C-098-20
Sentencia
C-098/20
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia
de la Corte Constitucional
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Control
formal y material
LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento de
formación previsto para leyes ordinarias
LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento de
formación previsto para leyes ordinarias
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Control
formal
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Convenio
169 de la OIT, bloque de constitucionalidad y jurisprudencia constitucional
En consecuencia, al seguir las reglas
jurisprudenciales mencionadas, es claro que la ley aprobatoria de un tratado
internacional deberá cumplir con el procedimiento de consulta con las
comunidades indígenas y étnicas, cuando su implementación pueda generar una
afectación directa a la vida y a las costumbres de estos pueblos. En tales
casos será necesario evaluar los contenidos y objetivos del instrumento
internacional, para identificar esta eventual afectación a los grupos
protegidos.
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control material
El control material que
realiza esta Corporación, en consecuencia, ha sido entendido tradicionalmente
en la jurisprudencia constitucional como un estudio eminentemente jurídico
del convenio y de su ley aprobatoria, que no examina las ventajas u oportunidad
práctica del acuerdo a nivel económico, social, ni su conveniencia política, o
las razones de oportunidad, utilidad o eficiencia del instrumento,
o las consecuencias prácticas de su celebración, por tratarse de
reflexiones que le competen al Presidente de la República y al Congreso,
respectivamente.
CONVENIO
INTERNACIONAL-Examen material
LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Aspectos formales
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación,
celebración y aprobación ejecutiva
CONVENCION
DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez
en la representación de un Estado
CONSULTA
PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-No se requiere
cuando la normatividad no dispone intervención específica a los pueblos o
comunidades étnicas
PROYECTO
DE LEY-Trámite
en el Congreso/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite
legislativo/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de
requisito de inicio de trámite por aprobación en primer debate sesión conjunta
de comisiones de Senado y Cámara/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Contenido y
alcance
PROYECTO
DE LEY-No
consideración en más de dos legislaturas
LEY
APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Sanción
presidencial/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Remisión a la
Corte Constitucional
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos
constitucionales y legales en su trámite legislativo
ORGANIZACION
PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Antecedentes
ORGANIZACION
PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Fines
ORGANIZACION
PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Conformación
ADHESION
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO
ECONOMICO-OCDE-Beneficios
ADHESION
A TRATADO INTERNACIONAL-Efectos
TRATADO INTERNACIONAL-Manifestación
del consentimiento del Estado a través de la adhesión
ACUERDO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Descripción del
contenido
El objetivo del
presente acuerdo es el de establecer un marco jurídico de privilegios e
inmunidades en favor de la OCDE, que se presenta como necesario para el
cumplimiento de la misión de esa Organización Internacional en el territorio
nacional. En este contexto, el tratado -como lo establece claramente su
artículo 2º- busca facilitar la cooperación entre la OCDE y el Estado
colombiano mediante la fijación de directrices que le permitan a aquella
entidad garantizar condiciones adecuadas de autonomía, para el desarrollo de
sus funciones en Colombia, en particular, en lo concerniente a la visita de
agentes y expertos, la organización de conferencias o reuniones, la celebración
de futuros acuerdos internacionales o el eventual establecimiento de una
oficina de la OCDE en el país.
ACUERDO
SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OCDE-Contenido
ACUERDO
SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OCDE-Finalidad
(…) para el
Estado colombiano son dos las finalidades últimas que se derivan de la
suscripción del presente acuerdo: fijar un marco normativo para el
reconocimiento a los privilegios e inmunidades que le son conferidas a la OCDE
para cumplir su misión en Colombia y lograr, a partir de la ratificación del
acuerdo, el ingreso definitivo a la OCDE
ACUERDOS
DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES-Jurisprudencia constitucional
ACUERDO
SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OCDE-Se ajusta a la
constitución
Luego del
análisis concreto a las disposiciones del acuerdo sobre privilegios,
inmunidades y facilidades para la OCDE, concluye la Corte que se trata de
normas que, conforme a lo previamente señalado, se encuentran ajustadas a la
Carta y, por ende, superan materialmente el análisis de constitucionalidad (…)
LEY
APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Constitucionalidad
Referencia:
Expediente LAT-459
Asunto:
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1958 de 2019 “Por medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización´, suscrito
en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014”.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos
mil veinte (2020)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
constitucionalidad de la Ley 1958 de 2019 “Por medio de la cual se aprueba
el ´Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y
facilidades otorgados a la Organización´, suscrito en Punta Mita, México, el 20
de junio de 2014”.
I. ANTECEDENTES
La Secretaria Jurídica de la Presidencia
de la República, el 27 de junio de 2019, remitió a
la Secretaría General de esta Corporación el oficio número OFI19-00072357/IDM
1201000 de la misma fecha y la copia auténtica de la Ley 1958 del 18 de junio
de 2019 para su revisión constitucional, de conformidad con el numeral 10º del
artículo 241 de la Constitución Política.
El proceso fue repartido a la Magistrada
Sustanciadora el 19 de julio de 2019, quien, mediante auto del 25 de julio de
2019, avocó conocimiento de la ley de la referencia y ordenó la práctica de
pruebas, varias de las cuales tuvieron que ser requeridas nuevamente al
Congreso, mediante auto del 28 de agosto de 2019.
Vencido el periodo probatorio y
constatada la recepción completa de la documentación solicitada, la Magistrada
Sustanciadora, con auto del 23 de septiembre de 2019, ordenó: (i) correr
traslado al Procurador General de la Nación; (ii) fijar en lista el proceso de
la referencia para lo de su competencia; (iii) comunicar la iniciación del
proceso al Presidente de la República, al Presidente el Congreso, a los Ministros
del Interior, de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores, de Hacienda
y Crédito Público, del Trabajo y de Defensa, para que intervinieran si lo
consideraban procedente; (iv) invitar a la Academia Colombiana de Derecho
Internacional (ACOLDI), la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de
Colombia, a las facultades de Jurisprudencia y de Ciencia Política y Gobierno y
Relaciones Internacionales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a
las facultades de Derecho de la Universidad de los Andes, de la Universidad de
Nariño, de la Universidad Libre (seccional Bogotá) y de la Universidad
Externado de Colombia, a la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y a la facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali,
para que intervinieran si lo consideraban oportuno.
Cumplidos los trámites constitucionales
y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador
General de la Nación, procede la Corte a realizar el estudio de
constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
II. TEXTO DE LA NORMA BAJO EXAMEN
La Ley 1958 de 2019 aprobatoria del Acuerdo
cuya revisión de constitucionalidad se realiza, fue publicada en el Diario
Oficial número 50.988 del 18 de junio de 2019 y, por su extensión, se presenta como
anexo de esta providencia.
III. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Relaciones Exteriores
La Directora de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Corte
Constitucional, la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del instrumento internacional
en mención y de la Ley 1958 de 2019.
En su escrito, recordó en primer lugar, la
importancia de la OCDE como una organización enfocada en el apoyo de los países
miembros para establecer políticas públicas que promuevan el desarrollo
económico, el bienestar de los mercados laborales, el impulso de la inversión y
el comercio, el fomento del desarrollo sostenible y el incremento del nivel de
vida y funcionamiento de los mercados.
En segundo lugar, señaló que el Acuerdo
que se revisa, es uno de los elementos del proceso de
adhesión de Colombia a la OCDE conforme a la “Hoja de Ruta” establecida
para el efecto, en la que se detallaron los términos, condiciones y
procedimientos necesarios para que el país fuera invitado formalmente a
pertenecer a esa Organización. Así, una vez extendida la invitación formal,
Colombia y la OCDE suscribieron el “Acuerdo sobre los términos de la
adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico”, en Paris el 30 de mayo de 2018. En
dicho acuerdo, que recogió la Declaración Final (“Final Statement”)
hecha por Colombia, se estableció que, para poder adherirse a la OCDE, el país
debía ratificar previamente el "Acuerdo entre la República de Colombia
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización", suscrito
en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014. En otras palabras, indicó que, para
concluir el proceso de adhesión a la organización internacional mencionada, Colombia
requería ratificar previamente el acuerdo que es hoy objeto de revisión.
Ahora bien, en lo que concierne al Acuerdo
de la referencia en sí mismo considerado, el Ministerio concluyó que éste no
presentaba vicio formal alguno, pues: (i) en virtud de lo
establecido en el artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno remitió
a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1958 de 2019 el 18 de junio de
2019; (ii) el Acuerdo fue firmado por el entonces Presidente de la
República, Juan Manuel Santos, por lo que, de acuerdo con el artículo 7° de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no requería presentar
plenos poderes para su suscripción; (iii) el instrumento internacional contó
con aprobación ejecutiva del Presidente, el 16 de octubre de 2014, quien ordenó
someterlo a consideración del Congreso de la República para su aprobación, de
conformidad con el artículo 150-16 superior; y (iv) el trámite
legislativo se inició en el Senado de la República, con sujeción a lo dispuesto
en la Carta Política.
En lo que concierne al contenido
del Acuerdo, adujo el Ministerio que la OCDE es una organización internacional
que cuenta con personería jurídica internacional, por lo que requiere de un
régimen de privilegios e inmunidades para ejecutar sus actividades de manera
neutral e independiente, sin el involucramiento del Estado en donde se
desarrollen sus funciones. Por lo anterior, se trata de prerrogativas que la
jurisprudencia constitucional ha aceptado y que, en este caso, “son estrictamente
funcionales, y están limitadas a aquellos asuntos requeridos para asegurar su
independencia”[1].
Resaltó que, para otorgar prerrogativas
especiales a una organización y sus funcionarios, en la práctica debe mediar un
instrumento jurídico específico -esto es un tratado solemne-, mediante el cual
se determinen los privilegios e inmunidades que el Estado receptor quiera reconocerle
a una organización internacional en particular, dentro de su territorio. En el
presente asunto, señaló que el artículo 2° del Acuerdo, enuncia precisamente
que el objeto del convenio es “establecer un marco general de privilegios e
inmunidades para la Organización, según sean necesarios para el cumplimiento de
su misión”.
Bajo este supuesto, se trata de un
régimen de privilegios e inmunidades que a juicio del Ministerio no es
absoluto, porque se encuentra limitado atendiendo el principio de inmunidad de
jurisdicción restringida, como se desprende del artículo 19 del Acuerdo, que
impide el abuso de tales prerrogativas a partir de la cooperación de la
Organización en facilitar la debida administración de justicia.
Además, señaló que como la Corte
Constitucional ha avalado el régimen de privilegios e inmunidades en otros acuerdos,
se consagraron cláusulas muy similares en esta oportunidad a las ya incluidas en
otros tratados previos, por lo que se trata de disposiciones que se encuentran
en principio ya aprobadas por el Estado colombiano. Sin perjuicio de lo
anterior, aclaró que como la OCDE no cuenta con una sede en Colombia y no
existe acuerdo alguno para el establecimiento de una sede alterna en territorio
nacional, varias disposiciones del instrumento internacional en revisión no
serán aplicables sino hasta que la respectiva oficina sea establecida en el
país. En este orden de ideas, aseguró que el Acuerdo tendrá aplicación, en
principio, solo para los funcionarios de la OCDE que ingresen al territorio
nacional en desarrollo de alguna misión específica de la Organización o cuando
se realicen reuniones particulares a las que deban asistir representantes de
los Estados miembros.
De esta forma, concluyó el Ministerio
que el Acuerdo en mención cumple con los requisitos formales previstos en la
Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, sumado a
que su contenido se encuentra acorde con los principios y postulados del
ordenamiento jurídico nacional, por lo que solicitó la declaratoria de
exequibilidad del instrumento internacional en revisión.
2. Ministerio del Interior
La delegada del Ministerio del Interior solicitó
a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1958 de
2019 aprobatoria del acuerdo internacional de la referencia, al considerar que
no adolece de vicio de forma alguno, ni tampoco contradice la Constitución.
En lo que respecta al análisis formal
correspondiente, aseguró que tanto el trámite de negociación del instrumento
internacional como su procedimiento de aprobación en el Congreso, se ajustaron
a las normas constitucionales vigentes, pues, como está acreditado, el Estado
estuvo debidamente representado en el momento de la negociación y firma del
Acuerdo, sumado a que el trámite de aprobación se inició en el Senado de la
República, específicamente en la Comisión Segunda, tal y como lo determinan los
artículos 154 de la Constitución y 2° de la Ley 3° de 1992.
Aunado a lo anterior, el Presidente de
la República, por conducto de la ministra del interior -quien actuaba como
delegataria de funciones presidenciales en virtud del Decreto 1065 del 13 de
junio de 2019-, sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional
objeto de examen y la remitió a la Corte Constitucional dentro del término de
seis (6) días siguientes a la sanción de la ley, de conformidad con el artículo
241-10. De este modo, para el ministerio interviniente, se cumplieron las
diferentes etapas del procedimiento de aprobación del acuerdo por parte del
Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en la Carta
Política.
Sobre los aspectos de fondo de la
ley y del instrumento internacional en mención, precisó el organismo que la Ley
1958 de 2019 encuentra sustento en los artículos 9, 226 y 228 de la Carta.
Además, dado que la OCDE es una entidad con personalidad jurídica internacional,
requiere del reconocimiento de un régimen de privilegios e inmunidades para
ejecutar sus actividades de manera neutral e independiente. Estas prerrogativas
no son en principio contrarias a la Carta. La Corte Constitucional en la sentencia
C-859 de 2007[2] avaló la
introducción de cláusulas de este tipo para asegurar la independencia de los
representantes diplomáticos; garantías que se han extendido a las
organizaciones internacionales, a sus bienes y funcionarios.
Así las cosas, para el Ministerio del
Interior el contenido material de la Ley 1958 de 2019 se compagina con lo
dispuesto en la Carta Política y responde a la necesidad de la OCDE y de
Colombia, de lograr un entendimiento concreto, bajo parámetros claros de
participación y cooperación internacional.
3. Ministerio de Justicia y del
Derecho
La Directora de Desarrollo del Derecho y
del Ordenamiento Jurídico del Ministerio, solicitó a la Corte Constitucional
declarar la EXEQUIBILIDAD del Acuerdo entre la República de Colombia y la
OCDE sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgadas a la Organización,
suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014 y su ley aprobatoria.
Respecto a las razones para una
declaratoria de constitucionalidad formal, ese Ministerio señaló entre
otras, que: (i) el Acuerdo y su ley aprobatoria fueron remitidos de
manera oportuna a la Corte Constitucional; (ii) el instrumento
internacional fue suscrito en su momento por el Presidente de la República, quien
estaba debidamente habilitado para el efecto y (iii) el trámite
legislativo, esto es su iniciación en el Senado, la publicación del texto
correspondiente, los debates, la votación y los anuncios previos, se surtieron
en debida forma. En ese sentido, el proyecto de ley fue publicado adecuadamente
en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva; fue aprobado en
primer y segundo debate en las correspondientes comisiones y plenarias de cada
Cámara, y recibió la respectiva sanción presidencial, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 157, numeral 1° de la Constitución Política. Además, entre
la aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación del debate en la Cámara
de Representantes, transcurrieron menos de 15 días, acorde con lo establecido
en el artículo 160 superior; y las sesiones de comisión y plenaria se
realizaron con el quórum requerido, lo que contribuyó, adicionalmente, a
que el proyecto fuera aprobado por la mayoría de los asistentes.
Ahora bien, en cuanto a la constitucionalidad
material del Acuerdo, el Ministerio de Justicia sostiene que su
contenido defiende fines superiores de la Carta, en la medida en que establece
el marco general de privilegios, inmunidades y facilidades de la OCDE,
necesarios para que esta Organización pueda cumplir de manera independiente con
“su misión de prestar colaboración y apoyo en el territorio colombiano”[3]. Las prerrogativas concedidas a la
OCDE en el Acuerdo, tienen el propósito de salvaguardar el ejercicio de sus
funciones y no se reconocen a título personal, lo que para el ministerio se
encuentra en consonancia con la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961.
Además, según esa entidad, el Acuerdo se
encuentra en armonía con la jurisprudencia constitucional vigente,
especialmente con lo establecido en la Sentencias C-259 de 2014 y C-578 de
2002. Sobre esta última, la delegada del Ministerio recordó que la Corte Constitucional
ha sostenido, que una de las condiciones para que los acuerdos de privilegios e
inmunidades resulten compatibles con la Carta, tiene que ver con que los “beneficios
y exclusiones de jurisdicción concedidas por el Estado estén unívocamente
dirigidas a permitir la normal ejecución de las actividades de la organización
correspondiente”. Con base en lo anterior, tales acuerdos deben
comprenderse como “modalidades de inmunidad restringida”[4], lo que supone que las exclusiones de
jurisdicción se predican solo en el marco del ejercicio de las actividades propias
de la organización internacional, por lo que los tratamientos diferenciados no
configuran inmunidad absoluta, en la medida en que no facultan a sus beneficiarios
a desconocer el ordenamiento jurídico nacional ni a favorecer la impunidad en
relación con delitos y demás comportamientos antijurídicos y, en cualquier
caso, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política, es el Estado el
llamado a reparar patrimonialmente el daño causado por terceros, cuando ante la
exclusión de la jurisdicción, estos no puedan reclamar judicialmente el
perjuicio causado por el beneficiario responsable.
Por último, manifestó que el Estado
colombiano está obligado internacionalmente a cumplir con la Convención sobre
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, incorporada en el
ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 62 de 1973. De manera tal que
se trata de prerrogativas aceptadas en el derecho internacional público como un
régimen aplicable al personal diplomático, que no genera, en principio, una
afectación a la soberanía nacional.
4. Ministerio de Defensa Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional
intervino a través de apoderada, con el fin de solicitar la declaratoria de EXEQUIBILIDAD
del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades
otorgados a la Organización” y de su ley aprobatoria, ante el  pleno cumplimiento
de los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su
suscripción y aprobación legislativa, y por tener un contenido material
ajustado a la Carta, que en principio, respeta los postulados que gobiernan al
Estado colombiano y su política exterior.
Así, al iniciar su intervención, el
Ministerio explicó que el Acuerdo que se analiza tiene la naturaleza jurídica
de un tratado y recordó las precisiones y consideraciones que sobre tales
instrumentos existen, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969. Más adelante, enumeró los artículos de la Constitución
Política en los que se mencionan las competencias de la Presidencia de la
República y el Congreso en materia de negociaciones internacionales y de aprobación
de acuerdos, respectivamente. Y recordó que en el “Acuerdo sobre los
Términos de la Adhesión de la República de Colombia a la Convención de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París
el 30 de mayo de 2018”, se estableció que Colombia no podría concluir su
proceso de adhesión, hasta tanto no se encuentre vigente el instrumento
internacional que se analiza, por lo que su ratificación es importante y necesaria,
para cumplir con ese objetivo.
Sobre este punto precisó que, con el fin
de acceder a la cooperación y hacer parte de la OCDE, Colombia, desde el año
2011, ha manifestado su intención de ingresar a esa Organización; y que, en el
2018, fue aceptado su ingreso en 23 Comités en los que se había propuesto
lograrlo, ninguno de ellos relacionado con el sector defensa directamente. Sin embargo,
la delegada ministerial aclaró que los puntos de contacto entre la OCDE y el
Ministerio de Defensa Nacional son el Viceministerio del Grupo Social y
Empresarial del sector.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con
el contenido material del Acuerdo, afirmó que en sus 23 artículos hace
referencia al régimen particular de privilegios e inmunidades pactado con
Colombia, que se ajusta a la práctica común entre los Estados y organizaciones
internacionales. Sumado a lo anterior, algunas de las disposiciones del Acuerdo
objeto de revisión, consagran la renunciabilidad de la inmunidad, con el fin de
no obstruir investigaciones, facilitar la acción de la administración de
justicia y cooperar con el país receptor.
Se trata entonces de prácticas que se
han adoptado en otros instrumentos internacionales suscritos por Colombia con organizaciones
internacionales, como es el caso de: (i) la Convención sobre Privilegios
e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946; (ii) la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados de 1947; (iii) el Convenio entre la República de Colombia
y el Banco Interamericano de Desarrollo de 1968; (iv) el Acuerdo sobre
privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional de 2002; y (v) el
Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la autoridad internacional
de los fondos marinos de 1998, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto, solicitó
que tanto el Acuerdo de la referencia como la Ley 1958 de 2019, fueran
declarados exequibles.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación en
concepto número 6679 del 7 de noviembre de 2019, solicitó a la Corte Constitucional
declarar la EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo entre la República de Colombia
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización”, y de la
Ley aprobatoria 1958 de 2019, en “el entendido de que ninguna de las
disposiciones que se refieran a ‘cargos para efectos de pensión o seguridad
social’ dará lugar al desconocimiento del derecho constitucional fundamental a
la seguridad social de los nacionales colombianos o residentes permanentes en
Colombia”.
El Ministerio Público consideró que la
ley aprobatoria del Acuerdo objeto de análisis, honra los parámetros
constitucionales de tipo formal exigibles por la Carta para la aprobación de
instrumentos internacionales y que su contenido, en principio, no contraviene
los preceptos de la Carta Política. En cuanto al trámite, la Vista Fiscal
realizó un análisis de la fase prelegislativa, en la que corroboró, de acuerdo
con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, las
facultades o poderes del suscriptor del instrumento internacional. Luego
analizó el trámite legislativo correspondiente, ante el Senado de la República
y ante la Cámara de Representantes, y concluyó que la mencionada ley obtuvo la
aprobación necesaria en el término pertinente y de acuerdo con las formalidades
previstas en la Constitución.
En lo que concierne al análisis
material, el Procurador advirtió que el Acuerdo es compatible con los
principios constitucionales que rigen la política internacional y que responde
a la jurisprudencia constitucional sobre los acuerdos celebrados en materia de
privilegios e inmunidades.
Sin embargo, el Procurador señaló que
algunos de los artículos del instrumento internacional debían ser analizados de
forma separada, en lo que concierne a su contenido. Estos son:
“Artículo 1
Para
efectos de este Acuerdo: (…)
(b)
‘cargos para efectos de pensión o seguridad social’ significa todos los cargos
relacionados con cubrimiento pensional o de seguridad social, bien sea o no
que tales cargos se refieran al empleo de agentes por parte de la Organización,
e incluidos todos los cargos inherentes a pensiones o beneficios de retiro,
beneficios de desempleo, seguro de salud y beneficios familiares; (…)
(h)
“agentes” significa las categorías de personal a las que se aplican las
disposiciones de este Acuerdo, según especificación por el Secretario General
de la Organización; (…)
Artículo 10
La
organización y sus bienes estarán exentos de:
(a)
cualquier forma de tributación directa, incluidos cargos para efectos de
pensión o seguridad social: sin embargo, la Organización no reclamará
exención de tarifas e impuestos que constituyan no más que el pago por
servicios públicos; (…)
Artículo 14
1.
Los agentes de la Organización: (…)
(c)
estarán exentos de toda forma de tributación directa, incluidos cargos para
efectos de pensión o seguridad social, sobre salarios, emolumentos,
indemnizaciones, pensiones u otro elemento de remuneración que les sean pagados
por la Organización; (…)”[5].
(Subrayas de la cita)
Sobre las disposiciones transcritas, la
Vista Fiscal estima que la posible amplitud conceptual de la expresión “cargos
para efectos de pensión o seguridad social”, puede resultar contraria a los
artículos 48 y 49 de la Constitución Política, que consagran la seguridad
social como derecho fundamental.
Al respecto, afirmó que las referidas
cláusulas no proporcionan claridad sobre la situación en que se encontrarán los
nacionales colombianos o residentes permanentes en Colombia respecto de la
Organización o sus agentes ante una eventual relación laboral o de prestación
de servicios, pues se podría interpretar que las cotizaciones exigidas en el
Sistema General de Seguridad Social “están incluidas en los referidos costos
exentos y que en el Acuerdo no se contempla sistema alguno de seguridad social”[6].
Para el Procurador, si bien es usual que
los organismos internacionales cuenten con privilegios y exenciones, “no lo es
que es estén exentos de manera general de hacer aportes a los sistemas de
seguridad sociales cuando ellos procederían de conformidad con las leyes
locales”. Otros instrumentos internacionales similares no tienen tales
restricciones, como ocurre con la Convención de Privilegios e Inmunidades de la
ONU, o la de la OEA o la del Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, exonera a los
diplomáticos de las “disposiciones sobre seguridad social que estén vigentes
en el Estado receptor” (art. 33-1) y a sus “criados particulares que
estén al servicio del diplomático”, siempre y cuando no sean nacionales del
Estado receptor y estén cubiertos por las disposiciones de seguridad social de
algún Estado (art. 33-2). Respecto del resto del personal de la misión
diplomática “habrá de cumplir las obligaciones que las disposiciones sobre
seguridad social del Estado receptor impongan a los empleadores” (art.
33-3). Y la Convención de Viena sobre relaciones consulares, contiene la misma
previsión (Ar. 48).
Dado que del contexto del acuerdo o de
los documentos que lo soportan, no se encuentran razones que expliquen con
claridad el alcance de estas disposiciones o que limiten el sentido de su
aplicación, la Procuraduría solicita que, en la medida en que se trata de un
convenio bilateral, se declare la exequibilidad del Acuerdo y de la ley
aprobatoria, bajo el entendido que, “ninguna de las disposiciones que se
refieren a ´cargos para efectos de pensión o seguridad social´ dará lugar al
desconocimiento del derecho constitucional fundamental a la seguridad social de
los nacionales o residentes permanentes en Colombia”, y se realice la
respectiva declaración interpretativa.
Finalmente, el Ministerio Público destacó
en su intervención, la compatibilidad de la Carta Política con las demás disposiciones
del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades otorgadas a la OCDE.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1.  De acuerdo con
lo establecido en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política,
la Corte Constitucional es competente para ejercer el control integral de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueban.
En consecuencia,
le corresponde a esta Corporación pronunciarse de manera definitiva sobre la
constitucionalidad formal y material del "Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades
otorgados a la Organización", suscrito en
Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014 y de la Ley 1958 de
2019 aprobatoria
del Convenio internacional mencionado.
Características generales
del control constitucional en materia de convenios internacionales y leyes
aprobatorias de tratados.
2.  La Carta
Política prevé un proceso complejo para la adopción de tratados internacionales
en el cual participan las tres ramas del poder público: (i) el Presidente,
a quien le compete dirigir las relaciones internacionales y celebrar los
tratados; (ii) el Congreso, al que le corresponde aprobar e improbar
tales instrumentos y (iii) la Corte Constitucional, que como garante de la
guarda y supremacía de la Constitución, debe comparar el instrumento
internacional y su ley aprobatoria con la totalidad de las normas
constitucionales[7] y declarar si sus disposiciones se
ajustan, o no, a la Carta.
Realizada la revisión
constitucional del acuerdo internacional, es el Presidente de la República en
su calidad de Jefe de Estado[8] quien ratifica el instrumento
correspondiente -si es su decisión hacerlo[9]-; momento a partir
del cual le son exigibles al Estado colombiano los compromisos pactados en el
tratado[10].
3.  Ahora bien, en
lo que concierne al control constitucional que realiza esta Corporación sobre
los tratados y sus leyes aprobatorias, la jurisprudencia ha sostenido que este
se caracteriza por ser:
“(i)
[P]revio al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático,
pues [el acuerdo y su ley aprobatoria] debe[n] ser enviad[os] directamente por
el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en
que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de
la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la
ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.”[11]
En
igual sentido, cabe resaltar que el control constitucional que realiza este
Tribunal es de carácter definitivo, es decir, la sentencia hace tránsito
a cosa juzgada constitucional, lo que significa que
´impide un nuevo juicio constitucional a la Corte y cierra cualquier
posibilidad de adelantar un nuevo examen´. Si la inconstitucionalidad es
consecuencia de la existencia de un vicio material, estará prohibida la
reproducción del contenido normativo declarado inexequible (Constitución, art.
243); si declara inexequible la ley aprobatoria por vicios de procedimiento, no
se impide su nueva tramitación y posterior examen”.[12] (Las negrillas
se encuentran fuera del original).
4. En ese orden de ideas, el control que realiza
esta Corporación involucra la valoración del cumplimiento de exigencias formales
y materiales de constitucionalidad, requeridas para que los instrumentos
internacionales y la ley proferida, se consideren ajustados a la Carta.
5. El control formal que ejerce esta Corporación se
dirige a examinar, entre otros aspectos: (i) el trámite
surtido durante la negociación y firma del tratado correspondiente, -esto es,
el examen de la validez de la representación del Estado colombiano en los
procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los
funcionarios intervinientes-, así como (ii) el cumplimiento de
las reglas del trámite legislativo durante el estudio y aprobación del proyecto
de ley[13]
en el Congreso, junto con la debida sanción presidencial de la
ley, si es del caso[14].
En
lo que concierne al trámite legislativo, la ley aprobatoria de un tratado debe
cumplir en principio, el mismo procedimiento legislativo de las leyes
ordinarias (Art. 146, 154, 157, 160[15], 166 y 241 de
la C.P., entre otras), salvo la exigencia especial en el caso de estos
instrumentos de que el proyecto de ley inicie su trámite en el Senado, por
tratarse de asuntos relativos a las relaciones internacionales (Art. 154
C.P. y artículo 143, Ley 5ª de 1992).
Una
característica que es propia de la naturaleza especial de las leyes
aprobatorias de tratados públicos durante su trámite legislativo tiene que ver
con el hecho de que el Congreso no puede alterar el contenido de los
instrumentos internacionales. En efecto, no está facultado para incorporar a la
discusión cláusulas nuevas o modificar las originales del instrumento, en la
medida en que su función consiste solamente en aprobar o improbar la totalidad
del acuerdo[16], sin estar habilitado para fraccionarlo
o a modificarlo[17], por tratarse de una negociación adoptada
por el Gobierno[18]. Sobre esa base, si el Legislador se
abstiene de dar su aprobación a lo convenido, no es posible para el Estado seguir
el trámite constitucional correspondiente. En sentido contrario, el visto bueno
del Legislador permite continuar con el trámite constitucional enunciado.
6.
Otro aspecto a considerar en el control formal de constitucionalidad que realiza
esta Corporación, tiene que ver también, (iii) con la
verificación, -si es del caso-, del cumplimiento del requisito de la consulta
previa a las comunidades étnicas involucradas, en aquellas circunstancias
en que éstas puedan verse directamente afectadas por un convenio internacional
suscrito por Colombia.
Ligado
al reconocimiento a la pluralidad de etnias que se encuentran en nuestro país y
a su derecho fundamental a la libre determinación, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que dado que la diversidad étnica se encuentra especialmente
protegida por la Carta, -en virtud de los 1[19], 7[20], 8[21], 70[22] y 72[23] superiores-, y que
se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico el Convenio 169 de la OIT[24] que da cuenta de
la necesidad de consultar a las distintas comunidades étnicas sobre las medidas
que puedan afectarlas, corresponde al Legislador en el proceso de aprobación
interna de algunos instrumentos internacionales, considerar también el tema de
la consulta previa, en aquellos casos en que tales comunidades puedan verse
afectadas. Al respecto la Sentencia C-048 de 2018[25] señaló
precisamente, que:
“[E]l
ejercicio de participación ejecutado a través de la consulta previa constituye
una garantía de orden procedimental encaminada a respetar los derechos a la
subsistencia y la integridad cultural de los grupos étnicos, y en sí misma se
erige en un procedimiento, y su omisión se proyecta sobre el contenido material
de las medidas que a través del procedimiento se lleguen a adoptar (...)".
El Estado colombiano, en efecto, tiene
la obligación de consultar a las comunidades étnicas respectivas a través de
sus autoridades u órganos representativos, sobre las medidas administrativas,
legislativas o de cualquier otra índole que puedan afectarlas directamente
(Art. 6º). Por lo que se trata de una exigencia que, aunque no cobija a todas
las normas y disposiciones que se expidan, si resulta obligatoria para aquellas
que así lo requieran[26] .
Sobre este aspecto en particular, la Sentencia
C-030 de 2008[27] de la Corte Constitucional determinó que
la consulta previa en el caso de medidas legislativas debía realizarse
exclusivamente en “aquellas [leyes] que puedan afectar [a tales comunidades]
directamente, siendo uno de los parámetros para identificar las medidas
legislativas susceptibles de consulta, su relación con las materias reguladas
por el Convenio 169 de la OIT”. De este modo, puede hablarse de que existe incidencia
directa en las comunidades indígenas y tribales, “cuando la ley altera el
status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o
gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios”.[28]
En lo concerniente a los instrumentos
internacionales, la Sentencia C-214 de 2017[29] sintetizó las reglas jurisprudenciales que deben
observarse para definir si una ley aprobatoria de un tratado requiere o no ser
consultada previamente con las comunidades indígenas o étnicas
correspondientes, así como el momento en el que debe cumplirse con la
mencionada exigencia, así:
“(i) [L]as leyes aprobatorias de
tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el texto afecte de forma
directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas legislativas o
administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que involucren
directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de consulta
antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la
República; y (iii) prima
facie no es necesario someter el instrumento internacional a dicho
procedimiento, si éste se refiere a creación de zonas de libre comercio, sin
embargo se debe hacer consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del
tratado afecten de forma directa a una comunidad étnica”.[30]
La
sentencia anterior sostuvo, además, que existen materias concretas reguladas en
tratados internacionales que deben cumplir con el procedimiento de consulta
previa. Es el caso, “(…) por ejemplo: [de] la definición o alteración de su
territorio, la explotación de recursos naturales y los temas relacionados con
las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos”.[31]
En consecuencia, al seguir las reglas jurisprudenciales
mencionadas, es claro que la ley aprobatoria de un tratado internacional deberá
cumplir con el procedimiento de consulta con las comunidades indígenas y
étnicas, cuando su implementación pueda generar una afectación directa a la
vida y a las costumbres de estos pueblos. En tales casos será necesario evaluar
los contenidos y objetivos del instrumento internacional, para identificar esta
eventual afectación a los grupos protegidos.
7. Finalmente en lo que concierne al examen
de fondo o material del instrumento internacional, le corresponde a la
Corte confrontar las disposiciones del tratado que se revisa y su ley
aprobatoria, con la totalidad del texto constitucional -lo que incluye
el llamado bloque
de constitucionalidad stricto sensu[32]-, con el
propósito de establecer si sus disposiciones se ajustan o no al ordenamiento
superior.
Del resultado de dicha confrontación,
puede generarse eventualmente la necesidad de que el Estado se vea obligado a
realizar declaraciones interpretativas al momento de la ratificación del
instrumento para asegurar la supremacía constitucional, a menos de que ello esté
expresamente vedado en el tratado o no sea posible introducir reservas que no
afecten el objeto y fin del instrumento internacional[33].
8. El control material que
realiza esta Corporación, en consecuencia, ha sido entendido tradicionalmente en
la jurisprudencia constitucional como un estudio eminentemente jurídico del
convenio y de su ley aprobatoria, que no examina las ventajas u oportunidad
práctica del acuerdo a nivel económico, social, ni su conveniencia política, o las
razones de oportunidad, utilidad o eficiencia del instrumento, o las
consecuencias prácticas de su celebración, por tratarse de reflexiones que le competen
al Presidente de la República y al Congreso, respectivamente[34].
Se trata de un examen que, desde
un punto de vista clásico, se ha decantado más por ser un análisis demostrativo
y jurídico del contenido y alcance de las cláusulas del tratado[35]. Lo anterior, sobre
la base del respeto por:
“(i)[L]a legitimidad democrática de las ramas Ejecutiva y
Legislativa; (ii) la competencia técnica de ambas Ramas; (iii) la naturaleza
técnica de las normas de derecho internacional, (…) y, por último; (iv) la
imposibilidad de prever las dificultades relacionadas con la aplicación de los
tratados internacionales” [36].
También, debido al hecho de que los
aspectos técnicos y operativos de dichos instrumentos, generalmente resultan
ser susceptibles de sus respectivas acciones judiciales, se ha “re[forzado]
la idea de que no le correspond[e] a la Corte Constitucional ejercer un control
sobre tales efectos normativos”[37].
A su vez, este Tribunal ha sostenido que
habida cuenta de la naturaleza abstracta del juicio de constitucionalidad que realiza
la Corte, no es fácil  vislumbrar las consecuencias que se derivan de la
aprobación de los acuerdos económicos y comerciales celebrados, por lo que en
muchos casos solo hasta el momento del desarrollo o ejecución de tales
instrumentos internacionales, es que pueden los ciudadanos a través de las
acciones constitucionales y legales existentes, dar cuenta de las posibles
dificultades que se generan respecto de la garantía y vigencia cierta y
efectiva de la Carta Política[38].
Lo anterior, bajo el entendimiento de
que este Tribunal debe realizar un control constitucional “prudente
y ponderado”[39] en
aras de lograr “una buena dosis de autocontrol [en] la jurisprudencia
constitucional y [en el] ejercicio de la labor judicial” [40]
.
9.       Ahora bien, algunas de estas
apreciaciones clásicas sobre el alcance del control constitucional se han
matizado en los últimos años, en particular, en relación con instrumentos de
naturaleza económica o de inversión, dado el considerable impacto que las
disposiciones internacionales vienen adquiriendo, a veces, en la toma de
decisiones internas.
En
el caso de los acuerdos
de liberación comercial, si bien se ha aceptado que los aspectos
técnicos y operativos de estos instrumentos internacionales, en principio, no
infringen las disposiciones
constitucionales, también se ha considerado que lo anterior solo es aceptable, si
esos aspectos no tienen “claras implicaciones o consecuencias
constitucionales”[41],
que ameriten un estudio de constitucionalidad concreto. Incluso esta Corporación
ha reconocido que:
“A pesar de la
conveniencia y tecnicidad en que se mueve la celebración de acuerdos de
liberación comercial, el estudio de constitucionalidad que efectúa la Corte
no puede limitarse a una función notarial, sino que debe partir de
apreciar las razones que llevaron al Gobierno a su negociación, los
estudios empíricos que soportan su necesidad, los beneficios que representa
para el país una vez efectuado el balance integral de las ventajas y desventajas,
cómo se encuentra preparado el Estado para asumir los nuevos retos (v. gratia,
infraestructura), las medidas de prevención, salvaguardia y excepciones
acogidas para los sectores de la economía doméstica sensibles, los intereses de
los exportadores e importadores, el diseño de un plan de ejecución, entre
otros, que permitan al Gobierno advertir que no se ha celebrado un tratado
comercial improvisado sino oportuna y debidamente diseñado”.[42] (Negrillas fuera del
original).
Y en lo concerniente a la intensidad del
control sobre acuerdos de libre comercio, por ejemplo, se ha señalado también que
“adopta mayores niveles, cuando la materia regulada incide
decisivamente sobre valores, principios, derechos o bienes jurídicos de
relevancia constitucional, caso en el cual deben observarse los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad”[43].
(Negrilla fuera del original)
10. Recientemente en el tema de tratados
de inversión, la Corte Constitucional también precisó que el control material
en esos casos:
“[N]o
solo [debía ser visto como] un dispositivo para garantizar la supremacía
constitucional, sino que también [era] una oportunidad para enriquecer el
proceso de celebración de tratados internacionales desde el punto de
vista deliberativo, (…) habida cuenta de los múltiples y variados
argumentos presentados por los intervinientes y autoridades convocados a
participar. En tales términos, el control de constitucionalidad de los tratados
internacionales está diseñado para complementar, desde el punto de vista
de la supremacía constitucional y la deliberación, las decisiones
políticas de las ramas ejecutiva y legislativa. Esto, por supuesto, sin
perjuicio del deber constitucional a cargo de ambas ramas de propiciar
escenarios y procesos de participación y deliberación, amplios e incluyentes, que
fortalezcan el proceso de formación de la voluntad del Estado de suscribir
y aprobar los compromisos internacionales”[44].
(Negrillas fuera del original)
En
ese sentido, la
Sentencia C-252 de 2019[45],
en reconocimiento a las complejas dinámicas judiciales que en el marco
internacional se ofrecen para los Estados en materia de inversión, confrontó algunos
de los argumentos tradicionales sobre los alcances y limitaciones del control
constitucional material que realiza esta Corporación, y presentó nuevas razones
constitucionales para justificar uno más profundo en lo concerniente a leyes
aprobatorias de tratados internacionales, en casos ligados particularmente con
la inversión extranjera. Los argumentos expuestos en esa providencia fueron
básicamente los siguientes:
Postura
clásica
(Límites)
Argumentos
de la Sentencia
C-252
de 2019
1.La legitimidad democrática de
las ramas Ejecutiva y Legislativa en relación con la negociación,
suscripción, ratificación y aprobación de tratados internacionales.
El control de
constitucionalidad de los tratados internacionales está diseñado para
complementar, desde el punto de vista de la supremacía constitucional y la
deliberación, las decisiones políticas de las ramas Ejecutiva y Legislativa.
2. La competencia técnica de
las ramas Ejecutiva y Legislativa para valorar la conveniencia de los
acuerdos internacionales.
El carácter técnico de las
normas no las exime de control de constitucionalidad, así sea bajo un
estándar de mera razonabilidad, en tanto el Estado de Derecho y la supremacía
constitucional implican, necesariamente, la inexistencia de materias exentas
de control o zonas de inmunidad judicial.
3. La naturaleza técnica de las
normas del derecho internacional, particularmente en materia de inversiones,
y el carácter especializado de los tribunales que deciden en estas materias,
implican que su estudio no corresponda al Tribunal Constitucional sino a
dichos jueces.
El contenido normativo de las
cláusulas del tratado generalmente está determinado por los negociadores y
los jueces especializados, domésticos o internacionales. Sin embargo, siempre
que los contenidos y los alcances normativos de tales cláusulas tengan
relevancia constitucional, resulta necesario tenerlos en cuenta para efectos
de evaluar su compatibilidad con la Constitución Política.
En consecuencia, corresponde a
la Corte armonizar el carácter abstracto del control de constitucionalidad
(sin perjuicio de los significados concretos y efectivos que adquieren las
normas en la práctica jurídica y social), con el reconocimiento de la
autonomía de los demás poderes públicos.
4.   La
imposibilidad de prever las dificultades relacionadas con la aplicación de
los tratados internacionales.
Es posible prever, aunque sea
parcialmente, los efectos prácticos de los instrumentos internacionales.
11.
A partir de estas premisas, la Corte Constitucional consideró en esa sentencia que
el juicio
de razonabilidad podía ser el instrumento pertinente para ejercer un
control de constitucionalidad más amplio sobre los tratados internacionales de
inversión, cuando ello fuere necesario. El juicio indicado se avaló, como una
herramienta que permite “verificar (i) que las finalidades globales y de
cada una de las cláusulas del tratado resulten legítimas a la luz de la
Constitución Política y (ii) que el tratado en su conjunto, así como las
medidas individualmente previstas en dicho instrumento, [resulten] idóneas,
esto es, que existan elementos de juicio que permitan concluir que contribuirán
a alcanzar sus finalidades”[46].
A través del juicio de razonabilidad se evalúan entonces de manera
general, las finalidades del tratado y la adecuación de las medidas previstas
en el instrumento, para alcanzar los objetivos; y son las ramas Ejecutiva y
Legislativa las encargadas de aportar “las razones y evidencia empírica,
concreta y suficiente”, que justifique la celebración de los tratados y
convenios internacionales.
En cuanto a las cláusulas específicas
contenidas en el tratado, en esta sentencia se incorporaron al análisis
elementos que tradicionalmente habían estado excluidos al momento de determinar
la validez de un instrumento. Por ejemplo, se estudió la cláusula de trato
justo y equitativo, que es usual en varios acuerdos internacionales en materia
comercial, a partir del sentido que se le da a la mencionada expresión en el
derecho internacional.
Con fundamento en el estándar previamente
indicado, y al tomar en consideración la interpretación establecida por los
tribunales de arbitramento en materia de inversiones sobre este tipo de
disposiciones, la Corte condicionó la exequibilidad de la referida cláusula. De
hecho, analizó el contenido normativo de la misma a partir de la aplicación real
que han tenido tales disposiciones en el derecho internacional, como un
elemento propio del análisis del control abstracto de constitucionalidad, que recae
sobre los significados concretos y efectivos que adquieren las normas jurídicas
en la práctica[47].
12.
Esta aproximación constitucional, en algunos casos más amplia en relación con
este tipo de tratados, así como el estándar de control adoptado, ha sido reiterada
por la Corte Constitucional en otras providencias posteriores que revisaron la
conformidad de leyes aprobatorias de tratados internacionales con la Carta, principalmente
en el marco de convenios relacionados con inversiones o asuntos económicos.
En
la Sentencia
C-254 de 2019[48], por
ejemplo, esta Corporación declaró la exequibilidad, con algunos
condicionamientos del tratado de libre comercio entre la República de Colombia
y el Estado de Israel. En esa oportunidad, la Sala Plena consideró que el
precedente establecido por la Sentencia C-252 de 2019
resultaba aplicable en lo pertinente, pese a que en dicha decisión se estudió
un tipo de tratado diferente[49],
aunque también de naturaleza económica. En ese caso, la Corte aplicó el juicio
de razonabilidad enunciado y concluyó que el acuerdo de libre comercio tenía
finalidades legítimas y que las medidas eran adecuadas para tales propósitos.
13. A su turno, en la Sentencia
C-347 de 2019[50] esta
Corporación recordó también, en relación con la intensidad del control de
constitucionalidad sobre tratados internacionales, que “deben observarse
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y en cierta medida [se] debe[n]
apreciar las razones que llevaron al Gobierno a negociar el instrumento
internacional”[51];
lo anterior, no obstante, sin adelantar en la sentencia el juicio de
razonabilidad previamente considerado.
Otras decisiones posteriores continuaron
con estas percepciones más amplias, aunque otras han adoptado escrutinios más
tradicionales respecto del control material de los tratados[52],
sobre la base, en cada caso, de asegurar una adecuada auto restricción
judicial.
14.
En la Sentencia C-492 de 2019[53] que
conoció del “Acuerdo
sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia a la Convención
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” y a su vez, “la
Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, la Corte, si
bien retomó
varias de las apreciaciones clásicas que ha utilizado este Tribunal para
sustentar el carácter tradicional del control material de constitucionalidad[54],
también
recordó que aunque esta Corporación no analiza al detalle la
ponderación que efectúa el Presidente o el Congreso de la República sobre un
tratado, sí hace una constatación de la existencia y plausibilidad del
estudio que compromete la voluntad del Estado[55], bajo el
entendido que, aunque las autoridades descritas
cuentan con un amplio margen de maniobra -conveniencia- para la
celebración y suscripción de convenios, no por ello se entiende que carecen de los
límites establecidos en la Constitución (arts. 9º, 226 y 227 C. Pol.) y en los
tratados internacionales de derechos humanos para el efecto[56].
La
providencia recordó, además, que es una obligación del Estado en tales
procesos, garantizar el cumplimiento de unos estándares básicos
constitucionales que aseguren la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales:
“i)
[P]ara alcanzar de manera transparente un comercio justo y equitativo; ii) que
el intercambio económico y comercial se desenvuelva en un plano de la igualdad
real, responda a las particularidades de cada Estado y constituya un medio para
lograr el bienestar general (fin esencial-social del Estado); iii) que se
desenvuelva bajo el respeto y la promoción de los derechos civiles y políticos,
así como económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); iv) que no se
desprotejan los sectores sensibles y vulnerables de la economía y de la
sociedad, los derechos laborales y de la seguridad social, la alimentación, los
derechos de los consumidores, la salud pública, la preservación y
restablecimiento del ambiente sano; y se combata la pobreza extrema y el
hambre, entre otros”[57].
Sin
embargo, en lo concerniente a la intensidad del juicio de constitucionalidad a
aplicar en instrumentos internacionales de derecho económico y comercial, la
Corte se abstuvo de realizar el análisis de razonabilidad para determinar si las
finalidades del convenio con la OCDE eran legítimas o no y si las cláusulas
eran idóneas o no lo eran, para alcanzar dichas finalidades.
En
consecuencia, se realizó un control constitucional consistente en confrontar
las disposiciones de los convenios y las de su ley aprobatoria, con la
totalidad de las disposiciones de la Constitución, sin perder de vista la
naturaleza abstracta y objetiva del juicio a realizar, que no permite avizorar conforme
a esa providencia, todas y cada una de las consecuencias que se generan por la
aprobación de los convenios y acuerdos económicos y comerciales celebrados.
El
resultado de ese ejercicio culminó con la declaratoria de exequibilidad del “Acuerdo
sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia a la convención
de la organización para la cooperación y el desarrollo económico”, suscrito en
Paris, el 30 de mayo de 2018” y de la “Convención de la organización
para la cooperación y el desarrollo económicos”, hecha en París el 14 de
diciembre de 1960 y de la Ley aprobatoria 1950 del 2019.
15. Así las
cosas, dado que los criterios generales de análisis material de acuerdo con la
jurisprudencia se han concentrado: (i) en reconocer la importancia de
hacer un cotejo integral del tratado internacional y de la ley aprobatoria con
la Carta; (ii) que los análisis ampliados desde el punto de vista
material, en cuanto a la intensidad del test que involucra el juicio de
razonabilidad, hasta el momento, se han relacionado más con acuerdos de tipo
comercial y de inversión y no se han extendido por la jurisprudencia, de manera
general, a otro tipo particular de instrumentos internacionales; que (iii)
el control constitucional material realizado por esta Corporación en la Sentencia
C-492 de 2019[58] para el
caso del “Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de
Colombia a la convención de la organización para la cooperación y el desarrollo
económicos”, suscrito en París, el 30 de mayo de 2018 y  la “Convención
de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos”, complementarios al
instrumento internacional que es objeto de revisión, se hizo atendiendo la
línea jurisprudencial general; y que (vi) el convenio que hoy ocupa a la
Sala es uno limitado al tema de los privilegios,
inmunidades y facilidades otorgados a la OCDE, lo
cierto es que la Sala realizará en esta oportunidad un análisis material
similar al adelantado por la sentencia C-492 de 2019, no sólo por la
naturaleza particular del convenio internacional en estudio, sino con el
propósito de seguir las mismas directrices establecidas por la sentencia que
decidió los acuerdos que preceden al de la referencia,
sobre los tratados de adhesión y creación de la OCDE.
16. Hechas las anteriores precisiones,
pasa la Corte a examinar la constitucionalidad del tratado internacional objeto
de estudio y de su ley aprobatoria, tanto en su aspecto formal como material.
REVISIÓN FORMAL
DE LA LEY APROBATORIA
Negociación y suscripción
del Acuerdo internacional
17.  El control
formal de constitucionalidad de los tratados internacionales y sus leyes
aprobatorias incluye, entre otros aspectos, el examen de las facultades del
representante del Estado colombiano para negociar y celebrar el tratado y
autenticar el instrumento internacional respectivo. Lo anterior, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 7º a 10º de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, incorporada al ordenamiento interno por la Ley
32 de 1985, en concordancia con lo previsto en el artículo 9º de la Carta, que
establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el
reconocimiento de los principios internacionales aceptados por Colombia. Sobre
esa base, debe recordarse que el artículo 7º de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, señala lo siguiente:
“1.
Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar
el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que
una persona representa a un Estado:
a) Si presenta los adecuados plenos poderes, o
b)
Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras
circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa
persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la
presentación de plenos poderes.
2.
En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a su Estado:
a)
Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de
un tratado; (…)”.
(Subrayas fuera del original).
18.
En consideración con lo anterior, la Sala Plena encuentra que en esta
oportunidad el Acuerdo de la referencia fue suscrito el 20 de junio de 2014,
por el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón;
circunstancia que permite evidenciar que, en su caso, no era necesario
acreditar los plenos poderes para la debida representación del Estado
colombiano en la suscripción del Acuerdo, conforme a lo previamente expuesto[59].
En
el mismo sentido, mediante Aprobación Ejecutiva del 16 de octubre 2014, el
señor Presidente de la República autorizó someter a consideración del Congreso
de la República el Acuerdo de la referencia[60]. La decisión
contó, además, con la firma de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora
María Ángela Holguín Cuellar.[61]
Por lo anterior, se concluye que la
adopción del instrumento internacional en mención cumplió con el requisito de
forma relacionado con la calidad de la persona que debía suscribir el acuerdo
internacional.
Consulta Previa
19.
Para la Sala Plena de la Corte Constitucional, el "Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades
otorgados a la Organización", suscrito en
Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014 y su ley aprobatoria, no exigía de
manera obligatoria adelantar el proceso de consulta previa, pues los objetivos,
contenido y alcance del convenio internacional no suponen una afectación
directa a la vida y/o costumbres de las comunidades étnicas del país. Se
recuerda, (i) que el objeto y fin del convenio internacional se circunscribe
a establecer un marco general en materia de privilegios e inmunidades para la
OCDE y sus miembros, en caso de operar en Colombia, y (ii) ninguna de sus
cláusulas se refiere o tiene que ver con los pueblos indígenas o comunidades étnicas,
o a sus costumbres tradicionales.
Por
las razones expuestas, no se trata entonces de uno de aquellos tratados que por su
materia pueda requerir este tipo de consulta, ni se relaciona de manera directa
con estas comunidades, por lo que, en su caso, la consulta previa no era
necesaria.
Trámite de aprobación del proyecto de ley
en el Congreso de la República.
20. El proyecto de ley “Por
medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización´, suscrito
en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014”, fue designado con
los números 126 de 2017 Senado y 268 de 2018 Cámara.
El mencionado proyecto agotó el trámite legislativo que se describe de manera
esquemática, como sigue:
TRAMITE LEGISLATIVO
Célula
Etapa Trámite
Fecha
Gaceta
Estado
Senado
Inicio
en Senado
15/09/2017
ü
Publicación
del proyecto y exposición de motivos
19/09/2017
Gaceta
del Congreso No. 805 del 19 de septiembre de 2017
ü
Publicación
Ponencia para primer debate
02/05/2018
Gaceta
del Congreso No. 202 del 2 de mayo de 2018
ü
Anuncio
para discusión y votación Primer debate
17/05/2018
Acta No 25 del 17 de mayo de 2018. Gaceta del
Congreso No. 466 del 21 de junio de 2018
ü
Discusión
y aprobación del proyecto en primer debate
30/05/2018
Acta No 26 del 30 de mayo de 2018. Gaceta del
Congreso No. 466 del 21 de junio de 2018
ü
Votación
Certificada
9
votos Si
0
por el No
ü
Publicación
ponencia segundo debate
05/09/2018
Gaceta del Congreso No. 651 del 5 de
septiembre de 2018
ü
Anuncio
para discusión y votación Segundo debate
07/11/2018
Acta No 25 de esa fecha. Gaceta del
Congreso No. 489 del 10 de junio de 2019.
ü
Discusión
y aprobación del proyecto en Segundo Debate
13/11/2018
Acta No 26 de
esa fecha.
Gaceta del Congreso No. 490 del 10 de junio de 2019
ü
Votación
13/11/2018
Certificada
69,
Si. 10, No.
ü
Término
entre Primero y Segundo Debate en Senado
Adecuado
5
meses y 14 días
ü
Cámara
Cámara
Inicio
20/11/2018
Repartido
3 /12/2018
ü
Publicación
Ponencia para primer debate
18/12/2018
Gaceta del Congreso No. 1147 del 18 de
diciembre de 2018
ü
Anuncio
para discusión y votación Primer debate en Cámara
19/03/2019
Acta No 13 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 425 del 29 de mayo de 2019
ü
Discusión
y aprobación del proyecto en primer debate en Cámara
20/03/2019
Acta No 14 del 20 de marzo de 2019, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 425 del 29 de mayo de 2019
ü
Votación
20/03/2019
Certificada
11
votos si, 1 no.
ü
Publicación
ponencia Segundo Debate en Cámara
11/04/2019
Gaceta
del Congreso No. 225 del 11 de abril de 2019
ü
Anuncio
para discusión y votación Segundo debate
10/04/2019
Acta No 046 del 10 de abril de 2019.  Anuncio
para la sesión del 23 de abril de 2019. Gaceta del Congreso No. 751 del 14 de
agosto de 2019
ü
Discusión
y aprobación del proyecto en Segundo Debate
23/04/2019
Acta No 047
del 23 de abril de 2019 publicada en la Gaceta del Congreso No. 959 del 1º de
octubre 2019.
ü
Votación
23/04/2019
Certificada
De
167 votos, 115, Si, 15, no.
ü
Término
entre Primero y Segundo Debate en Cámara
20 de marzo de 2019, primer debate
Cámara. La aprobación en segundo debate se dio el 23 de abril de 2019.
ü
Término
en traslado del Senado a la Cámara
Entre
13/11/2018 (Senado) y   20/02/2019 (Cámara)
ü
Sanción
Sanción
Presidencial
Ministra
delegataria en virtud del Decreto 1065 de 2019 sancionó la ley, publicada en
el Diario Oficial No. 50.988 del 18/06/2019
ü
A
continuación precisará la Sala, en concreto, los pormenores del trámite anteriormente
enunciado.
El
trámite legislativo en el Senado de la República
Inicio en el Senado de la República
21.
De conformidad con el artículo 154 superior[62], los
proyectos de ley que se refieran a las relaciones internacionales iniciarán su
trámite en el Senado[63]. Esta
exigencia se cumple si se considera que el proyecto de ley fue radicado por el
Gobierno Nacional en el Senado de la República el 15 de septiembre de 2017, por
intermedio de la Ministra de Relaciones Exteriores del momento, María Ángela
Holguín Cuellar[64].
Publicación oficial del proyecto por el Congreso de
la República
22.
El artículo 157-1 de la Constitución establece como requisito en el trámite
legislativo, que el proyecto de ley haya “sido
publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”[65]. En
este caso, el
texto original del proyecto de ley correspondiente, junto con la respectiva
exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta
del Congreso No. 805 del 19 de septiembre de 2017[66].
En la publicación se incluyó el texto completo del "Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades
otorgados a la Organización".
Publicación de la ponencia para primer debate
23.
La Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado de la República designó al
Senador Iván Leonidas Name Vásquez para que rindiera ponencia para primer
debate[67]. De
acuerdo con el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992[68],
la publicación del respectivo informe de ponencia debe hacerse antes de la
iniciación del primer debate. La ponencia fue efectivamente publicada en la
Gaceta del Congreso No. 202 del 2 de mayo de 2018[69], con la anterioridad requerida, en la medida
en que el primer debate se dio efectivamente el 30 de mayo de esa anualidad[70].
Anuncio previo a la votación en primer debate en el
Senado
24.
El artículo 160 de la Constitución, adicionado por el artículo 8º del Acto
Legislativo 1 de 2003, establece que “[n]ingún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación”.
La jurisprudencia constitucional sobre
este tema recuerda que el artículo constitucional que se describe pretende
evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos en
desmedro de su adecuado conocimiento y discusión por parte de los congresistas.
El anuncio de los proyectos de ley asegura que los parlamentarios y la
comunidad política en general conozcan con la debida antelación, la fecha en la
cual un proyecto de ley se someterá a discusión y votación en cada célula
legislativa. Ello no sólo favorece el control político y el seguimiento
ciudadano a los proyectos de ley, sino que afianza y profundiza el principio
democrático, el respeto por las minorías parlamentarias, y la publicidad y
transparencia del proceso legislativo.
La Corte ha resaltado sobre
esta exigencia, que su propósito es que se evite que los parlamentarios se vean
“sorprendidos por votaciones intempestivas. Así, no se está ante un simple
requisito formal, sino ante una condición de racionalidad mínima del trabajo
legislativo y de transparencia en el procedimiento de creación de la ley”[71].
El requisito del
anuncio previo lleva implícitos, entonces, unos presupuestos básicos que deben
ser tenidos en cuenta por el Congreso. Tales presupuestos según la jurisprudencia
de esta Corporación son básicamente los siguientes: a) los
anuncios deben estar presentes en la votación de todo proyecto de ley; b) debe
proponerlos la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta
y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto; c) la fecha
de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos,
determinable; y d) un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a
aquella para la cual ha sido anunciado[72].
25.
Con fundamento en lo anterior, el proyecto de ley número 126 de 2017 Senado
cumplió entonces con este requisito, pues fue anunciado para primer debate en
el Senado de la República el 17 de mayo de 2018, con el propósito de ser evaluado
en la siguiente sesión de la Comisión, tal como consta en el Acta número 25 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 466 del 21 de junio de 2018.
El anuncio se dio en los siguientes términos:
“Por
instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República,
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión de la Comisión Segunda del Senado […] Proyecto de ley
número 126 de 2017 Senado, […] Se levanta sesión y se
citará por Secretaría para una nueva sesión […]”[73].
(Negrillas fuera del original).
26.
El proyecto de ley 126
de 2017 Senado, en consecuencia, fue efectivamente sometido a votación en la “próxima
sesión” de la Comisión Segunda del Senado que tuvo lugar el 30 de mayo de
2018, tal y como consta en el Acta No 26 de la misma fecha[74].
De esta manera, se le dio cumplimiento a la exigencia constitucional mencionada[75].
Aprobación en primer debate en Senado y votación
nominal y pública
27.
El artículo 157, numeral 2º de la Constitución exige que el proyecto de ley sea
“aprobado
en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara”.
Igualmente, el artículo 133 superior establece que el voto de los miembros de
los cuerpos colegiados de elección directa debe ser “nominal y público,
excepto en los casos que determine la ley” y tal requerimiento es reiterado
en el artículo 130 de la Ley 5ª de 1992 que señala “[c]omo regla
general [que] las votaciones serán nominales y públicas”.
Aunado a lo anterior, el artículo 166 de
la Ley 5ª de 1992 menciona que el quorum
decisorio ordinario[76]
-con relación a las mayorías exigidas
para la aprobación de los proyectos de ley-, exige
“la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva
Corporación, salvo que la Constitución determine un quórum (sic) diferente”.
Y el artículo 118 de la ley señalada, impone que la mayoría simple aplica “[…]
en todas las decisiones que adopten las cámaras legislativas, cuando las
disposiciones constitucionales no hayan dispuesto otra clase de mayoría”,
es decir, “las decisiones se toman por la mayoría de los votos de los
asistentes”[77].
28. De conformidad con lo anteriormente
expuesto, se advierte, en primer lugar, el cumplimiento del quorum
decisorio en la sesión en que se aprobó el Proyecto de Ley 126 de 2017 en su primer
debate en el Senado de la República. La sesión tuvo lugar el día 30 de mayo de
2018, como consta en la Gaceta No. 466 del 21 de junio de 2018, así:
“El
señor Presidente de la Comisión Segunda, honorable Senador Iván Leonidas
Name Vásquez: Declara
abierta la sesión de hoy miércoles 30 mayo del 2018. Buenos días a todas y
todos, esta es la sesión de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República, le solicito a la señora Secretaria [sic]
se sirva llamar a lista y verificar el quórum.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
procede con el llamado a lista, señor Presidente, honorables Senadores:
[Lista
de 7 senadores presentes] (…)
El señor Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González
González:
Le
informa al señor Presidente: han contestado a lista siete (7) honorables
Senadores, en consecuencia, se registra quórum para decidir”[78].
29.
Según el Acta Número 26 del 30 de mayo de 2018[79] de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, en esa fecha se llevó a
cabo efectivamente la discusión y aprobación del proyecto de ley en mención. A continuación,
se transcribe, además, el texto correspondiente:
“[…]
Proposición
Final: Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Mesa Directiva de la
Comisión Segunda del Senado, dar primer debate al Proyecto de ley número 126
de 2017 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la
organización, suscrito en Punta Mita, el 20 de junio de 2014. De los honorables
Senadores, Iván Leonidas Name Vásquez, Senador de la República.
Está
leído señora Presidente, el informe final.
La
señora Presidente, Senadora Paola Andrea Holguín Moreno:
Le
solicita al Secretario llamar a lista para la votación nominal de la
Proposición Final al Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado. Lo
aprueba la Comisión. Señor Secretario sírvase llamar a lista para la votación.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Inicia
con el llamado a lista de los honorables Senadores, para la votación nominal
del informe final de ponencia del Proyecto de ley número 126 de 2017
Senado.
[Listado
de los nombres de los Senadores que votaron por el Si o el No]
(…)Le
informo a la señora Presidente, hay nueve (9) votos por el SÍ, ningún voto por
el NO, en consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina
el informe de ponencia del Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado.
La
señora Presidente, senadora Paola Andrea Holguín Moreno:
Le
solicita al Secretario leer el articulado con el cual termina el Proyecto de
ley número 126 de 2017 Senado.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Le
informa a la Presidente, el Senador Manuel Antonio Virgüez ha solicitado la
omisión de lectura del articulado al Proyecto de ley número 126 de 2017
Senado.
La
señora Presidente, Senadora Paola Andrea Holguín Moreno:
Informa
a los Senadores de la Comisión Segunda, está a consideración de los honorables
Senadores la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto
de ley número 126 de 2017 Senado. Lo aprueba la Comisión. Sírvase llamar a
lista señor Secretario para la respectiva votación.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Inicia
con el llamado a lista de los honorables Senadores, para la votación nominal de
la omisión de lectura al articulado y el articulado del Proyecto de ley
número 126 de 2017 Senado.
[Listado
de los nombres de los Senadores que votaron por el Si o el No]
(…)
Le
informo a la señora Presidente, hay nueve (9) votos por el SÍ, ningún voto por
el NO, en consecuencia, ha sido aprobada la omisión de lectura al articulado y
el articulado del Proyecto de ley No. 126/2017 Senado.
La
señora Presidente, Senadora Paola Andrea Holguín Moreno: Le
solicita al Secretario leer el título del Proyecto de ley 126/2017 Senado.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Da
lectura al título del proyecto. TÍTULO: Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado,
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización, suscrito en
Punta Mita, el 20 de junio de 2014.
La
señora Presidente, Senadora Paola Andrea Holguín Moreno:
Informa
a los Senadores de la Comisión Segunda, está a consideración de los honorables
Senadores el título del Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado, y el
querer de esta Comisión para que el proyecto pase a segundo debate. Lo aprueba
la Comisión. Sírvase llamar a lista señor Secretario para la respectiva
votación.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Inicia
con el llamado a lista de los honorables Senadores, para la votación nominal al
título Proyecto de ley número 126/2017 Senado y el querer de
los Senadores para que el proyecto tenga segundo debate.
[Listado
de los nombres de los Senadores que votaron por el Si o el No]
(…)
Le
informo a la señora Presidente, hay nueve (9) votos por el SÍ, ningún voto por
el NO, en consecuencia, ha sido aprobado el título y el querer de los
honorables Senadores que este Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado, tenga
segundo debate”[80].
30. Con fundamento en esta información y
en la certificación presentada por el Secretario de la Comisión Segunda del
Senado, Diego Alejandro González González[81], en
la que da cuenta de los mismos resultados enunciados con relación a la votación,
debe concluir la Sala que se cumplieron los requisitos constitucionales de
discusión y mayorías necesarios para la aprobación del proyecto de ley en el
primer debate en el Senado.
Ponencia para segundo debate en el
Senado
31. En la misma sesión en la que se
discutió y aprobó en primer debate del proyecto de ley, se designó como ponente
para el segundo debate al Senador Iván Leonidas Name Vásquez[82]. Sin
embargo, por cambio de legislatura, esta labor se le entregó posteriormente a
la Senadora Ana Paola Agudelo García[83]. La
ponencia positiva para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue
publicada efectivamente en la Gaceta del Congreso No. 651 del 5 de septiembre
de 2018.
Anuncio previo a la votación en segundo debate en el
Senado
32.
Para segundo debate en el Senado, también se cumplió con la exigencia de
anuncio previo, como lo prevé el artículo 160 superior. En efecto, el proyecto
de ley fue anunciado en sesión del 7 de noviembre de 2018, tal y como consta en
el Acta No. 25 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 489 del 10
de junio de 2019, así:
“[S]e
anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señor
Presidente los diferentes proyectos para ser debatidos y votados en la próxima
Sesión Plenaria son los siguientes:
Con
ponencia para segundo debate: […] Proyecto de ley número
126 de 2017 Senado, […] la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el próximo martes 13 de noviembre de 2018, a las 3:00 p. m.”[84].
33. Según Acta No. 26, publicada también
en la Gaceta del Congreso No. 490 del 10 de junio de 2019, aunque el proyecto de
ley fue anunciado nuevamente el 13 de noviembre de 2018, para la siguiente sesión[85], finalmente
se alteró el orden del día, con el objetivo de que el proyecto pudiera ser debidamente
discutido y aprobado en esa misma fecha. Lo anterior, con el propósito de que
su aprobación se diera anticipadamente, junto con el Acuerdo de Adhesión a la
OCDE que también iba a ser discutido en la misma jornada. De este modo, se
surtió el debate y aprobación del Proyecto de Ley 126/17 Senado, en la misma
fecha señalada, conforme al anuncio original[86], por
lo que se cumplió con lo debidamente anunciado.
Aprobación en segundo debate en el Senado y votación
nominal y pública
34. En el segundo debate en el Senado de
la República, que como quedó claro ocurrió el 13 de noviembre de 2018, se aprobó
efectivamente el Proyecto de Ley 126/17 Senado[87].
35. De conformidad con la Gaceta No. 490
de 2019 previamente mencionada, la discusión y aprobación del informe de
ponencia se dio entonces, de la siguiente manera:
“[…]
Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el
informe de ponencia del Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con
que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 126 de 2017
Senado y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la Secretaría abrir
el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La
Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro
electrónico e informar el resultado de la votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por
el SÍ: 70.
Por
el NO: 10.
Total:
80 votos.
[Listado
de los nombres de los Senadores por el Si y por el No]
En
consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el
informe de ponencia del Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado”[88].
36. En tanto que el Proyecto de Ley
número 126 de 2017 Senado fue estudiado inmediatamente después de discutido y
aprobado el “Acuerdo sobre los Términos de la Adhesión de la República de
Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos y la Convención de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos”, se solicitó entonces en la sesión, que se
considerara la suficiente ilustración sobre su contenido y que se omitiera
paralelamente la lectura del articulado, como sigue:
“Se
abre segundo debate.
(…)
La Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura
del articulado, el articulado en bloque del proyecto y cerrada su discusión
pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto?
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 126 de 2017
Senado: por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la
organización” firmado en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014.
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de
ley aprobado surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes?
La
Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado, el
articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la honorable Cámara
de Representantes del Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado, e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La
Presidencia cierra la votación e indica a la Secretaría cerrar el registro
electrónico, e informar el resultado de la votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por
el SÍ: 69.
Por
el NO: 10.
Total:
79 votos.  […]
[Listado
de los nombres de los Senadores por el Si y por el No]
En
consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el
articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la honorable Cámara
de Representantes del Proyecto de ley número 126 de 2017 Senado”[89].
37. Estos resultados fueron confirmados
en certificación presentada a la Corte por el Secretario del Senado, el
Dr. Gregorio Eljach Pacheco, quien señaló que la votación nominal y pública a
la omisión de lectura del articulado, bloque del articulado, título y que se
surta su trámite en la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley 126/17
Senado, se dio en los mismos términos y con los mismos votos previamente
mencionados: “Por el Si: 69 y por el NO: 10. Total:79 votos”[90].
En virtud de lo expuesto, se concluye,
que se cumplieron los requisitos constitucionales necesarios para la toma de
decisiones en la comisión y la plenaria del Senado.
Término transcurrido entre el primer y
segundo debate en el Senado
38. El artículo 160 de la Constitución
establece que “[e]ntre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso
no inferior a ocho días”[91]. Esta
exigencia se cumplió debidamente al interior del Senado, pues la aprobación en
primer debate del proyecto de ley objeto de control ocurrió el 30 de mayo de
2018[92] y la
aprobación en segundo debate en esa misma célula legislativa, tuvo lugar el 13
de noviembre de 2018[93].
El
trámite en la Cámara de Representantes
A
continuación, se describirá el trámite surtido por el proyecto de ley, en esa
célula legislativa.
Publicación de la ponencia para primer debate en la
Cámara de Representantes
39.
El 20 de noviembre de 2018, el Proyecto de Ley que se discute fue remitido a la
Cámara de Representantes[94].
El 3 de diciembre del mismo año fue enviado a la Comisión Segunda de la Cámara,
en donde fue registrado con el número 268 de 2018 Cámara[95].
El 7 de diciembre de 2018 la Mesa Directiva designó al Representante Juan David
Vélez como coordinador ponente; pero luego, el 20 de marzo de 2019[96],
fueron elegidos como ponentes adicionales los Representantes Astrid
Sánchez Montes de Oca, César Eugenio Martínez Restrepo, Germán Alcides Blanco
Álvarez y Jorge Enrique Benedetti Martelo[97].
La ponencia positiva para dar el primer
debate en la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso
No. 1147 del 18 de diciembre de 2018. En consecuencia, se dio cumplimiento a lo
prescrito en el
artículo 157 de la Ley 5ª de 1992[98]
sobre la publicación previa del informe, puesto que el debate se dio
finalmente en marzo de 2019.
Anuncio previo a la votación en primer debate en la
Cámara de Representantes
40. El Proyecto de Ley 268 de 2018 fue
anunciado para primer debate en la Cámara de Representantes el 19 de marzo de
2019, según consta en el Acta número 13 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 425 del 29 de mayo de 2019[99]. Se
transcribe a continuación el anuncio:
“[A]nuncio
de proyectos de ley para discusión y votación en primer debate. […] Proyecto
de ley número 268 de 2018 Cámara, 126 de 2017 Senado. […] Agradecerles
a los Representantes de verdad el compromiso con la Comisión y con el país,
convocados nuevamente mañana”[100].
En virtud de lo anterior, se constata el
cumplimiento del anuncio previo exigido por el artículo 160 de la Constitución
y adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, en la medida en
que la aprobación del proyecto se dio efectivamente “mañana”, esto es el
día siguiente que fue 20 de marzo de 2019, en la sesión de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de esa célula legislativa.
Aprobación en primer debate en la Cámara de
Representantes y votación nominal y pública
41. El primer debate en la Cámara de
Representantes al proyecto de ley en mención, se dio como se comentó, el 20 de
marzo de 2019[101], así:
“Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
Anatolio Hernández Lozano:
Honorables
representantes muy buenos días, un saludo muy especial a todos los presentes,
sean todos bienvenidos, damos inicio a esta sesión. Señora Secretaria, sírvase
llamar a lista.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión Segunda, doctora, Olga Lucía
Grajales Grajales:
Buenos
días. Sí, señor Presidente.
Llamado
a lista, sesión Comisión Segunda Constitucional Permanente, 20 de marzo de
2019.
[
(…)  Lista de 12 representantes presentes]
Señor
Presidente, la Secretaría le informa que tenemos quórum decisorio”[102].
42. El proyecto cumplió con la exigencia
de aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes mediante votación nominal y pública y con las mayorías de ley,
de conformidad con lo previsto en los artículos 133[103] y 157-2[104] de la
Constitución y el artículo 130 de la Ley 5ª de 1992[105]. En
efecto, según el Acta No. 14 del 20 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 425 del 29 de mayo de 2019, el debate y la aprobación del
proyecto se dio de la siguiente forma:
“Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
Anatolio Hernández Lozano.
Señora
Secretaría, sírvase leer el informe con que termina el informe de ponencia.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión Segunda, doctora, Olga Lucía
Grajales Grajales.
Proposición.
Con
base en las anteriores consideraciones, en cumplimiento de la Constitución
Política y de la Ley 5ª del 92, presentamos ponencia favorable y en
consecuencia solicitamos muy atentamente a los Honorables Congresistas dar primer
debate del Proyecto de ley número 268 de 2018 Cámara, 126 de 2017 Senado (…).
Ha
sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia señor
Presidente. Puede usted someterlo a votación nominal porque es un Acuerdo señor
Presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
Anatolio Hernández Lozano:
Pongo
a consideración de los Honorables Representantes la aprobación del informe de
ponencia. Señora Secretaria favor llamar a lista para aprobación del informe de
ponencia.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión Segunda, Doctora, Olga Lucía
Grajales Grajales.
[Lista
de los nombres de los Representantes por el Si y por el NO y Registro] (…)
Señor
Presidente once (11) votos por el SÍ, uno (1) por el NO.
Ha
sido aprobado el informe con que termina la ponencia del proyecto.
Hace
uso de la palabra el presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
Anatolio Hernández Lozano:
Señora Secretaria, sírvase leer el articulado del proyecto.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión Segunda, Doctora, Olga Lucía
Grajales Grajales.
Artículo
1°. Apruébese el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y
Facilidades otorgados a la Organización, suscrito en Punta Mita,
México, el 20 de junio de 2014.
Artículo
2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944 el
"Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y
Facilidades otorgados a la Organización, suscrito en Punta Mita,
México, el 20 de junio de 2014, que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo
3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Ha
sido leído el articulado del proyecto.
Hace
uso de la palabra el presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
Anatolio Hernández Lozano:
Pongo
a consideración de los Honorables Representantes la aprobación del articulado
del proyecto. Siguen en consideración, anuncio que va a cerrarse, se cierra.
Llame a lista señora Secretaria.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión Segunda, doctora, Olga Lucía
Grajales Grajales:
[Lista
de los nombres de los Representantes por el Si y por el NO y Registro] (…)
Señor
Presidente me permito informarle el resultado de diez (10) votos por el SÍ, uno
(1) por el NO. En consecuencia, ha sido aprobado el articulado.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
Anatolio Hernández Lozano:
Sírvase,
señora Secretaria, leer el título del Proyecto de ley.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión Segunda, doctora, Olga Lucía
Grajales Grajales:
Título
“por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización, suscrito en
Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014”.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
Anatolio Hernández Lozano:
Pongo
a consideración de los Honorables Representantes la aprobación del título del
proyecto y la pregunta ¿si quiere la Comisión que este proyecto pase a segundo
debate en plenaria y se convierta en Ley de la República?
Llame
a lista por favor Secretaria.
[Lista
de los nombres de los Representantes por el Si y por el NO y Registro] (…)
Señor
Presidente, diez (10) votos por el SÍ, uno (1) por el NO. En consecuencia, ha
sido aprobado el título y la pregunta”[106].
Los resultados descritos de esta votación
fueron confirmados mediante certificación expedida por la
Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, Dra. Olga Lucía Grajales, quien señaló que la votación nominal
y pública correspondiente, se dio para la aprobación del proyecto de ley en
estudio, en los mismos términos de lo transcrito previamente en la Gaceta
enunciada[107].
Por lo tanto, el proyecto
de ley 268 de 2018 Cámara, fue aprobado en su primer debate en esa célula
legislativa, en acatamiento de las exigencias constitucionales requeridas.
Ponencia para segundo debate en la
Cámara de Representantes
43.
En la sesión en que se aprobó en primer debate el proyecto de ley correspondiente,
fueron designados como ponentes para el segundo debate, los Representantes Juan
David Vélez, César Eugenio Martínez, Astrid Sánchez, Jorge Enrique Benedetti y
Germán Alcides Blanco. La ponencia positiva para segundo debate al proyecto de
ley 268 de 2018 Cámara fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 225 del 11 de
abril de 2019[108].
Anuncio previo a la votación en segundo debate en la
Cámara de Representantes
44.
La exigencia del anuncio previo del artículo 160 Superior se cumplió igualmente
en el trámite en la Cámara de Representantes, en la medida en que el proyecto
de ley 268 de 2018 Cámara, 126 de 2017 Senado, fue anunciado en la sesión del
10 de abril de 2019, como se lee en el Acta No. 046 de esa fecha[109],
publicada en la Gaceta del Congreso No. 751 del 14 de agosto de 2019, que reza
lo siguiente:
“[S]e
anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día martes 23 de
abril de 2019 o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan
proyectos de ley o actos legislativos: […] Proyecto
de ley 268 de 2018 Cámara, 126 de 2017 Senado” [110]
(Negrillas fuera del original).
El proyecto fue discutido y aprobado en
la siguiente sesión plenaria anunciada, por lo que se dio cumplimiento a la
exigencia constitucional correspondiente.
Aprobación en segundo debate en la Cámara de
Representantes y votación nominal y pública
45. En el segundo debate en el Senado de
la República que tuvo lugar el 23 de abril de 2019, se discutió y aprobó el
proyecto de ley correspondiente. Según la Gaceta No. 959
del 1º de octubre del mismo año, en la que se publicó el Acta No. 047 de la
sesión correspondiente, se destaca que entre los antecedentes del proyecto de
la referencia estaba reseñado el siguiente elemento: “Publicación
proyecto: Gaceta del Congreso número 805 de 2017”. En lo que
respecta al quorum decisorio, por su extensión, no se transcribirán los
nombres de todos los presentes[111]. No obstante, según certificación proferida por
el Secretario General de la Cámara de Representantes, en la mencionada sesión
el número de asistentes fue de ciento sesenta y siete (167) Representantes a la
Cámara[112].
46. En lo que concierne a la discusión y
aprobación del proyecto de ley aprobatoria del convenio internacional, en el
Acta No. 047 del 23 de abril de 2019 publicada en la Gaceta del Congreso No.
959 del 1º de octubre del mismo año, se señala el siguiente registro:
“(…)
Ha sido leída señor Presidente la proposición con que termina el informe
de ponencia.
Dirección
de la Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Muy
bien señor Secretario en consideración la proposición con que termina el
informe de ponencia del Proyecto de ley número 268 de 2018 Cámara y 126 de 2017
Senado, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, abra el
registro para la votación señor Secretario.
Secretario
General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
abre el registro para votar el informe de ponencia que busca darle segundo
debate a este proyecto, señores de cabina habilitar el sistema, honorables
representantes pueden votar. […]
Dirección
de la Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Bueno muy bien señor
secretario, Jaime Rodríguez está votando manual.
Secretario
General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Jaime
Rodríguez vota SÍ.
Dirección
de la Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Cierre
el registro y anuncie el resultado.
Secretario
General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Henry
Correal vota SÍ.
Faber
Muñoz vota SÍ.
Felipe
Muñoz vota SÍ.
Se
cierra el registro la votación final es como sigue.
Por el
SÍ 101 votos de manera electrónica y 11 votos manuales para un total por el SÍ
de 112 votos.
Por
el NO 13 votos electrónicos y 2 votos manuales para un total por el No de 15
votos. // Ha sido aprobado el informe de ponencia que busca que se le dé
segundo debate a este proyecto. […]
Registros
de Votación. Nota Aclaratoria.
En efecto, según certificación proferida
por el Secretario General de la Cámara de Representantes, Dr. Jorge Humberto
Mantilla Serrano, el informe con el que termina la ponencia tuvo la misma
votación nominal y pública previamente enunciada[113].
47. En lo que concierne a la discusión y
aprobación del proyecto de ley, esta se dio de la siguiente forma:
“(…)
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Señor
Presidente, tiene tres artículos sin ninguna proposición modificatoria para que
sea sometido en bloque como viene en la ponencia.
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
En
consideración entonces el bloque de artículos que no son sino 3 como viene en
la ponencia, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado,
abra el registro para la votación del bloque de artículos.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
abre el registro para votar como viene, perdón, como viene en la ponencia el
articulado, a menos que el Presidente suspenda la votación seguimos en la
misma.
[Listado
de nombres de representantes y registro]
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Muy
bien, señor Secretario, yo creo que ya están los votos, ya votaron todos los
Representantes, el Representante Luciano Grisales va a votar electrónicamente,
no le funciona, entonces manual.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Luciano
Grisales vota SÍ.
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Listo,
cierre el registro, señor Secretario, y anuncie el resultado.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
cierra el registro, la votación es como sigue.
Por
el SÍ 90 votos electrónicos y 10 votos manuales, para un total por el SÍ de 100
votos.
Por
el NO 10 votos electrónicos y 5 votos manuales, para un total por el NO de 15
votos.
Ha
sido aprobado el articulado como viene en la ponencia, señor Presidente.
Jorge
Gómez está pidiendo el uso de la palabra, falta el título y la pregunta.
Registros de Votación.
Nota Aclaratoria.
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Muy
bien, señor Secretario, entonces leamos el título y la pregunta, pero doctor
Jorge Alberto es que estamos apenas en título y la pregunta, lo voy a colocar a
consideración y con mucho gusto le doy el uso de la palabra, antes para una
constancia, perfecto, tiene el uso de la palabra Jorge Alberto Gómez.
Intervención
del Honorable Representante Jorge Alberto Gómez Gallego:
Señor
Presidente, yo quiero solicitarle muy encarecidamente que pongan atención antes
de someter a votación, yo estaba pidiendo el uso de la palabra antes de que se
sometiera a votación este esperpento que acabaron de aprobar aquí sin
conocerlo, porque el texto del acuerdo que estamos votando, Secretario, no se
conoce y estamos votando un convenio que firmó el Gobierno anterior con la OCDE
sin conocer el texto, el texto solamente era descripciones generales en el
informe de ponencia, yo quise dar el debate antes de someterlo a votación y
dejo constancia de que no se permitió la discusión del articulado y yo levanté
la mano y si ustedes no van a poner cuidado quién está pidiendo el uso de la
palabra antes de someter a votación entonces pongan a funcionar la solicitud de
uso de la palabra electrónico, yo estaba aquí pidiendo el uso de la palabra,
después lo pusieron a votación y no pude expresar mi oposición al esperpento
que acabaron de votar de ese articulado, señor Presidente.
(…)
Dirección de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Bueno,
Representante Édgar Gómez es esta plenaria la máxima autoridad para tomar
decisiones y quiero para no cometer injusticias porque me explica el doctor
Jorge Alberto Gómez que él pidió la palabra y que no le funciona el sistema
electrónico, como no le funciona el sistema electrónico y no lo vi, porque si
lo veo le doy el uso de la palabra, aquí antes me dicen muchos colegas que yo a
veces doy más de la cuenta el uso de la palabra pero es que este recinto es
para eso, así que él acaba de presentar una proposición que el señor Secretario
le va a dar lectura a esa proposición y es esta la plenaria que toma la decisión
respecto a la proposición que acaba de presentar el Representante Jorge Alberto
Gómez, lea la proposición señor secretario.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Dice
así, solicito se reabra la votación del articulado del Proyecto de ley 268 de
2018 Cámara ya que solicité la palabra para manifestar mi oposición como quedó
registrado en el video y no se me concedió, firma: Jorge Gómez, Representante a
la Cámara de Antioquia.
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Bueno,
muy bien, en consideración la proposición de reabrir el articulado ya con la
explicación que acaba de dar el Representante Jorge Alberto Gómez que no le
dimos el uso de la palabra porque no le funciona su sistema electrónico y no me
di cuenta que él estaba solicitando el uso de la palabra, tiene el uso de la
palabra para que sustente su proposición, doctor Jorge Alberto Gómez.
Intervención
del Honorable Representante Jorge Alberto Gómez Gallego:
Gracias,
señor Presidente, yo lo aclaré que le pedí fue que pusieran cuidado no que me
estuvieran negando el uso de la palabra, sino que yo veía que usted no miraba y
yo no sé por qué han deshabilitado el sistema de solicitar el uso de la palabra
por la vía del intranet, ¿eso está deshabilitado para todo el mundo? Es para mí
no más, entonces esto se vuelve un lío porque el que más grite es el que puede
que lo miren y le den el uso de la palabra, yo quiero llamar la atención sobre
esto solamente, el Presidente Duque en su campaña prometió revisar los acuerdos
internacionales que el Gobierno anterior había suscrito mal suscritos y este es
uno de los peores acuerdos que suscribió el acuerdo anterior, este es un
acuerdo el de la OCDE que lo aprobó este Congreso aquí con el voto negativo y
la constancia que dejamos oportunamente sobre la OCDE, pero este era un acuerdo
anterior que demuestra que es mentira absoluta que la adhesión a la OCDE es
solamente para entrar a una organización que nos va a dar unos consejos, que
nos va a dar unas recomendaciones y que si las aceptamos bien, o si no las
aceptamos no pasa nada, no, esto tiene una serie de compromisos y este es uno
de ellos y yo les quiero llamar la atención estimados compañeros estoy seguro y
yo desafío a quien de aquí me diga que conoce el texto del convenio entre el
Gobierno colombiano y la OCDE sobre estos privilegios y garantías, no es un
texto público, no aparece en ninguna de las páginas del Ministerio de Comercio
Exterior ni de la OCDE y solamente hay una mención genérica en la exposición de
motivos a este tratado, entonces yo creo que lo elemental es que devolvamos
este Proyecto de ley.
Dirección de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Un
minuto más representante Jorge Alberto Gómez.
Intervención del Honorable Representante Jorge Alberto
Gómez Gallego:
Lo
elemental, señor Presidente y estimados colegas, es que devolvamos este
Proyecto de ley y lo debatamos una vez conozcamos el texto completo del
convenio internacional que estamos ratificando, o que van a ratificar ustedes
porque yo anuncio mi voto negativo a un convenio que no es público ni es
conocido, repito, solamente hay unas menciones generales en la exposición de
motivos, anuncio mi voto negativo y pido que se reabra la votación y se
considere la posibilidad de devolver este proyecto hasta tanto no entreguen el
texto completo del convenio que suscribió el Gobierno anterior con la OCDE.
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Bueno,
sí, muy bien doctor Navas, ya le doy el uso de la palabra, pero quiero hacerle
claridad a esta plenaria, no se ha reabierto el articulado, yo le di el uso de
la palabra y dejé que ustedes hicieran sus intervenciones pero en este momento
solo está en discusión si se abre o no el articulado por la injusticia que se
acabó de cometer, por eso permití que usted hiciera su intervención pero le
pediría el favor al resto de colegas que le dé el uso de la palabra siempre y
cuando es para el tema de reabrir el articulado de acuerdo a la explicación que
inclusive yo mismo la di, tiene el uso de la palabra, quien no se refiera a eso
pues me toca sencillamente suspenderle el uso de la palabra, es respecto a la
apertura del articulado, no al proyecto si se reabre el proyecto ahí sí tienen
todo el espacio para hablar cada uno de los Representantes, tiene el uso de la
palabra el Representante Navas Talero.
Intervención
del Honorable Representante Germán Navas Talero:
Presidente,
yo no puedo votar lo que no conozco, hágame conocer el texto del acuerdo y con
mucho gusto se lo voto.
Dirección de la Presidencia:
Moción de orden.
Intervención
del Honorable Representante Christian José Moreno Villamizar:
Presidente,
yo quiero pedir una moción de orden porque yo creo que usted ha cumplido con
las reglas para la discusión de este Proyecto de ley, se planteó el informe de
ponencia y se votó, se abrió la discusión sobre el articulado al respecto y
este Proyecto de ley fue agendado además cumpliendo las normas, aquí quien
venga a decir que está votando algo que no ha leído, que no ha estudiado es su
responsabilidad, pero aquí hemos votado un Proyecto de ley y ahora quieren
reabrir una discusión cuando hubo el momento para hacerlo y no se hizo,
avancemos por favor con el orden del día y con la aprobación y discusión de los
proyectos de ley.
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Muy
bien, Representante, tiene absoluta razón, el informe de ponencia se leyó, otra
cosa es que no hayan puesto cuidado, pero ya es responsabilidad de cada uno,
aquí se leyó, se cierra la discusión, abra el registro para la votación de la
proposición de reapertura del articulado, cómo vota el coordinador ponente Juan
David.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
abre el registro para votar.
Intervención
del Honorable Representante Juan David Vélez Trujillo:
Juan
David Vélez vota NO.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
La
reapertura del articulado, si se vota SÍ se reabre la discusión.
(…) Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Está
abierto el registro doctores, pueden votar.
(…)
Se cierra el registro, la votación es como sigue.
Por el SÍ 20 votos electrónicos y 3 votos manuales, para un total por el SÍ de
23 votos.
Por
el NO 97 votos electrónicos y 23 votos manuales para un total por el NO de 120
votos.
Ha
sido negada la proposición que busca reabrir el articulado.
Registros
de votación. Nota Aclaratoria
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Muy bien, señor secretario, entonces continuamos con
el título y la pregunta.
Secretario
General. Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Título:
Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre privilegios,
inmunidades y facilidades a la organización, suscrito en
Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014; y la pregunta: ¿Quiere la plenaria
que este proyecto sea ley de la república?
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
En
consideración el título y la pregunta, tiene el uso de la palabra…
(…)
Intervención
del honorable Representante, Jorge Alberto Gómez Gallego:
Gracias
señor Presidente, yo voy aquí a reiterar nuestra oposición a que se apruebe
este proyecto de ley, voy a reiterar este argumento y espero que me pongan
cuidado, esta es la prueba reina, este proyecto, la aprobación de este proyecto
es la prueba reina de que no era cierto lo que nos dijo el Gobierno cuando
sometieron a aprobación la adhesión a la OCDE, (…), lo estamos aprobando, lo
van a aprobar ustedes, yo no, se vuelve de rango constitucional y el ingreso a
la OCDE es una nueva cadena, una nueva esclavitud para Colombia y repito la
prueba es que ya estaba pactado el acuerdo de inmunidades y de privilegios para
los altos funcionarios de la OCDE que ya están en Colombia, abriendo oficinas,
haciendo su trabajo para imponerle a Colombia nuevas medidas que profundicen
nuestras crisis económica y social (…).
Intervención
del honorable Representante, César Augusto Pachón Achury:
Bueno
Presidente, quiero manifestarle lo mismo cuando usted puso a disposición el
Proyecto de ley, habían tres personas aquí paradas, usted no me pudo observar,
oprimí el botón y realmente en el transcurso de la plenaria uno oprime el botón
y para eso es esta tecnología entonces y ustedes no lo están habilitando, por
lo tanto no me dio tampoco el uso de la palabra, si quiere de pronto usted
cortar mi intervención tiene todo el derecho pero le hago ese reclamo, igual
que a mi colega, me sucedió lo mismo, quiero decirle que yo tampoco estoy de
acuerdo con este proceso de la OCDE porque realmente ni siquiera hoy el país
asume sugerencias de la FAO y demás para qué seguimos firmando acuerdos, hay
una institucionalidad que está desquebrajada, que realmente no responde, que
estamos quitándole fortalezas a las instituciones como es el ICA, todas las
instituciones que tiene que operar pero, realmente no hay un instituto de
mercadeo agropecuario, no hay una regulación de nada, ni siquiera el DANE nos
cuenta los campesinos, le hemos exigido al DANE que al menos le diga al país
cuántos somos a través de los censos, pero ni siquiera eso, entonces de dónde
van a salir las cifras para que los grandes expertos puedan proyectar todo este
tipo de cosas (…)
Dirección
de la Presidencia. Alejandro Carlos Chacón Camargo:
Bueno,
muy bien representante, raro que cuando estábamos en la discusión ya entonces
no fue uno sino dos y cuantos más van aparecer que no les di el uso de la
palabra y la verdad es que mi visión todavía está muy bien pero, no nos vamos a
quedar en eso, en otros proyectos el favor que les pido es que presten atención
y que cuando estemos en la discusión levanten la mano, si no les funciona el
sistema electrónico, que cometa el error en uno pero, dos y ya van tres
colegas, tiene el uso de la palabra el representante Luis Alberto Albán por un
minuto, título y la pregunta, sonido para el representante Luis Alberto Albán.
Intervención
del honorable Representante, Luis Alberto Albán Urbano:
Muchas
gracias y buenas tardes. Título: Por medio de la cual se aprueba el acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades, esta
es otra de las mentiras porque vivimos en un país que no tiene la categoría
económica, la capacidad económica, el desarrollo económico y muchos menos
social para pertenecer a este club, por tanto no podemos hablar de privilegios,
inmunidades y facilidades porque estamos en desigualdad de condiciones,
realmente y puede ser a destiempo pero es cuando se puede plantear qué le hace
falta al país, qué le hace falta a la gente en Colombia, conocer qué es la OCDE
y cuáles son los compromisos y no seguir creyendo que es sencillamente un club
de buenas prácticas económicas que van a ayudar a resolver los problemas,
cuando al contrario lo que va a ayudar es a ampliar la enorme desigualdad e
inequidad que hay en el país, muchas gracias.
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Muy
bien representante, continúa la discusión, anuncio que se va a acerrar, queda
cerrada, abra el registro para el título y la pregunta, señor secretario.
Secretario
General. Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Señores
de cabina habilitar el sistema biométrico, se abre el registro para votar el
título y la pregunta. (…)
Dirección
de la Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda:
Bueno
muy bien, señor Secretario, cierre el registro y anuncie el resultado.
Secretario
General. Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
cierra el registro, la votación final es como sigue.
Por
el SÍ 107 votos electrónicos y 12 votos manuales, para un total por el SÍ de
119 votos.
Por
el NO 12 votos electrónicos y 4 votos manuales, para un total por el NO de 16
votos.
Ha
sido aprobado el título y la pregunta de este Proyecto de ley número 268 de
2018 Cámara, 126 de 2017 Senado.
Registros
de votación.
Nota
aclaratoria
48.
Estos resultados coinciden con el certificado proferido por el Secretario
General de la Cámara de Representantes, el Dr. Jorge Humberto Mantilla Serrano,
presentado a la Sala, en el que menciona claramente que, en la sesión plenaria
del 23 de abril de 2019, “asistieron ciento sesenta y siete (167) H.
Representantes a la Cámara” y que el proyecto fue discutido y aprobado a
través de votación nominal y pública en segundo debate, así:
“Informe
con el que termina la ponencia: SI: 115 votos; NO:15 votos.
Articulado:
SI:101 votos; NO: 15 votos
Proposición
reapertura de articulado HR Jorge Gómez: Si: 24 votos; NO:118 votos.
Título
y Pregunta: SI: 120 votos; NO: 16 votos”[114].
49. Así, en lo que concierne a la
discusión y aprobación del proyecto de ley en la plenaria de la Cámara,
encuentra la Sala que se cumplieron los requisitos constitucionales
correspondientes.
Para
la
Sala, la supuesta omisión indicada por algunos parlamentarios no afectó el
principio de publicidad que rige el procedimiento legislativo, ni comprometió
la conformación de la voluntad del Legislador, en la medida en que el
conocimiento previo del proyecto a debatir que debía garantizarse a los
congresistas, se hizo efectivo a través de la publicación en toda su extensión
del proyecto de ley en la Gaceta No 805 del 19 de septiembre de 2017, en la que
se incluyó el texto del Acuerdo internacional bajo examen, en su totalidad.
Así, la discusión sobre la ausencia
eventual de publicidad del proyecto de ley entre algunos de los Representantes en
este debate, es una queja particular que no refleja el acceso real que tuvieron
los parlamentarios al texto, desde el inicio del procedimiento y dentro del
trámite legislativo.
De hecho, en la Ponencia para segundo
debate del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, reproducida en la Gaceta
No 225 de 2019, se destaca en el listado de las publicaciones reglamentarias
del proyecto que vienen transcritas al final del informe correspondiente, -para
que lo tengan presente los parlamentarios en las discusiones futuras[115]-, la Gaceta No 805 de 2017[116] en la que se publicó el texto completo del
tratado, como previamente se indicó. En consideración a lo anterior, está claro
que el requisito de publicidad requerido en estos casos se surtió debidamente,
conforme a las exigencias propias y tradicionales del trámite legislativo.
La aprobación mayoritaria que se dio posteriormente
en el debate, a pesar de lo dicho por algunos parlamentarios, da cuenta,
además, de que la presunta ausencia de publicidad alegada en la discusión por
algunos de los representantes no fue correspondida por la plenaria. En ese
contexto, el proyecto de ley fue puesto en conocimiento para el estudio de los
representantes y el informe de ponencia fue leído como lo destacan los
parlamentarios, por lo que para la Corte no hay duda sobre la publicidad que se
le dio al proyecto en cuestión, ni sobre la voluntad del Legislativo de aprobar
el instrumento internacional objeto de estudio, como en efecto y masivamente
ocurrió.
Por lo anterior, concluye la Sala que se
cumplieron las exigencias constitucionales correspondientes, en materia de
aprobación del segundo debate en Cámara.
Término transcurrido entre el primer y
segundo debate en la Cámara de Representantes
50. Ahora bien, el tiempo que debe
transcurrir entre el primer y segundo debate en la Cámara de Representantes no fue
“inferior a ocho días”[117], en
cumplimiento a la exigencia del artículo 160 de la Constitución. Lo anterior, porque
la aprobación en primer debate ocurrió el 20 de marzo de 2019 y la aprobación
en segundo debate en la Cámara, el 23 de abril de 2019.
Término transcurrido entre la aprobación
del proyecto en el Senado de la República y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes
51. El artículo 160 superior establece
también que “[e]ntre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días”[118]. Se
acredita también el cumplimiento de este requisito, pues la aprobación del
proyecto de ley por la plenaria del Senado tuvo lugar el 13 de noviembre de
2018 y el primer debate en la Cámara de Representantes tuvo lugar el 20 de
marzo de 2019.
Prohibición de considerar un proyecto de
ley en más de dos legislaturas
52. El artículo 162 de la Carta establece,
además, que “[n]ingún proyecto podrá ser considerado en más de dos
legislaturas”[119]. El
proyecto de ley objeto de control, inició su trámite el 15 de septiembre de
2017 por lo cual su estudio correspondió a la legislatura comprendida entre el
20 de julio de 2017 y el 20 de junio de 2018. Así mismo, la aprobación en
segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se dio el 23 de
abril de 2019, esto es, en la legislatura que comenzó el 20 de julio de 2018 y
terminó el 20 de junio de 2019. En consecuencia, el proyecto de ley no fue
considerado en más de dos legislaturas.
Sanción presidencial y envío a la Corte
Constitucional
53. El 18 de junio de 2019, la Ministra
delegataria de funciones presidenciales otorgadas por medio del Decreto 1065 de
2019 sancionó la ley aprobatoria del “Acuerdo entre la República de Colombia
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización”, que se
convirtió en la Ley 1958 de 2019. Dicha ley fue publicada efectivamente en el
Diario Oficial No. 50.988 de la misma fecha[120].
Mediante el Decreto 1065 de 2019 el
Presidente de la República le confió a su Ministra delegataria varias de sus competencias
constitucionales, habida cuenta de la necesidad de trasladarse a distintas
ciudades europeas -Londres, Ginebra, Paris, Berna y Cannes- desde el 16 de
junio de 2019 hasta el 24 de junio de la misma anualidad. Entre tales
competencias, se encuentra la facultad para sancionar las leyes ordinarias
contemplada en los artículos 165 y 189-9 de la Carta Política.
Al respecto, el artículo 196-4 superior establece que “cuando
el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio
de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia
legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales
que el Presidente le delegue, tanto aquéllas que le son propias como las que
ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno”.
En este caso, la facultad de sancionar leyes fue expresamente
delegada por el Presidente de la República a la Ministra del Interior, de
conformidad con el Decreto antes mencionado. Por lo tanto, la Corte concluye
que fueron cumplidos los requisitos previstos por Carta, en esta última etapa
del procedimiento legislativo.
54. Con posterioridad a la sanción
presidencial, la Ley 1958 de 2019 fue remitida para su estudio a la Corte
Constitucional el 27 de junio de 2019, a través de oficio suscrito por la
Secretaria Jurídica de la Presidencia, en cumplimiento así, del término de seis
días previsto por el artículo 241-10 de la Constitución.
Constitucionalidad del trámite dado al Proyecto
de Ley 126
de 2017 Senado y 268 de 2018 Cámara, hoy Ley 1958 de 2019
55. En consideración a lo previamente
expuesto, esta Corporación concluye que el trámite legislativo del proyecto de ley
126
de 2017 Senado y 268 de 2018 Cámara, que dio lugar a la Ley
1958 de 2019, aprobatoria del "Acuerdo entre la República de Colombia y
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización",
suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014, cumplió
con las exigencias constitucionales descritas, en cada una de sus etapas.
56. El trámite reseñado se encuentra ajustado a la Carta, por
cuanto: (i) se inició el proceso legislativo con la radicación
del proyecto de ley en el Senado, de conformidad con el artículo 154
Constitucional; (ii) la publicación del proyecto de ley y la
exposición de motivos se dio antes de darle curso al proyecto en la comisión
respectiva, en cumplimiento del requisito exigido en el artículo 157 superior
para asegurar su publicidad; (iii) el proyecto fue aprobado en
debida forma en primer debate en la correspondiente comisión y aprobado
en segundo debate en la plenaria de cada célula legislativa, para una
totalidad de cuatro debates, conforme al artículo 157 superior; (iv) se
dio también cumplimiento al artículo 160 superior, en la medida en que entre el
primer y segundo debate en Senado y Cámara transcurrió un tiempo no
inferior a ocho días, tal como lo ordena ese artículo constitucional. De
hecho, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo
lugar el 30/05/2018,
mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 13/11/2018. Del mismo
modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara
ocurrió el 20/03/2019, y el segundo debate tuvo lugar el 23/04/2019. (v)
Igualmente, entre la aprobación del proyecto en el Senado (13/11/2018) y la
iniciación del debate en la Cámara de Representantes (20/03/2019) transcurrió
un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo 160
de la Carta Política.
A su vez,
(vi) la aprobación del proyecto en cada uno de los debates adelantados por
las mayorías exigidas, de acuerdo con las certificaciones remitidas por
el Congreso de la República y las actas y gacetas enunciadas, acredita el
cumplimiento del requisito del quorum decisorio y se deja consignado en
ellas que la votación fue nominal y pública; (vii) se dio también cumplimiento
al requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como fue
modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, porque en cada
uno de los debates correspondientes, el proyecto fue anunciado en la sesión
anterior y decidido en aquella para la que fue efectivamente anunciada su
discusión y votación. Se resalta, además, que en ninguna de las etapas de
formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones
y votaciones. Por lo que, tanto los parlamentarios de cada célula legislativa
como los ciudadanos interesados en el proceso de la formación de la ley,
pudieron determinar la fecha en la que se daría la votación del proyecto, de
modo que se cumplieron debidamente las exigencias constitucionales mencionadas.
(viii) Asimismo se acogió el requisito consignado en el artículo 162
superior, que prescribe que ningún proyecto de ley puede tramitarse en más de
dos legislaturas, como ya se explicó. (ix) Finalmente, se sancionó
la ley por la Ministra Delegataria conforme a las facultades legales que le
fueron conferidas por el Decreto 1065 de 2019 y; (x) se
presentó la ley para control constitucional dentro del término de 6 días
correspondiente.
57. Concluye la Sala, en consecuencia, que la Ley 1958 de 2019 cumplió el procedimiento
legislativo previsto en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992 para el
efecto, por lo que no encuentra reparo
alguno en su constitucionalidad formal.
Superado
el estudio formal, procederá la Corte a continuación, a realizar el análisis de
fondo del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
ANÁLISIS
MATERIAL DEL ACUERDO
La
OCDE y el Acuerdo sobre privilegios, inmunidades y
facilidades otorgados a la Organización. Presentación de los asuntos jurídicos
a considerar.
58. La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) es una entidad intergubernamental creada
mediante la Convención del mismo nombre, suscrita el 14 de diciembre de 1960,
en París (Francia), que entró en vigor en 1961.
En 1960, surgió a partir de la antigua
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), constituida en 1948 para
canalizar la implementación del denominado Plan Marshall[121]. No obstante,
debido a que la OECE se encontraba limitada al contexto europeo, fue sustituida
por la OCDE cuando Canadá y Estados Unidos se convirtieron en países miembros
de la Convención[122].
Esta organización internacional tiene
como propósito promover políticas públicas y establecer estándares y normas a
nivel mundial en materia económica, social y medioambiental, con el objeto de ayudar
a los gobiernos a promover el crecimiento económico, la estabilidad financiera,
el comercio, la inversión, la tecnología, la innovación, el estímulo empresarial,
la cooperación para el desarrollo, la equidad social y la gobernanza
transparente. De este modo, la OCDE se define a sí misma como “un foro único;
un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis y el
intercambio de experiencias y de buenas prácticas”[123]. La
organización internacional, efectivamente, se ha convertido en un espacio en el
que los gobiernos intercambian experiencias, buscan soluciones a problemas
comunes e identifican las mejores prácticas, para promover políticas públicas
más eficaces en temas de interés nacional e internacional.
59. En cuanto a su estructura, la OCDE
está compuesta por: (i) el Consejo, que es el órgano decisorio
conformado por los embajadores de los países miembros; el cual, anualmente,
cuenta con la participación de los jefes de gobierno y ministros de economía
correspondientes; (ii) una Secretaría General, conformada por varios
departamentos encargados de funciones investigativas y de análisis. El
Secretario General cuenta con la asistencia de cuatro Secretarios Generales
Adjuntos; y (iii) los Comités, que son dependencias que debaten
distintos asuntos, formulan propuestas y se encargan de analizar y evaluar los
progresos realizados en materia de políticas públicas[124].
60. Actualmente la OCDE cuenta con 36
Estados miembros (de los cuales 20 son fundadores) y cinco países, que intervienen
en calidad de “socios claves”, designados por el Consejo. En general,
los Estados que no son miembros, pueden concurrir a los Comités, en calidad de
invitados, participantes y asociados[125].
61. Ahora bien, varias fueron en su
momento las explicaciones aducidas por el Gobierno y el Congreso, para motivar
y justificar el interés de Colombia en acceder a la OCDE, tal y como lo subrayó
la sentencia C-492 de 2019[126]. Entre ellas
podemos destacar las siguientes: (i) tener un sello de garantía en la
adopción de políticas públicas serias, responsables, transparentes y justas; (ii)
lograr y exigir los más altos estándares sociales y ambientales a los
inversionistas nacionales y extranjeros; (iii) tener formas de
evaluación de la propia gestión; (iv) compartir experiencias exitosas en
los diferentes foros de la organización; (v) incidir en la agenda global
en espacios en que se requieran respuestas cooperativas y coordinadas; (vi)
tener acceso a una fuente valiosa de datos estadísticos; y (viii)
acceder a un centro de pensamiento privilegiado, con expertos de primer nivel.
En atención a lo anterior, Colombia presentó
solicitud de adhesión a la OCDE en 2011, y en el 2013 su Consejo adoptó la
decisión de abrir formalmente el trámite de acceso para Colombia a esa
organización. En ese mismo año, la OCDE entregó oficialmente al país la “Hoja
de Ruta”, o unas directrices de base que establecen los términos y
condiciones del proceso de acceso para el país a la organización e identifica
los 23 comités y los más de 200 estándares bajo los cuales el Estado debía ser
evaluado. A partir de ese momento el Gobierno inició el proceso de acceso, del
que ha cumplido sus distintas etapas y que culmina con la entrada en vigor del Acuerdo
sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización, que hoy se encuentra sometido
a valoración.
62. El presente acuerdo resulta
ser entonces uno de los elementos del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE
conforme a la “Hoja de Ruta” pactada, que requiere no solo la
celebración del Acuerdo de adhesión y del Convenio de la OCDE en sí mismos
considerados, que ya fueron objeto de control por parte de esta Corporación
mediante la Sentencia C-492 de 2019[127],
sino que se requiere ratificar el acuerdo que es hoy objeto de análisis constitucional,
para ese efecto.
63. En consecuencia,
el análisis material del acuerdo sub examine y de su ley aprobatoria, se
adelantará en los términos ya mencionados al inicio de esta providencia, a
partir de un cotejo general del “Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización" y de
su ley aprobatoria con la Carta, primero con la evaluación del convenio desde
un punto de vista general y, luego, realizando un examen concreto de
constitucionalidad de las cláusulas del convenio en mención.
Lo anterior, en consideración a que este tratado no puede ser
considerado un instrumento internacional de inversión o de contenido similar,
por lo que los estándares estrictos fijado por los cambios jurisprudenciales
previamente explicados, no le serán aplicables en este caso. La Corte
Constitucional bajo ese entendimiento, se acogerá en su control, a la línea
jurisprudencial general.
Examen general del Tratado sub
examine y de la ley aprobatoria
Finalidad y
contenido del acuerdo
64. El objetivo del presente acuerdo es
el de establecer un marco jurídico de privilegios e inmunidades en favor de la
OCDE, que se presenta como necesario para el cumplimiento de la misión de esa
Organización Internacional en el territorio nacional. En este contexto, el
tratado -como lo establece claramente su artículo 2º[128]-
busca facilitar la cooperación entre la OCDE y el Estado colombiano mediante la
fijación de directrices que le permitan a aquella entidad garantizar
condiciones adecuadas de autonomía, para el desarrollo de sus funciones en
Colombia, en particular, en lo concerniente a la visita de agentes y expertos,
la organización de conferencias o reuniones, la celebración de futuros acuerdos
internacionales o el eventual establecimiento de una oficina de la OCDE en el
país.
El instrumento internacional que se
describe, en consecuencia, reconoce que la presencia de la OCDE en nuestro país
conlleva la necesidad de garantizar tales privilegios a la Organización y a su
personal. Por lo que pretende fijar los lineamientos de la cooperación
internacional entre Colombia y la OCDE en esas materias.
65. Ahora bien, las distintas cláusulas
que se establecen en el instrumento consagran entonces los privilegios e
inmunidades con los que cuentan la Organización Internacional y los
representantes de los Estados Miembros, los participantes no Miembros, los agentes
y los expertos invitados por la entidad, para la realización de funciones en
nuestro país, como mecanismos para asegurar su independencia y la efectividad
de su misión.
66. La Ley 1958 de 2019, objeto de
revisión, transcribe la totalidad del acuerdo internacional de la referencia.
Además, incluye de manera separada al Convenio general transcrito, los tres
artículos que dan cuenta de la aquiescencia al convenio, al final de la ley, que
consagran: (a) la aprobación del acuerdo sobre privilegios e inmunidades
de la OCDE; (b) la determinación de que la obligatoriedad de lo pactado
se dará a partir del perfeccionamiento del vínculo internacional y (c) el
señalamiento de que la vigencia de la ley se dará a partir de la fecha de su publicación.
67. En lo que respecta a las cláusulas propiamente
dichas del instrumento internacional -que se transcriben en su conjunto
igualmente en la ley aprobatoria-, se tiene que el tratado consta de 23
artículos diferentes, así:
El artículo 1 contiene las
definiciones que permiten un adecuado entendimiento del Acuerdo, entre las
cuales se encuentran los conceptos de: (i) archivos de la Organización; (ii)
cargos para efectos de pensión o seguridad social; (iii) expertos; (iv)
Miembros; (v) participantes no-Miembros; (vi) agentes; (vii) instalaciones y
bienes de la Organización, entre otras.
Por su parte, el artículo 2
enuncia el objetivo general del Acuerdo, el cual consiste en establecer un
marco general de privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de
la misión de la OCDE.
El artículo 3 señala que la OCDE
tendrá personería jurídica y capacidad para celebrar contratos, transferir
bienes e iniciar procesos legales.
Así mismo, el artículo 4 dispone
que la Organización tendrá los privilegios, exenciones e inmunidades
establecidas en el Acuerdo, además de cualquier otra prerrogativa más
favorable que el Estado colombiano otorgue a cualquier otra organización
internacional.
A su vez, los artículos 5 y 6 se
refieren a la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los bienes de la
OCDE, a la cual podrá renunciar expresamente la Organización en casos
particulares. Además, establece que tales bienes estarán inmunes de “allanamiento,
requisición, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de
interferencia”.
Igualmente, el artículo 7 define
las reglas aplicables a las instalaciones de la OCDE y su inviolabilidad,
así como el deber del Estado colombiano de garantizar la seguridad de las
instalaciones de la Organización, particularmente respecto de disturbios o
ingresos no autorizados de personas a dicha sede.
A su turno, el artículo 8 consagra
la inviolabilidad de los archivos y documentos de la OCDE, donde quiera
que se encuentren. También, el artículo 9 permite a la Organización la
tenencia, posesión y negociación de moneda local y de divisas, así como la
posibilidad de operar cuentas y transferir fondos dentro y fuera de Colombia.
El artículo 10 dispone que la
OCDE y sus bienes estarán exentos de cualquier forma de tributación directa,
incluso “cargos para efectos de pensión o seguridad social”, salvo el
pago de servicios públicos. Dicha exención cobija igualmente aranceles,
prohibiciones y restricciones respecto de artículos importados y exportados por
la Organización para su funcionamiento o en desarrollo de sus actividades, lo
cual incluye sus publicaciones.
Además, el Acuerdo señala que la OCDE y
sus bienes estarán exentos de tributación indirecta y que, en los casos
en que deba asumir pagos por dicho concepto, tales dineros serán reembolsados.
En cuanto a las comunicaciones
oficiales, el artículo 11 contempla el derecho de la OCDE a utilizar
códigos y enviar y recibir correspondencia y otros documentos por correo
privado. En tal sentido, gozará de un tratamiento no menos favorable que el
otorgado a las demás organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros.
Así mismo, esta disposición prohíbe la censura a la correspondencia
oficial de la Organización.
De igual modo, el artículo 12 indica
que el Estado colombiano pondrá a disposición de la OCDE los servicios
públicos esenciales en las mismas condiciones aplicables a las misiones
diplomáticas en Colombia.
Adicionalmente, el artículo 13 hace
referencia a los privilegios e inmunidades conferidos a los representantes
de los Miembros y participantes no Miembros en el ejercicio de sus funciones[129]
y en el desplazamiento desde y hacia los lugares de reunión. Tales
prerrogativas son, entre otras: (i) inmunidad de arresto, detención, decomiso
de su equipaje personal y de proceso legal de cualquier clase por sus actos y
expresiones en calidad de representantes; (ii) inviolabilidad de sus
documentos; (iii) derecho a utilizar códigos y recibir correspondencia privada;
(iv) exoneración de restricciones migratorias; (v) inmunidades y facilidades
respecto de la tenencia y cambio de divisas, así como en relación con su
equipaje personal; y (vi) los demás privilegios e inmunidades otorgados a los
enviados diplomáticos que no resulten incompatibles con los anteriores, salvo que
no tendrán derecho a ciertas exenciones tributarias.
También se garantiza la libertad de
expresión respecto de las palabras habladas o escritas en el cumplimiento de
sus funciones y se agrega que las inmunidades y privilegios se otorgan para
salvaguardar las funciones de los representantes de los Miembros y
participantes no Miembros en relación con la Organización y, que en ningún caso
pueden usarse para su provecho personal. Por lo cual los Estados tienen el
deber de renunciar a la inmunidad de su representante cuando, en su criterio, se
pueda impedir el curso de la justicia.
El artículo 14 prescribe el régimen
general de privilegios e inmunidades de los agentes de la OCDE, el cual
involucra aspectos como: (i) inmunidad de arresto, detención, decomiso de su
equipaje personal y de proceso legal de cualquier clase por sus actos y
expresiones en calidad de agentes; (ii) exención de toda forma de tributación
directa, incluso respecto de cargos destinados a la seguridad social; (iii)
exoneración de restricciones migratorias y del servicio militar; (iv) derecho a
importar sus muebles, vehículos y objetos personales cuando asuman sus
funciones en Colombia[130]; (v)
inmunidades y facilidades respecto de la tenencia y cambio de divisas; y (vi)
derecho a utilizar códigos y recibir correspondencia privada, entre otros.
A su turno, el artículo 15 contiene
disposiciones especiales respecto de ciertos agentes de la OCDE. En
efecto, esta norma señala que el Secretario General de la Organización
gozará además de las prerrogativas referidas en el artículo anterior, de los
privilegios, inmunidades y facilidades concedidas a los jefes de misiones
diplomáticas. Los Secretarios Generales Adjuntos y Asistentes tendrán las
prerrogativas otorgadas a los agentes diplomáticos de rango comparable[131].
El artículo 16 establece que expertos
que realicen misiones para la OCDE o que sean invitados a participar en
reuniones convocadas por dicha Organización, serán titulares de los
privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones. En tal
sentido, tendrán prerrogativas como: (i) inmunidad de arresto, detención,
decomiso de su equipaje personal y de proceso legal de cualquier clase por sus
actos y expresiones en el desempeño de su misión; (ii) inviolabilidad de sus
documentos; (iii) derecho a utilizar códigos y recibir correspondencia privada;
(iv) privilegios y facilidades respecto de la tenencia y cambio de divisas;
entre otras.
El artículo 17 consagra el
deber del Estado colombiano de facilitar la entrada, permanencia, salida y
circulación dentro del territorio nacional a todos los representantes de
Estados Miembros y participantes no Miembros, agentes y expertos de la
Organización, y de cualquier otro invitado a eventos oficiales.
El artículo 18 destaca que las
prerrogativas previamente enunciadas son concedidas a agentes y expertos para
el interés de la OCDE y no para provecho personal de los individuos, por lo
cual confiere al Secretario General el derecho y deber de renunciar a la
inmunidad de los sujetos referidos cuando estime que este beneficio puede
impedir el curso de la justicia, siempre que no perjudique los intereses de la
Organización. En consonancia con lo anterior, el artículo 19 señala la
obligación de la OCDE de cooperar con Colombia para facilitar la debida
administración de justicia y evitar los abusos en desarrollo del tratado.
Por otra parte, de conformidad con el artículo
20, el Gobierno colombiano debe: (i) asistir a la OCDE en la
solución de cualquier problema relacionado con la adquisición de bienes,
servicios y facilidades en el territorio nacional; (ii) asegurar que se
respeten efectivamente las prerrogativas concedidas. También, el artículo 21
establece que el Acuerdo debe interpretarse y aplicarse a la luz de su
objetivo central, el cual consiste en permitir a la Organización el
cumplimiento de sus responsabilidades.
Adicionalmente, el artículo 22 dispone
que las controversias respecto de la aplicación e interpretación del tratado
serán solucionadas: (i) mediante negociación o cualquier otro método acordado
mutuamente; o, en defecto de lo anterior, (ii) a través de arbitraje, iniciado
a solicitud de cualquiera de las Partes. Así mismo, esta norma prevé las reglas
para la conformación del tribunal arbitral y determina que este aplicará los
principios y normas de derecho internacional y pondrá fin a la controversia
mediante un laudo definitivo y vinculante.
Por último, el artículo 23 indica
que el Acuerdo entrará en vigor cuando (i) Colombia informe a la Organización
sobre el cumplimiento de los requisitos internos para tal efecto; y (ii) entre
en vigencia la Convención OCDE para el país. De igual modo, esta norma advierte
que el tratado podrá terminarse por mutuo acuerdo de las Partes o mediante
notificación escrita de cualquiera de ellas[132], en
caso de que el Estado colombiano deje de ser parte de la Convención OCDE.
68.
Aunado a esta descripción general sobre el contenido del acuerdo y su finalidad
como herramienta para que la OCDE pueda cumplir sus responsabilidades en el
territorio colombiano de manera independiente, es necesario resaltar otro
propósito adicional y último que también se deriva de la suscripción de este
convenio. En efecto, debe recordarse que la ratificación del tratado en mención
no solo tiene el objetivo previamente indicado de facilitar la neutralidad y
operatividad de la misión de la OCDE en el país, sino que su importancia se
extiende al hecho de que el presente convenio representa una de las etapas finales
hacia la consolidación del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE.
69. Sobre esa
base, para el Estado colombiano son dos las finalidades últimas que se derivan
de la suscripción del presente acuerdo: fijar un marco normativo para el
reconocimiento a los privilegios e inmunidades que le son conferidas a la OCDE
para cumplir su misión en Colombia y lograr, a partir de la ratificación del
acuerdo, el ingreso definitivo a la OCDE.
Consideraciones generales sobre
los instrumentos internacionales que consagran privilegios e inmunidades de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional
70. Los artículos 9[133],
226[134] y 227[135]
de la Constitución Política establecen los principios generales en los que se
fundamentan las relaciones internacionales del Estado, en materia económica,
social, política y ecológica. Tales principios son básicamente los siguientes: (i)
soberanía nacional, respeto a la autodeterminación de los pueblos y
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia (artículo 9 C.P.); (ii) equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional (artículo 226 C.P.); e (iii) igualdad y reciprocidad (artículo
227 C.P.).
La
Sentencia C-269 de 2014[136] indicó
también que entre los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia (art. 9º C.P.) podían citarse algunos a los que hace referencia la
Carta de las Naciones Unidas, entre los que se encuentran: (i) el arreglo
pacífico de controversias y la prohibición del uso de la fuerza; (ii) el
principio de soberanía nacional; (iii) el principio de no intervención; (iv) el
principio pacta sunt servanda; (v) la paz como
derecho fundamental y (vi) el principio de reciprocidad en el régimen de
inmunidades.
71.
En lo que respecta precisamente a este último, el de las inmunidades,
debe recordarse que a la luz del principio de soberanía nacional,
la regla general supone que los Estados soberanos tienen plena jurisdicción
sobre sus territorios. De acuerdo con lo anterior, los falladores en cada país
tienen la potestad de adoptar decisiones vinculantes de conformidad con sus
normas y procedimientos internos en relación con las disputas que surjan por
hechos ocurridos dentro de sus fronteras, o que tengan efectos en su territorio.
Se
trata de
facultades que solo pueden restringirse cuando un Estado decide voluntariamente
limitar el ejercicio de su propia potestad de manera autónoma. Por
lo que con
el fin de asegurar la igualdad entre los Estados cuando desarrollan actividades
al interior de otros territorios y, paralelamente, de promover el respeto por
la soberanía de los distintos involucrados, el derecho internacional ha
previsto la regulación de esta situación; primero a través de la costumbre y
posteriormente mediante convenios que consagran privilegios e inmunidades.
La
inmunidad de jurisdicción, en consecuencia, resulta ser un principio del
derecho internacional reconocido por la costumbre e instrumentos
internacionales variados, en virtud de los cuales “los agentes y bienes de
Estados Extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación coercitiva de las
autoridades públicas de los Estados huéspedes”[137]. En otras palabras, se excluye
“a
un sujeto específico [o a una organización, de] quedar sometido a la
jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se configuren ciertas
condiciones”[138].
En ese sentido,
los privilegios, de un lado, reconocen prerrogativas en favor de
los representantes de otros Estados y de sus familias cuando se encuentran en
el territorio nacional; y las inmunidades, de una manera más genérica,
garantizan la inviolabilidad de los agentes, misiones, bienes, etc., y la
posibilidad de estos de no verse sometidos a la jurisdicción local.
72. La inmunidad
de jurisdicción en el caso de las misiones y del personal diplomático de
los Estados, se trata de una costumbre internacional que ha sido
reconocida como derecho internacional consuetudinario desde comienzos del Siglo
XIX[139].
Posteriormente fue objeto de codificación en la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de
1961, ratificada por Colombia a través de la Ley 6° de 1972. De hecho, como lo señaló
en la Sentencia T-462 del 2015[140]:
“[L]a inmunidad de jurisdicción es una garantía que originalmente [ha
correspondido] a una costumbre internacional, (…) y que fue objeto de codificación y desarrollo
progresivo en la
Convención de Viena de 1961. Esta inmunidad surge del reconocimiento del
principio de igualdad soberana de los Estados, y [por] lo tanto está encaminada
a proteger la actuación soberana de todos los Estados”.
En este sentido,
la Convención sobre Relaciones Diplomáticas establece de manera general,
las directrices del derecho internacional que deben ser observadas por los
Estados en materia de relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas, con
el fin de garantizar relaciones amistosas entre las naciones, con independencia
de sus regímenes internos. De acuerdo con esta Convención, reconocer las
inmunidades y privilegios no tiene como finalidad
beneficiar a las personas que hacen parte de una misión diplomática, sino
garantizar el desempeño eficaz de las misiones en sí, bajo el entendido de que
ellas operan en representación de los Estados.
De este modo, el
artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
consagra expresamente el principio de inmunidad, el cual impide que ciertas
actuaciones desplegadas por los miembros de las misiones diplomáticas puedan
ser conocidas por los jueces del Estado receptor. La norma establece que el
agente diplomático en un Estado receptor goza de la garantía de la inmunidad de
jurisdicción penal, civil y administrativa, excepto en determinadas
circunstancias, las cuales hacen referencia a actos de carácter privado que no
representan a la misión diplomática en sí, y a la garantía de la inmunidad
de ejecución[141]. Esta última
expresión -inmunidad de ejecución-, fue explicada también en la Sentencia
T-883 de 2005[142] que
precisó, que la inmunidad se manifiesta de dos maneras: “(i) la inmunidad de
jurisdicción que se refiere a la incompetencia de los jueces nacionales para
juzgar a determinados sujetos de derecho internacional (…); y (ii) la inmunidad
de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada decisión
judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho
internacional se hubiere llevado a cabo”.
En la Sentencia
T-462 del 2015[143] se explicó
la inmunidad de jurisdicción en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, de la siguiente forma:
“[E]l artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas establece el principio de inmunidad de jurisdicción, el cual
impide que ciertas actuaciones desplegadas por los trabajadores de las misiones diplomáticas, puedan
ser conocidas por los jueces del Estado receptor. Así, señala que el agente
diplomático en un Estado receptor goza de la garantía de la inmunidad de
jurisdicción penal, civil y administrativa, excepto en determinadas
circunstancias, las cuales hacen referencia a actos de carácter privado que no
representan a la misión diplomática[144]. A
su vez, el artículo 32 de la misma Convención señala que si bien la inmunidad de jurisdicción es una garantía
contemplada en favor de los Estados, la misma no tiene un carácter absoluto,
toda vez que el Estado acreditante puede renunciar expresamente a ésta. Ahora
bien, impone un límite a la mencionada garantía, advirtiendo que, en casos de
demandas de reconvención, el Estado demandante principal no podrá alegar como
excepción la inmunidad de jurisdicción.[145] Así mismo, el artículo 33 de la
Convención establece otro límite a la inmunidad de jurisdicción, relacionado
con la necesidad de que el Estado acreditante acate las leyes en materia de
seguridad social del Estado receptor, cuando contrate personal nacional del
Estado receptor.[146]”
La Convención de
Viena que se describe, en consecuencia, fija parámetros generales sobre las
inmunidades. No se trata, sin embargo, de un instrumento internacional que
contenga una regulación completa que permita establecer el alcance de las
inmunidades de jurisdicción en todos los casos. Por ello históricamente los
Estados han regulado aspectos más puntuales sobre alcances y límites de las
inmunidades de jurisdicción descritas y aceptadas, mediante leyes nacionales,
tratados internacionales o a través de la aplicación de principios jurídicos en
su derecho interno.
73.  Aunque
originalmente tales inmunidades fueron concebidas como una potestad a favor de
los Estados y de sus agentes diplomáticos y/o consulares[147],
como expresión de la soberanía, independencia e igualdad de trato de los
representantes de los Estados en otros territorios, en la actualidad la
inmunidad de jurisdicción se ha extendido también a organismos
internacionales, lo que incluye “a quienes los integran y participan en
el ejercicio de sus funciones”[148],
con la finalidad de proteger también, la autonomía e independencia de estas
organizaciones del derecho internacional.
Según la Sentencia
T-883 de 2005[149],
tales inmunidades “dota[n] a los representantes diplomáticos, consulares,
organizaciones internacionales y funcionarios de las mismas, de los elementos y
condiciones necesarios para ejercer las labores propias de su cargo con
la mayor independencia y neutralidad”. Lo anterior, porque se ha
entendido que se trata de prebendas que contribuyen a un mejor
ejercicio de las diversas responsabilidades asignadas, en la medida en que
quien desempeña sus labores, puede hacerlo sin sentirse limitado o perseguido
indebidamente. Sobre
esa base, la jurisprudencia constitucional ha admitido la introducción de estas
cláusulas en los tratados internacionales[150] y ha
sostenido, en consecuencia, que no son per sé contrarias al ordenamiento
jurídico[151].
También ha indicado que estos privilegios e inmunidades, en principio, no
quebrantan la soberanía nacional y tienen fundamento en los principios del
derecho internacional ya mencionados, aceptados por Colombia[152].
74. Al respecto, se
tiene que Colombia ha suscrito múltiples acuerdos internacionales sobre
privilegios e inmunidades con organismos internacionales. Entre otros, podemos
citar los siguientes: (i) el Acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en este tema que fue adoptado el 13 de febrero de 1946 (Ley 62 de
1973); (ii) el Acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA)
adoptado el 15 de mayo de 1949 (Ley 62 de 1973); (iii) el Estatuto
del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología' hecho en
Madrid el 13 de septiembre de 1983[153];
(iv) el
Convenio Internacional del Café que incluía el régimen de privilegios e
inmunidades de la Organización Internacional del Café[154]; (v) el Protocolo sobre Privilegios e
Inmunidades de la Asociación de Estados del Caribe de 1999, aprobado por la Ley
703 de 2001[155]; (vi) el
Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional (Ley
1180 de 2007)[156]; (vii)
el acuerdo entre Colombia y la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ), sobre privilegios e inmunidades[157]; (viii)  el Acuerdo para establecer
la Red Global de Desarrollo[158]; (ix)
la convención sobre prerrogativas e inmunidades del Organismo para la Proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal)[159] y (x) el Acuerdo sobre
Privilegios e Inmunidades entre Colombia y la Secretaria General de Interpol[160], entre otros.
75. Ahora bien, las inmunidades que
cobijan a las organizaciones internacionales no están contempladas de manera
general en ningún instrumento internacional único. Como lo indicó la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[161]
al resolver un caso que involucraba a uno de estos organismos en nuestro país, “la
capacidad de las Organizaciones Internacionales (OI), [en estos temas], depende
enteramente de la voluntad de los miembros que las conforman (generalmente
Estados), y por lo tanto, gozan o no de inmunidad de jurisdicción, según lo
establezcan los tratados constitutivos, convenios o acuerdos de sede. // En
este orden, su inmunidad, no surge de forma endógena, como tampoco [se] deriva
del Derecho Internacional Consuetudinario, sino que se encuentra consagrada,
según sea el caso, en el tratado constitutivo del organismo o acuerdo de sede,
con el alcance que sus miembros decidan”.
Por lo tanto,
dependerá de cada convenio internacional que se suscriba, el alcance de los
privilegios e inmunidades que se le concederán a una organización internacional
en particular, en un territorio específico.
No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que una de las condiciones para que
los privilegios e inmunidades conferidos en tales casos sean compatibles con la
Constitución, se funda en que los beneficios o exclusiones de jurisdicción que
se concedan estén dirigidos inequívocamente a permitir la ejecución de las
actividades de la organización correspondiente, sin que puedan fijarse o
interpretarse como cláusulas abiertas que excedan ese marco y puedan
constituirse en autorización sin límite para vulnerar derechos fundamentales[162].
En términos de la Corte, “[l]as inmunidades y privilegios conferidos
a miembros de organismos internacionales se ajustan a la Carta Política siempre
y cuando estén encaminadas a la “defensa, igualdad y soberanía del organismo de
derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder
dichas prerrogativas[163]”.
Porque de no hacerse dicha salvedad “[b]ajo el manto de buenas
intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...)
cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos
diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios.”[164]
76. En este
sentido, en lo que concierne al alcance mismo de las inmunidades,
esta Corporación ha sostenido que, a la luz de la Constitución, en el
territorio colombiano, ningún Estado u organismo internacional goza de inmunidad
absoluta[165]. Esto
es así, porque las atribuciones que le competen al Estado colombiano en
términos de soberanía e independencia implican que tiene plena capacidad
jurídica para “asegurar
la defensa y protección de los derechos de las personas sometidas a su
jurisdicción”.[166] En
la Sentencia C-137 de 1996[167], esta
Corporación precisó lo anterior de la siguiente forma[168]:
“[L]las
prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o
absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de
otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante
de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que
cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que
le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los
derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la
luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda
prerrogativa es legítima”.
En
el mismo sentido y como lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia
T-462 de 2015[169] en lo
que respecta a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas:
“[L]a garantía de inmunidad sobre
personas y bienes tiene unos límites los cuales han ido cambiando con el tiempo En
el mencionado instrumento internacional se incluyen ciertos límites, relacionados,
por ejemplo, con las obligaciones que los Estados acreditantes deben observar
en materia de actos de comercio o del respeto por las normas sobre seguridad
social del Estado receptor”.
La
Corte en consecuencia ha abandonado la teoría de la inmunidad absoluta de tales
agentes y organismos, y la ha sustituido por la figura de la inmunidad
restringida, con el objeto de salvaguardar esencialmente el principio de
soberanía nacional[170] y dar
cuenta de que tales privilegios no pueden ser asociados o considerados en sí
mismos, como un sinónimo de impunidad[171].
77.
En efecto, la jurisprudencia de la Corte ha previsto que los acuerdos
mencionados, bajo la modalidad de inmunidad restringida, suponen[172]:
(i) Que las
exclusiones de jurisdicción solo se predican en el marco del ejercicio de las
actividades propias de la organización internacional correspondiente.  Esto es,
dichos tratamientos diferenciados “se circunscriben esencialmente a los que
resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Beneficios de los
cuales habrán de gozar mientras desempeñen sus funciones y después de la
cesación, en relación con el ejercicio de dichas atribuciones”[173].
(ii) Que dichos
tratamientos no configuran inmunidad absoluta y por ende no pueden ser
comprendidos como cláusulas abiertas que facultan a sus beneficiarios para
desconocer las normas del ordenamiento jurídico colombiano, ni menos aún para
que se permita la impunidad respecto de delitos y demás comportamientos
antijurídicos en que incurran dichos beneficiarios. En ese sentido, el principio de inmunidad de jurisdicción
debe ser concebido como un instrumento para garantizar la autonomía de los
agentes internacionales en el ejercicio de sus funciones, pero
no como “una renuncia no justificada del deber del Estado de garantizar los
derechos y deberes de los habitantes del territorio”[174].
(iii) Finalmente,
también suponen que en cualquier caso, ante la exclusión de la jurisdicción, el
Estado colombiano está llamado a reparar patrimonialmente el daño causado a
terceros, en los términos del artículo 90 superior, cuando estos, en virtud de tal
inmunidad, no estén en capacidad de reclamar judicialmente el perjuicio causado
al beneficiario responsable. En este último aspecto, la
Corte Constitucional reconoció en la Sentencia C-315 de 2004[175] que la inmunidad de jurisdicción podría
afectar, eventualmente, el derecho de acceso a la administración de justicia de
las personas, al impedir a los nacionales, por ejemplo, demandar a los miembros
de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar algún daño. Sin
embargo, a partir de esa providencia, la Corte Constitucional ha considerado
que ese reparo no es justificado, no solo porque la inmunidad es un elemento
esencial del derecho diplomático sino porque en esos eventos, la persona puede
obtener una reparación del Estado colombiano, por haber sido víctima de un daño
antijurídico (CP art. 90). Lo anterior, en atención a la jurisprudencia
del Consejo de Estado en la materia[176], que
desde ese entonces considera que:
“[E]l título de imputación jurídica
sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado, lo
constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por
la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la
República), que causa daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no
está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no
debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo,
imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el
perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta que el
cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley,
previsto en el artículo 13 de la C.P”[177].
De este modo, se
precisó en esa providencia, -como lo ha reiterado en diversas sentencias
posteriores[178]-, que el principio de
inmunidad de jurisdicción no implica que la víctima de un daño antijurídico
causado por una misión diplomática o un organismo internacional no pueda
obtener la indemnización respectiva a cargo del Estado colombiano. En tales
casos, si por un privilegio conferido por el Estado a una persona, se produce
un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulte damnificado, sin
la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez
natural, hay un desequilibrio de las cargas públicas; y por ello el particular
está habilitado para demandar al Estado colombiano en reparación. El
rompimiento del equilibrio de las cargas públicas ocasionado por la actividad
legítima del Presidente de la República y el Congreso, que genera un daño
antijurídico, impone al Estado el deber de reparar a los afectados.
78. En materia penal, esta Corporación en la
Sentencia C-788 de 2011[179]
recordó al estudiar la constitucionalidad de “la Convención sobre la
Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado” de 1994[180]”, que los privilegios de los que
goza el personal de Naciones Unidas en tales casos,
“[N]o
implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal
durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables,
incluso de conformidad con las normas internacionales, los privilegios e
inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos
por agentes amparados por ellas. En el caso de delitos cometidos por personal
que goza de privilegios o inmunidades, los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación deben ser garantizados, por lo que cabe la
indemnización de los perjuicios ocasionados a las víctimas, incluso a cargo del
Estado colombiano cuando se reúnan los requisitos para ello.”
La existencia de privilegios e
inmunidades según esa misma sentencia no impide tampoco que las autoridades
colombianas comuniquen los hechos acaecidos de manera directa a los Estados
correspondientes para que sus autoridades ejerzan su jurisdicción, y adopten
las medidas necesarias para asegurar la verdad, justicia y reparación de las
víctimas. En ese sentido, se trata de una inmunidad restringida, pues no se
impide que el presunto delincuente se someta a la justicia, sea porque el
Estado ejerce su jurisdicción directa o porque acepta extraditarlo a un Estado
que lo reclame.
79. Por último, si bien existen
limitaciones a la inmunidad descrita también desde el punto de vista laboral,
ese análisis será abordado por esta Corporación más adelante en la providencia,
al analizar detalladamente las cláusulas del acuerdo de la referencia, en
virtud de las reflexiones del Procurador sobre algunos aspectos concretos del
tratado que él cuestiona, por la presunta vulneración de las garantías
constitucionales en materia de seguridad social.
Así las cosas, revisadas las reglas
generales de la jurisprudencia sobre las cláusulas de privilegios e
inmunidades y sus implicaciones en tratados internacionales, pasa la Corte
a analizar conforme a estas consideraciones, el “Acuerdo entre
la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la
Organización”.
La Conformidad general del Acuerdo sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización y su ley
aprobatoria, con la Constitución
80.
Revisados
los alcances del acuerdo en mención y las reglas jurisprudenciales que esta
Corporación ha consolidado con respecto a los convenios sobre privilegios e
inmunidades, es pertinente señalar que el acuerdo sub examine armoniza de
manera general con los postulados constitucionales antes mencionados, en la
medida en que la finalidad buscada por el tratado es asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la OCDE en el territorio colombiano, a partir
de la consagración de prerrogativas en favor del organismo internacional, y de
sus miembros y representantes. Se trata entonces de un propósito
adecuado y congruente con los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia, entre ellos, el principio de reciprocidad en el régimen de
inmunidades (artículo 9 C.P.) y con los principios de soberanía,
autodeterminación de los pueblos, igualdad de los Estados y la conveniencia nacional (artículo 226 C.P.).
81. En cuanto al
principio de soberanía nacional, que se funda en el mandato del artículo
9º superior y que se encuentra relacionado con la integridad territorial, con
el principio de no intervención y con la autodeterminación[181], se
tiene de manera genérica, que el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades que se
analiza, se funda en finalidades legítimas y no resulta contrario a la Constitución.
En efecto, las disposiciones consagradas en el presente instrumento, regulan de
forma pormenorizada los privilegios e inmunidades pactados en favor de la OCDE,
que son aquellos que tienen que ver con la Organización, sus bienes, sus
archivos, sus comunicaciones oficiales, los privilegios e inmunidades de los representantes
de los Miembros y participantes no Miembros mientras ejerzan sus funciones
y durante la ida y regreso al lugar de destino, las de los agentes de la
Organización, los expertos, así como las obligaciones de los
Estados y la Organización en estas materias.
Como ya lo
mencionamos, la Corte Constitucional ha avalado la inserción de estas cláusulas
en tratados internacionales[182] y ha señalado que las
prerrogativas e inmunidades que se conceden en instrumentos internacionales no
resultan en principio contrarias a la Constitución, toda vez que responden a la
necesidad de dotar a los sujetos de derecho internacional de las garantías
indispensables para ejercer las funciones que les corresponden. Para
el caso de la OCDE se trata del cumplimiento de las funciones de la
organización, con independencia y neutralidad[183],  en
particular, con respecto a la realización de conferencias, reuniones, visitas,
y la posibilidad en el futuro del establecimiento de una oficina en el país.
Como la constitucionalidad de las cláusulas que consagran los
privilegios e inmunidades que se proponen, “queda[n] supeditad[as] a que, efectivamente, propendan
por la defensa de la independencia, igualdad y soberanía del organismo de
derecho internacional de que se trate[184]”, se
destaca que del mismo artículo 18 del convenio se constata que los
privilegios y las inmunidades establecidos son concedidos en aras de “salvaguardar
las funciones de los representantes en relación con la Organización, y no a
título personal”, conforme a los lineamientos de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que se orientan hacia el fortalecimiento
de la función en sí.
82. Adicionalmente,
de
acuerdo con las reglas jurisprudenciales previamente indicadas, el instrumento
internacional no promueve una afectación per sé, desproporcionada a la
soberanía nacional en materia de inmunidades, puesto que se trata de
disposiciones que solo pretenden, en principio, el adecuado cumplimiento de los
fines de la organización[185].  No obstante,
como se verá más adelante, la Corte realizará un estudio más específico sobre
algunas cláusulas en concreto, que se revisarán en el acápite del examen
específico de constitucionalidad, para precisar si su alcance o interpretación
se ajusta o no a la Constitución.
83. En cualquier caso, las cláusulas del tratado, en general,
dan cuenta para el caso de la OCDE, de una inmunidad restringida -aunque
prima facie parezca absoluta-, por cuanto (a) se trata de
privilegios e inmunidades concedidas a los representantes de los Miembros y participantes
no Miembros, con el fin de “salvaguardar las funciones en relación con la
organización y no para provecho propio” (Art. 13-3 del Acuerdo). En
consecuencia, se trata de privilegios e inmunidades que se entienden
directamente ligados al desempeño de las funciones de la OCDE y, por lo tanto,
ajenos a la conveniencia o explotación de los beneficiarios. (b) Está
previsto en el acuerdo de manera expresa para la OCDE, la proscripción del
abuso de los privilegios e inmunidades conferidos en el instrumento
internacional (Art. 19 del acuerdo). (c) El acuerdo propone una
cooperación entre la OCDE y Colombia para facilitar la debida administración de
justicia (Art. 19 del acuerdo) y (d) existe un deber de renuncia a tales
inmunidades cuando se pueda impedir el curso de la justicia (Art. 13-3 y 18 del acuerdo).
84. Además, los beneficiarios de los
privilegios e inmunidades estarán obligados a respetar la legislación del
Estado Parte, ya que, según el Acuerdo de la referencia, “la Organización
cooperará en todo momento con la República de Colombia para facilitar la debida
administración de justicia e impedir que no se presente ningún abuso con
respecto a los privilegios, inmunidades y facilidades mencionadas en el acuerdo”
(Art. 19) del Convenio. De lo que se desprende, en los mismos términos previstos
en la Sentencia C-1156 de 2008[186], que se trata
de una inmunidad restringida, que se acompasa con la jurisprudencia
constitucional.
Lo anterior, evita precisamente que se
trate de inmunidades desproporcionadas que puedan afectar indebidamente los
derechos de los habitantes del Estado huésped.
85.
No
obstante, a pesar de que se trata de cláusulas de inmunidad restringida como ya
se explicó, reitera la Corte que ante el eventual desconocimiento del derecho de
acceso a la administración de justicia de los nacionales (art. 229 superior)
por las prerrogativas otorgadas a la OCDE y a su personal conforme  al presente
convenio, los afectados podrán obtener la reparación del Estado colombiano,  al
haber sido víctimas de un daño antijurídico (art. 90 del Carta), en los
términos anteriormente explicados[187].
86. Por otra parte, la finalidad que se
describe en el Acuerdo, de lograr de una manera idónea el cumplimiento de las
atribuciones de la OCDE en el territorio, es una aspiración legítima del
tratado, justificada ampliamente en razones de conveniencia auspiciadas
por el Gobierno nacional. Estas se enmarcan, además, en las potestades del
ejecutivo de dirigir las relaciones internacionales y de celebrar con organismos
internacionales convenios, en los términos de los artículos 189-2 y 226 de la
Carta.
En ese sentido, tanto el Gobierno como
el Congreso, aportaron razones suficientes para destacar la importancia del
convenio que se menciona y la claridad de sus fines, ya que en la exposición de
motivos presentada por el Ejecutivo para darle trámite a la ley aprobatoria en
cuestión, se señaló como una necesidad, el hecho de que la OCDE gozara de una
serie de privilegios, inmunidades y facilidades, con el propósito de que
pudiera cumplir plena y eficientemente sus tareas, en condiciones de
independencia y autonomía[188].
En el mismo sentido, en el informe de
ponencia para el primer debate en el Senado, se destacó que la cooperación
entre la OCDE y la República de Colombia se concreta con el establecimiento de
este marco de privilegios, inmunidades y facilidades[189].
Además,
en la exposición de motivos del proyecto de ley correspondiente, se hizo
expresa alusión a la importancia de suscribir el presente acuerdo, en atención
a que se trata de una parte complementaria del proceso de adhesión a la OCDE.
Se dijo, de hecho, lo siguiente:
“El
ingreso de Colombia a la Organización es una prioridad para la República de
Colombia, de ahí que la ratificación del ´Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la
Organización", suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014´, no
sólo constituye una herramienta para que la Organización pueda cumplir de
manera plena y eficiente con sus responsabilidades y tareas, sino un paso hacia
la consolidación del proceso de adhesión de la República de Colombia al “club
de las buenas prácticas”[190].
Una precisión que denota que se trata de
un convenio que forma parte del proceso de vinculación a la OCDE, bajo unos
ejes de pertenencia, que en su momento fueron debidamente considerados y
avalados constitucionalmente en la Sentencia C-492 de 2019[191]. De hecho, esa sentencia declaró exequible
el “Acuerdo
sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia a la convención
de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos”, suscrito en
París, el 30 de mayo de 2018 y ii) la “Convención de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos”.
87. Finalmente, en cuanto a la reciprocidad
en materia de inmunidades, como ya se expresó, se trata de un
principio de aquellos generales que, desarrollado en el derecho internacional,
permite reconocer la constitucionalidad de las garantías descritas en favor de
las misiones diplomáticas y de miembros de las organizaciones internacionales
para trabajar en otros territorios en condiciones de neutralidad y autonomía.
El respeto por los principios de independencia, soberanía e
igualdad (reciprocidad) entre los Estados y organizaciones internacionales,
legitiman tales garantías y privilegios que se conceden a los organismos
descritos y a sus representantes en el territorio de cada Estado
En el acuerdo sub examine, además,
se trata de reglas que se despliegan recíprocamente entre los países miembros
de la OCDE y que pueden cobijar eventualmente a los representantes de Colombia
en calidad de miembros, expertos o invitados, con respecto a otros países
pertenecientes a la organización. Como el personal enviado goza de los mismos
privilegios e inmunidades que el resto del personal que participa en la
operación respectiva entre los países pertenecientes a la OCDE, se trata de un
convenio que se encuentra en consonancia con el principio previamente
enunciado. En
efecto, en aplicación al principio de reciprocidad en las relaciones
internacionales, es válido suponer que, si la Corte avala este régimen personal
foráneo para quienes ingresen a Colombia, tales privilegios también son
aplicables a colombianos que viajan al exterior, en las condiciones descritas[192].
88. Las anteriores precisiones
son suficientes para concluir que los propósitos generales del tratado son
legítimos y se ajustan a la Carta. Por lo que el Acuerdo en revisión no solo es
un instrumento normativo que promueve la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de reciprocidad (art.
226 CP) sino que, además, las normas en el tema de las inmunidades desarrollan los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia (art. 9º CP) a los
que ya hicimos referencia. A su vez, se evidencia que las inmunidades propuestas
se circunscriben esencialmente a las que resulten necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de la OCDE, conforme a lo reseñado en la Sentencia
C-1153 de 2008[193],
frente a cláusulas similares, en el caso de la Corte Penal Internacional.
89.
De todo lo anterior concluye la Sala que las normas del convenio se orientan, en
su mayoría, al fin constitucionalmente válido de favorecer el adecuado
funcionamiento de la OCDE y de garantizar su neutralidad e independencia.
Sin
embargo, recuerda la Sala que el Procurador General plantea ciertas
preocupaciones sobre los artículos 1, 10 y 14 del Acuerdo, con relación a algunas
expresiones ligadas a inmunidades concretas en materia pensional y de seguridad
social. Como tales cláusulas no pueden ser “el germen de tratamientos
diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios”[194],
esta
Corte revisará la posible transgresión de los artículos 48 y 49 de la Carta por
parte de algunas expresiones contenidas en algunas cláusulas del Convenio,
conforme a lo sugerido por el Procurador. De este modo, al adelantar el
análisis específico de las distintas cláusulas del acuerdo, la Sala evaluará también
en un capítulo adicional, si tales normas se ajustan o no a la Constitución y
si exigen eventualmente o no, proponer alguna declaración interpretativa.
Examen
específico del Acuerdo
entre
la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y
Facilidades, otorgados a la Organización
90.
A continuación, la Corte
Constitucional procede a revisar la constitucionalidad del contenido material concreto
del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y
Facilidades otorgados a la Organización”, suscrito en la ciudad de
Punta Mita (México) el 20 de junio de 2014, respecto de cada una de las
cláusulas que componen el instrumento. Para tal efecto, esta Corporación
abordará el análisis del tratado internacional, a partir de los ejes temáticos
principales en que se desarrolla el articulado.
Definiciones y objetivos generales del
Acuerdo
91. En la primera parte del acuerdo
sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la OCDE, que va de los artículos
1º al 3º, se consagran las definiciones a usar en el tratado (art. 1), los
objetivos del instrumento (art. 2) y la naturaleza de la OCDE como persona
jurídica (art. 3).
En cuanto a las definiciones, el artículo
1º busca precisar las nociones de (a) archivos de la organización; (b)
“cargos para efectos de pensión o seguridad social”; (c) expertos; (d)
“Gobierno”; (e) “reunión convocada por la Organización”; (f) Miembros; (g)
“Participantes no miembros”; (h) agentes; (i) Organización; (j) Instalaciones
de la organización; (k) “bienes de la organización” y (l) representantes.
Como este artículo se ciñe
a exponer el significado que para las partes tienen los términos empleados en
el acuerdo, con el propósito de contribuir a una mejor comprensión del texto,
considera la Sala que, en principio, el artículo se encuentra en armonía con el
ordenamiento constitucional[195].
No obstante, toda vez
que la expresión “cargos para efectos de pensión o seguridad social” del
literal (b) del artículo 1º , es una locución que se nutre y se relaciona con
el literal (a) del artículo 10 del mismo acuerdo[196], así como el literal (c) del
artículo 14 del convenio [197]
y concierne además, con el literal h del o artículo 1º [198], tratará la Corte de hacer un
estudio conjunto entre estas expresiones y las normas que las desarrollan, para
avanzar en su análisis constitucional. Lo anterior, por cuanto se trata de
normas que han sido cuestionadas de manera expresa por el Procurador General en
este trámite constitucional, por ser aparentemente contrarias a los artículos
48 y 49 de la Carta. Por lo tanto, las normas enunciadas y las expresiones
señalada, serán analizadas de manera conjunta en la parte final de esta
decisión.
En lo demás, este
artículo convencional se encuentra en perfecta armonía con el ordenamiento
constitucional, al facilitar una mayor comprensión y entendimiento de las
disposiciones pactadas por los contratantes y contribuir en la expresión adicional,
del pacta sunt servanda y de la soberanía.
92. Sobre el artículo
2[199]
del Convenio en estudio, se ha pronunciado de manera profusa la Sala Plena en
distintas partes de esta providencia, para afirmar la constitucionalidad del
objetivo y finalidades que se propone este tratado.
En lo que respecta al artículo
3[200]
del acuerdo, en cuanto a la capacidad jurídica de la OCDE y sus posibilidades
de celebrar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles e iniciar
procesos legales, la Sala estima que se trata de una disposición que se
acompasa plenamente con el texto superior, porque la personalidad jurídica
otorgada a la OCDE, le confiere la capacidad para operar en el tráfico legal
internacional, a través de la celebración de contratos, adquisición de bienes y
disposición de ellos, participación en procesos legales, etc.,[201].
La Corte, además, ha señalado
en oportunidades anteriores que la existencia de ese tipo de organizaciones
internacionales armoniza plenamente con la Constitución, porque “no sólo
promueve las relaciones internacionales, sobre bases de equidad, igualdad,
reciprocidad, y respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los
pueblos (CP art. 9º y 226) sino que reconoce explícitamente la existencia de
organizaciones o entidades internacionales (arts. 150-16 y 189 -3º C.P.)”[202].
En consecuencia, se
trata de una disposición que no suscita reparo alguno constitucional, pues se
limita a evidenciar que la OCDE tiene la capacidad jurídica necesaria para
adelantar las funciones que le competen en el marco de la cooperación
internacional[203].
Inmunidades y otras prerrogativas conferidas a la OCDE
93. Los artículos
del 4 al 12 del acuerdo objeto de estudio, consagran privilegios e
inmunidades para la OCDE (i) como Organización, en lo que tiene que ver
con sus bienes, instalaciones, archivos, moneda, aranceles, comunicaciones,
etc. El artículo 13 del instrumento, consagra los privilegios e
inmunidades que les corresponden (ii) a los representantes de los Estados y
entidades Miembros y participantes no Miembros (países y organizaciones), y
en el artículo 14, hace lo propio con los agentes de la Organización.
El artículo 15 del acuerdo, se
refiere a su vez, a las inmunidades adicionales del Secretario General
de la OCDE y de los Secretarios adjuntos y Asistentes, y el artículo
16 del instrumento, da cuenta de aquellas prerrogativas que corresponden a
los expertos o invitados a participar en alguna reunión.
94. Sobre el particular, sea lo primero
señalar que el artículo 4[204] del
tratado establece que la OCDE contará con los privilegios, exenciones e
inmunidades consagrados en el acuerdo y que podrá también acceder aquellos más
favorables que le sean reconocidos por el Estado, a otra organización
internacional.
Como ya se mencionó, dado que la concesión de esos
privilegios e inmunidades no vulnera en sí misma la Carta, ni el principio de
igualdad, porque se trata de mecanismos jurídicos de larga tradición que se han
extendido a las organizaciones internacionales, a sus bienes y funcionarios
para asegurar la autonomía de esas entidades[205],
se
trata de una disposición que, como puede evidenciarse, no ofrece censura
constitucional alguna.
Además, confirma que el Convenio
es el marco legal establecido entre la Organización y el Estado, en materia de
privilegios e inmunidades, y extiende la aplicación de cláusulas más favorables
en estas materias, que sean suscritas eventualmente con otras organizaciones, a
la OCDE. A
este respecto, la Corte también considera constitucional la cláusula que
confiere a la OCDE un trato no menos favorable que el establecido por el Estado
a otras organizaciones internacionales, ya que con esa disposición también se
busca fortalecer la autonomía e independencia de esa entidad internacional, a
partir de la aplicación de principios del derecho internacional, que no afectan
la soberanía nacional[206].
95. El artículo 5º[207] consagra que la OCDE y sus bienes gozarán
de inmunidad contra toda forma de proceso jurídico, salvo renuncia
expresa a este privilegio en un caso particular. Para las medidas de ejecución
se dijo, se requiere una renuncia separada.
Sobre esta norma, vale la pena hacer
algunas observaciones iniciales. La primera es que, la disposición pareciera prima
facie, proponer una inmunidad absoluta en favor de la OCDE, salvo renuncia
de la organización internacional, en la medida en que parece no autorizar en forma
alguna el procesamiento de la entidad o de sus bienes, ante ninguna autoridad
del país, en virtud de lo dispuesto en este texto normativo.
Al
respecto, la Corte ha sostenido que los tratados no pueden conferir cualquier
tipo de privilegio a las organizaciones internacionales, porque al hacerlo pueden
afectar la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los nacionales[208]. De
allí que no les sea posible conceder inmunidades absolutas que impliquen la
total renuncia del Estado a utilizar los mecanismos de control y represión que
le sirven para conservar la soberanía dentro de su propio territorio[209].
En ese orden de ideas,
una perspectiva de inmunidad plena, en los términos ya mencionados en esta
providencia, desconocería la prevalencia de los mandatos constitucionales (Art.
4º C.P.), la vigencia del Estado de derecho (Art. 1º CP) y, en últimas, el
orden justo, catalogado como uno de los fines esenciales del Estado por el
artículo 2º de la Carta.
No obstante, una norma similar ya fue
analizada por esta Corporación en la Sentencia C-1156 de 2008[210]
para el caso de los privilegios e inmunidades relacionadas con la Corte Penal Internacional
y fue declarada exequible por la Corte Constitucional.
96. A este respecto, como lo sugirió en
su momento la Sentencia C-254 de 2003[211], lo
pertinente es realizar una lectura completa del articulado con el fin de obtener
la realidad de lo consagrado en el tratado de una manera más sistemática. Sobre
esa base, en primer lugar, se tiene entonces que la inmunidad que se confiere al
personal que actúa en nombre del organismo internacional, no es total, sino que
está limitada a los actos u omisiones en el ejercicio de “sus funciones en
relación con la Organización” (Art. 13-3 del Acuerdo). Por lo que, en
principio, no cualquier conducta que realicen los Miembros, agentes o expertos vinculados
al organismo internacional, que presten su colaboración en el territorio
nacional, va a estar cubierta por dicha inmunidad. Sólo se tratará de las
necesarias para el “ejercicio independiente de sus funciones” (Art. 16-1
del Acuerdo).
Adicionalmente a esta consideración, deben
aplicarse para este artículo, las reflexiones ya expuestas por esta Corporación
en los numerales 83 a 85 de esta providencia con respecto a la inmunidad
restringida. Evaluadas
en conjunto estas consideraciones generales, junto con las reglas vistas en
este convenio en materia de inmunidad restringida, se tiene que el artículo no
contraría los mandatos constitucionales, en particular los referidos a la
obligación estatal de mantener el control de la soberanía nacional, pues la
inmunidad puede ser levantada cuando quiera que obstaculice la correcta
administración de justicia (Art.19 del Acuerdo).
En todo caso, se recuerda que los ciudadanos
siempre pueden acudir al Estado para conjurar y obtener la reparación de los
daños antijurídicos de los que sean víctimas eventuales, conforme a lo ya
expuesto previamente con relación a la posibilidad de limitaciones eventuales
en el acceso a la justicia y, en cualquier caso, el Estado cuenta con
mecanismos para resolver los conflictos surgidos como resultado de la ejecución
de las medidas conflictivas que surjan del Acuerdo, tal y como se desprende de
los artículos 21 a 23 del instrumento internacional de la referencia.
Bienes, instalaciones y archivos
97. Los artículos 6[212],
7[213] y 8[214]
del Acuerdo, aluden a los privilegios e inmunidades de la Organización, sobre
bienes, instalaciones de la entidad y archivos. En efecto, le
conceden a tales bienes de la OCDE, inmunidad frente a posibilidades de
allanamiento, requisición, confiscación y expropiación, y contra toda otra
forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial
o legislativo. Igualmente, indican que las instalaciones de la organización,
sus archivos y documentos son además inviolables.
Para la Corte, estos privilegios, le
permiten a la OCDE asegurar su independencia y la neutralidad
requerida. Se trata de mecanismos proporcionales, que no suscitan problemas de
constitucionalidad y encuentran sustento en el artículo 9º de la Carta[215].
Regulaciones cambiarias y exenciones tributarias
98. El artículo 9[216] del Acuerdo establece una serie de
inmunidades para la OCDE en materia de controles financieros, entre ellos
mantener y operar con moneda de cualquier clase, hacer transferencias y
convertir moneda de diferente denominación, sin restricciones.
Se trata de privilegios que se ajustan
al ordenamiento superior por cuanto no tocan el contenido básico de las
funciones de la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad
monetaria, cambiaria y crediticia (art. 372 superior) ni de otra autoridad o
entidad constitucional. Solo se trata de privilegios que buscan fortalecer la
independencia de la OCDE[217] en
materia financiera y cambiaria y que no ofrecen mayor reparo constitucional.
99. Por otra parte, en
cuanto a los privilegios consagrados para la OCDE en materia tributaria, el
artículo 10[218] del
Acuerdo de la referencia consagra exenciones para la entidad, por (i) cualquier
forma de tributación directa incluidos “cargos para efectos de pensión o
seguridad social” y (ii) consagra que no podrá ser gravada con
contribuciones directas, salvo aquellas que constituyan una remuneración por
servicios públicos. Tampoco podrán imponérsele a la organización, derechos de
aduana o aranceles, ni prohibiciones ni restricciones respecto a los artículos
que la OCDE importe o exporte para su uso oficial y funcionamiento, ni sobre
sus publicaciones. En el mismo sentido, no se le puede imponer a la
Organización tributación indirecta sobre bienes y servicios adquiridos para su
funcionamiento o el desarrollo de sus actividades y si se le imponen se deben
reembolsar los dineros correspondientes.
En providencias varias en las que se han
estudiado cláusulas similares[219], esta
Corporación ha indicado que este tipo de exenciones tributarias están
destinadas a fortalecer la autonomía de las organizaciones internacionales y “tienen
pleno sentido (…). [porque] [s]e trata de conceder, en condiciones de
reciprocidad, ciertos privilegios fiscales y aduaneros, que se justifican
plenamente tanto por la naturaleza de los organismos beneficiados como del
interés público que reviste la función a ellos confiada por el conjunto de
Estados que los crean”[220].
100. Ahora bien, en lo concerniente a la
idea de que a veces estas disposiciones pueden llegar a desconocer lo dispuesto
en el artículo 294 de la Carta, que establece que la ley no puede conceder exenciones
sobre los tributos de propiedad de las entidades territoriales, la Corte ha
resaltado que en
lo que concierne a dicha prohibición[221],
los tratados internacionales pueden conceder dichas exenciones, siempre que la
Nación compense a las entidades territoriales las afectaciones de sus ingresos[222]. Así
lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1156 de 2008[223], en
la que recordó que la providencia C-315 de 2004[224] modificó
en su momento la jurisprudencia y precisó la forma de resolver la posible
contradicción constitucional que se podía dar al suscribir tratados
internacionales que eventualmente pudieran incidir en el recaudo territorial,
así:
“La Corte
encuentra que esa armonización es posible, si se entiende que la concesión de
esas exenciones a los tributos territoriales por medio de un tratado es
posible, pero la Nación debe compensar a las entidades territoriales las
pérdidas de sus ingresos que puedan derivar de dichas exenciones. En efecto, de
esa manera se aseguran los ingresos de las entidades territoriales sin afectar
indebidamente la promoción de las relaciones internacionales, con lo cual se
logra una armonización de los artículos 226 y 294 de la Constitución.
Esto significa
que las exenciones por tratados a los tributos territoriales colocan a las
entidades territoriales en una situación semejante a la de aquel particular que
no puede demandar a un miembro de una misión diplomática, debido a las
prerrogativas e inmunidades que el Estado colombiano ha reconocido a dicho
diplomático. En efecto, esta Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
reconocido la validez constitucional de esas prerrogativas e inmunidades; pero
igualmente ambas corporaciones judiciales han concluido que el particular no
tiene por qué soportar la afectación a su patrimonio que podría derivar de
dichas inmunidades, por lo que se trata de un daño antijurídico que debe serle
reparado por el Estado (CP art. 90), tal y como se recordó anteriormente en
esta sentencia (Cf supra fundamento 22). Mutatis mutandi, las entidades territoriales
no tienen tampoco por qué soportar una afectación a sus recursos debido a la
concesión de exenciones tributarias sobre sus tributos, por lo que la Nación
tiene la obligación de compensar la reducción de los recursos de los
departamentos y municipios que podrían derivar de dichas exenciones.
Por todo lo
anterior, la Corte considera necesario precisar y rectificar su
jurisprudencia en esta materia, de la siguiente manera: la prohibición de las
exenciones de los tributos territoriales, prevista en el artículo 294, no
prohíbe que los tratados confieran esas exenciones, siempre y cuando la Nación
establezca mecanismos para compensar a las entidades territoriales por
eventuales afectaciones de sus ingresos, debido a dichas exenciones”.  (Subrayas
fuera del original)
101. Por lo
tanto, a partir de la sentencia en mención, se logró consolidar una forma de armonización
de los mandatos contenidos en los artículos 226 y 294 de la Carta, al favorecer
tanto el desarrollo de las relaciones internacionales, como la autonomía
financiera de las entidades territoriales. Sobre esa base, las
disposiciones relacionadas con exenciones a tributos se consideran ahora
acordes con la Carta Política, en los términos mencionados.
Se destaca,
además, que las exenciones recaen sobre artículos importados que no van a ser
vendidos en Colombia, salvo acuerdo previo, y sobre bienes y servicios
adquiridos por la Organización para su funcionamiento, por lo que se trata de
privilegios destinados a impulsar la labor de la OCDE y, en consecuencia,
cuentan con respaldo constitucional.
102. Con todo, revisado de manera
general el artículo 10 del acuerdo, debemos precisar que, tal y como se dijo
con anterioridad, la observación en materia de seguridad social del literal
(a), será analizada junto con otras normas relevantes y relacionadas, en la
parte final de esta providencia. Así las cosas, en lo que concierne a las demás
exenciones señaladas, debe concluir la Sala, que estas se encuentran acorde con
la doctrina constitucional relacionada con el reconocimiento de tales
privilegios a organismos internacionales[225] y con
la justificación de la compensación que corresponda a las entidades
territoriales ante las eventuales afectaciones a sus ingresos.
Comunicaciones
103.
En cuanto al tema de las comunicaciones establecido en el artículo 11[226]
se tiene que la norma le concede a la OCDE privilegios en materia de tarifas
e impuestos sobre correos, cables, telegramas, radiogramas, telefotos,
telefaxes, teléfono, comunicaciones electrónicas y otras comunicaciones y
tarifas de prensa para información escrita y de radio. Y además le concede el
derecho a usar códigos y a no ser censurada.
Para
la Corte estos privilegios son mecanismos adecuados y proporcionados para
asegurar la independencia de la OCDE, que encuentran sustento en el artículo 9º
superior,
además, de proteger su correspondencia y demás formas de comunicación (art. 15
superior).
Se trata de una disposición que busca también desarrollar la autonomía e
independencia de esa organización en esas áreas y que es similar a otras
cláusulas avaladas por esta Corporación en sentencias anteriores[227].
Las inmunidades personales de los representantes
104. Los artículos 13[228], 14[229],
15 y 16 consagran precisamente el centro de los diferentes privilegios e
inmunidades destinados a los representantes de los Miembros y participantes no
Miembros, a los agentes, al Secretario General de la Organización y Secretarios
Adjuntos[230] y
finalmente a los expertos que realicen misiones para la organización[231].
Estos artículos consagran privilegios e
inmunidades para distintas personas que tienen vínculos con la OCDE. En el
primer caso se trata de Miembros (Estados u Organizaciones), no Miembros,
agentes y expertos, en donde agente es el nombre genérico que se le da a los
beneficiarios según el artículo 1º del convenio. Las inmunidades son de arresto
y detención y no decomiso de equipaje, en todos los casos, así como inmunidades
y facilidades que se les conceden también a integrantes de grupos diplomáticos
y a sus familias (valijas, códigos, moneda o cambio, facilidades en
inmigración, etc.), o de importar libre de aranceles sus muebles y efectos
cuando asuman funciones por primera vez, o la inviolabilidad de documentos e
inmunidad de proceso legal, en lo que concierne a los actos relacionados con la
Organización.
105. Sobre los
distintos regímenes de privilegios e inmunidades que se plantean para cada
grupo propuesto, la Corte ha expresado que dichos tratamientos diferenciados “se
circunscriben esencialmente a los que resulten necesarios para el cumplimiento
de sus objetivos. Beneficios de los cuales habrán de gozar mientras desempeñen
sus funciones y después de la cesación en relación con el ejercicio de dichas
atribuciones.”[232]
Como
ya lo precisó previamente esta Corporación en esta providencia, estas
prerrogativas e inmunidades, que son las que se conceden en general en este
tipo de tratados internacionales, (i) no resultan en principio
contrarias a la Constitución, por ser las garantías indispensables para ejercer
las funciones que les corresponden[233]. (ii)
No se confieren en beneficio personal, sino que atienden al sujeto
internacional del cual emanan, por lo que se encuentran limitadas a los actos
que realicen estas personas, en el ejercicio de las funciones y cumplimiento de
sus fines. (iii) No quebrantan per sé el concepto de soberanía
nacional por lo ya explicado con anterioridad. (iv) Son constitucionales
siempre que se justifiquen para asegurar la igualdad y soberanía del organismo
de derecho internacional al que representan o pertenecen, como es el caso, con
la OCDE; (v) deben ser observadas desde la perspectiva de la inmunidad
restringida en el sentido de que, en principio, se trata de beneficios e
inmunidades de los que pueden gozar los funcionarios, mientras
desempeñen sus funciones y después de la cesación, pero en relación con el
ejercicio de dichas atribuciones, y (vi) están en la obligación de
renunciar a ellos cuando constituyan un obstáculo a la justicia, lo que atiende
al deber de cooperación con las autoridades del Estado y al respeto por las
leyes nacionales. Todas estas circunstancias dan cuenta de una inmunidad
restringida y, por lo tanto, no plena, que se acompasa con la jurisprudencia
constitucional, al amparar a Colombia como Estado libre y soberano, y habilitar,
en cualquier caso, la potestad para los afectados de obtener la protección del
Estado por cualquier daño antijurídico eventual que sufran con ocasión de estos
privilegios e inmunidades, como garantía de la defensa de los derechos
ciudadanos.
106.
Ahora bien, en sentencias anteriores[234]
esta Corte ya tuvo la oportunidad de examinar esas inmunidades personales que,
en términos generales, coinciden en los diversos tratados, y concluyó que se
ajustan a la Carta, pues constituyen instrumentos proporcionados para asegurar
la independencia de esas organizaciones internacionales. Así, en el caso
del CIADI, por ejemplo, la Corte afirmó que:
“Algunas de estas inmunidades y
privilegios (inmigración, registro de extranjeros, régimen cambiario y
facilidades de desplazamiento) están directamente relacionados con la
preservación de la integridad, autonomía e independencia del CIADI y sus
funcionarios en el ejercicio de sus funciones, lo cual se inscribe dentro del
principio de soberanía, independencia e igualdad de los organismos
internacionales, prohijado por el artículo 9° de la Carta, tal como antes se
anotó. Otras de las inmunidades (no prestación del servicio militar o
prestaciones análogas) se explican como quiera que, en tratándose de
extranjeros, éstos se encuentran excluidos de determinadas obligaciones cuya
ejecución sólo está reservada a los ciudadanos colombianos (C.P., artículos 95
y 216)”[235]
Una
precisión que es aplicable plenamente a la misma exención al servicio militar
contenida, por ejemplo, en el artículo 14 (e) del presente Acuerdo[236].
107.
En el caso de las inmunidades de los representantes de los Estados miembros y
los funcionarios del Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología, la Corte señaló:
“Los privilegios e inmunidades de los
representantes de los Miembros y de los funcionarios del Centro, se encuentran
consagradas en los numerales 5°, 6° y 7° del Estatuto que se analiza. Los
privilegios más importantes son los siguientes: inmunidad contra detención o
arresto personal, embargo de equipaje personal y toda forma de procedimiento
judicial; inviolabilidad de todo papel o documento; derecho de usar claves y
recibir documentos y correspondencia por estafeta y valija sellada; exención de
toda restricción de inmigración y registro de extranjeros; franquicias sobre
divisas extranjeras; exención de impuestos sobre sueldos y emolumentos; etc.
(…) A la luz de los principios de
derecho internacional reconocidos por los Estados miembros de la Organización
de las Naciones Unidas, y en particular del principio de buena fe que informa
las relaciones internacionales de derecho público, la disposición contemplada
en el numeral noveno no consagra una facultad discrecional del Centro de
colaborar con la justicia, sino un deber que no puede ser eludido so pena de
recaer en responsabilidad conforme al derecho internacional.
En las condiciones anotadas no encuentra
la Corte que las disposiciones contempladas en los numerales 5, 6, 7 y 9 del
artículo examinado contravengan las normas constitucionales. Por el contrario,
se trata del reconocimiento de principios internacionales aceptados por el
Estado colombiano que aplicados en condiciones de reciprocidad y con las
limitaciones señaladas se avienen a lo dispuesto en el artículo 9 de la Carta.” [237].
108.
La Corte consideró que los anteriores criterios eran plenamente aplicables al
tratado relacionado con la OPANAL[238], al
igual que en el caso de la Corte Penal Internacional[239], aunque en el segundo caso se hizo énfasis
adicional en la posibilidad de acudir ante el Estado:
“[Ante] el eventual desconocimiento del
derecho de acceso a la administración de justicia de los nacionales (art. 229
superior), por las prerrogativas otorgadas a la Corte Penal Internacional y al
personal, [recordando que] podrá obtenerse la reparación del Estado colombiano
al haber sido víctima la persona de un daño antijurídico (art. 90 de la
Constitución)”.
Una
circunstancia en la que se hará énfasis también en esta providencia, con sustento
en todas las precisiones hechas por la jurisprudencia y señaladas en los
fundamentos 76 a 79 del presente fallo.
Por
todo lo anterior y, por compartir las premisas arriba señaladas, la Corte
concluye que las inmunidades previstas por estos artículos se ajustan a la
Carta y serán declaradas exequibles.
109.
Ahora bien, en lo que respecta al artículo 14, numeral 1º, literal (b)[240], en lo que concierne a la expresión “los
agentes continuarán teniendo inmunidad después de que terminen sus funciones
como agentes de la organización”, la Corte considera que, aunque la
expresión a la que alude el artículo parece en principio amplia y puede dar a
entender que la prerrogativa puede extenderse indefinidamente para los
beneficiarios, la interpretación adecuada de la norma no puede suponer que de
lo que se trata aquí, es de la existencia de una inmunidad absoluta. Una interpretación
ajustada al entendimiento general de este tipo de expresiones exige comprender
que se trata de una inmunidad circunscrita a la materia y potestades
originalmente concedidas en favor del beneficiario.
De
este modo, la interpretación apropiada de la expresión anterior implica que la
inmunidad que se discute, tiene vigencia para los beneficiarios retirados de la
OCDE, “sólo con respecto a las palabras habladas o escritas y actos
realizados en su capacidad oficial o en el contexto de su empleo en la
Organización” mientras formaron parte de ese organismo internacional.  Lo
anterior, en la medida en que como ya se mencionó, una interpretación distinta
sería: (i) ajena plenamente a las convenciones clásicas en este tipo de
compromisos internacionales, ya que se trata generalmente de inmunidades
restringidas, y (ii) en últimas, una interpretación extensiva o abs afectaría
el objetivo mismo del Acuerdo, que es el de reconocer prerrogativas ligadas
exclusivamente al cumplimiento de los compromisos de la OCDE.
Estas razones y las anteriores, dan
cuenta de la constitucionalidad de las inmunidades evaluadas.
Obligaciones particulares del
Estado colombiano
110. Los artículos 7-2[241],
12[242], 17[243]
y 20[244] del
Acuerdo de la referencia consagran distintos compromisos del Estado colombiano
para asegurar que se cumplan las obligaciones pactadas. Estos
pactos son la expresión soberana del consentimiento del Estado para obligarse,
así como la expresión del principio de buena fe en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos y de la búsqueda de la cooperación internacional. Como
es evidente, no ofrecen ningún reparo constitucional.
Obligaciones de la OCDE. Límites a las
inmunidades
111. Los artículos 18[245]
y 19[246] del
acuerdo en mención, consagran compromisos también de la OCDE, que además
establecen límites importantes a los privilegios e inmunidades concedidos.
Como ya lo dijo esta Corporación con
anterioridad, dichos artículos son la expresión de la cooperación internacional
entre las partes y del reconocimiento y respeto por la legislación nacional, el
pacta sunt servanda y el principio de buena fe contractual. Fijan límites,
además, a los privilegios e inmunidades y consagran el deber de no abusar del
derecho y renunciar a la inmunidad de ser necesario, para no impedir el curso
de la justicia. Se trata entonces de cláusulas que se ajustan a la Carta, por
las razones ya expresadas de inmunidad restringida y de respeto por la
soberanía del Estado colombiano.
Solución de controversias y entrada en
vigor del instrumento
111. En el artículo 21 del Acuerdo
sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la OCDE, se fijan finalmente
los criterios de interpretación últimos del acuerdo, dirigidos a asegurar el
cumplimiento de las responsabilidades de la Organización.
El artículo 22 de la referida convención
prescribe que las diferencias surgidas en torno a la interpretación o
aplicación del acuerdo deben ser resueltas por vía diplomática, pero que
transcurridos tres meses siguientes a la fecha de notificación de la
diferencia, si no había acuerdo, lo serían por un tribunal de arbitraje.
Y el artículo 23 de la convención precisa los términos de entrada en vigor
del instrumento y señala que el Estado solicitante podrá pedir en cualquier
momento la terminación del convenio y que las partes interesadas se pondrán de
acuerdo para disponer su culminación.
En este sentido, la Corte no encuentra objeción
constitucional alguna sobre estas disposiciones, pues se trata de normas
clásicas para la puesta en ejecución del tratado y la solución de controversias
relacionadas con su interpretación y aplicación. El artículo
22 se
ajusta a la costumbre internacional de someter los conflictos entre los sujetos
del derecho internacional a una etapa previa de mutuo arreglo, luego de lo cual
se podría recurrir a organismos internacionales de solución de conflictos. De
hecho, en
lo atinente al arreglo de diferencias sobre la interpretación o aplicación del
Acuerdo, el artículo se ajusta a la Carta (art. 116), al pretender solucionar
por distintos medios alternativos las diferencias que pudieran presentarse
entre las partes. Una solución que armoniza también con
los principios reconocidos en el derecho internacional (CP art. 9º).
El artículo 23,
incluye las disposiciones que normalmente se insertan en los instrumentos
internacionales, con relación a la terminación del acuerdo; que en este caso se
puede dar en cualquier tiempo, luego de que el Estado se retire de la OCDE, y a
su ejecución. En ese sentido, la Corte no estima que en relación con estas
normas exista reparo alguno de constitucionalidad.
110.
Luego del análisis concreto a las disposiciones del acuerdo
sobre privilegios, inmunidades y facilidades para la OCDE, concluye la Corte
que se trata de normas que, conforme a lo previamente señalado, se encuentran
ajustadas a la Carta y, por ende, superan materialmente el análisis de
constitucionalidad. Sin embargo, existen algunas otras, -como se mencionó con
anterioridad-, que exigen una evaluación constitucional particular, porque a
juicio del Procurador General se separan de los artículos 48 y 49 de la Carta.
A continuación, la Sala analizará esa apreciación del Ministerio Público, no
sin antes revisar brevemente, el contenido igualmente material de la Ley
aprobatoria 1958 de 2019.
Control de constitucionalidad del
articulado de la Ley 1958 de 2019
111.
La Ley 1958 de 2019, “por medio de la cual se aprueba
el «Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y
Facilidades otorgados a la Organización”, suscrito en Punta Mita, México, el 20
de junio de 2014, no sólo transcribe el convenio
antes mencionado en su totalidad, sino que incluye 3 artículos adicionales al
final de la ley, que tienen que ver con la aprobación y vigencia del acuerdo en
mención.
En lo concerniente a la
trascripción del tratado, la Sala acoge las consideraciones enunciadas con
anterioridad, sobre la constitucionalidad general de su contenido, salvo en lo
que concierne a los artículos cuestionados por la Vista Fiscal, cuya
constitucionalidad material será examinada más adelante.
112. No obstante, en lo que
respecta a los preceptos posteriores de la ley relacionados con su aprobación y
vigencia, es pertinente resaltar que en el primero de ellos, consta
la aprobación del acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la OCDE por parte
del Congreso[247].
Se trata entonces de una norma que no ofrece objeción constitucional alguna,
puesto que se ajusta plenamente al artículo 150-16 de la
Constitución Política, que faculta al Congreso para “aprobar o improbar
los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de
derecho internacional”.
En el segundo de los
artículos en mención, se consagró la determinación de que la obligatoriedad de
lo pactado se dará a partir del perfeccionamiento del vínculo internacional[248]; y en el tercero, se establece
el señalamiento de que la vigencia de la ley se dará a partir de la fecha de su
publicación[249].
113.Estas normas
tampoco suscitan reparo, en la medida en que ambas
respetan lo
dispuesto en la jurisprudencia constitucional y en el derecho internacional
sobre el perfeccionamiento de las obligaciones internacionales y la vigencia de
la ley.
Sobre esa base, la Sala
no tiene mayor censura con respecto a la constitucionalidad de los artículos
enunciados de la Ley 1958 de 2019.
114. Pasa pues la Corte
a revisar los artículos que suscitan la preocupación de la Vista Fiscal.
La congruencia de las
cláusulas cuestionadas del Acuerdo, con los artículos 48 y 49 de la Carta
115. Para el Procurador
General de la Nación, algunos preceptos del acuerdo en observación,
relacionados con inmunidades en materia de seguridad social, resultan
contrarios a la Carta y deben ser objeto de una declaración interpretativa por
parte del Estado colombiano.
Las normas
correspondientes, -que no fueron evaluadas en el recuento anterior realizado
por la Sala, como se especificó en cada uno de los acápites anteriores, con el
objeto de adelantar un análisis particular pero conjunto de tales normas-, son
básicamente las siguientes, que aparecen subrayadas en los aspectos que la
Vista Fiscal considera contrarios a la Carta Política:
“Artículo
1
Para
efectos de este Acuerdo: (…)
(b)
‘cargos para efectos de pensión o seguridad social’
significa todos los cargos relacionados con cubrimiento pensional o de
seguridad social, bien sea o no que tales cargos se refieran al empleo de
agentes por parte de la Organización, e incluidos todos los cargos inherentes a
pensiones o beneficios de retiro, beneficios de desempleo, seguro de salud y
beneficios familiares; (…)
(h)
“agentes” significa las categorías de personal a las que se aplican las
disposiciones de este Acuerdo, según especificación por el Secretario General
de la Organización; (…)
Artículo 10
La
organización y sus bienes estarán exentos de:
(a)
cualquier forma de tributación directa, incluidos cargos para efectos de
pensión o seguridad social: sin embargo, la Organización no reclamará
exención de tarifas e impuestos que constituyan no más que el pago por
servicios públicos; (…)
Artículo 14
1.
Los agentes de la Organización: (…)
(c)
estarán exentos de toda forma de tributación directa, incluidos cargos para
efectos de pensión o seguridad social, sobre salarios, emolumentos,
indemnizaciones, pensiones u otro elemento de remuneración que les sean pagados
por la Organización; (…)”[250]. (Subrayas de la cita)
116. A juicio del
Procurador, los apartes enunciados de los artículos 1º literales (b) y (h), 10
literal (a) y el artículo 14 literal (c) son contrarios a los artículos 48 y 49
de la Carta, por desconocer las previsiones constitucionales en materia de
seguridad social. Para la Vista Fiscal estas normas no proporcionan claridad
sobre la situación de los nacionales colombianos o residentes permanentes en
Colombia que se vinculan laboralmente o mediante contrato de prestación de
servicios con la OCDE en territorio colombiano. Lo anterior, por cuanto sería
posible entender de las normas enunciadas, que tales cotizaciones forman parte
de los costos exentos pactados con la Organización, esto es que los colombianos
vinculados laboralmente a la OCDE no tendrían derecho a cotizar salud y
pensiones, teniendo en consideración, además, que el acuerdo no contempla
sistema alguno de seguridad social. En contraste, da cuenta de las
previsiones sobre protección a la seguridad social que se evidencian en el
Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional
analizado en la Sentencia C-1156 de 2008[251],
en el que sí se contemplan previsiones expresas sobre la protección a la
seguridad social[252].
117. Al respecto recuerda la Corte, que
la Seguridad Social en nuestro ordenamiento territorial es un derecho
fundamental protegido constitucionalmente. Los artículos 48 y 49 de la Carta
Política establecen que la seguridad social, por un lado, es un derecho
irrenunciable, y, por otro lado, es un servicio público, en donde el Estado es
el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.
La protección que la Carta le confiere
al derecho a la seguridad social, se complementa con lo dispuesto en el ámbito
internacional, pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen
el derecho de las personas a la seguridad social. Así, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional en la materia, el derecho a la seguridad social
es un derecho fundamental cuya efectividad se deriva,
“[D]e
(i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios
y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y
(iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio
de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la
seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a
través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho
fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i)
adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su
regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que
impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos
de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos
fundamentales”[253].
118. La Corte Constitucional en varios
fallos de tutela ha reconocido que existe también en materia laboral, una inmunidad
restringida en el caso de las prerrogativas pactadas en los acuerdos
internacionales de esta naturaleza, con el fin de proteger el derecho a la
seguridad social de personas vinculadas a organizaciones internacionales o
Misiones Diplomáticas.
En este sentido, la Sentencia T-667
de 2011[254],
por ejemplo, sobre esta realidad destacó lo siguiente:
“[D]e
manera progresiva, el derecho internacional ha reconocido que los Estados y los
organismos internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral, es
decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos
supranacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales “cuando se
encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y
residentes permanentes del territorio nacional (…).”; (ii) cuando un Estado
extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano, debe
someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la que
“un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del
contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales”; y (iii) la
celebración de contratos de trabajo con nacionales colombianos obliga a las
misiones diplomáticas y a los organismos supranacionales a asumir el riesgo de
vejez, “mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales
o incluso a otras entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo.”
Aunado a lo anterior, en la Sentencia T-932 de 2010[255], por ejemplo, la Corte Constitucional
ordenó que se restableciera el pago de la pensión a una nacional colombiana que
trabajó en el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Bucaramanga,
y en la Sentencia T-180 de 2012[256] esta
Corporación le concedió a su vez el amparo a una empleada de la Embajada de la
República Islámica de Irán, que no había sido afiliada al sistema de seguridad
social, y había sido despedida durante su embarazo[257].
En mérito de lo expuesto, es necesario
asegurar para los nacionales colombianos y personas residentes en el país,
acorde con la Constitución, que se protejan los derechos enunciados, por demás
irrenunciables.
119. Ahora bien, en consideración a lo
anterior, para la Sala es necesario revisar con detenimiento los artículos 1º
literales (b) y (h), 10 literal (a) y el artículo 14 literal (c) cuestionados
por el Procurador.
Así, dos posibles interpretaciones surgen
de tales disposiciones vistas como un conjunto normativo. La primera de ellas aludiría
a que la Organización estaría exonerada de cumplir con las obligaciones que le competen
en materia de seguridad social, únicamente respecto de los agentes, que son las
categorías de personal a la que aplica el Acuerdo según el artículo 1º del
mismo, y que corresponden a: (i) los representantes de los Miembros
(representantes de Países Miembros u otras entidades que participen en el
trabajo de la Organización) y participantes de no Miembros (representantes de
países no miembros, economías u organizaciones internacionales que no son
miembros); (ii) los agentes de la Organización y  (iii) los
expertos que realicen misiones para la organización o que sean invitados a
participar en alguna reunión.
Esta primera interpretación entiende que
las normas anteriores limitan la inmunidad a cierto tipo de personal, que corresponde
al expresamente mencionado por el Acuerdo. Por lo que de manera expresa se
excluye del tratamiento exceptuado, al resto de personas que no estén previstas
allí, quienes se regirían por las reglas generales en materia laboral no
cobijadas por las normas exceptuadas.
Una segunda interpretación, que es la
que realiza el Procurador General sostendría que como el artículo 1º literal
(b), dispone que puede tratarse o no de agentes en materia de “cargos
para efectos de pensión o seguridad social”, ello habilitaría
la extensión de la exención o prerrogativa, a todo tipo de personal vinculado a
la OCDE, incluyendo eventualmente a los nacionales colombianos o los residentes
en Colombia vinculados por contrato de trabajo o prestación de servicios con la
institución, si dicha organización se radicara en nuestro país o abriera una
oficina en el país.
120. Para la Corte Constitucional, sin
embargo, la primera de las interpretaciones es la que resulta acorde con las
disposiciones del tratado y con el objetivo general del instrumento
internacional, en la medida en que se trata de inmunidades restringidas y
dirigidas en concreto a los agentes, a los representantes de los Miembros,
a los participantes no Miembros de la OCDE y a los expertos en misión de esa
organización, y no al personal vinculado laboralmente por la Organización en el
territorio nacional, conforme al entendimiento general de este tipo de cláusulas.
En este sentido, se trata de
prerrogativas dirigidas en particular a las personas pertenecientes a
organizaciones internacionales o Estados que son parte o no de la OCDE, quienes
en materia de seguridad social se regirán, como es lógico, por lo previsto por
los Estados a los que pertenecen. En el caso de los agentes de la Organización,
la inmunidad planteada se encuentra también justificada, en el sentido de que recae
en quienes tienen a su cargo el ejercicio de las atribuciones concretas de ese
organismo a nivel internacional, y quienes deben asegurar paralelamente la
neutralidad e independencia que se espera de una institución de ese nivel.
Por lo tanto, la preocupación del
Procurador General sobre la presunta omisión de garantizar la seguridad social
en los vínculos laborales del personal adicional de la OCDE y en particular de
los nacionales colombianos o residentes en Colombia que puedan eventualmente
ser contratados laboralmente por la entidad, -si ésta llega a ubicarse en el
territorio nacional-, es hasta cierto punto injustificada. Lo anterior, con
fundamento en dos precisiones concretas: (i) en primer lugar, como hemos
visto, los artículos cuestionados por el Procurador se refieren de manera
directa a quienes son agentes de la OCDE y no al personal vinculado en el
territorio por la Organización, conforme al entendimiento general de estas
cláusulas. Por lo tanto, no es cierto que las normas cuestionadas incluyan
inmunidades que afecten directamente a nacionales o residentes vinculados en la
sede de la Organización en nuestro territorio, ya que, siguiendo los
lineamientos diplomáticos tradicionales, el personal cobijado por la inmunidad
es el expresamente señalado en el Acuerdo y lo demás, están excluidos de la prerrogativa
indicada.
121. En segundo lugar, (ii) al
atender lo previsto bajo los lineamientos del artículo 33 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, -que es la guía general en lo que
concierne a este tipo de acuerdos-, debe entenderse que tales inmunidades no
aplican en realidad a quienes sean vinculados en el territorio nacional bajo la
legislación nacional colombiana[258].  Al
respecto, el artículo 33 de esa Convención reza precisamente lo siguiente:
“Artículo
33. 1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el
agente diplomático estará, en cuanto a los servicios prestados al Estado
acreditante, exento de las disposiciones sobre seguridad social que estén
vigentes en el Estado receptor.
2.
La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará también a los
criados particulares que se hallen al servicio exclusivo del agente
diplomático, a condición de que:
a.
no sean nacionales del Estado receptor o no tengan en él residencia
permanente; y
b.
estén protegidos por las disposiciones sobre seguridad social que estén
vigentes en el Estado acreditante o en un tercer Estado.
3.
El agente diplomático que emplee a personas a quienes no se aplique la
exención prevista en el párrafo 2 de este artículo, habrá de cumplir las
obligaciones que las disposiciones sobre seguridad social del Estado receptor
impongan a los empleadores.
4.
La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este Artículo no impedirá la
participación voluntaria en el régimen de seguridad social del Estado receptor,
a condición de que tal participación esté permitida por ese Estado.
5.
Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio de los acuerdos
bilaterales o multilaterales sobre seguridad social ya concertados y no
impedirán que se concierten en lo sucesivo acuerdos de esa índole”. (Subrayas y
negritas fuera del original).
En consideración a lo anterior, -que
tiende a ser costumbre internacional en estas materias-, la interpretación
realizada por el Procurador General no puede ser percibida como el entendimiento
real de estas cláusulas, en la medida en que esa comprensión es ajena a la
práctica internacional habitual en estas áreas. Así, al seguir las directrices
que existen en estos temas en materia diplomática, no se considera posible en
principio, extender las inmunidades en materia de seguridad social a los
nacionales colombianos o a los residentes en Colombia que se vinculen
laboralmente a la OCDE, en el evento en que se establezca esa organización en
nuestro país.
Con todo, independientemente de que este
sea el entendimiento correcto y existente de las cláusulas en mención, recuerda
en todo caso la Sala que tales privilegios e inmunidades no exoneran al Estado de
su responsabilidad de asegurar para los nacionales colombianos, una reparación
patrimonial en caso de un daño antijurídico causado por los beneficiarios del
instrumento internacional, o del deber eventual de responder por el
cumplimiento de las obligaciones laborales para con ellos, de conformidad con
la legislación laboral colombiana. Una consideración que se ciñe a la línea
jurisprudencial en la materia tantas veces destacada.
122. Así las cosas, superadas las dudas
que se derivan de la interpretación de las reglas previamente expuestas, la
Corte Constitucional declarará exequibles igualmente estas disposiciones, por
las razones expuestas.
Síntesis de la
decisión
123.
A la Corte Constitucional le correspondió evaluar el "Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la
Organización" suscrito
en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014, y la Ley 1958 de 2019,
aprobatoria de ese instrumento internacional.
El acuerdo
descrito reconoce privilegios, inmunidades y facilidades a la OCDE en el
territorio nacional y le concede a esa organización internacional y a sus
agentes, las prerrogativas necesarias para asegurar que su labor sea eficiente,
independiente y neutral, en los mismos términos que se hace en general con las
misiones diplomáticas que visitan el país.
124. En relación
con el análisis formal, la Corte concluyó, de una parte, que el Estado
colombiano estuvo válidamente representado durante el proceso de negociación,
celebración y suscripción del Acuerdo, y de otra, que se observaron las reglas
propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto
de análisis.
Asimismo,
revisado el contenido material de las disposiciones del "Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización"
y de la Ley 1958 de 2019, la Corte encontró que dicho contenido se adecúa a los
postulados constitucionales.
En lo que respecta al control material
de la Ley 1958 de 2019, la Corte evaluó igualmente sus tres artículos adicionales
y estimó que se encontraban ajustados a los lineamientos de la Carta conforme
a lo dispuesto
en la jurisprudencia constitucional y en el derecho internacional sobre el
perfeccionamiento de las obligaciones internacionales y la vigencia de la ley.
En
cuanto  a  los artículos  1º  literales (b) y (h), 10 literal (a) y el artículo
14 literal (c) en sus enunciaciones ligadas a la  seguridad social, que en su  momento
fueron controvertidas por el Procurador, la Corte hizo énfasis en
que tales privilegios e inmunidades se refieren de manera directa a quienes
son agentes de la OCDE y no al personal vinculado laboralmente en el  territorio
por la Organización, conforme al entendimiento general de esas cláusulas; y
además, en que al atender lo previsto en el artículo 33 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, -que es la guía general en lo que
concierne a este tipo de acuerdos-,  tales  inmunidades  no aplican a quienes
sean vinculados en  el territorio  nacional, bajo la legislación laboral
colombiana.
No obstante, la
Sala hizo énfasis en que tales privilegios e inmunidades, no exoneran al Estado
de su responsabilidad de asegurar para los nacionales colombianos, una reparación
patrimonial en caso de un daño antijurídico causado por los beneficiarios del
instrumento  internacional, o del deber eventual de responder por el
cumplimiento de las obligaciones laborales para con ellos, de conformidad con
la legislación laboral colombiana.
Bajo ese
supuesto, la
Corte se separó  de  la interpretación  propuesta por la Vista Fiscal con
respecto a tales normas y encontró que las disposiciones acusadas se ajustaban
a la Carta.
En consideración
a lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad del "Acuerdo entre
la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la
Organización" y de su ley aprobatoria.
Así las cosas,
la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que tanto el Acuerdo, como
su ley aprobatoria, son plenamente respetuosos de las disposiciones
constitucionales colombianas.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE
el "Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades
otorgados a la Organización, suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de
2014”.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE
la Ley
1958 de 2019 “Por medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo entre la República
de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización´,
suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014”.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Presidente
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Cuaderno No 1,
folio 148
[2] Sentencia C-859 de 2007 (M.P.
Mauricio González Cuervo).
[3] Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho. Cuaderno 1, folio 171.
[4] Ibídem.
[5] Intervención de la
Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 1, folio 192.
[6] Ibídem.
[7] Cfr. Sentencia
C-252 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
[8] Sentencia C-863
de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-172 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Treviño) y C-276 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[9] Como director de las relaciones
internacionales, también puede abstenerse de hacerlo. Sentencia C-170 de 1995
(M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[10] La falta de
cumplimiento de las formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico de
cada Estado para que se pueda expresar su voluntad de obligarse en el ámbito
internacional constituye un vicio del consentimiento, susceptible de ser
alegado a través de la nulidad del tratado, tal como lo prevé el artículo 46 de
la Convención de Viena.
[11]
Corte Constitucional, sentencias C-576 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; SV Jaime Araujo Rentería), C-267 de 2014 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla); C-332 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV María Victoria
Calle Correa; AV Luis Ernesto Vargas Silva) y C-224 de 2019 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; AV Carlos Bernal Pulido), entre otras.
[12] Sentencia C-269
de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[13] Cfr. Sentencia C-267 de 2014 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[14] Cfr. Sentencia C-863 de 2006 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[15] Nótese que el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003, adicionó un último inciso al artículo 160 superior, que
hace necesario que, en la actualidad, se anuncie previamente que un proyecto de
ley será sometido a votación, en sesión distinta a aquella en la que se
realizará la votación.
[16] El Art. 150 de la
C.P. señala que: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones: 16. Aprobar o improbar los tratados que
el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional.
(…)”. Ver la sentencia C-781 de 2004 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa) y la C-227 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[17] El artículo 217 de la Ley 5ª de 1992 reza al respecto lo siguiente:
“Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de
reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. //El texto de los
Tratados no puede ser objeto de enmienda. //Las propuestas de reserva sólo
podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o
cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento,
seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo
ordinario. //Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de
conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe
accederse o no a la autorización solicitada”. (La negrilla fuera del original).
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-267 de 2014 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla)
[18] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C-446 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[19] El artículo 1º superior define al
Estado colombiano como democrático, participativo, y pluralista.
[20]
El
artículo 7º de la Carta señala que el Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural.
[21] El artículo 8º constitucional
indica que es obligación del Estado y de todas las personas proteger las
riquezas culturales de la Nación
[22] El artículo 70 de la Carta
Política señala que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de
la nacionalidad.
[23] El artículo 72 de la Constitución
señala la obligación del Estado de proteger el patrimonio cultural.
[24] Ley 21 de 1991.
[25]
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[26] Corte
Constitucional. Sentencia C-163 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica; AV Gloria
Ortiz Delgado).
[27] Corte Constitucional.
Sentencia C-030 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[28] Estos criterios
fueron reiterados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia
C-057 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[29] MP Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[30] Sentencia C-214
de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[31] Ibidem
[32] Fungen entonces
como parámetro de constitucionalidad los tratados internacionales ratificados
por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación
en los estados de excepción (art. 93 superior). Cfr. sentencias C-774 de 2001,
C-200 de 2002, C-028 de 2006, C-608 de 2010 y C-252 de 2019, entre otras.
[33] El artículo 19
de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado
podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté
prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden
hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se
trata (...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas. Por
ejemplo, ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como
la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las
convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y
Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones
únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de
1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de
la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter
vago.). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas
finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados
(Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986). Cfr. Sentencia
C-267
de 2014 (MP Nilson Pinilla Pinilla)
[34] Conforme a los
artículos 150-16 y 189-2 de la Constitución. Al respecto, Cfr. Sentencia C-178
de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil);
C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-446 de 2009 (M.P. Mauricio
González Cuervo), C- 620 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre
otras.
[35] Sentencia C-039
de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[36] Estos argumentos fueron
identificados y sintetizados, en su momento, por la Sentencia C-252 de 2019
(M.P. Carlos Bernal Pulido), que estudió la constitucionalidad del Acuerdo para
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con la República Francesa.
[37] Sentencia C-446
de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[38]
Sentencias C-446 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo), C-031 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto) y C-620 de
2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[39]
Sentencia C-178 de 1995 (M.P Fabio Morón Díaz), C-231 de 1997
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[40] Ibidem.
[41] Cfr. Sentencia C-347 de 2019
(M.P. Cristina Pardo Schelesinger). En la sentencia C-369 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett) se señaló: “entra la Corte a estudiar esas
disposiciones, precisando que esta Corporación centrará su examen en el
contenido general de las obligaciones asumidas por Colombia y sólo estudiará
aspectos técnicos si ellos tienen una implicación constitucional clara”.
[42] Sentencia C-620
de 2015. (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[43] Sentencia
C-335 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que declaró exequible el
Acuerdo Comercial entre Colombia y El Perú, por una parte, y la Unión Europea y
sus Estados Miembros, por otra, firmado en Bruselas, el 26 de junio de 2012,
junto con su ley aprobatoria 1669 de 2013. Cfr. Sentencia C-051 de 2012 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva).
[44]
Cfr. Sentencia C-252 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido. SV. Alejandro Linares
Cantillo y Alberto Rojas Ríos; SPV Diana Fajardo; A.V. Carlos Bernal Pulido).
[45] M.P. Carlos
Bernal Pulido.
[46] Sentencia C-252 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
[47] Sentencia C-569
de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), citada en la Sentencia C-252 de 2019 (M.P.
Carlos Bernal Pulido).
[48] M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[49] En efecto,
mientras que la Sentencia C-252 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido) analizó la
constitucionalidad de un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (APPRI), en la Sentencia C-254 de 2019 (M.P. José Fernando Reyes
Cuartas) se estudió la conformidad de un tratado de libre comercio (TLC) con la
Carta.
[50] M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
[51] Sentencia C-347
de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger). En dicha providencia, la Corte
Constitucional efectuó el control previo de constitucionalidad sobre el Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico.
[52] Sentencias C-275 de 2019, (M.P. Diana Fajardo Rivera); C-381 de
2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera); C-440 de 2019 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger); C-491 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido); y C-494 de 2019 (M.P.
Carlos Bernal Pulido). Concretamente, en las dos últimas decisiones citadas, el
Magistrado Ponente aclaró su voto por considerar que “la Corte
Constitucional debió continuar la línea jurisprudencial establecida en la
Sentencia C-252 de 2019 para ejercer el control material e integral del
Convenio sub examine, mediante un test de razonabilidad e idoneidad”.
[53]
M.P. José Fernando Reyes Cuartas. En esta decisión, la Corte
declaró la exequibilidad del Acuerdo sobre los términos
de la adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y de la Convención de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
[54] Dijo la Sentencia: “Partiendo de la naturaleza abstracta y
objetiva del juicio a realizar, ha sostenido este Tribunal que en algunas
oportunidades no es posible avizorar todas y cada una de las consecuencias que
se generan por la aprobación de los convenios y acuerdos económicos y
comerciales celebrados, por lo que será hasta el momento del desarrollo o
ejecución de tales instrumentos internacionales, en que podrán los ciudadanos a
través de las acciones constitucionales y legales, por los mecanismos
establecidos y ante las autoridades administrativas o judiciales respectivas,
resolver las posibles dificultades o litis que se generen”.
[55]
Ver Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 2016,
celebrado con Costa Rica (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)  y
C-154 de 2019
[56]
Sentencia C-492 de 2019, pág. 21.
[57] Sentencias C-254 de 2019 (M.P. José Fernando
Reyes Cuartas), C-051 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-941 de 2010
(Estados AELC) (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y C-031 de 2009 (Chile) (M.P.
Humberto Sierra Porto).
[58]
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[59]
Copia auténtica del Acuerdo de la referencia suscrito por el entonces
Presidente, Juan Manuel Santos. Cuaderno No 1, folio
7.
[60]
Cuaderno No 1, folio 89.
[61]
Cuaderno No 1, folios 14.
[62] Art. 154: (…) “Los proyectos
de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de
Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.
[63] Este requisito se reitera en el artículo
143 de la Ley 5ª de 1992.
[64]
Folio 13.
[65] En forma similar, el artículo
147, numeral 1º de la Ley 5ª de 1992 señala que “ningún proyecto será ley
sin el lleno de los requisitos o condiciones siguientes: 1. Haber sido
publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión
respectiva”.
[66] Gaceta del Congreso No. 805 del
19 de septiembre de 2017, pág. 16. CD No 1.
[67]
Gaceta del Congreso No. 202 del 2 de mayo de 2018, pág. 20.
[68] Artículo 157.
Iniciación del Debate. “La iniciación del primer debate no
tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo. (…)”
[69]
CD No 1.
[70] Gaceta No.
466 del 21 de junio de 2018
[71] Cfr. Sentencia
C-011 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao).
[72] Ibídem.
[73]
Ver,
Gaceta del Congreso No. 466 del 21 de junio de 2018, pág. 7. Cuaderno 1, folios
70 a 73.
[74] Mediante
certificación del Dr. Diego Alejandro González González, Secretario General de
la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, el Proyecto del Ley
126/17 Senado, fue efectivamente aprobado en la Sesión Ordinaria de la Comisión
Segunda, el 30 de mayo de 2018, según consta en el Acta 26 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No 466 del 21 de junio de 2018. Cuaderno 1,
folio 68.
[75]
Ver, Acta No 26 del 30 de mayo. Gaceta del Congreso No. 466 del 21 de junio de
2018, pág. 8. A Cuaderno 1, folio 74.
[76]
En la sentencia C-087 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt) esta Corporación
señaló en materia de quorum deliberatorio y decisorio lo siguiente: “Es esencial para la aprobación de cualquier ley de la
República el cumplimiento del quórum y de las mayorías exigidas por la
Constitución Política. En virtud de lo anterior, la Constitución consagra dos
(2) tipos de quórum: (i) El quórum deliberatorio es el número mínimo de
miembros de la respectiva comisión o cámara que deben hallarse presentes en el
recinto para que la unidad legislativa de que se trata pueda entrar válidamente
a discutir sobre los temas objeto de su atención. Esta modalidad de quórum está
definida por el artículo 145 de la Constitución, así:  "El Congreso
pleno, las cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con
menos de una cuarta parte de sus miembros". La existencia del quórum deliberatorio
no permite per sé que los presentes adopten decisión alguna. Por tanto, no
puede haber votación, aunque se tenga este tipo de quórum, si no ha sido
establecido con certidumbre el quórum decisorio. (ii) El quórum decisorio lo
establece el mismo artículo 145: "las decisiones sólo podrán tomarse con
la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación,
salvo que la Constitución determine un quórum diferente".  El
quórum decisorio es, pues, la mitad más uno de los miembros de la
corporación, salvo el caso previsto en el numeral 17 del artículo 150
(concesión de amnistía o indulto generales por delitos políticos), en el cual
se exige la presencia de las dos terceras partes de sus integrantes. De esta
manera, únicamente se puede entrar a adoptar decisiones cuando desde el
principio ha sido establecido y certificado con claridad el quórum decisorio”.
[77]
Artículo 117, numeral 1º de la Ley 5ª de 1992.
[78]
Gaceta No. 466 del 21 de junio de 2018, pág. 8,
cuaderno No 1, folio 73.
[79] Gaceta No.
466 del 21 de junio de 2018
[80] Gaceta del Congreso No 466, pág.
13. Cuaderno 1, folio, 76
[81] Certificación del Dr. Diego Alejandro González González, Secretario General Comisión
Segunda Senado. Cuaderno 1, folios 68 y 69.
[82]
La designación del ponente consta en la Gaceta del Congreso No 466 de 2018,
pág. 13. Folio 76. En correspondencia con lo anterior, la ponencia para Segundo
Debate Senado fue publicada efectivamente en la Gaceta No 415 del 13 de junio
de 2018. No obstante, por cambio de legislatura se reasignó la ponencia a la
Dra. Ana Paola Agudelo.
[83] Lo anterior consta en la Gaceta
No 651 del 5 de septiembre de 2018, pág.  24.
[84] Gaceta del Congreso No. 489 del
10 de junio de 2019, pág. 19.
[85]
Acta número 26 publicada en la Gaceta del Congreso No. 490 del
10 de junio de 2019, pág. 17.
[86]
Acta número 26 publicada en la Gaceta
del Congreso No. 490 del 10 de junio de 2019, pág. 44.
[87]
Gaceta del Congreso No. 490 del 10 de junio de 2019, pág. 2.
Según certificación presentada a esta Corporación por Gregorio Eljach Pacheco,
Secretario General del Senado de la República, el quorum de la sesión
plenaria indicada, inició con el siguiente número de Senadores: “Presentes,
99 y No presentes con escusa, 07, para un total de 106 Senadores”.
[88]
Gaceta del Congreso No. 490 del 10 de junio de 2019, pág. 45.
[89]
Gaceta del Congreso No. 490 del 10 de junio de 2019, pág. 45.
[90] Certificación proferida
por el Dr. Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado de la
República, Folio No 95.
[91] El artículo 168 de la Ley 5ª de
1992 reitera este requisito.
[92] Gaceta del Congreso No. 466 del
21 de junio de 2018.
[93]
Gaceta del Congreso No. 490 del 10 de junio de 2019.
[94] De conformidad
con la certificación presentada por el Dr. Jorge Humberto Mantilla Serrano,
Secretario General de la Cámara de Representantes, folio 119.
[95] Gaceta del Congreso No 1147 del
18 de diciembre de 2018, pág. 2.
[96]
Copia de Oficio de la Secretaría de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes en donde se efectúa la designación de los ponentes,
presentada de manera adjunta a otras certificaciones, por el Dr. Jorge Humberto
Mantilla Serrano, Secretario General de la Cámara de Representantes; folio 121.
[97] Gaceta del Congreso No 1147 del
18 de diciembre de 2018, pág. 2.
[98] Art. 157. “La iniciación del
primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo”.
[99]
Folio 100
[100] Gaceta del
Congreso No. 425 del 29 de mayo de 2019, folio 100.
[101] Gaceta No 425 del 29 de mayo de 2019, Acta No 14, Página 9. Cuaderno
1, folio No 111.
[102]
Ibidem.
[103] “El voto de sus miembros será
nominal y público, excepto en los casos que determine la ley”.
[104] Art. 157-2 C.P: “Ningún
proyecto será ley sin los requisitos siguientes:// 2. Haber sido aprobado
en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El
reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se
surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras”.
[105] Art. 130 de la Ley 5ª de 1992. “Como
regla general, las votaciones serán nominales y públicas, con las excepciones
que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen o adicionen”.
[106] Gaceta del
Congreso No. 425 del 29 de mayo de 2019
[107] Certificación proferida por la
Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes, Dra. Olga Lucía Grajales Grajales, Folios 100 y
101. En ella se confirma que el informe de ponencia fue aprobado en votación
nominal y pública con once (11) votos por el SI y un voto por el NO, para un
total de 12 votos. La lectura de los artículos fue aprobada por votación
nominal y pública con diez (10) votos por el SI y un (1) voto por el NO para un
total de once (11) votos.  El Título del proyecto y la pregunta de si se quiere
que el proyecto sea ley, se sometió a consideración y se aprobó en votación
nominal y pública, con anotación de Aprobado, con diez (10) votos por el SI y un
voto por el NO, para un total de once (11) votos. Cuaderno No 1, folio 100 a
102.
[108] Gaceta del
Congreso No. 225 del 11 de abril de 2019, pág. 7.
[109]
Lo anterior fue confirmado en certificación expedida por el
Secretario General de la Cámara de Representantes, Jorge Humberto Mantilla
Serrano. Cuaderno No 1, folio 91.
[110] Gaceta del Congreso No. 751 del
14 de agosto de 2019, pág. 61.
[111] Gaceta No. 959
del 1º de octubre del 2019. Pág. 1 en adelante.
[112]
Certificación indicada. Cuaderno No 1, folio 92.
[113]
Por el: SI: 115 votos; NO: 15 votos” Certificación
proferida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, Dr. Jorge
Humberto Mantilla Serrano. Cuaderno No 1, folio 92.
[114] Certificado del
Secretario General de la Cámara de Representantes, el Dr. Jorge Humberto
Mantilla Serrano. Cuaderno No 1, folio 92.
[115]
Al respecto, la Corte Constitucional destacó en la Sentencia
C-047 de 2017 (M.P. Luis Ernesto Vargas Sila), la importancia y el alcance,
precisamente, del Informe de Ponencia, recordando que: “[d]e acuerdo con el
artículo 160 de la Constitución Política, todo proyecto de ley o de acto
legislativo deberá contener un informe de ponencia tanto en las comisiones como
en las Plenarias, pero en éstas últimas dicho informe debe consignar la totalidad
de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que
determinaron su rechazo. Justamente, la función que cumple el informe de
ponencia es permitir que los miembros del pleno de cada célula legislativa
conozcan el tema global del proyecto de ley, de tal forma que se realicen un
examen serio, razonado y detallado del asunto que se somete al trámite
legislativo. Es entonces el informe de ponencia un elemento importante en la
formación de la voluntad de las Cámaras porque garantiza un debate abierto y
democrático del proyecto de ley, fundado en el conocimiento que habilite la
toma de decisiones con racionalidad mínima”.
[116] Página No 12 de
la Gaceta.
[117] El
artículo 168 de la Ley 5ª de 1992 reitera este requisito.
[118]
El artículo 183 de la Ley 5ª de 1992 reitera este requisito.
[119] Tal prohibición es reiterada en
el artículo 190 de la Ley 5ª de 1992.
[120] Cuaderno 1,
folio 33.
[121]
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
History. Disponible en: https://www.oecd.org/about/history/
[122] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Organisation for European Economic Co-operation. Disponible en: http://www.oecd.org/general/organisationforeuropeaneconomicco-operation.htm
[123] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Quiénes somos. Disponible en: https://www.oecd.org/acerca/
[124] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Estructura. Disponible en: http://www.oecd.org/acerca/estructura/
[125] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Partnerships in OECD bodies. Disponible en: http://www.oecd.org/global-relations/partnershipsinoecdbodies/#d.en.194382
[126]
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[127]
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[128]Artículo
2 “El propósito del presente Acuerdo es establecer un marco general de
privilegios e inmunidades para la Organización, según sean necesarios para el
cumplimiento de su misión, en particular con respecto a: (a) la cooperación
entre la Organización y la República de Colombia, incluida visitas de agentes y
expertos, (b) la Organización de conferencias o reuniones en la República de
Colombia y cualquier otro acuerdo futuro que se pueda celebrar entre la
Organización y la República de Colombia para tal efecto; y (c) cualquier futuro
establecimiento de una oficina de la Organización en la República de Colombia”.
[129] De conformidad con
el numeral 2 de este artículo, la inmunidad respecto de las expresiones y actos
que, en ejercicio de sus funciones, realicen los representantes de países
Miembros y participantes no Miembros, se mantendrá, aunque tales personas hayan
cesado en sus labores.
[130] En virtud del
numeral 2 de este artículo, tal disposición no resulta aplicable para los
agentes de la OCDE que sean nacionales.
[131] La citada norma
también se refiere a los familiares del Secretario General y los Secretarios
Generales Adjuntos y Asistentes, quienes gozarán de las prerrogativas que se
conceden a los miembros de la familia de los jefes de misiones o agentes
diplomáticos de rango similar, según sea el caso.
[132] Los efectos de
dicha notificación únicamente se surtirán a partir del año siguiente al momento
en el que la otra Parte reciba la comunicación.
[133] Fundamento
de las relaciones exteriores del Estado: soberanía nacional, el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia.
[134] El
Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional.
[135] El Estado promoverá la integración económica, social y política
con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del
Caribe mediante la celebración de tratados que, sobre bases de equidad,
igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para
conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer
elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento
Latinoamericano.
[136]Sentencia C-269 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[137] Sentencia
C-137 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[138]
Sentencia C-883 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[139]
Como ejemplo del reconocimiento de esta costumbre internacional se suele citar
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso Schooner
Exchange v. M´Faddon de 1812, en la cual la Corte afirmó que carecía de
jurisdicción a nivel nacional, en virtud de costumbre internacional o de la
regla de inmunidad de jurisdicción sobre las personas y bienes de otros Estados
soberanos. Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/116/
[140] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[141]Este
artículo dispone lo siguiente: “1. El agente diplomático gozará de inmunidad
de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad su
jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata: a) de una acción real
sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado
receptor, a menos que el agente diplomático lo posea por cuenta del Estado
acreditante para los fines de la misión; b) de una acción sucesoria en la que
el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado
acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario;
c) de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida
por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones
oficiales. // 2. El agente diplomático no está obligado a testificar. // 3. El
agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en
los casos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1 de este artículo y
con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su
residencia. // 4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el
Estado receptor no lo exime de la jurisdicción del Estado acreditante”.
[142] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[143] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[144]
Dicho artículo dispone: “Artículo 31. // 1. El agente
diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor.
Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto
si se trata:  a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares
radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente
diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la
misión; //b. de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a
título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor
testamentario, administrador, heredero o legatario; // c. de una acción
referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente
diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.  //2. El
agente diplomático no está obligado a testificar. //3. El agente diplomático no
podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos
en los incisos a, b y c del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no
sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.  //4.
La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no
le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”.
[145] A su
turno, este artículo establece: “Artículo 32. // 1. El Estado
acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes
diplomáticos y de las personas que gocen de inmunidad conforme al Artículo 37.
// 2. La renuncia ha de ser siempre expresa. // 3. Si un agente diplomático o
una persona que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 37
entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de
jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la
demanda principal.  //4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto
de las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña
renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será
necesaria una nueva renuncia”.
[146] Así, indica el
mencionado artículo: “Artículo 33. // 1. Sin perjuicio de las
disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el agente diplomático estará, en
cuanto a los servicios prestados al Estado acreditante, exento de las
disposiciones sobre seguridad social que estén vigentes en el Estado receptor. //
2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará también
a los criados particulares que se hallen al servicio exclusivo del agente
diplomático, a condición de que: a. no sean nacionales del Estado receptor o no
tengan en él residencia permanente; y b. estén protegidos por las disposiciones
sobre seguridad social que estén vigentes en el Estado acreditante o en un
tercer Estado. // 3. El agente diplomático que emplee a personas a
quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este artículo,
habrá de cumplir las obligaciones que las disposiciones sobre seguridad social
del Estado receptor impongan a los empleadores.
4.
La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este Artículo no impedirá la
participación voluntaria en el régimen de seguridad social del Estado receptor,
a condición de que tal participación esté permitida por ese Estado. // 5. Las
disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio de los acuerdos
bilaterales o multilaterales sobre seguridad social ya concertados y no
impedirán que se concierten en lo sucesivo acuerdos de esa índole”.
[147] La Convención de Viena sobre las relaciones Consulares de 1963, Ley
17 de 1971, también consagra una serie de inmunidades particulares, para el
caso de los cónsules, que resulta distinta en algunos aspectos a las de los
diplomáticos.
[148]  Cfr. Sentencia C-1156 de 2008 (M.P.  Clara Inés Vargas).
[149] M.P.
Rodrigo Escobar Gil. En esta sentencia la Corte negó la tutela presentada por
un ciudadano a quien el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo le
terminó un contrato de prestación de servicios que tenía con él, con fundamento
en una “conducta indebida”. El ciudadano presentó petición ante este
organismo para solicitar que se le informara por qué había incurrido en “conducta
indebida”. Esa petición nunca fue contestada, por lo que se acudió a la
acción de tutela.
[150] Ver entre otras las siguientes sentencias: C-189 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-859 de 2007 (M.P.
Mauricio González Cuervo), C-276 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-176 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis);
C-863 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-820
de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-557 de 2004 (M.P. Álvaro Araujo
Rentería); C-315 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); C-254 de 2003 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1034 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda), C-287 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); C-1333 de 2000 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero); C-137 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz);
C-354 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), C-203 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández)
y C-563 de 199 (M.P. Fabio Morón), entre otras.
[151] Ver
entre otras la sentencia Corte Constitucional. C-254 de 2003. (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra). Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica’
[152] Ver entre otras la sentencia Corte Constitucional. C-1156 de 2008. (M.P. Clara Inés Vargas).
[153] Sentencia C-137 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[154] Sentencia C-1034
de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda).
[155] Sentencia
C-534 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[156] Sentencia C-1156 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas).
[157] Sentencia C-267 de 2014 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[158] Sentencia C-859 de 2007 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[159] Sentencia C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero)
[160] Sentencia C-259 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[161] M.P.
Clara Cecilia Dueñas Quevedo. AL3289-2014. Radicación N° 59493.
[162] Sentencia
C-259 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[163]
Cfr.
Sentencias C-203 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C- 442 de
1996 (M.P. Eduardo Cifuentes).
[164]
Sentencias
C-200 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-254 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[165] Al respecto, véanse las
sentencias T-788 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); C-1156 de 2008 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández), C-863 de 2004 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), C-315 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett);
C-287 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); C-442 de 1996 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz) y C-137 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[166] Sentencia C-137 de 1996
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[167] En esta
providencia la Corte revisó la Ley 208 de 1995, por medio de la cual se aprueba
el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología.
[168] Cfr. Sentencias
C-859 de 2007 (M.P. Mauricio González Cuervo); C-863 de 2004 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), C-820 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-315 de
2004 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), C-254 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-200 de 1999, C-442 de
1996 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz)  y
C-137 de 1996 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[169]
Sentencia T-462 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[170] Sentencia C-1156 de 2008. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[171] Sentencia
C-863 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda)
[172] Sentencia C-259 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[173] Sentencia C-1156 de 2008. (M.P. Clara Inés Vargas).
[174] Sentencia C-788 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[175] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, Convención sobre las Misiones Especiales.
[176]
Para el momento, Consejo de Estado. Sentencia del 25 de agosto de 1998 de la Sección Tercera, MP Jesús
María Carrillo Ballesteros, Radicación número IJ-001, que estudió la demanda de
la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado colombiano. En la actualidad se mantiene esta consideración en relación con el
daño antijurídico. Al respecto puede verse, por ejemplo, la Sentencia del
Consejo de Estado, 2006-02187/44516 de noviembre 10 de 2017, Dra. Marta Nubia
Velásquez Rico, por reparación directa.
[177] Consejo
de Estado. Sentencia del 25 de agosto de 1998 de la Sección Tercera, M.P. Jesús
María Carrillo Ballesteros, Radicación número IJ-001, que estudió la demanda de
la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado colombiano.
[178] Un recuento sobre la jurisprudencia en la materia puede verse en las
sentencias T-667 de 2011 y T-097 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), en
ambas.
[179] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[180] Sentencia C-863 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[181]
Cfr. Sentencia C-578 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda).
[182] Sentencia C-1156 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas).
[183]
Sentencia C-214 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
[184] Sentencia C-442 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[185] Sentencia
C-259 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[186]
M.P. Clara Inés Vargas
[187]
Ver
entre otras las sentencias C-1153 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y
C-315 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)
[188] Exposición de Motivos. Gaceta del Congreso No. 805 de 2017.
[189]
Gaceta del Congreso No. 202 de 2018, pág. 23.
[190]
Gaceta del Congreso No. 805 de 2017, pág. 29.
[191]
M.P. José Fernando Reyes.
[192]
Sentencia C-214 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
[193]
M.P. Clara Inés Vargas
[194] Sentencia C-200 de 1999
(M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[195] En la sentencia C-1156 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas), se analizó
un artículo muy parecido al aquí presente y se consideró igualmente
constitucional.
[196] Artículo 10. “La
Organización y sus bienes estarán exentos de: // (a) cualquier forma de
tributación directa, incluidos cargos para efectos de pensión o seguridad
social: sin embargo, la Organización no reclamará exención de tarifas e
impuestos que constituyan no más que el pago por servicios públicos”.
[197] Art.
14. 1. “Los agentes de la Organización: (…)  (c) estarán exentos de toda
forma de tributación directa, incluidos cargos para efectos de pensión o
seguridad social, sobre salarios, emolumentos, indemnizaciones, pensiones u
otro elemento de remuneración que les sean pagados por la Organización”.
[198]
Dice la norma: “h) “agentes” significa las categorías de personal a las que
se aplican las disposiciones de este Acuerdo, según especificación por el
Secretario General de la Organización; (…)”.
[199] Art.
2. “El propósito del presente Acuerdo es establecer un marco general de
privilegios e inmunidades para la Organización, según sean necesarios para el
cumplimiento de su misión, en particular con respecto a: (a) la cooperación
entre la Organización y la República de Colombia, incluida visitas de agentes y
expertos, (b) la Organización de conferencias o reuniones en la República de
Colombia y cualquier otro acuerdo futuro que se pueda celebrar entre la
Organización y la República de Colombia para tal efecto; y (c) cualquier futuro
establecimiento de una oficina de la Organización en la República de Colombia”.
[200]Artículo
3. “La Organización posee personería jurídica. Tiene la capacidad, inter
alia, de celebrar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles e
iniciar procesos legales”.
[201] Existen normas similares en tratados internacionales previos, que
pueden ser consultadas. Al respecto puede verse las sentencias C-1156 de 2008
(M.P. Clara Inés Vargas y C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[202] Sentencia C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero)
[203] Cfr. Sentencia C-1333 de 2000
(M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[204]Artículo
4. La Organización tendrá los privilegios, exenciones e inmunidades que se
establecen en este Acuerdo y según acordado por las Partes, cualquier
privilegio, exención e inmunidad más favorable que el Gobierno posteriormente
acuerde otorgar a cualquier otra organización internacional.
[205]
Cfr.
Sentencia C- 1333 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[206]
Ibídem.
[207] Artículo
5. La Organización y sus bienes, dondequiera que estén situados y quien
quiera que los posea, salvo en la medida que se renuncie expresamente a
inmunidad en un caso en particular. Se entiende, sin embargo, que para cualquier
medida de ejecución se requerirá una renuncia separada.
[208]
Sentencia C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[209] Cfr.
Sentencia C-254 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica’
[210] M.P. Clara Inés Vargas. La norma reza lo siguiente: Art. 6. “1.
La Corte y sus bienes, haberes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera
que se hallen, gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo
en la medida en que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso
determinado. Se entenderá, sin embargo, que la renuncia no será extensible a
ninguna medida de ejecución”.
[211] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Convención sobre asistencia en
caso de accidente nuclear o emergencia radiológica’
[212]Art.
6. “Los bienes de la Organización, donde quiera que estén situados y
quien quiera que los tenga, estarán inmunes de allanamiento, requisición,
confiscación, expropiación o cualquier otra forma de interferencia, bien sea
por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa”.
[213]Artículo
7. “1. Las instalaciones de la Organización, incluidas las instalaciones
que la Organización utilice durante el tiempo de una reunión convocada por la
Organización serán inviolables y estarán bajo su exclusivo control y
autoridad”.
[214]Artículo
8. “Los archivos de la Organización, y más generalmente, todos los
documentos que pertenezcan a ella o que ella mantenga serán inviolables donde
quiera que se encuentren”.
[215]
Sentencia
C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[216] Artículo 9. “Sin que sea limitada por
controles financieros, normas o moratoria de cualquier clase: (a) la
Organización podrá mantener moneda de cualquier clase y operar cuentas en
cualquier moneda;(b) la Organización podrá transferir libremente sus fondos
dentro, entre y fuera del territorio de la República de Colombia y convertir
cualquier moneda que tenga en otra moneda bajo las mismas condiciones que
cualquier otra organización internacional o gobierno extranjero”.
[217] Sentencias
C- 1156 de 2008. (M.P. Clara Inés Vargas) y C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero)
[218] Artículo
10. “La Organización y sus bienes estarán exentos de // (a) cualquier
forma de tributación directa, incluidos cargos para efectos de pensión o
seguridad social: sin embargo, la Organización no reclamará exención de tarifas
e impuestos que constituyan no más que el pago por servicios públicos; //(b)
aranceles, prohibiciones y restricciones con respecto a artículos importados y
exportados por la Organización para su funcionamiento o en desarrollo de sus
actividades, en el entendido que dichos artículos importados no serán vendidos
en la República de Colombia, salvo de acuerdo con condiciones acordadas con la
República de Colombia; //(c) aranceles, prohibiciones y restricciones con
respecto a la importación y exportación de publicaciones u otro material que la
Organización produzca, así como impuestos con respecto a la venta o difusión
gratuita de sus publicaciones u otros artículos producidos o servicios que ella
preste; (d) cualquier forma de tribulación indirecta, incluidos impuestos que
formen parte del precio a ser pagado, sobre bienes y servicios adquiridos por
la Organización para su funcionamiento, o en el desarrollo de sus actividades. Si
la Organización paga impuestos indirectos, estos serán reembolsados de acuerdo
con los procedimientos aplicables a otras organizaciones internacionales y
gobiernos extranjeros”.
[219] Sentencia C-1156 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas)
[220]Sentencia C-137 de 1996 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz). Fundamento 37, criterio reiterado en la sentencia C-442 de
1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[221]Artículo
294 de la Constitución. “La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades
territoriales Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo
previsto en el artículo 317”.
[222]
Sentencia
C-859 de 2007 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[223]
M.P. Clara Inés Vargas.
[224]
M.P.
Eduardo Montealegre Lynett. (AV. Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett).
[225] Sentencias C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero) y C-1156 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas).
[226]
Artículo
11. “1.
Para sus comunicaciones oficiales, la Organización gozará del tratamiento no
menos favorable que el que la República de Colombia concede a cualquier
organización internacional o gobierno extranjero, incluida su misión
diplomática, en materia de prioridades, tarifas e
impuestos sobre correos, cables, telegramas, radiogramas, telefotos, telefaxes,
teléfono, comunicaciones electrónicas y otras comunicaciones y tarifas de
prensa para información a la prensa y radio. No se aplicará ninguna censura a
la correspondencia oficial ni a otras comunicaciones oficiales de la Organización.
// 2. Para sus comunicaciones, la Organización gozará el derecho de utilizar
códigos y enviar y recibir correspondencia y otros documentos por correo
privado.
[227]
Ver sentencia C-1156 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas)
[228] Artículo
13. 1. “Los representantes de los Miembros y participantes no Miembros,
cuyos nombres serán comunicados por la Organización, mientras ejerzan sus
funciones y durante el viaje hacia y desde el lugar de la reunión, gozarán de
los siguientes privilegios e inmunidades: (a) inmunidad de arresto o detención
y de decomiso de su equipaje personal, y con respecto a palabras habladas o
escritas y a todos los actos que realicen en su capacidad de representantes,
inmunidad de proceso legal de cualquier clase; (b) inviolabilidad para todos
los documentos; (c) derecho a utilizar códigos y recibir documentos y
correspondencia por correo privado o valijas selladas; (d) exención con
respecto a ellos y sus cónyuges o compañeros contra restricciones de
inmigración, registro de extranjeros u obligaciones de servicio nacional en el
listado que visitan o a través del cual transiten en el ejercicio de sus
funciones; (e) las mismas facilidades con respecto a restricciones de moneda o
cambio que se conceden a representantes de gobiernos extranjeros en misiones
oficiales temporales; (f) las mismas inmunidades y facilidades con respecto a
su equipaje personal que se conceden a enviados diplomáticos, y también;(g) los
demás privilegios, inmunidades y facilidades, que no resulten inconsistentes
con lo anterior, de que gozan los enviados diplomáticos, salvo que no tendrán
derecho a reclamar exención de aranceles sobre artículos importados (que no sea
como parte de su equipaje personal), o de derechos de consumo o impuestos de
ventas.// 2. Con el fin de garantizar completa libertad de expresión e
independencia en el cumplimiento de las funciones de los representantes de los
Miembros o participantes no Miembros, la inmunidad de proceso legal con respecto
a palabras habladas o escritas y todos los actos que hagan en el cumplimiento
de sus funciones seguirán siendo concedidas, no obstante que las personas del
caso ya no sean los representantes de los Miembros o participantes no Miembros”.
[229]Artículo
14. “1.Los agentes de la Organización: //(a) estarán inmunes de
arresto o detención por actos realizados en su capacidad oficial y contra
confiscación de su equipaje y otras pertenencias; //(b)
estarán inmunes de proceso legal por palabras habladas o escritas y actos
realizados en su capacidad oficial, o en el contexto de su empleo con la
Organización; los agentes continuarán teniendo inmunidad después de que
terminen sus funciones como agentes de la Organización; //(c) estarán
exentos de toda forma de tributación directa, incluidos cargos para efectos de
pensión o seguridad social, sobre salarios, emolumentos, indemnizaciones,
pensiones u otro elemento de remuneración que les sean pagados por la
Organización;//(d) estarán exentos, junto con sus cónyuges, compañeros y
familiares dependientes, según sean reconocidos por la Organización, de
restricciones de inmigración y registro de extranjeros;//(e) estarán exentos
del servicio militar;//(f) gozarán, junto con sus cónyuges, compañeros y
familiares dependientes, según sean reconocidos por la Organización, de los
mismos beneficios con respecto a repatriación en casos de crisis
internacionales como miembros de misiones diplomáticas; //(g) tendrán el
derecho de importar libre de aranceles sus muebles y efectos cuando asuman sus
funciones por primera vez en la República de Colombia;//(h) tendrán el mismo
derecho de importar libre de aranceles, vehículos automotores que la República
de Colombia concede a los agentes diplomáticos de rango comparable;// (i) se
les concederán los mismos privilegios con respecto a facilidades de moneda y
cambio que le son concedidas a los agentes diplomáticos de rango
comparable;//(j) estarán exentos de cualquier obligación para depositar
garantía pagadera con respecto a artículos admitidos temporalmente a la
República de Colombia;//(k) gozarán del derecho, para actos realizados en su
capacidad oficial, de utilizar códigos y enviar y recibir correspondencia y
otros documentos por correo privado.//2. Las exenciones de derechos de
importación que se indican en los subparágrafos (g) y (h) anteriores no serán
aplicables a nacionales colombianos”.
[230] Artículo
15. “Además de los privilegios, inmunidades y facilidades que se
mencionan en el artículo 14: //(a) el Secretario General de la Organización gozará
de los privilegios, inmunidades y facilidades concedidas a los jefes de
misiones diplomáticas: su cónyuge o compañero(a) e hijos dependientes, según
sean reconocidos por la Organización, gozarán de los privilegios, inmunidades y
facilidades concedidos a los miembros de la familia que formen parte del hogar
de los jefes de misiones diplomáticas; //(b) los Secretarios Generales Adjuntos
y Asistentes gozarán de los privilegios, inmunidades y facilidades concedidos a
los agentes diplomáticos de rango comparable: sus cónyuges o compañeros e hijos
dependientes, según sean reconocidos por la Organización, gozarán de los
privilegios, inmunidades y facilidades concedidos a los miembros de la familia
que formen parte del hogar de los agentes diplomáticos de rango comparable”.
[231] Artículo
16. “1. Los expertos que realicen misiones para la Organización o que
sean invitados a participar en una reunión convocada por la Organización,
gozarán, en el territorio de la República de Colombia, de los privilegios,
inmunidades y facilidades que sean necesarios para el ejercicio independiente
de sus funciones durante el periodo de sus misiones, incluido el tiempo que
gasten en viajes relacionados con sus misiones. //2. En particular, a las
personas referidas en el párrafo 1 de este artículo se les concederá://(a)
inmunidad de arresto o detención y de decomiso de su equipaje y demás
pertenencias; //(b) inmunidad de proceso legal con respecto a palabras habladas
o escritas, y a todos los actos que se hagan en el desempeño de su misión:
dicha inmunidad continuará luego de la terminación de su misión; //(c)
inviolabilidad de todos los documentos;// (d) para efectos de comunicarse con
la Organización, el derecho de utilizar códigos y de enviar y recibir
correspondencia y demás documentos por correo privado;//(e) los mismos
privilegios con respecto a facilidades de moneda y cambio que son concedidos a
un representante de un gobierno extranjero en misión oficial temporal;//(f)
exención de cualquier obligación para depositar garantía pagadera con respecto
a artículos admitidos temporalmente en la República de Colombia”.
[232]Sentencia C-1156 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas). Esta sentencia
declaró la constitucionalidad del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la
Corte Penal Internacional.
[233]
Sentencia C-859 de 2007 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[234]
Entre otras, la Sentencia C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero).
[235]
Sentencia C-442 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[236]
Artículo 14. “1. Los agentes de la Organización: (…)  (e) estarán
exentos del servicio militar”.
[237] Sentencia
C-137 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[238] Sentencia
C-1333 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Organismo
Para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina
[239] Sentencia
C-1156 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas).
[240] Artículo
14. “Los agentes de la organización://(b) estarán inmunes de proceso legal
por palabras habladas o escritas y actos realizados en su capacidad oficial, o
en el contexto de su empleo con la Organización; los agentes continuarán
teniendo inmunidad después de que terminen sus funciones como agentes de la
Organización (…)”.
[241] Artículo
7. Seguridad del Gobierno. “2. El Gobierno tomará las medidas apropiadas
para garantizar la seguridad de las instalaciones de la Organización: en
particular, impedirá que cualquier persona, o grupos de personas penetren sin
autorización a las instalaciones o causen desorden en los sitios inmediatos a
las mismas”.
[242] Artículo
12. “Los servicios públicos esenciales serán puestos a disposición de la
Organización sobre la misma base y condiciones que aplican a las misiones
diplomáticas en la República de Colombia.”
[243] Artículo
17. “La República de Colombia tomará todas las medidas pertinentes para
facilitar la entrada, permanencia y salida del territorio de la República de
Colombia, y para garantizar la libertad de movimiento dentro del territorio a
los representantes de los Miembros y participantes no Miembros, agentes y
expertos de la Organización y cualquier otra persona invitada por la misma para
efectos oficiales”.
[244] Artículo
20.“Con el fin de que la Organización pueda cumplir de manera plena y
eficiente con sus responsabilidades y atender sus tareas, el Gobierno hará todo
lo que esté a su alcance para prestar asistencia a la Organización en la
resolución de cualquier dificultad que esta pueda encontrar con la adquisición
de bienes, servicios y facilidades en el territorio de la República de Colombia
y para garantizar un efectivo respeto por los privilegios, inmunidades y
facilidades que le sean concedidos”.
[245] Artículo
18. “Los privilegios, inmunidades y facilidades son concedidos a agentes
y expertos en interés de la Organización y no para provecho personal de los
individuos en sí. El Secretario General de la Organización tendrá el derecho y
el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario o experto, donde,
a su juicio exclusivo, la inmunidad de este funcionario o experto pueda impedir
el curso de la justicia y pueda efectuarse la renuncia sin perjuicio de los
intereses de la Organización, en el caso del Secretario General y de los
Secretarios Generales Adjuntos y Asistentes de la Organización, el Consejo de
la Organización tendrá derecho a renunciar a inmunidad”.
[246] Artículo
19. “La Organización cooperará en todo momento con la República de
Colombia para facilitar la debida administración de justicia e impedir que no
se presente ningún abuso con respecto a los privilegios, inmunidades y
facilidades que se mencionan en este Acuerdo”.
[247]Artículo 1o. “Apruébese el «Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades
otorgados a la Organización», suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de
2014”.
[248] Artículo
2.
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7 de 1944, el
«Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades
otorgados a la Organización», suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de
2014, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la
República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo”.
[249]
Artículo 3o.” La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación”.
[250] Intervención
de la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno No 1, folio 192.
[251]
M.P. Clara Inés Vargas.
[252]
Nótese que el artículo 27 de ese Acuerdo de la Corte Penal
Internacional reza lo siguiente: “A partir de la fecha en que la Corte
establezca un sistema de seguridad social, las personas a que se hace
referencia en los artículos 15, 16 y 17 estarán exentas, en relación con los
servicios prestados a la Corte, de toda contribución obligatoria a los sistemas
nacionales de seguridad social”.
[253]
Sentencia T-414 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[254]
Sentencia T-667 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[255]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[256]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[257]
Casos citados por la Sentencia T-462 de 2015 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado)
[258]
Artículo
33. “1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este artículo,
el agente diplomático estará, en cuanto a los servicios prestados al Estado
acreditante, exento de las disposiciones sobre seguridad social que estén
vigentes en el Estado receptor. // 2. La exención prevista en el párrafo 1 de
este artículo se aplicará también a los criados particulares que se hallen al
servicio 2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará
también a los criados particulares que se hallen al servicio exclusivo del
agente diplomático, a condición de que: //a. no sean nacionales del Estado
receptor o no tengan en él residencia permanente; y// b. estén protegidos por
las disposiciones sobre seguridad social que estén vigentes en el Estado
acreditante o en un tercer Estado. //3. El agente diplomático que emplee
a personas a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este
artículo, habrá de cumplir las obligaciones que las disposiciones sobre
seguridad social del Estado receptor impongan a los empleadores.
//4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este Artículo no impedirá la
participación voluntaria en el régimen de seguridad social del Estado receptor,
a condición de que tal participación esté permitida por ese Estado. //5. Las
disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio de los acuerdos
bilaterales o multilaterales sobre seguridad social ya concertados y no
impedirán que se concierten en lo sucesivo acuerdos de esa índole”.
(Subrayas y negritas fuera del original).