C-134-17
Sentencia
C-134/17
NORMA
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y REGIMEN DE LA
REPRESENTACION LEGAL DE INCAPACES EMANCIPADOS-Contraría
el principio de la dignidad humana establecido en el artículo primero de la
Constitución Política
En la estructuración del problema jurídico la
Corte Constitucional se preguntó si resultaba violatorio del principio de dignidad humana
establecido en el artículo 1 de la Constitución, el hecho de condicionar la
rehabilitación del incapaz relativo, a la satisfacción previa de los créditos
de los acreedores dentro del concurso. Para resolver el asunto la Sala efectuó
el examen del segmento demandado, analizando las reglas de protección de las personas en condición
de discapacidad previstas en la Constitución Política y en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, procediendo luego al examen del
principio y derecho fundamental de la dignidad humana en el caso concreto. Respecto
de la Ley 1306 de 2009, la Corporación recordó que el objeto de esa ley es “la
protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o
que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la
sociedad”, precisando además que la directriz de interpretación y aplicación de
sus normas, está en “La protección de la persona con discapacidad mental y de
sus derechos fundamentales”. Efectuado lo anterior la Corte Constitucional se
ocupó del principio y derecho fundamental de la dignidad, refiriendo tanto el
desarrollo de las líneas jurisprudenciales identificadas en la Sentencia T-881
de 2002, como el fundamento de dicho principio, bajo cuyo desarrollo fue
establecida la regla que prohíbe el uso o la instrumentalización del ser humano
por parte de otro de otro sujeto, de una corporación o el propio Estado, precisando
que todas las personas somos un fin en sí mismas y que no podemos ser sometidos
a ser medios o instrumentos para los fines de otros. Desde los anteriores
presupuestos se procedió al examen del segmento demandado, en aplicación de la
regla que prohíbe la instrumentalización de los seres humanos, encontrando la
Sala en el caso concreto, que el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306
de 2009 contraría el principio de la  dignidad humana establecido en el
artículo 1 de la Constitución Política, en tanto que utiliza la figura médico –
jurídica de la rehabilitación, como un instrumento de cobro de deudas
económicas, olvidando además, que el sistema jurídico ha establecido diversas
acciones procesales destinadas a la efectividad de las deudas, sin que resulte
necesario mantener la condición de inhabilidad de quien clínicamente ha
superado la situación de discapacidad.
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones de inconstitucionalidad/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
Las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y
presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la
ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en
interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos
demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda
atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente
vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de
constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones
legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto
Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la
constitucionalidad del enunciado o disposición demandada.”
ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-inhibición por derogatoria del
enunciado demandado
(…) El artículo 71 de la Ley 57 de 1887 establece su régimen de la
siguiente manera: “Artículo 71. Clases de derogación. La derogación de las
leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice
expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley
contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La
derogación de una ley puede ser total o parcial.” (…) Finalmente se tiene la derogación orgánica que ocurre cuando la
nueva ley “regula íntegramente la materia a la que la anterior disposición
se refería”, precisando la Corte, que no se requiere de manera necesaria
que haya incompatibilidad entre la nueva ley y la ley o leyes anteriores, pues “puede
tener características de la derogación expresa y tácita, en el sentido en que
el legislador puede expresamente señalar que una regulación queda sin efectos o
que le corresponda al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático
de la nueva normativa”.
INHIBICION POR
DEROGATORIA DEL ENUNCIADO DEMANDADO-Certeza acerca de la pérdida de vigencia de la norma derogada
Alrededor de la derogatoria tácita y de la eventual emisión de fallo
inhibitorio como consecuencia de ella, la Corte ha precisado que para que
proceda dicho fallo, debe existir certeza acerca de la pérdida de vigencia de
la norma derogada, como se afirmó en la Sentencia C-419 de 2002 al señalar que “Cuando la derogatoria de una
disposición es expresa, no cabe duda en cuanto a que si se interpone una
demanda en contra de la norma derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la
disposición continúe proyectando sus efectos en el tiempo. Cuando, por el
contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre
acerca de su derogatoria tácita, la Corte no puede inhibirse por esta razón
pues la disposición podría estar produciendo efectos”.
DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA Y
RELATIVA EN CODIGO CIVIL-Definición
“Se consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una
afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de
deterioro mental”, y precisa que la calificación de dicha discapacidad se hará
siguiendo los parámetros científicos adoptados por el Comité Consultivo
Nacional de las Personas con Limitación, bajo una nomenclatura
internacionalmente aceptada. (…) El enunciado demandado se encuentra dentro de
la sección segunda, titulada Discapacidad mental relativa, cuya regulación
comprende los artículos 32 a 39, que prevén la existencia de tres variedades:
la inhabilitación general, la inhabilitación accesoria y la inhabilitación
provisional.
INHABILITACIONES-Definición y clasificación
PERSONAS EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD-Contenido y
alcance
DIGNIDAD HUMANA-Principio y derecho fundamental
El principio jurídico y derecho fundamental de
dignidad fue establecido en el artículo 1 de la Constitución de 1991, que
señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
república unitaria y que está “fundada en el respeto de la dignidad humana”, y
desde allí se ha desarrollado en el plano legislativo y jurisprudencial.
DIGNIDAD HUMANA-En el plano del derecho legal
El derecho legislativo presenta diversos
escenarios de despliegue del principio de dignidad, en el que opera (i) como
fundamento de otros derechos y (ii) como el derecho fundamental que tienen las
personas, a un cierto trato, al trato digno. (…) se tiene que el derecho legal
reconoce plenamente la vigencia y la importancia del principio de la dignidad,
la que es incluida dentro de los principios rectores de los principales
estatutos legales, bajo dos contenidos fundamentales: (i) como fundamento de
los demás derechos, y (ii) como regla del trato digno que debe ser dado a todas
las personas, especialmente a aquellas que son sujetos de especial protección
constitucional como ocurre con los menores de edad, las víctimas y las personas
en condición de discapacidad.
DIGNIDAD HUMANA-En la
Constitución Política
La dignidad es el principio fundamental de la
Constitución Política de 1991, fue establecido en el artículo 1 del texto
constitucional y se desarrolla en numerosos enunciados.
DIGNIDAD HUMANA-Líneas
jurisprudenciales/DIGNIDAD HUMANA-Precedente
Además
de resolver el caso y de amparar los derechos de los accionantes y demás
personas afectadas, el Sentencia T-881 de 2002 identificó los contenidos del
principio de dignidad y las seis líneas jurisprudenciales dispuestas por la
Corte alrededor de este derecho, las que fueron presentadas en dos grupos,
articulados desde el punto desde el punto de vista de la función del derecho de
dignidad (i) y desde el punto de vista del objeto de protección de la dignidad (ii).
(…) La Corte Constitucional desde el comienzo de su jurisprudencia se
preguntó por el fundamento y los contenidos de la dignidad, afirmando que el
principio y derecho fundamental de dignidad es superior a todos los demás,
hasta el punto de ser el fundamento de todos los derechos, derivando su
contenido de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano que
señala: “El imperativo práctico será así pues el siguiente: obra de tal modo
que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro
siempre a la vez como un fin, nunca meramente como medio” (cursiva dentro del
texto), todo ello en la idea concreta de impedir la instrumentalización o el
uso de un ser humano por el Estado, por otro sujeto, o por una corporación,
considerando a los seres humanos como sujetos y no como objetos para otro. De
este modo se afirmó y aceptó desde el comienzo, que “la dignidad humana es el
valor supremo del Estado social de derecho”.
Referencia:
Expediente D-11536
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 1306
de 2009, Por
la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental
y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados
Demandante:
Lorena Andrea Boada Gómez y Jorge Orlando Urbano Martínez
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá
D.C., marzo primero (1) de dos mil dieciséis (2017)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, previo cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos
en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el numeral 6 del artículo 40 y el
artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Lorena Andrea Boada
Gómez y Jorge Orlando Urbano Martínez, interpusieron acción pública de
inconstitucionalidad en contra del inciso segundo del artículo 38 de la Ley
1306 de 2009, Por
la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental
y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, por
considerar
que violaba los artículos 1 (que establece el Estado social de derecho, la
forma republicana de gobierno y el principio de dignidad de la persona humana,
entre otros), 15 (derecho a la intimidad personal y familiar y buen nombre) y
158 (principio de identidad y unidad de materia de los proyectos de ley) de la
Constitución Política.
La
Corte Constitucional mediante Auto de julio 25 de 2016, resolvió inadmitir los
cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra los artículos 15 y 158 de la
Constitución, admitiendo la demanda únicamente respecto de los cargos que
señalaban la violación del artículo 1 de la Constitución Política.
Adicionalmente ordenó fijar en lista el proceso durante el término de diez
días, comunicar la iniciación del mismo a numerosas autoridades públicas, así
como invitar a diversas universidades, a la Superintendencia de Sociedades, a
la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA y la
Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO, para que intervinieran dentro
del proceso. El numeral séptimo del auto le concedió al accionante un término
de tres días, para que procediera a corregir la demanda en relación con lo
inadmitido.
El
anterior auto fue notificado por estado y el 29 de julio de 2016, dentro del
término de ejecutoria, los demandantes presentaron escrito de corrección de la
demanda, para que fuera considerado. Finalmente la Corte profirió el Auto del
12 de agosto de 2016, en el que consideró que la demanda de
inconstitucionalidad no había sido subsanada en debida forma, resolviendo
admitir la misma únicamente por el cargo de violación del artículo 1 de la
Constitución y rechazarla definitivamente por los cargos de violación de los
artículos 15 y 158 de la Constitución.
II.
NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe la norma demandada y se subrayan los apartes
acusados:
LEY 1306 DE 2009
Diario Oficial No. 47.371 de 5 de junio de
2009
Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
“ARTÍCULO 38. REHABILITACIÓN DEL INHABILITADO. El Juez decretará la rehabilitación del
inhabilitado a solicitud de este o de su consejero, previas las evaluaciones
técnicas sobre su comportamiento. Entre dos (2) solicitudes de rehabilitación
deberán transcurrir cuando menos seis (6) meses.
El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación
cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso.”
III. LA DEMANDA[1]
El segmento
acusado establece el derecho que tiene el fallido a obtener su rehabilitación,
pero dispone como condición previa, que “haya satisfecho a los deudores que
se hicieren presentes en el concurso”.
En opinión de
los demandantes ese enunciado es inconstitucional por ser violatorio del
principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución
Política, al condicionar el derecho a la rehabilitación (que el demandante
considera es “personalismo”), a que se satisfagan previamente los créditos de
los acreedores (afirman los demandantes que si bien la norma habla de deudores,
ha de entenderse que se trata de los acreedores del inhabilitado), en el
evento de encontrarse este en estado de insolvencia. De este modo, afirman los
demandantes, la norma impugnada pretende que una persona inmersa en estado de
quiebra o de insolvencia y adicionalmente inhabilitada, tenga que satisfacer
previamente las obligaciones patrimoniales que le asisten dentro de un proceso concursal,
para que pueda ser rehabilitado.
Los accionantes
consideraron que la anterior exigencia es “aberrante, irracional y
totalmente desproporcionada desde la óptica de la dignidad humana”[2],
en tanto que se hace depender una condición personal y un derecho fundamental,
de la satisfacción de una prestación económica.
Como fundamento
de su solicitud, los accionantes transcriben algunos pasajes de la Sentencia
T-881 de 2002 de la Corte Constitucional, relacionados con dos cuestiones: Con
las líneas jurisprudenciales dispuestas por la Corte alrededor del principio de
dignidad humana; y con el contenido de ese mismo principio, de acuerdo con el
cual, la dignidad humana está vinculada con tres ámbitos de la persona: “la autonomía
individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de
determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas
(referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto
de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad
física y espiritual), presupuesto para la realización el proyecto de vida”.
En su momento el
Auto admisorio de la demanda de julio 25 de 2016 consideró, que el cargo de inconstitucionalidad
consistía en que “El legislador, al condicionar la rehabilitación de un fallido
a la satisfacción de los créditos que se reconocieron en un concurso de
acreedores, vulnera el principio de dignidad humana, en la medida en que la
libre disposición del patrimonio de un ser humano, no puede depender del querer
de terceros”[3].
IV. intervenciones
En total fueron presentadas ocho intervenciones ante
la Corte Constitucional. Seis de ellas solicitaron la declaratoria de
inexequibilidad del segmento demandado, y tan solo una, la de la Universidad
del Rosario, solicitó la declaratoria de exequibilidad condicionada del mismo.
Adicionalmente la Superintendencia de Sociedades le solicitó a la Corte
Constitucional que se declarara inhibida de pronunciarse, pues en su opinión ha
operado la derogatoria tácita del enunciado demandado, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 531 a 576 de la Ley 1564 de 2012   Por medio de la
cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, los que han
dispuesto un nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante.
A continuación se describen los elementos
argumentales de cada una de estas.
1.
Ministerio
de Justicia y del Derecho[4]
Este Ministerio
solicitó la inexequibilidad del enunciado demandado, considerando que el mismo
es violatorio de la Constitución, en tanto que la declaratoria de
inhabilitación busca la protección de los individuos que han sido declarados
inhábiles, mientras que las expresiones cuestionadas establecen una sanción que
afecta la integridad de la dignidad humana. Específicamente dijo el
interviniente:
“En
este sentido es claro que la inhabilitación constituye una restricción al
ejercicio de la capacidad jurídica para quienes no tengan afecciones que los
limiten considerablemente en sus actuaciones sociales, que busca la protección
patrimonial de estos individuos, pero el ámbito de aplicación de esta medida
debe garantizar la individualidad y la dignidad del sujeto.
Así
las cosas, condicionar la obtención del ejercicio pleno de la capacidad
jurídica de los sujetos inmersos en procesos de liquidación patrimonial y en
los de pago por cesión de bienes, a intereses económicos de terceros,
constituye un quebrantamiento a la dignidad humana en la medida en que a cada
persona se le debe garantizar su libertad de autodeterminarse con el mínimo de
restricciones, de igual forma el hecho de condicionar la rehabilitación a la
satisfacción de los acreedores, implicaría que esta medida pierda el sentido
por el cual fue creada según la Ley 1306 de 2009, en orden a asegurar la
protección del inhabilitado y no para sancionarlo”[5].
En Ministerio se
preguntó si la condición de satisfacer las deudas para obtener la
rehabilitación, era o no contraria a la Constitución y para responder, examinó
la figura de la inhabilitación como una restricción de la capacidad jurídica
que busca la protección de los sujetos que son inhabilitados, señalando desde
allí su inconstitucionalidad. Para el efecto refirió el contenido de la Sentencia
T-881 de 2002, que entre otros elementos, entiende la dignidad como el derecho de
mantenerse socialmente activo, así como la Sentencia C-336 de 2008, de acuerdo
con la cual la dignidad consiste también, en el derecho que tienen las personas
a las condiciones de vida materiales e inmateriales necesarias para articular
su proyecto de vida.
Como elemento
concurrente señaló el Ministerio, que puede suceder que el proceso liquidatario
nunca termine, con lo cual se instalaría una sanción permanente, afirmando
además, que si de lo que se trata es de la recuperación de los créditos de los
acreedores, estos cuentan con otras medidas judiciales que les brinda el sistema
jurídico, como son las dispuestas entre los artículos 531 a 576 del Código General
del Proceso, donde se consagran figuras como la liquidación patrimonial y las
medidas necesarias para dar solución las obligaciones económicas de las
personas naturales no comerciantes.
Finalmente la intervención
hizo referencia al Concepto aportado por la Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que se afirma la
inconstitucionalidad del segmento demandado, precisando que medidas como las
adoptadas olvidan que la dignidad humana exige un trato especial para el
individuo, que permita considerar a la persona como un fin en sí mismo por
parte del Estado, afirmando lo siguiente:
“Así
las cosas, partimos de que la inhabilitación per se es contraria al bloque de constitucionalidad
y no supera el control de convencionalidad; adicionalmente, contemplar que la figura
de la rehabilitación de las personas bajo inhabilitación está supeditada a la
satisfacción de obligaciones de carácter económico, no sólo es un despropósito,
sino que es un precepto inconstitucional que supedita el ejercicio pleno de los
derechos que son transversales a la capacidad jurídica de las personas, a la
satisfacción de obligaciones monetarias”[6].
2.
Universidad del Rosario[7]
Esta
entidad fue la única que consideró constitucionales las expresiones demandadas,
pero bajo condición. En este sentido solicitó la exequibilidad del sintagma, “siempre
que por ‘deudores’ deba o interpretarse acreedores, y que ‘haya satisfecho’ se entienda
en el sentido de que no son los acreedores quienes están facultados para
expresar tal satisfacción, sino que depende exclusivamente del juez la consideración
de entender satisfechos los intereses de los mismos”[8].
Como consideración central señaló lo siguiente:
“Ahora
bien, descendiendo al caso concreto, el artículo 38 inciso segundo de esa ley,
no vulnera la dignidad humana de las personas con discapacidad sujetas a una
medida de protección e inhabilidad, pues no es cierto que pretenda condicionar
la decisión de devolver la plena capacidad jurídica a una persona a la voluntad
de los acreedores que concurran al proceso concursal. A esta conclusión se
llega, tras realizar una interpretación sistemática de la ley 1306 de 2009, de
la Ley 1116 de 2006 y el Código General del Proceso.”[9]
En lo que llamó la “interpretación
sistemática” de algunas normas, se tuvo lo siguiente: De la Ley 1306 de
2009 afirmó la Universidad, que las medidas de inhabilitación no son formas sancionatorias
que pretendan intimidar a la comunidad, sino que son medidas de protección que
se toman con base en dictámenes médicos. De la Ley 1116 de 2006 nada dijo el
interviniente en su interpretación sistemática, y de la Ley 1564 de 2012 se
limitó a decir, que los artículos 563 y siguientes de ese Código buscan el pago
a los acreedores del concurso con los bienes del deudor, para que una vez satisfecha
la obligación, pueda “reincorporarse a la vida negocial en un estado de equilibrio
patrimonial”.
Por lo demás, dijo esa Universidad, que
condicionar el restablecimiento del inhabilitado al pago de las deudas “resulta
razonable y persigue un fin legítimo”, y que redunda en el propio bien del
inhabilitado, pues le evita otros procesos judiciales.
3. Universidad Santo Tomás[10]
El Profesor Carlos Rodríguez Neira intervino
dentro del proceso en nombre de la Universidad Santo Tomás, solicitando la declaratoria
de inexequibilidad del inciso demandado.
Como punto de partida de su
razonamiento, diferenció con la Sentencia C-021 de 2015, entre la discapacidad
mental absoluta y la discapacidad mental relativa, comprendida dentro del
artículo 32 de la Ley 1306 de 2009 y relacionada con las medidas de
inhabilitación que pueden ser redimidas, en el caso específico del fallido,
mediante el pago de sus deudas, entre otros requisitos.
Precisado lo anterior, la intervención
desarrolló el marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad,
relacionando normas especiales como la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 2006, y la Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999,
para desde allí referir otros documentos internacionales relacionados con el
principio de dignidad, como la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes
del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana de 1988, mencionando algunos
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poniendo de relieve  el
carácter protector de las normas, la importancia de la dignidad y la calidad de
sujetos de especial protección que tienen las personas que han sido declaradas
inhábiles. Como elemento central de su argumentación señaló el interviniente:
“Es
por todo lo anterior que se solicita a la Corte Constitucional que declare la INCONSTITUCIONALIDAD
de la norma impugnada, pues desconoce abiertamente los postulados constitucionales
y de carácter internacional que protegen y reconocen a las personas en
condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, y
que al dejarlos desproveídos de mecanismos para garantizar su igualdad con las
personas sin esta condición, se estaría vulnerando directamente el artículo 1
de la Constitución en lo que hace referencia a la dignidad humana, pues no
conoce dicho carácter especial y no asegura las condiciones de vida adecuadas
dentro de la sociedad para dichas personas que por su incapacidad relativa se
les imposibilita la realización  de ciertos negocios jurídicos, y más aún
cuando están optando por la rehabilitación, pues durante el proceso anterior
se parte de la idea que al no poder realizar negocios jurídicos tampoco pueden
trabajar o conseguir los medios para solventar sus deudas.”[11] (Resaltado
dentro del texto)
4.
Universidad Libre. Sede Bogotá
Los profesores Jorge Kenneth Burbano
Villamarín y Gustavo Alejandro Castro Escalante intervinieron dentro de este
proceso, apoyando la solicitud de inexequibilidad formulada por los demandantes.
Como fundamento de su intervención,  hicieron un análisis de los artículos de
la Ley 1306 de 2009 que diferencian entre la discapacidad mental absoluta y la discapacidad
mental relativa, refiriendo desde allí la medida de inhabilitación establecida
en el artículo 32 de la ley, y la medida de inhabilitación accesoria, dispuesta
en el artículo 33, censurando el carácter sancionatorio que le fue dado. Así
dijeron que:
“En
virtud de lo anterior, es claro que todo el concepto de inhabilitación
accesoria dentro de los procesos concursales o los de insolvencia implica
sanción excesiva e inconstitucional, la cual desconoce la naturaleza de los
principios rectores de la Ley 1306 de 2009, puesto que la ley propende por un
sistema inclusivo y además de ello respetuoso de los derechos fundamentales de
quien es sometido a sus procedimientos y reglas; pero en contravía de ellos
aparece la figura de la inhabilidad accesoria como una norma sancionatoria que
limita la capacidad negocial por el simple resultado objetivo de entrar en uno
de los procesos mencionados”[12].
Considerado lo anterior, señalaron los
intervinientes que la exigencia de satisfacer las obligaciones patrimoniales para
proceder a la rehabilitación resultaba inconstitucional por varias razones: en
primer término, porque constituía una carga excesiva para la persona afectada;
en segundo lugar, porque traía inconsecuencias, como ocurriría en aquellos
casos en los que las obligaciones se extinguieran en virtud del tiempo y por lo
mismo, no fuese necesario restablecerlas; y principalmente, porque la medida no
tiene justificación constitucional, en tanto que no beneficia al acreedor, pues
a lo sumo, impediría que el inhabilitado no contraiga nuevas deudas que tengan
prelación respecto de las del acreedor ya reconocido.
5. Superintendencia de Sociedades[13]
En su escrito de intervención, la
Superintendencia de Sociedades solicita la emisión de un fallo inhibitorio, por
considerar que la disposición demandada fue derogada por la Ley 1564 de 2012,
que contiene el Código General del Proceso. Al respecto el interviniente señaló
lo siguiente:
“Nuestro régimen de insolvencia de la persona
natural  no comerciante previó un escenario de rehabilitación automática del
deudor que se acoge a él, sin necesidad de someter al deudor a la tutela de un administrador,
curador o guardador. En esto se diferencia de otros regímenes, como el Inzolvenzordnung
alemán, el Privatkonkurs austríaco o el Bankruptcy
norteamericano, que prevén el sometimiento del deudor a mecanismos de tutela fiduciaria,
a través de un trustee o fiduciario judicial, durante un período
posterior a la descarga de las obligaciones del deudor.
La filosofía del régimen de insolvencia de
la persona natural no comerciante y su concreción en cada una de las figuras
que lo integran son absolutamente incompatibles con un régimen de inhabilitaciones
como el previsto en la Ley 1309 de 2009. Como consecuencia de lo anterior, debe
entenderse que el Código General del Proceso derogó tácitamente los artículos
33, 38 inciso segundo y 78 numeral 3 de la Ley 1306 de 2009”.[14]
Como argumento a su solicitud, la
Superintendencia refirió algunos informes de ponencia del trámite del proyecto
de ley del Código General del Proceso en el Congreso de la República, señalando
que al considerar los debates surtidos durante el trámite del mismo, resulta
evidente la voluntad del legislador de establecer un régimen que permitiese la
rehabilitación automática del deudor persona natural no comerciante, en vez de
uno que previese su inhabilitación, indicando la existencia de algunas reglas especiales
del Código General del Proceso que permiten la actuación directa de la persona puesta
en insolvencia para disponer de sus intereses.
6. Universidad
de Cartagena[15]
El profesor Milton José Pereira Blanco
intervino en nombre del Universidad de Cartagena, solicitando la declaratoria
de inexequibilidad del enunciado demandado, por considerarlo violatorio del
principio de dignidad  y del derecho  a libertad, mediante un escrito que fue
dividido en tres zonas temáticas destinadas a la dignidad humana en el sistema constitucional
colombiano, a la protección jurídica de las personas en condición de
discapacidad mental, y a la existencia de límites del derecho de los acreedores
a obtener la satisfacción de sus créditos.
El escrito efectuó una presentación del
principio de dignidad humana desde la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, así como de los derechos de las personas en condición de
discapacidad en tres niveles: el de las normas constitucionales, el de los
instrumentos internacionales en los que Colombia es Estado Parte y desde la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, poniendo de relieve la obligación que tienen todos
los Estados, de propiciar la plena integración a la sociedad de todas las
personas en condición de discapacidad.
Al confrontar la medida con los derechos
de los que son titulares los acreedores, precisó que no se cuestionaba la
facultad del legislador de inhabilitar a algunas personas para realizar cierta
clase de negocios, en virtud de su incapacidad relativa. Lo que se cuestiona,
es que se utilice la inhabilidad de la persona como prenda general de las
obligaciones del deudor, lo que ciertamente es inconstitucional.
Como tesis central señaló el
interviniente, que “la norma bajo examen no puede someter a un sujeto a permanecer
en estado de incapacidad relativa bajo la condición de pagar a sus acreedores
que se hicieron presentes en el concurso. En ese sentido, ese condicionamiento,
debe ser retirado del ordenamiento jurídico, pues, la medida es desproporcional
(subprincipio de adecuación) frente a los fines que persigue, esto es, la garantía
de pago a los acreedores concursales”[16],
resultando por lo mismo violatorio de la dignidad humana y de la libertad
personal, así como de los derechos de las personas en condición de
discapacidad.
7.
Universidad Externado de Colombia
La profesora Ingrid Duque Martínez
intervino en calidad de docente del Departamento de Derecho Civil de la
Universidad Externado de Colombia, planteando la inconstitucionalidad del
segmento demandado. Como punto de partida de su análisis jurídico, ubicó lo
cuestionado en el contexto general de la Ley 1306 de 2009, vinculándola con la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2009, poniendo
de relieve los siguientes elementos:
Que el objeto de esa ley es la
protección y la inclusión social de la persona en condición de discapacidad o
de aquella que ha incurrido en conductas que hayan conducido a su
inhabilitación; que la directriz de interpretación y de aplicación de esa ley,
es la protección de la persona en condición de discapacidad y la protección de
sus derechos fundamentales; que el objetivo de las guardas y de las consejerías
es la rehabilitación y el bienestar del afectado con ellas; y que el artículo 3
de esa ley estableció ocho principios de protección y garantía de los derechos
de aquellas personas, siendo el primero de ellos: “a) El respeto de su
dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones y su independencia”, precisando además en el inciso final, que “Estos
principios tienen fuerza vinculante prevaleciendo sobre las demás normas
contenidas en esta ley”.
Determinado el escenario interpretativo,
el texto examinó la figura de la incapacidad mental relativa, que da lugar a la
medida de la inhabilitación, misma que tiene como efecto, la incapacidad relativa
de la persona frente a determinados actos y negocios, que origina el
nombramiento de un tercero, el consejero, que asistirá al sujeto en los actos
sobre los que recayó la incapacidad, lo que será dispuesto por un juez distinto
al juez de familia (quien es el juez natural en casos de incapacidad), procediendo
a la formulación de la tesis:
“De todo lo anterior se puede concluir que las disposiciones
analizadas de la inhabilitación accesoria y el hecho de impedir que la persona
solicite su rehabilitación y adquiera nuevamente su capacidad legal plena, si
no tiene posibilidades o medios  económicos para pagar sus obligaciones, va en
contra del fin constitucionalmente válido que busca la norma, que es la
protección de la persona y de sus derechos fundamentales. Al contrario, con las
disposiciones  mencionadas se instrumentaliza al sujeto y se limitan sus
derechos fundamentales por aspectos netamente patrimoniales, situación a todas
luces contraria a los principios de dignidad humana, autonomía individual,
independencia, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”[17].
V.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO[18]
Mediante escrito radicado el 28 de
septiembre de 2016, el Ministerio Público solicitó a la Corte declarar
inexequible el segmento demandado. La tesis de la Procuraduría fue la
siguiente:
“Finalmente
es necesario señalar que una exigencia a semejanza de la contenida en la norma
acusada vulnera también los principios fundamentes del Estado Social de Derecho
según el cual a los ciudadanos no solo se les reconoce un listado de derechos
sino que se les debe proteger la efectividad de los mismos haciendo posible su
participación en las decisiones que los afecten. Si se declarase exequible el requisito
demandado, la efectividad de los derechos de una persona clínicamente capaz, se
verían ocluidos y no podría esta persona decidir cuál es la mejor o más
rentable manera de solventar sus deudas, así como también se verían reducidos y
vulnerados los derechos personalísimos  que se derivan de la autonomía
proveniente de la recuperación de sus capacidades mentales.
En
consideración de lo anterior, esta jefatura considera que la norma acusada es
contraria a los mandatos superiores concernientes a la dignidad humana y al Estado
social de derecho porque en caso que se establezca, de acuerdo con las
evaluaciones técnicas sobre el comportamiento que una persona puede ser declarada
por el juez como rehabilitada, la efectividad de sus derechos se vería vulnerada
y se le impediría ejercer su autonomía personal para escoger la mejor manera de
adoptar las decisiones económicas que le afectan.”[19]
Como punto de partida de su razonamiento,
el Ministerio Público se preguntó si la medida de inhabilitación se relaciona
con derechos de carácter personal o únicamente con derechos de carácter
patrimonial, encontrando que se trata de una medida de carácter patrimonial de conformidad
con los artículos 31 a 35 de la Ley 1306 de 2009, pero relacionada con aspectos
que involucran los asuntos personales, pues en casos como el demandado, bien
ocurre que un mayor de edad que no necesita medidas de protección como la
inhabilitación, por estar en pleno uso de sus facultades mentales, de
conformidad con las determinaciones clínicas, termine siendo administrado por un
perito, únicamente porque no ha satisfecho a sus deudores, razón por la cual la
Procuraduría consideró que el pago de las acreencias dentro de un proceso
concursal, no puede ser un condicionamiento para reconocer la autonomía de una
persona clínicamente hábil para administrar su patrimonio, lo que
implicaría un castigo injustificado.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, pues el enunciado demandado forma parte
de la Ley 1306 de 2009.
2.
Cuestión previa. Aptitud de la demanda
Los accionantes han demandado las
expresiones “El fallido tendrá derecho a obtener su
rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes
en el concurso”, contenidas en el inciso segundo del artículo 38 de
la ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la Protección de
Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación
Legal de Incapaces Emancipados.
Los demandantes sostienen que el inciso cuestionado
es violatorio
del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política, por condicionar el derecho a la rehabilitación (que es
un derecho personal) a la satisfacción previa de los créditos de los
acreedores. De este modo, afirman los demandantes, la norma impugnada pretende
que una persona clínicamente hábil, pero inmersa en un estado de insolvencia, tenga
que satisfacer previamente las obligaciones patrimoniales que le asisten dentro
de un proceso concursal, para que pueda ser rehabilitado.
En
opinión de los demandantes, esta exigencia es inconstitucional y violatoria de
la dignidad humana, pues hace depender una condición personal y un derecho
fundamental, de la satisfacción previa de una prestación económica.
El Ministerio Público y la mayoría los
intervinientes coincidieron en solicitar la declaratoria de inexequibilidad del
inciso demandado, considerando al igual que el accionante, que el mismo es
violatorio el principio de dignidad humana y del Estado social de derecho, por
condicionar el ejercicio de derechos personales como la autonomía, a una
condición únicamente patrimonial. Además señalaron que el condicionamiento es
también inconstitucional, en tanto que permite el sometimiento de una persona
clínicamente hábil, al poder y la decisión de otro (el tutor), a pesar de la
recuperación de sus capacidades mentales.
Requisitos de la demanda de
inconstitucionalidad y de los argumentos que sustentan la solicitud
El Decreto 2067 de 1991 Por el cual se dicta el régimen procedimental de los
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional,
establece en el artículo 2 los requisitos que deben cumplir las demandas de
inconstitucionalidad. Allí se prevé que dichos documentos deben ser presentados
por escrito, en duplicado y que deben contener el señalamiento de las normas
acusadas como inconstitucionales; la identificación de las normas
constitucionales que se consideran violadas; las razones o los argumentos de la
violación o concepto de la violación; la indicación del trámite que debió
seguirse, en caso que se aleguen vicios de forma; y la afirmación de la competencia
de la Cote Constitucional.
Dentro de esa comprensión y a los
efectos de un mejor despliegue de la acción y de la calidad de los fallos, la
Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-1052 de 2001 comenzó a exigir
que las razones de la violación señaladas por el actor en su demanda fueran claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, so pena de proferir un
fallo inhibitorio, pues “de emitir la Corte  un pronunciamiento de fondo con
base en una demanda que no contiene una razonable exposición de los motivos por
los cuales se estima la violación, se estaría dando a la acción de
inconstitucionalidad una vocación oficiosa que es contraria a su naturaleza”[20].
En desarrollo de esto se dijo
posteriormente en la Sentencia C-330 de 2016 (entre otros muchos fallos),
citando la Sentencia C-1052 de 2001, que las
razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición
comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta
inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que
significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas,
caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido
normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que
excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera
que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o
corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos
a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es,
capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o
disposición demandada.”[21]
El presente caso satisface plenamente
los requerimientos argumentales de admisibilidad necesarios para proferir un
fallo de fondo, en atención a las siguientes razones: en primer lugar porque
tanto la admisión y el debate de los intervinientes se ha desarrollado
alrededor de un único punto bien definido: la eventual violación del artículo 1
de la Constitución Política; porque ni el Ministerio Público ni los
intervinientes solicitaron la emisión de fallo inhibitorio por ineptitud de la
demanda; y porque los requisitos de claridad, certeza, suficiencia, pertinencia
y especificidad han sido plenamente satisfechos, como se desprende de la
conducta procesal de los participantes en este proceso.
3. Segunda cuestión previa. Solicitud de
inhibición por derogatoria del enunciado demandado
3.1. La interviniente Superintendencia
de Sociedades le solicitó a la Corte Constitucional que profiera fallo
inhibitorio, pues en su opinión, el inciso segundo del artículo 38 de la Ley
1306 de 2009 demandado, fue derogado tácitamente por la Ley 1564 de 2012,
Código General del Proceso, que establece un sistema para la rehabilitación
financiera y económica del deudor persona natural no comerciante.
Como fundamento de su solicitud señaló
que la Ley 1564 de 2012 estableció un régimen que permite la rehabilitación
automática del deudor persona natural no comerciante, en vez de uno que
previese su inhabilitación, señalando la existencia de algunas reglas
especiales del Código General del Proceso, que permiten la actuación directa de
la persona puesta en insolvencia para disponer de sus intereses, lo que
evidenciaría la derogación del régimen de inhabilitación establecido en la Ley
1306 de 2009.
3.2. La Corte Constitucional ha dicho
que la derogación es “el procedimiento a través del cual se
deja sin vigencia una disposición normativa”[22]. El artículo 71 de la Ley 57 de 1887 establece
su régimen de la siguiente manera:
“Artículo 71. Clases de derogación.
La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la
nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley
contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser
total o parcial.”
Y respecto de la derogatoria tácita
dispuso:
“Artículo 72. Alcance de la
derogación tácita. La
derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la
misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva
ley.”
La Corte Constitucional se ha
referido a las distintas modalidades de derogatoria. Así respecto de la
derogatoria expresa ha dicho que ocurre “cuando la nueva ley dice explícitamente
que deroga la antigua, de tal suerte que no es necesaria ninguna interpretación,
‘pues simplemente se excluye del ordenamiento uno o varios preceptos legales,
desde el momento en que así lo señale el legislador’[23]”[24].
La
derogación tácita ocurre “cuando la nueva ley regula un determinado hecho o
fenómeno de manera diferente a la ley anterior, sin señalar expresamente qué
disposiciones quedan sin efectos, lo que implica que sólo pierden vigencia
aquellas que sean incompatibles con la nueva regulación. En este evento es ‘necesaria
la interpretación de ambas leyes, para establecer qué ley rige la materia, o si
la derogación es total o parcial’.[25]”
[26]
Finalmente
se tiene la derogación orgánica que ocurre cuando la nueva ley “regula
íntegramente la materia a la que la anterior disposición se refería”,
precisando la Corte, que no se requiere de manera necesaria que haya
incompatibilidad entre la nueva ley y la ley o leyes anteriores, pues “puede
tener características de la derogación expresa y tácita, en el sentido en que
el legislador puede expresamente señalar que una regulación queda sin efectos o
que le corresponda al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático
de la nueva normativa”[27].
3.3. Alrededor de la derogatoria tácita y de la eventual emisión de fallo
inhibitorio como consecuencia de ella, la Corte ha precisado que para que
proceda dicho fallo, debe existir certeza acerca de la pérdida de vigencia de
la norma derogada, como se afirmó en la Sentencia C-419 de 2002 al señalar que “Cuando la derogatoria de una disposición es expresa, no cabe
duda en cuanto a que si se interpone una demanda en contra de la norma
derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la disposición continúe
proyectando sus efectos en el tiempo. Cuando, por el contrario, la vigencia de
una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria
tácita, la Corte no puede inhibirse por esta razón pues la disposición podría
estar produciendo efectos”[28].
3.4. La Ley 1306 de 2009, Por la
cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y
se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, es una
ley especial dispuesta en 120 artículos, cuyo objeto es la protección de
las personas en condición de discapacidad mental o inhabilitadas, en el
objetivo de obtener su rehabilitación y bienestar, como lo dispuso el artículo
1 de esa ley:
“Artículo 1. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto la protección
e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte
conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad.
La protección de la persona con discapacidad mental y
de sus derechos fundamentales será la directriz de interpretación y aplicación
de estas normas. El ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de
administración patrimonial tendrá como objetivo principal la rehabilitación y
el bienestar del afectado.”
La Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, es un
extenso estatuto que derogó el Código de Procedimiento Civil, dispuesto en 626
artículos, el último de los cuales contiene la cláusula de derogación, donde se
dispone la derogatoria expresa de los artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 de
2009.
En opinión de la Superintendencia interviniente,
los artículos 531 a 576 de la Ley 1524 de 2012, Código General del Proceso, disponen
un régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, que “previó un escenario
de rehabilitación automática del deudor que se acoge a él, sin necesidad de
someter al deudor a la tutela de un administrador, curador o guardador”,
señalando como argumento el contenido de algunos debates surtidos durante el
trámite del proyecto de ley en el Congreso, que daría lugar al Código, así como
la existencia de algunas normas de ese Código que permiten actuaciones autónomas
de quien se encuentre dentro del régimen de insolvencia de la persona natural
no comerciante.
3.5. La Sala considera que ciertamente los
artículos 531 a 576 de la Ley 1524 de 2012, Código General del Proceso, disponen
un régimen normativo en los casos de insolvencia de la persona natural no
comerciante, contenido en el Título IV de la Sección Tercera, procesos de
liquidación.
Sin embargo de la existencia de esas normas no se deriva el establecimiento de
un régimen automático de rehabilitación del fallido, como lo sugiere la
interviniente.
Lo primero que hay que señalar es que el inciso
segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009, demando, corresponde a un
contexto normativo específico,  dispuesto en la Sección Segunda del Capítulo II
de esa ley, titulado Personas con Discapacidad Mental, que va de los artículos
32 a 39, donde se diferencia entre la discapacidad mental absoluta y la
discapacidad mental relativa y se prevén tres tipos
de inhabilitaciones: la inhabilitación general, la inhabilitación accesoria y
la inhabilitación provisional, estableciendo un régimen judicial de competencias,
causales y procedimientos para cada una de ellas. Dentro de esta perspectiva,
la instalación de “un escenario de rehabilitación automática” resulta excluido,
en tanto que (i) los artículos 531 a 576 de la Ley 1564 de 2012 no refieren la
existencia de dicho régimen y (ii) los artículos 32 a 39 de la Ley 1306 de 2009
constituyen una unidad normativa especial, que no fue modificada por el Código
General el Proceso hasta el punto de afirmar la derogatoria de algunos de sus
enunciados.
En subsidio de la tesis de la derogatoria tácita, la
Superintendencia de Sociedades señala como argumento, la existencia de los
artículos 539, 550, 553, 556, 557 y 560 del Código General del Proceso, que
prevén posibilidades de actuación de la persona que ha sido inhabilitada. Este
hecho no implica la derogatoria del inciso segundo del artículo 38 de la Ley
1306 de 2009, como lo sugiere el interviniente, sino su concurrencia con el
artículo 34 de la Ley 1306 de 2009, que precisa el alcance de la inhabilitación
señalando que esta se limita “a los negocios que, por su cuantía o
complejidad, hagan necesario que la persona con discapacidad mental relativa
realice con la asistencia de un consejero”, lo que se integra con las normas
especiales del Código General del Proceso, sin derogar nada.
3.6. En conclusión considera la Sala, que en el
presente caso no se configura el fenómeno de la derogatoria, ni hay lugar a fallo
inhibitorio, (i) porque los artículos 32 a 39 de la Ley 1306 de 2009 establecen
un régimen especial de inhabilitación para la discapacidad mental relativa, que
no fue derogado expresamente por el artículo 626 del Código General del Proceso,
como sí lo hizo con otras normas de esa ley; (ii) porque la Ley 1306 de 2009
contiene un régimen especial, que prevé la existencia de tres clases de inhabilidades
relativas, cada una de ellas con causales, reglas de competencia y
procedimiento, que no fue modificado por el Código General del Proceso; (iii) y
porque no existe certeza acerca de la derogatoria tácita acerca de esa forma de
rehabilitación, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Dentro de esta compresión, la Corte procede al
examen de fondo del segmento acusado bajo el cargo de violar el artículo 1 de
la Constitución.
4. Planteamiento del caso,
formulación del problema jurídico y programa del fallo
4.1. Planteamiento del caso
Este caso está relacionado con la
demanda de inconstitucionalidad que formularon los ciudadanos Lorena Andrea
Boada Gómez y Jorge Orlando Urbano Martínez, en contra del inciso segundo del
artículo 38 de la Ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados, que establece que “El
fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los
deudores que se hicieron presentes en el concurso.”
En opinión de los demandantes, el
segmento impugnado viola el
principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución
Política, por condicionar el derecho a la rehabilitación, que es un derecho
personal, a la satisfacción previa de los créditos de los acreedores, que son
derechos simplemente patrimoniales. De este modo, afirman los demandantes, la
norma impugnada pretende que una persona clínicamente hábil, pero inmersa en un
estado de insolvencia, tenga que satisfacer previamente las obligaciones
patrimoniales que le asisten dentro de un proceso concursal, para que pueda ser
rehabilitado.
Cinco de los intervinientes (el
Ministerio de Justicia y el Derecho, la Universidad Santo Tomás, la Universidad
Libre, la Universidad de Cartagena y la Universidad Externado de Colombia) le
han solicitado a la Corte la declaratoria de inexequibilidad del inciso
demandado, señalando entre otros, los siguientes argumentos:
La Ley 1306 de 2009 fue establecida para
asegurar la protección de las personas que padecen de discapacidad mental
relativa, quienes han sido objeto de inhabilitaciones relativas o
provisionales. En sentido contrario, condicionamientos como el demandado lo que
hacen es sancionar a esas personas e impedirles su reincorporación en el
tráfico social y jurídico.
Condicionar la obtención del
ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas inmersas en procesos
de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes, a la
satisfacción de los intereses económicos de terceros, implica la violación de
la dignidad humana, pues impide el ejercicio de la autonomía y la
autodeterminación.
El inciso demandado viola normas
constitucionales y convencionales que protegen y reconocen a las personas en
condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional,
afectando el principio de dignidad, en la medida que se hace depender su
rehabilitación de una condición económica, que les impide además, trabajar o
conseguiros los medios para solventar sus deudas.
El
Ministerio Público por su parte considera que el inciso demandado es
inconstitucional, porque hace depender la rehabilitación del fallido de
factores simplemente patrimoniales, en la medida en que bien puede suceder que
dicha persona haya sido declarada clínicamente apta para conducir su autonomía
personal y patrimonial, pero que no pueda ejercer sus derechos fundamentales
hasta que pague las deudas que eventualmente tenga, siendo que para ello existen
mecanismos jurídicos distintos a los de impedir la rehabilitación.
4.2.
Problema jurídico
La
Sala considera que el problema jurídico que debe resolver la Corte
Constitucional es el siguiente: ¿Es violatorio del artículo 1 de la
Constitución y muy especialmente del principio de dignidad humana y del Estado
social de derecho, condicionar la rehabilitación del incapaz relativo, que ha
sido inhabilitado por entrar en cesación de pagos de sus obligaciones o estado
de insolvencia, al hecho de satisfacer previamente los créditos de los
acreedores dentro del concurso?
4.3.
Programa del fallo
Atendiendo
a la postura de la mayoría de los intervinientes, así como a la consolidada
jurisprudencia constitucional relacionada la condición de discapacidad, el
programa metodológico del fallo desarrollará los siguientes temas y asuntos:
(i) En primer lugar la Corte hace el análisis del segmento normativo demandado,
en el contexto de la Ley 1306 de 2009, Por la cual se
dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se
establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados; (ii)
en segundo término se examina la regla de protección de la personas en
condición de discapacidad prevista en la Constitución Política y en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, lo cual dará paso (iii) al examen del
principio y derecho fundamental de dignidad y del Estado social de derecho en relación
con las personas declaradas incapaces, para finalmente, (iv) evaluar la
constitucionalidad del inciso demandado, considerando de modo especial, las consecuencias
que su mantenimiento implica para las personas afectadas y el sistema jurídico.
Finalmente
(v) se consigna la síntesis del fallo, presentando el balance de los argumentos
que conducen a la declaratoria de inexequibilidad del sintagma demandado.
5.
El enunciado demandado. Impropiedades de técnica legislativa y contenidos
5.1. Los accionantes demandaron el inciso segundo del
artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados, que específicamente dispone:
“Artículo 38. Rehabilitación del inhabilitado. El Juez decretará la rehabilitación del
inhabilitado a solicitud de este o de su consejero, previas las evaluaciones
técnicas sobre su comportamiento. Entre dos (2) solicitudes de rehabilitación
deberán transcurrir cuando menos seis (6) meses.
El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación
cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el
concurso.”
El artículo dispone que el juez decretará la
rehabilitación del inhabilitado tomando como fundamento peritajes técnicos que
prueben que ha sido superada la causa de la incapacidad relativa. Sin embargo
en el caso de quienes han sido declarados inhábiles dentro de un proceso de
insolvencia, se requiere además, que el afectado haya “satisfecho a los
acreedores que se hicieron presentes en el concurso”, con lo cual en opinión
de los demandantes, se ha erigido una barrera inconstitucional de carácter objetivo
y patrimonial, que impide la rehabilitación del afectado.
Como fue señalado por la mayoría de los
intervinientes, el enunciado demandado está mal construido y tiene problemas de
técnica legislativa, en el sentido que el mismo se refiere a los “deudores”, y
no a los acreedores del inhabilitado, y que técnicamente no se habla hoy
de concurso, sino de la situación del particular no comerciante en régimen de
insolvencia.
5.2. La Ley 1306 de 2009 es un cuerpo
normativo dispuesto en 120 artículos divididos en nueve capítulos, cuyo objeto
central es “la protección e inclusión social de
toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la
inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”, conforme lo señala el artículo 1 de dicho estatuto.
En sentido estructural, la ley fue
dispuesta en nueve capítulos, siendo destinado el primero de ellos a las
consideraciones generales, entre los artículos 1 al 13. El Capítulo II desarrolla
el tema de la discapacidad mental entre los artículos 12 y 47, a lo largo de
cuatro secciones relacionadas con la discapacidad mental absoluta, la
discapacidad mental relativa, el procedimiento para la declaratoria de
inhabilidad, y la publicidad de la condición de inhabilitados. El Capítulo III es
muy corto, va de los artículos 48 a 51 y fue destinado a los actuaciones jurídicas
de los interdictos y los inhabilitados, dando paso luego al Capítulo IV, el más
extenso, que comprende los artículos 52 a 102 y desarrolla los temas de los
guardadores, consejeros y administradores, la designación de los guardadores;
el régimen de incapacidades y excusas de los mismos; las diligencias que
resultan necesarias para proceder al ejercicio de la guarda; el régimen de
representación y administración de los bienes y la remuneración de la gestión
de los guardadores, los consejeros y los administradores.
El Capítulo II se titula Personas
con discapacidad mental y diferencia entre la discapacidad mental absoluta
y la discapacidad mental relativa. El artículo 17 define la primera, señalando
que “Se consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una
afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de
deterioro mental”, y precisa que la calificación de dicha discapacidad se
hará siguiendo los parámetros científicos adoptados por el Comité Consultivo
Nacional de las Personas con Limitación, bajo una nomenclatura
internacionalmente aceptada.
5.3. El enunciado demandado se encuentra
dentro de la sección segunda, titulada Discapacidad mental relativa,
cuya regulación comprende los artículos 32 a 39, que prevén la existencia de
tres variedades: la inhabilitación general, la inhabilitación accesoria y la
inhabilitación provisional.
El artículo 32 contiene el enunciado
general de inhabilitación señalando que “Las personas que padezcan deficiencias de
comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de
ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio, podrán ser inhabilitadas para
celebrar algunos negocios jurídicos” a petición de parte o del mismo afectado, siendo competente para ello
el juez de familia.
Acto seguido el artículo 33 establece la
“inhabilitación accesoria” y allí se prevé que “en los procesos de
liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de personas
naturales, podrá decretarse como medida accesoria la inhabilitación del
fallido, a solicitud del representante del patrimonio, de los acreedores u
oficiosamente por el Juez” (resaltado fuera de texto), precisando que el
Juez ante quien se adelante el proceso concursal contra el fallido, será el
competente para decretar la inhabilitación accesoria y no el juez de familia,
que es el juez natural tratándose de personas en condición de discapacidad.
El artículo 34 precisa que la inhabilitación se
limitará a los negocios que, por su cuantía o complejidad, hagan necesario que
la persona con discapacidad mental relativa realice con la asistencia de un
consejero, pudiendo ejecutar todos los demás actos jurídicos relacionados, como
lo precisa el artículo 35 de la ley al señalar, que “el inhabilitado
conservará su libertad personal y se mirará como capaz para todos los actos
jurídicos distintos de aquellos sobre los cuales recae la inhabilidad”.
En tercer lugar se tiene la inhabilitación
provisional, prevista en el artículo 36, que es competencia del juez de
familia, en virtud de la cual los actos de enajenación patrimonial cuyo valor
supere los quince salarios mínimos legales mensuales, deba ser autorizado por
un consejero.
5.4. Presentada la clasificación de las
inhabilitaciones, el artículo 38 dispone la rehabilitación del inhabilitado, la
que deberá ser decretada por el juez con fundamento en evaluaciones técnicas
sobre su comportamiento, exigiendo que la persona no comerciante en régimen de
insolvencia, satisfaga previamente las deudas contraídas con sus acreedores.
6. La protección de las personas en condición
de discapacidad prevista en el derecho nacional y el convencional
En lo que se refiere a la protección de las personas
en condición de discapacidad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
tradicionalmente ha hecho dos cosas. En primer lugar ha fijado el escenario
normativo de dicha protección y en segundo término, ha identificado los
enfoques epistemológicos que han guiado la interpretación y la aplicación de
las normas sobre discapacidad.
6.1. El escenario normativo local de las
personas en condición de discapacidad
Alrededor de este tema, la jurisprudencia ha
diferenciado entre el derecho nacional y el derecho convencional.
En el nivel del derecho local se cuenta con tres
planos: el constitucional, el legal y el jurisprudencial, encaminados todos
ellos al establecimiento de un sistema de protección dispuesto alrededor de las
personas en condición de discapacidad, los que tienen como punto de partida el
principio de dignidad.
El artículo 13 de la Carta Política establece el
principio de igualdad, señalando especificarme en el inciso tercero, que “El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta  y sancionará los abusos o malos tratos que contra ellas se cometan”.
El artículo 47 por su parte, dispone que “El Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes prestará la atención
especializada que requieran”, lo que se aviene con lo establecido en el
artículo 54 de la Carta Política, que dispone que “Es obligación del Estado
y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes los requieran”.
Finalmente se tiene el artículo 68, relacionado con el
derecho a la educación, que en el inciso final establece que “La erradicación
del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.
Dentro de esta perspectiva, la jurisprudencia
constitucional ha focalizado su trabajo alrededor de tres finalidades[29]:
(i) procurar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas en condición
de discapacidad frente a los demás miembros de la sociedad; (ii) adelantar las
políticas pertinentes a lograr su rehabilitación social de acuerdo con sus
condiciones y (iii) otorgar un trato especial a las personas en condición de
discapacidad, que permita la eliminación de las condiciones de discriminación o
marginación.
6.2. El derecho convencional de las personas
en condición de discapacidad
En su intervención la Universidad Santo Tomás solicitó
la declaratoria de inexequibilidad del enunciado demandado, por ser contrario a
la Constitución y a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano, con
la suscripción de convenciones internacionales que establecen obligaciones de
respeto y protección de los derechos de personas en condición de discapacidad.
Entre esos documentos, que son vinculantes para Colombia, destacan:
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y que cuenta con la Ley 1346 de
2009, aprobatoria de tratado público, y que sirvió de fundamento a la Ley 1306
de 2009.
La Convención Interamericana Para La
Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con
Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,
en ciudad de Guatemala el 6 de julio de 1999, e incorporada al derecho interno
mediante la Ley 762 de 2002, declarada exequible mediante
Sentencia C-401 de 2003.
Adicionalmente se tiene un conjunto
de documentos de Derecho Internacional, relacionados con los derechos de las
personas en condición de discapacidad, que precisan los deberes que tienen los
Estados y la comunidad para con ellos. Entre esos documentos destacan los
siguientes: La Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación,
aprobada por la Resolución 3447 de la ONU del 9 de diciembre de 1975; la Declaración
de los Derechos de las Personas con Retardo Mental, de 1971; el Decenio
de la Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de 1982; el Programa de Acción Mundial parta
las Personas con Discapacidad; los Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención en Salud Mental, de
1991; la Declaración de Caracas de 2001 y la Observación General No.
5 de 1994, sobre personas con discapacidad, del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.
7. El
principio y derecho fundamental de dignidad
La Constitución de 1886 se refería a la dignidad, pero
no la concebía como un derecho o como un principio jurídico, sino que la
relacionaba con el ejercicio de algunos cargos públicos. De este modo señalaba
en el artículo 97 que la “indignidad por mala conducta” era una de las
causales para adelantar juicios ante el Senado, disponiendo además en el
artículo 155, que los Magistrados de los Tribunales Superiores serían
responsables ante la Corte Suprema de Justicia “por las faltas que
comprometan la dignidad de su puesto”. Desde allí hizo carrera hablar de
“la dignidad del cargo”, en vez hablar de la dignidad de la persona que ocupa
cualquier cargo, desempeña cualquier trabajo o desarrolla cualquier oficio.
El principio jurídico y derecho fundamental de
dignidad fue establecido en el artículo 1 de la Constitución de 1991, que
señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
república unitaria y que está “fundada en el respeto de la dignidad humana”,
y desde allí se ha desarrollado en el plano legislativo y jurisprudencial.
En el plano legislativo la dignidad ha sido incluida
dentro del catálogo de principios que informan distintas leyes y códigos,
mientras que el plano jurisprudencial ha permitido caracterizar la dignidad
como un principio jurídico, un valor constitucional y un derecho fundamental,
precisando además su contenido e identificando las principales líneas
jurisprudenciales articuladas alrededor de ella.
7.1. La dignidad en el plano del derecho legal
El derecho legislativo presenta diversos escenarios de
despliegue del principio de dignidad, en el que opera (i) como fundamento de
otros derechos y (ii) como el derecho fundamental que tienen las personas, a un
cierto trato, al trato digno.
El derecho penal ha incluido la dignidad como
principio rector de la legislación penal y de sus normas de procedimiento. En
este sentido el artículo 1 de la Ley 599 de 2000, que contiene el Código Penal
establece perentoriamente:
“Artículo 1. Dignidad humana. El derecho penal
tendrá como fundamento la dignidad humana”.
Y en la misma dimensión el artículo 1 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento
Penal dispone alrededor del trato digno:
“Artículo 1. Dignidad humana. Los intervinientes
en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana”.
El Código de la Infancia y la Adolescencia, contenido en la Ley 1098 de
2006 establece en el artículo 1 el mandato de prevalencia de la dignidad en los
niños y las niñas, señalando que
“Artículo 1. Finalidad. Este código tiene por
finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.”
La ley de víctimas, contenida en la Ley 1448 de 2011, coloca
a la dignidad como fundamento de los derechos a la justicia la verdad y
reparación, a la vez que la incluye como el elemento central del trato que debe
serle dado a las víctimas. Específicamente el artículo 4 señala lo siguiente:
“Artículo 4. Dignidad. El fundamento axiológico de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la
integridad y a la honra de las víctimas. Las víctimas serán tratadas con
consideración y respeto, participarán en las decisiones que las afecten, para
lo cual contarán con información, asesoría y acompañamiento necesario y
obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en virtud del mandato
constitucional, deber positivo y principio de la dignidad.”
Igual puede decirse de la Ley 1437 de 2011, que
contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
– CPACA, que en el numeral 5 del artículo 5 prevé como derecho de las personas
ante las autoridades el de “Ser tratado con el respeto y la consideración
debida a la dignidad de la persona humana”, mientras que en el numeral 5
del artículo 7 establece como deber de las autoridades en la atención al
público, “Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato
digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos
de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos
efectivamente”.
La única regresión se encuentra en la Ley 1564 de 2012
que contiene el Código General del Proceso, que al estilo de la Constitución de
1886, refirió la dignidad a los cargos públicos y no a las personas, señalando
en el numeral 3 del artículo 42, que es deber del juez, “Prevenir, remediar,
sancionar o denunciar por los medios que este Código consagra, los actos
contrarios a la dignidad de la justicia”.
Finalmente y para el caso que ocupa la atención de la
Sala, se tiene la inclusión el principio de dignidad en el artículo 2 de la Ley
1309 de 2006, donde se señala:
“Artículo 3. Principios. En la protección y garantía de los derechos de
las personas con discapacidad mental se tomarán en cuenta los siguientes
principios:
a) El respeto de su dignidad, su autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia; (…)”
Como conclusión de lo anterior se tiene que el derecho
legal reconoce plenamente la vigencia y la importancia del principio de la
dignidad, la que es incluida dentro de los principios rectores de los
principales estatutos legales, bajo dos contenidos fundamentales: (i) como
fundamento de los demás derechos, y (ii) como regla del trato digno que debe
ser dado a todas las personas, especialmente a aquellas que son sujetos de
especial protección constitucional como ocurre con los menores de edad, las
víctimas y las personas en condición de discapacidad.
7.2. La dignidad en la Constitución y en las
líneas de protección dispuestas por la Corte Constitucional
La dignidad es el principio fundamental de la
Constitución Política de 1991, fue establecido en el artículo 1 del texto
constitucional y se desarrolla en numerosos enunciados.
De este modo el artículo 25 de la Carta, que contiene
el derecho fundamental al trabajo, dispone expresamente que “Toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
El artículo 42 que convoca a la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, determina en el inciso segundo, que “La honra,
la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.
En la dimensión de los derechos sociales, el artículo
42 de la Constitución prevé que “Todos los colombianos tienen derecho a una
vivienda digna”, mientras que el artículo 53, relacionado con el derecho al
trabajo, señala en el inciso final, que “La ley, los contratos, los acuerdos
y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni
los derechos de los trabajadores”.
En el plano de los derechos culturales se tiene el artículo
68, cuyas materias son el servicio público de educación, la comunidad educativa
y la enseñanza, que dispone en el inciso tercero, que “La ley garantiza la profesionalización
y dignificación de la actividad docente”, mientras que en el artículo 70 relaciona
el principio de dignidad con el derecho a la cultura, al establecer en el
inciso segundo, que “La cultura en sus diversas manifestaciones es
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de
todas las que conviven en el país”.
Finalmente se tiene el artículo 95 de la Constitución,
que fue destinado a los deberes y obligaciones constitucionales, indicándose
allí, que “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla”.
7.3. La dignidad en la protección de la Corte
Constitucional
La Sentencia T-881 de 2002 es
determinante para la consideración del principio y derecho fundamental de
dignidad, siendo el fallo siempre reiterado[30], por dos
razones fundamentales:
i. En primer lugar, porque es el precedente
obligado en materia de dignidad, hasta el punto de ser la referencia común sobre
dignidad en Colombia. Se usa aquí la expresión precedente en el sentido
enunciado en la Sentencia T-292 de 2006, seguido ampliamente en fallos
posteriores, que lo entiende como “aquel antecedente del conjunto de
sentencias previas al caso que habrá de resolver que por su pertinencia para la
solución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente
un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”[31].
ii. En segundo término, porque contiene
la jurisprudencia en vigor en materia de dignidad, en el sentido de
enunciar las seis líneas jurisprudenciales vigentes alrededor de este principio
y derecho fundamental, que son la referencia obligada de la totalidad de los
fallos en Colombia. Se usa aquí la expresión jurisprudencia en vigor en
el sentido enunciado en el Auto 153 de 2015, “(...) en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado
tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios
mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las
normas constitucionales aplicables en lo relativo a la solución de
controversias planteadas en los mismos términos (...)”[32].
En
el caso contenido en la Sentencia T-881 de 2002, fueron acumulados dos
expedientes, el primero relacionado con la falta de pago del servicio de
energía eléctrica por parte del INPEC - Cárcel del Distrito Judicial de
Cartagena a Electrocosta S.A.; y el segundo también con la falta de pago del
mismo servicio por el municipio de Arenal a Electribol. En ambos casos las
empresas de energía suspendieron el servicio público a los usuarios, degradando
las condiciones de vida de varias personas, entre ellas, los reclusos de la Cárcel
del Distrito Judicial de Cartagena, y del otro, poniendo en peligro la vida de
los pacientes y enfermos del hospital de Arenales, y de los miembros de la Fuerza
Pública allí destacada, quienes quedaron en condiciones de indefensión por el riesgo
de padecer ataques de grupos armados.
En ambos casos, las empresas de energía
en lugar de efectuar los cobros jurídicos del caso, ordenaron y dispusieron el
corte del servicio de energía eléctrica, degradando la vida de las personas,
quienes fueron usadas como instrumento de presión para obtener el pago de los
dineros que el INPEC y el municipio de Arenales le adeudaban a las Empresas de
energía.
Al resolver la Corte dijo, que “los
ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán apreciarse no como
contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos
concretos, en relación con las circunstancia en las cuales el ser humano se
desarrolla ordinariamente”[33],
afirmando desde allí, que “Para la Sala la nueva dimensión social de la
dignidad humana, normativamente determinada, se constituye en razón suficiente
para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo, en
consonancia con la interpretación armónica de la Constitución”[34]
(subrayados fuera de texto)
De este modo la Corte amparó los
derechos de los usuarios, entre ellos el de dignidad, previniendo a
Electrocosta para que no usara a las personas como mecanismo de presión para
obtener pagos en dinero. Específicamente dijo:
“Séptimo.
Prevenir a Electrocosta, para
que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo de conductas dirigidas
al racionamiento, suspensión o corte en el servicio de suministro de energía al
Hospital, al Acueducto y a los establecimientos de seguridad terrestre (bienes
constitucionalmente protegidos), del municipio del Arenal (Bolívar), sin
importar que las mismas tengan o no su origen en el incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de los mencionados establecimientos o del
Municipio del Arenal.”
La
Corporación censuró expresamente la conducta de usar o instrumentalizar a las
personas, en los siguientes términos:
“Esta protección especial torna constitucionalmente
injustificada la conducta de las empresas prestadoras de servicios públicos
esenciales, que alegando ejercicio de atribuciones legales proceden a efectuar
como simples medidas de presión para el pago de sumas adeudadas, racionamientos
o  suspensiones indefinidas del servicio, en establecimientos
penitenciarios, o indiscriminadamente en establecimientos de salud o
establecimientos relacionados con la seguridad ciudadana.”[35]
7.4.
Las líneas jurisprudenciales alrededor del principio y derecho fundamental de
dignidad
Además
de resolver el caso y de amparar los derechos de los accionantes y demás
personas afectadas, la Sentencia T-881 de 2002 identificó los contenidos del
principio de dignidad y las seis líneas jurisprudenciales dispuestas por la
Corte alrededor de este derecho[36],
las que fueron presentadas en dos grupos, articulados desde el punto de vista
de la función del derecho de dignidad (i) y desde el punto de vista del objeto
de protección de la dignidad (ii).
7.4.1.
La dignidad desde la función del enunciado normativo sobre dignidad
Desde
este punto de vista, la Corte dispuso tres líneas jurisprudenciales,
ampliamente acogidas hasta hoy:
La
dignidad como valor, entendido al modo de principio fundante del
ordenamiento constitucional. En esta perspectiva, la dignidad es presentada
como la base axiológica o de fundamentación de todos los demás derechos. Desde
allí, se irradia la protección de la honra, el buen nombre, la integridad
personal, el mínimo vital, etc.
La
Dignidad como principio constitucional, como deber positivo del Estado,
como mandato de optimización. En esta dimensión, la Dignidad “se constituye
como un mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción,
según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la
medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas
relacionadas con sus funciones constitucionales y legales, con el propósito de
lograr las condiciones para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección
de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual,
condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral”[37].
Así, se ha ordenado el trato digno de todo servidor público a las personas; los
límites de las autoridades en el ejercicio de la fuerza, especialmente en
situaciones de conflicto; los deberes de respeto por la integridad y dignidad
de los reclusos y sus visitantes, así como deberes de abstención respecto del
cuerpo de otros seres humanos.
La Dignidad como derecho fundamental
autónomo, que la Corte ha traducido en las protecciones concretas a la
igualdad en el trato y el trato digno, a la identidad sexual, a la totalidad de
los derechos de los niños por su condición, así como a los casos de derechos de
la tercera edad, especialmente la pensión.
7.4.2.
La dignidad desde el objeto de protección
Desde
este punto de vista, la Corte ha desarrollado tres líneas jurisprudenciales:
La
Dignidad como ejercicio de la autonomía personal, patente en el diseño del
propio plan de vida, que la Corte ha entendido como “vivir como quiera”
y que tradujo en protecciones concretas, como la despenalización del consumo de
sustancias sicoactivas, la decisión sobre las preferencias sexuales que se
quieran, el derecho a morir dignamente, el derecho a escoger profesión u
oficio, la vida, pero no simplemente como vida biológica, sino como vida digna,
etc.
La
Dignidad como condiciones materiales de existencia, que la Corte entiende como “vivir
bien”, línea esta que ha permitido indicar niveles de bienestar en las
cárceles, la protección por tutela de los derechos a la salud y la integridad
personal, la preservación del mínimo vital, la protección a las peticiones de
reconocimiento de pensión de jubilación y otras similares.
La
dignidad como intangibilidad de la integridad física y moral, que la Corte
entiende como “vivir sin humillaciones”, que ha permitido impedir penas
irredimibles sobre los inimputables, así como castigos infamantes a menores de edad,
limitar la servidumbre en las relaciones laborales y proteger a las personas de
la tercera edad o a las minorías sexuales.
7.5.
La regla que prohíbe el uso o instrumentalización de las personas y la
fundamentación el principio de dignidad
Alrededor
de la fundamentación de la dignidad han sido dispuestos diversos discursos y
modelos. En este sentido Torralba describe clasificaciones que hablan de la
dignidad del antrophos, dignidad del homo, dignidad del uomo,
dignidad como fin en sí mismo, dignidad como autodominio, y dignidad como orden
y relación entre otras ofertas. Igualmente en el plano de los sentidos de la
dignidad, se habla de la dignidad ontológica, la dignidad ética y la dignidad
teológica[38].
Dentro
de la misma línea descriptiva Anzoátegui Roig, quien enumera algunos de los
distintos modos de entender la dignidad. Así se tiene su dimensión social, que
la asocia con algo externo a la persona, que el sujeto tiene en función de su
posición social; o la dignidad como atributo del individuo, derivado de su
propia naturaleza, que puede identificarse con un don divino o derivarse de su
posición central en el cosmos, o de su naturaleza racional. Igualmente la
dignidad se ha entendido como una virtud, como un mérito adquirido, como un
oficio o cargo, como una cualidad intrínseca o se la ha vinculado a la posesión
de derechos. Dentro de esta misma línea se ha diferenciado entre dignidad
ontológica (la que tiene que ver con el valor de la persona en tanto que
persona) y dignidad fenomenológica (la persona es más o menos digna en función
de lo que hace o deja de hacer)[39].
7.5.1. La Corte Constitucional desde el
comienzo de su jurisprudencia se preguntó por el fundamento y los contenidos de
la dignidad, afirmando que el principio y derecho fundamental de dignidad es
superior a todos los demás, hasta el punto de ser el fundamento de todos los
derechos, derivando su contenido de la segunda formulación del imperativo
categórico kantiano que señala: “El imperativo práctico será así pues el
siguiente: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como
en la persona de cualquier otro siempre a la vez como un fin, nunca meramente
como medio” (cursiva dentro del texto)[40], todo
ello en la idea concreta de impedir la instrumentalización o el uso de un ser
humano por el Estado, por otro sujeto, o por una corporación, considerando a
los seres humanos como sujetos y no como objetos para otro. De este modo se
afirmó y aceptó desde el comienzo, que “la dignidad humana es el valor
supremo del Estado social de derecho”[41].
Este modelo de fundamentación se ha
mantenido en los 25 años de jurisprudencia y se usa tanto en el control
abstracto, como en el control concreto de constitucionalidad.
7.5.2. En el plano del control abstracto
deben ser reseñados los siguientes fallos:
La Sentencia C-542 de 1993 es el
punto de partida de fundamentación del principio de dignidad desde el
imperativo kantiano, del que se derivó la regla que prohíbe la
instrumentalización de las personas por parte del estado o de otras personas.
En dicho fallo la Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 18, 19, 20,
21 y 24 de la Ley 40 de 1993, Por la cual
se adopta el estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras
disposiciones, que establecían restricciones sobre el derecho
de propiedad en los casos de secuestro, en nombre del interés general. La Corte
encontró que esas medidas violaban el principio de dignidad, al instrumentalizar
y usar a los hombres en nombre de la realización del interés general.
Específicamente dijo la Corte:
“3a.- Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el
argumento de la primacía del interés general.  Pero es menester tener
presente que, por su dignidad, el hombre es  un fin en sí mismo
y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos
que él voluntaria y libremente lo admita.  Por tanto, el principio de la
primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores,
como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano
para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.”[42]
El fundamento del principio de dignidad fue
presentado de la siguiente manera, que se volvería punto de partida de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre dignidad[43]:
“Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué
es la dignidad humana?
Según Kant, "...el hombre, y en
general todo ser racional, existe como un fin en sí mismo, no sólo como medio
para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones,
no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales,
ser considerado al mismo tiempo como fin." Y partiendo del supuesto de que
el hombre es un fin en sí mismo, enuncia este imperativo categórico: "Obra
de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de
cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un
medio."("Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres",
y otros escritos, Ed. Porrúa S.A., México 1990, pág. 44).
En relación con la teoría de Kant
sobre la persona, afirma Recasens Siches:
"En este sentido dice que los
seres racionales se llaman personas en tanto que constituyen un fin en sí
mismo, es decir, algo que no debe ser empleado como mero medio, algo que, por
consiguiente, encierra albedrío. La persona es un ser enteramente diverso de
las cosas, diverso por su rango y dignidad. Personalidad es "libertad e
independencia del mecanismo de toda la naturaleza". Conviene, pues,
subrayar que en Kant el concepto de persona surge a la luz de una idea ética.
Esto es, la persona se define no atendiendo sólo a la especial dimensión de su
ser (v.gr., la racionalidad, la indivisibilidad, la identidad, etc.), sino
descubriendo en ella la proyección de otro mundo distinto al de la realidad,
subrayando que persona es aquel ente que tiene un fin propio qué cumplir por
propia determinación, aquel que tiene su fin en sí mismo, y que cabalmente por
eso posee DIGNIDAD, a diferencia de todos los demás, de las cosas, que tienen
su fin fuera de sí, que sirven como mero medio a fines ajenos y que, por tanto,
tienen PRECIO. Y ello es así, porque la persona es el sujeto de la ley moral
autónoma, que es lo único que no tiene un valor solamente relativo, o sea un
precio, sino que tiene un valor en sí misma y constituye así un autofín...".
El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es un fin en sí mismo
y no puede ser considerado un medio en relación con fines ajenos a él.”[44] (Resaltado dentro del texto)
Un
segundo referente jurisprudencial es el contenido la Sentencia C-355 de 2006,
que estableció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los
casos de malformación del feto, riesgo para la vida o la salud de la mujer,
violación o inseminación artificial no consentida. Mediante sentencia de
exequibilidad condicionada, la Corte señaló expresamente que la mujer es un fin
en sí misma, y que no puede ser instrumentalizada ni forzada a la reproducción
por parte del Estado. Específicamente dijo:
“Respecto
de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana incluye las
decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye la
autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral,
que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle roles de
género estigmatizantes, o infringirle sufrimientos morales deliberados. (…)
En
tal medida, el legislador al adoptar normas de carácter penal, no puede
desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe
tratarla como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple
instrumento de reproducción de la especia humana, o de imponerle en ciertos
casos, contra su voluntad, servir de herramienta efectivamente útil para
procrear.”[45]
Dentro de esta misma línea de argumentación
está la Sentencia C-292 de 2008, por medio de la cual la Corte expulsó
del sistema normativo el artículo 821 del Estatuto Tributario, que le impedía a
los extranjeros la salida del país, hasta tanto pagaran sus impuestos. La parte
accionante había señalado, entre otros argumentos, que la medida violaba el
principio de dignidad, “porque permite tomar a
esas personas como objetos para el cumplimiento de un fin, esto es, como
simples garantías del cumplimiento de una deuda patrimonial”. La Corte Constitucional acogió los planteamientos del
demandante, señalando como argumento de la declaratoria de inexequibilidad:
“En
tercer lugar, porque la medida es desproporcional, en tanto que frente a la
libertad de circulación reconocida en la Constitución y en los tratados de
derechos humanos ratificados por Colombia, privilegia una obligación puramente
patrimonial, que si bien es importante para los fines del Estado por la
importancia de la fiscalidad, no es suficiente para sacrificar esa garantía
fundamental e invertir la regla de separación entre las libertades públicas y
la responsabilidad por deudas. Si bien no se atenta contra la buena fe de los
contribuyentes extranjeros (art. 83 C.P), en la medida que la norma parte de un
supuesto válido -como es que por naturaleza los extranjeros tienen ubicado su
patrimonio en otro territorio donde el Estado no tiene jurisdicción para su
persecución-, si se encuentra por esta Corte que el legislador interfiere
desproporcionadamente en la libertad de las personas, al utilizarla como
mecanismo de presión para forzar el pago de una obligación dineraria.”[46] (Resaltado
fuera de texto)
La misma prohibición se contuvo en la Sentencia
C-143 de 2015, oportunidad en que la Corte Constitucional se pronunció
sobre la constitucionalidad del inciso final del artículo 178 del Código Penal,
que prevé el delito de tortura, mismo que en su tipificación proscribe la
instrumentalización de las personas con el objeto de obtener información o una
confesión. En dicha sentencia se reiteró que “Esta
consagración se basa en la teoría iusfilosófica de origen kantiano según la
cual toda persona tiene un valor inherente a su propia condición humana que es su
dignidad, la cual la hace ser no un medio, un instrumento para la consecución
de diversos fines, sino un fin en sí mismo”[47].
La Corte Constitucional censuró
expresamente la instrumentalización de las personas por ser violatoria de la
autónoma y la dignidad, señalando que
“la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que la tortura es un delito que
atenta contra la dignidad humana para obtener resultados variados como
información, castigos o coacciones; usando métodos que producen grave dolor,
sufrimientos o aflicción en las víctimas, sometiendo su voluntad a la del
torturador. No obstante lo anterior, también ha expresado, que los dolores o
sufrimientos que son consecuencia de sanciones legítimas o inherentes a éstas
quedan excluidos del concepto de tortura.”[48]
7.5.3. En el plano del control concreto
de constitucionalidad, la Corte también ha afirmado la regla que proscribe el
uso y la instrumentalización de las personas por parte de otro sujeto o del
Estado, así como la consideración del ser humano como fin en sí mismo, como
fundamento del principio de dignidad.
La Sentencia T-499 de 1992 es la
referencia común al momento de reconstruir el curso histórico el derecho a la
dignidad en Colombia y en ella se establece como su fundamento, el derecho de
las personas a ser consideradas como un fin en sí mismo y no como un medio para
otros. Específicamente dijo la Corte al amparar los derechos de una persona que
padecía afecciones en la columna vertebral, a la que le había sido negado el
acceso al sistema de salud:
“El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la
posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades están
precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en
un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y
espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la
existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y
presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. Una
administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o
de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado,
sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores
fundantes del Estado social de derecho (CP art. 1).”[49] (Resaltado dentro del texto)
La Sentencia T-211 de 1995 recoge expresamente la
regla que prohíbe la instrumentalización de las personas y el fundamento kantiano
de la dignidad dispuesto en la Sentencia C-542 de 1993, en relación con el caso
de una estudiante de décimo grado, que fue expulsada de un colegio en
Antioquia, por estar con seis meses de embarazo. Allí la Corte amparó el
derecho fundamental a la dignidad de la menor a la que el rector de la
institución llegó a ofrecerle dinero para preservar el “buen nombre” del
Colegio. La Corporación, además de recoger el fundamento del derecho a la
dignidad, dijo en lo relacionado con la violación de las normas fundamentales:
“Como tampoco se justifica que se permita a un estudiante
vivir en unión libre mientras por otro lado se imponga una "pena
medicinal" (expresión del Rector) a XXXXX por estar embarazada.
Si, además, a la menor se le ofrece plata para que cambie de
colegio, se le insinúa que asista los sábados pero como "particular",
se dice que por el embarazo se la podría entender "como una mujer dedicada
a la prostitución", se le da un trato discriminatorio para "cortar el
mal", habrá que concluir que se le está afectando su dignidad.”[50]
Esto
mismo sucedería en otros fallos de control concreto que recogerían la misma
regla y la misma fundamentación, como puede ser verificado en la Sentencia
T-812 de 2008, relacionada con el caso de un trabajador con limitaciones,
que fue desvinculado arbitrariamente del trabajo, respecto de la cual la Corte
amparó sus derechos y ordenó el reintegro[51]; o en la Sentencia
T-611 de 2013, en la que no solo se reiteró que la dignidad humana
implica reconocer a la persona como un fin en sí mismo, sino que se puso de
relieve su dimensión hermenéutica al señalar que esta exige “un trato
especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin
para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial
al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un
parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Por
consiguiente, este principio impone una carga de acción positiva frente a los
derechos, más aún en relación con la vida, como desarrollo esencial de los
valores, derechos y libertades individuales”[52].
Como balance de todo lo anterior se
tiene que la línea jurisprudencial que reconoce el principio y derecho
fundamental de dignidad en relación con el objeto de protección, tiene como
contenido esencial, el derecho que se tiene a no ser instrumentalizado ni usado
por el Estado, por una Corporación o por cualquier otro sujeto, teniendo como
fundamento la consideración de que los seres humanos somos fines en sí mismos y
no medios o instrumentos para la realización de los intereses, las
conveniencias o los fines de otros. Desde esta perspectiva se entra a resolver
el problema jurídico planteado en esta sentencia.
8. Solución del caso concreto. La inconstitucionalidad
del enunciado que somete la rehabilitación del inhabilitado al pago de deudas
8.1. La Sala entra a resolver la demanda
que interpusieron unos ciudadanos en contra del inciso final del artículo 38 de
la Ley 1306 de 2009 de acuerdo con el cual, “El fallido
tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los
deudores que se hicieron presentes en el concurso”.
De acuerdo con los demandantes, el segmento
cuestionado es violatorio
del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política, por condicionar el derecho a la rehabilitación (que es
un derecho personal) a la satisfacción previa de los créditos de los
acreedores. En este sentido afirmaron los demandantes, el texto impugnado
pretende que una persona clínicamente hábil, pero inmersa en un estado de
insolvencia, tenga que satisfacer previamente las obligaciones patrimoniales
que le asisten dentro de un proceso concursal, para que pueda ser rehabilitado.
8.2. La Ley 1306 de 2009, Por la
cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y
se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, es una
ley especial dispuesta en 120 artículos, que tuvo entre otros fundamentos, la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
De acuerdo con el título asignado, esa ley contiene
normas destinadas a la protección de la personas con discapacidad
mental. Dentro de la misma línea, el artículo 1 reitera que la ley tiene por
objeto “la protección e inclusión social de toda persona natural con
discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal
desempeño en la sociedad”, señalando además en el inciso segundo, que la
directriz de interpretación y aplicación de esas normas, está en “La
protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos
fundamentales”.
El artículo 3 de la Ley 1306 de 2009 enumera los
principios para la protección y garantía de los
derechos de las personas con discapacidad mental, disponiendo en el inciso
final, que “Estos principios tienen fuerza vinculante
prevaleciendo sobre las demás normas contenidas en esta ley”. La ley
prevé como principio fundamental:
“a)
El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones y su independencia;”
8.3. La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por Colombia, reitera que la
protección es el objeto de esa normatividad y que la dignidad es el principio
central de la misma:
“Artículo
1. Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente.”
Adicionalmente incluye en el artículo 3 a la
dignidad como el principio central al señalar que “Los principios de la
presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la
independencia de las personas; (…)”.
8.4. El Capítulo II de la Ley 1306
de 2009 se titula Personas con discapacidad mental, y diferencia entre
la discapacidad mental absoluta y la discapacidad mental relativa, definiendo
la primera al señalar que “Se consideran con discapacidad mental absoluta
quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de
comportamiento o de deterioro mental”.
El inciso demandado se encuentra dentro de
la sección segunda, titulada Discapacidad mental relativa, la que puede
dar lugar a tres tipos de inhabilitación: la general, la accesoria y la
provisional. La inhabilitación accesoria se aplica a personas incursas en
procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de
personas naturales, siendo competente para decretarla, el juez del proceso
concursal.
El artículo 38 parcialmente demandado, dispone la rehabilitación del
inhabilitado, la que deberá ser decretada por el juez con fundamento en
evaluaciones médicas sobre su comportamiento, exigiendo además que la persona
no comerciante en régimen de insolvencia, satisfaga previamente las deudas
contraídas con sus acreedores. En este sentido y como lo señalan los demandantes y la mayoría de los
intervinientes, se tiene la situación de una persona a la que, pese a haber
recuperado su sanidad clínica de conformidad con los dictámenes médicos, se le
niega la rehabilitación por asuntos económicos relacionados con la falta de
pago de sus deudas.
8.5. La Sala considera que la condición impuesta por
el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 es contraria al
principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución
Política, en tanto que utiliza la figura médico – jurídica de la
rehabilitación, como un instrumento de cobro de deudas económicas, olvidando
que para tales efectos, el sistema jurídico ha establecido una panoplia de
acciones procesales dispuestas en el Código General del Proceso y en otros
estatutos.
Dentro de esta comprensión, la persona que aspira a
la rehabilitación, sometida a una inhabilitación transitoria, no es tomada en su
dimensión integral, sino que se lo considera básicamente como el deudor de unos
créditos, olvidando que el objeto constitucional y legal de las normas sobre
personas en condición de discapacidad, está constituido por la protección, la
rehabilitación y el trato digno debido a esas personas, hasta el punto de
sacrificar la recuperación clínica, en nombre de la satisfacción de un crédito
económico.
De esta manera, la persona inhabilitada es
instrumentalizada por el propio sistema jurídico, en el sentido de volverla un
mecanismo adecuado para el cobro de deudas, contrariando el principio legal y
convencional que obliga observar “El respeto de la dignidad inherente, la
autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y
la independencia de las personas”, conforme a los términos de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la propia Ley 1306 de
2009.
Concluye por lo mismo la Sala, que la condición
impuesta por el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 es
contraria a la Constitución, por violar el principio de dignidad, en tanto que
el mecanismo de rehabilitación del incapaz relativo es usado como un
instrumento de cobro jurídico de los derechos del acreedor, de modo tal, que
poco valen el dictamen y la sanidad clínica de la persona frente a la acreencia,
con el sacrificio de la vida funcional del inhabilitado. En este sentido la
norma es inconstitucional por ser violatoria del artículo 1 de la Constitución y
debe ser retirada del sistema.
9. Síntesis del fallo
La Corte Constitucional examinó la demanda que
formularan los ciudadanos Lorena Andrea Boada Gómez contra del inciso final del
artículo 30 de la Ley 1306 de 2009, de acuerdo con el cual la persona declarada
inhábil relativa “tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya
satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso”. En opinión
de los demandantes el segmento demandado es inconstitucional, en la medida que
somete la rehabilitación de quien ha sido declarado inhábil relativo, a la
previa satisfacción de sus deudas, aún en los casos en que los dictámenes
médicos hayan acreditado la sanidad mental de la persona.
En la estructuración del problema jurídico la Corte
Constitucional se preguntó si resultaba violatorio del principio de dignidad humana establecido
en el artículo 1 de la Constitución, el hecho de condicionar la rehabilitación
del incapaz relativo, a la satisfacción previa de los créditos de los
acreedores dentro del concurso. Para resolver el asunto la Sala efectuó el
examen del segmento demandado, analizando las reglas de protección de las personas en condición de discapacidad
previstas en la Constitución Política y en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, procediendo luego al examen del principio y derecho
fundamental de la dignidad humana en el caso concreto.
Respecto de la Ley 1306 de 2009, la Corporación
recordó que el objeto de esa ley es “la protección e inclusión social
de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la
inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”, precisando además que
la directriz de interpretación y aplicación de sus normas, está en “La
protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos
fundamentales”.
Efectuado lo anterior la Corte Constitucional se ocupó
del principio y derecho fundamental de la dignidad, refiriendo tanto el
desarrollo de las líneas jurisprudenciales identificadas en la Sentencia T-881
de 2002, como el fundamento de dicho principio, bajo cuyo desarrollo fue
establecida la regla que prohíbe el uso o la instrumentalización del ser humano
por parte de otro, de una corporación o el propio Estado, precisando que todas
las personas somos un fin en sí mismas y que no podemos ser sometidos a ser
medios o instrumentos para los fines de otros.
Desde los anteriores presupuestos se procedió al examen
del segmento demandado, en aplicación de la regla que prohíbe la
instrumentalización de los seres humanos, encontrando la Sala en el caso
concreto, que el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009
contraría el principio de la  dignidad humana establecido en el artículo 1 de
la Constitución Política, en tanto que utiliza la figura médico – jurídica de
la rehabilitación, como un instrumento de cobro de deudas económicas, olvidando
además, que el sistema jurídico ha establecido diversas acciones procesales
destinadas a la efectividad de las deudas, sin que resulte necesario mantener
la condición de inhabilidad de quien clínicamente ha superado la situación de
discapacidad.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato expreso de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar INEXEQUIBLE
el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Presidente
AQUILES IGNACIO
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e.)
Con aclaración
de voto
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
JOSÉ ANTONIO
CEPEDA AMARIS
Magistrado (e.)
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e.)
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Ausente con
excusa
ALBERTO ROJAS
RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 1 a 9 del Expediente
[2] Folio 2 del Expediente
[3] Folio 17
[4] Folios 60 a 62 del Expediente
[5] Folio 61 del Expediente
[6] Folio 62 del Expediente
[7] Folios 67 a 73 del Expediente
[8] Folio 67 del Expediente
[9] Folio 70
[10] Folios 74 a 89
[11] Folio 88
[12] Folio 92
[13] Folios 96 a 99
[14] Folio 98 del Expediente
[15] Folio 123 a 130
[16] Folio 128
[17] Folio 6
[18] Folios 182 a 188 del Expediente
[19] Folio 142
[20] Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
consideración jurídica No. 3.4.2.
[21] Sentencia C-330 de 2016 M.P. María Victoria Calle Corea,
consideración jurídica No. 3.2., refiriendo los contenidos de la Sentencia
C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[22] Sentencia C-412 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos,
consideración jurídica No. 2.1.
[23] Sentencia C-159 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[24] Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo,
consideración jurídica No. 2.1.3.1. citando las sentencias
C-159 de 2004, C-823 de 2006, C-898 de 2009, C-775 de 2010 y C-901 de 2011.
[25] Cfr. Sentencias C-159 de 2004, C-775 de 2010.
[26] Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo,
consideración jurídica No. 2.1.3.2. citando las sentencias
C-159 de 2004, C-823 de 2006 y C-775 de 2010.
[27] Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo,
consideración jurídica No. 2.1.3.3, citando Sentencia C-775 de 2010 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub
[28] Sentencia C-419 de 2002 M.P. Margo Gerardo Monroy Cabra,
consideración jurídica No. 3
[29] Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
párrafo 31, citando la Sentencia C-804 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa
[30] Este es el fallo de referencia en la casi totalidad de decisiones
en las que esté comprometido el principio de dignidad. De hecho se viene
utilizando en fallos de unificación recientes, como puede ser referenciado en
la Sentencia SU-696 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[31] Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
consideración jurídica No. 25
[32] Auto 153 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
usando como intertexto el Auto 131 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[33] Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
párrafo 29
[34] Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
párrafo 29
[35] Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
párrafo 37
[36] Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[37] Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
consideración jurídica No. 24.
[38] Torralba, Francesc. ¿Qué es la dignidad humana?
Herder, Barcelona, 2006
[39] Anzoátegui Roig, Francisco. Derechos fundamentales y
dignidad humana. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé
de las Casas Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía
del Derecho Universidad Carlos III de Madrid, Número 10, Madrid, 2011
[40] Kant, Inmanuel. Fundamentación de la metafísica de las
costumbres. Ariel, Barcelona, 1999, página 189.
[41] Sentencia C-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[42] Sentencia C-542 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía. Sección
IV, Conclusiones
[43] La referencia al fundamento y la cita textual se pasaje se
encuentra en numerosos fallos de la Corte en los que la variable de la decisión
ha sido el principio de dignidad. Dentro de esta línea pueden ser referenciadas
entre otras, las siguientes sentencias: T-211 de 1995 M.P. Alejandro Martínez
Caballero, T-322 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T- 618 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero, T-744 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,
T-812 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-611 de 2013 M. P. Nilson Pinilla
Pinilla, entre muchas otras
[44] Sentencia C-542 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía,
consideración tercera
[45] Sentencia C-355 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara
Inés Vargas, consideración jurídica No. 8.1.
[46] Sentencia C-292 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo,
consideración jurídica No. 4.2.4.3.
[47] Sentencia C-143 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 3
[48]  Sentencia C-143 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 4.3
[49] Sentencia T-499 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
consideración jurídica No. 1
[50] Sentencia T-211 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[51] Sentencia T-812 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[52] Sentencia T-611 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla,
consideración tercera, usando como intertexto la Sentencia T-645 de noviembre 26 de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero.