T-748-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-748/05
COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Derecho de acudir ante juez unipersonal o
colegiado para interponer tutela contra actuaciones de Salas de Casación de la
Corte Suprema de Justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional por vía de hecho
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-No vulneración por sentencia de la Corte
Suprema de Justicia por tener fundamento legal
La
sentencia en la que se expresó que para los despidos colectivos de trabajadores
oficiales se requería de la autorización del Ministerio de Trabajo es anterior
a la expedición de la Ley 489 de 1998. Precisamente, como se advierte en la
sentencia del 30 de enero de 2003 ampliamente transcrita, la interpretación de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es que a través de
la Ley se autorizó al Gobierno Nacional para realizar despidos colectivos de
trabajadores oficiales, sin necesidad de obtener autorización del Ministerio de
Trabajo. Así las cosas, la interpretación que realiza la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en virtud a los nuevos presupuestos
legales, acerca de los efectos de la Ley 489 de 1998, en lo que se refiere a la
no necesidad de solicitar la autorización es razonable, y no puede ser tachada
de arbitraria o caprichosa, para ser desvirtuada como una vía de hecho.
Referencia: expediente T-1080293
Acción de tutela instaurada por Ana Elisa
Coronado Acosta contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil cinco
(2005).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO
RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9,
de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro
del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de
la Judicatura, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Ana Elisa
Coronado Acosta contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
I. ANTECEDENTES.
La señora Ana Elisa Coronado Acosta
interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, por considerar que esa autoridad judicial incurrió en una vía de
hecho en la sentencia de casación del 23 de octubre de 2003, con lo cual le
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al libre
acceso a la administración de justicia. Para fundamentar su petición expuso los
siguientes
1. Hechos.
Indica que el 16 de septiembre de 1996 se vinculó
mediante contrato de trabajo a término indefinido con la Previsora S.A. –
Compañía de Seguros, ostentando la calidad de trabajadora oficial, siendo
despedida el día 23 de septiembre de 1999, como consecuencia de un despido
colectivo, calificado así por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –
Dirección Territorial Cundinamarca, mediante Resolución N° 002785 del 27 de
diciembre de 2000.
Comenta que mientras estuvo vinculada laboralmente con
la Previsora S.A. fue afiliada al “Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Previsora S.A. Compañía de Seguros” SINTRAPREVI.
Señala que su empleador le terminó el contrato de
trabajo de manera unilateral, injusta e ilegal, mediante comunicación escrita
del día 23 de septiembre de 1999, y a partir de esa fecha, la empresa procedió
a despedir colectivamente en forma unilateral y sin justa causa a gran parte de
sus empleados, entre ellos 221 trabajadores oficiales en su mayoría afiliados a
los sindicatos SINTRAPREVI y ASDECOS, beneficiarios de las convenciones colectivas
de trabajo.
Trae de presente que la Corte Constitucional en
Sentencia SU-998 de agosto 2 de 2000 calificó como arbitrario e
inconstitucional el despido masivo aludido, ordenando a la Previsora S.A. el
reintegro de un buen número de trabajadores despedidos, sin incluirla a ella
toda vez que su tutela no fue seleccionada para revisión.
Arguye que el despido del que fue víctima “es
ineficaz desde el mismo momento del despido, ineficacia que opera ipso jure,
esto implica que el empleado tiene derecho a los salarios y demás emolumentos
laborales que le correspondan al servidor activo, hasta que el patrono acceda a
ofrecerle trabajo o finalice eficazmente el nexo laboral mediante cualquiera de
los modos válidos de terminación, como lo sostuvo la Sala Laboral de la Corte
en fallo del 6 de diciembre de 1999”. Que en consecuencia demandó ante la
jurisdicción ordinaria laboral el reintegro al mismo cargo que ocupaba en el
momento de la terminación del contrato y al pago de los salarios, prestaciones
legales y convencionales, vacaciones, primas, etc., dejadas de percibir.
Cuenta que el proceso laboral correspondió en primera
instancia al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, el cual mediante fallo
del 13 de junio de 2002 absolvió a la empresa demandada.
Señala que su apoderado interpuso recurso de apelación
y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2002, confirmó en todas sus partes la sentencia de primera
instancia.
Manifiesta que interpuso ante la Corte Suprema de
Justicia recurso de casación contra la sentencia del Tribunal, no siendo casada
a través del fallo del 23 de octubre de 2003. Sostiene que esta providencia se
funda en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 según el cual el despido colectivo
no se aplica a los trabajadores oficiales, sin tener en cuenta que tal
disposición fue derogada expresamente por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990,
exigiéndose entonces para este tipo de despidos autorización previa del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la que no se obtuvo en este caso para
tal propósito.
De otra parte, señala que en la misma decisión la
accionada inaplicó la Resolución N° 02785 de diciembre 27 de 2000, mediante la
cual la Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio de la Protección
Social, calificó como despido colectivo la desvinculación de 235 trabajadores
oficiales de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, olvidando que la
competencia para declarar la nulidad sobre actos administrativos que se
presumen legales, corresponde únicamente a la jurisdicción contencioso
administrativa, diciendo además:
“El reintegro pedido dependía jurídicamente
de la Resolución N° 02785 de 2000 del Ministerio de Trabajo y S.S. y era
suficiente aportarla para que el reintegro operara ipso jure, y si, en el
evento que el Ministerio de Trabajo se hubiese equivocado al expedirla, es la
Justicia Contenciosa Administrativa la que le corresponde, como en efecto lo
está conociendo, dirimir si hubo o no tal equivocación, mientras tanto la jurisdicción
laboral no le queda otro camino más que acatar el acto administrativo, so pena
de incurrir en alguna infracción de carácter penal”.
Afirma finalmente, que la sentencia de
casación atacada partió de la base de que el despido al que fue sometida se debió
a una reestructuración administrativa con fundamento en la Ley 489 de 1998,
cuando lo cierto es que fue una decisión unilateral y sin justa causa, pues “para
nada se me menciona en la carta de despido, que éste se debió a la
reorganización de la empresa”.
2. Intervención de la
Previsora S.A. Compañía de Seguros. Tercero interesado.
El a-quo vinculó al trámite como tercero
determinado con interés legítimo en el resultado de la acción, a la Previsora
S.A. Compañía de Seguros, quien a través de su representante legal se opuso a
la prosperidad de la tutela, considerando básicamente que por seguridad
jurídica y en base al principio de cosa juzgada, no puede proceder la acción de
tutela contra decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas y proferidas por
la autoridad jurisdiccional competente.
Haciendo referencia al caso concreto, señala
textualmente:
“(…) no es claro que se haya desconocido
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al libre acceso a
la administración de justicia, pues si observamos los ritos materiales y
formales que contemplan el recurso de casación laboral, debemos incluir que la
señora ANA ELISA CORONADO ACOSTA contó con todas las garantías procesales que
integran el debido proceso para poder obtener una sentencia favorable en dicho
recurso, pero una interpretación de las normas laborales que correspondían al
caso debatido, llevó a la Honorable Corte Suprema de Justicia a no casar la
sentencia proferida por el Tribunal Superior, sin que esto implique de ninguna
manera una violación al debido proceso.
Tampoco existió violación a la igualdad,
este principio aplicado a los proceso judiciales implicaría que la Corte
Suprema de Justicia desconoció las garantías procesales de la mencionada
señora, comparándolas con las que siempre ha aplicado para resolver el recurso
de casación, sólo en esta forma puede predicarse la violación del principio de
igualdad en un proceso judicial, pero obviamente ello no ocurrió como se
desprende del expediente que ese Honorable Tribunal deberá estudiar y analizar.
Por último, la señora Coronado Acosta tuvo
todo el acceso a la justicia que tiene cualquier ciudadano colombiano a través
de derecho de acción, prueba de ello fue que su proceso se adelantó con las
normas procedimentales seguidas en la primera y segunda instancia, y como el
interés jurídico para recurrir era suficiente, llegó al recurso de casación, lo
cual nos indica que tuvo el acceso a la justicia necesario par poder ejercer su
derecho de acción en defensa de sus derechos sustanciales.
Concluye
que a través de la acción de tutela no se puede desconocer la vieja tesis
jurídica que el Consejo de Estado y la propia Corte Suprema de Justicia han
desarrollado, respecto a que no hay lugar a solicitar autorización al
Ministerio de la Protección Social, cuando se pretende desvincular a un número
importante de trabajadores de una empresa industrial y comercial al servicio
del Estado, dada la naturaleza del vínculo laboral, esto es, ser trabajadores
oficiales.
3. Intervención de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Durante el trámite de la presente actuación
los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
intervinieron para solicitar la nulidad de lo actuado y el rechazo de la
acción, pues consideran que el Consejo Seccional de la Judicatura no es
competente para asumir el conocimiento y dar tramite a la tutela, en la medida
de que la Constitución no previó este mecanismo de amparo frente a las
decisiones judiciales.
Destacan, además, que de conformidad con el
artículo 234 Superior, la Corte Suprema de Justicia es el “máximo tribunal
de la jurisdicción ordinaria”, siendo de su atribución exclusiva el
conocimiento del recurso de casación. Por ello, ningún otro órgano o
corporación de justicia puede producir decisiones en este campo ni imponerle un
criterio interpretativo contrario a su jurisprudencia.
Sostienen que no le corresponde a la Corte
Constitucional conferir competencia a otros funcionarios para sumir el conocimiento
y trámite de las acciones de tutela instauradas en su contra, pues dicha
facultad está reservada al ordenamiento jurídico (Decreto 1382 de 2000), razón
por la cual, la autorización dada para permitir la interposición de esa clase
de acciones ante los jueces unipersonales o colegiados es arbitraria.
4. Pruebas relevantes que obran en el expediente.
A continuación se relaciona el material probatorio
relevante que obra en el expediente:
§  Copia de la demanda ordinaria laboral de primera instancia
contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros (folios 12 a 17 del cuaderno
principal).
§  Copia de la sentencia de primera instancia del Juzgado
18 Laboral del Circuito de Bogotá, proferida el día 13 de junio de 2002, en la
que se absuelve a la parte demandada (folios 18 a 22 del cuaderno principal).
§  Copia del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito
dentro del proceso ordinario laboral (folios 23 a 28 del cuaderno principal).
§  Copia de la sentencia de segunda instancia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferida el día
30 de septiembre de 2002, en la que se confirma la sentencia recurrida (folios
29 a 36 del cuaderno principal).
§  Copia de la sentencia de casación del la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, proferida el día 23 de octubre de 2003, en la
que no se casa la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá del 30 de septiembre de 2002 (folios 38 a 45 del cuaderno principal).
§  Copia de la Resolución N° 02785 de diciembre 27 de
2000, proferida por la Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de
apelación” y se califica como despido colectivo la desvinculación de 235
trabajadores en la entidad La Previsora S.A. Compañía de Seguros (folios 46 a
56 del cuaderno principal).
§  Copia de la Sentencia SU-998 de 2000 proferida por la
Corte Constitucional, en la cual se ordenó el reintegro de un gran número de
trabajadores de La Previsora S.A. Compañía de Seguros en amparo de los derechos
de asociación y libertad sindical (folios 57 a 84 del cuaderno principal).
§  Copia del proveído de mayo 19 de 2004, proferido por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual
resuelve rechazar la acción de tutela interpuesta por Ana Elisa Coronado Acosta
(folios 147 a 154 del cuaderno principal).
§  Original de la certificación expedida por la Secretaria
General de la Corte Constitucional de julio 11 de 2005, donde se señala que no
aparece registrada en la base de datos acción de tutela presentada por la
accionante contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros (folio 23 del cuaderno
de revisión).
II.  DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.
1. Decisión de primera instancia.
Inicialmente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca tramitó y falló la acción de
tutela[1]. Sin embargo al
ser impugnada por la petente, el Consejo Superior de la Judicatura declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda y resolvió
devolver las diligencias a la primera instancia[2], al considerar
que no se había dado notificación a los ex magistrados de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia de la época, posibles interesados en el resultado del
proceso por ser quienes suscribieron la providencia atacada.
Subsanada la actuación, el Consejo Seccional avoca de
nuevo el conocimiento y decide negar el amparo mediante Sentencia del 17 de
enero de 2005. Al tomar esta determinación, dicha autoridad judicial adujo que
era competente para pronunciarse sobre la acción impetrada por la señora Ana
Elisa Coronado Acosta, porque ello obedece a la inaplicación por
inconstitucional del Decreto 1382 de 2000 y al reconocimiento de la Corte
Constitucional como órgano de cierre en materia de derechos fundamentales, por
tanto, la nulidad solicitada en este sentido por la Corte Suprema de Justicia
no fue de recibo.
Luego de hacer un recuento sobre la línea
jurisprudencial de esta Corporación respecto a las Vías de Hecho, el a-quo
considera que en el presente caso no se vulneró a la accionante los derechos
fundamentales invocados, en la medida de que la Corte Suprema de Justicia al
analizar el problema planteado sobre los despidos masivos, diferenciándolos del
conflicto de trabajo, concluyó que el Tribunal Superior en segunda instancia
dentro del proceso ordinario laboral apropiadamente inaplicó el artículo 67 de
la Ley 50 de 1990, por ostentar la accionante calidad de trabajadora oficial y
que por disposición de los artículos 3, 4, 491 y 492 del Código Sustantivo del
Trabajo no la cobijaba dicha normatividad[3], por tanto, no
se le dio a la ley un alcance diferente sino que “comprendiéndola
acertadamente y en su integridad consideró que no era del caso aplicarla”.
Indica
que mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de
si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no
existe una vía de hecho sino una vía de derecho distinta, la cual es en sí
misma respetable al ser razonable, como la tomada por la Corte Suprema de
Justicia.
Señala que en virtud de la autonomía
funcional de que gozan los funcionarios judiciales, no le corresponde al juez
constitucional controvertir los fundamentos de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia para no casar la Sentencia de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, pues ello atentaría contra la órbita autónoma del
juzgador que caracteriza la administración de justicia.
Concluye que el derecho fundamental a la
igualdad no fue vulnerado, en razón a que la Sentencia SU-998 de 2000 proferida
por la Corte Constitucional, protegió el derecho de asociación y libertad
sindical de quienes habían sido despedidos en forma masiva de La Previsora S.A.
Compañía de Seguros, dejando en claro que tratándose de contratos de trabajo a
término indefinido, “la ley permite el retiro unilateral y sin justa causa
(estabilidad impropia porque se indemniza)”, sin que pueda el juez de
tutela oponerse a una reestructuración de una empresa, ni decir “como se
debe hacer y quien la puede hacer, ni menos ordenar la permanencia en el cargo”.
2. La Impugnación.
La accionante impugna la decisión de
primera instancia por considerar que, tanto la Corte Suprema de Justicia como
el Consejo Seccional de la Judicatura  ignoran que el artículo 40 del Decreto
2351 de 1965 fue derogado expresamente por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990,
por lo cual, se incurrió en una vía de hecho por defecto sustancial.
Arguye además, que no se tuvo en cuenta la
evidente usurpación de competencias en que incurrió la Corte Suprema de
Justicia al inaplicar un acto administrativo vigente y no anulado por el juez
competente. Se desconoció la existencia de la Resolución N° 02785 de diciembre
27 de 2000, mediante la cual la Dirección Territorial Cundinamarca del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calificó como despido colectivo la
desvinculación de 235 trabajadores oficiales de La Previsora S.A. Compañía de
Seguros, acto administrativo que estaba amparado por la presunción de
legalidad.
Finalmente, manifiesta que la sentencia de
casación se funda equivocadamente en que el motivo de su despido se debió a una
reestructuración administrativa, lo cual asegura “es falso de toda falsedad”.
3. Decisión de segunda instancia.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en providencia del 16 de febrero del año en curso
resuelve confirmar la sentencia de primera instancia que negó el amparo
solicitado.
Esta autoridad judicial explica las causales que en
materia laboral hace procedente el recurso de casación, señalando que si la
violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación
de determinada prueba, es necesario que el recurrente así lo alegue,
demostrando que se incurrió en error de derecho, o en error de hecho que
aparezca de modo manifiesto en autos. Sostiene que sólo habrá lugar a error de
derecho en la casación laboral, cuando se haya dado por establecido un hecho
con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una
determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este evento no se debe
admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba
de esta naturaleza, siendo del caso hacerlo.
Sobre el caso concreto, estima que la
demanda de casación tenía un único cargo, por la vía directa y en la modalidad
de interpretación errónea precisamente del artículo 67 de la Ley 50 de 1990.
Sostiene al respecto:
“En sus
considerandos halló la Corte insuficiente la argumentación del censor de tal
manera que lo único que procedió fue a reafirmar su postura jurisprudencial en
el sentido que tal norma no le es aplicable a los trabajadores oficiales.
“De tal
manera que, como la argumentación de la demanda fue insuficiente fácil le
resultó a la accionada reafirmar sus criterios y más aún puesto que no halló
justificada alguna (sic) la causal invocada le estaba vedado decidir sobre lo
principal del pleito”.
Por último concluye, que la tutela no
podía prosperar en la medida de no encontrarse arbitrariedad alguna en el fallo
revisado o decisión que obedezca al capricho de la accionada.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar el fallo
mencionado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en
las demás disposiciones pertinentes.
2. Problemas jurídicos objeto de estudio.
Con base en los hechos expuestos en el escrito de tutela
y las intervenciones de la entidad accionada y de La Previsora S.A. Compañía de
Seguros, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
i) Si el juez constitucional que tuvo conocimiento de
este asunto es competente para tramitar la acción de tutela;
ii) Si en el caso concreto la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de
hecho al dictar la sentencia del 23 de octubre de 2003, donde concluyó que en
el caso de trabajadores oficiales no se requiere autorización del Ministerio de
la Protección Social para poder realizar un despido colectivo. En punto a este
tema, la Sala abordará previamente lo referente al carácter excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales y su procedencia cuando se
incurre en una vía de hecho; y
iii)
Si la señora Ana Elisa Coronado Acosta tiene derecho a que se le extiendan los
efectos de la Sentencia SU-998 de 2000 de esta Corporación.
3. Competencia del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria- para conocer de la
presente acción de tutela.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia alega
que el Consejo Seccional de la Judicatura carece de competencia para
pronunciarse sobre la petición de amparo, pues en la Constitución se erigió a
esta primera como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, por lo que
ningún otro juez, sin importar su categoría ni ubicación jerárquica, puede
usurparle sus funciones sin violar el orden jurídico.
Sin embargo, esta Sala de Revisión no comparte tal
apreciación, pues como se explicará enseguida el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria- estaba
facultado para pronunciarse sobre la acción de tutela de la referencia.
En efecto, en el Auto 004 de febrero 03 de 2004 la
Corte Constitucional decidió que los accionantes relacionados en tal
providencia, y los demás que estuvieran en similar situación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, tendrían el
derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una
Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar
mediante la acción de tutela la protección del derecho fundamental que
consideran violado con la actuación de una las Salas de Casación, dada la
negativa de la Corte Suprema de Justicia de tramitar y enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión las acciones de tutela interpuestas
contra sus propios fallos, como ciertamente le aconteció a la señora Ana Elisa
Coronado Acosta[4].
En la citada decisión la Sala Plena de esta
Corporación realizó los siguientes razonamientos, que debido a su pertinencia
en este asunto se citan en extenso:
“El artículo 86
de la Constitución Política dispone, sin excepción alguna, que toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública; y que, en todo caso, se remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en concordancia con lo previsto en el
numeral 9 del artículo 241 ibídem. que le asigna como función a la Corte
Constitucional la de revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales.  En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 reglamentario
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política, y que tiene fuerza de ley, dispone que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en
los casos que señale este decreto.
“Siguiendo lo
previsto en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la
Corte Constitucional ha reiterado en innumerables sentencias, tanto de
constitucionalidad como de tutela, que ésta procede contra providencia judicial
por vía de hecho como garantía de la protección efectiva de los derechos
fundamentales de todas las personas y ante la importancia de obtener decisiones
unánimes con los parámetros constitucionales.  Con el fin de reglamentar el
reparto de las acciones de tutela, el Presidente de la República expidió el
Decreto 1382 de 2000, que dispone en el numeral 2 del artículo primero que, lo
accionado contra la Corte Suprema de Justicia, será repartido a la misma
Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del mismo
decreto.
“Por
lo tanto, si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art.
1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede
contra cualquier autoridad pública y no solo en contra de las autoridades
administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus
sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por
vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es
evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte
Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que
interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de
dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso
a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial
efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados
Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90,
OC-16/99).”
Esta Corporación precisó igualmente que, como máximo
órgano de la Jurisdicción Constitucional, le correspondía impedir que
continuara la violación advertida, pues los procesos de tutela interpuestos
ante las diversas Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en los cuales
se resolvía no admitir su trámite, no podían quedar sin solución alguna. De
igual forma, advirtió que las respectivas Salas de Selección de la Corte
Constitucional no podían disponer lo pertinente respecto de esos casos, cuando
no habían surtido el trámite propio de las instancias. En vista de lo anterior,
la Corte indicó:
“Pese a lo anterior, no es
posible, como regla general, que la respectiva Sala de Selección disponga lo
pertinente sin que las tutelas hubieren surtido el trámite propio de las instancias.
En estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de
1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo
pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los
accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la
tutela del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez
escogido por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con
la Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha
resuelto no admitir su trámite.
“Tampoco
podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del
accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo,
la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de
justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela. Finalmente,
es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse
en la misma situación aquí advertida. Por ello, para los casos en que exista la
misma situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos
fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez
(unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la
Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la
protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de
una Sala de casación de la Corte Suprema de Justicia.” (Subrayado no original).
Así pues, de acuerdo con la Constitución y la
posición sentada en el auto citado, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, era una autoridad judicial
competente para conocer del presente asunto.
4. El carácter excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Procedencia cuando se
incurre en vía de hecho.
La procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales ha sido ampliamente tratada por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. Así, se ha sostenido que, en principio, la acción no
procede en razón a la intangibilidad de la cosa juzgada y al respeto de la
autonomía judicial[5]. No obstante, se
ha admitido que de manera excepcional pueda intentarse en tratándose de
decisiones que aunque en apariencia revistan la forma de sentencias judiciales,
objetivamente no lo sean en cuanto constituyen una vía de hecho.
En efecto, el principio de la autonomía
judicial[6] supone que el
juez de conocimiento es quien de manera independiente adopta la decisión para
el caso concreto, pues es a quien se le ha confiado la tarea de valorar las
pruebas y de aplicar el derecho. Tales cuestiones están reservadas a él y
lógicamente a las instancias superiores llamadas a resolver los recursos que
procedan conforme a la legislación. Pero, en manera alguna dicho principio
admite la injerencia de una persona extraña o de un juez ajeno al proceso para
que opine o cuestione el proceder judicial[7].
Ahora bien, cuando el juez que conoce de un
asunto se aparta ostensiblemente del marco de la juridicidad, de modo que tal
proceder se constituya en una actuación burda y grosera que atente contra el
ordenamiento jurídico, cabe la acción de tutela por cuanto esa decisión que
formalmente tiene el carácter de providencia judicial, materialmente no puede
ser calificada como una “verdadera providencia” en cuanto en el fondo no hace
otra cosa que quebrantar valores, principios y garantías constitucionales[8].
En estos casos de lo que se trata es de una vía de hecho que debe ser
objeto de estudio por el juez constitucional.
En ese orden, la Corporación ha admitido
que de manera excepcional pueden ser tutelados los derechos fundamentales
desconocidos por decisiones judiciales cuando en realidad éstas, “dada su
abrupta y franca incompatibilidad con las normas constitucionales o legales
aplicables al caso, constituyen verdaderas actuaciones de hecho”[9].
Es claro que no toda irregularidad o anomalía dentro del proceso o inclusive
cualquier desacierto judicial abra la posibilidad de que por la vía de la
acción de tutela se cuestione, reproche o se revoque una determinada decisión,
pues sólo cuando se compruebe que la decisión judicial de que se trate, dada su
gravedad e ilicitud, pueda estructuralmente ser calificada como una clara vía
de hecho, puede el juez de tutela entrar a pronunciarse sobre la misma[10].
En ese evento la acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo y eficaz
para contrarrestar los efectos dañinos y nocivos de la decisión.
En esos términos, la vía de hecho tiene
cabida sólo cuando se desborde ostensiblemente el cauce de la juridicidad y de
manera burda y grosera se atropellen las reglas mínimas establecidas por el
ordenamiento jurídico, lesionando en forma grave el derecho fundamental al
debido proceso[11].
Bajo esos parámetros la jurisprudencia ha
sido clara en manifestar que se está ante una vía de hecho y, por lo tanto,
procede el amparo constitucional, cuando ese comportamiento exageradamente
deformado respecto del postulado normativo adolece de alguno de los siguientes
defectos: (i) defecto sustantivo, que se genera cuando la decisión
impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que se presenta cuando el juez aplica el derecho sin contar con el
apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal, es decir, cuando el
funcionario judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, que
ocurre cuando el funcionario judicial que adoptó la decisión carece, de manera
absoluta, de competencia para hacerlo, y (iv) defecto procedimental, que
se presenta cuando el juez actuó completamente por fuera del procedimiento
establecido[12]. También ha
precisado la Corporación que se configura una vía de hecho cuando el vicio que
origina la impugnación resulta evidente o incuestionable y que aquellos asuntos
que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como
lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la
descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada[13].
De otra parte, y en atención a que se trata
de una circunstancia excepcional, es importante precisar que esa doctrina de la
vía de hecho no puede ser aplicada por los jueces con demasiada prontitud y de
manera indiscriminada sino que el estudio correspondiente debe ser meticuloso,
pues no basta para alegar una posible vía de hecho la existencia de cualquier
irregularidad sino que la conducta desplegada por el funcionario judicial debe
ser de tal gravedad e ilicitud que estructuralmente pueda ser calificada como
una vía de hecho[14].
5. Caso Concreto.
5.1. La acusación de la señora Ana Elisa Coronado se
dirige contra la afirmación contenida en la sentencia de casación, acerca de
que en el caso de los trabajadores oficiales no es necesario obtener la
autorización del Ministerio de la Protección Social para realizar un despido
colectivo.
En punto a este tema, la jurisprudencia de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia inicialmente en su
providencia del 10 de septiembre de 1997, dentro del proceso instaurado por
Absalón Hurtado contra las Empresas Públicas Municipales de Pitalito
(radicación N° 9872, M.P. Germán Valdés), manifestó que a los trabajadores
oficiales se les aplicaba el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado
por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, razón por la cual era necesario
obtener la autorización del Ministerio del Trabajo para poder proceder a un
despido colectivo de trabajadores oficiales. Señala esta providencia:
“2. La
liquidación definitiva de la empresa, su clausura o suspensión total o parcial
de actividades, es una institución jurídica que corresponde al derecho
colectivo del trabajo. Así surge de su naturaleza y así fue calificada por el
Código Sustantivo del Trabajo y actualmente por la Ley 50 de 1990, como quiera
que sus artículos 66 y 67, que la regulan y protegen, están incluidos en la
“Parte Segunda” del dicho cuerpo legislativo denominada “Derecho Colectivo del
Trabajo”.
3. Las relaciones
colectivas del trabajo de los trabajadores oficiales se rigen por las normas
del Código Sustantivo del Trabajo y por las que lo adicionan o reforman y no
por las que se expidieron para los trabajadores oficiales, derogadas
expresamente por los artículos 491 y 492 del CST.
4. Según el artículo 66 de la Ley 50 de 1990, la
decisión que tomó la empleadora no podía adoptarse sin la previa autorización
del Ministerio de Trabajo, de manera que no le bastaba con dar con el aviso de
terminación del contrato o con pagar un mes de salario según la preceptiva del
artículo 47 literal f) del decreto 2127 de 1945; y como la demandada no obtuvo
esa autorización, el despido del actor devino ilegal e injusto”.
Ahora bien, la anterior posición jurisprudencial fue
modificada por la misma Sala de Casación desde su sentencia del 30 de enero de
2003 (radicación N° 19108, M.P. Carlos Isaac Nader). Este pronunciamiento, y
los demás que lo reiteran, versan sobre los despidos que se llevaron a cabo en
el Banco Cafetero, luego de que éste hubiera decidido cerrar 96 oficinas en
todo el país, sin que para ello hubiera obtenido la autorización del Ministerio
del Trabajo. En el aparte pertinente de tal providencia se indicó in extenso:
“(…)con el fin de cumplir la Corte con su
función de unificar la jurisprudencia nacional abordará el punto relacionado
con la aplicabilidad del régimen del Código Sustantivo del Trabajo a los
trabajadores del Banco Cafetero. Sobre todo, porque el fallo acusado no tuvo en
cuenta ese elemento, seguramente porque en el libelo inicial  nada se dijo
sobre esa temática, ni tampoco en la solicitud de autorización de despidos
elevada por el Presidente del Banco Cafetero, ni en el acto administrativo del
Ministerio del Trabajo que se pronunció al respecto, aunque sí en la
contestación de la demanda.
Aduce la censura en términos generales que
conforme al  contenido del artículo 29 de los Estatutos del demandado en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 092 de 2000, el Banco no podía
producir la supresión de tantos empleos como la efectuada, que  alcanzaron a
configurar un despido  colectivo, sin la autorización previa del Ministerio del
Trabajo  y Seguridad Social. Considera que al establecer una de  dichas
disposiciones que los trabajadores de Bancafé se sujetarán “al régimen laboral
aplicable a los empleados  particulares” quiso significar que todo lo
relacionado con el manejo de esos servidores debía regirse por el Código
Sustantivo del Trabajo y las normas que lo reformen o modifiquen, incluyendo,
desde luego, el numeral 2º del artículo 61 del citado código y el artículo 67
de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965.
Para una mejor comprensión del asunto,
conviene reproducir el contenido de aquellas disposiciones que, en su orden, es
el siguiente:
“Artículo 29. Régimen de los trabajadores
del Banco. El Presidente y el Contralor tienen la calidad de empleados
públicos.  Los demás empleados del banco se sujetarán al régimen laboral
aplicable a los empleados  particulares”.
“Artículo 1. El Banco Cafetero S.A.,
BANCAFE, es una sociedad por acciones, de economía mixta del orden nacional, de
la especie de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del
Estado, excepto en cuanto al régimen de personal que será el previsto en el
artículo 29 de sus Estatutos y el de las actividades propias del giro ordinario
de sus negocios que se sujetarán a las disposiciones del derecho privado”.
La Sala no comparte el entendimiento dado
por el recurrente a los mentados enunciados normativos por cuanto el hecho de
que los servidores del Banco Cafetero se rijan por el régimen laboral de los
empleados particulares no quiere decir que la entidad deje de ser pública o que
sus servidores pierdan la condición de trabajadores oficiales.
En el punto concreto de la aplicación a
tales trabajadores del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, hay que decir que en
este caso su equiparación a servidores particulares no puede llevar a colegir
que la realización de despidos colectivos por supresión de cargo originados en
políticas de modernización o racionalización de gastos, esté supeditada a la
implementación del trámite dispuesto en ese artículo, es decir, al permiso
previo del Ministerio del Trabajo.
Para corroborar lo dicho basta tomar en
consideración que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, que dictó normas sobre
la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, dispone
que el “Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y
entidades de que trata la presente ley de manera global. En todo caso el
director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las
necesidades de la organización y sus planes y programas”.
Las entidades a que se refiere esta ley
aparecen  relacionadas en su artículo 38, en el que se incluyen las sociedades
de economía mixta como es el caso de la entidad demandada en este proceso.
Además tampoco se puede perder de vista que
según el artículo 54 ibídem, relacionado con los principios y reglas generales
con sujeción a los cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de
los ministerios,  departamentos administrativos y demás organismos  administrativos
del orden nacional (dentro de los que se halla las sociedades de economía
mixta), el Presidente de la  República dictará las disposiciones aplicables con
el objeto de variar, transformar o renovar la organización de tales entidades,
ateniéndose a las disposiciones del numeral 16  del artículo 189 de la
Constitución Política y siguiendo las siguientes pautas: “Deberán suprimirse o
fusionarse los empleos que no sean necesarios y distribuirse o suprimirse las
funciones específicas, que ellos desarrollan. En tal caso, se procederá
conforme a las normas laborales administrativas” (literal m); y “deberá
adoptarse una nueva planta de personal” (literal n)”.
De manera que las funciones de suprimir
cargos y adoptar la planta de personal de las sociedades de economía mixta del
orden nacional en los casos en que sea necesario reformar su estructura u
organización, fueron radicadas por  la ley en comento en el Gobierno Nacional,
atribución que es ciertamente excluyente, luego de ninguna manera incumbe
al Ministerio del Trabajo autorizar esas medidas, por el trámite previsto en el
artículo 67 de la Ley  50 de 1990.
En lo cual, por demás, el legislador siguió
una larga  tradición legal y jurisprudencial pues a través del tiempo se ha
considerado que la figura del despido colectivo, consagrada antaño en el
artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, no es aplicable a los trabajadores
oficiales. No hay que olvidar que cuando el gobierno nacional trató de
modificar esa regla, mediante el artículo 37 del Decreto Reglamentario No 1469
de 1978, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 25 de julio
de 1985 anuló la expresión “trabajadores  oficiales”.
Es conveniente también subrayar que en los
términos del artículo 2º de la Ley 489, ella “se  aplica a todos los
organismos  y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la
Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato
constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de
funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de
obras y bienes públicos …”.
De suerte que si bien es cierto que el
artículo 29 de los Estatutos del Banco en concordancia con el artículo 1º del
Decreto 092 de 2000 prevé que sus empleados, con excepción del gerente general
y el contralor, se sujetarán al régimen laboral de los empleados particulares,
de ahí no puede seguirse que en los casos en que sea necesario producir
despidos colectivos mediante la supresión de empleos a causa de modernización
o racionalización de la entidad resulte indispensable seguir el trámite
establecido en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990.
Tal conclusión aflora de la circunstancia
de que habiendo regulado totalmente la Ley 489 de 1998 el tema de la
competencia para aprobar las plantas de personal de las sociedades de economía
mixta y de las empresas  industriales y comerciales del Estado (facultad en la
que se encuentra inmersa la de eliminar o crear cargos), así como la de
suprimir cargos, radicando la competencia para ello en el Gobierno Nacional,
esos mandatos no pueden entenderse  derogados o modificados por un decreto
presidencial ya que ello riñe con el principio de jerarquía normativa y con
elementales principios de derecho, como aquel que reza que para que una norma pueda
derogar tácitamente a otra es menester que la primera pertenezca al mismo rango
o a uno superior de la derogada. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que el
Decreto 092 de 2000 se expidió con base en el artículo 54 de la Ley 489 de
1998, o sea, tiene como fin el desarrollo de ésta mas no contraponerse a sus
mandatos.
Por lo tanto, la remisión de los
servidores del Banco Cafetero al régimen laboral de los trabajadores
particulares no es absoluta e ilimitada puesto que concretamente no se extiende
hasta el punto de considerar que la supresión de empleos que hayan de
realizarse en esa entidad deba someterse a la aprobación del Ministerio del
Trabajo para que autorice el despido colectivo como supone el recurrente, ya
que tal entendimiento no se corresponde con la interpretación contextual y
sistemática de la Ley 489, que acaba de hacerse”. (Subrayas no originales)
La anterior transcripción es la nueva
posición jurisprudencial, que no surgió a raíz del presente asunto, pero si con
el que la Corte Suprema de Justicia basó su decisión del 23 de octubre de 2003
que se analiza en esta oportunidad, y que ha sido reafirmada en varias
ocasiones[15].
Si bien este viraje de la jurisprudencia laboral no
fue explícito - como sería de desear en las decisiones judiciales -, lo cierto
es que la misma sentencia contiene el fundamento de esta decisión. En efecto,
la sentencia en la que se expresó que para los despidos colectivos de
trabajadores oficiales se requería de la autorización del Ministerio de Trabajo
es anterior a la expedición de la Ley 489 de 1998[16].
Precisamente, como se advierte en la sentencia del 30 de enero de 2003 (Rad:
19108) ampliamente transcrita, la interpretación de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia es que a través de la Ley se autorizó al
Gobierno Nacional para realizar despidos colectivos de trabajadores oficiales,
sin necesidad de obtener autorización del Ministerio de Trabajo.
Así las cosas, la interpretación que realiza la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en virtud a los nuevos
presupuestos legales, acerca de los efectos de la Ley 489 de 1998, en lo que se
refiere a la no necesidad de solicitar la autorización es razonable, y no puede
ser tachada de arbitraria o caprichosa, para ser desvirtuada como una vía de
hecho.
5.2. Ahora bien, observa la Sala que en la acción de
tutela se hacen acusaciones nuevas tales como que el despido no obedeció a una
reestructuración administrativa de La Previsora S.A., o que se desconoció una
resolución del Ministerio del Trabajo, hoy de la Protección Social. Aspectos
que no fueron esgrimidos en el recurso de casación, el cual sólo versó sobre la
interpretación errónea del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, por tanto, el
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en este sentido no puede
definirse como violatorio del debido proceso.
Igualmente, la Sala de Casación Laboral observando la
condición de trabajadora oficial de la accionante, reafirmó la posición tomada
por la Sala Laboral del Tribunal Superior, concluyendo que no le era aplicable
la normatividad de la Ley 50 de 1990, inserta al Código Sustantivo del Trabajo
en cuanto a despidos colectivos se refiere, al no estar allí regulada. Al
respecto señaló:
“Ahora bien, los
fundamentos principales de la sentencia denunciada fueron de un lado la calidad
de trabajadora oficial que ostentó la demandante, hecho indiscutido por las
partes en el debate procesal, del que el Tribunal desprendió la inaplicabilidad
de las normas que insertas en el Código Sustantivo del Trabajo, consagran el
despido colectivo y de otra parte que, en la legislación que regula las
relaciones laborales del sector oficial no existe disposición que contemple
aquella figura, aspectos jurídicos puntuales que no fueron mencionados por el
censor y que se mantienen como soporte de la decisión acusada, permaneciendo
incólume con su presunción de legalidad y acierto.
“Es que el
censor se conformó con hacer transcripciones de unas sentencias emitidas por la
Corte Constitucional, con las que resuelve algunas acciones de tutela, para
concluir que “el despido colectivo de trabajadores en el sector público no
puede mirarse simplemente como un fenómeno atinente al Derecho Individual del
Trabajo”, pero sin llegar a demostrar por qué ha de deducirse que a falta de
disposición normativa, las consecuencias del despido colectivo que consagra la
Ley 50 de 1990 deben extenderse a los trabajadores oficiales”.
La
anterior aseveración de la Corte Suprema de Justicia conserva presupuestos mínimos
de juridicidad y razonabilidad, que no permiten concluir que incurrió en una
vía de hecho al interpretar y aplicar la normatividad que regula el caso
concreto. La interpretación de la Ley puede ser diversa, pero desde que se haga
con criterios coherentes, serios y sustentados, se impide catalogarla de
arbitraria, y simplemente se ubica como una vía de derecho distinta.
5.3. De otra parte, en la
medida de que la accionante fue retirada de La Previsora S.A. Compañía de
Seguros en la misma época en la que se declaró la terminación del contrato, sin
justa causa, de todas las personas que fueron beneficiadas por la decisión
tomada en la Sentencia SU-998 del 2 de agosto de 2000, se examinará si Ana
Elisa Coronado Acosta tiene derecho a que se le extiendan los efectos de la
mencionada providencia.
Mediante
la Sentencia de Unificación mencionada, esta Corporación falló sobre cinco
acciones de tutela instauradas contra La Previsora S.A. por causa de los
despidos. Una de las demandas había sido instaurada por los presidentes de
SINTRAPREVI y ASDECOS[17] en
representación de 130 trabajadores afiliados a ASDECOS, y otras cuatro por ex
trabajadores de la empresa. Sobre las cuatro últimas tutelas dijo la Corte: “Estos cuatro solicitantes son afiliados a
SINTRAPREVI; y la mayoría de los hechos y las pruebas son similares a los de la
tutela 275957 y por eso la Sala de Selección ordenó la acumulación de éstos”.
En
la providencia la Corte concentró su atención en la acción entablada por los
sindicatos, esto es, la T-275957. Al respecto planteó que en ella no se
analizaría lo referente a la finalización unilateral de los contratos de
trabajo, sino la afectación de los derechos fundamentales de asociación y
libertad sindical.
Por
lo tanto, en la parte resolutiva de la sentencia se decidió conceder la tutela
del derecho de asociación y de libertad sindical de SINTRAPREVI, de ASDECOS y
de los trabajadores en cuyo nombre los presidentes de los sindicatos habían
instaurado la primera tutela. Así, en el numeral segundo se ordenó a La
Previsora S.A. “que dentro del
término de 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo reintegre a
cargos iguales o superior categoría a los trabajadores mencionados en el punto
anterior, sin solución de continuidad y con derecho a capacitación todo de
acuerdo a las consideraciones de este fallo”. De igual manera, en la providencia
se decidió confirmar las restantes cuatro sentencias de tutela, que habían
denegado las pretensiones individuales de los actores, si bien, como se señala
en la misma sentencia, estos trabajadores estaban comprendidos dentro de la
tutela presentada por los presidentes de los sindicatos, razón por la cual
también tuvieron que ser reintegrados.
Los
sindicatos que instauraron la demanda de tutela arriba mencionada no hicieron
ninguna referencia a la ciudadana Ana Elisa Coronado Acosta y tampoco se
refirió a ella la sentencia SU-998 de 2000, más aún cuando ella, según lo
corroborado por esta Corporación, no presentó acción de tutela contra La
Previsora S.A. Compañía de Seguros (folio 23 del cuaderno de revisión).
Debe recordarse que la Sentencia de
Unificación restringió sus alcances a la protección de los derechos de
asociación y libertad sindical. Incluso en el fallo se expresa explícitamente
que las consideraciones de la misma no cobijan los procesos de tutela que no
fueron seleccionados y que la orden impartida no incluye a los no
sindicalizados, por razones procesales.
En los apartes pertinentes de la sentencia
se señaló:
“Al igual que en la T-436/2000, la Sala de
Revisión no analizará lo referente a la finalización unilateral de los
contratos de trabajo sino la afectación de los derechos fundamentales de
asociación y libertad sindical.
1. Está demostrado que existen las
organizaciones sindicales Sintraprevi y Asdecos, debidamente reconocidas, con
personería vigente y que sus representantes legales son quienes instauraron la
tutela principal: Ana Isabel Forero Maldonado y Fernando Stallin Flórez. Está
igualmente demostrado que dentro de los 220 trabajadores despedidos por la
Previsora S. A. Compañía de Seguros, 130 estaban afiliados a Sintratrevi y 55 a
Asdecos y además figuran en el expediente los nombres de las personas
sindicalizadas, que son las mismas que aparecen indicadas al principio de la
presente sentencia. Luego, la personería sustantiva para instaurar la tutela no
admite discusión. Lo único que se debe advertir es que los sindicatos solo
pueden representar en la tutela a sus afiliados. El hecho de que otros
trabajadores no sindicalizados puedan quedar beneficiados por una convención
colectiva no amplía la personería adjetiva de las organizaciones sindicales
para efectos de la presente acción. Si 4 trabajadores sindicalizados
presentaron adicionalmente tutelas individuales, pero en todas ellas se
reproduce casi textualmente lo de la tutela principal y las pruebas practicadas
también se refieren a ellos, entonces, las consideraciones que a continuación
se harán también los cobijarán porque esas 4 tutelas fueron seleccionadas por
la Corte Constitucional. No se puede decir lo mismo de otros casos en los
cuales hubo fallo de tutela pero no fueron seleccionados, de ahí que las
consideraciones y determinaciones del presente fallo no se predican para:
Manuela Fernández de Medina, María Nancy Parada, Rosa Isabel Ponto, Nora
Castello, Rosa María Rey, Mauricio Estrada, María Inés Rodríguez; para ellos la
presente sentencia procesalmente no los incluye, otros serán el derecho y el
camino a adoptar.
2. Se aduce por la empresa que era o es
necesaria una reestructuración de la compañía y del personal, motivada por
cambio de tecnología y acceso a los mercados. Los sindicatos dicen que se trata
de una supuesta reestructuración. Numerosos documentos presenta La Previsora S.
A. para sustentar su afirmación. El Juez constitucional no puede mediante
tutela calificar si es cierta o no una reestructuración de una empresa, ni
tampoco puede dar órdenes que impidan un proceso de modificación, ni es motivo
de la presente acción señalar quien legalmente puede ordenar una
reestructuración y una nueva planta de personal.
Acá se discutirá si se ha violado o no el
derecho de asociación y la libertad sindical. El punto central de debate será
el siguiente: si expulsar de la empresa a un elevado número de trabajadores
(casi todos sindicalizados) con el argumento de que legalmente es posible
porque se les cancela unilateralmente el contrato y sin justa causa, es una
conducta legitima, o si por el contrario afecta derechos colectivos
(asociación, libertad sindical, respecto a las convenciones colectivas) y cabe
por consiguiente la tutela, teniendo como precedente jurisprudencial el caso
resuelto en la T-436/2000. Considera esta Sala que no solo se trata de un caso
similar que por consiguiente es subsumido en la jurisprudencia precedente, sino
que el material probatorio demuestra, sin lugar a dudas, que La Previsora S.A.
ya venía recopilando listas, en todo el país, de trabajadores para despedir antes
de que la Junta Directiva, el 22 de septiembre de 1999, autorizara el despido
de 221 operarios y acordara la organización de la compañía, y,
"curiosamente" la gran mayoría de los despedidos fueron
sindicalistas.
3.  Dicen las
organizaciones sindicales y la empresa lo acepta, que aquellas estaban
integradas por 411 afiliados a Sintraprevi  y por 132 afiliados a Asdecos,
números que se ven disminuidos porque de Sintraprevi fueron despedidos por la
empresa 130  (el 31% de los afiliados) y de Asdecos: 55 (el 41% de los
afiliados). Es indudable que esa actitud afecta las organizaciones sindicales.
Si a tan alto número de sindicalistas se les canceló el contrato en forma
unilateral y sin justa causa, es apenas obvio que no solo se disminuye el
número de afiliados (en detrimento de la organización sindical y de su
posibilidad de representar a una gran cantidad de trabajadores en los
conflictos que surgieren), sino que se lanzan mensajes al resto de trabajadores
en el sentido de amenazar con el despido especialmente a quienes estén
sindicalizados (como ocurrió en el presente caso). El hecho de que
adicionalmente se despidieran trabajadores no sindicalizados (pero en
proporción menor) ni destruye la amenaza ni neutraliza el detrimento ocasionado
a la organización sindical. La explicación que da la Compañía de que los nuevos
trabajadores que ingresen pueden afiliarse al sindicato y por lo tanto reponer
la militancia perdida, es simplemente una hipótesis y no disminuye el factor
amenazante sino que por el contrario, es muy difícil que alguien se afilie a un
sindicato si corre el peligro de ser despedido.
(…)
8.  De la prueba aportada
se desprende que se planeó, se ordenó y se ejecutó un arbitrario despido
masivo. Que esto fue dirigido por la Directiva empresarial de La Previsora
S.A., que no es una entidad particular; y deliberadamente se afectó a mas de
dos centenares de trabajadores y sus familias. Como la mayoría de los
despedidos eran sindicalistas, salta a la vista el propósito de afectar a la
organización sindical, luego se les ocasiono perjuicio a organizaciones
sindicales constitucionalmente protegidas. Además, se demuestra la retaliación
del Presidente de la compañía por no suspenderse una cláusula de la convención
colectiva: el mismo día en que el sindicato niega tal pretensión, el Presidente
Escallón Emiliano expresa por escrito su disgusto y días después en Junta
Directiva dice que se les cancelará el contrato a 221, se cumple esa voluntad y
el 24 de septiembre han quedado sin trabajo 185 sindicalistas.
9.   En el caso de la
T-436/2000 la orden de la Corte Constitucional fue el reintegro a cargo de
igual o superior categoría a los que venían desempeñando cuando se produjo la
terminación unilateral de los contratos y así se hará en la presente sentencia,
respecto de los sindicalizados protección que incluye el acceso a concursar. La
orden actual no puede incluir a los sindicalizados por razones procesales, ni a
quienes instauraron tutelas que no se seleccionaron. (subrayas no originales)
10. Respecto a las
tutelas acumuladas, quienes las interpusieron individualmente ya han quedado
favorecidos por la tutela interpuesta por los sindicatos y por lo tanto la
orden de reintegro los favorecerá. Sin embargo, como adujeron algunas razones
específicas, diferentes a las expresadas sobre derecho de asociación y libertad
sindical, se dirá:
Tratándose
de contratos de trabajo a término indefinido, la ley permite el retiro
unilateral y sin justa causa (estabilidad impropia porque se indemniza). El
juez de tutela no puede oponerse a una reestructuración de una empresa, ni
decir cómo se debe hacer y quien la puede hacer, ni menos ordenar mantener la
permanencia en el cargo de quienes no pasen en concurso, lo único que puede es
proteger derechos fundamentales, como se ha hecho en el presente fallo respecto
al derecho de asociación y libertad sindical”. (negrilla
no original)
Como se observa, en la sentencia la Corte
decidió restringir su estudio al análisis de si se habían vulnerado el derecho
de asociación y la libertad sindical a través de los despidos efectuados en la
empresa demandada. Por eso, ordenó solamente el reintegro de las personas que
fueron incluidas dentro de la demanda de tutela presentada por los directivos
sindicales en nombre de todos los afiliados y dispuso, además, que las otras
personas afectadas por los despidos debían iniciar otros procesos judiciales en
defensa de sus intereses.
La demandante afirma que estaba afiliada a
SINTRAPREVI. Sin embargo, no existe dentro del proceso prueba de ello. Además,
la organización sindical no la incluyó dentro del listado de sus afiliados que
habían sido despedidos. En consecuencia, dado que, en aras de la protección del
derecho a la asociación y libertad sindical, la Sentencia SU-998 de 2000 se
concentró en el punto de los trabajadores sindicalizados que habían sido
despedidos, no es posible extender a la actora los efectos de la anotada
sentencia.
5.4. En atención a las
consideraciones anteriores la Sala confirmará la sentencia proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 16
de febrero de 2005, que a su vez decidió confirmar la decisión de primera
instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante fallo del 17 de enero de
2005 que denegó la acción de tutela instaurada por Ana Elisa Coronado Acosta
contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y así se señalará en la
parte resolutiva de esta sentencia.
IV.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMASE la sentencia
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura del 16 de febrero de 2005,  que  a su vez decidió confirmar la
decisión de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante
fallo del 17 de enero de 2005 que denegó la acción de tutela instaurada por Ana
Elisa Coronado Acosta contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
por  las consideraciones  expresadas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON
SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-748 DE 2005 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACION DEL
DERECHO-Cuando existen dos
interpretaciones jurisprudenciales se debe escoger la tesis que esté mas
ajustada o sea más conforme con la Constitución (Salvamento de voto)
De acuerdo con el moderno proceso de constitucionalización
del derecho en todos sus ámbitos, así como del Estado constitucional y
democrático de Derecho, cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales,
se debe acoger la tesis que esté ajustada o sea más conforme con la
Constitución, más aún si la tesis alternativa es contraria a la Carta
Fundamental. En este sentido, es obligación del juez como garante de los
derechos fundamentales y muy especialmente del Tribunal Constitucional, aplicar
la tesis jurisprudencial que sea conforme con la Constitución Nacional.
DESPIDO COLECTIVO DE TRABAJADORES OFICIALES-Se debió aplicar tesis que protege el
derecho colectivo del trabajo/DESPIDO COLECTIVO DE TRABAJADORES OFICIALES-Debe
existir autorización previa del Ministerio del Trabajo (Salvamento de voto)
Esta Corte no puede avalar una interpretación judicial
que es contraria a la Constitución, sino que debe acoger únicamente tesis
jurisprudenciales que san conformes con la Carta Fundamental, en este caso, la
tesis que protege el derecho colectivo del trabajo, en el sentido de exigir que
debe existir autorización previa por parte del Ministerio de Trabajo para poder
realizar despidos colectivos de trabajadores oficiales, puesto que esta última
tesis es una tesis garantista y proteccionista de los derechos colectivos de
los trabajadores, que a mi juicio se deriva de las normas constitucionales y la
voluntad primaria del Constituyente.
Referencia: expediente T-1080293
Acción de tutela instaurada por Ana Elisa
Coronado Acosta contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el respeto acostumbrado por las decisiones
mayoritarias de esta Sala de Revisión, me permito salvar mi voto a la presente
sentencia de tutela, en razón a que en esta sentencia se acoge una
interpretación jurisprudencial de la corte Suprema de Justicia, que a mi
juicio, es contraria a la Constitución Nacional.
De acuerdo con el moderno proceso de
constitucionalización del derecho en todos sus ámbitos, así como del Estado
constitucional y democrático de Derecho, cuando existen dos interpretaciones
jurisprudenciales, se debe acoger la tesis que esté ajustada o sea más conforme
con la Constitución, más aún si la tesis alternativa es contraria a la Carta
Fundamental. En este sentido, es obligación del juez como garante de los
derechos fundamentales y muy especialmente del Tribunal Constitucional, aplicar
la tesis jurisprudencial que sea conforme con la Constitución Nacional.
En el caso que nos ocupa, existen dos tesis
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, una del año 1997, que es a
mi juicio conforme con la Constitución, y otra del año 2003, en la que dicha
Corporación cambió su interpretación, y que a mi juicio es contraria a la Carta
Política. En su primera tesis del año 1997, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema sostuvo que a los trabajadores oficiales se les aplicaba el
artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado por el artículo 67 de la ley
50 de 1990, en el sentido de que era necesario obtener la autorización del
Ministerio del Trabajo para poder proceder a un despido colectivo de
trabajadores oficiales. La anterior tesis jurisprudencial fue modificada en el
año 2003 por la misma Sala de Casación en donde se convalidaron despidos
colectivos de trabajadores oficiales sin que debiera mediar para ello
autorización del Ministerio de Trabajo.
A mi juicio, aunque la primera jurisprudencia de la
Corte Suprema es la que se encuentra ajustada a la Constitución, en el caso sub
examine tanto la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca en calidad de juez de tutela de primera instancia, como la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca en segunda instancia, aplicaron la segunda tesis jurisprudencial,
y esta Sala de Revisión confirmó dichas decisiones.
En mi concepto, esta Corte no puede avalar una
interpretación judicial que es contraria a la Constitución, sino que debe
acoger únicamente tesis jurisprudenciales que san conformes con la Carta
Fundamental, en este caso, la tesis que protege el derecho colectivo del
trabajo, en el sentido de exigir que debe existir autorización previa por parte
del Ministerio de Trabajo para poder realizar despidos colectivos de trabajadores
oficiales, puesto que esta última tesis es una tesis garantista y
proteccionista de los derechos colectivos de los trabajadores, que a mi juicio
se deriva de las normas constitucionales y la voluntad primaria del
Constituyente.
Por las anteriores razones, disiento de la presente
decisión.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] Acción de
tutela N° 2004-2161. Sentencia del 29 de septiembre de 2004.
[2] Proveído de
octubre 20 de 2004 (folios 4 a 10 del cuaderno de segunda instancia).
[3]
ARTICULO 3o. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones
de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho
colectivo del Trabajo, oficiales y particulares.
ARTICULO
4o. SERVIDORES PUBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo
entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles,
empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen
por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se
dicten.
ARTICULO
491. DISPOSICIONES SUSPENDIDAS.
1. Desde
la fecha en que principie la vigencia de este Código, quedan suspendidas todas
las leyes, decretos, resoluciones y demás preceptos anteriores de carácter
nacional, reguladores de las materias contempladas en éste Código, en cuanto
han venido rigiendo los derechos individual y colectivo de trabajo entre
{empleadores} y trabajadores particulares y los del derecho colectivo de
trabajo entre la Administración Pública y sus servidores.
2.
Suspéndanse los artículos 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128 y
129 del Decreto 2158 de 1948, adoptado
como Ley por el Decreto 4133 de 1948.
ARTICULO
492. DISPOSICIONES NO SUSPENDIDAS. Quedan vigentes las normas que regulan el
salario mínimo, el seguro social obligatorio y el derecho individual del
trabajo en cuanto se refiere a los trabajadores oficiales.
[4] Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia. Auto de mayo 19 de 2004 (folios 147 a 154 del
cuaderno principal).
[5] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[6] Artículos 228 y
230 C.P.
[7] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[8] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-094
de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-766 de 1998 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo) y T-188 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[9] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-01 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[10] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias T-442 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y
T-922 de 2003.
[11] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-320 de 2004.
[12] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias
T-231 de 1994, T-008 de 1998 y T-086 de 2003.
[13] Idem.
[14] Cfr. Corte Constitucional.
Sentencias
T-442 de 1993 y T-922 de 2003.
[15] Sentencia del
28 de marzo de 2003, Rad: 19946 M.P. Luis Javier Osorio López; Sentencia del 30
de abril de 2003, rad: 19947 M.P. Isaura Várgas Díaz; Sentencia del 30 de abril
de 2003, rad: 20199 M.P. Fernando Vásquez Botero; y Sentencia del 20 de
septiembre de 2003, rad: 20845 M.P. Carlos Isaac Náder.
[16] Ley 489 de 1998
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
[17] Sindicatos de
La Previsora S.A. Compañía de Seguros.