C-176-94
Sentencia No
Sentencia
No. C-176/94
TRATADO
INTERNACIONAL-Reservas/TRATADO INTERNACIONAL-Declaraciones
En
la práctica internacional, los Estados usan de manera bastante corriente la
distinción entre reservas y declaraciones al celebrar los tratados: así, cuando
explícitamente quieren excluir ciertas cláusulas o modificar ciertos efectos
del tratado hablan de reservas; cuando, consideran que simplemente están
precisando el alcance del tratado o de alguno de sus artículos utilizan la
denominación de declaración.  Esto ha llevado a un debate doctrinal entre quienes
consideran que las reservas y las declaraciones son jurídicamente diferentes, y
quienes conceptúan que, por el contrario, son fenómenos similares existiendo
entre ellos más una diferencia de grado que de naturaleza. Ese debate tiene
importancia en el ámbito internacional, puesto que hay tratados que no admiten
reservas pero sí pueden admitir declaraciones. Además la reserva, por estar
referida a la celebración del tratado, requiere para su validez aceptación
expresa o tácita de las otras partes, mientras que la pura declaración
interpretativa, por estar mas referida al ámbito de la interpretación opera
como declaración unilateral. La Corte Constitucional colombiana no tiene por
qué decidir ese debate a nivel del derecho internacional; pero sin lugar a dudas
considera que para el derecho constitucional colombiano y para determinar las
facultades del Congreso al aprobar los tratados es más adecuada la tesis que
confiere una naturaleza jurídica similar a las reservas y a las declaraciones.
CONVENCION
DE VIENA-Declaración/CONVENCION
DE VIENA-Reserva
En
la reserva propiamente dicha o de exclusión de cláusulas, Colombia
explícitamente señala que ciertas disposiciones no le son aplicables; en la
declaración o reserva interpretativa, Colombia indica que se obliga a respetar
el tratado o ciertos artículos sólo si son interpretados de determinada manera,
que es la que Colombia considera correcta. Pero la Corte considera que desde el
punto de vista del derecho constitucional colombiano ambas caben dentro de la
denominación genérica de reservas prevista por el ordinal 10 del artículo 241
de la Constitución y por el  artículo 217 del reglamento del Congreso, puesto
que son declaraciones que condicionan la aceptación del tratado por nuestro
país y delimitan así el compromiso del Estado colombiano.
SENTENCIA
DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA
Ha
sido práctica corriente de esta Corporación efectuar constitucionalidades
condicionadas, en virtud de las cuales una disposición es exequible sólo si es
interpretada de cierta manera. Es obvio entonces que en caso de que la Corte
Constitucional declare la constitucionalidad de una o más disposiciones de un
Tratado pero condicionada a una cierta interpretación, se aplica el artículo
mencionado; en efecto, esta constitucionalidad condicionada equivale a la
inconstitucionalidad de otras interpretaciones, por lo cual el Presidente sólo
podrá efectuar la ratificación efectuando la correspondiente reserva, que podrá
ser una declaración o reserva interpretativa. Las declaraciones y reservas son
entonces, en el derecho constitucional colombiano, fenómenos de similar
naturaleza.
CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Declaraciones al aprobar Tratado/CONGRESO DE LA
REPUBLICA-Reservas a Tratado
La
Corte Constitucional considera que también el Congreso puede hacer
declaraciones interpretativas al aprobar un tratado, puesto que es obvio que si
puede excluir ciertas disposiciones (reserva propiamente dicha) puede también
aceptar ciertas cláusulas pero condicionadas a una determinada interpretación
(declaraciones o reservas interpretativas). Sin embargo, la Corte precisa que
el Congreso puede ejercer esa facultad siempre y cuando esas declaraciones no
equivalgan a una verdadera modificación del texto del tratado, puesto que en
tal evento el Legislativo estaría invadiendo la órbita de acción del
Ejecutivo.  El Congreso puede efectuar reservas y declaraciones tanto por
motivos de conveniencia como de constitucionalidad. La Corte tiene la facultad
de examinar la constitucionalidad de unas y otras, pero obviamente no entra a
determinar la conveniencia política de las mismas, por lo cual el examen de una
sentencia de control de una ley aprobatoria de un tratado se restringe a
estudiar la adecuación de las reservas y declaraciones a la Constitución
colombiana.
CONVENCION
DE VIENA-Contenido
La
Convención de Viena, es la culminación de un proceso relativo al control del
consumo y abuso de ciertas sustancias alteradoras de la conciencia definidas
como estupefacientes o sustancias sicotrópicas. En virtud de ese proceso, la
comunidad  internacional, en gran parte bajo el liderazgo de los Estados
Unidos, ha considerado que la mejor forma de enfrentar estos problemas sociales
es mediante la prohibición en forma absoluta de la producción, el uso o tráfico
de esas sustancias cuando éstos se efectúan con finali­da­des diferentes a las
estricta­mente médicas o cientí­fi­cas. Esas finalidades globales de la
Convención -señaladas en su preámbulo- se ajustan al ordenamiento colombiano,
puesto que la Constitución autoriza que nuestro país efectúe formas de
cooperación internacional para prevenir y reprimir formas delictivas,
obviamente dentro del respeto de la soberanía nacional, la autodeterminación de
los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional.
DECOMISO-Naturaleza/CONFISCACION-Naturaleza
El
comiso o decomiso opera como una sanción penal ya sea principal o accesoria, en
virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible pierde en favor
del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se cometió la
infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del
delito, exceptuándose, como es obvio, los derechos que tengan sobre los mismos
sujetos pasivos o terceros. La confiscación recae sobre bienes sin ninguna
vinculación con las actividades ilícitas, mientras que el comiso o decomiso
contempla la pérdida de los bienes vinculados directa o indirectamente con el
hecho punible. La confiscación la prohibe la Constitución de 1991 en su
artículo 34. El comiso o decomiso no está prohibido por la Constitución y por
el contrario se autoriza como sanción penal limitada a los bienes producto del
ilícito como a los efectos que provengan de su ejecución.
EXTINCION
DE DOMINIO
Es
claro que la Constitución protege la propiedad sólo en la medida en que ella
haya sido adquirida "con arreglo a las leyes civiles" y cumpla con
las obligaciones que derivan de las funciones social y ecológica que le son
inherentes (CP art 58). Es perfectamente lógico entonces que nuestro
ordenamiento admita la extinción del dominio en beneficio del Estado de bienes
que hayan sido adquiridos de manera ilícita o que hayan sido utilizados para la
comisión de delitos, como se desprende del inciso segundo del artículo 34 superior.
La Constitución, en este inciso amplió el campo específico de las formas de
decomiso, ya que esta extinción de dominio puede recaer no sólo sobre bienes
adquiridos mediante enriquecimiento ilícito sino también sobre aquellos que
sean obtenidos "en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de
la moral social". Esto significa que, conforme al ordenamiento colombiano,
la Constitución autoriza tres formas  de extinción de dominio, que desbordan el
campo tradicional del decomiso, a saber: de un lado, de los bienes adquiridos
mediante enriquecimiento ilícito; de otro lado, de los bienes adquiridos en
perjuicio del Tesoro Público; y, finalmente, de aquellos bienes adquiridos con
grave deterioro de la moral social. Sin embargo, destaca la Corte, para que
esta extinción de dominio opere se requiere que exista un motivo previamente
definido en la ley (CP art 29) y que ella sea declarada mediante sentencia
judicial, como consecuencia de un debido proceso en el cual se haya observado
la plenitud de las formas del juicio.
DECOMISO-Regulación
Legal
Para
la Corte es claro que la Convención en manera alguna está autorizando formas de
decomiso sin sentencia judicial. En efecto, el artículo 5º, que regula el
decomiso, señala en su ordinal 9º, que "nada de lo dispuesto en el
presente artículo afectará el principio de que las medidas que en él se prevén
sean definidas y aplicadas de conformidad con el derecho interno de cada una de
las partes y con arreglo a lo dispuesto en él". Esto significa entonces
que corresponde a la ley colombiana la regulación de los eventos en que es
posible el decomiso y el procedimiento por medio del cual éste puede ser
declarado. Por consiguiente, no podrá una autoridad colombiana declarar un
decomiso únicamente con base en la Convención sino que éste requiere, según los
mandatos de la Constitución y de la propia Convención, una ley para poder ser
efectuado. Y es obvio que esa regulación legal deberá ajustarse al mandato
constitucional del inciso segundo del artículo 34º superior, según el cual la
extinción de dominio sólo opera mediante sentencia judicial.
DECOMISO-Formas/BIENES
DECOMISADOS-Actividad Ilícita/DERECHOS DEL TERCERO DE BUENA FE
El
artículo posibilita tres formas de decomiso: de un lado, de los instrumentos
utilizados para cometer los delitos tipificados de conformidad con los mandatos
de la Convención; de otro lado, del "producto", esto es, de los
beneficios obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de
tales delitos; y, tercero, de "bienes cuyo valor equivalga al de ese
producto".  Las dos primeras formas de extinción de dominio constituyen
los casos clásicos de decomiso que, conforme a la reiterada jurisprudencia reseñada
en esta sentencia, son legítimos desde el punto de vista constitucional. La
tercera forma de extinción de dominio amerita un examen más detallado, por
cuanto se podría pensar que la Convención, al autorizar que se prive a una
persona de la propiedad de bienes cuyo valor sea considerado equivalente al
producto de las actividades ilícitas, podría dar lugar a confiscaciones. La
Corte no comparte esa concepción. Para que opere este tercer tipo de decomiso
se requiere que se haya probado judicialmente que la persona se ha beneficiado
patrimonialmente de un delito por un monto determinado; sólo entonces se le
podrán decomisar bienes por un valor equivalente. La novedad que introduce la
Convención frente a las formas tradicionales de decomiso reside entonces en que
este instrumento internacional no obliga a establecer el ligamen directo entre
los bienes decomisados y el producto de la actividad ilícita.
CARGA
DE LA PRUEBA-Inversión/PRESUNCION DE INOCENCIA
El
sistema penal y procesal colombiano se encuentra edificado sobre el principio
de la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 29 de la Constitución,
según el cual, "toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable". De la lógica del proceso surge que la carga
de la prueba está a cargo del Estado, claro está, sin perjuicio de que los
sujetos procesales también  puedan ejercer su iniciativa probatoria a fin de
buscar el esclarecimiento de los hechos.
DEBIDO
PROCESO-Alcance/PRESUNCION
DE INOCENCIA
La
garantía del debido proceso, no consiste solamente en las posibilidades de
defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el
juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el
artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se
imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el
proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el
derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin
dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir
las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las
formas propias de cada proceso según sus características. Todo ello descansa
sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser
desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de
sanciones administrativa.
La
presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes con que cuenta
todo individuo; para desvirtuarla es necesario  demostrar la culpabilidad de la
persona con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de
un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la
imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas
predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos,
la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de
responsabilidades y sanciones. Colombia no puede de ninguna forma aprobar un
texto que invite a la inversión de la carga de la prueba.
PRINCIPIO
DE AUTONOMIA DEL PODER JUDICIAL/PRINCIPIO DE AUTONOMIA DEL PODER JUDICIAL
La
reserva tiene su justificación a la luz del artículo 249 de la Constitución
Política que establece que la Fiscalía  General de la Nación forma parte de la
Rama Judicial  y  no del Poder Ejecutivo y es necesario preservar el fuero
judicial en sus dos etapas de investigación  y juicio.
PRIMACIA
DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
La
declaración busca asegurar la primacía del orden constitucional y legal de
Colombia, teniendo presente lo estatuido en los artículos 1º y 4º de la
Constitución Política. La posición de supremacía de la Constitución sobre las
restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquella
determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de
los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar
normas, ejecutarlas y decidir conforme a  ellas las controversias y litigios
que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto funda en orden jurídico
mismo del Estado. La Constitución es el marco supremo y último para determinar
tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma,
regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados.
PREVALENCIA
DE TRATADOS INTERNACIONALES
El
artículo 93 de la Constitución Política introdujo la prevalencia en el orden
jurídico interno de los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los
estados de excepción. Por lo tanto, si Colombia ha ratificado instrumentos
internacionales  no puede ser obligada a adoptar medidas contrarias al
compromiso adquirido.
COCAINA
No
se puede colocar en el mismo plano la planta coca y los usos lícitos y
legítimos que de ella se han hecho y se pueden hacer, y la utilización de la
misma como materia prima para la producción de cocaína. Esta diferenciación
entre la hoja de coca y la cocaína es necesaria puesto que numerosos estudios
han demostrado no sólo que la hoja de coca podría tener formas de comercio
alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del
narcotráfico, sino además que el ancestral consumo de coca en nuestras
comunidades indígenas no tiene efectos negativos.
CULTIVOS
ILICITOS-Erradicación/MEDIO
AMBIENTE SANO-Protección
De
acuerdo al principio de soberanía establecido por la Constitución, es obvio que
el Estado colombiano se reserva el derecho de evaluar de manera autónoma si las
políticas para enfrentar el narcotráfico se adecúan o no a sus obligaciones
constitucionales de proteger el medio ambiente. Por consiguiente, esta segunda
declaración será declarada constitucional en la parte resolutiva de esta
sentencia pero de manera condicionada, porque a juicio de la Corte
Constitucional ella no señala de manera específica la autonomía que, conforme a
la Constitución, el Estado colombiano debe reservarse para evaluar el impacto
ecológico de las políticas contra el narcotráfico ya que la persecución del
narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la obligación que
tiene el Estado colombiano de proteger el medio ambiente, no sólo para las
generaciones presentes sino también para las generaciones futuras.
COLABORACION
CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Beneficios
La
declaración deja a salvo las políticas del Estado en materia de sometimiento y
colaboración de presuntos delincuentes a la administración de justicia, con el
objeto de evitar la impunidad de delitos. En materia de política criminal el
Estado colombiano es autónomo. La autonomía del Estado es superior a la
autonomía judicial, pero debe existir entre estas dos posiciones
proporcionalidad para lograr  equilibrio. Por todo lo anterior, la Corte
encuentra que esta declaración se ajusta a la Constitución. Esta declaración
salvaguarda, en primer término, el principio constitucional de la igualdad de
todos ante la ley, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política,
incluyendo las garantías judiciales consagradas básicamente en el artículo 29
Superior. La Corte Constitucional ha señalado que los beneficios por
colaboración con la justicia no implican un abandono de los principios de
justicia.
ASISTENCIA
JUDICIAL RECIPROCA/PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD INTERNACIONAL
El
artículo 7º de la Convención es de por sí un tratado colectivo de asistencia
judicial recíproca. Por lo anterior, se hace necesario hacer tres  precisiones:
la primera relacionada con la necesidad de sujetar la asistencia judicial
recíproca al principio internacional de reciprocidad internacional en la
materia, principio de derecho internacional aceptado por Colombia. De otro
lado, conforme a la supremacía de la Constitución , esta cooperación debe estar
sometida en todos los eventos al orden constitucional y legal de Colombia para
prevenir abusos. Finalmente, el Estado colombiano se reserva la posibilidad de
no conceder formas de cooperación por razones de interés público, criterio
razonable de conveniencia política sobre el cual no  corresponde a esta
Corporación pronunciarse.
ACCION
PENAL-Prescripción/PRINCIPIO
DE CELERIDAD EN PROCESOS PENALES
Respecto
de la pena, el artículo 28 de la Constitución Política, en el último inciso se
refirió a que en ningún caso podrá haber penas imprescriptibles. El transcurso
del tiempo obra como causa de extinción de la punibilidad no solamente en
abstracto -prescripción del delito-, sino en concreto -prescripción de la
pena-, y, por consiguiente, pone fin al proceso penal. El Estado se encuentra
en la obligación de investigar dentro de un determinado tiempo la presunta
comisión de un hecho punible. Este principio es parte integrante de los
principios que conforman un Estado social de derecho que vela por la dignidad
de la persona y el respeto efectivo de los derechos humanos, de conformidad con
los artículos 1º y 2º de la Constitución Política. Así, el principio de
celeridad debe caracterizar los procesos penales. Ni el sindicado tiene el
deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el
sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por
siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que
crean zozobra en la comunidad.
CLAUSULA
DE EXCEPCION-Limitación/PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL-Constitucionalización
La
aplicación de medidas "más estrictas y rigurosas" puede entonces
llevar a la violación de principios fundamentales del Estado de derecho. En
efecto, el trato cada vez más riguroso expone al sistema penal a grandes
contradicciones internas. De una lado la constitucionalización de los
principios del derecho penal y su consagración en normas sustanciales y
procedimentales y de otro lado la aplicación de los mismos absolutamente
alejada de la realidad. Por medio de esta declaración el Congreso no ha hecho
entonces sino resaltar la supremacía de la Constitución, en virtud de la cual
la "Constitución es norma de normas", por lo cual es obvio que la
lucha contra el delito siempre debe efectuarse dentro de los marcos estrictos
establecidos por la Constitución. Por eso era necesario que el Congreso
precisara, por medio de esta  reserva impropia o declaración interpretativa, el
alcance que para el Estado colombiano tiene el artículo 24 de la convención,
por lo cual ella se ajusta a la Constitución. En consecuencia, la lucha contra
las drogas debe efectuarse respetando los derechos humanos consagrados en la
Constitución y dentro de los marcos jurídicos establecidos por ella.
COOPERACION
DE LOS ESTADOS/ASISTENCIA EN ALTA MAR
La
cooperación de los Estados para eliminar el tráfico ilícito por mar, el
Congreso reafirma que las relaciones exteriores de Colombia "se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de
los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia".
PRINCIPIO
DE AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS/SECUESTRO INTERNACIONAL DE ACUSADOS
El
mismo criterio de defensa de la soberanía nacional, valor integrante de nuestra
Constitución política, orientó la octava declaración. No puede la Corte sino
compartir integralmente esa declaración por cuanto considera que la necesaria
cooperación internacional en materia de narcotráfico no se puede traducir en la
violación de la soberanía de unos Estados por parte de otros.
ACTUACIONES
PENALES-Remisión
Toda
remisión de actuaciones penales no puede hacerse en menoscabo de los derechos
de defensa de los ciudadanos procesados, como la presunción de inocencia, la
posibilidad de controvertir las pruebas o el "non bis in idem". Esto
significa que la remisión de actuaciones tiene que hacerse respetando las
garantías procesales.
SENTENCIAS
EXTRANJERAS-Ejecución
La
Corte considera acertado el criterio del Congreso de que en este evento no se
podrá ejecutar la sentencia proferida en el exterior ya que lo único procedente
conforme al derecho colombiano será el envío de sentencia y otras actuaciones
procesales para que éstas obren dentro del proceso que, si fuere el caso y
conforme al inciso segundo del artículo 35 de la Constitución, se iniciare en
Colombia. Sin embargo, y en tercer lugar, la Corte considera innecesario desde
el punto de vista de la coherencia de la Convención con la Constitución que se
efectuase esta declaración, puesto que la Convención expresamente condicionaba
la aplicación de la condena a que la legislación, y con mayor razón la
Constitución nacional, lo permitiera y de acuerdo con la misma. Se trata pues
en ese aspecto de una reiteración que el Congreso pudo efectuar por razones de
mayor claridad interpretativa o conveniencia política, aspecto sobre el cual no
compete a esta Corte pronunciarse.
PENA-Circunstancias
de agravación/PREVALENCIA DEL DERECHO INTERNO
Considera
el Señor Procurador General que esta posibilidad es inconstitucional puesto que
en un Estado social de derecho la sanción penal está determinada por la
conducta del delincuente y no por las características personales del mismo; por
ello, al establecer la posibilidad de agravar la pena conforme a una
declaración de culpabilidad anterior, la Convención viola la Constitución. La
Corte Constitucional comparte el criterio del jefe del Ministerio Público sobre
el carácter de la pena en un Estado social de derecho fundado en el respeto de
la dignidad humana, pero se distancia de su solicitud por cuanto no considera
necesario efectuar una declaración de inexequibilidad. La razón es muy simple:
la norma de la Convención expresamente condiciona su aplicabilidad a que
"el derecho interno de cada una de las partes lo permita".
CONVENCION
DE VIENA-Obligación
de tipificar delitos/TRATADO INTERNACIONAl-Obligaciones
Para
la Corte es claro que la Convención de Viena como tal no consagra ningún delito
sino que establece la obligación de los Estados de definirlos, conforme a su
derecho interno. Por eso, esta sentencia declara la constitucionalidad de la
obligación internacional adquirida por Colombia de tipificar como punibles
ciertas conductas. Pero es obvio que al definir en concreto los delitos, el
Estado colombiano deberá respetar el principio de legalidad, en particular
cuando se establezcan las sanciones previstas por los literales b y c del
numeral 4 de este artículo. Por consiguiente y por la misma razón, la
declaratoria de constitucionalidad de la posibilidad de tipificar los delitos
que la Corte efectúa con respecto a los numerales y literales anteriormente
señalados del artículo 3º no obsta para que en un futuro, cuando el Estado
colombiano efectivamente defina tales delitos, esta Corte pueda revisar la
conformidad de los mismos frente a la Constitución, si tales normas son
eventualmente acusadas ante esta Corporación.
CONVENCION
DE VIENA-Obligaciones
condicionadas
Otras
disposiciones de la Convención establecen en cambio obligaciones condicionadas
o imperativos hipotéticos. Así, la tipificación de los delitos consagrados en
el literal c) del numeral 1º del artículo 3º o la penalización del consumo deberá
efectuarlas el Estado colombiano conforme a los principios constitucionales.
Esto significa que la obligación de tipificar los delitos allí señalados no es
automática ni se desprende mecánicamente de la Convención puesto que ella está
sujeta, al tenor de la propia Convención, "a reserva de nuestros
principios constitucionales y los conceptos jurídicos fundamentales de nuestro
ordenamiento jurídico".
CONVENCION
DE VIENA-Alcance
condicionado
En
múltiples aspectos la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" o Convención de
Viena de 1988 es un texto abierto cuyo alcance está condicionado por los
principios constitucionales de los Estados. Y, dentro de esos principios
esenciales del ordenamiento constitucional colombiano hay dos que la Corte
quisiera destacar por su gran significado para la interpretación conforme a la
Constitución de las obligaciones condicionales que serían contraídas por el
Estado colombiano de ratificarse la presente Convención. De un lado, el
principio medular del respeto a la dignidad humana como base de nuestro
ordenamiento jurídico y el reconocimiento que hace el Estado colombiano de los
derechos inalienables de la persona. Esto significa entonces que las obligaciones
derivadas de la Convención de Viena no podrán ser interpretadas en ningún caso
por las autoridades colombianas de manera que vulneren los derechos humanos,
puesto que ello no sólo implicaría la violación de la Constitución colombiana
sino la nulidad misma a nivel internacional de la propia Convención por
violación de normas imperativas de derecho internacional o Jus Cogens, como son
los tratados de derechos humanos. De otro lado, destaca la Corte el carácter
democrático, participativo y pluralista del Estado colombiano, puesto que,
conforme a ese principio esencial, corresponderá a la sociedad colombiana
debatir de manera reposada y libre cual es la política más adecuada para
enfrentar el problema de las drogas.
REF:
Expediente No. L.A.T.-021
Revisión
constitucional de la Ley 67 de 23 de agosto de 1993 "por medio de la cual
se aprueba la 'Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas', suscrito en Viena el 20 de
diciembre de 1988".
Temas:
-
Posibilidad del Congreso de introducir reservas y declaraciones al aprobar un
tratado y alcance del control de la Corte al respecto.
-
No extradición y extraterritorialidad de la ley penal.
-
Distinción entre confiscación y decomiso
-
Presunción de inocencia e independencia judicial.
-
Soberanía nacional y convenios internacionales
-
Protección del medio ambiente y lucha contra el narcotráfico
-Tipos
de obligaciones derivadas de un tratado.
Magistrado
Sustanciador:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., 12 de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La
Corte Constitucional de la República de Colombia,
EN
NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR
MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En
la revisión de constitucionalidad de la Ley 67 de 23 de agosto de 1993
"por medio de la cual se aprueba la 'Convención de las Naciones Unidas
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas',
suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988", radicada con el No.
L.A.T.-021.
I.
ANTECEDENTES
1.
De la norma objeto de revisión
La
Ley 67 de 23 de agosto de 1993 tiene el siguiente texto:
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA,
Visto
el texto de la "CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS", suscrita en Viena el 20 de
Diciembre de 1988, que a la letra dice:
"CONVENCIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS"
Aprobada
por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de
1988.
Las
Partes en la presente Convención,
Profundamente
preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la
producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de
los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de
la sociedad,
Profundamente
preocupadas así mismo por la sostenida y creciente penetración del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos
sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del
mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la
distribución y el comercio ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, lo que entraña un peligro de gravedad incalculable,
Reconociendo los
vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas
organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan
la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados,
Reconociendo
también que
el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión
exige urgente atención y la más alta prioridad,
Conscientes
de
que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes
fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir,
contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las
actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles,
Decididas
a
privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus
actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal
actividad,
Deseosas
de
eliminar las causas profundas del problema del uso indebido de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas, comprendida la demanda ilícita de dichas drogas y
sustancias y las enormes ganancias derivadas del tráfico ilícito,
Considerando
que
son necesarias medidas de control con respecto a determinadas sustancias, como
los precursores, productos químicos y disolventes, que se utilizan en la
fabricación de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y que, por la
facilidad con que se consiguen, han provocado un aumento de la fabricación
clandestina de esas drogas y sustancias,
Decididas
a
mejorar la cooperación internacional para la supresión del tráfico ilícito por
mar,
Reconociendo
que
la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los
Estados y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la
cooperación internacional,
Reconociendo
también la
competencia de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y deseando que los órganos
internacionales relacionados con esa fiscalización actúen dentro del marco de
las Naciones Unidas,
Reafirmando
los
principios rectores de los tratados vigentes sobre fiscalización de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y el sistema de fiscalización que
establecen,
Reconociendo
la
necesidad de fortalecer y contemplar las medidas previstas en la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes, en esa Convención enmendada por el
Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes y en el Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971, con el
fin de enfrentarse a la magnitud y difusión del tráfico ilícito y sus graves
consecuencias,
Reconociendo
también la
importancia de robustecer e intensificar medios jurídicos eficaces de
cooperación internacional en asuntos penales para suprimir las actividades
delictivas internacionales de tráfico ilícito,
Deseosas
de
concertar una convención internacional que sea un instrumento completo, eficaz
y operativo, específicamente dirigido contra el tráfico ilícito, en la que se
tomen en cuenta los diversos aspectos del problema en su conjunto, en
particular los que no estén previstos en los tratados vigentes en la esfera de
los estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
Convienen
en
lo siguiente:
Artículo
1
DEFINICIONES
Salvo
indicación expresa en contrario, o que el contexto haga necesaria otra
interpretación, las siguientes definiciones se aplicarán en todo el texto de la
presente Convención:
a)
Por "Junta" se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes establecida por la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de
Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes;
b)
Por "planta de Cannabis" se entiende toda planta del género Cannabis;
c)
Por "arbusto de coca" se entiende la planta de cualesquiera especies
del género Erythroxylon;
d)
Por "transportista comercial" se entiende una persona o una entidad
pública, privada o de otro tipo dedicada al transporte de personas, bienes o
correo a título oneroso.
e)
Por "Comisión" se entiende la Comisión de Estupefacientes del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas;
f)
Por "decomiso" se entiende la privación con carácter definitivo de
algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;
g)
Por "entrega vigilada" se entiende la técnica consistente en dejar
que remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas,
sustancias que figuran en el Cuadro I o el Cuadro II anexos a la presente
Convención o sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente
mencionadas, salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren
en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades
competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la
comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo
3º de la presente Convención;
h)
Por "Convención de 1961" se entiende de Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes;
i)
Por "Convención de 1961 en su forma enmendada" se entiende la
convención única de 1961 sobre estupefacientes enmendada por el Protocolo de
1972 de Modificación de la convención única de 1961 sobre estupefacientes;
j)
Por "Convenio de 1971" se entiende el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 1971;
k)
Por "Consejo" se entiende el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas;
l)
Por "embargo preventivo" o "incautación" se entiende la
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la
custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un
tribunal o por una autoridad competente;
m)
Por "tráfico ilícito" se entiende los delitos enunciados en los
párrafos 1º y 2º del artículo 3º de la presente Convención;
n)
Por "estupefacientes" se entiende cualquiera de las sustancias,
naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada
por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes;
o)
Por "adormidera" se entiende la planta de la especie Papaver somniferuml;
p)
Por "producto" se entiende los bienes obtenidos o derivados directa o
indirectamente de la comisión de un delito tipificado de conformidad con el
párrafo 1º del artículo 3º;
q)
Por "bienes" se entiende los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos;
r)
Por "sustancias sicotrópicas" se entiende cualquier sustancia,
natural sintética, o cualquier material natural que figure en las Listas I, II,
III o IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971;
s)
Por "Secretario General" se entiende el Secretario General de las
Naciones Unidas.
t)
Por "Cuadro I" y "Cuadro II" se entiende la lista de
sustancias que con esa numeración se anexa a la presente Convención, enmendada
oportunamente de conformidad con el artículo 12;
u)
Por "Estado de tránsito" se entiende el Estado a través de cuyo
territorio se hacen pasar estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias
que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II, de carácter ilícito, y que no es el
punto de procedencia ni el de destino definitivo de esas sustancias;
Artículo
2
ALCANCE
DE LA PRESENTE CONVENCIÓN
1.
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación entre las
Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos
aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que
tengan una dimensión internacional. En el cumplimiento de las obligaciones que
hayan contraído en virtud de la presente Convención, las Partes adoptarán las
medidas necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo de
conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos
ordenamientos jurídicos internos.
2.
Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas de la presente Convención de
manera que concuerde con los principios de la igualdad soberana y de la
integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos
internos de otros Estados.
3.
Una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte competencias ni funciones
que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de esa otra Parte
por su derecho interno.
Artículo
3
DELITOS
Y SANCIONES
1.
Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar
como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente:
a)
i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la
oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera
condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la
importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia
sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la
Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971;
ii) el cultivo de la adormidera,
el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de producir
estupefacientes en contra de los dispuesto en la Convención de 1961 y en la
Convención de 1961 en su forma enmendada;
iii) la posesión o la
adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica con objeto de
realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i);
iv) la fabricación, el
transporte o la distribución de equipos, materiales o de las sustancias
enumeradas o de las sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a
sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación
ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para dichos fines;
v) la organización, la gestión o
la financiación de algunos de los delitos enumerados en los precedentes
apartados i), ii), iii) o iv);
b)
i) la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes
proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el
inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o
delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de
ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos
a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones;
ii) la ocultación o el
encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el
movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales
bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos
tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto
de participación en tal delito o delitos;
c)
A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de
su ordenamiento jurídico:
i) la adquisición, la posesión o
la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que
tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de
conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación
en tal delito o delitos;
ii) la posesión de equipos o
materiales o sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas
de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la producción o la
fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales
fines;
iii) instigar o inducir
públicamente a otros, por cualquier medio, a cometer alguno de los delitos
tipificados de conformidad con el presente artículo o a utilizar ilícitamente
estupefacientes o sustancias sicotrópicas;
iv) la participación en la
comisión de algunos de los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto
en el presente artículo, la asociación y la confabulación para cometerlos, la
tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitación, la facilitación o el
asesoramiento en relación con su comisión.
2.
A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de
su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean
necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno,
cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de
estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de
los dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma
enmendada o en el Convenio de 1971.
3.
El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de
cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1º del presente artículo
podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso.
4.
a) Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los delitos
tipificados de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo se apliquen
sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como pena de
prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el
decomiso;
b) Las Partes
podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de conformidad con el
párrafo 1º del presente artículo, que, como complemento de la declaración de
culpabilidad o de la condena, el delincuente sea sometido a medidas de
tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social;
c) No obstante lo dispuesto en
los incisos anteriores, en los casos apropiados de infracciones de carácter
leve, las Partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena
por la aplicación de otras medidas tales como las de educación, rehabilitación
o reinserción social, así como, cuando el delincuente sea un toxicómano, de
tratamiento y postratamiento, y
d) Las Partes podrán, ya sea a
título sustantivo de la declaración de culpabilidad o de la condena por un
delito tipificado de conformidad con el párrafo 2º del presente artículo o como
complemento de dicha declaración de culpabilidad o de dicha condena, disponer
medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción
social del delincuente.
5.
Las partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás autoridades
jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstancias de hecho
que den particular gravedad a la comisión de los delitos tipificados de
conformidad con el párrafo 1º del presente artículo, tales como:
a) la participación en el delito
de un grupo delictivo organizado del que el delincuente forma parte;
b) La participación del
delincuente en otras actividades delictivas internacionales organizadas;
c) la participación del
delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea facilitada por
la comisión del delito;
d) el recurso a la violencia o
el empleo de armas por parte del delincuente;
e) el hecho de que el
delincuente ocupe un cargo público y de que el delito guarde relación con ese
cargo;
f) la victimización o
utilización de menores de edad;
g) el hecho de que el delito se
haya cometido en establecimientos penitenciarios, en una institución educativa
o en un centro asistencial o en sus inmediaciones o en otros lugares a los que
escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas
y sociales, y
h) una declaración de
culpabilidad anterior, en particular por delitos análogos, por tribunales
extranjeros o del propio país, en la medida en que el derecho interno de cada
una de las Partes lo permita.
6.
Las Partes se esforzarán por asegurarse de que cualesquiera facultades legales
discrecionales, conforme a su derecho interno, relativas al enjuiciamiento de
personas por los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo, se ejerzan para dar la máxima eficacia a las medidas de
detección y represión respecto de esos delitos teniendo debidamente en cuenta
la necesidad de ejercer un efecto disuasivo en lo referente a la comisión de
esos delitos.
7.
Las Partes velarán  por que sus tribunales o demás autoridades competentes
tengan en cuenta la gravedad de los delitos enumerados en el párrafo 1º del
presente artículo y las circunstancias enumeradas en el párrafo 5º del presente
artículo al considerar la posibilidad de conceder la libertad anticipada o la
libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de alguno
de esos delitos.
8.
Cada una de las Partes establecerá, cuando proceda, en su derecho interno un
plazo de prescripción prolongado dentro del cual se pueda iniciar el
procesamiento por cualquiera de los delitos tipificados de conformidad con el
párrafo 1º del presente artículo. Dicho plazo será mayor cuando el presunto
delincuente hubiese eludido la administración de justicia.
9.
Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas, conforme a lo previsto en su
propio ordenamiento jurídico, para que la persona que haya sido acusada o
declarada culpable de alguno de los delitos tipificados de conformidad con el
párrafo 1º del presente artículo, que se encuentre en el territorio de dicha
Parte, comparezca en el proceso penal correspondiente.
10.
A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente
Convención, en particular la cooperación prevista en la presente Convención, en
particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos
tipificados de conformidad con el presente artículo no se consideran  como
delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente
motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los
principios fundamentales del derecho interno de las Partes.
11.
Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará al principio de que
la tipificación de los delitos a que se refiere o de las excepciones alegables
en relación con éstos queda reservada al derecho interno de las Partes y de que
esos delitos han de ser enjuiciados y sancionados con arreglos a lo previsto en
ese derecho.
Artículo 4
COMPETENCIA
1.
Cada una de las Partes:
a)
adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de
los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1º del artículo
3:
i)
cuando el delito se cometa en su territorio;
ii)
cuando el delito se cometa a bordo de una nave que enarbole su pabellón o de
una aeronave matriculada con arreglo a su legislación en el momento de
cometerse el delito;
b)
podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse competente
respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1º
del artículo 3:
i)
cuando el delito sea cometido por un nacional suyo o por una persona que tenga
su residencia en su territorio;
ii)
cuando el delito se cometa a bordo de una nave para cuya incautación dicha
Parte haya recibido previamente autorización con arreglo a lo previsto en el
artículo 17, siempre que esa competencia se ejerza únicamente sobre la base de
los acuerdos o arreglos a que se hace referencia en los párrafos 4º y 9º de
dicho artículo, y
iii)
cuando el delito sea uno de los tipificados de conformidad con el apartado iv)
del inciso c) del párrafo 1º del artículo 3º y se cometa fuera de su territorio
con miras a perpetrar en él uno de los delitos tipificados con el párrafo 1º
del artículo 3º.
2.
Cada una de las Partes:
a)
adoptará también las medidas que sean necesarias para declararse competente
respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad el párrafo 1º del
artículo 3, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y
dicha Parte no lo extradite a otra basándose en que:
i)
el delito se ha cometido en su territorio o a bordo de una nave que enarbole su
pabellón o de una aeronave matriculada con arreglo a su legislación en el
momento de cometerse el delito; o
ii)
el delito ha sido cometido por un nacional suyo, y
b)
podrá adoptarse también las medidas que sean necesarias para declarase
competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el
párrafo 1º del artículo 3º, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio
y dicha Parte no lo extradite a otra.
3.
La presente Convención no excluye el ejercicio de las competencias penales
establecidas por una Parte de conformidad con su derecho interno.
Artículo 5
DECOMISO
1.
Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar
el decomiso:
a)
del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º
del artículo 3º, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto, y
b)
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros
instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para
cometer los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo
3º.
2.
Cada una de las Partes adoptará también las medidas que sean necesarias para
permitir a sus autoridades competentes la identificación, la detención y el
embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos
o cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo,
con miras a su eventual decomiso.
3.
A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente artículo, cada
una de las Partes facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes a
ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o
comerciales. Las Partes no podrán negarse a aplicar las disposiciones del
presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
4.
a) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por
otra Parte que sea competente respecto de un delito tipificado de conformidad
con el párrafo 1º del artículo 3º, la Parte en cuyo territorio se encuentren el
producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros de los elementos a
que se refiere el párrafo 1º del presente artículo:
i)
presentará la solicitud a sus autoridades competentes con el fin de obtener un
mandamiento de decomiso al que, en caso de concederse, dará cumplimiento; o
ii)
presentará ante sus autoridades competentes, a fin de se le dé cumplimiento en
la medida solicitada, el mandamiento de decomiso expedido por la Parte
requirente de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo, en lo que se
refiera al producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros
elementos a que se refiere el párrafo 1º que se encuentren en el territorio de
la Parte requerida.
b)
Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por otra
Parte que sea competente por respecto de un delito tipificado de conformidad
con el párrafo 1º del artículo 3º, la Parte requerida adoptará medidas para la
identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del
producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos a que se
refiere el párrafo 1º del presente artículo, con miras al eventual decomiso que
se ordene, ya sea por la Parte requirente o, cuando se haya formulado una
solicitud con arreglo al inciso a) del presente párrafo, por la Parte
requerida.
c)
Las decisiones o medidas previstas en los incisos a) y b) del presente párrafo
serán adoptadas por la Parte requerida de conformidad con su derecho interno y
con sujeción a sus disposiciones, y de conformidad con sus reglas de
procedimiento o los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales
que haya concertado con la Parte requirente.
d)
Será aplicable, mutatis mutandis, lo dispuesto en los párrafos 6º a 19
del artículo 7º. Además de la información enumerada en el párrafo 10 del
artículo 7º, las solicitudes formuladas de conformidad con el presente artículo
contendrán lo siguiente:
i)
en el caso de una solicitud correspondiente al apartado i) del inciso a) del
presente párrafo, una descripción de los bienes por decomisar y una exposición
de los hechos en que se funde la Parte requirente que sea suficiente para que
la Parte requerida pueda tramitar el mandamiento con arreglo a su derecho
interno;
ii)
en el caso de una solicitud correspondiente al apartado ii) del inciso a), una
copia admisible en derecho de un mandamiento de decomiso expedido por la Parte
requirente que sirva de fundamento a la solicitud, una exposición de los hechos
e información sobre el alcance de la solicitud de ejecución del mandamiento;
iii)
en el caso de una solicitud correspondiente al inciso b), una exposición de los
hechos en que se funde la Parte requirente y una descripción de las medidas
solicitadas.
e)
Cada una de las Partes proporcionará al Secretario General el texto de
cualesquiera de sus leyes y reglamentos por los que haya dado aplicación al
presente párrafo, así como el texto de cualquier cambio ulterior que se efectúe
en dichas leyes y reglamentos;
f)
Si una de las Partes opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas
en los incisos a) y b) del presente párrafo a la existencia de un tratado
pertinente, dicha Parte considerará la presente Convención como base
convencional necesaria y suficiente.
g)
Las Partes procurarán  concertar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales y
multilaterales para mejorar la eficacia de la cooperación internacional
prevista en el presente artículo.
5.
a) La Parte que haya decomisado el producto o los bienes conforme a los
párrafos 1º ó 4º del presente artículo dispondrá de ellos en la forma prevista
por su derecho interno y sus procedimientos administrativos, y
b)
Al actuar a solicitud de otra Parte, con arreglo a lo previsto en el presente
artículo, la Parte podrá prestar particular atención a la posibilidad de
concertar acuerdos a fin de:
i)
aportar la totalidad o una parte considerable del valor de dicho producto y de
dichos bienes, o de los fondos derivados de la venta de dicho producto o de
dichos bienes, a organismos intergubernamentales especializados en la lucha
contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas.
ii)
repartirse con otras Partes, conforme a un criterio preestablecido o definido
para cada caso, dicho producto o dichos bienes, o los fondos derivados de la
venta de dicho producto o de dichos bienes, con arreglo a lo previsto por su
derecho interno, sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales
o multilaterales que hayan concertado a este fin.
6.
a) Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, éstos
podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto mencionadas en el
presente artículo.
b)
Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas,
sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo
aplicable, se podrán decomisar dichos bienes hasta el valor estimado del
producto mezclado, y
c)
Dichas medidas se aplicarán asimismo a los ingresos u otros beneficios
derivados:
i)
del producto;
ii)
de los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido; o
iii)
de los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma manera y
en la misma medida que al producto.
7.
Cada una de las Partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la
prueba respecto del origen ilícito del supuesto producto u otros bienes sujetos
a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios de su
derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y de otros
procedimientos.
8.
Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe.
9.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará el principio de que las
medidas que en él se prevén sean definidas y aplicadas de conformidad con el
derecho interno de cada una de las partes y con arreglo a lo dispuesto en él
Artículo 6
EXTRADICIÓN
1.
El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por las Partes de
conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º.
2.
Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará
incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de
extradición vigente entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales
delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten
entre sí.
3.
Si una Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe
de otra Parte, con la que no la vincula ningún tratado de extradición, una
solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base
jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que aplica el presente
artículo. Las Partes que requieran una legislación detallada para hacer valer
la presente Convención como base jurídica de la extradición considerarán la
posibilidad de promulgar la legislación necesaria.
4.
Las Partes que no supediten a la existencia de un tratado reconocerán los
delitos a los que se aplican el presente artículo como casos de extradición
entre ellas.
5.
La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de
la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los
motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.
6.
Al examinar las solicitudes recibidas de conformidad con el presente artículo,
el Estado requerido podrá negarse a darlos cumplimiento cuando exista motivos
justificados que induzcan a sus autoridades judiciales u otras autoridades
competentes a presumir que su cumplimiento facilitará el procedimiento o el
castigo de una persona por razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones
políticas o que se ocasionarán perjuicios por alguna de estas razones a alguna
persona afectada por la solicitud.
7.
Las Partes se esforzarán por agilizar los procedimientos de extradición y
simplificar los requisitos probatorios con respecto a cualquiera de los delitos
a los que se aplica el presente artículo.
8.
A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de
extradición, la Parte requerida podrá, tras haberse cerciorado de que las
circunstancias lo justifican y tiene carácter urgente, y a solicitud de la
Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se
solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas
para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.
9.
Sin perjuicio del ejercicio de cualquier competencia penal declarada de
conformidad con su derecho interno, la Parte en cuyo territorio se encuentre un
presunto delincuente deberá,
a)
si no lo extradita por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1º
del artículo 3º por los motivos enunciados en el inciso a)del párrafo 2º del
artículo 4º, presentar el caso ante sus autoridades competentes para
enjuiciarlo, salvo que se haya acordado otra cosa con la Parte requirente;
b)
si no lo extradita por un delito de ese tipo y se ha declarado competente en
relación con ese delito de conformidad con el inciso b) del párrafo 2º del
artículo 4º, presentar el caso ante sus autoridades competentes para
enjuiciarlo, salvo que la Parte requirente solicite otra cosa a efectos de
salvaguardar su competencia legítima.
10.
Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena se
deniega basándose en que la persona objeto de la solicitud es nacional de la
Parte requerida, ésta, si su legislación lo permite y de conformidad con los
requisitos de dicha legislación, previa solicitud de la Parte requirente,
considerará la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta conforme a la
legislación de la Parte requirente o el resto de dicha condena que quede por
purgar.
11.
Las Partes procurarán concertar acuerdos bilaterales y multilaterales para
llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.
12.
Las Partes podrán considerar la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales o
multilaterales, ya sean especiales o generales, sobre el traslado de las
personas condenadas a prisión u otra forma de privación de libertad por los
delitos a los que se aplica el presente artículo, a fin de que puedan terminar
de cumplir sus condenas en su país.
Artículo 7
ASISTENCIA JUDICIAL RECIPROCA
1.
Las Partes se prestarán, a tenor de lo dispuesto en el presente artículo, la
más amplia asistencia judicial recíproca en las investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales referentes a delitos tipificados de conformidad con el
párrafo 1º del artículo 3º.
2.
La asistencia judicial recíproca que ha de prestarse de conformidad con el
presente artículo podrá ser solicitada para cualquiera de los siguientes fines:
a)
recibir testimonio o tomar declaraciones a personas;
b)
presentar documentos judiciales;
c)
efectuar inspecciones e incautaciones;
d)
examinar objetos y lugares;
e)
facilitar información y elementos de prueba;
f)
entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes
relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social
y comercial, y
g)
identificar o detectar el producto, los bienes, los instrumentos u otros elementos
con fines probatorios.
3.
Las Partes podrán prestarse cualquier otra forma de asistencia judicial
recíproca autorizada por el derecho interno de la Parte requerida.
4.
Las Partes, si así se les solicita y en la medida compatible con su derecho y
práctica internos, facilitarán o alentarán la presentación o disponibilidad de
personas, incluso de detenidos, que consientan en colaborar en las
investigaciones o en intervenir en las actuaciones.
5.
Las Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar asistencia
judicial recíproca con arreglo al presente artículo.
6.
Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones derivadas
de otros tratados bilaterales o multilaterales, vigentes o futuros, que rijan,
total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca en asuntos penales.
7.
Los párrafos 8º a 19 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que
se formulen con arreglo al mismo, siempre que no medie entre las Partes
interesadas un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando las Partes
estén vinculadas por un tratado de esta índole, se aplicarán las disposiciones
correspondientes de dicho tratado, salvo que las Partes convengan en aplicar,
en su lugar, los párrafos 8º a 19 del presente artículo.
8.
Las Partes designarán una autoridad o, cuando sea necesario, varias
autoridades, con facultades para dar cumplimiento a las solicitudes de
asistencia judicial recíproca o transmitirlas a las autoridades competentes
para su ejecución. Se notificará al Secretario General la autoridad o
autoridades que hayan sido designadas para este fin. Las autoridades designadas
por las Partes serán las encargadas de transmitir las solicitudes de asistencia
judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente, la presente
disposición no afectará al derecho de cualquiera de las Partes a exigir que
estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en
circunstancias urgentes, cuando las Partes convengan en ello, por  conducto de
la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser ello posible.
9.
Las solicitudes deberán presentarse por escrito en un idioma aceptable para la
Parte requerida. Se notificará al Secretario General el idioma o idiomas que
sean aceptables para cada una de las Partes. En situaciones de urgencia, y
cuando las partes convengan en ello se podrán hacer las solicitudes
verbalmente, debiendo ser seguidamente confirmadas por escrito.
10.
En las solicitudes de asistencia judicial recíproca deberá figurar lo
siguiente:
a)
la identidad de la autoridad que haga la solicitud;
b)
el objeto y la índole de la investigación, del proceso o de las actuaciones a
que se refiera la solicitud, y el nombre y funciones de la autoridad que esté
efectuando dicha investigación, dicho procedimiento o dichas actuaciones;
c)
un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes para
la presentación de documentos judiciales;
d)
una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier
procedimiento particular que la Parte requirente desee que se aplique;
e)
cuando sea posible, la identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada
y en lugar en que se encuentre, y
f)
la finalidad para que se solicita la prueba, información o actuación.
11.
La Parte requerida podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para
dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para
facilitar dicho cumplimiento.
12.
Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno de la
Parte requerida y, en la medida en que no se contravenga la legislación de
dicha Parte y siempre que ello sea posible, de conformidad con los
procedimientos específicos en la solicitud.
13.
La Parte requirente no comunicará ni utilizará, sin previo consentimiento de la
Parte requerida, la información o las pruebas proporcionadas por la Parte
requerida para otras investigaciones, procesos o actuaciones distintas de las
indicadas en la solicitud.
14.
La Parte requirente podrá exigir que la Parte requerida mantenga reserva acerca
de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria
para darle cumplimiento. Si la Parte requerida no puede mantener esa reserva,
lo hará saber de inmediato a la Parte requirente.
15.
La asistencia judicial recíproca solicitada podrá ser denegada:
a)
cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente artículo;
b)
cuando la Parte requerida considere que el cumplimiento de los solicitado
pudiera menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros
intereses fundamentales;
c)
cuando el derecho interno de la parte requerida prohiba a sus autoridades
acceder a una solicitud formulada en relación con un delito análogo, si éste
hubiera sido objeto de investigación, procesamiento o actuaciones en el
ejercicio de su propia competencia, y
d)
cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico la parte
requerida en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.
16.
Las denegaciones de asistencia judicial recíproca serán motivadas.
17.
La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la Parte requerida si
perturbase el curso de una investigación, un proceso o una actuaciones. En tal
caso, la Parte requerida deberá consultar con la Parte requirente para
determinar si es aún posible prestar la asistencia en la forma y en las
condiciones que la primera  estime necesarias.
18.
El testigo, perito u otra persona que consienta en deponer en juicio o en
colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio
de la Parte requirente, no será objeto de procesamiento, detención o castigo,
ni de ningún tipo de restricción  de su libertad  personal en dicho territorio
por actos, omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha
en que abandonó el territorio de la Parte requerida. Ese salvoconducto cesará
cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido durante 15 días
consecutivos, o durante el período acordado por las Partes, después de la fecha
en que se le haya informando oficialmente de que las autoridades judiciales ya
no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y, no obstante,
permanezca voluntariamente en el territorio o regrese espontáneamente a él
después de haberlo abandonado.
19.
Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud serán
sufragados por la Parte requerida salvo que las Partes interesadas hayan
acordados otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de
carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar los términos
y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, así como la
manera en que se sufragarán los gastos.
20.
Cuando sea necesario, las Partes consideran la posibilidad de concertar
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del
presente artículo y que, en la práctica, den efecto a sus disposiciones o las
refuercen.
Artículo 8
REMISIÓN DE ACTUACIONES PENALES
Las
Partes considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el
procesamiento por los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del
artículo 3º, cuando se estime que esa remisión obrará en interés de una
correcta administración de justicia.
Artículo
9
OTRAS
FORMAS DE COOPERACIÓN Y CAPACITACIÓN
1.
Las Partes colaborarán estrechamente entre sí, en armonía con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de
las medidas de detención y represión orientadas a suprimir la comisión de los
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º. Deberán,
en particular, sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales:
a)
establecer y mantener canales de comunicación entre sus organismos y servicios
competentes a fin de facilitar el intercambio rápido y seguro de información
sobre todos los aspectos de los delitos tipificados de conformidad con el
párrafo 1º del artículo 3º, incluso, siempre que las Partes interesadas lo
estimen oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
b)
cooperar en la realización de indagaciones, con respecto a delitos tipificados
de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º y de carácter internacional,
acerca:
i)
de la identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente
implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo
3º;
ii)
del movimiento del producto o de los bienes derivados de la comisión de esos
delitos;
iii)
del movimiento de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, sustancias que
figuran en el Cuadro I y el Cuadro II de la presente Convención e instrumentos
utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de esos delitos;
c)
cuando sea oportuno y siempre que no contravenga lo dispuesto en su derecho
interno, crear equipos conjuntos, teniendo en cuenta la necesidad de proteger
la seguridad de las personas y de las operaciones, para dar efecto a lo
dispuesto en el presente párrafo. Los funcionarios de cualquiera de las Partes
que integren esos equipos actuarán conforme a la autorización de las
autoridades competentes de la Parte en cuyo territorio se ha de llevar a cabo
la operación. En todos esos casos las Partes de que se trate velarán por que se
respete plenamente la soberanía de la Parte en cuyo territorio se ha de
realizar la operación;
d)
proporcionar, cuando corresponda, las cantidades necesarias de sustancias para
su análisis o investigación, y
e)
facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos y servicios competentes
y promover el intercambio de personal y de otros expertos, incluso destacando
funcionarios de enlace.
2.
Cada una de las Partes, en la medida necesaria, iniciará, desarrollará o
perfeccionará programas específicos de capacitación destinados a su personal de
detención y represión o de otra índole, incluido el personal aduanero,
encargado de suprimir los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º
del artículo 3º. En particular, estos programas se referirán a:
a)
los métodos utilizados en la detención y supresión de los delitos tipificados
de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º;
b)
las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, en
particular en los Estados de tránsito, y medidas adecuadas para contrarrestar
su utilización;
c)
la vigilancia de la importación y exportación de estupefacientes, sustancias
sicotrópicas y sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II;
d)
la detención y vigilancia del movimiento del producto y los bienes derivados de
la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del
artículo 3º, y de los estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que
figuran en el Cuadro I y el Cuadro II, y de los instrumentos que se utilicen o
se pretenda utilizar en la comisión de dichos delitos;
e)
los métodos utilizados para la transferencia, la ocultación o el encubrimiento
de dicho producto, y de dichos bienes e instrumentos;
f)
el acopio de pruebas;
g)
las técnicas de fiscalización en zonas y puertos francos, y
h)
las técnicas modernas de detección y represión.
3.
Las Partes se prestarán  asistencia en la planificación y ejecución de
programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar
conocimientos en las esferas mencionadas en el párrafo 2 del presente artículo
a ese fin, deberán también, cuando proceda, recurrir a conferencias y
seminarios regionales e internacionales a fin de promover la cooperación y
estimular el examen de los problemas de interés común, incluidos en particular
los problemas y necesidades especiales de los Estados de tránsito.
Artículo 10
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA A LOS ESTADOS
DE TRANSITO
1.
Las Partes cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones
internacionales o regionales competentes, para prestar asistencia y apoyo a los
Estados de tránsito y, en particular, a los países en desarrollo que necesiten
de tales asistencia y apoyo, en la medida de los posible, mediante programas de
cooperación técnica para impedir la entrada y tránsito ilícito, así como para
otras actividades conexas.
2.
Las Partes podrán convenir directamente o por conducto de las organizaciones
internacionales o regionales competentes, en proporcionar asistencia financiera
a dichos Estados de tránsito con el fin de aumentar y fortalecer la
infraestructura que necesiten para una fiscalización y una prevención eficaces
del tráfico ilícito.
3.
Las Partes podrán concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales
para aumentar la eficacia de la cooperación internacional prevista en el
presente artículo y podrán tomar en consideración la posibilidad de concertar
arreglos financieros a ese respecto.
Artículo
11
ENTREGA
VIGILADA
1.
Si lo permiten los principios fundamentales de los respectivos ordenamientos
jurídicos internos, las Partes adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus
posibilidades, para que se pueda utilizar de forma adecuada, en el plano
internacional, la técnica de entrega vigilada, de conformidad con acuerdos o
arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas
implicadas en delitos tipificados de conformidad con acuerdos o arreglos
mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas en
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º y de
entablar acciones legales contra ellas.
2.
Las decisiones de recurrir a la entrega vigilada se adoptarán caso por caso y
podrán, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los
relativos al ejercicio de su competencia por las Partes interesadas.
3.
Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán, con el
consentimiento de las Partes interesadas, ser interceptadas y autorizadas a
proseguir intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente los
estupefacientes o sustancias sicotrópicas que contengan.
Artículo
12
SUSTANCIAS
QUE SE UTILIZAN CON FRECUENCIA EN LA FABRICACIÓN ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES O
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS
1.
Las Partes adoptarán las medidas que estimen adecuadas para evitar la
desviación de las sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II,
utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias
sicotrópicas, y cooperarán entre ellas con este fin.
2.
Si una de las Partes o la Junta posee datos que, a su juicio, puedan requerir
la inclusión de una sustancia en el Cuadro I o el Cuadro II, lo notificará al
Secretario General y le facilitará los datos en que se base la notificación. El
procedimiento descrito en los párrafos 2º a 7º del presente artículo también
será aplicable cuando una de las Partes o la Junta posea información que
justifique suprimir una sustancia del Cuadro I o del Cuadro II o trasladar una
sustancia de un Cuadro a otro.
3.
El Secretario General comunicará esa notificación y los datos que considere
pertinentes a las Partes, ala comisión y, cuando la notificación proceda de
algunas de las partes a la Junta. Las Partes comunicarán al Secretario General
sus observaciones acerca de la notificación y toda la información
complementaria que pueda serle útil a la Junta para elaborar un dictamen y a la
Comisión para adoptar una decisión.
4.
Si la Junta, teniendo en cuenta la magnitud, importancia y diversidad del uso
lícito de esa sustancia, y la posibilidad y facilidad del empleo de otras
sustancias tanto para la utilización lícita como la fabricación ilícita de
estupefacientes o de sustancias sicotrópicas, comprueba:
a)
que la sustancia se emplea con frecuencia en la fabricación ilícita de un
estupefaciente o de una sustancia sicotrópica;
b)
que el volumen y la magnitud de la fabricación ilícita de un estupefaciente o
de una sustancia sicotrópica crean graves problemas sanitarios o sociales, que
justifican la adopción de medidas en el plano internacional, comunicará a la
Comisión un dictamen sobre la sustancia, en el que se señale el efecto que
tendría su incorporación al Cuadro I o al Cuadro II tanto sobre su uso lícito
como sobre su fabricación ilícita, junto con recomendaciones de las medidas de
vigilancia que, en su caso, sean adecuadas a la luz de ese dictamen.
5.
La Comisión, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por las Partes y
las observaciones y recomendaciones de la Junta, cuyo dictamen será
determinante en cuanto a los aspectos científicos, y tomando también
debidamente en consideración otros factores pertinentes, podrá decidir , por
una mayoría de dos tercios de sus miembros, incorporar una sustancia al Cuadro
I o al Cuadro II.
6.
Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con el presente artículo será
notificada por el Secretario General a todos los Estados y otras entidades que
sean partes en la presente Convención o puedan llegar a serlo y a la Junta. Tal
decisión surtirá pleno efecto respecto de cada una de las Partes a los 180 días
de la fecha de la notificación.
7.
a) Las decisiones de la Comisión adoptadas con arreglo al presente artículo
estarán sujetas a revisión por el Consejo, cuando así lo solicite cualquiera de
las Partes dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la fecha de la
notificación de la decisión. La solicitud de revisión será presentada al
Secretario General junto con toda la información pertinente en que se base
dicha solicitud de revisión.
b)
El Secretario General transmitirá copia de la solicitud de revisión y de la
información  pertinente a la Comisión, a la Junta y a todas las Partes,
invitándolas a presentar sus observaciones dentro del plazo de 90 días. Todas
las observaciones que se reciban se comunicarán al Consejo para que éste las
examine, y
c)
El Consejo podrá confirmar o revocar la decisión de la Comisión. La
notificación de la decisión del Consejo se transmitirá a todos los Estados y
otras entidades que sean Partes en la presente Convención o que puedan llegar a
serlo; a la Comisión y a la Junta.
8.
a) Sin perjuicio de las disposiciones de carácter general del párrafo 1º del
presente artículo y de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención
de 1961 en su forma enmendada y en el Convenio de 1971, las Partes tomarán las
medidas que estimen oportunas para vigilar la fabricación y la distribución de
sustancias que figuren en los Cuadros I y II que se realicen dentro de su
territorio.
b)
Con este fin las Partes podrán:
i) controlar a
todas las personas y empresas que se dediquen a la fabricación o la
distribución de tales sustancias;
ii) controlar bajo licencia el
establecimiento y los locales en que se realicen las mencionadas fabricaciones
o distribuciones;
iii) exigir que los
licenciatorios obtengan la autorización para realizar las mencionadas
operaciones;
iv) impedir la acumulación en
posesión de fabricantes y distribuidores de cantidades de esas sustancias que
excedan de las requieran el desempeño normal de las actividades comerciales y
las condiciones prevalenciales en el mercado.
9.
Cada una de las Partes adoptará, con respecto a las sustancias que figuren en
el Cuadro I y el Cuadro II las siguientes medidas:
a)
establecer y mantener un sistema para vigilar el comercio internacional de
sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II a fin de facilitar el
descubrimiento de operaciones sospechosas. Esos sistemas de vigilancia deberán
aplicarse en estrecha cooperación con los fabricantes, importadores,
exportadores, mayoristas y minoristas, que deberán informar a las autoridades
competentes sobre los pedidos y operaciones sospechosos;
b)
disponer la incautación de cualquier sustancia que figure en el Cuadro I o el
Cuadro II si hay pruebas suficientes de que se ha de utilizar para la
fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas;
c)
notificar, lo antes posible, a las autoridades y servicios competentes de las
Partes interesadas si hay razones para presumir que la importación, la exportación
o el tránsito de una sustancia que figura en el Cuadro I o el Cuadro II se
destina a la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas,
facilitando, en particular, información sobre los medios de pago y cualesquiera
otros elementos esenciales en los que se funde esa presunción;
d)
exigir que las importaciones y exportaciones estén correctamente etiquetadas y
documentadas. Los documentos comerciales como facturas, manifiestos de carga,
documentos aduaneros y de transporte y otros documentos relativos al envío,
deberán contener los nombres, tal como figuran en el Cuadro I o en el Cuadro
II, de las sustancias que se importen o exporten, la cantidad que se importe o
exporte y el nombre y la dirección del importador, del exportador y, cuando sea
posible, del consignatario, y
e)
velar por que los documentos mencionados en el inciso d) sean  conservados
durante dos años por lo menos y puedan ser inspeccionados por las autoridades
competentes.
10.
a) Además de los dispuesto en el párrafo 9º, y a petición de la Parte
interesada dirigida al Secretario General, cada una de las Partes de cuyo
territorio se vaya a exportar una de las sustancias que figuran en el Cuadro I
velará por que, antes de la exportación, sus autoridades competentes proporcionen
la siguiente información a las autoridades competentes del país importador:
i) el nombre y la dirección del
exportador y del importador y, cuando sea posible, del consignatario;
ii) el nombre de la sustancia
que figura en el Cuadro I;
iii) la cantidad de la sustancia
que se ha de exportar,
vi) el punto de entrada y la
fecha de envío previsto;
v) cualquier otra información
que acuerden mutuamente las Partes.
b)
Las Partes podrán adoptar medidas de fiscalización más estrictas o rigurosas
que las previstas en el presente párrafo si, a su juicio, tales medidas son
convenientes o necesarias.
11.
Cuando una de las Partes facilite información a otra Parte con arreglo a los
dispuesto en los Párrafos 9º y 10 del presente artículo, la Parte facilita tal
información podrá exigir que la Parte que la reciba respete el carácter
confidencial de los secretos industriales, empresariales, comerciales o
profesionales o de los procesos industriales que contenga.
12.
Cada una de las Partes presentará anualmente a la Junta, en la forma de la
manera que ésta disponga y en los formularios que ésta suministre, información
sobre:
a)
las cantidades incautadas de sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro
II y, cuando se conozca, su origen;
b)
cualquier sustancia que no figure en el Cuadro I o en el Cuadro II pero de la
que se sepa que se emplea en la fabricación ilícita de estupefacientes o
sustancias sicotrópicas y que, a juicio de esa parte, sea considerada lo
bastante importante para ser señalada a la atención de la Junta, y
c)
los métodos de desviación y de fabricación ilícita.
13.
La Junta informará anualmente a la Comisión sobre la aplicación del presente
artículo y la comisión examinará periódicamente la idoneidad y la pertinencia
del Cuadro I y del Cuadro  II.
14.
Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a los preparados
farmacéuticos, ni otros preparados que contengan sustancias que figuran en el
Cuadro I o en el Cuadro II y que estén compuestos de forma tal que esas
sustancias no puedan emplearse o recuperarse fácilmente por medio de sencilla
aplicación.
Artículo 13
MATERIALES Y EQUIPOS
Las
Partes adoptarán las medidas que consideren adecuadas para impedir el comercio
y la desviación de materiales y equipos destinados a la producción o
fabricación ilícitas de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y cooperarán
a este fin.
Artículo 14
MEDIDAS
PARA ERRADICAR EL CULTIVO ILÍCITO DE PLANTAS DE LAS QUE SE EXTRAEN
ESTUPEFACIENTES Y PARA ELIMINAR LA DEMANDA ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES Y
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS
1.
Cualquier medida adoptada por las partes para la aplicación de la presente
Convención  no será menos estricta que las normas aplicables a la erradicación
del cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias
sicotrópicas y a la eliminación de la demanda ilícita de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas conforme a lo dispuesto en la Convención de 1961, en la
Convención de 1961 en su forma enmendada y en el Convenio de 1971.
2.
Cada una de las Partes adoptará medida adecuadas para evitar el cultivo ilícito
de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales
como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis,
así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio.
Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales
y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al
respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio
ambiente.
3.
a) Las Partes podrán cooperar para aumentar la eficacia de los esfuerzos de
erradicación. Tal cooperación podrá comprender, entre otras cosas, el apoyo,
cuando proceda, al desarrollo rural integrado tendente a ofrecer soluciones
sustitutivas del cultivo ilícito que sean económicamente viables. Factores como
el acceso a los mercados, la disponibilidad de recursos y las condiciones
socioeconómicas imperantes deberán ser tomados en cuenta antes de que estos
programas hayan sido puestos en marcha. Las Partes podrán llegar a acuerdos
sobre cualesquiera otras medidas adecuadas de cooperación;
b)
Las Partes facilitarán también el intercambio de información científica y
técnica y la realización de investigaciones relativas a la erradicación.
c)
Cuando tengan fronteras comunes, las Partes tratarán de cooperar en programas
de erradicación en sus respectivas zonas situadas a lo largo de dichas
fronteras.
4.
Las Partes adoptarán medidas adecuadas tendentes a eliminar o reducir la
demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con miras a
reducir el sufrimiento humano y acabar con los incentivos financieros del
tráfico ilícito.
Estas
medidas podrán basarse, entre otras cosas, en las recomendaciones de las
Naciones Unidas, los organismos especializados de las Naciones Unidas, tales
como la Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones
internacionales competentes, y en el Plan Amplio y Multidisciplinario aprobado
por la Conferencia Internacional sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas celebrada en 1987, en la medida en que éste se relacione con los
esfuerzos de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de
entidades privadas en las esferas de la prevención, del tratamiento y de la
rehabilitación. Las Partes podrán concertar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales tendentes a eliminar o reducir la demanda ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
5.
Las Partes podrán asimismo adoptar las medidas necesarias para que los
estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en el Cuadro
I y el Cuadro II que se hayan incautado o decomisado sean destruidas
prontamente o se disponga de ellas de acuerdo con la ley y para que las
cantidades necesarias debidamente certificadas de esas sustancias sean
admisibles a efectos probatorios.
Artículo 15
TRANSPORTISTA COMERCIALES
1.
Las Partes adoptarán medidas adecuadas a fin de garantizar que los medios de
transporte utilizados por los transportistas comerciales no lo sean para
cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º;
entre esa medidas podrá figurar la concertación de arreglos especiales con los
transportistas comerciales.
2.
Cada una de las Partes exigirá a los transportistas comerciales que tomen
precauciones razonables a fin de impedir que sus medios de transporte sean
utilizados para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º
del artículo 3º.
Entre
esas precauciones podrán figurar las siguientes:
a)
Cuando el establecimiento principal del transportista comercial se encuentra en
el territorio de dicha Parte:
i)
la capacitación del personal para descubrir personas o remesas sospechosas;
ii)
el estímulo de la integridad moral del personal.
b)
Cuando el transportista comercial desarrolla actividades en el territorio de
dicha parte:
i)
la interpretación por adelantado, cuando sea posible, de los manifiestos de
carga;
ii)
la utilización en los contenedores de sellos inviolables y verificables
individualmente;
iii)
la denuncia a las autoridades competentes, en la primera ocasión, de cualquier
circunstancia sospechosa que pueda estar relacionada con la comisión de delitos
tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º.
3.
Cada una de las Partes procurará garantizar que los transportistas comerciales
y las autoridades competentes de los lugares de entrada y salida, y demás zonas
de control aduanero, cooperen a fin de impedir el acceso no autorizado a los
medios de transporte y a la carga, así como en la aplicación de las medidas de
seguridad adecuadas.
Artículo
16
DOCUMENTOS
COMERCIALES Y ETIQUETAS DE LAS EXPORTACIONES
1.
Cada una de las Partes exigirá que las exportaciones lícitas de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas estén debidamente documentadas. Además de los
requisitos de documentación previstos en el artículo 31 de la Convención de
1961, en el artículo 31 de la Convención de 1961 en su forma enmendada y en el
artículo 12 del Convenio de 1971, en los documentos comerciales, tales como
facturas, manifiestos de carga, documentos aduaneros y de transporte y otros
documentos relativos al envío, deberán indicarse los nombres de los
estupefacientes y sustancias sicotrópicas que se exporten, tal como figuren en
las listas correspondientes de la Convención de 1961, de la Convención de 1961
en su forma enmendada y del Convenio de 1971, así como la cantidad exportada y el
nombre y la dirección del exportador, del importador y, cuando sea posible, del
consignatario.
2.
Cada una de las Partes exigirá que las remesas de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas exportadas no vayan incorrectamente etiquetadas.
Artículo
17
TRAFICO
ILÍCITO POR MAR
1.
Las Partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por
mar, de conformidad con el derecho internacional del mar.
2.
Toda Parte, que tenga motivos razonables para sospechar que una nave de su
pabellón, o que no enarbole ninguno o no lleve matrícula, está siendo utilizada
para el tráfico ilícito, podrá solicitar asistencia de otras partes a fin de
poder término a esa utilización. Las partes a las que se solicite dicha
asistencia la prestarán con los medios de que dispongan.
3.
Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que esté
haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional
y que enarbole el pabellón o que lleve matrícula de otra Parte, está siendo utilizada
para el tráfico ilícito, podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que
confirme la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle autorización para
adoptar las medidas adecuadas con respecto a esa nave.
4.
De conformidad con el párrafo 3 o con los tratados vigentes entre las Partes, o
con cualquier otro acuerdo o arreglo que se haya podido concertar entre ellas,
el Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre otras cosas,
a:
a)
abordar la nave;
b)
inspeccionar la nave, y
c)
si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medidas
adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se encuentren
a bordo.
5)
Cuando se adopte una medida de conformidad con el presente artículo, las partes
interesadas tendrán debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro
la seguridad de la vida en el mar ni la de la nave y la carga y de no
perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del Estado del pabellón o de
cualquier otro Estado interesado.
6.
El Estado del pabellón podrá, en consonancia con sus obligaciones previstas en
el párrafo 1º del presente artículo, someter su autorización a condiciones que
serán convenidas con la Parte que sea el Estado requirente, sobre todo en lo
que concierne a la responsabilidad.
7.
A los efectos de los párrafos 3º y 4º del presente artículo, las Partes
responderán con celeridad a las solicitudes de otras Partes de que se averigüe
si una nave que esté enarbolando su pabellón está autorizada a hacerlo, así
como a las solicitudes de autorización que se presenten a tenor de lo previsto
en el párrafo 3º. Cada Estado, en el momento de entrar a ser Parte en la
presente Convención, designará a una o, en caso necesario, varias autoridades
para que se encarguen de recibir dichas solicitudes y de responder a ellas. Esa
designación será dada a conocer, por conducto del Secretario General, a todas
las demás Partes, dentro del mes siguiente a la designación.
8.
La Parte que haya adoptado cualquiera de las medidas previstas en el presente
artículo informará con prontitud al Estado del pabellón de los resultados de
esa medida.
9.
Las Partes considerarán la posibilidad de concertar acuerdos o arreglos
bilaterales y regionales para llevar a la práctica las disposiciones del
presente artículo o hacerlas más eficaces.
10.
Las medidas que se adopten en cumplimiento del párrafo 4º del presente artículo
serán solo aplicadas por buques de guerra o aeronaves militares, u otras naves
o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como naves o
aeronaves al servicio de un gobierno que hayan sido autorizadas a tal fin.
11.
Toda medida adoptada de conformidad con el presente artículo tendrá debidamente
en cuenta la necesidad de no inferir en los derechos y obligaciones de los
Estados ribereños o en el ejercicio de su competencia, que sean conformes con
el derecho internacional del mar, ni de menoscabar esos derechos, obligaciones
o competencias.
Artículo 18
ZONAS Y PUERTOS FRANCOS
1.
Las Partes, a fin de eliminar, en las zonas y puertos francos, el tráfico
ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en
los Cuadros I y II adoptarán medidas no menos estrictas que las que apliquen en
otras partes de su territorio.
2.
Las Partes procurarán:
a)
vigilar el movimiento de bienes y personas en las zonas y puertos francos, cuyo
fin facultarán a las autoridades competentes a inspeccionar las cargas y las
naves a su llegada y partida, incluidas las embarcaciones de recreo y los
barcos pesqueros, así como las aeronaves y los vehículos y, cuando proceda, a
registrar a los miembros de la tripulación y los pasajeros, así como los
equipajes respectivos;
b)
establecer y mantener un sistema para descubrir los envíos sospechosos de
contener estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en
los Cuadros I y II que entren en dichas zonas o salgan de ellas, y
c)
establecer y mantener sistemas de vigilancia en las zonas del puerto y de los
muelles, en los aeropuertos y en los puntos de control fronterizo de las zonas
y puertos francos.
Artículo
19
UTILIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS POSTALES
1.
Las Partes, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud de
las Convenciones de la Unión Postal Universal, y de acuerdo con los principios
básicos de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, adoptarán medidas
a fin de suprimir la utilización de los servicios postales para el tráfico
ilícito y cooperarán con ese propósito.
2.
Las medidas a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo comprenderán,
en particular:
a)
medidas coordinadas y orientadas a prevenir y reprimir la utilización de los
servicios postales para el tráfico ilícito;
b)
la introducción y el mantenimiento, por el personal de detección y represión
competente, de técnicas de investigación y de control encaminadas a detectar
los envíos postales con remesas ilícitas de estupefacientes, sustancias
sicotrópicas y sustancias que figuran en los Cuadros I y II;
c)
medidas legislativas que permitan utilizar los medios adecuados a fin de
allegar las pruebas necesarias para iniciar actuaciones judiciales.
Artículo
20
INFORMACIÓN
QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PARTES
1.
Las Partes suministran, por mediación del Secretario General, información a la
Comisión sobre el funcionamiento de la presente Convención en sus territorios,
y en particular:
a)
el texto de las leyes y reglamentos que promulguen para dar efectos a la
Convención;
b)
los pormenores de casos de tráfico ilícito de su jurisdicción que estimen
importantes por las nuevas tendencias que revelan, las cantidades de que se
trate, las fuentes de procedencia de las sustancias o los métodos utilizados
por las personas que se dedican al tráfico ilícito.
2.
Las Partes facilitarán dicha información del modo y en la fecha que solicite la
Comisión.
Artículo
21
FUNCIONES
DE LA COMISIÓN
La
Comisión tendrá autoridad para estudiar todas las cuestiones relacionadas con
los objetivos de la presente Convención, y en particular:
a)
la Comisión examinará, el funcionamiento de la presente Convención, sobre la
base de la información presentada por las Partes de conformidad con el artículo
20;
b)
la Comisión podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general
basadas en el examen de la información recibida de las partes;
c)
la Comisión podrá señalar a la atención de la Junta cualquier cuestión que
tenga relación con las funciones de la misma;
d)
la Comisión tomará las medidas que estime adecuadas sobre cualquier cuestión
que le haya remitido la Junta de conformidad con el inciso b) del párrafo 1º
del artículo 22;e
e)
la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 12, podrá
enmendar el Cuadro I y el Cuadro II, y
f)
la Comisión podrá señalar a la atención de los Estados no Partes las decisiones
y recomendaciones que adopte en cumplimiento de la presente Convención, a fin
de que dichos Estados examinen la posibilidad de tomar medidas de acuerdo con
tales decisiones y recomendaciones.
Artículo
22
FUNCIONES
DE LA JUNTA
1.
Sin perjuicio de las funciones de la Comisión previstas en el artículo 21 y sin
perjuicio de las funciones de la Junta y de la Comisión previstas en la
Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada y en el
Convenio de 1971:
a)
Si, sobre la base de su examen de la información a disposición de ella, del
Secretario General o de la Comisión, o de la información comunicada por órganos
de las Naciones Unidas, la junta tiene motivos para creer que no se cumplen los
objetivos de la presente Convención en asuntos de su competencia, la Junta
podrá invitar a una o más Partes a suministrar toda información pertinente;
b)
Con respecto a los artículos 12, 13 y 16:
i)
Una vez cumplido el trámite señalado en el inciso a) del presente artículo, la
Junta podrá, si lo juzga necesario, pedir a la Parte interesada que adopte las
medidas correctivas que las circunstancias aconsejen para el cumplimiento de
las disposiciones de los artículos 12, 13 y 16;
ii)
Antes de tomar ninguna medida conforme al apartado iii) infra, la
Junta tratará confidencialmente sus comunicaciones con la Parte interesada
conforme a los incisos anteriores;
iii)
Si la Junta considera que la Parte interesada no ha adoptado las medidas
correctivas que se le han pedido conforme a este inciso, podrá señalar el
asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión. Cualquier
informe que publique la Junta de conformidad con este inciso incluirá asimismo
las opiniones de la Parte interesada si esta así lo solicitare.
2.
Se invitará a toda la Parte interesada a que esté representada en las reuniones
de la Junta en las que se haya de examinar de conformidad con el presente
artículo una cuestión que le afecte directamente.
3.
Si, en algún caso, una decisión de la Junta que se adopte de conformidad con el
presente artículo no fuese unánime, se dejará constancia de las opiniones de la
minoría.
4.
Las decisiones de la Junta de conformidad con el presente artículo se tomarán
por mayoría de dos tercios del número total de miembros de la Junta.
5.
En el desempeño de sus funciones de conformidad con el inciso a) del párrafo 1º
del presente artículo, la Junta protegerá el carácter confidencial de toda
información que llegue a su poder.
6.
La responsabilidad de la Junta en virtud del presente artículo no se aplicará
al cumplimiento de tratados o acuerdos celebrados entre las Partes de
conformidad con las disposiciones de la presente Convención.
7.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a las controversias
entre las Partes a las que se refieren las disposiciones del artículo 32.
Artículo
23
INFORMES
DE LA JUNTA
1.
La Junta preparará un informe anual sobre su labor en el que figure un análisis
de la información de que disponga y, en los casos adecuados, una relación de
las explicaciones, si las hubo, dadas por las Partes o solicitadas a ellas,
junto con cualesquiera observaciones y recomendaciones que la Junta desee
formular.  La Junta podrá preparar los informes adicionales que considere
necesario. Los informes serán presentados al Consejo por conducto de la
Comisión, la cual podrá hacer las observaciones que juzgue convenientes.
2.
Los informes de la Junta serán comunicados a las Partes y posteriormente
publicados por el Secretario General. Las Partes permitirán la distribución sin
restricciones de dichos informes.
Artículo
24
APLICACIONES
DE MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN MAS ESTRICTAS QUE LAS ESTABLECIDAS POR LA PRESENTE
CONVENCIÓN
Las
Partes podrán adoptar medidas más estrictas o rigurosas que las previstas en la
presente Convención si, a su juicio, tales medidas son convenientes o
necesarias para prevenir o eliminar el tráfico ilícito.
Artículo
25
EFECTO
NO DEROGATORIO RESPECTO DE ANTERIORES DERECHOS Y OBLIGACIONES CONVENCIONALES
Las
disposiciones de la presente Convención serán sin perjuicio de los derechos y
obligaciones que incumben a las Partes en la presente Convención en virtud de
la Convención de 1961, de la Convención de 1961 en su forma enmendada y del
Convenio de 1971.
Artículo
26
FIRMA
La
presente Convención estará abierta desde el 20 de diciembre de 1988 hasta el 28
de febrero de 1989 en la oficina de las Naciones Unidas en Viena y, después,
hasta el 20 de diciembre de 1989 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, a la firma:
a)
de todos los Estados;
b)
de Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y
c)
de las organizaciones regionales de integración económica que sean competentes
para negociar, concertar y aplicar acuerdos internacionales sobre cuestiones
reguladas en la presente Convención, siendo aplicables a dichas organizaciones
dentro de los límites de su competencia las referencias que en la presente
Convención se hagan a las Partes, los Estados o los servicios nacionales.
Artículo
27
RATIFICACIÓN,
ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O ACTO DE CONFIRMACIÓN FORMAL
1.
La presente Convención está sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por
los Estados y por Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia, y a los actos de confirmación formal por las organizaciones
regionales de integración económica a las que se hace referencia en el inciso
c) del artículo 26. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación y
los instrumentos relativos a los actos de confirmación formal serán depositados
ante el Secretario General.
2.
En sus instrumentos de confirmación formal, las organizaciones regionales de
integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a
las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones comunicarán
también al Secretario General cualquier modificación del alcance de su
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención.
Artículo
28
ADHESIÓN
1.
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado, de
Namibia, representada por el consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de
las organizaciones regionales de integración económica a la que se hace
referencia en el inciso c) del artículo 26. La adhesión se efectuará mediante
el depósito de un instrumento de adhesión ante el Secretario General.
2.
En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones
regidas por la presente Convención. Estas organizaciones comunicarán también al
Secretario General cualquier modificación del alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención.
Artículo
29
ENTRADA
EN VIGOR
1.
La presente convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha
en que haya sido depositado ante el Secretario General el vigésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados o por
Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.
2.
Para cada Estado o para Namibia, representada por el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o
se adhiera a ella después de haberse depositado el vigésimo instrumento de
ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, la presente
Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que tal
Estado o Namibia haya depositado dicho instrumento de ratificación, de
aceptación, de aprobación o de adhesión.
3.
Para cada organización regional de integración económica a la que se hace
referente en el inciso c) del artículo 26, que deposite un instrumento relativo
a un acto de confirmación formal o un instrumento de adhesión, la presente
Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que se
haya efectuado ese depósito, o en la fecha en que la presente Convención entre
en vigor conforme al párrafo 1º del presente artículo, si esta última es
posterior.
Artículo
30
DENUNCIA
1.
Cada una de las Partes podrá en cualquier momento denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General.
2.
La denuncia surtirá efecto para la Parte interesada un año después de la fecha
en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.
Artículo
31
ENMIENDAS
1.
Cualquiera de las Partes podrá proponer una enmienda a la presente Convención.
Dicha Parte comunicará el texto de cualquier enmienda así propuesta y los
motivos de la misma al Secretario General quien, a su vez, comunicará la
enmienda propuesta a las demás Partes y les preguntará si la aceptan. En caso
de que la propuesta de enmienda así distribuida no haya sido rechazada por
ninguna de las Partes dentro de los veinticuatro meses siguientes a su
distribución, se considerará que la enmienda ha sido aceptada y entrará en
vigor respecto de cada una de las Partes tras un período de noventa días,
después de que esa Parte haya depositado ante el Secretario General un
instrumento en el que exprese su consentimiento a quedar obligado por esa
enmienda.
2.
Cuando una propuesta de enmienda haya sido rechazada por alguna de las Partes,
el Secretario General consultará con las Partes y, si la mayoría de ellas lo
solicita, someterá la cuestión, junto con cualquier observación que haya sido
formulada por las Partes, a la consideración del Consejo, el cual podrá decidir
convocar una conferencia de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4º del
artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas. Las enmiendas que resulten de
esa conferencia serán incorporadas en un Protocolo de modificación. El
consentimiento en quedar vinculada por dicho Protocolo deberá ser notificado
expresamente al  Secretario General.
Artículo
32
SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS
1.
En caso de controversia acerca de la interpretación o de la aplicación de la
presente Convención entre dos o más Partes, estas se consultarán con el fin de
resolverla por vía de negociación, investigación, mediación, conciliación,
arbitraje, recurso a organismos regionales, procedimiento judicial u otros
recursos pacíficos de su elección.
2.
Toda controversia de esta índole que no haya sido resuelta en la forma
prescrita en el párrafo 1º del presente artículo será sometida, a petición de
cualquiera de los Estados Partes en la controversia, a la decisión de la Corte
Internacional de Justicia.
3.
Si una de las organizaciones regionales de integración económica, a las que se
hace referencia en el inciso c) del párrafo 26,  es Parte en una controversia
que no haya sido resuelta en la prescrita en el párrafo 1º del presente
artículo, podrá por conducto de un Estado Miembro de las Naciones Unidas, pedir
al Consejo de las Naciones Unidas que solicite una opinión consultiva a la
corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo 65 del Estatuto
de la Corte, cuya opinión se considerará decisiva.
4.
Todo Estado, en el momento de la firma o la ratificación, la aceptación o la
aprobación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, o toda
organización regional de integración económica en el momento de la firma o del
depósito de un acto de confirmación formal o de la adhesión, podrá declarar que
no se considera obligado por los párrafos 2º y 3º del presente artículo. las
demás Partes no estarán obligadas por los párrafos 2º y 3º del presente artículo
ante ninguna Parte que haya hecho dicha declaración.
5.
Toda Parte que haya hecho la declaración prevista en el párrafo 4º del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario
General.
Artículo
33
TEXTOS
AUTÉNTICOS
Los
textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente
Convención son igualmente auténticos.
Artículo 34
DEPOSITARIO
El
Secretario General será el depositario de la presente Convención.
En
testimonio de lo cual abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, han
firmado la presente Convención.
Hecha
en Viena el día veinte de diciembre del mil novecientos ochenta y ocho.
ANEXOS
CUADRO I
CUADRO
II
Ácido
lisérgico
Acetona
Efedrina
Ácido
antranílico
Ergometrina
Ácido
fenilacético
Ergotamina
Anhídrido
acético
1-fenil-2-propanona
Éter
etílico
Seudoefedrina
Piperidina
Las
sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro, siempre que la
existencia de dichas sales sea posible.
Las
sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro, siempre que la
existencia de dichas sales sea posible.
DECRETA:
ARTICULO
1º.
Apruébase la "CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS", suscrita en Viena el 20 de
Diciembre de 1988, con las siguientes reservas y declaraciones que se presentan
y que forman parte integrante de esta ley y que el Gobierno de Colombia
formulará al depositar el respectivo instrumento de ratificación de la
Convención que por esta ley se aprueba:
RESERVAS
1.
Colombia no se obliga por el artículo 3º, párrafos 6º y 9º, y el artículo 6º de
la Convención, por ser contrarios al artículo 35 de su Constitución Política en
cuanto a la prohibición de extraditar colombianos por nacimiento.
2.
Colombia considera que los párrafos 1º y 2º del artículo 5º de la Convención no
facultan a sus autoridades para imponer penas de confiscación de bienes en
virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de su Constitución Política.
3.
Colombia, en virtud del párrafo 7º del artículo 5º de la Convención, no se
considera obligada a establecer la inversión de la carga de la prueba.
4.
Colombia formula reserva respecto del artículo 9º, párrafo 1º, incisos b), c),
d) y e), de la Convención en cuanto se oponga a la autonomía e independencia de
las autoridades judiciales para conocer de la investigación y juzgamiento de
los delitos.
DECLARACIONES
1.
Ninguna parte de la Convención podrá interpretarse en el sentido de obligar a
Colombia a adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro
carácter que vulneran o restrinjan su sistema constitucional y legal o vayan
más allá de los tratados en que sea parte contratante el Estado colombiano.
2.
Colombia entiende que el tratamiento que la Convención da al cultivo de la hoja
de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo
alternativo, tomando en cuenta los derechos de la comunidades indígenas
involucradas y la protección del medio ambiente. En el mismo sentido, Colombia
entiende que el trato discriminatorio, inequitativo y restrictivo que se le da
en los mercados internacionales a sus productos agrícolas de exportación, en
nada contribuye al control de los cultivos ilícitos pues, por el contrario, es
causa del deterioro social y ecológico en las zonas afectadas.
3.
Colombia entiende que la aplicación del párrafo 7º del artículo 3º de la
Convención se hará de conformidad con su sistema penal y teniendo en cuenta los
beneficios de sus políticas de sometimiento y colaboración de presuntos
delincuentes a la justicia.
4.
Una solicitud de asistencia legal recíproca no será concedida cuando las
Autoridades  de Colombia, incluso judiciales, consideren que su otorgamiento
menoscaba el interés público o el orden constitucional o legal. También se
deberá observar el principio de reciprocidad.
5.
Colombia entiende que el párrafo 8º del artículo 3º de la Convención no implica
la imprescriptibilidad de la acción penal.
6.
El artículo 24 de la Convención sobre "medidas más estrictas o
rigurosas", no podrá interpretarse en el sentido de conferir al Gobierno
poderes más amplios de los que le confiere la Constitución Política de
Colombia, incluso bajo los estados de excepción.
7.
Colombia entiende que la asistencia prevista en el artículo 17 de la Convención
sólo operará en alta mar y a solicitud expresa y con autorización del gobierno
Colombiano.
8.
Colombia declara que considera contrario a los principios y normas de derecho
internacional, y en particular a los de igualdad soberana, integridad
territorial y no intervención, cualquier acto tendiente al secuestro o
privación ilegal de la libertad de las personas dentro del territorio de un
Estado para hacerlas comparecer ante los tribunales de otro.
9.
Colombia entiende que la remisión de actuaciones penales a que alude el
artículo 8º de la Convención, se hará de tal forma que no se vulneren las
garantías constitucionales del derecho de defensa. Así mismo, Colombia declara,
en cuanto al párrafo 10 del artículo 6º de la Convención, que, en la ejecución
de sentencias extranjeras, debe procederse conforme al inciso 3º del artículo
35 de su Constitución Política y demás normas legales y constitucionales.
ARTICULO
2º.
Con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el articulado de la Ley 7ª
de 1944, la "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas", suscrita en Viena el 20 de
diciembre de 1988 que por esta ley se aprueba con sus reservas y declaraciones,
obligará definitivamente al país a partir de la fecha que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de la misma.
ARTICULO
3º.
La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
República
de Colombia-Gobierno Nacional.
Comuníquese
y publíquese.
Ejecútese
previa revisión de la Corte Constitucional conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada
en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de agosto de 1993.
2.
De la intervención institucional
2.1.
Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El
Ministerio de Relaciones Exteriores presentó escrito justificando la
constitucionalidad de la Ley acusada, argumentando lo siguiente:
La
Convención "tiene por objeto, promover la cooperación entre las partes a
fin de que pueda hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan  una
dimensión internacional. Para realizar esta cooperación los Estados adoptarán
las medidas necesarias, de acuerdo con las normas fundamentales del
ordenamiento interno, es decir el cumplimiento del mencionado instrumento
internacional no implicará para el Estado colombiano, el desconocimiento de las
disposiciones constitucionales. Por el contrario, dichas medidas deberán
respetar los cánones constitucionales de cada país".
El
Ministerio de Relaciones Exteriores entendió que "el principio de
soberanía ha de entenderse dentro de la concepción más adecuada y flexible de
la época actual, que proteja la esencia del principio de la libre
autodeterminación, sin el desconocimiento de las normas de convivencia armónica
de aceptación universal y de acuerdo a los postulados de la Carta de las
Naciones Unidas"
El
Ministerio agrega que "el precitado acuerdo aprobado mediante la Ley
objeto de este proceso, constituye un instrumento completo, eficaz y operativo
que complementa los siguientes convenios: 'Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes con su Protocolo Modificatorio de 1972 y del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971, los cuales han sido aprobados por el Congreso
de la República mediante las Leyes 43 de 1980 y 13 de 1974 y obligan al Estado
colombiano".
Finalmente,
el Ministerio manifiesta que "en consideración a que el Convenio permite
la formulación de reservas por parte de los Estados al momento de manifestar el
consentimiento y celosos de respetar en todas sus partes las normas
constitucionales, en la Ley 67 de 1993 se consagran algunas reservas y
Declaraciones, las cuales deberá presentar el Gobierno de Colombia al momento
de ratificar dicha Convención".
Así,
El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó la declaratoria de
constitucionalidad de la Ley 67 de 1993.
2.2.
Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho.
El
Ministerio de Justicia y del Derecho, por conducto del Ministro Dr. Andrés
González Díaz, intervino en el proceso de la referencia para defender la
constitucionalidad de la norma en cuestión.
El
Ministerio abordó los aspectos formales de la disposición en examen, afirmando
que, tanto los presupuestos de la Constitución, como los requisitos de Ley
fueron cumplidos a cabalidad en el trámite de la mencionada Ley.
Luego,
el Ministerio de Justicia analizó los aspectos materiales de la norma
sub-examine,  de la siguiente forma:
a)
La Convención y el respeto a los principios del Derecho Internacional aceptados
por Colombia. El Ministerio sostuvo que "es pertinente registrar el
propósito de la Convención contenido en su artículo 2º, de promover la
cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor
eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional. En este
sentido, el numeral 2 del artículo 2º establece que las Partes al cumplir las
obligaciones derivadas de la Convención, lo harán respetando los principios de
la igualdad soberana, de la integridad  de los Estados y de la no intervención
en los asuntos internos de otros Estados. Agrega el Ministerio que "el
numeral 3 del mismo artículo deja claro que si bien se busca aunar esfuerzos de
los Estados para hacerle frente internacionalmente al narcotráfico, no por ello
se permite vulnerar la soberanía de los Estados". Así, concluye el
Ministerio de Justicia y del Derecho que tales disposiciones coinciden
plenamente con los señalado por el artículo 9º de la Constitución Política.
b)
Extradición de colombianos por nacimiento. El Ministerio señaló que se consignó
la primera reserva a la Ley 67 del 23 de agosto de 1993, así : "Colombia
no se obliga por el artículo 3º, párrafos 6º y 9º y el artículo 6º de la
Convención, por ser contrarios al artículo 35 de su Constitución Política en
cuanto a la prohibición de extraditar colombianos por nacimiento", en respeto
a la prohibición de extradición de colombianos por nacimiento y de extranjeros
por delitos políticos o de opinión, establecida en el artículo 35 de la Carta.
c)
La confiscación de bienes. El Ministerio manifestó que "el artículo 5º de
la Convención, trata el tema del decomiso de bienes. No obstante, se consideró
prudente formular reserva en cuanto a la confiscación, con el fin de evitar que
las normas constitucionales respectivas, pudieran verse vulneradas por una
eventual confiscación ... como quiera que se podrían presentar dificultades de
interpretación sobre el alcance de los términos 'confiscación' y 'decomiso', se
pretendió con la reserva propuesta aclarar que no obstante poderse adoptar la
medida del  decomiso, en ningún caso es posible imponer una confiscación, pues
ello resultaría contrario al artículo 34 de la Carta".
d)
Vigencia de los principios del derecho interno: presunción de inocencia, debido
proceso y prescripción de la acción penal. Al respecto del artículo 5º numeral
7º de la Convención que establece que: "cada una de las Partes considerará
la posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto del origen lícito del
supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, en la medida en que ello
sea compatible con los principios de su derecho interno y con la naturaleza de
sus procedimientos judiciales y de otros procedimientos", el Ministerio
entendió que "la figura propuesta por la Convención hace referencia a que
frente a la existencia de motivos fundados que despierten 'dudas' sobre la procedencia
legal de los bienes obtenidos por una persona, se solicite a la misma que
aporte explicaciones y elementos de juicio que confirmen la licitud de su
conducta, siempre bajo el marco de legalidad que el Estado le reconoce. por lo
tanto, no se deja de presumir la inocencia de la persona, pues ésta sólo dejará
de presumirse cuando se declare judicialmente su responsabilidad penal mediante
el fallo respectivo. En todo caso, queda claro que está garantizado el derecho
de defensa contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política. Como
complemento de lo anterior, debe recordarse que la Constitución Política
consagra el principio de la buena fe, que no es absoluto, sino que es una
presunción legal, que en consecuencia admite prueba en contrario".
Sin
embargo, el Ministerio expresó que "se estimó adecuado formular una
reserva, en el sentido de que el Estado colombiano no se considera obligado a
invertir la carga de la prueba".
En
relación con la prescripción de la acción penal, El Ministerio señaló que
"el párrafo 8º del artículo 3º de la Convención establece la potestad de
los Estados Parte, de adoptar plazos de prescripción de la acción prolongados,
de conformidad con su ordenamiento jurídico interno. De esta norma no se
infiere en manera alguna la imprescriptibilidad de la acción penal. Se trata de
la posibilidad de establecer un plazo especial. Por lo anterior, esta medida se
ajusta a lo previsto en la Constitución en sus artículos 28, 29 y 228, se
garantizan el debido proceso y la celeridad en la administración de justicia,
en cuanto Colombia entiende que en ningún caso se obliga a establecer
legalmente la imprescriptibilidad de la acción penal. Es en este sentido, que
se formula una declaración".
e)
Autonomía e independencia de la Rama Judicial. El Ministerio de Justicia
explicó que "el artículo 9º de la Convención se refiere a algunas formas
de cooperación y capacitación, entre las que se encuentran la realización de
indagaciones, la creación de equipos conjuntos para el desarrollo de operaciones
y el proporcionamiento para su análisis e investigación. En consecuencia y para
delimitar los alcances de la cooperación entre las autoridades de los Estados,
se consideró conveniente formular reserva a fin de obligarse atendiendo las
limitaciones constitucionales al particular. El Gobierno reconoce su voluntad
de cooperación reafirmando la soberanía de sus autoridades y la potestad
punitiva del Estado es claro que en un mundo interdependiente se hace necesaria
la cooperación y el intercambio internacional entre los Estados con el fin de
estar en capacidad de evitar la impunidad. de no aceptar esta necesidad nos
veremos avocados a la incapacidad de controlar la delincuencia
organizada".
En
consecuencia, El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó la declaratoria
de constitucionalidad de la norma en estudio.
3.
Del concepto del Procurador General de la Nación.
La
Vista Fiscal solicitó a la Corte Constitucional en su concepto de rigor
declarar la exequibilidad de la Ley 23 de 27 de noviembre de 1992, salvo el
literal h) del párrafo 5º del artículo 3º contenido en el artículo 1º de la
mencionada Ley, tomando en cuenta los argumentos que a continuación se exponen.
El
Ministerio Público, en su concepto de rigor, comenzó por abordar el examen
formal de la mencionada Ley 67 precisando el cumplimiento de los requerimientos
constitucionales y legales.
Seguidamente,
el Procurador se refirió al aspecto material de la norma en cuestión,
manifestando lo siguiente:
Con
respecto al artículo 2º de la Convención, la Vista Fiscal consideró que
"es necesario llamar la atención sobre la declaración hecha por el
Congreso en la Ley 67 de 1993, con relación a que ninguna parte de la
Convención podrá interpretarse en el sentido de obligar a Colombia a adoptar
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro carácter que
vulneren o restrinjan su sistema constitucional y  legal o vayan más allá de
los Tratados en que sea contratante el Estado Colombiano. Bajo los anteriores
presupuestos debe ser interpretada para Colombia la Convención de Viena, lo
cual armoniza con nuestra Constitución Política concretamente con el artículo
9º".
Luego,
El Ministerio Público realizó un resumen de los delitos y sanciones
contemplados en el artículo 3º de la Convención y manifestó que "un
comentario especial merece el literal h) del numeral 5º del artículo 3º bajo
estudio, porque consagra como circunstancia de agravación punitiva el hecho de
que el delincuente haya sido declarado culpable en una ocasión  anterior en
particular, por delitos análogos a los previstos en la Convención, ya sea por
un Tribunal extranjero o por uno del país donde es nacional el sujeto activo de
tales conductas. En sentir del Despacho, la disposición en comento contraviene la
preceptiva del artículo 29 constitucional, en cuanto dispone que 'nadie podrá
ser juzgado sino conforme a Leyes preexistentes al acto que se le imputa...',
consagratorio de la responsabilidad penal por acto reprochable, que se atribuye
a una persona y no por sus antecedentes o por hechos cometidos con anterioridad
(reincidencia), siendo consecuente con el respeto de la dignidad humana que
fundamenta nuestro Estado Social de Derecho".
El
Procurador agregó que "el numeral 7º del artículo 3º de la Convención
establece que las Partes deben velar porque sus Tribunales y demás autoridades
competentes, al considerar la posibilidad de conceder la libertad o la libertad
condicional a los condenados por los delitos relacionados con el narcotráfico,
deben tener en cuenta la gravedad de esos delitos y de las circunstancias de
agravación punitiva. Al interpretarse este artículo hay que tener en cuenta que
de ser ratificada la Convención de Viena el Gobierno debe, de acuerdo con la
Ley 67 de 1993, hacer declaración consistente en que Colombia entiende que la
aplicación de ese párrafo se hará de conformidad con su sistema penal y
teniendo en cuenta los beneficios de sus políticas de sometimiento y
colaboración de presuntos delincuentes a la justicia"
El
Procurador, al abordar el estudio del artículo 4º de la Convención que prevé
normas sobre competencia, estimó que "no obstante, que este artículo
presenta innovaciones frente a nuestras concepciones tradicionales de
extraterritorialidad de la Ley penal, que han sido fundadas en el concepto de
nacionalidad mientras que la Convención introduce el de residencia habitual, se
considera que la norma es constitucional. En efecto, teniendo en cuenta la gran
movilidad de ese tipo de delincuentes debido a su poderío económico, los Estados
Parte  de la Convención podrán declararse competentes para conocer de los
delitos de narcotráfico que una persona que resida en su territorio, cometa en
cualquier país del mundo".
Posteriormente,
la Vista Fiscal, respecto de la extradición, explicó que "de acuerdo a la
aprobación condicionada de la Convención, hecha por la Ley 67 de 1993, Colombia
al momento de ratificar dicho Instrumento Internacional debe formular reserva a
los párrafos 6º y 9º del artículo 3º y al artículo 6º por ser contrarios al
artículo 35 de la Constitución Política que prohibe la extradición de
Colombianos por nacimiento".
En
relación con el decomiso, el Procurador General aseveró que éste "como
pena pecuniaria debe tener el carácter de una sanción y no puede ser ilimitada
en la medida en que sólo se puede afectar los bienes concretos utilizados para
perpetrar el delito y los frutos económicos de éste pero no puede extenderse a
otros bienes pertenecientes a los particulares y que tengan una procedencia
lícita, toda vez que el artículo 58 de la Constitución garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las Leyes civiles. En
este orden de ideas, a pesar de que el artículo 34 permite la extinción de
dominio de aquellos bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, no debe
olvidarse que se exige el requisito de una sentencia judicial y que será en
ella en la que se demostrará la vinculación entre la conducta delictiva y el
origen de los bienes, para que pueda producirse el decomiso. Para este Despacho
cuando la Convención prevé la posibilidad de decomisar bienes equivalentes al
producto del delito aunque tengan origen lícito, está incurriendo en una
confiscación prohibida por nuestra Carta Política. A pesar de lo anterior,  el
Despacho considera que esa posible contradicción se subsana con la reserva
prevista en  la Ley 67 de 1993, referente a la imposibilidad para las
autoridades colombianas de imponer la pena de confiscación de bienes".
Así
mismo, el Procurador anotó que Colombia formuló reserva al numeral 7º del
artículo 5º de la Convención, al no considerarse obligada a establecer la
inversión de la carga probatoria.
Mas
tarde, el Ministerio Público estudió las medidas tendientes a la cooperación
internacional considerando que:
a)
Asistencia técnica recíproca. La Vista Fiscal reconoce que "en este cobra
mucha importancia la declaración que debe hacer el Gobierno Colombiano, según
lo previsto en la Ley 67 de 1993, en el sentido de que 'considera contrario a
los principios y normas de Derecho Internacional, y en particular a los de
igualdad soberana, integridad territorial y no intervención, cualquier acto
tendiente al secuestro o privación ilegal de la libertad de las personas dentro
del territorio de un Estado para hacerlas comparecer ante los Tribunales de
otro'. Igualmente la declaración consistente en que la solicitud de asistencia
legal recíproca no será concedida cuando las autoridades de Colombia, incluso
judiciales, consideren que su otorgamiento menoscabe el interés público o el
orden constitucional o legal. También contempla esa declaración la observancia
del principio de reciprocidad".
b)
Remisión de actuaciones penales. El Procurador expuso que "la Ley 67 de
1993 prevé la necesidad de que el Gobierno Colombiano haga una declaración encaminada
a dejar en claro que Colombia entiende  que la remisión de las actuaciones
penales, a que alude el artículo 8º de la Convención, se harán de tal forma que
no se vulneren las garantías constitucionales del derecho de defensa".
c)
Otras formas de cooperación y capacitación. La Vista Fiscal mostró que
"con relación al artículo 9º de acuerdo con la Ley 67 de 1993, Colombia
formula reserva a algunas disposiciones en cuanto se opongan a la autonomía e
independencia de las autoridades judiciales para conocer de la investigación y
juzgamiento de los delitos".
d)
Entrega vigilada. El Procurador General de la Nación, en relación con el
artículo 11 de la Convención, sostuvo que "es necesario advertir que el
Estado Colombiano debe ser bastante celoso en su aplicación de tal forma que no
se violen los Derechos Humanos Fundamentales al permitir  la existencia de
agentes infiltrados en operaciones ilícitas. De igual forma para que la
abstención prevista en dicha norma, no se convierta en una renuncia a su poder
punitivo y para que finalmente, no se corra el riesgo de que nuestras
autoridades al cooperar con los delincuentes pierdan la frontera entre la
legalidad y la ilegalidad y esto se convierta en una fuente de
corrupción".
Luego
del análisis de las medidas de cooperación internacional, el Ministerio Público
entra al resumen de las medidas sobre los precursores químicos, los materiales
y los equipos destinados a la producción o fabricación ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Seguidamente, el Procurador, en
relación con el artículo 14 de la Convención manifestó que "las medidas
que se adopten deberán respetar los Derechos Humanos Fundamentales y tener en
cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia
histórica, y deberán además propender por la protección del medio ambiente.
Colombia entiende que el tratamiento que la Convención da al cultivo de la hoja
de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo
alternativo, tomando en cuenta los derechos de las Comunidades Indígenas
involucradas en la protección del medio ambiente. En el mismo sentido, Colombia
entiende que el trato discriminatorio, inequitativo y restrictivo que se le da
en los mercados internacionales a sus productos agrícolas de exportación, en
nada contribuye al control de los cultivos ilícitos pues, por el contrario, es
causa del deterioro social y ecológico en las zonas afectadas".
Por
otro lado, El Ministerio Público advirtió que "el artículo 17 reglamenta
la acción que deben emprender las Partes para eliminar el tráfico ilícito por
mar, de conformidad con el Derecho Internacional del Mar. Es importante la
declaración que debe hacer Colombia respecto a que la asistencia prevista por
el artículo 17 sólo operará en alta mar y a solicitud expresa y con
autorización del Gobierno Colombiano para sí evitar cualquier acto de violación
a nuestra soberanía".
Finalmente,
El Procurador estimó que "la Ley 67 de 1993 impone al Gobierno, si decide
ratificar la Convención, la declaración de que el artículo 24 de la misma que
faculta a las Partes a adoptar medidas más estrictas o rigurosas que las
previstas en ese Instrumento, no puede interpretarse en el sentido de conferir
al Gobierno poderes más amplios de los que le confiere la Constitución
Política, incluso bajo los estados de excepción".
En
ese orden de ideas, el Ministerio Público llega a la conclusión de la
exequibilidad de la Ley 23 de 27 de noviembre de 1992, salvo el literal h) del
párrafo 5º del artículo 3º contenido en el artículo 1º de la precitada Ley, por
tanto, solicita que la Corte Constitucional así lo declare.
Cumplidos,
como están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067
de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
II-
FUNDAMENTO JURÍDICO
A-
Competencia y los alcances del control de la Corte.
La
Corte es competente para la revisión de la Convención de Viena y de su ley
aprobatoria conforme al ordinal 10 del artículo 241. Y, como lo ha señalado en
repetidas ocasiones esta Corporación, éste es un control previo, completo y
automático de constitucionalidad del proyecto de tratado y de su ley
aprobatoria, por razones de fondo y también de forma. Esto significa en
particular que el control de la Corte versa "sobre el contenido material
normativo del tratado así como sobre el de ley aprobatoria, tanto por razones
de forma como de fondo"[1].
Por eso, en esta sentencia se revisará tanto la regularidad del trámite de la
ley aprobatoria, como el contenido de la misma y de la Convención.
B-
Examen formal
1-
La suscripción del tratado
La
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrópicas fue aprobada por la Conferencia de las Naciones
Unidas en su sexta sesión plenaria el 19 de diciembre de 1988 y Colombia la
suscribió el 20 de diciembre de 1988.
En
el expediente no aparece si la persona que actuó a nombre del Estado colombiano
y suscribió la Convención tenía competencia para hacerlo. Sin embargo obra en
el mismo confirmación presidencial del texto de la Convención bajo examen,
efectuada con anterioridad a su presentación al Congreso. Esta confirmación
presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención
de Viena de 1969, en su artículo 8, subsana cualquier eventual vicio de
representación del Estado. Por consiguiente, considera la Corte que no hubo
irregularidades en la suscripción del Tratado por el Estado colombiano.
2-
El trámite de la ley 67 de 1993.
El
proyecto de ley aprobatoria de un tratado debe comenzar por el Senado por
tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales (inciso final
artículo 154 CP). Luego sigue el mismo trámite y debe reunir los mismos
requisitos de  cualquier proyecto de ley ordinaria señalados por los artículos
157, 158 y 160 de la Constitución, a saber:
-
ser publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión
respectiva,
-
surtir los correspondientes debates en las comisiones y plenarias de las
cámaras luego de que se hayan efectuado las ponencias respectivas y respetando
los quórums previstos por los artículos 145 y 146 de la Constitución;
-
respetar los términos para los debates previstos por el artículo 160 de ocho
días entre el primer y segundo debate en cada cámara y quince entre la
aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la
otra;
-y
haber obtenido la sanción gubernamental.
Luego,
la ley aprobatoria del Tratado debe ser remitida dentro de los seis días
siguientes para su revisión por la Corte Constitucional.
Ahora
bien, el 20 de octubre de 1992, el ejecutivo presentó al Senado a través de los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia el proyecto de ley por la cual
se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y sustancias sicotrópicas" suscrita en Viena el 20 de
diciembre de 1988. El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso del 20
de octubre de 1992 y repartido a la Comisión Segunda Constitucional del Senado,
en donde fue radicado como proyecto 192[2].
La ponencia, con las modificaciones y propuestas fue presentada y publicada el
12 de abril de 1993[3],
y el proyecto fue aprobado por la comisión Segunda el 21 de abril de 1993,
habiendo introducido esta Comisión cuatro reservas y nueve declaraciones[4]. Luego fue presentada
la correspondiente ponencia para el segundo debate en el Senado[5] y fue aprobado por la
plenaria el 11 de mayo de 1993 sin ninguna modificación[6].
Posteriormente
el proyecto fue enviado a la Cámara de Representantes en donde fue radicado
como 278 y, luego de que se publicara la ponencia para primer debate[7], fue aprobado sin
modificaciones en la Comisión Segunda el 2 de junio de 1993[8]. Posteriormente, se publicó la ponencia para
segundo debate[9]
y el proyecto fue aprobado en la plenaria el 16 de junio de 1993[10]. Luego, el proyecto
fue debidamente sancionado como ley 67 de 1993, el 23 de agosto de 1993, tal
como consta en la copia auténtica incorporada al expediente (Folio 59). La Ley
fue entonces remitida a la Corte Constitucional el 25 de agosto para su
revisión.
La
ley 67 de 1993 cumplió entonces las formalidades previstas por la Constitución
y el reglamento del congreso.
3-
La posibilidad del Congreso de introducir reservas y declaraciones.
Al
aprobar la Convención de Viena, el Congreso introdujo cuatro reservas. Esta
Corporación, al declarar la exequibilidad del artículo  217 del reglamento del
Congreso o Ley 5 de 1992, en sentencia C-227/93, ya había señalado que el
Congreso tenía la posibilidad de efectuar reservas al aprobar un tratado. Dijo
entonces la Corte:
"La
facultad de aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre, permite al
Congreso, por medio de leyes, aprobarlos o improbarlos  parcialmente, es
decir,  hacer reservas, según los términos  del artículo 217 de la ley 5a de
1992, lo mismo que aplazar la vigencia de  tales tratados.
La
decisión del Congreso obliga al Gobierno, en la medida en que el tratado y la
ley aprobatoria sean declarados exequibles por la Corte Constitucional."
Al
aprobar la Convención, el Congreso también incluyó nueve declaraciones, por lo
cual es necesario que la Corte precise si el Congreso también tiene la facultad
constitucional de efectuar ese tipo de declaraciones. Para ello es necesario
comenzar por analizar si las reservas y las declaraciones son fenómenos de
naturaleza jurídica diferente, o por el contrario son actos jurídicos
asimilables.
En
general, la doctrina internacional ha distinguido entre las reservas y las
declaraciones; por medio de las primeras, conocidas también como reservas
propiamente dichas o de exclusión de cláusulas, los Estados buscan evitar los
efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado, señalando
explícitamente que no se sienten obligados por ellas; por medio de las
segundas, a las que algunos doctrinantes denominan reservas impropias o
interpretativas, los Estados no excluyen las cláusulas pero declaran -como
señala Anziloti- que "aceptan determinadas condiciones solamente dentro de
ciertos límites o con ciertas modalidades, atribuyéndoles  un sentido
determinado y no otro"[11].
Y lo cierto es que en la práctica internacional, los Estados usan de manera
bastante corriente la distinción entre reservas y declaraciones al celebrar los
tratados: así, cuando explícitamente quieren excluir ciertas cláusulas o
modificar ciertos efectos del tratado hablan de reservas; cuando, consideran
que simplemente están precisando el alcance del tratado o de alguno de sus
artículos utilizan la denominación de declaración.
Esto
ha llevado a un debate doctrinal entre quienes consideran que las reservas y
las declaraciones son jurídicamente diferentes, y quienes conceptúan que, por
el contrario, son fenómenos similares existiendo entre ellos más una diferencia
de grado que de naturaleza. Ese debate tiene importancia en el ámbito
internacional, puesto que hay tratados que no admiten reservas pero sí pueden
admitir declaraciones. Además la reserva, por estar referida a la celebración
del tratado, requiere para su validez aceptación expresa o tácita de las otras
partes, mientras que la pura declaración interpretativa, por estar mas referida
al ámbito de la interpretación opera como declaración unilateral.
La
Corte Constitucional colombiana no tiene por qué decidir ese debate a nivel del
derecho internacional; pero sin lugar a dudas considera que para el derecho
constitucional colombiano y para determinar las facultades del Congreso al
aprobar los tratados es más adecuada la tesis que confiere una naturaleza
jurídica similar a las reservas y a las declaraciones, por las siguientes dos
razones.
De
un lado, porque la Convención de Viena de los tratados 1969, aprobada por
Colombia por la ley 32 de 1985 define una reserva como "una declaración
unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un
Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un Tratado o al adherirse a él,
con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del Tratado en su aplicación a ese Estado" (Artículo 2
literal d, subrayado de la Corte). Ahora bien, es obvio que una declaración, en
la medida en que precisa cual es el sentido de una disposición según el Estado
colombiano, tiene como objeto señalar que Colombia no se obliga a respetar esas
cláusulas si se les atribuye otro sentido; por eso la declaración
potencialmente modifica los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del
tratado, por lo cual es asimilable a una reserva, conforme a la definición de
la Convención de Viena. La diferencia es entonces de grado: en la reserva
propiamente dicha o de exclusión de cláusulas, Colombia explícitamente señala
que ciertas disposiciones no le son aplicables; en la declaración o reserva
interpretativa, Colombia indica que se obliga a respetar el tratado o ciertos
artículos sólo si son interpretados de determinada manera, que es la que
Colombia considera correcta. Pero la Corte considera que desde el punto de
vista del derecho constitucional colombiano ambas caben dentro de la
denominación genérica de reservas prevista por el ordinal 10 del artículo 241
de la Constitución y por el  artículo 217 del reglamento del Congreso, puesto
que son declaraciones que condicionan la aceptación del tratado por nuestro
país y delimitan así el compromiso del Estado colombiano.
De
otro lado, las reservas y las declaraciones también deben ser consideradas
fenómenos jurídicos de la misma naturaleza en el derecho constitucional
colombiano por cuanto el ordinal 10 del artículo 241 de la Constitución señala
que "cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo
podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva".
Ha sido práctica corriente de esta Corporación efectuar constitucionalidades
condicionadas, en virtud de las cuales una disposición es exequible sólo si es
interpretada de cierta manera. Es obvio entonces que en caso de que la Corte
Constitucional declare la constitucionalidad de una o más disposiciones de un
Tratado pero condicionada a una cierta interpretación, se aplica el artículo
mencionado; en efecto, esta constitucionalidad condicionada equivale a la
inconstitucionalidad de otras interpretaciones, por lo cual el Presidente sólo
podrá efectuar la ratificación efectuando la correspondiente reserva, que podrá
ser una declaración o reserva interpretativa. Las declaraciones y reservas son
entonces, en el derecho constitucional colombiano, fenómenos de similar
naturaleza.
Por
todo lo anterior, y reiterando el criterio expuesto en la sentencia C-227 de
1993, la Corte Constitucional considera que también el Congreso puede hacer
declaraciones interpretativas al aprobar un tratado, puesto que es obvio que si
puede excluir ciertas disposiciones (reserva propiamente dicha) puede también
aceptar ciertas cláusulas pero condicionadas a una determinada interpretación
(declaraciones o reservas interpretativas).
Sin
embargo, la Corte precisa que el Congreso puede ejercer esa facultad siempre y
cuando esas declaraciones no equivalgan a una verdadera modificación del texto
del tratado, puesto que en tal evento el Legislativo estaría invadiendo la
órbita de acción del Ejecutivo. En efecto, si el Congreso, al aprobar un
tratado, efectúa una declaración que en vez de precisar el sentido de una
cláusula o restringir su alcance, por el contrario, lo amplía o lo desborda, en
realidad estaría modificando los términos del tratado. No se tratarían entonces
de declaraciones sino de enmiendas al texto del tratado que con razón están
prohibidas por el Reglamento del Congreso (art 217 Ley 5 de 1992). En tal
evento el Congreso estaría violando la Constitución, puesto que es al Gobierno
a quien compete dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros
Estados y entidades de derecho internacional tratados y convenios que se
someterán a la aprobación del Congreso (CP art 189 ord 2 CP).
Por
eso, al estudiar las reservas y declaraciones, la Corte analizará en su momento
si ellas desbordan o no el texto del tratado al punto de equivaler a enmiendas,
puesto que si eso ocurre deberá declararlas inexequibles.
C-
La finalidad y el contenido general de la Convención
La
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrópicas, más conocida como la Convención de Viena, es la
culminación de un proceso relativo al control del consumo y abuso de ciertas
sustancias alteradoras de la conciencia definidas como estupefacientes o
sustancias sicotrópicas. En virtud de ese proceso, la comunidad  internacional,
en gran parte bajo el liderazgo de los Estados Unidos, ha considerado que la
mejor forma de enfrentar estos problemas sociales es mediante la prohibición en
forma absoluta de la producción, el uso o tráfico de esas sustancias cuando
éstos se efectúan con finali­da­des diferentes a las estricta­mente médicas o
cientí­fi­cas. En ese sentido la Convención de 1988 aparece como la
continuación de tratados anteriores, en especial de la Convención Única de
Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de modificaciones de 1972,
aprobada por Colombia por medio de la Ley 13 de 1974, y del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1973, aprobado por nuestro país por medio de la Ley
66 de 1979. Por eso algunos mandatos de la Convención de Viena de 1988 reproducen
disposiciones de esos instrumentos internacionales anteriores.
Sin
embargo, la Convención de 1988 no es una simple reproducción o actualización de
los tratados anteriores pues introduce importantes novedades. Esto por cuanto
su objetivo no es únicamente reprimir y criminalizar, en nombre de la salud
pública, el tráfico de esas sustancias definidas como estupefacientes o
sustancias sicotrópicas sino también lograr otras finalidades. En particular,
la Convención pretende "privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito
del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal
incentivo para tal actividad" (Preámbulo de la Convención). Por eso la
Convención busca criminalizar también el desvío de sustancias químicas (los
llamados precursores) para la producción de las drogas ilegales; también
pretende convertir en delito el llamado lavado de dinero; establece numerosas
innovaciones procesales como la posibilidad de invertir en ciertos contextos la
carga de la prueba o utilizar la figura del agente provocador; busca decomisar
los dineros provenientes del narcotráfico; y, consagra también formas de
ampliación de la cooperación judicial y la extradición entre los países
partícipes de este tratado multilateral.
Esas
finalidades globales de la Convención -señaladas en su preámbulo- se ajustan al
ordenamiento colombiano, puesto que la Constitución autoriza que nuestro país
efectúe formas de cooperación internacional para prevenir y reprimir formas
delictivas, obviamente dentro del respeto de la soberanía nacional, la
autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del
derecho internacional (CP art 9). Esos objetivos explican también el contenido
de esta Convención que es entonces, de un lado, un Tratado de derecho penal y
procedimiento penal destinado a que los países se comprometan a definir ciertas
conductas como delictivas y a adoptar ciertos procedimientos, entre los cuales
se destaca como central el decomiso del producto y de los bienes provenientes
directa o indirectamente del narcotráfico; de otro lado, es un tratado de
cooperación entre los países para la represión del narcotráfico que da un
especial relieve a la extradición y a la asistencia judicial recíproca.
Así,
luego de establecer el alcance de la Convención y precisar la definición de
algunos términos esenciales (artículos 1 y 2), los numerales 1 y 2 del extenso
artículo 3 definen una amplia lista de conductas que deberán ser
criminalizadas, en grado variable, por los Estados que ratifiquen la Convención.
Esas conductas pueden ser clasificadas en varios grupos. Así, algunas de ellas
están relacionadas en términos generales con la producción y distribución de
las sustancias sicotrópicas y estupefacientes; otras hacen referencia a la
criminalización del desvío de precursores químicos para la producción de estas
sustancias; un tercer grupo está referido a la penalización de muy diversas
formas de lavado del producto y de los dineros provenientes del narcotráfico;
y, finalmente, la Convención también prevé ciertas formas de penalización del
consumo.
Sin
embargo, la obligación que los Estados adquieren sobre la tipificación de esas
conductas como delitos es de diversa naturaleza según las conductas. Mientras
que los Estados que ratifiquen la Convención se comprometen sin condiciones
"a adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos
penales" todas las conductas descritas en los literales a y b del numeral
1, en cambio su compromiso internacional frente a las conductas del literal c y
del numeral 2 es condicionada, puesto que ella se hace "a reserva de sus
principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento
jurídico". Para efectos del control de constitucionalidad esta distinción
es de gran importancia, como se verá ulteriormente.
De
otro lado, el artículo tercero también consagra algunos principios generales
relativos a la dosificación de la pena y a la prescriptibilidad de la acción
penal, y establece un listado de agravantes de los delitos.
El
artículo 4 amplía la extraterritorialidad de la ley penal, en particular porque
esta aplicación no se hará sólo con base en el criterio de nacionalidad de los
autores de los ilícitos sino también de la residencia habitual de los mismos.
Esto significa que con la entrada en vigencia de la Convención de Viena, un
Estado adquiere competencia no sólo para perseguir los delitos cometidos por
sus nacionales en el exterior -como ha sido la tradición colombiana- sino
también aquellos ilícitos de narcotráfico cometidos en otros países por
personas que no sean colombianas pero tengan residencia habitual en Colombia.
El
artículo 5 está referido al decomiso. Así, y en concordancia con las
definiciones del primer artículo, esta norma precisa sus alcances; para la
Convención el decomiso es la privación de un bien con carácter definitivo, por
decisión de un tribunal o de otra autoridad competente y puede recaer sobre dos
tipos de bienes: de un lado, aquellos que deriven directa o indirectamente de
la comisión de algunos de los delitos "o de bienes cuyo valor equivalga al
de ese producto"; de otro lado, las propias sustancias estupefacientes y
sicotrópicas y todos los instrumentos utilizados para la comisión de los
delitos. Este articulo señala también los procedimientos que desarrollarán los
Estados para hacer efectivo estos decomisos, destacando entre ellos la
posibilidad de que se efectúen embargos preventivos y se invierta la carga de
la prueba respecto del origen lícito de los bienes objeto de decomiso.
El
artículo 6 desarrolla los mecanismos de extradición haciendo así de la
Convención también una suerte de tratado colectivo de extradición.
Los
artículos 7, 8, 9 y 10 establecen los medios de cooperación internacional en el
control del narcotráfico, a saber, la asistencia judicial recíproca, la
remisión de actuaciones penales y otras formas de cooperación y capacitación
entre los Estados a fin de aumentar la eficacia en la detección y represión de
los delitos definidos por la Convención.
El
artículo 11 consagra la posibilidad de utilizar los agentes provocadores para
descubrir a las personas vinculadas al narcotráfico.
Los
artículos 12 y 13 desarrollan medidas de control para evitar que sustancias
químicas (los llamados precursores) así como otros materiales y equipos sean
desviados para la producción de sustancias sicotrópicas y estupefacientes.
El
artículo 14 establece la obligación de los Estados de adoptar medidas adecuadas
destinadas a erradicar los cultivos ilícitos y en particular la amapola, la
coca y la marihuana, pero señala explícitamente que "las medidas que se
adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán
debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista
evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente". Igualmente
consagra la obligación de los Estados de poner en marcha políticas destinadas a
eliminar o reducir la demanda de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Los
artículos 15 a 19 consagran medidas de vigilancia que los Estados deberán
adoptar en materia de transporte comercial, actividad exportadora, navegación
por mar, la actividad en las zonas y puertos francos y los servicios postales,
con el objeto de que estas actividades lícitas no sean utilizadas para la
comisión de los delitos definidos en la Convención.
El
artículo 20 establece la obligación de las partes de suministrar información a
las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención en sus territorios, en
especial sobre los textos legales adoptados para desarrollarla y las tendencias
del tráfico ilícito en su territorio.
Los
artículos 21 a 23 establecen las funciones de los principales órganos
internacionales relacionados con la Convención, a saber la Comisión de
Estupefacientes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
El
artículo 24 consagra que las partes podrán adoptar medidas mas estrictas o
rigurosas que las previstas por la Convención si las consideran necesarias para
combatir el narcotráfico.
El
artículo 25 precisa que la Convención de Viena no deroga la Convención Única de
1961 ni el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
Finalmente,
los artículos 26 a 34 señalan los mecanismos de firma, ratificación, adhesión,
entrada en vigor, denuncia y enmienda de la Convención. Conviene destacar que
la Convención no prohibe la formulación de reservas. Igualmente establece las
formas de solución  de las controversias, los textos auténticos y que el
depositario de la misma será el secretario general de las Naciones Unidas.
D-
Examen de la constitucionalidad de las reservas y las declaraciones.
Como
quedó establecido en esta sentencia, el Congreso puede efectuar reservas y
declaraciones tanto por motivos de conveniencia como de constitucionalidad. La
Corte tiene la facultad de examinar la constitucionalidad de unas y otras, pero
obviamente no entra a determinar la conveniencia política de las mismas, por lo
cual el examen de una sentencia de control de una ley aprobatoria de un tratado
se restringe a estudiar la adecuación de las reservas y declaraciones a la
Constitución colombiana. Entra entonces la Corte a examinar unas y otras.
1-
Las reservas
a-
La no extradición de colombianos por nacimiento
La
primera reserva precisa que Colombia no se obliga a extraditar colombianos,
reserva que necesariamente tenía que formularse por la claridad del artículo 35
de la carta fundamental que prohibe la extradición de colombianos por
nacimiento. Sin embargo, la Corte precisa que la Constitución al establecer la
imposibilidad de extraditar a los colombianos por nacimiento no consagró en
manera alguna una forma de impunidad de los delitos por ellos cometidos. En
efecto, los regímenes de extradición en general permiten a los Estados optar entre,
de un lado, la extradición del nacional que haya cometido un delito en el
extranjero o, de otro lado, la aplicación extraterritorial de la ley penal, por
medio de la cual el Estado se compromete a juzgar internamente al nacional
requerido. Así por ejemplo, el tratado de extradición entre Colombia y España,
celebrado el 23 de julio de 1892 y aprobado mediante Ley 35 de 1892, consagra
en  su artículo 2º:
"Ninguna
de las Partes contratantes queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o
nacionales ni los individuos que en ellas se hubieren naturalizado antes de la
perpetración del crimen.
Ambas
partes se comprometen, sin embargo a perseguir y juzgar, conforme a sus
respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una
Parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de ésta última
y con tal que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la
enumeración del Artículo 3"
Igualmente,
la Convención sobre extradición, originaria de la VII Conferencia Internacional
Americana de 1933, aprobada por Colombia por medio de la Ley 74 de 1935,
establece en su artículo 2º:
"Cuando
el individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta a su
entrega, ésta podrá no ser acordada según lo que determine la legislación o las
circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregare al
individuo, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le
imputa (si éste es delito y es punible por las leyes del Estado requirente y
por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de la
libertad) y a comunicar al Estado requirente la sentencia que recaiga".
También
el llamado Código Bustamante prevé una fórmula similar, puesto que en su
artículo 345 señala que "los Estados contratantes no están obligados a
entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus
ciudadanos está obligada a juzgarlo".
Frente
a tal alternativa, la Constitución colombiana estableció el sistema de aplicación
extraterritorial de la ley penal. Así, el artículo 35 especifica que "los
colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales
en la legislación colombiana, serán procesados y juzgados en Colombia".
b-
La inconstitucionalidad de la segunda reserva relativa a la confiscación y el
decomiso.
La
Corte considera que es necesario comenzar el examen constitucional de esta
reserva reiterando la diferencia que la doctrina internacional y la
jurisprudencia colombiana han establecido desde hace mucho tiempo entre dos
fenómenos jurídicos próximos pero diversos: la confiscación y el decomiso. Así,
en sentencia del 3 de octubre de 1989, la Corte Suprema de Justicia, luego de
haber efectuado un extenso recorrido histórico, doctrinal y jurisprudencial
sobre el tema, llegó a la siguiente conclusión:
"Puede,
entonces, concluirse, con base en los antecedentes relativos a la historia
fidedigna del establecimiento del artículo 34 de la Carta (que establecía en la
anterior Constitución la prohibición de la confiscación), con la jurisprudencia
y la doctrina .... que hay una clara diferencia entre "confiscación"
y "comiso", pues la primera, de estirpe política recae sobre la
totalidad o una cuota parte del patrimonio de los cabecillas de la rebelión,
mientras que el segundo afecta los bienes concretos utilizados para perpetrar
el delito y los frutos económicos de éste; aquella prohibida por el artículo 34
constitucional, éste, consagrado en la legislación punitiva"[12].
Esta
distinción jurisprudencial ha sido también aceptada en repetidas ocasiones por
la Corte Constitucional. Así, en anterior fallo, esta Corporación había
señalado con claridad al respecto:
"La
confiscación como tuvo oportunidad de señalarlo la Corte Suprema de Justicia en
distintas oportunidades (v. sentencias junio 21/1899, marzo 6/1952, agosto
10/1964 y julio 29 de 1965) es una pena que consiste en "el apoderamiento
de todos o parte considerable de los bienes de una persona por el Estado, sin
compensación alguna"...
Esta
institución que según los antecedentes se instituyó como "retaliación
política contra los cabecillas de revueltas civiles" fue abolida en
nuestro ordenamiento constitucional desde el año de 1830 cuando en la Constitución
de esa época se incluyó en el artículo 148 una disposición en ese sentido
dejando claro que la abolición de la confiscación de bienes no comprendía la de
comisos o multas en los casos que determinara la ley. Esta norma se reiteró en
las constituciones de 1832 (art. 192) y en la de 1843 (art. 161).
Posteriormente en el Ordenamiento de 1858 aparece prohibida en el artículo 56,
en la Carta de 1863 en el artículo 15, en la de 1886 en el artículo 34 y en la
Constitución hoy vigente en el artículo 34.
El
comiso o decomiso opera como una sanción penal ya sea principal o accesoria, en
virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible pierde en favor
del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se cometió la
infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del
delito, exceptuándose, como es obvio, los derechos que tengan sobre los mismos
sujetos pasivos o terceros.
Como
se advierte la confiscación recae sobre bienes sin ninguna vinculación con las
actividades ilícitas, mientras que el comiso o decomiso contempla la pérdida de
los bienes vinculados directa o indirectamente con el hecho punible.
La
confiscación la prohibe la Constitución de 1991 en su artículo 34 cuando
expresa "Se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación".
Y a renglón seguido señala "No obstante, por sentencia judicial, se
declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro
de la moral social".
En
cambio el comiso o decomiso no está prohibido por la Constitución y por el
contrario se autoriza como sanción penal limitada a los bienes producto del
ilícito como a los efectos que provengan de su ejecución[13].
Como
vemos, la distinción entre la confiscación y el decomiso es clara. Es pues
lógico que la Carta colombiana, en la medida en que protege la propiedad,
prohiba la confiscación, por cuanto ésta implica la privación arbitraria, sin
ninguna compensación o equivalencia, de la propiedad de una persona. En cambio
la Constitución admite formas de decomiso ya que esta figura no vulnera el
derecho de propiedad, tal como éste es concebido y desarrollado en un Estado
social de derecho (CP art 1). En efecto, es claro que la Constitución protege
la propiedad sólo en la medida en que ella haya sido adquirida "con
arreglo a las leyes civiles" y cumpla con las obligaciones que derivan de
las funciones social y ecológica que le son inherentes (CP art 58). Es
perfectamente lógico entonces que nuestro ordenamiento admita la extinción del
dominio en beneficio del Estado de bienes que hayan sido adquiridos de manera
ilícita o que hayan sido utilizados para la comisión de delitos, como se
desprende del inciso segundo del artículo 34 superior.
Pero,
destaca la Corte, la Constitución, en este inciso amplió el campo específico de
las formas de decomiso, ya que esta extinción de dominio puede recaer no sólo
sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito sino también sobre
aquellos que sean obtenidos "en perjuicio del Tesoro Público o con grave
deterioro de la moral social". Esto significa que, conforme al
ordenamiento colombiano, la Constitución autoriza tres formas  de extinción de
dominio, que desbordan el campo tradicional del decomiso, a saber: de un lado,
de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito; de otro lado, de los
bienes adquiridos en perjuicio del Tesoro Público; y, finalmente, de aquellos
bienes adquiridos con grave deterioro de la moral social.
Sin
embargo, destaca la Corte, para que esta extinción de dominio opere se requiere
que exista un motivo previamente definido en la ley (CP art 29) y que ella sea
declarada mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso
en el cual se haya observado la plenitud de las formas del juicio (CP arts 29 y
34).
Hechas
estas aclaraciones, entra la Corte a estudiar la segunda reserva, según la cual
Colombia establece que "los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la convención
no facultan a sus autoridades para imponer penas de confiscación de bienes en
virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de su Constitución Política".
El
Congreso consideró que esta reserva era necesaria, no por razones de
conveniencia sino de constitucionalidad, por cuanto, según el criterio de esa Corporación,
los numerales 1º y 2º del artículo 5º de la Convención podían vulnerar el
artículo 34 de la Carta fundamental. Así, la ponencia para primer debate en el
Congreso decía:
"A
través del numeral 1º del artículo 5º de la Convención. los Estados partes se
obligan al decomiso no sólo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
materias y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser
utilizados en cualquiera forma para cometer los delitos tipificados, sino
también del producto derivados de delitos tipificados o de bienes cuyo valor
equivalga al de ese producto, sin atender a su cuantía u origen. Lo anterior es
una confiscación, obviamente sin sentencia judicial, prohibida por el artículo
34 de la Constitución Política. Sólo por sentencia judicial se puede declarar
extinguido el dominio  sobre los bienes adquiridos mediante enrinquecimiento
ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral
social, de conformidad con el citado artículo 34, pero no de los bienes todos
del afectado"[14].
La
Corte no comparte tales criterios del Congreso por las siguientes dos razones.
De un lado, porque para la Corte es claro que la Convención en manera alguna
está autorizando formas de decomiso sin sentencia judicial. En efecto, el
artículo 5º, que regula el decomiso, señala en su ordinal 9º, que "nada
de lo dispuesto en el presente artículo afectará el principio de que las
medidas que en él se prevén sean definidas y aplicadas de conformidad con el
derecho interno de cada una de las partes y con arreglo a lo dispuesto en
él". Esto significa entonces que corresponde a la ley colombiana la
regulación de los eventos en que es posible el decomiso y el procedimiento por
medio del cual éste puede ser declarado. Por consiguiente, no podrá una
autoridad colombiana declarar un decomiso únicamente con base en la Convención
sino que éste requiere, según los mandatos de la Constitución (CP art 29) y de
la propia Convención, una ley para poder ser efectuado. Y es obvio que esa
regulación legal deberá ajustarse al mandato constitucional del inciso segundo
del artículo 34º superior, según el cual la extinción de dominio sólo opera
mediante sentencia judicial.
De
otro lado, por cuanto la Corte considera que el artículo 5º de la Convención no
posibilita formas de confiscación prohibidas por la Constitución. En efecto,
este artículo posibilita tres formas de decomiso: de un lado, de los
instrumentos utilizados para cometer los delitos tipificados de conformidad con
los mandatos de la Convención; de otro lado, del "producto", esto es,
de los beneficios obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión
de tales delitos; y, tercero, de "bienes cuyo valor equivalga al de ese
producto".
Las
dos primeras formas de extinción de dominio constituyen los casos clásicos de
decomiso que, conforme a la reiterada jurisprudencia reseñada en esta
sentencia, son legítimos desde el punto de vista constitucional. La tercera
forma de extinción de dominio amerita un examen más detallado, por cuanto se
podría pensar que la Convención, al autorizar que se prive a una persona de la
propiedad de bienes cuyo valor sea considerado equivalente al producto de las
actividades ilícitas, podría dar lugar a confiscaciones. La Corte no comparte
esa concepción. En efecto, el análisis precedente ha mostrado que elemento
esencial que configura una confiscación es una sanción que consiste en la
privación arbitraria -esto es injustificada- y desproporcionada -esto es, sin
ninguna medida de equivalencia- de los bienes legítimamente adquiridos por un
particular, en beneficio del fisco y en general por motivos de persecución
política. Por eso, cuando la sanción de la privación de un bien deriva de una
causa legítima -como ser consecuencia de la comisión de un ilícito- y se rige
por principios de equivalencia, ella se ajusta al ordenamiento constitucional.
Esto es lo que explica, por ejemplo, la constitucionalidad de las penas de
multa. Ahora bien, la Convención establece una razón que justifica el decomiso,
puesto que se trata de privar de ciertos bienes a una persona que se ha
beneficiado patrimonialmente de actividades delictivas. Y, de otro lado, la
Convención no permite un decomiso desproporcionado por cuanto establece una
medida objetiva, al consagrar que los bienes decomisados deben ser equivalentes
al producto de la actividad ilícita. Esto significa entonces que para que opere
este tercer tipo de decomiso se requiere que se haya probado judicialmente que
la persona se ha beneficiado patrimonialmente de un delito por un monto
determinado; sólo entonces se le podrán decomisar bienes por un valor
equivalente.  Es obvio que si no se dan tales supuestos no puede entonces
operar este tercer tipo decomiso.
La
novedad que introduce la Convención frente a las formas tradicionales de
decomiso reside entonces en que este instrumento internacional no obliga a
establecer el ligamen directo entre los bienes decomisados y el producto de la
actividad ilícita. Basta que se pruebe el beneficio ilícito por un monto
determinado obtenido por la persona  para que se le puedan decomisar bienes
equivalentes. Es entonces una figura ampliada de decomiso que parece razonable,
debido a la dificultad objetiva que existe para comprobar las relaciones entre
las actividades delincuenciales de una persona y la propiedad de bienes
determinados. Sin embargo, la Corte considera que esta posibilidad de extinguir
el dominio de bienes cuyo valor equivalga al del producto de una actividad ilícita
no constituye confiscación, por cuanto deriva de un motivo constitucional
legítimo, se fundamenta en una equivalencia objetiva y se protegen los derechos
de terceros de buena fe. En efecto, esta forma de decomiso armoniza con las
posibilidades establecidas por el inciso segundo del artículo 34, a saber la
extinción de dominio no sólo sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento
ilícito sino también sobre aquellos que sean obtenidos "en perjuicio del
Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social".  De otro lado,
el decomiso no se extiende a todos los bienes del condenado -como
equivocadamente lo consideró el Congreso- sino que afecta sólo bienes con valor
equivalente. Y, finalmente, la propia Convención protege los derechos de terceros
de buena fe, por cuanto el ordinal 8º del artículo 5º señala que "lo
dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe".
Por
todo lo anterior, la Corte considera que el artículo 5º de la Convención -con
excepción del ordinal 7º, que fue objeto de la tercera reserva y que se
estudiará a continuación- se ajusta a la Constitución. Sin embargo, precisa la
Corte, que en esta sentencia únicamente se examinó la constitucionalidad de la
posibilidad de establecer los decomisos previstos por este artículo Pero, como
tales decomisos requieren un desarrollo legal para poder ser efectuados, es
obvio que la Corte podrá revisar en un futuro la conformidad con la
Constitución de tales regulaciones legales, en caso de que ellas sean
demandadas.
Por
todo lo anterior, la segunda reserva formulada por el Congreso por motivos de
inconstitucionalidad se funda en una errónea interpretación de los alcances del
artículo 34 superior, por lo cual será declarada inexequible en la parte
resolutiva de esta sentencia.
c.
La reserva sobre la inversión de la carga de la prueba.
3.
Colombia, en virtud del párrafo 7º del artículo 5º de la Convención, no se
considera obligada a establecer inversión de la carga de la prueba.
Esta
tercera reserva deja sin efecto el numeral 7º del artículo 5º de la Convención,
que prevé la inversión de la carga de la prueba "respecto del origen
lícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso". Esto es
contrario al artículo 29 de la Constitución Política (debido proceso), al
artículo 14, numeral 2º del pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos
de las Naciones Unidas y del artículo 8º, numeral 2º de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
El
sistema penal y procesal colombiano se encuentra edificado sobre el principio
de la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 29 de la Constitución,
según el cual, "toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable".
De
la lógica del proceso surge que la carga de la prueba está a cargo del Estado,
claro está, sin perjuicio de que los sujetos procesales también  puedan ejercer
su iniciativa probatoria a fin de buscar el esclarecimiento de los hechos.
Es
una autoridad de la República, únicamente conforme al debido proceso, la que
puede declarar culpable a una persona cuando se demuestre la imputabilidad del
hecho al autor. En efecto, no se puede prescindir de la imputabilidad para
efectos de condenar judicialmente a una persona. Ello desconoce las garantías
mínimas para hacer efectivos los derechos humanos, que son uno de los fines del
Estado, al tenor del artículo 2o. de la Carta. Sobre  la presunción de inocencia, la Corte Constitucional
se ha referido de la siguiente forma:
La
garantía del debido proceso, no consiste solamente en las posibilidades de
defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el
juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el
artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se
imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el
proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el
derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin
dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir
las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las
formas propias de cada proceso según sus características. Todo ello descansa
sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser
desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de
sanciones administrativas[15]
.
Se
puede entonces concluir que la presunción de inocencia es uno de los derechos
más importantes con que cuenta todo individuo; para desvirtuarla es necesario
demostrar la culpabilidad de la persona con apoyo en pruebas fehacientes
debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure la plenitud de las
garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra
observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y
esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las
pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones.
Así
pues, Colombia no puede de ninguna forma aprobar un texto que invite a la
inversión de la carga de la prueba, por lo cual esta tercera reserva es
conforme con el texto constitucional.
d.
Reserva sobre autonomía e independencia del Poder Judicial para investigar y
juzgar los delitos.
4.
Colombia formula reserva respecto del artículo 9º, párrafo 1º, incisos b), c),
d) y e) de la Convención, en cuanto se oponga a la autonomía e independencia de
las autoridades judiciales para conocer de la investigación y juzgamiento de
los delitos.
Esta
es en esencia la reserva que formuló en el momento de suscribir la Convención
el 20 de noviembre de 1988, el entonces Ministro de Justicia, señor doctor
Guillermo Plazas Alcid.
Tal
reserva tiene su justificación a la luz del artículo 249 de la Constitución
Política que establece que la Fiscalía  General de la Nación forma parte de la
Rama Judicial  y  no del Poder Ejecutivo y es necesario preservar el fuero
judicial en sus dos etapas de investigación  y juicio.
También
se justifica con base en el artículo 113 de la Constitución Política que
establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero
colaboran armónicamente para la realización de sus fines.
La
investigación y acusación quedó en cabeza de la Fiscalía General de la Nación
conforme a lo dispuesto por los artículos 249 y ss de la Constitución Política.
La etapa de juzgamiento le corresponde a los jueces de la República o a las
autoridades mencionadas en el artículo 116 de la Constitución.
El
ejercicio de la función judicial en Colombia  está consagrado en el artículo
116 de la Constitución, que establece:
La
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los
Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia
penal militar.
El
Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
Excepcionalmente
la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinadas autoridades administrativas, Sin embargo no le será permitido
adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
Los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en condición de conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley.
Se
observa que el constituyente de 1991 consagró un sistema racional de
administración de justicia en Colombia.
De
la lectura de la norma transcrita puede subrayarse que no sólo los organismos
judiciales como tales, señalados en el inciso 1°, ejercen funciones
jurisdiccionales. Conviene entonces precisar el contenido de la disposición
transcrita para explicar sus alcances, así:
1)
Es claro según el tenor del inciso primero que los organismos allí enunciados
son los que constituyen la rama jurisdiccional como tal; es decir, los
organismos que de manera ordinaria, permanente y habitual administran justicia,
y cuya competencia es genérica, propia y de orden constitucional.
La
función pública de administración de justicia en Colombia es ejercida por las
siguientes jurisdicciones:
a)
La jurisdicción ordinaria, integrada por los tribunales y juzgados de los ramos
civil, penal, laboral, de familia y agrario (Corte Suprema de Justicia,
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Juzgados del Circuito, Municipales,
Promiscuos, de familia, de menores, agrarios).
b)
La jurisdicción contencioso administrativa que, integrada por el Consejo de
Estado y los Tribunales Administrativos Departamentales, está instituida para
juzgar las controversias originadas en actos y hechos administrativos de las
entidades públicas, con excepción de la decisiones proferidas en los juicios de
policía de carácter penal o civil (Art. 237, numeral 1º y Código Contencioso
Administrativo, art. 82).
c)
La jurisdicción constitucional encargada de asegurar la integridad y supremacía
de la Carta Política (art. 241).
d)
La jurisdicción disciplinaria que, sin perjuicio de la potestad disciplinaria
atribuida al ministerio público y a los respectivos superiores, se ejerce por
la Sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos
seccionales de la judicatura en relación con las faltas en que incurran los
funcionarios de la rama judicial y los abogados en el ejercicio de su profesión
(arts. 254, numeral 2 y 256, numeral 3).
e)
La jurisdicción penal militar, cuya función consiste en dar aplicación al fuero
militar establecido por la Constitución, según el cual de los delitos cometidos
por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el
mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares (art.
221).
f)
La jurisdicción especial indígena, que corresponde a las autoridades indígenas
en relación con los conflictos que ocurran entre los miembros de las
comunidades indígenas y con las faltas o delitos cometidos por ellos contra
integrantes de estas comunidades (art. 246).
g)
La jurisdicción especial de paz, que encargada de conocer de conflictos
individuales y comunitarios conforme a las reglas de la equidad, estará
integrada por los jueces de paz que determine la ley (art. 247).
Así
mismo, conforme a lo prescrito por el artículo 116 de la Constitución Política,
ejercen función jurisdiccional de manera excepcional y con carácter
transitorio, el Congreso, determinadas autoridades administrativas y los
particulares en la condición de árbitros o conciliadores.
2)
Ejercen igualmente la función jurisdiccional en Colombia los siguientes órganos
diferentes a los judiciales:
a)
El Congreso de la República, pero sólo en casos particulares. Aquí puede
afirmarse que la competencia es propia, aunque específica y de orden
constitucional.
b)
Las autoridades administrativas, las cuales excepcionalmente pueden estar
investidas de esta función en materias precisas. Se trata de una competencia
excepcional, determinada y de orden legal.
c)
Los particulares, quienes pueden ser investidos transitoriamente de esta
función en la única condición de conciliadores o árbitros, habilitados por las
partes. Esta facultad otorgada a los particulares tiene entre otras las
siguientes características: es esencialmente ocasional o transitoria; es
voluntaria por cuanto son las partes quienes habilitan al particular para
resolver la controversia; y sólo puede hacerse en la calidad de conciliador o
de árbitro, manifestándose en fallos en derecho o en equidad.
Esta
reserva se ajusta entonces a la Constitución.
2-
Las declaraciones
Las
declaraciones aprobadas por el Honorable Senado de la República, son las
siguientes:
a.
La declaración relativa al sistema constitucional y legal del Estado colombiano
y a sus obligaciones internacionales.
La
primera declaración señala:
1.
Ninguna parte de la Convención podrá interpretarse en el sentido de obligar a
Colombia a adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas, o de otro
carácter que vulneren o restrinjan su sistema constitucional y legal o vayan
más allá de los tratados en que sea parte contratante el Estado colombiano.
Esta
declaración busca entonces asegurar la primacía del orden constitucional y
legal de Colombia, teniendo presente lo estatuido en los artículos 1º y 4º de
la Constitución Política.
La
posición de supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que
integran el orden jurídico, estriba en que aquella determina la estructura
básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la
autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir
conforme a  ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad,
y al efectuar todo esto funda en orden jurídico mismo del Estado. La
Constitución es el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia
al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que
formulen o profieran los órganos por ella instaurados[16].
Así
mismo, el artículo 93 de la Constitución Política introdujo la prevalencia en
el orden jurídico interno de los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohiben
su limitación en los estados de excepción. Por lo tanto, si Colombia ha ratificado
instrumentos internacionales  no puede ser obligada a adoptar medidas
contrarias al compromiso adquirido.
En
tales circunstancias, esta declaración no sólo se adecúa al ordenamiento
constitucional -por lo cual será declarada exequible- sino que además es
similar a las reservas hechas por otros países. Así, los Estados Unidos de
América, al ratificar el instrumento el 20 de febrero de 1990, dejaron en claro
que su Constitución y sus sistema legal prevalecen frente a la normatividad de
la Convención.
b.
Declaración sobre desarrollo alternativo, derechos de las comunidades
indígenas, protección del medio ambiente y defensa de nuestro desarrollo
2.
Colombia entiende que el tratamiento que la Convención da al cultivo de la hoja
de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo
alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas
involucradas y la protección del medio ambiente. En el mismo sentido, Colombia
entiende que el trato discriminatorio, inequitativo y restrictivo que se le da
en los mercados internacionales a sus productos agrícolas de exportación, en
nada contribuye al control de los cultivos ilícitos pues, por el contrario, es
causa del deterioro social y ecológico de las zonas afectadas.
Esta
declaración se funda en una distinción que esta Corte comparte. No se puede
colocar en el mismo plano la planta coca y los usos lícitos y legítimos que de
ella se han hecho y se pueden hacer, y la utilización de la misma como materia
prima para la producción de cocaína. Esta diferenciación entre la hoja de coca
y la cocaína es necesaria puesto que numerosos estudios han demostrado no sólo
que la hoja de coca podría tener formas de comercio alternativo legal que
precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico, sino además que el
ancestral consumo de coca en nuestras comunidades indígenas no tiene efectos
negativos. Así, señala el Instituto Indigenista Interamericano., organismo
especializado del sistema interamericano:
"...podemos
concluir que, aunque las sustancias activas de la coca (principalmente la
cocaína) tienen ante todo una acción antifatigante y productiva de placer, el
hábito de consumo en su forma tradicional no corresponde a la satisfacción de
una necesidad biológica, sino que está enraizada en ancestrales y profundas
consideraciones culturales, por lo que esta costumbre, como el consumo del
tabaco y del alcohol en otras culturas, debe ser enfocada no como un problema
biológico sino como un complejo cultural que forma parte del núcleo social
indígena y que asume el carácter de un símbolo de identidad étnica"[17].
Esta
distinción entre la coca y la cocaína tiene además en Colombia una sólida base
constitucional puesto que "el Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la Nación colombiana" (Art 7 CP), por lo cual la
persecución del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la
identidad cultural de las comunidades indígenas, protegida por la Constitución.
De
otro lado, considera la Corte que las políticas de erradicación de los cultivos
ilícitos tampoco pueden traducirse en operaciones que puedan atentar contra el
medio ambiente, pues "es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente" (Art 79 CP) y "prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental" (Art 80 CP). En efecto, como ya lo ha
señalado esta Corporación en diversas decisiones, la protección del medio
ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico
colombiano que la Constitución contiene una "constitución ecológica",
conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la
sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente[18]. De ello se desprenden
consecuencias jurídicas importantes, ya que, como esta Corporación lo señaló en
reciente jurisprudencia:
"..es
indudable que la dimensión ecológica de la Constitución, como norma de normas
que es (CP art 4), confiere un sentido totalmente diverso a todo un conjunto de
conceptos jurídicos y económicos. Estos ya no pueden ser entendidos de manera
reduccionista o economicista, o con criterios cortoplacistas,  como se hacía
antaño, sino que deben ser interpretados conforme a los principios, derechos y
obligaciones estatales que en materia ecológica ha establecido la Constitución,
y en particular conforme a los principios del desarrollo sostenible.
Por
todo lo anterior,  considera la Corte que hoy no tienen ningún respaldo
constitucional ciertos procesos y conceptos que anteriormente pudieron ser
considerados legítimos, cuando los valores ecológicos no habían adquirido el
reconocimiento nacional e internacional que se les ha conferido en la actualidad.[19]"
Esto
significa entonces que el Estado colombiano debe evaluar siempre el eventual
perjuicio al medio ambiente que derive de las políticas contra el narcotráfico,
puesto que no se adecúan a la Constitución estrategias de erradicación de
cultivos ilícitos susceptibles de afectar negativamente los sistemas
ecológicos. Conforme a lo anterior, y de acuerdo al principio de soberanía establecido
por la Constitución (CP art 9), es obvio que el Estado colombiano se reserva el
derecho de evaluar de manera autónoma si las políticas para enfrentar el
narcotráfico se adecúan o no a sus obligaciones constitucionales de proteger el
medio ambiente. Por consiguiente, esta segunda declaración será declarada
constitucional en la parte resolutiva de esta sentencia pero de manera
condicionada, porque a juicio de la Corte Constitucional ella no señala de
manera específica la autonomía que, conforme a la Constitución, el Estado
colombiano debe reservarse para evaluar el impacto ecológico de las políticas
contra el narcotráfico ya que, reitera la Corte, la persecución del
narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la obligación que
tiene el Estado colombiano de proteger el medio ambiente, no sólo para las
generaciones presentes sino también para las generaciones futuras.
c.
Declaración relativa a las restricciones a la libertad de los acusados y
políticas de sometimiento y colaboración de presuntos delincuentes a la
justicia.
La
tercera declaración señala que "Colombia entiende que la aplicación del
párrafo 7º del artículo 3º de la Convención se hará de conformidad con su
sistema penal y teniendo en cuenta los beneficios de sus políticas de
sometimiento y colaboración de presuntos delincuentes a la justicia".
El
párrafo 7º del artículo 3º de la Convención, dice así:
"Las
partes velarán porque sus tribunales o demás autoridades competentes tengan en
cuenta la gravedad de los delitos enumerados en el párrafo 1º del presente
artículo y las circunstancias enumeradas en el párrafo 5º del presente artículo
al considerar la posibilidad de conceder la libertad anticipada o la libertad
condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de alguno de esos
delitos.
Esta
declaración en primer lugar tiende a  que la aplicación del párrafo 7º del
artículo 3º de la Convención se haga de conformidad con el sistema penal y con
fundamento en las políticas de sometimiento y colaboración de presuntos
delincuentes a la justicia.
Esta
declaración salvaguarda, en primer término, el principio constitucional de la
igualdad de todos ante la ley, consagrado en el artículo 13 de la Constitución
Política, incluyendo las garantías judiciales consagradas básicamente en el
artículo 29 Superior. La Corte Constitucional ha señalado que los beneficios
por colaboración con la justicia no implican un abandono de los principios de
justicia. Ha dicho esta Corporación al respecto:
"No
se trata de la negociación del acto de justicia, por cuanto éste se mantiene
incólume; lo que ocurre en este caso es que el infractor penal repara, bajo
algún aspecto, al daño causado a la sociedad, de suerte que, al colaborar con
la justicia, se hace merecedor de un tratamiento adecuado a su conducta.
Sin
embargo, la Corte hace énfasis en que las razones de conveniencia no pueden
llegar en este caso hasta desconocer la existencia de la pena, por cuanto ésta
constituye lo justo, es decir, lo que se merece; ello equivaldría a dejar de aplicar
la justicia, hipótesis que riñe con los principios elementales del Estado de
Derecho, que se funda en la legitimidad y eficacia del orden social, el cual, a
su vez, se inspira en la justicia como valor superior. Exonerar, de la pena
quien haya participado en el delito de secuestro, es, a todas luces, un acto
desproporcionado y por ello mismo viciado de injusticia (...).
Es
por ello que el Código de Procedimiento Penal establece que "en ningún
caso los beneficios podrán implicar la exclusión total del cumplimiento de la
pena, ni estarán condicionadas a la confesión del colaborador" (Art. 369
A), ya que, se ha dicho, el acto de justicia es incondicional. Debe tenerse en
cuenta también que el beneficio nunca puede ser desproporcionado a la gravedad
del hecho punible. (Cfr. art. 369 B. Código de Procedimiento Penal), ni al
grado de colaboración con la justicia, cuya eficacia debe ser ampliamente
demostrada"[20].
De
otro lado, la declaración deja a salvo las políticas del Estado en materia de
sometimiento y colaboración de presuntos delincuentes a la administración de
justicia, con el objeto de evitar la impunidad de delitos. En materia de política
criminal el Estado colombiano es autónomo. La autonomía del Estado es superior
a la autonomía judicial, pero debe existir entre estas dos posiciones
proporcionalidad para lograr  equilibrio. Por todo lo anterior, la Corte
encuentra que esta declaración se ajusta a la Constitución.
d.
Declaración sobre la asistencia judicial recíproca sobre la base de la
reciprocidad y el respeto al orden constitucional y legal del Estado.
La
cuarta declaración establece:
"Una solicitud de asistencia legal recíproca no será concedida cuando las
Autoridades de Colombia, incluso judiciales, consideren que su otorgamiento
menoscaba el interés público o el orden constitucional o legal. También se
deberá observar el principio de reciprocidad."
El
artículo 7º de la Convención es de por sí un tratado colectivo de asistencia
judicial recíproca. Por lo anterior, se hace necesario hacer tres  precisiones:
la primera relacionada con la necesidad de sujetar la asistencia judicial
recíproca al principio internacional de reciprocidad internacional en la
materia, principio de derecho internacional aceptado por Colombia (CP art 9).
De otro lado, conforme a la supremacía de la Constitución (CP art 4), esta
cooperación debe estar sometida en todos los eventos al orden constitucional y
legal de Colombia para prevenir abusos. Finalmente, el Estado colombiano se
reserva la posibilidad de no conceder formas de cooperación por razones de
interés público, criterio razonable de conveniencia política sobre el cual no
corresponde a esta Corporación pronunciarse. Sin embargo, señala la Corte que
esa posibilidad está prevista por el tratado, como lo muestra el hecho de que,
tanto los Estados Unidos de América, como la Gran Bretaña, limitaron por medio
de reservas por similares motivos el alcance de la asistencia legal mutua. Así,
señala el Reino Unido en su reserva a la Convención que "una petición de
inmunidad no será concedida cuando las autoridades judiciales del Reino Unido
consideren que ello sería contrario al interés público."
La
declaración formulada por el Congreso es entonces conforme con la Constitución.
e.
Declaración sobre prescriptibilidad de la acción penal.
Conforme
a la sexta declaración, "Colombia entiende que el párrafo 8º del
artículo 3º de la Convención no implica la imprescriptibilidad de la acción
penal."
Respecto
de la pena, el artículo 28 de la Constitución Política, en el último inciso se
refirió a que en ningún caso podrá haber penas imprescriptibles. El transcurso
del tiempo obra como causa de extinción de la punibilidad no solamente en
abstracto -prescripción del delito-, sino en concreto -prescripción de la
pena-, y, por consiguiente, pone fin al proceso penal.
El
Estado se encuentra en la obligación de investigar dentro de un determinado
tiempo la presunta comisión de un hecho punible. Este principio es parte
integrante de los principios que conforman un Estado social de derecho que vela
por la dignidad de la persona y el respeto efectivo de los derechos humanos, de
conformidad con los artículos 1º y 2º de la Constitución Política.
Así,
el principio de celeridad debe caracterizar los procesos penales. Ni el
sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el
Estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la
sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los
inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad.
Esta
ideas es reiterada por Eissen cuando afirma que ello "implica un justo
equilibrio entre la salvaguardia del interés general de la comunidad y el
respeto de los derechos fundamentales del hombre, aunque atribuyendo un valor
particular  a estos últimos".[21]
Consagrar
la imprescriptibilidad de la acción penal, viola el artículo 2º numeral 1º del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y el
artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos
internacionales que, al tenor del artículo 93 superior, prevalecen en el orden
interno.
Por
tal razón, con base en los instrumentos internacionales que Colombia ha
ratificado y en la Constitución Política de 1991 es imposible pensar en
interpretar en forma diferente la prescriptibilidad de la acción penal y de la
pena, por lo cual la declaración se ajusta plenamente a la Constitución.
f.
Declaración sobre limitación de la cláusula de excepción
Según
la sexta declaración formulada por el Congreso, "el artículo 24 de la
Convención sobre "medidas más estrictas o rigurosas", no podrá
interpretarse en el sentido de conferir al Gobierno poderes más amplios de los
que le confiere la Constitución Política de Colombia, incluso bajo los Estados
de Excepción".
La
llamada "cláusula de excepción" ha creado mucha controversia en torno
al texto de la Convención, pues las partes podrían adoptar medidas más
estrictas o rigurosas que las previstas en la Convención si, a su juicio, tales
medidas son convenientes. Además, esta cláusula podría justificar presiones de
un Estado Parte contra otro, y medidas internas de un gobierno arbitrario que
invoque el artículo 24 de la Convención.
Ahora
bien, el artículo 252 de la Constitución establece que incluso "en los
estados de excepción de que trata la Constitución en los artículos 212 y 213,
el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones
básicas de acusación y juzgamiento". Este artículo es concreción, en lo
que toca con las labores de acusación y juzgamiento, de los principios de
legalidad, igualdad y juez natural consagrados en el Título II de la Carta. La
idea del "derecho penal mínimo" como criterio inspirador de una
justicia penal adecuada a los principios del estado de derecho y a los derechos
humanos, impone que, para la penalización de comportamientos problemáticos, se
respeten algunas condiciones  esenciales.
La
aplicación de medidas "más estrictas y rigurosas" puede entonces
llevar a la violación de principios fundamentales del Estado de derecho. En
efecto, el trato cada vez más riguroso expone al sistema penal a grandes
contradicciones internas. De una lado la constitucionalización de los
principios del derecho penal y su consagración en normas sustanciales y
procedimentales y de otro lado la aplicación de los mismos absolutamente
alejada de la realidad.
Por
medio de esta declaración el Congreso no ha hecho entonces sino resaltar la
supremacía de la Constitución, en virtud de la cual la "Constitución es
norma de normas" (art 4 CP), por lo cual es obvio que la lucha contra el
delito siempre debe efectuarse dentro de los marcos estrictos establecidos por
la Constitución. Por eso era necesario que el Congreso precisara, por medio de
esta  reserva impropia o declaración interpretativa, el alcance que para el
Estado colombiano tiene el artículo 24 de la convención, por lo cual ella se
ajusta a la Constitución. En consecuencia, la lucha contra las drogas debe
efectuarse respetando los derechos humanos consagrados en la Constitución y
dentro de los marcos jurídicos establecidos por ella.
g.
Declaración sobre asistencia en alta mar a solicitud expresa y con autorización
del Gobierno colombiano
Según
esta declaración, "Colombia entiende que la asistencia prevista en el
artículo 17 de la Convención sólo operará en alta mar y a solicitud expresa y
con autorización del Gobierno colombiano".
Por
medio de esta séptima declaración, referida a la cooperación de los Estados
para eliminar el tráfico ilícito por mar, el Congreso reafirma que las
relaciones exteriores de Colombia "se fundamentan en la soberanía
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia" (Art 9 CP). Ella se ajusta entonces a nuestra Carta fundamental.
h.
Secuestro internacional de acusados.
Por
medio de la octava declaración, "Colombia declara que considera
contrario a los principios y normas de Derecho Internacional, y en particular a
los de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención, cualquier
acto tendiente al secuestro o privación ilegal de la libertad de las personas
dentro del territorio de un Estado para hacerlas comparecer ante los tribunales
de otro."
Como
vemos, el mismo criterio de defensa de la soberanía nacional, valor integrante
de nuestra Constitución política, orientó la octava declaración. No puede la
Corte sino compartir integralmente esa declaración por cuanto considera que la
necesaria cooperación internacional en materia de narcotráfico no se puede
traducir en la violación de la soberanía de unos Estados por parte de otros. En
oportunidad anterior, esta Corte ya se había pronunciado sobre el tema y había
señalado:
"A
juicio de esta Corte, para la preservación de un clima de armonía de los
estados en el concierto internacional, es indispensable que todos ellos asuman
y practiquen el compromiso de respetar el principio universalmente reconocido
de la autodeterminación de los pueblos, en virtud del cual dada uno debe
resolver los asuntos que le competen en ejercicio de su soberanía y de manera
independiente, y que los distintos organismos estatales, al adoptar sus
decisiones, partan de ese mismo presupuesto.[22]"
La
Corte Constitucional reitera en esta sentencia lo establecido en aquella
oportunidad, y por ende considera que la declaración se ajusta al ordenamiento
constitucional.
i.
La remisión de actuaciones penales y las garantías constitucionales del derecho
de defensa.
9.
Colombia entiende que la remisión de actuaciones penales a que alude el
artículo 8º de la Convención, se hará de tal forma que no vulneren las
garantías constitucionales del derecho de defensa.
Así
mismo, Colombia declara, en cuanto al párrafo 10 del artículo 6º de la
Convención, que la ejecución de sentencias extranjeras, debe procederse
conforme al inciso 3º del artículo 35 de su Constitución Política y demás
normas constitucionales y legales.
Esta
declaración en esencia efectúa una interpretación conforme a las garantías
consagradas en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos de algunas de las formas de cooperación previstas por la
Convención. Por eso señala con acierto que toda remisión de actuaciones penales
no puede hacerse en menoscabo de los derechos de defensa de los ciudadanos
procesados, como la presunción de inocencia, la posibilidad de controvertir las
pruebas o el "non bis in idem". Esto significa que la remisión de
actuaciones tiene que hacerse respetando las garantías procesales. La Corte
comparte esta lectura conforme a la Constitución.
La
segunda parte de esta novena declaración hace referencia a la hipótesis de que
un Estado habiendo negado una extradición de un sindicado por tratarse de un
nacional, "si su legislación lo permite y de conformidad con los
requisitos de dicha legislación, previa solicitud de la Parte requirente,
considerará la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta conforme a la
legislación de la Parte requirente o el resto de dicha condena que quede por
purgar". Señala aquí el Congreso que en tal caso se procederá conforme a
lo previsto por el inciso 3 del artículo 35 de la Constitución. Frente a este
aparte de la novena declaración, la Corte considera pertinente efectuar las
siguientes tres consideraciones. De un lado, el Congreso cometió una
equivocación formal pues remitió a un inciso inexistente del artículo 35, ya
que éste sólo tiene dos incisos. Sin embargo, la revisión de las ponencias
muestra sin lugar a equívocos que el Congreso se refería al inciso segundo, por
lo cual la Corte corregirá esta remisión en la parte resolutiva de la
sentencia. De otro lado, la Corte considera acertado el criterio del Congreso
de que en este evento no se podrá ejecutar la sentencia proferida en el
exterior ya que lo único procedente conforme al derecho colombiano será el
envío de sentencia y otras actuaciones procesales para que éstas obren dentro
del proceso que, si fuere el caso y conforme al inciso segundo del artículo 35
de la Constitución, se iniciare en Colombia. Sin embargo, y en tercer lugar, la
Corte considera innecesario desde el punto de vista de la coherencia de la
Convención con la Constitución que se efectuase esta declaración, puesto que la
Convención expresamente condicionaba la aplicación de la condena a que la
legislación, y con mayor razón la Constitución nacional, lo permitiera y de
acuerdo con la misma. Se trata pues en ese aspecto de una reiteración que el
Congreso pudo efectuar por razones de mayor claridad interpretativa o
conveniencia política, aspecto sobre el cual no compete a esta Corte
pronunciarse.
3-
Síntesis del examen de las reservas y las declaraciones.
Conforme
al anterior examen, la Corte encuentra en primer término que la segunda reserva
se fundamenta en una interpretación equivocada de la Constitución, por lo cual
será declarada inexequible. De otro lado, esta Corporación considera ajustadas
a la Constitución, pero de manera condicional, la segunda y novena declaración.
En efecto, con respecto a la segunda declaración, la Corte estima necesario
aclarar que el Estado colombiano se reserva el derecho de evaluar de manera
autónoma el impacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico, puesto
que aquellas que tengan un impacto negativo sobre los ecosistemas son
contrarias a la Constitución. Y con respecto al  segundo párrafo de la novena
declaración, la Corte precisa que la remisión debe hacerse al inciso 2º y no al
3º del artículo 35 de la Constitución. Finalmente, para la Corte, el resto de
reservas y declaraciones formuladas por el Congreso se ajustan plenamente a la
Constitución, por lo cual serán declaradas exequibles en la parte resolutiva de
esta sentencia.
E-
Examen de la constitucionalidad del resto de disposiciones de la Convención.
Hemos
visto que las reservas y declaraciones establecidas por el Congreso eliminan
importantes tachas de inconstitucionalidad que contenía la Convención de Viena
y que hubieran debido ser declaradas por esta Corporación en caso de que tales
reservas y declaraciones no hubiesen sido formuladas. Entra la Corte a analizar
y a hacer precisiones sobre el resto del contenido del tratado con el fin de
determinar si existen otros apartes del mismo que puedan violar nuestro
estatuto fundamental.
Comienza
la Corte por estudiar la solicitud del Ministerio Público de declarar
inconstitucional el agravante previsto por el literal h del ordinal 5 del
artículo 3, según el cual puede ser circunstancia de agravación de la pena
"una declaración de culpabilidad anterior, en particular por delitos
análogos, por tribunales extranjeros o del propio país, en la medida en que el
derecho interno de cada una de las partes lo permita". Considera el Señor
Procurador General que esta posibilidad es inconstitucional puesto que en un
Estado social de derecho la sanción penal está determinada por la conducta del
delincuente y no por las características personales del mismo; por ello, al
establecer la posibilidad de agravar la pena conforme a una declaración de
culpabilidad anterior, la Convención viola la Constitución. La Corte
Constitucional comparte el criterio del jefe del Ministerio Público sobre el
carácter de la pena en un Estado social de derecho fundado en el respeto de la
dignidad humana (art 1 CP), pero se distancia de su solicitud por cuanto no
considera necesario efectuar una declaración de inexequibilidad. La razón es
muy simple: la norma de la Convención expresamente condiciona su aplicabilidad
a que "el derecho interno de cada una de las partes lo permita". Una
simple lectura de esa norma ajustada a la Constitución hace entonces
innecesaria cualquier declaración de inconstitucionalidad.
El
anterior criterio permite un examen general de los delitos y procedimientos
previstos por la Convención, puesto que la propia Convención establece
elementos de interpretación que son muy importantes cuando se trata de
determinar el alcance de sus preceptos. En efecto, y como lo señalamos
anteriormente, la obligación de los Estados de tipificar ciertos delitos o
consagrar determinados procedimientos establecida por la Convención no es igual
en todos los eventos. En algunos casos, ella establece una obligación para que
las partes establezcan los delitos o los procedimientos sin ninguna condición,
de manera categórica, mientras que en otros eventos, la propia Convención
subordina la adopción de las medidas por los Estados al respeto de los
principios constitucionales o del derecho interno de los diversos Estados.
Una
comparación de las obligaciones establecidas por el artículo 3 ordinal 1º
literal a) y aquellas derivadas del artículo 11 de la Convención muestra
claramente esa diferencia. Así, el artículo 3 consagra:
"1.
Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para
tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan
intencionalmente:
a)
i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la
oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera
condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la
importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia
sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la
Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971 (negrillas de
la Corte)."
En
cambio, el artículo 11 señala:
"Si
lo permiten los principios fundamentales de los respectivos ordenamientos
jurídicos internos, las Partes adoptarán las medidas
necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda utilizar de forma
adecuada, en el plano internacional, la técnica de entrega vigilada"
(negrillas de la Corte).
Vemos
entonces que en el primer caso, los Estados que suscriban la Convención se
comprometen internacionalmente de manera incondicional a adoptar medidas
relacionadas con la criminalización de ciertas conductas; en cambio, la
obligación relacionada con la entrega vigilada es condicionada, esto es, los
Estados se comprometen a adoptarla sólo si su ordenamiento jurídico interno se
los permite. Siguiendo la clasificación de las normas jurídicas propuesta por
el jurista italiano Norberto Bobbio, vemos entonces que el artículo 3 ordinal
primero literal a) consagra imperativos categóricos o incondicionales mientras
que  el artículo 11 de la Convención establece un imperativo hipotético o
condicional[23].
Esta
distinción es fundamental, ya que el análisis de constitucionalidad de uno u
otro caso no puede ser del mismo orden. En efecto, en aquellos eventos en los
cuales la obligación no está condicionada al respeto del derecho interno y ésta
es susceptible de violar la Constitución, deberá la Corte declarar la
inconstitucionalidad de la disposición en cuestión; en cambio, en aquellos
casos en los cuales la obligación está condicionada al respeto de los
principios constitucionales y del ordenamiento jurídico nacional, tal
declaración resulta innecesaria puesto que basta una lectura conforme a la
Constitución de la propia Convención para precisar qué puede hacer y qué no
puede hacer el Estado colombiano. No es pues necesario que el Estado colombiano
formule una reserva sobre la materia ni se podría alegar que en este evento
Colombia estaría desconociendo el principio esencial de la Convención de Viena
sobre los tratados de 1969, aprobada por Colombia por la Ley 32 de 1985, según
el cual un Estado no puede "invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un Tratado (Art 27), por
cuanto en este caso es el propio Tratado el que establece, en ciertos eventos,
que las obligaciones adquiridas por los Estados están condicionadas al respeto
del orden jurídico nacional.
Procede
entonces la Corte a analizar de manera diferenciada aquellos casos en donde la
obligación es directa y categórica, y aquellos otros en los cuales ella está
condicionada al respeto del derecho interno y se efectúa a reserva de los
principios constitucionales de los Estados.
Con
respecto a la tipificación de delitos y agravantes son incondicionales las
obligaciones derivadas de los literales a y b del numeral 1º del artículo 3º,
así como las relativas a los numerales 3º, 4º, 5º (con excepción del ordinal h
ya estudiado), 6º, 7º, 8º, 9º, y 10. No encuentra en ellas la Corte ninguna
tacha de inconstitucionalidad. En efecto los elementos que podrían dar lugar a
declaración de inexequibilidad fueron objeto de la respectiva reserva o
declaración por el Congreso y se trata de la legítima posibilidad de tipificar
ciertos delitos.
Sin
embargo, considera la Corte necesario efectuar dos precisiones al respecto. De
un lado, el numeral 3º del artículo 3º que estamos analizando establece que
"el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de
cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1º del presente artículo
podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso". La Corte
puntualiza que esta norma no debe interpretarse en el sentido de que posibilita
la consagración de formas de responsabilidad penal objetiva -evento en el cual
sería contraria a la Carta fundamental- sino que ella recuerda un principio
elemental en materia probatoria en el campo penal, a saber, que las formas de culpabilidad
del sujeto activo del delito pueden ser establecidas a partir del análisis de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue cometido el hecho
punible.
De
otro lado, la propia Convención, al definir los delitos en su artículo 3, señala
en el numeral 11 del mismo que "ninguna de las disposiciones del presente
artículo afectará el principio de que la tipificación de los delitos a que se
refiere o de las excepciones alegables en relación con éstos queda reservada al
derecho interno de las partes y de que esos delitos han de ser enjuiciados y
sancionados con arreglo a los previsto en ese derecho". Esta disposición
armoniza plenamente con la Constitución colombiana que establece la estricta
legalidad de los delitos y penas (CP art 29), y es fundamental para interpretar
el alcance de la exequibilidad de las disposiciones de la Convención relativas
a la obligación de tipificar ciertos delitos. En efecto, para la Corte es claro
que la Convención de Viena como tal no consagra ningún delito sino que
establece la obligación de los Estados de definirlos, conforme a su derecho
interno. Por eso, esta sentencia declara la constitucionalidad de la obligación
internacional adquirida por Colombia de tipificar como punibles ciertas
conductas. Pero es obvio que al definir en concreto los delitos, el Estado
colombiano deberá respetar el principio de legalidad, en particular cuando se
establezcan las sanciones previstas por los literales b y c del numeral 4 de
este artículo. Por consiguiente y por la misma razón, la declaratoria de
constitucionalidad de la posibilidad de tipificar los delitos que la Corte
efectúa con respecto a los numerales y literales anteriormente señalados del
artículo 3º no obsta para que en un futuro, cuando el Estado colombiano efectivamente
defina tales delitos, esta Corte pueda revisar la conformidad de los mismos
frente a la Constitución, si tales normas son eventualmente acusadas ante esta
Corporación.
El
artículo 4º relativo a competencia también establece una obligación incondicionada
de extender el concepto de extraterritorialidad de la ley penal que no vulnera
nuestra carta política.
El
artículo 5 relativo a decomiso ya fue analizado y declarado conforme a la
Constitución -con excepción del ordinal 7º- al estudiar la segunda reserva
introducida por el Congreso.
El
artículo 6º regula la extradición y la Corte considera que la correspondiente
reserva y elimina los posibles factores de inconstitucionalidad, a saber la
eventual  la extradición de colombianos por nacimiento.
No
encuentra tampoco tacha de inconstitucionalidad la Corte en las obligaciones no
condicionadas desarrolladas por los artículos 7, 8, 9 y 10 relativos a las
formas de cooperación entre los Estados, siempre que tales normas sean
interpretadas teniendo en cuenta "los principios de la igualdad soberana y
de la integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los
asuntos internos de otros Estados", tal y como lo establece el propio
artículo 2 de la Convención cuando define los alcances de la misma. Los
artículos 12 a 18, con las reservas  relativas al respeto de la soberanía, se
ajustan a la Constitución, así como aquellas disposiciones finales que regulan
los órganos responsables de la Convención y los mecanismos de puesta en marcha
de la misma (ratificación, firma, enmienda, adhesión, denuncia, solución de
controversias, textos auténticos y depositario).
Otras
disposiciones de la Convención establecen en cambio obligaciones condicionadas
o imperativos hipotéticos. Así, la tipificación de los delitos consagrados en
el literal c) del numeral 1º del artículo 3º o la penalización del consumo
(numeral 2º de este mismo artículo) deberá efectuarlas el Estado colombiano
conforme a los principios constitucionales. Esto significa que la obligación de
tipificar los delitos allí señalados no es automática ni se desprende
mecánicamente de la Convención puesto que ella está sujeta, al tenor de la
propia Convención, "a reserva de nuestros principios constitucionales y
los conceptos jurídicos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico".
Igualmente,
el artículo 11 relativo a entrega vigilada, que establece la posibilidad de
utilizar agentes provocadores, es una disposición condicionada por cuanto la
norma precisa que esa obligación de las partes depende de que lo permitan
"los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos
internos". Por eso, la utilización de agentes provocadores deberá
efectuarse de acuerdo a los principios jurídicos consagrados en la Constitución
colombiana y respetando por ende las garantías procesales consagradas en ella.
Esto significa en particular que por medio de la utilización de agentes
encubiertos no podrá el Estado inducir a las personas a cometer conductas
ilícitas para las cuales ellas mismas no estaban predispuestas, puesto que es
obvio que este mecanismo se justifica como mecanismo para comprobar la comisión
de ilícitos y no como un medio para estimular la realización de los mismos.
Lo
anterior significa entonces que en múltiples aspectos la "Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas" o Convención de Viena de 1988 es un texto abierto cuyo
alcance está condicionado por los principios constitucionales de los Estados.
Y, dentro de esos principios esenciales del ordenamiento constitucional
colombiano hay dos que la Corte quisiera destacar por su gran significado para
la interpretación conforme a la Constitución de las obligaciones condicionales
que serían contraídas por el Estado colombiano de ratificarse la presente
Convención. De un lado, el principio medular del respeto a la dignidad humana
como base de nuestro ordenamiento jurídico y el reconocimiento que hace el
Estado colombiano de los derechos inalienables de la persona (CP arts 1º y 5º).
Esto significa entonces que las obligaciones derivadas de la Convención de
Viena no podrán ser interpretadas en ningún caso por las autoridades
colombianas de manera que vulneren los derechos humanos, puesto que ello no
sólo implicaría la violación de la Constitución colombiana sino la nulidad
misma a nivel internacional de la propia Convención por violación de normas
imperativas de derecho internacional o Jus Cogens, como son los tratados de
derechos humanos.
De
otro lado, destaca la Corte el carácter democrático, participativo y pluralista
(art 1 CP) del Estado colombiano, puesto que, conforme a ese principio
esencial, corresponderá a la sociedad colombiana debatir de manera reposada y
libre cual es la política más adecuada para enfrentar el problema de las drogas.
III-
DECISION
En
mérito de los expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero:
Declarar EXEQUIBLE por no ser contraria a la Constitución ni en su
fondo ni en su trámite de expedición la Ley Número 67 de 1993, por medio de la
cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" suscrita en Viena el
20 de diciembre de 1988, salvo los siguientes apartes:
a)
La segunda reserva formulada por el Congreso que se declara INEXEQUIBLE.
b)
La segunda declaración formulada por el Congreso que se declara EXEQUIBLE,
siempre y cuando se incluya en ella que el Estado colombiano se reserva el
derecho de evaluar de manera autónoma el impacto ecológico de las políticas
contra el narcotráfico, puesto que aquellas que tengan efectos negativos sobre
los ecosistemas son contrarias a la Constitución.
c)
La novena declaración es declarada EXEQUIBLE siempre y cuando se precise
que la remisión debe hacerse al inciso 2º y no al 3º del artículo 35 de la
Constitución.
Segundo:
Declarar
EXEQUIBLE la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas", suscrita en Viena
el 20 de diciembre de 1988", teniendo en cuenta que las obligaciones
internacionales derivadas del artículo 3º numeral 1º literal c) y numeral 2º
así como del artículo 11º se contraen a de manera condicionada al respeto de
los principios constitucionales colombianos, y con base en las reservas 1º, 3º
y 4º, así como en las 9 declaraciones formuladas por el Congreso, con las
precisiones efectuadas por la Corte, que hacen compatible la Convención con el
ordenamiento constitucional colombiano, y que el Gobierno de Colombia formulará
al depositar el respectivo instrumento de ratificación de la Convención,
Tercero:
Comuníquese al Gobierno Nacional -Presidencia de la República y Ministerio de
Relaciones Exteriores- para los fines contemplados en el artículo 241 numeral
10 de la Constitución.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE
ARANGO MEJIA
Presidente
ANTONIO
BARRERA CARBONELL          EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                                           Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO                FABIO MORON DIAZ
Magistrado                                                     Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA
V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]Corte Constitucional. C-574. Sentencia del 28 de
octubre de 1992. Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón.
[2]Ver Gaceta del Congreso. 20 de
octubre de 1992, No 113, pp 2 y ss
[3]Gaceta del Congreso No 69. 12 de
abril de 1993. p 9.
[4]Gaceta del Congreso, No 214, 18 de
junio de 1993, p 16.
[5]Gaceta del Congreso No 107,  30 de
abril, pp 1 y ss.
[6]Gaceta del Congreso. No 136,  18 de
mayo de 1993, p 21.
[7]Gaceta del Congreso. No 174, 4 de
junio de 1992, pp 3 y ss.
[8]Certificación del Secretario General
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes incorporada al expediente
(Folio 210).
[9]Gaceta del Congreso No 182,  8 de
junio de 1993, pp 1 y s
[10]Gaceta del Congreso No 237, 19 del
junio de 1993, p 20.
[11]Anzilotti D. Corso di Diritto Internazionali. 4
Ed. Padova , 1955 Citado por M Díez de Velasco. Instituciones de Derecho
internacional Público. (7 Ed) Madrid: Tecnos, 1985. Tomo I p 120
[12] Corte
Suprema de Justicia. Sentencia 69 del 3 de octubre de 1989 en Gaceta Judicial. Tomo 197, Segunda Parte, p 38.
[13]Corte Constitucional. Sentencia C-076-93 del 25 de
febrero de 1993. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Sobre esta
misma distinción, ver también la Sentencia T-460/92 del 15 de julio de 1992.
Magistrado Ponente. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO en Gaceta de la Corte Constitucional. 1992, Tomo 3, pp
459 y ss . Igualmente la sentencia T-568/92 del 23 de octubre de 1992.JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO del 23 de octubre de 1992 en  Gaceta de la Corte
Constitucional. 1992, Tomo 6, p 568.
[14]Ponencia para primer debate del
Proyecto de ley número 192 (Senado) de 1992, "por la cual se aprueba la
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilítico de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 en Gaceta del Congreso, Año II, No
69, 12 de abril de 1993, p 11.
[15]Corte Constitucional, Sentencia T-460
de 1992. Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO en  Gaceta de la Corte Constitucional.
1992, Tomo 3, p  446 y 447.. Sobre la presunción de inocencia ver también Corte
Constitucional., Sentencia C-007/93. Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
GALINDO en Gaceta de la Corte Constitucional. 1993, Tomo 1, pp  118 y
ss.
[16]Corte Constitucional. Sentencia T-006
de 1992. Magistrado Sustanciador Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[17]Instituto Indigenista Interamericano. Informe sobre la
Coca y sus efectos en Bolivia. Mexico: mimeo, 1986 citado por Alejandro Camino
"Coca: del uso tradicional al narcotráfico" en Diego García Sayán
(Ed). Coca, cocaína y narcotráfico,
Laberinto en los Andes. Lima Comisión Andina de Juristas, 1989, p 93
[18]Ver Corte Constitucional. Sentencia No
T-411. Junio 17 de 1992. Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. Gaceta Constitucional No 2, 1992,
pp 260 y ss.
[19]Corte Constitucional. Sentencia
C-058/94 del 17 de febrero de 1994.  Magistrado Ponente Alejandro Martínez
Caballero.
[20]Corte Constitucional. Sentencia
C-069/94 del 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
[21]EISSEN, Marc André. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Editorial Cuadernos Cívitas. Madrid. 1985. pág. 95.
[22] Corte Constitucional. Declaración del 26 de junio de
1992. Gaceta Constitucional. 1992,
Tomo 1, p 45.
[23]Ver Norberto Bobbio. Teoría General del Derecho.
Madrid: Debate, 1992, pp 71 y ss.