C-541-92
Sentencia No
Sentencia
No. C-541/92
JURISDICCION
PENAL-Alcance
Al
ser regulada la institución de la jurisdicción penal y de sus competencias en
el ámbito de la definición de la responsabilidad punitiva y civil derivada del
hecho punible, tanto en cabeza del autor o autores y de las personas llamadas a
responder por el hecho punible de otro, no se quebranta ninguna de las
disposiciones que hacen parte del ordenamiento constitucional ni se desvirtúa
la naturaleza del proceso penal, cuyo objeto es precisamente la administración
de la justicia.
TERCERO
CIVILMENTE RESPONSABLE-Participación incidental
Como
el llamamiento a responder civilmente por las consecuencias del hecho punible
de otro, debe hacerse por el funcionario de conformidad con la ley sustancial
previa solicitud del legitimado para interponer las acciones concedidas, el
"tercero" puede controvertir los fundamentos legales de aquella
demanda. Obviamente, el debate procesal de la acción civil contra el
"tercero", dada la naturaleza del proceso penal en el  que se surte y
que condiciona de modo prevalente sus trámites,  supone que el llamado en tales
condiciones debe actuar en el sentido de  la determinación del grado de su
responsabilidad.
INDEMNIZACION-Cuantía/JURAMENTO-Valor
Desde
siempre se ha considerado que en cabeza del posible perjudicado por un hecho
punible contra el patrimonio económico, se puede  radicar la facultad para
señalar la cuantía  del objeto material del delito, y la cuantía y el monto de
la posible indemnización que quepa por los daños ocasionados; obviamente, esta
apreciación está sometida al proceso de crítica y valoración judicial que
naturalmente corresponde al funcionario judicial y a la controversia probatoria
de los demás sujetos procesales comprometidos como se ha advertido. El valor
que se le dá a dicho juramento es el de una prueba más que puede ser aportada
como las restantes en todo proceso en el que prevalece el principio de la
contradicción y audiencia; esta intervención, como las restantes en el proceso
penal, no desplaza a los funcionarios competentes en la función de administrar
justicia, pues, por el contrario, hace parte del deber de las personas de
contribuir con su actividad leal a la consecución de los fines de la
Administración de Justicia.
NULIDAD
PROCESAL-Oportunidad/DEBIDO
PROCESO
La
norma acusada propende por la vigencia efectiva del principio de lealtad
procesal y por el de la realización de la Justicia; así, cuando dentro de la
etapa investigativa cualquiera de los sujetos procesales se percate de la
existencia de una nulidad, debe de inmediato ponerla en conocimiento del Fiscal
que adelante el caso. Además la norma acusada no contraría el Debido Proceso
por cuanto los sujetos procesales cuentan con oportunidades suficientes para
invocar las nulidades de los actos procesales originadas en la etapa de
investigación y el juez está dotado de facultades oficiosas para declararlas;
ademas, la "convalidación" transitoria de las no invocadas dentro de
las oportunidades señaladas, no se opone al principio del adelantamiento de un
proceso libre de cualquier vicio de evidente raigambre constitucional, todo lo
contrario, pretende que se llegue a la etapa de juzgamiento y se adelante ésta
con la mayor garantía posible.
NULIDAD-Convalidación/DEBIDO
PROCESO/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
El
Debido Proceso contempla un marco amplio de garantías y comprende "la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio",
contenido que ha de interpretarse en perfecta correspondencia y armonía con lo
dispuesto por el artículo 228 de la Carta, que en su parte pertinente dice: "La
Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial". Esta prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal
viene a corroborar las razones expuestas más arriba, en tal virtud, quien
desempeñe la función jurisdiccional ha de procurar la corrección de ciertas
irregularidades que puedan presentarse, todo con miras a que el proceso culmine
resolviendo la concreta situación jurídica debatida.
EXEQUATUR-Finalidad/EXEQUATUR-Contenido/EXEQUATUR-Control
El
hecho de omitir el control que por vía del exequátur  ejerce la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre sentencias extranjeras
condenatorias e incorporadas como medio de prueba, no implica violación o
desconocimiento del Debido Proceso, ya que aquella figura no es de rango
constitucional y corresponde al legislador proveer al respecto, claro está con
el respeto a los Derechos Constitucionales Fundamentales reforzados
especialmente en materia penal y además, porque se refiere sólo a los
colombianos no capturados ni privados de la libertad en el exterior. No
pretendiéndose la ejecución en Colombia de esa sentencia, y que en ningún caso
se concederá la extradición del nacional colombiano por nacimiento, hipótesis
que sí puede cobijar al nacional por adopción y al extranjero, salvo en este
último por delitos políticos, sino apenas su incorporación como prueba, no
advierte la Corte violación alguna a la Carta Fundamental; se trata entonces de
eliminar un trámite que aunque tradicionalmente ha sido de fundamental
importancia para la legalidad del proceso penal, corresponde al legislador
establecerlo. Inclusive, se reitera, dicho trámite de exequátur, no puede
conducir a ningún fin específico de extradición de los nacionales por
nacimiento.
Ref:
Expediente No. D-045
Acción
Pública de Inconstitucionalidad contra los artículos 154, 155, 295, 306, 308 y
537 del Decreto Ley 2700 de 1991, Nuevo Código de Procedimiento Penal.
Actor:
HERNAN ANTONIO
BARRERO BRAVO
Magistrado
Sustanciador:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
Aprobado por
Acta No. 75
Santafé
de Bogotá, D. C., Septiembre veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y dos
(1992).
I.
ANTECEDENTES
El
trece (13) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), el ciudadano
HERNAN ANTONIO BARRERO BRAVO presentó en la Secretaría de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un escrito  mediante el cual
formula la demanda de la referencia.
La
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso la permanencia del
libelo en la referida Secretaría, mientras la entidad destinataria del mismo
iniciara el ejercicio de sus funciones. El dieciocho (18) de febrero del año en
curso, se recibió el expediente en la Secretaría de la Corte Constitucional.
Admitida
la demanda se ordenó practicar las comunicaciones de rigor constitucional y
legal; se fijó en lista el negocio y simultáneamente se dió traslado al
Despacho del Señor Procurador General de la Nación quién rindió el concepto de
su competencia. Una vez cumplidos todos los trámites previstos por el artículo
242 de la Constitución Nacional y por el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte
a resolver sobre la demanda presentada.
II.
EL TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
A
continuación se transcriben las disposiciones acusadas:
"Artículo
154. Oportunidad. El tercero civilmente responsable podrá
intervenir en el trámite incidental de la liquidación de perjuicios que se
promueva con posterioridad a la sentencia."
"Artículo
155.   Facultades.  El tercero civilmente responsable tiene
los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal. No podrá ser
condenado en perjuicios cuando no se haya notificado debidamente y se le haya
permitido controvertir las pruebas en su contra".
"Artículo
295.  Avalúo de Bienes en Hechos Punibles contra el Patrimonio Económico.  Para
determinar la competencia en los hechos punibles contra el patrimonio
económico, la cuantía y el monto de la indemnización, podrá ser la que fije el
perjudicado bajo la gravedad del juramento, siempre y cuando no sea impugnada
durante la investigación por cualquiera de los sujetos procesales, caso en el
cual el funcionario decretará la prueba pericial para establecerla".
"Artículo
306.  Oportunidad Para Invocar Nulidades Originadas en la Etapa de
Instrucción.  Las nulidades que no sean invocadas o decretadas
hasta el término de traslado común para preparar la audiencia, sólo podrán ser
debatidas en el recurso de casación."
"Artículo
308.  Principios que orientan la Declaratoria de las nulidades y su
Convalidación.
"1. No se declarará
la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba
destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa.
"2.  Quien alegue la
nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial, afecta garantías de los
sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el
juzgamiento.
"3.   No puede
invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta la
ejecución del acto irregular salvo que se trate de la falta de defensa técnica.
"4.
Los
actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado,
siempre que se observen las garantías constitucionales.
"5.
Sólo
puede   cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad
sustancial.
"6.
No
podrá declararse ninguna nulidad distinta a las señaladas en el artículo 304 de
este Código.
(
Lo subrayado es lo demandado).
"Artículo
537.  Sentencias condenatorias en el Exterior  en Casos de no Extradición.
Cuando un colombiano por nacimiento haya sido condenado en el exterior y esta
providencia se encuentre debidamente ejecutoriada, el funcionario judicial que
fuere competente de acuerdo con la legislación colombiana para conocer del
hecho, podrá sin necesidad de exequatur, incorporar la sentencia como prueba al
proceso que se adelante o llegare a adelantarse en el país."
III.
LA DEMANDA
A.  Normas
Constitucionales que se consideran infringidas
El
actor considera como normas constitucionales infringidas los artículos 13, 29 y
116 de la Constitución Política de Colombia y también el Preámbulo de la Carta.
B.  Los fundamentos de la demanda
1o. Artículos 154 y 155. El Tercero
Civilmente Responsable.
Estima
el ciudadano BARRERO BRAVO, que los artículos 154 y 155 del Decreto 2700 de
1991 contrarían los artículos 29 y 13 de la Carta Fundamental, así como el
Preámbulo de la misma y expone las razones de tal violación, así:
-
De la definición legal del tercero civilmente responsable contenida en el artículo
153 del C. de P.P., se desprende que "estamos frente a lo que comunmente
se denomina "responsabilidad extracontractual" derivada de un hecho
punible, fuente de obligaciones que "da origen a acción indemnizatoria en
favor de la víctima o de los herederos o sucesores", acción que puede
intentarse bien ante un juez civil o en su defecto, en el proceso penal
constituyéndose en parte civil.
-
Afirma el demandante que "es indiscutible la importancia que para la
agilidad del proceso y la efectividad de la condena tiene la posibilidad de que
la víctima o sus herederos o sucesores se constituyan en parte civil del
proceso penal y lleven a él al tercero civilmente responsable, pero ello no nos
puede permitir que en el proceso penal se le desconozcan a éste sus derechos
fundamentales, como ocurre con el solo acatamiento de los artículos demandados,
que no son suficientes, porque el civilmente responsable, por ejemplo, no
podría ejercer las facultades que en un proceso civil podría invocar, porque la
naturaleza del proceso penal no se lo permite, por su agilidad, entre otras
cosas y por ser "contrarias a la naturaleza propia del procedimiento
penal".
-
Considera, además, que "el hecho de 'notificar personalmente el auto
admisorio de la demanda' de parte civil dentro del proceso penal y asignarle el
'carácter de sujeto procesal' para 'intervenir en el proceso penal para
controvertir las pruebas de las que se derive su responsabilidad' otorgado por
el artículo 44 del Decreto 2700 de 1991 a 'quienes de acuerdo a la ley
sustancial deban reparar el daño', no es suficiente para garantizar los
derechos reconocidos por el artículo 29 de la Carta, porque la participación de
este tercero, se limita, en voces del artículo 155 del Decreto 2700/91 a ser
'notificado debidamente del auto admisorio de la demanda' y a 'controvertir las
pruebas en su contra', quedando por fuera otras actuaciones, defensas,
excepciones, etc., que en el proceso civil ordinario podría ejercer
plenamente".
-
Agrega que "tampoco es suficiente garantía  del artículo 29 de la C.N., el
permitirle 'intervenir en el trámite incidental de liquidación de perjuicios
que se promueva con posterioridad a la sentencia' -art. 154-, porque el
'incidente' no es suficiente para ejercer aquellos derechos procesales que venimos
comentando" y cita en apoyo de su tesis una jurisprudencia emanada de la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
-
Finalmente, señala que "los artículos 154 y 155 del Decreto 2700/91 violan
el principio de igualdad contemplado en el preámbulo y en el artículo 13 de la
Ley Suprema, al no permitirle al tercero civilmente responsable actuar en el
proceso penal, con iguales derechos y oportunidades que los conferidos en el
proceso civil; estar en desigualdad con los otros sujetos procesales ante la jurisdicción
penal cuando la víctima, sus herederos o sucesores se constituyen en parte
civil y no garantizarle el procedimiento penal,  las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva".
2o. Artículo 295.       Avalúo de Bienes
en Hechos Punibles contra el Patrimonio Económico.
Acerca
de la inconstitucionalidad del artículo 295 del Decreto 2700 de 1991, sostiene
el actor que "el juramento estimatorio es una figura o prueba de estricto
carácter civil" y que este "préstamo" al proceso penal "no
es conveniente ni constitucional" y apoya esta aseveración en los
siguientes argumentos:
-
"El juramento estimatorio puede dar lugar a estimaciones notoriamente
injustas, a fraudes o colusiones; es decir, se patrocina la inseguridad
jurídica, se pierde la imparcialidad e igualdad ante la ley a que se refiere el
artículo 13 de la Carta Fundamental, en perjuicio de un debido proceso en
materia penal".
-
El empleo de este elemento probatorio genera gravísimas consecuencias en lo
atinente a la tasación de la pena y de los posibles agravantes por cuanto el
sujeto pasivo podría hacer más gravosa la situación del procesado; manifiesta
el actor que el principio de igualdad "se rompe en perjuicio del imputado
de haber cometido un hecho punible contra el patrimonio al dejar en manos del
sujeto pasivo del mismo la tasación de la pena, los agravantes de la misma,
según la importancia o valoración que le otorgue al objeto del delito, así como
la competencia para conocerlo".
-
Reitera que el juramento estimativo permite circunscribir aspectos importantes
como la competencia, la valoración del objeto material, el tipo de pena y sus
agravantes, la valoración de los daños y perjuicios, a la voluntad exclusiva de
un particular "creando en contra de la Constitución Nacional casi una
jurisdicción especial o invistiendo sin facultad alguna a una persona
particular, el sujeto pasivo, de la función de administrar justicia", lo
que, en su sentir, contraría el artículo 116 de la Carta.
-
Por último, expresa que "al poner en manos de ese particular atribuciones
estrictamente pertenecientes a un funcionario judicial, se introduce un
elemento extraño a la propia naturaleza del procedimiento penal y se establece
una tarifa legal de prueba, superada oportunamente hace mucho tiempo".
3o. Artículo 306.           Oportunidad
para Invocar Nulidades Originadas en la Etapa de Instrucción
-
Realiza el demandante un somero análisis de proyectos y códigos anteriores al
nuevo estatuto procesal penal y concluye que por ninguna parte aparece norma
"similar a la glosada" que "impide a los sujetos procesales
ejercer el derecho a que no se siga un proceso nulo, a partir del término de
traslado común para preparar la audiencia". No se explica por qué se
impide alegar una nulidad en otros momentos procesales y expresa que el
principio de legalidad "se ve restringido porque las nulidades pueden
aparecer en todos y en cualquier momento del proceso y no sólo hasta el
"término de traslado común para preparar la audiencia".
-
Agrega que siendo la etapa de la investigación la más importante en el proceso
penal, "se presta normalmente para cometer algunas irregularidades que
pueden dar lugar a nulidades" que de no alegarse en el momento señalado
por la norma acusada, sólo podría alegarse en casación, "todo en perjuicio
del derecho de defensa del imputado o sindicado, contemplado en el artículo 29
de la C.N., a quien se le impide alegarla en segunda instancia".
-
Señala el actor que la nulidad puede ser invocada pero no decretada en ese
momento, situación que conduce "a seguir un proceso nulo hasta la decisión
en casación", con notable detrimento del debido proceso que ordena
adelantarlo "diáfanamente, libre de cualquier vicio".
4. Artículo 308.       Principios que
Orientan la Declaratoria de las Nulidades y su Convalidación.
-
Aduce el actor que este es un artículo "típicamente prestado del proceso
civil, no aplicable en su concepción al penal que requiere de mayores garantías
al estar en juego el bien más preciado, después de la vida, la libertad",
en efecto, en materia penal las nulidades "no pueden convalidarse sino
corregirse", pues en materia penal "no hay principios que valgan para
convalidar las nulidades, por los derechos que se protegen".
-
Sobre el numeral 1o. del artículo atacado expresa que resulta inconstitucional
"al consagrar legalmente que salvo la violación del derecho de defensa,
así se violen otras garantías constitucionales, es convalidable una nulidad;
esto contraría el principio de legalidad del proceso; deja al arbitrio del
funcionario la apreciación del acto procesal permitiéndole violar en el caso
concreto el derecho de defensa".
-
Acerca del numeral 2o., expone que es contrario al debido proceso porque en
supuestos contrarios a los allí previstos no habría nulidad o esta se convalidaría,
desconociéndose de ese modo "la protección debida a los sujetos
procesales, en especial al imputado o sindicado". Se pregunta el actor qué
sucede cuando la nulidad no es alegada o cuando existe "pero el
funcionario no la aprecia o no la quiere ver". Sostiene que a pesar de la
importancia que tiene el hecho de decidir en asuntos penales, al funcionario se
le convierte en un convidado de piedra.
-
Respecto del numeral 3o. expresa el demandante que la iniciativa en el proceso
penal la tiene el Estado como titular de la acción penal, titularidad que
ejerce mediante la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la
investigación y mediante los jueces competentes durante la etapa del juicio y
en casos excepcionales el Congreso; "cabe entonces preguntarnos si ellos
como sujetos procesales no pueden coadyuvar con su conducta a la ejecución del
acto irregular, en perjuicio del imputado o sindicado, violándose al aplicar
este principio el derecho al debido proceso y el artículo 13 de la C.N.  Qué pasaría
cuando esto sucede y el imputado o sindicado no alega la nulidad en la forma
exigida en el numeral 2 de este artículo?.  Agrega, que tal como lo hicieron
conocer los ponentes del proyecto "esto sería entregarle la legalidad del
proceso a los sujetos procesales, dando margen a que la voluntad de las
personas que intervienen en el mismo determine en qué momento existen o no
irregularidades que son de orden público y no de la órbita del derecho privado
o de la voluntad de los sujetos procesales".
Finalmente
manifiesta que la demanda no incluye los restantes numerales del artículo 308.
5. Artículo 537.         Sentencias
Condenatorias en el Exterior en Casos de no Extradición.
-
Considera el actor que este artículo "viola el artículo 29 de la Carta
Superior al permitir al funcionario judicial competente de acuerdo con la
legislación Colombiana incorporar la sentencia producida en el exterior como
prueba, al proceso que se adelante o llegare a adelantarse en el país sin
necesidad de exequatur."
-
Precisa el actor que la no exigencia del exequatur desconoce al sindicado o
imputado el derecho a un debido proceso, pues se impide que la sentencia
proferida en el exterior sea estudiada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, facultada para decidir si se ajusta o no a lo
dispuesto en tratados internacionales sobre importantes aspectos tales como
pruebas, derechos y garantías en el proceso etc., todo lo cual interesa
"para garantizar la imparcialidad de la justicia en el momento de apreciar
aquellas sentencias ..."
IV.
INTERVENCION OFICIAL
Dentro
del término de fijación en lista, el profesional LUIS ENRIQUE CUERVO PONTON, en
representación del Ministerio de Justicia presentó escrito en el que justifica
la constitucionalidad de las normas acusadas, así:
1o.
El Tercero Civilmente Responsable.
-
Se extiende el memorialista en consideraciones sobre la naturaleza y finalidad
del proceso penal y de la pretensión jurídica que vincula al tercero civilmente
responsable; afirma que el procedimiento penal "es simplemente un medio
para dar aplicación a las normas sustanciales" cuya finalidad, como la de
todo proceso es "la de permitir la realización de la justicia". Se
detiene en el análisis de la figura del tercero civilmente responsable, examina
el origen de las disposiciones atacadas y algunas decisiones jurisprudenciales,
de la Corte Suprema de Justicia, con especial referencia a los respectivos
salvamentos de voto. Concluye que en tratándose del tercero civilmente responsable
no se controvierte la constitucionalidad sino "cuestiones de conveniencia
que correspondió evaluar al Ejecutivo y lo hizo en el seno de la Comisión
Especial Legislativa; fue por tanto una decisión conjunta de los poderes
ejecutivo y "legislativo".  Aduce que "permitir o no la
intervención del tercero civilmente responsable en el proceso penal es cuestión
que admite opiniones encontradas. Son válidos los argumentos según los cuales
es preferible que la pretensión civil se ventile ante la propia jurisdicción,
como también lo son los que pretenden que ante todo se "haga
justicia" y sea posible que el perjudicado con el hecho punible reciba una
indemnización efectiva".
-
Agrega que la intervención del tercero civilmente responsable dentro del
proceso penal, no se opone al Debido Proceso pues "debe prevalecer la
menor ritualidad de los procesos penales, como ocurre cuando se opta por
ejercer la acción civil dentro de los mismos, pero en todo caso el juez
actuará  como si se tratara del juez de la propia jurisdicción, con una
notificación adecuada y la oportunidad para controvertir las pruebas en su
contra creemos que se garantizan las exigencias del debido proceso; sin que sea
necesario incorporar cuestiones propias del proceso civil, lo que tampoco ocurre
cuando se interpone demanda de constitución en parte civil dentro del proceso
penal."
-
Expresa el memorialista que no comparte el argumento según el cual las
disposiciones atacadas contrarían el Preámbulo, pues en su opinión, "es
discutible la naturaleza jurídica del preámbulo de la Constitución. Con
claridad no se trata de una norma pues no se encuentra incorporada al texto de
la misma Carta. Es una declaración previa a las disposiciones mismas que
refleja su espíritu y filosofía, pero mal puede citarse como 'norma violada'.
Los fines expresados en el preámbulo encuentran consagración constitucional en
normas de la Carta y es a ellas a las que se debe hacer referencia".
-
Tampoco se evidencia vulneración del artículo 13 de la Constitución, pues
"afirmar que dentro del proceso penal el tercero civilmente responsable
goza de menos derechos y oportunidades que dentro del proceso civil no equivale
a atentar contra la igualdad. Esta última se predica con respecto a las
relaciones de individuos y no de la relación entre procedimiento penal y
civil."
-
Señala que "podría predicarse falta de igualdad si el tercero civilmente
responsable tuviera menores oportunidades probatorias, situación de
inferioridad para controvertir las pruebas y ejercer su derecho de defensa en
relación con cualquier otro sujeto procesal y habida cuenta de la naturaleza de
la pretensión debatida".
2o.
Avalúo de Bienes en delitos contra el Patrimonio Económico.
-
Relata el memorialista los antecedentes que condujeron a la inclusión de la
norma acusada dentro del nuevo Código de Procedimiento Penal y afirma que la
Constitución consagra la presunción de buena fe y que "consecuencia
lógica  de este principio es la de permitirle al perjudicado estimar el valor
del objeto materia del delito y de los daños ocasionados".
-
Si bien es cierto, que algunos perjudicados pueden excederse "al hacer sus
estimativos", corresponde al funcionario judicial valorar el contenido de
los mismos y, además, los sujetos procesales tienen la posibilidad de impugnar
las cuantías presentadas por el perjudicado.
-
Cuando se trata de delitos contra el patrimonio económico, la cuantía determina
cuál es el juez competente para tramitar el proceso, aún así la cifra calculada
"es simplemente un instrumento útil, que no es definitivo, ni mucho menos
arbitrario pues está sujeto a discusión y valoración judicial".
-
Advierte, que el juramento no constituye medio de prueba autónomo, es en
realidad una formalidad exigida con respecto a ciertas declaraciones y no es
exclusivo de ningún tipo de procedimiento.
-
El memorialista resume sus argumentos así: "En ningún momento esta cifra
compromete la decisión del funcionario judicial. Primero, porque se trata
simplemente de una prueba más que debe ser sometida al proceso de crítica y
valoración judicial. Segundo, porque el texto mismo del artículo es enfático en
atribuirle carácter no imperativo a dicha estimación, al utilizar la expresión
"podrá ser". Tercero, porque de ser impugnada obliga a que se ordene
un avalúo pericial, prueba adicional que tendrá que ser valorada por el
funcionario judicial. Y finalmente, porque la tasación de la pena depende de
múltiples factores ... y no simplemente del valor del objeto material ni de la
indemnización de perjuicios". "No se atenta contra el derecho a la
igualdad pues no se coloca al perjudicado en situación preferencial con
respecto a ningún sujeto procesal, ni el permitirle presentar este estimativo
le otorga privilegio alguno."
-
Tampoco se otorga al perjudicado atribución alguna de administrar justicia,
pues, "muchos particulares intervienen dentro de los procesos en calidad
de partes y por eso adquieren derechos y obligaciones procesales, pero no por
eso se puede concluir que administran justicia. Por lo tanto estimar infringido
el artículo 116 carece de total fundamento. La Administración de Justicia está
a cargo de los jueces competentes, pero no puede ser independiente de los
ciudadanos. Estos tienen la obligación de colaborar con la administración de
justicia pues hace parte de su representación en el poder público y es en
últimas expresión de su identidad colectiva. Se trata además de una obligación
consagrada en el artículo 95 de la Carta. Son, en todo caso, claras las diferencias
entre colaborar con la justicia, ejercer las atribuciones propias del sujeto
procesal y administrar justicia".
3o. Oportunidad Para Invocar Nulidades
Originadas en la Etapa de    Instrucción.
-
Respecto de la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad del artículo
306 del Decreto 2700 de 1991 estima el memorialista que el actor no presenta
las razones por las cuales este artículo contraría la Constitución y
"podría por esta simple razón desestimarse el cargo".
-
Considera que el Derecho de Defensa "no es ilimitado", pues dentro de
los procedimientos existen oportunidades probatorias, términos para impugnar
providencias interlocutorias, en fin, oportunidades para solicitar nulidades.
Afirma que "el código contempla que el funcionario judicial pueda declarar
de oficio una nulidad siempre que la advierta y permite que los sujetos
procesales invoquen nulidades originadas en la etapa de la instrucción hasta el
término de traslado para preparar la audiencia. Al limitar la oportunidad para
invocar nulidades originadas en la etapa del sumario se pretende simplemente
evitar la realización de audiencias públicas en procesos viciados. Si hasta el
momento en que se corre traslado para preparar la audiencia los sujetos
procesales  no han alegado causal de nulidad, debe procederse al debate público
con el fin de obtener sentencia de fondo".  Agrega que los sujetos
procesales tienen la  obligación de actuar con lealtad y "si se descubre
una nulidad esta debe ser alegada de inmediato".
-
Por último, señala que "el debido proceso garantiza los trámites sin
dilaciones injustificadas.  La posibilidad de invocar nulidades originadas en
la etapa del sumario, en cualquier momento, puede convertirse en atentado claro
contra este derecho fundamental.  Por el contrario, la consagración de una
oportunidad procesal para invocarlos, otorga vigencia al concepto de
"debido proceso sin dilaciones injustificadas".
4o. Principios que Orientan la
Declaratoria de las Nulidades y su Convalidación.
-
Según el memorialista "existe también aquí ausencia de argumentos o
razones que expliquen por qué los textos del Código se encuentran en
contradicción con disposiciones de la Constitución. Estos simples defectos
serían suficientes para desestimar también este cargo".
-
Afirma que el artículo 308 no viola la Carta, "los criterios en él
establecidos buscan simplemente la protección del derecho sustancial, y su
imperio sobre la forma. Se trata de que el proceso sea el camino para la
realización de la justicia, la aplicación del derecho sustancial y la
realización de sus fines".
-
Estima que igualmente los numerales del artículo 308 pretenden "garantizar
la efectividad del derecho material y el carácter accesorio y subordinado de la
norma.  Así, sí un acto procesal cumplió la finalidad para la cual estaba
previsto, un error, por ejemplo, al consignar la fecha de su realización podría
ser corregido sin necesidad de dar lugar a una nulidad del proceso. No puede
pensarse, como lo han pretendido algunos, que este numeral consagre la
posibilidad de realizar actuaciones que atenten contra principios
fundamentales. Las normas rectoras del Código, según el artículo 22 del mismo,
prevalecen sobre cualquier otra disposición y son obligatorias. Entre ellas se
encuentran: el debido proceso, la presunción de inocencia y el reconocimiento
de la dignidad humana. Por eso el numeral primero del artículo 308 no puede
entenderse como la ocasión para ejecutar actos arbitrarios y contrarios a la
Carta."
-
Agrega que "se pretende simplemente que los recursos del estado sean
utilizados debidamente y que las actuaciones además de ajustarse a la
Constitución cumplan con su finalidad y tengan sentido. La nulidad no puede
referirse a cuestiones simplemente adjetivas, para que ésta se presente la deficiencia
en la forma ha de afectar derechos y ese es el sentido del segundo numeral del
artículo. Finalmente, el tercer numeral recoge el tradicional principio de que
nadie puede alegar su propia culpa".
5o. Sentencias Condenatorias en el
Exterior en Casos de No     Extradición.
-
El artículo 537 permite incorporar una sentencia condenatoria en el exterior al
proceso penal que deberá adelantarse en el país, pero esto no puede confundirse
con el exequator que pretende la aplicación en Colombia de una sentencia
proferida en el exterior, "el artículo 537 incorpora como medio de prueba
la sentencia, sin pretender darle aplicación inmediata".
V.
EL MINISTERIO PUBLICO
El
señor Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su
competencia y en él solicita a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad de los artículos 154, 155, 295, 306, 308 y 537 del Decreto 2700
de 1991.
El
Despacho del señor Procurador General de la Nación fundamenta su solicitud,
formulada dentro de este proceso en las consideraciones que se resumen así:
1.
El Tercero Civilmente Responsable
-
Sostiene el señor Procurador General de la Nación en su concepto que los
artículos 154 y 155 acusados no vulneran "con sus preceptivas el debido
proceso amparado por el artículo 29 Superior, puesto que como se vió, esta
figura del Tercero Civilmente Responsable, si bien pertenece a un aspecto
tratado por el derecho civil, como es la responsabilidad civil
extracontractual, puede ser visto bajo el marco del derecho procedimental penal
con el único fin de obtener la indemnización de perjuicios causados por el
delito".
-
Ante la afirmación hecha por el actor de que el tercero no goza de las
prerrogativas propias de un proceso civil ordinario, recuerda el señor
Procurador que "en esta clase de acciones es el perjudicado quién elige la
vía que definirá la indemnización".
-
No advierte el señor Procurador General de la Nación infracción al principio de
igualdad "porque si bien el artículo 154 del decreto 2700 habla de la
posible intervención del tercero en el trámite incidental de perjuicios que se
promueva con posterioridad a las sentencias, el 155 ibídem determina que éste
tiene los mismos derechos y facultades "de cualquier sujeto procesal"
lo que lo coloca en igualdad de condiciones con los demás intervinientes".
2.
El Juramento Estimatorio
-
Destaca el jefe del Ministerio Público que "el cotejo entre la norma
acusada y el Preámbulo de la Carta es improcedente porque este último consagra
principios filosóficos, jurídicos y políticos que sirven de norte al
Constituyente Primario sobre su querer y su deber ser"; agrega que
"la más de las veces los valores que el preámbulo contiene tales como la
justicia, la igualdad, la libertad, la paz, el trabajo, etc., podrían dar ocasión
a que el juez de la Carta, se convirtiera en legislador según el enfoque que dé
a los mismos, lo que como asegura la doctrina constitucional 'daría lugar a la
inseguridad jurídica y a través de ella a la arbitrariedad'".
-
Con relación a la violación del artículo 13 de la Constitución Nacional
considera el señor Procurador que "bien extraña resulta al proceso penal
la introducción de esta figura de origen civil (el juramento estimatorio) para
determinar la competencia en los hechos punibles contra el patrimonio
económico, pero ello no significa que se vulnere la igualdad que deben tener
las partes en el proceso penal, lo que en el fondo involucraría además al
principio del debido proceso; y se afirma que no se infringen tales fundamentos
porque allí mismo se determina que la estimación podrá ser impugnada durante la
investigación por cualquiera de los sujetos procesales, en cuyo evento para
mayor garantía, el funcionario decretará la prueba pericial para establecer la
competencia, lo que asegura la contradicción y la comprobación de elementos
garantizadores de la equidad procesal.
3.
Las Nulidades (Artículos 306 y 308).
-
Respecto del artículo 306 afirma el señor Procurador que no le asiste razón al
demandante, pues, la norma consagra la oportunidad para invocar nulidades
originadas en la etapa de instrucción, "pero no impide que las ocasionadas
en el juicio puedan interponerse y fallarse en esta segunda etapa del
proceso". Más adelante añade que "la etapa de instrucción que habrá de
adelantarse bajo la dirección del Fiscal, puede presentar la ocurrencia de
causales que den ocasión a la nulidad de lo actuado, las que de no haberse
resuelto en esta fase investigativa, podrán ser objeto de decisión cuando al
iniciarse la etapa del juzgamiento adquieran competencia los jueces encargados
de la misma.
-
Con referencia al artículo 308, cita el señor Procurador las causales de
nulidad del artículo 304 y expone que las causales "que en forma taxativa
trae la norma, no pueden ser aplicadas sin el apoyo de los principios que
orientan su declaratoria, porque como lo ha señalado la doctrina, sería
imposible y además antitécnico, que el Código enumerase todos los vicios
trascendentales en la relación jurídico procesal. De manera que debe el juez
aplicar dichos principios, en aras de lograr con precisión y certeza el uso de
la causal, con el fin de preservar garantías de amplia y fundada consagración
constitucional, pues como se sabe no todas las causales de nulidad que se
invocan están en la ley...".
-
La convalidación de nulidades no viola las garantías y derechos del imputado,
pues para proceder a ella se prevé el consentimiento del perjudicado y además
siempre deben observarse las garantías constitucionales.  Señala el señor
Procurador que este principio de convalidación no ha sido ajeno al derecho
penal, sólo que ahora se ha elevado a rango legal, sin que ello implique
violación del artículo 29 de la Carta.
4.
El Artículo 537
-
El Jefe del Ministerio Público opina que el artículo 537 se limita a señalar la
forma de incorporación de una sentencia proferida en el extranjero al proceso
como una simple prueba; no determina la valoración que el Juez le dará pues
"la misma obedecería al igual que todas las pruebas en el proceso, al
principio de la sana crítica; tampoco indica que la sentencia extranjera pueda
o deba ser ejecutada en Colombia, de ello se ocupan otros artículos del Decreto
2700 de 1991; no advirtiéndose, en consecuencia, infracción del debido proceso.
II
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera:
La Competencia
Esta
Corporación es competente para conocer de la demanda de la referencia, en
atención a lo dispuesto por el artículo 10o. transitorio de la Carta Política
de 1991, ya que las normas acusadas fueron dictadas por el Presidente de la
República, en ejercicio de las Facultades Extraordinarias conferidas por la
Asamblea Nacional Constituyente en el literal a) del artículo 5o. transitorio
de la misma, con la participación de la Comisión Especial Legislativa. Además,
se advierte que en este proceso el Magistrado Sustanciador ordenó inaplicar la
expresión "...sobre la última de ellas antes del 1o. de junio de
1992", del artículo transitorio del Decreto 2067 de 1991.
Segunda:
El Tercero Civilmente Responsable
A.
En primer término, debe la Corte examinar la parte de la demanda que se dirige
contra la constitucionalidad de los Artículos 154 y 155  del Nuevo Código de
Procedimiento Penal, en los que se regulan muy determinados aspectos de la
figura conocida en nuestro sistema jurídico como el "Tercero Civilmente
Responsable".
Como
se vió en la parte de antecedentes de este fallo, de las peticiones formuladas
por el Actor se desprende que el principal argumento sobre la
constitucionalidad de los Artículos 154 y 155  del Nuevo Código de
Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), radica en su concepto sobre
responsabilidad civil dentro del proceso penal que, en su opinión, se contrae a
la tradicional noción de Responsabilidad Extracontractual prevista en los
artículos 2341 a 2360 del Código Civil Colombiano; en este sentido, el Actor
sostiene que el proceso penal no garantiza los derechos fundamentales del
"Tercero Civilmente Responsable", especialmente los consagrados en el
Preámbulo y en los artículos 13 y 29 de la Carta, ya que en las disposiciones
acusadas, no se atiende a la Igualdad Real y Efectiva de todas las personas
ante la Ley, y se desconocen las garantías propias del Debido Proceso.
B.
Para adelantar su juicio, esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución
Política de 1991, siguiendo la orientación constitucional y legal de nuestro
ordenamiento jurídico, propia de un Estado de Derecho, sienta  desde su
Preámbulo las bases de la responsabilidad derivada de la conducta punible, al
establecer entre los principios orientadores y fundamentales del Estado, y por
tanto exigibles por los jueces, el de asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia,..la justicia y la igualdad ,... dentro de un marco jurídico que
garantice un orden económico, político y social justo; ademas, la misma
Carta en el Articulo segundo (2o.) reitera dichos postulados al señalar los
fines del Estado que, según la voluntad constituyente, tienen carácter
esencial, e incorpora dentro de ellos el de garantizar la efectividad de los
derechos y deberes consagrados en la Constitución.
En
concepto de la Corte estos presupuestos de rango constitucional dan fundamento
jurídico no solo a la potestad reglada del Estado para exigir de los sujetos
comprometidos en el hecho punible la responsabilidad punitiva que les quepa,
sino para promover con medidas coactivas la sanción de la conducta penalmente
reprochable; pero además, dentro de este marco jurídico de rango
constitucional, también queda comprendida la competencia del legislador para
atribuir a los jueces la facultad de exigir de los comprometidos en la conducta
punible la responsabilidad civil que quepa, no sólo al autor en sus distintas
modalidades, sino al llamado, conforme a la ley sustancial, a responder por
otro.
Empero,
lo anterior debe ser examinado de conformidad con lo establecido por otras
disposiciones de la Carta Fundamental, con el propósito de obtener el cabal
entendimiento de la institución de que se trata; igualmente, las normas
acusadas deben ser examinadas en sus relaciones con otras disposiciones de
rango legal, tanto del mismo estatuto a que pertenecen, como de las restantes
disposiciones que se ocupan de la figura de la responsabilidad por el hecho de
otro, vertidas en los códigos penal, civil y de procedimiento civil.
Adviértase además, que en relación con este instituto jurídico existen diversas
tendencias en la doctrina nacional e internacional en lo que hace a la
conveniencia de la presencia del tercero civilmente responsable dentro de las
actuaciones judiciales propias del proceso penal;  estas tendencias que se
ubican en ambos extremos de la figura, también aparecen formuladas en
instituciones intermedias que admiten la vinculación parcial o apenas relativa
del tercero civilmente responsable.  No obstante lo anterior, esta Corporación
contrae su examen a todos los aspectos de la constitucionalidad de las normas
que regulan la figura del tercero civilmente responsable.
C.
También, el Constituyente hizo expresa advertencia en relación con los
elementos que integran la noción de orden económico, político y social justo al
establecer que "...las autoridades de la República están instituídas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades..." (art. 2o inciso
segundo C.N.).
Además,
es claro que la Carta atribuye de modo prevalente aunque no exclusivo, dadas
las excepciones previstas en los artículos 246 y 247 y en  los incisos 2o., 3o.
y 4o del articulo 116, la función de administrar justicia a los funcionarios
judiciales. El articulo 116 que se cita señala en la parte pertinente que:
"La
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los
Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia
penal militar.
......"
Igualmente,
en desarrollo de la nueva concepción del Constituyente sobre la función de
administrar justicia y en especial sobre la función de la Fiscalía General de
la Nación dentro de la estructura orgánica y funcional del Estado,  el artículo
250 de la Carta señala que:
"Corresponde
a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella,
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y
tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la
fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal
efecto la Fiscalía General de la Nación   deberá:
1.
Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal,
adoptando las medidas de aseguramiento. Además, si fuere del caso, tomar las
medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
...."(subrayas
de la Corte)
D.
Todo este conjunto de elementos normativos previstos por la Carta Fundamental,
hacen parte de uno de los presupuestos inseparables de la noción de Estado de
Derecho que, desde sus origenes, se erige para superar los estados de
arbitrariedad y para garantizar la dignidad y los derechos de las personas,
dentro de los limites de la misma Constitución y de las leyes que se pueden
expedir en su desarrollo y bajo su amparo, y atendiendo a las nociones que ella
misma permite determinar en cuanto a la Justicia y al Derecho.
Igualmente,
el artículo 95 de la Constitución establece como deberes de las personas el de respetar
los derechos ajenos y no abusar de los propios, la obligación de cumplir la
Constitución y las leyes, en concordancia con el artículo 6o. que impone la
responsabilidad legal de las personas al señalar que "Los particulares
solo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o por
extralimitación en el ejercicio de sus funciones".
Ahora
bien, como lo tiene definido la doctrina nacional, la Constitución es
esencialmente la unidad doctrinaria, programática e ideológica del orden
jurídico del Estado y, desde el punto de vista material, es el conjunto de
instituciones y reglas jurídicas que sientan las bases de la organización
general de éste y de su funcionamiento, de tal manera que aquella determina la
forma de gobierno, define los derechos y deberes fundamentales de los asociados
y consagra las garantías de su libertad, lo mismo que las principales reglas de
distribución de competencias entre los órganos y autoridades que se encargan de
la función pública. Lo anterior presupone una interpretación que armonice y
disponga de modo coherente los preceptos constitucionales, en lo que hace a sus
principios y fines, lo mismo que a sus valores, en especial los que se
relacionan con la interpretación y protección de los derechos fundamentales, y
la organización institucional de sus distintos  elementos encargados de las
funciones que le son propias, como la de administrar justicia que es, en
verdad, el tema que trasciende las iniciales formulaciones de la demanda.
En
este sentido, es claro que para definir la situación planteada por el actor es
necesario tener en cuenta cuál es la estructura constitucional de la Rama
judicial del Poder Publico y sus funciones propias, bajo la advertencia de que
salvo las expresas competencias que la Carta Fundamental reserva a la Corte
Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia,  al Consejo de Estado, al
Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y al
Congreso de la República, corresponde a la Ley distribuir las competencias
entre los organismos y funcionarios de la Rama Judicial del poder publico.
E.
Siguiendo estos fundamentos constitucionales, también es claro que la
jurisdicción penal y las competencias legales que la regulen de conformidad con
la Carta, se han de establecer para determinar la responsabilidad penal de
quiénes han intervenido o participado en la realización del hecho tipificado
como punible en calidad de autores materiales o intelectuales, coautores,
cómplices necesarios o no necesarios, realizando así uno de los fines
esenciales del Estado del cual es titular la Rama Judicial del poder público en
nombre de la República y que se refiere  a la función tradicional de
administrar justicia; dentro de este ámbito, el establecimiento de la
jurisdicción penal conduce, ademas, a reconocer en cabeza de los Jueces y de
los funcionarios judiciales competentes para administrar justicia según los
términos de las atribuciones constitucionales y legales, la facultad suficiente
para  investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores en el caso de
los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, y, en el caso de los
jueces y tribunales, la de juzgar la conducta estimada como punible, pudiendo
imponer, si es del caso, las penas y las medidas de seguridad que correspondan
en la lucha por asegurar el respeto de los derechos de todas las personas y por
alcanzar un orden jurídico justo.
En
juicio de la Corte, también se extiende esta competencia de origen
constitucional a la atribución  de la facultad para definir la responsabilidad
civil del autor directo del hecho punible, por las consecuencias o efectos que
de este se desprenden y  la de quien sin serlo, también resulte comprometido
civilmente, de conformidad con la ley sustancial, por la actuación de quien ha
transgredido la norma penal.
Así,
como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en oportunidad anterior, dada la
íntima correlación que suele existir entre el daño público y el privado
generados por el delito, al legislador le está permitido refundir aquellas
competencias y asignarlas al funcionario penal que puede calificar la conducta
civil de quien  no ha participado en el hecho como autor, coautor o cómplice,
pero debe responder de conformidad con la ley sustancial de los perjuicios
derivados de la conducta punible descrita por la normatividad  penal. Al ser
regulada de esta manera la institución de la jurisdicción penal y de sus
competencias en el ámbito de la definición de la responsabilidad punitiva y
civil derivada del hecho punible, tanto en cabeza del autor o autores y de las
personas llamadas a responder por el hecho punible de otro, no se quebranta
ninguna de las disposiciones que hacen parte del ordenamiento constitucional ni
se desvirtúa la naturaleza del proceso penal, cuyo objeto es precisamente la
administración de la justicia.
F.
De otra parte, estima la Corte que las disposiciones acusadas no son
violatorias de la Carta Política, puesto que no desconocen los presupuestos
constitucionales del Debido Proceso, ni el Derecho de Defensa, ni la Igualdad
real y efectiva de las personas ante la Ley, ya que la Constitución permite al
legislador distribuir las competencias entre los organismos que administran
justicia dentro de la estructura del Estado y, ademas, lo habilita para
establecer los correspondientes procedimientos, con las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa, que precisamente en materia penal o
restrictiva de la libertad personal y física, aparecen reforzados en favor del
investigado o del acusado y por tanto se extienden directa e indirectamente en
favor de quien debe responder civilmente por el hecho punible ajeno, por virtud
de los principios de la preexistencia normativa o de la tipicidad penal, del
juez competente, de las formas propias de cada juicio, de la favorabilidad
penal,  de la presunción de inocencia, del derecho a gozar de la asistencia de
un abogado  y de un debido proceso público y sin dilaciones, a presentar y
controvertir pruebas, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho; además, en favor del imputado del hecho punible,
la Carta otorga el derecho a invocar el Habeas Corpus y  a no declarar
contra sí mismo entre otras garantías, quedando en claro que nada se opone
dentro de la Carta a que dentro del trámite de la acción penal, que es de
naturaleza pública por los principales intereses que se examinan, se adelante
la tramitación de las correspondientes actuaciones en las que se determine la
vinculación obligacional de la persona llamada a responder civilmente por el
hecho de otro, de conformidad con la ley sustancial.
Ahora
bien, en atención a los argumentos de la demanda y de los  pronunciamientos que
bajo otro contexto constitucional y dentro de otra regulación sustantiva y
procesal penal profirió la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena (Sentencia
de Diciembre 3 de 1987 M. P. Jairo Duque Pérez), cabe señalar que la noción
constitucional de Juez  o Tribunal competente establecida en el inciso segundo
del artículo 29 de la Carta de 1991, se refiere a la prohibición de crear Jueces,
Juzgados y Tribunales de excepción, cuya prohibición se reitera en los
artículos 213 y 214 de la misma norma superior. Este principio de carácter
normativo  definido desde la Carta Fundamental, comprende una doble garantía en
el sentido de que asegura en primer término al imputado el derecho a no ser
juzgado por un juez distinto a los que integran la Jurisdicción, evitándose la
posibilidad de crear ex novo competencias distintas de las que comprende
la organización de los jueces;  además, en segundo término, significa una
garantía para la Rama Judicial en cuanto impide la violación a los principios
de independencia, unidad y "monopolio" de la jurisdicción ante las
modificaciones que podrían intentarse para alterar su funcionamiento ordinario.
Como se advirtió, la primera de las reglas en materia de la competencia de los
jueces o tribunales, para efectos de determinar lo que se entiende por  juez
competente la define la misma Constitución, y en segundo lugar dicha calidad es
definida por la Ley en sus distintos niveles, como son la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia (Art. 152 lit. b C.N.) y los códigos sustantivos y
de procedimiento. En este sentido se encuentra que, salvo las precisas competencias
residuales que entrega la Carta al Consejo Superior de la Judicatura en el
numeral tercero del artículo 257, en adelante queda suprimida cualquier
competencia, reglamentaria o administrativa o de excepción, para dictar normas
que incidan sobre la existencia y organización  del Juez competente.
Se
tiene bien definido por la jurisprudencia y la doctrina nacional que el Debido
Proceso que asegura la Carta,  en líneas generales consiste, con las salvedades
que impone el especial reforzamiento de las garantías en favor del imputado en
el ámbito penal, en que nadie puede ser condenado sin habérsele oído y vencido
previamente en juicio, con la cabal observancia de las ritualidades procesales
propias del caso  y por el Juez o Tribunal competente y preestablecido para
decidir el asunto judicial.  Este principio no significa que el constituyente
haya graduado la intensidad, la amplitud o la extensión de los procedimientos
en el campo de las responsabilidades civiles, pues lo anterior corresponde por
principio al legislador; obviamente, y bajo el marco de la nueva Carta
Constitucional, existen algunas otras definiciones del Constituyente en materia
de los presupuestos, vías e instrumentos constitucionales que aseguran el
derecho de acceder a la justicia, como lo son la Acción de Tutela en favor de
la garantía los derechos constitucionales fundamentales, las Acciones Populares
para la defensa de las derechos colectivos y del ambiente, y las Acciones de
Clase o de Grupo entre otras.
Queda
así claro que bajo las reglas que se han señalado en materia de garantías
constitucionales en el proceso penal, y salvo  el caso de la Acción de Tutela
prevista en el articulo 86 de la Carta, que establece algunas regulaciones
sobre la misma en términos de su ritualidad, la regulación de las materias
relacionadas con las características de cada proceso corresponden al legislador
y éste bien puede proveer al respecto, como lo hizo en las normas que se
examinan en las que se desarrollan algunas de las hipótesis normativas sobre la
actuación del "Tercero Civilmente Responsable".
G.
En cuanto se relaciona con los específicos enunciados normativos que establecen
los artículos 154 y 155 que se acusan,  es necesario advertir que los artículos
103 y 105 del Código Penal (Decreto 100 de 1980), regulan de modo expreso las
características de la responsabilidad civil derivada del hecho punible, al
determinar que este origina obligación de reparar los daños materiales y
morales que por él se generen, y que, además,  están obligados a hacerlo en forma
solidaria, las personas penalmente responsables y quiénes de acuerdo con la ley
están comprendidos dentro de la misma obligación.
En
principio, este fundamento legal de la responsabilidad común por los delitos y
las culpas, se encuentra establecido en el Titulo XXXIV del Libro Cuarto del
Código Civil y, especialmente, en los artículos 2341, 2342, 2343, 2344, 2347,
2348, 2349, 2352, 2357 y 2358 de aquel estatuto.
En
este orden de ideas, y según la decantada jurisprudencia nacional, aceptada no
sólo en el ámbito de la jurisdicción civil, sino en el de competencia de los
jueces penales, los llamados "terceros" en esta institución son
responsables, de conformidad con la ley sustancial, con carácter colateral o
indirecto, por las consecuencias del hecho punible de otro, como el padre del
menor o el guardador del incapaz, que por distintas razones omitieron la
vigilancia que debían sobre aquellos, o el patrono que no se guarda de escoger
y vincular a su actividad  económica o doméstica servidores idóneos, probos y
de buena conducta en las mismas. Como se destaca, es la propia culpa, sea
colateral o indirecta, la que permite a la ley llamar a responder al
"tercero", y por tal razón, se parte del supuesto de que éste tiene
interés para intervenir en la resolución judicial de una situación jurídica que
lo obliga como sujeto procesal.
Pero
además, el articulo 44 del mismo Código de Procedimiento Penal señala que "Están
solidariamente obligados a reparar el daño, resarcir los perjuicios causados
por el hecho punible y a restituir el enriquecimiento ilícito las personas que
resulten responsables penalmente, quiénes de acuerdo con la ley sustancial
deban reparar el daño y aquellas que se hubieren beneficiado de dicho
enriquecimiento. Quiénes sean llamados a responder de acuerdo con la ley
sustancial, deberán ser notificados personalmente del auto admisorio de la
demanda, tendrán el carácter de sujetos procesales e intervendrán en el
proceso penal para controvertir las pruebas de las que se derive su
responsabilidad." (Subraya la Corte).
En
este sentido queda claro que el llamado a responder en tales condiciones,
requiere del cumplimiento de este fundamental requisito de la notificación, que
le da el carácter necesario para actuar dentro del proceso como un sujeto
procesal, con las facultades suficientes para controvertir las pruebas que se
reciban procesalmente para derivarle responsabilidad, para constituir apoderado
o para que se le nombre de oficio, para presentar pruebas conducentes a
demostrar la exclusión de su responsabilidad, para interponer los recursos que
se refieran a los actos que lo comprometan en la citada responsabilidad; todo
esto presupone que este sujeto procesal ha podido participar en el trámite del
proceso, a partir de la resolución de apertura de instrucción y previa la
notificación de la demanda hasta antes de que se profiera sentencia de segunda
o única instancia, y su intervención en el eventual tramite incidental de
liquidación de perjuicios, que regula el artículo 154, en concordancia con los
artículos  56 a 62 del mismo estatuto de procedimiento penal, se garantiza
sobre la base de la preexistencia de la sentencia ejecutoriada.
No
comparte la Corte la interpretación del actor en el sentido de considerar que
la hipótesis planteada por el articulo 154 reduce las oportunidades de
intervención del "tercero" sólo a su participación en el citado
incidente; más bien, lo correcto es entender que esta participación incidental
corresponde a una etapa posterior al tramite de la definición judicial de la
responsabilidad de éste y de sus alcances concretos, durante la cual ha podido
debatir plenamente y a la luz de toda la normatividad sustancial que regula su
situación jurídica,  el compromiso civil que le cabe por el hecho de otro. Se
deja en claro que, como el llamamiento a responder civilmente por las
consecuencias del hecho punible de otro, debe hacerse por el funcionario de
conformidad con la ley sustancial previa solicitud del legitimado para interponer
las acciones concedidas, el "tercero" puede controvertir los
fundamentos legales de aquella demanda. Obviamente, el debate procesal de la
acción civil contra el "tercero", dada la naturaleza del proceso
penal en el  que se surte y que condiciona de modo prevalente sus trámites,
supone que el llamado en tales condiciones debe actuar en el sentido de  la
determinación del grado de su responsabilidad.
Además,
en favor de las garantías de los intereses patrimoniales del tercero llamado a
responder civilmente, adviértase que el artículo 62 del Código de Procedimiento
Penal establece que la acción civil proveniente del hecho punible se extingue
en todo o en parte, por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil;
en este sentido el artículo 1625 de dicho Código establece las causales de
extinción de toda obligación y advierte que la principal vía para dicho fin es
la de la convención de las partes interesadas siendo capaces de disponer
libremente de lo suyo; además, allí se señalan  otras causales, que para los
efectos del entendimiento de la norma que se examina son parte de ley
sustancial, y, para su procedencia en el trámite del proceso penal, deben
examinarse a la luz de la naturaleza del vínculo obligacional causado por el
hecho punible de otro.
También
debe tenerse presente que el inciso segundo del artículo 2358 del Código Civil
establece un término de caducidad de la acción para la reparación del daño
causado por el delito de otro de tres  (3) años contados desde la perpetración
del acto, lo cual redunda en favor de las garantías procesales del Tercero
Civilmente Responsable y también contribuye a dilucidar los cargos formulados
por la demanda.
Adicionalmente,
y para un mejor entendimiento de los fines del legislador al elaborar las disposiciones
que se examinan, se advierte que el artículo 21 del mismo Código de
Procedimiento Penal, como norma de integración de dicho estatuto con las
restantes disposiciones de la legislación,  dispone que:
"ARTICULO
21.  Integración.  En aquellas materias que no se hallen expresamente
reguladas en este Código, son aplicables  las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales que no se opongan a la
naturaleza del Procedimiento Penal".
Cobra
fundamental importancia dicha garantía de intervención en el incidente de
liquidación en tratándose de perjuicios por el agravio a derechos o intereses
colectivos o de grupo ocasionados a un numero plural de personas y  reclamados
en el proceso penal por virtud del ejercicio de las acciones populares de
origen constitucional y reguladas para estos casos en el mismo código sobre la
base de asegurar el acceso a la justicia a todas las personas; en estos
eventos, dada la naturaleza de la  acción  popular por el daño causado a un
numero indeterminado de personas, y del eventual fallo condenatorio, la ley ha
dispuesto la constitución de un fondo administrado por el Defensor del Pueblo
para ser distribuido entre los beneficiarios de acuerdo con sus propios
intereses según la liquidación que resulte (Art. 56 inc.2o. C. de P.P.).
Así
las cosas, no cabe duda a la Corte Constitucional sobre el fundamento jurídico
de los artículos 154 y 155  que se acusan y procederá a declarar su conformidad
con la Carta .
Tercera:    El Avalúo de Bienes por el
Perjudicado.
A.
En segundo término, el actor dirige su demanda contra el artículo 295 del
decreto 2700 de 1991, por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal,
pues, en su opinión, con dicha disposición se desconoce el artículo 29 de la
Carta Fundamental que consagra las nociones del Debido Proceso en materia
penal; igualmente, el actor estima que con la disposición acusada se violan las
previsiones del artículo 116 de la Constitución ya que la hipótesis que
consagra, permite revestir de facultades jurisdiccionales a las personas
particulares por fuera de las consideraciones y limites que para dicho fin  se
establecen en la normatividad superior.
En
concepto de la Corte no asiste razón al actor en atención a que la acusada es
una figura jurídica equiparable a un medio de prueba sometido a evaluación del
funcionario judicial. En este sentido, tal como ocurre con los demás medios de
prueba previstos en el artículo 248 del mismo Código de Procedimiento Penal, la
estimación jurada del perjudicado sobre la cuantía y el monto de la
indemnización, esta sometida a la sana valoración critica del funcionario
judicial que deberá razonadamente exponer el mérito que le asigne. A esta
conclusión se arriba del examen sistemático de la disposición acusada en su
relación con  lo dispuesto por el artículo 254 de el Código de Procedimiento
Penal que regula la materia.
B.
En verdad, se trata de la declaración testimonial fijada anticipadamente por el
perjudicado bajo la gravedad del juramento, que no tiene en sí misma poder
vinculatorio y puede ser impugnada durante la investigación por cualquiera de
los sujetos procesales. En este último evento, el funcionario competente de la
investigación deberá decretar la prueba pericial necesaria y suficiente para
establecer la cuantía respectiva. En otros términos, se trata de una actuación
equiparable a la denuncia del hecho punible que sirve para determinar, como
punto de referencia inicial, la competencia del funcionario judicial, pero que
en sí misma no es vinculante absolutamente.
C.
Desde siempre se ha considerado que en cabeza del posible perjudicado por un
hecho punible contra el patrimonio económico, se puede  radicar la facultad
para señalar la cuantía  del objeto material del delito, y la cuantía y el
monto de la posible indemnización que quepa por los daños ocasionados;
obviamente, esta apreciación está sometida al proceso de crítica y valoración
judicial que naturalmente corresponde al funcionario judicial y a la controversia
probatoria de los demás sujetos procesales comprometidos como se ha advertido.
No
asiste razón al actor, puesto que el valor que se le dá a dicho juramento es el
de una prueba más que puede ser aportada como las restantes en todo proceso en
el que prevalece el principio de la contradicción y audiencia; esta
intervención, como las restantes en el proceso penal, no desplaza a los
funcionarios competentes en la función de administrar justicia, pues, por el
contrario, hace parte del deber de las personas de contribuir con su actividad
leal a la consecución de los fines de la Administración de Justicia.
No
se vé que esa inicial apreciación contribuya al desconocimiento ni del fin
Constitucional de la Justicia consagrado en el Preámbulo de la Carta, ni del
principio de la igualdad real y efectiva de las personas ante la Ley; por el
contrario, como se ha advertido, la actuación del posible perjudicado, está
sometida al rigor de las consecuencias punibles por el desconocimiento de la
gravedad del juramento vertido en actuación judicial que se exige en la
hipótesis de la norma acusada y favorece la virtual realización de dichos
propósitos del constituyente.
Cabe
señalar, además, que las variaciones que se susciten por la tasación pericial
de la posible indemnización, pueden conducir a la variación de la competencia
en razón de la cuantía del hecho punible contra el patrimonio económico, pero
no vician de nulidad las actuaciones y las pruebas surtidas cabalmente; estas
últimas tienen validez si se han practicado conforme a los principios y reglas
que se aplican en el proceso penal.
Cuarta.
Las Nulidades Originadas en la Etapa de Instrucción.
A.
En opinión del actor, el artículo 306 acusado, desconoce las reglas del Debido
Proceso Penal y el Principio de Igualdad que asegura la Carta al reducir
las oportunidades para invocar y decretar las nulidades en la etapa de
instrucción, hasta el "término de traslado común para preparar la
audiencia".
En
concepto de la Corte, el artículo 306 del Nuevo Código de Procedimiento Penal,
que también se acusa en la demanda de la referencia bajo el cargo de desconocer
lo dispuesto por el articulo 29 de la Constitución Nacional que consagra el
Derecho de Defensa y el Debido Proceso, establece, en armonía con los
presupuestos de la Carta Fundamental como regla básica para determinar con
precisión hasta que momento va la oportunidad para invocar y decretar las
nulidades de los actos procesales surgidas durante la etapa de investigación,
que es previa a la de juzgamiento, precisamente el vencimiento del término de
traslado común para preparar la audiencia.
Cabe
advertir que la iniciación de la etapa de juzgamiento comienza con la
ejecutoria de la Resolución de Acusación que dá por terminada la etapa
de la investigación, después de lo cual, adquieren competencia los jueces
encargados de adelantarla, previa fijación de la fecha y de la hora para la
audiencia y del decreto de las pruebas, cuando una y otras sean procedentes;
ademas, debe advertirse que el mencionado término de traslado a que se refiere
la norma acusada como otra oportunidad para invocar y decretar las nulidades de
los actos procesales que se hayan originado en la etapa de investigación y que
no se hayan resuelto durante la misma, se surte ante el juez competente y
complementa las oportunidades anteriores, que también permiten a los sujetos
procesales, solicitar la declaratoria correspondiente.
Así
las cosas, en las etapas anteriores al término de traslado común de treinta
días hábiles para preparar la audiencia pública, se permite al funcionario
judicial decretar las nulidades de los actos procesales, aún de oficio, cuando
advierta que se ha presentado alguna de las causales correspondientes previstas
en el artículo 304 del mismo código. En este ultimo caso, el funcionario ordenará
que se reponga la actuación del acto declarado nulo para que se subsane el
defecto.
Esta
disposición se encuentra relacionada con lo dispuesto por los artículos 446 y
447 del mismo Código que establecen:
"Artículo 446.     Traslado
para preparación de la audiencia. Al día siguiente de recibido el proceso,
previa constancia secretarial, el expediente quedará a disposición común de los
sujetos procesales por el término de treinta días hábiles, para preparar la
audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa
de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas que sean conducentes.
"Artículo 447.    Fijación de
fecha para la audiencia. Si no se declara la invalidez del proceso,
finalizado el término señalado en el artículo anterior se fijarán fecha y hora
para la audiencia cuando ésta sea procedente, la cual no  podrá exceder de diez
días hábiles. En el mismo auto el funcionario decretará las pruebas que
considere procedentes."
B.
Deduce el actor la violación del artículo 29 de la Constitución por  parte del
artículo 306 del Decreto 2700 de 1991, con fundamento en dos afirmaciones
básicas que es necesario examinar con el fin de adelantar el juicio que
corresponde en esta oportunidad a la Corte Constitucional.
En
primer término, con dicha disposición se impide alegar las mencionadas
nulidades en momentos procesales posteriores al término de traslado común para
preparar la audiencia, y además, en segundo lugar, si tales nulidades no se
alegan en el momento indicado por la norma acusada, sólo podrán alegarse en
casación, lo que implica la continuación de un proceso nulo hasta aquella
decisión.
Como
se vió en la primera parte de esta consideración,  para el cabal entendimiento
de la disposición jurídica acusada, resulta indispensable tener en cuenta  la
estructura general del proceso penal, pues éste comprende la etapa de
investigación y la del juzgamiento; la primera se halla en principio a cargo de
la Fiscalía General de la Nación a la que, de acuerdo con el artículo 250 de la
Carta, corresponde "de oficio o mediante denuncia o querella,
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y
tribunales competentes", con la excepción prevista en el artículo 14
transitorio del nuevo Código de Procedimiento Penal que señala:  "Los
jueces penales municipales o promiscuos, continuarán  investigando, calificando
y juzgando los delitos de su competencia, hasta cuando se implante gradualmente
lo previsto en el presente decreto".
Superados
los trámites propios de la investigación, de acuerdo con las circunstancias del
caso concreto, se califica el sumario profiriendo para tal fin, resolución de
preclusión o resolución de acusación, evento este último indicativo de que se
proseguirá el proceso, dando paso a la siguiente etapa; en efecto, según el
artículo 444 del C. de P.P. "Con la ejecutoria de la resolución de
acusación adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento".
C.
Ahora bien, es evidente que las nulidades en general pueden presentarse tanto
en la etapa de la investigación como en la de juzgamiento; empero, cuando ésta
última vaya a iniciarse, por así preceptuarlo el artículo 446 del estatuto
procesal penal, al día siguiente de recibido el proceso quedará el expediente a
"disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta
días hábiles" para, entre otras cosas, "solicitar las
nulidades que no se hayan resuelto" y dentro de esta perspectiva se
ubica el contenido del artículo 306 atacado, al indicar que aquellas nulidades
de los actos procesales no invocadas o decretadas hasta el término de traslado
común para preparar la audiencia, sólo podrán ser debatidas en el recurso de
casación.
La
finalidad de la norma es la de garantizar una etapa de juzgamiento libre de
cualquier vicio ordinario y, con dicho fin, se establecen oportunidades para
que las nulidades de los actos procesales que hubiesen podido presentarse
durante la investigación, que también comprende las fases de la indagación
previa y la del sumario, puedan ser invocadas y resueltas antes de proceder al
juzgamiento.  Así, el término de 30 días previsto en el artículo 446 persigue
el examen minucioso del proceso por parte  de los sujetos procesales y también
del juez, quien, si advierte alguna de las causales previstas, deberá, de
oficio, decretar la nulidad.  Puede incluso, dentro de este término
solicitársele al juez la consideración de nulidades que hayan sido invocadas
ante el Fiscal y que este funcionario no haya concedido, quedando su decisión
sometida a los recursos pertinentes.
El
principio según el cual las posibles nulidades ordinarias producidas en la
etapa de la investigación que no hubiesen sido invocadas hasta el término del
traslado común o advertidas por el funcionario judicial, sólo podrán alegarse
en casación, fuera de permitir que prosiga la etapa del juzgamiento libre de
cualquier vicio que pudiera afectarla, da cuenta del razonable propósito de
impedir la invocación de cualquier nulidad en cualquier momento del proceso.
Esta
última fue una práctica común traducible en el entrabamiento y en la ruina del
mismo que desvirtuaba la agilidad propia del proceso penal y se opone a las
aspiraciones del Constituyente de fortalecer la noción y la practica de la
Justicia como principio básico de convivencia social y política dentro de
nuestro Estado.
D.
Pero además, y para complementar lo dicho, se advierte que en el juicio de la
Corte, la norma acusada propende por la vigencia efectiva del principio de
lealtad procesal y por el de la realización de la Justicia; así, cuando dentro
de la etapa investigativa cualquiera de los sujetos procesales se percate de la
existencia de una nulidad, debe de inmediato ponerla en conocimiento del Fiscal
que adelante el caso.
También,
encuentra la Corte que la norma acusada no contraría el Debido Proceso previsto
en el artículo 29 de la Constitución, por cuanto que, como queda expresado, los
sujetos procesales cuentan con oportunidades suficientes para invocar las
nulidades de los actos procesales originadas en la etapa de investigación y el
juez está dotado de facultades oficiosas para declararlas; ademas, la
"convalidación" transitoria de las no invocadas dentro de las
oportunidades señaladas, no se opone al principio del adelantamiento de un
proceso libre de cualquier vicio de evidente raigambre constitucional, todo lo
contrario, pretende que se llegue a la etapa de juzgamiento y se adelante ésta
con la mayor garantía posible; es más, el Recurso de Casación permite el debate
de estas nulidades como última garantía judicial para la defensa del Debido
Proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria.
De
otro lado, al procurar la aplicación efectiva del principio de lealtad procesal
se garantiza un debido proceso "sin dilaciones injustificadas", lo
que en lugar de contrariar el artículo 29 de la  Carta confirma y desarrolla su
contenido.
E.
Como corolario, se tiene que todo lo anterior significa que una vez vencido el
término de traslado común para preparar la audiencia, también pueden invocarse
ante el juez que adelanta la etapa del juzgamiento otras nulidades, como
fácilmente se desprende de las consideraciones arriba expuestas; esta
afirmación es cierta pero no respecto de aquellas nulidades ordinarias de los
actos procesales generadas en las fases de la etapa investigativa que, se
reitera, deben evacuarse dentro de los términos advertidos, y aún después, en
la etapa de la casación.  Las nulidades que pudieren llegar a presentarse
dentro de la tramitación propia del juzgamiento, podrán ser invocadas por
cualquiera de los sujetos procesales en el  desarrollo de aquella, sin que
sobre advertir que en punto a la declaratoria de nulidades, conserva el juez
sus facultades oficiosas que siempre han rodeado a dichos funcionarios en nuestro
régimen jurídico.  Esta consideración adicional contribuye a disipar cualquier
duda que se cierna sobre la constitucionalidad  de la norma atacada.
F.
Otra cuestión que contribuye al cabal entendimiento de la figura bajo examen
(art. 306 C.P.P.) es lo previsto por el último inciso del artículo 29 de la
Carta que establece la "nulidad de la prueba obtenida con violación del
"Debido Proceso".
En
principio podría intentarse una simple interpretación textual de la hipótesis
normativa acusada ante la disposición constitucional que se cita y concluir en
el contraste inconciliable entre una y otra; empero, el debido entendimiento de
los términos de ambas disposiciones permite al intérprete señalar sus
verdaderos alcances jurídicos, y afirmar cuál es el sentido que conforme a la
Constitución debe dársele a la acusada como se verá enseguida.
En
efecto, el artículo 306 del nuevo Código de Procedimiento Penal, no se opone a
la solicitud y al decreto judicial en cualquier momento procesal de la nulidad
de la prueba que haya sido obtenida con violación de las reglas
constitucionales del Debido Proceso en materia penal que aparece recogido en
los artículos 12, 15 incisos tercero y cuarto, 28, 29 incisos segundo, tercero,
cuarto y quinto, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 213 inciso final, 214 numeral segundo
y 229 y se predica en favor de todas las personas, como un especial
reforzamiento, previsto por el Constituyente, de las libertades personales.
Otras disposiciones constitucionales prevén especiales reglas para las personas
revestidas de altas dignidades y cargos públicos que también hacen parte de la
noción del Debido Proceso Constitucional en materia penal y quedan comprendidas
por esta especial noción prevista en el artículo 29 de la Carta.
Quinta:
Los Principios que Orientan el Régimen de las Nulidades
Argumenta
el actor que los principios que orientan la declaratoria de nulidades,
previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 308 del Nuevo Código de
Procedimiento Penal, al permitir la convalidación de vicios que puedan
presentarse, vulneran las garantías propias  del Debido Proceso, enunciadas en
el artículo 29 de la Constitución Nacional y aduce que en razón de los derechos
que se ven implicados dentro del proceso penal resulta impropia a su estructura
la figura de la convalidación, de raigambre estrictamente civilista.
Es
evidente que el funcionario que adelanta un proceso ha de ceñirse a las reglas
que la ley le indica,  reglas que además, deben ser conocidas por los sujetos
procesales, garantizándose así el cabal cumplimiento de las funciones
encomendadas al primero y el correcto ejercicio de los derechos que asisten a
los segundos durante el desarrollo del proceso.
La
observancia de aquellas "formas propias de cada juicio", y en sí de
todo el contenido propio de la noción de Debido Proceso, se erige en
fundamental garantía en favor de los asociados, cuyo desconocimiento durante la
actuación procesal constituye fuente de nulidad de los actos cumplidos en
contrariedad con tales enunciados. Consciente el Constituyente de la
importancia de los elementos que confluyen a la integración del concepto de
Debido Proceso, señaló que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del mismo; nulidad de pleno derecho, establecida en la Carta (art. 29
C.N.), y que de ningún modo se opone a aquellas otras nulidades predicables ya
no de las pruebas sino de los actos procesales,  que de oficio declara el juez
o que son alegadas por los sujetos procesales (arts. 305 y 307 C. P. P.) de
conformidad, en uno y otro caso, con las precisas causales estatuídas en el
artículo 304 del Decreto 2700 de 1991:  La falta de competencia del funcionario
judicial, la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten
el Debido Proceso, la violación del Derecho de Defensa.
También,
es dable afirmar que no toda irregularidad que llegue a generarse ha de tenerse
por nulidad, sin que ello se traduzca en vulneración del Debido Proceso.
El
Código de Procedimiento Penal consagró dentro de sus normas rectoras la
corrección de actos irregulares en los siguientes términos: "El
funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos irregulares,
respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos procesales".
Resulta claro que dentro de este mismo propósito han de analizarse los
principios que orientan la declaratoria de nulidades y su convalidación, así;
en concordancia con la agilidad propia del proceso penal y con la ausencia de
dilaciones injustificadas se prevé la no declaratoria de invalidez de un acto que
"cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se
viole el derecho de defensa"; se prevé, además, la demostración de que la
irregularidad sustancial alegada "afecta garantías de los sujetos
procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el
juzgamiento",  para lo cual,  entiende la Corte, será indispensable, en
primer lugar, precisar las violaciones invocadas en forma tal que le sea
posible al funcionario conocer el vicio observado, su profundidad y extensión,
y además de ello, en segundo término, indicar cuál o cuáles de las garantías
procesales fueron conculcadas, lo contrario sería patrocinar una vaguedad o
generalidad inconveniente que lejos de contribuir a la observancia del debido
proceso terminaría desvirtuándolo. La tercera de las causales atacadas es
expresión de aquel principio según el cual nadie puede alegar su propia culpa.
Es
de anotar que cada uno de los numerales acusados permite la operancia de la
hipótesis que contempla cuidando de la no violación  del derecho de defensa o
de aspectos del debido proceso.
Como
tantas veces se ha consignado dentro de esta providencia, el Debido Proceso
contempla un marco amplio de garantías y comprende "la observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio", contenido que ha de
interpretarse en perfecta correspondencia y armonía con lo dispuesto por el
artículo 228 de la Carta, que en su parte pertinente dice: "La
Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial". (Se Subraya). Esta prevalencia del derecho sustancial
sobre el procesal viene a corroborar las razones expuestas más arriba, en tal
virtud, quien desempeñe la función jurisdiccional ha de procurar la corrección
de ciertas irregularidades que puedan presentarse, todo con miras a que el
proceso culmine resolviendo la concreta situación jurídica debatida. La
subordinación de lo formal a lo sustancial, o en otros términos, la orientación
del derecho procesal al cumplimiento del material se inscribe dentro de la
perspectiva del artículo 228 de la Constitución.  A su vez, el cuidado que ha
de tenerse en el sentido de no menoscabar el derecho de defensa y el debido
proceso,  cuando se actúe dentro de los supuestos de los numerales 1, 2 y 3 del
artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, no deja dudas acerca de su
constitucionalidad.
Sexta:
Las Sentencias Condenatorias en el Exterior
En
primer término y por su relevancia para las consideraciones de este fallo, se
tiene que en su acepción más simple el exequátur es la autorización que
emite, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con miras a la
aplicación o ejecución de una
sentencia extranjera, todo dentro de la filosofía que impone la Cooperación de
los diversos paises en la lucha contra el delito, y de la vigencia del derecho
interno en favor de todas las personas, principalmente en lo que hace a la
inderogabilidad de los Derechos Constitucionales Fundamentales; ademas, este
instituto del Derecho Internacional que ha sido recogido de modo especial por
el Derecho Penal en varias latitudes, en especial en el Código de Bustamante,
forma parte de la tradición legal colombiana y ha servido de instrumento de
garantía de la legalidad de las acciones punitivas del Estado de tal modo que
aparece también reiterado en las codificaciones del ordenamiento penal
nacional.
Claro
resulta entonces, que el exequátur tiene principal operancia cuando se
trata de la ejecución de la sentencia condenatoria extranjera, ejecución que es
posible dentro de la regulación establecida por los artículos 533, 534 y 535
del Código de Procedimiento Penal, esto es, cuando tal providencia se profiere
en contra de extranjeros o de nacionales colombianos por adopción, e incluso
por nacimiento, siempre que éstos últimos hayan sido capturados o privados de
la libertad en el exterior y se proponga la ejecución de la sentencia en
Colombia.
En
lo atinente a lo dispuesto por el artículo 537 del Nuevo Código de
Procedimiento Penal y su relación con las sentencias condenatorias pronunciadas
en el exterior, y para los fines de esta decisión, cabe distinguir en
principio, dos situaciones claramente diferenciadas, así:
-
Una de ellas, tiene que ver con la ejecución de las mismas en Colombia (arts.
533 a 536 del C.P.), y la otra, se refiere a la incorporación de dichas
sentencias, apenas como medio de prueba, al proceso que se promueva o llegare a
promoverse en el país contra un colombiano por nacimiento no capturado ni
privado de la libertad en el exterior, distinción ésta que, de conformidad con
la estructura del Nuevo Código de Procedimiento Penal, se complementa con una
adicional, que tiene en cuenta lo previsto por el artículo 35 de la Carta,
relativa a las personas sobre las que recae el pronunciamiento proferido en el
extranjero, ya que éste puede "vincular" con muy precisas salvedades
a extranjeros o a nacionales colombianos por adopción, o a nacionales
colombianos por nacimiento.
El
análisis de la primera situación conduce a establecer que, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, es posible ejecutar
en Colombia, sentencias penales proferidas por autoridades de otros paises
contra extranjeros o nacionales colombianos por adopción y por nacimiento,
previa petición formal de las respectivas autoridades extranjeras formulada por
la vía diplomática, hipótesis recogida in extenso como se ha advertido
en el artículo 533 del estatuto procesal penal y desarrollada en los artículos
534, 535 y 536 de ese ordenamiento. Adviértase que para el caso de la ejecución
de las sentencias condenatorias proferidas en el exterior contra nacionales
colombianos por nacimiento, el Código de Procedimiento Penal, en desarrollo de
lo dispuesto por el artículo 35 de la Carta Fundamental, distingue entre los
condenados que han sido capturados o privados de la libertad en el exterior y
los que se encuentran en nuestro país; así, para los nacionales colombianos por
nacimiento que han sido privados de la libertad en el exterior y condenados en
el exterior TAMBIÉN es posible cumplir la pena en nuestro país por virtud del
trámite previsto en los artículos 534 y 535 del Código de Procedimiento Penal
llamado EXEQUATUR, adelantado por la vía diplomática y judicial especial,
mientras que para los nacionales colombianos por nacimiento que hayan sido
condenados en el exterior pero que se encuentren en nuestro país y que no hayan
sido privados de la libertad en el exterior, sólo es posible al funcionario
judicial nacional competente incorporar la sentencia debidamente ejecutoriada
como una pieza probatoria dentro del proceso que se adelante o llegare a
adelantar en el país, ya que según los términos del citado artículo 35, los
colombianos que hayan cometido delitos en el exterior serán procesados y
juzgados en Colombia.
Se
combinan aquí, como queda visto, dos elementos tomados de las distinciones que
se han formulado:
1.
La ejecución de la sentencia extranjera en Colombia y su relación
evidente con los extranjeros o con nacionales colombianos por adopción o con
nacionales colombianos por nacimiento privados de la libertad o capturados en
el exterior y que resulten condenados, supone un especial trámite garantizador
de los derechos fundamentales y de la noción de Debido Proceso Penal que
vincula a los más altos órganos e instituciones de los poderes ejecutivo y
jurisdiccional denominado exequátur.  Esto implica la posibilidad del
cumplimiento de la pena en Colombia y el traslado de los condenados a nuestro
país, inclusive por razones humanitarias y de política de intercambio de
presos. Se observa que el artículo 536 del mismo Código advierte que en la
ejecución de las sentencias extranjeras se aplicarán los tratados
internacionales correspondientes.
2.
La hipótesis restante confluye para integrar una segunda situación, referente a
la incorporación a un proceso penal en Colombia de la sentencia condenatoria
proferida en el exterior debidamente ejecutoriada y que contiene la condena de
un colombiano por nacimiento, no capturado ni privado de la libertad en el
exterior, evento en el cual según las voces del artículo 537 acusado "el
funcionario judicial que fuere competente de acuerdo con la legislación colombiana
para conocer del hecho, podrá sin necesidad de exequátur, incorporar la
sentencia apenas y sólo como prueba al proceso que se adelante o llegare a
adelantarse en el país". (Se Subraya). Esto también se establece en
armonía con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 35 de la Carta que
establece:
"Artículo
35: Se prohibe la extradición de colombianos por nacimiento.  No se concederá
la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.
"Los
colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales
en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia."
(Subrayas de la Corte)
Adviértase
también que la norma acusada (art. 537 C.P.P.), presupone que en ningún caso el
colombiano por nacimiento puede ser extraditado (art. 35 C.N. inciso primero),
y que como sólo se trata de facilitar la incorporación de dicha decisión
ejecutoriada, apenas como medio de prueba al proceso penal en Colombia, bien
puede suprimirse para dicho evento, por innecesario, el trámite tradicional del
exequátur, que por principio garantístico general agrava y dificulta la
incorporación con fines de ejecución de las decisiones judiciales extranjeras,
dado el especial celo de las previsiones constitucionales sobre el Debido Proceso
y los demás derechos constitucionales fundamentales.
Como
se vió en el artículo 537, se trata simplemente de la posibilidad legal de
ordenar la incorporación de la sentencia extranjera condenatoria, como medio de
prueba, al proceso que cursa o que puede iniciarse en territorio patrio, contra
un nacional por nacimiento no capturado ni privado de la libertad en el
exterior, y no de la ejecución de aquella sentencia, ni de tramitar una
solicitud de extradición sobre esta categoría de personas en acatamiento del
artículo 35 de la Carta que se ha citado.  Cabe observar que también existe
conformidad entre la norma acusada con lo dispuesto por el artículo 29 de la
Carta Fundamental que establece como uno de los supuestos normativos
inderogables del debido proceso penal el derecho a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho, o lo que en otros términos se conoce como el non bis in idem,
ya que lo que se pretende es apenas incorporar la sentencia como un medio de
prueba a un proceso que se adelante o llegare a adelantar en Colombia; en este
sentido es deber del juez darle plena aplicación a esta regla constitucional
del debido proceso para no transformar la hipótesis de la incorporación de la
sentencia en un fundamento específico del proceso en Colombia.  Observa la
Corte que este es el sentido cabal que corresponde a la interpretación
constitucional del artículo 537 acusado, de conformidad con los principios y
reglas previstos por el derecho internacional en especial en las
consideraciones contenidas en el Código Bustamante que siguen inspirando a la
doctrina en estas materias. Obviamente, estas reglas se aplican de modo
sistemático con lo previsto por el artículo 15 del Código Penal en lo que hace
a los casos de extraterritorialidad de la ley penal colombiana.
Además,
el especial tratamiento que se ha esbozado, tiene su razón de ser en el
artículo 35 de la Constitución Nacional y obliga al juzgamiento en Colombia de
los nacionales que hayan cometido delitos en el exterior también considerados
como delitos en Colombia; luego, en lo que hace a este aspecto, el Decreto 2700
de 1991 no pretende otra cosa que la adecuación del procedimiento penal a la
nueva normativa constitucional y asegurar una cabal administración de justicia
que no ampare el delito común, sean quienes sean los responsables.
Ahora
bien, el hecho de omitir el control que por vía del exequátur  ejerce la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre sentencias
extranjeras condenatorias e incorporadas como medio de prueba, no implica violación
o desconocimiento del Debido Proceso como pretende hacerlo ver el demandante ya
que aquella figura no es de rango constitucional y corresponde al legislador
proveer al respecto, claro está con el respeto a los Derechos Constitucionales
Fundamentales reforzados especialmente en materia penal y además, porque se
refiere sólo a los colombianos no capturados ni privados de la libertad en el
exterior.
Es
obvio que dicha providencia, al allegarse al proceso, tiene valor de prueba
documental y en consecuencia, se someterá al debate probatorio propio de este
tipo de trámites y el juez podrá asignarle el valor que resulte, según los
principios de la sana crítica, ya que, el nacional por nacimiento no capturado
o privado de la libertad en el exterior debe ser juzgado en Colombia .
A
título de ejemplo, puede afirmarse que esta situación podría presentarse para
efectos de allegar al proceso los antecedentes del imputado o en las
circunstancias del numeral 1o. del artículo 15 del Código Penal que prevé la
posibilidad excepcional y exclusiva de un  juzgamiento en Colombia al estatuir
que la ley penal colombiana se aplicará "a la persona que cometa en el
extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, el régimen
constitucional, el orden económico social, la salud pública, la administración
pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, papel
sellado o estampilla oficial, aún cuando hubiere sido absuelta o condenada
en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana".
Se
reitera, que no pretendiéndose la ejecución en Colombia de esa sentencia, y que
en ningún caso se concederá la extradición del nacional colombiano por
nacimiento, hipótesis que sí puede cobijar al nacional por adopción y al
extranjero, salvo en este último por delitos políticos, sino apenas su
incorporación como prueba, no advierte la Corte violación alguna a la Carta
Fundamental; se trata entonces de eliminar un trámite que aunque
tradicionalmente ha sido de fundamental importancia para la legalidad del
proceso penal, corresponde al legislador establecerlo. Inclusive, se reitera,
dicho trámite de exequátur, no puede conducir a ningún fin específico de
extradición de los nacionales por nacimiento.
En
consecuencia, desvirtuados como están los cargos de inconstitucionalidad
formulados contra el artículo 537 del D. 2700 de 1991, se impone su
declaratoria de exequibilidad y así se consignará en la parte resolutiva de
esta providencia.
D E C
I S I O N
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala Plena, oído el concepto
del Procurador General de la Nación, en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S
U E L V E :
DECLARAR
EXEQUIBLES los artículos 154, 155, 295, 306, 308 numerales 1o., 2o. y 3o. y 537
del decreto Ley 2700 de 1991 (Noviembre 30) por el cual se expiden las normas
de Procedimiento Penal .
Cópiese,
publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta
Constitucional y archívese el expediente.
SIMON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente
CIRO
ANGARITA BARON              EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ      ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
GALINDO
FABIO
MORON DIAZ               JAIME SANIN GREIFFENSTEIN
MARTHA
VICTORIA SACHICA MONCALEANO
Secretaria General