C-143-15
Sentencia C-143/15
DELITO DE TORTURA-No configuración en relación con el dolor o
sufrimiento causado por imposición de condenas o sanciones lícitas
DIGNIDAD HUMANA-Fundamento de la prohibición de la tortura,
imposición de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes
DIGNIDAD HUMANA-Pilar determinante del Estado Social de
Derecho y la democracia constitucional
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Consagración constitucional
DIGNIDAD HUMANA-Objetos de protección
DIGNIDAD HUMANA-Triple naturaleza constitucional, valor,
principio y derecho fundamental
DIGNIDAD HUMANA-No se pierde cuando persona pierde la
libertad y es recluida en cárcel o recinto penitenciario
PROTECCION DE LA DIGNIDAD HUMANA DEL
RECLUSO-Deber del Estado
en razón al estado especial de vulnerabilidad
PRINCIPIO, VALOR Y DERECHO DE LA DIGNIDAD
HUMANA-Deber positivo o
mandato de acción
DIGNIDAD HUMANA-Principio fundante del ordenamiento
jurídico/DIGNIDAD HUMANA-Valor absoluto del ordenamiento jurídico
RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA-Norma jurídica de carácter vinculante para
todas las autoridades sin excepción
DIGNIDAD HUMANA-Atributo esencial/DIGNIDAD HUMANA-Derecho
que implica al Estado tanto obligaciones de no hacer como de hacer
IUS PUNIENDI Y PRINCIPIO DE DIGNIDAD
HUMANA-Prohibición para
autoridades públicas y carcelarias de realizar actuaciones que constituyan
tortura o aplicar penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
PROHIBICION DE LA TORTURA, TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES-Instrumentos internacionales
PROHIBICION DE LA TORTURA, TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES-Protección de Derechos Humanos y derecho a la integridad personal de
todos los individuos
PROHIBICION DE LA TORTURA, TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES-Garantía particular y especial para personas objeto del ius puniendi de
los Estados
TORTURA, TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES-Prohibición
universal
TORTURA-Definiciones relevantes
TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE-Definiciones abstractas
TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES-Diferencia se
puede dar por la severidad e intensidad de la acción de fuerza que se ejerza
contra la víctima de este tipo de conductas
TORTURA, TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES-Desarrollo
de la jurisprudencia constitucional
PROHIBICION ABSOLUTA DE LA TORTURA, TRATOS
O PENAS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES-Garantía elevada a derecho fundamental
TORTURA, TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O
DEGRADANTES-Prohibición
constitucional
TORTURA-Delito que atenta contra la dignidad humana/SANCIONES
LEGITIMAS-Dolores o sufrimientos consecuencia o inherentes a éstas quedan
excluidos del concepto de tortura
TORTURA-Tipificación como delito por declaración de las
Naciones Unidas
TORTURA-Modalidades
PROHIBICION DE LA TORTURA, PENAS, TRATOS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES FRENTE A POBLACION CARCELARIA-Respeto a la dignidad humana de los
reclusos
PROHIBICION DE LA TORTURA, PENAS, TRATOS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES FRENTE A POBLACION CARCELARIA-Reglas Mínimas para el tratamiento de
reclusos
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD CON RELACION
AL TRATAMIENTO PENITENCIARIO-Obligaciones
del Estado para la protección de derechos fundamentales de los internos/BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD CON RELACION AL TRATAMIENTO PENITENCIARIO-Limitación
de derechos restringidos por condición especial de los internos bajo criterios
de razonabilidad y proporcionalidad
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DEL
SISTEMA CARCELARIO-Situación
de vulnerabilidad impone al Estado deberes especiales para con personas
privadas de la libertad
ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y LIMITES AL
EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS RECLUSOS-Relación de sujeción entre individuos y
gobierno
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suspensión y restricción de derechos
fundamentales cuando medie detención preventiva o sentencia judicial
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD-Deber del
Estado de garantizar pleno ejercicio de derechos no restringidos y parcialmente
los limitados legalmente
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE LOS
INTERNOS-Trato digno y
respetuoso para población carcelaria/TRATO DIGNO PARA POBLACION CARCELARIA-Dignidad
humana como fundamento constitucional
PENA-Función y finalidad
TORTURA-Ambitos donde se pueden encontrar tratos inhumanos o
degradantes
TORTURA-Tipificación
TORTURA-Configuración y fines
TORTURA-Delito pluriofensivo en el derecho penal colombiano
SANCIONES LICITAS IMPUESTAS POR SERVIDORES
PUBLICOS-No todo dolor o
sufrimiento es considerado delito, tortura, penas o tratos crueles inhumanos o
degradantes
PROHIBICION DE LA TORTURA, PENAS, TRATOS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES-Condición de licitud de la medida implica respeto del principio de
legalidad y debido proceso y solo cobija sanciones establecidas previamente por
el legislador
SANCIONES IMPUESTAS A PERSONAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD-Principios
rectores y normas determinadas en Estatuto Penitenciario buscan que agentes del
Estado no incurran en arbitrariedades limitando su actuar o función
resocializadora/SANCIONES IMPUESTAS A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Debe
prevalecer el respeto del principio de legalidad e igualdad y la dignidad
humana
Referencia: Expediente D-10400
Demanda de
inconstitucionalidad, contra el artículo 178, inciso final (parcial) de la Ley 599
de 2000 “Por la
cual se expide el Código Penal”.
Actor: Joao Alejandro Saavedra
García
Magistrado  Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá D.C., seis (6) de abril de dos mil
quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente Sentencia.
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la Acción Pública
consagrada en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, los
ciudadanos demandantes solicitan a la Corte que declare la inexequibilidad del artículo 178, inciso final
(parcial) de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.
Cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991,
procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la norma
demandada según publicación en el Diario Oficial No. 44097 del 24 de julio de
2000:
“LEY 599 DE 2000 (Julio 24)
Por la cual se expide el Código Penal.
Artículo  178. Tortura. El que inflija a una
persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el
fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla
por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de
intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de
discriminación incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de ochocientos
(800) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la
pena privativa de la libertad. El texto subrayado fue declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-148 de 2005
En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta
con fines distintos a los descritos en el inciso anterior.
No se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o inherente a ellas.”
(Se resalta y subraya la parte demandada)
III. LA DEMANDA
El señor Joao Alejandro Saavedra García considera que el artículo 178, inciso final
(parcial) de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal” infringe la Constitución Política, porque en su
criterio se vulneran los mandatos constitucionales en sus artículos 1, 2, 5, 6,
12, 13 y 93 CP. Para sustentar la demanda expone los siguientes argumentos:
1. El accionante considera que la dignidad humana,
entendida como la posibilidad de vivir sin humillaciones, es lo que más se ve
amenazado en la norma demandada al permitirle a los servidores públicos que
hacen cumplir las sentencias judiciales, que inflijan dolores o sufrimientos a
las personas con el fin de cumplir sus obligaciones o desviándose de éstas,
violando así la filosofía del Estado Social de Derecho que se funda sobre el
respeto del individuo.
Afirma que bajo esta exclusión pueden alegar los
agentes del Estado, que han vulnerado la dignidad humana, que incurrieron en
esa conducta por ser algo inherente a una pena lícita, dejando sin piso al
Estado para que se les investigue y sancione.
Insiste en que el Estado debe proteger a todos los
ciudadanos, especialmente a aquellos que por diferentes circunstancias están en
estados particulares de indefensión y puede sancionar a quienes atenten contra
los bienes jurídicamente tutelados por medio de la ley penal, pero también debe
proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad, por eso es indispensable que quienes ejecutan las sanciones impuestas
a estos últimos, respeten sus derechos fundamentales que han sido menguados con
la privación de su libertad, para que se vean menos afectados, y sería además
un exceso que se viera afectada su integridad personal. Con esto se vería
afectada la dignidad humana ya que “los presos podrían ser sometidos a
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes” y las autoridades
podrían ampararse señalando que estas actuaciones son producto de la normal
ejecución de una sanción lícita.
Por lo expuesto, se evidencia, en criterio del actor,
la violación del artículo 1º Superior, por cuanto atenta contra la integridad
personal y la dignidad humana “porque desconoce el principio básico y
cosifica a la víctima del delito, al ejecutar sobre ella todo tipo de
tratamientos atentatorios contra los elementos esenciales del ser humano, con
la comisión de este delito se desconoce la dignidad humana como consecuencia de
los derechos que emanan directamente de ella”. Reitera, que por ningún
motivo se puede desconocer la dignidad humana, ni siquiera para perseguir los
más nobles intereses del Estado.
2. Señala que la violación del art. 5 CP, se presenta porque
un reo no puede ser despojado de su condición humana y por lo mismo no pierde
sus derechos fundamentales, razón por la cual es inaceptable que se le permita
al Estado, por medio de la norma demandada, vulnerar los derechos fundamentales
de las personas en esta situación, ya que los servidores públicos encargados de
hacer cumplir las resoluciones judiciales pueden llegar a usar métodos poco
ortodoxos para controlarlos y escudarse en la norma para justificar la acción
realizada.
3. Indica con relación a la vulneración del artículo 6
Superior que al Estado le asiste una obligación mayor porque al ser el poseedor
del ius punendi no puede desbordar sus poderes para cumplir este fin
deteriorando los derechos fundamentales de los presos y luego eximirse de su
responsabilidad si hay extralimitación en el trato de la persona privada de su
libertad, cobijándose con el texto denunciado, e indica que en la Sentencia
C-587 de 1992 la Corte señaló con respecto a la responsabilidad del Estado,
cuando es éste quien viola los derechos fundamentales, que cuando “…una
violación de derechos constitucionales fundamentales proveniente del
instrumento creado precisamente para que esas violaciones no ocurran [es decir
el Estado], reviste una gravedad suprema que la hace acreedora de una
responsabilidad mayor”. Por tanto, afirma que no tiene sentido excusar lo
inexcusable y eximir de este modo al Estado de su responsabilidad suprema,
cuando es éste quien vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos que
debe proteger.
4. El actor encuentra que, con el inciso demandado se
vulnera el art. 12 Constitucional, porque con la norma las conductas como la
desaparición forzada, la tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes, se
justificarían legalmente y los presos podrían ver atropellados sus derechos
esenciales y no podrían acudir posteriormente ante la jurisdicción para que se
investigue y sancione a quienes hayan ocasionado estos atentados directos
contra la dignidad humana, porque estarían libres de esa responsabilidad
quedando sus conductas impunes.
5. Adicionalmente, en criterio del actor existe violación
del art. 93 de la Carta Política. Para demostrar esta vulneración hace
referencia a los diferentes instrumentos internacionales suscritos por el
Estado colombiano con los que se pretende resguardar los derechos fundamentales
de cualquier individuo, tales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 5;  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts.
7, 10.1; la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 5.2; la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 5.
Observa que estos instrumentos buscan garantizar los
Derechos Humanos señalando unos derechos negativos al prohibir lesionar la
dignidad humana y los derechos fundamentales que se desprenden de ella. Estos
mandatos que pretenden rechazar los delitos como la tortura y otras actuaciones
que vulneren los Derechos Humanos han convertido estas normas internacionales
en ius cogens, lo que impone una obligación para los Estados “para
prevenir, prohibir y sancionar adecuadamente el delito de tortura”.
6. Por otra parte, el actor hace mención del Conjunto
de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión, que se adoptó en la Asamblea General de la ONU,
mediante la Resolución 43/173 de 1998, especialmente de los principios 1, 6 y
7.1. Con estos instrumentos internacionales mencionados por el actor, concluye
que los mismos buscan acabar la tortura y los tratos crueles inhumanos o
degradantes. Afirma que Colombia no puede desconocer esto permitiendo que las
autoridades públicas cometan estas conductas atroces, por lo que la Corte
Constitucional debe hacer valer la dignidad humana y evitar que se desconozcan
los derechos inalienables de las personas, y por otro lado debe hacer que se
cumplan las normas internacionales y las obligaciones que adquirió el Estado
para erradicar este tipo de conductas “que por su gravedad generan
afectaciones directas a los seres humanos”.
7. Finalmente hace mención de los arts. 2, 5 y 7 de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, señalando que
esta normatividad define la tortura en términos casi idénticos a los que se lee
en el art. 178 de la Ley 599 de 2000, pero este instrumento impone una
restricción mayor para calificar la conducta de una autoridad y así conocer si
los dolores físicos son consecuencia normal o inherente solo de las medidas
legales, esta normatividad es la más garantista ya que impone una obligación “de
que las autoridades no realicen actos o métodos que precisamente se busca
prohibir por medio del delito de tortura”.
Considera que se debe hacer uso del principio pro
homine para acoplar este ordenamiento a las normas internas al ser más
benévolo con los derechos humanos imponiéndoles a las autoridades públicas
mayores limitaciones y por lo tanto se les brinda más garantías a “las
personas que tienen una relación de especial sujeción con el Estado”
8. Por lo expuesto pretende el actor que se declare la
inexequibilidad del inciso final del art. 178 de la Ley 599 de 2000; o en
subsidio que se declare la exequibilidad condicionada del mismo, en el “entendido
que Siempre y cuando no se incurra en las conductas o procedimientos a que hace
referencia la primera parte del artículo demandado.”
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho intervino a
través de apoderado para solicitar a la Corte declarar la exequibilidad del inciso tercero del
artículo 178 de la Ley 599 de 2000, por las siguientes consideraciones:
(i) Sostiene, que para resolver lo
planteado en este proceso es necesario comparar el inciso demandado con el art.
2 inciso 2º de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura:
Artículo 178, inciso tercero, de la Ley
599 de 2000
Artículo 2 inciso 2º de la Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la tortura
“No se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o inherente a ellas.”
“No estarán comprendidos en el concepto de tortura
las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia
de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la
realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el
presente artículo.” (subrayas
del interviniente)
Teniendo como base esta comparación, el Ministerio
considera que ambas disposiciones tienen el mismo sentido y finalidad, por lo
que considera que el contenido que se acusa debe “leerse de forma
sistemática, coherente y armónica en relación con los principios de
interpretación constitucional obligatorios que se encuentran vertidos en el
Bloque de constitucionalidad” particularmente el inciso 2º del art. 2 de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, no se debe
interpretar de manera literal y exegética, sino, como se acabó de mencionar
debe ser de manera sistemática y armónica del ordenamiento jurídico y del
bloque de constitucionalidad, así:
““No se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o inherente a ellas.” “siempre que no incluyan la
realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere” el
artículo segundo de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura”
(ii) Aduce que con base en lo expuesto los cargos del
actor no son procedentes, lo cual implica que se declare la constitucionalidad
del inciso 3º del art. 178 de la Ley 599 de 2000 entendiéndose que su alcance y
contenido real se debe interpretar teniendo en cuenta que lo consagrado en la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura son un criterio
de interpretación constitucional obligatorio.
(iii) Señala que el inciso demandado no exonera a los
funcionarios públicos de su responsabilidad cuando su conducta se tipifique
como tortura o trato cruel e inhumano, no vulnera el principio de dignidad
humana, tampoco afecta la primacía de los derechos fundamentales ni afecta el
régimen constitucional de responsabilidad de los servidores públicos y menos
aún afecta la prohibición de la tortura.
2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
El INPEC intervino a través de apoderado para
solicitar a la Corte declarar
la constitucionalidad de la norma demandada, con
base en las siguientes
consideraciones:
(i) Afirma que se debe hablar de qué es una sanción,
la cual es “la aplicación de un castigo, pena o correctivo sobre un
individuo, como consecuencia de una conducta y comportamiento inapropiado o
ilegal”, estas sanciones están fijadas por la ley la cual identifica el
hecho ilegal cometido y le da la pena acordada en el ordenamiento jurídico al
infractor, siendo de menor a mayor trascendencia según el delito cometido; y la
sanción que se le impone atiende a la “gravedad del delito o la afectación
que con este se cause al bien jurídico tutelado”.
(ii) Argumenta que el actor en su demanda pretende dar
un alcance diferente al que pretendía el legislador porque cuando se refiere la
norma pues al hablar de “dolor o sufrimiento derivado de sanciones licitas o
consecuencia normal e inherente a ellas, nos estamos refiriendo a un tipo
dolores, cuyos fines no son el castigo, la intimidación, la confesión, la
coacción, la discriminación u otros similares, por cuanto se trata de sanciones
infligidas bajo el amparo de la Ley, en las que se proscribe el exceso, pues la
sanción solo se impone como ultima ratio, luego de agotar los medios y
mecanismos de disuasión, que en la mayoría de los casos llevan a rescindir de
la facultad de coerción”.
Sintetiza asegurando que no todo dolor o sufrimiento
es considerado delito, cuando se habla de sanciones licitas impuestas por
servidores públicos, se debe tener en cuenta el carácter licito de la sanción,
la extralimitación que se haga de este tipo de actos hace que pase de licito a
ilícito, por tanto “el sufrimiento y/o dolor que en principio resulta
inherente a un procedimiento, pueda mutar a la ilegalidad, e incluso en el peor
de los casos, configurar el tipo penal de tortura”
(iii) Señala que las sanciones que se le imparten a
las personas que han sido condenadas a la privación de su libertad se
encuentran taxativamente determinadas en el Estatuto Penitenciario Ley 65 de 1993
en los arts. 123, 125 y 126.
La finalidad de estas sanciones según el art. 124 del
estatuto penitenciario es la de encauzar y corregir la conducta de los que infrinjan
las normas de la convivencia carcelaria, esto no implica hacer apología dela
tortura ni es una licencia de ley para que los agentes del Estado infrinjan
dolor o sufrimiento a los reos.
(iv) Considera que la Ley 65 de 1993 tiene unos
principios rectores y normas que buscan que no se incurra, por parte de los
agentes del Estado, en arbitrariedades limitándoseles su actuar o función
resocializadora, e indica que “prevalecerá el respeto al principio de
legalidad e igualdad, y el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos” ,
también se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral, o la
imposición de restricciones que vayan más allá de criterio de necesidad y
proporcionalidad el cual es estricto y es exigido para el cumplimiento de la
finalidad impuesta.
(v) Finaliza argumentando que lo consagrado en el art.
178 de la Ley 599 de 2000 se ajusta a las normas de derecho interno y al bloque
de constitucionalidad, e indica que el INPEC tiene como objeto principal “ejercer
la vigilancia, custodia, atención y tratamiento a las personas privadas de la
libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y
de la ejecución del trabajo social no remunerado, labores estas que per se,
involucran la implementación de procedimientos, como por ejemplo la imposición
de restricción (Esposas de pies o de manos), el uso moderado de la fuerza para
reducir a un individuo, el aislamiento por razones de seguridad y salvaguarda
de la integridad, que con la inexequibilidad de la norma demandada, alcanzarían
dimensiones inimaginables bajo la concepción global del dolor y sufrimiento que
pretende configurar el demandante y que a la postre redundaría en la
imposibilidad de imponer la disciplina en los centros penitenciarios, y así
mismo garantizar la seguridad, vida e integridad de los recursos, así como
también cumplir con la función resocializadora, por cuanto el simple contacto
físico ejercido sobre un recurso en rebeldía, configuraría el tipo penal de
tortura bajo esa concepción global de dolor y sufrimiento.”
3. Comisión Colombiana de Juristas
Interviene en la presente demanda de
inconstitucionalidad por intermedio de los Dres. Gustavo Gallón Giraldo y Mateo
Gómez Vásquez, para solicitar a la Corte declarar la constitucionalidad del art. 178 inciso
final, del código penal colombiano, “bajo el entendido de que se
consideraran sanciones licitas solamente aquellas que se encuentren conforme a
los estándares internacionales de derechos humanos”, con
base en las siguientes
consideraciones:
(i) Indican el bloque de constitucionalidad que prevé
lo relacionado con la tortura y la importancia que le ha dado el derecho
internacional de DDHH a la prevención y sanción de la tortura, y evidencia que
en cada instrumento internacional se encuentra un elemento subjetivo para
definir a la tortura, por lo cual en la sentencia C-148 de 1995 la Corte
Constitucional “determino que la tipificación del delito de tortura en el
ordenamiento constitucional colombiano no podía contener una calificación
específica, tal como lo es la gravedad, pues se estaría contraviniendo la
Convención Interamericana”
Así las cosas, determinan que el tipo objetivo en este
delito consiste en aplicar sobre el individuo cualquier tipo de sufrimiento o
de dolor, ya sea físico o psíquico, con el fin de obtener alguna confesión,
castigarla, intimidarla o presionarla, o con cualquier otra finalidad,
igualmente el tipo subjetivo no observa calificación alguna del sujeto activo
del delito, así que cualquier persona puede ser responsable plenamente por el
delito de tortura. El inciso
demandado tiene una excepción a esta conducta cuando dichos dolores sean
derivados de sanciones licitas o que sean consecuencia normal e inherente a
ellas.
(ii) Aducen que la excepción que se encuentra en el
inciso final demandado del art. 178 de la Ley 599 de 2000, se ajusta al
ordenamiento jurídico internacional, pues no es extraña a ninguno de los
instrumentos de DDHH, y su contenido debe ser bien precisado, e indica que la
“excepción de sanciones legítimas” no puede ser interpretado como una forma de
legalización y reconocimiento de conductas constitutivas de tortura; es decir
que esta excepción “debe comprender, en primer lugar, que existen una serie
de sanciones –como la privación de la libertad- que se encuentran aceptadas
internacionalmente y en tal sentido no pueden ser , prima facie, perseguidas
como tortura; pero consecuentemente, en segundo lugar, que la licitud o
legitimidad de las sanciones depende única y exclusivamente de su apego
estricto a los estándares internacionales de DDHH para prevenir que su
imposición y ejecución se configuren como actos de tortura dirigidos por el
poder normativo de los Estados.”
(iii) Consideran que solo queda determinar los
estándares internacionales de DHH que debe atender el Estado colombiano para
que las sanciones sean legítimas y que su aplicación no se derive en la
comisión del delito de tortura, para esto se remite a la Corte Constitucional
la cual ha identificado este núcleo de garantías en las reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del Delincuente  en 1955, y la
Corte se refirió a ellas en la sentencia T-851 de 2004, como el “(…)
contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas
de la libertar que es el imperativo cumplimiento, independientemente de la
gravedad de la conducta por la cual se ha privado a la persona de la libertad y
del nivel de  desarrollo socio económico del estado”, estas reglas
establecen los principios básicos que guían al Estado en el tema penitenciario
para que se garantice que la dignidad de los reos no se vea conculcada.
Así mismo, existen otros instrumentos cuyos esfuerzos
están dirigidos al mismo sentido como los principios básicos para el
tratamiento de los reclusos[1],
Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión[2],
Reglas para los menores privados de la libertad[3],
las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas
no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes[4] y el Código
de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley[5], estas normas
que contribuyen para que se proteja la dignidad y derechos de los presos debe
ser respetada por los Estados.
(iv) Conceptúan que es necesario que en el
ordenamiento jurídico colombiano tenga en cuenta este tipo de consideraciones
para efectos de la tipificación de la tortura, y esta excepción se debe incluir
porque los únicos dolores y sufrimientos que podrían estar justificados en el
ordenamiento jurídico en un Estado Social de Derecho y una sociedad democrática
son los que provienen de sanciones que tengan una correspondencia con los
estándares internacionales de DDHH, especialmente de las leyes que se dirigen a
la protección de los individuos privados de su libertad.
(v) Incluyen en su intervención el concepto dado por
la Red SOS Tortura OMCT, emitido por su secretario general Gerald Staberock, el
cual está de acuerdo con lo plateado por la CCJ, incluyendo la petición de declarar la constitucionalidad del art.
178 inciso final, del código penal colombiano, “bajo el entendido de que se
consideraran sanciones licitas solamente aquellas que se encuentren conforme a
los estándares internacionales de derechos humanos”.
4. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos CSPP
La
abogada del Proyecto Legal a Víctimas de Tortura de Naciones Unidas y la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, considera que el
texto demandado debe salir del ordenamiento jurídico interno, al vulnerar el
art. 93 Superior, y presenta los siguientes argumentos para su solicitud ante
la Corte Constitucional:
Como
introducción evidencia que el Estado colombiano tiene la obligatoriedad de
vincular las normas del derecho internacional de los DDHH a su ordenamiento
jurídico bajo dos fuentes, el art. 93 CP y de los mismos principios
internacionales arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
Tratados; esto se concretiza 1) con la expedición de normas y el desarrollo
de prácticas del derecho interno que garanticen el cumplimiento de tratados, y
2) a través de la eliminación de cualquier norma o practica estatal que ponga
en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
(i)Señala
que el crimen de tortura se ha definido en tres instrumentos internacionales en
el art. 1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las personas contra la
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1995; en el
art. 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, 1987; y en el art. 2 de la Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la tortura, 1985.
Indica
que entre todas hay diferencias por lo que se han tejido teorías que autorizan
la tortura en determinadas circunstancias: 1. Tortura de rescate, al ser un
método de investigación para salvar a inocentes; 2. Doctrina de la necesidad,
ante el amparo de los DD de los agentes estatales no son penalmente
responsables por cometer tortura; 3. Derecho penal del enemigo, que pone en
duda la dignidad humana de quienes delinquen.
Concluye
en este punto que “la exclusión de ciertos dolores y sufrimientos so
pretexto que se derivan de una sanción legitima o licita, es una forma de
flexibilizar la prohibición de la tortura, lo que implica un retroceso para las
sociedades democráticas y un grave riesgo para la humanidad. Ninguna sanción
impuesta legalmente por un Estado democrático y de derecho debe producir dolor,
no sufrimiento o ponga en riesgo la dignidad humana, o la integridad física o
mental de las personas”.  Por lo tanto considera que la norma internacional
que ofrece mayor garantía es la Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la tortura.
(ii)
Sostiene que de la lectura de la norma demandada  se puede concluir que Colombia
ha cumplido con la obligación de incluir en el derecho interno las normas
internacionales que se han creado para prevenir y sancionar la tortura, sin
embargo, tras el análisis de las normas internacionales y como ya se ha dicho,
el texto que ofrece mayor garantía es la Convención Interamericana para
prevenir y sancionar la tortura ya que elimina la exclusión de daños y
sufrimientos derivados de sanciones que pueden resultar legitimas o licitas,
por lo tanto considera que si bien la norma demandada se encuentra contenida en
el ordenamiento internacional de los DDHH, evidencia que hay instrumentos que
procuran mayor protección del derecho humano tutelado, e indican que el Estado colombiano
está en mora de incorporar el derecho interno la definición de tortura
contenida en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
(iii)
Encuentra que el inciso demandado “excluye la responsabilidad penal de
dolores y sufrimientos que se derivan de sanciones licitas, texto que como se
ha analizado constituye un riesgo a la prohibición absoluta de la tortura, en
cuanto trae implícita la relativización de dicha prohibición”. Es decir que
la norma puede legitimizar condiciones de reclusión insuficientes y medidas
como el aislamiento prolongado de un reo que puede afectar la dignidad de las y
los reclusos. Recuerda que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas
CAT en 2009 dio a conocer al Estado colombiano su preocupación por la situación
de las cárceles en todo sentido incluido las quejas de tortura que han llegado
y que pusieron de manera pronta e imparcial a la justicia penal.
(iv)
Finalmente indica que en la historia colombiana muchos gobiernos han cometido
crímenes que violan los derechos humanos aduciendo que se dictan ciertas normas
para combatir la delincuencia, restringiendo los derechos y garantías
universalmente reconocida para la población en general, por lo que el riesgo no
es solamente para las personas privadas de su libertad.
5. Universidad Libre
La
universidad Libre envía su concepto dentro del presente proceso para solicitar
se declare la constitucionalidad del aparte demandado, exponiendo los
siguientes argumentos:
(i)
Inicia recordando la definición de dignidad humana que se encuentra en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sentencia T-881 de 2002: “(i) la
dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan
vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera), (ii) la
dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de
existencia (vivir bien) y (iii) la dignidad humana entendida como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones)”; esto implica el deber del Estado de
brindar la protección de la misma y la responsabilidad de cada persona de
cumplir con los deberes que le señala la Ley.
(ii)
Evidencia que la tortura en el derecho penal colombiano es un delito
pluriofensivo, o sea una conducta punible la cual va en contra de dos o más
bienes jurídicos que pueden ser tutelados por cuanto atenta contra la libertad
individual, la integridad personal y la dignidad humana como lo ha expresado la
Corte Constitucional en la sentencia C-587 de 1992.
En
el mismo sentido el art. 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura indica: “Para los efectos de la presente Convención se
entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se
inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como
medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.  Se entenderá también
como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque
no causen dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o
sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas
legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los
actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo”. (Subrayas
de la Universidad).
(iii)
Advierte, con base en lo anterior, que la norma demandada “no considera que
se configure el tipo penal de tortura cuando el dolor o sufrimiento se derive únicamente
de sanciones licitas, consecuencia legal del propio delito, lo cual ratifica
que bajo ningún entendido los tratos crueles, inhumanos y degradantes, pueden
considerarse como consecuencias legales de una conducta punible”, igualmente
no se protege ningún abuso de la fuerza por parte de las autoridades del
Estado, por cuanto eso es motivo de reproche legal  y quien lo haga debe quedar
sujeto a las “responsabilidades a que haya lugar”.
(iv)
Afirma, que de este tema en la sentencia C-582 de 2002 se hace referencia que
cuando el Estado es quien viola los derechos fundamentales “Por tanto una
violación de los Derechos Constitucionales proveniente del instrumento creado
precisamente para que esas violaciones no ocurran [es decir el Estado], reviste
una gravedad suprema que a hace acreedora de una responsabilidad mayor”.
(v)
Sostiene, que cuando se evidencie del uso arbitrario de la fuerza o
extralimitación realizada por alguna autoridad del Estado, ésta queda sujeta a
las responsabilidades a que haya lugar, lo cual implica que lo que se indica en
el artículo demandado no es una herramienta que facilite el “ejercicio
arbitrario y brutal de la fuerza del Estado por sus agentes”.
Finalmente
asegura que el artículo está acorde con las disposiciones internacionales con
relación a este tema, particularmente con el art. 2 de la Convención
Interamericana antes referido.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución
Política, el Señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5837
del 14 de octubre de 2014, solicitó a la Corte declararse inhibida para decidir
de fondo, y subsidiariamente declare la exequibilidad de la disposición
acusada.
El
problema jurídico que considera hay que resolver es si la norma acusada
habilita a los agentes estatales para que inflijan tortura a los condenados en el
entendido que “el sometimiento a vejámenes por parte de las autoridades
penitenciales es un sufrimiento”.
Para
dar respuesta a este cuestionamiento plantea los siguientes argumentos:
(i)
Afirma que lo argumentado por el actor carece de certeza porque expone solo sus
propias especulaciones que no corresponden al auténtico contenido normativo de
la disposición acusada y considera que la demanda sub examine no formula
un cargo verdadero de inconstitucionalidad por lo que la Corte no puede
efectuar su estudio. De esta manera, encuentra que es un yerro del demandante
equiparar “la sanción penal impuesta al sancionado con las demás actuaciones
posteriores llevadas a cabo por las autoridades estatales”.
(ii)
Señala que la misma norma trae condicionamientos y limitantes tales como la licitud
de la sanción que se impone como excepción, lo cual implica que “(i) que la
sanción impuesta esté prevista en la Ley, es decir, que se respete el principio
de legalidad; y (ii) que la sanción haya sido impuesta respetando el
principio-derecho al debido proceso”. De esta manera, observa que la expresión “pena lícita”, implica
que se imponga respetando los postulados del debido proceso. Igualmente, considera
que la expresión “únicamente” le imprime un carácter de interpretación
restrictiva a la norma.
(iii) Por tanto, considera que los funcionarios pueden
ser investigados en caso de extralimitación o violación de algún derecho, y
determinar si cometió el delito de tortura, o incurrió en penas o tratos
crueles inhumanos o degradantes.
(iv) Para la Vista Fiscal el Estado tiene legitimidad
para sancionar mediante penas y su connatural sufrimiento legítimo, y para ello
el Congreso tiene una amplia facultad de imponer penas al ser titular del ius
puniendi.
(v) Finalmente el Ministerio Público solicita a la
Corte que se inhiba de pronunciarse de fondo; pero si la Corte considera que
los cargos presentados son suficientes y justifican que se realice el control
de constitucionalidad, de manera subsidiaria solicita que se declare la
exequibilidad de la norma acusada.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241, numeral 5o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional
es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, pues las expresiones acusadas hacen
parte de una Ley, en este caso, de la Ley 599 de 2000.
2. Problema jurídico y esquema de
resolución
La Corte debe resolver si el artículo 178
de la Ley 599 de 2000 vulnera los mandatos constitucionales contenidos en los artículos
1, 2, 5, 6, 12 13 y 93 de la Carta Política al establecer dicha disposición que
no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven
únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a
ellas.
Para solucionar este problema jurídico la Sala debe establecer de
manera preliminar si en el presente caso existe aptitud sustantiva de la
demanda, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de esta Corte.
En punto a este tema y en aplicación del principio pro actione, la Sala colige
que en el libelo el accionante logra conformar verdaderos cargos de inconstitucionalidad
en cuanto los argumentos esbozados consiguen despertar una duda mínima y
razonable en el juez constitucional sobre la eventual inexequibilidad de la
normativa acusada, en relación con las posibles consecuencias jurídicas que se
podrían llegar a desprender de la disposición objetada, respecto de si el dolor
o los sufrimientos que se generen exclusivamente de sanciones lícitas o que
constituyan implicaciones normales o inherentes a dichas sanciones podrían llegar
a constituir formas de tortura, o si del contenido normativo de la disposición
acusada se puede llegar a derivar una hipotética permisión de tortura, tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Una vez establecida la aptitud sustantiva de la demanda, la Sala
pasará a pronunciarse de mérito sobre el problema constitucional planteado para
cuya resolución adelantará el siguiente esquema de resolución: (i) reiterará la
dignidad humana como fundamento de la prohibición de la tortura o la imposición
de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; (ii) analizará la
prohibición de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tanto
en el derecho internacional, como en la Constitución Política y en el
ordenamiento jurídico legal interno, así como sus desarrollos por parte de la
jurisprudencia constitucional;; (iii) se referirá a la prohibición de tortura,
penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes especialmente respecto de la
población carcelaria del país; para finalmente (iv) entrar a analizar la
constitucionalidad de la disposición demandada.
3.  La dignidad humana como fundamento de
la prohibición de la tortura, o la imposición de penas o tratos crueles,
inhumanos y degradantes
El artículo 1 de la Constitución Política
dispone: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
(Negrillas fuera del texto).
La dignidad humana, según se desprende del art. 1
Superior, es el fundamento del ordenamiento jurídico, es decir que este
concepto es un pilar determinante en el Estado Social de Derecho y en la
democracia constitucional, y por tanto de los Derechos Humanos y de los
derechos fundamentales en general, y constituye una norma vinculante para toda
autoridad.
La consagración constitucional del
principio de la dignidad humana, indica que debe existir un trato especial
hacia el individuo, ya que la persona es un fin para el Estado y por tanto para
todos los poderes públicos especialmente para los jueces, pues este principio debe
ser el parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico,
este principio impone una carga de acción positiva de cara a los demás derechos[6].
Esta consagración se basa en la teoría
iusfilosófica de origen kantiano según la cual toda persona tiene un valor inherente
a su propia condición humana que es su dignidad, la cual la hace ser no un
medio, un instrumento para la consecución de diversos fines, sino un fin en
sí mismo. Así, Kant afirma que un ser humano y generalmente todo ser racional existe
como un fin en sí mismo. De esta máxima se deriva la primera formulación del
Imperativo Categórico, esto es, la Fórmula de Humanidad que ordena que uses a
la humanidad, tanto en tu propia persona o en la persona de cualquier otro
siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solo como un medio. De esta manera,
la persona contiene en sí misma un
valor moral que no tiene ninguna equivalencia posible en el mundo material, y
que se deriva de su condición de sujeto moral, libre y autónomo.[7]
Por su parte, la jurisprudencia de este Tribunal ha
encontrado tres lineamientos claros y diferenciables con relación al objeto de
protección del enunciado normativo “dignidad humana”: (i) entendida como
autonomía o como la posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según
sus características, es decir, vivir como se quiera; (ii) como ciertas
condiciones materiales concretas de existencia, o sea vivir bien; y (iii)
entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física
y moral, en otras palabras vivir sin humillaciones.[8]
De otro lado, para esta Corporación la dignidad humana
tiene una triple naturaleza de valor, principio y derecho: (i) como derecho
fundamental que implica la correlatividad entre la facultad de exigir su
realización en los ámbitos a los que atañe y el deber de propiciarlos; (ii)
como principio puede entenderse como una de los fundamentos que dieron
origen a la aparición del Estado colombiano de hoy, así como un mandato de
optimización, cuya realización se debe propender en la mayor medida posible;
(iii) como valor, la dignidad representa un ideal de corrección al que
tiende el Estado y que le corresponde preservar”.[9]
En consecuencia, la dignidad
humana es un derecho de todas las personas que viven y están en el país, la
cual no se pierde cuando, por diferentes motivos, una persona pierde la
libertad y es recluida en una cárcel o en un recinto penitenciario, y es deber
del Estado que ésta sea protegida en razón a que los reclusos se encuentran en
un estado de vulnerabilidad especial.
En otras palabras, el principio, valor y
derecho de la dignidad humana es un deber positivo o un mandato de acción, por
consiguiente, todas las autoridades del Estado deben lograr las condiciones
necesarias para que se puedan desarrollar los ámbitos de la dignidad humana[10],
la cual, como se mencionó, tiene diferentes formas de ser entendida.
La dignidad humana es un principio fundante del Estado
colombiano, tiene un valor absoluto en nuestro ordenamiento jurídico, a
diferencia de otros sistemas constitucionales, de manera que no puede ser
limitado como otros derechos relativos bajo ningún argumento, en ninguna
circunstancia, con base en la aplicación de doctrina jurídica o filosófica
alguna, como la denominada “doctrina del mal menor”, o a partir de
ninguna aplicación exceptiva, como si lo pueden ser en forma contraria otros
principios o derechos fundamentales que para su aplicación concreta pueden ser
limitados a partir de un ejercicio de razonabilidad o de proporcionalidad, esto
es, de ponderación con otros principios, cuando entren en colisión con ellos,
puesto que no ostentan un carácter absoluto como la dignidad humana, sino
relativo, y pueden ser objeto de restricciones. Por tanto, el respeto de la
dignidad humana es una norma jurídica de carácter vinculante para todas las
autoridades sin excepción, además, es la razón de ser, el principio y el fin
último del Estado constitucional y democrático de Derecho y de su organización,
tal y como lo ha indicado la jurisprudencia de este Alto Tribunal. [11]
En punto al tema de la dignidad
humana, tan central para el entendimiento de nuestro paradigma constitucional,
esta Corte ha afirmado que "El hombre es un fin en sí mismo. Su
dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las
autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su
vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La integridad
física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales
necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida
íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social.
Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los
ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales
del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los
valores fundantes del Estado Social de Derecho (CP art. 1°)”.[12]  (Negrillas fuera de texto)
La dignidad humana, no es una facultad de la persona
para adquirirla o para que el Estado se la conceda, ésta es un atributo
esencial, inherente al individuo, por lo tanto el derecho fundamental se
refiere a que se le dé el trato a la persona para que se le respete
completamente la dignidad de ser humano, es un derecho en el que implica al
Estado tanto obligaciones de no hacer como de hacer. [13] Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha
indicado claramente que en materia del ius puniendi este principio se da
en la prohibición para las autoridades públicas y carcelarias de realizar
actuaciones que constituyan tortura o de aplicar penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.[14]
En resumen, el deber del Estado y sus autoridades es
el de adoptar las medidas necesarias para que se le garantice a cada individuo
un trato acorde con su condición digna de ser humano, como parte y miembro de
la sociedad. Así, si bien los ciudadanos pueden verse restringidos o perder sus
derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la libertad, como
consecuencia de penas privativas de la libertad, la dignidad humana no se puede
restringir o perder nunca, de manera que como consecuencia de ello las
autoridades carcelarias tienen la obligación de cumplir el respecto de los
derechos fundamentales e inalienables de todos los ciudadanos, incluyendo la
población carcelaria, y están sujetos de manera categórica a la prohibición de
no aplicar sobre los reos medidas, sanciones que puedan constituir torturas,
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como se pasa a exponer con
mayor detalle a continuación.
4. La prohibición de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes
4.1 La prohibición de la tortura, penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes en el Derecho Internacional está desarrollada en
declaraciones, pactos y convenciones a nivel internacional, los cuales se
encuentran encaminados a la garantía y protección del derecho a la integridad
personal de los individuos sin diferenciar el origen étnico, de género,
cultural o territorial de los mismos.[15] Algunos
de los más importantes instrumentos internacionales que consagran esta garantía
son:
(i) Declaración Universal de Derechos
Humanos:
"Art. 3.- Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Art.5.- Nadie será sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" (Resalta la Sala)
(ii)  Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre:
"Art. 1.- Todo ser humano tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Art. 25 (inciso 3).- Todo individuo que
haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o,
de lo contrario, a ser puesto en libertad.
Art. 26 (inciso 2).- Toda persona
acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y
pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con
leyes pre-existentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o
inusitadas."
(Énfasis de la Corte)
(iii) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966:
"Art. 7.- Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos
médicos o científicos.
Art. 10.- 1. Toda persona privada de
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
2. a. Los procesados estarán separados de
los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un
tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b. Los menores procesados estarán separados
de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la
mayor celeridad posible para su enjuiciamiento
3. El régimen penitenciario consistirá
en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación
social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los
adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica". (Negrillas fuera de texto)
(iv) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José):
"1. Toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano.
3. La pena no puede trascender de la
persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados
de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a
un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser
procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento
6. Las penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los
condenados".
(Resaltado de la Corte)
Igualmente algunos intrumentos se han destinado para
prohibir estas arbitrariedades como la Declaración de las Naciones Unidas sobre
la protección de todas las personas frente a la tortura y a otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General el 9 de
diciembre de 1975 (art. 2); la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 70 de
1986); y la Convención Interameriana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Ley
409 de 1997). Estas normas se reconocen internacionalmente como un mandato
imperativo de derecho internacional que no permite ningún tipo de acuerdo que
esté en contra del mismo, ni tampoco pueden los Estados esgrimir excepciones o
derogaciones, sino que las naciones tienen el deber de hacer respetar estas
garantías de carácter universal.[16]
Tras la lectura de estos artículos, es
evidente que una de las más importantes preocupaciones de la comunidad
internacional para la protección de los Derechos Humanos ha sido la protección
del derecho a la integridad personal de todos los individuos, consagrando de
manera universal el derecho de todas las personas, sin excepción o acepción
alguna, a no ser sometidos a cualquier clase o tipo de tortura, bien sea física,
emocional o psicológica, ni a ser objeto de tratos o penas crueles inhumanas o
degradantes.
La prohibición de la tortura, como la que
se encuentra en la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes, aprobada por Colombia por la Ley 78 del 15 de
diciembre de 1986, busca proteger el derecho a la integridad personal y la
integridad de la persona que puede ser vulnerado por un uso arbitrario de la
fuerza, aclarando que no todas las sanciones que producen sufrimiento alcanza
la categoría de tortura. La  Corte Europea de Derechos Humanos en diferentes
fallos ha indicado que no todas las penas constituyen tortura, sino que para
que se adquiera ese carácter estos sufrimientos deben ser graves y crueles. Es
decir que la intensidad se analiza acorde con las circunstancia del caso para
definir si es tortura o un comportamiento inhumano o degradante.[17]
De esta garantía universal dirigida a
todos los seres humanos, se desprende una garantía particular y especial para
aquellas personas que son objeto del ius puniendi de los Estados, en el
sentido de prohibir de manera categórica e imperativa que puedan ser sometidas
a tratos o penas que puedan constituir tortura, o puedan ser calificados
de crueles, inhumanos o degradantes frente a la dignidad del ser humano.
Lo anterior, ya que la prohibición
universal de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, puede
ser desconocida con una mayor facilidad y frecuencia por las autoridades
públicas frente a personas sancionadas con penas privativas de la libertad, cuando
las procesan o condenan por la comisión de algún tipo de delito. Por esta razón
los instrumentos internacionales ya reseñados, hacen énfasis en que (i) nadie,
esto es, ninguna persona, puede ser sometida a torturas, ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes (Declaración Universal de Derechos Humanos,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre
Derechos Humanos); (ii) toda
persona que sea acusada de delito tiene el derecho a que no se le impongan penas
crueles, infamantes o inusitadas (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre); (iii)  toda persona que
se encuentre privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano (Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y Convención Americana sobre Derechos Humanos); y (iv) el régimen
penitenciario debe consistir en un tratamiento cuya finalidad esencial sea la
reforma y la readaptación social de los penados, esto es, en que las penas privativas de la
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de
los condenados (Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Estas normas específicas para los casos relativos
a las personas privadas de la libertad se les otorga una especial relevancia porque
es en estas circunstancias o situaciones fácticas y jurídicas en donde se
evidencia más la posibilidad de que se presente tortura, penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, y porque estas garantías en el ambiente
jurídico de los Derechos Humanos se han desplegado como un conjunto de
limitaciones frente al ius puniendi del Estado. Por lo tanto, esta
prohibición universal constituye una norma de derecho internacional que todo
Estado tiene la obligación de respetar, a pesar de las circunstancias
particulares que se puedan presentar internamente, tales como el conflicto
interno armado y la proliferación de grupos armados al margen de la ley, como
en el caso específico de Colombia.[18] Lo
anterior, no significa que este tipo de delito de tortura, imposición de penas
o tratos crueles inhumanos o degradantes no puedan ser cometidos por otras
personas particulares, verbigracia en el seno de las familias, o como en el
caso especial de Colombia, por los numerosos grupos al margen de la ley.
En relación con la tortura, se pueden
citar tres definiciones relevantes:
(i)La
definición contenida en el art. 1 de la Declaración sobre la Protección de
Todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, que dispone: “1. A los efectos de la presente Declaración, se
entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra
persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras.
No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o
incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.” (Negrillas de la Corte)
(ii) La definición contenida en el art. 1
de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, adoptada por
la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 39-46 del 10 de diciembre de
1984, suscrita por el Gobierno Colombiano el 1 de abril de 1985 e incorporada a
nuestro ordenamiento por medio de la Ley 78 de 1986 y promulgada por Decreto
768 de 1988, que reza: "A los efectos de la presente
Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el
cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas". (Resalta la Sala)
(iii)Otro instrumento internacional como
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobado por
la Asamblea General de la OEA el 9 de diciembre de 1985 tiene su propia
definición de la tortura en su art. 2:  " Para los efectos de la
presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado
intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos
físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena, o con
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir
su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia física.
No estarán comprendidos en el concepto de
tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente
consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan
la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el
presente artículo" (Énfasis de la Sala)
4.2
En relación con la definicion de trato cruel, inhumano o degradante, dado que
constituyen definiciones abstractas, existen pronunciamientos que ayudan a
delimitar en forma más certera cómo se entiende y plica esta prohibición:
(i) El Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en la Observación General No. 20 de 1992 establece que “la finalidad
de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y mental de la
persona”[19],
y que “la prohibición enunciada en el artículo 7 se refiere no solamente
a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino tambien a los que causan
sufrimiento moral”[20].
(Resalta la Corte)
(ii) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en el caso No. 10832 de 1997, recogiendo definiciones adoptadas por los
organismos europeos de Derechos Humanos estableció que “(a) el trato
inhumano es aquel que causa un sufrimiento físico, mental o psicológico severo,
por lo cual resulta injustificable, y (b) el trato degradante es aquel que
humilla gravemente al individuo frente a los demás, o le compele a actuar en
contra de su voluntad”[21]
(Énfasis de la Sala). Así mismo se estableció que para adquirir el carácter de
inhumano o degradante el trato debe tener un nivel mínimo de severidad, esto se
debe evaluar en cada caso particular. Es decir que para distinguir la tortura
con los tratos crueles depende del grado de severidad y gravedad de los actos.
(iii) La Corte Interamericana de Derechos Humanos en
la Decisión del 17 de diciembre de 1997 se precisaron otros elementos para
delimitar estas conductas aclarando que “la violación del derecho a la
integidad física y psicológica de las personas es una categoría que abarca
tratos con distintos niveles de severidad, que van desde la tortura, hasta
diversos tipos de humillaciones y tratamientos crueles, inhumanos o
degradantes, con distintos niveles de perturbación física y psicológica para
los afectados. Así, se determinó que incluso en ausencia de
lesiones físicas, el sufrimiento psicológico y moral del afectado, aunado a una
perturbación psíquica generada por las autoridades, puede constituir trato
inhumano, mientras que el trato degradante se caracteriza por los sentimientos
de miedo, ansiedad e inferioridad inducidos a la víctima con el propósito de
humillarla. De esta forma, se caracterizaron como crueles, inhumanos y
degradantes los golpes, el maltrato, y la intimidación con amenazas de más
violencia de los cuales fue objeto la peticionaria”.[22]
(Énfasis de la Sala)
En conclusión la diferencia entre la
tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes se puede dar por la
severidad e intensidad de la acción de fuerza que se ejerza contra la víctima
de este tipo de conductas.
4.3  Por su parte, la Constitución Política en
el artículo 12 Superior consagra que “Nadie será sometido a desaparición
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Este mandato superior
contiene la prohibición absoluta de la tortura, de los tratos o penas crueles
inhumanos o degradantes, garantía que es elevada a derecho fundamental.
En este orden de ideas, la Carta Política
de 1991 prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes; los
cuales guardan una relación intrínseca entre sí, y es necesario recordar que
las autoridades colombianas se han instituido para que se protejan a todos los
residentes del país en sus vidas, honra y bienes, así como para que se aseguren
del cumplimiento de los deberes sociales tanto del Estado como de los
particulares.[23]
El artículo 12 CP tuvo la siguiente
evolución en la Asamblea Nacional Constituyente:
(i) El Gobierno presentó un proyecto de
artículo que establecía: " La integridad física y mental de la persona
es inviolable. Se prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Será nula toda declaración obtenida mediante la violación de este
derecho".
(ii) Por su parte la Subcomisión Segunda
de la Comisión Primera de la Asamblea propuso el siguiente texto a la Comisión:
"El Estado garantiza el derecho a la vida.
No hay pena de muerte. La tortura en todas
sus formas al igual que los tratos inhumanos y degradantes y la desaparición
forzada son delitos".
(iii) De otra parte la Comisión Primera
presentó a la Plenaria, para primer debate presentó: "El derecho a la
vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
Nadie será sometido a desaparición
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes"
El texto aprobado finalmente por la Plenaria
fue preparado en la Comisión Codificadora en relación al derecho a la vida y la
pena de muerte, y por lo tanto el art. 12 Superior finalmente quedó así: “Nadie
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”[24]
Es decir que con la aprobación del texto
del art. 12 Constitucional quedó plasmada la prohibición categórica, entre
otras cosas, de la tortura, y de las penas y los tratos crueles, inhumanos o
degradantes, tanto por parte del Estado como de los particulares, constituyendo
un derecho fundamental de todos los ciudadanos.
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que
este mandato Superior “…es
incluso más amplio que los instrumentos internacionales suscritos por Colombia
sobre el tema, pues…, la Carta colombiana prohíbe la tortura incluso en los
casos en que el torturador sea un particular”. [25]
Así, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que la tortura es un delito que atenta contra la dignidad humana para
obtener resultados variados como información, castigos o coacciones; usando
métodos que producen grave dolor, sufrimientos o aflicción en las víctimas,
sometiendo su voluntad a la del torturador. No obstante lo anterior, también ha
expresado, que los dolores o sufrimientos que son consecuencia de sanciones
legítimas o inherentes a éstas quedan excluidos del concepto de tortura.[26]
Esto se debe entender en el sentido de que las penas, dolores o sufrimientos
que sean única y exclusivamente consecuencia o inherentes por naturaleza a las
sanciones legítimas que están estipuladas por la ley, no se considerarán
tortura, siempre y cuando su aplicación no incluya la realización de los actos
o la aplicación de los métodos considerados como tal. De esta manera, es claro,
que las penas, sufrimientos o dolores que quedan excluidos del concepto de
tortura, son aquellos que no quedan comprendidos dentro de esta definición,
tales como aquellos dolores o sufrimientos naturales que se derivan o son
inherentes a las penas principales o accesorias, relativas a la privación de la
libertad del ciudadano, las multas o las inhabilidades civiles y políticas.
4.4  La tortura
en el régimen penal colombiano se introdujo en el año 1980 en el Código Penal mediante
su tipificación como delito por mandato establecido en la declaración contra la
tortura de las Naciones Unidas. En ésta, los Estados se obligaban a
incorporarla en su ordenamiento legal[27],
e internamente quedó plasmado y desarrollado en el art. 279 del Código Penal que
consagraba:
"El que someta a otro a tortura
física o moral, incurrirá en prisión de uno a tres años, siempre que el hecho
no constituya delito sancionado con pena mayor"
Esta norma fue reiterada en el Decreto
Ley 180 de 1988, art. 24, pero con una pena mayor y fue adoptada como
legislación permanente en el D.E. 2266 de 1991, artículo 4:
“Artículo 24. El artículo 279 del Código
Penal quedará así:
Art. 279 El que someta otra persona a
tortura  física o  síquica, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años,
siempre que el hecho no constituya delito  sancionado  con pena mayor”.
El delito de tortura se presenta bajo dos
modalidades: tortura física o tortura moral la cual incluye el aspecto
sicológico. El sujeto activo puede ser cualquier persona o funcionario público,
por eso es indeterminado. Esto se encuentra conforme con la Constitución y los
instrumentos internacionales que prohíben la práctica de la tortura.
El artículo 279 del Código Penal fue
nuevamente modificado en el año 2000 por la Ley 589 en su art. 6:
“Art. 6o. El artículo 279 del Código Penal quedará
así:
ARTICULO 279. Tortura. El que inflija a
una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un
acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o
coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación
incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de ochocientos (800) a dos mil
(2.000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de
la libertad.
En la misma pena incurrirá el que ocasione
graves sufrimientos físicos con fines distintos a los descritos en el inciso
anterior.
No se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o fortuita de ellas.”
Igualmente en la Ley 599 de
2000 que consagra el nuevo Código Penal, se introdujo el artículo 178:
“&$ARTICULO 178.
TORTURA. El que inflija a una persona dolores o
sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un
tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o
que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier
razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ocho a
quince años, multa de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos
legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.
En la misma pena incurrirá el que cometa
la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior.
No se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o inherente a ellas.”  Este inciso final del artículo 178 es el
que se demanda en esta oportunidad.
En conclusión, la Corte colige que la prohibición
de la tortura se encuentra consagrada de vieja data no solo a nivel
internacional, sino en el ordenamiento constitucional y legal interno.  Esta
conducta puede ser cometida tanto por  los agentes del Estado, como por los
particulares, recayendo en el Estado la responsabilidad de protección y defensa
de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
5. La prohibición de la tortura, penas, tratos
crueles, inhumanos o degradantes frente a la población carcelaria
En relación con las torturas, penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes para los reclusos, el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, art. 10, se consagra el respeto a la dignidad humana de los
reclusos: “toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Este
principio interpretado en la Observación General No. 21 del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, es sintetizado por esta Corporación así: “(i)
todas las personas privadas de la libertad deberán ser tratadas en forma humana
y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén sujetas, del
tipo de institución en la cual estén recluidas; (ii) los Estados adquieren
obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del Pacto, en el sentido de propugnar
por que no se someta a las personas privadas de la libertad a mayores penurias
o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas  de la medida de
detención correspondiente; y (iii) por tratarse de una “norma fundamental
de aplicación universal”, la obligación de tratar a los detenidos con
humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la
disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de ningún tipo”.[28]
(Énfasis de la Sala)
Por lo anterior, las Naciones Unidas ha consagrado “las
Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos[29],
el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión[30],
el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley[31],
y los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud,
especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas,
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[32],
que la Observación General 21 de la Comisión de Derechos Humanos”.[33] Por
estas normas internacionales y las libertades que reconoce la Carta Política a
todos los asociados, la Corte se ha referido a los derechos de los presos.
En cuanto a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en
1955, y aprobado por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; indica, con
base en las reglas 10, 12, 17,
19 y 20 que los siguientes son los contenidos que se deben garantizar por los
Estados en relación a los reclusos:
“(i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en
locales higiénicos y dignos, (ii) el derecho de los reclusos a contar con
instalaciones sanitarias adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo propio
de su dignidad humana, (iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna
para su vestido personal, (iv) el derecho de los reclusos a tener una cama
individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones higiénicas[34],
y (v) el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable
suficientes y adecuadas.”[35] (Resalta la Sala)
En el mismo sentido, esta Corte ha
indicado: “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
añadido a la anterior enumeración de los mínimos a satisfacer por los Estados,
aquellos contenidos en las reglas Nos. 11, 15, 21, 24, 25, 31, 40 y 41 de las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, que se refieren en su orden a, (vi)
la adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión, (vii) la
provisión de los implementos necesarios para el debido aseo personal de los
presos, (viii) el derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea posible,
un ejercicio diariamente al aire libre, (ix) el derecho de los reclusos a ser
examinados por médicos a su ingreso al establecimiento y cuando así se
requiera, (x) el derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y
diligente, (xi) la prohibición de las penas corporales y demás penas crueles,
inhumanas o degradantes, (xii) el derecho de los reclusos a acceder a material
de lectura, y (xiii) los derechos religiosos de los reclusos.” [36] (Énfasis de la Corte)
Las normas del bloque de constitucionalidad con
relación al tratamiento penitenciario se encaminan hacia las obligaciones del
Estado para que se protejan los derechos fundamentales de los internos y a que
la limitación de algunos derechos restringidos por su condición especial
responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad los cuales
deben ser compatibles con los fines constitucionales de la pena.[37] Las
obligaciones del Estado como consecuencia de su legítimo poder punitivo deben
estar basadas en el respeto del principio de dignidad humana, el cual es el
pilar fundamental que debe guiar la relación entre los internos y las
autoridades penitenciarias. Esta es una norma imperativa de derecho
internacional, por lo tanto es obligatoria y de inmediato cumplimiento para
todos los Estados.[38]
Es
necesario, a juicio de esta Sala, la jurisprudencia sentada por esta Corte sobre el estado de cosas
inconstitucional que existe en el sistema carcelario del país[39], y que las personas privadas de su libertad se encuentran
en una situación de vulnerabilidad por lo que se le impone al Estado deberes
especiales para con ellos y ellas.[40] Este deber nace de la Constitución, la ley
y la jurisprudencia constitucional, al igual que de los sistemas de protección
de derechos humanos internacionalmente decretados. La limitación de algunos
ciudadanos por sus condiciones especiales de su libertad, en el contexto del
Estado Social de Derecho, le genera al Estado el deber de garantizarle a los
reos condiciones de vida digna, creándose una relación de sujeción entre los
individuos y el gobierno.[41]
Las consecuencias de esta sujeción son las
siguientes: “(i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos
fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii)
La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales
(vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre
otros). (iii) El deber positivo[42]
en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no
fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de
limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás,
debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la
que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo[43] en
cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias[44] que
permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[45]
de los reclusos.”[46]
(Negrillas fuera de texto)
En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
Colombia “Informe Colombia”, 1981, se encuentra la siguiente lista de
posibles conductas que pueden llegar a constituir tortura por parte de los
agentes del Estado:
" "plantones al sol en el día y
al sereno en la noche"; "ahogamientos y sumergimientos en agua";
"aplicación del 'submarino ‘“;”venda en los ojos hasta por doce, diez y
siete y veinte días"; "vendado y amarrado por cuarenta y siete días
en cimitarra"; "sometimiento a golpes en diversas partes del cuerpo
con palos y patadas"; "impedimento para dormir hasta por ocho días y
falta de reposo"; "amenazas de muerte al detenido, a la familia y a
amigos"; "colgaduras atado de las manos"; "prohibición de
agua y alimento hasta por cuatro, siete y ocho días seguidos";
"simulacro de dispararles en la cabeza"; "esposados de las
manos"; "tortura de otras personas cerca de la celda para que se
escucharan los gritos"; "incomunicación"; "palpitación de
energía y choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo";
"ejercicios hasta el agotamiento"; "permanencia desnudos y de
pie"; "provocación de asfixia"; "lavadas";
"caminar de rodillas"; "torturas sicológicas";
"sumergimiento amarrados en un lago"; quemaduras con cigarrillos";
" sacar al detenido a los allanamientos y utilizarlos como ´chaleco
antibalas´ esposado y vendado"; "simulacros de fusilamientos mientras
estaba colgado de un árbol"; "introducción de armas en la boca";
"rotura de nervios como consecuencia de colgamientos"; "desnudo
y sumergido en un rio"; negativa de asistencia médica para embarazo";
"fractura de costillas"; amarrado, vendado, a veces permanentemente,
golpeado con un leño, patadas"; "herida con arma de fuego por la
espalda en el sitio de reclusión"; "amenaza de traer a sus familiares
para torturarlos en su presencia"; "contemplación de las torturas a
otra persona"; ..." [47]
En el caso de las personas privadas de su libertad, la
Corte Constitucional ha explicado y justificado la suspensión y restricción de
ciertos derechos fundamentales de estos individuos cuando medie una detención
preventiva o una sentencia judicial. Estos ciudadanos se vinculan con el Estado
mediante una relación de sujeción especial y están sometidos a un régimen
jurídico especial que se caracteriza por regular más estrictamente sus derechos
y obligaciones, lo que implica que las autoridades carcelarias y penitenciarias
tienen el poder de exigirles el sometimiento a un conjunto de condiciones entre
las cuales se indica la suspensión y restricción de algunos de los derechos
fundamentales por causa de su posible o comprobado actuar delictivo. Así las
cosas, es evidente que no se suspenden todos los derechos fundamentales de
estos individuos, por lo tanto es deber del Estado garantizar a los reos el
pleno ejercicio de los derechos fundamentales que no les han sido restringidos
y que puedan ejercer parcialmente los que les han limitado legalmente.[48]
A
este respecto, la Corte indicó: “Si bien es cierto que la condición de
prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales,
dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto.
Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto,
como una violación de tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya
limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección
constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no
sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado
o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son
derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. Del derecho
pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan
importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que
pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de
trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente,
agua potable, vestuario,  utensilios de higiene y lugar  de habitación en
condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el
derecho al descanso nocturno, entre otros” [49].(Subrayas de la Sala)
Por lo
tanto, el Estado puede exigir al detenido que se someta a las condiciones y
reglas de conducta que se direccionen a mantener el orden y la seguridad de los
establecimientos carcelarios, teniendo como base que estas medidas se ajusten a los principios de proporcionalidad
y razonabilidad[50];
por su parte, reitera este Tribunal, que el Estado les debe garantizar a
las personas privadas de la libertad el pleno ejercicio de los derechos que no
les han sido suspendidos y parcialmente el disfrute de los que les han
restringido.[51]
En
otras palabras, para el Estado hay una obligación de garantizarle al recluso
unas condiciones dignas en su lugar de reclusión y que estas condiciones sean
reales y no solo sean letra “muerta”. Por lo tanto, debe haber un trato digno y
respetuoso[52],
y se debe tener como imperante el principio de dignidad humana.
El
trato inhumano o degradante se ha comprobado en las cárceles cuando se han
recibido denuncias de los malos tratos de los guardias del INPEC en contra de
las personas a las que se les aislaban, denuncias que son poco acusadas por
miedo a las represalias y/o a que se prolongue el encierro. Sin embargo, no solo
se presenta este tipo de acciones por parte de los entes oficiales,
especialmente en el sistema penitenciario colombiano[53].
Es de reiterar finalmente, que el fundamento
constitucional para el trato digno para la población carcelaria del país es
esencialmente la dignidad humana, como se vio anteriormente, la cual es igualmente
una exigencia constitucional en atención al bloque de constitucionalidad que
impone el respeto efectivo de la dignidad de las personas privadas de la
libertad, es decir que esta reclusión no implica la pérdida de la condición de
ser humano, pues la función y finalidad de la pena debe ser (i) la protección
de la sociedad, (ii) la prevención del delito y (iii) la resocialización del
infractor de la ley.[54]
En este sentido, la Ley 65 de 1993“Por el cual se
expide el Código Penitenciario y Carcelario”  establece en su art. 5: “RESPETO
A LA DIGNIDAD HUMANA. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el
respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos
humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica,
física o moral”. Por lo tanto, la dignidad humana debe ser protegida por
los agentes públicos pues los reos merecen un trato especial por el simple
hecho de ser personas.  En consecuencia, las autoridades carcelarias y
penitenciarias deben abstenerse de lesionar la dignidad de los internos, pues
esa es la conclusión que se desprende de la lectura del artículo señalado.[55]
Igualmente, en el Decreto No. 4151 de 2011,
Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario ­INPEC y se dictan otras disposiciones, se consagran el objeto y las
funciones del INPEC, entre otras cosas:
“Artículo 1°. Objeto. El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC tiene como objeto ejercer la vigilancia,
custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la
vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución
del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión
judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno
Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y
protección de los derechos humanos.
Artículo 2o. Funciones. El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrá las siguientes funciones:
1. Coadyuvar en la formulación de la
política criminal, penitenciaria y carcelaria.
2. Ejecutar la política penitenciaria y carcelaria,
en coordinación con las autoridades competentes, en el marco de los derechos
humanos, los principios del sistema progresivo, a los tratados y pactos
suscritos por Colombia en lo referente a la ejecución de la pena y la privación
de la libertad.
(…)
6. Custodiar y vigilar a las personas
privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión para
garantizar su integridad, seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas
por autoridad judicial.” (Resalta
la Sala)
Es decir, el  Gobierno Nacional -Ministerio de
Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación
Nacional e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC- son los
responsables de brindar las condiciones de vida digna de un recluso en las
instalaciones carcelarias pues la dignidad humana como derecho de estos
individuos es intocable y no está sujeta a limitaciones de ningún orden o
circunstancia.[56]
La protección de los derechos
de los internos implica una tutela especial por parte del Estado pues son
sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta.[57]
Adicionalmente, es de mencionar que existen
otros ambientes en que entre
los particulares se pueden presentar la tortura, tales como la escuela, el
trabajo, en las relaciones contractuales, entre otros. Especialmente en el
ámbito familiar se puede considerar tortura la violencia intrafamiliar, la cual
puede ser tortura física, la cual se manifiesta en “maltratamientos de obra
entre sus miembros, la privación consciente de alimentos, los abusos sexuales,
las constricciones indebidas, los incumplimientos graves e injustificados de
los deberes de auxilio mutuo, la vida licenciosa, la embriaguez habitual, el uso
de sustancias alucinógenas o estupefacientes o las diversas formas de abandono,
siempre que inflijan un sufrimiento excesivo”[58]. De otra parte,
la tortura a nivel psicológico se evidencia en los ultrajes, el trato cruel y
la manipulación de los regímenes de visitas a los hijos menores de edad para
los cónyuges separados, entre otros. Es importante mencionar en este aparte que
el art. 44 Superior se indica que la tortura puede darse entre particulares al
indicar la protección que se brinda a los niños contra el abandono en todas sus
formas, la violencia física o moral, el secuestro, el abuso sexual y el trabajo
riesgoso.[59]
También se ha encontrado por
parte de la Corte que en el sector de la salud es uno de los ámbitos donde más
se pueden encontrar estos tratos inhumanos o degradantes los cuales son
prohibidos en el art. 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCP (1966), que como se reseñó
consagra que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos”. Por su parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en la Observación General número 14 señala que “El derecho a la
salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud
entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a
controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica,
y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a
torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio,
entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud
que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto
nivel posible de salud”.
En síntesis, la tortura, las penas y tratos
inhumanos o degradantes están prohibidos tanto nacional como
internacionalmente, y lo que se pretende proteger para los individuos es su
dignidad humana, así como sus derechos fundamentales e inalienables, cobrando
una especial relevancia la protección de estas garantías frente a la población
carcelaria por su circunstancia particular de encontrarse sometidas a la
represión y sanciones del ius puniendi del Estado.
VII. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA NORMA DEMADADA
1. La demanda
El accionante considera que el inciso final del art.
178 de la Ley 599 de 2000 vulnera los arts. 1, 2, 5, 6, 12, 13 y 93 Superiores,
pues la dignidad humana se ve amenazada para los reclusos, al permitir que se
les inflijan dolores o sufrimientos por parte de los servidores públicos que
hacen cumplir las sentencias judiciales, con lo cual se rompe la filosofía del
Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad del individuo.
2. Intervenciones
El Ministerio de Justicia y Derecho, el INPEC, la
Comisión Colombiana de Juristas y la Universidad Libre, solicitan a la Corte
declarar la constitucionalidad de la norma.
El Ministerio de Justicia y Derecho hace una
comparación del art. 2, inciso 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura con el inciso demandado y llega a la conclusión que ambas disposiciones
tienen un mismo sentido y finalidad el cual es que las sanciones que sean
legalmente aceptadas no se consideran tortura y que lo anterior no exonera a
los funcionarios públicos de su responsabilidad cuando su actuación se
tipifique como tortura o trato cruel e inhumano.
El INPEC encuentra que las sanciones legales no se pueden
considerar tortura y que éstas se encuentran claramente determinadas en la Ley
65 de 1993 en los arts. 123, 125 y 126, las cuales tienen la finalidad de
encauzar y corregir las conductas que desconozcan las normas de convivencia.
La Comisión
Colombiana de Juristas -CCJ- sostiene que el inciso demandado se ajusta al
ordenamiento jurídico internacional, pero que la jurisprudencia se debe
precisar en cuanto a que las sanciones lícitas deben estar conforme a los
estándares internacionales de Derechos Humanos, sentido en el cual solicita
condicionar la norma objetada.
La Universidad Libre defiende la constitucionalidad de
la norma recordando lo señalado en el art. 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura en donde se indica que no es tortura una actuación que sea consecuencia
de medidas legales, que no incluyan actos o aplicación de métodos a los que se
refiere ese mismo artículo, lo cual considera que guarda relación con lo señalado
en el inciso demandado. Por lo tanto, encuentra que la disposición demandada está
ajustada a las disposiciones internacionales con relación al tema de la
tortura.
Finalmente, la inconstitucionalidad de la norma es
solicitada por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-,
al considerar que la disposición puede legitimar condiciones de reclusión
inapropiadas y medidas como el aislamiento prolongado de un reo, con lo que se
le puede afectar la dignidad de los/as reclusos/as, y asegura que muchos
gobiernos han cometido crímenes violando los DDHH, al señalar que son normas
para combatir la delincuencia restringiendo con ello los derechos y garantías
que internacionalmente se han reconocido para toda la población, por lo que el
riesgo no es solo para los reclusos, sino para todos los ciudadanos en general.
3. Concepto del
Procurador General de
la Nación
El
Señor Procurador General de la Nación solicitó a la Corte que se inhiba en la presente acción
de inconstitucionalidad por considerar que los cargos carecen de certeza y suficiencia.
Subsidiariamente, solicita la exequibilidad de la norma al señalar que el
Estado puede sancionar a los infractores con penas legalmente establecidas,
porque tiene la facultad y el
deber de reprimir las conductas que trasgredan los bienes jurídicamente
relevantes, para ello el Congreso tiene una amplia facultad de imponer penas al
ser titular del ius puniendi.
4. Alcance normativo de la disposición
demandada
Art. 178 de la ley 599 de 2000 tipifica el
delito de tortura estableciendo en su inciso primero que en esta conducta penal
incurrirá el que inflija a una persona dolores o sufrimientos, físicos o psíquicos, con el fin de obtener
de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por
ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o
coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. En
este mismo inciso se consagra la pena a imponer, que consiste en prisión de
ocho a quince años, multa de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios
mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la
libertad.
De este texto, la expresión “graves” que
calificaba los dolores o sufrimientos infligidos, fue declarado inexequible por
esta Corporación mediante Sentencia C-148 de 2005, mediante la cual este Tribunal
determinó que la tipificación
del delito de tortura en el ordenamiento constitucional colombiano no podía
contener una calificación específica, tal como lo es la gravedad, pues se
estaría contraviniendo la Convención Interamericana.
En esta primera parte de la norma se determina
claramente qué constituye tortura, estableciendo que ésta se configura cuando a
una persona se le causan dolores o sufrimientos que pueden ser tanto físicos,
como psíquicos, teniendo como fin obtener (i) algún tipo de información o de
confesión; (ii) para castigarla por un acto que pretenda realizar o que haya
realizado; (iii) para intimidarla por algún motivo discriminatorio.
En el inciso segundo se determina que en la misma pena
incurrirá el que cometa la conducta tipificada como tortura con fines distintos
a los descritos en el primer inciso, esto es, con cualquier finalidad. La segunda parte de la norma
está consagrada la pena que recibirá el torturador cuando se compruebe que ha
realizado este hecho y se divide en: (i) pena de prisión; (ii) multa e (iii)
inhabilitación de derechos y funciones públicas mientras se encuentre privado
de la libertad. Adicionalmente se aclara que cuando se cometa tortura por
razones diferentes a las señaladas en la norma también tendrá la pena
consagrada en el mismo precepto.
El inciso tercero, cuya constitucionalidad se objeta
en esta oportunidad, consagra una precisión o salvedad frente a las conductas
tipificadas como tortura, estableciendo que no se entenderá por tortura el
dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que
sean consecuencia normal o inherente a ellas. En este sentido, establece tres
aspectos fundamentales: Quedan excluidos del concepto de tortura (i) aquellos
dolores o sufrimientos; (ii) originados única o exclusivamente de la
aplicación de sanciones lícitas; (iii) o que sean consecuencia normal
o inherente a dichas sanciones lícitas.
En este sentido, en el inciso objetado se consagra
una salvedad frente a la definición de tortura en aquellos casos en los cuales
el dolor o los sufrimientos que pueda padecer una persona o individuo sean
producto o consecuencia normal o inherente a la imposición de medidas
sancionatorias legítimas y legales, esto es, de lo que la ley permita.
5. Constitucionalidad de la expresión
normativa demandada
De conformidad con todo lo expuesto hasta
aquí, la Corte constata que a partir de una interpretación sistemática del
enunciado normativo acusado con el valor, principio y derecho de la dignidad
humana como fundamento iusfilosófico de la prohibición de la tortura, de los
tratos crueles, inhumanos o degradantes, con los instrumentos internacionales
que consagran estas prohibiciones, con los mandatos superiores de la
Constitución Política, y con el propio contenido del precepto demando y demás
normas de carácter legal pertinentes y concordantes, se concluye claramente que
el inciso final del artículo 178 del Código Penal no vulnera los artículos
constitucionales 1, 2, 5, 6, 12 13 y 93 de la Carta Política. Lo anterior por
las siguientes razones:
5.1 En primer lugar, es de reiterar que el fundamento de
la prohibición de la tortura, así como de las penas y tratos crueles, inhumanos
y degradantes se encuentra en el principio fundamental de dignidad humana,
consagrado en el artículo 1 de
la Constitución Política, en el cual se establece que la República de Colombia
se funda en el respeto a la dignidad humana. Como principio fundante y
esencial del Estado constitucional y democrático de Derecho la dignidad humana
exige la existencia de un trato acorde con esta condición y valor esencial para
todas las personas sin excepción y sin acepción alguna, ya que éstas son un fin
en sí mismas, y no un medio para la consecución de cualquier otro fin, y deben
ser tratadas igualmente a nivel social y colectivo como un fin para el Estado.
Por esta razón, la dignidad humana constituye un valor transversal y un
parámetro interpretativo de todas las normas constitucionales y legales en el
ordenamiento jurídico, e impone una carga de acción positiva frente a los demás
derechos constitucionales de los individuos.
En nuestro
ordenamiento constitucional el principio de la dignidad humana ostenta un
carácter absoluto, y por lo tanto no se puede limitar bajo ningún pretexto. En
este sentido, el respeto y la garantía de la dignidad humana es una norma de
carácter vinculante para todas las autoridades y es la razón de ser del Estado
constitucional de Derecho y de su organización. Por tanto, el Estado tiene el
deber de adoptar las medidas para garantizar a todos los ciudadanos un trato
digno acorde con su condición de ser humano y como miembro de la sociedad. En
consecuencia, para la Sala es claro que cuando un individuo pierde la libertad
por vulnerar la ley, no pierde por ello su condición humana y su dignidad, y
por consiguiente no puede ser víctima de actos de tortura, de penas o tratos
crueles inhumanos o degradantes, tal como lo consagran las normas
internacionales, y la Constitución Política en su artículo 12.
5.2 En segundo lugar, para la Sala es claro que el
artículo 178 del Código Penal se debe interpretar de manera sistemática en
consonancia con los instrumentos internacionales que prohíben de manera
universal la práctica de la tortura, y la imposición de penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, tales como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Igualmente, esta norma no desconoce las
consagraciones especiales de los instrumentos internacionales sobre las
personas que son procesadas o condenadas por el aparato penal del Estado y se
encuentran sometidas a penas privativas de la libertad, en cuanto al derecho
que les asiste a estos individuos a que no se les impongan penas crueles, infamantes o
inusitadas, tal como lo consagra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; a que deben ser
tratados humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano, como lo determina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y a que la
finalidad esencial del régimen penitenciario y de las penas privativas de la
libertad debe ser la reforma y la readaptación social de los penados, tal como
lo exige el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, como quedó expuesto ampliamente en esta sentencia.
En este sentido, este Tribunal colige que
el artículo 178 del Código Penal y particularmente el inciso final de esta
norma, que ahora se analiza, se encuentra en plena armonía con las definiciones
de instrumentos internacionales más relevantes sobre la tortura.
La primera de estas definiciones se encuentra en el artículo 1 de la Declaración sobre
la Protección de Todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes; la segunda definición está contenida en la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; y la
tercera definición de tortura está contenida en el artículo 2 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; las cuales fueron citadas in
extenso en la parte considerativa de esta decisión.
De estas definiciones de tortura es de
resaltar para lo que interesa al presente estudio de constitucionalidad, dos
aspectos:
(i) Por una parte, estas normas definen
la tortura como todo acto realizado intencionalmente, mediante el cual un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o por
instigación suya, con su consentimiento, inflija a una persona dolores,
sufrimientos o penas de carácter físico o mental, con fines de investigación criminal
o como método para obtener de ella o de un tercero, información o confesión, o
con el objetivo de castigarla por algún acto que haya cometido o que se
sospeche que ha cometido, o como medida preventiva, con el propósito de
intimidarla o coaccionarla, o con el fin de discriminarla, o como pena, o con
cualquier otro fin. Se entiende igualmente como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a
disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor o angustia
física.
(ii) De otra parte, las normas plantean
una salvedad frente a esta definición de tortura, consagrando que no se
considera como tortura o que no se entenderán comprendidos en el concepto de
tortura, las penas, los dolores, y sufrimientos físicos o mentales que
constituyan única y exclusivamente una consecuencia de sanciones legítimas, de
medidas legales, o que sean inherentes a éstas, siempre y cuando que no
incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos descritos por
estas mismos preceptos como tortura.
Así las cosas, para la Sala es evidente
que el artículo 178 del Código Penal, y particularmente el inciso final
demandado, constituye una reproducción material prácticamente literal del
contenido normativo de las disposiciones de los instrumentos internacionales
mencionados.
El artículo 178 acusado en su inciso primero y segundo
define lo que es el delito de tortura, consagrando que se configura cuando
cualquiera inflija  a una
persona dolores o sufrimientos  físicos o psíquicos, con el fin de obtener
de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por
ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla
por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, o con cualquiera
otros fines distintos a los descritos.
En este sentido, la Sala constata que el
artículo 178 del Código Penal colombiano toma y reproduce para la determinación
del tipo penal de tortura, los elementos y aspectos esenciales de las
definiciones contenidas tanto en la Declaración, como en la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, como de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en donde se consagra que
la tortura constituye (i) todo acto realizado intencionalmente; (ii) por
cualquiera - funcionario público u otra persona-; (iii) mediante el cual se
inflija a una persona dolores, sufrimientos o penas de carácter físico o
mental; (iv) con la finalidad de: (a) obtener de ella o de un tercero,
información o confesión, (b) castigarla por algún acto que haya cometido o que
se sospeche que ha cometido, (c) con el propósito de intimidarla o coaccionarla,
(d) o con el fin de discriminarla, (d) o con cualquier otro fin.
La
tortura en el derecho penal colombiano es un delito pluriofensivo, esto es, una
conducta punible la cual va en contra de dos o más bienes jurídicos que pueden
ser tutelados por cuanto atenta contra la libertad individual, la integridad
personal y la dignidad humana como lo ha expresado la jurisprudencia de esta
Corte.
Es de resaltar, que el inciso final del
artículo 178 del Código Penal ahora demandado, constituye una reproducción del
contenido material de carácter prácticamente literal de las definiciones
mencionadas. Este inciso prevé que “No se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o inherente a ellas.”
(Negrillas fuera de texto)
En
el mismo sentido, el inciso final del artículo 1 de la Declaración sobre la
Protección de Todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, 1995 establece que “No se considerarán
tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la
privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en
la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos.”  (Resalta la Sala)
Igualmente, el inciso final del artículo 1º
de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes establece que:
“No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o
incidentales a éstas". (Énfasis de la Corte)
También el inciso final del artículo 2º
de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece
que: “No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o
sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas
legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los
actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo"
(Negrillas fuera de texto)
A partir de esta comparación, la Sala
constata que el inciso final del artículo 178 del Código Penal reproduce los
elementos y aspectos esenciales para determinar las conductas que se entienden
excluidas del concepto de tortura, esto es (i) aquellas penas, dolores o
sufrimientos, (ii) que constituyan única y exclusivamente una consecuencia de sanciones
legítimas o legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, (iii)
siempre y cuando no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los
métodos comprendidos dentro de la definición de tortura, que en el artículo 178
del Código Penal, como se analizó, se encuentra definido en los incisos primero
y segundo de dicha normativa.
Así las cosas, es necesario concluir que el inciso
final acusado tiene el mismo sentido y finalidad de las normas internacionales
y debe por tanto interpretarse de forma sistemática, coherente y armónica con
estas normas de carácter internacional.
5.3 En tercer lugar, la Sala colige que el inciso final
del artículo 178 del Código Penal debe ser interpretado de manera sistemática
con el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, que en su artículo
12 consagra: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, así como con los artículos
constitucionales 1, 2, 5, 6, 13 y 93 que el actor considera vulnerados.
De esta manera, es claro para este Tribunal
que el inciso demandado que se refiere a los dolores y sufrimientos que quedan
excluidos del entendimiento de tortura, que son aquellos que se derivan únicamente de sanciones lícitas
o que sean consecuencia normal o inherente a ellas, debe interpretarse en el
sentido (i) de excluir de manera absoluta aquellos actos o actuaciones que
constituyan tortura, de conformidad con el artículo 12 CP y de acuerdo con la definición
y tipificación previamente establecida por los incisos 1 y 2 del mismo artículo
178 de la Ley 599 de 2000; (ii) de los principios que fundan el Estado Social
de Derecho, muy especialmente del respeto de la dignidad humana, como lo
establece el artículo 1 CP; (iii) de los fines esenciales del Estado,
particularmente la garantía de la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución y el aseguramiento de la vigencia de un
orden justo, como lo establece el artículo 2 CP; (iv) de la primacía de los
derechos inalienables de la persona, en armonía con el artículo 5 CP,
particularmente la garantía de la prohibición de no ser objeto de torturas,
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en concordancia con el
artículo 12 CP; (v) de la responsabilidad de todas las personas ante las
autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes, y de los
servidores públicos por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones, tal como lo establece el artículo 6 CP, de manera que
es claro que queda incólume la responsabilidad ante las autoridades competentes
por cualquier acto de tortura, imposición de penas crueles, inhumanas o
degradantes; (vi) de la protección especial y medidas afirmativas respecto de personas
que constituyan grupos discriminados o marginados, o que se encuentren en
circunstancias de debilidad o de vulnerabilidad, respecto de los cuales el
Estado sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 13 CP, particularmente en el caso
que nos ocupa, contra la población carcelaria del país; y (vii) del bloque de
constitucionalidad del que se deriva que los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los Derechos Humanos
y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno, y de conformidad con el principio de interpretación conforme con los
tratados sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia, como se deriva del
artículo 93 CP.
5.4 Adicionalmente,
para esta Corporación es necesario que del inciso demandado se realice una
hermenéutica sistemática con la prohibición de la tortura, penas, tratos
crueles, inhumanos o degradantes, particularmente frente a la población carcelaria,
a partir de los instrumentos internacionales como el artículo 10 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticas que consagra la dignidad humana de los reclusos,
las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, el
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión, el Código de Conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, y los Principios de ética médica aplicables
a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección
de personas presas y detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, y la Observación General 21 de la Comisión de
Derechos Humanos. En desarrollo de estas normas internacionales y las
libertades que reconoce la Carta Política a todos los asociados, la jurisprudencia
constitucional se ha referido a los derechos de los presos.
En este sentido, es de reiterar que las personas
privadas de su libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad por lo
que se le imponen al Estado deberes especiales para con ellos y ellas, como la
garantía de condiciones de
vida digna. Así la jurisprudencia de esta Corte ha establecido (i) la  imposibilidad
de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad
humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros); (ii) el
deber de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como
de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la
misma procede, y (iii) el deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas
las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la
efectiva resocialización de los reclusos.
Así mismo, los dolores y sufrimientos que
sean consecuencia o inherentes a penas legales y legítimas deben entenderse
como excluyendo los dolores y sufrimientos que se consideran tortura, penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes, tales como aquellas señaladas en el
informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre Colombia “Informe Colombia”, reseñados en la parte
considerativa de esta providencia.
Reiterando la jurisprudencia sentada por esta Corte
sobre el estado de cosas inconstitucional que existe en el sistema carcelario
del país[60],
es evidente para la Sala que constitucionalmente la población carcelaria no
puede ser objeto de conductas que inflijan sufrimientos y dolores que
constituyan tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino que por el
contrario es deber del Estado garantizarles unas condiciones de reclusión que
respondan al principio de dignidad humana, tratarlos digna y respetuosamente,
con medidas que se ajusten a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, y garantizándoles el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales que no les han sido restringidos.
Se debe reiterar aquí que es al  Gobierno Nacional
-Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de
Planeación Nacional e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC- a
los que corresponde brindar las condiciones de vida digna de un recluso en las
instalaciones carcelarias, pues la dignidad humana como derecho de estos
individuos es intocable y no está sujeta a limitaciones de ningún orden o
circunstancia. La protección
de los derechos de los internos implica una tutela especial por parte del
Estado pues son sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta.
Lo anterior, significa que en cualquier circunstancia,
el inciso demandado no exonera a los funcionarios públicos de su
responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal que se pueda derivar de conductas
que se tipifiquen como tortura o trato cruel, inhumano o degradante, que vulneren
el principio de dignidad humana, o los derechos fundamentales, de manera que no
se afecta el régimen constitucional de responsabilidad de los servidores
públicos y menos aún se afecta la prohibición categórica de la tortura, de los
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
5.5 Finamente, la Sala debe precisar que cuando el inciso demandado se
refiere al dolor o al sufrimiento derivado de sanciones lícitas o consecuencia
normal e inherente a ellas, no se está refiriendo a un tipo dolores o
sufrimientos, cuyos fines son los castigos ilegales, la intimidación, la
confesión, la coacción, la discriminación u otros similares, por cuanto se
trata de sanciones infligidas bajo el amparo de la Ley, en las que se proscribe
el exceso.
A este respecto, es necesario precisar que no todo
dolor o sufrimiento es considerado delito, o tortura, o penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, ya que cuando se habla de sanciones lícitas impuestas
por servidores públicos, se debe tener en cuenta el carácter lícito de la
sanción, así como la prohibición de toda extralimitación, arbitrariedad o
desproporción en su aplicación.
Se
advierte que la norma demandada no permite la configuración del tipo penal de
tortura, pues se trata de los dolores o sufrimientos que se deriven únicamente
de sanciones lícitas, consecuencia legal del propio delito, de manera que
la norma no está protegiendo de ningún modo el abuso de la fuerza por parte de
las autoridades del Estado, por cuanto eso debe dar origen a las
responsabilidades disciplinarias o penales del caso. Así, la norma acusada en
ningún caso legitima o exime de responsabilidad a quienes impongan penas no
establecidas en la ley, sanciones que están prohibidas, castigos crueles
inhumanos y degradantes, o a quienes apliquen las penas o sanciones lícitas y
legítimas de manera arbitraria, irrazonable o desproporcionada.
En
este mismo sentido, cuando el inciso demandado establece como condición la licitud
de la medida, ésta implica el respeto del principio de legalidad y del debido
proceso, y solo cobija las sanciones establecidas previamente por el
legislador, y cuya aplicación deba darse dentro de los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, y con respeto de la dignidad humana y de los
derechos fundamentales e inalienables de las personas.
De otra parte, las sanciones que se le impongan a las
personas que han sido condenadas a la privación de su libertad se encuentran
taxativamente determinadas en el Estatuto Penitenciario Ley 65 de 1993 en los
arts. 123, 125 y 126. Así
las cosas, la Ley 65 de 1993 tiene unos principios rectores y normas que buscan
que no se incurra, por parte de los agentes del Estado, en arbitrariedades
limitándoseles su actuar o función resocializadora, de manera que debe
prevalecer el respeto del principio de legalidad e igualdad, y el respeto a la
dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos
universalmente reconocidos, de forma que también se prohíbe toda clase de
violencia síquica, física o moral, o la imposición de restricciones que vayan
más allá de criterio de necesidad y proporcionalidad el cual es estricto y es
exigido para el cumplimiento de la finalidad impuesta.
Esto implica, que la excepción prevista por el inciso
final del artículo 178 del Código Penal se debe comprender, en primer lugar, en
el sentido de que existen una serie de sanciones –como la privación de la
libertad- que se encuentran aceptadas internacional e internamente, y que en
tal sentido no pueden ser entendidas como tortura, y de las cuales se deriva un
dolor o sufrimiento que es consecuencia de ellas o inherentes a ellas. No
obstante lo anterior, es de reiterar que la licitud o legitimidad de la
aplicación de estas sanciones depende única y exclusivamente de su estricto apego
a los estándares internacionales de Derechos Humanos, a la Constitución, a la
ley, a la jurisprudencia de esta Corte, con el fin de evitar que su imposición
y ejecución puedan a llegar a configurar actos de tortura, o penas y tratos
crueles, inhumanos o degradantes, como se desprende de la preocupación planteada
por el actor, actuaciones por las que en todo caso deben responder
administrativa, disciplinaria y penalmente los agentes del Estado.
En
consecuencia, reitera la Sala que de conformidad con los estándares
internacionales, la Constitución, la ley y la jurisprudencia no son de recibo
las teorías que autorizan la tortura con un carácter excepcional, en
situaciones en las que es ponderada la dignidad humana como derecho relativo frente
a otros derechos fundamentales, o en determinadas circunstancias de seguridad o
de orden público. Estas teorías se derivan en términos generales de la denominada
“doctrina del mal menor”, a partir de la cual se termina flexibilizando
la prohibición de la tortura y el reconocimiento absoluto de la dignidad
humana, bajo los argumentos de que los métodos de tortura sirven o son
necesarios  como estrategias de investigación para salvar a inocentes o evitar
males mayores para la sociedad y los individuos; y relativizan la dignidad
humana de quienes se encuentran bajo “sospecha” o son condenados por la
comisión de delitos penales.
En
suma, la exclusión de ciertos dolores y sufrimientos derivados de forma natural
de una sanción legítima o lícita, no se puede entender como una forma de
flexibilizar la prohibición absoluta de la tortura, de penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes en el contexto de un Estado democrático y de Derecho
como el colombiano.
6. Conclusión
La Corte debía resolver si el contenido del inciso
final del artículo 178 de la Ley 599 de 2000
vulneraba los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 1, 2, 5, 6,
12, 13 y 93 de la Carta Política al establecer que no se entenderá por tortura
el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o
que sean consecuencia normal o inherente a ellas. A este respecto, la
Sala Plena de esta Corporación concluyó la constitucionalidad del inciso
demando por los cargos analizados en la presente providencia, por no desconocer
los estándares internacionales en la materia, ni las normas constitucionales
que se consideraban vulneradas. Por tal razón, la Sala decidió la exequibilidad
del inciso final del artículo 178 de la Ley 599 de 2000, por los cargos
analizados en el presente estudio de constitucionalidad, y así lo declarará en
la parte resolutiva de esta providencia.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
DECLARAR EXEQUIBLE el inciso final del artículo
178 de la Ley 599 de 2000, por los cargos analizados en la presente sentencia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (E)
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente con excusa
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (E)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-143/15
NORMA SOBRE EL DELITO DE TORTURA-Constitucionalidad condicionada bajo el entendido que se consideren
sanciones licitas aquellas que se encuentren conforme a estándares internacionales
(Aclaración de voto)
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD FRENTE A LA
TORTURA-Aplicación de
instrumentos internacionales de derechos humanos (Aclaración de voto)
PERSONAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Instrumentos internacionales sobre el
derecho a que no se les impongan penas crueles, infamantes o inusitadas
(Aclaración de voto)
NORMA SOBRE EL DELITO DE TORTURA FRENTE A LA EXCEPCION DE SANCIONES LEGITIMAS-Respeto por garantías internacionales en
materia de derechos humanos especialmente de personas privadas de la libertad
(Aclaración de voto)
EXCLUSION DEL TIPO PENAL DE TORTURA DE
ACTUACIONES ESTATALES CIMENTADAS EN SANCIONES LICITAS-No puede ser interpretada como una forma de
legalización y reconocimiento de conductas que constituyan tratos crueles
inhumanos o degradantes
(Aclaración de voto)/EXCLUSION
DEL TIPO PENAL DE TORTURA DE ACTUACIONES ESTATALES CIMENTADAS EN SANCIONES
LICITAS-Debe estar acorde
con estándares internacionales de derechos humanos (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente D-10400
Demanda de
inconstitucionalidad, contra el artículo 178, inciso final (parcial) de la Ley
599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".
Actor:
Joao Alejandro Saavedra García
Magistrado Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer explícitas las
consideraciones que me llevaron a aclarar el voto en la sentencia C-143 de
2015.
En esta oportunidad le correspondió a
esta Corporación estudiar la demanda por inconstitucionalidad interpuesta en
contra del artículo 178, inciso final (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Por la cual
se expide el Código Penal". En concreto, el demandante atacó la
exclusión comprendida en el tipo penal de tortura que textualmente señala:
"No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven
únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a
ellas".
El actor plantea que el inciso final del
art. 178 de la Ley 599 de 2000 vulnera los artículos 1, 2, 5, 6, 12, 13 y 93
Superiores, toda vez que la dignidad humana se ve amenazada para los reclusos,
al permitir que se les inflijan dolores o sufrimientos por parte de los
servidores públicos que hacen cumplir las sentencias judiciales, con lo cual se
rompe la filosofía del Estado Social de Derecho fundado en el respeto de todos
los individuos.
La Corte
determinó que el inciso final del artículo 178 no desconocía los presupuestos
constitucionales señalados, en la medida que se encontraba ajustados a los estándares
internacionales en la materia, así como al concepto de dignidad humana y la
Constitución. En este punto se desarrollaron cuatro aspectos fundamentales, a
saber:
(i) Cuando un individuo pierde la
libertad por incurrir en una conducta tipificada como delito, no pierde por
ello su condición humana y, en consecuencia, su dignidad, por lo que no puede
ser víctima de actos de tortura, de penas o tratos crueles inhumanos o
degradantes.
(ii) El artículo 178 del Código Penal se
debe interpretar en consonancia con los instrumentos internacionales que
prohiben de manera universal la práctica de la tortura y la imposición de penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes[61] y el artículo 12 de la Constitución,
que consagra: "Nadie será sometido a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ".
(iv)  El inciso demandado no exonera a
los funcionarios públicos de su responsabilidad administrativa, disciplinaria y
penal que se pueda derivar de conductas que se tipifiquen como tortura o trato
cruel, inhumano o degradante.
(v) Cuando el inciso demandado se refiere
al dolor o al sufrimiento derivado de sanciones lícitas o consecuencia normal e
inherente a ellas, no se está refiriendo a los castigos ilegales, la
intimidación, la confesión, la coacción, la discriminación u otros similares.
Si bien comparto la decisión adoptada por
la mayoría, en el sentido de declarar la exequibilidad del precepto normativo
señalado, resulta importante hacer algunas precisiones en cuanto a los
argumentos esbozados por la mayoría de la Sala Plena. En este contexto y de
cara a las precisiones hechas en la sentencia, la Corte debió declarar la
constitucionalidad condicionada de la aludida norma, bajo el entendido de que
se consideren sanciones licitas exclusivamente
aquellas que se encuentren conforme a los estándares internacionales de
derechos humanos, como pasa a explicarse.
Los instrumentos internacionales que
hacen parte del bloque de constitucionalidad y prevén lo relacionado con la
tortura, su prevención y sanción, aportan distintos elementos subjetivos en
orden a su definición, fue por ello que la Corte Constitucional en la sentencia
C-148 de 1995 "determino que la tipificación del delito de
tortura en el ordenamiento constitucional colombiano no podía contener una
calificación específica, tal como lo es la gravedad, pues se estaría
contraviniendo la Convención Inter americana ". En esa medida, le
corresponde al Estado adaptarse a los estándares internacionales para que sus
sanciones sean legítimas y su aplicación se encuentre acorde con dichos lineamientos,
en procura de otorgar una efectiva garantía a los derechos humanos.
Dentro de estos instrumentos[62], que
se refieren a las personas que son procesadas o condenadas por el aparato penal
del Estado y se encuentran sometidas a penas privativas de la libertad, en
cuanto al derecho que les asiste a estos individuos a que no se les impongan penas crueles,
infamantes o inusitadas, se destacan aquellos que están dirigidos
al tratamiento de los reclusos[63],
el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión[64], la reglas para los menores privados
de la libertad[65],
las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas
no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes[66] y el Código de
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley[67], todas ellas
contribuyen a proteger la dignidad y derechos de los presos.
Por tanto,
resulta necesario que en el ordenamiento jurídico colombiano tenga en cuenta
este tipo de consideraciones a efectos de la tipificación del delito de tortura
y su excepción, que debió incluir un condicionamiento expreso que hiciera
referencia al respeto de los derechos humanos, debido a que los únicos dolores
y sufrimientos que podrían estar justificados en el ordenamiento jurídico en un
Estado Social de Derecho y una sociedad democrática, son los que provienen de
sanciones que tengan una correspondencia con los estándares internacionales de
DDHH, especialmente de las leyes que se dirigen a la protección de los
individuos privados de su libertad.
Entonces, al contemplar la disposición
constitucional atacada los elementos y aspectos esenciales para configurar el
concepto de tortura, así como la "excepción de sanciones legítimas",
la Corte debió incluir una precisión en su parte resolutiva, en donde se
consignara concretamente el respeto por las garantías internacionales en
materia de derechos humanos y en especial aquellas disposiciones que hacen
alusión a las garantías de las personas privadas de la libertad.
Lo anterior, debido a que la exclusión
del tipo penal de tortura de todas aquellas actuaciones estatales cimentadas en
sanciones lícitas, no puede ser interpretada como una forma de legalización y
reconocimiento de conductas que constituyan tratos crueles inhumanos o
degradantes, por tanto, era necesario que dicha exclusión se encontrara acorde
con los estándares internacionales de derechos humanos, condición que, además,
debió quedar expresa en la parte resolutiva de la sentencia, advirtiendo que la
mencionada excepción no incluye la realización de los actos o la aplicación de
los métodos a que se refiere la disposición constitucional cuestionada, esto
es, que las sanciones impuestas de manera lícita no acarrear dolores o
sufrimientos físicos o psíquicos a una persona, con el fin de obtener de ella o
de un tercero información o confesión, así como tampoco castigarla por un acto
cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por
cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación.
Esto evitaría excesos por parte de los
funcionarios del Estado con ocasión de la eventual privación de la libertad de
cualquiera de sus asociados, situación que terminaría por desconocer la
dignidad humana e inclusive la seguridad y de orden público. A su vez se
evitaría llegar a flexibilizar la prohibición absoluta de la tortura, de penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de un Estado
democrático y de derecho.
Fecha ut supra,
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-143/15
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DELITO DE TORTURA-Debió
condicionarse la exequibilidad del inciso final del artículo 178 de la Ley 599
de 2000 a la incorporación de la previsión prevista en el inciso 2° del
artículo 2° de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura (Aclaración de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DELITO DE TORTURA-Tal como lo
afirma la sentencia C-143/15, la norma acusada se ajusta a los estándares
internacionales y a las normas constitucionales que se invocan como vulneradas,
pero si se hubiese condicionado la disposición, la interpretación resultaría
más garantista, en términos de protección de derechos fundamentales, con base
en el principio pro homine; y, se cumpliría de mejor manera el mandato
constitucional de la exclusión absoluta de la tortura (Aclaración de voto)
Expediente D-10400
Demanda de inconstitucionalidad, contra el artículo 178,
inciso final (parcial) de la Ley 599 de 2000
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Aclaro el voto, con el debido respeto por las
decisiones de la Corte, toda vez que en mi concepto debió condicionarse la
exequibilidad del inciso final del artículo 178 de la Ley 599 de 2000 a la
incorporación de la previsión prevista en el inciso 2° del artículo 2° de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura[68]. En efecto, tal y como
lo afirma la sentencia C-143 de 2015, la norma acusada se ajusta a los
estándares internacionales y a las normas constitucionales que se invocaron
como vulneradas, pero si se hubiese condicionado la disposición, la
interpretación resultaría más garantista, en términos de protección de derechos
fundamentales, con base en el principio pro homine; y, se
cumpliría de mejor manera el mandato constitucional de la exclusión absoluta de
la tortura.
Uno de los instrumentos de derechos humanos más
relevante en la materia (la Convención Interamericana para prevenir y sancionar
la tortura[69]),
al consagrar la excepción que acá se cuestiona, añade una salvedad (una
excepción a la excepción) “siempre que [las medidas exceptuadas] no incluyan
la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el
presente artículo”.
Tanto el demandante como algunos intervinientes
llevaron la discusión al punto de si nuestra regulación es menos garantista que
la internacional debido a que no incorpora esa salvedad a la excepción. Por
eso, aunque el proyecto defiende una interpretación conforme de la norma basada
en los estándares internacionales, hubiera sido necesario un pronunciamiento en
torno a si el principio pro homine exigía en este caso un condicionamiento
que llevara a incorporar la previsión de la norma internacional. Vale la pena
observar el paralelo entre ambos enunciados normativos que se encuentra en la
sentencia, pues el Ministerio de Justicia lo incorporó a su concepto.
Artículo 178, inciso tercero, Código Penal (norma
demandada)
Convención Interamericana para prevenir y sancionar
la tortura. Artículo 2º, inciso 2º.
No se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o inherente a ellas.
No estarán comprendidos en el
concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean
únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre
que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a
que se refiere el presente artículo.
El Estado colombiano tiene el deber constitucional e
internacional de prevenir y excluir, de manera definitiva, toda conducta o
actuación que constituya tortura, que implique una ofensa a la dignidad humana
por afectar extremamente la integridad física, moral y psicológica del
individuo. Por ello, sostengo que, aplicando el principio pro homine, la
constitucionalidad de la norma debió condicionarse a la incorporación de la
previsión del inciso 2° del artículo 2° de la Convención Americana para
prevenir y sancionar la tortura. Lo anterior para garantizar el estándar más
amplio de protección de los derechos y cumplir con el mandato consagrado en el
artículo 12 de la Constitución Política.
Dejo en estos términos expresados los motivos por los
cuales aclaré el voto.
Fecha ut supra,
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Res. 45/111, Asamblea Gral de la ONU
[2] Res. 43/173, Asamblea Gral de la ONU
[3] Res. 45/113, Asamblea Gral de la ONU
[4] Res. 25/229, Asamblea Gral de la ONU
[5] Res. 34/169, Asamblea Gral de la ONU
[6] Ver Sentencia T-645 de 1996.
[7] Consultar Kant Emmanuel, Fundamentación de la Metafísica de las
Costumbres, Traducción de Manuel García Morente.
[8] Ver Sentencias T-881 de 2002 y T-436 de 2012
[9] Sentencia T-940 de 2012  y ver Sentencia T-881/02
[10] Ver Sentencia T-1134 de 2004.
[11] Sentencia T-401 de 1992.
[12] Sentencia T-499 de 1992,
reiterado en muchas otras.
[13] Ver Sentencia T-702 de 2001.
[14] Consultar la Sentencia T-1030 de 2003.
[15] Ver Sentencia C-587de 1992.
[16] Sentencia T-741 de 2004
[17] Ver Sentencia T-523 de 1997.
[18]Ver Sentencia C-587de 1992.
[19] Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 20: “La
prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles”, 1992.
[20]  Ibidem.
[21]Sentencia T-741 de 2004.
[22] Ibídem
[23] Ver Sentencia No. C-587 de 1992.
[24] Ibídem.
[25] Ibídem.
[26]  Ver Sentencia T-045 de 1995.
[27] Ver Sentencia  C-587 de 1992.
[28] Ver Sentencia T-126 de 2009.
[29] Adoptado por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra 1955, aprobadas
por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de
julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
[30] Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173 de 9 de
diciembre de 1988.
[31] Resolución 34/169 Asamblea General 17 de diciembre de 1979
[32] Adoptados por la Asamblea General en su resolución 37/194, de 18 de
diciembre de 1982.
[33] Sentencia T-690 de 2004
[34] Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 19: “Cada
recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una
cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida
convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.”
[35] Sentencia T-851 de 2004.
[36] Ibidem.
[37] Ver Sentencia T-126 de 2009
[38] Ver  Sentencia T-857 de 2013
[39]Ver Sentencia T-153 de 1998, reiterado en sentencias T-256 de 2000,
T-257 de 2000, T-847 de 2000, T-1291 de 2000, T-1077 de 2001, T-157 de 2002,
T-1030 de 2003, T-1096 de 2004, entre otras.
[40] Constitución Política, artículo 13, inciso tercero: “El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan.”
[41] Ver Sentencias T-848 y T-1069 de 2005.
[42] Ver  sentencia T-153 de 1998.
[43] Ver Sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.
[44] Ver Sentencia T-522 de 1992.
[45] Ver sentencia T-153 de 1998.
[46] Sentencia T-687 de 2003.
[47] Pág. 111, párr. 4.
[48] Ver Sentencia T-684 de 2005.
[49] Sentencia T-596 de 1992.
[50] Sentencia T-1030 de 2003.
[51] Ver Sentencia T-684 de 2005.
[52] Sentencia T-269 de 2002: “(…) el derecho a la dignidad humana de
los internos, el cual tiene connotación de fundamental y por tanto inherente a
la persona humana debe ser respetado no sometiéndoseles a condiciones de
hacinamiento  y no realizándoseles requisas que por sus características vulneren
la dignidad humana del privado de la libertad y se constituyan a su vez en
tratos crueles inhumanos y degradantes, proscritos por la Carta Política (art.
12 Constitución Política).”
[53] Ver Sentencia T-684 de 2005.
[54] Ver Sentencia T-857 de 2013.
[55] Ver  Sentencias T-1134 de 2004, T-317 de 2006 y T-857 de 2013
[56] Ver Sentencia T-857 de 2013.
[57] Cfr. Sentencias T-958 de 2002 y T-1168 de 2003.
[58] Sentencia C-587de 1992.
[59]Ver Sentencia C-587de 1992.
[60]Ver Sentencia T-153 de 1998, reiterado en sentencias T-256 de 2000,
T-257 de 2000, T-847 de 2000, T-1291 de 2000, T-1077 de 2001, T-157 de 2002,
T-1030 de 2003, T-1096 de 2004, entre otras.
[61] La Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[62] La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; a que deben ser tratados
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, como
lo determina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y a que la finalidad esencial del
régimen penitenciario y de las penas privativas de la libertad debe ser la
reforma y la readaptación social de los penados, tal como lo exige el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, como quedó expuesto ampliamente en esta sentencia.
[63] Res. 45/111,
Asamblea Gral de la ONU
[64] Res. 43/173,
Asamblea Gral de la ONU
[65] Res. 45/113,
Asamblea Gral de la ONU
[66] Res. 25/229,
Asamblea Gral de la ONU
[67] Res. 34/169,
Asamblea Gral de la ONU
[68] “No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o
sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas
legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los
actos o la aplicación de los métodos a los que se refiere el presente artículo”.
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Artículo 2º,
inciso 2º.
[69] La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura
fue aprobada por la Ley 409 de 1997.