T-857-13
ANTECEDENTES
Sentencia T-857/13
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS
INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto
por la dignidad humana de personas privadas de la libertad
DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD-Protección
constitucional e internacional
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-CIDH
ha incorporado en su jurisprudencia los principales estándares sobre
condiciones carcelarias y el deber de prevención que el Estado está obligado a
garantizar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos como
máxima intérprete de los derechos humanos en el marco del sistema
interamericano de protección, ha incorporado en su jurisprudencia los
principales estándares sobre condiciones carcelarias y el deber de prevención
que el Estado está obligado a garantizar en favor de las personas privadas de
libertad.
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA PRIVADA DE
LA LIBERTAD-Protección
integral, continua y en condiciones de calidad por parte del Estado
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración
por hacinamiento carcelario y falta de salubridad al interior de los
establecimientos carcelarios
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DEL
INTERNO EN ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS-Acceso a los servicios que requieran para
alcanzar el nivel máximo posible de salud en condiciones de eficiencia, calidad
y oportunidad
Las personas recluidas en centros
carcelarios tienen derecho a acceder a los servicios de salud que requieran sin
enfrentar barreras administrativas y sin que se les exija demostrar falta de
capacidad económica, pues esta se infiere directamente de la especial sujeción
y la suspensión y restricción de sus derechos fundamentales. En ese marco, la
Corte ha amparado diversas facetas del derecho como el derecho al diagnóstico,
la continuidad en la prestación del servicio; y, en términos generales, el
derecho a acceder a los servicios que requieran para alcanzar el nivel máximo
posible de salud en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad.
DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Vulneración por no realizar examen médico
y psicológico de ingreso, falta de personal para afiliación, registro de
internos y organización de sus historias clínicas
DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Vulneración por cuanto no cuentan con
personal médico y de enfermería para adecuada prestación del servicio de salud
ORDENES COMPLEJAS PARA GARANTIZAR DERECHO
A LA SALUD DEL INTERNO-Ordenes
para brindar una atención integral y oportuna tanto en medicina general como
especializada a personas privadas de la libertad
Referencia: expediente T-3.989.437
Acción de tutela instaurada por González
Ruiz Julio Cesar y Otro en contra de la Dirección General del INPEC, la
Dirección Regional del INPEC (Bogotá), la Dirección Regional del INPEC
(Medellín), la Directora INPEC  de Caucasia, Municipio de Caucasia y EPS
Caprecom
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veintisiete (27) de
noviembre de dos mil trece (2013).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
de tutela proferido, en primera instancia, el 30 de mayo de 2013 por el Juzgado
Penal del Circuito de Caucasia Antioquia, dentro de la acción de tutela
instaurada por los señores Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo
Cortes, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera en contra de la
Dirección General del INPEC Bogotá, Dirección General del INPEC Medellín, la
Directora del INPEC de Caucasia.
I. ANTECEDENTES
A continuación se resumen los fundamentos
fácticos relevantes que obran dentro del expediente de la acción de tutela
interpuesta por Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortes, José
Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera en contra de la
Dirección General del INPEC Bogotá, Dirección General del INPEC Medellín y la
Directora del INPEC de Caucasia.
1. Hechos
1.1. Manifiestan los accionantes que se
encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Caucasia, y que en calidad de coordinadores de patios en
repetidas ocasiones han solicitado la presencia de los representantes de los
estamentos oficiales y del Estado ante los derechos humanos, tales como: La
Procuraduría, la Personería y la
Defensoría del Pueblo con el fin de buscar posibles soluciones a la situación
de hacinamiento y buena convivencia.
1.2. Solicitan le sean tutelados y
protegidos los derechos a la vida, a la salud y a la dignidad humana, y en consecuencia,
que se ordene a los Jueces Penales de Caucasia abstenerse de dictar medida de
aseguramiento con detención intramural al Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Caucasia.
1.3. También solicitan se ordene a la
EPS Caprecom, como prestadora de los servicios de la población reclusa para
que disponga el servicio de un médico y una enfermera permanente en las
instalaciones del Centro Carcelario, así como la provisión de un botiquín de
primeros auxilios.
2. Solicitud de tutela
Con fundamento en los hechos narrados,
los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la vida,
a la salud y a la dignidad humana.  A su turno, solicitaron que se ordenara a
los Jueces Penales de Caucasia que se abstengan de dictar medidas de
aseguramiento para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Caucasia.
3. Respuesta de las entidades accionadas
3.1 Dirección General del INPEC Bogotá[1]
Por su parte manifestó que no tuvieron
conocimiento de los hechos, y que carecen de competencia para prestar servicios
de salud a los internos.  Así mismo, que el Director del establecimiento, la
EPS y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, son las que tienen
la información relacionada con el caso motivo de controversia, el primero por
ser el Jefe de gobierno interno del establecimiento de reclusión según lo
dispuesto en el artículo 36 de la ley 65 de 1993, la cual es responsable del
funcionamiento y control del Establecimiento a su cargo, la segunda por ser la
prestadora del servicio de salud y la tercera por ser el garante de que los
reclusos estén afiliados en salud, son estas tres instituciones las que deben
pronunciarse sobre el particular.
Por otro lado, manifiesta que a partir de
la expedición de la Ley 1122 de 2007, el INPEC no puede prestar servicio de
salud a los internos a través de personal de planta como lo había previsto la
Ley 65 de 1993 – Código Penitenciario y Carcelario –, sino a través de la
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En virtud del Decreto Ley 4150 del 3 de
noviembre de 2011 se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios,
así mismo, el Decreto 2496 de 2012 en el artículo 2 dispuso que esa Unidad es
la encargada de determinar la EPS a la cual se afilia la población reclusa; el
artículo 6.2 ordena a la EPS respectiva prestar el servicio de salud a los
internos teniendo en cuenta las áreas de sanidad de los establecimientos, los
cuales según el artículo 7.1 deberán ser acondicionados por la
USPC.
Que según lo anterior, los responsables
de prestar el servicio de salud a los internos en los casos de servicios de
salud contemplados en el POS, son la Unidad de Servicios Penitenciarios SPC y la
EPS Caprecom subsidiada (en el supuesto de que el interno este afiliado al
régimen contributivo en salud respondería esta), mientras en los casos de
atención en salud NO POS correspondería a la
SPC disponer de los recursos económicos requeridos, según el Decreto 2496 de
2012 artículo 10, ya sea directamente o contratando una póliza para tal fin.
Que así las cosas, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y Caprecom EPS, son
legalmente los únicos responsables de prestar en debida forma la atención en
salud requerida por el interno, y al INPEC por mandato constitucional le está
prohibido cumplir estas funciones.
Solicita desvincular a la
Dirección General de la presente acción de tutela, vincular de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 2496 de 2012
a la Superintendencia Nacional de Salud, para la supervisión del cumplimiento
de la prestación del servicio de salud por parte de la
SPC y Caprecom EPS, y constituir el litisconsorcio necesario.
3.2 Dirección Regional del INPEC Medellín
Expresó en su escrito de contestación,
que la tutela como mecanismo extraordinario, preferente subsididario y residual
no procede en el caso en estudio ya que no hay menoscabo de derechos
fundamentales de los accionantes.
Luego de hacer referencia a la situación
jurídica de los tutelantes, se centró en la instancia competente dentro del
INPEC para explicar el caso concreto. Según la
Dirección Regional del INPEC  quien está llamado a responder es el Director
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Caucasia- Antioquia, siendo obligación de este velar por las condiciones dignas
de los reclusos del respectivo centro carcelario.
Recalcó igualmente que el INPEC no puede
hacer modificaciones de los espacios carcelarios ya que esto hace parte de las
políticas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio
de Justicia y del derecho.
Manifestó que respecto de los alimentos,
las condiciones de higiene y el menú existente tienen la calidad y requerimientos
mínimos de los internos. No se presenta desnutrición. Igualmente el
establecimiento cuenta con agua potable y cada baño cuenta con el respectivo
sistema de agua para envío de desperdicios.
En cuanto a las celdas y el hacinamiento
“se reitera que ello per se, no configura una transgresión a sus
derechos fundamentales, pues esto sería apenas una característica de las
condiciones de habitabilidad de una cárcel…”.
A renglón seguido, se hace referencia a
la vinculación de la Unidad de Servicios Penitenciarios quien ahora está
cumpliendo con funciones que anteriormente se encontraban en cabeza del INPEC
en materia de infraestructura, salud, alimentación y apoyo logístico.
Relacionado directamente con la tutela
que se revisa, la Dirección Regional del INPEC se manifestó respecto de la
atención en salud. Informó, que en cumplimiento de la ley toda la población
carcelaria se encuentra vinculada al Sistema General de Seguridad Social en
Salud – SGSSS, siendo EPS-S CAPRECOM quien asumió dichos servicios a través de
un contrato de aseguramiento con todas las cárceles del país. De esta forma se
asegura la atención médica gratuita por medio del régimen subsidiado de salud,
POS y en los casos No POS, será la aseguradora QBE S.A la que asuma esta
atención.
En cuanto al hacinamiento, explicó que no
obra elemento de juicio “dirigido a demostrar una situación en particular
que ameritara intervención urgente por parte del Juez Constitucional, es decir,
que al libelo introductor no se adosó ninguna prueba que demostrara la
vulneración de un derecho fundamental de alguno de los accionantes ni se
demostró la existencia de un perjuicio con el carácter de irremediable.”
La Dirección Regional Noroeste del INPEC,  estableció que no se cumplían
los requisitos para la figura de la agencia oficiosa.
3.3 Directora del INPEC de Caucasia[2]
Manifestó que no existe una cárcel
municipal que permita albergar personas privadas de libertad de manera
preventiva en municipios como Nechi, Cáceres y Zaragoza por lo que en estos
casos son remitidos a Caucasia  sin que aporten al sostenimiento de quienes se
encuentran detenidos preventivamente.
Que los entes territoriales Nechí y
Caucasia han sido requeridos para que contribuyan con el sostenimiento de
quienes están privados de la libertad que son de su responsabilidad y ninguno
ha manifestado tener presupuestado los recursos pertinentes.
Reconoció que hay un problema de
hacinamiento. El establecimiento cuenta “con una capacidad real para
albergar hasta 63 reclusos, no obstante hospeda en la actualidad un total de
200 internos, de los cuales 106 cuentan con detención preventiva, cifra que
desborda en gran medida la capacidad de este establecimiento…”[3].
Respecto de la
Salud de los internos, expresó que la
EPS CAPRECOM es quien presta el servicio de salud.  Hasta septiembre de 2012
como parte del contrato 092 de 2011 se contó con atención intramural por parte
de un médico y un auxiliar de enfermería. Actualmente se debe trasladar a los
internos que tengan algún padecimiento de salud  al hospital Cesar Uribe
Piedrahita de Caucasia,  donde se les presta el servicio de salud. “De esta
forma “no se satisface las necesidades que en esta materia demanda este
establecimiento de reclusión… como tampoco se está cumpliendo con el examen
médico de ingreso que ordena la Ley…”[4]
3.4 Municipio de Caucasia[5]
Manifestó al despacho respecto a la
contestación del INPEC Caucasia que es cierto que los municipios tienen
obligaciones con el INPEC por los internos detenidos previamente o condenados
por contravenciones, que no es cierto que de parte del municipio exista falta
de compromiso para solucionar la crisis carcelaria y que no haya presupuestado
siquiera los recursos para cumplir con la obligación, toda vez que el
presupuesto de rentas y gastos aprobado por el Concejo Municipal para el pasado
año, contempla una partida por diez millones de pesos ($10.000.000) para la
celebración de un convenio interadministrativo. Este año se aprobó una partida
similar, faltando que el INPEC determine el destino de esos recursos y la forma
de ejecución. Qué en tanto, la
Alcaldía estaría atenta a la situación.[6]
3.5 EPS Caprecom[7]
En contestación recibida el 7 de junio de
2013, es decir, posterior al fallo de primera instancia de treinta (30) de Mayo
de 2013,  el Director Territorial  de CAPRECOM Regional Antioquia, contestó,
expresando que los internos del centro penitenciario, estaban cobijados por la
afiliación del régimen subsidiado en el marco del contrato 092 de 2011 suscrito
con el INPEC pero que expiró el 16 de julio de 2012 “consecuencia de  ello,
se dejaron de percibir los recursos que el INPEC aportaba para mantener los
modelos de atención convenidos, sin que a la fecha se haya realizado un nuevo
convenio.”
Sin embargo lo anterior, manifestó que se
garantiza la adecuada atención médica de los internos contratando los servicios
de medicina general, odontología, higiene oral, enfermería, toma de muestras de
laboratorio, Rayos X y fisioterapia con la
ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA de Caucasia.
4. Decisión judicial objeto de revisión
4.1 Sentencia de Única instancia.
El treinta (30) de mayo de 2013, el Juzgado Penal del Circuito  de Caucasia,
profirió sentencia de única instancia concediendo el amparo de tutela al
derecho fundamental a la vida digna de los internos del EPMSC de Caucasia,
interpuesto por los ciudadanos Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio
Restrepo Cortes, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera, para lo cual dio diversas órdenes al
INPEC Caucasia en aras de buscar soluciones al problema de hacinamiento.
A su vez, decidió no tutelar el derecho a
la salud, sin embargo ordenó a la Directora del EPMSC de Caucasia la gestión
del cumplimiento del contrato que existe con CAPRECOM EPSS para que se designe
un médico y una enfermera para la atención de los internos dentro del
establecimiento.
Tales decisiones las tomó con base en
jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que la restricción de
derechos que impone la privación de la libertad de los reclusos, no implica la
perdida de la dignidad humana y que en todo caso, se conservan incólumes
ciertos derechos como la vida o la integridad personal, la dignidad y la
igualdad entre otros.
Igualmente en el estudio del caso
concreto, confirmó la existencia de una situación de hacinamiento con base en
el escrito de la Directora del INPEC de Caucasia lo que constituye en todo caso
una violación flagrante de derechos fundamentales de los internos reiterando la
circunstancia del estado de cosas inconstitucional que esta Corporación ha
descrito desde 1998.
La sentencia de primera instancia consideró
la necesidad de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de los
reclusos de forma mancomunada entre los distintos niveles del INPEC y  el ente
territorial competente. Para tal efecto acogió la propuesta planteada por la
Alcaldía de Caucasia consistente en “tomar en arrendamiento una casa
aledaña donde funciona el INPEC Caucasia con el visto bueno del INPEC, siempre
y cuando se adecue para que cumpla sus objetivos”.[8]
En cuanto a la solicitud de los
accionantes para que se designe a un médico y una enfermera permanente en el
establecimiento carcelario, observó el despacho que “no se ha vulnerado el
derecho a  la salud de los internos… por cuanto no existe prueba de que se les
haya negado la prestación de algún servicio de salud por parte de EPS CAPRECOM,
como tampoco lo manifestaron en su escrito de tutela…”[9]
5. Pruebas relevantes que obran dentro del expediente
·
Acción de tutela de
fecha mayo 15 de 2013[10]
·
Contestación a la
tutela de la Dirección Regional Noroeste de Medellín.[11]
·
Contestación a la
tutela de la Dirección del INPEC de Caucasia[12].
·
Oficio
508-EPMSC.CAU.OJU-058 de fecha 16 de mayo de 2013.[13]
·
Oficio
508-EPMSC.OJU.042 de fecha 30 de enero de 2013.
·
Oficio
508-EPMSC.OJU.094 de fecha 16 de enero de 2013.
·
Convenio de
integración de servicios número 038-2012 celebrado entre el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC y el Municipio de Caucasia – Antioquia.[14]
·
Contestación a la
tutela de la Dirección General del INPEC.[15]
6. Actuación en sede de Revisión
6.1 En noviembre 01 de
2013, el despacho del Magistrado sustanciador se comunicó telefónicamente
con el señor José Nadin Arabia Abisaad, Alcalde de Caucasia, al teléfono
(574) 8391595, quien manifestó que se habían adelantado las gestiones
necesarias para cumplir la orden de tutela emitida por el juzgado Penal del
Circuito de Caucasia en el caso de la referencia. Manifestó igualmente, que no
fue posible conseguir en alquiler un local para trasladar algunos presos tal
como había ordenado el juez de tutela porque los distintos dueños de los
inmuebles se oponían a dicha solución. Por tal motivo, decidieron junto con el EPMSC
de Caucasia, realizar una ampliación dentro de la
Cárcel de Caucasia que pudiera paliar los efectos del hacinamiento que allí se
vive.
6.2. A tal efecto el Alcalde de Caucasia, señor José Nadin Arabia
Abisaad envió copia escaneada vía correo electrónico del Contrato de Obra
Pública COPMC-013-2013 de fecha treinta (30) de julio de 2013 cuyo objeto era
el “Mejoramiento de la Planta física del Centro Penitenciario del Municipio de
Caucasia- Departamento de Antioquia” el cual consta de 5 folios (obrante a
folios 10 a 14 del cuaderno 1)
6.3.Igualmente el Alcalde de Caucasia manifestó a este despacho
que se celebró el Convenio de Integración de Servicios entre el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el Municipio de Caucasia Antioquia,
mediante el cual el Municipio se obligó a asignar dentro del presupuesto
municipal un rubro para contribuir al funcionamiento del Establecimiento
penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Caucasia por una cuantía de
veinte millones de pesos (20.000.000) de los cuales, siete (7) millones
corresponden al pago de sobresueldo de los empleados del Establecimiento
carcelario, trece (13) millones para dotación de elementos y recursos
necesarios para los internos (implementos de aseo, colchonetas, almohadas,
medicamentos básicos para primeros auxilios etc.).
6.4. El Alcalde de Caucasia, señor José Nadin Arabia Abisaad envió
copia escaneada vía correo electrónico del Convenio de Integración de Servicios
entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el Municipio de
Caucasia Antioquia el cual consta en 2 folios (obrante a folios 15 y 16 del
cuaderno 1).
6.5. En noviembre 01 de 2013, el despacho del Magistrado
sustanciador se comunicó telefónicamente con la directora del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Caucasia, la
señora Yolanda Fonseca Beleño, al teléfono (574) 8399195, quien corroboró lo manifestado
por el Alcalde de Caucasia.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.- Competencia
Es competente esta Sala de la
Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción
de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86
y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes.
2.- Presentación del caso, planteamiento
del asunto objeto de revisión y problema jurídico.
2.1- Los señores Julio Cesar González
Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortes, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe
Herrera instauraron acción de tutela en contra de la
Dirección General del INPEC - Bogotá, Dirección General del INPEC - Medellín, la
Directora del INPEC –Caucasia por considerar que se vulneraron sus derechos
fundamentales a la vida digna y a  la salud.
Los accionantes se encuentran recluidos
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad  de
Caucasia conviviendo en situación de hacinamiento y viendo mermada la atención
en salud  dentro del establecimiento penitenciario al no contar con un médico
ni con auxiliar de enfermería a pesar de que hay un espacio habilitado para
ello y hasta el mes de septiembre de 2012 habían gozado de este servicio en
cumplimiento del modelo de atención en Salud que se había acordado conforme al contrato 092 de 2011 entre INPEC y CAPRECOM [16].
Problema Jurídico
2.2.- Con fundamento en lo expuesto,
corresponde a esta Sala de Revisión determinar  si se han vulnerado los
derechos  a la vida digna y la salud  de los accionantes al tener que vivir en
difíciles condiciones derivadas de  la situación de hacinamiento y de los
problemas de infraestructura carcelaria así como la mengua de la calidad de
atención sanitaria al no contar con asistencia médica intramural de la cual
venían gozando hasta septiembre de 2012.
A fin de resolver el asunto, la
Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) Los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación especial de
sujeción con el Estado que determina su alcance; (ii) el derecho fundamental a la salud de las personas
privadas de la libertad en establecimientos carcelarios y penitenciarios, para finalmente (iii) abordar el estudio del caso
concreto.
3. Los derechos fundamentales de las personas privadas de
la libertad y la relación especial de sujeción con el Estado que determina su
alcance
3.1. La
Corte Constitucional, al estudiar las condiciones de reclusión de los internos
en la Cárcel Modelo de Bogotá D.C. y Nacional de Bellavista de Medellín, en
especial las condiciones de hacinamiento, declaró mediante sentencia T-153 de
1998 que la situación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
país configuraba un estado de cosas inconstitucional, principalmente
debido a la situación de indignidad en la cual se encontraban los internos. El
fin perseguido con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional
estaba dirigido a buscar un remedio al problema carcelario y penitenciario del
país que lamentablemente aún genera violaciones generales y sistemáticas de los
derechos fundamentales, en tanto afecta una multitud de personas en estado de
reclusión y tiene origen en un problema de naturaleza estructural que para
solucionarse exige la acción mancomunada de distintas entidades.
3.2. Consideró la citada sentencia que
declaró la existencia notoria de un estado de cosas inconstitucionales en el
sistema penitenciario, lo siguiente:
“Las condiciones de hacinamiento impiden
brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de
resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que
han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha
conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas
condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un
camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en
salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general
se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines
del tratamiento penitenciario”. (…)
3.3. Se estimó en esta providencia,
previa diligencia de inspección judicial, que las condiciones de las dos
cárceles bajo examen “son absolutamente infrahumanas, indignas de una
persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de
albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su
respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.”.
En dicho fallo, esta Corporación reiteró
que si bien algunos derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertas son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son
sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos
otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por
las autoridades públicas que se encuentran a cargo de las personas presas, más aún
si se tiene en cuenta que la población reclusa se halla en una relación de
especial sujeción con el Estado.
3.4. En efecto, esta Corte ha explicado
que la especial sujeción al Estado en la que se encuentran las personas
privadas de la libertad produce importantes consecuencias jurídicas y un
impacto evidente en los derechos fundamentales de estos ciudadanos. Por tanto,
respecto de la persona privada de la libertad el Estado asume una posición de
garante, y en esa medida es su entera responsabilidad el cuidado de la vida, la
salud, la integridad física y moral, así como procurar las condiciones mínimas
de existencia digna del individuo privado de la libertad.
3.5. Así, por ejemplo, ha dicho esta
Corte que los derechos a la libertad física y a la libre locomoción se
encuentran suspendidos y, como consecuencia de la pena de prisión, también los
derechos políticos. Asimismo, derechos como los de la intimidad personal y
familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad
de expresión se encuentran restringidos, en razón misma de las condiciones que
impone la privación de la libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales
como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad
religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
salud, al debido proceso y el derecho de petición, mantienen su incolumidad a
pesar del encierro a que es sometido su titular[17].
3.6. Por esas razones, la jurisprudencia
constitucional[18]
ha enfatizado que los derechos fundamentales de los internos pueden describirse
en tres grupos: “(i) aquellos derechos suspendidos como
consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica
constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este
grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los derechos políticos
como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables
conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad
que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad
del ser humano, son ejemplo de éstos: los derechos a la vida y el derecho al
debido proceso, y por ultimo, (iii) se encuentran los derechos
restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y
tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de
resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad
en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y
familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad,
libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos
fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es importante tener en
cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se
ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.[19]
3.7. En la sentencia T-133 de 2006 se
adicionó que “derechos fundamentales como la vida, la integridad personal,
la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso y el derecho de
petición, los cuales se mantienen incólumes y, por ende, no pueden ser
limitados en medida alguna.
3.8. Ante esta relación e interacción
especial de sujeción entre la persona  interna y el Estado, según la
Corte Interamericana de Derechos Humanos[20]
este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar
diversas iniciativas especiales con el objeto de garantizar a los personas en
estado de reclusión las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna
y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna
circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva
necesariamente de la privación de libertad.
3.9. Al respecto, este órgano judicial de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha establecido que -de
conformidad con la
Convención Americana, ratificada por el Estado colombiano el 28 de 1973 y que
entró en vigor el 18 de julio de 1978-  toda persona privada de libertad
tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad
personal[21].
Además, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad
personal de los privados de libertad, en razón de la posición especial de
garante con respecto a dichas personas, y dado que las autoridades
penitenciarias ejercen un control total sobre éstas[22].
3.10. Igualmente, se ha sostenido que
todas las obligaciones que surgen para el Estado como consecuencia de ejercicio
del legítimo del poder punitivo deben estar guiadas por el respeto del principio
de dignidad humana, pues es el pilar fundamental que debe guiar las
relaciones entre las autoridades penitenciarias y los internos[23] y, además,
es una norma de jus cogens, es decir, norma imperativa de derecho
internacional obligatoria para todos los Estados y de inmediato cumplimiento
reconocida en múltiples instrumentos internacionales.
3.11. Verbigratia, la
Declaración de los Derechos Humanos de 1948 dispone que nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[24]
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[25], establecen
que los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de
acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas y que nadie debe
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3.12. En el seno de Naciones
Unidas también se han producido, además de los tratados internacionales sobre
los derechos de los reclusos, algunas normas de soft law[26]
que describen las condiciones de internamiento que deben ser garantizadas por
las autoridades penitenciarias para la plena efectividad de los derechos de las
personas privadas de la libertad. Entre ellas, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos[27]
que, como lo veremos, han adquirido en la práctica un nivel de vinculatoriedad
especial para los funcionarios judiciales; el Conjunto de Principios para la
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o
Prisión[28]
y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos[29].
3.13. En el contexto global,
ante el incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones contenidas
en los instrumentos internacionales referidos, se han producido una serie de
decisiones en el seno de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos en
las cuales se ha recurrido, especialmente, a las Reglas Mínimas para
interpretar el contenido del derecho de los presos a recibir un trato digno y
humano.
3.14. Así por ejemplo, en el
caso Potter v. Nueva Zelandia[30]
el Comité consideró que mantener a una persona privada de la libertad en
condiciones materiales inferiores a las establecidas por las Normas Mínimas
constituye una violación del artículo 10° del PIDCP, es decir, se debe
considerar un trato inhumano que atenta contra la dignidad del recluso[31].
3.15. Por su parte, en el caso
Mukong v. Camerún[32]
el Comité insistió en la universalidad del derecho a un trato digno y humano el
cual no puede depender
enteramente del presupuesto estatal, y resaltó la importancia de las Reglas Mínimas en la definición de
las condiciones materiales de reclusión que deben garantizarse en virtud del
principio de dignidad humana[33].
En este caso consideró que excepcionalmente las condiciones materiales de
detención debían considerarse un trato inhumano violatorio del artículo 7° del
PIDCP[34],
en los casos en que éstas son agravadas por otros abusos debiéndose considerar
un “trato excepcionalmente duro y degradante”[35].
3.16. Esta última posición
fue reiterada en el caso Suarez Rosero v. Ecuador[36]
en el cual, frente a un cuadro de golpes y amenazas, hacinamiento, insalubridad
y otras condiciones indignas de subsistencia dentro de un establecimiento
carcelario, la Corte consideró que se configuraba un trato cruel, inhumano y
degradante en los términos de la
Convención.
3.17. El anterior contexto internacional,
llevó a que esta Corporación asumiera desde el año de 1998 la vocería de las
minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso
a los organismos políticos. “Por esta razón, la
Corte Constitucional  está llamada a actuar en ocasiones como la presente,
llamando la atención sobre el estado de cosas inconstitucional que se presenta
en el sistema penitenciario colombiano y que exige la toma de medidas por parte
de las distintas ramas y órganos del poder, con miras a poner solución al
estado de cosas que se advierte reina en las cárceles colombianas”[37].
3.18. Ahora bien, en esta misma línea, la
Constitución Política establece dentro de su contenido sistemático que la dignidad
humana es el fundamento del ordenamiento jurídico, el artículo 1° del texto
Superior consagra una República de Colombia “fundada en el respeto de la
dignidad humana”. Así, la dignidad humana constituye un pilar fundamental y
un elemento determinante en el Estado Social de Derecho y en la democracia
constitucional que trasciende del ámbito meramente filosófico para convalidarse
en nuestro ordenamiento positivo como una norma fundante de carácter vinculante
para todas autoridades.
3.19. Como quiera que, además, el
artículo 5° constitucional reconoce sin discriminación alguna, la primacía de
los derechos inalienables de la persona; los sujetos recluidos en centros penitenciarios y
carcelarios conservan intacta e intocable su dignidad humana.
“La jurisprudencia de este tribunal ha sido
enfática al aplicar la exigencia constitucional de otorgar un trato digno a la
población carcelaria. Lo anterior, en atención a la diversidad de tratados,
convenios y acuerdos internacionales aprobados por Colombia, los cuales imponen
el respeto efectivo por la dignidad de las personas privadas de la
libertad. En este sentido, la reclusión no implica la pérdida de la
condición de ser humano; la función y finalidad de la pena, son la protección
de la sociedad, la prevención del delito y, principalmente, la resocialización del sujeto responsable del
hecho punible. En la misma dirección, es importante resaltar que el Estado está
en la obligación de procurar la función resocializadora de las personas
condenadas a penas privativas de la libertad. Por tal motivo, quienes se
encuentran purgando una pena cuentan con las garantías constitucionales de
cualquier ciudadano y, en el evento de creer vulnerados sus derechos fundamentales,
están legitimados para accionar ante los organismos judiciales en busca de la
protección de los mismos. Por esta razón, los penados podrán exigir un trato
que respete su dignidad humana, la cual va ligada inequívocamente con el
derecho fundamental a la vida digna. Lo expuesto, implica que los sujetos
sometidos a una relación de sujeción especial con el Estado podrán hacer valer
sus derechos en pro de obtener las oportunidades necesarias y los medios
precisos para el desarrollo de su personalidad humana, con el fin de que se les
garantice una vía para la resocialización. Bajo este derrotero, la dignidad
humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo
reconocimiento está ligado a los pilares políticos y jurídicos del Estado
colombiano. Es decir, es el postulado esencial para una efectiva consagración
del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución”[38].
3.20. Igualmente el principio de dignidad
humana, el cual irradia todo el ordenamiento constitucional colombiano, goza
también de un contenido prestacional, según lo ha manifestado esta Corporación,
ya que también exige a las autoridades de la
República involucradas la adopción de políticas públicas, en este caso
penitenciarias y carcelarias que conduzcan a garantizar a los internos las
condiciones mínimas de subsistencia o vida digna. Lo anterior, por cuanto las personas
en estado de reclusión no pueden adquirir por si mismos tales mínimos de
dignidad al estar privados de la libertad bajo relaciones de especial sujeción
con el Estado.
3.21. Al respecto, resulta útil traer a
colación lo preceptuado en el artículo 5° de la
Ley 65 de 1993 “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”,
el cual instituye el respeto de la dignidad humana en los establecimientos
carcelarios como contenido y principio rector de todo el sistema penitenciario
y carcelario, así:
“ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA
DIGNIDAD HUMANA. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el
respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos
humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia
síquica, física o moral”. (Subrayado fuera de texto)
3.22. En consecuencia, le corresponderá a
las entidades estatales correspondientes, entiéndase Gobierno Nacional
-Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de
Planeación Nacional e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-,
evitar la continua vulneración de derechos fundamentales de los reclusos, como
quiera que el Estado termina siendo responsable de proporcionar las condiciones
básicas para la vida digna de una persona recluida a su cargo en un
establecimiento carcelario, más cuando la dignidad humana como derecho de los
reclusos se mantiene intocable y no puede ser sujeta a limitaciones de ningún
orden o circunstancia.
“(…) La razón jurídica que explica este
compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según
el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo
cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un
deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. Las
personas recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran bajo la
guardia del Estado. Ello implica, por un lado, responsabilidades relativas a la
seguridad de los reclusos y a su conminación bajo el perímetro carcelario y,
por el otro, responsabilidades en relación con las condiciones de vida de los
reclusos[39]”
3.23. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos como máxima intérprete de los
derechos humanos en el marco del sistema interamericano de protección, ha
incorporado en su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones
carcelarias y el deber de prevención que el Estado está obligado a garantizar
en favor de las personas privadas de libertad[40].
En particular, ha establecido esta
Corporación Internacional los siguientes once criterios sintetizados en la
sentencia de 27 de abril de 2012, caso Pachecho Turuel y otros vs Honduras,
totalmente aplicables al estado de cosas inconstitucional del sistema
penitenciario colombiano:
i)   “el hacinamiento constituye en sí
mismo una violación a la integridad personal[41]; asimismo,
“obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros
penitenciarios”[42];
ii)   “la separación por categorías
deberá realizarse entre procesados y condenados y entre los menores de edad de
los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el
tratamiento adecuado a su condición[43];
iii)   todo privado de libertad tendrá acceso
al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de
suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes
de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia[44];
iv)   la alimentación que se brinde, en
los centros penitenciarios, debe ser de buena calidad y debe aportar un valor
nutritivo suficiente[45];
v)    la atención médica debe ser
proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario[46]
y a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;
vi)   la educación, el trabajo y la
recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios[47], las cuales deben ser
brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la
rehabilitación y readaptación social de los internos;
vii)  las visitas deben ser garantizadas en
los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido
puede ser contraria a la integridad personal en determinadas circunstancia[48];
viii)  todas las celdas deben contar con
suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas condiciones
de higiene[49];
ix)  los servicios sanitarios deben contar
con condiciones de higiene y privacidad[50];
x)   los Estados no pueden alegar
dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan
con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la
dignidad inherente del ser humano[51],
y
xi) las medidas disciplinarias que constituyan un trato
cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales[52], la
reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda
poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibida[53].
3.24. Visto el anterior panorama es
indiscutible que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y la normatividad nacional[54] que regulan
las condiciones de internamiento de los reclusos no son más que una respuesta a
este marco de regulación internacional y a la realidad nacional vigente que
deja al descubierto la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles
colombianas debido a la manifiesta sobrepoblación y las delicadas condiciones
de salubridad que tienen que sufrir los internos.
3.25. Puede concluirse parcialmente entonces,
que se han consolidado ciertos deberes positivos en cabeza del Estado
colombiano conforme a los cuales, en los establecimientos de reclusión, siempre
deberá prevalecer el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los derechos humanos que han sido reconocidos de forma universal[55].
Por esta razón, “toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho
punible, tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”[56].
Esta es la causa que motiva también la idea de que toda persona privada de
la libertad deberá tener derecho a “recibir en el lugar de reclusión un
tratamiento acorde con el respeto de los derechos humanos, como los de no ser
víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos”[57].
3.26. La
Corte Constitucional también
ha sido enfática en que esas relaciones deben sustentar unos principios
constitucionales que autoricen el sometimiento jurídico, especial y estricto
del administrado. En el caso de las personas privadas de la libertad, la
disposición de una estructura administrativa para implementar centros de
reclusión penal, tiene como fin garantizar la posibilidad de que el Estado
aplique penas privativas de la libertad (artículo 28
C.N). A su turno, dichas penas tienen una “función protectora y preventiva,
pero su fin fundamental es la resocialización”[58], en tal sentido,
las amplias potestades reconocidas a favor del Estado en el marco de las
relaciones de sujeción, encuentran justificación en cuanto puedan ser
consideradas mecanismos idóneos para alcanzar la resocialización
de los responsables penales. Sobre el particular ha afirmado esta
Corporación:
“(…) la restricción a los derechos
fundamentales de los reclusos, derivada del ejercicio de las facultades de las
autoridades carcelarias, sólo es viable en cuanto tienda a hacer efectivos los
fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización
del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro
de las prisiones. Si bien estas facultades son de naturaleza discrecional,
encuentran su límite en la prohibición de toda arbitrariedad (C.P., artículos
1°, 2°, 123 y 209) y, por tanto, deben ejercerse con sujeción a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad”[59].
(Subrayas fuera del
texto original)
3.27. Esta postura ha sido asumida por la
Corte Constitucional en virtud de lo dispuesto por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966) señala en su artículo 10.3 que “el régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados”. Por su parte, la
Convención Americana de Derechos Humanos (1969) dispone textualmente en su
artículo 5.6 que “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
3.28. En este mismo sentido,
la Observación General No. 21 al artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló
que “Ningún sistema penitenciario debe estar orientado a solamente el
castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación
social del preso.”
Pues bien, esta idea de resocialización
como principio constitucional que debe sustentar tales relaciones se opone no
solo a la imposición de penas que conlleven tratos crueles, inhumanos y/o
degradantes, sino también a todas las condiciones de cumplimiento de la pena
que sean desocializadoras. En este sentido, este Tribunal ha entendido que “el
Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la
desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización.”[60]
3.29. En conclusión, ésta especial
relación de sujeción resulta ser determinante del nivel de protección de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e, igualmente,
acentúa las obligaciones de la administración pues le impone un deber positivo
de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales que no permiten
limitación en razón a la especial situación de indefensión en la que se
encuentran los reclusos [61].
El hacinamiento carcelario y la falta de
salubridad al interior de los penales son condiciones de cumplimiento de la
pena que desconocen el derecho a la dignidad humana de los reclusos y el fin
resocializador de la pena.
4. El derecho fundamental a la salud de las
personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios y
penitenciarios. Reiteración jurisprudencial
4.1. En este acápite, la
Sala reiterará la jurisprudencia sobre el carácter fundamental del derecho a
la salud y el alcance de las obligaciones estatales para asegurar el acceso de
la población interna en establecimientos carcelarios a los servicios que
requieren para el goce efectivo del derecho.[62]
4.2. A partir de la sentencia T-760 de
2008[63],
se ha construido un consenso en la jurisprudencia constitucional sobre el
carácter fundamental autónomo del derecho a la salud el cual se basa en
su importancia para la realización de la dignidad humana, las relaciones de
interdependencia que mantiene con otros derechos fundamentales y su atribución
universal a todas las personas.[64]
4.3. Siguiendo la sentencia T-016 de 2007[65],
agregó la Corte en la decisión citada, que la fundamentalidad de un
derecho y la posibilidad de perseguir su eficacia por vía judicial o justiciabilidad
son asuntos independientes aunque relacionados y precisó que la tutela es
procedente para reclamar un servicio de salud (i) cuando está incluido en los
planes de salud diseñados por los órganos legislativo y administrativo (POS, en
el régimen contributivo, y POS-S en el subsidiado); o (ii) cuando, a pesar de
no haber sido incorporado en esos listados, la persona lo “requiere con
necesidad”, expresión que debe ser entendida en el sentido estipulado por la
Corte en esa oportunidad, como se explica:
Un servicio se “requiere” si (i)
de este depende que el paciente pueda disfrutar del “más alto nivel posible
de salud”[66]
según (ii) el criterio de su médico tratante, (iii) siempre que no exista en el
respectivo plan obligatorio de salud un servicio (medicamento, tratamiento o
prestación) que tenga la misma eficacia que el inicialmente prescrito[67].
La prestación se requiere “con necesidad” si (iv) la persona no tiene
capacidad económica para sufragarla.
4.4. En el caso de las personas que se
encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios, el alcance de las
obligaciones estatales de protección, garantía y respeto al derecho a la salud
es más amplio pues, debido a la relación de especial sujeción en la que se
encuentran, y en virtud de la suspensión y las restricciones que afectan
algunos de sus derechos fundamentales, corresponde al Estado la protección
integral, continua, eficiente y de calidad de su derecho a la salud.
4.4.1. En ese sentido, la
Corte ha sostenido que la relación de especial sujeción constituye “un
vínculo en el que, de un lado, el recluso se sujeta a las determinaciones que
se adopten en relación con las condiciones del centro carcelario o
penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en el ejercicio de
ciertos derechos, y, del otro, el Estado asume la responsabilidad por la
protección y cuidado del interno durante su tiempo de reclusión”.[68]
Durante el período en que se mantiene esa
relación, la persona enfrenta la restricción de ciertos derechos, con el
propósito de “garantizar los derechos de toda la población carcelaria, como
por ejemplo medidas que se adopten para garantizar la disciplina, la seguridad
y la salubridad, con miras a lograr su resocialización, como finalidad de la
pena”, en tanto que “el Estado es responsable de la garantía de los
derechos fundamentales de los reclusos. Por ello, está obligado a brindarles
las condiciones necesarias para una vida digna, particularmente, en lo que
tiene que ver con la provisión de alimentos, la asignación de un lugar para su
habitación y el disfrute de servicios públicos, entre otros.”[69]
Así mismo, en armonía con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la
Corporación ha expresado en algunos fallos recientes que el Estado tiene dos
tipos de obligaciones derivadas de la especial sujeción frente a los internos,
así[70] :
“[L]a administración asume dos obligaciones frente a los
retenidos: “1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda
sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la
privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a
la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta
que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados
con la medida cautelar”[71].
Y ello es así debido a que, en términos de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, “así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción
de sus derechos, en la medida en que esa retención es una actividad que redunda
en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una eficaz
protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues
posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le
permiten afrontar tales riesgos”.[72]
4.4.2. Un segundo aspecto que refuerza
los deberes estatales en materia de salud frente a los internos, vinculado
también a la relación de especial sujeción, hace referencia a la situación de
los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad por decisión
judicial.
En jurisprudencia constante y reiterada,
y tal como se ha expuesto en el anterior acápite, la
Corte ha manifestado que algunos de los derechos fundamentales de los internos
se encuentran suspendidos en razón de la pena de prisión, como ocurre con la
libertad de locomoción; otros, enfrentan determinadas restricciones como
sucede, por ejemplo, con el derecho a la unidad familiar o el libre desarrollo
de la personalidad, las cuales son constitucionalmente legítimas si respetan
los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Existe finalmente todo un plexo de derechos
no susceptibles de suspensión ni restricciones constitucionalmente legítimas.
Frente a esos derechos, recae sobre el Estado la obligación de garantizarlos,
respetarlos y protegerlos de manera plena e integral.[73]
4.5. El derecho a la salud es de aquellos
que no puede verse suspendido ni restringido por motivos relacionados con la
pena de prisión y, debido a que el interno no puede adelantar por su cuenta la
afiliación al régimen de seguridad social en salud ni sufragar el costo de los
servicios requeridos, debido a la relación de especial sujeción, el Estado es
el directo obligado de asegurar la eficacia del derecho. Así lo ha expresado la
jurisprudencia constitucional:
“[P]or la salud del interno debe velar el
sistema carcelario a costa
del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo,
los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros.
Los derechos fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la
negligencia estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y
asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su
salud. || Además, el Estado responde por los daños que pueda sufrir el recluso
en su integridad en el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la
cárcel. Y, por supuesto, es de su responsabilidad el mantenimiento de las
condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad, así como todo lo
relativo a la debida alimentación del personal sometido a su vigilancia”.[74]
4. Recientemente, el Decreto 1141 de 1 de abril de 2009, en desarrollo
del artículo 14, literal m) de la Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen
algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones”, estableció
la obligación estatal de afiliar a las personas privadas de la libertad al
régimen subsidiado de seguridad social en salud. Esa decisión corresponde a la
concreción del deber estatal de asegurar la universalidad del sistema de
seguridad social en salud como lo había expresado la
Corte Constitucional desde la sentencia T-233 de 2001. Sin embargo, es
importante recalcar que la existencia de la afiliación a las EPS-S que
determine el Estado no puede dar lugar a que se presenten barreras
administrativas para la prestación del servicio entre las autoridades
penitenciarias y el Inpec.[75]
4.6. De la jurisprudencia constitucional
se desprende entonces que las personas recluidas en centros carcelarios tienen
derecho a acceder a los servicios de salud que requieran sin enfrentar barreras
administrativas y sin que se les exija demostrar falta de capacidad económica,
pues esta se infiere directamente de la especial sujeción y la suspensión y
restricción de sus derechos fundamentales. En ese marco, la
Corte ha amparado diversas facetas del derecho como el derecho al diagnóstico,
la continuidad en la prestación del servicio; y, en términos generales, el
derecho a acceder a los servicios que requieran para alcanzar el nivel máximo
posible de salud en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad[76].
4.7. Por su parte,  desde organismos
internacionales se han fijado pautas específicas de tratamiento de personas en
estado de privación de la libertad. Sobre estos estándares la
Corte hará referencia en relación con el caso en estudio.
4.8. En este sentido, el principio 24 del
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión[77],  establece la
obligación de ofrecer un examen médico apropiado al momento del ingreso en el
lugar de detención o prisión en los siguientes términos:
“Principio 24
Se ofrecerá a toda persona
detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible
después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente,
esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea
necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.”
4.9. Por su parte, las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos[78], establecen un
estándar mínimo de servicios médicos con que deben contar los establecimientos
penitenciarios. Tales reglas establecen que:
“Servicios médicos
22. 1) Todo
establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un
médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los
servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la
administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación.
Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere
necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se
dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales,
a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando
el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán
provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos
necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el
tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación
profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista
calificado.
23. 1) En los
establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el
tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de
las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el
parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento,
no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se
permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones
para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán
los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.
24. El médico deberá
examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y
ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la
existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas
necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir
enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y
mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar
la capacidad física de cada recluso para el trabajo.
25. 1) El médico estará de
velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente
a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a
todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará
un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un
recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad
cualquiera de la reclusión.
26. 1) El médico hará
inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad,
calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo
de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la
calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y
el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas
relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un
personal no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y
consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de
conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan
dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su
competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe
médico y sus propias observaciones.”
4.10. La aplicación de tales
principios no resulta ajena a la legislación colombiana. En efecto, la
obligación del examen de ingreso al momento en que tanto la persona sindicada
como la condenada entren en el centro de reclusión se encuentra plasmada en los
artículos 61 y 62 de la ley 65 de 1993 contentiva del Código Penitenciario y
Carcelario en los siguientes términos:
ARTÍCULO 61. EXAMEN DE
INGRESO. Al momento de ingresar un sindicado al centro de reclusión, se le
abrirá el correspondiente prontuario y deberá ser sometido a examen médico, con
el fin de verificar su estado físico para la elaboración de la ficha médica
correspondiente. Si el sindicado se encontrare herido o lesionado será
informado de este hecho el funcionario de conocimiento. En caso de padecer
enfermedad infectocontagiosa será aislado. Cuando se advierta anomalía psíquica
se ordenará inmediatamente su ubicación en sitio especial y se comunicará de
inmediato, al funcionario de conocimiento, para que ordene el examen por los
médicos legistas y se proceda de conformidad.
ARTÍCULO 62. FIJACIÓN DE
PENITENCIARIA Y EVALUACIÓN DE INGRESO. Cuando sobre el sindicado recaiga
sentencia condenatoria, el Juez, con la correspondiente copia de dicha
sentencia lo pondrá a disposición del Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario.
Al ingresar un condenado a
una penitenciaría, éste será sometido al examen de que habla el artículo
anterior y además, se iniciará su evaluación social y moral, de acuerdo con las
pautas señaladas para la aplicación del régimen progresivo, debiéndose abrir la
respectiva cartilla biográfica.
4.11. Resulta indiscutible
entonces la obligación que existe para el Estado a través de los centros de
reclusión, de prestar unos servicios mínimos, efectivos y continuos de salud que
permita alcanzar el nivel máximo posible de este derecho en condiciones de
eficiencia, calidad y oportunidad a quienes se encuentran privados de la
libertad en virtud de la especial sujeción a la que están sometidos. Dentro de
estos servicios mínimos se deberá tener en cuenta el tipo de establecimiento
penitenciario y el número de reclusos para asegurar la efectividad y garantía
de su derecho a la salud y en todo caso se debe velar por el cabal cumplimiento
de las normas que a los efectos establece el régimen penitenciario entre las
que se encuentra en examen de ingreso so pena de constatar una vulneración al
derecho a la salud de los internos.
Conclusiones
4.12. Las personas privadas de la
libertad son sujetos especialmente vulnerables que merecen una garantía
prioritaria y reforzada de su derecho fundamental a la salud: (i) prioritaria,
por cuanto requieren los servicios
de salud en condiciones de calidad  suficientes, para vivir en condiciones de
salubridad y evitar las enfermedades, y (ii) reforzada, en razón a que
son uno de esos grupos poblacionales que tradicionalmente han tenido
dificultades para ejercer este derecho por el estado de cosas inconstitucional
que se vive en las prisiones del país, y por su especial relación de sujeción
con el Estado.
4.13. La situación de hacinamiento, las
condiciones de insalubridad y en especial la precaria atención en salud que se
vive al interior de los establecimientos carcelarios deberán ser consideradas
como condiciones del cumplimiento de la pena desocializadoras, pues vulneran la
dignidad humana e impiden brindarle a todos las personas en situación de
reclusión los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio o
trabajo).
4.14. El derecho de las personas privadas
de la libertad a la dignidad humana y la prohibición de ser objeto de tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantadas por el hacinamiento,
la insalubridad y las pésimas condiciones de la infraestructura física de las
cárceles y en muchos casos de los sistemas de suministro de agua al interior de
las mismas. Así mismo, las carencias infraestructurales de las áreas sanitarias
ponen en riesgo de afectación el derecho a la vida y a la salud de los
reclusos.
4.15. El Estado debe garantizar el
derecho a la salud a todas las personas por lo menos en unos niveles mínimos
esenciales. Frente a las personas privadas de la libertad el estado asume
ciertas obligaciones en virtud de la especial sujeción en la que se encuentran,
debiendo asegurar el derecho
de al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental cumpliendo
con las normas tanto internacionales como internas relativas al derecho a la
salud entre las que se destaca el examen de ingreso al centro de reclusión.
Con base en lo expuesto en los anteriores apartados y
condensado en las conclusiones anteriores, la
Corte procederá a adelantar el análisis del caso concreto para verificar si se
ha producido una vulneración de los derechos  a la salud y a la vida digna de
los internos de la EPMSC Caucasia.
6.- Análisis del caso concreto
6.1. Los accionantes, privados de la libertad en el EPMSC
de Caucasia alegan que no cuentan con condiciones apropiadas para su reclusión,
viéndose particularmente afectados por la situación de hacinamiento y viendo mermada la atención
en salud dentro del establecimiento penitenciario al no contar con un médico ni
con auxiliar de enfermería a pesar de que hay un espacio habilitado para ello y
de que hasta el mes de septiembre de 2012 habían gozado de este servicio en
cumplimiento del modelo de atención en Salud que se había acordado conforme al contrato 092 de 2011 entre INPEC y CAPRECOM [79]. Igualmente de las pruebas aportadas se
evidencia que no se está llevando a cabo el examen médico de ingreso que ordena
la ley. Estas circunstancias llevaron a los ciudadanos Julio Cesar González
Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortes, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe
Herrera a incoar acción de tutela procurando la protección de sus derechos  a
la vida digna y a la salud en contra de la
Dirección General del INPEC Bogotá, Dirección General del INPEC Medellín, la
Directora del INPEC de Caucasia.
En desarrollo del caso concreto esta Sala
se pronunciara sobre cada uno de los aspectos de la acción de tutela (i)
situación de hacinamiento en el EPMSC de Caucasia que afecta el derecho a la
vida digna y (ii) el derecho a la salud de los internos de dicho
establecimiento carcelario.
6.2. (i) Resulta evidente
para Sala la situación de hacinamiento que afecta al EPMSC de Caucasia
por cuanto queda patente tanto en la demanda de los accionantes como en el
escrito de contestación de tutela del establecimiento carcelario que lo
confirmó. Reconoce la directora de la institución penal que si bien la
infraestructura está diseñada para albergar 63 reclusos, en el momento de la
contestación de la tutela se encontraban 200 internos[80] cifra que en
enero de este año 2013 bajo a 175 personas[81].
La cifra de personas recluidas triplica el número de las que la institución
penal puede soportar en condiciones normales, esto sin duda es una situación de
hacinamiento que afecta las condiciones de vida de los internos.
6.3. Ahora bien, las medidas
tomadas por el juez de tutela en primera instancia si bien pueden ser acertadas
desde el punto de vista de paliar los efectos nocivos que el hacinamiento
conlleva, no resultan suficientes para contrarrestar la vulneración de derechos,
en particular a la vida en condiciones dignas. La orden que se dio por el juez
de tutela consistió en la búsqueda de “un arrendamiento de un local donde
puedan ser recluidos algunos internos con el fin de combatir el problema de
hacinamiento”. Sin embargo, dicha orden no pudo ser llevada a cabo según
manifestaron a este despacho tanto el Alcalde de Caucasia, como la directora
del EPMSC de Caucasia[82].
Ante estas circunstancias, el acuerdo al que llegaron  consistió en hacer un Convenio
de integración de servicios en el cual el municipio de Caucasia se obligó a
asignar un rubro dentro del presupuesto para contribuir con el funcionamiento
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Caucasia[83].
6.4. Igualmente el municipio
de Caucasia adelantó el Contrato de obra pública COPMC-013-2013 para el
mejoramiento de la planta física del Centro Penitenciario del Municipio de
Caucasia, que concluyó con la construcción de un área adicional dentro del
establecimiento carcelario. Dicha ampliación permitió albergar varios de los
reclusos reduciendo de alguna manera el hacinamiento original. Ahora bien, no
obstante estas gestiones adelantadas entre el Inpec y el municipio de Caucasia,
siguen siendo insuficientes y se hace necesario incoar a las partes pertinentes
para que en virtud de las circunstancias que aquejan a la población
penitenciaria de Caucasia, continúen explorando opciones para reducir el
hacinamiento del que adolece. Si bien esta Sala es consciente de que no se
trata de un problema aislado sino que es de carácter estructural, debe reiterar
lo expresado por esta Corporación en distintas sentencias en las que se hizo
patente el estado de cosas inconstitucional que afecta a las cárceles en el
país haciendo un llamado a las autoridades pertinentes para poner fin a estas
circunstancias de forma estructural, a la vez que fomenta las soluciones que
mejoren la vida de los reclusos en las posibilidades de los centros
penitenciarios y los entes territoriales en cumplimiento de sus obligaciones
legales.
6.5. Por lo tanto, considera
esta Sala de revisión, que la medida adoptada por el juez de tutela, esto es,
trasladar a algunos de los presos a un inmueble tomado en alquiler, es una
medida posible que deberá ser cumplida, salvo que la administración encuentre
otra manera que (i) asegure el goce efectivo de los derechos tutelados y (ii)
no imponga cargas, limitaciones o restricciones adicionales sobre estos u otros
derechos tutelados. De no poderse hacer en el plazo razonable considerado en
esta providencia, puede ser modificado al menos un mes antes que venza el
término a solicitud de la administración carcelaria, (i) justificando su
petición y (ii) proponiendo un nuevo plazo razonable, para asegurar el goce
efectivo de derechos de aplicación inmediata.  En este sentido, también se hace
necesario que el EPMSC de Caucasia, continúe en la búsqueda de acuerdos con los
demás municipios que se sirven de la
Institución penitenciaria para que al igual que lo ha hecho con el Municipio
de Caucasia, busque el apoyo económico que por obligación tienen los entes
territoriales que no cuentan con cárceles para que contribuyan con el
funcionamiento de aquella[84]
de forma tal que los recursos puedan ser utilizados para la mengua de los
efectos negativos que el hacinamiento tiene.
6.6. (ii) En lo que al derecho
a  la salud de los internos se refiere, como se expuso anteriormente, por
virtud de la privación de la libertad de la que son objeto las personas, como
consecuencia de la aplicación del poder punitivo del Estado, nace una relación
especial de sujeción entre aquellas y este, que las ubica bajo la tutela de la
administración carcelaria y penitenciaria. Tal vínculo implica que algunos de
sus derechos se limiten por causa de la pena impuesta; otros se restrinjan
parcialmente, por razones de la reclusión, siempre que sea razonable y
proporcionado, de acuerdo con la ley; y un tercer grupo permanezca incólume,
correspondiéndole al Estado velar por su pleno ejercicio y goce.
Dentro del tercer grupo se encuentra el
derecho a la salud de los reclusos. En esa materia, a la organización estatal
le corresponde garantizar que los internos tengan acceso a los servicios de
salud, como quiera que, por cuenta de su reclusión, son sujetos de especial
protección, en la medida en que no pueden satisfacer por sí mismos sus
necesidades en la materia, como quiera que no es posible que se afilien a los
regímenes del Sistema de Salud, o que acudan a una institución pública o
privada en búsqueda de atención médica. En este orden de ideas, el Estado se
obliga a asegurar de forma absoluta su derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, garantizando el acceso de los internos a los
servicios de salud que requieran para tratar las enfermedades que los aquejen.
6.7. En el presente caso, la
Sala advierte que la prestación del servicio de salud ha desmejorado ostensiblemente
frente a la atención de la que venían gozando cuando contaban con un médico y
una enfermera en el establecimiento carcelario en el marco de un modelo que se
había establecido entre CAPRECOM y el INPEC mediante un acuerdo que finalizó en
septiembre de 2012 y que no se renovó. Esta circunstancia, tal como obra en el
expediente y ha sido reconocido por la directora del establecimiento, implica
una afectación en la atención a los internos por cuanto al no existir personal
médico de planta ante cualquier manifestación de enfermedad por parte de los
internos, estos deben ser trasladados directamente al hospital, sin una previa
comprobación de su estado de gravedad y que ante la escasez de personal que
confirman las autoridades de la institución penitenciaria las remisiones se
hacen difíciles sino es que impiden su remisión a tiempo, atendiendo las
circunstancias de seguridad en que deben ser hechas. No se debe dejar de lado
la evidente situación de hacinamiento del establecimiento carcelario demandado,
la cual implica por una parte una situación de salubridad per se
bastante compleja que propicia problemas de salud. Por otra, que la
circunstancia de hacinamiento en donde la capacidad de la institución
carcelaria se encuentra triplicada implica una carga de efectividad para el
Estado en la garantía del derecho a la salud de los internos que se puede ver
cumplida con la prestación intramuros de servicios de salud básicos más aun
teniendo en cuenta que los internos venían gozado de esa posibilidad.
6.8. Igualmente, queda en evidencia la grave
ausencia del examen médico de ingreso que obliga la ley y que es manifestación
del derecho a la salud de los internos. Tampoco se cuenta con personal que se
encargue de la afiliación, registro de internos y organización de sus historias
clínicas lo que conlleva la merma en la calidad del servicio de salud de los
internos.
6.9. Frente a estas circunstancias, la
Sala encuentra que la atención que se brinda a los internos a través del
Hospital Cesar Uribe Piedrahita del Municipio de Caucasia y en la cual se
escuda CAPRECOM para defender la prestación del servicio de salud, se revela
insuficiente tal como lo reconocen las autoridades del EPMS Caucasia, ya que la
atención en materia de salud de los internos depende por una parte de la
diligencia en la autorización de la atención de la
EPS a través del servicio que presta el Hospital y por otra de la capacidad
reducida del EPMS de Caucasia para lograr el traslado al mencionado Hospital de
cada uno de los internos cuando estos  manifiestan la necesidad.
Conclusión
6.10. Ante la evidente
situación de hacinamiento que sufre el EPMSC de Caucasia, los internos han
visto menguada su calidad de vida debiendo subsistir en circunstancias que
atentan contra la dignidad humana y aunque los esfuerzos llevados a cabo por la
Alcaldía de Caucasia y el establecimiento carcelario demandado han tratado de
paliar los efectos de tal circunstancia, no resultan suficientes para reducir
el hacinamiento del 300% que allí se presenta.
6.11. Es evidente que esta
circunstancia puede ser criminógena, incumpliéndose el fin resocializador de la
pena, razón por la cual se exhortará a las autoridades competentes para que lo
antes posible tomen las medidas para reducir el hacinamiento del EPMSC de
Caucasia y se exploren nuevas alternativas para continuar paliando los efectos
del hacinamiento mientras se toman las medidas estructurales por parte del
Estado.
6.12. Frente a lo expresado
por esta Sala, el deber del Estado de garantizar a los internos servicios de
salud de manera adecuada, oportuna y suficiente, y de vigilar y controlar las
condiciones en que estos se brindan con el fin de proteger el derecho a la
salud de las personas que tiene a su cargo, no se encuentra satisfecho
cabalmente.
6.13. Del acervo probatorio
se observa que los internos no cuentan con un servicio satisfactorio de salud
que les garantice el derecho
a acceder a los servicios que requieran para alcanzar el nivel máximo posible
de salud en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad. En efecto, la atención en medicina no se brinda a
tiempo; a pesar de existir áreas sanitarias dentro del penal carecen de profesionales
de la salud y el número de guardias para cumplir con las remisiones a las citas
fuera del penal es insuficiente. Por otra parte, no existe prueba alguna que
demuestre que dichas falencias fueron ya superadas.
6.14. De lo anterior se concluye que el
Estado, a través del INPEC y el director del establecimiento penitenciario, no
ha cumplido con la obligación que le corresponde de proporcionar a los internos
una adecuada prestación del servicio de salud, vulnerando ese derecho
fundamental. En consecuencia, se les ordenará, si aún no lo han hecho, hacer
las gestiones para continuar con el modelo de prestación del que venían gozando
los accionantes al contar con personal médico que permita la atención
intramural; practicar el examen médico y psicológico a cada uno de los
reclusos; brindar una atención integral y oportuna; prestar un adecuado
servicio de salud tanto en medicina general como especializada; suministrar los
medicamentos requeridos conforme con las órdenes de los galenos; dar trámite
oportuno a la remisión de los internos a las consultas médicas que requieran.
6.15. Para afrontar órdenes como las que
se imparten en esta providencia, se hace necesario tener en consideración  que
es necesario que se adelanten una serie de acciones que van más allá de la
órbita de las entidades vinculadas. En el presente, caso para proteger los
derechos fundamentales solicitados, la Corte tiene que dar una orden de las que
la jurisprudencia ha denominado complejas[85], es decir que
para hacerse efectiva necesita el concurso de autoridades que no son
exclusivamente a quienes se ha vinculado en el trámite de acción de tutela.
Igualmente, en este caso la orden que imparte el juez de tutela no es más que
la reiteración de  competencias que son innatas a la persona que van dirigidas:
ordenación y apropiación dentro del presupuesto. Así, se ordenará al Ministerio
de Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional
de Planeación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad (EPMSC) de
Caucasia para que en la siguiente vigencia presupuestal desde la notificación
de la presente providencia se realicen las gestiones administrativas y
apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en
la presente sentencia.
6.16.  Finalmente, en la medida en que la
acción de tutela se constituye en el mecanismo idóneo para perseguir la
protección del derecho fundamental a la salud de los reclusos, en razón a que
se trata de sujetos de especial protección constitucional, que tienen limitado
el pleno ejercicio de sus derechos, ella resulta procedente en este caso.
6.17. Por las
razones expuestas, la Corte confirmará parcialmente la sentencia proferida, el 30
de mayo de 2013, por la el Juzgado Penal del Circuito de Caucasia, en cuanto
protegió el derecho fundamental a la vida digna de los señores Julio Cesar González Ruiz, Darío Antonio
Restrepo Cortes, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera, pero la
modificará en cuanto concederá la protección el derecho a la salud de los
internos para lo cual dispondrá las órdenes que se mencionan en los apartados
anteriores.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR parcialmente
la sentencia del 30 de mayo de 2013, proferida por el Juzgado Penal del
Circuito de Caucasia, mediante la cual se tuteló el derecho fundamental a la
vida digna de los internos del EPMSC de Caucasia interpuesto por los ciudadanos
Julio Cesar González Ruiz,
Darío Antonio Restrepo Cortes, José Abundio Bautista Ruiz y Heme Felipe Herrera
en contra de la Dirección General del INPEC Bogotá, Dirección General del INPEC
Medellín, la Directora del INPEC de Caucasia. Y REVOCARLA en la parte
que negó la
tutela del derecho a la salud y en su lugar, CONCEDER la protección del
derecho fundamental a la salud de los accionantes en los términos expresados en
la presente sentencia.
Segundo. ORDENAR al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad (EPMSC) de Caucasia y al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC por intermedio de sus
directores:
(i) Dentro de
los diez (10) días siguientes, si aún no lo han hecho, practicar el examen
médico y psicológico de ingreso; implementar y dotar en debida forma el
botiquín de primeros auxilios; adoptar los correctivos necesarios para brindar
una atención integral y oportuna tanto en medicina general como especializada;
atender las recomendaciones médicas; y dar trámite oportuno a la remisión de
los internos a las consultas médicas que requieran.
(ii) Dentro de los
treinta (30) días siguientes, si aún no lo han hecho, gestionar el cumplimiento
del modelo de atención que permita a los internos contar con un médico y un
auxiliar de enfermería dentro del EPMSC de Caucasia tal como venía sucediendo
hasta septiembre de 2012.
Tercero. ORDENAR al Ministerio de Hacienda, al Ministerio
de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de Planeación, al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad (EPMSC) de Caucasia que en la siguiente vigencia presupuestal
desde la notificación de la presente providencia se realicen las gestiones
administrativas y apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento
a lo ordenado en la presente sentencia.
Cuarto. ORDENAR al Juzgado Penal del Circuito de Caucasia Antioquia,
que verifique el cumplimiento de esta providencia y envíe copia de las
actuaciones adelantadas a la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional.
Quinto. ADVERTIR a las respectivas autoridades que, en lo
sucesivo, adopten las previsiones para que los nuevos centros de reclusión
cumplan, desde el inicio, con todas las condiciones básicas en su
infraestructura, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad.
Sexto. EXHORTAR a la
Defensoría del Pueblo y a la
Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus atribuciones
constitucionales y legales, continúen con su labor de vigilancia y control, y
verifiquen el cumplimiento del presente fallo, con el objeto último de
garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos.
Séptimo. LÍBRESE por la
Secretaría General de esta corporación la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en
comisión
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Ver folios del 95 al 97
[2] Ver folios 45 a 48
[3] Ver Folio 46
[4] Ver Folio 47
[5] Vinculada al proceso mediante auto del 22
de mayo de 2013 [Folio 57]
[6] Anexa copia de certificado de disponibilidad presupuestal CDP No
00500 de fecha 6 de mayo de 2013, en el que se informa que el presupuesto.
También anexa copia de un Convenio de Integración de servicios No 038 2012 de
2012, celebrado entre el INPEC y el municipio de Caucasia.
[7] Vinculada al proceso mediante auto del 22
de mayo de 2013 [Folio 57]
[8] Ver folio 114
[9] Ver folio 117
[10] Ver folios del 1 al 3
[11] Ver folios del 10 al 44
[12] Ver folios del 45 al 49
[13] Ver folio 49
[14] Ver folios 63
a 67
[15] Ver folios 95
a 97
[16] Ver Folio 47
[17] Sobre el tema de los derechos de los
reclusos ver, entre otras,  las sentencias  T-424 de 1992; T-522 de
1992; T-596 de 1992; T-219 de 1993;  T-273 de 1993; T-388 de 1993; T- 437
de 1993; T-420 de 1994; T-705 de 1996.
[18] Ver sentencias T-424 de 1992, T-023 de 2003, T-274 de 2008
y T-511 de 2009.
[19] Sentencia T-511 de 2009.
[20] La jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene la interpretación auténtica
de los derechos contenidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que
integra el parámetro de control de constitucionalidad. Ver sentencias C-442 de
2011, C-936 de 2010, C-370 de 2006, entre otras.
[21] Ver artículos 5.1 y 5.2 de la
Convención Americana. (…) “Toda persona privada de libertad será tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
[22] Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero
de 1995. Serie C No. 20, párr. 60 y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011.
Serie C No. 226, párr. 42.
[23] Ver la sentencia T-172 de 2012.
[24] Aprobada por el Congreso mediante la
Ley 16 de 1972.
[25] Aprobado por el Congreso mediante la
Ley 74 de 1968.
[26] Las normas de soft law son
disposiciones flexibles, adoptadas en el seno de organizaciones
internacionales, a veces por amplias mayorías, que constituyen sobre todo
directivas de comportamiento dirigidas a los Estados, más que obligaciones
estrictamente de resultado.
[27] Adoptadas por el Primer Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo
de 1977
[28] Adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988.
[29] Adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990.
[30] El Comité de Derechos Humanos conoció el caso
de Herbert Thomas Potter, ciudadano neozelandés que se encontraba preso en
la cárcel de Mount Eden (Auckland) y denunciaba haber sido sometido a malos
tratos dentro del establecimiento, pues se le impedía acceder a tratamientos
médicos que requería
[31]Artículo 10° del PIDCP “1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”
[32] El Comité de Derechos Humanos conoció el
caso de Albert W.
Mukong, fuerte opositor
del sistema de gobierno del partido único establecido en Camerún, quien fue
detenido y sometido a tratos crueles e inhumanos. El Sr. Mukong aduce que fue
encerrado con otros 25 o 30 detenidos en una celda de aproximadamente 25
m2, desprovista de servicios sanitarios y que las autoridades penitenciarias
se negaron a alimentarlo por varios días y que después de dos semanas de
detención en tales condiciones, contrajo una infección en el pecho
(bronquitis).
[33] “En cuanto a las condiciones de detención en general,
el Comité hace notar que, cualquiera que sea el nivel de desarrollo del
Estado parte de que se trate, deben observarse ciertas reglas mínimas. De
conformidad con la reglas 10, 12, 17, 19 y 20 que figuran en las Reglas Mínimas
para el tratamiento de los Reclusos (…), todo recluso debe disponer de una
superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas,
de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes, de
una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente
para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse notar que son
estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité, deben cumplirse siempre,
aunque consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el
cumplimiento de esas obligaciones.” Caso Mukong v. Camerún (1994), Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas.
[34] Artículo 7° del
PIDCP “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos.”
[35] “Derecho
Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de
los sistemas universal e interamericano”, Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Primera edición:
Bogotá, abril de 2004, página 204.
[36] Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia de
12 de noviembre de 1997 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Fondo).
[37] Ver sentencia T-153 de 1998, párrafo 51.
[38] Ver sentencia T-133 de 2006
[39] Ver sentencia T-596 de 1992
[40] Cfr. ONU, Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos. Adoptadas por el
Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el
Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; ONU, Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión. Adoptado por la
Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988;
ONU, Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores
privados de libertad. Adoptadas por la
Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990.
Ver también: ONU, Observación General No. 21 del Comité de Derechos Humanos. 10 de abril de 1992. A/47/40/(SUPP), Sustituye la
Observación General No. 9, Trato humano de las personas privadas de libertad
(Art. 10): 44° período de sesiones 1992, y CIDH, Principios y buenas prácticas sobre la
protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Adoptados durante el 131° Período de
Ordinario de Sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
[41] Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de
2004. Serie C No. 114, párr. 150, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y
Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85.
[42] Cfr. Caso Montero Aranguren y otros
(Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr.
20, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 204.
[43] Cfr. Artículo 5.4 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; Caso Tibi, supra nota 61,
párr. 263, y Caso
Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006.
Serie C No. 152, párr.
200.
[44] Cfr. Caso Vélez Loor, supra nota 62,
párr. 216.
[45] Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C
No. 141, párr. 209.
[46] Cfr. Caso Tibi, supra nota 61, párr. 156, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, supra párr. 301.
[47] Cfr. Caso Montero Aranguren y otros
(Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146 y Caso Vélez Loor, supra nota 62,
párr. 204.
[48] Cfr. Caso Loayza Tamayo, supra
nota 14, párr. 58, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
[49] Cfr. Caso Montero Aranguren y otros
(Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146, y Caso del Penal Miguel Castro
Castro, supra nota 66, párr. 315.
[50] Cfr. Caso López Álvarez, supra nota
65  y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 319.
[51] Cfr. Caso Montero Aranguren y otros
(Retén de Catia), supra nota 62, párr. 85 y Caso Vélez Loor, supra nota 62,
párr. 198.
[52] Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia
11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 70, y Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009 respecto de la
Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y
Adolescentes, Considerando 14.
[53] Cfr. Caso de los Niños y Adolescentes
Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales
Respecto de Brasil. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005,
Considerando 13, y Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa. Medidas
Provisionales Respecto de Brasil. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2011,
Considerando 21.
[54] Ver Código Penitenciario y Carcelario
(Ley 65 de 1993) y Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991) los
cuales imponen deberes especiales a cargo de las autoridades carcelarias y
penitenciarias.
[55] Artículo 3 del Código Penitenciario y Carcelario. Esta misma
postura ha sido asumida por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en numerosas sentencias que han analizado supuestos de
vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
[56] Artículo 3 del Código de Procedimiento Penal.
[57] Artículo 408 del Código de Procedimiento Penal.
[58] Artículo 9° de la
Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario y Carcelario y artículo 12 Código
Penal Colombiano.
[59] Ver la sentencia T-706 de 1996.
[60] Ver la sentencia C-261 de 1996.
[61] Ver la sentencia T-881 de 2002.
[62] Esta Corporación asumió esa perspectiva desde las primeras
decisiones adoptadas en la materia (T-473 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz),
T-535 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-583 de 1998 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo). Tomando en cuenta el desarrollo que ha presentado
la jurisprudencia constitucional desde entonces en materia de salud,
especialmente a partir del fallo T-760 de 2008, la
Sala basará esta reiteración en las recientes sentencias T-185 de 2009 (M.P.
Juan Carlos Henao Pérez), T-804 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-825
de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),  y T-377 de 2012 (M.P. María Victoria
Calle Corra).
[63] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64] En el fallo, la Corte siguió los criterios de fundamentalidad o
fundamentabilidad propuestos en la sentencia T-227 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[65] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[66] Concepto que fue adoptado por la
Corte a partir de la definición del derecho propuesta por el Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de la
ONU en su Observación General No. 14.
[67] La carga de la prueba sobre la existencia de sustitutos adecuados
corresponde a las EPS y a las demás entidades encargadas de la prestación del
servicio (no al paciente), y sólo puede establecerse mediante criterios
científicos.
[68] Ver Sentencia T-615 de 2008
[69] Ver, entre otras, las sentencias T-185 de 2009 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez), T-190 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-804 de 2010
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-825 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[70]Ibídem.
[71] Ver Sentencia de 30 de marzo de 2000, Radicado: 13543 de la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
[72] T-185 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[73] Estas consideraciones han sido ampliamente reiteradas por la
Corte Constitucional. Ver, entre otras, las sentencias T-638 de 2003 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), T-1168 de 2003  (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-744
de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-185 de 2009 (M.P. Juan
Carlos Henao Pérez). Consideraciones semejantes se encuentran en algunos de los
primeros pronunciamientos de la
Corte Constitucional, tales como la sentencia T-424 de 1992 Fabio Morón Díaz,
en la que se consideró: "... el régimen jurídico especial al que se
encuentran sometidos los internos en ocasiones, resulta incompatible con
ciertos derechos, aún fundamentales, cuyo ejercicio, en consecuencia, se
suspende para tornar a él luego de que haya expirado el término de la pena, o
según las condiciones fijadas en la Ley o en la
Sentencia. Esto sucede, en primer lugar, con la libertad y además con derechos
tales como los políticos, el de reunión, locomoción etc., en tanto que otros
derechos no se ven especialmente afectados y se conservan en su plenitud;
piénsese por ejemplo en el derecho a la vida y a la integridad, en la libertad
de conciencia y de cultos; un tercer grupo de derechos está integrado por
aquellos que deben soportar limitaciones, las más de las veces previstas en la
Constitución o en la Ley, tal como acontece con la conmoción oral, escrita o
telefónica que, previos los requisitos del caso resulta restringida. Además, de
la específica condición de recluso surgen ciertos derechos, contenidos
especialmente en la ley penitenciaria y que tienen que ver con la alimentación,
la salud, la seguridad social, etc., y que, como contrapartida constituyen
deberes a cargo del Estado".
[74] Sentencia T-535 de 1998 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).
[75] Cita de la
T-825 de 2010 “En este mismo sentido, en la sentencia T- 233/01 se indicó
que “los presos tienen derecho a ser afiliados a la seguridad social en salud,
por lo que es necesario que el gobierno o el Legislador regulen un sistema
especial para los reclusos, de tal forma que se les garantice una permanente y
oportuna prestación de servicios médicos.”|| Posteriormente, el Congreso de la
Republica, mediante la ley 1122 de 2007, dispuso que “la población reclusa del
país se afiliará al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Gobierno
Nacional determinará los mecanismos que permitan la operatividad para que esta
población reciba adecuadamente sus servicios.” (Lit. M, Art. 14, Ley 1122 de
2007). || Atendiendo al llamado realizado por esta Corporación y a lo
preceptuado por el órgano legislativo, el gobierno nacional expidió el Decreto
1141 de 1 de abril de 2009, “por el cual se reglamenta la afiliación de la
población reclusa al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones.” || En este decreto, se estableció lo siguiente: “Artículo
1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto regla
mentar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, de
la población reclusa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
Inpec, que se encuentra en establecimientos de reclusión, en prisión y
detención domiciliaria o bajo un sistema de vigilancia electrónica, y de la
población reclusa, a cargo de las entidades territoriales, en establecimientos
de reclusión del orden departamental, distrital y municipal. || Artículo 2°. Afiliación
al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud de la población reclusa en los
establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, Inpec, se realizará al régimen subsidiado mediante subsidio total,
a través de una entidad promotora de salud del régimen subsidiado de naturaleza
pública del orden nacional.”
[76] Es amplio el número de pronunciamientos
en los cuales la Corporación ha abordado problemas jurídicos relacionados con
el derecho a la salud de personas internas en centros carcelarios. A manera de
ilustración, y dado que la jurisprudencia es uniforme en la materia, se reseñan
algunos de los casos iniciales así como ciertas sentencia recientes: así, en la
sentencia T-473 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz), la
Corte protegió el derecho a la salud de una persona interna que afirmaba haber
sufrido una lesión en uno de sus ojos que le afectaba su visión; señalaba el
actor que, si bien se le habían suministrado medicamentos, no se había
autorizado la cirugía prescrita por su médico tratante. La parte accionada
argumentó que no se había programado ni realizado la cirugía debido a que la
viabilidad de la cirugía debía determinarse mediante una ecografía ocular,
examen que tampoco se había llevado a cabo. Tras recalcar la relación del
derecho a la salud con las condiciones de dignidad de los internos, la
Sala ordenó la práctica de los exámenes médicos requeridos para determinar la
viabilidad de la cirugía. En el fallo T-535 de 1998 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo)  la Corte analizó un caso relacionado con la situación de
salud de un paciente que, como consecuencia de una cirugía, presentaba
parálisis facial. La Corporación concedió el amparo y resaltó el alcance de las
obligaciones estatales frente a la salud de los internos: “Por la salud del
interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la
atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos,
quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. (…) || Además, el
Estado responde por los daños que pueda sufrir el recluso en su integridad en
el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la cárcel. Y, por
supuesto, es de su responsabilidad el mantenimiento de las condiciones mínimas
de higiene, seguridad y salubridad carcelarias, así como todo lo relativo a la
debida alimentación del personal sometido a su vigilancia. || En el campo de la
salud es claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra privado de
la libertad no goza de autonomía -como la persona libre- para acudir al médico
cada vez que lo desee o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible
escoger a los facultativos que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. Ha de
someterse a unas reglas generales y predeterminadas, indispensables por razones
de organización y seguridad.|| Empero, lo anterior no puede significar que se
diluya o haga menos exigente la responsabilidad a cargo del INPEC y de los
establecimientos de reclusión, o que pueda el sistema desentenderse de la
obligación inexcusable de prestar a todos los presos, en igualdad de
condiciones, una atención médica adecuada, digna y oportuna. (…) || El cuidado
de la salud, a cargo del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico,
asistencial, o el que implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es
decir, ha de darse de tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de
la enfermedad del paciente; aun en los casos en que la patología admita espera,
si el preso sufre dolores intensos la atención médica o farmacéutica debe ser
inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla
efectivamente no se convierta en una modalidad de tortura.”; en la
sentencia T-185 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). El peticionario
alegaba que había recibido un balazo en una mano y no había sido remitido a
cita con especialista, argumentando dificultades económicas. La
Sala concedió el amparo y ratificó su jurisprudencia sobre las obligaciones
del Estado en relación con el derecho a la salud de la población reclusa en
centros penitenciarios, así: “uno de los
contenidos obligacionales de la prestación de los servicios de salud que
corresponde al Estado brindar a todas las personas, hace referencia a que este
servicio sea proporcionado en forma adecuada, oportuna y suficiente, de allí
que la alusión a la ausencia de recursos económicos o la realización de
trámites administrativos como trabas para la satisfacción del derecho a la
salud, constituyen, en principio, una vulneración al compromiso adquirido que
implica la previsión de todos los elementos técnicos, administrativos y
económicos para su satisfacción [T-285 de 2000].|| Y la
ausencia de trámites administrativos para cumplir con dicha obligación no
constituye una razón suficiente para exonerar su cumplimiento, justamente
porque se trata de la garantía de un derecho fundamental, razón de la
estructura Estatal, y una carga que el acreedor de este derecho no tiene porqué
soportar.”, de manera que se ordenó al
establecimiento penitenciario accionado remitir al peticionario a cita con
especialista en ortopedia. En las sentencias T-346 de 2006 y T-963 de
2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), este Tribunal protegió el derecho
al diagnóstico de personas internas ordenando la práctica de una ecografía
abdominal ya recetada pero no autorizada, en el primer caso; y un chequeo
oftalmológico necesario para determinar la naturaleza de los problemas de
visión que aquejaban al peticionario, en el segundo. La
Corporación también ha analizado la procedencia de traslados por motivos de
salud, aspecto que será analizado más adelante, en el cuerpo de la sentencia.
En la sentencia T-825 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) la
Corporación ordenó a un establecimiento penitenciario ubicar a una persona que
estuvo recluida en el establecimiento penitenciario accionado y se hallaba en
libertad para determinar si era viable aún la práctica de la cirugía maxilofacial
que le había sido prescrita después de haber sufrido una agresión por parte de
otro interno. La Sala Novena sentenció que la penitenciaría debía responder por
la prestación aunque la persona ya estuviera libre con base en (i) la
obligación estatal de proteger la integridad física de los internos; y (ii) la
jurisprudencia constitucional sobre el principio de continuidad, ya acogida en
normas reglamentarias como el Decreto 1141 de 2009.
[77] Adoptado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 43/173, de 9 de diciembre
de 1988.
[78] Adoptadas por
el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el
Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977
[79] Ver Folio 47
[80] Ver Folio 46
[81] Ver Folio 52
[82] Ver Folio 9  del cuaderno 1
[83] Ver Folios 15 y 16 del cuaderno 1
[84] Conforme los artículos 17 18 y 19 de la
Ley  65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”
[85] Ver al respecto sobre las órdenes de
tutela complejas y las órdenes simples Sentencia C-288 de 2012.