C-336-14
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-336/14
(Bogotá D.C., junio 4 de 2014)
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Reconocimiento de cuota parte para
el compañero o compañera permanente que haya convivido durante los últimos
cinco años con el causante separado de hecho, pero con sociedad conyugal
vigente
La
jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los efectos jurídicos de la unión
marital del hecho son diferentes a los del matrimonio, por ende son
instituciones jurídicas disímiles y no necesariamente equiparables. La
separación de hecho suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo, más
no los de la sociedad patrimonial conformada entre los cónyuges. Por lo cual,
no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros
permanentes, cuando uno de éstos mantiene en vigor la sociedad patrimonial del
matrimonio. El Legislador dentro del marco de su competencia, en desarrollo del
derecho a la seguridad social en pensiones, puede regular lo referente a los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En ese orden de ideas, en el
caso de la convivencia no simultánea entre el cónyuge con separación de hecho y
con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente, ponderó los
criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la
convivencia efectiva consolida con antelación al inicio de la unión marital de
hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión. Al analizar el aparte acusado a la luz de los presupuestos del
juicio de igualdad, se pudo constatar que los sujetos
en comparación -cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente
y el último compañero permanente- pertenecen a grupos diferentes y por ello la
norma demandada no otorga un trato diferente a quien es diferente, en tanto que
ambas figuras no son necesariamente equiparables.
RECONOCIMIENTO
CUOTA PARTE DE PENSION DE SOBREVIVIENTE A CONYUGE CON SOCIEDAD CONYUGAL
VIGENTE-Aptitud de la demanda
COSA JUZGADA
MATERIAL-Alcance
CONYUGE O COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE SUPERSTITE-Condiciones para que sea beneficiario de la
pensión de sobrevivientes
RECONOCIMIENTO CUOTA PARTE DE PENSION DE
SOBREVIVIENTE A CONYUGE CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE-Inexistencia de cosa juzgada constitucional por diversidad de normas
y cargos
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Marco Normativo
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Beneficiarios
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Requisito de convivencia efectiva
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Finalidad
El objetivo fundamental perseguido es el de proteger a la familia.
En efecto, la circunstancia de que el cónyuge o compañero permanente del
causante deban cumplir ciertos exigencias de índole personal y temporal para
acceder a la pensión de sobrevivientes, constituye una garantía de legitimidad
y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás
miembros del grupo familiar. También busca favorecer económicamente a aquellos
matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de
vida real y con vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición
intenta amparar el patrimonio del pensionado, de posibles maniobras
fraudulentas realizadas por personas que, con la falsa motivación de instituir
una vida marital responsable y comprometida, sólo pretenden derivar un
beneficio económico de la transmisión pensional.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PENSIONES-Jurisprudencia constitucional
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PENSIONES-Límites
MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO-Diferenciación
para efectos pensionales
SEPARACION DE HECHO-Contenido y alcance
SOCIEDAD CONYUGAL Y SOCIEDAD PATRIMONIAL-Diferenciación
JUICIO DE
IGUALDAD-Método de análisis constitucional
DERECHO A LA
IGUALDAD ANTE LA LEY-Establecimiento/JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Alcance
El derecho a la igualdad frente
a la ley, impone al legislador otorgar el mismo tratamiento a todas las
personas que están en el mismo supuesto de hecho que él pretende regular. Por
lo tanto, para establecer si una disposición legal concreta es discriminatoria,
el primer presupuesto lógico que el juez constitucional debe verificar es
que tal disposición realmente otorgue un trato diferente a personas colocadas
en la misma situación de hecho. Si ello efectivamente ocurre, entonces debe
examinar si ese tratamiento desigual persigue alguna finalidad constitucionalmente
importante que lo justifique, comprobado lo cual debe establecerse si la
limitación al derecho a la igualdad era adecuada para alcanzar tal finalidad.
Además, para que dicha restricción sea conforme con la Constitución, se
requiere que sea ponderada o proporcional stricto sensu. “Este paso del juicio
de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva
constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los
beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el
patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional
que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en
consecuencia, debe ser declarada inconstitucional.”
Ref.: Expediente D-9910
Actor: Carlos Alberto Chamat Duque.
Demanda de
inconstitucionalidad contra el literal b)
(parcial) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman
algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”.
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES.
1.
Texto normativo demandado.
El ciudadano, Carlos
Alberto Chamat Duque en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista
en el artículo 40, numeral 6 de la
Constitución Política, instauró demanda de inconstitucionalidad parcial contra
el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003; el texto normativo acusado
es el señalado con subraya:
“LEY 797 DE 2003
(enero 29)[1]
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán
así:
Artículo 47.
Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes:
a) En forma
vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;
b) En forma
temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener
su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante
aplicará el literal a).
Si respecto de un
pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o
el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si
no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero
hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente;
c) Los hijos menores
de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de
condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar
cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993; (aparte tachado declarado INEXEQUIBLE en la sentencia
C-1094/03)
d) A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de
forma total y absoluta de este; (aparte tachado declarado INEXEQUIBLE en la
sentencia C-111/06)
e) A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.
PARÁGRAFO. Para
efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o
el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”
2. Pretensión y cargos formulados.
2.1. El
demandante solicita la inexequibilidad total del aparte señalado en el inciso final
del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y, de manera subsidiaria
su exequibilidad condicionada, bajo el entendido que pueden concurrir al
reclamo de la pensión las parejas conformadas por compañeros permanentes que
acrediten  el requisito de la convivencia en cualquier tiempo.
2.2. El actor considera
que la norma acusada vulnera los artículos 13 y 48 de la
Constitución Política, por los siguientes motivos:
2.3.  Vulneración
del derecho a la igualdad (artículo 13 CP).
2.3.1. Expresa
el actor que facultar al cónyuge –separado de cuerpos y sin convivencia simultanea–
para reclamar una cuota parte de la pensión de sobrevivientes que le corresponde
al compañero permanente, vulnera el derecho a la igualdad de éste último, al otorgar
privilegios legales injustificados sobre el derecho pensional de la persona que
durante los últimos cinco años previos al fallecimiento estuvo haciendo vida marital
efectiva con el causante, por el simple hecho de no haber disuelto la sociedad
conyugal.
2.3.2. El trato
legal discriminatorio se fundamenta exclusivamente en la prevalencia del vínculo
matrimonial, desconociendo flagrantemente la finalidad material de la norma en
cuanto a la exigencia de convivencia dentro de los últimos cinco años de
vida, y el derecho al desarrollo de la libre personalidad de la pareja que decidió
formar un hogar y unir su vida sin formalismos rituales o legales.
2.3.3. Por otro
lado, indica que la norma acusada discrimina a la pareja que bajo la figura de
unión marital de hecho convivió por cinco años con el causante, pero que al
igual que el cónyuge no fue la última relación del de cujus. No obstante,
no está facultada para solicitar la cuota parte de la pensión y acreditar la
convivencia en cualquier tiempo como lo puede hacer el cónyuge con sociedad
conyugal vigente.
2.4.
Vulneración del derecho a la seguridad social (artículo 48 CP).
2.4.1. Los
antiguos compañeros permanentes del afiliado cuentan con el mismo derecho y
posición del esposo u esposa con sociedad conyugal vigente y separación de
cuerpos, en tanto que prima el factor de convivencia, y no la formalidad de un
vínculo contractual. En ese sentido, su derecho a la seguridad social en
pensiones se ve restringido al excluirlos del listado de beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes y no permitirles el reclamo de una cuota parte en
razón de la convivencia.
3.
Intervenciones.
3.1. Consejo
de Estado: exequible.
3.1.1. El
Presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió a ésta
Corporación la sentencia No. 2410-2004 del 20 de septiembre de 2007, dentro de
la cual estima analizado el tema del reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes entre un cónyuge supérstite y un compañero permanente, así como
entre dos compañeros permanentes.
3.2.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público: exequible.
3.2.1. El
aparte legal demandado hace referencia a una situación fáctica especial
referente a la coexistencia de un cónyuge con separación de hecho y un
compañero permanente, pero con la acreditación de los 5 años de convivencia en
tiempos diferentes. En ese sentido, de conformidad con la redacción de la norma
acusada, sugiere que el quinquenio de convivencia se exige al compañero
permanente, mientras que para el consorte sobreviviente los requisitos se
restringen a la vigencia del vínculo matrimonial y el cese efectivo de la
convivencia. De lo anterior, concluye el interviniente que el legislador
excluyó a los compañeros permanentes de relaciones anteriores al fallecimiento,
por lo cual, ésos casos no pueden ser equiparados al del cónyuge con separación
de cuerpos.
3.2.2. Conforme
a la libertad de configuración el Legislador consagró un régimen específico
para todos aquellos que deben ser considerados como beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes, acorde con los criterios de parentesco, convivencia
permanente y el matrimonio. Por lo cual, todos los demás supuestos están
excluidos de los beneficios de la pensión, al no cumplir con los requisitos
exigidos por la ley.
3.3. Ministerio
de Trabajo: exequible.
3.3.1. La
Constitución no consagra derechos absolutos, y dentro del marco de libertad de
configuración el Legislador dispuso que los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes fueran las personas que conforman el núcleo familiar del
causante.
3.3.2. Si bien
la norma demandada otorga un trato diferenciado al compañero permanente que
convivió con el causante durante una época previa a la de la última relación
del causante, la distinción se fundamenta en el auxilio que le corresponde a
las personas más cercanas y que dependían del de cujus, condición que se
pierde al extinguirse la relación mutua de afecto y solidaridad.
3.4. Asociación
Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (ASOFONDOS):
cosa juzgada, inhibición y/o exequible.
3.4.1. El
interviniente indica que en la sentencia C-1094 de 2003 se examinó un cargo
similar al planteado en la presente demanda, por ello, la
Corte deberá estarse a lo resuelto. Subsidiariamente, si la demanda cumple con
los requisitos de conformación de un cargo, solicita la exequibilidad del
aparte acusado, en tanto que la sustitución pensional se erige como una
prestación social de prevención, destinada al grupo familiar -criterio
objetivo- con el fin de atenuar la condición de limitación económica a la que
queda expuesta la familia frente al deceso del pensionado. Por lo cual, excluir
a un excompañero no constituye una vulneración del derecho a la igualdad.
4.
Procuraduría General de la Nación[2]:
exequible.
4.1. Previo al
planteamiento jurídico a resolver, la vista fiscal advierte que las solicitudes
de la demanda son contradictorias, pues por un lado pretende que se desestime
el vínculo matrimonial vigente frente a la convivencia efectiva del compañero
permanente durante los cinco años anteriores al deceso, y por otro, solicita
otorgar iguales efectos a los compañeros permanentes que durante alguna etapa
convivieron con el fallecido, pero que no fueron su última pareja.
4.2. Para el
Ministerio Público el verdadero reproche recae en un caso de omisión
legislativa relativa, al no haberse incluido dentro de los supuestos normativos
a los compañeros permanentes que hubieren convivido por un término de cinco
años, pero en un momento distinto al quinquenio anterior al fallecimiento.
4.3. El aparte
demandado no vulnera el derecho a la igualdad de quienes se pretende una
extensión normativa, dado que no se encuentran en la misma situación jurídica y
fáctica de aquellos que sí fueron incluidos como destinatarios de la prestación
económica. Tampoco se desconoce el derecho a la seguridad social de una persona
a la que el legislador no quiso tipificar como beneficiario al no cumplir con
la finalidad de la pensión.
4.4. Advierte la
Procuraduría General de la Nación, que conceder la pensión de sobreviviente a
cualquier persona con la que el causante pudo haber tenido una relación,
pondría en riesgo el derecho a la seguridad social de aquellos con los que el
causante sí tenía una relación familiar de dependencia. Así como su voluntad de
de resolver vínculos anteriores para comenzar una nueva relación.
II. FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
La Corte es competente para pronunciarse sobre la
constitucionalidad del aparte contenido en el inciso final del literal b) artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modifica los artículos 47 y 74 de la
Ley 100 de 1993, atendiendo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución Política.
2.
Cuestiones previas.
2.1. Examen de
aptitud de la demanda.
2.1.1. La
demanda cumple con los requerimientos previstos en el Decreto 2591 de 1991 para
la procedencia de la acción por inconstitucionalidad respecto a uno de los
aspectos planteados en la demanda en razón del cargo de igualdad, pues logra
suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la proposición jurídica
acusada -La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe
la sociedad conyugal vigente-; (i) señala con claridad la disposición legal que
presuntamente transgrede la Constitución -inciso  tercero del literal b) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003-; (ii) indica la Norma Superior que considera
vulnerada -artículo 13 CP-; (iii) presenta como concepto de
inconstitucionalidad, la discriminación legal a favor del cónyuge supersite con
separación de cuerpos en contra posición de los derechos del compañero
permanente con el cual se hizo vida marital durante los últimos cinco años
previos al deceso, restando efectos a la unión marital de hecho por la
existencia de un vínculo matrimonial ajeno a la finalidad de convivencia y
apoyo mutuo.
2.1.2.
No obstante, no ocurre lo mismo con el otro aspecto del cargo igualdad,
atinente a la discriminación legal propinada a los compañeros permanentes que
hicieron vida marital con el causante en un momento distinto a los cinco años
previos al fallecimiento, frente al cónyuge separado de cuerpo y con sociedad
vigente a quien se le permite reclamar una cuota parte de la pensión cuando no
convivió durante los últimos cinco años con el de cujus. Dicho
planteamiento, tal como lo advierte el concepto del Procurador General de la
Nación, se encamina mas a una omisión legislativa relativa que a la violación
del derecho a la igualdad, pues el actor pretende que se condicione la norma
bajo el entendido que se incluya al grupo de compañeros permanentes como beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes, lo que deviene en la modificación de la norma
por parte de la Corte tal y como la previó el legislador, con la adición de un
conjunto diferente al de los beneficiarios previstos para dicha prestación
económica.
2.1.3.
En ese sentido, el cargo carece de certeza al atribuir un contenido
jurídico diferente al de su interpretación, en la creencia personal del actor de
que la libertad del individuo de conformar un vínculo sin las ritualidades del
matrimonio implica que la unión marital extinta deba equipararse al vínculo
matrimonial vigente y con separación de cuerpos, y por ende, incluir en el
listado de beneficiarios a todos los compañeros permanentes con los cuales se
sostuvo en algún momento una convivencia superior a cinco años. De igual modo,
el argumento no es específico en que medida que no se demuestra que la
exclusión de los antiguos compañeros permanentes transgreda un mandato constitucional.
2.1.4.
Frente a la posible violación del derecho a la seguridad en pensiones      -artículo
48 CP- se advierte una indebida conformación del cargo, pues en el sentir del
demandante al no incluirse a los compañeros permanentes de relaciones
anteriores a la muerte, vulnera el derecho a la seguridad social en pensiones
de estos, al negarles la posibilidad de acceder a una cuota parte de la
pensión. Dicho argumento adolece de certeza, especificidad, suficiencia y en
especial de pertinencia, pues el fundamento se centra en una interpretación fáctica
y descontextualizada de la ley, ya que la norma no indica que deba garantizarse
una pensión para cualquier clase de relación afectiva, sino aquellas
determinadas por el Legislador.
2.1.5.
La Corte se declarará inhibida por inepta demanda respecto de los cargos
propuestos contra el artículo 13 –parcial- y 48 de la
Constitución de conformidad con lo anteriormente expuesto.
2.2.
Inexistencia de cosa juzgada material respecto de la sentencia C-1094 de 2003.
2.2.1. Cargos
examinados y respuesta constitucional.
2.2.1.1. En
atención a la solicitud de uno de los intervinientes de estarse a lo resuelto
en la sentencia C-1094 de 2003, se procede a descartar la ocurrencia de éste
fenómeno procesal. En la citada providencia se demandó la
constitucionalidad de los
artículos 11, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 797 de 2003 y en lo referente al
artículo 13 parcialmente los literales a) y el primer inciso del literal b)[3],
cuyo cargo se fundamentó así:
Los literales a) y b) del artículo 13 en
referencia consagran las condiciones para que el cónyuge o compañero o
compañera permanente supérstite sea beneficiario de la pensión de
sobrevivientes. De ellas, los accionantes impugnan tres aspectos en
particular: i) el requisito de convivencia con el
fallecido por no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte; ii) el reconocimiento en forma vitalicia o
en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración
a la edad del cónyuge o compañero supérstite; y iii) el reconocimiento en forma vitalicia o
en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración
al hecho de haber tenido hijos o no con el causante.[4]
(subraya fuera de texto).
2.2.1.2. La
Corte concluyó que las normas acusadas eran constitucionales, en tanto que la
distinción legal entre las beneficiarias menores de 30 años y que no procrearon
hijos frente aquellas que sí, se encontraba ajustada al margen de configuración
del derecho a la seguridad social, y en todo caso se trata de individuos en
diferentes condiciones de igualdad, al respecto este Tribunal en sus
consideración expresó lo siguiente:
(…) la Corte encuentra razonable la distinción que, en
ejercicio de su amplia libertad de configuración, el legislador ha hecho del
cónyuge o compañera o compañero permanente supérstite en razón de la edad o de
la procreación de hijos con el causante. Tanto es que los menores de 30 años,
sin hijos con el causante, no se ven desprotegidos por el sistema general de
pensiones. Lo que se les exige es que dada su juventud y ante la no procreación
de hijos con el causante, que genere obligaciones a más largo plazo, asuma una
actitud acorde con el principio de solidaridad de la seguridad social y se
afilie al sistema. La ley le garantiza una pensión de sobrevivientes hasta por
20 años, que esta Corporación estima suficiente y razonable para efectuar las
cotizaciones respectivas y obtener el reconocimiento de su pensión.
De tal manera que esa disposición no vulnera el derecho a
la igualdad por cuanto los menores de 30 años, sin hijos con el causante, no
están en el mismo plano frente a las personas mayores de esa edad o con hijos
procreados con el pensionado fallecido. Menos aún se vulnera el principio de
unidad de materia por cuanto la legislación emitida en aspectos de seguridad
social corresponde a los mandatos incorporados en el artículo 48 de la
Constitución y no en el artículo 42, como lo estiman los actores. Tampoco se
vulnera el derecho a la seguridad social pues sus mandatos se ajustan a los
preceptos contemplados en el artículo 48 de la
Carta Política, que reconoce una amplia libertad de configuración en estas
materias. Por ello, desde la óptica propuesta por los accionantes, los
literales a) y b) no vulneran, en lo demandado, los artículos superiores
invocados en su demanda.
2.2.1.3. En
atención al anterior razonamiento, la Corte declaró en el resolutivo quinto “exequible, por los cargos analizados en
esta Sentencia, el literal b) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003. (...)”.
2.2.1.4. En
síntesis, a través de la sentencia C-1094 de 2003 la
Corte realizó el análisis de constitucionalidad de los artículos 12 (parcial)
y 13 (parcial) de la Ley 797 de 2003, -destacando que en este último artículo
solo se demandó y pronunció sobre el primer inciso del literal b)- por los cargos de violación del derecho a la igualdad y seguridad
social.
2.2.2. Cargo
formulado en la demanda objeto de pronunciamiento. Violación del artículo 13 de
la Constitución.
2.2.2.1. En la presente
demanda se acusa un aparte del inciso final del literal b) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003 por la vulneración del derecho a la igualdad al consagrar -en
el caso de la convivencia no simultánea- un privilegio en cabeza del cónyuge
supersite con separación de cuerpos en detrimento del compañero permanente con
el cual se hizo vida marital durante los últimos cinco años previos al deceso,
discriminando a la unión marital de hecho por la existencia de un vinculo
matrimonial ajeno a la finalidad de convivencia y apoyo mutuo.
2.2.3. La
cosa juzgada material.
2.2.3.1. Esta
Corporación ha indicado que la cosa juzgada impone un mandato de prohibición a
los administradores de justicia de emitir un pronunciamiento sobre un tema ya
resuelto. Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que ante la existencia de
un fallo previo respecto de una determinada norma no siempre se presenta la restricción
del nuevo análisis. Esta conclusión se funda en la definición que ha decantado la
Corte sobre este fenómeno procesal, reiterado en la sentencia C-570 de 2012,
así:
La llamada cosa juzgada material, de acuerdo con
jurisprudencia reciente de esta Corporación, se presenta en dos hipótesis: (i)
cuando un contenido normativo declarado inexequible es reproducido por una
nueva disposición legal que es acusada en otra demanda; en estos casos, la
Corte debe nuevamente declarar inexequible el contenido normativo, no por
existencia en estricto sentido de cosa juzgada –pues se trata de cuerpos
legales diferentes- sino por violación de la prohibición del artículo 243
superior; y (ii) cuando
un contenido normativo declarado exequible por la
Corte y reproducido en una nueva disposición, es demandado por las mismas
razones que dieron lugar al pronunciamiento anterior; en estos casos, si bien
no existe cosa juzgada porque los contenidos normativos hacen parte de
preceptos diferentes, la Corporación debe seguir el precedente fijado en el
fallo primigenio, salvo que existan razones poderosas para apartarse, en los
términos de la jurisprudencia constitucional. Por último, existen casos en
los que aunque la Corte se enfrenta a demandas contra una disposición examinada
previamente frente a cargos idénticos, tanto desde el punto de vista del
concepto de violación como de los contenidos constitucionales considerados
vulnerados, ha concluido que no existe cosa juzgada en estricto sentido, toda
vez que un cambio en el contexto de aplicación de la disposición impide hablar
de identidad de contenidos normativos.” (subrayas fuera de texto).
2.2.4
Conclusión: inexistencia de cosa juzgada por diversidad de normas y cargos.
2.2.4.1. Si bien
la disposición acusada en el presente caso y la examinada en la sentencia
C-1094/03 recaen sobre el literal b) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, se resalta que ambas demandas se dirigieron sobre expresiones
parciales del mismo articulado, el cual, está compuesto por tres incisos a
saber, dentro de los cuales el primero -resaltado con negritas- fue objeto de
estudio en la sentencia que se predica cosa juzgada, y el tercero
final               -resaltado con subraya- es el que se debate en esta
oportunidad.
b) En forma
temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto de un
pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o
el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal
a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y
cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
2.2.4.2. En lo
referente al concepto de la violación, pese a que ambas expresiones fueron
acusadas de vulnerar el derecho a la igualdad, se constata que en el caso de la
C-1094/03 el análisis se centró en la discriminación legal por edad, duración
del vínculo, y acreditación de descendencia, tal y como lo especificó la citada
sentencia al indicar que “El artículo 13 viola el
derecho de igualdad al incorporar criterios de edad y de procreación para el
reconocimiento y la duración de la pensión de sobrevivientes al cónyuge o
compañera o compañero permanente supérstite del pensionado que fallezca.
Además, vulnera el artículo 42 de la
Constitución al exigirles a estos beneficiarios 5 años de convivencia continua
antes del fallecimiento del causante para que se les reconozca el derecho.
2.2.4.3. De todo
lo expuesto, esta Corporación concluye que no existe cosa juzgada material y
por ende procede el examen de constitucionalidad dado que no existe identidad
entre las normas acusadas y el cargo examinado en la sentencia C-1094 de 2003 y
el formulado en el presente caso.
3.
Problema jurídico constitucional.
La
cuestión a resolver se funda en el tratamiento igualitario otorgado por el legislador
–en el evento de no existir convivencia simultánea– al matrimonio sin
disolución y liquidación de sociedad conyugal pero con separación de hecho con
la unión marital de hecho, para efectos de constituirse como beneficiario de la
pensión de sobrevivientes, prevista en el inciso final del literal b) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En ese contexto, la
Corte estudiará si ¿la disposición acusada indebidamente otorga un tratamiento
igualitario a un sujeto que no reúne las características para ser beneficiario
del privilegio legal, disminuyendo el derecho de aquel que sí acredita todas
las condiciones para acceder a la prestación económica?.
4. Marco
normativo de la pensión de sobrevivientes.
4.1. El sistema
general de seguridad social en pensiones previó el cubrimiento del riesgo por
muerte para las personas cercanas al causante afectadas por el hecho de su deceso.
Dicho concepto ha sido abordado ampliamente en varias oportunidades por este
Tribunal Constitucional, sintetizando lo anterior en la sentencia C-896 de 2006 así:
(…) la pensión de sobrevivientes es una prestación que el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce a los miembros del
grupo familiar más próximos al pensionado o afiliado que fallece –los indicados
en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993-, con el fin de garantizarles al
menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida
del causante y salvaguardarlos así de la completa desprotección y de la posible
miseria. En este orden de ideas, su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Además, según reiterada jurisprudencia de esta Corte, puede llegar a adquirir
rango fundamental cuando sus beneficiarios son personas en estado de debilidad
manifiesta.
4.2. Beneficiarios
y su criterio de conformación.
4.2.1. El artículo 13 de la
Ley 797 de 2003 modificó los artículos 47 y 74 de la
Ley 100 de 1993, enunciando: (i) a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes y (ii) las condiciones que deben acreditar en cada caso para
acceder a la prestación económica.
4.2.2. Frente al concepto de beneficiarios
se identifican tres grupos excluyentes entre si: (i)
cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii)
hermanos con derecho. De los cuales, solo se resalta el primer grupo atinente
al cónyuge o compañero permanente, el cual, a su vez, se subdivide en las
siguientes categorías con sus respectivas condiciones:
Beneficiario
Causante
Modalidad de la pensión
Condiciones
Cónyuge o
Compañero permanente mayor de 30 años de edad.
Afiliado o pensionado
Vitalicia
Edad cumplida
al momento del fallecimiento y demuestre vida marital durante los 5 años
anteriores a la muerte.
Cónyuge o
Compañero permanente menor de 30 años de edad.
Afiliado o pensionado
Temporal
-20 años-
No haber
procreado hijos con el causante.
Cónyuge o
Compañero permanente menor de 30 años de edad.
Afiliado o pensionado
Vitalicia
Haber
procreado hijos con el causante y demuestre vida marital durante los 5 años
anteriores a la muerte.
Compañero permanente
Pensionado
Cuota parte
Sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
Cónyuge y
Compañero permanente
Afiliado o pensionado
Partes iguales
Convivencia
simultánea durante los 5 años anteriores a la muerte.
Cónyuge con
separación de hecho y Compañero permanente
Afiliado o pensionado
Partes iguales
Inexistencia
de convivencia simultánea, acreditación por parte del cónyuge de la separación
de hecho, compañero permanente con convivencia durante los 5 años anteriores
a la muerte.
4.3. Requisito de la convivencia efectiva.
4.3.1. La pensión de sobrevivientes prevista
para los regímenes de prima media y de ahorro individual persigue la protección
del núcleo familiar del afiliado o pensionado que fallece, frente a las adversidades
económicas ocasionadas con su muerte. Es por ello que el Legislador, como
mecanismo de protección a los miembros del grupo familiar, instituyó el
requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la
muerte para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los
beneficiarios legítimos de ser desplazados por quién solo busca aprovechar el
beneficio económico. Dicha finalidad ha sido reconocida por la
Corte en varias ocasiones, resaltando la sentencia C-1176 de 2001 en la que se
expresó:
El objetivo fundamental perseguido es el de proteger a la
familia. En efecto, la circunstancia de que el cónyuge o compañero permanente del
causante deban cumplir ciertas exigencias de índole personal y temporal para
acceder a la pensión de sobrevivientes, constituye una garantía de legitimidad
y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás
miembros del grupo familiar. También busca favorecer económicamente a aquellos
matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de
vida real y con vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición
intenta amparar el patrimonio del pensionado, de posibles maniobras
fraudulentas realizadas por personas que, con la falsa motivación de instituir
una vida marital responsable y comprometida, sólo pretenden derivar un
beneficio económico de la transmisión pensional.
(…)
Que el propósito de la institución es proteger al
pensionado y a su familia de posibles convivencias de última hora que no se
configuran como reflejo de una intención legítima de hacer vida marital, sino
que persiguen la obtención del beneficio económico que reporta la titularidad
de una pensión de vejez o invalidez. En este sentido, es claro que la norma
pretende evitar la transmisión fraudulenta de la pensión de sobrevivientes.
4.3.2. Respecto
al tipo de convivencia –en el caso de convivencia simultánea- la
Corte puntualizó en la sentencia C-1035 de 2008 que no se trata de cualquier
relación, sino que para determinar al beneficiario de la pensión de
sobrevivientes, ésta debe reunir las siguientes condiciones:
(…) convivencia caracterizada por la clara e inequívoca
vocación de estabilidad y permanencia, esto es, que ocurran
al mismo tiempo la convivencia del causante con el respectivo cónyuge y con el
compañero o compañera permanente durante los cinco años previos a la muerte del
causante y excluye de
antemano las relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales,
esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el causante, como
tampoco se refiere a aquellas situaciones en las cuales el causante convivió
con diversas personas de forma sucesiva (no simultánea), situación que tiene su
regulación especial.
Ahora bien, en
lo que respecta al tipo de convivencia objeto de esta providencia –no
simultánea-, tan solo difiere de la anterior concepción en el momento de su
consolidación, puesto que si bien es el compañero permanente quién debe
acreditar de forma clara e inequívoca la vocación de estabilidad y permanencia
con el causante durante los cinco años previos a su muerte, para caso del
cónyuge supérstite con separación de hecho el quinquenio de la convivencia
naturalmente deberá verificarse con antelación al inicio de la última unión
marital de hecho.
4.4. La configuración de la prestación económica por parte
del Legislador.
4.4.1. Frente a
la facultad de regulación del derecho a la seguridad social en pensiones, esta
Corte ha aceptado que el Legislador cuenta con un amplio margen de libertad
para regular aspectos esenciales en la definición del mismo. En la sentencia
C-967 de 2003 al estudiar el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, que modificó el inciso 4º y
parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 –incremento
de la base de cotización- expresó lo siguiente:
Ahora bien, el artículo 48 de la
Constitución establece que este servicio estará sujeto a los principios de
eficiencia, solidaridad y universalidad, por lo cual es indispensable que su
prestación sea regulada mediante un proceso legislativo. Así, la seguridad
social en pensiones, en cuanto es un servicio público, está sujeta a que el
legislador regule lo atinente a su prestación.  ¿Se desprende de esta
hecho que sea un derecho de rango legal y no fundamental? Al respecto la
jurisprudencia ha aceptado que la necesidad de regulación legal de un servicio
público no implica que su prestación no sea un verdadero derecho fundamental
cuando aparece inescindiblemente ligada a la efectividad del derecho a la vida
en condiciones dignas o de otro derecho fundamental. Lo anterior por cuanto de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la
Carta, la falta de enunciación constitucional expresa de determinados derechos
como de categoría fundamental no significa un desconocimiento de aquellos que,
en los términos de dicho artículo “siendo inherentes a la persona humana”, sean
fundamentales.
No obstante, la organización del aparato de
la seguridad social integral, cuya dirección, coordinación y control está a
cargo del Estado, es, como se dijo, de competencia del Congreso; por lo tanto,
los mecanismos de acceso al sistema, el conjunto de beneficios y los requisitos
para acceder a los mismos están condicionados en los términos que establezca el
legislador. (subraya fuera de texto).
6. Profundizando en lo anterior, en reiterada
jurisprudencia se ha hecho ver cómo tratándose de definir el régimen de los
derechos que conforman la noción de seguridad social, la
Constitución no ha optado por modelos concretos y ha dejado librado a la ley
el determinar los elementos estructurales del sistema, atendiendo a las
circunstancias de cada momento histórico. Por ello, le asiste al legislador un
amplio margen de competencia en la definición del régimen de esta clase de
derechos como la vivienda, la salud, la educación o el régimen de pensiones. En
este sentido la Corte ha dicho que una simple lectura de los artículos 48, 49 y
365 de la Carta demuestra que en materia de seguridad social corresponde a la
ley (i) concretar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad,
(ii) regular los servicios, (iii) autorizar o no la administración del sistema
por particulares, (iv) determinar el monto de los aportes, etc.
4.4.2. Posteriormente,
la Corte específicamente sobre las modificaciones introducidas a la pensión de
sobrevivientes con la Ley 797 de 2003, en la sentencia C-1094 de 2003, reiteró
la potestad del Legislador para regular el derecho a la seguridad social en
pensiones, concluyendo que:
Además, según el desarrollo de la institución
dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada,
en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y
hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a
la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de
competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social. (subraya
fuera de texto)
Con base en lo expuesto, al evaluar
específicamente los cargos de inconstitucionalidad endilgados contra los
literales a) y b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la
Corte encuentra lo siguiente:
El señalamiento de los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes y la determinación de sus calidades es una materia
inherente al régimen de seguridad social, en el marco trazado por el artículo
48 de la
Constitución Política.
El hecho de establecer algunos requisitos de
carácter cronológico o temporal para que el cónyuge o compañera o compañero
permanente supérstite sea beneficiario de la pensión, no significa que el
legislador haya desconocido o modificado la legislación civil sobre derechos y
deberes de los cónyuges emitida en desarrollo del artículo 42 de la
Constitución, pues la seguridad social representa un área autónoma frente al
ordenamiento civil (CP, arts. 42 y 48).
(…)
De tal manera que esa disposición no vulnera el
derecho a la igualdad por cuanto los menores de 30 años, sin hijos con el
causante, no están en el mismo plano frente a las personas mayores de esa edad
o con hijos procreados con el pensionado fallecido. Menos aún se vulnera el
principio de unidad de materia por cuanto la legislación emitida en aspectos de
seguridad social corresponde a los mandatos incorporados en el artículo 48 de la
Constitución y no en el artículo 42, como lo estiman los actores. Tampoco
se vulnera el derecho a la seguridad social pues sus mandatos se ajustan a los
preceptos contemplados en el artículo 48 de la
Carta Política, que reconoce una amplia libertad de configuración en estas
materias. Por ello, desde la óptica propuesta por los accionantes, los
literales a) y b) no vulneran, en lo demandado, los artículos superiores
invocados en su demanda. (subraya fuera de texto)
4.4.3. Adicionalmente, pese a que Colombia no ha
ratificado el Convenio 128 relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y
sobrevivientes ­-entrada en vigor el 01 noviembre 1969, adoptado en Ginebra en
la 51ª reunión CIT del 29 junio 1967- en el marco de la
Organización Internacional del Trabajo el legislador de un estado miembro esta
facultado para definir a los beneficiarios de la prestación económica en
mención, tal y como se expresa en el artículo 22 del citado Convenio así:
1.
Las personas protegidas deberán comprender:
(a)
sea a la cónyuge, a los hijos y, según sea prescrito, a otras personas a cargo
del sostén de familia que sea asalariado o aprendiz;
(b)
sea a la cónyuge, a los hijos y, según sea prescrito, a otras personas a cargo
del sostén de familia que pertenezca a categorías prescritas de la población
económicamente activa que constituyan, por lo menos, el 75 por ciento de toda
la población económicamente activa;
(c)
sea a todas las viudas, a todos los hijos y a todas las otras personas a
cargo especificadas por la legislación nacional, que hayan perdido su sostén de
familia, que sean residentes y, si fuera del caso, cuyos recursos
durante la contingencia no excedan de límites prescritos de conformidad con las
disposiciones del artículo 28.
(…)
(subraya fuera de texto).
4.5. Diferenciación del matrimonio y unión marital de hecho para
efectos pensionales.
4.5.1.
La jurisprudencia de la Corte ha indicado respecto de los efectos jurídicos del
vínculo matrimonial y la unión marital de hecho, que si bien, ambos son medios
para constituir una familia, el tratamiento jurídico otorgado por la ley a la
primera no puede ser trasladado a la segunda figura, en tanto que cada una de
ellas, cuenta con una legislación particular y una condiciones que la
caracterizan, es así como en la sentencia C-1035 de 2008, se indicó lo
siguiente:
8.2. Específicamente, la
Corte ha sostenido que, de acuerdo a los artículos 5 y 42 de la
Constitución, la igualdad que propugna la
Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la
conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal,
sino también a cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas
disposiciones guardan íntima relación con el artículo 13 superior, que
prescribe: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua
religión, opinión política o filosófica (...)” (Subrayas en el texto)
8.3. Como consecuencia del anterior
planteamiento, se ha señalado que el legislador no puede expedir normas que
consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes
ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre
los hijos habidos en matrimonio o fuera de él. (…)
8.4. Sin embargo,
como se indicó antes (supra 7.3)
la protección del derecho a la igualdad entendido como no discriminación, en
estos casos no puede entenderse como la existencia de una equiparación entre el
matrimonio y la unión marital de hecho, puesto que, como lo ha explicado la
Corte en varias ocasiones, “sostener
que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une
a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a
pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y
que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra
de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre.”  Por todo lo
anterior, el juicio de igualdad deberá tener en cuenta las particularidades de
la norma o situación fáctica sometida a consideración, a fin de constatar si
existe discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes, pero sin
soslayar las diferencias existentes entre el matrimonio y la unión marital de
hecho. (subraya fuera de texto)
4.5.2. Ahora
bien, la distinción reconocida a las anteriores figuras, repercute en la
conformación de la sociedad patrimonial, según sea el caso, así las cosas, la
Corte en la sentencia C-114 de 1996 se cuestionó lo siguiente:
4.5. ¿Se
justifican las diferencias entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial
entre compañeros permanentes? ¿Se justifican, además, las diferencias de
trámite para la liquidación de la sociedad conyugal y de la sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes?
En relación con la primera de estas dos
preguntas, ya se vio, (en la sentencia C-239 de 1994), cómo la
Corte Constitucional no considera que la
Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión
libre, o unión marital de hecho, como la denomina la ley 54 de 1990. Por
análogas razones, tampoco son iguales la sociedad conyugal y la sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes.
Las diferencias en cuanto al trámite procesal de
la liquidación judicial de uno y otro tipo de sociedad, están determinadas por
su diferente naturaleza. Y no implican discriminación contraria a la igualdad
consagrada por la Constitución, porque el concepto de igualdad debe entenderse
no en forma absoluta, sino relativa, como lo ha sostenido la
Corte. (subraya fuera de texto)
(…)
En síntesis: la diferente regulación en lo que
se refiere a la sociedad conyugal y a la sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes, obedece a las diferencias entre las dos instituciones. Ya la
Corte Constitucional ha reconocido, en la citada sentencia 239/94, que
"es erróneo sostener... que la
Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión
libre, o unión marital de hecho, como la denomina la ley 54 de 1990." Por
eso, las diferencias consagradas en la ley 54 son lógicas y no contrarían el
principio de igualdad.
4.5.3. Finalmente, en reciente sentencia
C-278 de 2014, este Tribunal analizó la constitucionalidad del artículo 1781
del Código Civil relativo a la composición de haber de la sociedad conyugal
declarando exequible la norma acusada, respecto al cargo de igualdad frente a
la sociedad de hecho y el matrimonio la regla de la decisión indicó que las diferencias en relación con la regulación de la sociedad
conyugal y patrimonial no desconocen el derecho a la igualdad puesto que se
trata de instituciones diferentes respecto de las cuales la
Constitución no ha previsto el deber de igual tratamiento.
En sus consideraciones la anterior
sentencia concluyó lo siguiente:
La Corte estima que, en este caso, no se ha desconocido
el derecho a la igualdad por la diferente regulación que el Legislador ha
otorgado a la sociedad conyugal y a la patrimonial.
En efecto la
Constitución no establece la obligación de dar un tratamiento igual a estas
dos instituciones ni a los efectos patrimoniales de las mismas. Por el
contrario, faculta ampliamente al Legislador para regular la materia.
También la
jurisprudencia ha reconocido que, si bien la familia, debe recibir la misma
protección independientemente del modo como se constituya, ello no implica
que el matrimonio y la unión marital de hecho deban equipararse en todos los
aspectos. No se trata entonces de supuestos iguales ni de situaciones que
exijan ser reguladas de la misma manera por la ley. Al tratarse de dos
instituciones diferentes, no hay una obligación para el Legislador de regular
sus efectos de manera idéntica. (subraya fuera de texto).
7.2.10. Con
arreglo a lo dicho, no resulta contrario al principio de igualdad que el
legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la
unión marital de hecho, siempre que éstas tengan un carácter objetivo y
razonable y no resulten discriminatorias.
4.6. Separación
de hecho. Contenido.
4.6.1. Conforme a
lo descrito en algunas intervenciones se emplea indistintamente el término de
separación de cuerpos como símil de la separación de hecho, por lo que es
necesario precisar que la figura empleada taxativamente en la norma demandada
es esta última, diferenciada por esta Corporación en la sentencia C-746 de 2011
al estudiar el artículo 154, numeral 8 (parcial) del Código Civil, modificado
por el artículo 6 de la Ley 25 de 1992, indicó que la separación de cuerpos puede ser judicial o de hecho,
así:
2.4. La separación de cuerpos entraña la suspensión de la
vida en común de los cónyuges, pudiendo ser declarada judicialmente o darse de
hecho. La separación judicial procede invocando alguna de las causales de
divorcio, solo alegables por el cónyuge inocente en cuanto causales subjetivas;
y por el mutuo consentimiento de los cónyuges manifestado ante el juez
competente (Art. 165 C.C.). Por otro lado, la separación de hecho se da cuando
se rompe la convivencia conyugal, sea acordada por ambos cónyuges o decidida
por uno de ellos, sin que haya intervenido un juez (Corte Constitucional,
C-1495/00).
2.5. En cuanto al efecto de la separación de cuerpos sobre
la sociedad conyugal, el Código Civil prevé su disolución -entre otras
causales- por la “separación judicial de cuerpos”, salvo que los
cónyuges consientan mantenerla por tratarse de una separación temporal (C.C.,
art. 167y 1820). Al   contrario, la separación de cuerpos de hecho
no lleva a la disolución de dicha sociedad, pudiendo en todo caso ser acordada
por los cónyuges mediante escritura pública protocolizada ante notario. (subrayas
fuera de texto).
4.7. Juicio de igualdad.
4.7.1. El derecho a la igualdad
exige el mismo trato para los sujetos que se encuentran cobijados bajo una
misma hipótesis y, una distinta regulación para aquellos que presenten
características desiguales, bien sea por las circunstancias especificas que los
afectan, o por las condiciones en medio de las cuales se desenvuelven, pues
unas y otras hacen necesario que el Estado buque un equilibrio efectivo, que en
últimas no es cosa que la materialización de la justicia, tal y como se expresó
en la sentencia C-1047 de 2001, así:
El derecho a la igualdad frente a la ley,
impone al legislador otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que
están en el mismo supuesto de hecho que él pretende regular. Por lo tanto, para
establecer si una disposición legal concreta es discriminatoria, el primer
presupuesto lógico que el juez constitucional debe  verificar es que tal
disposición realmente otorgue un trato diferente a personas colocadas en la
misma situación de hecho. Si ello efectivamente ocurre, entonces debe examinar
si ese tratamiento desigual persigue alguna finalidad constitucionalmente
importante que lo justifique, comprobado lo cual debe establecerse si la
limitación al derecho a la igualdad era adecuada para alcanzar tal finalidad.
Además, para que dicha restricción sea conforme con la
Constitución, se requiere que sea ponderada o proporcional stricto sensu.
“Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una
perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es
equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se
produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio
constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es
desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional.”
4.8. El caso
concreto.
4.8.1. El juicio de igualdad en su etapa
preliminar requiere: (i) determinar el criterio de comparación -identificar si
los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos
de la misma naturaleza-; (ii) definir si en los hechos y en el plano jurídico
existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) constatar
si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si
las situaciones en comparación merecen un trato diferente desde la
Constitución.
4.8.2. En cuanto a la justificación, la
metodología del test de igualdad busca identificar tres aspectos: (i) el fin
buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el
medio y el fin. En lo que respecta al derecho a la seguridad social en
pensiones, la jurisprudencia ha concordado según el amplio margen de regulación
del Legislador, la aplicación de un test leve.
4.8.3. Este test se limita a establecer la
legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último proporcionado para
lograr el primero, es decir, a verificar si los fines y su medio no están
constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para lograr
el primero.
4.8.4.
Aplicación del test de igualdad.
4.8.4.1. En lo
atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón
por lo cual, no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría
predicarse en principio un trato diferente frente a iguales.
4.8.4.2. No
obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con
separación de hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada,
en tanto que ambos beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación
de hecho- cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los
efectos patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio
siguen produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos
a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge
sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera por el
término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de hecho
entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio.
Es así, como en
protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado
por el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le
otorgó el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una
sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida
entre el último compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la
no convivencia no se disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior,
la norma acusada es constitucional y será declarada exequible.
III. CONCLUSIONES.
1. Síntesis del Caso.
1.1. Mediante
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Carlos Alberto Chamat
Duque Pineda solicitó la inexequibilidad de la expresión “La otra cuota
parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente” contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de Ley
797 de 2003, al considerar que la ley no puede otorgar un trato igualitario a
quien no reúne los supuestos fácticos para ello, vulnerando el artículo 13 de la
Constitución.
1.2. La
jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los efectos jurídicos de la unión
marital del hecho son diferentes a los del matrimonio, por ende son
instituciones jurídicas disímiles y no necesariamente equiparables.
1.3. La
separación de hecho suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo, más
no los de la sociedad patrimonial conformada entre los cónyuges. Por lo cual,
no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros
permanentes, cuando uno de éstos mantiene en vigor la sociedad patrimonial del
matrimonio.
1.4. El
Legislador dentro del marco de su competencia, en desarrollo del derecho a la
seguridad social en pensiones, puede regular lo referente a los beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes. En ese orden de ideas, en el caso de la
convivencia no simultánea entre el cónyuge con separación de hecho y con
sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente, ponderó los
criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la
convivencia efectiva consolida con antelación al inicio de la unión marital de
hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión.
1.5.  Al analizar
el aparte acusado a la luz de los presupuestos del juicio de igualdad, se pudo
constatar que los sujetos en comparación -cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el
último compañero permanente- pertenecen a grupos
diferentes y por ello la norma demandada no otorga un trato diferente a quien
es diferente, en tanto que ambas figuras no son necesariamente equiparables.
2. Razón
de la Decisión.
No puede
predicarse una discriminación de trato por parte de la ley cuando los grupos
sujetos de comparación no pertenecen a la misma categoría jurídica o no son
asimilables. En ese sentido, el legislador en los eventos de convivencia no
simultánea no discriminó al compañero o compañera supérstite al incluir como
beneficiario de la pensión de sobrevivientes al cónyuge con sociedad conyugal
vigente y separación de hecho, sino que en reconocimiento del tiempo de
convivencia acreditado por este último se le faculta como beneficiario de la
prestación económica.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar
EXEQUIBLE la expresión “La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente” contenida
en el inciso final del literal b) del artículo 13 de Ley 797 de 2003, por el cargo analizado.
Segundo.-
Declararse INHIBIDA respecto de los demás cargos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con aclaración de voto
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA M.
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente en comisión
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-336/14
ACLARACION DE VOTO-Contexto particular que conlleva a no compartir ni el enfoque ni la
mayor parte de las consideraciones de la sentencia (Aclaración de voto)
VIOLACION DEL DERECHO A
LA IGUALDAD Y EXISTENCIA DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-No son incompatibles (Aclaración de voto)/PRINCIPIO PRO ACTIONE-Aplicación
(Aclaración de voto)/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Importancia de
elaboración cuidadosa del problema jurídico, congruente además con los cargos
de la demanda (Aclaración de voto)
RECONOCIMIENTO CUOTA PARTE DE PENSION DE SOBREVIVIENTE A
CONYUGE CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE-Inadecuada aplicación del principio de igualdad e inadecuada
e insuficiente construcción de la jurisprudencia relevante (Aclaración de voto)
MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO-Diferencias
(Aclaración de voto)
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Finalidad
(Aclaración de voto)
ELIMINACION DE DESIGUALDADES POR RAZON DE SEXO-Jurisprudencia
constitucional (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-9910
Asunto: Revisión constitucional del literal b) parcial del artículo 13 de
la Ley 797 de 2002, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
Magistrado
Ponente
Mauricio
González Cuervo
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la mayoría, aclaro mi voto a la sentencia C-336 de 2014, por la
cual se declaró la exequibilidad (simple) del inciso 3º del literal b del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por el cargo analizado.
Es usual que las aclaraciones de voto
tengan origen en un acuerdo parcial o total con la decisión mayoritaria y que
los salvamentos impliquen una inconformidad radical con todo o parte de la
decisión. Esta aclaración es, en ese contexto, particular. Considero que
existen serias razones para no compartir ni el enfoque ni la mayor parte de las
consideraciones de la sentencia C-336 de 2014 y solo una, de carácter práctico,
para suscribir la declaratoria de exequibilidad simple de la norma demandada,
como paso a explicar. Concretamente, y como explicaré en los párrafos
sucesivos, la sentencia no resolvió los problemas jurídicos que debía asumir.
Sin embargo, los efectos de cosa juzgada aparente y relativa que
se desprenden de ella me llevaron a votar a favor de la ponencia y a aclarar en
esta opinión la razón por la que me aparto de la mayor parte de sus
fundamentos.
1. El inciso 3º del literal b del artículo
13 de la Ley 797 de 2003 prevé una regla que protege los intereses pensionales
de las personas unidas por el vínculo contractual de matrimonio que, a pesar de
haberse separado de hecho, mantienen formalmente el vínculo con el causante,
aun cuando este último haya convivido por más de cinco años en unión libre con
otra persona.
De acuerdo con esta regla, si (i) existe un
vínculo matrimonial vigente, (ii) separación de hecho entre quienes lo formaron
y (iii) convivencia con otra persona por cinco o más años con posterioridad a
la separación, la pensión se distribuirá entre compañero y cónyuge[5] en una cuota
proporcional al tiempo de convivencia.
2. El actor demandó esa regulación, considerando
que viola el derecho a la igualdad y a la seguridad social, a partir de
distintos argumentos, así: (i) la norma discrimina al  compañero permanente que
convivió los últimos años con el causante, al conferirle parte de su derecho
pensional al cónyuge que hace al menos cinco años no convivía con él; (ii) el
fundamento de la norma no es válido constitucionalmente, pues la medida parte
de otorgar prevalencia a una forma de vínculo marital sobre otra; (iii) desde
otro punto de vista, se produce un trato diferencial injustificado en contra
del compañero permanente que convivió por cinco o más años con el causante,
pero que no fue su pareja durante los últimos cinco años de su vida.
3. La sentencia C-336 de 2014 comienza por
descartar tres de los cargos y anunciar que el control de constitucionalidad
solo se realizará con el primero de ellos.
En ese marco, señala que, aunque el actor
presentó cargos por violación al principio de igualdad, lo que pretendía era la
declaración de una omisión legislativa relativa, con el propósito de que la
Corte incluyera a los compañeros permanentes separados en la regulación, sin
satisfacer las exigencias especiales del control por omisión, y requiriendo a
la Corporación invadir el ámbito del legislador, incorporando nuevos
beneficiarios a la prestación. Posteriormente, descarta la certeza de
los argumentos del actor, indicando que su cuestionamiento gira en torno a la
creencia personal de que la libertad de conformar un vínculo sin formalidades
implica la obligación del legislador de hacer beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes a todos los compañeros “con los cuales la persona sostuvo en
algún momento una convivencia superior a cinco años”.
4. No comparto ese análisis.
4.1. La violación al derecho a la igualdad y
la existencia de una omisión legislativa relativa no son incompatibles. Por el
contrario, el control por omisión nació ligado a violaciones al derecho a la
igualdad y, si bien actualmente se acepta que puede declararse por violaciones
a otros derechos, lo más frecuente (y en una proporción significativa) es que
esta forma de control opere en defensa de la igualdad.
4.2. Más inconveniente aún me parece la
atribución a la demanda de posibilidades hipotéticas que el actor no propuso y
que bien podrían ser precavidas mediante una argumentación constitucional
adecuada. Nunca habló el actor de que este derecho debería cobijar a todos
los compañeros permanentes que alguna vez en la vida convivieron por cinco años
con el causante. Pero si el riesgo de esa interpretación existe, la Corte
bien podría eliminarlo mediante condiciones como las que impuso en la sentencia
C-1035 de 2008, acerca de la seriedad del vínculo exigido en el caso de
convivencia simultánea, para evitar que “cualquier pareja” aparezca como beneficiaria
de la pensión. Dicho de otro modo, caricaturizar los cuestionamientos que eleva
el actor para descartarlos de plano me parece, primero, innecesario y, segundo,
incorrecto pues, al menos en este trámite, esa descalificación impidió abordar
serios problemas constitucionales.
Así las cosas, y en aplicación del
principio pro actione, estimo que si bien la demanda no reflejaba cuatro
cargos de inconstitucionalidad, como lo propuso el demandante, de ella sí se
desprendían dos problemas jurídicos de interés constitucional:
¿Viola el derecho a la igualdad el que el
Legislador atribuya al cónyuge que ya no convive con el causante parte del
derecho pensional del compañero que lo acompañó durante, por lo  menos, los
últimos cinco años de vida, cuando no confiere al compañero permanente que no
sostuvo la última relación de cinco o más años con el causante el mismo
derecho?
¿Viola el derecho a la igualdad y a la
seguridad social el que el Legislador haya previsto una medida de protección
para el cónyuge separado de cuerpos en materia de pensión de sobrevivientes y
no lo haya hecho para el compañero separado de cuerpos, suponiendo que ambos
compartieron un período amplio de apoyo y convivencia con el causante?
5. La Sala Plena no abordó esos asuntos, ni
el primer cargo cuyo estudio había anunciado. En lugar de ello, construyó este
problema jurídico: “¿la disposición acusada indebidamente otorga un
tratamiento igualitario a un sujeto que no reúne las características para ser
beneficiario del privilegio legal, disminuyendo el derecho de aquel que sí
acredita todas las condiciones para acceder a la prestación económica?”
Esta Corte ha insistido en la importancia
de una elaboración cuidadosa del problema jurídico, congruente además con los
cargos de la demanda, al menos en sede de constitucionalidad. El que definió la
mayoría de la Sala en esta oportunidad no satisface esos estándares; no explica
cuál es el trato igualitario, no dice cuáles son los sujetos que reúnen las
características para ser beneficiarios y cuáles no, o a quiénes se les reduce
su derecho.[6]
Pero más allá de esa amplitud y vaguedad en la formulación de la cuestión, la
Sala plantea que la demanda cuestiona un trato igualitario, cuando el
demandante lo que afirma es que existe uno discriminatorio.
Este cambio de enfoque no responde a los
argumentos de la demanda y, condiciona la argumentación y el sentido de la
decisión, ya que los tratos igualitarios se presumen constitucionales y las
cargas de la argumentación están a cargo de quien establece diferencias, no de
quien propende por la igualdad.[7]
Esa definición del problema jurídico me
lleva a concluir que la decisión adoptada en esta oportunidad no solo genera
efectos de cosa juzgada relativa, como expresamente lo indicó la Corte en la
parte resolutiva, sino incluso que es apenas aparente pues, en mi criterio, la
Corporación no se pronunció sobre cargo alguno de la demanda.
6. Ahora bien, en lo que hace a las
consideraciones centrales de la sentencia C-336 de 2014, la Sala edifica su
razonamiento en cuatro premisas: (i) la unión marital de hecho no es igual al
vínculo contractual del matrimonio; (ii) en el caso de las parejas unidas por
el contrato matrimonial, la separación de hecho suspende los efectos de la
convivencia y el apoyo mutuos, pero no los de la sociedad patrimonial de los
cónyuges; (iii) el legislador, al desarrollar el derecho de seguridad social en
pensiones puede definir los beneficiarios y, (iv) al adoptar la medida
cuestionada, “ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente
entre los consortes y la convivencia efectiva consolidada con antelación al
inicio de la unión marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte
de la pensión”. (Cita de la sentencia C-336 de 2014, aparte de “conclusiones”).
7. Esas premisas son, en parte
insuficientes como reconstrucción de la jurisprudencia, y en parte incorrectas.
Y la decisión tomada con base en ellas (i) oculta aspectos esenciales de la
interpretación y aplicación del derecho a la igualdad, (ii) corresponde a una
reconstrucción insuficiente e inadecuada de la jurisprudencia constitucional y
(iii) no representa un examen a partir de la justificación constitucional que
subyace a la pensión de sobrevivientes.
7.1. Inadecuada aplicación del principio
de igualdad.
La aplicación del principio de igualdad
(formal) involucra un proceso argumentativo complejo. Comienza por identificar semejanzas
y diferencias, a partir de un criterio de comparación jurídicamente relevante; en
caso de que concurran unas y otras, comporta una ponderación o balance de
razones para, finalmente, determinar si debe darse un tratamiento jurídico
igual a las dos situaciones, personas o hechos en comparación, si es válido un
trato distinto y hasta qué punto. Por lo tanto, no cualquier diferencia hace
válido un tratamiento jurídico distinto.
La justificación adoptada en la sentencia
para la diferencia de trato que implementó el Legislador se basó en que,
primero, el matrimonio y la unión marital de hecho son distintos y, segundo, en
que el Legislador ponderó la convivencia frente a la existencia de un
vínculo formal vigente a pesar de la situación de separación de hecho para
conceder parte del derecho al cónyuge separado.
El primer argumento no refleja
adecuadamente la jurisprudencia constitucional en relación con la prohibición
de discriminación por origen del vínculo familiar. El segundo toma como
criterio de comparación un hecho que no es relevante en el escenario de la
pensión de sobrevivientes. A estos dos aspectos dedico los apartes sucesivos.
7.2. La construcción de la
jurisprudencia relevante fue inadecuada e insuficiente.
Según indiqué, la sentencia toma como una
de sus premisas básicas que la diferencia entre unión marital de hecho y
matrimonio justifica las diferencias de trato que el legislador decida imponer
entre una y otra. Mostraré a continuación cómo la jurisprudencia de forma
constante ha indicado que si bien existen diferencias entre una y otra
institución, estas no justifican, por sí solas tratamientos legislativos
distintos y, aún más, cómo las diferencias basadas de forma exclusiva en el
origen del vínculo marital son discriminatorias.
Para el objetivo propuesto, resulta
relevante indicar el sentido y alcance de las sentencias citadas en el cuerpo
de la sentencia C-336 de 2014 incorporando no solo aquellos apartes en los que
se reconoce las diferentes características de una y otra, sino también los
apartes en los que se prohíbe le discriminación por ese motivo, y el sentido de
las decisiones adoptadas en esos casos, marcadamente igualitarias.
7.2.1. La primera de las sentencias
mencionadas (C-1077 de 2006 ) evaluó si resultaba legítimo que la ley
contemplara como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los cónyuges y
compañeros permanentes del causante que hubieran iniciado su vínculo antes
de la adquisición del derecho pensional y no a aquellos que comenzaron a
convivir con posterioridad a la adquisición del mismo. La Corporación
declaró la inexequibilidad de la norma.[8]
La ratio decidendi de la sentencia defendió la potestad de
configuración legislativa, pero también expuso sus límites, cuando pone en
juego el derecho a la igualdad; señaló que el derecho a la pensión de
sobrevivientes es una prestación destinada a proteger a la familia del
causante y explicó la importancia dada por el Legislador a la convivencia
como condición de acceso al derecho:
“(…) además de que la libertad de configuración del
legislador no es absoluta y tiene como medida los principios democráticos de la
Constitución, aquella no se despliega con igual intensidad en todos los
aspectos de la realidad jurídica. La Corte Constitucional ha dicho en su
jurisprudencia que cuando se trata de regular aspectos relacionados con la
restricción de los derechos y garantías públicas, la libertad configurativa del
legislador se desenvuelve dentro de límites más estrechos que cuando aquella se
encamina a regular materias relacionadas con otros tópicos, v. gr., el diseño
de la política macroeconómica del Estado.
(…) el requisito demandado consiste en disponer que el cónyuge
o compañero permanente supérstite del pensionado puede acceder a la pensión de
sobreviviente, si y sólo si, comprueba que, además de convivir con el fallecido
al momento de su muerte y de haber vivido con éste no menos de dos (2) años
continuos, iniciaron vida marital desde antes o, por lo menos, desde el
momento en que el pensionado adquirió el derecho a la pensión de vejez o
invalidez.
(…) Como ya se dijo, el fin perseguido en la norma (…) es el de
proteger el patrimonio del causante y de su familia, frente a posibles
relaciones maritales infundadas, que sólo persiguen la transmisión fraudulenta
de la pensión (…)
La norma reflejaría en una primera aproximación, la
intención del legislador de proteger el patrimonio del pensionado y de su
familia, frente a posibles relaciones inescrupulosas y vínculos sorpresivos por
parte de terceros. También se evidencia la intención de proteger las relaciones
duraderas, fundadas en una decisión mutua de vida en común (…)
(Sin embargo) para que una norma apruebe el llamado juicio de
proporcionalidad, es necesario que la disposición en ella contenida constituya
una medida adecuada o racionalmente encaminada a obtener los fines para los
cuales fue diseñada.  Esta circunstancia evidentemente no se presenta en
el caso de la disposición acusada, toda vez que el hecho de que el pretendido
beneficiario haya iniciado su vida marital con el causante antes o después de
que éste adquiriera el estatus de pensionado, es un suceso ajeno al propósito
de la norma, cual es el de garantizar la convivencia de los cónyuges o
compañeros y evitar relaciones de última hora (… L)os matrimonios o las uniones
maritales de hecho son, en ocasiones, tan duraderos, que resulta cuando menos
injusto desconocer compromiso que las cimienta, por la sola circunstancia de
que la relación se haya iniciado o se inicie con posterioridad a la adquisición
del derecho a una pensión.
(…) La Corte considera además que la condición que viene
impuesta por la norma incluye un elemento perturbador del principio de la presunción
de buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, pues
supone que todo aquel que inicia vida marital con el pensionado, después de que
éste ha adquirido el derecho a la pensión, concibe la intención fraudulenta de
ser el titular de dicha prestación”.
7.2.2. La sentencia C-1035 de 2008[9] —también citada en la
C-336 de 2014— resultaba incluso más relevante para el análisis del caso, pues
en ella la Corte no solo manifestó que las figuras jurídicas (matrimonio y
unión marital) son diferentes, sino que además explicó enfatizó en que existe
una regla constitucional que prohíbe discriminar entre compañeros y cónyuges
por razón del origen del vínculo para, finalmente, declarar la inexequibilidad
de una norma que planteaba un tratamiento distinto para ambos grupos, en el
escenario de la relación con el derecho a la pensión de sobrevivientes cuando
se presenta convivencia simultánea.
En esta decisión la Corte fue contundente
al rechazar los argumentos que se basaban en una preferencia (un prejuicio) a
favor de la familia basada en torno al vínculo del matrimonio frente a aquella
que se forma sin esa ritualidad. Vale la pena recordar sus fundamentos
centrales:
“8. Matrimonio y Unión Marital de hecho. Prohibición
constitucional de adoptar medidas que consagren regímenes discriminatorios
en razón del tipo de vínculo familiar.
(…) la Corte ha sostenido que, de acuerdo a los artículos 5
y 42 de la Constitución, la igualdad que propugna la Carta entre las uniones
familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por vínculos
jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a cada uno
de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones guardan íntima
relación con el artículo 13 superior (…S)e ha señalado que el legislador no puede expedir normas
que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de
quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como
tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él (…)
8.4. Sin embargo, como se indicó antes (supra 7.3)
la protección del derecho a la igualdad entendido como no discriminación, en
estos casos no puede entenderse como la existencia de una equiparación entre el
matrimonio y la unión marital de hecho (…) Por todo lo anterior, el
juicio de igualdad deberá tener en cuenta las particularidades de la norma o
situación fáctica sometida a consideración, a fin de constatar si existe
discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes, pero sin soslayar las
diferencias existentes entre el matrimonio y la unión marital de hecho”.
Así pues,
la Corporación reconoce en su jurisprudencia constante las diferencias entre
uno y otro vínculo, pero prohíbe y califica como discriminatorias las
distinciones de trato basadas exclusivamente en esa razón. Estos son los
argumentos más relevantes del estudio del cargo de la sentencia C-1035 de 2008:
“Primero: En el
presente caso, la Sala advierte que la expresión acusada, evidentemente,
establece un trato diferenciado. La norma prescribe que si dos personas ejercen
convivencia simultánea con el causante, para efectos de conceder la pensión de
sobreviviente, se preferirá a quien tenga la condición de cónyuge,
constituyendo esto un trato preferencial de un grupo poblacional frente a otro
en una situación particular.
Segundo: La Corte observa que el tratamiento
discriminatorio que se desprende de la norma, está fundado en una distinción de
origen familiar. En este caso, la norma por razón del tipo de vínculo familiar
formado con el causante, excluye a la compañera permanente de la posibilidad de
acceder a la pensión de sobrevivientes (…)
Tercero: Habiendo determinado la existencia de un trato
discriminatorio y que éste se halla basado en un parámetro de origen familiar,
la pregunta que se plantea ahora la Sala es si este trato discriminatorio
definido por el legislador, constituye per se, un criterio con
base en el cual es posible efectuar constitucionalmente la distribución o el
reparto racional del derecho, en este caso, de la pensión de sobrevivientes.
Algunos intervinientes (…) sostuvieron que la norma tiene
como objetivo garantizar que el beneficio de la pensión sea entregado a quien
efectivamente tenga derecho. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la pensión
busca proteger la subsistencia de la familia, debe partirse del presupuesto
según el cual ésta se conforma a partir de un vínculo responsable y, según
(esas intervenciones) cuando
existe coexistencia simultánea de compañera(o) permanente y cónyuge, no puede
hablarse de responsabilidad, por lo tanto, en esos eventos no se reúnen los
méritos suficientes para que las compañeras permanentes se hagan acreedoras al
derecho a ser considerados como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
De acuerdo al argumento [mencionado, darle protección] a
una unión libre, así supere los cinco años de permanencia, es una decisión
‘irresponsable’ cuando al mismo tiempo se convive con él o la cónyuge. Por esta
causa […] la o el compañero permanente supérstite no tiene derecho o acceso a
la pensión de sobrevivientes. Dicho reproche —que más parece un prejuicio—
equivale a sostener que la norma sanciona a la compañera o compañero permanente
supérstite por haberse involucrado con el causante cuando éste tenía un vínculo
matrimonial previo y vigente. La sanción consistiría en que se priva a la
compañera o compañero permanente de ser considerada beneficiaria o beneficiario
de la pensión de sobrevivientes.
Para la Corte, esta argumentación no resulta válida a la
luz de nuestro  ordenamiento constitucional […] la Corte, con base en su propia jurisprudencia,
estima que la distinción en razón a la naturaleza del vínculo familiar no puede
constituir un criterio con base en el cual, como lo hace la disposición bajo
examen, se establezcan tratamientos preferenciales que desconozcan la finalidad
legal y constitucional de la pensión de sobrevivientes.[10]
(…) En estos términos, a pesar de que la Corte
ha sostenido que el matrimonio y la unión marital de hecho son
instituciones con especificidades propias y no plenamente asimilables, la
jurisprudencia constitucional ha decantado que ‘los derechos conferidos a la
familia que se conforma por cualquiera de las dos vías no son susceptibles de
tratamiento diferencial cuando éste tiene como único fundamento su divergencia estructural’”. (Negrilla fuera del texto).
7.2.3. Tal como se puede observar en las
sentencias citadas, las premisas presentadas como fundamentos centrales de la
sentencia C-336 de 2014 obedecen a una reconstrucción incompleta de la
jurisprudencia, pues no mencionan (i) la prohibición de discriminación por
razón del origen del origen de la familia y, concretamente, en razón a si esta
se conforma a partir del matrimonio o la unión de hecho; (ii) la protección que
el Estado confiere a los distintos tipos de familia y (iii) la existencia de
precedentes igualitarios en casos más o menos semejantes (especialmente, la
sentencia C-1035 de 2008).
7.3. La finalidad de la pensión de
sobrevivientes y la hipótesis objeto de estudio.
La reconstrucción de la jurisprudencia
constitucional e incluso algunas consideraciones de la sentencia C-336 de 2014
cifran el propósito de la pensión de sobrevivientes en la protección de la
familia, propósito constitucional relevante e incluso imperioso. Con base en
esa percepción de la prestación, la Corte ha encontrado justificación
constitucional a condiciones como la convivencia o la existencia de
relaciones sólidas y duraderas.
La norma que se estudia confiere el derecho
a una cuota parte de la prestación a quien, según la hipótesis prevista en el
supuesto de hecho, dejó de convivir con el causante al menos cinco años antes
de su muerte.
La sentencia C-336 de 2014 plantea que en
estos casos, aunque no hay convivencia, existe una característica en la
relación amparada por el Legislador que justifica su decisión, y es la permanencia
formal del vínculo y el hecho de que la sociedad patrimonial no se disuelve con
la separación de cuerpos. Así se expresó en las conclusiones del caso. Se
trata de una exposición persuasiva acerca de la motivación del legislador y el
fundamento de la protección concedida al cónyuge separado de cuerpos y no
divorciado.
Pero resulta que, de una parte, amparar
especialmente la permanencia formal del vínculo matrimonial implica preferir
una forma de relación o de origen familiar sobre otra, lo que es
discriminatorio, a partir del artículo 13 Superior y la jurisprudencia
previamente reseñada; y, de otra parte, no es claro por qué razón la
permanencia de la sociedad patrimonial debe dar origen a un derecho pensional,
cuando la primera no equivale ni a convivencia, ni a apoyo, ni a respeto. En
otras palabras cuando no equivale a la existencia de una familia.
Lo que no fue resuelto por la Corte
8. La decisión de declarar la ineptitud de
tres de los cuatro cargos de la demanda (que, en mi criterio realmente
representaban dos serios cuestionamientos de constitucionalidad), invertir los
términos del problema jurídico que se debía resolver y, finalmente, dictar una
decisión restringida al análisis de esa cuestión y basada en premisas que no
son solidarias argumentativamente con el cuerpo jurisprudencial de esta
Corporación, llevó a que la Corte no resolviera los cuestionamientos
efectivamente propuestos en la demanda. Las reflexiones finales giran en torno
a esos problemas.
8.1. El actor expuso un problema de
igualdad con dos aristas distintas. La primera se refiere a si el Legislador
dejó de proteger a un grupo que debía proteger para lograr los fines de la
normas que finalmente dictó a favor de otro grupo. Esto es, si debió otorgar a
los compañeros permanentes separados y que convivieron por más de cinco años
con el causante sin ser su última pareja, una cuota parte de la pensión del
causante. La segunda, a si el legislador no debió otorgar una cuota parte al
cónyuge separado de cuerpos, pero sin vínculo matrimonial disuelto, de la
pensión que le corresponde al último compañero permanente. Una comprensión
constitucional adecuada de este asunto requiere tomar en consideración un grupo
más, que es el de los divorciados que convivieron más de cinco años con la
pareja.
Me parece conveniente utilizar, para
enfrentar las preguntas de la demanda, y la nueva arista que surge al
considerar a un grupo más en el examen de igualdad, utilizar las herramientas
de análisis de las reglas jurídicas propuestas por Frederick Schauer en una
obra muy influyente en la materia[11].
Según su perspectiva, los predicados
fácticos o enunciados de hecho de una regla son generalizaciones, en el sentido
de que incluyen o pretenden incluir todos los elementos de una clase[12].
Las reglas jurídicas asocian esas
generalizaciones a una justificación subyacente, que puede describirse
como un propósito o fin valioso para el Legislador o a la luz de la
Constitución. Cuando un estado de cosas o un conjunto de hechos concretos puede
considerarse un ejemplo[13]
de ese predicado fáctico, pero la aplicación de las consecuencias previstas por
la regla a esos hechos no contribuye a realizar su justificación subyacente,
entonces la regla es sobreincluyente. Si, por el contrario, existe
un conjunto de hechos o estado de cosas que debería recibir las consecuencias
de la regla para satisfacer su justificación subyacente, pero resulta que no “cabe”
en la generalización, entonces se afirma que la regla es infraincluyente.
Aunque todas las reglas son, en alguna
medida infra o supra incluyentes debido a problemas del lenguaje,
a la pluralidad de propósitos que persigue el Legislador y a la imposibilidad
de prever todos los casos concretos, si ello implica la lesión o afectación de
principios constitucionales es posible que sea necesaria la intervención del
tribunal constitucional, para determinar la validez de la regla en abstracto o
para hacerla más o menos incluyente. Cuando estas características solo se
presentan en casos concretos o aislados, corresponderá a los jueces naturales
decidir si las consecuencias de la regla deben aplicarse a un caso no previsto;
o bien, determinar que la regla debe inaplicarse, como ocurre en el
supuesto de la excepción de inconstitucionalidad.
Siguiendo el caso de estudio desde la
perspectiva recién descrita, el demandante considera que la norma demandada
puede ser infraincluyente, en tanto no prevé protección para los
compañeros permanentes en igual situación de hecho que los cónyuges separados
de cuerpos; o que es sobreincluyente porque otorga a los citados
cónyuges parte del derecho del último compañero del causante, sin que ocurra lo
mismo en la hipótesis contraria.
Estas cuestiones solo podrían responderse
válidamente si, primero, incorporamos una tercera arista al escenario descrito,
concerniente a la situación de los ex esposos o “cónyuges divorciados” y,
segundo, verificamos si la sobreinclusión o la infrainclusión están
frustrando justificaciones subyacentes ligadas a principios constitucionales
como la igualdad y la seguridad social.
En ese marco, deberían observarse las
siguientes premisas normativas para decidir: (i) la Corte ha identificado la
justificación subyacente de la pensión de sobrevivientes con la protección de
la familia; (ii) la condición de convivencia ha sido el medio utilizado
para asegurar que la prestación llegue a esos destinatarios; (iii) existe una
prohibición constitucional de discriminación por razón del origen del vínculo
familiar; y (iv) la sociedad patrimonial no parece ser un parámetro de
comparación adecuado, pues es un asunto independiente a la convivencia, el
respeto y el apoyo mutuos.
La primera premisa parecería llevar a la
conclusión de que la norma demandada es sobreincluyente, pues no
existiría una razón para conceder a quien hace años no convive con el causante
parte de su derecho pensional. De ser así, el análisis del segundo problema
resultaría superfluo.
Pero ciertamente es posible hallar en la
decisión legislativa otro propósito (o interpretarla a partir de otro
propósito), que tendría que ver con la protección de personas vulnerables en el
ámbito del derecho pensional. Es importante para analizar este punto, indicar
que los derechos pensionales se van construyendo durante extensos periodos de
la vida de una persona, en los que debe aportar con cierta regularidad e
intensidad al sistema de seguridad social en pensiones. Los derechos
pensionales que tuvo en mente el legislador del año 2003 podrían ser objeto de
cotizaciones realizadas muchos años antes.
En ese escenario, también vale la pena
tener en cuenta que —sin soslayar los distintos hitos históricos en materia
de igualdad de derechos entre hombre y mujer— la Constitución de 1991, la
jurisprudencia constitucional y los movimientos sociales más recientes han sido
el fundamento para avanzar significativamente en la eliminación de las
desigualdades por razón de sexo, latentes aún en la sociedad. En un contexto
como el descrito, ciertos hechos sociales adquieren relevancia constitucional
para interpretar la decisión legislativa citada de conformidad con la Carta
Política. Veamos.
Colombia es un país en el que, durante
muchos años, se ha concebido al hombre como el proveedor de bienes materiales
para el hogar, y a la mujer como la encargada de cuidar la casa y los niños. En
un estado cosas como ese, tradicionalmente son los hombres quienes cotizan o
aportan al sistema de seguridad social y, por lo tanto, a los derechos de
pensión de vejez o invalidez. Las mujeres en cambio, desempeñaban el rol de
amas de casa o, en otros términos, se dedicaban al cuidado del hogar, actividad
que hasta un pasado reciente no era valorada económicamente.[14]
Esas circunstancias sociales permiten
entonces atribuir objetivamente a la norma un propósito adicional, ordenado por
la Constitución Política, como es proteger el derecho a la seguridad social de
personas vulnerables, especialmente, en el contexto laboral. La norma sería el
medio para evitar la situación de desamparo en la que se encontraría la persona
(las más de las veces la mujer) que, después de muchos años de matrimonio y de
asumir el trabajo del hogar, resultaba desamparada durante los últimos años de
su vida.
Así las cosas, parece que el primer
problema jurídico llevaría a la inexequibilidad de la norma que concede al
cónyuge una  cuota del derecho pensional, a pesar de no cumplir con el
requisito de convivencia (la regla es sobreincluyente para alcanzar su
justificación subyacente). Pero desde la perspectiva del amparo a sujetos
vulnerables en el ámbito pensional y de la compensación al trabajo de hogar,
resultaría infraincluyente pues permite que dos grupos que requerirían
de la prestación (compañeros permanentes y “casados divorciados”) queden en
situación de desamparo.
La Corte planteó el problema en términos de
la inconstitucionalidad de un trato igualitario, lo que implicó el que no
asumieran las cargas de la argumentación necesarias y no abordó el segundo
problema al cuestionar la inadmisibilidad de la demanda. Es lógico entonces
que, tras modificar los problemas de la demanda haya terminado por declarar la
exequibilidad de la norma, pero los efectos de cosa juzgada aparente (en
relación con el primer problema jurídico, de sobreinclusiòn) y relativa
(en tanto no se estudió el problema de infrainclusión) debe ser,
considerados en mi criterio, por todos los jueces, al momento de interpretar el
alcance de la sentencia  C-336 de 2014.
Fecha ut supra,
María Victoria Calle Correa
Magistrada
ACLARACION
DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A
LA SENTENCIA C-336/14
Referencia:
Expediente D-9910
Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b) (parcial) del artículo 13
de la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del
sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
Magistrado
ponente:
Mauricio González Cuervo
Con el debido respeto por las decisiones de
la Corte Constitucional, a continuación expongo las razones que me llevan a aclarar
mi voto frente a algunas de las consideraciones en que se fundamentó la
decisión de declarar la exequibilidad del literal b) del artículo 13 de la Ley
797.
Si bien comparto el sentido de la decisión
por cuanto plasma una regla de proporcionalidad para la protección de los
derechos a la igualdad y a la seguridad social, tanto del cónyuge como del
compañero o compañera permanente, tomando como base los tiempos efectivos de
convivencia, considero que el énfasis en la fundamentación no debió consistir
en las diferencias patrimoniales existentes entre el régimen económico de la
sociedad conyugal y el previsto para la sociedad patrimonial. En mi opinión, para
discernir si en materia de pensión compartida de sobreviviente se vulnera el
derecho a la igualdad de trato, la sentencia debió acudir al énfasis que la
jurisprudencia constitucional ha puesto en la convivencia basada en la vocación
de permanencia, fundada en el afecto, la solidaridad y la intención de ayuda y
socorro mutuos.
El criterio personal fundado en la convivencia, el afecto y
el socorro mutuos, ha sido considerado tanto por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado[15],
como por la de esta corporación como un elemento determinante para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivencia. En este sentido la jurisprudencia
constitucional ha trazado una línea jurisprudencial en la que se identifican
dos presupuestos para el reconocimiento de la prestación: (i) la
reciprocidad y solidaridad entre causante y allegados, y (ii) la
definición material del beneficiario.
En cuanto al primer presupuesto, la jurisprudencia de esta
Corte ha mantenido la postura de que la sustitución pensional busca impedir que una vez sobrevenga la muerte de uno
de los integrantes de la pareja, el otro deba soportar por sí mismo las cargas
materiales y espirituales de su ausencia, por lo que el factor determinante
para la definición del beneficiario del derecho a la sustitución pensional es la
concurrencia del apoyo afectivo y la comprensión mutua[16]. Este
factor no involucra un planteamiento etéreo o una condición completamente
librada al arbitrio del juez, comoquiera que se encuentra relacionado con la
exigencia de un tiempo mínimo de convivencia como pareja, y con la pretensión
de proteger a la familia misma.
En este orden de ideas, en la sentencia
C-1176 de 2001 la Corte recordó que existen dos elementos fundamentales en tratándose de pensión de
sobrevivientes: el primero, es que dicha pensión es una prestación que propende
por proteger a la familia del causante frente a perjuicios económicos derivados
de su muerte y, el segundo, que responde al propósito de proteger al pensionado
y a su familia de posibles convivencias de última hora que no tienen como fin
la consolidación de una vida marital sino que persiguen la obtención del
beneficio económico que reportaría la pensión una vez muera el causante.
Este segundo elemento, que encuentra respaldo en la exigencia
antedicha que hace la ley sobre tiempo de convivencia, es desarrollado también
por la jurisprudencia del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. En este
sentido la Corte Suprema de Justicia ha indicado:
De otro lado, como bien lo refiriera la oposición, lo
que pretende el nuevo requisito introducido por la Ley 100 es evitar las
convivencias precarias, fraudulentas o no inspiradas en los sólidos cimientos
configurantes de un verdadero núcleo familiar, las que muchas veces surgen con
el exclusivo designio de acceder a gozar de la pensión de quien está a punto de
fallecer, mediante procedimientos reprobables desde todo punto de vista. Estas
situaciones excepcionales, desde luego, no pueden quedar cobijadas legal ni
jurisprudencialmente porque no encajan dentro de  una auténtica noción de
seguridad social[17].
En dicha sentencia, la Sala de casación laboral indicó
además que la pensión de sobreviviente busca evitar que el supérstite que haya convivido
permanente, responsable y efectivamente y haya prestado apoyo afectivo a su
pareja en el momento de la muerte deba soportar de manera aislada las cargas
materiales y espirituales de su desaparición.
Frente al segundo principio, la definición material del
beneficiario se ha indicado por parte de esta Corte que la ley colombiana acoge un
criterio material para determinar quién es la persona beneficiaria de la
sustitución pensional lo que significa que debe mirarse la convivencia efectiva
al momento de la muerte del causante para otorgar el beneficio a quién cumpla
con este requisito[18].
En este orden de ideas, la fundamentación
de la exequibilidad pudo basarse más en las finalidades que cumple la
prestación (pensión de sobreviviente) que en una diferenciación entre el
régimen económico de la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de hecho y
en consecuencia, si bien la jurisprudencia de la Corte ha reconocido
especificidad al régimen económico del matrimonio y al de la unión marital de
hecho, esto sólo debió constituir uno de los supuestos teóricos de la decisión,
siendo necesario referir además la jurisprudencia que destaca la prohibición
constitucional de adoptar medidas que consagren regímenes discriminatorios en
razón del tipo de vínculo familiar, por cuanto ha indicado esta Corte que “el
legislador no puede
expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y
deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente,
como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él”[19]
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Diario Oficial No. 45.079 de 29 de enero
de 2003.
[2] Concepto No. 5.696 del 11 de diciembre de 2013.
[3] Norma demandada en la
C-1094/03 resaltado en subraya dentro del texto original: (…)
a) En
forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En
caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de
cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b)
En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años.
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia
pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el
literal a).
Si
respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido.
En caso
de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o
el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente
podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un
porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando
haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente; (…)
[4] C-1094/03.
[5] Utilizaré las expresiones “cónyuge” y “compañero permanente” para
referirme tanto a hombres como a mujeres. Respeto plenamente el uso del
lenguaje incluyente, que aconsejaría decir “el cónyuge o la cónyuge” y “el
compañero o la compañera permanente”. Pero considero que el texto legal objeto
de control ya es gramaticalmente complejo, de manera que preferiré la economía
argumentativa, aclarando desde ya que las normas a las que se hará referencia
deben aplicarse igualitariamente entre hombres y mujeres.
[6] En términos más amplios, ¿Por qué no se habla
específicamente de la situación de cónyuges, compañeros y las condiciones para
el acceso al derecho, relacionadas con la convivencia, la separación o la
naturaleza del vínculo?
[7] En el plano argumentativo, me baso principalmente en
la obra de Robert Alexy. Ya en la Teoría de la Argumentación Jurídica, el autor
se refirió a las cargas de argumentación son un conjunto de reglas técnicas
dirigidas a permitir el avance de un diálogo, evitando que se cuestione todo
acuerdo previo en todo momento, o que se petrifique el proceso discursivo, por
ausencia de nuevas proposiciones. Una de las cargas de la argumentación
consiste en justificar el tratamiento desigual, y ello se desprende de la
asunción de la igualdad entre las personas. (Teoría de la Argumentación
Jurídica; regla 2.3. tercera regla de razón, la igualdad de derechos de los
participantes y 3.1, a quien pretenda un cargo desigual corresponde asumir la
carga de justificarlo). En la Teoría de los derechos fundamentales avanza en el
estudio de la aplicación de la cláusula general de igualdad, y tras presentar
diversas versiones de los “mandatos de trato igual y desigual” definidas por el
Tribunal Federal Alemán, propone que, mientras al mandato de igualdad de trato
supone que “si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato desigual,
entonces está ordenado un trato igual”, la regla de trato desigual no puede ser
simétrica, pues en ese caso se bloquearía el análisis de la norma. Por lo
tanto, propone que, esta regla debe tener la estructura de “si ay una razón
suficientes para ordenar un trato desigual, entonces está ordenado un trato
desigual”. Su exposición lleva a considerar que en ausencia de razones
suficientes está ordenado el trato igual, mientras que el desigual solo es
válido en presencia de una razón suficiente. La exposición de esa razón para
justificar el trato es precisamente la carga de la argumentación citada.
“Esta fórmula (de
trato desigual) se diferencia de la norma de igualdad de trato porque para el
mandato de trato desigual exige que se logre una fundamentación justo de este
mandato, mientras que la norma de igualdad de trato deja que sea suficiente (…)
el que no se haya logrado una fundamentación del permiso (…) de una
diferenciación. Justo en esta asimetría consiste la carga de la argumentación a
favor del trato igual. || La asimetría entre la norma de igualdad de trato y la
norma de desigualdad de trato tiene como consecuencia que el principio general
de igualdad puede ser interpretado en el sentido de un principio de igualdad
(…) que, prima facie, exige un trato igual y sólo permite un trato
desigual si puede ser justificado con razones contrapuestas”.
Esta exposición demuestra que, en el
plano argumentativo, el giro que se propone al proponer que el problema a
estudiar no es la existencia de un trato diferenciado, sino la presencia de un
trato igualitario, condiciona notoriamente el futuro de la discusión.
[8] Declarar INEXEQUIBLE la expresión “por lo menos desde
el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una
pensión de vejez o invalidez y”, contenida en el literal a) de los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.
[9] “De conformidad
con los antecedentes expuestos, corresponde a la Corte determinar si los
apartes demandados del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que
modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, vulneran los derechos
constitucionales a la igualdad, a la seguridad social en materia pensional, a
la familia y a la protección especial a la mujer.
Para ello, la Sala Plena deberá (i) examinar
si de los apartes acusados se desprende un trato discriminatorio entre quienes
tienen la calidad de cónyuge, y quienes ostentan la calidad de compañero o
compañera permanente, en tanto los apartados demandados disponen que, en
aquellos casos en los que él o la causante hubiere convivido simultáneamente
con la o el cónyuge y la compañera o compañero permanente durante los últimos
cinco años anteriores a su fallecimiento, el único beneficiario de la pensión
de sobrevivientes será la o el cónyuge, dejando excluido del beneficio a la
compañera o compañero permanente.
[10] Este
planteamiento no es caprichoso. Surge al estudiar en su conjunto la
jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia (supra 8.3 y 8.4), a
partir de la cual se puede concluir que las personas que conviven en condición
de compañeros permanentes, históricamente han sido menospreciadas a partir de
un patrón de valoración cultural que considera que este tipo de nexos
familiares –a pesar de estar protegidos constitucionalmente- constituyen
vínculos de segundo orden. Por este motivo, en la sentencia C-105 de 1994[37] la Corte
realizó las siguientes precisiones:
“a) La Constitución pone en un plano de
igualdad a la familia constituida "por vínculos naturales o
jurídicos", es decir, a la que surge de la "voluntad responsable de
conformarla" y a la que tiene su origen en el matrimonio”.
“b) ‘El Estado y la Sociedad garantizan la
protección integral de la familia’, independientemente de su
constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica
de la igualdad de trato”.
“c) Por lo mismo, "la
honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables", sin
tener en cuenta el origen de la misma familia”.
“d) Pero la igualdad está
referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de ello
es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio”.
(…) “En conclusión: según la
Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección las
familias originadas en el matrimonio o constituidas al margen de éste”. [Subrayas fuera de texto]
Así se pronunció esta Corporación en la sentencia T-266 de
2000:
“La Constitución de 1991 eliminó de manera
tajante y definitiva toda forma de diferenciación entre el matrimonio y la
unión permanente como fuentes u orígenes de la familia. Tanto el contrato
solemne como la voluntad responsable de un hombre y una mujer, sin formalidad
alguna, producen el efecto jurídico de formación del núcleo familiar. En
consecuencia, todo aquello que en la normatividad se predique del matrimonio es
aplicable a la unión de hecho. Con mayor razón lo relacionado con derechos,
beneficios o prerrogativas, tanto de quienes integran una u otra modalidad de vínculo
familiar como de los hijos habidos en el curso de la relación correspondiente. [Subraya fuera de texto].
[11] Me refiero a su obra “Las reglas en juego”, Marcial Pons, 2004,
Barcelona. Aclaro que no pretendo hacer una exposición amplia de sus ideas, sino
exclusivamente utilizar tres conceptos acuñados por el actor que me parecen
útiles para una presentación esquemática de lo que la Corte dejó de analizar en
esta oportunidad, debiendo hacerlo.
[12] El que los predicados fácticos de las reglas constituyen
generalizaciones se puede percibir a partir del uso de enunciados como “todas
las personas”, “todos los hombres”, “todas las mujeres”, “los compañeros
permanentes”, “siempre que”, “todo aquel”, etc.
[13] La palabra utilizada por los teóricos del derecho para explicar que
un hecho particular es un caso de un supuesto genérico es que se trata de “una
instancia”, pero me parece más claro hablar de “un ejemplo”. Por otra parte, si
un estado de cosas es una instancia de una generalización, entonces se dice que
se “subsume” en ella. En el texto, de forma coloquial, diré que cuando ello
ocurre, el hecho concreto “cabe” en la generalización abstracta.
[14] Sobre el valor del trabajo del hogar es pionera la sentencia T-494
de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón). Solo hasta el año 2010 a través de la Ley
1413, se reguló “(…) la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de
cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al
desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la
para la definición e implementación de políticas públicas”, ver también la
sentencia C-871 de 2014 (MP. María Victoria Calle Correa. AV Luis Guillermo
Guerrero Pérez. SV Jorge Iván Palacio Palacio).
[15] Ver sentencia de la sección segunda del Consejo de Estado
del 1 de julio de 1993 citada en la sentencia C-081 de 1999.
[16] Sentencia C-617 de 2001. M.P.: Álvaro Tafur Galvis.
[17] Corte
Suprema de Justicia, Sala de casación laboral. Sentencia del 17 de abril de
1998. Radicación 10406.
[18] Sentencia C-389 de 1996. M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[19] Sentencia C-477 de 1999. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.