T-267-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-267/13
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reglas de procedencia y
procedibilidad conforme a la sentencia C-590/05
DEFECTO
ORGANICO-Configuración
Jurisprudencialmente se ha
determinado, desde los albores de esta corporación, que se está en presencia de
un defecto orgánico en aquellos eventos en los que el funcionario que profiere
determinada decisión, carece de manera absoluta de la competencia para hacerlo.
Se dice que se configura este defecto en aquellas situaciones en las que: (i)
El peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe una
actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa (por ejemplo cuando
una decisión está en firme y se observa que el fallador carecía de manera
absoluta de competencia) (ii) Durante el transcurso del proceso el accionante
puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta, y dicha
situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el desarrollo
de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida
sobre una competencia inexistente.
DEFECTO
ORGANICO-Desconocimiento de los límites temporales y funcionales de la
competencia vulnera debido proceso
La jurisprudencia
constitucional ha establecido que el defecto orgánico tiene un carácter: (i)
funcional, cuando la autoridad judicial extralimita de forma manifiesta el
ámbito de las competencias otorgadas tanto por la Carta Política como por la
ley; o (ii) temporal, cuando los jueces a pesar de contar con ciertas
atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace por fuera del término
consagrado para ello. Por lo anterior, cuando un operador judicial desconoce
los límites temporales y funcionales de la competencia, configura un defecto
orgánico y en consecuencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
DEFECTO FACTICO-Configuración
Esta
corporación ha señalado que se incurre en defecto fáctico en aquellos eventos
en los cuales se omite decretar pruebas necesarias para tomar una decisión en
derecho y justicia, cuando no se aprecia el acervo probatorio, se valora
inadecuadamente o se profieren fallos fundamentados en pruebas irregularmente
obtenidas. La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio
constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que
tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas
al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha
advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de
manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales.
DEFECTO
FACTICO POR LA OMISION EN EL DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS
DEFECTO
FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO
DEFECTO
FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
INCLUSION EN
NOMINA DE PENSIONADOS DEL TRABAJADOR COMO JUSTA CAUSA DE DESVINCULACION-Reseña
histórica y aplicación actual del precedente fijado en sentencia C-1037/03
ESTABILIDAD
LABORAL DE PERSONAS PROXIMAS A PENSIONARSE-Deber del empleador de
garantizar estabilidad del trabajador hasta su inclusión en nómina
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se agotó
recurso extraordinario de casación
INCLUSION EN
NOMINA DE PENSIONADOS DEL TRABAJADOR COMO JUSTA CAUSA DE DESVINCULACION-Trabajador
puede ser desvinculado por el empleador cuando cumple los requisitos de
jubilación, siempre y cuando esté incluido en nómina de pensionado
Referencia:
expediente T-3676921
Acción de
tutela interpuesta por Julián Caballero Núñez contra la Sala Laboral de Descongestión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Quince
Laboral del Circuito de la misma ciudad y, como vinculada, la Universidad
Libre, Seccional Barranquilla.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013)
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla
Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los artículos 33 y
concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión
del fallo dictado el 27 de septiembre de 2012 por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el proferido el 14 de agosto
de 2012 por la Sala de Casación Laboral de esa misma corporación.
I. ANTECEDENTES
El 31 de julio de 2012 el señor Julián
Caballero Núñez, mediante apoderada, interpuso acción de tutela en contra del
Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Segunda Laboral
de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
ciudad, con el fin de lograr la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, mínimo vital, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia; que en su sentir están siendo vulnerados con la
expedición y eventual ejecución de sendas providencias[1] dentro de un proceso
ordinario laboral.
Lo anterior por cuanto, a juicio
del peticionario, las entidades judiciales accionadas erróneamente absolvieron
a la Universidad Libre (ex empleador), sin tener en cuenta que este ente
universitario lo desvinculó sin el cumplimiento de un procedimiento
convencional que le era aplicable y sin el reconocimiento del reintegro e
indemnizaciones correspondientes a su condición de docente.
A
continuación se reseñan los hechos relevantes referidos por la representante
legal del peticionario en el escrito de tutela:
1.1.
Indica que el señor Julián Caballero Núñez nació el 18 de septiembre de
1944, por lo que en la actualidad cuenta con 69 años de edad y se desempeñó
como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional
Barranquilla, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 26 de
marzo de 1979 hasta el 30 de noviembre de 2010.
1.2.
Manifiesta que durante la mayor parte de la relación laboral el señor
Caballero Núñez devengó una asignación mensual de $1.431.947, sin incluir
prestaciones sociales; y a partir del 14 de febrero de 2007 se le designó como
Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad,
con un estipendio mensual de $ 2.221.830.
1.3.
Aduce que el 21 de septiembre de 2010 el accionante fue desvinculado sin
justa causa de la Universidad Libre, Seccional Barranquilla, bajo la causal de
terminación del vínculo laboral dispuesta en el artículo 7°, aparte a), numeral
14 del Decreto 2351 de 1965[2],
desconociendo el pronunciamiento sobre exequibilidad condicionada de la
sentencia C-1443 del 2000[3],
según la cual, era necesario consultar al trabajador si quería seguir laborando
previamente a su desvinculación por reconocimiento de la pensión de jubilación.
1.4.
Expresa que para el momento del despido el señor Caballero Núñez se
encontraba afiliado a la Asociación de Profesores de la Universidad Libre “ASPROUL”,
razón por la cual era beneficiario de las prerrogativas dispuestas en una
Convención Colectiva de Trabajo suscrita desde el 3 de marzo de 2009 entre
dicha Universidad y la asociación.
1.5.
Arguye que en el parágrafo I de la cláusula 21 de la Convención
Colectiva se estableció expresamente el reintegro autónomo para los docentes
que son despedidos sin justa causa cuando no se lleva a cabo previamente el
procedimiento convencional[4].
1.6.
Informa que, en atención al despido, la mandante se vio en la obligación
de iniciar una demanda laboral con el fin de obtener: (i) el reintegro; (ii)
el pago de los salarios, (iii) la cancelación de derechos compatibles
con el clausulado de la convención, (iv) la entrega de las
indemnizaciones correspondientes debidamente indexadas, y (v) la
indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST.
1.7.
Relata que por reparto correspondió conocer del proceso ordinario
laboral, en primera instancia, al Juzgado Quince Laboral del Circuito de
Barranquilla (Plan Piloto de Oralidad), quien mediante sentencia proferida en
audiencia de juzgamiento del 28 de octubre de 2011 absolvió a la Universidad.
En aquel entonces, a juicio del
peticionario, la decisión del juez fue tomada bajo dos fundamentos, a saber: (i)
no se demostró la calidad de docente de tiempo completo y por ende no le era
aplicable la convención; y (ii) no había lugar a aplicarle el
procedimiento convencional al docente toda vez que según lo expresado en el
clausulado de la convención, el mismo solo se realizaba cuando había lugar a la
imposición de sanciones disciplinarias y no como en el caso del señor Caballero
Núñez, cuando se desvinculaba al trabajador invocando como justa causa el
reconocimiento de la pensión de jubilación.[5]
1.8.
Se apeló el fallo y en segunda instancia correspondió a la Sala Segunda
de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, quien mediante
sentencia del 8 de junio de 2012 confirmó la del a quo, bajo similares
fundamentos.
Por lo anterior, el peticionario
acude mediante acción de amparo con el fin de solicitar que se dejen sin
efectos dichas providencias (sentencias del 28 de octubre de 2011 y 8 de junio de
2012) y, en consecuencia, se declare que existió una “vía de hecho” por
“defecto sustantivo o material”[6],
defecto orgánico[7],
defecto fáctico[8]
y desconocimiento del precedente[9],
en razón a que: (i) se dio por terminado el contrato de un docente de carrera
pese a que se encontraba demostrado que el empleador no adelantó el
procedimiento establecido en el parágrafo I de la cláusula 21 de la convención
colectiva de trabajo; (ii) no se obtuvo la autorización del retiro; (iii) no se
efectuó el retiro mediante resolución motivada y; (iv) por cuanto la causal de
despido invocada por la Universidad fue declarada exequible condicionada por la
Corte Constitucional, de manera que, para proceder a su aplicación era
necesario consultar previamente al trabajador, a fin de que ejerciera sus
derechos.[10]
2.     Respuesta
de las entidades demandadas
Mediante auto del 2 de agosto de
2012, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia avocó el
conocimiento del proceso de tutela, vinculó a la Universidad Libre, Seccional
Barranquilla, y dio traslado para la contestación a la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y
al Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad. No obstante,
durante el trámite de la acción de tutela, ninguna de las entidades accionadas
se pronunció.
3. Decisiones objeto de
revisión
3.1.
Primera instancia
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 14 de agosto de 2012, niega
la acción de tutela argumentando que no es aceptable dicha reclamación en
aquellos eventos en los que se evidencia que el peticionario omitió acudir al
recurso de casación para agotar los medios de defensa disponibles en el caso y,
por ende, no se comprueba que existe un perjuicio irremediable.[11]
3.2.
Impugnación
El señor
Julián Caballero Núñez impugna la decisión manifestando su inconformidad con
las afirmaciones de la Sala de Casación Laboral respecto a la obligatoriedad de
agotar el recurso de casación, cuando de acuerdo con el ordenamiento colombiano
dicho recurso es extraordinario.
Indica que el
juez de tutela emitió su decisión sin tener en cuenta el fondo del asunto, es
decir, sin efectuar una debida valoración de la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso, defensa, dignidad y acceso a la administración de justicia.
Precisa que en su caso sí se presenta un perjuicio irremediable, toda vez que
por su edad es considerado un sujeto de especial protección constitucional;
reitera los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela.[12]
3.3.
Segunda Instancia
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 27 de
septiembre de 2012, confirma la sentencia de primera instancia bajo
idéntica argumentación[13].
II.
TRÁMITE DE REVISIÓN
1. Teniendo en cuenta que dentro
del expediente no existía total claridad sobre la forma como se llevó a cabo
tanto la desvinculación del peticionario de su labor docente como el proceso
ordinario laboral objeto de reproche, el Magistrado sustanciador, mediante auto
del catorce (14) de febrero del año en curso, resolvió:
“PRIMERO:
Ordenar al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla-Plan Piloto
de Oralidad, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
recepción del oficio que así lo indique: (i) remita copia íntegra del proceso
ordinario laboral, expediente núm. 08-001-31-05-015-2011-00103-00, promovido
por el señor Julián Caballero Núñez contra la Universidad Libre, junto con las
actuaciones posteriores adelantadas, con destino al expediente de la
referencia; e igualmente, (ii) envíe un informe en el que se precise si para la
fecha de la desvinculación laboral del señor Caballero Núñez se encontraba
incluido en nómina.
SEGUNDO:
Ordenar la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la recepción del oficio que así lo indique, remita copia
íntegra del proceso ordinario laboral, expediente núm.
08-001-31-05-015-2011-00103-00, radicado interno núm. 46.691-E, promovido por
el señor Julián Caballero Núñez contra la Universidad Libre, junto con las
actuaciones posteriores adelantadas. En caso de que no se encuentre en su
despacho, informe a esta corporación en que fecha fue remitido al juzgado de
origen.
TERCERO:
Ordenar a la Universidad Libre, Seccional Barranquilla, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del oficio que
así lo indique remita un informe en el que manifieste en que fecha fue desvinculado
laboralmente el señor Julián Caballero Núñez y si al momento del despido ya
estaba incluido en nómina de pensionados, allegando los soportes pertinentes.
CUARTO:
Ordenar que por Secretaría General de esta corporación se oficie a
Colpensiones para que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la recepción del oficio que así lo indique, informe a esta corporación si
actualmente el señor Julián Caballero Núñez, identificado con cédula de
ciudadanía núm. 7.435.331 de Barranquilla, se encuentra incluido en nomina de
pensionados. De ser así, indique desde que fecha fue incluido y la cuantía de
la pensión recibida, allegando los soportes pertinentes.”
2. Respuesta a
la solicitud de pruebas
En el término
previsto, la Universidad Libre, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Quince Laboral del
Circuito (Plan Piloto de la Oralidad), allegaron el material probatorio
solicitado y se pronunciaron respecto a los informes requeridos por esta
corporación. A continuación se relacionan las pruebas más relevantes aportadas
al expediente:
·
Copia parcial del proceso ordinario laboral promovido por el
señor Julián Caballero Núñez en contra la Universidad Libre[14], sobre el cual se alega
la posible existencia de una “vía de hecho”.[15]
·
Copia de la resolución núm. 020815 del 14 de octubre de 2008,
expedida por el Instituto de Seguros Sociales, por medio de la cual se le
reconoció la pensión de vejez al señor Julián Caballero Núñez y se dejó en
suspenso su inclusión en nómina. [16]
·
Copia de la resolución núm. 21729 del 21 de octubre de 2009,
expedida por el Instituto de Seguros Sociales, por medio de la cual se modifica
la resolución núm. 020815 del 14 de octubre de 2008[17], y se incluye en nómina
de pensionados al señor Julián Caballero Núñez, a partir del mes de noviembre
de 2009, reconociéndole una mesada de cinco millones cuatrocientos ochenta y
cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos ($5.485.794).[18]
El análisis de
dichos documentos se realizará con posterioridad, en el caso concreto.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación
del caso
El
señor Julián Caballero Núñez interpone acción de tutela en contra de la Sala
Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla y el Juzgado Quince Laboral del Circuito (Plan Piloto de
Oralidad) de la misma ciudad, al considerar que dichas entidades judiciales le
están vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital,
seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia, al haber proferido
sendas providencias negando sus pretensiones dentro de un proceso ordinario
laboral.
Para
aquel entonces el peticionario pretendía el reintegro laboral y el pago de una
indemnización, en razón a que en su criterio, había sido desvinculado
ilegalmente al haberse omitido el desarrollo del proceso convencional
establecido, y al haberse obviado la consulta previa a su retiro como docente.
A
juicio del peticionario, durante el proceso ordinario laboral se incurrió en
varias de las causales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales: (i) defecto material o sustantivo, (ii) defecto
fáctico, (iii) defecto orgánico y (iv) desconocimiento del precedente.
Durante
el trámite de tutela se vincula a la Universidad Libre y se le da traslado
junto con las accionadas para la contestación. Sin embargo, todas guardan
silencio.
Tanto en primera como en segunda
instancia, se niega la solicitud de amparo con fundamento en que no es
procedente en aquellos eventos en los que se omite agotar el recurso
extraordinario de casación.
3.
Planteamiento del problema
jurídico
De acuerdo con los presupuestos
fácticos anteriormente reseñados, corresponde a la Sala de Revisión determinar,
en primer lugar, si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, para luego examinar si la Sala
Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla y el Juzgado Quince Laboral del Circuito -Plan Piloto de Oralidad-
de la misma ciudad, vulneraron el derecho al debido proceso del peticionario e
incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico, orgánico y desconocimiento del
precedente, al haberle negado las pretensiones de reintegro y pago de indemnización
por despido injusto.
Para resolver los anteriores
problemas jurídicos se abordarán como ejes temáticos, en primer lugar, las causales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales;
enseguida se expondrá brevemente lo referente a la consulta del trabajador
cuando se desvincula por cumplir los requisitos de jubilación; y por último se
analizará el caso concreto.
4. Causales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia.[19]
4.1. En la Sentencia C-543
de 1992 esta corporación declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991. Dicha decisión significó la excepcionalidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales cuando quiera que estas configuren una
“actuación de hecho”. La Corte sostuvo, en atención a los principios de
autonomía judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada, que sólo bajo esa
condición era posible evidenciar la amenaza de los derechos fundamentales por
parte de los operadores jurisdiccionales. La sentencia en comento expresó lo
siguiente:
“Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus
providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se
ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización
de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de
las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco
cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia”.
Conforme con tal
razonamiento, a partir de la sentencia T-079 de 1993 se empezaron a desarrollar
los criterios de procedibilidad excepcional que rigen la acción de tutela en
contra de las providencias que dictan los diferentes operadores judiciales.
Para ello ha sido necesario precisar un conjunto de causales
constitucionalmente relevantes, adscritas al goce efectivo de los derechos
fundamentales en los diferentes trámites de carácter jurisdiccional.
En las primeras decisiones
sobre el tema esta corporación enfatizó y definió que el punto en el que giraba
la viabilidad del examen de las decisiones judiciales a través de la tutela lo
constituía la “vía de hecho”, definida como el acto absolutamente
caprichoso y arbitrario, producto de la carencia de fundamentación legal y
constitucionalmente relevante. [20]
4.2. No obstante, la
experiencia acumulada a partir de los diferentes casos atendidos por las Salas
de Revisión de la Corte Constitucional, dio un impulso a la jurisprudencia
avanzando hacia los denominados “criterios de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales”. Al respecto la sentencia T-949 de
2003 señaló lo siguiente:
“Esta
Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de
eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación
sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86,
228 y 230 C.P.).
En
esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho”
por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido
por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con
tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y
la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado.”
La sistematización de los
criterios a partir de los cuales es posible justificar la procedencia de una
tutela contra una decisión judicial ha generado varias obligaciones específicas
en cabeza de los operadores. En efecto, en paralelo a su deber de aplicar la ley
y de dar alcance a las pruebas que hayan sido aportadas legalmente dentro del
proceso, la jurisprudencia ha rescatado la obligación de respetar los
precedentes, así como guardar armonía entre su discrecionalidad interpretativa
y los derechos fundamentales[21].
Cada una de dichas pautas ha llevado a que esta corporación adscriba al
ejercicio jurisdiccional el compromiso de argumentar suficientemente cada una
de las decisiones y también de ponderar con claridad los valores superiores que
se encuentren en disputa.
4.3. Sumado a lo anterior,
la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que existen unos requisitos
generales de procedencia de la acción, que hacen las veces de presupuestos
previos a través de los cuales se determina la viabilidad del examen
constitucional de las providencias. En la sentencia C-590 de 2005 se hizo un
ejercicio de sistematización sobre este punto y se indicaron como requisitos
los siguientes:
(i). Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional.
(ii). Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. [22]
(iii). Que se cumpla el requisito de la
inmediatez.
(iv). Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[23].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-590 de 2005,
si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal
como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
(v). Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos violentados y
que hubiere alegado dicha situación en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[24].
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.[25]
4.4  . Evacuados dichos
elementos, se estableció que además de los presupuestos generales resulta
necesario acreditar la existencia de por lo menos una causal o defecto específico
de procedibilidad. La Sentencia C-590 de 2005 enunció los vicios que son
atendibles a través de la acción de tutela de la siguiente manera:
“25.  Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
“c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[26]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“f.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
“g.  Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[27].
“h.  Violación
directa de la Constitución.” (Subrayas fuera del texto original.)”.
Posteriormente, la sentencia en
comento advirtió que la sistematización de los defectos sirve como herramienta
base para definir la existencia de un fallo judicial ilegítimo. En efecto, en
la sentencia C-590 de 2005 se afirmó que los anteriores vicios “involucran
la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.”.
4.5. En conclusión, dichos criterios
constituyen el catálogo mínimo a partir del cual es posible justificar de
manera excepcional si procede o no, la tutela contra providencias judiciales.
A continuación se efectuará una
exposición de lo referente a los requisitos específicos denominados defecto
orgánico, defecto fáctico, defecto material o sustantivo y desconocimiento del
precedente. Lo anterior, debido a que fueron éstos los defectos alegados por el
peticionario.
5. Defecto
orgánico
El artículo 29 superior[28] fija en su
inciso segundo la garantía constitucional del juez natural[29], a partir de la cual se
establece quién es el idóneo por designio constitucional o legal, de asumir el
conocimiento de determinados asuntos. En esa medida, se instaura como derecho
fundamental la garantía de que las personas solo puedan ser juzgadas por el
competente previamente fijado, en atención a que, de un lado, toda competencia
debe ser reglada, y de otro, por cuanto este es uno de los fundamentos del
derecho al debido proceso.
Con apoyo en este precepto
constitucional, jurisprudencialmente se ha  determinado, desde los albores de
esta corporación[30],
que se está en presencia de un defecto orgánico en aquellos eventos en los que
el funcionario que profiere determinada decisión, carece de manera absoluta
de la competencia para hacerlo. Se dice que se configura este defecto en
aquellas situaciones en las que:
(i)
El peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe
una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa (por ejemplo
cuando una decisión está en firme y se observa que el fallador carecía de
manera absoluta de competencia)[31]
(ii)
Durante el transcurso del proceso el accionante puso de presente las
circunstancias de incompetencia absoluta, y dicha situación fue desechada por
los jueces de instancia, incluso en el desarrollo de recursos ordinarios y
extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia
inexistente[32].
Al respecto la sentencia T-446 de 2007 dispuso lo siguiente:
“Este
criterio de procedibilidad se configura cuando la autoridad que dictó la
providencia carecía, en forma absoluta, de competencia para conocer de un
asunto. Así entonces, es necesario precisar que cuando los jueces desconocen su
competencia o asumen una que no les corresponde, sus decisiones son
susceptibles de ser excepcionalmente atacadas en sede de tutela, pues no
constituyen más que una violación al debido proceso”.
Asimismo, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que dicho defecto tiene un carácter: (i) funcional,
cuando la autoridad judicial extralimita de forma manifiesta el ámbito
de las competencias otorgadas tanto por la Carta Política como por la ley; o
(ii) temporal, cuando los jueces a pesar de contar con ciertas
atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace por fuera del término
consagrado para ello[33].
Así lo advirtió la Corte en la sentencia T-929 de 2012:
“La extralimitación de la esfera de competencia atribuida
a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se produce
cuando ‘los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les
corresponde’ y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamientos
por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan
determinadas actuaciones.”[34]
De lo anterior se desprende que
cuando un operador judicial desconoce los límites temporales y funcionales de
la competencia, configura un defecto orgánico y en consecuencia vulnera el
derecho fundamental al debido proceso[35].
6. Defecto fáctico
Esta
corporación ha señalado que se incurre en defecto fáctico en aquellos eventos
en los cuales se omite decretar pruebas necesarias para tomar una decisión en
derecho y justicia, cuando no se aprecia el acervo probatorio, se valora
inadecuadamente o se profieren fallos fundamentados en pruebas irregularmente
obtenidas.
La jurisprudencia ha reconocido,
a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el
amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las
pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica[36]; no
obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede
ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos
fundamentales.
En efecto, en atención a las
pautas constitucionales y en aras de evitar cualquiera de las fórmulas
adscritas al defecto fáctico, al operador judicial le corresponde
adoptar al momento de adelantar el estudio del material probatorio: “criterios
objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas,
y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de
justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de
pruebas debidamente recaudadas”.[37]
De manera semejante, en la
Sentencia T-233 de 2007 se estableció que el defecto fáctico tiene dos
dimensiones, una positiva y otra negativa. En cuanto a la dimensión positiva,
se presenta cuando la autoridad aprecia pruebas que no ha debido admitir, por
haber sido indebidamente recaudadas, desconociendo de manera directa la
Constitución. En relación con este aspecto se indicó:
“La dimensión
positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta
cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya
ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y
valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada,
recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio,
concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional,
esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos
constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta
de derechos fundamentales.”
En cuanto a la dimensión negativa
del defecto fáctico, la sentencia T-233 de 2007 estableció que se manifiesta
cuando el funcionario judicial niega o valora la prueba de manera arbitraria,
irracional y caprichosa u omite su evaluación, y sin razón valedera da por no probado
el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes
para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Sobre el
particular esta corporación expuso:
“El juez, en el
ejercicio de su facultad de valoración, deja de apreciar una prueba fundamental
para la solución del proceso, ignora sin razones suficientes elementos
probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis ostensiblemente
deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del elemento probatorio.”
Bajo
este marco, el defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y
la práctica de las pruebas; la omisión en el examen del acervo probatorio y el
desconocimiento de las reglas de la sana crítica[38]. Por último, la Corte
también lo ha llegado a derivar de problemas intrínsecos relacionados con los
soportes probatorios[39].
A continuación se refieren algunos ejemplos citados en la sentencia T-747 de
2009 que a su vez fueron tomados de la T-902 de 2005 y que ilustran los casos
en los que se presenta el defecto fáctico en sus distintas dimensiones:
a.
Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica
de pruebas
Según las
mencionadas sentencias, se incurre en ese tipo de defecto cuando el funcionario
judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual impide una debida
conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido. En diversas providencias se ha precisado
el alcance de esta modalidad de defecto fáctico. Así en la sentencia SU-132 de
2002 la Sala Plena sostuvo:
“La negativa a
la práctica o valoración de un medio probatorio por un juez dentro del proceso
que dirige, puede estar sustentada en la ineficacia de ese medio para cumplir
con la finalidad de demostrar los hechos en que se soporta una determinada
pretensión, toda vez que constituye un derecho para todas las personas
presentar pruebas y controvertir las que se presenten en su contra. La Corte se
pronunció en este sentido en la Sentencia T-393 de 1994 y manifestó que “...la
negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que
ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso
o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos
notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (Arts.
178 C. P. C. y 250 C. P. P.); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia,
inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente
analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el
rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación
del derecho de defensa y del debido proceso”.
b.
Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio
Se presenta cuando el funcionario judicial omite considerar elementos
probatorios que constan en el proceso, no los advierte o simplemente no los
tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso concreto,
resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución
del asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente.
Entre las decisiones en las
cuales se constató esta modalidad de defecto fáctico, se encuentra por ejemplo
la sentencia T-814 de 1999. En esa oportunidad esta corporación resolvió un
caso en el cual los jueces de lo contencioso administrativo no advirtieron ni
valoraron, para efectos de resolver una acción de cumplimiento impetrada contra
la Alcaldía de Cali, el material probatorio debidamente allegado al proceso.
Esta situación a juicio de la Sala de Revisión, constituyó una vía de hecho por
defecto fáctico.
En la sentencia T-902 de
2005, con ocasión de la revisión de una acción de tutela incoada contra la
sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, la Corte Constitucional
encontró que se configuraba un defecto fáctico por ausencia de valoración
probatoria, debido a que no se habían examinado en segunda instancia pruebas
documentales decisivas para resolver las pretensiones de la demandante. [40]
Con posterioridad, en la
sentencia T-162 de 2007, la Sala Primera de Revisión decidió la tutela
impetrada contra una providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda en un proceso de reparación directa. El órgano judicial, si bien
había declarado administrativamente responsable al Seguro Social por el
fallecimiento una persona, en la providencia cuestionada no había reconocido
perjuicios materiales porque, a su juicio, no se habían aportado pruebas
concluyentes sobre la actividad económica del occiso. Consideró la Sala de
Revisión que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda
desconocía pruebas debidamente aportadas al proceso y adicionalmente se
apartaba de las reglas de la sana crítica.
c.
Defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio
Tal situación se presenta
cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando existiendo pruebas ilícitas no
las excluye y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.
También se configura en hipótesis de incongruencia
entre lo probado y lo resuelto, como sucedió por ejemplo en el caso de la
sentencia T-450 de 2001, en el que un juez de familia, en contravía de la evidencia
probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió aumentar la cuota alimentaria
al demandado.
Igualmente tienen cabida en
el supuesto bajo estudio los eventos en los cuales el juez de conocimiento da
por probados hechos que no cuentan con soporte dentro del proceso. Un caso de
esta naturaleza fue examinado por la Sala Séptima de Revisión en la sentencia
T-1065 de 2006, en la cual se cuestionaba, por vía de tutela, la providencia
proferida por un Tribunal de Distrito mediante la cual se denegaba el reconocimiento
de una pensión de invalidez al actor, debido a que se había dado por acreditado
sin estarlo, el pago de la indemnización sustitutiva.
En la sentencia T-458 de
2007 la Sala Octava de Revisión examinó la acción interpuesta contra una
decisión proferida por una jueza de menores, mediante la cual decidía la
cesación del procedimiento en una investigación que se adelantaba por un
supuesto delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir,
cuya presunta víctima era una menor de edad. Estimó la Sala de Revisión que la
providencia atacada en sede de tutela se configuraba un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, porque desconocía el alcance de un dictamen
pericial rendido dentro del proceso.
En conclusión, es procedente una
acción de tutela por defecto fáctico cuando se observa que la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es
manifiestamente equivocada o arbitraria, ya sea porque se omite solicitar una
prueba fundamental en el juicio, porque estando la prueba dentro del proceso no
se valora, o porque pese a que es examinada dicha prueba se hace de manera
defectuosa.
7. Desconocimiento
del precedente como causal específica de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia.[41]
7.1.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de
independencia y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la
realización de otros valores constitucionales (artículo 2 Superior[42]).
Es así como,
en materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de
igualdad (artículo 13 de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la
ley sino también de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales,
garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la autonomía e independencia
de los jueces el respeto por el precedente[43].
7.2. Bajo este orden de ideas, la
Corte Constitucional ha precisado que el desconocimiento del precedente
constituye un requisito o causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela[44]
y ha sido enfática en afirmar que el juez no sólo está vinculado por el
artículo 13 superior, sino también que su autonomía está limitada por la
eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso[45].
En el mismo sentido esta
corporación ha señalado que el respeto y coherencia con sus propias decisiones
es un deber de obligatorio cumplimiento del funcionario judicial y no una
simple facultad discrecional, aclarando que hay al menos cinco razones que
explican dicha postura:
“i) el
principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a
algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la
misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el
principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones
jurídicas cierto grado de seguridad jurídica y previsibilidad de la
interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí
debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) la autonomía judicial no
puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la
interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado
de Derecho; iv) los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la
administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues
existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de
racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia
a su interior.”
7.3. No
obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha admitido la
posibilidad de que un juez se aparte de su propio precedente o del precedente
de su superior jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las
razones de su posición (principio de razón suficiente)[46]. Al respecto la Corte,
en Sentencia T-292 de 2006, expresó:
“En
este sentido, el juez puede apartarse tanto de los precedentes horizontales
como de los precedentes verticales; pero para ello debe fundar rigurosamente su
posición y expresar razones contundentes para distanciarse válidamente de los
precedentes vinculantes. Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el
precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte. Sin embargo,
existen otras razones válidas para apartarse del precedente, señaladas por la
propia Corte.
…
cuando los hechos en el proceso en estudio se hacen inaplicables al precedente
concreto o cuando ‘elementos de juicio no considerados en su oportunidad,
permiten desarrollar de manera más coherente o armónica la institución
jurídica’ o ante un tránsito legislativo o un cambio en las disposiciones
jurídicas aplicables, circunstancias que pueden exigir una decisión fundada en
otras consideraciones jurídicas. Ante estas posibilidades, se exige que los
jueces, en caso de apartarse, manifiesten clara y razonadamente, con una carga
argumentativa mayor, los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.”
7.4. En este
punto conviene precisar que el precedente judicial puede ser: (i) horizontal,
cuando hace referencia a aquel sentado por autoridades judiciales con la misma
jerarquía institucional, o (ii) vertical, que es el fijado por las autoridades
judiciales con atribuciones superiores[47].
Ahora bien,
tratándose de los magistrados que hacen parte de un mismo cuerpo colegiado,
esta corporación ha indicado que también pueden apartarse de su propio
precedente o del de otra Sala, siempre y cuando expongan en su decisión los
argumentos razonables que sirvieron de fundamento para ello, resguardando de
esta forma tanto las exigencias de igualdad como las garantías de independencia
judicial, aclarando que para tal efecto el funcionario debe: “i) referirse
al precedente anterior y ii) ofrecer un argumento suficiente para el abandono o
cambio si en un caso se pretende fallar en un sentido contrario al anterior en
situaciones fácticas similares, a fin de conjurar la arbitrariedad y asegurar
el respeto al principio de igualdad”[48].
7.5. De igual
manera, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el precedente
judicial[49]
vinculante se conforma por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta
y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico bajo análisis[50]. Sobre el
particular, esta Corte en Sentencia T-158 de 2006, sostuvo:
“43.- Por
ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso
pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del
pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado,
(ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación.”
En idéntico
sentido, en Sentencia T- 292 de 2006, se dijo:
“En este
sentido, en el análisis de un caso deben confluir los siguientes elementos para
establecer hasta qué punto el precedente es relevante o no:
i. En la
ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso
a resolver posteriormente .
ii. La
ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante.
iii. Los
hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación
similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto
de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente.”
7.6. De otra
parte, se ha afirmado que el defecto por desconocimiento del precedente
constitucional encuentra sustento en: (i) la importancia de la
Constitución y su carácter normativo, que irradia todo el sistema jurídico
colombiano y (ii) en las funciones que el mismo estatuto en su artículo
241 asigna a la Corte Constitucional (guarda de la supremacía y la integridad
de la Carta), en virtud de las cuales las decisiones de ese tribunal
constituyen fuente de derecho para los demás operadores jurídicos[51]. Sobre este
último punto la Corte, en Sentencia T-292 de 2006, expuso lo siguiente:
“La Corte Constitucional, como órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional, tiene precisamente atribuciones jurídicas para
asegurar que los mandatos de la Carta sean eficaces y prevalezcan en nuestro
ordenamiento. Al ser la responsable de mantener la integridad y supremacía de
la norma superior, sus  determinaciones resultan ser fuente de derecho para las
autoridades y particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales
establece interpretaciones vinculantes de los preceptos de la Carta. La
interpretación de la Constitución, - que por demás permite materializar la
voluntad del constituyente[52]
-, tiene  por consiguiente, como propósito principal, orientar el ordenamiento
jurídico hacia los principios y valores constitucionales superiores. No
reconocer entonces el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, sea
por desconocimiento, descuido, u omisión, genera en el ordenamiento jurídico
colombiano una evidente falta de coherencia  y de conexión concreta con la
Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la
normatividad y la Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y
afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y
eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”
Ahora
bien, se hace necesario aclarar que los criterios expuestos en relación con el
valor y alcance del precedente aplican tanto para sentencias de
constitucionalidad como para las de tutela adoptadas
en sede de revisión.
En el caso de los fallos de
constitucionalidad, el carácter obligatorio se desprende de: (i) sus efectos erga
omnes y de la cosa juzgada constitucional; y (ii) lo consagrado
expresamente en el artículo 243 superior, según el cual los contenidos
normativos que la Corte declara contrarios a la Constitución no pueden ser
reproducidos por ninguna otra autoridad[53].
Bajo este contexto, esta
corporación ha sostenido que la jurisprudencia sentada en los fallos de
constitucionalidad se desconoce cuando: (i) se aplican disposiciones legales
que han sido declaradas inexequibles o (ii) no se tiene en cuenta su ratio
decidendi[54].
Al respecto, este tribunal, en Sentencia T-1112 de 2008, precisó:
“La Corte
ha considerado que una decisión judicial que desconozca los pronunciamientos
que emite la Corte en el conocimiento de demandas de inconstitucionalidad,
tanto en las decisiones de inexequibilidad como en la ratio decidendi de las
decisiones de exequibilidad, adolece de un defecto sustantivo pues desconoce el
derecho vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las
cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa la Corte Constitucional[55].
En el evento en que un juez desconozca abiertamente un
precedente constitucional, la sentencia judicial ciertamente incurrirá en un
defecto que la separa de la coherencia orgánica con la Constitución. En ese
caso, la decisión judicial puede verse avocada a una acción de tutela contra
providencias judiciales por defecto sustantivo, llamada genéricamente vía de
hecho, en el evento en que se aparte ‘de las pautas de obligatorio cumplimiento
fijadas por esta corporación como su intérprete autorizado’[56].”
En relación con las sentencias de
tutela proferidas por las Salas de Revisión, el respeto por la ratio
decidendi en ellas contenidas se explica por: (i) la labor de guarda (artículo 241 Constitución Política) y de garantía de
vigencia de los derechos fundamentales (artículo 86, inciso 2º, de la misma
Carta), que está en cabeza de la Corte Constitucional; y (ii) la cualidad de la
cosa juzgada constitucional de la que gozan[57].
De igual
forma, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el carácter vinculante
de los fallos de tutela dictados en sede de revisión es necesario “para
lograr una concreción del principio de igualdad en la aplicación de las leyes”[58] y unificar
la interpretación constitucional de los derechos fundamentales. En tal sentido,
esta corporación en Sentencia T-292 de 2006, afirmó:
“La razón
del valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, es como se
dijo, asegurar la unidad en la interpretación constitucional en el ordenamiento
y un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, por parte de las
autoridades judiciales, que asegure la seguridad jurídica. Precisamente, sobre
el tema ya se había pronunciado también la sentencia C-104 de 1993, en la que
se comentó que con respecto al  acceso a la justicia, el artículo 229 de la
Carta debía ser concordado con el artículo 13 de la Constitución, en el
entendido de que ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica, ‘no sólo
la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el
idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse, por parte de los jueces y
tribunales ante decisiones similares’.
Por las
razones anteriores, puede concluirse que en materia de tutela, - cuyos efectos
ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del
alcance de la revisión constitucional[59]
-, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las
autoridades[60].
La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la
función que cumple la Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es
otra que la de ‘homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos
fundamentales’[61]
a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela
(artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los
precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y
armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser  las normas
de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal
constituye una exigencia inevitable. De no aceptarse este principio, la
consecuencia final sería la de restarle fuerza normativa a la Constitución[62],
en la medida en que cada juez podría interpretar libremente la Carta, desarticulando
el sistema jurídico en desmedro de la seguridad jurídica y comprometiendo
finalmente la norma superior, la confianza legítima  en la estabilidad de las
reglas jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las personas.”
De lo anterior se infiere que el
desconocimiento de la doctrina contenida en las decisiones de revisión de
tutela conlleva a la vulneración de los principios de igualdad en la aplicación
de la ley, confianza legítima, y unidad y coherencia del ordenamiento[63].
Sin embargo, la Corte también ha precisado que, como la “práctica
jurisprudencial saludable no puede basarse en la petrificación de determinadas
decisiones o concepciones, el principio de autonomía funcional del juez implica
que éste puede separarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando ‘(…)
encuentre razones debidamente fundadas que le permitan separarse de él,
cumpliendo con una carga argumentativa encaminada a mostrar que el precedente
es contrario a la Constitución, en todo o en parte’(Sentencia T-292 de 2006)”
[64].
De lo hasta aquí expuesto se
puede concluir que a situaciones fácticas iguales corresponde la misma solución
jurídica, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes
para apartarse del precedente.
8.
Defecto material o sustantivo [65]
Existe un defecto
material o sustantivo en la decisión judicial cuando la actuación
controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable[66],
ya sea porque (i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones
de ley[67],
(ii) es inconstitucional[68],
(iii) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con
los presupuestos del caso[69].
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma[70], el cual
puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución[71].
Se
considera igualmente defecto sustantivo (v) el hecho que la providencia
judicial tenga problemas determinantes relacionados con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos
fundamentales[72];
o (vi) cuando se desconoce el precedente judicial[73] sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación que hubiese permitido una decisión diferente si se
hubiese acogido la jurisprudencia,[74]
entre otros.
Respecto de la
necesidad de argumentar suficientemente las decisiones judiciales, la sentencia
T-1130 de 2003 fijó unos parámetros mínimos de carácter hermenéutico que,
aunque limitan la autonomía del juez, aseguran el carácter público, objetivo y
justo de cualquier determinación[75].
Al respecto la precitada providencia indica que la decisión del juez debe ser “razonable”
entendiéndose como tal, el hecho de que el funcionario jurídico cuando profiere
una providencia debe ofrecer un mínimo de argumentación suficiente de manera
que su conclusión sea acorde con la norma aplicada al caso concreto, ya que de
lo contrario, es decir, de no observarse el mínimo argumentativo requerido “se
está ante un ejercicio hermenéutico indebido, que sólo pretende incluir en la
decisión “las simples inclinaciones o prejuicios de quien debe resolver el
asunto”[76].
Obviamente,
debido a su vínculo con la autonomía de los jueces, la Corte ha advertido que
la valoración que se puede efectuar en sede de tutela en relación con la
argumentación que presentan los jueces tiene un carácter restringido. En la
sentencia T-233 de 2007 se abordó esta prevención de la siguiente manera:
“(…) la
motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde
analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo
que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no
encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del
principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de
interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la
argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en
últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión
judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte
reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los
casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”. (Subrayado fuera de texto original).
Lo que se concluye es que en
materia de decisiones judiciales el ámbito de cuestionamiento en sede de tutela
se restringe a aquellos eventos en los que se evidencia una argumentación
defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al punto que se torna
arbitraria.
9. La inclusión en nómina de pensionados del trabajador como justa
causa de desvinculación. Breve reseña histórica y aplicación actual del deber
del empleador de garantizar la estabilidad al trabajador próximo a pensionarse,
hasta su inclusión en nómina.
9.1. El artículo 62 del Código
Sustantivo de Trabajo, subrogado por el Decreto 2351 de 1965, señaló que son
justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo:
“TERMINACIÓN
DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. Son justas causas para dar por terminado
unilateralmente el contrato de trabajo:
a) Por
parte del patrono:(…)
14. El
reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al
servicio de la empresa.”
9.2. En su momento, frente a esta
justa causa de despido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia expresó[77]:
“Lo que la
ley instituye como justa causa de terminación unilateral del contrato de
trabajo es el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación por
parte del patrono o de la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros
Sociales. Ese reconocimiento equivale al otorgamiento de la pensión, y no puede
confundirse con el simple cumplimiento de los presupuestos legales que dan
derecho a exigirla o imponen la obligación de reconocerla y pagarla. El
propósito inequívoco del legislador fue el de que no existiera solución de
continuidad entre la cesación en el pago del salario y el comienzo del pago de
la pensión y por ello exigió que el reconocimiento se efectuase antes de que se
produjera la desvinculación del trabajador(…).”
Como puede verse de lo anterior,
en el numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, quedó
consagrado el reconocimiento de la pensión como justa causa de despido, pero
bajo la condición de garantizar la continuidad del pago de la mesada pensional
ante la cesación de la cancelación del salario. De ello se derivaba que lo
relevante en aquel entonces era proteger el mínimo vital del trabajador.
9.3. Con el advenimiento de la
ley 100 de 1993, surgieron inquietudes sobre la nueva interpretación que debía
darse a lo dispuesto por el numeral aludido[78],
el cual debía armonizarse con los señalado en el parágrafo 3 del artículo 33 de
la Ley de seguridad social, que al respecto ordenó:
“Para tener
derecho a obtener a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las
siguientes condiciones: //1. haber cumplido cincuenta y cinco (55) años
de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.// 2.
haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo. // (…)//
PARÁGRAFO 3. No obstante el requisito establecido en el
numeral dos (2) de este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente,
podrá seguir trabajando y cotizando durante 5 años más, ya sea para
aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuere el
caso” (subrayado fuera del texto original)
El anterior precepto concedía al
trabajador la opción de seguir cotizando durante cinco años más, lo que
introducía un elemento nuevo en el debate, ya que en la justa causa del numeral
14 del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo no figuraba esta opción.
9.4. Dicha concepción fue acogida
en múltiples ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral. Así, por ejemplo, en la sentencia del ocho (8) de octubre de mil
novecientos noventa y nueve (1999), radicada bajo el núm. 11.832, se estudió un
caso relacionado con el retiro de un trabajador con justa causa por el
cumplimiento de los requisitos para pensionarse. Para aquel entonces, la Sala
de Casación Laboral señaló que solo tenían efecto aquellos trámites de la
pensión que eran adelantados por el empleador, cuando los mismos gozaban del
consentimiento del trabajador con el fin de brindarle la posibilidad a este
último, de oponerse o manifestarse sobre si quería o no continuar trabajando
como lo permitía el parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 100 de 1993.
Lo señalado en la providencia
antes indicada estaba vinculado con la facultad que otorgaba al trabajador el
parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 100 de 1993; si bien dicho precepto
confería al trabajador la prerrogativa de continuar trabajando cinco años más,
no obstante haber cumplido los requisitos para la pensión, no podía el
empleador tramitar a su voluntad la pensión sin consultarle previamente al
trabajador si quería o no hacer uso de la facultad que le confería la ley.
Dentro del contexto anterior, se
hacía imperioso elevar por parte del empleador la correspondiente consulta al
trabajador; y es por ello que en la referida sentencia 11832 de 1999 se citaron
de manera expresa las disposiciones del parágrafo 3 del artículo 33 de la ley
de 1993 y el artículo 19 del Decreto reglamentario 692 de 1994.[79]
Lo anterior sirve para corroborar
que la orden de consultar al trabajador si deseaba o no seguir trabajando y
cotizando surge como consecuencia de la prerrogativa concedida por el parágrafo
3 de la ley 100 de 1993.
9.5.
Posteriormente, en el año 2000, se presenta ante esta corporación una demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 62,
subrogado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1967, numeral 14, del Código
Sustantivo del Trabajo[80],
analizada mediante la sentencia C-1443 de ese año.
En esa oportunidad, el actor consideraba que la expresión
demandada, violaba los artículos constitucionales que garantizaban la
protección al trabajo en condiciones dignas y justas (arts. 25 y 53), al buen
nombre, a los principios de buena fe e igualdad (art. 13 de la C.P.), al
permitir al empleador dar por terminado el contrato de trabajo por justa
causa, cuando al trabajador se le reconocía la pensión de jubilación, estando
al servicio de la empresa.
Para el
análisis de la situación la Sala Plena de la Corte Constitucional realizó un
recuento histórico de los pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en los cuales se había establecido la obligatoriedad de la
consulta al trabajador, indicando que la expresión demandada se debía declarar
exequible bajo el condicionamiento de que previo a la desvinculación unilateral
se le debía consultar si deseaba hacer uso de la facultad prevista en el
artículo 33 del parágrafo 3 de la Ley 100 de 1993, la cual daba la posibilidad
al trabajador de seguir laborando hasta por 5 años más. Para mayor claridad, a
continuación se transcribe la parte resolutiva de la sentencia:
“Declarar EXEQUIBLE la expresión demandada del
numeral 14 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, bajo la condición señalada
en esta sentencia. Es decir, que el empleador cuando el trabajador haya
cumplido los requisitos para obtener su pensión, no puede dar por terminado el
contrato de trabajo, en forma unilateral, por justa causa, si previamente al
reconocimiento de la pensión de jubilación, omitió consultar al trabajador si
deseaba hacer uso de la facultad prevista en el artículo 33, parágrafo 3, de la
Ley 100 de 1993. Bajo cualquier otra interpretación, se declara inexequible.”
De lo anterior se aprecia con claridad que la intención de
la Corte fue declarar la norma como exequible, bajo el entendido de que el
contrato de trabajo no podía darse por terminado si no se consultaba antes al
trabajador sobre el hecho de si deseaba hacer uso de la prerrogativa del
parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 100 de 1993.
De igual manera, la consulta que debía elevarse al
trabajador, surgía con ocasión de la prerrogativa señalada en el parágrafo 3
del artículo 33 de la ley 100 de 1993. Ello quiere decir que no era a causa de
la jurisprudencia que se creaba la regla general, señalando que debía consultarse
a los trabajadores si deseaban o no retirarse de la empresa con ocasión del
cumplimiento de los requisitos para la pensión, sino que era como desarrollo de
lo establecido en el aludido parágrafo (integración normativa), que
jurisprudencialmente se consideró que para que tal prerrogativa no quedara en
letra muerta, la única manera era señalar que debía elevarse la consulta al
trabajador sobre su deseo o no de continuar cotizando durante cinco años más.
9.6. Más adelante se profiere la Ley 797 de 2003, que con
su artículo 9 modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y suprimió el
parágrafo que concedía al trabajador la oportunidad de quedarse 5 años más
cotizando luego de cumplir los requisitos de jubilación. Frente a este punto el
referido parágrafo estableció lo siguiente:
“PARÁGRAFO 3°: Se considera justa causa para dar por
terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el
trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador
podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o
reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las
administradoras del sistema general de pensiones.
Transcurridos
treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con
los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si
este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma
en nombre de aquel.
Lo
dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores
públicos afiliados al sistema general de pensiones.”.(subrayado fuera del texto
original)
9.7. El anterior precepto, que no
consagró la facultad que tenía el trabajador de permanecer cinco años más, fue
demandado ante esta corporación, mediante acción pública de
inconstitucionalidad, solicitando su inexequibilidad, por cuanto en sentir del
demandante la norma vulneraba, entre otros, los derechos a “la
libertad y el libre desarrollo de la personalidad de los trabajadores, al
obligarlos a realizar conductas no queridas, a tomar decisiones que no
corresponden a su intención, como también informar a sus empleadores el
cumplimiento de los requisitos previstos para pensionarse; asimismo, con  la
acción de parte de los empleadores de solicitar a nombre de los trabajadores la
pensión, que son formas de renuncias provocadas, se engaña a los ciudadanos al
hacerles creer, que con esas medidas se genera empleo y se propicia un mejor
nivel de vida”.[81]
9.8. La
Corte Constitucional, mediante sentencia C-1037 de 2003, declaró exequible
el parágrafo 3 acusado, señalando mediante sentencia aditiva que la misma era
ajustada a la Constitución siempre y cuando el empleador garantizara que “
además de la notificación del reconocimiento de la pensión, no se pueda dar por
terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión
en la nómina de pensionados correspondiente”.
Por lo descrito, según lo
analizado en la sentencia C-1037 de 2003, se configura la justa causa de
terminación del contrato de trabajo cuando, además de la notificación del
reconocimiento de la pensión, el trabajador ha sido incluido en nómina. No
obstante, en lo referente a la consulta que con anterioridad se debía hacer al
trabajador, se determinó que no era necesario en razón a que no se encontró que
la facultad del empleador de solicitar la pensión a nombre del trabajador, sin
su consentimiento previo, vulnerara la Constitución. Sobre el particular esta
corporación expresó:
“En ese
orden ideas, cuando un trabajador particular o un servidor público han laborado
durante el tiempo necesario para acceder a la pensión, es objetivo y razonable
que se prevea la terminación de su relación laboral. Por un lado, esa persona
no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión, como
contraprestación de los ahorros efectuados durante su vida laboral y como medio
para gozar del descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de su
producción laboral es evidente. Por otro lado, crea la posibilidad de que el
cargo que ocupaba sea copado por otra persona, haciendo efectiva el acceso en
igualdad de condiciones de otras personas a esos cargos…´´.
9.9. De acuerdo con lo señalado,
se concluye que la prerrogativa creada por el parágrafo 3 del artículo 33 de la
ley 100 de 1993, según la cual, se debía consultar si el trabajador deseaba pensionarse
o quería continuar cinco años más, ya no existe en virtud de la derogatoria
introducida con la expedición de la Ley 797 de 2003.
Sin embargo, ello no significa
que los trabajadores próximos a jubilarse hayan quedado desprotegidos; por el
contrario, lo que se buscó en su momento con la adición dispuesta por la
sentencia C-1037 de 2003 fue garantizar que dichos trabajadores no podían ser
desvinculados hasta tanto se les notificara su inclusión en nómina de
pensionados. [82]
10. Caso
Concreto
10.1.
Generalidades
El 31 de
julio de 2012 el señor Julián Caballero Núñez interpuso acción de tutela en
contra del Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala
Segunda Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
la misma ciudad, al considerar que dichas entidades judiciales, han afectado
sus derechos al debido proceso, mínimo vital, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia, al haber proferido sendas providencias incurriendo
además en los defectos material o sustantivo, fáctico, orgánico y desconocimiento
del precedente, durante el desarrollo del proceso ordinario laboral seguido en
contra de la Universidad Libre.
En sede de tutela correspondió el
conocimiento del caso a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, quien vinculó a la Universidad Libre y ordenó a las entidades
accionadas la correspondiente contestación. No obstante ninguna se pronunció.
Tanto en primera como en segunda
instancia, la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, respectivamente, decidieron negar la acción de amparo con
fundamento en que no se había cumplido con el requisito de subsidiariedad,
indicando que el accionante no había ejercido el recurso extraordinario de
casación.
10.2. Actuaciones
desarrolladas en Sede de Revisión
Teniendo en cuenta que en el
expediente no se contaba con información suficiente como para determinar si se
había incurrido o no en los defectos alegados por el señor Caballero Núñez, el
magistrado sustanciador solicitó, mediante auto de pruebas emitido el 14 de
febrero del año en curso, el envío del expediente y de algunos documentos
necesarios para corroborar la manera en que se había llevado a cabo la
desvinculación del peticionario. Ante el insuficiente envío del material
probatorio efectuado por parte del juzgado de origen, el magistrado
sustanciador se vio en la obligación de solicitar (vía email) a la parte
accionante el complemento de los documentos solicitados, los cuales fueron
allegados a este despacho mediante correo certificado el pasado 4 de abril del
año en curso.
Aceptado entonces el material
probatorio decretado, la Sala procederá a efectuar el análisis de los
requisitos generales de procedibilidad para luego precisar si dentro del
proceso ordinario se configuraron los defectos a los que hace mención el
peticionario en su solicitud de amparo.
10.3.
Verificación de los requisitos generales de procedibilidad
(i).
Relevancia constitucional
La Sala considera que de los hechos
descritos y las circunstancias que dieron origen al recurso de amparo se
desprenden aspectos constitucionales relevantes. En efecto, el accionante
invoca los derechos al debido proceso, mínimo vital, seguridad jurídica,
y acceso a la administración de justicia, claramente consagrados en la Constitución Política y que al parecer
fueron quebrantados por los jueces laborales en atención a las providencias con
las cuales se negaron las pretensiones de reintegro y pago de indemnizaciones
por despido injusto.
(ii).
Agotamiento de todos los medios de defensa judicial
Al respecto
se debe advertir que por regla general no es procedente la acción de tutela
cuando no se agotan todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial. Sin embargo, ello no obsta para que bajo ciertos supuestos dicha exigencia
se flexibilice. Al respecto se pueden citar los siguientes ejemplos:
(a). Cuando se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable ante la afectación por ejemplo del mínimo vital[83];
(b). Cuando se corrobora que el recurso de casación no es
idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados[84];
(c). Cuando se trata de casos en los que se busca la protección
del derecho a la personalidad jurídica, filiación y desarrollo de la
personalidad dentro de un proceso de impugnación de la paternidad.[85]
Una vez
analizado el presente caso, se corrobora que la petición de amparo invocada por
el peticionario no se encuadra dentro de los ejemplos citados. En efecto, no se
verifica que el accionante se encuentre en una situación que denote un
perjuicio irremediable, toda vez que su desvinculación laboral se efectuó una
vez se verificó por el empleador que el peticionario estaba incluido en nómina
de pensionados.
Adicionalmente,
se corrobora que en la actualidad el accionante cuenta con 69 años de edad,
está recibiendo una mesada pensional que asciende a la suma de cinco millones
cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos ($
5.485794)[86];
no existe prueba ni afirmación por parte del señor Julián Caballero Núñez en la
que se advierta que estuvo en imposibilidad de interponer el recurso
extraordinario de casación ante una afección de salud o un caso fortuito, y
tampoco se insinuó siquiera una posible afectación al mínimo vital de él y/o su
núcleo familiar de manera tal que se configurara un perjuicio irremediable.
Es más, el
único argumento esgrimido por el señor Caballero Núñez respecto a la omisión en
la interposición del recurso de casación, se fundamentó en su edad (69 años) la
cual, de acuerdo con el basto desarrollo jurisprudencial existente sobre la
tesis de vida probable[87],
no es considerada en el caso concreto como un impedimento para justificar el
haber pretermitido la interposición del recurso.
No obstante
lo anterior, en razón a que por las especificidades del caso existen elementos
relevantes de interés constitucional que pueden ser desarrollados en esta
oportunidad, la Sala abordará el análisis de las pruebas allegadas al
expediente, para contrastarlas con los argumentos del peticionario en los que
funda la procedencia de los defectos: (i) orgánico, (ii) fáctico, (iii)
material o sustantivo, y (iv) desconocimiento del precedente.
(iii).
Inmediatez
A juicio de
la Corte se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que la sentencia de
segunda instancia dentro del proceso laboral se profirió el 8 de junio de 2012,
y la acción de tutela fue interpuesta por el peticionario el 31 de julio del
mismo año, es decir, aproximadamente un mes y medio después.
(iv)
Identificación de los hechos y derechos socavados que hubiesen sido alegados
dentro del proceso judicial (siempre que ello hubiere sido posible)
Al respecto
se advierte que el señor Caballero Núñez efectivamente plantea los hechos que
generaron la presunta vulneración al momento en el que se profiere la
sentencia, identificando claramente las falencias en las que a su juicio se
incurrió. Sin embargo esto será analizado en detalle con posterioridad.
(iv)
Irregularidades procesales
En lo que
respecta a las irregularidades procesales, se observa que existe plena
identificación en el escrito de tutela de las decisiones que presuntamente
están afectando los derechos invocados por el peticionario, así como de las
pruebas en que se sustentaron las providencias objeto de reproche.
(v) Que no
se trate de sentencias de tutela
La presente
acción de amparo no se dirige en contra de otra acción de tutela. Por tanto
también se encuentra superado este requisito.
A
continuación se realizará el análisis de los defectos alegados por el señor
Caballero Núñez en su escrito de tutela, confrontándolo con el material
probatorio allegado:
10.4.
No se configura el defecto orgánico
10.4.1. El
señor Julián Caballero Núñez manifiesta que se configura un defecto orgánico
con fundamento en lo siguiente:
“DEFECTO ORGÁNICO: Se configura posiblemente por
cuanto la causal del despido injusto para la cancelación del contrato fue
estudiada y aprobada por el Tribunal, cuando conforme al artículo 20 de la
Convención Colectiva de Trabajo, vigente, le corresponde es al “COMITÉ
PARITARIO SECCIONAL”, y con la Sentencia del Tribunal, se modificó esta
cláusula y además por cuanto en la Sentencia del 08 de Junio de 2012, la Sala
Laboral del Tribunal accionado al haber estudiado de manera oficiosa sobre la
incidencia del reconocimiento de la pensión, cómo se causó, desconociendo el
derecho a la consulta previa al despido, ordenada por la Sentencia
Constitucional, sin tener competencia para valorarlo como medio de prueba que
le sirvió de fundamento para confirmar la decisión del a quo, atribuida al
Comité Paritario, mediante RESOLUCIÓN MOTIVADA”.
10.4.2. Como
se indicó en la parte considerativa de esta providencia, el defecto orgánico se
configura ante la falta de competencia absoluta por parte del funcionario que
conoce del asunto. No obstante, el peticionario en su escrito de tutela mezcla
distintos argumentos sin definir por qué razón, a su juicio, se incurrió en el
referido defecto.
Pese a ello,
haciendo un esfuerzo interpretativo de los argumentos dados por el
peticionario, la Sala concluye que, al parecer, lo que buscaba el actor era
manifestar que, conforme a la cláusula 20 de la Convención Colectiva vigente,
correspondía al Comité Paritario Seccional realizar el estudio de su
desvinculación. Sin embargo, una vez se revisa la cláusula aludida, se
corrobora que la misma no contempla la obligación de estudiar la desvinculación
por justa causa cuando el trabajador cumple los requisitos de pensión. Para
mayor claridad a continuación se transcribe la cláusula invocada:
“CLÁUSULA
20: COMITÉ PARITARIO- Continuará  funcionando el Comité Paritario Nacional con
sede en Bogotá, integrado por dos (2) delegados  permanentes designados por el
Representante Legal de la Universidad y  dos (2) delegados permanentes
delegados permanentes por la Asociación de Profesores de la Universidad Libre-
ASPROUL- el cual se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y
extraordinariamente cuando las necesidades lo exijan. Son funciones de dicho
Comité Paritario, conceptuar con base en la instrucción realizada por los
Comités Seccionales.
En cada
Seccional continuará funcionando un Comité Paritario integrado por dos
delegados permanentes designados por el Representante legal de la Universidad
Libre –  y dos delegados permanentes designados por la respectiva Junta
Directiva Seccional de Delegados de ASPROUL, que tendrá como función
únicamente la instrucción del proceso disciplinario. Una vez instruido, será
remitido al Comité Paritario Nacional para que conceptúe.
Los
representantes de ASPROUL en los comités Paritarios  Seccionales no podrán ser
desmejorados en sus condiciones de trabajo
PARÁGRAFO:
En la Sede Principal, las funciones de instrucción de las distintas causas así
como la emisión del correspondiente concepto, será competencia del Comité
paritario de Salud
10.4.3.
Adicionalmente, la Sala resalta que una vez se examinan los fallos de instancia
dentro del proceso ordinario, lo que se observa es que tanto el Juzgado Quince
Laboral del Circuito de Barranquilla (Plan Piloto de Oralidad), como el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, eran los
competentes para pronunciarse sobre el litigio laboral. De igual manera se
coteja que, contrario a lo expresado por el señor Caballero Núñez, tanto en
primera como en segunda instancia se estudió el contenido de la cláusula y se
determinó acertadamente que no le era aplicable, en la medida en que el
procedimiento aludido corresponde a aquellas situaciones en las que se impone
una sanción disciplinaria.[88]
10.5.
No se configura el defecto fáctico
10.5.1. Según lo afirmado
por el peticionario, en las sentencias reprochadas se incurrió en defecto
fáctico debido a que, en su criterio, no se valoró en debida forma la
convención colectiva ni la confesión rendida por el representante legal de la Universidad.
A continuación se transcribe el argumento del peticionario:
“DEFECTO
FÁCTICO: Posiblemente se configura este defecto, por la NO  valoración del
acervo probatorio. (…)Igualmente se incurrió en esta VÍA DE HECHO, al darle una
interpretación errónea al sustento probatorio, ya que con base en él, determinó
que la universidad no estaba obligada a darle trámite convencional ya que esta
es solamente para aplicar sanciones disciplinarias y NO para la del contrato de
trabajo suscrito entre las partes en litigio, cuando las pruebas obrantes en el
expediente especialmente con la confesión rendida del Representante Legal de la
universidad, se demuestra todo lo contrario, donde se desprende claramente que
la decisión NO FUE DADA EN DERECHO.”[89]
10.5.2. En contraste con lo
anterior, al cotejar los fallos objeto de reproche, la Sala verifica que las
razones esgrimidas por los jueces accionados se adecuan a las causales legales
de terminación del contrato laboral ante la inclusión en nómina del trabajador.
Para mayor claridad a continuación se sintetiza el contenido de las sentencias
reprochadas y en seguida se transcriben las cláusulas que a juicio del
peticionario le dan el derecho a ser reintegrado:
(i). Sentencia del Juzgado Quince Laboral del Circuito de
Barranquilla (Plan Piloto de Oralidad).[90]
En esta providencia el juez de
primera instancia, sobre el punto recriminado, explicó que la terminación del
contrato de trabajo se dio por una causa legal  de acuerdo con lo consignado en
el artículo 62 del CST, numeral 14, donde figura como justa causa de despido el
reconocimiento de la pensión. De igual manera, destacó que si bien en el
interrogatorio practicado al representante legal de la demanda aceptó que no se
hizo el procedimiento convencional al docente, dicha explicación no era
necesaria por cuanto aquella exigencia convencional solo aplicaba para casos en
los que se imponía sanciones por faltas disciplinarias y la causal de despido
del docente no se configuró por ese motivo.
(ii). Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Segunda de Descongestión.[91]
El Tribunal, retomando lo dicho
por el juez de primera instancia, indica que si bien el representante legal de
la Universidad Libre confirmó que no le había realizado la desvinculación
teniendo en cuenta el proceso convencional, ello se debió a que no le era
aplicable. Lo anterior, sencillamente por cuanto dicho trámite solo debía ser
utilizado en aquellos eventos en los que se dirimieran procesos de
desvinculación por justas causas disciplinarias. Al respecto en su providencia
el Tribunal precisó:
“Sobre este
tópico en particular, el expositor insistió en el hecho de que la universidad
irrespetó el convenio colectivo en los artículos 20 y 21 que obligan a
adelantar u procedimiento previo antes de dar por terminado el contrato de
trabajo, sumado a lo cual, adicionó en su queja, que era menester para tal
efecto consultarle sobre su desvinculación porque la causal era el
reconocimiento de la pensión de jubilación, todo lo cual tiene asidero en el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 14, del artículo 7 del Decreto
2351/65.
Una cosa
que quedó probada con suficiencia en el juicio lo fue el hecho de que el ente
universitario a través de sus directivas, nunca iniciaron  el procedimiento
convencional para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa
fundada en el reconocimiento de la pensión al docente, situación confesada en
interrogatorio formulado su representante legal.
Ahora bien,
si revisamos el contenido del estatuto extralegal en el cual se contempla el
susodicho trámite interno, vemos que al respecto se informa lo siguiente en lo
que interesa a esta causa: ¨PROCEDIMIENTO: Para imponer toda sanción, excepto
el llamado de atención, así como para la cancelación del contrato de trabajo
por justas causas disciplinarias, se seguirá el siguiente trámite…¨(folio 11
pag 10) ”
Contextualizado
ese marco normativo frente a la causa pretendi, es claro que la disertación del
A quo es válida cuando acota que dicho trámite aplica frente a la comisión de
faltas disciplinarias, pues, si la desvinculación no es el producto de una
sanción, ese juicio sumarial decaería por carencia de objeto, pues no habría
falta que investigar y mucho menos castigo a imponer.
(iii). Contenido de las cláusulas convencionales 20 y 21 en las
cuales fundamenta el peticionario sus pretensiones:
“CLÁUSULA
20: COMITÉ PARITARIO- Continuará  funcionando el Comité Paritario Nacional
con sede en Bogotá, integrado por dos (2) delegados  permanentes designados por
el Representante Legal de la Universidad y  dos (2) delegados permanentes
delegados permanentes por la Asociación de Profesores de la Universidad Libre-
ASPROUL- el cual se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente
cuando las necesidades lo exijan. Son funciones de dicho Comité Paritario, conceptuar
con base en la instrucción realizada por los Comités Seccionales.
En cada
Seccional continuará funcionando un Comité Paritario integrado por dos
delegados permanentes designados por el Representante legal de la Universidad
Libre –  y dos delegados permanentes designados por la respectiva Junta
Directiva Seccional de Delegados de ASPROUL, que tendrá como función
únicamente la instrucción del proceso disciplinario. Una vez instruido, será
remitido al Comité Paritario Nacional para que conceptúe.
Los
representantes de ASPROUL en los comités Paritarios  Seccionales no podrán ser
desmejorados en sus condiciones de trabajo
PARÁGRAFO:
En la Sede Principal, las funciones de instrucción de las distintas causas así
como la emisión del correspondiente concepto, será competencia del Comité
paritario de Salud
CLÁUSULA
21: PROCEDIMIENTO: Para imponer toda sanción, excepto el llamado de
atención, así como para la cancelación del contrato del trabajo por justas
causas disciplinarias, se seguirá el siguiente trámite:
a)    La
Universidad formulará el cargo o cargos que tenga contra el profesor, mediante
memorando escrito, que le notificará personalmente, copia del cual se le
enviará al respectivo Comité Paritario Seccional.
b)    A
partir del día siguiente se le notificara de los cargos al profesor, se
concederá un término común de 10 días para que este rinda sus descargos, aporte
y solicite pruebas. Dentro del mismo término la universidad hará la solicitud
de pruebas conducentes y pertinentes al caso.
c)
El comité paritario seccional tendrá 4 días para afanarse y
decretar pruebas y 10 para practicarlas, vencido este término remitirá el expediente
al Comité Paritario Nacional.
d)    El
comité paritario nacional una vez avoque conocimiento del caso, conceptuara
dentro de los 10 días siguientes.
e)
No obstante, si el comité paritario nacional considera que
existen vicios en el procedimiento que afecten el derecho al debido proceso,
podrá solicitar que se subsanen y , además para mejor proveer, si considera
indispensable la práctica de nuevas pruebas, antes de conceptuar, podrá
comisionar al respectivo Comité Instructor, para  lo cual otorgará un término
que no podrá exceder del inicialmente previsto.
f)
La Universidad dentro de los 5 días siguientes a la fecha de
recibo del concepto, fallara mediante resolución motivada.
Parágrafo.
1. La sanción aplicada a la cancelación del contrato, pretermitiendo los
tramites de este artículo, se tendrán como inexistentes y el docente deberá ser
reintegrado a sus funciones”
10.5.3. Consideraciones de la
Sala
Sobre el defecto fáctico el
peticionario manifiesta que no se tuvo en cuenta el contenido de las cláusulas
ni la confesión realizada por el representante legal de la Universidad, donde
se corroboró que no le había sido aplicado el procedimiento de desvinculación
convencional.
No obstante, una vez la Sala
revisa el expediente, claramente concluye que el peticionario no fue
desvinculado por una causa disciplinaria y, por ende, no le era aplicable dicho
procedimiento.
Así las cosas, es obvio que en el
presente asunto no se configura el defecto fáctico alegado en la acción de
amparo, y por el contrario tanto en primera como en segunda instancia se
realizó una interpretación adecuada y ajustada a derecho del material
probatorio.
10.6.
No se configura el defecto material o sustantivo ni se desconoció el
precedente
10.6.1. Según lo afirmado por el
peticionario, en las sentencias reprochadas se incurrió en defecto material o
sustantivo y se desconoció el precedente debido a que, en su criterio, no se
tuvo en cuenta una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia que trató
un caso igual al de autos, ni se realizó una aplicación adecuada de la causal
de despido invocada, de acuerdo con lo consignado en la Sentencia C-1443 del
2000. A continuación se transcribe el argumento del peticionario:
“a) VÍA DE HECHO: Posiblemente se configura el defecto
sustantivo o material, por cuanto las decisiones adoptadas por el Juzgado 15
Laboral y el Tribunal, en su Sentencia confirmatoria del 8 de Junio de 2012,
incurrieron en este defecto, al estimar que el sentido de la norma convencional
consagra el reintegro, solamente para cuando se incurre en faltas
disciplinarias y no para la CANCELACIÓN DEL CONTRATO  (Parágrafo 1 del art. 21
de la Convención Colectiva de Trabajo ). // Esta interpretación desconoce la
fuerza vinculante del precedente judicial vertical, la ratio decidendi, como
fuente formal del derecho, al principio de formalidad del trabajador, los
efectos erga omnes de las Sentencias de las Altas Cortes, como organismo de
cierre de la jurisdicción ordinaria, donde reconoció un caso similar de una
Docente de la misma universidad, por habérsele omitido el trámite convencional
para la cancelación de su contrato de trabajo, ordenándose el reintegro como
docente a la universidad demandada. // Posiblemente también se configura este
defecto, por cuanto la causal de despido aplicada al docente y la
interpretación que de ello hacen los funcionarios judiciales ha sido declarada
INEXEQUIBLE, vale decir, expulsada del ordenamiento jurídico, por la Corte
Constitucional, en Sentencia C-1443 de 2000, declarada EXEQUIBLE a condición
que se consulte previamente al reconocimiento de la pensión, al trabajador. ¨Bajo
cualquier otra interpretación se declara INEXEQUIBLE¨”.[92]
“DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL Y JUDICIAL . Por cuanto las Sentencias cuestionadas ignoran por
completo los precedentes constitucionales y judiciales de las altas Cortes. //
Los anteriores yerros, por ser tan ostensibles, constituyen una VÍA DE HECHO
que puede remediarse mediante esta acción de amparo de los derechos
fundamentales, pues el interesado no dispone de otro medio de defensa judicial,
porque si bien el juzgador goza de una amplia facultad discrecional para
evaluar el material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, ese
poder no puede ser arbitrario”
10.6.2. No obstante lo anterior,
tanto en la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de
Barranquilla, como en la emitida por el Tribunal Superior, se dejó claro que el
motivo de la desvinculación del señor Julián Caballero Núñez fue la justa causa
legal, contenida en el numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del
Trabajo[93],
en razón a que el peticionario ya había sido incluido en nómina de pensionados.
En esa medida, se confirma que el empleador (Universidad Libre), no incurrió en
las arbitrariedades expresadas por el peticionario.
10.6.3. Consideraciones de la
Sala
(i). En lo
referente al desconocimiento del precedente judicial vertical
De acuerdo
con lo afirmado por el accionante, se indica que en el presente caso las decisiones
de los jueces ordinarios laborales desconocieron el precedente judicial
vertical al no haber tenido en cuenta unas consideraciones plasmadas en la
sentencia núm. 26202 proferida el 8 de agosto de 2005 por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que a juicio del señor Caballero
Núñez, tenía identidad fáctica.
Sin embargo,
luego de hacer un análisis de la providencia, la Sala observa que, contrario a
lo argumentado por el peticionario, dicho fallo dista de tener similitud al caso
sub exámine tal como se demuestra a continuación:
Sentencia
núm. 26202 proferida el 8 de agosto de 2005 por la Corte Suprema de Justicia
Caso
del Señor Julián Caballero Núñez
Partes
Lucy
Yolanda Espitia Lancheros como profesora de tiempo completo del Colegio
Sección Bachillerato de la Universidad libre desvinculada sin justa causa VS
Universidad Libre
Julián
Caballero Núñez como docente universitario de medio tiempo desvinculado por
cumplir los requisitos de la pensión y haber sido incluido en nómina VS
Universidad Libre Seccional Barranquilla
Descripción
de la situación
La
profesora Espitia Lancheros estuvo vinculada a la Corporación Universidad
Libre desde el 1° de febrero de 1992 hasta el 24 de marzo del 2000 como
profesora de tiempo completo en la planta del Colegio.
Fue
desvinculada sin justa causa, y se le pagó una indemnización sin tener
en cuenta todo el tiempo de servicios, de acuerdo con lo estipulado en una
convención colectiva suscrita el 13 de diciembre de 1999 con vigencia del
1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2001.
La docente
acude mediante proceso ordinario laboral solicitando su reintegro y el pago
de la indemnización teniendo en cuenta lo consignado en la cláusula 23 y 25
del referido convenio.
En primera
instancia le niegan las pretensiones y en segunda el Tribunal revoca y ordena
el reintegro de la docente, en razón a que no se aplicó debidamente la
convención.
El
empleador al haber sido condenado, acude mediante recurso extraordinario de
casación.
En sede de
casación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decide no casar la
sentencia y por ende deja en firme lo preceptuado por el Tribunal,
concluyendo que no se cumplió con lo estipulado en la convención, y que el
despido de la actora fue sin justa causa.
Por su
parte, el señor Julián Caballero Núñez es un docente universitario de 69 años
de edad.
Estaba
vinculado mediante contrato a término indefinido como docente de medio tiempo.
Fue
desvinculado por justa causa, el 30 de noviembre del año 2010 debido a
que desde hace varios años había cumplido los requisitos para pensionarse y
había sido incluido en nómina desde el mes de noviembre de 2009, recibiendo
una mesada pensional por un valor de cinco millones cuatrocientos ochenta y
cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos $ 5. 485.794.
El señor
Caballero Núñez, hace parte de una asociación de profesores denominada
“ASPROUL” y de acuerdo con la fecha de desvinculación, le es aplicable una
convención colectiva suscrita el 3 de marzo de 2009 con vigencia 2009-2010
entre la Universidad Libre y ASPROUL.
Sin
embargo, dentro de la convención no se acordó nada relacionado a la justa
causa de desvinculación de la cual fue objeto el señor Julián Caballero
Núñez. Por ende le es aplicable el CST.
El
petincionario no acudió al recurso extraordinario de casación.
De acuerdo
con la gráfica comparativa, fácilmente se puede apreciar que entre los dos
casos no existe identidad fáctica. Así las cosas, mientras en el asunto de la
señora Yolanda Espitia se reclamaba el derecho respecto de una desvinculación
sin justa causa, en el proceso del señor Caballero Núñez se solicita la
protección referente a una desvinculación por justa causa acaecida por la
inclusión en nómina de pensionados del trabajador.
De igual
manera, se corrobora que en los dos casos las Convenciones Colectivas en las
que se funda la solicitud de amparo son distintas. Por tanto, mal podría
decirse que tienen aplicación e interpretación idéntica.
Por lo
anterior, la Sala estima que respecto a este argumento no se evidencia un
desconocimiento del precedente judicial vertical como lo alega el peticionario.
(ii). En
lo referente a la configuración del defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional
El señor
Julián Caballero Núñez argumenta que al haber sido desvinculado por la
Universidad Libre invocándosele como justa causa de despido el numeral 14 del
artículo 62 del CST, se actuó en contraposición a lo preceptuado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-1443 del 2000, según la cual, antes de
desvincular al trabajador que cumple los requisitos de la pensión, se le debe
consultar si quiere seguir laborando por 5 años más para mejorar su pensión.
No obstante,
tal como se expresó en el fundamento núm. 10, y contrario a lo manifestado por
el peticionario, en la actualidad dicha prerrogativa no está vigente. Al
respecto se recuerda que con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003
al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, estudiada por esta corporación en la
Sentencia C-1037 de 2003, se determinó que el retiro del trabajador que cumple
los requisitos para la pensión está sujeto a la voluntad del empleador, bajo el
condicionamiento de que para poder desvincularlo, el trabajador debe estar
incluido en nómina de pensionados, de manera tal que apenas deje de percibir su
salario empiece a recibir su mesada pensional; evitándose de ese modo que
pierda la continuidad en su ingreso económico y por ende garantizándole el
mínimo vital.
Así las
cosas, queda claro que en el presente asunto no le era aplicable al
peticionario, como precedente, lo expresado en la sentencia C-1443 del 2000
toda vez que con posterioridad a que se profirió ese fallo, la Ley 797 de 2003
introdujo una modificación normativa que suprimió el requisito de consulta al
trabajador, y que al ser valorada fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-1037 de 2003, dejando como precedente actual,
la facultad al empleador de desvincular al trabajador que cumple los requisitos
de jubilación siempre y cuando haya sido incluido en nómina de pensionados.
10.7
Conclusión
De acuerdo
con las consideraciones expuestas la Sala concluye que en el presente asunto no
es procedente la acción de tutela en razón a que no se agotó el recurso
extraordinario de casación, ni se demostró por parte del peticionario (i)
la afectación al mínimo vital, (ii) la configuración de un perjuicio
irremediable, o (iii) la falta de idoneidad del recurso extraordinario
para el caso concreto.
Sin embargo,
pese a la improcedencia, al abordarse por parte de la Sala el estudio del
material probatorio allegado, se determinó que:
-
No se configuró el defecto orgánico aludido, en razón a que les
asistía a los jueces laborales accionados, el deber de conocer sobre la
controversia laboral suscitadas entre la Universidad Libre (empleador) y el
señor Julián Caballero Núñez (docente trabajador).
-
No existe un defecto fáctico, en la medida en que se valoraron
debidamente las cláusulas convencionales, testimonios y documentos allegados al
expediente durante el litigio.
-
Y finalmente, no se incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento
del precedente, dado que, como se expresó en el fundamento 10 de la presente
providencia y como se confirmó en el acápite anterior; en la actualidad el
precedente aplicable es el establecido en la sentencia de Constitucionalidad
C-1037 de 2003, de acuerdo con la cual, un trabajador puede ser desvinculado
por el empleador cuando cumple los requisitos de jubilación, siempre y cuando
para el momento de su despido esté incluido en nómina de pensionados.
Por lo
anterior, la Sala procederá a confirmar las sentencias proferidas por la Sala
de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que negaron la solicitud de amparo por improcedente, pero bajo los
argumentos esgrimidos en la presente providencia
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2012
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez
confirmó la emitida el 14 de agosto del mismo año por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero bajo los argumentos referidos en
la presente providencia.
Segundo.- LÍBRESE por Secretaría General, la comunicación a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-267/13
Referencia:
expediente T-3676921.
Acción de
tutela presentada por el señor Julián Caballero Núñez contra la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y
otros.
Magistrado
sustanciador:
Jorge Iván
Palacio Palacio.
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
no existían razones que justificaran invalidar las actuaciones surtidas por la
instancias dentro del proceso laboral iniciado por el accionante, debo aclarar
mi voto, pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción
de “vía de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que
se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[94], no comparto
el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte
de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales,
y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente
en la cita que se efectúa (páginas 9 a 25) de la sentencia C-590 de junio 8 de
2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo
parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación,
radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales
especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su
punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la
impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que
esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario,
añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la acción de
tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más)
nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido
por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una
(o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el
respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito de
protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al constituyente
de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación
con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea
jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones que se
dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en
realidad ese pronunciamiento[95],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se
consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no
puede ser quebrantada, que la tutela contra decisiones judiciales atentaba
contra la seguridad jurídica y contra otros importantes valores
constitucionales, como el “principio democrático de la autonomía funcional
del juez”, “la independencia y desconcentración que caracterizan a la
administración de justicia” y “la función garantizadora del Derecho”
que cumple el proceso, y en consecuencia se declaró inexequible la preceptiva
que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590 de 2005 se presenta un amplio
listado de situaciones, creyéndose que de inferirse la materialización de
alguna de ellas, en opinión de quien realiza el control tutelar, de por sí le
está permitido remover o dejar sin efecto la decisión judicial, cual si
aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha desquiciado gravemente su
carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha abatido la seguridad
jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión adoptada con mi
acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con alcances de tal
índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1]
Las providencias que el peticionario considera le están vulnerando los derechos
invocados son las siguientes: (i) sentencia
del 28 de octubre de 2011, proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito-
Plan Piloto de Oralidad de Barranquilla y (ii) sentencia del 8 de junio de 2012 emitida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla.
[2]“Art. 7o. Terminación del contrato por justa
causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de
trabajo: A) Por parte del patrono: // (…)  14) El reconocimiento al trabajador
de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa.”
[3] “Exequible Condicional: C-1443 de 2000:...bajo
la condición señalada en esta sentencia. Es decir, que el empleador cuando el
trabajador haya cumplido los requisitos para obtener su pensión, no puede dar
por terminado el contrato de trabajo, en forma unilateral, por justa causa, si
previamente al reconocimiento de la pensión de jubilación, omitió consultar al
trabajador si deseaba hacer uso de la facultad prevista en el artículo 33,
parágrafo 3, de la Ley 100 de 1993. Bajo cualquier otra interpretación, se
declara inexequible.”
[4]
El texto que a juicio del peticionario contiene la cláusula, es el siguiente: “CLÁUSULA
21:- PARÁGRAFO 1: La sanción aplicada o la CANCELACIÓN DEL CONTRATO pretermitiendo los trámites de este
artículo, se tendrá como INEXISTENTE y el docente deberá ser REINTEGRADO
en sus funciones”. (tomado del escrito de tutela).
[5]
Según el oficio de terminación del contrato de trabajo, la Universidad Libre da
aplicación al numeral 14 del artículo 62 del CST que en su contenido expresa:“Son
justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:”
(…) numeral 14. “El reconocimiento al trabajador de la pensión de la
jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa.”.
[6]
Folio 10 del cuaderno de primera instancia (escrito de tutela): “a) VÍA DE
HECHO: Posiblemente se configura el defecto sustantivo o material, por cuanto
las decisiones adoptadas por el Juzgado 15 Laboral y el Tribunal, en su
Sentencia confirmatoria del 8 de Junio de 2012, incurrieron en este defecto, al
estimar que el sentido de la norma convencional consagra el reintegro,
solamente para cuando se incurre en faltas disciplinarias y no para la
CANCELACIÓN DEL CONTRATO  (Parágrafo 1 del art. 21 de la Convención Colectiva
de Trabajo ). // Esta interpretación desconoce la fuerza vinculante del
precedente judicial vertical, la ratio decidendi, como fuente formal del
derecho, al principio de formalidad del trabajador, los efectos erga omnes de
las Sentencias de las Altas Cortes, como organismo de cierre de la jurisdicción
ordinaria, donde reconoció un caso similar de una Docente de la misma
universidad, por habérsele omitido el trámite convencional para la cancelación
de su contrato de trabajo, ordenándose el reintegro como docente a la
universidad demandada. // Posiblemente también se configura este defecto, por
cuanto la causal de despido aplicada al docente y la interpretación que de ello
hacen los funcionarios judiciales ha sido declarada INEXEQUIBLE, vale decir,
expulsada del ordenamiento jurídico, por la Corte Constitucional, en Sentencia
C-1443 de 2000, declarada EXEQUIBLE a condición que se consulte previamente al
reconocimiento de la pensión, al trabajador. ¨Bajo cualquier otra
interpretación se declara INEXEQUIBLE¨”.
[7]
Folios 10 y 11 del cuaderno de primera instancia (escrito de tutela): “DEFECTO
ORGÁNICO: Se configura posiblemente por cuanto la causal del despido injusto
para la cancelación del contrato fue estudiada y aprobada por el Tribunal,
cuando conforme al artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente,
le corresponde es al “COMITÉ PARITARIO SECCIONAL”, y con la Sentencia del
Tribunal, se modificó esta cláusula y además por cuanto en la Sentencia del 08
de Junio de 2012, la Sala Laboral del Tribunal accionado al haber estudiado de
manera oficiosa sobre la incidencia del reconocimiento de la pensión, cómo se
causó, desconociendo el derecho a la consulta previa al despido, ordenada por
la Sentencia Constitucional, sin tener competencia para valorarlo como medio de
prueba que le sirvió de fundamento para confirmar la decisión del a quo, atribuida
al Comité Paritario, mediante RESOLUCIÓN MOTIVADA”.
[8]
Folios 11 y12 del cuaderno de primera instancia (escrito de tutela): “DEFECTO
FÁCTICO: Posiblemente se configura este defecto, por la NO  valoración del
acervo probatorio. (…)Igualmente se incurrió en esta VÍA DE HECHO, al darle una
interpretación errónea al sustento probatorio, ya que con base en él, determinó
que la universidad no estaba obligada a darle trámite convencional ya que esta
es solamente para aplicar sanciones disciplinarias y NO para la del contrato de
trabajo suscrito entre las partes en litigio, cuando las pruebas obrantes en el
expediente especialmente con la confesión rendida del Representante Legal de la
universidad, se demuestra todo lo contrario, donde se desprende claramente que
la decisión NO FUE DADA EN DERECHO.”
[9]
“DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL Y JUDICIAL . Por
cuanto las Sentencias cuestionadas ignoran por completo los precedentes
constitucionales y judiciales de las altas Cortes. // Los anteriores yerros,
por ser tan ostensibles, constituyen una VÍA DE HECHO que puede remediarse
mediante esta acción de amparo de los derechos fundamentales, pues el
interesado no dispone de otro medio de defensa judicial, porque si bien el
juzgador goza de una amplia facultad discrecional para evaluar el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, ese poder no puede ser
arbitrario ”
[10] En palabras del
peticionario,: “Al cambiarse la interpretación del art. 21 de la Convención
Colectiva de 2009, incurrieron en un defecto llamado SUSTANTIVO O MATERIAL,
por cuanto estos presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y
la decisión, resultando menos favorable para los beneficiarios de ella e
incongruente. // 13. La Sala Laboral del Tribunal incurrió también en “VÍA
DE HECHO” al estudiar de oficio la situación particular concreta del
trabajador que le correspondía hacer a la universidad, analizar y fallar
mediante “RESOLUCIÓN MOTIVADA” (cláusula 21 de la Convención
Colectiva de Trabajo) previa al DESPIDO INJUSTO”.
[11] Folios 13 y 14 de
cuaderno de primera instancia. En su providencia la Sala expresó lo siguiente:
“Al analizar el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, se advierte que, a
pesar de haber contado el hoy accionante con un medio judicial de defensa, cual
era el recurso extraordinario de casación, llamado a ser activado en contra de
la sentencia de segundo grado  que ahora por vía constitucional se
controvierte, no hay constancia de su empleo, para que se definiera su
procedencia, en consideración a las pretensiones y solicitudes de condena
expuestas en la respectiva demanda, máxime al involucrarse entre tales
reclamaciones el reintegro al cargo que venía desempeñando al momento del
retiro, junto con los salarios y demás derechos compatibles, desde su retiro
hasta su reincorporación.// Como se ha dicho, el amparo constitucional no puede
erigirse en un atajo arbitrario del cual pueda el interesado servirse a gusto
para soslayar los medios ordinarios de defensa judicial que el ordenamiento le
dispensa. Por manera que, ante la ausencia injustificada de activación del
precitado recurso garantista por parte del accionante, el recurso a la
Constitución deviene improcedente, aún como mecanismo transitorio, toda vez que
no viene acreditado el padecimiento de perjuicio irremediable para el
peticionario que posibilite esa excepcional modalidad de resguardo.”
[12] Folios 22 a 31 del
cuaderno de primera instancia.
[13] Folios 3 a 10 cuaderno
de segunda instancia. En su providencia la Sala expresó lo siguiente: “En
esas condiciones, se tiene que si el accionante estaba interesado en censurar
la sentencia de segunda instancia que confirmó la del Juzgado Quince Laboral
del Circuito de Barranquilla, contó con la posibilidad de impugnarla a través
del recurso extraordinario de casación aduciendo argumentos similares a los que
ahora plantea.”
[14] Identificado como expediente
núm. 08-001-31-05-015-2011-00103-00, radicado interno núm. 46.691-E.
[15] La copia parcial del
proceso ordinario laboral se encuentra referenciado como anexo A y consta de 1
cuaderno.
[16] Folios 19 a 22 del
cuaderno de revisión.
[17] Mediante la cual se
había reconocido en 2008 la pensión de vejez al señor Julián Caballero Núñez y
se había supeditado su pago a la acreditación del cese de la actividad laboral.
[18] Folios 15 a 18 del
cuaderno de revisión.
[19] Confróntese con la
Sentencia T-803 de 2012. Ver también las sentencias T-508 de 2011, T-510 de
2011, T-266 de 2012, T-135 de 2012, T-136 de 2012, T-358 de 2012 proferidas por
esta Sala y la SU-195 de 2012.
[20] Corte Constitucional,
Sentencia T-008 de 1998.
[21]
Corte Constitucional, Sentencia T-1031 de 2001.
[22] Corte Constitucional,
Sentencia T-504 de 2000.
[23] Corte Constitucional,
Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.
[24] Corte Constitucional, Sentencia
T-658 de 1998.
[25] Corte Constitucional, Sentencias
T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[26] Corte
Constitucional, Sentencia T-522
de 2001.
[27] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 2000, SU-1184 de 2001, T-1031 de 2001,
y T-462 de 2003, entre otras.
[28] Constitución: “Artículo
29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes
al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio(…)”
[29] Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de4 2001: “El derecho al juez natural constituye una de
las garantías básicas que, junto al complejo del derecho de defensa y el
principio de legalidad, definen el debido proceso. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional[29],
el derecho en cuestión se encuentra consagrado en la Carta en el artículo 29,
al disponer que “nadie podrá ser juzgado sino.... ante juez o tribunal
competente”. Dicho texto normativo, si bien enuncia la idea básica que subyace
en el derecho al juez natural, no contiene en su integridad el contenido
normativo del derecho, ni mucho menos define su núcleo esencial.// Según la
jurisprudencia de esta corporación, el juez natural es aquel a quien la
Constitución y la ley le han asignado competencia para conocer cierto asunto[29].
Con ello, la Corte no ha hecho más que reiterar lo dispuesto en el texto
normativo anterior. La exigencia de que se haya asignado normativamente
competencia no es suficiente para definir el concepto de juez natural, pues
como lo subrayó esta corporación en la sentencia C-208 de 1993[29],
el derecho en cuestión exige además que no se altere “la naturaleza de
funcionario judicial” y que no se establezcan jueces o tribunales ad-hoc. Ello
implica que es consustancial al juez natural que previamente se definan quienes
son los jueces competentes, que estos tengan carácter institucional y que una
vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico, no les
sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de
competencias al interior de una institución.”
[30] Corte Constitucional,
Sentencia T-008 de 1998.
[31] Al
respecto se puede recordar por ejemplo el caso paradigmático estudiado en la
Sentencia T-058 de 2006 “caso miti y miti” en el que se configuró un
defecto orgánico debido a que se efectuó una usurpación de  competencias por
parte del Fiscal General de la Nación, quien adelantó una investigación en
contra de un particular (ex –ministro), como si para ese momento fuera
ministro. En esa medida, la Corte determina que durante el proceso penal se
configuró un defecto orgánico y que por ende se habían vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, juez natural y acceso a la administración de
justicia.
[32] Sentencias T-511 de 2011 y T-313 de 2010.
[33] Sentencia T-511 de 2011.
[34] Sentencia T-929 de 2008.
[35] Sentencia T-511 de 2011.
[36] Sobre este aspecto el
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil indica: “Apreciación de
las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en
la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. //El juez
expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.”
[37] Corte Constitucional,
Sentencia SU-159 de 2002.
[38]
Corte Constitucional, Sentencia T- 458 de 2007.
[39]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-436 de 2009.
[40]
Al respecto se sostuvo: “Las pruebas anteriores, no fueron valoradas por la
sentencia de segunda instancia y a juicio de esta Sala son determinantes para
concluir, precisamente en lo que debía, a juicio de la sentencia cuestionada,
probarse en el proceso de nulidad para poder demostrar la motivación oculta del
acto administrativo que declaró la insubsistencia del cargo de la accionante.//
Visto lo anterior, es posible afirmar que el fallo atacado, negó la valoración
de una prueba relevante para identificar la veracidad de los hechos puestos a
su conocimiento. Si en la lógica del fallo demandado, la prueba no existía en
el expediente, si estaba contenida en un anexo, o no aparecía físicamente,
pero sí estaba mencionada, referida y valorada tanto por la demanda, como por
la  providencia de primera instancia, al punto de ser un documento axial del
fallo del a quo, no cumplió la sentencia acusada con agotar los medios
necesarios para recoger, siquiera sumariamente, prueba de los supuestos
fácticos que le habían presentado a su consideración los interesados en el
proceso de nulidad y restablecimiento. (…)Es claro entonces, que el juicio
valorativo de la prueba que la sentencia no analizó es de tal entidad que
cambia el sentido del fallo: (i) porque es una prueba concluyente en la
demostración de la posible desviación de poder que se alegaba en el proceso de
nulidad y (ii) amén de lo anterior, es la prueba que la sentencia
atacada construye como hipótesis para demostrar el desvío de poder, por ello,
no existe duda de que era un documento determinante en las resultas del proceso
de nulidad y restablecimiento que se discutía en segunda instancia en el
Consejo de Estado. En consecuencia, al pie de la  jurisprudencia de esta corporación,
se configuró una vía de hecho en tanto la falta de consideración de un medio
probatorio conlleva una vía de hecho siempre y cuando ésta determine un cambio
en el sentido del fallo.”
[41]
Estas consideraciones coinciden con las plasmadas en la Sentencia T-804 de
2012, proferida por esta misma Sala de Revisión.
[42] Dice la norma en
comento: “ARTÍCULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.
[43] Corte Constitucional,
Sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, entre
otras.
[44] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2006.
[45] Corte
Constitucional, Sentencia T-589 de 2007.
[46] Corte
Constitucional Sentencias SU-047 de 1999, T-1625 de 2000; C-836 de 2001, T-698
de 2004, T-517 y T- 589 de 2007, T-599 y T-619 de 2009, T-268 y T-100 de 2010,
entre muchas otras.
[47] Corte Constitucional
Sentencias T- 698 de 2004 y T-687 de 2007.
[48] Corte Constitucional,
Sentencia T-698 de 2004.
[49] Esta corporación, en
Sentencia T- 1317 de 2001, definió  el precedente judicial como “aquel
antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver
que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia” .
[50] Corte Constitucional,
Sentencias T-589 de 2007, T-766 de 2008 y T-619 de 2009.
[51] Corte Constitucional,
Sentencia T-693 de 2009.
[52] “Sentencia SU-640 de
1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
[53] Corte Constitucional,
Sentencias T-1112 de 2008 y T-351 de 2011.
[54] Corte Constitucional,
Sentencias T- 341 de 2008 y T-592 de 2009, entre otras.
[55] “En
efecto, la sentencia C-131 de 1993 que estudió la constitucionalidad del
artículo 23 del Decreto Ley 2067 de 1991[55],
concluyó en materia de cosa juzgada constitucional, que los fallos de control
abstracto tienen fuerza obligatoria, en la medida en que: i) tienen efectos
erga omnes y no simplemente inter partes, conforme al artículo 243 de la Carta;
ii) tales efectos resultan obligatorios, en principio, hacia el futuro, aunque
no necesariamente, porque depende de la Corte, como se dijo, fijar
autónomamente tales efectos; iii) que frente a las sentencias que hacen
tránsito a cosa juzgada no se puede juzgar la misma norma nuevamente por los
mismos motivos, a fin de respetar la seguridad jurídica; iv) que las sentencias
de la Corte sobre temas de fondo o materiales, en especial las de
inexequibilidad, no pueden ser objeto nuevamente de controversia por las mismas
razones, y v) que todos los operadores jurídicos están obligados a respetar el
efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte
Constitucional”.
[56] “Corte
Constitucional, Sentencias T-292 de 2006  y T-468 de 2003”.
[57] Corte Constitucional,
Sentencia T-693 de 2009.
[58]
Corte Constitucional, Sentencias T-1112 de 2008 y T-351 de 2011.
[59]
“En el tema de los efectos extendidos de las sentencias de tutela, deben
citarse, entre otras, las siguientes providencias: SU-1023 de 2001, T-203 de
2002, SU-388 de 2005 y T-726 de 2005 (, entre otras. En la sentencia T-203 de
2002, se sostuvo que en virtud del artículo 241 de la Carta, la Corte
Constitucional ejerce cuatro tipos e control constitucional: a) El control
abstracto de normas contenidas en actos legislativos, leyes, decretos con
fuerza de ley, decretos legislativos, proyectos de ley y tratados (artículo 21
numerales 1,4,5,7,8 y 10 C.P). b) El control por vía de revisión de las
sentencias de tutela y que comprende el control constitucional de providencias
judiciales; c) ‘el control por vía excepcional en el curso de un proceso
concreto mediante la aplicación preferente de la Constitución (artículo 4, CP)’
y d) el control de los mecanismos de participación ciudadana en sus diversas
manifestaciones (artículo 241, No 2 y 3, CP)[59]. Señaló la sentencia que
se cita, que ‘los efectos son erga omnes y pro - futuro cuando controla normas
en abstracto; son inter partes cuando decide sobre una tutela; son inter partes
cuando aplica de manera preferente la Constitución en el curso de un proceso
concreto; y son erga omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de
participación ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias
de la Corte han de ser los anteriormente señalados’.  (Las subrayas fuera del
original). De hecho en el auto 071 de 2001, se dijo que cuando la Corte aplica
la excepción de inconstitucionalidad y fija los efectos de sus providencias
estos pueden extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter
pares. Finalmente debe considerarse la sentencia SU-1023 de 2001, que
estableció que en circunstancias muy especiales, con el fin de no discriminar
entre tutelantes y no tutelantes que han visto violados sus derechos
fundamentales, los efectos de la acción de tutela pueden extenderse inter
comunis es decir, extenderse a una comunidad determinada por unas características
específicas. En las sentencias SU-388 de 2005  y T-493 de 2005 igualmente, se
estableció que los efectos de la sentencia de unificación serían inter comunis
para madres cabeza de familia desvinculadas de Telecom”.
[60]  “Ver, además la
sentencia T-1625 de 2000”.
[61]
“Sentencia SU- 640 de 1998”.
[62] “Sentencia SU-1219 de
2001”.
[63] Corte Constitucional, Sentencias C-036 de
1997, T-292 de 2006 y SU -1184 de 2001, T-1112 de 2008 y T-351 de 2011.
[64]
Corte Constitucional, Sentencia T-1112 de 2008.
[65] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-161 de 2010.
[66] Corte Constitucional,
Sentencia T-774 de 2004.
[67] Vgr. ha sido derogada o
declarada inexequible.
[68] Corte Constitucional,
Sentencia T-292 de 2006.
[69]
Corte Constitucional, Sentencia SU-1185 de 2001.
[70] En la Sentencia T-1031
de 2001, la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una
providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al
caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio
de los derechos fundamentales de los asociados”. Pueden verse además las
Sentencias T-1285 de 2005 y T-567 de 1998.
[71] Corte Constitucional,
Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000, T-1031 de 2001 y T-047 de 2005. En
estos casos, si bien el juez de la causa es quien le fija el alcance a la norma
que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos
constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más
entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se ajuste a la
Carta política.
[72] Corte Constitucional, Sentencias
T-114 de 2002 y T-1285 de 2005.
[73] Ver las Sentencias
SU-640 de 1998, T-462 de 2003 y T-292 de 2006.
[74] Sobre el particular en
la sentencia T-123 de 1995, esta corporación señaló: “Es razonable exigir,
en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y
funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que
justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario,
estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los
recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse
este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también
puede consultarse la sentencia T-949 de 2003.
[75] Sobre el particular, la
sentencia T-302 de 2008 explicó lo siguiente: “En un estado democrático de
derecho, en tanto garantía ciudadana, la obligación de sustentar y motivar las
decisiones judiciales, resulta vital en el ejercicio de la función
jurisdiccional. La necesidad de justificar las decisiones judiciales, salvo
aquellas en las cuales expresamente la ley ha prescindido  de este deber,
garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el
conflicto jurídico.  En este sentido, la motivación de los actos
jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido
mínimo del debido proceso, dado que  constituye una barrera a la
arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al
ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la
providencia”.
[76] Corte
Constitucional, Sentencia T-607 de 2000.
[77] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 7034 del 15 de abril de 1980.
[78] Numeral 14, del artículo
62 del Código Sustantivo de Trabajo.
[79] En algunos de sus apartes, la aludida
sentencia de la Sala de Casación Laboral señaló: “Es innegable que el
numeral 14 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, permite al patrono
terminar unilateralmente el contrato de trabajo por justa causa al trabajador,
cuando a éste le es reconocida la pensión de jubilación o invalidez estando al
servicio de la empresa. A este respecto la jurisprudencia de la Corte ha venido
sosteniendo que el despido es legal si el reconocimiento de la mencionada
prestación ocurre estando el trabajador al servicio de la empresa; además, que
si reunidos los requisitos para acceder a la pensión, el trabajador no hace las
gestiones pertinentes ante la entidad de seguridad, nada impide al empresario
hacerlo// Apunta ahora la Sala, frente a la existencia de las preceptivas
acusadas,  manteniendo vigente la posición jurisprudencial antes referida, que
si es la empresa la que acude al ente de seguridad en procura del
reconocimiento de la pensión de quien le presta sus servicios, el cual ha
reunido los requisitos previstos por los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, es indispensable que le haga saber de su intención a dicho
trabajador, para que éste tenga la oportunidad de oponerse a la misma, si
considera que ella le enerva la posibilidad de continuar trabajando y
cotizando, tal como  lo permite el parágrafo 3 de la norma en cita. Así
debe entenderse, si se tiene en cuenta que fue  el legislador explícitamente
quien al expedir esta norma y prescribir que, no obstante el trabajador reunir
el requisito de las 1000 semanas de cotizaciones, estaba facultado para que,
si lo estimaba “conveniente”, pudiera seguir trabajando y cotizando a su
cargo, durante 5 años más.”  (Subrayado fuera de texto).
[80] “Artículo 62.
Subrogado por el artículo 7 del decreto ley 2351 de 1965. Terminación del
contrato por justa causa. Son justas causas para dar por terminado
unilateralmente el contrato de trabajo: “Por parte del patrono: // (…)// 14.
El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o
invalidez estado al servicio de la empresa.”
[81]
Corte Constitucional, Sentencia C – 1037 de 2003, Magistrado Ponente: Jaime
Araujo Rentería.
[82] Al respecto se pueden
consultar, entre muchas otras, la sentencias T- 1092 de 2008 y T -039 de 2009;
en donde esta corporación al estudiar el alcance que, respecto de los
funcionarios de la rama judicial, tiene el parágrafo 3 del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, señaló que
de acuerdo con lo establecido en esta norma el retiro del servicio “está
sujeto a la voluntad del empleador"., ya que como se señaló, la
consulta al trabajador, tenía vigencia bajo la consagración original que traía
el parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 100 de 1993, que fue modificado por lo
señalado en el parágrafo 3 del artículo 9 de la ley 797 de 2003.
[83] Múltiples
sentencias han discutido la procedencia de la acción de amparo en asuntos en
los que se solicita la indexación de la primera mesada pensional. Así, por
ejemplo, en la Sentencia T-141 de 2009 se estudió un caso en el que el
peticionario estaba solicitando la indexación de su primera mesada pensional, y
pese a que lo habían hecho mediante un proceso ordinario no había agotado el
recurso de casación. En sede de tutela conoció en única instancia la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó que el amparo
invocado era improcedente ante la omisión del peticionario en haber agotado el
recurso extraordinario. El proceso es escogido para revisión por la Corte
Constitucional, se concede la indexación, y en lo referente al agotamiento
previo del recurso extraordinario se manifiesta lo siguiente: “5.4. Según lo dicho por esta corporación en
ocasiones anteriores, si el accionante de tutela demuestra que con las
providencias judiciales se afecta su derecho al mínimo vital, de tal situación
puede devenir en un perjuicio irremediable. Esto relevaría al actor de agotar
todas las instancias judiciales, por cuanto al no reconocerle el mantenimiento
del poder adquisitivo de la mesada pensional del actor, se presume válidamente
la afectación de su derecho al mínimo vital.”
[84] Corte
Constitucional, Sentencia T-934 de 2011. En esa oportunidad la Sala Séptima de
Revisión estudió un caso en el que una joven de 27 años, con un diagnostico de
lupus heritematoso y deficiencia renal crónica Terminal, solicitó mediante un
proceso ordinario la pensión de invalidez  y le fue negada.
Para aquel entonces la joven obvió el recurso
extraordinario de casación debido a la situación de salud en la que se
encontraba. Su progenitora acudió en acción de amparo y tanto en primera como
en segunda instancia la Sala Laboral y la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia negaron la solicitud, con fundamento en que, entre otras cosas, no se
había agotado el recurso extraordinario de casación. El proceso es escogido
para revisión, seconcede el derecho y en lo referente a la procedencia de la
acción de tutela, la Corte Constitucional refiere lo siguiente: “Por otro lado, aunque la accionante no agotó
el recurso extraordinario de casación, y por tanto, es evidente que contaba con
este mecanismo para hacer valer sus derechos antes de haber acudido a la
tutela, no se debe olvidar que la jurisprudencia de esta corporación ha
resaltado la posibilidad de obviar excepcionalmente el requisito de la
subsidiariedad de la acción, cuando los mecanismos ordinarios no son idóneos o
resultan ineficaces para proteger los derechos fundamentales de la accionante.
// En este orden de ideas, en el caso concreto es evidente que se está ante la
urgencia de obtener una respuesta, pues la accionante es una enferma terminal,
y en la historia clínica está probado que para el año 2006, su expectativa de
vida era de cinco años, con menos del 50% de probabilidad de sobrevivir a esta
expectativa.// Por ende, es claro para la Sala que, para la fecha de esta
sentencia, la accionante se somete a tres sesiones de hemodiálisis a la semana
con el fin de sobrellevar la enfermedad terminal que padece y ha superado la
expectativa de vida que le fue diagnosticada por un especialista. De este modo,
se evidencia que, resulta desproporcionado exigir a la accionante que acuda al
recurso extraordinario de casación, teniendo en cuenta sus circunstancias
particulares.// En consecuencia, la Corte encuentra justificado el hecho de que
la accionante no haya agotado el recurso extraordinario de casación, dado que
su situación es urgente y por ende la tutela se constituye como el mecanismo
ideal para proteger sus derechos fundamentales, argumento que no fue analizado
por los jueces de instancia.”
[85] Sentencia
T-071 de 2012: En esta oportunidad la Sala Quinta de Revisión estudió un caso
en el cual se alegaba la existencia de una “vía de hecho”  dentro de un
proceso de impugnación de la paternidad debido a que no se había tenido en
cuenta que de acuerdo con una prueba de ADN realizada al peticionario, se
determinó que no era el padre de la menor contra la que se dirigía la acción de
tutela. Dentro del proceso ordinario el accionante fue absuelto en primera
instancia; pero enseguida, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia
declarando probada la excepción de caducidad de la acción de impugnación de la
paternidad y negando la prosperidad de las pretensiones de la demanda. El demandante
acude mediante acción de amparo y tanto en primera como en segunda instancia la
Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, respectivamente, negaron la solicitud de amparo argumentando: (i) que
no era procedente la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) que
se debía respetar la autonomía del juez natural; y, finalmente, (iii) que no se
había agotado el recurso de casación.
El
proceso es escogido para revisión por la Corte Constitucional, que concede la
protección invocada; en lo referente a la procedencia de la acción precisa lo
siguiente: “Pero, también es
innegable que el señor Diego Gutiérrez Figueroa omitió interponer contra esa
sentencia adversa a sus intereses el recurso extraordinario de casación, que
era procedente según lo dispuesto en el artículo 366 del Código de
Procedimiento Civil. Es decir, que no agotó todos los medios de defensa
judicial que tenía a su alcance.// Ahora bien, ¿será improcedente por ese
motivo la presente acción de tutela, como lo sostienen las Salas de Casación
Civil y de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias
de primera y segunda instancia, que han negado el amparo constitucional
solicitado por el accionante?// Indudablemente que la respuesta es negativa,
porque, si bien esta corporación, como atrás se explicó, ha reiterado que la
acción de tutela es en principio improcedente contra providencias judiciales
cuando el actor no ha ejercido todos los medios de defensa judicial a su
disposición, también ha señalado en casos iguales al aquí analizado que ni siquiera la incuria del demandante al no interponer
recursos como el de apelación o casación puede privarlo del goce efectivo de su
derecho a la personalidad jurídica, toda vez que lo sustancial debe prevalecer
sobre lo adjetivo. Sobre
este punto, la Corte en Sentencia T-888 de 2010, al analizar el caso de una persona que interpuso una
acción de tutela porque una autoridad judicial le estaba vulnerando sus
derechos fundamentales al declararle
impróspera una acción de impugnación de paternidad, por considerar que no tenía
“interés actual” para demandar, a pesar de haber instaurado la impugnación
dentro de un plazo razonable contado desde que tuvo certeza, gracias a una
prueba de ADN, de que no era el padre biológico de quien había  reconocido como
hija años atrás, expuso
lo siguiente:// “27. No
obstante, debe la Sala decidir si la acción de tutela es improcedente, en este
caso, por una de las razones empleadas por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema obrando como juez de tutela, y es que el demandante plantea una ‘inconformidad
que bien pudo plantearse a través del recurso extraordinario de casación que
fue desdeñado debido a la propia incuria del accionante’. La respuesta debe
ser negativa, y en eso la Sala es respetuosa del precedente previamente fijado
por esta Corte en la sentencia T-411 de 2004. Como se dijo en esta providencia,
en esa ocasión la Corte consideró que era procedente una tutela contra
providencia judicial, a pesar de que el tutelante no hubiera interpuesto un
recurso (el de apelación) contra la providencia ordinaria atacada, porque los
sustancial debía prevalecer sobre lo adjetivo, y en ese caso ni siquiera la
incuria del demandante podía privarlo del goce efectivo de su derecho a la
personalidad jurídica. Lo mismo puede decirse en este caso, en el cual el
tutelante presentó la tutela sin haber agotado previamente la casación. De modo
que la acción de tutela es procedente.”  (Subrayas fuera de texto original). //
De igual forma, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que existen
situaciones en las que, incluso sin haberse intentado recurso alguno, es
procedente excepcionalmente la acción de tutela cuando “los intereses en juego corresponden a
menores, cuya indefensión se presume según el artículo 42 del Decreto 2591 de
1991, en especial si esos intereses corresponden a derechos fundamentales que
pueden quedar vulnerados o amenazados en la hipótesis de una tutela denegada
por no haber hecho (…) uso oportuno de los recursos que los favorecían en el
proceso ordinario”. // Con
base en estos precedentes constitucionales la Sala considera procedente esta
acción de tutela, toda vez que se trata de amparar no solo los derechos
fundamentales indisponibles del señor Diego Gutiérrez Figueroa a la
personalidad jurídica y a la filiación, sino especialmente los derechos
fundamentales de la menor  Karen Gutiérrez Jiménez a la familia, a la
personalidad jurídica, a la filiación, al libre desarrollo de la personalidad y
a la dignidad. Además, porque desconocer que la niña no es hija del accionante,
como se ha demostrado científicamente con la prueba de ADN, en aras de mantener
la improcedencia de la acción con fundamento en la formalidad procesal
consistente en no haber presentado el recurso extraordinario de casación, sería
absolutamente desproporcionado y violatorio del principio de la prevalencia del
derecho sustancial (artículo 228 Superior).”
[86]
Información que puede ser corroborada con la resolución núm. 21729 del 21 de
octubre de 2009 expedida por el ISS obrante en los folios 15 a 18 del cuaderno
de revisión.
[87] Al respecto se pude consultar la Sentencia
T-093 de 2013, proferida por la Sala Séptima de Revisión de tutelas en donde se
expuso ampliamente esta tesis: “Tesis sobre la vida probable: En
relación con la seguridad social de las personas de la tercera edad, la Corte
ha desarrollado una línea jurisprudencial de la mayor trascendencia  en torno a
la tesis de la vida probable, explicando que la misma consiste en que cuando
una persona sobrepasa el promedio de vida de los colombianos y que por su
avanzada edad, ya existencia se habría extinguido para la fecha de una decisión
dentro de un proceso judicial ordinario.//Las
sentencias T-849 de 2009 y T-300 de 2010, reiteran esta línea jurisprudencial
contenida principalmente en los fallos T-056 de 1994[87],
T-456 de 1994, T-295 de 1999, T-827 de 1999, T-1116 de 2000, T-T-849 de 2009 y
T-300 de 2010,  entre otras.// Esta corporación, en la sentencia T-456 de 1994,
enfatiza en la trascendencia de tomar en cuenta para estos casos, la tesis de
la vida probable://“Si una persona sobrepasa (78 años para el caso)  el
índice de promedio de vida de los colombianos (actualmente, en 74), y ella
considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y
por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima
razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se
produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada, unido esto al
alto volumen de procesos que razonablemente producen demora en la decisión,
pese al comportamiento diligente del juzgador, entonces, ese anciano no tiene
otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente, mientras se
decide el fondo del asunto por el juez natural, se ordene el respeto a su
derecho.” (negrilla fuera de texto)// La misma sentencia, asocia la tesis sobre
la vida probable con postulados de la valía del principio de equidad y del principio
de dignidad humana, al sostener: //“La equidad permite que para igualar las
cargas de los ancianos frente a otros jubilados que no han superado la edad de
vida probable de los colombianos, se puede aplicar la tutela, como mecanismo
transitorio, ordenándose que el derecho prestacional del reclamante, si se
ajusta a la ley, sea visualizado por el anciano, sin que la existencia de otros
medios de defensa judiciales se constituya en disculpa para que el longevo no
conozca en vida la solución para sus derechos reclamados. Esta es una forma de
valorar la eficacia y decidir jurídicamente con base en los elementos
fácticos.”.
[88] Al respecto se puede
verificar la audiencia de juzgamiento de primera instancia obrante a folio 17
en el CD ROOM allegado por el Juzgado; y la sentencia de segunda instancia
obrante a folios 18 a 24 del cuaderno de primera instancia.
[89] Folios 11 Y 12 del
cuaderno de primera instancia (escrito de tutela).
[90] CD-ROOM obrante a folio
17 del cuaderno de primera instancia.
[91] Folios 17 a 24 del
cuaderno de primera instancia.
[92]
Folio 10 del cuaderno de primera instancia (escrito de tutela).
[93] De acuerdo con la cual, no es posible
desvincular a un trabajador con requisitos para la pensión, hasta tanto sea
incluido en nómina.
[94] Ver, entre otros, los
salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591,
T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y
T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de
2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las sentencias T-987 y
T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263
y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y
T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y T-786 y T-867 de 2011 y
T-010 de 2012.
[95]
C-590 de 2005.