T-655-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-655/14
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE
TUTELA-Buscan evitar la
presentación sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE
TUTELA-Configuración/ACCION
DE TUTELA TEMERARIA-Triple identidad
Se
configura cosa juzgada constitucional y temeridad respecto de un asunto puesto
en conocimiento del juez de tutela, cuando se reúnen los siguientes requisitos:
(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de
pretensiones; (iv) ausencia de justificación razonable y objetiva frente al
ejercicio de la nueva acción de tutela y (v) mala fe o dolo del accionante en la
interposición de la nueva tutela. Si se reúnen los anteriores presupuestos, el juez de tutela se
enfrenta a una actuación temeraria que desconoce la cosa juzgada
constitucional, por lo que no solo debe rechazar o decidir desfavorablemente
las pretensiones, sino que además deberá promover las sanciones previstas para
este tipo de actuaciones. Pero, si únicamente se llenan los primeros tres
requisitos, llamados de triple identidad, el juez se enfrenta a un asunto
respecto del cual hay cosa juzgada constitucional pero no temeridad, por lo que
solo despachará desfavorablemente las solicitudes sin
imponer sanción alguna
TEMERIDAD-Inexistencia por no existir identidad de partes
accionantes, presentarse nuevos hechos y no se desprende un actuar doloso o
desleal de los actores al presentar las acciones de tutela
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Abogado con poder para actuar
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
La
acción de tutela procede cuando (i) no existan otros medios de defensa
judiciales para la protección del derecho amenazado o desconocido; cuando (ii)
existiendo esos mecanismos no sean eficaces o idóneos para
salvaguardar los derechos fundamentales en el marco del caso concreto, evento
en que la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; o cuando (iii) sea
imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, hipótesis en la cual el amparo opera
en principio como mecanismo transitorio de protección.
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Procedencia de la acción de
tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la
población desplazada
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA
DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Fundamental
autónomo
El derecho a una vivienda digna para la población
desplazada es un derecho fundamental de aplicación inmediata que tiene un
amplio desarrollo tanto a nivel interno como internacional, y que se encuentra
dotado de precisos contenidos que el Estado debe asegurar a fin de garantizar
su protección real y efectiva.
DERECHOS DE
LA POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Medidas de protección
No se puede materializar una orden de
desalojo en perjuicio del derecho a la vivienda digna de personas desplazadas
por la violencia, lo que supone disponer a su favor alternativas habitacionales
en el corto plazo, y luego facilitar la inclusión en programas habitacionales
definitivos para el largo plazo. Ello por cuanto, ese grupo poblacional ha
sufrido directamente las consecuencias adversas del conflicto interno, viéndose
obligados a dejar sus hogares y demás enseres, por ende, es contrario a la
Constitución someterlos nuevamente a un desarraigo habitacional sin la garantía
de que podrán alcanzar en otro lugar cierta estabilidad económica y emocional,
en donde puedan rehacer sus planes de vida con el cubrimiento de sus
necesidades más básicas.
DERECHOS DE
LA POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Línea jurisprudencial
(i) la tutela es procedente en términos
formales para estudiar asuntos en los que la población desplazada e integrada
por subgrupos que existen al interior de ésta, como las personas de la tercera
edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc, se vean
abocados a desalojos en el curso de procesos policivos de restitución de bienes
ocupados irregularmente. En esos casos, (ii) el Estado tiene la obligación de
garantizar un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los
afectados con la actuación policiva y (iii), en caso de que ello no haya
ocurrido aún, tiene el deber de activar el sistema de protección y asumir las
obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional y la ley en
cabeza de las distintas autoridades públicas frente a las víctimas del
desplazamiento forzado. Así mismo, (iv) en el trámite de los procesos de
lanzamiento por ocupación de hecho, las autoridades de policía deben respetar
el derecho al debido proceso tanto de los querellantes como de las personas que
se encuentran ocupando el inmueble y no puede materializarse hasta tanto no se
adopten soluciones temporales en materia de vivienda.
DERECHOS DE LA
POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Garantías constitucionales
Las personas víctimas del desplazamiento
forzado y demás sujetos de especial protección, cuentan con garantías
constitucionales reforzadas en el contexto de los procesos de lanzamiento por
ocupación de hecho en los cuales se ordenen desalojos. Las medidas adoptadas no
pueden ejecutarse en perjuicio de su derecho a la vivienda digna o vulnerar
otros derechos superiores, como la integridad, la salud o la unidad familiar.
Lo anterior supone que en el corto plazo, no puede materializarse el desalojo
sin antes proteger el derecho a un albergue provisional de las personas
afectadas y en el largo plazo, luego de su reubicación, deben vinculárseles a
programas de vivienda desarrollados por las autoridades públicas competentes.
DERECHOS DE
LA POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Orden a Alcaldía e Inspección de Policía
abstenerse de realizar diligencia de desalojo o lanzamiento hasta tanto se les
garantice a los accionantes un albergue provisional en condiciones dignas
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a Alcaldía en coordinación con la
UARIV complementar y actualizar censo con el fin de identificar quiénes
ostentan realmente la condición de personas desplazadas por la violencia
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a Alcaldía en coordinación con la
UARIV garantizar un albergue provisional a todas las personas desplazadas que
estaban asentadas en el predio ‘La Pista’ del Municipio de La Paz, Cesar
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a Gobernación y a Alcaldía examinar
en concreto si los accionantes cumplen con las condiciones y requisitos para
acceder a los proyectos de construcción de vivienda que a la fecha se
encuentran adelantando
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a Alcaldía informar por escrito a las
personas que no hacen parte de la población desplazada, cuáles son las
políticas públicas, destinadas a garantizar el acceso a una unidad de vivienda
de interés social y los procedimientos y requisitos que deben cumplir para ser
incluidos en estos programas
Referencia: expediente T-4340569
Acción de tutela
presentada por José Emiliano Contreras Toro y otros, por conducto de apoderado
judicial, contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio
de Vivienda, Cuidad y Territorio, la Unidad de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, el Departamento del Cesar, el Municipio de la
Paz, Cesar y otros.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de
dos mil catorce (2014).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido, en primera instancia, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Conocimiento de Valledupar, el catorce (14) enero de dos mil catorce (2014)
dentro de la acción de tutela promovida por José Emiliano Contreras Toro y
otros contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, el Departamento del Cesar, el Municipio de la
Paz, Cesar y otros.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de Auto del quince (15) de mayo de dos mil
catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Cinco.
I.  ANTECEDENTES
El señor José Emiliano Contreras Toro y
otras personas en su misma situación, presentaron acción de tutela solicitando
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana
y vivienda, los cuales consideran vulnerados por la
Alcaldía Municipal de la Paz, el Departamento del Cesar y otros entes
territoriales, al iniciarles un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho,
sin antes ofrecerles una protección cierta para procurarles una vivienda digna,
a la cual tienen derecho en su condición de víctimas del desplazamiento forzado
y sujetos de especial protección constitucional.
1. Hechos
1.1. Manifiestan los accionantes que
alrededor de ciento tres (103) familias desplazadas por la violencia e
integradas por adultos, menores de edad, personas de la tercera edad y en condición
de discapacidad, se asentaron de manera pacífica en el predio público de
propiedad del municipio de la Paz, denominado ‘La Pista’,[1] desde el mes de julio
de dos mil trece (2013), ante la ausencia de soluciones a sus problemas de
vivienda por parte de las autoridades locales y nacionales.
1.2. Sostienen que viven en condiciones
indignas e infrahumanas debido al hacinamiento en que se encuentran, pues en
una sola habitación residen hasta diez (10) personas sin contar con servicios
públicos adecuados, y además carecen de alcantarillado, situación que los
expone a permanentes infecciones y enfermedades infectocontagiosas.
1.3. El ocho (8) de julio de dos mil trece
(2013), el Despacho del Alcalde municipal de La
Paz, admitió una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho
instaurada de oficio por el Secretario de Planeación Municipal contra las
personas indeterminadas que ocuparon el predio de uso público. Como
consecuencia de ello, mediante Resolución No. 000480 del nueve (9) julio de dos
mil trece (2013), se decretó el lanzamiento por ocupación de hecho en contra de
las personas que ocupaban el terreno atrás mencionado, se ordenó la restitución
del bien a favor del municipio de la Paz y se comisionó al Inspector Municipal
de Policía para que adelantara la diligencia.[2]
1.4. Exponen que las autoridades
departamentales y locales, no han adoptado medidas provisionales para
garantizar su desalojo en condiciones adecuadas. Así mismo, no han implementado
políticas públicas, programas de atención integral o proyectos productivos
dirigidos a mitigar y contrarrestar la problemática de vivienda que actualmente
viven, aún cuando es su obligación constitucional y legal.
1.5. El veintidós (22) de noviembre de dos
mil trece (2013), por conducto de apoderado judicial, los accionantes
interpusieron la presente tutela en donde solicitan: (i) la construcción y
entrega de viviendas en condiciones que garanticen su dignidad humana, (ii) la
vinculación y ejecución a proyectos productivos que permitan su estabilización
socioeconómica, (iii) la entrega, por parte de la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de
los recursos necesarios para resolver los problemas de vivienda de la población
vulnerable, y (iv) la realización de un censo para determinar su estado de
vulnerabilidad actual, ya sea en su condición de personas desplazadas o como
sujetos de especial protección constitucional. Como medida provisional y en
caso de efectuarse un desalojo por parte de las autoridades municipales sobre
el predio de su asentamiento actual, solicitan se adopten  previamente las
medidas necesarias que incluyen la construcción de albergues temporales.
2. Respuesta de las entidades demandadas
y conceptos emitidos por entidades del orden nacional
Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Conocimiento de Valledupar, el seis (6) de diciembre de dos mil trece (2013),
el Despacho ordenó notificar a las entidades accionadas con el fin de que en el
término de dos (2) días ejercieran el derecho de defensa y contradicción.[3]
2.1. Respuesta de la
Gobernación del Cesar
La entidad demandada solicitó se negaran
las pretensiones incoadas y se dispusiera su desvinculación del presente
trámite ante la ausencia de vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes,
máxime cuando no obraba constancia de solicitud para ser incluidos en los
programas de vivienda del Departamento. Agregó que el ente territorial no se
encuentra legitimado para resolver la problemática planteada, pues carece de
competencia legal para brindar atención directa a la población desplazada y
adoptar medidas tendientes a su estabilización socioeconómica. Plantea que ello
es responsabilidad directa del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y el
Municipio de la Paz, Cesar.
Finaliza manifestando que, pese a lo
anterior, actualmente se adelantan varios proyectos dirigidos a satisfacer las
necesidades de la población desplazada del Departamento del Cesar a través de
un plan de desarrollo denominado “Prosperidad a Salvo”.[4]
2.2. Respuesta de la
Alcaldía Municipal de la Paz
La administración municipal solicitó se
declarará la improcedencia del amparo invocado. Para ello consideró que: (i)
los tutelantes se encuentran asentados e invadiendo un predio perteneciente a
la administración municipal[5]
y la mayoría de ellos cuentan con un techo donde vivir, ya sea en arriendo
propio o familiar; otro tanto no vive en el municipio de la
Paz sino en lugares aledaños e incluso algunos no son víctimas del conflicto
armado ni se encuentran en situación de pobreza extrema.[6] Ello se desprende de la
información que reposa en la base de datos del SISBÉN y en el censo que se
realizó para determinar quiénes de los accionantes podían ser potenciales
beneficiarios de programas sociales.[7]
(ii) Actualmente la Alcaldía está reprogramando una nueva fecha para la
realización del desalojo de quienes arbitrariamente residen en el predio ‘La
Pista’, en desarrollo del proceso administrativo de restitución del bien
inmueble de uso público que se adelanta oficiosamente.[8]
De igual manera indica la entidad, que en
su condición de ente territorial, se encuentra adelantando proyectos masivos de
construcción de vivienda en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Gobernación del Cesar y el Banco Agrario de Colombia dirigidos
exclusivamente a la población víctima de pobreza extrema y conflicto armado.[9]
Finaliza indicando, que en el presente
asunto hay temeridad por cuanto ya existe un fallo de tutela incoado con
fundamento en las mismas pretensiones que hoy se plantean, en el cual la
Sala Penal del Tribunal Superior del Departamento del Cesar decidió negarlas.[10] Agrega, que el
apoderado judicial de los accionantes carece de legitimación por activa, por
cuanto los poderes anexados por sus representados obran en copia simple y no se
aprecia nota de presentación personal respecto de cada uno de ellos.[11]
2.3. Intervención de la
Personería Municipal de la Paz
La Personería Municipal
intervino en el proceso de la referencia para solicitar que se garantizaran los
derechos fundamentales de los ocupantes del predio ‘La
Pista’. En su concepto, la diligencia policiva en cuestión no se puede
realizar sin antes asegurar los derechos a la vivienda digna y el mínimo vital
de las personas vulnerables, y en ese sentido es necesario que les procuren
soluciones concretas de albergue provisional y acceso a programas de vivienda.
Lo anterior, teniendo en cuenta que estas personas requieran de una protección
constitucional reforzada por sus especiales condiciones de debilidad,
vulnerabilidad e indefensión a causa de la violencia. Agrega el Defensor que
estas familias si son desplazadas.[12]
2.4. Intervención de la
Defensoría del Pueblo Regional del Cesar
La entidad pública solicitó, se protegieran
los derechos fundamentales de la población asentada en el predio de propiedad
de la administración municipal. Para ello, consideró pertinente la
implementación de soluciones eficaces para garantizar su acceso a una vivienda
digna, siguiendo las directrices que para el efecto había establecido la
jurisprudencia constitucional.[13]
2.5. Intervención de la Empresa de
Servicios Públicos de la Paz
La entidad indicó que, como consecuencia de
la invasión que se realiza en el bien de propiedad de la administración
municipal, algunas familias residentes en predios aledaños se han visto
afectadas en la prestación del servicio de agua potable debido a las conexiones
fraudulentas en el predio que generan la interrupción en la prestación o la
baja presión del líquido.[14]
2.6. Inspección ocular realizada sobre
el predio “Villa Deportiva” o “Pista Hípica”
Mediante inspección realizada el día ocho
(8) de julio de dos mil trece (2013) por parte de la inspectora central de
policía de la Paz, Cesar, se constató lo siguiente: “no solo la pista hípica
se encuentra invadida también gran parte de las afueras del estadio de fútbol,
todavía no se encuentran cambuchas, solo hay lotes separados con postes de
madera, encerrados algunos con cuerdas y otros con alambré púa, también
encontramos quema de lotes, los invasores son aproximadamente doscientas
familias.”
De igual manera sostuvo que los habitantes
de la invasión, manifestaron que ante el abandono del predio y la inminente
necesidad de contar con una vivienda, resolvieron asentarse en dicho lugar.[15]
2.7.
La Unidad Administrativa para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, guardó silencio.
3. Decisión que se revisa
3.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Conocimiento de Valledupar, mediante fallo del catorce (14) de enero de dos mil
catorce (2014), resolvió negar el amparo invocado. A juicio del Despacho, no
obra prueba idónea o certificación alguna que acredite la condición de
desplazados de los accionantes, sumado a la inexistencia de vulneración a sus
derechos fundamentales a cargo de las entidades demandadas.
Pese a lo anterior, previno a la
administración municipal de la Paz para que brindara a los ciudadanos
demandantes información sobre la manera de acceder a los programas de vivienda,
créditos de vivienda de interés social y programas de generación de ingresos dispuestos
por el ente territorial, el Departamento y la Nación.
Contra la anterior decisión, no se interpusieron
los recursos de ley comoquiera que los accionantes de la tutela únicamente
contaron con la asistencia de un apoderado judicial durante la primera
instancia, hecho que les impidió impugnar la decisión desfavorable a sus
intereses ante la falta de conocimiento en ese sentido.
4. Pruebas decretadas en sede de
revisión
4.1. Mediante
auto del veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014), esta Sala de
Revisión decretó la práctica de algunas pruebas en el trámite de la
acción de tutela instaurada por José Emiliano Contreras
Toro y otros, por conducto de apoderado judicial, contra el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento
del Cesar, el Municipio de la Paz, Cesar y otros.
4.2. Mediante oficio del catorce (14) de
agosto de dos mil catorce (2014), la Alcaldía Municipal de la Paz, dio
contestación a cada uno de los requerimientos consignados en el auto:
(i) El proceso de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado contra
las personas que ocupan el predio ‘Villa Deportiva’ o ‘La Pista’ y ordenado
mediante Resolución No. 000480 del nueve (9) de julio de dos mil trece (2013),
no se ha llevado a cabo debido a una serie de eventos ajenos a la
administración municipal que han imposibilitado la ejecución de lo ordenado.
Dichos eventos, van desde la falta de agentes de policía (escuadrón ESMAD) en
las fechas estipuladas para la realización de la diligencia de desalojo,
inconvenientes logísticos (negación en la prestación del servicio por parte de
los operarios de las maquinas), amotinamiento de la comunidad que afecta el
orden público y amenazas de vida contra la Inspectora de Policía encargada de
realizar la diligencia.
(ii) Se realizó una actualización del censo respecto de las familias
asentadas en el predio ‘La Pista’, el dieciséis (16) de enero de dos mil
catorce (2014) por el jefe del SISBEN del municipio de La Paz. Una vez obtenido
el censo, por intermedio de la Secretaría de Gobierno Municipal, se solicitó a
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Territorial Cesar, la
confrontación de la información consignada en el censo con aquella contenida en
su base de datos a efectos de determinar quienes realmente ostentaban la
calidad de víctimas del conflicto. El ocho (8) de julio de dos mil catorce
(2014), fue enviado un censo final, en el cual se indicó que conforme la
inspección ocular realizada en el predio, aproximadamente (200) familias se
encontraban asentadas en el mismo. De este número, sesenta y tres (63) unidades
familiares fueron censadas por ser las únicas presentes al momento de la
diligencia, y de aquellas solo veintisiete (27) se encontraban incluidas en el
Registro Único de Víctimas. Por esta razón, indicó que se están adelantando las
medidas sociales, administrativas y económicas respecto de este segmento de la
población.
(iii) Actualmente el municipio de La Paz, no cuenta con programas ni
con proyectos de vivienda que tengan la finalidad de resolver los problemas que
afectan a la población asentada en el predio ‘La Pista’, debido a que para el
momento en que el Gobierno nacional adelantó convocatorias para la construcción
de viviendas, el municipio no contaba con un banco de tierras que permitiera su
postulación para ser beneficiario de dichos proyectos. Además, se tuvo
conocimiento de la condición de desplazados de los ocupantes del predio tan
solo hasta el ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), fecha en la que la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas hizo entrega del censo
final.
Pese a lo anterior, agrega que a la fecha, se encuentran (i) diseñando
los estudios previos para la realización de programas y proyectos que permitan
la reubicación de las familias asentadas en el predio y (ii) buscando los
recursos y predios que permitan alcanzar este fin.[16]
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala es competente para revisar los fallos de
tutela referidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del  problema jurídico
2.1. Teniendo en cuenta los antecedentes
previamente citados, le corresponde a la
Sala examinar el siguiente problema jurídico: ¿en un proceso policivo
adelantado con ocasión de la ocupación de hecho de un predio, puede llevarse a
cabo la diligencia de lanzamiento sin antes ofrecerles soluciones a las
familias asentadas en el lugar, pese a ser desplazadas, y estar conformadas
entre otros, por menores, personas de la tercera edad y discapacitados?
2.2. Para
resolver el problema planteado en este trámite, la
Sala se pronunciará sobre: (i) la procedencia de la presente acción de tutela;
(ii) el derecho a la vivienda digna para la población en
situación de desplazamiento; (iii) los derechos de la
población desplazada en materia de desalojos forzosos, (iv) el análisis del caso concreto y (v) los efectos inter comunis
de los fallos de tutela.
3. Cuestión previa: procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
3.1. No hay
temeridad ni cosa juzgada constitucional en el asunto bajo revisión
3.1.1. En el
trámite objeto de revisión, la Alcaldía Municipal de La Paz solicitó declarar
la improcedencia de la acción por tratarse de una solicitud temeraria por
cuanto previo a la presentación de la tutela que se revisa, la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar se pronunció sobre una
acción que (i) involucraba a las mismas partes (tanto accionantes como
accionados)[17];
(ii) se fundaba en los mismos hechos, en este caso, el asentamiento
pacifico de un grupo de personas en condición de desplazamiento en el predio ‘La
Pista’; y (iii) contenía la misma pretensión de
amparo, consistente en la salvaguarda del derecho fundamental a la vivienda
digna de los accionantes y la necesidad de que las entidades accionadas
implementaran y adoptaran las acciones, planes y programas necesarios para
asegurarles el contenido de esta garantía.
En aquella
oportunidad, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar,
mediante fallo del siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), resolvió
negar el amparo solicitado por los accionantes. Pese a ello, requirió a la
Alcaldía Municipal de La Paz y a la
Gobernación del Cesar para que les brindaran información a cada uno de los
peticionarios sobre la forma de acceder a subsidios familiares de vivienda de
interés social u otros programas en la materia. Igualmente los conminó para que
adelantaran las gestiones pertinentes a efectos de lograr su inscripción en el
Registro Único de Víctimas si consideraban que ostentaban la calidad de
desplazados y, de esta manera, obtener las ayudas humanitarias a que hubiere
lugar previa caracterización de su estado actual de vulnerabilidad.[18]
Surge entonces la pregunta de si
efectivamente la acción impetrada por los peticionarios es temeraria y
desconoce la cosa juzgada constitucional y, en consecuencia, deben declararse
improcedentes.
3.1.2. El artículo 38 del Decreto del 2591
de 1991 dispone que la presentación de dos o más acciones de tutela idénticas
sin justificación alguna constituye una actuación temeraria, sujeta a las
sanciones previstas en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil.[19] Los ciudadanos tienen
el deber de no abusar de los propios derechos y de “[c]olaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia” (art. 95, CP), por lo que
deben evitar la presentación de acciones constitucionales sucesivas por los
mismos hechos, las mismas partes y con idénticas pretensiones. Esa actuación
congestiona injustificadamente los despachos judiciales y le resta eficacia y
eficiencia a la administración de justicia. Pero además, desconoce los
principios de la cosa juzgada constitucional y la seguridad jurídica, en tanto
busca reabrir una controversia  finiquitada por otra decisión judicial previa.
A partir de lo anterior, esta Corporación ha interpretado que se configura cosa juzgada
constitucional y temeridad respecto de un asunto puesto en conocimiento del
juez de tutela, cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad de partes;
(ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; (iv) ausencia de
justificación razonable y objetiva frente al ejercicio de la nueva acción de
tutela y (v) mala fe o dolo del accionante en la interposición de la nueva
tutela.[20]
Si se reúnen los anteriores presupuestos,
el juez de tutela se enfrenta a una actuación temeraria que desconoce la cosa
juzgada constitucional, por lo que no solo debe rechazar o decidir desfavorablemente
las pretensiones, sino que además deberá promover las sanciones previstas para
este tipo de actuaciones. Pero, si únicamente se llenan los primeros tres
requisitos, llamados de triple identidad, el juez se enfrenta a un
asunto respecto del cual hay cosa juzgada constitucional pero no temeridad, por
lo que solo despachará desfavorablemente las solicitudes sin imponer sanción
alguna.[21]
Y es que si la temeridad es el resultado de
un ejercicio abusivo del derecho, tendiente a satisfacer intereses individuales
en desmedro de la lealtad procesal y los derechos de los demás ciudadanos,
resulta lógico asumir que la misma se configure únicamente si la persona
interesada ha obrado injustificadamente y de mala fe. Para ello, el juez
constitucional deberá evaluar de manera cuidadosa en cada caso las motivaciones
de la nueva tutela, teniendo siempre presente que el acceso a la justicia es un
derecho fundamental y cualquier restricción en su ejercicio debe ser limitado,
y que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante
las autoridades públicas (art. 83, CP), por lo que resulta
imperativo demostrar que se actuó real y efectivamente de forma contraria al
ordenamiento jurídico.[22]
De otra parte,
como se explicó, incluso si no hay temeridad, las acciones de tutela sucesivas
que cumplan con la triple identidad conllevan a la improcedencia del
segundo amparo, como garantía de seguridad jurídica y coherencia en las
respuestas que ofrece la administración de justicia a los conflictos de
intereses surtidos en el pasado. No sería razonable admitir la presentación de
una nueva tutela para reabrir una controversia ya resuelta.
En armonía con lo anterior, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido varios eventos en los
que puede acudirse nuevamente a la acción de tutela sin
incurrir en temeridad ni desconocer la cosa juzgada constitucional. Se ha
indicado que ello puede ocurrir cuando la solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos que aparecen con
posterioridad a la primera acción que no han sido tenidos en cuenta con
anterioridad por el juez o el surgimiento de nuevos elementos fácticos y
jurídicos los cuales desconocía el accionante y no tenía manera de haberlos
conocido al momento de la interposición de la primera acción, hubiere considerado
como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de
protección de los derechos.
En la sentencia T-1034 de 2005[23]
se precisó que existen supuestos que facultan a una persona a interponer
nuevamente una acción de tutela sin que sea considerada temeraria, que
consisten en i)
el surgimiento de adicionales circunstancias fácticas o jurídicas que varían sustancialmente la situación inicial,  y ii) la inexistencia de
pronunciamiento sobre la pretensión de fondo por parte de la jurisdicción
constitucional.
3.1.3. En conclusión, puede afirmarse
que (i) los ciudadanos tienen el deber de colaborar con la buena administración
de justicia evitando la interposición de tutelas sucesivas por los mismos
hechos y pretensiones; (ii) cuando se demuestra que la duplicidad de acciones
corresponde a una actuación de mala fe contraria al principio de lealtad
procesal, el juez constitucional está facultado para denegar las pretensiones y
promover las sanciones respectivas; (iii) si las solicitudes de amparo son
idénticas en lo relativo a los sujetos, hechos y pretensiones, pero no concurre
mala fe de la persona interesada, debe únicamente declararse improcedente la
respectiva acción; y (iv) el surgimiento de un hecho nuevo puede
obstaculizar el surgimiento de la cosa juzgada y la temeridad y permitir el
nuevo ejercicio de la acción de tutela.
3.1.4. En este caso, los accionantes
no incurrieron en temeridad ni alteraron los principios de seguridad
jurídica y confianza propios de la cosa juzgada con
fundamento en las siguientes razones: (i) una vez analizado el contenido de las
dos (2) acciones de tutela, se logra evidenciar que no existe identidad de
partes accionantes. En la primera tutela presentada, se habla de un total de cuarenta
y cuatro (44) ciudadanos que acuden al amparo y en la segunda de ciento tres (103).[24] De lo
anterior, se infiere que existe un grupo de personas que acudieron por primera
vez a la acción de tutela, además de no existir plena coincidencia entre las cuarenta
y cuatro (44) personas del primer grupo y las otras tantas del segundo grupo
conformada por más integrantes. Así mismo, (ii)
entre las tutelas uno y dos surgió un hecho nuevo que les permitió  a
los accionantes instaurar la acción que ahora es objeto de estudio por esta
Sala. Al momento de presentarse la segunda tutela, las entidades responsables
continuaron omitiendo su deber de realizar las acciones afirmativas ordenadas
en la primera tutela, como el de brindar las ayudas necesarias a los ocupantes
del predio. La situación ha persistido e
incluso se ha agravado y a la fecha no se han adoptado acciones concretas, que
les asegure a los actores una solución a mediano o largo plazo. Por último, (iii)
no se colige un actuar doloso o desleal de los actores
al presentar las acciones de tutela. Pretenden se les proteja su derecho
fundamental a una vivienda digna el cual consideran insatisfecho por parte de
las entidades responsables en la materia. Se subraya que los mismos indican su
pertenencia a la población en condición de desplazamiento, lo que de suyo los
hace parte de un grupo poblacional que es sujeto de especial protección
constitucional. Además,  no cuentan con otro mecanismo jurídico idóneo que
les permita atender esas necesidades básicas.
3.2. Los accionantes presentan la tutela
a través de un abogado legitimado para actuar
La Alcaldía Municipal de La
Paz considera que el apoderado judicial de los accionantes carece de legitimación
por activa, por cuanto los poderes anexados por sus representados obran en
copia simple y no se aprecia nota de presentación personal respecto de cada uno
de ellos.[25]
De conformidad con el inciso 1º del
artículo 86 de la
Constitución Política,  la acción de tutela puede ser instaurada por la
persona directamente afectada o por quien actúe en su nombre.[26] De igual manera, el
artículo 10º del Decreto 2591 de 1991,[27]
establece: [l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos”.
De los artículos citados, se deriva la
posibilidad de que la demanda de tutela sea instaurada por interpuesta persona siempre que tenga lugar alguna de las hipótesis
reguladas por el Decreto 2591 de 1991 en relación con el interés y la
legitimación para promover la defensa iusfundamental de otro sujeto. En
concreto, las circunstancias previstas para la interposición indirecta de la
tutela en defensa de los derechos de terceros, corresponden a las figuras de la
representación legal, el apoderamiento judicial, el agenciamiento oficioso y su
ejercicio por parte de los Personeros o Defensores del Pueblo.
En el caso concreto, se constató que los
accionantes le otorgaron poder a un abogado[28]
que está facultado para representar sus intereses.[29]
Ahora bien, en relación con el argumento de
la Alcaldía Municipal de la Paz, a propósito de que los poderes obran en copia
simple, cabe anotar que conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los
poderes en casos como el que ocupa a la Sala, se presumirán auténticos.
En
estas condiciones, la Sala reconoce el derecho que tiene el apoderado judicial para
promover la presente acción de tutela. En consecuencia, se configura en el
presente caso la legitimación por activa y se
torna procedente el amparo.
3.3. En el presente asunto se cumple con
el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
3.3.1. La acción de tutela procede cuando
(i) no existan otros medios de defensa judiciales para la protección del
derecho amenazado o desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos no sean
eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales
en el marco del caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio
ordinario de defensa; o cuando (iii) sea imprescindible la intervención del
juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
(artículo 86 de la Carta Política), hipótesis en la cual el amparo opera en
principio como mecanismo transitorio de protección.
En principio, existirían otros medios de
defensa judicial a través de los cuales pudiera dirimirse la controversia
planteada. En efecto, el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho
de bienes inmuebles rurales está regulado por el Decreto 747 de 1992.[30] De acuerdo con esa
normatividad, el ocupante puede oponerse a la ejecución efectiva del
lanzamiento dentro del proceso policivo, ya sea (i) oponiendo pruebas
conducentes para aclarar los hechos (artículo 8)[31] o (ii) mediante
recursos de reposición y apelación ante la autoridad competente (artículo 10).[32] No obstante, estas dos
formas de oposición no se orientan de modo específico a la protección de los
derechos de la población desplazada, y ese es el cometido de los accionantes en
esta ocasión. En este contexto se desconoce el hecho de que el asentamiento
obedece a una situación de urgencia manifiesta y no a una discusión, por
ejemplo, sobre el derecho de dominio del predio. Por lo tanto, al menos desde
este punto de vista, no existen otros medios de defensa de los derechos de los
accionantes.
Ahora bien, no es ese el único medio de
defensa que puede hacerse valer en los procesos policivos. Los accionantes cuentan
con las respectivas acciones ante la jurisdicción ordinaria civil, si es que los
actos expedidos en el proceso policivo violaron los derechos a la tenencia, la
posesión o el dominio que tiene una persona sobre el bien. En este caso,
empero, está claro que los tutelantes no reclaman la protección de ningún derecho
que ellos tengan sobre el bien ‘La Pista’, de modo que no procede ni la acción
reivindicatoria, pues no son titulares del derecho de dominio sobre el bien; ni
una acción posesoria, porque el bien no puede ser adquirido por prescripción
(art. 407.7, C.P.C.); ni una acción restitutoria de la tenencia, por la razón
de que los tutelantes no ostentan la calidad de tenedores legítimos, ni alegan
estar siendo despojados del bien ilegítimamente en su condición de tal. Como se
indicó, la razón que conduce a los accionantes a la interposición de la
presente acción es la garantía de los derechos, especialmente a la vivienda
digna, que tienen como víctimas del desplazamiento forzado.
Sin juzgar en este punto si ese es un
motivo válido para ocupar de hecho un bien inmueble público, la
Sala advierte que las acciones civiles previstas además de no asegurar el fin
perseguido con esta tutela, carecen de la idoneidad que caracteriza a la misma.
En primer lugar, porque  los procesos referidos de naturaleza civil están
sometidos a otros tiempos, y no cuentan con el atributo de ser preferentes y
sumarios, como el procedimiento de tutela. Pero aún si fueran tan expeditos
como el amparo, no tendrían la potencialidad de ocasionar por parte del juez
civil un pronunciamiento encaminado a garantizarle a los tutelantes, todos los
derechos que se derivan del hecho de ser desplazados por la violencia. En
segundo lugar, la naturaleza de estos medios no es adecuada para examinar la
dimensión constitucional que reviste el asunto. Están de por medio derechos de
la población en situación de desplazamiento tales como el derecho a la vida en
condiciones dignas; los derechos de los niños, de las
mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad y
de otros grupos especialmente protegidos; el derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para
huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados
se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo; los
derechos al libre desarrollo de la personalidad; el derecho a la unidad
familiar y a la protección integral de la familia; el derecho a la salud; a la
integridad personal; a la seguridad personal, entre otros[33] que, precisamente, exceden el ámbito de protección legal que eventualmente
se ocuparía de la tensión entre el propietario y el ocupante de hecho, pero no va
más allá de examinar la vulneración de garantías constitucionales de quienes
además son sujetos especialmente protegidos.
En armonía con lo expuesto, de acuerdo a la jurisprudencia
constitucional, a las personas en situación de desplazamiento no puede
exigírseles el agotamiento previo de los recursos ordinarios de defensa para
interponer el amparo, de suerte que no podría aducirse como argumento razonable
para enervar la procedibilidad de esta acción, que los accionantes
interpusieran las acciones civiles correspondientes, y sólo ante su fracaso
interponer la acción de tutela. Al respecto, en la
Sentencia T-821 de 2007[34]
este Tribunal sostuvo:
“[L]as personas
que se encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus
constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto retórico. En
este sentido, la constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata
de una población especialmente protegida que se encuentra en una situación
dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es
urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes. En
consecuencia, la Corte ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el
agotamiento previo de los recursos ordinarios como requisito de procedencia de
la acción”.
Cabe precisar
que la regla antes mencionada ha sido aplicada específicamente para casos de
población desplazada que ocupa terrenos públicos o privados, tal como se
expondrá con posterioridad.[35]
3.3.3. Con
fundamento en lo expuesto, se entrará a estudiar de fondo el tema objeto de
revisión para determinar si a los accionantes se les han vulnerado sus derechos
fundamentales por parte de las autoridades encargadas de protegerlos.[36]
4. El derecho a la vivienda digna de la
población en situación de desplazamiento. Reiteración de jurisprudencia
4.1. Conforme lo establece el artículo 51 de la
Constitución Política, todas las personas tienen derecho a vivienda digna,
para lo cual el Estado fijará las condiciones necesarias con el fin de hacerlo
efectivo y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados
de financiación de largo plazo y formas asociativas de ejecución de programas
en la materia. Asimismo, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en adelante PIDESC, y otros instrumentos internacionales,[37] toda persona tiene
derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia” (art. 11, num. 1º).[38]
No obstante, ser titular del derecho a la ‘vivienda digna’
significa más que simplemente tener derecho a un tejado.[39] Implica, el derecho a
satisfacer una necesidad humana real amplia.
Según la Corte Constitucional, el derecho a la vivienda digna se
satisface exhaustivamente si el sujeto puede contar con
un lugar para pasar las noches, resguardarse de las adversidades del clima, y
tener un espacio elemental de privacidad que a su vez le permita salvaguardar
su dignidad, y sus demás derechos y libertades. O, como lo reconoció el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la
Observación General N° 4, tener vivienda digna “significa disponer de un
lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo
ello a un costo razonable”.
4.2. Cuando se
trata de población desplazada por el conflicto armado, esta Corporación, ha
indicado que el derecho a la vivienda implica al menos las siguientes
obligaciones de cumplimiento instantáneo: (i) reubicar a las personas
desplazadas que debido al desplazamiento se han visto obligadas a asentarse en
terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda
de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de
carácter permanente. En tal sentido, no basta con ofrecer soluciones de
vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados
alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las
personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a
los programas de vivienda; (iv) tomar en consideración las especiales
necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que existen al
interior de ésta, como las personas de la tercera edad, madres cabeza de
familia, niños, personas discapacitadas, etc, y diseñar los planes y programas
de vivienda con enfoque diferencial y (v) eliminar las barreras que impiden el
acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia social del
Estado, entre otras.[40]
A nivel legal, también se ha establecido una protección del derecho
a la vivienda para la población desplazada. Cabe mencionar, la
Ley 387 de 1997[41]
que integra como
componente de la consolidación
y estabilización socioeconómica, el
derecho a la vivienda, rural o urbana,
para la población desplazada. También es importante
destacar lo previsto en el Decreto 951 de 2001.[42] En el artículo 4º del
citado Decreto se establece que los programas que desarrollen la asignación del
subsidio de vivienda para la población desplazada, deben tener en cuenta los
componentes de (i) retorno voluntario de las familias al municipio del que
fueron desplazados, siempre y cuando las condiciones de orden público lo
permitan y (ii) reubicación de las familias desplazadas en municipios distintos
al de origen del desplazamiento, cuando no sea posible su retorno. Posteriormente,
se expidió el Decreto 4911 de 2009[43]
que modificó, entre otras, las soluciones a las que se puede acceder mediante
el subsidio familiar de vivienda de interés social[44] y mantuvo la opción de
asignar el subsidio familiar para la población en situación de desplazamiento a
través de los componentes de retorno y reubicación en otra parte del territorio
nacional.
Recientemente, la
Ley 1448 de 2011,[45]
en su capítulo IV, denominado “Restitución de vivienda”, señaló en su artículo
123:“Las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo,
abandono, pérdida o menoscabo, tendrán prioridad y acceso preferente a
programas de subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento,
construcción en sitio propio y adquisición de vivienda, establecidos por el
Estado”. Finalmente, el Decreto 4800 de 2011[46] que reglamentó las
medidas de restitución de vivienda de las víctimas incluidas en el Registro
Único de Víctimas en los artículos 131 y siguientes.
De otra parte, a la luz del derecho
internacional, también podemos encontrar parámetros que orientan y delimitan
las responsabilidades del Estado en materia de vivienda digna de la población
desplazada. Por ejemplo, en los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos, emanados de la ONU, se establece en el principio 18, literal b, que
las autoridades competentes deben proporcionar a los desplazados, entre otros
componentes, “alojamiento y vivienda básicos”. Igualmente, en los
Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los
refugiados y las personas desplazadas, emanados también de Naciones Unidas, se
establece en el principio 8.2 que “los Estados deben adoptar medidas
positivas para mejorar la situación de los refugiados y desplazados que no
tienen viviendas adecuadas”.
Así mismo, en
la Observación General Número 4 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sobre el derecho a una vivienda adecuada
se precisan como necesarios para su efectividad, el
cumplimiento de los criterios de seguridad jurídica de
la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad;  lugar; y,
adecuación cultural.[47]
4.3. Como
vemos, el derecho a una vivienda digna para la población desplazada es un
derecho fundamental de aplicación inmediata que tiene un amplio desarrollo
tanto a nivel interno como internacional, y que se encuentra dotado de precisos
contenidos que el Estado debe asegurar a fin de garantizar su protección real y
efectiva.
5. Derechos de la población en condición de
desplazamiento en materia de desalojos forzosos
5.1. El Comité
de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su
Observación General Número 7 (en adelante OG 7), se ocupó del tema de los
desalojos forzosos y la incidencia que tienen sobre el derecho a una vivienda
digna, consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El Comité definió la expresión
“desalojo forzoso” en el párrafo 3º de la OG 7 como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los
hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin
ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni
permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos
forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de
acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos”.
Como se
observa, si bien en principio, los desalojos forzosos resultan contrarios al
derecho a una vivienda digna, aquellos que se realicen de manera legal y
respeten los contenidos de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos se
consideran compatibles con las obligaciones internacionales adquiridas por los
Estados. En efecto, todo procedimiento de desalojo debe respetar las garantías
del derecho al debido proceso y contemplar las siguientes medidas:“a) una
auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo
suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con
antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los
interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos
previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las
viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en
el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e)
identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no
efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las
personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h)
ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que
necesiten pedir reparación a los tribunales”.[48]
Así mismo,
resulta de gran importancia citar el párrafo 16 de la
OG 7, según el cual: Los desalojos no deberían dar lugar a que haya
personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos
humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el
Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida
que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda,
reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.
5.2. Con base
en estas disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la
Corte Constitucional ha sostenido pacíficamente que no se puede materializar
una orden de desalojo en perjuicio del derecho a la vivienda digna de personas
desplazadas por la violencia, lo que supone disponer a su favor alternativas
habitacionales en el corto plazo, y luego facilitar la inclusión en programas
habitacionales definitivos para el largo plazo. Ello por cuanto, ese grupo
poblacional ha sufrido directamente las consecuencias adversas del conflicto
interno, viéndose obligados a dejar sus hogares y demás enseres, por ende, es
contrario a la Constitución someterlos nuevamente a un desarraigo habitacional
sin la garantía de que podrán alcanzar en otro lugar cierta estabilidad
económica y emocional, en donde puedan rehacer sus planes de vida con el
cubrimiento de sus necesidades más básicas.
5.3. Esta Corporación ha tenido la
oportunidad de estudiar casos similares al que se analiza en esta oportunidad,
en donde personas desplazadas se ven abocadas a un proceso de lanzamiento por
ocupar un inmueble que no es de su propiedad. En
estos eventos, se ha ordenado a la administración buscar una solución de
vivienda transitoria y previa al desalojo.
En Sentencia
T-967 de 2009,[49] la Sala Segunda de Revisión, examinó el
caso de una mujer desplazada, y su hija, quienes habían penetrado
ilegítimamente en un bien inmueble que no era de su propiedad. Como
consecuencia de ello, se inició un proceso policivo de lanzamiento por
ocupación, por lo que la mujer solicitó a través de la acción de tutela que se
suspendiera la diligencia hasta tanto la
Alcaldía Municipal no realizará los esfuerzos necesarios para la atención
integral de sus necesidades como población especial víctima del desplazamiento.
La Sala consideró que no podía accederse a la
pretensión de la accionante en el sentido de suspender la diligencia de
desalojo, ya que se estaría avalando una actuación de
hecho en contravía del principio de legalidad, por más apremiantes que
resultaran las circunstancias calamitosas e inconstitucionales como la de ser
víctima del delito de desplazamiento forzado. Pese a lo anterior, consideró que
la tutelante y su hija tenían derecho a que se les garantizara su derecho a la
vivienda digna, de una forma distinta a la pretendida. Por esta razón, le ordenó
a la administración municipal para que en coordinación con Acción Social,
adelantarán las gestiones indispensables para proveerles a la accionante y a su
hija, un albergue provisional digno suministrado por el Estado y su inclusión
en los programas para la población desplazada.
Posteriormente, en la Sentencia T-068 de
2010,[50]
se analizó la situación de una familia desplazada que decidió asentarse en una
vivienda de interés social de propiedad del municipio de Fusagasugá, ante
la falta de oportunidades y soluciones en materia de vivienda. La Administración municipal ordenó desalojar del lugar a los accionantes, mediante querella
policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, desconociéndose de esta manera
las especiales condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban, pues
dentro de los afectados había niños y personas de la tercera edad. En esta ocasión, la
Sala Séptima consideró que había existido una omisión e incuria reiterada de
las autoridades municipales responsables para brindarles una protección
oportuna y efectiva de sus derechos fundamentales. Además, de conformidad con la
Observación General No. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU, los desalojos forzosos de población desplazada
resultaban, prima facie, contrarios a los principios del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que se
ordenó la suspensión de la diligencia de desalojo y la preservación del lugar
habitado por los peticionarios como albergue temporal hasta tanto se logrará
una solución habitacional definitiva.[51]
En esta misma línea, en la Sentencia T-946
de 2011,[52]
la Sala Primera de Revisión analizó el caso de ochocientas (800) familias desplazadas
por la violencia que se habían asentado en un predio privado ubicado en el
municipio de Valledupar en el cual construyeron improvisados refugios para
suplir sus necesidades de vivienda. Ante esta situación, el propietario del
predio, inició un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho. La
Alcaldía de Valledupar admitió la querella policiva instaurada y decretó el
lanzamiento por ocupación de hecho en contra de las personas que ocupaban el
terreno atrás mencionado. Por ello, las personas desplazadas procedieron a
interponer acción de tutela con el fin de que se ordenara la suspensión de
dicho proceso y se les garantizara su derecho fundamental a la vivienda digna.
La administración encargada una vez fue notificada de la interposición de ella,
dispuso la suspensión indefinida de la diligencia de desalojo fijada dentro del
trámite del proceso policivo en mención, mientras se solucionaba el problema de
vivienda de la población desplazada.
En esta
ocasión, la Sala consideró inaceptable que transcurridos tres (3) años desde la
ocupación de hecho llevada a cabo por este grupo de personas desplazadas
ninguna autoridad accionada hubiere solucionado el problema de vivienda que los
aquejaba teniendo conocimiento pleno de ello y contando además con las
herramientas legales para garantizar efectivamente su derecho a una vivienda
digna a la luz de lo estipulado en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas y la jurisprudencia constitucional. Con
fundamento en lo expuesto, la Sala advirtió que la diligencia de lanzamiento
sólo podía llevarse a cabo cuando se reubicara en un albergue provisional a la
población asentada en el predio en cuestión, y ordenó que en un término no
mayor a seis (6) meses, los inscribiera en planes de acceso a vivienda de interés
social. La orden cobijó a todas las familias que ocupaban en predio, y no sólo
aquellas que acudieron directamente a la acción de tutela.
Dentro de esta
misma línea, en Sentencia T-119 de 2012,[53]
la Sala Novena de Revisión, analizó el problema de vivienda que afectaba a un
grupo de personas desplazadas que habían ocupado un predio privado en el
municipio de Riohacha, y por tal razón se les había iniciado un proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho. La Sala constató que la administración
municipal no tenía una alternativa de vivienda para reubicar a la población que
iba a ser desalojada del predio privado, por lo que ordenó suspender la
práctica de la diligencia de lanzamiento hasta que se garantizará el acceso a
un albergue en condiciones dignas a los accionantes. Allí se dijo mediante un
juicio de ponderación, que los intereses de la población desplazada contaban
con un “peso superior” en relación con los de las personas que se
beneficiaban con el desalojo, pues se intervenía intensamente en el goce
efectivo de su derecho fundamental a la vivienda digna. En palabras de la
Corte:
“[l]a Sala
considera que tiene un peso superior prima facie la garantía de los
derechos de la población desplazada dado que se trata de sujetos de especial
protección constitucional. Además, como lo advirtió el Defensor Regional del
Pueblo entre los ocupantes se encuentran personas menores de edad, de la tercera
edad, indígenas, madres cabezas de familia, en quienes confluye una situación
de vulnerabilidad adicional. Esto, sin  desconocer que la actuación de la
Alcaldía de Riohacha responde a las competencias asignadas de conformidad con
el principio de legalidad.
La Corte reconoce que el desarraigo al que han sido
sometidas las personas en situación de desplazamiento forzado genera una
múltiple vulneración de sus garantías constitucionales y que de producirse el
lanzamiento se agudizaría la afectación intensa de sus derechos fundamentales.
Por su parte, la no ejecución de la orden de desalojo implica una alteración intermedia
de los derechos de la querellante que confía en que las actuaciones de la
administración están guiadas por el principio, de legalidad, la igualdad formal
y el respeto al orden público”.
Igualmente, en
la Sentencia T-454 de 2012,[54]
en la que se estudió la solicitud de tutela elevada por el Fondo Ganadero del
Meta S.A. para que se hiciera efectiva la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho sobre los ocupantes ilegales de una hacienda de su
propiedad, que eran en su mayoría personas desplazadas. Si bien la
Sala Novena de Revisión, declaró la carencia actual de objeto, pues la
diligencia de desalojo se había llevado a cabo, comunicó la providencia a las
autoridades encargadas de atender a la población desplazada para que las
familias que fueron desalojadas del predio en cuestión, tuvieran acceso a: (i)
un albergue en condiciones acordes para la dignidad humana; (ii) planes de
vivienda que les permitieran garantizar este derecho a largo plazo; y (iii) los
demás componentes de la ayuda humanitaria de emergencia y de estabilización
socioeconómica previstos en la ley y en la jurisprudencia para esta población. La
Corte, luego de reiterar la jurisprudencia relativa a los derechos de la
población desplazada en materia de desalojos forzosos, concluyó:
“Más allá de la
procedencia o no del desalojo en un caso concreto, este no puede llevarse a
cabo por las autoridades administrativas y de Policía sin tener en cuenta la
previa verificación y garantía de los derechos fundamentales de quienes se
encuentran ocupando el predio, mucho menos cuando dentro del grupo hay personas
en condición de desplazamiento o sujetos de especial protección constitucional,
frente a los cuales la solicitud de las autoridades debe ser aún mayor. Deben
cumplirse reglas mínimas que garanticen la razonabilidad y la proporcionalidad
del procedimiento, del mismo modo que deben adoptarse medidas previas y
posteriores al lanzamiento, que garanticen las condiciones mínimas de ejercicio
de los derechos fundamentales de los afectados”.
Finalmente, es importante mencionar la Sentencia
T-907 de 2013,[55]
en la cual la Sala Primera de Revisión estudió la situación del señor José
Ramiro González, quien con otras personas en condición de desplazamiento, se
habían asentado pacíficamente en un predio de propiedad privada ubicado en el
municipio de Puerto Gaitan, Meta. El propietario y poseedor del inmueble,
solicitó a la administración municipal que ordenará cesar la perturbación en la
tenencia de su bien, causada por un asentamiento de personas indeterminadas.
Las autoridades locales iniciaron un proceso de lanzamiento en contra de los
accionantes, bajo el argumento de que estaban ocupando ilegítimamente un inmueble
que no les pertenecía. Antes de proceder al desalojo, la Administración Municipal realizó esfuerzos para garantizar transporte y albergues
provisionales a las personas afectadas; no obstante, representantes de la
Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría solicitaron la suspensión de la diligencia alegando que
verdaderamente no estaban garantizado el derecho a la vivienda de los
ocupantes, ni siquiera en su faceta inmediata. En esta ocasión, se consideró
que las entidades demandadas habían vulnerado el derecho fundamental a la
vivienda digna de los accionantes, porque la jurisprudencia constitucional y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos disponían que no podía
materializarse una orden de lanzamiento en perjuicio del derecho a la vivienda
digna de personas en situación de desplazamiento, y en este caso, aunque se
habían realizado esfuerzos para mitigar el impacto del desalojo, los mismos
nunca habían tenido la virtualidad de transformarse en acciones concretas de
protección para sus bienes constitucionales. Con fundamento en lo expuesto, se
ordenó a las autoridades demandadas, garantizar un albergue provisional a todas
las personas asentadas en el predio hasta tanto se les brindará una solución
digna y definitiva en materia de vivienda.[56]
5.4. Como lo ejemplifican los casos citados,
podemos concluir que: (i) la tutela es procedente en términos formales para
estudiar asuntos en los que la población desplazada e integrada por subgrupos
que existen al interior de ésta, como las personas de la tercera edad, madres
cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc, se vean abocados a
desalojos en el curso de procesos policivos de restitución de bienes ocupados
irregularmente. En esos casos, (ii) el Estado tiene la obligación de garantizar
un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los afectados
con la actuación policiva y (iii), en caso de que ello no haya ocurrido aún,
tiene el deber de activar el sistema de protección y asumir las obligaciones
establecidas por la jurisprudencia constitucional y la ley en cabeza de las
distintas autoridades públicas frente a las víctimas del desplazamiento
forzado. Así mismo, (iv) en el trámite de los procesos de lanzamiento por
ocupación de hecho, las autoridades de policía deben respetar el derecho al
debido proceso tanto de los querellantes como de las personas que se encuentran
ocupando el inmueble y no puede materializarse hasta tanto no se adopten
soluciones temporales en materia de vivienda.
6. Caso
concreto
6.1. El señor José Emiliano Contreras Toro
y demás accionantes consideran que la
Alcaldía Municipal de La Paz, y otras entidades del orden territorial y
nacional violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana
y vivienda, al decretar el desalojo del predio ‘La
Pista’ sin antes ofrecerles alternativas concretas de vivienda, con el
objetivo de mitigar el impacto que causaba en ellos el trámite de lanzamiento
por ocupación de hecho.
6.2. Para la
Corte, el asentamiento de familias victimas del desplazamiento, en predios
ajenos de propiedad privada o cuya titularidad resida en la Nación, es una
situación que se origina en la especial condición de vulnerabilidad que
atraviesan, y que los obliga a adoptar medidas de hecho, como la ocupación,
precisamente en aras de proteger sus derechos fundamentales. Ello ocurre, especialmente
cuando es evidente la ausencia del Estado para superar esta situación de
desarraigo. En cualquier caso, la situación de asentamiento y correlativa invasión
no es una actuación que esté amparada por la jurisprudencia ni la normativa
interna e internacional. No obstante, en desarrollo del deber de protección del
Estado frente a la población desplazada, cuando tales hechos ocurren, las
actuaciones deben ir encaminadas a evitar cualquier arbitrariedad que agudice
su situación de debilidad manifiesta.
Además de lo anterior, de manera uniforme la
Corte ha señalado que en los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho,
no pueden tomarse medidas que atenten contra la protección del derecho
fundamental a la vivienda de las personas desplazadas, o pongan en riesgo o
vulneren sus demás garantías constitucionales. Por ello, tratándose de desalojos forzosos, en los que se vean
involucrados derechos de personas en condición de desplazamiento o
vulnerabilidad por tratarse de niños, madres cabeza de familia, personas de la
tercera edad o en condición de discapacidad, solo podrán efectuarse cuando se
compruebe que la administración ha adoptado un plan concreto de reubicación (a
corto plazo) y de acceso efectivo a vivienda (a largo plazo) que le permita a
la población afectada continuar con su plan de vida.
6.3. De
conformidad con lo expuesto, es claro que en el presente asunto, las
autoridades accionadas involucradas no han garantizado a los accionantes ni
demás ocupantes del predio ‘La Pista’ su derecho a una vivienda digna a través
de planes y compromisos ciertos que se transformen en garantías efectivas y
soluciones plausibles antes de proceder a materializar la orden de desalojo
sobre el inmueble en mención.
La Gobernación del Cesar y la misma Alcaldía de La
Paz, hablan de proyectos masivos en materia de vivienda para la población desplazada
y en condiciones de vulnerabilidad, pero de ellos no se desprende la existencia
de un plan consolidado y definitivo que le permita a los accionantes y a otras
familias en la misma situación acceder a su derecho a la vivienda digna. Si
bien existen una serie de compromisos adquiridos en la materia, con los cuales
se podría evidenciar una mínima intención de avanzar lentamente en la mejor
efectividad del derecho, atendiendo la gravedad del asunto y la urgencia en la
adopción de medidas que permitan contrarrestar la situación, no existe una
garantía cierta frente al goce del derecho fundamental a la vivienda digna. Adicionalmente,
no obra dentro del expediente de tutela, prueba alguna que acredite la
realización de un estudio serio a cargo de ambas entidades en torno a la
situación actual de los tutelantes y la viabilidad de participación e inclusión
en estos proyectos que se están implementando.
Al respecto, la
Gobernación del Cesar indicó lo siguiente:
“La actual
administración Departamental ha demostrado que se encuentra realizando varios
proyectos dirigidos especialmente a la población en situación de desplazamiento
forzado, proyectos que se encuentran incluidos en el Plan de Desarrollo
denominado Prosperidad a Salvo”. [57]
Por su parte,
la Alcaldía de La Paz, Cesar, precisó:
“El municipio de
La Paz, Cesar, actualmente adelanta la construcción del proyecto de vivienda en
el corregimiento de San José de Oriente y otro en la cabecera urbana, conocido
como Urbanización La Esperanza, los cuales están dirigidos exclusivamente a
población víctima.  Acabamos de firmar convenio con el Banco Agrario para la
construcción de 71 soluciones de vivienda a la población víctima del
Corregimiento de Varas Blancas, y tenemos radicado proyecto de vivienda en la
Gobernación del Cesar y el Ministerio de Vivienda Nacional, para construir 400
soluciones de vivienda ( torres de edificios) en un predio del municipio que se
ubica a las afueras del perímetro urbano en la salida a Valledupar, que de ser
aprobado está dirigido a los 3 grupos poblacionales mencionados anteriormente (
pobreza extrema, víctimas del conflicto armado y personas de escasos recursos
pertenecientes a los niveles I y II del SISBEN”. [58]
Debe aclararse, que pese a lo enunciado
previamente, durante el periodo probatorio decretado, la Alcaldía de La Paz
señaló que a la fecha no cuenta con proyectos o programas de vivienda para resolver
los problemas que afectan a la población asentada en el predio ‘La Pista’,
especialmente en lo relativo a su reubicación. No obstante, se precisó que se adelantan
los estudios previos para la elaboración de tales planes y luego se tratará de viabilizarlos
consiguiendo los recursos y los predios que permitan alcanzar este fin.[59]
Así las cosas,
de lo expresado con anterioridad, se puede concluir que si bien se cuenta con
algunos avances respecto a cómo proceder en términos generales, no se tiene un
plan de acción debidamente consolidado para atender y asegurar, tarde o
temprano, las necesidades de la comunidad a la cual pertenecen los accionantes.
Es necesario que ambas entidades, se ocupen de realizar un plan que les permita
en un lapso de tiempo que no sea desproporcionado, atender las necesidades
urgentes de toda una población.
6.4. Ahora
bien, desde el mes de julio del año dos mil trece (2013), los peticionarios se
encuentran asentados en el predio denominado ‘La
Pista’, situación que fue conocida por la
Alcaldía Municipal de La Paz, producto de la querella policiva por ocupación
de hecho instaurada de oficio por el Secretario de Planeación Municipal. Resulta
inaceptable que transcurrido un (1) año desde el asentamiento en el predio, la
Alcaldía Municipal de La Paz, la
Gobernación del Cesar e incluso la Unidad de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, no hayan unido esfuerzos para evitar las consecuencias adversas
de un proceso de lanzamiento y no hayan implementado un plan alternativo
mientras se construyen las viviendas para ofrecer soluciones habitacionales
reales tanto a corto tiempo (albergue o reubicación) como a largo plazo (planes
concretos y apoyo decidido para garantizar su derecho a la vivienda digna a
futuro), a efectos de enfrentar y mitigar las dificultades que depara el
desarraigo del hogar sobretodo para este grupo vulnerable.
Teniendo en cuenta entonces que no existe
una alternativa que ofrezca condiciones siquiera temporales para las familias
de reubicación, la orden de lanzamiento decretada mediante Resolución No.
000480 del nueve (9) julio de dos mil trece (2013),[60] no podrá
materializarse hasta tanto se realicen acciones
concretas para garantizar, al menos, un albergue provisional a los accionantes,
quienes son sujetos de especial protección por ser víctimas del desplazamiento
forzado y haber estado sometidos a una violación continua y masiva de sus
derechos fundamentales. Ello significa, que aunque actualmente se encuentra
suspendida la diligencia de desalojo, tal como lo indicó la administración
municipal de La Paz en el curso del trámite y lo reiteró durante el periodo probatorio[61], esta no podrá
reprogramarse ni mucho menos llevarse a cabo sin la previa adopción de un plan
alternativo que les permita a las familias asentadas en el lugar tener una
vivienda en condiciones mínimas de dignidad.
De producirse
el lanzamiento sin reubicar a las familias o al menos garantizarles una plan
habitacional temporal, interferiría intensamente en el goce efectivo de su
derecho fundamental a la vivienda digna, pues las obligarían a dejar atrás,
nuevamente y sin justificación alguna, su lugar de habitación, sometiéndolas a
la difícil labor de encontrar otro espacio para vivir, por sus propios medios.
6.5. Además de
lo expuesto, la Sala considera que la decisión de proteger a los accionantes,
es necesaria en aras de evitar una mayor alteración en sus derechos
fundamentales. Ello se evidencia, cuando se ponderan
los intereses en conflicto. Por una parte, están los de la propiedad del
inmueble, predio ‘La
Pista’, en este caso en discusión. La administración
municipal de La Paz, Cesar, dice que le pertenece y la Asociación Hípica, a
esta entidad y de otra parte, están los intereses de los accionantes, quienes
son personas víctimas del desplazamiento forzado que buscan salvaguardar su
derecho a la vivienda digna y sobre quienes pesa una protección reforzada.
6.6. Ahora bien, en el presente caso se ha
sostenido que algunas familias no tienen la calidad de desplazados y aun así se
encuentran ocupando el predio ‘La Pista’. Para ello, la Alcaldía Municipal de
La Paz, aportó fichas de clasificación socioeconómica del SISBEN respecto de
cada uno de los tutelantes para ser potenciales beneficiarios de programas
sociales.[62]
Para la Sala, esta encuesta SISBEN permite
demostrar aunque sumariamente la condición de vulnerabilidad en cabeza de los
peticionarios, partiendo de la base que este sistema no es un mecanismo
infalible que permita una focalización y una medición exacta de las
circunstancias socioeconómicas de la población más pobre. Sin embargo, en modo
alguno acredita y define la condición de desplazamiento o no de los tutelantes,
sumado a la inexistencia de otros elementos de juicio que apunten hacia esa
dirección. Además con los documentos aportados, no se demuestra una caracterización
precisa y actualizada de su condición a través de un censo debidamente
elaborado, pues incluso en algunos casos la fecha de actualización de la
encuesta data de los años dos mil nueve (2009), dos mil diez (2010), dos mil
once (2011) y dos mil doce (2012),[63]
lo que arroja una información fragmentaria que no desvirtúa su situación de
desplazamiento.
Si lo anterior no fuere suficiente, durante
el periodo probatorio, la Alcaldía Municipal de La Paz, aportó un nuevo censo de
las familias residentes en el predio ‘La Pista’, el cual fue elaborado el
dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014) por el jefe del SISBEN y
posteriormente actualizado el ocho (8) de julio del mismo año. Inicialmente, de
las doscientas (200) familias asentadas en el predio según la inspección ocular
realizada,[64]
únicamente fueron evaluadas sesenta y tres (63) que eran las que al parecer se
encontraban presentes al momento de la diligencia y se dijo que solo
veintisiete (27) de ellas estaban incluidas en el Registro Único de Víctimas.
Como se dejaron por fuera ciento treinta y
siete (137) familias que también habitan el lugar, la Alcaldía le solicitó a la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Cesar, que
cotejara la información consignada en el censo con aquella existente en su base
de datos a efectos de determinar el número de familias desplazadas que en
realidad se asentaron en el lugar. Esta última entidad, indicó que el acceso a
información de esta naturaleza, dependía de la suscripción de un convenio de
intercambio a fin de lograr la vinculación del ente territorial con la Red
Nacional de Información en donde reposan los datos precisos de las víctimas de
la violencia en el territorio nacional.[65]
Aunque la Alcaldía señaló que procedió a cumplir con lo solicitado, no precisó
si recibió los datos requeridos, ni aportó durante el proceso de revisión los
mismos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo insistió en que la mayoría de las
familias asentadas en el predio son desplazadas.
En armonía con lo expuesto, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el concepto de “desplazado”
debe ser entendido desde una perspectiva amplia toda vez que por la
complejidad y las particularidades concretas del conflicto armado existente en
Colombia, no es posible establecer unas circunstancias fácticas únicas o
parámetros cerrados o definitivos que permitan configurar una situación de
desplazamiento forzado por tratarse de una situación cambiante.[66] Por lo tanto, en aquellos eventos en los que se presente duda
resulta aplicable el principio pro homine. Al
respecto, el intérprete constitucional indicó:
“[E]l concepto
de desplazado no es un derecho o facultad sino una noción que describe una
situación fáctica cambiante, de la cual se desprende la exigibilidad de
derechos y garantías para el afectado y su núcleo familiar, y de ahí que deba
ser entendida y aplicada de manera amplia con arreglo al principio pro homine,
tal como lo recomiendan la jurisprudencia de esta corporación y los organismos
internacionales, tomando en consideración, por lo menos tres elementos básicos
identificados en los antecedentes reseñados: (i) la coacción, que hace
necesario el traslado, (ii) la permanencia dentro de las fronteras de la propia
nación y (iii) la inminencia o efectiva ocurrencia de hechos que puedan
propiciar desarraigo”.[67]
El alcance de esta postura se determina de
acuerdo a tres (3) parámetros principales: (i) el principio de favorabilidad en
la interpretación de las normas que protegen a la población en condición de
desplazamiento, (ii) el principio de buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Carta Política,[68] y (iii) el principio de prevalencia del derecho sustancial en el
contexto del Estado Social de Derecho. En este sentido,
las afirmaciones efectuadas por los accionantes en torno a su condición de
desplazados se encuentran amparadas por estos postulados constitucionales y
únicamente podrán ser desvirtuadas por los funcionarios competentes de la
Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con
base en pruebas fehacientes y detalladas.
6.7. La
Sala es consciente que la labor de focalizar los recursos para la población
desplazada a través de una distribución eficiente de los mismos, no es
sencilla, pues lo que se busca es evitar desviaciones fraudulentas del gasto
social, lo cual supone un control riguroso y exhaustivo en la materia. Aunque esta
puede ser la razón por la que la
Alcaldía Municipal de La Paz considera que el amparo no debe ser integral
pues sospecha de personas con intereses ilegítimos en el asunto planteado, se
advierte que en razón de la complejidad del asunto, no es posible dejar de
proteger los derechos fundamentales de los ocupantes del predio ‘La
Pista’, más aún con fundamento en información carente de respaldo probatorio y
a la fecha incierta, pues la condición de desplazado de los accionantes no fue
desvirtuada por ninguna de las entidades accionadas, incluyendo a la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad con
competencia en la materia,[69]
que guardó silencio en el curso del trámite adelantado.
En
consecuencia, y a efectos de evitar un desequilibro financiero en la
distribución de los recursos destinados para la población desplazada y
esclarecer la duda que ha surgido en torno a la calidad de desplazados de los
accionantes, se ordenará a la
Alcaldía Municipal de la Paz, Cesar para que en coordinación con la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en un plazo no
superior a un mes (1) mes contado a partir de la notificación de esta decisión,
complementen y actualicen el censo realizado respecto de
las familias asentadas en el predio denominado ‘La
Pista’, con el fin de identificar quiénes
ostentan realmente la condición de personas desplazadas por la violencia, de
acuerdo a los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional y de esta manera se adelanten los trámites pertinentes para su
inscripción en el Registro Único de Víctimas - RUV-.
Una vez se haya efectuado la
identificación descrita en el numeral anterior, el amparo
constitucional de los derechos fundamentales procederá en relación con aquellas
personas y familias, respecto de quienes: (i) se haya reconocido o se acredite,
con base en ese censo, su condición de personas desplazadas por la violencia;
(ii) se hayan asentado en el predio ‘La
Pista’ con anterioridad al inicio de la querella policiva, es decir el ocho
(8) de julio de dos mil trece (2013) y (iii) sean objeto del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho en cuestión.
Sin embargo, el
juez constitucional no puede ser indiferente a la situación de pobreza y
marginalidad que afecta a las personas que ocupan el mencionado predio y no
tienen la calidad de desplazados por la violencia. Por este motivo, y teniendo
en cuenta lo preceptuado por el artículo 51 de la
Constitución Política, que encarga al Estado fijar las
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, se ordenará a la
Alcaldía Municipal de La Paz, que en un plazo no mayor a un (1) mes contado a
partir de la realización de un censo que le permita a la administración contar
con datos ciertos, les informe a las familias que no tengan la condición de
desplazadas, por escrito, de manera clara y detallada, cuáles son las políticas
públicas municipales, departamentales y/o nacionales, destinadas a garantizar
el acceso a una unidad de vivienda de interés social y los procedimientos y
requisitos que deben cumplir para ser incluidos en éstos programas. Igualmente, la entidad municipal deberá
prestarles el acompañamiento para optar por ser beneficiarios de dichos planes.
7. Ordenes a
proferir
7.1. Bajo este contexto, la
Sala Primera de Revisión revocará el fallo de primera instancia proferido por
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar, el catorce
(14) de enero de dos mil catorce (2014), que resolvió negar el amparo invocado por
el señor José Emiliano Contreras Toro y otros y en su lugar, concederá el
amparo del derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes, y de
todas aquellas personas en situación de desplazamiento que se encuentran asentadas
en el predio ‘La Pista’ con anterioridad al inicio de la querella policiva, es
decir el ocho (8) de julio de dos mil trece (2013) y sean objeto del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho en cuestión.
7.2. Para
efectos de materializar la protección otorgada, se adoptarán medidas tanto a
corto como a largo plazo encaminadas a garantizar el derecho a la vivienda
digna. En todo caso, teniendo en cuenta que despojar a los accionantes del
predio que actualmente ocupan es inconstitucional, hasta tanto no se les
garantice el contenido mínimo del derecho a la vivienda digna en su calidad de
víctimas del desplazamiento forzado, se ordenará a la
Gobernación del Cesar, a la Alcaldía de La
Paz, Cesar y la Inspección Central de Policía de La
Paz (Cesar), abstenerse de realizar la diligencia de desalojo o lanzamiento
hasta tanto se les garantice a todas las familias asentadas en el lugar un albergue
provisional en condiciones dignas.
Así mismo, se
le ordenará a la Alcaldía de la Paz, Cesar que (i) en coordinación con la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y en un plazo no
mayor a un (1) mes calendario contado a partir de la notificación de esta
sentencia, complementen y actualicen el censo realizado
respecto de las familias asentadas en el predio denominado ‘La Pista’, con el fin de identificar
quiénes ostentan realmente la condición de personas desplazadas por la
violencia; (ii) que dentro del término de un (1) mes
calendario contado a partir del momento en que se realice el censo, garantice
un albergue provisional a todas las personas
desplazadas asentadas en el predio señalado hasta tanto se asegure una solución
definitiva en materia de vivienda digna mediante planes y programas debidamente
estructurados; y (iii) que en
un plazo de tres (3) meses calendario contado a partir de la notificación de
este fallo, informe por escrito, de manera clara y
detallada, a las personas que no hacen parte de la población desplazada pero
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
e indefensión, por su situación de pobreza extrema o por estar constituidos sus
núcleos familiares por madres o padres cabeza de familia, menores, personas con
discapacidad o de la tercera edad, sobre los procedimientos y requisitos que
deben cumplir para ser incluidos en los programas para la adquisición de
vivienda de interés social.
Finalmente,
teniendo en cuenta que la Alcaldía Municipal de La Paz y la Gobernación del
Cesar se encuentran adelantando unos planes y proyectos de construcción de
vivienda de interés social conforme se extrae de su respuesta al presente
trámite, y sin embargo no existe prueba alguna que acredite la inclusión y
participación de los accionantes en los mismos, se les ordenará que en un plazo
no mayor a un (1) mes calendario contado a partir de la notificación de esta
sentencia, examinen en concreto si los accionantes cumplen con las condiciones y
requisitos para acceder a dichos proyectos. Una vez culminen dicha labor,
deberán informarles por escrito los resultados del estudio efectuado, así como
los procedimientos y trámites a seguir en caso de ser favorable la respuesta, dándole
prelación a las familias desplazadas por la violencia.
La jurisprudencia
constitucional ha reconocido y reiterado en numerosas oportunidades, que en
razón a los derechos
constitucionales afectados por el desplazamiento y en consideración a las
especiales circunstancias de debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que
se encuentran los desplazados, esta población tiene derecho a recibir de manera
urgente un trato preferente por parte del Estado en la atención de sus
necesidades vitales, que los haga menos vulnerables y permita la realización
efectiva de sus derechos.
En la Sentencia T-755 de 2009,[70] la Sala Sexta de
revisión, examinó la petición de una mujer desplazada por la violencia, madre
cabeza de familia de cinco (5) hijos, uno de ellos en situación de
discapacidad, que invocaba la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia al
no haber superado su estado de vulnerabilidad acentuado. En esta ocasión, la
Sala de Revisión, precisó que el grupo poblacional de personas desplazadas
merecían per se un tratamiento prioritario y particularmente atento por
parte del Estado en razón de su condición de indefensión y vulnerabilidad
marcada por la masiva vulneración a sus derechos fundamentales y las
condiciones concurrentes de debilidad. Con fundamento en ello, y en atención a
la presencia de otros sujetos de protección reforzada al interior del núcleo
familiar de la accionante, ordenó el adelantamiento de los turnos para efectos
de acceder a la asistencia requerida y lograr el mejoramiento de su calidad de
vida en el marco de la dignidad humana.
En la misma línea,
la Sentencia T-367 de 2010,[71] la Sala Primera de
Revisión, concedió el amparo de los derechos constitucionales de un grupo de
personas víctimas de la violencia y en situación de desplazamiento, a quienes
se les exigía su inscripción en el Sistema de Información para la
Población Desplazada, como requisito para obtener el reconocimiento y
otorgamiento de todos los beneficios legales a que tenían derecho. La Sala
consideró que la exigencia de un título plasmado en una declaración
administrativa constituía una barrera de acceso para reclamar la protección
especial que el Estado debía otorgarles. Sostuvo además que con tal proceder,
se había desconocido la reiterada jurisprudencia que reconocía la
prevalencia de los derechos y garantías básicas de los desplazados quienes
merecían ser tratados con toda la consideración que imponía su
particular condición. Sobre el particular, señalo:
“Debido a los numerosos derechos constitucionales afectados por el
desplazamiento y en consideración a las especiales circunstancias de debilidad,
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la
jurisprudencia constitucional les ha reconocido, con fundamento en el artículo
13 constitucional, el derecho a recibir de manera urgente un trato preferente
por parte del Estado, el cual se caracteriza por la prontitud en la atención de
sus necesidades, puesto que “de otra manera se estaría permitiendo que la
vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones,
se agravara”.
En Sentencia T-853 de 2011,[72]
la Sala Novena de Revisión, estudió una acción de tutela presentada por una
persona en situación de desplazamiento a quien Acción Social se negaba a
reconocerle la ayuda humanitaria a la que tenía derecho argumentando que ya se
le había prestado la asistencia requerida. En esta ocasión, la Sala consideró
que si bien existía un periodo legalmente determinado como marco para la
entrega de las ayudas en tanto ello contribuía al manejo adecuado de los
recursos escasos frente al alto número de personas víctimas del desplazamiento,
dicho término debía ser aplicado de forma flexible, analizando
concretamente las condiciones de vulnerabilidad del afectado, las que en el
caso concreto exigían una protección reforzada y prioritaria. Al respecto
sostuvo que:
“Las personas
desplazadas de su territorio constituyen un grupo poblacional en extremo
vulnerable, merecedor de un trato especial -de carácter preferente- por parte
de las autoridades, y frente al cual las cargas exigidas al resto de la
población para el ejercicio de sus derechos resultan desproporcionadas o
exorbitantes.”
Finalmente en
la Sentencia T-218 de 2014,[73]
la Sala Primera de Revisión estudió la situación de una persona en situación de
desplazamiento, a quien la Unidad Administrativa de Atención y Reparación
Integral a las víctimas le había negado la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia por tener dicha condición hace más de diez (10) años. Para la Sala la
condición de vulnerabilidad actual del accionante le confería el derecho a recibir un trato especial por
parte del Estado, que se concretaba en uno de sus aspectos en el derecho a
recibir la ayuda humanitaria de emergencia en forma efectiva,
oportuna y sin dilaciones. Consideró además, que los argumentos aducidos para
negar lo solicitado no eran fieles con la situación en la que se encontraba la
población desplazada. Por ello, le advirtió a la entidad demandada sobre la
necesidad de ajustar sus decisiones a las condiciones
materiales y a las circunstancias reales en las que se encontraba este grupo de
personas, quienes eran acreedores de un trato preferente.[74]
7.3. La Sala de Revisión aclara que la protección otorgada en este caso sigue
los lineamientos jurisprudenciales de la Corporación, reiterados en la parte
considerativa de este pronunciamiento. Sobre este aspecto, la razón que ha
llevado a las diferentes Sala de Revisión a proteger a las personas desplazadas
que ocupan de hecho un predio (a través de ordenar a la administración no ejercer
actos de violencia y por el contrario buscar soluciones habitacionales que les
permitan disfrutar de una vivienda digna) es mitigar los efectos del desarraigo
que han sufrido. Dado que uno de los impactos más fuertes del desplazamiento
por la violencia es la perdida de la vivienda, la Corte no es ajena a la
necesidad de suplir dicha carencia, a través de medios que en otros escenarios
no serían idóneos, como la ocupación. Bajo ese orden de ideas, el fundamento
esencial de la protección señalada es la condición de desplazamiento. Dicho de
otra forma, la Corporación considera que la posible interrupción del derecho de
dominio o posesión de un tercero afectado con una ocupación de hecho, no puede ser
protegida en todos los casos, pues se trata de un amparo excepcional que se
otorga sobre la base de una condición de necesidad y vulnerabilidad extrema. Es
a partir de ello que se solicita la concurrencia del particular, mientras la
administración busca, en un plazo razonable, soluciones idóneas para suplir la
demanda de vivienda.
8. Los
efectos inter comunis de esta providencia
8.1. De
conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,[75]“las sentencias en
que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso
concreto”. No obstante, en algunas ocasiones la
Corte Constitucional ha decidido extender los efectos de sus sentencias a
personas que a pesar de no haber acudido a la acción de tutela en calidad de
accionantes, se encuentran en las mismas condiciones de éstos, es decir, les ha
otorgado un efecto inter comunis. Al respecto, en la Sentencia SU-1023
de 2001[76]
se dijo:
“Hay eventos
excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en
consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho
fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se
evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales
del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de
aquel frente a la autoridad o particular accionado”.
8.2. Así
entonces, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad entre las personas
a las que se les conculcan sus derechos fundamentales y acuden a la acción de
tutela y aquellas que a pesar de encontrarse en la misma situación no tienen la
calidad de accionantes, es preciso que la decisión del juez de tutela sea
uniforme y tenga los mismos efectos para unos y otros. Para dictar fallos con
efectos inter comunis deben observarse los siguientes requisitos:“(i)
que la protección de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o
amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes;
(ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los accionantes se
encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopción de
este tipo de fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el
goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial
efectiva”.[77]
8.3. En el caso concreto, la
Sala advierte que es factible que los accionantes de la presente tutela, no
sean las únicas personas que se han visto afectadas con ocasión de las acciones
legales que han emprendido las autoridades municipales para desalojarlos del
inmueble que actualmente ocupan y del que es titular del derecho real de
dominio la administración de La Paz, Cesar. En efecto, diferentes Sala de
Revisión han considerado que procede decretar el efecto inter comunis de
un pronunciamiento en el cual se discute sobre la ocupación de hecho de un
grupo de personas desplazados, con base en que  generalmente quien acude a la
acción de tutela es una de las personas que se ha asentado de forma irregular,
lo cual no significa que no existan terceras personas en condiciones objetivas
similares, pues estos asentamientos se caracterizan por estar conformados por
un número amplio de familias.
En este caso, se trata de (i) personas
desplazadas y asentadas en el predio ‘La
Pista’; (ii) que dicha situación se haya presentado con anterioridad al inicio
de la querella policiva, es decir el ocho (8) de julio de dos mil trece (2013);
(iii) que se hayan visto afectadas con ocasión del proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho iniciado por el Despacho del Alcalde Municipal de La
Paz y que (iv) no hayan presentado la tutela para buscar la garantía de sus
derechos fundamentales, pero que pueden verse desconocidos si no se adoptan
medidas de protección a su favor.
8.4. En este orden de ideas, extender los
efectos de la sentencia persigue alcanzar fines constitucionales legítimos y
relevantes, en tanto contribuye a garantizar el goce efectivo del derecho a la
vivienda digna de las demás personas que pueden estar ocupando el predio ‘La
Pista’, sin que sea un obstáculo el hecho de que no hayan acudido como
accionantes en el presente proceso de tutela.
Teniendo en cuenta lo dicho, la
Sala, en el caso concreto, no sólo protegerá a las partes que acudieron
directamente a la tutela, sino a todas las familias desplazadas que se
encuentren ocupando el predio ‘La Pista’ y acrediten las demás características
previamente mencionadas, para lo cual se ordenará la complementación y
actualización del censo realizado que permita acreditar definitivamente la
concurrencia de estas circunstancias. Se trata de una medida excepcional que
responde a la necesidad imperiosa de protegerlos, para que su situación de
vulnerabilidad no se refuerce.
9. Conclusión
Las personas víctimas del desplazamiento
forzado y demás sujetos de especial protección, cuentan con garantías
constitucionales reforzadas en el contexto de los procesos de lanzamiento por
ocupación de hecho en los cuales se ordenen desalojos. Las medidas adoptadas no
pueden ejecutarse en perjuicio de su derecho a la vivienda digna o vulnerar
otros derechos superiores, como la integridad, la salud o la unidad familiar. Lo
anterior supone que en el corto plazo, no puede materializarse el desalojo sin
antes proteger el derecho a un albergue provisional de las personas afectadas y
en el largo plazo, luego de su reubicación, deben vinculárseles a programas de
vivienda desarrollados por las autoridades públicas competentes.[78]
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento
de Valledupar, el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), que resolvió
negar el amparo invocado dentro de la acción de tutela promovida por José
Emiliano Contreras Toro y otros contra el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento del
Cesar, el Municipio de la Paz, Cesar y otros. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes, y de
todas aquellas personas en situación de desplazamiento que se encuentren
asentadas en el predio ‘La Pista’ con anterioridad al inicio de la querella
policiva, es decir el ocho (8) de julio de dos mil trece (2013) y sean objeto
del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en cuestión.
Segundo.- ORDENAR a la Alcaldía de La Paz, Cesar y la
Inspección Central de Policía de la misma localidad, que se abstengan de
realizar la diligencia de desalojo o lanzamiento hasta tanto se les garantice a
los ocupantes del predio ‘La Pista’ en situación de desplazamiento un albergue
provisional en condiciones dignas. Dichas diligencias se suspenderán durante el
mes siguiente a la realización del censo, que será el tiempo con que cuenta la
Alcaldía para ofrecer a los actores soluciones temporales.
Tercero.- ORDENAR a la
Alcaldía de La Paz, Cesar que en coordinación con la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y en un plazo no
mayor a un (1) mes calendario contado a partir de la notificación de esta
sentencia, complemente y actualicen el censo realizado
respecto de las familias asentadas en el predio denominado ‘La Pista’ del Municipio de La
Paz, Cesar con el fin de identificar quiénes ostentan realmente
la condición de personas desplazadas por la violencia, de acuerdo a los
parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional y de esta manera se
adelanten los trámites pertinentes para su inscripción en el Registro Único de Víctimas
-RUV-. Una vez se haya efectuado la identificación descrita, el amparo constitucional de los derechos fundamentales procederá en relación con aquellas personas y familias respecto de
quienes se haya reconocido o se acredite, con base en ese censo, su condición
de personas desplazadas.
Cuarto.- ORDENAR a la
Alcaldía de La Paz, Cesar que en coordinación con la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y dentro del término
del mes calendario siguiente al momento en que se realice el censo, garantice
un albergue provisional a todas las personas desplazadas que estaban asentadas
en el predio señalado con anterioridad al inicio de la querella policiva, es
decir el ocho (8) de julio de dos mil trece (2013). Dicha situación se
mantendrá hasta tanto puedan implementarse las condiciones que hagan posible su
traslado hacia otro lugar que cuente, también, con las condiciones mínimas
necesarias para garantizarles una vivienda digna, para lo cual, las respectivas
autoridades municipales, departamentales y nacionales, deberán en un término no
superior a seis (6) meses, diseñar y ejecutar los planes y programas a su
alcance para solucionar en forma definitiva el problema de vivienda planteado
con la ocupación del inmueble, lo cual incluye el acceso a proyectos de
estabilización socioeconómica, hasta tanto las condiciones que dieron origen a
la vulneración de sus derechos fundamentales desaparezcan.
Quinto.- ORDENAR a la Gobernación del Cesar y a la Alcaldía de La
Paz, que en un plazo no mayor a un (1) mes calendario contado a partir de la
notificación de esta sentencia, examinen en concreto si los accionantes cumplen
con las condiciones y requisitos para acceder a los proyectos de construcción de
vivienda que a la fecha se encuentran adelantando. Una vez culmine dicha labor,
deberán informarles a los interesados por escrito los resultados del estudio
efectuado, así como los procedimientos y trámites a seguir en caso de ser
favorable la respuesta, dándoles prelación a las familias desplazadas por la
violencia con fundamento en la jurisprudencia constitucional.
Sexto.- Como protección para las
personas que no hacen parte de la población desplazada pero se encuentran
ocupando el predio ‘La Pista’, ORDENAR a la
Alcaldía Municipal de La Paz, Cesar, que en un plazo no mayor a tres (3) meses
calendario contado a partir de la notificación de este fallo, les informe por
escrito, de manera clara y detallada cuáles son las políticas públicas
(municipales, departamentales y/o nacionales), destinadas a garantizar el
acceso a una unidad de vivienda de interés social y los procedimientos y
requisitos que deben cumplir para ser incluidos en estos programas. Lo
anterior, teniendo en cuenta que dentro de este grupo de personas pueden
encontrarse sujetos de especial protección constitucional (madres o padres
cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, de la tercera edad, niños,
entre otros) para quienes se deben adoptar
medidas de diferenciación positiva, que atiendan a sus condiciones de especial
debilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por
materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Igualmente, se les deberá prestar acompañamiento, para
que en caso de que puedan ser beneficiarias de las políticas de vivienda, efectivamente
sean incluidos en ellas.
Séptimo.-
COMUNICAR la presente decisión a la
Defensoría del Pueblo  Regional del Cesar, para que realice el seguimiento al
cumplimiento de las decisiones adoptadas por la
Sala, y si lo considera pertinente, informe a las autoridades y a esta Corte
sobre los avances y las dificultades que su ejecución conlleve.
Octavo.- LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Sobre
este punto, vale precisar que conforme se pudo extraer de los elementos de
prueba aportados al proceso, existió una discusión judicial entre la
Alcaldía Municipal de la Paz y la
Asociación Hípica del mismo municipio en torno a la propiedad del bien
denominado “Villa Deportiva” o
“La Pista” (folios 288 al 319 del cuaderno No. 2). Sin embargo, la
Corte no es competente para reabrir este debate y establecer en cabeza de que
ente reside el derecho de propiedad, en tanto ello escapa a la orbita de la
acción de tutela y las partes pueden ventilar sus controversias a través de las
acciones ordinarias previstas en el ordenamiento jurídico.
[2] Folios
33 al 37 del cuaderno No. 2.
[3] Folios
153 al 156 del cuaderno principal. En adelante cada vez que se haga alusión a
un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal a menos que se diga
expresamente otra cosa.
[4] Folios
163 al 172.
[5] Folios
15 al 20.
[6] Sobre
el particular indica la entidad: “ La consulta de las personas que se
encontraron allí al momento de la diligencia fue enviada a la
Unidad de Víctimas de la ciudad de Valledupar y desde la territorial Cesar,
nos respondieron a través de la
Personería que fue quién elevó la consulta, que del listado aportado solo una
persona de las anotadas ostentaba de la calidad de víctima y a esta persona, la
administración le garantizó un subsidio temporal de arrendamiento para que se
reubicara voluntariamente el cual no quiso aceptar y decidió permanecer en el
predio invadido que es un bien de uso público, esperando hasta que el Estado le
otorgue una vivienda” (folio 80).
[7] Folios
165 al 279 del cuaderno No. 2.
[8] A folio 12 del cuaderno No. 2 obra oficio emitido por
la
Alcaldía Municipal de la Paz, por medio del cual se avocó conocimiento
oficioso de la querella por ocupación de hecho de un bien de uso público
consistente en la Villa Deportiva del municipio de la
Paz, Cesar, el cual viene siendo ocupado por personas indeterminadas desde el
día siete (7) de julio de dos mil trece (2013). Igualmente a folios 33
a 37 del cuaderno No. 2 obra copia de la
Resolución No. 000480 del nueve (9) de julio de dos mil trece (2013), “Por
medio de la cual se ordena la restitución de un bien de uso público consistente
en la villa deportiva del municipio de la
Paz, Cesar”.
[9] Folios
1 al 10 del cuaderno No. 2.
[10] En esta oportunidad, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar resolvió, negar el amparo
solicitado por los accionantes y requirió a la
Alcaldía Municipal de La Paz y a la
Gobernación del Cesar para que les brindarán información a cada uno de los
accionantes sobre la forma de acceder a subsidios familiares de vivienda de
interés social u otros programas en la materia. Igualmente conminó a los
peticionarios, para que adelantarán las gestiones pertinentes a efectos de
lograr su inscripción en el Registro Único de Víctimas si consideraban que
ostentaban la calidad de desplazados y de esta manera obtener las ayudas
humanitarias a que hubiere lugar previa caracterización de su estado actual de
vulnerabilidad (folio 77 del
cuaderno No. 2).
[11] Concretamente la Alcaldía sostuvo lo
siguiente: “Acerca de los poderes conferidos por el apoderado, manifiestó que
son un anexo más no una prueba, Así mismo quiero referir que del traslado que
se corrió a la Alcaldía Municipal, los poderes obran en copia simple y por
ninguna parte se aprecia nota de presentación personal de cada uno de los
mandantes que lo suscriben, por lo cual le solicito a su señoría que si este
formalismo procesal no se cuenta en los originales o al respaldo de los mismos,
documentos que versan en su despacho, la acción de tutela sea inadmitida.”
(folio 160).
[12] Folios 45 al 47 del cuaderno No. 2.
[13] Folios 78 y 79 del cuaderno No. 2.
[14] Folio 69 del cuaderno No. 2.
[15] Folio 24 del cuaderno No. 2.
[16] Folios 13 al 20 del cuaderno de revisión.
[17] Vale la pena precisar que conforme se
explicará con posterioridad, la coincidencia en los accionantes es solo
parcial.
[18] Folio 77 del cuaderno No. 2.
[19] Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991: “[c]uando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.” Esta norma
fue declarada exequible mediante sentencia C-054 de 1993 (MP Alejandro Martínez
Caballero, unánime).
[20]  Véase, entre otras, la sentencia T-184 de
2005 (MP Rodrigo Escobar Gil). Con ocasión de la una acción de tutela
interpuesta varias veces con la misma pretensión, la respectiva Sala de
Revisión sistematizó los presupuestos de la temeridad. Igualmente puede observarse
la sentencia T-679 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa).
[21] Véase la sentencia de la Corte
Constitucional T-237 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa). En esa oportunidad,
la Sala Primera de Revisión examinó el caso de una persona que presentó dos (2)
acciones ordinarias y dos (2) solicitudes de amparo pretendiendo la indexación
de la primera mesada pensional. Allí se sostuvo que si bien la segunda acción
de tutela no era temeraria porque la actora tenía una justificación válida para
solicitar nuevamente el amparo constitucional, la misma debía declararse
improcedente porque no concurrían hechos jurídicos nuevos que rompieran la triple
identidad, por lo que debía decretarse la cosa juzgada constitucional. Es
importante resaltar que en este caso tomó especial relevancia el hecho de que
la peticionaria hubiera presentado dos (2) demandas laborales ordinarias en
procura de la actualización monetaria de su pensión, y que las mismas hubieran
hecho tránsito a cosa juzgada, pues por ello el examen de si había cosa juzgada
constitucional entre las dos (2) tutelas fue más ‘escrupuloso’. Y además,
porque no existe abundante jurisprudencia sobre casos en los que se evalúa la
constitucionalidad de dos (2) procesos ordinarios, que sirva de base para
alegar que existió un hecho jurídico nuevo. Cabe precisar que en los
casos bajo examen los accionantes solo interpusieron una (1) demanda en la
jurisdicción ordinaria laboral.
[22] La Corte Constitucional ha señalado que en los casos en que se formule
más de una acción de tutela entre las mismas partes, por los mismos hechos y
con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla por temeraria siempre que
considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en la medida en que el actor
se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del
interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii)
deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener
razón, de mala fe se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través
de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de
justicia. Véase la sentencia T-721 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[23] MP. Jaime Córdoba Triviño. En esta
ocasión, la Sala Cuarta de Revisión consideró que la acción de tutela
presentada por la accionante no era temeraria ni afectaba los postulados de la
cosa juzgada, por cuanto (i) la peticionaria no había actuado de mala fe; (ii)
los jueces constitucionales en la primera oportunidad no se habían pronunciado
sobre la real afectación de los derechos de la tutelante y (iii) había surgido
un hecho nuevo que justificaba la interposición de una segunda acción. Dicha
posición fue reiterada en la sentencia T-185 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[24] Folio 3 y folio 92 del cuaderno No. 2.
[25] Folio 160.
[26] Constitución Política “Artículo
86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[27] "Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política''.
[28] El señor Orlando Díaz Rojas es abogado titulado con tarjeta profesional
No. 170.146 del Consejo Superior de la
Judicatura (folio 1).
[29] Folios 1 al 134.
[30] Por el cual se dictan medidas
policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están
ocasionando la alteración del orden publico interno en algunos departamentos”.
[31] Artículo 8º, Decreto 747 de 1992. “Llegados el día y hora señalados para
práctica de la diligencia de inspección ocular, el funcionario de policía se
trasladará al lugar de los hechos donde oirá a las partes, recepcionará y
practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los
hechos. || Parágrafo. La intervención de cada una de las partes en la
diligencia no podrá exceder de quince (15) minutos. Cuando fueren más de dos
querellados designaran un vocero para que intervenga en la diligencia”.
[32] El artículo 10º del
Decreto 747 de 1992 dice: “[c]ontra la providencia que profiera el alcalde o funcionario
que haga sus veces, procede el recurso de reposición y en subsidio el de
apelación ante el respectivo gobernador. La reposición se resolverá dentro de
la misma audiencia y el recurrente deberá exponer las razones que la sustenten.
Si se interpone la apelación se enviará el expediente a la
Gobernación, al día siguiente de resuelta la reposición”.
[33] Se han señalado además como derechos
amenazados o vulnerados por la situación de desplazamiento los siguientes: el derecho a la seguridad personal; el
derecho a la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a
permanecer en el sitio escogido para vivir; el derecho al trabajo y la libertad
de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que
se ven forzados a migrar a las ciudades; el derecho a una alimentación mínima;
el derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren
un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su
proceso de formación; el derecho a una vivienda digna; el derecho a la paz; el
derecho a la personalidad jurídica y el derecho a la igualdad. Al respecto
puede consultarse la sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) En esta ocasión, la Sala Tercera de
Revisión declaró el estado de
cosas inconstitucional en razón a la violación masiva, prolongada y reiterada
de los derechos de la población desplazada, la cual a juicio de la
Corporación, no era imputable a una única autoridad, sino que obedecía a un
problema estructural que afectaba a toda la política de atención diseñada por
el Estado. En razón de lo anterior, la Sala impartió una serie de órdenes con
el fin de solventar esa grave situación.
[34] MP (e) Catalina Botero Marino; AV. Jaime
Araujo Rentería. En esta oportunidad, se analizó si la decisión de Acción
Social de no incluir a una mujer en condición de desplazamiento junto con sus
dos (2) hijas menores en el RUPD, por considerar que en la declaración rendida
por esta se había faltado a la verdad,  vulneraba sus derechos fundamentales a
la dignidad humana y al mínimo vital. La
Sala Octava de revisión consideró procedente la acción de tutela en tanto se
trataba de una persona en extrema vulnerabilidad e indefensión por su condición
de desplazamiento, por lo que el mecanismo constitucional resultaba idóneo y
eficaz para defender sus derechos fundamentales, ante una actuación ilegitima
de las autoridades encargadas de protegerlos. Sobre el caso concreto, precisó
que la actuación de la entidad había sido arbitraría en tanto: (1) cambió de
manera constante las razones de hecho y de derecho en las que fundamentaba su
negativa; (2) aplicó las normas legales y reglamentarias al margen de las
directrices constitucionales en materia de protección especial a las personas
en situación de desplazamiento forzado y (3) apoyó sus decisiones en hechos que
no resultaban probados en el expediente o incluso contrarios a lo que aparecía
probado en el mismo. Con fundamento en lo expuesto, concedió el amparo,
ordenando la inscripción de la peticionaria y sus hijas en el RUPD, la entrega
de la ayuda humanitaria y el acceso a información detallada que permitiera su
estabilización socioeconómica.
[35] Sobre el particular, véanse las sentencias
T- 967 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), T- 068 de 2010 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; SV Humberto Antonio Sierra Porto), T-946 de 2011(MP
María Victoria Calle Correa), T-119 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
T-454 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-907 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa), entre otras, a las cuales se hará referencia a continuación.
[36] En casos similares al estudiado en esta
oportunidad, las diferentes salas de revisión han sostenido que por ser
personas desplazadas las querelladas en un proceso de lanzamiento por ocupación
de hecho que buscan el amparo de su derecho a la vivienda digna, es viable el
estudio de fondo del caso sin el análisis de los requisitos para evaluar la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Al respecto, pueden observarse,
entre otras, las siguientes sentencias de la
Corte Constitucional: T-323 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-119 de 2012
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-264 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), y
T-239 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa). En todas ellas, las respectivas
salas de revisión ampararon el derecho a la vivienda digna de la población
desplazada, ante una inminente orden de desalojo producto de un proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho. Para el examen de procedibilidad, no se
tuvieron en cuenta los requisitos establecidos para la tutela contra
providencias judiciales, sino más bien el de subsidiariedad. Específicamente,
en la Sentencia T-119 de 2012, la
Sala Novena de Revisión sostuvo que “(…) si bien en la solicitud de amparo
frente a procesos policivos se siguen las subreglas de la tutela contra providencias judiciales, en el
caso especial de los desplazados, es viable el estudio de fondo sin el análisis
de los exigentes requisitos sentados por la
Corte para evaluar contravenciones a los derechos fundamentales originadas en
decisiones judiciales”.
[37] De conformidad con lo dicho por el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 4,
los siguientes son, entre otros, los instrumentos internacionales que tratan el
derecho a una vivienda adecuada: “el párrafo 1 del artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del
artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el párrafo 2 del
artículo 14 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, el párrafo 3 del artículo 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 10 de la
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social, el párrafo 8 de la
sección III de la declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos,
1976 […] el párrafo 1 del artículo 8 de la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y la recomendación No. 115 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores, 1961”.
Punto 3.
[38] El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado por la
Ley 74 de 1968.
[39] Dice el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, “el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un
sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que
resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza”. Punto 7 de la
Observación general No. 4.
[40] Sobre el derecho a la vivienda digna, se
ha indicado que el Estado tiene la obligación de cubrir progresivamente todos
los aspectos del mismo, manteniendo un equilibrio entre sus restricciones
presupuestales y las necesidades de los asociados. Por tanto, el cumplimiento
completo de esa obligación no puede exigírsele de inmediato, o en períodos
breves, lo cual no obsta, para que el Estado prive a los derechos sociales,
económicos y culturales de cualquier efecto inmediato. Sobre el particular
pueden consultarse las sentencias T-967 de 2009 (MP María Victoria Calle
Correa), T-068 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-946 de 2011 (MP
María Victoria Calle Correa), T-907 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa),
entre otras, todas explicadas en el texto de esta providencia.
[41] “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia”.
[42] “Por el cual se reglamentan
parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la
vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada”.
[43] “Por el cual se modifican los
artículos 2, 5, 8, 10, 14, 24 y 25 del Decreto 951 de 2001 y se dictan otras
disposiciones en relación con el subsidio familiar de vivienda para la
población en situación de desplazamiento”.
[44] “1. Mejoramiento de vivienda para hogares
propietarios, poseedores u ocupantes. 2. Construcción en sitio propio para
hogares que ostenten la propiedad de un lote de terreno en suelo urbano. Para
la modalidad de construcción en sitio propio en suelo rural se regirá por las
normas señaladas en el parágrafo. 3. Adquisición de vivienda nueva o usada para
hogares no propietarios y para hogares que siendo propietarios, no puedan
volver al lugar donde tengan su propiedad. 4. Arrendamiento de vivienda, para
hogares no propietarios y para hogares que siendo propietarios, no puedan
volver al lugar donde tengan su propiedad”.
[45] “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
[46] “Por el cual se reglamenta la
Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.
[47] “a) Seguridad jurídica de la tenencia. La
tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado),
la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la
vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de
tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas
deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una
protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas (…). b)
Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una
vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud,
la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho
a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y
comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el
alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos,
de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.  c) Gastos
soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían
ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de
otras necesidades básicas (…). d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser
habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes (…). e)
Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan
derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.
Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de
la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños,
los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH
positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos
mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas
en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas (…). f) Lugar.
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención
para niños, escuelas y otros servicios sociales (…). De manera semejante, la
vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad
inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los
habitantes. g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda,
los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan
deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la
diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la
modernización en la esfera de la vivienda deben velar porque no se sacrifiquen
las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros,
los servicios tecnológicos modernos”.
[48] OG 7 párrafo 15.
[49] MP Maria Victoria Calle Correa.
[50] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV
Humberto Antonio Sierra Porto.
[51] En esta misma línea, puede consultarse la
Sentencia T-349 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esta ocasión, la Sala Séptima de Revisión estudió el caso de varias familias conformadas por madres cabezas de
hogar y víctimas de desplazamiento forzado a quienes la
Gobernación del Casanare había ofrecido un programa de vivienda de interés
social que no se había llevado a cabo, por lo que dichas personas habían
ocupado un lote del municipio de Yopal, situación que llevó a la
Gobernación Departamental a ordenar el desalojo del inmueble ocupado. Esta
Corporación le ordenó a las autoridades departamentales y municipales que se
abstuvieran de realizar cualquier actuación tendiente a ejecutar la diligencia
de desalojo en el predio objeto de ocupación, hasta tanto se garantizara a la
población afectada que residía allí “una
solución de vivienda adecuada, en principio temporal”.
[52] MP María Victoria Calle Correa.
[53] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[54] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] MP María Victoria Calle Correa.
[56] En la misma línea de las sentencias previamente expuestas, puede
consultarse por ejemplo la
sentencia SU-1150 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual la
Sala Plena le ordenó al Presidente de la
República garantizar el “derecho de albergue” a unas personas
desplazadas que estaban siendo desalojadas de un bien público, con el argumento
de que se amenazaba su derecho a la vivienda digna. Si bien en ese caso no se
suspendió la orden de lanzamiento porque los ocupantes estaban ubicados en una
zona de alto riesgo de deslizamiento, y se requería salvaguardar su vida e
integridad física, la Corte estimó importante proteger sus necesidades
habitacionales en el corto plazo.
Un año después de proferida esta sentencia de unificación, la
Sala Quinta de Revisión de la Corte profirió la Sentencia T-1346 de 2001 (MP
Rodrigo Escobar Gil), mediante la cual se garantizó el derecho a la vivienda
digna de personas desplazadas por la violencia en el marco de un proceso de
lanzamiento. En ese caso se había materializado una orden de desalojo en contra
de la accionante, y la Corte sostuvo que tal actuación era inconstitucional
hasta tanto se le ofreciera una solución “real y efectiva” a su problema
de vivienda. Igualmente, la Sentencia T-282 de 2011(MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esta oportunidad, se
estudió la situación de un grupo de indígenas desplazados que habían ocupado un
inmueble de naturaleza fiscal por lo que se inició un trámite de lanzamiento
por ocupación de hecho a través del cual se programó una diligencia de desalojo
respecto de quienes irregularmente se asentaban en el predio. La
Sala Novena señaló que si bien la medida de desalojo perseguía un fin
legítimo, cual era el de proteger el patrimonio público, se afectaban
gravemente los derechos de las personas desplazadas, por lo que debían primar
éstos sobre el interés de la autoridad de policía accionada de recuperar los
bienes del estado, teniendo en cuenta además que no se había hecho un uso
socialmente adecuado del bien, por lo que también se ordenó suspender la
diligencia de desalojo.
[57] Folio 168.
[58] Folios 7 y 8  del cuaderno No. 2.
[59] Folio 15 del cuaderno de revisión.
[60] Folios 33 al 37 del cuaderno No. 2.
[61] Folio 7 del cuaderno No. 2 y folio 14 del
cuaderno de revisión.
[62] Folios 165 al 279 del cuaderno No. 2.
[63] En los documentos anexados, se indaga por
el número de integrantes en el núcleo familiar de cada accionante, su lugar de
residencia, las condiciones de la misma en relación con el uso de servicios
públicos y espacios habitacionales y el puntaje obtenido para ser potencial
beneficiario del SISBEN.
[64] Folio 24 del cuaderno No. 2.
[65] Folios 276 al 278 y 283 al 284 del
cuaderno de revisión.
[66] Se ha considerado que la situación de
desplazamiento es una cuestión de hecho, y en esa medida, son las condiciones
materiales y las circunstancias fácticas las que hacen a la persona acreedora
del derecho a recibir especial protección, y no un trámite de carácter legal o
reglamentario o la declaración que para tal fin realice una entidad pública o
privada. El Registro Único de Población Desplazada es tan sólo un instrumento
que permite el funcionamiento de la política pública para atender a la
población desplazada,  y en esa medida, la inscripción en el mismo es un asunto
de naturaleza distinta de la condición de desplazamiento forzoso, por lo cual
no es un requisito para que la población adquiera su condición de tal.
[67] C-372 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla;
SV Luis Ernesto Vargas Silva). En esta ocasión, se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 1° de la
Ley 387 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia”. El ciudadano demandante consideró que la norma
acusada quebrantaba los artículos 4, 93, 150 # 10 y 189 #11 de la
Constitución Política. La Corte declaró exequible la norma en cita.
[68] Artículo 83: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas”.
[69] La misión de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas es liderar
acciones del Estado y la sociedad para atender y reparar integralmente a las
víctimas, y contribuir a la inclusión social y la paz  mediante la
implementación de mecanismos de atención, asistencia y reparación integral
eficientes y eficaces. Sobre el particular puede consultarse la página web
www.unidadvictimas.gov.co. En igual sentido, puede consultarse
la Ley 1448 de 2011. ARTÍCULO 168. “De las funciones de la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas
coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las
actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación
de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas y asumirá las competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387 y 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que
regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la
verdad, justicia y reparación de las víctimas”. Igualmente, el Decreto 4800 de 2011. Artículo 258. “De la estrategia de acompañamiento. La estrategia de acompañamiento de las entidades
nacionales a las territoriales, que deberá diseñar la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tendrá el
objetivo de asistir, acompañar permanentemente y apoyar a las entidades
territoriales, para el fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas
y presupuestales, para el diseño de planes, programas y proyectos para la
prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. Para la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de esta estrategia, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, se apoyará en el equipo interinstitucional”.
[70] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[71]MP. María Victoria Calle Correa.
[72] MP. Luis Ernesto Vargas Silva; SPV.
Mauricio González Cuervo.
[73] MP. María Victoria Calle Correa.
[74] La Jurisprudencia Constitucional ha
considerado que la población desplazada pertenece a un grupo especialmente
protegido por haber soportado
cargas excepcionales que les han impedido desarrollar su vida en condiciones
mínimas de dignidad. Por lo anterior, la protección a la que tienen derecho
supone la adopción de unas medidas judiciales efectivas y la aplicación de un
trato digno, humanitario, reforzado y prioritario por parte del Estado. En la Sentencia T-919 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), la Sala Tercera de Revisión ordenó dar prioridad en el acceso a un
subsidio de vivienda a una persona desplazada que además padecía una enfermedad
degenerativa a pesar del orden
preestablecido en la asignación de los subsidios de vivienda. La Corte consideró que se trataba de un caso excepcional en el que concurrían varias circunstancias de
especial indefensión, debilidad y vulnerabilidad, por lo que era un deber
indiscutible de las autoridades proporcionar un trato marcado por una especial
diligencia, consideración y sensibilidad frente a la difícil situación por la
que atravesaba el actor y de esta manera permitirle superar la afectación de
los derechos constitucionales que le habían sido vulnerados. En este mismo
sentido, en Sentencia T-182 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), la Sala
Primera de Revisión le ordenó a la
Agencia Presidencial para la
Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social- la modificación en su política de
asignación de turnos para la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y
sus prórrogas, tomando en consideración criterios de diferenciación derivados
del grado de vulnerabilidad de los beneficiarios, dándole  prioridad, en
consecuencia, a los sujetos de especial protección constitucional, como la
población desplazada. Para ello, sostuvo que un modelo de asignación de turnos
que consultará el nivel de vulnerabilidad de los beneficiarios, resultaba a
todas luces constitucional, pues atendía al grado de protección reforzada que
requería quien, además de presentar la condición de desplazado por la
violencia, pertenecía a uno de los grupos de especial protección
constitucional.
[75] "Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política".
[76] MP. Jaime Córdoba Triviño; AV. Jaime
Araujo Renteria. En esta ocasión se analizó la situación de 772 pensionados de la
Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante S.A. CIFM, en Liquidación Obligatoria, quienes solicitaban se
ordenara el pago de sus mesadas pensionales dejadas de pagar durante varios
meses y el pago de los aportes del servicio de salud, cuya no cancelación les
estaba causando un perjuicio irremediable. La
Corte concedió transitoriamente el amparo y ordenó el pago de todas las
mesadas causadas y no pagadas a favor de los accionantes. Para ello, consideró
que era indispensable tomar medidas para garantizarles a los pensionados el
pago oportuno de sus acreencias laborales ante el perjuicio que les estaba
ocasionado no contar con recursos económicos para satisfacer sus necesidades
básicas, pues dependían de dicho ingreso para subsistir y partiendo de la base
que era responsabilidad exclusiva de la accionada asumir este pago. Consideró
que la decisión tendría efectos inter comunis, en consideración a que
existían otros pensionados que pertenecían a la misma comunidad de los
accionantes, a quienes se les debía garantizar la igualdad de participación, y
además se buscaba con ello, evitar desequilibrios injustificados.
[77] Sentencia T-088 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). En esta ocasión, se analizó si la acción de tutela resultaba
procedente para solicitar la entrega de viviendas de interés social reguladas
por un contrato ordinario de construcción, teniendo en cuenta que los
contratantes eran  personas en situación de desplazamiento y que a pesar de
haber culminado el plazo para la entrega de las unidades habitacionales, las
entidades responsables no habían procedido a ello. La
Sala Novena de Revisión concedió el amparo y le ordenó a las entidades responsables
la construcción y adecuación de las unidades habitacionales conforme a los
términos del contrato pactado con los accionantes. Para ello, consideró que las
entidades accionadas habían desconocido el derecho a la vivienda digna de los
accionantes en su faceta de asequibilidad y disponibilidad en tanto habían
transcurrido cuatro años sin que se procediera a la entrega formal de las
viviendas concertadas privándolos injustamente del acceso material a estos
bienes inmuebles. Precisó que ello revestía especial gravedad teniendo en
cuenta que los beneficiarios del subsidio eran personas en condición de
desplazamiento por lo que la ausencia de entrega de las unidades habitacionales
constituía una seria barrera para avanzar hacia el restablecimiento económico
y, por tanto, hacia la superación del desplazamiento, perpetuando las
condiciones de extrema vulnerabilidad de esta población especialmente
protegida. En esta oportunidad, la decisión tuvo efectos inter comunis, considerando
que existían otros miembros pertenecientes a la población desplazada y afectada
por las mismas actuaciones de las entidades accionadas, a quienes por virtud
del principio de igualdad se les debía otorgar protección constitucional.
[78] Cabe precisar que el desalojo se suspende
hasta tanto se garantice un albergue provisional, y no hasta cuando se
inscriban a los afectados en programas de solución definitiva de vivienda,
porque, como se explicó en el apartado anterior, las obligaciones del Estado en
materia de vivienda digna son de carácter progresivo, y no se puede limitar
indefinidamente el derecho de dominio del propietario. Al respecto, puede observarse,
entre otras, la sentencia T-239
de 2013 (MP María Victoria Calle Correa). En esa oportunidad, la
Sala Primera de Revisión amparó el derecho fundamental a la vivienda de un
grupo de personas en condición de desplazamiento, contra el cual se había
emitido una orden de desalojo dentro de un proceso de lanzamiento por ocupación
de hecho. Allí se sostuvo que el desalojo no se podía ejecutar, hasta tanto le
garantizaran a los accionantes “un albergue provisional en condiciones
dignas.”, y además se ordenó a las autoridades competentes que, luego de
ejecutar el desalojo y garantizar un albergue temporal, inscribieran a los
afectados en programas de vivienda definitiva. En el mismo sentido puede
observarse la sentencia T-349 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
citada anteriormente.