T-757-09
Sentencia T-757/09
Sentencia T-757/09
FUNCIONES
JURISDICCIONALES DE LAS SUPERINTENDENCIAS-Desarrollo constitucional
SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Caso en que ejerce funciones jurisdiccionales
Sobre la
atribución jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades, en la sentencia
T-803 de 2004 se estableció: “Queda entonces claro que la Superintendencia de
Sociedades, entidad administrativa de orden nacional encargada de la
inspección, vigilancia y control de las sociedades no vigiladas por otras
Superintendencias, desempeña funciones de tipo jurisdiccional en el desarrollo
de procesos de liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, y que sus
decisiones, por lo tanto, constituyen providencias judiciales, lo que indica
que, eventualmente, éstas pueden llegar a constituir vías de hecho y pueden ser
impugnadas mediante el ejercicio de la acción de tutela. Sin embargo, para
verificar la procedencia excepcional de la acción de tutela en tal hipótesis,
es necesario que la Sala realice un estudio de los medios judiciales de defensa
de los que disponen las partes que intervienen en los procesos de liquidación
obligatoria.”.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto orgánico
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto procedimental
SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Falta de argumentación para resolver que con la dación en
pago se estaba vulnerando una norma de orden público/SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES-Si bien estaba ejerciendo funciones jurisdiccionales, carecía de
competencia para decretar de oficio una nulidad
La expresión que sirvió
de estribo a la Superintendencia cuando dedujo que se  había contrariado “una
norma de orden público”, carece de argumentación, y  tampoco la tuvo para
arribar a una supuesta causal de nulidad absoluta que terminó imponiendo sin
distinguir siquiera entre esta forma de invalidez y la derivada de nulidades
relativas. Al no indicar siquiera con un mínimo de fundamentos jurídicos de
dónde se extrae que se trata de una norma de orden público, la competencia para
resolver de oficio sobre aparente nulidad  de índole absoluta, es una verdadera
creación del juzgador. Por consiguiente, el Superintendente Delegado para los
Procedimientos Mercantiles al proferir la sentencia del 30 de septiembre de
2008, estaba ejerciendo funciones jurisdiccionales pero carecía de  competencia
para decretar de oficio la nulidad, máxime si de acuerdo con una conclusión
sin   interpretación normativa alguna, dedujo en forma sorpresiva y
sorprendente que con la dación en pago  se estaba vulnerando una norma de orden
público.
PROCESO CONCURSAL-Objetivos
generales y específicos
ACUERDOS DE
REESTRUCTURACION-Finalidad
PRELACION
DE CREDITOS-Alcance
SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Incurrió en un defecto orgánico por la falta de competencia
para resolver sobre una nulidad que no tiene el carácter de absoluta/SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Incurrió en un defecto sustancial por la errada concepción de
que se desconoció una norma de orden público
De ello resulta entonces
que, amén del defecto orgánico derivado de la falta de competencia para
resolver sobre una nulidad que no tiene el carácter de absoluta, también se
incurrió en la decisión atacada en un defecto sustancial que adviene de la
errada concepción de que se desconoció una norma de orden público. Por
consiguiente, la Corte concluye que la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2008, presenta un defecto
orgánico, y otro sustancial, porque el Superintendente Delegado para los
Procedimientos Mercantiles carecía de competencia para decretar la nulidad por
desconocimiento del numeral 3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, en tanto
la dación en pago responde a las condiciones pactadas en el contrato de
fiducia, producto del acuerdo de reestructuración de conformidad con la calidad
preferencial del acreedor, sin interferir con la viabilidad financiera de la
empresa incumplida ni ignorar los propósitos que revisten los procesos
concursales. Además, las consideraciones sobre el desconocimiento de una norma
de orden público carecen de un análisis sobre las finalidades de los acuerdos
de reestructuración, el pago a los acreedores de primer orden y lo pactado en
el contrato fiduciario.
Referencia:
expediente T- 2271821
Acción de
tutela instaurada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contra la
Superintendencia de Sociedades.
Magistrado
Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.
C., veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve (2009).
La Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Mauricio González
Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos por Juzgado Cincuenta Penal del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal, que resolvieron la acción de tutela promovida por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales contra la Superintendencia de Sociedades.
I. ANTECEDENTES
Hechos
y acción de tutela interpuesta
El apoderado de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales –en adelante DIAN- interpuso acción de tutela
contra el Superintendencia de Sociedades, por considerar que con la decisión de
dejar sin efecto la dación en pago realizada como producto de la garantía
fiduciaria en el proceso de reestructuración de la sociedad Muebles Bima S.A.,
se desconocen los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. La
acción interpuesta se fundamenta en los siguientes hechos:
1. De
acuerdo con la DIAN, el 26 de octubre de 2000, la Superintendencia de
Sociedades mediante Auto N° 155-68520, aceptó a la sociedad MUEBLES BIMA S.A., en
adelante BIMA, en la promoción de un acuerdo de reestructuración conforme a lo
previsto en la Ley 550 de 1999.
2. El
representante de la entidad accionante relata que el 22 de junio de 2001, los
acreedores de BIMA suscribieron el acuerdo de reestructuración. En el acuerdo se
dispuso que : “(…) la NACIÓN-UAE DIAN otorgaría como fórmula de pago de las
obligaciones tributarias a cargo de la sociedad MUEBLES BIMA S.A., por concepto
de Retención en la Fuente, una facilidad de pago que sería garantizada con un
Fideicomiso en Garantía, dejando como beneficiario del mismo a La Nación – UAE
DIAN.”[1]
3. El
apoderado de la DIAN afirma que el 28 de junio de 2001, en cumplimiento de lo
pactado en el acuerdo de reestructuración, el deudor aportó como garantía de la
facilidad de pago de sus obligaciones tributarias, el Contrato de Fiducia
Mercantil de Administración, Garantía y Fuente de Pago FGAP LOCAL BIMA,
celebrado entre la sociedad muebles BIMA S.A. y la Fiduciaria Unión S.A., el
día 29 de marzo de 2000. Al respecto, precisa que el 13 de diciembre de 2002,
se reglamentó el citado contrato mediante documento suscrito entre la Sociedad
Muebles Bima S.A. y la Fiduciaria Unión S.A.
4. El
representante de la entidad actora advierte que la facilidad de pago otorgada
por la DIAN fue incumplida por el deudor, y en consecuencia, mediante
Resolución 811-0009 de 18 de julio de 2002, se declaró su incumplimiento y se
ordenó hacer efectiva la garantía.
5. El
abogado de la DIAN manifiesta que, con el ánimo de dar cumplimiento a las
condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil, el 24 de agosto de 2004, de
acuerdo con la Resolución de Incumplimiento, se suscribió por parte del
representante legal de la Nación –UAE DIAN, el representante de la Secretaría
de Hacienda Distrital y el representante legal de la Fiduciaria Unión S.A., la
escritura pública de dación en pago N° 1712, en la Notaría Cincuenta del
Círculo de Bogotá.
6. El
apoderado de la entidad accionante manifiesta que, el 15 de noviembre de 2006, la
Superintendencia de Sociedades, por medio de Auto N° 155-018392, decretó la
liquidación obligatoria de la sociedad MUEBLES BIMA S.A.
7. El
abogado de la DIAN advierte que, el 15 de junio de 2007, la sociedad MUEBLES
BIMA S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA interpuso:  “(…) demanda verbal sumaria
de ineficacia de la dación en pago, con fundamento en el numeral 1º del
artículo 34 de la Ley 550 de 1999 y bajo el procedimiento establecido en el
artículo 37 ibídem, contra el Ministerio de Hacienda Y Crédito Público, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la Alcaldía Mayor de Bogotá-
Secretaría de Hacienda y la Fiduciaria de Occidente S.A.”[2].
En concreto, la sociedad demandante en ese proceso argumentó que la escritura
mediante la cual se transfirió el bien inmueble a título de dación en pago, no
contenía la autorización expresa y escrita del comité de vigilancia conforme
con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 550.
8. La
Superintendencia de Sociedades profirió sentencia N° 480-000289 de 30 de
septiembre de 2008, en la que declaró que no se presentó la alegada violación
del numeral 1º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999. Sin embargo, el apoderado
de la DIAN resalta que la sentencia mencionada declaró la nulidad absoluta de
la dación en pago porque: “(…) no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el
numeral 3° del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, situación que además de ser
contraria a los elementos probatorios que obran en el expediente, nunca fue
debatida dentro del proceso verbal sumario.”[3].
9. En
virtud de lo anterior, el representante de la entidad accionante promovió
acción de tutela con el propósito que se declare que la sentencia proferida por
el Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles, el 30 de
septiembre de 2008, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa de su representada. En su criterio, la providencia presenta defectos
orgánico, sustantivo, fáctico y procedimental, los cuales resume así: “1.
Defecto orgánico: El fallador desconoció la regla general de competencia y se
desbordó en el uso de las facultades jurisdiccionales otorgadas, ya que las
mismas están dadas expresamente en la Ley 550 de 1999.// 2. Defecto material
sustantivo: Que se produce por una incorrecta aplicación del numeral 3º del
artículo 34 de la Ley 550 de 1999.// Defecto fáctico: La decisión carece de
apoyo probatorio que permitiría aplicar el supuesto legal en el que se sustenta
la decisión (el juez no valoró en debida forma el acervo probatorio).// 4.
Defecto procedimental absoluto: El juez trajo a colación nuevas consideraciones
que las partes no tuvieron la oportunidad de controvertir dentro del proceso
verbal sumario.”[4]
9.1. En
cuanto al defecto orgánico refiere que, conforme a la jurisprudencia
constitucional[5] y a un concepto emitido
por la Superintendencia de Sociedades[6], las funciones
jurisdiccionales que ejerce esta autoridad administrativa están delimitadas
expresamente en la ley. En esa medida, no podía haber un pronunciamiento sobre
nulidad absoluta de un contrato cuando la Superintendencia carece de
habilitación legal para ello.
9.2. En lo
relacionado con el defecto sustantivo argumenta que el supuesto previsto en el
numeral 3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, no es aplicable a los hechos
del caso, toda vez que la suspensión y exigibilidad de garantías se refiere a las
constituidas previamente no a aquellas producto del acuerdo de
reestructuración. Por consiguiente, para el abogado de la parte actora como la
garantía fiduciaria en este caso no es anterior al acuerdo sino que de hecho
obra en el mismo, la aplicación de este artículo vulnera el derecho al debido
proceso de su representada.
9.3. Frente
al defecto fáctico concluye que el superintendente delegado se apartó de la
lógica y la sana crítica al valorar las cláusulas pertinentes del acuerdo de
reestructuración y desconoció lo pactado sobre la posibilidad de hacer efectiva
la garantía.
9.4. El
defecto procedimental absoluto está sustentado en la declaratoria de nulidad
con fundamento en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, el cual
nunca fue objeto de debate en el trámite del proceso verbal sumario. Esto,
porque en el fallo se declararon infundadas las pretensiones de la demanda,
pero se adopta una decisión que tiene el efecto contrario, apoyándose en
facultades oficiosas inexistentes, lo que a juicio del abogado desconoce el
derecho a la defensa de su poderdante[7].
10. El
apoderado de la entidad accionante solicitó al juez constitucional que adopte
una medida provisional para proteger los derechos de la DIAN, y en esa medida,
ordene la suspensión de los numerales segundo, tercero y cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia N° 480-000289 proferida, el 30 de septiembre de
2008, por el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles en el
proceso verbal sumario de la sociedad Muebles Bima S.A. en liquidación
obligatoria contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN, la
Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá.
En criterio
del representante de la DIAN la nulidad ordenada por la sentencia mencionada
conlleva, en términos del artículo 1746 de Código Civil, el: “(…) derecho –de
las partes- para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían sino
hubiese existido el acto o contrato nulo, lo cual se traduce en un claro
perjuicio irremediable para La Nación –Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, ya que con la dación en pago, las obligaciones fiscales se
encuentran debidamente canceladas, por tanto volver al estado anterior implica
que dichas deudas deben ser presentadas al proceso liquidatorio obligatorio
de la sociedad Muebles Bima S.A., donde el término para el efecto ya expiró al
tenor del artículo 158 de la Ley 222 de 1995.”[8]
11. El
abogado de la DIAN aportó como pruebas a la acción de tutela, los siguientes
documentos:
i)
Copia del acuerdo de reestructuración de la sociedad Muebles Bima S.A.
ii)
Copia del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración, Garantía y
Fuente de Pago, celebrado el 29 de marzo de 2000, entre la sociedad Muebles
Bima S.A. y la Fiduciaria Unión S.A.
iii)
Copia de la reglamentación de un Contrato de Fiducia Mercantil de
Garantía, celebrado el 13 de diciembre de 2002,  entre la sociedad Muebles Bima
S.A. y la Fiduciaria Unión S.A.
iv)
Copia del Auto N° 115 -018392 de noviembre 15 de 2006, por el cual se
decretó la liquidación obligatoria de la sociedad Muebles Bima S.A.
v)
Copia del fallo N° 480-000289 del 30 de septiembre de 2008 proferido por
el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles de la
Superintendencia de Sociedades.
vi)
Copia de los Autos N° 480-10850 del 25 de julio de 2007 y N° 480-3888
del 3 de abril de 2008.
vii)
Copia del oficio de la Superintendencia de Sociedades N° 052956 de 6 de
noviembre de 2007
viii)
Copia de la Resolución 6141 900001, de 31 de marzo de 2005, expedida por
el Administrador Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá,
mediante el cual se declara terminado el proceso de cobro por dación en pago.
ix)
Copia del edicto emplazatorio proferido por la Superintendencia de
Sociedades.
12. Previo al pronunciamiento definitivo, la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
providencia de 4 de noviembre de 2008, negó la medida provisional solicitada
por el apoderado de la DIAN. El Tribunal concluyó que “(…) es improcedente
la medida provisional impetrada al no cumplirse con los presupuestos normativos
citados. Las pretensiones del demandante se centran en obtener la suspensión de
la aplicación de los numerales 2, 3 y 4 de la parte resolutiva de la sentencia
No. 480-000289, lo cual no se identifica con un perjuicio cierto e inminente al
interés público[9], y contario sensu se
trata de una situación particular y concreta de una decisión adoptada dentro de
un proceso judicial por la Superintendencia de Sociedades en su competencia,
que no trasciende esencialmente a la esfera referida.”[10].
Respuesta de las
entidades accionadas
13. El
Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles de la
Superintendencia de Sociedades pretende que se desestime el amparo solicitado
por la DIAN pues en su concepto la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para remplazar al juez ordinario, y en todo caso, en el proceso verbal sumario
no se configuró ningún defecto de los alegados por la entidad accionante.
El
Superintendente Delegado advierte que la competencia para tramitar el proceso
verbal sumario está prevista en el Artículo 37 de la Ley 550 de 1999. Al
respecto, puntualizó: “(…) que sí tiene competencia esta entidad para asumir
el conocimiento y resolución de las controversias suscitadas en la negociación
de un acuerdo de reestructuración o como consecuencia de ello. Si no fuera así,
no se habría ventilado ante este Despacho el proceso verbal sumario de que aquí
se trata, y en el que se profirió la decisión materia de la tutela. Razón por la
cual, no se avizora la existencia del defecto orgánico que se aduce, afecta la
sentencia proferida.”[11].
En lo
referente al defecto sustantivo, el representante de la Superintendencia de
Sociedades consideró que se trata de un alegato propio de instancia, el cual
carece de la construcción argumentativa pertinente, para demostrar que la
decisión se adoptó con base en una norma que no era aplicable al caso.
Asimismo,
descalifica la existencia de un defecto fáctico debido a que la sentencia se
profirió con fundamento en el acervo probatorio obrante en el proceso y se
ajustó a las normas que lo regulan.
Por último,
frente a la defecto procedimental absoluto señaló “(…) la decisión adoptada,
esto es, la declaratoria de nulidad absoluta de la dación en pago está fundada
en lo previsto en los artículos 899 del Código de Comercio y 1742 del Código
Civil, en tanto que el negocio jurídico aludido se encontraba viciado de nulidad
absoluta, por contrariar norma imperativa y, en consecuencia, procede la
declaratoria de oficio al aparecer de manifiesto en el contrato.”[12]
El
Superintendente Delegado solicitó al juez la vinculación, a la acción de
tutela, de la sociedad MUEBLES BIMA S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA.
14. En
atención a la solicitud de integración del contradictorio realizada por el
Superintendente Delegado, y en aras de garantizar los derechos de las partes,
el juez de primera instancia ordenó, el 11 de noviembre de 2008, la vinculación
de la Fiduciaria de Occidente S.A., la Secretaría Distrital de Hacienda de
Bogotá y la sociedad MUEBLES BIMA S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA.
15. El 12
de noviembre de 2008, el representante legal de la Fiduciaria de Occidente S.A.[13]
solicitó que se amparen los derechos fundamentales de la DIAN, y por ende, se
ordene al Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles revocar
los numerales segundo, tercero y cuarto de la Sentencia N° 480-000289 del 30 de
septiembre de 2008.
El
representante de la fiduciaria realizó un recuento de las etapas previas la
celebración del contrato de fiducia, del desarrollo del mismo ante el
incumplimiento en el pago de las obligaciones, y finalmente, la dación en pago
realizada por su representada a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda
Distrital.
Adicionalmente,
presentó los argumentos expuestos por la Fiduciaria de Occidente S.A. en el
proceso verbal sumario adelantado por la Superintendencia de Sociedades,
relacionados con la propiedad exclusiva del patrimonio autónomo del inmueble
transferido en dación en pago, y en esa medida, la falta de necesidad de
aprobación del Comité de Vigilancia para la disposición de un bien que ya no
era propiedad de Muebles Bima S.A. Al respecto, precisa que es de la naturaleza
del contrato de fiducia que el fideicomitente transfiera el dominio de los
bienes fideicomitidos formando un patrimonio autónomo[14].
En
conclusión, el representante legal de la Fiduciaria Occidente S.A. coadyuva la
acción de tutela interpuesta por la DIAN, y en esa medida, considera que la
Superintendencia de Sociedades carecía de competencia para decidir sobre la
inexistencia, nulidad absoluta o simulación de contratos en la sentencia
producto del proceso verbal sumario adelantado. Además cuestiona, la
imparcialidad del Superintendente que tomó la decisión de declarar la nulidad
absoluta por cuanto él hace parte de la entidad en que se tramitó el proceso de
reestructuración y liquidación de la sociedad MUEBLES BIMA S.A.
El
representante legal de la fiduciaria adjunto como prueba copia de la escritura
de dación en pago N° 1712 de 24 de agosto de 2004, de la Notaría Cincuenta del
Círculo de Bogotá, mediante la cual se formalizó la dación en pago entre la
Fiduciaria Occidente S.A., la DIAN y la Secretaría de Hacienda Distrital.
16. El 13
de noviembre de 2008, la representante judicial de Secretaría Distrital de
Hacienda solicitó que se amparen los derechos fundamentales de la DIAN, y por
ende, se ordene al Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles
revocar los numerales segundo, tercero y cuarto de la Sentencia N° 480-000289
del 30 de septiembre de 2008.
La
apoderada del distrito coadyuva la acción de tutela presentada por la DIAN,
resaltando la excepcionalidad con que las autoridades administrativas pueden
cumplir funciones judiciales. Sobre el caso en particular, precisa que dicha
competencia aunque está restringida legalmente y limitada a los presupuestos de
ineficacia consagrados en la Ley 550 de 1999, fue excedida por la sentencia de la
Superintendencia comoquiera que no le correspondía pronunciarse en términos de
nulidad absoluta.
Decisión
de primera instancia
17. La Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
providencia de 14 de noviembre de 2008, remitió, por competencia, la acción de
tutela a los jueces del circuito.
18. El Juzgado
Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, por medio de sentencia de 3 de
diciembre de 2008, decidió negar por improcedente la acción de tutela en tanto
se desconocía la subsidiariedad del mecanismo constitucional. El juez consideró
que existía otro medio de defensa judicial, a saber, el proceso contencioso
administrativo, a través del cual se podrían controvertir los actos
administrativos objeto de debate en esta oportunidad. Por último, concluyó que
la acción de tutela no era procedente como mecanismo transitorio pues no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Impugnación
19. El
apoderado de la DIAN apeló la decisión del juez de primera instancia con base
en los siguientes argumentos: “1. Las decisiones de la Superintendencia de
Sociedades emanadas en uso de las facultades jurisdiccionales no son actos
administrativos susceptibles de demandarse ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.// 2. Contra los fallos de la Superintendencia de
Sociedades en un única instancia, no procede recurso alguno. // 3. Los
elementos probatorios que obran en el expediente de tutela, son suficientes
para inferir la existencia de un perjuicio irremediable con ocasión de la
decisión de la Superintendencia. //4. El a-quo como consecuencia de su error de
interpretación, se abstuvo de pronunciarse sobre los defectos de la Sentencia
de la Superintendencia de Sociedades, puestos a su consideración.”.
20. El 12
de febrero de 2009, la apoderada de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de
Bogotá solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declarar
la nulidad de la sentencia proferida, el 3 de diciembre de 2009, por falta de
competencia para conocer la acción de tutela.
Decisión de segunda
instancia
21. El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida el 30 de
marzo de 2009, revocó la decisión de primera instancia y concedió el amparo al
derecho al debido proceso de la DIAN, la Secretaría de Hacienda Distrital y la
Fiduciaria de Occidente S.A. Previo al estudio de fondo, la Sala descartó la
nulidad alegada por la Secretaría de Hacienda Distrital en tanto la
Superintendencia demandada es una entidad del orden nacional, descentralizada
por servicios, y por tanto, corresponde a los jueces del circuito asumir, en
primera instancia, el conocimiento de las acciones de tutela instauradas en su
contra.
El Tribunal
precisó que el juez de primera instancia desconoció que la actuación de la
Superintendencia de Sociedades, en el caso objeto de estudio, había sido el
resultado de la atribución jurisdiccional prevista en el artículo 37 de la Ley
550 de 1999, la cual se encuentra amparada por el artículo 116 constitucional,
que permite el otorgamiento excepcional de dichas funciones a las autoridades
administrativas. En esa medida, concluyó que la valoración hecha por el a
quo sobre la existencia de otro medio de defensa judicial era errónea, pues
el pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades no era un acto
administrativo susceptible de ser controvertido ante la jurisdicción
contenciosa.
El
Tribunal advierte que si bien la Superintendencia de Sociedades estaba en
ejercicio de la función jurisdiccional al proferir la sentencia N° 480-000289
del 30 de septiembre de 2008, lo cierto es que no existe norma expresa que la
habilite para declarar la nulidad oficiosamente. Al respecto, puntualizó: “(…)
a juicio de esta Sala se debe diferenciar entre la oficiosidad que le compete,
como se dijo antes, para algunos asuntos propios del proceso concursal, en este
caso el liquidatorio obligatorio, de aquellas que de manera oficiosa puede
asumir en función jurisdiccional, que constitucionalmente está restringida a
asuntos específicos y taxativos ya que se trata de una función excepcional. //
Ha de recordarse que a menos que medie un proceso judicial, es decir, que
alguna de las partes que interviene en el proceso liquidatorio planteen la
controversia y con las excepciones legales, entre las que no está la nulidad, la
Superintendencia no está facultada para declarar oficiosamente la nulidad de
los actos o negocios jurídicos en donde a motu propio advierta irregularidad
sustancial, y en caso de hacerlo debe respetar el debido proceso, acudiendo a
lo no reglado expresamente sobre el tema, a la analogía en materia comercial o
en su defecto acudiendo a las normas del Código Civil o de procedimiento civil,
pero sin desconocer que la analogía o remisiones por vacíos legislativos no son
causa habilitante de competencia ya que ésta es del resorte exclusivo y de
libertad configurativa del legislador”[15].
En
resumen, la Sala Penal del Tribunal determinó que la falta de competencia de la
Superintendencia de Sociedades para proferir la sentencia N° 480-000289 del 30
de septiembre de 2008, configura un defecto orgánico, y por tanto, ordenó
revocar los numerales tercero, cuarto y quinto de la citada sentencia, así como
cancelar la medida cautelar de inscripción de la demanda dispuesta por la
Superintendencia como consecuencia de la nulidad absoluta decretada.
Actuación
en sede de revisión
22.
Mediante Auto de veintiocho (28) de agosto de dos mil nueve (2009), el
Magistrado Sustanciador solicitó a la Superintendencia de Sociedades que
informara sobre los siguientes aspectos:
“1. Si
existían antecedentes, en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, en los
que esa Superintendencia haya decretado, de oficio, la nulidad absoluta por
desconocimiento del numeral 3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999. En caso,
afirmativo remitir copia de las providencias correspondientes.
2.
Cuál es el alcance del concepto No. 220-052956, de 6 de noviembre de 2007,
emitido por la Superintendencia de Sociedades.
3.
Cuál es el estado actual del proceso de liquidación obligatoria de MUEBLES BIMA
S.A.
4. Qué
alcance jurisprudencial y doctrinario le ha dado la Superintendencia de
Sociedades al numeral 3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999.”
23. El
diez (10) de septiembre de 2009, la Jefe Encargada de la Oficina Asesora
Jurídica de la Superintendencia de Sociedades advirtió que el antecedente
jurisprudencial en nulidad absoluta por desconocimiento del numeral 3º del
artículo 34 de la Ley 550 de 1999, lo constituye la sentencia 480-000289 del 30
de septiembre de 2008, dictada en el proceso verbal sumario entre Muebles Bima
S.A. en Liquidación y la DIAN y la Secretaría de Hacienda Distrital.
Asimismo,
puntualizó que los conceptos emitidos por la Superintendencia no comprometen su
responsabilidad ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución, de conformidad
con lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
En cuanto
al estado actual del proceso de liquidación obligatoria de la sociedad, afirmó:
“La Coordinadora del Grupo reliquidación manifiesta que mediante auto
405-011161 del 9 de junio de 2009, el Grupo de Liquidación Obligatoria  APROBÓ
el informe de gestión y rendición final de cuentas con corte al 30 de abril de
2009 presentado por el doctor EDIER CASTRO GUTIÉRREZ y DECLARÓ TERMINADO el
Proceso liquidatorio de los bienes que conformaban el patrimonio de la sociedad
MUEBLES BIMA S.A.”.
Finalmente,
sobre el alcance del numeral 3º del artículo 34, enfatizó que el acuerdo de
reestructuración suspende la exigibilidad de los gravámenes y garantías reales
y fiduciarias, salvo que sin el voto del beneficiario se pacte la posibilidad
de constitución, modificación o exigibilidad de las mismas durante la vigencia
del acuerdo. Y agregó que si el acuerdo se incumple se reestablecerán de pleno
derecho la exigibilidad de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias que
se hayan suspendido.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta
Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de
tutela seleccionados.
Problema jurídico
2.
Corresponde a la Sala definir si la decisión de la Superintendencia de
Sociedades, en el sentido de declarar de forma oficiosa la nulidad absoluta de
la dación en pago celebrada entre las partes presenta un defecto orgánico por
falta de competencia de la entidad para proferir la sentencia; o un defecto
sustantivo por aplicación errónea del numeral tercero del artículo 34 de la Ley
550 de 1999; o un defecto fáctico por indebida valoración del acervo
probatorio; y/o procedimental por desconocimiento del derecho de defensa de la
entidad accionante pues la sentencia se refirió a una materia no debatida en el
tramite del proceso verbal sumario.
Para
abordar el estudio del problema descrito, la Sala (i) resumirá el desarrollo
constitucional de las funciones jurisdiccionales de las superintendencias; (ii)
igualmente reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales;
(iii) se referirá a la causales genéricas denominadas: defecto orgánico,
defecto sustantivo, defecto fáctico y defecto procedimental.
Reiteración de
jurisprudencia. Definición, alcance y desarrollo de las funciones
jurisdiccionales de las superintendencias. La Superintendencia de Sociedades y
los procesos de reestructuración y liquidación obligatoria.
3. De
acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política: “Excepcionalmente
la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido
adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.”. En esa medida, se
justifica constitucionalmente la administración de justicia por autoridades
diferentes a los jueces, aún cuando se restringe la posibilidad de juzgar
causas criminales. Sobre el particular, la Corte  “(…) ha explicado en múltiples
oportunidades[16] el alcance que tiene
la excepción consagrada en el artículo 116 Superior. Al respecto ha indicado
que en esta disposición el Constituyente consagró de forma clara y precisa, que
si bien dentro de la estructura del Estado corresponde al poder judicial la
administración de justicia, excepcionalmente la ley puede atribuirle facultades
jurisdiccionales a las autoridades administrativas.”[17]
4. En
efecto, el legislador ha desarrollado la atribución de funciones
jurisdiccionales a las superintendencias, de manera general, en los artículos
147 y 148 de Ley 446 de 1998[18]: “ARTICULO
147. COMPETENCIA A PREVENCION. La Superintendencia o el Juez competente
conocerán a prevención de los asuntos de que trata esta parte. (…)Con base en
el artículo 116
de la Constitución Política, la decisión jurisdiccional de la Superintendencia
respectiva, una vez ejecutoriada, hará tránsito a cosa juzgada.
ARTICULO 148. PROCEDIMIENTO. El procedimiento que utilizarán
las Superintendencias en el trámite de los asuntos de que trata esta parte será
el previsto en la Parte Primera, Libro I, Título I del Código Contencioso
Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de
petición en interés particular y las disposiciones contenidas en el capítulo
VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán las disposiciones
del Proceso Verbal Sumario consagradas en el procedimiento civil. (…) Los actos
que dicten las Superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no
tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo,
la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo
definitivo, serán apelables ante las mismas.”
5. El
último inciso del artículo 148 artículo ha sido objeto de pronunciamiento de
constitucionalidad por parte de este Tribunal. En concreto, la Corte ha avalado
el ejercicio de funciones jurisdiccionales atribuidas a las superintendencias
bajo el entendido de que no impide la interposición de la acción de tutela
contra las providencias adoptadas por las superintendencias en ejercicio de
funciones jurisdiccionales, ni las acciones contencioso administrativas en caso
que dichos entes actuaren excediendo sus competencias jurisdiccionales[19].
Al respecto, la sentencia T-954 de 2004 advirtió: “La acción de tutela viene
a ser el mecanismo apropiado para defender los derechos fundamentales
involucrados en los asuntos jurisdiccionales, confiados a las
Superintendencias, en especial porque no existen mecanismos ordinarios de
defensa judicial contra sus decisiones.”[20]
Igualmente,
mediante sentencia  C-415 de 2002, la Sala Plena determinó que la expresión
'ante las mismas', del citado artículo 148, se refiere a las autoridades
judiciales y no a las demás que hacen parte de la superintendencia, es decir,
que “los actos que dicten las Superintendencias en uso de facultades
jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno, salvo la providencia que
declare la incompetencia de la entidad y el “fallo definitivo”[21]”[22],
los cuales son impugnables ante la justicia ordinaria.
6. Ahora
bien, frente al uso de las facultades jurisdiccionales por la Superintendencia
de Sociedades, la sentencia T-655 de 2008[23], estableció: “Tal es
el caso, por ejemplo, del artículo 90 de la Ley 222 de 1995, los artículos 12 y
13 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el artículo 37 de la
Ley 550 de 1999[24].  En la primera de
las mencionadas se otorgan facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de
Sociedades para adelantar el trámite de los procesos concursales de ciertas
personas jurídicas[25], en las segundas se
establece orgánicamente quiénes ejercen jurisdicción[26]
y en la tercera se define la competencia de la Superintendencia de Sociedades
para que defina en única instancia algunas vicisitudes de los acuerdos de
reestructuración.”
7.
Específicamente, sobre la atribución jurisdiccional de la Superintendencia de
Sociedades, en la sentencia T-803 de 2004 se estableció: “Queda entonces claro
que la Superintendencia de Sociedades, entidad administrativa de orden nacional
encargada de la inspección, vigilancia y control de las sociedades no vigiladas
por otras Superintendencias, desempeña funciones de tipo jurisdiccional en el
desarrollo de procesos de liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, y
que sus decisiones, por lo tanto, constituyen providencias judiciales, lo que
indica que, eventualmente, éstas pueden llegar a constituir vías de hecho y
pueden ser impugnadas mediante el ejercicio de la acción de tutela. Sin
embargo, para verificar la procedencia excepcional de la acción de tutela en
tal hipótesis, es necesario que la Sala realice un estudio de los medios
judiciales de defensa de los que disponen las partes que intervienen en los
procesos de liquidación obligatoria.”[27].
En esa
oportunidad, la Sala Sexta de Revisión declaró la configuración de un defecto
procedimental por cuanto la Superintendencia de Sociedades actuó desconociendo
el procedimiento establecido en materia de nulidades e irregularidades,
al excluir un crédito laboral del proceso liquidatorio, por encontrar
indebidamente representado al acreedor, cuando previamente había reconocido a
su apoderado.
También es
pertinente reseñar la sentencia T-402 de 2006[28], mediante la cual se
dejó sin efecto una providencia que resolvía un conflicto de competencia entre la
Superintendencia de Sociedades y la justicia ordinaria, en favor de la primera,
en tanto, la Corte advirtió que: “(…)si bien la Superintendencia de
Sociedades cumple funciones jurisdiccionales en materias concursales, debe
entenderse de una parte, que la Ley 222 de 1995 no adscribió el conocimiento de
la acción de responsabilidad de la matriz al juez del concurso y de otra, que
tratándose de una autoridad administrativa que cumple funciones
jurisdiccionales, estas deben estar expresamente asignadas por la ley,
y en este caso, como está visto, la ley no asignó funciones jurisdiccionales a la
Superintendencia para conocer de la acción declarativa de responsabilidad de la
matriz.”[29] (Destacó, esta Sala
tercera de revisión, para lo que más adelante expone).
8. Una vez
definida la habilitación constitucional y legal de las superintendencias, en
particular la de Sociedades, para ejercer funciones jurisdiccionales, así como
el carácter de sus pronunciamientos en ejercicio de esa competencia, resulta
pertinente reiterar las reglas sobre la procedencia de la acción de tutela
frente a providencias judiciales.
Reiteración
de jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales[30].
9. La
Corte  Constitucional, como intérprete autorizado de la Constitución Política y
guardiana de la integridad del texto superior ha desarrollado una doctrina bien
definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Esta  línea se basa en la búsqueda de un equilibrio
adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional: la primacía
de los derechos fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e
independencia judicial[31].
10. Para
lograr este adecuado equilibrio, la Corte ha partido de los principios
generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos
particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una
providencia judicial; por otra parte, ha ido determinando los eventos en los
cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos
fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel
adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores judiciales.
Por último, ha recalcado constantemente que la acción sólo procede cuando se
encuentre acreditada la amenaza a un derecho fundamental.
11. A
continuación, se reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación,
sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de
2005[32]:
11.1 La
tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de
vista literal e histórico[33], como desde una
interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[34]
e, incluso, a partir de la ratio decidendi[35] de la sentencia
C-543 de  1992[36], siempre que se
presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia
constitucional.
11.2 Así,
al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen
los siguientes requisitos formales[37], que no son más que los
requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la
especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[38];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[39];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[40].
11.3 Que se
presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente
elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[41]
sustantivo[42], procedimental[43]
o fáctico[44]; error inducido[45];
decisión sin motivación[46];  desconocimiento
del precedente constitucional[47]; y violación directa
a la constitución[48].
11.4. Sobre
la determinación de los defectos, es claro para la Corte que no existe un
límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una
norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional,
pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o,
que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación
indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para
la solución de un caso específico[49].
No sobra
señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la sentencia
C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los
derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los
principios de seguridad jurídica e independencia judicial[50].
Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración
grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe
a los asuntos de evidente relevancia constitucional.
11.5. De
acuerdo con las consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la
procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la
concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las
causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el
amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la
necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental.[51]. En ese marco,
corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de procedibilidad
en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y la necesidad de
evitar un perjuicio.
Breve
caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela
contra fallos judiciales por defecto orgánico.
12. En la
sentencia T-929 de 2008 se advirtió, con base en reiterada jurisprudencia
constitucional, que la probada incompetencia del funcionario judicial configura
un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el
grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar
el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de
seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que
administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas
sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen”[52]”[53].
Y agregó “la
extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el
debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando “los jueces
desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde”[54]
y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera
de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas
actuaciones.”[55]
13. En
consecuencia, la actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia
funcional y temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser
desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el
desconocimiento del derecho al debido proceso.
Breve
caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela
contra fallos judiciales por defecto sustantivo[56].
14. Ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[57],
bien sea, por ejemplo  (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional[58], (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[59]
o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador.[60]
La
construcción dogmática del defecto sustantivo como causal de procedibilidad de
la acción de tutela, parte del reconocimiento que la competencia asignada a las
autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada
en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública
de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
En este
orden de ideas ha precisado que, pese a la autonomía de los jueces para elegir
las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma
de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las
disposiciones de la Constitución o la ley. Ha recordado que la justicia se
administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas, de favorabilidad, pro homine, entre otros.
(Artículos 6°, 29, 228 y 230 de la Constitución Política)[61].
15.
Adicionalmente, la Corte ha restringido la configuración del defecto sustantivo
cuando se estructura a partir de la interpretación que el juez ordinario ha
dado a la disposición legal. En efecto, la sentencia T-295 de 2005[62]
estableció: “La Corte Constitucional ha indicado que la interpretación
indebida de normas jurídicas puede conducir a que se configure una vía de hecho
por defecto sustantivo. Así, en la sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett) se expresó al respecto: “En otras palabras, una providencia
judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso
es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva.”
Sobre el
particular, la Corte consideró en la Sentencia T-1222 de 2005[63]
que no resultaba arbitraria ni vulneraba los derechos fundamentales del
peticionario la interpretación dada por el juez ordinario sobre la aplicación
del término de caducidad consagrado en el artículo 29 del Convenio de Varsovia
a la acción de responsabilidad civil extracontractual por muerte del pasajero
en accidente aéreo internacional. En efecto, para este Tribunal se trataba de
una interpretación plausible adoptada por el juez natural, en este caso, la jurisdicción
ordinaria sobre la posibilidad de extender unas disposiciones previstas
inicialmente para relaciones contractuales a un evento de carácter
extracontractual.
En
consecuencia, al juez de tutela le está vedado configurar el defecto sustantivo
a partir de la elección realizada por el operador judicial entre las
interpretaciones constitucionalmente admisibles[64].
Al respecto, en la sentencia T-1001 de 2001[65] la Corte explicó:“En
materia de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de
una vía de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera
concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho.
El hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas
autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por operador
jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o
no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en
realidad, de “una vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es
posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el
respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que
reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación
razonable del derecho.”
Breve
caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela
contra fallos judiciales por defecto fáctico[66].
16. La
Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la configuración del
defecto fáctico se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el
juez ordinario es arbitraria y abusiva, esto es, cuando el funcionario judicial
i) simplemente deja de valorar una prueba determinante para la resolución del
caso; ii) cuando excluye sin razones justificadas una prueba de la misma
relevancia, o cuando iii) la valoración del elemento probatorio decididamente
se sale de los cauces racionales[67].
En esa
medida, lo que corresponde al juez constitucional es evaluar si en el marco de
la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del
proceso[68]. Sobre el particular,
esta Corporación ha señalado: “No obstante lo anterior advierte la Sala, que
sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una
manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría
la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras
jurisdicciones”[69].
En virtud
de esta garantía constitucional de autonomía y competencia de los operadores
judiciales, la Corte ha concluido que sólo ante una valoración probatoria
ostensiblemente incorrecta, se configura el defecto fáctico[70].
Así, la  sentencia T-066 de 2005[71], precisó: “La
doctrina constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales por haberse incurrido en vía de hecho en la valoración
probatoria es sumamente clara, exige que se hayan dejado de valorar pruebas
legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente
practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en
cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de
hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un
fallo.  Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito
funcional de esta jurisdicción.”
Breve
caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela
contra fallos judiciales por defecto procedimental.
17. El
defecto procedimental está estructurado a partir del desconocimiento de las
formas que rigen los procedimientos y actuaciones judiciales[72].
En concreto, la Corte ha sostenido que se presenta este defecto: “Cuando el juez se desvía por
completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas
cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola
voluntad, se configura el defecto procedimental. El defecto procedimental se
erige en una violación al debido proceso cuando el juez da un cauce que no
corresponde al asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas
propias del juicio, como por ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera
de esta formalidad según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate
probatorio, natural a todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar
los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales.” [73]
Adicionalmente,
se debe advertir que en la sentencia C-590 de 2005, al igual que en las
T-1276,  T-994, T- 958, T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó que el defecto
procedimental debe tener la condición de absoluto, es decir, que el juez haya
actuado completamente al margen del procedimiento legalmente establecido.[74]
Estudio del caso concreto.
18. En el
caso, el apoderado de la DIAN, alega la estructuración de los defectos
orgánico, sustantivo, fáctico y material con la decisión de la Superintendencia
de Sociedades, en el sentido de declarar de forma oficiosa la nulidad absoluta
de la dación en pago celebrada entre las partes. En su concepto la sentencia 480-000289,
de 30 de septiembre de 2008, presenta un defecto orgánico por falta de
competencia de la entidad para proferir la sentencia; un defecto sustantivo por
aplicación errónea del numeral tercero del artículo 34 de la Ley 550 de 1999;
un defecto fáctico por indebida valoración del acervo probatorio; y/o
procedimental por desconocimiento del derecho de defensa de la entidad
accionante pues la sentencia se refirió a una materia no debatida en el tramite
del proceso verbal sumario.
Por
su parte la Superintendencia de Sociedades advierte que la acción de
tutela no es el mecanismo idóneo para remplazar al juez ordinario, y en todo
caso, en el proceso verbal sumario no se configuró ningún defecto de los
alegados por la entidad accionante.
El juez de primera
instancia desestimó el amparo con base en la existencia de otro medio de
defensa judicial, al calificar el pronunciamiento de la Superintendencia de
Sociedades como un acto administrativo susceptible de ser impugnado ante la
jurisdicción contenciosa. Dicho análisis requiere una aclaración preliminar por
parte de la Corte Constitucional.
Aclaración
preliminar. De la naturaleza de las decisiones de la Superintendencia de
Sociedades.
19.
En general, como se expuso en las consideraciones de esta sentencia, por
expresa autorización constitucional las autoridades administrativas pueden
ejercer de forma excepcional y restringida la función jurisdiccional. En
atención a ello, diversas disposiciones normativas han atribuido la potestad de
administrar justicia a las superintendencias. En particular, la
Superintendencia de Sociedades asume, con arreglo a la ley, la competencia en
asuntos relacionados con los procesos de reestructuración y de liquidación
obligatoria de las sociedades.
De
acuerdo con el artículo 37 de la Ley 550 de 1999: “La
Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de
conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116
de la Constitución Política, en única instancia y a través del procedimiento
verbal sumario, será la competente para dirimir judicialmente las controversias
relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los
presupuestos de ineficacia previstos en esta ley. Las demandas relacionadas con
la existencia, eficacia, validez y oponibilidad o de la celebración del acuerdo
o de alguna de sus cláusulas, sólo podrán ser intentadas ante la
Superintendencia, a través del procedimiento indicado, por los acreedores que
hayan votado en contra, y dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de
celebración. // También será la Superintendencia de Sociedades la competente
para resolver, en única instancia, a través del procedimiento verbal sumario,
cualquier diferencia surgida entre el empresario y las partes, entre éstas
entre sí, o entre el empresario o las partes con los administradores de la
empresa, con ocasión de la ejecución o terminación del acuerdo, distinta de la
ocurrencia de un presupuesto de ineficacia de los previstos en esta ley. Entre
tales diferencias se incluirán las que se refieran a la ocurrencia de causales
de terminación del acuerdo. //La Superintendencia, en ejercicio de las
funciones previstas en este artículo, podrá, si lo considera oportuno, de
oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretar el embargo y
secuestro de bienes o la inscripción de la demanda, o cualquier otra medida
cautelar que a su juicio sea útil en atención al litigio. Estas medidas también
se sujetarán a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.”
20.
En consecuencia, carece de fundamento la decisión del juez de primera instancia
al calificar el pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades como un
acto administrativo, impugnable ante la jurisdicción contenciosa, para negar
por improcedente la acción de tutela. Por el contrario, la naturaleza judicial
radica en la atribución de las funciones descritas, con base en las cuales la
Superintendencia de Sociedades profirió la sentencia 480-000289,
de 30 de septiembre de 2008, de conformidad con el procedimiento verbal sumario
establecido en el Código de Procedimiento Civil.
A partir de
la descripción fáctica mencionada, así como la aclaración previa, corresponde a
la Sala realizar el análisis de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Análisis
de procedibilidad de la acción.
21. A
continuación procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales en el
presente caso, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento 11.2 de esta
decisión.
21.1.
Relevancia Constitucional. El asunto planteado a esta Sala de Revisión
tiene relevancia constitucional, por lo menos, por las siguientes razones: (i)
involucra la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en el marco
de las funciones jurisdiccionales otorgadas, de manera excepcional, a las
autoridades administrativas; (ii) plantea el alcance de la competencia  atribuida
a la Superintendencia de Sociedades, para ejercer función jurisdiccional en el
trámite de los acuerdos de reestructuración y de liquidación obligatoria de
sociedades; y (iii) presenta el problema de las potestades oficiosas de la
Superintendencia de Sociedades en el ejercicio de las funciones mencionadas,
sin desconocer el derecho a la defensa de las partes en el proceso. Estas
consideraciones son suficientes para dar por cumplido el requisito.
21.2. El
agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. Los
hechos por los cuales fue interpuesta la acción de tutela que actualmente
estudia la Sala Tercera tienen origen en una demanda instaurada por la sociedad
Muebles BIMA S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA contra la DIAN y la SECRETARÍA DE
HACIENDA DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ, en el marco del proceso verbal sumario
previsto en el artículo 37 de la Ley 550 de 1999.
El artículo
37 dispone de manera expresa que el citado proceso se adelantará en única
instancia[75], en esa medida es
consecuente concluir que a la entidad accionante no le correspondía agotar
ningún recurso previa a la interposición de la acción de tutela. Por
consiguiente, el cumplimiento de este requisito se encuentra acreditado.
21.3. El
principio de inmediatez. La sentencia 480-000289 fue proferida por la
Superintendencia de Sociedades, el 30 de septiembre de 2008, y la acción de
tutela, contra la mencionada providencia judicial, fue instaurada por la DIAN,
el 29 de octubre de 2008, es decir, luego de pasado cerca de un mes desde su
emisión. La decisión judicial fue notificada en estrados el mismo día en que
fue proferida.
De acuerdo
con lo anterior, la Corte considera que la acción de tutela cumple con las
condiciones establecidas en este requisito, en el sentido que resulta razonable
el tiempo transcurrido entre el momento en que se conoce la decisión judicial
que se controvierte y la interposición de la acción de tutela.
21.4.
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
La Superintendencia de Sociedades declaró de oficio, mediante sentencia 480-000289
de 30 de septiembre de 2008, la nulidad absoluta del contrato de dación en pago,
celebrado entre la Fiduciaria Unión S.A., la DIAN y la Secretaría de Hacienda
Distrital. La sentencia fundamenta la decisión en el desconocimiento del
numeral 3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, el cual suspende la
exigibilidad de las garantías fiduciarias. Sin embargo, los argumentos
presentados por el demandante, MUEBLES BIMA S.A., y los demandados, la DIAN, la
Secretaría de Hacienda Distrital y la Fiduciaria de Occidente S.A., en el
trámite del proceso verbal sumario, se circunscriben a establecer si era
necesario contar con la autorización prevista en el numeral 1º del artículo 34
de la Ley 550 de 1999, para disponer del bien inmueble.
Así, la
falta de concordancia entre el debate argumentativo y probatorio realizado en
el proceso verbal sumario y la decisión adoptada por la Superintendencia de
Sociedades, en concepto de la entidad accionante desconoce su derecho a la
defensa, pues no tuvo la posibilidad de presentar pruebas y argumentos para
desvirtuar las conclusiones de la sentencia sobre la suspensión de las
garantías fiduciarias durante la vigencia de un acuerdo de reestructuración.
De lo
expuesto, se infiere la incidencia directa que tendría la irregularidad
procesal descrita, de encontrarse acreditada, en la vulneración del derecho a
la defensa de la entidad accionante. Por consiguiente, está cumplido el cuarto
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
21.5.
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible.  El requisito no es aplicable al caso concreto
pues, como se explicó en el numeral anterior, la DIAN no tuvo oportunidad de
controvertir las consideraciones de la Superintendencia de Sociedades, para
declarar la nulidad absoluta.
21.6.
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. Al respecto,
basta señalar que la sentencia judicial que se considera violatoria de los
derechos fundamentales es el resultado de una demanda interpuesta por la
sociedad Muebles BIMA S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA contra la DIAN y la
SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ, en el marco del proceso verbal
sumario, previsto en el artículo 37 de la Ley 550 de 1999.
Acreditados
todos los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala aborda el estudio de fondo, o de la
procedencia material del amparo.
De la
procedencia material del amparo.
22. La
Corte expondrá el contenido de la sentencia proferida por la Superintendencia
de Sociedades, transcribiendo los apartes pertinentes, para luego analizar cada
una de las causales genéricas de procedibilidad alegadas por la DIAN. Esto,
teniendo en cuenta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
mediante sentencia proferida el 30 de marzo de 2009, revocó la decisión de
primera instancia y concedió el amparo al derecho al debido proceso de la DIAN,
la Secretaría de Hacienda Distrital y la Fiduciaria de Occidente S.A. El
Tribunal advirtió que si bien la Superintendencia de Sociedades estaba en
ejercicio de la función jurisdiccional al proferir la sentencia N° 480-000289
del 30 de septiembre de 2008, lo cierto es que no existía norma expresa que la
habilitara para declarar la nulidad oficiosamente, lo que a su juicio,
configuró un defecto orgánico.  Por consiguiente, ordenó revocar los numerales
tercero, cuarto y quinto de la citada sentencia, así como cancelar la medida
cautelar de inscripción de la demanda.
La sentencia del
Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles
23.
Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2008, el Superintendente Delegado
para los Procedimientos Mercantiles decidió negar las pretensiones de la
demandante, por cuanto para disponer del bien inmueble objeto de dación en pago
no era necesaria la autorización previa, escrita y expresa del Comité de
Vigilancia, ya que MUEBLES BIMA S.A. no era titular del derecho de dominio sino
que la propiedad del inmueble recaía sobre el patrimonio autónomo. Sin embargo,
el Superintendente, de oficio, declaró la nulidad absoluta de la dación en pago
porque se desconoció una norma de orden público, a saber, el numeral tercero
del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, de conformidad con el cual durante la
vigencia del acuerdo de reestructuración debe suspenderse la exigibilidad de
las garantías fiduciarias.
El Superintendente
puntualizó: “(…) Es decir, que se hizo exigible una garantía constituida en
un contrato de fiducia mercantil, que se encontraba suspendido por disposición
de la ley, sin que se hubiere pactado en el acuerdo estudiado la posibilidad de
hacer efectiva la garantía, pues si bien en la Cláusula 2ª y 4ª del acuerdo se
estipuló que forma parte del mismo la facilidad de pago por concepto de
retención en la fuente concedida por la DIAN, y en la cláusula 19, se convino
la prelación de pago a los acreedores garantizados con derechos fiduciarios, y
que tal prelación de pago se hará efectiva mediante la dación en pago de
derechos fiduciarios sobre el fideicomiso FGAP LOCAL BIMA, previo desenglobe,
debiéndose destinar el bien resultante exclusivamente a un fideicomiso en
garantía a favor de la DIAN y la SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, ello, en
ninguna manera comporta autorización para la exigibilidad de la garantía
surgida del contrato de fiducia mercantil plurimencionado, pues una cosa es el
pago y su prelación y otra que se haya hecho exigible la garantía fiduciaria
como ocurrió en el presente caso, según se estableció.
Por otra parte, para que
cesara la suspensión por incumplimiento del acuerdo, el que llevó a los
acreedores a exigir a la fiduciaria la efectividad de la garantía, se requería
la terminación del mismo en los términos del artículo 35(numeral 3º y parágrafo
1º), en concordancia con el numeral 4º del artículo 36, que remite al inciso 2º
del artículo 138 de la ley 222 de 1995, que prevé la cancelación y
restablecimiento de gravámenes.
Se concluye que lo que
sucedió en el sub lite fue que se ejecutó una garantía contrariando norma de
orden público, y por ende, el negocio jurídico de dación en pago, en estos
términos celebrado, se encuentra viciado de nulidad absoluta por contrariar una
norma imperativa(artículo 899 del C. Co.), pudiendo ser declarada de oficio por
el juez cuando quiera que aparezca de manifiesto en el acto o contrato(artículo
1742 del C.C.), norma del Código Civil aplicable por remisión de la norma
mercantil artículo 822, que dispone que los principios que gobiernan la
formación de actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus
efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán
aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, debiendo
entenderse que cuando la ley habla de modo de anularse hace alusión a las
facultades oficiosas conferidas al operador judicial para declarar la nulidad
absoluta cuando aparezca manifiesta en el actos o contrato.
En consecuencia de lo
anterior será declarada la nulidad absoluta del contrato de dación, debiéndose
efectuar las restituciones mutuas a cargo de las partes contratantes en la
dación (art. 1746 del C.C.), sin que haya lugar a la restitución de frutos por
considerarse a los demandados como poseedores de buena fe(artículo 768 del
C.C.)”.
Del defecto orgánico
24. La DIAN
alega que la sentencia presenta un defecto orgánico, en tanto la entidad
carecía de competencia para decretar la nulidad absoluta. Esto, porque en su
concepto las facultades jurisdiccionales de la superintendecia, en tanto
autoridad administrativa, están limitadas por las disposiciones legales
aplicables y, en ellas, no se le habilita para que de forma oficiosa decrete la
nulidad. Al respecto, precisó que, conforme a la jurisprudencia constitucional[76]
y a un concepto emitido por la Superintendencia de Sociedades[77],
las funciones jurisdiccionales que ejerce esta autoridad administrativa están
restringidas expresamente en la ley.
25. La Superintendencia de
Sociedades, entiende de manera amplia su atribución jurisdiccional, en esa
medida, considera que está facultada para proferir la sentencia objeto de la
presente acción de tutela, con base en el artículo 37 de la Ley 550 de 1999. Y
dentro de esta potestad incuestionable asume la condición de juez, lo que le
permite decretar de oficio una nulidad, máxime si se trata de una actuación que
desconoció una norma de orden público. Al respecto, puntualizó: “(…) que sí
tiene competencia esta entidad para asumir el conocimiento y resolución de las
controversias suscitadas en la negociación de un acuerdo de reestructuración o
como consecuencia de ello. Si no fuera así, no se habría ventilado ante este
Despacho el proceso verbal sumario de que aquí se trata, y en el que se
profirió la decisión materia de la tutela. Razón por la cual, no se avizora la
existencia del defecto orgánico que se aduce, afecta la sentencia proferida.”[78].
26. Como quedó establecido
en los numerales 19 y 20, la sentencia dictada por la Superintendencia de
Sociedades, el 30 de septiembre de 2008,
obedece a la habilitación dada por el artículo 37 de la Ley 550 de 1999, para
ejercer funciones jurisdiccionales en el trámite de procesos de
reestructuración y de liquidación obligatoria de sociedades. No obstante, para la
DIAN, la Superintendencia extralimitó dicha competencia al atribuirse la
facultad de declarar nulidades.
Al respecto, resulta
pertinente invocar dos sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha
hecho alusión a la facultad de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio
de funciones jurisdiccionales, frente a nulidades presentes en el proceso,
pero, como se verá, aluden a otra clase de invalidez, derivada de causales de
nulidad procesal, no  sustancial  o  material.
En la sentencia T-803 de
2004, la Corte concluyó que dentro del proceso concursal adelantado por la
Superintendencia de Sociedades, el poder de uno de los acreedores no había
cumplido con los requisitos legales para reconocerle personería jurídica a su
abogado, por la falta del abono emitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la firma del cónsul que autentica un documento otorgado en el
exterior para que surta efectos en Colombia. En esa oportunidad, la Corte
señaló que existían dos posibilidades, de un lado, considerar la ausencia del
requisito mencionado como una irregularidad que en todo caso no comprometía la
validez del proceso, y del otro, calificar la falta del abono como una nulidad
que había sido saneada en el trámite del proceso[79].
Para
explorar esas dos hipótesis esta corporación presentó las siguientes
consideraciones: “(…) por una parte, que de acuerdo con el artículo 2º del
Código de Comercio, los asuntos no regulados por las normas mercantiles deben
regirse por las civiles, lo que indica que en materias procesales, cuando las
normas comerciales no prevean procedimientos especiales, el operador debe
remitirse al Código de Procedimiento Civil. La Ley 222 de 1995, que regula los
procesos concursales, no contiene normas especiales en materia de nulidades,
razón por la cual en dichos procesos se debe acudir a las disposiciones
generales del C.P.C.
Por otra
parte, que las nulidades representan vicios de tal magnitud, que  impiden la
existencia del debido proceso[80], de modo que el
legislador les ha atribuido la consecuencia de invalidar la actuación viciada o
todo el proceso, dependiendo de la causal de que se trate.
Y por
último, que nuestro país ha adoptado un sistema de causales de nulidad
taxativas, de interpretación restrictiva y no susceptibles de interpretación
analógica.[81]
Las causales generales
de nulidad están previstas en el artículo 140 del C.P.C., y de allí se extrae
que la falta del requisito previsto en el artículo 259 ibídem, cual es el abono
de la firma del cónsul que autentica un documento suscrito en el exterior por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, no constituye una causal de nulidad
sino una simple irregularidad que no invalida lo actuado, de manera que una
declaración de invalidez por la carencia de éste choca con principios como el
de economía procesal y prevalencia del derecho sustancial.
(…)
En el caso que analiza la
Sala se tiene que, si se entiende que la falta del abono de la firma del cónsul
que autenticó la ratificación del poder condujo a una carencia total del mismo,
de conformidad con el numeral séptimo del artículo 140 ibídem, dicha nulidad
fue saneada en tanto el acto procesal, es decir, la ratificación, cumplió su
finalidad, pues ella permitió que el accionante pudiera presentar su crédito en
la oportunidad debida en el proceso de liquidación obligatoria, y por otro
lado, no se vulneró el derecho de defensa de los otros intervinientes en el
proceso.”  Se trató pues, de nulidad procesal.
En suma, para la Corte, en
cualquiera de los dos eventos, la irregularidad o la nulidad presentada en el
proceso no invalidaban, entre otras razones por la primacía del derecho
sustancial sobre el procedimental, la oportuna presentación del acreedor al proceso
concursal.
Igualmente,
la Sentencia T-954 de 2004, la Corte encontró que en el trámite de un proceso
concursal, la Superintendencia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales
había vulnerado el derecho al debido proceso de las sociedades accionantes, y
en consecuencia, ordenó a: “la Superintendencia de Sociedades -que-
decretará la nulidad de todo lo actuado en todos los procesos, a partir de las
providencias que resuelven las objeciones y califican los créditos, inclusive,
y resolverá estos asuntos nuevamente -en virtud de la acumulación- apreciando
las pruebas allegadas a todos los procesos en forma conjunta y exponiendo de
manera razonable el mérito que le asignará a todas y cada una de ellas, una vez
culminado el debate probatorio sobre la admisión y practica de la objeción al
dictamen pericial en debida forma; y, ii) de considerarlo necesario, se pronunciará
sobre el comportamiento procesal de los abogados intervinientes, con sujeción
estricta a los principios de audiencia y contradicción.”
Como
también puede verse sin duda alguna, en ese caso, se trató de causales de
invalidez formal, procesal, que son muy diferentes a una nulidad sustancial,
como la declarada por la Superintendencia en el caso cuestionado. La
declaración de nulidad material exige por ende, una competencia que la ley haya
adscrito de manera muy clara, con nitidez, que se torna más exigente si de
declaración oficiosa se trata en los términos previstos desde la ley 2ª de
1936, y por lo tanto, los jueces no pueden confundir las competencias para
conducir el trámite con las indispensables para declarar de oficio una nulidad
que en el proceso no se discutió, porque con estas decisiones se sorprende a
las partes.
En este contexto, es
preciso concluir que si bien en el desempeño de la función jurisdiccional la
Superintendencia de Sociedades, en los procesos concursales, tiene un margen de
acción limitado lo cierto es que se sirve, del marco legal previsto en los
Códigos de Comercio, Civil y de Procedimiento Civil, de las particularidades
del proceso verbal sumario. En desarrollo de esa investidura como Juez puede,
decretar de oficio las nulidades procesales, pero esta competencia dista
demasiado de la indispensable para resolver de fondo  como lo hizo el
Superintendente en este caso, donde sin mayor argumentación jurídica dijo:  “Se
concluye que lo que sucedió en el sub lite fue que se ejecutó una garantía
contrariando norma de orden público, y por ende, el negocio jurídico de dación
en pago, en estos términos celebrado, se encuentra viciado de nulidad absoluta
por contrariar una norma imperativa(artículo 899 del C. Co.), pudiendo ser
declarada de oficio por el juez cuando quiera que aparezca de manifiesto en el
acto o contrato(artículo 1742 del C.C.), norma del Código Civil aplicable por
remisión de la norma mercantil artículo 822, que dispone que los principios que
gobiernan la formación de actos y contratos y las obligaciones de derecho
civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o
rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos
mercantiles, debiendo entenderse que cuando la ley habla de modo de anularse
hace alusión a las facultades oficiosas conferidas al operador judicial para
declarar la nulidad absoluta cuando aparezca manifiesta en el actos o contrato.
En consecuencia de lo
anterior será declarada la nulidad absoluta del contrato de dación, debiéndose
efectuar las restituciones mutuas a cargo de las partes contratantes en la
dación (art. 1746 del C.C.), sin que haya lugar a la restitución de frutos por
considerarse a los demandados como poseedores de buena fe (artículo 768 del
C.C.)”
La expresión que sirvió de
estribo a la Superintendencia cuando dedujo que se  había contrariado “una
norma de orden público”, carece de argumentación, y  tampoco la tuvo para
arribar a una supuesta causal de nulidad absoluta que terminó imponiendo sin
distinguir siquiera entre esta forma de invalidez y la derivada de nulidades
relativas. Al no indicar siquiera con un mínimo de fundamentos jurídicos de dónde
se extrae que se trata de una norma de orden público, la competencia para
resolver de oficio sobre aparente nulidad  de índole absoluta, es una verdadera
creación del juzgador.  En la jurisprudencia colombiana existe demasiada
literatura para explicar en qué consiste esa muy especial competencia para
declarar lo que no se ha pretendido, lo que no se ha discutido, como verdadera
-y por ende excepcional y especialísima-, manera de alterar el caro principio
de la congruencia. Nada de esto, fue abordado en el precario estudio –que no
análisis-, que se observa en el fallo de la entidad que anuló de oficio la
dación en pago, con lo cual, como si fuera poco, restituyó el inmueble a la
fiducia, para que luego sí, se ejecutase la garantía perviviendo aquella.
Por consiguiente, el
Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles al proferir la sentencia
N° 480-000289 del 30 de septiembre de 2008, estaba ejerciendo funciones
jurisdiccionales pero carecía de  competencia para decretar de oficio la
nulidad, máxime si de acuerdo con una conclusión sin   interpretación normativa
alguna, dedujo en forma sorpresiva y sorprendente que con la dación en pago  se
estaba vulnerando una norma de orden público.  En manera alguna reparó que no
hay orden público más claro que el tendiente a privilegiar intereses públicos
como la garantía de que el fisco reciba lo le adeuden sus acreedores. Solo de
hecho, podría deducirse  la potestad oficiosa del juez para decretar la nulidad
absoluta, pues para arribar a una competencia tan especial, exigente, exclusiva
y sui generis se deben haber elaborado la verificación de
las causales previstas por la ley, para que ni siquiera sea necesario notificar
a las partes o agotar una etapa procesal previa. No es que la Corte esté
diciendo que un Juez no puede declarar en forma oficiosa las nulidades
absolutas: lo que está planteando como Tribunal constitucional, es que
semejante declaración solo puede hacerse en especialísimas circunstancias que
deben examinarse con demasiado rigor, y por ende, cuando no se observe una
evidente nulidad que afecte el orden público, no podría hacerlo. Si alguna duda
genera el caso, es preferible optar por respetar el principio de la consonancia
entre la pretensión y la definición judicial[82].
27. Por ello, es pertinente
hacer alusión al alegato de la DIAN según el cual la nulidad se declaró con
fundamento en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, el cual
nunca fue objeto de debate en el trámite del proceso verbal sumario. Esto,
porque en el fallo se declararon carentes de fundamento  las pretensiones de la
demanda, pero se adopta una decisión que tiene el efecto contrario, apoyándose
en facultades oficiosas inexistentes, lo que a juicio del abogado desconoce el
derecho a la defensa de su poderdante[83].  Es algo que, acorde
con lo que dedujo hasta ahora la Corte, es acertado, siempre y cuando se
entienda que el punto desatado por la Superintendencia no tiene antecedentes y
por ende, la competencia no es tan nítida como la dedujo sin argumentarla, la
entidad juzgadora.
En efecto,
de acuerdo con el alcance dado por la Superintendencia de Sociedades al numeral
3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, el acuerdo de reestructuración
suspende la exigibilidad de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias,
salvo que sin el voto del beneficiario se pacte –y se pactó la fiducia-, la
posibilidad de constitución, modificación o exigibilidad de las mismas durante
la vigencia del acuerdo. Pero la fiducia fue fruto del acuerdo. No fue
anterior.
En el caso
se observa que el Superintendente Delegado reconoció que el acuerdo de
reestructuración contemplaba el contrato de fiducia como garantía para pagar a la
DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital las obligaciones que por conceptos
fiscales adeudaba la sociedad BIMA, pero que en ellas no se autorizaba la
exigibilidad de las garantías ante el incumplimiento en los pagos, pues para
ello según el mandato legal es necesario pactar en el acuerdo, sin el voto del
beneficiario de la garantía, la posibilidad de hacer exigible la misma. Por
tanto, si bien se convino  -en el acuerdo de reestructuración-,  la garantía
fiduciaria, así como la previsión que la omisión de los pagos a la DIAN y a la
Secretaría de Hacienda traían como consecuencia el incumplimiento del acuerdo
de reestructuración[84], ello, en concepto de la
Superintendencia, de manera alguna autorizaba la exigibilidad de las garantías
suspendidas.
28. Ahora
bien, bajo los argumentos presentados es necesario analizar los objetivos
generales de los procesos concursales, así como los específicos de los acuerdos
de reestructuración. Al respecto, la Corte ha señalado que: “(…) los
procesos concursales se orientan hacia la protección de la organización
empresarial y, a través de ella, hacia el mantenimiento del empleo y la
salvaguarda del sistema crediticio. Este triple objetivo se logra mediante la
sujeción de las empresas que afrontan crisis económicas a ciertos trámites, que
pueden ser de dos clases: a) el concordato, o acuerdo de recuperación de los
negocios del deudor, y b) la liquidación obligatoria, o realización de los
bienes del deudor para atender el pago ordenado de sus obligaciones. En el caso
presente, por la especificidad de la demanda, la Corte sólo hará referencia al
primer tipo señalado, esto es, a los procesos concordatarios.
La
figura del concordato permite que las empresas con dificultades graves en el
pago de sus pasivos, lleguen a un acuerdo con sus acreedores, con la finalidad
de permitir su recuperación y conservación, en tanto unidades de explotación
económica y fuentes generadoras de empleo, y asimismo proteger el crédito (Ley
222/95, art. 94), a la vez que se trazan las reglas a las cuales se someterá el
cumplimiento de las obligaciones insolutas a su cargo.”[85]
Y en
particular, sobre el alcance de los acuerdos de reestructuración este Tribunal
ha enfatizado lo siguiente: “(…) la negociación de un acuerdo de
reestructuración constituye un proceso concursal no judicial, encaminado a
recuperar una empresa que atraviesa por una crisis económica profunda,
inspirado en los principios de la universalidad y la colectividad, al cual es
preciso que acudan todos los acreedores del empresario a fin de celebrar un
convenio en el que se defina la forma en que éste atenderá sus créditos y se
procure por una óptima estructura administrativa, financiera y contable de la
empresa en aras a restablecer su capacidad de pago.
De
conformidad con el principio de universalidad, todo el patrimonio del deudor se
encuentra afecto a los fines de la reestructuración, y por ende, el empresario
no podrá adoptar reformas estatutarias, ni constituir ni ejecutar garantías o
cauciones a favor de los acreedores de la empresa que recaigan sobre sus
bienes, ni efectuar pagos, arreglos, conciliación o transacciones de ninguna
clase, ni efectuar enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al
giro ordinario de la empresa o que se lleven a cabo sin sujeción a las
limitaciones estatutarias aplicables. En virtud del principio de colectividad,
se debe llamar a todos y cada uno de los acreedores del empresario, sin
discriminación alguna, a fin de que, con sujeción estricta a unas reglas
procedimentales señaladas en la ley, se negocie y adopte un acuerdo de
reestructuración, que resulta vinculante para el empresario, los acreedores
internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en
la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él.
Se
trata, por lo demás, de un proceso concursal basado en el principio de
publicidad, en tanto que garantía necesaria para la igualdad entre los
acreedores.”[86]
En
conclusión, los procesos concursales responden al interés del Estado de lograr,
con la participación de los acreedores, la viabilidad económica de una empresa
que se encuentra en imposibilidad de atender oportunamente las obligaciones
contraídas. Para alcanzar este objetivo, la legislación ha previsto la
celebración del acuerdo de reestructuración, en el que, una vez evaluado el
estado financiero de la empresa, se establecen las acreencias y el término y la
forma para el cumplimiento de las mismas.
Al respecto,
es preciso recordar para el caso en concreto que el artículo 34 de la Ley 550
de 1999, regula los efectos del acuerdo de reestructuración[87],
en concreto, el numeral 3º dispone: “Como consecuencia de la función social
de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos
previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el
empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y
externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la
negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y
tendrán los siguientes efectos legales:
(…)
3. La
suspensión, durante la vigencia del acuerdo, de la exigibilidad de gravámenes y
garantías reales y fiduciarias. La posibilidad de hacer efectivas tales
garantías durante dicha vigencia, o la constitución o modificación de tales
cauciones tendrá que pactarse en el acuerdo sin el voto del beneficiario o
beneficiarios respectivos. Si el acuerdo termina por incumplimiento conforme a
lo dispuesto en la presente ley, se restablecerán de pleno derecho la exigibilidad
de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias que se haya suspendido, al
igual que las medidas cautelares que hayan sido practicadas por la DIAN, en la
misma forma prevista en el inciso segundo del artículo 138
de la Ley 222 de 1995.
Si
durante la vigencia del acuerdo se constituyen a favor de otros acreedores
gravámenes sobre bienes objeto de garantías cuya exigibilidad esté suspendida,
en el momento en que ésta se restablezca tendrá prioridad el acreedor
beneficiario para la realización de la garantía frente a los titulares de los
nuevos gravámenes.
Para la
constitución, modificación o cancelación de garantías, o la suspensión o
conservación de su exigibilidad que se derive del acuerdo, bastará la
inscripción de la parte pertinente del mismo en el correspondiente registro,
sin necesidad de otorgar nuevamente ningún otro documento.
El
restablecimiento de las garantías previsto en este numeral, operará sin perjuicio
de lo dispuesto en el numeral 12 de este mismo artículo, en lo que se refiere a
créditos garantizados cuyo privilegio se modifique en la prelación pactada.”
29. En este
contexto, debe tenerse en cuenta que si bien en un proceso de reestructuración
se persigue la igualdad de los acreedores, no puede desconocerse la figura de
la prelación de créditos, como: “(…) el conjunto de reglas que determinan el
orden y la forma en que debe pagarse cada uno de ellos. Se trata entonces de
una institución que rompe el principio de igualdad jurídica de los acreedores,
de modo que debe ser interpretada restrictivamente, ya que no hay lugar a
decretar preferencias por analogía; sólo existen aquellas expresamente
contempladas en la ley”[88]. La ley es la
que determina en que orden se han de satisfacer las acreencias “o sea que
los particulares no pueden modificar la pars conditio o el orden de prelación
por pacto entre ellos”[89].
De acuerdo con lo expuesto, la
prelación de créditos está llamada a operar cuando se presente la liquidación
obligatoria de la empresa para: “(…) adjudicar la masa de bienes de manera
proporcional y en el orden de prelación establecida en la ley”[90].
30. Así, el análisis
integral de los fines y efectos que persigue el acuerdo de reestructuración y
la prelación de créditos, permite a la Corte afirmar que la dación en pago en
nada afectó la viabilidad de la empresa ni la igualdad de los acreedores dentro
del proceso de reestructuración de la sociedad muebles BIMA S.A. Por lo que las
consideraciones de la sentencia de la Superintendencia de Sociedades sobre la
suspensión de garantías, contemplada en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley
550 de 1999, no comporta la existencia de una causal de nulidad por
desconocimiento de una norma de orden público. De ello resulta entonces que,
amén del defecto orgánico derivado de la falta de competencia para resolver
sobre una nulidad que no tiene el carácter de absoluta, también se incurrió en
la decisión atacada en un defecto sustancial que adviene de la errada
concepción de que se desconoció una norma de orden público.
Lo anterior teniendo en
cuenta que la DIAN y la Secretaría de Hacienda Distrital no sólo eran
acreedores, cuya prelación era de primer orden –de lo cual justamente se puede
deducir que esto es algo que sí concierne al orden público-, sino que su
obligación se encontraba garantizada mediante un contrato de fiducia. En
efecto, si bien en el proceso concursal todo el patrimonio del deudor está
destinado a los fines de la reestructuración, lo cierto es que en el acuerdo
celebrado en el caso de la sociedad BIMA S.A., se pactó que un local comercial
garantizaría de forma exclusiva el pago de las obligaciones fiscales.
De hecho, la falta de pago
de las acreencias fiscales de la sociedad conllevaba el incumplimiento del
acuerdo reestructuración y la consecuente liquidación obligatoria de MUEBLES
BIMA S.A. De tal forma que, la dación en pago solo podría ser el resultado de
la verificación de las condiciones establecidas en el contrato de fiducia que
de manera autónoma ordenaba el pago de la obligación incumplida a la DIAN y la
Secretaría de Hacienda de Bogotá, sin que se generará un detrimento patrimonial
de la empresa en perjuicio o sin conocimiento de los demás acreedores. En
efecto, el presupuesto para exigir la garantía otorgada mediante el contrato de
fiducia era la verificación por parte de la fiduciaria del incumplimiento de
las obligaciones del fideicomitente, en este caso, MUEBLES BIMA S.A.
31. Por consiguiente, la
Corte concluye que la sentencia dictada el 30
de septiembre de 2008, presenta un defecto orgánico, y otro sustancial, porque
el Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles carecía de
competencia para decretar la nulidad por desconocimiento del numeral 3º del
artículo 34 de la Ley 550 de 1999, en tanto la dación en pago responde a las
condiciones pactadas en el contrato de fiducia, producto del acuerdo de
reestructuración de conformidad con la calidad preferencial del acreedor, sin
interferir con la viabilidad financiera de la empresa incumplida ni ignorar los
propósitos que revisten los procesos concursales. Además, las consideraciones
sobre el desconocimiento de una norma de orden público carecen de un análisis
sobre las finalidades de los acuerdos de reestructuración, el pago a los
acreedores de primer orden y lo pactado en el contrato fiduciario.
En consecuencia, el defecto
orgánico se estructura a partir de la aplicación de una causal de nulidad
inexistente y no, como lo declaró el juez de segunda instancia, en la falta de
competencia de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones
jurisdiccionales, para decretar nulidades.
La parte actora tuvo razón
pues, al plantear la incompetencia de la Superintendencia, pues en el fondo lo
que ocurre teóricamente –y que aquí en efecto aconteció-, es que el Juez, sea
el que fuere, excede los umbrales de su competencia –presupuesto procesal y
constitucional este que debe estar precisado con nitidez en la ley-, cuando,
después de hallar completamente infundada la pretensión de la parte actora,
desdeña con facilidad el principio de la congruencia y decida, sorprendiendo a
las partes, que aún le queda algo por resolver en el proceso, que ninguna de
las partes discutió.  Al respecto, es preciso recordar que tal principio en el
fondo entraña una modalidad de restricción a la competencia, pues por regla
general, el Juez solo está habilitado para desatar el conflicto que ha sido
sometido a su escrutinio y ninguno otro, de modo que normalmente está vedado al
sentenciador sustituir al demandante en la configuración de las pretensiones,
pues al apartarse de la forma como el sujeto procesal respectivo ha delimitado
la lesión que pretende detener al acudir a la justicia, está resintiendo la
autonomía de los individuos a quienes está reservado abrir el espacio de la
Jurisdicción para el restablecimiento de un derecho concreto y frente a un
cuadro fáctico específico.  De este modo, toda actividad del Juez, tendiente a
intervenir en la configuración del petitum, ha de verse con recelo. Por
esto, el defecto orgánico en este asunto es evidente.
Y, tal desbordamiento del
Juez puede estar encubierto, cuando a pretexto de la defensa a ultranza del
ordenamiento y del interés público, decide por sí y ante sí, que está en
presencia de un caso de supuesta nulidad absoluta, y por este camino que
entraña notorio yerro sustancial, encuentra el resquicio para ejercer una
competencia de la cual carece.  La Corte encuentra el defecto sustantivo,
porque si había alguna duda sobre la interpretación del texto que contiene el
acuerdo concordatario, de la forma de llevarlo a cabo, o de la época del
incumplimiento y la finalidad del fideicomiso, asentido de antemano por todos,
resulta ambigua la exigencia hecha por la Superintendencia, con lo cual
desaparece la nitidez de la supuesta nulidad absoluta: la Corte Suprema de
Justicia ha sentado jurisprudencia sobre la necesidad de que la nulidad
absoluta relumbre, por lo que no puede arribarse a ella por medio de elaboradas
construcciones.
Adicionalmente, también
respecto del defecto sustantivo, lo que sí es concluyente, es que la defensa del
interés público no se logra con decisiones como aquella con que se sorprendió a
las partes, aquí cuestionada en esta acción de tutela, pues debe mirarse en un
contexto en el cual el interés público y las normas imperativas, no pueden
sacarse de esa contextualización; aquí, el verdadero interés público es la
defensa del patrimonio público, de antemano establecido por la ley en forma
nítida, por el privilegio de los créditos del fisco, de modo que la lectura
forzada de una norma imperativa, para defender aparentemente el interés
público, resultaría en el menoscabo de la celeridad del proceso concordatario,
carecería de eficacia práctica, y pondría en entredicho aquel patrimonio
público. Esta no es la forma de ejercer el laborío judicial, cuando de nulidades
absolutas se trata, porque al contrario, se debe ponderar cuál es el efecto
práctico del decreto o declaración oficiosa de la nulidad, pues si con ello
nada se gana en términos del interés público  -y por el contrario se reabre el
espacio de incertidumbre de los derechos-,  sin ninguna ventaja real para el
ordenamiento en cuya protección se invoca la nulidad, hay desmesura en la
actividad de juzgamiento. Esto, se acrecienta porque a la exigencia de la
terminación del acuerdo concordatario como premisa de la exigibilidad de las
obligaciones y de la posibilidad de realizar la garantía, arribó la
Superintendencia como resultado de una interpretación de las cláusulas del
acuerdo, lo que muestra que la nulidad no procedió de la inequívoca violación
de las normas imperativas.  Y, como si fuera poco, esas conclusiones carentes
de apoyo argumentativo, no pudieron ser rebatidas, pues aparecieron en un
momento en el cual, las partes ya nada podían hacer.  Por ello fuerza concluir
que al defecto orgánico se sumó un defecto sustantivo que le sirvió de apoyo y
que la tutela tenía que abrirse paso como ocurrió al final.
32. En virtud de lo expuesto, la
Corte confirmará la decisión de la Sala Penal Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, que concedió la acción de tutela promovida por Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales contra la Superintendencia de Sociedades, pero
exclusivamente por las razones expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: cONFIRMar el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá que concedió la acción de tutela promovida por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contra la Superintendencia de
Sociedades, pero exclusivamente por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo:
Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS
ERNESTO   VARGAS   SILVA
Magistrado
Ponente
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 120 del cuaderno 1 del expediente.
[2] Folio 120 del cuaderno 1 del
expediente.
[3] Folio 121 del cuaderno 1 del
expediente.
[4] Folio 121 y 122 del cuaderno 1 del expediente.
[5] Cita las sentencias T-402 de
2006 y C-415 de 2002.
[6] Hace alusión al oficio 220-052956 emitido por la
Superintendencia de Sociedades.
[7] Para sustentar está posición, el apoderado cita la
sentencia T-231 de 1994.
[8] Folio 118 del cuaderno 1 del expediente.
[9] Inciso 2° del artículo 7° del
Decreto 2591/91.
[10] Folio 137 del
cuaderno 1 del expediente.
[11] Folio 143 del cuaderno 1 del expediente.
[12] Folio 144 del
cuaderno 1 del expediente.
[13] Es preciso aclarar
que la Fiduciaria de Occidente S.A. absorbió, mediante fusión, a la Fiduciaria
Union S.A., a través de escritura pública No. 13336 de 2 de octubre de 2006 de la
Notaría 29 de Bogotá (folio 151 del cuaderno 1 del expediente).
[14] Para sustentar está
afirmación el representante legal de la fiduciaria invoca la sentencia C-086 de
1995.
[15] Folio 52 del
cuaderno 2 del expediente.
[16] La Corte ha
estudiado la posibilidad de otorgar facultades jurisdiccionales a las
autoridades administrativas, en las siguientes sentencias entre otras:
C-592/92, C-212/99, C-037/96, C-672/99, C-384/00, C-1641/2000.
[17] C-415 de 2000. M.P.
Eduardo Montealegre Lynnet.
[18]  Modificados por el
artículo 52 de la Ley 510 de 1999.
[19] Sentencia C-480 de 2000. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[20] M.P. Álvaro Tafúr
Galvis.
[21] De conformidad con
la sentencia  C-415 de 2002 la apelación prevista en el inciso tercero del
artículo 148 de la Ley 446 de 1998 se surte ante las autoridades judiciales.
[22] Sentencia T-954 de 2004.
M.P. Álvaro Tafúr Galvis.
[23] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[24]  “Por la cual se
establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de
las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta
ley”.
[25]  Al respecto,
frente al conflicto presentado en la Ley 222 de 1995 sobre la competencia de
esta Superintendencia, véase: Corte Constitucional, sentencia C-180 de 1997,
M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
[26]  En especial el
artículo 13, numeral 2 que dice: “DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
POR OTRAS AUTORIDADES Y POR PARTICULARES.
Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución
Política: (...) 2. Las autoridades administrativas, de acuerdo con las
normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales
autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o
juzgamiento de carácter penal; y (...)”.
[27] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[28] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[29] Sentencia T-402 de 2006. M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[30] Cfr. Sentencia
T-156 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en al que la Corte concluyó que
la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar de forma simultánea
presenta un defecto sustantivo y fáctico. En efecto, de una parte, la
interpretación exegética de la norma de caducidad de la acción de reparación
directa realizada por el Tribunal no es admisible constitucionalmente, toda vez
que circunscribir el análisis al ámbito legal sin estudiar los efectos de la
posición variable de la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
jurisdicción competente para tramitar los procesos contra el ISS devino en una
flagrante denegación de justicia. Y de otra, se encuentra acreditado el defecto
fáctico por la falta de análisis del Tribunal Administrativo de Bolívar de las
providencias del Consejo de Estado sobre la jurisdicción competente y las
consecuencias sobre la caducidad de la acción de reparación directa. Igualmente
consultar la sentencia T-1112 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. En donde
este Despacho estudió la configuración de una vía de hecho por desconocimiento
del precedente jurisprudencial pues se había desvinculado a un servidor público
en provisionalidad sin motivación. En el mismo sentido, se puede consultar la
sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño, en la que la Corte dejó
sin efectos una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que
negaba el reconocimiento de la pensión de invalidez al aplicar una norma que
había sido declarada inexequible pero que al momento de la estructuración de la
invalidez se encontraba vigente.
[31] Al respecto ver
sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[32] Se trata de una
exposición sintetizada de la sentencia C-590 de 2005.
[33] “En la citada norma superior (artículo 86 C.P.) es
evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos
ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de
ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos
fundamentales.  Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla
de  “cualquier”  autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela
procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder
inherente a la función jurisdiccional y específicamente contra las decisiones
judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación
del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se
tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de
aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[34] “La procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino
también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la
Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibid.
[35] Sobre los conceptos de ratio
decidendi y obiter dicta, consultar la sentencia SU-047 de 1999
(M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[36] “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de
la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales”. Cfr.
Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[37] Siempre, siguiendo
la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[38] Ver sentencia T-173
de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[39] Sobre el
agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el
principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[40] Esta regla se
desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a
través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un proceso no fue
seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los
derechos fundamentales.
[41] Hace referencia a
la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la sentencia.
[42] Cuando se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de 1998
M.P. (Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[43] El defecto
procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias
T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-196 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-996 de 2003 M.P.
(Clara Inés Vargas Hernández), T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda).
[44] Referido a la
producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón a la
independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto
fáctico es supremamente restringido.
[45] También conocido
como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a
pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario
judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien
sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la
Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del
poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Hernández), T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y
SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[46] En tanto la
motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de
legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[47] “(se presenta
cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
[48] Cuando el juez da
un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la
constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no
se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber
sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de
2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[49] Ver Sentencia T-701 de 2004
(M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[50] Es decir, que las
sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material, representado
en el respeto por los derechos fundamentales.
[51] Sentencia C-590 de
2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido, sentencia T-701 de
2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[52] Cfr. Corte Constitucional,
Sentencia T-1057 de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentaría.
[53] Sentencia T-929 de 2008,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[54] Cfr. Corte Constitucional,
Sentencia T-446 de 2007. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[55] Sentencia T-929 de 2008,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[56] Esta
caracterización ha sido tomada de la sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[57] Sobre el
particular, además de la ya citada sentencia T-231 de 1994, pueden consultarse,
entre varias, las sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984
de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[58] Cfr. sentencia
SU-1722 de 2000 M.P. Jairo Charry Rivas. Tal es el caso por ejemplo de todas
las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio
in pejus”.
[59] Cfr., la sentencia
C-984 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[60] Sentencia SU-159/02
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán
Sierra y Rodrigo Escobar Gil.
[61] Sentencia T-284 de
2006.
[62] M.P. Manuel José Cepeda.
[63] La Corte fundamentó su decisión en los siguientes
argumentos: “En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los jueces
civiles son intérpretes autorizados de las normas que integran esta rama del
derecho y el juez constitucional no puede oponerles su propia interpretación
salvo que se trate de evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación
de los derechos fundamentales de las partes. En este caso el juez
constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una
vulneración del derecho constitucional de los derechos fundamentales como
condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada.
// En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial
por presunta arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado -vía de
hecho sustancial por interpretación arbitraria- el juez constitucional debe
limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del
derecho por parte del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o
capricho o que no viole los derechos fundamentales. En otras palabras, no puede
el juez de tutela, en  principio, definir cual es la mejor interpretación, la
más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se limita
simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos
fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal.”
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[64] Ver, entre otras, las sentencias: T-567 de 1998,
T-411 de 2002 y T-359 de 2003. En esta última se señaló: “(…) de aceptarse
vía de hecho frente a interpretaciones razonables se estaría llegando a afirmar
que sería procedente dejar sin efectos una providencia judicial simplemente
porque el criterio del juez de tutela no coincide con el del fallador accionado
por supuesta vía de hecho en providencia judicial.”
[65] M.P. Rodrigo
Escobar Gil
[66] La reiteración de
jurisprudencia se realizó a partir de la sentencia T-286 de 2007. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[67] Al respecto se
pueden consultar las sentencias T-231 de 1994, T-329 de 1996, SU-477 de 1997,
T-267 de 2000, entre otras.
[68] La sentencia T-442 de 1994,  M. P. Antonio Barrera
Carbonell, advirtió: “Evidentemente, si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar
su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho
poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone
necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de
evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una
situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos
constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta
manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y
efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y
valores constitucionales.”
[69] Sentencia T-442 de
1994.  M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[70]  Sentencia T-336 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández y Sentencia T-212 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[71] M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[72] En el mismo sentido, la sentencia
T-388 de 2006, M.P. Jaime
Araujo Renteria, estableció: “Para la
Corte, hay defecto procedimental cuando el juez, en forma injustificada ,
desatiende los procedimientos fijados por la Ley para adelantar los procesos o
actuaciones judiciales, pasando por capricho a actuar de manera distinta,
comportamiento que se erige en vía de hecho con la que se vulnera el derecho
fundamental al debido proceso. Así lo ha consignado en varios de sus
pronunciamientos”. También puede consultarse la sentencia T-225 de 2006.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández , en la que se advierte: “Así, tratándose
de las ritualidades de un juicio se ha establecido, que hay defecto procedimental cuando el juez en forma injustificada
desatiende los procedimientos fijados por la Ley para adelantar los procesos o
actuaciones judiciales, por tratarse de un comportamiento que se erige en vía
de hecho con el cual se vulnera, entre otros, el derecho fundamental al debido
proceso”
[73] Sentencia T- 996 de
2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[74] Tomado de la cita
47 de la sentencia T-225 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[75] Ley 550 de 1999.
Artículo 37: “(…)
También será la Superintendencia de Sociedades la competente para resolver, en
única instancia, a través del procedimiento verbal sumario, cualquier diferencia
surgida entre el empresario y las partes, entre éstas entre sí, o entre el
empresario o las partes con los administradores de la empresa, con ocasión de
la ejecución o terminación del acuerdo, distinta de la ocurrencia de un
presupuesto de ineficacia de los previstos en esta ley. Entre tales diferencias
se incluirán las que se refieran a la ocurrencia de causales de terminación del
acuerdo.”(Subrayado
fuera del texto original).
[76] Cita las sentencias
T-402 de 2006 y C-415 de 2002.
[77] Hace alusión al oficio 220-052956
emitido por la Superintendencia de Sociedades.
[78] Folio 143 del cuaderno 1 del expediente.
[79] En esta segunda
hipótesis la sentencia precisó“(…) la falta del abono de la firma del cónsul
que autenticó la ratificación del poder condujo a una carencia total del mismo,
de conformidad con el numeral séptimo del artículo 140 ibídem, dicha nulidad
fue saneada en tanto el acto procesal, es decir, la ratificación, cumplió su
finalidad, pues ella permitió que el accionante pudiera presentar su crédito en
la oportunidad debida en el proceso de liquidación obligatoria, y por otro
lado, no se vulneró el derecho de defensa de los otros intervinientes en el
proceso”.
[80] Cfr. Sentencia
C-384 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[81] La Corte Suprema de
Justicia ha manifestado que las causales de nulidad procesal, en tanto
taxativas, no son susceptibles del criterio de analogía para aplicarlas, ni de
extensión para interpretarlas. La doctrina sostiene que la razón de esta
postura radica en la importancia del asunto, que hace que no se deba dejar al
intérprete la determinación de las nulidades. Cfr. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones
de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Octava edición. Dupré
editores. Bogotá, 2002. Pág. 893.
[82]
De acuerdo con la sentencia C-597 de 1998: “La nulidad, según la doctrina
prevalente, constituye un castigo o sanción civil que se impone por la omisión
de los requisitos que la ley considera indispensables para la validez de los
actos o contratos. La nulidad se identifica con la invalidez del acto o
contrato. // La nulidad puede ser absoluta o relativa. La primera se dirige a
proteger el interés público o general de la sociedad, pues está destinada a
castigar lo ilícito, es decir, lo contrario a la ley, las buenas costumbres y
el orden público. La segunda protege el interés privado o particular. Sin
embargo, es posible encontrar casos en los que los dos intereses -privado y
público- se encuentran comprometidos, vr.gr. cuando se trata de la defensa de
los incapaces.”
[83] Para sustentar está posición, el
apoderado cita la sentencia T-231 de 1994.
[84] La
DIAN hace expresa referencia a las cláusulas cuarta y décimo novena del acuerdo
de reestructuración, así como al reglamento del contrato de su fiducia y su
respectivo reglamento.  Las cláusulas mencionadas señalan que: “CUARTA.-
Acreencia Fiscal – Facilidad de Pago Retención en la Fuente.  La
facilidad de pago por concepto de retención en la fuente concedida por la DIAN,
se entiende incorporada y hace parte integral del presente acuerdo de
reestructuración como Anexo 3.
En consecuencia, el incumplimiento de los
pagos de la facilidad para el pago de la Retefuente concedida por la DIAN,
deberá entenderse como incumplimiento del presente acuerdo de reestructuración.
(…)
DECIMA NOVENA. Prelación de pago a los acreedores
garantizados con derechos fiduciarios. Los acreedores garantizados con derechos fiduciarios
tendrán prelación en cuanto al pago de sus obligaciones. La prelación de pago
se hará efectiva mediante dación en pago de derechos fiduciarios sobre el
fideicomiso FGAP LOCAL BIMA previo el desenglobe del Local 4-112 del Centro
Comercial Bima. En consecuencia, el local  resultante una a  vez efectuado el
desenglobe, será destinado exclusivamente a un fideicomiso en garantía en el
cual los beneficiarios serán la DIAN y la Secretaría de Hacienda Distrital por
concepto de sus obligaciones reestructuradas.”.
[85] Sentencia C-1143 de 2000, en la que la Corte declaró
exequible la facultad que le confiere el artículo 146 de la Ley 222 de 1.995 a la
Superintendencia de Sociedades, para instaurar la acción revocatoria concursal.
En esa oportunidad la corporación enfatizó que: “El régimen concordatario encuentra
su justificación constitucional, en el deber del Estado de crear mecanismos
para promover el sector empresarial, y así preservar la función que éste cumple
en materia de desarrollo económico. El artículo 333 de la Carta, según el cual
la actividad económica y la iniciativa privada encuentran sus límites en los
primados del bien común, establece que la "libre competencia económica es
un derecho de todos que supone responsabilidades", y que "la empresa,
como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones"; por lo mismo, este precepto asigna al Estado el deber de
estimular el desarrollo empresarial. A su vez, el artículo 334 Superior dispone
que corresponde al Estado la dirección general de la economía, y que para ello
deberá intervenir en ciertos casos, por mandato de la ley; por ejemplo, sobre
la producción, distribución, utilización y consumo de bienes -procesos
vinculados la mayor parte de las veces con la actividad comercial de las
empresas-, o sobre los servicios públicos, buscando la racionalización de la
actividad económica, con especial énfasis en la protección del empleo y en la
promoción de la productividad y la competitividad nacionales. Como dijo la
Corte en sentencia C-233/97 (M.P. Fabio Morón Díaz), "al Estado
corresponde desplegar una actividad orientada a favorecer el cabal cumplimiento
de las prerrogativas inherentes a la libre iniciativa y la libertad económica
y, a la vez, procurar la protección del interés público comprometido, en guarda
de su prevalencia sobre los intereses particulares que pueden encontrar
satisfacción, pero dentro del marco de las responsabilidades y obligaciones
sociales a las que alude la Constitución". //Por su parte, la empresa, en
tanto concepto organizacional que conjuga los factores económicos del capital y
del trabajo, es un canal a través del cual se materializan, en la vida
económica, los mandatos del constituyente: mientras que el capital,
manifestación por excelencia de la propiedad privada, tiene una función social
(art. 58 C.P.), el trabajo, su complemento indispensable, goza de un especial
estatus constitucional, que le adscribe la triple calidad de valor, derecho y
obligación (Preámbulo y art. 25, C.P.). Se entiende, así, que se haya
encomendado al Estado la función de promover su existencia y desarrollo, por
ser la base de la economía nacional. //Bajo tales parámetros, para esta
Corporación resulta claro que, al establecer un régimen concordatario orientado
fundamentalmente hacia la supervivencia de la organización empresarial, el
Legislador dotó al Estado colombiano de un medio idóneo para cumplir con sus
cometidos constitucionales. En efecto: a través del trámite de un concordato,
es posible que las empresas en dificultades aseguren su continuidad en el mundo
económico, y al mismo tiempo, cumplan con las obligaciones y responsabilidades
que surgen de su actividad económica, entre las cuales la más elemental es la
de pagar sus acreencias.”
[86] Sentencia C-625 de
2003.
[87] Sobre el
particular, la sentencia C-625 de 2003, reseñó: “La Ley 550 de 1999 establece, de
igual manera, diversos efectos jurídicos de los acuerdos de reestructuración
como son, entre otros, los siguientes: la enajenación a cualquier título de
bienes de la empresa debe ser previamente autorizada por el Comité de Vigilancia;
el levantamiento de las medidas cautelares vigentes, con excepción de aquellas
de la DIAN; la suspensión de la exigibilidad de gravámenes y garantías reales y
fiduciarias a favor de los créditos involucrados en el acuerdo, a menos que se
haya pactado sin el voto del beneficiario de dicha garantía; la posible
reducción de las garantías a cargo del empresario deudor; la eventual
sustitución de las garantías fiduciarias originadas en patrimonios autónomos
integrados por inmuebles o de hipotecas de mayor extensión por derechos
fiduciarios o certificados de garantía sobre determinadas porciones de los
mismos bienes; a partir del acuerdo, el régimen de las obligaciones será el que
se establezca en el mismo; los créditos que se causen con posterioridad a la
fecha de iniciación de las negociaciones, incluidos los correspondientes al
promotor y a los peritos, serán pagados de preferencia en el orden establecido
en la ley civil y para que el acuerdo de reestructuración obligue a terceros no
vinculados en él se requerirá su aceptación expresa.”
[88] Sentencia C-092 de
2002.
[89] Sentencia C-664 de
2006.
[90] Sentencia C-664 de
2006.