T-008-98
Sentencia T-008/98
Sentencia
T-008/98
CORTE
CONSTITUCIONAL-Unificación
de jurisprudencia y adaptación al cambio constitucional
En abstracto,
parece que ningún operador jurídico discute que el ordenamiento atribuye a la
Corte Constitucional la facultad de unificar la jurisprudencia constitucional,
al Consejo de Estado la jurisprudencia contencioso administrativa y a la Corte
Suprema de Justicia la jurisprudencia ordinaria. Sin embargo, por razones
sociológicas propias de la transformación constitucional, al momento de
resolver los casos concretos, los tribunales más antiguos, cuya primacía
resultaba indiscutible en el orden constitucional precedente, se niegan a
adaptarse al cambio constitucional y, por lo tanto, a reconocer la competencia
superior que la Carta le atribuye a la Corte Constitucional en materia de
acción de tutela. Tal fenómeno no es exclusivo de nuestro país, como quiera que
se ha presentado en todos los Estados que, en la segunda mitad del presente
siglo, modificaron, en forma sustancial, la estructura constitucional del poder
judicial. Sin embargo, lo cierto es que en esos Estados, más temprano que
tarde, los más altos tribunales se adaptaron a los cambios constitucionales, lo
que en nuestro país, al parecer, todavía no ha terminado de suceder.
DOCTRINA
CONSTITUCIONAL SOBRE VIA DE HECHO
JUSTICIA REGIONAL
Y PENAL ORDINARIA-Diferencias
La llamada
justicia regional se distingue de la justicia penal ordinaria porque en aquélla
se encuentran restringidas una serie de garantías que en esta última se
despliegan a plenitud. En efecto, como causa de las dramáticas circunstancias
de violencia por las que atraviesa el país, el Legislador determinó que el
juzgamiento de ciertos delitos se llevase a cabo por parte de una justicia
especial que admite los llamados jueces y testigos con reserva de identidad,
omite la realización de audiencias públicas, tiene limitaciones a nivel de
beneficios en la ejecución de la pena, etc.
ACCION DE TUTELA
CONTRA SENTENCIA DE JUSTICIA REGIONAL-Existencia de mecanismos adecuados para protección de
derechos/PERJUICIO IRREMEDIABLE EN ASUNTO DE JUSTICIA REGIONAL-Procedencia
excepcional de tutela/VIA DE HECHO EN ASUNTO DE JUSTICIA REGIONAL-Procedencia
excepcional de tutela
Si algún tipo de
justicia necesita estar revestido de garantías extremas para asegurar que no
haya arbitrariedad judicial es ese tipo especial denominado justicia regional.
Sin embargo, la paradoja de la justicia regional consiste justamente en que, en
este ámbito, como en ningún otro, el juez de tutela, al conocer de eventuales
vulneraciones a los derechos fundamentales que puedan constituir vías de hecho,
debe ser especialmente cauteloso, a fin de no desconocer los principios de
independencia, imparcialidad e idoneidad en que se funda esta forma especial de
administración de justicia. Los mecanismos adecuados para garantizar la
protección de los derechos constitucionales y legales de quien resulta
implicado en un juicio de esta naturaleza son los recursos ordinarios, es
decir, la consulta ante el superior jerárquico y el recurso extraordinario de
casación. Mientras se surten los instrumentos procesales mencionados, el juez
constitucional debe ser en extremo cuidadoso y conceder la tutela sólo en
aquellos eventos en los cuales se pueda producir un perjuicio irremediable
sobre un derecho fundamental como efecto de una indiscutible falta de
competencia del funcionario judicial, de una ausencia absoluta y definitiva de
pruebas, de la incongruencia evidente e incuestionable entre los hechos
probados y el supuesto jurídico o de la violación grosera del procedimiento. En
cualquier otro caso, el juez constitucional que conceda el amparo estaría
actuando al margen del derecho.
JUEZ DE TUTELA-El revisar decisión penal no lo convierte
en juez de instancia
El hecho de que
el juez constitucional pueda revisar la decisión penal no lo convierte en un
juez de instancia, toda vez que mientras este último verifica que se cumplan
integralmente las reglas legales y constitucionales que permiten condenar a una
persona, aquél se limita a establecer que la decisión del juez penal no resulte
arbitraria a la luz de la Constitución Política. Queda claro que el juez de
tutela no está en condiciones de revisar cada uno de los elementos de una
sentencia judicial impugnada para desestimar la procedencia de una acción de
tutela. Sin embargo, su deber consiste en aportar razones suficientes que, sin
suplantar al juez de instancia, descarten la existencia de la vía de hecho.
DECLARACION DE
TESTIGO CON RESERVA DE IDENTIDAD-Obtención conforme a garantías constitucionales/PRUEBA NULA DE
PLENO DERECHO/VIA DE HECHO-No se presenta necesariamente por tener en
cuenta prueba viciada
Esta Corporación
ha estimado que la validez constitucional de las declaraciones de testigos con
reserva de identidad depende, por entero, de la aplicación cabal de las
garantías que rodean la realización y valoración de la prueba, así como de la
posibilidad cierta de que esta pueda ser ampliamente controvertida por la
defensa técnica. Desde una perspectiva constitucional, la justicia regional no
puede tener en cuenta la declaración de un testigo con reserva de identidad si
ésta ha sido obtenida violando las garantías consagradas en las normas legales
que establecen la mencionada figura. Al haber sido recaudada con violación al
debido proceso constitucional, resulta nula de pleno derecho y, en
consecuencia, debe ser excluida del expediente. El hecho de que un juez tenga
en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica,
necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como una
vía de hecho. En efecto, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional,
no todo vicio implica la descalificación absoluta y definitiva del acto
judicial. Esta Sala no puede menos que indicar que sólo en aquellos casos en
los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de
culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio
del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en
cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de
procedibilidad de la acción.
VALORACION DE
PRUEBAS-Alcance distinto
al señalado por la parte
Referencia:
Expediente T-145292
Actor: William
Alberto Tulena Tulena
Temas :
Jurisprudencia de la
Corte Constitucional sobre vías de hecho
Acción de tutela
contra sentencias proferidas por la justicia regional
Error manifiesto en
el juicio valorativo de la prueba
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N
T E N C I A
En el proceso de
tutela T-145292 adelantado por WILLIAM ALBERTO TULENA TULENA contra la SALA DE
DECISION DEL TRIBUNAL NACIONAL.
ANTECEDENTES
1. El 17 de julio de
1997, por intermedio de apoderado, William Alberto Tulena Tulena interpuso
acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Fe de Bogotá, D.C., contra la sentencia de abril 15 de 1997, proferida
por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional, por medio de la cual fue
condenado a la pena principal de cincuenta y cinco años de prisión. El actor,
consideró que la decisión judicial atacada constituía una vía de hecho que
vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad personal (C.P., artículo
28), al debido proceso (C.P., artículo 29) y a la presunción de inocencia
(C.P., artículo 29).
La sentencia
impugnada se produjo en la segunda instancia del proceso penal cursado contra
el actor, a raíz del homicidio de Héctor Aquiles Mazo Vergara, Luis Arturo
Lucas Polo, Porfirio Manuel Ayala Suárez y César José Mesa Gutiérrez, líderes
indígenas del Resguardo de San Andrés de Sotavento (Córdoba), ocurrido el 26 de
marzo de 1994. Los antecedentes de la mencionada decisión judicial pueden
resumirse como sigue:
1.1. En la fecha
mencionada (26-3-94), hacia las nueve de la noche, los cuatro indígenas se
movilizaban en la camioneta Chevrolet Luv de placas BAU 442, cuando fueron
interceptados por un campero Toyota, de color blanco y, al parecer, sin placas,
del cual descendieron cuatro individuos que comenzaron a disparar en contra de
los líderes del Resguardo de San Andrés de Sotavento. Acto seguido, montaron
los cuerpos en el campero e incineraron la camioneta en que aquellos se
transportaban. Al día siguiente, los cadáveres de los cuatro indígenas fueron
hallados en el corregimiento de Carbonero, perteneciente al municipio de Chinú
(Córdoba). El demandante resultó encartado dentro del proceso penal luego de
una declaración rendida por un testigo con identidad reservada, en la cual se
le atribuyó la responsabilidad intelectual del múltiple asesinato, y de un
allanamiento a la hacienda "Los Naranjos", de propiedad del actor, en
la cual fue incautada una pistola Colt 45, también perteneciente a aquel, con
la cual se llevó a cabo el homicidio investigado, según lo estableció el
respectivo examen de balística.
1.2. Finalizada la
etapa de investigación, el Fiscal Regional a cargo de la misma solicitó al juez
regional de Medellín que William Tulena Tulena fuera declarado responsable del
homicidio de los cuatro líderes indígenas y, en consecuencia, fuera emitida
sentencia condenatoria en su contra. Por su parte, el agente del Ministerio
Público estimó que el acervo probatorio no era concluyente en cuanto a la
responsabilidad del procesado en los hechos que se le endilgaban, razón por la
cual se hacía necesario absolverlo de todo cargo. Mediante sentencia de octubre
3 de 1996, el Juzgado Regional de Medellín absolvió al actor de los delitos que
se le imputaban.
1.3. Luego de
establecer y analizar cada uno de los posibles móviles que hubieran podido
causar el múltiple homicidio (enfrentamientos de carácter político entre el
Alcalde municipal y las autoridades del Resguardo de San Andrés de Sotavento;
conflictos producidos por la tenencia de la tierra entre indígenas y
terratenientes; rencillas políticas al interior del propio Resguardo;
vinculación de los jefes indígenas con las fuerzas guerrilleras; y, presencia
del paramilitarismo en la región), el juez de primera instancia no encontró
vinculación alguna de William Alberto Tulena Tulena con alguno de esos móviles.
De otra parte, el fallador regional desestimó, uno a uno, los indicios y
pruebas circunstanciales en que se basaba la adscripción de responsabilidad al
procesado.
En primer lugar,
estimó que la incautación de la pistola Colt 45 en la hacienda "Los
Naranjos" comprometía la responsabilidad de quien detentaba la tenencia
efectiva del arma, es decir, del celador de la propiedad, mas no del
propietario de la misma. Por otra parte, el hallazgo de unas pelucas y unas
máscaras en la misma finca, supuestamente utilizadas por los asesinos de otro
grupo de indígenas, encontró explicación en el hecho de que fueron llevadas
allí por los hijos de Tulena con el fin de participar en unos carnavales
locales. Así mismo, el juzgado consideró que el vehículo utilizado por los
homicidas era distinto al que William Tulena usaba en sus correrías por la
región. En efecto, mientras el primero era un campero Toyota de color blanco,
el segundo era un Mitsubishi del mismo color. En torno a las versiones según
las cuales algunas personas vieron entrar el campero blanco a la hacienda
"Los Naranjos" la noche del crimen, el fallador de instancia afirmó
que no podía darse credibilidad a las mismas, toda vez que se trataba de
versiones de oídas que controvertían lo dicho por los trabajadores de la
hacienda, según los cuales esa noche nadie había visto ni oído entrar ningún
vehículo a la propiedad. De igual modo, el juzgado consideró que la declaración
de una testigo, quien manifestaba haber sido informada de que William Tulena
era quien había ordenado el asesinato de los líderes indígenas, gozaba de poca
credibilidad, como quiera que la persona que había suministrado tal
información, al ser interrogada por la Fiscalía, desmintió las afirmaciones de
la declarante.
Por otro lado, el
juzgador regional estimó que la declaración rendida por el testigo con reserva
de identidad era inexistente, como quiera que, en el presente caso, las normas
aplicables a este tipo de diligencias (Decreto 099 de 1991 y Decreto 2271 de
1991), según las cuales el agente del Ministerio Público debe estar presente durante
la práctica del testimonio para constatar que la huella dactilar del testigo
corresponda efectivamente a éste y que sea levantada un acta en la cual figure
el nombre y otros datos personales del declarante, habían sido ignoradas.
Además, consideró que no podía otorgarse mayor credibilidad al dicho del
mencionado testigo secreto, quien afirmaba que el alcalde de San Andrés de
Sotavento y Tulena habían pagado para que los indígenas fueran asesinados, toda
vez que éste no era portador de un conocimiento directo, como que sus
afirmaciones provenían de lo que, según él, le había sido revelado por uno de
los trabajadores de la hacienda "Los Naranjos".
En suma, el  juez de
instancia consideró: (1) que en el proceso estaba ausente toda prueba
incriminatoria directa; (2) que toda la inculpación se fundamentaba meramente
en pruebas de carácter indiciario; (3) que el único hecho indicador cierto e
incontrovertible, constituido por el hallazgo de la pistola Colt 45 en la
hacienda "Los Naranjos", de propiedad del procesado, sólo era útil
para probar la vinculación al homicidio del tenedor material del arma mas no de
su propietario; (4) que la vinculación de Tulena al delito sólo se producía con
base en sospechas y no en indicios, los cuales deben estar basados en circunstancias
reales y conocidas y no en meras suposiciones; y, (5) que no había podido
establecerse con certeza quién había segado la vida de los líderes indígenas
asesinados. Con base en lo anterior el Juzgado Regional estimó que existía una
duda razonable en favor del procesado que, en aplicación al principio
constitucional de presunción de inocencia, (C.P., artículo 29),  determinaba su
absolución.
1.4. La Fiscalía
Regional apeló la sentencia de primera instancia, a raíz de lo cual, por
providencia de abril 15 de 1997, el Tribunal Nacional produjo sentencia
condenatoria. William Tulena fue condenado a la pena principal de 55 años de
prisión, tras haber sido encontrado responsable del delito de homicidio
agravado en calidad de agente determinador.
El Tribunal estimó
que el Juzgado Regional, al analizar los móviles del delito, había desestimado
en forma superficial la hipótesis relacionada con el conflicto por la propiedad
de la tierra que enfrenta a indígenas y terratenientes en la zona de San Andrés
de Sotavento. Consideró que en el expediente obraba prueba de la cual se
desprendía la participación de Tulena en el mencionado conflicto. En su
criterio, logró demostrarse que el procesado había condicionado la venta de la
hacienda "San José" a que los indígenas cesaran sus pretensiones
sobre los fundos "La Unión", "Los Naranjos" y "La
Argentina". Por otra parte, la viuda de uno de los líderes asesinados
aseguró que, en una ocasión, en las dependencias del INCORA de la ciudad de
Montería, William Tulena había amenazado a su marido con matarlo, si insistía
en reclamar tierras de propiedad del primero. Así mismo, el informe del Cuerpo
Técnico de Investigaciones -CTI- puso de presente que Tulena no tenía buenas
relaciones con los miembros del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento,
a quienes trataba en forma agresiva y desdeñosa. Igualmente, indicó que
resultaba demostrada la amistad íntima que unía a William Tulena con el alcalde
de San Andrés de Sotavento, quien por móviles políticos, también se encontraba
implicado en el delito. A juicio del fallador de segunda instancia, todo lo
anterior conformaba un indicio grave del interés del procesado en la comisión
del múltiple homicidio.
Además de encontrar
probado el interés de Tulena en la ejecución del asesinato, el Tribunal
Nacional consideró que las huellas materiales del delito también comprometían
la responsabilidad del encartado. En primer lugar, estimó que estaba
debidamente probado en el proceso que una de las armas homicidas era de propiedad
del sindicado. A juicio del Tribunal, ninguno de los argumentos aducidos para
desestimar este indicio era de recibo. Afirmó que el examen de balística había
puesto de presente que el número de vainillas recogidas en el lugar del crimen
correspondía al número de impactos de bala recibidos por el vehículo de los
indígenas, lo cual controvertía las afirmaciones de quienes decían que algunas
de las vainillas calibre 45 habían aparecido en el proceso "por arte de
magia". En cuanto al argumento según el cual la incautación de la pistola
Colt 45 tan sólo comprometía la responsabilidad de su tenedor material mas no
la de su propietario, el Tribunal estimó que, si bien ambos resultaban
implicados, Tulena lo estaba en mayor medida. A su juicio, el hecho de que el procesado
hubiese entregado la pistola Colt 45 al celador era insustancial para
desvirtuar su responsabilidad, toda vez que, según lo afirmó uno de los
trabajadores de la hacienda en su testimonio, para las labores de vigilancia de
la propiedad se utilizaban escopetas y no pistolas. Además, el Tribunal indicó
que las reglas de la experiencia ponen de presente que las armas apropiadas
para adelantar labores de cuidado de ganado y de celaduría nocturna son las
escopetas, como las efectivamente halladas en "Los Naranjos" el día
del allanamiento. Así mismo, consideró que esas mismas reglas de la experiencia
indicaban que entregar una pistola Colt 45, sin permiso para su porte, a un
trabajador raso que acaba de ser contratado, sólo es justificable si éste es
una persona de la más absoluta e íntima confianza de su empleador.
Adicionalmente, según versiones de los testigos, el anotado celador había sido
contratado, entre otras actividades, con el fin de evitar que los indígenas del
Resguardo de San Andrés de Sotavento asaltaran u ocuparan la finca. Con base en
lo anterior, el Tribunal consideró que la confianza de William Tulena en su
celador era evidente y, por ende, si éste participó como autor material de la
masacre, lo hizo cumpliendo órdenes de Tulena quien, como se vio, tenía interés
en la perpetración de ese delito. El juzgador de segunda instancia estimó que
esto último resultaba corroborado por la desaparición del celador el día del
allanamiento a la hacienda "Los Naranjos" y por las múltiples llamadas
efectuadas ese día por William Tulena con el fin de enterarse en qué estado se
encontraba la diligencia, las cuales sólo podían explicarse por el interés de
Tulena en que su hombre de confianza no fuera aprehendido.
En opinión del
Tribunal Nacional, existe un conjunto de hechos indicadores que "no son
producto del azar", que concuerdan en "forma perfecta" y con
"ajuste completo", cuya convergencia permite "deducir con lógica
impecable" la responsabilidad intelectual de Tulena en la comisión de la
masacre de los cuatro líderes indígenas. En efecto, en el curso del proceso
logró probarse (1) que la pistola Colt 45 utilizada por los homicidas, entre
otras armas, era propiedad de Tulena Tulena; (2) que la mencionada pistola
había sido encontrada en una finca de propiedad de William Tulena; (3) que esta
pistola se encontraba en manos del celador de la mencionada finca, cuyo
paradero e identidad nunca fueron aportados por Tulena; (4) que el procesado
había proferido amenazas uno de los indígenas asesinados; (5) que tales
amenazas encontraban fundamento en los problemas que enfrentaban a Tulena con
la comunidad indígena que reclamaba la propiedad de unas tierras cuya tenencia
ostentaba aquel; y, (6) que el encartado pertenece "a ese grupo reducido
de quienes por tener intereses económicos y políticos en peligro frente a las
actividades legales desarrolladas por los indígenas, habían exteriorizado
amenazas que estaban en capacidad de concretar".
Por otra parte, el
fallador de segunda instancia estimó que la cadena indiciaria antes anotada
resultaba fortalecida por otros medios de prueba recaudados en el proceso. En
primer término, un testigo con identidad reservada afirmó que, a través de un
trabajador de la hacienda "Los Naranjos", se había enterado de que el
alcalde de San Andrés de Sotavento y William Tulena habían pagado para que la
masacre fuera cometida. De igual forma, dos de las viudas y dos hermanos de las
víctimas pusieron de presente en sus declaraciones que los vecinos de la finca
"Los Naranjos" les habían comentado que el campero utilizado por los
asesinos había sido visto con frecuencia en esa propiedad. Así mismo, afirmaron
que la noche del crimen el mencionado vehículo entró a la mencionada hacienda,
en la cual los asesinos dieron muerte a, por lo menos, uno de los indígenas que
había llegado con vida.
En opinión del
Tribunal Nacional, los argumentos esgrimidos por algunos intervinientes en el
proceso, en el sentido de desestimar los testimonios antes reseñados, carecían
de todo fundamento. La ausencia del representante del Ministerio Público
durante la recepción del testimonio secreto era explicable, como quiera que
éste se encontraba en comisión en el Resguardo de San Andrés de Sotavento. Con
todo, la ausencia del funcionario indicado no determinaba la inexistencia del
testimonio, toda vez que esta eventualidad sólo se produce en el caso de
aquellas intervenciones del procesado sin la presencia de su defensor, según lo
dispone el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal. Según el juez de
segunda instancia, la falencia indicada determinaba que la declaración del
testigo con identidad reservada no pudiera ser valorada como testimonio pero sí
como hecho indicador, siempre y cuando existieran otros medios de prueba que
confirmaran su veracidad. Afirmó que, en el presente caso, tal veracidad
resultaba cohonestada por las declaraciones de las dos viudas y de los dos
hermanos de los indígenas asesinados.
En punto a la
credibilidad de estos testimonios, el Tribunal Nacional consideró que ésta no
resultaba desvirtuada por el hecho de que el conocimiento de los declarantes no
fuera directo sino de oídas. Estimó que este tipo de testimonios no puede ser
rechazado en forma general como quiera que existen casos, como el presente,
donde resulta ajustado a derecho otorgarles plena credibilidad. De una parte,
las mencionadas declaraciones coincidían con los resultados del examen de
balística y con la prueba material recaudada y, por otro lado, los argumentos
que tienden a impugnar su credibilidad carecían de asidero. En efecto, quienes
afirmaban que esas declaraciones se produjeron bajo la influencia del
testimonio secreto se equivocaban, toda vez que uno y otras tuvieron lugar en
la misma fecha, motivo por el cual era imposible que tal influencia pudiera
producirse. De igual modo, el Tribunal estimó que al testimonio del individuo
conocido como el "Chico" Urango, quien desmintió la afirmación de una
de las viudas según la cual Urango era quien le había informado que William
Tulena había mandado matar a los líderes indígenas, debía otorgársele poca
credibilidad, toda vez que, según el informe del CTI, el mencionado individuo
era una persona de dudosa reputación que se desempeñaba como contratista de
sicarios al servicio del alcalde de San Andrés de Sotavento y cuyo único objetivo
radicaba en intimidar a los indígenas para que no testificaran en contra de
Tulena Tulena.
Por último, el
juzgador de segunda instancia indicó que los testimonios de las personas que
aseguraban que la noche del crimen no entró ningún vehículo a la hacienda
"Los Naranjos" gozaban de poca confiabilidad, como quiera que los
declarantes presentaron versiones contradictorias al respecto, en las distintas
ocasiones en que rindieron declaración. Frente al testimonio de la persona que
ostentaba la custodia de la llave del candado de la puerta de entrada a la
hacienda, según la cual era imposible que alguien hubiese entrado a la misma la
noche del crimen pues en ningún momento se desapoderó de tal llave, el Tribunal
afirmó que era lógico que los asesinos poseyeran otra llave, en tanto la
consumación de un delito de esas características así lo requería.
2. El apoderado de
William Tulena Tulena interpuso acción de tutela contra la decisión del
Tribunal Nacional. A juicio del apoderado, la mencionada decisión constituía
una vía de hecho por arbitrariedad en el juicio valorativo del acervo
probatorio. En efecto, estimó que, en la anotada providencia, (1) se otorgaron
efectos contra reo a pruebas nulas de pleno derecho; (2) no se evaluaron
pruebas que mostraban una realidad objetiva favorable al procesado; (3) se
ignoraron situaciones de hecho que hubieran permitido la aplicación del
principio de in dubio pro reo (contraindicios de responsabilidad,
pruebas de descargos, duda razonable, etc.); (4) la evidencia no fue balanceada
en forma razonable; (5) se dedujo una responsabilidad que no emerge en forma
clara y objetiva de las pruebas; (6) se consideraron como indicios separados
los distintos elementos de un único hecho indicador; (7) se construyeron
indicios sin la plena prueba del hecho indicador; y, (8) se dedujeron hechos
indicados en forma absurda o bien contra las reglas de la experiencia.
2.1. El
representante judicial del actor indicó que la sentencia atacada adolecía de un
defecto de carácter procedimental por violación de las formas propias de cada
juicio (C.P., artículo 29). En efecto, afirmó que la decisión judicial había
omitido dar aplicación a la "regla de exclusión", según la cual la
prueba obtenida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho. Este
defecto se produjo cuando se otorgaron efectos jurídicos a un testimonio
secreto cuyo recaudo se produjo sin la presencia del representante del
Ministerio Público, en abierta contradicción a lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 81 de 1993 y en la sentencia C-053 de 1993, proferida por la Corte
Constitucional. Consideró que el argumento según el cual la regla de exclusión
se limita al evento de que trata el artículo 161 del Código de Procedimiento
Penal, contraviene lo dispuesto en la Carta en la medida en que el artículo 29
de la misma no establece limitación alguna al tipo de pruebas que pueden
resultar nulas de pleno derecho por violar el debido proceso. Puso de presente
que la consecuencia de haber practicado el anotado testimonio sin la presencia
del agente del Ministerio Público y sin que se hubiera levantado el acta en la
que constara la identidad del testigo, consistió en que la defensa técnica no
pudo contrainterrogar al declarante, en detrimento del derecho de defensa del
procesado.
2.2. Por otra parte,
el apoderado de Tulena Tulena estimó que la sentencia del Tribunal Nacional
presentaba un defecto fáctico constituido por un error manifiesto en el juicio
valorativo de la prueba consistente, a su turno, (1) en la omisión absoluta de
valorar ciertas pruebas relevantes; y, (2) en la valoración arbitraria de las
pruebas recaudadas.
La omisión en la
valoración probatoria se produjo al otorgarle plena credibilidad a los
testimonios de oídas de dos de las viudas y dos hermanos de las víctimas,
desacreditando así el dicho de los trabajadores de la hacienda que afirmaban
que la noche del crimen ningún vehículo había entrado a la hacienda "Los
Naranjos" y de la persona que ostentaba la custodia de la llave del
candado de la puerta de entrada a ese fundo, que manifestaba que no se había
desapoderado de esa llave en ningún momento. Asegura que lo anterior incide de
manera determinante en la credibilidad de lo afirmado por los testigos de oídas
y se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual hay
vía de hecho cuando el juez ignora la prueba u omite su valoración sin razón
valedera (sentencia T-442 de 1994). De igual forma, pone de presente el
silencio del fallo atacado acerca de la afirmación de un testigo que aseguró que
una de las viudas le había ofrecido 50 millones de pesos si declaraba en contra
de William Tulena. En suma, el apoderado considera que en la sentencia
impugnada existe una "constante diabólica" consistente en cuestionar
sistemáticamente y por cualquier nimiedad los testimonios de descargos y en
otorgar plena credibilidad a las declaraciones de cargos, así éstas resulten
seriamente controvertidas. En su opinión, lo anterior se inscribe dentro de la
jurisprudencia constitucional que considera que es vía de hecho la ruptura del
equilibrio procesal, la cual se produce cuando se ignoran pruebas que podrían
ser esenciales para la causa del procesado, fortaleciendo injustificadamente la
posición contraria (sentencia T-329 de 1996).
El representante
judicial del actor señala que la valoración arbitraria de la prueba por parte
del Tribunal Nacional se produjo cuando esa Corporación seleccionó como
hipótesis delictiva plenamente probada - entre las varias que se esgrimieron a
lo largo del proceso -, precisamente aquella que comprometía a William Tulena.
Sobre este punto, el apoderado indicó que la sentencia impugnada encontró la
prueba del hecho indicador del interés del procesado en la comisión de la
masacre, en la reclamación de los indígenas sobre las haciendas "La
Unión", "La Argentina" y "Los Naranjos", de propiedad
del encartado, sin dar credibilidad alguna a los testimonios de dos indígenas
que desvinculaban a Tulena del enfrentamiento por la propiedad de las tierras,
con el argumento de que las funciones desempeñadas por éstos dentro del
Resguardo no les permitían estar al corriente de las reclamaciones que
efectivamente estaba llevando a cabo la comunidad indígena. A su juicio, el
hecho indicador del interés del procesado en la perpetración del delito está basado
en suposiciones e inferencias y no en una prueba directa, lo cual constituye
una vía de hecho al contravenir las reglas en que se funda el indicio, las
cuales determinan la necesidad de que el hecho indicador haya sido probado y no
meramente supuesto o inferido (C.P.P., artículo 302).
Así mismo, el
apoderado de Tulena Tulena considera que la valoración arbitraria de la prueba
se produce, cuando el Tribunal Nacional incurre en una petición de principio y
extiende en forma insoportable la inferencia deductiva, al momento de
construir el hecho indicador de la responsabilidad del procesado en la comisión
del delito a partir de las huellas materiales del mismo. En su opinión, lo
anterior acontece cuando la sentencia atacada considera que la presencia del celador
en la hacienda "Los Naranjos" obedecía, básicamente, a la necesidad
de prevenir que los indígenas se la tomaran por asalto, existiendo otras
hipótesis explicativas razonables de esa presencia, dejadas de lado sin
justificación alguna. De igual modo, estima que el Tribunal actuó en forma
arbitraria cuando dedujo la responsabilidad de Tulena de la relación de
dependencia laboral existente entre éste y el celador, toda vez que tal
relación no permite la extensión de la responsabilidad penal, como quiera que
ésta es de carácter subjetivo. Indica que la adscripción de responsabilidad al
encartado a partir de los actos de su subalterno, parte del supuesto de que
entre estos dos existía una relación de confianza evidente, la cual no está
probada en forma directa sino que fue meramente deducida de otros elementos, lo
cual viola la regla según la cual no es posible extraer indicios de indicios. A
su juicio, lo anterior también ocurre cuando la sentencia acusada extiende la
responsabilidad delictual derivada del indicio de posesión del arma homicida
del celador a su patrono, apoyándose en el interés de éste en la comisión del
homicidio; interés que, como se anotó, también resultó meramente deducido y no
directamente probado.
De otro lado, el
representante judicial de William Tulena estima que la decisión judicial
atacada constituye una vía de hecho por violar el principio de unidad de los
indicios (C.P.P., artículo 301). Opina que el conjunto de hechos indicadores
señalados por el Tribunal Nacional para deducir la responsabilidad de su
poderdante constituyen en realidad los distintos elementos de un mismo hecho
indicador.
Igualmente, el
apoderado del actor manifestó que la arbitrariedad en la valoración del acervo
probatorio también se produjo cuando el Tribunal dio plena credibilidad a la
declaración de una de las viudas, según la cual el "Chico" Urango le
había dicho que William Tulena era quien había mandado matar a los líderes
indígenas, a pesar de que Urango posteriormente desmintió tal afirmación.
De otro lado, estima
que las consecuencias derivadas por el Tribunal Nacional de la supuesta entrada
del vehículo en que se transportaban los asesinos a la hacienda "Los
Naranjos", controvierten las reglas de la experiencia. En efecto, el Tribunal
consideró que, al no poder consumar su misión en el lugar de la emboscada, los
victimarios decidieron buscar un lugar seguro en dónde terminar su oscuro
cometido, razón por la cual se dirigieron a "Los Naranjos". Según el
apoderado del actor, lo anterior contraviene las reglas de la experiencia, como
quiera que sería ilógico y absurdo que el determinador de un delito ordenase
que éste fuera consumado en terrenos de su propiedad.
Con base en el
análisis anterior, el representante judicial de William Tulena Tulena manifestó
que la sentencia acusada no demostraba la responsabilidad de su poderdante en
la comisión del delito que se le endilgaba, toda vez que "las
argumentaciones incriminatorias están cimentadas en sofismas, en violaciones
palmarias a las reglas jurídicas de la inferencia indiciaria o en pruebas
inexistentes". En consecuencia, la condena que se le impuso vulnera sus
derechos fundamentales a la presunción de inocencia (C.P., artículo 29) y a la
libertad personal (C.P., artículo 28), como quiera que se encuentra privado de
la misma en razón de una sentencia claramente injusta.
Por último, el
apoderado del actor indicó que, si bien en el presente caso existía la
posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación contra la
sentencia del Tribunal Nacional, la acción de tutela era procedente como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Fundándose en
sendas declaraciones extra-juicio y en conceptos emitidos por profesionales de
la psicología y del trabajo social, señaló que, en este asunto, el perjuicio
irremediable se concretaba en las consecuencias negativas que la privación de
libertad de William Tulena le ha acarreado a él y a algunos de sus familiares.
En efecto, su hija menor de edad ha sufrido trastornos graves en el desarrollo
de su personalidad y su anciana madre ha presentado una "progresiva crisis
depresiva" que ha degenerado en "crisis epilépticas parciales".
Aduce que el encarcelamiento de Tulena Tulena no sólo "ha producido un
efecto psicológico letal para la armonía y la unidad de (su) familia",
sino que, también, le ha ocasionado graves quebrantos de salud, como quiera que
es víctima de afecciones cardíacas y de un "absoluto abatimiento
moral".
En consecuencia, el
representante judicial de William Tulena Tulena solicita: (1) que se tutelen en
forma transitoria los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a
la libertad personal de su poderdante; (2) que se suspendan los efectos y el
cumplimiento de la sentencia de abril 15 de 1997, proferida por el Tribunal
Nacional; (3) que se ordene, en forma inmediata, la puesta en libertad del
actor; y, (4) que se otorgue vigencia al amparo constitucional durante el
tiempo que tome la resolución del recurso extraordinario de casación.
3. Por providencia
de julio 23 de 1997, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Fe de Bogotá, denegó por improcedente la acción de tutela interpuesta
por el apoderado de William Alberto Tulena Tulena.
El Tribunal
consideró que, en el presente caso, no era posible predicar una vía de hecho,
toda vez que "en ningún momento la Sala de Decisión del Tribunal Nacional
ha actuado de manera arbitraria o en contra de los postulados del derecho o la
justicia". De igual forma, estimó que "la acción de tutela es una figura
de carácter constitucional que se utiliza exclusivamente cuando se han
vulnerado derechos fundamentales, y no existe otro medio de defensa judicial
para efectos de su protección o, si éste existe, se trata de evitar un
perjuicio irremediable, (…) pero, en este evento no se observa ningún tipo de
daño que implique dichas características, cuales son su inminencia, la urgencia
de las medidas que se deben adoptar, la gravedad del mismo y la
impostergabilidad del amparo (…)". Por estas razones, el a-quo consideró
que las pretensiones del actor podían ser ventiladas a través del recurso
extraordinario de casación.
4. Impugnada por el
representante judicial del actor, la decisión de primera instancia fue
confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
sentencia de septiembre 9 de 1997.
Luego de recordar
que la acción de tutela es improcedente para controvertir decisiones
judiciales, "salvo la ocurrencia de actos abusivos, arbitrarios o
injustos", la Corte manifestó que el mandatario del actor, al
"censurar los fundamentos probatorios que sirvieron de base a la
revocación del fallo absolutorio", erró por completo al escoger la vía
procesal apropiada para tales fines.
Juzga la Corte que
el único punto que podría ser revisado en sede de tutela en este tipo de casos
es el referente a la competencia del juez para proferir la decisión judicial
atacada. En el presente caso, el Tribunal Nacional obró de conformidad con las
normas que establecen su competencia para conocer de los recursos de apelación
contra las sentencias que emitan los jueces regionales en primera instancia
(C.P.P., artículos 69, 126 y 195). A este respecto, la Corte señaló que las
pretensiones del actor en torno a la ocurrencia de errores de hecho o de
derecho o de vicios in procedendo o in iudicando dentro del
proceso penal cursado contra William Tulena, sólo pueden ser solventadas por
vía del recurso extraordinario de casación, razón por la cual ningún juez
distinto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia podría
pronunciarse al respecto, so pena de usurpar las funciones de esa Corporación.
De igual modo, la invocación de los derechos a la libertad y al debido proceso
tampoco constituye razón suficiente para atacar la sentencia del Tribunal
Nacional a través de una acción de tutela, como quiera que estos derechos
pueden ser protegidos a través de los múltiples mecanismos ofrecidos por la
Constitución y el procedimiento penal (habeas corpus, control sobre la
legalidad de las medidas de aseguramiento, recursos de reposición y apelación,
etc.).
Por último, el
fallador de segunda instancia manifestó que la acción de tutela no puede
erigirse en un mecanismo a través del cual, en forma abusiva y desleal, se
persiga la inoperancia de las decisiones judiciales y la controversia de las
mismas por fuera de los canales procesales apropiados, de espaldas a los
sujetos procesales que intervienen en el proceso.
La anterior decisión
fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser
seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento.
FUNDAMENTOS
Sentencias objeto
de revisión
1. El 15 de abril de
1997, la Sala de Decisión del Tribunal Nacional profirió sentencia condenatoria
en contra de William Tulena Tulena, por considerar probado que participó en la
masacre de cuatro ciudadanos colombianos, ocurrida el día 26 de marzo de 1994.
Contra la citada decisión, el condenado, mediante apoderado, interpuso acción
de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
sobre su derecho al debido proceso, a la libertad personal y a la salud, así
como sobre la salud psíquica y física de algunos miembros de su familia. En
criterio del actor, la mencionada decisión constituye una vía de hecho judicial
por violación del debido proceso y “arbitrariedad en el juicio valorativo del
acervo probatorio”.
El juez de tutela de
primera instancia encontró que la sentencia impugnada no constituía una vía de
hecho. A su juicio, “en ningún momento la Sala de Decisión del Tribunal
Nacional ha actuado de manera arbitraria o en contra de los postulados del
derecho o la justicia”. Adicionalmente, consideró que no se presentaban las
condiciones de procedibilidad de la acción, en tanto no aparecía demostrada la
amenaza de consumación de un perjuicio irremediable. En consecuencia, denegó
por improcedente la tutela impetrada. El apoderado del actor impugnó la
decisión alegando que el juez de instancia se limitó a hacer formulaciones
dogmáticas sin aportar ninguna razón para fundamentar su decisión. La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión de primera
instancia. La sentencia del ad-quem, amparada en jurisprudencia anterior
de la Corte Suprema de Justicia, se sustenta fundamentalmente en la siguiente
tesis: la acción de tutela sólo procede contra providencias judiciales cuando
quien profiere el fallo impugnado hubiese asumido “abusiva o arbitrariamente la
causa” que lo origina, siempre que no se trate de una decisión definitiva, caso
en el cual la acción perdería su naturaleza de “medida cautelar”.
Acción de tutela
contra sentencias proferidas por la justicia regional
2. En abstracto,
parece que ningún operador jurídico discute que el ordenamiento atribuye a la
Corte Constitucional la facultad de unificar la jurisprudencia constitucional
(C.P., artículo 241), al Consejo de Estado la jurisprudencia contencioso
administrativa (C.P., artículo 237) y a la Corte Suprema de Justicia la
jurisprudencia ordinaria (C.P., artículo 235)[1].
Sin embargo, por razones sociológicas propias de la transformación
constitucional, al momento de resolver los casos concretos, los tribunales más
antiguos, cuya primacía resultaba indiscutible en el orden constitucional
precedente, se niegan a adaptarse al cambio constitucional y, por lo tanto, a
reconocer la competencia superior que la Carta le atribuye a la Corte
Constitucional en materia de acción de tutela. Tal fenómeno no es exclusivo de
nuestro país, como quiera que se ha presentado en todos los Estados que, en la
segunda mitad del presente siglo, modificaron, en forma sustancial, la
estructura constitucional del poder judicial. Sin embargo, lo cierto es que en
esos Estados, más temprano que tarde, los más altos tribunales se adaptaron a
los cambios constitucionales, lo que en nuestro país, al parecer, todavía no ha
terminado de suceder.
En estos términos,
resulta relevante recordar la teoría de las vías de hecho, elaborada por esta
Corporación a partir de la sentencia C-543 de 1992, a fin de contrastarla con
las decisiones objeto de revisión.
3. La Corte
Constitucional ha entendido que la acción de tutela no procede contra decisiones
judiciales, salvo que se trate de una vía de hecho que afecte derechos
constitucionales fundamentales y siempre que se cumplan los restantes
requisitos de procedibilidad de la citada acción. En este sentido, la tutela
sólo habrá de proceder contra una vía de hecho judicial si no existe ningún
mecanismo ordinario de defensa o, si éste existe, a condición de que el amparo
constitucional resulte necesario para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable de carácter iusfundamental.
4. Como lo indica la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituye vía de hecho
judicial la decisión que se produce completamente al margen de las
disposiciones que definen la competencia de los jueces. No obstante, esa no es
la única causal que origina una vía de hecho.  La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido reiterativa al indicar que, si bien una vía de hecho
judicial implica un defecto superlativo, ello no significa que sólo
pueda originarse como efecto de un vicio formal como el que menciona la
sentencia bajo revisión. A este respecto, la Corte ha indicado que hay lugar a
la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1)
la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto
sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la
decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto
orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera del
procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte “esta
sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como
reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y
la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”.[2] Revisadas las
decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o expresamente, cada vez
que esta Corporación confiere un amparo constitucional contra una sentencia
judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles defectos.
5. La Corte ha
indicado que sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una
auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente
o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o
que
no surjan a simple
vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar
origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada. A
este respecto, esta Corporación ha indicado: “La vía de hecho predicable de
una determinada acción u omisión de un juez, no obstante poder ser imputada
como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más radical aún en cuanto
que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley”[3].
6. Para que la
acción de tutela proceda contra una decisión judicial, se requiere que el acto,
además de ser considerado una vía de hecho, lesione o amenace lesionar
un derecho fundamental. Ciertamente, puede suceder que en un proceso se
produzca una vía de hecho como consecuencia de una alteración mayúscula del
orden jurídico que, no obstante, no amenaza o lesiona derecho fundamental
alguno. En estas circunstancias, pese a la alteración del orden jurídico, la
tutela no puede proceder. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar
que la vía de hecho se configura si y sólo si se produce una operación material
o un acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho
constitucional fundamental[4].
7. A diferencia de
lo sostenido en la sentencia objeto de revisión, para la Corte Constitucional
la acción de tutela sólo puede ser asimilada a una medida cautelar cuando es
interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, cuando no existe otro medio judicial de defensa, bien porque el
derecho no lo ha arbitrado, ora porque se han agotado los existentes y persiste
el vicio constitucional, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo
de defensa.
8. Si la acción de
tutela se interpone como mecanismo transitorio, es necesario demostrar la
urgencia del amparo constitucional para evitar la consumación de un perjuicio
de carácter iusfundamental. En otros términos, no cualquier daño
habilita la procedencia de la acción. Para que ello suceda, es necesario que la
lesión amenace producirse, de manera cierta, sobre un derecho fundamental. Así,
por ejemplo, es indiscutible que la privación arbitraria de la libertad puede
eventualmente dar lugar a una consumación continuada de perjuicios, en
los términos de la jurisprudencia constitucional[5].
Pese a que parece
reconocer que la libertad personal es un derecho fundamental, la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia objeto
de revisión afirma que las lesiones en contra de tal derecho no pueden ser
evitadas mediante la acción de tutela, toda vez que, para ello, existen el habeas
corpus y los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. No obstante,
si la privación de la libertad se produce como efecto de una vía de hecho
judicial que determina la improcedencia de los recursos mencionados, nada obsta
para que se defienda el derecho fundamental afectado mediante la acción de
tutela, siempre que se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad que
exigen la Constitución y la ley.
9. La llamada justicia
regional se distingue de la justicia penal ordinaria porque en aquélla se
encuentran restringidas una serie de garantías que en esta última se despliegan
a plenitud. En efecto, como causa de las dramáticas circunstancias de violencia
por las que atraviesa el país, el Legislador determinó que el juzgamiento de
ciertos delitos se llevase a cabo por parte de una justicia especial que admite
los llamados jueces y testigos con reserva de identidad, omite la realización
de audiencias públicas, tiene limitaciones a nivel de beneficios en la
ejecución de la pena, etc.
Es evidente que, en
un Estado constitucional, si algún tipo de justicia necesita estar revestido de
garantías extremas para asegurar que no haya arbitrariedad judicial es ese tipo
especial denominado justicia regional. Sin embargo, la paradoja de la justicia
regional consiste justamente en que, en este ámbito, como en ningún otro, el
juez de tutela, al conocer de eventuales vulneraciones a los derechos
fundamentales que puedan constituir vías de hecho, debe ser especialmente
cauteloso, a fin de no desconocer los principios de independencia,
imparcialidad e idoneidad en que se funda esta forma especial de administración
de justicia. Ciertamente, nada se logra, por ejemplo, con la existencia de los
llamados jueces sin rostro, si contra una sentencia proferida por éstos
puede interponerse, en forma amplia, una acción de tutela ante un juez
plenamente identificable, que deberá resolver en un término de 10 días un
asunto que puede resultar en extremo complejo y para cuya resolución es
probable que no cuente con las condiciones idóneas.
En consecuencia, los
mecanismos adecuados para garantizar la protección de los derechos
constitucionales y legales de quien resulta implicado en un juicio de esta
naturaleza son los recursos ordinarios, es decir, la consulta ante el superior
jerárquico y el recurso extraordinario de casación. Mientras se surten los
instrumentos procesales mencionados, el juez constitucional debe ser en extremo
cuidadoso y conceder la tutela sólo en aquellos eventos en los cuales se pueda
producir un perjuicio irremediable sobre un derecho fundamental como efecto
de una indiscutible falta de competencia del funcionario judicial, de
una ausencia absoluta y definitiva de pruebas, de la incongruencia
evidente e incuestionable entre los hechos probados y el supuesto jurídico
o de la violación grosera del procedimiento. En cualquier otro caso, el
juez constitucional que conceda el amparo estaría actuando al margen del
derecho.
Mientras que la
justicia penal sólo puede proferir una decisión condenatoria en contra del
procesado cuando exista prueba contundente de su responsabilidad, la justicia
constitucional debe restringir sus intervenciones a aquellos casos en los que
las decisiones judiciales constituyan auténticas vías de hecho (v. supra).
Así, al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del
implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión
judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada
ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías.
En suma, como lo ha
reiterado esta Corporación, el hecho de que el juez constitucional pueda
revisar la decisión penal no lo convierte en un juez de instancia, toda vez que
mientras este último verifica que se cumplan integralmente las reglas
legales y constitucionales que permiten condenar a una persona, aquél se limita
a establecer que la decisión del juez penal no resulte arbitraria a la luz de
la Constitución Política.
No obstante, no es
ocioso recordar, cuantas veces ello resulte necesario, que el hecho de que el
juez constitucional constituya simplemente un freno a la arbitrariedad, no
implica que, en la segunda instancia, en el trámite de la consulta o, en el
estudio de la casación, los funcionarios competentes no tengan la obligación de
ser absolutamente rigurosos en la aplicación de la totalidad de las garantías
legales y constitucionales que suplen la restricción de los derechos del
procesado.
Ahora bien, en
virtud de las afirmaciones realizadas hasta este punto queda claro que el juez
de tutela no está en condiciones de revisar cada uno de los elementos de una
sentencia judicial impugnada para desestimar la procedencia de una acción de
tutela. Sin embargo, su deber consiste en aportar razones suficientes que, sin
suplantar al juez de instancia, descarten la existencia de la vía de hecho. Así,
por ejemplo, mientras el estudio de un recurso debe arrojar luces sobre la
existencia de pruebas suficientes para condenar a una persona, en la acción de
tutela basta con constatar que el juez contó con un elemento plausible de
juicio, con independencia de su suficiencia, para proferir la mencionada
decisión.
En los términos
anteriores, resulta evidente que las sentencias bajo revisión se apartan de la
jurisprudencia de Corte Constitucional. En consecuencia, de ser confirmadas, lo
serían por razones distintas a las expuestas en la parte motiva de cada una de
ellas.
Estudio del caso
concreto
11. Según el
apoderado del actor, la decisión del Tribunal Nacional constituye una vía de
hecho judicial por violación de las formas propias del proceso y por arbitrariedad
en el juicio valorativo del acervo probatorio. En su criterio, el Tribunal
actuó “de forma ostensible, flagrante y manifiesta en contra de la realidad
probatoria del proceso, sin la adopción de criterios objetivos, racionales,
serios y responsables; y finalmente, ignorando y valorando arbitraria,
irracional y caprichosamente la prueba”. Al respecto, alega que la
jurisprudencia impugnada: (1) otorgó efectos contra reo a pruebas nulas
de pleno derecho; (2) no evaluó pruebas (contraindicios de responsabilidad,
pruebas de descargos, duda razonable, etc.), que mostraban una realidad
objetiva favorable al procesado y que hubieran permitido la aplicación del
principio de in dubio pro reo; (3) la evidencia no fue balanceada en
forma razonable; (4) consideró como indicios separados los distintos elementos
de un único hecho indicador, construyó indicios sin la plena prueba del hecho
indicador y, también, dedujo hechos indicados en forma absurda o bien contra
las reglas de la experiencia; y, (5) atribuyó una responsabilidad que no emerge
en forma clara y objetiva de las pruebas, en detrimento de la presunción de
inocencia.
En principio, las
alegaciones del actor dan lugar a la interposición de los recursos ordinarios
que la ley ha arbitrado para controvertir las decisiones de la justicia
regional, como en efecto sucedió en el presente caso. Ciertamente, contra la
decisión impugnada se interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual
fue concedido mediante auto de junio 23 de 1997, según certificación que obra a
folio 313 del expediente.
Sin embargo, una
actuación judicial proferida al margen de la realidad probatoria o violatoria
del debido proceso constitucional, puede implicar, en los eventos mencionados
en los fundamentos 2 a 10 de esta sentencia, la configuración de una vía de
hecho que habilitaría la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable de carácter
iusfundamental. En consecuencia, entra la Sala a estudiar si, como lo
afirma el apoderado del actor, la Corte se encuentra frente a una típica vía de
hecho y si la misma debe ser conjurada con prontitud antes de que se configure
un daño irreparable sobre alguno de los derechos fundamentales invocados por el
demandante.
Valoración de una
prueba nula de pleno derecho
13. En el curso de
la investigación, el funcionario instructor recibió la declaración de un
testigo con reserva de identidad, quien afirmó que a través de uno de los
trabajadores de la hacienda “Los Naranjos”, de propiedad de William Tulena
Tulena, se había enterado que éste y el alcalde de San Andrés de Sotavento
“habían pagado para que los indígenas fueran asesinados”. El mencionado
testimonio fue practicado al margen de lo dispuesto en las normas contenidas en
los Decretos 099 de 1991 y 2271 de 1991, según los cuales (1) el agente del
Ministerio Público debe estar presente durante la práctica del testimonio para
constatar que la huella dactilar del testigo corresponda efectivamente a éste,
y, (2) debe levantarse un acta separada y reservada, en la cual figure el
nombre y otros datos personales del declarante, con el propósito de permitir al
juez una mejor valoración de la prueba o de que la defensa pueda llamar al
testigo a contrainterrogatorio, entre otras razones.
Con base en la
declaración mencionada se practicó un allanamiento a la hacienda “Los
Naranjos”, dentro del cual fue encontrada una pistola Colt 45 de propiedad de
Tulena Tulena, la cual fue utilizada para cometer la masacre que originó la
investigación, según pudo establecer el examen de balística realizado
posteriormente.
El juez de primera
instancia consideró que la declaración rendida por el testigo con reserva de
identidad era inexistente, como quiera que, en el presente caso, las normas
aplicables a este tipo de diligencias, habían sido ignoradas. Sin embargo, el
Tribunal Nacional entendió que la ausencia del representante del Ministerio
Público durante la recepción del testimonio secreto era explicable, dado que el
anotado funcionario se encontraba en comisión en el Resguardo de San Andrés de
Sotavento. Adicionalmente, consideró que la ausencia de la Procuraduría no
determinaba la inexistencia del testimonio, toda vez que, en su criterio, esta
eventualidad sólo ocurría en el caso de aquellas intervenciones del procesado
sin la presencia de su defensor (C.P.P., artículo 161). Alegó que la
irregularidad indicada determinaba que la declaración del testigo con identidad
reservada no pudiera ser valorada como testimonio pero sí como indicio, siempre
y cuando existieran otros medios de prueba que confirmaran su veracidad. Estimó
que, en el presente caso, tal veracidad resultaba respaldada por las
declaraciones de dos de las viudas y de dos de los hermanos de los indígenas
asesinados.
En su demanda de tutela,
el representante judicial del actor señaló que el testimonio mencionado
constituía una prueba obtenida con violación del debido proceso, como quiera
que se produjo en franca oposición a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
81 de 1993 y a la sentencia C-053 de 1993, proferida por la Corte
Constitucional. En consecuencia, consideró que la sentencia atacada era una vía
de hecho judicial por adolecer de un defecto de carácter procedimental,
consistente en dejar de aplicar, en forma arbitraria, la "regla de
exclusión", según la cual la prueba obtenida con violación del debido
proceso es nula de pleno derecho (C.P., artículo 29). En su criterio, el
argumento del Tribunal Nacional, según el cual la regla de exclusión se limita
al evento de que trata el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal,
contraviene lo dispuesto en la Carta, toda vez que el artículo 29 de la misma
no establece limitación alguna al tipo de pruebas que pueden resultar nulas de
pleno derecho por violar el debido proceso.
Adicionalmente, puso
de presente que la consecuencia de haber practicado el anotado testimonio sin
la presencia del agente del Ministerio Público y sin que se hubiere levantado
el acta en la que constara la identidad del testigo, consistió en que la
defensa técnica no pudo contrainterrogar al declarante, en detrimento del
derecho de defensa del procesado.
14. Corresponde a la
Corte Constitucional definir si la valoración judicial de la declaración de un
testigo con reserva de identidad, que ha sido obtenida por fuera de las normas
legales aplicables (según las cuales (1) el agente del Ministerio Público debe
estar presente para constatar que la huella dactilar del testigo corresponda
efectivamente a éste y, (2) debe levantarse un acta separada y reservada, en la
cual figure el nombre y otros datos personales del declarante), da lugar, por
si misma, a la configuración de una vía de hecho judicial.
15. Según la
sentencia C-053 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), la aplicación de
las disposiciones legales que permiten la existencia de testigos con reserva de
identidad “no comporta una disminución o pérdida de idoneidad de la prueba,
pues se ha mandado que el declarante deje estampada su huella digital al pie
del documento que recoge las declaraciones rendidas y que el Ministerio Público
certifique sobre la autenticidad de dicha huella respecto de la persona del
testigo, al paso que en acta separada se señalará la identidad del declarante,
junto con todos los documentos que puedan servir al juez o al fiscal para
valorar la credibilidad del testimonio, aquí también bajo la firma de quien
obre como agente del Ministerio Público y otra vez con inclusión de la huella y
la firma del propio testigo. A lo anterior se agrega que, por expresa
disposición de la norma, el juez y el fiscal conocerán la identidad del
declarante para evaluar la prueba, medida encaminada a otorgar una mayor
garantía en favor del reo”. Adicionalmente, en la misma providencia, la
Corte consideró que “la identidad de los testigos no tiene que ser
necesariamente conocida por el sindicado para garantizar su defensa mientras
goce de todas las posibilidades de controvertir las pruebas que se esgrimen en
su contra y de hacer valer aquellas que lo favorecen, en lo cual radica el
núcleo esencial del derecho al debido proceso en lo relativo al régimen
probatorio”.
En resumen, esta
Corporación ha estimado que la validez constitucional de las declaraciones de
testigos con reserva de identidad depende, por entero, de la aplicación cabal
de las garantías que rodean la realización y valoración de la prueba, así como
de la posibilidad cierta de que esta pueda ser ampliamente controvertida por la
defensa técnica. Por lo tanto, si durante la declaración del testigo secreto no
está presente el representante del Ministerio Público; si no se levanta el acta
separada con la identidad del declarante; si el juez no puede conocer esa
identidad para valorar adecuadamente la declaración; si, por ello, la defensa
no puede contrainterrogar al testigo, la prueba será nula por violación del
núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.
En virtud de lo
anterior, resulta claro que, desde una perspectiva constitucional, la justicia
regional no puede tener en cuenta la declaración de un testigo con reserva de
identidad si ésta ha sido obtenida violando las garantías consagradas en las
normas legales que establecen la mencionada figura. Por consiguiente, la Corte
no comparte la posición del Tribunal Nacional, en el sentido de que la
declaración del testigo secreto puede ser tenida en cuenta en el proceso penal
como un indicio, toda vez que, al haber sido recaudada con violación al debido
proceso constitucional, resulta nula de pleno derecho y, en consecuencia, debe
ser excluida del expediente. Proceder de otro modo implicaría el fin de las
garantías mínimas del debido proceso, la condena de personas con fundamento en
testimonios inexistentes o en pruebas obtenidas mediante torturas o
allanamientos arbitrarios y, en suma, la disolución del Estado Constitucional
en las tinieblas del más cínico eficientismo.
16. No obstante, el
hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba
absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se
profiera deba ser calificada como una vía de hecho. En efecto, como lo ha
reiterado la jurisprudencia constitucional (v. supra), no todo vicio
implica la descalificación absoluta y definitiva del acto judicial. Conforme a
la jurisprudencia constitucional, esta Sala no puede menos que indicar que sólo
en aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única
muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de
variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial
que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes
requisitos de procedibilidad de la acción.
En el presente caso,
resulta claro que la inexistencia de la declaración del testigo con reserva de
identidad no tendría, necesariamente, el efecto de cambiar la decisión
impugnada. Ciertamente, el Tribunal Nacional tuvo en cuenta otros elementos de
juicio tales como el hallazgo de una de las armas homicidas en una finca de
propiedad del condenado; la presunta relación de subordinación y confianza
entre quien era el tenedor de la mencionada arma al momento del allanamiento a
la finca “Los Naranjos” - quien se encuentra huyendo de la justicia - y el
señor Tulena Tulena; el conjunto de testimonios de oídas que afirmaban
la participación del actor en la comisión del delito; el eventual interés del
encartado en la ejecución de la masacre, etc. Con independencia del valor de
cada uno de estos elementos de juicio - lo cual no puede ser definido por el
juez de tutela -, lo cierto es que la prueba que debió ser excluida no resulta
determinante a la hora de resolver el caso planteado.
Debe quedar claro
que el hecho de que en eventos como el que se estudia el juez de tutela no
pueda intervenir, no significa que las eventuales violaciones cometidas contra
el debido proceso queden impunes, como quiera que para evitarlas o resarcirlas
existen los recursos ordinarios o extraordinarios a partir de los cuales los
jueces y magistrados deben convertirse en garantes inquebrantables de los
derechos constitucionales y legales de los procesados.
Error manifiesto
en el juicio valorativo de la prueba
17. El apoderado del
actor considera que la sentencia proferida por el Tribunal Nacional constituye
una vía de hecho, por error manifiesto en el juicio valorativo de la prueba.
Fundamenta su aserto en los siguientes argumentos: (1) el Tribunal omitió en
forma absoluta la valoración de pruebas relevantes, tales como las
declaraciones de los trabajadores de la hacienda “los Naranjos” que afirmaban que
la noche del crimen “permanecieron allí sin que ingresara ningún
vehículo” o la declaración de un individuo que alegó que las viudas de las
víctimas le ofrecieron cincuenta millones de pesos para que declarara que
Tulena Tulena era quien había ordenado la masacre; (2) el fallador realizó un
ejercicio arbitrario de valoración de la prueba, como quiera que mientras
aplicó reglas flexibles para la valoración de los testigos de cargo, los
testigos de descargo fueron desestimados a partir de estrictos parámetros de
valoración; (3) de las múltiples hipótesis delictivas posibles, el Tribunal
seleccionó y construyó arbitrariamente aquella que inculpaba al actor; (4) el
fallador fabricó arbitrariamente las huellas materiales del delito, en desmedro
de las leyes de la lógica y de la experiencia; y, (5) los elementos
constitutivos de un único hecho indicador se tomaron como varios indicios
separados, lo cual vulnera la regla de la indivisibilidad de los indicios.
18. La Corte
Constitucional ha sido reiterativa al señalar que si bien el juez de tutela
tiene competencia para evaluar el juicio probatorio llevado a cabo en una
sentencia contra la cual se interpone una acción de tutela, la misma se limita
a definir si pruebas claras y contundentes - y no simplemente pertinentes o
relevantes - fueron evidentemente omitidas. En otras palabras, si el
juez de la causa actuó como si las mencionadas pruebas no
existieran. Al respecto, pese a su extensión, vale la pena transcribir el
siguiente aparte de la sentencia ST-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera
Carbonell):
“Importa precisar
ahora si de manera excepcional puede configurarse una actuación arbitraria e
irregular, carente de todo viso de legalidad, y constitutiva de una vía de
hecho cuando el juzgador ante pruebas claras y contundentes, que
manifiestamente muestran una realidad objetiva, profiere una providencia
contrariando la realidad probatoria del proceso.
Evidentemente, si
bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad
evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos,
racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación
o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón
valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el
juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de
una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los
preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de
esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y
efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y
valores constitucionales.
No obstante lo
anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de tutela,
cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de
defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones”.
Sobre este mismo
asunto, resulta adecuado citar el fragmento pertinente de la sentencia ST-336
de 1995 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa):
“No puede caerse en
la ligereza de manifestar que por el hecho de que el juez no obre conforme con
la opinión de quien se siente afectado por el acto judicial, incurra en una vía
de hecho. Es decir, no puede predicarse como vía de hecho una interpretación
legítima que el juez hace de la ley. La Sala recuerda que vía de hecho es
aquella que contradice evidente, manifiesta y groseramente el núcleo esencial
del derecho al debido proceso, y no el discernir sobre un hecho discutido. En
el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe.”
En este mismo
sentido se manifestó la Corte en la sentencia ST-055 de 1997 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz) al indicar:
“El campo en el que
la independencia del juez se mantiene con mayor vigor es el de la valoración de
las pruebas. Ello por cuanto el juez de la causa es el que puede apreciar y
valorar de la manera más certera el material probatorio que obra dentro de un
proceso. El es el que puede sopesar de la mejor manera los testimonios, el que
ha concurrido a las inspecciones judiciales y el que conoce a las partes y a su
entorno. Por eso, la regla general de que la figura de la vía de hecho
solamente puede tener aplicación en situaciones extremas debe ser manejada de
forma aún más restrictiva cuando se trata de debates acerca de si el material
probatorio fue valorado en la debida forma. Solo excepcionalmente puede el juez
constitucional entrar a decidir sobre la significación y la jerarquización de
las pruebas que obran en un proceso determinado, puesto que él no ha
participado de ninguna manera en la práctica de las mismas”.
Concretamente, en
punto a la valoración de los testimonios, la Corte señaló en la sentencia
ST-055 de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz):
“La afirmación de
que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la
discreción cuando se trata del análisis del acervo  probatorio debatido en una
sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos fundamentales, se
hace aún más perentoria cuando las pruebas en discusión son fundamentalmente
testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más
indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus
aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el
comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del
proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc”.
19. En el presente
caso, la Sala advierte que las pruebas que, según el apoderado del actor,
dejaron de ser valoradas, no constituyen pruebas claras y contundentes de las
cuales se desprenda, en forma manifiesta, una realidad objetiva e
incuestionable. Adicionalmente, cabe indicar que el Tribunal Nacional no dejó
de valorar las mencionadas pruebas. Simplemente les otorgó un alcance distinto
al que el actor considera adecuado, lo que, con independencia de su corrección
o incorrección, no puede ser objeto de la litis constitucional. En efecto, los
testimonios de los empleados de la hacienda “Los Naranjos” sí fueron tenidos en
cuenta en la sentencia. Sin embargo, fueron desestimados básicamente porque el
fallador consideró que presentaban serias inconsistencias y contradicciones.
Adicionalmente, la declaración de la persona según la cual las viudas de los
cuatro indígenas asesinados le habían ofrecido cincuenta millones de pesos para
que declarara en contra del actor sí fue valorada por el Tribunal Nacional, que
la consideró de poca credibilidad habida cuenta de la reputación del testigo y
de la imposibilidad de las viudas de disponer de tal cantidad de dinero. Es
probable que al actor dicha valoración le resulte injustificada, pero lo cierto
es que si llegare a existir alguna falla en la misma, ésta de ninguna manera
ostenta la magnitud necesaria para originar una vía de hecho judicial. En suma,
con respecto a este punto, no cabe reproche alguno por parte del juez de
tutela.
En cuanto se refiere
a la presunta utilización de reglas diferentes para valorar los testimonios de
cargo y de descargo, la Sala estima que ello tampoco es motivo suficiente para
la descalificación absoluta del acto judicial. En efecto, como quedó mencionado,
la Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones que este tipo de cuestiones
deben ser evaluadas a través de los recursos ordinarios o extraordinarios y no
mediante la acción de tutela. En otras palabras, mientras la apreciación de un
testimonio por parte de un juez se mueva dentro del ámbito de lo verosímil,
ésta no puede ser cuestionada por el juez constitucional. En el presente caso,
debe afirmarse que la apreciación del Tribunal Nacional se localiza dentro del
ámbito de lo plausible y, por tanto, no es pasible de ser controvertida por
esta Corporación.
Algo similar sucede
en punto al tratamiento que la sentencia otorga a los indicios. Es cierto, como
lo afirma el apoderado del actor, que existen una serie de reglas, definidas
por la jurisprudencia y la doctrina penal, dirigidas a la valoración de los
indicios, las cuales pueden resultar vulneradas en la práctica judicial por
parte de un determinado juez o tribunal. No obstante, en principio, no
corresponde al juez constitucional verificar si tal violación tuvo o no lugar.
En el presente caso,
existe una serie de hechos objetivos e incuestionables (el hallazgo de una de
las armas homicidas en una finca de propiedad del inculpado, el hecho de que la
mencionada arma le pertenece a este último, el que se la hubiera entregado a
una persona que se encuentra huyendo de la justicia, etc.) que, con
independencia de que resulten o no suficientes para fundar una decisión
condenatoria, sí lo son para evitar que la sentencia atacada pueda ser calificada
como una simple vía de hecho judicial. En efecto, como quedó explicado más
arriba, el hecho de que el juez constitucional pueda revisar la sentencia penal
no lo convierte en un juez de instancia, toda vez que debe limitarse a
establecer que la decisión no resulte completamente inverosímil a la luz del
derecho vigente y no a estudiar si es jurídicamente correcta. Dicho de otro
modo, mientras el juez natural debe definir si existen suficientes y
fundadas pruebas para proferir la decisión, el juez de tutela debe,
simplemente, constatar que ésta se funda en algún elemento de juicio razonable,
con independencia de su suficiencia o de la corrección de la valoración
judicial del mismo.
Así mismo, es
necesario afirmar que basta con que la hipótesis delictiva no resulte
absolutamente descartable para que la decisión no pueda ser calificada como una
vía de hecho judicial. En el presente caso, es posible sostener que, en la zona
en la que se cometió la masacre, existen conflictos de tierras dentro de los
cuales el actor y las personas asesinadas se encontraban en extremos opuestos.
Determinar si ésta es o no la única hipótesis del crimen cometido, no es una
cuestión que deba revisar el juez constitucional.
En consecuencia, la
Sala procederá a confirmar las decisiones objeto de revisión,  pero
exclusivamente por las razones expuestas en la presente decisión.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
Primero.-
CONFIRMAR, por las razones expresadas en esta providencia, la
sentencia de septiembre 9 de 1997, proferida por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia.
Segundo.- LÍBRESE
comunicación a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Fe de Bogotá, D.C., con miras a que se surta la notificación de esta
providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los veintidós (22) días del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho
(1998)).
Auto 026A/98
Referencia:
Solicitud de nulidad de la sentencia  T-008 de 1998
Actor: Alejandro
Decastro Gonzalez
Magistrado Ponente:
Dr.  FABIO MORON
DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., junio treinta (30)
de mil novecientos noventa y ocho  (1998)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por los por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera
Carbonell,  Alfedro Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes  Muñoz, Carlos Gaviria
Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, ha pronunciado el siguiente auto en el incidente de
nulidad  contra la sentencia  T-008 de 1998.
I. ANTECEDENTES
Decide la Sala sobre la solicitud de
nulidad presentada por ALEJANDRO DECASTRO GONZALEZ, obrando en calidad de
apoderado judicial del señor WILLIAM ALBERTO TULENA TULENA,  quien fuera el
actor en el expediente que concluyó con la sentencia T-008 de 1998 (MP Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz), proferida en esta Corporación dentro de la actuación
número  T-145292 que, según el peticionario de la nulidad viola el derecho
fundamental al debido proceso por cuanto la Sala Tercera de Revisión  modificó
unilateralmente la jurisprudencia vigente, sin la aprobación de la Sala Plena,
desconociendo el inciso final del artículo 29 superior y el artículo 49 del
Decreto 2591 de 1991.
En efecto, en la sentencia T-008 de 1998, la
Sala Tercera de Revisión de esta Corporación, confirmó por las razones
expuestas en esa providencia, la sentencia de septiembre 9 de 1997, proferida
por  la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a
los antecedentes descritos en el expediente T-145292, reiterando, el fallo
objeto del recurso, las sentencias C-543 de 1992, C-053 de 1993, T-442 de 1994,
T-336 de 1995 y T-055 de 1992, aplicables, a juicio de la Sala, al caso sub
examine.
FUNDAMENTO DE LA PETICION DE NULIDAD
Asevera el peticionario que para el caso
concreto, la sentencia de la referencia, la cual fue proferida por la H. Sala
Tercera de Revisión, desconoce el derecho fundamental al debido proceso, por
dos razones:
1.      Desconocimiento  de la cláusula del
inciso  final del artículo 29 superior,
2.      Modificación unilateral de la
jurisprudencia sin la aprobación de la Sala Plena.
Estima el peticionario que la  sentencia
atacada ha considerado ajustadas a derecho unas pruebas que, a su juicio, de
manera clara y patente tuvieron su origen en una prueba declarada en la propia
sentencia de tutela como violatoria del debido proceso, lo cual contradice la
“regla de exclusión” prevista en el artículo 29 de la Constitución tal como lo
ha considerado la sentencia C-491 de 1994, y C-024 de 1994 así como la doctrina
internacional del derecho comparado en relación con este tipo de materias.
De otro lado, estima el peticionario de la
nulidad, que la sentencia atacada quebranta, también el debido proceso por
cuanto reconoce efectos jurídicos a unas pruebas sin excluir las pruebas
claramente conexas o estrictamente derivadas de la considerada nula de pleno
derecho por la misma sentencia de tutela, incurriendo en el mismo vicio que
pretende corregir, cual es otórgarle  algún tipo de efecto jurídico a pruebas
obtenidas con absoluta violación del debido proceso.
Finalmente, opina el peticionario, que  la
sentencia  T-008 de 1998, modificó unilateralmente la jurisprudencia reiterada
de la Sala Plena de la Corte, en materia de vías de hecho, por cuanto es claro
que si un funcionario judicial incurre en una equivocación al otorgarle efectos
jurídicos a una prueba derivada de otra que de forma palmaria y obstensible
viola los derechos fundamentales  la decisión se fundamenta en un defecto
fáctico, lo que apareja la descalificación judicial del acto; por lo tanto, la
sentencia atacada, a juicio del apoderado judicial, se aparta de la
jurisprudencia de la Sala Plena al considerar  sin ninguna motivación, que las
pruebas  derivadas de una actuación declarada como palmariamente
inconstitucional (el testimonio secreto) son ”hechos objetivos e
incuestionables”, que pueden incluso ser objeto  de valoración por el
funcionario judicial a efectos de respaldar  una sanción superior  a los cincuenta
años de prisión a que fue condenado el peticionario de la tutela por parte de
la justicia penal colombiana.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.  Competencia
Corresponde a la Sala Plena de esta
Corporación resolver  si la sentencia T-008 de 1998, puede ser  anulada, según
lo dispone el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.
2.    La Materia
En jurisprudencia reiterada de  esta
Corporación, ha sido acogido el criterio según el cual, la nulidad de una
sentencia  de la Corte Constitucional reviste un carácter extraordinario. Por
lo tanto, la petición de nulidad de una providencia emanada de una sala de
revisión de la Corte, debe precisar la razón en virtud de la cual ella se
estima procedente.  Se trata de un requisito inexcusable, si se tiene en cuenta
que sólo excepcionalmente las sentencias de revisión pueden ser revocadas por
la Sala Plena, en el evento de que ellas modifiquen la jurisprudencia de la
Corte.
En efecto, en auto de fecha  5 de junio de
1997, la Sala consideró:
“Como resulta de los
artículos 241 y 243 de la Constitución Política, las sentencias que profiera la
Corte Constitucional en desarrollo de sus atribuciones tienen carácter
definitivo, en cuanto resuelven de manera inapelable los asuntos que ante ella
se plantean, bien que se trate de procesos de constitucionalidad en estricto
sentido (control abstracto), ya que aludan a la revisión de los fallos de
instancia en materia de protección a los derechos constitucionales
fundamentales.
“Razones de
seguridad jurídica y de efectiva prevalencia de los postulados y valores
consagrados en la Carta Política aconsejan que los dictados de la Corte,
guardiana de su integridad y supremacía, gocen de una estabilidad superlativa,
a menos que se demuestre a plenitud su palmaria e indudable transgresión a las
prescripciones del Estatuto Fundamental.
“Es por ello que la
propia Carta ha consagrado, como institución diferente a la cosa juzgada
común, que cobija los fallos proferidos por los jueces en las demás
jurisdicciones, la cosa juzgada constitucional, que otorga a las
sentencias de la Corte un especialísimo nivel dentro del sistema jurídico.
“También por esos
motivos, como ya lo ha destacado la jurisprudencia, las normas vigentes
confieren a las nulidades de los procesos que se llevan en la Corte Constitucional
un carácter extraordinario, "por lo cual deben ser interpretadas y
aplicadas de manera restrictiva, sin lugar a extensiones ni analogías"
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Auto del 27 de junio de 1996. M.P.: Dr.
José Gregorio Hernández Galindo).
“……
“La Corte ha
señalado, a la vez, que la extraordinaria posibilidad expuesta no significa que
exista un recurso contra las sentencias dictadas por su Sala Plena o por sus
salas de revisión, pues ello está expresamente excluído en el artículo 49 del
Decreto 2067 de 1991.
“Además, la Corte ha
destacado que tales nulidades solamente pueden ser declaradas en casos
extremos:
"Dispone el
precepto legal que sólo las irregularidades que impliquen violación del debido
proceso podrán servir de base para que la Sala Plena de la Corte anule el
proceso.
“Como puede verse,
se trata de nulidades circunscritas de manera expresa a las violaciones
ostensibles y probadas del artículo 29 de la Constitución Política.
“Se trata de
situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden
provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la
alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales
aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas
en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y
flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y
trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas
repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.
“Se requiere,
además, la evaluación del caso concreto por la Sala Plena de la Corte y la
decisión de ésta por mayoría de votos, según las normas pertinentes.
“…..
“Entonces -ha
insistido la Corte- "la sola circunstancia de que el actor o alguno de los
intervinientes dentro del proceso no compartan los argumentos expuestos por la
Corporación en su providencia no es elemento suficiente para que pueda
prosperar la pretensión de su nulidad" (Auto del 27 de junio de 1996).
De otro lado, también ha sostenido esta
Corte, que el cambio de jurisprudencia debe ser expreso, entre otras razones,
porque la propia Carta reconoce la autonomía interpretativa del juez y, por
tanto, las plenas atribuciones para modificar los criterios jurisprudenciales
que lo han inspirado anteriormente, con el fin de obtener progresos efectivos
en la aplicación del derecho.  Pero los cambios de jurisprudencia no
justificados o no advertidos de manera franca corresponden en el fondo a una
arbitrariedad del fallador, que entonces deja irrealizada la igualdad de
quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la misma norma.  En
consecuencia, en guarda  de la seguridad  jurídica y de la estabilidad que se
espera en la aplicación del derecho, exigen del juez la verificación razonada
de los motivos que lo llevan a variar su entendimiento del orden jurídico y la
expresión clara de los fundamentos de su decisión, en el plano interpretativo,
para introducir mutaciones o cambios en el rumbo de la jurisprudencia.
En efecto, en el mismo auto atrás citado se
dijo:
“Mientras no
sacrifique el principio de la cosa juzgada constitucional, la Corte, como toda
corporación judicial, puede alterar su jurisprudencia, según los cambios que el
Constituyente introduzca en la normatividad, la evolución que vayan mostrando
los hechos de la vida en sociedad, los nuevos enfoques que promueva el
desarrollo del pensamiento jurídico y la composición misma del tribunal, no
menos que las modificaciones que con el paso del tiempo vayan sufriendo las
apreciaciones y convicciones de los magistrados, individualmente, en su
interpretación del orden jurídico vigente.
“Desde luego, la normatividad
establece las reglas mínimas que deben observarse en lo relativo a las
mutaciones en la jurisprudencia y señala cómo han de tener lugar.
“De gran interés
resulta la verificación de la competencia para los cambios jurisprudenciales,
ya que, habiéndose creado las salas de revisión de tutela, no toda la
jurisprudencia está contenida en fallos pronunciados por la Sala Plena de la
Corporación. Es ésta, por supuesto, la señalada para modificar las tendencias
doctrinarias que ella misma ha venido estableciendo y, por expreso mandato del
artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, también para adoptar las decisiones que
modifiquen la jurisprudencia sentada en las sentencias sobre amparo
constitucional.”
Agregó igualmente la
providencia de la Sala Plena  de 5 de junio de 1997 que:
“De otro lado, el
concepto de "cambio de jurisprudencia" únicamente tiene lugar bajo el
supuesto indispensable de que, en realidad, hay jurisprudencia en vigor,
esto es, en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí
un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de
alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas
constitucionales aplicables y en lo relativo a la solución de controversias
planteadas en los mismos términos.
“Ello significa que
no todo párrafo de una sentencia aprobada por la Corte Constitucional, aun
citado fuera de contexto, se convierte de manera automática en jurisprudencia.
“En efecto, resulta
indispensable la continuidad de unos criterios jurídicamente relevantes, con
arreglo a los cuales se haya venido resolviendo , bajo directrices que implican
la concreción de postulados, principios o normas que se reflejan de la misma
manera en casos similares, razón por la cual el cambio de jurisprudencia se
produce cuando, al modificarse la forma de interpretar el sistema jurídico, se
resuelve en un nuevo proceso, con características iguales a las de los
precedentes, de modo contrario o diverso.
“Esto último no
puede obedecer al mero capricho del juez, ni al voluntario olvido del reiterado
sentido que, bajo los mismos supuestos, se ha venido dando a decisiones
judiciales sobre hechos similares.
“Si así fuera,
desaparecerían las reglas mínimas inherentes a la certidumbre de los asociados
sobre el alcance de las normas jurídicas que regulan sus relaciones y se
rompería, desde luego, el derecho a la igualdad.”  (Cfr.  Auto de junio 5 de
1997.  M.S. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
En este orden de ideas, la Sala estima
necesario reiterar la jurisprudencia,  según la cual la nulidad de una
sentencia de la Corte Constitucional posee un carácter extraordinario.
3.  El debido proceso y el caso concreto
En el presente caso a juicio de la
Sala Plena,  la fundamentación contenida en el escrito mediante el cual se
solicita  la nulidad incluye razones que corresponden a interpretaciones y
apreciaciones  personales del actor, las cuales  desde luego, difieren de las
aceptadas por la Sala Tercera de Revisión.  A juicio de la Corte, sin  embargo,
ninguna de las motivaciones invocadas conduce  a concluir en la violación del
debido proceso por parte  de la Sala de Revisión al dictar la sentencia
atacada.
En efecto, el argumento central para sostener
la nulidad, consiste en que la Corte desconoció el inciso final del artículo 29
superior, por cuanto la Sala de Revisión no aplicó la denominada por el
peticionario “regla de exclusión”, conforme a la cual, es nula de pleno derecho
o excluible del correspondiente proceso, la prueba obtenida con violación de
los derechos fundamentales, por lo tanto, la violación al debido proceso es
clara, cuando dictó la sentencia T-008 de 1998, ya que la Corporación no
excluyó las  pruebas conexas derivadas de la considerada nula de pleno derecho,
si no que le dio efectos jurídicos probatorios a los medios de prueba que se
derivan de la evidencia ilegalmente obtenida,  dándole la razón al Tribunal
Nacional en la apreciación y valoración probatoria que desarrolló en su
momento, cuando conoció del caso penal.
Esta Corporación en sentencia C-053 de 1993
(M.P. José Gregorío  Hernández Galindo), a propósito de la exequibilidad de los
artículos 158 y 293 del Decreto 2700 de 1991, sostuvo, en relación  con la
valoración de una prueba nula de pleno derecho y la aplicación de las
disposiciones legales que permiten la existencia de testigos con reserva de
identidad, lo siguiente:
“En efecto, el
legislador ha tenido la precaución de establecer disposiciones orientadas a
asegurar que tan sólo se usará la figura del ocultamiento del juez o testigo
ante la existencia de graves contingencias o amenazas contra su vida o su
integridad, a lo cual se añade la presencia y vigilancia a cargo del Ministerio
Público.
“Tratándose de los
jueces o fiscales, ellos en realidad suscriben la providencia aunque sea
reservada su identidad ante el público y esa previsión corresponde al propósito
de la norma, que consiste en preservar la seguridad personal y en garantizar la
independencia de quien administra justicia, consiguiéndose así la objetividad y
serenidad del juzgador como corresponde a la esencia de su tarea, sin
sacrificio de la responsabilidad que le es propia. Esta no se establece por el
conocimiento público de la identidad del juez sino a partir de una real y
cierta conducción del proceso a cargo de alguien jurídicamente determinado, de
lo cual da fe su firma en el original de las providencias que profiere.
“En el caso de los
testigos, considera la Corte que la aplicación de las aludidas normas no
comporta una disminución o pérdida de idoneidad de la prueba, pues se ha
mandado que el declarante deje estampada su huella digital al pie del documento
que recoge las declaraciones rendidas y que el Ministerio Público certifique
sobre la autenticidad de dicha huella respecto de la persona del testigo, al
paso que en acta separada se señalará la identidad del declarante, junto con
todos los documentos que puedan servir al juez o al fiscal para valorar la
credibilidad del testimonio, aquí también bajo la firma de quien obre como
agente del Ministerio Público y otra vez con inclusión de la huella y la firma
del propio testigo. A lo anterior se agrega que, por expresa disposición de la
norma, el juez y el fiscal conocerán la identidad del declarante para evaluar
la prueba, medida encaminada a otorgar una mayor garantía en favor del reo.
Debe recordarse, además, que la prueba así obtenida no definirá de modo
exclusivo la culpabilidad ni la condena, pues de conformidad con lo ordenado en
el artículo 247, inciso 2º, del Código de Procedimiento Penal, "en los
procesos de que conocen los jueces regionales no se podrá dictar sentencia
condenatoria que tenga como único fundamento uno o varios testimonios de
personas cuya identidad se hubiere reservado".
“Tal disposición,
cuyo contenido y fines deben relacionarse con las demandadas para tener una
visión sistemática del ordenamiento, encaja dentro del criterio adoptado por el
moderno Derecho Procesal, que ha revaluado la tarifa legal probatoria para
sustituirla por la apreciación crítica y científica del juez. Este tiene la
responsabilidad de examinar y evaluar las pruebas en su conjunto, de tal manera
que el testimonio -como resulta de la norma transcrita- no constituye su único
elemento de juicio ni es tampoco el determinante.
“Así previsto el
procedimiento que ha de seguirse en estos casos, se realiza a plenitud la
exigencia constitucional que obliga al legislador -en esta oportunidad el
extraordinario- a predeterminar las reglas aplicables al juzgamiento, de lo
cual resulta que mientras el contenido material de éstas no sea susceptible de
censura por contrariar garantías constitucionales, la normatividad respectiva
es en sí misma desarrollo de los preceptos superiores.
“La identidad de los
testigos no tiene que ser necesariamente conocida por el sindicado para
garantizar su defensa mientras goce de todas las posibilidades de controvertir
las pruebas que se esgrimen en su contra y de hacer valer aquellas que lo
favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido proceso
en lo relativo al régimen probatorio.
“En cambio, la
prevalencia del interés de la sociedad y los fines superiores de la justicia
exigen que, con base en las duras experiencias dejadas por la acción del crimen
organizado, se establezcan instrumentos que permitan administrarla sin temores
ni obligada complicidad con el delito.”
En este orden de ideas, esta Corporación ha
estimado que las  declaraciones de testigos con reserva de identidad adquieren
validez por la aplicación cabal de las garantías procesales y sustanciales que
rodean la realización, práctica y valoración de la prueba, así como por la
posibilidad cierta de que ésta pueda ser ampliamente controvertida por la
defensa técnica, vale decir que se ajuste en todo a las normas jurídicas
previstas y aplicables para el caso concreto, tendientes a darle plenos efectos
jurídicos al acto judicial.
En este sentido, en  la sentencia T-008 de
1998, respecto de la cual pide el actor una declaración de nulidad, no se
encuentra vulneración alguna del debido proceso, por cuanto el fallo  acata en
su integridad lo resuelto por la Corte en la sentencia C-053 de 1993, la cual
era aplicable al caso examinado.
De otra parte, la sentencia de la Sala de
Revisión de la Corte estima que:  “…Ciertamente, el Tribunal Nacional tuvo en
cuenta  otros elementos de juicio tales como el hallazgo de una de las armas
homicidas en una finca de propiedad del condenado; la presunta relación de
subordinación y confianza entre quien era  tenedor de la mencionada arma  al
momento del allanamiento de la finca ‘Los Naranjos’, -quien  se encuentra
huyendo de la justicia-  y el señor  Tulena Tulena;  el conjunto de testimonios
de oídas que afirmaban la participación del actor en la comisión del delito; el
eventual interés del encartado en la ejecución de la masacre, etc. Con
independencia del valor de cada uno de los  elementos de juicio -lo cual no
puede ser definido por el juez de tutela-,  lo cierto es que la prueba que
debió ser excluída no resulta determinante a la hora de resolver el caso
planteado”.
En relación con el error manifiesto en el
juicio valorativo de la prueba,  esta Corte ha sido reiterativa en sostener que
el campo en donde fluye la independencia del juez  con mayor vigor, es en
cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de
justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el
material probatorio que obra dentro de un proceso,  inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte,
la regla general de que la figura  de la vía de hecho solamente puede  tener
una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio
restrictivo. En efecto, esta Corte ha considerado múltiples veces[6] que sólo
excepcionalmente, puede el juez de tutela entrar a decidir sobre la
significación y jerarquización de las pruebas que obran en un proceso
determinado; de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando
se observa, en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico
ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera
de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se
reflejan  en la correspondiente providencia.
El error en el juicio valorativo, ha dicho
esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante,
manifiesto y al mismo debe poseer una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez ordinario, pues estaría invadiendo
órbitas  y competencias extrañas vulnerando de paso la autonomía de que son
titulares  las otras jurisdicciones.
Este criterio ha sido reiterado por la
Corporación, entre otras decisiones judiciales en las sentencias C-543 de 1992,
T-422 de 1994, T-231 de 1994, T-173 de 1993, T-336 de 1995 y T-329 de 1996,
T-055 de 1997, SU-477 de 1997, T-100 de 1998 y C-666 de 1996.
Así pues, la Sala Tercera de Revisión no
modificó la jurisprudencia sobre este punto, sino que en contra de lo estimado
por el peticionario, en la sentencia T-008 de 1998, se recoge  la doctrina
expuesta por esta Corporación  en casos similares  al que se abordó.  En
efecto, vale la pena transcribir el siguiente aparte de la sentencia T-442 de
1994:
“Importa precisar
ahora si de manera excepcional puede configurarse una actuación arbitraria e
irregular, carente de todo viso de legalidad, y constitutiva de una vía de
hecho cuando el juzgador ante pruebas claras y contundentes, que
manifiestamente muestran una realidad objetiva, profiere una providencia
contrariando la realidad probatoria del proceso.
“Evidentemente, si
bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su
actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial
en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la
presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales,
porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe
realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios,
derechos y valores constitucionales.
“No obstante lo
anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de tutela,
cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia,
porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la
competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.”
(M.P.  Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Este mismo criterio
fue sostenido en la sentencia T-055 de 1997,  en la cual se expuso lo
siguiente:
“El campo en el que
la independencia del juez se mantiene con mayor vigor es el de la valoración de
las pruebas. Ello por cuanto el juez de la causa es el que puede apreciar y
valorar de la manera más certera el material probatorio que obra dentro de un
proceso. El es el que puede sopesar de la mejor manera los testimonios, el que
ha concurrido a las inspecciones judiciales y el que conoce a las partes y a su
entorno. Por eso, la regla general de que la figura de la vía de hecho
solamente puede tener aplicación en situaciones extremas debe ser manejada de
forma aún más restrictiva cuando se trata de debates acerca de si el material
probatorio fue valorado en la debida forma. Solo excepcionalmente puede el juez
constitucional entrar a decidir sobre la significación y la jerarquización de
las pruebas que obran en un proceso determinado, puesto que él no ha
participado de ninguna manera en la práctica de las mismas.” (M.P. Dr.
Cifuentes).
De lo anterior se
desprende, que cuando el juez aplica el derecho en su función de administrar
justicia para definir el respectivo proceso, tiene una amplia potestad legal y
de análisis probatorio con respecto a los medios de prueba obrantes en el
expediente, de manera que es el superior del juez quien debe examinar y
decidir, al resolver los recursos ordinarios o extraordinarios, si el juez de
instancia no apreció en forma adecuada el material probatorio o si se apartó
del mismo para los efectos de revisar por la vía ordinaria la actuación del
inferior, razón por la cual no es el juez de tutela al que le corresponde
determinar el alcance del material probatorio,  pues el juez de tutela no
reemplaza al juez ordinario en su labor de impartir justicia en estas materias.
Finalmente la Sala
Plena de esta Corporación reiterará el criterio expuesto en el auto proferido
el 3 junio de 1998  (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero), en cuanto al
alcance de la solicitud de nulidad contra las sentencias judiciales emanadas de
esta Corporación. En efecto, expresó la Corte:
“…. en concordancia
con todo lo anterior, la Corte tiende a recordar que las solicitudes de nulidad
no son un recurso contra las sentencias de esta Corporación pues éstas gozan de
cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades y para los particulares (C.P. art. 243).  Por ello, la nulidad sólo
puede provenir de irregularidades procesales de tal magnitud que constituyan
una manifiesta vía de hecho que haya tenido una consecuencia evidente y
decisiva sobre el sentido de la decisión tomada por la Corte. Ahora bien,
teniendo en cuenta que el control constitucional de las leyes es en gran medida
una confrontación abstracta entre normas, esto es, una discusión esencialmente
jurídica, es claro que es prácticamente imposible que ocurran esas
protuberantes vías de hecho en ese tipo de procedimientos constitucionales. Por
tal razón, esta Corporación procederá a rechazar in limine, y con una
muy breve motivación, todas aquellas solicitudes en donde no aparezca evidente,
desde un primer examen,  que pudo ocurrir una vía de hecho, situación que,
reitera la Corte, sería de muy excepcional ocurrencia. Además, y por las mismas
razones, la Corte considera que en aquellos casos en donde sea claro que la
solicitud de nulidad pretende esencialmente controvertir jurídicamente el
contenido de la sentencia, y no subsanar una manifiesta vía de hecho, podríamos
estar en presencia de un abuso del derecho por acción temeraria, que puede dar
lugar a las correspondientes sanciones disciplinarias y pecuniarias previstas
por el ordenamiento.”
Por lo tanto si no
hubo cambio de jurisprudencia, tampoco se dio la violación del debido proceso
en la sentencia objeto de nulidad, por lo cual no tiene lugar la pretensión del
apoderado judicial del señor William Alberto Tulena Tulena, en cuanto a la
nulidad de la sentencia T-008 de 1998.
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
DENIEGASE la nulidad solicitada de la
sentencia T-008 de 1998, proferida por la Sala Tercera de Revisión.
Contra esta providencia no procede recurso
alguno.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Presidente
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
ANTONIO BARRERA  CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sobre las competencias diferenciadas de cada una de las altas
Cortes, véase, en general, la SC-037/96 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[2] ST-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[3] ST-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[4] ST-055/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[5] ST-150/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[6] SU-477/97 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía
T-329/96.
M.P. Dr. José Gregorio Hernández
T-100/98
M.P.  Dr. José Gregorio Hernández