T-689-01
Sentencia T-689/01
Sentencia T-689/01
DERECHO A LA SALUD-Exclusión de tratamiento de fertilidad por no estar en el POS
DERECHO A LA SALUD-Carácter prestacional
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad con la vida/DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL-Fundamental por conexidad con la vida.
MATERNIDAD-Protección
constitucional especial
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE MUJER EMBARAZADA-Protección constitucional
especial
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Exclusión de tratamiento de fertilidad
Referencia: expediente T-430400
Acción de tutela de Nayibi Rendón Rivera
contra la Entidad Promotora de Salud Coomeva S. A.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., tres (3)  de julio de dos mil
uno (2001).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión de la tutela
instaurada por Nayibi Rendón Rivera contra la Entidad Promotora de Salud
Coomeva S. A.
I.    ANTECEDENTES
A.  Reseña fáctica
La señora Nayibi Rendón Rivera laboró para la
Iglesia Unión Misionera y luego para la Clínica Maranatha y está afiliada a la
Empresa Promotora de Salud Coomeva S. A., sucursal de Palmira, desde el 9 de
julio de 2000.
Desde 1998 padece una enfermedad de su
aparato reproductor caracterizada por la inflamación de los ovarios y dolor
pélvico persistente y se le diagnosticó un hidrosalpinx en el lado derecho.
Fue sometida a varios tratamientos pero ni la inflamación ni el dolor cedieron.
Ante la persistencia de esas afecciones, en
enero de este año acudió a su médico particular y éste ordenó la práctica de
una laparoscopia operatoria cuya realización le solicitó a la Institución
Prestadora de Salud.  No obstante, ésta la negó argumentando que ese examen no
hacía parte del Plan Obligatorio de Salud y que la afiliada no cumplía con el
año de cotización que se requería para prestarle el servicio.
B.  La tutela instaurada
1.  Ante esa situación, Nayibi Rendón Rivera
interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Tercero Penal de Circuito de
Palmira argumentando que con la negativa a practicarle ese procedimiento quirúrgico
se le estaba vulnerando el derecho a la vida, dado que padecía un dolor
permanente que sólo cede con analgésicos, y el derecho a la salud reproductiva,
ya que no tiene hijos y ante ese padecimiento está en incapacidad de
reproducirlos.  De igual manera, manifestó que con la realización de ese
procedimiento se le podría evitar hacia futuro una grave enfermedad.
2.  De la documentación allegada por la
actora se infiere que ha sido sometida a los siguientes procedimientos médicos:
-    El 19 de mayo de 1998
se le practicó una ecografía y se le diagnosticó un proceso inflamatorio en el
ovario derecho.
-    El 22 de mayo de
1998 se le practicó una ecografía y se le diagnosticó un proceso inflamatorio
con probable absceso.
-    El 3 de junio de
1998 se le practicó una ecografía y la impresión ultrasonográfica fue genitales
internos negativos para masas.
-    El 7 de marzo de
2000 se le practicó una ecografía y no se advirtió ninguna patología.
-    El 9 de enero de
2001 se le practicó una citología y no se le diagnosticó ninguna lesión
premaligna o maligna y se le llamó a control en 6 meses.
3.  El 26 de enero de 2001 el gerente médico
de la I.P.S. Santa Helena informó que a la actora  “Se le negó el
procedimiento de Laparoscopia Operatoria porque el Decreto 1938 del 5 de agosto
de 1994 en su artículo 15 de exclusiones y limitaciones excluye aquellas
actividades que no tienen como fin contribuir al diagnóstico y rehabilitación
de la enfermedad en su inciso C al acápite dice:  Tratamiento para fertilidad”.
II.   SENTENCIA JUDICIAL OBJETO DE
REVISION
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Palmira negó la tutela solicitada por la actora.  Lo hizo con base en los
siguientes argumentos:
1.  Es la propia accionante quien en su
escrito inicial y en su posterior ratificación indicó que Coomeva desde un
comienzo le informó las razones por las cuales no le practicó la laparoscopia
operatoria indicando que no procedía por estar excluidos los tratamientos de
fertilidad del Plan Obligatorio de Salud y por no contar con un año de
afiliación.
2.  Coomeva
negó la realización de ese procedimiento quirúrgico no por un capricho o acto
arbitrario sino en estricto cumplimiento de la legislación que regula el
contrato entre los afiliados o beneficiados frente a la institución prestadora
de salud pues el Decreto 1938 del 5 de agosto de 1994 excluye el tratamiento de
fertilidad y por ello, con esa negativa a la actora no se le está afectando ni
el derecho a la salud ni el derecho a la vida.
3.  En esas
condiciones la tutela no procede pues sólo en casos muy delicados, donde
verdaderamente esté en peligro la vida de una persona tendría que entrar el
juez de tutela a tomar las decisiones que permitan salvaguardar el derecho
fundamental a la supervivencia.
III.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y          FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
A.  Problema jurídico
El problema
jurídico que debe resolver la Corte es el siguiente.  ¿La entidad promotora de
salud Coomeva S.A. vulneró el derecho a la vida y el derecho a la salud de
Nayibi Rendón Rivera al negarse a practicarle una laparoscopia operatoria por
estar los tratamientos para infertilidad excluidos del Plan Obligatorio de
Salud?
B.  Solución
Para solucionar el problema jurídico
planteado, la Corte tendrá en cuenta la naturaleza del derecho a la seguridad
pública y a la salud; considerará el Sistema de Seguridad Social en Salud como
parte de una política pública encaminada a la realización de esos derechos;
referirá la necesidad de limitar el Plan Obligatorio de Salud implementado por
ese Sistema por razones de la cobertura poblacional y de la amplia gama de
servicios que está llamado a atender y valorará la exclusión de los
tratamientos de fertilidad hecha por la ley.
Con base en esos elementos de juicio, la
Corte inferirá si a la actora, al negarle el tratamiento de fertilidad, se le
ha negado un derecho fundamental y si ante ello procede su protección
constitucional.
1.  La seguridad social y la salud como
derechos de segunda generación
La seguridad social y la salud son derechos
de segunda generación, esto es, hacen parte de los derechos económicos,
sociales y culturales y se encuentran consagrados en los  artículos 48 y 49 de
la Carta.  No se trata de derechos fundamentales que resulten exigibles sólo a
partir de la previsión del constituyente y de su inclusión en ella.  Por el
contrario, se trata de derechos prestacionales que no tienen eficacia directa,
que requieren concreción legislativa y que están supeditados a la capacidad
operativa del Estado.  Esto es, se trata de derechos para cuya eficacia se
requiere del despliegue de políticas públicas y que por lo mismo tienen
carácter programático.
Consecuencia de su carácter de derechos de
segunda generación es el hecho de que la seguridad social y la salud no son
susceptibles de protección directa por vía de la acción de tutela pues sólo
pueden ser objeto de protección por el juez constitucional si a través de ellos
se ponen en peligro derechos fundamentales como la vida o la dignidad humanas.
En estos supuestos, los derechos prestacionales a la seguridad y a la salud,
involucran el poder de exigir atención estatal en cuanto asumen el carácter de
derechos fundamentales por conexidad[1].
El reconocimiento del carácter prestacional
del derecho a la seguridad social y del derecho a la salud y la inviabilidad de
la acción de tutela como mecanismo de protección, son situaciones indicativas
de que el constitucionalismo no es ajeno a la imposibilidad de rodear de
eficacia directa a todos los derechos humanos, tanto por el carácter
programático de varios ámbitos de ellos, como por la incapacidad estructural
del Estado moderno para realizarlos simultáneamente.  De allí por qué, tanto en
las políticas estatales, como en la configuración legislativa y en la
protección constitucional deban priorizarse aquellos derechos que sí son
fundamentales y deba promoverse la progresiva realización de los derechos de
segunda y tercera generación.
2.  El  Sistema  de  Seguridad  Social  en
Salud como política pública orientada a la realización de los derechos de
segunda generación
Que en el Estado social y democrático los
derechos de segunda generación no estén revestidos de la calidad de
fundamentales y que por lo mismo no sean susceptibles de protección
constitucional, no significa que ellos deban estar desvinculados de las
políticas públicas.  Por el contrario, el Estado moderno, sobre la afirmación
ineludible de esa primera generación de derechos, se orienta a la satisfacción
de esos derechos de segundo orden.  Por ello debe hacer uso de todos los
mecanismos institucionales que estén a su alcance para realizar esos derechos,
fundamentalmente en beneficio de aquellos grupos sociales que se encuentran
desprotegidos.
En el caso colombiano, el constituyente
previó los fundamentos del Sistema de Seguridad Social en Salud.  Lo hizo en el
artículo 48 de la Carta indicando que es un servicio público obligatorio que se
presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; que es un derecho
irrenunciable de todos los habitantes y que se ampliará progresivamente para
comprender la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.
La Ley 100 de 1993 desarrolla el Sistema de
Seguridad Social previsto por el Constituyente.  Ella procura implementar las
condiciones para que se hagan efectivos los derechos a la salud y a la
seguridad social como servicios públicos de carácter obligatorio.  Para ello ha
implementado el Sistema de Seguridad Social en Salud, el que comprende un Plan
Obligatorio de Salud que busca garantizar la protección integral de las
familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
para todas las patologías.  Ese plan tiene unas características diferentes según
se trate del régimen contributivo, previsto para las personas que se encuentran
en capacidad de cotizar, o del régimen subsidiado, previsto para las personas
pobres y sus familiares que no se hallan en capacidad de hacerlo.
Pero aparte de ese Plan Obligatorio de Salud,
la ley ha diseñando también planes de salud adicionales como los
complementarios, los de medicina prepagada y las pólizas de salud, planes cuya
regulación ya no constituye un deber estatal surgido en virtud de los artículos
48 y 49 de la Carta sino ejercicio de actividades de interés público, sometidas
a control estatal y que se financian con los recursos de los particulares
interesados en acceder a ellos.
En ese marco, la
protección constitucional de los derechos a la seguridad social y a la salud
dentro del Plan Obligatorio de Salud o fuera de él, está condicionada a su
carácter de fundamentales por conexidad en cuanto con su vulneración se afecte
un derecho previsto como fundamental por la Carta.
3.  Límites del
Plan Obligatorio de Salud
El derecho a la
seguridad social en salud está sujeto al principio de universalidad y a su
garantía, con carácter irrenunciable, a todos los habitantes.  De ello se sigue
que las políticas públicas, los desarrollos legislativos, la prestación de los
servicios y la dirección, coordinación y control estatales deben orientarse por
un necesario criterio de racionalidad de tal manera que se permita propiciar
una prestación del servicio que atienda las necesidades colectivas y no
intereses particulares.  Ello es así en cuanto no se trata de propiciar el
reconocimiento de cuanto servicio sea requerido por unos pocos, aún a costa de
despojar a amplios sectores poblacionales de la atención que precisan sus
requerimientos básicos en materia de seguridad social.
Es por ello que
el desarrollo legislativo del Sistema de Seguridad Social en Salud diseña un
Plan Obligatorio de Salud para extenderlo tanto a quienes se encuentran en
capacidad de cotizar como a quienes no se hallan en capacidad de hacerlo, Plan
que tiene unos contenidos que no son mínimos pero tampoco integrales, que son
determinados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y que
obviamente están sometidos a las restricciones particulares del Estado
colombiano.  Si el contenido del Plan Obligatorio de Salud fuera ilimitado no
habría la más remota posibilidad de garantizarlo a todos los habitantes, ni
siquiera en las limitadas condiciones en que hoy se lo hace, pues el imperativo
de prestar atención integral conllevaría el agotamiento de los recursos
estatales con la sola garantía de ese derecho a mínimos sectores
poblacionales.
Entonces, el
derecho a la seguridad social y el derecho a la salud son derechos
prestacionales que, habiendo sido desarrollados por la ley, resultan exigibles
en las condiciones indicadas en ella y teniendo en cuenta la necesidad de
adecuar sus limitados recursos a su amplia cobertura.  Por ello el Plan
Obligatorio de Salud tiene una serie de límites en cuanto a los servicios
requeridos y a las semanas de cotización necesarias para acceder a ellos,
límites que, como se lo ha expuesto, se explican por la necesidad de atender
las demandas de seguridad social y no únicamente intereses particulares.
La Corte no ha
sido ajena al ámbito de racionalidad en que se desenvuelven los límites
impuestos por el legislador al Plan Obligatorio de Salud.  Precisamente en una
Sentencia de Unificación de Jurisprudencia en la que se consideró la limitada
procedencia de las remisiones al exterior de afiliados para efectos de la
realización de los tratamientos por ellos requeridos para la recuperación de su
salud, sobre el carácter limitado de las prestaciones que deben satisfacer las
Entidades Prestadoras de Salud se dijo lo siguiente:
El Plan Obligatorio de Salud se constituye,
entonces, en un conjunto de prestaciones expresamente delimitadas que deben
satisfacer y garantizar las Entidades Promotoras de Salud, en armonía con la
definición del Plan Obligatorio hecha por la autoridad competente, cual es el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Cabe anotar que las Empresas Promotoras de
Salud que operan en Colombia, cualquiera sea su naturaleza jurídica, deben
garantizar la prestación de los servicios de salud en los términos concretos
definidos en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, dentro de los
cuales no se encuentran incluidos ciertos tratamientos, procedimientos,
actividades y medicamentos, por no existir tecnología disponible en el país o
por las condiciones financieras del sistema
Al respecto, la Resolución 05261 de 1994
expedida por el Ministerio de Salud, establece en la actualidad las
actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud que
deben garantizar las Entidades Promotoras de Salud dentro del régimen
contributivo, que tienen algunas limitaciones por razón de los servicios
requeridos, el número de semanas cotizadas, y en general, por aquellas que
defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Esas
limitaciones están definidas, de una parte, por la exigencia al afiliado en el
cumplimiento de un período mínimo de cotizaciones al Sistema, y de la otra, por
la exclusión de ciertas actividades, intervenciones, procedimientos y
medicamentos del Plan Obligatorio de Salud[2].
En particular,
sobre el límite relacionado con las semanas de cotización requeridas para
acceder al Plan Obligatorio de salud, la Corte ha expuesto:
Particular importancia para el caso materia
del presente fallo tiene la afiliación al Plan Obligatorio de Salud. De acuerdo
con la ley, ésta ha de predicarse no de una determinada EPS, sino del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Ahora bien, el pago de la cotización
por parte del afiliado o beneficiario, se hace es al Sistema, lo cual tiene
implicaciones en el factor temporal de afiliación, en cuanto a los derechos que
se tienen, según el tiempo de cotización, ya que hay unos períodos mínimos que
influyen en la prestación de los servicios, como lo indica el artículo 26 del
decreto 1938 de 1994...
Estos períodos corresponden según la
ley, al tiempo mínimo que debe cotizar un individuo, dentro del cual carece de
derecho para reclamar el servicio o prestación. Los períodos de carencia pueden
ser fijados de manera restrictiva en la ley o las disposiciones reglamentarias
o determinados conforme a la libertad de las partes.
En concordancia
con las limitaciones financieras del sistema y en aras de lograr una correcta
financiación del plan de salud, se pueden establecer, en principio, periodos
mínimos de carencia para tener derecho a la prestación de determinados
servicios o el reconocimiento de prestaciones económicas (inciso segundo del
artículo 164 de la ley 100), con la restricción, según la jurisprudencia
constitucional, de que dichos períodos mínimos no se pueden exigir cuando estén
de por medio derechos fundamentales[3].
De ese modo, la
necesidad de garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la seguridad social
es, entonces, lo que explica que su cobertura se extienda únicamente a la
prestación de los servicios que indique la ley, en este caso, a través de la
determinación de los servicios comprendidos en el Plan Obligatorio de Salud.
Por ello, la
extensión del derecho a la seguridad social a servicios no previstos por la ley
o sin cumplir las semanas de cotización requeridas, no puede ser dispuesta por
el juez constitucional pues con ello se rompería el criterio de racionalidad
con el  cual se ha implementado el Sistema de Seguridad Social en Salud.  Sólo
en el supuesto de que los límites de servicios o de cotización impuestos por el
Plan Obligatorio de Salud pongan en peligro, en un caso concreto, derechos
fundamentales, el juez constitucional puede ordenar el amparo pues en ese caso
esos límites deben ceder ante la necesidad de salvaguardar el derecho
fundamental afectado y el de seguridad social que le es conexo, pues, como lo
ha expuesto la Corte:
...el
otorgamiento, por la vía de la tutela, de prestaciones por fuera del POS, es
excepcionalísimo, pues se supedita a los precisos  y restrictivos supuestos que
en la providencia en cita la Corte Constitucional señaló  (Sentencia SU-819 de
1999), los cuales tienen por supuestos fácticos que deben estar plenamente
demostrados, el riesgo inminente para la vida del afiliado (i) y su absoluta
incapacidad de financiar su costo (ii)”[4].
4.
Improcedencia de la acción de tutela para extender la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud al tratamiento para la infertilidad
Desarrollando
esa línea jurisprudencial, la Corte ha negado que se vulneren derechos
fundamentales por el hecho de no someter a una afiliada a un tratamiento de
fertilidad y lo ha hecho con por una doble vía.
Por una parte,
por la regulación que se ha hecho de los servicios comprendidos por el Plan
Obligatorio de Salud pues entre ellos no se encuentra el tratamiento para la
infertilidad.  Esa exclusión no sólo constituye el legítimo desarrollo de una
facultad de configuración legal sino que además es totalmente coherente con la
necesidad de implementar un Sistema de Seguridad Social en Salud que se atenga
al principio de universalidad y a su garantía a todos los habitantes del
territorio colombiano.
Por otra parte,
porque si bien el Texto Fundamental dispone que durante el embarazo y después
del parto la mujer ha de ser objeto de la especial asistencia y protección del
Estado, ese deber de asistencia y protección opera siempre que la procreación
sea posible y sólo impone el deber de no obstruir o limitar el derecho de la
mujer a procrear.
Por ello, sobre
la inviabilidad de la acción de tutela para extender la cobertura del Plan
Obligatorio de salud a situaciones no previstas y particularmente para acceder
a tratamientos para la infertilidad, la Corte ha expuesto:
Se colige de lo expuesto que el deber de
atención en salud que vincula constitucionalmente al Estado con sus asociados
no encuentra justificación razonable cuando éste se dirige a posibilitarle
mediante una acción positiva, verbigracia una intervención médico quirúrgica,
el derecho a la maternidad de una mujer cuya función procreadora no puede
ejercerse normalmente por causa no imputable al ente estatal.
Tanto el ordenamiento positivo como la
jurisprudencia han entendido el derecho a la maternidad como aquel referente a
las prerrogativas de que goza la mujer, bien en razón de su estado de embarazo,
o por haber, recientemente, dado a luz a su criatura. Debido a esto, el derecho
a la procreación - aunque existe como tal en cabeza de todo ser humano e
implica un deber de abstención estatal en relación con aquellas actividades
tendientes a su restricción o determinación imperativa -, mal puede extenderse
hasta el punto de constreñir a la administración a garantizar la maternidad
biológica de una persona cuyo condicionamiento biológico per se no le
permite su goce. Cabe recordar que los convenios internacionales en materia de
derechos humanos ratificados por Colombia han entendido el tema de los derechos
reproductivos de la mujer como un asunto que implica la posibilidad femenina de
determinar libremente el número de sus hijos, acceder a una adecuada sobre
planificación familiar, etc.
Finalmente, en
apoyo de lo expuesto, es pertinente destacar que el orden axiológico de la
Carta de 1991 mal podría sobreponer el goce de un derecho de segunda generación
- como lo es el de hacer posible un embarazo de imposible viabilidad sin la
intervención positiva estatal -, al derecho fundamental a la vida de una
persona cuya patología la pone en riesgo de muerte, verbigracia un caso de
urgente transplante de hígado. En efecto, la escasez de recursos de un país
como Colombia implica una clara determinación de prioridades en materia de
gasto público y social, elemento indispensable para la efectividad de los
derechos prestacionales. Así, únicamente cuando el Estado sea capaz de
garantizar el goce de derechos los esenciales al ser humano, puede pensarse en
desarrollar políticas tendientes al aseguramiento de los derechos de desarrollo
progresivo[5].
5.  El caso planteado
En el caso sometido a consideración de la
Corte, se encuentra demostrado que la señora Nayibi Rendón Rivera padece una
afección de su sistema reproductor y que ella consistente en un proceso
inflamatorio en el ovario derecho.  En razón de esa afección ha sido sometida a
diversos tratamientos pero la afección ha persistido y ha conllevado su
incapacidad para procrear un hijo.
De las pruebas que hacen parte del proceso se
advierte que ya en varias oportunidades el cuerpo médico que la ha atendido ha
conceptuado que esa dolencia, aparte de la incapacidad para procrear, no
conlleva una afección grave a su salud o a su vida.  Ello ha sido así al punto
que en el mes de marzo del año 2000 no se le advirtió ninguna patología y que
en el mes de enero de este año no se le diagnosticó ninguna premaligna o
maligna y de allí por qué se la haya llamado a control en seis meses.
En ese entendido,
es claro que la acción de tutela se ha ejercido para que se le ordene a la
Entidad Promotora de Salud prestar un servicio que no está incluido en el Plan
Obligatorio de Salud.  Es cierto que en el curso de los hechos a la afiliada se
le argumentó que la laparoscopia operatoria no podía practicársele por cuanto
no cumplía con el tiempo de cotización requerido.  Sin embargo, la explicación
suministrada por el médico gerente de la Institución Prestadora de Salud es muy
clara en cuanto a que el motivo por el cual no se presta el servicio radica en
que los tratamientos de fertilidad están excluidos del Plan Obligatorio de
Salud.  Y en efecto lo está pues así se infiere de lo dispuesto en el Decreto
Reglamentario 806 de 1998 y en el Acuerdo 8 de 1994, artículo 7°, literal c),
expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
En estas condiciones y de acuerdo con lo que
se ha expuesto, es claro que no procede la acción de tutela como mecanismo para
lograr la extensión del Plan Obligatorio de Salud a un servicio que se
encuentra excluido de él.  Esa exclusión suministra fundamento legal a la
actitud de la entidad accionada y es coherente con la limitada cobertura del
Sistema de Seguridad Social en Salud.
Por estos motivos, se confirmará la sentencia
proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Palmira.
DECISIÓN
Con base en
los argumentos expuestos en precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.
Denegar la tutela instaurada por Nayibi Rendón Rivera.
Segundo.
Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Palmira el treinta y uno  (31)  de enero de dos mil uno  (2001).
Tercero.  Líbrese
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Corte Constitucional.  Sentencia T-290 de 1994.  Magistrado Ponente, Vladimiro
Naranjo Mesa.
[2]
Corte Constitucional.  Sentencia SU-819 de 1999.  Magistrado Ponente, Álvaro
Tafur Galvis.
[3]
Corte Constitucional.  Sentencia SU-819 de 1999.  Magistrado Ponente, Álvaro
Tafur Galvis.
[4]
Corte Constitucional.  Sentencia T-1485 de 2000.  Magistrado Ponente, Fabio
Morón Díaz.
[5]
Corte Constitucional.  Sentencia T-1104 de 2000.  Magistrado Ponente, Vladimiro
Naranjo Mesa.