T-322-96
Sentencia T-322/96
Sentencia T-322/96
SERVIDOR PUBLICO-Titularidad derechos en tutela
Todas
las personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, pueden instaurar
acción de tutela. En ningún instante se puede afirmar que un servidor público,
sobre quien puede ejercerse control político de sus actos, pierde por esta
circunstancia el derecho a instaurar tutela cuando se considera que hubo una
violación a sus derechos fundamentales.
ACCION
DE TUTELA CONTRA CONGRESISTA-Procedencia
y acumulación
La
acción de tutela puede dirigirse contra Congresistas, como contra cualquier
autoridad. El Juez de tutela no puede rehusarse a tramitar la acción con el
argumento de que no puede hacer control judicial al ejercicio del poder
político, este criterio atentaría contra la elaboración constitucional de los
derechos fundamentales e iría en contradicción con la necesidad de preservar la
supremacía de la integridad de la Constitución. Si los hechos presuntamente
violatorios de derechos fundamentales ocurrieron durante una sesión del Senado
o de la Cámara, no hay obstáculo alguno para que la tutela se dirija
conjuntamente contra varios Senadores o Representantes, porque uno de los
principios básicos de esta acción es la informalidad y el Juez de tutela
perfectamente puede en una misma sentencia definir si da o no las órdenes que
se le solicitan.
QUERELLA-Improcedencia de tutela
Si
el medio de defensa judicial es de carácter penal y concretamente se trata de
un proceso por injuria y calumnia, que exige querella, es incoherente que el
solicitante le pida al Juez que le dé la orden a otro funcionario para que
inicie esa investigación penal. El Juez de tutela no puede dar esa clase de
órdenes porque el único querellante legítimo es el presuntamente afectado por
la injuría o la calumnia.
SUSPENSION
INCIDENTE DE DESACATO-Improcedencia
en revisión
No
se puede ordenar desde la Corte Constitucional la suspensión del incidente de
desacato  porque el trámite incidental sólo es de competencia del juez de
primera instancia, o del superior, si fuere apelado o consultado, y, escapa
dicho incidente al control de las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.
INVIOLABILIDAD
INSTITUCIONAL DEL CONGRESISTA-Naturaleza
En la
interpretación sistemática la inviolabilidad adquiere una cualificación
adicional: ingresa al ámbito de las garantías institucionales. La importancia
del Congreso como institución, exige para los Congresistas la inviolabilidad,
basada en la no coacción al ejercicio del control político y a la actividad
legislativa. Se le adiciona a la simple garantía y al derecho político, el de
ser institucional, necesaria para el ejercicio de quienes no solamente expiden
las leyes sino contribuyen a la formación de opinión pública, en defensa de los
valores y  principios de la Constitución.
GARANTIA
INSTITUCIONAL-Naturaleza
Su característica
consiste en la protección constitucional conferida a determinadas
instituciones, típicas y por lo tanto necesarias de la organización
político-administrativa. La garantía institucional es un límite inclusive para
el propio legislador, necesaria en la configuración y regulación de
determinadas instituciones; asegurando que no haya ni supresión ni vaciamiento
ni desfiguración de la imagen maestra.
CONTROL POLITICO-Naturaleza
Tratándose
de la inviolabilidad de la opinión de los Congresistas, la imágen maestra de
esa garantía la configura el ejercicio de la función del control político. El control
político significa que al tipificarse la inviolabilidad de los congresistas, se
torna necesaria como una medida de protección a su función democrática, al
deber del ejercicio de control político por parte del Congreso.
GARANTIA
INSTITUCIONAL-Derecho
subjetivo mediato/DERECHOS FUNDAMENTALES-Inmediatez
La
garantía institucional no existe sin la previa existencia del Estado mientras
el derecho fundamental existe “per se”. Al ser ambos integrados a la
Constitución, el derecho fundamental constitucional crea derechos subjetivos de
manera inmediata, mientras que de la garantía institucional constitucionalizada
los derechos subjetivos sólo se desprenden en forma mediata, porque su
finalidad inmediata es preservar las funciones institucionales del Congreso.
INVIOLABILIDAD DE
OPINIONES Y VOTOS DEL CONGRESISTA-Alcance
La finalidad de
la mencionada inviolabilidad, es garantizar el control político; todo lo que no
corresponde a esa función, e invade derechos ajenos, se cataloga como abuso.
INVIOLABILIDAD
DE OPINIONES DEL CONGRESISTA-Límites/PRINCIPIO
DE PONDERACION-Colisión de principios
En algunas
oportunidades surge tensión de garantías institucionales con derechos
fundamentales, y, entonces, científicamente no se puede decir que la garantía
institucional de la inviolabilidad de las opiniones de los congresistas, en
ejercicio de sus funciones, es absoluta y que frente a ella, desaparecen los
derechos fundamentales, sino que, de acuerdo con la transformación de la
interpretación constitucional, se puede dar solución adecuada a cualquier
colisión de principios, lo cual no implica la desaparición de uno de ellos,
sino la ponderación de cuál tiene prevalencia para el caso concreto en estudio.
INVIOLABILIDAD DE
OPINIONES DEL CONGRESISTA-Afectación
derechos en tutela
Las opiniones de
los congresistas, expresadas en ejercicio de sus funciones pueden afectar
derechos fundamentales.
LOGICA DE LO
RAZONABLE-Naturaleza
La razonabilidad
hace relación a que un juicio está conforme con la prudencia, la justicia y la
equidad que rigen para el caso concreto, es decir, implica una coherencia
externa, con los supuestos fácticos. La razonabilidad supera la tradicional
racionalidad porque ésta exige una coherencia interna, una lógica formal. En lo
razonable, si la coherencia es externa, cobra fuerza la relación con lo
constitucionalmente admisible, con la finalidad de la norma y su efecto útil y
con la caracterización del Estado democrático; por eso cuando dos hipótesis
jurídicas son racionales, para preferenciar una de ellas hay que apelar a lo
razonable.
LOGICA DE LO
RAZONABLE EN TUTELA-Normas
jurídicas en tensión
Tratándose de la
tutela, la decisión frente a normas jurídicas en tensión, tiene que ser
razonada, lo cual no implica una camisa de fuerza a la intepretación del
contenido normativo por parte del operador jurídico. Todo lo contrario,
privilegia el método sistemático, el finalístico, y como criterios
interpretativos el que surge de los Convenios Internacionales, el principio de
favorabilidad en lo penal y el principio “pro operario”. En tal contexto se
ubica el respeto a los derechos fundamentales dentro de la preservación del
juego democrático, es decir que, paralelamente, se debe buscar el respeto a
tales derechos y la plenitud del ejercicio democrático, una de cuyas
expresiones es la garantía institucional de la inviolabilidad de las opiniones
de los Congresistas. Sin derechos fundamentales no hay democracia y sin
democracia es iluso pensar en el pleno desarrollo de los derechos
fundamentales.
INVIOLABILIDAD DE
OPINIONES DEL CONGRESISTA-Temas
de interés público/SERVIDOR PUBLICO-Crítica de actuación oficial
Si las
referencias que se hacen a un importante servidor público o a una personalidad
que es suceptible de ser sujeto de opinión pública, guardan relación con un
problema que interesa a todos, como es el de la paz y que era el tema del orden
del día para controvertir en las Cámaras, no puede invocarse de manera
generalizada por quien es mencionado en la crítica, que su intimidad, su honra
y su imagen le sirven de escudo; por supuesto que si se traen a colación
aspectos de la vida íntima que no vienen al caso, si la burla grosera supera a
la ironía, entonces, ahí si no puede ubicarse el debate parlamentario en una esfera
intocable. Caben en estas últimas situaciones los controles político,
reglamentario, disciplinario, de tutela y aún penal.
INVIOLABILIDAD DE
OPINIONES DEL CONGRESISTA-Proceder
de funcionario
En un debate
parlamentario, donde está en juego el valor supremo de la paz, si se hacen
planteamientos contra un proceder de un funcionario, en relación precisamente
con la búsqueda de los mecanismos mejores para derrotar la guerra y la
intolerancia, no puede decirse que las críticas a ese proceder administrativo,
por fuertes que sean, constituyen una intromisión indebida en la vida privada.
Si con ocasión del debate, el afectado considera que para defenderse tiene que
explicitar él mismo aspectos de su realidad personal y familiar que no era su
intención publicitarlos, habrá que reconocer que esta contingencia responde a
la transparencia que los altos funcionarios y los políticos deben tener frente
a la sociedad y ante quien los controla.
DERECHO A LA
IMAGEN DEL HOMBRE PUBLICO-Actividad
política
Tratándose del derecho
a la imagen, en personas con proyección pública, si en un debate parlamentario
se resaltan o aún  se exageran las facetas que hacen de ese hombre público la
personificación de una idea, no se ve la violación al derecho fundamental de la
imagen. Esa imagen política está dentro del ámbito político y si lo que se pone
en tela de juicio está en relación con esos actos públicos, ya más que de
imagen lo que se trata es de actividad política.
SERVIDOR PUBLICO-Crítica parlamentaria actuación oficial
Si en el debate no se afecta el núcleo esencial de los derechos
fundamentales, si la intromisión no es indebida y se ciñe únicamente a la
crítica a la actuación oficial del funcionario, no se ve  por qué esto puede
catalogarse como violación al derecho a la honra, el honor o la intimidad. Si
un enjuiciamiento de estas últimas características conllevara afectación de
tales derechos, prácticamente desaparecería el control político a los actos de
los servidores públicos y, sobre todo, el control a quienes tienen una
particular importancia en la sociedad y el Congreso perdería una de sus razones
de ser.
OPINION DE
CONGRESISTA FRENTE A DIGNIDAD HUMANA-Protección
La función de la
inviolabilidad de las opiniones de los congresistas es no impedir el control
político, la función de la dignidad es el desarrollo del proceso vital del
hombre en un clima de convivencia que fortalece el Estado social de derecho. Si
no hay extralimitación en la inviolabilidad de opinión de los congresistas, no
hay razón lógica para estimar que se vulnera la dignidad de un ciudadano,
porque, siendo el ejercicio del control político esencial a la democracia, y,
siendo la dignidad expresión del nuevo Estado Social de Derecho, que tiene como
uno de sus pilar la convivencia, necesariamente se concluye que si el control
político fortifica la democracia, esto repercute indudablemente en mayor
protección real a la dignidad de los asociados.
Referencia:
Expediente T-98585
Procedencia: Sala
Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Solicitante:  Pedro
Juan Moreno Villa
Temas:
Inviolabilidad de
los congresistas (garantía institucional)
Honra, intimidad,
buen nombre e imagen del personaje público
Concurrencia de
derechos y ponderación en la tensión entre diversos derechos y principios jurídicos
constitucionales.
Características de
los derechos fundamentales y de las garantías institucionales.
La dignidad y el
derecho a la vida.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D.C., veintitres (23)
de julio de mil novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Julio César Ortíz
Gutiérrez, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la acción de tutela instaurada
por PEDRO JUAN MORENO VILLA, Secretario de Gobierno del Departamento de
Antioquia, contra FABIO VALENCIA COSSIO y HERNAN MOTTA MOTTA, Senadores en
ejercicio e investidos de funciones públicas en el momento en que, según el
solicitante, le fueron violados los siguientes derechos fundamentales: a la
dignidad humana, a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a la información,
a la propiedad y la libertad y a la vida e integridad personal.
A N T E C E D E N T E S
1.- HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACCION DE
TUTELA:
En la sentencia de primera instancia, tanto
los hechos como la sinopsis de los argumentos presentados por el solicitante,
fueron relacionados de la siguiente manera:
“Menciónase por
el petente, que debido a su trayectoria social y política en el Departamento de
Antioquia, fue invitado por el señor Gobernador ALVARO URIBE VELEZ para que
hiciese parte de su gabinete, en el cargo de Secretario de Gobierno. Insinúa
que por tal virtud, ha sido perseguido por las personas de la clase política
antioqueña, que, con la elección del citado Gobernador y la designación que
éste le hiciese al peticionario en la Secretaría de Gobierno, vieron truncadas
sus aspiraciones en el manejo de dicho Departamento.
Claro ejemplo de
ello, encuentra adecuación en el hecho de que los senadores FABIO VALENCIA
COSSIO y HERNAN MOTTA MOTTA, al referirse en el recinto del Senado a la grave
situación del orden público del Urabá antioqueño, se pusieron a la tarea de
desprestigiar a los citados funcionarios, revelando aparentes vinculaciones del
accionante con grupos paramilitares, situación a la cual se le dió gran
despliegue en los medios de comunicación, con menoscabo de sus derechos
fundamentales al buen nombre y a la intimidad. Por supuesto que, en su
criterio, bien podían los senadores estar en desacuerdo con la política
departamental pero no por ello recurrir a tales afirmaciones.
Indica cómo el
senador Valencia Cossio, tergiversó sus palabras pues mientras el accionante
consideró que “yo creo que desarmar a la gente de bien no es ninguna solución”,
aquél dedujo que el Secretario de Gobierno había afirmado “Que la gente hay que
armarla y que la solución es a sangre y fuego”, cosa que no se compadece con la
mención que hizo el petente, pues una cosa es decir que no se debe desarmar a
la gente de bien y muy otra es señalar, cual anunció el senador, a armar a todo
el mundo. Igual, si se dijo que se debería aceptar el legítimo derecho a la
defensa, ello no implica que se esté incitando a la comunidad a que busque
soluciones a  sangre y fuego.
Estas
manifestaciones, aunadas con las que en su momento hizo el senador Motta Motta,
dejaron en el ambiente el convencimiento de que el accionante es un “bandido”,
con el agravante en este caso, que semejantes manifestaciones se hicieron en un
debate que vino a ser transmitido por los medios de comunicación en todo el
país. Y ello, no obstante, que el senador Luis Guillermo Vélez, les recriminó
su imprudente conducta al ampararse en la inviolabilidad de sus opiniones para
emitir acusaciones que son, como deben serlo, previamente objeto de
investigación judicial. Y sin embargo, los senadores acusados se ratificaron en
sus manifestaciones. Incluso lo sindicaron, al igual que al Gobernador de
Antioquia, de “tolerar masacres”; grave y deshonrosa imputación sin fundamento
alguno.
Todo ello, según
dice, devenido de la conducta asumida al defender, siguiendo los derroteros
trazados por el Gobernador y el Ministro de Defensa, la implantación de las
“ASOCIACIONES CONVIVIR, organismos éstos que se enmarcan dentro de la más
absoluta transparencia legal y sólo buscan del contexto Constitucional de la solidaridad,
convocar la participación ciudadana para que colaboren con las
autoridades en la lucha contra el crimen organizado.”
No obstante, y en
aras de desvirtuar las afirmaciones y “calumnias” hechas por los mencionados
senadores, el petente recopiló información con destino a la Fiscalía Regional
de Antioquía, para que investigase su conducta.
Declara que ante
la gravedad de las imputaciones por parte de los citados senadores, ha sido
objeto de continuas amenazas de muerte las que se han hecho extensivas al señor
Gobernador, tal cual se le hizo saber en su momento por los organismos de
inteligencia, llegando incluso a perpetrarse un atentado en contra del
burgomaestre departamental y su equipo de colaboradores en el municipio de
Vegachí (Antioquia), el día 21 de noviembre de 1995, y la destrucción de una
finca de propiedad del Gobernador. Menciona sobre el particular, que también
fue develado un plan terrorista en contra de su residencia. Estas
circunstancias ameritan, en sentir del accionante, la amenaza a su derecho
fundamental a la vida y a la integridad física.
Tal es la
situación en que ha sido colocado el petente por las continuas amenazas, que
con miras a asegurar su integridad y la de su familia, ha debido tomar medidas
extraordinarias de seguridad que han redundado en una grave disminución a su
patrimonio.
De allí, concluye
que han sido vulnerados los siguientes derechos fundamentales:
-Derecho a la
“dignidad humana”, que estima se ha visto afectado por la “campaña de
desprestigio” de que ha sido objeto como Secretario de Gobierno, así como con
la vinculación que de él se hace a grupos al margen de la ley.
-Derecho “a la
intimidad”, pues que, como consecuencia de los aleves ataques, se ha visto
obligado a rendir cuentas respecto de su comportamiento familiar, social y
personal, que, de no ser por las infames acusaciones, no hubiese tenido que
dar.
-Derecho “al buen
nombre”, que considera, asimismo se vulnera, pues con los ataques recibidos por
parte de los senadores Valencia Cossio y Motta Motta, se ha desdibujado su
imagen y se ha mancillado el nombre de una persona de bien.
-Derecho “a la
honra”, en cuanto que, por virtud de la malintencionada difamación orquestada
por los senadores accionados, el prestigio ganado por el accionante se ha visto
seriamente afectado.
-Derecho “a la
información”, como que, no existiendo derecho a divulgar informaciones que no
se ajusten a la verdad, debieron los distinguidos senadores, dejar de lado de
los hechos debatidos, lo que en realidad eran sus opiniones para evitar así
calumniar al petente y al Gobernador de Antioquia.
-Derecho “de la
propiedad privada y la libertad”, lo considera vulnerado en tanto que para el
caso resulta íntimamente ligado con otros derechos de rango fundamental, tales
como la dignidad y la vida.
-Por último,
aduce vulnerado su derecho “a la vida y a la integridad personal”, pues al
decirse de él, que se encuentra vinculado a grupos de extrema derecha violenta,
a los que apoya, y que su conducta tiene por fin perseguir tan solo a un “Actor
del Conflicto”, es, nada más y nada menos, que patentar en su contra la pena de
muerte. Solicita entonces, que la información suministrada por los accionados,
se rectifique para que “se haga claridad ante la opinión pública y/o se nos
preste a mí y a mi familia la protección del Estado para defender sus vidas de
un eventual atentado”. (Las negrillas figuran en el texto).
Hasta aquí el resumen hecho en la sentencia
de primera instancia.
2.- SOLICITUD
Pide PEDRO JUAN MORENO VILLA que mediante
tutela, (en oportunidades la señala como mecanismo transitorio), se orden unas
rectificaciones, para que los dos Senadores las hagan en el recinto del Senado
y a su costa en los canales de televisión y otros medios, y que se los requiera
para que no vuelvan a incurrir en las acciones que motivan la tutela; pide que
el Presidente del Senado evite que casos similares vuelvan a ocurrir y que las
autoridades den vigilancia en la residencia del solicitante tanto para él como
para su familia; solicita además que se oficie al Fiscal y a la Corte Suprema a
fin de investigar los delitos de injuria y calumnia en que hubieren incurrido
los Senadores Valencia y Motta y que se oficie al Presidente del Senado de la
República para que inicie contra dichos Senadores un proceso disciplinario;
pide que se condene al pago de perjuicios por daño emergente, que el accionante
estima superiores a los cien millones de pesos.
Formula esta petición subsidiaria:
“No obstante lo
anterior Señores Magistrados, en el supuesto caso que  Ustedes consideren
improcedente mi solicitud, subsidiariamente  les solicito una vez más,
se sirvan citar a los calumniosos Senadores porque lo considero “Cuestión de
Honor”, porque estoy herido en mi amor propio por las temerarias
y falsas imputaciones de que fui objeto, que propalaron a todo el país por
los medios de televisión nacionales y creo que si en los tutelados existe el valor
civil o al menos Berraquera como se dice en Antioquia, tendrán la
valentía de ratificarse en las imputaciones deshonrosas que me
hicieron... que de no hacerlo me confirmará la mala fé de los irresponsables
Senadores al lanzar sus infundados improperios.” (negrillas en el texto
original).
3.- ACTUACIONES EN EL SENADO QUE MOTIVARON
LA INSTAURACION DE LA ACCION
El 29 de agosto de 1995 se desarrolló en el
Senado de la República un debate promovido por JAIME HENRIQUEZ GALLO
(proposición  No. 25) sobre la situación en Urabá. El momento era
particularmente tenso, ese mismo día había habido una masacre en el Municipio
de Carepa, en la cual murieron 16 personas, en las dos semanas anteriores se
contabilizaron 75 asesinatos en la región, las estadísticas demostraban que
para el 80% de la población que vive en Urabá las necesidades básicas están
insatisfechas; el comercio del banano (principal producto de la zona) no está
en su mejor momento y todo ello dentro de una situación geográfica estratégica
que hace pensar en el peligro de una afectación de la soberanía nacional.
Intervinieron los Senadores JAIME HENRIQUEZ
GALLO, TITO RUEDA GUARIN, MARIO URIBE ESCOBAR, LUIS GUILLERMO VELEZ, JORGE HERNANDEZ
RESTREPO, FABIO VALENCIA COSSIO (quien además dejó una constancia extensa),
OMAR FLOREZ VELEZ, ARMANDO ESTRADA VILLA, HERNAN MOTTA MOTTA, JAIRO
CLOPATOFSKY, CARLOS CORSI OTALORA, JAIME DUSSAN; Los Ministros de Defensa:
JUAN CARLOS ESGUERRA, de Agricultura: GUSTAVO CASTRO GUERRERO, de Comercio
Exterior: DANIEL MAZUERA GOMEZ y del Interior: HORACIO SERPA URIBE. También,
adoptándose la modalidad de sesión informal, se escucharon las extensas
explicaciones e informaciones del Gobernador de Antioquia: ALVARO URIBE VELEZ.
Dentro del curso del debate parlamentario y
en relación con el motivo del mismo, como es obvio, se hizo énfasis en la
gravísima situación de orden público que se vive en la región, en los
comportamientos atroces que allí ocurren, en la falta de respeto a la vida, en
la violación de los derechos humanos por quienes son actores del conflicto
armado, en el desconocimiento del Protocolo II, de Ginebra, se llamó la
atención sobre el peligro que para el País y sus habitantes implica mantener esta
situación y cada quien abogó por la paz presentando propuestas y criticando, en
ocasiones,  algunas actuaciones u omisiones de las autoridades. Dentro de este
último tema es que se ubica el cuestionamiento de quien interpone la presente
tutela,
PEDRO JUAN MORENO VILLA dice:
“En este orden de
ideas y aterrorizados, como todos, por la creciente ola de violencia que
sacude a Antioquia, especialmente en su capital y urabá, voceros del Senado,
doctores FABIO VALENCIA COSSIO y HERNAN MOTTA MOTTA, en el recinto
del Senado, quisieron opacar y mancillar mi hoja de vida, dignidad,
reputación social y personal, así como mí buen nombre, al vincularme
con mi participación en los SINIESTROS GRUPOS PARAMILITARES o
tener vínculos con los grupos de extrema derecha violenta. Es decir, me
vincularon con actividades al margen de la Ley, me enrostraron afinidades con
estos grupos que sólo han sembrado el terror en nuestro Departamento. O
sea, me trataron de delincuente,  sin más fórmula de juicio y, aún
conocedores de ello no han tenido el valor civil de denunciarlo ante la
Fiscalía.
Los medios de
comunicación en general (Televisión, radio y prensa) registraron con mucho despliegue la
información proveniente de los Senadores en mención con las inexactitudes y
deformaciones a la verdad en ellas contenidas tal como Ustedes lo podrán
apreciar como parte de esta acción promovida en su contra, violando con
ello el sagrado derecho a la información, mediante el cual, todo ciudadano
tiene derecho a recibir información veraz y oportuna proscribiendo con ello
todo asomo de duda en cuanto a la verdad revelada. Todos estos lesivos de la
dignidad del hombre y su derecho A LA INTIMIDAD”.
Examinada la Gaceta del Congreso  (No. 271,
de 1º de septiembre de 1995) se tiene, en cuanto al motivo de esta tutela, que
el Senador VALENCIA COSSIO, expresó exactamente las siguientes opiniones:
“Por eso a mi me
parece y aquí quiero con todo respeto decirle al señor Gobernador que hay unas
señales equívocas, que hay unas contradicciones protuberantes en el manejo del
problema del orden público en Antioquia, que no tengo ninguna duda han
agudizado de una manera fundamental y dramática el problema de la violencia en
Antioquia. Yo quiero hablar de las famosas cooperativas Convivir, no de la forma
como las explicó aquí el Presidente de la República, cuando nos dijo en la
instalación reciente del Congreso, que eran unas asociaciones de ciudadanos,
unas asociaciones privadas con el objeto de dedicarse a la inteligencia y
colaboración con las autoridades legítimamente constituidas, no, ese es el
remoquete, ese es el disfraz, que se está utilizando para fomentar, para
inducir a que haya un paramilitarismo y unas autodefensas que están creando la
agudización de la guerra en el Departamento de Antioquia; yo dije aquí en una
constancia la semana pasada, que la violencia y por eso quiero, para ilustrar
mi afirmación, decirle al honorable Senado que el señor Secretario de Gobierno
Departamental, el doctor Pedro Juan Moreno, aquí presente también, en la Asamblea
Departamental el 21 de febrero, y aquí tengo el acta, pronunció la siguiente
aseveración que les permite a ustedes deducir qué es lo que realmente se esta
haciendo en Antioquia, voy a leer textualmente una parte del acta
correspondiente y la voy a dejar obviamente en la Secretaría como constancia;
decía el Secretario frente a una pregunta que le hacia el Diputado Bernardo
Guerra:
“Yo creo que
desarmar la gente de bien no es ninguna solución, yo creo que esto puede
hacerse cuando hay un estado fuerte que está en capacidad de responder, no
hablemos ni de la honra, ni de los bienes porque la honra se pierde pero la
gente es muy olvidadiza y hasta vuelve y se consigue, ¿pero la vida? y yo creo
que el Estado nuestro, no esta en capacidad de responder y de garantizar la
vida a nadie, entonces si no está en capacidad yo creo que debe dejar que la
comunidad se defienda”, en Antioquia decimos más claro no canta un gallo; y
para acabar de ajustar, hace unos 20 días o un mes tal vez, estuvimos el
Directorio Nacional Conservador, en una audiencia con el Presidente de la
República y el Jefe político del Secretario del Gobierno Departamental, el
doctor Alvaro Villegas Moreno, hablando del problema del conflicto de la
violencia en Antioquia, hizo remembranza a un gobernador de Antioquia que había
propuesto como solución entregarle a cada ciudadano un fusil, esa era la
solución, que eso lo habían hecho en un pueblo y que la guerrilla sabía que en
ese pueblo todos los ciudadanos tenían un fusil y que por eso no entraban porque
detrás de cada postigo había un fusil, y ahí se nota de dónde viene esa
filosofía y esa orientación, y este concepto del Secretario del Gobierno y del
doctor Alvaro Villegas Moreno, coincide plenamente con la política señalada en
un reciente documento de la Gobernación de Antioquia que dice: “Ese crecimiento
de grupos de autodefensas presenta la tendencia de seguir el proceso
expansionista de la guerrilla o de agrupaciones delincuenciales, pues detrás de
cada uno de estos últimos, tarde que temprano aparece el grupo de autodefensa,
por ende las Asociaciones Comunitarias de Seguridad, se erigen en una
alternativa a la ciudadanía, cuya función básica es colaborar con las fuerzas
del Estado”.
“Por eso hay ahí
una clara orientación del Gobierno Departamental a través del Secretario de
Gobierno, de que a la gente hay que armarla y de que la solución es a sangre y
fuego y que las  tales cooperativas Convivir no son de inteligencia sino son
unas cooperativas armadas que conducen inexorablemente a llevarle el mensaje
claro a la opinión de que son autodefensas”.
A su vez, el Senador MOTTA MOTTA, opinó:
“Yo quería
recordar este documento que según entiendo fue derogado, pero que hace parte de
la historia del paramilitarismo en nuestro país al cual cada vez se parecen más
las asociaciones Convivir, que se están promoviendo en el Departamento de
Antioquia bajo la conducción del señor Secretario de Gobierno suficientemente
conocido por el pueblo antioqueño, por sus vínculos justamente con grupos
paramilitares, entonces, frente a estas masacres el Procurador General de la
Nación de turno decía que las masacres hacen parte de un plan bién organizado
de liquidación y exterminio ideado y ejecutado por toda una organización que
cuenta con una millonaria financiación que los asesinos (sic)”.
Y, luego agregó el mismo doctor Motta, ante
una interpelación del Senador Vélez:
“Decía, señor
Presidente y me escuchó bien el señor Senador, que hay opiniones del Movimiento
Popular en Antioquia que señalan que el señor Secretario de Gobierno
Departamental ha mantenido vínculos con grupos paramilitares, el Procurador
General de la Nación en su momento decía que las masacres hacen parte de un
plan bién organizado de liquidación y exterminio, ideado y ejecutado por toda
una organización que cuenta con una millonaria financiación, que los asesinos
con la libertad con que operan tienen el apoyo de algunas autoridades y de
influyentes sectores y que por todas sus características se trata de crímenes
políticos, ese Procurador se llamó Horacio Serpa Uribe”.
Se aprecia igualmente en la Gaceta del
Congreso que ni el Presidente del Senado ni los Ministros formularon objeción o
requerimiento alguno a las opiniones de FABIO VALENCIA COSSIO y HERNAN MOTTA
MOTTA. Solamente el Gobernador de Antioquia se refirió, en términos mesurados,
a la intervención del Senador Valencia , y, el Senador Luis Guillermo Vélez
criticó de manera enérgica la referencia que el Senador  Motta hizo del
Secretario de Gobierno de Antioquia.
Estos son los principales elementos de
juicio para tener en cuenta respecto de la posible violación a los derechos
fundamentales del actor. Por supuesto que el expediente arroja otras
informaciones algunas de las cuales vale la pena reseñar:
a- PEDRO JUAN MORENO VILLA, adjuntó al
expediente unos escritos suyos, que aunque van dirigidos a los dos senadores,
no les fueron entregados, pero que expresan estos conceptos: a FABIO
VALENCIA COSSIO le indilga una frase de Calderón: “El que fuera una
vez traidor, lo fuera dos veces porque SER UN COBARDE, no es defecto que se
pierde”. Y le agrega estos epítetos: irresponsable franco-tirador de cuello
blanco, pretender comprar seguridad personal cohonestando con la delincuencia,
“Usted ha estado acostumbrado a CENAR con la honra de las personas, a CENAR con
la desgracia ajena, a CENAR con el presupuesto Nacional y a CENAR con las
instituciones si éstas no se encuentran incondicionalmente a su servicio o el
de sus familiares”. Y escribe que podría estar dentro de un nuevo grupo: “Para
-narco-parlamentarios-guerrilleros”. (mayúsculas en el escrito que aparece en
autos).
Y al doctor HERNAN MOTTA MOTTA, lo
califica como:
“Senador de oscura trayectoria, que se
ampara en un fuero que usted no se merece, de antemano estoy seguro que su
“Cobardía se lo impedirá”.
Se hacen estas referencias porque los
escritos que contienen tales calificativos, al ser aportados por el propio
doctor Moreno a este expediente, adquieren el carácter de auténticos y van a
servir de prueba en el análisis que se le hará al caso concreto.
b- El solicitante igualmente adjunta
fotocopia de un buén número de publicaciones, tanto legales como subversivas y
unos anónimos. Tal presentación busca, preferentemente, constituir elementos de
juicio sobre el peligro en que él y su familia están inmersos.
c- En similar sentido los Senadores Motta y
Valencia adjuntan fotocopias de publicaciones que indican la posibilidad de
atentados en contra de ellos. El Senador Valencia, además, reseña una serie de
improperios obrantes en hojas volantes que, según el Senador, podrían haber
sido impresas en la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia.
d- Las personas contra quienes se dirigió
la tutela, rechazaron los términos y peticiones de la misma, invocan en su
favor la inviolabilidad parlamentaria y resaltan que es el mismo doctor Moreno
Villa quien ha hecho eco publicitario a lo dicho en el debate en el Senado.
4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala Civil del Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá, el 21 de marzo de 1996, denegó la tutela con base en este
principal argumento:
“Fluye de la
prueba arrimada a este diligenciamiento que las afirmaciones que reprocha el
quejoso, y que hiciesen los senadores vinculados a esta actuación, de las
cuales deriva el accionante efectos dañinos en su contra, se produjeron en el
curso del debate que se adelantó a instancia de algunos senadores, en torno de
la situación de violencia que desangra la región de Urabá. Si ello es así,
fuerza es concluír que todo cuanto allí se dijo, está amparado por la inviolabilidad;
consecuencialmente, la exposición de motivos no puede ser válidamente
cuestionada por vía de tutela, porque el comportamiento que se le endilga a los
senadores vinculados a esta actuación, está en consonancia con el ordenamiento
legal y por tanto, no se puede predicar que es arbitrario o ilegal. Es que,
merced a la inviolabilidad puesta de presente, los congresistas estaban
facultados para expresar libremente sus opiniones en el decurso del debate de
marras, todo ello en desarrollo del mandato que les confirió el pueblo.”
5. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Impugnado oportunamente el fallo del
Tribunal, el expediente subió a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,
pronunciándose sentencia el 9 de mayo del presente año, que, en su parte
resolutiva ordena:
“1.- TUTELAR los
derechos que tiene el peticionario PEDRO JUAN MORENO VILLA a la intimidad
personal y familiar, al buen nombre y a la honra.
2.- Ordenar a los
Senadores Fabio Valencia Cossio y Hernán Motta Motta para que en el futuro no
vuelvan a incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción de
tutela.
El Tribunal a-quo
librará los oficios respectivos y adoptará las medidas pertinentes para que el
amparo impetrado tenga completa efectividad.....”.
El principal razonamiento para tutelar
estos tres derechos, fue este:
“Afirmaciones tan
específicas y personalizadas como las emitidas por los aquí accionados a todo
lo largo y ancho del país, enderezadas a vincular al actor con grupos
antisociales, no puede menos que conllevar graves consecuencias para la vida,
la integridad personal, la dignidad y la honra del afectado, exponiéndosele a
un riesgo inminente y anormal que no está obligado a soportar. Por supuesto, la
inviolabiliad parlamentaria de que trata la Constitución Nacional, no puede ser
más que un instrumento para el cabal ejercicio del control político sin que
pueda llegar hasta el punto de conculcar derechos de tanta entidad como son a
la dignidad humana, a la intimidad, al buen nombre, a la honra, etc.
Y, en cuanto a otros derechos
fundamentales, respecto de los cuales la tutela no prosperó, la Corte Suprema
simplemente dijo:
Finalmente,
frente a las otras garantías constitucionales invocadas por el peticionario,
como son los derechos a la vida, a la integridad personal, a la información, a
la propiedad y a la libertad, la solicitud de amparo no está llamada a
prosperar, por cuanto no aparece establecida la relación de causalidad entre la
situación de peligro descrita por el accionante, con las manifestaciones que en
su contra profirieron los accionados.”
6. PETICIONES A LA CORTE CONSTITUCIONAL
Estando la acción de tutela para revisión,
se presentó en la Corte Constitucional un escrito del Senador Fabio Valencia
Cossio, quien, además de argumentar en contra del fallo de segunda instancia,
pone de presente que ante el Juzgador de primera instancia instauró PEDRO JUAN
MORENO VILLA un incidente de desacato a la sentencia del 9 de mayo de 1996,
porque, informa el doctor Valencia: el incidentalista, cree que el 7, 8 y 21 de
mayo el Senador desconoció la sentencia proferida en el presente caso. Con base
en esta información, el doctor Valencia formula directamente algunas peticiones
a la Corte:
-Que haya unificación de jurisprudencia por
cuanto en la Corte Suprema de Justicia prosperó (en parte) la acción de tutela
contra los Congresistas y en el Consejo de Estado no prosperó otra tutela por
causa semejante pero contra unos Diputados de la Asamblea de Antioquia.
- Que se suspenda la sentencia de segunda
instancia y el incidente de desacato, como media cautelar (artículo 7º decreto
2591/91).
-Que se considere que no hay legitimidad
para instaurar la presente tutela porque el accionante es “un servidor público
objeto de control político”; ni legitimidad para tramitarla conjuntamente
contra dos senadores distintos.
-Que se condene en costas al actor, por la
temeridad en la presentación de la tutela.
7.- No aparece en el expediente constancia
de que Moreno Villa hubiera presentado querella por los presuntos delitos de
injuria y calumnia.
F U N D A M E N T O S     J U R I D I C O S
A-. COMPETENCIA
Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional para conocer dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral
noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 35 y
concordantes del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud
de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del
reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta
Corporación.
B.-  TEMAS JURIDICOS A TRATAR
En primer término,
se dilucidarán algunos aspectos procesales: se estudiará lo referente a sujetos
en la acción de tutela, la petición de suspensión tanto de la acción como del
desacato, la condena en costas e indemnización de perjuicios, la coherencia
entre solicitud y órdenes en la tutela cuando ésta se plantea como mecanismo
transitorio. En segundo lugar, se precisará qué se entiende por inviolabilidad
de los congresistas a fin de determinar si es o no un derecho absoluto porque
si lo fuera, no habría para que profundizar sobre los derechos fundamentales
del peticionario; pero, siendo como lo es un derecho relativo hay que ver
cuáles son los  límites y características de esa inviolabilidad dentro del
Estado social de derecho. Luego, se harán las referencias necesarias a algunos
de los derechos fundamentales que el solicitante cree le han sido violados,
haciéndose hincapié en los llamados derechos personalísimos y en la incidencia
de la figuración pública en la honra, buen nombre, intimidad e imagen. Como
surgen tensiones entre algunos derechos, hay que ponderar cuál se aplica para
luego sí entrar al análisis del caso concreto, no sin antes abrir capítulo
especial al derecho a la vida porque las amenazas que han surgido contra el
solicitante y los senadores Valencia y Motta obligan a la autoridad pública y a
la sociedad a colaborar en la defensa de la vida.
1.- SOBRE
ASPECTOS PROCESALES PLANTEADOS ESPECIFICAMENTE EN EL EXPEDIENTE
1.1- Sujeto
activo de la acción: Todas las personas, naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, pueden instaurar acción de tutela. En ningún instante
se puede afirmar que un servidor público, sobre quien puede ejercerse control
político de sus actos, pierde por esta circunstancia el derecho a instaurar
tutela cuando se considera que hubo una violación a sus derechos fundamentales.
1.2- Tutela
contra Congresistas: La acción de tutela puede dirigirse contra
Congresistas, como contra cualquier autoridad, por permitirlo el artículo 86 de
la Carta. El Juez de tutela no puede rehusarse a tramitar la acción con el
argumento de que no puede hacer control judicial al ejercicio del poder
político, este criterio atentaría contra la elaboración constitucional de los
derechos fundamentales e iría en contradicción con la necesidad de preservar la
supremacía de la integridad de la Constitución. Por otro aspecto, si los
hechos presuntamente violatorios de derechos fundamentales ocurrieron durante
una sesión del Senado o de la Cámara, no hay obstáculo alguno para que la
tutela se dirija conjuntamente contra varios Senadores o Representantes, porque
uno de los principios básicos de esta acción es la informalidad y el Juez de
tutela perfectamente puede en una misma sentencia definir si da o no las
órdenes que se le solicitan. Otra cosa es que se pida que a una tutela contra
congresistas se le acumule una tutela contra diputados cuando son similares los
hechos, en este evento, no puede haber acumulación porque los diputados no
gozan de inviolabilidad constitucional, respecto de las opiniones que den en ejercicio
de sus funciones; en igual situación están los concejales.
1.3- La tutela
permitida por el artículo 8º del decreto 2591 de 1991: Si una persona
plantea una tutela como mecanismo transitorio, es porque reconoce que existe
otro medio de defensa judicial. Si ese medio de defensa judicial es de carácter
penal y concretamente se trata de un proceso por injuria y calumnia, que exige
QUERELLA, es incoherente que el solicitante le pida al Juez que le dé la orden
a otro funcionario para que inicie esa investigación penal. El Juez de tutela
no puede dar esa clase de órdenes porque el único querellante legítimo es el
presuntamente afectado por la injuría o la calumnia.
Si, en gracia de
discusión, se trata de otra clase de proceso penal o de procesos de otra índole,
de todas maneras, para que tenga cabida la tutela como mecanismo transitorio,
debe haber un perjuicio irremediable y para que éste exista es indispensable
que el perjuicio sea inminente y grave, que las medidas para conjurar el
perjuicio sean urgentes, que la urgencia y la gravedad determinen que la acción
de tutela sea impostergable porque sería inevitable la lesión de continuarse
una determinada circunstancia de hecho. (sentencia T-225/93, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa).
1.4- Suspensión
en la tutela: Para casos fácilmente detectables de violación de los
derechos fundamentales del SOLICITANTE, cabe por parte del Juez de tutela o de
revisión suspender los actos que pudieren afectar los derechos fundamentales
del actor (inciso 2 del artículo 7 del decreto 2591 de 1991). Sin embargo, y,
con respaldo en el inciso primero de la misma norma, puede un Juez de segunda
instancia o el Juez de revisión,  excepcionalmente, suspender los efectos de un
fallo.[1]
Pero, si es posible dictar sentencia en el mismo tiempo que demandaría el
análisis de una suspensión, entonces, la prudencia aconseja  preferenciar la
decisión definitiva y así se hará en el presente caso. Lo que no se puede es
ordenar desde la Corte Constitucional la suspensión del incidente de desacato
porque el trámite incidental sólo es de competencia del juez de primera
instancia, o del superior, si fuere apelado o consultado, y, escapa dicho
incidente al control de las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.
1.5- Las costas
en la acción de tutela: Ya esta Sala de Revisión definió que sólo se
condena en costas cuando haya temeridad manifiesta. Estos fueron los
planteamientos:
“El artículo 25
del decreto 2591 de 1991 habla en dos partes de "costas". En el
primer inciso se refiere al fallo que concede la tutela, cuando la violación
que motivó ha sido clara e indiscutiblemente arbitraria; en este evento se
ordena EN ABSTRACTO "el pago de las costas del proceso".
En el último
inciso se contempla la situación diametralmente opuesta: cuando la tutela es
rechazada o denegada, en este caso el Juez "condenará al solicitante al
pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad".[2] Es decir, que si no hay temeridad no hay
costas, esta circunstancia obliga a profundizar en este tema procesal.
5.1. Hay que decir
que, tratándose de la tutela, la condenación en costas no obedece a un carácter
disuasivo porque el Constituyente consagró la tutela como una acción pública,
es de su esencia la gratuidad, está íntimamente ligada al derecho de las
personas de acceder a la justicia, luego un señalamiento de costas no puede
verse como algo que desestima la presentación de esta acción.
Pero, otra cosa
muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la
conducta abusiva perjudica la administración de justicia, impide, obstaculiza
que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente. La Corte
Suprema de Justicia, al declarar inexequible el inciso 2º de la regla 2ª del
ordinal 199 del artículo 1º del Decreto 2282/89 que modificó el Código de Procedimiento
Civil, dijo:
"Las que
deben impedirse son las actuaciones dolosas o temerarias que por constituir un
verdadero abuso del derecho lesionan los intereses legítimos de la otra parte y
le causan perjuicios indemnizables y entraban, contrariando el bien común, la
recta y pronta administración de justicia..."[3]
5.2. Esas
actuaciones signadas por la temeridad en la acción, nos remiten a los albores
de la culpa aquiliana, siendo las costas una forma de pena civil contra
quien sin razón alguna instauraba una acción o temerariamente se oponía a ella,
ocasionándose un daño injusto que debía ser reparado.
En Colombia, la
teoría de la culpa aquiliana fué adoptada desde antes de la Constitución de
1886 (Código Judicial de la Nación) en 1872, reformado en 1873, editado en 1874
y adoptado por el artículo 1º de la Ley 57 de 1887; se consagró en el artículo
575 de la Ley 105 de 1931 que habló de temeridad maliciosa. Se decía que quien
procedía con temeridad era el "improbus litigator" de que hablaba
Justiniano ("contendiente deshonesto", "pleitista de mala
fé", quien promueve un juicio sin derecho y con mala intención).[4] El elemento de temeridad consistía, según
la doctrina, en la conciencia plena de la injusticia o en el reconocimiento de
su propia falta de razón.
En 1951 (decreto
243, artículo 2º) se dejó de lado la culpa aquiliana, criterio subjetivo, y fué
reemplazado por el criterio objetivo del litigante vencido en juicio como
sujeto que paga costas.
Este criterio
objetivo permanece en el actual Código de Procedimiento Civil (art. 392 y
siguientes), sin embargo, paralelamente a las costas y dentro del
esquema de la responsabilidad patrimonial de las partes, el mismo Código,
artículo 72, establece:
"Cada una de
las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales,
temerarias o de mala fé, causa a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en
el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el Juez, sin
perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena
en la sentencia o en el auto que los decida..."
5.3. El artículo
73 castiga la temeridad con multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales,
el artículo 74 establece los casos de temeridad o mala fé uno de ellos es
"cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal", y la Corte
Suprema[5] señala que si el Juez encuentra temeridad
o mala fé "puede fulminar contra el litigante temerario o doloso o contra
su apoderado, la sanción mencionada "y establece como OBLIGACION del
juzgador pronunciar la condena de los artículos 72 y 73 del C. de P. C. cuando
el caso concreto da lugar a ello.
5.4. Tratándose
de la tutela, la parte final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no
establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que
identifica ésta con aquellas, así debe ser la lectura de tal norma porque,
entre otras cosas, dicha interpretación es coherente con el carácter público,
informal, gratuito de la tutela.
Significa lo
anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse
de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad
como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón,
de mala fé se instaura la acción. Y quien tasa las "costas" es el
Juez de tutela porque el inciso final del artículo 25 del decreto 2591/95 se
refiere a él (algo muy distinto ocurre en la situación consagrada en el primer
inciso del mismo artículo en el cual lo principal son los perjuicios).
Fuera de la
temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidación de estas
costas y hubiera sido más apropiado emplear la expresión multa por temeridad,
puesto que, en la moderna ciencia procesal las "costas" responden a
factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo.
Dentro
de la trascendencia que se le dá al término TEMERIDAD, como elemento
calificador y al mismo tiempo como único elemento cuantificable, se deduce que
tal condena sólo opera en casos excepcionales.[6]
1.6- Indemnización
de perjuicios dentro de una acción de tutela: la Corte ha dicho que se
requiere que el afectado no disponga de otro medio judicial para reclamar la
indemnización; que la violación del derecho sea manifiesta consecuencia de una
acción clara e indiscutiblemente arbitraria, lo cual implica para el Juez la
determinación precisa del autor; que dicho perjuicio comprenda únicamente el
daño emergente (T-171/95; M. P. Carlos Gaviria Díaz); y, obviamente, que la
tutela prospere y que no se trate de una tutela como mecanismo transitorio.
Aclarados todos
estos temas de orden procedimental, entra la Sala a desarrollar las premisas
que darán soporte jurídico a la decisión de fondo.
2- INVIOLABILIDAD DE LOS CONGRESISTAS
Este tema es el
telón de fondo de la presente tutela. Obliga, por consiguiente, un estudio
pormenorizado.
2.1- Antes de la
Constitución de 1991, la inviolabilidad de los Congresistas era caracterizada
por los tratadistas como “la irresponsabilidad parlamentaria”, no como
calificación peyorativa, sino como expresión que surgía de la historia
constitucional colombiana. En efecto:
La Constitución de
Cúcuta de 1821, refrendada por Bolívar, establecía:
Art.
66 “Los miembros del Congreso... no son responsables por los discursos y
opiniones que hayan manifestado en las Cámaras, ante ninguna autoridad ni en
ningún tiempo.”
En verdad, lo que
se establecía en esta primera época era la no responsabilidad, criterio
repetido en la Constitución de 1830:
Art.
73: “Los Senadores y Representantes no son responsables en ningún tiempo, ni
ante ninguna autoridad, de sus discursos y opiniones que hayan manifestado en
las Cámaras.”
La Constitución de
la Nueva Granada de 1832, en su artículo 70, consagró algo igual a la anterior.
Y la Constitución
de 1842, artículo 63, mantuvo el mismo criterio, pero lo amplió a la votación:
“Los
Senadores y Representantes no son responsables, en ningún tiempo ni ante
autoridad alguna, por las opiniones que manifiesten y votos que den en las
Cámaras o en el Congreso.”
2.2- Se pasa luego
a otra etapa en la cual se consagra la cláusula de irresponsabilidad. El
calificativo de IRRESPONSABILIDAD aparece en la Constitución de 1853, artículo
18: “Los miembros del Congreso son absolutamente irresponsables por las
opiniones y votos que emitan en él, y gozan de inmunidad en sus personas,
mientras duran las sesiones y mientras van a ellas y vuelven a su domicilio”.
La Confederación
Granadina, 1858, fué mucho más lejos en todo sentido:
Art.
26: “Los Senadores y Representantes son irresponsables por los votos que den y
por las ideas y opiniones que emitan en sus discursos. Ninguna Autoridad puede,
en ningún tiempo, hacerles cargo alguno por dichos votos y opiniones, con
ningún motivo ni pretexto.”
La Constitución de
Rionegro de 1863, en su artículo 45, repitió lo dicho en 1858.
2.3- La
Constitución de 1886 restringe el concepto porque la irresponsabilidad deja de
ser absoluta y se consagra la Inviolabilidad.
Se puede decir que
se decanta esa cláusula de irresponsabilidad y se le da la dimensión propia de garantía,
que se convierte en núcleo jurídico de las funciones de los parlamentarios.
Dice la norma:
“Artículo
106: “Los Senadores y Representantes son inviolables por sus opiniones y votos
en el ejercicio de su cargo. en el uso de la palabra sólo serán responsables
ante la Cámara a que pertenezcan; podrán ser llamados al orden por el que
presida la sesión, y penados conforme al reglamento por las faltas que
cometan.”
Por supuesto que
numerosos tratadistas, entre ellos, el constitucionalista Alvaro Copete
Lizarralde, consideraron que el artículo 106 de la anterior Constitución
mantiene esa cláusula de irresponsabilidad. Dice Copete:
“Este
artículo consagra la irresponsabilidad parlamentaria. Como se trata de una
excepción al principio general imperante en todas las relaciones humanas, según
el cual el hombre es responsable de los actos que ejecuta, la inviolabilidad de
los senadores y representantes está limitada a las opiniones y votos  que
emitan en el ejercicio de
su cargo. Por lo tanto, como con mucha razón lo anota Tascón, cae bajo el
derecho común cualquier opinión expresada fuera de las sesiones de la Cámara
respectiva o de sus comisiones.
Nos
apartamos totalmente de la mayoría de los tratadistas que fundamentan la
irresponsabilidad parlamentaria en el hecho “de que no haya en el Estado un
poder superior ante el cual pueda deducírseles responsabilidades”. Las ramas
del poder público están colocadas en absoluto pie de igualdad. no se puede
hablar, dentro de ninguna escuela, de que el poder, órgano o rama legislativa,
sea superior al poder, órgano o rama judicial. las ramas del Estado ejercen
diversas funciones, pero cada una de ellas, ramas y funciones, tienen un nivel
de igual a las demás. En nuestra opinión, el fundamento de la irresponsabilidad
parlamentaria está en la necesidad de que en el ejercicio de sus funciones obre
en conciencia, cumpliendo en tal forma el mandato del art. 105; se hace así
necesaria la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios, para poderles
garantizar una completa independencia en el cumplimiento de sus deberes.
Pero
como esa irresponsabilidad no es ni puede ser una patente de corso para los
individuos que componen las cámaras, se determina que puede ser penados
conforme al reglamento por las faltas que cometan. Estas penas de que habla el
artículo, no tienen carácter penal sino que son más bien, y así ha debido
decirse, sanciones disciplinarias.”[7]
Más preciso en la
caracterización de la inviolabilidad es el profesor y ex-Magistrado Luis Carlos
Sáchica quien trae un concepto que aún tiene vigencia y que hace referencia a
la garantía. Dice:
“Las
garantías constitucionales específicas que defienden la independencia de los
miembros del congreso, son las contenidas en los arts. 106 y107; la primera los
hace inviolables por opiniones y votos que den en ejercicio de su cargo.
Inviolabilidad que consiste en que al ejercer el derecho al uso de la palabra
en las discusiones solo son responsables de los juicios que expresen ante la
misma cámara a que pertenecen, sin que tales conceptos les acarreen responsabilidad
distinta de la política y moral que tiene ante sus compañeros congresistas y
ante la opinión pública, la cual se traduce en la censura o la aprobación
popular, más no en sanciones de tipo penal, salvo las disciplinarias que prevea
el reglamento de la misma Cámara para las faltas cometidas dentro del congreso,
de acuerdo con el cual también puedan ser llamados al orden cuando abusen del
ejercicio de su función. Se quiere, pues, que la discusión sea libre y que las
decisiones se adopten independientemente. “consultando únicamente la justicia y
el bien común”, como lo dispone el art. 105. De lo contrario, sobre el
congresista estaría pesando el temor a que la expresión de su pensamiento
envuelva consecuencias desfavorables, obligándolo a actuar contra lo que su
conciencia y deberes políticos le dicten. Esa inviolabilidad es consecuencia
del art. 179, según el cual el elector no impone obligaciones ni mandato al
elegido.”[8]
2.4- La Carta de
1991, no altera la esencia de la inviolabilidad como garantía que
provenía de la Constitución de 1886. Dice el artículo 185:
“Los
congresistas serán inviolables por las opiniones, y los votos que emitan en el
ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas as disciplinarias contenidas
en el reglamento respectivo”.
Esta garantía es
institucional porque  protege funciones del congreso,    especialmente, el
derecho al CONTROL POLITICO que los congresistas tienen en virtud del artículo
114 de la Constitución, en armonía con el artículo 40 de la misma carta. Es una
garantía muy importante, que en este siglo adquiere una mayor proyección:
Dentro del
carácter de un Estado Social de Derecho, donde la Constitución no solamente
trae normas orgánicas (sobre el funcionamiento del Estado) sino también
dogmáticas (sobre deberes y derechos fundamentales, señalando principios y
valores), con una orientación finalística, hay, necesariamente, que acudir a
la  moderna interpretación constitucional que exige hacer una lectura
integradora para proyectar esa garantía en otra dimensión. En esta
interpretación sistemática la inviolabilidad adquiere una cualificación
adicional: ingresa al ámbito de las garantías institucionales.
2.5- Se afirma lo
anterior porque el artículo 185 de la C.P. que consagra la inviolabilidad de
los congresistas es una garantía institucional que se integra con el Preámbulo
de la Constitución (marco jurídico, democrático y participativo), con el
artículo 1º (carácter del Estado)con el 20 (“libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones”); 40 (tener iniciativa en las corporaciones públicas);
112 (función crítica de la oposición); 135, numerales 3, 4, 6, 8 y 9 (control
político) y sobre todo con el art. 114 que expresamente establece en cabeza del
Congreso de la República el control político sobre el gobierno y la
administración, atribución básica para el Estado Democrático Moderno. GREGORIO
PECES-BARBA, principal redactor de la Constitución Española de 1978, en su
reciente libro “La democracia en España” (edición de 1996), proclama:
“El
fin último de impulsar la dignidad de la persona humana exige una sociedad
libre, decente, tolerante y solidaria donde ciudadanos libres puedan convivir
en paz. No conozco ningún sistema alternativo, con todos sus defectos, al
parlamentario representativo para alcanzar estas metas. Por eso hay que hacer
un sitio, siempre precisamente, al Parlamento en la democracia del futuro, que
no será ya sólo, como dice Touraine, la democracia de la representación y de la
deliberación, sino la democracia de la liberación que intenta generalizar la
efectiva dignidad de todo los hombres” (pág. 309).
Estos autorizados
conceptos, aunque se refieren al sistema parlamentario español, trascienden a
toda calificación de democracia. La importancia del Congreso como institución,
exige para los Congresistas la inviolabilidad, basada en la no coacción al
ejercicio del control político y a la actividad legislativa. Se le adiciona a
la simple garantía y al derecho político, el de ser institucional, necesaria
para el ejercicio de quienes no solamente expiden las leyes sino contribuyen a
la formación de opinión pública, en defensa de los valores y  principios de la
Constitución. No reconocerlo así atentaría contra la finalidad de la inviolabilidad
y su carácter de INALIENABLE. Por supuesto que estos raciocinios jurídicos no
tendrían explicación si no fuera por la moderna teoría del derecho.
3. LA GARANTIA
INSTITUCIONAL
Este concepto
viene siendo utilizado desde la década del veinte en la teoría constitucional.
Se le atribuye a Carl Schmitt[9].
Su característica consiste en la protección constitucional conferida a
determinadas instituciones, típicas y por lo tanto necesarias de la
organización político-administrativa. La garantía institucional es un límite
inclusive para el propio legislador, necesaria en la configuración y regulación
de determinadas instituciones; asegurando que no haya ni supresión ni
vaciamiento ni desfiguración de la imagen maestra, (o sea su núcleo
esencial).
Tratándose de la
inviolabilidad de la opinión de los Congresistas, la imágen maestra de esa
garantía la configura el ejercicio de la función del control político.
3.1- Es de
advertir, que la GARANTIA INSTITUCIONAL no existe sin la previa existencia del
Estado mientras el derecho fundamental existe “per se”. Al ser ambos integrados
a la Constitución, el derecho fundamental constitucional crea derechos
subjetivos de manera inmediata, mientras que de la garantía
institucional constitucionalizada los derechos subjetivos sólo se desprenden en
forma mediata, porque su finalidad inmediata es preservar las funciones
institucionales del Congreso.
3.2- Esta garantía
de protección a una calidad que identifica a la rama legislativa: el control
político significa que al tipificarse la inviolabilidad de los congresistas, se
torna necesaria como una medida de protección a su función democrática, al
deber del ejercicio de control político por parte del Congreso.
4. ALCANCE DE LA INVIOLABILIDAD
Desde 1886 la inviolabilidad no era
absoluta, teniendo como cortapisa un control reglamentario que, tratándose de
opiniones expresadas en ejercicio de las funciones parlamentarias, no podía ir
más allá de la disciplina interna que el
reglamento del Congreso establecia. Hoy tiene el mismo límite interno, pero,
adicionalmente no puede afectar el núcleo esencial de los derechos
fundamentales.
4.1- La Corte Constitucional, al referirse
al artículo 185 C.P., especialmente a la inviolabilidad del voto, precisó:
“Dicha
inviolabilidad consiste en que un congresista no puede ser perseguido en razón
a las opiniones expresadas durante el curso de su actividad parlamentaria ni
por los votos que emita, como dice la norma, en ejercicio del cargo. Es una
institución que nace con el parlamento moderno y que busca garantizar la
independencia de éste frente a los otros poderes, especialmente frente al poder
Ejecutivo. Pero en manera alguna puede interpretarse el artículo 185 en el
sentido de que la inviolabilidad signifique una excepción al principio general
de la publicidad de los actos del Congreso, ni, menos aún, implique inmunidad
judicial. Para que el legislador sea inviolable por sus votos y opiniones no se
requiere que éstos se mantengan bajo reserva. Por el contrario la
inviolabilidad o inmunidad cobran sentido justamente frente a un acto y un
juicio públicos.
Debe entenderse
pues que la inviolabilidad opera en los casos en que los congresistas están
ejerciendo su función legislativa, su función constituyente derivada, su
función de control político sobre los actos del Gobierno y de la Administración
y, eventualmente, su función administrativa, como es la provisión de ciertos
cargos. Pero cosa muy distinta ocurre cuando los congresistas, revestidos de la
calidad de jueces, ejercen función jurisdiccional, como ocurre en los juicios
que se adelanten contra funcionarios que gozan de fuero constitucional,
especial (arts. 174, 175, 178-3, 178-4, y 199). Dichos juicios son, por definición
constitucional, públicos, así lo establece el artículo 175 numerales 1º y 4º.
Para la Corte es claro que en este caso los congresistas asumen la calidad de
jueces, tal como la Corte lo explicó en reciente jurisprudencia (Sentencia Nº
222 de 1996).
La Corte reconoce
pues el valor trascendental que reviste la inviolabilidad de los congresistas.
Como se ha dicho, esta garantía tiene por objeto asegurar la independencia de
los congresistas frente a las interferencias de los demás poderes del Estado y
su cumplimiento, por consiguiente, es prenda del correcto funcionamiento de la
democracia. La inviolabilidad, sin embargo, no puede entenderse por fuera de su
misión tutelar propia, pues, de otorgársele una extensión ilimitada, no seria
posible deducir a los congresistas responsabilidad política, penal y
disciplinaria en ningún caso. Lo artículos 133 (responsabilidad política del
congresista frente a sus electores), 183 (responsabilidad del congresista por
violación del régimen de incompatibilidades, inhabilidades y de conflicto de
interés, destinación indebida de dineros públicos y tráfico de influencias),
185 (responsabilidades disciplinaria) y 186 (responsabilidad penal) de la
Constitución Política, imponen al congresista una serie de deberes que se proyectan
en el ejercicio de su función pública de emisión del voto, la cual no puede
ponerse al servicio de propósitos y objetivos que la Constitución y la ley
repudian.[10]”
La finalidad de la mencionada
inviolabilidad, es garantizar el control político; todo lo que no corresponde a
esa función, e invade derechos ajenos, se cataloga como abuso. Queda así
explicada otra de las razones para la limitación del citado derecho.
4.2- En algunas oportunidades surge tensión
de garantías institucionales con derechos fundamentales, y, entonces,
científicamente no se puede decir que la garantía institucional de la
inviolabilidad de las opiniones de los congresistas, en ejercicio de sus
funciones, es absoluta y que frente a ella, desaparecen los derechos
fundamentales, sino que, de acuerdo con la transformación de la interpretación
constitucional que se inició desde antes de la segunda guerra mundial, se puede
dar solución adecuada a cualquier colisión de principios, lo cual no implica la
desaparición de uno de ellos, sino la ponderación de cuál tiene prevalencia
para el caso concreto en estudio. Lo anterior obliga a plantear este tema:
5.- CUANDO UN
DERECHO ES FUNDAMENTAL?
5.1- En la sentencia T-02/92[11] la Corte fijó los dos
criterios principales para determinar los derechos fundamentales: el primero
hace referencia a la persona humana y el segundo al reconocimiento normativo;
además, fijó los parámetros para que el Juez de tutela determine cuándo un
derecho es fundamental:
“El Juez de
Tutela debe acudir a la interpretación sistemática, finalista o axiológica para
desentrañar, del caso particular, si se trata o no de un derecho fundamental,
lo que podría denominarse una "especial labor de búsqueda",
científica y razonada por parte del Juez.
El Juez está
frente a lo que la doctrina denomina un "concepto jurídico
indeterminado": los derechos constitucionales fundamentales, que pueden
ser o no ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera o de otra,
pero siempre su sentido se define bajo las circunstancias de tiempo, modo y
lugar.
Para el profesor
García de Enterría, introductor de la noción "concepto jurídico
indeterminado", la "valorización política de la realidad podrá acaso
ser objeto de una facultad discrecional, pero la realidad como tal, si se ha
producido el hecho o no se ha producido y cómo se ha producido, esto ya no
puede ser objeto de una realidad discrecional, porque no puede quedar al arbitrio
de la Administración discernir si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido o
determinar que algo ha ocurrido si realmente no ha sido así".[12]
Esta
indeterminación sin embargo, no le permite al juez actuar total y absolutamente
libre. La interpretación del caso particular se mueve dentro de parámetros
establecidos por la propia Constitución.
El Juez debe
buscar, como lo dice el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, la naturaleza
del derecho fundamental que permita su tutela. Es entonces en la naturaleza, en
el estudio de su esencia, en donde el Juez descubre si está frente a un derecho
fundamental.
La labor que
realiza el Juez de Tutela es de verificación; él no crea el derecho
fundamental, lo desentraña y verifica. Esta "teoría de la
verificación" también es desarrollada por Dworkin sobre la figura del Juez
modelo, capaz de encontrar racionalmente la solución justa. "El Juez no
tiene una función creadora, sino garantizadora de los derechos".[13]
De conformidad
con los criterios expuestos se concluye que cobra gran importancia la labor de
interpretación del Juez, al asumir un serio compromiso impuesto por la
filosofía que orienta la nueva Constitución, pues solamente mediante el
análisis crítico y razonable se pueden encontrar los parámetros justos en la
comparación entre los hechos expuestos y la norma constitucional”[14].
5.2- Los derechos fundamentales no
solamente son esencia de un ordenamiento jurídico democrático, sino elementos
de legitimación del mismo; entonces, importa muchísimo para la ponderación
examinar por un lado, cual es el núcleo esencial de aquellos, y además, para el
caso de la presente tutela, cuál función cumplía el Congresista en el momento
de expresar su opinión, cuál era el móvil determinante del debate, si las
expresiones que se consideraran contrarias a una persona estaban o no fuera de
contexto, para dilucidar la real o presunta colisión entre una garantía
institucional y unos derechos fundamentales.
6. LA NECESIDAD DE APLICAR METODOS DE
INTERPRETACION ACTUALES PARA  DILUCIDAR UN CONFLICTO ENTRE DIVERSOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES
Las opiniones de los congresistas,
expresadas en ejercicio de sus funciones (art. 185 C.P.) pueden afectar
derechos fundamentales (p.ej. los señalados en los arts. 15, 16, 21 y,
especialmente, la dignidad). Si se aplicara el tradicional método exegético,
teniendo en cuenta el tenor estricto de los artículos mencionados y subsumiendo
el caso concreto dentro de la norma correspondiente, se tendría que el método
NO SIRVE porque igualmente válidos serían tanto el criterio del congresista que
invoca su inviolabilidad como el criterio de quien pida respeto para su
dignidad, su honra, su imagen e intimidad, ya que cada uno de los actores
invocaría la norma que lo favorece. Si la solución estuviera en el método
histórico, acudiéndose a la escuela “intencionalista”, en donde la verdadera
interpretación se encuentra en la intención de los constituyentes, tendríamos
que sirve para explicar que la inviolabilidad parlamentaria respondió en el
siglo pasado al establecimiento de una cláusula de irresponsabilidad, en la
Constitución de 1886 a la garantía de la inviolabilidad, y luego, en la actual
Carta, la intención de los constituyentes fue la de mantener la garantía, con
la característica de institucional. Este método tampoco sirve para encontrar
solución en el caso de que la inviolabilidad afecte los derechos fundamentales
de una persona. En esta hipótesis, la interpretación debe ir más allá del
método subjetivo, permitido por el artículo 27 del Código Civil, debe
buscar la finalidad de las normas: evaluar la protección a los derechos
fundamentales en discusión y considerar que la inviolabilidad tiene como
finalidad permitir el control político; entonces algo se habría adelantado pero
no lo suficiente, como para dilucidar los conflictos jurídicos que
surgen entre diversos principios. No hay camino diferente al de buscar otros
métodos interpretativos, adicionales, como sería por ejemplo la selección
de las premisas por parte de Juez constitucional, ponderando cuál principio
prevalece en el caso concreto, si la inviolabilidad o la dignidad o la honra o
la intimidad o la imagen. Esto no se puede resolver con la frase de que el bién
común prevalece sobre el particular, porque esta frase también cobijaría a la
dignidad, porque ella se irradia por gran parte del ámbito constitucional, y no
sería valida para el derecho a la vida porque la vida es un bien jurídico
primario.
Hay que decidir cuál interés debe ceder,
teniendo en cuenta la conformación típica del caso y las circunstancias
especiales  de aquél, es decir, hay que hacer ponderación de principios[15].
En otras palabras hay que acudir a la
lógica de lo razonable expresión que se ha aplicado en numerosos fallos de
la Corte  Constitucional y que la Corte Suprema de Justicia empleó en su famosa
sentencia de 13 de noviembre de 1928[16].
La razonabilidad hace relación a que un juicio está conforme con la prudencia,
la justicia y la equidad que rigen para el caso concreto, es decir, implica una
coherencia externa, con los supuestos fácticos. La RAZONABILIDAD supera la
tradicional RACIONALIDAD porque ésta exige una coherencia interna, una lógica
formal.
En una coherencia interna, igual razón
tiene el parlamentario para defender su inviolabilidad como la persona afectada
por las opiniones del congresista. En lo razonable, si la coherencia es
externa, cobra fuerza la relación con lo constitucionalmente admisible, con la
finalidad de la norma y su efecto útil y con la caracterización del Estado
democrático; por eso cuando dos hipótesis jurídicas son racionales, para
preferenciar una de ellas hay que apelar a lo razonable.
La lógica de lo razonable como
instrumento para la individualización del derecho, es desarrollada por PERELMAN
y  RECASENS SICHES, el último de los cuales expresa:
“Hay que explorar
la razón jurídica de los contenidos de las normas de Derecho. El cumplimiento
de esta tarea nos permitirá superar el azoramiento y la confusión que
sufrieron  muchos eminentes juristas al percatarse de que la lógica formalista
tradicional quiebra en el mundo de la interpretación y del desarrollo del
Derecho; como quiebra también en todos los demás problemas humanos prácticos.
Ahora bien, ese logos de lo humano, esta razón de lo razonable habrá de ser, al
fin y al cabo, una especie de la razón vital e histórica, o, mejor dicho, una
lógica de la acción, la cual es también razón, logos, pensamiento justificado.
Dice Ortega y Gasset: “al oponer la razón vital a la razón físico-matemática no
se trata de conceder permisos de irracionalismos. Al contrario, la razón
histórica es aún más racional que la razón física, más rigurosa. más exigente
que ésta. La física renuncia entender aquello de lo que ella habla”. Pues la
física se limita a explicar nexos causales entre hechos ininteligibles,
mientras que la razón vital no acepta nada como mero hecho en bruto , sino que
quiere comprender.[17]”
Lo anteriormente indicado facilita encontrar
soluciones a las contradicciones y a las paradojas, empleando premisas
normativas formalmente válidas sobre las cuales el Juez Constitucional ejerce
una opción escogiendo la solución que le parece la más adecuada y la más justa,
dentro de los valores, principios y preceptos constitucionales. Tratándose de
la tutela, la decisión frente a normas jurídicas en tensión, tiene que ser
razonada, lo cual no implica una camisa de fuerza a la intepretación del
contenido normativo por parte del operador jurídico. Todo lo contrario,
privilegia el método sistemático[18],
el finalístico, y como criterios interpretativos el que surge de los Convenios
Internacionales (expresamente establecido en el artículo 93 C.P.), el
consagrado en el artículo 29 de la Carta (el principio de favorabilidad en lo
penal) y el principio “pro operario” establecido en el artículo 53 ibídem. En
tal contexto se ubica el respeto a los derechos fundamentales dentro de la
preservación del juego democrático, es decir que, paralelamente, se debe buscar
el respeto a tales derechos y la plenitud del ejercicio democrático, una de
cuyas expresiones es la garantía institucional de la inviolabilidad de las
opiniones de los Congresistas. Sin derechos fundamentales no hay democracia y
sin democracia es iluso pensar en el pleno desarrollo de los derechos
fundamentales.
No se puede negar que la solución para
tensiones como la planteada en esta tutela es bastante complicada. Ello exige,
antes de tomar una decisión, hacer un estudio sobre algunos de los derechos
fundamentales, planteados por el solicitante, y, dentro de esta tarea hay que
analizar si algunos sufren cierta elasticidad cuando están en cabeza de un
hombre público y si otros pueden ser restringidos y hasta qué punto, para que,
en ambos casos, no haya vulneración del núcleo esencial, por parte del
ejercicio de la mencionada garantía institucional; esta circunstancia  incide
bastante en la decisión a tomar.
7. LA INTIMIDAD, LA HONRA, EL BUEN NOMBRE Y
LA IMAGEN DEL HOMBRE PUBLICO.
Es necesario en la presente tutela precisar
cuál es la entidad de derechos fundamentales como la honra, honor, imagen,
intimidad[19]
no tanto en relación con todas las personas, cuanto en referencia a quienes por
especiales razones, políticas, artísticas, deportivas, científicas, etc.,
tienen una vida privada que trasciende al público. Es decir, quienes por razón
de la proyección de su imagen en la sociedad, tienen que correlativamente
admitir el costo de una intromisión en su vida privada. Lo que hay que
dilucidar es hasta dónde puede llegar esa invasión en el ámbito de la
privacidad.
Es obvio que un político está sometido no
solamente al control de la opinión pública sino, institucionalmente, a un
control político que, en el caso colombiano, corresponde preferencialmente al
Congreso de la República. Dentro de dicho control, si en las críticas o
reconocimientos que se le hacen al ejercicio de sus funciones, se tocan temas
que son de interés público, no cabe la menor duda de que al subir de tono el
debate pueden lanzarse opiniones que molesten al servidor público. Otra cosa
muy diferente sería que sin venir al caso y solamente con el propósito de
violentar a la persona se profieran agravios en cuyo caso la extralimitación
escapa a la inviolabilidad porque se podría producir un abuso del derecho (art.
95. 1 C.P.), entendiendo que en la teoría del abuso del derecho, hay que tener
en cuenta que cada derecho tiene una misión propia, lo que equivale a decir que
debe realizarse conforme a su espíritu. Significa lo anterior que el derecho
subjetivo es un derecho-función: “no puede salirse del plan de la
función que desempeña sin que su titular incurra en una desviación, en un
abuso."[20]
La finalidad de la mencionada
inviolabilidad, es garantizar el control político; todo lo que no corresponde a
esa función, se cataloga como abuso del derecho.
En conclusión, si las referencias que se
hacen a un importante servidor público o a una personalidad que es suceptible
de ser sujeto de opinión pública, guardan relación con un problema que interesa
a todos, como es el de la paz y que era el tema del orden del día para
controvertir en las Cámaras, no puede invocarse de manera generalizada por
quien es mencionado en la crítica, que su intimidad, su honra y su imagen le
sirven de escudo; por supuesto que si se traen a colación aspectos de la vida
íntima que no vienen al caso, si la burla grosera supera a la ironía, entonces,
ahí si no puede ubicarse el debate parlamentario en una esfera intocable. Caben
en estas últimas situaciones los controles político, reglamentario,
disciplinario, de tutela y aún penal.
7.1- En un debate  parlamentario, donde
está en juego el valor supremo de la paz, si se hacen planteamientos contra un
proceder de un funcionario, en relación precisamente con la búsqueda de los
mecanismos mejores para derrotar la guerra y la intolerancia, no puede decirse
que las críticas a ese proceder administrativo, por fuertes que sean,
constituyen una intromisión indebida en la vida privada. Si con ocasión del
debate, el afectado considera que para defenderse tiene que explicitar él mismo
aspectos de su realidad personal y familiar que no era su intención
publicitarlos, habrá que reconocer que esta contingencia responde a la
transparencia que los altos funcionarios y los políticos deben tener frente a
la sociedad y ante quien los controla.
7.2- Tratándose del derecho a la imagen, en
personas con proyección pública, si en un debate parlamentario se resaltan o
aún  se exageran las facetas que hacen de ese hombre público la personificación
de una idea, no se ve la violación al derecho fundamental de la imagen. Esa
imagen política está dentro del ámbito político y si lo que se pone en tela de
juicio está en relación con esos actos públicos, ya más que de imagen lo que se
trata es de actividad política.
7.3- En cuanto a la honra y el honor, los
conflictos entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra
se han resuelto de acuerdo con el sistema político, es el caso alemán, en el
cual se preferencia la honra al magnificar la dignidad, y en otros, por el
contrario, se afirma el predominio de la libertad de expresión como en el caso
norte-americano, a partir del derecho a la información de la opinión pública;
de todas maneras hay necesidad de desarrollar dos ideas: que hay que distinguir
entre libertad de información y libertad de expresión, y que ambas tienen sus
límites, lo principal es que para resolver valores en juego, hay que acudir a
la ponderación en lo fáctico.
7.3.1- Hay que darle un sentido riguroso,
porque tienen diferente intensidad, a la libertad de expresión y a la libertad
de información. Al respecto dice JOSE ENRIQUE BUSTOS PUECHE:
“Esta distinción
nada tiene de novedosa y es bién conocida en la doctrina y en la
jurisprudencia. Sin embargo, si llamo la atención sobre ella es porque no
siempre la veo presente en las sentencias, presente en sentido operativo,
eficaz. En efecto, en ocasiones, se relacionan una serie de condiciones o
requisitos para el ejercicio de ambos derechos como si fuera posible predicar
los mismos respecto del derecho de libre expresión y del de libre información.
por ejemplo, se habla del valor veracidad, cuando éste sólo es referible a la
información, pero no tiene sentido respecto a la libre expresión del
pensamiento o libertad de opinión ideológica”[21].
Particularmente importante es lo anterior
porque la inviolabilidad de la OPINION de los congresistas está más cerca de la
libertad de expresión que de la información, especialmente si esa opinión es
vertida en un debate donde unos Senadores consideran la actuación de un
funcionario como un error de perspectiva histórica.
Los Congresistas (y, con mayor razón si son
de oposición) pueden válidamente criticar y sus opiniones expresadas en
ejercicio de sus funciones se tornan inviolables siempre y cuando no se violen
los derechos fundamentales. En este aspecto ha sido muy preciso el Tribunal
Constitucional Español:
“Este Tribunal ha
afirmado reiteradamente que las libertades del artículo 20 de la Constitución,
no son solo derechos fundamentales de la persona, sino también significan el
reconocimiento y garantía de la oposición pública libre, que es una institución
ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado
democrático, estando estas libertades dotadas por ello de una eficacia que
trasciende a la común y propia de los demás derechos fundamentales, incluido el
honor”[22].
Además, la
crítica a las actividades de los gobernantes y administradores tiene que ver
con la formación de una opinión pública libre y en algunas ocasiones es el
único medio para ilustrar a los ciudadanos, luego cumplir con este menester no
significa vituperar al funcionario contra quien se dirigen las críticas.
7.3.2- Por
supuesto que lo anterior no significa que se exima de calificar en cada caso
concreto, si una extralimitación del derecho de expresión merma el honor o la
honra. En esta situación lo primero que hay que analizar es si verdaderamente
lo que está en tela de juicio es el honor individual, porque si la opinión hace
referencia a un comportamiento público de carácter institucional o político, es
lógico que prevalece el derecho de opinión del congresista.
Si en el
debate no se afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales,[23] si la intromisión no
es indebida y se ciñe únicamente a la crítica a la actuación oficial del
funcionario, no se ve  por qué esto puede catalogarse como violación al derecho
a la honra, el honor o la intimidad. Si un enjuiciamiento de estas últimas
características conllevara afectación de tales derechos, prácticamente
desaparecería el control político a los actos de los servidores públicos y,
sobre todo, el control a quienes tienen una particular importancia en la
sociedad y el Congreso perdería una de sus razones de ser.
Es el juez de
tutela quien escudriñará en el caso concreto si se afectó o no el núcleo
esencial. Si cree que no se afectó en razón de las facetas particulares
de los derechos fundamentales en cabeza de un personaje público, no por eso se
le restringe al interesado su posibilidad de acudir él, directamente, a
jurisdicciones diferentes a la Constitucional, máxime si se trata de presunta
injuria y calumnia porque en éstas la querella es indispensable para que entre
a funcionar la rama judicial.
8.- LA
INVIOLABILIDAD DE LA OPINION DE LOS CONGRESISTAS FRENTE A LA DIGNIDAD HUMANA
El derecho a
la dignidad impregna todo el ámbito de la Carta. Ya esta Corte Constitucional
ha expresado su alcance en los siguientes términos
"Según el artículo 1o. de la Constitución, Colombia es una
República fundada, entre otros valores, en el respeto a la dignidad humana. Y
de conformidad con el inciso final del artículo 53, la ley no puede menoscabar
la libertad y la dignidad humanas.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué es la dignidad humana?
Según Kant, "...el hombre, y en general todo ser racional, existe
como un fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o
aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo,
sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al mismo
tiempo como fin." Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en
sí mismo, enuncia este imperativo categórico: "Obra de tal modo que
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro,
siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio." ("Fundamentación
de la Metafísica de las Costumbres", y otros escritos, Ed. Porrúa S.A.,
México 1990, pág. 44).
En relación con la teoría de Kant sobre la persona, afirma Recasens
Siches:
"En este sentido dice que los seres racionales se
llaman personas en tanto que constituyen un fin en sí mismo, es decir, algo que
no debe ser empleado como mero medio, algo que, por consiguiente, encierra
albedrío. La persona es un ser enteramente diverso de las cosas, diverso por su
rango y dignidad. Personalidad es "libertad e independencia del mecanismo
de toda la naturaleza". Conviene, pues, subrayar que en Kant el concepto
de persona surge a la luz de una idea ética. Esto es, la persona se define no
atendiendo sólo a la especial dimensión de su ser (v.gr., la racionalidad, la
indivisibilidad, la identidad, etc.), sino descubriendo en ella la proyección
de otro mundo distinto al de la realidad, subrayando que persona es aquel ente
que tiene un fin propio qué cumplir por propia determinación, aquel que tiene
su fin en sí mismo, y que cabalmente por eso posee DIGNIDAD, a diferencia de
todos los demás, de las cosas, que tienen su fin fuera de sí, que sirven como
mero medio a fines ajenos y que, por tanto, tienen PRECIO. Y ello es así,
porque la persona es el sujeto de la ley moral autónoma, que es lo único que no
tiene un valor solamente relativo, o sea un precio, sino que tiene un valor en
sí misma y constituye así un autofín..." ("Filosofía del Derecho" y
"Estudios de Filosofía del Derecho", Giorgio Del Vecchio y Luis
Recasens Siches, UTEHA, México 1946, Tomo I, pág. 353).
El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es un fin en
sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines ajenos a él."[24]
En otra sentencia se consignó:
“La dignidad, como
principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser
limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que a menudo sí acaece
con los derechos que deben necesariamente coexistir con otros y admiten
variadas restricciones.
La naturaleza de principio
que ostenta la dignidad humana, impide que su desconocimiento pueda ser
alegado de manera principal y única como causa de la acción de tutela. Sin
embargo, ella se resiente cada vez que una acción u omisión de una autoridad pública
viola o pone en peligro un derecho fundamental. Además del quebrantamiento de
un derecho fundamental, el accionante de la tutela puede invocar - como ocurre
en el presente caso - el agravio infligido a su dignidad humana, y así el Juez
podrá apreciar en su fallo tanto la conculcación del derecho como la
profanación a la dignidad.[25]
Y, el Magistrado
Vladimiro Naranjo explica:
"La dignidad
humana exige pues que al hombre, en el proceso vital, se le respeten también su
salud y su integridad física y moral, como bienes necesarios para que el acto
de vivir sea digno. De ahí que el derecho a la integridad física y moral consiste
en el reconocimiento, respeto y promoción que se le debe a todo individuo de la
especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y espiritual, con el fin de
que su existencia sea conforme a la dignidad personal.”[26]
JESUS GONZALEZ PEREZ  indica cuando se tomó
conciencia  , en el campo normativo, del respeto a la dignidad humana:
"Ha sido al
final de la segunda guerra mundial  cuando este movimiento adquirió su momento
culminante. La humanidad que salía de una de las terribles guerras que había
conocido en su historia trataba de iniciar una nueva era, en la que la
convivencia entre los pueblos tuviera su fundamento en el respeto a la dignidad
humana. Así se declaraba por los Estados reunidos en la Conferencia de San
Francisco de 1945, al aprobar la Resolución de  "preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra...; a reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones
grandes y pequeñas.".." [27]
La dignidad, pues, dentro de la historia
del constitucionalismo supone como  función conseguir el pluralismo para  la
convivencia pacífica, en un Estado democrático. El Tribunal Constitucional
Federal Alemán, precisa este aspecto:
"En el
ordenamiento liberal democrático la dignidad del hombre es el valor superior.
Por lo mismo el hombre goza de una personalidad capaz de organizar su vida de
un modo razonable. Su dignidad exige que se garantice el más amplio desarrollo
posible de su personalidad".
Si la dignidad infunde todo el ámbito de la
Carta, podría colegirse, que sería intocable. Es indudable que una crítica, por
leve que sea, afecta el concepto de dignidad de la persona contra quien se
dirige el reproche. Pero, en el ámbito del derecho, no toda apelación a la
dignidad supone su violación, y, es labor del Juez distinguir entre la
afectación al núcleo esencial y la necesidad de coordinar la existencia de la
dignidad con otros derechos fundamentales o con la garantía institucional de la
inviolabilidad de las opiniones de los Congresistas en ejercicio de sus
funciones.
Esto nos ubica dentro del tema de la
concurrencia o cohabitación de derechos fundamentales con garantías
institucionales. Esta misma Sala de Revisión había expresado[28]:
“Al rededor del
universo de los derechos fundamentales gira protectora la acción de tutela.
Cuando surgen fricciones interpretativas por la necesidad de defender un número
plural de derechos humanos, la solución justa no puede limitarse al
reconocimiento de uno de aquellos en detrimento de los demás.
Las antinomias
que surjan  (contradicción entre  dos principios racionales) ya no requieren
para su correcta definición de sutiles elucubraciones lógicas; los actuales
criterios referentes a los derechos y libertades humanos permiten la
coexistencia entre derechos que  parecería  se excluyen entre sí. La
Declaración Universal  de Derechos Humanos  de 10 de diciembre de 1948, habla
del respeto, sin exclusión, de todos los derechos y libertades allí
consagrados, y desde el Preámbulo resalta el reconocimiento de "los
derechos  iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana".
Esta Corte
Constitucional, acogiendo tal orientación, reiterada en los Considerandos del
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales ya habían
planteado este tema de la cohabitación de los derechos en la siguiente forma:
"El problema
siempre latente entre el derecho de uno y del otro en punto a cuál prima y en
que momento, es uno de los capítulos más apasionantes de la interpretación
jurídica. Varias son las hipótesis que plantea el fenómeno de la coexistencia
de derechos de manera independiente que, ante su concurrencia en el mismo
espacio de ejecución, producen distintos efectos, el más extremo de ellos es el
de que un derecho elimina la existencia del otro titular: en un mismo derecho,
el derecho a mi propia vida excluye en determinadas circunstancias el derecho a
la propia vida de mi semejante (estado de necesidad, legítima defensa); la
exclusión de un derecho por la existencia concurrente de otro de distinta
naturaleza, tal el caso de la primacía del derecho fundamental sobre los
derechos asistenciales o del medio ambiente que el mismo texto constitucional
establece (artículo 5º). Igualmente se presenta la hipótesis de concurrencia de
derechos, que no excluye o elimina el derecho del otro sino que establece
prelaciones en el tiempo entre uno y otro, tal el caso de un derecho que
pospone la efectividad del otro, de un derecho amparado por un privilegio de
oportunidad, como el derecho de la autoridad pública frente al derecho del
particular, derecho de la primera a expropiar y posteriormente, y en
determinadas circunstancias temporo-espaciales, a indemnizar el derecho a la
propiedad suprimido". (T- 612/92, Ponente Alejandro Martínez Caballero)”
Para que sea viable la concurrencia o
cohabitación de derechos y garantías constitucionales es necesario que no se
afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales o la imágen maestra de
las garantías institucionales. Para el caso de la inviolabilidad de las
opiniones de los Congresistas es fácilmente detectable la imágen maestra de
esta garantía institucional: es el control político como esencia de la
democracia, ésta es una de sus funciones esenciales. Al contrario, en el
derecho a la dignidad, la cuestión es difícil porque en el lenguaje común y
corriente la dignidad tiene un ámbito muy extenso, pero para la Constitución
qué es la dignidad?
Ya se dijo que la dignidad se
constitucionaliza cuando era impostergable derrotar las intolerancias y lograr
la convivencia pacífica, así ocurrió en Europa después de la segunda guerra
mundial. En Colombia, estos fueron los propósitos en 1991. Es decir, la
dignidad entra a la Constitución de la mano con el pluralismo político para
lograr la CONVIVENCIA PACIFICA.
Eso explica por qué el artículo 1º de la
Constitución del 91 caracteriza a Colombia como un Estado Social de derecho, fundamentado
precisamente en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, en la
solidaridad y en la prevalencia del interés general. Esta acepción de la
dignidad  permite entender con mayor facilidad la concurrencia o cohabitación
de los derechos fundamentales y las garantías esenciales. Por supuesto que el
Juez de tutela debe tener en cuenta la correlación entre deberes y derechos establecida
en el artículo 32 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice:
“1.Toda persona
tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos
de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad
de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad
democrática.” (subraya fuera de texto).
En las sociedades democráticas los núcleos
esenciales de los derechos  fundamentales son absolutos como lo declara el
artículo 4º del Pacto  Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, al exigir que tales derechos SOLO pueden ser limitados  por la ley
en la medida compatible "con la naturaleza de esos derechos", dicho
en otra forma: su núcleo esencial o las imágenes maestras de las garantías
institucionales son intocables. Esta inter-relación implica que hay entre ellos
complementación. Perfectamente pueden cohabitar o concurrir, por ejemplo, el
derecho a la inviolabilidad de las opiniones de los congresistas en ejercicio
de sus funciones con el derecho a la dignidad de la persona respecto de la cual
se produjo dicha opinión, siempre y cuando no se afectan los núcleos o la
imágen maestra. Es la función de cada derecho o garantía institucional,
la que califica. Se repite: la función de la inviolabilidad de las opiniones de
los congresistas es no impedir el control político, la función de la dignidad
es el desarrollo del proceso vital del hombre en un clima de convivencia que
fortalece el Estado social de derecho.
Si no hay extralimitación en la tantas
veces citada inviolabilidad de opinión de los congresistas, no hay razón lógica
para estimar que se vulnera la dignidad de un ciudadano, porque, siendo el
ejercicio del control político esencial a la democracia, y, siendo la dignidad
expresión del nuevo Estado Social de Derecho, que históricamente tiene como uno
de sus pilar la CONVIVENCIA, necesariamente se concluye que si el control
político fortifica la democracia, esto repercute indudablemente en mayor
protección real a la dignidad de los asociados, o, como dice PECES-BARBA: “se
generaliza la dignidad”.
Ni más faltaba que los Congresistas, en los
debates, no pudieran expresarse con las innumerables modalidades que permite la
RETORICA. Una de esas formas, muy utilizada en los parlamentos, es la reducción
de los lugares.  PERELMAN  en su “Tratado de la argumentación”, hace referencia
a esta táctica:
"Para
acentuar lo terrible de una herejía o de una revolución, ora recurriremos a los
lugares de la cantidad, mostrando que esta herejía  acumula todas las herejías
del pasado, que esta revolución amontona desórdenes tras desórdenes más que
ninguna otra, ora apelaremos a los lugares de la cualidad, indicando que la
herejía preconiza una desviación totalmente nueva o un sistema que nunca antes
existió"[29]
Claro que el ideal sería la más absoluta
discreción y respeto, pero al calor de la confrontación ideológica, es utópico
exigirlo. Es más, aún dentro del clima sosegado de la confección de una
sentencia judicial, ya esta Corte Constitucional consideró que era INEXEQUIBLE,
lo que establecía el proyecto de Ley estatutaria de la justicia,  artículo 55:
"Así mismo en ningún caso le será permitido al funcionario ni a los
sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que
intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones
jurídicas que de ellos se deriven".[30]
Si esta prohibición es inconstitucional para los jueces en la elaboración de
las providencias judiciales, no tendría sentido constitucionalizar la
prohibición para los parlamentarios quienes gozan de inviolabilidad en sus
opiniones en ejercicio de sus funciones, en virtud de un precepto
constitucional expreso. No se puede, mediante tutela establecer un
METALENGUAJE[31].
Será la jurisdicción ordinaria, para los eventos en que no se afecta el núcleo
esencial de la dignidad, quien estudiará los efectos de una opinión que el
afectado considera le hubiere ocasionado perjuicios, como en el caso de una
presunta calumnia o injuria.
9. EL DERECHO A LA VIDA
Aunque no hay una relación de causalidad
entre las opiniones vertidas por los Senadores y que originan esta tutela y el
peligro que corre el Secretario de Gobierno de Antioquia, según se explicará en
el capítulo posterior, de todas maneras es interesante reiterar la
jurisprudencia de la Corte, sobre proyección al derecho a la vida, tan
necesitada de amparo porque “desde hace muchos años, el país se encuentra
sometido a una permanente situación de inseguridad y de violencia. Si bién en
un principio se consideró que esta circunstancia se explicaba fundamentalmente
como el producto de la violencia política y el narcotráfico, por lo menos desde
el informe que presentó la Comisión de Estudios sobre la violencia, convocada
durante el gobierno del presidente Barco, es claro que la violencia en el país
es un fenómeno social de carácter general, que se encuentra en cualquier lugar
y se manifiesta por cualquier razón”[32].
Esta Sala de Revisión había dicho:
1. El derecho
a la vida en la Constitución de 1991
A nivel
constitucional la vida es el primero de los derechos de la persona humana;
además es un valor constitucional de carácter superior y su respeto y garantía
aparece consagrado como un principio del ordenamiento jurídico político.
El Preámbulo de
la Constitución del 1991 así lo consagra.
Asegurar la vida,
no es solo el derecho subjetivo que se tiene sobre la vida, sino la obligación
de los otros a respetar el derecho a seguir viviendo o a que no se anticipe la
muerte; en este sentido amplio está el Preámbulo de la Constitución Política.
Por su parte el
artículo 2º consagra los fines esenciales de la Constitución entre ellos
la protección a la vida de las personas residentes en Colombia, protección que
ya estaba consagrada en la Constitución de 1886 y en la de  Rionegro (1863)
pero que cobra gran importancia en la Nueva Constitución por la consagración
expresa que se hace a la inviolabilidad de la vida[33].
2.  El derecho
a la vida es inviolable y debe ser protegido por el Estado y los particulares.
Así lo establece
el artículo 11 de la Constitución: “El derecho a la vida es inviolable. No
habrá pena de muerte”. Y el artículo 6º dice: “Los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”,
con ello se está indicando que si un particular viola o amenaza el derecho a la
vida, es responsable no solo en la esfera de lo penal, policivo o civil, sino
también en el ámbito Constitucional. Este derecho fundamental adquiere dentro
del Estado Social de Derecho una dimensión objetiva, como bien lo ha expresado
esta Corte. La fuerza vinculante de este derecho, como la de los demás derechos
fundamentales, se hace extensiva a las relaciones privadas, aunque es el Estado
el principal responsable de su protección, garantías, respeto y desarrollo. Al
respecto la Corte estableció:
“Si mientras la
Constitución protege el derecho a la vida, el legislador no hace punible el
delito de homicidio, y el juez no cumple eficazmente con su función judicial,
un homicidio impune es, no solamente la vulneración de un derecho fundamental
por parte de un particular, sino, en última instancia, un hecho cuya
responsabilidad compete directamente al Estado”.[34]
Se repite: no
solamente el Estado es responsable de proteger la vida a los asociados, sino
que el derecho a la vida, como todos los derechos fundamentales, es también
responsabilidad constitucional de los particulares.
Queda, entonces,
claro que la protección a la persona humana se concreta frente a los actos u
omisiones del Estado como de los particulares.
Es mas, la
protección del derecho a la vida no debe ser sólo de carácter formal ni
abstracto sino fáctico y mirando al futuro como protección y al presente y al
pasado como respeto.[35]”
EL CASO CONCRETO
El doctor Pedro León Moreno Villa es
Secretario de gobierno de Antioquia y tiene actitudes que esta Corte no puede
ni elogiar ni criticar, pero sí admitir que a consecuencia de ellas ha
adquirido una proyección nacional.
Por tal razón, según ya se explicó, sus
derechos a la intimidad, honor, honra e imagen, quedan, en cuanto no se afecten
sus núcleos esenciales, expuestos a los riesgos propios del personaje público.
En cuanto a las expresiones que durante un
debate hicieron los Senadores Valencia y Motta, al objetar el primero el
desarrollo de las Cooperativas “Convivir”; porque según el Senador conducen
inexorablemente al paramilitarismo, criticando la visión que el Secretario de
Gobierno tienen sobre tales organizaciones cooperativas, y al relacionar el
segundo, el sustento del paramilitarismo, y al enjuiciar la promoción que de
las asociaciones “Convivir” hace dicho Secretario de quien dice es
“suficientemente conocido por el pueblo antioqueño” por sus vínculos con los
paramilitares, son opiniones que se ubicaron dentro del contexto del debate que
se hacía sobre la gravísima situación de Urabá, puesto que se discutían las
tácticas y estrategias para obtener la paz. La dureza de las expresiones de los
Senadores tienen trascendencia política, pero no invadieron en ningún instante
la vida íntima del doctor Moreno ni de su familia, se refirieron a su forma de
ser frente a un problema crucial y esto no implica violación de sus derechos
constitucionales. Respecto a las referencias al paramilitarismo, un Senador
hizo críticas generales y el otro empleó frases de construcción gramatical de
sentido impersonal que, al ser considerados por el doctor Moreno Villa como
violatorias de los derechos fundamentales, obligan al juez constitucional a
ponderar cuál tendría preferencia: si la garantía institucional a la
inviolabilidad de la opinión de los congresistas o los de honra, honor e imagen
del Secretario de Gobierno; se opta por el primero porque las opiniones
respondieron al derecho al control político, porque al personaje público se le restringe
en parte la amplitud de sus derechos fundamentales y, especialmente, porque las
opiniones no atentaron contra el núcleo esencial de los aludidos derechos, ni
contra la esencia de lo que debe ser. Además, como también se explicó
anteriormente, otra es la via judicial para que el actor de esta tutela haga el
reclamo. La jurisdicción constitucional no puede dar órdenes pedidas por el
actor porque implican que se suplante al querellante legítimo, menos si se
plantean dentro de una tutela mecanismo transitorio, cuando ni siquiera hay
prueba de que el solicitante hubiera presentado querella penal por los
presuntos delitos de calumnia e injuría. Se repite, el juez no puede suplantar
al querellante.
En cuanto al derecho de dignidad del
accionante, puesto al frente de la garantía institucional a la inviolabilidad
de las opiniones de los congresistas, se recalca que el núcleo esencial de
aquella es el desarrollo del proceso vital del hombre en CONVIVENCIA, esa fue
la finalidad y función de su consagración constitucional, no es la dignidad la
apreciación subjetiva de quien la invoca, esta apreciación del sujeto le sirve
al juzgador como punto de partida pero no de calificación, luego, para el caso
que se juzga, no puede pasar desapercibido algo que surge del expediente: que
atenta contra la convivencia la manera como el actor califica a los Senadores
en el escrito que el mismo doctor Moreno aportó, como anexo a esta tutela, esto
desdibuja la razón inmanente de la dignidad, como también es indicio que en la
Asamblea Departamental de Antioquia hubiera expresado el doctor Moreno algo que
precisamente dió piso a las críticas que se le hicieran en el Congreso, en
efecto, ningún bién le hace a la democracia y a la convivencia pacífica que el
solicitante hubiera dicho: “yo creo que el Estado nuestro, no está en capacidad
de responder y garantizar la vida a nadie, entonces si no está en capacidad yo
creo que debe dejar que la comunidad se defienda”. Se dirá que también los
Senadores atentaron contra la convivencia al emplear términos duros en el
debate, la verdad es que tanto éstos como aquél, en su lenguaje acuden a las
llamadas “técnicas de ruptura” que se alejan de toda convivencia, pero en
ninguno de los dos casos se puede considerar que exista violación al núcleo esencial
de las respectivas dignidades, menos aún cuando se lanzan frases dentro de
controversia amparada por la inviolabilidad de las opiniones de los
Congresistas, y dichas frases, en verdad, no alcanzan a afectar el núcleo
esencial de los derechos fundamentales.
Claro que el comportamiento del actor no
deslegitima el derecho que tiene para exigir el respeto a la dignidad. Pero, si
ilustra al juzgador. Además, no es esta tutela la via adecuada en este caso
porque, como ya se dijo respecto de los otros derechos fundamentales, el mismo
interesado cree que hay otra via judicial, esto se deduce cuando plantea el
mecanismo transitorio. Mecanismo que no es viable en el presente caso puesto
que el perjuicio irremediable necesario para que una tutela prospere como mecanismo
transitorio, requiere de varios elementos, uno de los cuales falla
ostensiblemente: el de la inmediatez, como que la tutela sólo fue presentada
seis meses después del debate que motiva esta acción. Además, no se podría en
ningún momento dar la orden en el término de cuatro meses que establece el
artículo 8º del decreto 2591 de 1991, ya que es de la esencia de la querella la
iniciativa propia en la presentación y, el doctor Moreno Villa ha demostrado
todo lo contrario, al exigir que sea el Juez de tutela quien le ordene a los
Fiscales y la Corte Suprema de Justicia iniciar la investigación penal por
tales delitos, cuestión que es a todas luces impropia porque, se repite, la
justicia para esos casos sólo opera a través de la querella, tan es así que,
pese a haber prosperado la tutela en segunda instancia en la Corte Suprema,
dicha Corporación no tomó la determinación que el actor impetró. Mucho menos es
de recibo que al no prosperar la tutela, se ordene, como lo pide el doctor
Moreno, que los senadores se ratifiquen en los cargos que, según el accionante,
le formularon, procesalmente, si no prospera una tutela no puede prosperar una
petición subsidiaria.
Respecto a la violación del derecho de
propiedad, no se vé cómo un debate parlamentario sobre la situación de Urabá y
una crítica fuerte al paramilitarismo y a las asociaciones Convivir impliquen
la vulneración de derechos de propiedad en cabeza del accionante. Si para
defender la vida hay que adoptar medidas preventivas que implican una erogación
patrimonial, ello se debe, prioritariamente, a la situación existente desde
mucho antes del debate y que nos hace decir con profunda tristeza que en
algunas partes de Colombia la vida vale menos que nada.
Por último, no hay relación de causa a
efecto entre las opiniones de los Congresistas y el peligro que corra el sujeto
activo de la tutela. Sin embargo, a nadie escapa que en un país tan violento,
hay unos temas que no debieran ser vedados, como el de la paz, pero la
realidad es que al tomar partido sobre los diversos caminos que de buena fé la
gente propone, se corre el absurdo riesgo de perder la tranquilidad por culpa
de quienes son parte activa en el conflicto armado. Un ejemplo de ello es que
tanto los dos Senadores como el Secretario de Gobierno han visto aumentar las
amenazas en su contra, pero en ningún caso puede haber responsabilidades mutuas
entre ellos.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por autoridad de la Constitución
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala Civil, en la tutela de la referencia, y, en su lugar CONFIRMAR
la de primera instancia, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá, pero por las razones expuestas en el presente fallo. Queda así denegada
la tutela.
Segundo.-
Para efectos del artículo 36 del decreto 2591 de 1991 el juzgador de primera
instancia hará las notificaciones y tomará las determinaciones del caso.
Tercero.-
Envíese copia de esta sentencia al Defensor del pueblo, al Presidente del
Senado de la República, al Gobernador de Antioquia y al Ministro del  Interior
Cuarto.-
No hay lugar a costas porque la tutela no fue temeraria. Ni a indemnización de
perjuicios porque la acción de tutela no prosperó.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese
en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
JULIO CESAR ORTIZ GUTIERREZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaría
General
[1]Así se hizo por esta Sala de Revisión cuando un Juez ordenó en
fallo de tutela levantar la reserva dentro de un proceso de adopción , en tal
ocasión, también era necesario decretar y practicar unas pruebas y por eso se
tomó la medida cautelar.
[2]El artículo 25 se declaró exequible mediante sentencia C-543/93,
Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo
[3]Magistrado Ponente: Pablo Cáceres Corrales, Gaceta Judicial CCIX,
#2448, págs. 213 y ss. Demanda presentada por Alvaro Tafur.
[4]Diccionario de expresiones y frases latinas, Victor José Herrero.
[5]Magistrado Ponente: Germán Giraldo Zuluaga, 17 marzo /81.
[6] Sentencia T-443/95, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
[7] Lecciones de derecho constitucional, p. 149, 3º edición,
Ediciones Lerner.
[8] Constitucionalismo colombiano, p. 346, 8ª edición, editorial
Temis.
[9] Teoría de la constitución, Editora Nacional, Mexico, pág. 197.
[10] Sentencia C-245/96, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[12]GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. La Lucha contra las inmunidades del
Poder. Cuadernos de Civitas. Tercera edición. Editorial Civitas S.A. Madrid
1983 págs. 31 y 32
[13]Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor
Eduardo García de Enterría. Tomo I. El ordenamiento jurídico. Editorial Civitas
S.A. Madrid 1991. Pág. 94
[14] Ibidem
[15] Las normas se dividen en PRINCIPIOS y REGLAS. Los conflictos
entre reglas se solucionan con cláusulas de excepción o declarando inválida la
regla anterior. En las colisiones de principios no se declara inválido uno de
ellos, ni se establece cláusula de excepión, sino que la tensión se soluciona
por el mayor peso en el CASO CONCRETO y continúan en el universo jurídico ambos
principios.
[16] G.J. T. XXXVI, #1832, p.193.
[17] RECASENS SICHES, Luis, “Introducción al Estudio del Derecho.
Editorial Porrua, S.A. Octava Edición, México, 1990, pág. 236.
[18] GIRALDO ANGEL, Jaime. (Metodología y Técnica de la Investigación,
6a. edición, Ediciones Librería del Profesional) enseña que la interpretación
sistemática exige no perder de vista la totalidad porque el derecho es un
conjunto de normas y una norma es algo en función del todo a que pertenece.
[19] En la sentencia SU-056/95, que definió la tutela contra Germán
Castro Caycedo por su libro “La bruja”, la Corte dijo que el derecho a la
intimidad es aquél que protege el ámbito personalísimo del individuo y su
familia del conocimiento e ingerencia de extraños. El derecho al buén nombre
hace referencia al merecimiento o aceptación social que posee una persona conforme
a su comportamiento en la comunidad. El derecho a la información comprende la
propensión innata del hombre hacia el conocimiento.
La libertad  de expresar y difundir pensamientos y opiniones,
tiene doble vía: de un lado protege la facultad de difundir las ideas, juicios
y conocimientos, pero de otra parte comprende el derecho de las personas de
acceder a una información ajustada a la verdad.
[20]Relatividad y abuso de los derechos, Louis Josserand, editorial
Temis, 1982.
[21] Prevalece la libertad de expresión sobre el derecho al honor?,
pág. 12, editorial Tecnos, 1992, Madrid.
[22] Sentencia Nº 121 del Tribunal Constitucional, 3 de julio de 1989.
[23] Se entiende por NUCLEO ESENCIAL “el ámbito necesario e
irreductible de conducta que el derecho protege, con indepencia de las
modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el
núcleo básico del derecho fundamental, no susceptibles de interpretación o de
opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas”. (HABERLE
PETER, El contenido esencial como garantía de los derechos humanos).
Tratándose del honor, y entendiendo que “se encuentra integrado
por dos aspectos o actitudes íntimamente conexionadas: el de la inmanencia,
representada por la estimación que cada persona hace en sí misma, y el de la
trascendencia o exterioridad, integrado por el reconocimiento que los demás
hacen de nuestra dignidad” (definición del T.S. español -sentencia de 23 de
marzo de 1987- aceptada por nuestra jurisprudencia colombaina), se tiene que el
núcleo esencial lo integran la conjunción de esos dos factores: la inmanencia y
la trascendencia, y, para afectar el núcleo esencial hay que afectar a esos dos
factores, no solamente al factor subjetivo de quien los invoca.
[24]T-542/93, Ponente: Dr. Jorge Arango.
[25]T-401/92, Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes.
[26] Sentencia T-123/94, Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo.
[27] Jesús González Pérez, La dignidad de la persona, pág. 23.
[28] Sentencia T-345/94, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
[29] CH. PERELMAN Y L. OLBRECHTS-TYTECA, Tratado de la argumentación,
editorial Gredos, pág. 164, Madrid.
[30] C-37/96, M. P. : Vladimiro Naranjo Mesa
[31] Ver JESUS PRIETO DE  PEDRO, Lenguas, lenguaje y  derecho,
Cuaderno Civitas, Madrid.
[32] Sentencia T-242/96, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[33] En las constituciones de la República de Tunja y del Estado de
Antioquia en 1811 se estableció lo siguiente: “Dios ha concedido igualmente a
todos los hombres ciertos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles
como son: defender y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus
propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se
reducen a cuatro principios a saber: la libertad, la igualdad legal, la
seguridad y la propiedad.”
[34] Sentencia C-587/92, Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.
[35] Sentencia T-232/96, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez
Caballero.