T-474-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-474/08
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia/ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Declaración de inexequibilidad por
razones de seguridad jurídica y cosa juzgada
ACCION DE TUTELA-Procedencia frente a actuaciones de hecho
VIA DE HECHO-Procedencia frente a actuación judicial anómala/ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Criterios de procedibilidad
VIA DE HECHO-Redefinición del concepto
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto
fáctico/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa de la prueba/DEFECTO
FACTICO-Dimensión positiva de la prueba
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto
sustancial o material
PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
JUDICIAL-Función otorgada
a funcionarios judiciales no es absoluta
ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADO CIVIL DEL
CIRCUITO-No incurrió en
vulneración al negar pruebas solicitadas en segunda instancia y no ordenarlas
pues no están acreditadas las condiciones del artículo 361 del CPC
PRUEBA DE OFICIO-Discrecionalidad del juez para decretarla
o no/ACCION DE TUTELA-Juzgado Civil del Circuito no estimo necesario
decretar pruebas de oficio en proceso ejecutivo para resolver recurso de
apelación
PRESCRIPCION-El que quiera aprovecharse debe alegarla, el juez no
puede declararla de oficio
ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADO CIVIL DEL
CIRCUITO-Parte ejecutada
formulo prescripción de la acción cambiaria de manera oportuna en proceso
ejecutivo
ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADO CIVIL DEL
CIRCUITO-Confirmación del
fallo de primera instancia que declaro probada la excepción de prescripción de
la acción cambiaria se baso en pruebas que obran en proceso ejecutivo
Referencia: expediente T-1773173
Acción de tutela instaurada por la señora
Margarita Betancourt Rincón contra el Juzgado 4°
Civil del Circuito de Bogotá.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO
RENTERÍA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos dictados por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción
de tutela interpuesta por señora Margarita Betancourt Rincón contra el Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES.
La señora Margarita Betancourt Rincón, mediante
apoderado judicial, impetró acción de tutela contra el Juzgado 4° Civil del
Circuito de Bogotá, por considerar que dicha autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, en el trámite de
segunda instancia en el procesos ejecutivo que adelantó, que culminó con la
sentencia de fecha 31 de julio de 2007, incurriéndose en “vías de hecho”.  Sustenta
su demanda en los siguientes:
1.
Hechos
Manifiesta que adelantó un proceso ejecutivo singular
para hacer efectiva una letra de cambio, en contra de los señores Luis Armando
Preciado y Mercedes Vargas de Preciado, la cual correspondió al Juzgado 58
Civil Municipal de Bogotá, y en el que se libró mandamiento de pago el día 26
de agosto de 2004.
Dice que dicho mandamiento de pago fue notificado personalmente
a los demandados, los cuales presentaron un escrito en el que “contestan” la
demanda; y proponen la excepción previa de caducidad, y la excepción de fondo
de prescripción.
Estima que en las excepciones propuestas no fueron
formulados los hechos que las soportaban debidamente determinados, clasificados
y enumerados.
Señala que solicitó al Juzgado 58 Civil Municipal de
Bogotá las pruebas conducentes a desvirtuar las excepciones formuladas, tales como
un interrogatorio de parte a los demandados y varios testimonios, no obstante, éste
no se pronunció acerca de la prueba solicitada de interrogatorio de parte, y
negó las pruebas testimoniales.
Indica que presentó un escrito al Juzgado 58 Civil
Municipal de Bogotá, con el objeto que, entre otras cosas, revocara la anterior
providencia y procediera a practicar las pruebas que había solicitado, pues en
su parecer, la negativa de decretar su práctica, constituía una “flagrante
ilegalidad”. Asevera que la secretaría de dicho juzgado, le dio trámite de
un recurso de reposición, “recurso que nunca fue presentado”, y que además
fue rechazado por extemporáneo.
Informa que el mencionado juzgado municipal dictó
sentencia de primera instancia mediante la cual “sin supuestos fácticos por
la parte demandada en su supuesta excepción de prescripción, se dan por
configurados todos los elementos de prescripción extintiva”.
Esgrime que presentó recurso de apelación contra la
sentencia proferida por el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, la cual
correspondió al Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá.
Expresa que, durante el término de admisión del recurso
de apelación formuló petición de pruebas en segunda instancia con fundamento en
el numeral segundo del artículo 361 del C.P.C. e instó al juez de segunda
instancia a decretar pruebas de oficio.
Asegura que, sin ninguna argumentación, mediante auto
de fecha 11 de octubre de 2006, el juzgado del circuito accionado negó las
pruebas solicitadas en segunda instancia, así como la posibilidad de decretar
pruebas de oficio.
Señala que contra el anterior auto, presentó recurso
de reposición con el fin que se decretara las pruebas solicitadas, sin embargo,
el juez del circuito accionado confirmó su decisión mediante auto de fecha 14
de noviembre de 2006.
Relata que el juez del circuito confirmó la sentencia proferida
por el juez municipal en la que declaró probada la excepción de prescripción de
la acción cambiaria a favor de la parte ejecutada.
Considera que en el proceso ejecutivo, el Juzgado 4°
Civil del Circuito vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa, al incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico, por las
siguientes razones.
En primer lugar, estima que la excepción de
prescripción no puede ser declarada de oficio por los jueces, y por tanto quien
la alega debe fundamentar en forma exhaustiva el fundamento fáctico y jurídico
que deba tener en cuenta el juez para poder beneficiarse con ella.  Agrega que los
hechos que fundamentan la excepción deben ser probados por quien la alega, por
cuanto “la postulación de los hechos le corresponde es a quien excepciona”,
en consecuencia la carga de la prueba le correspondía a la parte demandada,
pues le asistía demostrar los elementos integrantes de la prescripción.
Sobre este punto, alega que el juez no puede tener en
cuenta en el proceso, hechos diferentes a los alegados por el demandado que
presente la excepción de prescripción, pues de lo contrario, terminaría
declarándola de oficio. Así entonces, estima que en el caso en cuestión, la
parte ejecutada no fundamentó la excepción de manera exhaustiva, como para que
el juez del circuito confirmara la decisión del  a quo, en el que se
declaró probada la excepción de prescripción.
Concluye que se incurrió en una vía de hecho, por
cuanto se tramitaron y fallaron excepciones indebidamente postuladas, sin
fundamentos fácticos o jurídicos, que condujeron al reconocimiento oficioso de
la excepción de prescripción extintiva.
En segundo lugar, alega que se vulneró su derecho a la
defensa, al rechazarse de manera “ilegal” las pruebas que oportunamente
pidió.  Al respecto, aduce que al corrérsele traslado de las excepciones
presentadas por la parte ejecutada, solicitó al Juzgado 58 Civil Municipal de
Bogotá la práctica de pruebas que tenían como tenían finalidad acreditar la
interrupción natural de la misma, y desvirtuar la excepción de prescripción
presentada por la parte ejecutada, aún cuando era a ésta última a quien le
correspondía acreditar los hechos en los que fundó dicha excepción, y no
obstante, dicha autoridad judicial denegó las pruebas testimoniales y no se
refirió a la solicitud de interrogatorio de parte.
Aduce que el juez de segunda instancia era el llamado
a corregir los desaciertos del a quo.  Sin embargo, éste rechazó la
práctica de pruebas que le había solicitado, con el argumento que ello no era
posible por cuanto las mismas no habían sido decretadas en primera instancia en
el proceso ejecutivo, y además denegó la práctica de pruebas de oficio, bajo el
argumento que dicha facultad no podía suplir la carga probatoria de las partes.
Sin embargo, a su juicio, la práctica de pruebas de oficio le corresponde al
juez, en su función de desentrañar la verdad y que la carga de la prueba la
tenía la parte ejecutada, por cuanto era ella quien debía demostrar los
elementos integrantes de la prescripción para poder beneficiarse de la misma.
Esgrime que no se explica la razón por la cual se le “cercena”
la posibilidad de desvirtuar la supuesta excepción de prescripción, y estima
que la actividad probatoria de los jueces que conocieron el proceso ejecutivo
constituye una “cómoda conducta omisiva de su función jurisdiccional”.
Por otra parte, indica que con la acción de tutela
pretende evitar un perjuicio irremediable, que sería el levantamiento de las
medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo, lo cual burlaría la
prenda general de los acreedores.
De igual manera, aduce que formuló los recursos
judiciales que tuvo a su alcance tanto en la primera como en la segunda
instancia con el fin de corregir “los magnos errores cometidos”, sin que
ello hubiere sido posible.
Por último, solicita se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, ordenándose que en las
actuaciones judiciales controvertidas, se “retire la excepción de
prescripción indebidamente formulada”, o en su defecto, se decreten y se practiquen
las pruebas que fueron pedidas en su oportunidad.
2.
Tramite
procesal.
Mediante auto de agosto 10 de 2007, el Tribunal
Superior de Bogotá - Sala Civil admitió la acción de tutela, ordenando correr
traslado de la demanda a la autoridad judicial accionada.  De igual manera,
ordenó vincular de oficio al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, con el fin
que se pronunciare sobre los hechos presentados en la acción de amparo y
remitiera las pruebas que pretendiera hacer valer.
3.
Respuesta del
Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá
El Juez 58 Civil Municipal de Bogotá, mediante escrito
de fecha de 7 de agosto de 2007, esgrimió que el proceso ejecutivo impetrado
por Margarita Rincón contra Luis Armando Preciado Prada y Mercedes Vargas de
Preciado se encontraba en el Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá desde el
día 29 de junio de 2006, dado que allí se tramita un recurso de apelación,
razón por la cual no puede emitir mayor pronunciamiento sobre el asunto.  Además
informa que se encuentra desempeñando el cargo de Juez 58 Civil Municipal de
Bogotá, en propiedad, a partir del día 1 de agosto de 2007.
4.
Respuesta del
Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, en
escrito de fecha de 14 de agosto de 2007, solicitó al juez de tutela desestimar
la demanda, por las siguientes razones:
Afirma que conoció, en virtud de un recurso de
apelación, la sentencia proferida por el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, proferida
el día 4 de mayo de 2006, la cual declaró debidamente fundada y probada la
excepción de prescripción de la acción cambiaria y levantó las medidas
cautelares que fueron practicadas anteriormente.
Indica que no era posible conceder la solicitud de
pruebas que hizo la accionante, dado que no se encontraba dentro de las
causales del artículo 361 del C.P.C.
Señala que el día 31 de julio de 2007 profirió
sentencia de segunda instancia en la cual confirmó el fallo del a quo. Considera
que a las excepciones no se les imprimieron ningún trámite indebido, puesto que
la excepción previa de caducidad fue rechazada por improcedente por el juez de
primera instancia mediante auto de 28 de noviembre de 2005.  Con respecto a la
excepción de prescripción esgrime que, si bien no fue presentada en la “forma
mas técnico jurídico procesal”, la ley no establece sanción por no
presentarlas debidamente separadas y fundamentadas.
Igualmente, agrega que en el trámite de dicho proceso,
no avizoró ninguna nulidad que pudiere invalidar las actuaciones que se
efectuaron.
II.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1.
Sentencia de
primera instancia
La Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de
Bogotá, mediante sentencia de fecha de 23 de agosto de 2007, decide denegar la
acción de amparo.
Refiriéndose a la negativa del Juez 58 Civil Municipal
de Bogotá de decretar las pruebas que la actora le solicitó, aduce que éste
tuvo la oportunidad para reprochar la providencia de fecha de 30 de enero de
2006, en la cual se negaban las pruebas que le había solicitado, dado que la
misma le fue notificada en legal forma, y de la cual no hizo uso de los
recursos ordinarios para controvertirla, razón por la cual quedó debidamente
ejecutoriada.   Por consiguiente, asevera que la tutela no es el medio idóneo
para restablecer términos u oportunidades fenecidas, teniendo en cuenta que se
torna improcedente cuando aquel que la solicita deja perecer los recursos
legales por su propia culpa.
Por otra parte, manifiesta que la negativa del Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Bogotá de decretar y practicar las pruebas que le
había solicitado se ajusta a lo previsto en el artículo 361 del C.P.C., y por
tanto su actuación no violaba ningún derecho fundamental de la accionante.
En relación a la afirmación de la accionante respecto
a que los jueces que conocieron del proceso ejecutivo no debieron acoger la
excepción de prescripción, estimó que si bien la parte ejecutada presentó la
excepción de caducidad y prescripción bajo los mismos argumentos, el Juez 58
Civil Municipal de Bogotá  desechó la excepción de caducidad, tal y como consta
en el auto de fecha de 28 de noviembre de 2005, y por tanto, los hechos
expuestos por la parte ejecutada únicamente sirvieron para “apuntalar la
excepción de mérito de prescripción que fue lo que finalmente tuvo por
probado”.  Añade que no se evidencia que las actuaciones seguidas por los
juzgadores carecieran de fundamento legal, que permitiere indicar que obedecieran
a sus caprichos.
Inconforme con la anterior decisión, la actora la
impugna, reiterando los argumentos presentados en la demanda de tutela.
2.
Sentencia de
segunda instancia
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia de 26 de septiembre de 2007, confirmó el fallo proferido por el a
quo.
Expone que la actuación del juzgado accionado fue
regular, con apego y sometimiento a las normas, teniendo en cuenta que los
jueces naturales tienen la facultad de interpretar la demanda, su contestación,
las excepciones formuladas, etc.., labor en la cual tienen “amplia presencia
los principios de independencia y autonomía judiciales”, de tal manera que
el análisis del juez constitucional solo está reservado cuando dicha labor
interpretativa ha sido arbitraria o caprichosa, lo que a su juicio, no ocurrió
en el presente asunto.  Aduce que las normas que regulan la actividad
probatoria, incluidas aquellas que versan sobre el decreto de pruebas, se rigen
por los principios de pertinencia y conducencia, aspectos que deben ser
examinados por el juez natural y no por el juez de tutela.
Refiriéndose a la afirmación de la actora, en relación
a que los jueces que conocieron del proceso ejecutivo no decretaron las pruebas
que solicitó para acreditar los hechos que hubieran interrumpido la
prescripción, señala que ello no fue alegado en su oportunidad (en la demanda
ejecutiva o en el escrito en el que se pronunció acerca de las excepciones
propuestas).
De igual manera, sostiene que la práctica de pruebas
en el trámite del recurso de apelación es excepcional, que únicamente tiene
ocurrencia cuando se dan los supuestos consagrados en el artículo 361 del
C.P.C., lo que no ocurrió en el curso del proceso ejecutivo que originó la
acción de tutela, por cuanto, si bien la actora solicitó oportunamente la
práctica de pruebas de interrogatorio de parte y testimonios, las mismas no
fueron decretadas en la primera instancia.
Por último, señaló que era necesario tener en cuenta
que contra el auto que denegó las pruebas testimoniales y de interrogatorio de
parte que había solicitado la actora al juez municipal, no se propuso ningún
recurso, y por tanto, ello “condena al fracaso” la prosperidad de su
amparo.
III.
PRUEBAS.
A continuación se relaciona el material probatorio
relevante que obra en el expediente:
·
Copia de una letra de
cambio, suscrita por el señor Luis Armando Preciado Prada y la señora Mercedes
Vargas de P., a favor de la señora Mercedes Vargas de P. (Folio 1 del cuaderno de
primera instancia).
·
Copia de la demanda
ejecutiva presentada por el apoderado de la señora Margarita Betancourt Rincón
contra el señor Luis Armando Preciado Prado y la señora Mercedes Vargas de
Preciado. (Folio 2,3 y 4 ib.).
·
Copia de auto de fecha
de 26 de agosto de 2004, proferido por el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá,
en el cual se libró orden de pago a favor de la señora Margarita Betancourt
Rincón en contra de los señores Luis Armando Preciado Prada y la señora Mercedes
Vargas de Preciado, en proceso ejecutivo de menor cuantía. (Folio 6 de ib.).
·
Copia de constancia de diligencia
de notificación personal, de fecha de 9 de noviembre de 2005, al señor Luis
Armando Preciado Prada y a la señora Mercedes Vargas, del mandamiento de pago
de fecha de 26 de agosto de 2004. (Folios 10 y 11 ib.).
·
Copia de escrito
presentado, mediante apoderado judicial, por Luis Armando Preciado Prada y
Mercedes Vargas de Preciado, al Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, mediante
el cual presentan excepciones contra el mandamiento de pago, en el trámite del
proceso ejecutivo presentado en su contra por la señora Margarita Betancourt
Rincón. (Folios 12, 13 y 14 ib.).
·
Copia de escrito
presentado, mediante apoderado judicial, por la señora Margarita Betancourt
Rincón, al Juez 58 Civil Municipal de Bogotá, en el cual se pronuncia sobre las
excepciones presentadas por la parte demandada en el proceso ejecutivo en
mención.  (Folio 16 ib.).
·
Copia de auto de fecha
30 de enero de 2006, proferido por el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá,
mediante el cual se tienen en cuenta ciertas pruebas presentadas por las partes
en el proceso ejecutivo de referencia, y se desestiman las pruebas solicitadas
por la parte demandante en el mismo.  (Folio 17 ib.).
·
Copia de escrito
presentado por la parte demandante, de fecha de 9 de febrero de 2006, dirigido
al Juez 58 Civil Municipal de Bogotá, en el que entre otras cuestiones,
solicita revocar el auto de fecha de 30 de enero de 2006 dictado por el Juez 58
Civil Municipal de Bogotá, el cual la secretaría de dicho despacho señaló que “no
se fija en lista por ser extemporáneo” (Folio 20 ib.).
·
Copia de auto de fecha
de 14 febrero de 2006, proferido por el Juez 58 Civil Municipal de Bogotá, en
el cual se rechaza de plano el recurso de reposición interpuesto contra la
providencia de fecha del 30 de enero de 2006, por ser extemporáneo, y además se
corre traslado a las partes para que presenten sus alegaciones, entre otras
cuestiones.  (Folio 21ib.).
·
Copia de escrito
presentado por la parte demandante en el proceso ejecutivo de referencia 2004-1155,
dirigido al Juez 58 Civil Municipal de Bogotá, mediante el cual se presentan
alegatos de conclusión.  (Folio 22 y 23 ib.).
·
Copia de sentencia, de fecha
4 de mayo de 2006, dictada por el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, en el
proceso de ejecutivo en mención, mediante la cual se declararó “fundada y
debidamente probada la excepción perentoria de prescripción de la acción
cambiaria derivada de la letra de cambio aportado como base de recaudo”, se
deniegan las pretensiones de la parte demandante en dicho proceso, entre otras.
(Folios 24, 25, 26, 27 y 28 ib.).
·
Copia de escrito
presentado por la parte demandante en el proceso de referencia de 2004-1155, de
fecha 6 de junio de 2006, que correspondió al Juzgado 58 Civil Municipal de
Bogotá, en el cual se interpone recurso de apelación en contra de la sentencia
que dicho despacho profirió en el curso del proceso.  (Folio 31 ib.).
·
Copias de actuaciones
procesales referentes a la práctica de medidas cautelares, surtidas en el
trámite de primera instancia del proceso ejecutivo de referencia 2004-1155
presentado por la señora Margarita Betancourt Rincón contra el señor Luis
Armando Preciado Prada y Mercedes Vargas de  Preciado.  (Folio 34 al 48 ib.).
·
Copia de escrito
presentado por la parte demandante al Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá,
en el proceso ejecutivo promovido por la señora Margarita Betancourt Rincón
contra el señor Luis Armando Preciado Prada y la señora Mercedes Vargas de
Preciado, en el cual sustenta el recurso de apelación que presentó contra la
sentencia, de fecha 4 de mayo de 2006, proferida por el Juzgado 58 Civil
Municipal de Bogotá.  (Folios 51, 52 y 53 ib.).
·
Copia de auto, de fecha
de 11 de octubre de 2006, proferido por el Juzgado 4° Civil del Circuito de
Bogotá, mediante el cual se niega la solicitud de pruebas presentadas por la
parte demandante en el proceso ejecutivo iniciado por la señora Margarita
Betancourt Rincón contra el señor Luis Armando Preciado Prada y la señora
Mercedes Vargas de Preciado, por cuanto no se cumplen los requisitos exigidos
en el artículo 361 del C.P.C.  Adicionalmente, se decide no practicar pruebas
de oficio, por cuanto “no suple la carga probatoria de la parte”.
(folio 65 ib.).
·
Copia de escrito
presentado por la parte demandante en el proceso ejecutivo impetrado por la
señora Margarita Betancourt Rincón contra el señor Luis Armando Preciado Prada
y la señora Mercedes Vargas de Preciado, dirigido al Juez 4° Civil del Circuito
de Bogotá, mediante el cual se presenta recurso de reposición en contra el auto
de fecha de 11 de octubre de 2006 dictado por dicha autoridad judicial.
(Folios 76, 77 y 78 ib.).
·
Copia de auto, de fecha
14 de noviembre de 2006, dictado por el Juzgado 4° Civil del Circuito de
Bogotá, mediante el cual se deniega el recurso de reposición presentado por la
parte demandante iniciado por la señora Margarita Betancourt Rincón contra el
señor Luis Armando Preciado Prada y la señora Mercedes Vargas de Preciado.
(Folio 83 ib.).
·
Copia de sentencia, de
fecha 31 de julio de 2007, proferida por el Juzgado 4° Civil del Circuito de
Bogotá, y resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante
contra la sentencia dictada por el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá de fecha
4 de mayo de 2005.  (Folios 84, 85, 86 y 87 ib.).
IV.    CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
1.
Competencia.
Esta
Corte es competente para revisar los fallos de tutela mencionados, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en las demás
disposiciones pertinentes.
2.
Presentación del caso y planteamiento del
problema jurídico.
2.1. La
actora señala que presentó un proceso ejecutivo, cuyo título era una letra de
cambio, en contra de los señores Luis Armando Preciado Prada y la señora
Mercedes Vargas de Rincón, el cual correspondió al Juzgado 58 Civil Municipal
de Bogotá, y se libró mandamiento de pago el día 26 de agosto de 2004.
Señala
que la parte ejecutada presentó un escrito en el que formuló excepciones
previas y de fondo, de prescripción y caducidad, en contra del mandamiento de
pago.
Relata que
solicitó a dicho juez la práctica de pruebas, con el fin de desvirtuar las
excepciones formuladas, sin embargo, el juzgado resolvió denegarlas.  Aduce que
posteriormente, presentó un escrito en el que, entre otras cosas, instaba al
juez a que decretara las pruebas pedidas, cuya solicitud fue tramitada por la
secretaría de dicho juzgado como un recurso de reposición, el cual fue
rechazado por haber sido presentado de manera extemporánea.  Posteriormente,
aduce que dicha autoridad judicial, mediante sentencia de fecha 4 de mayo de
2006, declaró probada la excepción de prescripción presentada por la parte
ejecutada, y por tanto contra dicho fallo presentó recurso de apelación, que se
surtió ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá.
Indica
que solicitó a dicho juez del circuito, que practicara las pruebas que pidió en
primera instancia, o que las decretara de oficio, lo cual fue resuelto negativamente,
y éste procedió a dictar sentencia en la que confirmó el fallo del Juzgado 58
Civil Municipal de Bogotá.
Así las
cosas, estima que se le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la defensa por cuanto: (i) los jueces no debieron declarar probada la
excepción de prescripción que presentó la parte ejecutada, dado que, al momento
de alegarla, no presentó, de manera exhaustiva, los fundamentos fácticos y
jurídicos que demostraren su configuración.  (ii) el juez de segunda instancia
debió ordenar la práctica de las pruebas que le solicitó, dado que las mismas
se encontraban encaminadas a desvirtuar la excepción de prescripción extintiva formulada
por la parte ejecutada.
Por su
parte, el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá señaló que no tenía mayor
conocimiento del asunto, por cuanto: (i) fue nombrado, en propiedad como juez
de dicho despacho a partir del día 1° de agosto de 2007, y (ii) el asunto fue
remitido al Juzgado Cuarto Civil del Circuito, dado que se encontraba en
trámite un recurso de apelación.
A su
vez, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito señaló que no fue concedida la
práctica de pruebas presentadas por la accionante, teniendo en cuenta que no se
cumplían las condiciones exigidas en el artículo 361 del Código de
Procedimiento Civil.  De igual manera, señaló que en sentencia de fecha de 31
de julio de 2007, confirmó el fallo del Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá,
en el curso de un proceso ejecutivo presentado por la accionante, puesto que se
encontraba debidamente fundada y probada la excepción perentoria de
prescripción de la acción cambiaria, y que si bien el escrito de excepciones no
fue presentado en la forma más “técnico jurídico procesal”, la ley no
establecía una sanción por no presentar las excepciones debidamente separadas y
fundamentadas.
El juez
de tutela de primera instancia denegó el amparo invocado, por cuanto: (i) la
actora contó con los recursos ordinarios para controvertir la decisión del
Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá que le negó la práctica de pruebas que
pretendía hacer valer para desvirtuar las excepciones formuladas por la parte
ejecutada, y sin embargo, no hizo uso de los mismos, (ii) la negativa del
juzgado del circuito demandado de decretar y practicar pruebas en el trámite
del recurso de apelación, se encontraba acorde a lo señalado en el artículo 361
del C.P.C. (iii) los jueces que tramitaron el proceso ejecutivo de referencia
se encontraba ajustado a las normas y a las pruebas arrimadas al expediente.
El juez
de tutela de segunda instancia, confirmó la anterior sentencia, por cuanto la
actuación del juez del circuito demandado se ajustaba a las normas y a los
principios de independencia y autonomía judicial, sin que se le pudiere
endilgar una conducta caprichosa.  Asimismo, adujo que la práctica de pruebas
en segunda instancia era excepcional y que solamente tenía ocurrencia cuando se
configuraban los supuestos previstos en el artículo 361 del C.P.C. lo que no
ocurrió en el curso del proceso ejecutivo.
Conforme a lo anterior, corresponde
a la Sala de Revisión determinar si el juzgado del circuito accionado vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de la señora
Margarita Betancourt Rincón, al negársele la práctica de pruebas solicitadas y confirmar
el fallo del Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, que declaró probada la
excepción de prescripción de la acción cambiaria en el trámite del proceso
ejecutivo en referencia, que aquella impetró contra los señores Luis Armando
Preciado Prada y la señora Mercedes Vargas de Rincón.
Para dar respuesta al anterior problema jurídico, la
Sala previamente hará referencia a los presupuestos establecidos por esta
Corporación para la procedencia y procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
3.     La procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
3.1. Conforme al mandato contenido en el artículo 86
de la Constitución, la Corte Constitucional ha dispuesto una doctrina acerca de
la procedencia de la acción de tutela contra las providencias expedidas por las
autoridades judiciales.  En un comienzo, esta atribución tuvo fundamento en los
artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991.  Sin embargo, dichas disposiciones
fueron declaradas inexequibles en la sentencia C-543 de 1992, en la cual se
consideró que valores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada son
relevantes en nuestro sistema normativo y justifican la intangibilidad de las
decisiones judiciales.
No obstante lo anterior, en esa misma providencia se
advirtió que ciertos actos no gozan de esas cualidades y que, por tanto, frente
a “actuaciones de hecho”, la acción de tutela sí era procedente con el
objeto de proteger los derechos fundamentales.  La Corte afirmó en ese
entonces:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función  de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, (...).
En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia”.
Así las cosas, a partir de la sentencia T-079 de 1993,
con base en una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde
concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial y respetando la ratio
decidendi de la sentencia C-543 de 1992, paulatinamente se fueron
definiendo el conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la
procedencia del amparo con el fin que se protejan los derechos fundamentales de
quienes acuden al Estado para que resuelva un conflicto a través de la
administración de justicia.
Posteriormente, la Corte agrupó el enunciado dogmático
“vía de hecho”, previsto en cada una de las sentencias en donde
se declaró que la tutela era procedente frente a una actuación judicial
anómala, e ideó los “criterios de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales”. Éstos constituyen pautas que soportan una
plataforma teórica general de la acción de tutela contra actuaciones
jurisdiccionales y, por tanto, constituyen el trasfondo de las causas que
pueden generar la violación de la Constitución, por la vulneración de los
derechos fundamentales en la cotidianidad de las prácticas judiciales.
La nueva enunciación de tal doctrina ha llevado, en
últimas, a redefinir el concepto de vía de hecho, declarado como el acto
absolutamente caprichoso y arbitrario[1], producto de la
carencia de una fundamentación legal y con la suficiente envergadura para
concernir al juez constitucional.  En su lugar, con la formulación de los criterios,
se han sistematizado y racionalizado las causales o defectos con base en un
mismo origen: la penetración de la Constitución y los derechos fundamentales en
la rutina judicial.  Al respecto, en la sentencia T-949 de 2003, la Sala
Séptima de Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha
redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder
de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2
C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la
Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso
conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de
procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una
comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita
"armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran
la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que
estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a
la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado (Sentencia
T-462 de 2003)”.
Además, en la sentencia T-1285 de 2005, esta Sala de
Revisión expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de la
siguiente manera:
“La sistematización de los criterios o causales
a partir de los cuales es posible justificar el advenimiento de una tutela
contra una decisión judicial, ha generado que la Corte advierta dentro de ellos
la obligación del operador de respetar los precedentes y de guardar respeto y
armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales
previstos en la Constitución[2].
En este punto es necesario prevenir que la Corporación ha definido e
identificado dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar
suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con claridad
los derechos fundamentales que se encuentren en disputa. El principio de
eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución
obligan al juez a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas
legales aplicables a un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las
pugnas que se llegaren a presentar frente a la Carta Política[3]
y los derechos fundamentales[4].
“Pues bien, conforme a los anteriores
presupuestos y como recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la
Corte ha identificado y congregado a los criterios en seis apartados que ha
definido de la siguiente manera[5]:
i)
Defecto sustantivo,
orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse
que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por
aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del
procedimiento establecido[6].
ii)         Defecto fáctico: Cuando en el
curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son
valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo
proferido[7].
iii)        Error inducido o por
consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad
inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de
la administración de justicia[8].
iv)        Decisión sin motivación: Cuando
la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los
motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos[9].
v)         Desconocimiento del precedente:
En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los
precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera
atendido a la jurisprudencia.
vi)        Vulneración directa de la
Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los
derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[10]”
.
El hecho
que se configure una causal de procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial, en todo caso y sin lugar a equívocos lleva a la
conclusión que el juez en su decisión ha incurrido en una “actuación
defectuosa” que ha suscitado la vulneración de los derechos fundamentales
de uno o varios ciudadanos, la cual debe ser reparada.
Debido a los temas específicos de la presente acción,
la Corte precisará brevemente los siguientes defectos.
3.2. El defecto fáctico.
El defecto fáctico es una de las anomalías
superlativas y excepcionales que justifican la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.  Éste tiene como ámbito especial de
acción, la definición de aquellos episodios de tipo probatorio que menoscaban
gravemente el derecho fundamental al debido proceso. En sentencia proferida por
la Sala Novena de Revisión, se definió esta irregularidad, a propósito de la
revisión efectuada sobre un proceso penal en el que se dictó la preclusión de
la investigación sin la práctica de una prueba, en protección del interés
superior de un menor que estaba presente en tal proceso como víctima. En ese
entonces la Corte advirtió:
“En un Estado Social de Derecho la administración
de justicia penal tiene como finalidad última la protección de los derechos
fundamentales, y de otros bienes constitucionalmente garantizados mediante la
investigación y sanción de los atentados graves que se ocasionen contra el
disfrute pleno de éstos; y asimismo, el resarcimiento pleno e integral a las
víctimas de los perjuicios causados por el delito.
(...)
“El vicio por defecto fáctico se configura cuando
no existe el sustento probatorio necesario para adoptar la decisión, por la
falta de apreciación del material probatorio anexado al expediente o, simplemente,
por un error grave en su valoración.
“En consecuencia, el comportamiento del juez que
incurre en un defecto fáctico da lugar a una violación del derecho al debido
proceso, a la igualdad de las partes ante la ley procesal, al acceso a la
administración de justicia, así como a obtener un trato imparcial de quien
dirige el proceso, es decir, el funcionario distorsiona la verdad para darle un
alcance a los hechos que en realidad no tienen, por lo que no dicta una
decisión en derecho, sino lo quebranta.[11]
Por ello, cuando estos supuestos converjan, la acción de tutela resulta idónea,
porque, además, tal error incidió de manera determinante en el sentido de la
decisión final”.[12]
Se produce un defecto fáctico en una
providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se
desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió[13]
la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez[14]. En esta situación
se incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria,
irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta cuando el juez
simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente”[15]. En una
dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la valoración de
pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede apreciar, sin
desconocer la Constitución”[16]. Ello
ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir
ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.)[17] o cuando da
por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde
su decisión”[18].  En
estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela  por vía
de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece arbitraria
la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia.
El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[19].
3.3. El defecto sustancial o material.
Respecto a este defecto la Corte en varias decisiones[20]
ha señalado que se presenta, entre otras razones, cuando i) la decisión
impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente no aplicable al caso, “es
decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente
impertinente”[21]. Y también
puede fundarse en la “aplicación indebida” por el funcionario judicial
de la preceptiva concerniente[22], ii) cuando la
aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance[23],
“iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en
cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática, iv) cuando la norma aplicable al caso
concreto es desatendida y por ende inaplicada, o v) porque a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación
fáctica a la cual se aplicó, porque la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[24].
Puede,
entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su
labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los
valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese
a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al
caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le
es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la
justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación…”[25].
4.
Caso concreto.
4.1. La actora considera que la autoridad judicial demandada
vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa, en el trámite del recurso
de apelación que se surtió en el proceso ejecutivo singular que presentó en
contra de los señores Luis Armando Preciado Prada y Mercedes Vargas de Preciado,
al considerar que incurrió en vía de hecho por cuanto: (i) no decretaron la
práctica de pruebas que había solicitado, las cuales se encontraban dirigidas a
desvirtuar la excepción de prescripción de la acción cambiaria formulada por la
parte ejecutada, y (ii) declararon probada dicha excepción, que si bien fue
formulada por la parte ejecutada, ésta no la fundamentó de manera exhaustiva,
por cuanto no alegó los hechos que configuraran los elementos de la
prescripción, y además por que el fundamento jurídico que presentó no era
aplicable.
4.2. Antes de entrar en materia, y con el fin de
brindar una mayor claridad en el asunto a tratar, la Sala considera necesario
transcribir los apartes pertinentes de las providencias del juez del circuito
demandado, mediante las cuales se denegaron las práctica de pruebas y se
declararon probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria, de la
siguiente manera:
- Auto de fecha 11 de octubre de 2006, en la que se
señala que:
“La solicitud de pruebas no procede toda
vez que no se encuentran los requisitos establecidos en el art. 361 del C.P.C.
En cuanto a la facultad oficiosa para
decretar pruebas, es de tener en cuenta que esta no suple la carga probatoria
de la parte”.
- Auto de fecha 14 de noviembre de 2006, en el cual se
resuelve un recurso de reposición que impetró la actora en contra de la
anterior providencia.  En el mismo se manifiesta que:
“Como se indicara en el auto ahora objeto
de inconformidad, solo hay lugar a la práctica de pruebas en segunda instancia
a petición de parte, en las expresas causales del artículo 361 del C.P.C. y
revisados uno a uno, ninguno de los 5 casos previstos por la norma aparece
cumplido.  Si el inconforme se refiere a la causal 2° del artículo citado, no
es este el caso pues dicho numeral se refiere al supuesto de haberse decretado
una prueba y que la prueba así decretada se dejó de practicarse sin culpa de la
parte que la pidió, pero las pruebas aludidas nunca fueron decretadas y ello es
suficiente para que exista disconformidad con lo previsto por la norma.
Como se sostiene por la parte demandada, si
la decisión del a quo al denegar una prueba oportunamente solicitada por
considerarse impertinente, se consideraba equivocada se contaba con los recursos
legalmente establecidos y el no ejercitarlos permitió que la decisión de negar
las pruebas cobrara firmeza.
Finalmente en lo relativo a la facultad
oficiosa del juzgador, es cierto que tal lo permite la ley y que en determinados
casos, en búsqueda de la verdad real sea necesario el decreto oficioso de
pruebas, cuando al tenor del artículo 179 del C. de Procedimiento Civil el juez
las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las
alegaciones de las partes, pero también es cierto que a la luz de esta facultad
no puede pretenderse suplir la inactividad de los litigantes a menos de
inobservar el deber que le asiste al juzgador de hacer efectiva la igualdad de
las partes –art. 37 C.P.C.-
(…)
Por lo expuesto, este despacho del Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Bogotá D.C. RESUELVE:
1.
DENEGAR la
reposición solicitada”.
-  Sentencia de fecha 31 de julio de 2007, mediante la
cual se resuelve el recurso de apelación presentado por la accionante en contra
del fallo proferido por el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, de fecha 4 de
mayo de 2005, en cual precisa que:
“En cuanto la parte apelante manifiesta que
las excepciones se les imprimió trámite indebido al no estar debidamente
separadas y fundamentadas debe decirse que basta solo observar el expediente y
de la actuación surtida se desprende que si bien incorrectamente la parte
demandada en un mismo escrito propuso excepción de mérito de prescripción y
excepción previa de caducidad, esta última se rechazó “por improcedente” en
auto del 28 de noviembre de 2005, y la otra excepción, la relativa a la
prescripción, se fundamentó claramente –fl. 14 Cdno. 1- en que “han
transcurrido tres años entre la fecha de vencimiento esto es el 15 de julio del
año 2002 y la fecha en la que se notificó el mandamiento “ además que alegó que
no existía interrupción de la prescripción.
(…)
En lo demás no se encuentra argumento en la
apelación que conduzca a la revocatoria de la sentencia objeto de análisis y revisada
la motivación de la decisión que se ataca se encuentra que resulta totalmente
acertada en cuanto habiéndose aportado como título ejecutivo una letra de
cambio a la misma le es aplicable lo dispuesto por el artículo 789 del C. de
Comercio en cuanto es claro al decir que la acción cambiaria directa prescribe
en el término de tres años contados a partir del día de vencimiento.
Entendiéndose acción cambiaria directa aquella que se ejercita contra el
aceptante de una orden conforme a lo previsto en el Art. 781 ibídem, y como en
el presenta caso la demanda se dirige contra quien aparece en el título
aportado como aceptantes, la acción iniciada es directa.
De lo anterior se deriva que si la letra de
cambio tenía en su tener literal una fecha de vencimiento al 15 de julio de
2002 la prescripción acaecería el 15 de julio de 2005 sin perjuicio que tal
término pudiera ser interrumpido ora civil ya naturalmente; aquí se tiene
también que como bien lo dijo la sentencia atacada en apelación, la demanda se
presentó el 23 de agosto de 2004 y por tanto ella habría interrumpido el
término de prescripción solo de cumplirse a cabalidad lo dispuesto por el
artículo 90 del C. de Procedimiento Civil que exige que se notifique a los
demandados dentro del año siguiente a la notificación al demandante por estado
o personalmente del auto ejecutivo, y como esta condición n o se cumplió, la
prescripción solo podía interrumpirse con el acto de notificación a los
demandados, mas al 9 de noviembre de 2005, fecha de notificación, ya el término
de prescripción había transcurrido en su totalidad como atrás quedó dicho.
La decisión de mérito proferida en este
asunto por la primera instancia se encuentra pues ajustada a derecho y
consecuencialmente conduce ello a confirmar la sentencia como en efecto se
dispondrá”.
4.3. Pues bien, analizadas las consideraciones de las
providencias del Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá, la Sala advierte que
éste no incurrió en ninguna conducta vulneradora de los derechos fundamentales
de la accionante, al negar las pruebas solicitadas en segunda instancia, pues tal
y como dicha autoridad alegó no se encontraban acreditadas las condiciones
exigidas en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.  En efecto, obsérvese
que este dispone que:
“Art. 361.- Cuando se trate de apelación de
sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las
partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes
casos:
1º. Cuando todas las partes las pidan de
común acuerdo.
2º. Cuando decretadas en la primera
instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero
sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.
3º. Cuando versen sobre hechos ocurridos
después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia,
pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.
4º. Cuando se trate de documentos que no
pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o
por obra de la parte contraria.
5º. Si con ellas se persigue desvirtuar los
documentos de que trate el ordinal anterior.
Si las pruebas fueren procedentes se fijará
término para practicarlas, que no podrá exceder de diez días.  Igual término se
concederá en el caso del inciso 2º. del artículo 183”.
Así las cosas, las pruebas solicitadas por
la actora no podían ser ordenadas por el juez del circuito accionado, por
cuanto no se configuraban ninguno de los eventos señalados en el artículo 361 ib.
De otra parte, tampoco es reprochable que el juzgado
accionado no hubiere decretado las pruebas de oficio, pues además de no
reunirse los requisitos los requisitos consagrados en el artículo 361 del
C.P.C., dicha facultad es discrecional del juez, por cuanto a ellos, en ejercicio
de su autonomía y libertad para resolver el conflicto jurídico que se les pone
a su conocimiento, y si  así lo consideran puedan o no decretar pruebas
oficio.  Además, dentro del proceso ejecutivo, el juzgado accionado no estimó
necesario decretar de oficio alguna prueba adicional, pues con las arrimadas al
proceso llegó a la convicción de que podía resolver el recurso de apelación.
4.4. Pasa ahora la Sala a referirse al cargo
presentado por la accionante, según el cual la excepción de prescripción no
puede ser declarada de oficio por parte de los jueces, y que en el caso
concreto, la autoridad judicial accionada no debió confirmar el fallo del
Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, en el cual se declaró probada la
excepción de prescripción de la acción cambiaria, pues a su juicio, la parte
ejecutada no argumentó de manera exhaustiva, ni los fundamentos fácticos ni jurídicos
que configuraran dicha excepción.
Si bien la actora al fundamentar este
cargo, consideró que la autoridad judicial demandada incurrió en sus decisiones
en un defecto fáctico, la Sala analizará este cargo para determinar si se
configura un defecto sustantivo, teniendo en cuenta que el fundamento de la
actora radica en la indebida aplicación que éste le dio a las normas legales y
no a la valoración que de las pruebas que obraron en el expediente del proceso
ejecutivo objeto de debate en la que el juez del circuito accionado confirmó el
fallo del juez municipal, que declaró probada la excepción de prescripción de
la acción cambiaria.
No encuentra la Sala que la decisión del
juzgado del circuito vulnerare los derechos fundamentales de la actora, puesto
que no se advierte que se hubiere tomado de manera arbitraria o caprichosa, que
amerite el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Téngase en cuenta que el artículo 2513 del
Código Civil dispone que “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe
alegarla, el juez no puede declararla de oficio”.  En el caso objeto de
revisión, la excepción de prescripción de la acción cambiaria efectivamente fue
formulada por la parte ejecutada de manera oportuna en la contestación al
mandamiento de pago, en el cual se alegó que habían transcurrido más de tres
años entre la fecha del vencimiento del título valor y el momento en que la
parte ejecutada se notificó personalmente del mandamiento de pago, y además
señaló las normas que consideró pertinentes.  En el escrito en el que la parte
ejecutada presentó las excepciones al mandamiento de pago (Folio. 14 del cuaderno
principal), se advierte que se señaló que: “Propongo la excepción de la
prescripción de la acción, pues esta se ha generado conforme a al (sic)
artículo 788, 789 y 791 del Código de Comercio, y los concordantes, artículo 90
del C.P.C. y concordantes con la jurisprudencia y la doctrina.  Esto es la
acción prescribe en tres años a partir del día del vencimiento establecido por
el código de comercio.  A este punto encontramos que han transcurrido tres años
entre la fecha de vencimiento, esto es el 15 de julio del año 2002 y la echa en
que se notificó el mandamiento…Por lo tanto no existe interrupción de la
prescripción pues esta contados desde julio 15 del año de 2002 al 9 de
noviembre de 2005, ya se había dado la caducidad y la prescripción de la acción,
pues ésta ha de examinarse y contabilizar (sic) desde la fecha de vencimiento
de la letra de cambio a la notificación de la demanda”.
Así pues, la Sala observa que la parte
ejecutada no solamente formuló la excepción de prescripción de la acción
cambiaria, sino que también esgrimió las razones por la cuales estimó su
configuración, y que de igual manera, precisó las normas que consideró
pertinentes.  De esta manera, no le asiste razón a la actora en que los jueces,
prácticamente, declararon ésta excepción de manera oficiosa.
Adicionalmente, debe señalarse que la
decisión judicial en la cual se confirmó el fallo del juzgado del circuito que
declaró probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria se basó en
las pruebas que obraron en el proceso, en las normas legales y en la naturaleza
del proceso ejecutivo, puesto que tuvo en cuenta que el título valor que
fundamentó el proceso ejecutivo, era una letra de cambio, y que para el caso era
aplicable lo dispuesto en el artículo 789 del código de comercio, mediante el
cual se establece que la acción cambiaria directa prescribe en tres años a
partir del día del vencimiento.  Por tanto, de las pruebas aportadas al proceso
ejecutivo, percibió que dicho título vencía el día 15 de julio de 2002,  que si
bien la demanda ejecutiva fue presentada el día 23 de agosto de 2004, el
mandamiento de pago fue notificado a la parte ejecutante el día 30 de agosto de
2004 por aviso, y que los señores Luis Armando Preciado Prada y Mercedes
Vargas, parte ejecutada, les fue notificado el mandamiento ejecutivo, de manera
personal, el día 9 de noviembre de 2005.
En este orden de ideas, señaló que se
cumplía con lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil,
el cual consagra que: “La presentación de la demanda interrumpe el término
para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto
admisorio de aquélla, o el mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al
demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a
la notificación al demandante de tales providencias, por estado o
personalmente”. Por consiguiente, el juez del circuito accionado alegó que no
se había interrumpido la prescripción, y que había operado la prescripción de
la acción, la cual había sido previamente formulada por la parte ejecutada.
4.5. Así las cosas, la Sala observa que no se
avizora que las actuaciones del juzgado del circuito sean arbitrarias,
caprichosas o subjetivas que abiertamente desconozcan las normas sustantivas o
procedimentales, dado que sus decisiones se encuentran en consonancia con las
normas que eran aplicables y las pruebas aportadas en el expediente del proceso
ejecutivo aludido.
En este marco de ideas, la Sala estima que
no se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso o a la defensa de
la actora, y por consiguiente, se confirmaran los fallos de instancia que
denegaron el amparo solicitado, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
V.  DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR los fallos de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, de fecha 26 de septiembre de 2007, y del Tribunal Superior
de Bogotá de fecha , que negaron la acción de tutela interpuesta por la señora
Margarita Betancourt Rincón contra el Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá, por
las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- Por Secretaría
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencia T-008 de 1998.
[2]
Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[3]
Al respecto, en la sentencia T-461 de 2003, Sala Séptima de Revisión, en un
caso en el que se estudió la tutela contra la pérdida de investidura del señor
José Jattin Safar, la Corte estimó los siguiente: “(...) resulta claro que
la tutela contra providencias judiciales no procede por incurrir el funcionario
en vía de hecho (en el sentido administrativo del concepto), sino por violación
de la Constitución. En sentencia T-441 de 2003 la Corte recogió y sistematizó
estos argumentos fijando parámetros para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, que respondieran a claros criterios constitucionales.
Así, se indicó que la tutela procede contra decisiones judiciales cuando se
presenta violación directa o indirecta de la Constitución. Es decir, frente a
providencias judiciales inconstitucionales. (...)”. (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[4]
Sobre el papel actual que juega el juez en un Estado Social de Derecho véanse
las sentencias C-037 de 2000;  C-366 de 2000 y SU-846 de 2000 (cita original de
la jurisprudencia trascrita).
[5]
Véanse entre otras, sentencias T-441 de 2003; T-200 y T-684 de 2004 y T-658 y
T-939 de 2005 M.P.: Clara Inés Vargas Hernández (cita original de la
jurisprudencia trascrita)...
[6]
Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-784/00, T-1334/01,
SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras (cita
original de la jurisprudencia trascrita).
[7]
Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99,
T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-054/03 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[8]
Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02,
T-852/02,  T-705/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[9]
Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260/99,
T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02,
T-868/02, T-901/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[10]
Sentencias T-522 de 2001 y T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[11]
Sobre este punto ver Sentencia T-329 de 1996. (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[12]  Sentencia
T-554 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[13] Corte
Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Cfr., por
ejemplo, la sentencia T-442 de 1994.
[15] Corte
Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
[16] Ibídem.
[17] En la sentencia
SU-159 de 2002, se precisó que en tales casos, “aún en el
evento en el que en el conjunto de pruebas sobre las que se apoya un proceso
penal se detecte la existencia de una ilícitamente obtenida, los efectos de
esta irregularidad son limitados. Para la Corte, “el hecho de que un juez tenga
en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica,
necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como vía de
hecho”. Así, “sólo en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho
constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría
de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión
judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los
restantes requisitos de procedibilidad de la acción”. De tal manera que la
incidencia de la prueba viciada debe ser determinante de lo resuelto en la
providencia cuestionada.”
[18] Sentencia
T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[19] Sentencia
SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Sentencias T-909 de 2006, T-955 de 2006, T-966 de 2006, T-1044 de 2006
y T-1068 de 2006.
[21]
Apartes citados en la sentencia T-1068 de 2006, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[22]
Sentencia T-1044 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] Sentencias T-1044 y T-1068 de 2006. Consúltese
también la sentencia T-275 de 2005, sobre desconocimiento de ratio decidendi
con efectos erga omnes.
[24]
Sentencia T-1068 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[25]
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.