T-908-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-908/05
RECURSO DE REVISION-Procedencia/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
por cuanto debe interponerse el recurso de revisión/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
frente a la evicción del inmueble
Referencia: expediente T-1093282
Acción de tutela instaurada por el Departamento Administrativo
Defensoría del Espacio Público contra el Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Bogotá
Magistrado Ponente
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C.,
primero (1°) de septiembre de dos mil cinco (2005).
La Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas
Hernández, Jaime Araujo Rentería y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de su
competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de
las decisiones tomadas por las Salas Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá y
de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, el 15 de febrero y el 14
de marzo del año en curso, dentro de la acción de tutela instaurada por el
Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público contra el Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Bogotá.
I.       ANTECEDENTES
1.      Intervención activa
1.1    La demanda
El Departamento Administrativo Defensoría del Espacio
Público del Distrito Capital, por intermedio de apoderado, presenta acción de
tutela en contra del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, motivado en
que éste tramitó el proceso de Pertenencia de un predio que hace parte de un
inmueble de mayor extensión, recibido por la Procuraduría de Bienes a título de
cesión, de la Urbanización Modelia Sector E., sin integrar debidamente el
contradictorio.
Aduce el apoderado del accionante, que el Juzgado
accionado tenía que convocar a la litis a su representado, como quiera que de
los planos de la Urbanización se desprende, sin hesitación “su interés en
oponerse a las pretensiones de los demandantes”.
Afirma que el accionado, al
omitir la apreciación del plano de la Urbanización incurrió en vía de hecho,
porque el documento fue incorporado al proceso mediante providencia debidamente
ejecutoriada.
Refiere que el Distrito Capital conoció la decisión el
16 de junio de 2004, debido a la solicitud elevada por la señora Matilde Rivera
y otras personas, al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, para
que se incorpore el predio usucapido a la Cartografía Oficial del Distrito.
1.2. Intervención
coadyuvante a la demanda
El Segundo Vicepresidente,
en ejercicio de la Presidencia, de la sociedad MAZUERA VILLEGAS y CIA S.A.,
interviene para solicitar se atienda favorablemente el reclamo de la entidad
actora, porque el inmueble usucapido por los señores Pablo Antonio Torres Cruz
y Matilde Rivera de Torres, “hace parte de las zonas de cesión de la
Urbanización Modelia Sector E (manzana 4) (sic)”.
Refiere que la sociedad que
representa “hizo entrega de las zonas de cesión de la Urbanización Modelia
Sector E ( manzana 14) (sic) a la Procuradoría de Bienes del Distrito
Capital (hoy Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público)
tal como consta en las actas de recibo número 016 el 11 de abril de 1980 y la
número 31 del 27 de octubre de 1981 de conformidad con el Plano Urbanístico
numero F.105/4-22 y por lo tanto al corresponder a una zona de cesión dicho
predio corresponde a una zona de uso público”.
Para concluir recuerda que
los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables,
en los términos del artículo 63 de la Constitución Política.
2.      Intervención
pasiva
La titular del Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Bogotá, en atención a la solicitud de información
sobre el asunto, elevada por el juez de primera instancia, da cuenta de que en
su despacho cursó el Proceso de Pertenencia promovido por Pablo Antonio Torres
Cruz y María  Matilde Rivera de Torres contra MAZUERA VILLEGAS y CIA. S.A.,
sociedad que terminó siendo representada, al igual que los demandados
indeterminados, por un curador para la litis, dado que no compareció
personalmente al proceso.
Refiere que entre los
documentos obrantes en el plenario figura “carta catastral mediante la cual
el Departamento Administrativo de catastro Distrital (sic) certifica que el
tipo de propiedad del inmueble materia del petitum es “Particular”, a mas de
que en el dictamen de los peritos (..), en el que intervinieron conceptos de
entidades del distrito como el IDU, no se constata que el predio usucapido, es
decir, una fracción del de mayor extensión identificado con matricula
inmobiliaria 50C-51525, tenga zonas de cesión al Distrito, ni este se hizo
presente al proceso para intervenir en defensa de sus intereses, pese a la publicidad
de la medida cautelar de inscripción de la demanda (..) y el emplazamiento
efectuado.”
Para concluir manifiesta que
“se comunicó a las partes la existencia de la acción”, a la vez que
remite el original del expediente, “para que se practique sobre él, si a
bien lo tiene inspección judicial”.
3.      Pruebas
En el expediente
obran, entre otros, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Certificado
de Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria  número 50C-51525, en 68
folios, correspondiente al lote de terreno urbano, determinado como Lote A.
parte del predio Santa Isabel, con una cabida de 394.087 V2, debidamente
alinderado, emitido el 3 de octubre de 2000, con 219 anotaciones.
Cabe señalar que la última
anotación, fechada el 8 de agosto de 2000, según radicación 2000-57342,
corresponde a la inscripción de la “Demanda Civil sobre Cuerpo Cierto. De:
Revera (sic) de Torres María Matilde. De: Torres Cruz Pablo Antonio  A:
MAZUERA VILLEGAS y Compañía S. A-“. En atención al “Oficio 1506 del
27-04-2000 Juzgado 38 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá”.
b) Fotocopia de la sentencia
proferida el 9 de junio de 2003, dentro del Proceso Ordinario de Pertenencia
promovido por Matilde Rivera de Torres, Pablo Antonio Torres Rivera y Luis
Eduardo Murcia Chaparro contra MAZUERA VILLEGAS Y CIA S.A.
Refiere el proveído que “admitida
la demanda mediante providencia del 3 de abril de 2001(..) se ordenó el
traslado respectivo al demandado; se decretó el emplazamiento de todas las
personas que crean tener algún derecho sobre el bien inmueble que se pretende
usucapir y se ordenó la inscripción de la demanda en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria”.
También se desprende de la
decisión que “previo el llamado edictal (sic) se ordenó tener como
CESIONARIO del (ilegible) de los derechos litigiosos a LUIS EDUARDO MURCIA
CHAPARRO”, y que “surtido en debida forma dicho llamamiento, les fue
designado curador ad litem, a la entidad demandada y a las demás personas que
crean tener algún derecho sobre el inmueble, quien contestó la demanda sin
proponer excepciones”.
Relata la sentencia que “iniciado
el período de pruebas, se ordenó tener en cuenta las documentales debida y
oportunamente allegadas, en lo que sea pertinente y conducente; se adelantó la
inspección judicial del inmueble (..) y se rindió el dictamen pericial que
adquirió firmeza, dado el silencio de las partes al momento de la
contradicción. Posteriormente, y en la sede del Juzgado se obtuvieron los
testimonios de (..) sobre los hechos alegados en la demanda, así como los
interrogatorios de parte de los demandantes”.
De suerte que en
consideración a que los actores probaron la posesión sobre el inmueble, por más
de 20 años, el despacho accionado resolvió i) “DECLARAR que el
inmueble ubicado en la Calle 35 A N. 76B-04 y Calle 33 A No. 76-B-04, interior
1, de esta ciudad que se haya dentro del predio de mayor extensión identificado
con Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-51525 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. –Zona Centro- pertenece a MARÍA  MATILDE
RIVERA DE TORRES y PABLO ANTONIO TORRES CRUZ, en el 37% a LUIS EDUARDO MURCIA
CHAPARRO en el 37%, a DIEGO ORLANDO QUIJANO SUAREZ  en el 18% y a VICTOR HUGO
MELO ROJAS  en el 8%”; ii) “ORDENAR  a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona centro- levante la medida de
inscripción de la demanda. Ofíciese”; iii) “ORDENAR a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá –Zona Centro-, abrir
folio de matrícula independiente para que se inscriba en él esta providencia
del inmueble lote de terreno con una cabida de 20.867,84 METROS CUADRADOS, con
los siguientes linderos (..) Ofíciese de conformidad”; iv) CONDENASE
en costas a la parte demandada. En su oportunidad tásense”.
Para fundamentar su
decisión, entre otras consideraciones, el Juez del conocimiento sostuvo:
“Como primera medida, los demandantes
señalaron en su libelo introductorio que a partir de febrero de 1973 vienen
poseyendo el inmueble. De los testimonios recaudados, que son creíbles, por no
surgir en el plenario circunstancia alguna para desvirtuarlos, se desprende que
no solo han ejercicio la posesión sobre el inmueble, sino que en tal actividad
se ha desplegado por mucho más de 20 años, con anterioridad a la presentación
de la demanda, es decir antes del 12 de marzo de 2001.
(..)
Finalmente es preciso determinar si el bien
o el derecho sobre el cual se ejerce la posesión es susceptible de adquirirse
por este fenómeno. En efecto se trata del inmueble ubicado en la Calle 35 A No.
76-B-04 y Calle 33 A No. 76-B-04, Interior 1, de esta ciudad, registrado en el
folio de matrícula inmobiliaria 50C 51525 de cuyo registro no se desprende que
esté afectado en cuanto a inembargabilidad alguna y por el contrario, se
advierte que es un bien privado que no obstante aparecer registrada la medida
cautelar, no se encuentra que la propiedad en cabeza del demandado se hubiese
afectado.
(..)
Pero, con el objeto de proteger derechos de
terceras personas, ha de indagarse si existe identidad entre el bien que se
pretende adquirir y el efectivamente poseído. Para ello basta cotejar las
descripciones que del bien se encuentran en la demanda, en el certificado de
tradición y libertad y en la diligencia de inspección judicial y dictamen
pericial en firme y que por lo mismo se acoge por el Despacho, y de tal elenco
probatorio se advierte coincidencia en los linderos señalados en los tres
casos  sin que tampoco surja duda alguna en cuanto a la identidad, ubicación y
determinación del bien pretendido”.
c) Fotocopia del Certificado de Tradición y Libertad
50C 1577174, emitido el 10 de mayo de 2004, correspondiente al inmueble cuya
cabida y linderos obran en la sentencia de 9 de junio de 2003, proferida por el
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá (..).
El documento da cuenta de su apertura con base en la
matrícula 51525 y contiene dos anotaciones.
La primera fechada el 11 de julio de 2003,
correspondiente a la adquisición del inmueble de “Rivera de Torres María
Matilde, Torres Cruz Pablo Antonio, Murcia Chaparro Luis Eduardo, Quijano
Suárez Diego Orlando y Melo Rojas Víctor Hugo”, por el modo de la
Pertenencia Adquisitiva, y la número dos, realizada el 10 de febrero de 2004,
sobre la cuota parte adquirida por el señor Víctor Hugo Melo Rojas, en razón
del embargo ejecutivo ordenado por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de
Bogotá.
4.      Las decisiones que se revisan
4.1.   Decisión
de primera instancia
La Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá
declaró improcedente la acción que se revisa, como quiera que “el ente
promotor de este amparo posee otro mecanismo judicial idóneo previsto por el
legislador para obtener la defensa de sus derechos fundamentales, sin que sea
procedente el amparo impetrado como mecanismo transitorio ante la ausencia de
perjuicio irremediable”.
Se refiere el despacho al recurso extraordinario de
revisión regulado en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil del que
dice “se erige en medio apto para la obtención de la protección del derecho
al debido proceso de la entidad actora, instrumento que no puede ser sustituido
por la acción tutelar, el (sic) que como ya se indicó tiene un carácter
netamente subsidiario”.
Respecto de la ausencia de perjuicio irremediable
destaca cómo “la Defensoría accionante tuvo conocimiento de la misma desde
el 12/07/04 lo que de suyo permite predicar la ausencia de los requisitos de
inminencia y urgencia que caracterizan, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, esta clase de perjuicio”.
4.2.   Impugnación
El Departamento Administrativo Defensoría del Espacio
Público interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión.
Sostiene el impugnante que “no se evidencia causal
alguna para incoar el recurso de revisión por la falta de consideración de un
medio probatorio determinante del fallo”, a la vez que insiste en que la
protección tiene que concederse, porque el Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Bogotá incurrió en vía de hecho al no considerar el plano del inmueble, para
resolver sobre su pertenencia, privando de esta manera al Distrito Capital de
un bien de uso público.
4.3    Decisión
de segunda instancia
La Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de
Justicia confirma la decisión, “por cuanto si el Departamento Administrativo
accionante no fue parte en el proceso ordinario de pertenencia que originó la
solicitud de tutela, no puede vulnerarse el derecho fundamental al debido
proceso”.
Agrega que “la eventual omisión de un error
judicial en la apreciación de las pruebas, la afectada sería la demandada en
dicho proceso, es decir, MAZUERA VILLEGAS Y CIA. S.A. o las personas
indeterminadas que hubiesen acudido al mismo, no quien funge como accionante,
de ahí que los legitimados para solicitar protección constitucional sean
aquellos y nadie más”.
Para concluir, además de destacar que el Departamento
Administrativo accionado “debió haber acudido al llamado que se le hizo a
todas las personas que se consideraran con derechos reales sobre el inmueble
objeto de la pretensión, a través del edicto emplazatorio (.)”, el Ad
quem afirma  que la entidad puede hacer uso del recurso extraordinario de
revisión, “pues de existir el vicio denunciado, tal situación se adecuaría a
la hipótesis contemplada en el numeral 7° del art. 380 del Código de
Procedimiento Civil”.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
La Corte Constitucional, a
través de esta Sala, es competente para revisar las sentencias proferidas por
las Salas Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá y de Casación Civil de la H.
Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto de
20 de mayo de 2005, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco
de esta Corporación.
2.      Problema
jurídico
Corresponde a la Sala revisar las sentencias
proferidas por la Salas Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá y de Casación
Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, al decidir la acción de tutela
instaurada por el Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Publico
del Distrito Capital, contra el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá.
Para el efecto, como quiera que el apoderado del actor
sostiene que el Juzgado accionado no podía declarar prescrito un bien que su
representado recibió a título de cesión de la sociedad MAZUERA VILLEGAS  Y CIA.
S.A. en abril de 1980 y en octubre de 1981, sin su comparecencia, porque el
plano de la Urbanización Modelia Sector E indica que la zona “se encontraba
afecta al uso público”, y dicha sociedad coadyuva la pretensión de amparo,
deberá considerarse i) si el ordenamiento tiene previstos mecanismos para que
quienes no fueron llamados a un proceso declarativo de pertenencia, que culminó
con la declaración de dominio, restablezcan sus derechos; y ii) si han sido
reguladas acciones para que quien cede un inmueble, que un tercero más adelante
demuestra haberlo poseído a tiempo de la transferencia, pueda salir al
saneamiento.
Habida cuenta de que si existen estos mecanismos y los
mismos son eficaces, habría que considerar la posibilidad de conceder la tutela
como mecanismo transitorio, siempre que se den los supuestos de gravedad,
urgencia e inmediatez que para el efecto ha venido señalando la jurisprudencia
constitucional.
3.      Procedencia de la acción. Recurso de revisión
y acción de saneamiento
La Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, en
la providencia que se revisa, sostiene que el Departamento Administrativo
accionante puede interponer el recurso de revisión, para que se restablezcan
sus garantías constitucionales,
por no haber sido convocado al Proceso de Pertenencia promovido por María
Matilde Rivera de Torres y Pablo Antonio Torres Cruz contra MAZUERA VILLEGAS Y
CIA. S.A; y la Sala de Casación ad quem, a la vez
que confirma la decisión, agrega que sería está última la legitimada para aducir violación al debido proceso,
por indebida valoración probatoria dentro del asunto promovido y fallado en su
contra, y no el Distrito Capital.
Efectivamente, el Código de Procedimiento
Civil establece que el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales
superiores y de los jueces del circuito, municipales y de familia[1], entre otras
circunstancias, por estar el recurrente en alguno de los casos de indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento, contemplados en la
misma codificación, siempre que el afectado no haya saneado la nulidad
–artículos 379 y 380 C. de P.C.-.
El apoderado del Departamento accionante,
por su parte, sostiene que el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá tenía
que proceder de oficio a integrar el contradictorio y no lo hizo, por cuanto el
plano aportado a la demanda de pertenencia ya referida señala “la existencia
de zonas de cesión (objeto de la litis)”, por ello bien puede la entidad
alegar, con miras a la revisión de la sentencia ejecutoriada que declaró la
pertenencia, que la notificación del auto admisorio de la demanda no se
practicó en legal forma, esto con la comparencia de quienes hoy ostentan el
derecho de dominio sobre el inmueble –artículos 29 C.P. y 140 C.de P.C.-.
Oportunidad ésta que bien podría utilizar
la sociedad MAZUERA VILLEGAS Y CIA. S.A., para coadyuvar la pretensión de
invalidez de la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito el
9 de junio de 2003, porque, a su juicio, el plano de la Urbanización Modelia
Sector E no fue apreciado como se debía –artículo 52 C. de P.C.-.
Por lo demás el Código Civil –artículos 1893 a 1913-,
regula la acción que debe emprender el adquirente para obligar a su tradente a
ampararlo en el dominio y posesión pacífica de los derechos transferidos, por
causas anteriores a la negociación y a la entrega, de modo que será en un
proceso civil, si el Distrito Capital así lo considera, donde éste entraría a
definir los derechos de la ciudad frente a la evicción sufrida.
Trámite que también podría ser utilizado por la
sociedad MAZUERA VILLEGAS Y CIA S.A., de llegarlo a considerar así, para llamar
en garantía a los actuales propietarios del inmueble, quienes sostuvieron y
lograron probar, en asunto promovido en su contra, que poseían el inmueble antes
de las cesiones ocurridas en los años de 1980 y 1981 y que continuaron con la
posesión, con prescindencia de su entrega al Distrito, en forma quieta,
pacífica e ininterrumpida –artículo 57 C. de P.C.-.
Finalmente no sobra recordar que el accionante en revisión puede solicitar medidas
cautelares, previo el pago de la caución que el juez del conocimiento le señale
para el efecto y que igual derecho le asiste a quien promueve un proceso
ordinario por evicción de la cosa trasferida –artículos 383, 385 y 690 C. de P. C.-.
4.      Amparo transitorio. Gravedad del daño y urgencia de la
intervención
El artículo 86 de la Carta Política dispone que la
acción de tutela procede, sin perjuicio de los medios ordinarios eficaces para
el restablecimiento de los derechos fundamentales, ante daños o amenaza
ciertas, cuando las órdenes que el juez constitucional puede impartir tienen la
virtud de evitar que el daño se produzca o aminore.
En este orden de ideas la Sala debe analizar si el
amparo constitucional invocado por el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público -coadyuvado por la sociedad MAZUERA VILLEGAS Y
CIA S.A.-, en el sentido de que el juez constitucional anule la sentencia
proferida por el Juez Décimo Civil del Circuito de Bogotá el 9 de junio de
2003, registrada el día 11 del mes siguiente -que como quedó explicado resulta
improcedente de manera definitiva-, resulta viable como mecanismo transitorio.
Ahora bien, no puede acreditarse un daño o amenaza por
la evicción de un inmueble, con las características que el artículo 86
constitucional exige, cuando quienes obtuvieron la declaración de dominio
poseyeron el bien durante más de veinte años en forma quieta pacífica e
ininterrumpida e inscribieron su pretensión en el folio de matrícula
inmobiliaria.
Por lo demás, la circunstancia de que en una zona que
se dice afectada al uso de todos no haya vestigios de disfrute colectivo, sino
edificaciones destinadas a vivienda, pastaje de semovientes, cancha de tejo y
adecuaciones para el estacionamiento de vehículos, todo bajo el señorío de
particulares -según lo pudo constatar el Juez accionado en inspección judicial
adelantada el 3 de febrero de 2003- de suyo excluye la pretensión de medidas
urgentes para recuperar el bien.
De modo que el amparo transitorio tampoco procede por
cuanto, así la acción de tutela no tenga caducidad, lo cierto es que el
desplazamiento del juez ordinario tiene que estar precedido de la evidente
necesidad de protección, inminencia que en el caso sub lite se descarta.[2].
Sobre el particular, cabe agregar, que ante el Juez
Décimo Civil del Circuito, mediante procedimiento cuya legalidad solo podría
desvirtuarse en ejercicio de la acción de revisión, quienes alegaron la
posesión demostraron i) la intervención de la Inspectora Novena A Distrital de
Policía el 13 de mayo de 1994, con el fin de definir uno de los linderos del
inmueble usucapido; ii) que el 1° de enero de 1992 celebraron con el señor
Oliverio Rivera Melo un contrato de arrendamiento, que el Juzgado veinticuatro
Civil del Circuito de Bogotá dio por terminado en razón del incumplimiento del
arrendatario, mediante sentencia proferida el 29 de enero de 1993, y la
Inspectora Novena A Distrital de Policía restituyó a los arrendadores, mediante
diligencia adelantada en el inmueble el 23 de abril de 1993; y iii) que el 25
de junio de 1993, la Inspección Novena D Distrital de Policía hizo cesar la
perturbación que les incomodaba el ejercicio de su presunción de dominio.
Oportunidades éstas en las que se comprobó la
existencia de “una construcción en madera teja de eternit y plástica, con
dos habitaciones, un comedor, o mejor dicho sala comedor y una letrina o baño,
en el costado occidental, todo esto cerrado con árboles y una cerca de alambre
de púas y postes de madera, con servicio de luz, también existen corrales para
ganado y gallinas (..) los linderos que fueren mencionados para identificar el
inmueble, existen postes de madera con hileras de alambre de púas y broches
para entrar al mismo lote de terreno (..) existen pastando en este momento 32
cabezas de ganado (treinta y dos) entre adultos y pequeños hembras y machos de
ganado vacuno, en el costado suroccidental en este momento aparece un corral
recientemente levantado con postes de madera y alambre de púas de las
anteriores cabezas mencionadas hay cuatro cabezas de ganado es decir dos vacas
y dos terneros (..)”.
De modo que el Departamento Administrativo Defensoría
del Espacio Público y la sociedad MAZUERA VILLEGAS Y CIA S.A. no requieren la
intervención urgente del juez constitucional, lo que demandan es resolver el
conflicto que subyace en la cesión que hiciera aquella a la ciudad capital en
el año de 1980, esto sin vulnerar los derechos de terceros, como vendrían
hacerlos quienes entonces poseían el bien y actualmente son propietarios del
mismo, como también quien hizo público su derecho de persecución de una cuota
parte de aquel.
En esas circunstancias, estima la Sala, que lo
conducente radica en que la actora inicie las acciones respectivas, con las
medidas cautelares del caso, para que sean los jueces civiles quienes definan
la controversia, con los efectos frente a terceros derivados de la publicidad
que la inscripción de las demandas, le imprimen a los conflictos sobre derechos
reales.
Con todo, habida cuenta del interés público que
comporta la acción que se revisa, la Sala considera que la Personería y la
Contraloría Distrital deberán ser informadas de esta decisión, para que
adelanten las investigaciones y adopten los correctivos del caso.
5.      Conclusiones
La pretensión del Departamento Administrativo
Defensoría del Espacio Público, que coadyuva la sociedad MAZUERA VILLEGAS Y CIA
S.A, de que se invalide la sentencia proferida el 9 de junio de 2003 registrada
al folio 50C-1577174 el 11 de julio de 2003, no procede por vía de tutela, en
razón de que el ordenamiento tiene establecido para el efecto el recurso de
revisión, que deberá interponerse dentro de las oportunidades señaladas en el
artículo 381 del C. de P.C.
Igualmente la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para resolver sobre la situación de la sociedad interviniente, de frente
a la evicción del inmueble, porque para tramitar esta pretensión el
ordenamiento ha previsto el proceso ordinario civil.
De esa manera, las sentencias que se revisan en cuanto
declaran improcedente el amparo, ante la existencia de un medio eficaz para el
restablecimiento de los derechos invocados, serán confirmadas, no siendo del
caso conceder un amparo transitorio, dado que no se vislumbra, conforme a lo
expresado, un perjuicio irremediable y grave que amerite la intervención
urgente e inmediata del juez constitucional.
III.    DECISIÓN
Por lo tanto, la Sala Octava de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución.
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR las sentencias proferidas por las Salas Civil del H.
Tribunal Superior de Bogotá y de Casación Civil de la H. Corte Suprema de
Justicia, el 15 de febrero y el 14 de marzo de 2005, para negar por
improcedente la acción de tutela instaurada por el Departamento Administrativo
Defensoría del Espacio Público del Distrito Capital contra el Juzgado Décimo
Civil del Circuito de Bogotá.
Segundo. Disponer que por la
Secretaría General de esta Corporación se remita fotocopia de esta decisión a
la Personería y a la Contraloría Distritales para lo de su cargo. Ofíciese.
Tercero. Por Secretaría líbrense las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Al respecto se puede consultar, entre
otras, la sentencia C-269 de 1998 M. P. Carmenza Isaza de Gómez.
[2] Consultar entre otras las sentencias T-1
de 1992, C-543 de 1992.