T-625-16
Sentencia T-625/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El
defecto fáctico es tal vez la causal más restringida de procedencia de la
tutela contra providencia judicial. La independencia y autonomía de los jueces
cobran especial intensidad en el ámbito de la valoración de las pruebas; el
principio de inmediación sugiere que el juez natural está en mejores
condiciones que el constitucional para apreciar adecuadamente el material
probatorio por su interacción directa con el mismo; el amplio alcance de los
derechos de defensa y contradicción dentro de los procesos ordinarios, en fin,
imponen al juez de tutela una actitud de respeto y deferencia por las opciones
valorativas que asumen los jueces en ejercicio de sus competencias funcionales
regulares.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
Este
defecto se produce cuando en ausencia de motivación pertinente y suficiente, un
juez en un caso determinado acoge una posición contraria a la adoptada en casos
similares anteriores, que implica una violación de
derechos fundamentales de los justiciables. En esta
oportunidad, la Sala Primera de Revisión se limita a recordar y sintetizar los
principales fundamentos normativos, presupuestos y elementos que sustentan la
vinculación de las autoridades al precedente judicial.
PRECEDENTE
HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
SEPARACION
DEL PRECEDENTE-El funcionario judicial puede apartarse de su propio
precedente o del precedente resuelto por el superior jerárquico, siempre y
cuando explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que
modifica su posición
FIJACION
DE HONORARIOS DE ABOGADO-Límites
EJERCICIO
DE LA PROFESION DE ABOGADO-Defensa y promoción de los derechos de
las personas
ABOGACIA-Su
ejercicio implica deberes de obrar con lealtad y honradez con sus clientes/HONORARIOS
DE ABOGADO-Fijación con criterios equitativos, justificados y
proporcionales, con relación al servicio prestado
A través de la
Ley 1123
de 2007, el Legislador estableció dentro de los deberes del abogado el obrar
con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales con sus clientes. En
desarrollo de dicho deber, el abogado debe fijar sus honorarios con criterios
equitativos, justificados y proporcionales, en relación al servicio prestado o
de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada
vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. Para tal fin, el abogado
debe acordar el objeto del mandato, los costos, la contraprestación y la forma
de pago, en términos comprensibles para su cliente, pues salvo que este último
sea profesional del derecho, no es posible suponer que le sean familiares
algunos conceptos jurídicos. Para evitar el ejercicio abusivo de posiciones
dominantes, es deber del apoderado informar adecuadamente las particularidades
de su labor a su cliente; ilustrarlo pedagógicamente acerca de los significados
jurídicos de aquellos vocablos que susciten duda y, en general, de generar
conocimiento de su mandante con elementos que le permitan adquirir obligaciones
con un consentimiento libre e informado.
COSTAS
PROCESALES-Concepto/COSTAS PROCESALES-Comprende tanto
las expensas como las agencias en derecho
AGENCIAS
EN DERECHO-Concepto/EXPENSAS-Concepto
La
Corte ha entendido que las costas procesales son aquellos gastos en que incurre
una parte por razón del proceso. Esa noción comprende tanto las expensas como
las agencias en derecho. Las expensas son las erogaciones distintas al pago de
los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los
honorarios de los peritos, los aranceles, entre otros. Las agencias en derecho
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que
el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el artículo 366 del Código General del Proceso, y que
no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a
su abogado.
HONORARIOS
DE ABOGADO-Criterios para determinar si existe una
desproporción en la remuneración o beneficios obtenidos por parte del abogado
SANCION
DISCIPLINARIA A ABOGADO-Cuando exija u obtenga provecho
desproporcionado, valiéndose de la situación de inferioridad de su cliente,
bien sea por su falta de conocimiento especializado o por la inexperiencia en
la materia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Improcedencia
por inexistencia de defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial,
al sancionar a abogado por cobro excesivo de honorarios profesionales
Referencia:
expediente T-5569886
Acción
de tutela presentada por Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz contra las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y
Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María
Victoria Calle Correa y los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de las sentencias proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia, dictada el tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), y por
el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, proferida el dieciséis
(16) de marzo del mismo año.
El proceso de la
referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Siete,
mediante auto proferido el veintitrés (23) de julio de dos mil dieciséis
(2016).
I. ANTECEDENTES
1. El 7 de
diciembre de 2015, el apoderado judicial del señor Gabriel Jaime Rodríguez
Ortiz presentó acción de tutela contra las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias de los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la
Judicatura de Antioquia, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
2. En su
criterio, estos derechos se le habrían vulnerado al expedirse las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia, dentro del proceso disciplinario
distinguido con el número 05001-1102-000-2011-00889-01, a través de las cuales
se sancionó al demandante, en su condición de abogado litigante, con suspensión
del ejercicio de su profesión por un lapso de cuatro (4) meses, al hallarlo
responsable de infringir el deber consagrado en el artículo 28.8[1] de la Ley
1123 de 2007 y cometer la falta prevista en el artículo 35.1[2] de esa misma norma,
a título de dolo.
Los hechos narrados
en la tutela, conforme a las pruebas obrantes, son los siguientes:
3. El 14 de
diciembre de 2006, el abogado Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz suscribió un
contrato de prestación de servicios profesionales con el señor José de Jesús
Urrego Piedrahita, con el fin de instaurar una demanda ordinaria laboral en contra
del Instituto de Seguros Sociales, tendiente al reconocimiento y pago de los
incrementos pensionales previstos en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990[3].
Respecto al pago
de los honorarios, la cláusula sexta de dicho contrato señala: “EL
PODERDANTE pagará al APODERADO en su totalidad a título de honorarios o pago de
la prestación del servicio profesional, el 40% de las resultas del proceso y
las costas serán para el APODERADO”[4].
4. El proceso judicial
culminó con sentencia favorable proferida el 7 de diciembre de 2007, por el
Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Medellín. En razón a ello, el señor
Urrego Piedrahita le pagó a su apoderado el cuarenta por ciento (40%) de lo
obtenido en el juicio laboral, este a su vez tramitó la liquidación y el pago
de las costas procesales ante el juez de conocimiento.
5. Con
posterioridad a la terminación del proceso laboral el apoderado inició un
juicio ejecutivo conexo, encaminado a obtener el pago de los intereses
moratorios por el pago tardío de la condena. Surtidas las etapas respectivas,
el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín mediante providencia de
veintitrés (23) de enero de dos mil doce (2012), declaró terminado el proceso “por
pago total de la obligación el proceso ejecutivo laboral que enfrentó a José de
Jesús Urrego Piedrahita contra el Instituto de Seguros Sociales.”[5]
6. El 14 de
abril de 2011, el señor José de Jesús Urrego Piedrahita instauró queja disciplinaria
en contra del demandante, a fin de que se le “ordene hacerme entrega de las
costas del proceso, ya que a él le pagué el 40 por ciento de lo obtenido en el
proceso laboral según contrato de adhesión que me presentó para representarme
en la demanda laboral contra el ISS. Contrato que firmé por la necesidad de
defender mis derechos laborales.”[6]En
la queja, el ciudadano relató que su apoderado recibió la suma de $15.218.385, que
comprende tanto el pago de los honorarios profesionales pactados en el contrato
como la suma correspondiente a las costas procesales. En entender del
denunciante, es “desproporcionado, injusto y contra la equidad lo que me
tocó frente a lo del abogado, entendiendo que las costas son para la parte del
proceso a favor de quien las decretó, que la cláusula del contrato de adhesión,
por cuanto llenó los espacios faltantes con mis datos, se debe tener por
inexistente por ser contraria a los valores fundamentales de la justicia, la
equidad. Que lo recibido por el abogado no puede ser superior al producto del
trabajo del trabajador en cuyo nombre reclama sus derechos para la realización
del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas”[7].
7. Mediante auto
de 13 de junio de 2011, la Sala Unitaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia dio apertura al proceso disciplinario en contra del tutelante (i) fijó
fecha para la audiencia de pruebas y calificación provisional de la conducta (ii)
citó al quejoso para que ratificara los hechos denunciados y (iii) ordenó la
notificación del denunciado para que ejerciera su derecho de defensa (iv)[8].
8. En la primera
sesión de la audiencia, celebrada el 5 de diciembre de 2012, el poderdante reiteró
la alegación relacionada con el cobro excesivo del abogado, pero precisó que al
momento de la suscripción del contrato no entendía el concepto de costas
procesales y que reclamó al apoderado dicha suma, pero éste le manifestó que así
había quedado pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales.
Enseguida, el
abogado afirmó que el pago de las costas fue acordado y aceptado por su cliente
de manera escrita, y las costas las considera una remuneración directa por su trabajo,
en razón a que no cobró ningún anticipo por iniciar el proceso. En dicha
diligencia aportó una copia de una consignación a la cuenta de su mandante por
valor de $7.544.000 “donde se evidencia que [con posterioridad] a la
terminación del proceso ordinario presenté un proceso ejecutivo conexo, del
cual recibí como resultas la suma de $12.574.014 pesos, de los cuales desconté
los honorarios correspondientes al suscrito tal y como había sido pactado
inicialmente, y la suma correspondiente a mi mandante fue consignada a la
cuenta de ahorros (…) de Bancolombia”[9].
9. El día 12 de
abril de 2013, se dio continuación a la citada audiencia en la que se oyó
nuevamente a las partes[10]
y se dispuso la práctica de algunas pruebas[11].
En la diligencia, el señor José de Jesús Urrego Piedrahita informó que el día 01
de septiembre de 2009, recibió la suma de $21.893.463 por la condena e
inmediatamente le consignó al abogado el cuarenta por ciento (40%) de ese monto
por concepto de honorarios ($8.757.385). Relató que en el año 2012, le fue
consignada la suma de $7.544.000 y que como no sabía por qué concepto había
recibido esos recursos, indagó en el juzgado laboral sobre su procedencia. Según
indicó en su declaración, en el despacho de conocimiento le fue informado que
por razón de un proceso ejecutivo conexo al juicio ordinario, se le reconoció
la suma de $12.574.014. Para este nuevo proceso, no había otorgado un nuevo poder
a su abogado.
A su turno, el abogado
Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz manifestó que le fue pagada la suma de $8.757.385
por concepto de honorarios profesionales y que recibió la suma de $6.461.000, correspondientes
a las costas procesales generadas por el proceso ordinario. Relató que con
posterioridad a la culminación de este último, inició un juicio ejecutivo
conexo como era su obligación, tendiente al reconocimiento de los intereses
moratorios por el pago tardío de la condena. En este proceso se le reconoció la
suma de $12.574.014, de la cual cobró el cuarenta por ciento (40%) por concepto
de honorarios. En total, su defendido recibió la cifra de $20.680.078.
10. Durante la
continuación de la audiencia, celebrada el 20 de mayo del mismo año, el
magistrado ponente formuló cargos en contra del abogado Rodríguez Ortiz, por
haber incurrido en la falta prevista en el artículo 35.1 de la Ley 1123 de 2007[12]
a título de dolo, “por presuntamente recibir honorarios desproporcionados a
su gestión, aprovechándose de la ignorancia o inexperiencia del señor JOSE DE
JESUS URREGO PIEDRAHITA en lo relativo al proceso laboral y ejecutivo a
continuación”[13].
11. En la
audiencia de juzgamiento realizada el 04 de julio de 2013, se recibió el
testimonio de su secretaria[14],
quien expresó que desde hacía 7 u 8 años trabajaba con el abogado Rodríguez Ortiz
(i), que en la oficina de su jefe siempre se cobra un porcentaje dependiendo de
la naturaleza del asunto y se le da a conocer al cliente antes de que se firme
el contrato de servicios profesionales (ii), que en el proceso del señor José
de Jesús Urrego Piedrahita se cobró el cuarenta por ciento (40%) más las costas
procesales, porque no se recibió anticipo, lo que fue aceptado sin ningún
reparo por el quejoso y (iii), que el abogado incurrió en gastos de
notificación, copias, papelería y pasajes entre otros.
12. Mediante
sentencia del 24 de septiembre de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, declaró responsable al
abogado Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz de quebrantar el deber estipulado en el
artículo 28.8[15]
de la Ley 1123 de 2007 y de cometer la falta prevista en el artículo 35.1 de
esa misma norma a título de dolo, que consiste en “[a]cordar, exigir u
obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su
trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia
de aquellos.” En consecuencia, lo suspendió del ejercicio de su
profesión por un lapso de cuatro (4) meses.
Luego de
relacionar la prueba recaudada en el trámite y de recordar la noción de costas
procesales a la luz de la jurisprudencia constitucional[16], la Sala
Disciplinaria determinó que el total de los dineros recibidos por el abogado por
la representación en los procesos judiciales ($20.247.990), corresponden
exclusivamente a honorarios por la gestión jurídica realizada en ese caso. Lo
anterior, en la medida en que éste solo incurrió en gastos de notificaciones y
fotocopias que no fueron probados en su valor real y sin que demostrara ninguna
erogación adicional ligada al trámite procesal.
A su turno, el
juzgador precisó que para entender configurada la falta endilgada al
demandante, es necesario que se cumplan dos presupuestos: (i) que el abogado exija
u obtenga una remuneración o beneficio desproporcionado y (ii) que se presente
un aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del
cliente.
Con relación al
primer presupuesto, la Sala Disciplinaria lo encontró acreditado en la
actuación del apoderado, pues obtuvo como recompensa el pago de la suma de
$20.247.990, que equivale a casi el cincuenta por ciento (50%) del valor total
de la condena. Monto, que en interpretación del juzgador resulta
desproporcionado, “pues no acreditó que hubiese tenido un trabajo
extraordinario en el proceso en cuestión; del cual, valga decir, al observar la
sentencia proferida en el proceso ordinario, de fecha 07 de diciembre de 2007,
y las otras piezas procesales, se constata que el proceso se inició y se falló
en mismo año, y que la actividad probatoria fue la normal de cualquier tipo de
proceso”[17].
Honorarios que sobrepasan la tarifa fijada por la Corporación Colegio Nacional
de Abogados “CONALBOS”, para esta clase de controversias laborales[18].
Respecto al
segundo requisito, la Sala concluyó que el disciplinable “se aprovechó de la
ignorancia en materia jurídica del Quejoso o cliente; quien, si bien firmó el
contrato de prestación de servicios, desconocía lo relativo al concepto de
costas, tal como lo afirmó en sus ampliaciones de queja”. En entender del
juzgador “no basta con suscribir un contrato con su cliente para considerar
que todo lo allí acordado, por el hecho mismo de ser un acuerdo de voluntades,
se encuentra conforme a la ley; él como abogado, conocedor del derecho, sabe
que existen normas disciplinarias que regulan o limitan los beneficios o
remuneración que pueda percibir un abogado por su gestión cuando el cliente
presenta ignorancia sobre algunos conceptos acordados; estado de
desconocimiento o ignorancia sobre la materia que permanece durante la vigencia
o ejecución del contrato y hasta que se obtiene el beneficio por parte del
abogado disciplinable.”[19]
13. Contra la anterior
decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, que fue resuelto desfavorablemente
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
a través de la sentencia del 9 de septiembre de 2015. En concreto, el ad
quem determinó que el actor en su rol de apoderado obtuvo una suma de casi
el cincuenta por ciento (50%) del total obtenido en ambos procesos, superior a
la tarifa fijada por la Corporación Colegio Nacional de Abogados “CONALBOS”, con
un claro aprovechamiento de la ignorancia jurídica del quejoso, quien no era
conocedor del concepto de las costas procesales y no podía dilucidar que se
encontraba en una clara posición de desventaja frente a un profesional del
derecho.
14. Instauró
entonces el abogado la acción de tutela que nos ocupa porque considera que las aludidas
sentencias son violatorias de los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En su exposición
el actor cuestiona, en primer término, que las autoridades judiciales
concluyeran que su representado obtuvo un aprovechamiento de la ignorancia
jurídica de su cliente, “sin apreciar e interpretar conforme a la ley el
contrato de prestación de servicios que por escrito sirvió como prueba en el
expediente, al cual no se le dio el alcance jurídico que corresponde”[20].
Tal error, en criterio de la parte actora, implica que las sentencias
incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial del Consejo Superior
de la Judicatura y de la Corte Constitucional del cual, según dice, “ha
surgido la pacífica doctrina de la inexistencia de causa para disciplinar
cuando los honorarios se fijan por contrato escrito de prestación de servicios”[21].
En ese sentido,
afirma que el quejoso y el disciplinado suscribieron un contrato de prestación
de servicios profesionales en el que pactaron el pago de honorarios de manera “libre
y espontánea”. Sostiene que el Consejo Superior de la Judicatura en las sentencias
de 21 de junio de 2010[22],
18 de febrero de 2011[23],
3 de diciembre de 2014[24],
ha señalado que los honorarios fijados como cuota Litis por las partes, aún con
inclusión de las costas procesales deben ser respetados por la jurisdicción
disciplinaria, a la que no le está permitido “decretar la validez o
invalidez del acto jurídico, del cual solo conoce la justicia ordinaria,
conforme a las reglas propias del juicio, debiendo haber entendido que el
contrato es ley para las partes y no tenía la facultad jurídica para conjeturar
la ignorancia de uno de los contratantes, cuya capacidad para contratar no se
discute y por ende, mientras el acuerdo de voluntades esté vigente, solo las
partes por mutuo acuerdo pueden deshacerlo”[25].
Indica que la
Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre la falta disciplinaria por
la cual fue sancionado el demandante. Explica que en la sentencia T-1143 de
2003[26],
la Corte concluyó que la aplicación de la norma que dio origen al reproche
disciplinario, supone que la ignorancia del cliente se encuentre plenamente
probada y que el monto de los honorarios sobrepase las tarifas señaladas por
los Colegios de Abogados. Presupuestos que en su entender, no se encuentran
suficientemente soportados con elementos de convicción allegados al proceso,
pues la tarifa establecida en la Resolución No. 001 de 26 de junio de 2007
emanada del Colegio Nacional de Abogados, autoriza fijar un porcentaje no
inferior al 30% ni superior al 50% del resultado final de cada proceso por
cuota Litis, lo que se traduce en un defecto fáctico. Agrega que en la
sentencia T-432 de 2007[27],
la Corte precisó que “no está prohibido por la ley y es, por consiguiente,
válido, que las partes de un contrato de mandato o de prestación de servicios
acuerden expresamente que las agencias en derecho determinadas por el juez
puedan incrementar total o parcialmente los honorarios profesionales.”
15. En segundo
término, indica que las decisiones judiciales incurrieron en otras causales
específicas de procedibilidad de la tutela, como son: (i) defecto material o
sustantivo, “por no existir norma que permita adivinar o conjeturar la
ignorancia y con ella desconocer el contrato celebrado con el lleno de los
requisitos legales, incurriéndose además, en contradicción evidente al aceptar
la existencia válida del contrato escrito de prestación de servicios libre de
vicios y decidir sancionar con fundamento en el solo dicho del quejoso, de
quien se dice manifestó no saber el significado del pago de honorarios
profesionales o costas”[28];
(ii) defecto orgánico, “por cuanto los funcionarios de la
jurisdicción disciplinaria no tenían competencia para calificar y menos para
anular o contradecir un cláusula que por honorarios habían fijados los contratantes
desde su firma el 4 de diciembre de 2006, habiendo transcurrido el tiempo
suficiente para la prescripción y cuya nulidad no se solicitó en parte alguna
ante el juez natural”[29];
(iii) defecto procedimental absoluto, “por cuanto el Consejo Superior
de la Judicatura actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la
ley, en razón a no estar destruido el acuerdo de voluntades a través del
proceso natural, cual es el ordinario o de cognición, debiéndose alegar la
respectiva nulidad, en tratándose de vicios del consentimiento como así
calificó con error en el proceso disciplinario, cuando se habló de haberse
abusado del quejoso “ignorante”[30].
16. Solicita que
se dejen sin efectos las sentencias de 9 de septiembre de 2015 y 24 de
septiembre de 2013, proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias
del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de
Antioquia. Como medida provisional el actor solicitó la suspensión provisional
de los efectos de las decisiones judiciales sancionatorias[31].
A.    Trámite
procesal y oposición.
17. Mediante
auto del 22 de enero de 2016 fue admitida la acción de tutela, se ordenó
comunicar la existencia del proceso a las autoridades accionadas y se negó la
medida cautelar solicitada[32].
18. La Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia considera que
la petición de amparo no está llamada a prosperar, pues afirma que en el
trámite de la queja se respetó el debido proceso y el acceso a la administración
de justicia del disciplinado. Sostiene que los argumentos presentados en la
tutela son similares a los expuestos en el recurso de apelación, por lo que el
actor pretende utilizar la acción constitucional como una tercera instancia.
Afirma que en la
sentencia de primer grado se “realizó un debido análisis y valoración de los
fundamentos fácticos y jurídicos puestos de presente en el asunto concreto, así
como del material probatorio allegado”[33], que fue
confirmado en su integridad por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura.
19. En similares
términos se pronunció la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, por conducto del magistrado ponente de la decisión de segundo grado,
quien considera que los fundamentos de hecho y de derecho que expuso esa
Corporación en la sentencia objeto de debate, son suficientes para hacer
oposición al ejercicio de la acción de tutela.
B.   Decisiones
que se revisan
20. La Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia mediante
sentencia del tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016) declaró
improcedente el amparo solicitado[34].
Señaló que existe
total coherencia entre la motivación de las decisiones objeto de tutela y la
sanción impuesta, pues se demostró la existencia del hecho y la responsabilidad
del demandante en los hechos investigados. Añadió que en cada una de las etapas
del juicio fueron respetadas las garantías inherentes al debido proceso al
demandante, en las cuales tuvo una participación activa, por lo que considera
que el ejercicio de la acción de tutela se encamina a revivir un asunto
clausurado mediante sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada.
21. La
impugnación. El apoderado del actor manifestó su inconformidad con la
decisión de primera instancia. En su entender, el juez de tutela no valoró adecuadamente
el contrato de prestación de servicios, lo cual a su juicio habría sido “suficiente
para tutelar los derechos transgredidos”; tampoco determinó si se había
presentado el “aprovechamiento y abuso de la ignorancia del quejoso, pues
de haberlo hecho la conclusión no podía ser diferente a que lo pactado por
honorarios se hizo por contrato escrito, que conforme al artículo 1602 del
Código Civil es ley para las partes”[35].
Aclaró que con
la acción de tutela no pretende discutir el cumplimiento del principio de la
eventualidad y la preclusión observada en el proceso, sino atacar la indebida
valoración de la prueba que los jueces de instancia hicieron del contrato de
prestación de servicios, sumado al desconocimiento de los precedentes judiciales
del propio Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional sobre
el tema en particular.
22. La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia del 16
de marzo de 2016, modificó la decisión de primer grado y, en su lugar negó el
amparo.
Luego de
transcribir algunos apartes de la decisión sancionatoria de segunda instancia,
sostuvo que el defecto fáctico alegado es inexistente, pues los jueces en
efecto valoraron el contenido del contrato de prestación de servicios, el cual
si bien se suscribió a la luz de las normas del Código Civil, lo cierto es que las
previsiones normativas en dicho estatuto resultan insuficientes para regular la
actividad de los profesionales de la abogacía, “quienes en virtud de la
trascendencia social de la labor que desempeñan, aunado a los conocimientos
especiales que ostentan, se les exige el cumplimiento de ciertos deberes
adicionales a los de la generalidad de la sociedad”.
Por último, el
juzgador puntualizó que las sentencias que invoca el actor como supuestos
precedentes no son aplicables al caso concreto, comoquiera que en esas decisiones
a diferencia del sub judice, no se probó el aprovechamiento de la
ignorancia del cliente para reclamar el pago de las costas.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
23.
La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos
de tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Presentación
del caso y problema jurídico
24. El señor
Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz en su condición de abogado litigante, suscribió
un contrato de prestación de servicios profesionales con el fin de adelantar en
nombre y representación del señor José de Jesús Urrego Piedrahita, un proceso laboral
tendiente al reconocimiento de los incrementos pensionales contemplados en el
artículo 21 del Decreto 758 de 1990[36].
En la cláusula
sexta del contrato de prestación de servicios suscrito entre el abogado y su
defendido el 14 de diciembre de 2006, establece: “EL PODERDANTE pagará al
APODERADO en su totalidad a título de honorarios o pago de la prestación del
servicio profesional, el 40% de las resultas del proceso y las costas serán
para el APODERADO. En caso de una terminación anticipada del proceso por
conciliación, transacción o cualquier arreglo que conlleve a una solución
alternativa del litigio de los honorarios a pagar serán equivalentes al 100%
del monto total de la suma acordada como arreglo”[37].
Culminado el
proceso ordinario laboral, el Instituto de Seguros Sociales reconoció y pagó directamente
al señor José de Jesús Urrego Piedrahita, la suma de $21.893.463 por concepto
de los incrementos pensionales[38].
De este valor, el ciudadano consignó a su apoderado el porcentaje pactado en el
contrato de prestación de servicios profesionales ($8.757.385)[39]. De igual
manera, el abogado gestionó el pago de las costas procesales ante el juzgado
laboral de conocimiento, que procedió a la expedición del título judicial
correspondiente ($6.461.000)[40].
Tramitado el
proceso ejecutivo conexo, el juzgado laboral entregó al apoderado Rodríguez
Ortiz, un título judicial por valor de $12.574.014[41], del cual
descontó el porcentaje correspondiente a sus honorarios profesionales ($5.029.605)[42]
y consignó la suma restante a su defendido ($7.544.000)[43].
A juicio del quejoso
resulta desproporcionado que su representante obtuviera el pago de esas sumas, dado
que al momento de la suscripción del contrato no entendía que las costas “son
para la parte del proceso” y no para el abogado. Por esa razón, presentó
una queja disciplinaria que dio lugar a las providencias judiciales controvertidas
en sede de tutela.
Tanto el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, como el Consejo Superior de la
Judicatura en sus respectivas decisiones determinaron, que el actor no fijó sus
honorarios con un criterio equitativo y proporcional frente al trabajo desempeñado
y a las tarifas establecidas por el Colegio de Abogados para esta clase de
controversias. De manera correlativa, concluyeron que el litigante se aprovechó
de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de su cliente para hacerse
con el monto pactado por concepto de honorarios.
El demandante
sostiene que dicha conclusión vulnera sus derechos fundamentales, pues
considera que el acuerdo económico pactado en el contrato es fruto de la
autonomía de la voluntad de las partes. En ese sentido, estima que la fijación
de los honorarios en el porcentaje indicado y con inclusión de las costas
procesales es, por antonomasia, un ejercicio del libre albedrío de las partes, que
en múltiples oportunidades ha sido respetado por la jurisprudencia de este
Tribunal y del propio Consejo Superior de la Judicatura en situaciones
similares. La suspensión del ejercicio de su profesión que le fue impuesta, amén
que constituye un desconocimiento del precedente judicial, conlleva, en su
entender, una invalidación del negocio jurídico por un vicio del consentimiento
que no fue probado en el proceso sino presumido por los jueces accionados.
25. La Corte
Constitucional ha manifestado que el juez de tutela posee amplias facultades
para establecer el problema jurídico a resolver, lo que incluye las
posibilidades de interpretar la demanda y proteger derechos no invocados por el
accionante. En sede de revisión, esta potestad debe entenderse de manera
armónica con la función primordial de esta Corporación, consistente en
esclarecer y determinar la interpretación autorizada de las normas
constitucionales, especialmente, de los derechos fundamentales. Los principios
de informalidad, prevalencia del derecho sustancial, supremacía de la
Constitución Política y efectividad de los derechos fundamentales justifican
las reglas mencionadas[44].
26. El
peticionario sustenta la vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, en la estructuración de múltiples causales especiales de
procedibilidad contra decisiones judiciales, como
son: (i) el desconocimiento del precedente judicial, (ii) un defecto fáctico, (iii)
un defecto material o sustantivo, (iv) un defecto orgánico y (v) un defecto
procedimental absoluto. No obstante, una lectura detenida de los cargos revela
que pueden subsumirse en los dos primeros. En concreto, debe determinarse si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en una valoración arbitraria del
material probatorio allegado al proceso y desconocieron el precedente judicial
vinculante de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura y de la Corte Constitucional, al endilgar una responsabilidad disciplinaria
al demandante en el ejercicio de la abogacía por el cobro excesivo de
honorarios, con aprovechamiento de la ignorancia de su poderdante.
27.
El asunto esbozado involucra el análisis de un tema que guarda una íntima
correspondencia con el problema central a tratar. Se trata del estudio de los límites
que la ley impone al abogado en el marco de las relaciones contractuales con
las personas que asesoran, en especial, en materia
de fijación de honorarios jurídicos.
Para
resolver esos asuntos, la Sala (i) reiterará su jurisprudencia sobre las
condiciones de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) explicará el alcance del defecto fáctico y del desconocimiento
del precedente judicial y (iii) recordará la jurisprudencia constitucional
sobre los límites al ejercicio de la profesión de la abogacía en el tema
señalado. En ese marco, (v) estudiará los cargos de la demanda.
Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia.
28.
La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida doctrina sobre la
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, que
busca salvaguardar el delicado equilibrio que existe entre los principios de
cosa juzgada, autonomía e independencia judicial y la supremacía de la
Constitución y efectividad de los derechos constitucionales[45].
29.
Esa armonía se logra defendiendo la firmeza de las decisiones judiciales
mediante requisitos formales y argumentativos mínimos, destinados a eliminar
discusiones propias de los procesos ordinarios en el marco de la tutela, pero
manteniendo, a la vez, la procedencia de la acción siempre que se verifique una
amenaza o violación de derechos fundamentales por parte de una autoridad
judicial[46].
30.
Desde la sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional censuró la utilización
de la acción de tutela como recurso para reabrir controversias sobre la
valoración de las pruebas y la interpretación de las disposiciones legales
relevantes, aun cuando preservó la posibilidad de interponer la acción cuando
las sentencias constituyen “vías de hecho judiciales”. En fallos
posteriores comenzó a definir los contornos de la “vía de hecho judicial”,
mediante las causales de procedencia conocidas como defecto sustantivo,
defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y defecto orgánico.[47]
31. A
partir de nuevas exigencias de protección elevadas por los peticionarios, desde
el año 2001 la Corporación comenzó a evidenciar que, tanto las causales citadas
como el concepto de “vía de hecho”, resultaban insuficientes e
inadecuados para abarcar todos los supuestos en que un fallo judicial resulta
incompatible con la eficacia de los derechos fundamentales, debido a que no
sólo el capricho y la arbitrariedad judicial pueden derivar en una amenaza a
intereses iusfundamentales.[48]
En la sentencia SU-014 de 2001,[49]
por ejemplo, la Corte constató que un fallo judicial puede violar tales
derechos por la incidencia de órganos estatales que impiden una clara
determinación de los hechos del caso.
32.
Posteriormente, la Corte incorporó a las causales iniciales, típicamente
relacionadas con la aplicación del derecho legislado, defectos tales como el
desconocimiento del precedente,[50]
o la ausencia o insuficiencia de motivación en el fallo judicial[51]
como fundamento legítimo para la presentación de tutelas contra providencias
judiciales.
33.
En el fallo C-590 de 2005,[52]
la Sala Plena sistematizó la jurisprudencia desarrollada desde el año 1992 en
la materia, precisando el fundamento normativo de la tutela contra providencia
judicial, así como los requisitos formales y los supuestos sustanciales o
causales de procedencia de la tutela, cuando se dirige a controvertir fallos
judiciales.
33.1.
Como fundamento normativo de procedencia de la acción, la Corte Constitucional
precisó que la tutela contra providencias judiciales constituye un mecanismo
idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los derechos constitucionales,
a partir de los mandatos normativos contenidos en los artículos 86 de la Carta,
que establece que la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela
procede frente a cualquier autoridad pública, y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[53],
relativo a la obligación de los estados parte de proveer un recurso efectivo
para la protección de los derechos humanos.[54]
En
pronunciamientos ulteriores, la Corporación manifestó que la tutela contra
providencias judiciales contribuye a la unificación de la jurisprudencia
nacional en materia de derechos fundamentales:[55]
dada la indeterminación característica de las cláusulas de derecho fundamental[56]
y la obligación de las autoridades judiciales de aplicarlos directamente en
todo tipo de procesos en virtud del carácter normativo de la Constitución
Política, la tutela contra providencias judiciales permite que el órgano de
cierre de la jurisdicción reduzca la dispersión interpretativa y contribuya de
esa forma a la realización del principio de igualdad en la aplicación de los
derechos constitucionales.[57]
33.2.
En ese orden de ideas, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte estableció las
siguientes condiciones genéricas de procedibilidad:[58] (i) que el
asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional;[59]
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla
con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y
proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal,
ésta tenga incidencia directa en la decisión que presuntamente amenaza o
desconoce derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma
razonable, los hechos que generan la violación y que la haya alegada en el
proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) que el fallo impugnado
no sea de tutela.[60]
33.3.
En cuanto a las causales específicas de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, la Sala Plena[61]
identificó las siguientes: defecto orgánico,[62]
sustantivo,[63]
procedimental[64]
o fáctico;[65]
error inducido;[66]
decisión sin motivación;[67]
desconocimiento del precedente constitucional;[68]
y violación directa a la constitución.[69]
Con
todo, debe advertirse que estas causales no suponen fundamentos para iniciar
una controversia sobre la corrección de los fallos judiciales desde el punto de
vista legal, sino un mecanismo para controvertir la validez constitucional de
una providencia, pues la tutela solo prospera en caso de que se acredite la
violación o amenaza a los derechos fundamentales. Por ello, es requisito sine
qua non de procedencia de la acción que se demuestre la necesidad de una
intervención del juez constitucional para proteger esos derechos. Las causales
de procedencia son únicamente los cauces argumentativos para sustentar esa violación.
33.4.
Finalmente, es importante señalar que, en relación con las causales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Corte ha manifestado
que no existe un límite indivisible entre estas, pues a manera de ilustración,
resulta claro que la aplicación de una norma inconstitucional o el
desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto
por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba
puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de
disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico.[70]
33.5.
De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia
de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que
concurran tres condiciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales
genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo
material y, (iii) la necesidad de intervención del juez de tutela para la
protección de los derechos fundamentales.[71]
Cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad
Relevancia
constitucional.
34. En primer
término,
el tema planteado es de evidente relevancia constitucional, pues el señor
Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz considera que se le violó su derecho al debido
proceso, por cuanto la responsabilidad disciplinaria que le fue endilgada se
dio a partir de una presunta valoración arbitraria de los elementos de
convicción recaudados, al tiempo que estima vulnerado el derecho a la igualdad,
por el desconocimiento del precedente judicial vinculante tanto de la Corte
Constitucional como del propio Consejo Superior de la Judicatura, en su caso en
particular. Esta sanción conllevó que en la praxis, el actor no pudo ejercer su
profesión liberal durante un lapso de cuatro meses y así devengar una
remuneración para su digna subsistencia.
Principio de
subsidiariedad.
35. Por otra
parte, contra la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura no procede recurso alguno pues la instancia de
apelación ya fue agotada. Es destacar que ni en la Ley 270 de 1996, en su
capítulo IV dedicado a la Función Jurisdiccional Disciplinaria, ni en el Código
Disciplinario del Abogado, se contempla un medio de impugnación extraordinario,
destinado a controvertir las sentencias judiciales que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra las
decisiones proferidas en primera instancia, por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Principio de
inmediatez.
36. La
acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez: la acción
constitucional se presentó el 7 de diciembre de 2015[72], mientras
que la sentencia de segunda instancia del trámite disciplinario fue proferida
el 9 de septiembre de 2015, aprobada mediante Acta No. 76 de la misma fecha[73].
Ello quiere decir que entre uno y otro evento transcurrió un lapso no superior
a tres meses, que a juicio de la Sala no resulta desproporcionado ni
irrazonable, por lo que la tutela satisface esta exigencia.
Respecto a los
demás requisitos generales de la procedibilidad.
37.
Finalmente, el problema que plantea la acción de tutela no hace referencia a
una irregularidad de carácter procesal, por lo cual el análisis de este
requisito no es pertinente para este caso. Tampoco se trata de tutela contra
tutela y el demandante identificó los hechos causantes de la supuesta
vulneración. En consecuencia, la Sala estima que el amparo es procedente y
pasará a estudiarlo de fondo.
Caracterización
del defecto fáctico. Reiteración jurisprudencial
38.
El defecto fáctico se produce cuando el juez toma una decisión sin que se
encuentren plenamente comprobados los hechos que legalmente la determinan[74],
como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas[75],
la valoración irrazonable o contra evidente de los medios probatorios, o la
suposición de pruebas.
Este
defecto puede darse tanto en una dimensión positiva[76], que
comprende los supuestos de valoración contra evidente o irrazonable de las
pruebas y la fundamentación de una decisión en pruebas ineptas
para ello, como en una dimensión negativa[77],
relacionada con la omisión en la valoración de una prueba determinante o
en el decreto de pruebas de carácter esencial[78].
39.
La intervención del juez constitucional en el escenario de la valoración de las
pruebas es excepcional. En ese sentido, la Corte Constitucional ha explicado
que en la valoración de las pruebas la independencia del juez alcanza su máxima
expresión, como observancia de los principios de autonomía judicial, juez
natural e inmediación, que impiden al juez constitucional realizar un nuevo
examen del material probatorio como si se tratara de una instancia judicial
adicional (Al respecto, ver la sentencia T-055 de 1997[79]).
A
pesar de esas premisas y de la autonomía que caracteriza el ejercicio de las
funciones judiciales al esclarecer los hechos y determinar las premisas
fácticas de su decisión, la incorporación, estudio y motivación de las
conclusiones probatorias no es discrecional ni se encuentra reservada a la íntima
convicción del juez.
Como
ocurre con todo ejercicio de poder en el Estado Constitucional, el juez se
encuentra vinculado a los derechos fundamentales, cuyo respeto debe evaluarse
en el marco de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Las
herramientas centrales que el orden jurídico otorga para encauzar el poder del
juez en el ámbito probatorio son las reglas de la sana crítica, generalmente
identificadas con la lógica, las reglas de la ciencia y la experiencia. De
igual manera, la vinculación del juez al derecho sustancial le exige perseguir
al máximo la verificación de la verdad, aspecto relacionado íntimamente con la
obligación de decretar pruebas de oficio.[80]
En
ese orden de ideas, preservando un equilibrio entre autonomía e independencia
judicial, sana crítica y búsqueda de la verdad, la Corte señaló desde la
sentencia T-442 de 1994:
“(…)
si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desiderátum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente”.[81]
40.
Ahora bien, el respeto por las decisiones del juez natural se asegura mediante
las reglas especiales de análisis que la Corte ha desarrollado cuando se trata
de constatar la existencia de un defecto fáctico, como causal de procedencia de
la acción.
40.1.
En primer lugar, y como ocurre con cualquiera de las causales de procedencia de
la acción, debe indagar si el defecto alegado tiene incidencia en el respeto,
vigencia y eficacia de los derechos fundamentales. De no ser así, la
posibilidad de controlar errores fácticos debe mantenerse en el marco de los
recursos de la legalidad, y no en el ámbito de la acción de tutela, cuyo
sentido y razón de ser es la defensa de los derechos superiores de la
Constitución Política.
40.2.
En segundo término, las diferencias de valoración en la apreciación de las
pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables,
le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios. En esa labor, el juez natural no sólo es autónomo, sino
que sus actuaciones se presumen de buena fe[82],
al igual que se presume la corrección de sus conclusiones sobre los hechos:
“(…)
[A]l paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del
implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión
judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada
ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías”[83].
40.3.
En tercer término, para que la tutela resulte procedente por la configuración
de un defecto fáctico, “el error en el juicio valorativo de la prueba debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[84].
41.
En resumen, el defecto fáctico es tal vez la causal más restringida de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. La independencia y
autonomía de los jueces cobran especial intensidad en el ámbito de la
valoración de las pruebas; el principio de inmediación sugiere que el juez
natural está en mejores condiciones que el constitucional para apreciar
adecuadamente el material probatorio por su interacción directa con el mismo;
el amplio alcance de los derechos de defensa y contradicción dentro de los
procesos ordinarios, en fin, imponen al juez de tutela una actitud de respeto y
deferencia por las opciones valorativas que asumen los jueces en ejercicio de
sus competencias funcionales regulares.
Caracterización
del desconocimiento del precedente judicial. Reiteración jurisprudencial.
42. Este defecto
se produce cuando en ausencia de motivación pertinente y suficiente, un juez en
un caso determinado acoge una posición contraria a la adoptada en casos
similares anteriores, que implica una violación de derechos
fundamentales de
los justiciables. En esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión se limita a
recordar y sintetizar los principales fundamentos normativos, presupuestos y
elementos que sustentan la vinculación de las autoridades al precedente judicial.
43. En la
sentencia C-836 de 2001[85]
esta Corporación se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 4º de la
Ley 169 de 1896, que establecía la fórmula de la doctrina probable de la Corte
de Casación y la posibilidad de que los jueces se apartaran de ella[86].
En la
demanda se formularon dos cuestionamientos en contra de la norma. El primero se
relacionaba con la potestad que confería el precepto a los jueces de menor
jerarquía, para que se apartaran de la doctrina probable fijada por el órgano
de cierre, lo cual impedía darle uniformidad a la jurisprudencia nacional y hacer
efectiva la vigencia de los derechos, en especial, el derecho a la igualdad. El
segundo cuestionaba la posibilidad de que el Tribunal de Casación variara su
jurisprudencia cuando la considerara errónea, en sacrificio del principio de la
seguridad jurídica.
La
Corte consideró la potestad conferida por el precepto normativo resulta
ajustada de la Constitución, en especial con la autonomía e independencia que reconoce
a los jueces para aplicar el derecho, siempre que su ejercicio sea armonizado con
los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los
ciudadanos en la administración de justicia. En consecuencia, esta Corporación
concluyó que un juez puede apartarse del precedente cuando determina que a
pesar de las similitudes entre el caso que debe resolver y uno resuelto
anteriormente, existen diferencias relevantes no consideradas en el primero que
impiden igualarlos. Contrario sensu, cuando el juez encuentra que dos casos que
en principio parecen diferentes, pero que, observados detalladamente, tengan un
término de comparación –tertium comparationis- que permita asimilarlos en algún
aspecto, resulta adecuado que el juez emplee criterios de igualación entre los
dos, siempre y cuando la equiparación se restrinja a aquellos aspectos en que
son equiparables, y solamente en la medida en que lo sean.
En ambos
situaciones, el juez debe hacer explícitas las razones por las cuales, a pesar
de las similitudes aparentes, los casos no merezcan un tratamiento igualitario
o, a la inversa, debe argumentar porqué, a pesar de las diferencias aparentes,
los casos deben recibir un trato idéntico o similar. Tanto en una como en otra
hipótesis, los criterios de igualación o de diferenciación deben ser jurídicamente
relevantes, y el trato debe ser proporcional a la diferencia en la situación de
hecho.
Por consiguiente,
cuando se presentan fallos contradictorios originados en la misma autoridad
judicial, frente a hechos semejantes y que no están suficiente y legítimamente
diferenciados se genera una transgresión del derecho a la igualdad[87]. En este
sentido la sentencia T-698 de 2004[88]
estableció:
“El
artículo 13 de la Constitución Política consagra el principio de igualdad en la
aplicación de la ley, y dispone que "las personas deben recibir la misma
protección y trato de las autoridades", en donde el trato igual,
evidentemente, involucra la actividad de los órganos jurisdiccionales.[89]
En
este sentido ha concluido la jurisprudencia de esta Corporación, que el
derecho de acceso a la administración de justicia implica también el derecho a
recibir un trato igualitario. Precisamente en la sentencia C-104 de 1995, se
dijo que el artículo 229 de la Carta debía ser concordado con el artículo 13
superior, de manera tal que el derecho de acceder igualitariamente ante los
jueces, se entendiera no solo como la idéntica oportunidad de ingresar a los
estrados judiciales sino también como la posibilidad de recibir idéntico
tratamiento por parte de estas autoridades y de los tribunales, ante
situaciones similares”.
44. En igual
sentido, esta Corporación se ha pronunciado sobre qué contenidos de las
sentencias resultan vinculantes para resolver casos posteriores. Por ejemplo, en
el año 2006[90]
la Corte concluyó que solo aquellas afirmaciones “absolutamente básicas,
necesarias e indispensables para servir de soporte directo a la parte
resolutiva de las sentencias y que incidan directamente en ella” (ratio
decidendi), resultan vinculantes en la labor de interpretar el derecho. En esa
decisión, la Sala estableció los parámetros permiten determinar si es aplicable
o no un precedente judicial a un caso posterior: (i) que en la ratio decidendi
de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al
caso a resolver; (ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al
propuesto en el nuevo caso; y (iii) que los hechos del caso sean equiparables a
los resueltos anteriormente.
Estos tres
parámetros hacen que una sentencia anterior sea vinculante y, bajo esa óptica,
que constituya en un precedente aplicable a un caso concreto. De allí que se
pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y
pertinente cuya ratio conduce a una regla - prohibición, orden o autorización-
determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o
una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes[91].
45. Ahora bien,
es necesario destacar que la jurisprudencia de esta Corporación también ha efectuado
una distinción entre precedente horizontal y precedente vertical
a fin de establecer sus efectos vinculantes y su contundencia en
la valoración que debe realizar el juzgador en
su sentencia[92]. Así,
mientras el precedente horizontal implica que, en principio, un funcionario
judicial no puede separarse del precedente fijado en sus propias decisiones;
el precedente vertical supone que los falladores no
se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales de
superior jerarquía, máxime si se trata del
dictado por
las altas corporaciones
de cierre[93].
Bajo esa
perspectiva, es preciso que en ejercicio de tal actividad haga efectivo el
derecho a la igualdad, respetando el precedente fijado por él mismo y por sus
superiores funcionales.
46. Con todo, la
Corte también ha precisado que la vinculación al precedente no implica que el
funcionario judicial no goce de autonomía e independencia en la interpretación
y aplicación del derecho, a tal punto que no pueda adaptarse a las nuevas
exigencias que la realidad social le impone[94].
Conforme con lo
anterior, un juez puede apartarse del precedente horizontal o vertical sin
reproche constitucional alguno, siempre y cuando (i) en su providencia
haga una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores
funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo
puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”[95]
(requisito de transparencia); y (ii) exponga razones suficientes y válidas
a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que
justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata
simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario
demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente
para resolver el caso nuevo[96]
(requisito de suficiencia). Cumplidos estos requisitos por parte del juez, la
Corte entiende protegido el derecho a la igualdad de trato de los justiciables ante
las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los funcionarios
encargados de administrar justicia[97].
47. Por
consiguiente, puede concluirse que cuando el juez no asume las cargas
argumentativas descritas, “desborda su discrecionalidad interpretativa en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”[98], de manera
que se configura una causal autónoma y especifica de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial.
Límites a la
autonomía de la voluntad en materia de fijación de honorarios jurídicos.
48.
El caso sometido a consideración de esta Sala de Revisión, implica recordar que
la abogacía como manifestación de la libertad de escoger una profesión u oficio
supone límites para quien la ejerce. Esta Corporación ha precisado que el goce
de este derecho no tiene un carácter absoluto, “no solo por el hecho de que
a su ejercicio concurren distintas variables de naturaleza política y social,
sino además, porque la Constitución no patrocina ni incentiva un desempeño de
las profesiones y oficios despojados de toda vinculación o nexo con los deberes
y obligaciones que su ejercicio comporta”[99].
La
jurisprudencia de la Corte ha señalado que este derecho tiene unos límites
intrínsecos y extrínsecos. En cuanto a los primeros, ha dicho la Corte que se
derivan del propio concepto del derecho, y frente a los segundos ha precisado
que son aquellos impuestos expresa o implícitamente por la Constitución y por
la ley para garantizar la vigencia de otros valores e intereses igualmente
relevantes, como pueden ser los derechos ajenos, el orden público, el bien
común y el deber correlativo al ejercicio de cada derecho[100].
49. Ligado con lo anterior, esta
Corporación también ha afirmado que la autonomía de la voluntad privada se
manifiesta en la existencia de la libertad contractual pero se encuentra sujeta
a especiales restricciones cuando están en juego derechos fundamentales, se
trata de servicios públicos, una de las partes ocupa una posición dominante o
los acuerdos versan sobre prácticas restrictivas de la competencia, o cuando se
entiende que el ejercicio de la voluntad y la libertad contractual persigue no
sólo el interés particular sino también el interés público o bienestar común[101]. En estos
casos corresponde al Estado intervenir para controlar la producción de efectos
jurídicos o económicos, con el propósito de evitar abusos de los derechos, y el
papel del juez consiste en velar por la efectiva protección de los derechos de
las partes, sin atender exclusivamente la intención de los contratantes[102].
50. Las anteriores
precisiones cobran una relevancia especial cuando se trata del ejercicio de la
abogacía. En
diversas oportunidades la Corte Constitucional[103],
se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de
Derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión
ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario, ha dicho, constituye
una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia, y
su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los
fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el
interés general, entendido a la luz de los valores y principios
constitucionales.
La Corte ha considerado que el abogado
ejerce su profesión principalmente en dos escenarios[104]:
(i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a
particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal
de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de
justicia para resolver sus controversias.
En el desarrollo de estas actividades,
la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente
ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica,
en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el
ciudadano acceda a la administración de justicia[105].
En el marco del Código disciplinario, al abogado se le asignó un deber, de
relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los
derechos de las personas.
De acuerdo con las premisas expuestas, y
en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar
importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos
que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el
control y la regulación legislativa[106], tanto más en cuanto tal
intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta
Política en su artículo 26.
Es por ello que a
través de la Ley 1123 de 2007[107],
el Legislador estableció dentro de los deberes del abogado el obrar con lealtad
y honradez[108]
en sus relaciones profesionales con sus clientes. En desarrollo de dicho deber,
el abogado debe fijar sus honorarios con criterios equitativos, justificados
y proporcionales, en relación al servicio prestado o de acuerdo a las
normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba
dineros, cualquiera sea su concepto[109].
Para tal fin, el abogado debe acordar el objeto del mandato, los costos, la
contraprestación y la forma de pago, en términos comprensibles para su cliente[110],
pues salvo que este último sea profesional del derecho, no es posible suponer que le sean familiares algunos conceptos jurídicos. Para evitar el
ejercicio abusivo de posiciones dominantes, es deber del apoderado informar
adecuadamente las particularidades de su labor a su cliente; ilustrarlo pedagógicamente
acerca de los significados jurídicos de aquellos vocablos que susciten duda y,
en general, de generar conocimiento de su mandante con elementos que le
permitan adquirir obligaciones con un consentimiento libre e informado.
51. Ahora bien,
la Corte ha tenido la oportunidad de referirse frente a las costas procesales,
y su relación con los honorarios profesionales de los abogados.
Al
respecto, la Corte ha entendido que las costas procesales son aquellos gastos
en que incurre una parte por razón del proceso[111]. Esa noción
comprende tanto las expensas como las agencias en derecho. Las expensas
son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los aranceles, entre
otros[112].
Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de
apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a
favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el artículo
366 del Código General del Proceso[113],
y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha
parte a su abogado[114].
Con apoyo de la doctrina sobre el tema,
la Sala ha señalado que entre mandante y su apoderado judicial, pueden acordar libremente
en el contrato que las sumas reconocidas por concepto de costas procesales,
pueden retribuir el trabajo del abogado. Al respecto, en la sentencia T-432 de
2007[115],
la Corte se refirió al tema en los siguientes términos:
“20. Aquí estima
la Sala pertinente recordar cómo en relación con las costas, es decir, con los
gastos en que incurren las partes en un proceso se aplica el dictum romano,
de conformidad con el cual, quien ha sido vencido en un proceso judicial debe
“pagar al vencedor los gastos o costas del juicio.” Justo en ese sentido, ha
dicho la doctrina que las costas equivalen a “la carga económica que debe
afrontar quien no tenía razón [en el juicio] motivo por el cual obtuvo decisión
desfavorable y comprende, a más de las expensas erogadas por la otra parte, las
agencias en derecho, o sea el pago de los honorarios de abogado que la
parte gananciosa efectuó, y a la que deben ser entregados[116].” (Énfasis añadido).
Ahora bien, la
doctrina también ha hecho claridad respecto de que las costas, esto es, las
expensas más las agencias en derecho, deben ser reconocidas a favor de la parte
y no de su apoderado y ha llamado la atención sobre la importancia de cumplir
con esta orientación, por cuanto debe evitarse que se generalice la idea de que
las costas son sumas encaminadas a “engrosar los honorarios profesionales
cuando no es así[117].
21.- De otro
lado, la doctrina ha subrayado asimismo - y en relación con este tópico ha sido
secundada también por la jurisprudencia de las altas Cortes -, cómo mandante y
apoderado judicial pueden acordar expresamente “que las agencias en derecho
[señaladas por] el juez como parte de las costas [incrementarán] total o
parcialmente sus honorarios profesionales, o que el abogado afronte las
expensas y por eso mismo, a él se le retribuirán[118].” Esa suerte de
estipulación es tenida por la doctrina y por la jurisprudencia como enteramente
válida. Cosa muy diferente, resulta sostener que las costas siempre deben ser
pagadas al abogado, lo que contradice justamente la filosofía que inspira el
tema, esto es, que quien enfrentó un proceso judicial y obtuvo la razón,
“económicamente debe salir indemne[119].”
Conforme con lo
expuesto, queda claro que en la relación contractual que se establece entre un
abogado y su mandante, puede estipularse válidamente que las agencias en
derecho incrementarán los honorarios profesionales por la labor prestada, o que
el abogado afronte las expensas del proceso y por eso mismo, a él se le deben retribuir.
No obstante, dada la desigualdad en los conocimientos que se predica entre un
abogado y su cliente, que se supone inexperto en las áreas del derecho, cobra mayor
relevancia la obligación de informar a cargo del profesional, debido a la evidente
necesidad de compensar la relación jurídica mediante la protección de la parte
débil.
52. Es por ello
que la ley contempló como deberes del apoderado actuar con lealtad y honradez
en sus relaciones con sus clientes[120]. En el artículo
35.1 de la Ley 1123 de 2007, se estableció al respecto: “Acordar, exigir u
obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su
trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia
de aquellos”.
52.1. Siguiendo el
tenor del precepto, los verbos rectores del mismo son “acordar”, “exigir”
u “obtener”, lo que implica que aunque el abogado no haya conseguido
efectivamente la cantidad desproporcionada de dinero, con el solo acuerdo de
voluntades con pretensión cierta e inequívoca de obtención de un monto de tal
característica, configura la falta. Así mismo, la doctrina de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[121], en armonía con
la jurisprudencia constitucional, ha señalado también que deben tenerse en
cuenta cinco (5) criterios para determinar si existe una desproporción en la
remuneración o beneficios obtenidos por parte del abogado, que es el primer
elemento que configura el tipo disciplinario en comento. Veamos:
“Al
respecto, es necesario hacer referencia a la posición que la Corte
Constitucional ha fijado sobre el cobro excesivo de honorarios, cuando
manifestó: La jurisprudencia sobre la materia ha fijado 5 criterios para
determinar si el abogado cobró honorarios desproporcionados: (i) el trabajo efectivamente desplegado
por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la
complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la
capacidad económica del cliente. Cabe recordar que las tarifas fijadas por los
colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de
honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de
una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general
el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los
servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las
tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo
Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre
práctica de los abogados. En conclusión, no es posible inferir de la
jurisprudencia reseñada, una obligación legal o jurisprudencial de bajar la
tarifa de honorarios profesionales por parte de los abogados, cuando con su
actividad –y sin que medie negligencia- el resultado buscado fue obtenido en un
lapso corto. No habría lugar entonces, en estos supuestos, al reproche
disciplinario; la providencia que así lo hiciera incurriría en un defecto
sustantivo, debido a la interpretación inconstitucional de la ley,
materializada en el entendimiento irrazonable de los supuestos de hecho de la
norma y en el empleo de una hermenéutica no razonable en la aplicación de la
misma.”
En igual sentido, la doctrina se ha
referido a las tarifas establecidas por los colegios de abogados
como una herramienta para interpretar y aplicar el Estatuto Deóntico del
Abogado, en particular, aquellas que rechazan el cobro “desproporcionado” de
honorarios profesionales:
“Al
decidir sobre la desproporción como elemento configurativo de este tipo de
falta disciplinaria, se han de tener en cuenta, y se han tenido en cuenta siempre,
por la jurisprudencia y la doctrina, otras circunstancias como incidentes para
la definición de aquel (...). Y por eso, precisamente, las tarifas que expiden
los colegios de abogados, sobre honorarios profesionales, tampoco tienen como
solo elemento determinante de aquellos el trabajo en sí, sino los otros
señalados. (...) sabido es que la jurisprudencia siempre ha aceptado las
mencionadas tarifas como buena guía para definir si el cobro que se haya hecho
por algún abogado, en determinado asunto que se le imputa como desproporcionado
y por tanto ilícito, realmente lo fue o no”[122].
Esta Corporación en
relación con el tema de las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de
Abogados, ha señalado que “son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la
fijación de honorarios se refiere”. No obstante destacó que “a falta de
una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general
el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los
servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las
tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior
de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica
de los abogados”[123].
52.2. De otra parte, el tipo
disciplinario en estudio contiene un elemento normativo cuyo establecimiento
resulta imperativo como condición para deducirle responsabilidad disciplinaria
al procesado, que consiste en que la obtención de los excesivos beneficios ocurra
"con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia
del cliente". Ha de entenderse que el abogado se aprovecha de una situación
de necesidad, cuando acuerda, exige u obtiene un beneficio
desproporcionado de su poderdante o de un tercero, que se encuentra avocado a
un peligro actual o inminente en un bien jurídico. En igual sentido, el
apoderado que acuerde, exija u obtenga un provecho desproporcionado valiéndose
de la situación de inferioridad de su cliente, bien sea por su falta de
conocimiento especializado o por la inexperiencia en la materia también es
objeto de reproche disciplinario. Cada una de estas hipótesis exige que se
encuentren debidamente soportadas en elementos de convicción legal y oportunamente
allegados al proceso.
Estudio de los
cargos
53. El
tutelante fue sancionado con cuatro (4) meses de suspensión del ejercicio
profesional de abogado, al hallarlo responsable de infringir el deber
consagrado en el artículo 28.8[124]
de la Ley 1123 de 2007 y cometer la falta prevista en el artículo 35.1[125]
de esa misma norma, a título de dolo.
54. El
actor afirma que en las providencias controvertidas se incurrió en un defecto
fáctico, por cuanto estima que los jueces disciplinarios realizaron una apreciación
arbitraria del contrato de prestación de servicios celebrado el 14 de diciembre
de 2006, con el señor José de Jesús Urrego Piedrahita, al no respetar el acuerdo
celebrado por las partes en cuanto al porcentaje de honorarios pactado y el destino
de las costas procesales, que conllevó a un desconocimiento de la voluntad
privada de los contratantes.
Al respecto, la
cláusula sexta del contrato de prestación de servicios suscrito entre el
abogado y su defendido, establece: “EL PODERDANTE pagará al APODERADO en su
totalidad a título de honorarios o pago de la prestación del servicio
profesional, el 40% de las resultas del proceso y las costas serán para el
APODERADO. En caso de una terminación anticipada del proceso por conciliación,
transacción o cualquier arreglo que conlleve a una solución alternativa del
litigio de los honorarios a pagar serán equivalentes al 100% del monto total de
la suma acordada como arreglo”[126].
Frente a este
acuerdo de voluntades, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia indicó
que la existencia del mismo “no blinda la conducta de abogado frente a las
normas disciplinarias, las cuales entran a sancionar precisamente esos
comportamientos que las contravengan”[127]. Por
consiguiente, el juzgador determinó que era procedente analizar la conducta del
abogado a la luz de lo previsto en los artículos 28.8 y 35.1 de la Ley 1123 de
2007.
En igual
sentido, el Consejo Superior de la Judicatura en instancia de apelación arribó
a una idéntica conclusión, cuando afirmó sobre el particular que “no basta
con suscribir un contrato con su cliente para considerar que todo lo allí
acordado, por el hecho mismo de ser un acuerdo de voluntades, se encuentra
conforme a la ley; él como abogado, conocedor del derecho, sabe que existen
normas disciplinarias que regulan o limitan los beneficios o remuneración que
pueda percibir un abogado por su gestión cuando el cliente presenta ignorancia
sobre algunos conceptos acordados; estado de desconocimiento o ignorancia sobre
la materia que permanece durante la vigencia o ejecución del contrato y hasta
que se obtiene el beneficio por parte del abogado disciplinable.”.  […]”[128].
55. La
Corte considera que estos razonamientos no resultan arbitrarios, pues mal
podría imaginarse que por tratarse de una profesión liberal, el ejercicio de la
abogacía se encuentre desprovisto de controles por parte de las autoridades y tan
solo baste un contrato de prestación de servicios, para entender como válida
cualquier estipulación entre las partes, así se sacrifiquen bienes jurídicos
constitucionales de mayor valía.
La
Sala estima estos argumentos son consecuentes con la función de control y
vigilancia que confiere el ordenamiento jurídico a la Jurisdicción
Disciplinaria, para el cabal cumplimiento de los fines sociales del ejercicio
de una profesión liberal relacionada con la defensa de los derechos y garantías
de las personas. Las sentencias de los jueces no comportan yerro alguno, porque
a pesar que los honorarios fueron pactados en el contrato de prestación de
servicios por las partes, ello no obstaba para que la jurisdicción
disciplinaria se sustrajera del deber de investigar y sancionar a un abogado, cuando
incurre en la falta disciplinaria señalada con antelación.
56. Las
decisiones judiciales tampoco menoscabaron el principio de la autonomía de la
voluntad privada de los contratantes, ni examinaron la legalidad del contrato,
porque, de hacerlo, en efecto, hubiesen incurrido en el estudio de asuntos ajenos
a su competencia. De hecho, constata la Corte que en las sentencias judiciales
objeto de censura, los jueces solo circunscribieron su análisis en algunos de
los criterios definidos en su propia doctrina para determinar si el abogado
cobró honorarios desproporcionados: (i) el trabajo efectivamente desplegado por
el litigante, (ii) la complejidad del asunto y (iii) el monto o la cuantía.
56.1. Frente al
análisis de los dos primeros criterios, el demandante no formula reproche
alguno frente a la conclusión a la que arribaron los jueces demandados,
respecto al trabajo que desempeñó en el proceso y a la complejidad jurídica que
supuso la reclamación judicial de los incrementos pensionales previstos en el
Decreto 758 de 1990. No puede la Corte revisar de manera oficiosa, como si se
tratara de una instancia más en el trámite del proceso disciplinario.
56.2. En cuanto
al monto o la cuantía percibida, la Sala verifica que los jueces determinaron
que el actor en su rol de apoderado obtuvo una suma de $20.247.990 que equivale
al 49.46% del total obtenido en el proceso ordinario laboral y en el ejecutivo
conexo, mientras que su defendido recibió la cifra de $20.680.078[129].
Dicha conclusión se encuentra amparada en los elementos de convicción allegados
al proceso, que demuestran (i) que el Instituto de Seguros Sociales reconoció y
pagó directamente al señor José de Jesús Urrego Piedrahita, la suma de
$21.893.463 por concepto de los incrementos pensionales[130], (ii) que el
ciudadano consignó a su apoderado el porcentaje pactado en el contrato de
prestación de servicios profesionales ($8.757.385)[131] (iii) que el
abogado gestionó el pago de las costas procesales ante el juzgado laboral de
conocimiento, que procedió a la expedición del título judicial correspondiente
($6.461.000)[132],
(iv) que el juzgado laboral también entregó al apoderado Rodríguez Ortiz, un
título judicial por valor de $12.574.014[133]
en el proceso ejecutivo conexo, del cual descontó el porcentaje correspondiente
a sus honorarios profesionales ($5.029.605)[134]
y consignó la suma restante a su defendido ($7.544.000)[135].
Así mismo, la
Sala encuentra que de acuerdo con las tarifas fijadas por la Corporación
Colegio Nacional de Abogados “CONALBOS”, para el año 2012[136], vigente
para el momento en el cual culminó el proceso de ejecución, las sumas que
pueden cobrar los abogados por esta clase de controversias, eran las
siguientes:
El numeral 14.19,
de ese instrumento señala al respecto:
“14.19.
Procesos ordinarios.- En representación del trabajador hasta la terminación de
la segunda instancia el 25% de lo obtenido. En casos de recurso
de Casación el 10% adicional de lo obtenido.
(…)
En
caso de que se trate de reconocimiento de pensiones o pagos periódicos se
determinará el porcentaje sobre el valor de las mesadas por reclamar.”(Subrayado
fuera de texto)
Tratándose de
procesos ejecutivos, la tarifa del Colegio Nacional de Abogados vigente para
ese mismo periodo, contempla los siguientes porcentajes:
“14.21.
Proceso Ejecutivo.- Cuando se inicie en el juzgado donde se siguió el proceso
ordinario, el 10% de la suma de ejecución y cuando se inicie en
juzgado diferente el 20% del valor de la pretensión.”(Subrayado fuera de texto)
En ese orden de
ideas, los honorarios del abogado podrían ascender hasta al 35%, que
corresponde a la sumatoria de los emolumentos en ambos tipos de procesos. No
obstante, tal como quedó visto con antelación, el litigante obtuvo para sí el
49.46% del total de la condena, lo cual en interpretación de los juzgadores resultaba
desproporcionado, no solo frente a la tarifa del Colegio de Abogados, sino
también frente al propio contrato de prestación de servicios, el trabajo
desempeñado por el apoderado y la complejidad jurídica del asunto.
56.3. Finalmente,
la Sala considera que las conclusiones de los juzgadores respecto al aprovechamiento
de la ignorancia del cliente para obtener el pago desproporcionado de los
honorarios no son ilógicas e irrazonables. Para esta Corte, tal conclusión se
infiere tanto de la queja presentada por el directo afectado como de la
ampliación a la misma celebrada en audiencia del 5 de diciembre de 2012, oportunidades
en las cuales reiteró que al momento de la suscripción del contrato y durante
el trámite de ambos procesos, realmente desconocía lo relativo al concepto de
costas procesales. De ahí que en palabras de uno de los juzgadores “no basta[ba]
entonces con el que poderdante haya firmado un contrato de prestación de
servicios para considerar que es consciente conocedor del tema; la experiencia
indica que no en pocas ocasiones se suscriben contratos sin tener dominio o
conocimiento de lo que se está obligando o comprometiendo. Así pues, no se
demostró en este proceso que el quejoso fuera una persona conocedora de asuntos
jurídicos; todo lo contario, lo que se desprende de su declaración es que
ignoraba lo relativo a los conceptos que en su favor pudiere ordenar un juez
dentro de un proceso.”[137]
De lo señalado
anteriormente, encuentra la Sala que las pruebas fueron valoradas por los jueces
naturales en cada una de las instancias, y que las decisiones tomadas guardan
relación con lo señalado en la parte considerativa de las sentencias. El actor manifiesta
su desacuerdo con la valoración realizada por los jueces en el proceso
disciplinario respecto del contrato de prestación de servicios, hecho que por
sí solo no implica que se presente un defecto en las sentencias atacadas, lo
que de suyo evidencia que no existe la violación constitucional alegada.
57. Finalmente,
el actor considera que las sentencias en las cuales fue sancionado con cuatro
(4) meses de suspensión del ejercicio profesional de abogado desconocen el
precedente jurisprudencial contenido en las sentencias de 21 de junio de 2010[138],
18 de febrero de 2011[139],
3 de diciembre de 2014[140].
Sostiene que en dichas decisiones, el Consejo Superior de la Judicatura ha
señalado que los honorarios profesionales, aun con inclusión de las costas
procesales deben ser respetados por la jurisdicción disciplinaria, a la que no
le está permitido “decretar la validez o invalidez del acto jurídico, del
cual solo conoce la justicia ordinaria, conforme a las reglas propias del
juicio, debiendo haber entendido que el contrato es ley para las partes y no
tenía la facultad jurídica para conjeturar la ignorancia de uno de los
contratantes, cuya capacidad para contratar no se discute y por ende, mientras
el acuerdo de voluntades esté vigente, solo las partes por mutuo acuerdo pueden
deshacerlo” [141].
Para tomar una
decisión frente a este punto, la Corte debe comenzar por señalar que el
tutelante no especifica en detalle, en ninguna de sus intervenciones, tres
elementos que resultan de suma importancia en toda acusación contra una
sentencia por haber desconocido la jurisprudencia vinculante. En concreto, el
actor no señala: (i) de modo específico los hechos materiales que configuraban
los problemas jurídicos en que se expidieron las sentencias que invoca, (ii)
qué se decidió en ellas y (iii) en qué se asemeja, de forma puntual, el caso
bajo examen a los asuntos resueltos en cada uno de los fallos citados.
Ahora bien,
aunque no precisa en detalle estos puntos, el tutelante hace una descripción a
grandes rasgos del universo jurisprudencial al que se refiere. Dice, por una
parte, que las decisiones mencionadas respetan la autonomía de la voluntad de
los contratantes y por otra parte, sostiene que en general esa jurisprudencia
era vinculante para el proceso en que se resolvió la responsabilidad disciplinaria
por el cobro excesivo de honorarios.
La Sala de
Revisión procederá a referirse brevemente al contenido de los fallos invocados
por el peticionario, con el fin de establecer si tenían algún grado de fuerza
vinculante para el caso que resolvió la sentencia demandada, si en esta última
se desconoció la jurisprudencia citada y, supuesto que se hubiese desconocido,
si ese hecho puede considerarse como un defecto que determine la prosperidad
del amparo contra la providencia.
57.1. En la sentencia de 21 de junio de 2010, expediente
2007-00815-01, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura conoció, en segunda instancia, de una queja formulada por un
grupo de funcionarios departamentales que alegaban un cobro excesivo en los
honorarios profesionales por parte de un abogado, por cuenta de una reclamación
administrativa ante la Secretaría de Educación Departamental y Municipal del
Tolima, que a la postre resultó exitosa.
El
abogado investigado celebró un contrato de prestación de servicios con sus
clientes, en virtud del cual debía formular una reclamación ante el ente
territorial, tendiente al pago de unos recursos generados en virtud del proceso
de homologación. Como honorarios por la gestión profesional, se pactó el 35% de
lo que lograra recaudar a favor de sus poderdantes, más el 16% correspondiente
al IVA.
En el auto de pliego de cargos, al abogado le fueron endilgadas las faltas
disciplinarias contenidas en los artículos 52.4 (El uso, a sabiendas, de
pruebas falsas o la desfiguración o amaño de las pruebas) 53.3 (Callar, en todo o en
parte, hechos o situaciones, o alterar la información correcta, con ánimo de
desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto) y 54.1 (Exigir u
obtener remuneración o beneficios desproporcionados a su trabajo, con
aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente)
del Decreto 196 de 1971[142]. Surtidos
los trámites procesales correspondientes, la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura dispuso revocar la sanción de suspensión impuesta al
litigante, entre otras razones, porque no existía base probatoria alguna para
considerar que el abogado incurrió en maniobras fraudulentas que encuadraran en
los tipos disciplinarios antes señalados.
57.2. En la sentencia del 18 de febrero
de 2012, expediente 2010-02472-01, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura resolvió en segunda instancia, una acción de
tutela formulada por un abogado que reclamaba la protección del derecho
fundamental a la igualdad. En concreto, el litigante solicitaba que se le
brindara el mismo trato jurídico, al que recibió su colega en la sentencia
de 21 de junio de 2010, expediente 2007-00815-01.
Al
considerar que el caso cumplía los mismos presupuestos fácticos y jurídicos al
caso anterior, el juez de tutela concedió el amparo deprecado, “pues las
accionadas no cumplieron con la carga de argumentar la variación del precedente
judicial, la providencia del 8 de febrero de 2010, contiene vía de hecho por
desconocimiento del precedente judicial de la misma Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.”
57.3.
Por último, en la sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 2011-02397-01,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura resolvió en
segundo grado una queja disciplinaria en contra de una litigante, que recibió
el 45% de los dineros recuperados en una conciliación por alimentos.
En primera
instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura impuso como sanción la suspensión de la sanción de seis (6) meses,
tras hallarla responsable de la falta descrita en el artículo 35.1 de la Ley
1123 de 2007. No obstante, en instancia de apelación el ad quem absolvió
a la abogada, al considerar “que el monto de los estipendios profesionales
pactados obedeció a un acuerdo de voluntades, aunado al hecho de las varias
gestiones (cuaderno de anexos) que la inculpada llevó a cabo para alcanzar con
éxito el reconocimiento de lo adeudado por concepto de cuota alimentaria de su
representada.”
58. En concepto
de la Sala, ninguno de los anteriores casos puede considerarse análogo a los
casos antes referidos y por lo tanto no constituían un precedente vinculante
para resolver su proceso, pues si bien resuelven problemas jurídicos semejantes,
los supuestos fácticos y los aspectos normativos de cada uno de ellos,
responden a particularidades diferentes de las que motivaron el proceso seguido
contra el demandante.
Para considerar
que cada uno de esas decisiones resultaba pertinente, no solo era indispensable
analizar el monto o la cuantía de los honorarios percibidos, sino el trabajo
efectivamente desplegado por el litigante, la complejidad del asunto y la
ignorancia del cliente. Nótese incluso como en algunos casos se investigaron a
los abogados por comportamientos que encajaban en otros tipos disciplinarios,
distintos a los aplicados al actor para resolver la responsabilidad
disciplinaria en su caso.
59. Finalmente,
el actor manifestó que algunos casos resueltos por esta Corporación resultaban
aplicables para resolver su situación. En concreto, el interesado hace alusión
a la sentencia T-432 de 2007[143]
en que la Corte examinó una providencia judicial que negó el mandamiento
de pago a un abogado que reclamaba de su poderdante, la cancelación de las
costas generadas en un proceso judicial.
En esa decisión,
la Corte precisó que “no existe una disposición encaminada a prohibir que
las agencias en derecho puedan pactarse a modo de remuneración cuando así lo
acuerden libremente los contratantes. Dicho de otra forma: no está prohibido
por la ley y es, por consiguiente, válido, que las partes de un contrato de
mandato o de prestación de servicios acuerden expresamente que las agencias en
derecho determinadas por el juez puedan incrementar total o parcialmente los
honorarios profesionales.” Conforme a lo expuesto con antelación, esta subregla
de derecho no es aplicable al presente caso, porque no está en discusión si las
partes podían o no pactar que las agencias en derecho fueran parte de la
remuneración del abogado, sino si el actor obtuvo un provecho de la ignorancia
de su cliente para obtener una remuneración más alta de la que le correspondía.
Así mismo, la
Sala considera que la sentencia T–1143 de 2003[144], tampoco
resultaba vinculante para resolver el caso del demandante. Lo anterior,
en la medida en que la Corte determinó en aquella oportunidad, que los
elementos normativos del tipo disciplinario por los cuales fue sancionado el
apoderado no se encontraban debidamente acreditados. En concreto, la Corte
encontró que el profesional del derecho no había “excedido los topes fijados en las tarifas
que los colegios de abogados prescriben como límite máximo a cobrar por la
labor”, al tiempo que “el aprovechamiento de la necesidad o de la
ignorancia del cliente [Municipio de Santiago de Tolú]” no fue probado.
Conclusión
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional considera que las autoridades judiciales
no incurrieron en una valoración arbitraria del material probatorio recaudado
en el proceso disciplinario seguido en contra del actor, ni en un
desconocimiento del precedente judicial vinculante, al sancionarlo con
suspensión del ejercicio de su profesión por un lapso de cuatro (4) meses, al
hallarlo responsable de infringir el deber consagrado en el artículo 28.8[145]
de la Ley 1123 de 2007 y cometer la falta prevista en el artículo 35.1[146]
de esa misma norma, a título de dolo.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR
por
las razones expuestas, la sentencia del 16 de marzo de 2016 proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que a
su vez modificó la proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, el tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016). En consecuencia,
NEGAR la tutela de los derechos fundamentales invocados por el señor
Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz.
Segundo.- Por
Secretaría General, LÍBRESE las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
“Artículo 28. deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
(…) 8. Obrar con
lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este
deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con
criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o
de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada
vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. (…)”.
[2]
“ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
1. Acordar,
exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio
desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la
ignorancia o la inexperiencia de aquellos. (…)”
[3] “Por
el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”. El artículo 21 del citado
decreto dispone: “ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR
RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se
incrementarán así:
a) En un siete
por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o
hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada
uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que
dependan económicamente del beneficiario y,
b) En un catorce
por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o
compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de
una pensión.
Los incrementos
mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no
podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.
[4]
Folio 8 del cuaderno de pruebas.
[5]
Folio 295, cuaderno principal.
[6]
Folio 152, cuaderno 2.
[7] Ibídem.
[8]
Folio 162 cuaderno 2.
[9]
Folio 207, cuaderno 2.
[10] Ibídem.
[11]
Folio 188, cuaderno 2. Se ofició al Juzgado 12 Laboral de Medellín para que
remitiera copia de la demanda, el poder y la sentencia proferida en el proceso
ordinario laboral; la liquidación de costas y el auto que las aprueba y de los
oficios u órdenes de pago de lo consignado en ese proceso, especificando
valores cancelados y fecha. Así mismo, se ofició a dicho juzgado para que
enviara copia del proceso ejecutivo seguido a continuación del ordinario, en particular
copia de la demanda, del auto que libra mandamiento de pago, del monto,
especificando valores pagados y fecha; como también copia del auto que decretó
la terminación por pago y en caso de haber finalizado el proceso o se informe
lo pertinente en caso negativo.
[12] “Por
la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
[13]
Folio 209, cuaderno 2.
[14]
Quenia Andrea Vanegas Rojas.
[15] “[…]
Artículo 28. deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
(…) 8. Obrar con
lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este
deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con
criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o
de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada
vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. (…)”.
[16] Al
efecto, la providencia hace mención a la sentencia C-043 de 2004. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. Específicamente al siguiente aparte: “Comúnmente la
doctrina entiende por costas procesales los gastos que se deben sufragar en el
proceso; la noción incluye las expensas y las agencias en derecho. Las expensas
son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de
timbre, copias, registros, pólizas, etc.[3]. Las agencias en derecho
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que
el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C.[4], y que
no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a
su abogado”. Cfr. 213 del cuaderno 2.
[17]
Folio 215, cuaderno 2.
[18]Folio
215, cuaderno 2. En concreto, el juzgador indicó que la tarifa fijada por el
Colegio Nacional de Abogados para el año 2012, tratándose de procesos
ordinarios laborales corresponde al 25% de lo obtenido, mientras que en los
procesos ejecutivos conexos, se permite cobrar el 10% de la suma de ejecución y
cuando se inicie en un juzgado diferente el 20% del valor de la pretensión.
[19] Ver
folio 216, cuaderno 2.
[20]
Folio 3, cuaderno principal.
[21]
Ibídem.
[22] Ver
folio 9, cuaderno principal. Radicación No. 2007-00815-01.
[23] Ver
folio 4, cuaderno principal. Radicación No. 2010-002472-01
[24] Ver
folios 10, cuaderno principal. Radicación No. 2011-02397-01.
[25] Ver
folio 19, cuaderno principal.
[26] MP.
Eduardo Montealegre Lynett.
[27] MP.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[28]
Folio 23, cuaderno principal.
[29]
Folio 24, cuaderno principal.
[30]
Folio 25, cuaderno principal.
[31]
Folio 6, cuaderno principal.
[32]
Folios 178 y 179, cuaderno principal.
[33]
Folio 188, cuaderno principal.
[34]
Folios 191 a 197, cuaderno principal.
[35]
Folio 208, cuaderno principal.
[36] “Por
el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”. El artículo 21 del citado
decreto dispone: “ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR
RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se
incrementarán así:
a) En un siete
por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o
hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada
uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que
dependan económicamente del beneficiario y,
b) En un catorce
por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o
compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de
una pensión.
Los incrementos
mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no
podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.
[37]
Folio 43 (frente y reverso) del cuaderno de pruebas.
[38] Así
lo manifestó el quejoso en la audiencia celebrada el 12 de abril de 2013. Ver folio
79 del cuaderno principal.
[39] El
abogado Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, así lo reconoció en la audiencia
celebrada el 12 de abril de 2013. Ver folio 80 del cuaderno principal.
[40]
Folio 81 del cuaderno principal. Así lo hizo saber el Juzgado Doce (12) Laboral
del Circuito de Medellín, en respuesta al requerimiento elevado por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia.
[41]
Ibídem.
[42] Ver
folios 79 y 86 del cuaderno de pruebas.
[43] De
acuerdo con la constancia de consignación aportada por el abogado Gabriel Jaime
Rodríguez Ortiz en la diligencia celebrada el 05 de diciembre de 2012. Ver folios
78 y 79 del cuaderno de pruebas.
[44] En
el Auto 031A de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), la Sala Plena se refirió
esta facultad en los siguientes términos: “La labor de revisión de las
sentencias de tutela, como esta Corte lo ha señalado, “persigue, entre otras
cosas, dos finalidades básicas: (i) unificar la jurisprudencia constitucional y
(ii) que se logre la justicia material en el caso concreto.” Sin embargo, el
hecho de que la revisión sea una facultad discrecional muestra que la
Constitución, en relación con el papel de la Corte en sede de revisión,
privilegió su papel sistémico de unificación doctrinal frente a la corrección
de todos los problemas derivados de los casos concretos, sin que ello implique
dejar de lado el deber de protección de los derechos fundamentales. (…) La
Corte goza entonces de una razonable discrecionalidad para delimitar la
controversia constitucional en sede de revisión, por lo que no es una violación
del debido proceso, susceptible de generar una nulidad, el mero hecho de que la
sentencia de una Sala de Revisión haya omitido el examen de algún punto
planteado en la demanda, o no lo haya estudiado con el detalle que es necesario
durante los debates procesales en las instancias”. Esta posición ha sido
reiterada por la Sala Plena de la Corte, en los Autos 216 de 2007 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa), 267 de 2011 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), 187 de 2015
(MP. Gloria Stella Ortiz Delgado) y 539 de 2015 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[45] Sentencias
C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero) y C-590 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).
[46] Ver
sentencias T-006 de 1992 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-543 de 1992 (MP.
José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz y Alejandro Martínez Caballero), T-079 de 1993(MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), relativas a la doctrina de
la vía de hecho judicial; posteriormente, las sentencias SU-014 de
2001(MP. Martha Victoria Sáchica Méndez), (vía de hecho por consecuencia o
error inducido) y T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)
(desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la posibilidad de que se produjeran
fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y caprichosos llevaran a la
vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la doctrina de las causales
genéricas de procedencia se establecieron los fallos T-441 de 2003 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett), T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-771 de
2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-949 de ­2003 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett), T-701 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), doctrina que fue
sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), que en esta ocasión se reitera.
[47] Ver,
al respecto, entre otras, las sentencias T-079 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-158 de 2003 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-231 de 1994 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[48] El
abandono del concepto “vía de hecho” por el de “causales de procedencia de la
acción de tutela” se comenzó a proponer en las sentencias T-441 de 2003, T-462
de 2003, T-771 de 2003, T-949 de 2003 (Todas con ponencia del Magistrado
Eduardo Montealegre Lynett, y T-701 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).
[49]
Sobre ese fallo se efectuarán consideraciones adicionales en el siguiente
acápite de esta providencia.
[50] Al
respecto, consultar las sentencias T-1317 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes),
SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-292 de 2006 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa) y T-086 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[51]
Defecto analizado, por primera vez, en la sentencia T-114 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett). En esa oportunidad se relacionó con el defecto sustantivo
y la Sala Plena, en sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) lo
consideró causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia
judicial.
[52] MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[53]
Instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad por remisión
expresa del artículo 93.1 de la Constitución Política.
[54] Cfr.
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[55]
Sobre la función de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de
tutela, ver la sentencia C-018 de 1993. y los autos A-034 de 1996 y A-220 de
2001.
[56] Sobre
la estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente
ilustrativas las sentencias T-576 de 2008 y T-760 de 2008, relativas al
carácter fundamental del derecho a la salud.
[57]
Sobre la importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su
relación con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006, C-836 de
2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SV. Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis
y Jaime Araujo Rentería, SPV. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José
Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-566 de 1998.
[58]
Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[59] Ver
sentencias T-173 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-590 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).
[60] Esta
regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde
con los derechos fundamentales.
[61] La
Sala continúa la exposición en torno a lo dispuesto en sentencia C-590 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[62] Hace
referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que
dicta la sentencia.
[63]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005 MP. Jaime Córdoba Triviño);
igualmente, los fallos T-008 de 1998 y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[64] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937 de 2001 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-196 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva).
[65]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[66]
También conocido como “vía de hecho por consecuencia”, hace referencia al
evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por
parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001 (MP. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano), T-1180 de 2001 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-590 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[67] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver sentencia T-114 de
2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[68] “Se
presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-168
de 1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[69]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la Constitución, sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett),
T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso. Ver sentencia T-522 de 2001 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[70] Ver
Sentencia T-701 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).
[71]
Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y T-701 de 2004 (MP.
Rodrigo Uprimny Yepes).
[72]
Folio 3, cuaderno principal.
[73]
Folio 58 cuaderno principal.
[74] Así,
por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como
“la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes
del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[75] Cabe
resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar
una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto
procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[76] Cfr.
Sentencias SU-159 de 2002, T-538 de 1994 y T-061 de 2007.
[77] Ver
sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU-159 de 2002, T-244
de 1997.
[78] Cfr.
Sentencia SU-159 de 2002.
[79] Ver
también la sentencia T-008 de 1998.
[80]
T-264 de 2009 y T-363 de 2013.
[81]
Sentencia T-442 de 1994.
[82] “En
el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia
T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998.
[83]
Sentencia T-008 de 1998 y T-636 de 2006.
[84]
Ibídem.
[85] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[86]
Artículo 4 de la Ley 169 de 1896 dispone: “Tres decisiones uniformes dadas por
la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho,
constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos,
lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue
erróneas las decisiones anteriores.”
[87]  En
relación con el derecho a la igualdad frente al trato que deben recibir los
ciudadanos por parte de los operadores judiciales, la sentencia C-836 de 2001
(MP. Rodrigo Escobar Gil) expuso: “La igualdad, además de ser un principio
vinculante para toda actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la
Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos
garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y
trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan
conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces
interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta
interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas
involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad
judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas
supone además una igualdad en la interpretación y aplicación de la ley.” También
en relación con el derecho a la igualdad y la obligación de seguir el
precedente judicial ver las sentencias T-804 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-762 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[88] MP.
Rodrigo Uprimny Yepes.
[89]
Sentencia T-321 de 1998 (MP. Alfredo Beltrán Sierra).
[90]
Sentencia T-292 de 2006. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[91] Ibídem.
[92] Sentencias
T-441 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-014 de 2009 (MP. Nilson
Pinilla Pinilla).
[93]
Sentencia T-918 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva)
[94] Al
respecto en la sentencia T-468 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil) esta
Corporación precisó que “en la medida en que la Constitución Política (C.P.
arts. 228 y 230) les reconoce a los jueces un margen apreciable de autonomía
funcional, el principio de igualdad, en materia judicial, no puede interpretarse
de manera absoluta, so pena de petrificar el ordenamiento jurídico y, en
consecuencia, impedir que las normas se ajusten a los cambios sociales,
políticos y económicos que les dotan de pleno contenido y significación.”.
[95]
Sentencia T-688 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). Además, en esta
oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan
en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza
que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen
una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de
manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por
desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el
principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho
tránsito a cosa juzgada y que han definido ratio decidendi, que los ciudadanos
legítimamente siguen.”
[96] Sentencias
T-468 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-688 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett), T-698 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), T-330 de 2005 (MP. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-440 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-049 de 2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-571 de 2007 (MP. Jaime
Córdoba Triviño), T-777 de 2008 (MP. (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-014 de 2009
(MP. Nilson Pinilla Pinilla), entre otras.
[97] En
la sentencia T-330 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), esta
Corporación precisó: “en suma, prima facie, los funcionarios judiciales
están vinculados por la obligación de aplicar el precedente sentado por los
órganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden
apartarse del mismo en ejercicio de la autonomía judicial, pesa sobre los
mismos una carga de argumentación más estricta. Es decir deben demostrar de
manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan.”
[98] En
la sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) esta Corporación
decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que
omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados.”
[99]
Sentencia C-393 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Jaime Araujo Rentería),
C-290 de 2008 (Jaime Córdoba Triviño, SV. Humberto Sierra Porto y Jaime Araujo
Rentería).
[100]
Sentencia T-047 de 1995 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). Posición reiterada en las
sentencias C-393 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Jaime Araujo Rentería),
C-819 de 2011 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y SU-950 de 2014 (MP.
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[101]
Sentencia C-609 de 2012, (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio. SV. María Victoria Calle Correa, Adriana María Guillén Arango y Luis
Ernesto Vargas Silva.)
[102]
Ibídem.
[103] Ver
sentencias C-002 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández), C-060 de 1994 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz), C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) C – 196 de
1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C – 393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), C-212 de 2007 (Humberto Antonio Sierra Porto). De particular relevancia
es la sentencia C-884 de 2007, en la que la Corte se pronunció sobre las
finalidades del proceso disciplinario tomando para ello en consideración los
postulados de la Ley 1123 de 2007, de la cual se toma esta premisa.
[104] Sentencia C-060
de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Reiterada en las sentencias C-393 de 2006
(M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[105] Ver,
principalmente, las sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell),
C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[106] Ver
sentencias C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-393 de 2006 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[107] “Por
la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.”
[108] El
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 dispone: “Deberes profesionales del
abogado. Son deberes del abogado: (…) 8. Obrar con lealtad y honradez en sus
relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el
abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y
proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se
dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros,
cualquiera sea su concepto. Asimismo, deberá acordar con claridad los
términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación
y forma de pago.”
[109] Ibídem.
[110] Ibídem.
[111]
Sentencia C-043 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[112] El
artículo 364 del Código General del Proceso establece estas reglas para el pago
de expensas y honorarios distintos a los del abogado:
“Artículo 364.
Pago de expensas y honorarios.
El pago de
expensas y honorarios se sujetará a las reglas siguientes:
1. Cada parte
deberá pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de las
diligencias y pruebas que solicite, y contribuir a prorrata al pago de los que
sean comunes. Los de las pruebas que se decreten de oficio se rigen por lo
dispuesto en el artículo 169.
2. Los
honorarios de los peritos serán de cargo de la parte que solicitó la prueba.
3. Cuando se
practique una diligencia fuera del despacho judicial, en los gastos que
ocasione se incluirán el transporte, la alimentación y el alojamiento del
personal que intervenga en ella.
4. Las expensas
por expedición de copias serán de cargo de quien las solicite; pero las
agregaciones que otra parte exija serán pagadas por esta dentro de la
ejecutoria del auto que las decrete, y si así no lo hiciere el secretario
prescindirá de la adición y dejará constancia de ello en el expediente.
5. Si una parte
abona lo que otra debe pagar por concepto de gastos u honorarios, podrá
solicitar que se ordene el correspondiente reembolso.”
[113] “C.P.C.
Artículo 393. ...
3. Para la
fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo,
o éste y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
Sólo podrá
reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la
liquidación de costas.”
[114] Cf.
Sentencia C-539 de 1999, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[115] MP.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[116]
Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo I, p. 1032.
[117] Ibíd.
p. 1023.
[118]
Ibíd.
[119]
Ibíd.
[120] Art.
35, ley 1123 de 2007.
[121]
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia
de 1 de octubre de 2014.
MP. Wilson Ruiz Orejuela. Radicación No. 110011102000201302017 01.
[122] “Régimen Disciplinario de los Abogados, normas y
jurisprudencia. Publicación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, Director Leovigildo Andrade, Tomo I. Santafé de
Bogotá 1998-1999, pág. 146”. Sobre la
mención de esta cita en la jurisprudencia constitucional, consultar la
sentencia C-609 de 2012 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio. SV. María Victoria
Calle Correa, Adriana María Guillén Arango y Luis Ernesto Vargas Silva.)
[123] Sentencia T-1143 de 2003.
[124]
“Artículo 28. deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
(…) 8. Obrar con
lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este
deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con
criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o
de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada
vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. (…)”.
[125]
“ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
1. Acordar,
exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio
desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la
ignorancia o la inexperiencia de aquellos. (…)”
[126]
Folio 43 del cuaderno de pruebas.
[127] Página
10 de la sentencia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia. (Folio 86 del cuaderno principal.)
[128]
Página 14 de la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo
Superior de la Judicatura (Folio 71 del cuaderno principal).
[129]
Folio 86, cuaderno de pruebas.
[130] Así
lo manifestó el quejoso en la audiencia celebrada el 12 de abril de 2013. Ver
folio 79 del cuaderno principal.
[131] El
abogado Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, así lo reconoció en la audiencia
celebrada el 12 de abril de 2013. Ver folio 80 del cuaderno principal.
[132]
Folio 81 del cuaderno principal. Así lo hizo saber el Juzgado Doce (12) Laboral
del Circuito de Medellín, en respuesta al requerimiento elevado por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia.
[133]
Ibídem.
[134] Ver
folios 79 y 86 del cuaderno de pruebas.
[135] De
acuerdo con la constancia de consignación aportada por el abogado Gabriel Jaime
Rodríguez Ortiz en la diligencia celebrada el 05 de diciembre de 2012. Ver
folios 78 y 79 del cuaderno de pruebas.
[136]
Aprobada por la Resolución No. 001 de enero 30 de 2012.
[137]
Folio 187, cuaderno principal.
[138] Ver
folio 9, cuaderno principal. Radicación No. 2007-00815-01. MP. María Mercedes
López Mora.
[139] Ver
folio 4, cuaderno principal. Radicación No. 2010-002472-01 MP. María Mercedes
López Mora.
[140] Ver
folios 10, cuaderno principal. Radicación No. 2011-02397-01. MP. Julia Emma
Garzón de Gómez.
[141] Ver
folio 19, cuaderno principal.
[142] Por
el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.
[143] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[144] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[145]
“Artículo 28. deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
(…) 8. Obrar con
lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este
deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con
criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o
de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada
vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. (…)”.
[146]
“ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
1. Acordar,
exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio
desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la
ignorancia o la inexperiencia de aquellos. (…)”