T-179-19
Sentencia T-179/19
LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE EN
REDES SOCIALES-Caso en que persona natural realiza publicaciones en Facebook
sobre las labores religiosas del accionante, quien es pastor de Iglesia
Cristiana
LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Publicaciones
realizadas en Facebook fueron amparadas por prevalencia del derecho
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU-Tipos de
discurso protegidos
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU-Discursos
expresamente prohibidos
LIBERTAD DE EXPRESION-Conlleva deberes y responsabilidades
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Veracidad
implica diferenciación entre hechos y opiniones
DERECHOS A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE
EXPRESION Y OPINION-Accionante no fue diligente ni coherente en la defensa de los
derechos que alega vulnerados
Referencia:
Expediente T-7.018.121
Acción de tutela interpuesta por Juber Duvan Giraldo
Saldarriaga contra Manuel José Delgado Sepúlveda.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá
D.C., siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro
Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1.
El tres (3) de julio de 2018,
Juber Duvan Giraldo Saldarriaga interpuso acción de tutela contra el señor
Manuel José Delgado Sepúlveda, solicitando la protección de sus derechos
fundamentales al buen hombre, honra, buena imagen e intimidad, los cuales
considera vulnerados por unas publicaciones efectuadas desde el perfil de
Facebook del accionado.
B.
HECHOS RELEVANTES
2.
Desde 2017, el accionante se
desempeña como pastor de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial en
el Municipio de San Jerónimo, Antioquia[1].
Ha manifestado que es un líder religioso respetado y carece de antecedentes
penales[2].
3.
El veintisiete (27) de febrero de
2018, según consta en el expediente, el usuario de Facebook “MJD” hace una publicación
por primera vez contra el accionante[3],
compartiendo un estado[4]
que contiene la foto del señor Giraldo Saldarriaga y el siguiente texto:
“Denuncio social y ética mente a este subjeto (sic).
Valiéndose (sic) dela (sic) condición de pastor y reconciliador de pareja sigue
engañado. Estafando y adoctrinando a menores de edad como a mi (hija). Daniela
usa mentes debilis (sic) (…) Para estafar a nombre de la Biblia (…)”[5].
4.
El veinte (20) de marzo de 2018,
“MJD” publicó el siguiente estado:
Nada q se da por entendido éste “sujeto” pues continua
(sic) estafando, mintiendo y adoctrinanado a menores de edad y dando consejos
de vida a mentes débiles como la de (…) q le sigue todo el juego a este
perverso pastor[6].
5.
El estado de Facebook del
numeral previo tuvo una serie de comentarios realizados desde el perfil “Chelita
García”, quien defendía al Pastor así:
“desgraciado usted Manuel es un gran difamador
arrepiéntase ahora que puede acá en la tierra porque de no ser así lo lamentarás
en el infierno desgraciado (sic)”[7].
6.
Hay otros estados[8]
publicados por “MJD” en los que se expresa, por ejemplo, que el pastor “sigue
estafando y adoctrinanado (sic) a menores (…) para robar en nombre de Dios”[9]. También,
etiquetando a la madre de su hija, sugiere que ha “caido (sic) en la peor
trampa de tu vida creerle todo a este pastor q lo unico q (sic) le interesa es
la plata de los incautos”[10].
Además, se pregunta en otro estado “Por q todavia (sic) existe gente
(…) q se deja explotar y robar del pastor”[11].
7.
Junto con los anteriores, hay estados
publicados por “MJD” en los que no es posible identificar una fecha. Entre
ellos se encuentran los siguientes:
“Este bandido y ladrón sigue estafando a sus
feligreses ingenuos y pocos de cultura aprovechándose de la palabra de Dios.
Cree q (sic) por ser falso pastor todo hay q regalárselo y hasta hacer colecta
para su comida y pago de servicios q degenerado de hampón pone a los demas (sic)
a trabajar para el (…)[12].
“[E]n estos dias (sic) de politica (sic) y de
proselitismo sera (sic) q este pastor les impondrá a sus ovejas el candidato
presidencial conociéndolo un poquito yo creo q en cada culto le esta (sic)
revolviendo politica (sic) y sobre todo impulsando al mas (sic) pero mas (sic)
malo de todos PETRO. Ahí no se q hacer se imaginan? Estadas dos joyas juntas me
acaban”[13].
8.
El actor alega que las
imputaciones van más allá de las publicaciones en Facebook, según advierte, el
accionado ha repartido volantes en el barrio de residencia del pastor. Para el
efecto, allegó un volante que contiene su foto y el siguiente texto: “¡OJO!
Roba por medio de la palabra de Dios. Sometiendo a los feligreses a chantajes.
Es un vecino peligroso y abusador”[14].
9.
También, aportó dos capturas de
pantalla de una conversación de WhatsApp que sostuvo con el accionado, el
contenido se trascribe[15]:
“Manuel José Delgado (MJD) – 11:35 AM: Acaso les sirve las leyes humanas u ahí
se nota lo falso y ladron q sos (sic)
Pastor Giraldo Saldarriaga (P. GS) – 11:37 AM: Mandeme mas (sic) que todo eso me sirve
para su propio juicio
MJD – 12:26
PM: Ami (sic) me haces juicio y a voz quien? Q handas (sic) de zona en zona
haber q bobos robas con tu doble personalidad de pastorcito yladron (sic)
mentiroso
P. GS –
12:29 PM: Que bueno necesito mas (sic) insultos
P. GS – (no
es legible la hora): Mateo 5:11 Bienaventurado sois cuando por mi causa [no es
posible leer lo que sigue] (…).
MJD – 12: 40
PM: Lo q necestas (sic) es una comunidad mas inteligente para q (sic) no te
aproveches de los mas pobres y cortos de conciencia querés vivir de los demas (sic)
como los parásitos
P. GS –
12:41 PM: Aproveche y desahóguese (sic)
P. GS –
12:41 PM: A mi no me hace ningún daño
MJD – 10:26
PM: Estamos llenos de falsos profetas como vos q (sic) en pleno siglo 21
comemos cuento y nos dejamos atracar involuntariamente de personas de tu calaña”.
10.
El tres (3) de julio de 2018
interpuso la acción de tutela, dado que las publicaciones le han generado al
actor y a su familia un sentimiento de inseguridad que pone en riesgo sus
derechos fundamentales. Por ello, solicitó que el accionado: (i) elimine los estados
publicados en su perfil de Facebook, (ii) se disculpe públicamente y (iii) se
retracte de las afirmaciones realizadas. Además, (iv) solicitó una orden
judicial que disuada y prevenga futuras publicaciones en su contra.
C.
RESPUESTA DEL PARTICULAR ACCIONADO
11.
En Auto del tres (3) de julio de
2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo (Antioquía) admitió la
acción de tutela[16].
En la misma fecha se suscribió el acta de notificación personal[17].
12.
El cinco (5) de julio de 2018, el
accionado contestó señalando que conoce el desempeño religioso del accionante y
que la fuente de su desacuerdo es que el pastor “lleva varios meses tratando
de involucrar a [su] hija de 15 años en sus creencias religiosas”[18]. Señaló que
no hay pruebas que lo vinculen con la repartición de los volantes y que no es
cierto que “lo haya acusado de violador”[19]. Expresó que no le
constan los sentimientos de inseguridad y la posibilidad de amenazas que alega
el accionante. Finalmente, indicó que las pretensiones de la tutela no tienen
vocación de prosperar pues la acción penal, como medio idóneo, estaba en curso.
D.
DECISIÓN JUDICIAL DE
PRIMERA INSTANCIA
Sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal
de San Jerónimo, Antioquia
13.
El dieciséis (16) de julio de
2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo resolvió amparar los
derechos fundamentales a la honra, buen nombre, intimidad y buena imagen del
señor Juber Duvan Giraldo Saldarriaga. Ordenó al accionado que, dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de la providencia, debía “abstenerse
en el futuro de divulgar y/o publicar mediante cualquier medio o red social,
fotografías y comentarios sobre el señor Giraldo Saldarriaga, deberá
retractarse de las afirmaciones realizadas, presentará disculpas públicas y
deberá retirar de la social Facebook los mensajes desobligantes (…)”[20]. La decisión
se fundó en que los estados, al carecer de pruebas o respaldos, vulneran
los derechos fundamentales del accionante[21].
14.
El diecinueve (19) de julio de
2018, el accionado impugnó el fallo argumentando que no son aplicables los
supuestos del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. También, sostuvo que las
publicaciones son una “expresión de [sus] opiniones personales”[22] y qué por
tal razón, están comprendidas dentro de los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la libertad de expresión. Finalmente, cuestiona la aplicación
de precedentes jurisprudenciales que involucran medios de comunicación.
15.
El veintiséis (26) de julio de
2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo concedió el recurso de
apelación y remitió el asunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de
Antioquia (Reparto).
E.
DECISIÓN JUDICIAL DE SEGUNDA
INSTANCIA
Sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Santa Fe de Antioquia
16.
El cinco (5) de septiembre de
2018, el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Fe de Antioquia revocó la
providencia de primera instancia por falta de legitimación por pasiva, según
los supuestos del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. La sentencia de segunda
instancia precisó que el accionado no actúa en ejercicio de funciones públicas,
no es prestador de un servicio público domiciliario, y las publicaciones
tampoco afectan grave y directamente el interés colectivo[23]. Asimismo, el fallo
argumenta que el accionante no se encuentra en situación de subordinación y/o
indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción de
tutela. Señaló que no existe una amenaza de perjuicio irremediable que torne
procedente el amparo, ni siquiera de manera transitoria. Finalmente, advirtió
que el mecanismo de defensa judicial idóneo es la vía ordinaria penal.
F.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
17.
En desarrollo del trámite de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Corte
Constitucional, el Magistrado sustanciador por medio del Auto del catorce (14)
de diciembre de 2018 resolvió practicar pruebas con el fin de allegar al
proceso elementos de juicio relevantes para este. En consecuencia, ofició al accionante para que informara sobre: (i) el
estado de la acción penal; (ii) si habían cesado las publicaciones en Facebook;
(iii) las comunicaciones completas sostenidas con el accionado; (iv) el uso de
las herramientas de denuncia de Facebook; y (v) la repartición de volantes.
Asimismo, ofició al accionando para que detallara sobre: (i) su relación con el
accionante; (ii) las comunicaciones sostenidas con el pastor; (iii) la
configuración de seguridad y privacidad de su cuenta de Facebook; (iv) la
solicitud de eliminación de las publicaciones por parte del accionante; (v) la
repartición de volantes en su comunidad.
18.
Se invitó a la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana para que conceptuara sobre la
naturaleza pública o privada de las religiones y las figuras religiosas.
También, se invitó a facultades de derecho[24],
al Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, Comisión
Colombiana de Juristas (CCJ),  DEJUSTICIA, Fundación Karisma, a la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y a la Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP), para que rindieran concepto sobre: (i) límites a la
libertad de opinión en el contexto de las plataformas digitales y redes
sociales, y (ii) la tensión entre la libertad de expresión y los derechos a la
honra y buen nombre de los representantes de las comunidades religiosas.
Información
allegada por Juber Duvan Giraldo Saldarriaga[25]:
19.
Mediante escrito de enero
dieciséis (16) de 2019, recibido en la Secretaría General de la Corte el
dieciocho (18) de enero, el accionante respondió las preguntas realizadas.
20.
Adjuntó acta de la querella
presentada el veintiséis (26) de abril de 2018 contra Manuel José Delgado por
el delito de injuria.  Reveló que había sido víctima de insultos como “ladrón,
estafador, parásito, mentiroso” e indicó que la acción penal se encuentra
en etapa de conciliación[26].
21.
Aportó nuevos estados
publicados por “MJD” con posterioridad a la interposición del amparo[27]. Los
siguientes son algunos:
(i)
“[e]ste sujeto (…) sigue
esperando q (sic) yo me heche para atrás de las afirmaciones verídicas y
contundentes de q (sic) es un estafador de la palabra de Dios”[28]
.
(ii)
“Sera q (sic) este ladrón se
siente ya buena persona por q el juez falló en contra mía en primera instancia
será q ya dejará a los feligres (sic) de expolatarlos?”[29].
(iii)
“(…) hasta donde llega la
idiotez del ser humano “feligreses” los pone a trabajar para el dan los
ingredientes lo hacen y lo compran q les parece es un negocio redondo”[30].
(iv)
“Carta de fin año: (…) [para]
que el próximo te fijes unas metas bien claras: (…) ser más fiel a Dios y menos
a la plata, (…) tener un poco más de caridad con esas madres cabeza de hogar q
quedan barridas por dar el Diezmo”
(SIC)[31].
22.
No allegó ninguna comunicación adicional
sostenida directamente con el accionante en relación con las publicaciones en
Facebook.
23.
Con respecto a los volantes,
precisó que la repartición había ocurrido en su barrio de residencia, El
Salado, en junio de 2018; según su declaración, en el barrio habitan cien
personas.
24.
Declaró que no tenía cuenta en
Facebook – razón por la que no ha reportado ninguno de los estados – y
que había tenido conocimiento de los mismos por su esposa y algunos miembros de
su iglesia[32].
25.
Finalmente, sobre el impacto de
las publicaciones en su vida, expresó lo siguiente:
“me ha afectado mi imagen como figura religiosa,
porque soy un ejemplo para la comunidad y ellos se reflejan en lo que ven en
mí, además está el riesgo de que personas inescrupulosas puedan tomar lo
expresado por el Señor Manuel José como verdad y atenten contra mi vida o la de
mi familia; afecta mi confianza y mi credibilidad a la hora de realizar mis
labores como Pastor, me ha afectado profundamente mi estado anímico y el de mi
familia, a causa de que nunca habíamos vivido una situación como esta, he
llegado a sentir también inseguridad o miedo de recibir alguna agresión por
parte del señor MANUEL JOSÉ debido a que él ya lo ha intentado contra mí y
contra mi esposa”[33].
Información
allegada por Manuel José Delgado Sepúlveda[34]
26.
Vencido el término para aportar
pruebas, según la constancia secretarial del veintiocho (28) de enero de 2019,
la Sala no recibió comunicación escrita del accionado.
27.
Ante la necesidad de obtener el
material probatorio faltante, en Auto del treinta (30) de enero de 2019, se
reprodujo el cuestionario del Auto del catorce (14) de diciembre de 2018. Se
remitió a la dirección física aportada por el accionado telefónicamente, y
adicionalmente, se ordenó al juez de primera instancia que notificara al señor
Delgado.
28.
A través de una comunicación
remitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo el cinco (5) de febrero
de 2019, recibida en la Secretaría General de la Corte en la misma fecha, el
accionado remitió la información solicitada.
29.
Indicó que no ha presentado
denuncia penal contra el accionante.
30.
Manifestó que la madre de sus dos
hijas las obliga a “frecuentar el culto religioso Iglesia Trinitaria de
Colombia”[35].
Sin embargo, su hija mayor de edad “se (…) reveló (…) y lleva cuatro años
sin asistir a ese culto”.
31.
Respondió que no ha tenido
comunicación escrita o verbal con el pastor Giraldo relacionada con los estados
de Facebook. No obstante, explicó que en dos oportunidades le solicitó de forma
verbal que cese la explotación y adoctrinamiento, pues la cuota suministrada
para “alimentación, salud, educación de [sus] hijas, terminan como ofrenda
al culto”.
32.
Contestó qué a través de quejas
presentadas ante la Policía, la querella por injuria, y la acción de tutela, el
accionante ha tratado de silenciar sus opiniones.
33.
Expresó que tiene 72 “amigos” en
Facebook y que no ha cambiado la configuración de seguridad de su cuenta.
34.
También, aceptó haber distribuido
“una cantidad de cinco a siete volantes, con la foto de Juber Duván Giraldo Saldarriaga,
(…) en la cual indicaba que dicho ciudadano era un peligro para la sociedad, y
las repartí en el entorno de la iglesia”[36].
Aportó copia del volante repartido.
35.
Finalmente, describió su
situación de la siguiente manera:
“soy un simple jornalero, asalariado, que devenga
un poco mas (sic) de un salario mínimo, soy una persona del común, no tengo ni
cuento con poder económico, ni político, ni social y menos religioso, mediante
el cual pueda causar daño a Giraldo Saldarriaga. Las publicaciones realizadas
por mí en Facebook, es la forma de expresar mis sentimientos y lo que opine
sobre las conductas irregulares y explotadoras desplegadas por Giraldo
Saldarriaga”[37].
36.
Concepto de la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana[38]
En la disyuntiva entre la religión como asunto público
o privado, se inclinan por catalogarla como un tema público por las razones que
siguen: (i) es un derecho fundamental; (ii) en observancia del principio de
pluralidad, hay ciudadanos creyentes, ateos, agnósticos o indiferentes; (iii)
la pluralidad impide “el peligro de caer en fundamentalísimos y
totalitarismos que poco y nada ayudan a (…) la construcción del proyecto de
nación[39]”;
(iv) las religiones contribuyen a la vida democrática y permiten que los
creyentes – sin importar su religión – pueden promover la solidaridad, la tolerancia
y la reconciliación; (v) “si la religión estuviera cautivo por lo privado,
no habría posibilidad de conocer, denunciar y actuar contra aquellos vejámenes
con ropaje religioso que, desafortunadamente, ocurren en nuestra sociedad[40]”;
y  finalmente, (vi) la religión es un hecho social que debe afrontar el
paradigma de la coexistencia de múltiples cultos y de los discursos seculares y
religiosos.
En línea con ello, explican que los representantes,
voceros o pastores son personajes públicos. En primer lugar, por qué son
personas visibles que tienen una función dentro del colectivo social. Segundo,
representan a una comunidad, se expresan en nombre de ésta, y por ello, “su
palabra suele tener un impacto rastreable en el actuar del colectivo en que se
encuentra inmerso y respecto del cual ejerce un papel de autoridad”[41]. Tercero,
las funciones de las figuras religiosas varían entre: formación de los fieles,
acompañamiento individual y colectivo a los feligreses, la orientación y el
consejo, la celebración de los ritos de cada profesión, y la representación de
la confesión religiosa.
Finalmente, las faltas de los representantes deben ser
sancionadas. Para ello, la Iglesia Católica tiene en su orden esencial un libro
de sanciones en el Código de Derecho Canónico que incluso contempla sanciones
penales[42].
37.
Concepto de la Facultad de
Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano[43]
A partir de una lectura del artículo 19 de la
Constitución, el ejercicio de la libertad religiosa se desarrolla de dos
maneras. De un lado, es asunto privado, como derecho de ejercicio libre que
exige el deber correlacional del Estado de garantizarlo en condiciones de
equidad. De otro lado, “profesar y difundir una confesión religiosa posee un
evidente carácter público en la medida en que dicho ejercicio implica una labor
social de formación de valores y conductas en todas aquellas personas que
comparten [el culto]”[44].
En consecuencia, en el ámbito público existe responsabilidad social.
Así las cosas, los representantes, voceros o pastores
de las diferentes afiliaciones religiosas cumplen un rol social y, por ende,
son personajes o figuras públicas que se caracterizan por su “autoridad,
liderazgo, influencia, respeto, credibilidad y reconocimiento [.] [También,]
(…) suelen cumplir tareas de orientación, consejo, mando y confidencia dentro
de las comunidades que los reconocen y siguen”[45].
Las comunidades religiosas, según el artículo 13 de la
Ley 133 de 1994[46],
tienen la posibilidad de establecer “mecanismos regulatorios que
eventualmente pueden aplicar para casos de conflictos, críticas u observaciones
con respecto al comportamiento de sus representantes”[47]. Se resalta el Libro de
Derecho Canónico de la Iglesia Católica, la Halaka o código hebreo y los
sínodos de las comunidades presbiterianas. No obstante, dada la multiplicidad
de cultos y comunidades religiosas actuales, es posible que no todas “posean,
apliquen o dispongan de códigos o mecanismos regulatorios”[48].
38.
Concepto de la Facultad de
Derecho de la Universidad Externado de Colombia[49]
La procedencia de la acción de tutela contra
particulares, por publicaciones en redes, se fundamenta en el estado de
indefensión por el “poder de control” sobre el contenido publicado (sentencias
T-050 de 2016 y T-634 de 2013)[50].
En estos escenarios, la jurisprudencia[51]
ha indicado que las redes sociales son “medios de comunicación de alto
impacto social, que trascienden la vida privada”[52]. Este principio de
equivalencia entre redes sociales – “o cualquier portal, editor, plataforma
o intermediario de Internet”[53]
– y medios de comunicación, ha fortalecido la doctrina del estado de
indefensión[54].
Frente a esta equiparación, presenta tres reparos.
Primero, el alto impacto y la viralidad de la publicación de un particular es “realmente
remota”[55].
Por ello, en términos empíricos, es incorrecto suponer una indefensión.
Segundo, no es adecuado trasplantar las reglas clásicas de libertad de
expresión concebidas para los medios tradicionales de comunicación a las redes
sociales, pues en éstas el acceso es indiscriminado, no hay reglas de curaduría
del contenido, “abunda la información irrelevante o anodina, y (…) no es tan
clara la identificación de poder”[56].
Además, el impacto de una publicación en un medio de comunicación y en redes
sociales, no puede ser el mismo porque (i) la publicación de un particular
carece del respaldo y reconocimiento institucional de un medio; (ii) no existe
el mismo nivel de difusión; y (iii) los roles, cargas y límites de la libertad
de expresión varían cuando su ejercicio no es institucionalizado[57]. Tercero,
las críticas y juicios de valor hacen parte de la interacción social y,
generalmente, no tienen relevancia constitucional.
Reconoce como un acierto la exigencia de la
rectificación en los casos de publicaciones en redes sociales[58],
pues la Corte debe “buscar que estos problemas se resuelvan por medios de
autocomposición sin necesidad de la intervención del Estado”[59]. Sugiere que
se denomine “solicitud de remoción, edición o aclaración”, pues la
rectificación es propia del derecho a la información.
Frente a los personajes públicos, destaca que la Corte
tiene tres criterios para identificarlos: (i) persona que ingresa a la esfera
pública voluntariamente; (ii) goza de cierta notoriedad pública; y (iii)
ostenta un grado de poder dentro de la comunidad.  Dados estos supuestos, el
personaje público adquiere el “deber de soportar mayores críticas y
cuestionamientos que una persona del común”, pues además la opinión e
información sobre estas figuras, permite formular “una opinión pública
informada y en capacidad de discernir libremente”[60]. Por ello, el discurso
sobre personajes públicos, quienes voluntariamente se someten al escrutinio,
tiene un “umbral” diferente de protección[61].
Con base en lo expuesto, las figuras religiosas cuentan
con control o poder, y en esa medida, “los cuestionamientos sobre su
integridad moral o sobre su conducta deberían estar especialmente protegidos,
precisamente por su carácter de personaje público”[62]. Además, existe una
asimetría de poder en la relación entre la figura religiosa y los creyentes, bajo
la que el “rol institucional implica por definición una cierta notoriedad
pública, por lo menos frente a (…) sus fieles o sus correligionarios y frente a
los representantes de otras instituciones con las cuales entren en contacto”[63].  En este
orden de ideas, es incorrecto afirmar la indefensión de figuras religiosas pues
“[c]ómo va estar indefenso si tiene por definición, el poder de la palabra y
el acceso abierto a su auditorio”[64].
39.
Concepto del Centro de Internet
y Sociedad de la Universidad del Rosario[65]
Con relación a la procedencia de la acción de tutela, debe
determinarse si el accionante es una persona pública pues, en ese caso, la
exposición voluntaria la obliga a soportar mayor interacción en forma crítica,
irónica, burlesca o de rechazo. Siendo así, la situación de indefensión, de un
personaje público por publicaciones en redes, puede configurarse cuando lo
publicado no tiene relación con las actividades que desarrolla la figura pública
o son ataques irrelevantes y dirigidos a cuestionar aspectos personales –
orientación sexual, raza, filiaciones religiosas o de conciencia –.[66] Como
resultado, los límites a la libertad de expresión, en redes sociales, deben ser
equivalentes a los de los demás medios de comunicación.
Las publicaciones en redes presentan una dificultad
para “diferenciar entre una opinión y un comunicado informativo”[67]. Por eso, la
opinión en las sociedades democráticas tiene una relevancia constitucional
superior pues promueve la deliberación y la consolidación de un espacio de
discusión, y, por eso, únicamente debe ceder en “aquellos casos en los que
exista incitación al odio o a la violencia”[68].
Como resultado de lo anterior, las figuras religiosas
tienen una protección especial porque están relacionadas con el ejercicio de la
libertad de cultos y la libertad profesional. Sin embargo, “el escrutinio
público sobre su conducta, tanto pública como privada, merece una especial
protección, en la medida en que estas personas ocupan un lugar particular en la
sociedad y en la construcción de valores compartidos, equiparable a la del juez
o la del profesor”[69].
Por esa razón, la labor que desempeñan debe ser considerada de interés general
pues “buscan transformar el tejido social mediante sus discursos acerca de
la experiencia religiosa”[70].
40.
Concepto de la Fundación
Karisma[71]
Sobre la procedencia de la acción de tutela por
publicaciones en redes, precisaron los siguientes aspectos: (i) la legitimación
por activa está limitada para “toda persona presuntamente afectada en su
derecho a la honra o buen nombre”[72];
(ii) la legitimación por pasiva es para la “persona natural o jurídica que
expresó la opinión o idea [objeto de la controversia], y no (…) los
intermediarios”[73],
pues éstos únicamente permiten la comunicación entre las partes[74]; (iii) en el requisito
de inmediatez se reiteró la jurisprudencia; y frente (iv) a la subsidiariedad,
resaltaron que la tutela es “el mecanismo más llamado a proceder”[75], pues el
sistema jurídico colombiano carece de los mecanismos idóneos para proteger la
reputación, como  el “derecho de réplica o respuesta y las sanciones de tipo
civil proporcionadas como formas de responsabilidad ulterior”[76].
Frente a la tolerancia a críticas y las imputaciones
falsas, los funcionarios públicos gozan de un nivel de protección diferente a los
particulares – en sus derechos a la honra y al buen nombre – por su “capacidad
de convocatoria e influencia social”[77].
La persona pública, desde su comprensión amplia, comprende a todos “los
particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos o de interés
público”[78].
Ahora, la aplicación de la ficción del “estado de indefensión” no debe
desconocer el test tripartito[79]
creado por la Corte IDH; su aplicación garantiza las limitaciones legítimas a
la libertad de expresión.
El derecho a la libertad de pensamiento y expresión
permite “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras”[80],
amplitud que busca “reducir las restricciones a la libre circulación de
información, opiniones e ideas”[81].
Además, existe una presunción de cobertura sobre “todo tipo de expresiones,
incluyendo los recursos chocantes, ofensivos o perturbadores, especialmente se
encuentran protegidos los discursos políticos y sobre asuntos de interés
público”[82].
La libertad de expresión online no es un
derecho absoluto; sin embargo, tratándose de personajes públicos agraviados se
debe dar aplicación a las reglas sobre el discurso protegido, principalmente
porque “este tipo de sujetos están bajo una exposición voluntaria al
escrutinio público”[83].
Por esta razón, “un vocero o pastor (…) es [un] particular
involucrado voluntariamente en asuntos públicos; [que además] asume un
rol público para convertirse en líder de una comunidad religiosa”[84].
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
41.
La Corte Constitucional es
competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política,
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del
veintinueve (29) de octubre de 2018, proferido por la Sala de Selección de
Tutelas Número Diez de la Corte Constitucional que
decidió someter a revisión la decisión adoptada por los jueces de instancia,
correspondiéndole esta labor al Magistrado Alejandro Linares Cantillo[85].
B.
CUESTIONES PREVIAS –
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
42.
La Sala procederá a determinar si
el amparo solicitado es procedente de acuerdo con los criterios trazados por la
jurisprudencia constitucional en materia de acción de tutela contra
particulares, y el cumplimiento de los requisitos de legitimación de las partes,
subsidiariedad e inmediatez.
43.
De manera inicial debe precisarse
que la aplicación de la ley en el marco de las redes sociales, como espacio de
interacción social, es un reto jurídico de enorme complejidad. En relación con
el entorno digital, las regulaciones que se adopten y su interpretación, deben
respetar las características básicas del ambiente en línea[86],
descrito como “un espacio descentralizado, abierto y neutral”[87]; con el fin
de maximizar “su capacidad democratizadora e impulsando el acceso universal
y sin discriminación”[88].
44.
Internet está compuesto por
múltiples intermediarios, Facebook, Google o Amazon son algunos de estos
espacios en línea. Tales intermediarios proveen mecanismos para
optimizar la búsqueda de contenido en la red, la realización de todo tipo de
compras, y la conexión de usuarios. En sentido técnico, los intermediarios prestan
servicios en línea y, de acuerdo con los términos y condiciones que
fijan, tienen control sobre la plataforma de su dominio. No obstante, la regla
general es – o debería ser – la no atribución de responsabilidad a las
plataformas por los malos usos imputables a sus usuarios[89]. Sobre esto la Sala
volverá más adelante.
45.
Naturalmente, las decisiones
judiciales en este tipo de casos deben afrontar diferentes retos. En primer
lugar, establecer reglas jurisprudenciales para modular, por ejemplo, la
procedencia de la acción de tutela contra publicaciones injuriosas y/o
calumniosas en redes sociales no es conveniente, pues las “redes sociales” son
un conjunto de intermediarios diferentes, y, como resultado, difamar en
Facebook, YouTube y/o Twitter no es equivalente. Al respecto, debe tenerse en
cuenta que “no cualquier tipo de red interconectada sirve de la misma manera
a los fines de la libertad de expresión”[90].
Además, al ser vehículos que permiten materializar las garantías del artículo
20 de la Constitución, deben incluir “la expresión de pareceres y opiniones que
ofenden, escandalizan o perturban”[91].
46.
En segundo lugar, cualquier
solución debe tener sus raíces en el principio de autonomía de la voluntad
privada que rige las relaciones entre particulares[92].
Cuando una persona se registra en determinada red social, acepta los términos y
condiciones de esa plataforma, y desde ese momento, la relación entre la
plataforma y los usuarios se estructura con base en el mencionado principio que
podemos definir como la facultad de los particulares "para disciplinar por
sí mismos sus propias relaciones, atribuyéndoles una esfera de intereses y un
poder de iniciativa para la reglamentación de los mismos"[93].
47.
En tercer lugar, el fallo judicial
que ordena a un particular, por ejemplo, “eliminar”, “rectificar”, “pedir
excusas” genera de manera inmediata una restricción sobre otros valores
fundamentales como la libertad de expresión. Además, el impacto de la
restricción va más allá del particular afectado pues, en muchas ocasiones,
tiene un efecto directo en el funcionamiento de la red y por consecuencia, en
el derecho a la libertad de expresión de un conjunto de usuarios[94]. Por lo
expuesto, las restricciones al artículo 20 Superior tienen que responder a un
análisis contextual, pues sus límites no son semánticos y, por ende, tampoco se
construyen a partir de las impresiones del presunto agraviado.
48.
En este orden de ideas, “todas
las medidas que puedan de una u otra manera afectar el acceso y uso de internet
deben interpretarse a la luz de la primacía del derecho a la libertad de expresión”[95]. Como
resultado, cualquier decisión sobre las plataformas en línea debe
soportarse en los siguientes principios: acceso universal, pluralismo[96], no
discriminación y privacidad. Todo lo expuesto, velando por la neutralidad de la
red cuyo objeto consiste en promover la participación de distintas corrientes
en el debate público y, de modo paralelo, minimizar las restricciones a la
circulación de informaciones y opiniones[97].
En consecuencia, la neutralidad se posiciona como un principio axial que debe
aplicarse indistintamente a todas las modalidades de acceso a internet, sin
importar la tecnología o plataforma[98].
Procedencia de la acción de tutela – Caso concreto
49.
Legitimación por activa: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991[99],
la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela puede ejercerse
así: “(i) ejercicio directo, es decir, quién interpone la acción de tutela
es a quien se le está vulnerando el derecho fundamental; (ii) por medio de
representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por medio de
apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para
el caso o, en su defecto, el poder general respectivo; y (iv) por medio de
agente oficioso”[100].
50.
En el presente caso la Sala observa
que la acción de tutela fue interpuesta por el titular de los derechos
presuntamente vulnerados, el señor Juber Duvan Giraldo Saldarriaga. Accionante
que, en su condición de pastor de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero
Mundial, solicita la protección de sus derechos fundamentales a la honra, buen
nombre, buena imagen e intimidad. La Corte considera que se encuentra
acreditado el requisito de legitimación por activa en la medida en que el
accionante solicita la protección de sus derechos, a nombre propio, según inciso
primero del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
51.
Legitimación por pasiva: El inciso quinto del artículo 86 de la Constitución
determina que la acción de tutela contra particulares procede (i) si estos
están encargados de la prestación de servicios públicos; (ii) si su conducta
afecta grave y directamente el interés colectivo; o (iii) respecto de quienes
el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Dichas
causales se reproducen en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
52.
Debe precisarse que las dos
primeras hipótesis no son aplicables al caso, pues el señor Manuel José Delgado
no tiene a su cargo la prestación de servicios públicos, y tampoco se trata de
una conducta que incida grave y directamente en el interés colectivo[101]. La
Sala se ocupará, a continuación, del tercer supuesto.
53.
En el presente caso no se
configura situación de subordinación. Entre el señor Delgado y el pastor
Giraldo Saldarriaga no existe, ni ha existido, una relación de sujeción
originada en “la obligatoriedad de un orden jurídico o social determinado”,
como por ejemplo las relaciones derivadas de un contrato de trabajo, las
relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo, las relaciones
de patria potestad”[102],
ni tampoco, se trata de “relaciones entre los residentes de un conjunto
residencial y las juntas administradoras de los mismos”[103].
54.
Respecto del estado de indefensión[104] la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que es un concepto relacional,
definido como “una relación de dependencia de una persona respecto de otra
que surge de situaciones de naturaleza fáctica”[105], en
la que el afectado por la “asimetría de poderes” carece de “la
posibilidad de respuesta oportuna, inmediata y efectiva ante la vulneración o
amenaza de la que se trate”[106].
La manifestación del estado de indefensión implica que el afectado no cuenta
con “medios físicos o jurídicos de defensa, o los medios y elementos [a su
alcance] resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o
amenaza de su derecho fundamental”[107].
La situación de indefensión, considerando la ya referida naturaleza relacional,
debe ser evaluada por el juez según las particularidades del caso, considerando
(i) los sujetos que integran la litis, (ii) el objeto de la
controversia y (iii) las condiciones de desprotección, “que pueden ser
económicas, sociales, culturales y personales, en orden [de] establecer la
procedencia de la acción de tutela”[108].
55.
La revisión de la jurisprudencia sugiere la existencia
de tres tesis respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
particulares cuando se alega la violación del buen nombre y de la honra por publicaciones
realizadas en redes sociales. La primera, indica que la divulgación de un
contenido en redes sociales, al estar en control absoluto de quien lo publica,
es suficiente para configurar el estado de indefensión[109]. La segunda, determina
que “las publicaciones en las redes sociales –Facebook, Twitter, Instagram,
etc. – pueden generar un estado de indefensión entre particulares”[110]
(subrayado propio). La tercera tesis, elude la doctrina de la indefensión y, en
cambio, por la capacidad de difusión masiva de las redes sociales, exige al
agraviado la solicitud de rectificación previa como requisito de procedibilidad[111]. Sobre
esta última, al no estar sustentada en la doctrina de la indefensión, la Sala precisará
adelante.
56.
La Sala no comparte la primera tesis
por dos razones principales. Primero, desconoce la diferencia que existe entre
el género “redes sociales”, pues a pesar de que comparten el objetivo de
permitir la conexión e interacción en línea de personas, hay elementos que
cambian según la plataforma. Entre ellos hay que resaltar la forma en que tiene
lugar la interacción – comentarios, “me gusta”, retweet, reacción –, las
opciones de seguridad y privacidad que ofrece cada una de las redes y el uso que
los usuarios dan a esas posibilidades de configuración. También, se diferencian
en los términos y condiciones que aceptan sus usuarios, e igualmente, en las herramientas
para el control posterior del contenido publicado. En este orden de ideas, sin
analizar el vínculo jurídico entre el usuario y la red social, ni las
herramientas que éstas ofrecen, esta perspectiva amplia de la indefensión toma
por ineficaces los medios materiales que permiten al afectado, desde la
plataforma misma, defender sus derechos. Segundo, dicha perspectiva no tiene en
cuenta que el afectado es el primer llamado a defender sus derechos, y por
ello, cuando dispone de medios de reacción frente a una agresión iusfundamental,
que no se agotan, se anula la indefensión. Las dos razones anteriores permiten
concluir que la mencionada tesis parte de dos errores conceptuales cuyo efecto
es desconocer la naturaleza de las redes sociales, las herramientas que ofrecen
las plataformas y la obligación en cabeza de quien pretende la defensa de sus
derechos.
57.
Esta Sala estima que la segunda
tesis, conforme a la cual la simple existencia de una publicación en una red
social – como criterio objetivo –no es suficiente para declarar procedente la
acción de tutela, responde mejor a la naturaleza de la acción de tutela y a la
manera en que los derechos se relacionan en este tipo de casos. En efecto,
constatar la posibilidad de indefensión, originada en el “control que ejerce
el autor sobre su publicación frente a aquellos derechos fundamentales que
pueden verse vulnerados por la misma”[112],
requiere la verificación paralela de criterios subjetivos reconocidos por la
jurisprudencia de esta Corte[113].
Entonces, constatado el elemento objetivo – configurado por las publicaciones
en Facebook –, la Sala deberá pronunciarse sobre los criterios subjetivos que exigen
evaluar “las circunstancias particulares que presenta el caso, examinando el
grado de sujeción y su incidencia en los derechos fundamentales objeto de
amenaza o vulneración”[114].
58.
Facebook, como actor del mundo en
línea, es una de las plataformas que sirve para la conexión de personas. Los
usuarios se expresan publicando fotos, estados, videos y entradas; reaccionan a
las publicaciones con emoticones, comentan, debaten, critican y comparten. En
general, sirve como una plataforma de diálogo y expresión digital. Al tiempo, a
través de Facebook pueden ser cometidos, por ejemplo, actos de hostigamiento,
incitación a la violencia, circulación de contenido ilegal, o actos de
difamación. Persecuciones a través de los estados, publicaciones en el muro,
etiquetas o comentarios en publicaciones de terceros, son algunos de los
mecanismos a través de los que las referidas conductas pueden ocurrir. En
eventos así, o en general, cuando una persona se siente perseguida, ofendida o
difamada por los actos online de otro usuario ¿qué medios de acción
ofrece Facebook para combatir la raíz de este tipo de conductas?
59.
La plataforma cuenta con varias
herramientas cuyo objetivo es repeler los comportamientos online
antedichos. En primer lugar, Facebook tiene un rango de denuncia amplio,
permite reportar usuarios, publicaciones – fotos, videos, estados, comentarios
–, mensajes, grupos, eventos, y páginas[115].
En términos simples, cualquier comportamiento que se oponga a las Normas
Comunitarias es susceptible de ser reportado desde la plataforma, pues el
objetivo de Facebook es
fomentar “que las personas se expresen y crear un entorno seguro”[116]. Al respecto, hay que destacar que cada reporte trae
tensiones – un mismo post puede, por ejemplo, prevenir la violencia, pero desde
otra perspectiva incentivarla – y aunado a esto, Facebook opera en más de 100
países por lo que sus Normas Comunitarias deben responder a la pluralidad
legislativa de las jurisdicciones de sus usuarios[117].
60.
También, es importante precisar
que el sistema de reportes es bastante especializado. Por citar algunos
ejemplos, Facebook permite diferenciar (i) el reporte de mensajes
intercambiados en conversaciones privadas –a través de Messenger–[118], de
aquellos reportes sobre (ii) contenido extorsivo, coactivo o de chantaje sobre fotos
de carácter sexual[119],
o (iii) las publicaciones que promueven odio o amenazas. Al mismo tiempo, si se
tiene la URL de la publicación, los formularios de denuncia son susceptibles de
ser completados incluso por las personas que no son usuarias de Facebook[120].
Para el efecto, Facebook cuenta con el equipo de Operaciones Comunitarias que
revisan el contenido reportado y, de constatar que una publicación contraría
las Normas Comunitarias, proceden a suprimir la publicación o a suspender
y eliminar el usuario.
61.
Vale la pena rescatar otra
herramienta adicional. En asociación con el Centro de Inteligencia Emocional de
la Universidad de Yale, Facebook ha desarrollado un recurso llamado “Pon fin
al bullying” cuyos destinatarios principales son los adolescentes, padres y
educadores que buscan soporte y ayuda para situaciones relacionadas con el Bullying
y otros conflictos[121].
En desarrollo de estos compromisos, Facebook ha adoptado una rúbrica simple
para los particulares: “si alguien reporta que un contenido publicado sobre
ellos es malicioso, Facebook no hace suposiciones sobre el reclamo. (…)
[s]implemente confía en la palabra de [quien lo efectúa]”[122].
62.
En suma, los reportes en Facebook
– susceptibles de ser realizados por usuarios, no usuarios, o usuarios en favor
de terceros – permiten que el agraviado escoja la opción de denuncia que más se
acomode a su situación. Para ello, el contenido publicado se puede reportar,
entre otros, como: (i) suplantación de identidad, (ii) bullying o
hostigamiento, (iii) uso de fotos sin consentimiento, (iv) vulneración de
derechos por algo publicado en Facebook[123].
Se trata de instrumentos que, en principio, permitirían que las personas que se
consideren afectadas enfrenten las posibles violaciones de sus derechos.
63.
Considera la Sala que el
desacuerdo del accionante respecto de la publicación habría podido ser abordado,
por lo menos, a través de la herramienta referida en el numeral (iv) anterior.
Simultáneamente, el afectado también podría – a través de su perfil o del de
algún usuario que se lo permita – dar respuesta a las publicaciones, por
ejemplo, divulgando contenidos que sirvan para contra argumentar, o comentando
directamente en los estados que causaron el disgusto. Así la cosas, la
persona agraviada por publicaciones en esta red social tiene opciones de
defensa desde la plataforma misma. Por ello, la existencia de mecanismos para
repeler las publicaciones que se considera difamatorias impiden señalar que
alguien se encuentra en un estado de indefensión con respecto de otro
particular.  Lo anterior, no pretende que los mecanismos de reporte en Facebook
se conviertan en una instancia, busca evidenciar que hablar de indefensión
absoluta, por una publicación en redes sociales, no es adecuado, pues con independencia
de que los mecanismos se activen, su existencia pone en tela de juicio la
situación de indefensión.
64.
Ahora bien, corresponde analizar
la situación de indefensión con respecto a los volantes repartidos. Los
volantes, en el caso concreto, son otra modalidad manifestación escrita del
accionado, con un número de distribuciones mínimo (siete volantes), y cuya
repartición se realizó cerca a la iglesia donde el accionante desarrolla sus
labores religiosas. Al respecto, hablar de indefensión por la divulgación de
volantes, en las condiciones antedichas, es desproporcionado. No hay un
impacto, prima facie, visible en los derechos del accionante, quien
además, como pastor, podía desde el púlpito controvertir el contenido de los
mismos ante su comunidad religiosa. Esta Corte, en otras oportunidades, ha
establecido con relación a la repartición de volantes que las restricciones o
prohibiciones sobre este tipo de manifestaciones escritas conlleva a
restricciones injustificadas sobre las libertades de las personas[124].
En esa medida, no es algo extraño expresarse por medios escritos y las
condiciones de desprotección, derivadas del contenido de estos, deberán
estudiarse según las circunstancias del caso concreto, en aras de verificar, si
el presunto agraviado puede o no repeler el contenido divulgado. En este caso,
el pastor Giraldo Saldarriaga está en capacidad de mitigar, desde el púlpito,
el contenido de los siete volantes repartidos, y además, los volantes no tienen
una vocación de permanencia en el tiempo, ni son susceptibles de reproducción
automática, por lo que se concluye que con respecto a los volantes no está en
situación de indefensión.
65.
En la medida en que existen
herramientas, de la misma red social, para repeler los presuntos agravios,
entre ellos, la simple respuesta y el reporte, la Corte debe considerar, según
las condiciones del caso concreto, su idoneidad y eficacia. Lo que resulta evidente
es que, en algunas situaciones, las herramientas de Facebook no permiten agotar
el contenido de las pretensiones pues, por ejemplo, no pueden obligar a un
usuario a pedir perdón o retractarse y tampoco, sin eliminar al usuario, están
en la capacidad de prevenir publicaciones futuras. Tales eventos son algunos
escenarios en los que las herramientas materiales de defensa que ofrece
Facebook resultan ineficaces. No obstante, cuando, por ejemplo, se pretenda la
eliminación de una publicación que contraria las Condiciones del Servicio o
las Normas Comunitarias, le corresponde al presunto agraviado reportar
la publicación para que Facebook tome las medidas para suprimirlo. Frente a
este último escenario, debe resaltarse que Facebook permite que los reportes
los efectúen, inclusive, los no usuarios.
66.
En el caso concreto, el accionante
estaba en capacidad de reportar las publicaciones que, según alega, vulneran
sus derechos. Reportes que no se efectuaron pues, según se indicó en sede de
Revisión, el señor Giraldo Saldarriaga carece de cuentas en redes sociales. Sin
embargo, se reitera que los reportes tendientes a eliminar el contenido
publicado en Facebook son susceptibles de ser adelantados tanto por usuarios
como por no usuarios. En esa medida, cuando las pretensiones las agota la
eliminación del contenido publicado en Facebook, difícilmente procedería la
acción de tutela.
67.
Precisado lo anterior, le
corresponde a la Sala pronunciarse sobre las pretensiones de retracto, excusas
públicas y abstención de publicaciones futuras. En efecto, Facebook no ofrece
herramientas para agotar el contenido de estas, y debe aclararse que, como
intermediario, tampoco le corresponde tener mecanismos que induzcan un
comportamiento determinado en sus usuarios.  Además, las Condiciones del
Servicio – como vinculo jurídico entre la plataforma y los usuarios – no
incluyen facultades que permitan agotar unas pretensiones como las elevadas.
Dicho en otras palabras, no existe una fuente de obligaciones que le permita a
Facebook ordenar directamente a un usuario retractarse o disculparse. Además,
aún si existiera, sería incorrecto pues el intermediario no tiene el deber de
analizar la imprecisión, falsedad o vaguedad del contenido que se pública en su
plataforma, un análisis post-publicación, en una sociedad democrática, es del
resorte exclusivo de los jueces.
68.
Entonces, dado que las
herramientas de Facebook no pueden obligar al accionado a pedir perdón,
retractarse y tampoco, pueden, sin eliminar al usuario, prevenir publicaciones
futuras, estas resultan ser medios materiales de defensa ineficaces para las
pretensiones en comento. Adicionalmente,  al carecer de un usuario en Facebook,
el pastor Giraldo no puede comentar en los estados publicados por “MJD”
y, según sus declaraciones, la afectación a su imagen como figura religiosa se
mantiene a pesar de la defensa activa de algunos miembros de su comunidad,
quienes siendo usuarios de Facebook han comentado en los estados.
Entonces, en virtud de que los límites a la libertad de expresión no se
establecen según las impresiones del agraviado, y teniendo en cuenta que se
trata de límites contextuales, y no semánticos, el análisis del contexto, para
las pretensiones antedichas, le corresponde exclusivamente al juez. Ello, pues
solo el operador judicial puede determinar, por ejemplo, el contexto de la
publicación, el perfil del autor, el tipo de discurso, el grado de difusión del
contenido publicado, y/o la forma de reparar menos lesiva para la libertad de
expresión. Las consideraciones anteriores, permiten satisfacer, el requisito de
legitimación por pasiva para las pretensiones de retracto, excusas públicas y
abstención de publicaciones futuras.
69.
Inmediatez: Según la jurisprudencia de esta Corte, a pesar de no
existir un término de caducidad para acudir a la acción de tutela, ésta debe
presentarse en un término prudente y razonable después de ocurrir los hechos
que originaron la afectación o amenaza de los derechos[125]. Así las cosas, la
relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de
los derechos fundamentales debe evaluarse en cada caso atendiendo a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad. A juicio de esta corporación, “el
juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”[126].En
el presente caso se observa que entre el momento en que comenzaron las
publicaciones en Facebook, como  hechos que originaron el presente trámite,  y
la tutela pasaron cuatro meses[127];
término que la Sala considera prudente y razonable para el ejercicio de la
acción y con lo cual, encuentra acreditado el requisito de inmediatez.
70.
Subsidiariedad de la acción de
tutela: A la luz del artículo 86 de
la Constitución Política, los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991 y
la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia[128], la acción de tutela
tiene un carácter residual y subsidiario. Por esta razón, solo procede como
mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo ese medio
carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e
integral los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se
interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un
derecho fundamental.
71.
En múltiples oportunidades, la Corte
ha declarado que la acción de tutela es un medio idóneo para materializar la
protección de los derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad[129]. Además,
ha indicado que la acción penal y la acción de tutela son diferentes en los
objetivos que persiguen, la reparación que acarrean y los supuestos de
responsabilidad en los que se fundan; razón por la cual, la existencia de la
vía ordinaria penal no es suficiente para sacrificar la procedencia de la
tutela[130].
72.
Teniendo en cuenta lo expresado,
esta Sala destaca que la controversia respecto del amparo de los derechos a la
honra, buen nombre e intimidad del pastor Juber Duvan Giraldo Saldarriaga, es
un asunto que, en principio, y al tratarse de derechos fundamentales, le
compete a la Jurisdicción Constitucional, siendo la acción de tutela el medio
para resolver la controversia.
73.
Rectificación previa. En Supra 54, en el análisis de la legitimación
por pasiva, la Sala indicó que existe una tercera tesis con relación a la
procedencia de la acción de tutela contra particulares por publicaciones en
redes sociales. Sin embargo, se aplazó su estudio al no estar soportada en la
doctrina de la indefensión. La tercera tesis sostiene que el particular
agraviado debe agotar la solicitud de rectificación previa, como requisito de
procedibilidad, por la capacidad de difusión masiva de las redes sociales[131].
74.
La Sala comparte esta tesis,
siempre y cuando, se trate de una controversia relacionada con el derecho a la
información. Lo anterior, porque la rectificación previa tiene sus fuentes en
el artículo 12 de la Constitución y en el numeral 7 del artículo 2591 de 1991
que exige la rectificación cuando se trata de “informaciones inexactas o
erróneas” en armonía con el artículo 20 de la Constitución. En
consecuencia, no es correcto aplicar la tercera tesis al caso concreto, pues no
se trata en este caso del ejercicio al derecho a la información y, extender su
exigencia implicaría (i) limitar la procedencia de la tutela; (ii) aplicar a la
libertad de expresión en sentido estricto cargas que el constituyente y el
legislador no le impusieron; e (iii) incurrir en el error de trasplantar las
reglas creadas para los medios de comunicación a canales de expresión y
difusión diferentes como las redes sociales.
75.
Conforme a lo expuesto no resulta
relevante, al menos prima facie, requerir la rectificación pues, en
términos del numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo
20 de la Constitución, el derecho a la rectificación es inherente al derecho a
la información. Lo dicho, porque las cargas de imparcialidad y veracidad son
propias del derecho a la información, pero resultan extrañas a la libertad de
opinión. Sobre esto, la Corte ha precisado que la solicitud de rectificación
previa al particular solo resulta exigible cuando el accionado es un medio
masivo de comunicación[132].
En la sentencia T-263 de 2010, se extendió el requisito a otros canales de
divulgación de información refiriéndose “[a]l periodista o
el medio de comunicación – u otra persona que informe, debido a la
amplitud tecnológica que hoy se presenta con recursos como el Internet”. Lo anterior, tampoco es aplicable al caso en cuestión,
pues el accionado, como “persona del común” carente de poder alguno, publica a
modo de desahogo sus percepciones sobre una figura religiosa, y, en esa medida,
no está informando.
76.
En síntesis, acreditados los cuatro
requisitos de procedencia para las pretensiones de excusas públicas, retracto y
abstención de publicaciones futuras, la acción de tutela procede como mecanismo
de protección definitivo. Para esta Sala, la pretensión tendiente a eliminar
las publicaciones en Facebook es improcedente pues el accionante no agotó los
medios materiales de defensa y por consecuencia, no es preciso afirmar la
existencia de una situación de indefensión.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JURÍDICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
77.
Conforme con los hechos expuestos
en la Sección I de esta sentencia, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión
determinar si las expresiones de Manuel José Delgado, publicadas en su perfil
de Facebook, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, o si,
por el contrario, estas vulneran los derechos a la honra, buen nombre e
intimidad del pastor Juber Duvan Giraldo.
78.
Con el fin de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala procederá a estudiar el derecho a la
libertad de expresión en el contexto digital de las redes sociales, teniendo en
cuenta (i) el ámbito de protección del artículo 20 de la Constitución, con
énfasis en su protección reforzada; (ii) la libertad de expresión en internet;
(iii) las diferencias, en contenido y limites, de la libertad de opinión y la
libertad de información. Finalmente, (iv) se resolverá el caso concreto.
D.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, REDES
SOCIALES, Y PARTICULARES
79.
La libertad de expresión comprende
un conjunto de garantías[133]
importantes para el desarrollo autónomo de cada persona y la sociedad, y por
esa razón, el artículo 20 Superior “ocupa un lugar preferente en el
ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel
esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art.
16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además,
porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una
verdadera democracia participativa (CP arts. 1º, 3º y 40)[134]. Se trata
entonces de un grupo de garantías cuyo ejercicio permite el debate abierto de
la democracia[135]
y cuyo carácter preferente debe afirmarse en “su importancia para la
vida democrática y para el libre intercambio de ideas”[136].
80.
La protección reforzada va más
allá de la Constitución de 1991 y es propia del Sistema Interamericano que, a
partir del conjunto normativo aplicable[137],
ha estructurado este derecho como una piedra angular. En palabras de la Corte
Interamericana, “la necesidad de expresar y recibir cualquier tipo de
información, pensamientos, opiniones, e ideas”[138]
es transversal a la Convención Americana de Derechos Humanos – en adelante CADH
–. Lo anterior, debido a que la libertad de expresión cumple múltiples
funciones en un sistema democrático. Por un lado, permite que se exteriorice al
mundo, de manera libre, la percepción, pensamiento u opinión y de esa manera,
se materializa la autonomía de las personas[139].
Por otro lado, la circulación irrestricta de pensamientos, posturas, hechos e
información, construye vías que conducen a la consolidación de espacios deliberativos.
81.
En esa dirección, esta Corte ha
indicado que “(e)l carácter pluralista de la
República (art. 1) exige que las más diversas visiones del mundo, puedan ser expresadas, difundidas y
defendidas en un libre, amplio y protegido “mercado de las ideas” (…)”[140]. En ese sentido, la “metáfora
del mercado (…), recogida en el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al prohibir
cualquier restricción que pueda afectar la libre “circulación de ideas y opiniones”, refleja el hecho
de que los juicios respecto de la verdad o falsedad (…), corrección o
incorrección, bondad o maldad, belleza o fealdad de una idea, de un
pensamiento, de una opinión o, en general, de cualquier expresión, son mejor
comprendidos cuando la sociedad y el Estado aseguran una amplia red de
oferentes y medios de expresión y una amplia red de canales de acceso a tales
ideas, pensamientos y opiniones”[141].
Con esto en mente, el “objetivo se alcanza proscribiendo las formas de
control al contenido de las expresiones, previendo amplios medios para su
divulgación y fijando reglas que impidan y sancionen las interferencias en los
contenidos amparados por la libertad”[142].
82.
La Corte Constitucional estableció
que la libertad de expresión es además un canal para materializar otras garantías
fundamentales como: “(a) la correspondencia y
demás formas de comunicación privada, (b) los discursos estéticos, morales,
emotivos o personales, manifestados a través de expresiones verbales,
artísticas, o de conductas simbólicas o expresivas, sin perjuicio de la
protección constitucional explícita de la libre expresión artística; (c) la
exposición de convicciones y la objeción de conciencia; (d) el discurso
religioso; (e) el discurso académico, investigativo y científico; (f) las expresiones realizadas
en el curso de manifestaciones públicas pacíficas; (g) el discurso cívico o
de participación ciudadana, y (h) el discurso de identidad, que expresa y
refuerza la propia adscripción cultural y social”[143].
83.
En suma, el derecho a la libertad
de expresión es un elemento estructural dentro de la democracia, pues actúa
como un escudo que protege el acto de comunicar y con ello, el libre
intercambio de ideas. La protección del derecho individual a la libertad de expresión
garantiza, prima facie, una amplia libertad sin interferencia, ni
modulación, para difundir opiniones, pensamientos, concepciones e
informaciones, y en ese sentido, adquiere relevancia colectiva, pues permite
que la sociedad busque y reciba la multiplicidad de expresiones antes
mencionadas[144].
Presunciones relativas a la libertad de expresión y
carga de la prueba de quien pretenda su restricción
84.
El carácter preferente de la
libertad de expresión se refuerza con cuatro presunciones: (i) la presunción de
cobertura de toda expresión dentro del ámbito de protección constitucional;
(ii) la sospecha de
inconstitucionalidad respecto de cualquier limitación o regulación estatal;
(iii) la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre otros
derechos, valores o intereses constitucionales con los que pueda llegar a
entrar en conflicto; y (iv) la prohibición de la censura en tanto presunción imbatible, que
permite decir, en principio, que los controles al contenido de las
expresiones son una modalidad de censura.
85.
Estas presunciones fueron
ampliamente desarrolladas en el acápite IV-3 de
la sentencia T-391 de 2007, sin embargo, hay un elemento trasversal a los
cuatro presupuestos anteriores: quien pretenda una limitación a la libertad de
expresión, sin importar su causa, siempre tiene la carga de la prueba. En otras
palabras, el agraviado – que alega la vulneración de otros derechos fundamentales
por un ejercicio desbordado de la expresión–, o la autoridad pública que, en
ejercicio de sus funciones, pretenda introducir una restricción, siempre deberá
desvirtuar las presunciones como condición necesaria para admitir la
restricción de dicha libertad. Como consecuencia de ello, quien afirme la
violación de sus derechos, deberá demostrar (i) que la expresión no puede
comprenderse cobijada por la libertad; (ii) que una restricción a dicha
libertad puede justificarse constitucionalmente; (iii) que la primacía prima
facie de la libertad de expresión puede ser derrotada por la importancia de
otros intereses constitucionales; y (iv) que la restricción no constituye una
forma de censura.
La presunción de buena fe
86.
La Sala destaca
que el cumplimiento de las cargas referidas también exige, según el artículo 83
de la Constitución, derrotar la presunción de buena fe que cubre las
actuaciones entre particulares[145]
y entre estos y el Estado[146].
Ello, en la medida en que la buena fe y
el respeto por los actos propios, obligan a las autoridades y a los
particulares a “mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por
los compromisos a los que se han obligado y una garantía de estabilidad y
durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento
de las reglas propias del tráfico jurídico”[147].  Sobre este
punto, la sentencia C-1144 de 2008 indicó que: “el principio de buena fe
[es] aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar
sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones
que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”. (…) [Además,] presupone la existencia de relaciones
reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”.
87.
Sobre la aplicación de la buena fe en las relaciones particulares,
esta Corte indicó que “en el diario acontecer de la actividad privada, las
personas que negocian entre sí suponen ciertas premisas, entre las cuales
precisamente [está la buena fe], pues pensar desde el comienzo en la mala fe
del otro sería dar vida a una relación viciada”[148]. Además, del contenido de la buena
fe se  desprende “la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se
refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad
que otorga la palabra dada”.
88.
Entonces, la buena fe como un principio de orden constitucional
que “se presume, y dicha
presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el
ordenamiento jurídico vigente”[149], debe
extenderse también a los conflictos por redes sociales. Por lo anterior, quien
alega un agravio en línea debe ser coherente en el sentido de que no
promovió, instigó o incentivó más expresiones en su contra.
Sobre la libertad de expresión
en Internet
89.
Es fundamental entender que los
límites a la libertad de expresión en el mundo fuera del internet –offline
– son los mismos que pueden imponerse en el mundo virtual –online–. Al
respecto, esta Corte ha indicado que “la libertad de expresión se aplica en
Internet del mismo modo que en otros medios de comunicación, concluyéndose que
las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, el
denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación”[150].
Dicha aproximación no debe conducir a la conclusión de que las reglas
aplicables a los medios de comunicación deben trasplantarse a las redes
sociales, pues como realidades jurídicas distintas, las regulaciones también
deben serlo.
90.
En concordancia, no “sería
aceptable una ley que penalice, específicamente, los delitos contra el honor en
línea e imponga penas más rigurosas que para los perpetradores en el mundo
offline”[151].
Una norma de tal alcance “tendría el efecto de restringir y limitar a
Internet como espacio para el libre intercambio de ideas, informaciones y
opiniones”[152],
pues, en últimas, le corresponde al titular del derecho, y no a los jueces,
escoger el modo y el tono en el que se expresa.
91.
Internet, y en particular las
redes sociales, han permitido que la libertad de expresión pueda considerarse
universal. El uso de las plataformas como Facebook, Twitter o YouTube, generalmente,
requiere el registro y la aceptación de los términos y condiciones; aceptación
desde la que rige la autonomía de la voluntad privada como principio que
irradia la relación entre los usuarios y las plataforma. Facebook tiene
aproximadamente 1.52 billones de usuarios diariamente activos[153]
y, según informa el MinTIC, Colombia, a nivel mundial, ocupa el catorceavo
lugar en número de este tipo de usuarios[154].
Las redes sociales permiten comentar y opinar acerca de temas personales o de relevancia
pública y, al mismo tiempo, dan lugar a conversaciones paralelas y variadas. Al
respecto, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Packingham v. North
Carolina (2017), reconoció que las plataformas, como Facebook y Twitter,
permiten el acceso al mecanismo más fuerte disponible para que las personas
hagan escuchar su voz[155].
Por ello, el ciberespacio, y las redes sociales en particular, son los lugares
más importantes para el intercambio de los diferentes puntos de vista[156].
92.
Esta aproximación a internet no es
novedosa en EEUU. En el caso Reno v. ACLU (1997) la Corte Suprema
determinó que internet es una herramienta esencial para todo tipo de
comunicación pues prevé un medio relativamente ilimitado y de bajo costo[157].
La misma sentencia indicó que se trataba de una “categoría dinámica y
multifacética de las comunicaciones que incluyen, no solo los medios impresos
tradicionales, sino también audio, video e imágenes, y, además, permite el diálogo
interactivo y en tiempo real”[158].
Bajo esta perspectiva, es importante retomar dos principios axiales para la
comprensión de las controversias que tienen lugar en internet.
i)
El principio de no
responsabilidad de los intermediarios
93.
La Corte Constitucional, en Auto
285 de 2018[159],
anuló la sentencia T-063 de 2017 y entre los argumentos que motivaron esta
decisión expuso que:
“(…) se [hace] imperioso efectuar un estudio sobre la diferencia
entre la persona que crea el contenido y lo publica, respecto del propietario
de la herramienta que solo facilita la publicación. Lo anterior reviste
especial relevancia en la medida en que la responsabilidad del creador del
contenido de las afirmaciones calificadas como difamatorias, desproporcionadas
y calumniosas en la referida providencia, no es equiparable al rigor en el
trato proporcionado a los intermediarios en internet que sirvieron como medio
para alojar el contenido vejatorio”[160].
94.
En este orden, esta Corte ha
reconocido que, en principio, los intermediarios no son responsables por los
contenidos que publican terceros. Una aproximación distinta, cuyo efecto sea
responsabilizar los intermediarios, impediría que las plataformas sirvan como
portal de expresión de miles de personas. Entonces, si un usuario a través de
su perfil de Facebook, cuenta de Twitter o canal de YouTube, difama a otro, no
puede atribuirse responsabilidad a la plataforma; el único responsable por la
difamación es quien la efectúa. En igual dirección, se ha dicho que:
“[l]a responsabilidad  de los intermediarios con
respecto al contenido difundido o creado por sus usuarios menoscaba gravemente
el disfrute del derecho a la libertad de opinión y de expresión, pues da lugar
a una censura privada de autoprotección excesivamente amplia, a menudo sin
transparencia y sin las debidas garantías procesales”[161].
95.
En este punto, es fundamental
insistir en las diferentes calidades
jurídicas que pueden ostentar los intermediarios en internet. De hecho,
Rowland, Kohl and Charlesworth (2017) diferencian entre 3 posiciones jurídicas
de tipos de intermediarios en el marco de un espectro, dependiendo del nivel de
control editorial, donde en un extremo se encuentra el intermediario como ‘mero
facilitador’, el ‘intermediario’ propiamente dicho y, en el otro
extremo, el intermediario como ‘co-creador’ de contenidos, quien sí
tiene responsabilidades editoriales y de monitoreo.
96.
Esta distinción debe llevar al
juez constitucional a preguntarse si un intermediario de internet tiene tanto
el derecho como la capacidad de remover un
contenido creado por un tercero. Así, el intermediario sólo tendrá un deber
de remover/desmontar dicho contenido en la medida que previamente obtenga un ‘conocimiento
relevante’. En el caso de los ‘intermediarios’ propiamente dichos,
dado que se caracterizan por una relativa falta de conocimiento, control y/o
poder sobre el contenido, dicho conocimiento se entendería en términos de una
orden judicial, a menos que ellos hubiesen creado el contenido directamente. Por
ello, los autores mencionados, entienden que los mismos no pueden tener
un deber general de monitoreo o responsabilidades editoriales, y que solo
podrán eliminar un contenido específico y puntual con fundamento en una orden
de este tipo.
97.
La Sala considera que únicamente
dos eventos pueden dar lugar a la responsabilidad de los intermediarios: (i)
cuando media una decisión judicial que ordena, por ejemplo, eliminar o
desindexar un contenido publicado en la plataforma; o (ii) cuando la plataforma
ha intervenido en la creación del contenido respecto del que se alega el
agravio. Frente a esta última, debe precisarse, en concordancia con el Auto 285
de 2018, que alojar un contenido de ninguna manera significa crearlo.
ii)
El principio de neutralidad
en la red
98.
La neutralidad de la red ha
permitido la descentralización y distribución libre de los canales de
expresión, la no pre-determinación de contenidos, y con ello, ha generado la
estabilidad y adaptabilidad del internet. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo
“Prosperidad para todos” adoptó el principio de neutralidad en internet
para los prestadores de este servicio[162].
Posteriormente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones estableció que el
acceso a internet debía garantizar la libre elección, la no discriminación, la
información y la transparencia[163].
Si bien es cierto que los proveedores de la conexión internet son los sujetos
sobre quienes recaen las normas antedichas, la legislación colombiana ha
reconocido la neutralidad como una condición determinante para la prestación
del servicio.
99.
Dicho esto, la neutralidad se
concreta en el conjunto de reglas que permiten que internet conserve la
libertad y apertura que lo caracterizan, y este principio tiene dos
manifestaciones principales. La primera, de cara a las normas del consumidor
que accede al internet y la segunda, protege la libertad de expresión. Con
relación a la última, las plataformas proveen espacios abiertos, gratuitos, que
carecen de control previo del contenido compartido y por ello, favorecen el
intercambio de ideas, los foros y la autoexpresión. Son estas características
las que permiten afirmar la capacidad democratizadora del internet y de la
libertad de expresión como garantía universal.
Las formas de expresión que se protegen
100.
Como se anotó, existe
una presunción de cobertura sobre todas las formas de expresión reconocida por
el artículo 20 de la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia de esta
Corte. En sentido similar, la Corte IDH ha concluido que hay múltiples manifestaciones
de la expresión amparadas por el artículo 13 de la CADH. Se protege el derecho
a expresarse de forma oral en el idioma, dialecto o lengua que escoja la
persona que habla[164].
De igual modo, cualquier manifestación por medios escritos de la expresión está
amparada, es decir, es posible expresarse en cartas, poemas, pancartas,
artículos, novelas, etc. También, las manifestaciones artísticas o simbólicas,
la participación en protesta social pacífica, la toma y diseminación de
fotografías, y las expresiones, en favor de la protección de los derechos
humanos. Además del medio, se protege la difusión, recepción y almacenamiento
de esa expresión, pues una “restricción de las posibilidades de
divulgación representa directamente, y en la misma medida, un
límite al derecho de expresarse libremente”[165].
Los discursos especialmente protegidos por la libertad
de expresión
La interpretación de la Constitución, a la luz de los
parámetros establecidos en la CADH, permite identificar tres tipos de discurso
protegidos
(i)
Discurso sobre asuntos
políticos o de interés público
101.       El parámetro de pluralidad y la definición del Estado
como social y democrático de derecho (artículo 1 Superior), prevé la
participación ciudadana en los asuntos de interés público; lo que incluye no
solo la actividad de la sociedad civil sino también la actuación del Estado. En
otras palabras, lo “público” comprende tanto los asuntos de interés común como
la gestión pública y como resultado, la participación democrática y plural de la
ciudadanía exige la libre circulación de todas las formas de expresión.
102.       Cuando se hace referencia al interés público, la Corte
IDH ha determinado que comprende “todos los aspectos vinculados al
funcionamiento normal y armónico de la sociedad”[166]
(subrayado fuera de texto). Esta Corte, en algunas oportunidades, también ha
reconocido esa interpretación ampliada[167].
Entonces, tratándose del Estado y sus instituciones, es claro que su
funcionamiento, dirección, rendimiento y ejecución integran “lo público”, pues
necesariamente son los pilares para la construcción del concepto colectivo de
Estado y por esa razón, son susceptibles de críticas, denuncias,
cuestionamientos, y, en general, de expresiones. En este orden, la expresión,
en una sociedad democrática, es una herramienta vital para el control de los
asuntos públicos, por lo cual, tanto el Estado como quienes ostentan relevancia
social “deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”[168].
El efecto del alcance antedicho repercute en la democratización del acceso a la
información y con ello, fortalece el control ciudadano de la gestión pública[169].
103.       Sobre la figura o persona con relevancia pública, esta
Corte ha precisado que “son personajes con
proyección o reconocimiento social por la función o rol que desempeñan”[170].
También, ha indicado que son las personas que voluntariamente se someten al
escrutinio social en razón de sus funciones, y por eso, ostentan, más allá de
la notoriedad, autoridad, liderazgo, credibilidad, capacidad de influencia y
respeto[171].
En últimas, la persona con relevancia pública tiene notoriedad por la actividad
que desempeña y que le otorgó reconocimiento social. Así “alcanzan cierta
publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir
habitualmente hechos o acontecimientos de su vida privada”[172]. De esta forma, quienes
adquieren relevancia por la actividad que desempeñan, pueden encuadrarse los
deportistas, comediantes, periodistas, los docentes o las figuras religiosas. Así
mismo, la Sala destaca los llamados influencers que pueden variar, por
ejemplo, entre la modalidad de youtubers, instagramers o bloggeros.
104.       Es importante indicar que las expresiones de fe pueden
tener manifestaciones públicas, cuando, por ejemplo, una procesión tiene lugar
en una vía o cuando la autoridad religiosa – llámese sacerdote, imán o pastor –
da lineamientos políticos desde el púlpito a sus feligreses. Dichas incidencias
en lo público, permiten preguntarse si las autoridades religiosas, por
la simple capacidad de influencia que tienen sobre los creyentes de la
comunidad a la que pertenecen, deben tener un grado mayor de tolerancia a las
críticas y demás discursos chocantes que, prima facie, están amparados
por la libertad de expresión. Interrogante que para esta Sala tiene una
respuesta afirmativa: es claro que las figuras religiosas cumplen un rol social
dentro de la comunidad, participan públicamente en actividades sociales y, en
esa medida, son personas con relevancia pública. En este orden de ideas, el
papel que cumplen, y la facilidad de acceso no sólo al púlpito sino al público,
permiten determinar, con claridad, que se trata de personas con reconocimiento
social, que están en esa posición voluntariamente, y que ostentan un liderazgo
social que les permite contradecir o debatir las alegaciones en su contra[173].
(ii) Discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio
de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos
105.       En la medida en que la expresión actúa como una
herramienta para el ejercicio del control democrático y social sobre la gestión
pública, también justifica su protección especial cuando se relaciona con
funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, y los candidatos a ocupar
estos cargos.  Por ello, deben tolerar mayores niveles de crítica, escrutinio o
rechazo.
106.       Entonces, la sujeción voluntaria a la esfera pública,
y la capacidad de resistir, controvertir o debatir desde su posición de poder,
fundamenta un mayor umbral de tolerancia, pues los funcionarios públicos, o
quienes aspiran serlo, detentan influencia social, poder de convocatoria y
facilidad de acceso a los medios de difusión de información. Por esas razones,
tienen mayor posibilidad para dar respuesta a las expresiones en su contra[174].
Sobre este punto, la Corte Interamericana[175]
ha precisado que el umbral de protección diferente no recae sobre el sujeto
individualmente considerado, sino que se apoya en el hecho de que esa persona
se expuso al escrutinio público y además, en razón de su cargo o candidatura,
sus actuaciones están revestidas por el interés general[176].
(iii) Discursos que expresan elementos esenciales de
la identidad o dignidad personales
107.       El tercer tipo de discurso protegido es aquel que
contiene expresiones ligadas a la identidad personal o dignidad de quien se
expresa. La Corte IDH ha resaltado la importancia de esta modalidad de
expresión en casos como López Álvarez v. Honduras, en el que se protegió
la lengua como elemento determinante dentro de la identidad de las comunidades
indígenas[177].
108.       También, por el vínculo con la dignidad humana,
igualdad, libertad de conciencia y autonomía, están especialmente protegidas
las expresiones sobre el discurso religioso, la orientación sexual y el
discurso sobre identidad de género[178].
Entonces, de acuerdo con el artículo 12.3 de la CADH, sus limitaciones deben
cumplir con dos condiciones: consagración legal y la necesidad de proteger los
derechos de los demás o la seguridad, el orden, moralidad y/o salud pública.
Los discursos expresamente prohibidos
109.
Esta Corte, en armonía con el
derecho internacional[179],
ha reconocido que los discursos no amparados son taxativos y de interpretación
restrictiva. Según la sentencia C-422 de 2011[180]
estos son: “(a) la
propaganda en favor de la guerra[[181]]; (b) la apología del
odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier
persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija
las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso
discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia)[[182]];
(c) la pornografía infantil[[183]]; y (d) la incitación
directa y pública a cometer genocidio[[184]]”. En la
sentencia C-091 de 2017, esta corporación precisó que éstos son los “únicos
discursos que pueden ser prohibidos por censura previa”.
110.       Sobre las expresiones de odio, con el fin de superar
la indeterminación de lo proscrito, se estableció en el artículo 20 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos – en adelante PIDCP – que las
prohibidas son aquellas sobre las que se pruebe que la divulgación se hizo con
la intención de incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia[185].
Al respecto, la CADH tiene una regla más restrictiva, pues están prohibidas las
“formas de odio cuando se incita a una violencia ilegítima o a cualquier
otra acción ilegal similar”. Esta interpretación más estrecha obedece a la
prohibición absoluta de censura previa y a la obligación de que “toda
imposición de sanciones por la justicia debe estar en estricta conformidad con
el principio de la proporcionalidad”[186].
En relación con la obligación antedicha, esta Corte ha reconocido que la
libertad de expresión “puede eventualmente estar sujeta a limitaciones, adoptadas legalmente”[187].
111.       Hasta este punto, la Sala ha establecido que la
libertad de expresión es un derecho preferente, cuya protección está
fortalecida por cuatro presunciones. Sin embargo, el artículo 20 Superior no es
un derecho absoluto – pues cuenta con contenidos cuya difusión se encuentra
prohibida –, pero, en todo caso, las limitaciones que se establezcan deben
derrotar las referidas presunciones. Es decir, quien alegue la vulneración a
sus derechos, por un ejercicio de la libertad de expresión, deberá desvirtuarlas
cumpliendo para el efecto la carga argumentativa y probatoria que ello requiere.
112.       En este contexto es imperativo que las autoridades
judiciales analicen los límites al artículo 20 de la Constitución, no desde las
impresiones del presuntamente agraviado, sino desde el contexto del contenido expresado.
Sobre ello la Corte volverá más adelante.
La distinción entre las formas de expresión protegidas
por el artículo 20 de la Constitución
113.       La libertad de expresión comprende varías libertades
específicas. Considerando la relevancia de la distinción entre dos de ellas, la
Corte se ocupará a continuación de diferenciar el contenido y los límites de la
libertad de información y la libertad de expresión strictu sensu.
(i)
La libertad de información
114.       La libertad de información, como una de las garantías
que componen la libertad de expresión, ampara “la posibilidad de buscar,
recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar
y ser informado”[188].
Es un derecho cuyo objeto de protección jurídica es la información, es
decir, “protege la comunicación de versiones sobre hechos, eventos,
acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general
situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo”[189].
Debido a ese alcance, suele exigir una infraestructura material para su
realización pues, más allá de una garantía de transparencia del contenido que
se difunde, suele requerir medios que permitan divulgar la información, definir
un contenido editorial, una estructura de dirección, una cadena de
investigación con variedad de fuentes y contribuyentes, revisión de redacción,
ortografía o edición.
115.       También, se ha reconocido como un derecho que abarca
las actividades de buscar información e investigar en diversas fuentes,
procesar la información descubierta o recibida, y transmitirla a través de un
medio que permita la difusión. Simultáneamente, comprende el derecho a
recibirla. Por lo tanto, la recepción y emisión de información como garantías
paralelas, son la razón por la cual la jurisprudencia ha catalogado la libertad
de información como un derecho de doble vía.
(ii) Límites a la libertad de información
116.       En la sentencia SU-056 de 1995 la Corte indicó que la
libertad de información tiene como límite los derechos de los demás, en
particular la garantía de recibir información veraz e imparcial, y los derechos
fundamentales a la intimidad, la honra y el buen nombre. Con respecto al primer
límite, surge la obligación de “que las versiones sobre los hechos o
acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas
perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
contemplado”[190].
117.       En ese sentido, la jurisprudencia ha indicado que
cuando los enunciados fácticos son susceptibles de ser verificados
razonablemente, se cumple la exigencia de veracidad. La concepción
antedicha no obliga a difundir verdades absolutas, sin embargo, sí requiere una
diligencia razonable del emisor bajo la que se pueda probar: la diversidad de
las fuentes consultadas, la falta de ánimo expreso por presentar hechos como
ciertos a pesar del conocimiento de su falsedad, y la inexistencia de una
intención dirigida a perjudicar los derechos a la honra, buen nombre e
intimidad de terceros[191].
118.       Por su parte, la carga de imparcialidad no es
absoluta[192],
pero sí exige distanciar los hechos de la opinión personal que estos generan.
Ello, pues quien recibe la información tiene el derecho a construir su opinión,
y, por ende, un derecho a “no recibir una versión unilateral, acabada y
‘pre-valorada’ de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a
partir de puntos de vista contrarios, expuestos objetivamente”[193].
(iii) La libertad de opinión o libertad de
expresión strictu sensu
119.       La libertad de opinión no está sujeta a los requisitos
de veracidad e imparcialidad porque su ámbito de protección abarca las ideas,
pareceres, formas de ver el mundo, apreciaciones personales “que de hallarse
injusta[s] o impertinente[s], debe[n] combatirse con otras opiniones o
pareceres”[194].
Dicho en otro modo, esta segunda garantía protege la difusión y expresión,
sin limitación de medio o forma, de “todo tipo de pensamientos,
opiniones, ideas e informaciones personales”[195].
120.
Entonces, en ejercicio de la
libertad de opinión, “toda persona es libre de opinar lo que a bien tenga,
sin importar qué tan molesta, equivocada, provocadora, revolucionaria o inmoral
pueda ser la idea expresada”[196].
Sobre esto, la sentencia T-088
de 2013 señaló que “las afirmaciones genéricas no tienen la potencialidad
para afectar estos derechos (entiéndase la honra, buen nombre, entre otros)
mientras que las específicas si”. Como
resultado, la opinión es un conjunto de ideas subjetivo, un concepto interno,
una interpretación personal al amparo del libre intercambio de las ideas,
efectuada por la persona que opina; y esta exteriorización de la opinión, como
derecho fundamental, se encuentra protegida. En armonía, las normas vigentes –
PIDCP, CADH, la Constitución de 1991 y la Declaración Universal de Derechos
Humanos – protegen la opinión, en el entendido de que nadie será obligado,
castigado o discriminado por opinar de cierta manera y tampoco, por difundir su
opinión.
121.       Por esta razón, la jurisprudencia ha reconocido que el
derecho a la opinión “pertenece al ámbito de la conciencia de quien opina”[197] pues
comprende la interpretación que construye el titular del derecho. Al tratarse
de una construcción que se soporta en las apreciaciones –morales, sociales,
religiosas o políticas– del individuo, la opinión, como creación personal, está
naturalmente ligada a la libertad de conciencia (artículo 18 de la
Constitución) y, por ende, al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16
de la Constitución) y a la dignidad humana (artículo 1 de la Constitución)[198].
Entonces, entender la opinión como una apreciación subjetiva, del fuero interno
de quien opina, permite establecer que, en principio, no pueden ser
interferidas, modulada o censurada por terceros, pues “se garantiza
constitucionalmente que la opinión siempre será libre y que no podrá ser
alterada por terceros por ser fundada en los valores y expresiones personales
de quien opina”[199].
(iv) Límites a la libertad de opinión
122.       La libertad de opinión no es un derecho absoluto y
tanto la jurisprudencia como las normas vigentes han reconocido sus
limitaciones. Las primeras restricciones encuentran su fuente en los tratados
internacionales de derechos humanos[200],
estando prohibidas las opiniones que contengan apologías al odio, incitación a
la guerra, incitación directa y pública a cometer genocidio, y las que
infrinjan la prohibición absoluta de promover pornografía infantil. También
existe una limitación, de origen jurisprudencial, que aplica a las columnas de
opinión que contengan hechos concretos, pues sobre éstos recae el deber de
veracidad[201].
123.       Lo anterior implica que, en casos de no ser ciertos
los hechos, nace el deber de rectificación “sobre las afirmaciones relativas
a tales hechos que adolecieron de certeza y no sobre las opiniones
correspondientes”[202].
En algunas oportunidades, se ha ampliado está concepción pues se ha afirmado
que las opiniones que presenten supuestos fácticos – así no estén informando ni
en ejercicio periodístico – derivan el deber y derecho de rectificación, “pero
sólo sobre los supuestos fácticos que dieron pie a la opinión”[203].
124.       La Sala considera que esta rectificación ampliada, en
sede de la libertad de opinión, es anti-técnica. Primero, porque requiere que
la persona aludida por la opinión indique claramente cuáles hechos son falsos,
pues de esa manera se delimita el contenido susceptible de rectificación.
Segundo, porque “es un imposible material pedir que se rectifique un
pensamiento u opinión, porque sólo es posible rectificar lo falso o
parcial, más no las apreciaciones subjetivas que sobre los hechos permitan la
manifestación de pensamientos y opiniones”[204].
(v) La dificultad para distinguir entre hechos y
opiniones
125.       La distinción entre las opiniones que se combinan con
hechos y las que pueden denominarse opiniones “puras y simples”, suscita
diferentes dificultades. Primero, las opiniones suelen partir de un dato,
suceso o circunstancia que se aprecia subjetivamente y da lugar a esa
concepción personal que se comunica. Segundo, cualquier acto comunicativo, sea
de contenido informativo o de opiniones, tiene un contexto que despierta, por
lo menos, los siguientes interrogantes: quién comunica, de qué o de quién se
comunica, a quién se comunica, cómo se comunica, y por qué medio se efectúa la
comunicación. Con las respuestas a tales aspectos, el juez, como autoridad
idónea para definir el alcance y las restricciones a la libertad de expresión,
adquiere elementos para enfrentar las líneas difusas entre opinión e
información, dado que en estos casos el contexto y la función del contenido
expresado, analizados en conjunto, es lo que permite establecer si ese
contenido desborda los límites aplicables[205].
Lo anterior, no es una orientación novedosa en la jurisprudencia de esta Corte,
pues “[l]a simultánea e inescindible coexistencia de hecho y opinión en una
determinada presentación noticiosa puede constituir una información inexacta y
genera el deber legal de rectificación (…), en caso de demostrarse la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”[206]
(subrayado propio).
126.       Una tercera dificultad se desprende del hecho de que
las apreciaciones subjetivas u opiniones sobre determinada situación, pueden
fundarse en hechos, de buena fe, tomados por ciertos. Como resultado de ello,
la presunción de buena fe, consagrada en el artículo 83 constitucional,
requiere ser desvirtuada por quien alega el agravio de sus derechos
fundamentales con causa en una opinión. Entonces, las opiniones fundadas en
supuestos fácticos equivocados, no pierden su carácter de opinión, y por esa
simple razón, continúa siendo incorrecto aplicar los límites de un derecho
diferente como lo es el derecho a la información. En cuarto lugar, la validez
del juicio crítico fundado en la interpretación subjetiva, no puede apoyarse en
la idoneidad de las fuentes que la soportan, pues ¿cómo se va a juzgar con
fuentes la consciencia de un sujeto de derechos? O, dicho de otro modo, ¿cuál
es el fundamento para exigirle fuentes a la opinión de un individuo?
127.       Conforme a lo señalado, cuando se trata de expresiones
que, en principio, no permiten diferenciar qué es opinión y qué es información
es necesario que la labor del juez supere, en este tipo de casos, la tarea
infructuosa de diferenciar, y en cambio, concentre sus esfuerzos en estudiar el
contexto y la función del contenido comunicado. Para ello, existen
interrogantes qué pueden orientar el desarrollo de dicha labor y cuyas
respuestas permiten concluir, por ejemplo, si el contenido expresado está
protegido por la presunción de cobertura o si se encuentran amparadas por la
presunción de prevalencia. Ahora bien, en aquellos eventos en los que el
contenido comunicado no está cubierto por esta segunda presunción, es necesario
que el juez, también a partir del contexto y la función de lo expresado,
establezca si se confirma o desecha la sospecha de inconstitucionalidad que se
desprende de toda limitación a la libertad de expresión. Para estos supuestos
en los que una expresión fusiona opiniones e informaciones, a continuación, la
Sala plantea algunos criterios que pueden servir para trazar el análisis
contextual y funcional de un contenido determinado[207].
i)
Quién comunica: debe tenerse en cuenta el sujeto que se expresa,
tomando en cuenta, por ejemplo, sus calidades para determinar si se trata de un
mayor de edad, personaje público, persona jurídica o particular, si quien se
expresa pertenece a un grupo discriminado o es un sujeto en condición de
vulnerabilidad. También, resulta importante valorar el rol o papel de quién
comunica para analizar, por ejemplo, si es un particular que informa, un
periodista o alguien que simplemente está desahogándose o auto expresándose.
ii)
De qué o de quién se comunica: el juez debe analizar si el contenido es preciso,
detallado, soportado en fuentes o información confiable, o si se trata de
afirmaciones generales, indicativas y apreciativas de determinada persona o
situación. En este punto, toma relevancia el perfil del sujeto que alega el
agravio, los discursos especialmente protegidos y los discursos expresamente
prohibidos. También, corresponde estudiar, por ejemplo, si el discurso
constituye un medio para materializar otros derechos fundamentales[208].
Analizados estos elementos, la labor judicial debe estar encaminada a
individualizar el sujeto sobre el que recaen las expresiones y a determinar, si
quien alega un ejercicio abusivo de la libertad de expresión cumplió con la
carga de la prueba – desvirtuando las presunciones– y también, analizar sus
reacciones en el sentido de que no haya promovido o incitado las expresiones
que alega trasgresoras.
iii)
A quién se comunica: corresponde identificar quién recibe el mensaje,
desde sus cualidades hasta el número de receptores. Con respecto a las
cualidades del público receptor, el juez debe analizar si es indeterminado o es
una audiencia identificable. También, la incidencia del mensaje sobre sujetos
de especial protección como, por ejemplo, un público menor de edad[209].
iv)
Cómo se comunica: el juez debe precisar el tipo de expresión, es
decir, si es una forma escrita, oral, gráfica, simbólica, artística,
participación en marchas, manifestaciones o distribución de volantes, o si se
trata de una expresión de silencio – como forma legítima de expresión -. Junto
a esto, debe ser evaluado el impacto del mensaje o su comunicabilidad, es
decir, si lo expresado tiene la capacidad de trasmitir el contenido que se
desea difundir. Con este último punto, el juez estudiará si el mensaje es de
fácil interpretación para el público receptor.
v)
Cuál es el canal o medio
por el que se comunica: el operador
judicial deberá evaluar las especificidades del medio o foro a través del que
se efectúan las expresiones, atendiendo a las particularidades del caso
concreto. Para tal fin, cobran importancia, por ejemplo, la capacidad de
penetración del medio o foro, y las herramientas que el medio o foro ofrecen al
agraviado para reaccionar ante el contenido difundido.
128.       En síntesis, existen situaciones en que una expresión
no permite diferenciar, con precisión, qué es opinión y qué es información.
Situaciones en las que resulta desproporcionado, en virtud de la presunción de
cobertura de toda expresión, aplicar los límites aplicables a la libertad de
información para juzgar el contenido de la expresión cuestionada. Por lo tanto,
en esos escenarios, el juez constitucional no puede iniciar una labor de disección
entre opiniones e informaciones debido, en primer lugar, a la dificultad que
ello supone, y segundo, porque esa labor puede derivar en exigir veracidad e
imparcialidad sobre la opinión. Como resultado, el análisis contextual de la
expresión es el camino que permite establecer sus límites.
E.
SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO
129.       En el caso que aquí se analiza la Sala deberá
determinar si los estados publicados desde el perfil de Facebook de Manuel José
Delgado, son expresiones amparadas por la libertad del artículo 20 de la
Constitución. Para el efecto, la Corte deberá establecer el alcance de las expresiones
a partir de los criterios establecidos anteriormente a efectos de precisar,
seguidamente, si las pretensiones del pastor pueden o no abrirse paso.
El contexto y alcance de las expresiones cuestionadas
por el accionante
130.       A partir del conjunto de garantías contenidas en el
artículo 20 Superior, se deben establecer las aplicables al presente caso en
aras de establecer los límites pertinentes al contenido de los estados
publicados en el perfil de Facebook del accionado. En sede de Revisión, el
señor Manuel José Delgado indicó que las publicaciones de Facebook contenían su
opinión, y en esa medida, la Corte debe reconocer que “predomina la
expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y
apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas”[210].
No obstante, como en algunas de las publicaciones no es claro si son hechos u
opiniones, a partir de los criterios expuestos para determinar el contexto y la
función del contenido, la Sala deberá interpretar, en conjunto, los estados publicados
y, con base en eso, definir la solución aplicable al presente caso.
131.       Quién comunica:
Manuel José Delgado es un mayor de edad, carente de poder o relevancia pública.
El accionado publicó a nombre propio, sin indicios de anonimato, y según lo
expresado en sede de Revisión, sus estados son el canal para plasmar su
descontento, y voces de protesta, frente a una situación que ocurre en su
comunidad. Con esto, la Sala debe precisar que el accionado no cumple,
habitualmente, el rol de informar a su comunidad, tampoco es periodista, y en
últimas, es “una persona del común, [sin] poder económico, ni político, ni
social y menos religioso”[211].
132.       De qué o de quién se comunica: los estados publicados contienen expresiones
sobre el pastor Juber Duvan Giraldo, cuyo contenido carece de detalle, en el
sentido de que no es posible evidenciar fechas o actuaciones. Sin embargo,
aunque los estados tienen expresiones como “ladrón”, “estafador” y
“abusador”, éstas corresponden a afirmaciones apreciativas de las acciones como
pastor del accionante. En otras palabras, son la interpretación subjetiva que
hace el accionado del actuar público del pastor Giraldo. Individualizado el
sujeto sobre el que se comunica, la Sala debe precisar que los estados
son un vehículo para difundir el descontento del accionado frente a la figura
religiosa que encarna el accionante y, por esa razón, son un vehículo para
reprochar, debatir y criticar su gestión social.
133.       A quién se comunica: los estados se publicaron para los “amigos” de Facebook de
“MJD” que, de acuerdo con la información aportada en sede de Revisión, son 72
usuarios. En esa medida, se trata de una audiencia identificable. Sobre sus
cualidades, la Sala concluye que, según las Condiciones del Servicio de
Facebook, los receptores de las publicaciones son mayores de trece años[212]
y que, en atención al contenido publicado, no hay temas perjudiciales para el
bienestar o desarrollo integral de los potenciales menores.
134.       Cómo se comunica: la comunicación se da por un medio predominantemente escrito y la
redacción de los estados revela su carácter de autoexpresión. Más allá
de los errores de sintaxis, gramática y ortografía, plasman el desahogo y las
percepciones del accionado respecto de la gestión del pastor. También, al leer
el contenido publicado resulta sencillo para el intérprete entender el
descontento y rechazo frente a la gestión religiosa del accionante, por lo que es
de fácil trasmisión e interpretación para el público receptor.  En resumen, cualquier
lector puede comprender fácilmente los sentimientos que las labores del pastor
suscitan en Manuel José Delgado.
135.       Cuál es el canal o medio por el que se comunica: la red social Facebook es la plataforma empleada por
el accionado para publicar su descontento, quejas y reproches. Esta plataforma,
en su estructuración, provee un espacio idóneo, de fácil acceso, y público,
para el libre flujo de la expresión. Las facultades de compartir, comentar,
reaccionar, y la permanencia en línea del contenido publicado, permiten
concluir que, en principio, tiene una capacidad de incidir. Sin embargo, no
debe olvidarse que en el caso concreto quien pública es un usuario particular,
con un número de “amigos” reducido, y que, si bien, su configuración de
seguridad es pública, el nombre de usuario en Facebook dista del nombre real
del accionado. En este sentido, si un tercero escribe en el buscador de esta
plataforma “Manuel José Delgado” no va acceder al perfil del usuario, y en esa
medida, la penetración del contenido publicado por el accionado se limita a sus
“amigos” en Facebook.
El accionante no desvirtuó
la presunción de cobertura
136.       Como se anotó, la libertad de expresión protege, en
principio, toda expresión: las de contenido favorable, inofensivo e
indiferente, e incluso aquellas que resultan chocantes, ofensivas, ingratas o
inquieten o perturben algún sector de la población[213].
A partir de los criterios antes reseñados, la Corte concluye, por un lado, que
el accionante es una persona con relevancia pública, y en esa medida, las
expresiones que recaigan sobre el desempeño de las labores que públicamente
realiza están especialmente protegidas. Por el otro, al analizar desde el
contexto y la función las publicaciones en Facebook, es claro que estas
reflejan el rechazo del señor Manuel José Delgado frente a las labores
religiosas del pastor Giraldo. Teniendo en cuenta que las figuras religiosas
son personas con relevancia pública, el contenido de lo expresado en Facebook,
al plasmar las críticas, el descontento y las impresiones que tiene el
accionado, se enmarca dentro de la categoría de discurso especialmente
protegido.
137.        Dos aspectos deben ser analizados para evidenciar que
el accionante no desvirtuó la presunción de cobertura. Primero, si el
agraviado, desde su posición de poder, podía contribuir al debate público en
relación con su gestión social como figura religiosa, pues en términos de la
Corte IDH no debe inhibirse la expresión sobre asuntos de interés general, y en
consecuencia, "el poder judicial debe tomar en consideración el
contexto en el que se realizan las expresiones en asuntos de interés público;
el juzgador debe ponderar el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás con el valor que tiene en una sociedad democrática el debate abierto"[214].
Segundo, si el accionante, como persona con relevancia pública, estaba en
capacidad de repeler las expresiones publicadas en su contra.
138.       En primer lugar, no hubo contribución directa del
accionante al debate público, pues no intentó, por ningún medio, responder las
publicaciones en su contra a efectos de cuestionar que se tratara de una
expresión cobijada por el artículo 20 de la Constitución. No obstante, algunos
de sus feligreses respondieron desde sus perfiles personales de Facebook a los estados
publicados por “MJD” y, en consecuencia, con sus comentarios defendieron la
labor de su pastor e incluso invitaron al accionado a participar de la
congregación religiosa[215].
Lo anterior, es un debate público que podría llamarse “oficioso”, pues no lo
propició directamente el agraviado, sin embargo, revela su capacidad de
influencia e importancia dentro de la comunidad.
139.       En segundo lugar, la persona con relevancia social,
cuya notoriedad deriva de las actividades que realiza públicamente, tiene una
capacidad mayor de repeler las expresiones pronunciadas en su contra. En el
presente caso, la figura religiosa, como predicador y representante de una
institución, tiene su palabra como primer instrumento para controvertir y
defenderse. Además, cuenta con una comunidad de feligreses a quienes instruye,
aconseja y orienta. Algunos, como su esposa, usuarios de Facebook y desde sus
perfiles pueden comentar en los estados con texto, video o imagen, dando
a conocer, de esa manera, su respuesta a las expresiones de “MJD”. En este
aspecto, la inacción del pastor es absoluta.
El accionante no desvirtuó
la presunción de prevalencia
140.       También, se indicó que la libertad de expresión como
derecho preferente dentro del ordenamiento constitucional, prevalece sobre los
demás derechos salvo que el agraviado acredite, en los términos expuestos, que
lo expresado desbordó el contenido que la Constitución protege. Entonces, como
lo publicado por el usuario “MJD” en Facebook hace parte de un discurso
especialmente protegido, la Sala deberá priorizar la especial relevancia de la
libertad de expresión sobre los derechos a la honra, buen nombre y buena
imagen, pues como asunto de interés general y como persona de relevancia
pública, la carga de la prueba sobre el accionado adquiría una importancia
especial. Siendo así, en el marco de la presente acción de tutela, el
accionante no logró desvirtuar las presunciones que rodean la protección
especial de la libertad de expresión. Para ser precisos, la Sala no encuentra
satisfecha la carga argumentativa o probatoria, más allá de las impresiones del
accionante, que permitan considerar que el ejercicio de la libertad de expresión
excedió sus límites.
El comportamiento del accionante no fue diligente y
consistente con su pretensión de proteger sus derechos
(
141.       Con respecto a la diligencia y coherencia del
agraviado en relación con la protección de los derechos que alega vulnerados,
la Sala encuentra que no se acreditó ninguna de las dos. En efecto, la
conversación de WhatsApp allegada por el accionante (ver supra 9),
prueba que el señor Giraldo Saldarriaga incitó expresiones al responder a las
acusaciones de “pastorcito y ladrón mentiroso”, con frases como: “Que
bueno necesito más insultos”, “A mí no me hace ningún daño” y “Mándeme
más que todo ese me sirve para su propio juicio”[216]. Lo
anterior, exige ser interpretado a la luz de la buena fe y el respeto por los
actos propios, en el entendido de que “se sanciona como inadmisible toda pretensión
lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio
comportamiento efectuado por el sujeto”[217]. Inadmisión, de acuerdo con el
artículo 83 de la Constitución, cuyas raíces están en “el deber de mantener una coherencia en las actuaciones
desarrolladas a lo largo del tiempo”[218]. En este orden, no existe coherencia
entre lo que el accionante comunicó al accionado a través de WhatsApp y lo que,
posteriormente, reclamó en sede de tutela.
142.       En este orden, la incoherencia y la falta de
diligencia, rompen la obligación de respeto por los actos propios derivada del
artículo 83 de la Constitución, y constituyen una razón adicional, en favor de
la protección reforzada de la libertad de expresión de Manuel José Delgado.
El accionante no demostró la violación de los derechos
fundamentales invocados
143.        El pastor Giraldo como peticionario de una limitación
a la libertad de expresión debía cumplir con la carga de aportar razones y pruebas
que desvirtuaran, en el caso concreto, la presunción de cobertura de toda
expresión y la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre otros
derechos. En este sentido, sus reparos se soportaron en sus impresiones sobre
las expresiones contenidas en los estados publicados por el usuario
“MJD” y, en pro de la defensa de sus derechos, no demostró haber empleado el
púlpito de la iglesia, ni el liderazgo derivado de ser el líder de una
comunidad religiosa, para defender su buen nombre, ni los demás derechos que
alega vulnerados. En este orden de ideas, como líder religioso, el accionante
es una persona con reconocimiento social y cuenta con la capacidad de manejar e
influir sobre sus feligreses, circunstancias que no aprovechó para controvertir
las expresiones que alega denigrantes y vulneradoras de sus derechos. Lo
anterior, en razón de que el púlpito de una iglesia o el liderazgo en grupos de
personas le permiten al particular expresar su defensa y defender su buen
nombre.
144.        Las pretensiones del accionante tenían su fundamento
en sus impresiones como agraviado, y no en el contexto y la función del
contenido comunicado. Más allá de eso, sus objetivos en sede de tutela no están
respaldados en sus actos, pues al manifestar que las imputaciones no le hacían
ningún daño, que necesitaba más, y que todas ellas le servirán, en su condición
de pastor, para el juicio de Manuel José Delgado, lo que generó fue incentivos
para que el accionado siguiera realizando sus publicaciones.
145.       En este orden de ideas, lo expresado se encuentra
dentro de los discursos especialmente protegidos, pues recoge la visión que
tiene el accionado sobre el actuar público-religioso del accionante y sobre la
influencia de éste en sus fieles. Con ello, la condición de figura religiosa y
el rol social que por esa razón desempeña, han generado exposición al público,
notoriedad social y, por eso, susceptibilidad para crítica, rechazo,
descontento, inconformidad y debate. También se destaca que las figuras
religiosas tienen, por su función de predicadores, un papel de preponderancia
social y una capacidad para convocar, movilizar e influir sobre las comunidades
creyentes. Dicha capacidad, que es una forma de poder, se plasma en la
capacidad de liderazgo sobre los feligreses, y en esa medida, desde su
predicación o desde el púlpito tienen la capacidad de resistir las agresiones,
críticas y expresiones contra la ejecución de sus labores religiosas. Por lo
cual, no le es dado al juez constitucional en este caso concreto intervenir
para callar opiniones de los feligreses.
F.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
146.       De conformidad con los fundamentos fácticos expuestos
en la Sección I de esta providencia, le correspondió a la Sala Cuarta de
Revisión determinar si el contenido de los estados publicados en
Facebook por el señor Manuel José Delgado y los siete volantes repartidos están
protegidos por la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución). Lo
anterior, teniendo en cuenta que el accionante, como presunto agraviado, es una
persona con relevancia pública.
147.       De manera preliminar, la Sala estableció que la
procedencia de la acción de tutela, por publicaciones en redes sociales,
requiere tener en cuenta (i) el principio de autonomía de la voluntad privada
que rige en las relaciones entre particulares, y (ii) verificar los requisitos
objetivos y subjetivos que dan lugar a la situación de desprotección. En estos
casos, el requisito objetivo lo acredita la publicación presuntamente
agraviante. Sobre los requisitos subjetivos, el juez constitucional deberá
analizar los medios materiales de defensa con los que cuenta el particular
afectado con el fin de evidenciar si el accionante verdaderamente se encuentra
en situación de indefensión. Con relación a los volantes, estableció que el
número repartido y el foro de repartición – la iglesia en la que el accionante
es pastor – no permiten establecer un estado de indefensión; el accionante,
como pastor, tiene un foro y un público, capacidad de expresión y convocatoria,
como figura religiosa, y por ende, la posibilidad de contradecir el contenido de
siete volantes desde su púlpito. Ahora bien, buscando preservar las condiciones
idóneas para el ejercicio de la libertad de expresión en internet, con respecto
a las publicaciones de estados en Facebook, la Sala estableció la
necesidad de analizar estas controversias con base en dos principios:
neutralidad de la red y no responsabilidad de los intermediarios.
148.       Posteriormente, estudió las herramientas que ofrece
Facebook para repeler las agresiones e indicó que, en casos como el presente,
los reportes de contenido y las posibilidades amplias de respuesta que provee
la plataforma no permiten hablar, en términos absolutos, de indefensión. En
relación con este punto, se desestimó la pretensión que buscó eliminar los estados
publicados, pues a juicio de esta Sala el accionante no hizo uso de las
posibilidades de reporte de Facebook, y no buscó responder, por ningún mecanismo,
las agresiones alegadas. Por el contrario, al comunicarse por WhatsApp con el
accionado promovió más publicaciones y expresiones en su contra.
149.       Sin embargo, en la medida en que los Condiciones
del Servicio de Facebook, las Normas Comunitarias, las herramientas
ofrecidas por la plataforma, y el debate público, no agotan el contenido de las
pretensiones de retracto, excusas públicas y abstención de publicaciones
futuras, la Sala encontró acreditado el requisito de subsidiariedad para estas
tres pretensiones.
150.       En relación con el derecho fundamental a la libertad
de expresión, la Sala reiteró su carácter preferente y su valor determinante en
la construcción de una sociedad democrática. Además, manifestó que las cuatro
presunciones que soportan la especial protección de esta libertad fundamental,
de la mano con la presunción de buena fe del artículo 83 Superior, generan una significativa
carga probatoria y argumentativa para quienes pretendan restringir la libertad
de expresión. También, insistió que hay discursos especialmente protegidos,
como el que recae sobre las personas con relevancia pública, y otros discursos
expresamente prohibidos. En esa medida, recordó que la libertad de expresión no
es un derecho absoluto pero precisó que sus límites no los establecen las
impresiones del agraviado.
151.       Adicionalmente, diferenció entre la libertad de
información y la libertad de opinión, recordando que las cargas de veracidad e
imparcialidad no pueden ser trasplantadas a la opinión, pues ésta es una
construcción o interpretación subjetiva y apreciativa, y por ello, está
íntimamente ligada con los artículos 1, 16 y 18 de la Constitución. También,
recalcó que las expresiones que están por fuera del ámbito de protección del
derecho fundamental a opinar son aquellas estrictamente comprendidas por los
discursos prohibidos y las que, al analizar el contexto del acto comunicativo,
desborden sus límites.
152.       Precisó que el juez constitucional, cuando se enfrenta
a una expresión donde no es evidente qué es información y qué es opinión,
deberá analizar integralmente el contenido expresado con el fin de establecer
su contexto y con ello, los límites aplicables. Efectuado el análisis, la Sala
estableció que el accionante es una figura con relevancia pública, que como
pastor de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial desempeña una
función social, y en esa medida, cuenta con una la capacidad de liderazgo sobre
los feligreses, y en esa medida, desde su predicación o desde el púlpito tienen
la capacidad de resistir las agresiones, críticas y expresiones contra la
ejecución de sus labores religiosas. Además, indicó que el accionante no fue
diligente ni coherente en la defensa de los derechos que alega vulnerados. Por
tal razón, en aplicación de las presunciones de cobertura y prevalencia,
protegió la libertad de expresión del señor Manuel José Delgado Sepúlveda y
negó los derechos fundamentales a la honra, intimidad y buen nombre del
accionante.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.
- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada por la Sala en el Auto del doce (12) de
febrero de 2019.
Segundo.
– REVOCAR la sentencia del
cinco (5) de septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia
de Santa Fe de Antioquia, la cual revocó la decisión proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Jerónimo de Antioquia del dieciséis (16) de julio de
2018, para en su lugar declarar improcedente la acción de tutela interpuesta
por Juber Duvan Giraldo Saldarriaga contra Manuel José Delgado Sepúlveda. En su
lugar, NEGAR la protección de los
derechos fundamentales a la honra, intimidad y buen nombre por las razones
expuestas en la presente sentencia.
Tercero.
- LIBRAR, a través de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Según consta en cuaderno 1, folio 14 y 32.
[2] Según consta en cuaderno 1, folio 14. En sede de
Revisión, la Sala constató esta información.
[3] El nombre del perfil de Facebook del accionado se
reemplazó con las iniciales “MJD”.
[4]El
estado de Facebook es una ventana en la que al usuario se le invita a
publicar con base en la pregunta “¿Qué estás pensando?”. Esta ventana permite
compartir texto, imágenes, la ubicación del usuario y video en vivo. El
objetivo, entonces, es informar a los “amigos” de Facebook sobre las
actividades o pensamientos del momento.
[5] Según consta en cuaderno 1, folio 11.
[6] Según consta en cuaderno 1, folio 10.
[7] Según consta en cuaderno 1, folio 7.
[8] Estas
publicaciones se realizaron en el mes de abril 2018, los días: 9, 11, 12, 19 y
25.
[9] Según consta en cuaderno 1, folio 6.
[10] Según consta en cuaderno 1, folio 7.
[11] Según consta en cuaderno 1, folio 8.
[12] Según consta en cuaderno 1, folio 3.
[13] Según consta en cuaderno 1, folio 2.
[14] Según consta en cuaderno 1, folio 3.
[15] La conversación de WhatsApp no tiene referencia a
ninguna fecha y tampoco es posible leerla de manera continua, pues lo allegado
se limita a dos capturas de pantalla. En el Auto de pruebas diciembre catorce
(14) de 2018 se solicitó la conversación completa, sin embargo, la misma no se
aportó. Las capturas de pantalla constan en el cuaderno 1, folios 12 y 13.
[16] Según consta en cuaderno 1, folio 19.
[17] Según consta en cuaderno 1, folio 20.
[18] Según consta en cuaderno 1, folio 21.
[19] Ibídem.
[20] Según consta en cuaderno 1, folio 35.
[21] En términos del juez de primera instancia, se trata
de “afirmaciones no demostrables, faltas de fundamento y por lo tanto
lesivas frente a [derechos] fundamentales”. Ver: cuaderno 1, folio 35.
[22] Según consta en cuaderno 1, folio 39.
[23] Según consta en cuaderno 1, folio 8.
[24] Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes,
Facultad de Derecho de la Universidad Externado, Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho de la Universidad de
Antioquia, Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, s, Facultad de
Derecho de la Universidad del Cauca.
[25] El lunes 15 de enero de 2019 la Corte se comunicó,
vía telefónica, con el accionante para requerir la información solicitada en el
Auto de pruebas del 14 de diciembre de 2018.
[26] Cuaderno de Revisión, folios 42 y 43.
[27] Los nuevos estados se publicaron en las
siguientes fechas: julio 19, agosto 2, 27 y 28, septiembre 6, 7, 8, 9, 10, 25 y
29, octubre 12, 23, y 28, noviembre 13 y 30, diciembre 1, 5, y 22.
[28] Publicación del veintisiete (27) de agosto de 2018.
Cuaderno de Revisión, folio 50.
[29] Publicación del veintiocho (28) de agosto de 2018.
Cuaderno de Revisión, folio 51.
[30] Publicación del veintinueve (29) de septiembre de
2018. Cuaderno de Revisión, folio 61.
[31] Publicación del veintidós (22) de diciembre de 2018.
Cuaderno de Revisión, folio 63.
[32] Cuaderno de Revisión, folio 41.
[33] Ibídem.
[34] El lunes 15 de enero de 2019, la Corte se comunicó,
vía telefónica, con el accionado para requerir la información solicitada en el
auto de pruebas de diciembre 14 de 2018. El señor Delgado manifestó que no
había recibido nada, y por ello, se le solicitó una dirección física
alternativa o un correo electrónico, respecto de lo que contestó que vivía con
un familiar, pero que no recordaba la dirección, y que no podía acceder a su
correo.  El 28 de enero se contactó nuevamente vía telefónica y ofreció la
dirección de un familiar como lugar de notificación.
[35] Cuaderno de Revisión, folio 122.
[36] Cuaderno de Revisión, folio 123.
[37] Ibídem.
[38] Intervención elaborada por el P. Hernán Darío Cardona
Ramírez, SDB, Decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Javeriana.
[39] Cuaderno de Revisión, folio 123.
[40] Cuaderno de Revisión, folio 107.
[41] Cuaderno de Revisión, folio 108.
[42] Cuaderno de Revisión, folio 109.
[43] Intervención elaborada por Andrea Celemín Caicedo,
Profesora del Departamento de Ciencias Jurídicas, y Alejandro Molano Vega,
Director del Departamento de Humanidades.
[44] Resaltan que se trata de una “responsabilidad
social para con las personas que deciden pertenecer a una determinada
institución religiosa como fieles, seguidores, ministros, pastores o cualquier
otra figura que exprese el vínculo con una comunidad religiosa”. Cuaderno
de Revisión, folio 69.
[45] Ibídem.
[46] “Por la cual se
desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el
artículo 19 de la Constitución Política”.
[47] Cuaderno de Revisión, folio 69.
[48] Cuaderno de Revisión, folio 70.
[49] Intervención elaborada por Juan Carlos Upegui Mejía,
profesor titular de la Universidad Externado.
[50] Cuaderno de Revisión, folio 89.
[51] Sentencias T-050 de 2016 y T-145 de 2016.
[52] Cuaderno de Revisión, folio 90.
[53] Ibídem.
[54] Soporta lo anterior citando las sentencias T-454 de
2018, T-407 de 2018, T-243 de 2018, T-277 de 2018, y T-121 de 2018.
[55] Cuaderno de Revisión, folio 92.
[56] Ibídem.
[57] Cuaderno de Revisión, folio 93.
[58] Cita las sentencias T-145 de 2016, el SV de Luis
Guillermo Guerrero a la sentencia T-593 de 2017, y las sentencias T-121 de 2018
y T-454 de 2018.
[59] Cuaderno de Revisión, folio 92.
[60] Cita, en ese orden, la sentencia T-298 de 2009 y la
sentencia T-731 de 2009.
[61] Además, estima que “la responsabilidad social que
tienen las personas al ejercer su libertad de expresión es menor si utilizan
una red social”. Cuaderno de Revisión, folios 93- 95.
[62]Cuaderno de Revisión, folio 93.
[63] Cuaderno de Revisión, folio 96.
[64] Ibídem.
[65] Intervención elaborada por Julio Gaitán Bohórquez,
Director del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario.
[66] Cuaderno de Revisión, folio 101.
[67] Ibídem.
[68] Cuaderno de Revisión, folio 102.
[69] Ibídem.
[70] Cuaderno de Revisión, folio 103.
[71] Intervención elaborada por Carolina Botero, Directora
de la Fundación Karisma, y Lucía Camacho.
[72] Cuaderno de Revisión, folio 72.  Debe entenderse en
personas, también las personas jurídicas según la sentencia T-412 de 1992.
[73] Cuaderno de Revisión, folio 73.
[74] Ibídem. Al respecto cita Fostering Freedom Online:
The role of Internet Intermediaries de la UNESCO, e indica que la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH “ha promovido que las
responsabilidades ulteriores recaigan sobre los autores de la expresión y no
sobre los intermediarios”.
[75] Cuaderno de Revisión, folio 73.
[76] Ibídem., citando el Principio 10 de la Declaración
Sobre la Libertad de Expresión.
[77] Ibídem.
[78]Cuaderno de Revisión, folio 74. Este concepto amplío,
según cita la intervención, ha sido adoptado por esta Corte en las sentencias
T-546 de 2016 y T-312 de 2016.
[79] Test bajo el que todo límite (i) debe estar definido
clara y expresamente en una ley formal, (ii) debe ser necesario e idóneo y
(iii) debe ser estrictamente proporcional a los fines que persigue.
[80] Cuaderno de Revisión, folio 74.
[81] Ibídem.
[82] Cuaderno de Revisión, folio 75.
[83] Cuaderno de Revisión, folio 76.
[84] Ibídem.
[85] Según consta en cuaderno 1, folios 5-18.
[86] En igual sentido, se han pronunciado la Representante
para la Libertad de Expresión de los Medios de Comunicación de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial de las
Naciones Unidas para la Libertas de Opinión y Expresión, y la Relatoria
Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
[87]CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV: Libertad de
Expresión e Internet. OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013.
Párr. 11,  pp.  496. Disponible en Internet desde: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
[88] Ibídem.
[89] Existen pronunciamientos de esta corporación en tal
sentido. El Auto 285 de 2018, que anuló la sentencia T-063A de 2017, determinó
que: “la responsabilidad del creador del
contenido de las afirmaciones calificadas como difamatorias,
desproporcionadas y calumniosas en la referida providencia, no es equiparable
al rigor en el trato proporcionado a los intermediarios en internet que
sirvieron como medio para alojar el contenido vejatorio”. Ver, en sentido similar, las siguientes
sentencias: T-277 de 2015 y T-040 de 2013. Frente
a esta regla, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet (1
de junio de 2011) Punto 2 (a), ha trazado dos excepciones: (i) cuando el
intermediario ha intervenido específicamente en el contenido y (ii) en los
eventos en los que, existiendo una orden judicial, el intermediario se niegue a
eliminar un contenido.
[90] Óp. Cit. 87, CIDH. Informe Anual 2013. Pár.
14, pp. 496.
[91] Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16 de mayo de 2011. Párr.
37. Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85
[92]
Sobre este, la Corte Suprema de Justicia, citando a René Demogue, determinó
que:
“(…) la voluntad normalmente
manifestada, tiene todo su valor jurídico. En esto consiste el principio de la
autonomía de la voluntad, cuyas consecuencias más importantes son: 1º) Los
particulares pueden celebrar entre sí todos los actos jurídicos, regirlos a
voluntad e inventar nuevos por combinaciones inéditas. Las convenciones son
libres, sin otra limitación que el orden público. 2º). Los efectos de las
obligaciones son los que las partes han querido, salvo las reservas propias del
orden público. 3º) Lo esencial es la voluntad interna; su manifestación no es
sino su ropaje. 4º) La misión del juez sólo consiste en investigar la intención
presunta del autor del acto. Por otra parte y de modo general el juez no quiere
nada, ni decide nada personalmente. Investiga él la voluntad de los
particulares, la reconstruye, la desarrolla en sus consecuencias lógicas en
relación a los hechos producidos. El Estado confiere ejecutoria a su
apreciación. 5º) Las obligaciones no se modifican sino por voluntad, expresa o
tácita, de las partes, desde el nacimiento de la obligación, o por un nuevo
acuerdo de ellas. 6º) Las obligaciones no se extinguen sino por voluntad de las
partes, en la medida en que ellas lo han querido”. Ver: Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, SC 5851-2014, sentencia del 13 de mayo.
[93]
R. Scognamiglio, Contributo alla teoria del
negocio giuridico, Napoli, 1950, pp. 90. Citado por Fernando Hinestrosa
(2014), Función, límites y cargas de la autonomía privada. Disponible desde: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3794/4033
[94] Ibídem. pp 511
[95] Ibídem. pp. 497.
[96]Op. Cit. 87, CIDH. Informe Anual 2013. pp. 498: el pluralismo obliga al Estado a proteger la naturaleza
multidireccional de internet y promover las plataformas que permitan la
búsqueda y difusión de informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, en los términos del artículo 13 de la Convención Americana.
[97] Corte IDH. Kimel Vs. Argentina. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Pár.
57l. Disponible en internet desde: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf
[98]Op. Cit. 87, CIDH. Informe Anual 2013. pp. 501.
[99] Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. Legitimidad e
interés. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[100] Ver, entre otras, sentencia T-531 de 2002.
[101] La Corte ha entendido
el interés colectivo cuando éste abarca un número plural de personas que se ven
afectadas por la conducta nociva desplegada por un particular. Ver, entre
otras, las sentencias: T-025 de 1994, T-028 de 1994, T-357 de 1995.
[102] Sentencia T – 634 de 2013, reiterada por la sentencia
T-243 de 2018.
[103] Sentencia T-233 de
1994.
[104]Al respecto, la sentencia T-637 de 2007, citando
múltiples providencias, entre ellas las sentencias T-125 de 1994, T-025 de
1995, T-375 de 1997, T-066 de 1998, T-1723 de 2000, y T-331 de 2005, determinó
que “se configura la indefensión respecto de personas
que se encuentran en situación de marginación social y económica, de personas
de la tercera edad, de discapacitados, de menores. Igualmente la indefensión
puede configurarse debido a la posición de preeminencia social y económica del
demandado que rompe el plano de igualdad en las relaciones entre particulares,
se ha afirmado así que procede la tutela contra poderes sociales y económicos
los cuales disponen de instrumentos que pueden afectar la autonomía privada del
individuo tales como los medios de comunicación, los clubes de fútbol las
empresas que gozan de una posición dominante en el mercado o las organizaciones
privadas de carácter asociativo, tales como las asociaciones
profesionales o las cooperativas, o los sindicatos”.
[105] Sentencia T-798 de
2007. Ver, en sentido similar, las sentencias: T-573 de 2002, T-416 de
2006, T-243 de 2018.
[106] Sentencia T-290 de
1993. Ver, en sentido similar, las
sentencias: T-611 de 2001, T-160 de 2010, T-117
de 2018.
[107] Sentencia T-272 de 1993. Dicho en otras palabras, la
sentencia T-277 de 2018, indicó que la indefensión se presenta cuando “debido
a las circunstancias fácticas concurrentes, una persona se encuentra impotente
o sometida en relación con otra y, por tanto, se halla en la imposibilidad de
defender sus derechos”.
[108] Sentencia T-454 de 2018.
[109] Al respecto, la sentencia T-117 de 2018, sostiene que
las publicaciones de Facebook, en sí mismas, generan “una situación fáctica de
indefensión por cuanto la parte demandada (…) detenta el poder de acceso y el
manejo del sitio en el que se realiza la publicación”.
[110] Sentencia T-454 de 2018.
[111] En la Sentencia T-121 de 2018esta Corte determinó: “la solicitud de rectificación previa al particular es
exigible (…) cuando la persona que
realiza la publicación, primero, no tiene la condición de comunicador social y,
segundo, no cumple ese rol dentro del grupo social. Este último evento, en el
que la jurisprudencia constitucional no había exigido la obligación de pedir la
rectificación antes de acudir ante el juez de amparo, cobra especial
importancia en aquellos casos, como el presente, en los que la difusión de la
información es masiva, precisamente, por el volumen de receptores de la misma”.
[112] Salvamento de la Magistrada Gloria Stella Ortiz, a la
Sentencia T-050 de 2016.
[113] Ver, entre otras:
Sentencia T-115 de 2014; Sentencia T-1040 de 2006; Sentencia T-277 de 1999.
[114] Sentencia T-115 de
2014.
[115]Facebook. Servicio de ayuda. Para consultar, el
paso a paso, sobre cómo efectuar el reporte de cada uno de este tipo de
contenidos publicados en Facebook, consultar el siguiente link que:   https://www.facebook.com/help/181495968648557?ref=community_standards
[116] Normas Comunitarias de Facebook. Para
consultarlas: https://www.facebook.com/communitystandards/introduction
[117] Sobre este punto, las Normas Comunitarias “describen qué se
permite y qué no se permite en Facebook, (…) se aplican en todo el mundo y a
todos los tipos de contenido”. Estas Normas tienen cinco secciones que
reúnen la totalidad del contenido prohibido. Las secciones son: Violencia y
comportamiento delictivo, Seguridad, Contenido inaceptable, Integridad y
autenticidad, Respeto de la propiedad intelectual, y Solicitudes relacionadas
con el contenido. Cada una desarrolla a fondo el contenido que esa sección
prohíbe, las razones y los límites dentro de esa prohibición. A manera de
ejemplo, dentro de las prohibiciones que contiene la primera sección “Violencia
y comportamiento delictivo”, se proscribe la venta, distribución y
comercialización de fármacos, marihuana, drogas y armas de fuego “[p]ara
fomentar la seguridad y el cumplimiento de las prohibiciones legales comunes”.
Para consultar el aparte citado en las Normas
Comunitarias: https://www.facebook.com/communitystandards/regulated_goods
[118]Para este formulario de denuncia, consultar: https://m.facebook.com/help/messenger-app/498828660322839
[119] Para este formulario de denuncia, consultar: https://m.facebook.com/help/contact/567360146613371
[120]
Las personas que no son usuarios de Facebook, pueden completar este formulario
de denuncia: https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911
[121] Para más información sobre Bullying Prevention Hub,
consultar: https://www.facebook.com/safety/bullying
[122] Ammori, Marvin. (2014). The “new” New York
Time's: Free Speech Lawyering in the age of Google and Twitter. Harvard Law Review. Vol. 127, N. 8, pp. 2259 -2295.
Traducción propia, pp. 2278. Disponible
en internet desde: https://www.jstor.org/stable23742037
[123] Para acceder a las opciones de denuncia ofrecidas por
Facebook, consultar: https://m.facebook.com/help/contact/274459462613911?refid=69
[124]Sentencia
T-434 de 2011.
[125] Ver, entre otras, las sentencias T-055 de 2008, T-495
de 2005, T-575 de 2002, T-606 de 2004, T-900 de 2004 y T-403 de 2005.
[126] Sentencia SU- 961 de 1999.
[127]
La primera publicación desde el Facebook del accionado es del 27 de febrero de
2018, y la acción de tutela se presentó el 3 de julio del mismo año
[128] Ver, entre otras, las
sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015 y T-317
de 2015.
[129] Ver, entre otras, la Sentencia T-263 de 1998.
[130] En la sentencia T-117 de 2018, se reiteró que “la simple existencia de una conducta típica que
permita salvaguardar los derechos fundamentales, no es un argumento suficiente
para deslegitimar por sí sola la procedencia de la acción de tutela, toda vez
que: (i) aunque la afectación exista y sea antijurídica, se puede configurar
algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la responsabilidad penal, lo
cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos
del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un castigo penal, sino solamente su
rectificación; y (iii) la pronta respuesta de la acción de tutela impediría que
los efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose en el
tiempo como acontecimientos reales y fidedignos”. Al respecto, ver también
las siguientes sentencias T-110 de 2015, T-357 de 2015, T-277 de 2015, T-695 de
2017, entre otras.
[131] En la Sentencia T-121 de 2018  esta Corte determinó
que: “la solicitud de rectificación previa al
particular es exigible (…) cuando la
persona que realiza la publicación, primero, no tiene la condición de
comunicador social y, segundo, no cumple ese rol dentro del grupo social. Este
último evento, en el que la jurisprudencia constitucional no había exigido la
obligación de pedir la rectificación antes de acudir ante el juez de amparo,
cobra especial importancia en aquellos casos, como el presente, en los que la
difusión de la información es masiva, precisamente, por el volumen de
receptores de la misma”.
[132] La Sentencia T-593 de 2017,
citando las sentencias T-921 de 2002 y T-512 de 1992, determinó que el
requisito de procedibilidad configurado por la solicitud de rectificación
previa a la interposición del amparo “se funda en lo dispuesto por los
artículos 20 de la Constitución Política y 42.7 del Decreto 2591 de 1991. Este
requisito de procedibilidad se ha limitado únicamente a las tutelas ejercidas
en contra de los “medios masivos de comunicación” con dos fundamentos, a saber: (i) según la Corte “[e]l
derecho a la rectificación, contenido de manera expresa en el artículo 20 de la
Constitución, se predica respecto de los medios masivos de comunicación, como
contrapartida de la amplia protección que les confiere la misma Carta, en
desarrollo de la libertad de prensa”, y (ii) “[e]l
carácter a todas luces excepcional de esta norma [artículo 42.7] hace que su interpretación deba ser
estricta”.
[133] La sentencia T-391 de 2007, estableció que el
artículo 20 Superior, establece once garantías fundamentales independientes. A
continuación, se enumeran según lo establecido en el parágrafo 4.1.1 de la
sentencia antedicha: 1) La libertad de expresar
y difundir el propio pensamiento,
opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de
cualquier medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser
molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad
de expresión stricto sensu, y
tiene una doble dimensión – la de quien se expresa, y la de los receptores del
mensaje que se está expresando; 2) La libertad de buscar o
investigar información sobre hechos, ideas
y opiniones de toda índole, que junto con la libertad de informar y la de
recibir información, configura la llamada libertad de
información; 3) La libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos como
información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio
de expresión; junto con la libertad de buscar información y la libertad de recibirla,
configura la llamada libertad de información; 4) La libertad y el derecho a recibir
información veraz e imparcial sobre hechos,
así como sobre ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de
expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad
de información; 5) La libertad de fundar
medios masivos de comunicación; 6) La libertad
de prensa, o libertad de funcionamiento dichos
medios masivos de comunicación, con la consiguiente responsabilidad social; 7)
El derecho a la rectificación en
condiciones de equidad; 8) La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 9) La prohibición de la propaganda de la
guerra y la apología del odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial; 10) La prohibición de la pornografía
infantil; 11) La prohibición de la
instigación pública y directa al genocidio.
[134] Sentencia C-010 de 2000.
[135] Sentencia C-417 de
2009: “su ejercicio garantiza las condiciones del debate abierto de
la democracia política, científica, cultural, económica colombiana (art. 2º
CP)”.
[136] Sentencia C-489 de
2002.
[137] La
libertad de expresión es un derecho consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19; la Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 19; la CADH, artículo 13; y la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, articulo IV.
[138] CIDH, Francisco Martorell v. Chile (3 de mayo
de 1996). Informe Nº. 11/96, caso Nº 11.230. párr. 56. Disponible en internet
desde: http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/Schile11-96.htm
[139] Sobre
esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha precisado que: “Todo el potencial creativo en el arte, en la ciencia,
en la tecnología, en la política, en fin, toda nuestra capacidad creadora
individual y colectiva, depende, fundamentalmente, de que se respete y promueva
el derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones”.  Ver: párr. 7 en Comisión IDH, Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano Sobre el Derecho a
la Libertad de Expresión (diciembre 30 de 2009).  Disponible en internet desde:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
[140]
Sentencia SU-626 de 2015.
[141]
Sentencia SU-626 de 2015.
[142]
Sentencia SU-626 de 2015.
[143] Sentencia T-243 de 2013.
[144] Corte IDH, Ricardo Canese v. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C núm. 111,
párr. 77: “[la libertad de pensamiento
y de expresión] requiere, por un lado,
que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio
pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica
también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y
a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Disponible en internet
desde: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf
[145] Sobre
su aplicación a las relaciones entre particulares esta Corte, en la sentencia
C-1024 de 2004, precisó que la buena fe es un principio general y una
presunción que: “irradia todas las relaciones jurídicas tanto entre particulares
como entre estos y el Estado”. En sentido similar, la sentencia
C-1194 de 2008, indicó que
“en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones
jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en
casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se
desarrollen”.
[146] Sobre este punto, la sentencia T-460 de 1992, precisó que: “Si este
principio es fundamental en las relaciones entre particulares, con mayor razón
tiene validez cuando ellos actúan ante las autoridades públicas”.
[147] Sentencia
T-660 de 2002.
[148]
sentencia T-460 de 1992.
[149]
Sentencia C-1144 de 2008.
[150] Sentencia T-550
de 2012.
[151] Óp. Cit. 87, CIDH. Informe Anual 2013. pp.
516.
[152] Ibídem.
[153] Facebook, Company Info, Disponible en internet desde:
https://newsroom.fb.com/company-info/
[154] MinTic. Colombia es uno de los países con más
usuarios en redes sociales en la región. Disponible en internet desde: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html
[155]   Packingham v. North Carolina, 582 U. S., 8
(2017): “These websites can provide perhaps the most powerful mechanisms
available to a private citizen to make his or her voice Heard”. Disponible en internet desde: https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1194_08l1.pdf
[156] Packingham v. North Carolina, 582 U. S., 10
(2017): “the Court states that “cyberspace” and “social media in particular”
are now “the most important places (in a spatial sense) for the exchange of
views.”
[157] Reno v. ACLU, 521 U.S. 844, 870 (1997): “the
Internet can hardly be considered a “scarce” expressive commodity. It provides
relatively unlimited, low-cost capacity for communication of all kind”. Disponible en internet desde: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/case.pdf
[158] Ibídem. Traducción propia de: “This
dynamic, multifaceted category of communication includes not only traditional
print and news services, but also audio, video, and still images, as well as
interactive, real-time dialogue”.
[159] La tutela fue interpuesta por un comerciante contra
Google Inc. y el MinTIC, al considerar que Google violó sus derechos a la
privacidad, buen nombre y honra cuando se negó a eliminar un contenido – en donde se indicaba que él y su empresa “muebles
Caquetá” eran estafadores- publicado en Blogger.com. La
Sala Sexta de Revisión tuteló los derechos fundamentales del accionante y, en
consecuencia, ordenó, en términos muy resumidos, a Google Inc.: (i) eliminar el
blog; (ii) eliminar cualquier publicación anónima de contenido similar contra
el accionante, sin la necesidad de una orden judicial, y (iii) monitorear y
filtrar contenido agraviante. Además, ordenó al MinTIC registrar a Google
Colombia Ltda. dentro de su sistema, pues a juicio de la Sala Sexta de Revisión
era una compañía que proveía servicios de telecomunicaciones. La Sala Plena de
la Corte Constitucional anuló una sentencia proferida en sede de Revisión por :
(i) desconocer la presunción de cobertura sobre toda expresión y la prohibición
de censura previa; (ii) el efecto de las órdenes, al no requerir órdenes
judiciales a futuro, era una autorización de censura; (iii) la obligación de
monitoreo, desconoce a Google como  intermediario; (iv) la creación de la
obligación de filtración, a cargo de Google, es una restricción
desproporcionada para la libertad de expresión; (v) Google carece de
competencia para efectuar el análisis semántico de los contenidos que aloja.
[160] Auto 285 del nueve (9) de mayo de 2018.
[161] Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16 de mayo de 2011.
Párr. 40. Disponible para consulta en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10048.pdf
[162] Ley 1450 de 2011, artículo 56.
[163]Comisión de Regulación de Comunicaciones, artículo 3
de la Resolución 3502 de 2011: “Por la cual se establecen las condiciones
relativas a la neutralidad en Internet, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 56 de la Ley 1450 de 2011”. Disponible en internet desde: https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003502.pdf
[164] En el caso López Álvarez v. Honduras, el
director de un establecimiento carcelario prohibió la comunicación en lengua
garífuna a un interno perteneciente a esa comunidad indígena. En consecuencia,
la Corte IDH concluyó que “al prohibir al señor Alfredo López Álvarez
expresarse en el idioma de su elección [lengua garífuna],
durante su detención en el Centro Penal de Tela, el Estado aplicó una
restricción al ejercicio de su libertad de expresión incompatible con la
garantía prevista en la Convención y que, a su vez, constituyó un acto
discriminatorio en su contra”. Corte IDH, López Álvarez v. Honduras.
Sentencia de 1 de febrero de 2006, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C núm.
141, párr. 173. Disponible en internet desde: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf
[165]Ibídem, párr. 164.
[166] Óp. Cit. 144., Corte IDH, Ricardo
Canese v. Paraguay. párr. 72.
[167] Ver,
entre otras, las siguientes sentencias: T-298 de 2009, T-731 de 2015, T-546 de
2016 y T-454 de 2018.
[168]CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre la libertad de expresión (2010).
Párr. 33. Disponible en internet desde: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html
[169] Corte IDH, Claude Reyes y otros v. Chile.
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C
No. 151, párr. 86. Disponible en internet desde: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[170] Sentencia T-546 de 2016.
[171] Ver,
entre otras, las siguientes sentencias: T-244 de 2018, T-546 de 2016, T-256 de 2013,  T-298 de 2009.
[172] Caballero
Gea, J.A. (2004) Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen. Calumnias e Injurias. Síntesis y Ordenación de la doctrina de
los Tribunales. Madrid. pág. 56.
[173]
Conclusión, también compartida por los cinco conceptos referenciados en Supra
36 – 40 de esta sentencia.
[174] Corte
IDH, Tristán Donoso v. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,
sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 122. Disponible en
internet desde: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf
[175] Corte IDH, Herrera Ulloa v. Costa Rica,
sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 128. Disponible en
internet desde: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
[176] Ver,
entre otras, las sentencias: T-949 de 2011 y T-298 de 2009.
[177]
Ver pie de página 163.
[178] OEA, Asamblea General. Resolución 2435
(XXXVIII-O/08). Disponible en internet desde: https://www.oas.org/dil/esp/ag-res_2435_xxxviii-o-08.pdf
[179] CADH, artículo 13, pár. 5.
[180] Ver también: C-091 de 2017, SU-626 de 2015, T-391 de
2007.
[181] Proscrita por el
artículo 20-1 del PIDCP y el artículo 13-5 de la CADH.
[182] Proscrita por el
artículo 20-2 del PIDCP, el artículo 13-5 de la CADH y el artículo 4 de la Convención internacional sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Ley 22 de 1981).
[183] Proscrita en términos
absolutos por el artículo 34-c) de la Convención sobre los derechos del niño
(Ley 12 de 1991), el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos
del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía (Ley 765 de 2002), y el artículo 3-b)
del Convenio No. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (Ley
704 de 2001).
[183] Proscrita por el
artículo III-c) de la Convención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio (Ley 28 de 1959).
[184] Proscrita por el
artículo III-c) de la Convención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio (Ley 28 de 1959).
[185] OEA, Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, Informe Anual (2004). Cap. IV. núm. 4. Disponible en internet desde:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones%20de%20odio%20Informe%20Anual%202004-2.pdf
[186] El caso Malcolm Ross v. Canadá refleja lo que
verdaderamente es un discurso de odio. En este el profesor Ross fue sancionado
por difundir –en entrevistas de televisión, vía repartición de panfletos y
publicación de libros y artículos – sus posturas antisemitas. El 28 de agosto
de 1991, tras una queja presentada por un padre de familia judío,  el  Human
Rights Board of Inquiry de New Brunswick ordenó a la Junta Directiva del
colegio: (a) desvincular por 18 meses al profesor Ross,  (b) acaecido ese
término, reintegrarlo en labores administrativas y no de docencia, (c) si no se
abría vacante, en los términos antedichos, terminar la vinculación laboral, y
finalmente,  (d)  sujetar las órdenes (b) y (c) a que el profesor no
difundiera, por ningún medio, expresiones antisemitas. Ross solicitó la
revocatoria de la orden, sin embargo, en diciembre 31 del mismo año,  el Juez
Creaghan de la Corte de Queen's Bench, confirmó los literales (a), (b) y (c).
El profesor Ross apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones de New
Brunswick, tribunal que revocó el fallo protegiendo la libertad de expresión.
No obstante, el padre de familia que inicialmente interpuso la queja y la
Comisión de Derechos Humanos, apelaron ante la Corte Suprema de Justicia de
Canadá que decidió revocar la decisión de segunda instancia, confirmando en
consecuencia, los literales (a), (b) y (c) de la orden del Human Rights
Board of Inquiry. En esa sentencia, de abril 3 de 1996, la Corte Suprema
sostuvo que Ross “envenenó” el ambiente educativo al difundir, por otros
canales, posturas caracterizadas por la falta de igualdad y tolerancia, y
desconoció su rol, y capacidad de influencia, dentro la comunidad educativa. En
consecuencia, la desvinculación de Ross era necesaria para mitigar la
discriminación y mejorar el desarrollo de los estudiantes judíos. (ver pár. 43 - 45: “the continued
employment of [the author] impaired the educational environment generally in
creating a 'poisoned' environment characterized by a lack of equality and
tolerance (…) Teachers are inextricably linked to the integrity of the school
system, [they] occupy positions of trust and confidence, and exert considerable
influence over their students as a result of their positions”). La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Canadá
está disponible en internet desde: http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/LE/195.pdf
[187] Sentencia C-442 de 2009.
[188] Sentencia C-010 de 2000.
[189] Sentencia T-391 de 2007.
[190] Sentencia T-015 de 2015, reiterada por la sentencia T-050 de 2016.
[191] Ver, entre otras, las sentencias: T-244 de 2018, T-022 de 2017, T-312 de 2015 y T-260 de 2010.
[192] Sentencias T-098 de
2017.
[193] Sentencia T-626 de
2007, reiterada por la sentencia T-135 de 2014.
[194] Sentencia C-417 de 2009. Ver también: sentencia T-263
de 2010
[195] Sentencia T-256 de 2013. Ver también: C-010 de 2000.
[196] sentencia T-066 de 1998
[197] Sentencia T-218 de 2009
[198]
Las sentencias SU-56 de 1995 y T-104 de 1996, son casos en los
que la Corte ha protegido la facultad de crear y expresar de los sujetos
de derechos debido a su conexión indecidible con la dignidad humana.
Expresiones, a la luz de los casos anteriores, materializadas en creaciones
literarias y artísticas, pero en todo caso, expresiones.
[199] Ibídem. En una sentencia hito sobre libertad de
expresión, T-391 de 2007, se concluyó que el derecho a la libertad de opinión
protege “tanto las expresiones socialmente
aceptadas como las que inusuales, alternativas o diversas, lo cual
incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes,
escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas
mayoritarias, ya que la libertad constitucional incluye tanto el contenido de
la expresión como su tono. Así, lo que puede parecer chocante o vulgar para
unos puede ser natural o elocuente para otros, de tal forma que el hecho de que
alguien se escandalice con un determinado mensaje no es razón para limitarlo,
mucho menos si el que se escandaliza es un funcionario público”.
[200] PIDCP, CADH, Convención internacional sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación racial (Ley 22 de 1981), Convención sobre los
derechos del niño (Ley 12 de 1991), el Protocolo facultativo de la Convención
sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía (Ley 765 de 2002),
Convenio No. 182 de la OIT, Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio (Ley 28 de 1959).
[201] Sentencia SU-1721 de 2000.
[202] Sentencia T-218 de 2009.
[203] Sentencia T-263 de 2010. “En el caso de opiniones, se exige que sean diferenciadas de los hechos y
que cuando quiera que se sustenten en supuestos fácticos falsos o equivocados,
procedan a rectificarlos”.
[204]  Sentencia T-048 de
1993.
[205] Sentencia
T-080 de 1993.
[206] Ibídem.
[207]
Recientemente, la sentencia T-155 de 2019 recogió estas mismas preguntas como
elementos para estudiar el contexto de una publicación realizada en Facebook.
[208] Sobre
este punto, la sentencia T-391 de 2007 explica que la libertad de expresión
puede servir como medio para materializar otros derechos fundamentales como: la
correspondencia y demás formas de comunicación privada, la objeción de
conciencia, el discurso religioso, el discurso académico, investigativo  y
científico, y el discurso de identidad.
[209] Sentencia
T-391 de 2007. En desarrollo del artículo
44 Superior, corresponde evitar la difusión de contenido perjudicial para el
bienestar de los menores o para su desarrollo integral.
[210] Sentencia T-063A de
2017.
[211] Ibídem.
[212] Las Condiciones
del Servicio de Facebook exigen los trece años como requisito de la
plataforma para crear un perfil. Sobre este punto, consultar la sección tres de
las Condiciones del Servicio, “Tus compromisos con Facebook y nuestra
comunidad”, y el numeral 1 - Quién puede usar Facebook –., el siguiente link: https://www.facebook.com/legal/terms
[213]
OEA, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2016.
Capítulo 5: “Jurisprudencia nacional en materia de Libertad de Expresión”, pp.
569.  Disponible en internet desde: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/informeanual2016rele.pdf
[214] Óp. Cit. 174, Corte IDH, Tristán Donoso v. Panamá.
párr. 123
[215] Ver el numeral 5 de esta sentencia.
[216] Según consta en cuaderno 1, folio 9.
[217] Sentencia
T-1228 de 2008, reiterada por la sentencia T-878 de 2010.
[218] Sentencia T-475 1992.