T-882-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-882/04
DERECHO A LA
SALUD-Injerto no incluido en el POS
CAPACIDAD
ECONOMICA-Prueba por carecer de ella para asumir
costo de servicio no incluido en el POS
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-922834
Acción de
tutela instaurada por Francisco Javier Giraldo Plata contra Colpatria Salud
EPS.
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá,
D.C., diez (10) de septiembre de dos mil cuatro (2004).
1. Francisco Javier Giraldo Plata interpuso
acción de tutela contra Colpatria Salud EPS, por considerar que se le había
violado sus derechos fundamentales a la integri­dad y a la salud al no
habérsele autorizado la interposición de injerto de Goretex (necesaria
para atender la insuficiencia renal crónica que padece) por no estar
contemplado dentro del POS.
2. El 4 de mayo de 2004, el Juzgado 26
Civil Municipal de Bogotá resolvió negar el amparo constitucional invocado por
Francisco Javier Giraldo Plata. El Juez fundó su decisión en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre la materia, según la cual, para ordenar que se
inaplique el Plan Obligatorio de Salud, es necesario que la persona que
requiera el servicio médico no incluido, carezca de capacidad económica para
costearlo. El Juez consideró que al no haberse aportado ninguna prueba que
demostrara la incapacidad económica del accionante, no era posible aplicar la
posición jurisprudencial mencionada.
3. La Sala Tercera de Revisión coincide con
el juez de tutela de instancia en que, según la jurisprudencia constitucional,
las EPS no pueden negarse a prestar un servicio médico que necesita un paciente
por estar excluido del Plan Obligatorio de Salud, siempre y cuando la persona
no tenga la posibilidad de proveerse por sí misma el servicio de salud en
cuestión y éste haya sido orde­nado por el médico tratante.
Ha dicho la Corte que se vulneran los
derechos fundamentales a la vida y a la integridad física "de quien
necesita el tratamiento no incluido en el POS, cuando (i) la falta del
tratamiento vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad física
de quien lo requiere; (ii) ese tratamiento no puede ser sustituido por otro que
se encuentre incluido en el POS; (iii) el interesado no puede directamente
costear el tratamiento ni las sumas que la E.P.S se encuentra autorizada
legalmente a cobrar y no puede acceder al tratamiento por otro plan distinto
que lo beneficie; y (iv) el tratamiento ha sido prescrito por un médico adscrito
a la E.P.S de quien se está solicitando el tratamiento" (Sentencia
T-1204 de 2000; M.P. Alejandro Martínez Caballero). De acuerdo con los
presupuestos señalados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,[1] en tales circunstancias
es necesario acreditar que el usuario carece de recursos o no tiene capacidad
de pago para sufragar los costos del tratamiento o del servicio médico
requerido para recuperar o preservar su salud según el médico tratante
adscrito. Dado el carácter excepcional de la acción de tutela, no toda omisión
de un particular encargado de la prestación del servicio pú­blico a la salud,
lleva consigo la procedencia de esta acción. Corresponde entonces al juez de
tutela examinar el caso concreto, para determinar si se dan las circunstancias
que ameritan acceder a lo pedido.[2]
4. Ahora bien, teniendo en cuenta el
carácter informal de la acción de tutela, no es deber de los accionantes saber
cuáles son los requisitos de carácter probatorio exigidos por la
jurisprudencia, para invocar la protección de un derecho fundamental. Por ello,
la Sala no comparte la decisión del juez de instancia de negar el amparo
solicitado, debido a que el accionante no aportó pruebas de su situación
económica.
5. Mediante auto de septiembre 6 de 2004
esta Sala solicitó al accionante que acreditara su incapacidad económica para
asumir el servicio médico solicitado. De las pruebas aportadas (declaraciones
juramentadas ante notario rendidas por él, su señora madre y su hermana, en la
que se aclara que éstas últimas dependen de él; declaración juramentada de un
tercero que certifica su situación de insolvencia; certificado laboral
indicando que devenga salario mínimo y copias de los recibos de servicios)[3] se concluye que
efectivamente el accionante carece de capacidad económica para asumir el costo
del servicio no incluido en el POS que necesita para poder atender la
insuficiencia renal crónica que padece. En consecuencia, se revocará el fallo
de instancia y se tutelará los derechos a la vida y a la salud de Francisco
Javier Giraldo Plata, por lo que se ordenará a Colpatria Salud EPS que, si aún
no lo ha hecho, autorice el suministro de injerto de goretex.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Revocar el fallo proferido por el Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá en el
proceso de la referencia, y en su lugar tutela los derechos a la vida y a la
salud de Francisco Javier Giraldo Plata.
Segundo.- Ordenar a Colpatria Salud EPS que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se tomen las
medidas necesarias, si no se ha hecho aún, para autorizar a Francisco Javier
Giraldo Plata el injerto de goretex. La entidad podrá cobrar al Esta­do,
a través del Fosyga, todos los gastos en los que incurra y que legalmente no le
corresponda asumir. El término para el pago no podrá exceder de seis (6) meses
una vez presentada la solicitud.
Tercero.- Por
Secretaría, librar la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.-
Para garantizar la efectividad de la acción de tutela, el Juzgado 26 Civil
Municipal de Bogotá notificará esta sentencia en
el término de cinco días, contados a
partir del momento en que se haya recibido la comuni­cación a la que se
hace referencia en el numeral anterior.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Corte Constitucional, Sala Plena, sentencias SU-111 de 1997, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, y
C-112 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Sala Primera de Revisión, sentencias
T-370, T-385 y T-419 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Sala Octava de Revisión,
sentencias T-236 y T-328 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[2] Las tutelas T-02 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-106
de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería son casos recientes en los que por no
cumplir el requisito de la incapacidad económica para sufragar medicamentos y
tratamientos médicos, la tutela ha sido denegada.
[3] Folios 51 a 61 del expediente.