T-919-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-919/08
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Hijo
en representación de sus padres mayores
DERECHO A LA SALUD-Línea jurisprudencial
sobre su fundamentalidad
INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Subreglas sobre los requisitos para acceder a tratamientos y
medicamentos excluidos del POS
REGIMEN ESPECIAL DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA
NACIONAL-Regulación legal
REGIMEN ESPECIAL DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Regulación sobre beneficiarios
REGIMEN ESPECIAL DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA
NACIONAL-Desafiliación irregular de beneficiarios
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia
REGIMEN ESPECIAL DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES-Desafiliación de los padres del accionante por  existir una hija con
derecho de registro, sin tener en cuenta que ella está afiliada a otra entidad
de salud
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA-Vulneración
por la desafiliación irregular de los padres beneficiarios y la suspensión de
los servicios de salud que venían gozando
A la luz de las consideraciones
que se han hecho a lo largo de esta providencia, no cabe la menor duda que la
suspensión del servicio de salud que hizo el
Centro Nacional de Afiliación de las Fuerzas Militares, “CENAF”, a los padres beneficiarios, viola de manera flagrante sus derechos
fundamentales, en razón de que éstos habían sido registradas como beneficiarios
de su hijo y desde hacía algún tiempo
considerable venían figurando como tales y disfrutando del servicio de salud en
el Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares y de Policía. A finales del año
2007, de manera arbitraria y unilateral, esta entidad  inactivó el registro
como beneficiarios y suspendió por completo el servicio de salud que les venía
prestando. Pasando inadvertido, además el hecho de que la hija del afiliado, no ha sido
registrada como beneficiaria en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares
y de Policía, como lo dispone el artículo 22 de la
Ley 352 de 1997, pues se encuentra afiliada a Red Salud Atención Humana EPS. Es
decir, no ha desplazado válidamente a los padres beneficiarios. Por lo tanto,
la desvinculación arbitraria inconsulta y unilateral de los padres de la
entidad de salud mencionada, vulnera el derecho al debido proceso consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, y por esa vía los derechos a la
vida, la salud y  la seguridad social.
Referencia:
expediente T-1913972
Acción de tutela interpuesta por Eduan Gey Lezama Yaguara, como
agente oficioso de  Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia, contra el
Centro Nacional de Afiliación de las Fuerzas Militares, “CENAF”.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C.,
dieciocho (18) de septiembre de dos mil ocho (2008).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del  fallo proferido por el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito Especializado de la
ciudad de Cali, en el trámite de la acción de tutela
iniciada por Eduan Gey Lezama Yaguara como agente
oficioso de sus señores padres Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia,
contra el Centro Nacional de Afiliación de las Fuerzas Militares, “CENAF”.
I.
ANTECEDENTES.
Eduan Gey Lezama Yaguara, actuando como
agente oficioso de sus padres, Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia,
interpuso acción de tutela en contra de la entidad referenciada, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales a la salud y a la vida. Según el  actor,
la violación radica en que  la entidad demandada se
niega a  continuar prestando los servicios de salud a sus progenitores, alegando
que el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares prohíbe a los afiliados
tener como beneficiarios a sus padres,  cuando tienen hijos que gocen  de
prioritario  derecho al registro,  afiliación y prestación de los servicios
médicos.
1.  Hechos.
Para fundamentar su solicitud el accionante relata  los siguientes
hechos.
1.
Narra que el 6 de diciembre de 2007 solicitó al Centro
Nacional de Afiliación de las Fuerzas Militares, “CENAF”, la renovación de los
carnés de servicio médico de sus padres y que dicha entidad le entregó una
constancia con validez de 30 días, indicándole que regresara por los documentos
definitivos  días después.
2.
Comenta que cuando fue a recoger los carnés le comunicaron
que éstos habían sido invalidados  por habérsele otorgado  un  subsidio
familiar a su hija.
3.
Señala que cuando reconoció a su hija Sara Ximena Lezama Mosquera y fue
beneficiario del subsidio familiar, se le informó  que no habría ningún
inconveniente con los servicios médicos de sus padres, pues  ellos sólo serían desafiliados
del sistema si se acercaba personalmente a retirarlos.
4.
Asevera que no ha afiliado a su hija como
beneficiaria del Subsistema de Salud de las Fuerzas
Militares, porque ella esta afiliada a  Red Salud   y
porque su padre esta recibiendo el procedimiento de  hemodiálisis en la Unidad
Renal  de Ibagué (Tolima), como parte del tratamiento de la insuficiencia renal
producto de la diabetes que padece, lo cual indica que es  prioritario,  toda
vez que no cuenta con otro sistema de salud.
5.
Aclara que  por la  avanzada edad de sus
progenitores  no se han podido afiliar a una EPS, y que el tratamiento al cual
esta sometido su señor padre, según le han informado,  no es cubierto por el  POS.
Por lo anterior,
invoca el  amparo de los derechos fundamentales de sus padres a la salud y a la
vida. En consecuencia, solicita que se les continúen prestando los servicios
médicos y asistenciales, pues el estado de salud de su progenitor se ha
deteriorado gravemente.
2. Respuesta de la Dirección de Sanidad Militar del Comando
General de las Fuerzas Militares.
La entidad
demandada, a través del Coronel Rodrigo Carvajal Soler, Subdirector
Administrativo y Financiero y Director General de Sanidad  Militar, dio  respuesta a la acción de amparo oponiéndose a su prosperidad.
Manifiesta  que la
Dirección General de Sanidad Militar es una dependencia del Comando General de las
Fuerzas Militares, encargada de ejecutar  los planes y programas que coordina
el Comité de Salud del Subsistema de Salud  de las Fuerzas Militares, teniendo
dentro de sus funciones  la expedición de carnés de los afiliados y
beneficiarios. Puntualiza  que el Subsistema de Salud no es una Entidad Promotora
de Salud, sino de carácter especial (artículo 279 de la Ley 100 de 1993) regido
por el Decreto Ley 1795 del 2000.
Informa que el
señor Eduan Gey Lezama Yaguara se
encuentra afiliado  al mencionado subsistema de salud, registrando como
beneficiarios a sus padres Adelia Yaguara Sánchez y
Efraín Lezama Devia, quienes se hallan en el sistema inactivos porque el
accionante tiene una hija.
Señala que  el  artículo
24 del decreto Ley 1795 del 2000 establece que la “afiliación al Subsistema
de Salud de las Fuerzas Militares podrá extenderse a los PADRES DEL AFILIADO,
siempre y cuando  el afiliado no tenga conyuge e hijos con derecho”.
Por lo tanto, afirma que como el  afiliado cotizante Eduan Gey Lezama Yaguara
tiene una hija con derecho a la cobertura  de salud, resulta imposible activar
en la base de datos a los señores Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia
como beneficiarios del accionante. Añade a lo anterior que como dichas personas
no tienen la calidad de beneficiarios, no se les puede prestar los servicios
médicos, pues ello implicaría la tipificación del delito de peculado por
aplicación oficial diferente, conforme a lo previsto en el artículo 399 del
Código Penal.
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
El Juzgado
Segundo (2º) Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Cali, mediante
sentencia de fecha 28 de enero de 2008, decidió no conceder el amparo
solicitado.
A juicio del
despacho, la conducta de la entidad demandada, al  inactivar la afiliación de
los señores Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia  como beneficiarios
del accionante, es legal, pues lo único que hace es aplicar el régimen especial
de salud de las Fuerzas Militares, contenido en el Decreto 1795 de 2000 y en la
Directiva Permanente Nº 10011 de 2000.
Explica que
dicha normatividad estipula que los padres podrán ser afiliados como
beneficiaros del cotizante, sólo cuando este último no tenga cónyuge, compañero
permanente o hijos con derecho. Y que por lo tanto, como el señor Eduan Gey
Lezama Yaguara reconoció a su hija Sara Ximena Lezama
Mosquera, resulta claro que no puede mantener
vinculados a sus padres en calidad de beneficiarios, por cuanto no pertenecen
al grupo familiar precisamente delimitado por el citado Decreto.
Concluye que los presuntos afectados pueden acudir a una EPS o en su
defecto ante la Secretaría de Salud Pública Departamental o Municipal, para
recibir el tratamiento médico requerido.
III. Pruebas.
Del material
probatorio que obra en el expediente la Sala destaca lo siguiente:
·
Declaración bajo juramento de Eduan Gey Lezama Yaguara (folios 10 y 11).
·
Certificación del Jefe del Centro Nacional de
Afiliación de las Fuerzas Militares, “CENAF”, sobre la pertenencia al subsistema de Salud de Eduan Gey Lezama Yaguara, en la que aparecen
Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia como sus únicos beneficiarios, quienes se encuentran inactivos en
razón de que el afiliado cotizante recibe subsidio (folio 20).
·
Copia de documentos de identificación del
accionante Eduan Gey Lezama Yaguara, Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia (folios 5, 6 y 7).
·
Copia del carné de Red Salud E.P.S. de Sara
Ximena Lezama Mozquera, que la
identifica como beneficiaria de ese sistema de salud (folio 8).
IV. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico.
Tomando en consideración los antecedentes planteados, corresponde a
esta Sala de Revisión determinar si el Centro Nacional de Afiliación de las
Fuerzas Militares, “CENAF”, ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud
y a la vida de los señores  Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia, al  desafiliarlos
del  Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y negar la continuidad en la
prestación del servicio, con el argumento de cumplir lo señalado en el Decreto
1795 de 2000, el cual establece que los padres de los  afiliados
sólo podrán ser vinculados como beneficiaros cuando este último no tenga cónyuge,
compañero permanente o hijos con derecho, pero sin tener en cuenta que la hija
del accionante ya se encuentra afiliada a otra  entidad de salud y no es
beneficiaria del mencionado subsistema.
Para resolver el anterior problema jurídico la Sala
abordará los siguientes temas: (i) la legitimación por activa en la
presentación de la demanda de tutela; (ii) el derecho a la salud como derecho
fundamental y su protección constitucional; (iii) el régimen de salud de las Fuerzas
Militares y de Policía; (iv) el principio de continuidad en la prestación del
servicio de salud. Con base en ello (v) la Sala procederá al análisis del caso
concreto, para determinar si hay lugar o no a la protección invocada.
3. Legitimación
por activa.
De acuerdo con
lo previsto en el artículo 86 de la  Constitución Política y el artículo 10º
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida directamente
por quien sienta vulnerados o amenazados sus derechos[1], por sus representantes legales, por intermedio de apoderado
judicial, a través de agente oficiosos, y por el defensor del Pueblo o los
Personeros Municipales. De conformidad con esas normas, en los casos en que los
titulares de los derechos no están en condiciones de promover su propia defensa,
la tutela puede ser impetrada mediante la agencia oficiosa[2].
La Corte se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la agencia
oficiosa promovida por los hijos en defensa de los derechos fundamentales de
sus padres, concluyendo que la misma es viable cuando los titulares de los
derechos se encuentren  imposibilitados para promover su propia defensa por
razones de salud y edad, entre otros factores[3]. En este
sentido la Sentencia T-594 de 2006, señala:
“Teniendo en cuenta que en los expedientes T-1322556, T-1324968,
T-1324978 y T-1324979, quienes instauran las acciones de tutela son los
hijos de personas de 71, 79, 93 y 76 años respectivamente, que se encuentran
gravemente enfermas y en imposibilidad de ejercer su propia defensa y en el
expediente T-1324996 la accionante prefirió instaurar directamente la acción de
tutela, las situaciones se ajustan a las prescripciones del artículo 10º del
decreto 2591 de 1991, sobre la posibilidad de interponer la acción por sí misma
o de agenciar derechos de terceros”[4]. (Subrayado fuera de texto)
En esta misma línea de argumentación, en sentencia T-236 de 2000 la
Corte consideró que en virtud de los principios de buena fe y prevalencia del
derecho sustancial, la afirmación del agente oficioso era suficiente para
abordar un análisis de fondo. Dijo entonces:
“Observa la Sala que la acción de tutela fue instaurada en
representación del padre,  quien “está muy delicado de salud”, según se
afirma en el escrito de tutela, pues padece de cáncer en la próstata, además de
que cuenta con 77 años de edad. No se afirma categóricamente que el
afectado esté imposibilitado para promover su propia defensa, pero, en aras de
salvaguardar el Derecho sustancial según lo ordena el artículo 228 de la
Constitución y teniendo en cuenta las circunstancias de edad y salud en que se
encuentra el afectado, se procederá al análisis de fondo”. (Subrayado fuera de texto).
En el caso objeto de revisión la acción  de tutela fue instaurada
por  el  señor Eduan Gey Lezama Yaguara en agencia oficiosa de sus padres de 73 y 68 años de edad, uno de
ellos enfermo de diabetes e insuficiencia renal grave. A pesar de no  existir
prueba alguna en el expediente sobre la enfermedad que padece el señor Efraín
Lezama Devia, la Sala advierte que el accionante afirmó en varias oportunidades
que su padre padecía dichas enfermedades y la entidad demandada nada objetó al
respecto. Por lo tanto, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, las afirmaciones
hechas en la demanda por el actor se toman como ciertas pues están cobijadas por
la presunción de veracidad y ningún reparo  formuló la entidad accionada sobre
el particular.
Partiendo de lo anterior y  aunque no se evidencia claramente que
los afectados estén imposibilitados para promover directamente su propia
defensa, con el propósito salvaguardar  la prevalencia del derecho sustancial y
por tratarse de  personas de la tercera edad merecedoras  de especial
protección, se procederá al análisis de fondo. De esta forma se considera
satisfecho el requisito de legitimidad por activa, a través de la agencia
oficiosa.
4. El derecho a la salud como derecho
fundamental y su protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
Inicialmente la
jurisprudencia de la Corte Constitucional se caracterizó por diferenciar los
derechos susceptibles de protección mediante la acción de tutela y los derechos
de contenido meramente prestacional. En relación con el derecho a la salud, se
consideró que para ser amparado por vía de tutela, debían tener conexidad con
el derecho a la vida, la integridad personal y la dignidad humana. Igualmente
se protegía como derecho fundamental autónomo tratándose de los niños, en razón
a lo dispuesto en el artículo 44 de la constitución, y se protegía el ámbito
básico cuando el tutelante era un sujeto de especial protección.
A partir de la
sentencia T-858 de 2003, la Corte consideró que el derecho a la salud es fundamental
de manera autónoma cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada
de las normas que rigen el derecho a la salud. En tal medida consideró que
siempre que se requiera el acceso a un servicio de salud, contemplado en los
planes obligatorios, procede concederlo por tutela.
En efecto, las EPS tienen el deber de
garantizar la prestación de los servicios de salud incluidos en el plan
obligatorio de salud, POS, entendido éste como el “conjunto básico de
servicios de atención en salud a que tiene derecho, en caso de necesitarlos,
todo afiliado al régimen contributivo que cumpla con las obligaciones
establecidas  para el efecto y que está obligada a garantizar a sus
afiliados las entidades promotoras de salud, EPS”[5].
(Subrayado fuera del texto original).
Lo anterior está fundamentado en el
artículo 8 del Decreto 806 de 1998, que contempla que las entidades promotoras
de salud deben garantizar la prestación de los servicios contenidos en el plan
obligatorio de salud, POS, del régimen contributivo en condiciones de “calidad,
oportunidad y eficiencia, con cargo a los recursos que les reconoce
el sistema general de seguridad social en salud por concepto de la unidad de
pago por capitación, UPC, las cuotas moderadoras y los copagos definidos por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud”.  (Subrayado fuera del texto
original).
Con
posterioridad, la Corte le ha reconocido a la salud el carácter de derecho
fundamental autónomo. Sin embargo, también ha reconocido que la fundamentalidad
de un derecho no implica, necesariamente, que todos los aspectos cobijados por
éste son tutelables, pues dado que los derechos no son absolutos pueden ser
limitados de conformidad con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad
fijados por la jurisprudencia y por cuanto la posibilidad de exigir el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de un derecho fundamental y la
procedencia de hacerlo por una acción de tutela son cuestiones diferentes y
separables[6].
En sentencia
T-016 de 2007, la Sala Séptima de Revisión de esta Corporación, desarrolló el
criterio jurisprudencial sostenido por esta Corte, sobre el carácter
fundamental de todos los derechos sin distinguir si se trata de derechos
políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, así como que dicha
fundamentalidad tampoco debe derivar de la manera como estos derechos se hacen
efectivos en la realidad.
Al respecto se
indicó:
“De acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que acoge la Sala
en la presente sentencia, la fundamentalidad de los derechos no depende –ni
puede depender- de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la
práctica.  Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera
directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar
democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la
Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos
vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir
la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones
estatales de orden negativo o de abstención).
“Significan de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y
democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades
ni disponen de los medios –económicos y educativos- indispensables que les
permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar.  De
ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de
libertad, en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en situación de
desventaja social, económica y educativa.  Por ello, también la necesidad de compensar
los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida
mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo
o de acción)”. (Subrayado fuera del texto
original).
Acertadamente,
la jurisprudencia de la Corte, para establecer la fundamentalidad del derecho a
la salud, se ha apoyado de instrumentos internacionales de distinto orden,[7]
por ejemplo por lo estipulado en la Observación No. 14 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que establece:
“La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para
el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.
La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos
procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de
salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos”.
(Subrayado por
fuera del texto original).
En el mismo
sentido,  la Constitución de 1991, contempla estos criterios cuando
en el artículo 49, estipula: “La atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.
Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud”.
“Corresponde
al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para
la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control”.  (Subrayado por fuera
del texto original).
Con el propósito
de enfatizar en la protección constitucional del derecho a la salud como
derecho fundamental, en sentencia T-200 de 2007, la Corte menciona las
dimensiones de amparo de este derecho, para lo cual estableció:
“…En abundante jurisprudencia esta Corporación ha señalado que la
protección ofrecida por el texto constitucional a la salud, como bien jurídico
que goza de especial protección, tal como lo enseña el tramado de disposiciones
que componen el articulado superior y el bloque de constitucionalidad, se da
en dos sentidos: (i) en primer lugar, de acuerdo al artículo 49 de la
Constitución, la salud es un servicio público cuya organización, dirección y
reglamentación corresponde al Estado. La prestación de este servicio debe ser
realizado bajo el impostergable compromiso de satisfacer los principios de
universalidad, solidaridad y eficiencia que, según dispone el artículo 49
superior, orientan dicho servicio[8]. En el
mismo sentido, como fue precisado por esta Sala de revisión en sentencia T-016
de 2007, el diseño de las políticas encaminadas a la efectiva prestación del
servicio público de salud debe estar, en todo caso, fielmente orientado a la
consecución de los altos fines a los cuales se compromete el Estado, según lo
establece el artículo 2° del texto constitucional.
“(ii) La segunda dimensión en la cual es protegido este bien
jurídico es su estructuración como derecho. Sobre el particular, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el derecho a la salud no es
de aquellos cuya protección puede ser solicitada prima facie por vía de tutela[9].
No obstante, en una decantada línea que ha hecho carrera en los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha considerado que una vez se
ha superado la indeterminación de su contenido –que es el obstáculo principal a
su estructuración como derecho fundamental- por medio de la regulación ofrecida
por el Congreso de la República y por las autoridades que participan en el
Sistema de Seguridad Social; las prestaciones a las cuales se encuentran
obligadas las instituciones del Sistema adquieren el carácter de derechos
subjetivos…”. (Negrillas fuera del texto original).
En efecto, la
Corte ha considerado que en materia de amparo del derecho fundamental a la
salud por vía de tutela, una vez adoptadas las medidas de orden legislativo
y reglamentario orientadas a determinar cuáles son las prestaciones
obligatorias en salud y a trazar las vías de acceso a la seguridad social, si
se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas
sin excepción pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva
protección de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera
que este derecho se encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado.
Es por este motivo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
constante y enfática en afirmar que tratándose de la negación de un servicio,
medicamento o procedimiento incluido en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.),
en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de Atención
Básica (PAB), en el Plan de Atención Complementaria (PAC) así como ante la no
prestación de servicios relacionados con la obligaciones básicas definidas en la
Observación No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
puede acudirse directamente a la tutela para lograr su protección[10].
A pesar de la razonabilidad, que persigue fines constitucionalmente
valiosos, en la determinación de un plan obligatorio en el que se encuentran
los procedimientos a cargo del sistema, tales dispositivos legales generan
controversias en términos de derechos fundamentales para eventos precisos.  En
efecto, la armonía entre las normas que regulan el plan obligatorio y los
preceptos constitucionales se ve comprometida en los casos en que el usuario
del servicio de salud requiere de un procedimiento o medicamento necesario para
la conservación de su vida en condiciones dignas o su integridad física que, no
obstante, se encuentra excluido del POS.
Ante la existencia de esa posibilidad fáctica, la Corte ha definido
subreglas jurisprudenciales precisas sobre los requisitos que deben cumplirse
para que el juez constitucional, ante la situación especifica, proceda a
inaplicar las normas que definen el contenido del plan obligatorio y, en su
lugar, ordene el suministro de la o las prestaciones excluidas.  En este
sentido, la jurisprudencia constitucional ha previsto que la acción de tutela
es procedente para lograr una orden de protección de esta naturaleza cuando
concurran las siguientes condiciones:
“i) [Que]  Que la
falta del medicamento, tratamiento o diagnóstico amenace o vulnere los derechos
fundamentales a la vida o la integridad personal del afiliado, lo cual debe
entenderse no sólo cuando existe inminente riesgo de muerte sino también cuando
la ausencia de ellos afecta las condiciones de existencia digna.
ii) [Que] el medicamento o
procedimiento excluido no pueda ser reemplazado por otro que figure dentro del
POS o cuando el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que el
excluido;
iii) [Que] el paciente no tenga
capacidad de pago para sufragar el costo de los servicios médicos que requiera
y no pueda acceder a ellos a través de ningún otro sistema o plan de salud; y
iv) [Que] estos últimos hayan sido
prescritos por un médico adscrito a la entidad de seguridad social a la cual
esté afiliado el accionante” [11].
No obstante, en relación con el cumplimiento del primer requisito,
la intensidad de su comprobación debe modularse para el caso en que los
afectados sean sujetos de especial protección. Ello debido a la protección especial
que la constitución les brinda y al carácter fundamental que tiene el derecho a
la salud. Desde esta perspectiva, el requisito en comento resultará acreditado
cuando la ausencia de la prestación médico asistencial involucre una afectación
del bienestar físico, mental o social de las personas que por mandato constitucional
cuentan con una protección especial.
5. El régimen especial de salud de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional. Desafiliación irregular de beneficiarios.
5.1. El artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 consagra varios regímenes especiales de seguridad social que
están excluidos del sistema general de salud, como los relativos a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de Ecopetrol y de las empresas en
concordato preventivo y obligatorio mientras dure el proceso concursal.
Los artículos 19 de la Ley 352 de 1997 y 23 del decreto
1795 de 2000 reiteran que las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional están
sometidos a un régimen especial en salud. Acerca de dichos regímenes especiales
esta Corte  ha dicho:
“[t]ales regímenes consagran derechos adquiridos por
los mencionados sectores laborales, gracias a reivindicaciones colectivas que
fueron defendidas por sus voceros ante el Congreso de la República, justamente,
para que no fueran desconocidas por el sistema general de pensiones y salud” [12].
Sobre  esta materia la Corte también ha precisado lo
siguiente:
“De otra parte, debe recordarse que el legislador
pretendió al establecer los regímenes de excepciones al régimen general de la
Ley 100 de 1993: (i) que los derechos en salud contengan beneficios y
condiciones superiores a los que rigen para los demás afiliados al Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en la dicha ley y, a su vez, (ii) en
ningún caso, consagre un tratamiento discriminatorio o menos favorable al que
se otorga a los afiliados al sistema integral general”[13].
5.2. Los artículos 20 de la
Ley 352 de 1997 y 24 del Decreto 1795 de 2000 señalan quienes pueden ser
beneficiarios en el mencionado sistema especial. Es así como la última de las
normas citadas dispone, en lo pertinente:
“Artículo 24. BENEFICIARIOS. Para los afiliados en el
literal a) del artículo 23, serán beneficiarios los siguientes:
(…)
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar  podrá extenderse a los
padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de é l(…)”.
En el caso específico de las Fuerzas Militares, la Corte  ha explicado
que  es contrario a los principios constitucionales de solidaridad,  de
continuidad en la prestación del servicio de salud y de
protección especial a personas en situación de debilidad manifiesta,“una
interpretación literal del ordenamiento jurídico en materia de salud y
seguridad social de la Fuerza Pública que se oriente a restringir o impedir la
continuidad del acceso a los servicios médicos a una persona por el solo hecho
de ser desvinculada, cuando dichos servicios se requieren necesariamente para
su rehabilitación y son prestados en razón de condiciones patológicas que
pueden ser directamente atribuibles al servicio”[14].
La Corte, en sentencia T-456 de
2007 explicó:
“En consecuencia se tiene que en el régimen de salud
de las Fuerzas Militares los padres del afiliado también son, por regla
general, beneficiarios del sistema en forma subsidiaria o condicionada, puesto
que únicamente acceden a las prestaciones médicas si el hijo cotizante no tiene
cónyuge o compañero permanente ni hijos con derecho. En esta situación se
encuentran la tutelante y su esposo, quienes en su calidad de padres fueron
desvinculados del servicio de salud cuando su hija (afiliada cotizante)
inscribió a su propio hijo.
Sin embargo, de forma similar a como ha se ha evidenciado en el
régimen excepcional de los docentes, el sistema especial de las Fuerzas
Militares no establece un mecanismo equivalente o similar al de los cotizantes
dependientes o afiliados adicionales que permita la inscripción o permanencia
de los padres que dependen económicamente de sus hijos, en los eventos en que
existen otros beneficiarios que les impiden acceder a la prestación del
servicio o que, como en el caso concreto que se analiza, se ven expuestos a
la expulsión definitiva del sistema después de haber pertenecido al mismo,
solamente porque su hijo soltero optó por casarse, tener un compañero o
compañera permanente o concebir un hijo”. (Subrayado
fuera del texto original).
5.3. El artículo 22 de la
Ley 352 de 1997 “por la cual se reestructura el
Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social
para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, consagra como uno de  los deberes de las entidades responsables
afiliar al Sistema de Salud  de las Fuerzas Militares y de Policía a las
personas indicadas en el artículo 19 de la misma ley y registrar a sus
respectivos beneficiarios. Dice la norma:
““Artículo 22. Entidades responsables. El Ministerio
de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y las entidades
descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional
tendrán, según sea el caso, los siguientes deberes en relación con el SSMP:
a) Afiliar al SSMP a las personas enumeradas en el
artículo 19 de la presente Ley y registrar a sus respectivos beneficiarios
(…)”.
Esto quiere significar que por mandato legal, los
beneficiarios de los afiliados deben ser formal y materialmente registrados en
el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía. De tal suerte que
el registro se convierte en un requisito absolutamente necesario para que un
beneficiario con mejor derecho pueda desplazar a otro que ha sido inscrito,
como ocurre en el caso de los padres no pensionados que dependen económicamente
del afiliado, frente al cónyuge o a los hijos.
Esta exigencia resulta particularmente válida, en la
medida en que el afiliado cotizante debe tener la posibilidad de determinar,
quien o quienes serán sus beneficiarios, por supuesto dentro del marco legal
aplicable y previa acreditación de los requisitos exigidos en cada caso. De
esta manera, la entidad ante la existencia de un nuevo potencial beneficiario
no puede unilateralmente y de manera inconsulta, determinar quien tiene la
calidad de beneficiario y desplazar a quien ha sido previamente registrado como
tal.
Por otro parte, debe tenerse en cuenta, según el
parágrafo cuatro del literal d) del citado artículo 24 del Decreto 1795 de
2000, no se pueden admitir como beneficiaros del Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de Policía a los cotizantes de cualquier otro régimen de
salud.
Conviene precisar que ni la Ley 352 de 1997, ni el
Decreto 1795 de 2000 regulan expresamente la desafiliación de beneficiarios.
Por eso en esta materia es necesario acudir a normas constitucionales, como el
artículo 29 que reconoce el derecho al debido proceso. Esta Corte ha reiterado
al respecto que la desafiliación de una persona del sistema de seguridad social
en salud no puede hacerse en forma arbitraria y unilateral, sino que es
necesario garantizar las reglas mínimas del debido proceso. Por ejemplo, en
sentencia C-800 de 2003 señaló:
“En todo caso, cuando constitucional y legalmente no
corresponda a una EPS continuar un tratamiento médico, lo que se decida al
respecto ha de ser producto de un debido proceso básico (artículo 29, C.P.),
precepto desarrollado por el legislador al impedir categóricamente a las EPS
desafiliar de forma unilateral y caprichosamente a una persona”.
Igualmente, en sentencia T-128 de 2005, esta Corporación
señaló:
“Las decisiones de las EPS de suspender la prestación
del servicio o desafiliar a una persona del sistema no pueden adoptarse de
manera unilateral y caprichosa, pues siempre habrá de garantizarse el debido
proceso a los afiliados”[15].
Las consideraciones expuestas en esas sentencias tienen
plena aplicación tanto en el Sistema General de Seguridad Social como en los
regímenes especiales, pues los postulados del debido proceso no dependen de la
pertenencia o no a un régimen en particular.
6. El principio de continuidad del servicio de salud. Reiteración de jurisprudencia.
El Sistema General de Seguridad Social Integral diseñado en la Ley 100
de 1993, está regido, entre otros, por los principios de universalidad,
progresividad y continuidad, los cuales encuentran fundamento en el artículo 49
de la Carta Política. Aunque estos principios se encuentran consagrados por el
Sistema General de Seguridad Social, las consideraciones jurisprudenciales que
sobre ellos se hacen  son extensivas a cualquier régimen especial[16].
“Ello es así, como quiera que
lo que se pretende  es permitir que todos los habitantes del territorio
nacional tengan  acceso a los  servicios de salud incondiciones dignas, lo que
se enmarca dentro  de los principios de universalidad y progresividad, propios
de la ejecución de los llamados derechos prestacionales, dentro de los cuales
se encuentra  el derecho a la salud”[17].
De conformidad
con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, el derecho a la
seguridad social al igual que el de la salud son servicios públicos que deben
ser prestados en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.
En atención a lo
anterior, el legislador consagró en el artículo 2° de la ley 100 de 1993 que
los servicios de salud deben ser prestados acorde con los mencionados
principios, siendo definido el principio de eficiencia como “la mejor utilización social y económica de los
recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los
beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma
adecuada, oportuna y suficiente”.
Respecto de la salud y la seguridad social la jurisprudencia ha
precisado que la continuidad en su prestación garantiza el derecho de los
usuarios a recibirlo de manera oportuna y prohíbe a las entidades responsables
realizar actos u omitir obligaciones que afecten sus garantías fundamentales.
En tal sentido, esta Corporación ha sido enfática en señalar que las razones de
índole administrativo[18] o aquellas relacionadas
con el incumplimiento de las obligaciones de los empleadores o empresas
contratantes con las EPS; o en los casos en que la persona deja de tener una
relación laboral,  no son aceptables para negar la atención médica ya iniciada.[19]
En esta medida la Corte ha destacado en múltiples Sentencias[20]
la importancia que tiene el principio de continuidad en la prestación del
servicio de salud, pues una de las principales características de los servicios
públicos es la eficiencia y dentro de ella la continuidad, que busca garantizar
un servicio oportuno y sin interrupción. Así en la Sentencia T-406 de 1993, la
Corte consideró que uno de los principales fines del Estado es la prestación de
los servicios públicos y que uno de los principios fundamentales que rige la
prestación de aquellos, en materia de salud, es el de continuidad. En aquel
entonces, se indicó:
“El servicio
público responde por definición a una necesidad de interés general; ahora bien,
la satisfacción del interés general no podría ser discontinua; toda
interrupción puede ocasionar problemas graves para la vida colectiva. La
prestación del servicio público no puede tolerar interrupciones.”
De la misma
forma en la Sentencia SU-562 de 1999, la Sala Plena de esta Corporación,
estableció:
“Uno de los principios característicos del servicio público es el de
la eficiencia. Dentro de la eficiencia está la continuidad en el servicio,
porque debe prestarse sin interrupción.
(…)
“En el caso colombiano, la aplicación ineludible de los
principios está basada en el artículo 2° de la C. P. que señala como uno de los
fines del estado “garantizar la efectividad de los principios”. Luego, el
principio de la continuidad en el servicio público de salud de los trabajadores
dependientes no puede ser afectado ni siquiera cuando se incurre en mora
superior a los seis meses, en el pago de los aportes, porque la disposición que
permite suspenderle el servicio a quienes estén en esta circunstancia es una regla
de organización dentro de la seguridad social establecida en la ley 100 de 1993
que no se puede extender a la “garantía de la seguridad social” establecida
como principio mínimo fundamental…”. (Subrayados fuera
del texto original)
Así pues, las entidades prestadoras del servicio de salud no pueden
efectuar actos ni incurrir en omisiones que comprometan la continuidad del
servicio y su eficiencia, ya que no es admisible que se niegue la
autorización de exámenes, medicamentos, procedimientos quirúrgicos o
tratamientos que se encuentran en curso, pues ello amenaza los derechos a la
vida y a la integridad física de los afiliados, no solamente cuando se
demuestra que sin ellos el paciente puede morir, sino cuando se puede ver
afectado el estado de salud del usuario[21].
A dicha conclusión la Corte ha llegado en múltiples fallos. Así, en
Sentencia T-829 de 1999, esta Corporación indicó que “sin importar la razón por la cual se extingue la vinculación con una
E.P.S., ésta está obligada a continuar con los tratamientos que ha iniciado
hasta su culminación, cuando esto es posible, o hasta cuando el ex usuario
adquiera cierta estabilidad que lo aleje de un peligro de muerte, en casos
extremos, de manera que no es posible la suspensión abrupta de los servicios
frente a un tratamiento iniciado, siempre y cuando con ello se amenace o
vulnere un derecho constitucional con carácter fundamental o uno que no tenga
este carácter, pero que se encuentre inescindiblemente vinculado a uno que lo
tenga”.
Posteriormente, en la Sentencia C-800/03, la Corte mostró
cómo la jurisprudencia ha examinado en cada caso, “si los motivos en los que
la EPS ha fundado su decisión de interrumpir el servicio son
constitucionalmente aceptables”. En esa oportunidad concluyó que una EPS no
puede suspender un tratamiento, un medicamento o la práctica de una cirugía
aduciendo entre otras, las siguientes razones:
“(i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de
pagarlos; (ii) porque el paciente ya no esta inscrito
en la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar de
trabajo;  (iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacia
beneficiario;  (iv) porque la EPS considera que la persona nunca reunió los
requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado;  (v)
porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho
aún aportes a la nueva entidad; o  (vi) porque se trata de un servicio
específico que no se había prestado antes al paciente, pero que hace parte
integral de un tratamiento que se le viene prestando[22]”.
De la anterior
jurisprudencia se observa que esta Corporación ha estudiado la importancia que
tiene el principio de continuidad cuando se suspende la atención en salud por
parte de las Entidades Promotoras de Salud -EPS- por falta de pago de los
aportes correspondientes del empleador, por la pérdida del vínculo laboral,
por la ausencia de suministro de un servicio que no se había prestado antes
pero que hace parte integral de uno que se venia prestando, etc. En  dichas
ocasiones ha señalado que una persona tiene derecho a seguir recibiendo un
tratamiento médico ya iniciado, “pues suspenderle los servicios súbitamente
puede significar peligro para su vida y su integridad física”[23]
Así, en Sentencia
T-109 de 2003, la Corte Constitucional sostuvo:
“En aras de amparar el derecho a la salud y a la vida de las
personas que acuden en tutela reclamando su protección, la Corte Constitucional
ha sido insistente en afirmar que las empresas encargadas del sistema de salud
no pueden, sin quebrantar gravemente el ordenamiento positivo, efectuar acto
alguno, ni incurrir en omisión que pueda comprometer la continuidad del
servicio y en consecuencia la eficiencia del mismo. Es obligación primordial,
tanto de las entidades estatales como de los particulares que participen en la
prestación del servicio público de salud, garantizar su continuidad.”
Con posterioridad, en Sentencia T-1079 de 2003, se ordenó a
una EPS suministrar al accionante la atención integral en salud para tratar una
hernia umbilical que padecía, al sostener que “cuando una persona deja de
tener una relación laboral, y por lo tanto, deja de cotizar al régimen
contributivo del Sistema de Salud y no se encuentra vinculada de ninguna otra
forma a dicho régimen, ni cuenta con recursos económicos, pero estaba
recibiendo un servicio específico de salud (…) debe continuar recibiendo la
asistencia médica, si se comprueba que para el caso están comprometidos
derechos fundamentales a la vida y a la integridad de la persona”.
En igual sentido, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
en la reciente Sentencia T-1083/07, ratificó lo anteriormente expuesto,
manifestando:
“En desarrollo de estos criterios, se han establecido de igual forma,
por vía jurisprudencial[24], algunas
hipótesis que se presentan con cierta frecuencia y que en ningún caso pueden
considerarse razones suficientes para suspender la atención en salud. Tal es el
caso de la mora en el pago de los aportes, la desvinculación de la E. P. S., la
pérdida de la calidad que permitía a la persona figurar como beneficiario, el
no cumplimiento de todos los requisitos para la afiliación –pese a haber sido
admitida la afiliación con anterioridad-, el traslado de E. P. S., el cambio de
régimen de seguridad social en salud, la ausencia de algún documento de
carácter técnico que debe estar en poder de la E. P. S., entre otras”.
En conclusión, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido
la importancia del principio de continuidad en materia de salud y el deber que
tienen las instituciones encargadas de aplicarlo. De esta manera, ha prohibido
a las  entidades realizar actos que interrumpan el servicio de salud cuando se
hayan iniciado procedimientos, tratamientos o suministro de medicamentos, si
con dicha suspensión se ponen en peligro derechos fundamentales, al menos hasta
que cese  la amenaza o la entidad encargada de prestar el servicio asuma sus
obligaciones legales y continúe prestando efectivamente la atención requerida[25].
7. Análisis del caso concreto.
Procede la Sala a establecer si el Centro Nacional de Afiliación de
las Fuerzas Militares, “CENAF”, podía válidamente desafiliar a los padres del
accionante del  Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y suspender los tratamientos
médicos  requeridos por los señores Efraín Lezama Devia bajo el argumento de haber perdido su calidad de afiliados beneficiarios del
Subsistema de Salud  de las Fuerzas Militares por existir una hija con derecho de registro, sin tener en cuenta que ésta  ya se
encuentra afiliada a otra  entidad de salud y no es beneficiaria del mencionado
subsistema .
Pues bien, del material probatorio
que reposa en el expediente la Corte observa que los señores Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia son los padres del
accionante Eduan Gey Lezama Yaguara. Así lo confirma éste y no lo discute el
representante de la entidad accionada. El padre tiene 73
años de edad y la madre 68 años, según consta en las fotocopias de sus cédulas
de ciudadanía  que se adjuntaron al expediente (folios 6 y 7).
Eduan Gey Lezama Yaguara, en su
condición de suboficial del Ejercito Nacional, desde hace algunos años es afiliado
principal en salud  al Subsistema DGSM-CENAF, y como tal afilió también a sus
padres en calidad de beneficiarios, quienes venían haciendo uso normal  del
servicio de salud, incluido el tratamiento de hemodiálisis para Efraín Lezama
Devia. Así lo afirma el accionante  y lo corrobora en parte la certificación
expedida por el jefe del Centro Nacional de Afiliación (folio 20).
El demandante tiene una hija
llamada Sara Ximena Lezama Mosquera, quien está afiliada en salud, desde el  02
de abril de 2006, a otra entidad denominada Red Salud Atención Humana EPS, como
lo demuestra la constancia de la base de datos del FOSYGA (folio 21) y el carné
de afiliación de Sara Ximena Lezama Mosquera a la mencionada E.P.S. en calidad
de beneficiaria (folio 8).
Efraín Lezama Devia ha estado
gravemente enfermo de diabetes y presenta problemas renales, por lo cual estaba
recibiendo tratamiento de hemodiálisis en la ciudad de Ibagué, por cuenta de la
entidad accionada, cuyo representante no desmiente esa circunstancia (folios
10,12 y 14).
Desde finales de diciembre de 2007, el Centro
Nacional de Afiliación de las Fuerzas Militares, “CENAF”, suspendió el servicio de salud que venía prestando  a los
beneficiarios Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia. El argumento que esgrime la entidad prestadora de salud consiste en
que el afiliado principal tiene una hija con mejor derecho, desplazando a los
padres, según lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1795 de 2000.
El Juzgado Segundo
(2º) Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Cali negó el amparo
solicitado, ratificando los argumentos de la entidad accionada, en la medida en
que, según lo señalado en el Decreto 1795 de 2000 y en la Directiva Permanente
Nº 10011 de 2000, como el  afiliado cotizante Eduan Gey Lezama Yaguara tiene
una hija con derecho a la cobertura  de salud, resulta imposible activar en la
base de datos a los señores Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia como
beneficiarios del accionante.
En tales circunstancias, a la luz
de las consideraciones que se han hecho a lo largo de esta providencia, no cabe
la menor duda que la suspensión del servicio de salud que hizo el Centro Nacional de Afiliación de las Fuerzas Militares, “CENAF” ,
a los beneficiarios Adelia Yaguara Sánchez y Efraín
Lezama Devia, viola de manera flagrante sus derechos  fundamentales, en razón
de que éstos habían sido registradas como beneficiarios de su hijo Eduan Gey Lezama Yaguara y desde hacía algún tiempo considerable
venían figurando como tales y disfrutando del servicio de salud en el Subsistema
de Salud de la Fuerzas Militares y de Policía.
En efecto, a finales del año 2007,
de manera arbitraria y unilateral, esta entidad  inactivó el registro como
beneficiarios y suspendió por completo el servicio de salud que les venía
prestando. Pasando inadvertido, además el hecho de que Sara
Ximena Lezama Mosquera, hija del afiliado, no ha sido
registrada como beneficiaria en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares
y de Policía, como lo dispone el artículo 22 de la Ley
352 de 1997, pues se encuentra afiliada a Red Salud Atención Humana EPS. Es
decir, no ha desplazado válidamente a los padres beneficiarios. Por lo tanto,
la desvinculación arbitraria inconsulta y unilateral de Adelia Yaguara Sánchez
y Efraín Lezama Devia de la entidad de salud mencionada, vulnera el derecho al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y por
esa vía los derechos a la vida, la salud y  la seguridad social.
Adicionalmente, la Sala considera que
en el presente caso,  por tratarse de dos personas de la tercera edad, una de
ellas bajo tratamiento médico y dependientes económicamente de su hijo, la suspensión
abruta del servicio de salud por razones meramente reglamentarias
desconoce lo dispuesto en los artículos 13 y 46 de la
Constitución, que ordenan al Estado y a la sociedad proteger de manera especial
a las personas de la tercera edad; el artículo 48 de la misma carta, según el
cual la seguridad social es un servicio público de  carácter obligatorio; y  los
principios de de continuidad y progresividad del
servicio de salud.
Siendo así las cosas, lo indicado
en este caso es revocar la sentencia revisada y, en su lugar, tutelar los
derechos fundamentales de la vida y la salud en  favor de  Adelia Yaguara Sánchez
y Efraín Lezama Devia. Con miras a garantizarles la continuidad en la
prestación del servicio de salud, se ordenará al señor director de la entidad
accionada que, en el término de 48 horas,  active el registro en el Subsistema
de la Fuerzas Militares de los señores Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama
Devia como beneficiarios del señor Eduan Gey Lezama
Yaguara y garantice la continuidad en la prestación del
servicio de salud a los afectados.
V. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido en
este asunto, el 28 de enero de 2008, por el Juzgado Segundo (2º) Penal del
Circuito Especializado de Cali. En su lugar, CONCEDER por las razones y
en los términos de esta sentencia el amparo de los derechos fundamentales a la
salud y a la vida de los señores Adelia Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia.
SEGUNDO.- ORDENAR
a la Dirección de Sanidad Militar del Comando
General de las Fuerzas Militares (o a quien corresponda) que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
reestablezca la prestación del servicio médico asistencial de los señores  Adelia
Yaguara Sánchez y Efraín Lezama Devia, como beneficiarios de su hijo Eduan Gey Lezama Yaguara, en las
mismas condiciones en que se venía prestando antes de su suspensión y
garantizando la continuidad de los tratamientos médicos que se hubieran
suspendido.
TERCERO.-Por la
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991 al juzgado de origen, con el fin de que realice las
correspondientes notificaciones dentro de los dos días siguientes al recibo del
expediente y tome las medidas conducentes para el cumplimiento de esta
sentencia.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Ponente
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Ver sentencias: T-082 de 1997, T-422 de 1993,
T-530 de 1994  y T-044 de 1996, entre otras.
[2] Se pueden consultar entre muchas otras  las sentencias: T- 875 de
1999, T-299 de 2001, T-899 de 2001, SU-01023 de 2001, T-294 de 2001, T-531 de
2002,  T-641 de 2003, T-645 de 2004, T-681 de 2004, T-435 de 2006, T-62 de 2006
y T-172 de 2007.
[3] Sentencia T- 205 de 2008.
[4] Verse sentencias: T-1220 de 2004, T-1210 de 2004 y
T-787 de 2001.
[5]Artículos
162 y 177 Ley 100 de 1993, artículo 7 Decreto 806 de 1998.
[6] Ver sentencia T-016 de
2007.
[7]
Entre otros: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo
12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, de 1979; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, de 1989. Varios instrumentos regionales de derechos humanos,
como la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada (art. 11), la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981 (art. 16), y el
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (art. 10), también
reconocen el derecho a la salud. Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado
por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa
de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales.
[8]
Sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000.
[9]
Sentencia T-557 de 2006.
[10] Ver
sentencia T-016 de 2007
[11]
Los anteriores criterios se pueden ver plasmados en las Sentencias T-648 de
2007, T-100 de 2007, T-139 de 2008, T-144 de 2008, T-517 de 2008, T-818 de
2008,  entre otras.
[12]
Sentencia T-348 de 1997.
[13]Sentencia T-594 de 2006.
[14] Sentencia
T-841 de 2006.
[15] En el mismo sentido se
pueden ver las sentencias T-380 y T-861  de 2007.
[16] Sentencias T-153 de 2005, T-267 de 2006 y  T-594 de 2006.
[17] Sentencia T-153 de 2005.
[18]
Sentencia T-262 de 2000.
[19]
Sentencia T-829 de 1999.
[20]
Relacionadas con el principio de continuidad en la prestación del servicio,
entre muchas otras, pueden verse las Sentencias: T-059/97, T-515/00, T-746/02, C-800/03,T-685/04, T-858/04, T-875/04, T-143/05, T-305/05, T-306/05, T-464/05, T-508/05, T-568/05,T-802/05, T-842/05, T-1027/05, T-1105/05, T-1301/05, T-764/06, T-662/07, T-690A/07, T-807/07, T-970/07 y T-1083/07.
[21] Sentencia  T-111 de 2004.
[22] En el
mismo sentido véase la Sentencia T-170 de
2002.
[23] Sentencia T-1278 de 2001.
[24] Entre
otras: Sentencias T-060 de 1997, T-829 de 1999, T-680 de 2004, T- 170 de 2002 y
T-380 de 2005.
[25] Sentencia T-111 de 2004.