T-361-19
Sentencia T-361/19
DERECHOS A LA INTIMIDAD
PERSONAL, A LA HONRA, A LA IMAGEN Y AL BUEN NOMBRE-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Contenido y límites
LIBERTAD DE EXPRESION-Razones
derivadas del funcionamiento de las democracias
i) El discurso político y sobre asuntos de interés
público; ii) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de
sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos y; iii) discursos
que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad personales. Estas
categorías, dada la gama de la libertad de expresión, pueden estudiarse y
aplicarse de manera separada o, incluso, pueden converger las tres categorías en un mismo discurso.
LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y
REDES SOCIALES-Parámetros
internacionales de protección y su aplicación en la jurisprudencia
constitucional colombiana
MALTRATO EN REDES SOCIALES-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHOS A LA INTIMIDAD
PERSONAL, A LA HONRA, A LA IMAGEN Y AL BUEN NOMBRE-No vulneración por
cuanto publicaciones de la accionada en su cuenta personal de Facebook, se
encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión
Referencia: Expediente T-7.251.886
Acción de tutela formulada por Luis
Alfredo Salamanca Daza, mediante apoderado judicial, contra Luz Estella Royo
Bárcenas.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Novena de la Corte Constitucional, integrada
por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Carlos Bernal Pulido y
Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo del 22 de noviembre
de 2018, por el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena
confirmó el fallo de tutela del 22 de octubre de 2018 proferido por el Juzgado
Sexto Civil Municipal de Cartagena, dentro de la acción de tutela promovida por
el ciudadano Luis Alfredo Salamanca Daza, mediante apoderado judicial, contra
la señora Luz Estella Royo Bárcenas.
El expediente de la referencia fue escogido por la
Sala de Selección de Tutelas Número Tres[1], mediante auto proferido el 28 de marzo
de 2019, indicando como criterio orientador de selección la exigencia de
aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental (criterio objetivo).
I.
ANTECEDENTES
A través de apoderado judicial especialmente
constituido, el señor Luis Alfredo Salamanca Daza formuló acción de tutela en contra
de la señora Luz Estella Royo Bárcenas, reclamando la protección de sus
derechos fundamentales a la imagen, intimidad, buen nombre y honra, los cuales
consideró vulnerados por una publicación en la red social Facebook de la
accionada.
1. Hechos
A continuación, se relatan los supuestos fácticos
relevantes que sustentan la solicitud de amparo, tal como son narrados por el
accionante en el escrito inicial de tutela:
1.1.
El 5
de octubre de 2018, la señora Luz Estela Royo Bárcenas, a través de su cuenta
de Facebook, publicó el siguiente mensaje, el cual, según el accionante,
vulneró sus derechos fundamentales a la imagen, intimidad, buen nombre y honra:
“Comunicado: Luis A. Salamanca
(alias Quito)….TE aclaro y LE aclaro a los que no me conocen que nunca tendré
el gusto tan ARRASTRAO (sic) para dar un paso contigo siquiera a cruzar una
esquina. No se cual (sic) es tu deseo frustrao (sic) de andar diciendo que
alguna vez saliste conmigo;…jajaja pobre ILUSO eso sólo lo verás en sueño…No
tengo ese gusto bajo cero para siquiera detenerme a mirar a un personaje como
tú..y con una lengua tan VIPERINA que parece que solo usándola para perjudicar
a los demás es lo que te hace sentir grande, no se cuando (sic) la vas a
Recoger!...POBRES las que x golpes de la vida tuvieron que Resignarse con un
NADA QUE VER como TÚ!... O son ellas las que con su FRUSTACIÓN te quieren dar
un estatus que nunca vas a alcanzar!”
1.2.
Sostuvo
que dicho mensaje tuvo una difusión considerable, la cual fue objeto, a su vez,
de varios comentarios deshonrosos en contra del accionante. Asimismo, argumentó
que en dicho mensaje se le atribuyó la comisión de delitos, tales como injuria
y calumnia, lo cual implica una imposición injusta de una condena sin sentencia
judicial y, por tanto, una vulneración a la garantía de presunción de
inocencia.
1.3.
El
accionante aclaró que no tiene ni ha tenido relación alguna de amistad con la
señora Luz Estella Royo Bárcenas y, lo único que tienen en común una amiga
llamada Irma González y, además, asistían y se encontraban casualmente en
encuentros sociales. Igualmente, aseguró que en los esporádicos encuentros
siempre estaba de presente la señora Irma González.
1.4.
Asimismo,
el accionante argumentó que las declaraciones deshonrosas proferidas por la
señora Luz Estella Royo Bárcena no solo vulneran los derechos fundamentales
alegados, sino, al mismo tiempo, “destruyen y le causan un grave daño en su honor,
decoro, fama y reconocimiento como un buen abogado litigante; atributos que
dice con total sencillez, se ha ganado con mucho esfuerzo y sacrificio,
luchando durante muchos años, con su comportamiento personal en el ámbito
familiar, social y por su desempeño profesional preocupado como abogado
litigante”.
2.
Contenido de la
petición de amparo
Mediante apoderado judicial, el señor Luis
Alfredo Salamanca Daza reclama la protección de sus derechos fundamentales a la
imagen, a la intimidad, buen nombre y honra y, solicitó al juez constitucional que
se ordene a la señora Luz Estella Royo Bárcena i) retirar las publicaciones que
realizó en la red social Facebook; y ii) realizar una nueva publicación
en la misma red social y; iii) abstenerse de realizar alguna manifestación que
afecte los derechos fundamentales del señor Luis Alfredo Salamanca Daza.
Para sustentar sus pretensiones, en el
escrito de tutela se anexa el poder, el traslado del escrito de tutela para la
parte demandada y copia de la publicación realizada por la señora Luz Estella
Royo Bárcena en la red social Facebook.
3. Traslado y
contestación de la acción de tutela
Mediante Auto del 11 de octubre de 2018, el Juzgado
Sexto Civil Municipal de Cartagena admitió a trámite la demanda de tutela y
ordenó la notificación a la accionada y, le concedió un plazo de 2 días para
que rinda informe sobre el escrito de tutela[2].
3.1. Contestación de la parte
accionada en el trámite de tutela
Mediante escrito del 16 de octubre de 2018, Luz
Estella Royo Bárcenas sostuvo que, si bien hubo una publicación en la red
social Facebook, dicha publicación no vulneró los derechos fundamentales
alegados por el accionante, pues parte de una interpretación general de la
publicación y los comentarios que otros usuarios de dicha red social le
hicieron a esta. A partir de allí, afirmó que el accionante, de manera
arbitraria, adujo una vulneración a sus derechos fundamentales. Igualmente, aseveró
que, si bien la publicación fue vista por diversas personas y, al mismo tiempo,
comentada, únicamente debe responder por las publicaciones que ella escribió en
dicha oportunidad y no frente a los comentarios que fueron realizados por otros
titulares de cuentas personales de la red social Facebook.
Además de lo anterior, la accionada consideró que la
acción de tutela era improcedente, pues existen otros mecanismos de defensa
judicial tales como la querella por los delitos de injuria y calumnia, los
cuales protegen la integridad moral como bien jurídico tutelado, el cual se
pretende proteger por medio de acción de tutela.
Por otra parte, frente a la vulneración a los derechos
fundamentales alegados, la accionada señaló que, de acuerdo con la sentencia
T-117 de 2018, en ninguna parte de la publicación objeto de tutela se ventilan
datos personales del señor Luis Alfredo Salamanca Daza que conlleve a la
comisión de una conducta ilícita, razón por la cual no existe una vulneración a
la honra.
Frente a la vulneración al buen nombre, la señora Luz
Estella Royo Bárcenas argumentó que, acorde con la jurisprudencia
constitucional, la publicación que realizó en la red social Facebook se
basó en valoraciones, sentimientos y apreciaciones sobre determinados hechos,
situaciones o personas, lo cual cobija la libertad de pensamiento u opinión.
Por ello, no es aplicable al caso concreto las restricciones propias del
derecho a la información, en tanto “las redes sociales en la actualidad
tienen generalmente dentro de sus finalidades compartir o expresar diferentes
opiniones que se tengan de cualquier tema en concreto.”[3]
Finalmente, la accionada procedió a analizar la
palabra “iluso” y la expresión “lengua viperina” a partir de lo
definido por la Real Academia de la Lengua Española, para de allí sostener
nuevamente que la acción de tutela es improcedente, al existir otros medios de
defensa y, además, sancionar la conducta del accionante quien, de acuerdo con
la posición de la señora Royo Bárcenas, en reiteradas oportunidades también ha
realizado comentarios infortunados e imputaciones de conductas inapropiadas a
la señora Luz Estella Royo Bárcenas.
Por lo anterior, la accionada solicitó al juez de
instancia que se declare improcedente la acción de tutela, niegue la pretensión
de rectificación y se abstenga de condenar en abstracto al pago de perjuicio
alguno[4].
3.2. Posición del accionante frente a
los argumentos de la señora Luz Estella Royo Bárcenas
Mediante escrito del 23 de
octubre del 2018 y por apoderado judicial, el señor Luis Alfredo Salamanca
argumentó que la accionada no prueba ni sostiene que él haya realizado
imputaciones deshonrosas contra ella, lo cual “permite deducir de forma
clarísima su Señoría, que la accionada, implícitamente, acepta su total
responsabilidad, pues, ni siquiera intenta atacar el fondo de la acción
constitucional presentada en su contra (…), y por el contrario, tan solo se
limita alegar que el doctor LUIS ALFREDO SALAMANCA DAZA no demostró el
perjuicio irremediable y que como la acción de tutela es de carácter
subsidiario, debe negarse por improcedente.”[5]
De igual manera, el accionante, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, recabó en la procedencia de la acción de tutela,
pues la publicación realizada en Facebook, al ser una de las redes
sociales con mayor capacidad de divulgación, pone en situación de indefensión
y, con ello, una vulneración grave a sus derechos fundamentales.
Por lo anterior, nuevamente
solicitó ante el juez de instancia que se tutelaran los derechos fundamentales
alegados y, además, que ordene retirar “todas las publicaciones y las
etiquetas que de forma injuriosa y mal intencionada realizó en su cuenta en su
cuenta personal de la red social Facebook (…)” y que la accionada se
retracte de las expresiones realizadas en dicha red social[6].
4. Fallo de tutela de primera
instancia
En sentencia del 22 de octubre de 2018, el Juzgado
Sexto Civil Municipal de Cartagena i) amparó los derechos fundamentales al buen
nombre y honra del señor Luis Alfredo Salamanca Daza; ordenó a la señora Luz
Estella Royo Bárcenas ii) eliminar la publicación realizada en su cuenta
personal de Facebook; iii) abstenerse de realizar nuevamente dichas
afirmaciones; y, como forma de reparación, iv) se retracte a través de una
publicación en su cuenta personal de Facebook de las afirmaciones
realizadas en contra del señor Luis Alfredo Salamanca Daza.
La providencia sostuvo que el accionante se encuentra
en un estado de indefensión, pues “el hecho de publicar información a través
de medios de alto impacto social como la red social Facebook, que pueden
impactan (sic) la honra y el buen nombre de la persona, configura un estado de
indefensión, pues quien la realiza tiene una gran capacidad dispositiva sobre
lo que publica”[7].
De igual manera, el juez argumentó que, si bien existe
en el ordenamiento constitucional colombiano la garantía de la libertad de
expresión, las frases injuriosas que denoten falta de decoro, vejaciones,
insultos, expresiones desproporcionadas y humillantes no están protegidas por
la libertad de expresión, razón por la cual, en el caso concreto, resulta
innecesario realizar un ejercicio de ponderación entre el derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la honra y al buen nombre, pues si la finalidad de
la señora Luz Estella Royo Bárcenas era expresar que no tenía ningún tipo de
relación con el accionante, no era necesario realizar afirmaciones injuriosas y
descalificantes contra el señor Alfredo Salamanca[8].
5. Impugnación
En escrito del 24 de octubre del 2018, la señora Luz
Estella Royo Bárcenas solicitó revocar la anterior decisión[9]. En dicho escrito, la
accionada argumentó que la publicación realizada el 5 de octubre de 2018 no
contiene afirmaciones deshonrosas e irresponsables, tal y como lo afirma la
parte accionante, pues, de la descomposición de dicho mensaje y de la
interpretación lógica de las palabras, se desprende que se está ante un
ejercicio de libertad de expresión[10].
Asimismo, afirmó que la sentencia no realizó un
análisis completo sobre los mecanismos de defensa penal que tiene el accionante
para proteger los derechos fundamentales que se pretenden defender en sede de
tutela. De igual manera, explicó que los contenidos difamatorios no son por
parte del mensaje escrito por ella, sino por terceros que comentaron en la red
social Facebook dicha publicación[11].
Además de lo anterior, la accionada arguyó que “ese
hecho es intrascendente, inconsecuente, nimio, fatuo, e insulso, y que fue
superado desde el mismo momento en que yo decidí eliminar dicha publicación
días después de haberlo publicado y asimismo inactivar y cerrar mi cuenta de
Facebook, circunstancia que dentro del término que se me confirió lo demostrare
(sic)”[12].
Finalmente, mediante memorial del 25 de octubre de 2018,
la señora Luz Estella Royo, en cumplimiento de la sentencia del 22 de octubre
del 2019, eliminó la publicación en la cuenta personal de Facebook
objeto de tutela[13]. Asimismo, como medida de
reparación, publicó en una nueva red social la rectificación conforme a lo
ordenado en la sentencia de primera instancia[14], de la siguiente manera:
“Por medio de la presente
publicación manifiesto públicamente dimito de lo publicado el pasado 5 de
octubre de 2018 en la presente cuenta Facebook con referencia al señor Luis A.
Salamanca Daza. Cabe señalar, que la publicación del 5 de octubre de 2018 desde
hace varios días se encuentra ELIMINADA, es decir, dicho contenido no se
encuentra disponible ni en esta ni en ninguna otra red social.”
6. Fallo de tutela de segunda
instancia
Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2018, el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena confirmó la decisión del juez
de primera instancia. Para ello, sostuvo tres consideraciones.
En primer lugar, arguyó que, si bien la accionada
considera que es irrelevante el contenido de su publicación, de la lectura
integral de la publicación se desprenden imputaciones que atentan contra los
derechos fundamentales invocados, pues la accionada se refiere con adjetivos
descalificativos que “dan al traste con su dignidad humana”[15].
En segundo lugar, consideró que, frente al derecho a
la libertad de expresión, éste no es un derecho ilimitado y su principal limite
lo constituye los derechos de los demás[16], en ese sentido, si bien
la señora Royo Bárcenas goza de la libertad de expresar libremente su opinión,
ello no puede trasgredir la esfera de la dignidad humana de las otras personas[17].
Finalmente, en tercer lugar, el juez de segunda
instancia valoró el ejercicio de rectificación realizado por la accionada
mediante la publicación hecha en la red social Facebook el 25 de octubre
de 2018. En dicho análisis, el juez consideró que la rectificación realizada no
cumple con el criterio de equidad establecido en el artículo 20 de la
Constitución Política de Colombia. En efecto, con base en la jurisprudencia
constitucional, calificó la rectificación realizada por la señora Royo Bárcenas
como ambigua e imprecisa, pues se refiere a lo publicado el pasado 5 de octubre
de 2018 sin precisar qué fue lo que se publicó[18].
Por ello, el juez de segunda instancia consideró que es
importante que la accionada se refiera de manera exacta a su publicación
vulneradora de los derechos fundamentales del actor, pues lo que se busca con
la rectificación es “enderezar la percepción equivocada que de alguien que, a
partir de la circulación de un contenido, se puede hacer alguna persona o la
sociedad en general, de tal manera que (…) el lector o receptor pueda
identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el
contenido enmendado; ello en atención a la garantía de equivalencia”[19].
Por lo anterior, dicho despacho consideró que aún no
ha cesado la vulneración a los derechos fundamentales invocados por el
accionante y, por ello, confirmó la sentencia de primera instancia[20].
7. Acápite de pruebas que obran en
el expediente
·
Poder
especial mediante el cual se le otorga la representación al abogado Neil
Enrique Fortich Rodelo en el trámite de tutela.
·
Copia
de la publicación realizada por la señora Luz Estela Royo Bárcenas en la red
social Facebook el día 5 de octubre de 2018.
·
Copia
de la publicación realizada por la señora Luz Estela Royo Bárcenas en la red
social Facebook en cumplimiento de la orden de rectificación emanada de
la sentencia de tutela de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.       Planteamiento del caso, problema jurídico y
consideraciones
El 5 de octubre de 2018, la señora Luz Estella Royo Bárcenas
publicó en su cuenta personal de Facebook un mensaje contra el señor
Luis Alfredo Salamanca Daza. Como consecuencia de ello, el señor Salamanca Daza
instauró acción de tutela contra la señora Royo Bárcenas con la finalidad de
que se protegieran los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la
imagen y a la intimidad y, a su vez, se retirara dicho mensaje de la plataforma
digital y rectificara, por medio de la misma red social, el mensaje.
En el trámite de tutela, el accionante sostiene la
procedencia de dicha acción, pues se encuentra en un estado de indefensión,
comoquiera que no puede controlar las expresiones de la red social. Asimismo,
con base en la jurisprudencia de esta Corporación, sostuvo que la acción penal
no es un recurso que deba agotar y, por tanto, procede la acción de tutela. De
igual manera, a su juicio, la publicación de la accionada en su cuenta de Facebook
contiene mensajes injuriosos que atentan contra la integridad y la dignidad del
accionante.
La señora Luz Estella Royo Bárcena indicó, por el
contrario, que la acción de tutela no procede, pues el accionante cuenta con el
mecanismo judicial de la querella para resolver, ante la jurisdicción penal, si
existe o no una vulneración a los derechos fundamentales incoados. De igual
manera, afirmó que la publicación realizada en su cuenta privada de Facebook
está amparada por el derecho a la libertad de expresión. Por ello, descompuso
el mensaje y explicó, con base en el diccionario de la lengua española de la
RAE lo que significaba la palabra “iluso” y la expresión “lengua viperina”,
para, de allí, sostener que eran percepciones personales que ella tiene sobre
el accionante.
Con base en lo anterior, le corresponde a la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional responder si ¿la publicación
realizada por la señora Luz Estella Royo Bárcena el día 5 de octubre del 2018
en la plataforma social de Facebook vulnera los derechos fundamentales a
la honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad del señor Luis Alfredo
Salamanca Daza o si, por el contrario, se encuentra amparado bajo el derecho a
la libertad de expresión y opinión?
Para resolver dicho interrogante, la Sala Novena de la
Corte Constitucional considera necesario abordar i) los derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad; y ii) el
contenido del derecho fundamental a la libertad de expresión en redes sociales los
derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad. Finalmente iii)
la Sala resolverá el caso concreto.
3.
Desarrollo de
las consideraciones
3.1.
Los derechos
fundamentales al buen nombre, intimidad y honra en redes sociales. Reiteración
de jurisprudencia
La Constitución Política garantiza el derecho a la
honra -C.P. art.21- y, a su vez, impone al Estado su protección -C.P. art.2-.
Esta ha sido entendida por la Corte Constitucional como la estimación o
deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la
colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana[21]. Es por consiguiente, un derecho que debe ser
protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos
frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad[22].
Asimismo, la jurisprudencia constitucional estableció
que el derecho fundamental a la honra tiene una relación estrecha con la
dignidad, en la medida que involucra tanto la consideración de la persona, como
la valoración de las conductas más íntimas no cubiertas por la intimidad
personal y familiar[23].
Además de lo anterior, la Corte Constitucional ha
estudiado la relación entre el derecho a la honra con los derechos
fundamentales al buen nombre e intimidad. A partir de la interpretación
conjunta de estos derechos fundamentales, se han evidenciado dos escenarios
constitucionales. El primero consiste en la protección del buen nombre e
intimidad, mientras que el segundo conlleva a la protección de la honra y el
buen nombre.
La protección de la intimidad y el buen nombre
consiste en la protección del ámbito privado del individuo y su familia[24]. Esta se traduce en una abstención de conocimiento e
injerencia en aquella órbita reservada que le corresponde a la persona y que
escapa al conocimiento público y, por tanto, no debe ser materia de información
suministrada a terceros ni de intervención o análisis de grupos ajenos, ni de
divulgaciones o publicaciones[25]. A partir de lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha identificado grados de protección del derecho
fundamental a la intimidad, los cuales son: la intimidad personal, familiar,
social y gremial.
Por otra parte, la Corte Constitucional ha estudiado el
derecho al buen nombre y a la honra[26]. De acuerdo con la Corte, se limita a la
consideración y respeto que, por su condición de ser humano, merece cada
persona del resto de la sociedad[27]. De allí que la afectación a esta
prerrogativa se materialice cuando se emitan expresiones con ánimo injurioso o
divulgue una información que riñe con los principios de veracidad e
imparcialidad[28].
A partir de los ámbitos materiales de protección que
han sido definidos por la jurisprudencia constitucional, el derecho a la intimidad
y el derecho a la honra, en concordancia con el derecho al buen nombre, se refieren
a la protección privada y pública de la persona. En efecto, por una parte, la
relación entre el derecho a la intimidad y al buen nombre protege a la persona
de las intromisiones en la vida privada de las personas o de su familia, que
pongan en peligro o afecten su buen nombre, mientras que, por otra parte, el
derecho a la honra no sanciona en sí misma la intromisión en la vida privada,
sino la posterior violación del buen nombre o de su familia que por su
naturaleza afectan su reputación[29].
En ese sentido, de acuerdo con la Corte Constitucional[30], el derecho a la honra y al buen nombre difieren en
la esfera en que se proyectan[31]. Así, la honra se afecta por la información
errónea o tendenciosa respecto a la persona, en su condición privada; mientras
que el derecho al buen nombre se vulnera, fundamentalmente, por la divulgación
de información falsa, errónea o incompleta que genera distorsión del concepto
público que de una persona puede tener el grupo social[32]. En este último evento, se trata de la
distorsión del concepto público de la persona la que compromete el derecho
fundamental y no la información en sí misma considerada[33].
3.2.
El contenido del
derecho fundamental a la libertad de expresión en redes sociales. Reiteración
de jurisprudencia
La Constitución Política, en su artículo 20, consagra
la libertad de expresión. Esta libertad, en todas sus manifestaciones,[34] cuenta con un estatus jurídico dentro de sistemas
políticos democráticos como el colombiano, sin embargo, su protección no
depende sólo de ello, sino también de su valor intrínseco como derecho
fundamental[35]. De acuerdo con la Corte, la protección de
este derecho fundamental es un fin en sí mismo como manifestación de lo que
entendemos por ser humano digno y autónomo y por una sociedad de personas
igualmente libres[36].
Como consecuencia de ello, la jurisprudencia ha
establecido que el ámbito material de protección del derecho fundamental a la
libertad de expresión i) permite buscar la verdad y desarrollar el
conocimiento[37]; ii) posibilita el principio de
autogobierno[38]; iii) promueve la autonomía
personal[39]; iv) previene los abusos del poder[40]; v) promueve la resolución racional y pacífica
de los conflictos, es decir, funciona como válvula de escape[41].
A partir de dicho estatus, la jurisprudencia
constitucional[42] ha emanado tres presunciones relevantes
para la protección de la libertad de expresión[43]. La primera, que toda expresión, de
cualquier contenido y forma, está amparada prima facie por el derecho a
la libertad de expresión[44]. La segunda, que, en los eventos de
colisión del derecho a la libertad de expresión con otros derechos
fundamentales, en principio, aquél prevalece sobre los demás[45]. El tercero, que cualquier limitación de una
autoridad pública al derecho a la libertad de expresión se presume
inconstitucional y, por tanto, debe ser sometida a un control constitucional
estricto[46].
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
presentó un catálogo de principios orientadores para el funcionamiento de la
red. Este catálogo tiene como propósito, entre otros, guiar las medidas de los
Gobiernos para su reglamentación con la finalidad de conservar las cualidades
que han hecho de internet un espacio propicio para que las personas compartan
ideas, informaciones y opiniones. Asimismo, la Declaración Conjunta sobre la
Libertad de Expresión en Internet[47] acogió como principio que la libertad de
expresión se aplica a internet del mismo modo que se aplica a todos los medios
de comunicación y, por tanto, sus restricciones sólo son aceptables en tanto
respeten los estándares internacionales.
Como consecuencia de lo anterior, al encontrarse
dentro del ámbito material de protección del derecho a la libertad de expresión[48], los discursos en las redes también pueden ser
catalogados como discursos especialmente protegidos y, asimismo, pueden
limitarse, dependiendo del contenido de las manifestaciones.
Con respecto a los discursos especialmente protegidos,
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sostenido que, si bien
todas las formas de expresión están protegidas, existen ciertos tipos de
discurso que reciben una protección especial, por su importancia de esta clase
de expresiones para el ejercicio de otros derechos e, incluso, para la
consolidación, el funcionamiento y preservación de la democracia[49]. Estos tipos de discurso, de acuerdo con la
jurisprudencia interamericana, son i) el discurso político y sobre
asuntos de interés público[50]; ii) el discurso sobre funcionarios
públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos
públicos[51] y; iii) discursos que expresan
elementos esenciales de la identidad o dignidad personales[52]. Estas categorías, dada la gama de la libertad de
expresión, pueden estudiarse y aplicarse de manera separada o, incluso, pueden
converger las tres categorías en un mismo discurso.
De igual manera, la jurisprudencia se ha referido a la
libertad de opinión. Esta consiste, de acuerdo con la Corte, en la virtud que
tiene el sujeto para expresar juicios particulares a cerca de las cosas bajo
cuestión, así como exponer la conciencia de ideas y conceptos sobre las mismas[53]. Su contenido normativo permite expresar juicios,
dictámenes o pareceres relativos a un asunto o materia[54]. Por tanto, comprende “la facultad de
prohijar y conservar una opinión y también la potestad de difundirla, sirviéndose
de cualquier medio para su propagación”[55].
La libertad de opinión no se agota en el ámbito de la
libertad de expresión. Aquella tiene un sustrato subjetivo y, por ello, se
articula sistemáticamente a la libertad de conciencia; es la exteriorización
de la conciencia. En ese sentido, la opinión abarca la difusión externa
de pensamientos y posee una naturaleza ideológica inherente a la persona que la
emite[56].
La Constitución, al verificar el carácter subjetivo de
la opinión, definió que sólo es predicable la rectificación de las informaciones,
mas no de los pensamientos y opiniones[57]. En efecto, la rectificación puede dar
lugar a la reparación de daños causados y la consecuente responsabilidad
conforme a las leyes civiles y/o penales. Sin embargo, es imposible pedir que
se rectifique un pensamiento u opinión, pues únicamente es posible rectificar
lo falso o parcial, mas no las apreciaciones subjetivas que sobre los hechos
permitan la manifestación de pensamientos y opiniones[58].
a.       Redes sociales y sociedad
La red de internet permitía únicamente acceder a páginas
determinadas con la finalidad de encontrar información. Con el nacimiento de
las redes sociales, las conexiones ya no son entre páginas web, sino
entre personas. Las redes sociales –en general la red de internet[59]- implican un cambio en el modelo de intercambio de
bienes culturales a través de la comunicación; la identidad de las personas que
hacen uso de las redes sociales sólo se adquiere en tanto se expresan -un perfil inactivo en redes sociales no adquiere una
identidad, no adquiere reconocimiento-; las redes sociales no
sólo permiten un escenario de libertad de expresión, sino que, de manera más
profunda, permite la identificación de las personas con el mundo web -las redes
sociales permiten una modificación de la identificación de la persona y esta es
la que impera frente al reconocimiento de los demás-.
La Internet cambió la forma en que las personas se
comunican entre sí y con el mundo. Así, de acuerdo con la Relatoría para la
Libertad de Expresión, “en la actualidad, el derecho a la libertad de
expresión encuentra en internet un instrumento único para desplegar,
incrementalmente, su enorme potencial en amplios sectores de la población”[60].
Además de la facilidad de comunicación, las redes sociales
y, entre ellas Facebook, los usuarios también se expresan publicando
fotos, estados, videos. Reaccionan a las publicaciones con un “me gusta”,
con emoticones, así como debaten sobre estas, las critican y las comparten. En
general, funciona como una plataforma de diálogo y expresión digital. Las
expresiones en redes sociales son efímeras, por ello, los discursos con mayor
incidencia en la red son aquellos que exponen con mayor gravedad la intimidad
de las personas o, a su vez, son aquellos discursos que protegen las diferentes
libertades garantizadas en la sociedad. Por esta razón, las redes sociales son
un escenario donde se presentan graves vulneraciones a la intimidad y, al mismo
tiempo, un escenario donde las denuncias o cualquier discurso de inconformidad
son más divulgadas y, por tanto, tienen mayor impacto en la sociedad.
En el primer escenario -graves violaciones a la
intimidad-, las redes sociales pueden ser focos de, por ejemplo, actos de
hostigamiento, incitación a la violencia[61], la circulación de contenido ilegal e,
incluso -y con mayor frecuencia-, actos de difamación[62]. Estos se materializan a través, entre
otras, de la publicación de estados, publicaciones en el muro, etiquetas,
o comentarios de terceros.
Como se sostuvo en líneas anteriores, si bien las
redes sociales son espacios digitales, esto es virtuales y sin corporeidad, en
tanto que son creaciones humanas, son también lugares en los que se ejercen las
mismas prácticas culturales que se presentan en los espacios “reales” y materiales
(en el mundo no digital) por tal razón, son aplicables las reglas y garantías
de la libertad de expresión.
Al igual que el mundo “real”, las redes
sociales, no por ser espacios cibernéticos, dejan de ser violentos, y en los
que se ejercen conductas patriarcales y sexistas, las cuales en este escenario
se agudizan, al menos, por dos razones. La primera, por el hecho que, en
ocasiones, las prácticas sexistas se pueden ocultar tras perfiles falsos o
inexistentes, los cuales permiten que las agresiones queden en el anonimato. La
segunda, porque, en la mayoría de las ocasiones, para obtener aprobación y reconocimiento
en las redes sociales, se hace necesaria la publicación de aspectos íntimos, e
incluso corporales, de la persona titular de la cuenta personal[63].
Aunado a ello, autores han reconocido que en múltiples
ocasiones, la industria del entretenimiento acude a estrategias en las que se
estetiza o, incluso se hiper estetiza, y se usa el cuerpo de las mujeres como
vehículo para difundir publicidad. Así, debido a que las redes sociales son,
principalmente, espacios de entretenimiento, en los que además, para lograr
amplia difusión de un contenido, deben publicarse aspectos de la vida íntima,
resalta una conclusión y es que las redes sociales son lugares para que se
intercambie gran cantidad de información con un contenido que, potencialmente,
puede reforzar los prejuicios discriminatorios contra las mujeres[64].
Las redes sociales no pueden verse como
manifestaciones culturales diferentes a las que se producen en el mundo no
digital. Las redes son productos de la cultura que, así como la pintura, la
música o el arte, en general, porta los prejuicios y comprensiones de la época
en la que se produce. A juicio de esta Corte, la relación entre las redes
sociales y los derechos fundamentales de las mujeres, pueden implicar las
mismas prácticas discriminatorias que otras expresiones del espíritu humano. En
el caso de estas, agravado por el anonimato, la difusión y el reconocimiento
que las redes sociales permiten.
En el segundo escenario consiste en una lectura del
papel de las redes sociales y la reivindicación de la igualdad entre hombres y
mujeres -discurso de inconformismo y denuncias públicas-. De manera concreta, esto
se ha evidenciado a partir de la libertad de expresión, las redes sociales y
los derechos de las mujeres. En efecto, desde la década de 1990 se han
impulsado movimientos de “ciberfeminismo social” [65]. Aquí se entiende la red como un espacio
para la vindicación de luchas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres,
pues la web no está jerarquizada y cualquiera puede acceder tanto a esta, como
difundir sus ideas en condiciones de igualdad. Con este movimiento nació el “ciberactivismo
feminista” que busca denunciar y vindicar el dominio web permitiendo la
garantía y el respeto de los derechos de las mujeres[66].
Las redes sociales son un foro vital no solo para
superar las barreras de discriminación de género, sino también para integrar la
participación de las mujeres en escenarios como la rendición de cuentas y la
toma de decisiones[67]. Las redes sociales han servido para
fortalecer el empoderamiento femenino a partir de lo que llaman en “Hashtag
activismo”. Ello busca movilizar la atención de las agendas políticas
públicas hacia los derechos de las mujeres en los medios de comunicación
dominantes[68].
Uno de ellos es el movimiento hashtag “#MeToo”[69]. Movimientos feministas contemporáneos como el “#MeToo”
han pretendido mostrar el sexismo jerarquizado en distintos ámbitos sociales
promoviendo políticas de cero tolerancia contra actos como el acoso y la
violencia sexual[70]. El “#MeToo” se convirtió en una
plataforma digital para que todas las mujeres, no solo aquellas víctimas de
episodios de acoso y violencia sexual, pudieran comunicar sus experiencias. El
medio digital se convirtió en un foro de educación y divulgación de ideales
feministas para remodelar temas como el sexismo y exigir ser oídas[71], en algunos casos con resultados exitosos[72].
En ese sentido, algunos feminismos encontraron en la
industria de las redes sociales foros para la sororidad y compartir
experiencias. Algunas de estas son foros en los cuales todos los que participen
tienen la premisa fundamental de eliminar el sexismo[73]. De hecho, la tendencia anterior a este
paradigma era marginar la participación y la opinión de las mujeres en el
sector de la tecnología[74]. Por el contrario, algunas redes sociales
son el medio potencial para cerrar estas brechas de invisibilidad,
garantizando, significativa y paulatinamente, la presencia “on line” de
las mujeres[75]. La reivindicación de agendas de mujeres
en las redes sociales permite la difusión igualitaria de su voz, incluso en
temas de acoso cibernético[76].
El empoderamiento femenino en redes sociales se puede
leer sistemáticamente con otro fenómeno actual: el derecho de las mujeres a
decir “¡no!”[77] En este escenario, la libertad de
expresión se convierte en “válvula de escape” para promover
confrontaciones pacíficas en contra de decisiones estatales o sociales que discriminen
a las mujeres. En efecto, se trata de un ejercicio de defensa ante cualquier
ataque que, bajo su perspectiva, consideren como lesivo su integridad o
dignidad. Asimismo, este derecho adquiere un mayor valor en sociedades donde
existen altos índices de violencia de género y, de manera concreta, de
violencia contra las mujeres[78]. Su finalidad es expresar inconformismo
con prácticas Estatales, sociales y personales machistas, las cuales se pueden
expresar en todas las modalidades, incluso, en redes sociales.
Existen paradigmas machistas concretos que se han
superado a partir de la libertad de expresión de las mujeres. Por ejemplo, la
libertad que tienen las profesoras de instituciones educativas en Bangladesh
de usar o no velos para cubrir su cabeza y la obligación estatal de no acosar a
quien las use o no[79] o, como el caso colombiano, defender el
derecho a la libertad de expresión de las mujeres cuando denuncian actos de
violencia de género y acoso laboral en instituciones laborales[80].
b.
Limitaciones del
derecho fundamental a la Libertad de Expresión en redes sociales
En cuanto a las limitaciones del derecho fundamental a
la libertad de expresión, la Corte Constitucional, de acuerdo con la
jurisprudencia interamericana, ha establecido los discursos no protegidos por
la libertad de expresión y los parámetros para verificar la admisibilidad
de las limitaciones a la libertad de expresión.
En cuanto a la primera, sin perjuicio de la presunción
de la cobertura de la libertad de expresión, existen expresiones que no se
protegen por estar manifiestamente prohibidas en el derecho internacional.
Estas, de acuerdo con la normatividad internacional, son: i) la
pornografía infantil; ii) la incitación al genocidio; iii) la
propaganda a la guerra; y iv) la apología del odio que constituya
incitación a la violencia.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional, con base
en la jurisprudencia interamericana ha establecido el test tripartito
como un método de interpretación conflictualista que permite establecer si las
restricciones aplicadas a la libertad de expresión son acordes a los estándares
interamericanos y constitucionales o, por el contrario, existe la vulneración a
este derecho fundamental[81], en otras palabras, para controlar la
legitimidad de las limitaciones.
De acuerdo con dicho test, la limitación debe
cumplir con la regla general, la cual es la compatibilidad de las limitaciones
con el principio democrático[82]. Posteriormente, se verifica si i)
la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una
ley formal y material[83]; ii) la limitación debe estar
orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana[84]; y iii) la limitación debe ser necesaria en
una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, e
idónea para lograr el objetivo imperioso que se pretende lograr[85].
Este método ha sido aplicado por la jurisprudencia
constitucional. La sentencia T-634
de 2013[86] revisó sentencias de tutela en las que
resolvían el conflicto suscitado entre una empresa de masajes y una mujer que
denunció que fue víctima de violación del derecho a la intimidad. En efecto, la
empresa de masajes había publicado fotos comprometedoras de la accionante en su
cuenta de Facebook, las cuales no quería eliminar, pese a las peticiones
presentadas por la mujer[87]. En sede de revisión, la Corte
Constitucional sostuvo que las imágenes vulneraban el derecho a la intimidad,
honra y buen nombre, por dos razones. La primera, las imágenes distorsionan el
concepto público que la mujer quiere proyectar en la sociedad y, asimismo, le
impide desarrollar su opción de vida y expectativas. La segunda, las imágenes
reflejan la imagen de la mujer entre un universo de públicos indeterminados,
los cuales tienen acceso a la página de la red social. Por lo anterior, la
Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la honra, intimidad y
buen nombre de la peticionaria.
De igual manera, en la sentencia T-145 de 2016, la Corte Constitucional amparó los derechos
fundamentales a la honra y el buen nombre e intimidad de una mujer que fue
tildada de “ladrona” mediante una publicación realizada en la red social
Facebook[88].  En sede de revisión, la Corte
Constitucional, al momento de realizar la ponderación, sostuvo que la titular
de la red social Facebook no estaba realizando una simple publicación
-como ámbito material de la libertad de expresión-, sino que estaba realizando
la imputación de un delito, sin que se hubiere probado ese hecho[89].
Posteriormente, la sentencia T-244 de 2018 resolvió un conflicto sobre la libertad de expresión
y la honra y el buen nombre. En este caso se resolvió si al alcalde de Bogotá
-Enrique Peñalosa- se le habían vulnerado sus derechos fundamentales a la honra
y al buen nombre, como consecuencia de unas afirmaciones realizadas por un
concejal, tanto en el debate político[90] como en la red social Twitter[91]. En el caso concreto, la Corte Constitucional amparó
el derecho a la libertad de expresión, pues el Concejal no realizó afirmaciones
irrazonables y/o desproporcionadas y “aunque provocan dudas sobre la génesis de
la propuesta presentada a la corporación distrital, ello se enmarca dentro de
las cargas soportables que deben asumir los actores del escenario público en
aras de salvaguardar el patrimonio, el interés, la transparencia y la moralidad
públicas[92].
De igual manera, la Corte Constitucional, mediante la
sentencia T-243 de 2018[93], recordó y aplicó el test tripartito desarrollado por
la jurisprudencia interamericana. Al igual que el caso anterior, la publicación
realizada en la red social Facebook consistía en la acusación de un
delito[94]. En la aplicación del test tripartito, la
Sala, a partir de la prohibición de la adopción de “listas negras”
establecida en el artículo 59, numeral 8, del Código Sustantivo del Trabajo,
consideró que i) existía una prohibición legal de divulgar
información que resulte desproporcionada y afecte la vida laboral de sus
ex-trabajadores[95]; ii)
dicha prohibición atendía una necesidad, la cual era la protección de la
intimidad y el buen nombre[96]; y iii)
atendía a unos objetivos constitucionalmente admisibles, pues las “listas
negras” crean una etiqueta que materialmente induce a la desvalorización
y discriminación social del trabajador, las cuales resultan eficaces para
clausurarle oportunidades vitales, de manera que el objetivo de ésta es evitar
la configuración de esa situación, lo cual corresponde con los mandatos
superiores[97].
Finalmente, la Corte Constitucional, mediante la
sentencia T-102 de 2019[98], evidenció que no existía una afectación
directa a la honra, a la vida y a la seguridad frente a una serie de publicaciones
realizadas en la red social Facebook[99]. En efecto, en el caso concreto la Sala
Novena evidenció que los pasquines con murmuraciones indeterminadas
sobre las personas “no posee la entidad suficiente para ser catalogada como
un impacto tangible a la honra y al buen nombre susceptible de elevarse a nivel
de violación iusfundamental”[100]. Además de lo anterior, sostuvo que para
la violación a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, las
expresiones deben tratarse de reales descalificaciones inadmisibles en una
democracia constitucional, “de tal manera que la imputación que se haga debe
ser suficientemente intensa para generar un daño moral en el sujeto (…)”[101].
III.
RESOLUCIÓN DEL
CASO CONCRETO
El 5 de octubre de 2018, la señora Luz Estella Royo
Bárcenas publicó en su cuenta personal de Facebook el siguiente mensaje
contra el señor Luis Alfredo Salamanca Daza:
“Comunicado: Luis A. Salamanca
(alias Quito)….TE aclaro y LE aclaro a los que no me conocen que nunca tendré
el gusto tan ARRASTRAO (sic) para dar un paso contigo siquiera a cruzar una
esquina. No se cual (sic) es tu deseo frustrao (sic) de andar diciendo que
alguna vez saliste conmigo;…jajaja pobre ILUSO eso sólo lo verás en sueño…No
tengo ese gusto bajo cero para siquiera detenerme a mirar a un personaje como
tú..y con una lengua tan VIPERINA que parece que solo usándola para perjudicar
a los demás es lo que te hace sentir grande, no se cuando (sic) la vas a
Recoger!...POBRES las que x golpes de la vida tuvieron que Resignarse con un
NADA QUE VER como TÚ!... O son ellas las que con su FRUSTACIÓN te quieren dar
un estatus que nunca vas a alcanzar!”
Como consecuencia de ello, el señor Salamanca Daza instauró
acción de tutela contra la señora Royo Bárcenas con la finalidad de que se
protegieran los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la imagen
y a la intimidad y, a su vez, se retirara dicho mensaje de la plataforma
digital y rectificara, por medio de la misma red social.
En el trámite de tutela, el peticionario argumenta la
procedencia de dicha al encontrarse en un estado de indefensión, comoquiera que
no puede controlar las expresiones de la red social. Asimismo, con base en la
jurisprudencia de esta Corporación, sostuvo que la acción penal no es un
recurso que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, deba agotar y,
por tanto, procede la acción de tutela. De igual manera, la publicación de la
accionada en su cuenta de Facebook contiene mensajes deshonrosos e
injuriosos que atentan contra la integridad y la dignidad del accionante y, a
su vez, lo sitúa una posición de indefensión de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional.
Por su parte, la señora Luz Estella Royo Bárcena
indicó, por el contrario, que la acción de tutela no procede, pues el
accionante cuenta con el mecanismo judicial de la querella para resolver, ante
la jurisdicción penal, si existe o no una vulneración a los derechos
fundamentales incoados. De igual manera, afirmó que la publicación realizada en
su cuenta privada de Facebook está amparada por el derecho a la libertad
de expresión. Por ello, descompuso el mensaje y explicó, con base en el
diccionario de la lengua española de la RAE lo que significaba la palabra
“iluso” y la expresión “lengua viperina”, para, de allí, sostener que eran
percepciones personales que ella tiene sobre el accionante.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala
Novena de la Corte Constitucional revisará la procedencia de la acción de
tutela promovida por Luis Alfredo Salamanca Daza. Si la acción de tutela cumple
con las exigencias de procedibilidad, procederá a revisar si el conflicto entre
libertad de expresión y los derechos fundamentales a la honra, intimidad y buen
nombre se resolvió con base en la jurisprudencia constitucional y los
estándares interamericanos.
3.3.
Análisis
procedimental de la acción de tutela
La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela.
De la lectura de dicho artículo, en concordancia con lo previsto en los
artículos 1°, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
debe cumplir con i) legitimación en la causa por activa y por pasiva; ii)
inmediatez; y, iii) subsidiariedad. Por tanto, le corresponde a la Sala verificar
el cumplimiento de los anteriores requisitos.
a.     Legitimidad en la causa por activa y por
pasiva en el caso concreto
El artículo 86 de la Constitución establece que la
acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona que considere
amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por parte de una autoridad
pública o, en ciertas circunstancias, por un particular. De igual manera, con
base en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional ha
concretado las opciones de ejercicio de la acción de tutela mediante i) el
ejercicio directo, es decir, quien interpone la acción de tutela es a quien se
le está vulnerando el derecho fundamental; ii) representantes legales, como en
el caso de los niños, niñas y adolescentes, los incapaces absolutos y las
personas jurídicas; iii) apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe
ostentar la calidad de abogado titulado y al escrito de acción de tutela debe
anexar el poder especial para el caso, o en su defecto, el poder general respectivo;
y iv) mediante agencia oficiosa.
En el presente caso, se evidencia el cumplimiento del
requisito de legitimidad en la causa por activa, pues i) Luis Alfredo
Salamanca Daza fue quien, de acuerdo con los hechos y la acción, se vio
afectado en sus derechos fundamentales a la honra, imagen y buen nombre y,
asimismo, ii) el apoderado judicial aporta poder especial con la finalidad de
representar al señor Salamanca en el trámite de tutela.
También se observa que se cumple con la legitimidad
por pasiva, pues la acción de tutela se dirige contra Luz Estela Royo
Bárcenas quien, de acuerdo con los hechos y las pruebas, fue la persona que
publicó en su cuenta personal de Facebook el mensaje que se acusa como
fuente de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el Luis
Alfredo Salamanca en el escrito de tutela.
Además de lo anterior, la Sala considera que el
accionante se encuentra en un estado de indefensión, pues, con base en la
naturaleza de la red social, no puede controlar la divulgación del mensaje
publicado, ni tampoco puede controlar el contenido de la publicación.
b.       Cumplimiento del requisito de inmediatez en
el caso concreto
Según la jurisprudencia constitucional, para acudir a
la acción de tutela, esta debe ser presentada en un término prudente y
razonable después de ocurridos los hechos que motivan la afectación o amenaza
de los derechos fundamentales. En esa medida, la Corte Constitucional ha
sostenido que la relación de inmediatez entre la solicitud de tutela y el hecho
vulnerador de derechos fundamentales debe evaluarse en cada caso concreto,
atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En el caso concreto, la publicación del mensaje el
cual se acusa como vulnerador de derechos fundamentales fue realizada el 5 de
octubre de 2018 y el escrito de tutela fue radicado el 10 de octubre de 2018,
en ese sentido, trascurrieron 5 días entre la vulneración de los derechos
fundamentales y la presentación del escrito de tutela, razón por la cual la
Sala Novena de la Corte Constitucional considera que dicho requisito se cumple
en el presente caso.
c.
Cumplimiento del
requisito de subsidiariedad en el caso concreto
El artículo 86 de la Constitución Política establece
que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Asimismo, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como
causal de improcedencia la existencia de otros recursos o medios de defensa
judicial, sin perjuicio de acudir a la tutela como mecanismo transitorio para
remediar el perjuicio irremediable. De esta manera, la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991 exigen que el accionante haya desplegado todas las
acciones judiciales idóneas y eficaces para la efectiva protección del derecho
fundamental alegado.
En lo que atañe a la protección de los derechos
fundamentales a la honra y buen nombre, la Corte Constitucional[102] ha establecido que, aunque el ejercicio de la acción
penal por los delitos de injuria y calumnia pareciese un medio judicial idóneo
y eficaz para la protección de estos derechos fundamentales, el
mecanismo penal y la acción de tutela persiguen finalidades distintas. Mientras
la primera -escenario penal- sólo protege determinadas vulneraciones a los
anotados derechos fundamentales, la acción de tutela ampara de manera más
completa estos derechos. En ese sentido, existen violaciones a estos derechos
fundamentales que, sin constituir expresamente un delito, sí afectan el ámbito
material de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre[103].
En el proceso penal es necesario agotar etapas
previstas en la ley en relación con la investigación y eventual sanción de una
conducta ilícita con el consecuente restablecimiento de derechos para la
víctima. Por su parte, la acción de tutela es un mecanismo expedito, sumario y
dúctil que permite otorgar una salvaguarda urgente e inmediata ante un agravio iusfundamental[104].
Igualmente, las potestades del juez son reducidas en
el proceso penal, y particularmente en el sistema penal adversarial vigente, en
contraste con las atribuciones que le son reconocidas a los jueces de tutela
para dilucidar la situación litigiosa en aras de impartir una protección
integral, lo que se evidencia en las posibilidades de decretar pruebas
oficiosamente, integrar el contradictorio con todos los sujetos que considere
pertinentes, moverse dentro de un extenso margen para disponer medidas
provisionales según lo amerite el caso, e incluso extender la salvaguarda a
derechos que no han sido expresamente invocados o adoptar medidas más allá de
las pretensiones consignadas en la demanda constitucional de amparo (facultades
ultra y extra petita)[105].
Además de lo anterior, el proceso penal no tiene como
finalidad la protección de los derechos fundamentales del accionante. Su
principal finalidad es el ejercicio de la acción penal, esto es, imponer una
sanción. Asimismo, la confrontación del debate se da entre la Fiscalía y el
abogado defensor, mientras que la víctima participa como un interviniente
especial en el proceso adversarial.
Finalmente, la Sala considera que no se debe agotar
la rectificación en condiciones de equidad. En efecto, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la rectificación procede en los eventos que
involucren informaciones u opiniones difundidas por medios de comunicación o
informes periodísticos publicados en redes sociales[106]. En ese sentido, aplica cuando la información
que se publica se predica de inexacta o errónea y, asimismo, fue divulgada por
medios de comunicación, personas que actúan en calidad de periodistas, o
quienes sin ser comunicadores de profesión se dedican habitualmente a emitir
información[107].
Como consecuencia de lo anterior, no es posible
aplicar las reglas de la rectificación a los escenarios concretos de libertad
de expresión -como el presente caso-, pues conllevaría a i) limitar la
procedencia de la acción de tutela[108]; ii) aplicar a la libertad de expresión
en sentido estricto cargas que el constituyente y el legislador no le
impusieron[109]; iii) e incurrir en el error de
trasplantar las reglas creadas para los medios de comunicación a canales de
expresión y difusión diferentes como las redes sociales[110].
3.4.
Análisis
material de la vulneración de los derechos fundamentales alegados en el escrito
de tutela
Tal como se estudió en las consideraciones
pertinentes, la libertad de expresión es una garantía que goza de una
protección especial en el ordenamiento jurídico constitucional. Su protección
es reforzada por tratarse de un presupuesto necesario para el progreso y
desarrollo de una sociedad democrática, en la medida que promueve valores como
la pluralidad y la tolerancia. Por lo anterior, su protección incluye la
expresión de toda clase de argumentos, incluso aquellos que puedan resultar
desagradables, incómodas e, incluso, aquellas expresiones que se encuentran
contrarias a lo socialmente aceptables.
Por lo anterior, la Sala evaluará la publicación
realizada por Luz Estela Royo Bárcenas:
“Comunicado: Luis A. Salamanca
(alias Quito)….TE aclaro y LE aclaro a los que no me conocen que nunca tendré
el gusto tan ARRASTRAO (sic) para dar un paso contigo siquiera a cruzar una
esquina. No se cual (sic) es tu deseo frustrao (sic) de andar diciendo que
alguna vez saliste conmigo;…jajaja pobre ILUSO eso sólo lo verás en sueño…No
tengo ese gusto bajo cero para siquiera detenerme a mirar a un personaje como
tú..y con una lengua tan VIPERINA que parece que solo usándola para perjudicar
a los demás es lo que te hace sentir grande, no se cuando (sic) la vas a
Recoger!...POBRES las que x golpes de la vida tuvieron que Resignarse con un
NADA QUE VER como TÚ!... O son ellas las que con su FRUSTACIÓN te quieren dar
un estatus que nunca vas a alcanzar!”
Se observa que la publicación realizada por la señora
se enmarca en la protección del derecho a la libertad de opinión. En
efecto, la intención es enunciar su desacuerdo con diversas actuaciones realizadas
por el accionante, las cuales, aun siendo informaciones incómodas, no por
ello dejan de estar protegidas por la libertad de expresión y opinión.
Estas actuaciones expresan una opinión negativa que
tiene Luz Estela Royo Bárcenas en relación con Luis Alfredo Salamanca. En ese
sentido, la Sala considera que, además de encontrarse dentro de los ámbitos
materiales de la libertad de expresión, se encuentra dentro de un ámbito
reforzado de protección, pues el discurso es un ejercicio que se enmarca en
elementos esenciales de la identidad o dignidad de la señora Luz Estela Royo
Bárcenas. El discurso expresado por la accionada constituye una definición de
su identidad y dignidad, la cual es expresar su posición sobre las personas con
las cuales desea compartir espacios o lugares comunes.
Asimismo, la Sala no comparte los argumentos del
escrito de tutela -y de los jueces de instancia- sobre la vulneración al derecho
a la honra y buen nombre por dos razones. La primera, en estricto sentido, no
hay un ejercicio de difamación en contra de la calidad profesional del
accionante -tal y como lo aduce en el escrito de tutela-, pues no hace
referencia a actuaciones profesionales que impliquen una evaluación negativa del
ejercicio profesional. La segunda, del escrito publicado en la red social Facebook
por Luz Estela Royo Bárcenas se deduce que tiene como finalidad dejar clara su
opinión sobre sus gustos personales.
Expresiones tales como “el gusto”, “No tengo
ese gusto tan bajo” o “NADA QUE VER como TÚ” son ejercicios de
opinión sobre sus convicciones personales. Son expresiones de su juicio íntimo
con respecto a la apreciación que tiene del accionante. Para la corte es
indudable que la percepción que tiene Luz Estela Royo Bárcenas sobre Luis
Alfredo Salamanca es negativa, lo cual, también se protege mediante la libertad
de opinión -el cual parte del derecho a la libertad de expresión-. En ese
sentido, la Sala considera que no existe una vulneración a los derechos
fundamentales alegados por el accionante, pues la publicación defiende un
ejercicio de libertad de opinión de la señora Luz Estela Royo Bárcenas para
decir “¡No!”.
Como ya se indicó, las mujeres ejercen su derecho a la
libertad de expresión y opinión, y sus contenidos gozan de protección
constitucional reforzada cuando rechazan o denuncian actos sexistas en su
contra, más si sufren hechos de acoso tanto en las redes sociales, como en el
mundo no digital; en otras palabras, el derecho a decir “¡NO!” está
constitucionalmente protegido por la libertad de expresión y opinión. En ese
sentido, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
sentencia, la señora Luz Estela Royo Bárcenas utilizó la red social Facebook
como un espacio para compartir su experiencia en torno a la consideraciones
éticas y estéticas que le representan del señor Luis Alfredo Salamanca Daza.
En ese sentido, conforme a las sentencias T-179 de
2019 y T-155 de 2019, la Sala Novena de la Corte Constitucional protegerá el
derecho fundamental a la libertad de expresión. Ello por cuanto, quien realiza
la afirmación es una mujer -quien hace parte de un grupo que ha sido y es
discriminado y marginado-, lo realiza contra un hombre -quien es y ha sido un
grupo poblacional que ha discriminado a las mujeres-, el contenido del mensaje
es producto de la percepción que tiene ella frente a actuaciones machistas
realizadas por un hombre y lo realizó en la red social Facebook, donde,
de acuerdo con la parte motiva del presente fallo, se considera un escenario
que, entre otras, permite vindicar las luchas a favor de la igualdad entre
hombres y mujeres.
Finalmente, la Sala considera necesario realizar tres
análisis pertinentes en torno a las decisiones tomadas en el trámite de
instancia por parte del Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena y el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cartagena.
El primero, la Sala considera que el juez de primera
instancia, al ordenar una abstención a Luz Estela Royo Bárcenas para que
realice publicaciones “en el futuro” incurrió en un ejercicio de censura
previa. En efecto, con la orden proferida por el juez de primera instancia, se
le impide y obstaculiza gravemente la emisión o publicación de las percepciones
personales que tiene la señora Luz Estela Royo Bárcenas frente al señor Luis
Alfredo Salamanca Daza.
De acuerdo con la Corte Constitucional[111] y la Corte IDH, la censura previa no sólo excluye las
prácticas más groseras, tal como la autorización previa por parte de los
censores para publicar ciertos contenidos, sino también, una prohibición de censura por medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales. Sin embargo, la Corte constata que, aun
cuando fue en un ejercicio de control oficial –resolución de conflictos
mediante administración de justicia estatal-, su censura previa fue directa, comoquiera que la prohibición se realizó de manera
expresa e inequívoca dirigida con la finalidad de impedir de manera indefinida
la difusión de su opinión y las
concepciones personales que tiene sobre el señor Luis Alfredo Salamanca
Daza.
El segundo, la orden y verificación de la retractación
realizada por la señora Luz Estela Royo Bárcenas materialmente le ordenaron a
cambiar la concepción subjetiva que tiene sobre el señor Luis Alfredo Salamanca
Daza, lo cual es materialmente imposible. En el caso concreto, los jueces de
instancia conminaron a la accionada a realizar afirmaciones de afecto hacia el
accionante -pues la eliminación de la publicación no les fue suficiente para
restablecer los derechos alegados en la tutela-, lo cual constituye una
expresión de machismo donde la honra, el buen nombre y el crédito público del
hombre se ven vulnerados cuando una mujer los rechaza.
En efecto, el juez de segunda instancia consideró lo
siguiente ante la retractación de la señora Luz Estella Royo Bárcena:
“De la lectura de la rectificación publicada por la
señora Luz Estela Royo Bárcena, encuentra este fallador que la misma no atiende
a los criterios antedichos, ya que el contenido de la misma no es equitativo si
lo comparamos con el contenido de la publicación objeto de esta tutela,
realizada el 5 de octubre de 2018, la cual fue precisa en el tema que abordó
característica esta que se extraña en la retractación que bien puede
calificarse como ambigua e imprecisa, pues se refiere la tutelada a lo
“publicado el pasado 5 de octubre de 2018 en la presente cuenta de Facebook con
referencia al señor Luis A. Salamanca Daza (…)” sin precisar qué fue eso que
publico. Se estima pues menester que la accionada se refiera de manera exacta a
su publicación violatoria de los derechos del actor, porque lo que se busca con
la retractación es precisamente enderezar la percepción equivocada que de
alguien que, a partir de la circulación de un contenido, se puede hacer
una persona o sociedad en general, de tal manera que, como lo ha dicho la
Corte, el lector o receptor pueda identificar con facilidad la relación
existente entre la rectificación y el contenido enmendado; ello en atención a
la garantía de equivalencia.”[112]
(la negrilla es nuestra)
Del anterior mensaje se evidencia que el juez incurrió
en un estereotipo de género[113] al creer que la posición de la accionada
es “desviada” y, por tanto, puede afectar la posición social del señor
Luis Alfredo Salamanca Daza, pues espera que las mujeres siempre se expresen de
manera positiva frente a las actuaciones de un hombre. Ello implica una
atribución de responsabilidad inconstitucional hacia las mujeres y, asimismo,
crea, a partir de la cualificación del lenguaje y, por tanto del mensaje, una
subordinación y estratificación de la percepción y opinión de las mujeres con
respecto a las actuaciones realizadas por los hombres, donde sólo aquellas
pueden expresar de manera amena ante los hombres.
El tercero, conforme a las consideraciones
establecidas en la parte motiva de la sentencia, estos jueces de instancia
reprodujeron las características del sexismo y machismo que se realizan en la
web en las sentencias de instancia. En efecto, al cercenar la opinión de la
señora Luz Estela Royo Bárcenas, no solo vulnera su expresión, sino que impide
una defensa de las mujeres frente a eventuales agresiones, pues prefirieron
proteger la honra, el buen nombre y la imagen de un hombre que la demanda, la
opinión y la denuncia de una mujer que le dijo “¡NO!”.
Por las anteriores razones, la Sala Novena de la Corte
Constitucional revocará la
sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) proferida
en segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena que
confirmó la sentencia del veintidós (22) de octubre del dos mil dieciocho
(2018) expedida por el Juzgado Sexto Municipal de Cartagena en la cual amparó
los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Luis Alfredo Salamanca
Daza. En su lugar, negará la protección de los derechos fundamentales alegados,
con base en la parte motiva de esta providencia.
IV.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
En el presente caso, le corresponde a la
Sala Novena de la Corte Constitucional revisar los fallos proferidos en primera
y segunda instancia en relación con la acción de tutela promovida por el señor
Luis Alfredo Salamanca Daza, mediante apoderado judicial, contra la señora Luz
Estela Royo Bárcenas por presuntamente vulnerar sus derechos fundamentales a la
honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad, como consecuencia de
realizar una publicación en su cuenta personal de la red social Facebook.
Según los argumentos del accionante, dicha
publicación vulnera sus derechos fundamentales, comoquiera que i)
contiene mensajes deshonrosos e injuriosos que atentan contra su integridad y
dignidad y, a su vez, lo sitúa una posición de indefensión de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional; asimismo, ii) sostiene que la
publicación difama la calidad profesional del accionante, quien es abogado.
Por el contrario, la señora Luz Estela Royo
Bárcenas indicó que la acción de tutela es improcedente, pues el accionante
cuenta con el mecanismo judicial de la querella para resolver ante la
jurisdicción penal, si existe o no una vulneración a los derechos fundamentales
incoados. De igual manera, afirmó que la publicación realizada en su cuenta
privada de Facebook está amparada por el derecho a la libertad de
expresión. Por ello, con base en el diccionario de la lengua española de la RAE
descompuso el mensaje y explicó el significaba de la palabra “iluso” y la expresión
“lengua viperina”, para de allí, sostener que eran percepciones personales que
ella tiene sobre el accionante.
En la resolución del caso concreto, la Sala
verificó la procedencia formal y material de la acción de tutela. En efecto, esta
se instauró por parte de la persona quien presuntamente se le vulneró sus
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre y, a su vez, su ejercicio
por medio de apoderado judicial se acreditó al existir poder especial de
representación; por su parte, también se cumple con la legitimación por pasiva,
toda vez que el amparo se dirige directamente contra la persona que publicó el
mensaje en la red social Facebook objeto de tutela.
Frente a la verificación del presupuesto de
inmediatez, la Corte Constitucional considera que se entiende superado, pues
transcurrieron 5 días desde la presunta vulneración a los derechos
fundamentales y la interposición de la acción de tutela. Asimismo, cumple con
el requisito de subsidiariedad, pues aun cuando existe acciones penales para la
protección de a la honra y al buen nombre, estas tienen una finalidad diferente
y los poderes del juez en torno a la protección de estos derechos fundamentales
son diferentes.
Por su parte, frente al análisis de la vulneración a
los derechos fundamentales alegados en el escrito de tutela, la Sala considera
que en el caso concreto, no se vulneran los derechos fundamentales alegados. En
efecto, la Sala observa que la publicación realizada en la red social Facebook
hace referencia a las concepciones éticas y cosméticas negativas que tiene la
señora Luz Estela Royo Bárcenas hacia Luis Alfredo Salamanca. No hay un
ejercicio de la libertad de expresión que afecte su derecho a la honra y al
buen nombre en contra de la calidad profesional del accionante -tal y como lo
aduce en el escrito de tutela-, pues no hace referencia a actuaciones que
impliquen una evaluación negativa del ejercicio de su profesión.
La Sala Novena de la Corte Constitucional considera
que expresiones tales como “el gusto”, “No tengo ese gusto tan bajo”
o “NADA QUE VER como TÚ”, son ejercicios del derecho a difundir opiniones
personales sobre sus convicciones internas. Son expresiones de su juicio íntimo
con respecto a la apreciación que tiene del accionante. Para la Corte, es
indudable que la percepción que tiene Luz Estela Royo Bárcenas sobre Luis
Alfredo Salamanca es negativa, la cual, también se protege mediante la libertad
de opinión. En ese sentido, la Sala considera que no existe una vulneración a
los derechos fundamentales alegados por el accionante, pues la publicación
defiende un ejercicio de libertad de opinión de la señora Luz Estela Royo
Bárcenas para decir “No”. Como ya se indicó, las mujeres ejercen su derecho a
la libertad de expresión y opinión, y su contenido goza de protección
constitucional reforzada, cuando rechazan o denuncian actos discriminatorios en
su contra. En ese sentido, el derecho a decir “NO” está constitucionalmente
protegido por la libertad de expresión.
En síntesis, la Sala Novena de la Corte Constitucional
considera que se debe proteger el derecho fundamental de la libertad de
expresión y opinión, pues, con base en las sentencias T-155 de 2019 y T-179 de
2019, es una mujer -perteneciente a un grupo históricamente discriminado o
marginado-, lo cual refuerza el discurso, se comunica de los aspectos y
percepciones estéticas y éticas que ella tiene de un hombre -de qué o de quién
se comunica- que están amparadas por la libertad de expresión, se comunica ante
un público indeterminado -redes sociales, de conformidad con la parte motiva de
esta sentencia-. En otras palabras –y como ya se expresó-, el presente caso se
trata de una mujer que, en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión
y opinión, denuncia actos de machismo y sexismo realizados por un hombre.
Finalmente, la Sala considera necesario realizar tres
análisis pertinentes en torno a las decisiones tomadas en el trámite de instancia
por parte del Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena y el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Cartagena.
En primer lugar, la Sala considera que el juez de
primera instancia, al ordenar una abstención a Luz Estela Royo Bárcenas para
que realice publicaciones “en el futuro” incurrió en un ejercicio de
censura previa. En efecto, con la orden proferida por el juez de primera
instancia, se le impide y obstaculiza gravemente la emisión o publicación de
las percepciones personales que tiene la señora Luz Estela Royo Bárcenas frente
al señor Luis Alfredo Salamanca Daza.
De acuerdo con la Corte Constitucional y la Corte IDH,
la censura previa no sólo excluye las prácticas más groseras, tal como
la autorización previa por parte de los censores para publicar ciertos
contenidos, sino también, una prohibición de censura por medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales. Sin embargo, la Corte
constata que, aun cuando fue en un ejercicio de control oficial -resolución de
conflictos mediante administración de justicia estatal-, su censura previa fue
directa, comoquiera que la prohibición se realizó de manera expresa e inequívoca
dirigida a impedir de manera indefinida la difusión de su opinión y las
concepciones personales que tiene sobre el señor Luis Alfredo Salamanca Daza.
En segundo lugar, la retractación ordenada a la señora
Luz Estela Royo Bárcenas le implica cambiar la concepción subjetiva que tiene
sobre el señor Luis Alfredo Salamanca Daza, lo cual es imposible. En el caso
concreto, los jueces de instancia conminaron a la accionada a realizar
afirmaciones de afecto hacia el accionante[114] -pues la eliminación de la publicación no
les fue suficiente para restablecer los derechos alegados en la tutela-, lo
cual constituye una expresión de machismo donde la honra, el buen nombre y el
crédito público del hombre se ven vulnerados cuando una mujer los rechaza.
En tercer lugar, conforme a las consideraciones
establecidas en la parte motiva de la sentencia, estos jueces de instancia
reprodujeron las características del sexismo y machismo que se realizan en la
web en las sentencias de instancia. En efecto, al cercenar la opinión de la
señora Luz Estela Royo Bárcenas, no solo vulnera su expresión, sino que impide
una defensa de las mujeres frente a eventuales agresiones, pues prefirieron
proteger la honra, el buen nombre y la imagen de un hombre que la demanda, la
opinión y la denuncia de una mujer que le dijo “¡NO!”.
Por las anteriores razones, la Sala Novena de la Corte
Constitucional revoca la
sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) proferida
en segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena que
confirma la sentencia del veintidós (22) de octubre del dos mil dieciocho
(2018) expedida por el Juzgado Sexto Municipal de Cartagena en la cual amparó
los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Luis Alfredo Salamanca
Daza. En su lugar, niega la protección de los derechos fundamentales alegados.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del
veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) proferida en segunda
instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena que confirmó
la sentencia del veintidós (22) de octubre del dos mil dieciocho (2018)
expedida por el Juzgado Sexto Municipal de Cartagena, mediante la cual se había
amparado los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del ciudadano LUIS
ALFREDO SALAMANCA DAZA. En su lugar, NEGAR la protección de los derechos
fundamentales alegados, con base en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-361/19
DERECHOS A LA INTIMIDAD
PERSONAL, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-No se
puede sostener que las decisiones de instancia constituyen una expresión de sexismo, machismo y estereotipos de
género (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente No. T-7.251.886
Magistrado ponente: Alberto
Rojas Ríos
Estoy de acuerdo con la sentencia mediante la cual se
negó el amparo de los derechos a la intimidad, buen nombre y honra de Luis
Alfredo Salamanca Daza, pues las manifestaciones que realizó la accionada, en
su cuenta personal de Facebook, se encuentran amparadas por el derecho a la
libertad de expresión. Sin embargo, presento aclaración de voto porque discrepo
de algunas consideraciones a partir de las cuales se concluyó que los jueces de
instancia reprodujeron estereotipos sexistas y machistas.
En primer lugar, se afirmó que los jueces habían
conminado a la accionada a realizar
manifestaciones de afecto hacia el accionante y que ello constituía una
expresión de machismo. Sin embargo, ninguno de los jueces de instancia le
ordenó realizar este tipo de manifestaciones. Por un lado, el juez de primera
instancia le ordenó que eliminara de su cuenta de Facebook o cualquier otra red
social “las publicaciones mediante las cuales se haya referido al señor LUIS
ALFREDO SALAMANCA DAZA, se abstenga en el futuro de volver a realizarlas y se
retracte de las publicaciones realizadas como forma de reparación de los
derechos fundamentales afectados”. Por otro lado, el juez que resolvió la
impugnación indicó que la retractación que realizó la accionada era ambigua y
por tanto era necesario que esta “se refiera de manera exacta a su
publicación violatoria de los derechos del actor…”. En suma, lo que los
jueces ordenaron es que la accionada eliminara la publicación, se abstuviera de
reiterarla y se retractara de forma precisa. De ninguna de estas órdenes se
deriva un mandato de efectuar manifestaciones de afecto como se indicó
equivocadamente en la providencia.
En
segundo lugar, se sostuvo que el juez de segunda instancia “incurrió en un
estereotipo de género al creer que la posición de la accionada es “desviada” y
por tanto puede afectar la posición social del señor Luis Alfredo Salamanca
Daza”. Dicha conclusión partió de una cita de la providencia en la que se
indicó que la accionada debía referirse de manera exacta a la publicación
realizada, porque “lo que se busca con la retractación es precisamente
enderezar la percepción equivocada que (sic) de alguien que, a partir de la
circulación de un contenido, se puede hacer una persona o la sociedad en
general”. Lo cierto es que la palabra “desviada” no fue utilizada
por el juez. Además, la expresión “enderezada” que sí aparece en la
cita, no estaba orientada a desestimar la postura de la accionante, sino a
explicar la utilidad de la retractación frente a terceras personas y la
sociedad en general.
Por
lo anterior, considero que, aunque la Corte se apartó acertadamente de las
decisiones de los jueces de instancia, no podía sostenerse que estas
constituyeran una expresión de sexismo, machismo y estereotipos de género, pues
las premisas que sirvieron de fundamento para llegar a tal conclusión, son
falsas.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Integrada por las magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[2] Folio 32
[3] Folio 45
[4] Folio 46.
[5] Folio 59.
[6] Folio 64.
[7] Folio 70.
[8] Folio 71.
[9] Folio 86.
[10] Folio 88.
[11] Folio 88.
[12] Folio 90.
[13] Folio 91.
[14] Folios 91 y 92.
[15] Folio 98.
[16] Folio 98
[17] Folio 98.
[18] Folio 99.
[19] Folio 100.
[20] Folio 100.
[21] Corte
Constitucional. Sentencia T-292 de 2018.
[22] Corte
Constitucional. Sentencias T-411 de 1995, T-110 de 2015, T-063A de 2017 y T-292
de 2018.
[23] Corte Constitucional. Sentencia T-063A de 2017. La conclusión
llegada por parte de la Corte Constitucional fue similar a la allegada en los
debates de la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, durante la
configuración del derecho, se evidenciaron diferentes posiciones en torno a
cuál era el derecho a proteger en este ámbito, pues se estaba entre la palabra
“honra” y la palabra “dignidad”. En dicha discusión concluyeron que era posible
proteger directamente el derecho a la honra y, asimismo, proteger la dignidad
en un artículo diferente. Véase al respecto la Gaceta Constitucional 85 del 25
de mayo de 1991.
[24] Corte
Constitucional. Sentencia T-293 de 2018.
[25] Corte
Constitucional. Sentencia C-872 de 2003 y T-293 de 2018.
[26] Corte
Constitucional. Sentencia T-293 de 2018.
[27] Corte
Constitucional. Sentencia T-292 de 2018.
[28] Corte
Constitucional. Sentencia T-292 de 2018.
[29] Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016. En dicha
providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional sostuvo que existen dos
vertientes principales del derecho a la honra. El primero, una protección de la
propia imagen, la cual debe cumplir con una condición de cierta veracidad entre
la información que se predica del sujeto y las reales condiciones, cualidades y
comportamientos. El segundo, se protege aquella información que, al margen de
su veracidad, protege datos íntimos, los cuales no están llamados a ser
conocidos como terceros. Por ende, el objeto jurídico protegido en este caso es
la intromisión injustificada, bien sea de particulares o del mismo Estado,
respecto de dicha información personal excluida de circulación.
[30] Corte
Constitucional. Sentencia T-121 de 2018.
[31] Corte
Constitucional. Sentencia T-121 de 2018.
[32] Corte
Constitucional. Sentencia T-121 de 2018.
[33] Corte
Constitucional. Sentencia T-121 de 2018.
[34] Corte Constitucional. Sentencia C-650 de 2003. En esta oportunidad,
la Corte Constitucional sostuvo que el derecho fundamental a la libertad de
expresión, en su acepción genérica, abarca diferentes derechos fundamentales
específicos, entre los cuales están el derecho a manifestarse, la libertad de
pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de informar, la libertad de
recibir información, la libertad de fundar medios de comunicación y la libertad
de prensa, entre otros, aun cuando sea posible distinguir conceptualmente los
ámbitos materiales de protección de los derechos fundamentales anteriormente
enunciados. Un ejemplo de lo anterior puede ser las discusiones de la Asamblea
Nacional Constituyente donde, al momento de construir los ámbitos de protección
de este derecho fundamental, existían diversos temas en su configuración tales
como la libertad de fundar los medios de comunicación, la protección a la
actividad periodística, la configuración del espectro electromagnético, el
pluralismo informativo y la competencia. Al respecto véase: Cfr.
Asamblea Nacional Constituyente. Gacetas Constitucionales 21, 25, 82 y los
debates de la Comisión Primera de la Asamblea realizados en los días 25 y 26 de
abril de 1991, 2 de mayo de 1991, 6 de junio de 1991.
[35] Corte
Constitucional. Sentencia C-650 de 2003.
[36] Corte
Constitucional. Sentencia C-650 de 2003.
[37] Corte Constitucional. Sentencia C-650 de 2003. La jurisprudencia ha
indicado que cuando las diferentes opiniones y puntos de vista se enfrentan
libremente en una sociedad, es más fácil para sus miembros decidir cuál de
todas las posiciones es la más cierta de acuerdo con el debate propuesto. En
ese sentido, para que dicha función pueda cumplirse a cabalidad no basta con el
conflicto abierto entre interpretaciones de la realidad. Permitir una especie de
intercambio libre de ideas es necesario pero no es una garantía suficiente, por
sí sola, de que se llegará a la verdad puesto que unas versiones o posiciones
pueden ser tan dominantes que las otras no sean divulgadas o lo sean
esporádica, aislada y débilmente. De ahí que esta función se puede cumplir en
condiciones de enfrentamiento equilibrado entre versiones antagónicas de la
realidad.
[38] Corte Constitucional. Sentencia C-650 de 2003. De acuerdo con la
Corte, la posibilidad de que los ciudadanos se gobiernen a sí mismos, bien sea
eligiendo a sus representantes o participando directamente en la toma de
decisiones, supone la posibilidad de contar con información suficiente y
pluralidad de opiniones. Estas son necesarias para formarse una idea de la
gestión de los gobernantes o de la posición que se habrá de tomar y así poder
decidir libremente cómo actuar. La libertad de expresión protege tanto al
ciudadano que desea expresarse para participar activamente en una sociedad
democrática, como al ciudadano que no desea ser privado de los diferentes
puntos de vista que le puedan ayudar a formarse una visión propia de las cosas.
Esto conduce a que las expresiones relativas a la cosa pública sean singular
y especialmente protegidas en una democracia pero no excluye que otras
manifestaciones de contenido cultural, tales como las artísticas y las
literarias, también sean protegidas por la Constitución como fundamentales.
[39] Corte Constitucional. Sentencia C-650 de 2003. Según la Corte, una
persona es autónoma cuando sus decisiones y sus actuaciones responden a
elecciones libres hechas por sí misma. Cuando el Estado las limita por
considerarlas “inconvenientes” -más allá de aquellos casos en los que se le
causa daño a otro (v. gr., injuria o calumnia)- elimina o restringe la
autonomía de la persona. En ese sentido, las personas son quienes deciden qué
de lo que opinan o informan, así como qué de lo que escuchan o les es informado
por otros, es inconveniente. Las personas tienen el derecho a expresarse
libremente y a escuchar libremente la diversidad de opiniones y versiones sobre
la realidad que caracterizan a una democracia pluralista. Este derecho
posibilita y refuerza otros derechos y principios, entre ellos el derecho al
libre desarrollo de la personalidad no solo en términos de autodefinición
racional sino de manifestación de las emociones y sentimientos de una persona
aisladamente considerada o como parte de un grupo con el cual se identifica.
[40] Corte Constitucional. Sentencia C-650 de 2003. Para la Corte la
libertad de expresión permite que las personas protesten contra el Estado. Tal
actitud contribuya a disuadir a los gobernantes de conductas contrarias al bien
común. Una sociedad respetuosa del principio de la libertad de expresión
permite a los ciudadanos que se expresan poner sobre aviso al resto de la
comunidad acerca de aquellas actuaciones estatales que sean reprochables e
inaceptables. Además, la probabilidad de que un abuso sea conocido, divulgado y
criticado desestimula a quienes ejercen algún poder de incurrir en excesos o
atropellos.
[41] Corte Constitucional. Sentencia C-650 de 2003. De acuerdo con la
Corte, la libertad de expresión promueve la confrontación pacífica de las
decisiones estatales o sociales que no se compartan. Los opositores, dentro de
una sociedad democrática, encuentran en el ejercicio de su expresión una vía
legítima para presentar sus discrepancias; por tanto, privarlos de ella, los
llevaría eventualmente a abandonar las palabras para usar la fuerza en su
lugar. El principio de la libertad de expresión promueve la resolución
racional y pacífica de los conflictos, como resultado del debate público y no
de la confrontación violenta.
[42] Corte
Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
[43] Corte
Constitucional. Sentencias C-087 de 1998, T-391 de 2007, T-015 de 2015 y T-628
de 2017.
[44] Ibidem.
[45] Ibidem.
[46] Ibidem.
[47] Adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para
la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos
(OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de
Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (CADHP).
[48] Corte Constitucional. Sentencia T-243 de 2018. La Corte
Constitucional, en dicha providencia, sostuvo que las mismas prerrogativas de
la libertad de expresión que fueron pensadas exclusivamente para los medios
tradicionales de comunicación como los periódicos, programas radiales o de
televisión aplican también para su ejercicio en internet.
[49] Organización de Estados Americanos. Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la
Libertad de Expresión. Párrafo 32. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf.
[50] Organización de Estados Americanos. Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la
Libertad de Expresión. Párrafo 33 a 38. Asimismo, véase la sentencia T-244 de
2018, donde la Corte Constitucional revisó unas sentencias que resolvían una
acción de tutela promovida por Enrique Peñalosa -Alcalde de Bogotá- contra
Manuel Sarmiento Arguello –Consejal de Bogotá- en el marco de una afirmaciones
realizadas en un contexto de debate político, en la cual se protegió el derecho
fundamental a la libertad de expresión del accionado.
[51] Organización de Estados Americanos. Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la
Libertad de Expresión. Párrafo 39 a 52.
[52] Organización de Estados Americanos. Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la
Libertad de Expresión. Párrafo 53 a 56.
[53] Corte
Constitucional. Sentencia T-048 de 1993 y T-959 de 2006.
[54] Corte
Constitucional. Sentencia T-369 de 1993 y T-959 de 2006.
[55] Corte
Constitucional. Sentencia T-369 de 1993 y T-959 de 2006.
[56] Corte
Constitucional. Sentencia T-1202 de 2000.
[57] Corte
Constitucional. Sentencia T-369 de 1993.
[58] Corte
Constitucional. Sentencia T-369 de 1993.
[59] Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 2015. En esta providencia,
la Corte Constitucional sostuvo que i) la libertad de acceso; ii) la multiplicidad
de formatos de información; iii) la descentralización en la producción y
consumo de información; iv) la posibilidad de interacción de los usuarios en
tiempo real; y v) la neutralidad en la red en cuanto al tipo de información
compartida hace que el internet sea un espacio idóneo para la manifestación de
las diversas formas de expresión.
[60] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial
para la libertad de expresión. Libertad de expresión en internet. 2013. En
línea. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf.
[61] En la sentencia T-102 de 2019, la Corte
Constitucional evidenció publicaciones sobre la incitación a la violencia
contra una mujer.
[62] Por ejemplo, la sentencia T-634 de 2013,
donde se evidencia la publicación de imágenes comprometedoras de una mujer.
[63] GOBIERNO VASCO. Departamento de Educación, política
lingüística y cultura. La desigualdad de género y el sexismo en las redes
sociales. Una aproximación cualitativa al uso que hacen de las redes sociales
los y las jóvenes de la CAPV. Pp. 51 y ss. Disponible en: http://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/liburua_sexismoa_gazteak_7/es_def/adjuntos/sexismo_gizarte_sareetan_c.pdf.
[64] LIPOVETSKY, Gilles y SERROY, Jean. La estatización del
mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. Editorial Anagrama. Colección
Argumentos. Bogotá D.C. 2013. Pp.301 ss.
[65] DE MIGUEL, Ana. Los géneros de la red: los ciberfeminismos.
Universidad de A Coruña Montserrat Boix, Mujeres en Red. En: http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/ciberfeminismo-demiguel-boix.pdf
[66] DE MIGUEL, Ana. Óp. Cit. Pág. 21 y ss.
[67] LOISEAU, Estelle; NOWACKA, Keiko. Can social media effectively
include women’s voices in decision-making processes? OECD Development Centre, March
2015.
[68] LOISEAU, Estelle; NOWACKA, Keiko. Óp. Cit. Pág. 2.
[69] TRAISTER, Rebecca. Buenas & Enfadadas. El poder revolucionario
de la ira de las mujeres. Editorial Capitán Swing. Trad. Amelia Pérez de
Villar. España. 2018. P.286. Al respecto la autora anota que “El movimiento
desatado por el “#MeToo”, sin embargo, afectaba también a civiles, mujeres y
algún hombre, que contaban como otros hombres más poderosos les habían
discriminado, habían abusado de ellos, les habían tocado, coaccionado y
perjudicado profesionalmente. En los casos en los que los acusados sufrieron
una alguna consecuencia, la sentencia no la dictaba el Estado ni los acusados,
sino una serie de empresarios e instituciones que en muchos casos los único que
buscaban era salvar su propio culo y ocultar su complicidad.”
[70] BHATTACHARYYA, Rituparna. # Metoo Movement: An Awareness Campaign.
International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net .
Volume 3, Issue 4, March, 2018. Special Edition: Teaching and Training in Cross
Cultural Competencies. Pág. 4. Entre otros ver: POWELL, Catherine. How #metoo
has spread like wildfire around the world. Periódico
“Newsweek”. En: https://www.newsweek.com/how-metoo-has-spread-wildfire-around-world-749171
[71] POWELL, Catherine. How Social Media Has Reshaped Feminism. Blog
subido en: Council on foreing relations. Junio 18 de
2018. Ver: https://www.cfr.org/blog/how-social-media-has-reshaped-feminism.
[72] TRAISTER, Rebecca, 2018, Óp. Cit., p.319. “la
idea de sustituir a los hombres malos, a los que habían sido apartados del
poder por el “# MeToo”, por mujeres -muchas de ellas, no blancas- no era solo
una fantasía atractiva: era una realidad y estaba sucediendo en muchos
sectores. Alex Wagner pasó a cupar el puesto de Mark Halperin en The Circus;
Hoda Kobt sustituyó a Matt Lauer en Today; y Kitty Block se hizo cargo de la
Humane Society of the United States después de que su anterior presidente,
Wayne Pacelle, fuese destituido tras ser acusado de una conducta social
inapropiada”.
[73] Ibid.
[74] Ibid.
[75] Ibid. Dice Catherine Powell: “A study on internet usage and women’s
political activism in the Middle East and North Africa found that though social
media lowers the cost of participating in political protest for all citizens,
there remains a gender gap in participation even between men and women who
regularly use social media. From online harassment to increased visibility that
can lead to targeted repression, there are gendered barriers for women online
just as there are in public space.”
[76] Ibid.
[77] ARUMINA, Gopinath. Every Woman’s Right to Say ‘No’. Economic &
Political Weekly -EPW- august 17, 2013. Vol xlviiI no
33. Pág. 13.
[78] En el foro deliberativo el Congreso de la
República detectó un contexto social donde se evidenciaba una alta cantidad de
delitos cometidos por hombres, específicamente por parejas o ex parejas, en contra
de las mujeres. Analizó la implementación de la Ley 1257 de 2008 y su estado
actual de cumplimiento descubriendo que los espacios donde se garantizaba la
protección de la mujer también eran focos de violencia tales como la vivienda
(13.291 casos en el 2009), centros educativos (502 casos en el 2009), los
centros de cuidados de personas, los centros de reclusión y los centros de
atención medica representaron el 31.8% , de esta manera, la eficacia de las
políticas establecidas en la Ley 1257 de 2008 fueron insuficientes, puesto que
la praxis forense demostraba una violación sistemática de derechos humanos. A
respecto véase: Congreso de la República. Exposición de motivos del proyecto de
Ley “Rosa Elvira Celi” Nº 49-Senado, Por el cual se crea el tipo penal de
Feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. Pp.4-11.
[79] Supreme Court of Bangladesh. High Court Division. (Special Original
Jurisdiction). Writ petition No. 4495 of 2009. Caso Md. Salahuddin Dolon ……the
petitioner Versus Government of Bangladesh and others. 2010.
La Corte Suprema de Bangladesh afirmó que obligar a una mujer a utilizar un
velo es un tipo de acoso sexual que vulnera la expresión, la privacidad y el
derecho de las mujeres a ser tratadas en igualdad con los hombres. La Corte
ordenó al Ministerio de Educación implementar sus directrices sobre acoso
sexual y asegurar que las mujeres que trabajan en instituciones educativas
públicas o privadas no fueran obligadas o presionadas para cubrirse la cabeza.
El caso fue sometido luego de que un inspector de educación del estado ordenara
a todas las mujeres profesoras de escuela a usar velo para ir a trabajar y
calificó a la Directora de un colegio como prostituta por no cubrirse la cabeza.
[80] Corte
Constitucional. Sentencia T-239 de 2018.
[81] Organización de Estados Americanos.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano
sobre el Derecho a la Libertad de Expresión.
[82] Organización de Estados Americanos.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano
sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. Párrafo 66.
[83] Organización de Estados Americanos.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano
sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. Párrafo 69.
[84] Organización de Estados Americanos.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano
sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. Párrafo 74 y ss.
[85] Organización de Estados Americanos.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano
sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. Párrafo 83 y ss.
[86] Corte Constitucional. Sentencia T-634 de 2013.
[87] Corte Constitucional. Sentencia T-634 de 2013.
[88] Corte Constitucional. Sentencia T-145 de 2015.
El mensaje publicado fue el siguiente “Les quiero informar para que todos
tengan cuidado miren la gran ladrona de [B]ritalia la sorprendieron robando en
la empresa donde ella trabajaba y verificando no es la primera vez ya lo tiene
de costumbre q (sic) trabaja y cuando renuncia manda robar las empresas yo fui
la segunda víctima su nombre es Julieth Pérez Silva”
[89] Corte Constitucional. Sentencia T-145 de 2015.
[90] Corte Constitucional. Sentencia T-145 de
2015. En el debate se afirmó lo siguiente: “En primer lugar, este es un
proyecto que se enmarca dentro de la idea absurda y el error histórico del
Alcalde Peñalosa, de hacer que el Transmilenio sea la columna vertebral del
sistema masivo de transporte de Bogotá. Y esa idea fracasó, la realidad nos demuestra
que fracasó. Y a pesar de ello el alcalde Peñalosa insiste en esta idea tan
absurda, cuando está demostrado que la columna vertebral del sistema de
movilidad en Bogotá no debe ser Transmilenio sino que debe ser una red de
metro. Pero el alcalde Peñalosa insiste en eso y recordemos es un alcalde que
en los últimos diez años trabajó para una organización que se llama el ITDP,
donde ganó alrededor de 430.000 dólares por promover y vender los sistemas tipo
transmilenio por todo el mundo”
[91] Corte Constitucional. Sentencia T-243 de
2018. En Twetter se afirmó lo siguiente: “Transmilenio por la 7 es una
aberración urbana que promueve un alcalde al que le pagaron 500.000 dólares por
vender buses por todo el mundo”.
[92] Corte Constitucional. Sentencia T-243 de 2018.
[93] Corte Constitucional. Sentencia T-243 de 2018.
[94] Corte Constitucional. Sentencia T-243 de
2018. El mensaje fue “Ojo con esta empleada: se llama LUZ DARYS MORENO PALACIOS
…  quien fue mi empleada doméstica por 4 meses … recomendada por la empresa X,
no verifique [sic] referencias ya que confié en dicha empresa, y soy clienta de
ellos por muchos años, ella se ganó mi confianza y aprovechó de ella, ROBÁNDOME
LA BLUSA QUE TIENE AQUÍ PUESTA EN LA FOTO… POR FAVOR COMPARTIR PARA QUE NO
CAIGAN EN SU CARITA DE YO NO FUI PORQUE EN REALIDAD ES UNA SOLAPADA FAVOR
COMPARTIR, GRACIAS”
[95] Corte Constitucional. Sentencia T-243 de 2018.
[96] Corte Constitucional. Sentencia T-243 de 2018.
[97] Corte Constitucional. Sentencia T-243 de 2018.
[98] Corte
Constitucional. Sentencia T-102 de 2019.
[99] Corte
Constitucional. Sentencia T-102 de 2019.
[100] Corte
Constitucional. Sentencia T-102 de 2019.
[101] Corte
Constitucional. Sentencia T-102 de 2019.
[102] Corte Constitucional. Sentencias T- 102 de
2019, en la cual reitera las sentencias T-454 de 2018, T-293 de 2018, T-292 de
2018, T-277 de 2018, T-244 de 2018, T-243 de 2018, T-263 de 1998.
[103] Corte Constitucional. Sentencia C-387 de
2014. En dicha oportunidad, la Corte consideró que “los fines del proceso penal
dentro del Estado social de derecho están dados por la realización del ius
puniendi en condiciones de justicia, en la pretensión principal de establecer,
más allá de toda duda razonable, si una persona es o no responsable de la
comisión de un delito. Es el proceso penal ‘un instrumento racional encaminado
a determinar la posible responsabilidad penal de un individuo, cuya conducta
habría injustamente vulnerado uno o varios derechos fundamentales (integridad
personal, libertad individual, etc.) o bienes jurídicos constitucionalmente
relevantes (salubridad pública, orden económico y social, etc.).”
[104] Corte Constitucional. Sentencia T-102 de 2019.
[105] Corte Constitucional. Sentencia T-102 de 2019.
[106] Corte Constitucional. Sentencia T-102 de 2019.
[107] Corte Constitucional. Sentencias T-102 de
2019 donde se reiteran las sentencias T-121 de 2018, T-454 de 2018, T-292 de
2018, T-244 de 2018, T-117 de 2018 y T-110 de 2015.
[108] Corte Constitucional. Sentencia T-179 de 2019.
[109] Corte Constitucional. Sentencia T-179 de 2019.
[110] Corte Constitucional. Sentencia T-179 de
2019. En dicha sentencia se expresó además que “Conforme a lo expuesto no
resulta relevante, al menos prima facie, requerir la rectificación pues,
en términos del numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y el
artículo 20 de la Constitución, el derecho a la rectificación es inherente
al derecho a la información. Lo dicho, porque las cargas de
imparcialidad y veracidad son propias del derecho a la información, pero
resultan extrañas a la libertad de opinión. Sobre esto, la Corte ha
precisado que la solicitud de rectificación previa al particular solo resulta
exigible cuando el accionado es un medio masivo de comunicación. En la
sentencia T-263 de 2010, se extendió el requisito a otros canales de
divulgación de información refiriéndose “[a]l periodista o el medio de
comunicación – u otra persona que informe, debido a la amplitud tecnológica que
hoy se presenta con recursos como el Internet”. Lo anterior, tampoco es
aplicable al caso en cuestión, pues el accionado, como “persona del común”
carente de poder alguno, publica a modo de desahogo sus percepciones sobre una
figura religiosa, y, en esa medida, no está informando.”
[111] Corte
Constitucional. Sentencia C-010 de 2000.
[112] Página
7 del fallo de segunda instancia proferido en el trámite de tutela.
[113] Véase, entre otras, la sentencia T-634 de 2013. En esta
providencia, la Corte Constitucional sostiene que el empleo de estereotipos en
el proceso judicial se traduce en preconcepciones basadas en prejuicios que
pueden llegar a ser acciones discriminatorias. Ello conlleva a que la negativa
de un derecho fundamental responde, en cierta medida, a un juicio de reproche
de desviación del comportamiento esperado de una persona que es situada en, al
menos, estas dos circunstancias: un comportamiento desviado y que se espera que
actúe de otra manera con respecto a su género; o, por otro lado, un
comportamiento que, si bien no es ilegal, sí es considerado reprochable.
[114] Ello se encuentra en la página 7 del fallo de segunda
instancia proferido en el trámite de tutela.