T-027-17
Sentencia T-027/17
VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LA MUJER-Caso en que se solicita medida de protección de
desalojo por violencia intrafamiliar del ex compañero
y padre de los hijos de la accionante, para preservar la vida e integridad
física de ésta y su grupo familiar
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
MADRE
CABEZA DE FAMILIA COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA
VIOLENCIA-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Mandatos
constitucionales y legales
PROTECCION
ESPECIAL DE LA MUJER-Jurisprudencia constitucional
La Corte
Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, ha
reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial
protección constitucional debido a que presentan una “(…) situación de
desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y
especialmente a la familiar, a la educación y al trabajo”. En este sentido, y
en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de
género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo
poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han
vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de
brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
VIOLENCIA
ESTRUCTURAL CONTRA LA MUJER-Protección judicial
Las autoridades judiciales deben: “(i)
desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en
disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y
las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera
que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un
grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato
diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv)
evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones;
reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga
probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios
sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi)
considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales;
(vii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente
comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de
acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan
la dignidad y autonomía de las mujeres”.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedencia
por defecto fáctico, al omitir valorar material
probatorio
Referencia: Expediente T-5.742.929
Acción de tutela interpuesta por Diana
Patricia Acosta Perdomo contra la Comisaría de Familia Dieciséis de Bogotá D.C.
y el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero
de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alberto
Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva y Aquiles Arrieta Gómez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por la
Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.[1] y por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,[2] dentro del trámite de
tutela instaurado por Diana Patricia Acosta Perdomo contra la Comisaría de
Familia Dieciséis de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá
D.C.
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política,[3] el Decreto
2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de Selección
Número Ocho de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la
acción de tutela de la referencia.[4] De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala
de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.[5]
1.
Solicitud y hechos
La señora Diana Patricia Acosta Perdomo, por medio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Comisaría de Familia
Dieciséis de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C., al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la integridad
personal y a la vida, por haberse negado la solicitud de desalojo por violencia
intrafamiliar del señor Julián Giovanny Zamudio. Con base en lo expuesto,
solicita que se tutelen los derechos fundamentales invocados y que se deje sin
efecto la providencia proferida por la autoridad judicial accionada, para en su
lugar dictar medida de protección de desalojo contra el señor Julián Giovanny
Zamudio Espinosa. Basa su solicitud en los siguientes hechos:
1.1.
La accionante indica que solicitó ante la Comisaría de Familia Número
Dieciséis de Bogotá D.C. una medida de protección de desalojo contra Julián
Giovanny Zamudio Espinosa, padre de sus dos hijos. [6]
Ello en razón a que ha sido víctima de violencia física y psicológica de su
parte.[7]
1.2.
Expone que la Comisaría de Familia resolvió no conceder la medida de
aseguramiento solicitada, al considerar que no contaba con los elementos
probatorios suficientes para determinar la existencia de agresiones que pusieran
en peligro la humanidad o integridad de la señora Acosta Perdomo.[8] En este
sentido, y tras constatar que existían agresiones mutuas entre la pareja, decidió
imponer una medida de protección a favor de ambos, consistente en la
conminación para que cesaran los actos de agresión física, verbal o psicológica
entre sí. También les ordenó acudir a tratamiento reeducativo y terapéutico en
la entidad de salud donde se encontraban afiliados.[9]
1.3.
La decisión anterior fue tomada, no obstante que en el informe de
Medicina Legal por ella aportado durante el proceso, se concluyó que
existía un nivel de riesgo grave, teniendo en cuenta “la cronicidad, la
frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales que la habían
puesto en una situación en la que se hacía imperativo tomar medidas urgentes en
aras de proteger la vida de la usuaria”.[10]
Motivo por el cual apeló la decisión adoptada por la Comisaría de Familia.
1.4.
Aduce que el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. que conoció
de la apelación, decidió confirmar la determinación de la Comisaría de Familia al
considerar que la actuación se ajustó a la normatividad aplicable al caso y que
la decisión se argumentó en el material probatorio legalmente recaudado.[11]   También precisó
que entre las partes se confunden los roles de víctima y agresor, “siendo
estos mismos en su lucha de poderes quienes propician y avivan los conflictos”.
Con respecto al informe de Medicina Legal, indica que el Juzgado consideró que
éste no constituía prueba pericial, ya que “no es una valoración de daño
físico, psíquico, mental o emocional de la usuaria, así como tampoco valora
aspectos relativos al presunto victimario, como quiera que no fue evaluado, ni
entrevistado, por lo tanto, no se constituye plena prueba para adoptar una
medida tan drástica como lo es el desalojo de alguno de los integrantes de la
familia”.
1.5.
Considera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales e incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento de las
normas de rango legal aplicables al caso, al negarse a imponer la medida de
desalojo solicitada en contra de su ex compañero y limitarse a conminarlos, sin
tener en cuenta el informe de Medicina Legal aportado al expediente.
1.6.
Agrega que, como consecuencia de la decisión revisada, se vio obligada
a dejar su casa debido al temor infundido por el señor Zamudio Espinosa, quien
además, ha usado su hogar como bodega de productos de contrabando, por lo cual
ya se inició un proceso penal en su contra.
2.
Contestación de la demanda[12]
2.1.
Respuesta de la Comisaría Dieciséis de Familia de Bogotá D.C.
La Comisaria
Décimo Sexta de Familia, Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, ratificó que la
accionante y el señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa se caracterizan por ser
una pareja disfuncional generadora de violencia familiar, por lo cual la
Comisaría impuso medidas de protección en favor de ambos y se les prestó
orientación para que asumieran tratamientos terapéuticos y así resarcieran los
daños emocionales ocasionados por el maltrato vivenciado en procura de una
comunicación cordial, asertiva y libre de violencia.[13]
2.2.
Respuesta del Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C.
Sandra Mejía
Mejía, Jueza Veintinueve de Familia, informó que el Juzgado en efecto avocó conocimiento
de la medida de protección formulada por la accionante contra el señor Zamudio
Espinosa, en la cual se dictó providencia del veinticuatro (24) de febrero de
dos mil dieciséis (2016), confirmando la resolución del veinte (20) de agosto
de dos mil quince (2015) proferida por la Comisaría Dieciséis de Familia, y una
vez en firme la misma, se procedió a remitir el expediente a la Comisaría de
origen, por lo tanto el expediente no se encuentra en ese despacho judicial.
2.3.
Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional
Bogotá
La Defensora
de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Consuelo
González Molina, indicó que el día dieciséis (16) de febrero del año en curso
se le verificaron los derechos a los menores Juan José y Juan Sebastián Zamudio
previa petición de su madre. El área de trabajo social, psicología y nutrición
concluyó que: “los niños (…) en el momento no se encuentran en amenaza,
inobservancia o vulneración de sus derechos; de acuerdo a lo referido y la
documentación aportada por la señora Diana Patricia Acosta se evidencian
antecedentes de violencia intrafamiliar en la pareja donde presuntamente han
sido espectadores los niños, situación con denuncia penal en curso. También se
encuentran antecedentes de amenaza de muerte por parte del señor Julián
Giovanny Zamudio hacia la señora Diana Patricia Acosta, con última denuncia en
el mes de enero del presente año”. Asimismo, dispuso remitir el caso a la
Comisaría de Familia II de Engativá con las valoraciones y anexos presentados
por la accionante, dado que los hechos descritos por ella se dan dentro del
contexto de la violencia intrafamiliar.
3.
Decisiones judiciales objeto de revisión
3.1.
La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá D.C. resolvió denegar el amparo constitucional invocado al considerar
que las autoridades accionadas sí tuvieron en cuenta, dentro de los elementos
de convicción que sirvieron para adoptar las decisiones acusadas, el informe
emitido por el Instituto de Medicina Legal al que hace alusión la accionante.[14]  Sin
embargo, se consideró que el mismo no valora aspectos relativos al presunto
victimario, al no haber sido evaluado ni entrevistado por tal instituto, por lo
que “mal hubieran hecho las funcionarias, al imponer una medida extrema,
como la del desalojo de extremo pasivo, cuando las demás pruebas no alcanzan a
demostrar un riesgo inminente a la vida de la accionante”.  Adicionalmente,
indicó que con las determinaciones adoptadas en los fallos acusados, no se deja
desprotegida a la accionante, pues la misma puede iniciar el respectivo
incidente de incumplimiento si el señor Zamudio Espinosa no acata la medida
impuesta por la Comisaría; además tiene la posibilidad de solicitar las
cautelas que sean del caso. Por último, precisó que las presuntas actividades
delictivas en que incurre el supuesto victimario, en nada afectan la decisión
que tomaron las autoridades accionadas, ya que los documentos que aluden a las
mismas no fueron tenidos como prueba en la primera instancia y porque no tienen
que ver estrictamente con lo que se debatía en el trámite de la medida de
protección, hechos que son de la órbita exclusiva de la justicia penal.
3.2.
Mediante apoderado judicial, la accionante impugnó el fallo de primera
instancia manifestando que las autoridades accionadas la dejaron desprovista de
seguridad a ella y a sus hijos, pues como lo demostró el informe de Medicina
Legal la permanencia del señor Zamudio Espinosa en la casa representa una
amenaza a su integridad personal, física y mental. Asimismo precisó que la
única prueba que éste último aportó durante el trámite, fue su propia declaración,
mientras que ella si aportó las pruebas pertinentes y aun así se consideró que
estas no alcanzaban a demostrar un riesgo inminente a su vida e integridad
personal.
3.3.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[15] resolvió
confirmar el fallo de primera instancia al considerar que la decisión que se
tomó en el caso concreto, no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve
ostensible desviación del ordenamiento jurídico y que por ende, tenga aptitud
para lesionar las garantías superiores de quien promovió la queja
constitucional. Para la Corte Suprema, el fallador ponderó en forma conjunta
las pruebas allegadas al expediente, de las cuales se concluyó que las
agresiones eran mutuas entre la pareja, por lo que las medidas de protección
debían disponerse para los dos, a fin de que terminaran los actos de violencia
entre ambos y no se volvieran a repetir. Además no se infirió que el querellado
representara un peligro, riesgo o amenaza para la vida e integridad de la
querellante para tomar una medida tan drástica como es la del desalojo de
alguno de los integrantes de la familia, pese a existir informe de medicina
legal, el mismo no era plena prueba, como quiera que además de no ser una
valoración del daño físico, psíquico, mental o emocional de la usuaria, tampoco
tuvo en cuenta aspectos relativos del presunto victimario, como quiera que no
fue evaluado ni entrevistado.
4.  Actuaciones
surtidas en sede de revisión
4.1.
Mediante Auto del veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), se autorizó, a través de la Secretaría General de esta Corporación, la
expedición de copias del expediente a favor del Despacho del Procurador
Auxiliar para Asuntos Constitucionales, para efectos de que se preparara la
intervención del Procurador General de la Nación en dicho trámite de tutela.[16]
4.2.
El dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017) se recibió, a
través de la Secretaría General de esta Corporación, un escrito remitido por la
señora Diana Patricia Acosta Perdomo, en el cual expuso algunas consideraciones
sobre el estado actual de su situación y la persistencia de las razones que la
motivaron a presentar la acción de tutela de la referencia.[17]
4.3.
Al considerarse que existían indicios e información sobre una eventual
amenaza grave e inmediata a los derechos fundamentales de la señora Diana
Patricia Acosta Perdomo y de sus hijos menores de edad, esta Sala[18] resolvió
decretar una medida cautelar para proteger los derechos involucrados. Ordenó la
Sala lo siguiente:
“(i) ordenar al señor Julián
Giovanny Zamudio Espinosa que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
a la notificación del presente auto, desaloje la vivienda ubicada en la Avenida
Calle 3 # 44A-23, Bogotá D.C., so pena de incurrir en desacato; (ii) ordenar al
señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa que, por ahora, se abstenga de retornar,
ingresar al domicilio y aproximarse a la tutelante o alguno de sus hijos; (iii)
comunicar a la Policía Nacional las medidas ordenadas en los numerales primero
y segundo de la parte resolutiva de este auto, a fin de que garantice su
cumplimiento; (iv) ordenar a la Policía Nacional que brinde a la señora Diana
Patricia Acosta Perdomo el acompañamiento para el reingreso a su lugar de
residencia, además de la protección temporal especial a su favor y de sus
hijos, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo; (v) ordenar a la Secretaría
Distrital de la Mujer, a través del Sistema Distrital Integral a Mujeres
Víctimas de Violencia -SOFÍA-, así como al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y a la Defensoría del Pueblo; que en el marco de sus respectivas
competencias, brinden a favor de la accionante y sus hijos, el acompañamiento
médico, psicológico, social y jurídico necesario para el restablecimiento de
sus derechos. Todas las medidas cautelares que se ordenarán estarán vigentes,
en principio, hasta tanto la Sala tome una decisión de fondo respecto de la
acción de tutela estudiada”.[19]
4.4.
El señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa allegó un memorial a través
de la Secretaría General de esta Corporación,[20]
en el que alegó que no es pertinente traer a la acción de tutela hechos que
están siendo investigados por la justicia ordinaria: (i) ante la Fiscalía
General de la Nación se presentó denuncia penal por violencia intrafamiliar,
cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Veinticinco Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá D.C., estando pendiente una audiencia de
juicio oral;[21]
y (ii) se presentó demanda de disolución y liquidación de la unión marital de
hecho, proceso que cursa ante el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá D.C.[22]
4.4.1. Por otra parte consideró que el informe de medicina
legal allegado al expediente, que evidencia el supuesto maltrato físico del que
fue víctima la accionante, no puede ser tenido como prueba judicial. Advierte
que el mismo juzgado que conoció de la solicitud de medida de protección,
afirmó que “no es una valoración de daño físico, psíquico, mental o
emocional de la usuaria, así como tampoco valora aspectos relativos al presunto
victimario, como quiera que no fue evaluado, ni entrevistado, por lo tanto, no
se constituye plena prueba para adoptar una medida tan drástica como lo es el
desalojo de alguno de los integrantes de la familia”.
4.4.2. En cuanto a la vivienda de la cual fue desalojado en
virtud de la medida cautelar ordenada por esta Corporación, precisó que hace
parte de la sociedad patrimonial de hecho, contrario a lo alegado por la
accionante, y que esta lo ha perseguido en distintas instancias judiciales con
el único fin de apropiarse del inmueble.[23]
4.4.3. También informó que, conforme valoración del
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar de fecha veintitrés (23) de enero
de dos mil diecisiete (2017), su hijo Juan Sebastián presenta riesgo de
desnutrición aguda y “talla con riesgo en retraso de crecimiento”, lo
cual considera que se debe al descuido.[24]
Agregó que Diana Patricia no aportó la certificación médica de soporte a la
condición de discapacidad del menor.
4.4.4. Adujo que le parece muy extraño que la señora Acosta
Perdomo manifieste que no tiene donde vivir, siendo que es propietaria de un
apartamento que se encuentra bajo arrendamiento y que fue adquirido con el
producto del trabajo elaborado por su empresa. Informa que con la medida de
desalojo se han visto afectados su hija mayor de edad y su madre que es una
persona mayor, pues ahora no tienen en donde refugiarse.
4.4.5. Junto con el memorial aportó evidencias de que la
accionante, durante los últimos meses, le ha encargado el cuidado de los
menores de edad,[25]
y además manifestó que ha cumplido con sus obligaciones alimentarias siendo que
ha estado consignándole una cuota de sostenimiento para los niños a la
accionante.[26]
II.     CONSIDERACIONES
1.  Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el fallo de tutela
adoptado en el proceso de la referencia.
2.  Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial en el caso
concreto
2.1.
La jurisprudencia constitucional, en procura de la
salvaguarda de los principios de cosa juzgada y autonomía judicial, ha admitido
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, supeditándola a la configuración de dos conjuntos de criterios. Por
una parte, lo que se ha denominado “requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales” (C-590 de 2005), que permiten establecer si el asunto es de aquellos
en los que el juez constitucional puede conocer del caso; y por otra parte lo
que ha denominado las “causales especiales de
procedibilidad” (C-590 de 2005), que son los criterios
que determinan si en efecto se verificó o no una violación al derecho al debido
proceso.[27]
2.2.
Como se explicará a continuación, se considera que
la acción de tutela presentada por Diana Patricia Acosta Perdomo contra la
providencia judicial proferida por el Jugado Veintinueve de Familia de Bogotá
D.C., resulta procedente, por cuanto cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que esta Corte ha desarrollado en su jurisprudencia, como se argumenta
a continuación.  (i) Se puso a consideración de esta Corporación la presunta
vulneración del derecho al debido proceso de la accionante y de sus hijos
menores de edad, como consecuencia de la negativa de la comisaría de familia y
del juez de familia a conceder las medidas de protección por violencia
intrafamiliar solicitadas, con fundamento en que entre las partes se confunden
los roles de víctima y agresor. Ello no obstante que en el expediente obra un
informe de medicina legal que dictamina un riesgo grave en cabeza de la señora.
Se considera que el posible defecto fáctico en que pudo incurrir la autoridad
judicial accionada, goza de la suficiente relevancia constitucional para ser
analizado en esta oportunidad.  (ii) En virtud de lo previsto en el artículo 18
de la Ley 294 de 1996,[28]
modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000,[29] la accionante interpuso el
recurso de apelación contra la decisión proferida por la Comisaría de Familia
en relación con la medida de protección solicitada; agotando así los medios de
defensa judicial a su alcance.[30] Si bien podría pensarse que la señora puede
acudir ante los actores institucionales y no institucionales competentes en
materia de prevención, protección y atención de las víctimas de violencia
intrafamiliar, actualmente existe una amenaza inminente a sus derechos
fundamentales y a los de sus hijos menores de edad, ya que tuvo que abandonar
su hogar como consecuencia del maltrato físico propiciado por su ex compañero.  (iii)
La acción de tutela fue instaurada luego de casi tres meses de haberse
proferido la providencia judicial que acusa de vulnerar sus derechos
fundamentales, cumpliendo así con el principio de inmediatez que la
caracteriza.[31]
(iv) La supuesta irregularidad procesal en que incurrió el juzgado de familia,
incidió directamente en la decisión acusada, pues considerando que las
agresiones denunciadas fueron mutuas, decidió que no era procedente la medida
de desalojo que se solicitó.  (v) En la acción de tutela se identificaron
razonablemente los hechos que generaron la presunta vulneración a los derechos
fundamentales de la actora, los cuales fueron alegados por ella al momento de
apelar la decisión de la comisaría de familia, ante el juzgado de familia. Por
último, (vi) la providencia judicial que se acusa no es de tutela, pues se
trata de una sentencia proferida por un juez de familia, en el marco de la
solicitud de medida de protección por violencia intrafamiliar. Así, pues, este
es uno de esos casos que ya en el pasado la jurisprudencia ha considerado
procedente.[32]
2.3. Cumplidos pues los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, puede entonces el juez
constitucional pasar a analizar si en el caso concreto se verifica alguna de
las las “causales especiales de
procedibilidad” de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que configuren una violación al derecho constitucional
al debido proceso. En este caso, concretamente, la accionante alega la
existencia de un defecto fáctico en la sentencia proferida por el Juzgado de
Familia accionado, al no haber tenido en cuenta el Informe de Medicina Legal
que aportó para efectos de demostrar que existía violencia intrafamiliar y que
por lo tanto debía ordenarse el desalojo de su ex compañero. Además,
3.  Problema
jurídico
3.1. Corresponde a la Sala responder la
siguiente cuestión: ¿una comisaría de familia y una autoridad judicial incurren
en la causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
por defecto fáctico, al negarse a conceder una medida de protección de desalojo
por violencia intrafamiliar, con fundamento en que hubo agresiones mutuas entre
la pareja, omitiendo un informe del Instituto de Medicina Legal que certifica
la existencia de riesgo grave en cabeza de la mujer?
3.2. Para resolver el problema
jurídico planteado, se analizarán a continuación las siguientes temáticas: (i) la especialísima protección constitucional en cabeza de la
accionante; (ii) el compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma
de violencia contra la mujer; (iii) defecto fáctico, la ausencia de valoración
probatoria o su valoración irrazonable en el caso concreto; y (iv) la
protección judicial en el contexto de violencia estructural contra la mujer.
4.   La
especialísima protección constitucional en cabeza de la accionante
4.1.
Preliminarmente, debe advertirse
que, conforme los parámetros fijados por esta Corporación, en cabeza de la
señora Diana Patricia Acosta Perdomo recaen varios factores que la convierten
en una persona de especialísima protección constitucional. Al respecto, es
necesario tener en cuenta que, en virtud del principio de igualdad material,[33]
existe un deber a cargo del Estado tendiente a brindar una protección especial
a las personas que “por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellos se comentan”.[34]
Una obligación constitucional contenida expresamente en el artículo 13 Superior
y soportada en los artículos 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50 y 53 de la Constitución
Política (los cuales reconocen especiales medidas en materia laboral,
educacional, social y de salud a favor de la población más vulnerable).
La Corte ha reconocido
que, entre los sujetos de especial protección constitucional, se encuentran las mujeres cabeza de familia,[35]
las mujeres en estado de gravidez,[36]
los niños, niñas y adolescentes,[37] los grupos étnicos,[38]
las personas en situación de discapacidad,[39]
las personas de la tercera edad[40], entre otros,
y ha ordenado la adopción de acciones afirmativas a favor de todos ellos.[41]
4.2.
Frente al caso de la señora
Acosta Perdomo, debe resaltarse que, además de ser mujer cabeza de familia, ha
sido víctima de violencia de género, lo cual la llevó a desplazarse de su
domicilio. Tiene a cargo a dos hijos menores de edad, uno de los cuales se
encuentra en situación de discapacidad al haber sido diagnosticado con
plagiocefalia. En tal sentido, recuérdese que la protección constitucional de
la mujer cabeza de familia guarda estrecha relación con los derechos
fundamentales de los niños que dependen de ella.[42] Sobran pues
razones para considerar que en el caso bajo estudio la accionante se encuentra
en estado de indefensión y que, en consecuencia, merece una protección especial
de parte del juez de tutela.
5.  El
compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y
discriminación contra la mujer
5.1.
El caso que se analiza en esta oportunidad es un
claro ejemplo de violencia ejercida contra una mujer, como producto de una
práctica patriarcal ejercida por su condición de mujer y basada en estereotipos
de género.
5.2.
Reconociendo que la violencia contra la mujer es
una realidad social generada como consecuencia de una “manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”,[43]
en el plano internacional se han suscrito numerosos instrumentos para hacerle
frente. En el sistema de las Naciones Unidas, a partir de 1967, se realizaron
una serie de declaraciones y conferencias que pusieron en la agenda mundial la
cuestión de la discriminación y la violencia contra la mujer,[44] y que
finalmente se concretaron en los compromisos adquiridos con la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979),[45]
y su Protocolo Facultativo (2005).[46]
En el ámbito regional
además de la protección general que brinda la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (1969),[47]
se aprobó en 1995 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-;[48]
instrumento especializado que ha servido para nutrir los sistemas jurídicos del
continente a partir de las obligaciones concretas para el Estado en todas sus
dimensiones. Asimismo, la Constitución Política, en sus artículos 13 y 43,[49]
reconoce el mandato de igualdad ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación
por razones de sexo, también dispone que la mujer y el hombre gozan de iguales
derechos y libertades. Además de las normas dedicadas a generar un marco de
igualdad de oportunidades,[50]
el Estado colombiano ha desarrollado leyes específicamente destinadas a la
prevención y sanción de la violencia contra la mujer; (i) la pionera es la Ley
1257 de 2008 por medio de la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer;
(ii) la Ley 1542 de 2012 fortalece la protección especial, al quitarle el
carácter de querellables y desistibles a los delitos de violencia contra la
mujer; (iii) finalmente, este marco se complementa con la Ley 1719 de 2015, que
adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual.[51]
5.3.
En este entendido, la erradicación de toda forma
de violencia y discriminación contra la mujer es un compromiso promovido y
asumido por Colombia al ratificar los tratados internacionales en mención. El
país se ha obligado a condenar “todas las formas de violencia contra la
mujer (...), adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”,[52]
además de llevar a cabo las siguientes acciones de carácter específico:
“a. abstenerse de cualquier acción
o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus
funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad
con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación
interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que
sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su
integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer;
f. establecer procedimientos
legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos
judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces; y
h. Adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta
Convención.”[53]
Como se advierte, Colombia tiene obligaciones concretas
y precisas en el contexto del caso de Diana Patricia Acosta Perdomo.
5.4.
La Corte Constitucional, en cumplimiento de los
mandatos constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia que las
mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que
presentan una “(…) situación de desventaja que se ha extendido a todos los
ámbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al
trabajo”.[54]
En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de
la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este
grupo poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han
vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de
brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar.
5.4.1. Por ejemplo, en
Sentencia T-967 de 2014, la Corte evaluó si los derechos fundamentales de la
accionante habían sido conculcados por el juzgado de familia accionado, al no
valorar debidamente las pruebas que daban cuenta de la violencia física y
psicológica a la que fue sometida junto con sus hijas menores de edad, y que
fueron presentadas en el proceso de divorcio.[55]
En aquella ocasión se consideró que el juzgado incurrió en defecto fáctico y en
vulneración directa de la Constitución Política, al emitir la sentencia bajo
argumentos que en ese caso contribuían a perpetuar la violencia y la
discriminación contra la mujer. Además se precisó que los hechos de violencia
psicológica y doméstica son muy difíciles de probar desde los parámetros
convencionales del derecho procesal, por lo que es claro que las víctimas
tienen como única posibilidad de protección abrir los espacios de intimidad
familiar a sus más allegados; en esa medida, los operadores judiciales deben
flexibilizar esas formas de prueba y valorar integralmente todos los indicios de
violencia.[56]
5.4.2. Por otra parte,
en sentencia T-772 de 2015, esta Corporación se pronunció sobre la vulneración
a los derechos fundamentales de una mujer víctima de violencia intrafamiliar,
como consecuencia de la inactividad de la Fiscalía General de la Nación y otras
autoridades competentes, frente a las medidas de protección urgentes
solicitadas a través de la Defensoría del Pueblo.[57] Al respecto,
la Corte se refirió a la relevancia del derecho a un plazo razonable y su
relación con el derecho al debido proceso,[58]
además indicó que en el caso concreto, el Estado no cumplió con su deber de
protección ya que la accionante fue golpeada después de haber denunciado ante
las autoridades competentes que su pareja la agredía y de haber solicitado las
medidas de protección; lo cual constituye una revictimización.[59]
5.4.3. En Sentencia
T-012 de 2016, particularmente relevante para el presente asunto, se puso en
consideración de la Corte el caso de una mujer a la que, en el marco de un
proceso de divorcio, se le negó el derecho a recibir alimentos por parte de su
ex cónyuge con fundamento en que la violencia intrafamiliar que dio lugar a la
causal de divorcio, había sido recíproca, conforme las pruebas allegadas al
proceso. Se consideró al respecto que el Tribunal accionado incurrió en defecto
fáctico al “cercenar” pruebas fehacientes que comprobaron el maltrato constante
y prolongado que se ejerció sobre la tutelante”.[60] En efecto, el
Tribunal acusado, obviando que existía una sentencia emitida por la justicia
penal que condenó al agresor por el delito de violencia intrafamiliar, concluyó
que la violencia había sido recíproca entre las partes, sin detenerse a
analizar lo que los elementos probatorios evidenciaron.[61]
5.4.4. En Sentencia
T-241 de 2016, la Corte se pronunció sobre la vulneración de los derechos
fundamentales de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, por el defecto
fáctico en el que pudo incurrir el juez accionado, al revocar la decisión
adoptada por la Comisaría de Familia consistente en declarar el incumplimiento
de la medida de protección que favorecía a la accionante.[62] Frente al
asunto se indicó que la autoridad judicial accionada valoró defectuosamente el
material probatorio al no darle credibilidad a las consultas psicológicas que
se le hicieron a la accionante, y en donde señalaba que era víctima de maltrato
psicológico por parte de su cónyuge y se indicaba que el denunciado no había
querido asistir a terapia de pareja tal como lo había ordenado la Comisaría de
Familia.[63]
5.5.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-
ha indicado que en los casos de violencia contra la mujer, las obligaciones
específicas derivadas de la Convención de Belém do Pará, refuerzan y
complementan las obligaciones generales contenidas en los artículos 8
(Garantías Judiciales)[64]
y 25 (Protección Judicial)[65]
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera que “los
Estados tienen, además de las obligaciones genéricas (…), una obligación
reforzada a partir de la Convención Belém do Pará”.[66]
5.5.1. Concretamente, y
en cuanto al mandato contenido en el literal b del 7 de la Convención Belém
do Pará –debida diligencia-, es preciso indicar que la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las
Naciones Unidas también lo reconoce en su artículo 4º: “Los Estados (…)
deberán: (….) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir,
investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de
violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por
particulares”[67].
En este sentido, puede existir responsabilidad estatal por los actos de
violencia contra la mujer cometidos por el propio Estado o por los particulares;
en la Recomendación General No. 19 adoptada por el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer se estableció que “los Estados también
pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la
diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y
castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”.
5.5.2. Existen demandas
ante la CIDH en contra de los Estados Parte de la Convención por el
incumplimiento del deber de debida diligencia, siendo una de las más célebres
la que presentó María Da Penha contra Brasil. En aquella oportunidad, y tras
comprobarse que en el país existía una clara discriminación contra las mujeres
agredidas por la ineficacia de los sistemas judiciales brasileños, la Corte
condenó el hecho de que el Estado se hubiere tardado más de quince años en
tomar medidas efectivas en contra del agresor, concluyéndose que su impunidad
resultaba contraria a la obligación internacional voluntariamente adquirida por
el Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará.[68]
5.5.3. Sobre el alcance
de la obligación de debida diligencia, [69]
la CIDH ha precisado que en virtud de la misma, los Estados Parte deben adoptar
medidas integrales que permitan la aplicación efectiva de un adecuado marco
jurídico de protección además de la implementación de políticas de prevención y
prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias por violencia
contra la mujer.[70]
5.6.
Así pues, nacional e internacionalmente, se han adoptado
una serie de mandatos para la protección de la mujer y prevención de cualquier forma
de violencia en su contra. Entre estos mandatos se encuentra la debida
diligencia, que los obliga a adoptar medidas integrales en materia jurídica y
legal, además de la implementación de políticas de prevención que permitan
actuar con eficacia ante las posibles denuncias por violencia contra la mujer.
Asimismo, se ha reconocido que los Estados deben responder, no solo por los
actos propios de violencia contra la mujer, sino por los actos privados, cuando
se demuestre la falta de adopción de medidas con la debida diligencia para
prevenirlos o impedirlos.
6.  Defecto
fáctico, la ausencia de valoración probatoria o su valoración irrazonable en el
caso concreto
6.1.
Esta Corporación ha precisado que el defecto
fáctico se configura cuando el funcionario judicial de conocimiento aplica el
derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal,
de manera que “resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el
juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”.[71]
6.1.1. En concreto,
dicho defecto se presenta en aquellos casos en los que: (i) el funcionario
judicial, a pesar de contar con los elementos probatorios pertinentes, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para
efectos de fundamentar la decisión a adoptar y, además, se hace evidente que de
haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto debatido hubiera
variado sustancialmente (dimensión negativa); o (ii) el juez, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico, o cuando a pesar de
existir pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta su decisión (dimensión positiva).[72]
6.1.2. En Sentencia
T-902 de 2005 se aclaró al respecto, que si bien los jueces gozan de un amplio
margen valorativo del material probatorio, dicho poder jamás puede ejercerse
arbitrariamente, pues la evaluación del acervo probatorio requiere de la
adopción de criterios objetivos, racionales y rigurosos.[73]  En este
sentido, no es cualquier objeción sobre la valoración de las pruebas la que
conduce a declarar la existencia de un defecto fáctico, pues la vulneración al
derecho al debido proceso sólo se configura cuando lo concluido por el juez
sobre la prueba es manifiestamente arbitrario e incorrecto, es decir, cuando se
separa de las reglas de la sana crítica. En ausencia de dicha arbitrariedad, la
intervención del juez de tutela es inadmisible, pues la acción de tutela “no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”.[74]
6.1.3. En síntesis, el
defecto fáctico tiene una dimensión positiva y una negativa; la primera se da
cuando el juez aprecia pruebas determinantes en la resolución del caso, que no
ha debido admitir ni valorar, y la segunda ocurre cuando el juez niega o valora
pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración.[75]
6.2.
Conforme los lineamientos expuestos, se considera que la Comisaría
de Familia Número Dieciséis de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintinueve de Familia
de Bogotá D.C. incurrieron en defecto fáctico, pues omitieron valorar el
Informe de Medicina Legal aportado por la accionante dentro del proceso, en el
cual se concluyó que existía un nivel de riesgo grave en su cabeza teniendo en
cuenta “la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las agresiones
físicas y verbales que la habían puesto en una situación en la que se hacía
imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger la vida de la usuaria”.[76] Así bien, no
existían ni existen motivos razonables para que las autoridades accionadas
pasaran por alto el informe, el cual desecharon con fundamento en que las agresiones eran mutuas y en que “no fue contrastado con una
valoración concomitante practicada al señor JULIAN GIOVANNY ZAMUDIO ESPINOSA,
por tanto el mismo fue basado únicamente en las manifestaciones dadas por la
quejosa, sin que ese resultado brinde medios para ordenar así el desalojo del
señor”.[77]
6.2.1. Al respecto debe
precisarse que el deber de debida diligencia de las autoridades encargadas de
prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, implica evaluar
los testimonios de las víctimas a la luz de un enfoque de género, evitando toda
revictimización. La violencia intrafamiliar, y en particular la violencia
contra la mujer, no solo se ejerce en el plano físico sino también en el plano
psicológico y moral a través de prácticas que se dirigen a humillar y reducir la
confianza de la mujer con el fin de mantener los estereotipos de dominación y
abuso del machismo.
6.2.2. En el caso
concreto, la víctima fue diligente en entregar su declaración ante el Instituto
Colombiano de Medicina Legal. La falta de participación del victimario en el
proceso y la no valoración del mismo, no puede servir de excusa a las
autoridades para desproteger a la denunciante. La labor del Estado en la
prevención y erradicación de la violencia contra la mujer implica para las
autoridades una flexibilización de los procedimientos y del rigor probatorio
siguiendo el criterio pro persona, dirigido a hacer efectiva la
protección a la mujer frente a todo tipo de violencia. Como se verá a
continuación, el hecho de que en una sociedad como la nuestra, en el ámbito de
la violencia intrafamiliar, las agresiones entre hombre y mujer sean mutuas, no
es motivo suficiente para dejar sin protección a ésta última.
7.  La
protección judicial en el contexto de violencia estructural contra la mujer
7.1.
De conformidad con el último Informe del Instituto
Colombiano de Medicina Legal con respecto a las cifras de violencia de pareja
en el país, durante el año 2015 se registraron 47.248 casos, siendo la
población femenina la más afectada pues de la totalidad de los casos
reportados, 40.943 correspondió a violencia contra las mujeres. Se registró que
en el 47,27% de los casos, el presunto agresor fue su compañero permanente, y
en un 29,33% su excompañero.[78]
Llama la atención que la mayor parte de los factores que desencadenaron los
hechos violentos, hacen referencia a la intolerancia/machismo.[79] Desde un
ámbito regional, la Organización Mundial de la Salud registró que la violencia
contra la mujer infligida por el compañero íntimo está generalizada en todos
los países de América Latina y el Caribe,[80]
y que el porcentaje de mujeres que informaron haber sufrido agresiones por
parte de un compañero íntimo es inferior al porcentaje de las que informaron
haberlas sufrido “alguna vez”.[81]
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud registró en el año 2016,
que alrededor de una de cada tres mujeres (35%) en el mundo han sufrido
violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual de terceros en algún
momento de su vida.[82]
7.2.
En este contexto, debe precisarse que la violencia contra
la mujer, -que puede entenderse como “cualquier acción u omisión, que le
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en
el ámbito público o en el privado”-[83]
ha alcanzado un nivel estructural en nuestra sociedad, pues ha trascendido del
plano individual hacia un plano político, social y económico.[84] La violencia
contra la mujer, en el marco de la violencia intrafamiliar, se nutre de una
discriminación histórica que asigna unos roles específicos a cada género, en la
que predomina una posición dominante del género masculino a través de criterios
de apropiación y dominio de la mujer. Esta violencia, que se ejerce tanto desde
el ámbito físico como psicológico, pretende resquebrajar la autonomía e
independencia de la mujer, y en el marco de los paradigmas y estereotipos, se
tolera sin que haya una reacción social o estatal eficaz. Valga aclarar que este fenómeno, no ha sido ajeno a la administración
de justicia, pues las decisiones judiciales también han sido fuente de
discriminación contra la mujer al confirmar patrones de desigualdad. Para
contrarrestar esta situación, la jurisprudencia constitucional ha introducido
subreglas sobre cómo deben analizarse los casos que involucren actos o medidas discriminatorias,
reiterando la obligación que tienen las autoridades judiciales de abarcar
sus casos desde un enfoque diferencial de género. [85] Al respecto,
en sentencia T-012 de 2016, se precisó que las autoridades judiciales deben:
“(i) desplegar toda actividad
investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de
las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en
interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio
hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente
discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar
decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización
de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias
entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de
violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas
directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol
transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un
análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la
violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a
trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la
dignidad y autonomía de las mujeres”. [86]
7.3.
En este sentido, la existencia de agresiones mutuas entre
la pareja, debe leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra la
mujer. El estereotipo de la mujer débil que no se defiende ante la agresión, es
solo otra forma de discriminación. La defensa ejercida por una mujer ante una
agresión de género, no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de
tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de
violencia. Las víctimas de violencia de género no pierden su condición de
víctimas por reaccionar a la agresión, y tampoco pierde una mujer que se
defiende, su condición de sujeto de especial protección constitucional. En
virtud de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando un hombre y una mujer
se propician agresiones mutuas, en términos generales, no están en igualdad de
condiciones. La violencia contra la mujer está fundada en estereotipos de género
que les exige asumir roles específicos en la sociedad, ajenos a la “independencia, dominancia, agresividad, e intelectualidad del hombre” y cercanos a la “emotividad, compasión y
sumisión de la mujer”.[87]
Y la obligación del Estado es la de adelantar todas
las medidas necesarias para contrarrestar la discriminación histórica y
estructural que motiva a la violencia de género.
7.4.
En concordancia con lo anterior, decide la Sala que
el hecho de que el Juzgado accionado hubiere comprobado la existencia de
“agresiones mutuas” entre Diana Patricia Acosta Perdomo y Julián
Giovanny Zamudio, no era motivo suficiente para negar la medida
de protección por ella solicitada, sobre todo si había en el expediente un
Informe de Medicina Legal en donde expresamente constaba que existía un
nivel de riesgo grave y que irrazonablemente se dejó de lado. En este sentido,
se ampararán los derechos fundamentales de la tutelante, se dejará sin efectos
la providencia judicial proferida por el Juzgado Veintinueve de Familia de
Bogotá D.C. en el marco de la solicitud de medidas de protección, y se le
ordenará proferir una nueva conforme los parámetros expuestos en esta
sentencia.
7.5. Adicionalmente, se mantendrán
las medidas cautelares adoptadas mediante auto del dieciocho (18) de enero de
dos mil diecisiete (2017), pero en los siguientes términos: (i) ordenar al
señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa que, se abstenga de retornar, ingresar
al domicilio y aproximarse a la tutelante o alguno de sus hijos; (ii) comunicar
a la Policía Nacional la adopción de la anterior medida a fin de que garantice
su cumplimiento; (iii) ordenar a la Unidad Nacional de Protección adelantar un
estudio de riesgo y prestar las medidas de seguridad adecuadas a favor de la
accionante; (iv) ordenar a la Secretaría Distrital de la Mujer, a través del
Sistema Distrital Integral a Mujeres Víctimas de Violencia -SOFÍA-, así como al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo, que en
el marco de sus respectivas competencias, continúen brindando a favor de la
accionante y de sus hijos, el acompañamiento médico, psicológico, social y
jurídico necesario para el restablecimiento de sus derechos. Se dispondrá que
las medidas cautelares estarán vigentes hasta tanto el Juzgado Veintinueve de
Familia de Bogotá D.C. profiera nueva providencia judicial, en el marco de la
solicitud de medidas de protección.
Por último se aclara que las medidas
a adoptar van dirigida únicamente al señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa y
no se hacen extensivas a las demás personas que habitan en el inmueble.
III.  DECISIÓN
Una autoridad judicial, o quien ejerza sus veces,
vulnera el derecho al debido proceso de una mujer y a la especial protección a
la que tiene derecho en un contexto de discriminación como el actual, cuando
niega una medida de protección en su integridad (desalojo de la pareja), por
haberse defendido durante la agresión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, el veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016),
que confirmó la providencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el catorce (14) de junio de dos mil
dieciséis (2016), la cual denegó el amparo constitucional solicitado por Diana
Patricia Acosta Perdomo, para en su lugar, AMPARAR los derechos
constitucionales a la igualdad, a la integridad personal, a la vida y al debido
proceso de la accionante.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida por el
Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C., el veinticuatro (24) de febrero
de dos mil dieciséis (2016), en el marco de la solicitud de adopción de medidas
de protección a favor de la accionante, y ORDENARLE a dicho juzgado proferir
una nueva providencia conforme los parámetros expuestos en esta sentencia.
Tercero.- MANTENER las medidas
cautelares adoptadas mediante auto del dieciocho (18) de enero de dos mil
diecisiete (2017), pero en los siguientes términos: (i) ordenar al señor Julián
Giovanny Zamudio Espinosa que, se abstenga de retornar, ingresar al domicilio y
aproximarse a la tutelante o alguno de sus hijos; (ii) comunicar a la Policía
Nacional la adopción de la anterior medida a fin de que garantice su
cumplimiento; (iii) ordenar a la Unidad Nacional de Protección adelantar un
estudio de riesgo y prestar las medidas de seguridad adecuadas a favor de la
accionante; (iv) ordenar a la Secretaría Distrital de la Mujer, a través del
Sistema Distrital Integral a Mujeres Víctimas de Violencia -SOFÍA-, así como al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo, que en
el marco de sus respectivas competencias, continúen brindando a favor de la
accionante y de sus hijos, el acompañamiento médico, psicológico, social y
jurídico necesario para el restablecimiento de sus derechos. DISPONER
que las medidas cautelares estarán vigentes hasta tanto el Juzgado Veintinueve
de Familia de Bogotá D.C. profiera nueva providencia judicial, en el marco de
la solicitud de medidas de protección.
Cuarto.-
LIBRAR las comunicaciones
–por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER
las notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de primera
instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016).
[2] El veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016).
[3] Artículos 86 y 241-9.
[4] El expediente de la referencia fue seleccionado para su revisión por
la Sala Novena de Selección de Tutelas mediante auto del diecinueve (19) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016), notificado el veintinueve (29) de
septiembre de la misma anualidad.
[5] Sala de Selección Número Ocho conformada por las Magistradas María
Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortíz Delgado. Auto de selección del once
(11) de agosto del dos mil dieciséis (2016), notificado el treinta y uno (31)
de agosto de dos mil dieciséis (2016).
[6] La solicitud fue presentada el día tres (03) de agosto de dos mil
quince (2015).
[7] Refiere que la última agresión ocurrió el primero (1º) de
agosto de dos mil quince (2015), cuando su compañero “la empujó en varias
ocasiones contra la pared, el piso y la cama, ocasionándole varias lesiones
(equimosis) en los brazos, piernas, espalda, tobillos y manos”, indica que tan
gravosa fue la violencia, que la valoración realizada por medicina legal sumó
ocho días de incapacidad.
[8] En la providencia proferida por la Comisaría accionada, se lee: “Una
vez escuchada la intervención de las partes en la presente diligencia, el
Despacho observa que ambas relatan en sus declaraciones eventos de violencia
intrafamiliar de carácter mutuo, en consecuencia, el despacho a fin de atender
el derecho de defensa que le asiste a las partes y con el fin de dar aplicación
al principio de economía procesal, el despacho procede a acumular las
pretensiones bajo una misma cuerda procesal adquiriendo las partes ambas
calidades de accionante y accionado. Si bien es cierto se observa un conflicto
no resuelto entre las partes el cual debe ser dirimido ante la Justicia
Ordinaria o ante Notario Público para efectos de la correspondiente liquidación
de sociedad patrimonial y bienes existentes entre las partes. No obstante, el
Despacho no cuenta con elementos probatorios suficientes para determinar la
existencia de agresiones que pongan en peligro la humanidad o integridad de la
señora DIANA PATRICIA ACOSTA PERDOMO, pues el informe de grupo de valoración
del riesgo emanado por el Instituto de Medicina Legal no fue contrastado con
una valoración concomitante practicada al señor JULIAN GIOVANNY ZAMUDIO
ESPINOSA, por tanto el mismo fue basado únicamente en las manifestaciones dadas
por la quejosa, sin que ese resultado brinde medios para ordenar así el
desalojo del señor”.
[9] En la providencia se resolvió: (i) imponer medida de protección
definitiva a favor de los señores Diana Patricia Acosta Perdomo y Julián
Giovanny Zamudio Espinosa, consistente en conminación a ambos para que cesen de
inmediato de ejercer todo acto de agresión física, verbal o psicológica entre
si y menos aún en presencia de los menores de edad; (ii) negar la petición de
desalojo del señor Zamudio Espinosa; (iii) prohibir a las partes efectuar
cambio de guardas de su lugar de residencia marital; (iv) ordenarles acudir a
tratamiento reeducativo y terapéutico en la entidad de salud a la cual se encuentren
afiliados o la que haga sus veces con el fin de establecer adecuados canales de
comunicación, establecer pautas de control de impulsos, resolución de
conflictos de forma no violenta, pautas de crianza, entre otros.
[10] En el Informe de Medicina Legal de fecha trece
(13) de agosto de dos mil quince (2015), se lee: “De acuerdo a los
hallazgos de la valoración y los resultados de la Escala DA, cuyo nivel de
riesgo arrojado es RIESGO GRAVE, teniendo en cuenta la cronicidad, la
frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales que han puesto
a la señora DIANA PATRICIA ACOSTA PERDOMO en una situación en la que se hace
imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger la vida de la usuaria
teniendo en cuenta que en caso de reincidencia de actos como los investigados
existiría un RIESGO GRAVE de sufrir lesiones muy graves o incluso la muerte”.
[11] Mediante providencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil
dieciséis (2016).
[12] Admitida la demanda el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. corrió traslado a las accionadas para que, dentro de
los cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la comunicación,
remitieran copia autenticada de todo lo actuado dentro de la medida de
protección promovida por la accionante en contra de Julián Giovanny Zamudio Espinosa.
Asimismo notificó sobre el asunto al Defensor de Familia y al agente del
Ministerio Publico adscritos al Juzgado y a la Comisaría, para que se hicieran
parte del mismo.
[13] La Comisaría adjuntó a su escrito la Medida de Protección No. 363 de
2015.
[14] Mediante sentencia del catorce (14) de junio de dos mil dieciséis
(2016).
[15] Mediante sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis
(2016).
[16] Ello teniendo en cuenta que el Procurador Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, Andrés Balcázar González, así lo solicitó.
[17] Expuso que: “(…) JULIÁN GIOVANNY ZAMUDIO ESPINOSA fue mi pareja
sentimental durante 14 años, al inicio de nuestra relación, nuestra convivencia
era normal y una excelente relación casi nunca teníamos discusiones ni
problemas, decidimos formar una familia. Eso ocasionó que yo empezara a formar
parte de su empresa de distribución de productos populares, como colaboradora
en razón a mi embarazo, ya que no podía trabajar en obra civil y en el
ejercicio diario empecé a ver cosas inusuales como por ejemplo que el personal
del CAI de ciudad montes fuera muy regularmente a mi casa y a la bodega alterna
que él tenía. La mercancía cuando era cargada a los carros respectivos para
distribución siempre era tapada por pacas de papel higiénico que impedían verla
con facilidad, cuando llegaban los pedidos de trago era en horas de la noche y
algunas cajas llegaban dentro de bolsas de basura, esto fueron cosas que yo
empecé a cuestionarle y él siempre decía que `entre menos supiera mejor`; el 03
de junio del 2015 mi casa y la bodega fueron allanadas por parte de la SIJIN,
de esa investigación me enteré que mis sospechas eran ciertas, de que le trago
que era el principal producto de distribución era adulterado, con estampillas
falsas y de marcas no reconocidas comercialmente, fuera de medicamentos,
productos de aseo, comestibles y alimentos para bebés, entre otros. Esto causa
malestar de mi parte porque yo no esperaba que la persona con la que había
convivido y había decidido formar una familia fuera una persona de pocos
valores y colocara de esa forma en riesgo a su familia, en especial a sus hijos
y su patrimonio, puesto que la casa donde vivíamos él la usó como bodega para
almacenar dichos productos, a raíz de esa situación yo le exijo que deje su
negocio fuera y lejos de nosotros pero él en una actitud violenta y agresiva,
por buscar culpables sobre la investigación que le hicieron, me maltrata de
manera física y verbal amenazándome hasta de muerte tanto así que decidí por
segunda vez denunciarlo ante las autoridades esperando que alguna entidad legal
me diera una medida de protección donde no se perjudicara la calidad de vida de
mis hijos menores, puesto que para esa época uno de ellos estaba en medio de un
tratamiento médico, debido a una plagiocefalia severa con discapacidad. Acudo a
la justicia con la intensión de que esta vez si se me apoyara y brindara una
verdadera protección, en razón a que la primera vez en la que también fui
víctima de violencia verbal y psicológica, la misma comisaría 16 de familia
argumentó que era muy difícil probar la violencia psicológica ya que como no
había evidencia de golpes o violencia física era muy poco lo que la ley podía
hacer, sugiriéndome además que mejor me tomara un café con mi agresor para
resolver los problemas (sin tener mayor relevancia que para esa época era madre
gestante); vuelvo a acudir a la comisaría, infundadamente se encontraba la
misma comisaria Yaneth Fabiola Castillo, y esta vez allegándole dictámenes
médico-legales e incapacidades y valoración de riesgo de medicina legal, no fue
suficiente para que me otorgara una medida de protección adecuada, ya que según
su criterio los sucesos no eran suficientes ni probaban que existiera tal grado
de riesgo para mi integridad pasando por alto las sugerencias y las
recomendaciones de la secretaría de la mujer, y la casa de justicia de la
mujer, las cuales proyectaron mi caso como prioritario por tener un hijo menor
que para esa época su estado de discapacidad era más alto. Siendo contrario a
mi solicitud, dictó una medida de protección para mí como víctima y para él
como agresor, re victimizándome y dejando en mejores condiciones a JULIÁN
GIOVANNY ZAMUDIO, ya que el aún utiliza mi casa como vivienda y bodega de
mercancía; puesto que por temor decidí irme con mis menores hijos no pudiéndome
llevar más que lo que tenía puesto y sacar a mis hijos a escondidas pues él
amenazaba con dejarme en la calle y quitarme los niños, porque él me decía que
yo podía sostenerme económicamente y que no era una madre ejemplar para ellos,
que me iba a enseñar a respetar a un hombre y que me iba a demostrar que él a
las malas era un `hijueputa`. Mi solicitud fue le ordenaran desalojar mi casa
puesto que lo más lógico es que se dé prioridad a los derechos, la integridad y
el bienestar de los niños y esa casa es de mi propiedad, pues yo soy quien
sufraga las cuotas del crédito hipotecario. En vista de que la comisaría
resuelve imponer una medida de protección para ambos y dejarlo viviendo en mi
casa a pesar de todos los documentos y las circunstancias manifestadas a ella,
la abogada que me asigna la casa de justicia de la mujer decide apelar, como su
fuera poco ese recurso del que se supone se debe resolver en pocos días, no se
envió al juzgado para que se resolviera, sino hasta que yo misma radique una
carta dos semanas después, quejándome por la demora y por un presunto tropiezo
hacia mi proceso. Cuando por fin llega mi carpeta o expediente al juzgado 29 de
familia, la funcionaria confirma la medida ya dictada por la comisaría 16
volviendo a desconocer las pruebas y mi necesidad de protección, no solo como
mujer sino como madre que para ese momento y aún sigo sufragando la mayoría de
los gastos en que debo incurrir para garantizarle a mis menores hijos sus
derechos fundamentales y una calidad de vida digna. Ante esta situación y en
búsqueda de justicia decido atacar la providencia del juzgado mediante tutela,
siendo esta asignada al Tribunal Superior del Distrito de Bogotá Sala de
Familia, vuelvo a allegar dictámenes, providencias y argumento con base a lo
reglamentado en la ley mi petición de justicia, el tribunal niega mi tutela;
como medida final refuto ese fallo llegando así a la corte suprema de justicia
y en una esperanza de rectitud esta entidad también confirma el fallo. Señores
magistrados, estoy muy asustada, soy víctima de violencia, estoy desplazada de
mi propia casa, tuve que salir con la ropa que tenía puesta abandonando todas
mis pertenencias y las de mis hijos, para protegerme y proteger a mis menores
hijos frente a los cuales se producto actos de violencia. No obstante cuidando
mi vida crediticia me toca pagar las cuotas del crédito hipotecario de mi la
casa la cual disfruta mi agresor, mientras que yo estoy huyéndole por miedo y
de un lado para otro; cómo es posible que una comisaría y un juez de familia
protejan a JULIÁN, que tiene una condena por delitos, actualmente se está
llevando a cabo un juicio en su contra por violencia intrafamiliar y otra
denuncia por amenazas, dejándome sin amparo, ya no puedo ni constar mi número
habitual de celular porque recibía llamadas y mensajes que me coaccionaban a no
reclamar bienes que están a nombre de JULIÁN y supuestamente fueron vendidos a
terceros. De igual manera pasé por un episodio de un supuesto asalto, donde no
me robaron ni mi celular ni mi bolso pero sí fui golpeada este suceso quedó
dentro del seguimiento terapéutico de la comisaría 16 de familia donde mi
abogada para ese entonces deja la situación como antecedente, ya que por el
mismo temor no denuncié, en razón a que esta persona tiene un poder económico
superior al mío y del que no escatimo lo pueda usar como beneficio propio, pues
fui testigo de sus negociaciones con el actual abogado que lo representa el
caso penal donde JULIÁN le dijo que ofreciera dinero para ´omitir´ cargos de
los cuales le sería imputados en razón a lo incautado en el allanamiento y su
altísima cantidad de productos en su mayoría trago, donde inexplicablemente hoy
en día nunca se encontró el acta de destrucción de dicha mercancía ni la
relación de la totalidad de la mercancía hallada.  Ruego a ustedes honorables
magistrados, que revisen el cuerpo de la tutela y las pruebas allí allegadas
para que no se cumpla lo que él burlándose me decía: ´que él me iba a demostrar
que la que iba a quedar en la calle sería yo y no él´ cómo es posible que
existiendo tanta legislación especial para la protección de la mujer, de la
familia y los menores, no se haya tenido en cuenta las pruebas que yo allegué,
donde es evidente el maltrato y el peso de su actuar en contra mía y de mis
menores hijos, haya habido por parte de autoridades y jueces desidia, en este
momento mi temor es que mi caso aumente las estadísticas de impunidad y
violencia por el hecho de denunciar y buscar siempre demostrar que la justicia
no debe ser tocada por el soborno de una persona inescrupulosa”.
[18] Mediante Auto del dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete
(2017).
[19] Como consecuencia de la medida cautelar que esta Corte decretó, se
recibieron los siguientes memoriales allegados por las autoridades respectivas:
(i) la Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades de la
Secretaría Distrital de la Mujer, mediante oficio No. 2-2017-00176, manifestó
su disposición de prestar el acompañamiento socio jurídico y psicosocial que
pueda requerir la accionante, a través de la Estrategia de Justicia de Género y
la Línea Púrpura Distrital “Mujeres que escuchan Mujeres”. También informó que
se pondría en contacto con la señora Acosta Perdomo para invitarla a participar
de los servicios de acompañamiento en mención. Por ultimo indicó que se efectuó
el traslado del auto proferido por la Corte a la Secretaría Distrital de Salud
con el objeto de solicitar a este sector que disponga todas las medidas
pertinentes para el inmediato y efectivo cumplimiento de las medidas
cautelares; (ii) la Defensora de Familia Centro Zonal Mártires del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar informó que el dieciocho (18) de enero de dos
mil diecisiete (2017) se trasladó al inmueble donde habita el señor Zamudio
Espinosa, a quien atendió personalmente y lo notificó sobre el auto proferido
por la Corte, haciendo entrega del mismo y advirtiendo las consecuencias de su
incumplimiento. También citó a la accionante en compañía de sus hijos para
verificar la garantía de sus derechos y solicitó su remisión urgente al centro
de atención terapéutica. Se anexan los resultados de la valoración terapéutica
que se realizó a los menores y a la accionante; (iii) el Jefe de Asuntos
Jurídicos de la Policía Nacional Metropolitana de Bogotá D.C., mediante Oficio
No. S-2017-0156-19, informó que se impartieron las correspondientes
instrucciones al Comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda para que
diera cumplimiento a la medida de acompañamiento y protección temporal a favor
de la accionante y de sus hijos. Quien informó que se trasladó al inmueble en
donde se logró ubicar al señor Zamudio Espinosa y se le notificó el auto
proferido por la Corte Constitucional. En el informe también se indicó que no
fue posible ubicar a la señora Acosta Perdomo, toda vez que hace un año no
reside en el inmueble, por lo que le marcaron al celular y como no contestó
dejaron consignados los registros de las actividades policiales realizadas y se
impartió instrucción al personal que conforma el Cuadrante para que estuvieran
pendientes de su ubicación. Se anexan los informes correspondientes; (iv) la
Defensora de Familia Centro Zonal Mártires allegó el acta de entrega del
inmueble ubicado en la Av. Calle 3 # 44-23, Barrio Jazmín de Bogotá D.C.,
debidamente firmada por el señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa, Diana Patricia
Acosta Perdomo y el Teniente de Policía Brayan Orlando Barreto Lizarazo; (v) la
Subdirectora de Administración del Aseguramiento de la Secretaría Distrital de
Salud remitió un escrito dirigido a la Subsecretaria de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer en el que
indicó que se verificó el estado de afiliación en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud de la accionante, encontrándose que se encuentra
afiliada en el régimen contributivo con Famisanar EPS, entidad a la que se
envió un oficio solicitando que se le brinde a la señora Diana Patricia Acosta
Perdomo y a sus hijos la atención en salud física y mental que requieran,
además de un informe dando cuenta de las acciones adelantadas.
[20] El memorial del señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa fue allegado el
primero (1º) de febrero de dos mil diecisiete (2017), es decir, después de
registrada la ponencia ante la Secretaría General de esta Corporación. Se
aclara que si bien se consideró necesario incluir en el texto de la providencia
las consideraciones expuestas por el señor Zamudio Espinosa, estas no alteraron
el sentido de la decisión.
[21] Proceso radicado con el No. 11001600001062201501042.
[22] Bajo el radicado No. 00605-2015.
[23] Cabe mencionar que el señor Zamudio Espinosa aportó al memorial el
certificado de libertad y tradición del inmueble, en el cual se evidencia que
se encuentra gravado con la constitución de un patrimonio de familia.
[24] No se aporta tal informe al memorial.
[25] El señor Zamudio Espinosa indicó que: “(…) ella misma me los llevaba a
la casa de habitación de la cual fui desalojado, y desde el 11 de diciembre del
año 2016 hasta el momento en que fue la Señorita del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar a notificarme sobre el auto de la Corte Constitucional, que
fue el día 23 de enero del año en curso, los niños se encontraban en compañía
de mi señora madre Flor María Espinoza de 81 años de edad y de mi hija Angie
Paola Zamudio de 22 años y de la señora Ligia Naranjo, quedando la funcionaria
en estado de asombro por encontrar los niños en mi casa, después de que la
señora Diana argumentara por todos los estrados judiciales posibles, del
maltrato que yo le daba a los menores y a ella. La señora Ligia Naranjo,
mencionada anteriormente, fue la niñera que compartió con los niños durante casi
cinco años consecutivos y la persona que puede dar fe del comportamiento mío
ante la señora Diana y mis hijos, pero la Señora Diana no la menciona en
ninguna parte”. Además aportó una declaración juramentada ante la Notaría 61
del Círculo de Bogotá D.C. rendida por la señora Ligia Naranjo, niñero de los
menores.
[26] Aporta recibos de depósitos de dinero en efectivo a la cuenta
del Banco Caja Social y de consignaciones a la cuenta del Banco BBVA de las
cuales es titular la señora Diana Patricia Acosta Perdomo; son recibos de los
meses de enero, septiembre y octubre de dos mil quince (2015) y septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del dos mil dieciséis (2016).
[27] A mediados de la primera década del Siglo XXI, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las
razones o causales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales. Tema que había sido tratado, entre muchas otras, en las Sentencias
T-079 de 1993 y T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-118 de 1995 (MP
José Gregorio Hernández Galindo), T-055 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-204 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara), T-001 de 1999 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-1009 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-025 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), T-188 de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra). De esta
manera, la Corte en la Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño)
señaló como requisitos generales de procedencia los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. (…) b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
(…) c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración. (…) d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (…). e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible. (…) e. Que no se trate de
sentencias de tutela”. Estos criterios establecidos en la Sentencia C-590 de
2005, han sido reiterados uniformemente en múltiples pronunciamientos, por
ejemplo, en las Sentencias T-950 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-905
de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-203 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-583 de 2009 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-453 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-589 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), T-464 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio; AV Nilson Elias Pinilla Pinilla), T-872 de 2012 (MP Mauricio
González Cuervo), SU-918 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Nilson Elias Pinilla Pinilla), T-103 de 2014 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), T-213 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa),
SU-297 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-060 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Gloria Stella Ortiz
Delgado) y T-176 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván Palacio
Palacio). || En la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), además
de los requisitos generales de procedencia, se señalaron también las causales
especiales de procedibilidad.
[28] Ley 292 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la
violencia intrafamiliar”.
[29] Ley 575 de 2000 “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley
294 de 1996”.
[30] Ley 294 de 1996, Artículo 18: “(…) Contra la decisión definitiva sobre
una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces
Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto
devolutivo, el Recurso de Apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de
Familia”.
[31] La acción de tutela fue instaurada el veintisiete (27) mayo de dos mil
dieciséis (2016), y la providencia acusada fue proferida por el juez de familia
el veinticuatro (24) de febrero de esa misma anualidad.
[32] Ver por ejemplo los siguientes casos, en los que se consideró
procedente la acción de tutela en condiciones similares; (i) en Sentencia T-115
de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
la Corte indicó que a pesar de que el accionante contaba con otros medios de
defensa, procedía la tutela porque en el caso estaban involucrados los derechos
de niños y niñas, y que como sujetos de especial protección constitucional, el
juez debía evaluar con especial atención la idoneidad y la eficacia del medio
ordinario para determinar si el mismo puede garantizar el principio pro
infans; (ii)  en Sentencia T-684 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
AV Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte consideró que se configuró un defecto
fáctico por desconocimiento de la manifestación de la voluntad de una persona
en situación de discapacidad mental, en el marco de un proceso de interdicción,
pues al  momento de la entrevista, la señora se encontraba lúcida y claramente
dijo que deseaba estar bajo el cuidado de su madre; declaración ignorada por
los jueces de conocimiento; (iii) en Sentencia T-730 de 2015 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez, SPV Gloria Stella Ortíz Delgado), la Corte consideró que se
había vulnerado el derecho al debido proceso de la accionante, siendo que la
Comisaría de Familia y el Juzgado de Familia no tuvieron en cuenta el informe
de seguimiento al proceso psicológico que se estaba adelantando por los
profesionales de la Asociación Creemos en Ti, y que era necesario su análisis
para determinar si debía permitirse el régimen de vistas supervisadas a favor
del señor Santiago, quien abusó sexualmente de a su hija menor de edad.
[33] En Sentencia C-932 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) se explicó
este concepto en los siguientes términos: “El cambio de concepción de la
igualdad formal a la igualdad material, propio del Estado Social de Derecho,
según el cual las autoridades públicas no sólo protege el derecho mediante la
abstención sino también y, en algunas oportunidades en forma obligatoria,
mediante la intervención activa en esferas  específicas, generó decisiones
públicas proteccionistas de grupos de personas que han sido tradicionalmente
marginados o discriminados por razones diversas. En tal virtud, la aplicación
efectiva y real del principio de igualdad en el constitucionalismo
contemporáneo exige del Estado su intervención, de un lado, para evitar que los
agentes públicos y los particulares discriminen y, de otro, para hacer
exigibles tratos favorables en beneficio de personas que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta (artículo 13 de la Constitución). Precisamente,
en desarrollo del concepto de igualdad material y del reconocimiento que el
derecho hace de la existencia de desigualdades naturales, sociales y
económicas, los distintos ordenamientos jurídicos diseñaron medidas estatales
para limitar la libertad de decisión pública y privada y hacer exigible el
trato favorable para quienes se encuentran en situación de discriminación. Así,
como respuesta jurídica a una situación fáctica consolidada de discriminación
que obedece a una práctica social, cultural o económica de un grupo, se
diseñaron las denominadas acciones afirmativas”.
[34] Constitución Política, Artículo 13.
[35] Corte Constitucional, Sentencias T-414 de 1993 (MP Carlos Gaviria
Díaz), C-034 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), C-184 de 2003 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa, AV Jaime Araujo Rentería), T-792 de 2004 (MP Jaime Araújo
Rentería), T-081 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-268 de 2008 (M. P. Jaime
Araújo Rentería), T-833 de noviembre 20 de 2009 (MP María Victoria Calle
Correa), T-803 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-345 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras. En todos estos casos la Corte reconoció
que las mujeres cabeza de familia son sujetos de especial protección
constitucional, teniendo en cuenta que su bienestar guarda una relación
estrecha con los derechos fundamentales de los niños y personas en estado de
debilidad manifiesta que de ella dependen, dada su situación de fragilidad e
indefensión.
[36] Corte Constitucional, Sentencias T-179 de 1993 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-373 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-872 de 2004 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-005 de 2009 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-008 de 2013
(MP Nilson Pinilla Pinilla), entre otras. En estos casos la Corte, con base en
el artículo 43 de la Constitución Política, reconoció a favor de la mujer en
estado de embarazo una especial protección encaminada a preservar su condición
y bienestar, además de la vida de quien está por nacer.
[37] Corte Constitucional, Sentencias T-514 de 1998 (José Gregorio
Hernández Galindo), T-143 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-510 de 2003 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-907 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-572 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-036 de 2013 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), T-075 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-200 de 2014 (MP
Alberto Rojas Ríos), entre otras. En estos casos la Corte hizo
mención al artículo 44 de la Constitución Política, conforme al cual los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y con
fundamento en esta norma, reconoció que requieren de un especial grado de
protección, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión.
[38] Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1992 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-380 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1340 del 2001
(MP Álvaro Tafur Galvis), T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-698
de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-376 de 2012  (MP María Victoria Calle
Correa), T-384 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-414 de 2015 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-661 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa),
entre otras. En estas sentencias la Corte reconoció la especial protección
constitucional de las comunidades étnicas debido a la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran, como consecuencia de la existencia de
patrones históricos de discriminación en su contra y el grave impacto que el
conflicto armado ha generado en su modo de vida.
[39] Corte Constitucional, Sentencias T-288 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-823 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-410 de 2001 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-170 de 2007
(MP Jaime Córdoba Triviño), T-030 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-192
de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio),
entre otras. En estas sentencias la Corte se refirió a la especial protección
constitucional de la que son objeto las personas en situación de discapacidad,
la cual se fundamenta en el reconocimiento de la situación de marginidad y
vulnerabilidad que sufre ese grupo poblacional.
[40] Corte Constitucional, Sentencias T-351 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz),
T-801 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-482 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), T-1316 de 2001 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-300 de 2010
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-485 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-089 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), T-047 de 2015 (MP Mauricio
González Cuervo). En estos casos la Corte reconoció que la acción de tutela
tiene la virtud de convertirse en el mecanismo idóneo para asegurar el respeto
de los derechos de las personas de la tercera edad, aun cuando no se hayan
agotado los medios de defensa judicial ordinarios, dada la excesiva morosidad
que suelen presentar estos trámites ordinarios y las condiciones especiales de
este grupo poblacional (disminución en sus capacidades físicas y la propensión
a contraer enfermedades).
[41] Se ha entendido que las acciones afirmativas son aquellas “(…)
políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya
sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural
o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo
subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor
representación”. (Corte Constitucional, Sentencia C-371 de 2000, MP Carlos
Gaviria Díaz, SPV Álvaro Tafur Galvis, Alejandro Martínez Caballero y Carlos
Gaviria Díaz, SV Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Vladimiro Naranjo Mesa). En
aquella ocasión, la Corte estudió la constitucionalidad del Proyecto de Ley
Estatutaria No. 62 de 1998 Senado- 158 de 1998 Cámara, en el cual, se adoptaba
una acción afirmativa a favor de las mujeres, consistente en que las
autoridades nominadoras, obligatoriamente, debían asegurar que mínimo el 30% de
los cargos de “máximo nivel decisorio” y de “otros niveles decisorios”, fueran
desempeñados por mujeres. Tras realizar un juicio de proporcionalidad de la
medida, la Corte consideró que era exequible en forma condicionada, al
constatar que el legislador guardó silencio sobre la forma de dar aplicación a
la cuota mínima de representación femenina, de manera que condicionó su
exequibilidad a que se entienda que la regla de selección se deberá aplicar en
forma paulatina, es decir, en la medida en que los cargos del "máximo
nivel decisorio" y de "otros niveles decisorios" vayan quedando
vacantes.
[42] En Sentencia T-081 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), la Corte
Constitucional reconoció que con la categoría mujer cabeza de familia se
pretende apoyar a la mujer a soportar la carga que por razones sociales,
culturales e históricas han tenido que asumir, y se precisó que su protección
especial guarda relación especial con los derechos fundamentales de los niños
que de ella dependen, dada la situación de fragilidad e indefensión de los
mismos.
[43] Convención de Belém do Pará.
[44] Entre ellas se destaca la Declaración sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (1967), la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia en contra de la Mujer (1993) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer (1995),
[45] Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.
[46] Ratificado por Colombia mediante Ley 984 de 2005.
[47] Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
[48] Ratificada por Colombia
mediante la Ley 248 de 1997.
[49] Constitución Política, artículo 13: “Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan”. Constitución Política, artículo 43: “La mujer y el
hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida
a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto
gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
[50] Entre ellas: Ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada
y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las
diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos
13, 40 y 43 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras
disposiciones”; Ley 731 de 2002 “Por la cual se dictan
normas para favorecer a las mujeres rurales”; Ley 823 de 2003 “Por
la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres”.
[51] Ley 1257 de 2008 “Por la
cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal,
de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; Ley 1542 de 2012 “Por la cual se reforma el
artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”; Ley 1719 de 2015 “Por la cual se modifican algunos
artículos de las leyes 599 de 2000,906 de 2004 y se adoptan medidas para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en
especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan
otras disposiciones”.
[52] Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
[53] Convención de Belém do Pará, Artículo 7.
[54] Corte Constitucional, Sentencia T-878 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[55] Corte Constitucional, Sentencia T-967 de 2014 (MP Gloria Stella Ortíz
Delgado).
[56] La Corte amparó los derechos fundamentales invocados por la accionante
y dejó sin efecto la sentencia proferida dentro del proceso de divorcio por
ella promovido, ordenando al Juzgado proferir nuevo fallo en el que se tengan
en cuenta todas las consideraciones referentes al principio de igualdad y no
discriminación por razón del sexo y la especial protección que merece la mujer
víctima de cualquier tipo de violencia.
[57] Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2015 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub)
[58] “La relevancia del derecho al plazo razonable ha sido reconocido en
numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha
establecido criterios que deben ser tenidos en cuenta para establecer la
razonabilidad del plazo: (i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad
procesal del interesado; (iii) la conducta de las autoridades nacionales y (iv)
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes
—es decir, la situación jurídica— del individuo”. (Corte Constitucional,
Sentencia T-772 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
[59] La Corte resolvió amparar los derechos fundamentales de la accionante
y ordenar al Juzgado Penal de conocimiento que realice una audiencia para
decidir si es procedente aplicar las medidas especiales solicitadas por la
Defensoría del Pueblo, dentro de un plazo máximo de ocho días contados desde la
notificación de la sentencia.
[60] Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[61] “Si el Tribunal Superior de Bogotá hubiese hecho un estudio riguroso
de las pruebas, el sentido del fallo habría sido diferente. En dicho documento
se evidencia con claridad que la situación de violencia que ejercía el señor
Carlos Manuel, comenzó de tiempo atrás y que el episodio relatado por su
empleada doméstica, fue producto de los continuos agravios y episodios
violentos en su contra. Esta Sala no comparte el análisis jurídico del Tribunal
que otorgó el mismo valor probatorio a los medios aportados por las partes, a
la postre de cercenar por completo la decisión de la justicia penal (…) En caso
de haberse tenido en cuenta esa decisión judicial, la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá ineludiblemente tuvo que haber llegado a otra conclusión
sobre el fundamento fáctico de la sentencia. En ese sentido, la Sala Novena de
Revisión Constitucional encuentra que la agresión de la tutelante declarada por
la señora Daniela Pérez, encuentra explicación (no justificación) en toda una
trayectoria de violencia efectuada por Carlos Manuel. Así, el juez no solo no
tuvo en cuenta ese historial, sino que juzgó con las mismas consideraciones dos
episodios sin reflexionar sobre la naturaleza subjetiva de las partes, debiendo
aplicar enfoque de género en su raciocinio”. (Corte Constitucional, Sentencia
T-012 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, SPV Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[62] Corte Constitucional, Sentencia T-241 de 2016 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, AV Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva).
[63] La Corte tuteló los derechos fundamentales de la tutelante y confirmó
la decisión adoptada por la Comisaría de Familia consistente en declarar el
incumplimiento de la medida de protección ordenada al agresor.
[64] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 8: “1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b)
comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c)
concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación
de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente
con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si
el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del
plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los
testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos
o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g)
derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable,
y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión
del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser
público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia”.
[65] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 25: “1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se
comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[66] Casos Fernández Ortega y otros contra México, González y otros
(“Campo Algodonero”) contra México.
[67] Artículo 4º de la Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[68] “La falta de juzgamiento y condena del
responsable en estas circunstancias constituye un acto de tolerancia por parte
del Estado de la violencia que Maria da Penha sufrió, y esa omisión de los
tribunales de justicia brasileños agrava las consecuencias directas de las
agresiones por su ex-marido sufridas por la señora Maria da Penha Maia
Fernandes. Es más, como ha sido demostrado previamente, esa tolerancia por los
órganos del Estado no es exclusiva de este caso, sino una pauta sistemática.
Es una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y
factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la
violencia contra la mujer”. (CIDH, Caso María Da Penha
Maia Fernandes contra Brasil.
[69] Para evaluar el cumplimiento de este compromiso internacional, se han
proporcionado las siguientes directrices: “i) ¿Ha ratificado el Estado Parte todos
los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? ii)
¿Existe una disposición constitucional que garantice la igualdad de la mujer o
prohíba la violencia contra la mujer? iii) ¿Existen disposiciones nacionales de
carácter legislativo o administrativo que garanticen recursos adecuados a las
mujeres víctimas de violencia? iv) ¿Existen políticas o planes de acción
gubernamentales para hacer frente a la cuestión de la violencia contra la
mujer? v) ¿Es el sistema de justicia penal sensible a las cuestiones de
violencia contra la mujer? A este respecto, ¿cuál es la práctica policial?
¿Cuántos casos son investigados por la policía? ¿Cómo trata la policía a las
víctimas? ¿Cuántos casos llegan a juicio? ¿Qué tipo de sentencia se dicta en
esos casos? ¿Son sensibles los profesionales de la salud llamados a colaborar
en los juicios a las cuestiones de violencia contra la mujer? vi) ¿Disponen las
mujeres víctimas de violencia de servicios de apoyo como refugios,
asesoramiento letrado y psicológico, asistencia especializada y rehabilitación
proporcionados ya sea por el Gobierno o por organizaciones no gubernamentales?
vii) ¿Se han adoptado las medidas apropiadas en el ámbito de la educación y los
medios de información para sensibilizar al público sobre la violencia contra la
mujer como una violación de los derechos humanos y rectificar las prácticas
discriminatorias de la mujer? viii) ¿Se reúnen los datos y las estadísticas de
manera que aseguren que el problema de la violencia contra la mujer no sea
invisible?”. (Naciones Unidas, “Integración de los derechos humanos de la mujer
y la perspectiva de género; la violencia contra la mujer”; Informe de la Sra.
Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con
inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la
resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos).
[70] CIDH, Casos González y otras “Campo Algodonero” contra México.
Rosendo Cantú y otra contra México. Espinoza González contra Perú, Veliz Franco
y otros contra Guatemala).
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[72] Corte Constitucional, Sentencia T-902 de 2005 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra). En este caso la Corte determinó su la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto fáctico al no haber apreciado las pruebas
aportadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le eran
favorables a la accionante para resolver su situación jurídica. Al respecto
hizo un recuento de la jurisprudencia constitucional sobre la vía de hecho por
defecto fáctico y concluyó que en el caso concreto se omitió decretar y
practicar una prueba que tenía la virtualidad de afectarla decisión final,
incurriendo en una dimensión negativa del defecto fáctico, como ocurre en el
caso que se estudia en esta ocasión.
[73] Corte Constitucional, Sentencia T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio
Barrera Carbonell).
[75] Corte Constitucional, Sentencia T-902 de 2005 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[76] En el Informe de Medicina Legal se lee: “De acuerdo a los
hallazgos de la valoración y los resultados de la Escala DA, cuyo nivel de
riesgo arrojado es RIESGO GRAVE, teniendo en cuenta la cronicidad, la
frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales que han puesto
a la señora DIANA PATRICIA ACOSTA PERDOMO en una situación en la que se hace
imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger la vida de la usuaria
teniendo en cuenta que en caso de reincidencia de actos como los investigados
existiría un RIESGO GRAVE de sufrir lesiones muy graves o incluso la muerte”.
[77] Sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
proferida por el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. Este argumento
también fue utilizado por el señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa en el
memorial que allegó el primero (1º) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
[78] Instituto Colombiano de Medicina Legal, Forensis, Comportamiento de la
Violencia de Pareja. Colombia, 2015.
[79] Instituto Colombiano de Medicina Legal, Forensis, Comportamiento de la
Violencia de Pareja. Colombia, 2015.
[80] “La mayoría de las encuestas han revelado que entre la cuarta parte y
la mitad de las mujeres declaraban haber sufrido alguna vez violencia de parte
de un compañero íntimo”. (Organización Mundial de la Salud, Violencia contra
las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos
poblacionales de 12 países).
[81] Organización Mundial de la Salud, Violencia contra las mujeres en América
Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países.
[82] Organización Mundial de la Salud, Violencia contra la mujer. Violencia
de pareja y violencia sexual contra la mujer. Septiembre de 2016.
[83] Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan otras disposiciones”, Artículo 2º.
[84] Al respecto cabe precisar que el teórico Johan Galtung ha usado la
figura del “triángulo de la violencia” para explicar la interrelación que
existe entre la violencia directa, la violencia cultural y la violencia
estructural, y cómo cada una contribuye a perpetuar la discriminación y la
desigualdad en la sociedad. En sentencia T-878 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio) se explicó frente a esta teoría que: “(…) las agresiones van más allá
de las lesiones físicas y psicológicas, denominadas violencia visible. La
invisible se refiere a la violencia estructural que implica inequidad en el
ámbito de lo político, lo social y lo económico y a la violencia cultural
constituida por los discursos que justifican el trato desigual. Estos tres
componentes de la violencia se retroalimentan entre ellos, perpetuando la
discriminación, la desigualdad y la violencia. Por tanto, con cada golpe a una
mujer se da prevalencia a un patrón social de exclusión y este se reproduce a
futuro”. Al respecto ver también: “Violencias Visibles e Invisibilizadas” de
Liliana Pauluzzi. En Derechos Humanos, Género y Violencias, Universidad
Nacional de Córdoba, 2009.
[85] “En esa medida, entonces, esta Corte ha reconocido distintos derechos
y ha incorporado nuevos parámetros de análisis en favor de las mujeres, bien
sea como una manifestación del derecho a la igualdad o a través del
establecimiento de acciones afirmativas y medidas de protección especial. Entre
ellas: //- Declaró constitucional el sistema de cuotas para garantizar la
participación de la mujer en la vida política y pública del Estado;//- Prohibió
la utilización del género como factor exclusivo o predominante para decidir el
ingreso al trabajo y ha protegido el derecho al libre desarrollo de la
personalidad cuando una mujer quiere desempeñar oficios tradicionalmente
desarrollados por hombres; //- Ha establecido la igualdad de protección entre
niñas y niños en relación con el matrimonio precoz; //- Ha garantizado la
atención en salud durante el embarazo y después del parto a todas las mujeres y
a todos los niños menores de un año, sin periodos de espera y sin diferenciar
entre regímenes de afiliación; //- Consideró que la norma del Código Civil que
declaraba nulo el matrimonio entre ´la mujer adúltera y su cómplice´, pero no
asignaba la misma consecuencia civil para el hombre, perpetuaba ´la histórica
discriminación que ha sufrido la mujer, al reproducir un esquema patriarcal en
el que el hombre debía gozar de mayores prerrogativas y reconocimiento`. //-
Determinó la inconstitucionalidad de la norma que imponía a la mujer la
condición de permanecer en estado de soltería o de viudedad, so pena de perder
asignación testamentaria. //- Ha reconocido el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la mujer embarazada, sin importar el tipo de vinculación, con el
fin de evitar su despido injustificado como consecuencia de los `eventuales
sobre costos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las
empresas`”. (Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016, MP Luis Ernesto
Vargas Silva, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez)
[86] Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[87] Tomado de la Sentencia C-335 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, AV María Victoria Calle Correa) que remitió a la siguiente cita
bibliográfica: COOPER, J. / WORCHEL, S. / GOETHALS, G. / OLSON, J.: Psicología
Social, Thomson, México 2002, 208 y 209; HOGG, M. / GRAHAM M. / VAUGHAN M.: Psicología social, Editorial Médica Panamericana, Madrid,
2010, 350.