T-299-17
Sentencia T-299/17
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance como derecho fundamental y su protección a través de la
acción de tutela
DERECHO A
LA VIVIENDA DIGNA-Alcance y contenido
SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Es un
mecanismo permanente de coordinación entre todas las entidades
con funciones de financiación, construcción, mejoramiento, reubicación,
habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza, el cual
se instituyó para que tales entidades, actuando bajo una misma directriz,
lograran una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los
recursos y en el desarrollo de las políticas de vivienda de interés social
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA-Procesos de postulación
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por no entrega real, material y efectiva de viviendas
adjudicadas a beneficiarios de proyecto de vivienda de interés social
SENTENCIA DE TUTELA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Modulación de efectos otorgando
efectos inter comunis
La Corte
está facultada para dictar fallos con efectos inter comunis, por la
necesidad de: (i) dar a todos los miembros de una comunidad un tratamiento
uniforme; (ii) evitar que la protección del derecho de uno o algunos de los
miembros del grupo afecte los derechos de otros; (iii) que todos los miembros
de la comunidad puedan gozar efectivamente de sus derechos; (iv) conseguir
economía procesal; y (v) garantizar el derecho a acceder a la justicia que
comprende la tutela judicial efectiva
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA
Y DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Vulneración
por entidades accionadas al no garantizar a las familias beneficiadas una
solución habitacional
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA Y DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Orden a la Gobernación de reubicar a las familias, si es necesario,
en otro proyecto de interés prioritario, en el que se les entregue
efectivamente una casa con las mismas características del plan inicial
Referencia: Expedientes T-4286931,
T-4287239 y T-4291030
Acción de tutela instaurada por
Marlenyu Pardo Hernández, Daniz Ramírez Durán y Leidy Cristina Torres Torres
contra la Gobernación del Meta, el Fondo de Vivienda del Departamento del Meta
y la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América-CASA.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de
la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez
-quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amarís, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia de única instancia
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de
Villavicencio, Meta, el 19 de diciembre de 2013, en la que se negó la tutela
del derecho fundamental a la vivienda digna, invocado por la demandante
(expediente T-4286931). Así mismo, de la sentencia del 28 de enero de 2014,
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, que negó
por improcedente el amparo del derecho a la vivienda digna invocado por la
peticionaria (expediente T-4287239). Y también, de la sentencia del 30 de enero
de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Villavicencio,
que declaró improcedente el amparo del derecho a la vivienda digna invocado por
la accionante (expediente T-4291030). Los expedientes de la referencia fueron
seleccionados por la Sala de Selección de Tutelas número Tres, mediante auto
del 31 de marzo de 2014,[1] para ser
fallados en una sola sentencia por presentar unidad de materia.[2]
En consecuencia, la Sala procede a exponer
los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales de los expedientes. Aclaración
previa. Los procesos de tutela sub examine guardan
identidad temática, en tanto que plantean unos mismos supuestos fácticos, por
lo que se unificará el relato de los mismos, y cuando sea del caso, se harán
las diferenciaciones y precisiones a que haya lugar.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud y hechos
Las tres ciudadanas interpusieron, de
manera separada, acción de tutela contra la
Gobernación y el Fondo de Vivienda de Interés Social del Meta y la Corporación
Casa, por considerar vulnerado su derecho a la vivienda digna, debido a que
éstas se obligaron a hacer entrega de un lote de terreno edificado, ubicado en
la Urbanización Pinares de Oriente de Villavicencio, desde el 24 de noviembre
de 2011, y a la fecha no han cumplido con lo pactado. Las tutelantes solicitan
al juez constitucional ordenar a las autoridades competentes: (i) la
entrega efectiva de la ciudadela Pinares de Oriente de Villavicencio, y de la
casa para la cual se postularon; y particularmente a la Gobernación del Meta,
(ii) que las auxilie con “un arriendo” mientras les entregan sus
unidades habitacionales. Sustentan sus pretensiones en los siguientes
hechos y argumentos de derecho:
1.1. El 1° de diciembre de 2009, la Oficina
del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta citó a la
población vulnerable del departamento, a través de una convocatoria popular, para
asignar 617 viviendas de interés social, previo cumplimiento de unos requisitos
establecidos en el proyecto. La Oficina del Fondo de Vivienda de Interés Social
del Departamento del Meta otorgó a sus familias, que se encuentran en estado de
pobreza o extrema pobreza y en situación de desplazamiento, un subsidio de
vivienda de interés social por valor de $20.168.199,35, para la compra de una
vivienda ubicada en la ciudadela Pinares de Oriente del municipio de
Villavicencio.
1.2. El 28 de noviembre de 2010, afirman, hicieron
entrega de $4.051.588, que correspondían a sus ahorros programados de toda la
vida. Unos meses después, el 16 de julio de 2011, firmaron contrato de promesa
de compraventa, en el que se indicó que la Corporación Casa, como prometiente
vendedor, y el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta,
como oferente del proyecto, debían entregar a sus familias un lote de terreno
edificado en el área de 41 m2, ubicado en la urbanización Pinares de
Oriente, en zona urbana del municipio de Villavicencio. Luego, el 10 de
septiembre de 2011, fueron citadas por la Corporación Casa para firmar una
autorización de desembolso del subsidio asignado por el Fondo Nacional de
Vivienda, a la cuenta de ahorros del constructor encargado de ejecutar el
proyecto.
1.3. En el contrato de promesa de
compraventa, se estableció que el 24 de noviembre de ese mismo año (2011), a
las 2:00 pm, en la Notaría Tercera de Villavicencio, las familias
beneficiarias, la Corporación Casa y el Fondo de Vivienda de Interés Social del
Departamento del Meta perfeccionarían el contrato y lo elevarían a escritura
pública. Sin embargo, ni la Corporación Casa en su calidad de prometiente
vendedor ni el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento, como
oferente del proyecto, se presentaron. El 30 de abril de 2012 fueron citadas
nuevamente por la Corporación Casa para firmar la autorización de desembolso
del subsidio, pero esta vez para movilizarlo a otra cuenta de dicha
Corporación. El mismo día firmaron modificación a la cláusula octava del
contrato de promesa de compraventa, estableciéndose una nueva fecha para
elevarlo a escritura pública, la cual correspondía al 30 de junio de 2012, pero
ni la Corporación Casa ni el Fondo de Vivienda de Interés Social del
Departamento del Meta se hicieron presentes.
1.4. Afirman que el 27 de diciembre de
2012, firmaron de nuevo una modificación a la cláusula octava del contrato de
promesa de compraventa, en la que se estableció como fecha para perfeccionar la
escritura pública el 30 de marzo de 2013, pero esta vez la Corporación Casa y
el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta tampoco se
presentaron. El 17 de marzo de 2013, dicen, se realizó el sorteo y adjudicación
de las viviendas y al día siguiente, el 18 de marzo, firmaron una minuta en la “que
se transfiere el derecho de dominio y posesión de la Corporación Casa a
nuestros nombres y al de nuestros hijos”. Pese a todo, no han recibido sus
casas.[3]
1.5. El 29 de marzo de 2013 presentaron un derecho
de petición ante la Gobernación del Meta, el Fondo de Vivienda de Interés
Social de ese departamento y la Corporación Casa, con el fin de que se les
hiciera entrega efectiva de sus unidades habitacionales, pero las entidades no
han respondido ni han hecho entrega del inmueble a que tienen derecho.
1.6. Cabe resaltar que una de las
accionantes, Daniz Ramírez Durán (expediente T-4287239) manifestó que es madre
cabeza de familia de dos hijas menores de edad, una de las cuales se encuentra
en condición de discapacidad.
2. Contestación de la demanda
2.1. La Secretaría de Vivienda del
Departamento del Meta - Gobernación del Meta, sostuvo que el terreno sobre el
que se construyeron algunas de las casas en comento, fue objeto de embargo por
parte de los acreedores de la Corporación Casa, razón por la que “esta
secretaría decidió suspender los giros y desembolsos hasta tanto la corporación
no desembargue los predios, razón por la que no ha sido posible entregar las
viviendas adjudicadas a los 617 beneficiarios del Proyecto Pinares de Oriente”.
Como la Corporación Casa no ha cumplido con los compromisos adquiridos, dijo,
la Secretaría Jurídica del Departamento va a iniciar proceso de incumplimiento
en contra de dicha corporación. También advirtió que “se iniciará
proceso para recuperar los lotes en los que se desarrolla el proyecto Pinares
de Oriente, así mismo se hace aclaración en cuanto a que se inició con
anterioridad el incidente de desembargo de los predios ante los juzgados de
Villavicencio por parte del asesor externo de la Gobernación”.
2.2. La Unidad para la Reparación y Atención
Integral a las Víctimas manifestó que las accionantes deben acudir a otras
entidades a efectos de acceder a la oferta institucional que brindan las entidades
que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada. Respecto al derecho a la vivienda adujo que “(…) la persona
postulada debe postularse (SIC) ante las Cajas de Compensación para
acceder al subsidio, previo cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados
por esta (…)”.
2.3. FONVIVIENDA manifestó que movilizó a
la cuenta del proyecto el 100% del valor del subsidio de vivienda asignado a
las accionantes, por lo que “le corresponde a ellos ponerse en contacto con
las entidades correspondientes para que realicen el desembolso del dinero, ya
que FONVIVIENDA cumplió con sus obligaciones”.
2.4. La Corporación Casa expresó que “(…)
solo le es posible la entrega de la vivienda 6 meses después de que el
Departamento del Meta inicie el desembolso de los subsidios de la Nación a la
Corporación Casa. Sin embargo, en este momento con la Contraloría Provincial de
la Gerencia Departamental del Meta- Contraloría General de la República, se
vienen adelantando gestiones y audiencias para llegar a un acuerdo con el
Departamento, realizar el pago a los proveedores y continuar la ejecución de la
obra (…)”. Adicionalmente, dijo que “(…) la Corporación Casa se
opone a asumir un subsidio de arriendo toda vez que la demora en la entrega del
proyecto no obedece a acciones u omisiones en las que esta corporación haya
incurrido, sino por el contrario, esta Corporación igualmente se encuentra en
un desequilibrio económico con las medidas tomadas por el departamento del
Meta, y es una víctima más de estos procesos políticos (…)”. Finalmente, la
Corporación Casa indicó que ni por acción ni por omisión, ni de mala fe, ha
ocasionado la vulneración del derecho a la vivienda digna de las accionantes, “sino
por el contrario, es a nuestro juicio el Departamento del Meta a través del
Fondo de Vivienda de Interés Social, el responsable en la no ejecución y
terminación del proyecto Pinares de Oriente”.
3. Decisiones judiciales
3.1. Decisión del juez de tutela de
única instancia (expediente T- 4286931)
Mediante fallo del 19 de diciembre de 2013, el Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Villavicencio, Meta, negó por
improcedente el amparo solicitado, argumentando que la acción de tutela es un
mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales que procede
cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se interponga
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Señaló también que en el caso objeto de estudio no se aprecia vulneración alguna de los
derechos fundamentales de la accionante, así como tampoco un daño inminente e
irremediable que habilite la intervención del juez de tutela, pues “la
situación de la accionante no se enmarca dentro de las circunstancias
excepcionales que la jurisprudencia ha enunciado para efectos de conceder la
tutela; luego, tratándose de una controversia que gira en torno a un contrato
de construcción de vivienda respecto de la cual la señora Pardo Hernández
pretende su ejecución, la interesada bien puede acudir a la vía ordinaria”.
3.2. Decisión del juez de única
instancia (expediente T- 4287239)
Mediante sentencia del 28 de enero de 2014, el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Villavicencio, Meta, decidió negar por
improcedente el amparo solicitado, bajo el argumento de que la accionante
cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para la protección de sus
derechos. También sostuvo que en este caso no se verifica la existencia de
perjuicio irremediable alguno que haga procedente la acción de tutela como
mecanismo de amparo de los derechos de la actora. Así mismo, señaló que no
existe prueba de que la petente se encuentre en una situación de
desplazamiento, así como tampoco que haya realizado los trámites
administrativos correspondientes para el cumplimiento del contrato suscrito con
la Corporación Casa. Finalmente sostuvo que “actualmente la Gobernación del
Meta inició las acciones correspondientes (proceso de cumplimiento) a fin de
lograr la terminación del proyecto de vivienda de interés social, y entre tanto
está gestionando el subsidio de arrendamiento para quienes se han visto
afectados con la mora en la entrega del inmueble”.
3.3. Decisión del juez de única
instancia (expediente T-4291030)
Mediante sentencia del 30 de enero de 2014, el Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Villavicencio, Meta, decidió declarar
improcedente el amparo deprecado, argumentando que el problema jurídico versa
sobre el incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas entre la
accionante y las entidades accionadas, circunstancias para las que resulta
improcedente la acción de tutela, pues la Corte Constitucional ha esgrimido que
los conflictos que versen sobre asuntos contractuales, deben ser controvertidos
ante los jueces ordinarios. Concluyó, en cuanto al requisito de subsidiariedad
de la acción de tutela, que en el presente caso no se evidencia que la
accionante pertenezca a un grupo poblacional que amerite una protección
especial e inmediata, por lo que debe hacer uso de los mecanismos de defensa
judicial creados por el legislador para dirimir los puntos de discusión.
4. Actuaciones en sede de revisión
Además del material probatorio obrante en
el expediente,[4] la Sala consideró
necesario, para mejor proveer, solicitar pruebas adicionales, las cuales se
detallan en el anexo 2 de esta providencia.[5]
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y procedencia
1.1. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar
los fallos de tutela adoptados en los procesos de la referencia.
1.2. Esta
Corporación ha reconocido que en ciertas ocasiones, aunque existan mecanismos
judiciales diferentes a la acción de tutela para solucionar controversias referentes a la entrega de viviendas de interés social, reguladas
por un contrato ordinario de construcción, éstos no son eficientes ante una situación de
afectación permanente del derecho fundamental a la vivienda digna, máxime si se
trata de sujetos de especial protección constitucional. En estos casos, la
acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo y eficaz para amparar el
derecho amenazado.[6] Como lo ha dicho
expresamente la jurisprudencia: “[…] cuando la protección del derecho a la
vivienda digna sea solicitada al juez de tutela, dicha autoridad no podrá sin
más desconocer la procedibilidad del amparo valiéndose del supuesto carácter no
fundamental del derecho, así como tampoco será apropiado que recurra al
criterio de la conexidad para negar la admisibilidad del amparo.”[7]
1.2.1. Con base
en estas consideraciones, la Sala estima que contrario a lo esgrimido por los
jueces de instancia –Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de
Villavicencio y Juzgado Tercero Administrativo Oral de Villavicencio-, en los
casos analizados sí se alega la afectación de un derecho fundamental, el
cual es la vivienda digna. Las personas beneficiarias del Proyecto Pinares de
Oriente, quienes son sujetos de especial protección constitucional por su
condición de desplazamiento y por su estado de vulnerabilidad -en razón a su
situación de pobreza o extrema pobreza-, actualmente no cuentan con una casa en
donde vivir en condiciones de seguridad,
paz y dignidad.
1.2.2. En contraposición a
las razones expuestas por los jueces de instancia, la Sala observa que la
acción de tutela sí es procedente como mecanismo principal para la protección del derecho fundamental a
la vivienda digna de las accionantes, por cuanto constituye el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para tal fin. Pretender que las actoras hagan uso de los escenarios ordinarios
de discusión, en el marco de los cuales podrían ventilar su controversia, como
lo son las acciones legales y administrativas para hacer valer el contrato de
promesa de compraventa celebrado con la Corporación Casa como promitente
vendedor, y con el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del
Meta como oferente del proyecto, es a todas luces desacertado, por cuanto dichos
instrumentos carecen de idoneidad para lograr en un término oportuno la
protección de sus derechos fundamentales. En ese sentido, se advierte que
pretender que las demandantes impetren las acciones por la vía ordinaria y
esperen una sentencia que resulte favorable a sus intereses, puede tardar un
lapso de tiempo considerable, en el cual se prolongaría indeterminadamente la ausencia de una solución de vivienda definitiva
y en condiciones adecuadas para estas familias, lo cual a su vez amenaza otro
derecho de carácter fundamental como la vida en condiciones dignas de este
grupo poblacional, situación que hace procedente la acción de tutela, entre
otras cuestiones, por la urgencia y necesidad de recibir una respuesta pronta
del aparato judicial.
1.2.2.1. En el
mismo sentido, la Sala observa que no es constitucionalmente admisible
pretender que las accionantes hagan uso de una demanda ordinaria para hacer
valer el contrato de promesa de compraventa que suscribieron con las
autoridades demandadas, por cuanto la génesis del mismo fue el subsidio que se
les otorgó por su condición de vulnerabilidad derivada de su estado de pobreza
o extrema pobreza, con el único fin de restablecer, de manera urgente, su
derecho al goce efectivo de una vivienda digna, que a la fecha aún no han
podido disfrutar debido al embargo de los terrenos donde se deben construir
dichas unidades habitacionales, además de las precarias condiciones en las que
se encuentran las pocas que están actualmente construidas.
En ese orden de
ideas, esta Sala no puede desatender el estado de vulnerabilidad en que se encuentran
las accionantes, que demanda la intervención rápida del juez de tutela para la
defensa de quienes con fundamento reclaman su derecho a disponer de manera
inmediata de una vivienda digna. Después de haber soportado las penurias
derivadas de su condición de pobreza o extrema pobreza, luego de haber sido
beneficiarias del subsidio de vivienda, lo mínimo que esperan es poder vivir de
manera digna en sus casas.
1.2.2.2. Por otra parte, la Sala encuentra que la
acción de tutela es el mecanismo apropiado para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable y proteger los derechos fundamentales a la vivienda
digna y a la vida en condiciones dignas de las accionantes y su núcleo
familiar, ya que el perjuicio que se les ha ocasionado es inminente y grave,
pues se les ha impedido acceder a una vivienda, y ellas no cuentan con los recursos económicos suficientes
para construir una. Por tanto, en este caso se requiere de medidas urgentes e
impostergables para solucionar la apremiante situación de estas personas, so
pena de que se les cause una afectación mayor a sus garantías fundamentales.
El derecho a la
vivienda digna, de naturaleza fundamental, puede ser exigido mediante la acción
de tutela, de acuerdo con su contenido mínimo que debe comprender la
posibilidad real de gozar de un espacio físico, en el cual las accionantes y
sus familias puedan habitar y llevar a cabo sus proyectos de vida en
condiciones dignas. Por esta razón, éste es el mecanismo de defensa llamado a
proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de este grupo
poblacional.
1.2.3. El requisito de inmediatez también se
encuentra acreditado, toda vez que el perjuicio es actual e inminente. Las tutelantes
aún se encuentran a la espera de una solución a su problemática por parte de
las entidades accionadas, debido a que no han hecho entrega del lote de terreno
edificado, que se denomina Urbanización Pinares de Oriente de Villavicencio,
pese a que se comprometieron a entregarlas desde el 2011.
1.2.4. Por último, respecto a las
apreciaciones del Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, en
cuanto a que “no existen pruebas de que la petente haya realizado los
trámites administrativos correspondientes para el cumplimiento del contrato
suscrito con la Corporación Casa”, estima la Sala que si bien ante el incumplimiento de obligaciones
contractuales puede exigirse llevar a cabo algunas formalidades
administrativas, esto no puede llegar al punto de obstaculizar y amenazar el
goce efectivo del derecho a la vivienda de quien requiere una casa para vivir
dignamente. En efecto, en este caso en particular, dicha exigencia constituye
una carga desproporcionada, teniendo en cuenta que quienes se postularon y
fueron seleccionados como beneficiarios, además de ser una población vulnerable, acreditaron los requisitos exigidos en su momento para ser beneficiarios
del proyecto, por lo que obstaculizar
el acceso a la unidad habitacional a la que tienen derecho, y que requieren de
manera urgente, deviene desmedido y
contrario a los mandatos constitucionales.
1.2.5.
Así, teniendo en cuenta que las acciones de tutela analizadas son procedentes,
pasa la Sala a plantear el problema jurídico en el presente caso, analizarlo y
resolverlo.
2. Problema jurídico
2.1. En consideración a los antecedentes
planteados, corresponde a la Sala de Revisión responder el siguiente problema
jurídico: ¿las entidades involucradas en el proceso de postulación, asignación,
desembolso y legalización del subsidio de vivienda de interés social, y a su
vez, pertenecientes al Sistema Nacional de Vivienda, vulneran los derechos
fundamentales a la vivienda digna y a la vida en condiciones dignas de las familias
beneficiadas con un proyecto de vivienda de interés social (Pinares de Oriente
de Villavicencio en este caso), conformadas por sujetos de especial protección
constitucional, dado el estado de pobreza o extrema pobreza que afrontan, y en
algunos casos de desplazamiento, al no garantizarles una solución habitacional en
los términos y condiciones pactadas en un convenio para la ejecución del
proyecto de vivienda, ofrecido específicamente a poblaciones en situación de
vulnerabilidad, en la fecha acordada (debía ser entregado desde hace 6 años,
sin que a la fecha hayan cumplido con la entrega)?
2.2. Para resolver este problema jurídico,
la Sala analizará: (i) el
alcance del derecho a la vivienda digna y la
procedencia de la acción de tutela para exigir su protección; (ii) el contenido
del derecho a la vivienda digna; (iii) el sistema nacional de vivienda de
interés social; (iv) los efectos inter comunis
de las sentencias de tutela de la Corte Constitucional como medida excepcional;
para luego, (v) pasar a resolver el caso concreto.
3. El derecho fundamental a la
vivienda digna y su protección a través de la acción de tutela. Reiteración de
jurisprudencia
El derecho a la
vivienda digna está consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política de
1991 y ha sido desarrollado por la jurisprudencia.[8] En el bloque de constitucionalidad este
derecho está contemplado en diferentes instrumentos internacionales y
regionales, y ha sido desarrollado en pronunciamientos de órganos internacionales
autorizados para interpretarlo.[9]
3.1. Para la Corte Constitucional, desde
sus inicios, la acción de tutela es el medio idóneo
para proteger el derecho a la vivienda digna, cuando este derecho se encuentra
en conexidad con otros derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la
integridad personal o los derechos de los niños, por mencionar algunos
ejemplos.[10] Esta posición hace más de una década fue modificada, al considerar
que tales ámbitos de protección del derecho son fundamentales, por lo que en esos
eventos ha tutelado ‘el derecho fundamental a la vivienda digna’.[11]
Como se dijo, actualmente es claro que un juez no puede descartar de plano una
acción de tutela por el sólo hecho de invocar la protección del derecho a la
vivienda digna, pues muchas de sus facetas y ámbitos de protección son de
carácter fundamental.[12]
3.2. Es claro que
la materialización del alcance de algunos ámbitos de protección de este derecho
depende de voluntad política, de un desarrollo legal previo y de erogaciones económicas
que garanticen su eficacia. Sin embargo, siempre, incluso bajo la tesis de la
conexidad, la Corte ha considerado que el derecho a
la vivienda digna puede ser objeto de protección a través de la acción de
tutela pues en determinados eventos el derecho tiene
un claro carácter fundamental.[13] Este Tribunal acogió
la postura de la conexidad, con la intención de proteger de manera efectiva
aquellas garantías que pudieran resultar conculcadas por causa de la
vulneración del derecho a la vivienda digna, con base en un
análisis garantista del artículo 51 de la Carta Política.[14] Así, por ejemplo,  desde un inicio la jurisprudencia ha
considerado procedente la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda
digna cuando se evidencia una afectación directa del mínimo vital tanto en el
demandante como en su familia, especialmente cuando se tratara de personas que
se encontrasen en una situación de debilidad manifiesta, pues el derecho a la
vivienda adquiere importancia en la realización de la dignidad del ser humano.[15]
3.3. La jurisprudencia constitucional resaltó desde el año 2002 que la
condición de ‘prestacio­nal’ no se predica de la categoría ‘derecho’,
sino de la ‘faceta de un dere­cho’ (justamente a propósito de la
protección de un derecho de libertad).[16] Esta posición, que ya se había señalado antes, ha
continuado.[17]
Actualmente es claro que “es un error categorial hablar de ‘derechos presta­cionales’,
pues, […] todo derecho, incluidos los fundamentales, tiene facetas
prestacionales y facetas no prestacionales”.[18] Para la
jurisprudencia es ‘artificioso’
tener que recurrir a la ‘estrategia de la conexidad’ para poder proteger
derechos constitucionales.[19] Así, el carácter fundamental
de un derecho contemplado en la Carta de la Constitución de 1991 no depende de
si tiene carácter prestacional. La justiciabilidad de las facetas
prestacionales de cualquier derecho fundamental supone importantes retos para
el juez de tutela (por ejemplo, con relación a cuándo se debe intervenir y de
qué manera hacerlo),[20]
pero su goce efectivo no se puede dejar de lado, tiene que garantizarse. Para
la Corte todo derecho que está en la Carta Política tiene un carácter de
fundamentalidad que no puede ponerse en suspenso, en razón a la manera como se haga efectiva alguna de sus
facetas.[21]
3.4. La Corte ha tutelado el derecho fundamental
a la vivienda digna de forma autónoma y ha considerado lo siguiente:
“[…] está estrictamente ligado con la dignidad
humana entendida como valor, puesto que la disposición de un sitio de
habitación adecuado es absolutamente necesario para el desarrollo del proyecto
de vida, toda vez que facilita la supervivencia del sujeto y, además, porque es
allí en donde transcurre una porción importante de su vida y la de su familia”.[22]
3.4.1. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que en sede de tutela se puede exigir el respeto
y la protección del derecho a la vivienda digna de manera inmediata, lo cual no
implica que
“[…] todos los aspectos que se deriven de
la garantía de este derecho se puedan exigir del mismo modo, pues para el
cumplimiento de algunas de estas obligaciones la administración requiere de la
inversión de recursos humanos y económicos, por consiguiente, su satisfacción
está sometida a una cierta ‘gradualidad progresiva’. De esta manera, si bien
hoy se reconoce el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna solo es
exigible al Estado colombiano, en un corto plazo, su contenido mínimo o
esencial puesto que, en relación con lo demás, su obligación se agota en iniciar,
inmediatamente, el proceso encaminado a obtener el resultado esperado y
definitivo en el mediano y largo plazo”.[23]
3.4.2. En cuanto a
las facetas que deben cumplirse de inmediato o en períodos breves de tiempo, la
Corte ha señalado que, cuando menos, puede decirse que son las siguientes:
“(i) garantizar
unos contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos sus
titulares; (ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la completa
realización del derecho (como mínimo, disponer de un plan); (iii) garantizar la
participación de los involucrados en las decisiones; (iv) no discriminar
injustificadamente; (v) proteger especialmente a las personas desaventajadas,
en circunstancias de vulnerabilidad relevantes, o que se encuentran en peor
situación; (vi) no interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado
del derecho, y (vii) no retroceder de forma injustificada en el nivel de
protección alcanzado. En cuanto a las obligaciones de cumplimiento
progresivo, el Estado debe asegurarles progresivamente a todas las personas el
derecho a una vivienda en plenas condiciones de seguridad jurídica,
disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación
espacial y adecuación cultural”.[24]
3.5. A modo de
conclusión, se advierte que la concepción del derecho a la vivienda digna ha
avanzado de la mano de la jurisprudencia. Entendiendo que todos los derechos,
incluidos los fundamentales, como la vivienda digna, tiene facetas
prestacionales y no prestacionales, y que en sede de tutela se puede exigir su protección, la
cual se deberá concederse de acuerdo del ámbito que corresponda y con el debido
respeto del orden jurídico y democrático vigente. Siempre se debe dar
protección inmediata a contenidos mínimos, estructurales o esenciales de
un derecho fundamental.
4. Contenido del derecho a la vivienda
digna
Bajo el orden constitucional vigente, el
derecho a la vivienda digna implica contar con un espacio propio o
ajeno, que le permita a la persona por un lado, protegerse de los rigores del medio
ambiente y, por el otro, desarrollar sus actividades personales y familiares en
un ambiente de intimidad, con unas mínimas condiciones de dignidad que les
permita satisfacer su proyecto de vida.
4.1. La Sala Plena de la Corte ha precisado el alcance del derecho la
vivienda digna de conformidad con la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,[25] en el sentido en que, para que una vivienda pueda considerarse
adecuada en los términos del Pacto Internacional, es necesario que cuente con
espacios seguros, iluminados, ventilados, con una infraestructura básica
apropiada y con el suministro de los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable.[26]
4.2. La
jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho a la vivienda digna en
diferentes escenarios y contextos; por ejemplo, cuando la vivienda amenaza
ruina por culpa de la propia administración, bien sea por acción[27]
o por omisión.[28]
Concretamente, ha precisado que la construcción de
unidades habitacionales en terrenos no aptos para ello, significa la exposición
de sus habitantes a un riesgo extraordinario que compromete su derecho
fundamental a la seguridad personal, incluso, a la vida y a la integridad
personal.[29] Ha protegido grupos familiares que habitan
en una casa que corre el riesgo de caerse, cuando dentro de sus miembros se
encuentran sujetos de especial protección constitucional, tales como niños,
adultos mayores o personas con disca­pacidad.[30].
La jurisprudencia ha puntualizado esta regla en los siguientes términos: ‘una
persona tiene derecho a que la entidad responsable —por acción u omisión— de
afectar —total o par­cial­mente— su vivienda, hasta el punto de poner en riesgo
su vida e integridad personal, tome las medidas adecuadas para evitar que el
riesgo persista. Esta protección es prioritaria cuando en la vivienda se
encuentran sujetos de especial protección constitucional.’[31] La
jurisprudencia considera que se viola el derecho a la vivienda digna de personas
que debe ser reubicadas, especialmente cuando son vulnerables, cuando la administración
“no adopta las medidas adecuadas y necesarias para cumplir efectivamente un
programa de reubicación, del cual depende su nueva vivienda, tales demoras
conllevan una afectación mayor al derecho a la vivienda de la que ya se tenía
–así como de los derechos fundamentales conexos–, y no se adoptan nuevas
medidas para minimizar o reducir los nuevos riesgos a los que se expone a las
personas.”[32]
4.3. La protección a la vivienda digna también
se ha dado cuando no existe certeza sobre el riesgo de que la vivienda sea
efectivamente afectada, hasta un grado tal que comprometa otros derechos
fundamentales. La jurisprudencia también ha protegido el derecho en casos en
los que se protege a las personas que podrían ver vulnerados sus derechos,
aunque existiera un “grado importante de incertidumbre” al respecto,
pues “el riesgo que se deriva [del] margen de duda no tiene por qué
ser asumido” por la accionante y su grupo familiar.[33]  Se ha
ordenado al ente administrativo respectivo realizar los estudios necesarios
para determinar la existencia o no del riesgo y la magnitud del mismo, así como
la obligación de ‘tomar las medidas adecuadas’ para prevenirlo.[34]
4.4. Ahora bien, “el derecho a la
vivienda digna no sólo contempla la posibilidad de encontrarse bajo un tipo de
construcción que se sostenga”.[35] La jurisprudencia
constitucional,[36] en armonía
con la citada Observación, ha precisado como
necesarios para la efectividad del derecho a la vivienda adecuada el cumplimiento
de los siguientes criterios:
(i) seguridad jurídica de la tenencia;
(ii)
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura;
(iii)
gastos soportables;
(iv)
habitabilidad;
(v)
asequibilidad;
(vi) lugar; y
(vii)
adecuación cultural.[37]
Del primer aspecto, el Comité observa que
el derecho a la vivienda contempla que la tenencia de la vivienda por parte de
las personas, sin importar de cuál de todas sus formas se trate,
“(…) debe gozar de cierto grado de
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados
Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad
legal de tenencia a las personas y los hogares que la actualidad carezcan de
esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados”.[38]
4.5. En conclusión, a la luz de la
jurisprudencia constitucional y del bloque de constitucionalidad (teniendo en
cuenta la lectura que hace de la Observación General No. 4 del Comité del Pacto),
puede concluirse que el derecho a la vivienda no garantiza a las personas simplemente
un techo o un lugar cubierto donde puedan habitar, debe ser interpretado de
forma amplia y teniendo en cuenta que los derechos fundamentales son
indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. En efecto, implica el
derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte, y en ese orden de
ideas, el concepto de “vivienda” debe ir atado al de adecuación, es decir, disponer
de un lugar donde poderse resguardar, que permita un espacio con una seguridad,
una iluminación y una ventilación adecuadas, acordes con una infraestructura
necesaria para los servicios básicos, y todo ello a un precio razonable.[39]
La materialización del derecho fundamental a la vivienda digna, no
implica únicamente la posibilidad de adquirir un inmueble para su habitación,
sino, a su vez, que dicho acceso sea real y estable, en el sentido de que el bien
otorgado permita su goce efectivo y se constituya en un lugar adecuado para que una persona y su familia puedan
desarrollarse en condiciones de dignidad. El derecho
a la vivienda digna requiere para su perfeccionamiento, de unas condiciones
mínimas que les permitan a las personas desarrollar sus actividades personales
y familiares en condiciones de dignidad. Toda persona tiene derecho a un lugar
seguro para vivir en paz y dignamente, acorde con sus necesidades humanas,
teniendo en cuenta que se debe proteger especialmente a quienes se encuentran
en situaciones de indefensión, de debilidad manifiesta o de desventaja de
acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda,
como las madres cabeza de hogar que no cuentan con los recursos suficientes
para adquirir una vivienda adecuada a sus necesidades, la población ubicada en
zona de riesgo, los desplazados por la violencia, las personas de la tercera
edad y los niños, entre otros. Por supuesto, se trata de un derecho de compleja
aplicación, que supone el diseño e implementación de políticas públicas, sostenibles,
en condiciones democráticas y orientadas a garantizar el goce efectivo de los
derechos fundamentales, con las diferencias que tengan en cuenta a sujetos de
especial protección o en las situaciones mencionadas.
5. El Sistema nacional de vivienda de
interés social. Reiteración de jurisprudencia
5.1. La Constitución Política de Colombia
“no sólo acoge la noción de
que la atención de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de
los seres humanos, sino que convierte ese cometido en prioridad del Estado y
del ordenamiento. El concepto de "necesidades básicas insatisfechas" condiciona la
apropiación y distribución de partidas presupuestales (CP art. 324) y del gasto
público social (CP art. 350), constituyéndose en una finalidad social del estado
su satisfacción (CP art. 366) (…)”.[40] Entonces, se
entiende por gasto público social “aquel cuyo objetivo es la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental,
agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento
de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como
en inversión”.[41] En este
sentido, la vivienda, “es considerada un típico gasto social por la doctrina
nacional e internacional, y corresponde a un derecho social constitucionalmente
reconocido (CP art. 51)”.[42]
5.2. El gasto
público social justifica que la Constitución hubiera señalado el derecho a la
vivienda digna como objetivo fundamental del estado social de derecho. En
efecto, la vivienda es una de las áreas prioritarias de inversión social que
ratifica la finalidad social propia del Estado representada en el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así las cosas, los subsidios de vivienda familiar se consideran
jurisprudencialmente un mecanismo estatal válido para desarrollar
progresivamente el derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución,
principalmente, cuando se trata de personas en estado de pobreza o extrema pobreza.[43]
5.3. El Sistema
nacional de vivienda de interés social es un mecanismo permanente de coordinación entre
todas las entidades con funciones de financiación,
construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos
de viviendas de esta naturaleza, el cual se instituyó para que tales entidades,
actuando bajo una misma directriz, lograran una mayor racionalidad y eficiencia
en la asignación y el uso de los recursos y en el desarrollo de las políticas
de vivienda de interés social. Con el fin de
precisar el alcance y contenido del derecho a la vivienda digna, esta Corte en
sentencia T-763 de 2015,[44] realizó una sucinta
descripción del proceso de postulación, asignación, desembolso y legalización
del subsidio familiar de vivienda de interés social, a través de un estudio de los
instrumentos que nutren el contenido de la obligación en cabeza del Estado. Así pues, destaca la sentencia en mención, quién puede ser
beneficiario del subsidio, a qué tipo de vivienda se le puede aplicar dicho beneficio,
cómo opera el giro del subsidio de vivienda, cómo es la participación de las
entidades territoriales en el proceso de asignación y desembolso, y finalmente,
quién debe asumir las situaciones de incumplimiento por parte de las entidades
involucradas en el proceso de entrega
material de la vivienda al beneficiario del subsidio.
A
continuación se hará alusión a dicha providencia.
5.3.1. En primer lugar, la sentencia referida
hace alusión al Decreto 2190 de 2009, por el cual se reglamenta
el subsidio familiar de vivienda de interés social, destacando que éste establece
lo siguiente:
“el hogar que pretenda ser beneficiario de dicho
subsidio debe, en primer lugar, postularse ante las autoridades otorgantes, quienes a su vez calificarán y
seleccionarán a las familias dependiendo de sus condiciones socioeconómicas para
después asignarles los mencionados recursos.
Dichas entidades son el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA- quien podrá
asignar los subsidios con cargo a los recursos del presupuesto nacional y, las
Cajas de Compensación Familiar con cargo a las contribuciones parafiscales que
administran”.[45]
También señala la providencia, que, aunque una de
las principales funciones del Fondo Nacional de Vivienda, según el Decreto Ley
555 de 2000, es otorgar los subsidios de vivienda, esta entidad, además, debe
hacer un seguimiento financiero y físico permanente de los mismos, así como de
la política de vivienda en general, a través del sistema de información
respectivo. Así mismo, destaca que, debe aclararse que de conformidad con el
artículo 16 del Decreto 2190 de 2009, los subsidios de vivienda de
interés social solo pueden aplicarse en planes de vivienda que cuenten con la
declaratoria de elegibilidad, entendida ésta como “(…) la manifestación
formal mediante la cual, y según la documentación aportada por el oferente, la
entidad evaluadora emite concepto favorable de viabilidad a los planes de
soluciones de vivienda a los cuales los beneficiarios [aplicarán el respectivo
subsidio]”, y que en algunos casos, la declaratoria de elegibilidad de los
proyectos se entiende dada por la licencia de construcción y urbanismo,
mientras que en otros, es necesario su otorgamiento por organismos específicos
como la Financiera de Desarrollo
Territorial S. A., Findeter u otras entidades financieras vigiladas por la
Superintendencia Financiera.
5.3.2. Una vez declarada la elegibilidad del
proyecto, sostiene la sentencia que el oferente, quien es la persona natural o
jurídica que ofrece la solución de vivienda al beneficiario y establece una
relación contractual con el mismo, recibe de aquél, mediante encargos
fiduciarios, el desembolso del dinero del subsidio y otros recursos
complementarios al mismo, con el fin de concretar la entrega material de la
vivienda, en las modalidades de adquisición nueva o usada, construcción en
sitio propio o mejoramiento.
5.3.3. Frente al giro del subsidio de vivienda, señala
que el artículo 59 del mencionado Decreto sostiene que, el beneficiario del
subsidio familiar de vivienda tiene la facultad de autorizar el giro del
anticipo del mismo, a favor del oferente, siempre que éste último presente ante
la entidad otorgante o su operador los documentos respectivos (el certificado
de elegibilidad del proyecto, las respectivas promesas de compraventa o los
contratos previos para la adquisición del dominio, la constitución de un
encargo fiduciario, el contrato de interventoría, una póliza que garantice a
los beneficiarios del encargo fiduciario la construcción de la solución de
vivienda, así como la correcta inversión de los recursos desembolsados por
concepto del subsidio familiar de vivienda, que debe cubrir el 100% del valor
de los subsidios desembolsados por la entidad otorgante). Entonces, movilizados
los recursos del subsidio a la fiducia, el 80% de los mismos serán
desembolsados al oferente en los términos establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio. Para el desembolso del 20% restante y la
legalización total del subsidio, la entidad otorgante del mismo debe informar a
la fiducia el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el artículo 58
del Decreto 2190 de 2009, según la modalidad de solución de vivienda de
que se trate. En todo caso, cuando no se haga uso
de la facultad del giro anticipado del Subsidio Familiar de Vivienda por el
beneficiario, la entidad otorgante girará el valor del mismo en favor del
oferente, una vez se acredite la conclusión de la solución de vivienda y bajo
los mismos requisitos del citado artículo 58.
5.3.4. Ahora, teniendo en cuenta que mientras se surten todas las
etapas del proceso hasta la legalización del subsidio es posible que el mismo
pierda vigencia, por situaciones como retrasos o dificultades a nivel técnico,
financiero o jurídico, la sentencia referenciada haciendo alusión al artículo
51 del Decreto 2190 de 2009, señala que cuando se trate de subsidios con cargo
al presupuesto nacional, como los otorgados por FONVIVIENDA, la vigencia de los
mismos puede ser prorrogada mediante resolución expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, siempre que exista disponibilidad de
recursos y se dé cumplimiento a las normas del Estatuto Orgánico del
Presupuesto.
5.3.5. Finalmente, la providencia en
mención también destaca la especial importancia que reviste la participación de
las entidades territoriales en estos procesos. De acuerdo con el artículo 10
del Decreto 2190 de 2009, señala que tanto las alcaldías municipales y distritales, como las
gobernaciones y las áreas metropolitanas, en su condición de instancias
responsables de la ejecución de la política pública en materia de vivienda y
desarrollo urbano en su territorio, según la Constitución Política y las Leyes
136 de 1994 y 1537 de 2012, podrán participar en la estructuración y ejecución
de los programas de vivienda de interés social en los cuales hagan parte los
hogares beneficiarios de subsidios otorgados por el Gobierno Nacional.
En ese orden de ideas, se destaca que en la
sentencia referida la Sala destacó la importancia de la acción coordinada de
las entidades involucradas en los procesos de postulación, asignación, desembolso y
legalización de los subsidios de vivienda de interés social, toda vez que cualquier dificultad
que se presente en una de las etapas puede ocasionar consecuencias gravísimas
para la siguiente como quiera que todas se encuentran conectadas y que cada una
es resultado de la anterior. Así mismo, resaltó la importancia de que los
beneficiarios de un subsidio de esta naturaleza estén protegidos contra todos
aquellos obstáculos administrativos que puedan implicar una amenaza contra
la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda, en virtud de las
responsabilidades conjuntas de quienes conforman el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social.[46]
5.4. Precisamente, respecto a los casos en que
por causa del incumplimiento de las entidades del sistema nacional de vivienda
de interés social, se ve perturbada la entrega de las unidades habitacionales a
las familias beneficiarias del subsidio de vivienda, esta Corte ha señalado que
las cargas derivadas de dicho incumplimiento deben ser soportadas por las
entidades incumplidas, pues no
es constitucionalmente admisible que se someta a los beneficiarios del subsidio
a una situación de total incertidumbre sobre sus posibilidades de acceso a una
vivienda digna. A
continuación se hace referencia a cinco sentencias de la jurisprudencia que
abordan la cuestión, terminando con la T-763
de 2015.
5.4.1. En sentencia T-472 de 2010, este Tribunal manifestó que
“[…] no es
constitucionalmente admisible que se someta a las personas a una situación de
total incertidumbre sobre sus posibilidades de acceso a una vivienda digna. En
igual forma, es reprochable que proyectos de vivienda de interés social para
atender población vulnerable tarden lustros en concluirse, por adolecer de
innumerables problemas administrativos internos”.[47]
5.4.2. Al
poco tiempo, en sentencia T-573 de 2010, la Corte sostuvo que en este caso se confirmaba
el estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004:
“En primer lugar,
por la vulneración de los principios de la buena fe y confianza legítima. En
segundo lugar, porque el derecho a la vivienda digna de la ciudadana es un
derecho fundamental por su calidad de desplazada y un derecho subjetivo por
estar plasmado en un contrato que constituye ley para las partes. En tercer
lugar, por el tiempo transcurrido entre la firma del contrato y la
interposición de la acción de tutela, de 2 años y más de 7 meses. Y, en cuarto
lugar, por la vulneración directa al principio de solidaridad social consagrado
en el numeral 2° del artículo 95 CP, por parte de las entidades demandadas e
instituciones vinculadas al proceso en sede de revisión”. [48]
5.4.3. El año siguiente, en la sentencia
T-088 de 2011, respecto al derecho a la vivienda
digna y a las condiciones particulares del accionante, la Corte sostuvo que “en
este caso se desconoció el derecho a disponer de una vivienda
digna, puesto que si bien entidades del orden nacional, como Fonvivienda; del
orden departamental, como la Gobernación; y del orden municipal, como
Villavivienda, concedieron los recursos necesarios para que los accionantes
obtuvieran una vivienda propia, transcurridos más de cuatro años, ello no había
dado como resultado el acceso material a los bienes inmuebles, situación que
revestía especial gravedad teniendo en cuenta que los beneficiarios del
subsidio eran personas en condición de desplazamiento”.[49]
Por lo
anterior, se declaró la subsistencia del Estado de Cosas
Inconstitucional ante la persistente carencia de capacidad y coordinación
institucional, y con el ánimo de superar la mencionada problemática, la Sala
impartió una serie de órdenes con un efecto inter comunis, como
lo son la vigencia de los subsidios otorgados por FONVIVIENDA y la adecuación
presupuestal y técnica para que en 6 meses las familias incluidas en el fallo
contaran con la unidad habitacional y sus respectivas escrituras.
5.4.4. Tres años después, en la sentencia T-886 de 2014, este Tribunal indicó que “las entidades territoriales y
las empresas constructoras que no hacen la entrega efectiva de las soluciones
habitacionales a las que tienen derecho las personas en situación de
desplazamiento forzado bajo el argumento de que su construcción no ha terminado
como consecuencia de un incumplimiento contractual, vulneran su derecho
fundamental a la vivienda digna tan pronto vence el plazo previsto para la
entrega de los inmuebles, toda vez que dichas personas requieren de una
vivienda permanente con urgencia en cuanto carecen de una propia, así como del
dinero suficiente para cancelar un arrendamiento”. [50] La
Corte amparó, con efectos inter comunis, el derecho a la vivienda digna
de las accionantes y de las demás personas que se encontraban en las mismas
circunstancias, ordenando a FONVIVIENDA la prórroga de la
vigencia de los subsidios de todas las víctimas, y al municipio de
Villavicencio y al departamento del Meta, entregar una solución habitacional
permanente dentro de los seis (6) meses siguientes. Respecto a la condición
particular de desplazamiento de las actoras, la Corte decidió ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al municipio de Villavicencio
que conjuntamente realizaran los procesos de caracterización respectivos y, en
los casos en los que fuera necesario, garantizaran una solución habitacional
temporal a las víctimas beneficiadas con el subsidio.
5.4.5. Finalmente,
en la sentencia T-763 de 2015 previamente citada,[51] la Corte sostuvo que:
“El sistemático
incumplimiento por parte de la Uniones Temporales en el proyecto Ciudadela San
Antonio y las evidentes irregularidades moratorias derivadas del mismo que han
provocado que las viviendas de los beneficiarios ni siquiera esté en planes de
construirse, son, a juicio de la Sala, el ejemplo más claro del traslado de las
cargas administrativas de esta clase de procesos a los beneficiarios de los
auxilios económicos. En efecto, la demora por más de 6 años en la entrega de
los bienes inmuebles, es ajena a la voluntad de los peticionarios y a las de
sus grupos familiares pero, paradójicamente, han sido ellos quienes han debido
soportarla no solo en términos temporales sino también económicos. Además de
verse privados del acceso a una solución habitacional permanente, vivir en
calidad de arrendatarios, les ha significado pagar cánones por todos estos
años, lo que constituye una carga desproporcionada
debido a su precaria
situación económica. Esta última circunstancia, ha comprometido seriamente el
acceso de los accionantes y sus familia a los bienes y servicios necesarios
para la garantía de otros derechos fundamentales como el mínimo vital, razón
por la cual, es posible concluir que, al menos, las Uniones Temporales y las
personas jurídicas que la conforman o conformaban, como Villavivienda EICE por ejemplo,
desconocieron directamente el componente de gastos soportables de una vivienda
adecuada, y en consecuencia, vulneraron el derecho constitucional de los
demandantes y su grupo familiar”.[52]
5.5. A manera
de conclusión, se tiene que en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda
digna de personas beneficiadas con subsidios de vivienda, no puede verse
afectado por el incumplimiento contractual de las entidades del Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social, ni tampoco dichos beneficiarios deben
asumir las cargas contractuales, administrativas o económicas derivadas de
ello, pues los principios que guían un Estado Social de Derecho, impiden que
los administrados, quienes son población vulnerable, soporten los problemas
administrativos y contractuales internos en la ejecución de los planes de
vivienda. Con fundamento en ello, esta Corte en sus diferentes fallos, ha
demostrado que la forma adecuada de resolver este tipo de conflictos, cuyas
consecuencias las termina por soportar quien no tiene injerencia alguna en
decisiones administrativas, es ordenando a las entidades territoriales y/o a
las empresas constructoras que hagan la entrega de las soluciones
habitacionales de interés social en un plazo razonable de tiempo para detener
las violaciones de las que han sido partícipes.
6. Los efectos inter comunis de
las sentencias de tutela de la Corte Constitucional como medida excepcional.
Reiteración de jurisprudencia
6.1. El artículo 36 del Decreto 2591 de
1991 consagra que “las sentencias en que se revise una decisión de tutela
sólo surtirán efectos en el caso concreto (…)”, lo que significa que los
efectos de dichas sentencias, por regla general, son inter partes. No
obstante, esta Corporación en varias oportunidades ha modulado sus fallos para
que el alcance de sus pronunciamientos se extienda a personas que si bien no
han acudido a la acción de tutela en calidad de accionantes, también requieren
el amparo de sus derechos fundamentales por pertenecer una misma comunidad con
unas únicas condiciones respecto de quienes sí interpusieron la acción. Es
decir, les ha concedido un efecto inter comunis.
6.2. En la sentencia SU-1023 de 2001, la
Corte decidió que sus órdenes debían tener efectos inter comunis,
con el fin de proteger los derechos de todos los pensionados de la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A., hubieran o no presentado acción de
tutela, por considerar que al conceder el amparo exclusivamente en beneficio de
los tutelantes, sin considerar los efectos que tal decisión tendría frente a
quienes no habían interpuesto la acción de tutela, podría implicar la
vulneración de los derechos fundamentales de otras personas.[53] En dicha sentencia la Corte señaló que el derecho a la igualdad de
todos los pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante debía
ser un factor a considerar al momento de ordenar el pago de las mesadas
pensionales a través de la acción de tutela. Dijo entonces esta Corporación:
“Existen circunstancias
especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a ser un
mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se
presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los
peticionarios atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como
la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en
mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la
fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de
quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente
al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron
uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela
repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos
fundamentales de aquellos no tutelantes”.[54]
La Corte precisó que existen eventos excepcionales en los
cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del
derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no
han acudido a la tutela,
“[…] siempre y cuando se evidencie
la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del
accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de
aquel frente a la autoridad o particular accionado”.[55]
6.3. En la sentencia T- 203 de 2002, esta Corporación sostuvo que la decisión de extender
los efectos del fallo a personas que no habían acudido a la acción de tutela en
la sentencia SU-1023 de 2001, obedeció a razones adicionales, las cuales deben
presentarse en los casos en los que la Corte decida modular sus decisiones de
tutela.[56]
Éstas son:
“(i) para evitar que la protección
del derecho de uno o algunos de los miembros del grupo afectara los derechos de
otros; (ii) para asegurar el goce efectivo de los derechos de todos los
miembros de una misma comunidad; (iii) para responder al contexto dentro del
cual se inscribe cada proceso; y (iv) para garantizar el derecho a acceder a la
justicia que comprende la tutela judicial efectiva”.[57]
De lo expuesto, se concluye entonces que, en casos
excepcionales, la Corte
Constitucional ha admitido la extensión de los efectos de sus sentencias de
tutela, proferidas en el trámite de revisión de los fallos de instancia, a
personas que no han instaurado la acción respectiva. Esta teoría de la
modulación de los fallos ha sido justificada por la
Corte Constitucional, al
expresar que el fin de dichos fallos es cumplir su misión de garantizar la
integridad y la supremacía de la Constitución Política y proteger los derechos
constitucionales fundamentales, en particular el derecho a la igualdad.[58]
En reiteración de
la posición anterior, la sentencia T-493 de 2005, señaló que la Corte
Constitucional puede modular los efectos de sus sentencias, y que, dentro de
las múltiples alternativas disponibles, puede decidir cuál es el efecto que
mejor protege los derechos constitucionales y garantiza la integridad y
supremacía de la Constitución.[59] Dijo la
Corte:
“Es así como ha
determinado efectos respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares, o efectos inter comunis, para
cuando existan circunstancias especialísimas en las que la acción de tutela no
se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes”.[60]
De conformidad con
lo anterior, en esta sentencia, esta Corporación haciendo alusión al Auto 071
de 2001,[61] señaló:
“[…] la Corte
también ha determinado los efectos de sus providencias cuando aplica la excepción
de inconstitucionalidad, decidiendo que estos podían extenderse respecto de
todos los casos semejantes, es decir, con efectos inter pares, cuando se presentasen de manera concurrente
una serie de condiciones”.[62]
Igualmente, en
dicha providencia, respecto a los efectos inter comunis, este Tribunal reiteró
que cuando se advierta la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
accionante sin que ello implique el detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se
encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o
particular, los efectos de las sentencias deben ser inter comunis.[63]
6.4. De conformidad con lo anterior, la
Corte está facultada para dictar fallos con efectos inter
comunis, por la necesidad de: (i) dar a
todos los miembros de una comunidad un tratamiento uniforme; (ii) evitar que la
protección del derecho de uno o algunos de los miembros del grupo afecte los
derechos de otros; (iii) que todos los miembros de la comunidad puedan gozar
efectivamente de sus derechos; (iv) conseguir economía procesal; y (v)
garantizar el derecho a acceder a la justicia que comprende la tutela judicial
efectiva.
7. Las entidades accionadas, todas
involucradas en el proceso de postulación, asignación, desembolso y
legalización del subsidio de vivienda de interés social, y a su vez, pertenecientes
al Sistema Nacional de Vivienda, vulneraron los derechos fundamentales a la
vivienda digna y a la vida en condiciones dignas de las accionantes, al no
garantizarles una solución habitacional, la cual debía ser entregada a las
familias beneficiadas desde el 2011, sin que a la fecha hayan cumplido con la
entrega.
7.1. De los hechos narrados por las
accionantes, las intervenciones y las pruebas allegadas a esta Corporación, se
encuentra probado que el 9 de noviembre de 2009, la Gerencia de Vivienda del
Departamento del Meta invitó a la Corporación Casa a presentar propuesta para
la ejecución del proyecto “Subsidio complementario para la adquisición de
vivienda nueva de interés prioritario en el municipio de Villavicencio”. En
virtud de lo anterior, la Corporación Casa presentó propuesta del proyecto
Pinares de Oriente de Villavicencio a la Secretaría de Vivienda del Meta,
anexando escrituras del lote a su nombre, así como los estados financieros,
diseños y costos aproximados del proyecto, certificado de existencia y
representación legal, sistema constructivo y récord de obras.
7.1.1. El 13 de noviembre de 2009, el Fondo
de Vivienda de Interés Social del departamento del Meta y la Corporación Casa
firmaron Convenio Nº 2010 de 2009, cuyo objeto era el siguiente: “apoyo para
el desarrollo y adquisición de vivienda nueva de interés social prioritario,
mediante el aporte de subsidios complementarios para las familias desplazadas
y/o vulnerables, en la zona urbana del municipio de Villavicencio”. La
Corporación Casa y el Gobierno Departamental del Meta, “se obligaron a
gestionar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
subsidios para las familias, los cuales debían ser complementados con la
inversión departamental y el ahorro programado de las familias”.[64]
7.1.2. Mediante Resolución Nº. 1275 del 16
de noviembre de 2010, FONVIVIENDA resolvió “Establecer los planes de
vivienda elegibles a los cuales los hogares interesados pueden postular y los
cupos correspondientes que deben destinar para la población desplazada”,
correspondiéndole al municipio de Villavicencio en el proyecto Pinares de
Oriente de Villavicencio “494 soluciones a asignar, 123 soluciones para
población desplazada, para un total de 617 soluciones”[65]. A través de la Resolución Nº. 1438 del 24 de noviembre de 2010,
FONVIVIENDA resolvió “Asignar 1.404 subsidios familiares de vivienda urbana,
correspondientes a los recursos del Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional
(…)”, representados en “494 subsidios para el Departamento del Meta, con un
valor de $5.582.085.000”.[66]
7.1.3. Las accionantes fueron beneficiadas
con los subsidios de vivienda de interés social antes citados, por lo que en el
2010 firmaron contrato de promesa de compraventa con la Corporación Casa, sobre
una vivienda del Proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio, quien se obligó
a construir las unidades habitacionales y entregarlas el 24 de noviembre de
2011. Para financiar el proyecto, FONVIVIENDA “movilizó a la cuenta del
proyecto el 100% del valor del subsidio de vivienda asignado a las accionantes”[67];
mientras que las actoras en noviembre de 2010 hicieron entrega del dinero que
correspondía a sus ahorros programados a la Corporación Casa. Por su parte, el
Departamento del Meta se obligó a “entregar a través de Tesorería, los
recursos de los subsidios familiares (…) una vez se encuentre perfeccionado el
presente convenio y sean constituidas y aceptadas por el Fondo las pólizas
exigidas”.[68]
7.1.4. El 10 de septiembre de 2011, las
accionantes fueron citadas por la Corporación Casa para firmar una autorización
de desembolso del subsidio asignado por el Fondo Nacional de Vivienda, a la
cuenta de ahorros del constructor promitente, y el 30 de abril de 2012 fueron
citados nuevamente para autorizar que el subsidio fuera movilizado a otra
cuenta de dicha Corporación. El mismo día firmaron modificación del contrato de
promesa de compraventa, estableciéndose como nueva fecha para elevar a
escritura pública dicho contrato, el 30 de junio de 2012.
7.1.5. El 27 de diciembre de 2012, casi 6
meses después, las accionantes firmaron nuevamente una modificación al contrato
de promesa de compraventa, quedando como fecha para perfeccionar la escritura
pública el 30 de marzo de 2013, pero ni la Corporación Casa como promitente
vendedor ni el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento, como
oferente del proyecto, se presentaron. Como en ese momento no habían recibido
su casa aun, el 29 de marzo de 2013, las accionantes presentaron derecho de
petición ante la Gobernación del Meta, el Fondo de Vivienda de Interés Social
del Departamento y la Corporación Casa, con el fin de que se le hiciera entrega
efectiva de sus viviendas, pero las entidades no han respondido ni han hecho
entrega del inmueble a que tienen derecho.
7.1.6. El obstáculo que la Secretaría de
Vivienda de la Gobernación del Meta identificó como impedimento para la
finalización del proyecto y la entrega de las viviendas, consiste
principalmente en que el terreno sobre el que se debían construir las casas en
comento, fue objeto de medidas cautelares de embargo por parte de los
acreedores de la Corporación Casa, razón por la que decidió suspender los giros
y desembolsos de los subsidios hasta tanto la corporación no desembargue los
predios.
7.1.7. Por su parte, la Corporación Casa manifestó que el retraso en la entrega de las
viviendas se debe a que el Departamento del Meta no le ha desembolsado los
subsidios otorgados por la Nación, por lo que no cuenta con los recursos para
pagar sus acreencias y continuar con la construcción de las unidades
habitacionales. A esto agrega la Corporación Casa que “solo le es posible la
entrega de los inmuebles 6 meses después de que inicie dicho desembolso”.
7.2. Del
material probatorio allegado al expediente, se encuentra que tanto FONVIVIENDA
como la Gobernación del Meta y la Corporación Casa, incumplieron la obligación
de asegurar la realización del derecho a la
vivienda adecuada de la población en situación de desplazamiento y otras
poblaciones vulnerables beneficiarias del proyecto Pinares de Oriente,
trasladándoles a estas personas la carga de las fallas contractuales,
económicas y administrativas internas del proceso. Para iniciar, esta
Sala observa que las accionantes que se beneficiaron con la entrega de
subsidios para adquirir vivienda en el proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio, tienen la calidad de personas en situación de desplazamiento por
causa del conflicto armado (señora Daniz Ramírez Durán- expediente T-4287239) o
se hallan en situación de vulnerabilidad por su precaria situación económica
(señoras Marlenyú Pardo Hernández y Leidy Cristina Torres Torres- expedientes
T-4286931 y T-4291030). En
los dos eventos, la Sala estima que son personas que merecen una protección
constitucional reforzada por parte del Estado.
Teniendo en cuenta lo
anterior, esta Sala advierte
que en todos los casos, FONVIVIENDA, la Gobernación del Meta y la Corporación
Casa, entidades que intervinieron en el proceso de postulación, asignación,
desembolso y legalización de los subsidios de vivienda de interés social, incurrieron
en un sistemático incumplimiento de las obligaciones de las que son titulares,
desconociendo la efectiva realización del derecho a la vivienda digna en algunos
de sus componentes, como lo es la asequibilidad y las condiciones mínimas de habitabilidad,
dado a que fallaron en su
tarea de coordinación como Sistema Nacional de Vivienda y a que trasladaron a
los beneficiarios la carga temporal de las fallas administrativas internas del
proceso, como se verá a continuación.
7.2.1. Respecto a FONVIVIENDA, la Sala
encuentra que si bien movilizó de manera anticipada a la cuenta del proyecto el
100% del valor del subsidio de vivienda asignado a cada una de las 617
familias,[69] incumplió la obligación consagrada en el artículo 9.3 del Decreto
555 de 2003, “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA”,
que establece como una de las funciones de esa entidad, “realizar
interventorías, supervisiones y auditorías para verificar la correcta ejecución
de los subsidios familiares de vivienda”. En ese sentido, al ser el subsidio familiar de vivienda un
aporte en dinero otorgado por el Estado a un beneficiario, con el objeto de
facilitarle una solución de vivienda de interés prioritario, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, quienes por mandato constitucional
y legal[70]
tienen por objeto primordial formular, dirigir y coordinar las políticas,
planes, programas y regulaciones en materia de vivienda, están obligados a
realizar el monitoreo de los recursos de la Nación para garantizar que éstos
sean destinados al desarrollo de los programas de vivienda de interés
prioritario, pues éstos constituyen una de las herramientas con las que cuenta
el Estado para lograr que los colombianos en situación de pobreza o extrema
pobreza cuenten con una unidad habitacional en la que puedan
encontrar refugio, vivir en paz, con dignidad y salud física y mental.
7.2.1.1. En este orden de ideas, la Sala
encuentra que FONVIVIENDA, pese a ser la entidad encargada de materializar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución Política y del
bloque de constitucionalidad, respecto al pleno goce del derecho a la vivienda
digna, pues de su buen desempeño depende en gran medida el avance progresivo del
amparo efectivo de dicho derecho para todas las personas, en especial, para aquellos
grupos sociales y familiares más vulnerables o desventajados, violó sus
obligaciones de respeto y de protección, por cuanto aprovisionó los recursos
necesarios para el otorgamiento de los subsidios a las familias, pero dado un
problema de marasmo institucional, truncó y obstaculizó el acceso de estas
personas a una vivienda con las calidades adecuadas para el desarrollo de una
vida en condiciones dignas.
7.2.1.2. Sobre el particular, advierte la
Sala que en un Estado Social y Democrático de Derecho,
los trámites y procedimientos establecidos para cumplir adecuada y
eficientemente las funciones propias de la administración pública, no pueden
convertirse en obstáculos al goce efectivo de un derecho fundamental, o en
justificación de la inacción o la omisión de la Administración en el
cumplimiento de sus deberes. Entonces, los trámites administrativos no pueden
convertirse en ‘ires
y venires’ administrativos que aniquilen los derechos en medio del
marasmo institucional.[71]
La Sala evidencia que el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA no adoptaron las
medidas necesarias para alcanzar la finalidad de proteger los recursos
parafiscales y, por esa vía, hacer posible la realización del derecho a la
vivienda digna de los actuales beneficiarios de los subsidios de vivienda, pese
a que el mayor inconveniente que tenía, el cual era la limitación de recursos
financieros para satisfacer las necesidades prioritarias de esta comunidad, se
había superado, pues se contaba con la apropiación presupuestal suficiente para
hacer efectivos dichos subsidios. En ese orden de ideas, es reprochable que por
negligencia administrativa se haya permitido que los dineros que debían ser
destinados a los subsidios para que estas familias obtuvieran sus casas, hayan
perdido vigencia, pues ello irresistiblemente conllevó al incumplimiento de la obligación contraída con las beneficiarias,
a las que se les dejó en vilo la materialización del derecho a la vivienda digna.
De hecho, la no supervisión y vigilancia
de la correcta ejecución de los subsidios otorgados, conlleva el incumplimiento
de uno de los deberes legales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
FONVIVIENDA, que guarda estrecha relación con la realización material del
derecho a la vivienda digna, como lo es el no uso o uso incorrecto de
los dineros del Estado, lo cual afecta el principio de sostenibilidad fiscal
como criterio
orientador de las actuaciones de las Ramas del Poder Público en un Estado
Social de Derecho, ya que dicho criterio no debe orientarse a restringir los
derechos de los asociados por escasez de recursos, sino que debe orientarse a
hacerlos efectivos mediante el buen uso de los existentes.
También considera la Sala que
el hecho relatado por FONVIVIENDA, en el sentido de que “el derecho de
dominio real y efectivo, de acuerdo a las definiciones del artículo 71 del
Código Civil sobre el predio en donde se ejecuta el proyecto no es de la
entidad oferente, como debía por ley y en derecho haber sido, sino de un
tercero denominado Óscar Mendoza, representante de la Corporación Casa”,
[72]
-situación que califica como irregular, y como generadora de la grave crisis
por la que atraviesan las familias beneficiarias, a quienes no se les ha hecho
entrega de sus casas-, debió ser suficiente para que desplegara las acciones
correspondientes con el fin de superar esas irregularidades y así propender la
protección del derecho fundamental a la vivienda digna de estas personas. Como
se dijo, FONVIVIENDA es una entidad pública que tiene como finalidad ejecutar
las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social,
así como administrar los recursos asignados en el presupuesto de la Nación para
su inversión en dichas viviendas, por lo que su gran tarea es ayudar y vigilar
que se promueva el desarrollo, el mantenimiento y la consolidación del Sistema
Nacional de Vivienda, en aras de la protección de los derechos de los más
vulnerables.[73]
7.2.2. Respecto a
la Gobernación del Meta, la Sala encuentra que esta
entidad territorial ha sido negligente en el manejo de este caso, al no valorar
cuidadosamente la capacidad técnica y financiera de la Corporación Casa para
ser considerada como la entidad idónea para la construcción y desarrollo del
proyecto. En ese sentir, de haberse realizado un estudio serio de las calidades
de la Corporación Casa, la Gobernación se habría percatado de que dicha entidad
estaba ejecutando diferentes proyectos pese a su poca capacidad financiera, lo
cual le generaría en algún momento, falta de liquidez para solventar los gastos
de construcción y legalización de todos sus proyectos, lo que desencadenaría la
difícil situación económica en que se encuentra actualmente, generando un
escenario de imposible construcción y entrega de las viviendas conforme a los
estándares mínimos de habitabilidad
requeridos como presupuesto para el efectivo y real acceso a la vivienda en
condiciones dignas.
7.2.2.1. Por otra parte, la Gobernación
del Meta si bien dejó de girar los recursos provenientes de los subsidios
otorgados a las familias beneficiarias porque evidenció un grave problema de
titulación de las unidades habitacionales construidas y las que en el futuro se
debían construir, dejó pasar mucho tiempo para tomar las medidas necesarias
para garantizarles a los afectados el goce efectivo del derecho a la vivienda,
máxime cuando la solución de vivienda ofrecida a esta población era un
compromiso adquirido por la entidad territorial departamental. La Sala recuerda
que de conformidad con la Constitución Política de 1991,[74] con la Ley 1537 de 2012[75] y con el Decreto 2190 de 2009,[76] el Departamento del Meta es instancia responsable en la ejecución
de la política pública en materia de vivienda y desarrollo urbano en su territorio,
por lo que los problemas administrativos y contractuales que se presenten en la
construcción de las viviendas, no podían excusarlo ante sus obligaciones
constitucionales y legales. Inclusive, la Sala encuentra que además de esta
responsabilidad, atribuir la culpa exclusiva del retardo de las obras a un
tercero, resulta injustificado. En efecto, fue el Departamento quien no tomó
las medidas necesarias para solucionar a tiempo los problemas derivados de la
ejecución de los proyectos, a pesar de que tenía las herramientas jurídicas y
contractuales para obligar a la Corporación Casa al cumplimiento de sus
obligaciones.
7.2.2.2. Entonces, si la Corporación Casa
irrespetó el derecho a la vivienda digna de las accionantes, el Departamento las
desprotegió, al no tomar las medidas adecuadas para amparar sus derechos ante
el grave daño que habían sufrido, pese a que esta autoridad conocía plenamente
que estas personas son de escasos recursos, que algunos se encuentran en
condición de desplazamiento, con niños a cargo, y que son titulares de un
subsidio otorgado por el Estado que en este momento no les está brindado ningún
beneficio real. Concretamente, para la Sala es inaceptable que la Gobernación
del Meta, teniendo conocimiento de que la Corporación Casa se obligó a hacer la
entrega de las unidades habitacionales el 24 de noviembre de 2011, y conociendo
las condiciones gravosas de las familias beneficiadas con el Proyecto Pinares
de Oriente de Villavicencio, sólo hasta la contestación de estas acciones de
tutela se haya decidido a “estudiar si es procedente iniciar proceso de
incumplimiento en contra de la corporación”,[77] pese a que en
declaraciones públicas del 6 de septiembre de 2012, la Secretaría de Vivienda
del Meta manifestó que “desconocía en donde se encontraban invertidos los
recursos que le se otorgaron a la Corporación Casa por parte del Fondo de
Vivienda de Interés  Social del Departamento del Meta”.[78]
7.2.3. En cuanto a la Corporación Casa,
reprocha la Sala el hecho de que al celebrarse el Convenio Nº. 2010 de 2009,
acreditó contar con viabilidad técnica, legal y financiera para ejecutar
plenamente el objeto del convenio, y pese a ello, haya asumido un sinnúmero de
deudas, presuntamente para la ejecución del convenio. En relación a este punto,
es de resaltarse que del material probatorio aportado al expediente,[79] se evidencia que no todas las deudas de la Corporación Casa, por
las cuales le embargaron los terrenos en los que se debían construir las casas
del proyecto Pinares de Oriente, han sido asumidas para la ejecución de éste,
sino para “compra de camionetas corporativas y compra de lote Altos y
Reservas del Pinar”, entre otros, por lo que es motivo de preocupación para
esta Sala que la Corporación haya utilizado los recursos disponibles para la
ejecución del Proyecto Pinares de Oriente, en la realización de otras obras, en
desmedro de los derechos de las familias beneficiadas con este proyecto. Por otra parte, la Sala reprocha que la Corporación Casa haya
manifestado que “no tiene la obligación constitucional de proveer vivienda a
las personas que han sufrido desplazamiento forzado”,[80] pues
es de recordarse que recibió como aporte para la construcción de las viviendas
del Proyecto Pinares de Oriente, los ahorros programados de personas
desplazadas y que se encuentran en estado de pobreza o extrema pobreza, y que
en la actualidad no ha cumplido con la obligación contractual y legal que tiene
de entregarles sus unidades habitacionales.
7.2.4. De lo referido en precedencia, se
colige que tanto la Gobernación del Meta como
la Corporación Casa y FONVIVIENDA, entidades comprometidas con el desarrollo
del proyecto de vivienda de interés prioritario Pinares de Oriente de
Villavicencio, se responsabilizan de manera mutua por el incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales y legales, incumplimiento que ha derivado en la
vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna de las accionantes, a
quienes actualmente no se les ha entregado la casa de habitación.
7.2.4.1. Ante esta circunstancia, a juicio de esta Sala, los
hechos narrados en los expedientes prueban que se ha desconocido el derecho a
la vivienda digna de las accionantes, en cuanto tiene que ver con la
asequibilidad.[81]
Las unidades habitacionales debían estar construidas y
entregadas a las familias beneficiarias el 24 de noviembre de 2011, pero ello
no fue posible la Secretaría de Vivienda de la Gobernación del Meta suspendió los
giros y desembolsos de los subsidios hasta tanto la Corporación no desembargara
los predios en los que se debían construir las casas. En este sentido,
se desconoce el derecho a disponer de una vivienda digna, puesto que a las
accionantes se les otorgó un subsidio para obtener una vivienda de interés
prioritario ya financiado, el cual, transcurridos aproximadamente 6 años, no ha
dado como resultado el acceso material a los bienes inmuebles. En efecto, las
entidades, aunque no reconocen responsabilidades, sí reconocen que los recursos
se tenían, y que el problema fue netamente administrativo. Teniendo en cuenta
que el propósito del derecho a la vivienda digna consiste en que las personas
posean “alguna parte”[82]
en donde “vivir en seguridad, paz y dignidad”,[83] la
legítima expectativa de vivienda generada a partir del negocio jurídico
celebrado por las accionantes no se traduce en la posesión material de un
inmueble y, en consecuencia, no satisface el componente de asequibilidad de la
vivienda.
7.2.4.2. Esta situación es grave en tanto los beneficiarios
del subsidio son personas de escasos recursos, quienes invirtieron todos sus
ahorros en el proyecto de compra de vivienda, por lo que actualmente no cuentan
con dinero para adquirir un inmueble donde vivir -razón por la que esta Corte
decidió, como medida cautelar, que a estas familias se les otorgara
mensualmente un subsidio de arrendamiento, mientras les fueran entregadas sus
viviendas-, y, en el caso particular de la señora Daniz Ramírez Durán
(Expediente T-4287239), se tiene que es madre cabeza de familia con dos hijas
menores de edad, una de las cuales se encuentra en condición de discapacidad.
7.2.4.3. Entonces, la Sala reconoce que pasados
aproximadamente 6 años desde que las accionantes debían recibir su casa propia,
sin que ello haya ocurrido, lo que revela es que no se ha logrado la finalidad
prevista, que es el acceso efectivo a una vivienda de interés social. Esta
situación demuestra la inobservancia absoluta de la asequibilidad a una
vivienda adecuada, que, como se dijo, no se trata de un acceso formal o
puramente simbólico a una solución habitacional, sino de una garantía de
posesión y dominio efectivo. La
actuación de la Gobernación del Meta ha sido negligente en el manejo de este
asunto, pues a pesar de haber pasado aproximadamente 6 años desde la fecha
convenida para la entrega de las viviendas de estas personas, no ha diseñado un
plan de reubicación de las familias perjudicadas, ni siquiera de carácter
temporal, mientras se adoptan otras medidas permanentes.
7.2.4.4. Esta Sala
encuentra que la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las
accionantes, una de ellas, en circunstancia de desplazamiento, fue debidamente
corroborada por la Defensoría del Pueblo de Villavicencio, quien precisó que de
las 617 familias afectadas, 167 eran víctimas del desplazamiento forzado
que han rendido su declaración ante la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de Víctimas, 122 más en la misma situación, pero que se encuentran
reconocidas y registradas en el Registro Único de Víctimas,[84] y 328 en estado de
extrema pobreza. La necesidad de
reubicación fue confirmada además, por las pruebas
allegadas por las familias beneficiadas con el proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio, quienes manifestaron que han tenido que tomar posesión en
condiciones inhumanas (sin agua potable, luz, ni alcantarillado, y de tres
familias por casa), de las viviendas hasta ahora construidas. [85]
7.2.4.5. De acuerdo con lo que se logró
establecer en el material probatorio de la referencia, según el cual la
Defensoría del Pueblo expresó, respecto a la garantía de servicios públicos
para las familias que ocupan temporalmente las viviendas en construcción, que: "A
la fecha no se ha logrado la implementación de las medidas que faciliten el
goce de los servicios públicos de primera necesidad (acueducto, alcantarillado
y energía eléctrica)",[86] es preciso anotar que este espacio no puede catalogarse como habitable en términos de
higiene, calidad, espacio, infraestructura, accesibilidad al entorno educativo,
cultural, etc. Al contrario, la integridad física y moral de las personas que
allí residen se encuentra en peligro, lo que hace apremiante la reubicación.
7.2.4.6. Las
autoridades estatales del orden nacional, departamental y municipal, así como
los organismos competentes para atender las necesidades y requerimientos de la
población en extrema pobreza, no han facilitado una solución de vivienda de
carácter temporal a las accionantes y las demás familias que se encuentran en
la misma situación, mientras logran acceder a una solución definitiva. La
Gobernación del Meta sólo les brindó el pago de subsidios de arrendamiento, por
valor de $300.000, a partir del mes de abril de 2014 hasta por 4 meses, a los
32 beneficiarios que dentro de la población vulnerable, fueron catalogados como
aquellos que se encontraban en el mayor grado de pobreza.[87] Por su parte, la Corporación Casa ha otorgado subsidios de arrendamiento a 50 familias en condición
de vulnerabilidad que habían invadido algunas de las viviendas en construcción,
por un lapso de 4 meses, contados a partir del mes de abril de 2014, por un
valor de $300.000.[88]
7.2.4.7. Pese a lo anterior, la
Defensoría del Pueblo de Villavicencio, la Veeduría Ciudadana, la Contraloría
General de la República y la Procuraduría General de la Nación, crearon un
comité técnico de seguimiento a la ejecución del proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio, facilitando la interlocución de la Gobernación del Meta,
de la Corporación Casa y de los líderes de Veedurías Ciudadanas, en torno a la
necesidad de asumir compromisos para dar solución al tema de la entrega de las
617 viviendas. En el marco de dicho seguimiento, los compromisos asumidos por
la Gobernación del Meta fueron: i) el pago de subsidios de
arrendamiento a 20 familias víctimas del conflicto armado que habían ocupado de
hecho algunas de las viviendas en construcción, por un lapso de 4 meses
contados a partir del mes de abril de 2014, por un valor de $300.000; y ii)
asumir la secretaría técnica del comité de seguimiento a la ejecución del
proyecto, integrado por la Veeduría ciudadana, la Contraloría General de la República,
la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría
de Vivienda del Departamento del Meta y la constructora Corporación Casa. Este
comité realizaría seguimiento todos los viernes en la sede de la obra para
verificar los avances de la construcción.
7.2.4.8. Por parte de la constructora
Corporación Casa, los compromisos adquiridos correspondían a: (1) el pago de
subsidios de arrendamiento a 50 familias en condición de vulnerabilidad que
habían invadido algunas de las viviendas en construcción, por un lapso de 4
meses, contados a partir del mes de abril de 2014, por un valor de $300.000;
(2) asumir un ritmo de construcción que le permitiera hacer entrega de las 617
viviendas el 31 de julio de 2014; y (3) presentar un cronograma de
acciones para normalizar la contingencia jurídica que acarreó el embargo por
orden judicial del predio donde se construye el proyecto, a más tardar el 17
de marzo de 2014, lo anterior, con el fin de avanzar en la escrituración de
las viviendas a las familias beneficiarias. Por parte de la Defensoría del
Pueblo y los organismos de control, el compromiso consistió en realizar el
seguimiento a los avances de las obligaciones asumidas por las partes, las
cuales constan en el Acta suscrita el 14 de marzo de 2014.
7.2.4.9. Esta
Sala reconoce que el comité de seguimiento creado por los entes de control
constituye un avance importante. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente
para que las entidades demandadas cesen en la vulneración de los derechos fundamentales
de las accionantes. Está probado que la Corporación Casa incumplió el plazo de
entrega inicialmente estipulado en el convenio 2010 de 2009, así como el plazo
establecido en las posteriores prórrogas de dicho convenio, lo que ha implicado
un desconocimiento continuo del derecho de la población desplazada y en extrema
vulnerabilidad a obtener oportunamente el acceso a una vivienda digna. Ahora
bien, la Sala encuentra que para la ejecución del proyecto Pinares de Oriente
de Villavicencio, se obtuvieron recursos de entes estatales de los niveles
nacional y departamental, así como una póliza de seguro que respalda la
construcción de las soluciones de vivienda ofrecidas a los beneficiarios del
subsidio. Sin embargo, ello no significó una cumplida ejecución del mismo ni
una mayor garantía de los derechos de la población desplazada y en extrema
vulnerabilidad por su situación de pobreza.
7.2.4.10. Así las cosas, se observa que en este caso no se
ha empleado un esquema de coordinación entre la Nación y el departamento del
Meta durante la ejecución del proyecto, que permitiera hacer un seguimiento que
impidiera el prolongado retraso de la construcción de las viviendas, o que los
habilitara para responder de manera oportuna a la coyuntura del incumplimiento
reiterado de la Corporación Casa. Esto significa que no hubo una efectiva
coordinación de la Gobernación del Meta en el diseño del proyecto y de
FONVIVIENDA en el seguimiento del mismo, vulnerando con ello el derecho a la
vivienda digna de los beneficiarios del proyecto, a quienes, además de todo, se
les trasladaron las cargas jurídicas, técnicas y financieras que nunca debieron
soportar según las competencias funcionales de las entidades del Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social y la jurisprudencia de esta Corte.
7.2.5. Teniendo
en cuenta lo anterior, esta Sala revocará los fallos proferidos el 19 de
diciembre de 2013, por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes
de Villavicencio, Meta; el del 28 de enero de 2014, proferido por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Villavicencio, Meta; y el del 30 de enero de
2014, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Villavicencio,
Meta. En su lugar, tutelará el derecho de las accionantes a la vivienda digna,
y dictará órdenes dirigidas a los entes territoriales y a las demás entidades
comprometidas en la entrega de las viviendas del proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio.
7.2.5.1. Sin embargo, es pertinente
declarar que, con el fin de
garantizar el derecho a la igualdad de las familias beneficiarias del proyecto
Pinares de Oriente de Villavicencio, esta decisión  tendrá efectos inter
comunis, con el fin de cobijar situaciones jurídicas similares
tramitadas ante los jueces de tutela, así como para garantizar una respuesta
uniforme que garantice el derecho a la igualdad de personas que se encuentran
en la misma situación fáctica, en particular cuando se trata de la entrega
efectiva de las unidades habitacionales a que tienen derecho estas personas.
Así, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta
Corporación puede modular los efectos de sus sentencias en materia de tutela
otorgando efectos “inter comunis” a las mismas, con el fin de optar por
la alternativa que mejor proteja los derechos constitucionales y garantizar la
integridad y supremacía de la Constitución. En este sentido, esta Sala ha
establecido que los efectos inter comunis se adoptan con el
fin de proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por
la misma situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad. Como se dijo, de acuerdo con
la jurisprudencia existen circunstancias en las cuales la protección de los
derechos fundamentales de las accionantes debe hacerse extensiva a otras
personas o ciudadanos que no han acudido a la acción de tutela, o que habiendo
acudido no son demandantes dentro de los casos bajo estudio, pero que sin
embargo se encuentran en situaciones de hecho o de derecho similares o análogas
a las de las actoras. En estos casos, ha establecido esta Corporación que la
acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para
evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de las
accionantes, ya que la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo debe suponer
también la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos fundamentales de
quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que (i)
estas personas se encuentren en condiciones comunes, similares o análogas a las
de quienes sí hicieron uso de ella y (ii) cuando la orden de protección dada
por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la
vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.[89]
7.2.5.2. Bajo estos
presupuestos, la Sala estima que en el presente asunto conceder la
protección del derecho fundamental a la vivienda digna únicamente respecto de
Marlenyu Pardo Hernández, Daniz Ramírez Durán y Leidy Cristina Torres Torres en
su calidad de demandantes, podría significar la vulneración de esa misma
garantía frente de todas las personas que al igual que éstos: (i) son
beneficiarios del subsidio de vivienda otorgado por FONVIVIENDA y la
Gobernación del Meta para acceder a una vivienda de interés prioritario del
proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio; (ii) se trata de personas
en condición de desplazamiento y/o en situación de vulnerabilidad por su estado
de pobreza o extrema pobreza, quienes hicieron entrega de
los aportes correspondientes a sus ahorros programados para aportar a la
construcción de sus viviendas; y (iii) se encuentran a la espera de la
entrega de sus casas desde el 24 de noviembre de 2011, y a la fecha no se les
ha hecho efectiva dicha entrega, por tanto, no tienen en donde vivir
dignamente.
En este orden de ideas, encuentra la Sala que se cumplen a
cabalidad los presupuestos establecidos por la Corte para dictar un fallo con
estas características:   (1) Las partes demandadas en el proceso de tutela
admitieron que existen otras personas que se encuentran en condiciones objetivas
similares a las de las accionantes, pues son beneficiarias del subsidio para
compra de vivienda de interés prioritario otorgado por FONVIVIENDA, entregaron
sus ahorros programados como anticipo en el proyecto de vivienda Pinares de
Oriente de Villavicencio y, pese a todo, aún no han recibido sus viviendas
dentro de la mencionada urbanización.
(2) No existe una razón válida
para desconocer a quienes no presentaron acción de tutela y la comprobada
vulneración del derecho a la vivienda digna a la que están sujetas, adoptando
sólo una decisión frente a las accionantes. La orden inter partes podría
constituir una violación del derecho a la igualdad entre los beneficiarios del
subsidio, pues la Sala comprobó la vulneración del derecho a la vivienda digna
tanto de las accionantes como de aquellos que no instauraron acciones de
tutela, y no puede desconocer la protección reforzada a que tienen derecho
estas personas por ser víctimas del desplazamiento y/o por encontrarse en
circunstancia de pobreza o extrema pobreza, lo que se traduce en la necesidad
de obtener de forma inmediata la protección de sus derechos. Además,
el efecto restringido de las órdenes podría dar lugar a que otras personas que
acudieran a la acción de tutela, cuya vulneración se ha comprobado, reciban
respuestas disímiles a la establecida en esta sentencia, bien porque los jueces
declaren la improcedencia de las acciones de tutela, porque restrinjan el
alcance del derecho a la vivienda digna, o porque dicten órdenes cuya ejecución
resulte contradictoria para las entidades a quienes se dirigen. Esto resultaría
una negación de la función de la Corte de establecer y unificar el alcance de
los derechos consagrados en la Constitución de 1991, y se convertiría en un
obstáculo para la materialización del derecho a la vivienda digna de la
población desplazada y/o en situación de vulnerabilidad.
(3) La medida sirve a fines de
alta relevancia constitucional, pues su carácter extendido contribuye a
asegurar el goce efectivo de los derechos de todos los beneficiarios del
proyecto de vivienda de interés prioritario. En este sentido, las órdenes que
se dictarán para cada una de las entidades, tienen el propósito de evitar que
la ausencia de entrega de las viviendas de Pinares de Oriente de Villavicencio,
a población desplazada y en extrema pobreza, se convierta en una situación
recurrente y, con el pasar del tiempo, de mayor complejidad, de forma tal que
se configure un desconocimiento sistemático de los derechos fundamentales de
los beneficiarios del proyecto que haga más precarias sus condiciones de
subsistencia.
En consecuencia, acogiendo el criterio que mejor protege los
derechos fundamentales invocados y atendiendo a razones de celeridad, seguridad
jurídica y economía procesal, en esta oportunidad, la Corte hará uso de la
potestad de modular los efectos de sus sentencias, otorgándole a la presente
providencia efectos inter comunis que se aplicarán a todos los sujetos que se encuentren en situación de desplazamiento y de
vulnerabilidad, y que tengan la calidad de familias beneficiarias del proyecto
Pinares de Oriente de Villavicencio, en virtud del Convenio Nº. 2010 de 2009.
7.2.5.3. En este
orden de ideas, la Sala tomará varias decisiones en la parte resolutiva y una
serie de órdenes.
(i)
Ordenará a FONVIVIENDA que, junto con el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, otorguen nuevamente los subsidios de vivienda a
las familias beneficiadas del proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio, por
el tiempo que sea necesario hasta el momento en que les sea entregada su casa,
si es que ello no ha ocurrido aún. Se podrá contemplar una medida alternativa
al subsidio de vivienda (como la posibilidad de un albergue temporal), siempre
y cuando ésta proteja igual o mejor el derecho fundamental tutelado.
(ii) Ordenará a la Gobernación del Meta que los subsidios de arrendamiento (o
albergue temporal) que ha debido otorgar a las 617 familias beneficiarias con
el proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio, en virtud del auto proferido
por esta Sala de Revisión el 30 de julio de 2014, deben seguir entregándoseles
a dichas familias hasta el día en que se les haga entrega efectiva de sus
unidades habitacionales, en caso de que tal entrega no haya ocurrido aún.
(iii) Ordenará a la Gobernación del Meta que en el término de seis (6) meses, contados desde la notificación
de esta sentencia, proceda a reubicar a las familias, de ser necesario, en
otro proyecto de vivienda de interés prioritario, en el que se les entregue
efectivamente una casa con las mismas características a las del plan inicial.
Esta reubicación de proyecto, de requerirse, deberá usar los recursos por
concepto de subsidios de vivienda otorgados por FONVIVIENDA a las familias
beneficiarias. Por supuesto, dichas unidades habitacionales deben contar con la
instalación de los servicios públicos domiciliarios, a efectos de brindar una
satisfacción integral de los derechos de la comunidad. Para este fin, la
Gobernación del Meta deberá aportar al nuevo proyecto los mismos recursos por
concepto de subsidios que tenía destinados para las viviendas de Pinares de
Oriente. Así mismo, se ordenará a esa entidad territorial, como oferente del
proyecto y principal obligada en el estudio de las calidades de la Corporación
Casa, contribuir con el equivalente del dinero entregado por las familias a
dicha Corporación a título de ahorro programado, dinero que después deberá ser
cobrado a dicha Corporación.
(iv) Así mismo, se ordenará a las entidades involucradas en este caso,
especialmente a la Gobernación del Meta, que hagan efectivas las pólizas de
seguro contratadas a fin de asegurar el riesgo del incumplimiento por parte del
contratista, Corporación Casa. Se reconocerá que la Gobernación del Meta y
la Corporación Casa pueden adelantar las acciones judiciales que consideren pertinentes
para resolver los conflictos legales y económicos que puedan derivarse de la
ejecución del contrato celebrado entre ellos.
(v) Se ordenará remitir copia del expediente al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la Nación, para que en
el marco de sus competencias adelanten las investigaciones ante presuntas
irregularidades de la Corporación Casa en ejecución del Convenio N° 2010
de 2009, y el manejo de recursos entregados para
la ejecución del mismo.
(vi) La Corte instará a la Contraloría General de la República para que
en el ámbito de sus competencias ejerza control y seguimiento de las gestiones
que adelante la entidad territorial departamental para proteger los recursos
públicos del Departamento, e inicie las investigaciones a las que considere que
haya lugar.
(vii)
Finalmente, la Sala advierte que las entidades y autoridades competentes pueden
modificar las medidas de protección acá establecidas, siempre y cuando (1) se
demuestre que protegen igual o mejor los derechos fundamentales tutelados y (2)
se haya solicitado previamente al juez de primera instancia, autoridad judicial
encargada de asegurar el cumplimiento del fallo (D. 2591 de 1991). En caso de
grave incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia, la Sala podrá reasumir
la competencia con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos
fundamentales tutelados.
III. DECISIÓN
A los accionantes quienes son sujetos de especial protección
constitucional (personas en condición de desplazamiento, niños y adultos mayores
en precaria situación económica), se les vulneran sus derechos fundamentales a
la vivienda digna y a la vida en condiciones dignas, al
no garantizarles las entidades accionadas involucradas en el proceso de
postulación, asignación, desembolso y legalización del subsidio de vivienda de
interés social (pertenecientes al Sistema Nacional de Vivienda), una solución
habitacional, la cual debía ser entregada a las familias beneficiadas desde el
2011, sin que a la fecha hayan cumplido con la entrega.
En mérito de lo expuesto,
la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO:
LEVANTAR la suspensión de términos contenida en
Auto de fecha del dieciséis de julio de 2014, proferido por la Sala Séptima de
Revisión de esta Corporación.
SEGUNDO: REVOCAR los fallos proferidos el 19
de diciembre de 2013, por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes de Villavicencio, Meta; el del 28 de enero de 2014, proferido por
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, Meta; y el del 30 de
enero de 2014, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Villavicencio, Meta. En su lugar, TUTELAR el derecho de las accionantes
a la vivienda digna, así como los derechos a la igualdad y a la vivienda digna
de las demás personas que no acudieron a la presente acción de tutela, pero que
hacen parte de esta comunidad porque se encuentran en las siguientes
condiciones: (i) sean familias beneficiarias del proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio, en virtud del Convenio Nº. 2010 de 2009; (ii) se trata de
personas en situación de desplazamiento o vulnerabilidad por su estado de
pobreza o extrema pobreza; (iii) hayan hecho aportes correspondientes a sus ahorros
programados para aportar a la construcción de sus viviendas; (iv) se encuentren
a la espera de la entrega definitiva de sus casas desde el 24 de noviembre de
2011; y (v) a la fecha no se les ha hecho efectiva dicha entrega, en
condiciones de habitabilidad.
TERCERO: ORDENAR, a través de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, a la Gobernación del Meta, que en el término de
seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, PROCEDA
a reubicar a las familias, de ser necesario, en otro proyecto de vivienda
de interés prioritario, en el que se les entregue efectivamente una casa con
las mismas características a las del plan inicial, proyecto para el cual se
utilizarán los recursos por concepto de subsidios de vivienda otorgados por
FONVIVIENDA a las 617 familias beneficiarias. Las
unidades habitacionales a entregar, deben contar con la instalación de los
servicios públicos domiciliarios, a efectos de brindar una satisfacción
integral de los derechos de la comunidad. Para este
fin, la Gobernación del Meta deberá aportar al nuevo proyecto los mismos
recursos por concepto de subsidios que tenía destinados para las viviendas de
Pinares de Oriente. Así mismo, se ordenará a esa entidad territorial, como
oferente del proyecto y principal obligado en el estudio de las calidades de la
Corporación Casa, contribuir con el equivalente del dinero entregado por las
familias a la Corporación Casa a título de ahorro programado, dinero que
después deberá ser cobrado a dicha Corporación.
CUARTO: ORDENAR, a través de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y a Fonvivienda, otorgar nuevamente los subsidios
conferidos a las familias beneficiadas del proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio (o el albergue temporal), mediante las resoluciones Nº 1275 y
1438 de 2010, por el tiempo que sea necesario o hasta el momento en que les sea
entregada su casa en condiciones habitables.
QUINTO: ORDENAR, a través
de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la Gobernación del Meta
que, los subsidios de arrendamiento que ha debido
otorgar a las 617 familias beneficiarias con el proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio, en virtud del auto proferido por esta Sala de Revisión el 30 de
julio de 2014, deben seguir entregándoseles a dichas familias hasta el día en
que se les haga entrega efectiva de sus unidades habitacionales.
SEXTO: ORDENAR, a
través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR copia
del expediente a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que en el marco
de sus competencias adelanten las investigaciones ante presuntas
irregularidades de la Corporación Casa en ejecución del Convenio N° 2010 de 2009, y el manejo de
recursos públicos entregados para la ejecución del mismo.
SÉPTIMO: ORDENAR, a través de la Secretaría General de la
Corte Constitucional, a la Gobernación del Meta, que haga
efectivas las pólizas de seguro contratadas a fin de asegurar el riesgo del
incumplimiento por parte del contratista, Corporación Casa.
OCTAVO: ADVERTIR a las
partes que se encuentran en libertad para adelantar
las acciones judiciales que consideren pertinentes para resolver los conflictos
legales, contractuales y económicos que puedan derivarse de la ejecución del
contrato celebrado entre ellos.
NOVENO: INSTAR a la Contraloría General de la República para que
en el ámbito de sus competencias ejerza control y seguimiento de las gestiones
que adelante la entidad territorial departamental para proteger los recursos
públicos del Departamento, e inicie las investigaciones a que haya lugar.
DÉCIMO: EXHORTAR al
Comité de Seguimiento creado por los entes de control, para que vigile, conforme a los parámetros establecidos en la
presente providencia, el adelantamiento del proceso de construcción y entrega
de las unidades habitacionales a las familias que cumplan las condiciones del numeral tercero de la parte resolutiva
de esta sentencia. Así mismo,
para que elabore informes periódicos (cada dos meses por lo menos) sobre el
cumplimiento de las órdenes aquí dadas, y le sean enviados al Juzgado Primero
Penal del Circuito para Adolescentes de Villavicencio, Meta, quien fungió como
juez de única instancia en el proceso del expediente principal (T-4286931).
DÉCIMO
PRIMERO.- Las entidades y autoridades competentes
pueden modificar las medidas de protección acá establecidas, siempre y cuando
(1) se demuestre de forma precisa y detallada que las alternativas propuestas
protegen igual o mejor los derechos fundamentales tutelados y (2) se haya
solicitado previamente al juez de primera instancia, autoridad judicial
encargada de asegurar el cumplimiento del fallo que se adopte tal medida (D.
2591 de 1991, Art. 27). En caso de grave incumplimiento de lo dispuesto en esta
sentencia, la presente Sala de Revisión podrá reasumir la competencia con el
fin de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales tutelados.
DÉCIMO
SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSE ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (e)
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
ANEXO I - Índice
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud y hechos
2. Contestación de la demanda
3. Decisiones judiciales
3.1. Decisión del
juez de tutela de única instancia (expediente T- 4286931)
3.2. Decisión del juez de
única instancia (expediente T- 4287239)
3.3. Decisión del juez de
única instancia (expediente T-4291030)
4. Actuaciones en sede de revisión
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y procedencia
2. Problema jurídico
3. El derecho
fundamental a la vivienda digna y su protección a través de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia
4. Contenido del derecho a la
vivienda digna
5. El Sistema
nacional de vivienda de interés social. Reiteración de jurisprudencia
6. Los efectos inter
comunis de las sentencias de tutela de la Corte Constitucional como medida
excepcional. Reiteración de jurisprudencia
7. Las entidades
accionadas, todas involucradas en el proceso de postulación, asignación,
desembolso y legalización del subsidio de vivienda de interés social, y a su
vez, pertenecientes al Sistema Nacional de Vivienda, vulneraron los derechos
fundamentales a la vivienda digna y a la vida en condiciones dignas de las
accionantes, al no garantizarles una solución habitacional, la cual debía ser
entregada a las familias beneficiadas desde el 2011, sin que a la fecha hayan
cumplido con la entrega.
III. DECISIÓN
ANEXO I – Índice
ANEXO II – Pruebas de los expedientes
ANEXO III – Pruebas recaudadas en sede de
revisión
ANEXO
II – Pruebas de los expedientes
A continuación se presenta el material probatorio de cada
uno de los expedientes bajo estudio que han sido acumulados por presentar
unidad de materia. Este anexo forma parte integral de la presente sentencia.
1. En los expedientes
se encuentran las siguientes pruebas relevantes:
1.1. Copia del acta de
reunión del proyecto de vivienda Pinares de Oriente, celebrada el 27 de
septiembre de 2013 entre la Gobernación del Meta y la Corporación Casa. En
ella, la Corporación se “compromete para el día 9 de octubre, presentar
copia de los radicados de las solicitudes de reajuste financiero y de la lista
de los acreedores y la aprobación de los mismos para el desembargo, que debió
haber presentado ante la gobernación del Meta” (Folios 25-27 del cuaderno 2 del expediente principal).
1.2. Copia del acta de
compromiso celebrado entre el Fondo de Vivienda de Interés Social del
Departamento del Meta y la Corporación Casa, en la que se estableció el 29 de
julio de 2013 como fecha de reinicio de obras, y el 28 de enero de 2014 como
fecha de entrega del proyecto. Por otra parte, la Corporación Casa se
comprometió a adelantar las gestiones para levantar las medidas cautelares que
pesan sobre el inmueble (Folios 33-35 del cuaderno 2 del expediente principal).
1.3. Copia del acta
extraordinaria del comité celebrado entre el Fondo de Vivienda de Interés
Social del Departamento del Meta y la Corporación Casa, cuyo objeto era determinar
el alcance de los compromisos previamente adquiridos por la Compañía de Seguros
Cóndor S.A. y la Corporación Casa. Se estableció como conclusión que no era
posible la continuidad de la obra ante la falta de acuerdos entre las partes (Folios 36-38 del cuaderno 2 del
expediente principal).
1.4. Copia del acta de
modificación del convenio de asociación y aportes N° 2010 de 2009, celebrado
entre el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta y la
Corporación Casa. Dentro de las cláusulas modificatorias se hace mención a: “i)
el recaudo y la entrega de los recursos aportados por la Corporación, el
Departamento, la Nación y las familias beneficiadas; ii) el proceso de
escrituración y registro para cada uno de los 617 beneficiados; iii) la
responsabilidad derivada del incumplimiento del convenio; y iv) la vigencia de
las estipulaciones, de la publicación y del perfeccionamiento y ejecución del
acta” (Folios 39-47 del cuaderno 2 del expediente principal).
1.5. Copia del informe
de interventoría técnica N° 10 del proyecto de urbanización Pinares de Oriente
de Villavicencio en el que se realiza un resumen general del convenio, con
fecha de iniciación, fecha de terminación y las fechas de las prórrogas
respectivas. Así mismo, se presenta un análisis financiero y legal del proyecto
y la información básica del mismo (Folios 115-130 del
cuaderno 2 del expediente principal).
1.6. Copia del
documento “Observaciones Aval Bancario Proyecto Pinares de Oriente”, presentado
por la Corporación Casa al Fondo de Vivienda Departamental del Meta, en el que
se señalan las inconsistencias del Aval entregado por el Banco Colpatria
Multibanca para el cobro de los subsidios de vivienda del proyecto (Folio 132 del cuaderno 2 del expediente principal).
1.7. Copia de la
solicitud de prórroga del convenio de asociación y aportes N°. 2010 de 2009,
por el término de 6 meses, presentada por la Corporación Casa (Folios 134-137 del cuaderno 2 del expediente principal).
1.8. Copia de la devolución del Aval Bancario N°. 2200800072000,
que ampara del cobro de 42 subsidios familiares de vivienda del Proyecto
Pinares de Oriente, debido a diversas inconsistencias encontradas (Folio 138 del cuaderno 2 del expediente principal).
1.9. Copia de la
solicitud de actualización del Aval Bancario del Proyecto Pinares de Oriente
presentada por la Corporación Casa (Folio 139 del cuaderno
2 del expediente principal).
1.10. Copia de la
solicitud de prórroga del Aval Bancario del Proyecto Pinares de Oriente
presentada por la Corporación Casa, en atención a que el vencimiento de los
subsidios de la nación iba a presentarse el 31 de enero de 2013 (Folio 141 del cuaderno 2 del expediente
principal).
1.11. Copia del
Convenio de asociación y aportes N°. 2010 de 2009, en el que la Corporación Casa
expresó su preocupación ante el manejo de los recursos del proyecto y el
bloqueo de los giros a pesar de los compromisos adquiridos con la Secretaría de
Vivienda del Departamento del Meta (Folio 142 del cuaderno 2 del expediente principal).
1.12. Copia de la
solicitud de equilibrio económico del convenio de asociación y aportes N°. 2010
de 2009, presentada por la Corporación Casa a la Secretaría de Vivienda, a la
Gobernación y al Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta.
La petición se enfocó en el ajuste del valor de los aportes que permitiera
alcanzar los topes autorizados por el Decreto 2190 de 2009 (Folio 149 del cuaderno 2 del expediente principal).
1.13. Copia de la
convocatoria a conciliación extrajudicial del convenio Nº. 2010 de 2009,
presentada por la Corporación Casa ante la Procuraduría 19 Judicial
Administrativa de Villavicencio, en la cual fueron convocados el Departamento
del Meta y el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta
(Folio 149 del cuaderno 2 del
expediente principal).
1.14. Escrito remitido por la Gobernación del Meta, mediante
el cual se aborda lo atinente a la solución habitacional de los beneficiarios
afectados, informando que la Administración Departamental se comprometió a
reconocer y pagar un subsidio de arrendamiento por valor de $300.000 a 39
familias víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento.
1.15. Documentos varios
remitidos por la Secretaría de Vivienda del Departamento del Meta, entre los
que se encuentran los siguientes:
1.15.1. Acta de
compromiso de fecha 30 de enero de 2014, en la que la Corporación Casa se
comprometió a seguir un cronograma para el reinicio y terminación del Proyecto
Pinares de Oriente (Folios
33-34 del cuaderno 1 del expediente principal).
1.15.2. Resolución Nº
0289 del 30 de mayo de 2014, “por la cual se amplía la vigencia de unos
Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social para áreas urbanas” (Folios 81-103 del cuaderno 1 del expediente principal).
1.15.3. Listado de 20 familias en situación de desplazamiento,
beneficiarias del proyecto de vivienda Pinares de Oriente, remitida por la
veeduría de familia, para que le sea otorgado subsidio de arrendamiento de
parte de la Gobernación del Meta (Folios 104-105 del cuaderno 1 del expediente principal).
2. Folios 23 y 24 del cuaderno 1 del
expediente principal. La Corporación Casa manifestó respecto a la
pregunta: ¿A cuánto asciende la suma de dinero desembolsada en sus cuentas, por
parte de los beneficiarios de los subsidios de vivienda de interés social para
la compra de una vivienda ubicada en la Ciudadela Pinares de Oriente del
municipio de Villavicencio?, que: “Los aportes de las familias para cierre
financiero es de $1.941.127.659.55”. Con relación al estado actual del
proyecto de construcción de las viviendas expresó:
“-25 de febrero de 2010, se
suscribe acta de inicio. -Marzo/2010, Fondo de Vivienda realizó el primer
desembolso.
-Octubre/2010, Fondo de Vivienda
realizó el segundo desembolso.
-Noviembre/2010, Fondo de Vivienda
realizó el tercer desembolso.
-Marzo/2012, Fondo de Vivienda
realizó el tercer desembolso.
-RECURSOS FAMILIAS-INICIA
DESEMBOLSO EN FORMA GRADUAL EN SEPTIEMBRE DE 2011 HASTA JULIO DE 2012.
-Enero/2012, los recursos
invertidos por la corporación superan lo recibido.
-Septiembre de 2012, por
negligencia de la Gobernación se otorga el aval bancario requerido para el giro
de los recursos de la nación, es decir, ocho meses después de que los recursos
se agotaron.
-Noviembre de 2012, sin
justificación la Gobernación gira parcialmente los recursos de la Nación y aun
no selecciona los beneficiarios.
-En marzo de 2013, la Gobernación
realiza el sorteo de las viviendas, transcurridos tres años de la fecha de
inicio del convenio.
-Junio de 2014, la Gobernación se
ha negado a realizar la determinación y cuantificación de las cantidades de
obra ejecutada, para viabilizar los pagos directamente a la Corporación o a los
proveedores relacionados con el proyecto pinares.
Para
que la Corporación Casa pueda proceder a la terminación y escrituración de las
viviendas, es necesario que las viviendas estén completamente construidas para
lo cual la Corporación requiere invertir los recursos de la Nación que deben
ser girados una vez la Gobernación otorgara el aval bancario, esta obligación
no ha sido ejecutada por la entidad totalmente e incluso aún faltan 91
subsidios por cobrar al Gobierno Nacional para los cuales la Gobernación del
Meta debe expedir prórroga del aval entregado”.
3. Folios 25-28 del cuaderno 1 del expediente
principal. Manifiesta la Defensoría del Pueblo que los compromisos
asumidos fueron los siguientes:
“Por parte de la Gobernación del
Meta: El pago de subsidios de arrendamiento a 20 familias víctimas del
conflicto armado que habían ocupado de hecho algunas de las viviendas en
construcción, por un lapso de 4 meses contados a partir del mes de abril de
2014, por un valor de $300.000; y asumir la secretaría técnica del comité de
seguimiento a la ejecución del proyecto integrado por la Veeduría ciudadana, la
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Vivienda del Departamento del Meta y la
constructora Corporación Casa. Este comité realizaría seguimiento todos los
viernes en la sede de la obra para verificar los avances de construcción.
Por parte de la constructora Casa:
El pago de subsidios de arrendamiento a 50 familias en condición de
vulnerabilidad que habían invadido algunas de las viviendas en construcción,
por un lapso de 4 meses contados a partir del mes de abril de 2014, por un
valor de $300.000; En relación con la terminación de las viviendas se
comprometió a asumir un ritmo de construcción que le permitiera hacer entrega
de las 617 viviendas el 31 de julio de 2014, para lo cual incorporaría más
formaletas de fundición e iría aumentando semanalmente el número de viviendas
fundidas; y la Corporación Casa asumió el compromiso de presentar un cronograma
de acciones para normalizar la contingencia jurídica que acarreó el embargo por
orden judicial del predio donde se construye el proyecto, a más tardar el 17 de
marzo de 2014, lo anterior con el fin de avanzar en la escrituración de las
viviendas a las familias beneficiarias.
Por parte de la Defensoría del
Pueblo y los organismos de control: Realizar el seguimiento a los avances de
los compromisos establecidos en el marco del Comité conformado a través de Acta
suscrita el 14 de marzo de 2014”.
Respecto al estado actual del proyecto, la Defensoría
manifestó:
“En cuanto al proceso de
escrituración: no existe actualmente certeza sobre la situación jurídica del
Representante legal de la Corporación Casa en relación con sus acreedores y no
es clara la posibilidad de adelantar de manera rápida y segura la escrituración
de los predios. (…) es motivo de preocupación que existan remanentes acreedores
que puedan impedir la liberación de estos bienes para poder realizar el trámite
de escrituración, pues en la venta única de registro VUR debe estar reportado
el levantamiento de las medidas cautelares de embargo para viabilizar la
suscripción de las escrituras públicas (…); en cuanto a los avances en
la obra: (…) a la fecha, cuando se debía tener al menos 136 viviendas fundidas
de acuerdo con el compromiso asumido en reunión del 14 de marzo, sólo existen
32 viviendas. Este hecho es una muestra clara de la necesidad imperativa de
verificar de un lado las capacidades que realmente tiene el constructor para
responder a los compromisos asumidos con las 617 familias afectadas, con la
Gobernación del Meta, con los Organismos de Control y el Ministerio Público y
de otro lado, la necesidad de replantear la estrategia para lograr los
objetivos del proyecto; respecto a los procesos disciplinarios, fiscales y
espacios de concertación: (…) La Contraloría Colegiada del Departamento del
Meta ha iniciado una investigación fiscal, la Procuraduría Regional ha iniciado
investigación disciplinaria contra los Gerentes y Secretarios de Vivienda
Departamental y la Fiscalía Diecinueve Seccional adelanta investigación por la
presunta comisión de delitos por parte del Representante Legal de la
Corporación Casa, relacionados con el embargo del predio sobre el que se
construye el proyecto; en cuanto a la ocupación de hecho de las familias
beneficiarias: Desde el 5 de junio más de 200 familias beneficiarias del
proyecto de vivienda han ocupado nuevamente las viviendas en construcción,
sobre la base de su convicción de ser propietarias de ellas, ya que fueron
adquiridas con los recursos del Ministerio de Vivienda, de la Gobernación del
Meta y de los ahorros programados de estas familias (…)”.
4. Folios 242-245 del cuaderno 1 del
expediente principal. Al respecto, manifestó la Corporación casa que:
“La Corporación
Casa como entidad sin ánimo de lucro ha incumplido la obligación contractual,
en razón a la negligencia, omisión, dilación y falta de control en las
actuaciones de la Administración Pública en cabeza del Fondo de Vivienda de
Interés Social del Meta, porque esta entidad decidió de manera unilateral y
arbitraria suspender el giro de los recursos. La Corporación no está en
condiciones económicas de asumir y/o hacerse responsable por subsidios de
arriendo, ordenados como consecuencia de una omisión del Fondo de Vivienda de
Interés Social del Meta, entidad del Estado que es la responsable y competente
para proveer vivienda y alojamiento básico a las personas que han sufrido
desplazamiento forzado. (…). Que fue el Fondo de Vivienda de Interés Social del
Meta que de manera deficiente y negligente dejó de realizar sus obligaciones
contenidas en la Cláusula Sexta[1] lo que a la postre generó la parálisis de la obra y el posterior
embargo de los lotes por parte de los acreedores (…). (…) todos los recursos
que a la fecha le han sido entregados a la Corporación Casa sobre el proyecto
en mención, se encuentran ejecutados en la obra, (…) en tanto que la
Corporación sólo suspendió la construcción de las viviendas cuando la
Administración Departamental de manera unilateral en su oficio del 26 de
febrero de 2013 suspendió el giro de los recursos. Así mismo, el
Convenio Nº. 2010 de 2009 suscrito entre el Fondo de Vivienda de Interés Social
del Meta y la Corporación Casa establece en su cláusula Cuarta Gastos
Financieros: los gastos financieros que se generen en consecución del objeto
del presente Convenio, como consecuencia de las demoras en el giro de los
subsidios de vivienda nacional y departamental y tenga como causa las
dilaciones en el cumplimiento de las obligaciones del departamento, serán
asumidos por este último. Para dar viabilidad económica al proyecto y dar
cumplimiento al fallo de tutela, la Gobernación del Meta se comprometió a girar
los recursos del mismo (subsidios) a la mayor celeridad posible y a realizar la
verificación de las cantidades de obra. Estos compromisos trascurridos cinco
meses la entidad no los ha cumplido (…)”.
5. Folios 246-282 del cuaderno 1 del
expediente principal. Las familias beneficiadas con el proyecto Pinares
de Oriente de Villavicencio anexaron en su escrito las siguientes pruebas:
registros fotográficos del predio y de las viviendas hasta ahora construidas;
identificación de las familias beneficiadas con el proyecto de vivienda Pinares
de Oriente de Villavicencio; copia de la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo de Familia de Villavicencio el 25 de noviembre de 2013, a través de la
cual tuteló el derecho a la vivienda digna de la señora Mónica Marcela García
Sánchez (beneficiaria del proyecto de vivienda Pinares de Oriente de
Villavicencio), y ordenó a la Corporación Casa y a la Gobernación del Meta que
“en el término máximo de 4 meses, busquen una solución efectiva al conflicto
suscitado entre las mismas, y le entreguen la vivienda en el proyecto Ciudadela
Pinares de Oriente, sino lo logran en dicho término, la Gobernación del Meta,
dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del término inicial, procederá
a reubicar a la accionante en otro proyecto donde se le entregue efectivamente
su casa y se le garantice el derecho a una vivienda digna y con las mismas
calidades a la del proyecto inicial”.
6. Folios 283-366 del cuaderno 1 del
expediente principal. Así mismo, la Defensoría del Pueblo del Meta
adjuntó los anexos relacionados en el oficio remitido a esta Corporación el 25
de junio de 2014, con el fin de que sean tenidos en cuenta como pruebas en el
proceso de la referencia. Dichos anexos corresponden a:
6.1. Copia del acta del Convenio Nº 2010 de 2009, celebrado
entre el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta y la
Corporación Casa.
6.2. Copia del acta de modificación del Convenio Nº 2010 de
2009, celebrado entre el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento
del Meta y la Corporación Casa.
6.3. Copia del primer informe del proyecto de vivienda
Pinares de Oriente.
6.4. Copia del segundo informe del proyecto de vivienda
Pinares de Oriente.
6.5. Copia de la resolución Nº. 017 de 2014, por medio de la
cual se reconoce y ordena el pago de un subsidio de arrendamiento a las
familias víctimas del conflicto armado y en condición de desplazamiento que se
encontraban ocupando de hecho unidades habitacionales en el proyecto de
vivienda de interés prioritario Pinares de Oriente de Villavicencio.
6.6. Copia de la solicitud de declaración de impedimento
presentada por la Corporación Casa al Defensor del Pueblo del Meta el 9 de mayo
de 2014, en la que expresamente aduce que: “(…) solicitamos a usted
declararse impedido para conocer, actuar, proceder, interceder sobre los
proyectos que ejecuta la Corporación Casa en el Departamento del Meta,
especialmente en el proyecto Pinares de Oriente, el cual ejecuta la Corporación
Casa con los aportes de subsidios de familias desplazadas y vulnerables
asignados por el Fondo de Vivienda Nacional y el Departamento del Meta a través
del Fondo de Vivienda de Interés Social del Meta o quien haga sus veces. La
solicitud la elevamos dado que existe un conflicto de intereses personales,
debido al vínculo familiar que el señor Defensor del Pueblo tiene con el Dr.
Emilio González Pardo, hermano en el segundo grado de consanguinidad, y quien
actuó desde el Fondo de Vivienda de Interés Social del Meta y desde la
Secretaría de Vivienda del Meta como Asesor Jurídico de Vivienda, tiempo desde
el cual los proyectos de la Corporación Casa encontraron miles de obstáculos
(…)”.
6.7. Copia de la respuesta a la solicitud de impedimento
elevada por la Corporación Casa, proferida por el Defensor del Pueblo del Meta
el 16 de mayo de 2014, en la que manifiesta que carece de fundamento toda
afirmación orientada a hacer creer que tiene intereses particulares en el
proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio. Expresamente manifestó el
Defensor que: “(…) La actuación que como Defensor del Pueblo Regional Meta
he adelantado frente a la crisis del proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio, está enmarcada en mi deber constitucional y legal de buscar la
garantía de los derechos humanos, especialmente a personas víctimas del
conflicto armado y en extremas condiciones de vulnerabilidad, como es el caso
concreto; en este sentido mi labor ha sido eminentemente de mediación,
conciliación y amigable composición, propiciando alternativas que privilegien y
posibiliten la entrega de las viviendas a las familias beneficiadas en el menor
tiempo posible”.
6.8. CD que contiene el texto del Convenio Nº. 2010 de 2009,
suscrito entre la Corporación Casa y la Gobernación del Meta.
7. Folios 376-451 del cuaderno 1 del
expediente principal. En cuanto al estado actual de los procesos dio a conocer
lo siguiente:
“Radicado
Nº: 5000400300420130042501.
Juzgado:
Cuarto Civil del Circuito.
Demandante:
LG Coimpro S.A.S.
Monto
deuda: $18.823.668.00.
Valor
final negociación: $ 22.000.000.00.
Última
actuación: auto emitido por el Juzgado Segundo el 9 de mayo de 2014, ordenando
archivar el proceso y negó el mandamiento de pago. Pago de obligación.
Estado:
PAZ Y SALVO
Concepto
deuda: contratista de fundidas.
Radicado
Nº: 50001310300420130022200.
Juzgado:
Cuarto Civil del Circuito.
Demandante:
Banco de Occidente.
Monto
deuda: $ 986.066.805.00.
Valor
final negociación: $ 1.150.000.000.00.
Última
actuación: en espera de respuesta del área jurídica del Banco, luego de aportar
certificación expedida por Secretaría de Vivienda para el logro de negociación,
aprobando desembolsos directos de cada corte de obra.
Estado:
ACUERDO DE PAGO EXTRAPROCESAL.
Concepto
deuda: crédito indirecto y compra de camionetas corporativas.
Radicado
Nº: 50001310300320130022500.
Juzgado:
Tercero Civil del Circuito.
Demandante:
Formesan S.A.S.
Monto
deuda: $ 684.871.751.00.
Valor
final negociación: $ 515.000.000.00.
Última
actuación: 21 de julio de 2014/ auto incorpora oficios del Juzgado Primero
Civil del Circuito levantamiento de medidas cautelares.
Estado:
ACUERDO DE PAGOS.
Concepto
deuda: Alquiler formaleta Pinares.
Radicado
Nº: 50001310300220120037600.
Juzgado:
Segundo Civil del Circuito.
Demandante:
Seguridad Estelar Ltda.
Monto
deuda: $ 89.060.379.00.
Valor
final negociación: $ 103.000.000.00.
Última
actuación: auto emitido por el Juzgado Segundo el 19 de junio de 2014,
ordenando terminar el proceso por pago total de la obligación y ordena levantar
las medidas cautelares.
Estado:
PAZ Y SALVO.
Concepto
deuda: seguridad obras Pinares y Puerto Rico.
Radicado
Nº: 50001310300220120037600.
Juzgado:
Segundo Civil del Circuito.
Demandante:
Seguridad Estelar Ltda.
Monto
deuda: $ 89.060.379.00.
Valor
final negociación: $ 103.000.000.00.
Última
actuación: auto emitido por el Juzgado Segundo el 19 de junio de 2014,
ordenando terminar el proceso por pago total de la obligación y ordena levantar
las medidas cautelares.
Estado:
PAZ Y SALVO.
Concepto
deuda: seguridad obras Pinares y Puerto Rico.
Radicado
Nº: 50001310300120130012000.
Juzgado:
Primero Civil del Circuito.
Demandante:
Seguridad Mosgal Ltda.
Monto
deuda: $ 399.766.611.00.
Valor
final negociación: $ 399.766.611.00.
Última
actuación: auto emitido por el Juzgado Primero el 16 de mayo de 2014, dando por
terminado el proceso por pago total de la obligación.
Estado:
PAZ Y SALVO.
Concepto
deuda: seguridad obras Pinares y Puerto Rico.
Radicado
Nº: 50001310300120130009700.
Juzgado:
Primero Civil del Circuito.
Demandante:
Natividad Riveros, Amilbia Vera de García y Arcesio García Ureña.
Monto
deuda: $ 3.500.000.000.00, $ 100.211.587.00 y $ 139.806.406.00.
Valor
final negociación: $ 139.806.406.00.
Última
actuación: pendiente por enviarse al Juzgado solicitud de levantamiento hasta
tanto se levanten todos los remanentes.
Estado:
ACUERDO DE PAGO.
Concepto
deuda: compra de lote Altos y Reservas del Pinar, lotes distintos del proyecto
Ciudadela Pinares de Oriente.
Radicado
Nº: 50001400300420130017500.
Juzgado:
Cuarto Civil del Circuito.
Demandante:
FENALCO.
Monto
deuda: $ 18.600.000.00.
Valor
final negociación: $ 16.200.000.00.
Última
actuación: se solicitó terminación de proceso y levantamiento de medidas
cautelares por pago total de la obligación el 22 de junio de 2014.
Estado:
PAZ Y SALVO.
Concepto
deuda: crédito corporativo.
Radicado
Nº: 50001310300120120017700.
Juzgado:
Primero Civil del Circuito.
Demandante:
Trefimallas.
Monto
deuda: $ 389.037.577.00.
Valor
final negociación: $ 250.000.000.00.
Última
actuación: auto emitido por el Juzgado Primero el 4 de junio de 2014, dando por
terminado el proceso por pago total de la obligación.
Estado:
PAZ Y SALVO.
Concepto
deuda: material malla electrosoldada para obra Pinares y Granada.
Radicado
Nº: 50001310300120120026700.
Juzgado:
Primero Civil del Circuito.
Demandante:
Seguridad Mosgal Ltda.
Monto
deuda: $ 119.701.590.00.
Valor
final negociación: $ 127.000.000.00.
Última
actuación: auto emitido por el Juzgado Primero el 30 de abril de 2014, dando
por terminado el proceso por pago total de la obligación.
Estado:
PAZ Y SALVO.
Concepto
deuda: seguridad obra Pinares, Granda y Puerto Rico.
Radicado
Nº: 50001310300420120046300.
Juzgado:
Cuarto Civil del Circuito.
Demandante:
Shirley Martínez Ovalle.
Monto
deuda: $ 120.000.000.00.
Valor
final negociación: $ 100.000.000.00.
Última
actuación: auto del 4 de julio de 2014, suspende proceso por 90 días por
acuerdo entre las partes/ No se había solicitado medidas cautelares.
Estado:
ACUERDO DE PAGO.
Concepto
deuda: préstamo Corporación Casa.
Radicado
Nº: 50001400300620130060400.
Juzgado:
Quinto Civil del Circuito.
Demandante:
Inversiones Furatena S.A.S.
Monto
deuda: $ 3.510.776.00.
Valor
final negociación: $ 4.000.000.00.
Última
actuación: auto del 18 de julio de 2014 declara terminado el proceso ejecutivo
por pago total de la obligación y levantamiento de medidas cautelares.
Estado:
PAZ Y SALVO.
Concepto
deuda: concreto.
Radicado
Nº: 50001400300820130081900.
Juzgado:
Octavo Civil del Circuito.
Demandante:
Vender Construcciones.
Monto
deuda: $ 23.446.323.00.
Valor
final negociación: $ 26. 000.000.00.
Última
actuación: auto emitido por el Juzgado Octavo el 11 de abril de 2014, dando por
terminado el proceso por acuerdo extraprocesal.
Estado:
PAZ Y SALVO.
Concepto deuda:
material de acabados de obra Pinares de Oriente”.
8. Folios
376-451 del cuaderno 1 del expediente principal: La Corporación Casa manifestó
que:
“El
12 de septiembre de 2012 se dio inicio a la audiencia de incumplimiento, en la
cual se escucharon las razones del Representante Legal de la Corporación Casa
sobre la posible inejecución de la obra. La audiencia se suspendió y se volvió
a citar para el 21 de septiembre de 2012. El 12 de septiembre de 2012, se
presentó, por parte de TREFIMALLAS, proveedor de material de la Corporación
Casa, el embargo de 17 lotes, siendo ésta la primera medida cautelar que recae
sobre el inmueble. En septiembre de 2012, ‘por negligencia de la Gobernación del
Meta, se otorgó el aval bancario con las especificaciones requeridas para el
giro de los recursos de la  Nación, 8 meses después de que los recursos se
agotaron y 17 meses después de solicitarlo. En este Aval se incluyen 617
beneficiarios, sin embargo, solo se cobran 506, debido a que 111 presentaban
errores en carta cheque (nombre, apellido, cedula) o no se habían presentado a
tramitar su subsidio y firmar las autorizaciones correspondientes’. El 28 de
septiembre de 2012 se reanudó la audiencia de incumplimiento, la cual resolvió:
‘Abstenerse de imponer multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, de
conformidad con el Convenio 2010 de 2009, toda vez que si bien es cierto que
hubo una inejecución de labores, ésta se debió a la falta de giro de los subsidios
provenientes de la Nación y no a hechos necesariamente atribuibles a la
Corporación Casa’. El 3 de octubre de 2012 se expidió, por parte de CONDOR
S.A., la prórroga de la póliza de cumplimiento, dejando de expedir, sin
justificación alguna, la de responsabilidad civil, pese a la solicitud hecha
por la Corporación Casa. En octubre de 2012, ‘el Fondo Nacional de Vivienda
giró los subsidios correspondiente a 506 beneficiarios. Sin justificación la
Gobernación giró parcialmente los recursos de la Nación, pero en ese momento no
se había realizado el sorteo de las viviendas para los beneficiarios, razón por
la cual la Corporación Casa no podía escriturar’. El 25 de febrero de 2013, la
Corporación Casa solicitó aclaración a la Secretaría de Vivienda sobre la suspensión
del giro de los recursos de la Nación y la no suspensión de la obra. El 26 de
febrero de 2013, el Secretario de Vivienda del Meta dio respuesta a un oficio
enviado por la Corporación Casa, en el que confirmó que se suspenderían los
giros de los recursos de la Nación hasta tanto se levantara el embargo de los
17 lotes. El 12 de marzo de 2013, la Corporación Casa mediante oficio enviado a
la Secretaria del Meta, ante el embargo de los 17 lotes y la suspensión del
giro de los recursos de la Nación, propuso: i) realizar el sorteo de las
viviendas con el fin de sacar el lote del comercio y escriturarlo a las
familias  beneficiarias; ii) no suspender el Convenio ni la inversión de los
recursos de la  Nación y dar continuidad a las 14 manzanas que no habían sido
objeto de medidas cautelares, girando directamente a los proveedores el valor
de los materiales a invertir; iii) entregar relación de los cortes catorcenales
para pago de mano de obra. Igualmente se hizo énfasis en la importancia de
continuar con la ejecución de la obra y no seguir generando un incremento en
los gastos administrativos del proyecto. En marzo de 2013, ‘ante la información
mal intencionada entregada por el Secretario de Vivienda del Meta, la demora en
los pagos de acreedores sobre todo en los acreedores de la seguridad de las
obras de los distintos convenios suscritos entre el Fondo de Vivienda del Meta
y la Corporación Casa, y la convocatoria pública para el sorteo de las
viviendas, se dio inicio a una serie de demandas civiles contra la Corporación
Casa, que trajo como consecuencia el embargo total sobre los lotes del Proyecto
Ciudadela Pinares de Oriente’. El 17 de marzo de 2013, la Gobernación del Meta
realizó el sorteo de las viviendas, transcurridos tres años de la fecha de
inicio del convenio. En abril de 2013, la Corporación Casa envió
correspondencia al Secretario de Vivienda del Meta, expresando su preocupación
sobre el desarrollo del Convenio Nº. 2010 de 2009, el bloqueo del giro a los
proveedores, el costo administrativo y el stand by de la maquinaria. Igualmente
se reiteró la solicitud relacionada con el giro de recursos para continuar la
ejecución de obra en las manzanas que no habían sido objeto de medidas
cautelares. El 2 de abril de 2013 se decretó embargo ejecutivo singular sobre
el Lote Pinares de Oriente por parte de Natividad Riveros Salcedo. El 31 de
mayo de 2013, ante la presión ejercida desde la Secretaría de Vivienda del
Meta, la Corporación Casa solicitó a dicha Secretaría que permitiera ceder el
Convenio Nº. 2010 de 2009 a CONDOR S.A. El 4 de junio de 2013, el nuevo
Secretario de Vivienda del Meta dio respuesta a la Corporación y autorizó dar
inicio a la cesión del convenio al garante. El 21 de junio de 2013, se
suscribió Acta de Prorroga No. 4 por 6 meses, debido a que ‘desde el mes de
febrero de 2013 se suspendió el giro de recursos (autorizados por la Secretaria
de Vivienda del Departamento del Meta correspondiente a los aportes del
Gobierno Nacional)’. El 17 de julio de 2013, se informó al garante CONDOR S.A.,
que revisada la Cesión, se tiene que ‘en los términos planteados, en los cuales
la Corporación Casa renunciaría a los derechos de reclamación y el CONDOR S.A
no asumiría las obligaciones de nuestros proveedores, vemos muy difícil
realizar el trámite, toda vez que dicha acción sería en perjuicio de los
acreedores y éstos no aceptarían el proceso de cesión’. El 25 de julio de 2013,
la Secretaría de Vivienda del Meta mediante oficio No. 112002199 solicitó
información sobre el proceso y las medidas tomadas con respecto a la cesión del
convenio al garante de la Corporación Casa. El 26 de julio de 2013, la
Corporación Casa dio respuesta al oficio No. 112002199, informando sobre la no
aceptación de la cesión. El 31 de julio de 2013, se firmó el acta modificatoria
del Convenio Nº. 2010 de 2009, dado que no se logró un acuerdo con el garante
sobre su cesión. También se modificó la cláusula tercera sobre el recaudo de
los aportes de la Nación, en el sentido de que los recursos de los subsidios
familiares de vivienda en dinero que otorgara el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, se recaudarán una vez seleccionadas las familias postuladas en la
cuenta especial conjunta que existe entre el “FOVIM” y la Corporación Casa.
Al respecto de
esta modificación, la Corporación Casa sostuvo que ‘queremos informar que se
ejerció aquí el hecho del Príncipe, toda vez que la Corporación Casa se ve
obligada a aceptar la modificación con el fin de buscar alternativas para la
ejecución de la obra. Igualmente se nos obliga a aceptar desembolsos según
avance de obra, cuando la Corporación Casa es dentro del Convenio el ejecutor
de los aportes de la Nación y el Departamento’.
El 4 de septiembre de 2013 se
notificó la sentencia de tutela T-3.876.150 del 2013 a favor del señor Teófilo Cuellar,
ordenando a la Gobernación del Meta y la Corporación Casa pagar un subsidio de
arriendo hasta la entrega de la vivienda, así como la entrega de las unidades
habitacionales en un término de 6 meses. En septiembre de 2013 la Interventoría
del Proyecto y la Secretaría de Vivienda del Meta solicitaron a la Corporación
Casa la constitución de las pólizas. El 2 de octubre de 2013 Corporación Casa,
mediante oficio dirigido a la interventoría del proyecto, informó sobre la
gestión en la expedición de las pólizas. El 9 de octubre de 2013, se presentó
oficio ante la Gobernación del Meta, a través del cual se solicitó la revisión
de los costos administrativos generado por mayor permanencia en obra y el
reconocimiento económico a que hubiese lugar por el tiempo transcurrido
adicional, en la ejecución del Convenio No. 2010 de 2009. Mediante resolución
2211 del 5 de diciembre 2013, la Superintendencia Financiera ordenó la
liquidación forzosa de CÓNDOR S.A., ‘ocasionando con esto incertidumbre sobre
la expedición de las pólizas del Proyecto Pinares de Oriente’. El 21 de
noviembre de 2013, la Secretaría de Vivienda del Meta envía oficio No. 11200-
3473 a la Corporación Casa, dando respuesta negativa a la solicitud de
equilibrio económico. El 28 de noviembre de 2013, la Corporación Casa envió
oficio a la Secretaría de Vivienda del Meta informe sobre las gestiones para la
expedición de póliza y levantamiento de medidas cautelares. En diciembre de
2013, aproximadamente 300 beneficiarios del proyecto instauraron acción de
tutela contra la Gobernación del Meta y la Corporación Casa, invocando la
protección de su derecho a la vivienda y solicitando subsidio de arriendo con
base en el fallo de tutela del señor Teófilo Cuellar. El 23 de diciembre de
2013, se suscribió acta de prorroga No. 5, por las siguientes razones: i)
debido a la intervención de la aseguradora CONDOR S.A. por parte de la
Superintendencia Financiera, por lo que, ‘mientras se reiniciaban las obras, la
Corporación Casa seguiría gestionando la consecución de las pólizas’; ii) ‘la
Corporación Casa se encuentra sin recursos económicos para solucionar la
situación actual de los lotes’ (Sic); iii) la  Corporación Casa continuaba
desarrollando actividades de escrituración; y iv) ‘teniendo en cuenta el avance
actual de ejecución de obra, se estima un término  de 6 meses para concluir la
ejecución una vez se restablezcan las condiciones  mencionadas’. En enero 30 de
2014 se suscribió acta de compromiso Proyecto Pinares de Oriente, en el que la
Gobernación del Meta se comprometió a girar los recursos del proyecto a la
mayor celeridad posible y a realizar la verificación de las cantidades de obra.
‘Compromisos que transcurridos tres meses la entidad no ha cumplido’. El 1º de
febrero de 2014 la Corporación Casa reinició la obra, ‘cumpliendo así los
compromisos adquiridos en el acta del 30 de enero’. El 17 de febrero de 2014,
se presentó oficio ante la Gobernación del Meta, a través del cual se reiteró
la solicitud de revisión de los costos administrativos generados por mayor
cantidad de obra, mayor permanencia en obra y el reconocimiento económico a que
hubiese lugar por el tiempo adicional transcurrido.
El 7 de marzo de 2014 se presentó
invasión del predio donde se construye el proyecto, por parte de 300 personas
beneficiarias; dicha situación se prolongó por 10 días. El 10 de marzo de 2014,
la Corporación Casa mediante oficio No. 201400043797-1 solicitó a la Alcaldía
de Villavicencio adoptar las medidas a que hubiese lugar, y ordenar el
lanzamiento por ocupación de hecho del predio donde se construye el Proyecto
Pinares de Oriente. El 13 de marzo de 2014, la Corporación Casa presentó ante
la Gobernación del Meta informes de avance de obra y reiteración de la
solicitud de revisión de los costos administrativos generados por mayor
permanencia en obra. El 14 de marzo de 2014, se suscribió acta de compromiso y
desalojo de las familias en forma pacífica. El 8 de abril de 2014, la
Gobernación del Meta, a través del oficio 11200-0655, informó sobre la
viabilidad de que la Compañía de Seguros Sudamericana expidiera la póliza de
cumplimiento. El 9 de mayo de 2014, la Corporación Casa elevó solicitud de
impedimento al señor Defensor del Pueblo de Villavicencio, doctor Eduardo
González Pardo, “por tener parientes dentro del  cuarto grado de consanguinidad
en la Gobernación del Meta actuando en contra de  los procesos de la
Corporación Casa”. El 22 de mayo de 2014, la Corporación Casa recibió respuesta
de solicitud de declaratoria de impedimento por parte del Defensor del Pueblo,
a través del cual se negó a aceptar dicho impedimento. El 26 de mayo de 2014,
la Corporación Casa solicitó a ECO SEGUROS evaluar la posibilidad de tomar la
garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil del proyecto. El 30 de
mayo de 2014, la Corporación Casa envió oficio al Departamento del Meta, a
través del cual solicitó la expedición de certificación en la que se autorizara
y aprobara la negociación con el Banco de Occidente, tendiente a levantar las
medidas cautelares. El 30 de mayo de 2014, la Secretaría de Vivienda del Meta
envió oficio No. 11200-1120, ‘desconociendo todos los avances hechos por la
Corporación Casa, dilatando los compromisos adquiridos por la Secretaría’. En
junio de 2014, la Gobernación del Meta se negó a realizar la determinación y cuantificación
de las cantidades de obra ejecutada para viabilizar los pagos directamente a la
Corporación o a los proveedores relacionados con el proyecto Pinares. El 3 de
junio de 2014, se suscribió acta de audiencia de incumplimiento. El 5 de junio
de 2014, la Corporación Casa envió oficio a la Policía Metropolitana de
Villavicencio, solicitando apoyo y acompañamiento para la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho de algunos beneficiarios del Proyecto
Pinares de Oriente. El 12 de junio de 2014, la Corporación Casa solicitó la
suspensión del Proyecto Pinares de Oriente. El 12 de junio de 2014, se continuó
la audiencia de incumplimiento, la Corporación Casa sustentó el recurso de
reposición y se decidió reanudar el desarrollo de la misma el 25 de junio de la
misma anualidad. El 17 de junio de 2014, la Corporación Casa solicitó
nuevamente a la Secretaría de Vivienda del Meta, autorización para adelantar
gestiones con el Banco de Occidente, entre ellas el levantamiento de las
medidas cautelares.
El 19 de junio de 2014, continuó
la audiencia de incumplimiento, y se resolvió declarar el incumplimiento
parcial del contrato, e imponer sanciones en contra de la Corporación Casa. El
24 de junio de 2014, la Corporación Casa instauró acción de tutela contra la
Secretaría de Vivienda del Meta, pretendiendo que se ampare el derecho al
debido proceso y el derecho a la defensa de la Corporación. El 18 de julio de
2014, se suscribió acta de reunión convocada por la Procuraduría Provincial,
“sin firmar porque continúa abierta la reunión’.
9. La Corporación Casa
en el mismo escrito también allegó también:
9.1. Su respectivo
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio de Villavicencio. En dicho certificado se determina que “la
CORPORACIÓN PARA EL AVANCE SOCIAL Y AMBIENTAL DE AMÉRICA es una entidad sin
ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, y que tiene como
actividad principal 9499 Actividades de otras asociaciones N.C.P y como
actividad secundaria se encuentra: 4111 Construcción de edificios
residenciales, como actividad adicional: 4390 Otras actividades especializadas
para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil". En
dicho certificado se relaciona como principal representante legal al señor
Oscar Hernando Mendoza Parra, de quien se anexa fotocopia de la cédula de
ciudadanía.
9.2. Diferentes autos
que dan constancia del estado actual de los procesos ejecutivos iniciados en su
contra. Éstos corresponden a:
9.2.1. Auto expedido
por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía de
Villavicencio, Meta, con fecha del nueve (9) de mayo de 2014, sobre el
ejecutivo singular 50001 40 03 004 2013 00425 00, en el que se informa que como
se negó el mandamiento de pago, se dispondrá el ARCHIVO del expediente.
9.2.2. Auto expedido
por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio, Meta, con fecha del
seis (6) de junio de 2013, sobre el proceso de referencia 2013-425, en el que
se informa que las facturas de venta no cumplen con los requisitos del numeral
2° del artículo 3° de la Ley 1231 de 2008, la cual modificó el artículo 774 del
Código de Comercio, por ende no prestan mérito ejecutivo, por lo cual se
dispone negar el mandamiento de pago solicitado.
9.2.3. Petición hecha
por la Corporación Casa al Juez Cuarto Civil del Circuito de
Villavicencio, con fecha del 25 de mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 4003004
2013 0042500, Ref: Proceso L.G Coinpro S.A.S contra Corporación Casa, en la
cual presenta acta de conciliación y solicitud de terminación del proceso, con
el fin de que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.4. Conciliación
dirigida al Juez Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio con fecha de marzo
28 de 2014, sobre el Rad: 5001  4003004 2013 0042500, Ref: Proceso L.G Coinpro
S.A.S contra Corporación Casa, en la que se establece que José Gratiniano
Álvarez Torres (demandante) y Oscar Mendoza Parra (demandado) han llegado a un
acuerdo sobre el pago total de la obligación perseguida en este proceso, por lo
anterior la sociedad demandada pagará la suma de veintidós millones de pesos
($22.000.000) correspondientes al pago total de la obligación.
9.2.5. Pantallazo del
lunes 04 de agosto de 2014 sobre los datos del proceso en donde se identifica:
Despacho: 003 Juzgado de Circuito-Civil. Clasificación del proceso: De
Ejecución. Clase: Ejecutivo Singular. Demandante: Formesan S.A.S. Demandado:
Corporación Casa. Contenido: Que se libre mandamiento de pago. Actuaciones del
proceso: última actuación 21 de Jul de 2014, Fijación de Estado.
9.2.6. Auto expedido
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Villavicencio con fecha del
diecinueve (19) de junio de 2014, sobre la Referencia Ejecutivo Singular No.
500013103002-2012-00376-00, en el que se declara la terminación del presente
proceso de la Sociedad Seguridad Estelar Limitada contra la Corporación Casa
por pago total de la obligación.
9.2.7. Oficio con fecha
del 16 de diciembre de 2013 enviado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio respecto a: Proceso
Ejecutivo Singular N° 5000131030002-2012-00376-00 de Seguridad Estelar Limitada
contra Corporación Casa, en el que se informa que “se decretó el embargo y
retención del remanente y/o de los bienes que por cualquier motivo se lleguen a
desembargar y que sean de propiedad de la sociedad demandada, dentro del
Proceso Ejecutivo N° 500013103001-2012-00177-00, adelantado por Trefimallas
Ltda y que cursa en ese estrado judicial.
9.2.8. Oficio con fecha
del 4 de marzo de 2014, enviado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito al
Juez Cuarto Civil del Circuito, de referencia: Proceso Ejecutivo N°
500013103002-20120037600. Demandante: Seguridad Estelar Limitada. Demandada:
Corporación Casa, en donde se informa que por auto de 29 de noviembre de 2013
se dispuso tomar nota del embargo de remanentes respecto de los bienes que se
lleguen a desembargar a la aquí demandada "Corporación Casa",
conforme a los solicitado en el oficio N° 3378 de 22 de agosto de 2013, librado
en el proceso Ejecutivo Mixto N° 20130022200 que cursa en ese despacho.
9.2.9.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Segundo Civil del
Circuito de Villavicencio con fecha del 28 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001
31 03 002 2012 00376 00 Ref: Proceso Seguridad Estelar LTDA contra Corporación
Casa, en la cual presenta "acta de conciliación y solicitud de terminación
del proceso por pago de la obligación", con el fin de que se proceda de
conformidad con lo solicitado.
9.2.10.
Petición hecha por el señor William Sneider Ángel Ángel, quien actúa como
apoderado de Seguridad Estelar LTDA, al Juez Segundo Civil del Circuito de
Villavicencio. Rad: 50001 31 03 002 2012 00376 00, en donde solicita dar por
terminado el proceso de la referencia por el pago total de la obligación.
9.2.11.
Auto expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Villavicencio con fecha
del dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014), en donde se declara la
terminación del presente proceso por pago total de la obligación.
9.2.12.
Auto expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Villavicencio con fecha
del treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), sobre el proceso Ejecutivo
Singular adelantado por la sociedad Seguridad Mosgal LTDA contra la Corporación
Casa, Rad: 50-0001-31-001-2013-00120, en donde se declara la terminación del
mencionado proceso ejecutivo por pago total de la obligación.
9.2.13.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Primero Civil del Circuito de
Villavicencio con fecha del 25 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 31030012013
00097 00, Ref: Proceso Arcesio García Ureña contra Corporación Casa, en la cual
presenta acta de conciliación y solicitud de suspensión del proceso, con el fin
de que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.14.
Conciliación dirigida al Juez Primero Civil del Circuito de Villavicencio,
sobre el Rad: 500013103001201300097 00, en donde se establece que Arcesio García
Ureña (demandante) y Oscar Hernando Mendoza Parra han llegado a un acuerdo
sobre el pago total de la obligación perseguida en este proceso, por lo
anterior la sociedad demandada pagará la suma de ciento treinta y nueve
millones ochocientos seis mil cuatrocientos seis pesos con veinticinco
centavos.
9.2.15.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Primero Civil del Circuito de
Villavicencio con fecha del 25 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 31030012013
00097 00, Ref: Proceso Amilbia Vera de García contra Corporación Casa, en la
cual presenta acta de conciliación y solicitud de suspensión del proceso, con
el fin de que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.16.
Conciliación dirigida al Juez Primero Civil del Circuito de Villavicencio,
sobre el Rad: 500013103001201300097 00, en donde se establece que Amilbia Vera
de García (demandante) y Oscar Hernando Mendoza Parra han llegado a un acuerdo
sobre el pago total de la obligación perseguida en este proceso, por lo
anterior la sociedad demandada pagará la suma de cien millones doscientos once
mil quinientos ochenta y siete pesos con cincuenta centavos.
9.2.17.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Primero Civil del Circuito de
Villavicencio con fecha del 25 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 31030012013
0009 00, Ref: Proceso Natividad Riveros Salcedo contra Corporación Casa, en la
cual presenta "acta de conciliación y solicitud de suspensión del
proceso", con el fin de que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.18.
Conciliación dirigida al Juez Primero Civil Del Circuito de Villavicencio,
sobre el Rad: 500013103001201300097 00, en donde se establece que Natividad
Riveros Salcedo (demandante) y Oscar Hernando Mendoza Parra han llegado a un
acuerdo sobre el pago total de la obligación perseguida en este proceso, por lo
anterior la sociedad demandada pagará la suma de doscientos veinte millones de
pesos.
9.2.19.
Petición hecha por la señora Jennifer Marjorie Ibáñez García, quien actúa como
apoderada de la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO, seccional
Cundinamarca, al Juez Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, sobre el
Rad: 50001400300420130017500, en donde solicita la terminación del proceso de
la referencia por el pago total de la obligación.
9.2.20.
Auto expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Villavicencio con fecha
del cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014), Rad: 500013103001-00177-00,
en donde se declara la terminación del presente proceso por pago total de la
obligación.
9.2.21.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Primero Civil del Circuito de
Villavicencio con fecha del 29 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 3103001
2012 00177, Ref: Proceso Trefimallas contra Corporación Casa, en la cual
presenta acta de conciliación y solicitud de terminación del Proceso, con el
fin de que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.22.
Petición hecha por el señor Armando Hernández Serrano, quien actúa como
apoderado de Trefimallas S.A.S, al Juez Primero Civil del Circuito de
Villavicencio, sobre el Rad: N° 2012-0177, en donde solicita la terminación del
proceso de la referencia por el pago total de la obligación.
9.2.23.
Acuerdo de pago entre Edgar Enrique Ardila Barbosa (representante de Seguridad
Mosgal LTDA), Natalia Ardila Obando (representante de Vender Construcción del
Llano S.A.S) y el señor Oscar Hernando Mendoza Parra (representante de la
Corporación Casa), sobre los procesos que cursan respectivamente en el Juzgado
Primero Civil de Villavicencio y el Juzgado Octavo Civil Municipal de
Villavicencio, quienes han llegado a un acuerdo sobre el pago total de la
obligación perseguida en este proceso.
9.2.24.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Primero Civil del Circuito de
Villavicencio con fecha del 25 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 3103001
2012 0026700, Ref: Proceso Seguridad Mosgal contra Corporación Casa, en la cual
presenta acta de conciliación y solicitud de terminación del proceso, con el
fin de que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.25.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Primero Civil Del Circuito De
Villavicencio con fecha del 25 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 3103001
2013 0012000, Ref: Proceso Seguridad Mosgal contra Corporación Casa, en la cual
presenta "acta de conciliación y solicitud de terminación del
proceso", con el fin de que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.26.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Octavo Municipal de
Villavicencio con fecha del 30 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 4003008
2013 00819, Ref: Proceso Vender Construcciones del Llano S.A.S contra
Corporación Casa, en la cual presenta acta de Conciliación y solicitud de
terminación del proceso, con el fin de que se proceda de conformidad con lo
solicitado.
9.2.27.
Pantallazo con fecha 7 de julio de 2014 sobre los datos del proceso en donde se
identifica; Despacho: 004 Juzgado de Circuito-Civil. Clasificación del proceso:
De Ejecución. Clase: Ejecutivo Singular. Demandante: Shirley Martínez Ovalle.
Demandado: Corporación Casa. Contenido: Se recibe demanda de cheques,
certificado de tradición y traslado. Actuaciones del proceso: última actuación
4 de Jul de 2014, Fijación de Estado.
9.2.28.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Cuarto Civil del Circuito de
Villavicencio con fecha del 28 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 3103004
2012 0046300, Ref: Proceso Shirley Martínez contra Corporación Casa, en la cual
presenta "acta de conciliación y solicitud de suspensión del
proceso", con el fin de que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.29.
Conciliación dirigida al Juez Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, sobre
el Rad: 50001 3103004 2012 0046300 , en donde se establece que Shirley Martínez
(demandante) y Oscar Mendoza Parra han llegado a un acuerdo sobre el pago total
de la obligación perseguida en este proceso, por lo anterior la sociedad
demandada pagará la suma de cien millones de pesos.
9.2.30.
Auto expedido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Descongestión De Mínima
Cuantía de Villavicencio - Meta con fecha del dieciocho (18) de Julio de dos
mil catorce, sobre el Ejecutivo Singular 50001-40-03-006- 2013- 00604-00, en
donde se resuelve declarar por terminado el proceso ejecutivo singular de la
demandante Inversiones Furatena S.A.S contra Corporación Casa por el pago total
de la obligación.
9.2.31.
Petición hecha por el señor Fredy Yonson Torres Pérez, quien actúa como
apoderado de Inversiones Furatena S.A.S, al Juzgado Quinto Civil de Mínima
Cuantía de Descongestión de Villavicencio - Meta, sobre el Rad:
50001400300620130060400, en donde solicita la terminación del proceso de la
referencia por el pago total de la obligación.
9.2.32.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juzgado Quinto Civil de Mínima
Cuantía de Descongestión de Villavicencio - Meta con fecha del 16 de Junio de
2014, sobre el Rad: 50001 400300620130060400, Ref: Proceso Inversiones Furatena
S.A.S contra Corporación Casa, en la cual presenta "solicitud de
terminación del proceso por pago total de la obligación", con el fin de
que se proceda de conformidad con lo solicitado.
9.2.33.
Petición hecha por la Corporación Casa a el Juez Tercero Civil del Circuito de
Villavicencio con fecha del 25 de Mayo de 2014, sobre el Rad: 50001 3103003
2013 00225 00, Ref: Proceso Formesan S.A contra Corporación Casa, en la cual
presenta "acta de conciliación y solicitud de terminación del proceso por
pago total de la obligación", con el fin de que se proceda de conformidad
con lo solicitado.
9.2.34.
Conciliación dirigida al Juez Tercero Civil del Circuito de Villavicencio,
sobre el Rad: 50001 310300 3201013 0022500, en donde se establece que Jaime
Sergei Diaz Moreno (demandante) y Oscar Mendoza Parra han llegado a un acuerdo
sobre el pago total de la obligación perseguida en este proceso, por lo
anterior la sociedad demandada pagará la suma de quinientos millones de pesos.
9.2.35.
Auto expedido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Menor Cuantía de Villavicencio
- Meta con fecha del once (11) de Abril de dos mil catorce, sobre el proceso
50-001-40-03-008- 2013- 00819-00, en donde se resuelve declarar por terminado
el proceso ejecutivo singular de la demandante Vender Construcción del Llano
S.A.S contra Corporación Casa por el pago total de la obligación.
9.2.36.
Oficio con fecha del 14 de mayo de 2014 por parte del Juzgado Octavo Civil
Municipal de Menor Cuantía al Juzgado Primero Civil del Circuito de
Villavicencio, asunto: Proceso Ejecutivo Singular N° 500014023008-2013 00819 00
de Vender Construcciones del Llano S.A.S contra Corporación Casa, en donde se
informa que se declaró terminado el proceso por acuerdo extraprocesal a que
llegaron las partes y se decretó el desembargo del REMANENTE y/o de los bienes
que sean propiedad de la aquí demandado Corporación Casa, dentro del proceso N°
2012 00177 00 que ante ese Juzgado adelanta Trefimallas LTDA.
9.2.37.
Oficio con fecha del 14 de mayo de 2014 por parte del Juzgado Octavo Civil
Municipal de Menor Cuantía al Juzgado Primero Civil del Circuito de
Villavicencio, asunto: Proceso Ejecutivo Singular N° 500014023008-2013 00819 00
de Vender Construcciones del Llano S.A.S contra Corporación Casa, en donde se
informa que se declaró terminado el proceso por acuerdo extraprocesal a que
llegaron las partes y se decretó el desembargo del REMANENTE y/o de los bienes
que sean propiedad de la aquí demandado Corporación Casa, dentro del proceso N°
2012 00267 00 que ante ese Juzgado adelanta Seguridad Mosgal LTDA.
9.2.38.
Oficio con fecha del 14 de mayo de 2014 por parte del Juzgado Octavo Civil
Municipal de Menor Cuantía al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio,
asunto: Proceso Ejecutivo Singular N° 500014023008-2013 00819 00 de Vender
Construcciones del Llano S.A.S contra Corporación Casa, en donde se informa que
se declaró terminado el proceso por acuerdo extraprocesal a que llegaron las
partes y se decretó el desembargo del REMANENTE y/o de los bienes que sean
propiedad de la aquí demandado Corporación Casa, dentro del proceso N° 2013
0097 00 que ante ese Juzgado adelanta Natividad Riveros Salcedo.
9.2.39.
Oficio con fecha del 14 de mayo de 2014 por parte del Juzgado Octavo Civil
Municipal de Menor Cuantía al Juzgado Primero Civil del Circuito de
Villavicencio, asunto: Proceso Ejecutivo Singular N° 500014023008-2013 00819 00
de Vender Construcciones del Llano S.A.S contra Corporación Casa, en donde se
informa que se declaró terminado el proceso por acuerdo extraprocesal a que
llegaron las partes y se decretó el desembargo del REMANENTE y/o de los bienes
que sean propiedad de la aquí demandado Corporación Casa, dentro del proceso N°
2012 00120 00 que ante ese Juzgado adelanta Seguridad Mosgal LTDA”.
ANEXO
III – Pruebas recaudadas en sede de revisión
A continuación se presenta el material probatorio recaudado
en sede de revisión, en cada uno de los expedientes bajo estudio. Este anexo
forma parte integral de la presente sentencia.
1.  Los autos proferidos por la Sala Séptima de Revisión,
a través de los cuales se solicitaron pruebas adicionales a las contenidas en
los expedientes de las presentes acciones de tutela, necesarias para tomar una
decisión de fondo, corresponden a:
1.1.
Auto del 13 de junio de 2014. En
éste el Magistrado Sustanciador vinculó al municipio de Villavicencio y a la Gobernación del Meta, para que señalaran los
trámites o acciones legales que hubieren adelantado para la defensa de los
derechos de las personas perjudicadas con los hechos de esta tutela, así como
el tipo de solución habitacional que le han brindado a la comunidad afectada.
Así mismo, requirió a la Corporación Casa para que manifestara a cuánto
asciende la suma de dinero desembolsada en sus cuentas, por parte de los
beneficiarios de los subsidios de vivienda de interés social para la compra de
una vivienda ubicada en la ciudadela Pinares de Oriente del municipio de
Villavicencio. También, para que diera a conocer el estado actual del proyecto
de construcción de las casas.
1.2.
Auto del 28 de julio de 2014. En
esta providencia el Magistrado Sustanciador requirió
a la Corporación Casa y la Gobernación del Meta para que informaran si han
adelantado, o si actualmente adelantan algún otro proyecto de vivienda en
Villavicencio. También solicitó al Ministerio de Vivienda, que informara si
tiene conocimiento del asunto de la referencia y las acciones que ha adelantado
al respecto.
1.3.
Auto del 30 de julio de 2014. En
dicho auto el Magistrado Sustanciador, tras considerar que las accionantes se encuentran en una situación de
vulnerabilidad -algunas de ellas son desplazadas por la violencia, se
encuentran en estado de pobreza o de extrema pobreza-, que no cuentan en la
actualidad con una vivienda digna donde habitar con sus familias, y no tienen
dinero para sufragar el arriendo de un inmueble para tal fin, resolvió ordenar
a la Gobernación del Meta que a partir del 1° de septiembre de 2014, hiciera
entrega de subsidios de arrendamiento y/o proveyera albergue temporal a cada
una de las familias beneficiadas con el proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio, hasta tanto se adopte una decisión de fondo en el asunto de la
referencia.
2.  A continuación se hace referencia a las contestaciones
proferidas por las autoridades requeridas en las providencias antes
relacionadas:
2.1.
Mediante escrito calendado 18 de
junio de 2014, la Corporación Casa, a través de su representante legal,
manifestó, entre otras cosas, que los aportes de las familias beneficiarias del
proyecto asciende a “$1.941.127.659.55”.[90]
2.2.
Mediante escrito del 25 de junio
de 2014, la Defensoría del
Pueblo del Meta[91] manifestó que el Proyecto Pinares de Oriente fue
concebido desde el 2009 como la posibilidad de apoyar el desarrollo y la
adquisición de vivienda de interés prioritario para 617 familias, entre las
cuales se encuentran 167 familias víctimas del desplazamiento forzado que han
rendido su declaración ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
Víctimas, 122 en la misma situación, pero que están reconocidas y registradas
en el Registro Único de Víctimas, y 450 restantes que se encuentran en extrema
vulnerabilidad, todas ubicadas en el municipio de Villavicencio. Agregó que
este proyecto contó con la concurrencia de recursos del Gobierno Nacional a
través de subsidios de vivienda, el cual ascendió a $7.497.370.000, y del
Gobierno Departamental mediante un aporte de $12.447.779.400. Además, la
Corporación Casa invirtió en el proyecto $308.500.000, y las familias
beneficiarias aportaron $2.001.484.862, derivados de sus ahorros programados.
Para implementar este proyecto
se suscribió el convenio de asociación de aportes N°. 2010 del año 2009 entre
la Corporación Casa y el Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento,
y se fijó inicialmente como fecha de entrega de las viviendas, el mes de
octubre de 2010. Debido al incumplimiento de la Corporación Casa en la entrega
de los inmuebles en el tiempo establecido, se conformó una veeduría ciudadana
que realizó diferentes acciones para lograr la entrega inmediata de las
viviendas, conforme a los compromisos asumidos en el convenio de asociación.
Adicionó que siempre ha sido su
interés lograr alternativas que privilegien y posibiliten la entrega de las
viviendas a las familias beneficiadas con el proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio en el menor tiempo posible, por ello, facilitó la interlocución
de la Gobernación del Meta, de la Corporación Casa y de los líderes de
Veedurías Ciudadanas, en torno a la necesidad de asumir compromisos para dar
solución al tema de la entrega de las 617 viviendas.[92]
2.3.
Mediante escrito del 25 de junio
de 2014, la Secretaría de Vivienda del Departamento del Meta expresó que
el Fondo de Vivienda del Meta y la Corporación Casa suscribieron el convenio
Nº. 2010 de 2009, con el fin de realizar la construcción de 617 viviendas de
interés prioritario. Adujo que el convenio en mención se está llevando a cabo
en un terreno de propiedad de la Corporación Casa, el cual fue objeto de
medidas cautelares por parte de terceros acreedores de dicha Corporación, razón
por la que la Secretaría decidió suspender los giros de dinero. [93]
En cuanto a las gestiones frente
a la vigilancia de los subsidios de vivienda, la Secretaría de Vivienda del
Departamento del Meta advirtió el inminente vencimiento de los subsidios
otorgados a los beneficiarios del proyecto Pinares de Oriente por parte del
Gobierno Nacional- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, afirmando que
la Gobernación del Meta tuvo que solicitar ampliación de la vigencia de dichos
subsidios, lo cual se materializó en la resolución 0289 del 30 de mayo de 2014,
ampliándose su vigencia al 30 de septiembre de esta anualidad. En el mismo
sentido, adicionó la Secretaría que “ante una eventual parálisis financiera
del proyecto de vivienda Pinares de Oriente vale la pena resaltar que la
Administración Departamental cuenta con los recursos económicos para la
terminación del proyecto y en caso de ser necesario el refinanciamiento del
mismo, se encuentra en condiciones de adjudicar a las 617 familias
beneficiarias un segundo subsidio complementario con destino a mejorar las
condiciones de caja del proyecto”.
En cuanto a los trámites y
acciones respecto del asociado, manifestó esa dependencia, que ha requerido en
diferentes oportunidades a la Corporación Casa, con el fin de instarla al
cumplimiento de sus obligaciones convencionales y de las adquiridas en la
audiencia del 30 de enero de 2014.
Respecto a la solución
habitacional de los beneficiarios afectados por parte de la Gobernación,
sostuvo que la Administración Departamental se comprometió a reconocer y pagar
un subsidio de arrendamiento por valor de $300.000 a 39 familias víctimas del
conflicto armado en condición de desplazamiento.
2.4.
Mediante escrito del 26 de
junio de 2014, la Corporación Casa manifestó que como entidad sin ánimo de
lucro de carácter privado, no tiene la obligación constitucional de proveer
vivienda a las personas que han sufrido desplazamiento forzado.[94] Respecto al
negocio jurídico celebrado con la Gobernación del Meta, la Corporación precisó
que su incumplimiento en la entrega de las viviendas se debe a que los recursos
de los subsidios no fueron trasferidos a su cuenta, por lo que no cuenta con el
dinero para terminar el proyecto.[95]
2.5.
Mediante escrito del 4 de julio de
2014,[96] las familias beneficiarias del proyecto Pinares de
Oriente de Villavicencio manifestaron que son “doblemente víctimas, debido a
que algunos somos desplazados y otros de muy escasos recursos y este sueño no
se ha hecho realidad por la corrupción y negligencia de los funcionarios,
quienes nos han dicho que no hay nada que los obligue a que nos entreguen
nuestras casas que ya pagamos, porque el proceso civil de embargo que hoy cursa
sobre este predio sigue en curso. (…) por esta razón hemos tenido que entrar a
hacer uso de posesión en condiciones inhumanas, ya que no tenemos luz, agua ni
alcantarillado y el 60% del proyecto está sin construir, estamos viviendo de
dos y tres familias en cada casa estrecha”.[97]
2.6.
A través de escrito con fecha 16
de julio de 2014,[98] la Defensoría del Pueblo del Meta solicitó al
Magistrado Sustanciador, realizar las acciones de su competencia para procurar
el respeto del derecho a la vivienda digna de las 617 familias que son parte
del proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio, por cuanto la situación
actual del proyecto se caracteriza por “la insolvencia del constructor, los
problemas legales que guardan relación con la medida cautelar de embargo
aplicada al predio donde se realiza la construcción y, la afectación a los
derechos humanos de las familias víctimas del conflicto armado y en situación
de vulnerabilidad beneficiadas que llevan más de 4 años a la espera de recibir
sus soluciones de vivienda”.[99]
2.7.
Mediante escrito del 6 de agosto
de 2014,[100] la Secretaría de Vivienda Departamental del Meta
manifestó que los acreedores de la Corporación Casa que tienen embargado el
terreno donde se construye el proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio, son
los siguientes:
Trefimallas Ltda.
Seguridad Mosgal.
Vender Construcciones del Llano
Ltda.
Seguridad Estelar Ltda.
Shirley Martínez Ovalle.
FENALCO.
Natividad Riveros Salcedo.
Almibia Vera de García.
Arcesio García Urueña.
Banco de Occidente.
FORMESAN S.A.S.
LG Coimpro S.A.S.
Inversiones Furatena S.A.S.
Respecto al valor total de la
deuda que la Corporación Casa tiene con sus acreedores, y que dio origen al
embargo del terreno donde se construye el proyecto Pinares de Oriente de
Villavicencio, manifestó la Secretaría de Vivienda Departamental del Meta, que
asciende a ocho mil doscientos catorce millones doscientos noventa y tres mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($8.214.293.454).
Con relación al estado actual de
las medidas cautelares decretadas en los asuntos de la referencia, expresó la
secretaría que éste obedece a:
“Trefimallas Ltda. -Terminación
del proceso por pago total. Seguridad Mosgal. - Terminación del proceso por
pago total.
Vender Construcciones del Llano
Ltda. - Terminación del proceso por pago total.
Seguridad Estelar Ltda. - Terminación
del proceso por pago total.
Shirley Martínez Ovalle.
–Suspensión del proceso por pago parcial.
FENALCO. –Consignación pago total,
se encuentra en trámite la terminación del proceso por parte de FENALCO Bogotá.
Natividad Riveros Salcedo.
–Suspensión del proceso por 90 días por pago parcial.
Almibia Vera de García.
-Suspensión del proceso por 90 días por pago parcial.
Arcesio García Urueña. -Suspensión
del proceso por 90 días por pago parcial.
Banco de Occidente. –En espera de
la certificación de aprobación de la Secretaría de Vivienda del Meta sobre las
condiciones del acuerdo de pago.
FORMESAN S.A.S. –Terminación del
proceso por pagos parciales.
LG Coimpro S.A.S. –Terminación del
proceso por pago total.
Inversiones Furatena S.A.S.
–Consignación pago total, se encuentra en trámite la terminación del proceso
por parte de la inversora Furatena S.A.S”.
2.8.
Mediante escrito del 6 de agosto
de 2014, la Secretaría General de la Corte Constitucional envió al Despacho del
Magistrado Sustanciador, escrito remitido por la Corporación Casa, en el
que allega un listado de los acreedores que tienen embargado el lote del
terreno en donde se construye el proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio,
así como el número de radicado del proceso ejecutivo, autoridad judicial que
profirió la medida cautelar, monto de la obligación, valor negociado, estado
actual del proceso y demás novedades.[101]
Del escrito se extrae que en
total son 13 acreedores que tienen embargado el inmueble, existen 9
obligaciones que se encuentran en estado de paz y salvo, y en las 4 restantes
se suscribieron acuerdos de pago con los demandantes (Banco de Occidente,
Formesan S.A.S., Natividad Riveros, Amilba Vera de García y Arcesio García
Ureña y Shirley Martínez Ovalle). El monto de la obligación asciende a mil
novecientos cuatro millones ochocientos seis mil cuatrocientos seis pesos
$1.904.806.406. De los 19 convenios reseñados, 9 se encuentran en estado
entregado/liquidado, 7 en liquidación, 2 en ejecución y el proyecto restante,
entregado/sin liquidar. Se encuentran relacionados 8 procesos, los demandantes
son: Banco de Occidente y otros, Total de datos S.A., Natividad Rivero Salcedo,
Seguridad Mosgal Ltda., Seguridad Estelar, Claudia Solangie Martínez Ovalle,
Formesan S.A.S. y Bancolombia S.A. Solo en dos de los procesos se encuentra una
estimación razonada de la cuantía que se encuentra por el orden de los seis mil
ciento diez millones de pesos ($6.110.000.000).
2.8.1. Respecto a las particularidades del Convenio Nº. 2010
de 2009 y a los términos de selección, señaló que el 9 de noviembre de 2009, la
Gerencia de Vivienda del Meta envió oficio a la Corporación Casa, invitando a
presentar propuesta para la ejecución del proyecto “Subsidio complementario
para la adquisición de vivienda nueva de interés prioritario en el municipio de
Villavicencio”. En virtud de lo anterior, la Corporación Casa presentó
propuesta del proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio a la Secretaría de
Vivienda del Meta, anexando escrituras del lote a su nombre, así como los estados
financieros, diseños y costos aproximados del proyecto, certificado de
existencia y representación legal, sistema constructivo y récord de obras.
Mediante resolución Nº. 826 de
2009, la Gerencia de Vivienda del Meta asignó subsidios en dinero para ser
aplicados al proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio. El 13 de noviembre
de 2009, se firmó Convenio Nº 2010 de 2009, celebrado entre el Fondo de
Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta y la Corporación Casa,
cuyo objeto es “apoyo para el desarrollo y adquisición de vivienda nueva de
interés social prioritario, mediante el aporte de subsidios complementarios
para las familias desplazadas y/o vulnerables, en la zona urbana del municipio
de Villavicencio”. El 22 de enero de 2010 se suscribió Otrosí No. 1, que
modificó y adicionó la cláusula tercera del convenio, consistente en el asunto
de recaudo de aportes.
La Compañía Aseguradora CONDOR
S.A. expidió el 4 de febrero de 2010, póliza de cumplimiento No 300013311 y
responsabilidad civil No 300001685, del tomador: Corporación Casa, al
Asegurado: Fondo de Vivienda de Interés Social del Meta. El 18 de febrero de
2010, la Gerencia de Vivienda del Meta expidió la Resolución No. 026 de 2010,
por medio de la cual se designaron interventores para el proyecto Pinares de
Oriente.
2.8.2. Respecto a la ejecución del proyecto y a las fechas de
actas de desembolso, la Corporación Casa manifestó que el 25 de febrero de 2010 se suscribió acta de inicio de
ejecución del proyecto; en marzo de 2010 el Fondo de Vivienda realizó el primer
desembolso de los subsidios otorgados; en octubre de 2010 el Fondo de Vivienda
realizó el segundo desembolso de los subsidios otorgados; y en noviembre de
2010 el Fondo de Vivienda realizó el tercer desembolso de los subsidios otorgados.
2.8.3.
En cuanto al recurso de las
familias, la Corporación Casa precisó que se inició el desembolso en forma
gradual en septiembre de 2011 hasta julio de 2012. Las actuaciones y hechos
presentados en esta etapa, según la Corporación, corresponden a: en enero de 2012 los recursos invertidos por la
Corporación superaron lo recibido; el 20 de agosto de 2010 FINDETER expidió
Certificado de Elegibilidad No ETN- 2010-0002 sobre el Proyecto Ciudadela
Pinares de Oriente; el 16 de febrero de 2011 se suscribió Acta de Prórroga No.
1 por 9 meses, aduciendo: i) necesidad de construir un recolector de aguas
lluvias y aguas negras en el sector Villas del Ocoa; y ii) escases de
materiales en la región por efecto del paro camionero; el 7 de junio de 2011 se
expidieron las prórrogas de las pólizas por parte de CONDOR S.A.; el 8 de marzo
de 2011 la Gerencia de Vivienda del Meta expidió la Resolución No. 036 de 2011,
incluyendo 123 familias en condición de desplazamiento al Proyecto Ciudadela
Pinares de Oriente; el 27 de mayo de 2011 la Gerencia de Vivienda del Meta
expidió la Resolución No. 205 de 2011, asignando de manera individual subsidios
a 471 familias vulnerables dentro del Proyecto Ciudadela Pinares de Oriente; en
junio de 2011, para dar continuidad a la obra y no interrumpir el flujo de
caja, se requirió que la Gobernación del Meta a través del Fondo de Vivienda de
Interés Social del Meta, expidiera el Aval Bancario para el cobro del subsidio
de la Nación; el 13 de junio de 2011 la Gerencia de Vivienda del Meta expidió la
Resolución No. 0242 de 2011, asignando subsidios complementarios a 123 familias
en condición de desplazamiento del Proyecto Ciudadela Pinares de Oriente; el 18
de octubre de 2011, se expidió Acta de Informe de Gestión, mediante el cual el
Secretario de Vivienda de Interés Social del Meta hizo entrega del informe de
gestión a su salida del cargo, manifestando en el numeral 9, entre otras cosas,
que “la Ciudadela Pinares de Oriente se encuentra en el proceso de aportes
de las familias vulnerables, y está pendiente la expedición del Aval Bancario
por parte de la Gobernación, para posteriormente iniciar el proceso  de cobro
de los subsidios del orden nacional”; el 22 de diciembre de 2011 se
expidieron las prórrogas de las pólizas por parte de CONDOR S.A. El Fondo de
Vivienda de Interés Social del Meta escogió al Banco COLPATRIA como la entidad
que expediría el Aval Bancario, herramienta necesaria para el cobro de los
subsidios a la Nación. Y en fecha 12 de marzo de 2012, la Corporación Casa,
mediante oficio enviado al Banco Colpatria Sucursal Villavicencio, informó las
condiciones que por ley debía contener el Aval. Ante solicitud hecha por el
Secretario de Vivienda del Meta, el 20 de abril de 2012, el Banco Colpatria
realizó la apertura de cuenta de ahorro No. 7192094474, entregando el manejo
conjunto a los señores Jorge Carmelo Pérez, Secretario de Vivienda, Pedro
Alexander Gutiérrez y Rosa Inés Blanco García, Interventores, y Oscar Mendoza
Parra, Represente Legal de la Corporación Casa.
2.8.4.
Respecto a los recaudos de
aportes, la Corporación Casa manifestó que: el 25 de junio de 2012, la Secretaría de Vivienda del Meta presentó el
aval bancario, el cual fue rechazado por la Caja de Compensación COFREM por
error en el valor; el 24 de agosto de 2012, se suscribió acta de prórroga No. 3
por 10 meses, por las siguientes razones: “i) una vez actualizada la
garantía (Aval Bancario), se continuó con el trámite de gestión ante la Caja de
Compensación Familiar COFREM, para la verificación documental aportada por los
beneficiarios de los subsidios, para la posterior autorización de giro de los
recursos provenientes de la Nación, de  conformidad con la reglamentación del
fondo nacional de vivienda; y ii) la  Corporación Casa como ejecutora del plan
de vivienda, a la fecha de la solicitud, había ejecutado las obras de urbanismo
y la construcción de las viviendas, de conformidad con los recursos de los
aportes que había recaudado hasta la fecha,  es decir los aportados por el
Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta; las familias en
condición de vulnerabilidad y sus propios aportes”; el  6 de septiembre de
2012, el Secretario de Vivienda del Meta, de manera pública, a través de los
medios de comunicación, emitió declaraciones que pusieron en duda la ejecución
del Convenio Nº. 2010 de 2009,  informando que “desconocía en dónde se
encontraban invertidos los recursos que se le otorgaron a la Corporación Casa
por parte del Fondo de Vivienda de Interés  Social del Departamento del Meta,
generando con ellos pánico e incertidumbre  entre los acreedores y proveedores
de la Corporación”. Ante las declaraciones hechas por el Secretario de
Vivienda del Meta y el anuncio en los distintos medios de comunicación sobre la
iliquidez de la Corporación Casa, la Contraloría General de la Republica, a
través del Contralor Provincial, citó a una reunión de seguimiento de los
Proyectos de la Gobernación del Meta con la Corporación Casa, para verificar la
veracidad de la información. Al respecto concluyó que la clara situación de iliquidez
de la Corporación Casa se daba por la falta del giro de los recursos
provenientes del nivel nacional para continuar con el desarrollo de los
proyectos de vivienda; el 10 de septiembre de 2012, la Secretaría de Vivienda
del Meta citó a la Corporación Casa a una posible audiencia de incumplimiento
sobre el Convenio Nº. 2010 de 2009, la cual se realizó el 12 de septiembre de
2012.[102]
Adicional a lo
anterior, la Corporación Casa manifestó que: (i) a la fecha, el Proyecto
Pinares de Oriente se está ejecutando lentamente, debido a que continúan sin
girarse los recursos otorgados por la Nación y la Gobernación del Meta; (ii)
los convenios que suscribió la Corporación Casa entre los años 2008 y 2011 se
ejecutaron sin ningún retraso; (iii)  la falta de voluntad política de los
Gobernadores y Secretarios de Vivienda del Meta ha ocasionado mayores trabas al
proceso de entrega de las viviendas; (iv) la parálisis de la obra se debe a la
negligencia del Fondo de Vivienda de Interés Social del Meta, que incumplió su obligación
de girar los recursos, lo que ocasionó la parálisis de la obra y el posterior
embargo de los lotes por parte de los acreedores; (v) “La Corporación ha
cumplido a cabalidad con su objeto y obligación dentro del Convenio 2010 de
2009, y solo suspendió la construcción de las viviendas cuando la
administración departamental de manera unilateral suspendió el giro de los
recursos”; (vi) la Corporación Casa ha realizado las actuaciones
administrativas pertinentes encaminadas a reiniciar la obra y desembargar los
lotes del proyecto; y (vii) la Corporación Casa ha hecho un esfuerzo económico
propio para cumplir con los  compromisos plasmados en el acta del 30 de enero
de 2014 (pago de  acreedores y tramite de levantamiento de embargos), pero sin
la colaboración oportuna y eficaz de la Gobernación del Meta en la realización
de sus obligaciones, no será posible ejecutar el proyecto.[103]
2.9.
A través de escrito del 11 de
agosto de 2014, [104] la Secretaría de Vivienda de la Gobernación del Meta
dio respuesta al requerimiento efectuado por el Magistrado Sustanciador
mediante auto de fecha 28 de julio de 2014, exponiendo lo siguiente:
Sobre el desarrollo de proyectos
de vivienda para población vulnerable, distintos al denominado “Pinares de
Oriente de Villavicencio”, respondió que: "En la actualidad la
Gobernación del Meta se encuentra desarrollando Convenio Interadministrativo
N°.554 del 2013, en asocio con el Municipio de Villavicencio, a través de este
convenio se desarrollan los proyectos 441 del 2012 cuyo objeto es
"Subsidio Complementarios construcción VIP Trece de Mayo Municipio de
Villavicencio- Meta"; y 442 del 2012 cuyo objeto es "Subsidio
Complementario construcción VIP La Madrid Municipio de Villavicencio-
Meta".
En relación con la pregunta de cuál
(es) proyecto (s) de vivienda está adelantando actualmente en la ciudad de
Villavicencio, responde la Secretaría que: "Los proyectos mencionados
en el numeral anterior y que se llevan a cabo en asocio con el municipio de
Villavicencio, se desarrollan en dicha ciudad”.
Finalmente, sobre cuál es el
estado en que éste (os) se encuentra (n), responde la Secretaría que: "El
proyecto 441 del 2012 cuyo objeto es "Subsidio Complementarios
construcción VIP Trece de Mayo Municipio de Villavicencio- Meta", tiene
una avance en ejecución del uno (1%) por ciento; por su parte el proyecto 442
del 2012 cuyo objeto es "Subsidio Complementarios construcción VIP La
Madrid Municipio de Villavicencio-Meta, se ha desarrollado en un veinte ( 20%)
por ciento”.
2.10.
A través de escrito del 12 de
agosto de 2014, [105]  la Corporación Casa dio respuesta al
requerimiento efectuado por el Magistrado Sustanciador mediante auto de fecha
28 de julio del 2014, exponiendo, respecto a los proyectos ejecutados por esa
Corporación en Villavicencio, lo siguiente:
"1. Proyecto ciudad
Salitre: La construcción de 17 viviendas de Interés Social, celebrado
directamente con las familias beneficiarias del subsidio que otorgó el
Departamento del Meta. Entregado y Liquidado.
2. Ejecución de Mejoramientos- Villavicencio:
Contrato con 187 familias para mejoramiento de vivienda, con subsidios
entregados por la Gobernación del Meta. Contrato Entregado y liquidado.
3. Actuación Urbanística
Ciudadela San Antonio: Convenio 0886 Celebrado entre el Departamento del
Meta, La Empresa Industrial y Comercial del Villavicencio
"Villavivienda" y la Corporación para el Avance Social y Ambiental
América "CASA", para realizar la actuación urbanística del programa
de vivienda de Interés Social "Ciudadela San Antonio" del municipio
de Villavicencio, mediante la Construcción de Obras de Urbanismo, bajo la
modalidad de Convenio de Cooperación, Asociación, Financiación y Aportes.
4. Convenio 2040 de 2009.
Proyecto Urbanístico Charrascal: La Corporación CASA y el Fondo de Vivienda
del Meta suscribieron el convenio 2040 de 2008, cuyo objeto: Clausula Primera:
Objeto General del Convenio. Aunar esfuerzo entre el departamento y la
Corporación para el desarrollo del proyecto de urbanización y construcción de
vivienda de interés prioritario en el lote denominado urbanización Charrascal
ubicado en la zona urbana del municipio de Villavicencio, mediante la
cooperación y el aporte de recursos financieros, económicos, técnicos,
administrativos y de la información.
El proyecto Charrascal se ejecutó
con los recursos de los subsidios de 739 familias para igual número de
viviendas, asignados por el Departamento del Meta, El Ministerio de Vivienda,
el aporte de las familias seleccionadas y la Corporación CASA.
El proyecto Charrascal fue
entregado por la Corporación CASA a la Gobernación del Meta y recibido a
satisfacción los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2010 según consta certificación
expedida por la interventora del proyecto.
En fecha 06 de noviembre de 2010
en acto público se entregaron las viviendas a las familias beneficiarias del
proyecto Urbanización Charrascal.
5. Proyecto Pinares de Oriente
- Convenio 2010 de 2009; En la ciudad de Villavicencio solo se está
adelantando el proyecto Ciudadela Pinares de Oriente, construcción de 617
viviendas de interés social prioritario”.
En cuanto al estado de los
proyectos desarrollados en Villavicencio, la Corporación Casa manifestó:
“1. Ciudadela Salitre: Contrato
realizado con 17 familias, entregado el 07 de Marzo de 2009. Tipo de
construcción: Mampostería.
2. San Antonio- Convenio Nº. 0886
del 28 de Abril de 2009/ Entregado y liquidado.
3. Convenio Nº. 2040 de 2008
urbanización CHARRASCAL. Entregado / Sin liquidar”.
Aunado a lo anterior, la
Corporación Casa manifestó que es pertinente dar a conocer lo siguiente:
"-El inmueble destinado para
la construcción del proyecto de vivienda Charrascal, es de propiedad del
Departamento del Meta, no de la Corporación Casa.
- De haberse presentado
"Fraude"; este solo puede ser posible por el propietario del lote en donde
se desarrolló el proyecto o por el beneficiario a quien se le escritura.
- En la Promesa de Comproventa se
determina que el promitente vendedor (Departamento del Meta) debe expedir el
titulo el acto administrativo de transferencia de dominio y el promitente
comprador (beneficiario) asumir los gastos notariales de registro.
- La corporación CASA no es parte
de la promesa de compraventa.
- El Convenio N° 2040 del 12 de
noviembre de 2008, no dispone que la Corporación CASA deba realizar la
escrituración y registro de las viviendas.
-Entre los componentes del
subsidio se determina un valor de $300.000 para gastos de notariado y registro
por beneficiario.
- Con el fin de agilizar el
trámite del cobro contra escritura, la Corporación Casa realizó (sin tener la
obligación) el registro del acto administrativo de transferencia de dominio de
los 13 subsidios de vivienda que se encuentran pendientes por cobrar y que se
han presentado en diversas oportunidades ante la Secretaria, asumiendo incluso
un mayor valor al determinado en el acta de recibo de obra, dado que cancelamos
seiscientos treinta y cuatro mil cieno cuarenta y siete pesos M/Legal
($634.147), es decir, $334.147 pesos  de más por cada beneficiario.
-El valor a entregar a cada
beneficiario por concepto de escrituración saldrá única y exclusivamente de los
subsidios pendientes por cobrar, de los cuales algunos fueron asignados desde
2007 y hoy corren el riesgo de perderse. La Corporación CASA ha informado que
no asumirá más costos adiciones por ese concepto.
- En cumplimiento a lo estipulado
en la promesa de compraventa, le corresponde al Departamento y a los
beneficiarios realizar el procedimiento pertinente de legalización de la
transferencia de dominio de los inmuebles que forman parte del proyecto de
vivienda Charrascal.
- De lo expuesto se evidencia que
no existe soporte jurídico para exigir a la Corporación el certificado de
libertad y tradición actual de los predios, cuando es a la Gobernación del Meta
la entidad a la que le corresponde realizar la transferencia de dominio y los
beneficiarios las personas a quienes les corresponde realizar el registro.
- Nos permitimos resaltar
nuevamente el riesgo que existe de perder los recursos de los subsidios, lo que
generaría un perjuicio económico a la Corporación, el cual sería
responsabilidad administrativa de la Secretaria de Vivienda que sin
justificación algina ha dilatado la entrega de las autorizaciones para el
desembolso”.
Por otra parte, la Corporación
Casa anexó un histórico con la información de todos los convenios suscritos con
el Departamento del Meta a través del Fondo de Vivienda de Interés Social del
Meta desde el año 2008 al 2011. De los 19 convenios reseñados, 9 se encuentran
en estado entregado/liquidado, 7 en liquidación, 2 en ejecución y el proyecto
restante, entregado/sin liquidar.[106]
2.11.
A través de escrito del 5 de
agosto de 2014,[107] la Defensoría del Pueblo respondió el requerimiento
del Magistrado Sustanciador, a través de información a ellos suministrada por
la doctora Dorys Ruiz Vanegas, quien en su condición de Defensora Comunitaria
ha venido acompañando los comités de seguimiento para la verificación del
cumplimiento de los compromisos de la Gobernación del Meta y la Corporación
Casa. Al respecto anexó un cuadro con el nombre completo de los acreedores de
la Corporación Casa, los predios embargados, la cuantía de las deudas y el
número de radicado de los procesos, en el que se lee lo siguiente:
Se encuentran relacionados 8
procesos y los demandantes son: Banco de Occidente y otros, Total de datos
S.A., Natividad Rivero Salcedo, Seguridad Mosgal Ltda., Seguridad Estelar,
Claudia Solangie Martínez Ovalle, Formesan S.A.S. y Bancolombia S.A. Solo en
dos de los procesos se encuentra una estimación razonada de la cuantía que
asciende a seis mil ciento diez millones de pesos ($6.110. 000.000).
Respecto a la situación actual
del proyecto manifestó que:
"El 31 de julio se cumplió el
plazo establecido por la Corporación Casa y la Gobernación del Meta para la
entrega final del proyecto. Sin embargo, teniendo en cuenta la función
preventiva, el Ministerio Público representado para el caso por la Procuraduría
Provincial de Villavicencio y la Defensoría del Pueblo Regional Meta, se ha
mantenido el espacio del Comité de seguimiento a los compromisos de las
entidades responsables en relación con la finalización de la construcción del
proyecto, la entrega definitiva de las viviendas a las familias afectadas y el
proceso de escrituración y registro de las mismas.
En el espacio del Comité de seguimiento,
el Representante legal de la Corporación Casa ha asumido compromisos con
relación a la negociación y celebración de acuerdos con sus acreedores, el
levantamiento de embargos y la escrituración inicial de 222 predios a igual
número de familias, de las que se encuentran ocupando la obra; sin embargo al
verificar dicha gestión en relación con la señora Natividad Riveros Salcedo,
acreedora que tiene embargado el terreno en su totalidad, se encuentra que el
proceso está suspendido por un lapso de 90 días, pero no se tiene certeza de la
existencia de un acuerdo de pago formalizado ante ese Despacho judicial y
tampoco ante el Comité de seguimiento.
Es menester resaltar, como motivo
de preocupación, el hecho de que el representante de la Corporación evada permanentemente
la acreditación con soportes de las gestiones legales que realiza para superar
dicha situación; así se ha evidenciado en el caso del proceso adelantado por el
Banco de Occidente, en el cual el señor Oscar Mendoza ha manifestado que realizó
gestiones ante la gerencia de Vivienda departamental y el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito donde cursa el proceso para realizar un acuerdo de pago sin que
estas se hayan acreditado al Comité de seguimiento o a este Despacho Judicial.
En igual sentido, no hay certeza
de que ante la existencia de otros procesos y acreedores, el ofrecimiento de
levantamiento y escrituración de las 222 viviendas se posibilite por la
inminente ejecución de nuevas medidas cautelares por parte de los remanentes,
las cuales como se observa en relación de proceso, ya están decretadas por
algunos despachos judiciales. Frente al mismo tema, se realizó la gestión ante
la Notaria Tercera del Círculo de Villavicencio para verificar nuevos avances
en el proceso de escrituración, evidenciándose que no existen gestiones, además
por la existencia de las medidas cautelares sobre el predio y la ausencia de
actuación alguna para su levantamiento.
Así las cosas, no hay suficiente
claridad sobre la realidad jurídica de la Corporación Casa en relación con la
totalidad de sus acreedores y en este sentido, con la posibilidad y
disponibilidad de adelantar de manera segura y pronta un proceso de
escrituración y registro de predios como lo ha planteado. Finalmente, es
importante tener en cuenta que la continuidad de la construcción de la obra
depende en su totalidad de la posibilidad de la posibilidad de que la
constructora reciba los recursos por parte de la Gobernación, hecho que sigue
condicionado no solo a la escrituración y registro de las viviendas, sino
también al otorgamiento de una garantía por parte de esta a través de una
aseguradora hecho que tampoco se ha resuelto".
Además, la Defensoría del Pueblo
expresó, respecto a la garantía de servicios públicos para las familias que
ocupan temporalmente las viviendas en construcción, que: "A la fecha no
se ha logrado la implementación de las medidas que faciliten el goce de los
servicios públicos de primera necesidad (acueducto, alcantarillado y energía
eléctrica)".
2.12.
Mediante escrito recibido en el Despacho
del Magistrado Sustanciador el 21 de agosto de 2014, el Municipio de
Villavicencio, a través de su Asesor Jurídico, manifestó que el Proyecto
Urbanístico Pinares de Oriente de Villavicencio está liderado por la
Gobernación del Meta, por lo que, respecto de sus actuaciones y decisiones, el
municipio no tiene ninguna injerencia, pues se trata de obra de orden
departamental.[108] Por lo anterior, la entidad territorial alegó falta
de legitimación en la causa por pasiva. Para dar más claridad al tema, el ente
territorial manifestó que:
“Mediante resolución 1438 de
diciembre 24 de 2010, el Fondo Nacional de Vivienda asignó mil cuatrocientos
cuatro subsidios familiares de vivienda urbana, de esos 1404 subsidios; 494
fueron destinados al Departamento del Meta y específicamente al proyecto de
vivienda Pinares de Oriente, el cual lo ejecutó el Departamento del Meta, de
acuerdo al convenio de asociación celebrado entre el Fondo de Vivienda de
Interés Social del Departamento del Meta y la Corporación para el Avance Social
y Ambiental de América, por un valor de $12.752.279.000, firmado el 13 de
noviembre de 2009. Dentro del convenio nunca hizo parte ni se vinculó al
municipio de Villavicencio”.
Por otro lado, expresó que el
Municipio de Villavicencio ha postulado dos proyectos de vivienda, los cuales
se relacionan a continuación:
“Hay un programa 100% gratuito,
que adelanta el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Vivienda en
el cual se ha proyectado solución de vivienda para 1.122 familias, las cuales
se asignarán con observancia de los requisitos exigidos en la normatividad
vigente.
El segundo proyecto de vivienda
subsidiaria para aproximadamente 3196 familias en el cual tiene un aporte por
parte del Municipio de Villavicencio en cuanto al terreno y las obras de
urbanismo, entregado a través de Villavivienda, un aporte del Departamento del
Meta y un aporte por parte del Beneficiario a quienes les corresponde cubrir el
15% del valor total de la vivienda”.
Como sustento de lo anterior, el
Municipio aportó copia del Convenio Nº. 2010 de 2009.
2.13.
A través de escrito recibido por
la Secretaría General de la Corte Constitucional el 22 de agosto de 2014, las
617 familias entre población vulnerable y desplazada beneficiadas con subsidios
de vivienda en el Proyecto Pinares de Oriente de Villavicencio, manifestaron:[109]
“(…) solicitamos con todo el
respeto que se ordene a los jueces de Villavicencio levantar las medidas
cautelares que pesan sobre el inmueble en donde se construye el proyecto ya que
el embargo que se adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Villavicencio está recayendo sobre subsidios de vivienda que por su naturaleza
son inembargables y la deuda de la señora Natividad Riveros con la empresa
constructora Corporación Casa nada tiene que ver con la construcción o con
venta de materiales para nuestro proyecto.
(…)
De igual manera le solicitamos
ordenar al Fondo Nacional de Vivienda prolongar la vigencia de los subsidios
otorgados a las familias”.
Las familias afectadas
terminaron su intervención expresando que:
“(…) siempre hemos sentido
que en este proceso ha habido muchas irregularidades como: que el demandado
nunca alegó en su defensa que el lote era para un proyecto de interés
prioritario, y era de conocimiento público que el lote tenía 617 familias
adjudicadas y el juez nunca nos tuvo en cuenta para emplazarnos al derecho al
debido proceso, la celeridad con las que se dictaron las medidas cautelares a
favor de la señora Natividad Riveros y teniendo en cuenta un nuevo escándalo y
denuncia contra el mismo juzgado Juez Primero Civil del Circuito Gabriel
Mauricio Rey Anaya y el Secretario de ese mismo despacho Luis Arturo Ladino
López por la acción y omisión de otro proceso de tierras dado a conocer por el
periódico local EXTRA de fecha miércoles 20 de agosto de 2014”.
2.14.
Mediante escrito con fecha 29 de
agosto de 2014, el Secretario Jurídico del Departamento del Meta, puso en
conocimiento de esta Corporación “algunos hechos que afectan el cumplimiento
literal de las órdenes impartidas mediante auto de fecha 30 de julio de 2014”, [110] por lo que solicita aclaración de dicha providencia
judicial con base en que:
“1. Las familias beneficiarias del
Proyecto Pinares de Oriente son 617.
1.
Del total de las 617 familias, por orden de distintos despachos
judiciales, ya que viene reconociendo subsidio de arrendamiento a 13 familias,
por lo que no podrían ser sujetas del nuevo subsidio ordenado por el Auto, cuya
aclaración se solicita.
2.
El pasado 5 de junio de 2014, 150 familias beneficiarias del proyecto,
entraron a ocupar igual número de viviendas que se encuentran construidas en la
urbanización Pinares de Oriente y actualmente se encuentran allí, como consta
en el listado enviado por la misma veeduría del proyecto.
3.
Según el censo de familias realizado el 23 de agosto de 2014, con apoyo
de la Veeduría ciudadana, se pudo constatar que las mismas 150 familias se
encuentran ocupando las casas construidas en la urbanización Pinares de
Oriente, por lo que de hecho, ya cuentan con un albergue temporal.
4.
Para aliviar las condiciones de habilidad de las viviendas ocupadas por
las 150 familias, el Departamento condicionó los servicios de energía,
acueducto y alcantarillado (provisional), de aguas servidas y gestionó los
recursos para construir el descole del alcantarillado definitivo, con el fin de
garantizar los servicios públicos básicos a las familias ocupantes de hecho de
las viviendas, con el fin de garantizarles una vivienda temporal digna”.
En virtud de las razones
expuestas, la Gobernación del Meta requiere que se “aclare el auto en el
sentido de que la orden de reconocer subsidios de arrendamiento va dirigida a
las familias que no se encuentran recibiendo apoyo alguno por el mismo concepto
por parte del Estado, o que no se encuentren ocupando viviendas del proyecto,
en el entendido de que la medida del auto es temporal para garantizar una
vivienda digna y existen en este momento 163 familias que ya tienen solucionado
temporalmente el problema de vivienda”. En el mismo sentido, la Gobernación
del Meta solicita que “se vincule a la Corporación Casa, también accionada,
para que concurra al pago de los subsidios, como quiera que ella es la que en
principio, no ha cumplido con la obligación de escriturar los lotes y viviendas
a las familias. Así mismo, teniendo en cuenta que en otros fallos de tutela ha
sido obligada a reconocer el subsidio en concurrencia con el Departamento del
Meta”.
De otra parte, la Gobernación
del Meta pide a esta Corporación tener en cuenta lo siguiente, con el fin de
que “este fallo sea ejecutable”:
“1. El ejecutor del proyecto y
propietario, hasta hoy, de los lotes, es la Corporación Casa, representada por
el señor Oscar Mendoza Parra, quien debe ser por consiguiente, vinculado en las
decisiones del despacho, ordenándole hacer la reconstrucción de las viviendas a
las familias en forma inmediata.
2. Los 617 lotes adjudicados a las
familias, hoy en día, se encuentran embargados por orden del Juzgado Primero
del Circuito, aún a pesar de que están afectados con un proyecto de vivienda de
interés social prioritario, lo cual ha impedido la escrituración de las casas a
las familias, por lo que es necesario vincular al fallo de tutela que se
profiera, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, ordenando el
levantamiento de la medida cautelar.
3. FONVIVIENDA asignó un subsidio
a las familias, con un valor de 411.998.741 por familia, según Resoluciones Nº.
1275 y 1438 de 2010, por lo que es necesario que en el fallo se disponga y
ordene a FONVIVIENDA, mantener vigente dichos subsidios con el objeto de no
desfinanciar el proyecto”.
Con base en los puntos
expuestos, la Gobernación del Meta solicita a esta Corte que el fallo que se
profiera, en el evento en que decida amparar los derechos de las familias
afectadas, se imparta teniendo en cuenta lo siguiente:
“1. Se ordene a la Corporación
Casa escriturar los lotes a las 617 familias beneficiadas del proyecto.
2. Se ordene al Juez Primero Civil
del Circuito de Villavicencio el levantamiento de los embargos que pesan sobre
los 617 lotes para que se puedan escriturar a las familias.
3. se ordene a FONVIVIENDA         mantener
vigentes los subsidios otorgados a las familias beneficiadas del Proyecto
mediante Resoluciones 1275 y 1438 de 2010.
4. Ordenar al Registrador de
Instrumentos Públicos de Villavicencio, abstenerse de registrar embargos sobre
los lotes asignados a las familias en la urbanización Pinares de Oriente, en
razón a que están afectados por un proyecto de vivienda de interés social
prioritario”.
Como sustento de lo esgrimido en
precedencia, la Gobernación del Meta allegó documento en el que aporta la
relación de los beneficiarios de Pinares de Oriente a quienes “se les amparó
el derecho de vivienda otorgando subsidio de arrendamiento”.
Adicionalmente, la Secretaría de
Vivienda del Departamento del Meta, manifestó que la Gerencia de Vivienda del
Meta expidió la Resolución Nº. 017 del 10 de abril de 2014, que en su parte
resolutiva ordena “el reconocimiento y pago de un subsidio de arrendamiento
por valor de trescientos mil pesos $300.000, a favor de 19 ciudadanos y sus
familias, víctimas del conflicto armado, en condición de desplazamiento,
beneficiarios del Proyecto Pinares de Oriente y por término de 4 meses,
originado en compromisos adquiridos por la Gobernación del Meta”.
2.15.
Mediante escrito del 4 de
septiembre de 2014, el Secretario Jurídico de la Gobernación del Meta, informó
a esta Corporación de la Resolución Nº. 1411 de 2014, a través de la cual la
Gobernación resolvió “(…) dar cumplimiento a la medida cautelar proferida
por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional de fecha 30 de julio
de 2014, con referencia en las acciones de tutela Nº. T-4286931, T-4287239 y
T-4291030, reconociendo y haciendo entrega de subsidios de arrendamiento por
valor de cuatrocientos mil pesos moneda corriente ($400.000) mensuales a las
617 familias beneficiadas del proyecto Pinares de Oriente, hasta tanto se
aclare el fallo y se adopte una decisión de fondo dentro del trámite de
revisión que cursa en la Corte Constitucional (…)”.[111]
2.16.
A través de escrito del 2 de
septiembre de 2014, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana,[112] informó a esta Corporación que la solicitud de la
Sala Séptima de Revisión en auto del 29 de julio de 2014, había sido
clasificada como de servicio, dándosele traslado a la Dirección de Vigilancia
Fiscal del Sector Infraestructura de la Contraloría General de la República.
2.17.
Mediante escrito del 24 de
septiembre de 2014, la Presidenta de la Veeduría Ciudadana Ciudadela Pinares de
Oriente de Villavicencio,[113] informó a este Despacho que alrededor de 150
familias, con asesoría de la Defensoría del Pueblo, presentaron acciones de
tutela de manera individual contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Villavicencio, dependencia judicial en la que cursa el proceso civil en contra
de la Corporación Casa sobre el predio en donde se construye el proyecto, por
su decisión de ordenar la práctica de medidas cautelares de embargo sobre dicho
terreno.
Así mismo, se informó que en el
mismo sentido fue interpuesta otra acción de tutela en contra del mismo
juzgado, esta vez por parte de la Gobernación del Meta, con el fin de lograr el
levantamiento de las medidas cautelares para proteger los recursos públicos
invertidos en el proyecto; sin embargo, estas acciones fueron despachadas
desfavorablemente por el carácter de embargabilidad de los predios.
ANEXO I - Índice
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud y hechos
2. Contestación de la demanda
3. Decisiones judiciales
3.1. Decisión del
juez de tutela de única instancia (expediente T- 4286931)
3.2. Decisión del juez de
única instancia (expediente T- 4287239)
3.3. Decisión del juez de
única instancia (expediente T-4291030)
4. Actuaciones en sede de revisión
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y procedencia
2. Problema jurídico
3. El derecho
fundamental a la vivienda digna y su protección a través de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia
4. Contenido del derecho a la
vivienda digna
5. El Sistema
nacional de vivienda de interés social. Reiteración de jurisprudencia
6. Los efectos inter
comunis de las sentencias de tutela de la Corte Constitucional como medida
excepcional. Reiteración de jurisprudencia
7. Las entidades
accionadas, todas involucradas en el proceso de postulación, asignación,
desembolso y legalización del subsidio de vivienda de interés social, y a su
vez, pertenecientes al Sistema Nacional de Vivienda, vulneraron los derechos
fundamentales a la vivienda digna y a la vida en condiciones dignas de las
accionantes, al no garantizarles una solución habitacional, la cual debía ser
entregada a las familias beneficiadas desde el 2011, sin que a la fecha hayan
cumplido con la entrega.
III. DECISIÓN
ANEXO I – Índice
ANEXO II – Pruebas de los expedientes
ANEXO III – Pruebas recaudadas en sede de
revisión
[1] La Sala de Selección de Tutelas número
Tres, del 31 de marzo de 2014, estuvo conformada por
los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[2] La presente tutela fue repartida al
Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien presentó proyecto de sentencia
el 27 de febrero de 2015. Al estar ausente con excusa el Magistrado Luis
Ernesto Vargas Silva, el asunto debió ser resuelto por el suscrito y por la
Magistrada Encargada Martha Victoria Sáchica Méndez, que no estuvo de acuerdo
con el proyecto presentado. De conformidad con el artículo 54 de la Ley 270 de
1996, mediante sorteo realizado el 14 de mayo de 2015, se procedió a nombrar
como conjuez a la doctora Lucy Cruz de Quiñonez. Sin embargo, la doctora Cruz
de Quiñonez no alcanzó a posesionarse ni a actuar en el proceso de la
referencia, ya que para la fecha en que se cita nuevamente a Sala de Revisión
para decidir el asunto (8 de marzo de 2016), se habían elegido nuevos conjueces,
cargo para el cual no fue designada. Por esta razón, el 26 de abril de 2016 se
procedió a sortear nuevamente conjuez para el caso de la referencia,
designándose para el cargo al doctor César Rodríguez Garavito, a quien se citó
para Sala del 14 de junio de 2016, fecha en la que no pudo asistir por
encontrarse fuera del país. Dado que posteriormente el doctor Rodríguez
Garavito renuncia a su cargo como conjuez de la Corte Constitucional, y como
para la fecha en que se citó nuevamente a Sala, ésta está integrada por nuevos
magistrados, no se advierte la necesidad de designar nuevamente conjuez, sino
que la decisión puede ser proferida por la Sala Séptima.
[3] Pese a lo sostenido por las accionantes, respecto a que el 17 de
marzo de 2013 se realizó el sorteo y adjudicación de las viviendas, y que el 18
de marzo de la misma anualidad firmaron minuta en la “que se transfiere el
derecho de dominio y posesión de la Corporación Casa a nuestros nombres y al de
nuestros hijos”, no se encontró prueba de ello en el expediente. Por otra
parte, advierte la Sala que dicha declaración es contradictoria con lo
controvertido en el presente caso.
[4] Al respecto ver anexo (1).
[5] Al respecto ver anexo (2).
[6] La corte Constitucional aceptó la procedencia de la tutela para lograr la protección del derecho a la
vivienda digna, siempre
que la lesión de tal prerrogativa pudiera tener como consecuencia la amenaza o
vulneración de otros derechos del peticionario, tales como la vida, la
integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre otros. También cuando se
pudiera evidenciar una afectación del mínimo vital, especialmente en personas
que se encontraran en situación de debilidad manifiesta. Posteriormente, bajo
la idea de ampliar las hipótesis de protección de los derechos, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que la garantía del derecho a la vivienda en
condiciones dignas debe ser considerada fundamental, y en tal sentido, admite
la intervención del juez de amparo.  En tal sentido se pueden revisar las
sentencias T-617 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-190 de 1999 (MP
Fabio Morón Díaz), T-626 de 2000 (Álvaro Tafur Galvis), T-1073 de 2001 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-363 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
T-894 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería), T-585 de 2008
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T- 865 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, SV Humberto Antonio Sierra Porto), T-761 de 2011 (MP María Victoria
Calle Correa) y T-349 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[7] La Corte dijo al respecto:
“cuando la protección del derecho a la vivienda digna sea
solicitada al juez de tutela, dicha autoridad no podrá sin más desconocer la
procedibilidad del amparo valiéndose del supuesto carácter no fundamental del
derecho, así como tampoco será apropiado que recurra al criterio de la
conexidad para negar la admisibilidad del amparo.” Corte Constitucional,
sentencia T-585 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En este caso se
ordenó a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR del Distrito Capital que
en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas incluyera al accionante
y a su grupo familiar (dos hijas y su padre) en un programa de reasentamientos
con fundamento en el cual se garantice el acceso de estas personas a todas
aquellas prestaciones a las que tienen derecho los habitantes de las zonas
declaradas de alto riesgo no mitigable en aplicación de las normas en la
materia.
[8] El artículo 51 de la Constitución Política de 1991 consagra que “Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
[9] El artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, sostiene que: “[t]oda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”. Por su parte, el numeral 1º del
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, establece
que “Los Estados Partes
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia (…)”. A
su vez, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación
General N°. 4 de 1991 se refirió a este derecho de la siguiente manera: “el derecho a la vivienda no se debe
interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo,
con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la
cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más
bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. Por
otro lado, desarrolló el concepto
de vivienda adecuada, al que se refería el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en los siguientes
términos: "el concepto
de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y
ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un
costo razonable".
[10] El derecho a la vivienda digna, en principio, no fue considerado
como fundamental por la Corte Constitucional. Así pasó con los demás
derechos económicos, sociales y culturales, pues al considerarse como derechos
de carácter prestacional, su contenido debía ser precisado, en forma
programática y progresiva, por el legislador y la administración, de
conformidad con las condiciones jurídicas, materiales y económicas del momento,
salvo en los casos de conexidad. Ver entre otras las
sentencias T-251 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); T-258 de 1997 (MP Carlos
Gaviria Díaz); T-203 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); T-958 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), T- 1318 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-530 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En efecto, la Corte manifestaba que la
acción de tutela procedía para amparar el derecho a la vivienda digna, siempre
que se cumplieran los requisitos generales de procedencia de esta acción, y
cuando se estuviera frente a actuaciones arbitrarias de las autoridades
públicas y de los particulares. En Sentencias como la
T-258 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz), la Corte Señaló: “[…] Así, las
autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los
sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit
del servicio; para tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos
establecidos por la ley. Este derecho de
contenido social no le otorga a la persona un derecho subjetivo para exigir en
forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción, pues se requiere
del cumplimiento de condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible. Por
otra parte la Constitución señaló el derecho que
tiene toda persona para acceder a la vivienda en condiciones dignas. Dicho
derecho, que se cataloga como de segunda generación y que se sitúa junto con
otros derechos de carácter económico, no tiene la protección inmediata que le
puede brindar la acción de tutela, pues en su condición de derecho asistencial,
le corresponde al Estado la obligación de desarrollar planes de vivienda, ya
sea directamente o por medio de contratos con particulares, todo de acuerdo con
la ley. Por tal motivo, las condiciones jurídicas, económicas y materiales son
las que determinarán la efectiva materialización de tal derecho (…)”. Al
respecto ver también la sentencia T-495 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa).
[11]
En la sentencia T-079 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo),
por ejemplo, se tuteló el derecho fundamental a una vivienda digna, se ordena
hacer las gestiones necesarias para reubicar en una vivienda de interés social
a un sujeto de especial protección constitucional ­–una persona de la
tercera edad (más de 62 años), madre cabeza de familia, analfabeta, de escasos
recursos económicos, sin ingreso fijo, sin la expectativa de ser beneficiaria
de una pensión y que durante su actividad laboral trabajó como empleada del
servicio doméstico–, a la cual se le había demolido su casa, por encontrarse en
una zona de riesgo. Esta posición fue reiterada por la sentencia T-544 de 2009
(MP María Victoria Calle Correa) en la cual también se tuteló el derecho a la
vivienda digna.
[12] Corte Constitucional,
sentencia T-585 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[13] En relación a la protección del derecho a la vivienda digna, y el
avance de la tesis de la conexidad, ver, entre otras, las siguientes
sentencias: T-569 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), T-617 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero),  T-190 de 1999 (MP Fabio Morón Díaz),  T-626 de 2000 (MP
Álvaro Tafur Galvis), T-1073 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-756 de
2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-363 de 2004 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-791 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería) y T-894 de 2005 (MP Jaime
Araujo Rentería). Confrontar al respecto las sentencias T-895 de 2008 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-036 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-282 de 2012 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-175 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-197 de 2014 (MP Alberto
Rojas Ríos), T-544 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[14] Este supuesto de la conexidad se
defendió con la intención de proteger de manera efectiva las garantías
constitucionales que pudieran resultar afectadas por causa de la transgresión
del derecho a la vivienda digna. Sobre esta cuestión, y su evolución, ver al
respecto, entre otras, las sentencias T-756 de 2003 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T- 363 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández),  T-1075 de 2007 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), T-079 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T- 036 de 2010
(MP Jorge Iván palacio Palacio), T-437 de 2012 (MP Adriana María Guillén
Arango), y T-024 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Gloria Stella
Ortiz Delgado), en las que la Corte defendió la procedencia de la acción de
tutela para el amparo del derecho a la vivienda digna, cuando se trata de
personas en situación de debilidad manifiesta y para los casos en que existiera
una afectación cierta del mínimo vital del núcleo familiar del accionante.
[15] Corte Constitucional, sentencia T-203 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa). En esta sentencia la Corte determinó que: “[…]la
Corte Constitucional ha reconocido en prolija jurisprudencia que, en virtud del
factor de conexidad, los derechos de segunda generación v.gr. los derechos a la
salud, a la seguridad social o a la vivienda digna, pueden ser protegidos de la
misma forma que los derechos fundamentales. A este respecto, la Corte ha dicho:
Los derechos fundamentales por
conexidad son aquellos que
no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les
es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación
con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma
inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos
[…]”. Ver entre otras las sentencias C-575 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero), T-021 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-617 de
1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-011 de 1998 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-666 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell), C-328 de 1999
(MP Martha Victoria Sáchica Méndez),  T-1165 de 2001 (MP Alfredo Beltrán
Sierra), C-560 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-959 de 2004 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa),  Sentencias T-036 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-106 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-484 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), y T-132 de 2015 (MP Martha Sáchica Méndez, AV Luis Ernesto
Vargas Silva).
[16] En la sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), la
Corte estudió la acción de tutela de un ciudadano que consideraba que una de
las entidades que opera el sistema de transporte público de Bogotá,
–Transmilenio S.A.–, violaba su derecho a la libertad de locomoción y
desconocía la especial protección que la Constitución le brinda, al no haber
garantizado la accesibilidad a las rutas periféricas [rutas alimentadoras] del
Sistema a las personas con discapacidad –en concreto, personas en silla de
ruedas–. La Corte resolvió el caso a favor del accionante. Consideró que el
derecho de los discapacitados para acceder al sistema de transporte público en
condiciones de igualdad supone una faceta prestacional de la libertad de
locomoción de carácter progresivo, por cuanto requiere “tiempo para diseñar
y planificar, así como la necesidad de apropiar y destinar recursos para
adecuar las condiciones existentes”. Por eso, el cumplimiento pleno e
integral de esta faceta del derecho no puede ser exigido de forma instantánea.
De acuerdo con la Corte, en este campo, como en otros, “[e]s preciso que
gradualmente se vayan implementado las diversas políticas que aseguren a los
discapacitados su inclusión a la sociedad.”
[17] En lo concerniente al desarrollo jurisprudencial de la tesis del carácter
fundamental autónomo del derecho a la vivienda digna, la Corte ha descartado el
argumento de que su contenido principalmente prestacional y de desarrollo
progresivo impida su reconocimiento como fundamental. Sobre la dimensión prestacional de los derechos
fundamentales se pueden ver, entre muchas
otras, las siguientes sentencias: T-427 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),  T-680 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-087 de 2005 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), T-016 de 2007 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
C-372 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV María Victoria Calle
Correa; SV Humberto Antonio Sierra Porto) y T-743 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva, SPV Mauricio González Cuervo).
[18] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[19] Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-016
de 2007 (MP Antonio Humberto Sierra Porto).
Se consideró ‘artificioso’ tener que recurrir a la ‘estrategia de la conexidad’
para poder proteger derechos constitucionales que aunque tienen una connotación
prestacional, son fundamentales, por lo que su justiciabilidad debe hacerse de
marea expedita a través de la acción de tutela.” En este caso se tuteló el
derecho a la salud del accionante.
[20] Al respecto, ver el
capítulo 8° de la parte considerativa de la Sentencia C-388 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González Cuervo), en la cual se declaró el
estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario y penitenciario.
[21] Corte Constitucional, sentencia T-016 de
2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En este fallo, la Corte precisó que el
carácter fundamental de un derecho no puede estar sometido a la forma en que se
hace efectivo este, y que todos los derechos son fundamentales, por cuanto se
conectan directamente con los valores que el Constituyente del 91 quiso elevar
a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Ver
además, las sentencias T-1103 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-440
de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-504 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra porto), T-024 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y T-459 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[22] Corte Constitucional, sentencia T-530 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto). En este fallo, esta Corporación reconoció que el derecho a la
vivienda digna está estrictamente ligado con la dignidad humana, pues de ello
depende que los sujetos puedan elegir libremente su plan de vida, y puedan desarrollar
un papel activo en la sociedad. Específicamente señaló la Corte que “la
Constitución al autorizar el reconocimiento de derechos fundamentales no
positivizados explícitamente en su capítulo primero (1º) permitió que la Corte
incluyera dentro de esta categoría a la vivienda digna como una condición para
lograr la libertad de elección del plan de vida concreto y la posibilidad de
funcionar en la sociedad, desarrollando un papel activo en ella. En estos
términos, calificar como fundamental el derecho a la vivienda digna a pesar de
que hacer parte de los derechos económicos, sociales y culturales, llevó a esta
colegiatura a adoptar una postura más cercana al ideario plasmado por los
Constituyentes y, adicionalmente, más respetuosa de los compromisos adquiridos
por el Estado colombiano a nivel internacional”. Esta posición fue reiterada,
entre otras, en las sentencias T-886 de 2014 (MP María Victoria Calle
Correa), la Corte T-763 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-433 de
2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[23] Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
En este fallo esta Corporación precisó que en virtud del carácter fundamental
del derecho a la vivienda digna, éste puede ser exigible al Estado colombiano
de manera inmediata a través de la acción de tutela. No obstante, ello no implica que todos los
aspectos que se deriven de la garantía de este derecho se puedan exigir del
mismo modo, pues para el cumplimiento de algunas de estas obligaciones la
administración requiere de la inversión de recursos humanos y económicos, que hacen
que su satisfacción esté sometida a una cierta gradualidad. En efecto, al Estado colombiano le es exigible en un corto plazo,
el contenido mínimo o esencial del derecho fundamental a la vivienda digna.
Esta posición fue
reiterada, entre otras, en las sentencias T-763 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y T-433 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[24] Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
En este fallo esta Corporación precisó las facetas del derecho fundamental a la
vivienda digna que deben cumplirse de
inmediato o en períodos breves de tiempo. Esta posición fue reiterada, entre otras, en las sentencias T-763 de
2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-433 de 2016 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[25] La Observación General N° 4 (1991) al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa al derecho a una vivienda
adecuada ha sido acogida en varias ocasiones por la
Corte Constitucional. Así, por ejemplo, en la sentencia C-936 de 2003 (MP
Eduardo Montealegre Lynett, SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño,
Clara Inés Vargas Hernández), la Corte Constitucional resolvió declarar
exequible, por los cargos analizados en la sentencia, el artículo 1° de la Ley
795 de 2003 “por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”, en el entendido que el
reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional debe someterse a los objetivos
y criterios señalados el artículo 51 de la Constitución y en los artículos 1 y
2 de la ley marco 546 de 1999 y demás reglas de esta ley que sean aplicables al
leasing habitacional y encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda. A partir de esta sentencia, esta Corporación ha recurrido al artículo que derecho
a una vivienda adecuada (Art.11) del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (cuyo contenido ha sido interpretado por la Observación
General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales), con el fin
de precisar el alcance y el contenido del derecho. Este instrumento
internacional es un referente interpretativo que permite dilucidar el contenido
del artículo 51 constitucional. Al respecto ver también, entre otras, las
sentencias T-495 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-530 de
2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-907 de 2010 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-045 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-019 de 2014
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-024 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, AV Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-188 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa).
[26] Observación General No. 4 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículo 7: “En opinión del Comité, el derecho a la
vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un
tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una
comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz
y dignidad en alguna parte.  Y así debe ser por lo menos por dos razones.
En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros
derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al
Pacto.  Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana",
de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término
"vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras
diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe
garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos
económicos.  En segundo lugar, la referencia que figura en el
párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda
a secas, sino de vivienda adecuada.  Como han reconocido la Comisión de
Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000
en su párrafo 5:”el concepto de "vivienda adecuada"... significa
disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los
servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.
[27]
En la sentencia T-237 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz) se tuteló el derecho a
la vida de los accionantes (una familia) en contra de la compañía de acueducto,
por considerar que las construcciones realizadas por la entidad habían
ocasionado, parcialmente, el deterioro de su vivienda, hasta el punto de poner
en riesgo sus vidas. La Corte resolvió ordenar “(…) a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá que, en el término máximo
48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo, disponga la
ejecución de las obras mínimas necesarias para evitar el derrumbamiento de la
casa de habitación de la señora María Trinidad Torres de Bernal y su familia.”
[28]
En la sentencia T-269 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz) se
resolvió tutelar los derechos a la vida, a una vivienda digna, a la propiedad y
a un medio ambiente sano de un grupo de personas que habitaban casas que
amenazaban ruina, por un problema en el terreno que la
Administración conocía, había tolerado y permitido, sin tomar acción alguna
efectiva al respecto. La Corte resolvió ordenar al Alcalde del Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla  (1) que elaborara un plan de
acción específico y lo pusiera en práctica, hasta tanto concluya la cobertura
del arroyo Don Juan,  (2) que se abstuviera de autorizar, permitir o tolerar la
construcción de cualquier edificación sobre el área tributaria del arroyo Don
Juan, y las remodelaciones de las construcciones allí existentes que impliquen
aumento del número de residentes en esa área, y  (3) que continuara la
actuación administrativa tendente a la adquisición, por parte de ese municipio,
de las viviendas de los actores y su subsiguiente reubicación, la que debía
completarse en el término máximo de seis (6) meses.
[29] Corte Constitucional, sentencia T-958
de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En esta sentencia, la
Corte determinó que el derecho a la vivienda digna se concreta cuando las
personas pueden acceder realmente a un espacio físico de habitación para sí
mismas y su familia, en el que desarrollen sus proyectos de vida en condiciones
dignas. Entre otras, se pueden ver también las sentencias T-791 de 23 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería), T-894 de 2005 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-1017 de 2007 (MP Mauricio González Cuervo, AV Jaime Araujo
Rentería), T-079 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-238A de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo), y T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[30]
Corte Constitucional, sentencia T-894 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería), en
este caso se resolvió ordenar  a la entidad administrativa correspondiente ( la Alcaldía de Neiva), que si aún no lo había hecho,
procediera a “reubicar la vivienda de la [accionante] y de su grupo familiar,
en los términos establecidos en las normas que le son aplicables, en aras de
salvaguardar los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.” La
Corte estimó que en este caso se estaba “ante la vulneración de derechos
fundamentales de los miembros de un grupo familiar conformado en su mayoría por
menores de edad, que conforme a la
Carta Constitucional y a los tratados internacionales, gozan de una especial y
reforzada protección constitucional, así como del derecho a tener una vivienda
en donde puedan desarrollarse en mínimas condiciones de dignidad. Esta
protección es aún más notoria, si se tiene en cuenta que la menor [de las
hijas], de 5 años de edad, afectada del Síndrome de Down, por su
circunstancia de debilidad manifiesta dada su condición física y mental y por
la excesiva vulnerabilidad a la que se ve expuesta, es merecedora de un trato
preferente y de una especial protección.”
[31]
Corte Constitucional, sentencia T-601 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa);
en este caso se ordenó, entre otras cosas, que en el térmi­no de un mes contado
a partir de la notificación de la sentencia, si aún no lo había hecho,
determinara cuáles son las medidas adecuadas que se deben tomar para superar el
riesgo que amenaza la vivienda de la accionante, así como determinar el tiempo
en el cual tales obras deben ser realizadas, el cual no podrá ser superior a 10
meses.
[32] Corte Constitucional, sentencia T-544 de 2009 (MP María Victoria
Calle Correa). En el caso se resolvió, entre otras cosas, ordenar a la Alcaldía
Municipal de Girardot que si aún no había entregado el lote correspondiente a
cada uno de los accionantes y el resto de sus familias, tomara las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar la tenencia de sus viviendas actuales,
hasta tanto no se les haga la entrega correspondiente. En caso de que la
Alcaldía no pudiera adoptar medidas en tal sentido y los accionantes junto con
sus familias fueran desalojados, se adoptarían las medidas adecuadas y
necesarias para que 48 horas antes del momento en que fueran a ser desalojados,
contaran con una vivienda transitoria. Sobre reasentamientos ver, entre otras,
la sentencias T-585 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-530 de 2011
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-681 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio, AV Alberto Rojas Ríos).
[33] Corte Constitucional, sentencia T-1216 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), en este caso se decidió tutelar los derechos de las personas
que habitaban en una casa que ‘podría’ estar en situación de riesgo. La
Corte consideró que no existía cereza frente a la existencia o no del riesgo.
Al respecto consideró: “El experticio rendido por la ingeniera que participó en
la inspección judicial realizada por el Juez Civil del Circuito de Bolívar
concluye que la vivienda de la actora se encontraba en alto riego de
deslizamiento debido a las obras de construcción de la carretera. Luego, el
informe de los ingenieros al servicio de la
Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca determinó que no se
observaba un riesgo inminente de derrumbe de la vivienda. Como se observa, los
dos informes llegan a una conclusión distinta. De allí se deriva que no se
puede aseverar de forma definitiva que la acción o la omisión de las
autoridades departamentales hayan producido una amenaza contra los derechos
fundamentales de la demandante.” Para la
Corte en este caso existía “(…) un grado importante de incertidumbre acerca de
las posibles consecuencias de la construcción de la carretera y el talud en las
inmediaciones del predio de la actora, con la correspondiente amenaza sobre
[sus] derechos.”
[34] Corte Constitucional, sentencia T-1216 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). En este caso se resolvió ordenar al ente administrativo
correspondiente (el Departa­mento del Cauca) realizar “los estudios apropiados
sobre el predio de la accionante […] con el objeto de descartar o confirmar si
las obras [adelan­tadas por la
Administración han] generado un riesgo de deslizamiento para los terrenos de
la actora y amenazan el derrumbe de su vivienda,” advirtiendo que la “Facultad
de Ingeniería Civil de la Univer­sidad del Cauca supervisará la realización de
los estudios.” Adicionalmente, la Corte ordenó a la Administración que, en caso de verificar la existencia del riesgo, debería “tomar las medidas
más adecuadas para neutralizar el peligro, para lo cual procurará llegar a
acuerdos con la demandante acerca de la fórmula más indicada para lograrlo. Si
el riesgo identificado es alto y próximo, deberán tomarse medidas con rapidez,
en un plazo que no supere los dos (2) meses siguientes a la culminación de los
estudios. Si el riesgo es moderado con tendencia al deterioro, la
administración definirá el término junto con la actora, aun cuando este no
podrá ser superior a los seis (6) meses, en el momento de establecer cuál es la
mejor solución para enfrentar el peligro.”
[35] Corte Constitucional,
sentencia T-544 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa).
[36] Corte Constitucional, sentencia
C-936 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett, SV Alfredo Beltrán Sierra,
Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández).
Al respecto ver también, entre otras, las sentencias Corte
Constitucional, sentencia T-544 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), T-495 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-530
de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-907 de 2010 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-045 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-019 de 2014
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-024 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, AV Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-188 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa).
[37] Observación General No. 4 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículo 8.
Las condiciones que configuran la vivienda adecuada son: “a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una
variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en
cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de
emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad.
Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto
grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas (…). //b) Disponibilidad de
servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada
debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la
comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a
agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a
instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. //c) Gastos soportables.
Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un
nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras
necesidades básicas (…). //d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser
habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes (…). //e)
Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan
derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.
Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de
la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños,
los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH
positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos
mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas
en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas (…). //f) Lugar.
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención
para niños, escuelas y otros servicios sociales (…). De manera semejante, la
vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad
inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los
habitantes. //g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la
vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se
apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la
diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la
modernización en la esfera de la vivienda deben velar porque no se sacrifiquen
las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros,
los servicios tecnológicos modernos”.
[38] Observación
General N° 4 (1991) al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, relativa al derecho a una vivienda. Al respecto ver la sentencia Corte
Constitucional, sentencia T-544 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa).
[39] Así lo reconoce la Comisión de Asentamientos Humanos y la
Estrategia Mundial de Vivienda. Disponible en: http://ww2.unhabitat.org/chs18/English/hsc182s.pdf.
[40] Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz). En esta sentencia, la Corte, a partir del principio de Estado Social de
Derecho, dedujo la obligación constitucional de la creación de condiciones para asegurar a todos los habitantes del país una
vida digna. En ese sentido, en dicha sentencia se resalta la obligación de las
autoridades de
actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye
la vivienda digna.
[41] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 1998 (MP Carlos Gaviria
Díaz). En esta sentencia la Corte precisó que en el gasto público social se incluyen únicamente aquellas erogaciones que
pretenden mejorar la calidad de vida en forma directa, esto es, facilitando a
todas las personas, y en especial a aquellas de escasos recursos económicos, el
acceso concreto a ciertos bienes o servicios específicos que se consideran
indispensables para llevar una vida digna, por lo cual estos gastos permiten,
en concreto, la formación de capital humano y la satisfacción de derechos
sociales prestacionales reconocidos por la Constitución.
[42] Corte Constitucional,
sentencia C-317 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz, SV Carlos Gaviria Díaz,
Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz).
[43] Corte Constitucional, sentencia
T-831 de 2004 (MP Jaime Araújo Rentería). En esta sentencia la Corte al
ocuparse del régimen general de los subsidios de vivienda, manifestó que éstos
se tratan de una herramienta con que cuenta el Estado, para
lograr que los ciudadanos, con escasos recursos económicos, puedan acceder a
una vivienda en condiciones dignas, dando así aplicación al derecho consagrado
constitucionalmente en el artículo 51. Al respecto ver también, entre otras,
las sentencias T-040 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería), C-057 de 2010
(MP Mauricio González Cuervo; SV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván
Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva), T-140 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa), T-675 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-024 de 2015 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-669 de
2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[44] Corte Constitucional, sentencia T-763 de
2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En este fallo la Corporación revisó el caso de un
grupo de personas de escasos recursos que fueron beneficiadas por FONVIVIENDA
con un subsidio de vivienda, por lo que suscribieron un contrato con la Unión Temporal Vivienda Pro
Orinoquía Llanos para la construcción de una unidad habitacional básica de
interés social, en un lote de terreno de propiedad de la empresa industrial y
comercial del Estado Villavivienda. Pasados varios años desde la fecha
estipulada para la entrega de las casas, los accionantes continuaban sin
recibirlas, dado el incumplimiento contractual
de las empresas encargadas de su construcción.
[45] Corte Constitucional, sentencia T-763 de
2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[46] Corte Constitucional, sentencia T-763 de
2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[47] Corte Constitucional, sentencia T-472 de 2010 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio). En este caso la Corte estudió el caso de una persona
desplazada por la violencia que fue beneficiada con un subsidio de vivienda de
parte de FONVIVIENDA, por lo que celebró
un contrato de construcción con la Unión Temporal Pro Orinoquía Llanos, para
obtener un inmueble de interés social en el proyecto Ciudadela San Antonio. No
obstante, habiendo transcurrido más de cinco años desde la asignación del
subsidio, no le habían entregado el inmueble como quiera que Villavivienda
E.I.C.E. no había realizado la adjudicación del lote urbanizado sobre el cual
debía realizarse la construcción. En esa oportunidad, la Corporación manifestó que: “(…)
independientemente de que existan razones – imputables o no a la administración
– que hayan impedido que la Unión Temporal Proorinoquía Llanos cumpliera
cabalmente con su objetivo, y sin perjuicio de la eventual responsabilidad
patrimonial que tenga que enfrentar tal compañía por el posible incumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de Unión Temporal, no es
constitucionalmente admisible que se someta a personas como el accionante a una
situación de total incertidumbre sobre sus posibilidades de acceso a una
vivienda digna. En igual forma, es reprochable que proyectos de vivienda de
interés social para atender población vulnerable tarden lustros en concluirse,
por adolecer de innumerables problemas administrativos internos”. En virtud de
la anterior consideración, la Corte resolvió conceder el amparo de los derechos
fundamentales del accionante, ordenando a la Unión Temporal Vivienda Proorinoquía Llanos,
a Villavivienda E.I.C.E., a la Fundación Proorinoquía Llanos, a la constructora
Alcalá Ltda. y al Municipio de Villavicencio que, en un término de 2 meses,
adjudicaran un lote de terreno del proyecto ciudadela “San Antonio” al
accionante, y le construyeran una vivienda dotada de todos los servicios
públicos, en los términos establecidos dentro del objeto de la Unión Temporal
Vivienda Proorinoquía Llanos.
[48] Corte Constitucional, sentencia T-573 de 2010 (MP Juan Carlos Henao
Pérez). En esta sentencia, la Corporación revisó un caso con las mismas
características fácticas del anterior. Se trataba de una mujer desplazada por la violencia, quien también
fue beneficiaria de un subsidio de vivienda otorgado por FONVIVIENDA, por lo
que celebró un
contrato de construcción con la Unión Temporal Pro Orinoquía Llanos para
obtener un inmueble de interés social en el proyecto Ciudadela San Antonio,
pero pasados varios años, la unidad habitacional no le había sido entregada por
problemas administrativos y técnicos del proyecto, entre los cuales se
encontraban que la entidad del municipio encargada de los espacios comunes, no
había construido las obras urbanísticas y, como consecuencia, FONVIVIENDA no
había hecho el desembolso del subsidio, entre otras cosas, porque ya se
encontraba vencido. En esa ocasión la Corporación manifestó que: “(…) dicho
contrato no se ha cumplido, ni se ha producido la entrega efectiva de una
vivienda de interés social a la señora Gloria Cecilia Hernández. Las razones
por las que no se le ha dado cumplimiento, se traducen en un círculo vicioso de
traslado de responsabilidades entre las partes que conforman la Unión Temporal
y las entidades territoriales responsables de garantizarle el derecho a la
vivienda digna a los desplazados. (…) La respuesta de las entidades territoriales vinculadas
en sede de revisión, constituye un desconocimiento de los principios que guían
la organización de un Estado Social de Derecho, cuya finalidad es garantizar la
efectividad de los derechos, servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y velar por la prevalencia del derecho sustancial frente a las
formalidades (artículo 2° C.P.), de las leyes que rigen la organización territorial
para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado,
particularmente los artículos 285 y siguientes de la Constitución Política, de
la ley 489 de 1998, de la ley orgánica de ordenamiento territorial, de las
atribuciones del alcalde en su calidad de jefe de la administración municipal,
fundamentalmente los numerales 1 y 3 del art. 315, de la Constitución Política,
y de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que rigen
las competencias que se atribuyen a los distintos niveles territoriales. La
situación que antecede, a juicio de la Sala confirma, para el caso concreto,
el estado de cosas
inconstitucional que declaró la Corte en la sentencia T-025 de
2004. En primer lugar, por la vulneración de los principios de la buena fe y
confianza legítima. En segundo lugar, porque el derecho a la vivienda digna de
la ciudadana es un derecho fundamental por su calidad de desplazada y un
derecho subjetivo por estar plasmado en un contrato que constituye ley para las
partes. En tercer lugar, por el tiempo transcurrido entre la firma del contrato
y la interposición de la acción de tutela, de 2 años y más de 7 meses. Y, en
cuarto lugar, por la vulneración directa al principio de solidaridad social
consagrado en el numeral 2° del artículo 95 CP, por parte de las entidades
demandadas e instituciones vinculadas al proceso en sede de revisión”. Con base en lo anterior, esta Corporación
decidió tutelar el derecho a la vivienda digna de la accionante, y ordenó a la Unión Temporal que en el término de 30 días entregara de manera
definitiva a la actora, una casa de características iguales o superiores a las
pactadas en el Contrato N° 258 de 2006. Así mismo, ordenó a FONVIVIENDA,
ampliar, mediante resolución, la vigencia del subsidio otorgado a la actora,
hasta que las entidades demandadas cumplieran con la obligación de entregarle
la unidad habitacional.
[49] Corte Constitucional, sentencia T-088 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). En esta sentencia la Corte revisó dos acciones de tutelas, cuyos
accionantes eran personas en condición de desplazamiento, a quienes en el 2006, Fonvivienda les adjudicó un subsidio para
adquirir vivienda de interés social, el cual aplicaron al proyecto de
urbanización “Ciudadela San Antonio II”. El
proyecto urbanístico fue promovido por Villavivienda, empresa industrial y
comercial de Villavicencio. Su financiación, en el caso de las viviendas
ofrecidas a la población desplazada, estaba a cargo del Departamento, que se
comprometió a otorgar un subsidio en dinero, y del municipio, que debía
completar el valor mediante la entrega de lotes urbanizados. Asimismo, su
construcción fue contratada por Villavivienda con siete diferentes Uniones
Temporales, de las cuales Pro Orinoquía Llanos fue la encargada de construir las
manzanas en las que están ubicadas las casas de los accionantes. A la fecha de
la interposición de la acción de tutela, la Unión Temporal no había hecho
entrega material de las viviendas a los accionantes. En esa ocasión esta
Corporación expresó que el obstáculo que las diferentes entidades involucradas
identificaron para la finalización del proyecto, consistía principalmente en el
incumplimiento de las obligaciones de los entes territoriales encargados del
pago de las viviendas. Respecto al derecho a la vivienda digna y a las
condiciones particulares del accionante, la Corte sostuvo que “en este caso se
desconoció el derecho a disponer de una vivienda digna,
puesto que si bien entidades del orden nacional, como Fonvivienda; del orden
departamental, como la Gobernación; y del orden municipal, como Villavivienda,
concedieron los recursos necesarios para que los accionantes obtuvieran una
vivienda propia, transcurridos más de cuatro años, ello no había dado como
resultado el acceso material a los bienes inmuebles, situación que revestía
especial gravedad teniendo en cuenta que los beneficiarios del subsidio eran
personas en condición de desplazamiento”. En
cuanto a las particularidades del incumplimiento de las entidades accionadas,
la Corte encontró que “en este caso los retrasos se debían, nuevamente, a
conflictos administrativos y de cumplimiento entre las entidades, puesto que
Villavivienda- aportante del subsidio en especie- había entregado el lote pero
sin la infraestructura urbanística adecuada, motivo por el que el constructor
tuvo que detener el avance de las obras y fue necesario que se surtieran largas
negociaciones tendientes a obtener el cumplimiento de la primera, sin contar
con que Fonvivienda amenazaba con no prorrogar más la vigencia del subsidio
hasta que la construcción no estuviese terminada. Finalmente, ante la falta de
liquidez de Villavivienda, el departamento del Meta se vio en la obligación de
aportar recursos adicionales para terminar las obras de urbanismo. Ante esta
situación, este Tribunal reprochó que Villavivienda, quien había sido la misma
entidad que propuso el desarrollo del proyecto y diseñó un presupuesto,
hubiera planeado mal o no hubiera previsto los recursos financieros que
necesitaba realmente para llevar a feliz término el proyecto, motivo por el que
había desconocido la garantía de disponibilidad de
infraestructura de la
vivienda”. Por lo anterior, se declaró la subsistencia del Estado de Cosas
Inconstitucional ante la persistente carencia de capacidad y coordinación institucional,
y con el ánimo de superar la mencionada problemática, la Sala impartió una
serie de órdenes con un efecto inter comunis, como
lo son la vigencia de los subsidios otorgados por FONVIVIENDA y la adecuación
presupuestal y técnica para que en 6 meses las familias incluidas en el fallo
contaran con la unidad habitacional y sus respectivas escrituras.
[50] Corte Constitucional, sentencia
T-886 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa). En esta sentencia la Corporación analizó el caso de dos madres cabeza de
familia, víctimas del desplazamiento forzado, quienes después de postularse con
éxito ante la Caja de Compensación Familiar Regional del Meta (COFREM),
Fonvivienda les otorgó un subsidio familiar para la adquisición de una
residencia urbana, nueva y de interés social. Seguidamente, Villavivienda,
Empresa Industrial y Comercial del orden municipal vinculada al municipio de
Villavicencio, les concedió un lote en la
Ciudadela San Antonio como subsidio en especie. La construcción de la vivienda quedó a cargo de la Unión Temporal
conformada por la empresa municipal y la sociedad Vivienda Pro Orinoquía
Llanos, con quien la accionante celebró un contrato de construcción, y en desarrollo de este último, las actoras pagaron una
suma de dinero que les correspondía asumir para que iniciaran las obras.
Pese a lo anterior, después de 4 y 7 años, no se les había hecho entrega de las
unidades habitacionales. En este caso este Tribunal indicó que “las entidades territoriales y las empresas constructoras que no hacen la
entrega efectiva de las soluciones habitacionales a las que tienen derecho las
personas en situación de desplazamiento forzado bajo el argumento de que su
construcción no ha terminado como consecuencia de un incumplimiento
contractual, vulneran su derecho fundamental a la vivienda digna tan pronto
vence el plazo previsto para la entrega de los inmuebles, toda vez que dichas
personas requieren de una vivienda permanente con urgencia en cuanto carecen de
una propia, así como del dinero suficiente para cancelar un arrendamiento”.
[51] Corte Constitucional, sentencia
T-763 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[52] Corte Constitucional, sentencia
T-763 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). La Corte concedió el amparo
al derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes, y ordenó a
Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, de
conformidad con el Decreto 2190 de 2009, adelantara todos los trámites
necesarios para otorgarles nuevamente un subsidio familiar de vivienda por el
tiempo que fuera necesario hasta el momento en que les fueran entregadas su
casa propia, y a Villavivienda E.I.C.E que, entregara a los actores la
solución de vivienda pactada,
en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir impedimentos de orden técnico
o de otra naturaleza que hicieran imposible la entrega de la casa,
Villavivienda EICE podría entregar en otro proyecto una solución de vivienda de
las mismas condiciones a las pactadas, siempre que fuera dentro del municipio
Villavicencio.
[53] Corte Constitucional, sentencia
SU-1023 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño, AV Jaime Araújo Rentería). En
esta sentencia la Corte dio efectos inter comunis a su fallo, con el fin de proteger derechos de todos los afectados
por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de igualdad.
[54] Corte Constitucional, sentencia
SU-1023 de 2001(MP Jaime Córdoba Triviño). En esta sentencia la Corte
hizo alusión a la fuerza vinculante de la acción de tutela para proteger
derechos fundamentales de quienes no acudieron directamente a este mecanismo de
amparo, siempre y cuando las personas afectadas en sus derechos se encuentren
en condiciones iguales a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando
la orden de protección del juez de tutela repercuta en la vulneración de
derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
[55] Corte Constitucional, sentencia
SU-1023 de 2001(MP Jaime Córdoba Triviño).
[56]Corte Constitucional, sentencia T- 203 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En este fallo, la Corte manifestó que cuando haya conferido efectos inter
comunis a una de sus sentencias de tutela, se aplicará la protección y el
procedimiento establecido en dicha sentencia, a todos los miembros de la
comunidad o grupo respectivo, aún a quienes hayan acudido separadamente a la
acción de tutela para la protección de los mismos derechos, para
garantizar el derecho a acceder a la justicia que comprende la tutela judicial
efectiva en condiciones de igualdad.
[57] Corte Constitucional, sentencia T- 203 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[58] Corte Constitucional, sentencia SU- 636 de 2003 (MP Jaime Araujo
Rentería). En esta sentencia, la Corte Constitucional
expresó que el objetivo de la modulación de los efectos de sus sentencias, es garantizar la integridad y la supremacía
de la Constitución Política y proteger los derechos constitucionales
fundamentales, en particular el derecho a la igualdad.
[59] Corte Constitucional, sentencia T-493 de 2005 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[60] Corte Constitucional, sentencia T-493 de 2005 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[61] Corte Constitucional, Auto 071 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[62] Corte Constitucional, sentencia T-493 de 2005 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). “De conformidad con el Auto
071 de 2001, las condiciones para que la inaplicación del Decreto 1382 de 2000
tuviera efectos inter pares eran las siguientes: “a) Que la excepción de
inconstitucionalidad resulte de la simple comparación de la norma inferior con
la Constitución, de la cual surja una violación, no sólo palmaria, sino
inmediata y directa de una norma constitucional específica, tal y como ocurre
en este caso.  b) Que la norma constitucional violada, según la
interpretación sentada por la Corte Constitucional, defina de manera clara la
regla jurídica que debe ser aplicada, como sucede en este caso porque el
artículo 86 de la Constitución dice que la acción de tutela puede ser
presentada "ante los jueces, en todo momento y lugar".  c)
Que la inconstitucionalidad pueda ser apreciada claramente, sin que sea
necesario sopesar los hechos particulares del caso y, por lo tanto, la
inconstitucionalidad no dependa de tales hechos. La inaplicación del Decreto
1382 de 2000 no resulta de los derechos invocados, ni de la naturaleza del
conflicto, ni de la condición de las partes en este caso. Del conflicto de su
texto con la Constitución, independientemente de las particularidades del caso,
es posible observar su manifiesta inconstitucionalidad. d) Que la norma
inaplicada regule materias sobre las cuales la Corte Constitucional ha sido
investida por la Constitución de una responsabilidad especial, como es el caso de la acción de tutela y la protección efectiva de los
derechos fundamentales, en virtud del artículo 241 numeral 9 y del inciso 2 del
artículo 86 de la Carta. e) Que la decisión haya sido adoptada por la Sala
Plena de la Corte en cumplimiento de su función de unificar la jurisprudencia o
haya sido reiterada por ella”.
[63] Corte Constitucional, sentencia T-493 de 2005 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[64] Convenio 2010 de 2009. Folios 609-616 del cuaderno 1 del expediente
principal.
[65]Folios 729-730 del cuaderno 1. Disponible en:
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesVivienda/1275%20-%202010.pdf
[66]Folios 731-746 del cuaderno 1 del expediente principal. Disponible
en:
http://ecovivienda.gov.co/images/RESOLUCION%201438%20DE%20DICIEMBRE%2024%20DE%202010%20-%20ASIGNACION%20208%20SUBSIDIOS.pdf
[67] Folios 173-179 del cuaderno 2 del expediente principal.
[68] Convenio 2010 de 2009, Cláusula Tercera. Folio 612 del cuaderno 1
del expediente principal.
[69] Folios 173-179 del cuaderno 2 del expediente principal.
[70] Constitución Política de 1991,
artículo 206, y artículo 59 de la Ley 489 de 1998.
[71] Sobre los ires y venires
administrativos, ver entre otras las sentencias T-974 de
2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa, AV Mauricio González Cuervo), T-532 de 2016 (MP Aquiles Arrieta Gómez).
[72] Folios 173-179 del cuaderno 2 del expediente principal.
[73]Tomado de:
https://www.minambiente.gov.co/images/finanzas-y
presupuesto/pdf/Estados_Financieros_2010/Estados_Financieros_del_Fondo_Nacional_de_Vivienda_-_FONVIVIENDA/Segundo_Trimestre_2010_-_notas.pdf
[74] Artículo 298: “Los departamentos tienen autonomía para la
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del
desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos
establecidos en la Constitución. Los departamentos ejercen funciones
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal,
de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los
servicios que determine la Constitución y las leyes”.
[75] “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el
desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 3 “Coordinación entre las entidades nacionales y
territoriales. La
coordinación entre la Nación y las Entidades Territoriales se referirá, entre
otros, a los siguientes aspectos: a) La articulación y congruencia de las
políticas y de los programas nacionales de vivienda con los de los
departamentos y municipios (…). Artículo 4: Corresponsabilidad departamental. Los
departamentos en atención a la corresponsabilidad que demanda el adelanto de
proyectos y programas de vivienda prioritaria, en especial en cumplimiento de
su competencia de planificar y promover el desarrollo local, de coordinar y
complementar la acción municipal y servir de intermediarios entre la Nación y
los municipios, deberán en el ámbito exclusivo de sus competencias y según su
respectiva jurisdicción: 1. Adelantar las funciones de intermediación del
departamento en las relaciones entre la Nación y los municipios. 2. Ejercer la
dirección y coordinación por parte del Gobernador, de los servicios y programas
de Vivienda de Interés Prioritario en el territorio. 3. Promover la
integración, coordinación y concertación de los planes y programas de
desarrollo nacional y territorial en los programas y proyectos de vivienda
prioritaria. 4. Promover la integración de los distritos y municipios, o entre
estos últimos, para la organización y gestión de programas de vivienda
prioritaria. 5. Efectuar el acompañamiento técnico de los municipios para la
formulación de los planes, programas y proyectos de vivienda prioritaria”.
[76] Artículo 10. “Participantes en el Sistema de
Vivienda de Interés Social. Las alcaldías municipales o
distritales, gobernaciones y áreas metropolitanas, en su carácter de instancias
responsables, a nivel local y departamental, de la ejecución de la política
pública en materia de vivienda y desarrollo urbano, podrán participar en la
estructuración y ejecución de los programas de vivienda de interés social en
los cuales hagan parte hogares beneficiarios de subsidios otorgados por el
Gobierno Nacional, de conformidad con los procedimientos y requisitos
establecidos en la ley y el presente decreto. Las Unidades Administrativas,
dependencias, entidades u oficinas que cumplan con las funciones de implantar
las políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito, los
Fondos Departamentales de Vivienda, las entidades territoriales, las Cajas de
Compensación Familiar, las Organizaciones Populares de Vivienda, las
Organizaciones No Gubernamentales, las sociedades constructoras legalmente
constituidas y, en general, las entidades o patrimonios con personería jurídica
vigente que tengan incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de
programas de vivienda, podrán participar en los diferentes programas de
vivienda de interés social a los cuales los beneficiarios podrán aplicar sus
subsidios, en los términos previstos en la Ley 3ª de 1991 y las normas
reglamentarias”.
[77] Folios 71-73 del cuaderno 2 del expediente principal.
[78] Folio 376-451 del cuaderno 1 del expediente principal.
[79] Folios 376-451 del cuaderno 1 del expediente principal.
[80] Folios 242-245 del cuaderno 1 del expediente principal.
[81] Respecto de este punto la Sala reitera los criterios establecidos
en la sentencia T-472 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[82] Observación General No. 4, del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
[83] Observación
General No. 4, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas.
[84] Folios 25-28 del cuaderno 1 del expediente principal.
[85] Folios 246-282 del cuaderno 1 del expediente principal.
[86] Folios 555- 604 del cuaderno 1 del expediente principal.
[87] Folios 716-717 del cuaderno 1 del expediente principal.
[88] Folios 25-28 del cuaderno 1 del expediente principal.
[89] Auto 207 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[90] Al respecto ver anexo (2).
[91] Folios 25-28 del cuaderno 1 del expediente principal.
[92] Al respecto ver anexo (3).
[93] Folios 29-241 del cuaderno 1.
[94] Folios 242-245 del cuaderno 1 del expediente principal.
[95] Al respecto ver anexo (4).
[96] Folios 246-282 del cuaderno 1 del expediente principal.
[97] Al respecto ver anexo (5).
[98] Folios 283-366 del cuaderno 1 del expediente principal.
[99] Al respecto ver anexo (6).
[100] Folios 368-375 del cuaderno 1.
[101] Al respecto ver anexo (7).
[102] Al respecto ver anexo (8).
[103] Al respecto ver anexo (9).
[104] Folios del 452 -456 del cuaderno 1 del expediente principal.
[105] Folios 457- 554 del cuaderno 1 del expediente principal.
[106] Folios 457- 554 del cuaderno 1 del expediente principal. La
Corporación Casa adjuntó las siguientes pruebas: lista de proyectos
ejecutados por la Corporación Casa en el Departamento del Meta; copia del
Convenio Nº. 0886 de 2009 - San Antonio; acta de liquidación del Convenio N°
0886 de 28 de abril de 2009, suscrita el 12 de diciembre de 2011; copia del
Convenio Nº. 2040 de 2008 - Urbanización Charrascal; copia de la certificación
en la que se manifiesta haberse cumplido, por parte de la Corporación Casa, el
Convenio Nº. 2040 de 2008.
[107] Folios 555- 604 del cuaderno 1 del expediente principal.
[108] Folios 605-651 del cuaderno 1 del expediente principal.
[109] Folios 652-682 del cuaderno 1 del expediente principal.
[110] Folios 708-728 del cuaderno 1 del expediente principal.
[111] Folios 747-755 del cuaderno 2 del expediente principal.
[112] Folios 756-758 del cuaderno 2 del expediente principal.
[113] Folios 887-958 del cuaderno 2 del expediente principal.