C-942-10
Sentencia C-942/10
Sentencia
C-942/10
FACULTADES DEL
IMPUTADO-Inhibición
por ineptitud sustancial de la demanda por el cargo de omisión legislativa
relativa
ACCION PUBLICA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No es oficioso
Como
lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación, no es función de ésta
actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la exequibilidad de
disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos concretos y conceptos
de violación constitucional reconocibles, pues de actuar así la Corte se
estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano y contrariando
su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Objeto
demandado
El
objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas
como inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya
transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su
contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese
contenido normativo es contrario a la Constitución.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto
de violación
El
concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las
cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta
vulnerado por las disposiciones que son objeto de  la demanda”.  Y aunque
resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere
conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo
caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que
implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las
normas constitucionales violadas”; (ii.) el “’contenido normativo de las
disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir,
manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y
resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan’”; (iii.)
“las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la
Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)”, que sean para el
juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras,
recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese
orden ser ciertas, mostrar de forma específica cómo la o las disposiciones
objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos
pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni
referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación
del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una
mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisito
de competencia
UNIDAD
NORMATIVA-Alcance
excepcional
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Argumentación
del actor es más rigurosa
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Condiciones
El
estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional,
reclama que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos “(i) que
exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la
misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser
asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o
que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador.
OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA EN MATERIA DE PROTECCION DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL-Línea
jurisprudencial
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia
La
Corte constitucional retomó lo dicho en la sentencia C-509 de 2004, en la que
se señaló que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa cuando
ha regulado “de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o
cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un
ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para
armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del
derecho a la igualdad”.
INHIBICION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Convertir cargo
de omisión legislativa relativa en una demanda en torno de la violación de
derechos fundamentales, significa suplantar al ciudadano y convertirse en juez
y parte
Referencia: expediente D-8145
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 268, 271, 272 y 442 (parciales) de
la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.
Actor: Mauricio Pava Lugo y
Jacobo Alejandro González Cortés
Magistrado
Ponente:
Dr.
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Bogotá, DC., veinticuatro
(24) de noviembre de dos mil diez (2010).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1.
Demanda y admisión
Los
ciudadanos de la referencia, en ejercicio del artículo 40 de la Constitución y
fundamentando su actuación en el Decreto Reglamentario 2067 de 1991,
instauraron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 268, 271, 272
y 442 (parciales) de la ley 906 de 2004, por considerar que tales disposiciones
violan los artículos 229, 13, 29, 2º y 228  de la Constitución, así como el
artículo 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos (ley 74 de 1968) y el
artículo 8º, num. 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos (ley 16 de
1972).
La
demanda fue admitida mediante Auto del 10 de junio de 2010 (folio 83), que
simultáneamente ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación, para
que rindiera concepto en los términos de los artículos 242-2 y 278-5 de la
Carta Política. Además, se dispuso la comunicación de la iniciación del
presente proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al
Ministerio del Interior y de Justicia, a la Defensoría del Pueblo,  a la
Fiscalía General de la Nación, De igual modo, se invitó a participar a las
Universidades Pontificia Bolivariana de Medellín, de Antioquia y EAFIT, así
como al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y Risaralda, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, al Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos “Héctor Abad Gómez”, a la Corporación
Excelencia en la Justicia y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con el
objeto de que emitieran concepto técnico sobre las normas demandadas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991. Finalmente,
se fijó en lista para que cualquier ciudadano participara en el asunto.
2.
Las normas demandadas
A continuación se transcribe el texto de las normas
demandadas:
ARTÍCULO
268. FACULTADES DEL IMPUTADO. El imputado o su defensor, durante la
investigación, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los
elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que
sean examinados y la constancia de la Fiscalía de que es imputado o
defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo
recibo[1].
ARTÍCULO
271. FACULTAD DE ENTREVISTAR. El imputado o su defensor, podrán entrevistar a
personas con el fin de encontrar información útil para la defensa. En esta
entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la criminalística.
La
entrevista se podrá recoger y conservar por escrito, en grabación
magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.
ARTÍCULO
272. OBTENCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA. El imputado o su defensor podrán
solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o notario público, que
le reciba declaración jurada a la persona, cuya exposición pueda resultar de
especial utilidad para la investigación. Esta podrá recogerse por escrito,
grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.
ARTÍCULO
442. PETICIÓN DE ABSOLUCIÓN PERENTORIA. Terminada la práctica de las pruebas,
el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria
cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la
acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e
intervinientes.
(Se
acusa la totalidad de los preceptos en razón del cargo propuesto).
3.
Contenido de la demanda
En
primer lugar, el actor aclara que no se ha producido el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, puesto que si bien es cierto otros pronunciamientos han
hecho alusión a la participación de las víctimas en el proceso penal
(sentencias C-454 de 2006, C-209  de 2007, C-516 de 2007), ninguno se ha
referido a las normas demandadas.
En
seguida presenta de manera sucinta los argumentos de la demanda. Así, analiza
los elementos que debe reunir la censura de omisión legislativa relativa, los
cuales encuentra evidenciados en las primeras tres disposiciones acusadas.
Dice
al respecto que los artículos 268, 271 y 272 de la ley 906 de 2004, incurren en
omisión legislativa relativa porque excluyen a un ciudadano que se encuentra
en una situación asimilable a los sujetos contemplados por las disposiciones
que se acusan. “En efecto, mientras se prevé la posibilidad de que la
defensa busque, identifique, empíricamente, recoja y embale los elementos
materiales probatorios y evidencia física, como que pueda entrevistar y tomar
declaraciones juradas, se excluye a las víctimas de esa posibilidad” (folio
6).  No encuentra que exista una razón objetiva y suficiente que justifique la
exclusión de las víctimas en las actuaciones de que tratan esas disposiciones, impidiéndoles
así alcanzar sus pretensiones de justicia, verdad y reparación. Menos aún
cuando, de conformidad con la sentencia C-454 de 2006, las víctimas tienen
derecho a pedir pruebas y en lo que se refiere a la reparación, deben también
aportar los medios para acreditar el daño y los perjuicios sufridos. Por ello
la víctima “requiere, al igual que la defensa, de la autorización normativa
para que tenga la posibilidad previa de realizar entrevistas, tomar
declaraciones juradas y recaudar empíricamente evidencia e información útil a
su pretensión de verdad y reparación” (folio 7).
Precisa
que si bien la Fiscalía General de la Nación puede realizar estas actividades
en nombre de la víctima, la jurisprudencia de la Corte impone admitir la actuación
de esta última de manera directa y sin intermediarios, durante la etapa de
investigación. Dado lo anterior, “es inconstitucional excluirla [a la
víctima] de la posibilidad de recaudar información que posteriormente, por
ejemplo, sustenten la base de su petición probatoria” (folios 7- 8).
Así
se habría de operar en un “esquema procesal equitativo” entre los
intereses de la víctima y los del imputado, entendidos como los dos
protagonistas del proceso (folio 8).
En
cuanto al artículo 442 del C.P.P., se censura su constitucionalidad por
cercenar el derecho de la víctima a ser oída, pues no obstante todas las
oportunidades de actuación que tiene durante la investigación y durante el
juicio y aún después de él, “no tiene derecho a ser oída, si el defensor, y
más grave aún, si el Fiscal, piden absolución perentoria [sic]”, casos en
los cuales el juez resolverá sin oír a la víctima (folio 10).
Igualmente
observa que es común a todos los preceptos acusados, el carecer de razón
objetiva y suficiente.  Pero también con ellos se incumple un deber del
legislador de “configurar una verdadera ‘intervención’ de la víctima en el
proceso penal”, particularmente en lo que se refiere a su no inclusión
dentro de las facultades conferidas a la defensa para recaudar información o a
su imposibilidad de participar ante la solicitud de absolución perentoria.
A
continuación presenta los “fundamentos de la censura” a las
proposiciones jurídicas acusadas. Para ello presenta una evolución de la figura
de la víctima en el proceso penal y la forma como se ha ido adoptando en el
orden jurídico colombiano, hasta adquirir su identidad propia. “La víctima,
a la que en algún momento se le tenía relegada y aislada en cuanto a facultades
procesales de postulación directa ya, en este momento es uno de los
protagonistas de primera línea del sistema que nos rige” (folio 13). Hace un
breve recuento de la historia de la víctima en el Derecho punitivo, que ha ido
desde el derecho a la indemnización hasta el derecho a la verdad. Ya no se le
desconoce su capacidad procesal, y al contrario se tiende a “reconocer la
importancia de que la víctima pudiese intervenir de manera directa y sin
intermediarios en el escenario judicial, y para que fuera facultada su
participación, en todos los momentos procesales esenciales y decisivos en
cuanto a sus derechos a la verdad, justicia y reparación” (folio 14).
Y
como quiera que con la sentencia C-454 de 2006 se facultó a la víctima, entre
otras, a pedir pruebas de manera directa y sin intermediarios y también como
quiera que en el sistema acusatorio el aporte de pruebas depende de manera
fundamental del recaudo de información que antecede al ejercicio del derecho de
aportación probatoria, a juicio de los demandantes las facultades de la víctima
podrían entenderse como “un derecho minusválido” (folio 14). Una
condición que se hace más evidente frente a la petición de la absolución
perentoria del art. 442 del C.P.P., “más si es por parte de la Fiscalía, no
permitir que la víctima intervenga”, con todo y ser “protagonista
principal del conflicto penal” (folio 15).
Precisan
luego los actores que esa intervención de la víctima en el procedimiento penal
de la ley 906 de 2004, no sólo debe ser en todas las fases pre-procesal y procesal,
sino en todos los escenarios. Se sirve de los comentarios de diversos autores
nacionales, para ilustrar la importancia de esa participación activa de la
víctima en el proceso. También retoma apartes de la demanda que suscitó la
sentencia C-454 de 2006, de la intervención de la Procuraduría y de la
Fiscalía, para el mismo propósito.
Observa
una vez más cómo en la configuración inicial del proceso penal de la ley 906 de
2004, la víctima estaba autorizada para unas cuantas actuaciones como presentar
denuncia, aportar pruebas, solicitar medidas cautelares, etc., sin que pudiera
pedir pruebas ni estar presente en la práctica de las mismas durante el juicio
oral. El origen de esta limitación radica, según los demandantes, en que desde
su “génesis”, el sistema procesal penal se consideraba “exclusivamente
adversarial y de partes, en el cual el juez como espectador imparcial decidía
sobre el enfrentamiento dialéctico que propiciaban las dos partes (acusación y
defensa)”.
Sin
embargo, precisa que, como se pone en evidencia desde el artículo 443 C.P.P., según el cual la víctima está llamada a participar en la audiencia de juzgamiento, es
claro que dicho esquema procesal no es real, pues contrario a ello, el proceso
actual presenta una estructura más compleja (folio 31).
Ilustra
su demanda con la referencia a los sistemas procesales de países como Italia
que limita la participación de la víctima en el proceso, o España, Nicaragua u
Honduras, donde cabe la participación activa de la víctima y de un acusador
popular.  Por su parte, trae a colación apartes de la sentencia C-591 de 2005,
en donde se reconoce la fisonomía propia del sistema procesal penal
colombiano.  Y con base en lo anterior estima que debe completarse la labor de
protección constitucional de las víctimas que ha ido construyendo la
jurisprudencia de la Corte (sentencias C-454 de 2006, C-209 de 2007, C-516 de
2007). Por ello se dice, es necesario habilitar normativamente a la víctima
para la “‘aportación probatoria’”, tanto durante la indagación y la
investigación, como durante el juicio, de modo que se haga efectivo en la
víctima su derecho a la defensa (folio 33).
Otro
tanto se predica respecto de su participación ante la solicitud de absolución
perentoria, pues “si lo puede hacer ante una petición de archivo de la
indagación, de preclusión de investigación, de aplicación del principio de
oportunidad, cómo va a ser admisible constitucionalmente que no lo pueda hacer
ante una solicitud de absolución perentoria, en donde sus derechos de justicia
y verdad estarían definiéndose negativamente” (folio 34).
A
partir de lo anterior, retoma las sentencias C-228 de 2002 y C-454 de 2006, para
concluir que con ellas, en particular con la última, se ha producido un cambio
radical desde el cual la víctima “es ahora (…) pilar fundamental para la
indagación; y cualquier maltrato (en sus facultades de intervención directa),
cualquier disminución, o trato de interviniente de segunda categoría que se le
dé a la misma, desconoce nuestro ordenamiento constitucional” (folio 36).
Pero
la importancia de la víctima en el proceso penal no sólo quedó esclarecida en
la sentencia C-454 de 2006. También se aprecia en lo señalado en la sentencia
C-209 de 2007, así como en lo previsto en la sentencia C-591 de 2005, donde se
destacó el carácter adversarial no puro del sistema procesal penal, en el que
no hay solamente “dos partes y un árbitro de la contienda, sino que se trata
de un sistema de roles, en el cual tienen cabida directa todos los
protagonistas de la conducta punible, ciudadano imputado, ciudadano víctima,
sociedad y Estado (Juez, Fiscal, Ministerio Público)” (folio 40).
Así
mismo, con base en la sentencia C-1154 de 2005 (donde se estableció la
posibilidad de que ante la decisión de archivo de una diligencia adoptada por
el Fiscal, pudiere ser controvertida por las víctimas y en ese tanto pudieren
éstas solicitar ante el juez de garantías la reanudación de la investigación y
de aportar nuevos elementos probatorios para justificar dicha reapertura)  y en
la sentencia C-209 de 2007 (donde se determina que junto con el Fiscal, la
defensa y el Ministerio público, también la víctima debe ser autorizada para
solicitar la práctica de pruebas anticipadas, o para intervenir en la audiencia
preparatoria con el objeto de solicitar la exhibición de los elementos
materiales de prueba a los demás sujetos procesales), considera que las
facultades procesales reconocidas en esas decisiones, “podrían ser inanes o
claramente disminuidas si se excluye a la víctima, como en efecto lo hizo el
legislador, de la posibilidad de recaudar evidencia, de recepcionar entrevistas
y declaraciones juradas”.  (folio 48).
Y
con relación al art. 442 C.P.P., señala que “la limitante en el desarrollo
práctico de la audiencia de juicio oral [prevista en la ley y declarada
constitucional en la sentencia C-209 de 2007], en punto de interrogatorios y
contra interrogatorios, no puede tomarse de base para impedirle a la víctima a
ser oída por el fallador, como al respecto lo hace el legislador en (…) [la
norma demandada], pues en aquel momento estaría en vilo el derecho de
impunidad como derivado que es de los intereses de verdad, justicia y
reparación que en el marco de nuestra Carta Política resultan fundamentales
para este actor procesal y protagonista de primera línea, por pasiva, del
delito cometido” (folio 49).
De
igual modo los actores observan que si se declaró contrario a la Constitución
que a la víctima “no se le permitiera controvertir –probatoriamente un
petición de preclusión (lo cual sí tiene recursos para el debido control jurisdiccional
en las instancias), mal podría considerarse que ante una petición de absolución
perentoria o definitiva, a la víctima no se le permita, ni si quiera [sic], ser
oída”. Estas decisiones, precisan, tienen los mismos efectos procesales de
terminar con el proceso y hacer tránsito a cosa juzgada, por lo que era del
caso aplicar el razonamiento de la citada sentencia C-209 de 2007, sobre
preclusión y en general sobre todas las materias de que trató y con las que
arropó de garantías de participación y control durante el proceso penal, a las
víctimas del delito investigado (folios 52-56).
Con
base en la “línea jurisprudencial vigente”, estima que es claro que los
artículos 268, 271 y 272 de la ley 906 de 2004 son contrarios a la
Constitución. Y aunque estas disposiciones hacen referencia a las facultades
del imputado, existe omisión legislativa relativa respecto de la víctima, pues
actualmente es claro que conforme a la misma Carta, se protege el derecho de defensa
del imputado, como el de la víctima. Y la actuación de la Fiscalía no suple a
la víctima, como lo demuestra el hecho de que la primera decida archivar las
diligencias de indagación, actuación que sólo podría ser revocada en el evento
que la víctima pudiera recoger evidencias, entrevistas o declaraciones juradas,
para que el fiscal revocara su decisión y optara por abrir de nuevo el caso.
Y
sobre el art. 442 del C.P.P., tras relacionar el conjunto de derechos que son
reconocidos a la víctima en el proceso penal, sostiene que todos ellos pierden
efectividad cuando a la víctima se le impide ser oída ante una petición de
absolución perentoria por parte del Fiscal (folios 58-60).
Explica
luego la inconstitucionalidad parcial solicitada de los artículos 268, 271 y 272 C.P.P., como forma de conservar el derecho, esto es, a partir de condicionamiento constitucional
que permita a la víctima, recaudar esa evidencia.
Sobre
la inconstitucionalidad parcial del art. 442 C.P.P., incluye un análisis de la aplicación del precepto, en el caso de que se admitiera que la víctima fuera
oída, previo a la solicitud de absolución perentoria. Se pregunta si aún en ese
caso podría el juez hacer cosa distinta que absolver, a lo cual contesta: “En
un modelo procesal puramente acusatorio, ante la petición de absolución de un
Fiscal, el juez no le queda otro camino que absolver, el Tribunal no podrá
revocar y la Sala Penal de la Corte no podrá casar dictando fallo de reemplazo
condenatorio. Este es el camino en un sistema donde no se le reconozca la
facultad de intervención directa de la víctima (…)”. Pero siguiendo la
sentencia C-591 de 2005, es claro ya que el sistema procesal penal colombiano
se rige por una identidad propia (folio 63).
Con
todo, con la cita de extensos extractos de sentencias de la Corte Suprema de
Justicia[2],
formulan  como dato relevante que “En vigencia de la ley 906 de 2004 la petición
de absolución del Fiscal es equivalente al retiro de cargos y en tales
condiciones el Juez no puede emitir decisión condenatoria” (folio 74).  Por
ello propone una solución al problema procesal que plantea la solicitud de la
Fiscalía de absolución perentoria como forma de retirar los cargos, pues aunque
esto supondría la declinación del interés del Estado en el hecho investigado,
en cuanto el Fiscal ha presentado la teoría del caso, ha desarrollado toda la
actividad probatoria de cargo, aunque “bien puede en su intervención pedir
la absolución,  (…) el Juez, en virtud de que la acusación ya se materializó y
se verificó (…) [pude decidir] si acoge o no las propuestas formuladas por
quienes  conforme al Art. 443 del C.P.P. están autorizados a alegar en la
conclusión del juicio oral” (folio 78).
Con
base en lo expuesto solicita que se declare la omisión legislativa relativa de
los artículos 268, 271, 272 y 442 de la ley 906 de 2004.
4. Intervenciones
4.1.
Ministerio
del Interior y de Justicia
Por intermedio de apoderada, el Ministerio del Interior y de
Justicia, mediante escrito radicado el 7 de julio de 2010, solicita declarar la
constitucionalidad de las disposiciones acusadas (folios 108-118).
A su juicio, la omisión legislativa relativa formulada
respecto de los artículos 268, 271 y 272 del C.P.P., es resultado de una
lectura aislada de las disposiciones y las decisiones de la Corte
Constitucional que regulan los derechos de las víctimas en el proceso penal.
Por esto, luego de mencionar las sentencias C-516 de 2007, C-209 de 2007 y la
C-454 de 2006, dice que “se infiere claramente que no hay omisión legislativa en los
artículos [citados] (…) en cuanto a que los mismos excluyan a la víctima de la
facultad de recabar las pruebas allí enunciadas (elementos materiales
probatorios y evidencia física; entrevistar a personas con el fin de encontrar
información útil; y, declaración jurada de persona, cuya exposición pueda
resultar de especial utilidad para la investigación), porque estas
disposiciones acusadas deben aplicarse en consonancia con lo establecido en
todas las normas mencionadas en las referidas sentencias, con el alcance dado
en ellas, de tal manera que de la lectura integral del bloque normativo en
materia probatoria, contenido en la ley 906 de 2004, se infiere que no le está
vedado legalmente a las víctimas obtener y hacer valer en el proceso penal los
elementos probatorios a que aluden las normas demandadas en este caso” (folio 115).
Por
lo demás, admite que las facultades reconocidas en aquellos preceptos “pueden
ser realizadas por cualquier persona”. Mas al mismo tiempo indica que estos
preceptos están en el capítulo del C.P.P.  sobre facultades de la defensa en la
investigación, “sin perjuicio de las facultades que en materia probatoria
tenga la víctima en virtud de disposiciones legales contenidas en otros apartes
del mismo Código o de otras disposiciones del ordenamiento jurídico, incluyendo
la jurisprudencia constitucional al respecto” (folio 115).
Sobre
el artículo 442 C.P.P., estima el Ministerio que la acusación formulada por los
accionantes obedece a una apreciación subjetiva del contenido y alcance de la
disposición, sin tener en cuenta que en su tenor literal delimita las razones
por las cuales el juez no está obligado a oír a las partes, a saber que los
hechos sean ostensiblemente atípicos. “Es decir, la norma demandada contempla
una causal objetiva de absolución basada en una situación que no amerita
discusión o controversia alguna y que puede ser apreciada de manera clara y
evidente por el juez de conocimiento sin intervención de las partes o de las
víctimas (…)”.  Por lo demás, la inexistencia de hechos típicos también
hace ostensible la inexistencia de víctima alguna, por lo que por carencia de
objeto no habrá lugar a establecer el derecho de una víctima inexistente a ser
oída en la decisión de absolución perentoria del investigado o inculpado.
Por
lo anterior pide que las normas sean declaradas exequibles.
4.2.
Comisión
Colombiana de Juristas
Integrantes de la Comisión acompañan a los actores en su
demanda, pues encuentran que no reconocer las facultades previstas para la
defensa a las víctimas, “supone un desconocimiento de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación” (folio 123).
Destacan los estándares internacionales relacionados con la
participación de las víctimas en las investigaciones, en donde sobresale la facultad
de  presentar pruebas, como parte de la búsqueda de la verdad, la justicia y la
reparación en los hechos relacionados con las violaciones de sus derechos
humanos. Alude a este respecto, al PIDCP, artículo 1.1., a jurisprudencia de la
CIDH y de la Corte Europea de Derechos Humanos, a la Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder, principio 6º, a los Principios de Naciones Unidas sobre ejecuciones
extralegales.
Observa
igualmente que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
Estado tiene el deber de asegurar a las víctimas todos los medios posibles para
hacer efectivo su derecho a la verdad, lo que incluye poder participar en los
procesos penales para velar por sus intereses. De tal suerte, expone las
razones por las cuales se puede considerar que el no poder ejercer las
facultades de que tratan los artículos acusados, les impide a las víctimas
aportar elementos que permitan alcanzar la verdad, lo que al mismo tiempo restringe
las oportunidades de justicia y reparación para las víctimas.  Una consecuencia
que va en contra de lo establecido en la sentencia C-209 de 2007.
Una
conclusión semejante se formula respecto de lo previsto en el artículo 442 del C.P.P.,
en especial porque impedir que la víctima se oponga a la solicitud de
absolución perentoria, implica que una vez haya sido aprobada por el juez,
surte efectos de cosa juzgada y no pueda reabrirse la investigación para
obtener la verdad, la justicia y la reparación debidas.  Pero adicionalmente
observa que ante figuras procesales similares en sus efectos, la Corte ha
aducido que deben reconocerse facultades procesales a las víctimas, para que
estas puedan presentar sus opiniones y sus pretensiones propias, incluyendo
naturalmente la posibilidad de allegar o solicitar elementos materiales
probatorios y evidencia física para oponerse. “Siendo así, la necesidad de
conservar el precedente y la coherencia en la jurisprudencia de la Corte impone
que se declare que el artículo 442 de la ley 906 de 2004 incurrió en una
omisión legislativa relativa (…)” (folio 128).
A
continuación aborda el problema de si la petición de la demanda desconoce
principios esenciales del sistema penal acusatorio establecido en Colombia,
para lo cual destaca en primer lugar la naturaleza del mismo, su carácter
propio y particular, el cual tiene por primacía la protección de los derechos
fundamentales tanto del imputado como de las víctimas. No responde, dicen los
miembros de la comisión, a un característico proceso adversarial donde sólo
participan dos partes dentro del proceso. Por ello el principio de igualdad de
armas debe ser respetado “especialmente en lo que respecta a los derechos
fundamentales tanto de imputados como de víctimas, para que cuenten con iguales
garantías de defensa y protección” (folio 129).
Dado
lo anterior, la extensión de las facultades a la víctima prevista en los
artículos acusados, no desobedecería al citado principio de igualdad de armas,
puesto que las pretensiones de la víctima en el proceso requieren de
herramientas normativas y materiales para satisfacerlas.  No sólo a los efectos
de obtener una indemnización sino también para alcanzar la verdad y la
justicia, como se estableció en la sentencia C-454 de 2006.
Concluyen
afirmando que en las disposiciones se evidencian todas las características que
dan lugar a una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. Es decir
que para estos intervinientes es claro que los artículos acusados excluyen a la
víctima, no obstante su interés legítimo para ejercer las facultades allí
conferidas; existe un deber de protección a favor de las víctimas por parte del
Estado proveniente del Derecho internacional de los derechos humanos; la
exclusión de las víctimas de los preceptos acusados carece de razón suficiente
y además genera consecuencias negativas para ellas frente a sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación.
5.
Intervenciones
extemporáneas
Mediante
escrito radicado el 8 de julio de 2010, el Colegio de Jueces y Fiscales de
Antioquia Abogados intervino en el proceso.
En
él solicitan que las normas se declaren constitucionales. A su juicio el
análisis de los actores olvida que la controversia del proceso penal se produce
no entre el imputado y la víctima, sino entre el primero y su defensa y la
Fiscalía como ente encargado de la persecución del delito. Las pretensiones de
los demandantes desconocen a su juicio la función que la Constitución otorgó a la
Fiscalía General de la Nación y pretenden otorgar a la víctima el rol de parte
en el proceso.
Por
lo demás, respecto de la absolución perentoria observan que la misma puede ser
impugnada por los intervinientes según lo previsto en los artículos 176 y 179
del C.P.P., en concordancia con el artículo 137 C.P.P. (folios 134-139).
Mediante
escrito radicado el 9 de julio de 2010, la Defensora Delegada para Asuntos
Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo estimó que no se dan los
elementos para configurar la omisión legislativa relativa respecto de los
artículo 268, 271 y 272 de la ley 906 de 2004, de manera que ellos resultan
ajustados a la Constitución. Por el contrario, se estima que la expresión “y el
juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes” del art. 442 C.P.P., es contraria a la Carta y por tanto debe ser declarada inexequible (folios 154 y 179).
Luego
de relacionar el contenido de los artículos 8, 11 y 15 del C.P.P., de aludir a
lo previsto en los artículos 66 y 114 idem sobre las funciones de la
Fiscalía, y a los artículos 125, 271 y 272 en cuanto a las facultades de la
defensa,  precisa sobre la importancia de la existencia de la igualdad de las
partes en el proceso penal, dada su tendencia acusatoria y la pretensión de ser
adversarial. Por ello explica que, originalmente en el diseño del sistema
procesal penal el papel de la víctima no era preponderante en lo relativo a la
actividad investigativa y probatoria que corría a cargo de la Fiscalía. Sin
embargo, con ocasión de la jurisprudencia constitucional se fueron reconociendo
facultades a las víctimas a ser adelantadas de manera directa e independiente,
en particular en materia probatoria. Actividades relacionadas con el poder
controvertir la decisión de extinción de la acción penal (sentencia C-591 de
2005), la decisión de archivo de las diligencias (sentencia C-1154 de 2005), la
aplicación del principio de oportunidad  (sentencia C-209 de 2007), la
celebración de preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado (sentencia C-516 de
2007), así como otros derechos en materia probatoria dentro del proceso penal
(sentencias C-516 de 2007, C-454 de 2006 y C-209 de 2007).
En
tal sentido, se han ampliado y reforzado los espacios y oportunidades de
intervención de la víctima, en pos de alcanzar los propósitos de verdad,
justicia y reparación. Sin embargo, en la propia Constitución quedó plasmado
que es al legislador a quien corresponde definir los términos de participación
de las víctimas en el proceso penal. Y con todo y la ampliación de sus poderes,
la Defensoría enfatiza que la propia Corte ha precisado que no se trata de una
parte sino de un interviniente especial (sentencia C-209 de 2007). Por ello no
cabe admitir que le sean a ella predicables todas las facultades previstas para
la defensa, como el recoger y embalar evidencia o practicar entrevistas, pues
tales opciones son consecuentes para que el imputado pueda equilibrar su
posición frente a los amplios poderes de recaudo probatorio de la Fiscalía. De
este modo la pretensión de los demandantes a juicio de la Defensoría, produce
una equiparación de atribuciones de la víctima respecto de la Fiscalía, que
rompe con el principio de igualdad de oportunidades e igualdad de armas que
sustenta el sistema de tendencia acusatoria.
Adicionalmente
se observa que el ampliar los ámbitos de actuación directa de la víctima
durante la investigación, puede producir consecuencias eventualmente
perjudiciales e indeseables para las tareas a cargo de la Fiscalía.
Por
ello estima la Defensoría, que no existe en la Constitución una obligación
específica, concreta y expresa que imponga al Legislador reconocer a las
víctimas las mismas facultades del encausado y su apoderado. No cabe tampoco
una igualdad milimétrica entre los derechos en el proceso del imputado y de las
víctimas. Es decir, que no hay omisión legislativa relativa en los artículos
268, 21 y 272 del C.P.P., cargo frente al cual estima que estas disposiciones
son exequibles.
Distinto
es el caso del artículo 442 de C.P.P., pues allí sí encuentra que el impedir a
la víctima ser escuchada antes de que el juez resuelva sobre la petición de
absolución perentoria, es una limitación que restringe de manera grave los
derechos a la verdad, justicia y reparación, al representar una decisión que
puede absolver al imputado y frustrar las pretensiones legítimas de aquella.
Agrega a este respecto que el carácter ostensible de atipicidad de los hechos
no es garantía suficiente, pues en todo caso subsistirán dudas y controversias
entre partes e intervinientes y así, la restricción a los derechos de las
víctimas a ser escuchadas antes de que el juez resuelva sobre tal solicitud,
resulta irrazonable y desproporcionada.  Pide entonces que se declare
inconstitucional la proposición acusada de este precepto.
Por
último, con escrito presentado el 12 de julio de 2010, el Fiscal general de la
Nación (e) solicita que se declaren exequibles las normas demandadas (folios
196).
En
cuanto al cargo de omisión legislativa relativa, estima que la demanda no ha
sido clara, pues en ella no se advierte que haya un vacío en la ley que vulnere
la Constitución, ni que éste pueda ser llenado por la Corte Constitucional. No
es tampoco claro el cargo sobre la violación del principio de igualdad a la que
llevaría la omisión legislativa relativa. Por ello y en tanto la víctima tiene
amplias opciones de participación para garantizar sus derechos en el proceso,
las mismas deben ejercerse en el marco de la estructura del sistema de
procedimiento penal con tendencia acusatoria, es decir, sin anticipar la etapa
del descubrimiento de las pruebas ni efectuando solicitudes que puedan entrabar
las labores de la Fiscalía.
Con
relación al artículo 442 C.P.P., retomando un aparte de la sentencia C-209 de
2007, observa el Fiscal General que aunque la víctima como el interviniente ha
podido participar en la investigación, durante el juicio podrá ejercer sus
derechos sin convertirse en parte. Por ello la norma que se demanda resulta
ajustada a la Constitución.
II.
CONCEPTO
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Con
oficio radicado el 26 de julio de 2010, el Procurador General de Nación
solicitó a la Corte declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo
sobre los artículos 268, 271, 272 y 442 del C.P.P., por ineptitud sustancial de
la demanda (folios 198-206).
Según
la Vista fiscal, en atención a que la acción de inconstitucionalidad aunque es pública
e informal, debe cumplir unos requisitos mínimos que concreten un problema
jurídico real, indicando de manera clara, cierta, específica, pertinente y
suficiente, en qué forma se considera que la disposición acusada vulnera la
Carta. En el caso bajo examen, a juicio del Ministerio Público, “la demanda
no se dirige en contra del texto, general y abstracto de los artículos
demandados, sino en contra de una interpretación subjetiva, errónea y antitécnica
que hacen los actores de ellos. Esta interpretación no corresponde ni al texto
literal de los artículos ni a su intención, pues se pretende reprocharles el
que, pese a regular las facultades de la defensa en el Capítulo VI del Título I
del Libro II del Código, se omita incluir en este apartado normativo a las
víctimas de los delitos, con los mismos derechos que a los procesados”.
En
este sentido, encuentra el Procurador que “por razones de coherencia y de
técnica legislativa”, los derechos de la víctima, no pueden estar regulados
en los mismos artículos que se ocupan de la defensa. De  este modo, “dentro
de un sistema codificado no hay omisión alguna cuando no se incluye los
derechos y las facultades de un interviniente, en el capítulo dedicado a regular
los derechos y las facultades de una de las partes, sino en otro: en el que les
corresponde”. Por lo demás, observa que en la demanda “se omite formular
al menos un cargo directo en contra de las normas demandas. Su propósito es que
la Corte, en contravía del sistema codificado, además del capítulo del código
dedicado a las víctimas y a sus derechos, condicione la exequibilidad de la
norma demandada para incluir a unas y a otros en el capítulo y en los artículos
que regulan la defensa y sus derechos”.
Y
en lo que hace al artículo 442 C.P.P., dice el Ministerio Público que no se
entiende el sentido del cargo, pues lo que se pretende no es equiparar a la
víctima en las facultades reconocidas por este precepto al imputado, su defensa
o a la Fiscalía: solicitar la absolución perentoria.  Lo que se quiere es
adscribirle una facultad que ninguna de las partes o intervinientes tiene, es
decir, el ser escuchadas por el juez antes de decidir la solicitud
correspondiente.  En este sentido, aprecia, no se da realmente un trato
desigual como el que exige la demanda por omisión legislativa relativa, menos
aún cuando la víctima ha tenido múltiples oportunidades para ser escuchada en
el proceso. Tampoco hay razón alguna para sostener que “‘si el Fiscal pide
absolución, el Juez, (…) no tiene otro camino que absolver’”, pues éste
goza de autonomía para el ejercicio de su función.
Finalmente
señala que, según la jurisprudencia trazada en la sentencia C-1043 de 2006, la
demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa presentada en
este caso, no reúne las condiciones específicas que le son exigidas al
ciudadano, “pues no señala por qué la inclusión de la víctima en los supuestos
regulados por las normas demandadas es indispensable para que éstas se ajusten
a los mandatos constitucionales, no indica por qué la exclusión denunciada es
irrazonable o genera alguna desigualdad negativa, y no muestra por qué ella es
fruto del incumplimiento de un deber del legislador”.
En
este orden de ideas, como se  ha dicho, solicita la inhibición de la Corte por
ineptitud sustancial de la demanda.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia de la Corte
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues
las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la República, en este
caso, de la Ley 906 de 2004.
2. Cuestión previa
2. Antes de establecer los problemas jurídicos de fondo
que el asunto plantea y de señalar el plan de argumentación diseñado por la
Corte para resolverlos, es necesario absolver previamente un asunto de forma,
relacionado con la aptitud sustantiva de la demanda, cuestionada tanto por la
Procuraduría como por algunos intervinientes.
3.
Ciertamente, según el Ministerio Público, la demanda es inepta desde el punto
de vista de los preceptos demandados, como desde los demás argumentos que deben
componer el cargo de omisión legislativa relativa.
Sobre
lo primero observa que la demanda no se dirige en contra del texto, general y
abstracto de los artículos demandados, sino en contra de una interpretación
subjetiva, errónea y antitécnica efectuada por los actores de ellos[3].
En los artículos 268, 271 y 272 del C.P.P., se pretende incluir a la víctima
dentro de preceptos que regulan puntualmente las facultades de la defensa y no
se formula un solo cargo directo de inconstitucionalidad. Por su parte, con
relación al artículo 442 C.P.P., el Ministerio público destaca cómo no se
entiende el sentido del cargo de omisión, en tanto no se pretende equiparar a
la víctima en las facultades reconocidas por este precepto al imputado, su
defensa o a la Fiscalía para solicitar la absolución perentoria, sino atribuirle
una facultad que no le ha sido conferida a ninguna parte ni interviniente.
En
cuanto a lo segundo, porque la demanda de inconstitucionalidad por omisión
legislativa relativa presentada en este caso, no reúne las demás condiciones
específicas exigidas al ciudadano para este tipo de cargos, en particular en lo
que hace a la ruptura del principio de igualdad[4].
4. A los efectos de atender tales
observaciones, la Corte en primer lugar  reiterará la jurisprudencia sobre la
naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad y las condiciones para
su ejercicio, en particular cuando el cargo es por omisión legislativa relativa
(2.1). En seguida se revisará la jurisprudencia sobre el cargo de omisión
legislativa en materia de víctimas en el proceso penal fijada por la Corte
Constitucional. (2.2.); a continuación se estudiará el contenido de la demanda
(2.3.). Por último se establecerán las conclusiones pertinentes sobre la
aptitud o ineptitud de esta última, según el cumplimiento o no de los primeros
supuestos (2.4.).
2.1.
La naturaleza jurídica de la acción de constitucionalidad y las condiciones
para su ejercicio.-
5.
Reiterando la jurisprudencia de este Tribunal[5], la acción de
inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se
desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la
Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho democrático y
participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la Corte
constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras el
adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada
sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con
disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la
República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo
legislativo.
Es,
en este orden, un instrumento que combina el ejercicio de los derechos
políticos (artículo 40 CP), con las prerrogativas entregadas al ciudadano para
controlar el poder desplegado por el legislador a través de la creación de
normas jurídicas.
6.
Ahora bien, aún desde su faceta como derecho constitucional fundamental, esta
facultad reconocida a los ciudadanos puede estar regulada y delimitada por la
ley, a fin de hacer efectivo su ejercicio y definir las reglas a las cuales se
somete. Pero al mismo tiempo, la regulación del derecho de accionar contra las
leyes, busca ponderar entre el interés perseguido por el actor al demandar y
los demás bienes jurídicos llamados a ser protegidos, como aquellos que recoge
la norma acusada y ordenados a partir del poder de configuración legislativa del
Congreso, así como los relacionados con la seguridad jurídica y el principio de
estabilidad del Derecho, con los cuales se protege la confianza en el sistema
normativo y en las reglas que lo integran.
7.
Igualmente, y esto es algo que debe estimarse esencial en este tipo de
valoraciones, la delimitación del derecho de interponer demandas de
inconstitucionalidad tiene por propósito acotar el poder de la Corte
constitucional, pues las exigencias básicas establecidas también procuran
determinar el ámbito dentro del cual, en términos generales, debe actuar el
juez a la hora de valorar la exequibilidad o no de una disposición.
Porque, como lo
ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación[6], no es
función de ésta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la
exequibilidad de disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos
concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de actuar
así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano
y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta.
8.
De tal suerte y no obstante su carácter de acción pública, conforme a lo
previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la demanda debe incluir
todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo. Y
en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, se establecen los demás requisitos
que debe reunir la demanda, en los que se disponen las exigencias básicas con
las cuales el ciudadano ejerce su derecho de manera responsable y participa
activamente en el proceso del que trata el artículo 241 de la Constitución
Política, suministrando la información necesaria que permite tanto activar el
funcionamiento de la jurisdicción constitucional a instancias de la Corte, como
la obtención de un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una determinada disposición jurídica.
9.
Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en
reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001[7]
que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha
enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de
unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de “razones conducentes
para hacer posible el debate”, con las que se informe adecuadamente al juez
constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los
preceptos legales acusados.
Tales requisitos
no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto de
la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer
del asunto (artículo 2 del Decreto 2067 de 1991).
El objeto
demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como
inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya
transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su
contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese
contenido normativo es contrario a la Constitución.
El concepto
de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales
el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta
vulnerado por las disposiciones que son objeto de  la demanda”.  Y aunque
resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente
para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe
concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que
implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las
normas constitucionales violadas”[8];
(ii.) el “’contenido normativo de las disposiciones constitucionales que
riñe con las normas demandadas, es decir,  manifestar qué elementos materiales
del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las
disposiciones legales que se impugnan[9]’”;
(iii.) “las razones por las cuales los textos normativos demandados
violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)”, que
sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes”[10].
Esto
último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras,
recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese
orden ser ciertas, mostrar de forma específica cómo la o las disposiciones
objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos
pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni
referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación
del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una
mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada[11].
Y
como último requisito general se encuentra la competencia, que apunta a
establecer que sea la Corte Constitucional quien debe conocer del asunto
sometido a su juicio, por cuanto así lo determina el texto normativo demandado en
concordancia con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución.
10.
El lleno de todos estos requisitos es, por lo demás, condición para que, dado
el caso excepcional que se enunció en el numeral anterior, pueda la Corte
Constitucional integrar la unidad normativa. Pues la ocurrencia de las precisas
y excepcionales circunstancias que permiten extender el examen de
constitucionalidad a normas no acusadas, requieren en todo caso que se presente
una demanda en forma en contra de un texto legal[12].
11.
Ahora bien, cuando los cargos de la demanda de inconstitucionalidad lo que
formulan es un problema de omisión legislativa relativa, tales requisitos deben
resultar ostensibles dentro de la estructura argumentativa mínima que se debe
completar en este tipo de proposición.
En
efecto, como lo ha dicho la jurisprudencia, una omisión es relativa, “cuando se
vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero
aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento
que, por razones lógicas o jurídicas –específicamente por razones
constitucionales-, debería estar incluido en el sistema normativo de que se
trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace
inequitativo, inoperante o ineficiente”[13], en particular por
producir  por lo general violaciones  del derecho a la igualdad[14] o el
derecho al debido proceso[15].
De
este modo, cuando el ciudadano plantea ante el Juez constitucional que el
legislador ha omitido un deber de regulación, con lo cual se crea una
discriminación negativa injustificada, éste debe cumplir con unas cargas de
argumentación más exigentes. Es decir que  “cuando de activar el control de
constitucionalidad abstracto por vía de acción se trata, aduciendo la
existencia de una omisión legislativa relativa, es menester que el ciudadano
demuestre con razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[16],
que la norma acusada contiene una omisión legislativa relativa de conformidad
con el artículo 2º numerales 3  y 5 del Decreto 2067 de 1991”[17].
12. El estudio
de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama
entonces que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos “(i)
que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii)
que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser
asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o
que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador”[18].
Con
tales exigencias adicionales no se procura restringir per se el derecho
a participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, sino hacer “eficaz
el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la
expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para
juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior”[19]. Un
diálogo en el que se garantice que sea el demandante y no el juez quien define
los contornos dentro de los cuales se ejerce en cada caso el control
constitucional sobre las leyes y actos objeto de acusación[20].
2.2.
El cargo de omisión legislativa relativa en
la jurisprudencia constitucional sobre víctimas del proceso penal
13.
Tiene relevancia para los efectos de esclarecer el punto de la aptitud o
ineptitud de la demanda bajo estudio, que en un buen número de circunstancias,
los derechos de las víctimas en el proceso penal se han reconocido antes que
por el legislador, por las decisiones de la Corte constitucional que ha
declarado la omisión legislativa relativa acusada sobre preceptos del Código de
Procedimiento Penal.
Conviene
entonces revisar en algunas de estas decisiones, sobre la forma como se planteó
el problema de la omisión ante la Corte y los razonamientos que sirvieron para
estimar el cargo apto o no y dar lugar o no a un pronunciamiento de fondo
(2.3.1.). En seguida se formularán las conclusiones sobre las exigencias que en
términos de aptitud plantean el cargo de omisión legislativa relativa en
materia de actuación y facultades de las víctimas en el proceso penal (2.3.2).
2.2.1.
Los cargos de omisión legislativa relativa en las sentencias C-454 de 2006,
C-209 de 2007 y C-516 de 2007
14.
Sobre tres decisiones importantes puede la Corte analizar con claridad de qué
manera se ha entendido por la jurisprudencia de esta misma corporación, la
aptitud o ineptitud del cargo de omisión legislativa relativa en materia de
facultades, derechos y participación de la víctima en el proceso penal: Las
sentencias C-454 de 2006, C-209 de 2007 y C-516 de 2007.
15.
En la primera, la sentencia C-454 de 2006, fueron acusados los artículos
siguientes de la ley 906 de 2004: art.  11 en lo
relacionado con algunos de los derechos de las víctimas;  132 en cuanto al concepto víctimas;  artículos 133
y 134 sobre atención y protección inmediata y permanente de las víctimas; 135 sobre garantía de comunicación a la víctima, art. 136 sobre el
derecho a que esta reciba información;  137 sobre intervención de las
víctimas en la actuación penal y art. 357 sobre solicitudes probatorias durante
la investigación.
En
este asunto, lo primero que absolvió la Corte fue precisamente si la demanda
reunía los presupuestos de aptitud sustantiva, que habilitara un
pronunciamiento de fondo.
16.
A
ese propósito, con base en la jurisprudencia, la Corte retomó los requisitos
que deben reunir las demandas en donde se plantea la omisión legislativa
relativa, señalando en  lo referente a la norma sobre la cual se formula tal
reparo, la importancia de que fuera sobre ella misma predicable la omisión
alegada, en el sentido de excluir de sus consecuencias “aquellos casos que,
por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico”[21].
En
el mismo sentido, entonces se precisó cómo “la doctrina de esta Corporación
ha definido también que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una
omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra
la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la
posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de
fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente
del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido
vinculados al proceso[22]”.
De este modo, se
afirmó reiterando lo dicho en sentencia C - 041 de 2002, que para establecer la
admisibilidad de un cargo de inconstitucionalidad derivado de omisión
legislativa relativa, es necesaria “la determinación del objeto normativo
sobre el cual recae la impugnación, lo cual se obtiene vinculando la omisión
que se acusa a una norma específica contra la cual se dirige la demanda, y a la
que es posible imputar válidamente el contenido normativo que se echa de menos”.
17. Con base en
este presupuesto y en los demás elementos de la argumentación de la demanda de
inconstitucionalidad decantadas por la jurisprudencia a partir de lo
establecido en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, pasa la Corte a
determinar los cargos que son admisibles de los que no. De este análisis encuentra
que salvo las acusaciones sobre los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004,
que halla aptas, los demás carecen en particular del requisito objetivo de
mostrar cómo en los preceptos acusados no están las víctimas, pero además
deberían estar incluidas como derivado posible de su construcción normativa.
En
efecto, observa que el demandante formula una crítica general frente a la
manera como el legislador desarrolló el mandato constitucional del artículo
250.7 de “fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el
proceso penal”, al no haberle otorgado condición de “parte”. Mas
precisa enseguida la Corte, que lo que se esperaría de un planteamiento de tal
naturaleza, “sería la impugnación de todas aquellas disposiciones a las
cuales se pudiesen vincular válidamente las omisiones que el demandante acusa”.
Es decir, que “tratándose de una impugnación fundada en la estructuración de
una omisión legislativa relativa, presuntamente inconstitucional, relacionada
con las facultades procesales de la víctima en el proceso penal, es claro
que las omisiones que acusa el demandante deben estar vinculadas con los
específicos contenidos normativos demandados, de los cuales surjan o emerjan
claramente las omisiones denunciadas” (resaltado sobrepuesto).
Por
ello no encuentra admisible el señalar genéricamente falencias de técnica
legislativa, como ocurre con la acusación que se formula contra el artículo
137, en la que el demandante, entre otras, no cumple con el requisito de
coherencia argumentativa de vincular a ese contenido normativo acusado, una
omisión en particular, que pueda derivar en exclusión de casos asimilables que
deberían ser incluidos dentro de un mismo presupuesto fáctico.
Tampoco
le resulta admisible a la Corte en aquél entonces, la impugnación contra los
artículos 132, 133 y 134, por cuanto encontró “[carente] de coherencia una
acusación al legislador consistente en haber omitido incluir unas facultades
procesales, en normas que tienen cometidos y finalidades distintas, como son
los de regular medidas de protección y atención a las víctimas de los delitos.
La acusación que se formula en contra de estas normas no cumple así con la
exigencia de procedibilidad, consistente en vincular la omisión que se acusa
con un contenido normativo específico, al cual le es imputable el contenido
omitido”.
Otro
tanto sucede respecto de la impugnación contra el artículo 136, pues en ella
tampoco se encuentra una omisión específica “cuyo contenido pueda
adscribirse legítimamente a la materia regulada por la norma”. Porque el
cometido de esa norma es el “señalar el alcance del derecho a recibir
información en el proceso”, no lo que el demandante extraña, a saber
promover la igualdad de partes, auspiciar las posibilidades probatorias de la
víctima respecto de los elementos que estructuran la responsabilidad civil.
Un
reparo que también encuentra la Corte respecto del cargo contra el artículo 11
también acusado en aquella ocasión, pues la norma se limita a consagrar un
catálogo de derechos a favor de las víctimas, dentro de los “los principios
rectores y las  garantías procesales” que rigen la actuación penal, pero no
establecer de manera minuciosa las reglas de participación en el proceso, de
los sujetos e intervinientes. Es decir que tampoco en este caso se encontró
admisible el cargo por no existir “la vinculación de la omisión a un
contenido normativo específico en el cual debería incluirse la materia que
extraña el demandante. No se respeta en la formulación de este cargo la regla
de coherencia, según la cual se debe vincular el vacío legislativo que se acusa
a un contenido normativo específico, al cual podría  imputarse  válidamente la
materia omitida”.
18.
Contrario sensu, los cargos sobre los artículos 135 y 357 de la Ley 906
de 2004, los encuentra admisibles pues ellos se dirigen al contenido normativo
de cada disposición. En el primer caso, la no inclusión como garantía de
comunicación a las víctimas, de aspectos relativos a las facultades y  derechos
que puede ejercer este interviniente en el proceso en lo relacionado con su
pretensión de verdad y de justicia y el reducir dicha garantía a la pretensión
indemnizatoria. Aprecia entonces la Corte que allí se confronta acertadamente
el contenido de la norma con el alcance constitucional del derecho de acceso a
la justicia de que son titulares las víctimas de los delitos. En el segundo,
la  omisión específica alegada se asocia razonablemente con el contenido
normativo de la disposición, puesto que en ella se contemplan como interesados
que pueden solicitar pruebas en la audiencia preparatoria a la fiscalía, a la
defensa y aún al ministerio público, pero no se incluye a la víctima, no
obstante sus derechos a la igualdad y al acceso a la justicia.
19.
El segundo caso por destacar es el de la sentencia C-209 de 2007, donde la
Corte también conoció la demanda de inconstitucionalidad por la cual se
demandaron un conjunto de artículos del Código de Procedimiento Penal,
relacionados con las víctimas del delito en el proceso penal, bien en cuanto a
sus facultades, bien en cuanto a las actuaciones durante la investigación y el
juicio.
Se
acusaron los artículos 11 y 137, arriba mencionados. Pero también los artículos
284, numeral 2º, sobre la prueba anticipada; el artículo 306
sobre solicitud de imposición de medida de aseguramiento, el artículo 316, en
cuanto el mismo sólo incluyó a la Fiscalía y al Ministerio Público, como
sujetos que podían solicitar reclusión en establecimiento carcelario del
imputado o acusado que incumpliere alguna de las obligaciones impuestas al
concederle la detención domiciliaria, o inherentes a la medida de aseguramiento
no privativa de la libertad a que estuviere sometido; los
artículos 324 y 327 sobre causales para la aplicación del principio de
oportunidad y el control judicial sobre la misma; el artículo 333 sobre trámite a la solicitud de petición de preclusión; los
artículos 337,  339 y 342,  sobre el contenido de la acusación y
documentos anexos,  el trámite de la audiencia correspondiente y las medidas de
protección que se pueden solicitar para la protección integral de las víctimas
y testigos. También fue objeto de la demanda, el artículo 344
sobre el inicio del descubrimiento de la prueba dentro de la audiencia de
formulación de acusación y los artículos 356, 357 358 y 359,
sobre desarrollo de la audiencia preparatoria y las solicitudes
probatorias, la exhibición de los elementos materiales de prueba
y la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de otros que resultaren
inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos. Se  demandó igualmente
el artículo 371 sobre la declaración inicial y previa a la
presentación y práctica de las pruebas, en la que se presenta la teoría del
caso y el artículo  378,  sobre el derecho de contradicción los
medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física
presentados en el proceso. En fin, también se demandaron los artículo 391, sobre el interrogatorio cruzado del testigo y 395, sobre oposiciones durante el interrogatorio.
20.
Sobre los cargos formulados, la Corte más adelante los ordena de esta manera “1)
En materia de facultades probatorias de la víctima, el demandante señala que
los artículos 284, 344, 356, 357, 358, 359, 371, 378, 391 y 395 de la Ley 906
de 2004, son inconstitucionales porque le impiden a la víctima participar en el
debate probatorio y en el esclarecimiento de la verdad, al no permitir que
solicite o controvierta los elementos materiales probatorios aportados por las
partes en las distintas etapas de la actuación penal donde está previsto el
debate probatorio. 2) En cuanto a la adopción de medidas de protección y de
aseguramiento, el demandante considera que los artículos 137, 306, 316 y 342 de
la Ley 906 de 2004, le impiden a la víctima obtener una protección contra
posibles amenazas y la obliga a depender de la actuación del Fiscal en la
solicitud de tales medidas, sean estas de protección propiamente dichas o de
aseguramiento. 3) En relación con la aplicación del principio de oportunidad,
el accionante considera que los artículos 324 y 327 de la Ley 906 de 2004, le
impiden a la víctima controvertir adecuadamente la decisión del Fiscal y no
ofrecen una garantía adecuada de sus derechos en la medida que no exigen que la
aplicación de tal principio dependa de una satisfacción razonable de los derechos
de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación. 4) En lo que tiene que
ver con la preclusión del proceso, el demandante considera que el artículo 333
de la Ley 906 de 2004, le impide a la víctima controvertir adecuadamente la
solicitud del fiscal. 5) En cuanto a las facultades de acusación, el demandante
señala que los artículos 337, 339 y 371 de la Ley 906 de 2004, excluyen a la
víctima quienes pueden participar en la formulación de la acusación y en la
presentación de la teoría del caso, cercena sus derechos a la verdad y a la
justicia. 6) En cuanto a las facultades de impugnación de decisiones
fundamentales, el demandante considera que los artículos 11 y 137 vulneran este
derecho al no prever expresamente la posibilidad de que la víctima pueda apelar
decisiones trascendentales para la efectividad de sus derechos”.
21.
Sin embargo, antes de efectuar el análisis específico de los argumentos de
inconstitucionalidad presentados, la Corte atendió la solicitud que entonces
presentaron el Procurador General de la Nación y algunos intervinientes, de que
la Corte se declarara inhibida respecto de los cargos impetrados contra los
artículos 306, 316, 324, 342 y 317 por ineptitud sustantiva de la demanda.
A
este respecto, la Corte constitucional retomó lo dicho en la sentencia C-509 de
2004[23],
en la que se señaló que el legislador incurre en una omisión legislativa
relativa cuando ha regulado “de manera insuficiente o incompleta un mandato
constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una
condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia
esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la
violación del derecho a la igualdad[24]”.También repasó los
requisitos de la demanda de inconstitucionalidad en general y para el caso de
la omisión legislativa relativa.
De
estos elementos concluyó que si bien respecto de los mencionados artículos la
argumentación del actor fue escasa y dispersa, de todas maneras había logrado
confrontar las normas cuestionadas con el alcance de los derechos de acceso a
la verdad, a la justicia y a la reparación, y en algunos casos logró
ejemplificar el tratamiento discriminatorio que de ellas surge al no incluir a
la víctima. Dicho lo anterior, concluyó que los cargos formulados contra tales
preceptos (artículos 306, 316, 324, 342, y 371 de la Ley 906 de 2004),
revestían “las condiciones mínimas de claridad y certeza exigidos para un
pronunciamiento de fondo”.
22.
Por lo demás, la Corte apunta que “Adicionalmente, ya hubo inhibición cuando
en otro proceso se atacó sólo un artículo. Aquí se ataca el conjunto de
artículos que presumiblemente afectan los derechos de las víctimas”.
23.
Identifica pues como problemas jurídicos por resolver los siguientes:
“Si a la luz de
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación derivados
de los artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta:
(i)
¿Son
inconstitucionales en lo demandado los artículos 284, 344, 356, 357, 358, 359,
371, 378, y 395, 391 y el artículo 391, en razón de no prever que la víctima
participe directamente en el debate probatorio y en el esclarecimiento de la
verdad, ni solicite o controvierta los elementos probatorios aportados por las
partes en las distintas fases de la actuación penal?
(ii)
¿Son
inconstitucionales el artículo 137, y en lo demandado, los artículos 306, 316 y
342 de la Ley 906 de 2004, al no prever que la víctima pueda directamente y sin
la intervención del fiscal, solicitar al juez competente medidas de
aseguramiento o de protección, según el caso?
(iii)
¿Son
inconstitucionales los artículos 324 y 327 de la Ley 906 de 2004, en lo
demandado, al no exigir que la aplicación del principio de oportunidad dependa
de la satisfacción razonable de los derechos de la víctima a la verdad, la
justicia y la reparación de las víctimas?
(iv)
¿Es
inconstitucional el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en lo demandado, al no
permitir la solicitud y práctica de pruebas por parte de la víctima para
controvertir la solicitud de preclusión que haga el fiscal?
(v)
¿Son
inconstitucionales los artículos 337, 371 y 339, en lo demandado, de la Ley 906
de 2004, al no prever la participación de la víctima en la formulación de la
acusación y en la definición de la teoría del caso en la etapa del juicio?
(vi)
¿Son
inconstitucionales los artículos 11 y 137 de la Ley 906 de 2004, por no
garantizar de manera efectiva que la víctima pueda impugnar decisiones
fundamentales a lo largo de la actuación penal?”.
24.
Por último, como aspecto relevante para los efectos del presente proceso, en
esa ocasión, la Corte para ofrecer la coherencia de la decisión por adoptar en
cada caso y en general frente a los derechos de la víctima en el proceso penal,
en ejercicio del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, efectuó la integración
normativa de varias proposiciones normativas, como pasa verse.
En
primer lugar lo efectuó respecto del artículo 344, puesto que las expresiones
acusadas de “la Fiscalía” y la “defensa” empleadas en el inciso
segundo, no podían analizarse aisladamente sino que era necesario situarlas en
el contexto de toda la disposición para comprender su sentido normativo[25].
Lo
propio hace con el artículo 358, puesto que la expresión acusada de “a
solicitud de las partes”, tampoco puede analizarse aisladamente sino que es
necesario situarla en el contexto de toda la disposición para comprender su
sentido normativo[26];
y con los artículos 378 y 395, en la medida en que la expresión “las partes”
que se demanda del primero y “la parte que no está interrogando o el
Ministerio Público” utilizada en el segundo, sólo pueden ser entendidas
según el cargo propuesto, desde el  estudio de la totalidad de la disposición[27].
Ocurre
otro tanto con el artículo 333, puesto que la acusación formulada sobre el
inciso 4 que establece que “en ningún caso habrá lugar a solicitud ni
práctica de pruebas” y por la cual se alegaba en la demanda que se impedía
a la  víctima controvertir adecuadamente la solicitud de preclusión que
presente el fiscal, no podía ser estudiado sino a través del análisis global de
la disposición respectiva[28].
En
fin, reconoce la necesidad de integración normativa, ya no respecto de apartes
de una disposición acusada no incluidos por el demandante, sino respecto de una
norma no tenida en cuenta por él, sino de otras disposiciones que contemplen la
participación de la víctima en las diferentes etapas del proceso. Se dijo en
concreto: “Habiendo examinado las normas cuestionadas por el demandante en
las que se excluía a la víctima de intervenir efectivamente en las etapas
críticas del proceso penal, se pregunta la Corte Constitucional si existen
otras disposiciones de la Ley 906 de 2004 relativas a etapas cruciales de la
actuación penal en las que la intervención de la víctima no haya sido prevista
ni se le haya reconocido la posibilidad de controlar las inacciones u omisiones
del fiscal” [29].
A
este respecto en la decisión en comento, la Corte encuentra que “el artículo
289[30]
de la Ley 906 de 2004, que regula la audiencia de formulación de la imputación,
no prevé la intervención efectiva de la víctima para la protección de sus
derechos”, lo integra a la demanda y se pronuncia sobre su
constitucionalidad.
25.
Con los anteriores elementos entra a resolver la cuestión sobre la
participación de la víctima del delito dentro del proceso penal y las posibles
omisiones legislativas argumentadas por la demanda y que constituyen el gran
problema jurídico del caso.
26.
La última decisión que se considera relevante para los efectos del presente
asunto, es la contemplada en la sentencia C-516 de 2007, donde se
demandaron nuevamente los siguientes artículos: el 11, literal d), sobre
derecho de las víctimas a ser oídas y a que se les facilite el aporte de
pruebas y literal h) a ser asistidas durante el juicio y el incidente de
reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado
que podrá ser designado de oficio; el artículo 136, num 11, sobre el derecho de la víctima a recibir información, en particular para
ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías
ante la posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad. Se demandó
además el artículo 137, numeral 4, en concordancia con el
artículo 340, sobre intervención de las víctimas en la actuación Penal, en
materia de limitantes a su representación por abogado en general y durante la
audiencia de juicio oral. Así mismo se acusaron los artículos 348 y 350  sobre
preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado.
27.
En este caso también se alegó por la Procuraduría y los intervinientes
ineptitud sustantiva de la demanda respecto de algunas expresiones del
artículo 11 ordinal “d”, y del artículo 136 numeral 11 de la Ley 906 de 2004,
así como respecto del primer segmento del artículo 340.
Mas
retomando los criterios señalados de manera reiterada por la jurisprudencia y a
los que se aludió en el presente caso[31],
la Corte encontró admisible la demanda, pues frente a los artículos 11 ordinal
“d” y 136 numeral 11, estimó que los demandantes presentaban argumentos sobre
la omisión alegada, en cuanto las expresiones acusadas “entrañan formas
incompletas del derecho de acceso pleno a un mecanismo judicial efectivo para
la garantía de los derechos de las víctimas, en cuanto no incluyen la
posibilidad de controvertir la prueba, de determinar libremente los testimonios
que quieren llevar al proceso y de acceder al expediente”.
También
entonces verificó la Corte, que los demandantes efectuaron “un esfuerzo
analítico orientado a aplicar las reglas que regulan la omisión legislativa
relativa al objeto normativo que impugnan para concluir que la restricción que
hace el legislador en las normas acusadas respecto de la participación de las
víctimas dentro del proceso penal – representada en el silencio sobre otras
formas de participación – es un desconocimiento de preceptos superiores, en
particular aquellos relacionados  con el derecho a la justicia, el cual
contiene dentro de sus elementos el acceso a un mecanismo judicial efectivo”.
Aprecia entonces la Corte en la sentencia C-516 de 2007, que el cargo que por
omisión legislativa que se formula contra  los artículos 11 ordinal “d” y  136
numeral 11, cumple con los requisitos mínimos de claridad,  pues logra demostrar
“que el legislador reguló de manera insuficiente o incompleta el mandato
constitucional de protección de los derechos de las víctimas, creando una
situación de inequidad de este interviniente procesal, vinculando en su
argumentación la omisión a un objeto normativo que consideró de relevancia en
impacto en las facultades probatorias de las víctimas, en tanto se trata de una
norma o principio rector y por ende con poder irradiador sobre la actuación
probatoria de la víctima[32]”.
28.
Y en lo concerniente al apartado acusado del artículo 340, igualmente descartó
la objeción por ineptitud de la demanda, al observar que el actor logró
confrontar la norma cuestionada con el alcance de los derechos de acceso a la
verdad, a la justicia y a la reparación, y en particular con su derecho a un
recurso judicial efectivo. En este sentido reconoce en él, las condiciones de
claridad, especificidad y certeza que permiten a la Corte asumir un estudio de
fondo.
2.2.2.
La línea jurisprudencial sobre la materia las exigencias de admisibilidad del
cargo de omisión legislativa relativa del procedimiento penal frente a las
víctimas del delito.
29.
El análisis de las tres sentencias en las que la Corte estudió demandas de
inconstitucionalidad sobre preceptos del Código de Procedimiento Penal frente a
los cuales se alegó omisión legislativa relativa respecto de la protección de
las víctimas del delito en sus derechos y facultades de participación en el
proceso,  permite determinar : i) que la admisibilidad de un tal cargo depende
de formular los argumentos que reclama ese tipo de alegato, pero ante todo ii)
del señalamiento de una norma sobre la que se predique la omisión y a la que
esa afirmación le resulte razonable o coherentemente vinculante.
30.
Así se apreció en la sentencia C-454 de 2006 donde la admisibilidad o
inadmisibilidad de los cargos sobre las distintas disposiciones, se define
especialmente desde el cumplimiento de la exigencia de que la omisión
legislativa propuesta sea visible en una norma concreta frente a la cual no
sólo le sea consistente en términos semánticos y significativos la omisión y la
pretensión de incluir con su declaratoria sujetos no contemplados en ella.
También cuando se exige que las proposiciones jurídicas acusadas sean además
completas, en cuanto a que la omisión propuesta debe encontrarse en las normas
señaladas por el actor y no en otras que no han sido tenidas en cuenta en la
demanda. De allí que excluyera algunas disposiciones de estudio de fondo, por
considerar que la acusación que se formulaba contra ellas no se vinculaba
razonablemente con el texto normativo acusado, ni con sus cometidos y
finalidades que hacen que su contenido no se asocie con la omisión alegada o
con la inclusión pretendida por la demanda. Es decir que ciertamente es
necesario que al contenido de la norma objeto de demanda y del cargo de omisión
legislativa relativa, pueda adscribirse legítimamente la materia no regulada y
por incluir en su texto e interpretación.
A
su vez, la sentencia C-209 de 2007 confirma el primer aserto (reconocimiento de
la norma concreta sobre la cual recae la omisión), mediante la aplicación no de
la regla sino de la excepción del segundo (proposición jurídica completa),
cuando efectúa la integración de unidad normativa, conforme lo previsto en el
artículo 6º del Decreto 2067 de 1991  y el precedente trazado desde la
sentencia C-320 de 1997. Esto, a los efectos de que la Corte se pudiera
pronunciar sobre un texto inteligible, mediante una decisión inteligible, pero
también como forma de completar la proposición jurídica que origina la
inconstitucionalidad alegada y al parecer ostensible. La carga argumentativa
que se exigió en este caso por el Juez constitucional, no dejó de considerar el
contenido de la norma. No sólo porque retomó el criterio de la necesidad de
señalar la insuficiente o incompleta regulación que conduce a la violación del
derecho a la igualdad, sino también porque reconoció como elemento esencial de admisibilidad,
que las normas entonces cuestionadas, al no incluir a la víctima, entraban en
contradicción con los derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la
reparación.
Otro
tanto ocurre respecto del análisis de la sentencia C-516 de 2007, cuando la
Corte retoma los criterios decantados en cuanto requisitos específicos de la
argumentación de quien formula el cargo de omisión legislativa relativa, donde
el alegato sobre la existencia de un deber de legislar establecido en la
Constitución y la desigualdad injustificada creada por su incumplimiento, se
asocia con las carencias u omisiones de un objeto normativo relevante en cuanto
a las facultades de las víctimas que se echan de menos.
31.
Es en la norma jurídica sobre la cual se predica la omisión, en la que se
aprecia el requisito central de admisión del cargo, pues es claro que el demandante
no sólo debe identificarla, sino que además debe argumentar con claridad,
certeza y especificidad, por qué el texto normativo señalado alberga una
omisión legislativa relativa y por qué de no ser por la omisión, cabría incluir
a las personas no contempladas, o hacer efectivas en ellas sus consecuencias
jurídicas, ingredientes normativos o condiciones.
Una
inclusión que resulta plausible porque existe un deber incumplido con la
exclusión y porque la desigualdad causada no tiene razón suficiente ni está
justificada. También lo es porque tal supuesto resulta coherente con el texto
acusado, porque se logra vincular  la omisión que se acusa con un contenido
normativo específico, al cual le es imputable a la materia que se omite, en
este caso la protección de la víctima y la garantía del ejercicio más acabado
posible de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
32.
Pero además de lo dicho en tales sentencias, se puede apreciar sin dificultad
ninguna que las disposiciones que se estudiaron en tales casos, bien por razón
de encontrarse en la demanda, bien producto de la integración para completar la
unidad normativa existente, poseían los contenidos y ubicación que permitía
estimarlas como las normas fuente de la omisión legislativa relativa propuesta
y receptoras de la interpretación constitucional que la complementa.
Así,
por citar las disposiciones que en tales decisiones fueron declaradas
exequibles condicionadamente por razón de la omisión legislativa relativa
observada sobre los mismos: el artículo 135, que hace parte del capítulo IV,
sobre víctimas, de Título IV sobre partes e intervinientes, del libro I sobre
disposiciones generales, del C.P.P.;  el artículo 284, num 2º, que pertenece al
capítulo único del título II sobre medios cognoscitivos en la indagación e
investigación, del libro II sobre técnicas de indagación e investigación de la
prueba y sistema probatorio; el artículo 289, que hace parte del capítulo único
del título III sobre formulación de imputación, del mencionado libro II; los
artículos 306 y 316, sobre solicitud de medida de aseguramiento e
incumplimiento de los deberes del imputado o inculpado a este respecto, del
capítulo III alusivo a esta figura,  del título IV sobre régimen de libertad y
su restricción, libro II relativo a las técnicas de indagación e investigación
de la prueba y sistema probatorio; el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, que
pertenece al título VI, de la preclusión, del mismo libro II; los artículos 339
y 342 sobre trámite y medidas de protección durante la audiencia de formulación
de acusación del capítulo II y el artículo 344, que hace parte del capítulo III
sobre descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia
física, todos del título I de la acusación, que a su vez hace parte del libro
III sobre el juicio; los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004
del capítulo único, título II sobre preacuerdos y negociaciones entre la
fiscalía y el imputado o acusado, del libro III sobre el juicio; y los
artículos 356, 357, 358 y 359, que hacen parte del capítulo I de trámite sobre
la audiencia preparatoria de que trata el título III del libro III sobre el
juicio.
Es
decir, que desde su contenido, función y finalidad en el Código de
Procedimiento Penal, estas disposiciones hacían posible señalar la omisión
legislativa alegada, bien por no reconocer dentro de  la descripción de los
derechos de las víctimas determinadas facultades inherentes a su pretensión de
verdad, justicia y reparación, bien por no permitirles su participación durante
las diferentes actuaciones y etapas del proceso que fueron objeto de revisión a
este respecto.
33.
Con base en los anteriores elementos de juicio, pasa ahora la Corte a analizar
la demanda presentada en este proceso.
2.3. Contenido de la
demanda
34. Para atender
a la pregunta sobre la aptitud o no de la demanda en términos de cumplimiento
de los requisitos del Decreto 2067 de 1991, artículos 2º y 6º y su
interpretación jurisprudencial, estima la Corte pertinente repasar con
detenimiento los elementos que integran la demanda bajo estudio, fuente
esencial de análisis para resolver este punto.
35. Los actores
demandan los artículos 268. 271 y 272 de la ley 906 de 2004, por considerar que
en ellos el legislador ha incurrido en omisión relativa, al no reconocer a la
víctima las mismas facultades de la defensa en la investigación,  relacionadas
con el recaudo de elementos probatorios y evidencia física, la práctica de
entrevistas y declaraciones juradas ante autoridad competente. También señalan
que se incurre en omisión legislativa relativa cuando en el artículo 442, no se
faculta a la víctima a ser escuchada, frente a la solicitud de absolución
perentoria, presentada por el fiscal o el defensor, durante la etapa del
juicio.
36.
En cuanto a los artículos 268, 271 y 272 de la ley 906 de 2004 son estos sus
argumentos principales:
-
La
omisión legislativa relativa se aprecia porque en estos preceptos se excluye a
las víctimas del contenido normativo dispuesto para el imputado y su defensa,
no obstante estar aquellas y éste en una situación asimilable frente al interés
de buscar, identificar, recoger y embalar elementos materiales probatorios y
evidencia física, así como entrevistar y tomar declaraciones juradas.
-
No
existe en estos preceptos, razón objetiva y suficiente que justifique la
exclusión de las víctimas para adelantar tales actuaciones, pues las mismas
resultan útiles para alcanzar sus pretensiones de justicia, verdad y
reparación.
-
No
es suficiente que la Fiscalía General de la Nación pueda realizar estas actividades
en nombre de la víctima, pues como se ha previsto por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional,  durante la investigación se hace necesario que su
actuación se efectúe de manera directa y sin intermediarios. Más aún cuando en
el sistema acusatorio el aporte de pruebas depende de manera fundamental del
recaudo de información que antecede al ejercicio del derecho de aportación
probatoria.
-
Lo
anterior, es resultado de la fisonomía propia del sistema procesal penal
colombiano (C-591 de 2005), que al no ser típicamente adversarial, ha
reconocido la importancia de que el mismo proteja a la víctima para habilitarla
normativamente para la aportación probatoria, tanto durante la indagación y la
investigación, como en la etapa del juicio.
-
En
igual sentido la jurisprudencia (sentencias C-228 de 2002, C-591 de 2005,
C-1154 de 2005, C-454 de 2006, C-209 de 2007), han reconocido a las
víctimas un papel determinante como interviniente especial, cuyos derechos e
intereses deben ser especialmente protegidos, no sólo a través de la actuación
del Fiscal, sino mediante su participación directa en el proceso.
-
Con
todo, el conjunto de facultades reconocidas por la jurisprudencia a la víctima
del delito en el proceso penal podrían ser inanes o claramente disminuidas si,
como lo ha hecho el legislador en los artículos 268, 271 y 272 C.P.P., se excluye a la víctima de la posibilidad de recaudar evidencia, recepcionar entrevistas
y declaraciones juradas.
-
Permitir
tales actuaciones a las víctimas, permitiría un “esquema procesal equitativo”
entre los intereses de la víctima y los del imputado, entendidos como los dos
protagonistas del proceso.
-
No
obstante tales disposiciones hacen parte de las facultades del imputado, existe
omisión legislativa relativa respecto de la víctima, pues conforme la
Constitución es claro que se debe proteger tanto el derecho de defensa de aquél
como de la víctima del delito.
-
La
necesidad de la actuación directa de la víctima en estas materias, se justifica
además porque cuando la Fiscalía decide archivar las diligencias de indagación,
dicha actuación que sólo puede ser revocada en tanto la víctima haya tenido
oportunidad de recoger los medios probatorios y evidencias físicas en mención
como formas de acreditar su solicitud de reapertura del caso.
37.
En cuanto al artículo 442 del C.P.P., la censura se expone así:
-
El
cercenar el derecho de la víctima a ser oída ante una decisión determinante
como la absolución perentoria, desconoce su condición de protagonista principal
del conflicto penal.
-
El
conjunto de derechos que le han sido reconocidos a la víctima en el proceso
penal pierden efectividad cuando se le impide a ésta ser oída por el juez antes
de resolver sobre la petición de absolución perentoria presentada por el Fiscal
o la defensa.
-
Teniendo
en cuenta que en otras decisiones que tienen los mismos efectos de la
absolución perentoria como es el caso de la petición de archivo de la
indagación, la preclusión de investigación o la aplicación del principio de
oportunidad donde la víctima si puede intervenir en procura de defender sus
derechos, lo preceptuado por el artículo 442 resulta contradictorio.
-
Por
tanto en este caso, se deben aplicar los mismos razonamientos expuestos en la
sentencia C-209 de 2007, sobre intervención de la víctima frente a la solicitud
de preclusión y en general sobre todas las materias a las que se refirió dicha
providencia, con el propósito de arropar a aquella de garantías de
participación y control durante el proceso penal.
-
Se
incluye también un análisis de la aplicación del precepto, aún en el caso de
que se admita que la víctima fuera oída, previa la decisión del juez de
conocimiento ante la solicitud de absolución perentoria presentada por el
Fiscal. Pues no obstante ser el sistema procesal penal colombiano de tendencia
acusatoria y caracterizado por una identidad propia, según la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, dicha petición equivale al retiro de cargos, o a
una declinación del interés del Estado en el hecho investigado. En tales
condiciones el Juez no puede emitir decisión distinta de la que allí se
solicita. Por esto propone entender el precepto, en el sentido de que ante la
mencionada solicitud del fiscal, el juez decida si acoge o no las propuestas
formuladas por quienes  conforme al art. 443 del C.P.P. están autorizados a
alegar en la conclusión del juicio oral.
38.
Finalmente y con relación a todos los preceptos, observa que carecen de razón
objetiva y suficiente para no incluir a la víctima dentro de las consecuencias
jurídicas en ellos previstas, al mismo tiempo que se incumple el deber del
legislador de configurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso
penal. Con base en lo expuesto solicita que se declare la omisión legislativa
relativa de los artículos 268, 271, 272 y 442 de la ley 906 de 2004.
2.4.
Ineptitud sustancial de la demanda
39.
De conformidad con la naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad, con
las cargas mínimas que debe reunir la demanda correspondiente para habilitar a la
Corte a emitir un pronunciamiento de fondo y con las exigencias específicas que
comporta el cargo de omisión legislativa relativa y en particular la necesidad
de identificar en la norma jurídica acusada una vinculación coherente y
racional con la omisión alegada y con la inclusión que se reclama, estima la
Corte que en este caso, se presenta ineptitud sustancial de la demanda.
40. Así, con
relación a la omisión legislativa relativa predicada de los artículos 268, 271
y 272 del C.P.P., observa la Corte que la demanda no es clara, ni cierta ni
específica.
En
efecto, como lo estimó la Procuraduría, el concepto de violación por omisión
legislativa relativa que frente a ellos se expone no cumple con el requisito de
la claridad, esto es, no permite apreciar el hilo conductor en la argumentación
que haga posible comprender por qué dentro de tales preceptos debió el
legislador haber incluido a la víctima como interviniente especial, equiparable
al imputado y su defensa, para recaudar elementos probatorios y evidencia
física, entrevistar o procurar la declaración juramentada de personas que
conozcan información útil para el proceso.
Siguiendo
lo observado en el estudio de la jurisprudencia constitucional que ha tratado
el cargo de la omisión legislativa relativa en el Código de Procedimiento Penal
con relación a la víctima analizada, así como las conclusiones que sobre el
particular se trazaron entre los fundamentos jurídicos 29 a 33, no encuentra la Corte que en este caso dicha acusación se vincule razonablemente con los
textos normativos acusados, ni con sus cometidos y finalidades. Porque no se
está tratando en los artículos 268, 271 y 272 del C.P.P., ni a las víctimas y
sus potestades en el proceso como interviniente especial, ni se está regulando
la actuación procesal en general, en la que participan  el juez y las partes e
intervinientes durante la investigación. En estas disposiciones se contemplan es
algunas de las facultades que tiene la defensa durante esta etapa del proceso.
Entonces, la omisión legislativa que se alega sobre ellas de no incluir a la
víctima como habilitada para el recaudo de tales elementos probatorios, no
puede adscribirse a la materia allí regulada.
Es
decir que no se logra vincular la omisión que se acusa con el contenido
normativo específico de los artículos 268, 271 y 272 y por lo mismo, la
pretensión de que dichas disposiciones se entiendan constitucionales en el
sentido de que las facultades allí conferidas sean reputables también para la
víctima, no resulta coherente con lo preceptuado en ellos según su texto, su
ubicación, su función en el sistema normativo que el Código de Procedimiento
Penal representa.
Esta
proposición de los ciudadanos que interponen la demanda, de algún modo plantea
el problema de falta de certeza en ella, en cuanto la omisión legislativa
propuesta no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino
deducida por el actor o implícita. Pues el reclamar desde la perspectiva de la
omisión en la que incurrió el legislador en los artículos 268, 271 y 272 del
C.P.P., la inconstitucionalidad por diferencia de trato entre la víctima y el inculpado
o imputado en materia “aportación probatoria”, plantea una ausencia de
comprensión de estas disposiciones. O sea que hay allí una interpretación
errada de los mismos, de cuyo contenido no verificable deduce una omisión antes
que inexistente imposible, al menos en esos preceptos. Pues, se reitera, en
ellos se incluyen algunas de las facultades que durante la investigación tiene
la defensa, no actuaciones procesales ni derechos de partes e intervinientes en
materia probatoria, de las que se pudiera inferir la exclusión ilegítima de la
víctima. Se deduce pues una inconstitucionalidad por omisión legislativa
relativa que no se puede desprender de los textos acusados.
Por lo demás y
dejando de lado el anterior supuesto, a pesar de que la demanda es rica en
referencias sobre la importancia de proteger a la víctima del delito en el
proceso penal, lo cierto es que no cuenta con razones específicas que definan
con nitidez la manera como en ellas se desconoce o vulnera en particular el
artículo 13 constitucional, a los efectos de reconocer el argumento exigido
para este tipo de demandas, a saber “que la falta de justificación y
objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma”[33].
Los ciudadanos
demandantes, parten de una equiparación plena entre la víctima y el inculpado o
acusado como protagonistas del proceso, que no tiene soporte en la propia jurisprudencia
que se cita. Pero además, no exponen las razones por las cuales no hay
justificación para el trato diferenciado alegado ni por qué el mismo, en caso
de existir, resulta ilegítimo e inconstitucional. De esta manera el cargo de
omisión legislativa no es específico, en el sentido de que no establece “si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política”[34], lo que naturalmente
impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
42.
A
idéntica conclusión se llega sobre la demanda del artículo 442 del C.P.P.
Los actores
formulan un cargo de omisión legislativa relativa del todo oscuro, pues como
también lo observó el Ministerio Público, aunque señalan que el legislador
desconoció un deber constitucional de protección para con las víctimas del
delito, que impondría ser subsanado mediante su inclusión dentro del precepto,
no es comprensible frente a quiénes son tratadas de modo desigual y ni las razones
de ello.
Ciertamente,
según el texto de la demanda, no lo es respecto del fiscal o de la defensa del
acusado para los efectos de solicitar la absolución perentoria, cuando las
pruebas practicadas muestren de manera ostensible la falta de tipicidad de los
hechos en que se fundamentó la acusación. Su pretensión consiste en determinar
que se incluya en el precepto que la víctima pueda ser oída con antelación a
que el juez adopte la decisión de aceptar o no la absolución perentoria pedida.
No es claro
entonces de qué modo se sostiene la omisión legislativa relativa del artículo 442 C.P.P. con respecto a la víctima, pues aunque es verdad que ésta última no debe ser oída por el
juez previo a resolver sobre la petición, tampoco lo han de ser los demás
interesados, sean partes o intervinientes.
Y como se apuntó
frente a las primeras disposiciones acusadas, esta situación también revela una
falta de certeza, es decir, que la demanda se encamina a establecer una
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, sobre una proposición
inexistente. Ello, cuando los actores observan en el artículo 442 C.P.P. una omisión legislativa relativa alusiva sólo a la víctima que la excluye de las
consecuencias jurídicas que, por ser asimilables, tenían que estar comprendidas
también para ella como forma de armonizar el texto legal con los mandatos de la
Carta. Pues, como se ha dicho, la exclusión de la oportunidad de ser oídos por
el juez antes de que resuelva la petición de absolución perentoria, opera
frente a todos los sujetos que pueden participar en el proceso: partes e
intervinientes. La omisión legislativa relativa señalada se formula entonces
sobre una proposición jurídica deducida por los actores, que no ha sido suministrada
por el legislador.
En
tales circunstancias, es comprensible que no se sustenten las razones específicas
por las que se vulnera la Constitución en términos de la omisión legislativa alegada.
En particular no hay exposición ninguna sobre por qué se crea aquí una
desigualdad discriminatoria e injustificada, pues del texto del artículo 442
del C.P.P. se desprende que esta medida comprende a todas las partes e
intervinientes, esto es, iguala.
43. En
conclusión, la demanda no es apta porque respecto de los artículos 268, 271 y
272 y del artículo 442, no se presentan argumentos que permitan vislumbrar al
menos mínimamente un problema de omisión legislativa relativa violatorio del
derecho a la igualdad, discriminatorio para con las víctimas, lo cual redunda a
su vez en la falta de certeza y especificidad del cargo propuesto sobre tales
preceptos. Un problema que se hace visible en particular, por cuanto este
predicamento no resulta coherente con los textos acusados y en ese tanto, no se
logra vincular la omisión que se alega con su contenido normativo específico,
al cual le fuera imputable la materia que se omite, a saber, la facultad de la
víctima de recaudar elementos probatorios, evidencia física, entrevistas y
declaraciones juramentadas, así como el poder intervenir frente el juez de
conocimiento, antes de que el mismo resuelva sobre la absolución perentoria que
se solicita. En consecuencia, la acusación que se formula en contra de estas
normas no cumple con esta exigencia de procedibilidad esencial en este tipo de
demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, como se
expuso en las consideraciones que preceden, en especial, en el fundamento
jurídico 31.
44.
Por último es del caso precisar que, excluyendo la argumentación central sobre
la omisión legislativa relativa, en la demanda podrían apreciarse algunos
argumentos  que de modo independiente tendrían consistencia para dar lugar a
una decisión de fondo. Se hace alusión a los relacionados con el derecho de
acceso a la justicia de las víctimas y el derecho al debido proceso para los
efectos de asegurar la verdad, la justicia y la reparación.
Lo
que se pregunta es si con fundamento en el principio pro actione, podría
la Corte Constitucional reconocer desde ellos  la aptitud de la demanda. Para
esto, naturalmente sería menester no ya efectuar la integración de unidad
normativa que con vocación garantista y de conformidad con lo previsto en el
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y su interpretación por la jurisprudencia,
efectuó por ejemplo este tribunal en la estudiada sentencia C-209 de 2007.
Mucho más que ello, para lo dicho sería necesario cambiar el cargo propuesto y
construir otros diferentes, a partir de la selección y reordenación de algunos
argumentos del libelo en los que se podría vislumbrar claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia.
Es
evidente, como se ha visto en el fundamento jurídico 7 de esta parte
considerativa, que no existen competencias para que el juez constitucional
efectúe una labor de tal naturaleza, pues con ello estaría contrariando
abiertamente la Constitución. Porque convertir una demanda construida en torno
del cargo de omisión legislativa relativa en una demanda en torno de la
violación de derechos fundamentales, significa suplantar al ciudadano y
convertirse en juez y parte, contrariando su función institucional de ser
guardiana imparcial de la Carta.
45. Por
las consideraciones expuestas, la Corte se declarará inhibida para pronunciarse
sobre la inconstitucionalidad de los artículos 268, 271, 272 y 442 de la Ley
906 de 2004 por el cargo de omisión legislativa relativa, por ineptitud
sustantiva de la demanda.
IV.    DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes
motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse
INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los artículos 268, 271, 272 y 442 de la
Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Presidente
Ausente en
comisión
JUAN CARLOS
HENAO PÉREZ
Magistrado
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
Ausente
transitoriamente
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en
comisión
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]Mediante
la sentencia C-536 de 2008, la expresión tachada fue declarada inexequible. Así
mismo el último apartado del precepto según el cual “los
trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo”
fue declarado condicionalmente exequible  por la Corte Constitucional en la misma sentencia,  “en el entendido de que el imputado o su
defensor también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y
evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o
extranjero, para su respectivo examen”.
[2]
Sentencia de única instancia 4083 de septiembre de 1993, sentencia de casación
9984 de octubre 15 de 1997, sentencia del 29 de agosto de 2006, sentencia del
13 de julio de 2006 proceso no. 15843.
[3]
El Ministerio del Interior y de Justicia sin proponer ineptitud de la demanda,
estima que la interpretación del texto normativo acusado que proponen los
actores es errada por efectuarse de manera aislada sin considerar el sistema
normativo y dentro de él, la jurisprudencia constitucional sobre las víctimas.
[4]
A este respecto también la Fiscalía general de la Nación también señaló la falta de claridad de la demanda, al no precisarse el vacío en la ley
que vulnere la Constitución, es decir, la vulneración de la igualdad como
resultado de la omisión legislativa relativa, que pueda ser llenado por la Corte Constitucional.
[5]
Sentencia C-761 de 2009. Así mismo, entre muchas, sentencias  C-041 de 2002,
C-1095 de 2001, C-1143 de 2001, A. 178 de 2003, A. 114 de 2004 y C-405 de 2009.
[6]
Entre otras, C-428 de 2008 y C-320 de 1997.
[7] Ver también sentencias C-370 de
2006, C-922 de 2007 y C-923 de 2008.
[8]
Cfr. Sentencia C-142 de 2001.
[9]
Cfr. Ibíd.
[10]
Sentencia C-1052 de 2001
[11]
Idem.
[12] Al respecto se señaló en la
sentencia C-320 de 1997, reiterada en numerosas ocasiones, que “la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es
necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente
indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha
sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es
procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a
aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es
legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma
parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa
constitucionalidad” (subrayado fuera de texto). En el mismo sentido la
sentencia C-185 de 2002, donde la Corte observó: “La atribución legal
reconocida a esta Corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para
vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron
materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo,
sólo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue
presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha
cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la
acción pública de inconstitucionalidad”.
[13]
Sentencia C- 041 de 2001, criterio reiterado en la sentencias C-528 de 2003 y
C- 1009 de 2005.
[14]
Sentencias C- 185 de 2001; C-420 de 2000.
[15]
Sentencias C- 540 de 1997;  C-041 de 2002.
[16]
Sentencia C-1052 de 2001.
[17]
Sentencia C-192 de 2006.
[18]
Sentencia C-185 de 2002.
[19] Sentencia 1052
de 2001.
[20]
Ver en este sentido sentencias C-405 de 2009 y C-434 de 2010.
[21]
C- 427 de 2000.
[22]
Sentencia C-454 de 2006. Se cita como soporte de lo anterior las sentencias
C-185 de 2002, C-871de 2002, C-041 de 2002; C-427 de 2000; C-1549 de 2000,
C-543 de 1996, C- 1009 de 2005.
[23]
Sentencia C-509 de 2004.
[24] Sentencia C-1549 de 2000.
[25] Se explica en la sentencia que
en ese evento, la integración normativa procede bajo la primera hipótesis señalada
en la sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero. Según esa
sentencia, la integración de unidad normativa sólo procede de manera
excepcional en tres eventos: (1) “cuando un ciudadano demanda una
disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o
unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente
imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que
no fue acusada.” (2) “Cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida
en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas.” Y (3) “pese
a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se
encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera
vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.” Sobre el tema de
integración normativa, también se citan como referencias, las sentencias C-357
de 1999, C-539 de 1999, C-781 de 2003, C-227 de 2004; C-271 de 2003; C-409 de
2004; C-538 de 2005, C-536 de 2006.
[26] En este evento la integración de
unidad normativa se hace bajo la primera hipótesis planteada en la sentencia
C-320 de 1997, esto es  (1) “cuando un ciudadano demanda una disposición
que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera
que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar
su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada.”.
[27]
También en este caso se produce la integración de unidad normativa bajo la
primera hipótesis de la sentencia C-320 de 1997, “esto es, porque lo demandado
no tiene un sentido claro o unívoco que sea posible entenderlo o aplicarlo sin
integrar su contenido normativo con el resto del artículo”.
[28]
La integración de unidad normativa se produce igualmente por necesidad de crear
pronunciarse sobre un texto claro, de modo claro.
[29]
En este evento la integración de unidad normativa se hace bajo la tercera hipótesis
planteada en la sentencia C-320 de 1997,  en la que a pesar de no ser necesario
hacer la integración para asegurar su aplicación y entendimiento del texto
normativo, ni porque lo demandado se encuentre reproducido en otras
disposiciones, sino porque “la norma demandada se encuentra
intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta
serias dudas de constitucionalidad”.
[30]
Ley 906 de 2004, Artículo 289. Formalidades. La
formulación de la imputación se cumplirá con la presencia del imputado o su
defensor, ya sea de confianza o, a falta de este, el que fuere designado por el
sistema nacional de defensoría pública.
[31]
Se citan las sentencias C-041 de 2002; C-215 de 1999, C-146 de 1998; C-543 de
1996; C-155 de 2004; C-509 de 2004.
[32] En este caso se precisa cómo en
la sentencia C- 454 de 2006, la Corte declaró la ineptitud sustantiva de una
demanda por omisión legislativa relativa, la cual  se dirigía contra  todo el
contenido del artículo 11 y todo el contenido del artículo 136 de la Ley 906 de 2004 sin vincular la omisión a un contenido normativo específico. La formulación
del cargo se consideró, en esa oportunidad, “genérica  y global, por lo que
no responde a los  principios de especificidad y concreción que determinan la
aptitud de un cargo”.
[33]
Sentencia C-185 de 2002.
[34]
Sentencia C-1052 de 2001.