T-745-00
Sentencia T-745/00
Sentencia
T-745/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de
salarios
DERECHO AL PAGO
OPORTUNO DEL SALARIO-Fundamental
EMPLEADOR-Falta de presupuesto o insolvencia para
pago oportuno de salarios no es razón suficiente
EMPLEADOR-Responsabilidad por mora en aportes en
salud
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente
T-290150
Acción de tutela
instaurada por Martha Gómez Torres contra la empresa Jackson Fashion´s Setton
& Setton Ltda.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
D.C., a los veintidós (22) días del mes de junio de dos mil (2000).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en particular las previstas contenidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Sexto Laboral  del Circuito de
Barranquilla y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, al
resolver sobre la acción de tutela instaurada por Martha Gómez Torres contra la
empresa Jackson Fashion´s Setton & Setton Ltda.
I.
ANTECEDENTES.
Manifiesta la
accionante que se vinculó a la empresa Jackson Fashion’s Setton & Setton
Ltda, como operaria de máquina, siendo remunerada por décadas vencidas. Sin
embargo, la actora, en su calidad de Secretaria General de SINTRATEXTIL, señala
que la empresa aquí accionada, le adeuda siete (7) décadas, siendo la última la
del 1° a 10 de agosto de 1999, situación que la ha afectado en su sostenimiento
y el de su familia.
Por lo anterior,
considera violados sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo y a la
seguridad social, y solicita por ello, se ordene a la empresa Jackson Fashion’s
Setton & Setton Ltda., que le cancele las décadas adeudadas, así como
también la afilie al Instituto de Seguro Social ya que, si bien le hacen los
descuentos por concepto de salud y pensión, se desconoce el destino de dichos
recursos.
II. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN.
El Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Barranquilla, en sentencia del 16 de noviembre de 1999,
negó la acción de tutela. Señaló que ésta no es procedente, como mecanismo
judicial para lograr el pago efectivo de salarios, pues para ello existe el
proceso ordinario laboral.
Impugnada la
anterior decisión, conoció en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Barranquilla, la cual, mediante sentencia del 15 de diciembre de
1999, confirmó la decisión del a quo considerando para ello, que la
demandante no demostró la afectación de su mínimo vital. La Sala sustentó su
decisión en una sentencia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia, según la cual, no es suficiente la simple manifestación de
la vulneración de un derecho fundamental, sino que es indispensable que la
situación irregular se encuentre debidamente demostrada, lo cual no sucedió en
el presente caso.
III. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada.
2. Procedencia
de la tutela contra particulares respecto de los cuales existe subordinación.
De acuerdo con el
artículo 42 del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra
particulares, en aquellos casos en los que se evidencie un estado de
subordinación o indefensión del actor frente a la parte demandada.[1]
En el caso objeto de
análisis, la demandante se encuentra en estado de subordinación, en la medida
en que está vinculada como trabajadora a la sociedad Jackson Fashion’s Setton
& Setton Lida. Por lo tanto, la tutela resulta procedente.
3. Procedencia
excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales.
Protección especial al mínimo vital.
Esta Corporación, en
reiterada jurisprudencia ha considerado la procedencia excepcional de la acción
de tutela para el pago efectivo de acreencias laborales, cuando se ven
afectadas las condiciones mínimas de vida digna[2],
en razón al no pago puntual y completo del salario, el cual en muchos casos
surge como la única fuente de ingresos económicos de una persona y de su
familia. Además, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, la
suspensión prolongada e indefinida en el pago de los salarios a que tienen
derecho los trabajadores, hace presumir la afectación del mínimo vital,[3] lo cual atenta de
manera directa contra sus condiciones elementales de vida.
Las posibles
dificultades financieras que aduce la empresa demandada,[4] no pueden constituirse
en excusa válida para suspender el pago de deudas de carácter laboral[5], en tanto éstas son el
producto de una prestación personal que goza de especial protección por parte
del Estado, e injusto sería que no se cumpliera con su retribución.[6] Según la jurisprudencia
de esta Corporación, aún en situaciones concordatarias, las obligaciones
laborales conservan prelación frente a cualquier otra acreencia.[7]
En relación con el
pago oportuno del salario, parte integrante del concepto general del derecho al
trabajo, y que se vulnera en el evento en que la remuneración no se cumpla en
el término y condiciones pactadas, ésta Corporación en reciente sentencia de
unificación SU-995 de 1999, Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, indicó lo
siguiente :
“a. El derecho de todos los trabajadores al pago oportuno de su
remuneración salarial, es una garantía que no se agota en la simple enunciación
de un deber surgido de la relación laboral, sino que se trata de un verdadero
derecho fundamental.
“b. La figura  de  la  retribución  salarial  está  directamente
relacionada  con  la satisfacción del derecho fundamental de las personas a la
subsistencia, reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las
garantías a la vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art.
25 C.P.), y a la seguridad social (Art. 48 C.P.); pero no se agota en la satisfacción
de las necesidades de mera subsistencia biológica del individuo, pues debe
permitir el ejercicio y realización de los valores y propósitos de vida
individual, y su falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas del
grupo familiar que depende económicamente del trabajador.
“(...).
“g. El retardo en el que incurre el empleador -privado o público-, que
se verifica por el lapso transcurrido entre la fecha en que se causan los
salarios y aquélla en que el pago se hace efectivo -máxime si dicho pago se
produce en virtud de una orden judicial-, causa un grave perjuicio económico a
los actores. Quienes están obligados a pagar salarios, prestaciones o
pensiones, deben cubrir oportunamente todas las sumas adeudadas y
actualizarlas.
“h. Es necesario precisar que la falta de presupuesto de la
administración, o la insolvencia del empleador particular, como motivo para no
pagar oportunamente los salarios, no constituye razón suficiente para
justificar el desconocimiento de derechos fundamentales como la vida en
condiciones dignas y el bienestar del trabajador y sus familiares.”
En el caso objeto de
revisión, la demandante, tiene un salario mensual de         $ 267.175 pesos,
pagaderos en décadas vencidas y no ha recibido retribución alguna durante siete
(7) décadas, lo que corresponde a dos meses y medio sin la contraprestación por
su trabajo.
Teniendo en cuenta
el monto devengado por la accionante, y siendo ese su único ingreso, es dable
presumir la afectación a sus condiciones mínimas de vida, cuando éste no se le
paga de manera puntual y completa, siendo necesario tutelar los derechos al
trabajo y mínimo vital,[8]
vulnerados con la omisión de su empleador.
Esta Corporación de
igual forma unificó la jurisprudencia[9]
en relación con la  mora en el pago de los aportes a salud,[10] según la cual, cuando
el empleador no cancela puntualmente los aportes a la correspondiente empresa
de salud, deberá asumir los riesgos que con su omisión se generen, de tal forma
que correrá por su cuenta, con la prestación del servicio de salud que eventualmente
requiera la accionante. Igualmente asumirá lo referente a la carga pensional
que se produzca, hasta tanto se ponga al día en el pago de los aportes a la
entidad encargada, ello por cuanto el trabajador no puede padecer los problemas
que sin su culpa, atraviesa la empresa.
En el presente caso,
además de los derechos al trabajo y al mínimo vital, se destaca la afectación
de los derechos a la seguridad social y a la vida de la accionante, quien
afirma no encontrase afiliada al Instituto de Seguro Social, por concepto de
salud y pensión, pues aún cuando los descuentos correspondientes le son hechos,
estos, al parecer, no tienen como destinatario al  Instituto de Seguro Social.
Respecto de la anterior afirmación, la empresa demanda no hizo pronunciamiento
alguno, lo que lleva a esta Sala de Revisión, a tener por cierta dicha
situación, y así se entenderá de conformidad con lo señalado por el artículo 20
del decreto 2591 de 1991.
De esta manera, la
empresa Jackson Fashion’s Setton & Setton Ltda. deberá cancelar su deuda
con la respectiva entidad de salud a la cual tiene afiliada a la accionante, al
tiempo que atenderá de su propio peculio los costos en la atención de salud que
ésta y sus beneficiarios demanden, quienes, se repite, no deben padecer la
negligencia de su empleador, cuando están de por medio sus vidas.[11]
No obstante, se dará
traslado de la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación, con el
objeto de que investigue lo pertinente, pues los recursos retenidos a la
tutelante por concepto de aportes a salud, son recursos de carácter parafiscal
que debieron ser trasladados de forma inmediata a la entidad encargada de
prestar el servicio de salud de la trabajadora.[12]
Por
lo tanto, ésta Sala de Revisión revocará el fallo proferido por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, y en su lugar tutelará el derecho
al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Martha Gómez
Torres.
IV. DECISIÓN.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el
fallo proferido por el la Sala Octava de Decisión Laboral del Tribunal Superior
de Barranquilla del 15 de diciembre de 1999. En su lugar, CONCEDER la
protección de los derechos al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social
de la señora Martha Gómez Torres.
Segundo. ORDENAR a
la empresa Jackson Fashion´s Setton & Setton Ltda, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, si ya no lo hubiere hecho, cancele los salarios adeudados a la
señora Martha Gómez Torres.
Tercero. ORDENAR a
la empresa Jackson Fashion´s Setton & Setton Ltda asumir de manera directa la prestación de los servicios médicos requeridos
por la señora Martha Gómez Torres y sus beneficiarios, hasta tanto se ponga al
día en el pago de aportes a la empresa prestadora de servicio de salud
(E.P.S.), a la cual presumiblemente la tienen afiliada, para lo cual dispondrá
de un (1) mes.
Cuarto.
COMPULSAR
copias de la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación, con el
objeto de que investigue lo pertinente.
Quinto. El
desacato a lo ordenado en esta providencia, se sancionará de conformidad con lo
señalado en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991.
Sexto. Por
Secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. sentencia T-172 de 1997, Magistrado
Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] Cfr. sentencias T-484 y T-528 de 1997,
T-031, T-071, T-075, T-106, T-242, T-297 y    SU-430 de 1998, entre otras.
[3] Cfr. sentencias T-259 y T-606 de 1999,
Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra.
[4] A folios 15 y 16 del expediente que se
revisa, obra Acta No. 0554, en la cual la Jefatura (E) de Inspección y
Vigilancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Regional Atlántico,
realizó una visita el 28 de julio de 1999, a la empresa Jackson Fashion’s
Setton & Setton Ltda., en razón a la no cancelación de salarios a sus
trabajadores. En dicha acta la Jefe de Personal (E), señora María Isabel de
White, como representante de la empresa en esta diligencia dijo lo
siguiente : “Según datos y constancias se debe nómina del 11 al 20de
junio, en cuanto al segundo punto, los salarios como las prestaciones
pendientes de pago no se han efectuado por falta de ingresos. La falta de
ingresos radica en que por falta de ventas tuvimos que cerrar los almacenes,
todos los contratos pendientes con entidades estatales fueron aplazados. Tanto
los bancos como los proveedores no nos dan crédito por la situación del país,
la empresa esta a la espera de que resulten los contratos aplazados en caso de
que no resulten esta estudiando la posibilidad de llegar a un concordato.”
[5] Cfr. sentencias T-323 de 1996, T-458 de
1997, T-307 y T-658 de 1998, T-005, T-014,     T-025 y T-075 de 1999 entre
muchas otras.
[6]  Cfr. sentencia T-263 de 2000, M.P. José
Gr|egorio Hernández Galindo.
[7] Ley 222 de 1995.
[8] Vale la pena recalcar que el concepto de mínimo vital
ha sido objeto de estudio por parte de esta Corporación en numerosas ocasiones.
En sentencia T-011 de 1998, Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández
Galindo, precisó dicho concepto como “los requerimientos básicos
indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su
familia, no solamente en lo relativo a la alimentación y vestuario sino en lo
referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en
cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida que,
no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser
humano.”
[9] Sentencia SU-562 de agosto 4 de 1999, M.
P. Alejandro Martínez Caballero.
[10] Cfr. sentencias T-606 de 1996, T-072,
T-171, T-202, T-299 y T-398 de 1997, T-307 de 1998, T-484 y T-665 de 1999 entre
otras.
5 Cfr. sentencias T-848 y SU-562 de 1999, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[12] Cfr. sentencia T-246 de 2000, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.