C-241-06
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-241/06
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Finalidad
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Debe
cumplirse en sesión anterior a la de la votación
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Posibilidad
que orden del día inconcluso continúe en sesión siguiente
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Necesidad de
certeza sobre fecha de votación
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance
de la expresión “considerar”un proyecto de ley en la próxima sesión
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Reglas jurisprudenciales sobre
cumplimiento/ REQUISITO DE
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Fecha no determinada pero sí determinable por los
miembros del Congreso
Para el cumplimiento de lo señalado en el Acto Legislativo se puede afirmar
que (i) se hace necesario que así no esté exactamente determinada, la fecha de
votación sea determinable; (ii) se hace imposible el cumplimiento de lo
previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, si el anuncio para la votación se da
el mismo día que ésta; (iii) la contextualización que se da con la mención de
que se está cumpliendo con los requisitos del Acto Legislativo fortalece el que
el anuncio de votación sea válido a la luz de la Carta; (iv) no existe una fórmula textual
específica para realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la
finalidad del anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada
caso; (vi) si bien la omisión del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es, en
principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves irregularidades
en el anuncio se presentan en el primero de los debates de todo el trámite de
aprobación de la ley.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-No
existe fórmula textual específica para realizar anuncio
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio
previo de votación/REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION
EN TRAMITE LEGISLATIVO-incumplimiento
en el inicio del trámite constituye vicio insubsanable/ REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Indeterminabilidad
La Corte considera preciso señalar que en el presente
caso se sigue la jurisprudencia
de la Corporación en la medida en que el vicio de la Ley en análisis se
constituye por la indeterminabilidad de la finalidad del anuncio. En efecto, la expresión “que más
tendríamos para el día de hoy o para mañana”  contiene tanto una indeterminación temporal como una imprecisión y
una vaguedad de tal entidad que se concluye que no se dio cumplimiento a lo
previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003. La forma en que se
citó a los parlamentarios en el primer anuncio no cumple la finalidad prevista en el Acto Legislativo
01 de 2003, artículo 8, sino que la desvirtúa. Por ende, se configura un
defecto procedimental que conlleva la inconstitucionalidad de la ley
aprobatoria del tratado objeto de revisión constitucional. Para finalizar, la Corte debe analizar si el vicio que
se presenta es o no subsanable. En virtud de que el vicio se presentó al inicio
del trámite del proyecto de ley, siguiendo la jurisprudencia de esta
Corporación, éste se torna insubsanable. Lo anterior, toda vez que sería casi equiparable devolver el
proyecto para que fuera subsanado el vicio que retirar del ordenamiento la ley
en estudio para que se le dé nuevo trámite en el Congreso.
Referencia: expediente LAT-280
Revisión oficiosa de la Ley 968 de 2005 “Por medio de la cual se aprueba el estatuto migratorio
permanente entre Colombia y Ecuador, Firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de
agosto de dos mil (2000)”
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, veintinueve (29) de marzo de dos mil seis (2006)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada
por los magistrados Doctores Manuel José Cepeda Espinosa - quien la preside -,
Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra,
Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento
de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en
la revisión oficiosa de la Ley 968 de 2005 “Por medio de la cual se aprueba el estatuto
migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, Firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”.
I. ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del
artículo 241 de la C.P., el 19 de julio de 2005, el Secretario Jurídico de la
Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica
de la Ley 968 del 13 de julio de
2005 “Por medio de la cual
se aprueba el estatuto migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, Firmado
en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”.
Por Auto del 1º de agosto del mismo año, el Magistrado
Sustanciador asumió el conocimiento
de la Ley de la referencia y notificó a las Secretarías Generales de Cámara y
Senado para que remitieran toda la información concerniente al trámite
legislativo dado a la ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar la
demanda al Ministerio de
Relaciones Exteriores, al Ministerio de la Protección Social y al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Por otro lado, en dicho auto se ordenó la fijación en lista del negocio y el traslado del
expediente al despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de que rindiera el
concepto de su competencia.
Cumplidos los trámites indicados para este tipo de
actuaciones, procede la Corte a pronunciar su decisión.
II. EL TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY
APROBATORIA
“LEY 968 DE 2005
(julio 13)
Diario Oficial No. 45.970 de 15 de julio de
2005
Por medio de la cual se aprueba el
"Estatuto Migratorio Permanente, entre Colombia y Ecuador", firmado
en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del "Estatuto
Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador", firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000), que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
PROYECTO DE LEY NUMERO 88 DE
2004
por medio de la cual se aprueba el
"Estatuto Migratorio Permanente", entre Colombia y Ecuador, firmado
en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del "Estatuto
Migratorio Permanente" entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000), que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE
PREAMBULO
Como complemento del convenio celebrado
entre Colombia y Ecuador sobre "Tránsito de Personas, Vehículos,
Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves", suscrito en Esmeraldas el
18 de abril de 1990, el Reglamento de Tránsito Transfronterizo Aéreo y
Terrestres Ecuatoriano-Colombiano; así como de los Convenios sobre Migrantes
Indocumentados suscritos en los últimos treinta años;
Convencidos de la necesidad y de la
conveniencia de facilitar el tránsito y la permanencia de personas en los dos
países y,
Animados de la firme voluntad de estrechar
aún más las relaciones entre ambos pueblos y con el objeto de fortalecer la
integración bilateral y fronteriza, hemos convenido adoptar el siguiente
Convenio:
I. MIGRACIÓN TEMPORAL.
ARTÍCULO 1o. Los ecuatorianos y colombianos podrán
ingresar sin necesidad de visa de uno a otro país, hasta por el término de 180
días en un año, de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia en
cada país, portando el documento de identidad, para desarrollar actividades con
fines lícitos tales como comercio itinerante, deporte, cultura, tratamiento
médico, estudio, ciencia y para ejecutar actos de comercio en concordancia con
el artículo 56 del Reglamento de Tránsito Transfronterizo Aéreo y Terrestres
EcuatorianoColombiano.
PARÁGRAFO. Los nacionales de los dos países que
deseen continuar ejerciendo las actividades mencionadas por un período superior
a los 180 días en un mismo año calendario, deberán solicitar ante las
autoridades competentes la correspondiente visa prevista en la legislación de
cada país. Esta visa podrá ser concedida en el país donde esté desarrollando
las actividades.
ARTÍCULO 2o. Los nacionales de los dos países podrán
realizar trabajos temporales, de carácter agrícola, ganadero, petrolero, de la
construcción o similares dentro de la Zona de Integración Fronteriza, por un
período de hasta 90 días, prorrogables por un período igual y por una sola vez
en un año calendario, de conformidad con las disposiciones vigentes en la
materia de cada país, para lo cual se requiere el registro ante la Oficina de
Trabajo correspondiente más cercana dentro de la Zona de Integración Fronteriza
y su respectiva afiliación a uno de los sistemas de seguridad social existentes
en cada país y presentarlos a la autoridad migratoria competente.
PARÁGRAFO. Los nacionales de los dos países que
deseen continuar ejerciendo las actividades mencionadas por un período superior
a la prórroga dentro de la Zona de Integración Fronteriza, en un mismo año
calendario, deberán ser contratados formalmente y solicitar ante las
autoridades competentes, la correspondiente visa prevista en la legislación de
cada país. Esta visa podrá ser concedida por el término de duración del
contrato y en el país donde está desarrollando las actividades.
ARTÍCULO 3o. Los nacionales de uno de los dos países
que deseen adelantar estudios en el otro país, por un período superior a los
180 días de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia de cada país,
deberán solicitar la visa correspondiente de Estudiante Regular, para lo cual
deberán presentar el certificado de matrícula en el establecimiento de
educación legalmente reconocido y más documentos de ley.
II. MIGRACIÓN PERMANENTE.
ARTÍCULO 4o. Se priorizarán para los nacionales de uno
y otro país, los trámites para la obtención de la visa de residente.
ARTÍCULO 5o. La categoría de residente o inmigrante
permanente, será de carácter indefinido. Sin embargo tal calidad, se perderá,
si el titular de la misma se ausenta del país receptor por más de tres años
continuos.
ARTÍCULO 6o. El inmigrante permanente, propietario de
finca raíz deberá presentar ante la autoridad nacional competente, el documento
de identidad con una vigencia mínima de seis meses y los de la propiedad de la
finca raíz que posee para obtener la correspondiente visa.
ARTÍCULO 7o. El inmigrante permanente, trabajador
agropecuario deberá presentar a la autoridad nacional competente, los
documentos de identidad, de afiliación a uno de los Sistemas de Seguridad
Social existentes en el país receptor con una vigencia mínima de seis meses
para obtener la correspondiente visa.
ARTÍCULO 8o. El inmigrante permanente propietario de
finca raíz, el trabajador agropecuario y el comerciante estacionario o
itinerante que se encuentre en situación irregular en el país receptor y que
pruebe haber permanecido en ese país por cinco años o más, antes de la fecha de
la suscripción del presente acuerdo, podrá legalizar su permanencia y ser
titular de una visa de residente o inmigrante permanente.
ARTÍCULO 9o. Podrán acogerse al presente capítulo,
quienes no registren antecedentes penales mediante la presentación del
certificado de antecedentes judiciales y récord policial se gún el país de
origen del migrante.
III. SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL.
ARTÍCULO 10. El empleador está en la obligación de
afiliar al trabajador temporal o permanente a uno de los Sistemas de Seguridad
Social existentes en el país receptor.
ARTÍCULO 11. El migrante temporal que trabaje de manera
independiente y se radique en el lugar en donde desarrolle sus actividades,
deberá afiliarse a uno de los Sistemas de Seguridad Social existentes en el
país receptor.
PARÁGRAFO. Para la afiliación a uno de los Sistemas
de Seguridad Social, el migrante deberá presentar su documento nacional de
identidad.
IV. PROTECCION Y ASISTENCIA.
ARTÍCULO 12. El migrante tendrá, en general, los mismos
derechos, garantías y obligaciones civiles que el nacional.
ARTÍCULO 13. Las autoridades nacionales competentes
identificarán periódicamente los principales asentamientos de migrantes
propietarios de finca raíz y/o trabajadores agrícolas, ganaderos, de la
construcción o similares, con el propósito de facilitar la regularización de su
permanencia.
ARTÍCULO 14. Los programas nacionales de alfabetización
para adultos y para los menores incluirán a los migrantes.
ARTÍCULO 15. Las autoridades migratorias, de
extranjería y demás, prestarán todas las facilidades para que el migrante irregular
legalice su situación en el país receptor, pudiendo obtener en el mismo el
visado correspondiente, previa la presentación de la solicitud y la
documentación para tal efecto.
V. DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 16. Las visas que se expidan de acuerdo con
las disposiciones del presente Convenio, se harán extensivas en calidad de
beneficiarios al cónyuge, o compañero permanente reconocido conforme a la
legislación interna del país receptor, y a los hijos menores de 18 años y
ascendientes en línea directa.
ARTÍCULO 17. Las visas que exijan las normas legales
nacionales con fines migratorios serán gratuitas. Se aplicará la reciprocidad
en el costo de los documentos que exijan las normas legales, nacionales para
fines migratorios. Para la ejecución del presente Acuerdo y con fines de
reciprocidad, se aplicarán los costos vigentes en el Ecuador por ser de menor
monto. En el caso de demandarse alguna modificación o reforma, esta se acordará
mediante Canje de Notas.
ARTÍCULO 18. Todo aquello que no se encuentra regulado
expresamente por este Convenio, se sujetará a lo dispuesto en las respectivas
legislaciones nac ionales. La interpretación acerca del alcance del presente
Acuerdo será de facultad de las respectivas Cancillerías.
VI. DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Convenio entrará en vigor a
partir de la fecha en que las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus
requisitos internos. Tendrá vigencia indefinida y podrá ser denunciado por
cualquiera de las partes con doce meses de anticipación a través de notificación
expresa por la vía diplomática.
Se firma en la ciudad de Bogotá, República
de Colombia, a los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil, en dos (2)
ejemplares originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Ministro de Relaciones Exteriores del
Ecuador,
Heinz Moeller Freile.
Ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia,
Guillermo Fernández de Soto.
CERTIFICO:
Que la presente, contenida en dos fojas
útiles, es fiel copia del original del "Estatuto Migratorio
Permanente", que reposa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Ecuador y que corresponde al texto aprobado por las partes. Dicho
instrumento internacional fue suscrito por los representantes de la República
del Ecuador y de la república de Colombia, en Bogotá, el 24 de agosto del año
2000.
Lo certifico. Quito, a 12 de diciembre del
2001.
Luis Gallego Chiriboga,
Secretario General de Relaciones
Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el "Estatuto
Migratorio Permanente" entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
Artículo 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el ar tículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Estatuto Migratorio
Permanente" entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro
(24) de agosto de dos mil (2000), que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
LEY 424 DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los
convenios internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o. El Gobierno Nacional a través
de la Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones
Exteriores de Senado y Cámara y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los convenios
internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
Artículo 2o. Cada dependencia del Gobierno
Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y
requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y este a las Comisiones Segundas.
Artículo 3o. El texto completo de la
presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los Convenios
Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a
consideración del Congreso.
Artículo 4o. La presente ley rige a partir
de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de
enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el "Estatuto
Migratorio Permanente" entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
Artículo 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Estatuto Migratorio
Permanente entre Colombia y Ecuador", firmado en Bogotá, el veinticuatro
(24) de agosto de dos mil (2000), que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Luis Humberto Gómez Gallo.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
La Presidenta de la honorable Cámara de
Representantes,
Zulema Jattin Corrales.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de
2005.
El Ministro del Interior y de Justicia,
delegatario de funciones presidenciales, conforme al Decreto número 2317 del 8
de julio de 2005,
Sabas Pretelt de la Vega.
El Viceministro de Asuntos Multilaterales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del
despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Jaime Girón Duarte.
III.- INTERVENCIONES
Intervención del Ministerio del Interior y de
Justicia
En representación del Ministerio de la referencia
intervino en el proceso Fernando Gómez Mejía, Director del Ordenamiento
Jurídico, para solicitar a la Corte
la declaración de exequibilidad de la Ley 968 de 2005 y del Estatuto que por
ella se aprueba.
El Ministerio señala que el Gobierno, por intermedio
de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de la Protección Social,
el 23 de agosto de 2004 presentó
ante el Senado el proyecto de ley que dio origen a la ley que se revisa, el
cual fue radicado bajo el número 88 de 2004.
Agrega que se cumplió con la publicación oficial del
proyecto, junto con su exposición de motivos (Gaceta 471 del 26 de agosto de 2004).
El informe de ponencia fue rendido por los senadores
Jimmy Chamorro Cruz y Francisco Murgueitio Retrepo. La ponencia fue publicada
en la Gaceta del Congreso 559 del 22 de septiembre de 2004. Tal ponencia se
discutió y aprobó en la Comisión Segunda del Senado el 13 de octubre de 2004, con el quórum reglamentario.
Pasados los 8 días señalados en el artículo 160
constitucional, el proyecto se estudió en Plenaria del Senado, habiéndose
publicado la ponencia en la Gaceta 701 del 16 de noviembre de 2004, y fue aprobada el 23 de noviembre de
2004, con el quórum reglamentario.
Quince días después, respetando lo fijado por el
artículo 160 de la Carta, se designó como ponente en la Comisión Segunda de la
Cámara a Guillermo Rivera Flórez. Éste rindió ponencia favorable, la cual fue publicada en la Gaceta 54
del 18 de febrero de 2005.
La Comisión estudió la ponencia y le dio aprobación el
27 de abril de 2005, existiendo quórum reglamentario.
A los 8 días, acogiéndose a lo señalado en el artículo
160, el proyecto se estudió
por la Plenaria de la Cámara, después de publicar la ponencia en la Gaceta 276
del 18 de mayo de 2005. El proyecto fue aprobado el 7 de junio de 2005, con el
quórum reglamentario exigido.
Por último,
indica el Ministerio, el proyecto de ley fue sancionado por el Presidente y los
ministros del interior y relaciones exteriores.
Como justificación del tratado, el Ministerio indica
el esfuerzo por facilitar el tránsito y permanencia de los ciudadanos de un territorio en otro de una forma
regularizada o legalizada y una obtención prioritaria de visa de residentes.
Además, el Tratado desarrolla, según el Ministerio,
los postulados que sustentan las Constitución. En particular, el artículo 9
(fundamentación de las
relaciones exteriores en principios de Derecho Internacional) y el 189, numeral
2º (atribución del Presidente para celebrar convenios con otros estados).
Por último, afirma el Ministerio, las disposiciones
del Tratado están sujetas al ordenamiento interno, lo cual respeta la soberanía y la integridad de la
Constitución.
Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio, actuando a través de apoderado,
interviene para solicitar la exequibilidad de la Ley aprobatoria de tratado sometida a estudio de la Corte y el
Convenio que ésta aprueba.
Inicia por señalar que el Convenio en análisis es la
antesala para el establecimiento de un estatuto migratorio permanente. Agrega
que el Convenio facilita la circulación y permanencia regladas de los nacionales de Ecuador y
Colombia a uno y otro país, fomentando la reciprocidad de las relaciones
internacionales. Indica, además, que permite saber cuántos nacionales de ambos
países hay en el territorio del otro.
Después de hacer una descripción del contenido del tratado, afirma que el
Convenio desarrolla los artículos 9º, 24, 100, 101, 150 y 189 constitucionales.
Intervención ciudadana
El ciudadano José Manuel Álvarez Zárate interviene
para solicitar la exequibilidad del Convenio en estudio y de su Ley aprobatoria.
Indica el ciudadano que en la medida en que se
consagra como fin del Estado la integración de la comunidad latinoamericana, el
Presidente debe desarrollar su política exterior con naciones hermanas como
Ecuador.  Este enfoque de las
relaciones se refuerza con lo previsto en el artículo 227 constitucional donde
se prevé el deber de promoción de la integración económica, especialmente, con
los países de América Latina y el Caribe.
Agrega que Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones la cual tiene poderes de
regulación supranacional, entre otros aspectos, para la prestación de servidos
de personas naturales de las Partes en territorio de uno de los miembros de la
Comunidad, como lo establece la Decisión 439 de 1998. Tal decisión establece en su artículo 12:
“Los países miembros facilitarán el libre tránsito y
la presencia temporal de las personas naturales o físicas, así como de los
empleados de las empresas prestadoras de servicios de los demás países
miembros, en relación
con actividades que estén dentro del ámbito del presente marco general, de
conformidad con lo acordado por el consejo andino de ministros de relaciones
exteriores sobre la materia.”
Tal mandato, indica el ciudadano, hace parte de la
regulación del comercio de
servicios sobre el cual se prescribe:
“Artículo 2º - A efectos del presente marco general,
se adoptan las siguientes definiciones:
Comercio de servicios. El suministro de un servicio de
cualquier sector, a través de cualquiera de los siguientes modos de prestación:
a)
Desde el
territorio de un país miembro al territorio de otro país miembro;
b)
En el territorio
de un país miembro a un consumidor de otro país miembro;
c)
Por conducto de
la presencia comercial de empresas prestadoras de servidores de un país miembro
en el territorio de otro país miembro, y
d)
Por personas
naturales de un país miembro en el territorio de otro país miembro.” (subrayas ajenas al texto)
El Convenio en estudio, que brinda un trato más
favorable a los nacionales de Ecuador y Colombia, es cumplimiento de las
obligaciones contraídas con la Comunidad Andina de Naciones.
Por último, indica que si bien el trato migratorio
privilegiado consagrado en el
Convenio crea una diferencia, tal diferencia se justifica, puesto que la misma
Constitución señala que se promoverá especialmente la integración con los
países de América Latina.
IV.- CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En concepto del señor Procurador General de la Nación, Encargado, Carlos Arturo
Gómez Pavajeau, el Convenio que se revisa no se opone a la Constitución, al
tiempo que la ley por la que se lo aprueba fue tramitada con sujeción a las
previsiones procedimentales constitucionales y legales
vigentes.
En efecto, desde el punto de vista formal, la
Procuraduría considera que el Convenio fue firmado por los ministros de
relaciones exteriores de los países vinculados, por lo cual no era necesaria la
expedición de plenos poderes,
de acuerdo con el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. Posteriormente, el 5 de marzo de 2002, el Gobierno le dio aprobación
ejecutiva.
Adicionalmente, el Ministerio Público estima que la
Ley aprobatoria del Convenio
se tramitó de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución
Política y en la Ley 5ª de 1992.
En cuanto a la finalidad del Convenio, la Vista Fiscal
advierte que éste es resultado de los compromisos entre los representantes de los Gobiernos de Ecuador y Colombia en
reuniones de la Comisión de la Vecindad e Integración que pretende facilitar el
tránsito y permanencia de ciudadanos de uno y otro Estado en los territorios
vecinos.
Después de hacer una descripción general del contenido del Estatuto, la Procuraduría indica
que la integración entre Colombia y Ecuador plasmada en el Estatuto es
manifestación del fin señalado en el preámbulo y el artículo 9, disposiciones
que buscan fomentar la integración latinoamericana. Igualmente, procura la integración económica, en los
términos del artículo 227 C.P.. Simultáneamente, desarrolla lo indicado en el
artículo 95, numeral 2, literal b, relativo a la búsqueda de la nacionalidad
colombiana por parte de los latinoamericanos. Por último, respeta la paridad de derechos civiles de
los extranjeros en Colombia, indicada en el artículo 100 constitucional.
En consecuencia, se solicita la declaratoria de
exequibilidad de la Ley aprobatoria y el Estatuto.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
De acuerdo a lo establecido en el  numeral 10 artículo
241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer el control
integral y previo de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de
las leyes que los aprueben. La Ley 968 de 2005 aprueba el “Estatuto
migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, Firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”, por lo que su revisión, tanto desde el punto de
vista material como formal es competencia de esta Corporación.
2. Suscripción del Acuerdo
El
Acuerdo fue suscrito en Bogotá, el 24 de agosto de 2000, por el, en ese
entonces, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Guillermo Fernández de
Soto, y el, para el momento, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador,
Heinz Moeller Freille. Tal suscripción es válida en términos de la Ley 32 de
1985, artículo 7º, numeral 2º, literal a, aprobatoria de la Convención de Viena
sobre derecho de los tratados, la cual señala: “7. Plenos poderes. 1.
Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una
persona representa a un Estado: (...)2. En virtud de sus funciones, y sin tener
que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a)
los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores,
para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;
(...)”.
3. El trámite de la Ley Nº 968 del 13 de julio de
2005
El 5 de marzo de 2002, el entonces Presidente  de la
República, Andrés Pastrana Arango, impartió aprobación ejecutiva al tratado
para someterlo a aprobación del Congreso.  El Decreto fue suscrito por el Presidente y el
Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto.
El Gobierno Nacional, por intermedio de la Ministra de
Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, y el Ministro de la Protección
Social, Diego Palacio
Betancourt, presentó ante la Secretaría General del Senado, el 23 de agosto de
2004, el proyecto radicado bajo el No 88 de 2004, “por medio de la cual se aprueba el “Estatuto
Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador”. El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso junto con su
exposición de motivos, y repartido a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado[1].
a) Trámite ante el Senado de la República
Ponencia para primer debate:
Presentación de la ponencia para primer debate:
La ponencia para  primer debate del proyecto de ley No
88 de 2004 en la Comisión Segunda del Senado, fue presentada por los Senadores
Jimmy Chamorro Cruz y Francisco
Murgueitio Restrepo, el 21 de septiembre de 2004[2], después de haber publicado debidamente el
proyecto en la Gaceta del Congreso, el 26 de agosto de 2004[3].
Anuncio de la deliberación y votación en primer
debate:
El 12 de octubre de 2004 el Presidente de la Comisión
Segunda del Senado señaló: “los
señores Senadores Jairo Clopatofsky y Habib Merheg tienen algunos proyecto (sic), creo que lo
dejamos para el día de mañana todos los proyectos que hay aquí, más los que ya
anunció el señor Secretario General, que tienen que ver con el proyecto de
Taiwán y el proyecto de la Ley Espejo.
En su momento, trataríamos de que la misma comisión, si bien
por reglamento debemos colocar en el proyecto de Orden del Día los debates al
principio, esperamos que mañana podamos hacer un ajuste para que los proyectos
vayan primero al debate. En tales circunstancias pregunto a la secretaría que más tendríamos para el
día de hoy o para mañana.
El señor Secretario informa que serían los Proyectos
244 de 2004; 51 de 2004; 245 de 2004; 88 de 2004 Senado; 101 de 2004 Senado; 62 de 2004 Senado; 117 de 2004
Senado; 36 de 2004
Senado. El debate que hay para mañana es una invitación al Ministro de Comercio
Exterior, para tratar el estado actual de las negociaciones del tratado de
libre comercio.
El señor Presidente, Senador Manuel Ramiro Velásquez
Arroyave, levanta la
sesión y convoca para mañana a las 9:00 a.m.” (subrayas ajenas al texto)[4].
Discusión y aprobación en primer debate:
El proyecto de Ley No 88 de 2004, fue aprobado en
primer debate en la Comisión
Segunda del Senado,  el 13 de octubre de 2004, con un quórum integrado por once
(11) de los trece (13) senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado,
con once (11) votos a favor y cero (0) en contra, según certificación expedida el 17 de agosto de 2005 por el Secretario
General de dicha Comisión[5].
Presentación de ponencia para segundo debate:
La ponencia para segundo debate, presentada por los
congresistas Jimmy Chamorro Cruz y Francisco Murgueitio Restrepo, se publicó el
16 de noviembre de 2004[6].
Anuncio de la discusión y votación en segundo debate:
El 16 de noviembre de 2004, el Presidente del Senado
y, posteriormente el Secretario General del Senado señalaron: “Por instrucciones de la Presidencia y en
cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí, señor Presidente, aprovechando la oportunidad
señor Presidente, hay unos pocos proyectos para anunciar en la sesión de hoy,
son los siguientes:
(…)
Proyecto de ley número 88 de 2004 Senado, “por medio de la cual se
aprueba el “Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador”, firmado
en Bogotá el 24 de agosto de 2000, con informes de conciliación.”[7] (subrayas ajenas al texto)
Término de 8 días entre primer y segundo debate:
Respetando el término de 8 días que debe mediar entre
el primero y el segundo debate, señalado en el artículo 160 C.P., el 23 de
noviembre de 2004 se llevó a cabo el segundo debate en Plenaria del Senado.
Discusión y aprobación en segundo debate:
El proyecto fue aprobado el 23 de noviembre de 2004[8]. Tal aprobación se impartió con un quórum
deliberatorio de noventa y
tres (93)  senadores de los ciento dos (102) que conforman la plenaria, y al
ser sometido a votación, presentándose un quórum de cincuenta y cinco (55)
senadores, fue aprobado por mayoría, con cincuenta y cinco (55) votos
afirmativos y cero (0)
negativos[9].
b) Trámite ante la Cámara de Representantes
Respeto del término de 15 días entre aprobación del
proyecto en una cámara
e iniciación del debate en la otra - Presentación de la ponencia para primer
debate:
Posteriormente, y respetando el término de 15 días que
debe mediar entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra (art. 160 C.P.),  el proyecto fue enviado a la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes en donde fue radicado con el  No 248 de 2004. La
ponencia  para primer debate fue presentada por el Representante Guillermo
Rivera Flores, y publicada en la Gaceta del Congreso el 18 de febrero de 2004[10].
Anuncio de la deliberación y votación en primer
debate:
En la sesión del 26 de abril de 2005  el Secretario
General de la Comisión Segunda
de la Cámara indicó: “Anuncio
de proyectos de ley para debatir en la Sesión del día miércoles 27 de abril de
2005.
(…)
Proyecto de ley número 88 de 2004 Senado, 248 de 2004
Cámara, por medio de la
cual se aprueba el Estatuto Migratorio permanente entre Colombia y Ecuador,
firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)” [11].
Discusión y aprobación en primer debate
El proyecto fue aprobado en primer debate en la
Comisión Segunda Constitucional
de la Cámara de Representantes,  el día 27 de abril de 2005, por unanimidad,
con un quórum de diecisiete (17) Representantes de la Comisión Segunda de la
Cámara, según certificación expedida por el Secretario General de dicha
Comisión[12].
Presentación de ponencia para segundo debate:
La ponencia para segundo debate fue presentada por el
mismo Representante, y publicada en la Gaceta  del Congreso el 18 de mayo de
2005[13].
Anuncio de la discusión y votación en segundo debate:
El 2 de junio de 2005, la Presidenta de la Cámara
indicó: “Señor Secretario,
sírvase anunciar los proyectos, para la sesión Plenaria del día martes.
El martes iniciaremos a las 9 de la mañana en Congreso
en Pleno, para finalizar el debate de Moción de Censura al señor Ministro de
Defensa y continuaremos con la Plenaria de la Cámara de Representantes.
(…)
Señor secretario, sírvase anunciar los proyectos para la sesión del próximo
martes:
(…)
Proyecto de ley 248 de 2004 Cámara, 088 de 2004
Senado.
(…)
Han sido anunciado los proyectos de conformidad con el
Acto Legislativo.”[14]
Término de 8 días entre primer y segundo debate:
Respetando el término de 8 días que debe mediar entre
el primero y el segundo debate, señalado en el artículo 160 C.P., el 7 de junio
de 2005 se llevó a cabo el segundo debate en Plenaria de la Cámara.
Discusión y aprobación en segundo debate:
El proyecto de Ley fue aprobado en segundo debate
durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 7 de junio de
2005 por la mayoría de los representantes, estando presentes ciento cincuenta y
nueve (159) miembros[15].
Sanción del proyecto de ley:
Con posterioridad, la Ley  Aprobatoria del Acuerdo fue
sancionada por el Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales,
Sabas Pretel de la Vega, conforme al Decreto No 2317 el 13 de julio de 2005[16] y remitida a la Corte Constitucional, para
su revisión, dentro de los seis días  señalados por el artículo 241-10 de la Constitución.
4. Análisis de la validez de los anuncios para
votación del proyecto de ley
Una vez descrito el trámite adelantado para la
aprobación de la ley de la referencia, la Sala entrará a analizar, en
particular, si los anuncios de
las votaciones se surtieron de conformidad con lo señalado por el Acto
Legislativo 01 de 2003 según el cual “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo
dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en
la cual se realizará la votación.”. Tal análisis se hará
teniendo en cuenta la
finalidad de la disposición constitucional, a saber, “‘permitir a los Congresistas saber con anterioridad
cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos
a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por
ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas[17].’ Adicionalmente, dicha reforma facilita a
los ciudadanos y organizaciones sociales que  tengan interés en influir en la
formación de la ley y
en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política (Artículo
40 C. P.) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual es
importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa
(Artículos 1 y 3 C.P.)”[18]
4.1 Posición jurisprudencial sobre el requisito
constitucional previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003
A continuación se realizará una descripción de la
posición jurisprudencial de la Corporación en relación con el requisito constitucional enunciado para
que, con base en ésta se pueda determinar si en el trámite de la ley en estudio
existe o no un vicio de constitucionalidad.
4.1.1. Determinabilidad de la fecha en la cual se va a
realizar la votación para que se cumpla con la finalidad del Acto Legislativo 01 de
2003, artículo 8
En la Sentencia C-780/04 se analizó la
constitucionalidad de la Ley 876 de 2004, “por medio de la cual se aprueba el PROTOCOLO
MODIFICATORIO  A LA ‘CONVENCIÓN DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA’,
suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de
marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”. En tal fallo se precisó que la finalidad del artículo
160 de la Carta (no tomar por sorpresa
a los congresistas en la votación de un proyecto) se cumplía si la fecha de
votación a pesar de no estar precisamente definida era determinable. Al
respecto se dijo lo siguiente:
“se tiene que en la sesión del 10 de
septiembre de 2003 el Secretario
General de la Comisión Segunda de la Cámara le informó al Presidente que se
anunciarían los proyectos de ley que serían considerados en la próxima semana y
éste, al dar lectura a esos proyectos, incluyó el que finalizó con la Ley ahora
objeto de análisis. Es claro
que no indicó la fecha cierta y precisa en que tendría lugar dicha sesión, pues
sólo dijo que sería “la próxima semana”, actuación que, en principio,
constituye una irregularidad y que, por lo tanto, podría generar un vicio de
procedimiento que conlleve a
la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley. No obstante, en el presente
caso no se configura tal vicio dadas sus especiales particularidades, veamos.
En primer lugar, por el propio contexto en
que se hizo el anuncio y se llevó a cabo la votación, es decir, al incluirse el proyecto
respectivo dentro de los que se anunciaron para aprobación en la sesión de la
próxima semana -debe recordarse que el 10 de septiembre de 2003, día en que se
anunció, fue miércoles- se estaba indicando que ello tendría lugar en la sesión que se llevaría a cabo
justamente  en  la  semana  siguiente,  lo  que apuntaba a que era la del
miércoles 17 de septiembre,  pues  tal  como  lo  certificó el Secretario
General de la Comisión Segunda la sesión del 17 de septiembre de 2003 -fecha en que se aprobó el
proyecto - fue “la inmediatamente posterior a la realizada el 10 de septiembre”[19]. Tal cuestión indica que si bien no fue una fecha
determinada la señalada para la votación, sí era perfectamente determinable para los miembros de
esa célula legislativa. Y,
si bien al final de la sesión del 10 de septiembre de 2003 se convocó para el
martes a sesiones conjuntas con la Comisión homóloga del Senado de la
República, era lógico que en
esa sesión no podía estudiarse el proyecto de ley que finalizó con la Ley
objeto de estudio, por cuanto éste no era un tema de aquellos que requirieran
debate conjunto.
En efecto, en las sesiones conjuntas sólo
se analizan los temas taxativamente señalados en la Carta Política, es decir, los proyectos de
que tratan los artículos 163, 341 y 346 o los determinados en el reglamento del
Congreso, conforme a lo dispuesto en el artículo 157, numeral 2 ibídem. Además,
según lo certificó el mismo Secretario General, la sesión de las comisiones conjuntas citada para
el día 16 de septiembre de 2003 no se realizó.
En segundo término, por cuanto bajo esas específicas circunstancias
también se cumplió con la finalidad del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que consiste
precisamente en permitir que los Congresistas tengan conocimiento previo sobre
los proyectos que van a ser sometidos a votación y de esa manera evitar que
sean sorprendidos con la votación de un proyecto de ley que no había sido anunciado con anterioridad y
para la cual no habían sido convocados. De manera que en el presente caso no
puede considerarse que los H. Representantes hayan sido sorprendidos por la
votación del proyecto el día 17 de septiembre de 2003, tan es así que ninguno manifestó tal cuestión o
sentó protesta al respecto. ”
[20](subrayas ajenas al texto)
En sentido semejante, en la Sentencia C-644/04[21] se conoció del trámite surtido por la Ley
846 de noviembre 6 de 2003, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Adicional al Acuerdo de
Cartagena, ‘Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia’, hecho en Oporto, Portugal,
el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)”, la cual fue encontrada exequible en
relación con su trámite. En
esa ocasión se había anunciado el proyecto de ley en estudio dentro de aquéllos
que serían objeto de votación en la próxima sesión correspondiente al día
martes y, en efecto, tal votación se había hecho en la fecha prefijada. Durante el análisis de constitucionalidad,
la Corporación señaló:
“Esta Corporación ha reconocido que la finalidad pretendida por la
citada norma constitucional, es permitir a los Congresistas saber con
anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales
serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean
sorprendidos con votaciones intempestivas. Bajo esta perspectiva, la Corte ha
establecido que se cumple con la citada exigencia constitucional, cuando en una
sesión inicial se ordena la lectura y se deja constancia de los proyectos que serán discutidos y
votados en una sesión diferente, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura
prefijada, la cual resulte al menos determinable. Por otra parte, en Sentencia, la Corte estableció
que si por diversos
inconvenientes la votación no tiene lugar el día predispuesto, no se incurre en
vulneración a la Carta Fundamental, pues la exigencia constitucional se limita
exclusivamente a obligar el efectivo conocimiento previo de los proyectos que
en el futuro serán objeto de
decisión. Por consiguiente, como lo sostuvo esta Corporación, el nuevo
requisito de procedimiento legislativo previsto en el Acto Legislativo No. 01
de 2003, se acredita con “anunciar en sesión previa que se convocará para
votación en una fecha futura
prefijada”.” (subrayas ajenas al texto)
En la Sentencia C-661/04[22], se conoció de un proyecto de ley en el
cual uno de los debates, a pesar de haber sido anunciado para votar el mismo
día del anuncio, materialmente
terminó siendo votado en sesión posterior a la indicada. La Corte consideró
que, bajo esas circunstancias, el requisito del Acto Legislativo 01 de 2003 si
bien inicialmente se había desconocido, había sido subsanado.
En consonancia con lo anterior, la Sentencia C-820/04, en la cual se analizaba la
constitucionalidad de la Ley 864 de 2003, ‘Por medio
de la cual se aprueba el ´Acuerdo sede entre el Gobierno de Colombia y la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social para el establecimiento de la Sede del Centro Regional
de la OISS para Colombia y el Área Andina´, firmado en Cartagena de Indias, el 22 de noviembre de 2001” a pesar de que se dijo que el proyecto se
votaría la semana siguiente pero no se indicó día, la Corte consideró que esto no constituía vicio de
inconstitucionalidad.[23]
En conclusión, se hace necesario que así no esté exactamente determinada, la
fecha de votación sea determinable con base en el anuncio.
4.1.2 Necesidad de que el anuncio se dé en sesión
anterior para que se cumpla con la finalidad del Acto Legislativo 01 de 2003,
artículo 8
En la Sentencia C-333/05[24] se declaró la inexequibilidad de la Ley Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio
de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”,
suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil
dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”, en virtud de
que la votación se había anunciado en la misma sesión en la cual se había surtido.
Se afirmó en la parte considerativa de dicho fallo:
“La finalidad de dicho precepto
constitucional es, tal como lo ha reconocido esta Corporación, “permitir a los
Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas[25].”[26]
La Corte ha establecido que esta
disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión inicial se anuncien
los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y
cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y
determinada o por lo menos, determinable.[27]
(…)
En la Plenaria del Senado, -con el
propósito de cumplir lo ordenado por el último inciso del artículo 160 de la
Carta Política adicionado por el artículo 8 del Acto legislativo No.1 de 2003,
pero haciendo una interpretación equivocada de esta regla constitucional, se
anunció el debate y votación del Proyecto de Ley No. 206 de 2003, en la misma sesión en que fue aprobado. [28]
(…)
De conformidad con lo descrito en los
párrafos anteriores, la Ley 898 del 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba “la
Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el
Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos,” no cumplió la totalidad de los requisitos formales de orden
constitucional para su aprobación.”[29]
En conclusión, se hace imposible el cumplimiento de lo
previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 si el anuncio para la
votación se da el mismo día que ésta.
4.1.3 Presunción de cumplimiento del requisito del artículo 8
del Acto Legislativo, cuando en el anuncio se indica que éste se hará con la
finalidad de cumplir el requisito constitucional
En
Sentencia C-533 de 2004, esta Corporación determinó que resulta ajustado a la
finalidad del Acto Legislativo 01 de 2003 una votación que, a pesar de haberse
efectuado varias sesiones después de lo anunciado –por dificultades internas
del trámite congresual que hicieron imposible adelantar las sesiones posteriores
a la fecha del anuncio- haya hecho énfasis en que se estaba cumpliendo con el
requisito del Acto Legislativo.
En esa ocasión, la Corte consideró que a pesar de no
haberse fijado con exactitud la fecha de votación, se trata de un término
cierto y determinable. Además, la Corte estableció que si por diversos
inconvenientes la votación no tiene lugar el día predispuesto, no se incurre en
vulneración a la Carta Fundamental, pues la exigencia constitucional se limita
exclusivamente a garantizar el efectivo conocimiento previo de los proyectos
que en el futuro serán objeto de decisión. Al respecto, la Corte sostuvo que:
“(...) Para la Corte en el
presente caso ha de entenderse cumplido el requisito señalado el inciso final
del artículo 160 constitucional, en la medida en que, atendiendo la finalidad de la norma -a
saber permitir a los Congresistas conocer previamente cuales proyectos serán
sometidos a votación, sin que pueda sorprendérseles con votaciones
intempestivas- y dadas las circunstancias que se presentaron en la sesión del 26 de
agosto de 2003 donde fue necesario levantar la sesión por falta de quórum para
decidir, el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 840 de 2003 fue
discutido y aprobado previo anuncio en sesión anterior de que sería discutido y votado en la
siguiente sesión plenaria destinada a la votación de proyectos de ley, sesión
plenaria que se realizó efectivamente el martes 2 de septiembre de 2003.
Téngase en cuenta al respecto
que según
consta en el Acta 065 del 20 de agosto de 2003 en la que precisamente se discutió el informe
de la subcomisión encargada de analizar el alcance del artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003 que introdujo el inciso final del artículo 160 superior
a que se ha hecho referencia, en relación con los proyectos de ley anunciados en esa fecha se hizo especial énfasis en la necesidad
de cumplir con el nuevo requisito así establecido, y en este sentido se dio lectura uno a
uno a los títulos de los proyectos de ley que deberían ser votados en la siguiente sesión plenaria, por lo
que no puede considerarse que los H.H Representantes hayan podido ser
sorprendidos con una votación no anunciada, que por lo demás figuró en el orden
del día sometido a discusión y aprobación tanto de la sesión del 26 de agosto de 2003 como de la sesión del
2 de septiembre de 2003. Al respecto es pertinente recordar además que el
artículo 80 de la Ley 5ª de 1992 señala que “Cuando en una sesión no se hubiere
agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su
conclusión.” y que ello fue lo que precisamente sucedió en la sesión del 26 de
agosto que debió levantarse por ausencia de quórum para decidir sobre los
asuntos de dicho orden del día.(...)” (subrayas ajenas al texto)
Así las cosas, la contextualización que se da con la mención de que se está
cumpliendo con los requisitos del Acto Legislativo fortalece el que el anuncio
de votación sea válido a la luz de la Carta.
4.1.4 Necesidad de certeza sobre la fecha de votación
derivada de las
fórmulas utilizadas en el anuncio
En la Sentencia C-400/05 en la cual se analizaba la
constitucionalidad de la Ley 899 de julio 21 de 2004, “Por medio de la cual
se aprueba el ´Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado´, hecho en La
Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”
se presentaron, de manera simultánea, dos problemas que derivaron en la
inexequibilidad de la ley por vicios de trámite. Uno de éstos, la realización
de la votación en sesión diferente a la exactamente siguiente al anuncio; el
segundo, la falta de certeza en la fecha votación derivada del lenguaje
utilizado en el anuncio.
La forma en que habían sido empleadas para el anuncio
fue la siguiente:
En el anuncio para segundo
debate en el Senado se había dicho “En cumplimiento del Acto Legislativo
número 01 de 2003, la Presidencia enuncia los siguientes proyectos para la
próxima semana”, sin que se señalara específicamente la sesión en la que
iba a ser votado, tal y como lo señala el último inciso del artículo 160
constitucional.
Posteriormente, para primer
debate en la Cámara de representantes se señaló: “... vamos inicialmente a
anunciar los proyectos que se van a discutir para primer debate la próxima
semana”. En consecuencia, no se había determinado con exactitud la fecha de
la votación.
La ponencia para segundo
debate en la Cámara se anunció en los siguientes términos: “Señor secretario
sírvase leer los proyectos que también van a ser discutidos el lunes a partir
de las 4:00 p.m.”. No obstante, en el día indicado no se había dado la
votación y ésta no se había vuelto a anunciar.
Analizando lo sucedido la Corte indicó:
“En el presente caso, como bien se hizo notar
precedentemente, las fórmulas utilizadas para los anuncios no dan certeza,
respecto de las fechas de realización de las sesiones para las cuales se dio
aviso, a lo que debe agregarse que en ocasiones el anuncio se hace para
la discusión del proyecto o no se dice nada con referencia a la razón del
mismo, cuando dicho anuncio, a la luz de lo dispuesto por la Constitución, debe
hacerse para la votación del proyecto de ley, aunque en ocasiones, tal y como
se ha señalado, el contexto en el que se anuncia para la discusión podría
entenderse como cumplimiento del artículo 160.
(…)
16. En este orden de ideas es claro, que el proyecto de
ley se votó sin anuncios ciertos, respecto de las fechas en que se iban
a llevar a cabo las respectivas votaciones, y que no consta en el expediente
expresión o hecho alguno que permita inferir lo contrario. Que no obstante, se
votó unánimemente en la Comisión del Senado y en la Comisión de la Cámara, la
flagrante infracción del requisito constitucional señalado, no puede ser
desconocida por la Corte, ya que además del conocimiento previo del texto, se
dejó de cumplir otros propósitos y objetivos de la norma que no se limitan a
éste, y que, en igual forma, tienden a la realización del principio de democracia
participativa que orienta nuestra Carta Política, los cuales pudieron verse
truncados ante la incertidumbre del momento en que se iba a realizar la
votación.”[30]
(subrayas ajenas al texto)
Por otra parte, en la Sentencia C-473/05[31],
se conoció de un caso en el cual el anuncio prescrito por el artículo 160
constitucional se había dado con palabras diferentes a votación. Sin
embargo, al analizar el caso, la Corte encontró que con la terminología
utilizada sí se había cumplido la finalidad del artículo 160 lo que hacía que
no se presentara, por tal motivo, vicio de inconstitucionalidad, puesto que con
lo dicho era entendible que se estaba haciendo referencia a la votación. La
Corporación señaló:
“(…) la Corte observa que en la Comisión Primera del Senado no se
convocó para votar, sino para “consideración en primer debate” el proyecto de
ley. Además, se aplazó para sesiones posteriores la discusión y votación. De
otra parte, en la Comisión Primera de la Cámara se postergó para otra sesión la
votación del proyecto, aunque el anuncio se hizo señalando específicamente que
era para votar. En fin, en la Plenaria de la Cámara también se postergó para
una sesión posterior la votación y la convocatoria se hizo relacionando los
“proyectos para segundo debate”.
9. A
pesar de lo anterior, el contexto dentro del cual sucedieron estos hechos
ofrece elementos de juicio relevantes para apreciar si se violó el artículo
160, in fine. Entra la Corte a este segundo paso metodológico.
Del
contexto cabe resaltar aspectos generales atinentes al momento en que se
realizaron los anuncios y aspectos específicos de cada etapa del proceso de
formación de la ley. En cuanto a los aspectos generales, observa la Corte
que este proyecto de ley fue tramitado luego de que iniciara la vigencia del
acto legislativo correspondiente (3 de julio de 2003). En esa etapa inicial las
diferentes células legislativas interpretaron el requisito del anuncio previo
de la votación de diferente manera. Uno de los puntos sujetos a interpretación
fue el atinente al lenguaje que debía emplearse al efectuar el anuncio. Lo
ideal es que dicho anuncio incluya la expresión “votación”. Sin embargo, en el
contexto general de la práctica parlamentaria, para ese momento se usaban otras
expresiones que comprendían la votación. Por ejemplo, el concepto de primer
debate o de segundo debate abarca tanto la discusión como la votación, como lo
dice el artículo 94 de la Ley 5ª de 1992 al definir “debate”.[32]
Del mismo
modo, la expresión “considerar” implica no solo reflexionar sobre un asunto
sino hacerlo para cumplir la función propia de cada célula legislativa,
consistente en decidir sobre un proyecto de ley. En este sentido, someter a
consideración implica mucho más que discutir o deliberar, puesto que cuando las
comisiones constitucionales permanentes y las plenarias consideran un proyecto
lo hacen para votar sobre él, en cumplimiento de su atribución de concurrir a
la “formación de las leyes”. De tal manera que, en el contexto de la actividad
legislativa, la expresión “considerar” tiene un alcance diferente al que se
deriva del uso que puede dársele a este vocablo en el medio académico o en una
reunión informal. Por lo tanto, si bien en el ámbito parlamentario discutir y
deliberar, de un lado, son categorías diferentes a las de votar y decidir, de
otro lado, el concepto “considerar” lejos de ser asimilable a alguna de estas
categorías comprende tanto la discusión como la votación, o sea, la
consideración, en sentido parlamentario, de los proyectos de ley.
Entonces,
cuando en la Comisión Primera del Senado se anunció que el proyecto sería
sometido “a consideración de la comisión en la próxima sesión”, se entendió que
dicho anuncio comprendía tanto deliberar como votar sobre el proyecto de ley
estatutaria. Además, en este mismo sentido, en el orden del día de las
sesiones  mencionadas en la descripción de los hechos  se puntualizó que el
proyecto sería sometido a consideración “para primer debate” –como sucedió por
ejemplo en la Comisión Primera del Senado- o para segundo debate –como sucedió
por ejemplo en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Adicionalmente, cabe
resaltar que el artículo 157 de la Constitución, que define las etapas en la
formación de las leyes, dice expresamente que en el primer debate se aprueba un
proyecto de ley (literal 2). Lo mismo señala respecto del segundo debate en
cada cámara (literal 3).
En cuanto
a los aspectos específicos del contexto, resalta la Corte que en ninguna de las
etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios
y citaciones, cuando se postergó la consideración del proyecto. Siempre, al
terminarse la sesión en la cual se ha debido discutir y votar el proyecto sin
que se hubiere alcanzado a agotar el orden del día, el Presidente, directamente,
o el Secretario correspondiente, por autorización de éste, (i) anunció que el
proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión, (ii) especificó el
número y el nombre del proyecto de ley correspondiente al mecanismo de búsqueda
urgente, y (iii) puntualizó que la consideración de dicho proyecto se haría en
la próxima sesión, no en una fecha indeterminada e indeterminable. Por lo
tanto, tanto para los congresistas de la correspondiente célula legislativa,
como para los ciudadanos que tenían interés en influir en la formación de esta
ley, la fecha en que se haría la votación era claramente determinable y futura,
lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a
cabalidad.
Visto el
contexto, al contrastar lo sucedido con lo dispuesto en el artículo 160, in
fine, la Corte encuentra que se cumplió lo allí ordenado. En efecto, en todas
las etapas se anunció previamente, en una sesión inicial, la fecha en la cual,
en una sesión posterior, se efectuaría la votación del proyecto.
Es cierto que en algunas de estas etapas la discusión
y la votación del proyecto se llevó a cabo en la misma sesión, es decir, en
aquella para la cual se había anunciado previamente la “consideración” del
proyecto. Así sucedió, por
ejemplo, en la Comisión Primera del Senado. Pero ello no es solo normal en la
actividad parlamentaria, puesto que la terminación del debate consiste
precisamente en votar sobre el proyecto discutido, sino también compatible con
el artículo 160, in fine. Ni
del texto de este artículo ni de su génesis se puede inferir que éste prohíbe
que se vote el mismo día en que se delibere sobre un proyecto. Lo que esta
norma expresamente exige es que la votación se realice después de que en una
sesión anterior a dicha
votación se hubiere anunciado que la misma se llevaría  a cabo. Cuando no se ha
iniciado el debate de un proyecto de ley es imposible exigir que se convoque
exclusivamente para votarlo. Ello equivaldría a admitir que se puede obviar la
discusión del mismo. De tal
manera que resulta razonable que se convoque para discutir y votar un
determinado proyecto en una misma sesión, previamente anunciada. Lo anterior no
excluye que, de acuerdo con la evolución que tenga un debate, después de la
etapa inicial de discusión
sobre el proyecto se decida declarar la suficiente ilustración y convocar una
sesión posterior para votar sobre él. Esto fue lo que aconteció en la Plenaria
de la Cámara de Representantes celebrada en la sesión del 2 de junio de 2004.”
(subrayas y resaltado ajenos
al texto)
En conclusión, no existe una fórmula textual
específica para realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la
finalidad del anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada
caso.
4.1.5. Determinación de la subsaneabilidad del vicio por omisión de
anuncio
En el Auto A-038/04 se conoció de un vicio de
procedimiento consistente en la falta de anuncio de la discusión y votación de
unas objeciones presidenciales presentadas. La Corte estimó que si bien se
había omitido tal requisito constitucional, en esa ocasión, el vicio era
subsanable. Acerca de la subsaneabilidad del trámite indicó la Corte:
“La posibilidad de subsanar vicios
ocurridos en el procedimiento de formación de las leyes, se encuentra
contemplada expresamente en el parágrafo del artículo 241 Superior, que
establece expresamente que “cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento
subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a
la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto
observado”.
Dicha hipótesis, tal como lo ha señalado
esta Corporación,[33]
constituye una manifestación directa del principio democrático en la medida en
que permite que sea directamente el Congreso quien subsane los posibles yerros
constitucionales en los que haya incurrido. Sin embargo, esta posibilidad se
debe ejercer siempre en forma razonable, esto es, no puede implicar la repetición
completa del procedimiento legislativo, puesto que una cosa es un vicio en el
procedimiento, y otra muy distinta es la ausencia de procedimiento como tal.
Así ha dicho la Corte que “para que se pueda hablar de un vicio saneable en el
procedimiento de formación de la ley, es necesario que, cuando menos, se haya
cumplido con las etapas estructurales de tal procedimiento”[34]
En este caso el vicio es subsanable porque
se respetaron las etapas estructurales del procedimiento legislativo y tan solo
se omitió cumplir con el nuevo requisito de anunciar en sesión previa que se
convocará para votación en una fecha futura prefijada. Por lo anterior, y de
conformidad con lo que establece el parágrafo del artículo 241 de la Carta, el
proyecto de ley No. 48 de 2001 Senado, 212 de 2002 Cámara de Representantes
deberá volver a dicha cámara para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo
8 del Acto Legislativo Acto Legislativo 01 de 2003.”[35]
Por su parte, en el Auto A-088/05 se encontró que en
el trámite de una ley aprobatoria de tratado si bien se había anunciado la
votación del proyecto en Plenaria del Senado la votación no se había dado en la
sesión inmediatamente posterior. La Corte consideró, para esa ocasión, que si bien esto constituía un
vicio de trámite tal vicio era subsanable. Como criterios de la remediabilidad
del vicio se indicó:
“Ahora bien, frente al vicio de
procedimiento identificado  debe recordarse que  de acuerdo con reiterada
jurisprudencia[36] no toda vulneración
de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en
el Reglamento del Congreso, acarrea ineluctablemente la invalidez de la ley y
su declaración de inconstitucionalidad.
Al respecto cabe recordar que las reglas
constitucionales sobre formación de las leyes  con las que se  busca preservar
el contenido esencial del régimen institucional diseñado por el Constituyente,
así como asegurar  que el debate en el Congreso sea amplio, transparente y racional[37],  no tienen un valor en sí mismas y deben
interpretarse teleológicamente al servicio de los valores materiales que esas
reglas pretenden realizar (art. 1°,
2° y 228 de la Constitución) [38].
Así mismo, de acuerdo con el parágrafo del
artículo 241 de la Constitución cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables  en la
formación del acto sujeto a su control  ordenará devolverlo a la autoridad  que
lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado y para que
subsanado el vicio, proceda a decidir sobre la exequibilidad del acto.
(…)
En aplicación de estos
criterios la Corte respecto de vicios de trámite en la tramitación de leyes
aprobatorias de tratados,  ha en
el pasado devuelto para la subsanación por el Congreso leyes de este tipo[39]. Así por ejemplo, cabe recordar que
durante el trámite de la Ley 194 de 1995, ley aprobatoria de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los tratados, el Gobierno sometió a la consideración del Congreso un
texto incompleto del tratado que se pretendía aprobar mediante tal ley. No
obstante, el Congreso lo aprobó y la ley, con el correspondiente tratado fue remitida a la Corte
Constitucional. La Corte consideró que la no aprobación de esos artículos de la
Convención se debió a una inadvertencia, y por estimar que se  trataba de un
vicio subsanable devolvió la ley a la Secretaría jurídica de la Presidencia para que se procediera a
corregir el mencionado vicio, mediante Auto del 21 de marzo de 1996, en el que
le señaló un término de siete (7) días para que el Ejecutivo presentara el
proyecto corregido al Congreso, y treinta (30) días para que se surtieran los debates en las Cámaras y se
sancionara nuevamente la ley[40].
Así mismo a título de ejemplo en el trámite de la ley la Ley 178 de 1994,
"Por medio de la cual se aprueba el Convenio de París para la protección
de la propiedad industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, con
las respectivas revisiones posteriores”, la Corte encontró que no se respetó el término de 8 días completos que deben
transcurrir entre debates a que alude el artículo 160-1. La Corte consideró que
era un vicio subsanable por lo que devolvió al Congreso la ley para que se
aprobara en segundo debate en la Cámara de Representantes, de conformidad con la Carta Política[41].
Cabe precisar de otra parte que
en aplicación de similares criterios, pero
esta vez específicamente en relación con la configuración de un vicio por  el incumplimiento del
requisito señalado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 la Corte
en  los Autos 038[42] y 136[43] de 2004, -atinentes al trámite de
objeciones presidenciales-, señaló el carácter subsanable del vicio de procedimiento
consistente en la no citación previa al debate y votación de un proyecto y
ordenó la devolución de los respectivos proyecto de ley para que se corrigiera
el vicio en que se había incurrido[44].
Ahora bien, la
Corte considera que los criterios señalados en las decisiones a que se ha hecho referencia resultan
aplicables en el presente caso, máxime cuando se trata  de una ley aprobatoria
de tratado que por su naturaleza  y las características  del control  de
constitucionalidad  a que ellas se someten (art. 241-8)
[45]  resulta  imposible  la
ratificación del instrumento internacional  respectivo hasta tanto no se
declare la exequibilidad  del mismo y de su Ley aprobatoria por parte de la Corte.
Esta posibilidad  se hace
evidente además por cuanto con excepción del vicio a que se ha hecho
referencia, el trámite del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 900
de 2004 se cumplió en su totalidad en armonía con la Constitución como se desprende
del recuento efectuado en los apartes pertinentes de esta providencia.
A ello cabe agregar que para el
saneamiento del vicio en que se incurrió  no se hace necesario rehacer el
trámite legislativo en su totalidad al tiempo que dicha posibilidad de saneamiento  no implica,
contrariamente a lo que afirma el señor Procurador General de la Nación,  el
desconocimiento de otros requisitos de procedimiento como el establecido en el
artículo 162 superior.
Al respecto cabe precisar que el límite
temporal a que alude el artículo  162  superior  según el cual “ningún proyecto
de Ley  podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, solamente es
predicable del  trámite dado por el Congreso pero no de la revisión automática
encomendada a la Corte Constitucional
Así dado que el trámite que se debe surtir  para la
subsanación del vicio identificado es una consecuencia del ejercicio del
control efectuado por la Corte (art 241-10), no puede entenderse que en estas
circunstancias se desconozca
el requisito de que el trámite se surta en  máximo dos legislaturas (art.
162C.P.), pues este se predica de la actuación del legislador -que  en el
presente caso efectivamente tramitó y votó el proyecto de ley en dicho plazo
como  se desprende del
expediente legislativo analizado por la Corte-,  pero no de las consecuencias
que se deriven del ejercicio del control  de constitucionalidad, las cuales se
rigen por los mandatos superiores y legales que permiten el saneamiento de los
vicios de procedimiento
(parágrafo del artículo 241 C.P., artículo 202 de la Ley 5 de 1992 y artículo
45 del Decreto 2067 de 1991)[46].
No asiste  pues razón al señor
Procurador y desde esta perspectiva no cabe duda de la naturaleza saneable del vicio
identificado.
Podría aducirse  empero  que en
estas circunstancias de lo que se trata es da la configuración de un “vicio de
competencia”  en tanto  en todo caso se habría incumplido el mandato contenido
en el artículo 149
superior según el cual “Toda
reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones
propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las
condiciones constitucionales, carecerá de validez”; y “ a los actos que realice no podrá dárseles efecto
alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme
a las leyes.
Al respecto la Corte   llama la atención sobre el
hecho que  el mandato a que alude dicho artículo debe interpretarse dentro del contexto específico
del capitulo de la Constitución en que se encuentra inserto, a saber el
capítulo 2  del Título VI de la Constitución sobre la Rama Legislativa,  cuyo
articulado alude a las condiciones generales de reunión y funcionamiento del Congreso[47]
Capítulo que tiene un alcance
que debe necesariamente diferenciarse del capítulo 3 del mismo título VI  de la
Constitución  en cuyo articulado se establece específicamente las reglas de
procedimiento para el trámite de las leyes.
A ello cabe agregar que  si se
aceptara la interpretación del  alcance del artículo 142 superior a que se ha
hecho referencia, cualquier vicio de procedimiento en la formación de una ley
de aquellos que se señalan en el capítulo 3 del título VI  de la Constitución, -aún los que en
reiterada jurisprudencia de la Corporación han sido identificados como
subsanables-configuraría un vicio de competencia que invalidaría necesariamente
la actuación del legislador  en tanto la convertiría en ineficaz.  Conclusión que a todas luces resulta
irrazonable.”
Por otra parte, en el Auto A-089/05[48] se analizó la existencia de un vicio en
relación con el anuncio de la votación de un proyecto consistente en que si
bien se había anunciado la votación para una fecha futura determinada, ésta no se había dado en tal fecha
pues se había presentado un inconveniente que había hecho preciso posponer el
orden del día. Además, en la sesión anterior a la cual efectivamente se dio la
votación, ésta no se había anunciado.
La Corte encontró que este vicio sí era subsanable debido al contexto de buena
fe en el cual se había presentado el anuncio y a la determinabilidad de la
fecha en la cual se iba a realizar la votación[49]. En el mismo Auto, la Corte tuvo la oportunidad de analizar las características
que hacían insubsanable un vicio y dentro de éstas determinó que éste se
hubiese presentado al comenzar el trámite legislativo, pues de ser así sería
igual devolverlo para la subsanación que volver a tramitar la ley después de su declaratoria de
inexequibilidad. Al respecto dijo el Auto:
“[L]a Corte ha estimado que existen ciertos
vicios usualmente insubsanables. Esto porque si el vicio ocurrió en el momento inicial del trámite, la
subsanación sería irrazonable puesto que implicaría rehacer todo el procedimiento. Por ejemplo, la falta de presentación oficial de las
adiciones a un proyecto de ley, las cuales por su magnitud equivalían a un
proyecto de ley distinto al originalmente presentado, y por lo tanto la ausencia de la correspondiente publicación y
exposición de motivos al inicio de todo el trámite legislativo, hace
irrazonable la devolución al Congreso para la subsanación, pues ésta implicaría
la reproducción de todo el procedimiento de formación de la ley[50]. También ha estimado usualmente
insubsanable el hecho de que los congresistas no hayan podido conocer las modificaciones o enmiendas al texto
de un proyecto de ley por la falta de publicación de éstas antes de ser
discutido y votado el proyecto, de lo que se deriva la ausencia de debate y por
lo tanto la invalidez de la votación[51].” (subrayas
ajenas al texto)
En conclusión, si bien la Corte ha considerado que la
omisión del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es, en
principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves irregularidades en el anuncio se presentan en el
primero de los debates de todo el trámite de aprobación de la ley.
4..1.6 Reglas jurisprudenciales sobre el cumplimiento
del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003
Con fundamento en el anterior análisis jurisprudencial, para el cumplimiento de lo
señalado en el Acto Legislativo se puede afirmar que (i) se hace necesario que
así no esté exactamente determinada, la fecha de votación sea determinable;
(ii) se hace imposible el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
2003, si el anuncio para la votación se da el mismo día que ésta; (iii) la
contextualización que se da con la mención de que se está cumpliendo con los
requisitos del Acto Legislativo fortalece el que el anuncio de votación sea válido a la luz de la Carta;
(iv) no existe una fórmula
textual específica para realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se
cumplió la finalidad del anuncio, para lo cual se deben atender las
circunstancias de cada caso; (vi) si bien la omisión del requisito del artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es, en principio, subsanable, tal posibilidad
no se da si las graves irregularidades en el anuncio se presentan en el primero
de los debates de todo el trámite de aprobación de la ley.
5. Análisis del caso concreto:
La Sala observa que en el trámite de la ley de la
referencia no se cumplió con la finalidad del artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, toda vez que en una ocasión no existió claridad acerca del anuncio
de la votación del proyecto en
la siguiente sesión, motivo por el cual los congresistas no pudieron tener la
certeza del momento en que se iban a realizar las votaciones.
A continuación se analizarán los anuncios surtidos en
el trámite de las votaciones:
* Anuncio de la votación de la Comisión segunda
permanente del Senado:
El 12 de octubre de 2004 el Presidente de la Comisión
Segunda del Senado señaló: “los
señores Senadores Jairo Clopatofsky y Habib Merheg tienen algunos proyecto
(sic), creo que lo dejamos
para el día de mañana todos los proyectos que hay aquí, más los que ya anunció
el señor Secretario General, que tienen que ver con el proyecto de Taiwán y el
proyecto de la Ley Espejo.
En su momento, trataríamos de que la misma comisión,
si bien por reglamento
debemos colocar en el proyecto de Orden del Día los debates al principio,
esperamos que mañana podamos hacer un ajuste para que los proyectos vayan
primero al debate. En
tales circunstancias pregunto a la secretaría que más tendríamos para el día de hoy o para mañana.
El señor Secretario informa que serían los Proyectos
244 de 2004; 51 de 2004; 245 de 2004; 88 de 2004 Senado; 101 de 2004 Senado; 62 de 2004 Senado; 117 de 2004
Senado; 36 de 2004 Senado. El debate que hay para mañana es una invitación al Ministro de Comercio Exterior, para
tratar el estado actual de las negociaciones del tratado de libre comercio.
El señor Presidente, Senador Manuel Ramiro Velásquez
Arroyave, levanta la sesión y convoca para mañana a las 9:00 a.m.” (subrayas ajenas al texto)[52].
Como se observa en el texto subrayado, y en la
totalidad del texto trascrito, se presentan dos características: la
indeterminación en el tiempo puesto que se dijo “para
el día de hoy o mañana”  y
la falta de anuncio que precise el objetivo del Acto Legislativo 01 de 2003,
toda vez que simplemente se dijo “pregunto a la secretaría qué más tendríamos para el día de hoy o para
mañana”.  La Corte observa
que, sin lugar a dudas, en tal
texto no se indica, ni de éste es posible deducir, que lo que se pretendía era
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
2003. Esto aunado a la indeterminación en el tiempo de la actuación anunciada configura un vicio de trámite, por
desconocimiento del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003.
*  Anuncio de la discusión y votación en plenaria del
Senado
El 16 de noviembre de 2004, el Presidente del Senado
y, posteriormente el Secretario General del Senado señalaron: “Por instrucciones de la Presidencia y en cumplimiento
del Acto Legislativo 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí, señor Presidente, aprovechando la oportunidad señor Presidente, hay unos pocos proyectos para
anunciar en la sesión de hoy, son los siguientes:
(…)
Proyecto de ley número 88 de 2004 Senado, “por medio
de la cual se aprueba el “Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y
Ecuador”, firmado en Bogotá el 24 de agosto de 2000, con informes de conciliación.”[53] (subrayas ajenas al texto)
La Corte, a la luz del texto subrayado, encuentra que
se cumplió plenamente el
requisito del Acto Legislativo 01 de 2003.
* Anuncio de la discusión y votación en Comisión
Segunda de la Cámara:
En la sesión del 26 de abril de 2005  el Secretario
General de la Comisión Segunda de la Cámara indicó: “Anuncio de proyectos de ley para debatir en la Sesión del día miércoles 27 de abril de 2005.
(…)
Proyecto de ley número 88 de 2004 Senado, 248 de 2004
Cámara, por medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio permanente entre
Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)” [54].
A la luz de lo señalado en la Sentencia C-473/05 en la
cual se indicó que con la mención del término debatir se cumplía el requisito del Acto Legislativo 01 de 2003, la Sala no
encuentra vicio de trámite en esta etapa de la ley en estudio.
* Anuncio de la discusión y votación en plenaria de la
Cámara:
El 2 de junio de 2005, la Presidenta de la Cámara
indicó: “Señor Secretario,
sírvase anunciar los
proyectos, para la
sesión Plenaria del día martes.
El martes iniciaremos a las 9 de la mañana en Congreso en Pleno, para
finalizar el debate de Moción de Censura al señor Ministro de Defensa y
continuaremos con la Plenaria de la Cámara de Representantes.
(…)
Señor secretario, sírvase anunciar los proyectos para la sesión del próximo martes:
(…)
Proyecto de ley 248 de 2004 Cámara, 088 de 2004
Senado.
(…)
Han sido anunciados los proyectos de conformidad con
el Acto Legislativo.”[55] (subrayas ajenas al texto)
La Sala observa
que si bien se utilizó la expresó “proyectos para el próximo martes” la finalidad de tal anuncio se vio precisada con la
afirmación hecha al final del anuncio: “han sido anunciados los proyectos de conformidad con
el Acto Legislativo”.  Como
se analizó en la Sentencia
C-533/04, la mención del Acto Legislativo dentro del anuncio, da a entender que
la finalidad del mismo fue cumplida. Así las cosas, en el anuncio para la
votación en plenaria de la Cámara no se presentó vicio de trámite.
Por último, la Corte considera preciso señalar que en el presente caso se sigue la
jurisprudencia de la Corporación en la medida en que el vicio de la Ley en
análisis se constituye por la indeterminabilidad
de la finalidad del
anuncio. En efecto, la expresión “que más tendríamos
para el día de hoy o para mañana”  contiene  tanto una indeterminación temporal como una
imprecisión y una vaguedad de tal entidad que se concluye que no se dio
cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003. La
forma en que se citó a los
parlamentarios en el primer anuncio no cumple la finalidad prevista en el Acto
Legislativo 01 de 2003, artículo 8, sino que la desvirtúa. Por ende, se
configura un defecto procedimental que conlleva la inconstitucionalidad de la
ley aprobatoria del tratado
objeto de revisión constitucional.
Para finalizar, la Corte debe analizar si el vicio que
se presenta es o no subsanable. En virtud de que el vicio se presentó al inicio
del trámite del proyecto de ley, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación (Auto A-089/05
fundamentado en lo determinado en las Sentencias C-737/01 y C-760/01), éste se
torna insubsanable. Lo anterior, toda vez que sería casi equiparable devolver
el proyecto para que fuera subsanado el vicio que retirar del ordenamiento la ley en estudio para que se le
dé nuevo trámite en el Congreso.
En consecuencia, la Sala declarará la inexequibilidad
de la ley de la referencia.
VI. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar INEXEQUIBLE la Ley 968 del 13 de julio de 2005 "Por medio de la cual se aprueba el
Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIII, Nº471 del 26 de agosto de 2004.
Págs. 20 y ss
[2] Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIII, Nº 559 del 22 de septiembre de
2004. Págs. 6 y ss
[3] Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIII, Nº471 del 26 de agosto de 2004.
Págs. 20 y ss
[4] Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIV, Nº 517 del 12 de agosto de 2005.
Pág. 16
[5] Folio 8 cuaderno 2 del expediente.
[6] Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIII, Nº 701 del 16 de noviembre de
2004. Págs. 5 y ss.
[7] Ver  Gaceta 844 del 23 de diciembre de 2004, página 6.
[8] Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIII No 845, del 23 de diciembre de
2004. P. 30
[9] Certificación expedida por el Secretario General del Senado de la
República del 11 de agosto de 2005. Folio 5, cuaderno 2.
[10] Ver GACETA DEL CONGRESO. Año XIV, No 54 del 18 de febrero de
2005, Pags. 45 y 46
[11] Certificación expedida por el Secretario General de la Comisión
Segunda  Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, del 4 de
agosto de 2005. Folio 3, cuaderno 2.  Ver  también GACETA DEL CONGRESO Año XIV,
Nº 727 de 2005 pg 5
[12] Certificación expedida por el Secretario General de la Comisión
Segunda  Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, del 4 de
agosto de 2005. Folio 3, cuaderno 2. Tal certificación señala que el anuncio
consta en el acta número 32. Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIV, Nº729 del 24 de
octubre de 2005
[13] Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIV, Nº 276 del 18 de mayo de 2005.
Págs 10 y 11
[14] Ver Gaceta 500 del 8 de agosto de 2005, página 24.
[15] Según certificación del Secretario General. Cámara de
Representantes del 12 de agosto de 2005. Folio 2 cuaderno 2.
[16] Ver folio 13 vuelto, cuaderno 1.
[17] Véase: Auto 038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y
Sentencia C-533 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[18] Ver Auto A-089/05
[19] Folio 272 del cuaderno principal.
[20] En relación con esta posición, el  Magistrado Alfredo Beltrán
Sierra, en salvamento de voto indicó:“No es lo mismo indicar que un proyecto
va a ser votado “la semana entrante”, que indicar de manera precisa en cual de
las sesiones de esa semana se incluirá para votación. Lo que el constituyente
quiso al reformar el artículo 160 de la Carta Política con la norma introducida
por el artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003, fue evitar sorpresas
tanto para los miembros del Congreso como para la ciudadanía, con votaciones
sorpresivas de los proyectos de ley, en momentos en que los miembros del
Congreso no estuvieran enterados, todos, de la fecha de la sesión en que tal votación
debería llevarse a efecto. Se quiso, de esa manera, garantizar la trasparencia
del proceso legislativo, evitar maniobras o ardides que so-pretexto de la
“habilidad” parlamentaria pudiesen afectar el principio democrático y las
garantías a las minorías. Ninguno de los miembros de la Comisión Segunda de la
Cámara tenía información cierta sobre el día en que debería ocurrir la votación
de ese proyecto, pues no se cumplió con el requisito de señalar en una sesión
previa aquella en que debería realizarse la votación del mismo. Es decir,
navegando por la incertidumbre, por la indeterminación, por la mera
probabilidad o expectativa, se decidió votar ese proyecto el 17 de septiembre
de 2003, lo que podría haber ocurrido, también, en la sesión del día siguiente.
No se entiende entonces cuál es el fundamento jurídico para considerar que en
una semana que tiene varios días de sesiones basta con mencionar a aquella para
que así quede determinado en cuál de las sesiones celebradas en los diferentes
días de esa semana va a ser sometido a votación un proyecto de ley determinado.
En relación
con este mismo aspecto indicó el Magistrado Jaime Araujo Rentaría que “El
proyecto se dijo que se votaría la próxima semana, pero no se señaló la sesión
exacta en la que se votaría; ya que la semana comienza el lunes y termina el
domingo, de modo que no se sabía si la votación era el lunes, el martes, el
miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo.
En el caso
concreto se votó el miércoles, cuando la próxima semana iniciaba el lunes.  Por
la vía de esta fórmula ambigua se distorsiona el espíritu de la reforma
constitucional, que era la certeza de la fecha de la votación y se deja un mal
precedente, ya que la próxima vez se puede anunciar para el próximo mes, para
el próximo año o para la próxima década, centurio o milenio y sorprender al
Congreso y a los ciudadanos con una votación inesperada.”
[21] Con Salvamento de voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería y
salvamento parcial de voto del Magistrado Rodrigo Uprimny Yepes.
[22] Aclaración de voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería
[23] Tanto el Magistrado Alfredo Beltrán Sierra como el Magistrado
Jaime Araujo Rentaría salvaron el voto. El primero consideró que: “no se le
dio cumplimiento al requisito exigido por el artículo 8º del Acto Legislativo
No. 1 de 2003, en el cual se dispuso en el inciso final del artículo 160 de la
Constitución Política, que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado.  El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”,
pues  durante el trámite del proyecto en la Cámara de Representantes, no se le
dio cumplimiento a la exigencia constitucional en cuanto hace al anuncio previo
y en sesión anterior de la sesión en la cual sería votado el proyecto de ley en
la Plenaria de esa Corporación, lo que, en tales circunstancias, señala que el
proyecto fue aprobado irregularmente y, en consecuencia, debería haber sido
declarada su inexequibilidad.” El segundo de los Magistrados indicó: “Con
[el Acto Legislativo 01 de 2003] se quiso evitar varias cosas:
a) Que los
Congresistas – y lo que es más importante, los ciudadanos, que también deberán
estar enterados de lo que hacen sus representantes – fueran sorprendidos con
una votación inesperada.
b) Que se
hiciera una aplicación indebida del numeral 2, del artículo 183 de la
Constitución Política, que sanciona la inasistencia a sesiones donde se voten
proyectos de Acto Legislativo, de Ley o Mociones de Censura, con la pérdida de
investidura.  Solo si el Congresista sabe que se va a votar un proyecto y no
acude, se hará acreedor a la sanción de Pérdida de Investidura.
El proyecto
se dijo que se votaría la próxima semana, pero no se señaló la sesión exacta en
la que se votaría; ya que la semana comienza el lunes y termina el domingo, de
modo que no se sabía si la votación era el lunes, el martes, el miércoles, el
jueves, el viernes, el sábado o el domingo.
En el caso
concreto se votó el miércoles, cuando la próxima semana iniciaba el lunes.  Por
la vía de esta fórmula ambigua se distorsiona el espíritu de la reforma
constitucional, que era la certeza de la fecha de la votación y se deja un mal
precedente, ya que la próxima vez se puede anunciar para el próximo mes, para
el próximo año o para la próxima década, centurio o milenio y sorprender al
Congreso y a los ciudadanos con una votación inesperada.”
[24] Salvaron el voto los magistrados Manuel José Cepeda, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis por estimar que
si bien había existido un vicio, éste era subsanable. Aclaró el voto el
Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
[25] Véase: Auto 038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y
Sentencia C-533 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[26] Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo
Escobar Gil.
[27] Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo
Escobar Gil.
[28] Gaceta del Congreso No. 552 de 2003, página 11.
[29] La mayoría encontró que el vicio no era subsanable, toda vez que:
“Para la Corte es claro que la aplicación del parágrafo
del artículo 241 de la Constitución no opera per se o de manera automática en
todos los casos sino en aquellos en que la naturaleza del yerro permite
realmente su subsanación, esto es, cuando se enfrentan vicios de procedimiento
que no tienen una significación constitucional evidente.
En este sentido, no puede olvidarse que el requisito infringido en
el presente caso fue impuesto por la norma fundamental del Estado que se erige
en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden
jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o
profieran los órganos por ella instaurados (…)
De ahí que las normas dictadas por el Congreso contrariando lo
dispuesto en la Constitución, esto es, desconociendo el procedimiento de
formación de las leyes carecen de validez. Lo contrario sería prohijar la
existencia de este tipo de vicios en el trámite legislativo atentatorios de la
esencia de la función del Congreso en menoscabo de la jerarquía de la Carta
Política como norma normarum del sistema normativo colombiano. (…)De otra
parte, si bien es cierto que el artículo 5 de la Ley 5ª de 1992, al establecer
la jerarquía del Reglamento del Congreso enuncia vicios de procedimiento
insubsanables de la Constitución, esto en manera alguna implica que se trate de
una norma cerrada, que restringa a esas hipótesis exclusivas las
irregularidades de esa naturaleza, sino que, por el contrario, es numerus
apertus, es decir, de carácter simplemente enunciativo.
La Constitución, por lo demás cuando señala los requisitos
exigidos para la aprobación de las leyes tampoco los reduce a las fases
estructurales o básicas del proceso legislativo (art.157 C.P.), sino que los
extiende de manera inexcusable a otros de igual jerarquía y significación como
ocurre con los previstos en los artículos 158, 159, 160, 161 y 162 entre los
cuales obviamente se incluye la exigencia prevista en el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003.
Desde esta perspectiva, al constatarse que el debate y
votación del proyecto de ley número 206 de 2003 Senado no sólo fue incluido en
el orden del día del 30 de septiembre de 2003 sino aprobado, en esa misma
sesión, por la mayoría de Senadores que componen esa célula legislativa, es
evidente la transgresión del requisito establecido en el último inciso del
artículo 160 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003.
Por lo anterior, y dado que al haberse pretermitido ese requisito
constitucional en el segundo debate en la plenaria del Senado se afectó
también, consecuencialmente, la validez del trámite subsiguiente del proyecto
de ley en la Cámara de Representantes, como que la etapa legislativa previa es
presupuesto de validez de las etapas posteriores (principio de consecutividad),
se declarará la inexequibilidad de la Ley 898 de 2004.”
[30] Salvaron el voto los magistrados Manuel José Cepeda, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis por estimar que si bien había
existido un vicio, éste era subsanable. El Magistrado Rodrigo Escobar Gil salvó
parcialmente el voto.
[31] Salvaron parcialmente el voto los Magistrados
Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araujo Rentaría por considerar que la
terminología debate o consideración no podía ser equiparada a votación y, por
tanto, se había vulnerado el artículo 160 constitucional.
[32] Reza el artículo 94: “ARTÍCULO 94.
DEBATES. El sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto
sobre cuya adopción deba resolver la respectiva Corporación, es lo que
constituye el debate.// El debate empieza al abrirlo el Presidente y termina
con la votación general.”
[33] Ver entre otras las sentencias C-500 de 2001, MP: Álvaro Tafur
Galvis, C-579 de 2001, MP: Eduardo Montealegre, con AV: Manuel José Cepeda y
Eduardo Montealegre Lynett, relativo a vicios subsanables; C-737 de 2001, MP:
Eduardo Montealegre Lynett y C-760 de 2001, MP: Manuel José Cepeda Espinosa y
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[34] Corte Constitucional, sentencia
C-737 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte analiza el
proceso de aprobación de las leyes, el principio de instrumentalidad de las
formas, la regla de unidad de materia y el alcance de las comisiones de
conciliación. SV parcial alfredo Beltrán Sierra, sobre
efectos diferidos de los fallos de inexequiblidad; SV: Marco Gerardo Monroy
Cabra, sobre principio de identidad, SV: Clara Inés Vargas Hernández, sobre
principio de identidad.
[35] Salvó el voto el Magistrado Jaime Araujo Rentería.
[36] Ver, entre otras las sentencias C-737/01
M.P. Eduardo Montealegre Lynnett.; C- 872/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett
A.V. de los Magistrados Alfredo Beltran Sierrra y Jaime Araujo Rentería. Así
mismo el Auto de 24 de Septiembre de 2003   M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[37] Al respecto, ver sentencia C-737 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre
Lynnet.
[38] Ver la Sentencia  C-872/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett  A.V.
de los Magistrados Alfredo Beltran Sierrra y Jaime Araujo Rentería.
[39] Ver, entre otros los Autos  05/95 M.P. Jorge Arango Mejía  y
06/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo  y las sentencias C-008/95 y C-
203/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[40]  Ver Sentencia C-255 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[41] Ver sentencia C-002 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[42] En el Auto 038 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, el
proyecto había sido tramitado en su totalidad antes de que entrara en vigor el
Acto Legislativo 01 de 2003, pero en la votación del informe de objeciones la
Plenaria del Senado omitió dar cumplimiento al requisito del artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003, razón por la cual, el proyecto fue devuelto para
que el Congreso subsanara este vicio.
[43] En el Auto 136 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería, el proyecto
de ley objetado fue debatido y aprobado antes de la entrada en vigor del Acto
Legislativo 01 de 2003, pero el requisito del artículo 8 de dicho acto, no se
cumplió en relación con las insistencias de las plenarias de la Cámara y del
Senado, razón por la cual, el proyecto fue devuelto al Congreso para que
subsanara dicho vicio de trámite.
[44] En el Auto 038 de 2004, el requisito
del artículo 8 no se había cumplido durante el trámite de las objeciones. La
Corte dijo lo siguiente en dicho auto en relación con el trámite de las
objeciones presidenciales:
En este caso
el vicio es subsanable porque se respetaron las etapas estructurales del
procedimiento legislativo y tan solo se omitió cumplir con el nuevo requisito
de anunciar en sesión previa que se convocará para votación en una fecha futura
prefijada. Por lo anterior, y de conformidad con lo que establece el parágrafo
del artículo 241 de la Carta, el proyecto de ley No. 48 de 2001 Senado, 212 de
2002 Cámara de Representantes deberá volver a dicha cámara para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo Acto
Legislativo 01 de 2003.
En el Auto 136 de 2004, los cuatro debates para la
aprobación del proyecto de ley se cumplieron antes de la vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2003, pero las objeciones presidenciales contra ese proyecto
no fueron tramitadas de conformidad con lo prescrito en el Artículo 8 de dicho
acto legislativo. La Corte dijo lo siguiente:
“De esta
manera se constata por esta Corte, que lo preceptuado por la norma
constitucional referida, no se cumplió respecto de las insistencias efectuadas
por la Cámara de Representantes y el Senado de la República (Art. 167
Constitucional). En otras palabras, requiriendo las insistencias de las
plenarias de la Cámara y del Senado una votación especial, esta no cumplió con
el requisito de ser previamente anunciada, estando en vigencia el mencionado
artículo constitucional.
(…)
Así las
cosas, en este caso específico y con base en las precisiones ya anotadas, la
Corte considera que el vicio advertido puede ser subsanado.
Por
consiguiente, por cuanto ambas Cámaras incurrieron en el vicio señalado, ambas
deberán sanearlo. Como quiera que quien remitió el proyecto de ley  a la Corte
Constitucional fue el Presidente del Senado, este será  devuelto a él”
[45] ARTÍCULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y
precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones: (…)
10.
Decidir definitivamente sobre la exequibilidad
de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin,
el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la
sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o
impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el
Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán
ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean
declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la
República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente
reserva.
[46] Ver Auto del 24 de Septiembre de 2003  M.P. Álvaro Tafur Galvis
[47] Título
VI DE LA RAMA LEGISLATIVA
(…)
CAPÍTULO 2.
DE LA REUNIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 138.— El
Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos
períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer período de
sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el
16 de marzo y concluirá el 20 de junio.
Si por cualquier causa no pudiere reunirse en las
fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible, dentro de los períodos
respectivos.
También se reunirá el Congreso en sesiones
extraordinarias, por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que éste
señale.
En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los
asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función
de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo.
ARTÍCULO 139.— Las
sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente
por el Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el primer evento,
sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones.
ARTÍCULO 140.— El
Congreso tiene su sede en la capital de la República.
Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas
trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público,
podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado.
ARTÍCULO 141.— El Congreso se
reunirá en un solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de sus
sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes
de Estado o de Gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la
República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo (sic) por
el pueblo, así como decidir (sic) sobre la moción de censura, con arreglo al
artículo 135.
En
tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente
Presidente y Vicepresidente del Congreso.
ARTÍCULO 142.— Cada Cámara elegirá,
para el respectivo período constitucional, comisiones permanentes que
tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley.
La
ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así
como las materias de las que cada una deberá ocuparse.
Cuando
sesionen conjuntamente las Comisiones Constitucionales Permanentes, el quórum
decisorio será el que se requiera para cada una de las comisiones
individualmente consideradas.
ARTÍCULO 143.— El Senado de la República
y la Cámara de Representantes podrán disponer que cualquiera de las comisiones
permanentes sesione durante el receso, con el fin de debatir los asuntos que
hubieren quedado pendientes en el período anterior, de realizar los estudios
que la corporación respectiva determine y de preparar los proyectos que las
Cámaras les encarguen.
ARTÍCULO 144.— Las sesiones de las
Cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas, con las limitaciones a
que haya lugar conforme a su reglamento.
ARTÍCULO 145.— El Congreso pleno,
las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de
una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la
asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo
que la Constitución determine un quórum diferente.
ARTÍCULO 146.— En el Congreso pleno,
en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por
la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija
expresamente una mayoría especial.
ARTÍCULO 147.— Las mesas directivas
de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año, para
la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros podrá
ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.
ARTÍCULO 148.— Las normas sobre
quórum y mayorías decisorias regirán también para las demás corporaciones
públicas de elección popular.
ARTÍCULO 149.— Toda reunión de
miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la
rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones
constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá
dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán
sancionados conforme a las leyes.
[48] Con salvamento de voto de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño,
Clara Inés Vargas Hernández y Alfredo Beltrán Sierra y salvamento y aclaración
de voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería.  Los mencionados Magistrados
consideraron que el vicio no era subsanable.
[49] En el mismo sentido, ver Auto A-207/05.  Con salvamento de voto
de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández , Alfredo
Beltrán Sierra y Jaime Araujo Rentería.  Los mencionados Magistrados
consideraron que el vicio no era subsanable.
[50] Sentencia C-737 de 2001 MP: Eduardo Montealegre Lynett: La
sentencia revisa la ley 619 de 2000 en su totalidad por vicios de
procedimiento. La norma revisada adolecía, entre otros, de un vicio considerado
insubsanable, consistente en el incumplimiento de los requisitos de publicidad
(MA de qué) , que como requisito en si mismo podría ser saneado de acuerdo al
contexto del trámite legislativo, pero en el caso la subsanación hubiera sido
equivalente a reproducir todo el procedimiento de formación de la ley acusada,
pues deberían ser repetidos los cuatro debates, con lo cual no se justificaba
que la Corte devolviera la ley al Congreso para su corrección. Sobre el vicio
de publicidad la Corte se pronunció de la siguiente manera: “Esto muestra que
la ruptura de la identidad de un proyecto no sólo implica que ciertos debates
en el Congreso son pretermitidos sino que además genera otra grave
irregularidad, por cuanto se trata de leyes que nunca fueron oficialmente
presentadas como proyectos al Congreso ni contaron con la correspondiente
publicación y exposición de motivos. Y, obviamente, para enmendar ese defecto,
habría que retrotraer la ley al momento en que el proyecto debía ser
presentado, con su correspondiente exposición de motivos. Eso equivale
obviamente a reproducir todo el procedimiento de formación de la ley acusada,
pues deberían ser repetidos los cuatro debates posteriores, con lo cual no se
justifica que la Corte devuelva la ley al Congreso para su corrección, pues la
enmienda equivale a rehacer integralmente el trámite de la ley. Nuevamente hay
que concluir que el vicio que afecta a la Ley 619 de
2000 no puede ser razonablemente subsanado por el Congreso.”
[51] Sentencia C-760 de 2001 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel
José Cepeda Espinosa. La sentencia revisó la Ley 600 de 2000 encontrando que
las enmiendas realizadas a ciertos artículos de la norma no fueron  leídas en
Plenaria de la Cámara y que tampoco fueron publicadas, ni su texto se repartió
formalmente lo que hizo que se aprobara una norma que sólo se conocía
parcialmente. Lo anterior se hizo equivalente a la ausencia de debate y a la
invalidez de la subsiguiente votación, lo que configura un vicio insubsanable
para los artículos desconocidos. La Corte expresó al respecto:  “La Corte
ha encontrado que la falta de conocimiento respecto de las proposiciones de
enmienda presentadas por los representantes Rincón y Rueda a la plenaria de la
Cámara de Representante durante la sesión del día 6 de junio de 2000, determina
una inconstitucionalidad parcial por vicios de trámite, ya que equivale a la
ausencia de debate y a la invalidez subsiguiente de la votación surtida
respecto de ciertos apartes normativos de la Ley 600
de 2000, que antes fueron señalados.”
[52] Ver GACETA DEL CONGRESO Año XIV, Nº 517 del 12 de agosto de 2005.
Pág. 16
[53] Ver  Gaceta 844 del 23 de diciembre de 2004, página 6.
[54] Certificación expedida por el Secretario General de la Comisión
Segunda  Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, del 4 de
agosto de 2005. Folio 3, cuaderno 2.  Ver  también GACETA DEL CONGRESO Año XIV,
Nº 727 de 2005 pg 5
[55] Ver Gaceta 500 del 8 de agosto de 2005, página 24.