C-150-93
Sentencia No
Sentencia No.
C-150/93
DECRETO
LEGISLATIVO DE COMISION LEGISLATIVA/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Como la
disposición Constitucional transitoria que encarga a esta Corporación de la
competencia para conocer de la constitucionalidad de los citados decretos no
establece distinción alguna en esta especial materia del ejercicio de las
facultades extraordinarias de origen constituyente, dicho control se debe
verificar de modo integral ante la nueva Carta Constitucional, que exige su
examen tanto por los especiales aspectos de forma que se advierten,  como  por
los aspectos de fondo que aparecen en el nuevo texto constitucional.
Obviamente, el examen de los requisitos de forma se verifica en esta
Corporación frente a los especiales requisitos que para el ejercicio de la
mencionadas facultades estableció el mismo Constituyente. El  control  de la
constitucionalidad de los decretos que expidió el Gobierno Nacional en
desarrollo de las atribuciones especiales que le fueron conferidas por el
artículo transitorio 5o. de la Constitución Política de 1991 corresponde a la
Corte Constitucional bajo el tramite que debe dársele a los restantes decretos
de facultades extraordinarias.
DEBIDO PROCESO-Alcance
Aunque la etapa
de la investigación previa es anterior a la existencia del proceso y tiene como
finalidad establecer si la investigación debe proseguir o no, es considerada
como especial y básica de la instrucción y del juicio. Por tal motivo, no
asiste razón que permita la limitación de la controversia probatoria en dicha
etapa. Por tanto el principio del debido proceso debe aplicarse en toda
actuación judicial. A la luz de la Carta y de los presupuestos
constitucionales del debido proceso penal, no pueden consagrarse excepciones al
principio de la contradicción del material probatorio.
PRINCIPIO DE
CONTRADICCION/INVESTIGACION PREVIA
Lo que se
entiende por "controversia de la prueba" es la posibilidad que tiene
el sindicado o imputado de pronunciarse sobre el valor, el contenido y los
elementos internos y externos del material recaudado y con base en ello
sustentar la argumentación de la defensa. La distinción entre imputado y
sindicado es relievante desde el punto de vista constitucional para
muchos otros efectos jurídicos y su repercusión es amplia en el orden legal y
principalmente en el procedimiento penal; empero, de la interpretación del
artículo 29 de la Carta, se advierte con claridad que no es admisible el
establecimiento de excepciones al principio de la contradicción de la prueba
así en la etapa de investigación previa no exista sindicado de un posible
delito; no puede el legislador señalar, como lo hace en la disposición acusada,
que en la etapa de investigación previa, existan excepciones al
principio de la presentación y controversia de pruebas por el imputado, pues
éste también tiene derecho a su defensa y a controvertir las pruebas que se
vayan acumulando.
SINDICADO-Alcance del término
El término
"sindicado" debe entenderse como que en él también están incluidos
"imputados", "procesados" y aún "condenados" ,
pues en toda la actuación procesal -previa, instrucción, juzgamiento y
ejecución de la pena-, como garantía mínima debe prevalecer la asistencia del
defensor en desarrollo del debido proceso. Estos términos son además de
creación legal, mientras que la Constitución Política se refiere a toda persona
durante toda actuación judicial de naturaleza penal.
DERECHO DE
DEFENSA TECNICA
Si la
Constitución Política no consagra restricción al derecho a una defensa técnica
en las diferentes etapas, y los artículos 161 y 322 acusados, si lo hacen para
los casos de flagrancia, tales normas son inconstitucionales. El derecho de
defensa técnica en lo que se relaciona con la asistencia del defensor en los
asuntos de carácter penal, no admite o no debe admitir restricción alguna. Para
que exista un proceso penal propio de un Estado de Derecho es indispensable la
protección del sindicado a través de un defensor, quien no sólo cumple esta función
sino otra también muy importante, colaborar en la investigación de la verdad.
Así, para el Constituyente es tan importante la defensa técnica, que se
constitucionalizó el defensor de oficio en el artículo 282.4 de la
Constitución, como una de las funciones del Defensor del Pueblo.
INVESTIGACION
PREVIA-Práctica de pruebas
El artículo 323
del C. P. P. acusado y que permite, durante la etapa de la investigación
previa, la práctica de todas las pruebas que se consideren necesarias para el
esclarecimiento de los hechos, no sufre vicio de constitucionalidad alguno que
afecte su validez jurídica, puesto que como se trata de despejar dudas sobre la
procedencia de la apertura de la investigación y de determinar si hay lugar o
no al ejercicio de la acción penal, bien pueden practicarse todas las pruebas
enderezadas precisamente al esclarecimiento de los hechos; dicha etapa se debe
desarrollar mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o
mérito para vincular en calidad de sindicado a una persona, y para ello resulta
recomendable y constitucional la autorización que confiere la ley para dicha
situación procesal.
RESERVA PENAL
No se encuentra
vicio de inconstitucionalidad por lo que hace a la parte acusada del artículo
8o., ya que la reserva de determinadas actuaciones judiciales del proceso
penal, redunda en algunos casos en el cabal ejercicio de tales funciones, mucho
más cuando el artículo 250 de la Carta impone a la Fiscalía General de la
Nación el deber de velar por la protección de las víctimas, testigos o
intervinientes y tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el
restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados
por el delito.
PRINCIPIO DE LA
DOBLE INSTANCIA-Excepciones
El principio de
la doble instancia como derecho constitucional fundamental, y con carácter
indisponible y obligatorio pero referido sólo al caso de la sentencia
condenatoria; en el asunto que se examina no se trata de una disposición que
regule el régimen de la controversia o impugnación de las sentencias sino sólo
de los autos interlocutorios, lo cual es asunto bien diferente del planteado
por el actor y que compete a la ley, pudiendo ésta señalar su régimen general y
las excepciones que correspondan.
COMPETENCIA POR
CONEXIDAD
No se encuentra
reparo de carácter constitucional, ya que la competencia radicada en cabeza de
los jueces regionales no es en ningún caso proveniente de una jurisdicción
especial, sino simplemente la expresión orgánica de la distribución de
funciones en el interior de la Rama Judicial, en razón de la materia y del
objeto jurídico que persiguen las disposiciones penales especiales. Obsérvese
que la distribución de la competencia entre los distintos Jueces de la
República es una facultad propia del legislador, y naturalmente ubicada dentro
de las normas propias del ordenamiento procedimental penal y que, además, la
determinación de los modos de establecer la conexidad para efectos de fijarla
es un asunto que puede reflejar razones de política criminal y de racionalidad
instrumental y técnica, con base en criterios funcionales propios de las
estructuras judiciales existentes.
VERSION LIBRE SIN
DEFENSOR
El artículo
161 en la parte acusada, no se ajusta a la Constitución Nacional en cuanto
establece que la versión libre y espontánea que sea rendida en caso de captura
en flagrancia, puede adelantarse sin la presencia de abogado defensor; a dicha
conclusión se arriba con base en las advertencias que se hacen sobre las
garantías constitucionales de la presunción de inocencia, de la no
autoincriminación forzada, del principio de la legalidad de las actuaciones de
los funcionarios judiciales y de policía judicial, entre otras, las que
prevalecen de manera incuestionable en estas actuaciones.
RESERVA DE
IDENTIDAD
Sobre la
identidad del testigo, es claro que el juez y el fiscal tienen el deber de
conocerla para valorar la credibilidad del testimonio. También es cierto que en
estas diligencias debe intervenir el Ministerio Público para certificar la
correspondencia entre la versión dada por el testigo y su identidad personal;
así, se procura que las circunstancias que permitan la identificación del
testigo queden cubiertas por la reserva,  para efectos de garantizarle su
seguridad. Se trata simplemente, de recurrir a instrumentos técnicos de
protección de la identidad de los testigos y funcionarios, lo mismo que de las
versiones y de las pruebas para asegurar una cabal administración de justicia.
LIBERTAD
PROVISIONAL
Corresponde al
legislador decidir sobre las competencias judiciales con carácter de
generalidad, pero bien puede distinguir en estas materias, las situaciones en
las que cabe un trato más rígido, y otras en las que pueda darse un trato
flexible, atendiendo a razones de sana conveniencia y de juiciosa consideración
sobre las situaciones delictivas, que afectan a la sociedad en sus bienes
jurídicos. Por dicha razón normativa de origen constitucional, el legislador,
en otros ámbitos, como los de las conductas delictivas de competencia de la
justicia ordinaria, ha establecido otras causales de procedencia de la libertad
provisional, sin que esta situación enerve la posibilidad del establecimiento de
reglas como las específicamente previstas en las normas que se examinan, y cuya
constitucionalidad se declara.
AUDIENCIA PUBLICA
Es de competencia
del legislador establecer por vía general y en abstracto, en cuáles hipótesis
procede la audiencia pública y en cuáles no, sin que exista una disposición
constitucional que obligue a que esta deba hacerse siempre o en algún tipo de
proceso penal.  La falta de audiencia pública para los delitos de competencia
del Tribunal Nacional y de los Jueces Regionales, no desconoce el principio de
la igualdad ni las correspondientes normas constitucionales, ya que en todos
los casos en que se presenten los delitos a que se hace referencia, dicha
audiencia no podrá practicarse.
PRUEBAS-Valor legal
En relación a lo
dispuesto por el inciso 2° del artículo 247 del C. P. P. acusado, que
establece que, en los procesos de que conocen los jueces regionales, no se
podrá dictar sentencia condenatoria que tenga como único fundamento uno o
varios testimonios de personas cuya identidad se hubiere reservado, la Corte no
encuentra fundamento para declarar la inconstitucionalidad demandada, ya que,
como se ha advertido, la existencia de los jueces regionales obedece a previas
disposiciones de carácter legal, que determinaron su creación sin comportar
violación alguna a la estructura orgánica de la Rama Judicial del Poder, y, de
otra parte porque también es de competencia del Legislador en materia del
procedimiento penal, señalar el valor legal de las pruebas en general y su
capacidad para motivar la decisión condenatoria.
FISCALIA GENERAL
DE LA NACION/COMPETENCIA TERRITORIAL/NULIDAD PROCESAL-Improcedencia
Se hace
referencia a la etapa de instrucción en la que por principio básico actúa la
Fiscalía General de la Nación, que como se ha visto, tiene competencia en todo
el territorio, según lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución
Nacional, lo que presupone que si son los funcionarios de la Fiscalía quienes
adelantan la instrucción, no habrá lugar a violación constitucional alguna, ni
mucho menos nulidad procesal, siempre que lo ordene el legislador.
PRUEBAS-Solicitud al Exterior
Corresponde a la
Fiscalía General de la Nación la función de investigar los delitos y acusar a
los presuntos infractores, todo lo cual permite, de conformidad con los
acuerdos internacionales sobre colaboración de jueces y de intercambio de
pruebas, atribuirle a dicho organismo la competencia especial para cuando se
trate de delitos de conocimiento de los jueces regionales.
Ref.:         Procesos
Nos. D-165 y D-169.
Demandas de
inconstitucionalidad contra algunos apartes de los arts. 7o., 8o., 11, 16,
66, 67, 68; los arts.  69, 71; unos apartes de los arts. 78,
86, 89, 96, 106, 118; el art.  120; una parte del art.
121; los arts. 124, 126; el último inciso del art. 134; unos
apartes del art. 156; el art. 158; el inciso segundo del art. 161;
el art. 206; el último inciso del art. 214; un aparte del art. 218,
el último inciso del art. 247; el art. 251; un aparte del art. 272;
el art. 293; el inciso 2° del numeral 1o. del art.  304; los
arts. 310 y 312; el inciso 2° y un aparte del inciso 3° del art. 322;
los arts.  323 y 342;  los últimos incisos de los arts. 352,
374,  386, 387 y 388; el numeral 1o. del art.  397; el último
inciso del art. 399;  el inciso 2° del art. 409; el inciso 2° del
numeral 3o.  y parágrafo del art. 415; el último inciso del art. 542;
los arts.  2o. y 5o. y una parte del art. 7o. transitorios, todos
del Decreto Ley 2700 de 30 de noviembre  de 1991 "Por el cual se
expiden las normas de procedimiento penal" (acumuladas).
Actores:
ANDRES DE ZUBIRIA Y
VICTOR MANUEL ZULUAGA HOYOS. D-165;  RAFAEL BARRIOS MENDIVIL. D-169.
Magistrado
Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Santafe de Bogotá,
D.C.,  Abril veintidos (22) de mil novecientos noventa y tres (1993).
I.  ANTECEDENTES.
El quince (15) de
julio de mil novecientos noventa y dos (1992), los ciudadanos ANDRES DE ZUBIRIA
SAMPER Y VICTOR MANUEL ZULUAGA HOYOS, presentaron ante la Secretaría General de
la Corte Constitucional un escrito de demanda de inconstitucionalidad contra
algunos apartes de las disposiciones del Decreto Ley No. 2700 de 1991, la cual
fue radicada  bajo el No. D-165. Ademas, el  diecisiete (17) de julio de mil
novecientos noventa y dos (1992), el ciudadano RAFAEL BARRIOS MENDIVIL presentó
en la Secretaría de esta Corporación un escrito mediante el cual formula la
demanda que en la referencia corresponde al proceso de inconstitucionalidad No.
D-169 y que se dirige contra algunas partes de las disposiciones del mismo
Decreto ley 2700 de 1991, por el cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
En sesión celebrada
el veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), la Sala
Plena de la Corte Constitucional de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5o. del Decreto 2067 de 1991 que establece el régimen de los
procedimientos que se tramiten en esta Corporación,  resolvió  acumular los
expedientes Nos. D-165 y D-169 para que se tramitaran conjuntamente y se
resolvieran en la misma sentencia; de otra parte, también designó como ponentes
para el presente proceso a los Magistrados FABIO MORON DIAZ y SIMON RODRIGUEZ
RODRIGUEZ.
Por providencia del
once (11) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992), los
Magistrados sustanciadores admitieron las demandas aludidas, solicitaron al
señor ex-Secretario General de la Comisión Especial Legislativa constancia
sobre la fecha y votación de la no improbación del Decreto 2700 de 1991 y
ordenaron la fijación en lista del negocio en la Secretaría General de esta
Corporación; además se ordenó el traslado correspondiente al Procurador General
de la Nación para efectos de recibir el concepto fiscal de su competencia.
Igualmente, se ordenaron las comunicaciones de rigor a que se refiere el artículo
244 de la Constitución Nacional y el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.
Una vez cumplidos
todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Carta Política y en el
Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional Sala Plena, procede a
resolver sobre las demandas presentadas.
II. TEXTO DE LAS
NORMAS ACUSADAS.
"DECRETO NUMERO 2700 DE 1991
(noviembre 30)
Por el cual se expiden las normas de
Procedimiento Penal.
El Presidente de
la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el literal
a) del artículo transitorio 5, del capítulo 1 de las disposiciones transitorias
de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación
por la Comisión Especial,
DECRETA:
TITULO PRELIMINAR
NORMAS RECTORAS
"ARTICULO
1o. ...
"...
"ARTICULO
7o. Contradicción. En el desarrollo del proceso, regirá el principio de
contradicción.
El imputado,
durante la investigación previa podrá presentar o controvertir pruebas, salvo
las excepciones contempladas en este Código.
"ARTICULO
8o. Publicidad.  Dentro del proceso penal la investigación es reservada
para quienes no sean sujetos procesales y el juicio es público. Se aplicarán
las excepciones previstas en este Código sobre reserva.
"..
"ARTICULO
11. Protección de víctimas y testigos.  La Fiscalía General de la Nación
dentro de la actuación penal proveerá la protección y asistencia a las
víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran,
para garantizar el restablecimiento del derecho y la  cooperación judicial
plena y libre.
"...
"ARTICULO
16. Doble instancia. Toda providencia interlocutoria, podrá ser apelada, salvo
las excepciones previstas.
"...
"ARTICULO
66.  Quiénes ejercen funciones de juzgamiento.
La administración
de justicia en materia penal, durante la etapa del juicio, se ejerce de manera
permanente por: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las
salas de decisión penales de los Tribunales superiores de Distrito, el
Tribunal Nacional, los jueces regionales, los jueces penales del circuito,
los jueces penales municipales, los jueces de menores, los promiscuos y los
jurados de derecho. También administran justicia los jueces de paz, tribunales
militares y el Senado de la República.
"ARTICULO
67.  Quiénes ejercen funciones de instrucción. Corresponde a la Fiscalía
General de la Nación dirigir, realizar y coordinar la investigación en materia
penal.
La Fiscalía General
de la Nación actuará a través del Fiscal General de la Nación, los fiscales que
éste delegue para casos especiales y los fiscales delgados ante la Corte
Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional, el Tribunal Superior de
Distrito, los jueces regionales, los jueces del circuito, los jueces de
menores, los jueces penales municipales y promiscuos.
La Cámara de
Representantes y la Corte Suprema de Justicia ejercen funciones de instrucción
en los casos contemplados por la Constitución Nacional.
"ARTICULO
68.  Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia conoce:
1. Del recurso de
casación.
2. De la acción
de revisión cuando la sentencia ejecutoriada haya sido proferida en única o
segunda instancia por esta corporación, por el Tribunal Nacional o por
los Tribunales Superiores de Distrito.
3. Del recurso de
hecho cuando se deniegue el recurso de casación.
4. De los
recursos de apelación y de hecho en los procesos que conocen en primera
instancia los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Nacional.
5. De los
conflictos de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción penal
ordinaria entre tribunales o juzgados de dos o más distritos judiciales; entre
un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial; entre tribunales, o
entre un juzgado regional y cualquier juez penal de la República.
6. Del
juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del
artículo 235 de la Constitución Nacional.
7. Del
juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la
Constitución Nacional, cuando hubiere lugar.
8. De las
solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial
a otro, durante la etapa de juzgamiento.
9. Del
juzgamiento del Viceprocurador, Vicefiscal, fiscales y procuradores delegados
ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional y los tribunales
superiores.
"ARTICULO
69.  Competencia del Tribunal Nacional. A los magistrados del Tribunal
Nacional les corresponde conocer, en sala de decisión:
1. En segunda
instancia de los recursos de apelación y de hecho interpuestos contra las
decisiones proferidas por los jueces regionales.
2. En primera
instancia, de los procesos que se sigan a los jueces regionales, fiscales y
agentes del ministerio público delegados ante ellos por delitos que cometan por
razón de sus funciones.
3. De la
solicitud de cambio de radicación de procesos penales que adelanten los jueces
regionales.
"ARTICULO
71.  Competencia de los jueces regionales. Los  jueces regionales conocen:
En primera
instancia:
1. De los
delitos señalados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la
cantidad de plantas exceda de dos mil unidades, la de semillas que sobrepase
los diez mil gramos y cuando la droga o sustancia exceda de diez mil gramos si
se trata de marihuana, sobrepase los tres mil gramos si es hachís, sea superior
a dos mil gramos si se trata de cocaína o sustancia a base de ella y cuando
exceda los cuatro mil gramos si es metacualona.
2. De los
procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986,
cuando se trate de laboratorios, o cuando la cantidad de droga almacenada,
transportada, vendida o usada exceda de diez mil gramos de marihuana, sobrepase
los tres mil gramos si es hachís, sea superior a dos mil gramos si es cocaína o
sustancia a base de ella, o exceda de los cuatro mil gramos si es metacualona.
3. De los
delitos descritos en los artículos 35, 39. 43 y 44 de la Ley 30 de 1986.
4. De los
delitos contra la existencia y seguridad del Estado, de los delitos contra el
régimen constitucional y de los delitos a que se refiere el Decreto 2266 de
1991, con la excepción del simple porte de armas de fuego de defensa personal,
de la interceptación de correspondencia oficial y delitos contra el sufragio.
Cuando se trate del delito de extorsión y conexos, la competencia de los jueces
regionales sólo procede si la cuantía es o excede de ciento cincuenta salarios
mínimos legales mensuales.
"...
"ARTICULO
78. División territorial para efecto del juzgamiento. El territorio
nacional se divide para efectos del juzgamiento en regiones, distritos ,
circuitos y municipios.
La Corte Suprema
de Justicia y el Tribunal Nacional tiene competencia en todo el
territorio Nacional.
Los jueces
regionales en la respectiva región.
Los tribunales
superiores de distrito judicial en el correspondiente distrito.
Los jueces del
circuito en el respectivo circuito.
Los jueces
municipales en el respectivo municipio.
"...
"ARTICULO
86. Fijación del sitio para continuar el proceso. El funcionario judicial
competente, al disponer el cambio de radicación, señalará el lugar donde deba
continuar el proceso. Cuando el cambio obedezca a razones de orden público, se
obtendrá del Gobierno Nacional o Departamental, si fuere necesario, informe
sobre los diferentes sitios donde no sea conveniente la radicación.
Si el Tribunal
Nacional o el Tribunal Superior de Distrito, al conocer del cambio de
radicación, estima conveniente que ésta se haga en otra región o distrito, la
solicitud pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida. Negado el
cambio, podrá el Tribunal Nacional o el Tribunal Superior de Distrito
disponer lo conveniente dentro del Tribunal Superior de Distrito disponer lo
conveniente dentro del territorio de su competencia.
"...
"ARTICULO
89.  Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo. Cuando
deban fallarse hechos punibles conexos, sometidos a diversas competencias,
conocerá de ellos el funcionario de mayor jerarquía.
Lo dispuesto en
el inciso anterior también se aplicará, cuando en la comisión del hecho o
hechos punibles hubiere intervenido persona que goce de fuero.
Cuando se
trate de conexidad entre hechos punibles de competencia del juez regional y de
cualquier otro funcionario judicial, corresponderá el juzgamiento al juez
regional.
"...
"ARTICULO
96.  Competencia.  Si los procesos estuvieren sometidos a diversas
competencias penales, la acumulación será decretada por el juez de mayor
jerarquía. Si fueren de la misma competencia, la decretará el juez del proceso
donde primero se hubiere ejecutado la resolución de acusación.
Si se trata de
procesos de competencia de jueces regionales y de otros jueces, deberá acumular
los procesos el juez regional, aunque la resolución acusatoria se haya
ejecutoriado con posterioridad.
"...
"ARTICULO
106. Impedimento de magistrado. Del impedimento manifestado por un
magistrado conocen los demás que conforman la Sala respectiva. Aceptado el
impedimento del magistrado, se complementará la Sala con quien le siga en turno
y, si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se aceptare el
impedimento, tratándose de magistrado de Tribunal Superior o de Tribunal
Nacional, se pasará el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que
dirima de plano la cuestión. Si el magistrado fuere de la Corte Suprema de
Justicia y la sala rechazare el impedimento, la decisión de ésta lo obligará.
"...
"ARTICULO
118.  Fiscalía General de la Nación. Componen la Fiscalía General de la
Nación: el Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados que éste designe
para casos especiales, los funcionarios judiciales de la fiscalía encargados de
tramitar los recursos de apelación, y los fiscales delegados ante la Corte
Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de
Distrito, los jueces regionales, los jueces penales municipales y promiscuos.
Los fiscales
delegados están organizados en unidades de fiscalía a nivel local, distrital,
regional y nacional. Cada unidad de fiscalía tiene un coordinador y una
secretaría común. Las unidades de fiscalía del nivel nacional están adscritas
al Fiscal General de la Nación o a la Dirección Nacional de Fiscalías. Las
unidades de fiscalía del nivel regional están adscritas a la Dirección Regional
de Fiscalías. Las unidades de fiscalía del nivel distrital están adscritas a la
Dirección Distrital de Fiscalías. Las demás unidades de fiscalía funcionan a
nivel local Los directores de todos los niveles tendrán igualmente la calidad
de fiscales delegados.
"...
"ARTICULO
120.  Atribuciones de la fiscalía general de la Nación. Corresponde a la
Fiscalía General de la Nación:
1. Investigar
los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales
competentes.
2. Asegurar la
comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las
medidas de aseguramiento.
3. Tomar las
medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
4. Calificar y
declarar precluidas las investigaciones realizadas.
5. Dirigir y
coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la
Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
6. Velar por
la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.
7. Las demás
que le atribuya el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
"ARTICULO
121. Fiscal General de la Nación. Corresponde al Fiscal General de la
Nación:
1.  Investigar,
calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen
de fuero constitucional con las excepciones previstas en la Constitución.
2.  Investigar,
calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, al Viceprocurador y a los fiscales
delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional y los
tribunales superiores.
3.  Cuando lo
considere necesario, y en los casos excepcionales que requieran su atención
directa, investigar, calificar y acusar, desplazando a cualquier fiscal
delegado. Contra las decisiones que tome en desarrollo de la instrucción sólo
procede el recurso de reposición.
4.  Resolver las
recusaciones que no acepten los fiscales delegados ante la Corte Suprema de
Justicia.
5.  Durante la
etapa de instrucción, y cuando sea necesario para asegurar la eficiencia de la
misma, ordenar la remisión de la actuación adelantada por un fiscal delegado al
despacho de cualquier otro, mediante resolución motivada. Contra esta
determinación no procederá recurso alguno, pero siempre deberá informarse al
agente del ministerio público y los demás sujetos procesales.
"...
"
ARTICULO 124.  Fiscales delegados ante el Tribunal Nacional.  Corresponde a
los fiscales delegados ante el Tribunal nacional:
1.
Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, a los jueces
regionales, los fiscales y agentes del ministerio público delegados ante ellos,
por delitos cometidos por razón de sus funciones.
2. Conocer en
segunda instancia las decisiones proferidas por los fiscales delegados ante los
jueces regionales.
3.  Asignar el
conocimiento de la instrucción cuando se presente conflicto entre los fiscales
delegados ante los jueces regionales.
4.  Decidir
sobre las recusaciones no aceptadas por los fiscales delegados ante los jueces
regionales.
5.  Cuando lo
considere necesario, investigar, calificar y acusar directamente desplazando a
los fiscales delegados ante los jueces regionales.
"...
"ARTICULO
126.  Fiscales delegados ante los jueces regionales. Corresponde a los
fiscales delegados ante los jueces regionales.:
Investigar,
calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, los delitos cuyo juzgamiento esté
atribuido en primera instancia a los jueces regionales.
"...
"ARTICULO
134.  Vigilancia de las unidades investigativas. El Procurador General de
la Nación designará un agente del ministerio público para que ejerza vigilancia
directa y permanente sobre el desarrollo y resultado de la investigación previa
que adelanten las unidades de policía judicial. Cuando se trate de
investigaciones por hechos punibles de competencia de los jueces regionales, la
participación del agente del ministerio público será obligatoria.
"...
"ARTICULO
156.   Utilización de medios técnicos. En la actuación se podrán utilizar
los medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia ofrezca y que no
atenten contra la dignidad humana y las garantías constitucionales. Igualmente
las diligencias pueden ser recogidas y conservadas en sistemas de audiovideo y,
si fuere el caso, el contenido de las mismas se llevará por escrito, cuando sea
estrictamente necesario.
Así mismo podrán
aplicarse a la parte administrativa de los despachos judiciales las técnicas de
administración e informática judicial.
Para efectos
de las diligencias que tuvieren que practicar las fiscalías ante los jueces
regionales y éstos, aún aquellas en que fuere necesario el concurso de los
procesados, podrán utilizarse los mecanismos técnicos que se estimen eficaces
para garantizar la protección y reserva de la identidad de los intervinientes.
En estos casos
se identificarán los técnicos y funcionarios que deban intervenir elaborando un
documento que conservará el respectivo director regional de fiscalías.
Todos ellos
estarán obligados a guardar la reserva de lo conocido por razón de sus
funciones.
Los memoriales
dirigidos por los abogados que hayan sido reconocidos dentro del proceso no
requieren presentación personal.
"...
"ARTICULO
158.  Protección de la identidad de funcionarios. En los delitos de
competencia de los jueces regionales, los servidores públicos distintos del
fiscal que intervengan en la actuación pueden ocultar su identidad conforme lo
establezca el reglamento cuando existan graves peligros contra su integridad
personal.
Las
providencias que dicte el Tribunal Nacional, los jueces regionales o los
fiscales delegados ante éstos, deberán ser suscritas por ellos. No obstante, se
agregarán al expediente en copia autenticada en la que no aparecerán sus
firmas. El original se guardará con la seguridad del caso.
Mecanismo
análogo se utilizará para mantener la reserva de los funcionarios de policía
judicial cuando actúen en procesos de competencia de los jueces regionales.
La
determinación acerca de la reserva de un fiscal será discrecional del Fiscal
General de la Nación.
"...
"ARTICULO
161.  Inexistencia de diligencias.  Se consideran inexistentes para todos
los efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e
intervención del imputado sin la de su defensor.
Se exceptúa el
caso de la versión libre y espontánea que sea rendida cuando se produzca
captura en flagrancia.
Cuando el
sindicado esté en peligro inminente de muerte y sea necesario realizar
diligencias con su intervención puede omitirse la comunicación a su defensor y
nombrar de oficio a cualquier persona, dejando constancia de ello.
"...
"ARTICULO
206. Providencias Consultables. En los delitos de conocimiento de los
fiscales y jueces regionales, son consultables cuando no se interponga recurso
alguno, el auto de cesación de procedimiento, el auto de preclusión de la
investigación, la providencia que ordena la devolución a particulares de bienes
presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible o que sean objeto
material del mismo y las sentencias. También son consultables las sentencias
absolutorias proferidas por cualquier juez cuando no haya habido parte civil
reconocida dentro del proceso.
"...
"ARTICULO
214.  Segunda Instancia de sentencias.  El recurso de apelación contra la
sentencia se sustentará por escrito, no obstante los sujetos procesales podrán
solicitar la celebración de una audiencia pública, caso en el cual la fecha de
celebración de la misma será fijada en secretaría y no podrá exceder de treinta
días contados a partir del reparto. La audiencia se celebrará con cualquiera de
los sujetos procesales que concurran. El juez decidirá dentro de los diez días
siguientes, pudiendo ordenar desde el momento de la audiencia el cumplimiento
inmediato de lo referido a privación de la libertad del sindicado. La sentencia
quedará ejecutoriada quince días después de realizada la última notificación.
En los
procesos de competencia del Tribunal Nacional, no se celebrará audiencia
pública. Las apelaciones se tramitarán conforme a lo previsto en el artículo
anterior.
"....
"ARTICULO
218.  Procedencia. El recurso extraordinario de casación procede contra las
sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y el tribunal penal Militar, en segunda
instancia, por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo
máximo sea o exceda de cinco años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una
medida de seguridad.
El recurso se
extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para éstos, sea
inferior a la señalada en el inciso anterior.
De manera
excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente,
puede aceptar un recurso de casación en casos distintos a los arriba
mencionados, a solicitud del Procurador, su delegado o del defensor, cuando lo
considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de
los derechos fundamentales.
"...
"ARTICULO
247.  Prueba para condenar.  No se podrá dictar sentencia condenatoria sin
que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y la
responsabilidad del sindicado.
En los
procesos de que conocen los jueces regionales no se podrá dictar sentencia
condenatoria que tenga como único fundamento, uno o varios testimonios de
personas cuya identidad se hubiere reservado.
"...
"ARTICULO
251.  Contradicción. En los procesos de que conocen los jueces regionales
durante la investigación previa no habrá controversia probatoria pero quien
haya rendido versión preliminar y su defensor, podrán conocerlas. En la
instrucción y juzgamiento los sujetos procesales podrán solicitar pruebas y
controvertirlas.
"...
"ARTICULO
272.  Comparecencia de los peritos a la audiencia. Salvo lo previsto en
el artículo 158 de este Código, los sujetos procesales podrán solicitar al
juez que hagan comparecer a los peritos, para que conforme a cuestionario
previamente presentado, expliquen los dictámenes que hayan rendido y respondan
las preguntas que sean procedentes; el juez podrá ordenarlo oficiosamente.
"...
"ARTICULO
293.  Reserva de la identidad del testigo. Cuando se trate de procesos del
conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias lo aconsejen, para
seguridad de los testigos se autorizará que éstos coloquen la huella digital en
su declaración en lugar de su firma. En estos casos el ministerio público
certificará que dicha huella corresponde a la persona que declaró.  En el texto
del acta se omitirá la referencia a nombre de la persona y se hará formar parte
del expediente con la constancia sobre el levantamiento de su identificación y
su destino. En acta separada se señalará la identidad del declarante incluyendo
todos los elementos que puedan servir al juez o al fiscal para valorar la
credibilidad del testimonio, y en la cual se colocará la huella digital del
exponente con su firma y la del agente del ministerio público. Excepcionalmente
la reserva podrá extenderse a apartes de la declaración que permitieran la
identificación del testigo, para garantizar su protección, con autorización del
fiscal.
El juez y el
fiscal conocerán la identidad del testigo para efectos de valoración de la
prueba. La reserva se mantendrá para los demás sujetos procesales pero se
levantará si se descubre falso testimonio o propósitos fraudulentos o cuando su
seguridad esté garantizada.
"...
"ARTICULO
304.  Causales de nulidad.  Son causales  de nulidad:
1. La falta de
competencia del funcionario judicial.
Durante la
instrucción no habrá lugar a nulidad por razón del factor territorial.
2. La comprobada
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
3. La violación
del derecho a la defensa.
"...
"ARTICULO
310.  Servidores Públicos que ejercen funciones permanentes de policía
judicial. Realizan funciones permanentes de policía judicial:
1. La policía
judicial de la Policía Nacional.
2. El cuerpo
técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación y todos los
servidores públicos que integran las unidades fiscales.
3. El
Departamento Administrativo de Seguridad.
Ejercen funciones
especiales de policía judicial:
1.  La
Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.
2. Las
Autoridades de tránsito en asuntos de su competencia.
3. Las
entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.
4. Los
alcaldes e inspectores de policía.
PARAGRAFO. En los lugares del territorio Nacional
donde no hubieren miembros de policía judicial de la Policía Nacional las
funciones de policía judicial las podrá ejercer la Policía Nacional.
"...
"ARTICULO
312.  Investigación previa realizada por iniciativa propia. En los casos de
flagrancia y en el lugar de los hechos, los servidores públicos que ejerzan
funciones de policía judicial podrán ordenar y practicar pruebas sin que se
requiera providencia previa.
"...
"ARTICULO
322.  Versión del imputado en la investigación previa.  Cuando lo considere
necesario el fiscal delegado o la unidad de fiscalía podrá recibir versión al
imputado.
Quienes
cumplen funciones de policía judicial sólo podrán recibirle versión a la
persona capturada en flagrancia y al imputado que voluntariamente la solicite.
Cuando no se trate de flagrancia, la versión tendrá que recibirse en presencia
de su defensor. Siempre se advertirá al imputado que no tiene la obligación de
declarar contra sí mismo.
Sólo podrá
recibirse versión al imputado sin asistencia del defensor, en los mismos casos
en que la ley lo permita para la diligencia de indagatoria. La aceptación
del hecho por parte del imputado en la versión rendida ante el fiscal delegado
o unidad de fiscalía dentro de la investigación previa, tendrá valor de
confesión.
"ARTICULO
323. Pruebas que se pueden practicar en la investigación previa.  Durante
la etapa de investigación previa podrán practicarse todas las pruebas que se
consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
"...
"ARTICULO
342.  Providencias reservadas. Las providencias motivadas mediante las
cuales se disponga el allanamiento y el registro, la retención de
correspondencia postal o telegráfica o la intersección de comunicaciones
telefónicas no se darán a conocer a las partes mientras el funcionario
considere que ello puede interferir en el desarrollo de la respectiva
diligencia. Cuando se trate de procesos de competencia de los jueces regionales
se dará el mismo tratamiento a aquellas pruebas que en virtud de solicitud de
autoridad extranjera, se deban mantener en reserva hasta tanto se formule la
acusación correspondiente. Contra dichos autos no procede recurso alguno.
"...
"ARTICULO
352.  A quien se recibe indagatoria. El funcionario judicial recibirá
indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en
la actuación, o por haber sido en flagrante hecho punible,  considere autor o
partícipe de la infracción penal.
En los
procesos de competencia de los jueces regionales, conforme a las necesidades de
la investigación  y cuando se trate de pluralidad de imputados,  el fiscal
podrá diferir la vinculación de algunos al momento de la instrucción que
considere más oportuno de acuerdo con el desarrollo de la misma. Cuando
considere pertinente proceder a la vinculación, librará orden de captura.
"...
"ARTICULO
374.  Privación de la libertad de servidor público.  Los servidores
públicos sólo podrán ser privados de la libertad cuando a juicio del fiscal o
juez, la aprehensión no afecte la buena marcha de la administración.
Sin embargo,
si se trata de delitos de competencia de los fiscales y jueces regionales se
procederá en todos los casos a la privación de la libertad.
"...
"ARTICULO
386.  Términos para recibir indagatoria. La indagatoria podrá recibirse a
la mayor brevedad posible a más tardar dentro de los tres días siguientes a
aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del fiscal. Este término
se duplicará si hubiere más de dos capturados en la misma actuación procesal y
la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha.
Cuando un
delito de competencia de los jueces regionales suceda en lugar distinto a la
sede del fiscal delegado, el fiscal del lugar al cual la unidad de policía
entregue las diligencias, deberá avocar la investigación e indagará a los
imputados enviando las diligencias inmediatamente a la dirección de fiscalía
correspondiente.
"ARTICULO
387.  Definición de la situación jurídica. Cuando la persona se encuentra
privada de la libertad, rendida la indagatoria o vencido el término anterior,
el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución
interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco días siguientes, con medida de
aseguramiento si hubiere prueba que la justifique, u ordenando su libertad
inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se
comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando se le solicite.
Si el sindicado
no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica
será de diez días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de
persona ausente. El fiscal dispondrá del mismo término cuando fueren cinco o
más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere
realizado el mismo día.
En los delitos
de conocimiento de los jueces regionales recibida la indagatoria  el fiscal
definirá la situación jurídica dentro de los veinte días siguientes si aquélla
hubiere sido recibida por un fiscal de sede distinta.
"ARTICULO
388. Requisitos sustanciales. Son medidas de aseguramiento para los
imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la
detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán
cuando en contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de
responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.
En los delitos
de competencia de los jueces regionales sólo procede como medida de
aseguramiento, la detención preventiva.
"...
"ARTICULO
397. De la detención. La detención preventiva procede en los siguientes
casos:
1.  Para todos
los delitos de competencia de los jueces regionales.
2.  Cuando el
delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo
sea o exceda de dos años.
3.  En los
siguientes delitos:
- Cohecho
propio (artículo 141);
- Cohecho
impropio (artículo 142);
-
Enriquecimiento ilícito (artículo 148);
- Prevaricato
por acción (artículo 149);
- Receptación
(artículo 177);
- Fuga de
presos (artículo 178);
-
Favorecimiento de la fuga (artículo 179);
- Fraude
procesal (artículo 182);
- Incendio
(artículo 189);
- Provocación
de inundación o derrumbe (artículo 191);
- Siniestro o
daño de nave (artículo 193);
- Pánico
(artículo 194);
- Falsificación
de moneda nacional extranjera (artículo 207);
-  Tráfico de
moneda falsificada (artículo 208);
-  Emisiones
ilegales (artículo 209);
-
Acaparamiento (artículo 229);
-  Especulación
(artículo 230);
-  Pánico
económico (artículo 232);
-  Ilícita
explotación comercial (artículo 233);
-  Privación
ilegal de libertad (artículo 272);
-
Constreñimiento para delinquir (artículo 277);
-  Fraudulenta
internación en asilo, clínica o establecimiento           similar (artículo
278);
-  Acceso
carnal abusivo con menor de catorce años (artículo 303);
-  Lesiones
personales con deformidad (artículo 333);
- Lesiones
personales con perturbación funcional (artículo    334);
- Lesiones
personales con perturbación síquica (artículo 335);
- Lesiones
personales con pérdida anatómica (artículo 336);
-  Hurto
agravado (artículo 351);
-  Los
contemplados en el decreto 1730 de l991.
4.  Cuando en
contra del sindicado estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por
delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión.
5.  Cuando se
hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o
preterintencional que tenga prevista pena de prisión.
6.  Cuando el
sindicado injustificadamente no otorgue la caución prendaria o juratoria dentro
de los tres días siguientes a la notificación del auto que la imponga o del que
resuelva el recurso de reposición o cuando incumpla alguna de las obligaciones
establecidas en el acta de caución, caso en el cual perderá también la caución
prendaria que hubiere prestado.
7. En los casos
de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335,336 del Código
Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se
encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia
que produzca dependencia física o síquica demostrado por dictamen técnico o por
un método paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho.
"...
"ARTICULO
399. Detención de los servidores públicos. Cuando se haya negado la
excarcelación, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva
que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo. Mientras se cumple la
suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el imputado
eluda la acción de la justicia.
Si pasados cinco
días desde la fecha en que se solicite la suspensión, ésta no se hubiere
producido, se dispondrá la captura del sindicado.
Igualmente se procederá
para ser efectiva la sentencia condenatoria.
No es necesario
solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del funcionario judicial, la
privación inmediata de la libertad no perturba la buena marcha de la
administración.
Si se trata de
delitos de competencia de los jueces regionales, no es necesario solicitar la
suspensión para hacer efectiva la detención.
"...
"ARTICULO
409. Detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio. El sindicado que
deba proveer por disposición de la ley a la subsistencia de una o más personas,
podrá obtener que su detención se cumpla parcialmente en el lugar de trabajo, o
su domicilio siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
1. Que no tenga
en su contra, sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional.
2.  Que esté
sindicado por un delito cuya pena máxima no exceda de seis años de prisión, y
3.  Que no haya
eludido su comparecencia en la actuación procesal.
De este
beneficio quedan excluidos en todo caso, los imputados por los delitos de
competencia de los jueces regionales.
El beneficiado
firmará diligencia de compromiso y prestará caución, que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones que se le impongan, entre las cuales estará
las de regresar al establecimiento carcelario inmediatamente después de que
terminen sus labores diurnas o nocturnas.
Esta medida se
revocará cuando el beneficiado incumpla cualquiera de las obligaciones que se
hubieren impuesto en la diligencia de compromiso.
"...
"ARTICULO 415. Causales de libertad provisional. Además de lo
establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a libertad
provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria en los siguientes
casos:
1. Cuando en
cualquier estado del proceso estén demostrados los requisitos para suspender
provisionalmente la ejecución de la sentencia. Salvo lo dispuesto en el
artículo 417 de este código la libertad no podrá negarse con base en que el
detenido provisionalmente necesita tratamiento penitenciario.
2. Cuando en
cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención
preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad
por el delito que se le imputa, habida consideración de la calificación que
debería dársele.
Se considerará
que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo
necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás
requisitos para otorgarla.
La rebaja de pena
por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción.
La libertad
provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que
esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal
aquí prevista.
3. Cuando se
dicte en primera instancia, preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento o sentencia absolutoria.
En los delitos
de competencia de los jueces regionales, la libertad prevista en este numeral
sólo procederá cuando la providencia se encuentre en firme.
4. Cuando vencido
el término de ciento veinte días de privación efectiva de libertad, no se
hubiere calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará a
ciento ochenta días, cuando sean tres o más  los imputados contra quienes
estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación,
se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.
No habrá lugar a
la libertad provisional cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido
calificar por causas atribuibles al sindicado o a su defensor.
5. En el delito
de homicidio descrito en los artículos 323 y 324 del Código Penal, y en los
conexos con éste, cuando haya transcurrido más de un año de privación efectiva
de la libertad contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación,
sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública.
En los demás
casos el término previsto en el inciso anterior se reducirá a la mitad.
No habrá libertad
provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, así esta se encuentre
suspendida por cualquier causa, o cuando habiéndose fijado fecha para
celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al
sindicado o a su defensor.
6. Cuando la
infracción se hubiere realizado con exceso en las causales de justificación.
7. En los delitos
contra el patrimonio económico cuando el sindicado, antes de dictarse
sentencia, restituye el objeto material del delito, o su valor e indemnice los
perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.
8. En los eventos
del inciso primero del artículo 139 del Código Penal, siempre que la cesación
del mal uso, la reparación de lo dañado o el reintegro de lo apropiado perdido
o extraviado, o su valor, y la indemnización de los perjuicios causados, se
haga antes de que se dicte sentencia de primera instancia.
El funcionario
deberá decidir sobre la solicitud de libertad provisional en un término máximo
de tres días.
Cuando la
libertad provisional prevista en los numerales 4 y 5 de este artículo se niegue
por causas atribuibles al defensor , el funcionario judicial compulsará copias
para que investiguen disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras
dilatorias.
PARAGRAFO.  En los delitos de competencia de los
jueces regionales la libertad provisional procederá únicamente en los casos
previstos por los numerales 2 y 3 de este artículo. En los casos de los
numerales 4 y 5 los términos para que proceda la libertad provisional se
duplicarán.
"...
"ARTICULO
542.  Práctica de diligencias en el exterior. Cuando sea necesaria la
práctica de diligencias en territorio extranjero, el Fiscal General de la
Nación o el funcionario en quien delegue esta atribución, podrá de acuerdo con
la naturaleza de la actuación, y la urgencia de la misma, autorizar el traslado
del funcionario que esté adelantando la actuación, previo aviso de ello al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática
acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia. Cuando no
sea necesario el desplazamiento al exterior, el fiscal que adelante la
investigación podrá comisionar al cónsul o agente diplomático del país donde
deba surtirse la diligencia quienes en ningún caso podrán practicar
indagatoria.
En los procesos
por los delitos de competencia de los jueces regionales, el trámite señalado en
los artículos 539 a 542 podrá hacerse directamente por la Fiscalía General de
la Nación, cuando ello fuere compatible con los acuerdos internacionales.
"...
Normas Transitorias
"...
"
ARTICULO 2o.  Temporalidad. Transcurridos diez años a partir de la
vigencia del presente Código, los jueces regionales y el Tribunal Nacional
perderán la competencia para conocer de los procesos que este código les
hubiere adjudicado, y la misma será asignada a jueces del circuito, o a los que
designe la ley.
Sin perjuicio
de lo anterior, pasados cinco años contados a partir de la vigencia del
presente Código, el Presidente de la República rendirá un informe al Congreso
Nacional en el que evaluará los resultados de la actividad de los jueces
regionales y el Tribunal Nacional.
"...
"ARTICULO
5o. Integración a la jurisdicción ordinaria de la jurisdicción de orden
público. La jurisdicción de orden público se integrará a la jurisdicción
ordinaria desde el momento que comience a regir este nuevo código. Los jueces
de orden público se llamarán jueces regionales y el Tribunal Superior de Orden
Público se llamará Tribunal Nacional. La competencia de estos despachos no se
modifica, continuaran conociendo de los mismos hechos punibles que han venido
conociendo hasta ahora, de acuerdo con los decretos que no impruebe la Comisión
Especial para convertir normas expedidas en ejercicio de facultades de Estado
de Sitio en legislación permanente.
"...
"ARTICULO
7o.  Organismos que se integran a la Fiscalía General de la Nación.  Pasarán
a la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional y las Direcciones
Seccionales de Instrucción Criminal, el cuerpo técnico de policía judicial, y
los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden
público y penal aduanera. La Dirección Nacional de Medicina Legal del
Ministerio de Justicia con sus dependencias seccionales se integrará a la
Fiscalía General de la Nación como establecimiento público adscrito a la
misma.
(Lo subrayado es
lo demandado).
III. LAS
DEMANDAS.
Se resumen enseguida
las consideraciones y las formulaciones con las que los actores fundamentan las
demandas de la referencia.
1. LA DEMANDA
PRESENTADA POR ANDRES DE ZUBIRIA SAMPER Y VICTOR MANUEL ZULUAGA HOYOS CONTRA
LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 69 y 71;   2o. y 5o. TRANSITORIOS DEL DECRETO 2700 DE
1991.
Los accionantes
consideran que el Decreto 2700 de l991 en las partes acusadas desconoce  los
siguientes tres aspectos de la Constitución Nacional:  a) El Derecho
Constitucional Fundamental del Debido Proceso.  b) La estructura jerárquica de
la Rama Judicial y  c) La competencia funcional del Consejo Superior de la
Judicatura. En este sentido, los actores consideran como violadas los artículos
29, 113, 116, 228, 234 y 257 de la Constitución Nacional.
a) En cuanto al desconocimiento del Derecho
Constitucional al Debido Proceso y para argumentar que en su opinión las
actuaciones judiciales deben ser públicas y que sólo la ley podrá decretar
excepciones a este principio, sostienen que el único que puede limitar dicho
carácter de los procesos judiciales, es el Congreso Nacional a través de una
Ley de la República. Los accionantes señalan que el derecho al Debido Proceso
es definido por la disposición constitucional y desarrollado posteriormente en
la misma Carta Política en su Título VIII: "De la Rama Judicial",
y concretamente en su art. 228 que expresa "Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial".  En su opinión, la palabra Ley a
que se refiere la Constitución para efectos de permitir el establecimiento de
excepciones a la publicidad de las actuaciones judiciales (arts. 29 y 228
C.N.), significa que sólo el Congreso de la República, como órgano de la
voluntad general de los ciudadanos, puede señalarlas y ordenarlas, mucho más
cuando el artículo 150 de la Carta establece que corresponde al Congreso hacer
las leyes.
En su concepto el
principio general y prevalente en la Constitución es el que determina que las
actuaciones judiciales serán públicas y permanentes, mientras que la excepción
a dicha regla sólo puede ser prevista por la Ley mediante acto emanado del
Congreso Nacional.
Al respecto se añade
que la incorporación de la jurisdicción de orden público basada en lo "secreto",
a la jurisdicción ordinaria sustentada en la publicidad como principio general,
es violatoria de la Constitución Política de l991, pues desconoce las garantías
constitucionales del Debido Proceso judicial, que es uno de los soportes
jurídicos fundamentales del Estado de Derecho colombiano.
Se anota que sí esto
ocurriera, se volvería a la época del oscurantismo penal, cuya critica
principal correspondió a Beccaría en su obra, "De los Delitos y de las
Penas", a través de la cual se explica que el Procedimiento Penal
secreto conlleva a la desigualdad entre las partes, en perjuicio del presunto
delincuente y favorece la existencia de unos jueces que por disponer de un gran
margen de discrecionalidad al aplicar la ley penal, se hacen temibles,  porque
en la mayoría de los casos, sus desmanes permanecen en la sombra y no son
conocidos sino por quienes los padecen.
b) En lo que atañe al presunto
desconocimiento de las reglas constitucionales (Título V, art. 234 C.N.) sobre
la estructura jerárquica de la Rama Judicial, manifiestan que en términos
jurídicos no es posible la existencia de dos entidades de la jurisdicción ordinaria
con ámbito nacional, como acontece con la Corte Suprema de Justicia, máximo
organismo de aquella jurisdicción, y el Tribunal Nacional.  Manifiestan que lo
anterior significa que el Decreto 2700 de l991, desconoce las disposiciones
constitucionales precitadas, por cuanto una decisión judicial del Tribunal
Nacional, como su propia denominación lo indica, tiene ámbito espacial en todo
el país y los recursos jurídicos contra estas no serían viables ante otro ente
judicial nacional, esto es, ni siquiera ante la Corte Suprema de Justicia, en
razón a que las dos entidades, por su cobertura nacional, tendrían el mismo
nivel jerárquico, llevando lo anterior al absurdo de que en Colombia existieran
dos órganos superiores de la jurisdicción ordinaria: la Corte Suprema de
Justicia y el Tribunal Nacional.
c) En lo tocante a la violación de la
competencia funcional del Consejo Superior de la Judicatura, se precisa por la
demanda que no obstante la Constitución de l991 incorporó la figura de aquel
nuevo organismo como ente de dirección de la función administrativa en la Rama
Judicial y le asignó la atribución de "fijar la división del territorio
para efectos judiciales" (art. 257 C.N.), el hecho de que todavía no
se haya producido la reglamentación respectiva y que hasta el momento no ha
procedido a cumplir con esa función constitucional, hace inviable por carencia
de competencia una división territorial en materia judicial ordenada por la Ley
y diferente a la sustentada en la anterior Constitución de l886.
Se concluye entonces
que no es posible darle aplicación a los enunciados del Nuevo Código de
Procedimiento Penal (Decreto 2700 de l991) en lo referente al Tribunal Nacional
(art. 69) y a los jueces Regionales (art. 71).  El Consejo Superior de la
Judicatura no ha hecho la división territorial en donde hipotéticamente
funcionaría el Tribunal Nacional y los Jueces Regionales; por lo tanto, las
normas precitadas violan la Constitución, o en su defecto serían ineficaces,
hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura establezca las nuevas
divisiones territoriales judiciales.
2. DEMANDA
PRESENTADA POR RAFAEL BARRIOS MENDIVIL CONTRA LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 7o, 8o,
11, 16, 66, 67, 68, 69,71,78, 86, 89, 96, 106, 118, 120, 121, 124, 126, 134,
156, 158, 161, 206, 214,218, 247, 251, 272, 293, 304, 310, 312, 322, 323, 342,
352,374, 386, 387,388, 397, 399, 409, 415 y LOS TRANSITORIOS 2o, 5o y 7o.
Los accionantes
solicitan  a la Corte Constitucional que se declaren inexequibles, las disposiciones
contenidas en la referencia y fundamentan su petición con base en las
siguientes argumentaciones que se resumen así:
a) Normas que se
estiman violadas.
Para el actor las
normas acusadas desconocen lo dispuesto por los artículos 3o., 13, 28, 29, 33,
83, 93, 116, 121, 228 y 250 de la Constitución Nacional.  Además estima el
actor que resultan violados los artículos 4o., 5o. numerales 1 y 3; 14 y  15
numerales 1 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También
considera que se han violado los artículos 7o. numerales 3, 5 y 6; 8o.
numerales 1 y 2; 9o. y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  Así
mismo estima que las normas acusadas desconoce los artículos 1o., 7o., 10o. y
11 numerales 2 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
artículos II y IX de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos.
b)      Concepto
de la violación.
El actor considera
que las normas que se demandan desconocen el Principio de  la Igualdad al
establecer un "tratamiento diferencial y desfavorable para los
procesados y condenados por los Jueces Regionales y el Tribunal Nacional"
y que el procedimiento que se sigue por dichos jueces lesiona el Principio del
Debido Proceso.
La Igualdad de las
personas ante la ley está consagrada en la Carta Política en el artículo 13
para proteger y garantizarles el desarrollo de la vida en comunidad frente a
los demás y frente al Estado, debiendo éste velar por su vigencia; además el
debido proceso supone la confluencia y concreción de los derechos y garantías
que son reconocidos a las partes en toda actuación judicial, para salvaguardar
la dignidad humana y el ejercicio imparcial de la Justicia.
En su opinión, los
artículos 66, 68 y 126 del Estatuto Procesal Penal, mediante los cuales se
atribuyen funciones de juzgamiento al Tribunal Nacional y a los Jueces
Regionales; competencia a la Corte Suprema de Justicia para conocer los
recursos de casación, apelación y de hecho en los procesos del Tribunal
Nacional y los Jueces Regionales; competencia al Tribunal Nacional para conocer
entre otros de la segunda instancia de los recursos de  apelación y de hecho
interpuestos contra las decisiones de los Jueces Regionales; competencia de los
Jueces Regionales para conocer de los delitos contemplados en la Ley 30 y del
Decreto 2266 de 1991 y la facultad de investigar, calificar y acusar a los
Fiscales Delegados ante los Jueces Regionales; sobrepasan no solo el marco del
artículo 116 de la Carta Política, el cual expresa claramente quienes
administran justicia, sino que también vulnera los artículos 246 y 247, pues al
trasladar e incorporar al Código procesal penal la jurisdicción de Orden
Público, de acuerdo al artículo 5o transitorio de la misma obra, establece una
verdadera jurisdicción especial, distinta a la de los "pueblos
indígenas" y a la de los "jueces de paz".
Consideran que el
Código impugnado consagra normas que restringen el ejercicio del Derecho de
Defensa,  como son aquellas que difieren la vinculación del imputado (artículo
352, inciso 2o); facultan tener en secreto las decisiones, (art. 342); toleran
el ocultamiento de la identidad del Fiscal (art. 158); permiten el ocultamiento
de la identidad de los intervinientes (art. 156, inc. 3o); o autorizan la
versión libre y espontánea en caso de flagrancia y el imputado que
voluntariamente la solicite sin la presencia del defensor (art. 342, inc. 2o).
Sobre la facultad de
diferir la vinculación del imputado, el actor señala que el artículo 252 del
Código de Procedimiento Penal, vulnera directamente el derecho de defensa pues
imposibilita la controversia judicial directa del acervo probatorio recaudado
antes de la vinculación de las personas al proceso, adelantándose de esta
manera la investigación a espaldas de aquellos; además, dicha figura
corresponde a la consagrada en el artículo 3o. del Decreto 2271 de 1991, que
recoge a la del artículo 34 del Decreto 2790 de 1990 en su inciso 10, que es
evidentemente inconstitucional al quebrantar el derecho a la certeza jurídica
individual sobre el comportamiento ilícito y al desconocer  oportunidades de
defensa, que es la razón de la garantía que ha querido otorgarle la Carta
Política. Al respecto se anota por el Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Pedro Lafont Pianetta, en salvamento de voto a la sentencia de
fecha abril 11 de 1991, que señala: "diferir la vinculación de un
procesado para el momento en que el juez lo considere más oportuno es abrir la
posibilidad para que el juez sin control de las exigencias del debido proceso y
de la observancia de las formas propias del juicio, adelantare el proceso con
absoluta ausencia del implicado y la posibilidad de vincularlo sólo cuando todo
el acervo probatorio que esté en su contra esté estructurado. Si se llega a
vincular en esta instancia y en tal situación, qué posibilidades habrá podido
tener de controvertir la prueba y de ejercer el derecho de defensa".
El artículo 322, que
es similar al  art. 4o. del Decreto 2271 de 1991, que acoge el art. 1o. del
Decreto 099 de 1991, que adicionó el art. 26 del Decreto 2790 de 1990, viola la
garantía establecida en el artículo 33 de la Constitución Política, al
autorizar a funcionarios de Policía Judicial para recibir versión libre y
espontánea a los capturados en flagrancia y al imputado que voluntariamente
lo solicite obteniendo una versión a través de medios que atentan contra la
dignidad e integridad del capturado y convirtiendo la excepción contemplada en
la norma en regla general. Además, sostiene que se restringe el derecho de defensa
y se genera un rompimiento del principio de la igualdad ante la ley, pues el
artículo 304 inciso 2o. que se acusa, tomado en parte de la art. 40. del
Decreto 2271 de 1991, el cual acogió el art. 52 del Decreto 2790 de 1990,
ordena que durante la instrucción no habrá lugar a nulidad por razón del
factor territorial.
Se arguye que el
Derecho de Defensa, la contradicción de la prueba y el principio de la
publicidad que debe imperar en el proceso Judicial, se afectan cuando se
autoriza la existencia de fiscales secretos. Ya que el derecho a un proceso
público comprende el conocimiento del expediente y de las personas que
intervienen en el mismo; en este sentido, el proceso público está consagrado
como derecho constitucional fundamental por el artículo 29 inciso 4o. que
establece: "quien sea sindicado tiene derecho a un debido proceso
público sin dilaciones justificadas".
Se considera que al
permitirse la existencia de un "justicia secreta",
se autoriza a que la justicia proceda de una manera parcializada y que se
atente y se vulneren los derechos y las garantías procesales. Al consagrarse la
existencia de Fiscales secretos, a través de normas como el artículo 158 inciso
1o. del C.P.P., que es idéntico al artículo 6o del Decreto 2271 de 1991, el
cual adoptó el art. 10o del Decreto 1676 de 1991; o de Intervinientes secretos
y Peritos secretos en el artículo 272 del C.P.P., que corresponde al artículo
22, inciso 3o. del Decreto 099 de 1991, el cual acogió el Decreto 2271 de 1991;
o Testigos secretos mediante el artículo 293 del C.P.P., igual al artículo 4o.
Decreto 2271 de 1991, que adoptó como legislación permanente los incisos 1 y 2
del art. 22 Decreto 099 de 1991; o Policía Judicial secreta, por intermedio del
artículo 158 inciso 3o del C.P.P. que corresponde al artículo 24 parágrafo 3o
del Decreto 099 de 1991, que acogió el Decreto 2271 de 1991; y Servidores
Públicos secretos en el artículo 158 inciso 1o., similar al artículo 4o del
decreto 2271 de 1991, que acogió al inciso 1o art. 50 del Decreto 099 de 1991,
se  vulnera el Derecho de Defensa, el Debido Proceso, el Derecho a la
Contradicción y el carácter de publicidad que debe inspirar al mismo.
Se agrega que con el
testigo secreto se rompe con la estructura lógica del derecho constitucional
colombiano y con la del mismo derecho internacional sobre el derecho a la
defensa; por lo anterior se anota que el conocimiento de las condiciones
personales del testigo o del perito, permite la vigencia del derecho de
contradicción y de defensa, pues sin ese conocimiento personal de quien
participa en la prueba, es imposible realizar una crítica probatoria adecuada y
será imposible igualmente apreciar su valor, ya que para poder controvertir la
prueba y apreciarla en su verdadera capacidad, es indispensable conocer al
protagonista de la misma.
Se demanda por
inconstitucional el artículo 158 inciso 2o. del C.P.P., el cual en opinión del
actor elimina la oportunidad de controvertir las providencias, impide el
conocimiento de las decisiones volviendo con ello a procedimientos inquisitivos
y ocultos.
Sobre el art. 214 de
C.P.P. manifiesta que con él elimina la publicidad del proceso al disponerse
que "no se celebrará audiencia pública", puesto que la publicidad
de los juicios  es la más oportuna garantía de su rectitud, de la justicia y de
la  libertad, y el imputado encuentra en ella la mejor  seguridad contra la
calumnia, la ilegalidad y la parcialidad.
Se considera que no
obstante el art. 250 numeral 3o de la Constitución Política establece como
función del Fiscal General de la Nación "El dirigir y coordinar las
funciones de Policía Judicial", el art. 323 del C.P.P. permite que
durante la investigación previa podrá la policía judicial practicar
todas las pruebas necesarias, sin que medie autorización del fiscal y los
particulares queden sin protección alguna mucho más cuando se permite la
versión libre. Es entonces en su opinión, el establecimiento de una modalidad
de usurpación de funciones del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.
Se observa asimismo
que la presunción de inocencia que debe ir en todo el curso del proceso
penal conduce a que el principio de libertad del procesado sea la regla y no la
excepción, por lo tanto el desconocer para los delitos de competencia de los
fiscales delegados, jueces regionales y tribunal nacional, la posibilidad de
aplicar otras medidas de aseguramiento, contraviene dicha presunción y además
le imprime a la justicia un carácter de retributiva y de venganza, que riñe con
la función resocializadora que debe caracterizar a los sistemas punitivos de
corte democrático. Estas disposiciones rompen también con el principio de la igualdad
ante la ley, el cual exige que todas las personas deben recibir el mismo
trato y protección de las autoridades.
Para terminar se
hace referencia a lo dicho por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Edgar Saavedra Rojas y otros, quienes al rechazar el fallo de
constitucionalidad del Decreto 2790 de 1990, el cual fue estudiado a la luz de
la Constitución de 1886, manifiestan que "...la verdad es que se le da
piso de constitucionalidad a preceptos que vulneran de manera grave el derecho
de defensa, el debido proceso y las formas propias del juicio creándose un
grave precedente legislativo y jurisprudencial, donde implícitamente se conoce
que la eficacia de la represión tiene una mayor importancia que los derechos
constitucionales reconocidos...La entronización de la ley de la selva, donde
solo importan los intereses represivos del Estado, que la ejercen por fuera de
las previsiones constitucionales y con absoluto desconocimiento de la
integridad de la Carta y de las obligaciones internacionales que hemos
adquirido al ratificar el Pacto Universal y la Convención Americana de Derechos
Humanos. Ante tan claro desentendimiento de dichas obligaciones sería
conveniente que el gobierno pensara seriamente en denunciar dichos tratados,
que los están ignorando de manera flagrante". Y se agrega "este
monumento antidemocrático, inquisitivo, oscurantista, y de corte fascitoide,
fue convertido en legislación permanente como bien se precia el defensor de
marras del Ministerio de Justicia".
3. INTERVENCION
OFICIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA JUSTIFICANDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS
ARTICULOS DEMANDADOS.
Para sustentar la
constitucionalidad de las disposiciones contenidas en el Decreto 2700 de 1991,
es decir, para sostener la plena eficacia constitucional del Decreto 2700 de
1991 (Código de Procedimiento Penal), el Ministerio de Justicia hace las
siguientes apreciaciones:
a) Considerando que el delito es el resultado
de las relaciones sociales y de la conducta de los individuos, por cuanto está
orientada por normas colectivas que interactúan con factores socioeconómicos y
culturales, se consideró relevante establecer el comportamiento del delito en
Colombia, para lo cual se decidió que tenían que establecerse unos parámetros
necesarios para que la justicia sea eficaz y lograr la pronta y cumplida
justicia primaria; función propia del Estado, cuyas actuaciones serán públicas
y permanentes, con las excepciones que fije la ley.
Con el propósito de
impedir que los procedimientos sean utilizados para obstaculizar la
Administración de  justicia, se dispuso que en dichas actuaciones prevalecerá
el derecho sustancial, por cuanto el fortalecimiento de la Administración de
justicia, su eficacia y el debido respeto a los derechos humanos, constituyen
algunos de los vehementes anhelos que dieron origen a la Constitución Nacional.
Así ha quedado plasmado en el Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento
Penal, que consagró en sus primeros artículos los principios rectores, como los
del debido proceso, presunción de inocencia, reconocimiento a la libertad.
habeas corpus, imperio de la ley, contradicción, publicidad, finalidad del
procedimiento, favorabilidad, protección de víctimas y testigos, corrección de
actos irregulares, restablecimiento del derecho, cosa juzgada, doble instancia,
reformatio in pejus, lealtad, gratuidad, igualdad, integración y prevalencia de
las normas rectoras (art. 1o al 22 del Decreto 2700 de 1991).
Apreciando la
situación actual de orden público, la cual se encuentra agravada por el
surgimiento de los escuadrones de la muerte, las bandas de sicarios y los
grupos de autodefensa, el Gobierno debe contar con instrumentos ágiles que le
permitan hacerle frente a los desafíos que sufre el Estado de Derecho y
conjurar la crisis que sobreviene a diario por la violencia, pues como lo
expresó la Corte Suprema de Justicia "...Es preciso reiterar que las
causas que dieron origen a la declaratoria del estado de sitio, no solo no han
desaparecido, sino que se han agravado con el aumento de los factores de
perturbación de la acción subversiva y terrorista".
Al respecto el
Presidente de la República en su discurso de posesión el 7 de agosto de 1990,
expresó: "La violencia llamó a las puertas de cada colombiano y puso a
prueba el carácter de la Nación. Mi gobierno tiene la responsabilidad histórica
de pacificar la vida colombiana, modernizar las instituciones para que
respondan a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Colombia a apelado a las
soluciones políticas una y otra vez para hacerle frente a la rebelión armada.
Ellas serán preservadas para los grupos guerrilleros que se acojan al
sentimiento mayoritario de la Nación: acabar con la violencia... Crearemos una
legislación de carácter permanente que no dependa de la temporalidad del estado
de sitio ni dé lugar a abusos y cuyas normas se adecúen a nuestra tradición
jurídica...".
Es por esta razón
que el Gobierno en primer lugar le presentó a la Comisión Especial Legislativa
a consideración unos Decretos de estado de sitio para que fueran adoptados como
legislación permanente. En segundo lugar y en concordancia con el art. 5o.
transitorio de la Carta que dice: "Revístese al Presidente de la
República de precisas facultades extraordinarias para: a) Expedir las normas
que organicen la Fiscalía General de la Nación y las normas de Procedimiento
Penal...", expidió el Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento
Penal). Y en tercer  termino expidió los Decretos 1155 y 1156 de 1992 a través
de los cuales se incorporó la interpretación en relación con la libertad
provisional en los procesos de competencia de los Jueces Regionales al
señalarse que en "los procesos cuyo conocimiento está atribuido a los
Jueces Regionales, deben regirse exclusivamente por los Decretos Especiales
expedidos por el Gobierno Nacional como legislación permanente". Jueces
Regionales que pertenecen a la jurisdicción ordinaria, o sea que están
incorporados a la estructura orgánica judicial que en materia penal fue
establecida en la Constitución Nacional, conocedores de procesos que serán
instruidos por la Fiscalía General de la Nación, bajo cuya dirección quedará la
policía judicial.
b) Es cierto que la publicidad de la prueba
es un derecho del procesado, empero al tenor del artículo 8o. numeral 5o, de la
Convención Americana sobre Derecho Humanos, Pacto de San José, ratificado por
Colombia el 31 de julio de 1973 y aprobado por la Ley 16 de 1972, se dispuso
que "el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario
para preservar los derechos de la justicia". En consecuencia, también
los procesos de competencia de los Jueces regionales, en materia de principios
generales de las pruebas, se rigen por lo normado en la Constitución Política,
y Código de Procedimiento Penal y los Tratados Internacionales, los cuales como
se observa contemplan expresas excepciones a los principios de publicidad y
contradicción.
No obstante que con
la reserva de la identidad de los testigos también se limita la publicidad y
controversia probatoria en los procesos de competencia de los Jueces Regionales
(Cfr. art. 293  Decreto 2700 de 1991), al tenor del numeral 4o. del art. 250 de
la C.N., en concordancia con el numeral 6o. del art. 120 del citado Decreto,
esa disposición no resulta inconstitucional ya que por mandato de la Carta se
debe velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el
proceso.  Además de que el art. 50 del decreto 099 de 1991 garantiza la
seriedad e imparcialidad del proceso al establecer que no se podrá dictar
sentencia condenatoria que tenga como único fundamento uno o varios testimonios
de personas cuya identidad  se hubiere reservado; dentro de los procesos ante
los Jueces regionales, para la valoración del testimonio, estos funcionarios
deben tener en cuenta la sana crítica, el objeto percibido, la personalidad del
declarante, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió.
En cuanto a la reserva
de identidad de los servidores públicos que intervengan en la actuación
procesal, esta figura se justifica con el argumento de que se debe proteger la
vida de los funcionarios judiciales ante la ola de homicidios de muchos de
ellos, sin que resulte violatorio del debido proceso proteger la vida de quien
administra justicia. La reserva de la identidad es sólo un mecanismo para
contrarrestar la amenaza de las organizaciones criminales. Argumentar que con
esta norma acusada se violan las convenciones internacionales de derechos
humanos es distorsionar el alcance y concepto mismo de derechos humanos, pues
el juez, el policía, y la víctima también tienen derechos humanos.
c) Las excepciones previstas en el art. 16 del
Decreto 2700 de 1991, se fundamentan en las disposición constitucional
contenida en el art. 31 de la Carta: "Toda sentencia judicial podrá ser
apelada o consultada, salvo  las excepciones que consagre la ley".
d) Ante la impugnación del art. 66 del
Decreto 2700 de 1991, el cual establece que el Tribunal Nacional y los Jueces
Regionales administran justicia a través de la función de juzgamiento que el
código les atribuya,  Tribunal y Jueces que son lo que se conocía como Tribunal
Superior de Orden Público y Jueces de Orden Público, el Ministerio de Justicia
considera que no hay lugar a inconstitucionalidad, ya que el debido proceso no
consiste en conocer la identidad del funcionario que administra justicia para tener
ocasión de amenazarlo e intimidarlo en la toma de decisiones, ni implica que el
abogado defensor pueda controvertir las pruebas desde el momento mismo en que
se inicia una indagación preliminar.
e) La posibilidad de que un funcionario
distinto de aquel que dictó la providencia la conozca y revise, es garantía
elemental para evitar abusos y corregir yerros irreversibles en una actividad
realizada por hombres, por eso es función de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, actuar como tribunal de casación y como segunda
instancia en los procesos que conozcan los tribunales nacionales, cumpliéndose
así lo dispuesto sobre la doble instancia consagrada en el art. 31 de la C.N.,
en concordancia con el art. 16 del precitado Decreto. Por lo anterior, se
manifiesta que no puede afirmar el actor que existen dos entidades de la
jurisdicción ordinaria con ámbito nacional, pues la misma Constitución Nacional
en su art. 234 dispone que "la Corte Suprema de Justicia es el máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria" y sus atribuciones son de
resonancia nacional, mientras que al Tribunal Nacional le compete todo lo
relacionado con los Jueces Regionales, que se encuentran ubicados en las
diferentes zonas territoriales del país y por ello sus decisiones tienen ámbito
especial en todo el territorio nacional.
f) Si bien es cierto que la Constitución
faculta al Consejo Superior de la Judicatura para fijar la división judicial
del territorio, esta norma no es contrariada por las disposiciones de los art.
69, 71 y 78 del Decreto 2700 de 1991, por cuanto el art. transitorio 5o de la
Constitución faculta al Presidente de la República para "expedir normas
que organicen la Fiscalía General  y normas de procedimiento penal".
g) Durante toda la actuación procesal es
importante que el funcionario que la dirija pueda hacerlo en un medio libre de
presiones, por esa razón el Tribunal Nacional puede solicitar a la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo a su conveniencia, la fijación en determinado
sitio de un proceso, o disponer lo conveniente dentro del territorio de su
competencia, al tenor del art. 86 del Decreto 2700 de 1991.
h) Un funcionario judicial que inicialmente
no conoció un proceso, adquiere competencia por razón de la conexidad y así si
uno de los hechos punibles es de competencia del Juez Regional, éste será el
competente para conocer de los delitos conexos según el art. 89 del Decreto
2700 de 1991.
i) Para evitar inseguridad, inequidad e
ineficiencia jurídicas y por economía procesal el art. 96 del C.P.P. autoriza
al Juez Regional la acumulación de procesos de su conocimiento y de los de
otros jueces. La Fiscalía General de la Nación es una institución encargada de
transformar el concepto del procedimiento penal colombiano, donde desarrolla la
función judicial de dirigir el proceso y ejercer la acción penal durante la
etapa de investigación y constituirse en verdadero sujeto procesal durante la
etapa de juicio. Es importante entonces la diligencia de los fiscales delegados
ante el Tribunal Nacional y los Jueces regionales, los cuales vigilan la recta
y pronta   administración de justicia, investigando, calificando y acusando, si
fuere el caso.
j) Los avances de la ciencia y de la
tecnología deben estar a disposición de la actuación penal, por ello sobresale
la importancia de utilizar los medios técnicos en toda actuación penal, aún de
parte de las fiscalías ante losJueces regionales, pues estas son necesarias
para garantizar la reserva del funcionario judicial y de los testigos en los
procesos.
k) Por lo que atañe a la consulta, se
manifiesta que no es un recurso sino un grado de jurisdicción, el cual permite
al superior jerárquico revisar la providencia del inferior en casos en que
procede aunque no se hayan presentado impugnaciones de la providencia. Se anota
que los procesos del conocimiento de los Jueces Regionales suelen ser muy
delicados y muchas veces conllevan a amenazas y presiones sobre la decisión
judicial, por lo cual se estableció en el art. 206 del C.P.P. la consulta de
providencia de fondo que absuelven o benefician al sindicado.
l) En cuanto a la limitación de la
celebración de audiencias publicas, de que habla el inciso segundo del artículo
214 del C.P.P., ello se anuncia como lógico, pues es un mecanismo hábil para
proteger la integridad del Tribunal Nacional o guardar la reserva sobre su
identidad.
m) La contradicción de la prueba es
fundamental, pues la ley procesal es solo parte del ordenamiento jurídico y éste,
de las normas de control social y debe desarrollar con plenitud el objeto que
le ha sido encomendado y no puede abstenerse de hacerlo sobre la base de que
otras disposiciones de control social son deficientes; no sólo la posibilidad
de contrainterrogar al testigo, verificar su credibilidad,  son fuente de
conocimiento.
n) La nulidad está expresamente consagrada.
La Constitución Nacional consagró la competencia en todo el territorio nacional
a los Fiscales Delegados y por esa razón no es posible que durante la
investigación se presenten nulidades con base en falta de competencia del
Fiscal por razón de territorio.
ñ) Se designó al Fiscal General como director
y coordinador de las funciones de Policía Judicial de la Policía Nacional; la
cual es la autoridad más próxima al ciudadano, especialmente en las zonas
rurales, por eso se le revistió de las funciones permanentes de policía
judicial, aspirando a capacitar a un determinado número de miembros de ese
cuerpo policivo para que ejerza con profesionalismo dichas funciones.
Unicamente en los casos de flagrancia, donde se requiere la actuación inmediata
de la autoridad para que los delitos no queden impunes, se permite a la policía
judicial recaudar las pruebas que determinarán el éxito  de la investigación
penal, porque la averiguación de un hecho punible exige que se actúe
inmediatamente y lo que no se averigüe en los momentos siguientes a la comisión
del delito, difícilmente se resolverá más tarde. Si bien lo ideal sería que
esté presente un funcionario judicial en todas las diligencias, esto no es
posible por la cantidad de delitos que se cometen inesperadamente en lugares
insospechados, donde la primera autoridad que puede desplazarse es la policía;
cumpliéndose de este modo, con la misión de la comunicación de hechos punibles
o notitia criminis.
o) La Policía Judicial puede recibir la
versión libre y espontánea únicamente en circunstancias de flagrancia o cuando
el imputado lo solicita, cualquier evento distinto a la flagrancia requiere del
Fiscal para recibir la versión en presencia de apoderado y solo la versión
rendida ante el fiscal donde se reconozca la participación de los hechos, tiene
valor de confesión.
p) Para justificar el contexto del artículo
323 del Código de Procedimiento Penal, se explica que hay diferencia entre la
practica de pruebas en la investigación previa y las practicadas dentro del
proceso, ya que la etapa de investigación previa no pertenece al proceso y solo
conduce a ejercitar la acción penal, mientras que la capacidad probatoria busca
la verdad material. Por ello los funcionarios de la Policía Judicial tienen las
facultades necesarias para proteger esas fuentes de prueba y en ellas no existe
propiamente el principio de contradicción y por esto, muchas pruebas solo se
deben practicar durante el proceso. Si el fiscal delegado a la unidad de
fiscalía ha asumido la dirección de la actuación puede ordenar práctica de
pruebas que le son reservadas, como la inspección o el dictamen judicial.
q) La Fiscalía General tiene competencia para todo el territorio
nacional según el Decreto 2699 de 1991 y el lugar o sede de la Fiscalía cumple
solo fines administrativos que no generan conflictos de competencia, pues el
fiscal que se informa sobre la captura, adelantará la investigación sin perjuicio
de que después, corresponda a otro fiscal de la unidad.  Se anota  que el
segundo inciso del artículo 386 del Código de Procedimiento Penal  no es
aplicable solo a los jueces regionales, pues la agilidad en el desarrollo de la
instrucción distingue este procedimiento del señalado en el inciso primero del
mismo artículo. El Juez de instrucción tenía límites territoriales muy
determinados fuera de los cuales no podía actuar validamente sino a través de
la comisión a otro funcionario; con la Fiscalía existe un concepto integral de
la investigación, que se distribuye en diferentes unidades simplemente por
razones de especialización y eficiencia administrativa, pero que debe permitir
a cualquier  fiscal delegado adelantar actividades de investigación para
conseguir la verdad aunque posteriormente no le corresponda dirigir
personalmente el trámite.
r) Respecto al artículo 387 del Código de
Procedimiento Penal se aclara que la definición de la situación jurídica
constituye la primera providencia interlocutoria que generalmente se presenta
una vez iniciado el proceso.  Se añade que los términos que señala el artículo
387 son máximos, por eso se dispuso "a mas tardar", lo que significa
que no necesariamente se tiene que proceder a la definición jurídica, pues el
acervo probatorio podría determinar una preclusión de la investigación si hay
certeza sobre la inocencia del procesado.
s) En lo que toca al numeral 1o del artículo
397 del precitado código, se manifiesta que se faltaría al principio de la
igualdad ante la ley, el no incluir lo dispuesto en esa norma, puesto que la
detención preventiva tiene objetivos precisos, que son asegurar la
comparecencia del sindicado, garantizar que en efecto se cumpla con la posible
sanción y proteger a la comunidad; máxime cuando los hechos punibles que son de
conocimiento de los Jueces Regionales constituyen un mayor peligro para la
estabilidad del sistema mismo y la conservación de la seguridad.
t) Por lo que se refiere al inciso quinto del
artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, se considera que si bien
siempre que procede la detención preventiva de un servidor público sin ocurrir
causal de excarcelación, es necesario que se produzca la suspensión en el
cargo, en razón de que los hechos punibles de competencia de los jueces
regionales constituyen el mayor peligro para la estabilidad del sistema y de la
seguridad nacional, es necesario disponer el no requerimiento de la suspensión
en el cargo para hacer efectiva la detención de un servidor público. Con las mismas
razones, se justifica el art. 40 inciso 2o., numeral 8o. del Código referido,
el cual excluye del beneficio de ser detenido parcialmente en el lugar del
trabajo o domicilio a los sindicados por delito de competencia de los Jueces
Regionales, como también, el beneficio de libertad condicional, al tenor del
inciso 2o del numeral 8o. y del parágrafo del art. 415 del mismo código.
4. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
El Procurador
General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia.  Inicia
su exposición refiriéndose a los principios constitucionales fundamentales y a
los derechos fundamentales cuya "positivización tiene la ventaja de
vincular todo el sistema normativo, y determinando su interpretación,
desarrollo y simultáneamente obliga a todas las autoridades sin distinción
alguna en la ejecución de sus poderes, deberes y responsabilidades
inherentes"; y destaca con miras a la dilucidación del asunto planteado
derechos y garantías tales como la igualdad de todas las personas, las diversas
garantías judiciales que, en su opinión, han de entenderse de acuerdo con
"las previsiones preexistentes en los Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos ratificados por Colombia", normatividad que es vinculante
"no sólo respecto de las decisiones judiciales sino también en materia
político-legislativa"; cita al respecto el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención Americana, señalando precisos apartes de
sus contenidos que, según entiende el señor Procurador, comprometen a los
estados.
Realiza
posteriormente un análisis acerca de las disposiciones constitucionales
transitorias, e indica que en desarrollo de las habilitaciones extraordinarias
conferidas al gobierno, se expidieron varios decretos entre ellos el 2271/91 y
el 2266/91 que adoptan algunas medidas como legislación permanente, el
referente al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General y finalmente el Decreto
2700 de 1991 o nuevo Código de Procedimiento Penal. Sobre esta base y partiendo
del principio de separación de los poderes públicos en entender del señor
Procurador, concebido para impedir la concentración de poderes, pasa a
considerar la estructura constitucional de la administración de justicia,
mencionando al efecto las normas pertinentes, para concluir que esa estructura
constitucional básica "y el establecimiento expreso y directo de las
excepciones, no reconoce ni permite admitir después de el plazo de expirado
adaptación del sistema jurídico penal o de tránsito, la subsistencia o
incorporación analógica de la jurisdicción especial de orden público",
porque dicha jurisdicción fue diseñada como "especial y paralela" a
la ordinaria y tenía como base de operación un apoyo técnico, logístico,
administrativo y financiero" cuyo origen y naturaleza no era puramente
judicial "pues en su formación y funcionamiento interfería legalmente el
poder ejecutivo"; además, en su momento se justificaba en atención a la
gravedad de los hechos, pero "por su origen, naturaleza y concepción, su
proyección en el tiempo sólo podía ser transitoria", en fin, "porque
la Constitución Política vigente expresamente señala cuáles son las
jurisdicciones especiales, y por ende prohibe el deferir la jurisdicción a
otros órganos", como fue la jurisdicción de orden público que
indiscutiblemente dejó de tener existencia jurídica al entrar en vigencia el
nuevo Código de Procedimiento Penal y en funcionamiento la Fiscalía General de
la Nación.
Luego de enunciar
algunas funciones de la Fiscalía General de la Nación, puntualiza el señor
Procurador que "tanto la función de acusación como la de juzgamiento sólo
pueden ser desarrolladas por los organismos y funcionarios judiciales
habilitados por la Constitución y la ley" y en virtud de la entrada en
vigencia de la Carta y del nuevo Código de Procedimiento Penal "la antigua
jurisdicción de Orden Público, hoy Juzgados Regionales y Tribunal Nacional hace
parte de la jurisdicción ordinaria...".  Agrega que cosa diferente es que
la competencia y el régimen procesal penal que transitoriamente (10 años)
aplican estos despachos sea diferente del ordinario previsto en el Código de
Procedimiento Penal, "se trata pues, de una sola jurisdicción con dos
regímenes procesales diferentes". Con fundamento en estas aseveraciones, el
señor Procurador General de la Nación considera "que como las
disposiciones acusadas contienen el señalamiento de la competencia, así como
las funciones que cumplirán los jueces regionales y el Tribunal Nacional y los
Fiscales ante estos Despachos, resultan exequibles de acuerdo al marco
constitucional y legal esbozado, los artículos 66, 67, 68, 69, 71, 78, 86, 89,
96, 106, 118, 120, 121, 124, 126, 134, 156, 206, 214, 218, 247, 310, 374, 386,
387, 388, 397, 399, 409, 415, 542 y 2o., 5o. y 7o. transitorios del Decreto
2700 de 1991".
En cuanto a la
Actuación Especial, el jefe del ministerio público se detiene en el análisis de
los antecedentes de la medida contemplada en los artículos 158 y 293 del
Decreto 2700 de 1991, particularmente el Estatuto para la Defensa de la
Justicia, señalando que el Decreto 2790 de 1990 al convertir la jurisdicción de
Orden Público en secreta, consultó razones de seguridad, en procura de
restaurarle la independencia a la justicia asediada e intimidada "por
parte de organizaciones criminales cada vez con mayor poderío económico y
capacidad de acción".  Los Decretos 2266 y 2271 de 1991 convirtieron el
Estatuto comentado en legislación permanente. El Nuevo Código de Procedimiento
Penal incorporó las normas cuya constitucionalidad se cuestiona y que tienen
los antecedentes referidos. Finalmente anota el señor Procurador que:
- "La respuesta
estatal que aquí se consigna no ha sido la única en cuanto a medidas de
protección y seguridad. Así encontramos en orden cronológico, el Decreto 774 de
l987, la Ley 18 de l988 y el Decreto 2273 de l991, que adoptaron
determinaciones tales como el conocimiento de un seguro por muerte, tanto para
los funcionarios judiciales como para los del Ministerio Público y la creación
del Fondo de Seguridad de la Rama Jurisdiccional".
- "El cargo
impetrado se concentra en la aseveración de que los artículos 158 y 293 y por
ende las preceptivas de los artículos 8o. y 11 y 272 del C.P.P. le quitan el
carácter público al proceso penal, se instaura una justicia invisible en la que
se permite el secreto respecto de la identidad del juez y de los testigos lo
que vulnera el derecho de defensa, así como el principio constitucional de la
igualdad y su consignación en las normas internacionales que los reconocen y que
forman parte de nuestro derecho positivo".
Estimó indispensable
el jefe del Ministerio Público "realizar un cotejo independiente de las
normas cuestionadas", tratando en primer lugar el tema de la protección de
la identidad de los funcionarios; sobre el particular vierte en su concepto las
siguientes consideraciones:
- "La actuación
procesal prevista en el artículo 158 en cabeza de unos funcionarios no
identificados no viola el principio de igualdad, por cuanto como ya se dejó
establecido por la Corte Constitucional, tal principio tiene un aspecto
condicionante para que pueda operar su tutela, la igualdad de circunstancias,
es decir, el procesamiento legal para todos los sindicados en los delitos de
competencia de los jueces regionales".
- "Esta
circunstancia se dá plenamente, pues la norma consagra que siempre que exista
grave peligro contra la integridad personal de los servidores públicos
distintos al fiscal, que intervengan en la actuación surtida con ocasión de los
delitos de los jueces regionales, se ocultará su identidad". Considera,
además, que "no se advierte infracción de las garantías tuteladas por el
artículo 29 superior, porque en materia de juzgamiento se exige que éste sea
efectuado por el Juez competente, previamente establecido por el
ordenamiento, elementos que se identifican en la norma en cuestión".
- "De otra
parte, las previsiones del artículo 158 no riñen con las garantías de índole
penal, procesal y de ejecución penal reconocidas en los instrumentos internacionales
también mencionados, en donde refiriéndose al proceso, se entiende que éste
sólo puede aplicarse por órganos y jueces instituídos legalmente para esta
función y de que nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio legal.
Así, la institución de los funcionarios sin rostro, en cuanto no lesiona la
seguridad jurídica propuesta como intangible para las personas en un Estado
Social o de Derecho, es garantía del orden, de la justicia y de la seguridad
que la misma carta se propone asegurar.... Se preserva entonces con el secreto
de éstos, intereses de la justicia que como tal son colectivos y merecen
especial prevalencia y protección".
En cuanto al tema de
los testigos ocultos, según el señor Procurador, se inscribe dentro de la
estrategia para enfrentar el poderío de la criminalidad organizada, argumento
que sirvió a la Corte para declarar constitucional el Decreto 1191 de 1991 en
lo referente a "garantizar la eficacia de las investigaciones tendientes a
esclarecer y sancionar estos delitos, mediante la protección efectiva de las
personas que aportaran informaciones conducentes a evitar la impunidad en la
comisión de estos y a lograr la captura de sus autores y partícipes".
Estima el señor
Procurador que "en lo atinente a la reserva de la identidad de testigos
debe tenerse en cuenta si existen preceptos que dentro del mismo Estatuto Penal
instituyen herramientas garantizadoras del debido proceso, en cuanto permitan
la controversia de la prueba y la imparcialidad del juzgador", y sobre
esta base consigna las consideraciones que a continuación se incluyen:
- "El cargo que
podría hacerse a la norma partiría del supuesto de que no existe posibilidad de
controvertir la prueba de testimonio en el aspecto de la personalidad del
declarante, puesto que ni el acusado ni su apoderado conocen la identidad del
deponente. Se estima que tal forma de allegar la prueba al proceso no desconoce
la debida garantía del derecho de defensa, toda vez que así recaudada, no se
soporta en el conocimiento directo de esa persona, sino en la posibilidad de
debatir y valorar los hechos de que tal versión da cuenta"; versión que
debe ser apreciada por el funcionario atendiendo "los principios de la
sana critica y, especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido,
al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la
percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la
personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las
singularidades que pueden observarse en el testimonio, en voces del artículo
294 ibídem".
- "No obstante
lo anterior la ley ha sido celosa en cuanto a la apreciación de los testimonios
secretos por los jueces regionales y como una garantía más para los sindicados
en estas causas, previó en el art. 247 que "en los procesos de que
conocen los jueces regionales no se podrá dictar sentencia condenatoria que
tenga como único fundamento, uno o varios testimonios de personas cuya
identidad se hubiere reservado". Norma que protege al sindicado de la
posibilidad de ser condenado por la excesiva valoración del juez, en
testimonios recepcionados con el ocultamiento de la personalidad o identidad
del testigo".
- "Otro
instituto garantizador es el aval del Ministerio Público que certificará cuando
se oculte la identidad de los testigos, que la huella que reemplaza su firma
corresponde a la de la persona de declaró".
- "El juez así
mismo, deberá elaborar un acta donde consignará la percepción que tiene sobre
la versión que rinde el deponente, la valorará entonces, lo que permitirá en
caso de ser controvertida o de su eventual revisión en una instancia superior,
su posterior cotejo".
- "Finalmente,
puede afirmarse que las medidas contenidas en los artículos acusados, no
solamente corresponden a una manifestación de la solidaridad que el Estado debe
tener, tanto con sus servidores como son sus coasociados, que se erige como uno
de los objetivos del Estado social que la Carta consagra, sino que la misma
tiene un trasfondo de devolverle operatividad y por ende credibilidad a la
justicia".
Apunta el señor
Procurador que "Los planteamientos que preceden, aplicables igualmente a
los arts. 8o. 11o. y 272 no dejan duda de la exequibilidad de los artículos 158
y 293 del Código de Procedimiento Penal".
El Despacho del
señor Procurador General de la Nación, se detiene en el estudio de "otras
disposiciones", así:
- "El inciso
2o. del artículo 7o. del C. P. P. en su contenido parcial "salvo las
excepciones contempladas en este código", restringe de manera abierta el
postulado del contradictorio que se halla inmerso en el principio del derecho a
la defensa, que de manera expresa estatuye el artículo 29 de la Carta Política
al consagrar:
"Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido
por él... a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra..."
- "Es claro
entonces que la norma superior no hizo referencia a excepciones legales o a un
determinado estadio procesal, lo que con sana lógica obliga a concluir que
ampara a todos los procedimientos establecidos en el Decreto 2700 de l991
(C.P.P.), por cuanto el derecho a la defensa (principio de impugnación y
contradicción) debe tener aplicación en las diversas etapas del proceso,
inclusive desde el mismo instante en que surja la imputación en contra de
cualquier persona".
Concluye el jefe del
Ministerio Público afirmando que "Bajo este contexto resultan inexequibles
el inciso 2o. del artículo 7o. y los preceptos 242 y 352 del Estatuto
Procedimiento Penal".
En cuanto al
artículo 16, que trata sobre el principio de la doble instancia, manifiesta
que:
- "La norma
consagra la regla general de que toda providencia (auto interlocutorio) puede
ser apelada. La excepción está referida a los proceso de única instancia, cuyo
juzgamiento compete a la Corte Suprema de Justicia". En su sentir se trata
de un desarrollo de los tratados internacionales en que Colombia hace parte,
como para el caso lo son la ley 74 de 1968 (artículo 14.5) y la ley 16 de 1972 (artículo
8.2 literal h)). Finalmente, acerca de este tópico, apunta:
-
"Consideramos que la norma acusada no transgrede en modo alguno el
postulado de la doble instancia y con éste la norma superior... y en desarrollo
de esta consagración constitucional, aparece el artículo 16 del C.P.P. Lo que
busca el legislador en esta norma y con la excepción citada no es otra cosa que
salvaguardar el derecho a la defensa, situación que no se puede soslayar en los
procesos de única instancia de que conoce exclusivamente la Corte cuya
figuración colegiada por si misma garantiza la protección de los derechos
fundamentales o garantías judiciales de que goza el procesado".
En cuanto al artículo 161, referente a la
inexistencia de las diligencias, apunta el señor Procurador que el derecho a la
defensa debe estar garantizado, "desde el momento mismo en que nazca la
imputación de la comisión de un hecho punible" y agrega más adelante:
"Es por ello que el inciso 2o. del artículo 161 del C.P.P. quebranta
ostensiblemente el artículo 29 de nuestra Ley Fundamental, al estarle limitando
el derecho de ser asistido por su defensor de confianza o por uno de oficio al
capturarlo en flagrancia en su versión libre y espontánea". Afirmación que
sustenta el jefe del Ministerio Público en los siguientes argumentos:
-  "La palabra
"asistencia" significa también auxilio, y utilizada jurídicamente en
el artículo 29 implica siempre una labor de asesoramiento, necesidad ésta que
nace desde el mismo instante en que la persona es capturada en flagrancia o no,
por cuanto la intervención del defensor en estos primeros momentos tiene un
carácter específico de protección personal, atendida ésta como función
protectora de todos los derechos y garantías judiciales". Así se desprende
del contenido del artículo 29 superior "ya que el procesado debe tener la
oportunidad efectiva de hacer valer sus derechos a plenitud durante los
estadios pre y procesales".
-  "No hay que
olvidar que el art. 29 en su inciso final establece como nula de pleno derecho
la prueba obtenida con violación del debido proceso, cuyo concepto comprende
todas las garantías procesales como la del derecho a la defensa, es decir el
derecho a estar asistido por un abogado de su confianza o de oficio desde el
instante en que surja la imputación, vale decir desde el momento en que el
ciudadano es aprehendido en el estado jurídico de flagrancia, sinónimo de
"sindicado" que utiliza la Constitución en la estructuración del
debido proceso para garantizarlo".
En cuanto al
artículo 251, de la Contradicción, señala el Procurador General de la Nación:
-  "Son
inconstitucionales las expresiones "En los procesos de que conocen los
jueces regionales durante la investigación previa no habrá controversia
probatoria, pero quien haya rendido versión preliminar y su defensor, podrá
conocerlas. Por las mismas razones del artículo 7o., inciso 2o.".
-  "No está
llamado a prosperar el reparo respecto al artículo 304, numeral 1o., inciso 1o.
que dice: "Durante la instrucción no habrá lugar a nulidad por razón del
factor territorial", habida consideración de que la Fiscalía General de la
Nación, señalada por la Constitución como uno de los organismos encargados de
administrar justicia de manera permanente, es la competente para investigar y
presentar la acusación...  toda vez que el Fiscal General de la Nación podrá
desplazar a cualquiera de sus agentes cuando las circunstancias lo ameriten...
por lo tanto tiene plena competencia para instruir en cualquier parte del
territorio de la República".
En lo atinente a los
artículos 312 y 322, expresa el Despacho del señor Procurador General de la
Nación:
-  "El primero
es inconstitucional, por la libertad probatoria que se le asigna a los miembros
de la policía judicial, como si fueran funcionarios judiciales constituyéndose
esto en grave intromisión del ejecutivo en lo judicial. Quebranta el art. 32 de
la C.N. en la medida en que este no contempla casos distinto a la conducción,
por cualquier persona, ante la autoridad competente del aprehendido en situación
de flagrancia, y nada más".
-  "Por la
misma razón el artículo 322 resulta contrario a la Carta, al facultar a la
Policía Judicial a recibir la versión al capturado en flagrancia, cuando sólo
debe conducirlo ante el Juez, con el agravante de que se le restringe el
derecho a tener un defensor en caso contrario".
-  Por último, en lo
que respecta al artículo 323, considera el señor Procurador que "es
exequible en la medida en que quienes practican las pruebas en la etapa de
investigación previa lo hacen bajo la dirección del Fiscal".
Concluye el
Procurador solicitando a la Corte Constitucional hacer las siguientes
declaraciones en relación con el Decreto 2700 de 1991:
1. Son
INEXEQUIBLES  los artículos 7º, 161, 251, 321, 322, 342, 352,  en lo
acusado.
2. Son EXEQUIBLES
LOS ARTICULOS 8º, 11, 16, 66, 67,68, 69,71, 78, 86, 89, 96, 106, 118, 120, 121,
124, 126, 134, 156, 158, 206, 214, 218, 247, 272, 293, 304, 310, 323, 374, 386,
387, 388, 379, 409, 415, 542, y los preceptos 2º, 5º y 7º transitorios, también
en lo impugnado.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
Primera:    LA
COMPETENCIA Y LOS ESPECIALES REQUISITOS DE FORMA
Esta Corporación es
competente para conocer de las demandas de la referencia, en atención a que se
trata de disposiciones con fuerza de ley, expedidas por el Presidente de la
República en ejercicio de expresas facultades extraordinarias conferidas por el
literal a) del artículo transitorio 5o. de la Carta, para las que el artículo
transitorio 10o. de la misma codificación superior  estableció un régimen
especial que atribuye a la Corte Constitucional el conocimiento de los asuntos
de constitucionalidad relacionados con ellas.
En efecto, las
disposiciones acusadas y que forman parte del Decreto 2700 de 1991, "Por
el cual se expiden las normas del Procedimiento Penal", son producto
del ejercicio de las facultades extraordinarias de origen constituyente, según
lo señalado por el literal a) del artículo 5 transitorio de  la Carta.  Además,
se advierte que los decretos que resultan de las citadas facultades
extraordinarias, debían ser objeto del trámite de aprobación o improbación por
la Comisión Especial prevista por el artículo transitorio 6o. de la misma
Carta; igualmente debe señalarse que el término para el ejercicio de las
mencionadas facultades estuvo fijado según el artículo transitorio 9o. de la
Constitución para hasta el día en que se instalara el Congreso elegido el 27 de
octubre de 1991.
Como la disposición
Constitucional transitoria que encarga a esta Corporación de la competencia
para conocer de la constitucionalidad de los citados decretos no establece
distinción alguna en esta especial materia del ejercicio de las facultades
extraordinarias de origen constituyente, dicho control se debe verificar de
modo integral ante la nueva Carta Constitucional, que exige su examen tanto por
los especiales aspectos de forma que se advierten,  como  por los aspectos de
fondo que aparecen en el nuevo texto constitucional. Obviamente, el examen de
los requisitos de forma se verifica en esta Corporación frente a los especiales
requisitos que para el ejercicio de la mencionadas facultades estableció el
mismo Constituyente.
La "Comisión
Especial" prevista por  el artículo transitorio 8° de la Constitución
Política de 1991 fue creada por el artículo transitorio 6° de la misma Carta
Fundamental, en los siguientes términos:
Créase una Comisión
Especial de treinta seis miembros elegidos por cuociente electoral por la
Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de los cuales podrán ser
Delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y
entre el 18 de noviembre de 1991 y el de la instalación del nuevo Congreso. La
elección se realizará en sesión convocada para este efecto el 4 de julio de
1991.
"Esta Comisión
Especial tendrá las siguientes atribuciones:
"a) Improbar
por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de decreto
que prepare el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias
concedidas al Presidente de la república por el artículo anterior y en otras
disposiciones del presente Acto Constituyente, excepto los de nombramientos.
"Los artículos
improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno.
"b) Preparar
los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la
Constitución. La Comisión Especial podrá presentar dichos proyectos para que
sean debatidos y aprobados por el Congreso de la República.
"c) Reglamentar
su funcionamiento.
Asi las cosas, y en
ausencia de disposición expresa en contrario, el  control  de la
constitucionalidad de los decretos que expidió el Gobierno Nacional en
desarrollo de las atribuciones especiales que le fueron conferidas por el
artículo transitorio 5o. de la Constitución Política de 1991 corresponde a la
Corte Constitucional bajo el tramite que debe dársele a los restantes decretos
de facultades extraordinarias.
Por su parte, el
artículo 241 de la Carta, entrega a la Corte Constitucional las expresas y
precisas competencias para adelantar la guarda de la supremacía y la integridad
de la Constitución, las que naturalmente comprenden el examen de disposiciones
como las acusadas en las demandas que se resuelven.
Igualmente, de los
documentos que aparecen en el expediente, se tiene que las disposiciones que
son acusadas no fueron improbadas por la Comisión Especial; por tanto, por este
aspecto, no se encuentra vicio de constitucionalidad y así habrá de declararlo
la Corte Constitucional.  De otra parte el Decreto 2700 de 1991 fue expedido el
30 de noviembre de 1991 dentro del término previsto por el Constituyente como
límite temporal para el ejercicio de las precisas facultades conferidas y, por
este aspecto no se encuentra vicio de constitucionalidad alguno.
Segunda: EL
EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES ACUSADAS.
Del texto de las
demandas de la referencia se establece que las normas cuya constitucionalidad
se controvierte corresponden a los principios o normas rectoras, a la
jurisdicción y competencia, a los sujetos procesales, a las actuaciones
procesales, a las pruebas, a la ineficacia de los actos procesales, a la
investigación previa, a la instrucción, a la captura y medidas de aseguramiento
y a las relaciones con autoridades extranjeras de que trata el Código de
Procedimiento Penal.
a) La Cosa
Juzgada.( Arts. 158 y 293 Código de Procedimiento Penal)
En primer término
encuentra esta Corporación que en lo que se refiere al examen de la
constitucionalidad de los artículos 158 y 293 del Código de Procedimiento
Penal, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de adelantar su juicio y de
pronunciar fallo de mérito distinguido bajo el número C- 053 de 1993, en el que
declaró la conformidad de aquellos con la Carta y por ende su exequibilidad.
(M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo)
Dados los efectos de
la Cosa Juzgada constitucional que se producen con ocasión del pronunciamiento
definitivo de la Corte Constitucional, esta Corporación ordenará estarse a lo
resuelto en dicho pronunciamiento sobre los artículos 158 y 293 del Código de
Procedimiento Penal. En esta oportunidad han sido demandas nuevamente aquellas
disposiciones y lo que procede es acoger lo ordenado por aquella providencia.
b). El Derecho de
Contradicción de las Pruebas. (Arts. 7o. inciso segundo; 251; 272 y 342 del C.
P. P.)
Dentro de este
capítulo se analizan los artículos 7º, 251, 272 y 342, del Código de
Procedimiento Penal, relacionados todos ellos con el principio de contradicción
de la prueba, contenido como uno de los elementos del debido proceso consagrado
en el artículo 29 de la Constitución que dispone:
Art. 29. El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
... Quien sea
sindicado tiene derecho...a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; (negrillas no originales).
La veracidad de la
existencia de algo no concluye con la percepción del mismo; tan solo es el
inicio en la búsqueda de la verdad. Se requiere que exista un cuestionamiento
para que el hecho adquiera firmeza. Este proceso se da en todas las
manifestaciones del intelecto humano. La contradicción es la incompatibilidad
de dos proposiciones, que no pueden ser a la vez verdaderas, por cuanto una de
ellas afirma o niega lo mismo. Así, el principio de contradicción ha sido
definido por la doctrina como el fundamento lógico y metafísico que establece,
como uno de los criterios de la verdad, la imposibilidad absoluta de ser o no
ser algo al propio tiempo en el mismo lugar y con identidad completa de las
demás circunstancias. Constituye un elemento de interpretación jurídica.
A través de las
diferentes etapas del proceso penal, la prueba que se ha recogido no crea en el
juez la certeza o el convencimiento subjetivo sobre la existencia del hecho
punible o de la responsabilidad del sindicado. De allí que el artículo 247 del
Código de Procedimiento Penal exija, para poder dictar sentencia condenatoria,
que obre en el proceso la prueba que dé certeza sobre el hecho punible y
sobre la responsabilidad del procesado. La certeza sólo se logra mediante el
ejercicio del derecho de contradicción  como uno de los elementos del derecho
de defensa.
La violación del
principio de contradicción trae como consecuencia la nulidad de pleno derecho
de la prueba aportada y no controvertida. Esta presunción de derecho fue
dispuesta por el Constituyente como garantía del debido proceso, cuando en el
inciso final del artículo 29  consagró:
...Es nula de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
En materia penal el
proceso se desarrolla a través de las etapas de investigación previa,
instrucción y juzgamiento, y en las tres se aportan pruebas que deben ser
conocidas y controvertidas por los sujetos procesales.
En la determinación
de la responsabilidad sólo pueden considerarse las pruebas debidamente
aportadas al proceso y que hayan podido discutirse, nada distinto reza el
principio de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en
juicio.
Aunque la etapa de
la investigación previa es anterior a la existencia del proceso y tiene como
finalidad establecer si la investigación debe proseguir o no, es considerada
como especial y básica de la instrucción y del juicio. Por tal motivo, no
asiste razón que permita la limitación de la controversia probatoria en dicha
etapa. Por tanto el principio del debido proceso debe aplicarse en toda
actuación judicial.
Con el acatamiento
al principio de contradicción se cumple una función garantizadora que compensa
el poder punitivo del Estado en cabeza de los funcionarios judiciales, es
decir, actúa como un contrapeso obligatorio, respetuoso de los Derechos
Humanos, al permitir la intervención en cualquier diligencia de la que pueda
resultar prueba en contra del imputado, sindicado o procesado.
Así las cosas, los
cuatro artículos siguientes son parcialmente inexequibles, en la medida en que
consagran restricciones al principio de contradicción, así:
- En la parte final
del artículo 7º se establece "salvo las excepciones contempladas en este
Código", por lo que esta parte resulta contraria a lo dispuesto por el
artículo 29 de la Constitución Política.
En lo que hace a la
demanda contra la parte del inciso 2° del artículo 7o. que autoriza para
la etapa de la investigación previa la existencia de excepciones al
principio rector de la controversia probatoria y de la presentación de pruebas
durante todo el proceso, esta Corporación encuentra en primer término que en
verdad existe el vicio de constitucionalidad alegado por la demanda, ya que
esta etapa procesal aunque tiene como finalidad determinar si hay lugar o no al
ejercicio de la acción penal, y procura el adelantamiento de las medidas
necesarias tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho llegado al
conocimiento de las autoridades judiciales, si aquél está descrito en la ley
penal como punible, si la acción penal procede,  permite la práctica y recaudo
de pruebas indispensables relacionadas con la identidad o individualización de
los autores o participes del hecho o su responsabilidad.
En efecto, en dicha
etapa intervienen quienes ejercen funciones de policía judicial bajo la
dirección del fiscal, las unidades de fiscalía y el Ministerio Público, y
aunque no existe en verdad la figura jurídica del sindicado, para la que
la Constitución prevé un conjunto de reglas garantizadoras de los especiales
derechos fundamentales, propias del Debido Proceso Penal, que lo rodean de una
gama de instrumentos protectores suficientemente amplia que no puede ser
desconocida por la Ley, dentro de los cuales se encuentra el de la controversia
de la prueba, también es cierto que toda persona, incluso el imputado,
tiene derecho a su defensa. Esta comporta el derecho de controvertir las
pruebas que se vayan acumulando contra el imputado, incluso en la etapa de
investigación previa, puesto que el derecho de defensa es también indisponible
y fundamental. Este principio rector no puede ser objeto de regulaciones que lo
hagan impracticable, ni que desconozcan la finalidad del Constituyente de
rodear del máximo de garantías a la persona que resulta imputada de un posible
delito durante la etapa de investigación previa.
Además, debe tenerse
en cuenta que bajo las reglas de la nueva Constitución y del nuevo Código de
Procedimiento Penal, existe suficiente fundamento jurídico para considerar que
las actuaciones de la jurisdicción penal se encuadran dentro de un modelo
aproximado al del proceso acusatorio y que esto implica una nueva visión global
de las funciones de la Fiscalía General de la Nación y de sus agentes, así como
de los jueces penales, dentro de un marco técnico jurídico diverso del que
suponía la anterior configuración del proceso penal a la luz de la Carta de
1886 y sus reformas.
Obsérvese que lo que
se entiende por "controversia de la prueba" es la posibilidad que
tiene el sindicado o imputado de pronunciarse sobre el valor, el contenido y
los elementos internos y externos del material recaudado y con base en ello
sustentar la argumentación de la defensa. La distinción entre imputado y
sindicado es relievante desde el punto de vista constitucional para
muchos otros efectos jurídicos y su repercusión es amplia en el orden legal y
principalmente en el procedimiento penal; empero, de la interpretación del
artículo 29 de la Carta, se advierte con claridad que no es admisible el
establecimiento de excepciones al principio de la contradicción de la prueba
así en la etapa de investigación previa no exista sindicado de un posible
delito; no puede el legislador señalar, como lo hace en la disposición acusada,
que en la etapa de investigación previa, existan excepciones al
principio de la presentación y controversia de pruebas por el imputado, pues
éste también tiene derecho a su defensa y a controvertir las pruebas que se
vayan acumulando.
No pasa por alto la
Corte que en el desarrollo del derecho internacional humanitario y en los
instrumentos internacionales de los derechos humanos, se ha establecido esta
misma garantía como uno de los pilares fundamentales en la estrategia de
fortalecimiento, promoción, defensa y garantía específica de los derechos más
preciados, predicables de los hombres.
Así las cosas se
reitera que, a la luz de la Carta y de los presupuestos constitucionales del
debido proceso penal, no pueden consagrarse excepciones al principio de la
contradicción del material probatorio tal y como lo ordena el artículo 7o. del
C.P.P. en la parte acusada, en concordancia con la parte acusada del artículo
251 del mismo código, por lo cual habrá de declararse su inexequibilidad.
Además, una vez se
haya formulado acusación debe el proceso ser público y la defensa también podrá
controvertir plenamente y por todos los aspectos el material recaudado. Desde
luego, no sobra advertir que, en la etapa de juzgamiento que se inaugura con la
resolución acusatoria, deben quedar abiertas todas las posibilidades para la
controversia del material probatorio recaudado, sin que puedan establecerse
limitaciones como las que permiten las partes declaradas contrarias a la Carta.
El artículo 7º
quedaría entonces de la siguiente forma:
ARTICULO 7º.
Contradicción. En el desarrollo del proceso regirá el principio de
contradicción.
El imputado, durante
la investigación previa podrá presentar o controvertir pruebas.
- El artículo 251
contiene dos supuestos; en la primera parte se consagra la imposibilidad de la
controversia probatoria en la etapa de investigación previa para los procesos
de competencia de los jueces regionales. Las consideraciones sobre la primera
parte son las mismas que se han tenido en cuenta en relación con la inexequibilidad
del artículo 7º; por lo mismo resulta inexequible el artículo 251.
En la segunda parte
del artículo se hace referencia  a que tanto en la instrucción como en el
juzgamiento los sujetos procesales podrán solicitar pruebas y controvertirlas,
lo que resulta complementario del artículo 7º, en donde se consagra la petición
y la controversia de la prueba en la etapa de investigación previa.
El artículo 251
entonces quedará así:
ARTICULO 251.
Contradicción. En los procesos de que conocen los jueces regionales durante la
investigación previa, la instrucción y juzgamiento, los sujetos procesales
podrán solicitar pruebas y controvertirlas.
- El artículo 272 es
constitucional porque desarrolla la contradicción, pero la salvedad contenida
en el mismo es inconstitucional ya que consagra una excepción, aunque remita al
artículo 158 declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia de
dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres1 , porque una
cosa es garantizar la reserva de la identidad de los funcionarios para asegurar
su vida, y otra cosa es la reserva de la prueba en sí, en una de las etapas del
proceso.
En otras palabras,
una cosa es la persona y otra el documento. En este sentido, la sentencia C-053
de febrero  18 de 1993, de la Sala Plena de la Corte Constitucional,
estableció:
"...es evidente
que el sólo hecho de preverse el anonimato del juez o testigo  en
circunstancias tan especiales como las contempladas en los artículos subjudice
no representa en modo alguno la indefensión del sindicado ni cercena sus
oportunidades de contradicción y argumentación jurídica dentro del proceso, ni
recorta ni anula las enunciadas garantías procesales..."
Precisamente en
relación con el punto que ahora nos ocupa, el enunciado fallo hizo énfasis en
que la reserva en la identidad de los testigos -en este caso la de los peritos-
no afecta el derecho de defensa del procesado "mientras goce de todas las
posibilidades de controvertir las pruebas que se esgrimen en su contra y de
hacer valer aquellas que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del
derecho al debido proceso en lo relativo al régimen probatorio".
El artículo 272
entonces quedará así:
ARTICULO 272.
Comparecencia de los peritos a la audiencia. Los sujetos procesales podrán
solicitar al juez que haga comparecer a los peritos, para que conforme al
cuestionario previamente presentado, expliquen los dictámenes que hayan rendido
y respondan las preguntas que sean procedentes; el juez podrá ordenarlo
oficiosamente.
- Con los mismos
argumentos aquí esgrimidos, se declarará la inexequibilidad del inciso 2º del
artículo 342 con el siguiente fundamento: la parte inicial del artículo se
refiere a la reserva de las providencias mediante las cuales se disponen
diligencias como el allanamiento, registro, retención de correspondencia postal
o telegráfica o la intersección de comunicaciones telefónicas, cuando el
funcionario judicial considere que la publicidad de la decisión puede
interferir en el desarrollo de la respectiva diligencia. Ello es
constitucionalmente explícito, por disposición del artículo 15 inciso 2º de la
Constitución, para la correspondencia. Para el allanamiento el fundamento se
encuentra en el artículo 28 de la misma Codificación Superior. Ambas
disposiciones en último término buscan la eficacia consagrada en los artículos
2º y 209 de la Carta.
Cosa distinta es la
parte del artículo que se refiere a:
"Cuando se
trate de procesos de competencia de los jueces regionales se dará el mismo
tratamiento a aquellas pruebas que en virtud de solicitud de autoridad
extranjera, se deban mantener en reserva hasta tanto se formule la acusación
correspondiente".
Este inciso es
violatorio del principio de contradicción de la prueba, pues el interesado sólo
viene a conocerla posteriormente cuando ya ha concluido la oportunidad  para
controvertirla.
Por lo tanto el artículo
342 quedará de la siguiente forma:
ARTICULO 342.
Providencias reservadas. Las providencias motivadas mediante las cuales se
disponga el allanamiento y el registro, la retención de correspondencia postal
o telegráfica o la intersección de comunicaciones telegráficas no se darán a
conocer a las partes mientras el funcionario considere que ello puede
interferir en el desarrollo de la respectiva diligencia. Contra dichos autos no
procede recurso alguno.
c)  El Derecho de
Defensa Técnica. ( arts. 161 y 322 del C. P. P.)
El derecho de
defensa en el ámbito penal, relacionado con la necesidad de la "defensa
técnica", está consagrado así en el artículo 29 de la Constitución:
Art. 29. El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...
...Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento
(negrillas no originales).
Cuando la constitución
hace referencia al término toda debe ser entendido, sin exclusión -por
insignificante que ella sea-, de la actuación judicial en el ámbito penal. El
término "sindicado" debe entenderse como que en él también están
incluidos "imputados", "procesados" y aún
"condenados" , pues en toda la actuación procesal -previa,
instrucción, juzgamiento y ejecución de la pena-, como garantía mínima debe
prevalecer la asistencia del defensor en desarrollo del debido proceso. Estos
términos son además de creación legal, mientras que la Constitución Política se
refiere a toda persona durante toda actuación judicial de naturaleza penal.
Los artículos 161
y 322 del Código de Procedimiento Penal contienen una excepción a la
asistencia del defensor en la situación de flagrancia. Normas que son
contrarias a las disposiciones constitucionales que se mencionan en esta parte
de la providencia.
Por lo tanto, si la
Constitución Política no consagra restricción al derecho a una defensa técnica
en las diferentes etapas, y los artículos 161 y 322 acusados, si lo hacen para
los casos de flagrancia, tales normas son inconstitucionales.
Así pues, el derecho
de defensa técnica en lo que se relaciona con la asistencia del defensor en los
asuntos de carácter penal, no admite o no debe admitir restricción alguna. Para
que exista un proceso penal propio de un Estado de Derecho es indispensable la
protección del sindicado a través de un defensor, quien no sólo cumple esta
función sino otra también muy importante, colaborar en la investigación de la
verdad. Así, para el Constituyente es tan importante la defensa técnica, que se
constitucionalizó el defensor de oficio en el artículo 282.4 de la
Constitución, como una de las funciones del Defensor del Pueblo.
Si la razón es
practicar en forma inmediata las diligencias preliminares cuando se produzca
captura en flagrancia, debe garantizarse al imputado el mínimo de garantías a
pesar de la especial situación.
Así pues, los
artículos 161 y 322, quedarán así:
ARTICULO 161.
Inexistencia de las diligencias. Se consideran inexistentes para todos los
efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e
intervención del imputado sin su defensor.
Cuando el sindicado
esté en peligro inminente de muerte y sea necesario realizar diligencias con su
intervención puede omitirse la comunicación a su defensor y nombrar de oficio a
cualquier persona, dejando constancia de ello.
ARTICULO 322.
Versión del imputado en la investigación previa. Cuando lo considere necesario
el fiscal delegado o la Unidad de Fiscalía podrá recibir versión al imputado.
Quienes cumplen
funciones de policía judicial sólo podrán recibirle versión a la persona
capturada en flagrancia y al imputado que voluntariamente la solicite. La
versión tendrá que recibirse en presencia de su defensor. Siempre se advertirá
al imputado que no tiene la obligación de declarar contra sí mismo.
Sólo podrá recibirse
versión al imputado sin asistencia del defensor, en los mismos casos en que la
ley lo permita para la diligencia de indagatoria. La aceptación del hecho por
parte del imputado en la versión rendida ante el Fiscal delegado o Unidad de
Fiscalía dentro de la investigación previa, tendrá valor de confesión.
d) La Práctica de
Pruebas en la Investigación Previa.
- En este mismo
sentido la Corte encuentra que el artículo 323 del C. P. P. acusado y
que permite, durante la etapa de la investigación previa, la práctica de todas
las pruebas que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos,
no sufre vicio de constitucionalidad alguno que afecte su validez jurídica,
puesto que como se trata de despejar dudas sobre la procedencia de la apertura
de la investigación y de determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción
penal, bien pueden practicarse todas las pruebas enderezadas precisamente al
esclarecimiento de los hechos; dicha etapa se debe desarrollar mientras no
exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en
calidad de sindicado a una persona, y para ello resulta recomendable y
constitucional la autorización que confiere la ley para dicha situación
procesal.
e) La Reserva
dentro  del Proceso Penal.
-        En lo que
corresponde a la parte acusada del artículo 8o. del C. P. P. se  controvierte
la existencia de excepciones relacionadas con la reserva del sumario, en el
sentido de que, no obstante siendo la investigación abierta para los sujetos
procesales y el juicio público, es posible que se establezcan actuaciones
reservadas, como lo consagran los artículos 321, 331 y 342, los cuales, salvo
la parte de este último que se declara inexequible, también encuentran
fundamento constitucional en el artículo 228 de la Constitución, que permite a
la administración de justicia mantener bajo reserva determinadas actuaciones
judiciales que se surten dentro del proceso penal.
La Corte
Constitucional no encuentra vicio de inconstitucionalidad por lo que hace a la
parte acusada del artículo 8o., ya que la reserva de determinadas actuaciones judiciales
del proceso penal, redunda en algunos casos en el cabal ejercicio de tales
funciones, mucho más cuando el artículo 250 de la Carta impone a la Fiscalía
General de la Nación el deber de velar por la protección de las víctimas,
testigos o intervinientes y tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el
restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados
por el delito.
-        En este
mismo sentido esta Corporación encuentra que el artículo 11 en la parte
acusada halla fundamento constitucional en el citado artículo 250 de la
Carta, que autoriza a la Fiscalía General de la Nación para promover la
protección de testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Como se
observa, la parte acusada del artículo 11 encuentra un fundamento incontestable
en el citado artículo de la Carta del que es proyección textual.
f)  La Doble
Instancia en el Proceso Penal
-        En cuanto
al artículo 16 acusado se encuentra que la parte
controvertida es la que permite la existencia de excepciones al principio de la
doble instancia contra las providencias interlocutorias que se producen dentro
del proceso penal.
Advierte la Corte
que la Constitución establece el principio de la doble instancia como derecho
constitucional fundamental, y con carácter indisponible y obligatorio pero
referido sólo al caso de la sentencia condenatoria; esta observación se hace en
atención a los reiterados argumentos que formulan los actores.  Empero,
obsérvese que en el asunto que se examina no se trata de una disposición que
regule el régimen de la controversia o impugnación de las sentencias sino sólo
de los autos interlocutorios, lo cual es asunto bien diferente del planteado
por el actor y que compete a la ley, pudiendo ésta señalar su régimen general y
las excepciones que correspondan.
La Corte no
encuentra que exista obstáculo alguno de carácter constitucional, que impida al
Legislador proveer sobre la materia en ciertas hipótesis acerca de la
improcedencia de recursos contra providencias distintas a las sentencias
condenatorias; en este sentido se tiene en cuenta lo dispuesto por el citado
inciso cuarto del artículo 29 de la Carta, en concordancia con el inciso 1o.
del artículo 31 de la C.N., en la parte que indica que quien sea sindicado
tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho. Igualmente se señala que el Legislador no puede
ordenar la improcedencia de los recursos contra la sentencia condenatoria, ni
establecer excepciones al respecto, salvo el caso de los fueros especiales en
materia penal radicados en la Corte Suprema de Justicia por mandato
constitucional, ya que ésta es según definición de la propia Carta, el máximo
organismo de la Jurisdicción ordinaria.
g) La Estructura
de la Rama Judicial en Materia Penal.
-        En lo que
se relaciona con las acusaciones dirigidas contra las partes subrayadas de los artículos
66, 67, 68, 78, 86, 106, 118, 121 y 218, y contra los artículos 69 y 71 del
C. P. P., esta Corporación advierte que no asiste razón a los actores ya
que en aquellas disposiciones, se trata de la incorporación legislativa de la
estructura de la organización jurisdiccional especial existente con
anterioridad a la vigencia de la nueva Constitución que, por el contrario, con
fundamento en la voluntad del Constituyente y previa no improbación de la
Comisión Especial Legislativa, recibió fundamento jurídico suficiente para
conservar su vigencia.  Las normas acusadas y que se destacan en este acápite
en ningún modo comportan la modificación o alteración de la distribución y de
la división del territorio para efectos judiciales, ni la ubicación de los
despachos. El nuevo Código de Procedimiento Penal se contrae a adecuar a las
nuevas definiciones estructurales de la organización jurisdiccional de origen constitucional,
teniendo como base la anterior estructura correspondiente. No asiste razón a
los actores ya que tanto el Tribunal Nacional como los Jueces Regionales son
elementos de dicha estructura que debieron ser recogidos, al igual que los
restantes tribunales y juzgados del país que se ocupan de los asuntos del
procedimiento penal, para efectos de adecuar sus estructuras a los nuevos
conceptos constitucionales, relacionados con el funcionamiento de la Rama
Judicial. Las normas acusadas, y que se reseñan, se contraen específicamente a
señalar que el Tribunal Nacional y los Jueces Regionales existentes con
anterioridad a la expedición de este Código, ejercen funciones de juzgamiento,
mantienen una competencia específica, conocen de los cambios de radicación,
pueden tramitar impedimentos, forman parte de la estructura orgánica del poder
judicial y sus sentencias  pueden ser recurridas ante la Corte Suprema de
Justicia.
De otra parte, cabe
indicar que la competencia radicada en cabeza del Consejo Superior de la
Judicatura según lo dispuesto en el numeral 1o. del artículo 257 de la
Constitución, está condicionada en cuanto hace a su ejercicio a lo dispuesto
por la Ley, la que bien puede ser de las estatutarias consagrada por el literal
b) del artículo 152 de la Carta en su campo, o las ordinarias contentivas de
los Códigos, como es el caso de que se ocupa la Corte en esta oportunidad.
Obsérvese que el Decreto 2700 de 1991 es producto del ejercicio de especiales
facultades extraordinarias de origen constituyente, y como tal se encuentra
amparado de la dispensa constitucional correspondiente frente a lo dispuesto
por la prohibición expresa señalada por el inciso 3° del numeral 10 del
artículo 150 de la Carta.
h)  La Conexidad
de las Conductas y la Competencia de los Jueces regionales
-        En lo que
se refiere a lo dispuesto por las partes acusadas de los artículos 89 y
96 del C. P. P. referidas a la competencia por razón de la
conexidad entre hechos punibles, se observa que el estatuto procedimental penal
hace prevalecer la correspondiente al Juez Regional sobre la competencia de
cualquier otro funcionario judicial, y sobre la de otros jueces, para efectos
de acumular por aquella razón el conocimiento de los varios hechos punibles.
Se trata de permitir
que cuando exista conexidad entre hechos punibles sometidos al conocimiento de
jueces regionales y otros jueces, la competencia se radique en cabeza del
primero en todo caso, por el principio legal de la atracción.  Por estos
aspectos la Corte no encuentra reparo de carácter constitucional, ya que la
competencia radicada en cabeza de los jueces regionales no es en ningún caso
proveniente de una jurisdicción especial, sino simplemente la expresión
orgánica de la distribución de funciones en el interior de la Rama Judicial, en
razón de la materia y del objeto jurídico que persiguen las disposiciones
penales especiales. Obsérvese que la distribución de la competencia entre los
distintos Jueces de la República es una facultad propia del legislador, y
naturalmente ubicada dentro de las normas propias del ordenamiento
procedimental penal y que, además, la determinación de los modos de establecer
la conexidad para efectos de fijarla es un asunto que puede reflejar razones de
política criminal y de racionalidad instrumental y técnica, con base en
criterios funcionales propios de las estructuras judiciales existentes.
i) La Competencia
de los fiscales.
-        En cuanto
hace a lo dispuesto por el artículo 120 del C. P .P. que se acusa
en su integridad, y que señala las atribuciones de la Fiscalía General de la
Nación, esta Corporación no encuentra reparo alguno de carácter constitucional,
ya que evidentemente en la versión del artículo acusado, estas son señaladas de
modo tal que reproducen lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución
Nacional.
Con meridiana
claridad, resulta a todas luces evidente que el citado artículo 120 es
plenamente ajustado a la Constitución.  Igualmente en lo que se refiere al artículo
124 acusado del C. P. P. que establece las competencias de los fiscales
delegados ante el Tribunal Nacional, esta Corporación no encuentra reparo
alguno de constitucionalidad, ya que la existencia de dichos funcionarios tiene
fundamento constitucional según se desprende de lo dispuesto por los artículos
249 y 250 de la Constitución Nacional; además, las funciones señaladas en los
numerales 1o. a 5o. son funciones típicas que debe desempeñar la Fiscalía
General de la Nación a través de sus delegados y estas se ejercen ante un órgano
jurisdiccional que tiene fundamento y existencia legal antecedente.
Igualmente, estos
fundamentos constitucionales comprenden a lo dispuesto por el artículo
126 acusado, y que se refiere a las competencias de los fiscales
delegados ante los jueces regionales.
j) La
Participación del Ministerio Público
-        Sobre la
parte acusada del artículo 134 del C. P. P.,  y que hace
obligatoria la participación del agente del Ministerio Público cuando se trate
de investigaciones de hechos punibles de competencia de los jueces regionales,
esta Corporación no encuentra reparo alguno, ya que, por el contrario, la
vigilancia del Ministerio Público sobre las unidades investigativas conformadas
por las unidades de policía judicial, se constituye en una garantía preventiva
que asegura el celoso cuidado que cabe y la atención sobre las eventuales
extralimitaciones de dichos funcionarios.  Nada se opone en la Constitución a
que los agentes de la Procuraduría General de la Nación vigilen el cumplimiento
de la Constitución, de las leyes, de las decisiones judiciales y los actos
administrativos en dichos casos, para proteger los derechos humanos, así como
para asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad, el orden
jurídico y los derechos y garantías fundamentales.  En este sentido el artículo
277 de la Carta permite la existencia de dichos agentes y su presencia
obligatoria en las actuaciones de las unidades investigativas de policía
judicial.
k) Las Funciones
de la Policía Judicial.
-        En cuanto
hace a lo dispuesto por los artículos 310 y parágrafo y 312 del C. P.
P. en las partes acusadas, que atribuyen competencias y funciones
permanentes a las unidades de policía judicial, esta Corporación tampoco
encuentra reparo de constitucionalidad y, por el contrario, observa que
aquellas se ajustan a las previsiones de ésta, especialmente en lo dispuesto
por el artículo 113 de la Constitución Nacional, que establece el principio de
la separación de los órganos y ramas del poder público, pero impone el deber de
la colaboración armónica para la realización de los fines del Estado.
La noción de policía
judicial comprende específicamente la capacidad de cumplir funciones
enderezadas a satisfacer las necesidades instrumentales y técnicas de la
actividad de los funcionarios judiciales, quienes por distintas razones, que
corresponden a la naturaleza de su investidura y de su labor, no las pueden
atender directamente.  En este sentido se trata de determinar que autoridades
como la Policía Judicial de la Policía Nacional, el Departamento Administrativo
de Seguridad, la Procuraduría y Contraloría General de la Nación, las
autoridades de tránsito en asuntos de su competencia, los Alcaldes e
Inspectores de Policía, el Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación,
todos los servidores que integran las unidades de Fiscalía y los miembros de la
Policía Nacional en los territorios en donde no haya policía judicial
especializada, pueden colaborar bajo la coordinación de la Fiscalía General de
la Nación y de sus delegados, en el adelantamiento de las funciones
correspondientes a aquella noción.
Igualmente, para los
casos de flagrancia y en el lugar de los hechos, bien puede el legislador
habilitar a los servidores públicos que ejerzan funciones de policía judicial
para ordenar y practicar pruebas sin que se requiera providencia judicial
previa. Naturalmente, el marco de estas competencias corresponde a las
advertidas necesidades de la colaboración de los órganos del poder público en
la debida administración de justicia, con el propósito de perseguir a los
delincuentes, percatarse de los posibles hechos delictivos y disponer con sus
recursos las acciones enderezadas a garantizar la mejor acción de los fiscales
y de los jueces.
Ahora bien, dichos
funcionarios de policía judicial no podrán recibir la versión a la persona
capturada en flagrancia, ni al imputado que voluntariamente lo solicite sin la
presencia del defensor; esta versión debe recibirse, como lo advierte el
artículo 322 acusado parcialmente, de manera libre en el caso de la persona
capturada en flagrancia y de manera espontánea por el imputado que
voluntariamente lo solicite siempre que se encuentre presente su defensor.
Desde luego, cuando no se trate de casos de flagrancia, dicha versión tampoco
puede recibirse por quienes cumplen funciones de policía judicial sin la
presencia del defensor y, en todo caso, deberá advertírsele al imputado que se
encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 33, de la C.N. que establece
que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
Reitera la Corte que
el artículo 161 en la parte acusada, no se ajusta a la Constitución
Nacional en cuanto establece que la versión libre y espontánea que sea rendida
en caso de captura en flagrancia, puede adelantarse sin la presencia de abogado
defensor; a dicha conclusión se arriba con base en las advertencias que se
hacen sobre las garantías constitucionales de la presunción de inocencia, de la
no autoincriminación forzada, del principio de la legalidad de las actuaciones
de los funcionarios judiciales y de policía judicial, entre otras, las que
prevalecen de manera incuestionable en estas actuaciones.
l) La Reserva de
la Identidad de los Intervinientes
-        En lo que
se refiere a lo dispuesto por las partes acusadas de los  artículos 156,
247 y 272 con la consideración vertida más arriba, todos del Código de
Procedimiento Penal, y que regulan la reserva y protección de la identidad de
los intervinientes, de los funcionarios, de los peritos, de los testigos, lo
mismo que de algunas providencias, siempre que se trate de actuaciones en las
que intervengan el Tribunal Nacional, los jueces regionales o de fiscales que
actúen ante ellos, y de delitos que sean de la competencia de éstos, esta
Corporación no encuentra vicio de constitucionalidad, puesto que como bien
definido lo tiene la jurisprudencia nacional, tanto de la Corte Suprema de
Justicia como de esta Corte Constitucional, se trata de amparar la vida y la
integridad física de jueces, magistrados, colaboradores oficiales o técnicos y
de testigos y declarantes, que han sido objeto de constantes amenazas y de
frecuentes embates de las organizaciones criminales de terroristas y
narcotraficantes, poniendo en grave peligro la estabilidad institucional y el
propio orden social.
También cabe tener
en cuenta que las modernas y permanentes modalidades criminales, desarrolladas
en los últimos tiempos, han planteado serios retos a las tradicionales
concepciones de la doctrina del Derecho Penal y del procesalismo, lo que ha
conducido a rediseñar los esquemas de administración de justicia en el ámbito
penal con herramientas técnico-jurídicas suficientemente idóneas para hacerle
frente a la gravedad de aquellas.  No se trata propiamente de una respuesta
apenas transitoria en estos casos, sino de prever para ciertas modalidades
delictivas, herramientas jurídicamente válidas que permitan a los funcionarios
judiciales cumplir cabalmente sus compromisos con la ley.
Desde luego, dicho
replanteamiento presupone el celoso cuidado que exigen los derechos
fundamentales de las personas y es por ello que, sin atentar contra la dignidad
de la persona humana y de sus garantías constitucionales, se permite la
utilización de medios técnicos para la identificación de testigos y
funcionarios, bajo la vigilancia de la Fiscalía General de la Nación y del
Ministerio Público.
En lo que hace a las
pruebas periciales, se ha establecido por el  artículo 272 del C. P.
P.,  con las observaciones hechas más arriba, que también se puede proteger
la identidad del perito no obstante que el experticio se pueda controvertir
conforme a un cuestionario previamente presentado para que aquellos expliquen
los dictámenes que hayan rendido y respondan las preguntas que sean
procedentes.  En este sentido se reitera que se hace necesario garantizar la
vida e integridad física de dichos colaboradores de la justicia, y que en caso
de controvertirse el dictamen, el debate es y debe ser de carácter objetivo,
sin comprometer los elementos subjetivos de identidad de quien lo produce.
Sobre la identidad
del testigo, es claro que el juez y el fiscal tienen el deber de conocerla para
valorar la credibilidad del testimonio.  También es cierto que en estas
diligencias debe intervenir el Ministerio Público para certificar la
correspondencia entre la versión dada por el testigo y su identidad personal;
así, se procura que las circunstancias que permitan la identificación del
testigo queden cubiertas por la reserva,  para efectos de garantizarle su
seguridad.
No se trata, como lo
sostienen los actores, de la incorporación de la pretendida justicia secreta,
sino, simplemente, de recurrir a instrumentos técnicos de protección de la
identidad de los testigos y funcionarios, lo mismo que de las versiones y de
las pruebas para asegurar una cabal administración de justicia.  Tanto es así
que el inciso 2° del artículo 247 también acusado advierte que en
los procesos de que conocen los jueces regionales, no se podrá dictar sentencia
condenatoria que tenga como único fundamento el testimonio de una o varias
personas cuya identidad se hubiere reservado.
Se trata de expresiones
normativas fundadas en la idea de rodear de garantías y seguridades a los
jueces, funcionarios y empleados de la Rama Judicial del poder público, para
hacer efectivas sus decisiones, con miras a la necesidad de fortalecer la
acción de los organismos judiciales en las labores de investigación, acusación
y juzgamiento, en un ámbito especial de las modalidades criminales
contemporáneas, en la que están de por medio grandes poderes de organización y
financiación, que denotan propósitos conscientes de ataques sistemáticos a la
vida e integridad de los funcionarios judiciales y de sus familias, lo mismo
que a los testigos y colaboradores eficaces de la administración de justicia y
a los miembros de la fuerza pública, que colaboran en el ejercicio de las funciones
de policía judicial.
m)  La
Oportunidad de la Vinculación de los Imputados
-        En relación
con lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 352  del C. P.
P. acusado, que permite en los procesos de competencia de los jueces
regionales y cuando se trate de pluralidad de imputados, diferir la vinculación
de alguno de los implicados para el momento de la instrucción que se considere
más oportuno, de acuerdo a las necesidades de la investigación, cabe señalar
que se trata, en relación con el artículo 9o. de este mismo Código, de un
instrumento procesal enderezado a garantizar la efectividad del derecho
material y de los derechos de las personas que en el intervienen; por tanto, se
permite al fiscal señalar la oportunidad correspondiente para dicho fin de acuerdo
con el desarrollo de la investigación, y en la cual se procederá a recibir en
indagatoria al imputado, con el lleno de todas las garantías constitucionales.
No se trata de autorizar el desconocimiento de los términos constitucionales
previstos para regular el régimen de la libertad física y personal respecto de
aquellos contra quienes se adelante, diligencias judiciales que conduzcan a la
privación de su libertad; así, no se trata de desconocer dichos términos, sino,
más bien, de facilitarle al juez la posibilidad de señalar, sin privar de la
libertad, la oportunidad correspondiente a la recepción de la indagatoria.
Obviamente, los supuestos de esta hipótesis son bien claros, en cuanto exigen
la pluralidad de imputados y el desarrollo de la investigación previa, que
permitan determinar el grado de vinculación o la existencia de los hechos que
constituyen un posible delito.  Obsérvese, además, que el principio que rige
estas actuaciones está consagrado en el artículo 386 inciso 1o. del C.P.P., que
indica que la indagatoria deberá recibirse a la mayor brevedad posible, a más
tardar dentro de los tres días siguientes a aquel en que el capturado haya sido
puesto a disposición del Fiscal, duplicándose este término si hubieren más de
dos capturados en la misma actuación procesal; además, el artículo 387 señala
los términos para la definición de la situación jurídica que comporta la previa
recepción de la indagatoria.  En este sentido, para la Corte el inciso
segundo del artículo 352 del C.P.P. prevé la posibilidad de diferir la
recepción de la indagatoria siempre que no haya captura ni privación de la
libertad.
n) La
Colaboración de los Fiscales y su Competencia Territorial
Ahora bien, en lo
que hace a la acusación del inciso 2° del artículo 386 del C. P. P.,
se advierte que se trata de la autorización al Fiscal del lugar distinto al de
la sede del fiscal delegado, en los delitos de competencia de los jueces
regionales, para avocar la investigación e indagar a los imputados con el deber
de enviar las diligencias inmediatamente a la dirección de fiscalía
correspondiente. No se encuentra reparo alguno de constitucionalidad, puesto
que la Carta parte del supuesto según el cual los fiscales tienen competencia
en todo el territorio nacional, y bien puede la ley permitir que aún cuando
exista una organización interna de la fiscalía en razón de los delitos, todos
los fiscales puedan colaborar en la investigación previa y en la recepción de
la indagación de los imputados.  El reparo que se observa sobre esta parte del
artículo 386 parte de los mismos supuestos, según los cuales resultaría
inconstitucional la existencia de los jueces regionales, y consecuencialmente
la de las estructuras y competencias de las fiscalías delegadas que colaboran
con aquellos.
Tal como lo ha
definido esta Corporación, la existencia de dichas estructuras no resulta
inconstitucional y, por el contrario encuentra fundamento en la Carta hasta el
punto de permitir que el legislador establezca disposiciones como la acusada,
para la eficaz y racional actuación de los fiscales en su misión constitucional
de participar en el proceso de investigación de los delitos y de persecución de
los responsables.
o) Los términos
para resolver sobre la situación Jurídica de los Indagados
Cabe igual
observación sobre lo dispuesto por el inciso 4° del artículo 387 que se
acusa, en la parte que permite a los fiscales competentes, definir la situación
jurídica del indagado dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la
indagatoria, en el evento de que aquélla se hubiere recibido por un fiscal en
sede distinta, siempre que se trate de delitos de conocimiento de los jueces
regionales.
Esta disposición,
amplía los términos ordinarios para la definición de la situación jurídica y
toma como base la existencia de un elemento territorial, que impone distancias
físicas que ameritan un trato especial.  Ningún límite normativo expreso existe
en la Constitución para efectos de señalar legalmente la oportunidad de la
definición de la situación jurídica, puesto que se parte de la base según la
cual la indagatoria debe recibirse a la mayor brevedad posible, a más tardar
dentro de los tres días siguientes al momento en que el capturado haya sido
puesto a disposición del fiscal.  La misma Constitución autoriza al legislador,
en el inciso 2o. del artículo 28, para señalar el término para adoptar la
decisión que corresponda sobre la persona detenida, y puesta a disposición del
juez o fiscal. Obsérvese que el citado inciso del artículo 28 de la Carta señala:
"Artículo
28.  .......
"La persona
detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro
de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso
podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de
seguridad imprescriptibles."
La disposición
acusada expresa la decisión legislativa adoptada conforme a la voluntad del
Constituyente, al señalar los términos en los que procede la adopción de la
decisión correspondiente, para resolver la situación jurídica del indagado.
La Corte encuentra
que, aún cuando se trata de término diferente del ordinario predicado para la
misma hipótesis, pero en el caso de otros delitos distintos de los de
conocimiento de los jueces regionales, no existe violación al principio de la
igualdad invocado por el actor, ya que reconoce legalmente la existencia de
diferencias fundadas en la modalidad criminal, y adoptadas por la gravedad de
los hechos que se investigan y juzgan y que imponen, según el juicio racional
del legislador, establecer el trato señalado atendiendo los altos fines de la
justicia.
La Corte observa que
las disposiciones de la Carta no habilitan para que el legislador se abstenga
de señalar los términos precisos dentro de los cuales se adopte la decisión
judicial correspondiente a la definición de la situación jurídica del indagado,
ni para señalar términos irracionales o desproporcionados.  Lo cierto es que en
todo caso el legislador debe señalar aquellos términos teniendo en cuenta la
prevalencia de los derechos fundamentales y las distintas modalidades
delictivas y los instrumentos procesales y judiciales existentes.
p) Las Medidas de
Aseguramiento
Por lo que
corresponde a la acusación que se dirige contra lo dispuesto por el inciso
2° del artículo 388 y por el numeral 1° del artículo 397 del C. P. P., sobre
la medida de aseguramiento conocida como la "detención preventiva",
esta Corporación no encuentra vicio de constitucionalidad alguno, ya que se
trata en primer lugar de una herramienta jurídica natural, propia de las
actuaciones del procedimiento penal, que permite al funcionario judicial,
dentro de los términos racionales que establezca la ley, adoptar la decisión correspondiente
sobre la persona vinculada al proceso.  No encuentra la Corte violación al
artículo 28 de la Carta, ni al principio de igualdad establecido en el artículo
13 de la misma codificación, y más bien advierte que se trata del natural
ejercicio de las competencias legislativas en materia del procedimiento penal,
en el que esta involucrado el conjunto de reflexiones jurídicas y de política
criminal, que toma en cuenta las especiales modalidades delictivas, propias de
las competencias de los jueces regionales y que exigen un mayor celo
procedimental.
Desde luego,
repárese en el conjunto general de las distinciones que sobre estas materias
abundan en el estatuto procedimental penal, y que son una práctica
institucional y legislativa, que comprende juicios racionales enderezados a
proveer soluciones procedimentales ante las distintas conductas contra el orden
jurídico penal.
Iguales reflexiones
caben sobre las partes acusadas de los artículos 374 y 399 que
distinguen, en materia de la detención judicialmente ordenada sobre los
servidores públicos, ya que para los delitos de competencia de los jueces
regionales, no es necesario solicitar la suspensión de aquellos para hacerla
efectiva, y esta es procedente en todos los casos correspondientes.
Se trata de una
simple distinción de origen legal, que no encuentra límite en precepto
constitucional alguno, y que, por el contrario, se fundamenta en las
competencias de que están rodeados los funcionarios judiciales dentro del marco
del Estado de Derecho.  Adviértase que no se trata del caso de los servidores
públicos para los que la Carta prevé un fuero especial, y sobre los cuales la
Constitución y la Ley han  establecido las previsiones correspondientes.
Debe considerarse
que en la idea del legislador se encuentra el juicio racional, que indica que
es más dañina la vinculación delictiva de funcionarios públicos a las
especiales modalidades criminosas de que conocen los jueces regionales y los
fiscales delegados, que la que se presenta ante los demás delitos, puesto que
aquellos eventos han mostrado mayor impacto en la estabilidad del orden social,
y sus efectos han sido más perjudiciales, todo lo cual amerita una más dinámica
actuación de los funcionarios judiciales en procura de la persecución del
delito.
Igualmente estas
observaciones son predicables de la parte acusada del numeral 3 del artículo
409 y de la parte acusada del numeral 3 del 415, en cuanto se ordena que la
"libertad provisional" para el caso de los delitos de competencia de
los jueces regionales sólo procederá efectivamente cuando la providencia se
encuentre en firme y que el beneficio de la "detención parcial en el lugar
de trabajo o en el domicilio" no es procedente en ningún caso de los
delitos de competencia de los jueces regionales.
Estas son medidas
que también atienden a las modalidades criminales de que se ocupan dichos
jueces y que tiene en cuenta las reiteradas acciones de amenaza y de acoso
físico o moral a que se han visto abocados los funcionarios judiciales
correspondientes y, además, recoge la experiencia nacional sobre fuga de
presos.  Aquellas disposiciones no desconocen norma constitucional alguna ya
que se prevé en la ley para ser adoptada por los jueces dentro de los términos
correspondientes a las actuaciones judiciales y, aún cuando es diferente de la
tramitación ordinaria, su adopción no escapa a las naturales competencias
judiciales.
q) Las
Providencias Obligatoriamente Consultables
Estas
consideraciones comprenden igualmente lo dispuesto por el artículo 206
del C. P. P. acusado, que establece el catálogo de las providencias
consultables obligatoriamente en los delitos de conocimiento de los fiscales y
jueces regionales; en efecto, este último artículo establece que son
consultables obligatoriamente, siempre y cuando no se interponga recurso alguno
en los procesos por dichos delitos, las providencias que ordenan la cesación de
procedimiento, la preclusión de la investigación, la devolución de bienes
presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible, o el objeto
material del mismo y las sentencias.  Se trata de distinciones propias del
procedimiento penal ante determinado tipo de delitos, que exigen mayor celo y
cuidado del Estado, y que impone controles dentro de la Rama Judicial, para
efectos de que ésta no sucumba ante la amenaza y la agresión probables y los
cuales la experiencia ha destacado como de alto riesgo.
Se establecen
controles en verdad rígidos, que corresponden a la contemporánea expresión de
las herramientas que reclama el fortalecimiento de la justicia. Esta distinción
aparece recogida igualmente por el parágrafo del citado artículo 415
del C. p. p., en cuanto contrae los casos en que procede la libertad
provisional para los delitos de competencia de los jueces regionales y
duplica en unos eventos los términos en los que aquella procede. Observa la
Corte que es de competencia del legislador señalar en abstracto y de manera
general, las hipótesis o el lapso de tiempo que deben correr para conceder el
beneficio previo de la libertad provisional, para un sujeto sometido a las
actuaciones judiciales de carácter penal.
Al respecto
considera esta Corporación, que no asiste razón al demandante, ya que dentro de
las mencionadas competencias punitivas y represoras del Estado en materia de
conductas delictivas, bien puede el legislador establecer medidas como las
acusadas, en las que evidentemente se prevén mecanismos restrictivos y
diferenciadores,  dadas las condiciones propias de la modalidad criminal que se
persigue reprimir, siendo del resorte exclusivo de este órgano señalar las
medidas que, con fundamento en la política criminal adoptada pueda establecer
bajo el marco de la Constitución; así, corresponde al legislador decidir sobre
las competencias judiciales con carácter de generalidad, pero bien puede
distinguir en estas materias, las situaciones en las que cabe un trato más
rígido, y otras en las que pueda darse un trato flexible, atendiendo a razones
de sana conveniencia y de juiciosa consideración sobre las situaciones
delictivas, que afectan a la sociedad en sus bienes jurídicos.
Por dicha razón
normativa de origen constitucional, el legislador, en otros ámbitos, como los
de las conductas delictivas de competencia de la justicia ordinaria, ha
establecido otras causales de procedencia de la libertad provisional, sin que
esta situación enerve la posibilidad del establecimiento de reglas como las
específicamente previstas en las normas que se examinan, y cuya
constitucionalidad se declara por esta providencia.
r) La Audiencia
Pública
Sobre el artículo
214 del C. P. P., esta Corporación encuentra que tampoco existe vicio
constitucional alguno, por cuanto es de competencia del legislador el
establecimiento de los eventos en que procede la celebración de la audiencia
pública, que es una de las ritualidades que bien puede establecerse o nó, sin
que ello signifique que la etapa de juzgamiento deje de ser pública.
La audiencia pública
es, en líneas generales, la posibilidad eventual de expresar oralmente ante el
juez y las restantes partes procesales, la argumentación de cada una de éstas y
corresponde a una de las técnicas que se pueden utilizar dentro del proceso
cuando por razones de política criminal, se haga necesario reforzar el trámite
oral.
La Corte estima que,
no obstante que la audiencia pública en materia de juzgamiento de las conductas
punibles haya sido una práctica legal y judicial de suma importancia para el
debate sobre la responsabilidad de las personas procesadas, no es en verdad un
instituto de rango constitucional, que obligue a su consagración para todos los
tipos de procesos, como lo pretenden los actores; por el contrario, se trata de
una etapa procedimental que, en algunos eventos, puede hipotéticamente
contribuir al mejor ejercicio de las labores de defensa y de controversia de
las acusaciones y de las pruebas, lo mismo que de la fundamentación de la
resolución acusatoria, que califique los hechos y la conducta, lo cual no
significa que sea necesario y obligatorio en todos los casos su realización
dentro de los mandatos constitucionales.
Es cierto que la
audiencia pública permite al juez oír y presenciar, en igualdad de condiciones,
las argumentaciones formuladas por los sujetos procesales, y le garantiza a
éstos una relación de inmediatez con las versiones orales de los llamados a
participar en el debate judicial.  Empero, aquella no es un presupuesto
absoluto e indisponible para el legislador, el cual, dentro de la política
criminal y previendo los instrumentos procedimentales que correspondan para
señalar el cabal ejercicio de la función judicial, y el fin constitucional y
legal de administrar justicia, puede establecerla o no.
Desde otro punto de
vista y por razones de coherencia y sistematicidad de la legislación especial a
la que pertenece la norma acusada, nada más procedente que no consagrarla como
un instrumento dentro de las actuaciones que correspondan, ya que, de lo que se
trata entre otras  cosas, es de asegurar la identidad del juez y precaver que,
en el ejercicio de su función, no sea sujeto de amenazas e intimidaciones que
pueden presentarse aún antes, dentro y después de verificada dicha actuación.
El ideal de una justicia
civilizada en los tiempos que corren en el mundo contemporáneo, es el de
asegurarle al juez plena autonomía e independencia, acompasada con un haz de
herramientas idóneas que le permitan ejercer su función, para que la justicia
sea expresión objetiva de acierto dentro de los cometidos de la Constitución y
de la Ley; por tanto, existiendo razones como las que actualmente existen, bien
puede el legislador suprimir esta etapa física, que es de debate y de
confrontación dialéctica sobre el material probatorio y sobre la interpretación
de la ley, sin dejar de asegurar, claro está, el derecho constitucional
fundamental a la defensa y a la contradicción y sin olvidar ni desconocer los
presupuestos constitucionales del debido proceso penal, como son la presunción
de inocencia y el derecho de ser oído y vencido en juicio.
Encuentra la Corte
que, en la legislación especial que regula los procedimientos aplicables para
los delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales, dichas
garantías están aseguradas al permitirse la contradicción y los alegatos por
escrito de las partes procesales; igualmente está garantizado el derecho a
pedir pruebas en todo momento, incluso en la etapa de investigación previa y a
controvertirlas en las varias etapas del proceso, así como el de la posibilidad
de plantear nulidades y obtener su resolución, al igual que el derecho a que el
superior revise la actuación surtida, sea por consulta o en ejercicio de los
recursos correspondientes. Así pues, el inciso segundo del numeral 3o. del
artículo 415 que se acusa, será declarado exequible.
Es de competencia
del legislador establecer por vía general y en abstracto, en cuáles hipótesis
procede y en cuáles no, sin que exista una disposición constitucional que
obligue a que esta deba hacerse siempre o en algún tipo de proceso penal.  La
falta de audiencia pública para los delitos de competencia del Tribunal
Nacional y de los Jueces Regionales, no desconoce el principio de la igualdad
ni las correspondientes normas constitucionales, ya que en todos los casos en
que se presenten los delitos a que se hace referencia, dicha audiencia no podrá
practicarse.
s) Las Garantías
Especiales en Materia de Testimonio y de Identidad Reservada
En relación a lo
dispuesto por el inciso 2° del artículo 247 del
C. P. P. acusado, que establece que, en los procesos de que conocen los
jueces regionales, no se podrá dictar sentencia condenatoria que tenga como
único fundamento uno o varios testimonios de personas cuya identidad se hubiere
reservado, la Corte no encuentra fundamento para declarar la
inconstitucionalidad demandada, ya que, como se ha advertido, la existencia de
los jueces regionales obedece a previas disposiciones de carácter legal, que
determinaron su creación sin comportar violación alguna a la estructura
orgánica de la Rama Judicial del Poder, y, de otra parte porque también es de
competencia del Legislador en materia del procedimiento penal, señalar el valor
legal de las pruebas en general y su capacidad para motivar la decisión condenatoria.
La disposición acusada constituye una garantía de origen legal en favor de los
sindicados de los delitos de que conocen los jueces regionales, que redunda en
bien del diseño jurídico del procedimiento a seguir sobre aquellas personas.
Basta observar que, en relación con los procedimientos para dichos delitos,
existen algunas diferencias que es necesario compensar, en favor de los
sindicados con garantías similares a las que se examinan.
t) La Procedencia
de las Nulidades por el Factor Territorial
En cuanto hace a lo
dispuesto por el inciso 2° del numeral 1o. del artículo 304 del
C. P. P. que establece que durante la instrucción no habrá lugar a nulidad
por el factor territorial, esta Corporación estima que no existe violación
alguna a las normas constitucionales, ya que se hace referencia a la etapa de
instrucción en la que por principio básico actúa la Fiscalía General de la
Nación, que como se ha visto, tiene competencia en todo el territorio, según lo
dispuesto por el artículo 250 de la Constitución Nacional, lo que presupone que
si son los funcionarios de la Fiscalía quienes adelantan la instrucción, no
habrá lugar a violación constitucional alguna, ni mucho menos nulidad procesal,
siempre que lo ordene el legislador, como en efecto lo hace, a través de la
disposición acusada.
u) La Solicitud
de Pruebas a Otros Países
En lo que se refiere
al inciso 2o. del artículo 542 del C. P. P. que se acusa, y que
establece que la Fiscalía General de la Nación podrá exhortar directamente a
los países extranjeros para solicitar informes sobre las actuaciones procesales
en curso contra el imputado, y por la existencia de las pruebas que puedan ser
aportadas a la investigación, sin la intervención del Ministerio de Relaciones
Exteriores, esta Corporación tampoco encuentra vicio de constitucionalidad
alguno, y, por el contrario halla fundamento suficiente para dicha competencia
en el numeral 5o. del artículo 250 de la Constitución Nacional, que permite a
la Ley señalarle las funciones que correspondan a la Fiscalía General de la
Nación.
Téngase en cuenta
que corresponde a dicho órgano la función de investigar los delitos y acusar a
los presuntos infractores, todo lo cual permite, de conformidad con los
acuerdos internacionales sobre colaboración de jueces y de intercambio de
pruebas, atribuirle a dicho organismo la competencia especial para cuando se
trate de delitos de conocimiento de los jueces regionales.  Obsérvese, además,
que las modalidades criminales de que se ocupan dichos jueces adquieren
contemporáneamente dimensiones internacionales y que dicha circunstancia ha
movido a los distintos Estados a estrechar lazos de colaboración en materia de
intercambio de pruebas y de informes para efectos de la persecución de dichos
delitos.
v) Las Normas
Transitorias del Código de Procedimiento Penal
Por último, en lo
que hace a las normas transitorias también acusadas se encuentra que el artículo
2o. que se refiere a la temporalidad de la vigencia de la competencia
de los Jueces Regionales y del Tribunal Nacional, encuentra asidero y
fundamento constitucional en las facultades extraordinarias de origen
constituyente, para expedir las normas del procedimiento penal.
Igualmente, la
integración a la jurisdicción ordinaria de la antigua jurisdicción de orden
público, comporta apenas una modificación en la denominación de los despachos y
en los cargos, sin que exista variación sobre los hechos punibles de que
conocen o han venido conociendo.  Todo lo anterior se hace con base en los
decretos convertidos en legislación permanente, de conformidad con las
autorizaciones dadas por el Constituyente, previa intervención de la Comisión
Especial Legislativa. Los artículos 5o, y 7o. transitorios son
expresión de la necesaria adecuación que debía hacerse de la organización existente
de Jueces y Oficinas de Instrucción de Criminal del Cuerpo Técnico de la
Policía Judicial, de la Dirección de Medicina Legal y otros a la nueva
configuración de la Rama Judicial del poder público, que tiene como pilar
básico para las etapas de instrucción e investigación, así como para la
acusación, a la Fiscalía General.  En este sentido tampoco se encuentra reparo
de constitucionalidad alguno y habrá de declararse su constitucionalidad.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional actuando en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- Declarar EXEQUIBLES las partes acusadas de
los artículos 8º, 11, 16, 66, 67, 68; los artículos 69, 71; las partes acusadas
de los artículos 78, 86, 89, 96, 106 y 118; el artículo 120; la parte acusada
del artículo 121; los artículos 124 y 126; el último inciso del artículo 134;
la parte acusada del artículo 156; el artículo 206; el último inciso del
artículo 214; la parte acusada del artículo 218; el último inciso del artículo
247; el inciso 2º del numeral 1º del artículo 304; los artículos 310 y 312; el
artículo 323; los últimos incisos de los artículos 352, 374, 386, 387 y 388; el
numeral 1º del artículo 397; el último inciso del artículo 399; el inciso 2º
del artículo 409; el inciso 2º del numeral 3º y Parágrafo del artículo 415; el
último inciso del artículo 542; los artículos 2º y 5º y la parte acusada del
artículo 7º transitorios, todos del Decreto Ley 2700 de 30 de noviembre de
1.991 "por el cual se expiden las normas de procedimiento penal", en
la forma como aparecen transcritos y subrayados en el numeral II, de esta
Sentencia.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES las siguientes
expresiones de los artículos 7º, 161, 251, 272, 322 y 342 del Decreto 2700 de 1.991,
así:
a) Del artículo 7º:
"salvo las excepciones contempladas en este Código".
b) Del artículo 161:
"Se exceptúa el caso de la versión libre y espontánea que sea rendida
cuando se produzca captura en flagrancia".
c) Del artículo 251:
"no habrá controversia probatoria pero quien haya rendido versión
preliminar y su defensor, podrán conocerlas".
d) Del artículo 272:
"Salvo lo previsto en el artículo 158 de este Código".
e) Del artículo 322:
"Cuando no se trate de flagrancia".
f) Del artículo 342:
"Cuando se trate de procesos de competencia de los jueces regionales se
dará el mismo tratamiento a aquellas pruebas que en virtud de solicitud de
autoridad extranjera, se deban mantener en reserva hasta tanto se formule la
acusación correspondiente".
TERCERO.- ESTESE A
LO DISPUESTO en la Sentencia C-053 de 1.993 de la Sala Plena de la Corte
Constitucional, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y
tres, en lo relacionado con la exequibilidad de los artículos 158 y 293 del
Decreto 2700 de 1.991.
Cópiese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Presidente
JORGE ARANGO
MEJIA                  ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado                               Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                 CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado                               Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO                 FABIO MORON DIAZ
Magistrado                                 Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia No. C-150/93
RESERVA DE
IDENTIDAD (Aclaración de
voto)
La
constitucionalidad de la reserva sobre la identidad de jueces y testigos está
supeditada a que no se sacrifique ni disminuya el derecho de defensa de la
persona sobre cuya responsabilidad penal se habrá de decidir.
PRUEBAS/PRINCIPIO
DE CONTRADICCION
(Aclaración de voto)
Aunque las dos
disposiciones tienen en común la inexistencia de debate probatorio durante la
investigación, en una de ellas -declarada exequible- se establece de manera
expresa que tal debate habrá de llevarse a cabo, de todas maneras, durante la
etapa del juicio, lo cual significa que no se excluye la controversia y, por el
contrario, se establece de modo imperativo, garantizando a plenitud el derecho
de defensa del sindicado, al paso que el precepto ahora declarado inexequible
simplemente prohibe el debate probatorio en la etapa de investigación previa
sin reponerla en la etapa del juicio, es decir, la excluye de modo terminante
si se tienen en cuenta las demás normas relativas al trámite procesal
posterior. Ello riñe abiertamente con la Carta, toda vez que elimina una de las
más valiosas garantías del debido proceso.
Abril 22 de 1993
Expedientes D-165
y D-169
Demanda de
inconstitucionalidad contra normas del Decreto 2700 de 1991, "Por el cual
se expiden normas de Procedimiento Penal".
Magistrado
Ponente
Dr. FABIO MORON
DIAZ
Santafe de Bogotá,
D.C., 22 de abril de 1993.
En relación con el
asunto de la referencia, el suscrito Magistrado se permite aclarar el voto en
los siguientes sentidos:
1. La Corte
Constitucional declaró exequibles los artículos 158 y 293 del Decreto 2700 de
1991 (Código de Procedimiento Penal), el mismo estatuto que ahora nos ocupa,
mediante las cuales se dictaron normas encaminadas a la protección de jueces y
testigos tratándose de delitos de competencia de los jueces regionales, cuando
existan graves peligros  contra la vida o la  integridad personal de  aquellos
(Sala Plena. Sentencia No. C-053/93, febrero 18 del presente año).
Ahora declara
parcialmente inexequibles algunas normas del Código en cuanto considera que
lesionan abiertamente el artículo 29 de la Constitución Política por hacer
nugatorio el derecho de los imputados o sindicados, al impedir que las pruebas
aportadas en su contra sean controvertidas.
He votado
favorablemente tanto la segunda como la primera decisión - de la cual fuí
ponente-, tomando en consideración el razonamiento según el cual, como ya se
advirtió en la mencionada sentencia, la identidad de los jueces y testigos no
tiene que ser necesariamente conocida por el sindicado para garantizar su
defensa, "...mientras goce de todas las posibilidades de
controvertir las pruebas que se esgrimen en su contra y de hacer valer aquellas
que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido
proceso en lo relativo al régimen probatorio" (subrayo).
En otros términos,
la constitucionalidad de la reserva sobre la identidad de jueces y testigos
está supeditada a que no se sacrifique ni disminuya el derecho de defensa de la
persona sobre cuya responsabilidad penal se habrá de decidir.
2. En el mismo
sentido debe entenderse la posición de esta Corte cuando se trata de la
decisión que se adopta mediante la presente sentencia en relación con parte del
artículo 251 del Decreto 2700 de 1991, a cuyo tenor "...durante la
investigación previa no habrá controversia probatoria...".
La Corte declaró
exequible, mediante sentencia No. C-093/93 del 27 de febrero de 1993, el primer
inciso del artículo 20 del Decreto 099 de 1991, que dice: "La controversia
del material probatorio se adelantará durante la etapa del juicio".
Como puede
observarse, aunque las dos disposiciones tienen en común la inexistencia de
debate probatorio durante la investigación, en una de ellas -declarada
exequible- se establece de manera expresa que tal debate habrá de llevarse a
cabo, de todas maneras, durante la etapa del juicio, lo cual significa que no
se excluye la controversia y, por el contrario, se establece de modo
imperativo, garantizando a plenitud el derecho de defensa del sindicado, al
paso que el precepto ahora declarado inexequible simplemente prohibe el debate
probatorio en la etapa de investigación previa sin reponerla en la etapa del
juicio, es decir, la excluye de modo terminante si se tienen en cuenta las
demás normas relativas al trámite procesal posterior. Ello riñe abiertamente
con la Carta (artículo 29), toda vez que elimina una de las más valiosas
garantías del debido proceso.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Salvamento
Parcial a la Sentencia No. C-150/93
PRUEBAS/PRINCIPIO
DE CONTRADICCION (Salvamento
de voto)
Las normas que
señalaban que durante la etapa de investigación previa no habría controversia
de las pruebas, resultaban conformes con la Carta si se examinaban, como debía
hacerse, las restantes partes del mismo Código en las que se admite la
oportunidad de la controversia, en cualquiera otro momento del proceso en el
que hubiese sindicado o imputado.
DERECHO DE
DEFENSA TECNICA/VERSION LIBRE SIN DEFENSOR (Salvamento de voto)
En el fallo se dejan de tener en cuenta los alcances del derecho de
defensa técnica y de las competencias de la Fiscalía, así como las reglas de la
sana crítica para efectos del adelantamiento del proceso penal. Empero el
malestar que suscitan aquellas excepcionales violaciones de los derechos
humanos y de los derechos fundamentales, censurables y reprochables desde
cualquier orden racional y jurídico, no conducía a la invalidez constitucional
del instrumento legal de la recepción de la versión libre y espontánea en caso
de flagrancia con las advertencias constitucionales y legales y su puesta en
conocimiento al capturado. Si la versión del capturado no imputado aún, hubiere
sido forzada y obtenida con  violación de cualquiera de las garantías
constitucionales, entonces hubiere sido nula de pleno derecho.
REF.  D-165  D-169
El suscrito
Magistrado, respetuosamente disiento parcialmente de algunas consideraciones y
de la decisión de la sentencia por virtud de la cual la Sala Plena de la
Honorable Corte declaró la inexequibilidad de las expresiones demandadas de los
artículos 7o., 161, 251, 272, 322 y 342 del Código de Procedimiento Penal (Dto.
2700 de 1991), luego de haber aprobado como exequible la mayor parte de las
disposiciones de ese Estatuto.
Las razones que me
llevan a separarme de la parte señalada de la sentencia son las siguientes:
a)      Sobre el
derecho de contradicción de las pruebas o de su reserva temporal a que se
refieren las partes acusadas de los artículos 7o. inciso segundo; 251; 272 Y
342 del Código  de Procedimiento Penal, encuentro que  existe suficiente
fundamento constitucional para la declaratoria de su exequibilidad, tal y como
lo proponía la ponencia inicial. En efecto, durante la etapa de investigación
previa no existe sindicado y, en algunos casos, ni siquiera imputado y lo que
se busca, al regular su desarrollo, es permitir que el Fiscal determine
científicamente y de conformidad con la ley, si hay lugar o no al ejercicio de
la acción penal, y que adelante las medidas necesarias para determinar si ha
ocurrido el hecho  llegado al conocimiento de las autoridades, si aquel está
descrito en la ley penal como punible y si la acción penal procede; además, se
permite la práctica y el recaudo indispensable de las pruebas relacionadas con
la identidad o individualización de los actores o partícipes del hecho o de su
actuación, sin que exista sindicado alguno vinculado formalmente a la misma y sin
que haya aún acusación o juicio que adelantar.
En mi opinión, la
Carta de 1991 permite  al legislador señalar, antes de que exista sindicado
vinculado formalmente al proceso, en que casos procede la controversia del
material recaudado.  No nos asiste duda al respecto, mucho más teniendo en
cuenta lo dispuesto por los  artículos 29 y 228 de la Carta en las partes que
señalan que quien sea sindicado tiene derecho a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra (art. 29 C.N.), y que las
actuaciones serán públicas "con las excepciones que establezca la
ley..." (art. 228).  Lo anterior significa que la ley bien puede disponer
que la oportunidad de la controversia del material probatorio se surta en
etapas posteriores a aquella de la investigación previa y en las que se deben
prever todas las garantías en favor del debido debate probatorio y del derecho
de defensa.
Además, cabe tener
en cuenta los nuevos elementos constitucionales y legales del proceso penal,
que configuran las bases  de un modelo procesalista aproximado al acusatorio,
en el que buena parte de la responsabilidad en la investigación, instrucción y
acusación se hace radicar en cabeza  de la Fiscalía General de la Nación.  Debe
observarse que dentro de los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente,
fue claro el propósito de modernizar las instituciones procesales en el ámbito
penal, para hacer más adecuado y eficiente el sistema de impartición de
justicia; esto comporta que se deba reconocer que las anteriores concepciones
procesalistas en materia penal, causantes de grandes frustraciones por el
aspecto de su poca efectividad, deben ser reexaminadas frente al contemporáneo
concepto de Derecho Constitucional procesal y que, para superar dicha
problemática en nuestro régimen constitucional, se han sentado las bases de una
nueva concepción orgánica y funcional de la justicia penal.
No se trata de
admitir que el derecho de defensa pueda verse contraído o afectado, ni de
desconocer el derecho a la oportunidad de la controversia probatoria, pues
siguen siendo imperativas las categorías constitucionales que operan ya como
principios, ora como normas completas, que hacen obligatorio que en materia
penal nadie pueda ser condenado sin ser oído y vencido en juicio y que
el sindicado deba gozar de la oportunidad probatoria y de controversia
en su   defensa.
Lo que ocurre es que
el constituyente  habilitó al legislador para que conforme a su juicio, señale
la oportunidad adecuada, eficaz, eficiente y suficiente para la controversia de
la prueba, desde luego controlable frente a los derechos fundamentales por esta
Corporación, con base en criterios de razonabilidad constitucional.  Lo cierto
es, además, que el constituyente quiere que, cuando menos, en la etapa procesal
en la que exista sindicado éste tenga la debida oportunidad de la controversia
del material; empero, esto no significa que el legislador esté obligado a
razonar en el sentido de que siempre y en todo momento del proceso penal deba
garantizar dicha facultad  en cabeza del mero  investigado  o imputado. Lo que
se quiere es que el legislador respete aquella oportunidad mínima y que, si es
de su juicio, establezca otras y más oportunidades razonables  de controversia
en favor del sindicado, imputado o investigado.  En el caso en cuestión,
encuentro que las normas que señalaban que durante la etapa de investigación
previa no habría controversia de las pruebas, resultaban conformes con la Carta
si se examinaban, como debía hacerse, las restantes partes del mismo Código en
las que se admite la oportunidad de la controversia, en cualquiera otro momento
del proceso en el que hubiese sindicado o imputado.
b)   Por lo que corresponde a la decisión y a las consideraciones
vertidas en la sentencia sobre los artículos 161 y 322 del mismo Código y que
se refieren al derecho de defensa técnica, igualmente manifiesto mi respetuoso
disentimiento, en cuanto considero que las partes acusadas y que se declaran
inexequibles encuentran fundamento en la Carta y no comportan vicio de
inconstitucionalidad.
Observo que en el fallo se dejan de tener en cuenta los alcances
del derecho de defensa técnica y de las competencias de la Fiscalía, así como
las reglas de la sana crítica para efectos del adelantamiento del proceso
penal; desde luego, no desconozco los graves problemas que plantean estas
instituciones no sólo en nuestro país sino en todas las latitudes, en las que
por razones de respuesta racional a la criminalidad organizada, se tienen
instituciones procesales en que participan activamente los organismos de
policía judicial, del Ministerio Público o de la Policía Técnica o de agencias
especializadas de seguridad, o de control de delitos especiales, como el
tráfico de drogas, tabaco o armas, o el contrabando, o los económicos o
fiscales, y los de las organizaciones terroristas.  Es posible advertir la
ocurrencia eventual pero cierta, de excesos y abusos físicos o morales de
algunos agentes o funcionarios que valiéndose de la ausencia del abogado
defensor provocan confesiones o delaciones forzadas;  empero el malestar que
suscitan aquellas excepcionales violaciones de los derechos humanos y de los
derechos fundamentales, censurables y reprochables desde cualquier orden
racional y jurídico, no conducía a la invalidez constitucional del instrumento
legal de la recepción de la versión libre y espontánea en caso de flagrancia
con las advertencias constitucionales y legales y su puesta en conocimiento al
capturado. Sabido es que en otros regímenes de larga tradición democrática y
republicana, se puede aprovechar todo lo que el capturado diga o manifieste, e
incluso aquella versión puede ser usada por la Fiscalía en contra del
capturado  en flagrancia o contra el libre deponente y contra cómplices,
coautores, auxiliares, testigos o encubridores, y  obviamente el capturado
tiene derecho a guardar silencio y a comunicarse con cualquier persona y a
tener un abogado.
En los anteriores términos, si la versión del capturado no imputado
aún, hubiere sido forzada y obtenida con  violación de cualquiera de las
garantías constitucionales que establecen los artículos 15 (Derecho a la
intimidad), 12 (libertad de conciencia), 28 (Inviolabilidad del domicilio), 29
(Presunción de inocencia), 33 (La no autoincriminación forzada) y 44 (Derechos
de los niños), entre otros, entonces hubiere sido nula de pleno derecho (art.
29 in fine).
Se reitera que lo que señala el Constituyente es que toda persona
se presume inocente mientras no sea declarada judicialmente culpable, que quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento. La
salvaguardia de los derechos humanos, su protección judicial específica y
directa y los mecanismos procesales y sustanciales complementarios, así como la
promoción y la difusión de su garantía  y amparo, son los derroteros que señala
la Carta para  efectos de solucionar y reprimir las dolorosas experiencias en
estas materias, todo lo cual se endereza a superar las prevenciones
doctrinarias que inspiran las consideraciones de la Honorable Sala Plena y de
las que respetuosamente me  separo.
Fecha Ut Supra
FABIO MORON
DIAZ
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-150/93
DEBIDO PROCESO-Limitaciones/ESTADOS DE EXCEPCION
(Salvamento parcial de voto)
La decisión
mayoritaria de la Sala, al sostener a ultranza la supuesta violación del
derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política,
por parte de las normas declaradas inexequibles,  ha pasado por alto el hecho
evidente de que este derecho, si bien es fundamental, al ser ejercido en
circunstancias de crisis -es decir en las que la Constitución comprende bajo el
nombre de Estados de Excepción-, es sujeto, como todo derecho, a ciertas
limitaciones tendientes a adecuar su ejercicio a dichas circunstancias. Es
conocido por los estudiosos de los derechos fundamentales que éstos, al ser
universales, no tienen una forma única de reconocimiento, sino múltiples, de
acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  El debido proceso
previsto para   tiempos de paz, debe ser adecuado debidamente en tiempos de
crisis, porque, de lo contrario no sería proporcionado con la realidad. El
debido proceso no es una figura que contradice el interés general, sino el
procedimiento, adaptable a diversas circunstancias materiales, que el interés
general requiere para ser realizado en todos los tiempos. Las decisiones de
esta Corporación no deben circunscribirse exclusivamente al cotejo mecánico de
la norma acusada con la disposición constitucional específica que se considera
vulnerada, sino que tienen una insoslayable y honda implicación política, en la
más amplia acepción del término, es decir que deben consultar con la realidad
que vive la Nación.
PREAMBULO-Poder vinculante (Salvamento de voto)
La interpretación
constitucional debe tener como norte y guía los principios filosóficos que
inspiran la Carta Política. Entre estos principios deben destacarse los
enunciados tanto en el Preámbulo como en algunas de las disposiciones
contenidas a lo largo del cuerpo constitucional.
PREVALENCIA DEL
INTERES GENERAL (Salvamento
de voto)
En tratándose de
la aplicación de normas como la que consagra el debido proceso, en
circunstancias de crisis  -o Estados de Excepción-  el hacer prevalecer el
interés general sobre el particular cobra aun más importancia, dentro de la
misión interpretativa del juez constitucional. Porque, aferrarse a la rígida
aplicación del artículo 29 en todas circunstancias, incluídas aquellas para las
cuales la propia Constitución ha establecido los Estados de Excepción, puede
conducir, como creemos que ocurrirá en el caso de la inexequibilidad de las
disposiciones objeto del presente Salvamento, a hacer perder la eficacia de la
acción judicial, desvirtuando así los objetivos buscados a través del régimen
de excepción, y a hacer prevalecer el interés particular de los procesados,
justamente de aquellos sindicados de los más atroces delitos, sobre el interés
general de la sociedad.
REF: Procesos
Números D-165 y D-169
El suscrito
Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA, salva su voto en el proceso de la
referencia, por no compartir la decisión de fondo de la Sala Plena de la Corte
Constitucional, del día 22 de abril de 1993, que declaró parcialmente
inexequibles los artículos 7o., 161, 251, 272, 322 y 342 del Decreto número
2700 de 1991, "por el cual se expiden las normas de procedimiento penal".
Considera el
suscrito Magistrado que la decisión mayoritaria de la Sala, al sostener a
ultranza la supuesta violación del derecho al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política, por parte de las normas declaradas
inexequibles,  ha pasado por alto el hecho evidente de que este derecho, si
bien es fundamental, al ser ejercido en circunstancias de crisis -es decir en
las que la Constitución comprende bajo el nombre de Estados de Excepción-, es
sujeto, como todo derecho, a ciertas limitaciones tendientes a adecuar su
ejercicio a dichas circunstancias.
1.  La
adecuación del debido proceso a las circunstancias de crisis
Cuando se adecúa
algo, se está ordenando;  es  uno de los quehaceres más racionales que puede
ejecutar el ser humano.  Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, por ejemplo,
manifiestan que el oficio propio del sabio consiste en ordenar.  Ahora bien,
sin adecuación no hay orden. El orden expresa la armonía de las partes entre
sí, y es precisamente la adecuación el fundamento de la armonía, puesto que
ella establece la correspondencia entre la materia y la forma.
El Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española define el término adecuar como
"proporcionar, acomodar, apropiar una cosa a otra".  Esto es, cuando
el sujeto está adecuando, al mismo tiempo, pero bajo distintos aspectos,
proporciona, acomoda y apropia una cosa a otra.  De ahí que desde una
perspectiva analítica, la adecuación entre dos entes se manifiesta como la
correspondencia entre dos cosas, la una como materia, la otra, como forma.  Es
conformar una entidad armónica; por ello, según se dijo, toda adecuación
conlleva a un orden.
Adecuar significa,
pues, proporcionar una cosa a otra.  La acción referida es la respuesta
a esa exigencia ontológica descubierta por la filosofía clásica: la forma
debe estar proporcionada a la materia.   No se puede formar cualquier
materia, pues se requiere que ésta sea apta para recibir la forma conveniente a
su estructura.  Lo anterior demuestra cómo es un contrasentido, por ejemplo,
una forma jurídica no proporcionada al contenido material que se ha de
regular.  Lo lógico es suponer que si la materia es excepcional, la forma debe
estar proporcionada a dicha situación.
Una vez la mente
humana ha proporcionado una cosa a otra, el resultado inminente es el
acomodamiento, en el sentido de ajustarse la forma debida a la materia.  Esta
exige una forma que se acomode a su situación, por tanto es una forma
condicionada por la naturaleza de la materia. Una vez se ha acomodado la forma
a la materia -lo regulante a lo regulado- se produce una apropiación
conceptual, de suerte que puede decirse que a la materia condicionante le
corresponde su forma propia.
Resulta pertinente
retomar, sobre este tema, las enseñanzas de Montesquieu, quien en su obra  Del
Espíritu de las Leyes manifiesta cómo la forma jurídica debe adecuarse a
las condiciones materiales, so pena de ser o arbitraria o inoperante. Esta
Corte no puede incurrir en tal dilema, ya que su actividad jurisprudencial debe
discernir entre el exceso y el defecto para colocarse en el  justo medio.
En efecto, el autor citado expone que la ley es la relación necesaria
derivada de la naturaleza de las cosas.  No es la realidad
político-jurídica la que debe su ser a la ley, sino todo lo contrario:  ésta
debe inspirarse en aquella, de manera que pueda regular adecuadamente las
relaciones de los hombres en sociedad, con fundamento in re; sólo así
habrá correlación entre validez y eficacia.  Es cierto que hay una distinción
de razón entre la validez y la eficacia de la norma jurídica; en ello han sido
elocuentes todos los tratadistas, tanto clásicos como contemporáneos.
Pero la realización
de la norma depende, en gran parte, de su eficacia, la cual viene determinada
por el cumplimiento de una condición:  la oportunidad real del deber ser
estatuido.  Puede ocurrir que una disposición legal riña con la realidad de las
cosas, de modo que sea imposible su observancia plena.  Lo anterior implica que
se configura una ineficacia radical por falta de coherencia con la realidad
social.  Y como la validez busca como fin la eficacia, si éste es imposible de
alcanzar, el medio se torna abstracto y sin razón de ser por contraevidente.
De ahí que la ineficacia radical de una norma altera la misma validez de lo estatuido.
Lo anterior obedece a que cualquier cosa que tienda a un fin debe tener una
forma determinada en proporción a su realización.  Igualmente es necesario que
la norma, como recta y medida, tenga una forma proporcional a la realidad que
está regulando.  Y el debido proceso tiene ambas cosas:  porque es algo
ordenado a un fin, y porque es una regla y medida  normada y mesurada por una
medida superior, que es la señalada por la Constitución Política, tanto en el
Preámbulo, como en sus artículos 1o. y 2o., en los que resalta el deber de
garantizar la paz, el orden social justo, la prevalencia del interés general y
la efectividad de los  principios, derechos y deberes consagrados en la Carta,
entre otros.
Luego el debido
proceso, como estructura formal, debe ceñirse a los fines del Estado Social de
Derecho y adecuar su ser a la realidad. Esta debe ser la que determine los
mecanismos oportunos para actuar dentro de las diversas circunstancias de
excepción, sin que ello implique menoscabo alguno de los derechos inalienables
de la persona, sino su ejercicio en otra dimensión formal proporcionada a la
gravedad de la situación; pero siempre conservando la integridad jurídica de
todo sujeto de derecho.  Es conocido por los estudiosos de los derechos
fundamentales que éstos, al ser universales, no tienen una forma única de
reconocimiento, sino múltiples, de acuerdo con las circunstancias de tiempo,
modo y lugar.  El debido proceso previsto para   tiempos de paz, debe ser
adecuado debidamente en tiempos de crisis, porque, de lo contrario no sería
proporcionado con la realidad.  Una reflexión madura nos permite deducir que no
es exacto que la forma jurídica sea inalterable, así la realidad sea
cambiante.  Por ello Stammler advirtió, con razón, que los derechos, al tener contenido
variable, exigen una visión de adecuación y no un enfoque cerrado, único,
rígido y absoluto en su forma.  Y es que el contenido del derecho es la
realidad dinámica que ha de ser regulada, también con formas adecuadas -y por
lo mismo oportunas- que se ajusten a la situación fáctica.
2.      No hay
derechos absolutos; su limitación en aras del bien
común
En estricto sentido
no hay ni puede haber derechos absolutos. El ejercicio de todo derecho tiene
entre sus límites fundamentales el interés general, cuya supremacía sobre el
interés particular está consagrada específicamente en la Constitución, como uno
de sus pilares fundamentales, (artículos 1o., 2o. y 58). El debido proceso es,
en efecto, un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Carta; y
como tal es, en principio, inviolable; pero es menester reconocer que, como
todo derecho, es susceptible de limitaciones tendientes a encausarlo hacia la
prevalencia del interés general, sobre todo cuando su ejercicio tiene lugar en
circunstancias de crisis. Es un contrasentido jurídico aferrarse a su
intangibilidad, sobre todo en circunstancias como éstas, lo que conduciría a
que la parte -el individuo-, esté legitimada para vulnerar el todo -el interés
general-.
Cuando se advierte
que el bien común limita el alcance de todo derecho, no ha de entenderse nunca
que el bien común contradice lo debido en justicia, sino más bien que encuadra,
garantiza y promueve con eficacia los derechos individuales.  Y es que el bien
común no excluye a nadie, porque su realización abarca todos los intereses
jurídicamente protegidos, de suerte que es el interés general expresado en la
realidad, la común unidad en el bienestar.  La paz es un elemento indispensable
para alcanzar el bien común, y como corolario de éste hay que proteger, por
encima de todo, la convivencia armónica, la cual es percibida por el interés
general. Todo Estado Social de Derecho tiene como deber esencial procurar
hacer realidad el interés general,  por razones de justicia y de equidad.  Si
una forma jurídica impide la realización de los fines del Estado, es porque hay
un enfoque desordenado y, por ende, inconveniente de la regulación
instrumental, cuando la torna en primaria y suprema frente a la substancialidad
de lo jurídico.  Es decir, constituye una impropiedad manifiesta que el interés
general -que abarca la paz, el respeto a la dignidad humana, la solidaridad y
todo lo que integra un orden político, económico y social justo- no prevalezca
frente a una formalidad, que erróneamente se muestra como única y excluyente.
El debido proceso no es una figura que contradice el interés general, sino el
procedimiento, adaptable a diversas circunstancias materiales, que el interés
general requiere para ser realizado en todos los tiempos.  Se adapta a los
tiempos, y no al contrario; es decir, que con procedimientos aptos para tiempos
de paz se resuelvan los problemas propios del tiempo de crisis grave.  Es obvio
que el bien común condiciona la manera como se ha de llevar el proceso, que es
un medio y no un fin en sí mismo.
Lo anterior no
desconoce, como se ha dicho, que el debido proceso sea un derecho fundamental.
Simplemente pone de relieve que no es una forma absoluta que pueda imperar
contra el interés general y, por tanto, debe limitarse siempre a ser garantía
de las libertades del hombre, y no excusa para la ineficacia de las autoridades
públicas en su búsqueda del bienestar colectivo.  El hecho de que sea
inviolable no indica que sea ilimitado.  Es, sí, una garantía debida a toda
persona que admite multiplicidad de formas jurídicas proporcionadas a la
realidad.  La forma es distinta según las diversas exigencias materiales, o
dicho en otros términos:  el proceso se ajusta a la realidad, y no la realidad
a la forma.
3.-  Incidencia de los estados de
excepción en el funcionamiento del poder público
Todo derecho,
incluyendo uno tan fundamental como el del debido proceso, puede, entonces, ser
objeto de limitaciones en su ejercicio, en aras del bien común. Ello es más
evidente y necesario aún, cuando la sociedad jurídica y políticamente
organizada se enfrenta a circunstancias excepcionales. Los más reputados
tratadistas en la materia coinciden en reconocer, como  características que
distinguen estas circunstancias de las ordinarias o normales, las de que ellas
suponen: a) una expansión del poder del Estado, b) una concentración
transitoria de funciones en cabeza del Ejecutivo, c) una racionalización en el
funcionamiento de los poderes públicos,  d) una relajación, igualmente
transitoria, en los controles establecidos sobre la acción gubernamental, y, al
mismo tiempo, e)  un fortalecimiento  de los medios de acción de los jueces. La
expansión de los poderes estatales, cuyo solo limite debe ser el de la
dependencia de los intereses amenazados por las circunstancias de crisis,
comporta acciones que  pueden ir  más allá de los límites fijados por la ley
ordinaria para tiempos de normalidad.
La racionalización
en el funcionamiento de los poderes públicos significa que éstos deben
adecuarse al objetivo final que deben buscar en circunstancias de crisis, cual
es la defensa del Estado de Derecho amenazado y el restablecimiento de la
normalidad quebrantada. La relajación en los controles establecidos sobre la
acción gubernamental -que debe ser, insistimos, transitoria-, implica que tales
controles no deben ser ejercidos con el mismo rigor con que se hace en
circunstancias de normalidad, por cuanto de mantener ese rigor, dicha acción
podría verse entrabada en el logro de los propósitos antes señalados. El
reforzamiento de los poderes de los jueces en estados de excepción o
circunstancias de crisis,  busca hacer más expedita e idónea su función, con
miras a obtener la pronta superación de estas circunstancias y el pleno
restablecimiento de la normalidad institucional. Considera el suscrito
Magistrado que con la declaratoria parcial de inexequibilidad de los artículos
7o, 161, 251, 272, 322 y 342 del Código de Procedimiento Penal se están
desconociendo estos  principios y se están supeditando intereses individuales
-los de los presuntos infractores o sujetos pasivos de la ley penal-  al
interés común de la sociedad colombiana.
Estima el suscrito
Magistrado que las decisiones de esta Corporación no deben circunscribirse
exclusivamente al cotejo mecánico de la norma acusada con la disposición
constitucional específica que se considera vulnerada, sino que tienen una
insoslayable y honda implicación política, en la más amplia acepción del
término, es decir que deben consultar con la realidad que vive la Nación.
Considera igualmente
el suscrito que la interpretación constitucional debe tener como norte y guía
los principios filosóficos que inspiran la Carta Política. Entre estos
principios deben destacarse los enunciados tanto en el Preámbulo como en
algunas de las disposiciones contenidas a lo largo del cuerpo constitucional.
El Preámbulo, en
efecto, señala como finalidad  de la Constitución la de fortalecer  la unidad
de la Nación y asegurar a sus integrantes, entre otros bienes, el de la
justicia, "dentro de un marco jurídico (....) que garantice
un orden político, económico y social justo". En seguida el artículo
1o. define al Estado colombiano como una República fundada, entre otras cosas,
"en la prevalencia del interés general"; el artículo 2o., por
su parte, señala entre los fines esenciales del Estado el de "garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución" y "asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo".  Cabe resaltar que,  además, este
artículo prescribe que las autoridades de la República están instituídas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Más
adelante, en fin, el artículo 58 ratifica que "el interés privado
deberá ceder al interés público o social"
La Constitución es
clara pues, al señalar la prevalencia del interés general, es decir, del bien
común, sobre el interés particular. En tratándose de la aplicación de normas
como la que consagra el debido proceso, en circunstancias de crisis  -o Estados
de Excepción-  el hacer prevalecer el interés general sobre el particular cobra
aun más importancia, dentro de la misión interpretativa del juez
constitucional. Porque, como lo sostenemos en este Salvamento de Voto,
aferrarse a la rígida aplicación del artículo 29 en todas circunstancias,
incluídas aquellas para las cuales la propia Constitución ha establecido los
Estados de Excepción, puede conducir, como creemos que ocurrirá en el caso de
la inexequibilidad de las disposiciones objeto del presente Salvamento, a hacer
perder la eficacia de la acción judicial, desvirtuando así los objetivos
buscados a través del régimen de excepción, y a hacer prevalecer el interés
particular de los procesados, justamente de aquellos sindicados de los más
atroces delitos, sobre el interés general de la sociedad.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Fecha :  ut supra.
1 Corte Constitucional. Sentencia C-053 de 1.993.
Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.