C-961-03
Sentencia C-400/98
Sentencia
C-961/03
PROTOCOLO Y
LEY APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos
EXPROPIACION-Características de la indemnización
INDEMNIZACION
POR EXPROPIACION-Momento en el cual debe ser pagada
EXPROPIACION
CON INDEMNIZACION POSTERIOR-Procedencia excepcional
EXPROPIACION
SIN INDEMNIZACION POR RAZONES DE EQUIDAD-Norma
derogada mediante acto legislativo
INDEMNIZACION
PREVIA EN EXPROPIACIÓN-Carácter perentorio
PROTOCOLO
MODIFICATORIO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE PROMOCION Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE
INVERSIONES-Exigencia de compensación resulta
compatible con la Constitución
INDEMNIZACION
PREVIA EN EXPROPIACION-Carácter justo/PROTOCOLO-Exigencia
de indemnización adecuada es compatible con la Constitución
PROTOCOLO-Reconocimiento de intereses hasta el día del pago efectivo de la
indemnización es compatible con la Constitución
PROTOCOLO-Valor de los bienes que debe ser tenido en cuenta para la
indemnización no contraría la Constitución
PROTOCOLO-Condiciones dirigidas a garantizar el pago de la indemnización son
compatibles con la Constitución
PROTOCOLO-Pago de la indemnización debe hacerse de conformidad con la regla
de repatriación de capitales
PROTOCOLO-Interpretación de las normas
PROTOCOLO Y
LEY APROBATORIA-Constitucionalidad
Referencia:
expediente LAT-235
Revisión
constitucional del "Protocolo Modificatorio Adicional al Convenio sobre
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Lima el
siete (7) de mayo 2001 y de la Ley 801 de 2003.
Magistrado Ponente:
Dr. Manuel
José Cepeda Espinosa
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil
tres (2003)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En
cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución Política, el Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación el día
diecisiete (17) de marzo de dos mil tres (2003), copia auténtica de la Ley 801
de 2003, “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Modificatorio Adicional
al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”,
hecho en Lima el siete (7) de mayo 2001.
Esta
Corporación mediante auto del dos (2) de abril de 2003, asumió el examen de
constitucionalidad de la Ley 801 de 2003 y del Protocolo aprobado por ésta,
para lo cual ordenó practicar las pruebas pertinentes, fijar el negocio en
lista, correr traslado al señor Procurador General de la Nación para que
rindiera el concepto de rigor y llevar a cabo las comunicaciones constitucional
y legalmente exigidas.
Cumplidos
como están los trámites y requisitos requeridos en la Constitución Política y
en el Decreto 2067 de 1991 para esta clase de procesos, procede la Corte
Constitucional a pronunciarse sobre los actos jurídicos objeto del presente
control de constitucionalidad.
II.      NORMA REVISADA
A
continuación, se transcribe el texto de la Ley 801 de 2003 remitida para
revisión de su constitucionalidad por esta Corporación:
Ley 801 de 2003
(marzo 13)
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo
modificatorio adicional al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú”, hecho en Lima el siete (7) de mayo de dos mil uno (2001).
El Congreso de Colombia
Visto el texto del “Protocolo modificatorio adicional
al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”,
hecho en Lima el siete (7) de mayo de dos mil uno (2001).
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado).
PROTOCOLO MODIFICATORIO ADICIONAL AL
CONVENIO SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU
El Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú;
Con el fin de
crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversionistas
de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra;
Reconociendo
que la promoción y protección de las inversiones, sirve para estimular la
iniciativa comercial individual y aumentar la prosperidad en ambos Estados; y,
Con el ánimo de
poner en vigor el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, celebrado en Lima el 26 de abril de 1994.
Han acordado lo
siguiente:
ARTICULO 1
El artículo 7°
del Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
quedará así:
EXPROPIACIONES
Y MEDIDAS EQUIVALENTES
(1) Las
inversiones de nacionales o empresas de cualquiera de las Partes Contratantes
no serán sometidas, en el territorio de la otra Parte Contratante, a:
a)
nacionalización o medidas equivalentes, por medio de las cuales una de las
Partes Contratantes tome el control de ciertas actividades consideradas
estratégicas de conformidad con su legislación interna, o servicios, o
b) cualquier
otra forma de expropiación o medidas que tengan un efecto equivalente.
Salvo que
cualquiera de esas medidas se realicen de acuerdo a la ley, de manera no
discriminatoria, por motivos expresamente establecidos en las Constituciones
respectivas y que se señalan en el Artículo (7) (1) del Protocolo adjunto,
relacionados con las necesidades internas de esa Parte y con una compensación
pronta, adecuada y efectiva.
(2) La
compensación por los actos referidos a los párrafos (1) (a) y (b) de este
artículo, de conformidad con los principios del derecho internacional,
ascenderá al valor genuino de la inversión inmediatamente antes de que las
medidas fueran tomadas o antes de que las medidas inminentes fueran de
conocimiento público, lo que ocurra primero. Deberá incluir intereses hasta el
día de pago, deberá pagarse sin demora injustificada, ser efectivamente
realizable y ser libremente transferible, de acuerdo con las reglas estipuladas
en el artículo (6) sobre repatriación de los capitales y de las ganancias de
inversiones, siempre y cuando aún en caso de dificultades excepcionales de
balanza de pagos se garantice la transferencia de por lo menos una tercera
parte anual.
(3) El nacional
o empresa afectado tendrá derecho, de acuerdo con la Ley de la Parte
Contratante que adopta la medida pertinente, a una revisión pronta, por parte
de la autoridad competente de esa Parte, de su caso y de la valoración de su
inversión, de acuerdo con los principios establecidos en los parágrafos (1) y
(2) de este artículo.
(4) Si una
Parte Contratante toma alguna de las medidas referidas en los párrafos (1) (a)
y (b) de este artículo, en relación con los activos de una empresa incorporada
o constituida de acuerdo con la ley vigente en cualquier parte de su
territorio, en el cual nacionales o empresas de la otra Parte Contratante son
propietarios de acciones, deberá asegurar que las disposiciones de los párrafos
(1) al (3) de este artículo se apliquen de manera que garanticen una
compensación pronta, adecuada y efectiva con respecto a la inversión de estos
nacionales o empresas de la otra Parte Contratante, propietarios de las
acciones.
(5) En ningún
caso lo dispuesto en este Convenio obligará a cualquiera de las Partes
Contratantes a proteger inversiones realizadas con capitales o activos que de
conformidad con la legislación de cada Parte Contratante, se determine que
provienen de actividades delictivas.
(6) En lo que
respecta a Colombia, nada de lo dispuesto en este Convenio prohibirá que, de
conformidad con la ley, con finalidad de interés público o social, se
establezcan monopolios como arbitrio rentístico, previa indemnización plena de
los inversionistas que queden privados del ejercicio de una actividad económica
lícita teniendo en cuenta las condiciones aplicables del presente artículo.
ARTICULO 2
Nada de lo
dispuesto en el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú por el cual se promueven y protegen las
inversiones, celebrado en Lima el 26 de abril de 1994, ni lo dispuesto en el
presente Protocolo se interpretará en el sentido de impedir que una parte
adopte o mantenga medidas destinadas a preservar el orden público.
ARTICULO 3
El presente
Protocolo es parte integrante del Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, celebrado en Lima, el 26 de abril de 1994 y entrará
en vigor en la fecha en que lo haga el citado Convenio.
Hecho en Lima,
a los siete días del mes de mayo de 2001, en dos ejemplares del mismo tenor, en
idioma castellano, siendo ambos igualmente idénticos.
Por el Gobierno
de la República de Colombia,
Doctor
Guillermo Fernández de Soto,
Ministro de
Relaciones Exteriores.
Por el Gobierno
de la República del Perú,
Embajador
Javier Pérez de Cuéllar,
Presidente del
Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores
RAMA EJECUTIVA
DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA
Bogotá, D. C.,
18 de septiembre de 2001.
Aprobado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ANDRES
PASTRANA ARANGO
La Viceministra
de América y Soberanía Territorial, encargada de las funciones del Despacho del
señor Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.)
Clemencia Forero Ucrós.
DECRETA:
Artículo 1°.
Apruébase el “Protocolo modificatorio adicional al Convenio sobre Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Lima el siete (7) de
mayo de dos mil uno (2001).
Artículo 2°. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el
“Protocolo modificatorio adicional al Convenio sobre Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú”, hecho en Lima el siete (7) de mayo de dos
mil uno (2001), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3°. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá,
D. C., a los...
Presentado al
honorable Congreso de la República por los suscritos Ministro de Relaciones
Exteriores y Ministra de Comercio Exterior.
Guillermo
Fernández de Soto,
Ministro de
Relaciones Exteriores.
Martha Lucía
Ramírez de Rincón,
Ministra de
Comercio Exterior.
III.    INTERVENCIÓN deL Ministerio de relaciones
exteriores
Mediante
escrito del 22 de abril de 2003, intervino Gloria Angelina Navarro Bustos como
apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la
declaratoria de exequibilidad de la Ley 801 de 2003, “Por medio de la cual se
aprueba el Protocolo Modificatorio Adicional al Convenio sobre Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Lima el siete (7) de
mayo 2001 y del mencionado Protocolo. Las razones de su solicitud se resumen a
continuación.
La
interviniente empieza por resaltar la tendencia mundial hacia la globalización
como un fenómeno que afecta los intereses y el desarrollo de Colombia y la búsqueda
de mercados ampliados y territorios alternativos para la inversión colombiana,
tanto desde la perspectiva exportadora como desde el punto de vista de nación
receptora de inversión extranjera.
En la medida
en que la inversión extranjera puede contribuir al desarrollo nacional al
complementar la inversión doméstica, fortalecer lazos de comercio y capacidad
exportadora, generar transferencia de tecnología, difundir habilidades y
conocimientos especializados y abrir la posibilidad de que empresas locales
puedan crear nuevos negocios generados por la presencia de las multinacionales,
la interviniente destaca la importancia de adoptar instrumentos bilaterales de
protección recíproca a la inversión.
Recuerda
también la naturaleza de los acuerdos bilaterales de promoción y protección
recíproca de inversiones como instrumentos concebidos dentro del marco del
derecho internacional que tienen como fin la protección de las inversiones que
se efectúen entre países. “Estos acuerdos contienen cláusulas “tipo” orientadas
a regulas los distintos aspectos referidos a la inversión, en cuanto a la
definición de la clase de inversiones y rentas de inversión protegidas, la
obligación de garantizar al inversionista del estado cosignatario un trato
justo y equitativo no inferior al concedido por la legislación interna a sus
nacionales o inversionistas de un tercer Estado (trato nacional y cláusula de
la nación más favorecida), la prohibición de generar tratos discriminatorios
entre los inversionistas extranjeros y nacionales, la protección de las
inversiones limitando su expropiación a motivos de utilidad pública o interés
social, relacionados con las necesidades internas de la Parte, con la
correspondiente compensación por la misma en forma real, oportuna y efectiva;
la libertad de transferencias de las inversiones y de las utilidades y el
señalamiento de mecanismos de resolución de conflictos, entre otros aspectos.”
Destaca la
apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores que el elemento más
importante para atraer la inversión extranjera es la certeza jurídica, por lo
cual los acuerdos bilaterales de protección de inversiones ofrecen garantías
básicas contra situaciones de inestabilidad jurídica en las normas y políticas
económicas, procesos de nacionalización y expropiación, disturbios civiles o
conflictos armados, denegación de acceso a la justicia o incertidumbre sobre la
política cambiaria y la libertad de transferencias.
En ese
contexto, señala, Colombia ha suscrito durante el primer trimestre de 2003
cinco acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversiones, uno de los
cuales es el que se revisa en la presente sentencia.
En cuanto a
los aspectos formales, expone la interviniente que el Protocolo fue firmado por
el Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú y por su homólogo
de Colombia. El Presidente de la República impartió la correspondiente
aprobación ejecutiva el 18 de septiembre de 2001 y luego inició el trámite
legislativo que culminó con la aprobación de la Ley 801 de 2003.
Resalta la
apoderada del Ministerio que “el objetivo principal del Protocolo es poner en
vigor el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones,
celebrado en Lima el 26 de abril de 1994, modificando el artículo 7 del mismo,
dado que en Sentencia C-008 de 1997, la H. Corte Constitucional declaró
exequible la Ley 279 de 1996, aprobatoria del citado instrumento internacional,
así como el Convenio mismo, salvo aquel artículo, cuyo contenido se consideró
vulneraba lo consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política.”
Con el fin de
superar la declaratoria de inexequibilidad del artículo 7 del Convenio, señala
la interviniente que el Protocolo introduce cambios sustanciales en materia de
expropiación y medidas equivalentes, estableciendo que en esos eventos tales
acciones se harán con base en la ley, de manera no discriminatoria y por
motivos expresamente establecidos en las Constituciones de los dos Estados parte.
El Protocolo también establece que la compensación en caso de expropiación y
medidas similares ascenderá al valor genuino de la inversión inmediatamente
antes de que las medidas fueran tomadas o antes de que las medidas fueran de
conocimiento público, lo que ocurra primero. Dicha compensación deberá incluir
además los intereses hasta el día del pago, el cual deberá realizarse sin
demora injustificada, ser efectivamente realizable y libremente transferible.
El Protocolo también garantiza al afectado por la expropiación o medidas
similares el derecho a una revisión pronta de su caso y de la valoración de la
inversión de acuerdo a los parámetros establecidos en él.
Destaca la
interviniente que antes de 1999, la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad de las cláusulas de tratados bilaterales que prohibían la
expropiación sin indemnización por razones de equidad, tal como ocurrió en la
sentencia C-358 de 1996. Sin embargo, a partir del Acto Legislativo No. 1 de
1999, que modificó el artículo 58 de la Carta, y eliminó la figura de la
expropiación sin indemnización por razones de equidad, la incompatibilidad
entre dichas cláusulas y la Constitución ha desaparecido. “Teniendo en cuenta
este cambio constitucional, lo dispuesto por el Protocolo se ajusta al nuevo
artículo 58, toda vez que actualmente la expropiación puede conllevar
indemnización, que es lo planteado en el acuerdo.”
Como parte de
las medidas que puede adoptar un Estado al expropiar o nacionalizar
inversiones, la interviniente señala que el Protocolo ha dejado a salvo la
posibilidad de establecer monopolios como arbitrio rentístico a la luz de lo
que establece el artículo 336 de la Carta, “siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones: que medie una ley, que existan motivos de utilidad
pública, interés nacional o interés social, que no haya discriminación y que se
pague una indemnización pronta, adecuada y efectiva.”
En cuanto a
la cláusula de transferencias del Protocolo, destaca la intervinientes que ésta
es similar a la consagrada en el Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, revisado por la Sentencia C-008 de 1997. Recuerda la
interviniente que en dicha sentencia, se encontró que “la cláusula de
transferencias se ajusta a los preceptos constitucionales, puesto que esta
dirigida a hacer efectiva la protección que los Estados celebrantes del tratado
brindan a la inversión extranjera. (...) [E]sto será así, siempre y cuando no
se infrinja la competencia del Banco de la República en materia cambiaria.
Teniendo en cuenta que en el Protocolo se salvaguardó la posición de las
partes, en caso de que existan dificultades en balanza de pagos, es claro que
el acuerdo no infringe las competencias del Banco de la República.”
En relación
con la compensación por daños, afirma la interviniente que el Protocolo se
ajusta a la Carta Política, pues esta se deberá hacer en los términos del
artículo 90 de la Carta, sobre responsabilidad patrimonial del Estado.
Finalmente
señala que en el tratamiento de inversiones hay que tener presente el artículo
100 de la Constitución, en donde se establece que, “en Colombia, los
extranjeros disfrutarán de los mismos derechos civiles concedidos a los
colombianos, si bien debe advertirse, con arreglo a la misma norma, que ‘la ley
podrá, por razones de orden público (...) subordinar a condiciones
especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los
extranjeros. Por ello en un Tratado Internacional no se podría impedir al
legislador colombiano hacer uso de esta atribución cuando se configuren las
circunstancias que la norma constitucional contempla.” Puesto que el Protocolo
consagra expresamente que ‘Nada de lo dispuesto en el Convenio (...) se
interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas
destinadas a preservar el orden público,’ “el Protocolo objeto de estudio en
este punto cumple a cabalidad con los postulados del artículo 100.”
IV.    CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Mediante
concepto No. 3257, el Procurador General de la Nación (E), Carlos Arturo Gómez
Pavajeau, solicita que la Ley 801 de 2003 aprobatoria del Protocolo
Modificatorio Adicional al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú”, hecho en Lima el siete (7) de mayo 2001, y el Protocolo
sean declarados exequibles. Las razones que fundamentan su solicitud se resumen
a continuación.
En primer lugar,
resalta la Vista Fiscal que el Protocolo modifica el “Convenio sobre promoción
y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 26 de abril de 1994, cuyo
artículo 7 fue declarado inexequible por la sentencia C-008 de 1997, por cuanto
prohibía una forma de expropiación sin indemnización que autorizaba el artículo
58 de la Carta Política en ese entonces, y además porque infringía los
artículos Superiores 13, al permitir un tratamiento discriminatorio preferente
para los nacionales y las empresas originarias del Estado peruano, y 336, por
desconocer la regulación constitucional de los monopolios. Sin embargo,
recuerda el Procurador que a partir del Acto Legislativo No. 1 de 1999, el
constituyente suprimió la expropiación sin indemnización por razones por
equidad, por lo cual el marco constitucional para el examen de las cláusulas
que regulan la expropiación en los tratados bilaterales de inversión ha cambiado.
En cuanto a
la suscripción del Protocolo, señala el Procurador que no existen ningún vicio
que afecte su constitucionalidad. El Protocolo fue suscrito por el Ministro de
Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, como un instrumento
necesario para otorgar estabilidad a las inversiones colombianas y peruanas en
Perú y Colombia, respectivamente, y para aportar a la economía colombiana
innovación tecnológica, mayor conocimiento de los mercados de exportación,
transferencia de conocimientos y creación de empleo. Mediante la aprobación
ejecutiva del 18 de septiembre de 2001, el Presidente de la República ordenó
someterlo a la consideración del Congreso de la República, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.
En cuanto al
trámite del Proyecto de Ley en el Congreso de la República, el Procurador
resume así el proceso:
1.  . El Proyecto de ley fue presentado al Senado de la República
por el Gobierno Nacional,  a través de los Ministro de Relaciones Exteriores y
de Comercio Exterior, Guillermo Fernández de Soto y Marta Lucía Ramírez de
Rincón, respectivamente, el día 12 de octubre de 2001. El texto original junto
con la respectiva exposición de motivos aparecen publicados en la Gaceta del
Congreso No. 530, del 19 de octubre de 2001, cumpliéndose así con los
requisitos para la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la
República (artículo 154 constitucional), así como con la publicación del
proyecto antes de darle curso en la comisión respectiva (artículo 157, numeral
1 de la Carta).
2.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del
Senado fue presentada por el congresista Marceliano Jamioy Muchavisoy y aparece
publicada en al Gaceta del Congreso No. 129 del 23 de abril de 2002.
3.  El proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda
del Senado el día 29 de mayo de 2002, con un quórum deliberatorio y decisorio
integrado por 9 de los 13 Senadores que conforman esa Comisión, según
certificación del Secretario de dicha comisión.
4.  La ponencia para segundo debate fue presentada a la Plenaria del
Senado por el congresista Marceliano Jamioy Muchavisoy y aparece publicada en
la Gaceta del Congreso No. 226 del 13 de junio de 2002.
5.  De acuerdo con la Gaceta del Congreso No. 263 de 2002, el
Proyecto de Ley fue aprobado en segundo debate el 20 de junio de 2002. Según
constancia expedida por el Secretario General del Senado de la República,
suscrita el 14 de abril de 2003, la aprobación se efectuó por unanimidad, con
un quórum deliberatorio y aprobatorio de 92 de los 102 Senadores que conforman
dicha Cámara.
6.  El proyecto fue aprobado de conformidad con lo que exigen los
artículos 146 (sobre quórum) y 160 (sobre término mínimo de 8 días que debe
mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la Comisión Constitucional
respectiva y la plenaria correspondiente).
7.  En la Cámara de Representantes, el trámite se inicia en la
Comisión Segunda de la Cámara con la presentación de la ponencia para primer
debate presentada por los congresistas Sandra Cevallos Arévalo (ponente
coordinadora), Dixon Tapasco Tribiño, Jaime Ernesto Canal Albán y Ricardo Arias
Mora, cuya ponencia aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 393 del 20
de septiembre de 2002.
8.  El proyecto fue debatido y aprobado por unanimidad en primer
debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El acta de la
comisión aparece publicada en la Gaceta No. 393 del 20 de septiembre de 2002.
9.  La ponencia para segundo debate fue presentada por los
congresistas Sandra Cevallos Arévalo (ponente coordinadora), Dixon Tapasco
Tribiño, Jaime Ernesto Canal Albán y Ricardo Arias Mora y aparece publicada en
la Gaceta del Congreso No.  550 del 29 de noviembre de 2002.
10.    El proyecto de ley fue aprobado por mayoría en la sesión
plenaria de la Cámara de Representantes el día 12 de diciembre de 2002, con un
quórum de 153 Representantes, según certificación expedida por el Secretario
General de la Cámara de Representantes del 21 de abril de 2003.
11.    El proyecto de ley fue sancionado el 13 de marzo de 2003 por
el Presidente de la República y remitido por la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6)
días señalados por el artículo 241, numeral 10 de la Constitución.
Luego de esta
descripción, concluye el Procurador General de la Nación que la Ley 801 de 2003
cumplió con las exigencias constitucionales y legales, por lo cual no había
ningún reparo sobre su exequibilidad por este concepto.
En relación con
el análisis material de la Ley 801 de 2003, la Vista Fiscal resalta dos de los
fines que llevaron a la firma y adopción del Protocolo que considera
fundamentales para el análisis material de la Ley: a) Crear condiciones favorables
para las inversiones que realicen los inversionistas de cada una de las Partes
Contratantes en el territorio de la otra; y b) Poner en vigor el Convenio entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, celebrado en Lima el 26
de abril de 1994.
Para el
Procurador la promoción y protección de las inversiones sirve para estimular la
iniciativa comercial individual y aumentar la prosperidad en ambos Estados, por
lo cual se ajusta a la finalidad constitucional de impulsar la integración
latinoamericana. “Desde este punto de vista, el instrumento internacional
objeto de estudio se ajusta a las disposiciones constitucionales en general y a
las razones de la Carta Política consagradas en el preámbulo de la misma, una
de las cuales es el compromiso de impulsar la integración latinoamericana. De
igual manera, está estrechamente relacionada con el principio fundamental
consagrado en el artículo 9 Superior, que prescribe que la política exterior de
Colombia debe orientarse hacia la integración latinoamericana. También
desarrolla los preceptos contenidos en los artículos 226 y 227 de la
Constitución, en lo relacionado con el deber del Estado de promover tanto la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre la base de la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional,
así como la integración económica, social y política con las demás naciones y,
especialmente, con los países de América Latina y del Caribe.”
Posteriormente,
el representante del Ministerio Público procede al análisis material del
articulado de la Ley 801 de 2003:
En cuanto al artículo
1º sobre expropiaciones y medidas equivalentes, resalta la Vista Fiscal que
la norma establece, como regla general, la prohibición de tomar medidas de
expropiación o cualquier otra medida equivalente sobre inversiones de
nacionales o de empresas de una Parte Contratante en el territorio de la otra.
Esta prohibición tiene con fin promover y proteger la inversión extranjera y
crear condiciones favorables para ella. No obstante, esta prohibición no impide
que de manera excepcional, las inversiones de nacionales y de las empresas de
cualquiera de las Partes Contratantes, sean objeto de nacionalización,
expropiación o medidas semejantes, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
Según el Protocolo, para que tales inversiones puedan ser expropiadas o
sometidas a medidas similares, es necesario que la ley del Estado en donde se
va a aplicar la medida lo permita, que obedezca a motivos expresamente
establecidos en las Constituciones respectivas, que no entrañe discriminación
alguna y con una compensación pronta, adecuada y efectiva.
Para el
Procurador, el artículo bajo estudio resulta conforme a los artículos 58 y 59
de la Carta, más aún si se tiene en cuenta que a partir del Acto Legislativo
No. 1 de 1999, eliminó la posibilidad de expropiación sin indemnización por
motivos de equidad.
“El Artículo
58 Superior prescribe que cuando se trate de expropiación ordenada por
sentencia judicial, la indemnización se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado, por lo tanto la indemnización debe ser justa, esto
es, reparatoria y plena, no compensatoria, lo que hace necesario que comprenda
tanto el daño emergente como el lucro cesante soportados por el propietario del
bien expropiado. Desde este punto de vista, la norma examinada respeta la
Constitución Política, por cuanto, si bien se refiere a una compensación,
señala que la misma deberá incluir además del valor genuino de la inversión, o
lo que es lo mismo su valor legítimo o auténtico, los intereses hasta el día de
pago, lo cual la hace justa, es decir, reparatoria y plena.(...)
“El artículo
7, numeral (2) tampoco contraría el artículo 58 de la Carta Política, que
contempla la expropiación por vía administrativa, debiendo la administración
pagar un precio por el bien expropiado; por cuanto, la compensación consagrada
en la citada disposición, que es justa, puede equipararse al precio, que por
ser el del mercado, ostenta la misma característica. “Una de las condiciones
para que la expropiación o cualquier otra medida equivalente puede llevarse a
cabo, es que ella no comporte discriminación alguna, lo cual permite concluir
que la norma en estudio está conforme al postulado de igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Carta Política (...).
“El numeral
(3) del artículo 7, que otorga al nacional o a la empresa afectada con la
medida de expropiación y otra equivalente el derecho, de acuerdo con la ley de
la Parte Contratante, a obtener una revisión pronta de su caso y de la
valoración de su inversión, por parte de la autoridad competente de esa Parte,
no contraría el ordenamiento constitucional, toda vez que igual medida se
contempla en el artículo 58, cuando se trata de expropiación por vía judicial y
por vía administrativa, pues esta última estará sujeta a posterior acción
administrativa, incluso respecto del precio.
“Respecto al
numeral (4) del artículo 7, el cual se refiere a la expropiación o aplicación
de cualquier medida equivalente sobre las acciones que nacionales o empresas de
la otra parte tengan en empresas cuyos activos sean afectados, vale el análisis
contenido en los párrafos anteriores, para concluir que esta disposición no se
opone al Ordenamiento Constitucional.
“Considera el
Despacho que el numeral (5) del artículo 7, se ajusta al ordenamiento
constitucional, toda vez que el artículo 58 Superior establece claramente que la
propiedad que se protege y garantiza por el Estado es aquella que ha sido
adquirida conforme a la ley. Por otra parte, el artículo 34 Superior contempla
la extinción del derecho de dominio sobre los bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro
de la moral.(...)
“Respecto a
la previsión contenida en el numeral (6) del artículo 7 del Protocolo,
relacionada con el establecimiento de monopolios como arbitrio rentístico, ésta
se ajusta, a juicio del Despacho, a la Carta, toda vez que el artículo 336 de
la misma establece que sólo podrán establecerse monopolios como arbitrio
rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la
ley, la cual no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados
los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una
actividad económica lícita.
En relación con el
artículo 2 del Protocolo, que se refiere a la interpretación del Convenio y
del Protocolo Modificatorio frente a la preservación del orden público, indica
el Procurador que se ajusta a la Constitución.  “El contenido de este
artículo, relativo a la necesidad de interpretar el Convenio y el Protocolo de
forma tal que permita que un aparte adopte o mantenga medidas destinadas a
preservar el orden público, se ajusta a lo dispuesto en el Ordenamiento
Constitucional en general y, en particular, al artículo 100 de la Carta
Política, que establece que, por razones de orden público, la ley puede
subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados
derechos civiles a los extranjeros. (...)”
V.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia
De
conformidad con lo estipulado en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución
Política, la Corte es competente para ejercer un control integral, previo y
automático sobre la constitucionalidad del Protocolo Modificatorio Adicional al
Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”,
hecho en Lima el siete (7) de mayo 2001 y de la Ley 801 de 2003 mediante la
cual fue aprobado.
2.  El trámite de la ley
aprobatoria del Protocolo Modificatorio Adicional al Convenio sobre Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Lima el siete (7) de
mayo 2001.
Tal como lo señaló el Procurador General de la Nación,
la Ley 801 de 2003 cumplió con el procedimiento constitucional para su
aprobación en el Congreso. El trámite al cual fue sometido el Protocolo
Modificatorio fue el siguiente:
-   El Proyecto
de ley fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional,  a
través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior,
Guillermo Fernández de Soto y Marta Lucía Ramírez de Rincón, respectivamente,
el día 12 de octubre de 2001. El texto original junto y la exposición de
motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 530, del 19 de octubre
de 2001, cumpliéndose así con los requisitos previstos en los artículos 154 y
157, numeral 1 de la Carta.
-
La ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue presentada por el
congresista Marceliano Jamioy Muchavisoy, fue entregada a los miembros de la
Comisión Primera el día 22 de abril de 2002 y aparece publicada en al Gaceta
del Congreso No. 129 del 23 de abril de 2002.
-   El proyecto
fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 29 de
mayo de 2002, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 9 de los 13
Senadores que conforman esa Comisión, según certificación del Secretario de
dicha comisión.
-   La ponencia
para segundo debate fue presentada a la Plenaria del Senado por el congresista
Marceliano Jamioy Muchavisoy y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No.
226 del 13 de junio de 2002.
-   De acuerdo
con la Gaceta del Congreso No. 263 de 2002, el Proyecto de Ley fue aprobado en
segundo debate el 20 de junio de 2002. Según constancia expedida por el
Secretario General del Senado de la República, suscrita el 14 de abril de 2003,
la aprobación se efectuó por unanimidad, con un quórum deliberatorio y
aprobatorio de 92 de los 102 Senadores que conforman dicha Cámara.
-   El proyecto
fue aprobado de conformidad con lo que exigen los artículos 146 (sobre quórum)
y 160 (sobre término mínimo de 8 días que debe mediar entre la aprobación de un
proyecto de ley en la Comisión Constitucional respectiva y la plenaria correspondiente).
-   En la Cámara
de Representantes, el trámite se inicia en la Comisión Segunda de la Cámara con
la presentación de la ponencia para primer debate presentada por los
congresistas Sandra Cevallos Arévalo (ponente coordinadora), Dixon Tapasco Tribiño,
Jaime Ernesto Canal Albán y Ricardo Arias Mora, cuya ponencia aparece publicada
en la Gaceta del Congreso No. 393 del 20 de septiembre de 2002.
-   El proyecto
fue debatido y aprobado por unanimidad en primer debate en la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes el día 23 de octubre de 2002, con la asistencia
de 19 representantes. El acta de la comisión aparece publicada en la Gaceta No.
393 del 20 de septiembre de 2002.
-   La ponencia
para segundo debate fue presentada por los congresistas Sandra Cevallos Arévalo
(ponente coordinadora), Dixon Tapasco Tribiño, Jaime Ernesto Canal Albán y
Ricardo Arias Mora y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No.  550 del
29 de noviembre de 2002.
-   El proyecto
de ley fue aprobado por mayoría en la sesión plenaria de la Cámara de
Representantes el día 12 de diciembre de 2002, con un quórum de 153
Representantes, según certificación expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes del 21 de abril de 2003.
-   El proyecto
de ley fue sancionado el 13 de marzo de 2003 por el Presidente de la República
y remitido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la
Corte Constitucional dentro de los seis (6) días señalados por el artículo 241,
numeral 10 de la Constitución.
Según la anterior
descripción, la Ley 801 de 2003, por medio de la cual se adoptó el Protocolo
Modificatorio Adicional al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú”, cumplió con las normas constitucionales y legales que
regulan el trámite de este tipo de proyectos.
3.  Revisión material del
Protocolo Modificatorio Adicional al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
la República del Perú
3.1.    El Artículo 1º, sobre expropiaciones y medidas
afines.
Esta disposición
modifica el artículo 7 del Convenio entre Colombia y Perú sobre Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones. El artículo contiene 6 numerales a través
de los cuales se regulan los mecanismos de protección de las inversiones de
nacionales o de empresas de cualquiera de las Partes Contratantes en el
territorio de la otra. Establece que dichas inversiones no serán sometidas a
nacionalización, a expropiación o a medidas equivalentes, salvo que se realicen
de acuerdo con la ley, sin discriminaciones, por motivos expresamente
establecidos en las respectivas Constituciones y relacionadas con las
necesidades internas de la Parte que adopta la medida señalada en el numeral
(1) del Artículo 1 del Protocolo,[1]
así como con una compensación pronta, adecuada y efectiva.
El artículo 1
del Protocolo establece en sus numerales (2) y (4) que, de conformidad con los
principios del derecho internacional, la compensación ascenderá al valor
genuino de la inversión al momento inmediatamente anterior a que la medida
fuera tomada o a que fueran de conocimiento público. Deberá incluir intereses
hasta el día del pago efectivo, ser pagada sin demoras injustificadas, ser
efectivamente realizable y libremente transferible, según lo estipulado en el
artículo (6) del Convenio sobre repatriación de capitales y de ganancias de
inversiones. El artículo también señala –numeral (3)– que la empresa o el
nacional afectado con la medida tendrá derecho a una revisión pronta de su caso
y de la valoración de la inversión por parte de la autoridad competente.  Se
eximen de esta protección los capitales o activos que de conformidad con la
legislación de cada Parte Contratante, se determine que provienen de
actividades delictivas –numeral (5)–. El artículo establece expresamente que sus
disposiciones no impiden, en el caso de Colombia, que se establezcan monopolios
como arbitrio rentístico, previa indemnización plena a los inversionistas que
queden privados del ejercicio de una actividad económica lícita.
En cuanto a la forma de compensación prevista en el
Protocolo, considera la Corte que es preciso examinar si ésta resulta
compatible con la el artículo 58 Superior, dado que las razones de la
inexequibilidad del artículo 7 del Convenio entre Colombia y Perú sobre
Promoción y Protección de Inversiones, sustituido por el Protocolo bajo
estudio, estaban relacionadas con las normas constitucionales sobre
expropiación, vigentes al momento de examinar dicho Convenio.
Tal como lo ha
reconocido la Corte Constitucional, la indemnización prevista en el artículo 58
Superior para el caso de expropiación debe cumplir dos características: 1) debe
ser previa; y 2) debe fijarse consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En cuanto al momento en que debe ser pagada la indemnización en caso
de expropiación, la Corte ha reiterado que debe ser previa.[2] Dos pronunciamientos de la Corte se refieren al momento preciso en
el cual debe ser pagada la indemnización: la sentencia C-153 de 1994,[3] donde la Corte anotó que “la expropiación exige la indemnización
previa a la transferencia del derecho de dominio”, y la sentencia C-1074 de
2002,[4] donde reiteró este criterio.
En relación con este punto, cabe preguntarse si es
constitucionalmente posible que el Estado expropie un bien perteneciente a un
particular sin pagar previamente una indemnización. Al respecto cabe recordar
que además de la regulación de la expropiación que trae el artículo 58 de la
Carta, el artículo 59 Superior autoriza una forma de expropiación con
indemnización posterior en caso de guerra, figura excepcional. Según este
precepto constitucional, “el Gobierno Nacional está autorizado para decretar
expropiaciones en período de guerra exterior, única y exclusivamente cuando las
necesidades de la misma lo aconsejen, mediante indemnización, cuyo pago se hará
con posterioridad a los acontecimientos. Dicha expropiación sólo recae sobre
bienes muebles, pues para el caso de los inmuebles, el inciso segundo del mismo
precepto constitucional citado, sólo permite la ocupación temporal de los
mismos, y exclusivamente para atender las exigencias de la guerra o para
destinar a ella sus productos.”[5]
Ahora bien, mediante el Acto Legislativo No. 1 de
1999, se derogó la expropiación sin indemnización por razones de equidad
autorizada por la Carta e interpretada por la Corte  en el sentido de que los
inversionistas extranjeros no podían ser protegidos de esta eventualidad por
medio de un tratado,[6] razón por la cual fueron declaradas inexequibles las
cláusulas de protección a las inversiones extranjeras contenidas en varios
tratados bilaterales, incluido el artículo 7 del Convenio entre Colombia y Perú sobre Promoción y
Protección de Inversiones.[7]
En efecto, antes de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, el
Ordenamiento Superior permitía la expropiación sin indemnización, “por razones
de equidad”, siempre que el legislador lo autorizara, mediante una ley aprobada
con “el voto favorable de la mayoría absoluta de una y otra cámara”. Al
desaparecer de nuestro ordenamiento esta posibilidad, adquirió carácter
perentorio la exigencia constitucional de una indemnización previa en caso de
expropiación.
Por lo anterior, la exigencia de una compensación que
consagra el Protocolo resulta compatible con la regla constitucional sobre
indemnización que establece el artículo 58 de la Carta para el caso de
expropiación.
En relación con el carácter justo de la indemnización,
aun cuando el texto constitucional no menciona expresamente si la indemnización
por expropiación debe ser justa, ésta exigencia se ha deducido de la referencia
que hace el texto del artículo 58 de la Carta a la necesidad de ponderar los
intereses de la comunidad y del afectado al momento de fijar la indemnización
por expropiación. Así, la Corte ha reconocido que “esta frase significa que
la indemnización debe ser justa, realizando así este alto valor consagrado en
el Preámbulo de la Carta, lo cual concuerda, además, con el artículo 21 del
Pacto de San José”, según el cual “ninguna persona puede ser privada de
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por
razones de utilidad pública o de interés social en los casos y según las formas
establecidas por la ley.”[8]
Con anterioridad al Acto Legislativo No. 1 de 1999,
esta Corporación sostuvo que existían eventos en los que era “justo” no
reconocer un valor indemnizatorio a quien fuera expropiado. Así, lo dijo la
Corte en la sentencia C-358 de 1996.[9]  Sin embargo, a partir de este Acto
Legislativo, no es posible que la disminución del valor de la indemnización que
se reconozca al particular expropiado, en aras de consultar los intereses de la
comunidad, pueda llegar a ser de tal magnitud que finalmente no se le reconozca
ningún valor como indemnización.  Por lo tanto, la exigencia de una
indemnización adecuada que establece el Protocolo, resulta compatible con la
regla sobre indemnización que consagra el artículo 58 de la Carta.
El artículo 1 del Protocolo también exige que dicha
compensación incluya  “intereses
hasta el día del pago efectivo”, y sea “pagada sin demoras
injustificadas.” Tales exigencias, están dirigidas a asegurar un pago
oportuno de la indemnización que se reconozca en caso de expropiación,
nacionalización o procedimientos con el mismo efecto y fundamento. Asegura que
el inversionista afectado por la medida reciba el pago de la indemnización a
tiempo y, en caso de mora injustificada, que se le reconozcan intereses hasta
el día del pago efectivo.  Estas condicones resultan compatibles con el
artículo 58 de la Carta, que exige que la indemnización sea pagada previamente
al traspaso del derecho de dominio.[10]
A lo anterior se suma que respecto de la
reserva por parte del Gobierno de “determinadas actividades estratégicas o
servicios públicos” el artículo 365 de la Constitución dispone que se “deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que ... queden privadas del
ejercicio de una actividad lícita”. El artículo 1 del Protocolo desarrolla este
mandato constitucional.
En el artículo 1 del Protocolo bajo estudio, se
establece que el valor que debe ser tenido en cuenta para la indemnización, es
el valor que los bienes tenían justo antes de que se decretara la medida o de
que fuera públicamente conocida, dado que este tipo de medidas produce por lo
general una depreciación significativa de la inversión. Esta referencia
temporal no es incompatible con las reglas contenidas en el artículo 58
Superior, anteriormente mencionadas, pues lo que hace es establecer un punto de
referencia para evaluar los intereses de la comunidad y del afectado, a fin de
garantizar una indemnización adecuada, para lo cual las altas partes
contratantes disponen de un margen de configuración suficiente.
En el artículo 1 del Protocolo se exige
que la indemnización sea “efectivamente realizable” y “libremente
transferible”, condiciones dirigidas a garantizar que el pago de la
indemnización sea real y efectivo y no simplemente simbólico. Estas
carácterísticas son compatibles con las que exige la Carta para la compensación
en caso de expropiación en Colombia, como lo ha resaltado esta Corte.[11]
El Protocolo también establece que este
pago debe hacerse de conformidad con las reglas de repatriación de capitales
contenidas en el artículo 6 del Convenio, disposición que ya fue declarada
exequible por la Corte en la sentencia C-088 de 1997,[12] en los siguientes términos:
La Corte
encuentra que en principio esta cláusula se ajusta a los preceptos
constitucionales, puesto que está dirigida a hacer efectiva la protección que
los Estados celebrantes del tratado brindan a la inversión extranjera, objetivo
que no admite reparo alguno.  Sin embargo, dado que la inversión extranjera y
la transferencia de capitales al exterior son operaciones típicas del mercado
cambiario, por lo cual es necesario que la Corte verifique si el presente tratado
no desconoce las competencias que, por mandato de la Constitución, le
corresponden exclusivamente a la Junta Directiva del Banco de la República en
materia de política cambiaria y manejo de las reservas internacionales.
12- Al tenor
del artículo 189-2 de la Constitución, al Jefe del Estado le corresponde
dirigir las relaciones internacionales mediante la celebración de tratados o
convenios con otros Estados. Dicha función, sin embargo, no puede comprometer
la competencia exclusiva, también de orden constitucional, que el artículo 372
del mismo ordenamiento y la Ley Marco correspondiente (Ley 9 de 1991) le otorga
a la Junta Directiva del Banco de la República en materia de regulación de
cambios y reservas internacionales.
Para la Corte
el tratado respeta esas competencias del banco central pues le otorga a las
partes la posibilidad de restringir temporalmente la repatriación de dineros
relacionados con las inversiones protegidas por el Tratado, cuando existan
dificultades graves de la balanza de pagos, con lo cual se respeta la
discrecionalidad con que cuenta la Junta del Banco Emisor en la regulación y
manejo de las reservas internacionales del país. De otro lado, si bien el
presente tratado no excluyó de manera expresa los préstamos de la definición de
las inversiones -a diferencia de los convenios suscritos con el Reino Unido  y
Cuba-, ello no significa que los flujos que se deriven de contratos
internacionales de préstamo queden por fuera de la regulación sobre
endeudamiento externo que expida la Junta Directiva del Banco de la República,
ya que, conforme a la Carta, ésta es la autoridad cambiaria del país. En tal
entendido, la Corte considera que el artículo es exequible.
Por lo
anterior, encuentra la Corte que el artículo 1 del Protocolo resulta compatible
con el ordenamiento constitucional.
3.2.    El artículo 2 del Protocolo
El artículo 2
del Protocolo establece el sentido en que deben ser interpretadas tanto las
normas del Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República del Perú por el cual se promueven y protegen las inversiones,
celebrado en Lima el 26 de abril de 1994, como las disposiciones del Protocolo
bajo revisión. Ni el Convenio ni el Protocolo impiden o limitan a los Estados
Parte adoptar o mantener medidas destinadas a preservar el orden público. En
este sentido, el Protocolo no resulta incompatible con la posibilidad de
ocupación temporal de bienes por razones de orden publico que establece el
artículo 59 de la Carta. En esos eventos, también procede una compensación por
los daños causados a nacionales o extranjeros durante la ocupación en los
términos y alcances ya referidos. También desarrolla el artículo 100 de la
Constitución que permite a la ley “por razones de orden público, subordinar a
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a
los extranjeros”.
3.3.    El Artículo 3 del Protocolo
Finalmente, el
artículo 3 establece que el Protocolo bajo revisión con el Convenio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, celebrado en Lima, el 26 de
abril de 1994, hace parte integrante de dicho convenio. En efecto, el Protocolo
bajo estudio sustituye el artículo 7 del Convenio sobre Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones entre Colombia y Perú, que fue declarado inexequible
mediante sentencia C-008 de 1997 y éste entrará en vigor en la fecha en que lo
haga el citado Convenio.
Por lo anterior,
encuentra la Corte Constitucional que tanto el Protocolo modificatorio
adicional al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del
Perú, hecho en Lima el siete (7) de mayo de dos mil uno (2001), como la Ley 801
de 2003, aprobatoria del mismo se ajustan al ordenamiento constitucional.
VI.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 801 de 2003, por medio de la cual se
aprueba el “Protocolo modificatorio adicional al Convenio sobre Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Lima el siete (7) de
mayo de dos mil uno (2001).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE Protocolo modificatorio adicional al
Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú,
hecho en Lima el siete (7) de mayo de dos mil uno (2001).
Tercero.- Comuníquese esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la
Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíese copia auténtica
de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del
artículo 241 de la Carta Política.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
[1] El texto del Protocolo dice expresamente “por motivos
expresamente establecidos en las Constituciones respectivas y que se señalan en
el Artículo (7) (1) del Protocolo Adjunto, relacionadas con las
necesidades internas de esa Parte...”. No obstante, luego de revisar tanto los
textos del Convenio original como del Protocolo, se evidencia un error  en la
referencia al “Artículo (7) (1) del Protocolo Adjunto,” pues dicho Protocolo
–norma objeto de estudio en la presente sentencia– sólo tiene 3 artículos, de
los cuales únicamente el numeral (1) del artículo 1 hace referencia a los
motivos que dan lugar a las medidas expropiatorias, por lo cual entiende la
Corte para efectos del control constitucional que la referencia es al Artículo
1, numeral  (1) del Protocolo.
[2] Ver entre otras las sentencias C-006 de 1993, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-060 de 1993, MP: Fabio Morón Díaz; C-370 de 1994, MP: Fabio
Morón Díaz; C-389 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell; C-531 de 1996, MP:
José Gregorio Hernández; C-127 de 1998, MP: Jorge Arango Mejía; C-192 de 1998,
MP: José Gregorio Hernández Galindo.
[3] Corte Constitucional, C-153 de 1994, MP: Alejandro Martínez
Caballero, en donde la Corte examinó la constitucionalidad del artículo 457 del
Código de Procedimiento Civil, que autorizaba la entrega anticipada del bien
objeto de expropiación y que el demandante consideraba inconstitucional por dos
razones: 1) porque la entrega anticipaba del bien desconocía la obligación de
indemnización previa que establece el art. 58 constitucional; 2) porque la
entrega anticipada permitía que la indemnización no fuera plena porque exigía
un depósito de un valor inferior a los daños que podía causar la expropiación.
La Corte rechazó la totalidad de los cargos. En cuanto al primero, consideró
que la Carta señalaba que la indemnización debe ser previa al traspaso de
dominio del bien y la norma apenas permitía un traspaso de la tenencia. En
cuanto al segundo, afirmó que el pago del depósito por parte del Estado era una
garantía para la indemnización que decrete el juez. Para resolver este cargo
examina el alcance de la expresión “plena” empleada en el art. 58
constitucional y afirma que i) la indemnización por expropiación es
resarcitoria y no meramente compensatoria, por lo tanto debe cubrir tanto el
daño emergente como el lucro cesante; ii) debe ser plena, es decir que
reconozca todos los daños causados al expropiado y menciona expresamente daño
emergente y lucro cesante.
[4] Corte Constitucional, Sentencia C-1074 de 2002, MP: Manuel José
Cepeda Espinosa, donde la Corte examinó las reglas sobre la indemnización en
caso de expropiación.
[5] Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 1994, MP: Carlos Gaviria
Díaz, donde la Corte examinó, entre otras cosas, la constitucionalidad de la
regulación de la expropiación y de la ocupación en caso de guerra en la Ley
Estatutaria de Estados de Excepción (artículo 26 de la Ley Estatutaria). En
dicha sentencia, la Corte examina los distintos tipos de expropiación que
permite la Carta, en particular la expropiación sin indemnización en caso de
guerra, la cual, a juicio de la Corte se refiere exclusivamente a bienes
muebles, pues en el caso de los bienes inmuebles, lo que procede es la
ocupación temporal con indemnización posterior de todos los daños causados. La
Corte encontró que la disposición resultaba conforme a la Carta porque
garantizaba el debido proceso y se ajustaba a las condiciones constitucionales
para la expropiación.
[6] Corte Constitucional, Sentencia C-358 de 1996, MP: Carlos Gaviria
Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, en donde la Corte juzgó la
constitucionalidad de un convenio de inversión extranjera que establece la
obligatoriedad de indemnización en los casos de nacionalización y expropiación.
La Corte declaró la inexequibilidad de dicha cláusula por considerar que era
contraria al inciso 5 del artículo 58 de la Carta que permitía la expropiación
sin indemnización por razones de equidad. La Corte señaló que a pesar de que el
Convenio Americano de Derechos Humanos establezca en su artículo 21 que nadie
podrá ser privado de su propiedad sin que se le garantice una indemnización
justa, existen situaciones, justificadas por razones de equidad, en las que lo
justo es que no haya indemnización. En el salvamento conjunto presentado por
Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz y Julio César Ortiz
Gutiérrez, los magistrados disidentes señalaron no sólo que las cláusulas de
protección a la inversión extranjera no resultan contrarias a la Carta, sino
que son una respuesta al Estado actual del derecho internacional, según el cual
una expropiación sin indemnización constituye un acto de confiscación contrario
al derecho internacional.
[7] Corte Constitucional, Sentencia C-008 de 1997, MP: Alejandro
Martínez Caballero.
[8] Corte Constitucional, C-153 de 1994, MP: Alejandro Martínez
Caballero, ya citada. Ver también la sentencia C-374 de 1997, MP: José Gregorio
Hernández Galindo, en donde la Corte al examinar la constitucionalidad de las
normas que regulaban la extinción de dominio de bienes adquiridos de manera
ilícita, hizo una distinción entre la figura consagrada en el artículo 34
constitucional y la expropiación regulada por el artículo 58.
[9] Corte Constitucional, Sentencia C-358 de 1996, MP: Carlos Gaviria
Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, en donde la Corte analiza la
constitucionalidad de un convenio de inversión extranjera que establece la
obligatoriedad de indemnización en los casos de nacionalización y expropiación.
La Corte señala que a pesar de que el Convenio Americano de Derechos Humanos
establezca en su artículo 21 que nadie podrá ser privado de su propiedad sin que
se le garantice una indemnización justa, existen situaciones, justificadas por
razones de equidad, en las que lo justo es que no haya indemnización.
[10] Corte Constitucional, C-153 de 1994, MP: Alejandro Martínez
Caballero, ya citada.
[11] Corte Constitucional, Sentencia C-1074 de 2002, ya citada.
[12] Corte Constitucional, Sentencia C-008 de 1997, MP: Alejandro
Martínez Caballero.