C-641-02
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia
C-641/02
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
mínimos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Formulación de cargo concreto de
naturaleza constitucional
La Corte ha
establecido que aun cuando la acción de inconstitucionalidad es pública e
informal, el demandante tiene unas cargas mínimas que debe cumplir para que se
pueda adelantar el juicio de constitucionalidad. Precisamente, esta Corporación
ha insistido en que dichos requisitos deben ser cumplidos tanto formal como
materialmente, por lo cual es obligación del ciudadano formular un cargo
concreto de naturaleza constitucional contra la disposición acusada.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Formulación
material del cargo
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Contenido
del cargo
La aptitud
material de una demanda depende de la elaboración de cargos concretos, ciertos,
claros, suficientes y pertinentes susceptibles de ser analizados y evaluados
mediante el ejercicio del control constitucional. Lo anterior significa que la
acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer sobre una
proposición jurídica real y existente, y no simplemente deducida por el actor o
implícita (cierta). Además, el accionante tiene la carga de exponer las razones
por las cuales el precepto legal demandado vulnera la Carta Fundamental
(especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no
meramente legales ni puramente doctrinales (pertinencia). Finalmente, la
acusación no sólo ha de estar formulada de manera completa sino que debe ser
capaz de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de
la disposición (suficiente).
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Cargo
predicable de disposición legal acusada
PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Ejecutoria y
notificación
PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PENAL-Regla
general de ejecutoria/PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PENAL-Excepción a regla
general de ejecutoria
PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PENAL-Ejecutoria
de algunas el día de suscripción por el funcionario correspondiente
NORMA ACUSADA-Interpretaciones distintas
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Interpretación
razonable de disposición legal acusada
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD-Motivación de
determinaciones por autoridades y publicación
DEBIDO PROCESO-Definición
Esta
Corporación ha definido el derecho fundamental al debido proceso, como la
regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo
que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la
ley.
DEBIDO
PROCESO-Objetivo fundamental
El derecho al debido proceso tiene
como objetivo fundamental, la defensa y preservación del valor material de la
justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la
preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas. El debido proceso exige de las autoridades públicas la sujeción de
sus actuaciones a los procedimientos previamente establecidos, ajenos a su
propio arbitrio y destinados a preservar las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en la Constitución y en la ley.
DEBIDO
PROCESO-Garantías mínimas objeto de protección
Entre las garantías mínimas objeto de
protección, el artículo 29 de la Constitución Política consagra, entre otras,
(i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un
juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan
a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una
obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus
opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o
excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un
término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el
derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.
DEBIDO PROCESO-Fundamental/DEBIDO PROCESO-Principios
que lo regulan
DEBIDO PROCESO
JUDICIAL-Alcance
El derecho al
debido proceso en las actuaciones judiciales, exige que todo procedimiento
previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de
la Constitución, tales como la existencia de un proceso público sin dilaciones
injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las decisiones, en
donde se garantice el derecho defensa y se puedan presentar y controvertir
pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos
procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social fundadas en
los postulados del Estado social de derecho.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN ACTUACION
JUDICIAL-Alcance
A partir de las
regulación de la Carta Fundamental, en torno al debido proceso en las
actuaciones judiciales surge la publicidad como uno de sus principios rectores,
en virtud del cual, el juez tiene el deber de poner en conocimiento de los
sujetos procesales y de la comunidad en general, los actos que conduzcan a la
creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una
obligación, sanción o multa, teniendo en cuenta que su operancia no constituye
una simple formalidad procesal, sino un presupuesto de eficacia de dicha
función y un mecanismo para propender por la efectividad de la democracia
participativa. Con todo, el mismo texto constitucional legitima que se
establezcan mediante ley, excepciones al conocimiento de ciertos documentos o
actuaciones públicas, para que a través de un juicio de ponderación
constitucional, se otorgue prioridad al principio de reserva, como sucede con
la etapa de instrucción en un juicio criminal.
DEBIDO PROCESO
PUBLICO
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Vertientes respecto del alcance y exigibilidad/PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Acto procesal de notificación/PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Comunicación y divulgación a la opinión
pública
Es preciso
reconocer que el principio de publicidad tiene dos vertientes en relación con
su alcance y exigibilidad, a saber: a) En primer lugar, es deber de los jueces
en los procesos y actuaciones judiciales dar a conocer sus decisiones tanto a
las partes como a los otros sujetos procesales, mediante las comunicaciones o
notificaciones que para el efecto consagre el ordenamiento jurídico. En este
evento, se trata de un acto procesal de notificación, el cual más que pretender
formalizar la comunicación del inicio, desarrollo o agotamiento de una
actuación, procura asegurar la legalidad de las determinaciones judicialmente
adoptadas, ya que su conocimiento ampara efectivamente los derechos de defensa,
de contradicción y de impugnación. b) Por otra parte, el artículo 64 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia en concordancia con los artículos
74 y 228 de la Constitución, impone el deber a los jueces de comunicar y
divulgar a la opinión pública o a la comunidad en general, el contenido y los
efectos de sus decisiones, salvo en aquellos casos en los cuales exista reserva
legal.
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Deber de motivación en aspectos de hecho y derecho y de puesta en
conocimiento
El principio de
publicidad como instrumento indispensable para la realización del debido
proceso, impone a los jueces la exigencia de proferir providencias debidamente
motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas en
conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en
actuar, lo que se opone a aquellas decisiones secretas u ocultas contrarias a
los postulados de la democracia participativa.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN ACTUACION
JUDICIAL-Vinculación con
la defensa y debido proceso/PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Vinculación
con derechos de contradicción e impugnación
El principio de
publicidad en tratándose de la administración de justicia está obviamente
vinculado al derecho de defensa y al debido proceso, pues si las decisiones
judiciales no son públicas, los distintos sujetos procesales no pueden ejercer
los derechos de contradicción y de impugnación.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL ESTADO SOCIAL
DE DERECHO Y LA DEMOCRACIA-Elemento
trascendental
El principio de
publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental del Estado Social
de Derecho y de los regímenes democráticos, ya que mediante el conocimiento de
las actuaciones judiciales y administrativas, y de las razones de hecho y de
derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la imparcialidad y la
transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades, alejándose de
cualquier actuación oculta o arbitraria contraria a los principios, mandatos y
reglas que gobiernan la función pública.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN ACTUACION
JUDICIAL-Finalidad de
interés público
El principio de
publicidad persigue el logro de una finalidad de interés público. Ello, porque
la publicidad como principio, no es una mera norma susceptible de aplicarse o
no en un determinado caso, sino que por su fuerza normativa y su textura
abierta está llamado a tener eficacia directa por sí mismo en la diversidad de
actuaciones administrativas o judiciales, salvo que a través de un juicio de
ponderación constitucional resulte inaplicable a un asunto en concreto. De allí
que, por regla general, toda actuación o proceso judicial debe ser público.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN ACTUACION
JUDICIAL-Finalidades
diversas
Es evidente que
el principio de publicidad no sólo está previsto para garantizar la efectividad
del derecho al debido proceso, sino que por su importancia y relevancia
jurídica, contribuye al logro de diversas finalidades constitucionales, como
son las siguientes: (i) Es una herramienta de control a la actividad judicial,
ya que sirve de medio para el ejercicio de los derechos de contradicción e
impugnación destinados a corregir las falencias en que incurra el juzgador;
(ii) Otorga a la sociedad en sí misma considerada, un medio para preservar la
trasparencia y razonabilidad de las decisiones judiciales, a menos que dichas
actuaciones se encuentren sometidas a reserva.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL ESTADO
DEMOCRATICO DE DERECHO-Obediencia
jurídica/SENTENCIA JUDICIAL-Imperatividad y obligatoriedad supone
publicación
El principio de
publicidad conduce al logro de la obediencia jurídica en un Estado democrático
de derecho, ya que sólo en la medida en que las personas tienen conocimiento de
las actuaciones judiciales, esto es, del principio,
regla o razón jurídica que constituye la base de una decisión judicial, las
partes o los interesados podrían apelar a dicho fundamento para ajustar su
conducta a las decisiones de los jueces. En este orden de ideas, es
preciso recordar que así como la imperatividad y obligatoriedad de la ley
presupone su conocimiento por parte de los ciudadanos mediante su publicación
en el diario oficial, también la imperatividad y obligatoriedad de las
sentencias judiciales suponen su publicidad, pues lógicamente aquello que es
desconocido por las partes o terceros no puede ser objeto de imposición, so
pena de alterar y desconocer los valores, principios y reglas de un Estado
Social Derecho. Sin embargo, es preciso aclarar que en cada caso la publicidad
debe adecuarse a los sistemas de comunicación previstos en la ley.
LEY-Vigencia y obligatoriedad
PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Ejecutoriedad y
producción de efectos jurídicos/FALLO JUDICIAL-Obligatoriedad
En torno a las
providencias judiciales, es posible igualmente distinguir entre los conceptos
de ejecutoriedad de las decisiones judiciales (es decir, fallos en firme
susceptibles de ser voluntaria o forzosamente ejecutados) y la producción de
sus efectos jurídicos. Un fallo judicial no puede resultar obligatorio para los
sujetos procesales cuando éstos no tienen conocimiento de su contenido, ya que
los efectos jurídicos derivados de su obligatoriedad suponen el previo
conocimiento de dichos sujetos procesales.
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Certeza sobre derechos y obligaciones de las personas
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN EL SISTEMA DEMOCRATICO-Importancia
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Concreción/NOTIFICACION DE ACTUACION JUDICIAL-Conocimiento por
las partes y terceros con interés jurídico
NOTIFICACION-Alcance
La expresión
notificar, en el campo del derecho, significa 'hacer saber' o 'hacer conocer'.
Por ello, la notificación más que pretender formalizar la comunicación del
inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la
legalidad de las determinaciones adoptadas en una instancia judicial, ya que al
'hacer conocer' se garantiza que los distintos sujetos procesales puedan
utilizar los instrumentos o medios judiciales necesarios para la protección de
sus intereses.
NOTIFICACION-Conocimiento a quienes tengan un interés jurídico
Surge como
obligación de las autoridades judiciales no sólo notificar sus decisiones a las
partes, sino también a todos aquellos que tengan un interés jurídico en las
distintas actuaciones que puedan afectar sus derechos. Lo anterior, con el fin
de otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones y de presentar y
controvertir las pruebas allegadas en su contra. Con todo, dichas actuaciones
judiciales deben ajustarse siempre a las disposiciones, los términos y las
etapas procesales descritas en la ley.
NOTIFICACION DE
ACTUACION JUDICIAL-Realización
previa
Una actuación judicial que no haya
sido previamente notificada, no sólo desconoce el principio de publicidad sino
también el derecho de defensa y de contradicción, lo que conlleva a la
ineficacia de la decisión adoptada por el juez.
NOTIFICACION
DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Objetivos admisibles
La figura de la
notificación de las providencias judiciales también tiene otros objetivos
jurídica y constitucionalmente admisibles. Así: (i) La notificación permite que
la comunidad pueda conocer el contenido de las decisiones judiciales, en aras
de velar por la transparencia de la administración de justicia; (ii) Permite el
ejercicio del derecho de contradicción y audiencia bilateral; y (iii) Obliga al
notificado para que allane voluntaria o coactivamente a realizar los actos que
la autoridad judicial ha ordenado a su cargo.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN NOTIFICACION DE
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Objetivo
amplio/NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Objetivo no es sólo
interponer recursos/NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES EJECUTORIADAS-Procedencia
La notificación
como desarrollo específico del principio de publicidad, busca no sólo
garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso sino
alcanzar el logro de propósitos constitucionales más amplios. En consecuencia,
si la notificación de las providencias no tiene como única finalidad que los
sujetos procesales interpongan recursos, entonces no existe ninguna razón
válida para considerar que una providencia ejecutoriada no deba ser notificada,
más cuando a partir de su conocimiento surge la obligación para los sujetos
procesales de adecuar voluntaria o coactivamente sus actos a lo ordenado por la
autoridad judicial. Sin embargo, la Corte precisa que no se trata de imponer la
obligación de notificar todo tipo de providencias, sino más bien de resaltar,
que la firmeza de una providencia (entre ellas, las sentencias, los autos
interlocutorios o las resoluciones), por el hecho de carecer de recursos o
haberse resuelto los legalmente procedentes, no constituye un motivo o una
razón suficiente para excluirlas de notificación, puesto que el principio de
publicidad y la institución jurídica de la notificación cumplen propósitos
constitucionales de mayor relevancia.
PROCESO PENAL-Excepciones a garantías constitucionales
son de interpretación restrictiva
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCESO-Alcance
La potestad de configuración
normativa del legislador permite una regulación variada de los diferentes
procesos, en razón a los bienes jurídicos objeto de protección y a las
distintas finalidades perseguidas en cada caso. No obstante, dicha potestad
como ejercicio de la voluntad popular y democrática del Estado de Derecho, no
puede ser concebida como una atribución ilimitada y absoluta que conduzca a la
arbitrariedad y al desconocimiento de los fines, principios y valores que
emanan de la Constitución, y obviamente del núcleo esencial de los derechos
fundamentales de los individuos.
IUS PUNIENDI-Límites al legislador
El ejercicio del
ius puniendi supone una adecuación de la potestad del legislador con los
principios, valores y derechos consagrados en la Constitución, de tal manera
que se garanticen efectivamente los derechos fundamentales dentro de un marco
de respeto de la dignidad humana y la libertad.
PROCESO PENAL-Límites a garantías constitucionales
La Corte ha
establecido que las limitaciones a las garantías constitucionales en el proceso
penal, vinculadas a supuestos fines de interés general como el logro de una
justicia eficaz y apremiante, deben ser excepcionales y restrictivas, ya que la
razonabilidad y proporcionalidad del ejercicio del ius puniendi, se mide en
términos de protección y salvaguarda a la libertad personal como objetivo
preponderante del derecho penal.
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN PROCESO PENAL-Garantías
procesales al imputado
El límite de
razonabilidad propio de la potestad de configuración normativa y la obligación
de interpretar los textos legales conforme a la Constitución, en defensa de la
libertad personal y la dignidad humana, exigen revestir de todas las garantías
procesales al imputado dentro de un proceso de responsabilidad penal, entre
otras, la de velar por la primacía del principio de publicidad. De ahí que el
Código de Procedimiento Penal establezca que dicho principio constituye una
disposición rectora del juicio penal, obligatoria y prevalente sobre cualquier
otra disposición procedimental y criterio ineludible de interpretación en caso
de dudas sobre el alcance de algún precepto legal.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN MATERIA PENAL-Alcance/PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA PROCESAL PENAL-Límites a ausencia de
hacerla pública
Las limitaciones del principio de
publicidad en materia penal, se orientan a conciliar el debido proceso y otros
derechos constitucionales, sin que el valor apremiante y eficaz de la justicia
pueda llegar a sacrificar los derechos inherentes a la persona humana. En
materia procesal penal, la ausencia del deber constitucional de hacer publica
una actuación judicial, en desarrollo de la atribución de configuración
normativa del artículo 228 de la Carta Fundamental, tiene como límite la
prelación de las garantías fundamentales que rigen el acceso a la
administración de justicia, el debido proceso, el derecho de defensa, la
presunción de inocencia y la libertad personal. Por ello, su ejercicio debe
estar plenamente justificado y operar de manera restrictiva, ajustándose
siempre al logro de fines constitucionalmente admisibles.
MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Fines
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN PROCESO PENAL-Alcance
de las excepciones
Las excepciones
al principio de publicidad como garantía constitucional dentro del proceso
penal son de aplicación restrictiva y deben estar plenamente justificadas a
través del logro de fines constitucionales. Por eso, no puede desconocerse su
connotación imperativa sacrificando los derechos inherentes de la persona
humana e impidiendo el acceso de los sujetos procesales al conocimiento de las
decisiones judiciales, como requisito indispensable para obligarlos a adecuar
voluntaria o coactivamente su conducta a lo ordenado por la autoridad judicial.
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN MATERIA PENAL-Excepciones
deben estar plenamente justificadas y operar de forma restrictiva
DERECHO A LA
SENTENCIA EN FIRME-Fundamental
DERECHO DE ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Alcance
La Corte ha
establecido que el derecho de acceso a la administración de justicia o el
derecho a la tutela judicial efectiva, consiste en la posibilidad que tienen
todas las personas de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces o
tribunales con el objeto de propugnar por la "integridad del orden
jurídico y la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e
intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en las leyes".
DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Finalidad de
garantía real y efectiva
El derecho de
acceso a la administración de justicia le otorga a los individuos una garantía
"real y efectiva", previa o coetánea al proceso, cuya finalidad
consiste en que la administración de justicia pueda resolver sus pretensiones,
a la vez que asegura la efectividad de los derechos y garantías
constitucionales, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social
justo.
DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Garantías
En estrecha
vinculación con el debido proceso, el acceso a la administración de justicia
como derecho medular, comprende, entre otras, las siguientes garantías
previstas por esta Corporación, en el siguiente orden lógico: "(i) el
derecho de acción o de promoción que tiene de la actividad jurisdiccional, el
cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un
proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear
sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus
intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos
adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y
excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un
término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las
garantías propias del debido proceso y, entre otros, (v) el derecho a que
subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos
judiciales - acciones y recursos - para la efectiva resolución de los
conflictos...".
COSA JUZGADA-Distinción de ejecutoria de una decisión
La
ejecutoria de una decisión judicial es un fenómeno distinto al instituto
procesal de la cosa juzgada, ya que éste último tiene como objetivo otorgar una
calificación jurídica especial a algunas decisiones ejecutoriadas. Por lo cual,
se puede afirmar que no existe cosa juzgada sin ejecutoria, pero no siempre la
ejecutoria de una providencia judicial entraña la existencia de aquélla (es lo
que ocurre con los autos interlocutorios).
PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Alcance de la ejecutoria
La
ejecutoria consiste en una característica de los efectos jurídicos de las
providencias judiciales que se reconocen por la imperatividad y obligatoriedad,
cuando frente a dichas determinaciones: (i) No procede recurso alguno, o (ii)
se omite su interposición dentro del término legal previsto, o (iii) una vez
interpuestos se hayan decidido; o (iv) cuando su titular renuncia expresamente
a ellos.
PROVIDENCIAS
JUDICIALES EJECUTORIADAS Y COSA JUZGADA-Distinción/PROVIDENCIAS
JUDICIALES EJECUTORIADAS-Obligatoriedad y coercibilidad
Mientras que
la imperatividad y la obligatoriedad (o, también llamada coercibilidad) son
propias de las sentencias o providencias ejecutoriadas, la institución jurídico
procesal de la cosa juzgada, por su parte, se encuentra destinada a conferirle
a algunas de dichas providencias el carácter de definitivas, inmutables,
inmodificables y vinculantes. De ahí que, por regla general, toda providencia
ejecutoriada obligue a los sujetos procesales y, además esté llamada a
cumplirse voluntaria o coactivamente, aun cuando no alcance el calificativo
jurídico de cosa juzgada. Es preciso entonces recordar que la obligatoriedad o
coercibilidad de una decisión judicial no constituye un efecto de la cosa
juzgada, pues dicha característica se predica de todas las providencias
ejecutoriadas.
PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Obligatoriedad aun cuando no esté en
firme
PROVIDENCIAS
JUDICIALES EJECUTORIADAS-Efectos jurídicos
Es
pertinente resaltar algunos de los efectos jurídicos que se producen a partir
de la ejecutoria de una decisión judicial: (i) El fallo resulta obligatorio
para los sujetos procesales y, por ello, es susceptible de ejecución, o en
otras palabras, la sentencia ejecutoriada constituye un verdadero título
ejecutivo; (ii) La determinación tiene un alcance imperativo o de obligatorio
cumplimiento en relación con los distintos sujetos procesales y en frente a las
autoridades públicas, en la medida en que puede imponer a otros funcionarios
distintas obligaciones o precisar una determinada condición de la persona ante
la sociedad, por ejemplo, mediante la identificación de un estado civil; (iii)
Así mismo, permite garantizar la vigencia del orden jurídico como atributo de
la soberanía estatal, ya que las decisiones judiciales deben ser observadas y
respetadas por todos los operadores jurídicos. Por último, (iv) establecen una
obligación de conducta a cargo de algunos sujetos procesales que debe ser
acatada voluntaria o coactivamente.
PROVIDENCIAS
JUDICIALES EJECUTORIADAS-Reglas
En materia de
ejecutoriedad de decisiones judiciales, existen las siguientes reglas: (i)
Ninguna providencia judicial queda en firme sino una vez ejecutoriada, aun
cuando eventualmente puede llegar a ser obligatoria si se conceden los recursos
en el efecto devolutivo; y por otra parte, (ii) Solamente cuando las decisiones
judiciales quedan ejecutoriadas son de estricto cumplimiento, sin embargo, la
producción de sus efectos jurídicos supone el conocimiento previo de los
sujetos procesales.
PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Obligatoriedad
e imperatividad/PROVIDENCIAS JUDICIALES-Efectos jurídicos
Una decisión
judicial resulta obligatoria e imperativa porque se encuentra plenamente
ejecutoriada, mas la producción de sus efectos jurídicos dependen de la previa
notificación de su contenido a los distintos sujetos procesales. Esto porque si
una de las finalidades de la publicidad consiste en informar a dichos sujetos
sobre la obligación de acatar una determinada conducta, no se podría obtener su
cumplimiento coactivo en contra de la voluntad de los obligados, cuando éstos
ignoran por completo lo dispuesto en la decisión judicial, desconociendo la
premisa fundamental de un régimen democrático, según la cual el conocimiento de
una decisión permite establecer los deberes de las personas y demarcar el poder
de coacción de las autoridades, lejos de medidas arbitrarias o secretas propias
de regímenes absolutistas.
DECISION JUDICIAL
DEFINITIVA EN PROCESO PENAL-Notificación
SENTENCIA EN
CONSULTA Y CASACION EN PROCESO PENAL-Notificación para que produzca plenos efectos
jurídicos
NOTIFICACION DE
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Las
que deciden recursos de apelación o queja contra providencias interlocutorias
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE ACTUACION PROCESAL-Aplicación por duda entre dos o más
interpretaciones
Aplicando el
principio de favorabilidad en la interpretación del alcance del principio de
publicidad, resulta que, en caso de duda entre dos o más interpretaciones
razonables de una misma disposición procesal, el operador deba preferir aquella
que favorezca la publicidad del proceso.
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Aplicación
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Excepciones operan de manera restrictiva
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD-Efectos
futuros
DECISION JUDICIAL
EJECUTORIADA EN MATERIA PENAL-Notificación
NOTIFICACION EN
MATERIA PENAL-Sistema de
comunicación ecléctico
PRESCRIPCION DE
LA PENA-Momento de
operancia respecto de notificación
Referencia:
expediente D-3865
Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 187 (parcial) de la Ley 600 de 2000.
Actor: Jorge
Afanador Sánchez
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá D.C, trece
(13) de agosto de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
conformidad con los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge Afanador Sánchez
demandó el artículo 187 (parcial) de la Ley 600 de 2000 o Código de
Procedimiento Penal. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios
de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a
decidir acerca de la demanda en referencia.
II. DEL TEXTO
OBJETO DE REVISIÓN.
A continuación se
transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en
Diario Oficial No 44.097 del 24 de julio de 2000, y se subraya lo demandado:
"LEY 600 de 2000
(....)
Art. 187.
Ejecutoria de las providencias. Las providencias
quedan ejecutoriadas tres días  después de notificadas si no se han interpuesto
los recursos legalmente procedentes.
La que decide los
recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la
consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la
misma, y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean
suscritas por el funcionario correspondiente
Las providencias
interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al
finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o
diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al
término de la última sesión.”.
III. LA DEMANDA.
El actor considera que la expresión
acusada viola los artículos 1°, 29 y 228 de la Constitución, así como los
artículos 14 de la Convención Interamericana y 8° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, por cuanto desconoce el debido proceso y el
principio de publicidad en las actuaciones penales, en la medida en que permite
que ciertas sentencias y providencias interlocutorias queden ejecutoriadas sin
que hayan sido previamente notificadas o publicadas.
Para sustentar su
cargo, el demandante resalta la importancia de la notificación, a la que
considera no sólo una garantía del debido proceso sino además un desarrollo del
“principio republicano de publicidad de los actos estatales”. Según su
parecer, una providencia judicial debe ser notificada y comunicada a las
partes, no sólo para que éstas puedan impugnarlas, si lo consideran pertinente,
sino además para que puedan conocer su contenido a fin de poderlas cumplir.
Concluye entonces que el principio de publicidad es un componente del debido
proceso que “exige (...) la notificación de las sentencias.”
Las anteriores
consideraciones llevan al actor a sostener que toda norma que exima de
notificación a las sentencias o providencias proferidas dentro de una actuación
penal desconoce el principio de publicidad y el debido proceso, y por ello
considera que la expresión acusada viola la Carta Fundamental, al permitir que
una sentencia pueda adquirir ejecutoria sin que haya sido previamente
notificada o publicada, pues equivale a “tolerar la existencia de
pronunciamientos judiciales secretos”. El actor concluye entonces que esa
expresión debe ser declarada inexequible, a fin de restablecer “el deber de
los funcionarios judiciales de notificar las sentencias referidas en la
disposición cuestionada y, por lo mismo, de esa manera no se habilitarán
sentencias ocultas y sin publicidad.”
IV.
INTERVENCIONES
1. Intervención
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
La ciudadana Angela
María Buitrago Ruiz, en representación del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal, interviene en el proceso para impugnar la demanda y defender la
constitucionalidad de la expresión acusada. La ciudadana comienza por precisar
que, conforme a la Carta y a la jurisprudencia constitucional, el principio de
doble instancia no tiene carácter absoluto, y por ello pueden existir
providencias que no sean apelables, y contra las cuales no quepa recurso
alguno. Por ello, concluye que la expresión acusada no vulnera el principio de
publicidad ni el debido proceso pues hace referencia a decisiones, que por su
naturaleza, no admiten recurso alguno.
2. Intervención
ciudadana
La ciudadana Luzgre
Yojana Pinto Saltaren interviene en el proceso para coadyuvar la demanda pues
considera que, de conformidad con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Interamericana, y la propia jurisprudencia de esta Corte
Constitucional, en especial la Sentencia T-361 de 1993, toda providencia en
materia penal debe ser pública.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador
General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en concepto No 2832, recibido
el dos de abril de 2002, solicita a la Corte que se declare inhibida de
pronunciarse de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda. Según su
parecer, el cargo esencial de la demanda es que la expresión acusada, al establecer
que ciertas providencias quedan ejecutoriadas, una vez sean suscritas por el
fallador, viola el principio de publicidad, pues impide la notificación de
dichas providencias. Sin embargo, explica la Vista Fiscal, la interpretación de
la demanda es equivocada pues la expresión acusada hace referencia a la
ejecutoria, que es una figura distinta de la notificación, y que se encuentra
regulada en otra disposición, a saber el artículo 176 del estatuto procesal
penal, que establece la obligatoriedad de “notificar las sentencias y las
providencias interlocutorias, entre otras, así contra éstas no proceda recurso
alguno, como es el caso de las providencias a las que se refiere la norma
acusada”. El Ministerio Público concluye entonces que la disposición
acusada no contiene la hipótesis que el actor supone, por lo que la demanda es
inepta, “pues en realidad el actor parece atacar la no procedencia de
recursos contra las decisiones contenidas en el precepto censurado, asunto éste
que es diferente al cargo expuesto por el actor”.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1. Conforme al
artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer
de la constitucionalidad del artículo 187 (parcial) de la Ley 600 de 2000 o
Código de Procedimiento Penal, ya que se trata de una norma que hace parte de
una ley de la República.
Estudio de
ineptitud de la demanda.
2. El Procurador
considera que la Corte debe abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo en el
presente evento, ya que el cargo que se formuló se dirige contra un contenido
normativo que no corresponde a la disposición demandada. De ahí que, a juicio
de la Vista Fiscal, el fallo tiene que ser inhibitorio dada la ineptitud
manifiesta de la demanda. Por esta razón, se procederá inicialmente a examinar
si el actor presentó o no una demanda en debida forma (artículo 2° del decreto
2067 de 1991).
3. De manera
reiterada la Corte ha establecido que aun cuando la acción de
inconstitucionalidad es pública e informal, el demandante tiene unas cargas
mínimas que debe cumplir para que se pueda adelantar el juicio de
constitucionalidad. Precisamente, esta Corporación ha insistido en que dichos
requisitos deben ser cumplidos tanto formal como materialmente, por lo cual es
obligación del ciudadano formular un cargo concreto de naturaleza
constitucional contra la disposición acusada[1].
Por ello, antes de
pronunciarse de fondo sobre una demanda, esta Corporación debe verificar si el
actor ha formulado materialmente un cargo, pues de no ser así, en principio,
existiría una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, impediría un pronunciamiento de fondo y
conduciría, irremediablemente, a una decisión inhibitoria.
En estos términos,
la aptitud material de una demanda depende de la elaboración de cargos
concretos, ciertos, claros, suficientes y pertinentes susceptibles de ser
analizados y evaluados mediante el ejercicio del control constitucional[2]. Ello, porque la Corte carece de
competencia para adelantar de oficio el juicio de constitucionalidad. Al
respecto, esta Corporación en Sentencia C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero) sostuvo que:
" Si un
ciudadano demandada una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también
materialmente estos requisitos, pues si no lo hace hay una ineptitud sustancial
de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación,
impide que la Corte se pronuncie de fondo. En efecto, el artículo 241 de la
Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte, y señala que
a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo. Según esa
norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes
sino examinar aquellas que han sido demandas por los ciudadanos, lo cual
implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando
efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un
ciudadano contra una norma legal...".
Lo anterior
significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y
recaer sobre una proposición jurídica real y existente, y no simplemente
deducida por el actor o implícita (cierta). Además, el accionante tiene la
carga de exponer las razones por las cuales el precepto legal demandado vulnera
la Carta Fundamental (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza
constitucional, y no meramente legales ni puramente doctrinales (pertinencia).
Finalmente, la acusación no sólo ha de estar formulada de manera completa sino
que debe ser capaz de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la
exequibilidad de la disposición (suficiente)[3].
Conforme a lo
anterior, la Corte debe analizar, en el presente caso, si la acusación es
cierta, esto es, si realmente recae sobre el contenido normativo de la
expresión acusada. Para responder a este interrogante, esta Corporación
estudiará el sentido de la disposición demandada, con el fin de determinar si
el cargo se predica realmente del precepto legal acusado.
Ejecutoria y
notificación de las providencias: El sentido de la disposición acusada.
4. El artículo 187 del estatuto procesal
penal regula la ejecutoria de las providencias judiciales y en esos precisos
términos, en el inciso primero, establece como regla general que éstas quedan
ejecutoriadas tres días después de ser notificadas, si no se han interpuesto
los recursos legalmente procedentes. Luego, en el inciso segundo, parcialmente
impugnado, señala una excepción a esta regla, pues indica que algunas de ellas
(las que deciden los recursos de apelación o de queja contra las providencias
interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la
sentencia materia de la misma, y la acción de revisión), quedan ejecutoriadas
el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente.
5. El actor considera que la excepción
prevista en el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento
Penal (en adelante C. de P.P.), vulnera el principio de publicidad de las
actuaciones judiciales, en la medida en que permite que existan providencias de
contenido secreto. El supuesto implícito de la argumentación del demandante es
entonces que la expresión acusada está excluyendo de notificación a esas
providencias, y que dicha situación no sólo afecta el derecho al debido proceso,
pues impide el ejercicio del derecho de defensa, sino que además autoriza la
ejecución de una providencia que nunca fue legalmente notificada.
6. Sin embargo, según el Procurador,
esta tesis es equivocada, por cuanto la norma que en el Código de Procedimiento
Penal regula la notificación de las providencias judiciales es el artículo 176
de dicho estatuto[4]. Así, esta última disposición ordena la notificación de las
sentencias y de todas las providencias interlocutorias, sin que importe la
procedencia o no de recursos, esto es, independientemente de que estén o no
ejecutoriadas. Bajo tales circunstancias, según su parecer, una interpretación
sistemática de los artículos 176 y 187 del estatuto procesal penal permite
concluir que las providencias mencionadas en el inciso segundo del artículo 187
deben ser notificadas por tratarse de sentencias judiciales, sin importar que
la expresión acusada señale que dichas providencias quedan ejecutoriadas el día
en que son suscritas por el funcionario correspondiente.
Conforme a lo expuesto por el Ministerio
Público, habría entonces que concluir que la Corte debe inhibirse de decidir
sobre la constitucionalidad de la expresión acusada dada la ineptitud
sustancial de la demanda, pues el actor dirige su ataque contra un contenido
normativo inexistente o que al menos no se deduce razonablemente de la
interpretación de la disposición parcialmente acusada.
7. Sin embargo, la anterior conclusión
no es tan evidente, por cuanto algunos interpretes consideran que efectivamente
la expresión acusada del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, está
excluyendo de notificación a ciertas providencias.
Conforme a esta posición, el inciso
segundo del artículo 187 del C. de P.P., estaría estableciendo una excepción al
artículo 176 del mismo estatuto, pues aunque esta última disposición ordena la
notificación de todas las sentencias y providencias interlocutorias, debe
entenderse que quedan exceptuadas de dicha notificación las decisiones a que
hace referencia el inciso segundo del artículo 187, por cuanto éstas quedan
ejecutoriadas, el mismo día en que son suscritas por el funcionario
correspondiente.
Por otra parte, afirman que a partir del
propio tenor literal del artículo 187 del C. de P.P., se sugiere que la
expresión acusada establece una excepción a la regla general de que todas las
sentencias y providencias interlocutorias deben ser notificadas. Así, el primer
inciso, establece una regla general sobre la relación entre la notificación y
la ejecutoria de las decisiones judiciales, pues señala que las providencias
quedan ejecutoriadas tres días después de ser notificadas, si no se han
interpuesto los recursos legalmente procedentes. Esto significa que, conforme a
dicha regla general, la ejecutoria es posterior a la notificación, precisamente
porque la providencia admite recursos. Con todo, el segundo inciso aparece como
una excepción a esa regla general pues indica que ciertas providencias quedan
ejecutoriadas el mismo día en que son suscritas. En consecuencia, es claro que
la disposición demandada establece una excepción a la regla general, según la
cual la ejecutoria es posterior a la notificación y por ello, es razonable
entender que ese segundo inciso está excluyendo las providencias allí previstas
de notificación.
De acuerdo con lo expuesto, existe pues una
segunda interpretación de la disposición acusada, que además encuentra amplio
respaldo en la doctrina y en la práctica judicial, conforme a la cual, la
expresión demandada efectivamente establece que las providencias mencionadas en
el inciso segundo del artículo 187 del C. de P.P. están excluidas de
notificación, por cuanto ya se encuentran ejecutoriadas, y una de las
finalidades esenciales de la notificación es precisamente permitir que corra el
término de ejecutoria para que los sujetos procesales puedan interponer los
recursos correspondientes.
8. Conforme a lo anterior, la expresión
acusada puede ser interpretada en dos sentidos: Según una primera línea
hermenéutica, que corresponde a la tesis del actor, dicho aparte establece que
ciertas providencias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el
funcionario correspondiente, por lo tanto excluye a esas providencias de
notificación, ya que la misma no tendría ninguna finalidad procesal por la
carencia de recursos contra las decisiones adoptadas. Por otra parte, de
acuerdo con la interpretación señalada por la Vista Fiscal, dichas providencias
tienen que ser notificadas, pues una cosa es la ejecutoria de una providencia y
otra el deber de notificarla.
9. Independientemente de considerar cuál
es la interpretación correcta, este análisis es suficiente para concluir que la
tesis de la Procuraduría consistente en que debe proferirse una decisión
inhibitoria por ineptitud sustantiva de la demanda, carece de sustento, por
cuanto la acusación se fundamenta en una interpretación razonable del precepto
legal demandado. De esta manera, la Corte procederá a examinar los cargos
formulados por el actor.
El asunto material objeto de
revisión.
10. De conformidad con las
consideraciones previamente expuestas, los siguientes son los problemas
jurídicos que debe entrar a resolver la Corte:
a)
Si la norma acusada desconoce o no el principio
de publicidad de las actuaciones judiciales (artículo 228 C.P) y el debido
proceso (artículo 29 C.P), al establecer que ciertas providencias quedan
ejecutoriadas el mismo día en que fueron suscritas por la autoridad judicial
competente y por ende, siguiendo una línea de interpretación, no requieren ser
notificadas.
b)    Así mismo, es pertinente determinar si desde el día en que son
suscritas las providencias que resuelven los recursos de apelación o de queja
contra providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se
sustituya la sentencia materia de la misma, y la acción de revisión (187 C. de.
P.P), oportunidad en que opera la ejecutoria de dichas determinaciones
judiciales, éstas surten plenos efectos jurídicos o si ellos penden de su
efectiva notificación.
11. Para resolver estos interrogantes,
la Corte procederá a examinar: (i) El alcance del debido proceso, el principio
de publicidad y la notificación de las actuaciones procesales; (ii) Las
limitaciones razonables y proporcionales al citado principio; (iii) La
institución jurídico procesal de la ejecutoria de las providencias judiciales;
y (iv) Por último, la interrelación de los citados instrumentos en el estudio
de exequibilidad de la expresión acusada, el análisis de sus efectos y algunas
consideraciones sobre la prescripción de la acción y de la pena.
El debido proceso, el principio de
publicidad, y la notificación de las actuaciones procesales.
12. La Constitución
Política, en su artículo 29, prescribe que “el debido proceso se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal
disposición, se reconoce al principio de legalidad como pilar fundamental en el
ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y
administrativas, razón por la cual, éstas se encuentran obligadas a respetar las
formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas las
garantías constitucionales básicas como son el derecho de defensa, de
contradicción, de impugnación, etc. En estos términos, el deber de salvaguardar
dichas garantías constitucionales le impone a las autoridades públicas, la
obligación de motivar sus determinaciones y de publicarlas de conformidad con
los sistemas de comunicación previstos en la ley.
De ahí que
esta Corporación haya definido el derecho fundamental al debido proceso, como
la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo
que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la
ley[5].
13. Por otra parte, el derecho al debido
proceso tiene como objetivo fundamental, la defensa y preservación del valor
material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado,
como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y
libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P). Con este
propósito, la Corte ha determinado que, en esencia, "el derecho al
debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia
reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional"[6].
Por consiguiente, el debido proceso
exige de las autoridades públicas la sujeción de sus actuaciones a los
procedimientos previamente establecidos, ajenos a su propio arbitrio y
destinados a preservar las garantías sustanciales y procedimentales previstas
en la Constitución y en la ley.
14. Siguiendo lo expuesto, entre las
garantías mínimas objeto de protección, el artículo 29 de la Constitución
Política consagra, entre otras, (i) el derecho de acceso a la administración de
justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado
de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un
derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de
expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o
debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los
procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas
y, por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se
alleguen en su contra.
De esta manera, el
debido proceso como derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P. Art. 85),
en concordancia con los artículos 228 y 229 de la Constitución Política y de
acuerdo con las disposiciones de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, se expresa a través de principios que regulan el acceso a dicha
función pública, entre otros, se destacan los siguientes: la celeridad,
publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficiencia. Precisamente, la
Corte sobre esta materia ha sostenido que:
"...del
contenido del artículo 29 de la Carta y de otras disposiciones conexas, se
infiere que el derecho al debido proceso se desagrega en una serie de
principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena y eficaz
del sujeto procesal y a protegerlo de la eventual conducta abusiva que pueda
asumir la autoridad que conoce y resuelve sobre la situación jurídica sometida
a su decisión. En tal virtud, y como garantía de respeto a dichos principios,
el proceso se institucionaliza y normatiza, mediante estatutos escritos que
contienen mandatos reguladores de la conducta de las autoridades
administrativas o judiciales, encaminados a asegurar el ejercicio regular de
sus competencias...”[7].
15. De contera que,
el derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, exige que todo
procedimiento previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del
artículo 29 de la Constitución, tales como la existencia de un proceso público
sin dilaciones injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las
decisiones, en donde se garantice el derecho defensa y se puedan presentar y
controvertir pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los
sujetos procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social
fundadas en los postulados del Estado social de derecho (C.P. artículos 1°, 4°
y 6°)[8].
Del principio de
publicidad.
16. De conformidad
con lo anterior, a partir de las regulación de la Carta Fundamental (artículos
29 y 228), en torno al debido proceso en las actuaciones judiciales surge la publicidad
como uno de sus principios rectores, en virtud del cual, el juez tiene el deber
de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la comunidad en
general, los actos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un
derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa, teniendo en cuenta
que su operancia no constituye una simple formalidad procesal, sino un
presupuesto de eficacia de dicha función y un mecanismo para propender por la
efectividad de la democracia participativa[9]. Con todo, el mismo texto constitucional legitima que
se establezcan mediante ley, excepciones al conocimiento de ciertos documentos
o actuaciones públicas, para que a través de un juicio de ponderación
constitucional, se otorgue prioridad al principio de reserva (C.P. art.
74), como sucede con la etapa de instrucción en un juicio criminal[10].
A este respecto, la
Corte ha tenido la oportunidad de señalar que: "...El Estado de derecho
se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone
el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en
consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar
dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídica exigen que las
personas puedan conocer, no sólo la existencia y vigilancia de los mandatos
dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del
contenido de las decisiones por ellos adoptados, para lo cual, la publicación
se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los
instrumentos creados con tal fin...".  (Sentencia C-957 de 1999. M.P.
Alvaro Tafur Galvis).
17. Precisamente, el
artículo 29 de la Constitución Política determina que el principio de
publicidad constituye una garantía mínima del debido proceso en las actuaciones
públicas y, especialmente, en las judiciales, cuando categóricamente afirma que
toda persona tiene derecho a “un debido proceso público”. Precepto
constitucional que a su vez se incorpora como pilar fundamental de la
administración de justicia y, en general, de la función pública, de conformidad
con lo previsto en los artículos 209 y 228 de la Carta Fundamental.
18. Sin embargo, es
preciso reconocer que el principio de publicidad tiene dos vertientes en
relación con su alcance y exigibilidad, a saber: a) En primer lugar, es deber
de los jueces en los procesos y actuaciones judiciales dar a conocer sus
decisiones tanto a las partes como a los otros sujetos procesales, mediante las
comunicaciones o notificaciones que para el efecto consagre el ordenamiento
jurídico. En este evento, se trata de un acto procesal de notificación,
el cual más que pretender formalizar la comunicación del inicio, desarrollo o
agotamiento de una actuación, procura asegurar la legalidad de las
determinaciones judicialmente adoptadas, ya que su conocimiento ampara
efectivamente los derechos de defensa, de contradicción y de impugnación (C.P.
artículo 29).
b) Por otra parte,
el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en
concordancia con los artículos 74 y 228 de la Constitución, impone el deber a
los jueces de comunicar y divulgar a la opinión pública o a la comunidad
en general, el contenido y los efectos de sus decisiones, salvo en aquellos
casos en los cuales exista reserva legal.
En efecto, esta
Corporación en Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), destacó
estas vertientes del principio de publicidad, en los siguientes términos: “...es
necesario puntualizar que la facultad de informar el contenido y alcance de las
providencias por parte de los funcionarios judiciales, no es asimilable al acto
procesal de notificación a las partes. En el primer evento, (..), se trata de
una declaración pública en la que se explican algunos detalles importantes de
la sentencia proferida, bajo el supuesto, obvio, de que el administrador de
justicia no se encuentra obligado a dar a conocer aquellos asuntos que son objeto
de reserva legal. Por el contrario, el segundo caso, implica una relación
procesal entre el juez y las partes, a través de la cual se brinda la
oportunidad a éstas de conocer el contenido íntegro de las providencias y de
interponer, dentro de los lineamientos legales, los respectivos recursos...”.
19. Ahora bien, el
principio de publicidad como instrumento indispensable para la realización del
debido proceso, impone a los jueces la exigencia de proferir providencias
debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de
ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés
jurídico en actuar, lo que se opone a aquellas decisiones secretas u ocultas
contrarias a los postulados de la democracia participativa[11].
En estos términos,
el principio de publicidad en tratándose de la administración de justicia está
obviamente vinculado al derecho de defensa y al debido proceso, pues si las
decisiones judiciales no son públicas, los distintos sujetos procesales no
pueden ejercer los derechos de contradicción y de impugnación. Por ello, esta
Corporación ha señalado, en numerosas ocasiones, que el principio de publicidad
es un componente del debido proceso y un mecanismo para asegurar el derecho de
defensa. Precisamente, la Corte ha sostenido que "las decisiones que se
adopten dentro de cualquier procedimiento deben ser puestas en conocimiento de
los interesados", pues " la publicidad viene a
ser garantía de imparcialidad y de operancia de los derechos de contradicción y
de defensa, pues sólo quien conoce las decisiones que lo afectan puede
efectivamente oponerse a ellas"[12].
Con este propósito,
el principio de publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental
del Estado Social de Derecho y de los regímenes democráticos, ya que mediante
el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, y de las
razones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la
imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las
autoridades, alejándose de cualquier actuación oculta o arbitraria contraria a
los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública[13]. Así las cosas, en materia criminal, el Código
de Procedimiento Penal califica al principio de publicidad como norma rectora
de dicho juicio y el artículo 14 ibídem dispone que: "Dentro del
proceso penal el juicio es público (...)"
20. Con todo, más
allá de la trascendencia que para las partes adquiere la aplicación efectiva
del principio de publicidad como garantía del derecho de defensa y de
contradicción, éste también persigue el logro de una finalidad de interés
público. Ello, porque la publicidad como principio, no es una mera norma susceptible
de aplicarse o no en un determinado caso, sino que por su fuerza normativa y su
textura abierta está llamado a tener eficacia directa por sí mismo en la
diversidad de actuaciones administrativas o judiciales, salvo que a través de
un juicio de ponderación constitucional resulte inaplicable a un asunto en
concreto[14], verbi gracia, cuando en desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política, se legitima la
reserva de ciertos documentos o actuaciones públicas[15]. De allí que, por regla general, toda
actuación o proceso judicial debe ser público.
Así las cosas, es
evidente que el principio de publicidad no sólo está previsto para garantizar
la efectividad del derecho al debido proceso, sino que por su importancia y
relevancia jurídica, contribuye al logro de diversas finalidades constitucionales,
como son las siguientes: (i) Es una herramienta de control a la actividad
judicial, ya que sirve de medio para el ejercicio de los derechos de
contradicción e impugnación destinados a corregir las falencias en que incurra
el juzgador; (ii) Otorga a la sociedad en sí misma considerada, un medio para
preservar la trasparencia y razonabilidad de las decisiones judiciales[16], a menos que dichas actuaciones se
encuentren sometidas a reserva[17].
21. Por otra parte,
(iii) el principio de publicidad conduce al logro de la obediencia jurídica en
un Estado democrático de derecho, ya que sólo en la medida en que las personas
tienen conocimiento de las actuaciones judiciales, esto es, del principio, regla o razón jurídica que constituye
la base de una decisión judicial, las partes o los interesados podrían apelar a
dicho fundamento para ajustar su conducta a las decisiones de los jueces. En
este orden de ideas, es preciso recordar que así como la imperatividad y
obligatoriedad de la ley presupone su conocimiento por parte de los ciudadanos
mediante su publicación en el diario oficial, también la imperatividad y
obligatoriedad de las sentencias judiciales suponen su publicidad, pues
lógicamente aquello que es desconocido por las partes o terceros no puede ser
objeto de imposición, so pena de alterar y desconocer los valores, principios y
reglas de un Estado Social Derecho. Sin embargo, es preciso aclarar que en cada
caso la publicidad debe adecuarse a los sistemas de comunicación previstos en
la ley[18].
Con
este propósito, por ejemplo, el artículo 52 del C.R.P.M (Código de Régimen
Político y Municipal), dispone que: "...la ley no obliga sino en virtud
de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de
promulgada...."[19]. Precepto
legal que fue interpretado por el Consejo de Estado, en el sentido de distinguir
entre el fenómeno de la vigencia de la ley y  su obligatoriedad. Por
consiguiente, la ley entra a regir desde cuando es promulgada, pero solamente
obliga a los ciudadanos vencido el término de publicidad y de conocimiento
dispuesto en ella[20]. En
palabras del propio Consejo del Estado:
"Este
contexto jurídico permite darle una interpretación más armoniosa a los
artículos 52 y 53 del Código del Régimen Político y Municipal. Dice el primero
que la ley rige en virtud de su promulgación pero que su observancia principia
dos meses después de promulgada y el segundo indica que la propia ley puede
modificar esta regla. Vale decir que existen dos momentos: aquel en que la
ley entre a regir y aquel en que se hace obligatoria para el ciudadano. Por
regla general estos dos momentos están separados por dos meses. Pero la propia
ley puede modificar su vigencia. ¿Cuál vigencia? la de estos dos meses. Lo
que no puede es exigir su cumplimiento antes de su promulgación..."[21].
Esta Corporación en
Sentencia C-957 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), expuso una tesis similar a
la del Consejo de Estado, en los siguientes términos:
"En
consecuencia, la publicación de la ley presupone su existencia y configura como
forma de publicidad de la misma, aspecto trascendental de su eficacia, toda vez
que, el acto de publicación de la ley, se evidencia como "requisito
indispensable para su obligatoriedad, pues es principio general de derecho que
nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la
publicidad). Dicha función le corresponde ejecutarla al Gobierno, después de
efectuada la sanción. Tal regla es complemento de la que prescribe que la
ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, puesto que sólo con la
publicación oficial de las normas se justifica la ficción de que éstas han sido
conocidas por los asociados, para luego exigir su cumplimiento". (Sentencia
C-084 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz).
A esto cabe
agregar, en criterio de esta Corporación, que la publicidad es “un requisito
que no se integra en el íter formativo de la ley” y, en cuanto a la
publicación, “constituye una operación administrativa material, reglada, que
corresponde ejecutar al Gobierno y que se desarrolla de conformidad con lo que
establezca la ley, la cual ha dispuesto que se realice por escrito y en el
diario oficial...”.
Lo anterior, con el
objeto de significar que en torno a las providencias judiciales, es posible
igualmente distinguir entre los conceptos de ejecutoriedad de las decisiones
judiciales (es decir, fallos en firme susceptibles de ser voluntaria o
forzosamente ejecutados) y la producción de sus efectos jurídicos. Un fallo
judicial no puede resultar obligatorio para los sujetos procesales cuando éstos
no tienen conocimiento de su contenido, ya que los efectos jurídicos derivados
de su obligatoriedad suponen el previo conocimiento de dichos sujetos
procesales. Precisamente, el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil
dispone que: "Las providencias judiciales se harán saber a las partes y
demás interesados por medio de notificaciones, con las formalidades prescritas
en este Código. Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna
providencia producirá efectos antes de haberse notificado"[22].
22.
Finalmente, por efectos de la publicidad, y ante la previsibilidad de las
decisiones judiciales, (iv) se da certeza sobre el contenido y alcance de los
derechos y obligaciones de las personas[23]. Por consiguiente, puede concluirse que el
papel que cumple el principio de publicidad en un sistema democrático, es
trascendental, ya que gracias a él, es posible asegurar la imparcialidad, la
moralidad y la veracidad de los procesos[24].
La notificación
de las actuaciones judiciales.
23. Uno de los
principales dispositivos procesales para concretar el principio de publicidad
es sin lugar a dudas la notificación de las providencias judiciales,
pues por medio de ella las decisiones de los jueces son conocidas por las
partes y terceros con interés jurídico.
La expresión
notificar, en el campo del derecho, significa 'hacer saber' o 'hacer conocer'.
Por ello, la notificación más que pretender formalizar la comunicación del
inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la
legalidad de las determinaciones adoptadas en una instancia judicial, ya que al
'hacer conocer' se garantiza que los distintos sujetos procesales puedan
utilizar los instrumentos o medios judiciales necesarios para la protección de
sus intereses[25].
Conforme a lo
anterior, surge como obligación de las autoridades judiciales no sólo notificar
sus decisiones a las partes, sino también a todos aquellos que tengan un
interés jurídico en las distintas actuaciones que puedan afectar sus derechos.
Lo anterior, con el fin de otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones
y de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra. Con todo,
dichas actuaciones judiciales deben ajustarse siempre a las disposiciones, los
términos y las etapas procesales descritas en la ley.
La doctrina sobre la
materia ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos[26]:
“...las
decisiones que adopte la administración en cuya virtud se afecte a una o varias
personas en concreto deben ser cierta y oportunamente notificadas a éstas, tal
como lo disponen las normas legales correspondientes...
...Desde el punto
de vista constitucional importa dejar en claro que la notificación,
entendida como el conocimiento formal del administrado o de quien es parte o
interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las providencias
que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que lo afectan, tiene
por fundamento específico la garantía del derecho de defensa, aspecto esencial
del debido proceso, exigible en todas las actuaciones judiciales y
administrativas, como lo impone el artículo 29 de la Carta...
...La
notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una
determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente -con
fecha cierta- en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la
respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la
decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente
idóneos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la
continuidad del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la
fecha de la notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales
podrá el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto,
realizados el valor de la seguridad jurídica y los principios procesales de
celeridad y economía...
...La falta
probada de notificación, en especial la de aquéllos actos o providencias que
tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuación, repercute
necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en
alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en
algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o
carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la
notificación. Todo depende de las normas legales aplicables, según la clase de
trámite...
...De todas
maneras, de las exigencias constitucionales del debido proceso se deriva que ni
los jueces ni la administración pública pueden actuar de espaldas a los
interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de la ignorancia de ellos
en torno a las decisiones que adoptan...”.
Una actuación judicial que no haya sido
previamente notificada, no sólo desconoce el principio de publicidad sino
también el derecho de defensa y de contradicción, lo que conlleva a la
ineficacia de la decisión adoptada por el juez[27].
24. Ahora bien, así
como el principio de publicidad no busca sólo amparar el debido proceso sino
que tiene propósitos constitucionales más amplios, la figura de la notificación
de las providencias judiciales también tiene otros objetivos jurídica y
constitucionalmente admisibles. Así: (i) La notificación permite que la
comunidad pueda conocer el contenido de las decisiones judiciales, en aras de
velar por la transparencia de la administración de justicia; (ii) Permite el
ejercicio del derecho de contradicción y audiencia bilateral; y (iii) Obliga al
notificado para que allane voluntaria o coactivamente a realizar los actos que
la autoridad judicial ha ordenado a su cargo.
25. La notificación
como desarrollo específico del principio de publicidad, busca no sólo
garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso sino
alcanzar el logro de propósitos constitucionales más amplios. En consecuencia,
si la notificación de las providencias no tiene como única finalidad que los
sujetos procesales interpongan recursos, entonces no existe ninguna razón
válida para considerar que una providencia ejecutoriada no deba ser notificada,
más cuando a partir de su conocimiento surge la obligación para los sujetos
procesales de adecuar voluntaria o coactivamente sus actos a lo ordenado por la
autoridad judicial.
Sin embargo, la
Corte precisa que no se trata de imponer la obligación de notificar todo tipo
de providencias (v.gr., un auto de simple trámite[28]), sino más bien de resaltar, que la firmeza de una
providencia (entre ellas, las sentencias, los autos interlocutorios o las
resoluciones[29]), por el hecho de carecer de recursos o
haberse resuelto los legalmente procedentes, no constituye un motivo o una
razón suficiente para excluirlas de notificación, puesto que el principio de
publicidad y la institución jurídica de la notificación cumplen propósitos constitucionales
de mayor relevancia.
De las
limitaciones razonables y proporcionales al principio de publicidad.
26. De acuerdo con
los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, las actuaciones judiciales
serán permanentes y públicas con las excepciones que establezca la ley.
Sin embargo, las normas que introducen excepciones a las garantías
constitucionales en el proceso penal son de interpretación restrictiva, puesto
que constituyen una derogación de los mecanismos orientados a preservar la libertad
frente al ejercicio del ius puniendi del Estado.
En efecto, la
potestad de configuración normativa del legislador permite una regulación
variada de los diferentes procesos, en razón a los bienes jurídicos objeto de
protección y a las distintas finalidades perseguidas en cada caso. No obstante,
dicha potestad como ejercicio de la voluntad popular y democrática del Estado
de Derecho, no puede ser concebida como una atribución ilimitada y absoluta que
conduzca a la arbitrariedad y al desconocimiento de los fines, principios y
valores que emanan de la Constitución, y obviamente del núcleo esencial de los
derechos fundamentales de los individuos.
Por lo tanto, el
ejercicio del ius puniendi supone una adecuación de la potestad del
legislador con los principios, valores y derechos consagrados en la
Constitución, de tal manera que se garanticen efectivamente los derechos
fundamentales dentro de un marco de respeto de la dignidad humana y la
libertad.
27. De esta manera,
la Corte ha establecido que las limitaciones a las garantías constitucionales
en el proceso penal, vinculadas a supuestos fines de interés general como el
logro de una justicia eficaz y apremiante, deben ser excepcionales y
restrictivas, ya que la razonabilidad y proporcionalidad del ejercicio del
ius puniendi, se mide en términos de protección y salvaguarda a la libertad
personal como objetivo preponderante del derecho penal.
Al respecto, la
Corte ha sostenido que:
“..  Esta Corporación no duda en señalar
que en caso de que no pueda establecerse una armonización concreta de los
principios constitucionales en conflicto, debe darse preferencia al derecho
fundamental al debido proceso, pues la eficacia de la administración de
justicia y la seguridad jurídica no pueden alcanzarse a riesgo de sacrificar
los derechos fundamentales de las personas. La justicia está al servicio de
esos derechos, por lo cual en estos casos no puede aplicarse mecánicamente el
principio constitucional de prevalencia del interés general (CP art. 1º) sobre
el particular, pues en tales eventos la norma constitucional relevante es
aquella que dispone que el Estado reconoce la primacía de los derechos
inalienables de la persona (CP art. 5º). Por ello, en caso de conflicto
irresoluble entre derechos constitucionales tan fundamentales, como la vida, la
libertad o el debido proceso, y la persecución de objetivos estatales de
interés general, como los que se logran con una justicia más eficaz, en
principio debe el juez constitucional dar prevalencia a los derechos de la persona,
pues es la única forma de conferir un efecto interpretativo real a la Carta de
derechos …” (resaltado fuera de texto) Sentencia T-669 de 1996, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
En este contexto, el
límite de razonabilidad propio de la potestad de configuración normativa y la
obligación de interpretar los textos legales conforme a la Constitución, en
defensa de la libertad personal y la dignidad humana, exigen revestir de todas
las garantías procesales al imputado dentro de un proceso de responsabilidad
penal, entre otras, la de velar por la primacía del principio de publicidad. De
ahí que el Código de Procedimiento Penal establezca que dicho principio
constituye una disposición rectora del juicio penal, obligatoria y prevalente
sobre cualquier otra disposición procedimental y criterio ineludible de
interpretación en caso de dudas sobre el alcance de algún precepto legal
(artículo 14).
Es preciso concluir
entonces que las limitaciones del principio de publicidad en materia penal, se
orientan a conciliar el debido proceso y otros derechos constitucionales, sin
que el valor apremiante y eficaz de la justicia pueda llegar a sacrificar los
derechos inherentes a la persona humana.
Precisamente, esta
Corporación ha sostenido que:
“El legislador ordinario, como tantas veces lo ha
reiterado esta Corte, en ejercicio de la libertad de configuración legislativa,
cuenta con una amplia gama de atribuciones, entre ellas la de regular los
distintos procesos judiciales, estableciendo cada una de las actuaciones que en
ellos han de surtirse, los términos procesales, los recursos ordinarios o
extraordinario, la oportunidad para interponerlos, los efectos en los que se
conceden, en fin, para establecer las distintas reglas y procedimientos que
rigen el debido proceso o las denominadas formas propias del juicio, en todos
los campos del derecho. Sin embargo, en el desarrollo de tales actividades, el
legislador no goza de una potestad discrecional absoluta puesto que debe
respetar el ordenamiento constitucional y los  derechos y garantías
fundamentales de las personas...”[30].
28. En este orden de ideas, en materia
procesal penal, la ausencia del deber constitucional de hacer publica una
actuación judicial, en desarrollo de la atribución de configuración normativa
del artículo 228 de la Carta Fundamental, tiene como límite la prelación de las
garantías fundamentales que rigen el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la libertad
personal. Por ello, su ejercicio debe estar plenamente justificado y operar de
manera restrictiva, ajustándose siempre al logro de fines constitucionalmente
admisibles[31].
Por ejemplo, el artículo 188 del Código
de Procedimiento Penal, dispone que, por regla general, “Las providencias
relativas a la libertad y detención, y las que ordenan medidas preventivas, se
cumplirán de inmediato”, es decir,  que los efectos jurídicos se producen
previamente a la notificación y a su ejecutoria[32]. En
el citado caso, el legislador penal a través de un juicio de ponderación
concluyó que era indispensable subordinar el principio de publicidad al logro
de otros fines constitucionalmente admisibles. Así, la norma inicialmente da
prevalencia a la libertad personal y, en seguida, establece las condiciones
necesarias para el logro de los móviles determinantes de las medidas de
aseguramiento.
Ciertamente, en el
caso de la libertad no surge ninguna duda en relación con la justificación
constitucional de dicha determinación legal[33], y en torno a las medidas de aseguramiento que hacen
parte de las denominadas medidas cautelares, debe reconocerse que la norma en
cuestión apunta al logro de los siguientes fines: (i) Asegurar el cumplimiento
de las decisiones adoptadas en el proceso; (ii) garantizar la presencia de los
sujetos procesales al juicio criminal; (iii) afianzar la tranquilidad jurídica
y social de la comunidad y; (iv) velar por la integridad de la prueba. Ello,
porque dichas medidas encuentran su fundamento en el instituto jurídico del  “periculum
in mora”, es decir, en el peligro razonable de un daño jurídico ulterior
como consecuencia del retardo en la solución del proceso principal al cual
acceden[34].
29. Por
consiguiente, las excepciones al principio de publicidad como garantía
constitucional dentro del proceso penal son de aplicación restrictiva y deben
estar plenamente justificadas a través del logro de fines constitucionales. Por
eso, no puede desconocerse su connotación imperativa sacrificando los derechos
inherentes de la persona humana e impidiendo el acceso de los sujetos procesales
al conocimiento de las decisiones judiciales, como requisito indispensable para
obligarlos a adecuar voluntaria o coactivamente su conducta a lo ordenado por
la autoridad judicial.
30. El principio de
publicidad como regla básica del debido proceso no sólo se encuentra prevista
en los artículo 29 y 228 de la Constitución Política, sino que también aparece
consagrado en las normas de derecho internacional humanitario, concretamente,
en la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José) y en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que disponen que las
excepciones al principio de publicidad en materia penal deben estar plenamente
justificadas y operar de forma restrictiva .
Así, el artículo 8
de la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José), dispone
que: "Garantías judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) 5. El proceso penal
debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los derechos de
la justicia". A su vez, el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos establece que: " (...) toda sentencia en
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el
interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes
a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. (...) 3. Durante el proceso,
toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que
comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada
contra ella..."
31. De esta forma, el principio de
publicidad preside la interpretación e integración normativa del proceso penal
y delimita su alcance a través de excepciones de aplicación restrictiva, en
aras de asegurar la vigencia efectiva de los derechos a la defensa, a la
contradicción, a la seguridad jurídica, al acceso a la administración de
justicia, y en fin para garantizar el conocimiento de las decisiones judiciales
como condición indispensable para obligar a su cumplimiento y proceder a su
ejecutividad.
De la institución jurídico procesal
de la ejecutoria de las providencias judiciales.
32. Esta
Corporación ha señalado que en relación con el derecho de acceso a la
administración de justicia existe un derecho constitucional fundamental a la
sentencia en firme (o decisión ejecutoriada) y, eventualmente, dependiendo del
asunto litigioso y de los efectos previstos en el ordenamiento jurídico a la
autoridad de cosa juzgada. Precisamente, la Corte ha sostenido que: “Todo
juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no
puede ceñirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución
judicial a su conflicto. En consecuencia, hay un verdadero derecho
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de
cosa juzgada (...) La sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para
la parte favorecida, un título dotado de plena validez y oponible a todo el
mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a partir de la firmeza del
fallo..”[35]
En efecto, la
Corte ha establecido que el derecho de acceso a la administración de justicia o
el derecho a la tutela judicial efectiva, consiste en la posibilidad que tienen
todas las personas de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces o
tribunales con el objeto de propugnar por la "integridad del orden
jurídico y la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos
y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes"[36].
De allí que el
citado derecho le otorgue a los individuos una garantía "real y
efectiva", previa o coetánea al proceso, cuya finalidad consiste en
que la administración de justicia pueda resolver sus pretensiones, a la vez que
asegura la efectividad de los derechos y garantías constitucionales, la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo.
En este orden
de ideas, y en estrecha vinculación con el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia como derecho medular, comprende, entre otras, las
siguientes garantías previstas por esta Corporación, en el siguiente orden
lógico: "(i) el derecho de acción o de promoción que tiene de la
actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo
sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden
jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción
de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a
las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan
procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se
desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con
observancia de las garantías propias del debido proceso y, entre otros, (v) el
derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos judiciales - acciones y recursos - para la efectiva resolución de
los conflictos..."[37].
La tutela
judicial efectiva involucra no sólo la posibilidad de acceder a un proceso
mediante el ejercicio del poder de acción, sino también el derecho a obtener
una decisión judicial en firme. Ello, porque para otorgar una verdadera,
efectiva y real protección judicial no es suficiente con la adopción de
mecanismos que permitan a las personas plantear sus pretensiones a la
administración de justicia, sino que también es indispensable contar con
actuaciones judiciales concretas y especificas que restablezcan el orden
jurídico y velen por el efectivo amparo de los derechos de las personas.
33. Con todo,
la ejecutoria de una decisión judicial es un fenómeno distinto al instituto
procesal de la cosa juzgada, ya que éste último tiene como objetivo otorgar una
calificación jurídica especial a algunas decisiones ejecutoriadas. Por lo cual,
se puede afirmar que no existe cosa juzgada sin ejecutoria, pero no siempre la
ejecutoria de una providencia judicial entraña la existencia de aquélla (es lo
que ocurre con los autos interlocutorios) [38].
En
consecuencia, la ejecutoria consiste en una característica de los efectos
jurídicos de las providencias judiciales que se reconocen por la imperatividad
y obligatoriedad, cuando frente a dichas determinaciones: (i) No procede
recurso alguno, o (ii) se omite su interposición dentro del término legal
previsto, o (iii) una vez interpuestos se hayan decidido; o (iv) cuando su
titular renuncia expresamente a ellos[39].
Por
consiguiente, mientras que la imperatividad y la obligatoriedad (o, también
llamada coercibilidad) son propias de las sentencias o providencias ejecutoriadas,
la institución jurídico procesal de la cosa juzgada, por su parte, se encuentra
destinada a conferirle a algunas de dichas providencias el carácter de
definitivas, inmutables, inmodificables y vinculantes. De ahí que, por regla
general, toda providencia ejecutoriada obligue a los sujetos procesales y,
además esté llamada a cumplirse voluntaria o coactivamente, aun cuando no
alcance el calificativo jurídico de cosa juzgada[40].
Es preciso entonces recordar que la obligatoriedad o coercibilidad de una
decisión judicial no constituye un efecto de la cosa juzgada, pues dicha
característica se predica de todas las providencias ejecutoriadas.
Por otra parte,
en ciertos casos, aun cuando una decisión no este ejecutoriada (o en firme) por
admitir recursos, es posible que resulte obligatoria para los distintos sujetos
procesales en atención a que su impugnación se rige por el  efecto devolutivo.
Al respecto, por ejemplo, el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en tratándose
de la tutela, dispone que: “Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano
correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato”
(subrayado por fuera del texto original).
34. De acuerdo
con lo expuesto, es pertinente resaltar algunos de los efectos jurídicos que se
producen a partir de la ejecutoria de una decisión judicial: (i) El fallo
resulta obligatorio para los sujetos procesales y, por ello, es susceptible de
ejecución, o en otras palabras, la sentencia ejecutoriada constituye un
verdadero título ejecutivo[41]; (ii) La determinación tiene un alcance imperativo o de obligatorio
cumplimiento en relación con los distintos sujetos procesales y en frente a las
autoridades públicas, en la medida en que puede imponer a otros funcionarios
distintas obligaciones (v.gr. el reconocimiento o la modificación de una
situación jurídica, como sucede en el caso del registrador en relación con un
derecho real) o precisar una determinada condición de la persona ante la
sociedad, por ejemplo, mediante la identificación de un estado civil; (iii) Así
mismo, permite garantizar la vigencia del orden jurídico como atributo de la soberanía
estatal, ya que las decisiones judiciales deben ser observadas y respetadas por
todos los operadores jurídicos. Por último, (iv) establecen una obligación de
conducta a cargo de algunos sujetos procesales que debe ser acatada voluntaria
o coactivamente.
35. En virtud
de tales consideraciones, podemos concluir que en materia de ejecutoriedad de
decisiones judiciales, existen las siguientes reglas: (i) Ninguna providencia
judicial queda en firme sino una vez ejecutoriada, aun cuando eventualmente
puede llegar a ser obligatoria si se conceden los recursos en el efecto
devolutivo; y por otra parte, (ii) Solamente cuando las decisiones judiciales
quedan ejecutoriadas son de estricto cumplimiento, sin embargo, la producción
de sus efectos jurídicos supone el conocimiento previo de los sujetos
procesales. Examinaremos la lógica de la regla anterior en torno a las
previsiones normativas de los artículos 186 a 188 del Código de Procedimiento
Penal. En efecto, el artículo 188 del C. de. P.P., supone una excepción a la
regla prevista en los artículos precedentes (186 y 187), según la cual el
estricto cumplimiento de una decisión judicial supone la ejecutoriedad, porque
a contrario sensu, determina que las providencias relativas a la
libertad, la detención y las medidas preventivas son de cumplimiento
inmediato. Pero, obsérvese que la norma lejos de suponer que dichas
determinaciones quedan ejecutoriadas, simplemente les confiere efectos
inmediatos, de ahí que llevado a cabo su ejecución empiezan a correr los términos
para recurrir, verbi gracia, desde cuando se captura al sindicado.
Por otra parte,
el mismo artículo 188 del C.P.P consagra una excepción al principio de
publicidad de las actuaciones judiciales, por cuanto la norma en cuestión, al
ordenar el efecto inmediato de las ordenes relativas a la libertad y a la
detención, subordina el previo conocimiento de dichas determinaciones al
objetivo de alcanzar su plena operatividad. En este caso, como se expuso con
anterioridad, la excepción se ajusta al ordenamiento jurídico porque supone la
ponderación entre el principio de publicidad y la prevalencia de la libertad
personal y/o el deber de asegurar el cumplimiento de los fines constitucionales
de las medidas de aseguramiento.
Empero, cuando
no exista una circunstancia excepcional ajustada a los fines y valores de la
Carta Fundamental o a los tratados internacionales de derechos humanos que
legitimen una excepción al principio de publicidad, es indispensable garantizar
a los distintos sujetos procesales, el previo conocimiento de las decisiones
adoptadas en un fallo judicial, como condición básica para exigir voluntaria o
coactivamente una regla de conducta. Recuérdese que el principio de publicidad
constituye una norma rectora del juicio criminal y, por tanto, toda
interpretación de una preceptiva legal debe realizarse de manera que propenda
por la obligatoriedad y prevalencia de sus mandatos.
Por lo tanto,
conforme a esta argumentación, una decisión judicial resulta obligatoria e
imperativa porque se encuentra plenamente ejecutoriada, mas la producción de
sus efectos jurídicos dependen de la previa notificación de su contenido a los
distintos sujetos procesales. Esto porque si una de las finalidades de la
publicidad consiste en informar a dichos sujetos sobre la obligación de acatar
una determinada conducta, no se podría obtener su cumplimiento coactivo en
contra de la voluntad de los obligados, cuando éstos ignoran por completo lo
dispuesto en la decisión judicial, desconociendo la premisa fundamental de un
régimen democrático, según la cual el conocimiento de una decisión permite
establecer los deberes de las personas y demarcar el poder de coacción de las
autoridades, lejos de medidas arbitrarias o secretas propias de regímenes
absolutistas[42].
Nótese que esta
conclusión no es ajena a la lógica jurídica, por ejemplo, los efectos de una
ley suponen el previo conocimiento de los individuos, por eso, aun cuando una
disposición se encuentre vigente y en rigor, mientras el término de vacancia
legislativa siga operando, no es exigible a las personas la observancia de la
ley, es decir, no son oponibles sus efectos[43].
De la
interrelación de los citados instrumentos en el estudio de constitucionalidad
de la expresión acusada.
36. Una vez
delimitadas las relaciones entre el debido proceso, el principio de publicidad,
la notificación y la ejecutoria de las decisiones judiciales, entra la Corte a
examinar específicamente la constitucionalidad de la expresión acusada[44], conforme a las dos interpretaciones
legales plausibles de la misma, explicadas en los fundamentos 4° a 9° de esta
sentencia.
37. Para el efecto, la
Corte destaca que la disposición demandada hace referencia a decisiones que
tienen suma importancia en el desarrollo del proceso penal. Así, algunas de
ellas son sentencias, como aquellas que deciden la consulta y la
casación, salvo cuando se sustituya la providencia materia de la misma y la
acción de revisión. En este caso, se trata de sentencias contra las cuales
generalmente no proceden ningún recurso, lo cual significa que ellas
constituyen una decisión definitiva del asunto controvertido. Por este motivo,
es claro que dichas providencias deben ser notificadas como exigencia del
principio de publicidad, pues no sólo la opinión pública tiene derecho a
conocer el resultado final del proceso sino que además los sujetos procesales
deben ser informados para que pueden cumplir voluntaria o coactivamente la
decisión judicial.
Por consiguiente,
siguiendo el análisis desarrollado en los fundamentos anteriores de esta
providencia, es pertinente concluir que la interpretación que excluye de
notificación a dichas sentencias vulnera el principio de publicidad y, por
ello, es deber de la Corte excluir del ordenamiento jurídico esa hermenéutica.
En consecuencia, las decisiones que ponen fin a una instancia judicial o que
resuelven una acción extraordinaria, en este caso, las sentencias que
deciden la consulta y la casación, salvo cuando se sustituya la providencia
materia de la misma y la acción de revisión, deben ser notificadas con el
objeto de poder exigir el cumplimiento voluntario o coactivo de las decisiones
judiciales y, en general, para que éstas produzcan plenos efectos jurídicos.
38. Por otra parte,
en tratándose de las providencias que deciden los recursos de apelación
o de queja contra las providencias interlocutorias, aparentemente no sería
necesario notificar su contenido, pues estas decisiones, si bien pueden tener
una incidencia importante en el desenvolviendo del proceso, no es evidente que
la sociedad requiera conocer su contenido, ni que deban ser comunicadas a los
sujetos procesales para efectos de su cumplimiento. Con todo, también en este
caso, la Corte considera que es necesario retirar del ordenamiento jurídico la
interpretación que excluye de notificación a esas providencias, por las
siguientes razones:
El principio de
publicidad es la regla general que gobierna las actuaciones judiciales, por lo
que toda excepción a este principio debe operar de forma  restrictiva y estar
plenamente justificada a partir de los fines y valores previstos en la Carta
Política y en las disposiciones emanadas de los tratados internacionales de
derechos humanos. De ahí que, aplicando el principio de favorabilidad en
la interpretación del alcance del principio de publicidad, resulta que, en caso
de duda entre dos o más interpretaciones razonables de una misma disposición
procesal, el operador deba preferir aquella que favorezca la publicidad del
proceso[45].
Ahora bien, en el
presente caso existe una controversia sobre el alcance de la expresión acusada,
puesto que para algunos operadores ese aparte exceptúa de notificación a dichos
autos, mientras que para otros interpretes independientemente de la ejecutoria
de la providencia el ordenamiento no excluye el deber de notificar. Por
consiguiente, dada la existencia de una duda razonable sobre el entendimiento
de la expresión acusada, la Corte concluye que el alcance del principio de
favorabilidad en la interpretación de los texto legales implica que el operador
jurídico debe optar por aquella hermenéutica, según la cual esas providencias
deben ser notificadas.
Por ello, la Corte
también excluirá del ordenamiento la interpretación de la norma acusada, según
la cual se exceptúa de notificación a las providencias que deciden los
recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias.
39. Del mismo modo,
el principio de publicidad en las actuaciones judiciales implica que sus
excepciones deben operar de manera restrictiva, pues de no ser así se correría
el riesgo de convertir la excepción en una regla. Por esta razón, si la
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos establecen que
el principio de publicidad sólo admite excepciones razonables y justificables a
partir de una ponderación de fines y valores constitucionales, no puede
interpretarse la disposición acusada en el sentido de entender que  ella
permite a las autoridades judiciales sustraerse del deber de notificar dichas
providencias, puesto que ello conduce a convertir la excepción en regla
general.
40. Conforme a lo
expuesto, es pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido
de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan
ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente.
Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a
partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el
cumplimiento de las ordenes proferidas en la decisión judicial, la Corte
considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce
efectos jurídicos mientras no se surta su notificación. Por eso, en la parte
resolutiva de esta sentencia se declarará exequible la disposición acusada, en
el sentido que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de
las providencias respectivas.
Conclusiones y
efectos en el tiempo de la sentencia (algunas consideraciones sobre la
prescripción de la acción y de la pena).
41. De acuerdo con lo expuesto, la Corte
ha concluido que la expresión demandada vulnera el principio de publicidad si
se entiende que ella establece que las providencias mencionadas por el inciso
segundo del artículo 187 del C. de P.P., no deben ser notificadas. Por ello, es
imperativa la notificación de las decisiones judiciales previstas en el
artículo demandado, para que a partir de su realización se produzcan los
efectos jurídicos previstos en las sentencias o providencias interlocutorias.
Sin embargo, por razones de seguridad
jurídica y por su importancia práctica, la Corte en uso de la facultad de
establecer los efectos de sus sentencias (Sentencia C-113 de 1993[46]), expresamente establece que esta sentencia sólo tendrá efectos
hacia el futuro. Es decir, sólo a partir de la publicación y comunicación de
esta sentencia, se entiende que los efectos jurídicos de las providencias
judiciales operan a partir de la notificación y no de su mera ejecutoria.
Por lo tanto, si los efectos jurídicos
de la decisiones judiciales ejecutoriadas previstas en el artículo 187 del C.
de P.P., presuponen su notificación, el término de prescripción de la acción
penal previsto en el inciso 2° del artículo 86 del Código Penal, no se extingue
por la imposición de la pena mediante una decisión en firme y ejecutoriada,
sino hasta que dicha providencia sea efectivamente notificada.
Ahora bien, si de acuerdo con lo
expuesto, la notificación de la sanción penal es la que extingue la
prescripción de la acción del inciso 2° del artículo 86 del Código Penal y no
la decisión en firme y ejecutoriada, surge como interrogante: ¿En qué momento
opera la prescripción de la pena?.
Esto porque de seguir la doctrina
expuesta por esta Corporación en Sentencia C-244 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz), en relación con la prescripción de la acción disciplinaria, se podría
llegar a confundir la operancia de ambas prescripciones (acción y pena). En
efecto, allí se dijo que:
"La prescripción de la acción es un instituto
jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue
la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción...
Este fenómeno tiene operancia en materia
disciplinaria, cuando la administración o la Procuraduría General de la Nación,
dejan vencer el plazo señalado por el legislador, - 5 años -, sin haber
adelantado y concluido el proceso respectivo, con decisión de mérito. El
vencimiento de dicho lapso implica para dichas entidades la pérdida de la
potestad de imponer sanciones, es decir, que una vez cumplido dicho período
sin que se haya dictado y ejecutoriada la providencia que le ponga fin a la
actuación disciplinaria, no se podrá ejercitar la acción disciplinaria en
contra del beneficiado con la prescripción" (subrayado por fuera del texto
original).
Al respecto, como bien lo sostiene la
doctrina[47], la notificación en materia penal, se surte mediante un sistema de
comunicación ecléctico que combina elementos del sistema de la recepción
y del sistema del conocimiento. Por ello, en principio debe apelarse a la
notificación personal de todos los sujetos procesales y obligatoriamente del
sindicado privado de la libertad, del Fiscal General o su delegado y del
Ministerio Público (teoría del conocimiento). Sin embargo, cuando no fuere
posible la notificación personal de los sujetos procesales o en tratándose del
sindicado no privado de la libertad, se hará la notificación por edicto (teoría
de la recepción).
De contera que, una vez efectuada la
notificación personal o realizada la notificación por edicto (en caso de no ser
posible la primera), se entiende que los sujetos procesales conocieron la
decisión judicial, y a partir de ese momento se extingue el término de
prescripción de la acción y empieza a contar la prescripción de la pena.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión
acusada del inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 o Código de
Procedimiento Penal, que literalmente dice “quedan ejecutoriadas el día en
que sean suscritas por el funcionario correspondiente”, siempre y cuando se
entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las
providencias.
Segundo.  Esta
sentencia tendrá efectos hacia el futuro.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO
RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA
TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN
SIERRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
Aclaración de voto a la Sentencia C-641/02
PRECEDENTE
JUDICIAL-Separación en
observancia de quien emana respecto del inferior (Aclaración de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Separación
(Aclaración de voto)
JURISPRUDENCIA-Es o no fuente del derecho (Aclaración de
voto)
JURISPRUDENCIA-Creadora o no de derecho (Aclaración de
voto)
JURISPRUDENCIA-Importancia respecto de otras fuentes
jurídicas (Aclaración de voto)
JURISPRUDENCIA-No obligatoria (Aclaración de voto)
JURISPRUDENCIA DE
ALTAS CORTES-Inexistencia
de anarquía por no obligatoriedad (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-3865
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 187 (parcial) de la Ley 600 de 2000.
Magistrado Ponente:
RODRIGO ESCOBAR GIL
Muy respetuosamente me permito aclarar mi
voto, por cuanto en la parte motiva de esta sentencia en las páginas 12, 13 y
16 se fundamenta a su vez en la sentencia C-836 de 2001 y respecto de esta
última el suscrito salvo el voto, me remito a lo dicho en el salvamento de
voto:
"1.
Porque en mi sentir se mezclan temas que deben mantenerse separados como son:
a) respeto de las Supremas Cortes a su propio precedente judicial y no el
respeto del precedente por los jueces que se encuentran funcionalmente (no
jerárquicamente) por debajo de las Supremas Cortes.
2.     En relación con el tema de si las Cortes
Supremas quedan o no ligadas por su precedente judicial es claro que en nuestro
sistema jurídico (y así lo consagra la norma que se examina) las Cortes se
pueden separar del precedente.  No sobra recordar que nuestro sistema de
derecho no es un sistema de precedentes, como el sistema norteamericano o el
sistema inglés, sino de derecho legislado.  Ni siquiera en esos dos sistemas
jurídicos (inglés y americano), las Cortes Supremas quedan ligadas a su propio
precedente, pues no son obligatorios para el Tribunal Supremo de Estados Unidos
ni del Reino Unido; en el caso de los Estados Unidos la Corte Suprema Federal,
ha declarado en muchas oportunidades que no está obligada a seguir sus propios
precedentes y en el caso del Reino Unido, el máximo tribunal judicial de ese
país, que es la Cámara de los Lores, si bien declaró en 1898 que ella estaba
obligada a respetar sus propios precedentes, el día 26 de julio de 1966 declaró
que de ahí en adelante no quedaría sujeta a sus propios precedentes, por lo que
se volvió a la situación existente antes de 1898.
Como se puede
observar ni siquiera en los sistemas jurídicos de precedentes, cuyos dos
paradigmas son la Cámara de los Lores del Reino Unido y la Corte Suprema
Federal de Estados Unidos, están hoy en día atados a sus propios precedentes y
si ésto sucede en esos sistemas jurídicos, con mayor razón nuestras Supremas
Cortes pueden apartarse de sus propios fallos.  Los magistrados que votaron el
respeto por el precedente de las Supremas Cortes trataron de ser más papistas
que el Papa.
3.     El problema de los fallos de las Supremas
Cortes y cuándo éstos deben ser seguidos o no por los jueces en casos análogos,
debe distinguirse claramente del anterior y plantea el problema de la
jurisprudencia como fuente del derecho y su valor para los jueces.
La existencia de la
jurisprudencia trae una serie de interrogantes cuyos principales aspectos son
los siguientes:
a.
Si la jurisprudencia es
o no fuente del derecho.
b.
Si es creadora o no del
derecho
c.
Su importancia respecto
de otras fuentes jurídicas
d.
La obligatoriedad de la
jurisprudencia
e.
El cambio de la
jurisprudencia
f.
La unificación de la
jurisprudencia
a.     Si la jurisprudencia es o no fuente del
derecho.  Más exactamente,
si es o no fuente general del derecho.  Sobre este tema hay por lo menos tres
posiciones: las que sostienen que la jurisprudencia nunca es fuente del
derecho, según esta concepción el juez se limita a la aplicación de la ley (ley
en sentido amplio) y en consecuencia la fuente del derecho es siempre la ley;
la segunda posición es la de quienes sostienen que la jurisprudencia es siempre
fuente general del derecho, y la tercera la de quienes sostienen que la
jurisprudencia es a veces fuente general del derecho.
Quienes acogen esta
última posición distinguen entre los casos previstos por la ley y los casos no
previstos por ella, para concluir que en el primer evento no es fuente y en el
segundo si, pues al no existir ley que lo regule y existiendo, por otro lado,
el deber que tiene el juez de fallar, el juez crea la norma y la jurisprudencia
es fuente de derecho.
b.    Si es creadora o no del derecho. La jurisprudencia crea o declara el
derecho. Este problema está íntimamente ligado al anterior y respecto de él
existen por lo menos los siguientes criterios: El primero, que sostiene que la
jurisprudencia y más exactamente la sentencia es siempre declarativa, ya que el
juez no hace más que declarar en el fallo lo que ya está en la ley; la segunda,
que sostiene que la jurisprudencia es siempre creadora del derecho, pues
siempre aporta elementos nuevos a los ya establecidos en la ley y en el peor de
los casos creará cuando menos la cosa juzgada, que no contenía la ley; y la
tercera posición que sostiene que la jurisprudencia es creadora, sólo cuando el
juez llena una laguna de la legislación.
c.      Su importancia respecto de otras fuentes
jurídicas. El tercer
problema está íntimamente ligado a la diferencia entre los regímenes jurídicos
predominantemente legislados y los regímenes de precedente (o Common Law). En
los primeros, la ley (en sentido amplio, incluida la constitución) es la
principal fuente del derecho y la jurisprudencia es una fuente subordinada a la
ley; en los sistemas de precedente la jurisprudencia es fuente general del
derecho.
d.    La obligatoriedad de la jurisprudencia. El problema a resolver es si la
jurisprudencia de los altos tribunales es obligatoria para los jueces cuando
les toque fallar casos análogos.
Para resolver este
interrogante hay que referirlo a una época y un país determinado, ya que puede
variar de un país a otro, e incluso dentro de un mismo Estado, en épocas
diversas.
Sobre este tema sosn
posibles dos soluciones: que el precedente judicial no sea obligatorio, cuando
se trate de resolver casos similares; o segundo, que sea obligatorio; bien
porque lo establezca la ley, o porque haya surgido de una verdadera costumbre
judicial, como sucede en el Common Law. Es importante señalar que cada sistema
jurídico determina cuando la jurisprudencia es fuente del derecho y si es
obligatoria o no.
En ciertos sistemas
jurídicos se requiere, para que haya jurisprudencia, que haya más de una
decisión sobre el mismo punto del derecho; por ejemplo, en el caso de Colombia,
por lo menos 3 decisiones (en el caso de México se requieren cinco decisiones);
de tal manera que una decisión o dos decisiones no hacen a la jurisprudencia
fuente del derecho.  En algunos sistemas jurídicos, como el mexicano, no basta
cualquier decisión, exigese además que se adopten por una cierta mayoría, de
modo que las decisiones que no tengan esa mayoría no pueden contarse dentro de
las cinco que constituyen fuente del derecho.
Es importante
señalar que, habiéndose producido el número suficiente de decisiones que le dan
el valor de fuente del derecho, es posible que la jurisprudencia deje de ser
fuente del derecho y esto sucede cuando se producen decisiones distintas o
contrarias a la jurisprudencia anterior. En ese caso, la jurisprudencia deja de
ser obligatoria, aun en los sistemas donde la jurisprudencia es obligatoria, de
manera tal que los jueces de inferior jerarquía ya no están obligados a seguir
la jurisprudencia anterior.  El efecto de una sola jurisprudencia contraria es
que deroga la jurisprudencia anterior y extingue su obligatoriedad general y
para restablecer la jurisprudencia anterior se requieren las mismas condiciones
que para establecer una misma jurisprudencia.
Tema íntimamente
ligado con el anterior, es el de la modificación de la jurisprudencia, ya que
una decisión en contra produce el efecto de derogar la jurisprudencia anterior
y de quitarle su obligatoriedad, pero no crea necesariamente una nueva
jurisprudencia, ya que para que exista la nueva jurisprudencia como fuente del
derecho se necesita observar las mismas reglas establecidas por la ley para su
formación, y en el ejemplo de Colombia se necesitarían por lo menos otras dos
decisiones en el mismo sentido, para tener tres decisiones como mínimo que la
constituyan en fuente del derecho (la primera decisión que interrumpió la
jurisprudencia anterior y otras dos idénticas sobre el mismo punto del
derecho).
Según la teoría pura
del derecho de Kelsen, las normas jurídicas tienen más de una interpretación,
ya que en realidad siempre hay un marco interpretativo, con más de una
posibilidad y todas ellas tienen el mismo valor jurídico; el juez puede dentro
de la misma ley y sin salirse de ella acoger una interpretación distinta a la
que venía acogiendo; puede elegir otra de las posibilidades de la ley y de esta
forma modificar la jurisprudencia. Con esto queda resuelto el problema
planteado del cambio de la jurisprudencia.
El otro interrogante
es de si la jurisprudencia es obligatoria o no. Ya hemos visto cómo aun en los
casos en que lo es, su obligatoriedad puede interrumpirse por una decisión en
contrario. En el caso de Colombia es claro que el legislador no la hizo
obligatoria, ya que expresamente le da el carácter de doctrina probable y
señala que los jueces podrán o no aplicarla en casos análogos.
No sobra recordar
que por mandato constitucional, en nuestro país los jueces, para dictar sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley (artículo 230 de la Constitución).
Esto no es más que la consagración positiva del principio fundamental del
estado de derecho de la independencia de los jueces. "Esta independencia
es producto histórico de la lucha entre la nobleza y el monarca. La nobleza
quería que el Rey registrase las leyes que expedía ante los jueces y de esa
manera tener seguridad en sus derechos. Poco a poco los jueces se van
independizando del monarca, llegando incluso a proferir fallos contra las
decisiones de éste.
La función
legislativa es el desarrollo inmediato de la Constitución.  La función
ejecutiva y jurisdiccional son desarrollo mediato de la Constitución e
inmediato de la Ley, ejecución de la Ley. Lo que diferencia estas dos formas de
ejecución de la ley, es que en la rama ejecutiva, el órgano de superior
jerarquía puede darle órdenes al de menor jerarquía (la administración pública
es jerarquizada), en cambio, en la rama jurisdiccional lo típico es
precisamente lo contrario: que el órgano de superior jerarquía (el juez
superior), no puede dar órdenes al inferior, no puede decirle que aplique la
ley de tal o cual manera. El juez sólo está atado a la ley: en el Estado de
derecho el juez es independiente en un doble sentido: en el sentido de que la
rama jurisdiccional no está bajo las órdenes de otra rama del poder público y
de que el juez al fallar sólo está atado a la ley."[48]
Como se ve, por mandato constitucional en nuestro sistema jurídico los jueces
de inferior jerarquía no están sometidos a la jurisprudencia de los jueces de
superior jerarquía. ¿Cuál es entonces el valor de la jurisprudencia en nuestro
sistema jurídico? El propio artículo 230 de la Constitución da la respuesta al
señalar que la jurisprudencia no es más que un criterio auxiliar de la
actividad judicial, de modo que el juez de inferior jerarquía al momento de
fallar estudiará esta jurisprudencia y la acogerá si la encuentra razonable,
pero podrá separarse de ella si la encuentra irracional, ya que no está
obligado a seguirla.
Desde el punto de
vista práctico, no es cierto que cuando la jurisprudencia de las altas cortes
no es obligatoria, se presente una situación de anarquía jurídica, de
desigualdad o de inseguridad jurídica, como paso a demostrarlo:
a)
Porque a pesar de no
ser obligatoria la jurisprudencia, los jueces pueden seguirla voluntariamente;
b)
Porque hay una
tendencia psicológica a hacer lo más fácil, y lo más fácil es seguir la
jurisprudencia de los tribunales superiores; mucho más difícil es la de tener
que pensar o reflexionar para apartarse del precedente;
c)
Porque el sistema
judicial está organizado en instancias y existiendo tribunales de apelación, el
juez de apelación puede revocar la decisión que se ha apartado del precedente y
ajustarla al precedente, y finalmente porque existen ciertos procedimientos que
buscan unificar la jurisprudencia, como es el recurso de casación y con este
último absolvemos también el punto final que habíamos planteado.
En síntesis podemos
afirmar que el sistema jurídico colombiano es diverso a los sistemas de
precedente o del Common Law, que algunos magistrados quisieron extrapolar a
nuestro sistema jurídico; que por mandato constitucional nuestros jueces son
independientes y que sólo están atados a la ley y no al precedente judicial;
que el precedente sólo tiene un criterio auxiliar de la actividad judicial,
pero que jamás es obligatorio y que por mandato legal aún cuando la
jurisprudencia se haya constituido en fuente del derecho, porque existen tres
decisiones uniformes sólo constituye doctrina probable y que tampoco es cierto,
desde el punto de vista práctico, que de no ser obligatoria la jurisprudencia
se esté creando un caos jurídico."
Fecha ut supra
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia C-641/02
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN PROCESO PENAL-Impacto
sobre notificación de providencias judiciales (Salvamento de voto)
PUBLICIDAD DE
ACTUACION JUDICIAL-Propósitos
constitucionales (Salvamento de voto)
NOTIFICACION DE
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Propósitos
(Salvamento de voto)
NOTIFICACION EN
DERECHO ADMINISTRATIVO-Alcance
(Salvamento de voto)
NOTIFICACION DE
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Finalidades/PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD Y NOTIFICACION EN PROVIDENCIAS JUDICIALES-Propósitos más
amplios que permitir ejercicio de defensa (Salvamento de voto)
Si la notificación de las
providencias no tiene como única finalidad que los sujetos procesales
interpongan los eventuales recursos e impugnaciones, entonces no existe ninguna
razón para considerar que una providencia ejecutoriada no deba ser notificada,
exclusivamente por el hecho de que contra ella ya no puedan interponerse
recursos, por la sencilla razón que el principio de publicidad y la
notificación cumplen propósitos más amplios que permitir el ejercicio del
derecho de defensa.
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN ACTUACION JUDICIAL-Exigencia de notificación de una decisión judicial (Salvamento de
voto)
DECISION JUDICIAL-Notificación, ejecutoria y eficacia
(Salvamento de voto)
PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN FIRME Y EJECUTORIADAS-Requisitos para ejecución antes de notificación
(Salvamento de voto)
Si bien el
principio constitucional de la publicidad requiere, como regla general, la
notificación de la decisión para que ésta quede ejecutoriada y pueda ser
cumplida, sin embargo, en ciertos casos pueden existir providencias que queden
en firme y ejecutoriadas, y puedan incluso ser ejecutadas, antes de su
notificación. Para que ello sea posible, algunos requisitos –que ojalá la
sentencia hubiera sistematizado- deben cumplirse: así, y sin que este análisis
pretenda ser exhaustivo, es claro que la norma que autorice la ejecutoria de
una providencia antes de su notificación debe estar sometida a un análisis de
proporcionalidad. Esto significa que esa excepción (i) debe perseguir un fin
constitucional legítimo e importante, como por ejemplo la eficacia de la
administración de justicia (medidas cautelares), la búsqueda de un proceso sin
dilaciones indebidas (autos de mero trámite) o la protección prevalente de
ciertos derechos fundamentales, como la libertad. Pero eso no es todo; (ii) esa
excepción debe armonizarse con el debido proceso, y por ello debe darse en
casos que no afecten el derecho de defensa, pro ejemplo por tratarse de
providencias que carecen de recursos, o de situaciones en donde la persona ya
gozó de la oportunidad de controvertir la decisión. O en eventos en donde se
asegure un adecuado ejercicio ulterior del derecho de defensa, como sucede con
las medidas cautelares.
PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Distinción
entre firmeza y ejecución (Salvamento de voto)
PROVIDENCIAS
JUDICIALES EJECUTORIADAS EN PROCESO PENAL-No implica que no deban ser notificadas (Salvamento
de voto)
1- Con nuestro
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, los suscritos magistrados
nos vemos obligados a salvar nuestro voto de la presente sentencia, que
condicionó la constitucionalidad de la expresión “quedan ejecutoriadas el
día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente” del inciso
segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal,
y estableció que ese aparte era exequible, siempre y cuando se entienda que los
efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias.
Compartimos la
orientación general de la sentencia sobre la importancia del principio de
publicidad en el proceso penal, las múltiples funciones que éste cumple, y las
implicaciones que ese fenómeno tiene sobre  la
necesidad de notificar ciertas providencias. Igualmente consideramos que era
necesario condicionar el alcance de la expresión, a fin de precisar que la
ejecutoria de esas providencias no excluía a la autoridad judicial del deber de
notificarlas. Todos esos puntos se encontraban en la ponencia originaria
presentada por el magistrado Montealegre, los cuales, con razón, fueron
retomados por la presente sentencia. Sin embargo, no podemos compartir la
decisión, pues consideramos equivocado el condicionamiento suplementario que
ésta establece, según el cual, dichas providencias sólo surten efectos a partir
de su notificación, pues creemos que ese condicionamiento extrae consecuencias
equivocadas del principio de publicidad.
2-
Para explicar nuestra discrepancia, retomaremos brevemente las ideas centrales
sobre el papel del principio de publicidad en el proceso penal y su impacto
sobre la notificación de las providencias judiciales, para de esa manera
explicar nuestra discrepancia con la argumentación y decisión de la Corte.
Principio de
publicidad y deber de notificar.
3- Es claro que,
como bien lo destacan la sentencia y la ponencia originaria, la publicidad de
la actividad judicial no es sólo una garantía del derecho de defensa y del
debido proceso. Y es que si la publicidad únicamente estuviera destinada a
asegurar el derecho de defensa, bastaría que la actividad judicial fuera
comunicada a los sujetos procesales, pero sin que hubiera necesidad de permitir
que también otros interesados y la opinión pública en general pudieran conocer
las decisiones y las actuaciones judiciales. Sin embargo, la Constitución  y
los tratados de derechos humanos no restringen el principio de publicidad a la
posibilidad de que las partes conozcan el desarrollo del proceso sino que
establecen que, como principio general, el proceso debe ser público.
Esto muestra que la
publicidad de la actuación judicial, además de ser un presupuesto del derecho
de defensa, cumple otros propósitos constitucionales de gran relevancia. Así, y
sin que esta enumeración pretenda ser exhaustiva, la publicidad cumple al menos
otras tres finalidades importantes. De un lado, en materia penal, la publicidad
permite que la opinión pública pueda
controlar la actividad de los funcionarios judiciales al evaluar los hechos y
la responsabilidad del imputado.
De otro lado, la publicidad
protege también las seguridad jurídica, pues permite un cierto control sobre la
razonabilidad de la motivación de las decisiones judiciales. Finalmente, la
publicidad favorece una mayor obediencia democrática al derecho pues, en la
medida en que las personas tengan la posibilidad de familiarizarse con las
actuaciones judiciales, pueden igualmente conocer mejor no sólo el sentido de
las decisiones judiciales sino también las razones que las sustentan. Y pueden
entonces cumplir, en forma más consensual, las órdenes impartidas por los
jueces, que no aparecen entonces como una simple emanación del poder público
sino como el desarrollo razonable y legítimo de una autoridad sustentada en
razones.
4- Las múltiples
finalidades del principio de publicidad explican también que la notificación de
las providencias –que es una materialización de dicho principio- cumpla también
otros propósitos, fuera de asegurar el derecho de defensa de los sujetos
procesales. Así, la notificación permite que otros interesados, pero que no son
sujetos procesales, puedan también conocer el contenido de las actuaciones
judiciales. Igualmente, la notificación a la persona eventualmente condenada
permite que ésta conozca el sentido de la sentencia y pueda entonces cumplirla
voluntariamente.
5- La anterior
conclusión es muy clara en materia administrativa, en donde es doctrina
pacífica que la notificación de las decisiones es un requisito para su eficacia
y oponibilidad. Así, ha dicho al respecto la Corte:
“El conocimiento
de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una
formalidad que puede ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de
eficacia de la función pública administrativa -artículo 209 C.P.- y una
condición para la existencia de la democracia participativa -Preámbulo,
artículos 1° y 2° C.P.-.
De ahí que el
Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija, el deber y la forma
de publicación de las decisiones de la administración, deteniéndose en la
notificación personal -artículo 44-, en el contenido de ésta- artículo 47-, en
las consecuencias de su omisión, o irregularidad, -artículo 48- y en sus
efectos -artículo 51-. Porque los actos de la administración solo le son
oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la
diligencia de notificación personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la
realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo, ya
sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la
noticia a su destinatario final -artículo 45 C.C.A.-, o en razón de que el
administrado demostró su conocimiento -artículo 48 ibídem-.[49]”
Por consiguiente,
conforme al derecho administrativo, incluso una decisión en firme, y contra la
cual ya no caben recursos, debe ser notificada, para que pueda ser ejecutada. Y
es que una cosa es la adopción de la decisión y su firmeza, esto es que ésta se
encuentre ejecutoriada, y otra su posibilidad de ejecución. Por ello, si bien,
para efectos del derecho de defensa, no resulta necesario notificar una
providencia que ya se encuentra en firme, pues contra ella no caben recursos,
sin embargo para que ella pueda ser ejecutada es necesario que haya sido
previamente notificada, pues si ello no ocurre, el acto es ineficaz, y no puede
la administración intentar ejecutarlo. En tal contexto, esta Corte ha concluido
que vulnera el debido proceso que la administración intente ejecutar un acto
que no fue debidamente notificado. Así, la sentencia T-419 de 1994, MP Eduardo
Cifuentes Muñoz, concluyó que era contrario a la Carta que el Departamento de Planeación
Distrital de Bogotá hubiera insistido en dar por terminado un proceso de
concertación con una entidad constructora, sin haber notificado en debida forma
el acto que había tomado esa decisión
6- Conforme a lo
anterior, si la notificación de las providencias no tiene como única finalidad
que los sujetos procesales interpongan los eventuales recursos e impugnaciones,
entonces no existe ninguna razón para considerar que una providencia
ejecutoriada no deba ser notificada, exclusivamente por el hecho de que contra
ella ya no puedan interponerse recursos, por la sencilla razón que el principio
de publicidad y la notificación cumplen propósitos más amplios que permitir el
ejercicio del derecho de defensa. Esto indica que la ejecutoria de ciertas
providencias el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente no
excluye del deber de notificarlas, y por ello era necesario condicionar la
constitucionalidad de la expresión acusada.
7- Hasta este punto,
compartimos la doctrina desarrollada por la presente sentencia, que se basa en
gran medida en la argumentación presentada en la ponencia originaria. Sin
embargo, -y aquí comienzan nuestras discrepancias- consideramos que la Corte no
desarrolla una doctrina totalmente adecuada sobre la relación que existe entre
el principio de publicidad y el deber de notificar.
Principio de
publicidad y deber de notificación.
8. El primer punto
de discusión es si la fuerza del principio de publicidad implica que todas las
providencias en un proceso deban ser notificadas. La presente sentencia, con
razón, precisa que ello no es así, y pone como ejemplo los autos de mero
trámite (Fundamento 25). Sin embargo, hubiera sido deseable que la Corte
desarrollara una doctrina más clara sobre cuáles son los factores que deben ser
tomados en cuenta para examinar si la ley puede excluir una providencia de
notificación, sin que dicha exclusión afecte el principio de publicidad que
gobierna las actuaciones judiciales (CP art. 228).  La ponencia originaria
traía algunos criterios al respecto, que desafortunadamente no fueron
incorporados a la sentencia, y que brevemente retomamos.
Así, para determinar
si constitucionalmente es o no necesario notificar ciertas decisiones, no basta
examinar si contra ella proceden o no recursos, sino que es necesario también
tomar en consideración otros aspectos, y en especial la importancia misma que
tiene la providencia en la resolución del asunto litigioso. Así, es claro que
la ley puede excluir de notificación ciertas providencias de puro trámite, y
contra las cuales no existen recursos, pues los otros propósitos que cumple el
principio de publicidad no hacen imperativa la notificación. Por el contrario,
aquellas decisiones que deciden de fondo la controversia, o algún aspecto
central de la misma, deben en general ser notificadas, o comunicadas, aunque
contra ellas no proceda ningún recurso, no sólo para que la opinión pública
pueda conocer el sentido de las actuaciones judiciales, sino también para que
los sujetos procesales puedan cumplir debidamente lo ordenado por los jueces.
En otras ocasiones, la notificación puede ser necesaria para efectos de
oponibilidad de la decisión a terceros.
9-
Los anteriores criterios indican que todas las decisiones fundamentales en un
proceso deben ser notificadas, en desarrollo del principio de publicidad,
incluso si contra ellas no procede ningún recurso.
Ahora bien, el
inciso segundo del artículo 187 del C de PP hace referencia a decisiones que
tienen importancia en el desarrollo del proceso. Así, algunas de ellas son
sentencias, como aquellas que deciden la consulta, la acción de revisión y la
casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma. Se trata
entonces de sentencias contra las cuales ya no procede ningún recurso legal, lo
cual significa que ellas constituyen la decisión definitiva del asunto
controvertido. Estamos pues de acuerdo en que esas providencias deben ser
notificadas, como un desarrollo del principio de publicidad, pues no sólo la
opinión pública tiene derecho a conocer el resultado final de esos casos sino
que además los sujetos procesales deben ser informados para que puedan cumplir
voluntariamente la propia decisión judicial. Por consiguiente, la
interpretación del aparte acusado que excluye de notificación esas sentencias
vulnera el principio de publicidad, y por ello la Corte tenía que excluir del
ordenamiento esa hermenéutica, por medio de una sentencia de constitucionalidad
condicionada.
10- Igualmente
coincidimos con el fundamento 38 de la sentencia, según el cual no es clara la
necesidad de que también deba notificarse, por razones constitucionales
derivadas del principio de publicidad, la providencia que decide los recursos
de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, pues esas
decisiones, si bien pueden tener una incidencia importante en el
desenvolvimiento del proceso, no es evidente que la sociedad deba conocer su
contenido, ni que deban ser comunicadas a los sujetos procesales para efectos
de su cumplimiento. Sin embargo, como la presente sentencia no adelanta unos
criterios generales sobre cuando la ley debe ordenar que una providencia, en
desarrollo del principio de publicidad, sea notificada, esta conclusión de la
presente sentencia, que es tomada de la ponencia originaria, no aparece
adecuadamente justificada.
Ahora bien, si la
Constitución no exige que esas providencias deban obligatoriamente ser
notificadas, el Legislador tenía libertad para decidir si ordenaba o no su
notificación. Por consiguiente, como dichas providencias carecen de recursos,
pues quedan ejecutoriadas el mismo día en que son suscritas, bien podría el
Legislador excluirlas de notificación, sin afectar el principio constitucional
de publicidad de la justicia. Sin embargo, coincidimos con la presente
sentencia en que también era necesario retirar del ordenamiento la
interpretación que excluye de notificación esas providencias interlocutorias,
por la siguiente razón: el principio de publicidad, que es de rango
constitucional (CP art. 228), es la regla general que gobierna las actuaciones
judiciales, por lo que toda excepción a ese principio debe ser expresa y es de
interpretación estricta. El principio constitucional de la publicidad de la
justicia tiene entonces una consecuencia hermenéutica y es la siguiente: en
caso de duda entre dos interpretaciones razonables de una misma disposición
procesal, el operador debe preferir aquella que favorezca la publicidad del
proceso. Esto significa que en caso de duda razonable en torno a si es o no
necesario notificar una determinada providencia, el principio de publicidad de
la administración de justicia exige que el intérprete escoja aquella
interpretación de la disposición que favorece  la notificación.  Ahora bien, en
el presente caso existe una controversia sobre el alcance de la expresión
acusada, pues para algunos operadores ese aparte exceptúa de notificación esos
autos,  mientras que otros intérpretes consideran que la ejecutoria de la
providencia no excluye del deber de notificarla. Por consiguiente, dada esa
duda sobre el entendimiento de la expresión acusada, una conclusión se impone:
el principio de publicidad de la actuación judicial (CP art. 228) implica que
el operador jurídico está constitucionalmente obligado a optar por aquella
hermenéutica, según la cual esas providencias deben ser notificadas. Por ello,
estamos de acuerdo en que era también necesario excluir del ordenamiento la
interpretación según la cual la expresión acusada exceptúa de notificación la
providencia que decide los recursos de apelación o de queja contra las
providencias interlocutorias.
11-
Hasta este punto, nuestra discrepancia con la sentencia es relativamente menor.
Simplemente le objetamos que no haya desarrollado una doctrina más clara sobre
cuando el principio de publicidad exige la notificación de una decisión
judicial. Esa doctrina hubiera dado mayor claridad a la argumentación.  Sin
embargo, tenemos reservas mucho más importantes, en especial sobre la relación
que la Corte plantea entre la notificación, la ejecutoria y la producción de
efectos o eficacia de las decisiones judiciales.
Notificación,
ejecutoria y eficacia de las decisiones judiciales.
12-
La sentencia argumenta que la notificación es un presupuesto para que una
providencia produzca sus efectos y pueda imponerse su obligación (Fundamento
22).  Luego, señala que en el presente caso, las providencias a que hace
referencia la expresión acusada deben ser notificadas (Fundamento 40). La Corte
concluye entonces que “la
ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos
mientras no se surta su notificación”, y por ello considera necesario declarar “exequible
la disposición acusada, en el sentido que los efectos jurídicos se surten a
partir de la notificación de las providencias respectivas (Fundamento 40).”
No
podemos compartir esa conclusión, aunque estemos de acuerdo, en parte,  con las
premisas, pues consideramos  que la argumentación de  la Corte es ambigua y
extrae  consecuencias equivocadas del principio de publicidad
13-
Por las razones desarrolladas en la sentencia y en los fundamentos anteriores
de este salvamento, la premisa según la cual las providencias a que hace
referencia la expresión acusada deben ser notificadas, es inobjetable. Sin
lugar a dudas esas providencias deben ser notificadas, y por ello la ponencia
originaria sugería declarar exequible esa expresión, pero siempre y cuando se entendiera que la
ejecutoria, el mismo día en que son suscritas, de las providencias mencionadas
por ese inciso, no implica que dichas providencias no deban ser notificadas.
14-
La otra premisa, según la cual una providencia judicial debe ser notificada
para poder ser obligatoria, nos parece válida, como regla general. Sin embargo,
esa premisa requiere dos precisiones importantes: de un lado, existen
providencias que por su naturaleza no requieren ser notificadas, como los autos
de mero trámite. De otro lado, existen providencias que deben ser notificadas,
pero pueden quedar en firme y ser ejecutadas e impuestas a las personas, antes
de su notificación. Un ejemplo clásico son las medidas cautelares en los
distintos procesos, que son ejecutadas antes de ser notificadas.
15-
La presente sentencia reconoce la existencia de esas excepciones al principio
de que una providencia sólo puede quedar ejecutoriada y ser ejecutada si ha
sido notificada; sin embargo, la sentencia no tiene en cuenta dichas
excepciones al condicionar la exequibilidad de la disposición. En efecto, la
Corte señala en la parte resolutiva que los efectos jurídicos de esas
providencias se surten a partir de su notificación, pero en ningún momento la
Corte examina si se estaba frente a un caso en donde dichas providencias podían
surtir efectos, antes de su notificación. Y esa omisión es decisiva, pues el
interrogante central en este aspecto es si existe alguna objeción
constitucional a que esas providencias queden ejecutoriadas y puedan surtir
efectos previamente a su notificación.
Ahora
bien, según nuestro parecer, si bien el principio constitucional de la
publicidad requiere, como regla general, la notificación de la decisión para
que ésta quede ejecutoriada y pueda ser cumplida, sin embargo, en ciertos casos
pueden existir providencias que queden en firme y ejecutoriadas, y puedan
incluso ser ejecutadas, antes de su notificación. Para que ello sea posible,
algunos requisitos –que ojalá la sentencia hubiera sistematizado- deben
cumplirse: así, y sin que este análisis pretenda ser exhaustivo, es claro que
la norma que autorice la ejecutoria de una providencia antes de su notificación
debe estar sometida a un análisis de proporcionalidad. Esto significa que esa
excepción (i) debe perseguir un fin constitucional legítimo e importante, como
por ejemplo la eficacia de la administración de justicia (medidas cautelares),
la búsqueda de un proceso sin dilaciones indebidas (autos de mero trámite) o la
protección prevalente de ciertos derechos fundamentales, como la libertad. Pero
eso no es todo; (ii) esa excepción debe armonizarse con el debido proceso, y
por ello debe darse en casos que no afecten el derecho de defensa, por ejemplo
por tratarse de providencias que carecen de recursos, o de situaciones en donde
la persona ya gozó de la oportunidad de controvertir la decisión. O en eventos
en donde se asegure un adecuado ejercicio ulterior del derecho de defensa, como
sucede con las medidas cautelares.
16-
Los criterios precedentes nos permiten concluir que en el presente caso no
existe ninguna objeción constitucional a que al menos algunas de las
providencias a que hace referencia la expresión acusada queden ejecutoriadas el
mismo día en que son suscritas, sin perjuicio de que deban ser notificadas
ulteriormente. Por ejemplo, no entendemos por qué una sentencia de casación que
confirma la decisión recurrida sólo pueda surtir sus efectos a partir de su
notificación, si contra ella no procede recurso alguno, y de todos modos deberá
ser notificada, y la decisión de la Corte Suprema se limita a dejar en firme la
sentencia recurrida, que ya estaba produciendo sus efectos. No logramos ver
cuál es el principio o regla constitucional que puede resultar afectado con esa
regulación, por lo que no compartimos el condicionamiento introducido por la
parte resolutiva de la presente sentencia, según el cual, los efectos jurídicos de ese tipo de
providencias sólo se surten a partir de su notificación.
14-
Creemos además que el condicionamiento introducido por la Corte se presta a una
cierta ambigüedad, que deriva a su vez del doble entendimiento que la sentencia
hace de la noción de ejecutoria. De un lado, por ejecutoria de la providencia
la Corte parece entender su firmeza, esto es, que ésta ya no puede ser
impugnada ni modificada. Ese parece ser el entendimiento del fundamento 33 de
la sentencia. Pero de otro lado, al estudiar los efectos de la ejecutoria, el
fundamento 34 de la sentencia insiste en que dicha figura tiene como
consecuencia la posibilidad de ejecución y cumplimiento, incluso coactivo, del
contenido de la decisión.
Aunque
en general sólo pueden ser ejecutadas aquellas decisiones que están en firme,
sin embargo es posible distinguir ambas figuras, pues una cosa es que una
providencia no pueda ser controvertida o modificada (esto es, esté en firme), y
otra que pueda ser ejecutada. Así, ciertas providencias pueden ser ejecutadas
sin estar en firme, como sucede con ciertas medidas cautelares, que son
ejecutadas, sin perjuicio de que puedan ser ulteriormente controvertidas por el
afectado. Y en otros casos, una decisión puede estar en firme, pero puede que
no sea posible su ejecución inmediata; eso sucede, por ejemplo, si la propia
providencia señaló un plazo para empezar a ser cumplida, y dicho término no ha
transcurrido aún.
Ahora
bien, el fundamento  40,  que es el que precisa el condicionamiento introducido
por la Corte, habla de que “la
ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos
mientras no se surta su notificación”. Por su parte, la parte resolutiva condiciona el
aparte acusado, y precisa que el mandato según el cual ciertas providencias
quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario
correspondiente, es constitucional, pero “siempre y cuando se entienda que
los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias”.
La duda que surge es si la Corte se está refiriendo a la firmeza de la decisión
o a la posibilidad de que ésta sea ejecutada. Y esa ambigüedad es
desafortunada, pues todo el argumento de la sentencia parece dirigido contra la
posibilidad de que la decisión sea ejecutada, sin haber sido notificada, pero
también ciertos apartes parecen referirse a la imposibilidad de que ésta
adquiera firmeza sin ser notificada. Pero esa última tesis es aún más
discutible, pues si bien es cierto que sólo de manera excepcional puede
permitirse la ejecución de una providencia que no ha sido notificada, por el
contrario no encontramos muchos argumentos constitucionales que impidan que una
providencia contra la cual no existen recursos quede en firme antes de ser
notificada pues ¿cuál es el principio o derecho fundamental que se puede ver
lesionado por esa regulación? Así, no se afecta el principio de publicidad,
pues la providencia será de todos modos notificada ulteriormente, en un plazo
que debe ser razonable; y tampoco existe vulneración del derecho de defensa,
pues dicha providencia carece de recursos.
15- Esta ambigüedad
se hace aún más grave en el último punto de la sentencia, que tampoco podemos
compartir, y es la reflexión relativa a la relación entre ejecutoria,
notificación y prescripción de la acción penal. La sentencia argumenta, sin
mucho sustento, que “el término de prescripción de la acción penal previsto
en el inciso 2° del artículo 86 del Código Penal, no se extingue por la
imposición de la pena mediante una decisión en firme y ejecutoriada, sino hasta
que dicha providencia sea efectivamente notificada”.
Esta tesis nos
parece equivocada pues el deber de notificar las sentencias que ya se
encuentran ejecutoriadas para nada afecta el fenómeno de prescripción de la
acción penal, por una razón elemental: la prescripción de la acción penal
limita en el tiempo la posibilidad que tiene el Estado de imponer una pena,
esto es, de tomar una decisión de mérito definitiva sobre si una persona es o
no responsable de un delito. Por consiguiente, si antes de que venza el término
de prescripción de la acción, el Estado impone una pena a una persona, por
medio de una decisión que se encuentra en firme y ejecutoriada, por cuanto
contra ella ya no procede ningún recurso, entonces la persona no puede alegar
la prescripción de la acción, incluso si dicha providencia le es notificada una
vez vencido ese término de prescripción de la acción, puesto que, como lo ha
dicho esta Corte, la prescripción de la acción penal o disciplinaria limita la
posibilidad de que el Estado adopte en firme la sanción, y la notificación de
una decisión en firme es un acto posterior a la adopción misma de la decisión.
Otra cosa es que sin esa notificación, el Estado no pueda hacer efectiva la
pena, y que a partir de esa fecha empiece a correr el término de prescripción
de la sanción que ya fue decidida.
La anterior doctrina
fue claramente desarrollada por la sentencia C-244 de 1996, MP Carlos Gaviria
Díaz, en relación con la prescripción de la acción disciplinaria, pero con
criterios que son plenamente aplicables al campo penal, por tratarse en ambos
casos de formas del derecho sancionador. Dijo entonces esa sentencia:
“La prescripción
de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el
transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a
imponer una sanción.
Este fenómeno tiene
operancia en materia disciplinaria, cuando la Administración o la
Procuraduría General de la Nación, dejan vencer el plazo señalado por el
legislador, -5 años-, sin haber adelantado y concluido el proceso
respectivo, con decisión de mérito. El vencimiento de dicho lapso implica
para dichas entidades la pérdida de la potestad de imponer sanciones, es decir,
que una vez cumplido dicho periodo sin que se haya dictado y ejecutoriado la
providencia que le ponga fin a la actuación disciplinaria, no se podrá
ejercitar la acción disciplinaria en contra del beneficiado con la
prescripción(subrayas no originales).”
Nótese pues que en
esa sentencia la Corte precisa que la prescripción de la acción tiene que ver
con la adopción, firmeza y ejecutoria de la decisión que pone fin a un proceso
penal o disciplinario, pero no menciona para nada su posterior notificación. Y
es que una vez en firme la decisión definitiva del proceso penal o
disciplinario, el Estado ya ha impuesto jurídicamente la sanción, aunque por
razones de publicidad o de oponibilidad deba notificarla, para poder hacerla
efectiva. Otra cosa es que con posterioridad a la adopción de la sanción, el
Estado pueda o no hacerla efectiva, pero ese fenómeno tiene que ver con una
eventual prescripción de la sanción, que esa una figura distinta a la
prescripción de la acción.
16-
Por todo lo anterior, aunque compartimos plenamente las consideraciones de la
presente sentencia sobre la importancia del principio de publicidad en el
proceso penal, disentimos del condicionamiento introducido por la parte
resolutiva. Creemos que la Corte debió limitarse a señalar, como lo planteaba
la ponencia originaria, que la
ejecutoria, el mismo día en que son suscritas, de las providencias mencionadas
por el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 o Código de
Procedimiento Penal, no implica que dichas providencias no deban ser
notificadas.
Fecha ut supra,
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
[1]             Al
respecto, se pueden consultar las sentencias C-447 de 1997, C-509 de 1996 y
C-236 de 1997.
[2]             Sobre
la materia pueden consultarse las sentencias C-1052 y C-1193 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa..
[3]             Sentencias
C-1052 de 2001 y C-1193 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Puede igualmente
consultarse la sentencia C-1256 de 2001. (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[4]             Dispone el artículo 176 del C. de P.P que: "Providencias
que deben notificarse. Además de las señaladas expresamente en
otras disposiciones, se notificarán las sentencias, las providencias
interlocutorias y las siguientes providencias de sustanciación: la que suspende
la investigación previa, la que pone en conocimiento de los sujetos procesales
la prueba trasladada o el dictamen de peritos, la que declara cerrada la
investigación, la que ordena la práctica de pruebas en el juicio, la que señala
día y hora para la celebración de la audiencia pública, la que declara desierto
el recurso de apelación, la que deniega el recurso de apelación, la que declara
extemporánea la presentación de la demanda de casación, la que admite la acción
de revisión y la que ordena el traslado para pruebas dentro de la acción de
revisión.
En segunda instancia se notificarán las siguientes providencias:
la que decreta la prescripción de la acción o de la pena cuando ello no haya
sido objeto del recurso, la que imponga la medida de aseguramiento y la que
profiera resolución de acusación.
Las providencias de
sustanciación no enunciadas o no previstas de manera especial serán de
cumplimiento inmediato y contra ella no procede recurso alguno".
[5]             Mirar
entre otras, las Sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y T-061 de 2002.
[6]             Sentencia
C-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[7]             Sentencia
C-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[8]             Esta
Corporación, en sentencia C-037 de 1996 manifestó que: "Uno de los
presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de
derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de
ella se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las
garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los
deberes que le asisten a la administración y a los asociados..."
[9]             Al
respecto puede consultarse la Sentencia C-096 de 2001. (M.P. Álvaro Tafur
Galvis). En donde se afirma que la publicidad de los actos del Estado, "...contribuye
a facilitar la participación ciudadana de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación (C.P. art.
2º), para efectos de formar 'un ciudadano activo, deliberante, autónomo y
crítico' que pueda ejercer un debido control de la actividad del
Estado...".
[10]           A título
de ejemplo, el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia dispone que: “ (...) las decisiones en firme podrán ser consultadas en
las oficinas abiertas al público que existan en cada Corporación para tal
efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista
reserva legal sobre ellas...”.
[11]           Sobre el
alcance del deber de motivar se puede consultar la sentencia C-836 de 2001
(M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[12]           Sentencia
C-555 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13]           De allí
que J. Bentham sostuviese que: "la publicidad es el alma de la
justicia" y que, en la actualidad,  exista la marcada tendencia a la
plena oralidad de los juicios penales como medio indispensable para garantizar
la efectividad de los derechos fundamentales de los inculpados alrededor de los
conceptos de contradicción, eficiencia y celeridad.
[14]           Cfr.
Sentencia T-465 de 1994. M.P José Gregorio Hernández Galindo. En estos
términos, es preciso recordar que un principio constitucional no puede ser
sometido a las reglas de validez y excepciones propias de las normas jurídicas,
sino que por el contrario, su eficacia concreta depende de la ponderación y
adecuación con otros principios, valores y derechos constitucionales. Así, es
claro que mientras una norma jurídica pierde fuerza normativa, el principio se
mantiene inalterable aunque resulte inaplicable a un caso concreto.
Precisamente, la Corte en Sentencia T-406 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón)
sostuvo que: "Los principios fundamentales del Estado son una pauta de
interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la
Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga
el artículo cuatro del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son
suficientes por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso
concreto. No obstante el hecho de poseer valor normativo, siguen teniendo un
carácter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones,
limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se trata de un
problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y no a un
asunto relacionado con su falta de fuerza normativa".
[15]           Señala la
citada disposición que: "Todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley".
[16]           En
sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte sostuvo que: "El
principio de publicidad de la actividad judicial (C.P. art. 228), que implica
el derecho de acceso de la comunidad en general a sus decisiones, comprende la
obligación de las autoridades de motivar sus propios actos. Este deber incluye
el de considerar explícita y razonadamente la doctrina judicial que sustenta
cada decisión. Esta garantía tiene como objetivo que los sujetos procesales y
la comunidad en general tengan certeza, no sólo sobre el texto de la ley y la
jurisprudencia, sino que se extiende a asegurar que el ordenamiento está siendo
y va a seguir siendo interpretado y aplicado de manera consistente y uniforme.
Sólo de esta forma pueden las personas tener certeza de que la interpretación y
aplicación consistente y uniforme del ordenamiento es una garantía
jurídicamente protegida y no un mero uso sin valor normativo alguno, y del cual
los jueces pueden apartarse cuando lo deseen, sin necesidad de justificar su
decisión".
[17]           Justamente,
el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, determina que la etapa de
instrucción dentro de un juicio criminal se encuentra sometida a reserva. En
este orden de ideas, establece que: "Reserva de la instrucción.
Durante la instrucción, ningún funcionario puede expedir copias de las
diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para
investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios,
o para dar trámite al recurso de queja.
Quienes intervienen
en el proceso tienen derecho a que se les expida copia de la actuación, para su
uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos". Esta disposición se
encuadra dentro de las previsiones del principio de publicidad como norma
rectora del juicio criminal. Así, el artículo 4 del C. de P.P determina que:
"Dentro del proceso penal el juicio es público. La investigación será
reservada para quienes no sean sujetos procesales. Se aplicarán las excepciones
previstas en este Código".
[18]           Esto
porque no resultaría razonable ni proporcionado someter a las providencias
judiciales a publicación en el diario oficial.
[19]           Norma que
debe interpretarse armónicamente con el artículo 53 del mismo Estatuto, según
el cual: "Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los
casos siguientes: 1. Cuando la ley fije el día en que deba principiar a regir,
o autorice al gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el
día señalado. 2. Cuando por causa de guerra u otra inevitable estén
interrumpidas las comunicaciones de alguno o algunos municipios con la capital
y suspendido el curso ordinario de los correos, en cuyo caso los dos meses se
contarán desde que cese la incomunicación y se restablezcan los correos".
[20]           Recuérdese
que solamente a partir de este momento, puede aplicarse el principio general
del derecho, según el cual: "la ignorancia de la ley no sirve de
excusa". Ello, porque la ley supone un espacio de tiempo para que los
administrados conozcan la nueva normatividad, entre la existencia de la ley y
su plena observancia.
[21]           Consejo
de Estado. Sala Plena. Enero 25 de 1983.
[22]           Subrayado
por fuera del texto original. En idéntico sentido, el artículo 187 del Código
de Procedimiento Penal, establece la relación entre la notificación y la
ejecutoria de las decisiones judiciales, al disponer como regla general, que
las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de ser notificadas, si
no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. Esto significa que,
en principio, la ejecutoria es   posterior a la notificación, y que dado ese
previo conocimiento puede ejecutarse el cumplimiento del fallo judicial.
[23]           Recuérdese
que en sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en relación con la
previsibilidad de las decisiones judiciales (precedentes verticales y
horizontales), esta Corporación manifestó que: "Sólo mediante la
aplicación consistente del ordenamiento jurídico se pueden concretar los
derechos subjetivos. Como se dijo anteriormente, la Constitución garantiza la
efectividad de los derechos a todas las personas y los jueces en sus decisiones
determinan en gran medida su contenido y alcance frente a las diversas
situaciones en las que se ven comprometidos".
[24]           Luigi
Ferrajoli. Derecho y razón. Madrid. Trotta. 1995. En otras palabras, citando a
J. Bentham: "Dadme el juez que queráis, parcial, corrompido, mi enemigo
mismo si queréis, poco me importa, con tal que nada pueda hacer sino en
presencia del público".
[25]           En este
sentido, Eduardo Montealegre Lynett y Jaime Bernal Cuellar reconocen a la
notificación como un acto de comunicación sometido al principio de legalidad de
las formas y citan al respecto a la Corte Suprema de Justicia, según la cual: "[la
notificación] de los actos procesales corresponde a los llamados actos de
comunicación, cuyo objeto es hacer saber de otro algo que él debe conocer o
debe hacérsele saber para el adecuado desarrollo del proceso".  ( El
proceso penal. 4° Edición. Universidad Externado. Pág. 293)
[26]
Sentencia
T-099 de 1995, T-238 de 1996, T-324 de 1999.
[27]           Algunos
procedimientos ante la falta de notificación consagran como sanción jurídica la
nulidad (artículo 140 C.P.C) y otros la inoponibilidad (artículo 48 C.C.A.).
Precisamente, esta Corporación ha dicho que: "los actos de comunicación
procesal, entre ellos las notificaciones, son manifestaciones concretas del
principio de publicidad que orienta el sistema procesal. En virtud de este
principio, las decisiones del juez o del servidor público que ejerce funciones
administrativas o judiciales deben ser comunicadas a las partes y conocidas por
éstas, de modo que puedan defender sus derechos e intereses mediante la
utilización oportuna de los recursos legales correspondientes. La plena
efectividad de los derechos de defensa y de contradicción consagrados en el artículo
29 de la Carta exige que las partes o personas legitimadas para intervenir en
el proceso tengan conocimiento de las resoluciones proferidas por el órgano
respectivo, lo que sólo puede acontecer, en principio, mediante su
notificación. En este sentido, la forma cómo se lleven a cabo las
notificaciones a las partes o a los interesados no es constitucionalmente
irrelevante". (Sentencia T-361 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Criterio que sirvió de fundamento para declarar la inexequibilidad de la notificación
por aviso en los procesos de restitución de inmueble arrendado, dado que no
garantizaba la aplicación del principio de seguridad jurídica y el derecho al
debido proceso (Sentencia C-925 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[28]           Esto en
razón a que su objeto se concreta en dar curso a un proceso o evitar su
entorpecimiento. De ahí que, el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil,
disponga: "No requieren notificación los autos que contengan órdenes
dirigidas exclusivamente al secretario, y los demás que expresamente señala
este código. Al final de ellos se incluirá la orden cúmplase"
[29]           Término
técnico para definir las providencias de los fiscales.
[30]           Sentencia C-252 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz, Por
este motivo, la Corte en Sentencia C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),
consideró que aunque la Constitución ha dejado un amplio espacio para el
ejercicio de la potestad de configuración normativa, ésta no se encuentra
exenta de límites, puesto que debe ejercerse de manera que respete, entre
otros, los principios y derechos constitucionales.
[31]           En
sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) la Corte sostuvo que:
"...En atención a que el principio constitucional general aplicable a las
actuaciones que se adelanten por los órganos del Estado es la publicidad, la
reserva tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva. Le
corresponde a la ley, dentro del marco de la Constitución, establecer en
términos de razonabilidad y proporcionalidad, la extensión de la respectiva
reserva. De ahí que la constitucionalidad, en este caso, se condicione,
igualmente, a la posibilidad de comunicar las informaciones que de conformidad
con la ley, no están sujetas a reserva y, en este evento, deberá también
permitirse el acceso público a las mismas...".
[32]           En
efecto, la norma en cuestión tiene una regla especial prevista en el inciso
segundo del artículo en cuestión, según la cual: "Si se niega la
suspensión condicional de le ejecución de la pena, la captura sólo podrá
ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la
actuación procesal se hubiera proferido medida de aseguramiento de detención
preventiva".
[33]           Precisamente,
en Sentencia C-252 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), la Corte sostuvo que: “..Se
puede concluir que la restricción de la libertad debe ser excepcional y
considerarse como la ultima ratio. Dicha regla, inherente al Estado
democrático, se encuentra íntimamente ligada a la presunción de inocencia, como
principio rector del debido proceso penal.”
[34]           Sobre la
materia puede consultarse la Sentencia C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[35]           Sentencia
C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[36]           Sentencia
C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[37]           Sentencia
C-426 de 2002. M.P: Rodrigo Escobar Gil.
[38]           En sentencia C-774 de 2001
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), esta Corporación definió el alcance de la cosa
juzgada, en los siguientes términos: “La cosa juzgada es una institución
jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. (...) De esta
definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación,
y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor
definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento
jurídico. Es decir, se prohibe a los funcionarios judiciales, a las partes y
eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio”.
[39]           Precisamente,
el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Las
providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida
aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá
una vez ejecutoriada la que la resuelva (...)”.
[40]           Por
ejemplo, el artículo 333 del Código de Procedimiento civil determina que: "No
constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias: 1. Las que se dicten en
procesos de jurisdicción voluntaria. 2. Las que decidan situaciones
susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización
expresa de la ley. 3. Las que decreten probada una excepción de carácter
temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio
lugar a su reconocimiento. 4. Las que contengan decisión inhibitoria sobre el
mérito del litigio".
[41]           Determina
el artículo 488 del C.P.C que: " Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que (...) emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley....".
Por lo tanto, es claro que la ejecutoriedad de una decisión es distinta de su
ejecución. Así, mientras que la ejecutoriedad hace referencia a la
firmeza del acto y, consecuentemente, a la posibilidad de realizar de inmediato
su contenido. La ejecución supone dicha firmeza y la previa notificación
del contenido de la decisión, con el objeto de obligar al administrado a
realizar los actos a su cargo cuando éste se resiste voluntariamente a
cumplirlos.
[42]           .
Precisamente, a título de ejemplo, el artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, dispone que: "salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna
providencia producirá efectos antes de haberse notificado". Como
excepción justificable el mismo Código de Procedimiento Civil señala a los autos
de cúmplase. Esto en razón a que su objeto se concreta en dar curso o
evitar el entorpecimiento de un proceso, además no deciden ningún asunto
material o procesalmente litigioso.
[43]           Recuérdese
lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal,
según el cual: "la ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y
su observancia principia dos meses después de promulgada" En relación
con el tema, sostiene John Locke: "Porque siendo todo poder de que el
gobierno dispone para el solo bien de la sociedad, así como no debería ser
arbitrario y a su antojo, precisaría también que se rigiera su ejercicio por
leyes promulgadas y establecidas, a fin de que, por una parte, conocieran las
gentes sus deberes, y se hallaren salvos y seguros dentro de las fronteras de
la ley, y, por otra parte, los gobernantes se guardaran en su debida
demarcación, no tentados por el poder que tienen en sus manos para emplearlo en
fines y por medios que no quisieran ellos divulgar ni de buen grado
reconocerían.." (Ensayo Sobre el Gobierno Civil, Fondo de Cultura
Económica. México. Pág. 90).
[44]           El texto subrayado fue objeto de acusación: Art.
187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan
ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los
recursos legalmente procedentes.
La que decide los recursos de apelación
o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación,
salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma, y la acción de revisión
quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario
correspondiente
Las providencias
interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al
finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o
diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al
término de la última sesión”.
[45]           En
relación con la alternatividad de interpretaciones a un texto legal y la
adopción de aquella resulte más favorable a las previsiones de la Carta
Fundamental, esta Corporación ha sostenido que: " (...) Es posible que
una norma legal pueda ser interpretada de diversas maneras y que cada una de
tales interpretaciones, individualmente consideradas, no viole la Constitución.
Esto significa que si cada una de esas interpretaciones fuera una proposición
jurídica encarnada en una disposición legal autónoma, ellas podrías ser todas
constitucionales. Pero, en ciertas oportunidades, cuando esas interpretaciones
jurídicas no son disposiciones autónomas sino alternativas sobre el sentido de
una disposición legal, la escogencia entre las diversas hermenéuticas posibles
deja de ser un asunto meramente legal y adquiere relevancia constitucional,
porque afecta principios y valores contenidos en la Carta (...). La propia
Carta ha establecido reglas de preferencia para escoger entre interpretaciones
alternativas de una norma legal. Así sucede, por ejemplo, en materia laboral,
puesto que el artículo 52 de la Constitución señala que, en caso de duda sobre
el sentido de la fuentes formales del derecho, se deberá escoger aquella
interpretación que sea más favorable al trabajador. Igualmente, en materia
penal, la Carta señala que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable (C.P.
art. 29). Por todo lo anterior, debe entonces la Corte excluir las
interpretaciones de disposiciones legales que sean manifiestamente irrazonables
o que no respeten el principio de favorabilidad, por cuanto la atribución de un
sentido irrazonable a un texto legal o la adopción hermenéutica por el sentido
desfavorable al capturado o al trabajador violan claros mandatos
constitucionales (...)". (Sentencia C-496 de 1994. M.P. Alejandro
Martínez Caballero).
[46]                  Esta Corporación al declarar inexequible el
inciso 2° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, según el cual: “Los
fallos de la Corte sólo tendrán efectos hacia el futuro, salvo para garantizar
el principio de favorabilidad en materias penal, policiva y disciplinaria y en
el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución”, determinó que: “...
sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la
propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en
general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en
asuntos de constitucionalidad”.
[47]           Ver.
Bernal Cuellar. Jaime y Montealegre Lynett. Eduardo. El proceso Penal. 4°
Edición. Temis. Pág. 289 y s.s.
[48] Jaime Araújo Rentería, Teoría de la Constitución, Editorial Ecoe,
Pag. 113.
[49] Sentencia C-096 de 2001 .  MP Alvaro Tafur Galvis,  Fundamento 3.