T-510-16
Sentencia T-510/16
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia
excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
La acción de tutela no fue instaurada para reemplazar otros medios
idóneos de defensa de los derechos fundamentales, ni para ser utilizada de
forma alterna o paralela, sin embargo esta se torna procedente en aquellos
eventos, y dependiendo del caso, en que resulte palmario que los mecanismos
ordinarios no son idóneos y/o eficaces para obtener la protección referida, o
cuando se utiliza el mecanismo de amparo con el fin de evitar un perjuicio
irremediable, y especialmente cuando se trata de proteger los derechos
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Criterios para determinar su
configuración
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección
constitucional
DERECHO
FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL DE PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Procedencia de la acción de tutela
Cuando personas en estado
de debilidad manifiesta se ven afectadas en su derecho fundamental al mínimo
vital, ya sea por entidades del Estado o particulares que se encuentren dentro
de los casos que por ley se han previsto, la acción de tutela se convierte en
el medio ideal y definitivo para brindarle amparo a este derecho, aun cuando
existan otros medios de defensa judicial para ello.
SALARIO
MINIMO NO ES IGUAL A MINIMO VITAL
DESCUENTOS SOBRE EL
SALARIO-En los créditos por libranza el descuento será del
50% del salario siempre y cuando si se afecta el salario mínimo, no se vulnere
el mínimo vital y la vida digna de la persona
DESCUENTOS
MAXIMOS PERMITIDOS A LAS MESADAS PENSIONALES Y ASIGNACIONES DE RETIRO-Reiteración de jurisprudencia señalando que no deben exceder el 50%
DERECHO AL MINIMO
VITAL Y MOVIL-Vulneración por cuanto Cooperativa
aprobó crédito de consumo a una persona declarada interdicta judicial, y cuyo
único ingreso es una pensión de invalidez de un salario mínimo mensual
DERECHO A LA DIGNIDAD
HUMANA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Cooperativa
abstenerse de iniciar cualquier cobro judicial y/o extrajudicial en contra del
accionante por el crédito del que es deudor, hasta tanto la jurisdicción
ordinaria resuelva el proceso
Referencia: Expediente
T-5.549.215
Acción de tutela instaurada por Yolanda
Rodríguez de Uribe curadora judicial de Flavio Uribe Blanco, contra la empresa
Asistencia Familiar Cooperativa, ASFAMICOOP.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RIOS
Bogotá D.C, diez
y seis (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por la Magistrada María
Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto
Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, especialmente las conferidas en los Artículos 86 y 241 numeral 9° de
la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso
de revisión del fallo preferido el dieciséis (16) de diciembre de dos mil
quince (2015) por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Socorro (Santander),
en primera instancia, y la sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil
dieciséis (2016) por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad,
en segunda instancia, en el trámite de la acción de tutela formulada por Yolanda
Rodríguez de Uribe, quien actúa como curadora del señor Flavio Uribe Blanco,
interdicto judicial, contra la compañía Asistencia Familiar Cooperativa – ASFAMICOOP-.
I. ANTECEDENTES
El tres (3) de diciembre de dos
mil quince (2015), actuando como curadora judicial de su esposo Flavio Uribe
Blanco, la señora Yolanda Rodríguez de Uribe formuló acción de tutela contra la
Cooperativa de Asistencia Familiar ASFAMICCOP, debido a los siguientes hechos:
1.1. La solicitante manifestó que ella, y Flavio Uribe Blanco
contrajeron matrimonio desde hace más de veintisiete años, fruto del cual, nació
Jonathan Uribe Rodríguez, joven que hoy cuenta con veinte tres (23) años.
Desde hace veinte (20) años Flavio
Uribe Blanco ha recibido tratamiento psiquiátrico debido a que sufre demencia
de carácter permanente con deterioro gradual, progresivo e irresistible.
La accionante manifestó que
mediante sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil siete (2007), el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia: (i) declaró la interdicción judicial definitiva
por demencia del señor Flavio Uribe Blanco; (ii) designó como curadora legitima
a su cónyuge, Yolanda Rodríguez de Uribe; (iii) ordenó librar los insertos y
oficios “que sean necesario a donde corresponda, a fin que se inscriba la
presente sentencia en el registro civil de nacimiento del interdicto y en todos
los demás documentos que tengan que ver con su estado civil”[1].
1.2. La señora Rodríguez de Uribe adujo que en julio de dos mil seis
(2006) se realizó la inscripción en el Registro Civil de Nacimiento de Flavio
Uribe Blanco de la sentencia que declaró su interdicción judicial y que designó
a su esposa como curadora.
Tras surtir el grado
jurisdiccional de consulta, mediante sentencia del siete (7) de junio de dos
mil siete (2007), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil-Sala
Civil Familia Laboral confirmó la interdicción judicial de Flavio Uribe Blanco.
Como consecuencia de lo anterior, mediante notificación por aviso en el
periódico el Tiempo de catorce (14) de julio de dos mil siete (2007), el
Tribunal del Distrito de San Gil hizo pública su decisión.
1.3. Indicó que además de su esposo, Jonathan Uribe Rodríguez, hijo del
matrimonio, también sufre de discapacidad mental, motivo por el cual dependen
económicamente de la familia.
1.4. De igual forma, la peticionaria afirmó que, a través de Resolución
No. 009634 del veintiocho (28) de septiembre de dos mil siete (2007), el Instituto
de los Seguros Sociales-Seccional Santander concedió a Flavio Uribe Blanco la
pensión de invalidez por cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 100 de
1993. El valor de la mesada pensional asciende a un salario mínimo legal
mensual vigente, es decir, seiscientos cuarenta y cuatro mil trecientos
cincuenta ($ 644.350).
Debido a la situación familiar, esto
es, que su esposo es interdicto judicial y su hijo sufre de discapacidad
mental, los ingresos económicos dependen de la mesada pensional de Flavio Uribe
Blanco.  Aunado a ello, la peticionaria no está en condiciones de trabajar,
dado que invierte todo su tiempo en el cuidado de su núcleo familiar, y Agregó:
“A raíz de lo anterior nuestro sustento diario depende únicamente de la
pensión concedida a mi esposo por su estado mental, motivo por el cual el
descuento por libranza que está efectuando la Cooperativa ASFAMICOOP vulnera nuestros
derechos a la vivienda digna, al mínimo vital y a la integridad, toda vez que
requerimos de la pensión de invalidez para suplir nuestras necesidades básicas
debido a que por el estado de mi esposo y de mi hijo nos encontramos en
imposibilidad física para desarrollar una actividad laboral y no percibimos
otros ingresos”[2].
1.5. En septiembre de dos mil quince (2015), la Cooperativa de
Asistencia Familiar ASFAMICOOP facilitó a Flavio Uribe Blanco un crédito por
valor de seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000) a pesar de que es
conocido por todo el municipio de San Gil el estado de salud del interdicto
judicial.  El mencionado crédito fue desembolsado a Flavio Uribe en el Banco
BBVA Sucursal del Socorro, “dinero del cual no tuve conocimiento de que hizo
con el mismo”.
En el contrato entre Flavio Uribe
y ASFAMICOOP se estableció que el pago del mencionado crédito se realizará
mediante el sistema de descuento por libranza  de la pensión que percibe por
invalidez. El valor de la cuota mensual asciende a doscientos setenta y cinco
mil pesos ($275.000).
1.6. La señora Yolanda Rodríguez de Uribe considera que el descuento del
crédito de libranza que se realiza sobre la pensión de su esposo, vulnera los
derechos fundamentales a la vida, el mínimo vital, al debido proceso y de
petición, de ella, su esposo y su hijo, y como consecuencia requiere al juez de
tutela para que declare que todos los negocios bilaterales celebrados por su
esposo son “nulos de pleno derecho”.
2. Solicitud de tutela
Con fundamento en los hechos
narrados, la accionante solicitó al juez de tutela que se declare la nulidad
del negocio jurídico suscrito entre la Cooperativa de Asistencia Familiar
ASFAMICOOP sucursal el Socorro y Flavio Uribe Blanco dado que carece de
capacidad de obligarse.
Solicita que el juez de tutela
ordene a la Cooperativa de Asistencia Familiar ASFAMICOOP abstenerse de
realizar descuentos sobre la pensión por invalidez que recibe Flavio Uribe
Blanco “toda vez que la misma es la que garantiza nuestro derecho al mínimo
vital, a la vida digna y suple nuestro sustento diario además de los
medicamentos que debo suministrar tanto a mi esposo como a mi hijo en situación
de discapacidad”[3].
De la misma manera, solicitó que se reintegren los dineros descontados por la
libranza de la pensión de invalidez percibida por Flavio Uribe Blanco.
Finalmente se inste en la
necesidad de que el juez constitucional comunique a las centrales de riesgos
del país y a la oficina de Instrumentos Públicos del Socorro la sentencia de
interdicción por demencia de su esposo.
Por Auto del siete (7) de
diciembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de
Socorro (Santander) admitió el mecanismo constitucional de amparo y ordenó: (i)
notificar de la misma al representante legal de la compañía Asistencia Familiar
Cooperativa ASFAMICOOP, y (ii) vincular a Seguros “La Equidad”, a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Socorro y a Colpensiones, para ello, dio
dos días hábiles para que dichas entidades se pronunciaran sobre los hechos y
peticiones de la accionante.
3. Respuesta de las entidades
accionadas
3.1. Asistencia Familiar
Cooperativa – ASFAMICOOP-.[4]
Dentro del término fijado por el
despacho de primera instancia, la Gerente y Representante Legal de Asistencia
Familiar Cooperativa-ASFAMICOOP- se pronunció sobre los fundamentos de la
acción de tutela.  Indicó que el quince (15) de septiembre de dos mil quince
(2015), la Cooperativa aprobó a Flavio Uribe Blanco una libranza por valor de
seis millones trecientos mil pesos ($6.300.000), con un plazo para el pago de
60 cuotas y respaldado con un pagaré. De la misma manera, se fijó como valor
mensual de cada cuota en doscientos setenta y cinco cien pesos ($ 275.100.oo)
mes a mes de forma ininterrumpida con una tasa del 28% efectiva anual.
Informó que el crédito fue
aprobado, dado que Flavio Uribe se acercó a las instalaciones de la
Cooperativa, sin la compañía de otra persona, y en un estado normal de lucidez,
motivo por el cual se concedió el dinero solicitado. La Representante legal
argumentó que: (i) la actuación de la compañía se enmarcó dentro del principio
de buena fe; (ii) el documento soporte de la pensión de invalidez del señor
Uribe Blanco no evidencia la interdicción por demencia, y (iii) al no tener
motivo para negar la operación se aprobó la libranza No. 14512. Arguyó:
“El asociado disfruto del valor aprobado en
efectivo, desembolsado $6.300.000.oo, que es una suma considerable por lo que
nuevamente informamos que la Cooperativa ha actuado de Buena Fe y enrostramos
el no cumplimiento de los deberes de la curadora al permite (sic) que el señor Uribe en su estado se desplace solo y realice
defraudación a la cooperativa y más aún cuando los documentos soportes de la
obligación no evidencian la interdicción por lo que no es procedente que se vea
afectada patrimonialmente la cooperativa al no descontar la cuota pactada,
solicitamos tener en cuenta que está es una organización solidaria que surge
con fines de interés social para satisfacer las necesidades de todos los
asociados”
La empresa accionada manifestó que
tuvo conocimiento de la declaración judicial de interdicción del señor Flavio
Uribe Blanco, el día veinte nueve (29) de octubre de dos mil quince (2015),
cuando Yolanda Rodríguez de Uribe dirigió un derecho de petición a la
Cooperativa informado de la situación de demencia de su esposo.
Asistencia Familiar Cooperativa
sostuvo que la negligencia de la curadora de Flavio Uribe Blanco, fue la que
produjo el error que llevó a la aprobación de la crédito de libranza.
“Como bien lo expone la accionante y es de su pleno
conocimiento la resolución es notificada personalmente, si, al señor Flavio
Uribe Blanco, el día 7 de diciembre de 2007, como bien se evidencia la persona
que hoy si es interdicta y que bien lo soporta la sentencia emitida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Civil Familia Laboral,
6 meses después de proferida la sentencia firma la notificación de la
resolución de la pensión y no la Curadora como es el deber. Demostrando aún más
la negligencia de la curadora la señora Yolanda Rodríguez de Uribe en su deber
de legalizar su calidad ante Colpensiones.”
En el memorial de contestación se
señala que no es cierto lo afirmado por Yolanda Rodríguez de Uribe, según la
cual, la sentencia de interdicción judicial fue inscrita en el Registro Civil
de Nacimiento de Flavio Uribe Blanco en el año dos mil siete (2007), “ya que
en la copia del registro de nacimiento…, documento aportado por la
accionante…se evidencia que la inscripción es el día 3 de diciembre de 2015.”[5]
En relación con el monto de la
cuota mensual de doscientos setenta y cinco mil cien pesos ($275.100) y el
efecto perjudicial que tiene este descuento en los ingresos de la familia de la
accionante, la Cooperativa indicó que el mismo se hace en “cumplimiento del
numera 5 del artículo 3 de la Ley 1527 de 2012, el descuento directo de la
mesada pensional se le efectúa siempre y cuando el asalariado o pensionado no
reciba menos del 50% neto de su salario o pensión, una vez efectuados los
descuentos de Ley, que para el caso del señor Flavio Uribe y como se evidencia
en el desprendible de pago de la mesada pensional cumple con lo estipulado en
la Ley antes mencionada”
Concluye la intervención de la
accionada solicitando que sea negada la petición de tutela constitucional, toda
vez que no asisten razones fácticas y jurídicas a la accionante y dado que en
ningún momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, “más
bien es de tener en cuenta que con la conducta omisiva de la accionante la
Cooperativa puede verse afectada patrimonialmente ocasionando un desmedro que
generaría perdidas”.
3.2. Oficina de Instrumentos Públicos del Socorro[6]
La Registradora de Instrumentos
Públicos del Socorro-Santander allegó respuesta de la acción de tutela incoada
por Yolanda Rodríguez de Uribe indicando que dicha institución no ha vulnerado derecho
fundamental alguno de la accionante.
Precisó que en atención a las
Leyes 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos) y 1306 de
2009 (en relación con el régimen de las personas con discapacidad mental) se
colige que no es viable la inscripción en el registro de interdicción mental,
toda vez que no se cumple con los requisitos establecidos.
3.3. Informe de la Administradora Colombiana de
Pensiones-Colpensiones-[7]
La entidad dirigió un memorial al juzgado de primera instancia,
mediante el cual solicitó desvincular a dicha empresa del proceso de tutela,
debido a que Colpensiones no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la
accionante. Requiere a la autoridad judicial para que declare la falta de
legitimación por activa de la entidad del sistema de seguridad social.
4. Decisiones judiciales objeto de revisión
4.1. Sentencia de primera instancia[8]
En el fallo de fecha de dieciséis
(16) de diciembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal concedió en forma transitoria el amparo constitucional a los derechos
fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, seguridad social y especial
protección constitucional del señor Flavio Uribe Blanco, por encontrarlos
vulnerados.
Dispuso que el amparo constitucional
tendrá vigencia hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva el proceso civil
ordinario que la actora deberá formular dentro del término de cuatro meses. Así
mismo ordenó a Colpensiones abstenerse de continuar realizando los descuentos
mensuales de la pensión del señor Uribe Blanco por el asunto hasta que no se
resuelva por parte de la jurisdicción ordinaria.
En relación con la procedencia de
la acción de tutela, el juzgado de instancia considero que el caso de la
accionante  y su esposo es una situación excepcional, “toda vez que
analizadas las circunstancias particulares del agenciado y su núcleo familiar
se deduce que nos encontramos frente a la inminente afectación del derecho al
mínimo vital y móvil teniendo en cuenta que la pensión de invalidez es el único
ingreso que recibe tanto el agenciado, como su núcleo familiar, dentro del que
también hay un hijo en situación de discapacidad que depende totalmente de sus
padres”[9].
La autoridad judicial determinó
que con el fin de evitar un perjuicio irremediable se concedió el amparo de
manera transitoria, ya que se demostró la difícil situación económica por la
que están atravesando la accionante y familia. Por ultimo ordenó a la
Cooperativa de Asistencia Familiar –
ASFAMICOOP-, abstenerse de iniciar cualquier cobro
judicial y/o extrajudicial en contra del señor Flavio Uribe Blanco por el
crédito del que es deudor, hasta tanto el juez competente se pronuncie sobre la
nulidad en cita.
4.2 Impugnación de la sentencia
de primera instancia
4.2.1. Impugnación de la
entidad Asistencia Familiar Cooperativa – ASFAMICOOP-[10]
La Representante Legal de la
compañía accionada formuló recurso de impugnación contra la providencia del
A-quo debido a que, en su criterio, el fallo de dieciséis (16) de diciembre de
dos mil quince (2015), incurrió en un defecto fáctico al omitir valorar la totalidad
del material probatorio. A juicio de la empresa, la sentencia de primera
instancia no tuvo en cuenta que, la Resolución No. 009634 de 2007 proferida por
Colpensiones y mediante la cual se reconoce el derecho de pensión por
invalidez, fue emitida a los 28 días del mes de septiembre de 2007, siendo
posterior (tres meses y 21 días) a la sentencia que confirmó la interdicción
del señor Flavio Uribe Blanco y nombramiento de la Curadora la señora Yolanda Rodríguez
de Uribe, “evidenciando negligencia por parte de la Curadora al no realizar
el trámite de legalización de su condición ante la empresa de pensiones
Colpensiones…”
Según la apoderada de la empresa
accionada, la señora Yolanda Rodríguez ha incurrido en conductas negligentes,
porque no registró inmediatamente la decisión del Tribunal Superior de San Gil,
Sala Civil Familia, sobre la interdicción del señor Flavio Uribe. Sostiene la
accionada:
“Si bien es cierto que se realiza la inscripción en
el registro de nacimiento del señor Flavio Uribe Blanco de la sentencia de la
interdicción, falta a la verdad la accionante al decir que se realizó en julio
de 2006, ya que la copia del registro de nacimiento del señor Flavio Uribe
Blanco, documento aportado por la accionante en la presente acción se videncia
que la inscripción es el día 3 de diciembre de 2015. Es de tener en cuenta que
la sentencia del aquo (sic) día 9 de febrero de 2007.”[11]
En su escrito de apelación, la cooperativa reiteró que no tenía
conocimiento del estado, o condición de salud del señor Flavio Uribe al momento
del otorgamiento de la obligación, dado que el mismo, se acercó sólo, y sin la
compañía de otra persona a la oficina de la Cooperativa, “presentando un
estado normal o de lucidez motivo por el cual el asesor le colaboró en el
trámite, y al no haber prueba que permitiera a la cooperativa negar la
operación se le aprobó libranza No. 14512”[12].
Afirma la entidad que, el señor Flavio Uribe disfrutó del valor
aprobado, ya que se hizo el desembolso de seis millones trecientos mil pesos
($6.300.000), dinero que la Cooperativa entregó de buena fe “y enrostramos
el no cumplimiento de los deberes de la curadora al permite (sic) que el señor
Uribe en su estado se desplace solo y realice defraudación a la cooperativa y
más aún cuando los documentos soportes de la obligación no evidencia
interdicción”[13]
Finalmente, se adujo que los descuentos a la mesada pensional que el
señor Flavio Uribe autorizó se han hecho en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 3, numeral 5 de la Ley 1527 de 2012, norma que establece que el
descuento directo a la mesada pensional se efectúa siempre y cuando el
asalariado o pensionado no reciba menos del 50% del neto de su salario o
pensión, una vez efectuados los descuentos de la Ley “que para el caso del
señor Flavio Uribe y como se evidencia en el desprendible de pago de la mesada
pensional cumple con lo estipulado en la Ley antes mencionada…”
Concluye su alegato, solicitando que se revoque el fallo proferido
el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015) por el juzgado tercero
promiscuo municipal de Socorro (Santander), en el cual se tuteló el derecho
fundamental a la dignidad humana, mínimo vital y seguridad del accionante.
4.2.2. Impugnación de la accionante[14]
La peticionaria solicitó al juez de segunda instancia que revocara
parcialmente el amparo, debido a que en su criterio, concurren los requisitos
que ha señalado la Corte Constitucional para que la protección constitucional
sea definitiva y no transitoria, como decidió el a quo.
Con base varios fragmentos de sentencias de la Corte Constitucional,
la accionante solicita que adicione la sentencia de primera instancia y declare
la nulidad del negocio jurídico suscrito entre la Cooperativa de Asistencia
Familiar, ASFAMICOOP, Sucursal Socorro y el Señor Flavio Uribe Blanco por carecer de
capacidad para obligarse según lo establecido en los artículos 1502, 1503 y 1505
del Código Civil, además “por ser procedente la acción de tutela como
mecanismos definitivo en tratándose de una persona en situación de indefensión,
que goza de especial protección del Estado y donde resulta vitalmente afectado
iniciar un proceso ordinario encontrándose enfrentado a la falta de idoneidad y
agilidad de la vía ordinaria”[15]
4.3 Sentencia de segunda instancia[16]
El dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de la ciudad del Socorro (Santander) revocó la
sentencia proferida en primera instancia, en lo que se refiere con la
protección parcial de los derechos fundamentales de las accionantes.
El Juzgado determinó que el señor Flavio Uribe Blanco tiene
reconocida como mesada pensional un salario mensual vigente, esto es
seiscientos cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta pesos ($644.350). Eso
significa que Colpensiones solo puede descontar hasta el 50% de ese monto. De
esa manera, el accionante debe recibir como mínimo doscientos ochenta y dos mil
catorce pesos ($ 282.014). Determinó el fallo de segunda instancia:
“Ahora, si la ley y la jurisprudencia indican que
los descuentos directos por libranza pueden ser de hasta 50% de la mesada
pensional, y en este caso, no se ha traspasado esa frontera, no se vulnerarían
los derechos fundamentales invocados por la accionante. Además, el presente
caso no se adecuada a las situaciones fácticas en las que la Corte ha ordenado
a los empleadores o entidades pagadoras regular los descuentos realizados sobre
el salario o las mesadas pensionales, pues aun cuando la peticionaria por los
descuentos recibe una pensión neta inferior al salario mínimo legal,
Colpensiones si está garantizando el tope máximo legal correspondiente, que
puede ser hasta del 50% de la mesada pensional.”
La autoridad judicial de segunda instancia, también argumentó que la
accionante afirmó que su núcleo familiar está compuesto por su hijo y esposo,
los cuales, los dos, sufren de discapacidad. En relación con su hijo, el
ad-quem precisó que la accionante no probó que el hijo haya sido declarado
interdicto, como tampoco que no tiene otra entrada adicional, o que su
situación económica es precaria.
Con base en lo anterior, el Juzgado Tercero Penal del Circuito del
Socorro (Santander) ordenó revocar la sentencia proferida por el juzgado
tercero promiscuo municipal de la misma ciudad, en tanto que “amparó de manera
parcial” los derechos invocados por la señora Yolanda Rodríguez de Uribe
curadora judicial de Flavio Uribe Blanco. Como consecuencia de esto, se denegó
“por improcedente” la acción de tutela interpuesta.
5. Pruebas relevantes que obran en el expediente
En el trámite de la acción de
tutela se aportaron las siguientes pruebas documentales:
1. Sentencia de nueve
(9) de febrero de dos mil siete (2007), proferida por el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Socorro (Santander), en la que, se declara la
interdicción judicial definitiva por demencia de Flavio Uribe Blanco; se
designa como curadora a Yolanda Rodríguez de Uribe y se ordena librar los
oficios necesarios y “pertinentes a donde corresponda, a fin de que se
inscriba la presente sentencia en el registro civil de nacimiento del
interdicto y en todos los demás documentos que tengan que ver con su estado
civil” (Folio 48 – 55 del Cuaderno No. 1).
2.  Sentencia de junio
siete (7) de dos mil siete (2007), proferida por el Tribunal Superior del
Distrito de San Gil, Sala Civil Familia Laboral, en la que se  confirma la
providencia de nueve (9) de febrero de dos mil siete (2007) del juzgado primero
promiscuo de familia de Socorro, en cuanto declaró interdicto judicial al señor
Flavio Uribe Blanco. (Folio 48-55 del Cuaderno No. 1).
3. Publicación del
periodo el Tiempo del sábado catorce (14) de julio de dos mil siete (2007), en
la que se fija aviso informando la declaración de interdicción judicial de
Flavio Uribe Blanco. (Folio 29 del Cuaderno No. 1)
4. Resolución No.
009634 de veintiocho (28) de septiembre de dos mil siete (2007), en la que el
Instituto de Seguros Sociales-Seccional Santander, concedió la pensión de
invalidez al señor Flavio Uribe Blanco, en un valor que ascendió a un salario
mínimo legal mensual vigente.  (Folio 31 y 32 del Cuaderno No. 1)
5. Copia simple del
Registro civil de Flavio Uribe Blanco en la que consta: (i) que mediante
providencia por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Socorro y de fecha
4 de julio del 2006 declaró la interdicción provisoria del señor Flavio Uribe
Blanco. Dicha anotación fue inscrita en agosto de dos mil seis (2006.)
(Folio 33 del Cuaderno No. 1)
En el registro civil
consta que el tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015), Yolanda Rodríguez
de Uribe registró la sentencia de interdicción definitiva. (Folio 33 del
Cuaderno No. 1)
6. Extracto de nómina,
en el que consta el valor de la mesada pensional que Colpensiones gira al señor
Flavio Uribe Blanco. Consta que el valor de la mensualidad es de seiscientos
cuarenta y cuatro mil, trecientos cincuenta pesos ($ 644.350), y que el
descuento que efectúa la Cooperativa es de doscientos setenta y cinco mil cien pesos
($275.100). (Folio 34-35 del Cuaderno No. 1).
7. Formulas médicas e
historia clínica del tratamiento que recibió Flavio Uribe Blanco, por su
afección psiquiátrica. En dichos documentos, el médico tratante explica que el
señor Uribe sufre de trastorno del sueño, está ansioso, inquieto, con pérdida
de la necesidad del sueño, dromomanía por toda la casa, se sale a horas de la
madrugada y llega tarde a la casa.  Dichos documentos tienen como fecha veinte
dos (22) de septiembre de dos mil quince (2015). (Folio 36-41 del Cuaderno No.
1)
8. Copia simple de
derecho de petición de octubre quince (15) de dos mil quince (2015), en la que
la Señora Yolanda Rodríguez de Uribe pone en conocimiento de seguros la equidad
la interdicción judicial de Flavio Uribe Blanco (Folio 42 -44 del Cuaderno No.
1).
9. Copia simple del
carné de afiliación de Jonathan Uribe Rodríguez, hijo de la accionante y Flavio
Uribe, en la que consta que está afiliado a la Federación Nacional de
Discapacitados Lidisander. El documento fue expedido el diez (10) de noviembre
de dos mil doce (2012).
10. Copia simple del
pagaré No. 14512 en la que consta que el valor del crédito, así como el monto
de las cuotas mensuales, y el número total de las mismas. (Folio 81 del
cuaderno No. 1)
11. Copia simple del
formulario del crédito de consumo y servicio, en el que se el Señor Flavio
Uribe Blanco solicitó el mutuo con interés.  Del formulario es necesario
resaltar que todo está diligenciado con letra imprenta de gran claridad, salvo
la firma del solicitante, y que además en los mismos documentos aparecen
referencia familiares con numero telefónicos. No obstante, no se diligenció la
información del deudor solidario. (Folio 84-93 del Cuaderno No. 1)
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema Jurídico.
Teniendo en
cuenta los antecedentes reseñados, le corresponde a la Sala Octava de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional determinar si la compañía Asistencia
Familiar Cooperativa, ASFAMICOOP, vulneró los
derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital y móvil de Yolanda
Rodríguez de Uribe, su esposo, Flavio Uribe Blanco -declarado interdicto
judicial- y su hijo Jhonatan Uribe Rodríguez -quien sufre discapacidad
cognitiva- al aprobar a Flavio Uribe Blanco un crédito de libranza por valor de
seis millones novecientos noventa y tres mil pesos ($ 6.993.000), y descontar
mensualmente de su mesada pensional, una cuota por valor  doscientos setenta y
cinco mil cien pesos ($ 275.100).
Con el fin de
resolver el problema jurídico planteado, la Sala se pronunciará sobre: (i) el
precedente judicial relacionado con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela, especialmente, el relacionado con el perjuicio
irremediable, y el amparo como mecanismo transitorio; (ii)  las reglas
jurisprudenciales sobre el derecho al mínimo vital y móvil, y (iii) el marco
legal sobre descuentos de créditos de libranza en casos de mesadas pensionales
equivalentes a un salario mínimo mensual vigente; (iv) finalmente abordará el análisis
del caso en concreto de acuerdo a la solicitud hecha por la accionante.
3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. El
concepto de prejuicio irremediable y la tutela como mecanismo transitorio.
Reiteración de jurisprudencia.
La Corte
Constitucional ha sostenido en múltiples ocasiones que la acción de tutela es
un mecanismo dirigido a la protección y defensa de los derechos fundamentales
de las personas cuando estos están siendo amenazados o vulnerados. El mecanismo
judicial de amparo está gobernado por los principios de inmediatez, residualidad
y subsidiariedad.
En relación
con el principio de subsidiariedad, el Artículo 86 de la Constitución indica
que “…esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Con ello, la
tutela solamente procede cuando no exista otro medio de defensa judicial idóneo
al que una persona pueda acudir. Así, la acción de tutela es un mecanismo de
carácter subsidiario y excepcional, cuya procedencia depende del agotamiento de
los recursos judiciales idóneos a disposición del afectado.
No obstante, el Decreto 2591 de 1991 y la propia Carta Constitucional
indican que es procedente formular una acción de tutela, a pesar de contar con
un mecanismo ordinario de defensa judicial, si el ciudadano utiliza la
herramienta de amparo como mecanismo transitorio y pretende evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
“Adicionalmente,
el artículo 8º del mismo decreto establece que cuando se está ante esta
situación, la orden del juez de tutela sólo estará vigente durante el “término
que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la
acción instaurada por el afectado”. Es decir, que la configuración del
perjuicio irremediable es una excepción a la naturaleza excepcional y
subsidiaria de la acción de tutela.”[17]
El concepto de perjuicio irremediable, es aquella condición que permite
que la acción de tutela sea procedente aun cuando exista otro mecanismo de
defensa judicial. Este Tribunal ha definido este concepto como la amenaza que
resulta: (i) inminente, es decir que no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño, sino que por el contrario la amenaza se
consumara en poco tiempo; (ii) igualmente es necesario que la afectación sea grave,
esto es que el daño o menoscabo material o moral sea de gran intensidad;
(iii) se requiere que la vulneración sea enfrentada de manera urgente,
es decir, que la actividad judicial debe desplegarse con rapidez para conjurar
la vulneración[18].
Por último, es necesario que la acción de tutela sea impostergable, y en
el caso de que se demore el reconocimiento de la protección, se corra el riesgo
de que ésta sea ineficaz por inoportuna[19]. Por lo tanto, el perjuicio
irremediable debe ser considerado como un “grave e inminente detrimento de
un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de
aplicación inmediata e impostergables”[20].
Así mismo, la existencia de un medio judicial ordinario no excluye la
posibilidad de presentar la acción de tutela, debido a que es necesario
examinar si los mecanismos ordinarios alternativos son aptos para obtener la
protección requerida. Una primera condición que debe reunir un mecanismo de
protección ordinario tiene que ver con su capacidad de producir un efecto
protector de los derechos fundamentales[21]. La jurisprudencia constitucional ha
indicado que esta característica se denomina idoneidad.
De la misma manera, el medio judicial ordinario debe estar diseñado de
tal forma que brinde oportunamente una protección al derecho fundamental
amenazado o vulnerado. A este elemento se le denomina eficacia.
De esa manera, al
existir otro medio de defensa idóneo y efectivo, la acción de tutela resulta
improcedente. Empero, el agotamiento de recursos y mecanismos ordinarios de
defensa judicial debe ser examinado en cada caso concreto, ya que la sola
existencia de un medio principal de defensa judicial no implica per se la
improcedencia de la acción de tutela[22],
estando sujeta esa circunstancia a la comprobacion por parte del juez
constitucional. Al respecto, en fallo T-983 de
2007 (M. P. Jaime Araujo Rentería), la Corte dispuso:
“En desarrollo del principio de subsidiariedad, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que en los casos en que el accionante
tenga a su alcance otros medios o recursos de defensa judicial, la acción de
tutela procederá excepcionalmente en los siguientes eventos:
(i) Los medios ordinarios de defensa judicial
no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos
presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa
judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de
protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos
fundamentales.
(iii) El accionante es un sujeto de especial
protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas,
etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte
del juez de tutela.”
En síntesis, la acción de tutela no fue instaurada para reemplazar otros
medios idóneos de defensa de los derechos fundamentales, ni para ser utilizada
de forma alterna o paralela, sin embargo esta se torna procedente en aquellos
eventos, y dependiendo del caso, en que resulte palmario que los mecanismos
ordinarios no son idóneos y/o eficaces para obtener la protección referida, o
cuando se utiliza el mecanismo de amparo con el fin de evitar un perjuicio
irremediable, y especialmente cuando se trata de proteger los derechos
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.
En relación
con la procedencia de la acción de tutela contra personas jurídicas de derecho
privado, el artículo 86 prevé que el mecanismo de amparo puede proteger
derechos fundamentales ante particulares. Precisa el último inciso de la norma
constitucional: “La ley establecerá los casos
en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente
el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado
de subordinación o indefensión.”
La tutela se puede presentar como
un mecanismo principal, esto es en los casos en los que no haya otro medio
judicial para reclamar los derechos que el tutelante considera se le han
vulnerado; o como un mecanismo transitorio, en los casos en los que haya medio
de defensa judicial ordinario idóneo pero el cual no sea el indicado por
presentarse el riesgo o la amenaza de un perjuicio irremediable, el cual debe
ser evitado o subsanado según sea el caso. En relación con este perjuicio, ha
señalado la jurisprudencia constitucional que éste debe ser inminente, grave,
urgente e impostergable, esto es, que el riesgo o amenaza de daño o perjuicio
debe caracterizarse por tratarse de “… una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) [porque] … el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren
para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad”[23].
Cuando se
alega perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
en general quien afirma una vulneración de sus derechos
fundamentales con estas características debe acompañar su afirmación de alguna
prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no
exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que
basa sus pretensiones.
En este orden de ideas, de conformidad
con el art. 86 Superior un juez de tutela se encuentra frente a un perjuicio
irremediable, cuando se presenta  “la posibilidad cierta y próxima de un
daño irreversible frente al cual la decisión judicial ordinaria que resuelva el
litigio pudiera resultar tardía”,[24]
de manera que es procedente y debe prosperar la acción de tutela “con
efectos temporales mientras se tramita el juicio, con el fin de evitar que
aquél se perfeccione”.[25]
En este sentido, este Tribunal ha
recabado sobre la excepcionalidad de la tutela como mecanismo transitorio, su
aplicación e interpretación estricta, y la temporalidad de las órdenes emitidas
en ella, ya que el juez de tutela no puede asumir la competencia del juez
ordinario correspondiente para decidir de manera definitiva un asunto de su
jurisdicción, sino que procede como mecanismo transitorio al ser un medio
expedito, oportuno y efectivo con el cual se puede evitar la ocurrencia de un
daño o perjuicio irremediable que ocurriría en el interregno de la toma de la
decisión definitiva. A este respecto ha sostenido que "[l]a
posibilidad de conceder este tipo específico de protección judicial es
excepcional, según se desprende del artículo 86 de la Constitución, y
por tanto el alcance de las normas pertinentes es de interpretación estricta.
No se busca que el juez de tutela asuma la competencia del ordinario o
especializado entrando a resolver de fondo el asunto litigioso planteado,
sino de ofrecer al titular del derecho un medio expedito y eficaz para evitar
un daño respecto del cual la decisión judicial definitiva llegaría demasiado
tarde y apenas haría posible un resarcimiento "a posteriori", es
decir, sobre la base de un hecho cumplido".[26]
Igualmente, ha afirmado la
jurisprudencia constitucional que el Juez de tutela debe expresar en la
sentencia que su orden es de carácter temporal, puesto que “…permanecerá
vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice
para decidir de fondo la acción instaurada por el afectado”. También ha
estimado como término razonable para que el actor tutelar interponga los
recursos judiciales previstos por las vías ordinarias un tiempo de entre tres a
cuatro meses a partir de la notificación del fallo de tutela, así como que la
tutela quedará sin efectos si el actor no inicia las acciones judiciales
correspondientes[27].
Del mismo
modo, el Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece las hipótesis en que un
ciudadano puede presentar una acción de tutela contra un particular.
Puntualmente, el numeral cuarto señala que el amparo constitucional es
procedente cuando quien lo incoa se encuentra en una relación de subordinación
o indefensión en relación con la persona de derecho privada accionada.
La relación de indefensión es una
situación de hecho en que una persona no cuenta con mecanismos de defensa
contra un particular, es decir, “cuando la persona afectada en sus derechos
por la acción u omisión del particular, se encuentra inerme o desamparada, sin
medios físicos o jurídicos de defensa, o cuenta con medios y elementos
insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho
fundamental”[28].
Por otra parte, la relación de
subordinación se caracteriza por la dependencia jurídica entre dos personas, y
que tiene como origen la obligatoriedad en el cumplimiento de un deber legal.
Ejemplos de esta relación son: la situación que se presenta entre los
trabajadores frente a sus empleadores, o con los estudiantes respecto de los profesores
o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen[29].
A continuación se
explica el precedente constitucional relacionado con la regulación de los
descuentos directos mediante libranzas a las mesadas pensionales de personas
que reciben una mensualidad de un salario mínimo.
4. Procedencia del mecanismo
constitucional para la protección del mínimo vital de personas en condición de
discapacidad. Reiteración de jurisprudencia
La Constitución Política de 1991
incorporó, en su artículo 47, la disposición según la cual el Estado tiene como
objetivo adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les
debe prestar la atención especializada que requirieran. Sin embargo, solo a
partir de la acción de tutela se ha logrado que, en parte, la protección que,
como mandato imperativo de la Carta, se le impone al Estado, sea una realidad
material para estas personas que son consideradas sujetos de especial
protección constitucional y, que, en virtud de su disminución física, quedan en
una situación de indefensión y debilidad manifiesta ante las  diferentes
autoridades y entidades del Estado así como de particulares.
Como bien es sabido, la acción de
tutela fue concebida con un carácter subsidiario, es decir, que su procedencia
solo se da en los casos en que el lesionado no tiene otro medio de defensa
judicial idóneo para reclamar sus pretensiones, o existiendo este, no es
eficiente ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados, evento
en el cual la acción constitucional de amparo brinda una protección transitoria
al afectado, pues su fin último es evitar la configuración de un perjuicio
irremediable[30].
Es
así que, tratándose de personas que sufren alguna condición de discapacidad, entendida
esta como la restricción o ausencia de la capacidad física o psíquica para
realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal
para todo ser humano dentro de un contexto social[31]
y, teniendo en cuenta el principio de igualdad material contenido en el
artículo 13 constitucional, que busca la aplicación de la igualdad según las
circunstancias particulares que rodean a cada persona, no es posible dar el
mismo trato a una persona que goza de plenas facultades físicas y mentales a
una que, por cualquier eventualidad, se encuentra en una circunstancia de
debilidad manifiesta.
En
consecuencia, y habiéndose dado a la población en situación de discapacidad un status de especial protección, en efecto, la
administración debe: “(i)
brindar un trato acorde a sus
circunstancias, lo que implica una diferenciación positiva, sobre todo cuando
ello resulte necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones
de igualdad y (ii) adoptar políticas tendientes a garantizar su rehabilitación
e integración social, brindando la atención especializada requerida de acuerdo
a sus condiciones”[32]” [33].
Sobre el derecho
fundamental al mínimo vital de estas personas que hacen parte de aquellos
grupos que
históricamente han sufrido cierto margen de discriminación y, por tanto, se les
ha vulnerado sus derechos, la jurisprudencia ha recalcado que siendo el derecho al
mínimo vital una manifestación del principio de dignidad humana y de
solidaridad en relación con los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad
y a la integridad personal, debe ser entonces reconocido para todas las
personas en igualdad de condiciones, en especial a aquellas que se encuentran
en una situación de debilidad manifiesta. Este reconocimiento se da en dos
dimensiones: la primera, la
positiva,
que consiste en la obligación del Estado y excepcionalmente de los particulares
de otorgar a las personas en condición de discapacidad las prestaciones
necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar una desmejora
en sus garantías y, la segunda, la
negativa,
que busca poner límites mínimos de protección a las condiciones dignas en que
puede vivir una persona del común. Por consiguiente, cuando personas en estado
de debilidad manifiesta se ven afectadas en su derecho fundamental al mínimo
vital, ya sea por entidades del Estado o particulares que se encuentren dentro
de los casos que por ley se han previsto, la acción de tutela se convierte en
el medio ideal y definitivo para brindarle amparo a este derecho, aun cuando
existan otros medios de defensa judicial para ello.[34]
El derecho al mínimo vital ha sido
definido por la Corte como “la porción de los ingresos del trabajador o
pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas,
como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios
públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya
titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”[35].
Es decir, la garantía mínima de vida[36].
El derecho al mínimo vital ha sido
considerado por la jurisprudencia constitucional como una de las garantías más
importantes en el Estado Social de Derecho[37]. No solo
porque se fundamenta en otros derechos como la vida (Art. 11 C.P.),  la salud (Art. 49
C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48
C.P.)[38], sino porque
en sí mismo es ese mínimo sin el cual las personas no podrían vivir dignamente.
Es un concepto que no solo busca garantizarle al individuo percibir ciertos
recursos, sino permitirle desarrollar un proyecto de vida igual que al común de
la sociedad. De allí que también sea una medida de justicia social, propia de
nuestro Estado Constitucional.
Nótese cómo el derecho al mínimo
vital adopta una visión de la justicia constitucional en la que el individuo
tiene derecho a percibir un mínimo básico e indispensable para
desarrollar su proyecto de vida, el cual no se agota con medidas asistenciales
que, aunque bienvenidas, son insuficientes[39]. Ello supone
mirar a las personas más allá de la condición de individuo o de persona y
entenderlas como sujetos activos en la sociedad. La interacción de estos,
depende en buena medida de sus condiciones personales las que deben ser
aseguradas mínimamente por el Estado.
Aunque el mínimo vital se componga
inevitablemente de aspectos económicos, no puede ser entendido bajo una noción
netamente monetaria. No se protege solo con un ingreso económico mensual. Este,
debe tener la virtualidad de producir efectos reales en las condiciones de la
persona, de tal manera que no solo le garantice vivir dignamente sino también
desarrollarse como individuo en una sociedad. Esta tesis ha sido resaltada por
esta Corte en diferentes oportunidades, cuando ha sostenido que el derecho al
mínimo vital no es una garantía cuantitativa sino cualitativa. Eso
significa que aunque los ingresos de una persona funcionan como un criterio
para analizar la vulneración del derecho, su protección va mucho más allá.
La Corte ha establecido que a
pesar de su estrecha relación, salario mínimo no es igual a mínimo vital. En
efecto, existen situaciones en las que proteger el salario mínimo de una
persona no necesariamente garantiza las condiciones básicas sin las cuales un
individuo no podría vivir dignamente[40].
Así fue establecido por este
En materia internacional se ha
resaltado el valor de esta regla. Por ejemplo, la Sentencia T-457 de 2011,
aplicando estándares universales, sostuvo que “[e]l artículo 23 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos contempla en su artículo 3° que “toda
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria
que se asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medio
de protección”. Esta norma, permite evidenciar que el derecho al mínimo vital
protege la subsistencia de las personas, tanto del individuo como de su núcleo
familiar y que, en principio, tal derecho se satisface mediante la remuneración
de la actividad laboral desempeñada. Otro elemento que se desprende del
mencionado artículo es que no se trata de cualquier tipo de subsistencia, sino
que la misma debe revestirse de tales calidades que implique el desarrollo de
la dignidad humana”. Dicho de otra manera, a pesar que el salario sea un
elemento muy importante en el análisis del derecho al mínimo vital, no quiere
decir que signifiquen lo mismo. Mínimo vital supone calidades que desarrollan
la dignidad humana.
La relación entre salario mínimo y
derecho al mínimo vital es innegable. Como se mostrará a continuación, el
derecho al salario mínimo ha sido considerado un ingreso tan importante que
tanto el Constituyente de 1991 como el legislador, le han dotado de una
protección especial. Así, si bien no es sinónimo de mínimo vital, su afectación
puede ponerlo seriamente en riesgo.
En esa línea, la jurisprudencia
constitucional ha considerado que una de las garantías más importantes en el
Estado Social de Derecho[41].
No solo por su relación indefectible con otros derechos[42] como la vida, la salud, el trabajo y la seguridad
social, sino porque en sí mismo es ese mínimo sin el
cual las personas no podrían vivir dignamente. Es un concepto que no solo busca
garantizarle al individuo percibir ciertos recursos, sino permitirle
desarrollar un proyecto de vida. De allí que también sea una medida de justicia
social, propia de nuestro Estado Constitucional.
El derecho al mínimo vital adopta
una visión de la justicia constitucional en la que el individuo tiene derecho a
percibir un mínimo básico e indispensable para desarrollar su proyecto
de vida, el cual no se agota con medidas asistenciales que, aunque bienvenidas,
son insuficientes[43].
Ello supone mirar a las personas más allá de la condición de individuo o de
persona y entenderlas como sujetos activos en la sociedad. La interacción de
estos, depende en buena medida de sus condiciones personales, que deben ser
aseguradas mínimamente por el Estado.
En este orden de ideas, aunque el
mínimo vital se componga inevitablemente de aspectos económicos, no puede ser
entendido bajo una noción netamente monetaria. No se protege solo con un
ingreso económico mensual. Este debe tener la virtualidad de producir efectos
reales en las condiciones de la persona, de tal manera que no solo le garantice
vivir dignamente sino también desarrollarse como individuo en una sociedad.
Esta tesis ha sido resaltada por esta Corte en diferentes oportunidades, cuando
ha sostenido que el derecho al mínimo vital no es una garantía cuantitativa
sino cualitativa. Eso significa que aunque los ingresos de una persona
funcionan como un criterio para analizar la vulneración del derecho, su
protección va mucho más allá.
Por estas razones, la Corte ha
establecido que a pesar de su estrecha relación, salario mínimo no es igual a
mínimo vital. En efecto, existen situaciones en las que proteger el salario
mínimo de una persona no necesariamente garantiza las condiciones básicas sin
las cuales un individuo no podría vivir dignamente.
En ese orden, si bien el salario mínimo no es igual a mínimo vital,
en muchas ocasiones su afectación puede poner en riesgo derechos fundamentales,
de manera que pueda afirmarse que entre menos recursos obtenga una persona,
existe mayor probabilidad de lesión al mínimo vital. Pero, para evitar estas
situaciones, tanto el Congreso de la República como la jurisprudencia
constitucional, han fijado unos límites a ciertas prerrogativas de jueces,
acreedores, empleadores y otros, de afectar o gravar el salario de una persona.
En la ley laboral existen unos descuentos que se pueden realizar
directamente sobre el salario del trabajador en favor de un tercero, juez, o
acreedor, estos son:
(i)
Los descuentos realizados en favor y con ocasión
de la orden de alguna autoridad judicial[44].
(ii)
Aquellos autorizados voluntariamente por el
trabajador en favor de un tercero acreedor[45],
dentro de los cuales existen aquellos descuentos realizados por la celebración
de un contrato de crédito por libranza (actualmente regulados por la Ley 1527
de 2012).
(iii)
Los descuentos de ley[46].
En relación con lo anterior, La Corte ha entendido que en principio
los descuentos sobre el salario del trabajador no son contrarios a los derechos
fundamentales, siempre y cuando se respeten unos límites[47] y
sean armonizados con el ejercicio y goce de los derechos fundamentales,
especialmente el derecho al mínimo vital y a la vida digna.
De igual manera, esta Corte abordó
las regulaciones recientemente introducidas por la Ley 1527 de 2012
a los límites establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para esta clase
de descuentos directos[48],
ya que a partir de su promulgación el máximo permitido es el 50% de cualquier
tipo de salario, incluso del salario mínimo.
En la Sentencia T-891 de 2013[49] la
Corte examinó las implicaciones sobre las garantías fundamentales que esta
interpretación literal del artículo quinto de la ley 1527 de 2012 generaría y,
concluyó que era necesaria una flexibilización de su interpretación con el fin
de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, en aquellos
casos en los que existe un conflicto entre las garantías constitucionales de un
trabajador con la aplicación estricta o literal del artículo 3° de la Ley 1527
de 2012. Para el efecto esta corporación estableció estos límites sobre los
descuentos por libranza.
“En consecuencia, si
bien es cierto que la ley 1527 de 2012 puede perseguir un fin
constitucionalmente legítimo como lo es permitir que quienes devenguen, por
ejemplo, un salario mínimo legal vigente accedan a créditos de forma más fácil,
para la Sala esta posibilidad debe ser armonizada con la protección de los
derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna.
No obstante, esa aplicación
rígida del artículo tercero de la Ley 1527 de 2012 puede entrar en conflicto
con derechos fundamentales como el mínimo vital y vida digna, especialmente de
trabajadores que perciben un salario mínimo. La mencionada disposición no puede dejar sin contenido al artículo 53 de la
Constitución pues aplicarla rígidamente desconocería la existencia de ciertos
derechos (como el salario mínimo) que son irrenunciables. Por ello, debe
flexibilizarse.
En ese orden, la prohibición consagrada en el
artículo 53 de la Constitución cobija también los descuentos por libranza. Como
se explicó, cuando media la voluntad de un juez, envestido de poder público, y
bajo dos hipótesis muy concretas, es posible descontar más allá del salario
mínimo. Pero esta es tan solo la excepción que encuentra explicación en el
hecho de que en los embargos el trabajador no renuncia a nada. El descuento se
da porque un juez de la república lo ordena. Por el contrario, cuando los
descuentos surgen por la voluntad del trabajador, la irrenunciabilidad adquiere
plena vigencia. Allí, en principio, no es posible afectar el salario mínimo del
trabajador en casos donde, de acuerdo con la jurisprudencia estudiada, se ponga
en riesgo o afecte el derecho al mínimo vital y vida digna de la persona.”
En desarrollo de lo expuesto, la Corte, mediante la flexibilización
del artículo 3° numeral 5° de la Ley 1527 de 2012, no dejó desprovisto de
objeto a la figura de la libranza, por el contrario lo que hizo fue establecer
límites que efectivicen la supremacía de los derechos constitucionales, en la
medida que permite los descuentos del 50% del salario, siempre y cuando al
gravarse el salario mínimo, no se ponga en riesgo o lesionen los garantías
fundamentales del trabajador.
5. Marco legal sobre descuentos de créditos de libranza en mesadas
pensionales equivalentes a un salario mínimo mensual vigente.
El Legislador y la Corte Constitucional han fijado límites a
ciertas prerrogativas de jueces, acreedores, empleadores y pagadores, de
afectar o gravar los ingresos mensuales de las personas que disfrutan del
derecho de pensión, toda vez, que si bien es un derecho de las entidades del
sistema financiero asegurar el pago de las acreencias en su favor, es
igualmente importante recordar que, el cumplimiento de dichas obligaciones debe
ser compatible con el ejercicio de los derechos fundamentales al mínimo vital y
la vida digna[50],
especialmente de aquellas personas, que por su situación de indefensión o
debilidad, merecen especial protección del Estado.
Frente a este tópico, es necesario recordar que la Corte
Constitucional “asimiló los conceptos de salario y pensión, pues si bien las
dos instituciones son de naturaleza diferente, pueden convertirse en la única
garantía con la que cuentan las personas para subsistir”[51].
Así, tanto la jurisprudencia de este Tribunal como diversas normas
laborales han previsto hipótesis en las que un descuento a la mesada pensional,
o al salario mensual de un trabajador, son inconstitucionales, debido a que el
valor de dinero que recibe un ciudadano es insuficiente para atender sus
necesidad básicas.
En primer lugar, se encuentra la Ley 1527 de 2012 “por medio de la cual se
establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan
otras disposiciones”, la cual establece varias definiciones y
reglas que permiten determinar en qué eventos, una entidad privada o pública
que realiza descuentos directos sobre la nómina mensual de un pensionado o un
trabajador incurre en una vulneración a sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones de dignidad y al mínimo vital.
La Ley cita
define que la Libranza es la autorización dada por el asalariado o pensionado, a la
entidad pagadora para que realice el descuento del salario, o pensión
disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a
favor de las entidades financieras que realiza operaciones de libranza o
descuento directo. La normatividad indica que el pagador es la persona natural
o jurídica, de naturaleza pública o privada, que tiene a su cargo la obligación
del pago de la mesada pensional.
En relación con las previsiones
y prohibiciones que deben tenerse en cuenta, cuando se realizan contratos de
libranza, la ley advierte que debe cumplir varios requisitos, entre ellos, los
siguientes dos: (i) debe existir “autorización expresa e irrevocable por parte del
beneficiario del crédito a la entidad pagadora de efectuar la libranza o
descuento respectivo de conformidad con lo establecido en la presente ley.”
(ii) se puede efectuar la libranza o descuento directo siempre y cuando el pensionado
no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o
pensión, después de los descuentos de ley. Las deducciones o retenciones que
realice el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de
libranza o descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción
contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del
Trabajo[52].
En efecto, el Artículo 3 Numeral 5 de la Ley 1527 de 2012 estableció
que un crédito de libranza o
descuento directo siempre y cuando el pensionado no reciba menos del cincuenta
por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de
ley. Esta disposición ha sido aplicada en varias ocasiones por parte de la
Corte Constitucional, por lo cual, a partir de la jurisprudencia es posible
extraer varias sub reglas aplicables al caso concreto.
Varias salas de revisión de la
Corporación ha aplicado esta ley, con el fin de determinar si un descuento
directo a una mesada pensional o un salario mensual vulnera los derechos
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital.  En relación con las reglas
aplicables a los créditos de libranza, la Corte Constitucional ha fijado las
siguientes reglas:
“(i) los descuentos directos deben respetar los
máximos legales autorizados por la ley;
(ii) existe un mayor riesgo de afectar el derecho
al mínimo vital cuando (ii.1) entre el salario y la persona exista una relación
de dependencia, es decir, que sea la única fuente de ingresos; (ii.2) cuando su
familia dependa de sus ingresos y finalmente; (ii.3) cuando se trate de
personas de la tercera edad. Adicionalmente,
(iii) de ninguna manera es posible descontar más
allá del salario mínimo legal vigente, salvo que se trate de embargos por
deudas con cooperativas y por alimentos. En esos casos, su máximo será del
cincuenta por ciento (50%). Por su parte,
(iv) el responsable de regular los descuentos es el
empleador o pagador según el caso. Finalmente,
(v) en los descuentos directos por libranza se
puede descontar hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario (según el
caso), siempre y cuando, si se afecta el salario mínimo, no se ponga en riesgo
o lesionen los derechos al mínimo vital y a la vida digna de la persona de
acuerdo con las reglas fijadas por esta Corporación.”[53]
En aplicación de esta reglas judiciales, así como de la
previsión contenida en el Artículo 3 de la Ley 1527 de 2012, la Corte ha
resulto varios casos en los que ha determinado que un descuento directo
(mediante libranza, por ejemplo) o un embargo judicial sobre una mesada
pensional o un salario mensual vulneran los derechos fundamentales a la vida en
condiciones de dignidad, y al mínimo vital, cuando se priva a personas en
situación de protección constitucional reforzada de un ingreso suficiente para
atender sus necesidades básicas.
En la Sentencia T-891 de 2013[54], la
Sala Novena de Revisión estudió el caso de un trabajador del Ejército Nacional,
quien tenía una asignación mensual de dos millones de pesos ($2.000.000), pero,
en virtud a varios créditos de libranza, y a diversas órdenes judiciales de
embargo, recibía mensualmente cincuenta y un mil
seiscientos dieciséis mil pesos ($ 51.616).  El accionante formuló el mecanismo
de amparo debido a que estimaba que los descuentos que se realizaban a su
salario mensual ponían en riesgo su derecho al mínimo vital, y el de sus
pequeñas hijas.  En relación con el cumplimiento del principio de
subsidiariedad, la Corporación concluyó que, en virtud de la situación
económica y familiar del accionante, los mecanismos ordinarios de defensa de
derechos fundamentales resultaban inidóneos e ineficaces, ello, en razón a que,
los recursos ordinarios no “tienen la virtualidad de producir los efectos
esperados”.
La Corte estimó que existió una
vulneración al derecho al mínimo vital del trabajador y su núcleo familiar,
debido a que el empleador realizó descuentos directos de libranza vulnerando el
tope establecido en la Ley 1527 de 2012, por ello se tuteló el derecho
fundamental del accionante, y se ordenó al empleador regular los descuentos
realizados sobre el salario del peticionario de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
En la Sentencia T-426 de 2014[55], la Sala Sexta de Revisión resolvió el mecanismo de amparo incoado
por un soldado profesional del Ejercito Nacional, quien recibía un salario de un
millón novecientos treinta y tres mil novecientos treinta y siete pesos
($1.933.937). No obstante, en razón a obligaciones crediticias y a embargos
judiciales, el peticionario recibía como pago de nómina valores fluctuantes
entre cinco mil ochocientos ocho pesos ($ 5.808) y cincuenta y tres mil
cincuenta y un pesos ($ 53.051).
Tras reiterar las reglas jurisprudenciales, la Corte consideró que los
descuentos por embargo o directo mediante libranzas se determinó que los
descuentos si bien respetaban los límites legales, tenían como consecuencia que
el accionante no recibía mensualmente el dinero suficiente para solventar sus
gastos mínimos. Lo anterior produjo la vulneración de su derecho al mínimo
vital, debido a que el peticionario solo contaba con
una fuente de ingresos, correspondiente al salario percibido por su trabajo en
el Ejército y “al afectársele esos emolumentos, ciertamente se lesiona su
derecho al mínimo vital y el de su familia. Primero porque no cuenta con rentas
adicionales que le permitan sufragar sus gastos, de tal manera que si se le
cercena la posibilidad de recibir un salario que le permita subsistir, se le
coloca en una condición de profunda vulnerabilidad. Los descuentos al afectar
el salario mínimo vital legal vigente del peticionario tornan indispensable e
imperativa la intervención del juez constitucional, pues en el caso concreto
existe una relación de dependencia entre el salario y el trabajador.”
6. Análisis del caso en concreto.
En el asunto que ahora ocupa la atención de la
Corte, se discute si la entidad, “Asistencia Familiar Cooperativa”, ASFAMICOOP,
vulneró los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de Flavio
Uribe Blanco, al aprobar un crédito de libranza por valor de seis millones
novecientos noventa y tres mil pesos ($ 6.993.000), y establecer como forma de
pago sesenta (60) cuotas mensual de 275.100 pesos sin tener en cuenta que:
(i) Flavio Uribe Blanco es una persona civilmente
incapaz tal como fue declarado, mediante sentencia de nueve (9) de febrero de
dos mil siete (2007), por Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Socorro
(Santander), y confirmado el siete (7) de junio del mismo año, por el Tribunal
Superior del Distrito de San Gil, Sala Civil- Familia-Labora[56]. En dicho proceso
de interdicción se designó como curadora legítima a su esposa, la señora
Yolanda Rodríguez de Uribe.
(ii) Mediante Resolución No. 009634 de 2007, el
Instituto de los Seguros Sociales concedió pensión de invalidez al señor Uribe
Blanco equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
(iii) la familia del accionante está compuesta
por su esposa, Yolanda Rodríguez de Uribe, y su hijo Jonathan Uribe Rodríguez,
este último, un joven de veinte tres años (23) quien también sufre de
discapacidad  mental y cuyo sostenimiento es garantizado por la pensión de
invalidez del peticionario[57].
(iv) La mesada pensional del accionante asciende
a seiscientos cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta pesos ($ 644.350), por
lo cual, tras descontar: (i) la cuota mensual del crédito de libranza, esto es,
doscientos setenta y cinco mil pesos ($275.000) y; (ii) el aporte a la
seguridad social, el núcleo familiar del peticionario recibe doscientos noventa
mil novecientos veintiocho pesos ($ 290.928), ya que, a la mesada pensional le
descuentan trecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos veintidós pesos ($
353.422)[58],
ingresos que según lo manifestó la curadora del accionante, no permite cubrir
los gastos mínimos de sostenimiento.
Por lo
anterior, la señora Rodríguez de Uribe argumenta que esta situación vulnera los
derechos fundamentales de su pupilo y su hijo, en atención a que: (i) el
negocio jurídico celebrado entre su esposo y la compañía es ilegal en virtud a
que la Cooperativa no debió aprobar el préstamo, y en esa medida actúo irregularmente.
Aunado a esto, en su criterio, el dinero del préstamo (seis millones
novecientos noventa y tres mil pesos) fue dilapidado por su esposo, sin que
ella tuviera conocimiento; (ii) el descuento que se hace a la mesada pensional de
doscientos setenta y cinco mil cien pesos ($275.100) tiene como consecuencia
que el núcleo familiar solo recibe mensualmente doscientos noventa mil
novecientos veintiocho pesos ($290.928), lo cual produce afectaciones a los
derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones de dignidad.
Por otro lado, la defensa judicial de la empresa
accionada, Asistencia Familiar Cooperativa, ASFAMICOOP, se ha concentrado en señalar que el crédito de
consumo y sistema de cobro de libranza acordado entre la entidad y Flavio Uribe
Blanco se suscribió de buena fe y respetando los topes legales para  descuentos.
De la misma manera, la entidad llamó la atención sobre el hecho que el señor Uribe
Blanco se acercó sólo, lucido y consciente,  por lo cual, los empleados de la
Cooperativa no estaban en condiciones de sospechar que se trataba de una
persona declarada incapaz absoluta.
En virtud a que la solicitud del crédito se
desarrolló en un contexto que impedía al personal de ASFAMICOOP sospechar de la
interdicción judicial de Flavio Uribe Blanco, el quince (15) de septiembre de
dos mil quince (2015) la compañía aprobó el crédito solicitado.
Igualmente, la entidad financiera afirmó que la
responsabilidad de la suscripción del crédito fue de la curadora judicial, señora
Yolanda Rodríguez de Uribe, quien a juicio de la compañía, ha sido negligente
debido a que  inscribió la sentencia que declaró la interdicción judicial de su
esposo, solo hasta el día tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015), es
decir, pasados tres meses de suscrito el contrato de crédito de libranza. En el
mismo sentido, la apoderada de la accionada reprocha a la curadora judicial,
que haya permitido que su esposo acudiera solo a la Cooperativa a solicitar un
préstamo de dinero.
Con base en lo anterior, la Sala Octava considera que la cuestión constitucional que
debe resolver, se reduce a determinar si la entidad accionada vulneró el
derecho fundamental a la vida en condiciones de dignidad y al mínimo vital de
Flavio Uribe Blanco declarado interdicto judicial desde el año dos mil seis
(2006), su esposa Yolanda Rodríguez de Uribe, designada curadora judicial, y su
hijo discapacitado Jonathan Uribe Rodríguez, al conceder un crédito de seis
millones novecientos noventa y tres mil pesos ($ 6´993.000), pagaderos en
sesenta (60) cuotas mensuales de doscientos setenta y cinco mil pesos
($275.100), y que son descontados del único ingreso familiar, es decir la
mesada pensional de Uribe Blanco, la cual asciende a un salario mínimo mensual
vigente, esto es, seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos
($644.350).
Para ello, a
continuación se resolverá si la petición de amparo formulada por la curadora
Yolanda Rodríguez de Uribe, cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez,
y posteriormente, se resolverá sobre la vulneración de los derechos
fundamentales de la peticionaria.
6.1.
Análisis de la procedibilidad formal del amparo
Requisito
de subsidiaridad
La Sala
considera necesario determinar si se cumplen las reglas de subsidiariedad. Es
decir, debe establecerse debe verificarse que la señora Yolanda Rodríguez de
Uribe haya agotado los recursos judiciales que tenía a su disposición. O que
existiendo mecanismos ordinarios, los mismos no eran idóneos y eficaces para la
protección de los derechos fundamentales incoados. Si las anteriores dos
hipótesis no se cumplen, la Corte deberá establecer si la acción de tutela se
presenta como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.
La curadora
judicial, Yolanda Rodríguez de Uribe afirma que acude a la acción de tutela en
atención a su contexto familiar, es decir, por el hecho que la pensión de
invalidez de su esposo, Flavio Uribe Blanco es el único ingreso familiar y el
mismo solo alcanza el salario mínimo legal vigente.
En este
escenario factico, la Sala Octava de Revisión de Tutelas se percata que la
accionante, Yolanda Rodríguez de Uribe si cuenta con un mecanismo judicial
ordinario para solicitar la protección de los derechos fundamentales alegados.
Se trata del proceso civil declarativo que se sigue mediante el trámite de un
procedimiento verbal y cuya reglamentación se consiga en los Artículos 368 y
subsiguientes del Código General del Proceso. A su vez, dado que el proceso
verbal es un juicio declarativo, resultan aplicables las reglas de medidas
cautelares que se encuentran desarrolladas en el Artículo 590 de la misma Ley
1564 de 2012.
Conforme a la
regulación del Código General del Proceso, el trámite  de un procedimiento
verbal es aquel por el cual se adelantan todas aquellas causas que no tiene
asignadas un trámite particular[59]. En el caso concreto de la nulidad
absoluta de un contrato de crédito, dicha demanda se sigue por este procedimiento.
Dicha demanda se formula conforme a los requisitos contendidos en el Artículo
82 de la codificación, con anexos, pruebas, peticiones de medidas cautelares y
la misma será admitida conforme a la regla del Artículo 90.
En el caso del
traslado de la demanda, el Artículo 369 precisa que una vez admitida la demanda
se correrá traslado al demandado por un término de veinte (20) días. Si el
demandado propone excepciones de mérito, de ellas se correrá traslado al
demandante por el término de cinco (5) días, para que el accionante pida
pruebas sobre los hechos en que se fundan las excepciones.
El Artículo
590 de la misma codificación, indica que en los procesos declarativos -el
proceso verbal es uno de ellos-, se aplica un nuevo régimen de medidas
cautelas. La norma citada señala que al admitir la demanda, el juez puede
decretar cualquier tipo de medida cautelar, siempre que la misma sea razonable
para la protección del derecho objeto de litigio. Explica la Ley 1564 de 2012:
“Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen
derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida
y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de
la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá
disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de
la medida cautelar adoptada.”
En casos en que un juez decrete una medida cautelar dentro
de un proceso  con pretensiones pecuniarias “el demandado podrá impedir su
práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de
una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable
al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de
cumplirla.”
Para que
el juez que conoce del proceso con pretensiones pecuniarias decrete una medida
cautelar, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda. No obstante,
dependiendo del caso, el Código reconoce un amplio margen de discrecionalidad a
la autoridad judicial, la cual “podrá aumentar o disminuir el monto de la
caución cuando lo considere razonable, o fijar una superior al momento de
decretar la medida.”
De esta
manera, el Código General del Proceso introdujo un régimen amplio y vigoroso de
régimen de medida cautelares en los procesos declarativos, en los cuales se
otorga un amplio margen de discrecionalidad al juez con el fin de que, en
aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, asegure la
protección del objeto de litigio de un demandante. Así, si un ciudadano acude
ante la jurisdicción civil, y tiene como objetivo la protección de sus derechos
fundamentales, la autoridad judicial cuenta con plena competencia para decretar
cualquier medida cautelar que estime conveniente.
Incluso, el
mismo Artículo 590 señala que en casos donde la pretensión sea pecuniaria, prima
facie, el juez debe solicitar que se constituya una caución equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda. No
obstante, en casos de la gravedad y cuando existan argumentos suficientes, el
juez podrá disminuir el monto de dicha caución.
La Corte
considera que las reformas introducidas por el Código General del Proceso han
ampliado y fortalecido el régimen de medidas cautelares en procesos declarativos,
al punto que permite que ante una petición de un  demandante, el juez decrete “cualquier
otra medida que… encuentre razonable”. En esa medida, es perfectamente
posible que un demandante dentro de un proceso verbal, solicite al juez como
medida cautelar las decisiones precautelativas que proteja derechos
fundamentales de un demandante.
Como se señaló,
el proceso civil ordinario es un espacio idóneo y eficaz para la protección de
los derechos fundamentales. Más ahora que el nuevo régimen de medidas
cautelares dentro de los procesos ejecutivos, establece que el juez puede
decretar cualquier otra medida que encuentre razonable.
Por ello, es
perfectamente posible que la curadora Yolanda Rodríguez de Uribe solicite al
juez ordinario competente, el decreto de una medida cautelar consistente en
ordenar a las entidades correspondientes (Asistencia Familiar Cooperativa y a
Colpensiones) se abstengan de descontar el valor de la cuota mensual del
crédito de consumo hasta que no se decida si efectivamente el contrato está
viciado de nulidad absoluta.
El amplio
régimen de medidas cautelares previsto en el Artículo 590 del Código General
del Proceso es un mecanismo idóneo y eficaz para proteger la petición que
persigue la accionante, ya que es posible que un juez decrete la protección de
los derechos fundamentales de la familia Uribe Rodríguez como herramienta
precautelativa.
La Corte
Constitucional concluye que la accionante contaba con otros mecanismos
judiciales ordinarios para la protección de los derechos fundamentales
incoados. En el mismo sentido, debe señalarse que los mismos, son idóneos y
eficaces, en miras a la protección las libertades reivindicadas.
Sin embargo, al revisar las
especificidades del caso, la Sala constata que la
señora Yolanda Rodríguez de Uribe, su esposo, Flavio Uribe Blanco, y su hijo Jonathan
Uribe Rodríguez se ven enfrentados a una situación delicada dado que, en
septiembre de dos mil quince (2015), la entidad accionada aprobó un crédito de
consumo a una persona que había sido declarada interdicta judicial desde el año
dos mil siete (2007).
Para la
Corporación resulta fundamental señalar que, concurren tres elementos que
llevan a ser procedente el mecanismo de amparo: (i) busca la protección de los
derechos fundamentales de dos personas sujetos titulares de garantía
constitucional reforzada; por un lado, Flavio Uribe Blanco, un hombre de 57
años de edad, que recibió la pensión de invalidez debido a la discapacidad
mental que sufre, dolencia que también produjo que la jurisdicción ordinaria,
especialidad familia lo declarara interdicto judicial en el año dos mil siete
(2007).  Esto se encuentra respaldado, no solo por las sentencias que
declararon la interdicción judicial, sino, de igual manera, por la historia
clínica, con fecha de veintiuno de julio de dos mil quince (2015)[60],
en la cual consta que Flavio Uribe de enfermedad psiquiátrica desde hace 30
años. Por otro lado, Jonathan Uribe Rodríguez, hijo del matrimonio de Yolanda y
Flavio, es un joven de 23 años, y quien también sufre de discapacidad mental[61],
motivo por el cual depende económicamente de su padre y su madre; y (ii) La
cuota mensual del crédito asciende a doscientos setenta y cinco mil cien pesos
($ 275.000), lo cual reduce sustancialmente los ingresos económicos del núcleo
familiar.
Así, en este
caso, la Corte estima que en virtud al carácter de sujeto de especial
protección constitucional del señor Flavio Uribe Blanco, y de la situación de
especial vulnerabilidad del núcleo familiar, la tutela es procedente en tanto
busca proteger a los accionantes de un perjuicio irremediable y en esa medida,
se erige como mecanismo transitorio.
Como se indicó más arriba, cuando existen
mecanismos judiciales ordinarios, y los mismos son idóneos y eficaces, el
amparo puede intentarse cuando se demuestre la inminencia de un perjuicio
irremediable (art. 86, inciso 3° Const.). Entendido este último como una
amenaza a los derechos fundamentales que es inminente
o próxima a suceder;  grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o
material);  deben requerir intervención  urgente para superar el daño, y
las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la
consumación de un daño antijurídico irreparable.
En este caso, la Corte considera
que la acción de tutela formulada por la señora Yolanda Rodríguez de Uribe es
formalmente procedente, en la medida en busca evitar la consumación de un
perjuicio irremediable en los derechos fundamentales de dos personas sujetos de
especial protección constitucional.
Inmediatez
El contrato de
crédito de consumo y servicio, pagadero con el sistema de libranza suscrito
entre Flavio Uribe Blanco, interdicto judicial desde el año dos mil seis
(2006), y Asistencia Familiar Cooperativa se celebró el quince (15) de
septiembre de dos mil quince (2015).
El quince (15)
de octubre del mismo año, la curadora judicial se dirigió a ASFAMICOOP  con el fin de que la compañía informara en qué contexto y
porqué motivo se aprobó un crédito a su esposo Flavio Uribe, cuando había sido
declarado interdicto judicial en el año dos mil seis (2006)[62].
Una vez presentada la petición, la señora Yolanda Rodríguez de Uribe formuló
la acción de tutela el día tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015)
solicitando la protección de los derechos al mínimo vital y a la vida digna de
su núcleo familiar.
En criterio de
la Corte, la curadora judicial, Yolanda Rodríguez de Uribe ha sido diligente e
incoo el mecanismo de amparo constitucional pasado (2) dos meses después de la
celebración del contrato de crédito de consumo, e incluso, en el interregno
dirigió una petición a la entidad financiera solicitando información sobre los
motivos por los cuales se concedió un préstamo de dinero a una persona que
había sido declarada interdicta. La Sala Octava estima cumplido el requisito de
inmediatez.
6.2 Estudio de fondo
sobre la vulneración del derecho al mínimo vital y móvil, y a la vida en
condiciones de dignidad.
Ahora la Sala Octava de
Revisión de Tutelas hará el estudio de fondo de la petición de la accionante, y
en esa medida, determinará si el descuento mensual de doscientos setenta y
cinco mil cien pesos ($ 275.100) en la mesada pensional equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente ($ 644.350) del señor Flavio Uribe Blanco,
implica una vulneración a sus derechos a la vida digna y al mínimo vital,  teniendo
en cuenta que el núcleo familiar está compuesto por tres personas, dos de las
cuales sufren de discapacidades mentales.
De los elementos de
prueba contenidos en el expediente resultan claros varios aspectos:
(i) El día veintisiete (27) de junio de dos mil seis (2006),
la Señora Yolanda Rodríguez de Uribe solicitó a la jurisdicción ordinaria,
especialidad familia, que mediante sentencia judicial se declarara que Flavio
Uribe Blanco es interdicto judicial por demencia, se le prive de la
administración de sus bienes, que se designe como curadora a la peticionaria y
“que se publique y se inscriba la decisión en los términos de ley”[63].
El día siete (7) de
agosto del año dos mil seis (2006), se consignó en el Registro Civil del Señor
Flavio Uribe Blanco que el Juzgado primero promiscuo municipal de Familia del
Socorro declaró la interdicción provisional del señor Flavio Uribe Blanco
titular de la CC. 91.101.315.[64]
(ii) El nueve (9) de febrero de dos mil siete (2007), el juzgado
primero promiscuo de Familia Socorro, Santander, en primera instancia, declaró
interdicción judicial definitiva por demencia, para el señor Flavio Uribe
Blanco; designó como curadora legitima del interdicto a Yolanda Rodríguez de
Uribe; y ordenó “librar los oficios que sean pertinente a donde corresponda,
a fin de que se inscriba la presente sentencia en el registro civil de
nacimiento del interdicto y en todos los demás documentos que tengan que ver
con su estado civil”[65].
El siete (7) de junio de
dos mil siete (2007), el Tribunal Superior del Distrito, San Gil Sala Civil
Familia Laboral confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia.
(iii) El señor Flavio Uribe Blanco sufre periodos de su demencia
en los que se torna ansioso, inquiero, con pérdida de necesidad del sueño. El
médico tratante, en una epicrisi de veinticuatro (24) de octubre de dos mil
quince (2015) explicó: “Ultima hospitalización agreso hace 12 días (22 días
de hospitalización) con clínica persistente al egreso logorreico, insomnio de
conciciliación, con clínica de más o menos 2 días de evolución consistente en
delirios de persecución, ´referir que se innvoulucra los cleros y políticos u
que es perseguido por ello, y que le quiere hecer (sic) un atentado con
una granada”[66]
(iv) El quince (15) de septiembre de dos mil quince (2015), el
señor Flavio Uribe se acercó a una sucursal de la entidad Asistencia Familiar
Cooperativa, ASFAMICOOP,  y solicitó un crédito de consumo y servicio por un valor
de seis millones novecientos noventa y tres mil pesos ($ 699.300), pagadero a
sesenta cuotas (60) mensuales por valor de doscientos setenta y cinco mil cien
pesos ($ 275.100).
El señor Uribe Blanco
respaldó la acreencia con su mesada pensional, la cual asciende a seiscientos
cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($ 644.350). Así, tras los
descuentos legales (servicio de salud), la curadora, Yolanda Rodríguez de Uribe
recibe doscientos noventa mil novecientos veintiocho pesos ($ 290.928).
Según el Artículo 3 de la
Ley 1527 de 2012, para aprobar un crédito de libranza, se
deben cumplir varios requisitos. Uno de ellos tiene que ver con el monto de
dinero que efectivamente recibe un deudor. Después de realizar los aportes al
sistema de seguridad social, el descuento de libranza debe garantizar que una
persona reciba una cifra de dinero superior al 50 % del monto neto de un
salario mínimo legal mensual vigente. Así lo prevé la norma comentada.
“5.  Que la
libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o
pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su
salario o pensión, después de los descuentos de ley.”
En el caso del señor
Flavio Uribe su pensión equivale a seis cientos cuarenta y cuatro mil
trescientos cincuenta pesos ($ 644.350); a título de descuento del aporte al
sistema de salud, se retienen setenta y siete mil trescientos veinte dos pesos
($77.322). De esta manera, el cincuenta por ciento (50%) del valor neto de la
pensión es doscientos ochenta y tres mil quinientos catorce pesos ($ 283.514).
Tras el descuento de la cuota mensual, el accionante recibe doscientos noventa
mil, novecientos veinte ocho pesos  ($290.928). Es decir que, prima facie,
el señor Uribe Blanco, recibe siete mil cuatrocientos catorce pesos ($ 7.414)
más del límite previsto por la ley.
No obstante, para la Sala
Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional no basta que el
descuento que se realiza a la mesada pensional del señor Uribe Blanco supere en
siete mil pesos el límite legal, dado que, en todo caso: (i) la curadora del
peticionario, y todo el núcleo familiar integrado por dos personas en condición
de discapacidad, solo recibe doscientos noventa mil pesos, valor claramente
insuficiente para atender las condiciones de vida digna de dos personas sujetos
de especial protección constitucional; y (ii) resulta indudable, que el
contrato de crédito de consumo y servicios celebrado entre Flavio Uribe Blanco
y ASFAMICOOP no debió celebrarse, en virtud a su condición de
interdicción.
Para la Corte
Constitucional, no basta con que ASFAMICOOP haya cumplido con la formalidad de cumplir el límite previsto
en el Artículo 3 de la Ley 1527 de 2012  por siete mil pesos. El solo hecho que
se haya aprobado un crédito, el cual no debió haber sido concedido, y que el
ingreso mensual del núcleo familiar ascienda solo a un salario mínimo legal
mensual vigente, permite a la Corporación afirmar que sí existe una vulneración
a los derechos fundamentales del señor Flavio Uribe Blanco y de su hijo
Jonathan Uribe Rodríguez, toda vez que se trata de dos personas discapacitadas
y dependientes del cuidado de la señora Yolanda Rodríguez, quien en virtud de
la situación familiar, no puede desempeñar labores que provean ingresos
económicos adicionales.
Si bien el descuento
mediante libranza que se hace a la mesada pensional de Flavio Uribe supera en la
exigencia legal, no deja de ser menos cierto que: (i) el dinero que recibe
mensualmente el accionante no alcanza para satisfacer los requerimientos
mínimos de dos personas discapacitadas. Como se señaló en el acápite
considerativo, un descuento de la cuota ménsula de un crédito, mediante el
sistema de libranza, además de superar el límite legal, debe garantizar
condiciones de dignidad al deudor[67].
La difícil situación
económica del núcleo familiar del accionante se evidencia en el hecho que según
lo narró la curadora “para nosotros es perjudicial el descuento por
libranza, ya que es nuestro sustento, de donde pagamos el arriendo mensual los
servicios y la alimentación de los 3 miembros de familia”[68].
De hecho, allega al expediente de tutela un recibo del canon de arrendamiento
de su vivienda, el cual asciende a trescientos sesenta mil pesos ($ 360.000)
mensuales[69].  Es decir, el canon de
arrendamiento de su vivienda es superior al ingreso mensual que recibe el
núcleo familiar.
Por otro lado, la defensa
de la empresa accionada ha sido mal intencionada, pues ha argumentado que la
accionante no registró la sentencia de interdicción sino hasta el año dos mil
quince. Esto es falso, y en nada excusa la actuación de la Cooperativa, ya
que aparece en el registro civil de nacimiento del señor Flavio Uribe Blanco,
con toda claridad y contundencia, que el siete (7) de agosto de dos mil seis
(2006), por orden del Juzgado primero promiscuo de familia de Socorro
(Santander) se inscribió una declaración de interdicción parcial.
Esta sola inscripción en
el registro civil, debió haber bastado para que la empresa ASFAMICOOP
dudara de la capacidad civil para celebrar contratos comerciales de Flavio
Uribe, y debió haber llevado a la compañía a investigar: (i) las referencias
familiares que el interdicto anunció en el formulario de solicitud del crédito.
En ellas se leen claramente que se referenció a familiares que darían cuenta su
situación mental; (ii) si la incapacidad civil declarada provisionalmente el
cuatro (4) de julio de dos mil seis seguía vigente. Esto debido a que la
providencia que declaró la interdicción provisional aparece claramente inscrita
en el registro civil de nacimiento de Uribe Blanco desde el año dos mil siete
(2007)[70].
En igual medida, la
peticionaria no ha sido negligente tal como lo afirmó repetidamente la compañía
accionada, toda vez que la sentencia que declaró en primera instancia la
interdicción judicial de Flavio Uribe Blanco ordenó librar los oficios que
fueran pertinentes para que se inscribiera la sentencia en el registro civil de
nacimiento del interdicto. Es decir, la señora Yolanda Rodríguez podía tener la
convicción de que la jurisdicción civil-familia había librado los oficios
necesarios para garantizar la oponibilidad de la determinación.
En conclusión, al aprobar
un crédito de consumo a una persona declarada interdicta judicial, y cuyo único
ingreso es una pensión de invalidez de un salario mínimo mensual, ASFAMICOOP produjo una vulneración
de los derechos fundamentales a la vida en condiciones de dignidad y al mínimo
vital de dos personas sujetos de especial protección constitucional.
6.3. Órdenes.
En virtud de lo anterior, la Sala
Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional revocará la
sentencia proferida, en segunda instancia, el dieciocho (18) de febrero de dos
mil dieciséis (2016), por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro
(Santander), y en su lugar, confirmará la sentencia proferida en primera
instancia, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015), por el
Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Socorro (Santander) en cuanto tuteló  de
manera transitoria los derechos fundamentales a la dignidad humana y mínimo
vital del señor Flavio Uribe Blanco.
Debido a que, según lo previsto por el Artículo 8
del Decreto 2591 de 1991, la protección constitucional se concede de manera
transitoria, la señora Yolanda Rodríguez de Uribe, curadora judicial de Flavio
Uribe Blanco, deberá acudir ante la jurisdicción ordinaria, especialidad civil,
con el fin de que allí se determine si el negocio de crédito de consumo y
servicio celebrado entre Flavio Uribe y la compañía Asistencia Familiar
Cooperativa, ASFAMICOOP, adolece de
nulidad absoluta.
La protección de amparo constitucional estará
vigente, solamente si la peticionaria formula dentro de los cuatro meses siguientes
a la notificación de la providencia, la demanda ante el juez ordinario
competente, y hasta que se resuelva definitivamente el proceso de nulidad
absoluta del contrato de crédito de consumo suscrito entre Flavio Uribe Blanco
y la entidad accionada. Si no  instaura la demanda
cesarán los efectos del amparo constitucional.
Para ello, la señora Yolanda Rodríguez
de Uribe pude, de ser necesario, acudir a la Defensoría del Pueblo, para que a
través del sistema de defensoría pública especializada en temas de familia
demande ante el juzgado competente la nulidad absoluta del contrato de crédito
de consumo y servicio que suscribieron en el mes de septiembre de dos mil
quince (2015) Asistencia Familiar Cooperativa, ASFAMICOOP, y su esposo Flavio
Uribe Blanco.
7. Síntesis.
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional estudia el caso de Flavio Uribe Blanco, una persona en situación
de discapacidad[71],
declarado interdicto judicial desde el año dos mil siete (2007) y quien goza
del derecho de pensión con una mesada de un salario mínimo mensual vigente. Su
núcleo familiar está compuesto por su esposa Yolanda Rodríguez de Uribe, quien
además es su curadora judicial, y por su hijo de veintitrés (23) años  Jonathan
Rodríguez, quien también sufre una discapacidad mental.
El día quince (15) de septiembre de dos mil
quince (2015), la compañía Asistencia Familiar Cooperativa, ASFAMICOOP, aprobó un
crédito de consumo por valor de seis millones novecientos noventa y tres mil pesos
($ 6.993.000), y estableció como forma de pago, sesenta (60) cuotas mensual de
doscientos setenta y cinco mil cien pesos ($ 275.100), esto, sin tener en
cuenta que la mesada pensional del accionante asciende a seiscientos cuarenta y
cuatro mil trecientos cincuenta pesos ($ 644.350).
Por lo cual, tras aplicar el descuento de la
cuota mensual del crédito de libranza, es decir, doscientos setenta y cinco mil
pesos ($275.000) y el aporte a la seguridad social, el núcleo familiar del
peticionario recibe doscientos noventa mil novecientos veintiocho pesos ($
290.928), ya que a la mesada pensional le descuentan trecientos cincuenta y
tres mil cuatrocientos veintidós pesos ($ 353.422)[72], ingresos que según
lo manifestó la curadora del accionante, no permiten cubrir los gastos mínimos
de sostenimiento.
La defensa judicial de la empresa accionada,
Asistencia Familiar Cooperativa, ASFAMICOOP,
señala que el crédito de consumo y sistema de cobro de libranza acordado entre
la entidad y Flavio Uribe Blanco se suscribió de buena fe y respetando los
topes legales de descuento, toda vez que el señor Uribe Blanco se acercó sólo,
lucido y consciente, y sin levantar sospecha de su condición mental entre los
empleados de la Cooperativa.
Con base en lo anterior, la Sala Octava considera que la cuestión constitucional que
debe resolver consiste en determinar si la entidad accionada vulneró el derecho
fundamental a la vida en condiciones de dignidad y al mínimo vital de Flavio
Uribe Blanco, declarado interdicto judicial desde el año dos mil seis (2006),
de su esposa Yolanda Rodríguez de Uribe, designada curadora judicial, y su hijo
en situación de discapacidad Jonathan Uribe Rodríguez, al conceder un crédito
de seis millones novecientos noventa y tres mil pesos ($ 6´993.000), pagaderos
en sesenta (60) cuotas mensuales de doscientos setenta y cinco mil pesos
($275.100), y que son descontados del único ingreso familiar.
La mesada
pensional de Uribe Blanco, la cual asciende a un salario mínimo mensual
vigente, esto es, seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos
($644.350).
En atención a las especificidades del caso y a
que se están discutiendo los derechos fundamentales de dos personas en
situación de vulnerabilidad que son sujetos de especial protección
constitucional, y cuyo único ingreso es un salario mínimo mensual vigente, la
Corte considera procedente la acción de tutela.
Para tal efecto, la Sala
de Revisión tuvo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 3 de
la Ley 1527 de 2012, según el cual, un crédito de
libranza, para ser aprobado, debe cumplir varios requisitos, uno de ellos tiene
que ver con el monto de dinero que efectivamente recibe un deudor. Después de
realizar los aportes al sistema de seguridad social, el descuento de libranza
debe garantizar que una persona reciba una cifra de dinero superior al 50 % del
monto neto de un salario mínimo legal mensual vigente.
En el caso del señor
Flavio Uribe Blanco su pensión equivale a seiscientos cuarenta y cuatro mil
trescientos cincuenta pesos ($ 644.350); a título de descuento del aporte al
sistema de salud, se retienen setenta y siete mil trescientos veinte dos pesos
($77.322). De esta manera, el cincuenta por ciento (50%) del valor neto de la
pensión es doscientos ochenta y tres mil quinientos catorce pesos ($ 283.514).
Tras el descuento de la cuota mensual, el accionante recibe doscientos noventa
mil novecientos veinte ocho pesos  ($290.928). Es decir que el señor Uribe
Blanco, recibe siete mil cuatrocientos catorce pesos ($ 7.414) más del límite
previsto por la ley.
Para la Sala Octava de
Revisión de tutelas es insuficiente que el descuento realizado a la mesada
pensional del señor Uribe Blanco supere en siete mil pesos ($7.000) el límite
legal establecido. Esto por cuanto: (i) la curadora del peticionario, y todo el
núcleo familiar integrado por dos personas en condición de discapacidad, solo
recibe doscientos noventa mil pesos, valor claramente insuficiente para atender
las condiciones de vida digna de dos personas sujetos de especial protección
constitucional; y (ii) resulta indudable, que el contrato de crédito de consumo
y servicios celebrado entre Flavio Uribe Blanco y ASFAMICOOP no debió
celebrarse, en virtud a su condición de interdicción.
La difícil situación
económica del núcleo familiar del accionante se evidencia en el hecho, según lo
narró la curadora, Yolanda Rodríguez de Uribe: “para nosotros es perjudicial
el descuento por libranza, ya que es nuestro sustento, de donde pagamos el
arriendo mensual los servicios y la alimentación de los 3 miembros de familia”[73].
De hecho,  la curadora allega al expediente de tutela un recibo del canon de
arrendamiento de su vivienda, el cual asciende a trescientos sesenta mil pesos
($ 360.000) mensuales[74]. A la luz del parámetro
constitucional del derecho al mínimo vital, previsto en el Artículo 53
Superior, esta corporación observa que una pensión de un salario mínimo mensual
vigente, per se, es limitado para atender los requerimientos esenciales
de tres personas, dos de ellas sujetos de especial protección constitucional, con
mayor razón  doscientos noventa mil pesos, no permite que el núcleo familiar sufraguen
sus obligaciones esenciales condiciones acorde con el Estado Social de Derecho
que prohijó nuestro sistema constitucional.
En virtud de lo anterior, la Sala
Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional revocará la
sentencia proferida, en segunda instancia, el dieciocho (18) de febrero de dos
mil dieciséis (2016), por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro
(Santander), y en su lugar, confirmará la sentencia proferida en primera
instancia, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015), por el
Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Socorro (Santander) en cuanto tuteló de
manera transitoria los derechos fundamentales a la dignidad humana y al mínimo
vital del señor Flavio Uribe Blanco.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia proferida, en segunda instancia, el dieciocho (18) de febrero de dos
mil dieciséis (2016), por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro
(Santander), en su lugar, CONFIRMAR en su integridad la sentencia
proferida en primera instancia, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil
quince (2015), por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Socorro
(Santander) en cuanto tuteló de manera transitoria los derechos fundamentales a
la dignidad humana y al mínimo vital del señor Flavio Uribe Blanco.
SEGUNDO.- ADICIONAR la
sentencia proferida en primera instancia, el dieciséis (16) de diciembre de dos
mil quince (2015), por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Socorro
(Santander) y, en ese sentido, ADVERTIR a la señora Yolanda Rodríguez de
Uribe, curadora del señor Flavio Uribe Blanco que, dentro de los cuatro meses siguientes
a la notificación de esta providencia, debe acudir ante la jurisdicción civil
con el fin de que allí se determine si el negocio de crédito de consumo y
servicio celebrado entre este y la compañía Asistencia Familiar Cooperativa,
ASFAMICOOP, adolece de nulidad absoluta.
TERCERO.- ADVERTIR a la señora
Yolanda Rodríguez de Uribe, curadora del señor Flavio Uribe Blanco que la
protección de amparo constitucional estará vigente, siempre que la peticionaria
formule la demanda ante los jueces ordinarios, y hasta que se resuelva
definitivamente el proceso de nulidad absoluta del contrato de crédito de
consumo suscrito entre Flavio Uribe Blanco y la entidad accionada. Si no se instaura la demanda
civil ordinaria dentro del término señalado cesarán los efectos del amparo.
CUARTO.- ADVERTIR a la señora Yolanda Rodríguez de Uribe que, de ser necesario,  pude
acudir a la Defensoría del Pueblo, para que a través del sistema de defensoría pública
especializada en civil-familia demande ante el juzgado competente la nulidad
absoluta del contrato de crédito de consumo y servicio que suscribieron en el
mes de septiembre de dos mil quince (2015) Asistencia Familiar Cooperativa, ASFAMICOOP,
de una parte, y su esposo Flavio Uribe Blanco, de la otra.
QUNTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, y
cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folio 54 del Cuaderno No. 1
[2] Folio 4 del Cuaderno No. 1
[3] Folio 5 del Cuaderno No. 1.
[4] Folio 67 -100 del Cuaderno No. 1.
[5] Folio 70 del Cuaderno No. 1.
[6] Folio 1-109 del Cuaderno No. 1.
[7] Folio 180-185 del Cuaderno No. 1.
[8] Folio 112-131 del Cuaderno No. 1
[9] Folio 128 del Cuaderno No. 1
[10] Folio 155-165 del Cuaderno No. 1
[11] Folio 157 del Cuaderno No. 1
[12] Ibidem.
[13] Ibidem.
[14] Folio 166- 175 del Cuaderno No. 1
[15] Folio 174 del Cuaderno No. 1.
[16] Folio 4-20 del Cuaderno No. 2
[17] T-704 de 2014 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado
[18] T-544 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[19] T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[20] T-161 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[21] T-891 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[22] Cfr. T-972 de septiembre 23 de 2005,
M. P. Jaime Córdoba Triviño y T- 719 de septiembre 9 de 2010,
M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[23] Sentencia T-702 de 2008.
[24] Sentencia T-515 de 1998.
[25] Ibidem.
[26] Sentencia T-203 de 1993.
[27] Sentencia T-327 de 2015 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva
[28] T- 012 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio.
[29] T-211 de 2001, T-611 de 2001, T-179 de 2009,T-160
de 2010 y T-735 de 2010.
[30] Sentencia T-765 del 22 de septiembre de 2010,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[31] Artículo 7 del Decreto 917 del 28 de mayo 1999, por medio del cual se crea el “Manual único
para la calificación de invalidez".
[32] Sentencia
T-285 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[33] Sentencia T- 104 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[34]  Sentencia T-490 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[35] Sentencia SU- 995 de 1999. MP – Carlos Gaviria Díaz.
[36] En la Sentencia T-146 de 1996, la
Corte dijo que: “El derecho de las personas
a la subsistencia ha sido reconocido por la
Corte Constitucional como derivado de los derechos a la vida (Art. 11
C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25
C.P.), y a la seguridad social (Art. 48
C.P.), y como derecho fundamental, de la manera expuesta en la
Sentencia T-015 del 23 de enero de 1995 (Magistrado Ponente Hernando Herrera
Vergara). Aunque la Constitución no consagra la subsistencia como un derecho,
éste puede colegirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la
asistencia o a la seguridad social, ya que la persona requiere de un mínimo de
elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales
en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas necesarias para
la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad.(…)
El Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la
dignidad humana y de la solidaridad (CP. art.1), deben contribuir a garantizar
a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. El Estado social de
derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables
para asegurar a todos los habitantes del territorio nacional, una vida digna
dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcances”
[37]Sentencias T-011 de 1998, T-072 de
1998, T-384 de 1998, T-365 de 1999 y T-140 de 2002, entre muchas otras.
[38] En la Sentencia T-146 de 1996, la
Corte dijo que: “El derecho de las personas a la
subsistencia ha sido reconocido por la
Corte Constitucional como derivado de los derechos a la vida (Art. 11
C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25
C.P.), y a la seguridad social (Art. 48
C.P.)
[39] Sobre la necesidad de adoptar medidas distintas a las asistenciales
para la superación de problemas sociales: T-291 de 2009, T-722 de 2003, T-724
de 2003
[40] Las necesidades
básicas que requiere suplir cualquier persona, y que se constituyen en su
mínimo vital, no pueden verse restringidas a la simple subsistencia biológica
del ser humano, pues es lógico pretender la satisfacción, de las aspiraciones,
necesidades y obligaciones propias del demandante y su grupo familiar.
Igualmente debe recordarse que el derecho fundamental a la subsistencia  de las
personas, depende en forma  directa de  la retribución salarial, según lo ha
sostenido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, pues de esta
manera también se estará garantizando la vida, la salud, el trabajo y la
seguridad social. En adición, la
jurisprudencia ha explicado que el mínimo vital no es un concepto equivalente
al de salario mínimo, sino que depende de una valoración cualitativa que
permita la satisfacción congrua de las necesidades, atendiendo las condiciones
especiales en cada caso concreto” T- 1084 de febrero 8 de 2007 (M. P. Jaime Araujo
Rentería):
[41]Sentencias T-011 de 1998, T-072 de
1998, T-384 de 1998, T-365 de 1999 y T-140 de 2002, entre muchas otras.
[42] Artículos 11, 49, 25, y 48 de la Constitución Política.
[43] Cfr. T-426 de 2014.
[44] Artículos 513 y 684 del Código de
Procedimiento Civil y 154 siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.
[45] Artículo 149 Código Sustantivo del Trabajo.
[46] Consagrados, entre otras normas, en los
artículos 113, 150,  151, 152, 156 y 440 Código Sustantivo del Trabajo.
[47] Sentencia C-710 de abril 29 de 1996,
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Así, “no se desconoce precepto alguno de la
Constitución, cuando se le permite al trabajador concertar con su empleador,
sobre los montos que éste puede retener de su salario. Consentimiento que debe
estar precedido de una serie de requisitos, que se erigen para proteger al
empleado de abusos contra sus derechos”
[48] El
artículo tercero de la ley 1527 de 2012 establece que “para poder acceder a
cualquier tipo de producto, bien o servicio a través de la modalidad de
libranza o descuento directo se deben cumplir las siguientes condiciones:”.
Seguidamente, el numeral quinto dispone que “la libranza o descuento directo se
efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta
por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de
ley”. Adicional a ello, consagra que las deducciones realizadas “quedarán
exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo
149 del Código Sustantivo del Trabajo”.
[49] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[50] Sentencia C-710 de 1996. Así, “no se desconoce precepto alguno de la
Constitución,  cuando se le permite al trabajador concertar con su empleador,
sobre los montos que éste puede retener de su salario. Consentimiento que debe
estar precedido de una serie de requisitos, que se erigen para proteger al
empleado de abusos contra sus derechos”
[51] T-864 de 2014 (M.P. Gloria Ortiz Delgado),
en el mismo sentido Ver sentencia T-512 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, en la cual se precisó: “La posición
adoptada por la Corte resulta plenamente aplicable al tema de las asignaciones
de retiro, en tanto que al equipararse tal asignación a la mesada pensional,
representa el concepto de salario para los pensionados retirados del servicio
activo de la Fuerza Pública, en cuanto es la suma que ellos reciben para
satisfacer sus necesidades una vez ha finalizado su vida laboral y han
completado los requisitos para consolidar su derecho prestacional especial. Por
consiguiente, en este caso, la asignación de retiro del militar pensionado debe
ser asimilada al salario del trabajador y por ello las normas que protegen a
una y a otra, deben ser interpretadas como normas de orden público atendiendo
al concepto finalista y garantista de las leyes laborales en comento.”
[52] El Artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo
señala: “DESCUENTOS PROHIBIDOS: 1. El empleador no
puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita
por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan
especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones
por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de
trabajo; deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes
o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales,
máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de
elementos de trabajo; avances o anticipos de salario; entrega de mercancías,
provisión de alimentos, y precio de alojamiento. 2. Tampoco se puede efectuar
la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita
del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o
convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la ley, o en
cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres
meses.”
[53] Sentencia T-891 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) reiteradas
en la T-426 de 2014 (M.P. Andrés Mutis Vanegas)
[54] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] M.P. Andrés Mutis Vanegas.
[56] Folio 83 del Cuaderno No. 1. Incluso desde el
cuatro (4) de julio de dos mil seis (2006), como medida cautelar dentro del
proceso de interdicción, el Juzgado Primero Promiscuo había declarado la
interdicción provisional del Señor Flavio Uribe Blanco. Folio 33 del Cuaderno No. 1
[57] Folio 45 del Cuaderno No. 1
[58] Folio 35 del Cuaderno No. 1
[59] Artículo
368. “Asuntos sometidos al trámite del proceso verbal. Se sujetará al trámite establecido en este Capítulo todo
asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial.”
[60] Folio 39 y s.s del Cuaderno No. 1
[61] Folio 40 del Cuaderno No. 1 y Folio 45 del Cuaderno No. 1
[62] Esta solicitud fue
contestada el nueve (9) de diciembre del año dos mil quince (2015) y en ella se
señaló que la compañía prestadora actúo de buena fe. Folio
91 del Cuaderno No. 1
[63] Folio 48 del Cuaderno No. 1
[64] Folio 33 del cuaderno No. 1
[65] Folio 54 del Cuaderno No. 1
[66] Folio 41 del Cuaderno No.1
[67] “A pesar que el salario sea un elemento muy importante en el
análisis del derecho al mínimo vital, no quiere decir que signifiquen lo mismo.
Mínimo vital supone calidades que desarrollan la dignidad humana. En ese orden,
si bien el salario mínimo no es igual a mínimo vital, en muchas ocasiones su
afectación puede poner en riesgo derechos fundamentales, de manera que pueda
afirmarse que entre menos recursos obtenga una persona, existe mayor probabilidad
de lesión al mínimo vital. Pero, para evitar estas situaciones, tanto el
Congreso de la República como la jurisprudencia constitucional, han fijado unos
límites a ciertas prerrogativas de jueces, acreedores, empleadores y otros, de
afectar o gravar el salario de una persona”. (Cfr. T-426 de 2014)
[68] Folio 43 del Cuaderno No. 1
[69] Folio 47 del Cuaderno No. 1
[70] Folio 33 de cuaderno No. 1
[71] El término usado “persona en situación de discapacidad”, en virtud
a lo definido en la  Sentencia C- 458 de 2015
[72] Folio 35 del Cuaderno No. 1
[73] Folio 43 del Cuaderno No. 1
[74] Folio 47 del Cuaderno No. 1