T-056-15
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-056/15
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Padre o madre como representante legal de
hijos menores
Los
padres pueden promover la acción de tutela para proteger los derechos
fundamentales afectados o amenazados de sus hijos no emancipados, debido a que
ostentan la representación judicial y extra-judicial de los descendientes
mediante la patria potestad. La madre o el padre pierden esa potestad de
representación sobre los derechos de su hijo, al momento en que éste accede a
la mayoría de edad. “En esta materia, el juez ha de ser absolutamente estricto,
pues ampliar la posibilidad de representación de los padres a los hijos mayores
de edad, puede convertirse en la negación de su personalidad, de su libre
albedrío, etc”. En tales eventos, el progenitor deberá acudir a la agencia
oficiosa para promover una acción de tutela con el objeto de proteger los derechos
de su hijo, salvo que éste hubiese sido declarado incapaz e interdicto por
medio de sentencia judicial, decisión que desvirtúa la presunción general de la
capacidad de las personas mayores de 18 años.
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Naturaleza
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
La validez de la agencia oficiosa se fundamenta en
tres principios constitucionales: (i) el principio de la eficacia de los
derechos fundamentales, que impone a la administración la ampliación de
mecanismos institucionales, con el fin de realizar efectivamente este tipo de
derechos; (ii) prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; que impide,
que por circunstancias meramente procedimentales, se vulnere los derechos
fundamentales; y finalmente (iii) el principio de solidaridad, que obliga a la
sociedad a velar por la protección y efectividad de los derechos ajenos, cuando
ellos por sí mismos no pueden promover su defensa. La
agencia oficiosa requiere que concurran dos elementos: i) la manifestación del
agente oficioso en el sentido de actuar como tal y ii) que se revele por lo
señalado en el escrito de tutela o de los elementos de juicio allegados a éste,
que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o
mentales para promover su propia defensa.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Con énfasis en niños, niñas y
adultos mayores
En
relación con el derecho a la salud de las personas que hacen parte del grupo de
los sujetos de especial protección constitucional es preciso considerar que a
partir de normas constitucionales como los artículos 13, 44, 46 y 47, se impone
mayor celo en el cumplimiento de los deberes de protección y garantía por parte
de las autoridades y de los particulares en la atención de las enfermedades o
alteraciones de salud que padezcan. Dentro de tales destinatarios se encuentran
los niños, niñas y adolescentes y las personas de la tercera edad.
DERECHO
A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD-Protección
constitucional
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA
EDAD-Protección reforzada
que se materializa en una prestación continua, permanente y eficiente
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE SALUD-La
prestación del servicio de salud debe ser oportuna, eficiente y de calidad
Dado que las personas de la tercera edad
tienen derecho a una protección reforzada en salud y las entidades prestadoras
de salud están obligadas a prestarles la atención médica que requieran, la
Corte ha considerado que una EPS vulnera el derecho a la salud de una persona
de la tercera edad cuando niega un servicio, medicamento o tratamiento incluido
o excluido del POS, cuya necesidad ha sido determinada por un médico o por la
patología que padece resulta evidente. En efecto, la protección reforzada se
materializa con la garantía de una prestación continua, permanente y eficiente
de los servicios de salud que el usuario requiera, lo cual implica, de ser
necesario el suministro de medicamentos, insumos o prestación de servicios
excluidos del Plan Obligatorio de Salud.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Nexo e importancia con los principios de integralidad y de continuidad
DERECHO A LA SALUD-Incluye facetas preventiva, reparadora y
mitigadora
El
principio de integralidad en la salud implica prestaciones en las distintas
fases: i) preventiva, para evitar la producción de la enfermedad interviniendo
las causas de ella; ii) curativa que requiere suministrar las atenciones
necesarias para que el paciente logre la cura de la patología que padece; y
iii) mitigadora que se dirige a paliar las dolencias físicas o psicológicas que
ocurren por los efectos negativos de la enfermedad, en tanto además de auxilios
fisiológicos debe procurarse las condiciones de bienestar en ámbitos
emocionales y psicológicos.
JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD
PRESCRIPCION MEDICA EN EL SERVICIO DE SALUD
CONCEPTO CIENTIFICO DEL MEDICO TRATANTE-Es el principal criterio para establecer si
se requiere un servicio de salud/MEDICO TRATANTE-Concepto del médico
tratante no adscrito a la EPS resulta vinculante
Las
entidades que administran el servicio de salud se encuentran vinculadas al
criterio médico científico de los profesionales de la salud y por tanto a las
órdenes del médico tratante ya sea adscrito o no a la EPS del paciente, pues es
quien tiene el conocimiento científico y por su contacto con el enfermo puede
establecer el tratamiento más eficaz e idóneo para la enfermedad que padece.
En principio el criterio “vinculante para la orden del servicio médico es el
del profesional adscrito a la E.P.S, pues esta es la encargada de la prestación
de las asistencias en Salud”, sin embargo cuando la prescripción proviene de
otro galeno tendrá efectos vinculantes si la profiere un médico particular
reconocido por el sistema de salud y la E.P.S. respectiva no la desvirtúa con
sustento en criterios técnicos, científicos y en las circunstancias médicas que
constan en la historia clínica del paciente.
INCAPACIDAD ECONOMICA EN MATERIA DE SALUD-Reglas jurisprudenciales sobre la prueba
SUMINISTRO DE PAÑALES Y SU RELACION CON LA
DIGNIDAD HUMANA
SUMINISTRO DE PAÑALES EXCLUIDOS DEL POS-Presupuestos jurisprudenciales
CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA
PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Reglas jurisprudenciales
TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO EN EL SISTEMA DE
SALUD Y SU NEXO CON EL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD-Subreglas jurisprudenciales
ACCESIBILIDAD AL DERECHO A LA SALUD-Transporte y copagos no puede ser obstáculo
para acceder a los servicios de salud de quienes no tienen capacidad económica
para asumirlos
EXONERACION DE CUOTAS MODERADORAS Y
COPAGOS-Reglas
jurisprudenciales
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-Naturaleza jurídica
EXONERACION DE CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-Reglas jurisprudenciales
Referencia: Expedientes: T-4.515.088, T-4.516.453,
T-4.516.471, T-4.521.732, T-4.521.813, T-4.522.415, T-4.541.364, T-4.542.891,
T-4.543.992, T-4.568.645, T-4.570.850, T-4.547.189, T-4.552.600 y T-4.554.143.
Magistrada (e) Sustanciadora:
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince
(2015)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas
Silva y Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos en
las siguientes acciones de tutela:
1.
T-4.515.088, de Mongui Ariza Nicolás como agente oficioso de Pedro José
Mongui Ariza, contra CAPRECOM EPS S, por el Juzgado 14 Penal del
Circuito de Bogotá con funciones de Conocimiento, el cual no fue objeto de
impugnación.
2.
T-4.516.453, de Salguero Rojas Eduardo Arbey como agente
oficioso de Gilma Rojas contra CAPRECOM EPS y otros, por el Juzgado Primero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué Tolima, el cual
no fue impugnado.
3.
T-4.516.471, de Ligia Roldán de Roldán contra SURA EPS, por el  Juzgado 35 Penal
Municipal con Función de Garantías de Medellín, fallo que no fue impugnado.
4.
T-4.521.732, de Hinestroza Segura Luis Alberto contra COOMEVA
EPS en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan
Bautista de Guacari Valle, y en segunda instancia por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle.
5.
T-4.521.813, de Suarez Alvear Miriam Rosa como agente
oficioso de Amelia Alvear Escobar contra CAJACOPI EPS por el  Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el cual no fue
objeto de impugnación.
6.
T-4.522.415, de Chávez Rodriguez Alba Lucia en
representación de su hijo, contra SALUDTOTAL EPS, en primera instancia por el Juzgado
8 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y en segunda
instancia por el Juzgado 8 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla.
7.
T-4.541.364, de Valderrama Yohana Cristina, Personera Municipal de
Cañasgordas Antioquia en representación de Luna Guerrero contra COMFAMA EPS,
por el Juzgado 25 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, fallo que no
fue impugnado.
8.
T-4.542.891, de Girón Salazar Amanda como agente oficiosa
de Salazar de Girón María de Jesús contra NUEVA E.P.S y otro, por el  Juzgado 9
Laboral del Circuito de Cali, sin que fuera impugnado.
9.
T-4.543.992, de Leal Sánchez Héctor Javier como agente
oficioso de Leal Bocanegra Ismael Enrique contra NUEVA EPS, por el Juzgado 1 Civil
del Circuito de Bogotá, el cual no fue impugnado.
10.
T-4.568.645, de Quintana Álvarez Nubia del Carmen como
agente oficiosa de Álvarez de Quintana María Marleny, contra COMFAORIENTE
EPS, por el Juzgado 2 Penal Municipal de Ocaña Norte de Santander, fallo que no
fue objeto de impugnación.
11.
T-4.570.850, de  Martínez Castro Luz Marina en
representación de su hijo contra CAJACOPI EPS y otro, por el Juzgado 4 Civil
Municipal de Villavicencio, el cual no fue impugnado.
12.
T-4.547.189, de Castaño Cárdenas Fernando como agente
oficioso de Cárdenas de Castaño María Graciela contra COMPENSAR EPS, por el Juzgado
64 Civil Municipal de Bogotá, el cual no fue objeto de impugnación.
13.
T-4.552.600 de Daza Molina Asunción como agente oficiosa
de Leyton Sánchez Otoniel contra SALUDVIDA
EPS, por el Juzgado 13 Civil de Municipal de Ibagué, Tolima, fallo que no fue
impugnado.
14.
T-4.554.143 de Neira Rodriguez Blanca Liliana contra SALUDCOOP EPS por el Juzgado 72 Civil
Municipal de Bogotá, fallo que no fue objeto de impugnación.
Por auto del 6 de Octubre
de 2014 la Sala de Selección Número Diez dispuso acumular al expediente T-4.515.088 las siguientes tutelas:
T-4.516.453, T-4.516.471, T-4.521.732, T-4.521.813, T-4.522.415, y por auto de
Selección del 20 de Octubre de 2014 dispuso acumular al mismo expediente para
ser definidos en una misma sentencia los expedientes T-4.541.364, T-4.542.891, T-4.543.992, T-4.568.645,
T-4.570.850, T-4.547.189, T-4.552.600 y T-4.554.143.
I.
ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta el número de
casos que la Corte revisará, hará un resumen de los hechos con el fin de
sintetizar los aspectos fácticos relevantes y permitir un mejor entendimiento
de esta providencia.
1. Expediente T-4.515.088
·
Hechos y contestación de demanda
Nicolás Mongui Ariza como agente oficioso
de su hermano Pedro José Mongui Ariza interpuso acción de tutela contra
CAPRECOM EPS S, para la protección del derecho a la salud y obtener el
suministro de transporte para citas médicas, pañitos húmedos, crema
antiescaras, pañales, silla de ruedas en aluminio semideportiva, sonda Nº24,
guantes desechables, bolsas de colostomía con accesorios. Fundamenta su petición
en los siguientes hechos:
·
Pedro José
Mongui Ariza, afiliado en el régimen subsidiado de salud a Caprecom EPS S,
padece Paraplejia Espástica Nivel Modular T-10 HX cicatrizada en unión
Dorsolumbar, úlceras de presión, y otros traumatismos en la médula espinal, por
lo cual permanece postrado en una cama.
·
Sostiene el
agente oficioso que su hermano necesita los insumos antes mencionados y aunque Caprecom
EPS no le ha negado el tratamiento de su enfermedad tampoco ha bridado la
atención integral que requiere para tener una mejor calidad de vida.
Avocado el conocimiento de la acción el
Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá ordenó vincular a Caprecom EPS S, la Secretaría Distrital de
Salud y al Hospital Santa Clara E.S.E.
Al pronunciarse sobre la acción interpuesta, la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá indica que existe falta de legitimación
por pasiva, porque en atención a la patología del señor Pedro José Mongui
Ariza, es la Secretaría de Integración Social la que debe vincularlo a
programas que permitan brindarle dotación y materiales de aseo. Sostiene que
está prohibido que la Secretaría de Salud del Distrito asuma la prestación
directa de servicios de salud, los cuales para el caso concreto deben
garantizarse por Caprecom EPS-S.
El Hospital Santa Clara E.S.E., también solicita su
desvinculación por cuanto no es una aseguradora y su intervención es como institución
prestadora de salud, que atiende a los pacientes en virtud de contratos con las
EPS. Informa que el agenciado en los meses de mayo y junio de 2013 fue remitido
para valoración por Neurocirugía, Cirugía Plástica, Cirugía General y
Fisiatría. Señala que entre el 18 de junio y el 26 de agosto de 2013 con
intervalos de 6 días se realizaron curaciones en el servicio Clínica de
heridas, brindado la atención de acuerdo a su patología. Indica que los pañitos húmedos, crema anti
escaras y guantes desechables no son medicamentos sino elementos de aseo que
los médicos no formulan y corresponde a los familiares comprarlos, y que la entrega
de pañales si no hay un estamento superior que lo ordene, debe hacerlo la EPS-S
como parte del tratamiento integral.
Sobre la silla de ruedas, sostiene que como
no hace parte del POS, debe adquirirse por los familiares en coordinación con
el hospital del primer nivel más cercano, y el Banco de Ayudas Técnicas de la
Secretaría de Integración Social. Por último informa que actualmente no tiene
convenio vigente con Caprecom EPS-S.
La Directora (e) de la Territorial Bogotá
Cundinamarca de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom  indicó
que como afiliado al régimen subsidiado a través de Caprecom se le prestan los
servicios, procedimientos, medicamentos e insumos del POS, y lo que no esté
incluido allí debe ser garantizado por la Secretaría Distrital de Salud. Indica
que los pañales desechables, pañitos húmedos, guantes desechables, crema
antiescaras, solicitados por el médico tratante son insumos no POS de aseo
personal, considerados suntuosos sin fines terapéuticos para la recuperación de
salud del paciente
·
Decisión judicial objeto de revisión
El 25 de octubre de 2013 el Juzgado 14
Penal del Circuito de Bogotá con funciones de Conocimiento concedió el amparo de los derechos a la
Salud y Vida digna de Pedro José Mongui Ariza y ordenó a Caprecom APSS que: i)
dentro de las 48 horas siguientes autorice y programe una valoración médica
tendiente a establecer la cantidad de pañales desechables y pañitos necesarios
para la atención en salud, los que deberá entregar mensualmente sin dilación
alguna; ii) autorice y suministre el transporte idóneo que requiera desde su
lugar de residencia hasta los centros asistenciales cuando se requiera para los
exámenes, terapias y demás intervenciones ordenadas por sus médicos tratantes.
En la misma providencia el a quo negó ordenar el tratamiento integral y la
entrega de crema antiescaras, sondas, guantes desechables, bolsas de colostomía
y la realización de terapias.
El a quo adoptó las anteriores decisiones al estimar
que la enfermedad padecida por el agenciado impacta gravemente en sus
condiciones de vida, no existen en el mercado insumos que puedan sustituir la
silla de ruedas, los pañales y pañitos desechables y ni el paciente ni su
hermano están en condiciones económicas de asumir los costos del tratamiento e
insumos requeridos. Sostiene que la silla de ruedas le permite al señor Pedro
José Mongui minimizar la dependencia de terceros y no puede ser negada por la
EPS, pues luego será recobrada al Fondo Financiero Distrital. En relación con
los pañitos y pañales, indica que deben ser suministrados porque aunque no
cuente con prescripción médica son elementos indispensables para la salud y
preservar la vida en condiciones dignas. Igualmente existe la obligación de
suministrar el servicio de transporte en cuanto permite al accionante acceder a
la atención en salud. La decisión de negar las terapias, crema antiescaras,
sondas, guantes desechables y bolsas de colostomía se fundamenta en la ausencia
de orden médica que determine que el accionante las requiere. Tampoco accede a
ordenar darle tratamiento integral pues no hay necesidad ya que se le ha
brindado la atención médica requerida.
Contra la anterior decisión el representante de
Caprecom EPSS[1]
presentó impugnación, la que por extemporánea fue negada por el Juzgado de
primera instancia mediante auto del 17 de enero de 2014.
·
Trámite de solicitud de desacato
A
petición del agente oficioso el Juzgado 14 Penal del
Circuito de Bogotá con funciones de Conocimiento requirió
información sobre el cumplimiento de la sentencia a la accionada, quien
mediante oficio del 19 de marzo de 2014 indicó que para esa fecha se asignó
cita para valoración por medicina interna en el Hospital Universitario de la
Samaritana, con el fin de establecer la periodicidad y cantidad de pañales desechables,
conforme a lo ordenado en el fallo.
Ante
una nueva solicitud de información Caprecom EPSS mediante oficio radicado el 24
de junio de 2014 indicó que los servicios solicitados por el médico tratante
han sido autorizados y garantizados, que no se le ha entregado el insumo de
pañales desechables porque no se ha presentado la documentación requerida y que
respecto de los pañitos aún no hay orden médica para generar su autorización.
En
declaración rendida dentro del trámite del incidente de desacato el 12 de
agosto de 2014 el señor Nicolás Mongui Ariza informó que el médico valoró a su
hermano Pedro José y ordenó los pañales desechables pero no los pañitos, y que
aquellos luego de un tiempo finalmente le fueron entregados. El servicio de
transporte no le ha sido completamente prestado por lo cual su agenciado fue
retirado de las terapias.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Fotocopia de las
cédulas de ciudadanía de Nicolás y Pedro José Mongui Ariza, éste último nacido
el 21 de abril de 1986.
b.
Fotocopia del
reporte de la página web del Fosyga sobre la afiliación desde el 1 de mayo de
2013 de Pedro José Mongui Ariza a Caprecom EPS en el régimen subsidiado.
c.
Fotocopia de los
siguientes registros de Evolución Consulta Externa de Neurocirugía del Hospital
Santa Clara E.S.E. III Nivel, de Pedro José Mongui Ariza:
·
Del 2013/05/10, que
refiere como impresión diagnóstica: “Paciente con secuelas de trauma
raquimedular, discapacitado, no recuperara la marcha, se explica a paciente.
Debe tener manejo Integral”.
·
Del registro efectuado
el 2013/05/29, con diagnóstico de “Ulcera de cúbito” e impresión
diagnóstica: “Paciente con ulceras por presión en sitios mencionados con
tendencia a la coalescencia, asociada a mala red de apoyo familiar por falta de
recursos económicos”
·
El reporte del
2013/06/05  indica: “Paciente con colostomía Post trauma Raquimedular por
HPAF hace 1 año y medio. Tiene escaras y no ha iniciado manejo por clínica de
heridas”. Impresión diagnóstica “paciente con colostomía por sección
medular asociado a escaras. No es candidato a cierre del estoma (sic) hasta que
sane las escaras y se demuestre que puede vivir sin escaras a pesar de la
sección medular. Se le explica claramente al paciente y a su acompañante”
“Conducta: Se entrega fórmula y no POS de bolsas de colostomía y nueva orden
para clínica de heridas. Se explica que puede seguir a medicina general para
renovar estas órdenes mensualmente y se cita en cirugía general en 6 meses para
reevaluación”.
·
El reporte de evolución
de fecha 2013/06/11, señala “ingresa en silla de ruedas, Glasgow 15, con
paraplejia espástica T10 sin cambios”, y en el diagnóstico indica: “Paciente
con TRM establecido, con secuelas dada por paraplejia, requiere manejo
integral, pendiente valoración por Fisiatría”. “Conducta: Control en 6
meses. Lectura de resultados. Trae Rx con esquirlas en T12 del lado derecho. No
hay deformidad evidente”
·
Ficha de reporte del
2013/06/13, en donde registra como impresión diagnóstica “Paciente en fase
de meseta terapéutica de TRM sin pronóstico de marcha, sin actividad opacional,
(sic) silla de ruedas actual en condiciones aceptables sin mantenimiento de
rodamientos” “Conducta. Se explica la situación, se dan recomendaciones,
se prescribe silla de ruedas semideportiva en aluminio, solo con el fin de
lograr que el paciente tenga una mayor actividad funcional de traslados y
ocupacional, ya que sus ingresos económicos son limitados, se condiciona
comodato de silla a modificación ocupacional de lo contrario se le retira,
control en 4 meses.”
d.    Fotocopia de orden médica del 13 de junio
de 2013, en la cual se prescribe Silla de ruedas en aluminio semideportiva
adulto, con firma y sello ilegible.
e.      Copia del informe de la Subdirección
científica de la E.S.E. Hospital Santa Clara.
f.      Copia de correo electrónico del 19 de junio
de 2014 mediante el cual se informa que tomaron el pedido de pañales del
accionante el 20 de mayo, pero éste no dejó ninguna documentación en el
dispensario y que a Caprecom le fue informado que en la tercera semana de mayo
no se contaba con presupuesto. Posteriormente, mediante comunicación el 15 de
julio de 2014 la accionada informa que se comunicó al agente oficioso que debe
acudir a la sede de la soledad para efectos de la entrega de los pañales
desechables.
2.  Expediente T-4.516.453
Eduardo Arbey Salguero Rojas como agente oficioso
de su progenitora Gilma Rojas interpuso acción de tutela contra CAPRECOM
EPS y la Secretaría de Salud Departamental del Tolima, para la protección de
los derechos fundamentales a la salud y vida digna.
·
Hechos y contestación de demanda
La
señora Gilma Rojas tiene 66 años de edad y actualmente padece cáncer.
Refiere
el agente oficioso que por la mencionada patología estuvo en el hospital
Federico Lleras Acosta de la Francia del cual le dieron salida sin medicamentos
ni la orden de brindar la atención que requiere. Indica que ella necesita
permanentemente de morfina, tramadol, pañales, una enfermera, ambulancia y
silla de ruedas.
Con
base en lo anterior, en auto del 29 de mayo de 2014 el Juzgado Primero Civil
del Circuito Especializado en restitución de tierras ordenó como medida
provisional que en un lapso de 24 horas se autorizara la entrega de los
medicamentos requeridos por la paciente Gilma Rojas de acuerdo a la formula
médica anexa a la solicitud de tutela.
Mediante
escrito dirigido al Banco de Salud de la Secretaría de Salud Departamental del
Tolima, radicado el 3 de junio de 2014 el agente oficioso indicó que su
progenitora requiere pañales, servicio de enfermera, ambulancia y morfina.
La
Oficina Jurídica de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima al
responder la solicitud de tutela señaló que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la señora Gilma Rojas pues la EPSS Caprecom es quien debe
suministrar los medicamentos a la paciente y brindarle la atención integral.
Agrega que la silla de ruedas y los pañales desechables están excluidos del
POS. En cuanto al transporte indica que debe tenerse en cuenta lo establecido
en el plan obligatorio y la jurisprudencia constitucional.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado 1 Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, Tolima, en sentencia del 12
de junio de 2014 concedió la tutela y ordenó la entrega de los medicamentos
prescritos en la fórmula médica allegada por el agente oficioso y negó los
demás servicios e insumos porque no fueron ordenados por el médico tratante.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Fotocopia de la
Cédula de Ciudadanía Nº38.221.630 de la Señora Gilma Rojas, nacida el 1 de
octubre de 1948.
b.
Fotocopia del carné
de afiliación al régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social, de
Caprecom EPSS, de la señora Gilma Rojas.
c.
Fotocopia de la
fórmula médica ambulatoria expedida el 28 de mayo de 2014 a la agenciada.
3. Expediente T-4.516.471
·
Hechos y
contestación de demanda
La señora Ligia Roldán de Roldán interpuso acción de tutela
contra SURA EPS, para la protección de sus derechos a la salud, seguridad
social y a la vida digna, que estima vulnerados con base en los siguientes
hechos:
·
Nació el 2
de agosto de 1917, y en la actualidad tiene 97 años de edad.
·
Indica que
ha perdido el 80% de su visión, no puede caminar y se encuentra afectada por
Alzheimer y Parkinson, por lo que sus condiciones de vida son muy precarias.
Sostiene que requiere el uso de pañales porque padece incontinencia urinaria.
Por ello y dada su condición de pobreza, solicitó éstos insumos a la EPS, la
cual lo negó porque no hacen parte del POS. Agrega que las razones aducidas por
la entidad desconocen el principio de dignidad humana y el deber de solidaridad.
·
Por lo
anterior solicita se ordene a la accionada el suministro permanente de los
pañales que requiere y se autorice que éstos sean reclamados por una persona
diferente previa autorización escrita, además para que en el futuro no sea
necesario interponer nuevas acciones pide se ordene la atención integral.
Admitida la acción de tutela por el Juzgado 35 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín, la representante
de EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., solicitó la vinculación del Fosyga
y de la Secretaría Seccional de Salud. Informa que la accionante se encuentra
afiliada como beneficiaria al POS de EPS Sura desde e1 de julio de 1995 y tiene
derecho a cobertura integral, por lo cual la EPS ha brindado el tratamiento
integral requerido, sin que haya negado o dilatado el servicio. Indica que los
pañales son un insumo de cuidado personal que no influyen en la recuperación
del paciente y cumplen una función de aseo. Tratándose de un insumo NO POS,
debe tenerse en cuenta que la accionante se encuentra afiliada como
beneficiaria de Miryam Elsy Roldán Roldán, que registra ingresos entre 2 y 5
SMLM, por lo que existe capacidad de pago para el suministro de pañales. Y,
dado que tampoco hay orden del médico tratante para el suministro de los
pañales y demás elementos de aseo, considera la entidad accionada que la
petición de amparo debe negarse.
·
Decisión
judicial objeto de revisión
El Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Garantías de
Medellín en fallo del 28 de julio de 2014 negó la petición de tutela al considerar
que no se cuenta con una orden médica para el suministro de pañales, por lo
cual la ciudadana debe acudir al médico tratante para que los prescriba,
solicitarlos a la EPS y una vez ésta los niegue “puede la afectada acudir
nuevamente a la Acción de Tutela” para que con base en las pruebas otro juez
constitucional determine si ordena el suministro de los pañales. Concluye que
como la EPS SURA no ha negado el insumo “la negativa se queda en el campo
especulativo o hipotético, lo que hace que la solicitud de amparo resulte
improcedente”.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
A la solicitud de
tutela la accionante adjuntó copia de formula médica 55-962659010 del 7 de
julio de 2014, en la cual se prescriben distintos medicamentos, y de una hoja
de la historia clínica con información ilegible.
b.
Reporte de
afiliación de la accionante al régimen de seguridad social en salud, aportada
por EPS SURA.
4. Expediente T-4.521.732
El señor Luis Alberto Hinestroza Segura promovió acción de
tutela contra COOMEVA EPS para la protección de sus derechos fundamentales a la
dignidad, la salud y mínimo vital, los cuales estima vulnerados por los hechos
que se reseñan a continuación.
·
Hechos y
contestación de demanda
El ciudadano se encuentra con limitaciones
en su movilidad. Mediante fallo de tutela del 19 de diciembre de 2012 se le
protegió su derecho a la salud y ordenó a la accionada suministrar los insumos,
terapias y demás servicios, decisión que fue cumplida por Coomeva EPS. En
diciembre de 2013 una decisión de tutela dispuso la exoneración de las cuotas
moderadoras. En enero de 2014 la Personería Municipal de Guacarí pidió a la EPS
le brindara atención integral, por cuanto no le han entregado un cojín
antiescaras neumático con válvula y colchón antiescaras que le fue ordenado
desde el 13 de noviembre de 2013. Por lo anterior Luis Alberto Hinestroza
Segura solicita se le proteja de manera integral su derecho a la salud.
Coomeva EPS, al contestar la solicitud de
tutela, indica que el cojín antiescaras neumático con válvula y el colchón
antiescaras están excluidos del Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo a la
Resolución 5521 de 2013, por lo cual no le corresponde suministrarlos, además
son insumos que no contribuyen al mejoramiento de la patología del usuario. Finalmente
sostiene la accionada que ha brindado al paciente todos los servicios y
beneficios del Plan Obligatorio de Salud, por lo que la tutela es improcedente.
El Director Jurídico del Ministerio de
Salud y Protección Social sostiene que dicho Ministerio no es responsable
directo de la prestación de servicios de salud, en cuanto la responsable es la EPS,
no la asiste a ella derecho a recobro ante el Fosyga, en atención, además, al
principio de legalidad del gasto público. Añade que la pretensión de ordenar el
tratamiento integral es muy genérica, por lo cual es necesario que se precise
cuáles tratamientos o medicamentos son los requeridos por el accionante para
determinar si hacen parte o no del POS.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El 27 de marzo de 2014 el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Juan Bautista de Guacari Valle, concedió la tutela y
ordenó a Coomeva EPS que autorice y entregue al ciudadano el Cojín antiescaras
neumático con válvula y colchón antiescaras, y garantice la prestación integral
del servicio de salud para la atención de su discapacidad física por el trauma
raquimedular y lo que se encuentre directa o indirectamente relacionado. Fundamenta
su decisión en que el ciudadano se encuentra en estado de indefensión, se
encuentra en incapacidad económica de asumir el costo de los insumos ordenados
por el médico tratante, lo cual no fue desvirtuado por la entidad accionada,
quien injustificadamente omitió la autorización y entrega de los referidos
elementos. Añade que en este evento existe una condición de discapacidad física
concreta sobre la cual debe ordenarse el tratamiento integral para garantizar
condiciones de existencia digna. En relación con el recobro al Fosyga indicó
que dicha determinación no compete al Juez Constitucional.
Impugnada la anterior decisión por Coomeva
EPS, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Guadalajara de Buga Valle, en
sentencia del 26 de mayo de 2014 decidió revocar la decisión del a quo, al
considerar que no hay prescripción médica y que la conducta del accionante puede
alcanzar la temeridad pues en una acción de tutela anterior solicitó los mismos
insumos y el juez en amparo del derecho de petición ordenó a la EPS responder a
la solicitud de los mismos. Indica que si bien no conoce la respuesta dada por
la accionada, en caso de que el ciudadano no la haya recibido existe desacato a
la sentencia de tutela proferida en la anterior oportunidad y el tutelante debe
tramitar el incidente. Concluye que “no se ha considerado que el actor no
requiera de estos insumos que reclama a través de esta acción de tutela, sino
que existe un pronunciamiento por parte de la autoridad judicial en el cual se
analizó sobre lo deprecado por el actor en aquella oportunidad” por lo cual
puede solicitar el trámite del desacato o ir nuevamente al médico para que
justifique la entrega de los insumos solicitados y adelantar el trámite fijado
por la EPS.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía y del carné de afiliación a
Coomeva EPS de Luis Alberto Hinestroza Segura.
b.    Copia de las sentencias proferidas el 19 de diciembre de 2012 y el
10 de diciembre de 2013 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, Valle.
c.
Copia de la petición de la Personería Municipal de Guacarí fechada
enero de 2014.
5. Expediente T-4.521.813
Miriam Rosa Suárez Alvear como agente
oficioso de su progenitora Amelia Alvear Escobar promovió acción de
tutela contra CAJACOPI EPS, para la protección de los derechos fundamentales a
la vida digna, salud y seguridad social, los que estima vulnerados por la
negativa a suministrarle pañales, servicio de enfermera y tratamiento integral.
·
Hechos y contestación de demanda
Informa
la agente oficiosa que Amelia Alvear Escobar, de 94 años de edad, padece Isquemia
cerebral, tumor maligno en el ovario y una enfermedad cardiovascular no
especificada.
Amelia
Alvear Escobar, se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social, Régimen
Subsidiado, en Cajacopi EPS.
CAJACOPI
EPS suspendió intempestivamente la atención integral que venía prestándole y de
manera injustificada retiró el servicio de enfermera domiciliaria.
La
isquemia ha deteriorado su sistema cerebral y no controla esfínteres, condición
conocida por la EPS.
Amelia
Alvear Escobar se alimenta con el suplemento vitamínico Ensure el cual, por su
estado de salud debe ser suministrado por otra persona a través de una Sonda de
Alimentación por Gastronomía.
Por
lo anterior, la agenciada solicita se ordene el suministro de pañales
desechables en la cantidad indicada por un médico tratante, atención integral
domiciliaria mediante la asistencia de una enfermera dotada del suplemento
alimentario Ensure y una camilla médica, y se suministre bolsa para
alimentación parenteral, requerida por el procedimiento de gastronomía que le
fue realizado.
La
Coordinadora Seccional Atlántico de Cajacopi EPS-S indica que la tutela es
improcedente porque: i) no es procedente suministrar los pañales pues se
encuentran excluidos del POS; ii) la atención integral domiciliaria se viene
prestando desde el 30 de septiembre a través de la IPS integral Home Care S.A.S.,
la cual además suministra las bolsas de gastronomía y el suplemento complementario
Ensure, como aparece en el informe que adjunta.; iii) la paciente no requiere
enfermera para cuidado especializado pues la hija tiene entrenamiento para
alimentar vía gastrostomía, suministrar medicamentos y realizar cambios de
posición para evitar ulceras. Refiere que la paciente no tiene ordenado ningún
medicamento vía endovenosa que justifique la asistencia de una enfermera; y iv)
la camilla médica fue entregada a un familiar de la paciente el 26 de noviembre
de 2013, de tal manera que siempre ha brindado la atención integral que
requiere la señora Amelia Alvear Escobar.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El 3
de julio de 2014 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Barranquilla negó la petición de amparo por cuanto no se adjuntó
el formato de solicitud de servicio ni la respuesta negativa de la entidad
accionada, por lo cual, estimó el a quo, la accionante debe agotar previamente
el trámite ante Cajacopi.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía Nº 22.266.923 de Amelia Alvear Escobar, nacida el 24 de agosto de 1920.
b.    Fotocopia del carné de afiliación de la señora Amelia Alvear
Escobar al Sistema de Seguridad Social, Régimen Subsidiado, Nivel 1, en
Cajacopi EPS.
c.
Fotocopia de la historia clínica de la paciente, en la que refiere
hospitalización en el Camino Universitario Distrital de Barranquilla el 3 de
septiembre de 2013, por isquemia cerebral transitoria. Hospitalización desde el
11 al 21 de septiembre de 2013 por tumor maligno del ovario en el Hospital
General de Barranquilla. Atención en la Clínica Bonnadona Prevenir el 12 de noviembre
de 2013, por remisión de ginecólogo oncólogo, en donde consta que la paciente
ingresa en silla de ruedas, con gastronomía y sonda vesical, pronóstico
principal tumor maligno de ovario y pronostico relacionado enfermedad
cardiovascular no especificada.
d.    Fotocopia del informe de imágenes diagnosticas del Hospital
Universitario Metropolitano del 15 de octubre de 2013.
e.
Fotocopia de ficha medica de diagnóstico de Unidad de Ginecología
Oncología, en la cual aparece consignado con fecha diciembre 6 de 2013 que la
paciente está en manejo con clínica del dolor, celulitis en pierna derecha en
manejo cefalexina, antiescaras y que requiere manejo de soporte por enfermería
24 horas. Y, con fecha mayo 16 de 2014 se consigna que se trata de un paciente
en silla de ruedas, manejo en medicina interna, con sonda gastronomía.
f.
Fotocopia de la historia clínica del Consultorio Médico la 15, de
fecha 5 de junio de 2014, en la cual se consigna “Nota. La paciente necesita
pañales tema Slim 4 pañales diarios 4x30=120 pañales mensuales”.
g.
Informe de atención brindada por la
IPS integral Home Care S.A.S., de fecha 25 de junio de 2014.
h.    Reporte de evolución médica de la paciente Amelia Alvear Escobar
i.
Certificación fechada el 26 de noviembre de
2013, sobre entrega a Miriam Rosa Suarez
Alvear de Cama hospitalaria manual, colchoneta, para la atención que
requiere la señora Amelia Alvear.
6. Expediente T-4.522.415
Alba Lucía Chávez Rodríguez en representación de su hijo Isaac
David Tovar Chávez promovió acción de tutela contra SALUDTOTAL EPS, para la
protección de los derechos fundamentales a la vida, salud y la dignidad humana.
·
Hechos y contestación de demanda
Señala
la accionante que es madre cabeza de familia y en la actualidad no puede
trabajar pues debe cuidar de su hijo Isaac David Tovar
Chávez, quien nació el 5 de diciembre de 2010 y padece parálisis cerebral
retraso en el desarrollo global y epilepsia. Por lo anterior el niño no tiene
control de esfínteres. Sostiene que SALUDTOTAL EPS no ha ordenado el
tratamiento terapéutico de neurodesarrollo que requiere. Indica Alba
Lucía Chávez Rodriguez que carece de los recursos económicos para darle
los tratamientos idóneos a Isaac David Tovar Chávez, por lo cual  solicita que,
para la protección de la salud del menor, se ordene a Saludtotal EPS brindar
los tratamientos que requiere, pañales desechables, medicamentos y transporte
para el traslado a recibir las terapias que le permitan mejorar su condición de
vida.
Saludtotal
EPS, mediante la administradora suplente indicó que Isaac David Tovar Chávez
presenta reflujo gastroesofágico, retardo psicomotor, hipotonía,
convulsiones/epilepsia y secuelas de hipoxia perinatal. Señala que la EPS le ha
garantizado la totalidad de prestaciones asistenciales requeridas como lo
demuestra la relación de autorizaciones que adjunta, y que dentro de las
atenciones suministradas se ordenó ayuda diagnostica tipo radiografía de vías
digestivas altas y luego el niño fue remitido a valoración y manejo por cirugía
pediátrica, también ha estado en manejo y seguimiento por un equipo multidisciplinario
de especialistas en neurología pediátrica, psiquiatría, fisiatría y pediatría
como se registra en la historia.
Sostiene
Salud Total EPS, que todos los servicios ordenados por sus médicos tratantes
han sido autorizados incluso aquellos No POS. El 25 de Noviembre de 2013 se le
autorizó el servicio de Neurología Pediátrica al paciente, que fue
diagnosticado con: convulsiones, epilepsia, secuelas de encefalopatía hipoxica
isquemica neonatal, sinusitis  y amigdalitis aguda, y luego de conocer de la
acción, el 29 de enero de 2014 se ofreció un segundo concepto y valoración por un
segundo neurólogo pediatra adscrito a su red de prestadores. Y el 1 de julio de
2014 se emitieron órdenes de terapia física, ocupacional y de lenguaje. Indica
que en la base de datos no registra que se le hubiere negado o rechazado algún
servicio de salud al menor de edad. En relación con los pañales, la
representante de la EPS, indica que no existe orden médica y como son elementos
de aseo deben ser suplidos por la familia pues están excluidos del POS, al
igual que el transporte, pues el cuadro clínico del paciente no define la
necesidad de ambulancia.
El a
quo vinculó al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Salud Departamental
del Atlántico y a la Secretaría de Educación Distrital.
El
Ministerio de Educación Nacional pidió ser desvinculado por cuanto es la
entidad territorial certificada en educación la competente para atender la
educación de las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales
en su territorio.
El
Secretario de Salud Departamental del Atlántico solicito se declare
improcedente la acción de tutela, por cuanto el menor se encuentra afiliado por
el régimen contributivo a Salud Total EPS y es a ésta entidad a la que le
corresponde brindarle los servicios en salud. Por lo anterior estima que existe
falta de legitimación por pasiva. Por su parte, la Secretaría Distrital de
Educación indicó que las EPS debe practicar los tratamientos de terapias
especializadas de neurodesarrollo ya que deben ser ejecutados por personal
médico capacitado y hacen parte del componente de salud, por lo cual solicita
abstenerse de ordenar con cargo a dicha Secretaría las terapias solicitadas.
·
Decisiones judiciales objeto de revisión
En primera instancia el Juzgado 8 Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el 14 de febrero de
2014 decidió tutelar los derechos del niño Isaac David Chávez y en consecuencia
ordenó a SALUD TOTAL EPS evalué el paciente, disponiendo que conforme una Junta
Médica interdisciplinaria integrada en este caso por Neuropediatra, psiquíatra
infantil, neuropsicología, fisiatra pertenecientes a su red de prestadores de
servicios a fin de determinar el grado de efectividad de las terapias de
Neudesarrollo, según la recomendación del Dr. Jesús Eduardo Ruiz y de ser estas
procedentes debe autorizarlas. Igualmente ordenó a la accionada remitir al
menor a una institución idónea y especializada en este tipo de terapias de
acuerdo a las prescripciones de la Junta Médica interdisciplinaria, cerca de la
residencia del menor para facilitar la realización de las terapias y brindar
transporte para el menor y un acompañante. Finalmente ordenó la entrega de los
pañales desechables y autorizó para que la EPS repita contra el Fosyga.
La determinación anterior fue adoptada al
considerar que aunque está demostrado que Salud Total EPS no ha vulnerado los
derechos del niño, es necesario que la accionada evalúe al paciente con el fin
de determinar la efectividad de las terapias de neurodesarrollo, y de ser
procedentes las autorice. Si la Junta estima pertinente la realización de las
terapias, ordena a la accionada que autorice el transporte para el menor y un
acompañante dado que la familia carece de las condiciones para asumir esta
prestación. La orden de entrega de pañales se fundamenta en la imposibilidad de
control de esfínteres por el paciente, y la imposibilidad económica de la
progenitora para asumir su costo, hecho que no fue desvirtuado por la entidad
accionada.
Al resolver la impugnación presentada por
Salud Total EPS ante su inconformidad por la orden de suministro de pañales, el
Juzgado 8 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, en
fallo del 24 de abril de 2014 confirmó la orden de evaluar la salud del menor con
el fin de establecer la pertinencia de las terapias, y revocó la orden de
autorizar la entrega de pañales porque no existe prescripción médica que
determine su necesidad. La decisión anterior se fundamentó en que la entidad
accionada se negó a ordenar el tratamiento de rehabilitación prescrito por un
especialista en la materia que si bien no es un médico adscrito a la EPS, tiene
el conocimiento científico para emitir conceptos apropiados y los médicos de
las EPS muchas veces se ven limitados por políticas internas para la
prescripción de medicamentos y procedimientos.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.     Fotocopia del registro civil de Isaac David Tovar Chávez
b.
Copia
del registro del niño como afiliado al Sistema de Seguridad social en salud a
través del Régimen contributivo.
c.      Fotocopia de la historia clínica de Isaac David Tovar Chávez, en la
cual se advierte fórmula médica del 13 de enero de 2014 suscrita por el médico
Jesús Eduardo Ruiz Aguirre, para “Terapia integral de Neurodesarrollo 160
secciones mensuales permanentes para su habilitación y rehabilitación. Se da
orden de inicio para 3 meses 480 sesiones.” Y registra como Diagnóstico
trastorno del desarrollo: retardo del neurodesarrollo, retardo del desarrollo
del lenguaje, Imoc, comportamiento autista y epilepsia.
d.
Copia
del reporte de procedimientos, tratamientos y medicamentos autorizados al niño
Isaac David Tovar Chávez
7. Expediente T-4.541.364
Yohana Cristina Valderrama Rengifo, Personera Municipal de
Cañasgordas, Antioquia promovió acción de tutela contra COMFAMA EPS por la
presunta vulneración de los derechos a la vida, a la salud y la igualdad,
integridad física y dignidad humana de la niña Ángela María Hoyos Luna, ocasionada
por los hechos que se exponen a continuación:
·
Hechos y contestación de demanda
Mónica
Alexandra Luna Guerrero madre de la menor Ángela María Hoyos Luna informa que
se encuentra afiliada en la EPS COMFAMA
La
niña Ángela María Hoyos Luna, presenta mielomeningocele, hidrocefalia, vejiga
neurológica, parálisis distal, escoliosis congénita severa y pie equino, por lo
que requiere cuidado permanente, como lo indica el médico general de la ESE
Hospital San Carlos de Cañasgordas.
Debido
a su enfermedad la menor de edad Ángela María Hoyos no controla esfínteres y se
le tiene que hacer cateterismos vesicales cada 4 horas, en los que requiere
cambio de pañal, sondas y guantes.
El
Comité Técnico Científico de la Alianza Medellín Antioquia EPS negó la
solicitud de pañales y demás elementos necesarios porque dichos insumos están
excluidos del plan de beneficios POS.
La
progenitora de la niña informa que carece de recursos económicos para cubrir el
costo de los pañales y demás elementos que ella requiere.
Mediante
auto del 28 de febrero de 2014 el Juzgado
25 Administrativo Oral del Circuito de Medellín admitió la acción contra
Comfama EPS, EPSS SAVIA SALUD  y vinculó oficiosamente a la Dirección Seccional
de Salud de Antioquia.
El
representante de Alianza Medellín Antioquia EPS SAS como EPS-S (EPSS SAVIA
SALUD), informó que el médico Héctor Mauricio Guerrero Aristizabal aclaró que
la afectada se encuentra afiliada a la EPSS a través del municipio de
Cañasgordas, no tiene control de esfínteres y requiere suministro de pañales
desechables, sondas y guantes, de acuerdo a lo informado en la tutela, pues no
cuenta con registros médicos. Informa que no hay orden médica de los referidos
insumos y que meses atrás recibió la solicitud de suministro que fue negada por
el Comité Técnico Científico según acta 721 del 18 de noviembre de 2013 porque
no hacen parte del POS y porque no está en riesgo la vida de la usuaria por la
falta de pañales. Además la EPS no tiene la obligación de entregar los pañales
porque son elementos excluidos del POS. En relación con los demás insumos
indica que para someterse al análisis del CTC, es necesario allegar la historia
clínica y demás documentos que no han sido adjuntados a la tutela. Por último,
señala que de ordenarse la atención integral se limite a lo relacionado con la
falta de control de esfínteres o se puntualice las enfermedades que comprende
para conocer el alcance de la obligación impuesta.
La
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia informa que
Ángela María Hoyos Luna es beneficiaria del régimen subsidiado en salud,
afiliada a la EPS Subsidiada Comfama (SAVIA SALUD), desde el 1 de abril de
2012. Afirma, que ésta EPS está obligada a garantizar con su propia red o la
contratada la prestación de todos los servicios de salud, estén o no incluidos
en el POS, ello por cuanto los planes de beneficios para los niños en régimen
contributivo y subsidiado se unificaron. Además, los servicios excluidos y
aquellos bienes y servicios que no están catalogados como atenciones en salud
no pueden ser objeto de autorización ni de financiación con recursos públicos.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El 11 de marzo de 2014 el Juzgado 25
Administrativo Oral del Circuito de Medellín negó la tutela al considerar que
no se demostraron las circunstancias señaladas en la solicitud de tutela,
además la parte actora no hizo ninguna reclamación ante la EPS-S solicitando la
entrega de guantes y sondas, por lo cual la solicitud de tutela es
improcedente, esto sin perjuicio que la tutelante nuevamente solicite el amparo
aportando la historia clínica y las ordenes médicas que respaldan la solicitud
de insumos para la menor de edad.
8. Expediente T-4.542.891
Amanda Girón Salazar como agente oficiosa
de su progenitora María de Jesús Salazar de Girón promovió acción de
tutela contra NUEVA E.P.S y Recuperar S.A. IPS, para la protección de sus
derechos a la vida y a la salud, que estima violados por la negativa a
suministrarle pañales, a exonerarla de los copagos y de brindarle un
tratamiento integral.
·
Hechos y contestación de demanda
La
agente oficiosa indica que María de Jesús Salazar de
Girón, nacida el 21 de abril de 1936, padece enfermedad de Parkinson, EPOC y Alzheimer,
patologías que generan incontinencia urinaria y fecal, oxigeno dependencia y
artrosis, por lo que es dependiente de terceras personas como lo indica su médico
tratante adscrito a Nueva EPS.
Sostiene,
que dirigió dos derechos de petición solicitando el suministro de pañales a la
entidad accionada Nueva E.P.S., la cual los negó mediante oficios del 2 de
octubre de 2013 y del 7 de abril de 2014. Por lo anterior acudió al Personero
Municipal quien dirigió un oficio a Recuperar S.A. IPS, el cual se rehusaron a
recibir en dicha entidad.
Además,
señala, las accionadas no han dado cumplimiento a la exoneración del cobro de
los copagos el cual tiene lugar porque su progenitora padece de dos
enfermedades calificadas como de Alto costo o catastróficas.
Recuperar
S.A. IPS en respuesta a la acción de tutela indica que la paciente es atendida
por esa entidad en el programa Especial de Atención Domiciliaria, de acuerdo
con la orden de servicio del 26 de noviembre de 2013. Añade que dentro de los
servicios contratados por la Nueva EPS S.A. no están los pañales, y que están
excluidos del POS. Indica que si la doctora Virginia E. Govis Z, médica
internista, considera que son necesarios debe formularlos para que sean
autorizados por su EPS.
Sobre
los hechos en que se fundamenta la acción de tutela, la entidad accionada Nueva
EPS  señala que los pañales desechables, conforme a lo señalado en la resolución
5521 de 2013 no son considerados medicamentos ni insumos médicos y la omisión
de suministro no pone en riesgo la vida de la paciente María de Jesús Salazar
de Girón. Sobre el tratamiento integral sostiene que no hay solicitud  u orden
médica pendiente, por lo cual resulta extraña la pretensión de la tutelante por
cuanto se ha brindado todo lo ordenado por el médico tratante y se encuentra
vigente un paquete de atención domiciliaria con terapias a paciente crónico que
ha autorizados mes a mes. Indica que el criterio jurídico no puede reemplazar
al criterio médico y tampoco el juez de tutela debe precipitarse y prejuzgar a
la Nueva EPS ordenando el tratamiento integral cuando dicha entidad no ha
violado derecho alguno y está prestando a la paciente toda la atención
requerida. Respecto de la exclusión de pago de cuota moderadora indica que es
injusto e ilegal pues ésta tiene por objetivo el sostenimiento del sistema de
tal manera y al exonerarla de copago el sistema quedaría sin recursos. Como
petición subsidiaria la EPS plantea facultar a la Nueva EPS para que repita
contra el Fosyga por todos los valores de los servicios e insumos que excedan
lo previsto en la ley.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El 6
de junio de 2014 el Juzgado 9 Laboral del Circuito de Cali profirió sentencia
negando la petición de amparo al considerar que falta la orden del médico
tratante para el suministro de pañales que es uno de los presupuestos que la
jurisprudencia constitucional ha señalado para que prospere la tutela. Respecto
del tratamiento integral tampoco, dice el a quo, existen las ordenes de
tratamientos, procedimientos o medicamentos, ni se advierte que a entidad
accionada haya negado su práctica. Por último, señala que es improcedente la
exoneración de copagos o cuotas moderadoras porque no está acreditado que la
señora María de Jesús Salazar de Girón sufra de enfermedad considerada como
catastrófica.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Fotocopia de la historia clínica de la señora María de Jesús
Salazar de Girón, en la cual está registrado que tiene discapacidades múltiples
y otras, y habita en una zona estrato 2. Así mismo como enfermedad actual
registra párkinson, Epoc, incontinencia urinaria y fecal. La paciente no camina
y usa silla de ruedas. En el resumen y comentarios la Médico Libia Mercedes
Rojas Goyes, con fecha 26 de noviembre de 2013, consigna “SOLICITUD DE ATENCION
DOMICILIARIA PACIENTE ADULTA MAYOR FRAGIL. CON TEMBLOR GENERALIZADO, CON
ENFERMEDAD DE PARKINSON MAS DE MANOS, EN SILLA DE RUEDAS, CON EPOC,
OXIGENODPENDIENTE. CON ARTOSIS, POSTRACION, INCONTINENCIA DE ESFINTERES.
MARCADO PERDIDA DE PESO SE REALIZA ESCALA DE BARTELL MENOS DE 20 PUNTOS QUE
INDICA DEPENDENCIA SEVERA DE TERCERAS PERSONAS SE SOLICITA ATENCION
DOMICILIARIA: VISITA MEDICA MENSUAL PRA VIGILAR SUS COOMORBILIDADES
FISIOTERAPIA PARA EVITAR APARICION DE ESCARAS VISITA DE NUTRICION DADO A SU
BAJO PESO. FDO. DRA LIBIA ROJAS G. RM 7220”.
b.    Fotocopia del oficio GRSO-GRS-04898-13 del 2 de octubre de 2013 de
la Nueva EPS, mediante el cual informan a la señora Amanda Girón que los
pañales no son parte del POS y que aunque se emita la orden médica se requiere
autorización del Comité Técnico Científico, el cual no está obligado a
autorizar cualquier cosa pedida por el médico tratante.
c.
Fotocopia del derecho de petición del 11 de febrero de 2014
dirigido por la agente oficiosa a Nueva EPS.
d.    Fotocopia del oficio GRSO-GRS-06835-14 del 7 de abril de 2014 de
la Nueva EPS, en el cual informa que para el suministro de pañales requiere
orden médica y que la atención domiciliaria está a cargo de Recuperar que
procede bajo las condiciones y concepto médico.
e.
Fotocopia del oficio 20142200040261 signado por el Personero
Delegado de la Dirección Operativa Participación Ciudadana, del 30 de abril de
2014, dirigido a Recuperar IPS en el que solicita garantizar el derecho a la
salud de un adulto mayor, sujeto de especial protección.
f.
Fotocopia del oficio Recuperar IPS del 9 de mayo de 2014, en donde
dan respuesta al personero indicando que los pañales son productos de la
canasta familiar que los médicos no están obligados a formular.
9. Expediente T-4.543.992
Héctor Javier Leal Sánchez como agente
oficioso del señor Ismael Enrique Leal Bocanegra inició acción de tutela
contra NUEVA E.P.S, por la negativa a suministrar pañales desechables.
·
Hechos y contestación de demanda
Ismael
Enrique Leal Bocanegra nació el 24 de marzo de 1924 y se encuentra afiliado
como cotizante categoría A al Sistema de Seguridad Social en Salud, Régimen
contributivo, en la Nueva EPS y es atendido en la IPS Cafam-Granada Hills.
Informa
el agente oficioso que el 12 de junio de 2014 Ismael
Enrique Leal Bocanegra acudió a consulta médica y el médico tratante Andrés
Collins Riaño ordenó el suministro de pañales para adulto talla L por 20
unidades en cantidad de 4 paquetes por mes, dado que padece incontinencia
urinaria y fecal e imposibilidad para la deambulación, sin embargo la EPS no
los autorizó.
La
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, vinculada por decisión adoptada en el
auto admisorio de la acción de tutela, indicó que el paciente se encuentra
afiliado a través del régimen contributivo a la Nueva EPS siendo ésta la
responsable de la atención en salud del señor Leal Bocanegra y no esa
Secretaría distrital, por lo cual solicita se niegue la tutela por falta de
legitimación por pasiva.
El
Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social indica que los
insumos solicitados están expresamente excluidos del POS y si el Juez
constitucional ordena su entrega no debe pronunciarse sobre el recobro al
Fosyga pues las EPS deben acudir a los mecanismos legales señalados para tal
fin.
IPS
Cafam por su parte indica que no corresponde a la IPS Cafam autorizar los
insumos requeridos por el señor Ismael Enrique Leal Bocanegra por no
encontrarse dentro del POS. Añade que esa entidad ha suministrado los servicios
médicos solicitados en lo que corresponde conforme a las coberturas del POS y
lo contratado con Nueva EPS, en prueba de lo cual adjunta relación de
atenciones brindadas al paciente.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El 30 de julio de 2014 el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Bogotá negó la tutela interpuesta a favor del señor Ismael
Enrique Leal Bocanegra porque no se acreditó por el agente oficioso la
incapacidad económica para costear el suministro de pañales ni realizó
manifestación alguna al respecto.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.     Fotocopia de la cédula de
ciudadanía y del carné de afiliación a Nueva EPS de Ismael Enrique Leal Bocanegra
b.    Certificación de afiliación de
Ismael Enrique Leal Bocanegra a Nueva EPS
c.      Fotocopia de la Solicitud
individual de medicamentos, procedimientos y otros servicios fuera del POS, de
fecha 12 de junio de 2014, firmada por el médico tratante Andrés Collins Riaño en
el cual aparece como servicio No POS pedido, los pañales para adulto talla L
por 20 unidades cuatro paquetes por mes, y un número de paquetes por tres meses
de doce, diagnóstico: Incontinencia urinaria y fecal progresiva de 4 años de
evolución, secundaria a demencia, con desacondicionamiento físico e
imposibilidad para la deambulación. Índice de Barthel 0/0
d.    Fotocopia de la historia clínica
en donde se registra con fecha 12 de junio de 2014 incontinencia urinaria, uso
de silla de ruedas por imposibilidad para deambulación, marcada cifoescoliosis
sarcopenia generalizada, se envía a rehabilitación y medicina física por
desacondicionamiento físico y realiza CTC de pañales por incontinencia
urinaria.
e.      Fotocopia del Formato de
negación de servicios de salud y/o medicamentos impreso el 2 de julio de 2014 en
el cual se indica que los pañales fueron negados porque están expresamente
excluidos del POS.
10. Expediente T-4.568.645
Nubia del Carmen Quintana Álvarez como
agente oficiosa de su progenitora María Marleny Álvarez de Quintana promovió
acción de tutela para la protección de sus derechos a la vida, salud, petición
y a la seguridad social, contra COMFAORIENTE EPS-S, porque no ha suministrado
los pañales desechables ni autorizado el servicio de enfermería que requiere.
·
Hechos y
contestación de demanda
La
agente oficiosa indica que María Marleny Álvarez de Quintana, de 76 años de
edad padece diabetes, hipertensión, osteoporosis y ha sufrido dos trombosis que
la dejaron sin movilidad en sus piernas y sin control de esfínteres.
En
reiteradas oportunidades ha solicitado pañales y el acompañamiento de una
enfermera. La petición que en este sentido hiciera el 18 de junio de 2014 fue
negada por la EPS el 9 de julio del mismo año.
En
la respuesta al derecho de petición Comfaoriente EPS-S en liquidación indica
que la silla de ruedas se encuentra excluida del POS por lo cual no puede
ordenar su entrega; las muletas deben ser adquiridas por la usuaria porque son
de uso personal; los servicios de una enfermera no se requieren pues el cuidado
de la paciente está a cargo de los familiares y no puede trasladarse a
terceros; el transporte, hospedaje, alimentación es improcedente porque la
usuaria habita en Ocaña y no hay soporte de la necesidad; y el tratamiento de
médicos especialistas requiere remisión de los médicos del primer nivel, por lo
cual se le sugiere a la peticionaria solicitarla al galeno tratante.
En
auto del 22 de julio de 2014 el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ocaña
admitió la acción contra  Comfaoriente EPS-S en liquidación y ordenó vincular
al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
La
EPSS accionada indicó que es necesario que la usuaria acredite con órdenes
médicas la necesidad de los pañales y de la enfermera, pues son los galenos
quienes pueden determinarla y no los pacientes. Añade que los pañales están
excluidos del POS, por lo cual en caso que el médico tratante los ordene es el
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander quien debe cubrirlos.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Segundo Penal Municipal de
Ocaña -Norte de Santander-, en sentencia del 6 de agosto de 2014 niega la
solicitud de tutela por ausencia de respaldo probatorio de las afirmaciones
sobre la condición de salud de la señora María Marleny Álvarez de Quintana.
Añade que no hay vulneración del derecho de petición pues el mismo fue
contestado por la accionada el 9 de julio de 2014. Para el a quo tampoco hay
quebranto de los derechos fundamentales porque en declaración la agente
oficiosa indicó que su progenitora se encontraba hospitalizada, lo cual indica
que se le está brindando la atención en salud. Por último indica que ninguno de
los insumos pedidos ha sido ordenado por el médico tratante.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Copia de la petición signada por la señora Nubia del Carmen
Quintana Álvarez radicada el 18 de junio de 2014
b.    Copia de la respuesta dada por COMFAORIENTE EPS-S el 9 de julio de
2014, en la cual niega los elementos solicitados por encontrarse excluidos del
POS.
c.
Relación de servicios autorizados a la paciente María Marleny Álvarez de Quintana por Comfaoriente EPS-S en
liquidación
d.    Declaración de Nubia del Carmen Quintana Álvarez, en la que
informa que es casada, no trabaja, asume los gastos de los pañales y demás
insumos que requiere su progenitora con los ingresos de su esposo, tiene bajo
su cuidado a María Marleny Álvarez de Quintana, quien no puede caminar, es
hipertensa, diabética, sufre de osteoporosis.
11. Expediente T-4.570.850
·
Hechos y
contestación de demanda
Luz Marina Martínez Castro en
representación de su hijo Cristian Camilo Mendoza Martínez interpuso
acción de tutela contra Cajacopi EPSS y la Secretaría de Salud de Villavicencio,
para la protección de sus derechos a la salud, integridad física, seguridad
social, dignidad humana y a la vida, que estima vulnerados, con base en los
siguientes hechos:
·
La
accionante indica que es desplazada inscrita en el RUV y madre cabeza de
familia de tres hijos. Su hijo menor Cristian Camilo tiene 7  años de edad y presenta
una discapacidad severa (cuadro de retardo psicomotor, convulsión crónica), que
le impide su desplazamiento independiente y realizar otras actividades de un
niño de su edad, por lo que depende de ella.
·
Informa la
señora Luz Marina, que el 10 de julio de 2014 fue atacada por un perro y a
pesar del tratamiento médico no ha mejorado y se encuentra imposibilitada para
trabajar, para desplazar a su hijo por sí sola, además carece de ingresos
suficientes para el sostenimiento de su familia y para comprar la silla de
ruedas y los demás elementos que necesita su hijo. Indica que está pendiente de
recibir la ayuda humanitaria que entregan a los desplazados y que fue ordenada
en virtud de un fallo de tutela.
·
Ante esta
situación, indica la ciudadana, ha solicitado en varias ocasiones a la Alcaldía
y a la EPS un tratamiento integral para su hijo Cristian Camilo, el suministro
de una silla de ruedas, pañales, pañitos y todo lo que él necesita, pero no le
han dado respuesta ni entregado los elementos requeridos, con lo cual se están
desconociendo los derechos prevalentes de su hijo menor de edad.
Admitida la acción de tutela por el
Juzgado 4 Civil Municipal de Villavicencio se ordenó vincular a Cajacopi EPSS, la Secretaría de
Salud Municipal y la Alcaldía Municipal de Villavicencio.
La Jefe de la Oficina Asesora jurídica a
la Alcaldía de Villavicencio indicó que el menor de edad se encuentra afiliado
a la EPSS Cajacopi, y es la Secretaría local de salud quien debe ejercer la
vigilancia y control de dicha entidad, con el fin de garantizar que preste el
servicio que demande el usuario.
El Secretario Local de Salud del Municipio
de Villavicencio indicó que la EPSS Cajacopi es la entidad que debe suministrar
la silla de ruedas aunque sea un elemento excluido del POS. Afirma que no
procede el amparo para ordenar la atención integral porque mediante tutela no
se deben impartir órdenes hacia el futuro respecto de situaciones inciertas, y
que dicha Secretaría ha actuado para garantizar la pronta y eficaz prestación
del servicio de salud, por lo cual solicita se le desvincule de la acción por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
La EPSS Cajacopi solicita negar la tutela
por cuanto esa EPSS no autoriza el suministro de pañales ni de pañitos
desechables porque no están cubiertos por el POS y no se amenaza la salud, la
vida ni la integridad personal del menor de edad, además dichos insumos no han
sido prescritos por el médico tratante.
·
Decisión
judicial objeto de revisión
El 28
de agosto de 2014, el Juzgado 4 Civil Municipal de Villavicencio decidió
amparar los derechos a la salud y vida en condiciones dignas de Cristian Camilo
Mendoza Martínez y ordenar la autorización y realización de las terapias integrales
y de la atención especial que requiere según la formula médica del 13 de
diciembre de 2013. En el mismo fallo el a quo negó la orden de suministrar la
silla de ruedas, los pañales y los pañitos por no existir prescripción médica.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Fotocopia de la Tarjeta de Identidad de Cristian Camilo Mendoza
Martínez, donde registra como fecha de nacimiento 20 de febrero de 1998
b.    Fotocopia del carné que acredita su afiliación al Sistema de
Seguridad Social en el Régimen Subsidiado en Cajacopi EPS S, desde el 31 de
octubre de 2009
c.
Formula médica del 1 de agosto de 2008 en la cual se registra que
el menor de edad presenta cuadro de retardo psicomotor, convulsión crónica, con
tumor retinoblastoma. Y formula del 13 de diciembre de 2007 en la cual se
indica que el niño requiere terapia integral y educación especial.
d.    Oficio 104590, de Cajacopi EPS, en el cual informa del
cumplimiento del fallo mediante la autorización de las terapias física y de
fonoaudiología ordenadas por el auditor médico para el usuario Cristian Camilo
Mendoza Martínez.
12. Expediente T-4.547.189
Fernando Castaño Cárdenas como agente
oficioso de su progenitora María Graciela Cárdenas de Castaño, promovió
acción de tutela contra COMPENSAR EPS, para la protección de sus derechos a la
salud y vida digna, que considera desconocidos por la omisión de suministro de
pañales y del servicio de enfermera domiciliaria.
·
Hechos y contestación de demanda
Informa
el agente oficioso que María Graciela Cárdenas de Castaño, nacida el 3 de julio
de 1921 (de 93 años de edad), padece Adenocarcinoma de recto, lo cual genera
una hemorragia y expulsión de heces permanente por al ano que impone el uso de
pañales desechables. Asociado al anterior diagnóstico la señora María Graciela
presenta anemia, caquexia asociada a cáncer y sarcopenia.
Sostiene
el hijo de María Graciela Cárdenas de Castaño, que presenta acción de tutela
para que se le brinde el servicio de enfermera 24 horas, acceso a médicos
oncólogos, exámenes médicos y de laboratorio para seguimiento de su enfermedad
y el manejo integral de su patología, y pañales desechables.
La
ciudadana ha sido hospitalizada en varias oportunidades, siendo la última que
registra la historia clínica llegada al expediente el 11 de junio de 2014. De
acuerdo con los registros, el 16 del mismo mes se ordenó egreso, con el
siguiente análisis: “paciente con evolución clínica estable sin nuevos
episodios de rectorragia, con fistula rectovaginal secundaria a CA de recto sin
ningún tipo de manejo por decisión propia. valorada por coloproctología con
hallazgos de masa tumoral exofitica gigante sin posibilidad de realización de
tacto rectal + fistula rectovaginal con salida de materia fecal por vagina por
lo que proponen realización de colostomía derivativa a lo cual paciente es
enfática en no manejo invasivo, clínica de dolor considera control por consulta
externa para manejo de síntomas que pueden ir apareciendo en el curso de la
enfermedad y cierran IC, dado esto se decide dar salida con recomendaciones y
signos de alarma”
Admitida
la acción de tutela contra Compensar EPS, el a quo también vinculó al Ministerio de Salud y Protección Social – Fosyga.
El
Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social indica que los
pañales son un insumo no POS y que de suministrarse no debe autorizarse el
recobro al Fosyga porque afecta el principio de legalidad del gasto público. Así
mismo indica que debe diferenciarse la atención domiciliaria cubierta con el
POS que debe ser dispuesta por orden médica, de un acompañamiento en el
domicilio que necesitan quienes padecen una enfermedad, de carácter social y
que corresponde principalmente a la familia.
Compensar
EPS señaló que María Graciela Cárdenas de Castaño es afiliada a esa EPS por la
Superintendencia Financiera de Colombia y por el Distrito Capital de Bogotá como
pensionada por sustitución, y como pensionada de la empresa Consorcio Fopep y
recibe ingresos mensuales por $3.585.000. En relación con la acción de tutela
indica que  Compensar EPS ha prestado en forma completa y oportuna la atención
y servicios de salud que ha requerido la ciudadana, de acuerdo con las
coberturas del Plan Obligatorio de Salud. Añade que no existe orden de médico
adscrito a su EPS de pañales ni radicación de solicitud para la aprobación del
suministro por el Comité Técnico Científico, y tampoco hay prescripción médica
vigente y radicada que indique a necesidad del servicio de enfermería 24 horas.
En prueba de lo expresado presenta una relación de servicios autorizados desde
junio de 2013 a agostos de 2014, entre los cuales se encuentran: atención
domiciliaria, clínica de heridas y cuidado paliativo domiciliario, curaciones,
ambulancias y oncología.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El
Juzgado 64 Civil Municipal de Bogotá en fallo del 27 de agosto de 2014 declaró
improcedente la acción de tutela por cuanto el médico tratante de María
Graciela Cárdenas de Castaño no ha prescrito el suministro de pañales
desechables y el servicio de enfermería domiciliaria 24 horas y tampoco está
demostrado que los mismos hubieren sido negados por Compensar EPS. Indica que
el juez constitucional no puede reemplazar los conocimientos y criterio médico
poniendo en peligro la salud de quien invoca el amparo constitucional.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de María Graciela Cárdenas de
Castaño, que registra como fecha de e julio de 1921, y del agente oficioso
Fernando Castaño Cárdenas.
b.    Fotocopia de la Historia Clínica Electrónica Nº 20242888 de María
Graciela Cárdenas de Castaño, en la cual aparece como diagnóstico para el 2 de
mayo de 2014 Adenocarcinoma de recto bien diferenciado, síndrome anémico 2ª A1,
Osteoartritis degenerativa, desacondicionamiento físico crónico, igualmente
dentro del reporte de manejo integral aparece consignado orden de terapia
ocupacional y terapia física “para evitar desacondicionamiento físico por
inactividad”
c.
Fotocopia de derecho de petición radicado el 9 de junio de 2014,
de la señora María Graciela Cárdenas de Castaño, en el cual solicita suministro
de pañales y servicio de enfermera 24 horas, en atención a su grave estado de
salud la rectorragia constante y la incapacidad de autocuidado. En el
mencionado derecho de petición informa que ha tenido que contratar por su
cuenta los servicios de una enfermera para las curaciones y asistencia que
necesita, lo cual afecta su situación económica pues sus únicos ingresos
provienen de la pensión.
d.    Oficios de Compensar EPS, del 1 y 8 de julio de 2014, en los cuales
da respuesta negativa al derecho de petición de la ciudadana sobre atención de
enfermería 24 horas y el suministro de pañales. Como argumentos para negar lo
solicitado en los dos oficios, se exponen: “1. La autorización del servicio
de enfermería, suministro de pañales y la continuidad en la atención
domiciliaria se deriva de la valoración médica, es el profesional médico quien
define la pertinencia de dichos intervenciones. 2. Según informe de la IPS
Cuidarte, el día 17 de Junio se llevó o cabo la atención para Cuidado Paliativo
por la Dra. Jenny Ramírez quien considero no pertinente el servicio de
enfermería. 3. El servicio de enfermería se considera pertinente para: manejo
de heridos, manejo de traqueotomía, gastrostomía, colostomía, yeyunostomia,
direccionado a entrenar el cuidador, toma de muestras de laboratorio, toma y
procesamiento de muestras para urocultivo con sonda vesical, colocación o
cambio de sondo vesical o naso gástrica, cateterismos vesicales, administración
de medicamentos vía intramuscular, administración de medicamentos Intravenosos,
administración de medicamentos vía subcutánea, toma de signos vitales,
aplicación de enemas, entre otros. 4. Las actividades básicas cotidianas de un
individuo encaminadas a su autocuidado y movilidad, que le dotan de autonomía e
independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda continua de
otros, comer, controlar esfínteres, usar el baño, vestirse, bañarse,
trasladarse, deambular, etc. deben ser asistidas por la ayuda de un cuidador
familiar entrenado. 5. Los pañales se consideran insumos de aseo y el POS no
los incluye. De hecho en la normatividad se encuentra una cláusula de exclusión
específica de este tipo de insumos. Por tal motivo se sugiere que sean
cubiertos por su familia. Según la normatividad vigente, la cual me permito
anexar…se considera que no contribuyen al mejoramiento de la salud de la
paciente Graciela Cárdenas dicha prescripción de insumos que no están incluidos
en el POS, como el caso de los pañales. Los insumos requeridos deben ser
asumidos por grupo familiar o un cuidador primario permanente”.
e.
Escrito del 28 de marzo de 2014 mediante el cual el médico Germán
Darío Benítez Cárdenas en escrito dirigido a Compensar EPS, certifica que por
las condiciones médicas de la paciente resulta aconsejable y eficaz que se
realice visita médica domiciliar para que a través de la EPS se le provea una
enfermera y los cuidados médicos básicos, en lugar de ingresarla a un centro
hospitalario.
13. Expediente T-4.552.600
Asunción Daza Molina como agente oficiosa de su esposo Otoniel
Leyton Sánchez presentó acción de tutela contra SALUDVIDA EPS para la
protección de sus derechos a la vida, la dignidad humana, al mínimo vital, la seguridad
social y a la salud.
·
Hechos y contestación de demanda
Refiere
la agente oficiosa que Otoniel Leyton Sánchez para el momento de interposición
de la acción de tutela llevaba dos meses hospitalizado en la Clínica Minerva.
El
paciente se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en el régimen
subsidiado de salud, como padre cabeza de familia y la entidad prestadora del
servicio es Saludvida S.A. E.P.S.
Indica
la solicitud de tutela que por su patología no tiene control de esfínteres y le
fueron formulados pañales para adulto y crema Almipro, cuyo costo no puede
asumir la señora Asunción Molina Daza  pues debe dedicarse al cuidado del
agenciado, quien era el que suministraba para la manutención de ella y sus dos
hijos.
Admitida la acción de tutela, el 3 de
junio de 2014 el Juzgado 13 Civil de Municipal de Ibagué, Tolima ordenó vincular la
Secretaría de Salud Departamental del Tolima y al Ministerio de Protección
Social - Fosyga. En el mismo auto ordenó a Saludvida EPS como medida
provisional que en el plazo de 48 horas autorice y suministre los pañales
desechables y la crema Almipro que el médico considere necesarios.
El
Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social da respuesta a la
solicitud de tutela indicando que por tratarse de insumos no POS su
autorización debe someterse a Comité Técnico Científico y en el evento de
ordenarse su suministro por la EPS, solicita no se disponga su recobro al Fosyga
en cuanto puede afectarse el principio de legalidad del gasto público.
El
Gerente Regional Tolima de Saludvida EPS, indica que no
existe orden médica para el suministro de pañales y la crema, que la accionante
no gestionó la solicitud de tales elementos ante la EPS, con el fin de surtir
el trámite pertinente ante el Comité Técnico Científico y que por lo anterior
no ha existido un pronunciamiento negativo de parte de la entidad accionada. Además
señala que se trata de elementos No POS que por tanto no tiene el deber de
suministrar, pues corresponde entregarlos a la Secretaría de Salud del Tolima. En
virtud de lo anterior, indica, la EPS que representa no ha vulnerado ningún
derecho fundamental del señor Otoniel Leyton Sánchez.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado
13 Civil de Municipal de Ibagué, en sentencia del 13 de junio de 2014 decidió
negar la tutela al considerar que las accionadas no han vulnerado derecho
alguno pues lo que se solicita no ha sido ordenado por el médico tratante. En
la misma providencia el a quo manifiesta que niega la tutela porque existe
carencia actual de objeto dado que la EPS le ha brindado la atención que
requiere y el medicamento (sic) que pide debe ser ordenado por el médico
tratante.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.
Fotocopia de las Tarjetas de Identidad de Yamid Leyton Daza y
Frank Santiago Leyton Daza
b.    Una Fotografía
c.
Fotocopia del reporte de afiliación al Sistema de Seguridad Social
en el Régimen Subsidiado en Saludvida S.A. E.P.S.
14. Expediente T-4.554.143
Blanca Liliana Neira Rodriguez en representación de su
hija Nicolle Alejandra Ariza Neira solicitó el amparo de sus derechos a
la vida y a la salud, a la igualdad y de su dignidad humana, los que estima
violados por SALUDCOOP EPS.
·
Hechos y contestación de demanda
Nicolle
Alejandra Ariza Neira nació el 30 de octubre de 1996 y padece retardo mental y
psicomotor severo.
Indica
la solicitud de tutela que por su patología la joven se moviliza en silla de
ruedas, no se alimenta por sí sola, no expresa lenguaje comunicativo, no
controla esfínteres, presenta secuelas de displasia de caderas, escoliosis
grado 1 lumbar, pies encorvados por triple artrodesis. Igualmente requiere de
la atención permanente de su progenitora lo que le impide a ésta trabajar.
Refiere
que la paciente estuvo en un instituto de terapia y educación especial con
servicio de transporte.
El
médico tratante ordenó consulta domiciliaria con medicina general y formuló
Carbamazepina Retard (tegretol retard), que es un medicamento antiepiléptico
que no le ha sido suministrado por la EPS desde más de un mes antes de radicar
la acción de tutela. Por lo anterior con la ayuda de amigos y vecinos se ha
comprado algunas dosis del medicamento, pues la progenitora carece de ingresos
que le permitan hacerlo.
Refiere
la ciudadana que ha acudido ante la EPS para solicitar la realización de la
consulta que le permitirá la asignación de un instituto idóneo para su
educación especial y terapéutica, así como la entrega del medicamento antes
mencionado que requiere para evitar las crisis epilépticas y convulsiones, sin
obtener solución.
En
atención a lo anterior, la accionante solicita que se ordene la entrega del
medicamento, de pañales desechables, la realización de la consulta
domiciliaria, se disponga la atención permanente de la joven en un centro de
especialistas para su terapia y educación, se suministre el transporte para que
asista a cualquier cita o procedimiento médico al cual deba asistir y se
garantice la realización de todos los procedimientos y la entrega de los
medicamentos que requiera Nicolle Ariza para la atención de su salud.
El 31 de julio de 2014 el Juzgado 72 Civil de Municipal de Bogotá
admitió la acción de tutela, ordenó vincular al Ministerio de Protección Social
– Fosyga y dispuso como medida provisional que Saludcoop EPS autorice y
suministre sin exigencia administrativa alguna el medicamento ordenado por el
médico tratante.
·
Decisión judicial objeto de revisión
El
Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 24 de agosto de
2014 señaló que está acreditado que para el momento de la radicación de la
acción no se había prestado el servicio de consulta médica domiciliaria, por lo
que para la protección de los derechos de una persona sujeto de especial
protección, se ordena se realice la consulta. Como el medicamento fue ordenado
no se dispone su entrega, y en cuanto a la atención por un centro de
especialistas, el transporte, los pañales y la prestación integral de todos los
medicamentos y procedimientos que necesite no tienen prescripción médica que
los respalde no es viable ordenarlos.
·
Pruebas relevantes del expediente
a.     Registro médico de consulta efectuada el 8
de julio de 2014, por convulsiones, en la que aparece como enfermedad actual:
“Antecedentes de epilepsia, sintomática más retardo mental severo secundario a
sepsis SNC infancia, mantiene crisis última crisis hace un mes. Tra Actual:
Carbamazepina (Tegretol retard) 400 Mg 2—2 tab al día. Viene en silla de
ruedas, discapacidad para la marcha y para el lenguaje. Recomendaciones: se
hace formulación no POS Carbamazepina retard (Tegretol retard) 400 Mg 4 tab al
día para 180 días. Se hace formulación manual. Siempre se inició tratamiento
con este medicamento”.
b.    Formula médica en la cual se ordena
CARBAMAZEPINA (TEGRETOL RETARD) de 400 Mg.
c.      Autorización de servicios No. 120201758 con
fecha de aprobación 10/7/2014, de una consulta de medicina general
domiciliaria.
d.    Autorización de servicios No. 120038142 de
fecha 08/7/2014, para “atención mensual domiciliaria paciente crónico y/o
terminal, con tratamiento definido”.
e.      Solicitud de autorización radicada bajo el
No. 10195731, presentada para estudio por parte del comité técnico científico
respecto de la autorización del medicamento denominado CARBAMAZEPINA.
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para revisar los presentes fallos de tutela de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y en el Decreto
2591 de 1991.
2.
Asunto
objeto de revisión y problema jurídico
La Sala estudiará
catorce acciones de tutela en las cuales las entidades promotoras de salud del
régimen contributivo y del régimen subsidiado negaron el suministro de
servicios, insumos y de medicamentos, los cuales son considerados por los
tutelantes necesarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida en
condiciones dignas, pero que a juicio de las accionadas carecen de prescripción
del médico tratante y están excluidos del Plan Obligatorio de Salud.
Por lo anterior,
corresponde a la Corte Constitucional establecer si las entidades accionadas
desconocieron los derechos a la salud, respeto a la dignidad humana y a la vida
del paciente porque incurrieron en alguna de las siguientes actuaciones:
i)
No
autorizar un servicio o insumo que necesite el paciente porque se encuentre excluido
del Plan Obligatorio de Salud y carezca de orden médica del profesional de la
salud adscrito a la EPS, a pesar de que el usuario requiere el tratamiento para
su enfermedad.
ii)      Dejar
de proporcionar un tratamiento médico a una persona que padece una enfermedad
permanente.
iii)  Negar la
autorización del transporte medicalizado o el pago de los gastos de traslado de
la residencia de los pacientes al lugar de la prestación del servicio de salud,
debido a que carecen de orden médica proferida por el médico tratante.
iv)    Negar
la exoneración de copago o la cuota moderadora al paciente de  enfermedad
catastrófica.
v)      No
prestar un servicio incluido en el Plan Obligatorio de Salud que es requerido
por el usuario, argumentando que no fue prescrito por el médico tratante.
Con el fin de resolver los problemas jurídicos que
plantean las acciones de tutela en revisión, la Sala desarrollará los
siguientes aspectos: i) Procedencia de la acción de tutela interpuesta por
agente oficioso. Reiteración de la Jurisprudencia; ii) Derecho a la Salud de sujetos
de especial protección constitucional; iii) Deber de atender a los principios
de integralidad y continuidad del servicio a la salud; iv) Justiciabilidad del
derecho a la salud; v) Prestación del servicio de transporte para garantizar el
derecho a la salud; vi) Reglas jurisprudenciales para la exoneración de los
copagos y cuotas moderadoras; y vi) análisis de los casos en concreto.
3.      Procedencia de la acción de tutela interpuesta por agente
oficioso. Reiteración de la Jurisprudencia.
De acuerdo con
el artículo 86 de la Constitución Política cualquier persona puede promover la
acción de tutela por sí misma o a través de otra que actúe en su nombre. En
desarrollo de esa norma superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[2]
además de la facultad de interposición directa por el afectado, previó la
posibilidad que un tercero agencie los derechos del afectado y solicite su
protección "cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa".
De este modo, existen eventos en los cuales se
reconoce legitimidad en la causa por activa en la acción tutela, aunque quien
promueva la acción no sea el titular de los derechos cuyo amparo se solicita: i) El ejercicio por medio de representantes
legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos
y las personas jurídicas); ii) mediante apoderado judicial, y iii)  la
actuación de agente oficioso.
De acuerdo con
las circunstancias de los casos sometidos a revisión, la Sala solo se
pronunciará respecto de la interposición de acción de tutela a través del
representante legal de los menores y de los agentes oficiosos.
Representante
legal de los menores: Los padres pueden promover la acción de tutela para
proteger los derechos fundamentales afectados o amenazados de sus hijos no emancipados,
debido a que ostentan la representación judicial y extra-judicial de los
descendientes mediante la patria potestad[3]. La madre
o el padre pierden esa potestad de representación sobre los derechos de su
hijo, al momento en que éste accede a la mayoría de edad. “En esta materia,
el juez ha de ser absolutamente estricto, pues ampliar la posibilidad de
representación de los padres a los hijos mayores de edad, puede convertirse en
la negación de su personalidad, de su libre albedrío, etc”[4]. En
tales eventos, el progenitor deberá acudir a la agencia oficiosa para promover
una acción de tutela con el objeto de proteger los derechos de su hijo, salvo
que éste hubiese sido declarado incapaz e interdicto por medio de sentencia
judicial, decisión que desvirtúa la presunción general de la capacidad de las
personas mayores de 18 años[5].
Actuación por Agente oficioso: Esta figura tiene sustento en el artículo 86
Superior que consagra: “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, (…) por sí misma o  por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales.”, el cual luego fue desarrollado en el Decreto 2591
de 1991, que reglamentó la acción de tutela, y en su artículo 10º indica que la
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. (…) También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa”. (Negrillas fuera del texto original)
La validez de la agencia oficiosa se fundamenta en
tres principios constitucionales: (i) el principio de la eficacia de los
derechos fundamentales, que impone a la administración la ampliación de
mecanismos institucionales, con el fin de realizar efectivamente este tipo de
derechos; (ii) prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; que impide,
que por circunstancias meramente procedimentales, se vulnere los derechos
fundamentales; y finalmente (iii) el principio de solidaridad, que obliga a la
sociedad a velar por la protección y efectividad de los derechos ajenos, cuando
ellos por sí mismos no pueden promover su defensa[6].
La agencia oficiosa requiere
que concurran dos elementos: i) la manifestación del agente oficioso en el
sentido de actuar como tal y ii) que se revele por lo señalado en el escrito de
tutela o de los elementos de juicio allegados a éste, que el titular del
derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su
propia defensa.
No es obligatorio que el agente oficioso
demuestre incapacidad física o mental que impide al afectado promover su propia
defensa para que sea admisible la agencia oficiosa, si de los hechos probados
en el proceso advierte el juez de tutela que el titular del derecho no se
encuentra gozando de todas las condiciones físicas, síquicas, intelectuales,
culturales y sociales para interponer la acción por su propia cuenta. Ante ese
acaecimiento fáctico no le queda otra vía al juez que admitir la acción por
debida legitimación activa y fallarla de fondo con el fin de proteger los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
En
los eventos en que el titular del derecho afectado sea sujeto de especial
protección constitucional “el
juez de tutela tiene el deber de identificar las razones y los motivos que
conducen al actor a impetrar la acción en nombre de otro”[7]., pues exigir la demostración de
la incapacidad física o mental del sujeto procesal titular de los derechos
fundamentales presuntamente violados o amenazados puede ser una carga desmedida
y desproporcionada en cuanto a la interpretación de los requisitos para la
configuración de la agencia oficiosa de un ciudadano afectado.
4.      Derecho a la Salud de sujetos de especial protección
constitucional.
El derecho
fundamental a la salud[8]
ha sido definido como “la facultad que tiene todo ser humano de
mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la
operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en
la estabilidad orgánica y funcional de su ser.”[9] Esta
concepción vincula el derecho a la salud con el principio de dignidad humana,
toda vez que “responde a la necesidad de garantizar al individuo una vida en
condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable
para el ejercicio de las demás garantías fundamentales[10].
El núcleo
esencial del derecho a la salud obliga a resguardar la existencia física del
ser humano, y se extiende a los ámbitos psíquicos y afectivos de la persona[11],
la necesidad de garantizar éste derecho y atender al principio de dignidad
humana ha llevado a sostener que “[e]l ámbito de
protección, por tanto, no está delimitado por el plan obligatorio de salud.
Puede existir un servicio de salud no incluido en el plan, que se requiera con
necesidad y comprometa en forma grave la vida dignidad de la persona o su
integridad personal”[12].
Lo anterior por cuanto la garantía del derecho
fundamental a la salud está funcionalmente dirigida a mantener la integridad
personal y una vida en condiciones dignas y justa. De allí que la
jurisprudencia constitucional ha indicado que existen circunstancias que
necesariamente ameritan el suministro de insumos, medicamentos e intervenciones,
que a pesar de no estar contemplados en el Plan de Beneficios necesitan ser
prestados por las EPS, pues de lo contrario, se vulneraría el derecho
fundamental a la salud. Al respecto esta Corte indicó:
“(…) cuando por el
acatamiento  de lo descrito en el Plan Obligatorio de Salud, se causa un
perjuicio a derechos fundamentales como la vida,  la integridad personal o
la dignidad de la persona que requiere de los servicios por ellas excluidos,
tal reglamentación debe inaplicarse y se debe ordenar su suministro, para
garantizar el goce efectivo de los derechos y garantías constitucionales. Así,
cada situación concreta deberá ser evaluada, pues en casos de enfermedad
manifiesta y ante la urgencia comprobada de la necesidad de esos servicios, no
existe norma legal que ampare la negativa de prestarlos ya que por encima de la
legalidad y normatividad, está la vida, como fundamento de todo el sistema[13].”
Por lo anterior, la acción de tutela es procedente cuando
está en riesgo o se ven afectadas por razones de salud las condiciones de vida
digna del paciente, en tanto el derecho a la salud comporta el goce de
distintos derechos que deben ser garantizados por el Estado[14].
En
relación con el derecho a la salud de las personas que hacen parte del grupo de
los sujetos de especial protección constitucional es preciso considerar que a
partir de normas constitucionales como los artículos 13, 44, 46 y 47, se impone
mayor celo en el cumplimiento de los deberes de protección y garantía por parte
de las autoridades y de los particulares en la atención de las enfermedades o
alteraciones de salud que padezcan. Dentro de tales destinatarios se encuentran
los niños, niñas y adolescentes y las personas de la tercera edad.
En efecto, el artículo 13 de la Constitución atribuyó al Estado la obligación
de promover las condiciones “para que la igualdad sea real y efectiva”, por
lo cual le corresponde adoptar “medidas a favor de grupos discriminados o
marginados”. Ese principio constitucional presupone un mandato de especial
protección en favor de “aquellas personas que por su condición
económica o física se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta”.
En
dicho contexto, la norma superior señaló algunos sujetos que por su condición
de vulnerabilidad merecen la especial protección del Estado, como los niños
(Art. 44), las madres cabeza de familia (Art. 43), los adultos mayores (Art.
46)  los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (Art. 47), y las personas
que padezcan enfermedades catastróficas, y a quienes es un imperativo
prestarles la atención especializada e integral que requieran, independientemente de que el conjunto de
prestaciones pretendidas se encuentren por fuera del Plan Obligatorio de Salud
-POS-[15].
La
Sala de Revisión realizará algunas precisiones jurisprudenciales sobre la
atención en salud de los niños y personas de la tercera edad, con el fin de
fijar los parámetros bajo los cuales se revisaran los fallos proferidos en las
acciones de tutela de la referencia.
4.1.
Imperativos en la atención en salud de niños y las niñas,
como sujetos de especial protección constitucional
El artículo 13 de la
Constitución Política anticipa el deber de protección especial que tiene el
Estado, la Sociedad y la Familia frente a los niños, niñas y adolescentes en
consideración a la condición de debilidad manifiesta y extrema vulnerabilidad
en que se encuentran por su condición de ser humano en proceso de formación y
desarrollo. Este deber de protección se concreta y realza en el artículo 44 de la
Constitución Política que declara que los derechos de los niños, niñas y
adolescentes prevalecen sobre los de los demás[16].
Esta norma constitucional igualmente impone al
Estado la obligación de garantizar el disfrute del más alto nivel posible de
salud y de atención de servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud de los niños. En el mismo sentido el artículo  24 de
la Convención sobre los Derechos del Niño[17],
el artículo 4º Declaración de los Derechos del Niño[18], numerales
a) además de d), y el numeral 2° del artículo 12[19] del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fijan algunos parámetros
para la protección de los derechos fundamentales de los niños, entre los cuales
se encuentra la obligación de suministrar tratamiento integral a las
enfermedades que padecen[20].
Así mismo, esta Corte en sede de tutela ha precisado
que la prevalencia de los derechos de los niños obliga a que: i) la
atención a éstos sea prestada de forma inmediata e integral[21]; ii) el
servicio o insumo sea suministrado sin demora cuando se ha emitido la autorización
respectiva; iii) los medicamentos al igual que tratamientos sean de calidad; y
iv) la actualización de la valoración médica se presente de forma repetida de
acuerdo a las condiciones de salud del paciente[22].
Haciendo
énfasis en los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad esta
Corporación ha señalado que la atención integral a la salud puede conducir en
determinados eventos a imponer la prestación de servicios médicos
especializados en IPS diversas a las adscritas a la EPS a la cual está afiliado
el menor de edad, por cuanto “la salud de los niños se erige como un
derecho fundamental, y que tratándose de menores con discapacidad el Estado
tiene la obligación de brindar un tratamiento integral dirigido a alcanzar la
integración social del menor. En esta medida, no solamente debe
ofrecerse al infante todos los medios disponibles con el propósito de lograr su
rehabilitación, teniendo en consideración, además, que este proceso puede tener
ingredientes tanto médicos como educativos.”[23]
Atendiendo el mismo criterio, esta Corporación en la
sentencia T-650 de 2009 ordenó a una EPS el suministro de servicios de terapias
comportamentales especializados de fonoaudiología, fisioterapia, equinoterapia,
acuaterapia, animalterapia a dos menores que padecían de deficiencias
psicomotrices y de Síndrome de Down, tratamientos que habían sido negados, no
por razones médicas, sino porque fueron prescritos por un médico no adscrito a
la entidad accionada. E igualmente ha concedido el amparo para el suministro de
tratamientos especializados que no se encuentran dentro del Plan Obligatorio de
Salud, pero que médicamente se habían considerado como necesarios para la
paciente[24].
En la Sentencia T-520 de 2013, la Sala Segunda de
Revisión protegió los derechos de una niña en condición de discapacidad, a
quien la EPS se negó a continuar prestando el tratamiento aduciendo que los
insumos se encontraban excluidos del plan obligatorio de salud y por razones
administrativas, por lo cual determinó que debía inaplicarse las disposiciones
del Plan Obligatorio de Salud respecto a la exclusión del tratamiento
solicitado.
4.2.
Derecho
a la atención integral en salud a las personas de la tercera edad.
Con
fundamento en los artículos 13 y 46 de la Constitución política, esta
Corporación ha enfatizado que los adultos mayores necesitan una protección
preferente, debido a las especiales condiciones de vulnerabilidad en que se
encuentran, por lo cual el Estado debe garantizar los servicios de seguridad
social integral a estos, dentro de los cuales se encuentra la atención oportuna
en salud.
El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su
Observación General No. 14 “reafirma la importancia del enfoque integrado de
la salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas
medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos; medidas
de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y
la autonomía de las personas mayores; y la prestación de atención y cuidados a
los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables y
permitiéndoles morir con dignidad”.
Dado que las personas de la tercera edad
tienen derecho a una protección reforzada en salud y las entidades prestadoras
de salud están obligadas a prestarles la atención médica que requieran, la
Corte ha considerado que una EPS vulnera el derecho a la salud de una persona de
la tercera edad cuando niega un servicio, medicamento o tratamiento incluido o
excluido del POS, cuya necesidad ha sido determinada por un médico o por la
patología que padece resulta evidente[25].
En efecto, la protección reforzada se materializa con la garantía de una
prestación continua, permanente y eficiente de los servicios de salud que el
usuario requiera, lo cual implica, de ser necesario el suministro de
medicamentos, insumos o prestación de servicios excluidos del Plan Obligatorio
de Salud[26].
En este
sentido, en la sentencia T-091 de 2011, señaló la Corte que el principio de
integralidad en la prestación del servicio de salud en los adultos mayores,
“implica el deber de brindar la atención completa en salud, con independencia
de que el conjunto de prestaciones requeridas estén excluidas de los planes
obligatorios. Lo anterior es reforzado por el mandato constitucional de una
mayor protección al derecho fundamental a la salud de las personas de la
tercera edad y la obligación del Estado de garantizar la prestación del derecho
a la seguridad social (Art. 13 y 46 CP).”
La prestación de atención en salud en pacientes
de la tercera edad igualmente impone dar aplicabilidad al principio de
continuidad, en tanto su inobservancia en personas de avanzada edad con
afectación de la salud puede poner en riesgo la vida. Por esto al examinar un
caso en que la EPS retiró el plan de atención domiciliaria a una paciente de 81
años de edad[27],
la Sala de Revisión de esta Corporación amparó el derecho a la salud que había
sido vulnerado con la suspensión abrupta e injustificada del tratamiento, ignorando
que fue prescrito por el médico tratante, y en sentencia T-111 de 2013, determinó
la violación del derecho a la salud por la eliminación del servicio de
enfermera domiciliaria por cuanto la atención a ese grupo poblacional debe
suministrarse de forma integral y continua, debido a que el servicio de salud
no se puede suspender.
5.      Deber de atender a los principios de integralidad y
continuidad del servicio a la salud
El principio de integralidad en salud se
concreta en que el paciente reciba todos los servicios médicos (POS y no POS)[28] que requiere para atender su
enfermedad, de manera oportuna, eficiente y de alta calidad. Ello por cuanto el contenido del derecho a la
salud no está limitado o restringido a las prestaciones incluidas en los planes
obligatorios.
Como
lo señaló esta Corte en sentencia T-760 de 2008 este principio hace referencia
al “cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas,
prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así
como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el
pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias
que le impiden llevar su vida en mejores condiciones”. Dentro de éste
concepto, en su faceta mitigadora de la salud, se incluye el suministro de
insumos y servicios que permiten disminuir los efectos negativos de la
enfermedad y el estado de postración de determinados pacientes.
El numeral 3 del artículo 153 de la Ley 100 señaló
que: “El sistema
general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral a la
población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad,
oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”. De igual forma, el
literal c del artículo 156 del estatuto en comento expresó que “[t]odos los
afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan
integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico quirúrgica
y medicamentos esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud”.
De
acuerdo con las normas citadas, el goce efectivo del derecho a la salud
requiere acciones positivas por parte del Estado y de los prestadores del
servicio de salud, encaminadas a garantizar el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación, con plena observancia de los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad.[29]
Desde
otra perspectiva, el principio de integralidad en la salud implica prestaciones
en las distintas fases: i) preventiva, para evitar la producción de la
enfermedad interviniendo las causas de ella; ii) curativa que requiere suministrar
las atenciones necesarias para que el paciente logre la cura de la patología
que padece; y iii) mitigadora que se dirige a paliar las dolencias físicas
o psicológicas que ocurren por los efectos negativos de la enfermedad, en tanto
además de auxilios fisiológicos debe procurarse las condiciones de bienestar en
ámbitos emocionales y psicológicos[30].
En éste último sentido, cabe agregar que la
atención en salud no se limita a aquellas prestaciones que tienen por objetivo
superar la patología o el mejoramiento de las condiciones de salud, por cuanto
en los casos en que resulte imposible su restablecimiento o mejoría, la
intervención del sistema de salud se impone para garantizar el nivel de vida más óptimo al paciente, a través
de todos aquellos elementos que se encuentren disponibles, por cuanto las
patologías insuperables, catastróficas, degenerativas o crónicas exponen a las
personas a afrontar situaciones que atentan contra su dignidad humana, llegan a
imposibilitarles para desempeñar alguna actividad económicamente productiva que
sea fuente de ingresos para adquirir los implementos, elementos y servicios
adicionales al tratamiento médico con fines paliativos y que permitan una
calidad de vida digna.
En tales eventos la atención integral
comprende el suministro de todos los implementos, accesorios, servicios e
insumos que requiera el paciente para afrontar la enfermedad sin menoscabar su
dignidad, cuando por falta de recursos económicos no pueda asumir su costo. En
este sentido la jurisprudencia ha reiterado que se debe prestar un servicio que
permita la existencia de la persona enferma en unas condiciones dignas de vida.
La materialización de este principio permite que las
entidades del sistema de salud presten a los pacientes toda la atención
necesaria, sin que haya que acudir para tal efecto al ejercicio de acciones
legales de manera reiterada y prolongada en el tiempo.
De otra parte, la dimensión de continuidad
del derecho a la salud envuelve que la prestación de las atenciones necesarias
para que un paciente restablezca su estado de salud no se puede suspender ni
interrumpir, salvo que existan supuestos específicos que faculten a la entidad
para adoptar tal decisión. En el caso de los sujetos de especial protección
constitucional, el principio de continuidad en salud adquiere mayor relevancia
y protección, pues implica que los servicios se deben suministrar de manera
prioritaria, preferencial e inmediata[31],
sin que se pueda alegar algún argumento legal, administrativo o económico para
su suspensión[32].
En este sentido, en la Sentencia T-1167 de 2003, la Corte precisó que el Estado
no puede interrumpir la prestación del servicio de salud por inconvenientes
entre entidades prestadoras, máxime si el usuario afectado se encuentra
afiliado al régimen subsidiado de salud y es un sujeto de especial protección
constitucional[33].
6.      Justiciabilidad del
derecho a la salud.
La justiciabilidad de los derechos se refiere a los
requisitos establecidos por la jurisprudencia para que una determinada garantía
sea protegida por el juez de tutela. En particular, frente al derecho a la salud surge cuando
se verifica:
1-
Que no se
reconocen prestaciones incluidas en el Plan Obligatorio de Salud a pesar
de que: i)
los servicios, insumos o tratamientos pertenecen al POS; ii) fue ordenado por
el médico tratante; y iii) la entidad prestadora del servicio de salud negó la
atención referida por
razones ajenas a un criterio estrictamente médico.
2-
No se
reconocen prestaciones excluidas de los planes obligatorios, en
situaciones en que se requiere de manera urgente pero las personas no pueden
acceder a ellas a causa de la incapacidad económica para asumirlas.
En
estos casos la acción
de tutela procede para proteger el derecho a la salud y ordenar servicios
excluidos del POS, siempre que: i) la prestación sea necesaria para recuperar o
preservar la salud o para evitar que la enfermedad o alteración en la salud
genere condiciones de existencia contrarias a la dignidad humana; (ii) exista
el concepto, la recomendación, o la prescripción médica, suscrita por el
profesional de la salud tratante; (iii) no se encuentre un sustituto de igual
efectividad en los planes básicos de salud, aspecto que deberá ser demostrado
por la entidad accionada; iv) el paciente o su grupo familiar carezca de la
capacidad económica necesaria para asumir el costo del insumo[34].
En atención a las razones aducidas para negar el
suministro de pañales, pañitos, silla de ruedas, servicio de enfermera y
transporte y otros insumos,  en los casos en revisión, es preciso examinar con
mayor detenimiento el alcance del requisito de existir orden del médico
tratante y, en tratándose de prestaciones No POS, lo relativo a la capacidad
económica del paciente.
7.      Prescripción médica en
el servicio de salud.
Como
lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las entidades que
administran el servicio de salud se encuentran vinculadas al criterio médico
científico de los profesionales de la salud y por tanto a las órdenes del
médico tratante ya sea adscrito o no a la EPS del paciente, pues es quien tiene
el conocimiento científico y por su contacto con el enfermo puede establecer el
tratamiento más eficaz e idóneo para la enfermedad que padece[35].
En
principio el criterio “vinculante para la orden del servicio médico es el
del profesional adscrito a la E.P.S, pues esta es la encargada de la prestación
de las asistencias en Salud”[36],
sin embargo cuando la prescripción proviene de otro galeno tendrá efectos
vinculantes si la profiere un médico particular reconocido por el sistema de
salud y la E.P.S. respectiva no la desvirtúa con sustento en criterios
técnicos, científicos y en las circunstancias médicas que constan en la
historia clínica del paciente[37].
Ahora
bien, cuando el conjunto de prestaciones que conforman la garantía integral del
derecho a la salud que se reclama no estén establecidas de manera concreta por
el médico tratante, por ausencia de orden o de diagnóstico, para la protección
del derecho a la salud el juez constitucional puede ordenar la prestación de la
atención que resulte necesaria a partir de la descripción clara de una
determinada patología, o condición de salud diagnosticada por el médico
tratante[38]
– cuando exista-,  o el reconocimiento de un conjunto de prestaciones
necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión, o de cualquier otro
criterio razonable[39]
encaminado a generar condiciones de existencia acordes con la dignidad humana
del paciente[40].
Este parámetro se ha referido a las situaciones en que se involucran los
sujetos de especial y reforzada protección constitucional afectados por una
patología que determina la orden concreta del juez de tutela[41].
Y
es que la orden médica no puede convertirse en una condición insuperable o
requisito sine qua non para garantizar el derecho a la salud y a la vida
en condiciones dignas, cuando por las condiciones en que se encuentra el
paciente es palmaria la necesidad de determinados insumos, o la omisión misma
de facilitar y permitir el acceso al servicio de salud impide obtener la
prescripción médica y avanzar así en el tratamiento o atención de la afectación
de la salud del paciente. En este sentido ha dicho la jurisprudencia que “cuando las personas que requieren alguno
de los servicios, implementos o insumos con los que pueden hacer más tolerables
o llevaderas sus condiciones de salud, les exigen como requisito previo a su
entrega, la presentación de una orden médica, dicha exigencia se torna
desmedida en todos aquellos casos cuando las condiciones médicas de la persona
son tan evidentes y notorias, por lo que someterla al cumplimiento de un
trámite administrativo, para obtener los cuidados mínimos necesarios que
aseguran una vida en condiciones más dignas, resulta desproporcionado y pone en
peligro sus derechos fundamentales”[42]
Lo
anterior exige que el juez de tutela analice cada expediente atendiendo a las
circunstancias del caso, estudio que debe evaluar la existencia o no de
prescripción médica, las circunstancias del paciente y la necesidad de
preservarle una vida digna[43],
para a partir de ello establecer la procedencia del amparo y cuál es la medida
de protección a adoptar con el fin de garantizar la efectividad del derecho
fundamental conculcado, ya sea: i) ordenando directamente la prestación, si las
circunstancias del caso demuestran que es imprescindible para asegurar la
eficacia de la dignidad humana, o ii) decretando la realización de una
valoración médica del paciente para que los médicos tratantes, bajo parámetros
científicos, y vinculados por las normas éticas y disciplinarias de la
profesión, determinen y precisen la necesidad de un servicio, y la forma en que
debe prestarse[44].
8.      Determinación de la capacidad
económica del paciente
La exigencia de la incapacidad económica a los
pacientes que pretenden acceder a prestaciones e insumos excluidos del Plan
Obligatorio de Salud desarrolla los principios de igualdad y de solidaridad, en
la medida que solo quienes cumplan determinados presupuestos pueden acceder a
través de las entidades prestadoras a servicios que por no ser parte del POS
debieran asumir directamente[45].
A partir del principio de solidaridad el Estado
reguló el Plan Obligatorio de Salud en la Resolución 5521 de 2013 con el fin de
garantizar a todos los sectores de la población la prestación de determinados
servicios de salud que constituyen el mínimo en la atención de determinadas
patologías y afectaciones a la salud y que resultan esenciales para la
preservación de la vida, de la salubridad pública y para prevenir, curar o
mitigar aquellas patologías que son más comunes entre la población. La
resolución en mención fijó una serie de insumos y servicios a los que tienen
derecho los usuarios del sistema de seguridad social.
Si el insumo, tratamiento o servicio está excluido
del POS, corresponde al paciente o su familia sufragar su costo, puesto que parte
de la presunción que el desembolso de dinero para aquello que no se encuentra
en el POS es una carga soportable para el usuario[46]. De ahí que
“eximir a una persona con capacidad de pago del deber de pagar los costos
razonables del servicio, implica desconocer el principio de solidaridad dado
que los recursos escasos del Fosyga terminan asignándose a quien tiene
condiciones económicas suficientes en lugar de beneficiar a quienes son pobres
o carecen de capacidad económica para asumir el costo de cierto servicio
médico”[47].
Esta exigencia resulta desproporcionada cuando el
usuario o sus allegados carecen de los recursos para acceder a prestaciones no
POS que son imprescindibles para atender la patología o los efectos de la misma
y que le permiten padecerla en condiciones acordes con la dignidad humana.
Negar el acceso a tales insumos bajo criterios puramente objetivos, referidos
exclusivamente a que no se encuentran dentro del listado de aquellos del Plan
Obligatorio, haciendo abstracción de las condiciones médicas y económicas del
afiliado, vulnera los derechos fundamentales del paciente[48].
En esta hipótesis para evitar un perjuicio ius
fundamental el Estado debe asumir el costo del insumo o servicio. Lo
anterior porque “el derecho a la seguridad social descansa en los principios
constitucionales de solidaridad y efectividad de los derechos fundamentales”[49].
De no hacerlo, corresponde al juez de tutela luego de evaluar la capacidad
ordenar el servicio excluido del POS.
Desde la Sentencia T-683 de 2003[50], la Corte
precisó y fijó las reglas probatorias para demostrar la ausencia de recursos
económicos para sufragar una prestación excluida del POS y determinar la
procedencia de que el juez ordene el mismo. Estas son:
1- Aunque incumbe al actor probar el supuesto de hecho
que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue, ante la afirmación
de ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida),
se invierte la carga de la prueba y debe la entidad demandada demostrar lo
contrario.
2- No hay tarifa legal para demostrar la ausencia de
recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones
indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema,
extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios,
indicios o cualquier otro medio de prueba;
3-El juez de tutela debe ejercer la facultad oficiosa en
materia probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso,
proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la corrección
del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud, haciendo
prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con
recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las intervenciones,
procedimientos o medicamentos excluidos del POS;
4- Ante la afirmación indefinida del solicitante
respecto de la ausencia de recursos económicos, o de afirmaciones semejantes,
se presume su buena fe en los términos del artículo 83 de la Constitución, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad;
5- Se presume la incapacidad económica frente a los registrados en el
SISBEN teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la
población.
6- En los “casos límite” el
juez de tutela debe aplicar el principio pro-persona. En tales asuntos
existe alguna capacidad económica, pero no es claro si ella es suficiente para
cubrir el costo del examen que requiere el paciente para no poner en riesgo su
derecho a la salud. La regla implica que el funcionario jurisdiccional adopte la
decisión que garantice los derechos fundamentales de los actores, fallo que en
salud se materializa en ordenar los servicios hospitalarios y médicos que se
requieren[51].
9.      Los pañales y el
vínculo con la dignidad humana.
La
Corte Constitucional ha identificado diversos escenarios de protección en los
que el suministro de ciertos medicamentos o insumos resultan necesarios para
procurar condiciones dignas de existencia a pesar de las circunstancias
generadas por ciertas patologías. Tal es el caso de las personas que en razón
de la enfermedad o discapacidad tienen impedida la locomoción o se ha eliminado
el control de esfínteres, alterándose significativamente la posibilidad de realizar
sus necesidades fisiológicas en condiciones regulares. En estos eventos “los
accionantes tienen derecho a acceder al servicio de salud que disminuya la
incomodidad en intranquilidad que les genera su incapacidad física. Si bien los
pañales desechables no remedian por completo esta imposibilidad, sí permiten
que las personas puedan gozar de unas condiciones dignas de existencia”[52].
Por ello, la
negativa del suministro de pañales desechables a los pacientes que padecen
enfermedades que limitan su movilidad o que impiden el control de esfínteres,
implica someterlas a un trato indigno y humillante que exige la intervención
del juez constitucional[53].
En numerosas
decisiones, entre ellas las Sentencias T-752 de 2012 y T-152 de 2014, la Corte ha
resaltado la importancia de los pañales desechables para los pacientes que se
encuentran inmovilizados, puesto que protegen su dignidad humana. Esta posición
de la Corte Constitucional ha sido reiterada en casos de personas que padecen isquemias
cerebrales[54];
malformaciones en el aparato urinario[55];
incontinencia como secuela de cirugías o derrame cerebral[56];
parálisis cerebral y epilepsia[57],
párkinson[58],
entre otras, y aún en los casos en que carecen de prescripción médica,
cuando se ha verificado que los accionantes sufren graves enfermedades que
deterioran de forma permanente el funcionamiento de sus esfínteres, dependen de
un tercero para realizar sus actividades básicas y  ellos o sus familias no
tiene la capacidad económica para asumir el pago de los elementos de aseo[59].
Esto quiere decir que, como lo ha señalado con insistencia la jurisprudencia
constitucional, los insumos referidos pueden ser ordenados sin la existencia de
la orden del médico tratante.
10.  El Servicio de Transporte
en el Sistema de salud.
El servicio de transporte dentro del sistema de
salud, en principio debe ser asumido íntegramente por el usuario y, por regla
general, no hace parte de aquellos que integran el Plan Obligatorio de Salud;
sin embargo, en cuanto es una prestación necesaria para el acceso a los
servicios contemplados en el POS,[60]
la reglamentación de éste plan acogiendo decisiones de esta corporación ha
señalado algunos eventos en que debe ser asumido por el sistema de salud.
En
este sentido la Corte ha señalado que, “si bien el transporte y hospedaje
del paciente no son servicios médicos, en ciertos eventos el acceso al
servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de
desplazamiento y estadía en el lugar donde se le pueda prestar atención médica.
(…) Así pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y
obstáculos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que
requiere con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto
al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en
capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho
traslado”[61].
Mediante la Resolución 5521 de 2013, el Ministerio
de Salud y Protección Social de nuevo definió, aclaró y actualizó integralmente
el POS y entre sus disposiciones realizó algunas inclusiones al servicio de
transporte para el régimen contributivo y subsidiado en los artículo 124[62]
y 125[63].
Recientemente, en la Sentencia T-105 de 2014, esta
Corporación precisó que el servicio de transporte incluido en el Plan
Obligatorio de Salud comprendía:
a. traslado acuático, aéreo y terrestre, a través de
ambulancia básica o medicalizada, cuando se necesite para movilizar a los
pacientes que requieran;
b. servicios de urgencia;
c. desplazarse entre instituciones prestadoras de
salud dentro del territorio nacional para recibir la atención de un servicio no
disponible en la institución remisora, lo que igual sucederá en los casos de contra
referencia;
d. atención domiciliaria y su médico así lo
prescriba;
e. trasladarse a un municipio distinto a su
residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de la
Resolución 5521 de 2013, cuando existiendo estos en el municipio de su
residencia la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la conformación de su
red de servicios;
f. la posibilidad de acceder a medio de transporte
diferente a la ambulancia, cuando sea necesario para acceder a un servicio
incluido en el POS no disponible en el municipio de residencia del paciente.
No obstante la incorporación de determinados
servicios de transporte en la Resolución 5521 de 2013, se advierte que el plan
de salud no incluye:
i) el traslado del usuario en ambulancia u otro
medio de transporte intra-urbano; y
ii) el desembolso del dinero de los costos de la remisión
y de la estadía del paciente con un acompañante al lugar de la prestación del
servicio de salud, ya sea dentro o fuera del municipio de residencia del
afiliado o beneficiario.
Aunque el servicio de transporte no requiere
autorización médica porque no es una atención clínica u hospitalaria[64],
la remisión del paciente sí requerirá prescripción del profesional de la salud
especializado cuando sea trasladado a su residencia para auxilio domicilio,
según lo dispuso el artículo 124 del POS.
Como quiera que la cobertura del POS en materia de
transporte no es integral, es preciso aplicar las reglas señaladas en la
jurisprudencia constitucional, conforme a la cual:
i) la
obligación de asumir el transporte medicalizado o gastos de traslado para el
paciente con un acompañante y su estadía es un costo que corresponde al Estado
directamente o la entidad prestadora del servicio de salud[65];
ii)
Mediante fallo de tutela se dispondrá el traslado en ambulancia o el subsidio
de transporte, incluido el hospedaje para el paciente en los eventos que el
servicio está excluido del POS, siempre que se verifique que: “(i) ni
el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos
suficientes para pagar el valor del traslado; y (ii) de no efectuarse la
remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud
del usuario.”[66]
iii)
Procede ordenar el pago del traslado y estadía del usuario con un acompañante
siempre que el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su
desplazamiento, requiera atención permanente para garantizar su integridad
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y ni él ni su núcleo
familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado[67].
La prestación del servicio de transporte en estos
eventos atiende a la necesidad de conjurar la vulneración del derecho a la
salud de las personas que no tienen la capacidad de acudir a los centros
encargados de prestar el servicio de salud, debido a la falta de recursos para
el traslado, por lo cual en sede de revisión esta Corte ha continuado aplicando
las normas judiciales reseñadas.
Es así como en la Sentencia T-155 de 2014, la Corte
concedió el amparo y ordenó a la EPS que autorice el transporte requerido por el
menor, a quien se había autorizado unas
terapias, las que no se habían realizado por dificultades para el transporte
del niño y su acompañante. Reiteró en esa oportunidad la Corte que: “No
siendo suficiente tener derecho a acceder a un servicio médico si se carece de
los medios para hacer de este un acceso real y efectivo, el derecho a la salud
debe incluir, además del acceso formal a la atención médica, el suministro de
los medios indispensables para materializar la prestación del servicio. Así, cuando
se está frente a un caso en el cual un usuario del Sistema de Salud no tiene
los recursos económicos para acceder a los servicios médicos que requiere, el
Estado y las entidades de salud deben concurrir garantizando su acceso efectivo
por virtud de la garantía de accesibilidad
económica.”
Del mismo modo, en la sentencia T-216 de 2014, la
Sala Primera de Revisión ordenó el transporte medicalizado para usuaria y un
acompañante de su hogar al lugar de los procedimientos de salud, debido a que
la agenciada tenía problemas de movilidad por las secuelas neurológicas de
afecciones respiratorias.
Conforme con lo señalado: i) el Estado o la EPS son
los obligados para asumir los gastos de traslado, cuando las hipótesis de
transporte se encuentren previstas dentro del POS, ii) la familia del paciente o
éste serán los responsables de sufragar los gastos de remisión cuando el
servicio no se encuentre en el plan obligatorio de salud, iii) la regla
anterior no se aplica cuando el paciente no puede acceder a la atención en
salud por los costos que debe asumir para su desplazamiento y el de su
acompañante, de requerirlo, caso en que se verificaran las reglas
jurisprudenciales para ordenar el suministro de transporte, con cargo al Estado
o a la Empresa Promotora de Salud.
11.  La naturaleza jurídica
de los copagos, de las cuotas moderadoras y de recuperación. Las condiciones de
exoneración de esos desembolsos.
El sistema de salud atribuye cargas económicas a los
usuarios con el fin de que se financie las atenciones médicas y se evite el
abuso del mismo. Las obligaciones pecuniarias incluyen los copagos, las cuotas
moderadoras y de recuperación, desembolsos que no se pueden convertir en
obstáculos para el acceso al derecho. Estos valores se cobran dependiendo del
régimen al que pertenece el paciente. De un lado, los usuarios del régimen
contributivo deben cancelar copagos y cuotas moderadoras y los afiliados al
régimen subsidiado de salud deben asumir los copagos y las cuotas de
recuperación.
La Corte ha reconocido que esas cargas económicas
son constitucionales, siempre que no se conviertan en impedimentos para el
acceso al servicio a la salud. Por ello, las Salas de Revisión han construido
unas reglas jurisprudenciales para exonerar al afiliado o beneficiario de
cancelar los copagos, las cuotas moderadoras y de recuperación.
El
artículo 187 de la ley 100 de 1993 reconoció que los usuarios del sistema de
salud “estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles”
para acceder a los beneficios contenidos en los planes de salud. Los valores a
cancelar tienen la finalidad, por una parte, “racionalizar el uso de
servicios del sistema” y, por otra, “complementar la financiación del
plan obligatorio de salud”.
El régimen contributivo de salud está
constituido por personas que tienen la capacidad económica para sufragar las
cotizaciones obligatorias al sistema, entre ellas se hallan las afiliadas a
través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y los
trabajadores independientes. Las Empresas Promotoras del Servicio de Salud
organizan el régimen referido, además son “las encargadas de recaudar las
cotizaciones de los afiliados, de facilitar la compensación con el Fosyga, y de
hacer un manejo eficiente de los recursos de las UPC. En efecto las EPS reciben
igualmente una unidad UPC por cada beneficiario del sistema. El resto va al
Fondo de Solidaridad y Garantía”[68].
Los
usuarios del régimen contributivo deben cancelar los copagos y las cuotas
moderadoras. Por medio del Acuerdo 260 de 2004, el Consejo Nacional de Salud reglamentó
esas cargas al interior del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así,
señaló que los copagos son los aportes que tienen el propósito de financiar el
sistema de salud y sólo deben ser cancelados por los beneficiarios. Además, los
pagos compartidos corresponden a parte del costo del servicio prestado (art. 1 y
3 Acuerdo 260 de 2004). En contraste, las cuotas moderadoras pretenden “regular
la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en
los afiliados la inscripción en los programas de atención integral
desarrollados por las EPS” [69]
, valores que deben ser cancelados tanto por los afiliados cotizantes
como los beneficiarios.
El artículo 5 del Acuerdo referido dispuso que en
los copagos y cuotas moderadoras se debe respetar los principios básicos de
equidad, de información al usuario, de aplicación general y no simultaneidad. Al
respecto, se resalta que “en ningún caso podrán aplicarse simultáneamente
para un mismo servicio copagos y cuotas moderadoras”. El acto administrativo
citado también establece los servicios que se encuentran afectados a los copagos
(art 6) y a las cuotas moderadoras (art. 7), su monto al igual que topes (art.
7 y 9 – art. 8)[70].
En
el régimen subsidiado se encuentran las personas sin capacidad de pago
para cancelar el monto de las cotizaciones[71].
Incluso, a este subsistema de salud pertenecen los individuos más vulnerables,
de modo que ellos requieren el subsidio parcial o total del Estado[72]. Dentro de
esta categoría de usuarios se hallan las personas de escasos recursos
económicos que acceden al sistema como vinculados “mientras logran ser
beneficiarios del régimen subsidiado”. La base de datos del Sistema de
Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas Sociales – SISBÉN- es
el criterio de focalización empleado para determinar la población susceptible
de integrar a este régimen.
Frente a la administración del régimen, el artículo 216 de la Ley 100 de 1993 señaló que está
dirigido, controlado y vigilado por la Nación. Empero a nivel territorial, los
Departamentos y Municipios tienen la dirección local de salud, en subsidiaridad
y concurrencia. Las Empresas
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado suministran los servicios de salud a
los afiliados. Los costos originados en
la prestación de la atención de salud incluidos en el POS se sufragaran con la
unidad de pago por capitación (UPC), valor que es trasladada por la entidad
territorial respectiva a la EPS-S que tiene afiliado al paciente. En el evento
de los servicios excluidos del POS-, éstos serán prestados por instituciones
públicas y privadas que tengan contrato con la entidad territorial encargada de
asumir la responsabilidad (arts. 9º del Decreto 3007 de 1997 y 14 del Decreto
806 de 1998).
A pesar de la garantía pública de la
atención en salud, los usuarios del régimen subsidiado deben contribuir a la financiación
del sistema en las prestaciones incluidas y excluidas POS. Ello ocurre mediante
el desembolso de copagos y cuotas de recuperación.
Los
copagos mantienen la definición del régimen contributivo y su finalidad. Por ende, estas
cargas se cancelan tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado
directamente a la empresa promotora del servicio de salud. Sin embargo, el
artículo 11 del Acuerdo 260 de 2004 fijó en el régimen subsidiado topes
específicos a los copagos que carece de correspondencia con la cotización, pues
ésta no existe. A su vez, el Acuerdo 365 de 2007 excluyó de cancelar pago
compartidos a la población: i) que pertenezcan al SISBEN I; ii)  infantil abandonada; iii)
indigente; iv) en condiciones de desplazamiento forzado; v) indígena; vi) desmovilizada;
vii) de la tercera edad en protección de ancianatos en instituciones de
asistencia social; viii) rural migratoria; y ix) ROM. El artículo 12 del
Acuerdo 260 de 2004 prohibió que se cobren pagos compartidos en los servicios
de  “control prenatal, la atención del parto y sus complicaciones y a la
atención del niño durante el primer año de vida”.
Las cuotas de recuperación son los valores que debe
pagar la población con menor capacidad de pago para financiar la prestación de las
atenciones en salud que se encuentran[73]:
i) por fuera de la red de servicios de la EPS-S. Ello dependerá del contrato de
prestación de servicios de salud que suscribió el ente territorial con la
institución prestadora de servicios; o ii) excluidos del POS (artículo 18 del
Decreto 2357 de 1995). Los usuarios del régimen subsidiado pagaran las cuotas
de recuperación a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la
red pública, o las IPS privadas que tengan contrato con el Estado.
Sin
embargo, los siguientes individuos quedan exonerados del pago de cuota de
recuperación: i)
la población indígena e indigente (artículo 18 del Decreto 2357 de 1995); ii)
las madres gestantes y el niño menor de un año (artículos 43 y 50 de la
Constitución Política)[74];
y iii) las personas vinculadas o no aseguradas al sistema de salud que padecen
una enfermedad de interés público[75].
Al mismo tiempo, no existirá la obligación de cancelar las cargas económicas de
la referencia en los procedimientos de[76]:
i) Plan de Atención Básica ( literal (a) del artículo 4° de la
Resolución 4288 de 1996); ii) “las actividades, procedimientos e
intervenciones de demanda inducida, las acciones de protección específica y
detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública de
la población pobre y vulnerable no afiliada al Régimen Subsidiado, según lo
señalado en el artículo 13 de la Resolución 412 de 2000 y los incisos
1° y 2° del artículo 9° de la Resolución 3384 de 2000, excepto en los
procedimientos que se realicen bajo el contexto de la atención de condiciones
excepcionales o complicaciones de la enfermedades de interés en salud pública
según el inciso 3° del artículo 9° de la Resolución 3384 de 2000; ni
para la atención inicial de urgencias, según lo definido por el artículo 168
Ley 100 de 1993, el artículo 10° de la Resolución 5261 de 1994 del
Ministerio de Salud, y el numeral 4.1 de la Circular Externa No 14 de
1995 de la Superintendencia Nacional de Salud”[77].
La normatividad y la jurisprudencia han precisado
que las cuotas de recuperación tienen límites de acuerdo a las tarifas del SOAT[78].
Los pacientes deberán sufragar un porcentaje del servicio, proporción que
dependerá del SISBEN al que pertenezcan y, sin que sobrepase tres salarios mínimos
en el caso de desembolso del grupo con mayor capacidad de pago.
En la Sentencia T-924 de 2011, la Sala Novena de
Revisión determinó lo siguiente sobre los copagos y cuotas de recuperación: “i. La diferencia
de los copagos y las cuotas [de recuperación] radica en la finalidad que el
sistema general de salud previo para estos, toda vez que los primeros costean
los servicios POS-S prestados al beneficiario; los segundos cubren parte de las
erogaciones generadas en los procedimientos No POS-S. ii) De ahí que, no puede
existir simultaneidad en el cobro de los copagos y cuotas de recuperación en un
mismo evento de salud, comoquiera que  los supuestos de hecho que los causan
son excluyentes.
iii)
Los pagos compartidos son exigidos en el régimen contributivo y subsidiado,
mientras que las cuotas de recuperación solo se reclaman en este último. iv) Los dos
conceptos tienen un tope máximo que se pagará por evento, el cual dependerá de
la capacidad económica del usuario de salud, conforme a los sistemas previstos
en los acuerdos y decretos, como son el índice de cotización o la clasificación
del SISBEN. Aunque, los pagos compartidos cuentan con un límite de gasto anual
puesto que se conciben como cancelaciones constantes para el acceso al servicio
de salud; cosa que no ocurre con las cuotas de recuperación ya que se
consideran como excepcionales”.
En
materia de las cargas económicas que deben asumir los usuarios del sistema de
salud, el artículo 187 de la Ley 100 de 1993 determinó que “en ningún caso
los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los más
pobres”. Por lo tanto, con el propósito de “evitar la generación de
restricciones al acceso por parte de la población más pobre, tales pagos para
los diferentes servicios serán definidos de acuerdo con la estratificación
socioeconómica”.
En sede de control abstracto sobre la norma en comento[79],
la Corte recalcó que los pagos compartidos y las cuotas moderadoras no pueden
convertirse en un obstáculo para el acceso a los servicios de salud de los
pacientes, premisa que se extiende a las cuotas de recuperación. De hecho, en
la Sentencia T-016 de 2006 se advirtió que de “existir una controversia
alrededor de este asunto, ésta debe dirimirse a favor de la protección de los
derechos fundamentales”. En atención
a lo anterior, esta Corporación ha determinado dos hipótesis en las que se debe
eximir al afiliado de realizar los pagos compartidos, las cuotas moderadoras además
de recuperación ante la escasez de sus recursos económicos, que consisten en
que:
“(i)
cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico carece de la
capacidad económica para asumir el valor de los pagos moderadores, la entidad
encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá asegurar el
acceso del paciente a éste, asumiendo el 100% del valor y (ii) cuando una
persona requiere un servicio médico y tiene la capacidad económica para
asumirlo, pero tiene problemas para hacer la erogación correspondiente antes de
que éste sea suministrado, la entidad encargada de la prestación deberá brindar
oportunidades y formas de pago al afectado, para lo cual podrá exigir garantías
adecuadas, sin que la falta de pago pueda convertirse en un obstáculo para
acceder a la prestación del servicio”[80].
Los escenarios descritos se han aplicado a: i) los
copagos y las cuotas moderadoras[81];
ii) los pagos compartidos y las cuotas de recuperación[82]. En cualquiera de las hipótesis, esta Corporación ha
dispuesto que: “será el juez constitucional el encargado de verificar, en
cada caso, si el pago de las cuotas de recuperación exigidas por la ley,
obstaculiza el acceso al servicio de salud y si, como consecuencia de ello, se
genera una vulneración de los derechos fundamentales”[83].
12.  Casos concretos.
Corresponde a la
Sala determinar si las Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo
o/y subsidiado vulneraron los derechos a la salud, a la vida y a la dignidad
humana de varios pacientes, al negar el suministro de servicios, de insumos y
de medicamentos requeridos, porque consideraron que: i) están excluidos del
Plan Obligatorio de Salud; y ii) carecen de prescripciones del médico tratante.
Adicionalmente, se debe analizar si el desembolso de los copagos, de las cuotas
moderadoras y de recuperación exigidos para beneficiarse de las atenciones en
salud, es un obstáculo que padecen en los casos en que la pretensión es de ésta
índole.
12.1. Expediente T-4.515.088
Pedro
José Mongui Ariza, afiliado a Caprecom EPS-S, padece Paraplejia Espástica Nivel
Modular T-10 HX Cicatrizada en unión Dorsolumbar, Ulceras de presión, y otros
traumatismos en la médula espinal, por lo cual permanece postrado en una cama,
situación que legitima la interposición de la acción por el agente oficioso.
Mediante
acción de tutela el hermano de Pedro José Mongui Ariza solicita se le suministre
de transporte para citas médicas, silla de ruedas en aluminio semideportiva, pañitos
húmedos, crema antiescaras, pañales, sonda Nº24, guantes desechables, bolsas de
colostomía con accesorios.
El 25 de octubre de 2013 el Juzgado 14
Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento concedió el amparo de los derechos a la
Salud y Vida digna de Pedro José Mongui Ariza y ordenó a Caprecom EPSS que: i)
dentro de las 48 horas siguientes autorice y programe una valoración médica
tendiente a establecer la cantidad de pañales desechables y pañitos necesarios
para la atención en salud, los que deberá entregar mensualmente sin dilación
alguna; ii) autorice y suministre el transporte idóneo que requiera desde su
lugar de residencia hasta los centros asistenciales cuando se requiera para los
exámenes, terapias y demás intervenciones ordenadas por sus médicos tratantes.
En la misma providencia el juzgado a quo negó
ordenar el tratamiento integral y la entrega de crema antiescaras, sondas,
guantes desechables, bolsas de colostomía y la realización de terapias. No hubo
en la mencionada decisión un pronunciamiento en la parte resolutiva sobre la
solicitud de la silla de ruedas prescrita por el médico tratante, aunque en la
parte motiva se determinó que este elemento no tiene sustituto por lo cual era
viable ordenar su entrega.
Comparte la Sala las consideraciones realizadas por el
a quo con base en las cuales concedió el amparo y ordenó la entrega de
los pañales desechables y pañitos necesarios, por cuanto la enfermedad que
padece Pedro José Mongui Ariza implica limitaciones en su movilidad y en el
control de esfínteres, por lo cual requiere del uso constante de pañales,
pañitos, sin que, en eventos como éste en el cual la condición médica pone de
manifiesto la necesidad de tales insumos sea exigible la existencia de fórmula
médica para concretar la orden, por cuanto de la descripción de la patología
del agenciado es evidente que se requieren para mitigar los efectos de su
inmovilidad.
A lo expresado cabe agregar que según se advierte en
la historia clínica, las condiciones económicas del paciente son muy precarias
lo cual ha incidido en que su salud se deteriore y permite colegir que no
cuenta con los recursos necesarios para abastecerse de los insumos como
pañales, pañitos, crema antiescaras, y demás elementos que requiere el manejo
de su estado de salud. Indica el registro efectuado el 2013/05/29, “Paciente
con ulceras por presión en sitios mencionados con tendencia a la coalescencia,
asociada a mala red de apoyo familiar por falta de recursos económicos”.
Por lo anterior,
resulta censurable que luego de emitida la orden por el Juez de tutela, la
entidad accionada informe que no se le ha entregado el
insumo de pañales desechables porque no se ha presentado la documentación
requerida y que respecto de los pañitos aún no hay orden médica para generar su
autorización, situación por la cual es necesario prevenir a Caprecom EPS S,
para que acate la sentencia de tutela, sin dilación ni presentar obstáculo
administrativo alguno, garantizando la continuidad en la prestación de la
atención en salud, e igualmente se dispondrá remitir copia de esta decisión a
la Superintendencia Nacional de Salud, a efectos de que adelante las
investigaciones pertinentes.
Sin embargo, la decisión del Juzgado será parcialmente
revocada en cuanto negó ordenar el tratamiento integral del ciudadano, la
realización de terapias y la entrega de crema antiescaras, sondas, guantes
desechables y bolsas de colostomía, por cuanto es preciso considerar que el
señor Mongui Ariza se encuentra en condición de discapacidad y por tanto es
sujeto de especial protección y titular del derecho a la atención integral en
salud, pero además está acreditado con la copia de la historia clínica el uso
de colostomía y la presencia de ulceras, cuyo manejo requiere de los
mencionados insumos para evitar mayor deterioro de sus condiciones de salud. En
este sentido, el reporte del 2013/06/05  indica: “Paciente con colostomía
Post trauma Raquimedular por HPAF hace 1 año y medio. Tiene escaras y no ha
iniciado manejo por clínica de heridas”. Impresión diagnóstica “paciente
con colostomía por sección medular asociado a escaras. No es candidato a cierre
del estoma (sic) hasta que sane las escaras y se demuestre que puede vivir sin
escaras a pesar de la sección medular. Se le explica claramente al paciente y a
su acompañante” “Conducta: Se entrega fórmula y no POS de bolsas de colostomía
y nueva orden para clínica de heridas. Se explica que puede seguir a medicina
general para renovar estas órdenes mensualmente y se cita en cirugía general en
6 meses para reevaluación”. En este orden, es claro que existe orden médica
para las bolsas de colostomía, que requiere insumos para el manejo de escaras y
que carece de recursos económicos, circunstancias que hacen procedente el
amparo.
Igualmente se ordenará la entrega de la silla de
ruedas que fue prescrita por el médico tratante[84] y sobre la
cual el a quo no dispuso orden alguna. En cuanto se refiere a la prestación
de tratamiento integral, dado que se advierten deficiencias en la atención de
la patología que presenta el ciudadano, y que es necesario que el médico
tratante determine cuáles son las terapias y procedimientos requeridos por el
paciente, se ordenará la asignación de cita a efectos de valorar los
requerimientos de Pedro José Mongui Ariza.
En relación con el servicio de transporte corresponde
señalar que para el paciente, quien se encuentra en condiciones precarias de
movilidad y depende de un tercero, es necesario contar con servicio de
transporte para tener acceso a la prestación de los servicios de salud, el cual
fue ordenado por el a quo, pero según se informó por el agente oficioso
le fue retirado de manera inconsulta, desconociendo el principio de
continuidad. Esto condujo igualmente a que no tuviera acceso a todas las
terapias ordenadas por el médico tratante, situación ésta que pone de
manifiesto la necesidad de garantizar el transporte al señor Mongui Ariza,
-quien se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en el régimen
subsidiado-, y de ordenar se realice una nueva valoración en la cual se
determine las terapias y el tratamiento que requiera la atención de la
patología que presenta el agenciado.
12.2. Expediente T-4.516.453
La
señora Gilma Rojas de 66 años de edad, padece cáncer, por lo cual fue atendida en
el hospital Federico Lleras Acosta de la Francia del cual, según informa su
hijo quien obra como agente oficioso, egresó sin medicamentos ni  orden de
brindar la atención que requiere. Indica que ella necesita permanentemente de
morfina, tramadol, pañales, una enfermera, ambulancia y silla de ruedas.
El Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en restitución de tierras ordenó como medida provisional que en
un lapso de 24 horas se autorizara la entrega de los medicamentos requeridos
por la paciente Gilma Rojas de acuerdo a la formula médica anexa a la solicitud
de tutela, y en
sentencia del 12 de junio de 2014 concedió la tutela, ordenó la entrega de los
medicamentos prescritos en la fórmula médica allegada por el agente oficioso y
negó los demás servicios e insumos porque no fueron ordenados por el médico
tratante.
Aunque
se comparten las razones por las cuales se dispuso, en amparo de los derechos
fundamentales de Gilma Rojas, la entrega de los medicamentos prescritos por el
médico tratante, a juicio de la Sala igualmente procede ordenar a Caprecom EPS
–S que valore la condición médica de la paciente con el fin de determinar la necesidad
de suministrar la silla de ruedas, del servicio de enfermera domiciliaria y de los
pañales desechables, ya que aunque están excluidos del POS la señora Gilma
Rojas se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, lo que hace
presumir la insuficiencia de recursos económicos para solventar el costo de las
mencionadas prestaciones, la cual no fue desvirtuada por Caprecom EPS –S.
En
este evento no es viable ordenar se autorice y entregue los referidos elementos
por cuanto no se advierte con precisión el estado actual de salud de la señora Gilma
Rojas, si tiene restricciones en la movilidad o si carece de control de
esfínteres, pero se conoce que padece de cáncer, por lo cual es sujeto de
especial protección y en este orden, es necesario determinar a través de los
profesionales de la medicina cuáles son los requerimientos actuales para la
atención de dicha patología, con el fin de que la EPS S proceda a autorizar los
servicios de salud que correspondan con la mayor celeridad posible. No puede el
juez constitucional ignorar que se trata de una persona adulto mayor, afiliada
al régimen subsidiado, que padece cáncer y a quien deber garantizarse la
atención integral en salud, sin que en este evento sea admisible negar las
prestaciones que requiera la atención del cáncer aunque no hagan parte del Plan
Obligatorio de Salud.
La
protección que se concederá tiene fundamento, además, en que la entidad
accionada dilató hasta que fue compelida con la medida provisional a entregar
los medicamentos ordenados por el médico tratante, actuación que revela fallas
en la atención de la salud de la señora Gilma Rojas que imponen la intervención
del juez constitucional a efectos de que se suministre de manera oportuna y sin
obstáculo alguno todos los servicios, medicamentos, insumos, tratamientos y
procedimientos POS y no POS que requiera la paciente de cáncer.
En
este sentido cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia T-066 de
2012 reiteró que hay un deber de atención integral y protección reforzada a
personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas como el cáncer. Dijo
la Corte en esa oportunidad: “La
protección constitucional de las personas que padecen enfermedades
catastróficas o ruinosas cobra una especial relevancia en la medida que al
encontrarse estas personas en un estado de debilidad manifiesta merecen una
singular atención por parte del Estado y de la sociedad, y por supuesto, por
parte del Juez constitucional quien al momento de sopesar las circunstancias de
un caso en el que vislumbre la posible vulneración de los derechos
fundamentales del enfermo, debe valorar cada elemento tomando siempre en
consideración la protección constitucional reforzada que se ha dispuesto a los
pacientes de enfermedades catastróficas o ruinosas. Se puede concluir que por
la complejidad y el manejo del cáncer, este es considerado una enfermedad
catastrófica y ruinosa, tal y como lo señala la Resolución “Por la cual se
establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan
Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Esta
Corporación ha sido reiterativa en su deber de proteger aquellas personas que
sufren de cáncer, razón por la cual ha ordenado a las entidades prestadoras del
servicio de salud autorizar todos los medicamentos y procedimientos POS y no
POS que requiere el tutelante para el tratamiento específico e incluso
inaplicar las normas que fundamentan las limitaciones al  POS, de igual
manera la resolución 5261 de 1994 ha estipulado que el cáncer es una enfermedad
catastrófica, razón por la cual se le debe otorgar un trato preferente.”
De otra parte, es preciso garantizar a la señora Gilma Rojas el servicio de transporte para la
asistencia a citas, terapias y procedimientos, dada su patología y que
pertenece al régimen subsidiado, lo que, como se dijo, hace presumir que carece
de los recursos suficientes para financiar el traslado.
12.3. Expediente T-4.516.471
Ligia Roldán de Roldán de 97 años de edad indica que ha perdido el 80%
de su visión, no puede caminar y se encuentra afectada por Alzheimer y
Parkinson, por lo que sus condiciones de vida son muy precarias. Sostiene que
requiere el uso de pañales porque padece incontinencia urinaria. Por
ello y dada su condición de pobreza, solicitó éstos insumos a SURA EPS, la cual
lo negó porque no hacen parte del POS.
La entidad accionada indica que la
accionante es beneficiaria de Miryam
Elsy Roldán Roldán, que registra ingresos entre 2 y 5 SMLM, de modo que cuenta
con capacidad económica para asumir el costo de los pañales que son un elemento
No POS, porque son un elemento de cuidado personal que no incide en las
condiciones de salud de la paciente.
El  Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Garantías de
Medellín en fallo del 28 de julio de 2014 negó la petición de tutela al
considerar que no se cuenta con una orden médica para el suministro de pañales,
por lo cual la ciudadana debe acudir al médico tratante para que los prescriba,
solicitarlos a la EPS y una vez ésta los niegue “puede la afectada acudir nuevamente
a la Acción de Tutela” para que con base en las pruebas otro juez
constitucional determine si ordena el suministro de los pañales. Concluye que
como la EPS SURA no ha negado el insumo “la negativa se queda en el campo
especulativo o hipotético, lo que hace que la solicitud de amparo resulte
improcedente”.
La Sala revocará la decisión del a quo,
porque ignoró que, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, no
puede exigirse orden médica para el suministro de pañales cuando de las
condiciones médicas se desprende con claridad la necesidad de dichos insumos,
por cuanto en este caso la accionante es una persona de 97 años, a quien no
puede indicarse, como lo hace el Juzgado, que debe tramitar la solicitud de
orden médica, posterior autorización y luego una nueva tutela para obtener los
pañales desechables que reclama. Pues no sólo se trata de su avanzada edad,
pero además, la tutelante ha perdido el 80% de su visión, no puede caminar,
sufre de incontinencia urinaria y se encuentra afectada por Alzheimer y
Parkinson, circunstancias que ponen en evidencia que la señora Ligia Roldán de Roldán
necesita para su uso cotidiano de pañales.
La providencia de primera instancia
igualmente desconoció que la accionante dijo encontrarse en condición de
pobreza y ésta situación no fue desvirtuada por la EPS, pues aunque SURA EPS
sostuvo que su hija cotizante tiene unos ingresos que oscilan entre 2 y 5
salarios mínimos mensuales, no precisó ni el valor de los mismos y tampoco
demostró que la hija no tiene obligaciones distintas a las derivadas de velar
por su progenitora, quien, valga señalar, padece diversas enfermedades de alto
costo.
Encontrándose
acreditado con la versión de la accionante, que no fue rebatida por SURA EPS,
que padece de incontinencia urinaria, requiere pañales y sus recursos
económicos son escasos, aunque no se cuente con orden médica, se ordenará a la
accionada que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia, autorice y entregue a la accionante los
pañales desechables que requiere, de manera periódica durante todo el tiempo
que  necesite la paciente.
12.4. Expediente T-4.521.732
Luis Alberto Hinestroza Segura está en condición de
discapacidad física por trauma raquimedular y promovió acción de tutela para la
entrega de un cojín antiescaras neumático con válvula y colchón antiescaras que
le fueron  ordenados el 13 de noviembre de 2013.
Coomeva EPS indica que se trata de insumos
excluidos del Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo a la Resolución 5521 de
2013, que no le corresponde suministrar, pues además no contribuyen al
mejoramiento de la patología del usuario.
El 27 de marzo de 2014 el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Juan Bautista de Guacari Valle, concedió la tutela y
ordenó a Coomeva EPS que autorice y entregue al ciudadano el Cojín antiescaras
neumático con válvula y colchón antiescara, y garantice la prestación integral
del servicio de salud para la atención de su discapacidad física por el trauma
raquimedular y lo que se encuentre directa o indirectamente relacionado. Esta
decisión fue revocada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Guadalajara
de Buga el 26 de mayo de 2014 decidió revocar la decisión del a quo, al
considerar que no hay prescripción médica y que la conducta del accionante
puede alcanzar la temeridad pues en una acción de tutela anterior solicitó los
mismos insumos y el juez en amparo del derecho de petición ordenó a la EPS
responder a la solicitud de los mismos.
Advierte la Sala que el tutelante es
sujeto de especial protección en virtud de la condición de discapacidad física
que le impide su movilidad, lo que impone procurar con celo la efectividad de
su derecho a la salud.
Ahora bien, respecto de las pretensiones
del accionante, a juicio de la Sala no existe la posible temeridad que sugiere
el ad quem, por cuanto de la lectura de las sentencias llegadas con la
solicitud de tutela se advierte que los servicios e insumos solicitados en las
tres acciones de tutela que ha adelantado son diversas así como las condiciones
que rodearon al tutelante en los tres eventos, siendo el último de ellos el que
ocupa la atención de la Sala, motivado por la omisión de la Entidad Prestadora
de servicios de Salud de entregar el Cojín antiescaras neumático con válvula y
colchón antiescara, que fueron prescritos por el médico tratante. Igualmente se
observa que la sentencia de segunda instancia no se ocupó del análisis de las
condiciones del tutelante y de las pretensiones planteadas en la solicitud de
amparo, pues ninguna mención se hace en la providencia a la necesidad de tales
elementos para mitigar las consecuencias de la condición de discapacidad en que
se encuentra, asunto del cual pasa a ocuparse la Corte.
Como en efecto los insumos no se
encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud, es preciso determinar si
existe orden médica y la capacidad económica del accionante con el fin de
establecer si hay obligación de suministrarlos.
En relación con el primer aspecto el
escrito de tutela informa que existe una orden médica que data del 13 de
noviembre de 2013, afirmación que es ratificada por la Personería Municipal de
Guacarí en la solicitud de atención integral que dirigiera en diciembre de 2013
a Coomeva EPS y al no ser controvertida por la entidad accionada, corresponde
tenerla por cierta.
Un segundo aspecto a considerar es que al
señor Hinestroza Segura mediante tutela se le exoneró del pago de cuotas
moderadoras con el fin de facilitar el acceso a los servicios de salud dada la
insuficiencia de sus ingresos económicos.
Determinados los
presupuestos que hacen procedente la entrega de los insumos ordenados por el
médico tratante y que, por tanto, la omisión en su suministro constituye una
violación del derecho a  la salud y vida digna del accionante, la Sala revocará
la sentencia proferida dentro de ésta acción de tutela por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Guadalajara de Buga el 26 de mayo de 2014, y confirmará
la decisión adoptada el 27 de marzo de 2014 por el Juzgado Promiscuo Municipal
de San Juan Bautista de Guacarí Valle, que en primera instancia concedió la
tutela interpuesta por Luis Alberto Hinestroza Segura y ordenó a Coomeva EPS
que autorice y entregue al ciudadano el Cojín antiescaras neumático con válvula
y colchón antiescara, y garantice la prestación integral del servicio de salud
para la atención de su discapacidad física por el trauma raquimedular y lo que
se encuentre directa o indirectamente relacionado.
Igualmente se advertirá a Coomeva EPS que tiene la
obligación de prestar los servicios de salud al accionante con sujeción a los
principios de integralidad y continuidad.
12.5. Expediente T-4.521.813
Amelia
Alvear Escobar, de 94 años de edad, se encuentra afiliada al Sistema de
Seguridad Social, Régimen Subsidiado, en Cajacopi EPS, y padece tumor maligno
en el ovario y una enfermedad cardiovascular no especificada, ha tenido
Isquemia cerebral que desencadenó la pérdida de control de esfínteres.
Igualmente a partir de la copia de la historia clínica se establece que el
servicio de enfermera domiciliaria le fue retirado.
Por
lo anterior solicita se ordene el suministro de pañales desechables en la
cantidad indicada por un médico tratante, atención integral domiciliaria
mediante la asistencia de una enfermera dotada del suplemento alimentario
Ensure y una camilla médica, y la bolsa para alimentación parenteral, requerida
por el procedimiento de gastrostomía que le fue realizado.
Cajacopi
EPS-S indica que es improcedente suministrar los pañales porque están excluidos
del POS, la atención integral domiciliaria se viene prestando desde el 30 de
septiembre a través de la IPS integral Home Care S.A.S., la cual además
suministra las bolsas de gastronomía y el suplemento complementario Ensure y la
paciente no requiere enfermera para cuidado especializado pues la hija tiene
entrenamiento, e informa que a la agente oficiosa fue entregada una camilla.
El 3
de julio de 2014 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Barranquilla negó la petición de amparo por cuanto no se adjuntó
el formato de solicitud de servicio ni la respuesta negativa de la entidad
accionada, por lo cual, estimó el a quo, que la accionante debe agotar
previamente el trámite ante Cajacopi EPS-S.
En
el presente evento, advierte la Sala que la ciudadana en favor de quien se
interpone la acción es sujeto de especial protección constitucional en razón de
su avanzada edad y la enfermedad catastrófica que padece –cáncer-. Igualmente
la prueba documental allegada acredita la grave condición de salud de la señora
Amelia Alvear Escobar:
En
la copia de la historia clínica de la paciente, se indica que se desplaza en silla
de ruedas, con gastronomía y sonda vesical, pronóstico principal tumor maligno
de ovario y pronostico relacionado enfermedad cardiovascular no especificada.
Que para el 6 de diciembre de 2013 la señora Amelia Alvear está en manejo con
clínica del dolor, celulitis en pierna derecha en manejo cefalexina,
antiescaras y que requiere manejo de soporte por enfermería 24 horas. Así
mismo se advierte reporte en la historia clínica del Consultorio Médico la 15,
de fecha 5 de junio de 2014, en la cual se consigna “Nota. La paciente
necesita pañales tema Slim 4 pañales diarios 4x30=120 pañales mensuales”.
De
igual forma obra constancia de la entrega de Cama hospitalaria manual,
colchoneta, para la atención que requiere la señora Amelia Alvear, el 26 de noviembre de 2013.
De
acuerdo con los reportes de la historia clínica antes reseñados para la Sala de
Revisión es evidente que la señora Amelia Alvear Escobar requiere el suministro
de pañales los cuales le fueron formulados porque carece de control de
esfínteres, insumo no POS, que habrá de ser suministrado por la Entidad
prestadora de los servicios de salud Cajacopi EPS-S, por cuanto además de la
orden médica está acreditado que la paciente se encuentra afiliada al régimen
subsidiado en el sistema de seguridad social en salud, lo que hace presumir la
incapacidad económica para asumir en forma particular el costos de los pañales.
En
relación con la prestación del servicio de enfermera domiciliaria, prestación
incluida en el Plan Obligatorio de Salud, obra en el
expediente la orden médica en la cual se determina la necesidad del servicio 24
horas, así como de las bolsas de gastronomía y el suplemento complementario, y
si bien, la representante judicial de la EPS-S indica que  la señora Amelia
Alvear ya no requiere de este servicio, lo cierto es que su afirmación no tiene
fundamento en un diagnóstico o certificación del médico tratante que desvirtúe
la necesidad de los referidos servicios e insumos.
En
este sentido es del caso mencionar que aunque se adjuntó a la  acción de tutela
un informe de atención brindada por la
IPS integral Home Care S.A.S., de fecha 25 de junio de 2014, como lo expuso la
agente oficiosa la prestación de éste servicio ha sido interrumpido sin que
aparezca demostrado en el expediente cuáles fueron las razones para ello. Por
lo anterior y para la efectividad del principio de continuidad en la prestación
de la atención integral en salud, se ordenará la asistencia de enfermera
domiciliaria 24 horas, de acuerdo con la orden médica, lo cual no impide que
las condiciones de éste servicio sean modificadas cuando de acuerdo con el
criterio del médico tratante ello sea procedente.
Al
efecto sea del caso recordar que “Esta
Corporación ha sido reiterativa en su deber de proteger aquellas personas que
sufren de cáncer, razón por la cual ha ordenado a las entidades prestadoras del
servicio de salud autorizar todos los medicamentos y procedimientos POS y no
POS que requiere el tutelante para el tratamiento específico e incluso
inaplicar las normas que fundamentan las limitaciones al  POS, de igual
manera la resolución 5261 de 1994 ha estipulado que el cáncer es una enfermedad
catastrófica, razón por la cual se le debe otorgar un trato preferente.”[85]
Al
margen de lo expuesto conviene llamar la atención del juez de instancia quien
resolvió la acción de tutela con total desconocimiento del material probatorio
existente en el expediente y el cual prueba que tanto para los pañales
desechables como para el servicio de enfermería fueron ordenados por el médico
tratante de la señora Amelia Alvear Escobar. El respeto por la dignidad humana
y el compromiso con el servicio público que presta la judicatura imponen
abandonar la elaboración mecánica y deshumanizada de sentencias en las cuales,
a veces siguiendo formatos prediseñados, se resuelve sobre la protección de
derechos fundamentales de personas que por su edad o por sus condiciones de
salud se encuentran en condiciones notorias de debilidad y vulnerabilidad.
12.6. Expediente T-4.522.415
Isaac
David Tovar Chávez, quien nació el 5 de
diciembre de 2010, padece reflujo gastroesofágico,
retardo psicomotor, hipotonía, convulsiones/epilepsia y secuelas de hipoxia
perinatal, por lo cual el niño no tiene control de esfínteres. La necesidad
de tratamiento terapéutico, pañales desechables, medicamentos y transporte para
el traslado a recibir las terapias que le permitan mejorar su condición de
vida, y la insuficiencia de recursos económicos para atender tales
requerimientos, llevó a su progenitora a interponer acción de tutela.
En
el curso de ésta SALUD TOTAL EPS, a la cual se encuentra afiliado el niño, informó
que ha garantizado la totalidad de prestaciones asistenciales
requeridas por el menor, dentro de las cuales se encuentra manejo y seguimiento
por un equipo multidisciplinario de especialistas en neurología pediátrica,
psiquiatría, fisiatría y pediatría como se registra en la historia. Señala que
el 25 de Noviembre de 2013 autorizó el servicio de Neurología Pediátrica al
paciente y luego de conocer de la acción de tutela, el 29 de enero de 2014 se
ofreció un segundo concepto y valoración por un neurólogo pediatra adscrito a
su red de prestadores, y el 1 de julio de 2014 se emitieron órdenes de terapia
física, ocupacional y de lenguaje. Acepta que no ha suministrado los pañales
porque no hay orden médica, están excluidos del POS y considera que son
elementos de aseo que debe sufragar la familia, al igual que el transporte,
pues por el cuadro clínico el paciente no necesita ambulancia.
En primera instancia el Juzgado 8 Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla el 14 de febrero de
2014 tuteló los derechos del niño Isaac David Chávez y ordenó a SALUD TOTAL EPS
que conforme una Junta Médica interdisciplinaria a fin de determinar el grado
de efectividad de las terapias de Neudesarrollo y de ser estas procedentes las
autorice. Igualmente ordenó a la accionada remitir al menor a una institución
idónea y especializada en este tipo de terapias de acuerdo a las prescripciones
de la Junta Médica interdisciplinaria, cerca de la residencia del menor para
facilitar la realización de las terapias y brindarle transporte a él y un
acompañante. Además, dispuso la entrega de los pañales desechables y autorizó
que la EPS repita contra el Fosyga. Esta decisión fue parcialmente revocada por
el Juzgado 8 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, por
considerar que no existe orden médica para el suministro de pañales.
La Sala estima que en este evento, por tratarse de un
niño de 4 años de edad, en condición de discapacidad, quien padece de
epilepsia, no tiene control de esfínteres, las entidades prestadoras de
servicios de salud están obligadas a brindarle la atención integral a la salud y
suministrar en el evento en que las condiciones del paciente lo requieran, los
medicamentos insumos, terapias y tratamientos que se encuentren incluidos o no en
el POS, sin que haya lugar al cobro de copagos, como paciente de una enfermedad
clasificada como catastrófica[86].
Como quiera que según el reporte de la accionada el 1 de julio de 2014 se emitieron órdenes de terapia
física, ocupacional y de lenguaje, la afectación del derecho a la salud por la
omisión de dichas terapias estaría superada, no así lo que corresponde al
suministro de pañales y transporte, prestaciones que fueron negadas por el ad
quem y que en este caso deben ordenarse por las siguientes razones:
Cuando las condiciones de salud del paciente
hacen evidente la necesidad de insumos como los pañales no es procedente exigir
orden médica para disponer su entrega, adicionalmente la representante del niño
afirma que no tiene capacidad económica para asumir su costo, lo cual no ha
sido desvirtuado dentro del plenario ni por la entidad accionada. En este orden
de ideas, para garantizar el derecho a  la salud del menor y la vida en
condiciones dignas se ordenará a SALUD TOTAL EPS autorice y entregue los pañales a la progenitora
del niño.
En relación con el transporte es preciso
mencionar que dadas las condiciones físicas y de discapacidad del niño, el
estado de salud y falta de capacidad económica de la señora Alba Lucía Chávez
Rodríguez, y la necesidad de acudir a las referidas terapias como parte de la
atención médica del desarrollo integral del menor, es necesario ordenar se
garantice por la EPS la prestación del servicio de transporte al niño Isaac
David Tovar Chávez desde su domicilio hasta el lugar donde se realicen las
terapias, consultas y exámenes al menor. Igualmente se advertirá a Salud Total
EPS que debe suministrar las prestaciones, procedimientos, tratamientos,
medicinas, insumos y demás servicios que necesite Isaac David Tovar Chávez para
superar o mitigar los efectos de las patologías que lo aquejan, se encuentren o
no incluidos en el Plan obligatorio de Salud.
Por último cabe mencionar que los pañales,
como se expuso con anterioridad, no son considerados simplemente elementos de
aseo que como tales están excluidos del POS, cuando su uso corresponde con la
imposibilidad física de atender de manera autónoma el control de esfínteres por
afecciones a la salud y no tener acceso a dichos insumos sumerge al paciente en
condiciones incompatibles con su dignidad humana, que pueden incluso alterar su
salud mental.
12.7. Expediente T-4.541.364
La niña Ángela María Hoyos Luna, afiliada
en la COMFAMA EPS-S, quien padece mielomeningocele, hidrocefalia, vejiga
neurológica, parálisis distal, escoliosis congénita severa y pie equino. Debido
a su enfermedad, informa la Personera Municipal[87],
la menor de edad Ángela María Hoyos no controla esfínteres y se le tiene que
hacer cateterismos vesicales cada 4 horas, en los que requiere cambio de pañal,
sondas y guantes. La condición médica de la paciente fue ratificada por Alianza
Medellín Antioquia EPS SAS como EPS-S  (EPSS SAVIA SALUD), al dar respuesta al
escrito de tutela. En este mismo libelo corroboró que el 18 de noviembre de
2013 el Comité Técnico Científico de la Alianza Medellín Antioquia EPS negó la
solicitud de pañales y demás elementos necesarios porque no hay orden médica, no
está en riesgo la vida de la usuaria por la falta de pañales y dichos elementos
estaban excluidos del plan de beneficios POS. La progenitora de la niña informa
que carece de recursos económicos para cubrir el costo de los pañales y demás
elementos que ella requiere.
El 11 de marzo de 2014 el Juzgado 25
Administrativo Oral del Circuito de Medellín negó la tutela porque la
accionante no demostró sus afirmaciones  y la parte actora no hizo ninguna
reclamación ante la EPS-S solicitando la entrega de guantes y sondas.
A juicio de la Sala la respuesta dada por
Alianza Medellín Antioquia EPS SAS como EPS-S  (EPSS SAVIA SALUD), corrobora
las afirmaciones de la Personera Municipal en relación con las condiciones de
salud de la niña Ángela María Hoyos Luna, entre las cuales se encuentra que
carece de control de esfínteres y requiere cateterismos vesicales cada 4 horas.
El mismo libelo acredita que los insumos solicitados en acción de tutela fueron
pedidos a la entidad accionada y el Comité Técnico Científico de la Alianza
Medellín Antioquia EPS negó la solicitud de pañales y demás elementos
necesarios aduciendo ausencia de orden médica y que no tener pañales no ponía
en riesgo la vida de la niña.
Siendo así, la decisión del a quo resulta
incongruente con los elementos de juicio obrantes en el expediente y que
acreditan la violación del derecho a la salud de la niña Ángela María Hoyos Luna, quien
no sólo por la edad, sino además por su condición de discapacidad es sujeto de
especial protección constitucional.
En efecto, demuestran los documentos que
por la patología que la afecta requiere del uso permanente de pañales
desechables y de los insumos para efectuar los cateterismos. Advierte la Sala que
estas circunstancias eran conocidas por la EPS accionada, quien adujo que los
pañales no eran un elemento incluido en el POS y no eran vitales para la menor,
desconociendo que aunque estos elementos estén excluidos del Plan obligatorio
deben ser suministrados cuando son imprescindibles para procurar condiciones de
vida digna para la paciente. Además, cabe recordar que en virtud del principio
de integralidad el sistema de seguridad social en salud está obligado o proveer
no solo aquello que sea indispensable para garantizar la existencia física del
ser humano, sino aquello que permita vivir dignamente a los pacientes que
padecen condiciones graves de discapacidad.
Conforme con lo anterior, y establecido
que la EPS negó el suministro de insumos que debía entregar a la paciente, la
Sala ordenará a Alianza
Medellín Antioquia EPS SAS como EPS-S  (EPSS SAVIA SALUD), que dentro
del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice y entregue  a la progenitora de la
niña Ángela María Hoyos Luna, los pañales de
manera periódica durante todo el tiempo que necesite la paciente, así como los
demás insumos que requiera la paciente para la atención integral de la salud.
12.8. Expediente T-4.542.891
De
acuerdo con la historia clínica María de Jesús Salazar de Girón, nacida el 21
de abril de 1936, tiene discapacidades
múltiples y padece Parkinson, Epoc, incontinencia
urinaria y fecal. La paciente no camina y usa silla de
ruedas. En el resumen y comentarios la Médico Libia Mercedes Rojas Goyes,
con fecha 26 de noviembre de 2013, consigna “solicitud de atención domiciliaria
paciente adulta mayor frágil. Con temblor generalizado, con enfermedad de
Parkinson más de manos, en silla de ruedas, con epoc, oxigeno dependiente. Con
artrosis, postración, incontinencia de esfínteres. Marcado pérdida de peso se
realiza escala de bartell menos de 20 puntos que indica dependencia severa de
terceras personas se solicita atención domiciliaria: visita médica mensual para
vigilar sus comorbilidades fisioterapia para evitar aparición de escaras visita
de nutrición dado a su bajo peso”.
Amanda Girón Salazar hija de la paciente
solicitó el suministro de pañales a la entidad accionada Nueva E.P.S., que los
negó mediante oficios del 2 de octubre de 2013 y del 7 de abril de 2014,
argumentando que no son parte del POS, y para entregarlos es preciso allegar
orden médica y que sean autorizados por el Comité Técnico Científico.
Recuperar
S.A. IPS informa que dentro de los servicios contratados por la Nueva EPS S.A.
no están los pañales, que están excluidos del POS. Indica que si la médica
internista, considera que son necesarios debe formularlos para que sean
autorizados por su EPS. Con fundamento en la inexistencia de prescripción n
médica de los pañales y que la paciente no sufre una enfermedad catastrófica el
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali negó la solicitud de amparo.
La Sala establece que en este evento
existe una afectación del derecho a la salud de la señora María de Jesús
Salazar de Girón, porque a pesar de que su estado de postración, incontinencia
urinaria y fecal, hacen manifiesta la necesidad del usar pañales desechables en
forma permanente y según lo manifestó la paciente no tiene la capacidad
económica para asumir su costo[88], la EPS se negó a suministrarlos,
argumentando la ausencia de orden médica y que tales insumos están excluidos
del POS, desconociendo también que reiterada jurisprudencia[89]
ha determinado que no se puede exigir formula médica cuando las condiciones de
salud hacen evidente la necesidad de pañales, y se trata de sujetos de especial
protección que carecen de ingresos suficientes para asumir su costo.
En
relación con la exclusión de los copagos, es preciso mencionar que María de Jesús Salazar de Girón es un adulto mayor, que padece una
pluralidad de enfermedades lo cual implica la necesidad de acudir con
regularidad a los servicios médicos. Ahora bien, se ha señalado que los copagos
y cuotas moderadoras son cargas económicas impuestas a los
usuarios con el fin de financiar las atenciones médicas y evitar el abuso del
Sistema, de las cuales puede relevarse al usuario cuando se advierte que se
convierten en impedimentos para el acceso al servicio a la salud.
En el presente
evento la accionante pone de presente la insuficiencia de recursos para solventar
el costo de la atención y servicios que requiere la paciente, afirmación que no
fue controvertida por la entidad accionada, por lo cual, teniendo en cuenta que
es necesario garantizar las condiciones que le permitan a la señora María de
Jesús Salazar Girón, acceder a los servicios que requiere y que como lo ha
reiterado la Corte Constitucional el
derecho a la vida no se limita a la existencia biológica de la persona, sino
que se extiende a la posibilidad de recuperar y mejorar las condiciones de
salud, cuando éstas afectan la calidad de vida del enfermo, la Sala dispondrá
la exclusión de la exigencia de copagos.
En
virtud de lo indicado la Sala ordenará a contra NUEVA E.P.S que dentro del término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, autorice y entregue a María de
Jesús Salazar de Girón los pañales así como los demás insumos que
requiera para la atención integral de la salud, atendiendo a los principios de
integralidad y continuidad. Igualmente se dispondrá se exonere del pago de los copagos.
12.9. Expediente T-4.543.992
De
acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se determina que el
médico tratante de Ismael Enrique Leal Bocanegra, nacido el 24 de marzo de 1924,
ordenó el suministro de pañales para adulto talla L por 20 unidades en cantidad
de 4 paquetes por mes, dado que padece incontinencia urinaria y fecal e
imposibilidad para la deambulación, insumo que la EPS en comité Técnico
Científico del 2 de julio de 2014, no autorizó por considerar que se encuentran
excluidos del POS.
Si bien se trata de elementos expresamente
excluidos del Plan Obligatorio de Salud, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que cuando se establece que por su condición de salud el paciente
necesita usar pañales desechables, las entidades prestadoras de servicios de
salud deben suministrarlos si el enfermo carece de la capacidad económica para
asumir su costo.
Por lo anterior, la negativa a autorizar la
entrega de los mencionados insumos no se considera justificada porque la
accionada aduzca que están excluidos del POS, haciendo abstracción de las
condiciones del señor Ismael Enrique Leal Bocanegra, como lo hizo en decisión
del 2 de julio de 2014. Además, obsérvese que la NUEVA EPS ninguna
manifestación hizo respecto de la capacidad del ciudadano de asumir el costo de
dichos insumos, y solo fundamento su decisión en que estos elementos se
encuentran excluidos del POS, sin tener en cuenta que, como lo ha sostenido
reiteradamente esta Corporación, la entidad prestadora de los servicios de
salud debe autorizar el suministro de pañales desechables, salvo que acredite
que el paciente tiene la capacidad económica para asumir su costo, y ello no
ocurre en el presente evento.
En este orden, la accionada NUEVA E.P.S
ignoró que el señor Ismael Enrique Leal Bocanegra padece incontinencia urinaria
y fecal e imposibilidad para la deambulación, razón por la cual el 12 de junio de
2014 el médico tratante ordenó el suministro de pañales desechables para adulto
talla L por 20 unidades en cantidad de 4 paquetes por mes, y que no está
acreditado que el señor Leal Bocanegra reciba los ingresos suficientes para
asumir su costo.
Ahora, si bien de acuerdo con la
constancia de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud se determina
que es cotizante categoría A, que identifica a los trabajadores y su grupo familiar cuyo salario básico
no supera los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, esta prueba
documental no es concluyente sobre los ingresos que puede percibir el paciente
y su capacidad de pago de los pañales desechables que a diario requiere, por
cuanto solo indica que cotiza en la categoría más baja, sobre un ingreso base
que no supera 2 salarios mínimos legales mensuales, más no determina que el
ciudadano de 89 años y quien está en condición de discapacidad, tenga
suficientes recursos económicos para sufragar el valor de los pañales.
En tal virtud, la Sala concederá el amparo
y revocará la sentencia proferida el 30 de julio de 2014 por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Bogotá que negó la tutela interpuesta a favor del señor Ismael
Enrique Leal Bocanegra porque el agente oficioso no acreditó la incapacidad
económica para costear el suministro de pañales, por cuanto la carga de la
prueba sobre la capacidad económica para asumir el costo de estos insumos
corresponde a la entidad accionada y no a quien actúa como agente oficioso ante
la imposibilidad del afectado de obrar directamente en defensa de sus derechos
fundamentales.
En consecuencia, se ordenará a la NUEVA EPS que dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia autorice e inicie el suministro de pañales
desechables para adulto talla L por 20 unidades en cantidad de 4 paquetes por
mes.
12.10. Expediente T-4.568.645
Informa
la agente oficiosa que María Marleny Álvarez de Quintana, de 76 años de edad
padece diabetes, hipertensión, osteoporosis y ha sufrido dos trombosis,
actualmente carece de movilidad en sus piernas y perdió el control de
esfínteres. Por lo anterior su hija, quien obra como agente oficiosa dadas las
limitaciones para el desplazamiento de la paciente, pidió a Comfaoriente EPS-S
en liquidación, el suministro de pañales, el servicio de enfermera y otros
insumos, el cual, como se advierte en la copia de la respuesta allegada al
expediente, los cuales fueron negados por la accionada porque la silla de ruedas
se encuentra excluida del POS, las muletas deben ser adquiridas por la usuaria
porque son de uso personal, los servicios de una enfermera no se requieren pues
el cuidado de la paciente está a cargo de los familiares y no puede trasladarse
a terceros, el transporte, hospedaje, alimentación es improcedente porque la
usuaria habita en Ocaña y no hay soporte de la necesidad; y el tratamiento de
médicos especialistas requiere remisión de los médicos del primer nivel, por lo
cual se le sugiere a la peticionaria solicitarla al galeno tratante.
El Juzgado Segundo Penal Municipal de
Ocaña -Norte de Santander-, en sentencia del 6 de agosto de 2014 negó la
solicitud de tutela por ausencia de respaldo probatorio de las afirmaciones
sobre la salud de la señora María Marleny Álvarez de Quintana, y los insumos
pedidos no han sido ordenados por el médico tratante.
La
decisión anterior será revocada por cuanto no se tuvo en cuenta que la hija de
María Marleny Álvarez de Quintana ratificó en su declaración la información
suministrada en el escrito de tutela relativa al estado de salud de su
progenitora, quien se encuentra afiliada al sistema de salud a través del
régimen subsidiado, y además indicó que ella ha asumido el cuidado de la
paciente y el pago de los pañales con los ingresos familiares que provienen de
su esposo, pues ella no tiene empleo.
En
este orden, se ha afirmado y no hay elementos que lo desvirtúen, que María
Marleny Álvarez de Quintana, adulto mayor, sufre limitaciones en su movilidad y
carece de control de esfínteres por lo cual requiere el uso de pañales así
mismo la ausencia de recursos para asumir su costo es manifiesta dado que se
encuentra afiliada al régimen subsidiado y su cuidado está a cargo de su hija
quien asume los gastos con lo que proviene de su esposo. Siendo así, se reúnen
los presupuestos para inaplicar la exclusión del Plan Obligatorio de Salud y
ordenar a Comfaoriente EPS-S en liquidación que dentro del
término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice y programe una valoración médica
tendiente a establecer la cantidad de pañales desechables, pañitos y demás
insumos necesarios para la atención en salud, los que deberá entregar
mensualmente y sin dilación alguna a María Marleny Álvarez de Quintana.
En relación con el servicio de enfermera,
no existen elementos probatorios que determinen que es necesario este servicio
y de las patologías informadas por la agente oficiosa y la relación de servicios
autorizados a la paciente por Comfaoriente EPS-S en liquidación no se
vislumbra que requiera asistencia de la mencionada profesional, no obstante lo
anterior, y con el fin de garantizar que se preste la atención en salud
atendiendo al principio de integralidad, se dispondrá que se valore medicamente
a la paciente para establecer si requiere el mencionado servicio.
De otra parte, advierte la Sala que la
hija de María Marleny Álvarez de Quintana solicitó a la EPS la entrega de silla de ruedas o las muletas,
los que fueron negados por considerar que son NO POS y deben ser asumidos por
la paciente. En este orden, en aplicación del principio de integralidad en
salud y con el fin de garantizar condiciones de vida dignas para la paciente
quien es sujeto de especial protección también se dispondrá que mediante
valoración médica se determinen los aparatos que resulten más adecuados para
facilitar la movilidad de la paciente, teniendo en cuenta la edad y estado de
salud, y se autorice y entregue el mismo sin dilación alguna.
12.11. Expediente T-4.570.850
Cristian Camilo Mendoza Martínez, menor de
edad afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado
a Cajacopi EPSS presenta retardo psicomotor, convulsión crónica, con tumor
retinoblastoma. Condición que le impide su desplazamiento independiente.
Luz Marina Martínez Castro, madre del
menor informa que el 10 de julio de 2014 fue atacada por un perro y se
encuentra imposibilitada para mover a su hijo por sí sola, es cabeza de hogar y
víctima de desplazamiento forzado. Señala que carece de ingresos suficientes
para el sostenimiento de su familia y para comprar la silla de ruedas y los
demás elementos que necesita su hijo, pues se encuentra a la espera de recibir
la ayuda humanitaria que fue ordenada en virtud de un fallo de tutela. Ante
esta situación, indica la ciudadana, ha solicitado en varias ocasiones a la
Alcaldía y a la EPS un tratamiento integral para su hijo Cristian Camilo, el
suministro de una silla de ruedas, pañales, pañitos y todo lo que él necesita,
pero no le han dado respuesta ni entregado los elementos requeridos.
Cajacopi EPSS solicita negar la tutela porque
no puede autorizar el suministro de pañales ni de pañitos desechables pues no
están cubiertos por el POS, no hay orden del médico tratante y no hay amenaza a
la salud o la vida del menor de edad.
En
el fallo de tutela el Juzgado 4 Civil Municipal de Villavicencio concedió el
amparo y ordenó la autorización y realización de las terapias integrales y de
la atención especial que requiere el menor, pero negó la orden de suministrar
la silla de ruedas, los pañales y los pañitos por no existir prescripción
médica.
En
el presente evento corresponde verificar si se ha desconocido el derecho a la
salud y a la vida en condiciones dignas de un menor de 16 años que padece retardo
psicomotor, convulsión crónica y tumor retinoblastoma, y que es integrante de
una familia víctima de desplazamiento forzado, circunstancias por las cuales
debe ser sujeto de especial protección del Estado.
Bajo esta perspectiva, la Sala considera
que en efecto se desconoce ese deber de protección y los derechos del
adolescente en condición de discapacidad cuando se niega el suministro de silla
de ruedas, elemento que le permitirá su desplazamiento, e igualmente al negar
la autorización y
realización de las terapias integrales y de la atención especial que requiere
según la formula médica del 13 de diciembre de 2013.
El artículo 69 y el anexo 2 de la Resolución 5521 de
2013 consignó que las terapias físicas (código 93.1.0), respiratorias (93.9.4)
y ocupacionales (93.8.3) son prestaciones POS, en tal virtud, existiendo orden
médica de terapias física y ocupacional era imperativo para la EPSS disponer
que fueran efectuadas al adolescente, sin que exista justificación para no
haberlo hecho, por lo cual la determinación adoptada por el a quo al respecto
se confirmará, precisando que la EPSS está obligada a realizar las terapias en
los términos que indique el médico tratante, sin que sea admisible la
interrupción o suspensión de las mismas por asuntos administrativos.
En
relación con la autorización y entrega de pañales desechables y pañitos
húmedos, es preciso considerar que aunque estén excluidos del Plan Obligatorio
de Salud, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional si de la
patología se deriva que el paciente los requiere y que él y sus familiares no
tiene la capacidad económica para asumir su costo, debe el juez constitucional
ordenar su entrega para satisfacer la necesidad de dichos elementos. En el
presente evento no existe orden médica para el suministro de pañales y no tampoco
puede establecerse
con certeza que la discapacidad el menor lo obliga al uso permanente de
pañales; sin embargo, toda vez que la madre del menor de edad sostiene que el
adolescente debe usarlos, pero no se ha establecido en qué cantidad, con el fin
de garantizar esa obligación de protección especial y de atención integral de
la salud del paciente, se ordenará a Cajacopi EPSS, que en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, asigne una cita médica a Cristian Camilo Mendoza Martínez en
la cual se efectúe una valoración para determinar la cantidad de pañales
desechables y los pañitos húmedos que requiere el paciente.
12.12. Expediente T-4.547.189
María
Graciela Cárdenas de Castaño, nacida el 3 de julio de 1921 (de 93 años de
edad), padece Adenocarcinoma de recto, lo cual genera una hemorragia y
expulsión de heces permanente por al ano que impone el uso de pañales
desechables, igualmente se le ha diagnosticado anemia, Caquexia asociada a
cáncer y sarcopenia.
Sostiene
el hijo de María Graciela Cárdenas de Castaño presenta acción de tutela para
que se le brinde el servicio de enfermera 24 horas, acceso a médicos oncólogos,
exámenes médicos y de laboratorio para seguimiento de su enfermedad y el manejo
integral de su patología, y pañales desechables.
La
ciudadana ha sido hospitalizada en varias oportunidades, siendo la última que
registra la historia clínica llegada al expediente el 11 de junio de 2014. De
acuerdo con los registros, el 16 del mismo mes se ordenó egreso, con el
siguiente análisis: “paciente con evolución clínica estable sin nuevos
episodios de rectorragia, con fistula rectovaginal secundaria a CA de recto sin
ningún tipo de manejo por decisión propia. valorada por coloproctología con
hallazgos de masa tumoral exofitica gigante sin posibilidad de realización de
tacto rectal + fistula rectovaginal con salida de materia fecal por vagina por
lo que proponen realización de colostomía derivativa a lo cual paciente es
enfática en no manejo invasivo, clínica de dolor considera control por consulta
externa para manejo de síntomas que pueden ir apareciendo en el curso de la
enfermedad y cierran IC, dado esto se decide dar salida con recomendaciones y
signos de alarma”
Para
la Sala de Revisión en este evento no se ha violado el derecho a la salud y a
la vida en condiciones dignas de la señora  María Graciela Cárdenas de Castaño
por parte de Compensar EPS al negar el suministro de pañales, pues aunque
existe copiosa jurisprudencia que indica que debe autorizarse el suministro de pañales desechables, a pesar de que no están incluidos en el POS,
en los eventos en que las patologías imponen su uso al enfermo, no se cumple
con el segundo presupuesto para ordenar su autorización y entrega relativo a la
ausencia de capacidad económica por cuanto según informó Compensar EPS María Graciela Cárdenas de Castaño es
afiliada a esa EPS por la Superintendencia Financiera de Colombia y por el
Distrito Capital de Bogotá como pensionada por sustitución, y como pensionada
de la empresa Consorcio Fopep y recibe ingresos mensuales por $3.585.000, hecho
que no fue desvirtuado o cuestionado por la parte accionante.
En
este orden, si bien es indiscutible que la señora María Graciela Cárdenas de
Castaño necesita de manera permanente del uso de pañales, el costo de estos
insumos excluidos del Plan Obligatorio de Salud corresponde a la usuaria quien
de acuerdo con lo informado dentro de la acción de tutela, cuenta con los recursos
económicos para asumirlo.
En relación con
la solicitud relacionada con la asistencia de enfermera, aunque este servicio
hace parte del POS, requiere que haya sido ordenado por el médico tratante
quien con el conocimiento del estado de salud del paciente determina si precisa
de él.
En el presente
evento, en la historia clínica de la paciente el médico tratante dejó
constancia que en 12 de abril de 2014 se ordenó atención médica
domiciliaria con visita médica mensual y en mayo de 2014 se ordena realización
de examen de laboratorio con toma domiciliaria y evaluación por geriatría
domiciliaria y medicina interna en video llamada prioritaria.
Lo anterior pone
de presente que el médico tratante evaluó y determinó la forma en que se debe
asistir a la paciente en su domicilio, por lo cual no puede la Corte
Constitucional, contrariando el concepto del profesional de la medicina
concluir que la señora    requiere otro tipo de atención domiciliaria. A lo señalado cabe agregar que en la respuesta dada por Compensar
EPS  a los derechos de petición presentados por un hijo de la paciente el 1 y 8
de julio de 2014, “Según informe de la IPS Cuidarte, el día 17 de Junio se
llevó o cabo la atención para Cuidado Paliativo por la Dra. Jenny Ramírez quien
considero no pertinente el servicio de enfermería. 3. El servicio de enfermería
se considera pertinente para: manejo de heridos, manejo de traqueotomía,
gastrostomía, colostomía, yeyunostomia, direccionado a entrenar el cuidador,
toma de muestras de laboratorio, toma y procesamiento de muestras para
urocultivo con sonda vesical, colocación o cambio de sondo vesical o naso
gástrica, cateterismos vesicales, administración de medicamentos vía
intramuscular, administración de medicamentos Intravenosos, administración de
medicamentos vía subcutánea, toma de signos vitales, aplicación de enemas,
entre otros.”
En este orden de
ideas, la decisión del a quo se confirmará por las razones antes señaladas,
precisando además que en cumplimiento del deber de asistir de manera integral a
la salud del adulto mayor afectado por una enfermedad catastrófica, la
determinación adoptada no excluye que al variar la condición médica de la
paciente la EPS deba suministrar el servicio de enfermería en los términos que
fije el médico tratante.
12.13. Expediente T-4.552.600
Otoniel
Leyton Sánchez, afiliado al Sistema de Seguridad
Social en el Régimen Subsidiado en Saludvida S.A. E.P.S. para el momento de
interposición de la acción de tutela se encontraba hospitalizado en la Clínica
Minerva.
Asunción
Daza Molina compañera del paciente indica que por su patología no tiene control
de esfínteres y le fueron formulados pañales para adulto y crema Almipro, cuyo
costo no puede asumir pues no puede trabajar ya que debe dedicarse al cuidado
del agenciado y éste era quien sostenía económicamente el hogar.
El
Juzgado 13 Civil de Municipal de Ibagué, ordenó como medida provisional la
entrega de pañales desechables y crema en las condiciones que el médico
tratante considere necesario y en sentencia del 13 de junio de 2014 negó la
tutela al considerar que las accionadas no han vulnerado derecho alguno pues lo
que se solicita ha sido ordenado por el médico tratante.
Conforme con lo expresado corresponde determinar si se
ha vulnerado el derecho a la salud de Otoniel Leyton
Sánchez, porque Saludvida EPS se niega a entregar pañales y la crema Almipro
porque es un insumo excluido del Plan obligatorio de Salud, insumos que
requiere el paciente.
Considera la Sala que toda vez que los referidos
insumos fueron pedidos cuando el señor Leyton Sánchez se encontraba internado
en la Clínica Minerva, y el a quo dispuso su entrega mediante auto de medida
provisional del 13 de junio de 2014, lo cual genera incertidumbre sobre la
necesidad actual de los mismos, la cantidad y frecuencia en que se requieren,
con el fin de salvaguardar el derecho a la salud del paciente que puede
resultar afectada porque se niega el suministro de dichos elementos, y teniendo
por cierto que el enfermo y su familia carecen de capacidad económica para
asumir el costo que demanda aprovisionarse de pañales y  demás insumos que
requiera el manejo de la ausencia de control de esfínteres que informa el
escrito de tutela, se ordenará que se realice valoración médica a Otoniel Leyton Sánchez con el fin de establecer la cantidad de pañales
desechables y crema Almipro que requiera la atención en salud, los que deberá
entregar mensualmente sin dilación alguna.
12.14. Expediente T-4.554.143
Nicolle
Alejandra Ariza Neira nació el 30 de octubre de
1996 y padece retardo mental y psicomotor severo. Por su patología la joven se
moviliza en silla de ruedas, no se alimenta por sí sola, no expresa lenguaje
comunicativo, no controla esfínteres, presenta secuelas de displasia de
caderas, escoliosis grado 1 lumbar, pies encorvados por triple artrodesis.
Igualmente requiere de la atención permanente de su progenitora lo que le
impide a ésta trabajar. Informa la accionante que su hija Nicolle Alejandra
estuvo por un tiempo en un instituto de terapia y educación especial con servicio
de transporte.
El
médico tratante ordenó consulta domiciliaria con medicina general y formuló
Carbamazepina Retard (tegretol retard), que es un medicamento antiepiléptico
que no le ha sido suministrado por la EPS desde más de un mes antes de radicar
la acción de tutela. Por lo anterior, indica la accionante, con la ayuda de
amigos y vecinos se ha comprado algunas dosis del medicamento, pues carece de
ingresos que le permitan hacerlo.
También
refiere la ciudadana que ha acudido ante la EPS para solicitar la realización
de la consulta que le permitirá la asignación de un instituto idóneo para su
educación especial y terapéutica, así como la entrega del medicamento antes
mencionado que requiere para evitar las crisis epilépticas y convulsiones, sin
obtener solución.
El 31 de julio de 2014 el Juzgado 72 Civil de Municipal de Bogotá
dispuso como medida provisional que Saludcoop EPS autorice y suministre sin
exigencia administrativa alguna el medicamento ordenado por el médico tratante
y  mediante sentencia del 24 de agosto de 2014 señaló que está acreditado que
para el momento de la radicación de la acción no se había prestado el servicio
de consulta médica domiciliaria, por lo que para la protección de los derechos
de una persona sujeto de especial protección, se ordena se realice la consulta.
Como el medicamento fue ordenado no ordenó su entrega, y en cuanto a la
atención por un centro de especialistas, el transporte, los pañales y la
prestación integral de todos los medicamentos y procedimientos que necesite no
tienen prescripción médica que los respalde no es viable ordenarlos.
Sea lo primero señalar que
según el Registro médico de
consulta efectuada el 8 de julio de 2014, la paciente presenta antecedentes de
epilepsia, sintomática más retardo mental severo secundario a sepsis SNC
infancia, mantiene crisis última crisis hace un mes. Tra Actual: Carbamazepina
(Tegretol retard) 400 Mg 2—2 tab al día. Viene en silla de ruedas, discapacidad
para la marcha y para el lenguaje. Recomendaciones: se hace formulación no POS
Carbamazepina retard (Tegretol retard) 400 Mg 4 tab al día para 180 días. Se
hace formulación manual. Siempre se inició tratamiento con este medicamento.
Así mismo obra en el expediente la formula médica en la cual se ordena
CARBAMAZEPINA (TEGRETOL RETARD) de 400 Mg., medicamento cuya suministro según
informa la progenitora fue suspendido a pesar de requerir del mismo en forma
continua, actuación que pone de presente la ostensible afectación del derecho a
la salud y el desconocimiento del principio de continuidad particularmente.
Con
insistencia la Corte ha señalado que se deben inaplicar las
normas del Plan de Beneficios que excluyen determinados medicamentos cuando la
ausencia de éste lleve a la amenaza o vulneración de los derechos a la vida o
la integridad física del paciente, bien sea porque se pone en riesgo su existencia
o se ocasione un deterioro del estado de salud.
En relación con el servicio de transporte es del caso mencionar
que sólo en el evento en que se requiera de ambulancia el juez constitucional
debe verificar si existe orden médica, pero en lo demás corresponde valorar las
condiciones particulares del paciente con el fin de establecer si sufragar
dichos gastos constituye un obstáculo para acceder al servicio de salud, pues ha
indicado la jurisprudencia constitucional que procede ordenar el pago del traslado y estadía del
usuario con un acompañante siempre que el paciente sea totalmente dependiente
de un tercero para su desplazamiento, requiera atención permanente para
garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores
cotidianas y ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes
para financiar el traslado[90].
En
el presente evento la condición discapacidad severa de Nicolle Alejandra
implica la dependencia total de un tercero y sus condiciones económicas
restringen el acceso a los servicios de salud al tener que asumir los gastos
que implica el desplazamiento. Por ello la Sala dispondrá que la entidad
accionada garantice el suministro de transporte desde su residencia hacia los
lugares donde se le prestara la atención médica.
De
otra parte, aunque en virtud de la medida provisional se superó la falta de
suministro del medicamento CARBAMAZEPINA (TEGRETOL RETARD) de 400
Mg., dada la necesidad permanente del mismo para salvaguardar la salud de
Nicolle y evitar su deterioro, se ordenará a Saludcoop
EPS que en lo sucesivo se abstenga de suspender abrupta e injustificadamente la
entrega de dicho medicamento que hace parte del plan obligatorio de salud, y
disponga de las medidas que sean necesarias a efectos que ninguna razón de
índole administrativo o presupuestal impida brindar continuidad al tratamiento
médico y a la atención integral de la salud de la paciente, quien, se reitera,
es sujeto de especial protección por las autoridades y por quienes presten los
servicios de salud.
Por
último, respecto de la solicitud de atención por un
centro de especialistas,  cabe señalar que el numeral 12 del artículo 8º de
la Resolución 5521 de 2013 reconoció que las consultas médicas especializadas
se encontraban dentro de la consulta médica general. Así mismo, el artículo 12
Ibídem estipuló que los pacientes tienen derecho a acceder a las consultas médicas
con especialista. En este orden, vulnera el derecho a la salud de la paciente
que la EPS se rehúse a brindar la consulta médica especializada que solicita la
madre de Nicolle Alejandra y que tiene por finalidad que el profesional de la
medicina idóneo determine las terapias que resulten procedentes para atender
las condiciones de salud y desarrollo de la joven con discapacidad.
Por lo anterior,
se ordenará a Saludcoop que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de esta sentencia autorice y programe una valoración médica con el profesional
idóneo tendiente a establecerlas terapias que requiere la menor y ordenadas por
el médico tratante las autorice con la celeridad y regularidad que se requiere.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales,
RESUELVE
Primero.- Dentro del expediente T-4515088 CONFIRMAR parcialmente
la decisión adoptada el 25 de
octubre de 2013 por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá con funciones de
Conocimiento que amparó parcialmente los derechos a la Salud y Vida digna de
Pedro José Mongui Ariza y ordenó a Caprecom APSS que: i) dentro de las 48 horas
siguientes autorice y programe una valoración médica tendiente a establecer la
cantidad de pañales desechables y pañitos necesarios para la atención en salud,
los que deberá entregar mensualmente sin dilación alguna; ii) autorice y
suministre el transporte idóneo que requiera desde su lugar de residencia hasta
los centros asistenciales cuando se requiera para los exámenes, terapias y
demás intervenciones ordenadas por sus médicos tratantes. REVOCAR la
providencia de única instancia respecto de la negativa de ordenar el
tratamiento integral y la entrega de crema antiescaras, sondas, guantes
desechables, bolsas de colostomía y la realización de terapias, y en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la
dignidad humana de Pedro José Mongui Ariza, con relación a las peticiones
negadas que carecían de orden médica.
Segundo.-En consecuencia, ORDENAR a Caprecom EPS-S, que
en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, asigne una cita médica a Pedro José Mongui
Ariza en la cual se efectúe una valoración para determinar si el paciente
requiere la realización de terapias para mitigar los efectos nocivos de la
enfermedad, y autorice y entregue al paciente o al agente oficioso la silla de
ruedas en aluminio semideportiva y los siguientes insumos pañitos húmedos,
crema antiescaras, sondas, guantes desechables, bolsas de colostomía, de manera
periódica durante todo el tiempo que lo necesite el paciente.
Tercero.- ADVERTIR
a
Caprecom
EPS S
para que se abstenga de dilatar el cumplimiento de la sentencia de tutela
proferida para la protección de los derechos de Pedro José Mongui Ariza y
ORDENAR se remita copia de esta decisión a la Superintendencia
Nacional de Salud para que investigue la actuación de Caprecom EPS-S.
Cuarto.- Dentro
del expediente T-4516453 CONFIRMAR parcialmente la decisión
adoptada el 12 de junio de 2014, por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en restitución de tierras, que amparó parcialmente los derechos
fundamentales de Gilma Rojas y ordenó el suministro de los medicamentos
ordenados por el médico tratante el 28 de mayo de 2014. REVOCAR la misma
providencia respecto de la improcedencia de la tutela para solicitar pañales,
una enfermera, ambulancia y silla de ruedas.
Quinto.-En consecuencia, ORDENAR a Caprecom EPS-S, que
en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, asigne una cita médica a Gilma Rojas en la
cual se efectúe una valoración para determinar si el paciente requiere silla de
ruedas, pañales y el servicio de enfermería doméstica para mitigar los efectos
nocivos de la enfermedad. A partir de su diagnóstico, deberá autorizar dentro
de los tres días siguientes el suministro de los insumos, medicamentos y
tratamientos requeridos para la atención integral de la patología que aqueja a
la ciudadana.
Sexto.-
ORDENAR a Caprecom EPS-S que suministre a Gilma Rojas el servicio de
transporte para la asistencia a citas, terapias y procedimientos, durante todo
el tiempo que persista la condición médica que las hace necesaria.
Séptimo.-
Dentro del expediente T- 4.516.471 REVOCAR
la sentencia proferida el 28 de julio de 2014 por el  Juzgado 35 Penal
Municipal con Función de Garantías de Medellín que negó el suministro de
pañales pedido por Ligia Roldán de Roldán, y en su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad
humana de Ligia Roldán de Roldán.
Octavo.- En
consecuencia ORDENAR a SURA EPS que dentro del término improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
autorice y entregue a la accionante los pañales desechables que requiere, de
manera periódica durante todo el tiempo que  necesite la paciente.
Noveno.- Dentro
del expediente T-4.521.732 REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Guadalajara
de Buga el 26 de mayo de 2014, y CONFIRMAR la decisión adoptada el 27 de
marzo de 2014 por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan Bautista de
Guacarí Valle, que en primera instancia concedió la tutela interpuesta por Luis
Alberto Hinestroza Segura y ordenó a Coomeva EPS que autorice y entregue al
ciudadano el Cojín antiescaras neumático con válvula y colchón antiescara, y
garantice la prestación integral del servicio de salud para la atención de su
discapacidad física por el trauma raquimedular y lo que se encuentre directa o
indirectamente relacionado.
Decimo.- ADVERTIR a Coomeva EPS que tiene la obligación de prestar los
servicios de salud al accionante con sujeción a los principios de integralidad
y continuidad, sin que sea necesaria la interposición de nuevas acciones de
tutela para la atención integral de las afecciones a la salud del señor Luis
Alberto Hinestroza Segura, derivadas de discapacidad física por el trauma
raquimedular.
Décimo primero.- Dentro
del expediente T-4.521.813 REVOCAR
la sentencia del 3 de julio de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla que negó la
petición de tutela, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de Amelia Alvear
Escobar.
Décimo Segundo.-
ORDENAR a
Coomeva EPS que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, autorice y suministre a la
paciente el servicio de enfermera por 24 horas, dotada del suplemento
alimentario Ensure y bolsa para alimentación parenteral, y los pañales
desechables que requiere, de manera periódica durante todo el tiempo que
necesite la señora Amelia Alvear Escobar.
Décimo tercero.-
Dentro
del expediente T-4.522.415 CONFIRMAR parcialmente  la
decisión adoptada por el Juzgado 8 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla, en fallo del 24 de abril de 2014 en cuanto
confirmó la sentencia del Juzgado 8 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla el 14 de febrero de 2014 que tuteló los derechos
del niño Isaac David Chávez y REVOCAR la decisión del  Juzgado 8 Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, del 24 de abril de 2014
en cuanto niega el suministro de pañales al niño Isaac David Tovar Chávez
Décimo Cuarto.- ORDENAR
a SALUDCOOP EPS, que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, autorice y
entregue  a Alba Lucía Chávez Rodríguez, madre del niño Isaac David Tovar
Chávez los pañales de manera periódica durante todo el tiempo que  necesite
el niño, y autorice
y preste el
servicio de transporte a Isaac David Tovar Chávez junto con un
acompañante, al lugar donde le sean autorizados los servicios para el
tratamiento de su enfermedad, durante el tiempo que requiera la atención
médica.
Décimo quinto.- Dentro del expediente T-4.541.364 REVOCAR la
sentencia del 11 de marzo de
2014 el Juzgado 25 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y en su lugar CONCEDER
la protección a los derecho a la salud, a la vida y a la dignidad humana de
la solicitante.
Décimo sexto.-
ORDENAR a
Alianza Medellín Antioquia EPS SAS como EPS-S (EPSS SAVIA SALUD), que dentro
del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice y entregue a la progenitora de la
niña Ángela María Hoyos Luna, los pañales de manera periódica durante todo el
tiempo que necesite la paciente, así como los demás insumos que requiera la
paciente para la atención integral de la salud.
Décimo séptimo.- Dentro
del expediente T-4.542.891, REVOCAR la sentencia proferida el 6
de junio de 2014 el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali profirió
sentencia negando la petición de amparo al considerar que falta la orden del
médico tratante para el suministro de pañales, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad
humana, con relación a las peticiones negadas a María de Jesús Salazar de
Girón.
Décimo octavo.- ORDENAR
a NUEVA E.P.S que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, autorice y entregue  a María
de Jesús Salazar de Girón los pañales así como los demás insumos que
requiera la paciente para la atención integral de la salud. Igualmente ORDENAR
para que en adelante exonere a la señora María de Jesús Salazar de Girón
del pago de todas las cuotas moderadoras y copagos que se le han venido
exigiendo, para acceder a los servicios de salud que necesita, mientras
subsista su condición de salud y su situación económica.
Décimo noveno.- Dentro del expediente T-4.543.992 REVOCAR la sentencia proferida el 30
de julio de 2014 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de Ismael Enrique Leal Bocanegra.
Vigésimo.- En tal virtud, ORDENAR a la NUEVA EPS que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia autorice e inicie el suministro sin dilación alguna de pañales desechables para adulto talla L por 20 unidades en
cantidad de 4 paquetes por mes, al señor Ismael Enrique Leal Bocanegra.
Vigésimo primero.-
REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ocaña -Norte
de Santander-, el 6 de agosto de 2014, dentro del expediente
T-4.568.645 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de María Marleny
Álvarez de Quintana.
Vigésimo segundo.- En tal virtud, ORDENAR a Comfaoriente EPS-S en
liquidación que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, autorice y programe una
valoración médica  de a María Marleny Álvarez de Quintana tendiente a establecer
la necesidad de prestar el servicio de enfermera domiciliaria, se determinen
los aparatos que resulten más adecuados para facilitar la movilidad de la
paciente, teniendo en cuenta la edad y estado de salud, y se autorice y
entregue el mismo sin dilación alguna, y se establezca la cantidad de pañales
desechables, pañitos y demás insumos necesarios para la atención en salud, los
que deberá entregar mensualmente y sin dilación alguna a María Marleny Álvarez
de Quintana.
Vigésimo tercero.-
Dentro
del Expediente T-4.570.850 CONFIRMAR parcialmente la decisión adoptada
el 28 de agosto de 2014, el Juzgado 4 Civil Municipal de Villavicencio decidió
amparar los derechos a la salud y vida en condiciones dignas de Cristian Camilo
Mendoza Martínez y ordenar la autorización y realización de las terapias
integrales y de la atención especial que requiere según la formula médica del
13 de diciembre de 2013. REVOCAR la providencia antes mencionada
respecto de la negativa de suministrar la silla de ruedas, los pañales y los pañitos
por no existir prescripción médica., y en su lugar, CONCEDER el amparo
de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de
Cristian Camilo Mendoza Martínez, con relación a las peticiones negadas que
carecían de orden médica.
Vigésimo cuarto.- En consecuencia, ORDENAR a Cajacopi
EPS-S, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta providencia, autorice y programe una valoración
médica a Cristian Camilo Mendoza Martínez tendiente a establecer la cantidad de
pañales desechables y pañitos necesarios para la atención en salud, los que
deberá entregar mensualmente sin dilación alguna. Igualmente se dispone que en
el mismo término autorice y entregue la silla de ruedas a la progenitora y
representante legal de Cristian Camilo Mendoza Martínez.
Vigésimo quinto.- Dentro del Expediente T-4.547.189 CONFIRMAR
la decisión adoptada por el Juzgado 64 Civil Municipal
de Bogotá el 27 de agosto de 2014, que declaró improcedente la solicitud de
amparo de los derechos fundamentales de María Graciela Cárdenas de Castaño.
Vigésimo sexto.- Dentro del expediente T-4.552.600, REVOCAR la sentencia proferida por
el Juzgado 13 Civil de
Municipal de Ibagué, el 13 de junio de 2014 que negó la tutela y en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la
dignidad humana de Otoniel Leyton Sánchez
Vigésimo séptimo.- En
consecuencia, ORDENAR a Saludvida EPS, que dentro del término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, autorice y programe una valoración médica a Otoniel Leyton
Sánchez tendiente a establecer la cantidad de pañales desechables y crema
Almipro necesarios para la atención en salud, los que deberá entregar
mensualmente sin dilación alguna.
Vigésimo octavo.-
Dentro del expediente T-4.554.143, Confirmar parcialmente la
sentencia proferida por el Juzgado 72 Civil Municipal
de Bogotá, el 24 de agosto de 2014 que concedió el amparo y ordenó prestar el
servicio de consulta médica domiciliaria, por cuanto ya que el medicamento fue
entregado no es preciso decisión alguna, y REVOCAR la mencionada
sentencia del Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá,
en cuanto negó la atención por un centro de especialistas, el transporte, los
pañales y la prestación integral de todos los medicamentos y procedimientos que
necesite Nicolle Alejandra Ariza Neira, y en su lugar CONCEDER
la tutela del derecho a la salud, a la vida y a la dignidad humana de Nicolle
Alejandra Ariza Neira frente al suministro de todas las prestaciones antes
mencionadas.
Vigésimo noveno.-
En consecuencia ORDENAR a SALUDCOOP EPS que en el término improrrogable
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
i) autorice y entregue a Nicolle Alejandra Ariza Neira los pañales
desechables de manera periódica durante todo el tiempo que necesite la paciente,
ii) realice las diligencias necesarias para garantizar el
servicio de transporte a Nicolle Alejandra Ariza Neira
con un acompañante con el fin que se traslade de su
residencia al lugar de las prestaciones del servicio de salud,
y iii) autorice y programe una valoración médica con el profesional idóneo
tendiente a establecerlas terapias que Nicolle Alejandra Ariza Neira requiere.
Trigésimo.-
ORDENAR a
Saludcoop EPS que en lo sucesivo se abstenga de suspender abrupta
e injustificadamente la entrega de los medicamentos ordenados por el médico
tratante de Nicolle Alejandra Ariza Neira y
disponga de las medidas que sean necesarias a efectos que ninguna razón de
índole administrativo o presupuestal impida brindar continuidad al tratamiento
médico y a la atención integral de la salud de la paciente.
Trigésimo
primero.- LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (e)
[1] Entidad que fue notificada del fallo de
tutela el 29 de octubre de 2013
[2] “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”
(Resaltado fuera del texto original).
[3] Sentencia C-145 de 2010.
[4] Sentencia T-294 de 200 y T-623 de 2005.
[5] Sentencia T-´711 de 2003. En la Sentencia
T-063 de 2012, la Corte estudió la legitimidad por activa que tenía un padre
para abogar los derechos de su hija de 23 años de edad, quien padecía de
retardo cognoscitivo. En la providencia se abordó el estudio de esa figura
procesal en las siguientes etapas: i) verificó si existía decisión de
interdicción de la actora de ese entonces, de acuerdo a la Ley 1306 de 2009;
ii) al no encontrar providencia en ese sentido, la Sala evaluó el cumplimiento
de los requisitos de las reglas jurisprudenciales sobre agencia oficiosa.
[6] Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2002.
[7] Sentencia T-031A
de 2011. En la Sentencia T-388 de 2012, esta Corporación precisó que el
juez constitucional debe interpretar de forma extensiva la demanda promovida
por otra persona distinta al titular de los derechos afectados o vulnerados,
cuando éste sea un sujeto de especial protección constitucional, de modo que
propenda por la protección efectiva de los derechos fundamentales
que se estiman vulnerados. Ello con el fin de identificar
los motivos que causan que la interposición de la acción de tutela se hubiese
presentado a través de otra persona diferente al titular de los derechos, ya
que en esos eventos los accionantes se encuentran inmersos en una situación de
debilidad manifiesta que no se puede obviar.
[8] En la Sentencia T-760 de 2008 la Corte
subrayó el carácter de fundamental de este derecho a pesar de tener una faceta
prestacional. Esta posición fue reiterada en la sentencia T-235 de 2011.
[9] Sentencias T-597 de 1993;  T-454 de 2008; T-566 de 2010.
[10] Sentencias T-022 de 2011,  T-091 de 2011, T-481 de 2011, y T-842 de
2011.
[11] Ibídem.
[12] Sentencia T-760 de 2008.
[13] Corte Constitucional. Sentencias T-223 de 2006, T-933 de 2009, T-126 de 2010 y T-786 de 2010.
[14]Corte Constitucional. Sentencia T-144 de
2008.
[15] Sentencia T-531 de
2009, T-322 de 2012
[16] sentencia T-510 de
2003, T-794 de septiembre 27 de 2007 y C-804 de 2009, entre otras.
[17] “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes se esforzarán
por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este
derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (...) (b)
asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean
necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de salud (...).”
[18] ‘[E]l niño debe gozar de los beneficios de la seguridad
social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con este fin
deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados’
[19]: ‘a), es obligación de los Estados firmantes adoptar medidas
necesarias para ‘la reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y
el sano desarrollo de los niños’; mientras que el literal d) dispone que se
deben adoptar medidas necesarias para ‘la creación de condiciones que aseguren
a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad’
[20] Sentencia SU-819 de 1999
[21] En la
Sentencia T-554 de 2013, se censuró a dos EPS que interrumpieron el suministro
de insumos y el servicio de transporte que había prestado para dos menores con
discapacidad, pues no puede suspenderse las atenciones en salud a los niños que
requieren los servicios para paliar su enfermedad, así ésta no tenga cura,
debido a que eso viola su derecho a la salud.
[22] Respecto del derecho a la salud de los
menores pueden consultarse las Sentencias T-625 de
2009, y T-170 de 2010, T-705
de 201, T-283 de 2013 y T-623
de 2013 entre otras.
[23] Sentencia T-862 de 2007. Esta regla también de aplicada en la
sentencia T-771 de 2012.
[24] En Sentencia T-974 de 2010, la Sala reiteró que la prestación del servicio de salud a menores
discapacitados debe ser garantizado de manera integral, obligación que incluye
los tratamientos no incluidos en el POS. Cfr sentencia
T-872 de 2011 y T-771 de 2012
[25]  Sentencias T-760
de 2008, T 365 de 2009 y T-554 de 2003.
[26] Por ello en la sentencia T-905 de 2010, al considerar “que la
aplicación del Plan Obligatorio de Salud no puede desconocer derechos
constitucionales fundamentales, lo cual ocurre cuando una EPS interpreta y
aplica la reglamentación y excluye la práctica de procedimientos o intervenciones
y el suministro de insumos o medicinas, directamente relacionados con la vida
de los pacientes o su dignidad, con el argumento exegético de que se encuentran
excluidos del POS”[26] se
inaplicó la exclusión que tiene el POS sobre el suministro de la silla de
ruedas solicitada por una paciente discapacitada de 77 años de edad[26],
de modo que ordenó la entrega de ese insumo.
[27] Sentencia T-581 de 2009.
[28] Cabe reiterar que como lo señaló la Corte en la sentencia T-091
de 2011 el principio de
integralidad en la prestación del servicio de salud en los adultos mayores,
implica la obligación de brindar la atención completa en salud, con
independencia de que el conjunto de prestaciones requeridas estén excluidas de
los planes obligatorios. “
[29] Sentencia T-289 de 2013, en la cual se reitera lo expuesto en
Sentencia T-760 de 2008.
[30] Sobre el particular se puede consultar las sentencias T-926 de
1999, T-307 de 2007 y T-016 de 2007, entre otras.
[31] Sentencias T-454 de 2008, T-972 de 2012, T-520 y T-554 de 2013.
[32] En la Sentencia T-179 de 2000, la Corte
estudió el caso de cinco niños que tenían limitaciones neurológicas y
psicomotores, menores que se encontraban afiliados al ISS, quienes recibían de
esta entidad el tratamiento terapéutico en un centro especializado hasta que la
EPS canceló el contrato con la institución prestadora de servicio. En dicha
oportunidad, la Sala tuteló los derechos fundamentales de los menores y ordenó
al Seguro Social que realizara los actos encaminados a prestar una asistencia
integral y especializada.
[33] Sentencia T-972 de 2012, “no es
admisible constitucionalmente abstenerse de prestar el servicio o interrumpir
el tratamiento de salud que se requiera bien sea por razones presupuestales o
administrativas, so pena de desconocer el principio de confianza legítima y de
incurrir en la vulneración del [sic] derechos constitucionales fundamentales
[34] Sentencia T-760 de 2008, T-931 de 2010;
T-022 de 2011, T-091 de 2011, T-388 de 2012 y T-594 de 2013.
[35] Sentencia T-271 de 1995, SU-480 de 1997,  SU-819 de 1999, T-414 de 2001, T-786 de 2001, T-344 de
2002 y T-760 de 2008.
[36] Sentencias T-378 de 2000, T-741 de 2001, T-476 de 2004 y T-760 de
2008.
[37] Sentencias T-760 de 2008, T-184 de 2011 y T-924 de 2011.
[38] En el fallo T-320 de 2011, esta Corte decidió no exigir el
requisito de prescripción médica a un paciente de 86 años de edad, que padecía
una enfermedad pulmonar obstructiva y un evento cerebro vascular, toda vez que,
de su historia clínica, se apreciaba la evidente necesidad de los servicios
solicitados. En efecto, la corporación consideró que la EPS demandada, al negar
el suministro de los elementos pretendidos, vulneró los derechos fundamentales
a la salud y a la vida digna del actor. En el mismo sentido, en sentencia T-408
de 2011, la Corte indicó que: “En esta medida, solicitarle a la persona una
orden médica o un requisito administrativo para la autorización de un
implemento o servicio requerido que hace parte de la atención integral, y con
el que puede hacer más tolerable sus condiciones o quebrantos de salud, resulta
desproporcionado cuando las circunstancias que afronta el paciente son tan
evidentes o notorias.” En esa oportunidad, concluyó que Compensar EPS, al
negar la entrega de pañales desechables, complejo vitamínico, las terapias  a
domicilio y el servicio de enfermería a domicilio, entre otros, puso en riesgo
los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de la
afectada. Más adelante, en la providencia T-243 de 2013, la Sala Primera de
Revisión ordenó la cama hospitalaria para un paciente de 85 años de edad, quien
se había fracturado el fémur, afección que impedía su movilidad, pese a que no
existía prescripción médica para el insumo. En el proveído se explicó que de la
enfermedad del paciente evidenciaba que requería dicho servicio.
[39] Sentencia T-924 de 2011.
[40] Sentencia T-531 de 2009, T- 091 de 2011 y T-184 de 2011.
[41] Sentencia T- 091 de 2011 y T-184 de 2011.
[42] Sentencia T-322 de 2012
[43] Sentencia T-594 de 2013.
[44] Sentencias T-739 de 2011,  T-320 de 2011,
T-841 de 2012, T- 520 de 2013, T-554 de 2013 y  T-594 de 2013
[45] Sentencia T-594 de 2013.
[46] Sentencia T-760 de 2008.
[47] Ibídem.
[48] Sentencia T-398 de 2000 y T-867 de 2008.
[49] Sentencia C-529 de 2010.
[50]La sentencia citada estableció la síntesis de las reglas
probatorias a partir de la línea expuesta por la Corte. El precedente reseñado
fue reiterado en los siguientes fallos T-829 de 2004, T-306 de 2005, T-022 de
2011, T-091 de 2011, T-924 de 2011, T-388 de 2012 y T-594 de 2013.
[51] En la Sentencia
T-499 de 2007 la Sala estudió la capacidad económica de
la tutelante de ese entonces para acceder a un servicio de salud, quien
devengaba un salario de $1.369.333. La Corte amparó el derecho a la salud de la
peticionaria y  ordenó el procedimiento objeto de pretensión.
[52]
Sentencia T-110 de 2012.
[53] Respecto del suministro de pañales como servicio médico para
garantizar la vida en condiciones dignas, pueden observarse, entre otras, las
sentencias: T-023 de 2013, T-039 de 2013, T-383 de 2013, T-500 de 2013, T-549
de 2013, T-922A de 2013, T-610 de 2013, T-680 de 2013, T-025 de 2014, T-152 de
2014, T-216 de 2014 y T-401 de 2014.
[54]
Sentencia T-099 de 1999. En forma reciente fallo T-054 de 2014 en el
expediente T-4062223
[55]
Sentencia T-460 de 1999.
[56]
Sentencias T-1589 de 2000; T-899 de 2002 y T-1219 de 2003.
[57]
Sentencias T-053 de 2009, T-114 de 2011, T-1030 de 2012, T-025 de 2014.
[58]
Sentencia T-160 de 2011.
[59] Sentencias T-023, T-039, T-243, T-383,
T-594  de 2013, T-216 de 2014 y T-025 de 2014.
[60] Sentencia T-388 de 2012.
[61] Cfr. Sentencia T-760 de 2008, T-481 de 2011 y T-155 de 2014.
[62] “ARTÍCULO 124. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan
Obligatorio de Salud cubre el traslado acuático, aéreo y terrestre (en
ambulancia básica o medicalizada) en los siguientes casos: Movilización de
pacientes con patología de urgencias desde el sitio de ocurrencia de la misma
hasta una institución hospitalaria, incluyendo el servicio prehospitalario y de
apoyo terapéutico en unidades móviles. Entre instituciones prestadoras de
servicios de salud dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos,
teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución
en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un servicio no
disponible en la institución remisora. Igualmente para estos casos está
cubierto el traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia. El servicio de
traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio geográfico donde
se encuentre el paciente con base en su estado de salud, el concepto del médico
tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la normatividad
vigente. Así mismo, se cubre el traslado en ambulancia del paciente remitido
para atención domiciliaria si el médico así lo prescribe
[63] ARTÍCULO 125. TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO. El servicio de
transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a una atención
incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de
residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional para zona
especial por dispersión geográfica. PARÁGRAFO. Las EPS igualmente deberán pagar
el transporte del paciente ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un
municipio distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados en el
artículo 10 de esta resolución, cuando existiendo estos en su municipio de
residencia la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la conformación de su
red de servicios. Esto aplica independientemente de si en el municipio la EPS
recibe o no una UPC diferencial”.
[64] Sentencia T-388 de 2012.
[65] Sentencia T-019 de 2010 y T-388 de 2012.
[66] Sentencias T-745 de 2009; T-365 de
2009; T-437 de 2010; T-587 de 2010,  T-022 de 2011, T-481 de 2011, T-173 de
2012 y T-073 de 2013
[67] Sentencias T-246 de 2010 y  T-481 de 2011.
[68] Sentencia C-824 de 2004.
[69]Consejo Nacional de Salud,  Acuerdo 260 de 2004, articulo 1 y 3.
[70] Sentencia T-648 de 2011.
[71] En la sentencia T-924 de 2011, la Sala Novena de Revisión precisó
que entre las personas beneficiarias del régimen subsidiado, se comprenden a la
población urbana y rural de menores recursos económicos, dentro de los que el
legislador destacó en el artículo 25 de la ley 100 de 1993 a: “las madres
durante el embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres
comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los
menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de
65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los
trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y
sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción,
albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad
de pago”.
[72] La Ley 100 de 1993 art. 157
[73] Sentencia T-924 de  2011
[74] Ibìdem.
[75] Ministerio de la Protección Social, Dirección Jurídica, Concepto 111829
[76] Sentencia T-924 de 2011, op.cit.
[77] Ministerio de la Protección Social, Concepto 118(Bogotá D.C., 2
de marzo de 2006) Asunto: Rad. Int. Jur. 008930 del 06 - 02 – 06 Cobro de
copagos y cuotas de recuperación
[78] En la sentencia T-924 de 2011 se señaló
que “en los cuotas de recuperación el Decreto 2357 de 1995 determina que el
tope máximo autorizado para estas se fijará de conformidad con las tarifas SOAT
vigentes. De tal manera que, la población no afiliada al régimen subsidiado
identificada en el nivel 1 del SISBEN,  las incluidas en los listados censales,
o las personas que se encuentren afiliadas al régimen subsidiado que reciban
atenciones no incluidas en el POS-S deberán pagar un 5% del valor de los
servicios sin exceder el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente
por la atención de un mismo evento. Aunque los individuos clasificados en el
nivel 2 del SISBEN pagarán un 10% del valor de los servicios sin exceder el
equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el caso de la
población identificada en el nivel 3 de SISBEN se pagará hasta un máximo del 30
% del valor de los servicios sin exceder el equivalente a tres salarios mínimos
legales mensuales vigentes por la atención de un mismo evento. A contrario
censu, la población con capacidad de pago pagará tarifa plena.
[79] Sentencia C-542 de 1998, la Sala Plena declaró
“EXEQUIBLE el artículo 187 de la Ley 100 de 1.993, bajo el entendido de que
si el usuario del servicio no dispone de los recursos económicos para cancelar
las cuotas moderadoras o controvierte la validez de su exigencia, el Sistema y
sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y adecuada de los
servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos
que requiera, sin perjuicio de los cobros posteriores con arreglo a las normas
vigentes, salvo la expresión  “ y la antigüedad de afiliación en el Sistema”
contenida en el inciso 2o. de ese mismo artículo 187, la cual se declara
INEXEQUIBLE” . La exclusión del ordenamiento jurídico de la segunda
disposición normativa se produjo, porque ésta no tenía relación con el objeto
de la norma, enunciado que intenta regular el costo y la racionalidad del uso
del servicio de salud.
[80] Ver sentencias T-725 de 2010, T-924 de
2011, T-388 de 2012, T-500 de 2013 y T-105 de 2014.
[81] Sentencia T-648 de 2011, T-388 de 2012 y
T-105 de 2014
[82] Sentencia T-1097 de 2007, T-199 de 2011, T-924 de 2011 y T-500 de 2013.
[83] Ver sentencias T-563 de 2010, T-648 de
2011 y T-388 de 2012, entre otras.
[84] El reporte del 2013/06/13, de  Evolución Consulta Externa de
Neurocirugía del Hospital Santa Clara E.S.E. III Nivel registra como impresión
diagnóstica “Paciente en fase de meseta terapéutica de TRM sin pronóstico de
marcha, sin actividad opacional, (sic) silla de ruedas actual en condiciones
aceptables sin mantenimiento de rodamientos” “Conducta. Se explica la
situación, se dan recomendaciones, se prescribe silla de ruedas semideportiva
en aluminio, solo con el fin de lograr que el paciente tenga una mayor
actividad funcional de traslados y ocupacional, ya que sus ingresos económicos
son limitados, se condiciona comodato de silla a modificación ocupacional de lo
contrario se le retira, control en 4 meses.”
[85] Sentencia T-066 de 2012
[86] De acuerdo a la
normatividad legal vigente, la epilepsia es considerada una enfermedad
catastrófica o de alto costo, por lo que en virtud de lo dispuesto en el
Acuerdo 260 de 2004 debe exonerarse de todo copago o cuota moderadora que se requiera
para el tratamiento integral de la enfermedad.
[87] Decreto 2591 de 1991, artículo 10.
Determina que los personeros municipales tiene legitimidad para interponer
acciones de tutela
[88] En la historia clínica aparece que la
paciente reside en una zona estrato 2.
[89] Cfr. Sentencia T-160 de 2011
[90] Sentencias T-246 de 2010 y  T-481 de 2011.