C-831-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-831/06
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
ADOPCION-Evolución legislativa
ADOPCION-Finalidad
ADOPCION SIMPLE-Concepto
ADOPCION PLENA-Concepto
SUCESION DE HIJO ADOPTIVO-Evolución legislativa
ADOPCION-Régimen sucesoral
HIJO ADOPTIVO-Igualdad de derechos y obligaciones
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-No configuración/ADOPCION SIMPLE-Alcance
frente a la sucesión de hijo adoptivo
En el asunto abordado en la demanda no cabe hablar de
la inactividad del legislador, tampoco de la configuración de una omisión
legislativa de carácter relativo, ni de una discriminación fundada en el origen
familiar, pues cualquier lectura que tuviera estos alcances queda desvirtuada a
la luz de los últimos desarrollos legales de la figura. Así, mas que un problema
de inconstitucionalidad, los preceptos demandados plantean una cuestión que
debe ser resuelta al momento de aplicarlos y a la luz de las sucesivas
regulaciones que, justamente, dan cuenta de un proceso orientado hacia la
eliminación de cualquier forma de discriminación entre los hijos legítimos y
los hijos adoptivos y que, en el plano legal, tuvo uno de sus puntos
culminantes con la expedición del Código del Menor de 1989. Se debe tener en
cuenta que cuando la Ley 29 de 1982 estableció que los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos tendrían iguales derechos y obligaciones, la
adopción estaba regulada por la Ley 5ª de 1975 que, como se sabe, distinguía
entre el adoptado en forma plena y el adoptado en forma simple. Este último,
mantenía su filiación consanguínea y, por el hecho de la adopción, adquiría
parentesco civil con el adoptante, sin quedar incorporado a la familia de éste.
Así las cosas, dado que sólo en 1989, mediante el Código del Menor, se abolió
la adopción simple y se dejó vigente un solo régimen de adopción, es evidente
que en la actualidad subsisten adopciones simples realizadas antes de la
entrada en vigencia del Código del Menor y según lo establecido en la Ley 5ª de
1975, en cuyo caso el hijo adoptivo conserva sus vínculos de sangre y tiene
parentesco civil únicamente con el adoptante. En estos eventos y con las
consecuencias que luego se precisarán, resulta claro que el hijo adoptado en
forma simple tiene una situación jurídica consolidada y que, de acuerdo con esa
situación, su sucesión se rige de la manera prevista en las disposiciones
demandadas, tal como fueron modificadas por la Ley 29 de 1982.
SUCESION DE HIJO ADOPTIVO-Legitimarios
Como quiera que en esta oportunidad y respecto del
punto analizado, la Corporación, en lugar de encontrar motivos de
inconstitucionalidad ha podido establecer la concordancia entre la legislación
anterior a la vigencia de la Carta y los dictados superiores, las expresiones
demandadas, pertenecientes a los artículos 1040, 1046 y 1240 del Código Civil
serán declarados exequibles en relación con los cargos examinados. En virtud de
esta declaración de exequibilidad se ratifica la interpretación de los
referidos textos legales que se desprende de la evolución a que ha asistido la
regulación legal de la adopción y así, tratándose de la sucesión del hijo
adoptivo, cuando falten los padres adoptantes están llamados a la sucesión los
ascendientes más cercanos, como lo serían en este caso los abuelos, y ello
debido a los efectos que genera toda adopción.
Referencia: expediente D-6218
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1040, 1046 y 1240 (parciales) del Código Civil.
Actor: José Alejandro Mejía Giraldo.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá D.C.,
once (11) de octubre de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y el trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano José Alejandro Mejía
Giraldo demandó parcialmente los artículos 1040, 1046 y 1240 del Código Civil.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
1.     Las disposiciones
demandadas
A continuación se transcriben
las disposiciones demandadas del Código Civil, subrayándose el apartado
acusado:
Artículo 1040. Subrogado por la Ley 29/82,
art. 2º. Son llamados a
sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los
padres adoptantes; los hermanos; los hijos de éstos; el cónyuge supérstite;
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Artículo 1046. Modificado por la Ley 29/82,
art. 5º. Si el difunto no
deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus
padres adoptantes y su cónyuge.  La herencia se repartirá entre ellos por
cabezas.
No obstante, en la sucesión del hijo
adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre;
en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre
recibirán igual cuota.
Artículo 1240. Subrogado por la Ley 29/82,
art. 9º. Son legitimarios:
1. Los hijos legítimos, adoptivos y
extramatrimoniales personalmente, o representados por su descendencia legítima
o extramatrimonial.
2. Los ascendientes.
3. Los padres adoptantes.
4. Los padres de sangre del hijo adoptivo
de forma simple.
2. LA DEMANDA
El actor estima que los
apartados demandados vulneran los artículos 13 y 42 de la Constitución
Política.  Para sustentar esta afirmación, expone los siguientes argumentos:
2.1. Las
expresiones demandadas, en la medida en que hacen primar en el segundo orden
sucesoral la ascendencia consanguínea frente a la adoptiva, establecen una
discriminación injustificada “de las familias con hijos adoptivos frente a
las familias con lazos de consanguinidad, dado que según tales normas los
llamados a suceder, los integrantes del segundo orden hereditario y los
legitimarios –sin perjuicio del resto de las personas allí mencionadas-, en el
caso de la familia consanguínea, son los ascendientes (sin ninguna restricción)
mientras que en el marco de la familia nacida del parentesco civil (adopción)
son solo sus padres adoptivos.  Esto se nota con la enumeración donde aparecen
los ascendientes primero y padres adoptantes después.  En tal sentido al
designar a los padres adoptantes a continuación de los ascendientes es posible
sostener que para el caso de los hijos adoptivos se excluyen los ascendientes a
excepción de los padres adoptantes. || Por ello en el caso de que falten los
padres en una familia consanguínea proseguirían los abuelos como legitimarios y
así sucesivamente pero en el caso de los adoptados sólo los padres adoptantes
son legitimarios excluyendo a los demás ascendientes (e.g. padres de los
adoptantes) en caso que falten los padres.”
2.2. De
conformidad con lo expuesto, la diferenciación contenida en las disposiciones
acusadas vulnera el derecho fundamental a la igualdad, que contrae la
prohibición de la discriminación por origen familiar, que en el caso propuesto
consiste en la diferenciación injustificada entre los ascendientes adoptivos y
los consanguíneos.  En igual sentido, el apartado demandado viola el artículo
42 de la Constitución, norma que consagra la igualdad de derechos y deberes
entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica.  Con el fin de sustentar esta
conclusión, el ciudadano Mejía Giraldo expone el contenido de la jurisprudencia
de la Corte que contempla la imposibilidad de discriminación en razón del
origen familiar, en especial la diferenciación entre hijos adoptados y
consanguíneos.[1]   Adicionalmente,
el actor propone la aplicación de un “juicio integrado de igualdad”, de
naturaleza estricta en consideración a que se está ante la limitación de un
derecho constitucional a un determinado grupo de personas y la diferenciación
se funda en un criterio sospechoso, como es el origen familiar.  Con base en
esta metodología, el demandante sostiene que los apartados acusados sólo tienen
como única finalidad “privar a los ascendientes, distintos de los padres en
caso de que ellos faltan, (sic) de heredar a sus parientes adoptados.
Este fin no es de ninguna manera constitucionalmente legítimo, ni es ni
importante ni imperioso bajo el marco de un estado social de derecho.  Por ende
esta diferenciación debe ser declarada inconstitucional dada su condición de
discriminatoria al carecer de una justificación objetiva y razonable”.
3. INTERVENCIONES
3.1.
Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Los ciudadanos Carlos
Fradique-Méndez y Álvaro Barrero Buitrago, miembros de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia, presentaron concepto técnico en el que defienden la
constitucionalidad de la expresión acusada.  En su criterio, el ordenamiento
civil colombiano establece diferencias sustanciales entre el parentesco civil y
el consanguíneo, tratamiento distinto que se origina en la Constitución, que en
sus artículos 33, 126, 179, 267 y 292, sólo refiere al primer grado de
parentesco civil, es decir, el que existe entre el padre adoptante y el hijo
adoptivo, a la vez que ignora los demás grados.
Para los académicos
intervinientes, no era apropiado sostener la existencia de abuelos
adoptantes o nietos adoptantes, parentesco imprescindible para poder
extender la línea sucesoral hasta los ascendientes del adoptante, del mismo
modo que opera en el caso del parentesco consanguíneo.  Ello debido a que, “de
alguna manera debe existir voluntad por parte de quien hace el prohijamiento.
En principio la decisión de quien adopta no puede vincular, con efectos
patrimoniales, a sus ascendientes.”  Por lo tanto, una disposición
legislativa que niegue a los ascendientes de los padres adoptantes la condición
de legitimarios encuentra sustento suficiente.  Una norma jurídica de esta
naturaleza, además, es compatible con las previsiones constitucionales y
jurisprudenciales que impiden la discriminación en razón del origen familiar,
pues tales postulados prevén la igualdad de derechos entre los hijos, más no
entre los ascendientes o los padres adoptantes y consanguíneos.
3.2.
Intervención de la Universidad Externado de Colombia
El profesor Felipe Navia Arroyo,
director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de
Colombia y el profesor Néstor Raúl Chapurri Hernández, investigador del mismo
Departamento, presentaron escrito justificativo de la constitucionalidad del
apartado demandado.
La premisa de la que parten los
intervinientes consiste en considerar que, a partir de las normas que regulan el
instituto jurídico de la adopción, es posible sostener que este fenómeno
produce la “equiparación total del adoptado al hijo legítimo, es decir, las
consecuencias personales y patrimoniales derivadas del hecho de ser hijo se
predican de igual manera del hijo legítimo como del hijo adoptivo; lo anterior
encuentra sustento en el artículo primero de la ley 29 de 1982, el cual hace
referencia al hecho que todos los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y
adoptivos, tienen iguales derechos y obligaciones, sin que sean admisibles
ningún tipo de diferencias entre éstos”.  Esta disposición legal, además,
es consonante con el artículo 42 de la Constitución, que pregona la misma
igualdad entre los miembros de la familia.
En ese sentido, debía tenerse en
cuenta que el Código del Menor vigente ha eliminado la diferenciación entre
adopción plena y simple, conservándose sólo la primera modalidad.  De esta
forma, “el adoptivo deja de pertenecer a su familia de origen,
desapareciendo todo parentesco de consaguinidad (…) por ello no se
encuentra razón alguna para sostener como erradamente se hace en el libelo, que
exista discriminación negativa en lo que a los ascendientes se refiere, debido
a que el adoptivo al ingresar al grupo familiar adquiere lazos de parentesco no
sólo con sus padres sino con los parientes de los mismos.”
Con base en estas
consideraciones, los intervinientes concluyen que la solución al problema
jurídico planteado por el actor consiste, no en la declaración de
inconstitucionalidad de los preceptos acusados, sino en la interpretación de
los mismos de forma tal que exista una única categoría de ascendientes como
legitimarios en el segundo grado.  En otras palabras, los intervinientes
sostienen que “cuando el causante ha sido un hijo adoptivo pleno, las
personas llamadas a sucederle dentro del segundo orden hereditario no son
solamente los padres adoptantes plenos, sino que adicionalmente, estarán
llamados a sucederle en caso de ausencia de éstos, todos aquellos que se
consideren ascendientes en virtud de la adopción plena, como serían los padres
de los adoptantes que a su vez y en virtud de los efectos que genera la
adopción se consideran familiares o parientes cercanos (en este caso abuelos)
de aquél que es un hijo adoptivo.”
No obstante lo anterior, los
investigadores consideran pertinente hacer claridad en que la interpretación
citada no resultaría aplicable para el caso de las adopciones simples
realizadas bajo la vigencia de la Ley 5 de 1975, actualmente derogada. Ello
debido a que conforme a esta modalidad de adopción, el adoptado conserva sus
vínculos familiares con su familia consanguínea, contrario a como opera para la
adopción plena.
3.3.
Intervención de la Universidad Santo Tomás
La ciudadana Marina Rojas
Maldonado, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás,
presenta escrito de intervención con el fin de solicitar la declaratoria de
inexequibilidad de los apartados acusados. Con este fin, sostuvo que las normas
demandadas incorporan un tratamiento discriminatorio injustificado para el caso
del segundo grado sucesoral. Ello en razón que permitían la extensión de los
legitimarios para todos los ascendientes en la línea consanguínea, limitándola
para la adoptiva.  Este tratamiento distinto, al tener fundamento en el origen
familiar es contrario a la Constitución, como lo ha declarado la Corte en
diferentes oportunidades.[2]
Para la interviniente, las normas
demandadas limitan injustificadamente “el goce de un derecho constitucional
a un determinado grupo de personas, en contra del derecho consagrado en el
artículo 42 de la Carta Política en el que se establece que los hijos adoptados
tendrán los mismos derechos y deberes que los hijos concebidos naturalmente.” De
este modo, “se encuentra que el único fin es privar a los ascendientes,
distintos de los padres en caso de que ellos falten, de heredar de sus
parientes adoptados, lo cual encontramos como ciertamente inconstitucional.”
3.4.
Intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
La ciudadana Beatriz Londoño
Soto, en su condición de directora general del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF, intervino en el presente trámite con el objeto de
solicitar la declaratoria de inexequibilidad de los apartados demandados, “por
considerar que atentan con el principio de la igualdad de los miembros de la
familia, al dar un tratamiento excluyente a los miembros de la familia
adoptiva.”.
Luego de hacer una exposición
sobre la evolución histórica de la adopción, el Instituto demuestra que a
partir de la expedición de la Ley 5ª de 1975 y, con mayor intensidad, desde el
cambio constitucional de 1991, se ha equiparado el vínculo adoptivo al consanguíneo,
eliminándose las distinciones entre ambos tipos de relación familiar.  “Esta
tendencia de asimilación de las diversas formas de familia adquiere rango
constitucional ya que el artículo 13 de la Carta dispone que no podrán
establecerse discriminaciones por razones familiares, lo que por fuerza y como
lo señala el demandante, incluye al adoptado y su familia, porque como se vio,
se trata de un necesario desarrollo conceptual de la civilización moderna, que
lleva a que la adopción sea tomada simplemente como una forma más de constituir
esa familia humana, esencial para el desarrollo adecuado de los
individuos, promotor de la solidaridad, la estabilidad y el respeto.” (Negrillas
originales).
Conforme a esta consideración,
el Instituto interviniente estima que los apartados acusados son contrarios al
derecho fundamental a la igualdad.  Para ello, considera, de forma preliminar,
que debe aplicarse un juicio de igualdad estricto, habida cuenta que la
diferenciación consagrada por los preceptos demandados alude al origen
familiar, criterio sospechoso de conformidad con el artículo 13 Superior.  Así,
el Instituto advierte que la norma acusada no cumple con un fin
constitucionalmente válido y, del mismo modo, contrae una afectación
desproporcionada del interés hereditario de los ascendientes adoptivos.
Igualmente, los preceptos
acusados vulneran el mandato de igualdad entre los hijos consanguíneos y
adoptados, prevista en el artículo 42 de la Carta.  Para el ICBF, “le asiste
razón al demandante en los términos expresados en el anterior cargo, en cuanto
a que la expresión demandada establece un trato diferencial hacia los parientes
consanguíneos y adoptivos y resulta excluyente de éstos últimos en cuanto a su
derecho a heredar.  Esta exclusión genera otro trato diferencial referido a las
relaciones familiares entre los hijos consanguíneos y adoptivos, el cual como
bien anota el accionante está prohibido por la misma Constitución tanto en el
artículo 13 como en el 42 que promueve la igualdad entre unos y otros.”  A
partir de estas consideraciones, el Instituto solicita a la Corte que declare
la inexequibilidad de las normas demandadas.  Sin embargo, también advierte que
tal inconstitucionalidad podría “generar un efecto perverso en el sentido de
que se pueden llegar (sic) interpretaciones en las cuales se excluya del
derecho de heredar a los padres adoptantes, lo cual generaría un perjuicio
mayor a la Carta Fundamental.”  En consecuencia, el interviniente solicita,
de forma subsidiaria, la exequibilidad condicionada de los preceptos citados,
en el entendido que “la facultad de heredar también se reconoce en términos
de igualdad a los parientes ascendientes adoptivos.”
4. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la
Nación, en ejercicio de las competencias que le adscriben los artículos 242-2 y
278-5 de la Constitución Política, presentó concepto en el presente trámite, en
el que solicitó la declaratoria de exequibilidad condicionada de los apartados
demandados del Código Civil, bajo el entendido que dichas disposiciones también
son aplicables a los ascendientes de los hijos adoptivos, a partir del segundo
grado de parentesco.  Para sustentar esta petición, expuso los argumentos que a
continuación se desarrollan:
4.1. En primer lugar, el
Ministerio Público determinó que el problema jurídico en el asunto bajo estudio
consiste en determinar si la diferenciación entre los ascendientes de los hijos
adoptivos, respecto de los derechos sucesorales, configura un trato diferenciado
injustificado.  En ese sentido, consideró que “en caso de que la respuesta a
esta cuestionamiento sea afirmativa, habrá de resolverse si el legislador
incurrió en una omisión legislativa relativa al no incluir a los ascendientes
de los hijos adoptivos, a partir del segundo grado de parentesco, dentro de las
disposiciones demandadas, que vulnere su derecho a la igualdad”.
4.2. Luego de exponer el marco
teórico aplicable a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad
respecto de omisiones legislativas de naturaleza relativa, al igual que el
fundamento constitucional de la prohibición del tratamiento discriminatorio en
razón del origen familiar, la Vista Fiscal centró su análisis en la
proscripción del trato diferenciado entre hijos adoptivos y consanguíneos.
Para este fin, con base en lo regulado en el artículo 42 C.P. y la
jurisprudencia constitucional,[3]
estimó que “el ordenamiento jurídico colombiano dispone una igualdad entre
los hijos, sean extramatrimoniales, legítimos o adoptivos y, tratándose de
estos últimos, la igualdad se hace extensiva incluso a sus ascendientes y
descendientes, quienes tienen iguales derechos y deberes en los mismos términos
que los que surgen de los lazos de sangre.”   Para otorgar mayor sustento a
esta afirmación, el Procurador citó el precedente fijado por la Corte en la
sentencia C-1287/01, según la cual el hecho de no la excepción del deber de
declarar hasta los parientes adoptivos en cuarto grado, de conformidad con el
artículo 33 C.P., constituía una discriminación injustificada, en tanto estaba
fundada en el origen familiar.
4.3. Con base en los anteriores
presupuestos, el Ministerio Público consideró que “es claro que la
diferenciación que se establece en razón del origen familiar, como ocurre en el
caso bajo examen, es prima facie inconstitucional, por cuanto (i) se trata de
un criterio problemático de diferenciación, cuya utilización se encuentra
excluida por la propia Carta Política y por los tratados de derechos humanos; y
(ii) la constitución consagra un mandato específico de igualdad de derechos y
deberes entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados
o procreados naturalmente o con asistencia científica (C.P., art. 42, inc.
6º.), pues en esos eventos, la libertad de configuración del legislador se ve
sustancialmente reducida.”. (Negrilla original).
4.4. Establecido lo anterior, el
Procurador General procedió a realizar un juicio integrado de igualdad, de
naturaleza estricta, en relación con los preceptos acusados. Utilizada la
metodología que para ese efecto ha dispuesto la jurisprudencia constitucional,
la Vista Fiscal concluyó que, a primera vista, la medida diferenciadora entre
los ascendientes de los hijos adoptivos y los hijos biológicos no era legítima
desde la perspectiva de los principios y valores constitucionales.  “Sin
embargo, es importante tener en cuenta la motivación del legislador para
adoptar la reforma sucesoral de la Ley 29 de 1982.  De conformidad con la
exposición de motivos del proyecto de ley que le dio origen, la inspiración
general de este cuerpo normativo responde, precisamente, al propósito de
eliminar la discriminación entre los hijos legítimos y extramatrimoniales respecto
de los derechos herenciales.”   Habida cuenta lo anterior, el Procurador
advierte que la diferenciación entre la ascendencia adoptiva y consanguínea
para efectos sucesorales respondía “a la tradicional concepción del derecho
privado, según el cual, la adopción creaba un vínculo exclusivamente con los
padres adoptantes, que no con los ascendientes consanguíneos de estos últimos.
No obstante, tal concepción ha sido superada en el régimen legal vigente, pues
ésta ya no se circunscribe a la relación entre adoptante y adoptado o, en otras
palabras, no se limita al primer grado de parentesco, sino que se extiende a
todos los parientes consanguíneos, e incluso adoptivos del adoptante, tal y
como lo preceptúa el Código del Menor, pues de conformidad con su artículo 100,
las consecuencias inmediatas de la adopción consisten en establecer la relación
de padre o madre a hijo, pero de igual manera, se trata de incorporar al
adoptivo a la familia del adoptante, así: “[l]a adopción establece parentesco
civil entre el adoptivo, el adoptante y los parientes consanguíneos o adoptivos
de éste.”
4.5. Visto lo anterior, el
Procurador General advierte que no existen razones que justifiquen el
tratamiento diferenciado objeto de análisis.  Por ende, el legislador incurrió
en una omisión relativa al no otorgar la calidad de legitimarios a los
ascendientes del padre adoptante, omisión que vulnera el derecho a la igualdad,
debido a que no concurre una razón objetiva y suficiente, al igual que una
justificación constitucionalmente válida, que sustenten esta exclusión.  De
este modo, el Ministerio Público solicita a la Corte la exequibilidad
condicionada de los apartados demandados, “en el entendido de que sus
contenidos normativos también son aplicables a los ascendientes de los hijos
adoptivos, a partir del segundo grado de parentesco”.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente
para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la
referencia.
2. Los cargos formulados, las posiciones sostenidas
durante el proceso y el problema jurídico a resolver
El actor acusa la expresión “los padres adoptantes”
contenida en el artículo 1040 del Código Civil y, además, en el inciso primero
del artículo 1046 y en el numeral 3º del artículo 1240 de esa misma
codificación. La primera disposición señala quiénes son los llamados a la
sucesión intestada, mientras que los artículos 1046 y 1240 se refieren,
respectivamente, al segundo orden hereditario conformado por los ascendientes
de grado más próximo y a los legitimarios de las asignaciones forzosas.
El reparo que el demandante formula en contra de la
expresión demandada radica en que, tratándose de las personas llamadas a la
sucesión intestada, del segundo orden sucesoral y de los legitimarios, para
suceder al hijo adoptivo la ley sólo concede vocación hereditaria a los padres
adoptantes y, al establecerlo así, impide la sucesión a ascendientes distintos
de ellos, cosa que no ocurre respecto de los hijos consanguíneos, pues en ese
supuesto la condición de heredero se extiende a todos sus ascendientes, sin
límite alguno.
A juicio del libelista, la restricción que la ley
permite cuando se trata de la sucesión del hijo adoptivo vulnera el derecho a
la igualdad, porque el artículo 13 de la Carta prohíbe la discriminación basada
en el origen familiar. En la demanda se indica que, al mismo tiempo, esa
restricción desconoce el artículo 42 superior que otorga iguales derechos y
deberes a “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o
procreados naturalmente o con asistencia científica”.
Alrededor del cargo planteado, los intervinientes han
expuesto dos tesis diferentes. En efecto, tanto en la intervención presentada
en nombre de la Universidad Santo Tomás, como en la suscrita por la Directora
General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se estima que los
segmentos acusados introducen “una discriminación de origen familiar”. El señor
Procurador General de la Nación comparte este criterio y, tras un detenido
análisis, concluye que al excluir a los ascendientes de los hijos adoptivos, a
partir del segundo grado de parentesco, el legislador incurrió en una omisión
relativa, por cuanto los ascendientes de los hijos adoptivos “se encuentran en
supuestos fácticos y jurídicos iguales a los ascendientes de los hijos
biológicos”.
De otra parte, quienes intervinieron en representación
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia se opusieron a la declaración de
inconstitucionalidad solicitada en la demanda, e igual opinión manifestaron los
representantes de la Universidad Externado de Colombia, en cuyo escrito se
plantea que no existe la discriminación alegada, “debido a que las normas que
regulan la figura de la adopción conciben como hecho irrefutable el entender
inmerso en la familia adoptante al hijo adoptivo, con todas las consecuencias
personales y patrimoniales que se derivan de la equiparación de aquel con un
hijo legítimo”.
De conformidad con la primera de las posiciones
esbozadas la eventual discriminación tendría su fuente en una omisión
legislativa de carácter relativo, mientras que, de acuerdo con la segunda
tesis, no habría discriminación y, por ende, tampoco se configuraría la omisión
relativa. En tales condiciones, a fin de despejar la incógnita planteada y de
saber si el cargo formulado conduce a la declaración de inconstitucionalidad,
es indispensable determinar, como cuestión previa, si el legislador incurrió o
no en una omisión relativa.
3. La omisión legislativa de carácter relativo
Según los criterios ampliamente desarrollados en la
jurisprudencia de esta Corte, la omisión de carácter relativo requiere de la
existencia de un texto legislativo en el cual el Congreso de la República haya
plasmado una regulación incompleta. El sustrato de la omisión legislativa es,
entonces, una inactividad del legislador y, en el caso de la relativa, esa
inactividad es apenas parcial, pues el Congreso le brinda soporte textual a
unas hipótesis, mientras que deja por fuera de la regulación proporcionada
otros supuestos.
No siempre la inactividad parcial del legislador
contradice la Carta y para que resulte posible predicar la inconstitucionalidad
de una omisión es necesario demostrar que la falta de regulación genera un
efecto contrario a la Constitución, como sucede, por ejemplo, cuando el
silencio del legislador se traduce en la prohibición de algo
constitucionalmente permitido u ordenado.
A título de ejemplo, la Corte Constitucional ha
puntualizado que, entre otros eventos, las omisiones de carácter relativo
suelen vulnerar los derechos a la igualdad y al debido proceso y, en términos
generales, la Corporación ha señalado que la omisión legislativa es inconstitucional
cuando la disposición excluye “de sus consecuencias jurídicas aquellos casos
que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo
cuestionado” y también cuando el precepto omite “incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto con los mandatos de la Carta”[4].
En el caso del derecho a la igualdad, para que la
omisión legislativa quebrante la exigencia de igual tratamiento que se deriva
de los contenidos del artículo 13 superior, se requiere una falta de
justificación y de objetividad del trato diferente, capaz de generar “para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma”[5].
Ahora bien, en ocasiones, para determinar si hay una
actividad parcial del legislador y si de esa actividad parcialmente desplegada
surge una omisión relativa es suficiente considerar una o varias disposiciones
específicas, pero en otros casos no basta detenerse en unas cuantas
disposiciones, sino que es menester examinar el tratamiento que en un mismo
momento o en sucesivas oportunidades y en ejercicio de su potestad de
configuración le ha dado el legislador a un tema determinado. Esto último tiene
singular relevancia tratándose de materias de suyo controvertidas, que han sido
objeto de amplio tratamiento legislativo o de reformas mas o menos frecuentes,
o que, sencillamente, tienen repercusiones notables en el ordenamiento.
Las dos posiciones que se han suscitado a propósito de
la situación planteada en el libelo demandatorio tienden a encuadrarse en cada
uno de los modelos de análisis propuestos en el párrafo anterior. En efecto,
una de las tesis se centra en las expresiones demandadas y concluye que existe
omisión relativa y trato discriminatorio, mientras que la otra posición, para
desvirtuar el supuesto trato discriminatorio, propone interpretar las
disposiciones del Código Civil “de una forma armónica y sistemática con todo el
ordenamiento jurídico para que se comprenda cabalmente cuál es el verdadero
propósito del legislador”[6].
Para buscar la solución del asunto que ahora ocupa la
atención de la Corte, se debe tener en cuenta que la familia es una institución
sometida al permanente influjo de transformaciones de diverso orden y que la
surgida de la adopción no escapa a esas influencias. En ese contexto, con
cierta frecuencia, la regulación jurídica de la adopción se ha visto sometida a
cambios y, debido a ello, el análisis que la Corte ha de emprender para
determinar si se configura una omisión relativa no puede hacerse al margen de
esas variaciones legislativas que han incidido sobre esa institución y, por
consiguiente, sobre su manera de relacionarse con el ordenamiento del cual
algunas de esas regulaciones todavía hacen parte.
Aunque la tesis basada en un análisis sistemático de
la legislación, se opone a la declaración de inconstitucionalidad y descarta el
trato discriminatorio que tendría su fuente en una omisión relativa, la Corte,
al decidirse a favor de ese tipo de análisis, no parte de considerar que no hay
omisión legislativa ni una discriminación de origen familiar, pues también
puede suceder que, a pesar de los cambios legislativos, de hecho se configuren la
omisión y la discriminación alegadas en la demanda y en algunos escritos de
intervención.
4. La evolución en la regulación legislativa de la
adopción
Así las cosas, respecto de la adopción, en primer
término, merece ser destacado el cambio en la filosofía que ha inspirado la
figura. Si bien la adopción consiste en prohijar como hijo legítimo a quien no
lo es por los lazos de la sangre, sus finalidades han experimentado un
paulatino proceso de transformación. Así, inicialmente, dentro de una concepción
que favorecía el interés del adoptante, la adopción tuvo como propósito dotar
de un hijo a quien no lo había querido o no lo había podido engendrar y también
brindar consuelo a los ancianos. Con posterioridad, la intención que guió el
mantenimiento de la figura fue la de ofrecer protección al adoptado y,
entonces, la adopción persigue proporcionarle una familia al menor que carece
de ella.
El legislador reguló la institución de acuerdo con la
filosofía imperante en la respectiva época y de esa manera, en el sistema
original del Código Civil colombiano el artículo 269 indicaba que la adopción
consistía en admitir “en lugar del hijo” a aquel que no lo era por naturaleza y
sólo se permitía cuando el adoptante no tuviera hijos legítimos. Más adelante,
la Ley 140 de 1960 permitió adoptar aún cuando se tuvieran hijos legítimos o
extramatrimoniales y la Ley 5ª de 1975 profundizó esta tendencia, a la vez que
avanzó en la caracterización de la adopción como medida protectora del menor
abandonado.
En esa línea se mantuvo la legislación hasta llegar a
la regulación plasmada en el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor, en cuyo
artículo 88 se definió la adopción, “principalmente y por excelencia”, como
“una medida de protección” orientada a establecer una “relación paterno-filial
entre personas que no la tienen por naturaleza” y de la cual se pueden
beneficiar, entre otros, “los menores de 18 años declarados en situación de
abandono o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus
padres o autorizada por el Defensor de Familia cuando el menor no se encuentre
en situación de abandono y carezca de representante legal”.
A tono con el cambio de filosofía y de régimen legal
ha variado el vínculo del adoptado con la familia del adoptante. Según la
concepción que originalmente recogía el Código Civil en su artículo 50, la
adopción generaba un parentesco civil entre el adoptante, el adoptivo y el
cónyuge del adoptante y no pasaba “de las respectivas personas”. Más tarde, la
Ley 5ª de 1975 distinguió entre la adopción simple y la adopción plena y dado
que en virtud de la primera el adoptivo continuaba “formando parte de su
familia de sangre, conservando en ella sus derechos y obligaciones”, el
parentesco se establecía “entre el adoptante, el adoptivo y los hijos de este”,
mientras que, tratándose de la adopción plena, el adoptivo cesaba “de
pertenecer a su familia de sangre” y, por lo tanto, establecía parentesco con
el adoptante y con los parientes de sangre de éste.
El Código del Menor, que actualmente regula la
materia, eliminó la adopción simple en su artículo 103 y señala en el artículo
98 que “el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo
parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del
ordinal 9º del artículo 140 del Código Civil”, al paso que, en el artículo 100,
indica que “la adopción establece parentesco civil entre el adoptivo, el
adoptante y los parientes consanguíneos o adoptivos de éste”.
4.1. La adopción y el régimen sucesoral
Los cambios operados en el ámbito de las relaciones
personales del hijo adoptivo han tenido las pertinentes consecuencias en el
campo patrimonial y de especial manera en lo referente al régimen legal de la
sucesión. De conformidad con el sistema original del Código Civil, cuando el adoptante
no tenía hijos legítimos, el adoptivo lo podía heredar por testamento; pero si
había hijos legítimos, el adoptivo sólo era beneficiario de la décima parte de
los bienes.
La Ley 140 de 1960 le permitió al hijo adoptivo
heredar la mitad de lo que le correspondía a un hijo legítimo. A falta de
descendencia legítima, el adoptado concurría con los ascendientes del causante,
con el cónyuge supérstite y con los entonces llamados “hijos naturales” por una
cuota igual a la que le tocaba a estos, y si no había ascendientes concurría a
la sucesión de la misma manera como lo hacía el “hijo natural”.
Conforme al régimen instituido por la Ley 5ª de 1975,
el adoptado en forma plena heredaba al adoptante tal como lo hacía el hijo
legítimo, mientras que el adoptado en forma simple concurría a la sucesión del
adoptante con los derechos reconocidos a los “hijos naturales”. La Ley 29 de
1982 otorgó “igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos”, proclamó que “los hijos legítimos, adoptivos y
extramatrimoniales excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos
iguales cuotas” e incluyó a los hijos adoptivos entre los llamados a la
sucesión intestada y entre los legitimarios, dando así paso a una tendencia que
se afianzó con la expedición del Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor, en
cuyo artículo 97 se estableció que el hijo adoptivo adquiere los derechos y
obligaciones del hijo legítimo.
4.1.1. La sucesión del hijo adoptivo
Ahora bien, a lo largo del tiempo la legislación
también ha regulado de diversas formas la sucesión del hijo adoptivo, pues
cuando este era el causante, el Código Civil, en su versión original, prohibía
al adoptante heredar al adoptado. Esta prohibición fue conservada por la Ley
140 de 1960 la cual, sin embargo, estableció que si el hijo adoptivo tenía más
de dieciocho (18) años podía tener en cuenta al adoptante en la parte de bienes
de libre disposición y, según la ley 5ª de 1975, quien adoptaba en forma simple
concurría a la herencia del hijo adoptivo con la misma cuota que correspondía a
los padres consanguíneos, en tanto que, en el caso de la adopción plena, el
adoptante tenía los derechos hereditarios que les hubieran correspondido a los
padres de sangre.
La Ley 29 de 1982 reformó los artículos 1040, 1046 y
1240 del Código Civil, le concedió la calidad de herederos abintestato a los
padres adoptantes, en el segundo orden sucesoral; precisó que “en la sucesión
del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de
sangre”, indicó que la sucesión del adoptivo en forma simple “los adoptantes y
los padres de sangre recibirán igual cuota” e incluyó a los padres adoptantes
dentro de los legitimarios.
Finalmente, el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor
eliminó la adopción simple y, en su artículo 97, puntualizó que, “por la
adopción”, el adoptante adquiere “los derechos y obligaciones de padre o
madre”.
5. El análisis de los cargos formulados
Los artículos 1040, 1046 y 1240 del Código Civil, que
el actor demanda parcialmente, conservan la redacción proveniente de la Ley 29
de 1982 y, de conformidad con el tenor literal de esas disposiciones, en la
forma como fueron reformadas por la mencionada ley, cuando el hijo adoptivo es
el causante, la vocación hereditaria de los ascendientes no va más allá de los
padres adoptantes y en ello hay una diferencia con el parentesco que se
establece mediante los lazos de la consanguinidad, pues en ese supuesto se
llama a todos los ascendientes a la sucesión y no sólo a los padres.
Un examen aislado de las disposiciones cuestionadas
permitiría sostener que, al regular de esa manera la sucesión del hijo
adoptivo, el legislador incurrió en una omisión relativa y que esa omisión se
traduce en una discriminación basada en el origen familiar. Empero, la Corte no
puede hacer abstracción del desarrollo legislativo que ha tenido la adopción,
ni de las repercusiones que los sucesivos cambios en la legislación han
suscitado, tanto en las relaciones del hijo adoptivo con la familia del
adoptante, como en los efectos patrimoniales del vínculo que se establece en
virtud de la adopción y muy especialmente en el campo sucesoral.
Y es que, si como se ha apuntado, la omisión relativa
tiene tras de sí una inactividad parcial del legislador, mal haría la
Corporación en apresurarse a predicar una inacción del legislador, así sea
parcial, sin apreciar la regulación vigente sobre la adopción y sin tener en
cuenta que, precisamente, se trata de una materia en la cual ha intervenido el
legislador con relativa frecuencia y desde variadas perspectivas, pues las
leyes que se han sucedido en el tiempo han reflejado los notables cambios
operados en la filosofía inspiradora de la institución.
A raíz de esas transformaciones en la filosofía
subyacente, es claro que la regulación legislativa de la adopción ha
evolucionado hasta producir una equiparación total del hijo adoptivo al hijo
legítimo, gracias a la cual los motivos que en otras épocas sirvieron de
fundamento a las distinciones antes comentadas, hoy ya no proyectan esos
efectos jurídicos y, por lo tanto, las consecuencias que en el orden personal y
en el plano patrimonial surgen del hecho de ser hijo son idénticas, sea que se
trate del hijo legítimo o del hijo adoptivo.
En su artículo 1º, la Ley 29 de 1982 señaló que los
hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos tendrían “iguales derechos y
obligaciones” y, aunque al modificar los artículos 1040, 1046 y 1240 del Código
Civil respecto de la sucesión del hijo adoptivo, únicamente aludió a los
“padres adoptantes”, no cabe desconocer que, en la evolución hacia la total
equiparación del hijo adoptivo y del hijo legítimo, el Código del Menor abolió
la adopción simple y, para todos los efectos, mantuvo la adopción plena que,
como se indicó, hace desaparecer el parentesco de consanguinidad e integra al
adoptado a la familia del adoptante.
Esa integración total a la familia del adoptante que
se manifiesta en la igualdad de derechos y también de obligaciones entre los
hijos legítimos y los adoptivos, compromete los derechos sucesorales e
involucra en la sucesión del hijo adoptivo no sólo a los padres adoptantes,
sino al grupo familiar completo, pues no de otra forma tendría consecuencias en
ese ámbito el parentesco civil que, según el artículo 100 del Código del Menor,
por la adopción se establece “entre el adoptivo, el adoptante y los parientes
consanguíneos o adoptivos de éste”.
Con fundamento en una apreciación de la evolución
legislativa de la adopción y en una interpretación sistemática de la
legislación vigente, es factible sostener que en el asunto abordado en la
demanda no cabe hablar de la inactividad del legislador, tampoco de la
configuración de una omisión legislativa de carácter relativo, ni de una
discriminación fundada en el origen familiar, pues cualquier lectura que
tuviera estos alcances queda desvirtuada a la luz de los últimos desarrollos
legales de la figura.
Así, mas que un problema de inconstitucionalidad, los
preceptos demandados plantean una cuestión que debe ser resuelta al momento de
aplicarlos y a la luz de las sucesivas regulaciones que, justamente, dan cuenta
de un proceso orientado hacia la eliminación de cualquier forma de
discriminación entre los hijos legítimos y los hijos adoptivos y que, en el
plano legal, tuvo uno de sus puntos culminantes con la expedición del Código
del Menor de 1989.
Además, resulta de la mayor importancia destacar que
la Constitución de 1991 recogió los resultados de la reseñada evolución,
consolidados antes de su vigencia en el ámbito legal e indicó, en el artículo
42, que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o
procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y
deberes”, mientras que, en el artículo 13, expresamente proscribió la discriminación
por razones de origen familiar. Al hacerlo así el Constituyente confirmó la
tendencia que con anterioridad había acogido la legislación, en cuyo ámbito ya
había tenido lugar el proceso de equiparación, para los efectos pertinentes,
entre los hijos legítimos y los hijos adoptivos.
Si los sucesivos cambios legislativos condujeron a la
equiparación que luego se plasmó en la Constitución, no puede pensarse en la
inconstitucionalidad sobreviniente de las disposiciones del Código Civil
parcialmente acusadas, sino en una lectura que, con miras a su aplicación,
tendría que hacerse a la luz de esa evolución legislativa y, después de 1991,
también a la luz de los contenidos constitucionales que, con posterioridad,
vinieron a expresar en el nivel superior del ordenamiento la orientación
igualitaria cumplida antes en el plano legislativo en relación con los hijos
legítimos y con los hijos adoptivos.
No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que
cuando la Ley 29 de 1982 estableció que los hijos legítimos, extramatrimoniales
y adoptivos tendrían iguales derechos y obligaciones, la adopción estaba
regulada por la Ley 5ª de 1975 que, como se sabe, distinguía entre el adoptado
en forma plena y el adoptado en forma simple. Este último, mantenía su filiación
consanguínea y, por el hecho de la adopción, adquiría parentesco civil con el
adoptante, sin quedar incorporado a la familia de éste.
Así las cosas, dado que sólo en 1989, mediante el
Código del Menor, se abolió la adopción simple y se dejó vigente un solo
régimen de adopción, es evidente que en la actualidad subsisten adopciones
simples realizadas antes de la entrada en vigencia del Código del Menor y según
lo establecido en la Ley 5ª de 1975, en cuyo caso el hijo adoptivo conserva sus
vínculos de sangre y tiene parentesco civil únicamente con el adoptante. En
estos eventos y con las consecuencias que luego se precisarán, resulta claro
que el hijo adoptado en forma simple tiene una situación jurídica consolidada y
que, de acuerdo con esa situación, su sucesión se rige de la manera prevista en
las disposiciones demandadas, tal como fueron modificadas por la Ley 29 de
1982.
6. La jurisprudencia constitucional sobre la igualdad
de los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y la decisión a tomar
Hecha la anterior salvedad respecto de las adopciones
simples realizadas conforme a la Ley 5ª de 1975, conviene señalar que en
distintas oportunidades la jurisprudencia de esta Corte ha reivindicado la
igualdad entre los hijos y con independencia del modo como en cada caso se
establezca la filiación. En algunas sentencias la Corte ha abordado el tema de
la igualdad entre los hijos extramatrimoniales y los hijos legítimos y en otros
pronunciamientos se ha referido a la igualdad entre los hijos legítimos y los
hijos adoptivos, evento este último del cual es ejemplo la Sentencia C-1287 de
2001[7]
en la que la Corporación, al analizar la constitucionalidad de una disposición
del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, que respecto de la
filiación adoptiva restringía al primer grado la excepción del deber de
declarar, estimó que al parentesco consanguíneo se le otorgaba una condición
más beneficiosa, pues en este caso la excepción al deber de declarar se
extendía hasta el cuarto grado.
Aún cuando la disposición enjuiciada reproducía el
artículo 33 de la Constitución, la Corte Constitucional señaló que entraba en
contradicción con el artículo 42 de la Carta y que, en consecuencia, para
decidir la demanda presentada, el mencionado artículo 33 debía ser armonizado
con el principio de igualdad contemplado en los artículos 13 y 42 superiores.
Con base en esta armonización de las disposiciones constitucionales la Corte decretó
la exequibilidad del aparte demandado y, además, declaró que en la aplicación
de esas normas legales se debería proceder a “una integración de las mismas con
lo previsto en el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política”,
porque era “menester extender el alcance de la excepción al deber de declarar,
de manera que cobije a los parientes adoptivos hasta el cuarto grado”[8].
En otras ocasiones, en cambio, para restablecer la
igualdad entre los hijos extramatrimoniales y los hijos legítimos, la
Corporación ha optado por decretar la inexequibilidad de los preceptos acusados[9],
lo cual demuestra que la medida a tomar depende de la específica situación
planteada en cada proceso. Como quiera que en esta oportunidad y respecto del
punto analizado, la Corporación, en lugar de encontrar motivos de
inconstitucionalidad ha podido establecer la concordancia entre la legislación
anterior a la vigencia de la Carta y los dictados superiores, las expresiones
demandadas, pertenecientes a los artículos 1040, 1046 y 1240 del Código Civil
serán declarados exequibles en relación con los cargos examinados.
En virtud de esta declaración de exequibilidad se
ratifica la interpretación de los referidos textos legales que se desprende de
la evolución a que ha asistido la regulación legal de la adopción y así,
tratándose de la sucesión del hijo adoptivo, cuando falten los padres
adoptantes están llamados a la sucesión los ascendientes más cercanos, como lo
serían en este caso los abuelos, y ello debido a los efectos que genera toda
adopción.
7. Las adopciones simples realizadas de conformidad
con la Ley 5ª de 1975
Sin embargo, la Corte debe precisar que esta
comprensión no resulta aplicable a aquellas personas que durante la vigencia de
la Ley 5ª de 1975 fueron adoptadas en forma simple y que en la actualidad
preserven ese vínculo de manera idéntica a como surgió.
La razón de lo anterior estriba en que la adopción
simple comporta la conservación de los lazos del hijo adoptivo con la familia
de origen, así como el establecimiento de parentesco civil sólo con los
adoptantes. Tampoco aquí la Corte observa hay motivos de inconstitucionalidad,
pues tanto en el surgimiento como en la conservación de la adopción simple
después de la reforma que la abolió prevalece la voluntad de las personas
involucradas. En efecto, la ley 5ª de 1975 indicaba que el juez, “a petición
del adoptante decretaría” la adopción simple o la adopción plena” y agregaba
que la adopción simple podría “convertirse en adopción plena”, si así lo
solicitaba el adoptante.
Más tarde, el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor,
en su artículo 103 eliminó la adopción simple y, en consecuencia, dispuso que
los procesos todavía no fallados se archivarían, a menos que los adoptantes
manifestaran la voluntad de convertirla en adopción plena. Respecto de las
adopciones realizadas de acuerdo con la ley 5ª de 1975 que no hubieran tenido
la calidad de plenas, el artículo 102 del referido Código estableció que
continuarían “teniendo los mismos efectos que aquella otorgaba a las
calificadas de simples”, salvo la patria potestad que, en adelante,
correspondería al adoptante o adoptantes, a quienes, al tenor de lo indicado en
el artículo 103, se les confirió la posibilidad de solicitar que la adopción
simple pasara a tener los efectos de la adopción plena, siempre y cuando
obtuvieran “el consentimiento del adoptivo si fuere púber”.
Así las cosas, las adopciones simples realizadas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5ª de 1975 corresponden a situaciones
jurídicas consolidadas y, pese al cambio de Constitución, tales situaciones
deben ser respetadas, pues se refieren al estado civil de las personas que es
de orden público y se rige por las disposiciones vigentes al momento de su
consolidación. Por lo anterior, es razonable que los preceptos demandados
actualmente sean aplicables, con la limitación en ellos prevista, a todos los
casos de adopción simple que todavía subsistan, en los cuales, según lo
establecido en al Ley 29 de 1982, al hijo adoptivo que muere sin descendencia le
suceden, en iguales cuotas, tanto los padres adoptantes, como la familia
consanguínea.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados la
expresión “los padres adoptantes” contenida en los artículos 1040, 1046 y 1240
del Código Civil.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Presidente
CON SALVAMENTO DE VOTO
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO A LA SENTENCIA C-831/06
ADOPCION SIMPLE-Concepto (Salvamento de voto)
ADOPCION PLENA-Concepto (Salvamento de voto)
SUCESION DE HIJO ADOPTIVO-Legitimarios cuando se trata de adopción
simple/SUCESION DE HIJO ADOPTIVO-Legitimarios cuando se trata de
adopción plena (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE IGUALDAD FAMILIAR-Derechos sucesorales (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE IGUALDAD FAMILIAR-Prohibición de tratamiento distinto en
razón de la filiación (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE INTERPRETACION CONFORME A LA
CONSTITUCION-Aplicación (Salvamento
de voto)
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Aplicación (Salvamento de voto)
FAMILIA DE ADOPCION-Derechos
sucesorales (Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado a las sentencias adoptadas
por la Corte, en esta oportunidad salvo el voto respecto de lo decidido por la
Sala en el fallo C-831 del 11 de octubre de 2006, el cual declaró exequible por
los cargos analizados la expresión “padres adoptantes” contenida en los
artículos 1040, 1046 y 1240 del Código Civil.
En criterio del demandante la expresión acusada, en
tanto establece un límite para la vocación hereditaria en el segundo grado en
contra de la familia adoptante, vulneraba el derecho constitucional de igualdad
entre los diferentes modos de filiación, de conformidad con los artículos 13 y
42 de la Carta Política.  Ante este cargo, la Corte consideró que si bien
existía el tratamiento distinto entre la familia adoptante y la familia
consanguínea advertido por el demandante, tal situación no configuraba un
debate de carácter constitucional, sino que estaba circunscrito al ámbito
eminentemente interpretativo.  En ese sentido, como las sucesivas
modificaciones legislativas en materia de adopción habían concluido en la
equiparación de los efectos civiles entre la filiación adoptiva y la
consanguínea, igualación que también encontraba fundamento en el artículo 42
C.P., “más que un problema de inconstitucionalidad, los preceptos demandados
plantean una cuestión que debe ser resuelta al momento de aplicarlos y a las
sucesivas regulaciones que, justamente, dan cuenta de un proceso orientado
hacia la eliminación de cualquier forma de discriminación entre los hijos
legítimos y los hijos adoptivos y que, en el plano legal, tuvo uno de su
prontos culminantes con la expedición del Código del Menor de 1989.” Desde
esta perspectiva, la sentencia consideró que “si los sucesivos cambios
legislativos condujeron a al equiparación que luego se plasmó en la
Constitución, no puede pensarse en la inconstitucionalidad sobreviniente de las
disposiciones del Código Civil parcialmente acusadas, sino en una lectura que,
con miras a su aplicación, tendría que hacerse a la luz de esa evolución
legislativa y, después de 1991, también a la luz de los contenidos
constitucionales que, con posterioridad, vinieron a expresar en el nivel
superior del ordenamiento la orientación igualitaria cumplida antes en el plano
legislativo en relación con los hijos legítimos y los hijos adoptivos.”
Con base en estas consideraciones, la Corte concluyó
que el apartado demandado resultaba exequible frente a los cargos examinados.
Sin embargo, realizó en la parte motiva de la sentencia dos previsiones, que en
buena medida explican el presente salvamento de voto.  En primer lugar,
estableció que “en virtud de esta declaración de inexequibilidad se ratifica
la interpretación de los referidos textos legales que se desprende de la
evolución a que ha asistido la regulación legal de la adopción y así,
tratándose de la sucesión del hijo adoptivo, cuando falten los padres
adoptantes están llamados a la sucesión los ascendientes más cercanos, como lo
serían en este caso los abuelos, y ello debido a los efectos que genera toda
adopción.  En segundo término, la sentencia aclaró que la igualación de los
efectos en cuanto a la vocación hereditaria de los ascendientes no era
predicable en el caso de los hijos adoptados de manera simple bajo la vigencia
de la Ley 5ª de 1975 y “que en la actualidad preserven ese vínculo de manera
idéntica a como surgió”.  Ello debido a que respecto a estas personas era
predicable una situación jurídica consolidada, la cual debía respetarse a pesar
del tránsito normativo legal y constitucional en materia de adopción.  Por
ende, la sentencia determinó que resultaba “razonable que los preceptos
demandados actualmente sean aplicables, como la limitación en ellos prevista, a
todos los casos de adopción simple que todavía subsistan, en los cuales, según
lo establecido en la Ley 29 de 1982, al hijo adoptivo que muere sin
descendencia le suceden, en iguales cuotas, tanto los padres adoptantes, como
la familia consanguínea.”
Como se observa, aunque la mayoría de la Corte
consideró que se predicaba de las normas acusadas un tratamiento distinto en
materia sucesoral entre la ascendencia adoptiva y consanguínea, esta
circunstancia podía solventarse a través de un ejercicio interpretativo que
integrara el principio constitucional de igualdad entre los hijos previsto en
el artículo 42 C.P.  De otra parte, la Sala advirtió igualmente oportuno
excluir de ese modo de interpretación el caso de los adoptivos simples, puesto
que en ese evento se estaba ante una situación jurídica consolidada, que
obligaba a otorgar vocación hereditaria tanto a los padres adoptantes del
causante como a su familia consanguínea.
En mi criterio, la sentencia de la que me aparto se
muestra problemática en dos aspectos principales: La falta de claridad respecto
del contenido y alcance de la igualdad entre los modos de filiación prevista en
los artículos 13 y 42 C.P. y la contradicción entre los argumentos expuestos en
la parte considerativa y la ausencia de un condicionamiento expreso respecto de
los apartados normativos demandados.
1.
La necesidad de
estipular la prohibición de discriminación fundada en la naturaleza de la
filiación
La sentencia C-831/06 reconoce acertadamente que,
conforme a los postulados constitucionales y el desarrollo legal sobre la
materia, no es posible predicar efectos civiles disímiles para el parentesco
consanguíneo y el parentesco civil. Para sustentar esta conclusión, la mayoría
hace referencia a lo dispuesto en el artículo 42 C.P., según el cual “los
hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”.  Esta
norma constitucional, a juicio de la Sala, confirma la dirección a la que han
apuntado las sucesivas reformas sobre el instituto jurídico de la adopción, en
el sentido de prodigar los mismos efectos civiles a la familia constituida por
el vínculo consanguíneo y por el adoptivo.
Aunque este modo de argumentación es en apariencia
válido y suficiente, carece de una premisa que advierto imprescindible para
comprender en su verdadera dimensión el trato paritario que la Carta Política
prescribe entre la familia adoptiva y la consanguínea.  En efecto, la norma
constitucional en la que se apoyó la Corte estipula la equiparación de derechos
y deberes entre las distintas modalidades de hijos. No obstante, la Sala
concluyó a partir de este precepto la necesidad de otorgar el mismo tratamiento
jurídico a la familia adoptiva y a la consanguínea.  Así, consideró que el
precepto demandado era exequible, siempre y cuando se interpretara de manera
tal que sus efectos jurídicos no desconocieran la igualdad en la vocación
hereditaria de los ascendientes consanguíneos y los adoptivos.
La pregunta que surge necesariamente es: ¿Cuál es el
argumento que permite extender la prohibición de discriminación entre los hijos
a otros tipos de relación familiar, como es el caso de los ascendientes?  La
ponencia original, que no fue acogida por la mayoría, respondía el
cuestionamiento a través de la identificación de un principio general de
prohibición de la discriminación en razón de la filiación, fundado no sólo en
el artículo 42 C.P. sino en la proscripción del trato discriminatorio en razón
del origen familiar, contenido en el artículo 13 de la Constitución.
Sobre el particular, se parte de reconocer que el Estado constitucional se sustenta en los
principios de la dignidad humana y la democracia pluralista.  Esta afirmación
trae como consecuencia necesaria la modificación en el entendimiento de las
relaciones familiares, respecto de su comprensión tradicional al amparo de la
Carta Política anterior. En efecto, en buena parte del periodo
preconstitucional el modelo de familia reconocido por el legislador estaba
fundado en presupuestos definidos, que prefiguraban el tratamiento legal para
cada uno de sus miembros.  Este modelo, de naturaleza eminentemente patriarcal,
partía de aceptar y tener como válidas (i) las diferencias inherentes
entre el hombre y la mujer, que permitían la consagración de tratamientos
legales igualmente distintos, confiriéndose por tanto mayores ámbitos de
libertad a aquel respecto de ésta; (ii) la supremacía del matrimonio
como forma ideal de constituir la familia y, en consecuencia; (iii) la
legitimidad de la diferencia de trato entre los distintos modos de filiación,
otorgándose mayores derechos y prerrogativas legales a favor de los hijos
nacidos dentro del matrimonio, en el entendido que sus relaciones filiales
estaban sustentadas en la institución verdaderamente reconocida por la
legislación civil.
Reformas introducidas en la
legislación nacional durante la segunda mitad del siglo XX y concretadas con la
expedición de la Constitución Política de 1991 trasformaron decididamente los
presupuestos de las relaciones familiares antes expuestos.  En primer lugar, el
artículo 13 Superior proscribe la discriminación en el ejercicio de derechos,
libertades y oportunidades sustentadas, entre otras razones, por el sexo o el
origen familiar; prescripción que es reforzada por el artículo 43 C.P., que
explícitamente dispone la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre
y la mujer.
De la misma manera, el artículo
42 Constitucional establece un marco amplio de reconocimiento legal de las
distintas uniones constitutivas de familia y, de la misma forma, desliga
totalmente el reconocimiento de derechos entre sus miembros del modo de
constitución de la filiación.  Al respecto debe tenerse en cuenta que de
acuerdo con dicha norma la familia se constituye por vínculos naturales o
jurídicos y puede formarse bien por la decisión libre de un hombre y una mujer
de contraer matrimonio o bien por la voluntad responsable de conformarla. En
igual sentido, la disposición constitucional determina que las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el
respeto recíproco entre todos sus integrantes   Bajo esta perspectiva, el
carácter pluralista del Estado social y democrático de derecho lleva al
reconocimiento jurídico de las distintas comunidades de vida que pueden dar
lugar a la constitución de la familia y, por consiguiente, al otorgamiento de
un tratamiento jurídico uniforme, que prevea iguales derechos y deberes para
sus miembros.
Este reconocimiento contrae, en
consecuencia, restricciones claras y definidas para el legislador al momento de
regular la institución familiar.  No será admisible, a partir del marco
planteado por la Carta Política, que se otorguen mayores niveles de protección
jurídica a una modalidad de familia respecto de otra, sin que para ello
concurran circunstancias constitucionalmente relevantes que permitan un
tratamiento diferenciado.  De la misma forma, tampoco podrán aceptarse
diferenciaciones legislativas en el tratamiento entre sus miembros, en especial
respecto de los derechos que le asisten a la pareja.  Ello sin perjuicio que el
legislador conceda protección especial a determinados núcleos familiares habida
cuenta la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para grupos
sociales tradicionalmente excluidos, como sucede en el caso de las madres
cabeza de familia.
Finalmente, en armonía con el
criterio de igualdad al interior de la familia, el mismo artículo 42 Superior
prescribe la igualdad entre los hijos habidos en el matrimonio y fuera de él,
los adoptados o los procreados naturalmente o con asistencia científica.  Esta
disposición constitucional debe entenderse, en mi criterio, en su sentido más
amplio, esto es, que no sólo comprende la igualdad de trato entre los hijos con
diversos modos de relación paterno filial, sino también la igualdad ante la ley
entre los diferentes tipos de filiación.  En otras palabras, la determinación
por parte del legislador de las consecuencias jurídicas propias del régimen de
familia se encuentra limitada por el principio de igualdad entre los diversos
modos de parentesco, de forma tal que, prima facie, es contraria a la
Constitución toda disposición que conceda una posición jurídica diferente por
el sólo hecho de la naturaleza de la filiación.
En ese sentido, decisiones
anteriores de la Corte han declarado la inexequibilidad de normas del derecho
civil que disponían consecuencias jurídicas discriminatorias en razón de la
filiación. Ejemplo de ello es la sentencia C-105 de 1994, M.P. Jorge Arango
Mejía, decisión que estudió varias normas del Código Civil que para diversos
efectos, entre ellos la determinación de a quiénes se deben alimentos, la
fijación de reglas para el ejercicio de la curaduría del interdicto, la
determinación de los legitimarios y los asignatarios forzosos y las causales de
indignidad sucesoral; estipulaban consecuencias jurídicas para los hijos legítimos,
con exclusión de los descendientes por filiación distinta a la matrimonial.  En
esta decisión, la Corte concluyó que con base en lo dispuesto en el artículo 42
Superior, resultaban inexequibles las normas que estipularan tratamientos
diferenciados entre los hijos en razón de su filiación, pues la regla
imperativa en estos casos era la igualdad ante la ley de los descendientes.
Adicionalmente, extendió los efectos del principio de igualdad entre los hijos
a las distintas modalidades de filiación a las que la Constitución reconoce
protección. En tal sentido, la sentencia determinó que las diferenciaciones
previstas en los artículos demandados, a favor de los hijos legítimos resultaban
inexequibles, pues contrariaban diversos contenidos normativos de naturaleza
constitucional, en especial (i) la igualdad entre las familias
constituidas en razón del vínculo matrimonial y las que tienen origen en otras
modalidades de constitución derivadas de la voluntad responsable de la pareja;
y (ii) la prohibición de la discriminación fundada en el origen
familiar, la cual, en términos de la sentencia, no finaliza en la igualdad
entre los hijos, sino que también cobija a los distintos modos de descendencia
de éstos, bien fuera de índole matrimonial, extramatrimonial o adoptiva.
Del mismo modo, en la
sentencia C-742 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa la Corte tuvo oportunidad
de reiterar las reglas fijadas en la decisión anterior a propósito del estudio
de constitucionalidad del artículo 537 del Código Civil, norma que establecía
diferencias entre parientes naturales y legítimos para efectos de
la deferencia de la curaduría del disipador.  En criterio de la Corte, este
tratamiento era injustificado, puesto que “la Constitución reconoce en un pie de igualdad a la
familia constituida por vínculos jurídicos, esto es la que procede del
matrimonio, como a la familia llamada natural, esto es, la constituida por
fuera de él. Es este el único sentido en el cual puede entenderse el artículo
42 superior, cuando afirma que
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Por ello
las diferencias introducidas por la ley con fundamento en la diversa manera de
conformar la familia, desconocen la Constitución. Siendo igualmente válido
cualquier tipo de familia, las diferencias de trato resultan discriminatorias.”
En relación
con el mismo particular la sentencia C-310 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, asumió el estudio de constitucionalidad del artículo 248 del Código
Civil, que confería un tratamiento distinto entre hijos matrimoniales y
extramatrimoniales para efectos del término de caducidad para impugnar la
legitimación. A juicio de esta Corporación, una diferenciación de esta
naturaleza desconocía el principio de igualdad entre los hijos.  Así, “tratándose
de un criterio de distinción constitucionalmente rechazado en forma expresa, el
hecho de que el nacimiento se produzca dentro o fuera del matrimonio no puede
implicar diferencias de trato jurídico de ninguna especie, y menos aun en una
materia directamente implicada con del derecho fundamental al reconocimiento de
la personalidad jurídica como lo es la definición del estado civil y la
filiación. Por eso, los criterios de examen de constitucionalidad deben ser
estrictos, y deben conducir a rechazar de plano tratamientos diferenciales como
los que dispensa la norma parcialmente acusada. || Si bien es función del
legislador establecer los términos de caducidad de las acciones, para lo cual
goza de cierta discrecionalidad, ello no puede conducir a tratamientos dispares
que no estén soportados en situaciones de hecho realmente distintas, o en
criterios de diferenciación constitucionalmente válidos. En el caso presente,
ni lo uno ni lo otro parece evidente a esta Corporación.”
El imperativo
constitucional de otorgar idéntico tratamiento legal a los diversos modos de
filiación fue nuevamente reiterado por la Corte en la decisión C-1287 de 2001,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esa oportunidad, esta Corporación analizó
la constitucionalidad de la norma del Código de Procedimiento Penal que
establece la excepción del deber de declarar respecto a la filiación adoptiva
de forma restringida al primer grado.  Esta situación configuraba, a juicio del
demandante, un tratamiento discriminatorio, puesto que confería a la filiación
adoptiva un nivel de protección inferior que el previsto para el parentesco
consanguíneo, caso en el cual la excepción al deber de declarar se extendía
hasta el cuarto grado. Para la Corte, la norma acusada, si bien se limitaba a
reproducir el artículo 33 de la Constitución, entraba en conflicto con el
artículo 42 Superior, pues otorgaba al parentesco consanguíneo una condición
más beneficiosa que a la filiación adoptiva, en lo relativo a las restricciones
del deber de declarar.  En términos de la sentencia, “a pesar de la expresa prohibición
constitucional de establecer diferencias jurídicas con fundamento en el origen
familiar de las personas, la misma Carta lo hace en el artículo 33 cuando
determina un trato jurídico diverso para los parientes adoptivos y los
biológicos, frente al deber de declarar en contra de sus familiares más
próximos. Esta discriminación perjudica a los parientes adoptivos, respecto de
quienes se dispensa un trato menos garantista en cuanto a la aplicación del
principio de no incriminación de familiares.”
De esta manera, se estaba ante una antinomia
constitucional, en la medida que el artículo 33 Superior prescribe una
diferencia de trato entre las filiaciones consanguínea y adoptiva, contrario a
la prohibición de discriminación fundada en el origen familiar, corolario del
principio de igualdad.  Conforme lo anterior, si se partía de reconocer “que
el constituyente quiso expresamente otorgar reconocimiento jurídico a la
familia que proviene de la adopción, y ubicarla en un pie de igualdad respecto
de la familia que se constituye a partir del matrimonio o de la unión libre
entre compañeros permanentes, por lo cual rechazó las diferencias de trato
fundadas en el origen familiar”, debía armonizarse el contenido del
artículo 33 Superior con el principio de igualdad por el origen familiar
previsto en los artículos 13 y 42 C.P.  De este modo, la lectura de la norma
acusada debía “complementarse con la prohibición referida, de donde se
deduce que, para efectos de aplicar las normas acusadas que lo reproducen, es
menester extender el alcance de la excepción al deber de declarar, de manera
que cobije a los parientes adoptivos hasta el cuarto grado. Esta interpretación
armónica de las normas superiores, tiene en consideración del carácter
fundamental y de aplicación inmediata que tiene el derecho que reconoce el
inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política (derecho a la igualdad en
el ámbito de las relaciones familiares).”
El análisis efectuado por la
Corte en las sentencias mencionadas permite concluir que, a partir de la
interpretación de lo dispuesto por los artículos 13 y 42 de la Constitución,
los distintos modos de filiación son titulares del mismo nivel de protección
legal, de manera tal que existe una expresa prohibición de raigambre superior
que impide la concesión de un tratamiento distinto que se predique en razón de
la filiación.  Esta restricción impone, en consecuencia, un límite al ejercicio
de la actividad legislativa, en el sentido que las normas legales deberán, en
todo caso, evitar que por el sólo hecho de la naturaleza de la filiación se
otorgue una posición jurídica diferente a distintos grupos de individuos.
Desafortunadamente, la posición mayoritaria no tuvo en
cuenta estos argumentos, los cuales se muestran útiles en al menos dos
sentidos, puesto que (i) otorgan un nivel de protección constitucional
más amplio a las distintas relaciones familiares, pues no circunscribe la
prohibición de discriminación sólo entre las distintas modalidades de hijos,
sino que lo extiende a los diferentes modos de filiación; y (ii) permiten
explicar adecuada y suficientemente por qué no resulta ajustado a los preceptos
constitucionales el tratamiento jurídico desigual fundado por el sólo hecho de
la naturaleza de la filiación.
2.
La contradicción
entre las previsiones contenidas en la sentencia y la ausencia de un
condicionamiento de la constitucionalidad de los apartados demandados
En el esfuerzo por proteger el imperativo superior de
prohibición de discriminación fundada en la modalidad de relación paterno
filial, la Corte insiste en la sentencia en que los preceptos acusados deben
interpretarse dentro del marco constitucional y legal de trato igualitario
entre la ascendencia consanguínea y adoptiva.  Del mismo modo, la posición de
la mayoría considera que esta equiparación no resulta predicable para el caso
de los adoptivos simples, con base en los motivos anteriormente transcritos.
Estas cuestiones justificaban, en mi criterio, un
condicionamiento acerca de la constitucionalidad de los preceptos acusados, en
el sentido que la expresión “padres adoptantes” fuera aplicada
únicamente en caso que el causante hubiese sido adoptado de manera simple.  En
efecto, como se sostuvo en la ponencia, la
interpretación literal de los apartados demandados otorgaba argumentos
suficientes para inferir la discriminación injustificada que sustenta el cargo
de inconstitucionalidad alegado por el demandante.  Al respecto, se observa que
las normas del Código Civil que determinan la vocación hereditaria en la
sucesión intestada y la titularidad de la condición de legitimarios del
causante distinguen entre ascendientes y padres adoptantes. Esta diferenciación
contrae consecuencias importantes, pues otorga una protección más amplia a los
ascendientes consanguíneos respecto de los adoptantes, en tanto aquellos son los
herederos tipo del segundo orden sucesoral y excluyen a éstos en la condición
de legitimarios.
Previsiones normativas de esta
naturaleza otorgan efectos jurídicos diferentes a la sucesión del adoptado
respecto del hijo consanguíneo. En efecto, mientras la vocación hereditaria en
el segundo orden sucesoral del hijo adoptivo se restringe a sus padres
adoptantes, ésta se extiende a toda su ascendencia para el caso del hijo
consanguíneo.  Un tratamiento diferenciado de esta naturaleza es, de acuerdo
con las razones anteriormente expuestas, contrario a la Constitución, pues
desconoce la regla de prohibición de discriminación en razón del parentesco.
A partir de lo expuesto, sería
forzoso concluir la inexequibilidad de la expresión padres adoptantes. Sin
embargo, la ponencia original consideró que la exclusión de este apartado del
ordenamiento jurídico contraería efectos lesivos en términos de la protección
de la igualdad ante la ley de los distintos tipos de filiación, en especial
para el caso de la adopción simple. Esta conclusión estaba sustentada en los
siguientes argumentos:
2.1. Las normas demandadas
fueron incorporadas en el marco de la reforma al régimen de familia de 1982,
que tuvo como objetivo principal la equiparación en el tratamiento jurídico de
los distintos tipos de filiaciones, con énfasis en el otorgamiento de idénticos
niveles de protección a favor de los hijos extramatrimoniales respecto de los
hijos nacidos dentro del matrimonio. Sin embargo, no debe perderse de vista que
la modificación legal que operó en ese momento fue llevada a cabo en
consideración de las previsiones normativas sobre el parentesco adoptivo
vigentes para la época, esto es, las contenidas en la Ley 5ª de 1975.
De conformidad con esta
normatividad, existían dos modalidades de adopción.  La adopción plena, cuyas
principales características eran la incorporación del adoptado en la familia
del adoptante y la extinción del vínculo de éste con su familia biológica,
consecuencias jurídicas análogas a las existentes en el actual régimen de
adopción.  De otro lado, en virtud de la adopción simple, el parentesco quedaba
restringido al adoptante y el adoptado, por lo que éste conservaba su filiación
consanguínea.  En tal evento, entonces, la ascendencia del adoptivo tenía
carácter mixto, pues conservaba su filiación biológica de la misma manera que
los hijos consanguíneos y simultáneamente adquiría un parentesco civil
restringido, que sólo se extendía a su relación con el adoptante, sin que
quedara incorporado a la familia del mismo.
2.2. La unificación de la
ascendencia sólo vino a regularse, en este marco, con la expedición del Código
del Menor de 1989, que determinó un solo régimen de adopción, al cual le fueron
conferidas las consecuencias jurídicas que la legislación anterior le había
otorgado a la adopción plena.  En razón a ello, para el caso del ordenamiento
civil colombiano conviven dos grupos de hijos adoptivos.  De un lado, quienes
fueron adoptados de manera simple al amparo de la legislación de 1975, que
conservan el vínculo consanguíneo y tienen un parentesco restringido en cuanto
a la filiación adoptiva. Del otro, los adoptivos plenos previstos en esa misma
legislación o los adoptados desde la vigencia del Código del Menor hasta la
actualidad, quienes están incorporados a la familia del adoptante y carecen de
todo vínculo con su familia biológica.
En el primer caso, el de los
adoptivos simples, existen dos modos de parentesco concurrentes: El adoptivo y
el consanguíneo.  El segundo caso, el del adoptivo pleno o adoptado con
posterioridad a 1989, subsiste una sola modalidad de filiación de carácter
adoptivo, con exclusión de cualquier otro tipo de parentesco.  En otras
palabras, mientras el adoptivo simple en cuanto a sus ascendientes conserva dos
líneas de parentesco: una civil restringida y otra consanguínea; el adoptivo
pleno sólo posee una, en virtud de su incorporación a la familia del adoptante.
2.3. Es con base en esta
diversidad de efectos jurídicos que, en mi criterio, debió analizarse la
exequibilidad de los apartados acusados.  Sobre el particular, si se parte de
la base de la regla constitucional de la igualdad ante la ley entre las
distintas formas de filiación, es evidente que las normas sobre la vocación
hereditaria de los ascendientes deben prodigar similares niveles de protección
tanto al parentesco biológico como al adoptivo.  Declarada la inexequibilidad
de los apartados acusados, se equipararían los efectos sucesorales de los
distintos modos de filiación, puesto que la vocación hereditaria de todos ellos
quedaría regulada bajo la categoría genérica de ascendientes, la cual no
impone la limitación que se deriva del enunciado padres adoptantes.
Esta posibilidad, además, se mostraría compatible con la interpretación actual
de la adopción, que se funda en la incorporación plena del adoptivo a la
familia del adoptante, de manera tal que se consolida una sola forma de
parentesco y, por ende, una sola modalidad de ascendencia del adoptado.
2.4. No obstante, como se hizo
explícito por parte de la posición mayoritaria, la uniformidad de efectos para
la sucesión de los ascendientes que resultaría de la declaratoria de
inexequibilidad de los preceptos demandados ocasiona un escenario problemático
respecto de las personas adoptadas de manera simple, al amparo de lo regulado
en la Ley 5ª de 1975.  En efecto, para este caso particular la regla de
igualdad ante la ley de los distintos modos de filiación impone la necesidad de
otorgar vocación hereditaria tanto al padre adoptante, a quien se restringe el
parentesco adoptivo de acuerdo con la regulación mencionada, como a la familia
consanguínea, con quienes el adoptivo simple conserva relación de parentesco.
Ello debido a la naturaleza mixta de la filiación del adoptivo simple, la cual
fue reconocida por la Corte en la sentencia de cuya decisión me aparto.
La preservación del imperativo
constitucional de la igualdad ante la ley de los diferentes modos de
parentesco, según lo expuesto, obliga a que las normas demandadas sean
interpretadas de forma tal que otorguen un tratamiento jurídico análogo a la
ascendencia adoptiva, tanto en el caso de la legislación actual, que dispone de
una sola modalidad de parentesco para el adoptado, como respecto al modelo de
parentesco mixto propio de la adopción simple.  Esta comprensión, a juicio del
suscrito magistrado, se logra en el entendido que la expresión “padres
adoptantes” sea aplicable sólo para el caso que el causante haya sido un
hijo adoptivo simple.  En efecto, esta interpretación permite que (i) la
vocación hereditaria y la condición de legitimarios de la ascendencia adoptiva,
para el caso de los adoptados plenos o hijos adoptivos luego de la reforma de
1989, esté regulada por la expresión genérica “ascendientes” contenida
en los artículos demandados del Código Civil; y (ii) se reconozcan
derechos sucesorales tanto al parentesco consanguíneo como a los padres
adoptantes del causante adoptivo simple, merced de la naturaleza mixta de su
filiación.
2.5. Esta conclusión, además,
encuentra sustento en otras disposiciones del mismo Código Civil, que regulan
el régimen sucesoral de los ascendientes.  Al respecto el artículo 1046,
modificado por el artículo 5º de la Ley 29 de 1982, estipula que en caso que el
causante no deje descendientes lo sucederán sus ascendientes de grado más
próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge, repartiéndose la herencia entre
ellos “por cabezas”.  Igualmente, la misma disposición señala que “en
la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los
ascendientes de sangre; en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y
los padres de sangre recibirán igual cuota”. Así, el legislador de 1982,
ante la necesidad de otorgar similares niveles de protección jurídica a las
distintas formas de filiación, determinó que el caso del adoptivo simple, en
consideración de la naturaleza mixta de su parentesco, debían sucederle tanto
sus padres adoptantes como su familia consanguínea, otorgándole a cada uno de
ellos la misma cuota de la masa hereditaria.
Finalmente, el otorgamiento de
vocación hereditaria concurrente entre padres adoptantes y ascendientes
consanguíneos del adoptivo simple también es replicado por el artículo 1240 del
Código Civil, subrogado por el artículo 9 de la Ley 29 de 1982.  Sobre este
particular, al momento de determinar quiénes tienen la calidad de legitimarios,
la norma distingue entre los padres adoptantes y los padres de sangre
del adoptivo de forma simple. Esta diferenciación, con base en los
argumentos expuestos, está justificada desde la perspectiva constitucional
únicamente para el caso del adoptivo simple.
Visto lo anterior, a mi juicio
resulta evidente que respecto del problema jurídico planteado, existía una
forma de interpretación condicionada de los apartados demandados compatible con
las normas constitucionales, en especial la igualdad ante la ley entre los
distintos modos de filiación. En ese orden de ideas, ante la necesidad de dar
aplicación al principio jurisprudencial de interpretación conforme[10] y comprobada la existencia de una
comprensión de los apartados acusados acorde con la Constitución, la decisión
más adecuada consistía en señalar que la expresión padres adoptantes era
exequible, en el entendido que sólo es aplicable para el caso que el causante
haya sido adoptado de forma simple.  Ello, como se sostuvo en la ponencia no
aceptada por la mayoría, entendiéndose que la vocación hereditaria en el segundo
orden sucesoral, al igual que la condición de legitimario en el mismo orden, en
los eventos en que el causante haya sido adoptado bajo la forma de adopción
plena de la Ley 5ª de 1975 o luego de expedido el Código del Menor de 1989,
estarán reguladas por la expresión “ascendientes” contenida en los
artículos citados.
Empero todo lo expresado, la
mayoría advirtió la necesidad de someter la interpretación de la expresión “padres
adoptantes” a las restricciones anteriormente expuestas, sin que realizara
condicionamiento alguno en la parte resolutiva de la sentencia.  Razones de
seguridad jurídica hubieran exigido que la Corte hiciera explícito el modo de
interpretación conforme a la Constitución de los preceptos acusados.  Sin
embargo, la mayoría consideró que una resolución de esta naturaleza no era
necesaria, posición que estimo contradictoria en tanto la sentencia identificó
con claridad los debates jurídico – constitucionales propuestos por el cargo
sin que, paradójicamente, sus conclusiones fueran adecuadamente replicadas en
la decisión finalmente adoptada.
En definitiva, la
constitucionalidad condicionada de los preceptos acusados hubiera sido, a
juicio del suscrito magistrado, una fórmula más simple y por lo mismo, más
adecuada para la protección de la igualdad entre los distintos modos de
filiación.  No obstante, la Sala no acogió esta perspectiva de análisis y, en
contrario, adoptó una distinta que, aunque se sustenta en argumentos similares
a los defendidos en la ponencia original, llega a resultados que pueden dar
lugar a interpretaciones que desconozcan la necesidad de evitar la
discriminación en contra de la familia adoptiva.
Estos son los motivos de mi disenso.
Fecha ut supra,
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MARCO GERARDO MONROY CABRA A LA SENTENCIA C-831 DE
2006
ADOPCION SIMPLE-Concepto (Salvamento de voto)
ADOPCION PLENA-Concepto (Salvamento de voto)
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Configuración/SUCESION DE HIJO ADOPTIVO-Legitimarios
cuando se trata de adopción simple/SUCESION DE HIJO ADOPTIVO-Legitimarios
cuando se trata de adopción plena/DERECHO A LA IGUALDAD EN SUCESION
DE HIJO ADOPTIVO-Tratamiento distinto entre la ascendencia adoptiva y la
consanguínea (Salvamento de voto)
El legislador incurrió en una omisión relativa al no
otorgar la calidad de legitimarios  a los ascendientes del padre adoptante, lo
cual desconoce el derecho a la igualdad.  Sin embargo, como no se demandó la
expresión “legitimarios” y no se hizo la integración normativa por la Corte, no
era posible hacer el análisis integral de los artículos 1040, 1046 y 1240 del
Código Civil.  Por esta razón, por lo menos ha debido adoptarse el
condicionamiento propuesto en la demanda que estaba acorde con la situación
jurídica existente en 1982 pero que después de la Constitución de 1991 requería
una interpretación acorde con el principio de la igualdad consagrado en el
artículo 13 y con la no discriminación entre familias que se desprende del
artículo 42 de la Carta. La distinción entre ascendientes y padres adoptantes
que quedó exequible le otorga mayor protección a los ascendientes consanguíneos
que a los padres adoptantes en tanto aquellos excluyen a estos en su condición
de legitimarios. Queda subsistiendo una discriminación sin ninguna justificación
constitucional. La expresión padres adoptantes contenida en los artículos 1040,
1046, 1047, 1051 y 1240 del Código Civil debe ser interpretada para evitar los
efectos lesivos para la protección de la igualdad en el caso de la adopción
simple.  En efecto, si se trata de adopción plena debe entenderse que queda
incluida en la expresión “ascendientes” contenida en los artículos 1040, 1046,
1047, 1051 y 1240 del Código Civil.  Pero si se trata de adopción simple, los
padres adoptantes solo entrarían a falta de ascendientes consanguíneos con lo
cual se establece una discriminación.  Esto porque las normas de la Ley 29 de
1982 se hicieron teniendo en cuenta las previsiones de la Ley 5ª. de 1975.  la
situación cambió con la expedición del Código del Menor (D.E. 2737/89) que
derogó la Ley 5ª. de 1975.
Referencia:
expediente D-6218
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1040, 1046 y 1240 (parciales) del Código Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el respeto acostumbrado me permito separarme de la
decisión mayoritaria de la Corte que declaró exequible por los cargos
analizados la expresión “los padres adoptantes” contenida en los artículos
1040, 1046 y 1240 del Código Civil. Considero que ha debido aceptarse la
propuesta presentada por el Magistrado Jaime Córdoba Triviño en el sentido de
declarar exequible la expresión “padres adoptantes” contenida en los artículos
1040, 1046, 1047, 1051 y 1240 del Código Civil en el entendido que solo es
aplicable para el caso que el causante haya sido adoptado de forma simple.
Las razones que fundamentan este salvamento son los
siguientes:
La expresión “padres adoptantes” contenida en los
artículos 1040 modificado por artículo 2 de Ley 29 de 1982, 1046 modificado por
el artículo 5° de Ley 29 de 1982, y 1240 modificado por artículo 9° de la Ley
29 de 1982, admitía dos interpretaciones: a) La interpretación formulada por el
accionante en el sentido que la expresión “padres adoptantes” contiene un trato
discriminatorio en materia sucesoral entre los ascendientes consanguíneos y
adoptantes.  La aceptación de esta interpretación hubiera conducido a declarar
la inexequibilidad de las normas demandadas en cuanto a la expresión “padres
adoptantes”; y b) Que la expresión “padres adoptantes” es exequible siempre que
se entienda aplicable cuando el causante haya sido adoptado en forma simple.
Considero que la interpretación que permite atender a
los principios de libre configuración del legislador y el de conservación del derecho,
es esta segunda  interpretación que condiciona la exequibilidad de la norma a
que se entienda referida a la adopción simple.  Además, esta interpretación
está acorde con los artículos 13 y 42 de la Constitución.
Los fundamentos de esta interpretación son estos:
a) Cuando se expidió la Ley 29 de 1982 estaba vigente
la Ley 5 de 1975 que distinguía entre adopciones simples y adopciones plenas.
Conforme al artículo 277 del Código Civil “por la
adopción simple el adoptivo continúa formando parte de su familia de origen,
conservando en ella sus derechos y obligaciones”.  En cambio, de acuerdo con el
artículo 278 del Código Civil: “Por la adopción plena el adoptivo cesa de
pertenecer a su familia de sangre, bajo reserva del impedimento matrimonial del
ordinal 9° del artículo 140”.  Esto significa que la expresión “Los padres
adoptantes”se refería a la adopción simple porque si se hubiera entendido
aplicable a la adopción plena estaba comprendida en la expresión “Los
ascendientes” que incluye sin discriminación los ascendientes consanguíneos, y
los adoptivos plenos al tenor del artículo 42 del Código Civil.
b) La igualdad prevista en el artículo 42 de la
Constitución no solo se refiere a los hijos sino a la familia de tal forma que
hay igualdad jurídica entre los parientes por consanguíneos, por afinidad y el
parentesco civil.
Por tanto, si el causante fue adoptado en forma plena
la vocación hereditaria en el segundo orden sucesoral y la condición de
legitimario en el mismo orden están incluidas en la expresión “ascendientes”
contenida en los artículos 1040, 1046 y 1240 del Código Civil.
c) La declaratoria de exequibilidad de la expresión
“adoptantes” conlleva que en la sucesión intestada son llamados: a) Los
descendientes legítimos y extramatrimoniales; b) Los hijos adoptivos.  Se
observa que estos han debido quedar incluidos en la expresión “los
descendientes”.  Sin embargo, esta expresión “los hijos adoptivos” no fue
demandada como inconstitucional y la Corte no hizo la integración normativa; c)
Los ascendientes; d) los padres adoptantes.  Ahora bien, como no se condicionó
la expresión para referirla a la adopción simple, actualmente los padres
adoptantes solo son llamados en este orden hereditario a falta de ascendientes
consanguíneos lo cual desconoce los artículos 13 y 42 de la Constitución.
d) Coincido con el concepto del Señor Procurador que
expresa que el legislador incurrió en una omisión relativa al no otorgar la
calidad de legitimarios  a los ascendientes del padre adoptante, lo cual desconoce
el derecho a la igualdad.  Sin embargo, como no se demandó la expresión
“legitimarios” y no se hizo la integración normativa por la Corte, no era
posible hacer el análisis integral de los artículos 1040, 1046 y 1240 del
Código Civil.  Por esta razón, por lo menos ha debido adoptarse el
condicionamiento propuesto en la demanda que estaba acorde con la situación
jurídica existente en 1982 pero que después de la Constitución de 1991 requería
una interpretación acorde con el principio de la igualdad consagrado en el
artículo 13 y con la no discriminación entre familias que se desprende del
artículo 42 de la Carta.
e) La distinción entre ascendientes y padres
adoptantes que quedó exequible le otorga mayor protección a los ascendientes
consanguíneos que a los padres adoptantes en tanto aquellos excluyen a estos en
su condición de legitimarios. Queda subsistiendo una discriminación sin ninguna
justificación constitucional.
f) La expresión padres adoptantes contenida en los
artículos 1040, 1046, 1047, 1051 y 1240 del Código Civil debe ser interpretada
para evitar los efectos lesivos para la protección de la igualdad en el caso de
la adopción simple.  En efecto, si se trata de adopción plena debe entenderse
que queda incluida en la expresión “ascendientes” contenida en los artículos
1040, 1046, 1047, 1051 y 1240 del Código Civil.  Pero si se trata de adopción
simple, los padres adoptantes solo entrarían a falta de ascendientes
consanguíneos con lo cual se establece una discriminación.  Esto porque las
normas de la Ley 29 de 1982 se hicieron teniendo en cuenta las previsiones de
la Ley 5ª. de 1975.  la situación cambió con la expedición del Código del Menor
(D.E. 2737/89) que derogó la Ley 5ª. de 1975.
Sin embargo, al eliminarse la adopción simple por el
artículo 103 del D.E.2737 de 1989 subsisten en la actualidad adopciones simples
conforme a lo previsto en el artículo 101 del Código del Menor de 1989, lo cual
hacía necesario el condicionamiento que proponía el proyecto del Magistrado
Jaime Córdoba Triviño cuya no aceptación motivó este salvamento de voto.
En esta forma dejo sustentadas las razones por las
cuales me aparté de la decisión mayoritaria de la Corte.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C -831 DE 2006 DEL MAGISTRADO
JAIME ARAUJO RENTERIA
SUCESION DE HIJO ADOPTIVO-Legitimarios (Salvamento de voto)
Referencia: D-6218.
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1040, 1046 y 1240 (parciales) del Código Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el acostumbrado respeto por las decisiones
mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto a la presente
sentencia, de conformidad con las siguientes razones:
1. En primer lugar, considero que la discriminación se
genera desde el momento en que las normas acusadas del Código Civil aluden en
general a los “descendientes” del hijo adoptado que fallece, sin hacer
distinciones, mientras que en el caso de los ascendientes, se limita a aludir a
los padres adoptantes, lo que resulta violatorio del principio de igualdad, ya
que es claro, en mi concepto, que si el nieto puede heredar, también debería
poder hacerlo el abuelo del nieto adoptado que fallece.
En este sentido, sostengo que todos los ascendientes
–por vía natural o adoptiva- deben tener derecho a suceder, pues no hay razón
que justifique un tratamiento distinto cuando se refiere al hijo adoptivo.
2. En segundo lugar, la Constitución no tiene que
regular, en mi opinión, todas las relaciones ni referirse en forma explícita a
todos los parientes. Debe haber una línea de construcción coherente con el
principio de la igualdad de los hijos en todo aspecto, aún en las relaciones
patrimoniales con sus familiares de manera que si el hijo adoptado puede
representar a su padre en la herencia del abuelo, también debe serlo al revés,
es decir, el abuelo de la persona adoptada también debe poder heredarlo,
independientemente del tipo de adopción.
Es claro, en mi concepto, que al salir el hijo
adoptado de la familia biológica se integra de lleno a la familia adoptiva con
la cual se crean los mismos vínculos jurídicos. Si en virtud del artículo 42 de
la Constitución todos los hijos están en la misma situación, no se entiende
cómo respecto de los descendientes no hay trato distinto pero si en relación con
los ascendientes, que deben tener el mismo derecho a heredar, el cual se
protege por el sistema colombiano. Si hay unos derechos para unos, debe
haberlos para todos, en este caso, para todos los ascendientes, lo cual tiene
fundamento en la igualdad de trato y la prohibición de discriminación.
3. En conclusión, las normas demandadas establecen, en
mi concepto, un trato discriminatorio entre los herederos y legitimarios de los
hijos adoptivos que viola el principio de igualdad, lo cual sólo se soluciona,
en mi criterio, con la inexequibilidad de las expresiones demandadas.
Por tanto, considero que la presente sentencia ha
debido declarar la inexequibilidad de la expresión “padres adoptantes”
de los artículos demandados, con base en los argumentos expuestos.
Fecha ut supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
El demandante trae a colación la sentencia C-1287/01.
[2]
La interviniente cita las sentencias C-1287/01, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra y C-195/94, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[3]
El Procurador General hace referencia expresa a las decisiones C-105/94,
C-595/96 y C-287/01
[4]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2002. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[5]
Ibídem.
[6]
Véase el concepto rendido en representación de la Universidad
Externado de Colombia por los profesores Felipe Navia Arroyo y Néstor Raúl
Charrupi Hernández.
[7]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[8]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1287 de 2001. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9]
Así, por ejemplo, en las Sentencias C-105 de 2004. M.P. Jorge Arango Mejía,
C-742 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-310 de 2004. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[10] La
sentencia C-1026/01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett definió el principio de
interpretación conforme como aquel “según el cual todos los mandatos del
ordenamiento jurídico se deben interpretar de forma tal que su sentido guarde
coherencia con las disposiciones constitucionales. Ello implica varias cosas:
primero, que toda interpretación que no sea conforme a la Constitución, debe
ser descartada; segundo, que ante dos interpretaciones posibles de una norma,
el juez se debe inclinar por aquella que, en forma manifiesta, resulte más
adecuada a los mandatos superiores; tercero, que en caso de dos o más
interpretaciones que sean, en principio, igualmente constitucionales, el juez,
en ejercicio de su autonomía funcional, deberá escoger en forma razonada aquella
que considere mejor satisface los dictados del constituyente en el caso
concreto.”