C-586-01
Sentencia C-586/01
Sentencia C-586/01
LEY DE
REACTIVACION EMPRESARIAL
DERECHO CONCURSAL-Alcance
El derecho concursal actual, además de los
principios de libertad de empresa, libre iniciativa privada y libertad de
disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos y en la
sujeción de los intereses individuales al interés colectivo y al beneficio
común. Así, esta rama o disciplina del derecho no desconoce que el deudor debe
cumplir con las obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor
tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacción total de su
crédito, sino que, ante la imposibilidad del primero de atender puntual y
satisfactoriamente todas sus obligaciones, reemplaza la ejecución singular por
una colectiva en la que se satisfacen los derechos de crédito concurrentes de
manera ordenada, amén de solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento
igualitario que, además, garantice el reparto equitativo de las pérdidas,
dentro del rango adquirido por cada acreedor –par conditio creditorum-.
ACUERDOS DE
REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Definición
ACUERDOS DE
REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Condiciones
extraordinarias
ACUERDOS DE
REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Prescindencia
de intervención judicial
ACUERDOS DE
REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Celebración
y ejecución independiente
ACUERDOS DE
REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Condiciones
de efectividad de garantías a cargo de terceros
ACUERDOS DE
REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Efectividad
de garantías de terceros
LEY DE
INTERVENCION ECONOMICA Y CODIGO-Expedición sujeta al mismo trámite
No resulta posible  sostener
que dentro de nuestro sistema normativo las leyes de intervención económica y
las que tienen por objeto expedir, reformar o derogar códigos, conforman
categorías jurídicas disímiles, a tal punto que con la expedición de las
primeras no resulte posible dictar o modificar los segundos, puesto que
corresponde al Organo Legislativo, sujeto, en uno y en otro caso, material y
formalmente, a los mismos principios y previsiones dictar tanto las normas que
materializan la intervención del Estado en la economía, como aquellas
destinadas a regular en forma sistemática y metódica una misma materia.
LEY
DE INTERVENCION ECONOMICA-Modificación de códigos/DECRETO LEY-Modificación de
códigos por no afectación sustancial
ACUERDOS
DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Modificación de códigos
ACUERDOS
DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Límites de garantías a cargo de terceros
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL-Distinción
La guarda e integridad de la
Constitución Política, confiada a esta Corporación en términos estrictos por el
artículo 241 del mismo ordenamiento, requiere distinguir el control formal,
dirigido a precaver el sometimiento del órgano legislativo a los trámites
impuestos por el mismo ordenamiento para exteriorizar su voluntad en forma
ordenada y armónica, del control material instituido para preservar la
supremacía constitucional mediante la confrontación de contenidos, a fin de
mantener en el ordenamiento solo aquellos que la interpretan y aplican
fielmente. Porque, si bien cuando se conculcan los primeros dañan el orden
constitucional por lo que omiten o trastocan, tienen una incidencia menor que
viene a ser superada, por el principio de conservación del derecho.
LEY
DE INTERVENCION ECONOMICA-Determinación de alcance y fines/LEY DE INTERVENCION ECONOMICA-Determinación
de límites que impone libertad económica
ACUERDOS
DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Fijación clara de reglas sobre seguridad del crédito
EMPRESA-Función social/LIBERTAD
ECONOMICA-Límites/ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Límites
legales a derechos de acreedores
Los derechos de los acreedores
relativos al respaldo de los créditos a cargo del empresario en crisis se
limitan en los términos de la ley, por la función social que les corresponde
asumir a sus titulares, en aras de lograr la conservación del ente económico y
con ella la reactivación económica esperada.
ACUERDOS DE
REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Límites
a libertad de acreedores
LEY CONCURSAL-Regulación de efectividad de garantías por
terceros/LEGISLADOR EN ACUERDOS DE REESTRUCTURACION-Regulación de
efectividad de garantías por terceros
Bien puede ser materia de una ley
concursal regular la efectividad de las garantías otorgadas por terceros para
respaldar el cumplimiento de las obligaciones objeto de concurso, o dejar de
hacerlo, acorde con los objetivos perseguidos, debido a que, de una parte, la
relación tuvo por causa un crédito objeto del concurso y, de otra, puede
resultar necesario regular la provisión para atender eventuales subrogaciones y
regresos.
PRINCIPIO DE
UNIDAD DE MATERIA-Aplicación
extensiva
Conforme a reiterados lineamientos
jurisprudenciales, el principio de unidad de materia requiere para no hacer
nulo el principio democrático, una aplicación extensiva.
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA EN LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Regulación de efectividad de
garantías por terceros
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Incompetencia
sobre efectos de política gubernamental
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN POLÍTICA ECONOMICA DEL ESTADO-Límites
Debe esta Corte dada su calidad de
guardián del orden constitucional confrontar cada una de las disposiciones
legislativas sometidas a su consideración con las previsiones de la
Constitución Política, e inclusive retirarlas del ordenamiento si no lo
interpretan fielmente, pero no puede cuestionar los fines y alcances de la
intervención por cuanto éstos concurren a conformar la política económica del
Estado y las decisiones de ésta clase se juzgan en las instancias que las
generan, hasta el punto que la misma Ley ha fijado un procedimiento de evaluación
y seguimiento el cual, como es obvio, es ajeno a esta Corporación.
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO-Alcance
NEGOCIACION
DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Derechos de garantía por terceros en
vigencia de la ley/LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Regulación de efectos
de garantías por terceros a partir de vigencia/LEY DE REACTIVACION
EMPRESARIAL-Separación reglas de derecho común en garantía por terceros a
partir de vigencia
LEY DE
REACTIVACION EMPRESARIAL-Derechos de garantía por terceros a partir de vigencia/LEY DE
REACTIVACION EMPRESARIAL-Derechos de garantía por terceros antes de
vigencia
LEY
DE REACTIVACION EMPRESARIAL Y SITUACION JURIDICA CONSOLIDADA-Indemnización/LEY DE REACTIVACION
EMPRESARIAL Y DERECHOS ADQUIRIDOS-Vigencia de norma
NEGOCIACION
DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION-Modificación de derechos de garantía regulados por el
derecho común
NEGOCIACION
DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION Y DERECHOS ADQUIRIDOS-Vigencia de norma
PRINCIPIO
DE IGUALDAD Y POTESTAD DE CONFORMACION LEGISLATIVA EN MATERIA ECONOMICA
NEGOCIACION
DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION-Igualdad de acreedores
LEY
DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Restricción derechos de acreedores
ACUERDOS
DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Derechos de garantía por terceros ante moratoria del
deudor en el derecho común
Referencia: expediente D-3272
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de
1999.
Actor:
Luis Guillermo Correa Gallo
Magistrado
Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C., seis (6) de junio
del año dos mil uno (2001).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de su atribución constitucional y de
los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I.     ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luis
Guillermo Correa Gallo demandó los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de
1999, “por la cual se
establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de
las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta
ley”.
Cumplido el trámite propio de
los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir
acerca de la demanda de la referencia.
II.    NORMAS DEMANDADAS
A
continuación, se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a
su publicación en el Diario Oficial núm. 43.836 del 30 de diciembre de 1999, y
se subraya lo demandado:
“LEY 550 DE 1999
por la cual se establece un
régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegura la función social de
las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta
ley.
TITULO II
DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCCTURACIÓN
CAPITULO II
NEGOCIACION DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN
Artículo 14. Efectos de la iniciación de la negociación. A partir
de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los
cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no podrá iniciarse
ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se
encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor y el empresario
para alegar individualmente o conjuntamente la nulidad del proceso o pedir su
suspensión al juez competente, para lo cual bastará que aporten copia del
certificado de la cámara de comercio en el que conste la inscripción del
aviso.  En los anteriores términos se adiciona el artículo 179 del Código de
Procedimiento Civil; y el juez que fuere informado por el demandado de la
iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en el
presente inciso, incurrirá en causal de mala conducta.
Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de la
prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos
contra el empresario.
Parágrafo
Primero. Dentro de los diez días siguientes a la iniciación de la negociación,
el acreedor del empresario que sea beneficiario de fiducias mercantiles en
garantía o de cualquier clase de garantía real constituida por terceros, o que
cuente con un codeudor, fiador, avalista, asegurador, emisor de carta de
crédito y, en general, con cualquier clase de garante del empresario, deberá
informar por escrito al promotor si opta solamente por hacer efectiva su
garantía o si no prescinde de obtener del empresario el pago de la obligación
caucionada.  Si el acreedor guarda silencio o manifiesta que no prescinde de
hacer valer su crédito, contra el empresario, se estará a lo previsto en el
inciso primero del presente artículo, los créditos objeto de los procesos
suspendidos quedarán sujetos a lo que se decida en el acuerdo, y en caso de
iniciarse procesos en su contra, los terceros garantes y los titulares de los
bienes gravados podrán interponer la excepción previa correspondiente.
Cualquier acreedor o el propio empresario podrán informar
en cualquier tiempo al promotor de la existencia de las garantías a que se
refiere el presente inciso.
Cuando un mismo acreedor opte por hacer efectivas sus
garantías de terceros, y alguna o algunas obligaciones del empresario estén
garantizadas por terceros, y otras u otras no, el acreedor podrá hacer efectiva
la garantía sin perjuicio del cobro de las obligaciones no garantizadas frente
al empresario deudor.
Parágrafo Segundo. Cuando un acreedor del empresario opte
por hacer efectivas sus garantías de terceros y ejerza sus derechos de cobro
frente a un codeudor solidario, fiador, avalista o cualquier otra clase de
suscriptor de un título valor en el mismo grado del empresario, si dicho
garante es una persona natural, el ejercicio de los derechos del acreedor se
limita en los siguientes términos:
a) Durante la negociación del acuerdo no podrá rematarse, adjudicarse
ni enajenarse a ningún título el inmueble que sea de propiedad exclusiva del
garante o del cual éste sea comunero, siempre y cuando se trate del inmueble
que el garante haya ocupado para su vivienda personal por no menos de dos años
consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de la
negociación del acuerdo;
b)  Durante la negociación del acuerdo podrán practicarse medidas
cautelares que recaigan sobre el inmueble, y podrán iniciarse o continuarse
ejecuciones judiciales contra el garante hasta que quede en firme una
cualquiera de las sentencias previstas en el artículo 523 del Código de
Procedimiento Civil; de igual forma podrá darse cumplimiento a las a las
disposiciones contractuales que regulan la ejecución de las garantías
fiduciarias, hasta la etapa previa a la enajenación del inmueble a cualquier
título;
c)  Para que esta limitación temporal de la efectividad de los
derechos del acreedor proceda, el garante deberá inscribir, a su costa, en la
oficina de registro de instrumentos públicos y privados, una declaración
juramentada rendida ante notario público, en la cual identifique el inmueble y
afirme que se dan las circunstancias previstas en el literal a) de este Parágrafo,
acompañada de una copia del escrito a que se refiere el artículo 13 de esta ley
y en la cual se señala su fecha de fijación.
d)  La enajenación a cualquier título o la tradición de un inmueble
de los previstos en este Parágrafo, y que se lleven a cabo con posterioridad a
la inscripción prevista en el literal anterior, serán ineficaces de pleno
derecho. Cualquier diferencia o litigio sobre dicha ineficacia será de
competencia de la justicia ordinaria.
e)  Adjuntando constancia de la inscripción en el registro de
instrumentos públicos y privados de la declaración a que se refiere el literal
c) de este Parágrafo, el garante podrá pedir al juez competente que se suspenda
el señalamiento de la fecha para remate, y el juez que fuere informado por el garante
de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en
este artículo, incurrirá en causal de mala conducta; igualmente, el fiduciario
que no suspenda la enajenación regulada en el contrato de fiducia o encargo
fiduciario respectivo, y enajene el inmueble a cualquier título después de
haber sido informado de tales circunstancias por el garante, será sancionado
por la Superintendencia que ejerza inspección y vigilancia sobre las sociedades
fiduciarias, y los administradores de la fiducia que contravengan este artículo
podrán ser removidos por dicha Superintendencia.
f)    Transcurrido el plazo previsto
en el artículo 27 de esta Ley, sin que se celebre un acuerdo de
reestructuración, el acreedor podrá hacer valer sus derechos de cobro respecto
del inmueble en cuestión e, igualmente, podrá adelantarse el remate judicial y
dicho bien podrá ser enajenado a cualquier título en caso de no pesar sobre él
alguna medida cautelar.
TITULO VII
VIGENCIA
Artículo 79. Vigencia. Esta ley regirá durante cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y durante
el mismo plazo se aplicará de preferencia sobre cualquier norma legal,
incluidas las tributarias, que le sean contrarias.
De conformidad con el artículo 38 de la ley 153 de 1887, las
disposiciones de esta ley se entienden incorporadas en los acuerdos de
reestructuración que lleven a celebrarse legalmente durante su vigencia, por lo
cual se ejecutarán con sujeción a lo dispuesto en ella, al igual que los demás
actos y contratos que se celebren en desarrollo de los mismos.
El Parágrafo primero del artículo 14 de esta ley sólo se
aplica a las garantías de terceros otorgadas con posterioridad a su entrada en
vigencia. Las garantías preexistentes sólo podrán hacerse efectivas si
transcurrido el plazo previsto en el artículo 27 de esta ley no se celebra un
acuerdo; mientras tanto, podrán practicarse medidas cautelares; y la iniciación
y la continuación de procesos judiciales contra el garante, al igual que la ejecución
de las garantías reales o fiduciarias, se sujetarán a lo dispuesto en el
literal b del Parágrafo segundo del artículo 14 de esta ley.  El parágrafo
segundo del artículo 14 de esta ley se aplica respecto de garantes personas
naturales que hayan otorgada la garantía antes o después de la vigencia de esta
ley.”
III.  LA
DEMANDA
A juicio del actor, los apartes subrayados
de las normas demandadas vulneran el Preámbulo y los artículos 13, 58, 150
numerales 2º y 21, 158, 333 y 334 de la Constitución Política, de conformidad
con los argumentos que se resumen a continuación:
1. El libelista
afirma que las normas demandadas vulneran el artículo 58 constitucional, porque
la facultad del acreedor de perseguir judicialmente el patrimonio del garante,
al igual que su prerrogativa de solicitar la venta en pública subasta del bien
dado en garantía, estarían siendo desconocidas por una ley que entró a regir
cuando tales derechos habían sido adquiridos.
Igual consideración realiza con respecto de
la facultad del acreedor de perseguir cualesquiera de los bienes que integran
el patrimonio del deudor solidario, reconocida “sabiamente” por la Ley
222 de 1995, al permitir que el acreedor haga reserva de solidaridad.
Agrega que el derecho de persecución del patrimonio
del garante surge en el mismo momento en que la garantía se constituye y que en
virtud de tal adquisición el acreedor arriesga su patrimonio concediendo un
crédito con la creencia cierta de que su satisfacción está doblemente
respaldada por el patrimonio del obligado y por el del garante, hasta el punto
que desde el perfeccionamiento del contrato de garantía se registra la
acreencia “como un respaldo, según las normas de contabilidad generalmente
aceptadas.”
Bajo las anteriores premisas, y con el objeto
de concretar el cargo, el actor distingue los alcances de las normas en
estudio, por cuanto los parágrafos primero y segundo del artículo 14 de la Ley
550 de 1999, establecerían un régimen permanente “aplicable a las garantías
de terceros nuevas, es decir, a las otorgadas con posterioridad a la entrada en
vigencia de la misma”, en tanto el artículo 79 ídem estaría
destinado a regular, bajo un régimen transitorio, las garantías vigentes al
momento en que la Ley comenzó a regir.
1.1. Respecto del régimen permanente señala
que el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999 quebranta el
artículo 58 de la Constitución Política por cuanto no permite al acreedor de
una obligación garantizada por un tercero hacer reserva de solidaridad para
cobrar simultáneamente al deudor y a sus garantes, como lo permite el artículo
100 de la Ley 222 de 1995, ateniéndose a la regulación del Código Civil.
Lo anterior toda vez que la norma dispone
que si el acreedor opta porque el empresario-deudor satisfaga el crédito, al
igual que si guarda silencio, no puede ejecutar al garante, so pena de que el
remate y la adjudicación del bien pierdan su eficacia, sino que debe sujetarse
al resultado del acuerdo de reestructuración, en tanto si opta por hacer
efectiva la garantía su derecho pierde eficacia, toda vez que i) solo
puede hacer valer sus derechos en caso de que el acuerdo de reestructuración
resulte fallido; ii) dentro del término de la negociación -cuatro meses
desde la fecha en que se fijen los derechos de voto- “no puede rematarse,
adjudicarse, ni enajenarse a ningún título el inmueble que sirve de garantía,
no obstante lo cual, puede adelantarse el proceso ejecutivo hasta sentencia,
practicando el embargo y secuestro, o adelantar el trámite contractual previsto
en la fiducia para el efecto, hasta el momento de transferir el bien, si se
cumplen los siguientes requisitos:
a. Que el tercero garante sea una persona
natural. b. Que en desarrollo de la garantía se llegue a la persecución
judicial de un inmueble de este tercero, o se haga efectiva una fiducia en
garantía constituida sobre un inmueble de este tercero. c. Que el inmueble
perseguido en el proceso judicial sea de propiedad exclusiva del tercero
garante, o que este sea su copropietario, o que este sea el que lo haya
entregado en fiducia en garantía. d. Que se trate del inmueble que el tercero
garante haya ocupado para su vivienda personal por no menos de dos años
consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de la
negociación del Acuerdo. e. Que el tercero garante haya inscrito, a su costa,
en la oficina de registro de instrumentos públicos y privados, una declaración
juramentada rendida ante notario público, en la cual identifique el inmueble y
afirme que se dan las circunstancias antes indicadas, acompañada de una copia
del escrito de la Entidad nominadora en el que se avisa la iniciación de la
negociación”.
Puntualiza que la norma en comento
quebranta el artículo 58 de la Constitución Política porque la reestructuración
del empresario-deudor no se logra desconociendo las garantías otorgadas por
terceros que, “(..)no se encuentra en crisis, en detrimento de los intereses
de la empresa en trámite de Reestructuración y del acreedor beneficiario de la
garantía”.
1.2.
En relación con el régimen transitorio asegura que los parágrafos primero y
segundo del artículo 14 de la Ley 550 de 1999 desconocen el artículo 58
constitucional, porque, si se logra el acuerdo las garantías constituidas por
terceros, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley, no se pueden
hacerse efectivas, como sucede con las adquiridas con anterioridad.
Aclara que pese a que el inciso tercero del
artículo 79 demandado permite que durante la negociación del acuerdo se ejecute
a los terceros garantes, que podría entenderse como derecho a efectuar “reserva
de solidaridad”, como la efectividad de la ejecución del garante se sujeta al
acuerdo de reestructuración, en virtud de la remisión que hace esta norma al
artículo 14, también impugnado, “es claro que en este evento no se puede
optar por el deudor principal o su garante, y que el Acuerdo produce efectos
para todos los involucrados, se hayan presentado o no.”
Así las cosas, considera que este régimen
vulnera la protección de los derechos adquiridos, toda vez que derechos de
garantía constituidos con anterioridad a la Ley 550 de 1999, pierden su
eficacia de cara al inciso tercero del artículo 79, sin contribuir a la
reestructuración de la empresa y, por ende, sin beneficiar a la comunidad en
general.
1.3. Resumiendo, considera que los
parágrafos uno y dos del artículo 14, como también el inciso tercero del
artículo 79 de la Ley 550 de 1999, vulneran el artículo 58 superior porque i)
las garantías constituidas por terceros antes de entrar a vigencia la ley, para
respaldar las obligaciones de la empresa que inicia trámite de
reestructuración, se tornan en ineficaces, lo que a la postre significa que el
acreedor pierda un derecho adquirido conforme a la ley civil; ii) en el
caso en que la garantía se constituya con posterioridad a la vigencia de la
citada ley, el acreedor igualmente pierde el derecho porque no puede hacer uso
de la opción de reclamar el pago a uno o a otro deudor, o a ambos. Aunado a que
los derechos de garantía no se pueden exigir en el evento en el que el Acuerdo
de Reestructuración sea aprobado.
Insiste en que la anterior regulación en
nada contribuye con la reestructuración de la empresa, toda vez que se protege
el patrimonio del garante, no incurso en dicho proceso, en desmedro del
acreedor que adquirió su derecho de garantía legítimamente.
2. El actor considera, además, que las normas
demandadas –parágrafos primero y segundo del artículo 14 e inciso tercero del
artículo 79 de Ley 550 de 1999-, vulneran el artículo 158 de la Constitución
Política por cuanto se habría desconocido en su expedición el principio de
unidad de materia.
Para el efecto señala que el Estado
intervino la economía mediante la ley en estudio para reestructurar las
empresas en crisis y las entidades territoriales, contando con la participación
de los acreedores. Estima que cumplen con este objetivo las normas que impulsan
los acuerdos para mejorar la capacidad de pago de las empresas y de los entes
públicos, incluidos en la ley, disminuir las tasas de interés o capitalizar las
deudas, pero que no tiene nada que ver con los anteriores objetivos disponer
que “(..) un bien de propiedad de un tercero diferente al empresario o al
ente público mencionados, o el patrimonio de este tercero (que como ya dijimos
no se encuentra en crisis), no puedan ser tocados, lo cual en momento alguno
beneficia a la Entidad que se encuentra efectuando el trámite, y antes bien
pueden llegar a perjudicarla al no permitir que algunas de sus deudas se
descarguen con bienes y dinero de terceros, lo cual contribuiría a permitir su
viabilidad al aliviar su flujo de caja.”.
En otras palabras, considera que no es
procedente, porque el artículo 158 superior no lo permite, que una Ley que
pretende reactivar empresas y entidades territoriales en crisis contenga
disposiciones dirigidas a aliviar la situación de otros beneficiarios, sin
lograr “restablecer el justo equilibrio de un deudor empresario en situación
de dificultad económica, frente a una parte que tiene interés en su recuperación
con el objeto de obtener el retorno económico, así sea a mas largo plazo o con
menor provecho, puesto que no se mantiene esta unidad al disponer para casos en
los cuales el destinatario y fines del precepto no son los factores dominantes,
desbordando la relación de causalidad temática y regulando temas que incluso
modifican las normas del Código Civil, como por ejemplo en cuanto a los efectos
del régimen de la solidaridad o de las garantías reales y personales”.
3. El demandante también considera que las
normas demandadas vulneran los artículos 333 y 334 superiores, que consagran
los principios de libertad económica, libre competencia, respeto por la
iniciativa privada e intervención del Estado en la economía, como miras a
orientar la economía hacia el bien común, por cuanto encuentra injustificado
restringir las mentadas libertades, sin proteger el bien común y perjudicando a
quien legítimamente adquirió un derecho de garantía puesto que “del mismo
rango son los intereses económicos de los acreedores y de los terceros garantes
de los deudores empresarios, y aquellos encuentran vulnerados sus derechos en
beneficio de tales garantes”.
Indica que contradice el postulado de la
buena fe desconocer los derechos de aquellos que colaboraron con el desarrollo
de la empresa, protegiéndose prudentemente con la constitución de garantías por
parte de terceros, porque los precipita a una situación desigual, e inclusive
de crisis, siendo que la finalidad de los cánones fundamentales mencionados es
la de mantener el justo equilibrio entre las partes que participan en el
mercado y no la vulneración del derecho económico de una persona en beneficio
de otra, aunado a que la intervención del Estado en la economía, en concepto de
esta Corporación, no puede ser absoluta.
4. La vulneración del inciso 2º del artículo
150 y del artículo 334 de la Constitución Política la encuentra en que se
habrían desconocido las previsiones que sujetan al Congreso de la República
para dictar normas de intervención en la economía y la expedición de códigos
porque, a su juicio, no resulta posible modificar códigos a través de una ley
de intervención, como tampoco sería posible intervenir la economía a través de
la expedición de aquellos puesto que “son actividades legislativas
diferentes, y con finalidades distintas”. Así pues, considera que “cuando
una ley de intervención económica modifica un código, es claramente
inconstitucional, y mucho más si la ley de intervención, como la que nos
ocupa tiene la vigencia temporal, lo cual implica que con una ley que sólo
permanecerá ámbito jurídico de cinco (5) años se está modificando normas del
Código Civil y del Código de Comercio” (resalta el actor).
En su opinión, “el mecanismo para
reformar las disposiciones de los códigos no es el de la ley de intervención
económica, puesto que si bien es cierto el Congreso goza de la facultad para
expedir y modificar códigos - numeral 2 del artículo 150, C.P. -, debe
ejercerla mediante una ley ordinaria”.
El libelista también acusa a las normas
demandadas de transgredir el numeral 21 del artículo 150 de la Constitución
Política, por cuanto no encuentra que la Ley 550 de 1999 indique los limites de
la intervención económica que realiza, como tampoco los objetivos últimos de la
misma.
5.
Finalmente, se apoya en la sentencia T-422 de 1992, para formular cargos contra
los parágrafos uno y dos del artículo 14 y contra el inciso tercero del
artículo 79 de la Ley 550 de 1999 por quebrantar el Preámbulo y el artículo 13
de la Constitución Política, por cuanto deduce diferencias entre los sujetos
afectados que no consultan los fines perseguidos.
Bajo tal parámetro, señala que los
preceptos demandados establecen una desigualdad injustificada entre la gran
mayoría de ciudadanos que “pueden hacer efectivas las garantías otorgadas
por terceros, sean reales o personales, incluso a través de los trámites
concursales consagrados en la ley, en los que se puede hacer la reserva de
solidaridad” y aquellos que por ser acreedores de una empresa sometida a un
acuerdo de reestructuración deben someterse a las limitaciones explicadas,
habida cuenta que “no se cumple la finalidad de la Ley, y no se desarrolla
el objetivo de la reactivación del empresario o del ente público en crisis”.
IV.    INTERVENCIONES.
1.      Ministerio del Interior
El ciudadano Hernando Beltrán Orjuela,
actuando en representación del Ministerio del Interior, acude al proceso para
oponerse a los cargos elevados contra las normas demandadas, pues, a su juicio,
antes que contradecir la Constitución se acomodan a los mandatos de la misma,
con base en los siguientes argumentos:
Luego de hacer una descripción somera de
las normas demandadas, y de los conceptos de violación expuestos por el
accionante, advierte que la Ley 550 de 1999 tiene una vocación puramente
económica y busca influenciar todos los estamentos de la nacionalidad, con
miras a fortalecer la economía a través de la estabilidad y reactivación del
sector empresarial y de los entes territoriales.
Considera, que el parágrafo primero del
artículo 14 demandado desde ningún punto de vista otorga preferencias o
desequilibra el estado de los entes económicos, sino que prevé un procedimiento
y por ello “invitó a todos los acreedores  del empresario para que se hicieran
presentes a través de sus escritos manifestando la voluntad de hacer efectiva
su garantía o si no prescinde de obtener del empresario el pago de la
obligación caucionada, pero sin constituirse una u otra opción  en una
obligación o camisa de fuerza pues el mismo articulado se remite a su parte
pertinente, por ello sería algo similar, aún cuando en otras condiciones negará
el pago cuando se declara una quiebra o se abre un concordato”.
Igualmente, señala que “ (..) pretender
hacer efectivas en forma inmediata o no, determinadas obligaciones no
constituye violación alguna de los derechos adquiridos contemplado en el
artículo 58 de la C.N., pues ellos no se hacen  nugatorios, sino que son objeto
de nuevos procedimientos, frente a lo cual el impugnante se limita a dar como
hecho cierto la pérdida del derecho, lo cual desde ningún punto de vista está
siendo contemplado por la ley, sino lo que busca  está es favorecer al mayor
número  de acreedores de acuerdo con las preferencias que los mismos hayan
establecido, máxime cuando se adelanta, en términos generales, es un  proceso
de reactivación de la economía, sin que por otra parte se esté violando el
artículo 333 el cual establece que “La empresa como  base del desarrollo, tiene
una función social que implica obligaciones” y a reglón seguido dice “El estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”.
El memorialista “descarta” el cargo
sobre la violación del principio de unidad de materia, porque la Ley trata
sobre “la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes
territoriales para asegurar la función social de sus empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el
régimen legal vigente con las normas de esta ley”, para el efecto,
transcribe las sentencias C-023 de 1996 y C-648 de 1997, conforme a las cuales,
“[S]olo en el caso de normas que ostensiblemente carecieran de relación
con la materia regulada por una ley, podría hablarse del quebrantamiento del
artículo 158 de la Constitución” (subraya el interviniente).
Finalmente, afirma, sin otra explicación,
que el actor cita jurisprudencia no aplicable al caso concreto.
2.      Superintendencia de Sociedades
El ciudadano Francisco Javier
Córdoba Acosta, obrando en su calidad de funcionario de la Oficina Asesora
Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, acude al presente proceso para
solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas.
Inicialmente realiza un análisis del
contexto económico y jurídico dentro del cual fue expedida la Ley 550 de 1999,
puesto que, según dice, desde “su expedición se vislumbra ya su conformidad
constitucional”.
Para sustentar su argumento pone de
presente la crisis simultánea que sufren el sector real y financiero del país
desde 1998 y la grave perturbación que ha provocado esta situación en el
sistema económico en general, por cuanto aduce que han resultado insuficientes
e ineficaces los mecanismos legales y procesales ordinarios, previstos para
superar la crisis empresarial, entre los que se cuenta la admisión del
empresario en el trámite concursal concordatario.
En ese orden de ideas, califica la adopción
del sistema de reestructuración como un mecanismo dirigido a sustituir
temporalmente el proceso concordatario, fundado en la existencia de condiciones
económicas extraordinarias de diverso origen que justifican la intervención del
Estado en la economía, que precisa los fines y alcances de la libertad
económica que restringe (C.P. numeral 21 del artículo 150, artículos 333 y
334).
Con sustento en los motivos expuestos por
el Gobierno Nacional, para someter a consideración del Congreso de la República
la aprobación del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 550 de 1999,
sostiene que la misma pretende "dotar a deudores y acreedores de
incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y
ejecución conjunta de programas que le permitan a las empresas privadas colombianas
normalizar su actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos
financieros. De ser posible su reactivación, las empresas han de aliviar su
carga financiera, mejorar sus perspectivas de producción, mantener el empleo
que generan y ser otra vez sujetos de crédito con capacidad de pago. Por su
parte, el sistema financiero ha de mejorar la calidad de su cartera, con la
consecuente liberación de provisiones y la irrigación de crédito nuevo al
sistema".[1]
Añade que dicha intervención no solo se
justifica, constitucionalmente, desde la perspectiva empresarial, sino desde la
de todo “aquello que constituye su entorno natural, entre otras cosas, la
protección adecuada del crédito y del engranaje por donde este fluye”.
Con relación a los cargos formulados,
porque los parágrafos uno y dos del artículo 14 y el inciso tercero del
artículo 79 de la Ley 550 de 1999, desconocen el artículo 58 superior, por
restarle efectividad a los derechos de garantía adquiridos anterioridad a su
expedición, el interviniente recuerda que, como regla general, la ley obliga a
partir de su promulgación y que su observancia comienza dos meses después de su
inserción en el Diario Oficial, salvo que ella indique otra vigencia, como
sucede con la Ley 550 de 1999 –5 años a partir de su publicación en el Diario
Oficial –artículo 79-.
Agrega que respecto de las previsiones del
artículo 58 constitucional se deben distinguir los “derechos adquiridos”
de las “meras expectativas”. En razón de que los primeros por ser
integrantes de un patrimonio no pueden ser desconocidos, en tanto las segundas
son solo esperanzas que antes de verse realizadas ceden ante una ley posterior,
que demanda aplicación inmediata.
Considera que un derecho se rige por las
normas vigentes al tiempo de su ejercicio, no de su adquisición, según lo
disponen los artículos 28 y el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 153 de
1887, de tal suerte que las previsiones de la Ley 550 de 1999, sobre garantías
y codeudores, respetan los derechos adquiridos pues, según la exposición de
motivos, " pretende que, sin perjuicio de las que se reconozcan en el
acuerdo, los acreedores, más que a la garantía, atiendan a la capacidad de pago
de las empresas que se pretenden recuperar a través del acuerdo."
El interviniente refuerza el anterior
argumento citando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 26 de
mayo de 1929 que dice: "ni en Colombia, ni en ningún país civilizado
está prohibida la reglamentación del ejercicio de los derechos adquiridos, ya
sean reales, ya meramente personales".
De otro lado, sobre la supuesta diferencia
de regímenes, a la que alude el accionante –plantea que uno es el régimen
aplicable a los derechos de garantía constituidos con anterioridad a la
vigencia de la Ley y otro el que rige a los constituidos con posterioridad a su
vigencia-, señala que no comparte tal análisis, puesto que la diferencia
sustancial y práctica que se deriva de las normas en estudio consiste en “el
hecho de que a los acreedores beneficiarios de las primeras les asiste la
posibilidad de hacerlas efectivas sin restricción alguna, cuando se trate de
garantes distintos a persona natural y así lo manifiesten al promotor en el
término previsto en la ley para el efecto, en cuyo caso no participarán en la
negociación del acuerdo, mientras que los acreedores beneficiarios de las
segundas, deberán, necesariamente, estarse a las resultas del acuerdo, sin perjuicio
de que puedan adelantar la ejecución de la garantía (otorgada por persona
natural o jurídica) con las restricciones temporales y procésales señaladas
tanto en el artículo 14 como en el 79 ídem”.
Y continúa así: “nótese que el parágrafo
segundo del artículo 14 de la Ley en cuestión se aplica respecto de garantes
personas naturales que hayan otorgado la garantía o se hayan obligado
solidariamente antes o después de la vigencia de la misma, lo cual significa,
en últimas, la aplicación del mismo tratamiento restrictivo tanto para el
acreedor en cuyo favor se otorgaron garantías o se obligaron terceros
solidariamente antes de la vigencia de la ley, como para aquél al que se le
constituyeron o se obligaron con posterioridad a la misma”.
Por lo anterior contradice la afirmación
del actor respecto del establecimiento de dos regímenes, permanente y
transitorio, porque simplemente se estaría al frente de la “aplicabilidad de
unas restricciones temporales y procesales a la forma de ejercer un derecho
real o de crédito.”
3. En lo que atañe a la violación del numeral
21 del artículo 150 y del artículo 158 superiores, el ciudadano interviniente
encuentra perfecta conexidad entre la regulación aplicable a los créditos
garantizados por terceros de un empresario -artículos 14 y 79-, y las medidas
de la misma normativada que propugnan por su conservación y saneamiento -Ley
550 de 1999-. Además porque considera que de no haberse previsto tales medidas
la ley tendría problemas de aplicación.
Lo anterior en virtud de que, según lo
enseña el Código Civil -Art. 1499-, el contrato de garantía tiene por objeto
asegurar el cumplimiento de la obligación a la que accede, de manera que como
aquel no puede subsistir sin ésta “[C]uando el legislador se ocupa de la
capacidad de operación y del tratamiento de las obligaciones pecuniarias a
cargo de las empresas abocadas a un acuerdo de reestructuración, para corregir
las deficiencias patrimoniales y de viabilidad que éstas presenten, supone,
necesariamente, que deba también ocuparse de las garantías otorgadas por la
empresa o por terceros para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones, en
el sentido de suspender y/o condicionar su exigibilidad, pues, de lo contrario,
no sólo se haría nugatoria la finalidad prevista en la ley de intervención
económica, sino que se propiciaría lo que podría denominarse un nefasto efecto
dominó de recobro, con hondas repercusiones en el engranaje de los sectores
real, informal y financiero del sistema económico nacional.”
Así pues, señala que las garantías tienen
la vocación de extinguirse paralelamente con la obligación principal
garantizada, por regla general, debido a que constituyen salvaguardas
adicionales al patrimonio del deudor, prenda general de los acreedores, Agrega
que el régimen que se desprende de los artículos 14, 34.1, 36.3 y 79 inc. 3 Ley
550 de 1999 constituye una excepción a dicha regla, pues establece la
suspensión y el restablecimiento de la exigibilidad de las garantías otorgadas
tanto por el deudor, sometido a un acuerdo de reestructuración, como por
terceros, en los términos y eventos allí indicados.
Finalmente, considera que la coherencia de
los artículos demandados con el resto del articulado se confirma al analizar
que, precisamente, suspender y condicionar la exigibilidad de las garantías
otorgadas por terceros constituye una motivación para que los acreedores
participen en la consecución de una fórmula que garantice la subsistencia de la
empresa.
Con respecto de los cargos elevados por el
actor, contra los parágrafos primero y segundo del artículo 14 e inciso tercero
del artículo 79 de la Ley 550 de 1999, por transgredir los principios de
libertad económica e iniciativa privada (artículos 333 y 334 de la
Constitución), considera que no puede prosperar, como quiera que estos
principios sirven de sustento a los preceptos acusados debido a que la
reactivación de las empresas en crisis racionaliza la economía, mejora la
calidad de vida, promueve la distribución equitativa de oportunidades y respeta
la primacía del interés general sobre el particular, aunque restrinja,
temporalmente, la efectividad de las garantías.
Además considera equivocada la afirmación
del actor, según la cual las normas demandadas no responden a ningún interés
colectivo, puesto que “resulta absolutamente claro que la actividad
empresarial constituye el principal fundamento del desarrollo, involucra una
función social e impone obligaciones, que corresponde al estado (sic) regular
e intervenir en la magnitud, intensidad y contexto que a ella subyace”.
4. Contradice la afirmación relativa a que
un código no se puede modificar a través de una ley de intervención económica,
pues, tal conceptuación del actor “denota desconocimiento de la más
elemental regla de expedición legislativa y de la clasificación de las leyes,
pues, una ley de intervención es una ley ordinaria”. Agrega, que un código
y una ley de intervención económica se sujetan a igual trámite, tienen la misma
fuerza vinculante e iguales características.
Finalmente, califica como imprecisa la
imputación relativa al quebrantamiento del principio de igualdad habida cuenta
que el legislador puede dar diverso tratamiento a distintos supuestos de hecho
–unas acreencias hacen parte de un acuerdo de reestructuración y otras no-,
además justifica suspender o condicionar la exigibilidad de las garantías
otorgadas por terceros, debido a que “una crisis sistémica que involucra los
sectores real y financiero, con una capacidad de perturbación macroeconómica bastante
severa, con un efecto sumamente grave en materia de empleo, unida, además, a la
crítica situación financiera de las entidades territoriales, que finalmente
corresponde al entorno donde se desarrolla la actividad empresarial.
De otra parte, señala que esta Corte ha
reconocido que, en materia de intervención económica, corresponde al juzgador
realizar un juicio débil al frente del principio de igualdad que permita
salvaguardar la libertad de configuración política y legislativa del Congreso
de la República y su amplio margen de intervención y regulación, siendo
legítimas las diferenciaciones que resulten “simplemente adecuadas para
alcanzar una finalidad permitida, esto es, no prohibida por el ordenamiento
constitucional” (subraya el interviniente).
Concluye, bajo los anteriores presupuestos,
que estando, como a su juicio lo están, plenamente justificadas las medidas de
intervención económica, por cuanto se trata de mecanismos destinados a superar
las causas y consecuencias de la crisis empresarial, no resulta discriminatorio
suspender temporalmente o condicionar la exigibilidad de las garantías
otorgadas por terceros, como respaldo de las obligaciones incluidas en un
acuerdo de reestructuración.
3.      Asociación Nacional de Industriales
El ciudadano Luis Carlos Villegas
Echeverri, en su condición de representante legal de la Asociación Nacional de
Industriales -ANDI, acudió al presente proceso para manifestar su desacuerdo
con los cargos elevados por el actor y solicitar la declaratoria de exequibilidad
de las normas demandadas. Con tal fin, expuso los argumentos que a continuación
se sintetizan:
Disiente de los planteamientos del actor
relativos a que la Ley 550 de 1999 vulnera el artículo 58 de la Constitución
Política, que consagra el derecho a la propiedad y la inviolabilidad de los
demás derechos adquiridos, en cuanto encuentra que derechos de garantía
constituyen fenómenos complejos, en su adquisición y ejercicio, con causas y
actos de diversa naturaleza que se suceden en el tiempo, lo que implica que en
determinado momento y respecto del mismo derecho existan aspectos consolidados
y pendientes, por ello concluye que un cambio de legislación no afecta la
integridad de los derechos, sino asuntos relativos a ellos.
Agrega que los efectos de la Ley 550 de
1999 sobre las garantías preexistentes son retrospectivos y no retroactivos,
para efecto cita el inciso tercero del artículo 79 demandado -que prevé la
posibilidad de iniciar y continuar procesos judiciales existentes, hasta un
determinado momento procesal, mientras se negocia el acuerdo de
reestructuración-, porque en este caso si bien la constitución de la garantía
fue anterior a la norma, su ejecución no había comenzado o no se había
consolidado.
Igualmente, señala que si no es posible predicar
la retroactividad con respecto de las garantías otorgadas con anterioridad a la
vigencia de la ley, mucho menos lo es en relación con las otorgadas después,
sobre las cuales se aplica el principio general de aplicación de la ley hacía
el futuro.
2. Respecto de los cargos formulados porque
las disposiciones demandadas quebrantan el principio de unidad de materia
sostiene “(..) la relación entre el régimen de garantías y la estructura
financiera y administrativa de las empresas garantes”, guardan entre sí
conexidad teleológica, temática y sistemática.
Para soportar la anterior conclusión, cita
las Sentencias C-025 de 1993, C-597 de 1996 y C- 374 de 1997, donde se exponen
los criterios que se deben tener en cuenta para analizar el principio de unidad
de materia y recuerda el título de la Ley 550 de 1999 junto con algunos de los
fines contemplados en los numerales 1º, 2º, 4º, 7º y 11 del artículo 2º de la
misma disposición.
3. Contradice las acusaciones conforme a las
cuales las normas demandadas vulneran los principios de libertad económica e
intervención estatal en la economía, consagrados en el artículo 333, recordando
que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones.
En ese sentido, considera que las
regulaciones concernientes a los acuerdos de reestructuración, en cuanto
pretenden preservar las empresas viables financieramente, se justifican
plenamente.
Indica que los derechos de garantía como la
fiducia o la solidaridad son de rango legal, de tal suerte que bien podía el
Congreso de la República restringirlas o suprimirlas al regular un acuerdo de
reestructuración.
4. Finalmente, en lo que tiene que ver con
la presunta vulneración del numeral 2º del artículo 150 de la Carta, manifiesta
que no es dable considerar que una ley de intervención no puede modificar
códigos, porque se los estaría elevando categoría constitucional superior y
conformando un bloque de constitucionalidad, no integrado por esta Corporación.
Para concluir sostiene que bien podía la
Ley 550 de 1999 modificar, transitoriamente, los Códigos Civil y de Comercio
porque una y otros son leyes de igual categoría.
4.      Ministerio de Desarrollo Económico
El ciudadano Carlos Eduardo Serna Barbosa,
actuando en representación del Ministerio de Desarrollo Económico, interviene
en el presente juicio para defender la constitucionalidad de las normas
demandadas. Para el efecto expone los siguientes argumentos:
Se apoya en la sentencia T-014 de 1993, de
la que trae apartes, para sostener que con la expedición de la Ley 550 de 1999
el Estado está cumpliendo con su deber constitucional de velar porque las
empresas cumplan su función social.
Agrega que como quiera que dicha
normatividad es de carácter general y abstracto, sus disposiciones no pueden
vulnerar el derecho a la igualdad.
Considera, que los parágrafos 1º y 2º del
artículo 14 y el inciso tercero del 79, en estudio, no desconocen los derechos
de garantía adquiridos por los acreedores “con anterioridad a su expedición
o con posterioridad a ella”, pues el propósito de éstas disposiciones
consiste en “dar un mínimo de margen de tiempo razonable a la empresa, a
efectos de que durante este lapso se supere la crisis, dando por el contrario,
oportunidad de su recuperación, precisamente para asegurar de manera efectiva
el cumplimiento de sus obligaciones.”
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor Procurador General de la Nación,
mediante concepto núm. 2414 recibido el 26 de enero de 2001 en la Secretaría de
esta Corporación, solicita que se declare la constitucionalidad de las normas
demandadas, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
1. Analiza la posible vulneración del
principio de unidad de materia y la facultad de intervención del Estado en la
economía.
Para el efecto, conceptúa que la Ley 550 de
1999 se constituye en un mecanismo extraordinario, que pretende dar respuesta a
los sectores real, financiero y de servicios de la economía, porque el régimen
concordatario existente, diseñado para solucionar casos particulares, resultó
insuficiente para atender una situación de crisis generalizada.
Considera entonces, que tal afectación del
sistema económico involucra necesariamente el interés general y justifica la
expedición de medidas razonables que en forma proporcionada, con los objetivos
propuestos, hacen ceder los derechos de los particulares, sin quebrantar
disposiciones constitucionales.
En ese sentido, pone de presente que no es
la primera vez en que la ley regula el cobro de las acreencias y la
exigibilidad de las garantías, o que estimula los mecanismos alternativos de
resolución de conflictos para salvaguardar la unidad económica de la empresa y
reestructurar su pasivo, porque se trata de medidas que redundan en favor de
los derechos de trabajadores, socios y terceros y del sistema económico en
general, que se verían perjudicados con el cierre definitivo de las empresas.
A juicio del Representante de la Sociedad,
la Ley 550 de 1999 tiene el carácter de una ley de intervención económica y se
enmarca dentro de los artículos 333 y 334 de la Constitución que encargan de la
dirección general de la economía al Estado facultándolo para regular los
efectos de las fuerzas del mercado y atenuar el impacto de los factores que lo
distorsionan, siempre que lo considere necesario, en beneficio del bien común.
Respecto del cargo formulado porque las
normas en estudio vulneran el principio de unidad de materia, afirma que no le
asiste razón al demandante habida cuenta que, a su juicio, se presenta una
relación directa entre el proceso de reestructuración del empresario y de las “entidades
descentralizadas” que se encuentran en incapacidad de cumplir con las
obligaciones a su cargo, y las garantías que respaldan tal cumplimiento.
Añade que en el proceso de reestructuración
se “requiere desestimular las garantías, porque si ellas están representadas
en el patrimonio del mismo deudor, harán imposible su reactivación y si
involucran a terceros, terminarán igualmente afectando a los deudores.”
Para concluir con este aparte, aduce que el
contenido de los preceptos acusados está estrechamente relacionado con el
título y los objetivos de la ley que los contiene.
2. Considera equivocado el cargo según el
cual una ley de intervención económica no puede reformar códigos, puesto que
toda la legislación vigente se puede modificar mediante la expedición de leyes
ordinarias, “siempre y cuando no se trate de leyes de jerarquía superior,
como ocurre en este caso, donde se están modificando leyes ordinarias a través
de una ley de igual naturaleza”.
3. Disiente del actor respecto del supuesto
desconocimiento de los derechos de garantía adquiridos por los acreedores,
puesto que señala que las normas se limitan a regular su ejecución, al tiempo
que salvaguardan la empresa para que pueda cumplir con todas sus obligaciones.
Como sustento de lo anterior, pone de
presente el carácter inescindible y subsidiario de las garantías, en relación
con las obligaciones que respaldan y cita el artículo 28 de la Ley 153 de 1887,
para afirmar que lo relativo al ejercicio, cargas y extinción de los derechos
reales se rige por la ley nueva, no por las disposiciones vigentes al tiempo de
su constitución.
Por ello, deduce que el acreedor no tiene
un derecho adquirido sobre el bien o patrimonio que sirve de garantía a su
crédito, en cuanto el primero aún no ha ingresado al suyo, no obstante,
reconoce que como el patrimonio del deudor se afecta con la disminución o
pérdida de las garantías constituidas a su favor “una nueva ley no puede
despojar al acreedor de su derecho a exigir el cumplimiento de una obligación o
en su defecto exigir la garantía correspondiente”, en tanto la misma ley si
“puede modificar la forma y oportunidad de hacer efectiva esa garantía”.
4. Alude al cargo relativo a la violación
del principio de igualdad, para sostener que los parágrafos 1º y 2º del
artículo 14 y el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999 no lo
vulneran, toda vez que restringen, temporalmente, la efectividad de los
derechos de garantía con el fin de propiciar un acuerdo entre acreedores y
deudores creando condiciones para reactivar la empresa y evitar su
descapitalización, estableciendo distinciones de trato que encuentra
razonables, según los argumentos que se resumen a continuación:
- Crea un régimen solo aplicable a las
garantías de los créditos adquiridos por el empresario en acuerdo de
reestructuración.
- Diferencia el procedimiento para hacer
efectivas las garantías otorgadas con anterioridad de las constituidas con
posterioridad a la vigencia de la misma, por cuanto, para hacer efectivas las
primeras el acreedor puede i) exigir el cumplimiento de las
disposiciones contractuales, ii) iniciar los procesos judiciales, iii)
solicitar medidas cautelares, iii) adelantar los trámites, hasta obtener
sentencia en firme o hasta la etapa previa a la enajenación del inmueble y iv)
continuar el trámite suspendido, si después de 4 meses no se logra el
acuerdo de reestructuración; en tanto la exigibilidad de las segundas queda
sujeta al proceso de reestructuración pero, “como compensación”, los
términos de caducidad de las acciones relativas a los créditos se suspenden.
- Concede una protección especial, a quien
ocupa un inmueble dado en garantía, siempre que cumpla con los requisitos por
ellos exigidos.
-
Prevé que todos los
créditos se atiendan según lo establecido en el acuerdo.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
De conformidad con lo expuesto
en el artículo 241, numeral 4º. de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la
demanda de inconstitucionalidad de la referencia, porque las disposiciones acusadas están contenidas en la Ley 550 de 1999.
2. Problema jurídico planteado
Corresponde a la Corte decidir si los
parágrafos 1º y 2º del artículo 14, al igual que el inciso tercero del artículo
79 de la Ley 550 de 1999, quebrantan los artículos 13, 58, 150 2º y 21, 158,
333 y 334 de la Constitución Política.
Por ello, previamente, se estudian los
efectos de los convenios de reestructuración empresarial y se definen los
alcances de las disposiciones acusadas. Enseguida se determina si i) las
mismas, como instrumentos de una política de intervención económica, pueden
modificar los Códigos Civil y de Comercio, ii) la Ley 550 de 1999 cumple
con las previsiones del numeral 21 del artículo 150 constitucional, iv)
hay unidad material entre las normas acusadas, el título y los fines y alcances
de la ley, y si v) el Estado está facultado para proyectar su política
de intervención económica hacia los intereses de los acreedores del empresario
en crisis.
Para concluir se analiza la vulneración del
orden constitucional denunciada por el actor, porque se estarían desconociendo
injustificadamente las prerrogativas adquiridas por el titular de los derechos
de garantía otorgados por terceros, y estableciendo diferencias de trato
injustificadas entre los acreedores del empresario en crisis.
3. Consideraciones preliminares
3.1. Sentido y
alcances de los parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y del inciso tercero del
artículo 79 de la Ley 550 de 1999
1. El derecho concursal[2]
actual, además de los principios de libertad de empresa, libre iniciativa
privada y libertad de disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los
derechos ajenos y en la sujeción de los intereses individuales al interés
colectivo y al beneficio común –artículos 16, 58, 95, 333 y 334 C.P.-.
Así, esta rama o disciplina del derecho no desconoce que el deudor debe
cumplir con las obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor
tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacción total de su
crédito, sino que, ante la imposibilidad del primero de atender puntual y
satisfactoriamente todas sus obligaciones, reemplaza la ejecución singular por
una colectiva en la que se satisfacen los derechos de crédito concurrentes de
manera ordenada, amén de solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento
igualitario que, además, garantice el reparto equitativo de las pérdidas,
dentro del rango adquirido por cada acreedor –par conditio creditorum-.
Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto que un mecanismo
liquidatorio, destinado únicamente a atender en forma ordenada la ejecución
colectiva del patrimonio del deudor incumplido, sin reparar en la destrucción
de la empresa, además de no asegurar la satisfacción total del crédito, puede
generar una daño económico de gran envergadura, en especial cuando afecta a
empresas de grandes dimensiones, o ante una situación generalizada de
anormalidad en la satisfacción de las obligaciones legítimamente contraídas[3].
De ahí que para traer a la normalidad económica al empresario en
situación de crisis, evitar la desmembración de la empresa y conciliar los
intereses de deudor y acreedores enfrentados en la satisfacción del crédito, se
hayan ideado distintos instrumentos jurídicos procedimentales que combinan el
interés solutorio individual con el interés colectivo de brindar un marco
jurídico capaz de sanear la empresa en crisis.
Ahora, aunque los instrumentos diseñados por los ordenamientos para
conjurar la situación global de incumplimiento del empresario son variados, en
términos generales pueden distinguirse, claramente, por su diversa naturaleza,
los mecanismos de ejecución colectiva de bienes –quiebra y liquidación- de los
de recuperación, tendientes estos últimos a prevenir o a resolver los primeros
–concordato preventivo u obligatorio, judicial o extrajudicial, individual o de
masa-[4].
Para el caso en estudio conviene hacer
referencia al convenio extrajudicial obligatorio, por cuanto la Ley 550 de 1999
regula su negociación, celebración y efectos, con la denominación de Acuerdos
de Reestructuración. Y dispone que durante su vigencia –5 años-, salvo que el
acuerdo no pueda celebrarse por no obtenerse el voto de los acreedores
internos, los empresarios sometidos a las previsiones de la ley no podrán ser
sujetos de concordato, sin perjuicio del previsto dentro del proceso
liquidatorio. Y, para el efecto, el artículo 5º de la misma disposición define
dichos acuerdos como “la convención que, en los términos de la presente ley,
se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir
deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender
obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse
dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.”
De
antemano se puede afirmar que esta clase de acuerdos requiere de la existencia
de condiciones absolutamente extraordinarias[5],
toda vez si bien los acuerdos extrajudiciales de masa coinciden con los convenios
judiciales en ser instrumentos tendientes a conjurar la crisis de la empresa
mediante una negociación compleja de carácter patrimonial, oponible a ausentes
y disidentes; el descrito prescinde de la intervención judicial, y,
tradicionalmente, en esta última ha recaído el control y fiscalización que
requieren los procesos concursales para que los deudores no consigan beneficios
abusivos e innecesarios, con el consecuente perjuicio para los acreedores y en
especial para la buena fe guardada que sustenta el crédito y el ejercicio
normal del comercio. Fundamentalmente, porque los efectos de las negociaciones
entre deudor y acreedores, facultativas u obligatorias, cumplen una función
relativa en el saneamiento de la empresa, en cuanto ésta dependerá en primer término
de la situación patrimonial del ente en crisis, de la posibilidad de cumplir
los acuerdos y de las condiciones que ofrezca el mercado –artículos 28 y 35 Ley
550 de 1999-[6].
Así,
bajo la perspectiva puramente contractualista propia de los convenios
extrajudiciales de pago, la Ley en estudio destina el Título I a la definición
de los fines y alcances de la Ley, el Título II a los acuerdos de
reestructuración, en el Título III se describen otros instrumentos de
reestructuración, de los cuales solo la capitalización de pasivos, puede
adelantarse de manera independiente al acuerdo. El Título IV agrupa las
disposiciones en materia tributaria aplicables a la empresa incursa en un
proceso de pago de este tipo; el Título V prevé los aspectos peculiares
aplicables a las entidades territoriales que se acojan a la misma y el Título
VI, como disposiciones finales agrupa, entre otras, las relativas a los
requisitos y trámite a que deben sujetarse las empresas sometidas a concordato,
para acogerse a los beneficios de la ley, y, para terminar, el artículo 79
regula la vigencia de la Ley, destaca su obligatoriedad y excluye del
tratamiento dado en el artículo 14 de la misma las garantías otorgadas por
terceros antes de su vigencia.
Debe resaltarse, para el estudio que ocupa
a la Corte, que salvo el caso de empresas vinculadas entre sí, como matrices o
subordinadas, cada ente empresarial debe celebrar y ejecutar el acuerdo de
reestructuración en forma independiente –parágrafo 3º artículo 5º-.
3.2.
Ahora bien, las disposiciones acusadas –parágrafos 2º y 3º del artículo 14, e
inciso 3º del artículo 79 de la Ley 550 de 1999- y otras no demandadas,
condicionan la efectividad de las garantías a cargo de terceros otorgadas para
responder por los créditos del empresario incurso en un acuerdo de
reestructuración, en los siguientes términos:
3.2.1. El acreedor beneficiario de
cualquier clase de garantías otorgadas por terceros, constituidas antes del 30
de diciembre de 1999 –fecha en que la ley en cita entró a regir-, solo podrá
hacerlas efectivas contra el empresario si transcurrido el término de 4 meses,
contado a partir de que queden definidos los derechos de voto no se celebra el
acuerdo[7].
Sin perjuicio de que entretanto pueda ejecutar al tercero garante, pero éste
proceso debe suspenderse antes del remate y solo procede continuarlo una vez
vencido el mismo plazo –nota 7-.
3.2.2. Si las garantías fueron otorgadas
por terceros, en vigencia de la ley en comento –después del 30 de diciembre de
1999-, el acreedor beneficiario puede elegir entre hacerlas efectivas, o que el
crédito que las mismas garantizan haga parte de las obligaciones que serán
atendidas por el empresario en los términos del acuerdo. En este último caso,
como también cuando el acreedor guarda silencio, la satisfacción de los
créditos a cargo de la empresa en crisis aunque respaldados por terceros se
sujetan a los términos del acuerdo.
También
se prevé que pueden iniciarse y continuarse “procesos de cobro contra
codeudores del empresario”, “durante la vigencia de acuerdo” si su exigibilidad
es prevista en el convenio “sin el voto del acreedor garantizado”, cuando
dichas acreencias hagan parte del acuerdo y se relacionen con la empresa
-numeral 2º artículo 34 Ley 550-, al igual que la ejecución de “gravámenes, y
garantías reales y fiduciarias.”-numeral 3º ídem-
3.2.3. Para los garantes personas naturales
se establece una protección especial toda vez que el bien de su propiedad “ocupado[s]
para su vivienda personal por no menos de dos años consecutivos e
inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de la negociación”, al
margen de la fecha de constitución de la garantía, si bien puede perseguirse
judicialmente e inclusive practicarse medidas cautelares, la ejecución se
suspende una vez culminada la etapa previa al remate y puede reiniciarse tan
pronto venza el período previsto en la ley para que se celebre el acuerdo de
reestructuración –nota 7-.
3.2.4. En relación con los derechos de los
terceros garantes se prevé que si cancelan la obligación a su cargo, al igual
que si la negocian libremente, tendrán derecho a subrogarse en los derechos del
acreedor inicial, solicitando que se reconozca su crédito y su derecho al voto
–el mismo que correspondería al titular de las acreencias satisfechas-; salvo
que el pago de dichas acreencias se realice con posterioridad a la definición
de los derechos de voto, porque en este caso solo podrán solicitar que se
constituya la provisión necesaria para atender el pago eventual de sus
créditos, en la forma en que corresponda, de conformidad con el acuerdo
–artículo 25 parágrafo 1º-. Además, para que una cláusula del acuerdo los
obligue se requerirá su aceptación o ratificación expresa –artículo 34
parágrafo 2º -.
3.2.5.
Se prevé el restablecimiento automático de las garantías “constituidas con
anterioridad a su celebración”, –numerales 3º y 4, artículos 34 y 36 Ley 550, e
inciso 2º del artículo 138 de la Ley 222- en los eventos de terminación del
acuerdo por incumplimiento, vencimiento del plazo establecido para su duración,
cumplimiento en forma anticipada, al igual que en caso de incumplimiento del
pago de una acreencia causada con posterioridad a la negociación, cuando su
acreedor no reciba el pago dentro de los tres meses siguientes al
incumplimiento.
3.2.6. “Durante la negociación del
acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las
acciones respecto de los créditos contra el empresario” –artículo 14 inciso
2º Ley 550-.
Y, “[d]urante la
negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración se suspende el término
de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los
créditos a cargo de la entidad territorial y no habrá lugar a la iniciación de
procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De
hallarse en curso tales procesos o embargos se suspenderán de pleno derecho.”
-numeral 13, artículo 58 ídem- .
De tal suerte que la Corte deba apartarse
de los planteamientos del actor según los cuales en todos los casos se suspende
la efectividad de las garantías otorgadas por terceros, porque el parágrafo 1º
del artículo 14 nada dice al respecto, en tanto la suspensión del proceso
ejecutivo contra el tercero garante opera para proteger la vivienda de los
garantes y respecto de los créditos a cargo del empresario pero garantizados
por terceros antes de la vigencia de la Ley.
4. Las disposiciones en estudio no quebrantan los artículos
150 numerales 2º y 21, 158, 333 y 334 de la Constitución Política
Porque la similitud de los
argumentos del actor, de los intervinientes y de la Vista Fiscal lo permiten,
en este aparte se estudian los cargos formulados contra los parágrafos 1º y 2º
del artículo 14 e inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 habida cuenta
que el actor aduce que mediante una ley de intervención económica no se pueden
reformar códigos, que no se conocen los límites de tal intervención y que una
ley que busca la reestructuración de las empresas y de los entes territoriales
en situación de crisis no puede beneficiar patrimonialmente a quienes no
requieren tal protección, en perjuicio de otros operadores mercantiles.
4.1.   La expedición de códigos
y de leyes de intervención económica se sujetan al mismo trámite
No resulta posible -como bien
lo anotan los intervenientes y la Vista Fiscal-, sostener que dentro de nuestro
sistema normativo las leyes de intervención económica y las que tienen por
objeto expedir, reformar o derogar códigos, conforman categorías jurídicas
disímiles, a tal punto que con la expedición de las primeras no resulte posible
dictar o modificar los segundos, puesto que corresponde al Organo Legislativo,
sujeto, en uno y en otro caso, material y formalmente, a los mismos principios
y previsiones dictar tanto las normas que materializan la intervención del
Estado en la economía, como aquellas destinadas a regular en forma sistemática
y metódica una misma materia        –artículos 154 a 169 C. P.-
Lo anterior por cuanto las precisiones que
toda ley de intervención económica debe contener relativas a sus fines,
alcances y límites, destinadas a preservar la seguridad jurídica que requiere
toda economía de mercado, –artículo 150- 21 C.P.-, al igual que la prohibición
de habilitar al presidente de la república para expedir y modificar códigos, no
imprimen per se, a una y otros  una
categoría específica, ni reclaman para su validez un trámite propio.
Toda vez que la
Constitución Política distingue las leyes que imponen reglas para la expedición
de otras –artículo 151-, las que regulan materias con jerarquía constitucional
propia –artículo 152- y aquellas que sujetan al gobierno en la regulación de
materias que requieren amplio desarrollo –artículo 150-19-, sujetando en
algunos casos su expedición a trámites especiales, pero dicho ordenamiento no
prevé tramite distinto del ordinario para dictar o modificar códigos –artículo
150-2º-, al igual que para que el Estado pueda ejercer, por medio de la ley, su
facultad de intervenir la economía –artículo 334-.
Inclusive, esta Corporación ha
aceptado que mediante normas expedidas en ejercicio de facultades
extraordinarias se modifiquen disposiciones de los códigos, sin transgredir la
competencia del Congreso para la expedición de los mismos y la restricción impuesta
para el efecto en el artículo 150.10 C.P., siempre que no sean afectados
sustancialmente. Lo dicho, constituye un argumento adicional para reafirmar la
libertad del legislador para reformar aspectos de las garantías otorgadas por
terceros a través de una ley ordinaria, pues tal modificación no está sujeta a
un trámite diferente. Dijo así la Corte en la Sentencia C-140 de 2001[8]:
“3- Esta Corte
tiene bien definido que no toda modificación de un código por un decreto ley es
inconstitucional . En efecto, tal y como lo han señalado las sentencias C-252
de 1994, C-296 de 1995, C-077 de 1997 y C-046 de 1998, la prohibición del
artículo 150-10 de la Constitución para otorgar facultades extraordinarias para
la expedición de códigos no se extiende a toda aquella disposición que pueda
eventualmente hacer parte de un determinado código.
(...)
Por su parte, la
sentencia C-077 de 1997, MP Antonio Barrera Carbonell, reiteró el anterior
criterio. En esa ocasión, la Corte tuvo que examinar el cargo contra los
artículos 143 y 144 del  Decreto 2150 de 1995, según el cual, esas
disposiciones no podían ser dictadas por un decreto extraordinario, por cuanto
implicaban una modificación del Código Civil y del Código del Comercio. La
Corte rechazó esa acusación, no sólo porque constató que ese decreto
extraordinario no había modificado esos códigos sino además porque consideró
que incluso si lo hubiera hecho, no se hubiera generado una inexequibilidad
“por tratarse de aspectos que no afectarían la estructura normativa de dichos
códigos”. La Corte sintetizó entonces, en esa misma providencia, su doctrina
sobre este tema en los siguientes términos:
“Como quedó
definido en las sentencias C-252/94 y C-296/95, no toda reforma a la
legislación que toque de algún modo con una materia regulada en un código, se
encuentra limitada por el precepto del art. 150-10 de la Constitución que
prohibe el otorgamiento de facultades extraordinarias para la expedición de
códigos, dentro de las cuales se comprenden los cambios esenciales o las
modificaciones de cierta envergadura o magnitud que comprometen su estructura
normativa. Por lo tanto, no están cobijadas por la prohibición las
reformas por la vía de las facultades extraordinarias que no afectan la
estructura general de un código ni establecen la regulación sistemática e
integral de una materia. (subrayas no originales)””
En consecuencia no puede ser de
recibo el cargo formulado contra los artículos 14 y 79 de la Ley 550, porque
reforman los Códigos Civil y de Comercio, en cuanto la competencia asignada al
Congreso Nacional mediante el numeral 2º del artículo 150, no admite
restricciones, salvo por el limitante -ya visto- relativo a la imposibilidad de
habilitar para el efecto al Presidente de la República, de tal forma que como
la normatividad en estudio no fue expedida en uso de facultades
extraordinarias, bien podía el legislador modificar aquellos mediante la
expedición de una ley de intervención económica.
4.2.   Limitación de las garantías a cargo
de terceros, otorgadas para respaldar los créditos de un empresario incurso en
un acuerdo de reestructuración, por su función social
Aduce
el actor que la Ley 550 de 1999 no fijó los limites de la libertad de los
acreedores de hacer efectivas las garantías otorgadas por terceros, para
respaldar las obligaciones a cargo de la empresa en crisis.
No obstante, para entrar a considerar el
cargo habría que decidir, previamente, si no dar cumplimiento a las previsiones
del numeral 21 del artículo 150 superior, es un vicio de forma o de fondo, toda
vez que podría entenderse que el requisito se refiere, simplemente al contexto
literal de la ley y de ser así la oportunidad para estudiar tal informalidad
habría caducado –artículo 242-3 C.P.-.
Al respecto cabe precisar que la guarda e
integridad de la Constitución Política, confiada a esta Corporación en términos
estrictos por el artículo 241 del mismo ordenamiento, requiere distinguir el
control formal, dirigido a precaver el sometimiento del órgano legislativo a
los trámites impuestos por el mismo ordenamiento para exteriorizar su voluntad
en forma ordenada y armónica, del control material instituido para preservar la
supremacía constitucional mediante la confrontación de contenidos, a fin de mantener
en el ordenamiento solo aquellos que la interpretan y aplican fielmente.
Porque, si bien cuando se conculcan los primeros dañan el orden constitucional
por lo que omiten o trastocan, tienen una incidencia menor que viene a ser
superada, conforme al numeral 3º del artículo 242 constitucional, por el
principio de conservación del derecho[9].
Por ello no puede considerarse como un mero
vicio de forma que una ley de intervención económica omita sus fines y
alcances, al igual que olvide la determinación de los límites que impone a la
libertad económica, toda vez que en un Estado social de derecho, estado y
sociedad son realidades coordinadas y complementarias hasta el punto que si bien
la economía se rige por las leyes del mercado –artículo 333 C.P.-, cuando los
mecanismos autorreguladores con que el mismo cuenta son insuficientes para
orientar el sistema hacia el bien común, debe intervenir el Estado en forma
directa, entre otros fines con el objeto de neutralizar y conjurar las
distorsiones observadas –artículo 334 C.P-, sin desconocer la libertad que
regula, restricción que se controla al exigir que el interventor fije con
claridad las reglas a las que se someterá el tráfico jurídico, entre las que
las relativas a la seguridad del crédito tienen importancia suma.
Ahora bien, el artículo 4º de la Ley 550
preceptúa que el limite que la misma disposición impone a la libertad económica
que interviene, no es otro que la función social de la empresa en los términos
del artículo 333 superior, hecha extensiva a los empresarios, administradores,
acreedores internos y externos de la misma.
De tal suerte que no le asiste razón al
actor al acusar los parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y el inciso tercero del
artículo 79, porque no se habrían cumplido las previsiones del numeral 21 del
artículo 150 superior, toda vez que los fines y alcances de la intervención, al
igual que el limite impuesto a la libertad económica esbozados en su
introducción, deben aplicarse a todo su articulado, o lo que es lo mismo, los
derechos de los acreedores relativos al respaldo de los créditos a cargo del
empresario en crisis se limitan en los términos de la ley, por la función
social que les corresponde asumir a sus titulares, en aras de lograr la
conservación del ente económico y con ella la reactivación económica esperada.
De ahí que al parecer de la Corte la ley
en comento sí fija los límites de la libertad de los acreedores de las empresas
que se acojan a la alternativa de saneamiento que la misma diseña, porque -como
se dijo-, del artículo 4º de la Ley 550 se deduce con claridad que la función
social de la empresa, aplicable solo a ésta, en condiciones normales, para
efecto de su conservación y debido a la crisis generalizada del sistema se hace
extensiva a los acreedores del empresario, tanto en sus relaciones directas con
la empresa, como en aquellas que involucran a terceros.
4.3.   Las
disposiciones acusadas de la Ley 550 respetan el principio de unidad de materia
4.3.1. Argumenta el actor que los
parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y el inciso tercero del artículo 79 de la
Ley 550 de 1999 vulneran el artículo 158 de la Constitución Política, por
cuanto mediante una ley que pretende la reestructuración de las empresas en
crisis no es posible regular las garantías otorgadas por terceros, ajenos a tal
situación.
Ahora bien, la situación de los fiadores y
de los deudores solidarios, es un tema recurrente de los mecanismos que el
legislador diseña para lograr la recuperación empresarial, habida cuenta que se
requiere dilucidar los efectos de los convenios de masa y de los procesos
concursales respecto de quienes participan en calidad de deudores y acreedores,
como también de quienes sin intervenir podrían resultar afectados, debido a la
relación entre su situación jurídica y la de quienes afianzan.
Así, en oportunidades las disposiciones que
regulan los mecanismos concursales separan a fiadores y deudores solidarios de
los efectos propios del concurso[10],
en otras, expresamente sujetan la extinción y modificación de tales garantías a
las reglas del derecho común[11].Y,
algunos ordenamientos conminan al acreedor a optar por hacer parte del acuerdo
o por perseguir al tercero garante, o cuando menos mantener informado al
concurso de las resultas de la ejecución extraconcursal emprendida[12].
Por ello no le asiste razón al actor cuando
afirma que al expedir los parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y el inciso
tercero del artículo 79 se habría desconocido el principio que informa el
contenido de las leyes, toda vez que -como quedó visto- bien puede ser materia
de una ley concursal regular la efectividad de las garantías otorgadas por
terceros para respaldar el cumplimiento de las obligaciones objeto de concurso,
o dejar de hacerlo, acorde con los objetivos perseguidos, debido a que, de una
parte, la relación tuvo por causa un crédito objeto del concurso y, de otra,
puede resultar necesario regular la provisión para atender eventuales
subrogaciones y regresos.
Al
respecto cabe recordar que como conforme a reiterados lineamientos
jurisprudenciales, el principio de unidad de materia requiere para no hacer
nulo el principio democrático[13],
una aplicación extensiva, las normas bajo examen, en cuanto regulan la
ejecución de las garantías otorgadas por terceros deben permanecer en el
ordenamiento como manifestación del legislador. Sobre éste principio la Corte
ha dicho:
“En relación con el principio de unidad de
materia legislativa, consagrado en el artículo 158 de la Constitución, la Corte
ha sentado una jurisprudencia que explica que lo que quiso el constituyente al
consagrarlo, fue buscar una tecnificación del proceso legislativo, a fin de que
la discusión de las leyes se lleve a cabo abordando ordenadamente los distintos
asuntos propios del quehacer del Congreso. Adicionalmente, las diferentes
disposiciones contenidas en el cuerpo de una ley, deben guardar coherencia y
resultar de cierta manera relacionadas entre sí, de tal modo que quienes estén
llamados a cumplirlas puedan consultarlas acudiendo a su clasificación por el
tema al que se refieren, bajo el entendido de que normas aisladas no se
encontrarán recogidas dentro de leyes que regulan otros tópicos ajenos a su
contenido particular. Es por ello, que la Constitución da también importancia a
la congruencia entre el título de las leyes y su contenido, asunto al cual se
refiere el artículo 169 superior. En este sentido, la jurisprudencia ha dicho
lo siguiente:
“Sobre
el principio de unidad de materia legislativa plasmado en los artículos 169 y
158 de la C.P. la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes
oportunidades, destacando que el propósito que subyace a su consagración en el
texto de la Carta es el de lograr la racionalización y tecnificación del
proceso legislativo, en forma tal que la discusión y la aprobación del
articulado que se somete a la consideración del Congreso de la República se
ordene alrededor de un “eje central”, en relación con el cual todas las partes
de un proyecto de ley han de guardar necesaria coherencia y armonía.”[14]
Y en
otra oportunidad expresó:
-"La
Corporación ha destacado que el principio de unidad de materia propende por la
racionalización y la tecnificación de todo el proceso normativo y
"contribuye a darle un eje central a los diferentes debates que la
iniciativa suscita en el órgano legislativo. Luego de su expedición, el
cumplimiento de la norma, diseñada bajo este elemental dictado de coherencia
interna, facilita su cumplimiento, la identificación de sus destinatarios
potenciales y la precisión de los comportamientos prescritos...", todo lo
cual redunda en la cabal observancia de la seguridad jurídica tan cara a los
postulados del Estado Social de Derecho.
"También
ha sido enfática la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de
recomendar el correcto entendimiento del principio de unidad de materia
legislativa, ya que, su interpretación "...no puede rebasar su finalidad y
terminar por anular el principio democrático, significativamente de
mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano. Solamente aquellos
apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable
y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal,
teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma, deben
rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse
inexequibles si integran el cuerpo de la ley"[15].[16]
Así,
las disposiciones en estudio, en cuanto conminan a los acreedores del
empresario en crisis para hacer valer sus créditos dentro del acuerdo o fuera
de él, estableciendo además los requisitos que deben cumplir los garantes
personas naturales para suspender las ejecuciones en su contra, bien pueden
corresponder a una ley en cuyo título se lee “por la cual se establece un régimen que promueva y
facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes
territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el
régimen legal vigente con las normas de esta ley” -epígrafe Ley 550-.
Además debe destacarse i) que la ley
pretende brindar un marco legal adecuado para que, sin sujeción al trámite
vigente en materia de concordatos, deudor y acreedores puedan convenir la
reestructuración de las empresas y entes territoriales en crisis con agilidad,
equidad y seguridad jurídica; ii) que la misma se aplica a los entes que
desarrollan actividades empresariales permanentes en el territorio nacional, y
a las entidades territoriales, con las excepciones que la misma señala, y que iii)
tiene por objeto promover la reactivación de la economía y del empleo mediante
el eficiente uso de los recursos vinculados a la actividad empresarial; la
mejora de su competitividad, el restablecimiento de su capacidad de pago, el
acceso al crédito y al redescuento, la fortaleza de su dirección y sistemas de
control, la adecuada estructura administrativa, financiera y contable, la
calidad, suficiencia y oportunidad de la información que suministren a socios,
accionistas y terceros.
También la ley persigue que las empresas en
crisis y sus trabajadores acuerden condiciones especiales que faciliten y hagan
viable la reactivación, sin desconocer el pago y la garantía de los pasivos
pensionales.
Al respecto, sea lo primero indicar que
dentro del ámbito y los objetivos propuestos se pueden ubicar fácilmente las
disposiciones destinadas a regular la situación de los derechos de garantía de
los acreedores de la empresa, para suspenderlos, con el cumplimiento de
determinados requisitos.
Para completar, también puede ubicarse la
regulación, que de los parágrafos 1º, 2º del artículo 14 y del inciso 3º del
artículo 79 de la Ley 550 de 1999 se deriva, dentro de los instrumentos de
intervención estatal que la misma ley diseña, porque definir la situación de
los derechos de garantía puede facilitar la capitalización y normalización de
los pasivos a cargo del empresario, promover la inversión y facilitar la
obtención de recursos destinados al otorgamiento de crédito a las empresas
destinatarias de la ley.
En
consecuencia, como guarda relación con el saneamiento de una situación
coyuntural de crisis empresarial regular la situación de los derechos de
garantía a cargo de terceros, otorgados para respaldar el crédito de las
empresas sometidas a los acuerdos que la Ley regula, la acusación formulada
contra los parágrafos 1º y 2º del artículo 14, como también contra el inciso
tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999, por violar el artículo 158
superior no puede prosperar.
4.4.   La intervención económica, el
mantenimiento del orden público económico y los derechos adquiridos
Argumenta el demandante que las normas en
estudio –parágrafos 1º y 2º del artículo 14 e inciso tercero del artículo 79 de
la Ley 550- desconocen las previsiones constitucionales relativas a la
intervención del Estado en la economía por cuanto, so pretexto de lograr la
recuperación de la empresa en crisis, benefician a terceros garantes y
desconocen los derechos adquiridos de los acreedores, sin reparar en que tales
medidas además de no contribuir con la reactivación empresarial ignoran el
papel de la confianza y de la buena fe en el otorgamiento del crédito
mercantil.
4.4.1. Los parágrafos 1º y 2º del artículo
14 y el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 no vulneran los artículos
333 y 334 de la Constitución Política
No corresponde a la Corte entrar a discutir
en su contexto global la suspensión de los efectos de las garantías a cargo de
terceros, como instrumento interventor de la situación de crisis descrita por
el Gobierno Nacional –nota 5, porque tal medida, aunada a los objetivos,
alcances e instrumentos diseñados por la Ley 550, ejecuta una política gubernamental,
en procura de la reactivación económica, cuyos efectos no es dable al juez
constitucional entrar a cuestionar.
Así debe esta Corte dada su calidad de
guardián del orden constitucional confrontar cada una de las disposiciones
legislativas sometidas a su consideración con las previsiones de la
Constitución Política, e inclusive retirarlas del ordenamiento si no lo
interpretan fielmente, pero no puede cuestionar los fines y alcances de la
intervención por cuanto éstos concurren a conformar la política económica del
Estado y las decisiones de ésta clase se juzgan en las instancias que las
generan, hasta el punto que la misma Ley ha fijado un procedimiento de
evaluación y seguimiento el cual, como es obvio, es ajeno a esta Corporación[17].
Respecto de los límites del control
constitucional en materia de política económica vale tener presente estas
decisiones:
“13- La fuerza
normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes
(CP art. 1, 3 y 113) tienen como consecuencia obvia que los otros órganos del
Estado, y entre ellos, el juez constitucional, deben respetar la libertad de
configuración del Congreso. Ahora bien, si el legislador tiene mayor
discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las
posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores; y por ende la
intensidad de su control se ve limitada. Por ello, en innumerables ocasiones
esta Corte ha señalado que en la medida en que la Carta confiere
discrecionalidad a la ley para regular un asunto, el juez constitucional debe
respetar esa libertad de apreciación del Congreso. Así, por no citar sino
algunos ejemplos, en la sentencia C-676 de 1998, MP José Gregorio Hernández
Galindo, la Corte señaló:
“La Corte estima
que la Carta Política, cuando confía al legislador la atribución de establecer
reglas generales sobre determinadas materias que el propio Constituyente se
abstiene de regular, le otorga amplias atribuciones, las cuales puede
desarrollar aun agregando elementos no contemplados y ni siquiera sugeridos en
el texto constitucional, con el sólo límite de los postulados y normas
fundamentales, cuyos contenidos no le es permitido contrariar ni ignorar”.
Igualmente, en la
sentencia C-265 de 1994, MP Alejandro Martínez Caballero, la Corte precisó:
“El juez
constitucional debe actuar de manera prudente al analizar la legitimidad
constitucional de una determinada regulación de las libertades económicas, por
cuanto la Constitución consagra la dirección de la economía por el Estado. El
juez constitucional deberá entonces respetar en general las razones de
conveniencia invocadas por los órganos de representación política. La Corte
considera que en esta materia se impone el llamado criterio de la
inconstitucionalidad manifiesta, por lo cual, sólo si de manera directa la
norma vulnera derechos fundamentales, o viola claros mandatos constitucionales,
o incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas,
deberá el juez declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, si la
ley que regula la actividad de sociedades de contenido patrimonial no vulnera
claramente la carta fundamental o establece regulaciones manifiestamente
irrazonables debe ser considerada constitucional, por cuanto hay cláusulas
generales que autorizan la intervención estatal en la economía.”
Por su parte, la
sentencia C-563 de 1997, luego de examinar los factores que determinan que sea
necesario recurrir a un test de igualdad más vigoroso, señaló:
“Cuando se trata
de materias cuya regulación se encuentra plenamente librada al principio
democrático (C.P., artículo 150), esta Corporación ha considerado que el juicio
de igualdad es de carácter débil, como quiera que sólo debe verificarse que el
trato diferenciado bajo análisis resulta adecuado para conseguir una finalidad
permitida por la Constitución Política[18].
Dado que esta modalidad del juicio de igualdad se aplica sobre ámbitos donde el
legislador goza de una amplia libertad de configuración política, el grado de
intensidad del escrutinio que lleva a cabo el juez constitucional no puede ser
de tal magnitud que termine por sustituir la función que le corresponde desarrollar
al Congreso como representante de la voluntad popular.(Fundamento 6)”
Finalmente, la
sentencia C-197 de 1997, MP Carmenza Isaza de Gómez, luego de resaltar la
amplia libertad que tiene el Legislador para definir los distintos elementos de
los impuestos, concluyó al respecto:
“De esta manera,
la Corte al efectuar la revisión constitucional, en relación con este tipo de
impuestos, no puede asumir una función que es propia del legislador,
determinando, por ejemplo, cuál es el sujeto pasivo o la tarifa que éste debe
cancelar, pues ese órgano puede considerar que, en relación con cierto producto
o actividad, por política económica, por conveniencia, por salud pública, etc.,
es necesario desestimular su producción o desarrollo.
Por tanto, en
cumplimiento de su función, la Corte, en este caso específico, no puede
suplantar la voluntad del legislador, y establecer que sólo el tabaco elaborado
con la ayuda de métodos técnicos, y cuya producción es a gran escala, es el que
debe estar gravado con el impuesto de que trata el artículo 207 de la ley 223
de 1995, pues, dada la naturaleza de este tributo, el legislador bien pudo
considerar que una de las formas de desestimular el consumo del cigarrillo y
tabaco, en sus distintas presentaciones, era establecer un tributo sobre su
consumo, sin importar las condiciones del sujeto que lo elabora.  Igualmente,
el legislador pudo establecer tarifas diferenciales para gravar uno y otro
producto.  Sin embargo, optó por fijar una misma tarifa, hecho que no vulnera
precepto alguno de la Constitución”[19].
En
consecuencia, habida cuenta que los derechos de los acreedores, relativos a la
satisfacción de las acreencias vinculadas con las actividades del empresario en
crisis, pueden ser objeto de intervención de conformidad con lo previsto por
los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, siempre y cuando se
cumplan las previsiones del numeral 21 del artículo 150 del mismo ordenamiento,
sin que esta Corte pueda entrar a estudiar los objetivos perseguidos, como
tampoco los eventuales efectos de la medida por no ser de su incumbencia, el
cargo en estudio, porque se estaría protegiendo patrimonialmente a terceros
ajenos a la crisis, y afectando la economía que se pretende reactivar, no puede
prosperar.
4.4.2. Salvo las expresiones “antes o”contenidas
en el inciso tercero del artículo 79, las disposiciones en cita no quebrantan
el artículo 58 superior,
Corresponde decidir respecto del cargo
formulado contra el parágrafo 1º del artículo 14 y el inciso tercero del
artículo 79 porque al decir del actor concurren a conformar dos regímenes
distintos para sujetar los derechos de crédito garantizados por terceros, con
total desconocimiento que la Constitución Política brinda a los derechos
adquiridos de los acreedores.
Al parecer de la Corte el examen de
constitucionalidad propuesto no requiere entrar a valorar si los derechos de
garantía otorgados por terceros constituyen derechos adquiridos, o meras
expectativas –como lo proponen los intervinientes-, habida cuenta que el inciso
tercero del artículo 79 excluye de los lineamientos del parágrafo primero del
artículo 14 a los constituidos antes de entrar en vigencia la ley. Y, respecto
de los constituidos en vigencia de la ley, la misma bien puede, regular sus
efectos, aunque implique apartarse de las reglas del derecho común[20], para que a elección
del acreedor, se sujeten “solamente” al resultado del Acuerdo de
Reestructuración –parágrafo primero artículo 14-.
Por cuanto, en los términos del artículo 58
superior, el codeudor, fiador, asegurador, fiduciario, avalista y en general
todo contratante en garantía está obligado a responder por el incumplimiento
del principal, la realización del riesgo, o la posición cambiaria asumida y, de
no hacerlo voluntariamente, debe soportar la persecución de su patrimonio y la
realización de sus bienes hasta obtener la satisfacción del acreedor en los términos
convenidos, o conforme la posición ocupada, sin quitas ni esperas, atendiendo a
las modalidades contractuales asumidas. Pero, conforme al mismo artículo
también resulta posible que los acreedores, a partir de la vigencia de la ley
tengan necesariamente que elegir si persiguen la solución de su crédito del
acreedor o principal o de su garante, y que para perseguir a éste último deban
esperar el resultado del acuerdo, porque los derechos de contenido patrimonial,
deben ceder ante intereses de superior jerarquía, como vienen a serlo la
satisfacción de más de un acreedor con un número limitado de bienes y la
necesidad de salvar la empresa, mediante medidas de conservación y saneamiento
en beneficio no de un acreedor, sino de todos los que igualmente esperan el
cumplimiento, y de la economía empeñada en mantener la empresa como instrumento
legítimo de riqueza individual y social.
De ahí que la reflexión del actor según la
cual adquirido el derecho de garantía, la ejecución del garante no puede tener
ningún tropiezo, no sea de recibo, por cuanto ante un incumplimiento
generalizado del deudor se requiere que medidas de orden público económico
ordenen y equilibren la ejecución de su patrimonio, y que eviten, hasta donde
las circunstancias lo permitan, salvar la empresa en crisis.
Sin embargo es distinta la situación de los
derechos de garantía otorgados por terceros antes de entrar en vigencia de la
ley, por cuanto éstos, no pueden ser desconocidos, ni suspendidos, aunque el
interés público o social lo exija sin prever los mecanismos para que sus
titulares sean resarcidos por su contribución a la recuperación de la empresa
–artículo 58 superior-.
En consecuencia no quebranta el
ordenamiento constitucional la Ley 550 de 1999 por hacer extensivas sus
previsiones a las garantías otorgadas por terceros, para respaldar los créditos
a cargo de la empresa incursa en acuerdo de reestructuración, después de entrar
en vigencia de la ley, pero si lo quebranta al hacer extensivas sus previsiones
a las garantías que deben ejecutarse mediante la realización del valor de
bienes inmuebles, constituidas antes de su vigencia, porque el legislador está
autorizado por dicho ordenamiento para intervenir éstas y todas las operaciones
de crédito realizadas por la empresa en crisis, las que en virtud de la misma
ley, y por la iniciación del Acuerdo, trastocan su naturaleza puramente privada
a una doble condición bien diferenciada, en cuanto permanecen los elementos que
originaron y condicionan cada uno de los negocios en juego, pero los factores
vinculantes y la ejecución misma de las obligaciones se empiezan a regir por
intereses públicos y sociales que vienen a ser a la postre los determinantes.
Pero la extensión a situaciones jurídicas consolidadas, no puede ser
desconocida sin previa indemnización.
De tal manera que el cargo formulado contra
artículos 14 y 79, parágrafo 1º e inciso tercero, respectivamente, de la Ley
550 de 1999, porque desconocen los derechos de los acreedores de una empresa
sujeta a la negociación y ejecución de un acuerdo de reestructuración,
protegidos en los términos del artículo 58 de la Constitución Política,
prospera parcialmente, toda vez que no es de recibo que los derechos de
garantía regulados por el derecho común, no puedan ser modificados, cuando así
lo requiera la seguridad del tráfico, o las necesidades especificas de la
economía, para limitarlos -en un caso a elección del acreedor y en el otro por
el imperio de la ley-, por la función social que les corresponde asumir a los
operadores del tráfico jurídico en el saneamiento y supervivencia de la empresa
en crisis; pero si lo es que tal previsión pretenda hacerse efectiva a derechos
adquiridos antes de entrar en vigencia la ley.
5.      Las disposiciones en estudio no
quebrantan el derecho a la igualdad de los acreedores
Desde
la perspectiva del actor las disposiciones en estudio quebrantan el artículo 13
de la Constitución Política. Resulta, por consiguiente, imperativo determinar
si los parágrafos 1º y 2º del articulo 14 y el inciso tercero del 79, ambos de
la Ley 550, aplican el principio constitucional de igualdad, dando a los
acreedores titulares de garantías a cargo de terceros y a estos igual o
diferente trato, según su particular situación lo demande.
De antemano se debe descartar el del
parágrafo 1º en comento, porque para formularlo el actor compara i) la
situación de los titulares de derechos de garantía a cargo de terceros, según
el crédito se regule por el derecho común o por el derecho concursal, y ii)
el mismo derecho según el empresario-deudor esté incurso en acuerdo de
reestructuración o en trámite concordatario. Lo primero, porque -como quedó
explicado- la preservación del orden público económico permite establecer la
distinción y, lo segundo, en razón de que el Congreso de la República resolvió
acoger la iniciativa gubernamental de intervenir la economía, para conjurar la
grave crisis denunciada por el Gobierno Nacional, frente a la cual los
instrumentos ordinarios del derecho concursal -Ley 222 de 1995- bien podían
ignorarse porque fueron calificados de insuficientes –nota 5-.
Para el efecto es preciso recordar que esta
Corporación ha sostenido, en forma reiterada, que al confrontar el principio de
igualdad con la potestad de conformación legislativa en materia económica, debe
preservarse ésta última porque se sustenta en el principio democrático, en
el de separación de los poderes y en el de distribución armónica de las
competencias –artículos 1º, 3 y 113-[21].
Cabe afirmar, en este orden de ideas, que
el parágrafo 1º del artículo 14 de la Ley 550 de 1999, en cuanto impone al
acreedor la obligación de informar al promotor si “opta solamente” por
hacer efectiva la garantía a cargo de terceros o si prefiere perseguir la
satisfacción de la obligación dentro del acuerdo no quebranta por este solo
hecho el derecho a la igualdad de los acreedores, así el artículo 1571 del
Código Civil prevea que “[e]l acreedor podrá dirigirse contra todos los
deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio,(..)”,
los artículos 1682 y 2380 del mismo ordenamiento que la cesión de bienes no
aprovecha a codeudores y fiadores y los artículos 2422 y 2448 ídem que
los acreedores pueden exigir la subasta o adjudicación del bien dado en prenda.
De
otra parte, la diferencia que se advierte entre el parágrafo 1º del artículo 14
en estudio y el artículo 100 de la Ley 222 de 1995, porque este último además de
incorporar al régimen concursal el principio del artículo 1572 del Código
Civil, protege doblemente al acreedor en cuanto lo obliga a presentarse al
concordato, sin esperar el resultado del proceso contra el tercero, pero no lo
compele a renunciar a la garantía personal, en tanto el primero lo conmina a
renunciar a las acciones contra los terceros si prefiere que se incluya su
acreencia en el Acuerdo de Reestructuración, no quebranta el artículo 13 de la
Constitución Política, así se imponga a los acreedores un sacrificio mayor.
Lo anterior toda vez que mientras los
acreedores que integran una masa concursal concordataria ven limitados sus
derechos individuales de garantía, únicamente, porque el orden público
económico exige la satisfacción equitativa de todos los acreedores, los
derechos de éstos cuando el empresario deudor se acoge a los mecanismos de la
Ley 550 de 1999, se restringen, además, porque están obligados a participar,
activamente, por mandato legal, en la reactivación de la economía que la misma
disposición persigue.
De otra parte, el inciso tercero del
artículo 79 de la ley en estudio no quebranta el derecho de los acreedores del
deudor en concurso a exigir igual trato, porque aunque la disposición en cita
disponga que las previsiones del parágrafo 1º del artículo 14 ídem solo
se aplican a las garantías otorgadas con posterioridad a su vigencia y ésta
exclusión implique que algunos créditos queden excluidos de la masa concursal,
tal medida tiene plena justificación porque, como quedó dicho al estudiar los
cargos por violación del artículo 58 superior, dicha medida persigue dejar
incólumes los derechos de garantía de los acreedores adquiridos antes de entrar
en vigencia la ley.
7. Conclusión
Los parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y el
inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999 no quebranta los artículos
13, 150-2º y 21, 158, 333 y 334 de la Constitución Política, porque si
bien trata en forma diferente los derechos de garantía otorgados por terceros
para respaldar los créditos de la empresa incursa en un proceso de
reestructuración, respecto del tratamiento que recibe el mismo sujeto ante la
moratoria del deudor, según los dictados del derecho común y del derecho
concursal, es una medida diseñada por el legislador, en uso de sus atribuciones
constitucionales para intervenir la economía a fin de conjurar una situación de
crisis, que desarrolla los fines alcances y límites que la misma ley precisa.
Tampoco quebrantan el artículo 58 ídem,
puesto que el legislador puede apartarse de la regulación de los derechos de
garantía otorgados por terceros, del derecho común y del derecho concursal, lo
que no puede es desconocer los que fueron adquiridos antes de dicha
modificación, porque en éste caso, debe prever que a sus titulares les corresponde
por la cesión de su interés ser debidamente recompensados.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero: Declarar,
por los cargos estudiados, EXEQUIBLE el parágrafo 1º del artículo 14 de la
Ley 550 de 1999.
Segundo: Declarar,
por los cargos estudiados, EXEQUIBLE el parágrafo 2º del artículo 14 de la
Ley 550 de 1999.
Tercero: Declarar,
por los cargos estudiados, EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 79 de la
Ley 550 de 1999, salvo la expresión “antes o”, que es INEXEQUIBLE.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional
cúmplase y archívese el expediente.
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de voto a la Sentencia C-586/01
LEY DE
REACTIVACION EMPRESARIAL-Status
jurídico definido del acreedor antes de vigencia (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-3272
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de
1999.
Mi aclaración de voto hace relación al
ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia que es declarada
exequible; y que si bien es cierto es declarado exequible, debe entenderse en
armonía con la decisión de inexequibilidad de los ordinales segundo y tercero
de la parte resolutiva.
Esta armonía hace que en el ordinal
primero debamos distinguir dos (2) situaciones completamente diversas: La
primera que es la de los créditos que además de la garantía de la empresa
tienen garantías de terceros y que existían ya antes de que entrara a regir la
Ley 550 de 1999 y, la segunda la de los mismos créditos pero otorgados con
posterioridad a la vigencia de la Ley 550 de 1999.
En mi sentir, el acreedor de un crédito de
la empresa y garantizado por un tercero y otorgado antes de la vigencia de la
Ley 550 puede dirigirse contra el tercero, y hacer efectivo el crédito
ejecutivamente, sin necesidad de esperar cuatro (4) meses, ni que exista causal
de suspensión del proceso ejecutivo; la razón es que este acreedor tenía un
status jurídico ya definido, que no puede ser vulnerado ni desconocido por una
Ley posterior.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Aclaración de voto a
la Sentencia C-586/01
Referencia:
expediente D-3272
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de
1999
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Con el debido respeto, expreso brevemente
las razones por las cuales no comparto integralmente los argumentos de la
presente sentencia. Aunque me identifico con la mayor parte del análisis
finalmente adoptado respecto de los artículos demandados propuesto en el
proyecto original de sentencia, deploro que el estudio del artículo 79 de la
Ley 550 de 1999 se hubiera apartado del enfoque sugerido por el ponente inicialmente,
basado en la aplicación del principio de igualdad. Dicho cambio llevó a que el
estudio de esta norma se fundara en el concepto de derechos adquiridos. Es
respecto a este criterio que manifiesto las siguientes aclaraciones.
En primer lugar, estimo que el concepto de
derechos adquiridos no representa una barrera absoluta a las regulaciones que
adopta el Estado en ejercicio de sus facultades de intervención en la economía,
en especial cuando las ejerce por medio de una ley aprobada por el Congreso de
la República. El concepto de derechos adquiridos tiene un origen anterior a la
introducción de facultades expresas de intervención del Estado en la economía y
fue elaborado en un contexto extremadamente restrictivo de la acción estatal en
el mercado y respecto de los contratos. Por eso, tanto la jurisprudencia de la
Corte Constitucional como la del Consejo de Estado no ven en los derechos
adquiridos un impedimento a la regulación o a la intervención económica. Me
preocupa que en esta sentencia la Corte tienda a adoptar una posición que
llevada a sus naturales consecuencias tendría efectos que seguramente no serían
en el futuro acogidos por esta misma Corte como no lo han sido en el pasado.
En segundo lugar, considero que en materia
de derechos adquiridos es preciso analizar por lo menos dos cuestiones. La
primera, tiene que ver con el grado en que una norma afecta un derecho derivado
de un contrato y el tipo de limitación que la norma impone a dicho derecho. La
segunda, tiene que ver con la ponderación entre el interés público buscado por
el legislador y el derecho de contenido patrimonial afectado por el instrumento
legislativo adoptado para promover dicho interés. De esta manera se podrían
conciliar las disposiciones constitucionales que pueden aparecer enfrentadas
cada vez que una ley modifica las reglas del juego en materia contractual. Ello
no autorizaría cualquier tipo o grado de intervención en dichas reglas lo cual
les daría estabilidad, pero no fijaría barreras que podrían restringir
demasiado el margen de acción de los instrumentos de la política económica del
Estado.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de
Intervención Económica, presentado al Congreso de la República.
[2] También
denominado Procedimiento Concursal. Conformado por las disposiciones que
relativas a la quiebra, concurso de acreedores, concordato preventivo,
liquidación forzosa y convenios universales. Regido entre otros por los
principios de publicidad, igualdad, generalidad, y unidad patrimonial.
[3] Los
orígenes de la quiebra se remontan al procedimiento ejecutivo de la “venditia
bonorum” en el que el deudor era sustituido por el “bonorum emptor” con el
objeto de satisfacer los créditos, conforme a una determinada prelación,
mediante la venta global del patrimonio del deudor y bajo el sometimiento de
los acreedores al principio “par conditio creditorum”. Este
procedimiento que implicaba el descrédito del deudor y su “capitis
diminutio”, fue reemplazado por la “distractio bonorum” que atenúa
los efectos de a insolvencia respecto de la persona del deudor, debido a que, a
elección de los acreedores, el pretor no procedía a la venta global sino
separada  de los bienes y hasta el límite necesario para cancelar las
obligaciones insolutas.
Posteriormente surge
la figura del “pactum de non petendo”- que tuvo como antecedente el
“pactum ut minus solvantur”-, en virtud del cual los acreedores titulares
de la mayor cantidad de deuda podían condonar, parcialmente, las obligaciones
insolutas del deudor insolvente, con efecto respecto de ausentes y disidentes.
Posteriormente Justiniano permitió al deudor ofrecer en cesión sus bienes, o,
en caso de que ésta no fuera aceptada, facultó a los deudores para imponer a
sus acreedores una espera de cinco años, además, para casos especiales, el
mismo impuso una quita del 50% a las obligaciones pendientes de pago.
Durante los primeros
siglos de la Edad Media europea, se introdujeron en las legislaciones
monárquicas de la época los principios de la quiebra –Statuto di Vercelli-,
combinadas con quitas y esperas atribuidas, únicamente, a la decisión omnímoda
del monarca, que incluso podía condonar obligaciones –“lettres de répit”
y “defenses generales”. A la vez se permite a los deudores evitar el
proceso judicial acudiendo a un acuerdo extrajudicial de pagos, que en algunos
casos alcanzó gran desarrollo legislativo –Las partidas, derecho estatutario
italiano- pero éstos convenios cayeron en desuso e incluso fueron prohibidos,
debido a que el abuso de los mismos restringió considerablemente la seguridad
del crédito produciendo gran daño en el comercio. –Nueva Recopilación-, salvo
la concesión especial del monarca –Novísima Recopilación -. La prohibición
parece haber sido la causa de la aparición del “concurso” procedimiento que
consistió en que a iniciativa del deudor el juez recibía sus bienes y convocaba
a los acreedores para hacer entre éstos un reparto proporcional de los mismos.
Estas y otras prácticas vinieron a ser recogidas en instrumentos
mercantiles         -algunos confirmados por los monarcas como las Ordenanzas
de Bilbao de 737 y el Código Bavaricus judiciarus de 1753-, que resumen los
principios de la quiebra y distinguen el convenio de espera con liberación de
intereses, reservan este ultimo para solucionar problemas de iliquidez de
comerciantes solventes y de buena fe, que no pagan por causa justificada, y
disponen que el plazo y remisión de deudas solo podía aplicarse al deudor de
buena fe, que requería la condonación parcial para retornar a la normalidad. En
tanto la cesión de bienes y el concurso quedó reservada para los no
comerciantes.
El Código de
Comercio francés de 1807 no previó el convenio extrajudicial ni la suspensión
de pagos, por el contrario el artículo 437 dispuso que todo comerciante que
cesara en el pago de sus obligaciones se encontraba en estado de quiebra; pero
permitió el convenio dentro de la quiebra salvo en caso de quiebra fraudulenta
que fue prohibido –Libro III-. También en Chile el artículo 11 del decreto–ley
de 8 de febrero de 1837, llamó quiebra a todo estado de insolvencia.
El Código de
Comercio español de 1829 reguló la quiebra, la suspensión de pagos y el
convenio, éste último, simplemente, como la posibilidad de que el juez convoque
a una Junta general de Acreedores para solicitar una moratoria, que si era
concedida evitaba, cuando menos temporalmente la quiebra -Capítulo 4º-. En
iguales términos la Ley holandesa de 1838 y la belga de 1851 regularon el
convenio por suspensión de pagos, porque solo hasta fines del siglo pasado se
advierte con claridad la distinción entre las dos figuras – Código de Comercio
italiano de 31 de octubre de 1882, Ley de quiebras alemana de 1877 y de
convenios de 1935, Ley francesa de 4 de marzo de 1889, Ley federal suiza de 11
de abril de 1889, Ley española de 10 de junio de 1897, ley chilena 4548 de 1929-.
Las actuales
legislaciones han reemplazado la institución de la quiebra, por el proceso de
liquidación obligatoria y han entrado a regular los convenios en forma
detallada ( en Italia, Real Decreto de 1942 y D.L de 30 de enero de 1979; en
Francia las 84-148 de 1984 y 85-98 de 1985. En igual sentido la ley inglesa de
insolvencias de 25 de julio de 1986, reformada por la Insolvency Act de
1994. En Portugal el decreto ley 132 de 1993 y en Alemania la ley de 5 de
octubre de 1994 sobre insolvencia (Insolvensordnung) –esta última elimina la
diferencia entre liquidación y convenio reuniéndolos en un solo procedimiento-.
Ley belga de 17 de junio de 1997).
Vale destacar que,
entre los ordenamientos anotados, solo en el derecho Inglés y en el francés los
efectos del convenio extrajudicial son universales.
[4] Los
términos concordato o convenio se utilizan en el derecho concursal indistintamente
para referirse a los acuerdos de concertación entre el deudor y los acreedores
sobre sus cuentas pendientes a fin de impedir la liquidación de la empresa.
Puede ser preventivo o resolutorio según busque evitar la quiebra o ponerle
fin. Se dice que es amistoso o individual cuando se ultima entre el deudor y
cada uno de los acreedores, con efecto entre las partes y se denomina
obligatorio o de masa cuando lo convenido entre el deudor y un número
mayoritario de acreedores o acreencias obliga a los no concurrentes y
discrepantes. Conforme a lo anotado en este último caso se requiere la
intervención judicial. Ahora, respecto de los convenios extrajudiciales vale
destacar este comentario “(..) De todos modos la posibilidad de un convenio
amistoso celebrado por el deudor con todos y cada uno de los acreedores
quirografarios y privilegiados realizado mediante acuerdos independientes y
separados con elusión del principio de la “par conditio creditorum “ ha quedado
descartada en la vigente legislación concursal italiana. Antiguamente fue
admitida al amparo del artículo 830 del derogado Código de Comercio a cuyo
tenor (..). De este modo la autoridad judicial permanecía al margen de la
conclusión de este convenio, limitándose a aceptar el acuerdo para proceder posteriormente
a la clausura de la quiebra. Tal institución, como hemos señalado en otros
lugares de esta obra, entrañaba notables abusos por lo que cayó en desuso” J.
López Curbelo .”Concepto y naturaleza del convenio en la suspensión de pagos”
José M. Bosch, editor- Barcelona, España 2000, nota 153, página 83.
[5] “La combinación de elevadas tasas de interés y de
devaluación, unida a la reducción de la demanda y la mora en el pago por parte
de sus clientes hizo crítica la situación de las empresas del sector real, minó
la capacidad de pago de los deudores y disminuyó sus posibilidades de acceso a
nuevos créditos.
A su turno el sistema financiero debió enfrentar el
deterioro de la calidad de su cartera, aumentando sensiblemente sus provisiones
y viéndose obligado a recibir numerosas daciones en pago y a cerrar
prácticamente el crédito nuevo ante la desmejora en la percepción del riesgo de
sus clientes.
Todo lo anterior ha afectado a un elevado número de
empresas, no sólo pequeñas y medianas sino también a muchas de gran tamaño,
líderes en su respectivo sector y con importante aporte a la generación de
empleo, lo cual se evidencia en que según datos suministrados por las
Superintendencias de Sociedades y Valores, las empresas sometidas a vigilancia
o control de dichas entidades que registraron al cierre de 1998 pérdidas netas
significativas y/o capital de trabajo negativo emplean a más de 350 mil
personas y sus ventas representan cerca del 20% del PIB.
En las cifras reportadas respecto al corte a 30 de
junio de 1999 por las sociedades del sector productivo con títulos inscritos en
el Registro Nacional de Valores, se encuentra que dichas empresas tienen
pasivos por $ 13.2 billones de pesos, de los cuales el 52% corresponde a
obligaciones con entidades financieras, por las que se generaron en el primer
semestre de 1999 gastos por concepto de intereses por $ 422.669 millones. Esta
cifra es preocupante si se tiene en cuenta que las empresas analizadas a nivel
agregado tuvieron pérdidas operacionales por valor de $30.358 millones de
pesos, con lo cual, luego del pago de intereses, otros gastos no operacionales
y la provisión para impuestos, la pérdida neta alcanzó un valor de $465.554
millones. En cuanto a liquidez, se tiene que la razón corriente a nivel
agregado de las empresas de la muestra es de 0.9, es decir, que por cada $1 que
deben pagar en el corto plazo solo disponen de activos por 90 centavos.
El impacto social y económico de la situación de
crisis generalizada por la que atraviesa el sector empresarial se agrava con la
delicada situación financiera de las entidades territoriales.
Los instrumentos ordinarios del derecho concursal,
diseñados para afrontar la iliquidez o insolvencia en circunstancias
ordinarias, son insuficientes para afrontar un problema de esta magnitud (1)”. Exposición de motivos- Proyecto de Ley 145/99 Cámara,
208/99 Senado -Gaceta del Congreso 390/99 páginas 13 y SS-.
[6] En el derecho
inglés la aprobación de convenios con la intervención judicial es excepcional,
se reserva, en general para asuntos litigiosos, y para empresas de gran
complejidad. Se reconocen varias modalidades de convenios, pudiendo
distinguirse los emprendidos por el deudor–persona natural que mantiene la
administración de la empresa, de los relativos a deudores corporativos. Estos
últimos en caso de dificultades financieras entregan la empresa a un trustee
para que lo administre en los términos del convenio. También las leyes
francesas de 1984, 1985, 94-475 de 1994 y 85-99 de 1999, regulan el
procedimiento no jurisdiccional destinados a que deudores y acreedores
enfrenten una situación de crisis, “mediante la adhesión a un plan elaborado
por el administrador en lo que se refiere únicamente al modo de satisfacer el
pasivo” Citado en 4 página 137.
[7] El acuerdo se
inicia con la fijación del aviso en que la entidad nominadora comunica la
aceptación de la solicitud y designa al promotor –artículo 13-; dicha comunicación
permanece fijada durante 5 días –artículo 11-, dentro de los 5 días siguientes
a la inscripción del aviso, en el registro mercantil, procede la recusación del
promotor, que debe resolverse en cinco días. Si prospera debe designarse un
reemplazo. El designado puede ser recusado en los 5 días siguientes a la
inscripción de su designación –artículo 12-. Dentro del mes siguiente a la
fijación del aviso el empresario deberá entregar al promotor el inventario
–artículo 20-. En los 4 meses siguientes a la fecha en que haya quedado en
firme su designación el promotor realizará la reunión en la que comunica a los
interesados el número de votos admisibles –artículo 23-, por inasistencia del
promotor podrá convocarse a una reunión que se adelantará dentro de los 3 días
siguientes, de repetirse su inasistencia deberá ser reemplazo y vuelven a
correr los términos para recusar y resolver sobre la recusación, el nuevo
promotor puede solicitar el aplazamiento de la reunión durante 15 días
comunes–artículo 23- parágrafo 3º-. Las objeciones formuladas contra los
derechos de voto y las acreencias reconocidas, que pueda resolver el promotor
se resolverán en la reunión en la que se comunican, las otras deberá
resolverlas la Superintendencia de Sociedades mediante el procedimiento verbal
en única instancia -artículo 26-, ésta reunión podrá suspenderse cuantas veces
se requiera, sin que se extienda por más de cinco días hábiles consecutivos
seguidos, sin incluir los sábados –artículo 23 inciso sexto-.
[8] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[9] Dentro de la
diversa jurisprudencia de la Corte al respecto, la misma ha encontrado como
vicios de forma de una ley, aquellos que se producen en virtud de su trámite (v.g.
C-255/96) y como vicios de fondo, entre otros, los vicios de competencia (v.g.
C-1161/00) y de unidad de materia (v.g.C-531/95).
[10] El artículo 32 de
la Ley 24.522 que regula en Argentina concursos y quiebras, al respecto
preceptúa: “Todos los acreedores por causa o título anterior a la
presentación y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de la
verificación de sus créditos (..)”el artículo 55 agrega: “En todos los
casos el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con
origen o causa anterior al concurso. Esta novación no causa la extinción de
las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios”, el 68 dice
“Quienes por cualquier acto jurídico garantizasen las obligaciones de un
concursado, exista o no agrupamiento, pueden solicitar su concurso
preventivo (..)”Así mismo la legislación italiana dispone: ”El
convenio homologado es obligatorio para todos los acreedores anteriores
al auto de apertura de procedimiento de convenio. Sin embargo éstos conservan
inalterables los derechos contra los coobligados, los fiadores del deudor y los
obligados en vía de regreso “ -artículo 184-1 de la Legge Fallimentare- se resalta.
[11] “Con
las excepciones que señala esta ley continuarán aplicándose las disposiciones
sobre obligaciones y contratos, así como las estipulaciones de las partes” –Ley mexicana de
concursos mercantiles, artículo 86, 12 de mayo de 2000-.
[12] El artículo 13 del
Decreto 350 de 1989 concedía al ejecutante la posibilidad de optar por
continuar la ejecución ya iniciada contra el empresario y los terceros
garantes, quienes, en caso de continuar la ejecución podían acudir al
concordato en los términos del artículo 1579 del Código Civil. La Ley 222 de
1995, conservó el derecho de opción sin privar al acreedor de la posibilidad de
intervenir en el concordato –artículo 100-. La misma opción se preveía en el
texto aprobado en las sesiones conjuntas de las comisiones terceras del Senado
y la Cámara de Representantes en sesión del 1º de diciembre de 1999 –artículo
14 -Gaceta del Congreso 543/99 página 40. Al respecto en los comentarios a la
modificicación a la letra dice: En cuanto a la ejecución o cobro de garantías
reales o personales de terceros, y en forma similar a la prevista en el
derogado régimen del decreto 350 de 1989 (art.13) , se establece que el
acreedor del empresario deberá optar entre hacerlas valer y quedar por fuera de
la reestructuración, o continuar dentro de ella. Ídem Página 9.
[13] Ver, entre muchas
otras, las Sentencias C-025/93 y C-026/93.
[14] Sentencia
568 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz)
[15] Sentencia C-025 de
1993 (M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)
[16] Sentencia C-1185 de
2000. M.P. Drs. Vladimiro Naranjo Mesa y Carlos Gaviria Díaz.
[17] Ídem, “Artículo 64. Coordinación y
seguimiento de la reactivación empresarial y de la reestructuración de los
pasivos de las entidades territoriales. El Ministerio de Desarrollo Económico y
Social, con el apoyo técnico de un área especializada de la Superintendencia de
Sociedades, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo técnico
de la Dirección de Apoyo Fiscal, deberán:
1. Promover
y evaluar periódicamente los instrumentos previstos en la presente ley para la
reactivación empresarial y para la reestructuración de los pasivos de las
entidades territoriales, respectivamente, y recomendar las medidas que sean
necesarias para su adecuado desarrollo.
2. Estudiar los efectos que para la economía, para la
reactivación empresarial y para el desarrollo armónico de las regiones haya
tenido esta ley. Los resultados de tales estudios deberán presentarse
anualmente por los Ministros del ramo al Congreso de la República.
3. Elaborar los estudios necesarios para recomendar al
Gobierno Nacional las reglamentaciones que sean pertinentes.
4. Cuando se cumplan tres años de vigencia de la
presente ley, el Gobierno Nacional integrará una comisión intersectorial, de
conformidad con lo dispuesto en artículo 45 de la Ley 489 de 1998, con el propósito
de evaluar los resultados de la ley y proponer al Congreso, por conducto de los
respectivos Ministros, la conveniencia o no de ampliar la vigencia en todo o en
parte de la misma o las modificaciones a que hubiere lugar.”
[18] Véanse las
sentencias SC-556/93 (MP. Jorge Arango Mejía); SC-265/94 (MP. Alejandro
Martínez Caballero); y, SC-445/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[19] C-093/2001
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[20] De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1571, 1680, 2380, 2422 y 2448
del Código Civil el acreedor puede exigir el pago de todos o cualquiera de los
deudores solidarios, los fiadores no pueden oponerse al pago alegando la
insolvencia, cesión o concurso del principal obligado y los acreedores pueden
perseguir el bien dado en prenda o hipoteca para ejercer su derecho de subasto
o adjudicación. De otra parte en estado de cesación de pagos del aceptante o
girado el acreedor puede exigir al avalista que responda por la posición
cambiaria asumida, el acreedor, damnificado o contratante, tienen acción
directa contra el asegurador, y el beneficiario puede exigir de la fiduciaria
el cumplimiento de sus obligaciones -artículos 780, 1037, 1133, 1226 Código de
Comercio-.
[21] Entre
otras C-265 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero.