C-568-10
Sentencia C-568/10
Sentencia C-568/10
EQUIVALENCIA DEL TITULO DE BIOLOGO Y EXPEDICION DE LA MATRICULA
PROFESIONAL PARA EL LICENCIADO EN BIOLOGIA-No vulneran los derechos a la igualdad, libre desarrollo de la
personalidad, al trabajo y libertad de profesión y oficio
LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Exigencia de título de idoneidad/CONGRESO-Facultad
para regular el ejercicio de profesiones
La Constitución (art. 26) otorga al Congreso de la
República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de
ciertas actividades y establece, como regla general, la inspección y vigilancia
del ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades competentes. Lo
anterior, en razón a que el constituyente supone que (i) las profesiones
comportan una necesaria formación académica como garantía de aptitud para la
realización de la actividad profesional, reduciéndose de esta manera el riesgo
social que puede implicar su ejercicio, y que (ii) las ocupaciones, artes y
oficios que no impliquen un riesgo social, no requieren por lo general una
especial formación académica, aun cuando también es posible imponer
reglamentación, inspección, vigilancia y cierta escolaridad. Así las cosas,
observa esta Corte que el ejercicio de una profesión u oficio se funda en el
respeto a la libertad individual de escogencia de una actividad laboral y en la
protección de los riesgos sociales que, por su posible incidencia, exigen del
legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y
proporcionada, de manera que no signifique una restricción arbitraria e
inequitativa al ejercicio de tales actividades individuales
DERECHO AL TRABAJO-Elemento estructural del orden político y social instituido en la
Constitución de 1991/DERECHO AL TRABAJO-Igualdad y libertad del titular
frente a la regulación y vigilancia del Estado
De manera reiterada, esta Corte ha señalado que el
derecho al trabajo constituye elemento estructural del orden político y social
instituido en la Constitución de 1991, pues además de ser derecho fundamental,
tiene una dimensión objetiva que lo vincula al poder público, que garantiza no
solamente su debida aplicación y eficacia, sino su consonancia con el resto de
principios y derechos consagrados en la carta, “que conforman un sistema
coherente de ordenación social, articulado a partir de los valores
fundamentales que son la base material del Estado social y democrático de derecho”.
Por ello, (i) las reglamentaciones que el legislador establezca no pueden en
ningún caso desconocer la garantía constitucional que de tal dimensión se
desprende y (ii) la intervención estatal que se produzca debe encontrase
legitimada y al mismo nivel de protección constitucionalmente dispuesto para el
derecho al trabajo, que es uno de los principios en que se funda el Estado
colombiano (Art. 1° Const.: “Colombia es un estado social de derecho organizado
en forma de República unitaria…, fundada en el respecto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las persona que la integran y en la
prevalencia del interés general.”).
DERECHO AL TRABAJO-Existencia de una dimensión subjetiva
Esta corporación ha destacado la existencia de una dimensión
subjetiva del derecho al trabajo por su connotación social, la cual en virtud
de ese sistema coherente de principios y valores, entraña la garantía de los
derechos a la igualdad y la libertad y su debido ejercicio, mediante una
regulación necesaria y razonable, producto del deber constitucional que le
asiste al Estado de “propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar” (art. 54 Const.).
DERECHO A EJERCER PROFESION U OFICIO-Garantía Constitucional/LIBERTAD DE ESCOGER
PROFESION U OFICIO-Goza de una garantía constitucional que opera en dos
direcciones
El derecho a escoger libremente profesión u oficio
goza de una garantía constitucional que opera en dos direcciones: la primera,
proyectada hacia la sociedad - es decir, que delimita las fronteras del derecho
-, adscribe de manera exclusiva al legislador, de un lado, la competencia para
regular los requisitos que deben cumplir los aspirantes a ejercer actividades
que requieran capacitación técnica o científica si es su deseo obtener el
título correspondiente, así como las condiciones en que el ejercicio de la
misma puede ser sometido a inspección y vigilancia por las autoridades
competentes. La segunda, de orden interno, se dirige expresamente a proteger el
núcleo esencial del derecho a la escogencia, de tal manera que no puede el
legislador, sin lesionarlo, restringir, limitar o cancelar ese ámbito de
inmunidad en el que no es posible injerencia alguna. Mientras la segunda de las
garantías -la interna- es absoluta, es decir, opera igualmente para las
profesiones y los oficios, la primera sólo se predica de las profesiones y de
las ocupaciones, artes u oficios que requieran formación académica e impliquen
un riesgo social. La Constitución actual emplea en este punto criterios de
diferenciación relativos al riesgo a que queda expuesto el conglomerado social
como consecuencia del ejercicio de una determinada actividad -sea a nivel
profesional, técnico o empírico- antes que al mayor o menor grado de
escolaridad requerido para ejercerlas, cual era la pauta escogida por la
Constitución Nacional de 1886.
DERECHO A ESCOGER PROFESION U OFICIO-Restricción por legislador no es absoluta/POTESTAD
REGULADORA DEL LEGISLADOR-Criterios para introducir exigencias, requisitos
y limitaciones a las profesiones
Cuando se trata de la restricción de un derecho
fundamental, la potestad reguladora del legislador para introducir exigencias,
requisitos y limitaciones a las profesiones y los oficios no es absoluta, y en
cambio debe estar cimentada en profundas razones de orden y seguridad sociales.
En este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
especialmente prolífica y ha tenido oportunidad de fijar los criterios a que la
ley debe sujetarse para imponer las señaladas restricciones. Como regla general,
la Corte ha dicho que ‘el legislador debe imponer los requisitos estrictamente
necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una
profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que
en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en
congruencia con el principio de la dignidad humana’. En otras palabras, lo que
la Corte espera del legislador es que éste circunscriba su potestad de
reglamentación, exclusivamente a aquellos aspectos que no sea posible dejar de
regular, a efectos de que se protejan a un tiempo, tanto el interés general
como el derecho subjetivo de quien desea poner en práctica sus conocimientos.
Los recortes que el legislador está autorizado para imponer al ejercicio de
determinada profesión u oficio, se hallan principalmente justificados en el
hecho de que no existen en el ordenamiento jurídico, derechos subjetivos de
naturaleza absoluta. No obstante, tales restricciones deben estar cimentadas en
un principio de razón suficiente, de modo que su imposición emerja como
resultado de ponderar el derecho subjetivo de aplicar los conocimientos en una
determinada rama del saber, con el posible impacto que dicha aplicación pueda
generar en la sociedad o frente a terceras personas. Analizadas desde la
perspectiva de la razonabilidad, las restricciones legales al ejercicio de este
derecho fundamental deben estar claramente encaminadas a la protección del
interés general, siendo ilegítima cualquier disposición que defraude dicha
teleología.
BIOLOGIA-Riesgo
social implícito/BIOLOGIA-Concepto/BIOLOGIA-Finalidad
La Biología, de
acuerdo con definición comúnmente reconocida, es una ciencia derivada de las
ciencias naturales, que tiene por objeto el estudio de los seres vivos, en
cuanto a su origen, evolución y propiedades. Se ocupa de las características
intrínsecas y de los comportamientos de los seres orgánicos, por especies y
como individuos, al igual que de las interacciones entre ellos y en su entorno,
con el propósito de establecer las leyes generales que los rigen y los
principios explicativos de su naturaleza. A diferencia de las denominadas
ciencias formales, que se sustentan en categorías ideales y entidades
abstractas, no obstante contar con un sistema racional y estructurado de leyes,
la Biología centra su atención en la realidad de la vida en todas sus
manifestaciones, por lo que su espectro de estudio es muy amplio y complejo (v.
gr. biología molecular, fisiología, anatomía, histología, citología, botánica,
micología, zoología, inmunología, virología, embriología, ecología, etología,
paleontología, taxonomía, antropología, etc.); por consiguiente, tratándose de
seres vivos, demanda esta ciencia especial cuidado en lo concerniente a la
interpretación, clasificación, manipulación, verificación y transformación de
los procesos biológicos activamente sujetos a la dinámica científica. Los
avances tecnológicos y la aplicación de éstos en las muchas facetas del
conocimiento y de la investigación biológica, han significado para la humanidad
la creación y desarrollo de elementos, materias, componentes y productos,
usualmente útiles y provechosos, pero también potencialmente perjudiciales,
cuando se incursiona en exacerbada manipulación de órganos y componentes. Las
investigaciones biológicas, con sus connotaciones empíricas y por la
experimentación y especulación con los resultados obtenidos, con avanzado
incremento en la actualidad, han tenido sin duda incidencia activa o pasiva,
directa o indirecta, en el propio ser humano, con serios riesgos de
aplicaciones incorrectas, máxime si hay ausencia o deficiencia en previsión,
control y supervisión.
BIOLOGIA-Reconocimiento como
profesión
SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION SUPERIOR-Regulación/INSTITUCION DE EDUCACION
SUPERIOR-Clases
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-No es absoluta
LICENCIATURA DE BIOLOGIA Y BIOLOGIA-Campo de acción de formación académica/BIOLOGO-Núcleo de fundamentación para ejercer la docencia/LICENCIATURA
DE BIOLOGIA-Núcleo de fundamentación para ejercer la biología
Para
la Corte Constitucional es claro que en materia de educación se han dispuesto,
a nivel nacional y siguiendo parámetros universales, causas diferenciadoras de
las disciplinas académicas -que en esta oportunidad la demandante pone a
escrutinio de la corporación-, a partir de lo que los investigadores han
denominado “núcleo de fundamentación”, con el propósito definir, clasificar y
ubicar el campo de acción de la formación académica profesional que se llegue a
adquirir, de manera que quien opte por la Educación a título de licenciatura en
Biología asuma como tarea la pedagogía, la docencia, y quien resuelva escoger
las ciencias naturales a título de biólogo, se dedique al estudio e
investigación de los seres vivos en toda su dimensión, connotaciones y
especialidades, lo que de suyo comporta una distinción por razones de
causalidad y fines, aun cuando el contenido curricular pueda llegar a arrojar
una comunidad o estandarización de materias y prácticas, las cuales
precisamente por ese “núcleo  de fundamentación” se encuentran enfocadas hacia
la educación y las ciencias naturales, respectivamente, lo que justifica en
forma razonable que los últimos semestres de cada carrera tengan como
componentes del plan de estudios, ora asignaturas destinadas a la formación en
pedagógica, ora la Biología, por la profesión libremente seleccionada. El
requisito dispuesto por el legislador en el inciso 2° del artículo 4° de la Ley
22 de 1984, encaja entonces, de manera objetiva y razonable, en los supuestos
anteriores, entendido que sólo podrá acceder al título equivalente de biólogo,
y por consiguiente a la matrícula profesional, el licenciado en educación cuya
formación haya satisfecho además el “núcleo de fundamentación” en Biología, sin
desmedro de su formación inicial pedagógica para el ejercicio de la docencia
como actividad medular. En  forma similar, el biólogo podrá ejercer la docencia
siempre que haya acreditado además formación académica en educación, bajo el
criterio, también objetivo razonable, de haber cumplido el “núcleo de
fundamentación” en educación.
Referencia: expediente D-7956
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
1°, 2°, 4° y 8° de la Ley 22 de 1984, “Por la cual se reconoce la Biología
como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras
disposiciones”.
Demandantes: Doris Amanda Táutiva Lozano.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA.
Bogotá, D. C., julio catorce (14) de dos mil diez (2010)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y legales y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6 y 242-1 de la
carta política, la ciudadana Doris Amanda Táutiva Lozano presentó acción pública
de inexequibilidad contra los artículos 1°, 2°, 4° y 8° de la Ley 22 de 1984,
que prevén (i) el reconocimiento de la Biología como profesión de educación
superior; (ii) su ejercicio conforme a los principios, conocimientos y técnicas
de las disciplinas que la conforman; (iii) la acreditación del respectivo
título o su equivalente para la expedición de la matrícula profesional; y  (iv)
la prohibición al Estado y a los particulares de contratar personas naturales
para ejercer funciones de biólogos sin acreditación previa de la matrícula
profesional o autorización expresa, expedida por el Consejo Profesional de
Biología.
Inicialmente la demanda fue inadmitida por auto de
noviembre 27 de 2009, al encontrar el Magistrado sustanciador que no satisfacía
los presupuestos de especificidad, pertinencia y suficiencia respecto del
concepto de violación.
Enmendados los defectos advertidos, la demanda fue
admitida mediante  providencia de enero 13 de 2008, ordenándose comunicar la
iniciación del presente proceso al Presidente de la República y al Presidente
del Congreso de la República. De la misma manera, se informó a los  Ministros
del Interior y de Justicia, de Educación Nacional y de Protección Social, y se
invitó a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, al
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, al
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, al Consejo
Profesional de Biología, a las facultades, departamentos o institutos de
ciencias y de educación en Biología de las universidades Nacional de Colombia,
Pontificia Javeriana, de los Andes, de Antioquia, Industrial de Santander, de
Caldas, Distrital Francisco José de Caldas y Pedagógica Nacional, para que emitan
su opinión sobre el asunto de la referencia.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y
previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir
de fondo la demanda en referencia.
II.
TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A
continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas,
pertenecientes a la Ley 22 de 1984, publicada en el Diario Oficial N° 36.768 de
octubre 17 del mismo año:
“LEY 22 DE 1984
(septiembre 17)
por
la cual se reconoce la Biología como una profesión, se reglamenta su ejercicio
en el país y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo
primero. Reconócese la Biología como una profesión de Educación Superior cuyo
ejercicio en el país queda autorizado y amparado por la presente Ley.
Esta
Ley reglamenta el ejercicio de la Biología como profesión resultante de título
obtenido en la modalidad de formación universitaria (Biólogo), pero reconoce,
sujeto a reglamentación posterior, el ejercicio en las modalidades de formación
intermedia profesional y formación tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 80 de 1980.
Artículo
segundo. Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la
profesión de Biólogo la utilización de los principios, conocimientos y técnicas
propios de las diferentes disciplinas que conforman la Biología, tales como la
Biología Celular, la Biología Molecular, la Morfofisiología, la Genética, la
Ecología para:
a)
La investigación, la aplicación práctica, la enseñanza, la asesoría o
consultoría y la administración en materias referentes a los seres vivos, a su
naturaleza, su composición, sus propiedades, su funcionamiento o sus
transformaciones; a las relaciones entre los seres vivos y a las de éstos
y el ambiente que los rodea.
b)
El desarrollo, evaluación o adopción de tecnología en el campo de la Biología o
para el establecimiento de nuevas técnicas en ese campo.
c)
El desempeño de cargos, funciones o comisiones en actividades en las que
predomine el componente biológico.
Parágrafo
1°. El ámbito de ejercicio que se señala en este artículo para el Biólogo, se
entiende estatuido sin perjuicio de los derechos que tengan para ejercer los
profesionales de disciplinas afines legalmente establecidas como profesiones.
Parágrafo
2°.  Las personas formadas en el campo de la Biología dentro de las modalidades
de formación intermedia profesional y formación tecnológica podrán ejercer las
funciones a que se refiere este artículo, sólo en los aspectos propios de su
formación, vale decir, en actividades practicas concretas de tipo auxiliar o
instrumental para los primeros o en actividades tecnológicas con énfasis en la
práctica para los segundos.
…
…   …
Artículo
cuarto. Para la expedición de la matrícula profesional de Biólogo se requiere
acreditar el respectivo título, o uno equivalente, conferido por una
institución de Educación Superior reconocida y autorizada por el Estado y
registrado conforme a lo dispuesto por el Decreto 2725 de 1980.
Para
los efectos de esta Ley no se consideran como equivalentes al título de Biólogo
los de Licenciado en Educación – Biología o Licenciado en Educación – Biología
– Química pero sí el de Licenciado en Biología, que después de un currículum
propio de la carrera de Biología, otorgue una facultad de Ciencias o de Artes y
Ciencias.
Parágrafo.
Sin perjuicio de lo que dispongan convenios o tratados internacionales
vigentes, los títulos profesionales de Biólogo o equivalentes, expedidos en el
extranjero, sólo serán válidos para los efectos de esta Ley, si han sido con
validados (sic) por el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES y registrados conforme
a lo dispuesto en los Decretos 1074 y 2725 de 1980.
…
…   …
Artículo
octavo. Ni el Estado ni los particulares podrán contratar a personas naturales para
ejercer funciones propias de Biólogos, sin que éstas hayan acreditado
previamente su carácter de tales mediante la exhibición de la matrícula
profesional correspondiente o una autorización expresa para ejercer la
profesión expedida por el Consejo Profesional de Biología.
La
misma prohibición rige para contratar con personas jurídicas que vayan a
desarrollar labores propias de la profesión de Biólogo, si no han demostrado
que entre sus constituyentes o funcionarios hay Biólogos matriculados.
Parágrafo.
Los contratos o convenios que celebren las entidades de derecho público, las
personas naturales y las jurídicas de derecho privado contraviniendo esta
disposición, estarán viciados de nulidad absoluta.
…
…   …”
III.
LA DEMANDA
Considera
la actora que el artículo 1° de la Ley 22 de 1984, al “constreñir” el
ejercicio de la Biología a quien obtenga el título de formación universitaria
con denominación de “BIÓLOGO”, incurre en discriminación y vulneración
de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al
trabajo y a la libertad de escogencia de profesión y oficio, respecto de
persona que obtuvo el título profesional de “LICENCIADO EN BIOLOGIA”,
formado con los requisitos mínimos exigidos, el plan de estudios y las
asignaciones propias del “AREA DE BIOLOGÍA”, comunes a la carrera de
Biología, y adicionalmente con soporte pedagógico para desarrollar y facilitar
la habilidad docente.
Señala
por otra parte que los criterios de equivalencia del título de biólogo con el
de licenciado en Biología, contemplados en el artículo 4° de dicha ley, fueron
dispuestos “de forma abiertamente ambigua e inaplicable en el escenario
académico del país”, puesto que exigir al segundo el curriculum
propio de la “CARRERA DE BIOLOGIA” y además la consecución de título
proveniente de una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias y no de Ciencias
y Educación, conduce en “aparente juego de palabras” a una restricción
discriminatoria, por impedir el acceso a la tarjeta profesional de quien
presente título de licenciatura en biología, toda vez que “no existe ninguna
universidad que en el país expida título profesional de licenciado en biología
en las condiciones allí señaladas”
Agrega
que la situación anterior excluye al licenciado en Biología de la posibilidad
de adelantar las actividades indicadas en el artículo 2° de la mencionada ley
y, por consiguiente, el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad,
lo cual “tipifica una limitación desproporcional al ejercicio profesional de
la biología y a los fines que persigue la misma ley”.
Refiere
la demandante que realizada la comparación y la estandarización de los núcleos
básicos de formación y los planes de estudio de ambas profesiones, se advierte
como única diferencia la aplicación por parte del biólogo de un componente de
libre elección de asignaturas relacionadas con la Biología, mientras que para
el licenciado se torna obligatorio un componente de formación en pedagogía que
no supera el 20% del plan de estudios, con el cual se alcanza el mismo
porcentaje promedio del componte de libre elección del primero, pues “aunque
la biología es carrera profesional de diez semestres, los dos últimos están
encaminados exclusivamente al trabajo de grado, en tanto la licenciatura, es
carrera profesional de ocho semestres, siendo el trabajo de grado desarrollado
en semestres posteriores no incluidos en el curriculum”.
Afirma
que “resulta inaudito que la Ley 22 de 1984 conciba los licenciados en
biología ‘iletrados’ en asuntos biológicos” y, de contera, se desconozcan
sus conocimientos en el área que se pretende enseñar, cuando la exigencia de un
título de idoneidad supone el reconocimiento público de aptitud profesional en
protección de los usuarios, luego no existe justificación plausible para que el
artículo 2° imponga la “profesión de biólogo” como exigencia para la
utilización de los principios, conocimientos y técnicas propias de las
diferentes disciplinas que conforman la Biología, siendo que debió establecer
la acepción más amplia “del ejercicio profesional de la biología”, situación
que constituye el medio para excluir al licenciado en biología de la
posibilidad de ejercer labores propias de la Biología, siendo que a través del “curriculum
propio de la biología” fue formado para ello.
Así,
considera que “no se percibe adecuada correspondencia entre las situaciones
jurídicas objeto de regulación y los ordenamientos que se hacen exigibles a
ellas”.
Bajo
las circunstancias precedentes, estima la actora que el legislador sin razones
válidas, objetivas, razonables y justas, creó preferencias o discriminaciones
entre biólogos y licenciados en Biología, cuando ambos  profesionales, de
acuerdo con los planes de estudio, se encuentran en un nivel equiparable de
idoneidad, competencia y aptitudes para el ejercicio de la Biología, medida que
por ser desproporcionada, restrictiva y excluyente comporta violación a la
igualdad y “afecta consecuentemente otros principios y derechos
fundamentales como el de la dignidad humana, el libre desarrollo de la
personalidad y el trabajo”.
En
este sentido, considera que la exigencia de matrícula profesional únicamente
para el biólogo, se extrema al diferenciar y desplazar la formación del
licenciado en Biología, toda vez  que el plus de éste en el tema de docencia “de
ninguna manera cercena la formación biológica que le debe ser propia a este
profesional”.
Manifiesta
igualmente que habiendo reiterado la Corte Constitucional la obligación del
Estado de velar por una calidad en la educación “que no ofrezca riesgos para
la sociedad”, y de otro lado, que el título profesional implica garantía de
competencia para laborar en el área universitaria cursada, “sería absurdo e
inadmisible pensar que la persona licenciada en biología no cuenta con
formación idónea en temas biológicos”, restringiendo su capacidad
profesional exclusivamente a la docencia, cuando este campo no supera el 20%
del plan de estudios; ello, según agrega, sólo podría ser aplicable a docentes
normalistas o licenciados en educación primaria o educación especial, quienes
profundizan en asuntos pedagógicos.
En
relación con el literal a) del artículo 2° de la Ley 22 de 1984, advierte la
actora la vulneración del derecho al trabajo y el libre desarrollo de la
personalidad, al estimar que “LA ENSEÑANZA como parte del ejercicio
profesional de la biología”, es restringida exclusivamente  al
biólogo, sin que se perciba la utilidad de la restricción, siendo que tal
actividad es inherente al licenciado en Biología “con ocasión de su
idoneidad y competencia en temas biológicos”, por lo que no existe
justificación alguna para que este último profesional no acceda a la matrícula
profesional, y con más razón cuando el ordenamiento jurídico del país cuenta
con mecanismos administrativos y judiciales destinados a controlar las
actividades biológicas generadoras de riesgo público.
Agrega
que por ser la Biología una ciencia objetiva y empírica, la competencia técnica
e idoneidad científica para su ejercicio no se circunscribe únicamente a la
obtención de título profesional sino que se afianza con la práctica, la
formación y la experiencia, lo cual aplica por igual a biólogos y licenciados
en Biología, dado que las instituciones de educación superior “no limitan” el
acceso a estudios de posgrado, doctorado o maestrías en temas netamente
biológicos, y que además, siendo el núcleo disciplinar coincidente en ambas
profesiones, resulta contradictorio privilegiar al biólogo, cuando la ley en
comento establece que “la enseñanza es parte del ejercicio profesional de la
biología”.
Señala
que no existe disposición expresa del legislador que establezca la facultad del
licenciado en biología de ejercer única y exclusivamente la docencia, o que
este carezca de idoneidad profesional para aplicar los conocimientos de
biología en otras actividades, toda vez que en “congruencia” con
pronunciamientos de la Corte Constitucional, el ejercicio de una profesión u
oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible en armonía con el
desarrollo espontáneo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho al
trabajo, razón por la cual la equivalencia inaplicable del artículo 4° de la
Ley 22 de 1984 es una limitante desproporcionada.
Afirma
entonces que el licenciado en Biología  “es en todos los aspectos y en su
formación académica, un profesional de la biología, que posee habilidades
pedagógicas para, además de aplicar conocimiento en el área de la biología,
transmitir dichos conocimiento (sic) y saberes a la comunidad”.
Destaca
a su turno cómo la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas ha promovido el
ingreso de licenciados en Biología dentro del papel fundamental de divulgación
del ejercicio de la biología en todos los campos de aplicación, por lo que es
absurdo que se les “cercene” la posibilidad de acceder a la matrícula
profesional, sometiéndolos, en los últimos años, a “la persecución
permanente por parte del Consejo Profesional de Biología y el escarnio público”,
por desarrollar actividades diferentes a la docencia, “pese a su idoneidad y
significativa competencia profesional”.
En
este sentido, “como lo señaló la misma Corte Constitucional en  sentencia C-505
de 2001, teniendo en cuenta que el establecimiento de barreras para el
ejercicio de una profesión pueda afectar un conjunto de derechos fundamentales
de particular importancia –como el derecho a la libertad individual o el
derecho al trabajo-, así como la posibilidad de que una persona acceda al
mercado laboral o ejerza una determina actividad productiva con el fin de
satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, el control
constitucional de este tipo de medidas debe ser en sumo concreto y objetivo”.
Adicionalmente,
en cuanto al derecho fundamental al trabajo, considera la demandante que la
restricción impuesta por la ley, “innecesaria, inútil y desproporcionada”,
avoca al licenciado en Biología al desempleo, de no encontrar ocupación propia
en la docencia, campo en el que el biólogo se encuentra autorizado de manera
privilegiada, como a la ilegalidad del ejercicio profesional, no obstante
contar con capacidad académica e idoneidad laboral para la formulación y
ejecución de investigaciones y proyectos, reservados exclusivamente a los
biólogos.
Manifiesta
que “ante la confusión, ambigüedad e inconstitucionalidad que se acusa del
artículo 4° de la Ley 22 de 1984”, el Consejo Profesional de Biología
ha rechazado solicitudes de tarjeta profesional de licenciados en Biología, que
han cursado un curriculum propio de la Biología, expedido por facultades de
Ciencias y Educación, a pesar de los conceptos emitidos por el ICFES sobre
inexistencia de limitante profesional y, de otro lado, participado en actuación
“de buena fe y exenta de culpa”, en la provisión de cargos públicos,
siendo por ello objeto de persecución y demandas por aquél.
Por
otra parte, asevera que el Ministerio de Educación, al determinar que todas las
licenciaturas corresponden al núcleo de educación, “sin analizar la
connotación de dicho argumento”, ha contribuido a la limitación del
ejercicio de la profesión con vulneración de los derechos a la igualdad y al
trabajo, puesto que no es coherente ni legal agrupar en la misma categoría a,
por ejemplo, los licenciados en educación primaria y especial con los
licenciados en Biología, disconformidad probada con la Clasificación Nacional
de Ocupaciones, CNO, “la cual realiza clara diferenciación entre licenciados
de educación primaria y aquellos licenciados formados en un área específica del
conocimiento, que les confiere competencias y saberes que los habilitan para el
ejercicio de actividades en dicha área”, de manera que “tanto los
licenciados en biología como los biólogos son profesionales asociados a los
títulos de 2 y 3 de la clasificación, en el entendido de que su ejercicio
profesional requiere las mismas competencias, entendidas estas como la
capacidad de hacer, de llevar a cabo las funciones propias de una ocupación
conforme a resultados deseados, integrando conocimientos, habilidades y
comprensión”.
Considera
además que la limitación del artículo 8° de la Ley 22 de 1994, referida a la
prohibición del Estado y de particulares de contratar personas naturales para
ejercer funciones propias de biólogos, que no exhiban la matrícula profesional
correspondiente, también ha cercenado las posibilidades laborales de los
licenciados en Biología, cuando por sus conocimientos y capacidades
profesionales pueden ejercer la profesión bajo tal modalidad, lo que
constituiría “una forma típica de lo que la doctrina constitucional ha
denominado una ‘clasificación demasiado amplia’, esto es, que la Ley 22 de 1984
prohíbe a una determinada categoría de personas, efectuar ciertas labores,
incluyendo en tal grupo no solo a personas que efectivamente ocasionan un
riesgo social sino personas que no causan tal riesgo”, debiendo estar en
este caso los licenciados en biología, pero “el legislador los excluyó injustamente
de tal posibilidad”.
Estima
la actora que, según jurisprudencia, no es razonable la obligación legal de
contratar exclusivamente a biólogos cuando existen varios profesionales que
pueden ejercer idóneamente una labor, siendo que “el nivel de especificidad
y experticia en el ejercicio de la biología están dados por la formación
avanzada y la experiencia, con lo cual, los trabajos específicos y de mayor
pericia serán evidentemente otorgados en el mercado laboral, a quienes
demuestren tal formación y tal capacidad, como en el ejercicio de cualquier
otra profesión”.
Al
respecto, aduce que mediante sentencia C-226 de 1994 (M. P. Alejandro Martínez
Caballero), la Corte Constitucional estableció que “el objetivo de la
reglamentación de las profesiones no es consagrar privilegios a favor de determinados
grupos sociales sino controlar  los riesgos sociales  derivados de determinadas
prácticas profesionales”, por lo que no puede el legislador excluir de una
labor a quien resulta idóneo para ejercerla, ni “señalar que el único título
de licenciado en biología que se considera equivalente al de biólogo es aquel
que devenga de un curriculum propio de la carrera de biología otorgado por una
facultad de ciencias o de artes y ciencias”.
También
señala que aun cuando es claro que el legislador se encuentra autorizado para
intervenir en el ejercicio del derecho fundamental de escoger profesión u
oficio, dadas las garantías de igualdad y libertad que protegen este derecho,
también lo es que “las limitaciones impuestas deben estar enmarcadas en
parámetros concretos, so pena de vulnerar el contenido esencial del derecho,
pues las condiciones para ejercer la profesión no pueden favorecer
discriminaciones prohibidas por la Carta”.
Afirma
que “no es racional, ni equitativo ni mucho menos constitucional”, que
académicamente se formen licenciados en Biología, competentes en temas
biológicos, cursen posgrados, maestrías y doctorados sobre la materia, se
vinculen a proyectos de investigación, accedan por méritos a cargos públicos y
privados, pero se les niegue la posibilidad de obtener la tarjeta profesional, “conminándolos
a la ilegalidad y a la persecución en desmedro de sus derechos fundamentales a
la igualdad, el trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad
de escoger profesión u oficio”.
Al
corregir la demanda, agrega que si la voluntad del legislador fue regular
situaciones académicas equivalentes, debió extender el condicionamiento a los “licenciados
en biología graduados en facultades de ciencias y educación, con curriculums
propios de la biología y no efectuar preferencias con un grupo específico de
licenciados provenientes de la Universidad de los Andes,…. ya que la expresión
del curriculum propio de la carrera de biología otorgado por una facultad
ciencias o de ciencias y artes, permite solo el cumplimiento de dicho requisito
a los licencias en biología de la Universidad de los Andes”.
Aclara
que la inconstitucionalidad de los artículos acusados de la Ley 22 de 1984, se
predica y desprende de que la remisión al curriculum propio de la carrera de
Biología en “una facultad de ciencias o de ciencias y artes, viola los
derechos a la igualdad, señalada en el inciso 1° del artículo 4° y no en los
trámites y regulaciones de la equivalencia”, exigencia que es de imposible
cumplimiento para los licenciados en Biología graduados en facultades de
Ciencias y Educación, razón por la cual no pueden acceder a la tarjeta profesional.
Observa
que la medida discriminatoria de limitar el ejercicio de la Biología
exclusivamente a los biólogos, siendo que los licenciados en Biología graduados
en facultades de Ciencias y Educación cuentan con la misma formación, “no
permite entender cuál es la finalidad que se persigue o cuál daño social o
individual se pretende evitar al excluir a un profesional capacitado o idóneo
como lo es el licenciado en biología, de la posibilidad del ejercicio de la
biología”, que al acceder a formación avanzada en temas biológicos “puede
competir en igualdad de condiciones, con el biólogo, en el mercado laboral”.
Concluye
la demandante expresando que para evitar este tipo de diferenciaciones entre
profesiones equivalentes, la ley ha previsto consejos profesionales plurales
como mecanismo para garantizar el derecho a la igualdad y el acceso al trabajo,
de manera que no se centre la labor en unos pocos, como sucede con el Consejo
Profesional de Biología, “que privilegia el ejercicio de la biología
exclusivamente en biólogos, discriminando a licenciados en biología graduados
en facultades de ciencias y educación, microbiólogos y demás profesionales
equivalentes”.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
El
Presidente de esta Academia realza la importancia de tener presente que la
Biología y la licenciatura en Biología son carreras diferentes, en cuanto la
primera pretende “la formación de profesionales científicos que sean competentes
para la aplicación, en los diversos ámbitos de la vida, de los conocimientos
teóricos y experimentales de las diversas temáticas propias de las ciencias
biológicas”, con participación en la investigación científica, mientras que
la segunda busca “formar docentes competentes para la enseñanza básica de
las ciencias biológicas en los niveles de educación preuniversitaria, empleando
estrategias pedagógicas y didácticas más apropiadas en esos procesos de
formación de jóvenes y niños”, con énfasis en la pedagogía y el
humanismo.
Se
refiere a la ética y a las responsabilidades de las ciencias naturales de
especial importancia en las redes internacionales de academias de ciencias,
para significar el deber que tiene el egresado universitario de desempeñarse
con competencia en su campo del saber.
De
otra parte, destaca que el licenciado en Biología que obtenga un título de
maestría y/o doctorado en universidades nacionales o extranjeras, está en
capacidad de realizar “de manera competente, algunas actividades propias de
un biólogo egresado de un programa de pregrado en biología”.
2.
Consejo Profesional de Biología
La
Presidenta del Consejo Profesional de Biología considera que los planes de
estudios propios de las carrera de Biología y licenciatura en Biología
consagran propósitos de formación diferentes; en el caso del biólogo, las áreas
de fundamentación en ciencias sociales y humanidades y disciplinaria se dirigen
a complementar su formación específica, con la apropiación de saberes,
prácticas, conceptos, teorías, métodos y herramientas, mientras que para el
licenciado la ciencia básica es la pedagogía, con el fin de formar docentes
idóneos para la educación a niveles preuniversitarios.
Por
lo anterior, expone que las carreras mencionadas no son equivalentes y sólo es
posible la homologación del título de biólogo a partir del cumplimiento del
requisito previsto en el artículo 4° de la Ley 22 de 1984, exigencia puesta de
manifiesto “en reiterados conceptos y para dar respuesta a las tutelas
interpuestas”; así, manifiesta que la expedición de la matrícula
profesional por parte de ese Consejo tendrá lugar siempre que se satisfagan los
requisitos de ley.
Agrega
que la Sala de Ciencias Biológicas, Agronomía, Veterinaria y Afines de la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, CONACES, en sesión de septiembre 22 de 2008, emitió
concepto según el cual, “revisado el documento del curriculum de un programa
de Licenciatura en Biología, es diferente al de un programa de Biología, dado
que el saber fundante de la licenciatura es la pedagogía, diferente al de un
programa de Biología, cuyo saber fundante es la misma biología. Por lo tanto, un
programa de Licenciatura en Biología no es equivalente a un programa de
Biología”.
Adicionalmente
señala que en oficio 2009EE2308 de enero 22 de 2009, la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad del Viceministerio de Educación Superior expuso no
considerar equivalentes “los de Licenciado en Educación – Biología o
Licenciado en Educación – Biología – Química, ‘… pero sí el de licenciado en
Biología, que después de un curriculum propio de la carrera de Biología,
otorgue una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias’…, es necesario precisar
que la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior, establece en el artículo 25 las titulaciones
correspondientes a este nivel de formación, de donde cabe destacar para el caso
específico, aquellos que hacen relación a profesiones o disciplinas académicas,
conducentes al título profesional, y los relacionados con programas de pregrado
en Educación que conducen al título de ‘Licenciado en…’ ”.
En
este orden de ideas, afirma que cuando el parágrafo del artículo 4° demandado,
refiere a un título propio de la carrera de biología lo hace en razón a que
para la época de expedición de la ley, existían en el país universidades que en
lugar de mencionar en el diploma “Profesional en…”, aducían la palabra “Licenciado
en …” (caso de la Universidad de Los Andes), de manera que la
exclusión de equivalencia prevista en la norma debía comprender a los
licenciados en Educación - Biología o en Educación Biología – Química.
Asevera
que esta Corte (cita sentencias T-408 de 1992, C-337 de 1994, C-050 de 1997,
C-964 de 1999, C-505 de 2001), ha señalado la facultad del legislador de exigir
títulos para acreditar la preparación académica y científica, exigencia
íntimamente relacionada con la libertad de escoger profesión y oficio y con el
libre desarrollo de la personalidad, lo que a su vez significa que tales
derechos no son absolutos y devienen más rígidos cuando el oficio o la
profesión escogida conlleva un riesgo social.
Conforme
a lo precedente, estima que la pretensión de reconocimiento de la calidad de
biólogo al licenciado en Biología es inviable, puesto que el Sistema Nacional
de Información de Educación Superior, SNIES, establece que el área de
conocimiento “de los Programas de Licenciaturas relacionadas con la Biología
son las Ciencias de la Educación y su núcleo Básico de Conocimiento es la
Educación, mientras que el Área de Conocimiento del Programa de Biología, son
las Matemáticas y Ciencias Naturales y su núcleo Básico de Conocimiento son la
Biología, Microbiología y Afines”, de lo cual resulta claro que las
licenciaturas tienen como objetivo básico el ejercicio de la docencia y la
biología la investigación, la asesoría, la consultoría y el apoyo en la
planeación, ejecución y control de programas, proyectos y estrategias de
desarrollo sostenible.
Observa
que aun cuando las tareas desempeñadas por los profesionales de ambas carreras
se traslapan, su contexto de desarrollo es distinto, al exigirse habilidades,
capacitación y responsabilidades específicas diferentes, que se desprenden de
los distintos contenidos e intensidad de los programas de estudio, que a su vez
“inciden en el perfil propio y característico de cada una de estas
profesiones” y “fija una distinción en punto a la idoneidad para
realizar las actividades y cumplir las exigencias previstas en la Ley 22 de
1984, distinción que no es de carácter formal sino sustancial”. Así, la
exigencia legal de matrícula profesional, “imprime una identificación que
aporta seguridad y certeza frente al usuario de los servicios y de la sociedad
en general, en el entendido que a quien se le ha expedido cuenta con la
formación e idoneidad para ejercer la profesión de biólogo”.
Con
fundamento en la diferenciación descrita, enfatiza que “si una persona opta
de manera libre ser Licenciado, esta es la profesión a la que habrá de
dedicarse, teniendo en cuenta que esta es su vocación de acuerdo con sus
capacidades, tendencias y perspectivas”, escogencia que guarda estrecha
relación con el libre desarrollo de la personalidad, el cual “comprende la
autonomía de cada uno para realizarse según sus particulares valores,
aspiraciones, aptitudes, expectativas, tendencias, gustos, ideas y criterios,
trazando a su propia existencia en los variados aspectos de la misma, las
directrices que mejor le convengan y agraden en cuanto no choquen con los
derechos de los demás ni perjudiquen el bienestar colectivo, ni se opongan al
orden jurídico”.
Finalmente,
aprecia que los licenciados en Biología cuentan con un amplio campo de acción
para el ejercicio del derecho al trabajo, revelado en la existencia de
instituciones privadas y públicas necesitadas de sus servicios profesionales,
pero bajo la sujeción a reglas jurídicas encaminadas a establecer requisitos de
idoneidad, exigencia que  respecto de la profesión de biólogo supone la
expedición de matrícula profesional, sin perjuicio, en ambos casos, de la
inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes.
3.
Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias, ACOFACIEN
El
Director Ejecutivo de ACOFACIEN, luego de referirse a apartes de la sentencia
C-505 de 2001, relacionados con el ejercicio de la profesión de Biología, y de
comparar resoluciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional, que
definen las características específicas de calidad para los programas de
pregrado en Educación, reglamentando así la Ley 1188 de 2008, advierte que las
carreras de Biología y de Licenciatura en Biología cumplen propósitos de
formación diferentes, según los planes de estudio, por las bases de
fundamentación de cada una de ellas (Biología y Educación), que impiden
homologar el título de licenciado al de biólogo sin que se cumpla el requisito
previsto por el artículo 4° de la Ley 22 de 1984. A este respecto, coincide con
las apreciaciones de la Presidente del Consejo Profesional de Biología,
sintetizadas en precedencia.
Agrega
la existencia de un posible vacío legal, en el entendido de que los licenciados
en Biología con maestría y doctorado en ciencias biológicas, que les permiten
adquirir el más alto nivel de competencia investigativa que se exige al
biólogo, estarían en capacidad de ejercer la profesión sin necesitar matrícula
profesional, en campos donde predomine el componente biológico, reservados al
profesional biólogo, teniendo presente que a la época en que fue sancionada la
Ley 22 de 1984, la maestría tenía historia reciente y el doctorado aún no se
ofrecía en el país.
4.
Ministerio de la Protección Social
En
representación de dicho Ministerio, un profesional del derecho de la Oficina
Asesora y de Apoyo Legislativo informa que el tema en cuestión es de
competencia del Ministerio de  Educación Nacional, anotando que la Biología no
es profesión del área de la salud.
No
obstante, con acotación de las Leyes 30 de 1992 y 1188 de 2008, reguladoras del
servicio público y los programas de la educación superior,  manifiesta que la
educación en Colombia se encuentra clasificada según áreas de conocimiento, “entendidas
como la agrupación que se hace de los programas académicos de igual o distinta
modalidad, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contendidos, en los campos
específicos de conocimiento y en los campos de acción de la educación superior
cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de
ocupaciones, profesiones o disciplinas”, que se organizan a su vez en “Núcleos
Básicos de Conocimiento que consisten en la agrupación de los programas en las
diferentes áreas de conocimiento”.
Denota
que las ciencias de la educación tienen como núcleo básico la educación, a la
cual pertenecen las licenciaturas, dirigidas a la formación integral de futuros
docentes para la enseñanza de alguna disciplina, por lo que orientan su razón
de ser en la pedagogía, mientras el núcleo básico de la Biología pertenece al
área de conocimiento de las ciencias naturales, aplicación que implica un
desarrollo profesional distinto.
5.
Ministerio de Educación Nacional
Mediante
apoderada, la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional expresa que
las normas acusadas, lejos de vulnerar la Constitución Política, desarrollan su
artículo 26, que contempla la posibilidad de exigir títulos de idoneidad a
aquellos oficios que requieran formación académica, sin perjuicio de la
vigilancia y control por parte del Estado.
Indica
que conforme al capítulo I del Decreto 4675 de 2006, “la construcción de las
denominaciones y los perfiles de formación de programas corresponde a las
instituciones de Educación Superior en ejercicio de su autonomía universitaria,
esto en el campo académico, ya que en materia laboral son las instituciones
quienes deben determinar el perfil o los perfiles de formación que se
requerirán para determinados cargos públicos de acuerdo a la conformación de
las plantas y las necesidades de personal”.
Insiste
en la autonomía universitaria, a la luz del artículo 69 superior y de la Ley 30
de 1992, respecto de la adopción de los correspondientes regímenes académicos
en cumplimiento de la misión institucional, pero bajo la suprema inspección y
vigilancia del Ministerio de Educación Nacional por delegación del Presidente de
la Republica (Decreto 698 de 1993), de manera que se garantice la calidad de la
instrucción impartida y el manejo ordenado de la actividad institucional, sin
que ello implique una intromisión en los asuntos administrativos necesarios
para el desarrollo de sus funciones.
Así,
según la Ley 1188 de 2008, el Ministerio de Educación “otorga registro
calificado a los programas de Educación Superior, verificando el cumplimiento
de las condiciones de calidad por parte de las Instituciones de Educación
Superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al
desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas”.
De
otra parte, observa que la Ley 22 de 1984 reconoce la Biología como una
profesión de educación superior, sin que impida el acceso a actividades
directamente relacionadas con ella, autorizando, por el contrario, una
formación académica dirigida a obtener un profesional integral, “de tal
suerte que lo habilite y faculte para defenderse y desarrollar el ejercicio en
su respectiva  especialidad”.
En
escrito adicional, profundiza sobre la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza
el servicio público de la educación superior; la Resolución 2769 de 2003, que
define las características específicas de calidad para los programas de
pregrado de Ciencias Exactas; y la Resolución 1036 de 2004, referente a la
calidad de los programas de pregrado y especialización en educación. Así,
aclara que no le corresponde fijar ni determinar los planes de estudio de los
programas de educación superior, en tanto su labor consiste en evaluar las
condiciones de calidad de los mismos; son las instituciones de educación
superior, conforme a la autonomía universitaria, de amparo constitucional, las
encargadas de establecer si un programa, como la licenciatura en Biología,
cumple los requisitos previstos en el artículo 4° de la Ley 22 de 1984, para
considerarlo equivalente al programa de pregrado en Biología.
No
obstante lo anterior, precisa que el orden jurídico colombiano contempla
equivalencias de programas o títulos, de acuerdo con la clasificación de
programas académicos, que se concreta en lo que se denomina área de
conocimiento, “entendiéndose por tal, la agrupación que se hace de los
programas teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos
específicos de conocimiento y en los campos de acción de la Educación Superior,
cuyos propósitos de formación conducen a la investigación o al desempeño de
ocupaciones, profesiones y disciplinas”.
Finalmente,
indica que en la categorización de los programas académicos, se toman como
referente las clasificaciones internacionales, emanadas de reconocidos
organismos multilaterales, asociaciones, institutos y redes vinculadas con la
educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.
6.
Intervenciones ciudadanas
6.1.
Las ciudadanas Patricia Elena Useche Losada y Claudia Victoria Pinzón Vanegas,
licenciadas en Biología, manifiestan conjuntamente estar a favor de la demanda
de inconstitucionalidad, por estimar que la duración de la carrera de
licenciatura (10 semestres) permite al egresado desempeñarse en la docencia y
en la investigación. La formación académica recibida les otorga las
herramientas teóricas y prácticas en ciencias biológicas para la resolución de
conflictos ambientales e igualmente incluye áreas de conocimiento en tales
ciencias.
6.2.
La ciudadana Liliana Castro Rodríguez expresa: (i) El contenido curricular del
biólogo y del licenciado son afines, por lo que este último debe ser
reconocido  como idóneo y “par” del primero, al tratarse de profesiones
de una misma área, la Biología. (ii) Los perfiles de ambas carreras permiten
que el biólogo pueda ejercer la docencia y el licenciado las ciencias
biológicas, por los conocimientos del área, de donde “no debería haber lugar
a discriminación alguna entre ellos”. (iii) No obstante las restricciones
impuestas por el Consejo Profesional de Biología, la realidad demuestra el
ejercicio de las profesiones en los ámbitos anteriores, tanto en empresas públicas
como privadas, aunque al licenciado en biología la ley no le otorgue matrícula
profesional, y con más razón al haber cursado especializaciones, maestrías y
doctorados en ciencias biológicas. (iv) Aun cuando la Ley 24 de 1976 reglamentó
la profesión de licenciados en ciencias de la educación, señalando que son
profesionales de la docencia, posteriormente la Ley 115 de 1994 (General de la
Educación) precisó la posibilidad de la docencia en otros profesionales con
formación de posgrado en educación (v. gr. biólogos, Ley 22 de 1984), situación
que en aplicación del derecho a la igualdad puede aplicarse a los licenciados
en Biología, por su idoneidad en el componente biológico y permite acceder a la
tarjeta profesional. (v) No es constitucional que se supedite la equivalencia
de título a “facultades de ciencias y artes”, puesto que las
artes no guardan relación con temas biológicos, como sí la educación y las
ciencias naturales, que arrojan una formación integral con capacidad
pedagógica. (vi) Resulta fundamental diferenciar entre Licenciado en Educación
– Biología y Licenciado en Educación Biología – Química, con el Licenciado en
Biología, puesto que en los primeros profesionales el plan de estudios enfatiza
en la pedagogía, mientras que en el segundo la formación se centra en
conocimiento, funcionamiento y transformaciones de  los seres vivos, más un
componente pedagógico pero no durante toda la carrera. (vii) El no acceso a la
tarjeta profesional por parte del licenciado en Biología, “limita ilegal e
inconstitucionalmente su ejercicio profesional solamente cuando no existe
norma alguna que le prohíba al licenciado en biología desempeñar tareas,
diferentes a la docencia, como bien lo ha señalado el Departamento
Administrativo del Servicio Civil”. (viii) Es violatorio de los principios
constitucionales de economía y eficacia, que la Ley 22 de 1984 restrinja el
ejercicio profesional de la Biología exclusivamente al biólogo, cuando existen
otros profesionales con un “núcleo común del saber” (Biología), por lo
que el Consejo Profesional de Biología debe incluirlas como carreras afines que
no cuentan con tarjeta profesional, como ocurre con otros consejos
profesionales.
6.3.
Los ciudadanos Natalia Celia López Rivera, Dalia Camelo Salamanca, Néstor
Eduardo Escobar de la Pava y Juan Bercelino Pineda Ávila, licenciados en
Biología, manifiestan su inconformidad con las disposiciones demandadas.
Argumentan que la situación planteada por la Ley 22 de 1984 ha “cerrado”
sus  oportunidades laborales, convirtiéndolos en “profesionales ilegales”
por ejercer funciones de un profesional de la Biología, no obstante la
producción intelectual y los conocimientos adquiridos a través de estudios de
posgrado con énfasis en temas propios de la Biología.
Agregan
que han accedido por concurso de méritos a instituciones del Estado para
ejercer tareas propias de un biólogo, demostrando con ello sus capacidades, “las
cuales se facilitan por los componentes pedagógicos obtenidos durante la
formación profesional, convirtiéndose en un valor agregado para el desarrollo
de la biología por permitir la transmisión del conocimiento técnico y
científico de fácil acceso”.
Reparan
haberse visto expuestos a discriminación, por “falsa interpretación de la
normatividad”, bajo el criterio de que los profesionales en licenciatura en
Biología únicamente se encuentran habilitados para ejercer la docencia, siendo
que por la formación adquirida han aportado a la ciencia importantes logros,
como integrantes de grupos de investigación nacional e internacional.
6.4.
El ciudadano Juan Carlos Becerra Ruiz coadyuva la demandada
inconstitucionalidad, centrando su argumentación en el tema de la equivalencia
como “el reconocimiento de que un título (o un conjunto de estudios
superados por el interesado) tiene los mismos efectos académicos y/o
profesionales de otro”.
En
este sentido, indica: “La equivalencia se puede reconocer con un nivel de
estudios (equivalencia genérica) o se establece con un determinado  título (equivalencia
específica). Los efectos de una equivalencia pueden ser profesionales (indica
el reconocimiento expreso de que una formación permite el acceso al mundo del
trabajo igual que otra a la que es equivalente) o académicos (con el fin de
continuar estudios, se declara con el mismo nivel de estudios). De esta forma,
en Colombia y en la mayoría de los países con quienes se ha suscrito convenio
de reconocimiento de títulos, se establece que se obtienen los mismos efectos
académicos y profesionales al cursar Ciclos Formativos equivalentes o similares”.
Afirma
que la legislación colombiana tiene establecido que, por ejemplo, licenciados
en química, ciencias políticas, nutrición y dietética, terapia física, pueden
acceder a la tarjeta profesional de química (Ley 53 de 1975), administración
pública (Ley 1006 de 2006),  nutrición y dietética (Ley 73 de 1979) y
fisioterapia (Ley 9ª de 1979), dado que los ciclos de formación básica
profesional son equivalentes o similares.
Agrega
que “ante este análisis normativo y de cara al principio constitucional de
igualdad es evidente que la expresión… ‘que después de un curriculum propio de
la carrera de Biología, otorgue una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias’…
que establece el artículo 4° de la Ley 22 de 1984, como condición para
verificar la equivalencia del título de licenciado en biología con el de
biólogo, es abiertamente inconstitucional, porque como lo ha venido
manifestando subjetivamente el Ministerio de Educación Nacional en diversos
conceptos y lo ha asumido el Consejo Profesional de Biología para negar tarjeta
profesional a los licenciados, circunscribe tal privilegio a un reducido grupo
de licenciados uniandinos, sin mencionar que el ejercicio de la biología es
ajeno a las artes, por lo que no se concibe coherente el requisito, razón por
la cual la expresión vulnera el derecho constitucional a la igualdad y al
trabajo”.
De
otra parte, observa que al disponer el Ministerio de Educación Nacional que el
título de licenciado en Colombia corresponde a la docencia, por lo que la
equivalencia que prevé la Ley 22 de 1984 refiere a la que se otorga a
profesionales egresados de facultades de Ciencias y Educación, se vulneran  los
derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de escoger profesión u
oficio, el libre desarrollo de la personalidad y el trabajo, por cuanto “dentro
del ordenamiento jurídico y acorde con la naturaleza de los Consejos o Colegios
Profesionales, las equivalencias señaladas en disposiciones legales no deben
dar lugar a interpretaciones individualizadas o a juicios subjetivos, en razón
a que la propia normativa determina la naturaleza de dicha equivalencia y sus
efectos”.
Con
fundamento en lo anterior, advierte que “es absolutamente contradictorio que
la legislación colombiana a través de Decreto 2306 de 1968, conceda efectos de
equivalencia académica al título de licenciado, en igualdad de condiciones con
otros títulos profesionales, y con ello pueda acceder a formación universitaria
avanzada (situación que se verifica en la práctica, pues los licenciados en
biología están habilitados para acceder a formación de posgrado, maestría y
doctorado en áreas de la biología diferentes a la docencia), en tanto al
licenciado en biología se le niega su derecho a la equivalencia profesional
para acceso al mundo laboral, a pesar de haber cursado Ciclos Formativos
equivalentes o similares a los del profesional en biología y en la gran mayoría
de las circunstancias poseer la experiencia y la formación avanzada requerida
para ejercer la biología”.
Finalmente,
recabando sobre la Ley 49 de 1986, aprobatoria del convenio entre Colombia y
Alemania acerca del reconocimiento recíproco de estudios, diplomas, títulos y
grados académicos, el ciudadano interviniente destaca la aceptación en nuestro
país de la equivalencia del licenciado en Biología con el biólogo para
profesionales alemanes, y de parte de la nación europea el reconocimiento del
licenciado en Biología como biólogo, pero que en Colombia, a los nacionales
licenciados en Biología no se les convalida su título con el de biólogo,
situación que en su criterio, no deja claro “el fundamento constitucional y
legal del privilegio que la Ley 22 de 1984 quiere otorgar a los licenciados
uniandinos y a los biólogos”, en desmedro de derechos fundamentales de los
licenciados en Biología.
6.5.
Las ciudadanas Gloria Stella Quiroz Manrique y Nelly Niño Roa, licenciadas en
Ciencias Biológicas y Biología, respectivamente, intervienen en pro de la
acción de inconstitucionalidad interpuesta, para realzar  los conocimientos, la
capacidad y la idoneidad requerida en el campo de la Biología, razón por la
cual las normas acusadas lesionan la integralidad personal en lo laboral como
en lo profesional, sobre la base de que “los licenciados en biología cursan
las mismas materias que los biólogos, y que así como los biólogos profundizan
en los dos últimos semestres en algún área específica, los licenciados lo
hacemos en la docencia”.
Concluyen
en la necesidad de que el Consejo Profesional de Biología se transforme en “Consejo
Profesional de Biología y Afines”, habida consideración de
que el ejercicio de la Biología no puede constituirse en actividad exclusiva
del biólogo, por la existencia de otras carreras que pertenecen a igual área,
en el eje común del conocimiento.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR  GENERAL DE LA NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, a partir de la vulneración del derecho
fundamental a la igualdad, considera que hay lugar a la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión “curriculum propio de la carrera de
Biología, otorgue una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias”, contenida
en el inciso 2° del artículo 4° de la Ley 22 de 1984.
Encuentra
el director del Ministerio Público que no obstante ser tarea del Congreso
alcanzar por medio de las leyes la igualdad real y efectiva entre todas las
personas, en el caso sub examine la norma estableció hipótesis jurídicas que
afectan grupos humanos, “por cuanto el legislador no fija cuáles son los
criterios propios de un curriculum de la carrera de biología, y en
consecuencia, resulta improcedente que clasifique la facultad que debe otorgar
el título de licenciado en Biología”.
Al
condicionar la obtención del título de biólogo en una facultad de Ciencias o de
Artes y Ciencias, el legislador se apartó de la proporcionalidad de los medios
empleados y del fin perseguido, pues “su aplicación en la práctica es
imposible de cumplir, dejando en la realidad a los licenciados en biología sin
acceso a la obtención de la matrícula profesional de biólogo”.
En
consecuencia, “el legislador no justificó la razón por la cual realiza la
clasificación de facultades para la obtención del título de licenciado en
biología, ya que tampoco fijó los criterios a seguir en un curriculum propio de
la carrera de biología, luego hace evidente una clasificación entre licenciados
en biología que no son graduados de las facultades de ciencias o de artes y
ciencias y los que sí son graduados de estas facultades, sin motivar la razón
por la cual hace tal condicionamiento, resultando así vulnerado el derecho a la
igualdad de los licenciados en biología, independiente de la facultad de la que
sean egresados, es decir el segmento normativo acusado, es ambiguo y confuso en
su redacción”.
Por
último, refuerza su posición con un pronunciamiento de esta corporación
(sentencia C-647 de 2000, M. P. Fabio Morón Díaz), para significar que el
principio de igualdad “no puede ser entendido como una prohibición de las
diferencias, sino una exigencia de que las distinciones que se establezcan
tengan una justificación objetiva y razonable.”
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
En virtud de lo dispuesto por
el artículo 241-4 superior, esta Corte es competente para conocer de la acción
en referencia, por estar dirigida contra normas de la Ley 22 de 1984, emitida
por el Congreso, atinente al reconocimiento de la Biología como profesión y la
reglamentación de su ejercicio.
2. Problema jurídico a resolver.
Precisa
la Corte que no obstante el mayor contenido de la preceptiva acusada, la
inconformidad de la demandante y de quienes coadyuvan su argumentación, radica
en los requisitos de equivalencia del título de biólogo y la matrícula expedida
por el Consejo Profesional de Biología, exigidos en la Ley 22 de 1984 para el
ejercicio de la Biología por parte del profesional licenciado en Biología. En
consecuencia, ése será el cargo que cardinalmente será abordado en el análisis
constitucional a acometer.
Así,
corresponde a esta corporación establecer si la exigencia  prevista en el
artículo 4° de la citada ley, según la cual el licenciado en Biología podrá
equiparar su título y acceder a la matrícula profesional de biólogo, (i)
siempre que haya cursado un curriculum propio de la carrera de Biología, (ii)
otorgado por una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias, vulnera los
derechos fundamentales a la igualdad (art.13 Const.), al libre desarrollo de la
personalidad (art.16 ib.), al trabajo (art. 25 ib.) y a la libertad de escoger
profesión u oficio (art. 26 ib.).
Para
resolver tal interrogante, la Corte procederá a considerar: (i) la facultad
del legislador de regular el ejercicio de las profesiones; (ii) el riesgo
social implícito en el ejercicio de la Biología; y (iii), el campo de
fundamentación de las carreras de Biología y licenciatura de Biología en la
educación superior.
Interesa
desde ahora precisar que esta corporación, mediante sentencia C-505 de mayo 16
de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), se pronunció acerca de la
exequibilidad de la Ley 22 de 1984, sobre la base de un cargo global dirigido a
cuestionar la posibilidad del Estado de exigir título de idoneidad para el
ejercicio de la Biología, enfoque diferente al ahora planteado y que, por lo
mismo, no constituye cosa juzgada constitucional, pero que se torna
imprescindible mantener presente, dada la estrecha relación con la materia
objeto del subsecuente estudio.
La
acción ciudadana que dio lugar a la providencia mencionada, se dirigió contra
la integridad de la Ley 22 de 1984, a partir de (i) el entendimiento consignado
en la demanda sobre la Biología, como ciencia fáctica y material, desarrollada
a partir de la observación de la realidad, de los sucesos y los procesos, y de
la verificación de los resultados únicamente con la experiencia, razón por la
cual no podía imponerse su práctica mediante título universitario, a riesgo de
limitar la investigación científica y la actividad creadora, por cuanto la
naturaleza y el recuento histórico enseñan que el saber biológico se adquiere
no sólo a través de la academia, sino en la construcción empírica; y (ii) los
argumentos esbozados en la sentencia C-087 de 1998, que declaró
inconstitucional la ley reglamentaria de la profesión de periodismo, para
considerar que, en forma similar, el ejercicio de la Biología no podía ser
condicionado a la posesión de un título académico salvo para precaver un riesgo
social, exigencia a deducir del conflicto que puede resultar de la biología
como actividad científica y la libertad de investigación,  “universalmente
reconocida como inherente a la condición humana”.
La
Corte al declarar la exequibilidad de la Ley acusada, condicionó la expresión “la
investigación”, contenida en el literal a) del artículo 2°, en el sentido
de entender que las investigaciones relacionadas con seres vivos pueden ser
adelantadas por cualquier persona y no sólo por quienes ostentan un título en
biología. Con respecto a las disposiciones restantes, determinó su conformidad
con la carta, pero en cuanto a los cargos de la demanda que fueron objeto de
análisis.
En
esta oportunidad, el reproche se ubica en la exigencia del título de biólogo
para el ejercicio por parte del profesional licenciado en Biología, aspecto
que, aun cuando gravita alrededor de esta ciencia, no se halla dirigido al
análisis de su naturaleza y los fines que aconsejan el título académico, lo
cual permite (i) establecer que los cargos difieren de aquellos formulados en
la demanda anterior, decididos en la sentencia C-505 de 2001, y (ii) concluir
la inexistencia de cosa juzgada constitucional.
3. Facultad del Congreso para regular el ejercicio de
las profesiones. Exigencia de título como requisito de idoneidad.
3.1. De manera reiterada, esta Corte ha señalado que
el derecho al trabajo constituye elemento estructural del orden político y
social instituido en la Constitución de 1991, pues además de ser derecho
fundamental, tiene una dimensión objetiva que lo vincula al poder público, que
garantiza no solamente su debida aplicación y eficacia, sino su consonancia con
el resto de principios y derechos consagrados en la carta, “que conforman un
sistema coherente de ordenación social, articulado a partir de los valores
fundamentales que son la base material del Estado social y democrático de
derecho” [1].
Por ello, (i) las reglamentaciones que el legislador establezca
no pueden en ningún caso desconocer la garantía constitucional que de tal dimensión
se desprende y (ii) la intervención estatal que se produzca debe encontrarse
legitimada y al mismo nivel de protección constitucionalmente dispuesto para el
derecho al trabajo, que es uno de los principios en que se funda el Estado
colombiano (Art. 1° Const.: “Colombia es un estado social de derecho organizado
en forma de República unitaria…, fundada en el respecto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las persona que la integran y en la
prevalencia del interés general.”)
Adicionalmente, ha destacado esta corporación la
existencia de una dimensión subjetiva del derecho al trabajo por su connotación
social, la cual en virtud de ese sistema coherente de principios y valores,
entraña la garantía de los derechos a la igualdad y la libertad y su debido
ejercicio, mediante una regulación necesaria y razonable, producto del deber
constitucional que le asiste al Estado de “propiciar la ubicación laboral de
las personas en edad de trabajar” (art. 54 Const.). Así lo ha expuesto la
Corte Constitucional:
“Como corolario de la dimensión objetiva del derecho
al trabajo se desprende el principio rector del artículo 54 de la Carta, que
contiene un mandato al Estado para que propicie una política de pleno empleo.
Ahora bien, el derecho al trabajo no sólo encarna una dimensión objetiva como
elemento estructural del orden constitucional sino que, además, cuenta con una
dimensión subjetiva de especial importancia en nuestro derecho constitucional.
Se trata entonces de un derecho social, cuyo contenido complejo encuentra en el
derecho constitucional del Estado social de derecho, al menos dos garantías: la
igualdad y la libertad del titular del derecho al trabajo frente a la
regulación y vigilancia del Estado. El contenido de este derecho se concreta
entonces en el respeto a las condiciones de igualdad para acceder a un puesto
de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos de capacitación que exige
cada tarea en particular. Así mismo, dichos requisitos deben ser fijados de tal
manera que obedezcan a criterios estrictos de equivalencia entre el interés
protegido y las limitaciones fijadas, pues una excesiva, innecesaria o
irrazonable reglamentación violaría el contenido esencial del derecho. Por
último, es necesario anotar que, de una parte, los requisitos que condicionen el
ejercicio de una profesión u oficio deben ser de carácter general y abstracto,
vale decir, para todos y en las mismas condiciones; y de otra, la garantía del
principio de igualdad se traduce en el hecho de que al poder público le está
vedado, sin justificación razonable acorde al sistema constitucional vigente,
establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y viceversa.
Queda claro entonces que como lo ha manifestado ya
esta Corporación[2] el alcance de los
derechos fundamentales no está dado por su mera definición, sino por la
relación que existe entre ellos y el resto de los contenidos de la Carta. Así
las cosas, el derecho al trabajo debe interpretarse en estrecha relación con
los principios de igualdad, libertad y dignidad humana. Es tarea de esta Corte
defender en este sentido su real significado normativo.
El sistema de protección del derecho que se estudia,
exige entonces que las intervenciones del poder público que tiendan a limitar
la garantía general de libertad respecto a su ejercicio, así como la garantía
de igualdad de todos a un puesto de trabajo, fundadas en el respeto a la
dignidad humana, cuenten con una legitimación clara, razonable y explícita.
Por esta razón, no basta ya con que el legislador
argumente la necesidad de proteger al interés general para restringir el
ejercicio de un derecho. El interés general es un concepto vago e impreciso que
requiere de una determinación concreta,  probada y razonable. Si esto no fuera
así, quedaría en manos del poder público limitar el alcance de los derechos
fundamentales, mediante una reglamentación tal que la regla general de libertad
se convierta, de hecho en la excepción.
En el texto constitucional colombiano, el interés
general, definido por el legislador se opone al interés particular, salvo
cuando este último está protegido por un derecho fundamental. En este caso,
como lo dijimos arriba, ha de entenderse que la dimensión objetiva de tales
derechos los convierte en parte estructural del sistema jurídico y por lo tanto
dejan de ser meros derechos subjetivos para integrar la parte dogmática del
complejo concepto de interés general.
En este sentido, la doble relación de subordinación y
libertad que tiene el legislador frente al texto constitucional hace que este
pueda reglamentar el ejercicio del derecho al trabajo, pero siempre tendiendo a
protegerlo y a asegurar el máximo de libertad e igualdad real de los individuos
como expresión de su dignidad humana.” [3]
3.2. Con fundamento en el indicado sistema de
ordenación de principios y valores, la Constitución (art. 26) otorga al
Congreso de la República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el
desarrollo de ciertas actividades y establece, como regla general, la
inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones por parte de las
autoridades competentes.
Lo anterior, en razón a que el constituyente supone
que (i) las profesiones comportan una necesaria formación académica como
garantía de aptitud para la realización de la actividad profesional,
reduciéndose de esta manera el riesgo social que puede implicar su ejercicio, y
que (ii) las ocupaciones, artes y oficios que no impliquen un riesgo social, no
requieren por lo general una especial formación académica, aun cuando también
es posible imponer reglamentación, inspección, vigilancia y cierta
escolaridad.
Así
las cosas, observa esta Corte que el ejercicio de una profesión u oficio se
funda en el respeto a la libertad individual de escogencia de una actividad
laboral y en la protección de los riesgos sociales que, por su posible
incidencia, exigen del legislador una regulación que, para que sea legítima,
deberá ser razonable y proporcionada, de manera que no signifique una
restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades
individuales. En la precitada sentencia C-606 de 1992, también se expresó:
"… en materia de reglamentación del derecho
fundamental a escoger profesión u oficio, el legislador debe imponer los requisitos
estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el
ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad
posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la
personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana. En
conclusión, la intervención del Estado en el derecho fundamental consagrado en
el artículo 26 de la Carta debe respetar la garantía general de igualdad y de
libertad que conforman su contenido esencial. La reglamentación de una
profesión no puede favorecer, implícita o explícitamente, discriminaciones
injustas, fundadas en distinciones artificiosas entre trabajo manual o trabajo
intelectual o entre oficios y profesiones.”
En igual sentido, se ha precisado[4]
que el ejercicio regulado de las actividades contempladas en el artículo 26
superior, debe ajustarse a los derechos de igualdad y libertad, retomando al
efecto la doctrina antaño elaborada por la Corte Suprema de Justicia, al
determinar los límites de la facultad de reglamentación de las profesiones y
oficios en los siguientes términos:
"Esta alta potestad de policía, que corresponde
al Estado, se extiende, como es obvio, a aquellas medidas que sean
razonables y equitativas, y que tengan una relación apropiada con el asunto
materia de la regulación, de modo que aparezca claramente que la
ley respectiva tiende al bienestar público o a la prevención de alguna ofensa o
peligro social; condiciones éstas que compete a la Corte Suprema de
Justicia apreciar cuando haya de ejercer la atribución que le confiere el
artículo 41 del Acto Legislativo Número 3 de 1910, respecto de leyes que se
dicten en ejercicio de aquella alta potestad de policía (subrayas no
originales)[5].”
Finalmente y por lo ya expuesto al principio de estas
consideraciones, la Corte precisa recordar in extenso lo señalado en la
también precitada sentencia C-505 de mayo 16 de 2001, a propósito de la declaratoria
de exequibilidad de la Ley 22 de 1984:
“1. Al respecto, sea pertinente señalar que el
artículo 26 de la Carta Política dispone en su inciso primero que ‘toda persona
es libre de escoger profesión u oficio’, a pesar de lo cual, se establece que ‘la
ley podrá exigir títulos de idoneidad’. Adicionalmente, la norma advierte que ‘las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones’ y que ‘las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo
social’.
No obstante que la garantía constitucional de dicha
libertad emerge con claridad de la disposición citada, no es menos cierto que
esta prerrogativa es también derivación directa del derecho a la libertad
personal, consagrado en el artículo 13 de la Constitución. Además, es
consecuencia lógica de que el derecho al trabajo goce, en todas sus
modalidades, de la protección especial del Estado (art. 25 C.P.), y una de las
manifestaciones más relevantes del derecho que el individuo tiene a desarrollar
libremente sus posibilidades personales (art. 16 ibídem), entre las que se
encuentran las libertades de aprendizaje e investigación (art. 27 ibídem).
Además, no podría ser de otro modo aquello de la
protección estatal de dicha garantía, cuando resulta patente que es en la actualización
de sus potencialidades y en el desarrollo de sus capacidades donde el individuo
realiza el perfeccionamiento al que es llamado por su condición humana, tanto
en beneficio de la comunidad como en el suyo propio.
2. En tanto derecho fundamental que es, el derecho a
escoger libremente profesión u oficio goza de una garantía constitucional que
opera en dos direcciones: la primera, proyectada hacia la sociedad - es decir,
que delimita las fronteras del derecho -, adscribe de manera exclusiva al legislador,
de un lado, la competencia para regular los requisitos que deben cumplir los
aspirantes a ejercer actividades que requieran capacitación técnica o
científica si es su deseo obtener el título correspondiente, así como las
condiciones en que el ejercicio de la misma puede ser sometido a inspección y
vigilancia por las autoridades competentes. La segunda, de orden interno, se
dirige expresamente a proteger el núcleo esencial del derecho a la escogencia,
de tal manera que no puede el legislador, sin lesionarlo, restringir, limitar o
cancelar ese ámbito de inmunidad en el que no es posible injerencia alguna.[6]
Mientras la segunda de las garantías -la interna- es
absoluta, es decir, opera igualmente para las profesiones y los oficios, la
primera sólo se predica de las profesiones y de las ocupaciones, artes u
oficios que requieran formación académica e impliquen un riesgo social. La
Constitución actual emplea en este punto criterios de diferenciación relativos
al riesgo a que queda expuesto el conglomerado social como consecuencia del
ejercicio de una determinada actividad -sea a nivel profesional, técnico o
empírico- antes que al mayor o menor grado de escolaridad requerido para
ejercerlas, cual era la pauta escogida por la Constitución Nacional de 1886.[7]
No obstante lo dicho, tal como en general sucede
cuando se trata de la restricción de un derecho fundamental, la potestad
reguladora del legislador para introducir exigencias, requisitos y limitaciones
a las profesiones y los oficios no es absoluta, y en cambio debe estar
cimentada en profundas razones de orden y seguridad sociales.
En este punto, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido especialmente prolífica y ha tenido oportunidad de fijar
los criterios a que la ley debe sujetarse para imponer las señaladas
restricciones. Como regla general, la Corte ha dicho que ‘el legislador debe
imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés
general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el
mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un
desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la
dignidad humana’. En otras palabras, lo que la Corte espera del legislador es
que éste circunscriba su potestad de reglamentación, exclusivamente a aquellos
aspectos que no sea posible dejar de regular, a efectos de que se protejan a un
tiempo, tanto el interés general como el derecho subjetivo de quien desea poner
en práctica sus conocimientos.
Los recortes que el legislador está autorizado para
imponer al ejercicio de determinada profesión u oficio, se hallan
principalmente justificados en el hecho de que no existen en el ordenamiento
jurídico, derechos subjetivos de naturaleza absoluta.
3. No obstante, tales restricciones deben estar
cimentadas en un principio de razón suficiente, de modo que su imposición
emerja como resultado de ponderar el derecho subjetivo de aplicar los
conocimientos en una determinada rama del saber, con el posible impacto que
dicha aplicación pueda generar en la sociedad o frente a terceras personas.
Analizadas desde la perspectiva de la razonabilidad, las restricciones legales
al ejercicio de este derecho fundamental deben estar claramente encaminadas a
la protección del interés general, siendo ilegítima cualquier disposición que
defraude dicha teleología..
La conclusión anterior cobra vital importancia en lo
que tiene que ver con la posibilidad que tiene el legislador de exigir títulos
de idoneidad para autorizar el ejercicio de una profesión o de un oficio.
Como lo ha sostenido la Corte, la alternativa de
exigir dichos títulos implica la garantía para la sociedad de que el titular
del diploma es competente en área del conocimiento de que se trata y ha sido
entrenado de acuerdo con los niveles de exigencia considerados como mínimos
para el ejercicio responsable de su saber. A este respecto, la Corporación señaló
que:
‘… el título, expedido de conformidad con la propia
ley que lo exige, es la prueba, en principio, de la sapiencia de su dueño, o al
menos, de que éste cursó unos estudios. Dicho en términos más sencillos: el
título legalmente expedido, prueba  la formación académica. Y la facultad del
legislador para exigirlo no resulta de abstrusos razonamientos, sino del texto
inequívoco de la norma constitucional.
Es claro que la exigencia de títulos de idoneidad,
apunta al ejercicio de la profesión, porque es una manera de hacer pública la
aptitud adquirida merced a la formación académica. Y, en general, todo
ejercicio de una profesión tiene que ver con los demás, no solamente con quien
la ejerce’. (Sentencia C-377/94)
La finalidad de esta exigencia es a la vez restricción
de sí misma. En otras palabras, la Ley no puede, sin quebrantar la voluntad del
artículo 26 de la Carta, pero tampoco sin transgredir la integridad del núcleo
esencial de los derechos vinculados, exigir las calificaciones de que se habla
cuando la profesión o el oficio frente al cual aquella se solicita no cumple
con el requisito de llevar implícito un riesgo social. Es una consecuencia
directa, en punto a los diplomas de excelencia, de la necesidad de que la ley
tenga un sustento de razón suficiente.
En suma, la Corte Constitucional ha dicho que la regla
general es la del libre ejercicio de la profesión y que la excepción es la
exigencia de títulos. Así entonces, se ha planteado la necesidad de que el que
se realice sobre estas normas sea un estudio rígido que permita precaver
restricciones ilegítimas e inconstitucionales de la libertad consagrada en el
artículo 26 de la Carta.[8] Al respecto señaló
esta Corporación que:
‘En otras
palabras, dado que el establecimiento de barreras para el ejercicio de una
profesión puede afectar un conjunto de derechos fundamentales de particular
importancia - como el derecho a la libertad individual o el derecho al trabajo
-, así como la posibilidad de que una persona acceda al mercado laboral o
ejerza una determinada actividad productiva con el fin de satisfacer sus
necesidades básicas y las de su familia, el control constitucional de este tipo
de medidas debe ser estricto. En consecuencia, el juez debe verificar si, en
efecto, la medida restrictiva tiene como finalidad evitar daños sociales o
individuales que puedan ocurrir como efecto del ejercicio de la actividad
regulada. Adicionalmente, resulta fundamental establecer si la restricción es
verdaderamente necesaria, útil y estrictamente proporcionada para alcanzar el
objetivo perseguido.
‘Una reglamentación excesiva o ambigua de una
actividad que no comprometa un alto riesgo social o que no amenace derechos de
terceros, o la exigencia de un título innecesario o inútil para evitar un
eventual riesgo social, apareja una vulneración del núcleo esencial del derecho
a ejercer un oficio y la negación de derechos que le son inherentes.’[9]
(C-697/00).”
3.3.
Con base en los criterios expuestos, procede la Corte a estudiar si el
requisito de equivalencia del título de biólogo exigido al licenciado en
biología para ejercer la Biología y acceder a la matrícula profesional,
constituye una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (art.13
Const.), al libre desarrollo de la personalidad (art.16 ib.), al trabajo
(art.25 ib.) y a la libertad de escoger profesión u oficio (art.26 ib.).
Aun cuando al legislador le está vedado restringir el
núcleo fundamental del derecho a la igualdad, que para el asunto sub examine
se ubica en la garantía constitucional de desempeñar libremente la ciencia de la
Biología, no es menos cierto que la facultad de configuración normativa le
permite llegar a exigir títulos de idoneidad y establecer la inspección y
vigilancia de su ejercicio por parte de las autoridades competentes. De esta
manera, puede limitar ciertas actividades o reclamar de los profesionales la
acreditación de más exigencias, lo que de suyo no es discriminatorio, siempre
que con ello se proteja al conglomerado contra los riesgos sociales que la
Biología puede generar, según se analizará en el acápite siguiente.
Advierte
la Corte que cuando la Ley 22 de 1984 dispone para el licenciado en Biología el
requisito del curriculum propio de la carrera de biología de facultad de
Ciencias o de Artes y Ciencias, de manera objetiva y razonable[10]
considera que una formación en las áreas del conocimiento, propias del título
que otorga la profesión en Biología, de acuerdo con los programas que
establezcan los centros de formación superior en función del campo o núcleo de
fundamentación de la carrera, constituye elemento válido para garantizar o
suponer al menos la idoneidad requerida en el ejercicio de la actividad,
exigencia que va paralela al riesgo social que experimenta la profesión por su
naturaleza, pero sin que su señalamiento y los límites impuestos conduzcan a la
vulneración de la Constitución en los términos de constreñimiento que expresa
la demandante.
Consecuente con lo anterior, el legislador dispuso la
expedición de la matrícula profesional de biólogo, documento que cumple la
función de (i) identificar la persona que ha cumplido con el curriculum propio
de la carrera de Biología, orientado a conferir el título de biólogo, o su
equivalente en tanto la formación tenga como “núcleo de fundamentación”
tal ciencia, y (ii) acreditar la capacidad e idoneidad del profesional en Biología,
por razón de la capacitación otorgada en una institución de formación superior
reconocida y registrada por el Estado, y del otorgamiento del título
correspondiente o su equivalente, exigencia técnica que por virtud de las
consideraciones antecedentes, no supone conflicto u oposición con los derechos
constitucionales invocados por la actora como conculcados.
En torno al título de idoneidad que prevé la
Constitución (artículo 26) y la consiguiente exigencia legislativa de la
matrícula o tarjeta profesional, se ubican no sólo la Biología sino otras
profesiones afines[11], en  razón al área de
conocimiento y el núcleo de fundamentación, requisitos que en manera alguna
conllevan una restricción desproporcionada o inequitativa del libre ejercicio
de las actividades, en tanto el riesgo social que puede implicar su práctica
requiere necesariamente una alta cuota de escolaridad, dentro de los niveles
académicos correspondientes.
Por tanto, al hallarse imprescindible para los
profesionales de las ciencias biológicas el cumplimiento de las exigencias
mencionadas, también deberá serlo para la persona licenciada en Biología, quien
podría ejercerla profesionalmente siempre que, bajo las condiciones determinadas,
el título que haya obtenido sea considerado como equivalente al de biólogo.
Los presupuestos que contempla la Ley 22 de 1984 en
materia de equivalencia, homologación, equiparación o correspondencia de
títulos, obedecen justamente a los enfoques diversos de los núcleos de
fundamentación de las ciencias (naturales o de la educación), lo que explica
que la carta autorice la regulación de las carreras profesionales, pero no para
limitar su ejercicio sino para ordenar, como en este caso, la práctica de la
Biología por el riesgo social que envuelve.
Resulta entonces superfluo explicitar el test de
igualdad[12], al no presentarse los
factores que conforme a la jurisprudencia aconsejan recalcarlo. Las normas
atacadas, (i) no limitan el derecho al trabajo de los profesionales licenciados
en Biología, en la medida que esta protección constitucional “se concreta en
el respeto a las condiciones de igualdad para acceder a un puesto de trabajo,
si se cumplen los requisitos de capacitación propios de cada tarea”[13];
(ii) tampoco afectan la libertad para escoger profesión u oficio, al
establecer, conforme a los fines de la Ley 22 de 1984[14],
las condiciones para el ejercicio de la Biología y no para la elección de cursarla,
en tanto escoger una determinada profesión es aspecto propio de la
autonomía personal, en la que al Estado no le asiste intervención alguna, por
lo cual (iii) no se advierte alteración contra el libre desarrollo de la
personalidad, cuando se goza de libertad en materia de selección de la carrera
a estudiar.
Adicionalmente, según la ya citada sentencia C-861de
2008, no se aprecia “un criterio de diferenciación prohibido o sospechoso
como la edad, el sexo, las creencias, la filiación política u otros de
naturaleza semejante o que han estado asociados históricamente a condiciones
discriminatorias; menos aún se trata de asuntos en los que la Constitución haya
establecido un mandato especial de igualdad ni de poblaciones que se encuentran
en circunstancias de debilidad manifiesta[15]”.
De otra parte, se precisa señalar que los artículos
1°, 2°, 4° y 8° de la Ley 22 de 1984, demandados, no conllevan tratamientos
discriminatorios o violatorios del derecho a la igualdad de los licenciados en
Biología, por cuanto de ninguna manera están impidiendo a éstos desempeñar las
actividades para las que fueron preparados, de acuerdo con la formación
libremente escogida.
Finalmente, es vano el intento de demostrar que las
normas atacadas desconocen el derecho al trabajo de los licenciados en
Biología, puesto que la exigencia de título equivalente al de biólogo en las
condiciones indicadas -la cual se encuentra enmarcada en la Constitución por
las razones ya expuestas-, no desplaza la formación adquirida en licenciatura
ni impide la entrada de estos profesionales al mercado laboral, en la
disciplina cursada.
Los requisitos establecidos en la Ley 22 de 1984,
materia de reparo y de decisión constitucional en la presente providencia,
involucran además la realidad incontestable del riesgo social que comporta la
Biología, como se analizará a continuación.
4. El riesgo social implícito en el ejercicio de la
Biología.
4.1. La Biología,
de acuerdo con definición comúnmente reconocida[16],
es una ciencia derivada de las ciencias naturales, que tiene por objeto el
estudio de los seres vivos, en cuanto a su origen, evolución y propiedades. Se
ocupa de las características intrínsecas y de los comportamientos de los seres
orgánicos, por especies y como individuos, al igual que de las interacciones
entre ellos y en su entorno, con el propósito de establecer las leyes generales
que los rigen y los principios explicativos de su naturaleza.
A diferencia de
las denominadas ciencias formales, que se sustentan en categorías ideales y
entidades abstractas, no obstante contar con un sistema racional y estructurado
de leyes, la Biología centra su atención en la realidad de la vida en todas sus
manifestaciones, por lo que su espectro de estudio es muy amplio y complejo (v.
gr. biología molecular, fisiología, anatomía, histología, citología, botánica,
micología, zoología, inmunología, virología, embriología, ecología, etología,
paleontología, taxonomía, antropología, etc.); por consiguiente, tratándose de
seres vivos, demanda esta ciencia especial cuidado en lo concerniente a la
interpretación, clasificación, manipulación, verificación y transformación de
los procesos biológicos activamente sujetos a la dinámica científica.
4.2.
Los avances tecnológicos y la aplicación de éstos en las muchas facetas del
conocimiento y de la investigación biológica, han significado para la humanidad
la creación y desarrollo de elementos, materias, componentes y productos,
usualmente útiles y provechosos, pero también potencialmente perjudiciales,
cuando se incursiona en exacerbada manipulación de órganos y componentes.
Las
investigaciones biológicas, con sus connotaciones empíricas y por la
experimentación y especulación con los resultados obtenidos, con avanzado
incremento en la actualidad, han tenido sin duda incidencia activa o pasiva,
directa o indirecta, en el propio ser humano, con serios riesgos de
aplicaciones incorrectas, máxime si hay ausencia o deficiencia en previsión,
control y supervisión.
Esta
corporación en la ampliamente citada sentencia C-505 de 2001, al resolver sobre
la exequibilidad de las disposiciones que reconocen la Biología como profesión
y reglamentan su ejercicio, manifestó:
“… la tecnología ha aprovechado los beneficios de los
cuerpos vivos tanto para introducir medicamentos, optimizar cosechas, replicar
animales como para construir armas biológicas[17]. Dado que se trata
de una ciencia empírica, la Biología es incapaz de ejercer un control absoluto
sobre los resultados de sus investigaciones. La manipulación irresponsable
(pero también, incluso, la más diligente) de bacterias, microbios, gérmenes y
virus, es incapaz de pronosticar el alcance preciso de las consecuencias que
una mutación a escalas microscópicas pueda tener en el escenario general de la biosfera.
Las investigaciones en ingeniería genética, que
constituyen, a decir verdad, una de las más impresionantes revoluciones del
milenio pasado (después de la revolución industrial y posteriormente, de la
informática), han marcado el inicio de una nueva generación de estructuras
biológicas y de seres vivos -simples y complejos- que, aunque auguran
promisorios avances en el bienestar del hombre del mañana[18],
suponen un riesgo inédito en cuanto a la transmutación de las estructuras
vitales -tal como se conocen hoy día- e implican el replanteamiento de
conceptos antropológicos esenciales, la reordenación de los fundamentos
operacionales en políticas de salubridad, seguridad y bienestar públicos, así
como la valoración contemporánea de inveterados principios éticos.
7. Prueba de este naciente interés por establecer
normas precisas en bioseguridad, son los acuerdos y tratados suscritos en el
panorama internacional que persiguen moderar la explotación de
los recursos naturales en un afán por frenar el
deterioro acelerado de las condiciones de vida en el planeta, así como de
controlar el promisorio mercado de recursos biológicos cuyo advenimiento se
vislumbra.
La UNESCO, por un lado, extendió el 11 de noviembre de
1997 la ‘Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos’.
En consideración a que ‘las investigaciones sobre el genoma humano y sus
aplicaciones abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los
individuos y de toda la humanidad, pero destacando que deben al mismo tiempo
respetar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos de la persona
humana, así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en las
características genéticas’, la declaración de la UNESCO dispuso lo siguiente:
‘Artículo 13. Las consecuencias éticas y sociales de
las investigaciones sobre el genoma humano imponen a los investigadores
responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual e
integridad, tanto en la realización de sus investigaciones como en la
presentación y explotación de los resultados de éstas. Los responsables de la
formulación de políticas científicas públicas y privadas tienen también
responsabilidades especiales al respecto.
Artículo 14. Los Estados tomarán las medidas apropiadas
para favorecer las condiciones intelectuales y materiales propicias para el
libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano y
para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y económicas
de dicha investigación, basándose en los principios establecidos en la presente
Declaración.’
No ha sido tampoco Colombia ajena a este influjo, que
fue asimilado jurídicamente por la Constitución del 91. Así lo establecen,
entre otros, los artículos 79, 80 y 81 de la Carta.
8. Tanto en ejercicio de la revisión de los procesos
de tutela como en la solución de acciones de inconstitucionalidad, esta
Corporación ha tenido numerosas oportunidades de pronunciarse en torno a la
obligación que tiene el Estado de proteger la diversidad ambiental y biológica
de nuestro territorio, como consecuencia de la aplicación de las disposiciones
constitucionales transcritas.[19] Así mismo, aplicando
la competencia concedida por el artículo 241-10, la Corte ha procedido a
revisar la concordancia con la Constitución de ciertos tratados internacionales
que pugnan por la preservación de la riqueza biológica del país, así como por
evitar el daño y desaparición de los ecosistemas nacionales.”
Así,
es ostensible que la Biología involucra grandes beneficios pero también severos
riesgos, que necesariamente imponen sobre ella las exigencias establecidas en
el artículo 26 de la carta política, en cuanto a idoneidad, inspección y
vigilancia, ciertamente constitutivas de restricción a la libertad de ejercicio
de la profesión, pero plenamente justificadas, en cuanto tiendan a garantizar
la estabilidad, la seguridad y el bienestar individual y global, conllevando,
con el apoyo de la tecnología y la investigación científica, idóneas y serias
bases para la preservación biótica en óptimas condiciones.
De
esta manera, queda claro que como quiera que la actividad biológica conlleva un
riesgo para la sociedad, corresponde al legislador en el marco del mandato
constitucional indicado, la expedición de (i) la normatividad que acredite la
formación académica y científica de quienes la ejercen, bajo el supuesto
razonable de que a través de ella la magnitud del riesgo es susceptible de
disminución[20], y (ii) las
disposiciones relativas al control de parte de las autoridades competentes, en
aras de vigilar y proteger el interés colectivo, a lo cual se dirigen los fines
y las regulaciones dispuestas en la Ley 22 de 1984, según expresó esta
corporación en la sentencia C-505 de 2001.
5.
El campo o núcleo de fundamentación de las carreras de Biología y licenciatura
de Biología en la educación superior.
5.1. Para efectos de ubicación conceptual y del
proceso interpretativo que se ha venido adelantando en el asunto bajo examen,
resulta pertinente recordar que en desarrollo del marco constitucional que
regula el derecho a la educación (arts. 67 y siguientes), el legislador expidió
la Ley 30 de 1992, por medio de la cual organizó el servicio público de la
educación superior, disponiendo que el Estado, de conformidad con la Carta y
esa normativa, garantizará la autonomía universitaria y velará por la calidad
del servicio educativo a través de su inspección y vigilancia. Esta función se
ejerce desde la creación de los programas académicos, antes de que sean
ofrecidos a la comunidad, y durante su desarrollo.
Con posterioridad, la Ley 115 de 1994, General
de Educación[21], en punto de la
articulación de la educación media con el nivel superior de educación, refirió
el alcance de la Ley 30 y la clasificación institucional de dichos programas.
La
Ley 30 de 1992 consagró los campos de acción[22] a partir  de los cuales
deben crearse e inscribirse los programas educativos, de pregrado o posgrado[23],
atendiendo los fines de la formación que de conformidad con la autonomía
universitaria lleguen a establecer las instituciones de educación superior y,
de otra parte, creó el Sistema Nacional de Información de Educación Superior
(SNIES)[24], enfocado a divulgar las
características de las instituciones y de los programas ofrecidos en la
educación superior.
Esta Corte[25], al asumir por demanda
de inconstitucionalidad el tema de los programas educativos de educación
superior[26] y las clases de
instituciones que los ofrecen, expresó:
“Según la
Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de educación
superior, se consideran como instituciones de educación superior las siguientes:
a.
Instituciones técnicas profesionales.
b.
Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas.
c.
Universidades.
La autonomía
universitaria, como es sabido, no es absoluta, ya que el legislador puede y
debe establecer reglas a las que se sometan las universidades e instituciones
educativas para alcanzar los fines que les son propios.
La autonomía
universitaria a que se refiere el artículo 69 de la Carta puede resumirse
entonces en la facultad que tiene cada institución de autodeterminarse y
organizarse internamente, pero sin desconocer que es competencia del legislador
la de exigir los títulos de idoneidad y del Gobierno la de reglamentar, en el
aspecto instrumental, la expedición de títulos dentro de la función de
inspección y vigilancia que le atribuye la Constitución.
…   …   …
Si bien
existen distintas instituciones que pueden adelantar programas de educación
superior, no todas ellas están en el mismo nivel ni gozan de la misma autonomía;
y tampoco confieren la misma clase de títulos. El hecho de que existan grados y
diferencias, como en las normas acusadas, no es violatorio del derecho a la
igualdad puesto que, como lo ha señalado esta Corporación, aquél supone tratar
distinto a lo diferente e igual a lo idéntico.
…   …   …
Los incisos
1 y 2 del artículo 25 de la citada Ley no hacen cosa distinta de señalar el
nombre del título que recibirá quien adelante estudios en el enunciado tipo de
instituciones, afirmando que los programas académicos ofrecidos por una
Institución Técnica Profesional conducen al título en la ocupación o área
correspondiente, al cual debe anteponerse la denominación de ‘Técnico
Profesional en....’. Por su parte, los ofrecidos por instituciones universitarias
o escuelas tecnológicas, o por una universidad, conducen al título en la
respectiva ocupación, al cual deberá anteponerse la denominación de ‘Técnico
Profesional en...’, y si dicen relación a profesiones o disciplinas académicas,
al título podrá anteponerse la denominación de “Profesional en...” o “Tecnólogo
en...”.
Lo que
antecede no es sino una necesaria consecuencia de la clase de institución en la
cual se adelantaron los estudios y a la cual se accedió en forma libre y
voluntaria, de modo que no puede afirmarse válidamente que se esté
desconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues a nadie
obliga la norma a escoger determinada institución y, si se ha llegado a ella,
así ha acontecido con el conocimiento pleno de sus características y del tipo
de título que se recibiría. Por ello, en plena armonía con estos criterios, el
inciso 1 del artículo 26 de la citada ley consagra que la nomenclatura de los
títulos estará en correspondencia con las clases de instituciones, los campos
de acción, la denominación, el contenido, la duración de sus programas y
niveles de pregrado y postgrado.”
5.2. En particular, el SNIES establece que el área de
conocimiento del programa de licenciatura relacionada con la Biología, son las
ciencias de la educación, siendo el núcleo de fundamentación “La Educación”,
y que el área de conocimiento del programa de Biología lo constituyen las
matemáticas y las ciencias naturales y su núcleo de fundamentación “La
Biología, Microbiología y Afines”. [27]
La adopción de esta ordenación la ha dispuesto el
Ministerio de Educación Nacional basado en referentes de entes internacionales,
como la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia, la
Cultura y la Comunicación (UNESCO)[28], incorporando al efecto la
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Superior (CINE) [29],
comprensiva de programas educativos distribuidos en las variables denominadas “Niveles
de Educación” y “Grupos Amplios y Sectores de Educación”, que
comprenden la educación terciaria (educación superior) y los grupos codificados
de los programas que tal formación involucra. También se ha apoyado en otras
instituciones ligadas a la educación, como la Fundación Carnegie[30]
y la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT)[31].
Atendiendo esas regulaciones, el Ministerio de
Educación Nacional[32] procedió a definir y a
enfatizar que en materia curricular (i) “los programas académicos en Educación corresponden a un
campo de acción cuya disciplina fundante es la pedagogía, incluyendo en ella la
didáctica, por cuanto constituye un ámbito de reflexión a partir del cual se
genera conocimiento propio que se articula interdisciplinariamente” y, otra parte, (ii) tienen el compromiso social de
formar profesionales capaces de promover y realizar acciones formativas,
individuales y colectivas, y de comprender y actuar ante la problemática
educativa en la perspectiva del desarrollo integral humano sostenible”[33],
para lo cual la ley determina que quienes opten por tales programas podrán
obtener el título de “Licenciado en…”, en el que se especificará el
énfasis cursado y aprobado (v. gr. Química, Biología, Historia, Literatura).
Así
las cosas, para la Corte Constitucional es claro que en materia de educación se
han dispuesto, a nivel nacional y siguiendo parámetros universales, causas
diferenciadoras de las disciplinas académicas -que en esta oportunidad la
demandante pone a escrutinio de la corporación-, a partir de lo que los
investigadores han denominado “núcleo de fundamentación”, con el
propósito definir, clasificar y ubicar el campo de acción de la formación
académica profesional que se llegue a adquirir, de manera que quien opte por la
Educación a título de licenciatura en Biología asuma como tarea la pedagogía,
la docencia[34], y quien resuelva
escoger las ciencias naturales a título de biólogo, se dedique al estudio e
investigación de los seres vivos en toda su dimensión, connotaciones y
especialidades[35], lo que de suyo comporta
una distinción por razones de causalidad y fines, aun cuando el contenido
curricular pueda llegar a arrojar una comunidad o estandarización de materias y
prácticas, las cuales precisamente por ese “núcleo  de fundamentación”
se encuentran enfocadas hacia la educación y las ciencias naturales, respectivamente,
lo que justifica en forma razonable que los últimos semestres de cada carrera
tengan como componentes del plan de estudios, ora asignaturas destinadas a la
formación en pedagógica, ora la Biología, por la profesión libremente
seleccionada.
El
requisito dispuesto por el legislador en el inciso 2° del artículo 4° de la Ley
22 de 1984, encaja entonces, de manera objetiva y razonable, en los supuestos
anteriores, entendido que sólo podrá acceder al título equivalente de biólogo,
y por consiguiente a la matrícula profesional, el licenciado en educación cuya
formación haya satisfecho además el “núcleo de fundamentación” en Biología,
sin desmedro de su formación inicial pedagógica para el ejercicio de la
docencia como actividad medular.
En
forma similar, el biólogo podrá ejercer la docencia[36]
siempre que haya acreditado además formación académica en educación, bajo el
criterio, también objetivo razonable, de haber cumplido el “núcleo de
fundamentación” en educación.
VII. CONCLUSIÓN
Los requisitos en materia de equivalencia del título
de biólogo y la consiguiente expedición de la matrícula profesional, establecidos
para el licenciado en Biología en los términos del artículo 4° de la Ley 22 de 1984,
a los que se contrae el cargo de la demanda, buscan garantizar de manera
objetiva y razonable el ejercicio de la Biología (i) por razón del “núcleo
de fundamentación” de dicha ciencia y (ii) por el componente de riesgo que
vierte hacia el individuo, la colectividad y el manejo biótico en general, sin
que tal exigencia le impida al licenciado el ejercicio de la enseñanza,
docencia o pedagogía en el área, que fue para lo que se capacitó en una
facultad de Educación.
El ejercicio de la Biología mediante título de biólogo
o equivalente y  matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional de
Biología, es pues labor que corresponde a quien haya aprobado la escolaridad
cursada en facultad de Ciencias (Biología) y al licenciado en Biología formado
en facultad de Ciencias o Artes y Ciencias con ese mismo “núcleo de
fundamentación” Biología, conforme al área de conocimiento Ciencias
Naturales (Ciencias de la Vida, según la denominación de UNESCO).
Correlativamente, el biólogo no puede ejercer como docente en Biología,
mientras no haya recibido formación académica adecuada en Educación.
En
este sentido, dentro de la facultad de configuración legislativa, excluir al
licenciado en Biología que no haya cursado y aprobado el curriculum propio de
la carrera de Biología, del acceso a la matrícula profesional de biólogo, no
constituye conculcación de los derechos fundamentales contenidos en los
artículos de la Constitución Política 13 (igualdad), 16 (libre desarrollo de la
personalidad), 25 (trabajo) y 26 (libertad de escoger profesión u oficio), por
lo cual se procederá a declarar la exequibilidad de los artículos 1°, 2°, 4° y
8° de la Ley 22 de 1984, objeto de la demanda que ha sido estudiada.
VIII.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES los artículos 1°, 2°, 4° y
8° de la Ley 22 de 1984,  “Por la cual se reconoce la biología como una
profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras
disposiciones”, por el cargo analizado.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente
Ausente en comisión
MARIA VICTORIA CALLE CORREA                        JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrada                                                                 Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO    JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA                       JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO  SIERRA PORTO              LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Ausente
en comisión
MARIA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]C-606/92 (diciembre 14), M. P. Ciro Angarita Barón. Ver también,
entre otras, C-226/94 (mayo 5) M. P. Alejandro Martínez Caballero, C-221 de
mayo 29 de 1992 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), en la cual se expresa: "La
Constitución es un sistema portador de valores y principios materiales. En su ‘suelo
axiológico’ se encuentra el valor del trabajo, que según el Preámbulo de la
Carta Fundamental se debe asegurar a los integrantes de la sociedad, dentro de
un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden
político, económico y social justo”, varias de las cuales serán posteriormente
citadas.
[2] “Cfr. Corte Constitucional, Sala de revisión No 1, sentencia
T-406 de junio 5 de 1992, Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón.”
[3] C-606/92, previamente citada.
[4] C-226/94, previamente citada.
[5] “Corte Suprema de Justicia, sentencia de diciembre 12 de 1925,
M.P. Luis Felipe Rosales, Gaceta Judicial Tomo 32, N°s. 1665 y 1666 de 22 de abril
de 1926, p. 170. Esta tesis fue reiterada de manera literal por la Corte
Suprema de Justicia en fallos posteriores. Ver, por ejemplo, sentencia del 17
de agosto de 1926, M. P. Luzardo Fortoul, Gaceta Judicial Tomo 33, N°s 1700 y
1701, ps. 37 y 38. Igualmente ver sentencia del 13 de noviembre de 1928, Gaceta
Judicial Tomo 36, N° 1832 del 28 de enero de 193, p 209."
[6] “Cfr. Sentencia C-177/93. Ver también, Sentencia C-606/92.”
[7] “Cfr. Sentencia C-606/92.”
[8] " ‘…La jurisprudencia constitucional  ha sido muy clara
en señalar  dos criterios, en primer lugar, el control estatal es válido
constitucionalmente si busca  garantizar una solvencia  profesional suficiente
para evitar daños importantes a terceros, esto es, si se fundamenta
razonablemente  en el control de un riesgo social. De otro lado, el Congreso
lleva a la conclusión de que no se trasgrede el núcleo esencial del derecho ,
en consecuencia no pueden exigir requisitos  que vulneren el principio de
igualdad ni restrinjan más allá de lo estrictamente necesario el acceso a un
puesto de trabajo que imponga condiciones exageradas o poco razonables para la
adquisición del título de idoneidad. En síntesis, la obligación de exigir
autorización para ejercer un oficio depende de la implicación social de
aquél, pues la reglamentación  excesiva de una actividad puede conducir a la
trasgresión del núcleo esencial del derecho a ejercer un oficio y a la negación
de derechos que le son inherentes.’ Sentencia C-031 del 27 de 1999.”
[9]“Sentencia C-031/99 (MP Alejandro Martínez Caballero).”
[10] Cfr. C-503/93 (noviembre 11), M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[11] Cfr. C-226-94  (mayo 5),  M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[12] Cfr. C-093/01 (enero 31), M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[13]Cfr. C-606/92, precitada.
Véase además C-861/08 (septiembre 3), M. P. Mauricio
González Cuervo.
[14] Cfr. C-505/01, precitada.
[15] Cfr. C-861/08, precitada: “Ver, entre otras, las sentencias
T-230 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-445 de 1995 M.P Alejandro
Martínez Caballero, C-309 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-183 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-481 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero,
C-112 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-670 de 2002 M.P. Eduardo
Montealegre Lynet.”
[16] Wikipedia. Biología. http://es.wikipedia.org.
(Consultado  28 de junio de  2010).
[17] “… ‘Desde 1969, se han ido presentando en la conferencia sobre
desarme de Ginebra, diversos proyectos de acuerdos prohibiendo las armas
químicas y biológicas. En aquel año, Estados Unidos decidió unilateralmente
renunciar a utilizar agentes y armas biológicas así como toda otra forma de
guerra biológica  y limitar sus investigaciones a medidas defensivas, tales
como la inmunización. En 1971, la URSS aceptó la proposición británica de
disociar armas químicas y armas biológicas.’ (Biología. Gran Enciclopedia
Larousse. Vol. 24). El 10 de abril de 1972  fue suscrita la ‘convención sobre
la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas tóxicas y
bacteriológicas (biológicas) y sobre su destrucción’ , suscrita por Colombia.”
[18]“…  ‘La modificación de microorganismos proporcionándoles
características y usos específicos como es el caso de los organismos capaces de
concentrar ciertos tipos de minerales de los residuos. Estos microorganismos se
pueden utilizar en el tratamiento de aguas o para descomponer derrames de
petróleo… La utilización de microorganismos para obtener productos propios de
organismos superiores como por ejemplo la insulina ,la eritropoyetina, factor
de crecimiento epidérmico, los factores VIII y IX de coagulación entre otros… La
producción de plantas mejoradas genéticamente, como es el caso de plantas
resistentes a insecticidas, virus, condiciones ambientales adversas…. Producción
de plantas transgénicas… La obtención de animales transgénicos de gran utilidad
en la investigación biomédica y la obtención de productos biológicos… La
creación de Biochips que, tomando como modelo la secuencia de bases del ADN
promete a la informática del futuro mayor capacidad de memoria, versatilidad y
menor consumo de energía.’ Adscrito al estudio hecho por los Profesores de la
Universidad Nacional de Colombia, doctores Lucía Arteaga de García, Gabriel
Ricardo Nemogá Soto y María Teresa Regueros Reza, en ‘La Revolución Genética y
sus implicaciones ético jurídicas’ de Rosa Erminia Castro de Arenas. Ediciones
Doctrina y Ley Ltda. Santafé de Bogotá. 1999. Capítulo VIII.”
[19] ‘’Consultar, entre otras, las Sentencias
T-406/92, T-411/92, T-415/92, T-528/92, T-28/93,  C-216/93, T- 229/93,
T-231/93, T-444/93, T-471/93, T-126/94, T-154/94, T-62/95, T-226/95, T-284/95,
C-328/95, T-379/95, T-257/96, C-433/96 (AV), C-495/96, C-534/96, C-535/96,
T-71/97, T-95/97, C-145/97, C-146/97, SU-442/97, C-649/97, C-126/98, T-244/98,
T-453/98, T-318/93 y C-320/98.’.
[20] Cfr. C-964/99 (diciembre 1°), M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[21] “Artículo 35. Articulación con la
educación superior. Al
nivel de educación media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se
regula por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. Este último nivel se clasifica así: a) Instituciones técnicas
profesionales; b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y c)
Universidades.”
[22] “Artículo 7° Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de
la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el
del arte y el de la filosofía”.
[23] “Artículo 8° Los programas de
pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de Educación Superior,
harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad
con sus propósitos de formación.” // “Artículo 9° Los programas de pregrado
preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o
disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de
las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado
aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de
artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o
humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de
dichos campos.” // “Artículo 10° Son programas de postgrado
las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post – doctorados.”
[24] “Artículo 56. Créase el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior el
cual tendrá como objetivo fundamental divulgar información para orientar a la
comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y
programas del Sistema.”
[25] C-1509/00 (noviembre 8), M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[26] Ley 30 de 1992. “Artículo 25. Los programas académicos de
acuerdo con su campo de acción, cuando son ofrecidos por una Institución
Técnica Profesional, conducen al título en la ocupación o área correspondiente.
Al título deberá anteponerse la denominación de:
‘Técnico Profesional en......’ // Los ofrecidos por las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas, o por una universidad, conducen al
título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberá anteponerse la
denominación de ‘Técnico Profesional en......’ Si hacen relación a profesiones
o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de:
‘Profesional en ...’ o ‘Tecnólogo en....’ //  Los programas de pregrado en
Artes conducen al título de: ‘Maestro en ......’ // Los programas de
especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesión,
disciplina o área afín respectiva. // Los programas de maestría, doctorado y
post-doctorados, conducen al título de magíster, doctor o al título
correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse a la
respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento. //
PARAGRAFO 1° Los programas de pregrado en Educación podrán conducir al título
de ‘Licenciado en …’ // Estos programas se integrarán y asimilarán
progresivamente a los programas académicos que se ofrecen en el resto de
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y en las universidades. //
PARAGRAFO 2° <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El Gobierno Nacional, de
acuerdo a las leyes que rigen la materia, reglamentará la expedición de los
títulos de que trata este artículo, previo concepto favorable del
Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU).”
[27] Decreto 1767 de 2006, “Por el cual se reglamenta el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y se dictan otras
disposiciones”. Glosario de la Educación Superior. http:// www.mineducacion.gov.co (Consultado 28 de junio de 2010).
[28] Colombia es miembro de UNESCO desde octubre 31 de 1947 y
mantiene en Paris delegación permanente.
[29]“UNESCO.-
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).- 29 C/20,
París, 1997. Niveles de Educación. f) Nivel 5.- Primer ciclo de la Educación
Terciaria. (No conduce directamente a una calificación avanzada). Consta de
programas terciarios de contenido más avanzado que los niveles 3 y 4. Deben
tener una duración teórica total de por lo menos dos años desde el comienzo del
nivel 5. Los programas se dividen en teóricos (preparatorios para
investigaciones y de acceso al ejercicio de profesiones que exigen un alto
nivel de competencia) y prácticos, técnicos y específicos de una profesión.
Incluye todos los programas de investigación tipo Maestría y de educación de
adultos cuyo contenido sea equivalente al del nivel 5. g) Nivel 6 - Segundo
ciclo de la enseñanza Terciaria. (Conduce a una calificación de investigación
avanzada). Dedicados a estudios avanzados e investigaciones originales, y no
están basados únicamente en cursos. Se requiere presentar una tesis o disertación
que se pueda publicar, sea fruto de una investigación original y presente una
contribución significativa al conocimiento. Este nivel equivale a un Doctorado.
Incluye la parte centrada en investigación avanzada en los países en los que
los estudiantes que empiezan la enseñanza terciaria se matriculan directamente
en un programa de investigación avanzada. // Grupos
Amplios y Sectores de Educación. El Manual Práctico contiene una lista codificada que describe
exactamente la forma en que los programas educativos o los grupos de
asignaturas se clasifican en los distintos sectores de la educación; algunos de
ellos son: 1.Educación.14 - Formación de personal docente y ciencias de la
educación.4. Ciencias. 42 - Ciencias de la vida 44 - ciencias físicas 46 - Matemáticas
y estadística 48 – Informática.“. http://www.uis.unesco.org (Consultado 28 de junio de 2010).
[30] La Fundación Carnegie
para el adelanto de la enseñanza y la educación, fue fundada en 1905 por Andrew
De Carnegie, industrial norteamericano, con el fin de
“hacer y realizar todas las cosas necesarias para animar, para mantener, y
para dignificar la profesión del profesor y la causa de una educación más alta.”.
Wikipedia. Instituto Carnegie http://es.wikipedia.org. (Consultado 28 de junio de 2010).
[31] La RICYT fue creada por el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), a fines de 1994. Desde su
constitución, la RICYT lleva adelante sus actividades en forma coordinada con la
OEA y con la Cátedra UNESCO de Indicadores de Ciencia y Tecnología. RICYT.
http://www.ricyt.edu.ar/. (Consultado  28 de junio de 2010).
[32] Resolución 1036 de 2004, “Por la cual se definen
las características específicas de calidad para los programas de pregrado y
especialización en Educación..“Artículo 1° Denominación
académica del programa.- De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 25 de la Ley 30 de 1992 los programas de pregrado en Educación
ofrecerán énfasis en los niveles del sistema educativo, en las áreas o
disciplinas del conocimiento, en competencias profesionales específicas y en
las modalidades de atención educativa formal y no formal. En este sentido: … d)
Los programas cuyo énfasis esté dirigido a la formación de educadores para
situaciones de aprendizaje no-formal, ámbitos socio-culturales, poblaciones o
competencias profesionales específicas que requieran la presencia del
profesional de la educación, conducirán al título de "Licenciado
en...", especificando su respectivo énfasis. En la estructuración y
nomenclatura del énfasis, estos programas tendrán en cuenta la normatividad
establecida en el capítulo 2 del Título II y el Título III de la Ley 115 de
1994, y en las demás normas vigentes.”
[33] Ibídem,  art. 2°
[34] Decreto 1278 de 2002. “Artículo 3° Profesionales de la
educación. Son
profesionales de la educación las personas que poseen título profesional de
licenciado en educación expedido por una institución de educación superior; los
profesionales con título diferente, legalmente habilitados para ejercer la
función docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas
superiores…”
Cfr. C-313/03 (abril 22), M. P.
Álvaro Tafur Galvis; C-422/03 (abril 25), M. P. Humberto Antonio Sierra Porto;
y C-647/06 (Agosto 9), M. P. Álvaro Tafur Galvis.
“Artículo 5° Docentes. Las personas
que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de
los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se
denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades
curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula,
entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea
académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación,
planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores,
dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a
los padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y
actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan
directa o indirectamente en la educación.”
Cfr. C-403/03 (Mayo 22), M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra y C-031/08 (Enero 23); M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
Ley 115 de
1994. “Artículo 111.  Profesionalización.
La formación de los educadores estará dirigida a su profesionalización,
actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los más altos niveles
de posgrado. Los títulos obtenidos y los programas de perfeccionamiento que se
adelanten dentro del marco de la ley, son válidos como requisitos para la
incorporación y ascenso en el Escalafón Nacional Docente, conforme con lo
establecido en la presente ley. // Los programas para ascenso en el escalafón
docente deberán ser ofrecidos por una institución de educación superior o, al
menos, bajo su tutoría. Estos programas tendrán que estar relacionados con las
áreas de formación de los docentes o ser de complementación para su formación
pedagógica.” “Artículo 112. Instituciones formadoras de
Educadores. Corresponde a las universidades y a las demás instituciones de
educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica
dedicada a la educación, la formación profesional, la de posgrado y la
actualización de los educadores.”
[35] Resolución 2769 de 2003, “por la cual se definen las
características específicas de los programas de pregrado en Ciencias Exactas y
Naturales”. Art. 2°, numerales 2, 2.1., 2.3.1. y Art.3°.
[36] Decreto 1278 de 2002, “por el cual se expide
el Estatuto de Profesionalización Docente”. “Articulo 21. Requisitos para
inscripción y ascenso en el escalafón docente. Establécense los
siguientes requisitos para la inscripción y ascenso de los docentes o
directivos docentes estatales en los distintos grados del Escalafón Docente: … Grado
Dos: a) Ser licenciado en Educación o profesional con título diferente más
programa de pedagogía o un título de especialización en educación … Grado Tres:
a) Ser Licenciado en Educación o profesional; b) Poseer título de maestría o
doctorado en un área afín a la de su especialidad o desempeño, o en un área de
formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.”
Cfr. C-647/06 y C-031/08,
antes citadas.