación colectivo pues
cuando no se ha dado cumplimiento al procedimiento que da por terminada la
vigencia de una convención colectiva, dichos convenios se continúan aplicando
más allá de la duración que se haya establecido para ella y hasta tanto se
alcance un nuevo acuerdo que sustituya el anterior”.
A continuación se
procedió a determinar el monto de la condena, en la que el Tribunal tuvo en cuenta
la prescripción de acción, en relación con los emolumentos anteriores al 29 de enero
de 2004[18].
Finalmente, no hubo pronunciamiento alguno sobre la excepción de pleito pendiente[19].
1.1.15. Contra las
anteriores providencias, TERMOTASAJERO S.A. E.S.P  interpuso el recurso
extraordinario de casación, el cual fue denegado por no cumplir con la cuantía
de la litis requerida por la ley[20].
Dichas decisiones fueron recurridas por el apoderado de la empresa previamente
mencionada a través del recurso de reposición, el cual fue negado. Por ello, en
acudió al recurso de queja, en el que se determinó que el recurso extraordinario
de casación fue negado correctamente[21].
1.2. Solicitud
de amparo constitucional
1.2.1. A través de
apoderado, la empresa TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. cuestionó el actuar de los
jueces laborales que conocieron de las demandas ordinarias propuestas por los
señores Rubén Darío Bautista Ramírez, Néstor Caballero Ramírez y Rodolfo Suárez
Castañeda, con el fin de que se les reconociera la diferencia mes a mes del
salario básico desde el 1º de marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007, esto
es, el Juez Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha ciudad.
1.2.2. En cuanto
al actuar de ambas autoridades judiciales, se señala que se incurrió en una
violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y debido proceso, por cuanto no se pronunciaron sobre la excepción
previa de pleito pendiente, la cual –en su opinión– debió prosperar. Al
respecto, se alega que los citados señores, como miembros de SINTRAELECOL,
participaron en la instauración de una demanda ordinaria laboral en su contra,
la cual se encontraba en curso, con el propósito de obtener el reconocimiento y
la cancelación del aumento indexado de su salario desde el 1° de marzo de 2002,
con los correspondientes intereses de mora. De ahí que, en su opinión, el
proceso no se debió tramitar al existir otra actuación judicial con el mismo
objeto y entre las mismas partes.
Así resalta que,
por una parte, el juez de primera instancia decidió resolver la excepción
previa al momento de proferir sentencia, evento en el cual se abstuvo de
pronunciarse sobre la misma, en cuanto determinó que procedía una de las
excepciones planteadas; mientras que, por la otra, el juez de segunda instancia,
en la medida en que revocó el fallo y profirió condena, debió pronunciarse
sobre la totalidad de las excepciones, lo cual no ocurrió.
La falta de
estudio y definición de dicha excepción implicó una violación de los derechos
fundamentales invocados, pues una de las garantías propias del derecho de
defensa, radica en el estudio oportuno de los medios exceptivos, máximo si
tienen como propósito evitar el trámite de un proceso. En este sentido, se hace
referencia a las Sentencias T-840 de 2006, T-884 de 2006,        T-909 de 2006
y T-350 de 2008, con la finalidad de señalar que la falta de resolución de las
excepciones da lugar a la ocurrencia de un defecto procedi-mental, el cual no
es susceptible de entenderse saneado, incluso en aquellos casos en que el
interesado no interpone una solicitud de nulidad procesal.
1.2.3. En lo que
se refiere de forma exclusiva a las sentencias proferidas en segunda instancia
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, se
alega el desconocimiento de los mismos derechos fundamentales previamente
mencionados, en la medida en que realizó una interpretación ilegal de la
Convención Colectiva, dándole al artículo 478 del Código Sustantivo del
Trabajo, un alcance que no tiene y que se desconoce la jurisprudencia de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha dicho que cuando los
citados acuerdos establecen beneficios para períodos determinados de tiempo,
éstos no pueden prorrogarse de manera indefinida.
En su criterio, la
forma como se planteó la cláusula del artículo 20, destaca que “si la voluntad
de las partes hubiese sido la de establecer una vigencia indefinida (…), no
habría sido necesario incluir la referida tabla. Habría bastado con señalar el
monto de los aumentos sin precisar su cuantía, lo que demuestra que la
interpretación del Tribunal, (…) rompe los más elementales principios de
interpretación”.
1.2.4. Por lo
anterior, el actor solicita que se dejen sin efectos las sentencias de segunda
instancia y, en su lugar, se ordene volver a fallar, teniendo en cuenta los
efectos de la cosa juzgada (pues el pleito pendiente ya se definió) y el texto
plasmado en la Convención Colectiva. En subsidio, como consecuencia de la
ocurrencia del defecto procedimental señalado, se ordene a las autoridades
demandadas rehacer el trámite, a partir del momento en que se abstuvieron de
resolver la excepción propuesta.
1.3.
Contestación de la demanda e intervención de terceros con interés
Luego de haber
sido notificados dentro del proceso y que se les hubiera dado un día para
responder, los accionados guardaron silencio. No obstante, los terceros interesados se pronunciaron
por medio de escrito del 10 de abril de 2013, esto es, los señores Rubén Darío
Bautista Ramírez, Néstor Caballero Ramírez y Rodolfo Suárez Castañeda. En dicho
escrito, presentado de forma individual en cada uno de los procesos, los
interesados pidieron que el amparo fuese desestimado. Al respecto, por una
parte, indicaron que no puede alegarse que existe pleito pendiente o cosa
juzgada, pues las pretensiones versan sobre tiempos diferentes y responden a un
fundamento normativo distinto; y por la otra, el origen de la condena es la
Convención Colectiva que se encuentra vigente, lo que se constata con la
denuncia realizada cada seis meses por parte del empleador.
1.4. Pruebas relevantes que obran en el
expediente
-
Copia de la demanda
laboral ordinaria instaurada en el año 2003, por los empleados sindicalizados
de TERMOTASAJERO, en la que solicitan el reconocimiento y pago del aumento
salarial, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Marco Sectorial suscrito
el 11 de abril de 2002[22].
-
Copia de la
contestación a la demanda laboral ordinaria interpuesta en el año 2003[23].
-
Copia de la sentencia
de primera instancia proferida el 29 de mayo de 2009 por el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, en el proceso laboral
ordinario iniciado por los empleados sindicalizados, en donde se denegaron las
pretensiones[24].
-
Copia de la decisión
de segunda instancia proferida el 26 de marzo de 2010 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en donde se confirmó la decisión del a-quo
en el proceso laboral ordinario reseñado[25].
-
Copia del escrito de
tutela interpuesto por SINTRAELECOL en contra de TERMOTASAJERO, en el que se
solicita el reconocimiento y pago automático del incremento del salario
establecido por la ley[26].
-
Copia de la
contestación de TERMOTASAJERO a la acción de tutela[27].
-
Copia de la sentencia
de tutela proferida el 31 de mayo de 2007 por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, en donde se concedió el amparo
solicitado[28].
-
Copia de las demandas
laborales ordinarias interpuestas a título individual por los señores Rubén
Darío Bautista Ramírez, Néstor Caballero Ramírez y Rodolfo Suarez Castañeda en
contra de TERMOTASAJERO, en la que solicitan el reconocimiento de la diferencia
mensual del salario básico y demás emolumentos no reconocidos desde el 1º de
marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007[29].
-
Copia de las
contestaciones allegadas por parte de TERMOTASAJERO a las demandas laborales
ordinarias interpuestas por los citados señores, en donde se alegó las
excepciones de pleito pendiente, inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido, y prescripción[30].
-
Copia de las actas de
la primera audiencia de
trámite y/o de conciliación, en
las cuales se declaró fallida dicha instancia y se decidió darle tramite a las
excepciones de pleito pendiente como excepciones de fondo[31].
-
Copia de las sentencias
proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, en donde
absolvió a TERMOTASAJERO de las reclamaciones individuales realizadas por los
accionantes, con el argumento de que no existe dentro del ordenamiento (legal o
convencional), parámetro normativo alguno que obligue al demandado a reliquidar
los salarios de sus empleados[32].
-
Copia de las sentencias
proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en las que
al resolver el recurso de apelación, se procedió a revocar los fallos del
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la citada ciudad, otorgando las
pretensiones invocadas por los accionantes durante el período 2004-2007, previo
pronunciamiento expreso sobre la prescripción[33].
-
Copia de los recursos
de casación interpuestos por TERMOTASAJERO en contra de las sentencias
proferidas el 18 de noviembre de 2011 y el 6 de diciembre de 2011, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta[34].
-
Copia de los autos
que negaron los recursos de casación por no cumplir con la cuantía requerida por
la ley.[35]
-
Copia de las
denuncias parciales de la Convención Colectiva, realizadas por parte de
TERMOTASAJERO ante el Ministerio de Trabajo, correspondientes a los años 2008,
2009, 2010, 2011 y 2012[36].
II. SENTENCIAS
OBJETO DE REVISIÓN[37]
2.1. Primera instancia
Luego de asumir su
conocimiento[38],
en sentencia del 17 de abril de 2013, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia decidió  amparar el derecho fundamental al debido proceso
de TERMOTASAJERO. Al respecto, adujo que “no existe norma legal que ordene un
incremento salarial general para trabajadores del sector privado que devenguen
un salario superior al mínimo, [por lo que] no resultaba posible imponer o
aplicar, como lo hizo el Tribunal, unos aumentos convencionales de salarios que
tenían claramente determinada su vigencia, a años posteriores a los de dicha
vigencia”[39].
Por lo anterior, ordenó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta
dejar sin efectos las actuaciones adelantadas dentro del proceso laboral
ordinario en sede de apelación.
Frente a esta determinación,
en los tres casos, la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón salvo el voto e
indicó que la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo para
controvertir los criterios de interpretación que tuvieron los juzgadores de
instancia, cuando las razones para adoptar dicha decisión son claras y se
alejan del capricho y la arbitrariedad[40].
En relación con la excepción previa de pleito pendiente o cosa juzgada, se
indicó que el demandante pudo plantear una solicitud de adición del fallo, en
los términos del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, sin que pueda
soslayarse dicho mecanismo por vía del amparo constitucional[41]
2.1.2. Impugnación
La decisión fue
impugnada por los terceros interesados, quienes básicamente reiteraron lo
establecido en la demanda. En todo caso, alegaron que a raíz de la Convención
Colectiva suscrita en el año 2000, la cual mantuvo su vigencia en la medida en
que no se suscribió un nuevo acuerdo colectivo, los salarios de los empleados
sindicalizados debieron ser incrementados anualmente de acuerdo con el IPC. Por
otra parte, manifestaron que
el Tribunal no incurrió en un desconocimiento del principio de cosa juzgada, ya
que el aumento salarial que se ordenó en el fallo de tutela del 31 de mayo de
2007 por parte del Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, tuvo efecto únicamente
sobre la asignación básica, por lo que la controversia sobre las diferencias salariales
no canceladas desde el 2002 por concepto de primas, vacaciones, cesantías e
intereses de cesantías, entre otros, debían ser resueltas en el proceso laboral
ordinario, al cual se acudió. Agregaron que existen varios pronunciamientos
judiciales con identidad fáctica en los que se han protegido sus derechos, de
manera que, en su criterio, no es admisible que por la vía acción de tutela se
desconozcan los pronunciamientos de los operadores judiciales competentes[42].
Por su parte,
TERMOTASAJERO señaló que en otros casos sobre la materia, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia le había concedido la razón, por lo que dicha
decisión debía ser confirmada por el juez de tutela de segunda instancia[43].
En el interregno, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en cumplimiento de la sentencia de
primera instancia, dejó sin
efectos las actuaciones en sede de apelación adelantadas dentro del proceso laboral
instaurado por los empleados sindicalizados de la citada empresa[44].
En atención a lo anterior, en audiencia de juzgamiento del 3 de mayo de 2013,
confirmó las decisiones de primera instancia que absolvieron a la compañía
demandada.
2.1.3. Segunda instancia
En sentencia del
11 de julio de 2013, la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó las decisiones del
a-quo y, en su lugar, denegó por improcedente el amparo solicitado en los
tres casos. Al respecto se plantearon tres argumentos, en primer lugar, se
señaló que la providencia cuestionada no fue arbitraria ni contraria a la
razón; en segundo lugar, se advirtió que la solicitud de TERMOTASAJERO tiene
como fin censurar las actuaciones de los funcionarios por fuera de los
mecanismos previstos por el legislador, de manera que es evidente que la citada
empresa trata de convertir a la acción de tutela en una tercera instancia o
mecanismo alternativo a los medios ordinarios de defensa judicial; y en tercer
lugar, aseveró que el amparo constitucional solicitado no cumple con el
requisito de inmediatez, pues el demandante tardó más de seis meses en
solicitar el amparo[45].
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
3.1.   Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en las acciones de tutela de
la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. Los expedientes fueron seleccionados y acumulados, por
presentar identidad de materia, por medio de Auto del 29 de agosto de 2013
proferido por la Sala de Selección número Ocho.
3.2.
Planteamiento del problema jurídico
3.2.1. A partir
de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de las acciones de
tutela y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales, le
corresponde a la Corte determinar, si el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, incurrieron en una
vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
la empresa TERMOTASAJERO, como
consecuencia, supuestamente, de haber interpretado de manera ilegal la
Convención Colectiva suscrita el
día 26 de diciembre de 2000, al darle al
artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo un alcance que no tiene y por
esa vía desconocer la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia,
así como por no decidir la excepción previa de pleito pendiente interpuesta
oportunamente por la citada empresa.
3.2.2. Para dar respuesta al citado problema jurídico,
inicialmente esta Sala (i) se pronunciará sobre los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, luego de lo cual estudiará si dichos requisitos se
cumplen en los casos objeto de estudio. A continuación (ii) hará una breve exposición sobre
las causales específicas de procedibilidad del amparo constitucional contra
fallos judiciales, para lo cual se detendrá en el análisis del defecto
sustantivo derivad de interpretaciones judiciales. Con posterioridad, (iii)
realizará un acercamiento a la vigencia de la convención colectiva de trabajo. Una vez concluido el examen de los temas de la
referencia, (iv) se procederá
al estudio de los casos en
concreto.
3.3.
Estudio de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales
3.3.1. De acuerdo con el artículo 86 de
la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo residual y
subsidiario de defensa judicial, cuya finalidad es la protección de los
derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un
particular, en los casos previstos en la Constitución y en la ley.
Tal como se estableció en la Sentencia
C-543 de 1992[46],
por regla general, la acción de tutela es improcedente cuando se pretenden
cuestionar providencias judiciales, en respeto a los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial y a la garantía
procesal de la cosa juzgada. Al respecto, en el fallo en cita se sostuvo que:
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido
al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha
agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al
trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra
posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho.”[47]
Sin embargo, en
dicha oportunidad, también se estableció que de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, “no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales”[48]. En este
sentido, si bien se entendió que en principio la acción de amparo no procede
contra providencias judiciales, excepcionalmente es viable su uso como
mecanismo subsidiario de defensa judicial, cuando de la actuación judicial se
produzca la violación o amenaza de un derecho fundamental.
Se trata entonces
de un instrumento
excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del
juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales la
tornan incompatible con los mandatos previstos en el Texto Superior. Por esta
razón, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio
de validez”[49],
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los
recursos judiciales tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir
las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta.
No obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste
la arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual, como ya se dijo, se habilita
el uso del amparo tutelar.
3.3.2. En
desarrollo de lo expuesto, la Sala Plena de esta Corporación, en la Sentencia
C-590 de 2005[50],
estableció un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y
procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como
presupuestos ineludibles para la protección de los derechos afectados por una
providencia judicial. Dichos requisitos fueron divididos en dos categorías,
aquellos generales que se refieren a la procedibilidad de la acción de
tutela, y aquellos específicos que se relacionan con la tipificación de
las situaciones que conducen al desconocimiento de derechos fundamentales,
especialmente el derecho al debido proceso.
Los requisitos de carácter
general, conforme se expuso, se refieren a la viabilidad procesal de la
acción de tutela contra providencias judiciales y son esenciales para que el
asunto pueda ser conocido de fondo por el juez constitucional. La verificación
de su cumplimiento es, entonces, un paso analítico obligatorio, pues, en el
evento en que no concurran en la causa, la consecuencia jurídica es la
declaratoria de su improcedencia. Lo anterior corresponde a una consecuencia
lógica de la dinámica descrita vinculada con la protección de la seguridad
jurídica y la autonomía de los jueces, ya que la acción de amparo no es un
medio alternativo, adicional o complementario para resolver conflictos
jurídicos. Por el contrario, en lo que respecta a los requisitos de carácter
específico, se trata de defectos en sí mismos considerados, cuya presencia
conlleva el amparo de los derechos fundamentales, así como a la expedición de
las órdenes pertinentes para proceder a su protección, según las circunstancias
concretas de cada caso.
3.3.3. Estudio
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
3.3.3.1. La Corte
ha identificado los siguientes requisitos generales, que, según lo
expuesto, habilitan la procedencia de la acción de amparo, a saber: (i) que la cuestión discutida tenga
relevancia y trascendencia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del
afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
acción se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración, es decir, que se cumpla con el requisito de la
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal alegada, de existir, tenga un
impacto decisivo en el contenido de la decisión; (v) que el actor identifique
los hechos constitutivos de la vulneración y que, en caso de ser posible, los
hubiese alegado durante el proceso judicial en las oportunidades debidas; y
(vi) que no se trate de una sentencia de tutela.
3.3.3.2. Teniendo
en cuenta que en el asunto bajo examen, las acciones de tutela fueron
declaradas improcedentes por el juez de segunda instancia, esta Sala de
Revisión realizará unas breves consideraciones adicionales respecto de los
requisitos dos y tres, previamente mencionados.
En cuanto al
segundo requisito, esto es, que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate
de evitar un perjuicio irremediable; la Corte ha señalado que es  deber del
actor desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le
otorga para el amparo de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse
la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última. Esta carga del accionante de agotar toda vía procesal
dispuesta en la ley, incluye el ejercicio de recursos, incidentes y demás
herramientas procesales que permitan salvaguardar un derecho, con la sola
excepción del perjuicio irremediable, caso en el cual procede el amparo como
mecanismos transitorio.
En este orden de
ideas, reitera la Sala que en atención a la naturaleza eminentemente
subsidiaria de la acción de tutela, esta Tribunal también ha establecido que la
misma no está llamada a prosperar cuando
a través de ella se pretenden sustituir los medios ordinarios de defensa
judicial[51]. Al respecto, se ha señalado que: “no es propio de la acción de tutela el [de
ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a
las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente
definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la
persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus
derechos constitucionales fundamentales”[52].
3.3.3.3. Por su
parte, en lo que lo que atañe al tercer requisito de procedibilidad, este
Tribunal ha expuesto que el
propósito de la acción de tutela es asegurar la protección inmediata de
los derechos fundamentales.
Esto significa que el amparo,
por querer del Constituyente, corresponde a un medio de defensa judicial
previsto para dar una respuesta urgente, en aras de garantizar la efectividad
concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza, lo que se traduce
en la obligación de procurar su ejercicio dentro de un plazo razonable, justo y
oportuno, pues de lo contrario no se estaría ante el presupuesto material
necesario para considerarlo afectado[53].
Precisamente, en la Sentencia T-920 de 2012[54],
se dijo que:
“Repetidamente, la Corte ha llamado la atención sobre
el hecho de que, por disposición de la norma constitucional que la establece
(art. 86), la acción de tutela tiene por objeto procurar la
protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública (no está en
negrilla en el texto original). Es decir, que en vista de la gravedad del
problema que se quiere afrontar (la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales de las personas), se ofrece una solución cuya potencialidad es
considerablemente superior a la de otros medios de defensa judicial, la misma
que la norma constitucional ha definido de manera sencilla pero meridianamente
clara como protección inmediata.
Dentro del mismo contexto en que se justifica esta
reflexión, es palmario que si entre la ocurrencia del problema (la alegada
violación de derechos fundamentales) y la búsqueda de la solución (presentación
de la acción de tutela) transcurre un lapso considerable, ello es indicativo de
la menor gravedad de la vulneración alegada o de la poca importancia que
tendría el perjuicio que ella causa, por lo cual no sería razonable brindar
ante esos hechos la protección que caracteriza a la acción de tutela, que ya no
sería inmediata sino inoportuna.”[55]
Además de lo
anterior, es claro que el presupuesto de la inmediatez evita que el amparo
constitucional se emplee como un medio que premie la desidia y la indiferencia
en la defensa judicial de los derechos, al tiempo que impide que se convierta
en un factor de inseguridad jurídica, sobre todo cuando se reclama la
resolución definitiva de situaciones litigiosas o cuando de por medio se
encuentran los derechos de terceros.
Si bien la
Constitución y la ley no establecen un término expreso de caducidad, en la
medida en que lo pretendido con el amparo es la protección concreta y actual de
un derecho fundamental, la jurisprudencia ha señalado que le corresponde al
juez constitucional –en cada caso en concreto– verificar si el plazo fue
razonable y proporcionado, es decir, si teniendo en cuenta las circunstancias
personales del actor, su diligencia y sus posibilidades reales de defensa y el
surgimiento de derechos de terceros, la acción de tutela se interpuso
oportunamente[56].
Este cálculo se realiza entre el momento en que se genera la actuación que
causa la vulneración o amenaza del derecho y aquél en la que el presunto
afectado acude al amparo para solicitar su protección.
Como parámetro
general, en varias providencias, esta Corporación ha dicho que ante la
inexistencia de un término definido, en algunos casos se ha considerado que el
plazo oportuno es de seis meses, luego de lo cual podría declararse la
improcedencia de la tutela, a menos que, atendiendo a las particularidades del
caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que justifiquen la
inactividad del accionante[57].
En esas hipótesis, por ejemplo, se ha llegado a considerar que, bajo ciertos
supuestos, un término de dos años puede llegar a ser considerado razonable[58].
Para determinar la
razonabilidad del tiempo, en procura de establecer si existe o no una tardanza
injustificada e irrazonable, este Tribunal ha trazado las siguientes subreglas[59]:
(i) que exista un motivo válido para la inactividad del actor; (ii) que la
inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión o bienes constitucionalmente protegidos de
igual importancia (v.gr. la seguridad jurídica)[60]; y (iii) que
exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración
de los derechos del interesado. Excepcionalmente, si el fundamento de la acción
de tutela surge después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma, (iv) su ejercicio debe realizarse en un
plazo no muy alejado de dicha situación[61].
En lo que respecta
al ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta
Corporación ha señalado que, por una parte, (i) el examen de este requisito
debe ser más estricto y riguroso, pues con una eventual orden de amparo se
estarían comprometiendo el principio de seguridad jurídica, la garantía de la
cosa juzgada, así como la presunción de acierto con la que están revestidas las
providencias judiciales[62];
y por la otra, (ii) la carga de argumentación en cabeza del demandante para
justificar su inactividad aumenta de manera proporcional a la distancia
temporal que existe, entre la presentación del amparo y el momento en que se
consideró que se vulneró su derecho, ya que “el paso tiempo reafirma la
legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de las
sentencias”[63].
Al respecto, se ha dicho que:
“La inmediatez tiene particular relevancia tratándose
de la impugnación de providencias judiciales, porque no puede mantenerse
indefinidamente la incertidumbre en torno a la firmeza de las decisiones
judiciales. De esta manera, si bien, de manera excepcionalísima, cabe la acción
de tutela contra providencias judiciales, cuando se pueda establecer que en
realidad ellas constituyen una vía de hecho, la naturaleza grosera y
protuberante del defecto presente en la actuación judicial que abre la vía para
el amparo, exige que el mismo se solicite de inmediato, sin que resulte
admisible que las partes afectadas dejen transcurrir pasivamente el tiempo para
acudir, después de un lapso razonable, a cuestionar la actuación judicial y
solicitar que la misma sea nuevamente revisada. Esa inacción de las partes, a
menos que tenga una explicación suficientemente fundada, es denotativa de la
ausencia de un perjuicio que exija el remedio inmediato a cuya provisión se ha
previsto la acción de tutela.”[64]
En conclusión, el
presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la
acción de tutela, conforme al cual entre la actuación que genera la violación o
amenaza a un derecho y la interposición del amparo, debe transcurrir un tiempo
razonable y oportuno. Para determinar la razonabilidad de dicho plazo, este
Tribunal ha establecido varias subreglas, cuyo examen en el caso de la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales se hace más estricto y
riguroso, entre otras, como ya se expuso, en la medida en que se pretende
garantizar la seguridad jurídica y la fuerza de cosa juzgada. Con fundamento en
lo anterior y en relación con los casos sub-judice, esta Corporación
pasará a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en los términos
previamente expuestos.
3.3.3.4. De
la procedencia de la acción de tutela en los casos en concreto
3.3.3.4.1. Como se
expuso en el acápite de antecedentes, en la presente providencia, la Sala
estudia la solicitud de amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, en tres acciones de tutela impetradas por la
empresa TERMOTASAJERO, en las que se cuestiona el actuar del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Cúcuta y de la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, en el
desarrollo de procesos laborales iniciados por varios empleados sindicalizados
de dicha compañía. Por una parte, se alega haber
interpretado de manera ilegal la Convención Colectiva suscrita el día 26 de diciembre de 2000, al darle al artículo 478 del Código Sustantivo del
Trabajo un alcance que no tiene y; por la otra, no decidir la excepción previa
de pleito pendiente interpuesta oportunamente por la citada empresa. Se trata
de la supuesta ocurrencia de un defecto sustantivo y de un defecto
procedimental absoluto.
En el trámite de
estas acciones, el juez de primera instancia concedió el amparo y ordenó volver
a proferir un fallo sobre la materia objeto de controversia, al considerar que
existió un defecto sustantivo en las sentencias cuestionadas. No obstante, con
posterioridad, en segunda instancia, se revocó y declaró la improcedencia de
las decisiones de amparo, básicamente por no cumplir con el requisito de
inmediatez.
En este contexto,
se procederá a examinar si se cumplen con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Para tal
efecto, en la medida en que los casos sometidos a revisión guardan identidad en
la mayoría de los supuestos de hecho, se realizará un análisis global, a menos
que –por las particularidades procesales de cada uno de ellos– sea
indispensable resaltar alguna diferencia que, por su propia naturaleza,
conduzca a otorgar una solución distinta.
3.3.3.4.2. En lo que hace referencia a la relevancia constitucional del caso, es
innegable que la cuestión gira en torno a un eventual desconocimiento de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, como
consecuencia de un supuesto desconocimiento del artículo 478 del Código
Sustantivo del Trabajo, referente a la figura de la prórroga de la convención
colectiva y a la exigibilidad que a partir de ello tendrían sus cláusulas
normativas. Por lo demás, también se discute la falta de resolución de una
excepción previa de pleito pendiente, con efectos trascendentales en la
decisión adoptada. Aun cuando, en principio, parecería tratarse de un tema de
naturaleza eminentemente legal, el mismo trasciende a las esferas
constitucionales, pues más allá de que se invoque una salvaguarda al derecho de
defensa de la empresa demandante, la decisión que se adopte también repercute
en el alcance de los principios de autonomía e independencia judicial (CP art.
228) y en la lectura que se le ha dado a una convención colectiva, cuyo origen
se encuentra vinculado directamente con el ejercicio de los derechos de asociación
sindical y negociación colectiva (CP arts. 38 y 55).
3.3.3.4.3. En lo que atañe al agotamiento
previo de los otros medios de defensa judicial, como se expuso con
anterioridad, esta Corporación ha mantenido una línea restrictiva sujeta a la
ocurrencia de alguna de las siguientes hipótesis:
“a) Es necesario que la persona haya
agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual
fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante
tutela. Con ello se busca prevenir la intromisión indebida de una autoridad
distinta de la que adelanta el proceso ordinario, que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
legislador, y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial.
b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo
circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona,
ésta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos
ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez
descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción.
c) Finalmente, existe la opción de acudir
a la tutela contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de
evitar un perjuicio irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para
la época de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no
han sido surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la
adopción de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional
solamente podrá intervenir de manera provisional.”[65]
En el asunto sub-examine, en primer
lugar, la Sala encuentra que la empresa TERMOTASAJERO acudió a los mecanismos
que tenía a su disposición para controvertir la inconformidad con las
decisiones adoptadas, en lo que atañe a la interpretación del artículo 20 de la
Convención Colectiva del Trabajo. Al respecto, se observa que en los tres
expedientes acumulados, una vez le fue notificada las sentencias proferidas por
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta[66], mediante
las cuales se concedió el reconocimiento y pago de los incrementos salariales
solicitados por los trabajadores sindicalizados, desde el 29 de enero de 2004
hasta el 31 de mayo de 2007, la citada empresa procedió a interponer el recurso
de casación contra dichas providencias, el cual fue negado por la mencionada
Corporación Judicial, por no acreditar la cuantía requerida[67]. A
continuación, la compañía demandada presentó, en su orden, los recursos de
reposición y queja, los que también fueron despachados desfavorablemente[68].
Así las cosas, a partir de la relación procesal expuesta, no cabe duda de que el accionante utilizó todas las herramientas
procesales que tenía a su alcance para lograr la protección de sus derechos
fundamentales, sin obtener, en su opinión, una respuesta favorable de la
administración de justicia.
No obstante, en segundo lugar, en lo que tiene que ver
con la falta de decisión de la excepción
previa de pleito pendiente que fuera oportunamente interpuesta por la citada
empresa, la Sala encuentra lo siguiente:
(i) De acuerdo con el ordenamiento procesal, las excepciones previas o dilatorias son aquellas dirigidas a
perfeccionar el proceso, mientras que las excepciones de mérito van encaminadas
a negar el derecho que se reclama. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
dicho que: “si la excepción tiende a mejorar la forma o a demorar el
trámite, perfeccionándolo, es dilatoria (…); y si la excepción tiende a
desconocer el derecho reclamado, a enervar la acción o a obtener que se declare
extinguida, es perentoria y ataca el fondo de lo planteado por el demandante”[69].
Por su propia naturaleza, como lo ha señalado esta Corporación, las excepciones
previas buscan sanear el proceso y evitar que se produzcan causales de nulidad[70].
En relación con los procesos laborales,
la Ley 1149 de 2007 introdujo una serie de reformas al Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), con el fin de promover la celeridad de
dichos procesos. Para el efecto se dispuso su desarrollo a través de dos
audiencias. La primera dirigida a resolver aquellos asuntos relacionados con la
fijación del litigio y el saneamiento de eventuales irregularidades, y la
segunda encaminada a centralizar todos los esfuerzos en resolver las cuestiones
de fondo. Textualmente, el artículo 44 de la ley en cita establece que: “Las
audiencias serán dos: una de conciliación, decisión de excepciones previas,
saneamiento y fijación del litigio; y otra de trámite y de juzgamiento”.
Conforme lo dispone el artículo 32 del
CPTSS, en la primera audiencia se deberán resolver las excepciones previas,
mientras que las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia[71].
En cuanto a las primeras, por virtud del artículo 145 del aludido Código[72],
se aplican las causales que se encuentran taxativamente enumeradas en el
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil (CPC)[73]. En este sentido, en el numeral décimo se
contempla la excepción previa por pleito pendiente, la cual debe ser alegada
cuando exista un proceso en curso que no haya finalizado, entre las mismas
partes, donde las pretensiones sean idénticas y estén soportadas en iguales
hechos. En caso de que el juez encuentre probada dicha excepción debe disponer
la terminación del nuevo proceso[74],
con  miras a evitar el trámite de dos juicios paralelos que conduzcan a la
expedición de sentencias contradictorias. Aun cuando los citados elementos
también aplican para la excepción de cosa juzgada, la diferencia radica en que
esta última excepción sólo podrá proponerse cuando al interior de un proceso se
ha proferido una decisión definitiva sobre el mismo caso[75].
En relación con trámite de las
excepciones previas, el artículo 65 del CPTSS, señala que el auto que las
decida puede ser cuestionado por medio de los recursos de reposición y
apelación, ya sea de manera oral dentro de la audiencia en que se profirió o en
los cinco días siguientes cuando la providencia se notifique por estado[76].
(ii) En el asunto sometido a decisión, se
observa que en los tres procesos cuestionados, en la primera audiencia, luego
de agotar la instancia de conciliación, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Cúcuta decidió darle a la excepción previa de pleito pendiente el trámite de
una excepción de fondo, la cual sería decidida en la sentencia[77].
Puntualmente, se señaló que:
“Se propuso como excepción previa la excepción de
PLEITO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES Y SOBRE EL MISMO ASUNTO, la cual se
tomará como de fondo, y se dispone que sea decidida junto con las demás
propuestas en ese sentido, al momento de dictarse la correspondiente
sentencia”.
A continuación,
con fundamento en lo expuesto, decretó que:
“AUTO:
1.- DISPONER que todas las excepciones propuestas se
decidan al momento de dictarse la correspondiente sentencia.
2.- ORDENAR se continúe con el trámite que legalmente
corresponde a la presente audiencia.
3.- NOTIFICAR por estrados a las partes”.
Una vez esta decisión fue notificada por
estrados tanto al representante legal como al apoderado judicial de
TERMOTASAJERO, encuentra la Corte que éstos se abstuvieron de presentar
recursos y, por ende, de controvertir dicha determinación judicial. En consecuencia,
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta procedió a entender saneado
el proceso, en los siguientes términos: “Habiéndose examinado la actuación
se considera que no hay vicio o irregularidad alguna que nos pueda llevar a una
nulidad que invalide el proceso o nos conduzca a una sentencia inhibitoria
quedando de esta manera la etapa correspondiente al saneamiento del proceso”. Una
vez fijado el alcance del litigio y descartado el decreto de pruebas, el
apoderado de la citada empresa solicitó abstenerse de continuar el curso del
proceso hasta tanto no se definiera una petición de acumulación, en razón a la
existencia de otros expedientes con la misma causa. Dicha pretensión fue
admitida por el juez de instancia y resuelta mediante auto en la misma
audiencia[78].
Lo anterior demuestra que por vía de la
acción de tutela no es posible cuestionar la decisión adoptada por el juez
laboral, referente a darle a la excepción previa de pleito pendiente el trámite
de una excepción de fondo, pues a pesar de tener la oportunidad para cuestionar
dicha determinación, como lo hizo al momento de plantear una petición de
acumulación, TERMOTASAJERO decidió guardar silencio. De ahí que, en respuesta
al carácter excepcional y extraordinario de esta acción, y conforme lo ordena el
principio de subsidiaridad, es claro que el amparo constitucional no está
previsto para subsanar las omisiones de las partes, ni para reemplazar los
medios ordinarios de defensa judicial, ni menos aún para convertir a la tutela
en una tercera instancia.
(iii) Ahora bien, en la medida en que la
excepción previa por pleito pendiente fue tomada como una excepción de fondo, y
dicha circunstancia fue avalada por el accionante, en caso de estimar que la
misma debía proceder para negar las pretensiones de los trabajadores
sindicalizados y no –como lo decidió el juez de instancia– la excepción de
inexistencia de la obligación, es claro que TERMOSATASAJERO pudo interponer el
recurso de apelación[79],
o incluso plantear una apelación adhesiva[80],
en contra del fallo de primera instancia, con miras a cuestionar el numeral
segundo de su parte resolutiva, de acuerdo con la cual se declaró que: “[No]
hay lugar a hacer pronunciamiento alguno respecto de las excepciones propuestas
por la EMPRESA TERMOTASAJERO S.A. E.S.P”.
Así las cosas, advierte la Corte que
frente al actuar del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, el actor
tuvo a su disposición otras vías de defensa judicial, las cuales no utilizó en
su momento oportuno, motivo por el cual resulta improcedente el amparo
constitucional, como medio alternativo para corregir las omisiones procesales
en que se incurrió por el interesado.
(iv) Aunado a lo
anterior, respecto del actuar de la citada autoridad judicial y de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, este Tribunal
encuentra que en los mismos escritos de tutela, TERMOTASAJERO propone que la
falta de decisión de las excepciones previas en el momento procesal oportuno, a
partir de la cita a varias sentencias de esta Corporación, constituye una
hipótesis de nulidad insubsanable, por lo que claramente el propio actor admite
la existencia y la posibilidad de hacer uso de otro mecanismo de defensa
judicial, el cual, según las copias aportadas a los expedientes, no fue ni ha
sido ejercido[81].
Precisamente, el artículo 142 del CPC admite la posibilidad de alegar las
nulidades en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o
durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.
En este sentido,
en criterio de la Corte, la falta de agotamiento de esta oportunidad procesal
que el mismo accionante reconoce, impide la prosperidad de la acción de amparo,
como medio alternativo o paralelo de defensa judicial, más aún cuando no se
invoca ni se acredita la existencia de un perjuicio irremediable.
(v) Finalmente,
es preciso destacar que la pretensión subsidiaria de las acciones de tutela busca
que se ordene devolver el proceso al momento en que debió resolverse la
excepción previa planteada, la cual, según admite el propio accionante,
correspondería hoy en día a una hipótesis de cosa juzgada[82]. Esta
circunstancia no puede pasar desapercibida por parte de esta Corporación, en lo
que se refiere al examen del requisito de subsidiaridad. En efecto, para el
momento en el cual se produjo la sentencia de segunda instancia, en relación
con el proceso frente al cual se invoca la existencia de una cosa juzgada,
todavía no se habían producido los fallos del a-quo que se discuten por
vía del amparo constitucional. Precisamente, mientras en el primer caso la
providencia es del 26 de marzo de 2010[83],
las segundas fueron expedidas el 15 de abril de 2011. De ahí que, con sujeción
al principio de disponibilidad de las actuaciones procesales y al deber de
lealtad procesal (CPC art. 71, núm. 1[84]),
era obligación de TERMOTASAJERO plantear dicha situación ante las autoridades
judiciales demandadas, en lugar de guardar silencio para intentar por medio de
la acción de tutela reclamar la ocurrencia de una excepción que trasmutó con el
tiempo, pues la cosa juzgada es tratada por la ley como una excepción mixta[85].
Por lo anterior,
encuentra la Sala que efectivamente no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues es claro que el accionante no atacó el defecto alegado en
sede de tutela, dentro de las diferentes oportunidades procesales que tuvo para
hacerlo, en los términos previamente expuestos. Por esta razón, en relación con
los tres casos sometidos a revisión, en la parte resolutiva de esta
providencia, a menos que se incumpla con otro requisito genérico, se declarará
la improcedencia de la acción específicamente frente al defecto alegado.
En consecuencia,
el examen que a continuación adelantará esta Corporación, se limitará al
defecto sustantivo planteado, correspondiente a la interpretación ilegal del
artículo 20 de la Convención Colectiva
del Trabajo, una vez se agote el examen del resto de exigencias generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3.3.4.4. En cuanto al
cumplimiento del requisito de inmediatez, es preciso recordar que su examen se
torna más estricto y riguroso, cuando se trata del ejercicio de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por una parte, porque una eventual orden
de amparo estaría comprometiendo el principio de seguridad jurídica y la
garantía de la cosa juzgada y, por la otra, porque la inactividad del
accionante reafirma “la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida
los efectos de las sentencias”[86],
en especial, cuando estas tienen un impacto directo frente a terceros, como
ocurre, en el asunto bajo examen, en relación con derechos prestacionales de
trabajadores. En este sentido, en la Sentencia T-315 de 2005[87], se manifestó que:
“La
Corte ha entendido que la tutela contra una decisión judicial debe ser
entendida, no como un recurso último o final, sino como un remedio urgente para
evitar la violación inminente de derechos fundamentales. En esta medida, recae
sobre la parte interesada el deber de interponer, con la mayor diligencia, la
acción en cuestión, pues si no fuera así la firmeza de las decisiones
judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que en
cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las
partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre
cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría
una violación del derecho de acceso a la administración de justicia –que
incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales– y un
clima de enorme inestabilidad jurídica. En consecuencia, la tensión que existe
entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de
tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica,
se ha resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de la tutela,
que la misma sea interpuesta, en principio, dentro de un plazo razonable y
proporcionado”[88].
Como se mencionó con
anterioridad, a partir del examen realizado por otras Salas de Revisión, se ha
considerado que un término superior a seis meses para interponer la acción de
tutela contra una providencia judicial no resulta razonable, a menos que, atendiendo a las particularidades
del caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que justifiquen la
inactividad del accionante. Así, por
ejemplo, en la Sentencia T-739 de 2010[89],
se estableció que se desconocía el principio de inmediatez, por el hecho de que
el actor hubiese esperado ocho meses para solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales, los cuales fueron presuntamente vulnerados por una sentencia
condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[90].
En todo caso, más allá del citado
criterio objetivo, para determinar la razonabilidad del tiempo, este Tribunal
ha trazado las siguientes subreglas: (i) que exista un motivo válido
para la inactividad del actor; (ii) que la inactividad justificada no vulnere
el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión o
bienes constitucionalmente protegidos de igual importancia; y (iii) que exista
un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos del interesado.
En el asunto sub-judice, atendiendo a las particularidades del
caso sometido a revisión, es claro que el examen frente al requisito de
inmediatez se torna aún más riguroso, al tratarse de causas con identidad
fáctica y procesal, lo que reduce la complejidad para el uso de la acción,
cuando al final de cuentas lo que se observa en los tres casos es la
presentación de un formato predispuesto. Por lo demás, el fallo cuestionado se
traduce en el reconocimiento de un derecho prestacional para varios
trabajadores, a partir de la discusión acerca de su nivelación salarial, como
garantía reconocida en el artículo 53 del Texto Superior[91].
(i) En el
expediente T-4.018.005, la última actuación correspondiente a la negativa del
recurso de queja tuvo lugar el 25 de septiembre de 2012, mientras que la acción
de tutela se interpuso el día 3 de abril de 2013, esto es, en el término de seis
meses y nueve días. Para esta Sala de Revisión, la causa bajo examen satisface
el requisito de inmediatez, en cuanto se considera que la acción se ejerció en
un plazo razonable, contado desde de la última actuación adelantada por la
empresa, con miras a obtener la protección de sus derechos.
(ii) En el
expediente T-4.013.899, la última actuación correspondiente a la negativa del
recurso de queja tuvo lugar el 9 de octubre de 2012, mientras que la acción de
tutela se interpuso el día 2 de abril de 2013, esto es, en el término de cinco
meses y veinticuatro días. Al igual que en el caso anterior, en la presente
causa también se satisface el requisito de inmediatez, pues la proximidad
relacionada se ajusta a los postulados de
razonabilidad esbozados por la Corte, en el ejercicio de la acción de amparo
constitucional.
(iii) Finalmente,
en el expediente T-4.019.888, la última actuación correspon-diente a la
negativa del recurso de queja tuvo lugar el 28 de agosto de 2012, mientras que
la acción de tutela se interpuso el día 1 de abril de 2013, esto es, en el
término de siete meses y cuatro días. A diferencia de los casos referidos, en esta
oportunidad existe una prolongada inacción por parte de la empresa demandante,
lo que exige examinar la razonabilidad del plazo que transcurrió entre la
última actuación adelantada y la interposición del amparo.
Sobre este punto el actor
guardó silencio, pues se limitó a señalar que entendía dicho requisito como
satisfecho[92].
En criterio de esta Sala de Revisión, la falta de justificación en relación con
la presentación tardía del amparo, en el contexto expuesto del uso de formatos
predispuestos por tratarse de una misma causa y de estar en controversia el
derecho prestacional de un trabajador, conduce a la declaratoria de
improcedencia del caso bajo examen, por las siguientes razones: (i) en primer
lugar, no encuentra la Corte que el accionante sea una persona puesta en condición
de debilidad manifiesta, ya que se trata de una empresa generadora y
comercializadora de energía eléctrica que ha mantenido operaciones desde el año
1984 y que en la actualidad cuenta con un importante capital accionario[93]; y (ii) en
segundo lugar, el hecho de contar con un acompañamiento especializado durante
todas las etapas del proceso ordinario laboral, implica entender que la
irregularidad que hoy en día se alega era conocida y que no se requería de un
espacio tan prolongado de tiempo para su invocación ante los jueces de tutela,
pues lo contrario conduciría a desconocer el carácter apremiante y urgente del
amparo constitucional.
Para la Corte, en los casos
en los que se ejerce la acción de tutela contra una providencia judicial que
pone fin a un proceso, en el cual el posible afectado tuvo la posibilidad de
participar y ejercer su derecho a la defensa, incluso asesorado a través de un
apoderado, la aplicación del principio de inmediatez debe ser particularmente
rigurosa por parte del juez constitucional. En efecto, cuando lo anterior
ocurre se presume que la persona afectada y su apoderado conocen la
estructura y las cuestiones discutidas durante el trámite judicial y, además,
para que sea procedente la tutela, deben haber alegado la posible vulneración
de sus derechos constitucionales dentro del proceso. Esto significa que el
afectado ha participado –directa o indirectamente– en un proceso dialéctico y
contradictorio, concebido para hacer valer sus derechos, por lo que, si como
resultado de una decisión, ha visto vulnerada alguna de sus garantías
constitucionales, no cabe duda de que el término para proceder al amparo no
debe prolongarse excesivamente en el tiempo, pues la controversia se
circunscribe a un asunto plenamente discutido y debatido ante las autoridades
judiciales competentes.
Por consiguiente, en el
asunto sometido a decisión, no encuentra la Sala que existan razones que
justifiquen la tardanza en la interposición de la tutela, por el contrario, el
paso del tiempo reafirma la legitimidad de la decisión adoptada por la
autoridad demandada y consolida sus efectos, en beneficio del principio de
seguridad jurídica y de los derechos de tercero, quien cuenta con una sentencia
en firme que le fue favorable.
De acuerdo con lo expuesto,
la tutela interpuesta por TERMOTASAJERO correspondiente al expediente T-4.019.888, no cumple con el requisito de inmediatez, razón por la cual en la
parte resolutiva de esta providencia, se procederá a confirmar la sentencia de
segunda instancia proferida el 11 de julio de 2013 por la Sala Segunda de
Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en la cual se declaró improcedente el amparo impetrado. Esto implica
que, en la práctica, las consideraciones que en seguida se exponen, se limitarán
al examen del defecto sustantivo alegado referente a la supuesta interpretación
ilegal de la cláusula 20 de la Convención Colectiva del Trabajo, respecto de
los expedientes T-4.018.005 y T-4.013.899,
siempre que se acredite el resto de requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial.
3.3.3.4.5. El siguiente
requisito general no resulta aplicable frente a la presente causa, pues el mismo
exige que al momento de alegar un vicio procedimental, éste tenga un efecto
relevante o decisivo en el contenido de la decisión cuestionada. En efecto, en
el asunto sub-judice, a partir del examen realizado respecto de la
subsidiaridad de la acción, es claro que la única irregularidad sobre la cual
se pronunciará esta Corporación es de naturaleza sustantiva y se concreta en el
hecho de haber interpretado de manera ilegal la Convención Colectiva suscrita el día 26 de diciembre de 2000, al darle al artículo 478 del Código Sustantivo del
Trabajo un alcance que no tiene, respecto del artículo 20 del citado acuerdo
convencional. Por lo demás, comoquiera que se controvierten las decisiones
adoptadas en el desarrollo de un proceso ordinario laboral, también se cumple
con aquel requisito atinente a que no se trate de sentencias de tutela.
3.3.3.4.6. Por último, en el
escrito de tutela, el actor identificó como hecho generador de la violación,
como ya se dijo, el supuesto desconocimiento del artículo 478 del CST, en el
ámbito de aplicación del artículo 20 de la Convención Colectiva, asunto que fue
objeto de debate tanto en primera como en segunda instancia por los jueces laborales
y frente a lo cual se intentó ejercer el recurso extraordinario de casación.
En consecuencia,
en lo que respecta a los casos
T-4.018.005 y T-4.013.899,
constata la Sala que se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.4. Estudio de los
requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, con énfasis en el defecto sustantivo derivado de
interpretaciones judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.4.1. En cuanto a los requisitos
específicos de procedencia, como se explicó en el acápite 3.3.2 de
esta providencia, se trata de exigencias que se relacionan con la
caracterización de los defectos que conducen al desconocimiento de los derechos
fundamentales, especialmente del derecho al debido proceso. Dichos vicios han
sido unificados en las siguientes causales de procedibilidad: el defecto orgánico, el defecto sustantivo, el
defecto procedimental absoluto, el defecto fáctico, el error inducido, la
decisión sin motivación, el desconocimiento del precedente constitucional y la
violación directa a la Constitución.
A partir de las razones que
justifican el amparo impetrado en los expedientes sometidos a revisión, en esta
oportunidad, le corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre el defecto
sustantivo, en especial cuando se plantea su ocurrencia por interpretaciones
judiciales.
3.4.2. Según se
manifestó en la Sentencia SU-817 de 2010[94],
entre otras, el defecto sustantivo o material se presenta en las siguientes
hipótesis:
“(…) (i) cuando la decisión cuestionada se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, (ii) cuando la
decisión se fundamenta en normas inexistentes o inconstitucionales, (iii)
cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la
norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes
que han definido su alcance, es contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada)[95],
(iv) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada o (vi) cuando a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica
a la cual se aplicó[96].”
3.4.3. En
relación con el defecto sustantivo por interpretación errónea de normas
jurídicas, debe advertirse que se trata de un supuesto particularmente
restringido de procedencia de la acción de tutela, en la medida en que se trata
de un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de
independencia y autonomía judicial (CP arts. 228 y 230). Por esta razón, la Corte ha sido unánime en
señalar que siempre que la interpretación que los operadores jurídicos hagan de
un texto legal permanezca dentro de los límites de lo objetivo y lo razonable,
la mera divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye
una irregularidad que haga procedente el amparo constitucional contra
providencias judiciales. Así, en la Sentencia T-1001 de 2001[97], este Tribunal señaló que:
“En materia de interpretación judicial,
los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente
restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del
juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos
procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no
coincidan con la interpretación acogida por el operador jurídico a quien la ley
asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en
ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una
vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar
dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el
principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste,
tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del
derecho”[98].
(Subrayado por fuera del texto original).
Así las cosas, a
partir de lo expuesto, es claro que el solo hecho de contrariar el criterio
interpretativo de otros operadores jurídicos, e incluso de los distintos
sujetos procesales, no puede considerarse como una de las causales que haga
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, pues sin lugar a
dudas dicha manifestación corresponde al ejercicio de la función prevista a
cargo de los jueces de otorgarle sentido a las disposiciones que aplican y de
limitar los efectos que puedan derivarse de ellas, conforme se deduce del
contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial previstos en los artículos 228 y 230 del Texto Superior[99].
No obstante lo anterior, la
jurisprudencia constitucional también ha sido enfática en sostener que, en todo
caso, la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar
y aplicar las normas jurídicas, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse
de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia,
la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios y derechos que identifican al
Estado Social de Derecho. Sobre la materia, en Sentencia SU-1185 de 2001[100], este Tribunal manifestó que:
“Los
mandatos contenidos en los artículos 228 y 230 del Estatuto Superior, en los
que se dispone que la administración de justicia es autónoma y que los jueces,
en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, deben ser
armonizados y conciliados con el artículo 1° de la Carta que propugna por la
promoción y protección de la dignidad humana, con el artículo 2° del mismo
ordenamiento que le impone a todos los órganos del Estado, incluidas las
autoridades judiciales, la obligación de garantizar los derechos, deberes y
libertades de todas las personas residentes en Colombia, y con el artículo 13
Superior que consagra, entre los presupuestos de aplicación material del
derecho a la igualdad, la igualdad frente a la ley y la igualdad de protección
y trato por parte de las autoridades públicas”.
En consecuencia, si bien es
cierto que al juez de conocimiento le compete fijar el alcance de la norma que
aplica, no puede hacerlo en contravía de los valores, principios y derechos
constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más
entendimientos posibles, debe forzosamente escoger aquél que se adecue de la
mejor manera a los preceptos constitucionales, o lo que es lo mismo, aquél que
resulte acorde con el principio de interpretación conforme[101]. Precisamente, en la Sentencia T-538 de 1994[102], en
la cual se falló sobre la pregunta acerca de cómo debía interpretarse una norma
penal que consagraba un término para apelar, la Corte manifestó que las dos
interpretaciones posibles del texto legal eran igualmente admisibles y
razonables. Sin embargo, añadió que en vista de que el caso bajo análisis era
de orden penal y afectaba directamente el derecho a la libertad personal del
inculpado, lo indicado era acoger la interpretación judicial que efectivamente
garantizara la aplicabilidad del derecho a impugnar las sentencias
condenatorias (CP art. 29)[103].
En este sentido, es innegable
que la autonomía y libertad que se les reconoce a las autoridades judiciales
para interpretar las normas jurídicas (CP arts. 228 y 230), no comprende, en
ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un
desconocimiento del ordenamiento constitucional y menos aún de los derechos
fundamentales de las personas. Así lo ha reconocido esta Corporación al
sostener que: “es cierto que los jueces son independientes” y “su independencia
es para aplicar las normas, [más] no para dejar de aplicar la Constitución”. “Un
juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y
mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la
Constitución”[104].
Bajo este contexto, en la Sentencia
SU-120 de 2003[105], la Corte determinó que una decisión judicial puede
ser considerada como
constitutiva de una irregularidad que haga procedente la acción de tutela, a partir del ejercicio de la facultad de interpretación
judicial, cuando: “el juez elige la norma aplicable o determina su manera de
aplicación (i) contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados,
principios y valores constitucionales[106], (ii) imponiendo criterios irracionales o
desproporcionados[107], (iii) sin respetar el principio de igualdad[108], y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en
litigio[109]”.
En este tipo de casos, las
atribuciones del juez constitucional se encuentran limitadas (i) a la
imposibilidad de suplantar al juez ordinario y (ii) al hecho de admitir que
este último goza de una amplia libertad, no sólo en la valoración probatoria sino
también en el análisis de los efectos de las normas aplicables, con miras a
garantizar los principios de independencia y autonomía judicial.
Por ello, en sentido negativo,
se ha dicho que no constituye un defecto sustantivo por interpretación
judicial: (i) la simple divergencia sobre la apreciación normativa; (ii) la
contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial; (iii) la realización
de una interpretación que no resulte irrazonable, que no pugne con la lógica
jurídica y que no sea abiertamente contraria a la norma analizada[110], y
(iv) la simple discusión sobre la lectura de una norma que no se comparte, pues
para ello deben acudirse a las instancias judiciales ordinarias y
extraordinarias y no a la acción de tutela como tercera instancia[111].
3.4.4. En conclusión, si bien
es cierto que los jueces son autónomos e independientes para elegir las normas pertinentes
al caso, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, ello no los habilitada para
que en desarrollo de dicha labor puedan apartarse de lo previsto en el régimen
constitucional y, por ende, del carácter vinculante de los derechos fundamentales.
No obstante, cuando se pretenda cuestionar una interpretación judicial por vía
de la acción de tutela su procedencia es eminentemente excepcional, por lo que sólo se configura en los casos en los que
se evidencia un actuar arbitrario y caprichoso del juez[112]. En este sentido, ante la existencia de distintas
interpretaciones razonables, no cabe duda de que debe prevalecer la del juez de
conocimiento, en aras de preservar los principios de autonomía e independencia de
la labor judicial.
3.5. De la vigencia de la
convención colectiva de trabajo y de la prórroga de sus cláusulas de contenido
económico
3.5.1. La Corte se ha pronunciado respecto de las
convenciones colectivas en numerosas oportunidades, entendiéndolas como un acto
regulador de los contratos de trabajo con contenido normativo y obligacional[113],
suscrito entre el empleador o varios empleadores y los sindicatos o
federaciones sindicales, producto de una negociación colectiva y destinado a
producir efectos jurídicos durante su vigencia. Su finalidad es la de regir las
condiciones del contrato de trabajo, con una clara vocación de permanencia en
el tiempo[114].
Esta figura se encuentra regulada en el Código
Sustantivo del Trabajo en los artículos 467 y subsiguientes, sometiéndola a
unas condiciones de forma y a unas precisas reglas que determinan su extensión
a terceros. En cuanto a su vigencia, el artículo 477 de la citada codificación
dispone que: “Cuando la duración de la convención colectiva no haya sido
expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o trabajo, se
presume celebrada por términos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses”.
3.5.2. No obstante lo anterior, la ley determinó que la
voluntad de dar por terminada una convención colectiva debe hacerse a través de
su denuncia (CST art. 479), esto es, mediante la manifestación escrita,
procedente de cualquiera de las partes o de ambas, que expresa la intención de
ponerle fin al citado acto jurídico. Esta declaración, para que sea válida, tiene
que ser radicada en los sesenta días anteriores a la expiración del término fijado
en la convención, adicional al hecho de tener que agotar un procedimiento ante
el inspector de trabajo o, en su defecto, ante el alcalde del lugar[115].
En relación con los efectos de la denuncia, la única
disposición sobre la materia, esto es, el numeral 2º del artículo 479 del CST establece
que, una vez ella es formulada, la convención colectiva “continuará vigente
hasta tanto se firme una nueva convención”. En todo caso, esta Corporación
se pronunció respecto de la norma en cita y precisó que las consecuencias del
aludido acto son limitadas. Precisamente, en la Sentencia C-1050 de 2001, se dijo
que: “(…) los efectos de la denuncia sobre la convención denunciada son
limitados: primero, no
le resta eficacia jurídica a lo pactado, ya que la convención continua vigente;
segundo, la vigencia de la convención denunciada no tiene término legal fijo;
tercero, la continuidad de la convención está supeditada a que se firme una
nueva convención, lo cual supone un nuevo acuerdo entre las partes en lugar de
la imposición unilateral de condiciones laborales diferentes.”[116]
Por lo demás, en esta misma providencia, la Corte
sostuvo que la denuncia de la convención colectiva por parte del empleador debe
entenderse como una manifestación unilateral del desacuerdo sobre su
continuidad, quedando en cabeza de los trabajadores la potestad de determinar
si dan inicio o no a un conflicto colectivo mediante la presentación del respectivo
pliego de peticiones. Con todo, luego de estudiar los cargos de
inconstitucionalidad propuestos, este Tribunal declaró la exequebilidad de los
artículos 478 y 479 del CST, y concluyó que luego de realizada la denuncia de la
convención, hasta que no se diera inicio al referido conflicto colectivo que
procurara la suscripción de un nuevo acuerdo convencional, ella se entendería prorrogada
en los términos establecidos en el citado artículo 478.
Para tal efecto, la norma en cita dispone que: “A
menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si
dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su
término, las partes o una de ellas no hubiese hecho manifestación escrita de su
expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada
por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la
fecha señalada para su terminación”.
3.5.3. Sin embargo, es necesario aclarar, como se hizo
en la Sentencia C-009 de 1994[117],
que si bien la convención colectiva que se suscribió inicialmente continúa
vigente hasta que se firme una nueva, los derechos adquiridos de los
trabajadores deberán ser respetados. Al margen de lo anterior, en esta última
providencia también se expuso que: “sostener
la vigencia indefinida de las normas convencionales equivaldría a negar la
esencia misma del derecho a la negociación colectiva que consagra nuestra Carta
Política, como mecanismo idóneo para regular las relaciones del trabajo, lo que
demanda que periódicamente se revisen y se hagan ajustes a las normas
convencionales para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los
patronos como de los trabajadores.” Para tal fin, el Código Sustantivo
del Trabajo en el artículo 480 estipuló que: “Las convenciones colectivas
son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves
alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las
partes acerca de la revisión fundada en tales alteraciones, corresponde a la
justicia del trabajo decidir sobre ellas; y entretanto estas convenciones
siguen en todo su vigor.”
La
legislación y la doctrina diferencian entre las instituciones de la revisión y
la denuncia de la convención colectiva de trabajo. A través de la primera, se
introduce la teoría de la imprevisión al ámbito laboral, lo que permite a las
partes pedir la revisión del acuerdo convencional cuando sobrevienen “imprevisibles
y graves alteraciones de la normalidad económica” (CST art. 480), que hacen
excesivamente oneroso e incluso imposible continuar con la operación de la
empresa. En este evento, se ha entendido que la revisión no puede afectar toda
la convención sino sólo las cláusulas de contenido económico que dieron lugar
al desequilibro que se pretende corregir, bien sea mediante el acuerdo de las
partes o a través de la intervención del juez laboral. La denuncia de la
convención, por el contrario, no responde a condiciones imprevisibles, y es
regulada legalmente como una facultad que pueden ejercer las partes contratantes
para manifestar su inconformidad con la convención colectiva de trabajo
vigente, sin que aquella sea suficiente para afectar la continuidad de la misma,
mientras no se firme una nueva[118].
3.5.4.
Finalmente, en relación con
la prórroga de cláusulas que contengan disposiciones de incrementos salariales,
la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:
“Como bien se puede observar, la presente controversia se contrae
a la aplicación de la citada convención colectiva de trabajo, en lo que atañe
al incremento o ajuste salarial a partir del 1° de abril de 2003, respecto del
personal de HELICOL afiliado a la organización sindical ACDAC, en especial en
el caso particular del promotor del proceso, y la consecuente reliquidación de
prestaciones sociales y demás derechos cancelados a la terminación del vínculo
laboral.
Vista la motivación de la sentencia impugnada, el Tribunal para
confirmar la decisión absolutoria del a quo, en esencia se fundó en lo
siguiente: a) Que en la mencionada convención colectiva de trabajo, se
acordó un aumento de salarios para ser aplicado del 1° de abril de 2002 al 31
de marzo de 2003; b) Que ACDAC si bien denunció la convención colectiva
desistió de esa denuncia y decidió no presentar pliego de peticiones, conforme
dan cuenta las comunicaciones dirigidas al Ministerio de Protección Social el
22 de mayo y el 24 de septiembre de 2003; c) Que si bien operó la
prórroga de tal convención prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo de
Trabajo, las cláusulas normativas que fijan un término exacto de duración,
como es el caso de la del aumento salarial para un período determinado, “no
son susceptibles de prórroga, pues su vigencia se agota una vez cumplidas”,
y por ende “El hecho de que la convención colectiva en cuestión se haya
prorrogado por no haberse suscrito una nueva no conlleva el que esa
prórroga indefinida comprenda aquellas normas convencionales que fijaron un
término exacto de duración”; y d) Que en consecuencia no es
posible “disponer que a partir del 1° de abril de 2003 y hasta el 31 de
marzo de 2004 deban aplicarse los mismos parámetros fijados por las partes para
el año anterior. (…)
Planteadas así las cosas, se tiene que lo concluido por el Juez
Colegiado es aquello que es dable extraer de las pruebas apreciadas, porque no
distorsionó su contenido y se ajustó a lo que ellas muestran.”[119]
De lo anterior se infiere que, en criterio de la Corte
Suprema de Justicia, si bien es cierto que la convención colectiva continúa
rigiendo las relaciones laborales hasta que una nueva la reemplace, aquellas
cláusulas normativas que disponen incrementos salariales, respecto de las
cuales las partes han señalado un término expreso y preciso de vigencia, no pueden
entenderse prorrogadas automáticamente, pues una vez agotado lo dispuesto en
ellas, pierden su atributo de exigibilidad, que no es posible comprender dentro
de la nueva vigencia que le señala la ley al acuerdo convencional, como resultado
de su prorroga. Esta circunstancia difiere de aquellos casos en los que la
cláusula estipula, directa o indirectamente, una fórmula de aumento salarial
durante la vigencia de la Convención, hipótesis en la cual la prórroga de esta
última, implica a su vez la continuidad de la cláusula que contiene el
incremento salarial.
3.6. De los
casos sometidos a revisión
3.6.1. Una vez
superado el examen de procedibilidad de la acción de tutela[120], en
relación con los expedientes T-4.018.005
y T-4.013.899, le corresponde a la Corte determinar, si la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta incurrió en un defecto sustantivo derivado de una supuesta
interpretación ilegal del artículo 20 de la Convención Colectiva celebrada
entre SINTRA-ELECOL y TERMOTASAJERO el 26 de diciembre de 2000, por considerar
que debía seguir aplicándose como consecuencia de su prórroga y, con ello, dar
al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo un alcance que no tiene y que desconoce la jurisprudencia de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha dicho que cuando los
citados acuerdos establecen beneficios para períodos determinados de tiempo,
éstos no pueden prorrogarse de manera indefinida.
En criterio de la
citada empresa, el aludido artículo 20 de la Convención fijaba un aumento del
salario básico para los años 2000 y 2001, no siendo la voluntad de las partes
la de establecer una vigencia indefinida para dicha  cláusula, como
erróneamente lo interpretó la autoridad demandada. Así las cosas, en sus
propias palabras, la forma como se planteó la aludida cláusula, destaca que:
“si la voluntad de las partes hubiese sido la de establecer una vigencia
indefinida (…), no habría sido necesario incluir la referida tabla. Habría
bastado con señalar el monto de los aumentos sin precisar su cuantía, lo que
demuestra que la interpretación del Tribunal, (…) rompe los más elementales
principios de interpretación”.
En el trámite de
estas acciones, como se expuso en el acápite de antecedentes, el juez de
primera instancia concedió el amparo y ordenó volver a proferir un fallo sobre
la materia objeto de controversia, al considerar que existió un defecto
sustantivo en las providencias cuestionadas. No obstante, con posterioridad, en
segunda instancia, se revocó y declaró la improcedencia de las decisiones de
amparo, básicamente por no cumplir con el requisito de inmediatez.
3.6.2. Como se
expuso en el acápite de antecedentes, el artículo 20 de la Convención Colectiva
dispone que:
“Artículo 20. Aumento de salario básico.
Termotasajero S.A. E.S.P. aumentará los salarios básicos de sus trabajadores en
un porcentaje equivalente al nueve por ciento (9%) a partir del primero (1º) de
marzo de 2000. A partir del 1º de enero de 2001, la asignación básica se
incrementará en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor
año completo, para los doce (12) meses anteriores. Los reajustes cobijarán al
personal que se encuentre de vacaciones.
Parágrafo 1.- Termotasajero S.A. E.S.P. no hará aumentos personales
discrimina-torios distintos a los pactados en esta Convención.
Parágrafo 2.- Termotasajero S.A. E.S.P. reconoce la incidencia de
este aumento en las prestaciones sociales de que gozan los trabajadores.
Parágrafo 3.-  Termotasajero S.A. E.S.P. incorporará a la presente
Convención Colectiva de Trabajo, el esquema del escalafón con sus respectivos
salarios.
Nivel y
Salario
Salario
Básico
Básico
Salario
Grado
1999
2,000
Diario
Hora
2,001
A1
488,737
532,724
17,757
2,220
A2
498,280
543,125
18,104
2,263
A3
508,189
553,926
18,464
2,308
A4
517,915
564,528
18,818
2,352
B1
520,248
567,071
18,902
2,363
B2
535,289
583,465
19,449
2,431
B3
550,911
600,493
20,016
2,502
B4
567,426
618,495
20,616
2,577
B5
583,151
635,635
21,188
2,648
C1
603,083
657,360
21,912
2,739
C2
626,742
683,149
22,772
2,846
C3
652,852
711,609
23,720
2,965
C4
679,731
740,907
24,697
3,087
C5
705,286
768,761
25,625
3,203
D1
741,575
808,317
26,944
3,368
D2
781,900
852,271
28,409
3,551
D3
824,585
898,798
29,960
3,745
D4
871,701
950,154
31,672
3,959
D5
915,075
997,432
33,248
4,156
E1
975,674
1,063,485
35,449
4,431
E2
1,042,118
1,135,909
37,864
4,733
E3
1,113,770
1,214,009
40,467
5,058
E4
1,190,910
1,298,092
43,270
5,409
E5
1,262,658
1,376,297
45,877
5,735
P10
1,073,243
1,169,834
38,994
4,874
P11
1,146,329
1,249,499
41,650
5,206
P12
1,225,148
1,335,411
44,514
5,564
P13
1,310,002
1,427,902
47,597
5,950
P14
1,388,924
1,513,927
50,464
6,308
P15
1,416,703
1,544,207
51,474
6,434
P22
1,599,294
1,743,231
58,108
7,263
P31
1,843,902
2,009,853
66,995
8,374
Parágrafo adicional.- Beneficio por acuerdo nacional. Los
trabajadores de Termotasajero S.A. E.S.P. recibirán por una sola vez, dentro de
los dos (2) meses siguientes al vencimiento de las respectivas convenciones
colectivas, la suma de ciento treinta y un mil pesos moneda legal colombiana ($
131,000,oo), la cual no tendrá incidencia salarial, ni prestacional”.
3.6.3. En los
casos sometidos a revisión, actuando en su condición de juez de segunda
instancia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, revocó las sentencias de
primera instancia y concedió el derecho reclamado correspondiente a la
actualización salarial y prestacional desde el 1º de marzo de 2002 hasta el 31
de mayo de 2007, cuyo antecedente remoto lo constituía el fallo de tutela
proferido por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, que protegió el
derecho de los trabajadores sindicalizados al mínimo vital y móvil .
Para el citado
Tribunal, en las sentencias que se cuestionan por vía de tutela, ante la
inexistencia de un mandato legal referente al incremento anual de salarios de
los trabajadores que devengan un ingreso superior al mínimo legal, la
pretensión invocada estaba supeditada a lo establecido en la Convención Colectiva
del trabajo. De ahí que, una vez examinado el contenido de los artículos 478 y
479 del Código Sustantivo del Trabajo, en los mismos términos en que han sido
interpretados por esta Corporación, se concluyó que aun cuando el empleador hubiese
denunciado la convención suscrita entre el 1º de marzo de 2000 y el 28 de
febrero de 2002, lo cierto es que “la misma se mantiene vigente hasta tanto se
firme una nueva, lo cual no ha ocurrido en este caso pues los trabajadores no
han presentado nuevo pliego de peticiones para dar origen al conflicto
colectivo”. Lo anterior, en criterio de la Sala Laboral demandada, exigía
revisar el artículo 20 del acuerdo convencional, para efectos de determinar su
vigencia temporal.
Así las cosas, en
criterio de dicha autoridad, la referencia de la norma al 1º de enero de 2001
constituye la base inicial desde la cual se aplica el mencionado incremento salarial
a los trabajadores, sin imponer una fecha límite respecto del mismo, cuya
exigibilidad se deriva, además, del hecho de que la propia Convención remitiera
a la favorabilidad en la exégesis de su contenido. Al respecto, se dispuso que:
“[E]stima la Sala que cuando el texto convencional
citado dispone que: “A partir del 1º de enero de 2001, la asignación básica
se incrementará en el porcentaje de variación del índice de precios al
consumidor año completo, para los doce (12) meses anteriores”, la misma ha
de interpretarse en el sentido que el 1º de enero de 2001 constituye la base
inicial desde la cual se aplicará el mencionado incremento al salario de los
trabajadores sin imponer una fecha límite respecto del mismo, y por cuanto el
inciso final del artículo 1º del pacto señala que: “En caso de conflicto o
duda sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente, prevalecerá la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad”, ha de entenderse que el aparte en discusión del artículo 20 de
la C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el futuro pues no cerró
su aplicación para un determinado lapso, y más aún porque conforme al principio
de ultraactividad, las cláusulas normativas del convenio han prorrogado sus
consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor un nuevo pacto colectivo,
yendo lo anterior en consonancia con lo establecido en el artículo 478 del
C.S.T que dispone la prórroga automática de las convenciones y la presunción en
cuanto a la ultraactividad exlege, es decir, que a menos que se hayan
pactado normas diferentes, lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores
mantendrá en vigor todo su contenido normativo.
De aquí, que la ultraactividad sea entonces una de las
características fundamentales de nuestro sistema de negociación colectivo pues
cuando no se ha dado cumplimiento al procedimiento que da por terminada la
vigencia de una convención colectiva, dichos convenios se continúan aplicando
más allá de la duración que se haya establecido para ella y hasta tanto se
alcance un nuevo acuerdo que sustituya el anterior”.
A continuación se
procedió a determinar el monto de la condena, en la que el Tribunal tuvo en
cuenta la prescripción de acción, en relación con los emolumentos anteriores al
29 de enero de 2004[121].
3.6.4. Como ya fue planteado por esta Sala,
para que una providencia pueda ser acusada por tener un defecto sustantivo, a partir del ejercicio de la facultad de interpretación
judicial, es preciso comprobar que la autoridad judicial al momento de elegir
la norma aplicable o de darle a esta última un preciso contenido normativo, lo
hace contraviniendo los postulados, principios y valores constitucionales;
imponiendo criterios irracionales o caprichosos; sin respetar el principio de
igualdad y en desmedro de los derechos sustantivos en litigio.
Por ello, en sentido negativo, se ha dicho que no
constituye un defecto sustantivo por interpretación judicial: (i) la simple
divergencia sobre la apreciación normativa; (ii) la contradicción de opiniones
respecto de una decisión judicial; (iii) la realización de una interpretación
que no resulte irrazonable, que no pugne con la lógica jurídica y que no sea
abiertamente contraria a la norma analizada, y (iv) la simple discusión sobre
la lectura de una norma que no se comparte, pues para ello deben acudirse a las
instancias judiciales ordinarias y extraordinarias y no a la acción de tutela
como tercera instancia. De ahí que, ante la existencia de distintas
interpretaciones razonables, no cabe duda de que debe prevalecer la del juez de
conocimiento, en aras de preservar los principios de autonomía e independencia
de la labor judicial.
3.6.5. Visto lo anterior y una vez descrito el alcance
de las providencias objeto de cuestionamiento, no encuentra la Corte que la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta haya
incurrido en un defecto sustantivo vinculado con el ejercicio de la
interpretación judicial, por las siguientes razones:
(i) En primer lugar, porque la controversia resuelta a
raíz de una orden de tutela que amparó transitoriamente la remuneración mínimo,
vital y móvil, en torno al reconocimiento del aumento salarial a partir del 1º
de marzo de 2002, estuvo precedida de un análisis válido sobre el contenido de
la cláusula reseñada, pues no es indiscutible ni irrefutable que la expresión: “A
partir del 1º de enero de 2001”, limite el alcance de lo acordado, esto es,
el incremento salarial de los trabajadores sindicalizados a los años 2000 y
2001. Una lectura posible de la norma es que se trata, como lo afirma la
autoridad judicial demandada, de una fórmula de aumento salarial de naturaleza
convencional, la cual mantuvo su vigencia al prorrogarse la Convención
Colectiva. En este orden de ideas, si como lo manifiesta la empresa accionante,
el citado acto jurídico debe valorarse como una prueba, no sobra recordar que el
artículo 61 del CPTSS dispone que: “El juez no estará sujeto a la tarifa
legal de pruebas y por lo tanto formara libremente su convencimiento,
inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba
y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta
observada por las partes (…)”.
No se observa que la interpretación dada
sea irrazonable, ni tampoco que desconozca norma legal alguna, por el
contrario, el análisis de la autoridad demandada se enfocó en determinar el
alcance de su contenido normativo, a partir del ejercicio de los principios de
independencia y autonomía judicial consagrados en los artículos 228 y 230 del
Texto Superior, por virtud de los cuales, entre las varias opciones
hermenéuticas que ofrezca una norma, incluso aquellas de origen convencional,
el juez puede elegir aquella que se considere mejor o más ajustada al
ordenamiento jurídico y a los supuestos de hecho objeto de controversia. En
aplicación de esta teoría, la Corte ha negado la procedencia de múltiples
acciones de tutela, pues, a su juicio, la proyección material del principio de
autonomía y la especialidad que identifica a la Administración de justicia,
imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de que no es
compartido por una de las partes, como si el amparo constitucional fuese el
escenario para intentar imponer una lectura específica sobre el derecho. En
este sentido, en la Sentencia T-100 de 1998 se dijo que:
“[Sólo]
las actuaciones judiciales que realmente contengan una decisión arbitraria, con
evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en perjuicio de los
derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede
constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado
criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o
interpretación de las normas aplicables, pues de lo contrario se estaría
atentando contra el principio de la autonomía judicial. Debe tenerse en
consideración que el juez, al aplicar la ley, ha de fijar el alcance de la
misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea interpretativa es,
por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a menos
que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es
infrecuente sino extraordinario”[122].
(ii) En segundo lugar, y en relación con
lo expuesto, si bien es cierto que los
jueces son autónomos e independientes para elegir las normas pertinentes al
caso, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, ello no los habilitada para
que en desarrollo de dicha labor puedan apartarse de lo previsto en el régimen
constitucional, en virtud del carácter vinculante del principio de
interpretación conforme. Así las cosas, en el asunto bajo examen, además de que
no existe una lectura irrazonable del Código Sustantivo del Trabajo y del
artículo 20 de la Convención Colectiva, no cabe duda de que la interpretación
realizada por la autoridad demandada redunda en el goce efectivo de los derechos
de los trabajadores y, en especial, de la cláusula prevista en el artículo 53
del Texto Superior, conforme a la cual en materia laboral rige el principio
de favorabilidad[123].
En este sentido, como se expuso en la Sentencia T-001 de 1999:
“Siendo la ley una de esas fuentes, su
interpretación, cuando se presenta la hipótesis de la cual parte la norma -la
duda-, no puede ser ninguna diferente de la que más favorezca al trabajador.
Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para el juez. // Allí la
autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy
relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable
hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más
entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica.
Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida
sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por
lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que
para el trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger
con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha hecho
por él y de manera imperativa y prevalente.”[124]
Lo anterior, como lo afirma la propia autoridad
demandada, se refuerza con lo previsto en el inciso final del artículo 1º de la
Convención Colectiva, el cual dispone que: “En caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente, prevalecerá la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad”. Así las cosas, en el asunto bajo examen, no cabe duda de que
el sentido más favorable de la norma dispuesta en el artículo 20 de la
Convención, es aquél que parte de la base de su plena  vigencia, para
reconocer, con fundamento en ella, la existencia de un parámetro para fijar los
incrementos salariales a favor de los trabajadores sindicalizados de
TERMOTASAJERO.
(iii) Finalmente, si bien la Corte
Suprema de Justicia ha dicho que las cláusulas normativas que disponen
incrementos salariales, respecto de las cuales las partes han señalado un
término expreso y preciso de vigencia, no pueden entenderse prorrogadas
automáticamente, pues una vez agotado lo dispuesto en ellas, pierden su
atributo de exigibilidad; dicha circunstancia no aparece claramente señalada en
la cláusula sometida a revisión, pues, como ya se señaló, ella admite una
lectura posible vinculada con la existencia de un parámetro o fórmula de
aumento salarial de naturaleza convencional, tal como lo entendió, a partir de
la aplicación del principio superior de favorabilidad, la autoridad judicial
demandada. En este sentido, la falta de una lectura univoca de la disposición
convencional, como lo propone el actor, es suficiente para entender que el
amparo no está llamado a prosperar, en aras de asegurar la vigencia de los
principios de autonomía e independencia judicial.
3.6.6. En conclusión, en criterio de esta
Sala de Revisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta, no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de TERMOTASAJERO, como consecuencia de la
interpretación dada al artículo 20 de la Convención Colectiva, en aplicación
del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que ella es
razonable y no constituye una violación flagrante de la Constitución. En este
orden de ideas, en este punto, se revocará la decisión del juez de segunda
instancia en sede tutelar, el cual declaró la improcedencia de la acción y, en
su lugar, se negará el amparo invocado.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
RESUELVE
Primero.- De acuerdo con las razones expuestas en esta
providencia, en el
expediente T-4.019.888, CONFIRMAR la sentencia de segunda instancia
proferida el 11 de julio de 2013 por la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se
declaró improcedente el amparo impetrado por TERMOTASAJERO S.A. E.S.P contra el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
Segundo.- Con fundamento en las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, en el expediente T-4.013.899, respecto de defecto alegado correspondiente
a la falta de decisión de la excepción previa de pleito pendiente, CONFIRMAR
la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de julio de 2013 por la
Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en la cual se declaró improcedente el amparo impetrado por
TERMOTASAJERO S.A. E.S.P contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Cúcuta y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad.
Por otra parte, respecto de defecto alegado correspondiente a la
supuesta interpretación ilegal del artículo 20 de la Convención Colectiva, REVOCAR
la citada sentencia de segunda instancia proferida el 11 de julio de 2013
por la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia; y en su lugar, NEGAR el amparo impetrado por
las razones expuestas en esta providencia.
Tercero.- Con fundamento en las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, en el expediente T-4.018.005, respecto de defecto alegado correspondiente
a la falta de decisión de la excepción previa de pleito pendiente, CONFIRMAR
la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de julio de 2013 por la
Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en la cual se declaró improcedente el amparo impetrado por
TERMOTASAJERO S.A. E.S.P contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Cúcuta y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad.
Por otra parte, respecto de defecto alegado correspondiente a la
supuesta interpretación ilegal del artículo 20 de la Convención Colectiva, REVOCAR
la citada sentencia de segunda instancia proferida el 11 de julio de 2013
por la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia; y en su lugar, NEGAR el amparo impetrado por
las razones expuestas en esta providencia.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría
General
[1] En la medida en que los hechos que justifican las demandas
propuestas guardan identidad fáctica, en el presente caso, se hará un resumen
general de lo ocurrido, sin perjuicio de que en los siguientes apartes se haga
una mención específica de cada una de las providencias, pruebas y demás
elementos que se encuentren en cada caso.
[2] Véase, al respecto, la demanda promovida por la empresa ante el
Juez Laboral del Circuito de Bogotá (Reparto).
[3] En adelante TERMOTASAJERO.
[4] Véase, al respecto, la demanda promovida por la empresa ante el
Juez Laboral del Circuito de Bogotá (Reparto).
[5] La norma en cita dispone que: “Artículo
479. Denuncia. <Artículo modificado por el artículo 14 del Decreto
616 de 1954. El nuevo texto es el siguiente:> 1. Para que sea válida la
manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo,
si se hace por una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse
por triplicado ante el Inspector del Trabajo del lugar, y en su defecto, ante
el Alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación,
señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia
será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las copias serán
destinadas para el Departamento Nacional de Trabajo y para el denunciante de la
convención. // 2. Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta
continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención.”
[6] El artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo señala que: “A
menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si
dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su
término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de
su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende
prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde
la fecha señalada para su terminación.”
[7] Las pretensiones de la demanda fueron: “PRIMERA: Que se condene a
la empresa TERMOTASAJERO S.A. E.S.P.  a reconocer y cancelar a mis poderdantes
el aumento indexado del salario a partir del 1° de marzo de 2.002, al cual
tienen derecho constitucional y legalmente; SEGUNDA: Que se condene a la
empresa TERMOTASAJERO S.A. E.S.P., a pagar a todos mis poderdantes los
intereses de mora por el no pago oportuno de esos aumentos salariales; TERCERA.
Que se condene a la empresa demandada, al reconocimiento y pago de las costas
que ocasionare el proceso que con la presente demanda se incoa.” (Folio 54,
cuaderno 1, expediente 2).
[8] Sobre este punto, se dijo que: “En el año de 1996 se suscribió
entre las dos partes nombradas el citado acuerdo [se refiere al Acuerdo Marco
Sectorial], que tuvo por objeto definir unos parámetros de carácter general,
incluso con recomendaciones de naturaleza no laboral, previéndose de manera
expresa que las normas involucradas en las convenciones colectivas de cada
empresa, mantendrían su vigencia y que al interior de las mismas se podrían
aclarar y/o modificar esas normas convencionales si así se convenía, es decir
que claramente el objeto del acuerdo marco no era sustituir los procesos de
negociación colectiva que individualmente debían adelantarse en cada empresa
(…). [Así las cosas, es claro que dicho acuerdo de ninguna manera puede
obligar] a las empresas del sector privado, y tan es ello cierto, que en el
acta celebrada entre el Ministerio de Minas y Sintraelecol, con participación
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y actuando como
testigo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el día 11 de abril de 2002,
acta que los demandantes pretenden que se aplique por parte de la entidad que
represento, de manera expresa se indica que se invitará a las empresas del
sector eléctrico, para que analicen ese documento y estudien su inclusión en
sus convenciones colectivas, estudio que lógicamente no puede ser viable sino
dentro de un proceso de negociación previa denuncia de cada una de las
convenciones colectivas vigentes en las empresas en las que se pretenda esa
inclusión. (…) Por lo expuesto, es evidente que el análisis que se hace en la
demanda sobre el supuesto acuerdo marco y las consecuencias que de él derivan,
es absolutamente improcedente, no sólo porque no existe, sino porque aún si
existiera, claramente no sería aplicable a las empresas privadas, como en efecto
se reconoce en el acta a la que se hace mención.” Folios 69-94, cuaderno 1,
expediente 2.
[9] Al respecto, se expuso que: “[Se proponen las excepciones de]
inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, en razón a que ha
existido violación al derecho a la igualdad, pues no es cierto que los
trabajadores no sindicalizados se hayan beneficiado de incrementos salariales a
partir del año 2002 como temerariamente se indica en la demanda y además,
porque ha sido la organización sindical a la que pertenecen la totalidad de los
demandantes, la que se ha negado a denunciar la convención colectiva de trabajo
vigente para que por esta vía [se dé] inicio al proceso de negociación
colectiva, que es el único mecanismo legal idóneo para lograr la renegociación
de las condiciones laborales, incluido el incremento salarial”. Folios 69-94,
cuaderno 1, expediente 2.
[10] Sobre esta materia se manifestó que: “Establecido como ha quedado
la fuente de donde emergen el crédito social exonerado, se hace necesario
proceder al estudio de la pretensión principal de la demanda, esta es, el
‘aumento indexado del salario a partir del 1º de marzo de 2002’. // Esta
petición la sustenta el libelista en el hecho de que entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA ‘SINTRAELECOL’, la Nación y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se llegó a un convenio
(…) en el que se incrementan los salarios en el IPC ponderado nacional y se
invitaba a las empresas privadas del sector a que estudiaran la inclusión de
ese aumento salarial en sus respectivas convenciones. (…) Una lectura al libelo
genitor permite concluir al rompe con la improsperidad de las pretensiones hoy
exoneradas. En efecto, a juicio de esta operadora jurídica, resulta demasiado
discutible pretender, como en efecto lo hace el apoderado judicial del
demandante, que el denominado ‘Acuerdo Marco Sectorial’, obrante a folios 201 a
202, tenga la fuerza suficiente para obligar a una empresa que en su momento no
aparece suscribiéndolo. Más aún, cuando la naturaleza del citado documento no
resulta ser equiparable a una convención colectiva como al parecer es entendido
por los actores. (…) En ese orden de ideas, el anterior argumento reafirma las
elucubraciones sentadas por este estrado judicial, en el sentido de que el
Acuerdo Marco Sectorial (i) en primer lugar, no cuenta con fuerza vinculante
para establecer obligaciones a cargo de empresas que no han consentido en él y
en segundo lugar, (ii) por cuanto su naturaleza no es la de reemplazar un pliego
de peticiones ora modificar una convención colectiva”. Folios 95-101,
cuaderno1, expediente 2.
[11] Folios 95-101, cuaderno1, expediente 2.
[12] Folios 102-112, cuaderno 1, expediente 2.
[13] En el escrito de tutela se señalaron que dichos aumentos
corresponden a: el 8.04% para el año de 2002 de acuerdo con el Decreto 2910 de
2001, para el 2003 el 7.41% de acuerdo con el Decreto 3232 de 2002, para el
2004 el 7.83% de acuerdo con el Decreto 3770 de 2003, para el 2005 el 6.56% de
acuerdo con el Decreto 4360 de 2004, para el 2006 el 6.95% de acuerdo con el
Decreto 4689 de 2005 y para el 2007 el 6.29% de acuerdo con el Decreto 4580 de
2006.
Para justificar la citada pretensión,
se expuso que: “(…) Todos los trabajadores y empleados privados y públicos del
país (y de todas las legislaciones del mundo), tienen pactado un correctivo,
reajuste, incremento o aumento salarial, periódico y automático, a fin de
combatir el flagelo de la inflación, que afecta a todos los países del mundo.
(…) Los trabajadores afiliados a la asociación sindical, tiene previsto en el
artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, un aumento de
salario básico, consistente en la variación del índice de precios al consumidor
año completo, para los (12) doce meses anteriores. // Previsión mínima pactada
textualmente “… a partir del 1º de enero de 2001…” (subrayo y destaco en las
copias). En el entendido de que si por no operarse el denuncio del texto
convencional por las partes; y en consecuencia, no haberse pactado dentro del
término o posteriormente, una renegociación con carácter retroactiva superior.
Este mínimo convencional y legal se debe aplicar automáticamente. // El
Gobierno nacional, por mandato constitucional, frente al fenómeno de la
inflación instituyó desde el año de 1950, un reajuste o incremento mínimo, al
salario mínimo mensual legal; teniendo como base el incremento de precios al
consumidor. Dicho porcentaje lo consagra en un decreto ley, el cual hace
consolidar con efectos fiscales, al primero de enero de cada año calendario.
Extendiendo dicho porcentaje de incremento mínimo legal a todos los salarios o
sueldos de los trabajadores, sea cual fuere la clasificación nivel o grado en
los cuales se desempeñe el trabajador o asalariado; previéndose que para los
pactos, laudo o convenciones colectivas, se debe aplicar automáticamente el
parámetro mínimo porcentual decretado; en el entendido de que al no haberse
pactado porcentaje superior a ese monto mínimo legal; este cobra vigencia en
forma automática y oficiosamente. (…) La empresa ha hecho caso omiso, a la
orden legal y convencional de reconocer y pagar automáticamente, el incremento
o reajuste mínimo legal a partir de su vigencia. Aduciendo en parte, que por no
haber sido denunciada el texto convencional por ambos extremos y desde la fecha
no haberse pactado un reajuste; no rige y por lo tanto no aplica ni el mínimo
convencional ni el mínimo legal, que en esencia provienen del mismo mecanismos
para su fijación”.
[14] Sobre este punto, se dijo que: “(…) ciñéndose a dicha directriz
esta funcionaria judicial atisba un principio de solución a la situación
fáctica acá observada, donde encuentra totalmente injusto que desde marzo del
2002 a la parte actora no se le haya [modificado] el salario devengado hasta un
día antes al 1º de marzo de 2002, fecha esta para cuando ya perdiera vigencia
la aludida convención colectiva firmada entre los acá intervinientes. En
consecuencia, teniendo en claro que la indexación obedece simplemente a traer a
valor presente el valor del dinero, lo que de hecho denota que bien se puede
determinar a valor presente tanto una suma de dinero pagada en el pasado o a
pagar en un futuro, pues esta funcionaria judicial actuando como juez
constitucional, y ante el hecho que el acucioso estudio efectuado por la H.
Corte Constitucional en su sentencia T-102 de 1995 la releva de mayores
discernimientos en cuanto tiene que ver con la determinación de la conculcación
de los derechos constitucionales fundamentales invocados en esta ocasión (…)”.
[15] Al respecto el juez ordenó “(…) se debe tomar por parte de
TERMOTASAJERO S.A. E.S.P.  el valor del salario último pagado con base en la
CONVENCIÓN COLECTIVA  vigente para febrero del 2002 e indexarlo a la fecha de
esta providencia, es decir, para el 31 de mayo de 2007, y así sucesivamente
cada fin de mes mientras persistía la situación acá observada o les sea
definido lo correspondiente por la Jurisdicción Laboral, para de esta manera no
interferir con lo relativo al incremento salarial deprecado por la parte actora
tanto ante dicha jurisdicción como ante ésta, y que como se dijera debe ser
definido por aquella.”
[16] Al respecto, se señaló que: “(…) no existe en el ordenamiento
jurídico colombiano, norma que lo faculte o lo obligue en ese sentido, menos
aún la encontramos en el ordenamiento convencional allegado, que dicho sea de
paso, tenía definidos los salarios de los trabajadores sindicalizados de la
empresa hasta el 28 de febrero de 2002, y al no haberse denunciado, no
presentado pliego de peticiones oportunamente, el mismo fue prorrogándose en
forma automática de seis meses en seis meses, lo que nos incida, en lógica
consecuencia, que los salarios debieron mantenerse hasta tanto se dispusiera
por las partes ese nuevo proceso, siempre y cuando no se atentara con la
garantía del salario mínimo legal vigente, lo cual en relación con la
remuneración del demandante no sucedió, toda vez que sin lugar a dudas resulta
ser muy superior a esa prerrogativa. // En efecto, no corresponde a esta
jurisdicción estabilizar el desequilibrio que se presenta cuando transcurre un
período de tiempo, sin que se haya aumentado el salario del trabajador, no
obstante el incremento que haya podido tener en ese lapso el IPC, pues habrá de
tenerse en cuenta que éste como tal aplica o se tiene como base, en la mayoría
de los casos, para el aumento del salario mínimo legal, más no para el aumento
de salarios superiores, salvo que así esté estipulado legalmente o se pacte
entre trabajadores y empleador, cosa que no sucede en el presente caso, por
hacerse ausente lo uno y lo otro”. Folios 228-240, cuaderno 1, exp. 1; folios
228-240, cuaderno 1, exp. 2; folios 228-240, cuaderno 1, exp. 3.
[17] En el caso del señor Bautista Ramírez (T-4013899) la providencia es
del 18 de noviembre de 2011, en el caso del señor Caballero Ramírez (T-4018005)
la providencia es del 16 de diciembre de 2011, en el caso del señor Suarez
Castañeda (T-4019888) la providencia tiene fecha 16 de diciembre de 2011.
[18] Al respecto, se expuso que: “Así, al tenor del análisis previamente
realizado tiene la Sala que las pretensiones solicitadas por el actor, causadas
antes del 29 de enero de 2004 se encuentran prescritas, por haberse realizado
debidamente la reclamación administrativa el 29 de enero de 2007, razón por lo
que las peticiones a las que se accederá deberán liquidarse a partir de la
primera fecha en mención, excepto el reajuste a las cesantías, pues como lo ha
dicho la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en la
Sentencia Rad. 34393 del 24 de agosto de 2010, M.P. Dr. Luis Javier Osorio
López, “…mientras esté vigente el contrato de trabajo no se puede hablar de
prescripción de la cesantía como derecho social, lo cual se deduce de la
interpretación sistemática tanto de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990,
como de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 254, 255 y 256
del C.S. del T, 1º del Decreto 2076 de 1967, 1 a 7 del Decreto 222 de 1978, 83
de la Ley 79 de 1988, 46 de la Ley 9ª de 1989, 166 del D.L. 663 de 1993 y 1º,
2º y 3º del D.R. 2795 de 1991”
[19] En los expedientes T-4018005 y T-4019888, el Magistrado Castañeda
Castillo salvó el voto e indicó que la sentencia de primera instancia debió ser
confirmada, pues –en su opinión– el artículo 20 de la Convención Colectiva
tenía vigencia tan sólo hasta el 28 de febrero de 2002. (Folios 268-273,
cuaderno 1, expediente 2 y folios 268-273, cuaderno1, expediente 3).
[20] En el expediente T-4013899 la casación fue negada mediante auto del
16 de marzo de 2012; en el expediente T-4018005 la casación fue negada mediante
auto del 24 de febrero de 2012 (folio 275-280, cuaderno 1, expediente 2) y en
el expediente T-4019888 la casación fue negada mediante auto del 20 de marzo de
2012 (folio 275-279, cuaderno 1, expediente 2).
[21] En el expediente T-4013899 la queja fue resuelta mediante auto del
9 de octubre de 2012; en el expediente T-4018005 la queja fue resuelta mediante
auto del 28 de agosto de 2012 (folios 286-291, cuaderno 1, expediente 2); y en
el expediente T-4019888 la queja fue resuelta mediante auto del 26 de septiembre
de 2012 (folios 285-290, cuaderno1, expediente 3).
[22] Folios 50-67, cuaderno 2,expediente 1; folios 50-68, cuaderno
2,expediente 2
[23] Folios 69-94, cuaderno 2, expediente 1.
[24] Folios 95-101, cuaderno 2, expediente 1.
[25] Folios 102-112, cuaderno 2, expediente 1.
[26] Folios 113-123, cuaderno 2, expediente 1.
[27] Folios 19-21, cuaderno 2.
[28] Folios 19-28, cuaderno 2, expediente 1; Folios 24-32, cuaderno 2,
expediente 2.
[29] Folios 203-210, cuaderno 2, expediente 1.
[30] Folios 211-223, cuaderno 2, expediente 1.
[31] Folios 224-227, cuaderno 2, expediente 1.
[32] Folios228-242, cuaderno 2, expediente 1.
[33] Folios 243-267, cuaderno 2, expediente 1.
[34] Folio 268, cuaderno 2, expediente 1.
[35] Folios 269-274, cuaderno 2, expediente 1.
[36] Folios 14-23, cuaderno 2, expediente 2.
[37] Al revisar los tres expedientes se encuentra que el escrito de
impugnación y los fallos de primera y segunda instancia son de la misma fecha y
su contenido es idéntico. Por lo anterior, se hará referencia a los tres casos
en un mismo apartado.
[38] El 8 de abril de 2013 la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia asumió conocimiento de las tres acciones de tutela.
[39] Folio 41, cuaderno 3, expediente 1. Se trata de una cita a un fallo
de tutela adoptado el 13 de marzo de 2013.
[40] Sobre este punto, se dijo que: “El artículo ibídem impone el
respeto a las formas, que en este asunto están ligadas con la interpretación
válida, admisible y ponderada que el Tribunal realizó, y que puede ser o no
compartida, sin que ello implique la trasgresión de aquél precepto (…)”.
[41] En el expediente 1 el salvamento de voto se encuentra en los folios
38-45 del cuaderno1; en el expediente 2, en los folios 38-45, cuaderno 2, en el
expediente 3, en los folios 46-50, cuaderno 2.
[42] En el expediente 1 la impugnación se encuentra en los folios 57-60
del cuaderno 1; en el expediente 2, en los folios 57-60, cuaderno 2; en el
expediente 3, en los folios 55-59, cuaderno 2.
[43] Folios 3-31, cuaderno 3, expediente 1.
[44] En el expediente 1 el auto que revocó la decisión se encuentra en
los folios 68-70 del cuaderno 2, en el expediente 2 el auto que revocó la
decisión se encuentra en los folios 68-70 del cuaderno 2; en el expediente 3,
el auto que revocó la decisión se encuentra en los folios 68-70 del cuaderno 2.
[45] La Magistrada María del Rosario González Muñoz salvó el voto, en su
criterio debía seguirse la doctrina mayoritaria acogida en sede de tutela por
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en algunos casos,
había sido compartida por otras salas de decisión de la Sala Penal.
[46] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[47] Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[48] Ídem.
[49] Al respecto, en la Sentencia T-310 de 2009, se indicó que: “(…)
la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión
judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone
a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva
como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la
juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció
el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
[50] M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad, la
Corte estudió la constitucionalidad de la norma que proscribía cualquier
acción contra la sentencia que resolviera el recurso extraordinario de casación
en materia penal.
[51] Igual doctrina se encuentra en las Sentencias T-203 de 1993, T-483
de 1993 y T-016 de 1995.
[52] Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[53] Sentencia T-444 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[54] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[55] En los mismos términos, en la Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, esta
Corporación indicó que: “La Corte ha señalado que dos de las características
esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad
y la inmediatez: (…) la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido
instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar
en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o
amenaza.  Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o
procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el
de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de
competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya
que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el
artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección
efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos
constitucionales fundamentales.”
[56] Véase, entre otras, las Sentencias SU-961 de 199, T-282 de 2005,
T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-018 de 2008 y T-491 de 2009.
[57] Sentencias T-328 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-1063
de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada.
[58] Ibídem. Sobre el particular también se puede consultar la Sentencia T-013 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[59] Sobre este tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes Sentencias:
T-743 de 2008, T-189 de 2009, T-491 de 2009, T-328 de 2010 y T-444 de 2013.
[60]  Sentencia T-661 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y
T-140 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[61] Véase, por ejemplo, la Sentencia T-1063 de 2012, M.P. Alexei Julio
Estrada, en la que se expuso que: “(…) tratándose de tutelas contra
sentencias, el requisito de la inmediatez debe analizarse de forma estricta,
por lo que es necesario establecer si, en efecto, la sentencia SU-917 de 2010,
es un hecho completamente nuevo, razón por la cual la accionante solo pudo
interponer la acción casi 6 años después de la sentencia de segunda instancia y
si, siendo así, después de expedida la sentencia, la tutela se interpuso dentro
de un plazo razonable. (…) En este sentido, concluye la Sala que, aunque no
existe un término de caducidad de la acción de tutela, permitir en este caso
que se presente 6 años después de proferida la sentencia contra la que se
dirige, resulta a todas luces desproporcionado y contrario al principio de
seguridad jurídica. Por esta razón encuentra la Corte que, tal como se señaló
en la sentencia de segunda instancia, la acción de tutela no procede por no
satisfacerse el requisito de inmediatez.”
[62] Sentencias T-089 de 2008, T-983 de 2008 y T-491 de 2009.
[63] Sentencias T-189 de 2009, T-726 de 2010, T-581 de 2012 y T-735 de
2013.
[64] Sentencia T-013 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En idéntico
sentido, en la Sentencia T-491 de 2009, se manifestó que: “Tratándose de
procesos judiciales, esta Corporación considera que el juicio sobre la
razonabilidad del término ha de ser más estricto y riguroso, en comparación con
los otros casos que se llevan ante la justicia constitucional. De tal manera
que acudir a la acción de tutela pasado un tiempo injustificadamente largo
después de que han ocurrido los hechos presuntamente violatorios de los
derechos fundamentales, sin que exista un motivo válido que explique la inactividad
de los peticionarios, rompe con este principio de inmediatez y desvirtúa un
aspecto esencial e inmanente del mecanismo constitucional de amparo”.
[65] Véase la Sentencia T-598 de 2003.
[66] En el expediente T-4.013.899 el Tribunal profirió sentencia el día
18 de noviembre de 2011; en el expediente T-4.018.005 el 16 de diciembre de
2011; y en el expediente T-4.019.888 en la misma fecha en cita.
[67] En el expediente T-4.013.899 se negó el recurso de casación
mediante providencia del 16 de marzo de 2012; en el expediente T-4.018.005 el
20 de marzo de 2012; y en el expediente T-4.019.888 el 24 de febrero de 2012.
[68] En cuanto al recurso de reposición, este fue proferido, en el
expediente T-4.013.899 el día 22 de mayo de 2012; en el expediente T-4.018.005
el 18 de mayo de 2012; y en el expediente T-4.019.888 el día 22 del mismo mes y
año. Por su parte, en lo que se refiere al recurso de queja, este fue
proferido, en el expediente   T-4.013.899 el día 9 de octubre de 2012; en el
expediente T-4.018.005 el 25 de septiembre de 2012; y en el expediente
T-4.019.888 el 28 de agosto de 2012.
[69] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Auto de 10 de
febrero de 1983, reiterado en sentencia del 20 de septiembre de 1985.
[70] Sentencia C-820 de 2011.
[71] El Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social en el artículo 32 indica que: “El juez decidirá las
excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de
excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá
proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión
sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su
suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante
tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez
resolverá allí mismo. // Las excepciones de mérito serán decididas en la
sentencia.”
[72] Al respecto, el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo
dispone que: “A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del
trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su defecto,
las del Código judicial”.
[73] En esta sentencia se hace referencia al Código de Procedimiento
Civil, en la medida en que los hechos objeto de controversia tuvieron ocasión
con anterioridad a la entrada en vigencia del Código General del Proceso y en
el distrito respectivo todavía no se ha dispuesto su implementación. Acuerdo
PSAA13-10073 del 27 de diciembre de 2013.
[74] CPC, art. 98, núm. 7.
[75] Sentencia C-355 de 2006.
[76] “ARTICULO 65.  Procedencia del recurso de apelación.
Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (…) 3. El
que decida sobre excepciones previas. (…). // El recurso de apelación se
interpondrá: 1. Oralmente, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí
mismo se concederá si es procedente. // 2. Por escrito, dentro de los cinco (5)
días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez
resolverá dentro de los dos (2) días siguientes. (…)”
[77] Las tres providencias aparece que fueron proferidas el 25 de
noviembre de 2009.
[78] Sobre este punto se manifestó que: “AUTO: (…) 2. DISPONER que no
se continúe adelantando por este juzgado el trámite que corresponde al presente
proceso, por las razones arriba expuestas”
[79] El artículo 66 del CPTSS señala lo siguiente: “Serán apelables
las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, en el acto de la
notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesarias;
interpuesto el recurso el juez lo concederá o denegará inmediatamente”.
[80] El artículo 353 del CPC dispone: “La parte que no apeló podrá
adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia
apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el
juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante
el superior hasta el vencimiento del término para alegar. (…)”.
[81] Para el efecto cita apartes de las Sentencias T-840 de 2006, T-884
de 2006, T-909 de 2006 y T-350 de 2008. En la primera, esta Corporación se
pronunció sobre la falta de resolución de las excepciones de mérito en una
sentencia, en la cual se dispuso seguir adelante con una ejecución, cuando era
deber de la autoridad judicial pronunciarse sobre la totalidad de los medios
exceptivos propuestos, a fin de garantizar el derecho de defensa de los
ejecutados. En la segunda, la Corte resolvió sobre un tema radicalmente
distinto al que es objeto de controversia, relacionado con el amparo de una
persona con discapacidad, la cual alegó la violación de su derecho a la
educación por la suspensión de un programa del SENA. En la tercera, este
Tribunal se pronunció nuevamente sobre un caso en el cual una autoridad
judicial se negó a decidir sobre unas excepciones de mérito planteadas en un
proceso ejecutivo, por estimar que su análisis se debe limitar a las
consideraciones de la demanda, en perjuicio del derecho de defensa del
interesado. Finalmente, en la cuarta, la Corte analizó un caso en el que se cuestionaba
la decisión de una autoridad judicial de resolver en una misma providencia,
tanto el recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento de pago,
como lo concerniente a las excepciones planteadas. En criterio de este
Tribunal, un elemento clave del debido proceso es que tanto las excepciones (de
fondo como previas) como la reposición del auto que libra mandamiento de pago,
sean resueltas en el momento procesal que les corresponde, entre otras, con el
fin de garantizar la oportunidad de controvertirlas.
Del resumen realizado se observa que
una de las tutelas invocadas no guarda relación con el caso propuesto, otras
dos se vinculan con la definición de excepciones de mérito y tan sólo la última
toca lo referente al momento de resolución de las excepciones previas, la cual
constituye el sustento del actor para considerar que existe una hipótesis de
nulidad insubsanable. Al respecto, el accionante cita el siguiente aparte de la
Sentencia T-350 de 2008: “Para esta Sala, la resolución de las excepciones
previas en el mismo auto que resuelve el recurso de reposición contra el
auto que libra mandamiento de pago no es una simple irregularidad procesal,
sino que constituye una verdadera supresión del trámite que en segunda
instancia obligaría el estudio independiente de las razones que sustentaron la
imposibilidad de dar por cumplida la orden de reintegro. Por ello, a
juicio de la sala, la nulidad detectada por la Corte Suprema no es subsanable,
según lo prescribe el numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, por lo que resulta innecesario exigir que la entidad demandante la
hubiera alegado oportunamente en el proceso (…)”. (Subrayado por
fuera del texto original). Luego de lo cual, el accionante concluye que: “En
este orden de ideas, señores Magistrados, es evidente que el hecho de que los
jueces no se pronunciaron sobre la excepción que oportunamente propuso mi
representada constituye una vía de hecho, la cual, además, no se sanea en
ningún momento”. (Subrayado no original).
[82] Página 3 de los escritos de tutela.
[83] Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Laboral de Descongestión.
[84] La norma en cita dispone que: “Son deberes de las partes y sus
apoderados: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos”.
[85] Al respecto, el artículo 32 del CPTSS señala que: “El juez
decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de
excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá
proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión
sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su
suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante
tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez
resolverá allí mismo”.
[86] Sentencias T-189 de 2009, T-726 de 2010, T-581 de 2012 y T-735 de
2013.
[87] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[88] Esta providencia fue expresamente reiterada en las Sentencias T-541
de 2006 y T-1009 de 2006.
[89] M.P. Mauricio González Cuervo
[90] Al respecto, se dijo que: “En el caso específico de las tutelas
contra providencias judiciales, el requisito de inmediatez adquiere una
connotación aún más precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta
figura obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la
protección de derechos fundamentales con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si a la
tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica generalizada.
(…) Para la Sala, atendidas las circunstancias del caso concreto, el término de
8 meses y 10 días transcurrido entre la fecha en que quedó en firme la
providencia atacada y la fecha de interposición de la tutela luce desproporcionado
y excesivo, y por ende contrario al principio de inmediatez.”
[91] La norma en cita consagra el derecho de los trabajadores a
una remuneración mínima, vital y móvil.
[92] Escrito de demanda página 17. Incluso se observa que se utiliza una
información que no corresponde a la realidad, ya que se afirma que la
providencia que declaró bien denegado el recurso de casación fue proferida el 6
de septiembre.
[93] http://www.termotasajero.com.co/
[94] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[95] Sentencia T-462 de 2003.
[96] Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999, SU-159 de 2002, T-244 de
2007, T-092 de 2008 y T-310 de 2009.
[97] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[98] En el mismo sentido, se pueden consultar,
entre otras, las Sentencias T-345 de 1996, T-085 de 2001, T-441 de 2002  y
T-901de 2002.
[99] A este respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
que: “[Es] improcedente (...) la acción de tutela cuando se trata de
controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus providencias de una
norma o de una institución jurídica. // La interpretación de un precepto no
puede considerarse como un desbordamiento o abuso de la función de juez (vía de
hecho), por el sólo hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta u
ofrece mayor beneficio para la parte que la plantea (Sentencias T-094 de 1997 y
T-249 de 1997, entre otras). // Se desconocería el principio de autonomía e
independencia judicial, si se admitiese la procedencia de la acción de tutela
por la interpretación o aplicación que de un precepto o figura jurídica se
hiciera en una providencia judicial, cuando esa interpretación o aplicación
responde a un razonamiento coherente y válido del funcionario judicial”.
Sentencia T-1004 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[100] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[101] En la Sentencia C-273 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, este
Tribunal puntualizó: “Según el principio de interpretación conforme, la
totalidad de los preceptos jurídicos deben ser interpretados de manera tal que
su sentido se avenga a las disposiciones constitucionales. La interpretación de
una norma que contraríe éste principio es simplemente intolerable en un régimen
que parte de la supremacía formal y material de la Constitución (C.P. art. 4)”.
[102] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[103] Textualmente, en la citada providencia se
señaló que: “En síntesis, una interpretación literal del artículo 26 de la
Ley 81 de 1993 como la acogida por el Tribunal Superior de Medellín, permite
afirmar que el término de traslado se contabiliza a partir del momento en que
el expediente se deja a disposición de las partes. Otra interpretación de la
norma es aquella según la cual los (5) días del término para sustentar el
recurso son días completos, lo que justifica su contabilización a partir del
día siguiente al día en que se deja la constancia secretarial. Esta última
interpretación es más favorable para el procesado, en particular, cuando el
acto secretarial dispuesto por la ley con el objeto de informar a los sujetos
procesales que tienen a su disposición el expediente, es efectuado luego de
transcurrido parcialmente el día judicial. Ambas interpretaciones, una literal
y la otra finalista, son igualmente admisibles y razonables. A la luz del
principio pro actione, sin embargo, la segunda interpretación, en el marco del
proceso penal, es más conforme con la Constitución, ya que garantiza la plena
efectividad del derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria (CP
art. 29) (...) El debido proceso y el acceso a la justicia (CP arts. 29, 228 y
229) son derechos fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales
como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las soluciones
que permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los
jueces (principio pro actione). Si bien los derechos mencionados no se vulneran
cuando se inadmite un recurso o acción por no concurrir los presupuestos
legales para su aceptación, la decisión judicial no debe ser arbitraria ni
irrazonable. Se impone, por lo tanto, adoptar la interpretación que tome en
cuenta el espíritu y finalidad de la norma y que sea más favorable para la efectividad
del derecho fundamental. No son pocos los casos en que el juez, primer garante
del debido proceso, sin proponérselo conscientemente, patrocina situaciones de
absoluta indefensión de los sindicados y condenados, al prohijar
interpretaciones ajustadas al tenor literal del texto, pero contrarias a su
espíritu y finalidad”.
[104] Auto 071 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[105] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[106] Sobre la posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales
que resulten contrarias a la Constitución, y con relación a la procedencia de
la acción de tutela en los casos en que la interpretación que el juez hace de
una norma contraria un criterio hermenéutico establecido por esta Corporación,
ver Sentencias T-001 de 1999, T-522 y T-842 de 2001.
[107] La Corte se ha referido a los casos en que la interpretación
judicial resulta contra evidente o irracional, ver Sentencias T-1017 de 1999 y
T-1072 de 2000.
[108] Sobre las decisiones proferidas en contravención del principio de
igualdad se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-123 de 1995, T-008
y T-321 de 1998, T-068, SU-1300 y T-1306 de 2001.
[109] La jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho
procesal no puede ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho
sustantivo, entre otras, sentencias C-596 de 2000 y T-1306 de 2001.
[110] Sobre este punto, en la Sentencia T-1036
de 2002 se afirmó que: “(…) las divergencias en la interpretación de las
normas legales, en principio, no son materia que pueda ser objeto de acción de
tutela, sobre todo en presencia de recursos ordinarios, diseñados precisamente
para lograr ‘la superación de las diferencias de interpretación de las normas y
promover, a su vez, la unificación de criterios entre los funcionarios
judiciales, con vista a una aplicación uniforme de la ley’. Por lo tanto,
cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente
sustentada y razonada, no es susceptible de ser ‘cuestionada, ni menos de ser
calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea
impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él
efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela,
ésta será improcedente’ (…). En suma, el juez de tutela no puede controvertir
la interpretación que de las situaciones de hecho o de derecho realice el juez
de la causa en el respectivo proceso, salvo que esta hermenéutica sea
arbitraria e irrazonable y, por ende, vulnere los derechos fundamentales de la
persona que acude a la acción de tutela”.
[111] En la Sentencia T-955 de 2006, M.P. Jaime
Araujo Rentaría, se expuso que: “(…) la labor adelantada por el Tribunal
hace parte de su función interpretativa de las normas, y que la decisión que
profirió en el presente caso no surge subjetiva o irrazonable, por el simple
hecho de que el accionante no comparta la forma en que dicho tribunal aplicó
las normas pertinentes en su caso. || Ciertamente en materia de interpretación
judicial, es claro que los criterios para definir la existencia de una vía de
hecho se circunscriben a la actuación arbitraria que adelante el juez, y que
por ello sea abiertamente contraria al derecho, lo cual no se aprecia en el
presente caso”.
[112] Sentencia T-638 de 2011.
[113] En la Sentencia C-009 de 1994 se estableció que “[E]l elemento
normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con
vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las relaciones
de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se
establecen anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán
las condiciones individuales para la prestación de los servicios, esto es, los
contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo
normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los
contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del
patrono frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones
que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad de los
trabajadores, v.gr., las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los
salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen
servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad
social, cultural o recreacional. // Se distingue igualmente en la convención
colectiva, por la doctrina y la jurisprudencia, el denominado elemento
obligatorio o aspecto obligacional, que está conformado por aquellas cláusulas
que señalan deberes u obligaciones recíprocos de las partes, destinadas a
asegurar la efectividad de las normas convencionales, como son, por ejemplo,
las cláusulas que establecen las comisiones o tribunales de conciliación y
arbitraje, las que fijan sanciones por la violación de las estipulaciones que
constituyen la parte normativa, o las que establecen mecanismos para garantizar
la libertad sindical”
[114] Ibídem.
[115] El artículo 479 del CST establece que: “Modificado. Decreto-Ley
616 de 1954, art. 14. 1º. Para que sea válida la manifestación escrita de dar
por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las
partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector
del trabajo del lugar, y en su defecto ante el alcalde, funcionarios que le
pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la
hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por
dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el Departamento Nacional
de Trabajo y para el denunciante de la convención (…)”.
[116] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[117] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[118] Se sigue la Sentencia C-1050 de 2001, ya referida.
[119] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado
Ponente: Luis Javier Osorio López, Radicación No. 33971, cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009). Esta misma línea se
observa en la sentencia con número de radicación 38537 del 22 de septiembre de
2009, al señalar que: “Es sumamente clara la cláusula convencional acabada
de transcribir, en cuanto que contempló dos aumentos salariales: de $20.000,oo,
del 1º de enero al 31 de diciembre de 1990; y del 28%, sobre lo devengado por
cada uno de los trabajadores, sin que fuese inferior a $21.000,oo, del 1º de
enero al 31 de diciembre de 1991 (segundo año de vigencia de la convención
colectiva de trabajo). // Los aumentos salariales fueron previstos, de
manera expresa y transparente, para esos dos períodos. Traduce ese
acuerdo, plasmado en términos explícitos e inequívocos, que, por tanto, no dan
margen a duda alguna, que esa disposición, en cuanto al incremento de los
salarios durante los años 1990 y 1991, agotó completamente su objeto por el
mero transcurso de esas dos anualidades. En consecuencia, el aumento de los
salarios del 28%, establecido única y exclusivamente para el año 1991, no puede
extenderse a otro año distinto.”.
[120] Véase, al respecto, el acápite 3.3 de esta providencia.
[121] Al respecto, se expuso que: “Así, al tenor del análisis previamente
realizado tiene la Sala que las pretensiones solicitadas por el actor, causadas
antes del 29 de enero de 2004 se encuentran prescritas, por haberse realizado
debidamente la reclamación administrativa el 29 de enero de 2007, razón por lo
que las peticiones a las que se accederá deberán liquidarse a partir de la
primera fecha en mención, excepto el reajuste a las cesantías, pues como lo ha
dicho la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en la
Sentencia Rad. 34393 del 24 de agosto de 2010, M.P. Dr. Luis Javier Osorio
López, “…mientras esté vigente el contrato de trabajo no se puede hablar de
prescripción de la cesantía como derecho social, lo cual se deduce de la
interpretación sistemática tanto de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990,
como de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 254, 255 y 256
del C.S. del T, 1º del Decreto 2076 de 1967, 1 a 7 del Decreto 222 de 1978, 83
de la Ley 79 de 1988, 46 de la Ley 9ª de 1989, 166 del D.L. 663 de 1993 y 1º,
2º y 3º del D.R. 2795 de 1991”
[122] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[123] La norma en cita dispone que: “El Congreso expedirá el
estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: (…) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales del derecho (…)”
[124] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.