C-084-20
Sentencia C-084/20
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por falta de identidad
normativa
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
IGUALDAD-Triple papel en el ordenamiento constitucional/IGUALDAD
COMO VALOR, PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL-Fundamento/IGUALDAD-Carece
de contenido material específico/IGUALDAD-No protege ningún ámbito
concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante
cualquier trato diferenciado injustificado
En suma, la igualdad tiene una naturaleza triple, pues
se considera de manera simultánea como valor, principio y derecho fundamental.
El principal rasgo es su carácter relacional. El artículo 13 de la Carta
consagró la igualdad y estableció los mandatos que lo componen, los cuales se
sintetizan como el deber de igual trato a situaciones idénticas y diferenciado
ante circunstancias que no son asimilables, la prohibición de cualquier
consideración discriminatoria y finalmente, la responsabilidad de adoptar
acciones positivas que permitan alcanzar la igualdad material, especialmente en
grupos marginados y en situación de debilidad manifiesta
JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Criterio de comparación, patrón de igualdad
o tertium comparationis
TEST O JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Jurisprudencia constitucional
JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Proporcionalidad y niveles de intensidad
TEST DE IGUALDAD-Niveles de intensidad
TEST DE IGUALDAD-Materias objeto de intensidad leve
El escrutinio leve o débil está dirigido a verificar
que la actividad legislativa se ejerza dentro del marco de razonabilidad y que,
por ende, no se adopten decisiones arbitrarias o caprichosas. De esta forma,
para que una norma sea declarada constitucional, la medida que trae un trato
diferente debe ser potencialmente adecuada para alcanzar una finalidad que no
esté prohibida constitucionalmente.
TEST DE IGUALDAD-Materias objeto de escrutinio intermedio
(…) el escrutinio intermedio exige que el fin sea
constitucionalmente importante y que el medio para lograrlo sea efectivamente
conducente. Además, debe verificarse que la medida no sea evidentemente
desproporcionada. Esta intensidad del juicio se aplica cuando: i) la medida
puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental; o, ii)
existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la
libre competencia. Asimismo, se utiliza en los casos en que existen normas
basadas en criterios sospechosos pero con el fin de favorecer a grupos
históricamente discriminados. Se trata de casos en los que se establecen
acciones afirmativas, tales como las normas que emplean un criterio de género o
raza para promover el acceso de la mujer a la política o de las minorías
étnicas a la educación superior.
TEST DE IGUALDAD-Materias objeto de escrutinio estricto o
fuerte
(…) evalúa (i) si el fin perseguido por la norma es
imperioso; (ii) si el medio escogido, además de ser efectivamente conducente,
es necesario, esto es, si no puede ser reemplazado por otros menos lesivos para
los derechos de los destinatarios de la norma; y, por último, (iii) si los
beneficios de adoptar la medida exceden o no las restricciones impuestas sobre
otros valores o principios constitucionales; es decir, si la medida es proporcional
en sentido estricto. (…) Esta modalidad de escrutinio se aplica a hipótesis en
las que la Carta señala mandatos específicos de igualdad, lo que se traduce en
una menor libertad de configuración del Legislador y, por consiguiente, en un
juicio de constitucionalidad más riguroso. De esta forma, la Corte ha aplicado
el escrutinio estricto o fuerte cuando la medida: i) contiene una clasificación
sospechosa como las enumeradas no taxativamente en el inciso 1° del artículo 13
del texto superior; ii) afecta a personas en condiciones de debilidad
manifiesta o grupos discriminados o marginados; iii) en principio, impacta
gravemente un derecho fundamental; o (iv) crea un privilegio.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del test leve, mediano o estricto
En conclusión, la aplicación del test de igualdad para
verificar la violación a ese principio, implica un análisis a partir de niveles
de intensidad diferente, de tal suerte que el juicio será leve, intermedio o
estricto, conforme al contenido de la norma objeto de estudio.
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Marco normativo y jurisprudencial
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Alcance
Esta Corporación ha considerado que el servicio
militar es un deber de los ciudadanos para contribuir al mantenimiento del orden
público, mediante su prestación temporal en beneficio de la sociedad civil. En
otras palabras, es una manera de participar en la tarea de asegurar la
convivencia pacífica de los habitantes del territorio colombiano, por lo que su
esencia implica un servicio especial e impostergable. Es decir, es una forma de
responsabilidad social que mantiene la conexidad entre la sociedad civil y el
Estado.
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Tiempo de duración
SERVICIO MILITAR-Respeto de preceptos fundamentales
(…) esta Corte ha precisado que el cumplimiento de
dicha carga, soportable para todos los ciudadanos, debe garantizar los
postulados superiores, en el sentido de que no puede vulnerar los derechos
fundamentales de quienes son incorporados a filas. De esta manera, las
tensiones que se generen entre este deber y las cláusulas constitucionales,
deben resolverse con base en criterios de razonabilidad y de proporcionalidad
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Condiciones de igualdad
(…) la finalidad del proyecto de ley era la de
garantizar la prestación del servicio militar en condiciones de igualdad, es
decir, sin distinciones económicas, sociales o de escolaridad. Para tal efecto,
el Gobierno Nacional propuso la eliminación de las modalidades para el
cumplimiento de dicha obligación y la unificación del periodo en 18 meses.
PROYECTO DE LEY-Trámite
NORMA ACUSADA-Alcance general
DERECHO A LA IGUALDAD-Criterio de comparación o tertium
comparationis para establecer si existe diferencia de trato injustificado
(…) la Sala considera que los grupos descritos son
comparables porque son los destinatarios de las expresiones acusadas, varones y
mayores de edad, que deben cumplir con el servicio militar obligatorio, de
acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. No obstante, es
evidente el tratamiento diferenciado en la duración del llamado a filas, puesto
que para los bachilleres el periodo es de 12 meses y para quienes no tienen
esta formación es de 18 meses sin posibilidad de cambio a la categoría de menor
duración (…)
DERECHO A LA EDUCACION-Servicio público
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental/DERECHO A LA EDUCACION-Dimensiones
(…) el derecho a la educación es fundamental y tiene
las siguientes dimensiones: i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio;
ii) la accesibilidad; iii) la adaptabilidad; y, iv) la aceptabilidad. Como se
advirtió, tiene un impacto directo en otros derechos, ya que resulta necesario
para materializar la libertad de elegir un plan de vida concreto y la
posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad
DERECHO A LA EDUCACION-Componentes/DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
(…) el derecho a la educación guía la definición de un
proyecto de vida. Por tal razón, este Tribunal ha establecido que el Estado
debe garantizar un amplio margen de decisión sobre el modelo educativo
institucionalmente ofrecido. Lo anterior, garantiza los componentes de
asequibilidad, accesibilidad y adaptabilidad, con lo cual las personas reciben
una educación que tiene en cuenta sus intereses y sus capacidades, además,
resulta idónea y adecuada para los educandos
TEST INTERMEDIO DE IGUALDAD-Aplicación
NORMA ACUSADA-Medida proporcionada a la finalidad buscada por el
legislador
Los apartes demandados del artículo 13 de la Ley 1861
de 2017 cumplen los siguientes propósitos: i) regular la obligación de prestar
el servicio militar obligatorio; y, ii) promover la posibilidad de acceder a la
educación de los mayores de edad llamados a filas y que no han culminado
estudios de bachillerato. La prestación del servicio militar obligatorio cumple
propósitos constitucionalmente relevantes, especialmente, aquellos relacionados
con tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones
democráticas. De igual manera, la Corte ha expresado que el mencionado deber
también reviste una responsabilidad social, por lo que, el componente educativo
en el cumplimiento del deber dignifica la labor del soldado y permite su
formación integral durante el servicio a la patria. La medida persigue un
objetivo constitucional importante al regular el cumplimiento de una obligación
constitucional y promover la posibilidad de acceder a la educación de los
conscriptos que no son bachilleres. En este escenario, durante la prestación
del deber militar podrán terminar la educación secundaria o recibir formación
laboral productiva
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Fijación del periodo y acceso a educación
En efecto, la fijación de un término general de 18
meses para la prestación del servicio militar obligatorio configura un medio
idóneo y conducente utilizado por el Legislador para el cumplimiento del
mencionado deber, puesto que fija las condiciones temporales para que los
varones mayores de edad sean incorporados a filas. La medida resulta idónea
para garantizar el acceso al componente educativo de los conscriptos no
bachilleres. Durante este periodo podrán terminar la educación secundaria y
recibirán capacitación laboral productiva. De igual manera, la excepción establecida
para los conscriptos bachilleres también es idónea en términos de prestación
del servicio militar, ya que regula el periodo de este grupo especial y
contempla la posibilidad de acceder posteriormente al componente de formación
laboral productiva mediante el cambio de contingente. También asegura que no
exista una interrupción prolongada e injustificada de su formación académica y
profesional con ocasión del llamado a filas.
NORMA ACUSADA-Desconoce principio de igualdad
La Sala encuentra que la medida enjuiciada, relacionada con la duración
del servicio militar obligatorio por 18 meses para los conscriptos no
bachilleres para que accedan al componente de formación laboral productiva, sin
que puedan solicitar el cambio a contingentes incorporados por 12 meses,
desconoce el principio de igualdad porque restringe de manera injustificada y
desproporcionada la libertad para elegir la modalidad de educación que le
asiste a todas las personas. En tal sentido, la promoción de la educación
durante la prestación del servicio militar, con observancia de las condiciones
expuestas por la Corte, deberá ser objeto de reglamentación interna por parte
de las autoridades competentes.
Referencia: Expediente D-13215.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 13 (parcial) de la Ley 1861 de 2017 “Por la cual se reglamenta el servicio de
reclutamiento, control de reservas y la movilización.”
Demandante: Carlos Alfonso Negret Mosquera.
Magistrada Sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero
de dos mil veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo
Rivera, Gloria Stella Ortiz Delgado y por los Conjueces Jorge Gabino Pinzón Sánchez,
Mauricio Piñeros Perdomo y Helí Abel Torrado Torrado, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales, así como de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. En ejercicio de la
acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano
Carlos Alfonso Negret Mosquera en su condición de Defensor del Pueblo, radicó
ante la Secretaría General de la Corte, el 24 de abril de 2019, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 13 (parcial) de la Ley 1861 de 2017, “Por la cual se
reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización.”
2. La demanda fue admitida
por el despacho de la Magistrada Sustanciadora mediante Auto del 18 de junio de
2019, por el cargo de igualdad. La mencionada providencia también ordenó: i)
comunicar al Presidente de la República y al Presidente del Congreso la iniciación
del proceso, así como a las señoras Ministras de Trabajo, del Interior y de
Educación Nacional y al señor Ministro de Defensa Nacional, al Director de la
Policía Nacional y al Comandante de las Fuerzas Militares; ii) invitar a las facultades de
derecho de las Universidades Nacional de Colombia, Libre, Javeriana, Autónoma,
la Gran Colombia, del Norte, de Antioquia, Industrial de Santander, Militar
Nueva Granada, Andes, Externado de Colombia, del Rosario, Nariño, Antioquia y
de Ibagué por intermedio de sus respectivos decanos. De igual manera, a la
Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y a la Escuela Militar de Cadetes José María
Córdova, al
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, al ICETEX, al Departamento Nacional de
Planeación-DNP, a COLFUTURO, a COLCIENCIAS, al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo-PNUD Colombia, a la Asociación Colombiana de Universidades
–ASCUN-, a la Asociación de Instituciones de Educación Superior con Formación
Técnica Profesional y/o Tecnológica-ACIET, a la Asociación Colombiana de
Facultades de Derecho –ACOFADE-, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad –Dejusticia-, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la
Comisión Colombiana de Juristas, para que, si lo estimaban pertinente, intervinieran
dentro del presente proceso y expresaran su opinión sobre la constitucionalidad
de la norma acusada, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991; iii)
correr traslado al señor Procurador General de la Nación, para lo de su
competencia;
y, iv) fijar
en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana.
La Sala Plena en sesión del 5 de diciembre
de 2020 dispuso la designación de 4 conjueces para decidir el asunto por la
manifestación de impedimento de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo, Cristina Pardo Schlesinger, Antonio José Lizarazo
Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas. Fueron designados los doctores Catalina
Botero Marino, Jorge Gabino Pinzón Sánchez, Helí Abel Torrado Torrado y
Mauricio Piñeros Perdomo. El 23 de enero de 2020, la doctora Catalina Botero
Marino presentó renuncia a su cargo de conjueza a partir del 15 de febrero del
presente año.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador
General de la Nación, la Corte procede a decidir la demanda en referencia.
II. LA NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto,
conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 50.315 del 4 de agosto de
2017, se subrayan y resaltan los
apartes demandados:
“LEY 1861 DE 2017
(agosto 4)
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Por la cual se reglamenta el servicio de
reclutamiento, control de reservas y la movilización.
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 13. DURACIÓN SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO. El
servicio militar obligatorio tendrá una duración de dieciocho (18) meses y
comprenderá las siguientes etapas:
a) Formación militar básica;
b) Formación laboral productiva;
c) Aplicación práctica y experiencia de la formación
militar básica;
d) Descansos.
PARÁGRAFO 1o. El servicio militar obligatorio para
bachilleres mantendrá el período de doce (12) meses. Los conscriptos bajo esta
modalidad de servicio no podrán acceder a la formación laboral productiva.
PARÁGRAFO 2o. El conscripto accederá a la formación
laboral productiva que será proporcionada por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), previo cumplimiento de requisitos exigidos por esta
institución educativa.
PARÁGRAFO 3o. La organización de Reclutamiento y Movilización
promoverá a través de convenios que el conscripto que no haya terminado su
educación básica secundaria o educación media, pueda obtener su título de
bachiller al terminar la prestación del servicio militar obligatorio.
PARÁGRAFO 4o. El conscripto obligado a prestar
servicio militar por doce (12) meses podrá solicitar el cambio a los
contingentes incorporados por un término de servicio militar de dieciocho (18)
meses, obteniendo los beneficios de estos. Los ciudadanos incorporados para la
prestación del servicio militar a dieciocho (18) meses no podrán solicitar el
cambio a los contingentes incorporados para un término de servicio militar de
doce (12) meses.”
III.    LA DEMANDA
El ciudadano fundamentó la demanda de la referencia en
los siguientes argumentos: i) la inexistencia de cosa juzgada en relación con
la Sentencia C-511 de 1994[1];
y, ii) la inexequibilidad de la norma acusada por desconocer el artículo 13 de
la Constitución. A continuación, se presenta una breve exposición de las
razones que sustentan su petición.
a. Inexistencia
de cosa juzgada constitucional
El demandante, de manera preliminar, advirtió que la
Sentencia C-511 de 1994[2]
declaró exequible el artículo 13 de la Ley 48 de 1993. Para el ciudadano, la
disposición analizada previamente “(…) podría guardar cierta identidad
material con la norma objeto del presente reproche constitucional.”[3].
Sin embargo, consideró que esa decisión no configuró cosa juzgada
constitucional en este asunto.
De acuerdo con lo expuesto, presentó un cuadro
comparativo del texto de los artículos 13 de las Leyes 48 de 1993 y 1861 de
2017, este último demandado. En tal sentido, precisó que dichos cuerpos
normativos no guardan plena identidad. No obstante, la norma acusada reproduce
los efectos jurídicos de la disposición del año 1993, en el sentido de que los
jóvenes sin bachillerato, antes soldados regulares, deben soportar una mayor
carga en la prestación del servicio militar, debido a que permanecen al
interior de las filas por un periodo más extenso que aquellos que tienen esa
formación académica[4].
En relación con el cargo, señaló que el
parámetro de control invocado en ambas demandas (la que dio origen a la
Sentencia C-511 de 1994 y la de la referencia) es el mismo, ya que se refiere al
desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13
Superior. Sin embargo, indicó que “(…) las razones y los argumentos que
presentaron los accionantes en el año 1994 para alegar la vulneración del
artículo 13 constitucional (sic) son diferentes a los invocados en esta
oportunidad en contra del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017”[5].
Conforme a lo anterior, manifestó que para los
accionantes del año 1994, el desconocimiento de la igualdad se generaba porque
el Legislador estableció un periodo de prestación del servicio militar menor
para los soldados bachilleres y campesinos en relación con los soldados
regulares[6].
En tal sentido, el análisis de constitucionalidad de la Sentencia C-511 de 1994
estableció que no es posible ampliar el periodo de prestación del servicio
militar de 12 meses para los soldados bachilleres e igualarlo al de 24 meses
para los soldados regulares, porque ello generaría un obstáculo en su periodo
de profesionalización y afectaría su desempeño en los distintos campos de la
cultura[7].
Por su parte, la demanda de la referencia pretende que la duración del servicio
militar para los soldados no bachilleres, que actualmente es de 18 meses, sea
igual a la de los soldados bachilleres, es decir, de 12 meses[8].
Consideró que esta nueva acusación se sustenta en que
la norma desconoce la igualdad al producir un trato diferenciado que carece de
razonabilidad, justificación y proporcionalidad para los soldados sin
bachillerato, por lo que solicita la adopción del “(…) tratamiento simétrico
más beneficioso posible”[9],
en el sentido de que todos los conscriptos, bachilleres o no, presten el
servicio militar por un periodo de 12 meses[10].
En otras palabras, insistió en que los accionantes de
1994 señalaron que el periodo de 12 meses para los bachilleres era
inconstitucional, por lo que pretendían la aplicación del mayor término a todos
los conscriptos, mientras que en este caso, la medida que contraviene el
postulado de la Carta es la que impone a los soldados sin secundaria un tiempo
superior frente a aquellos que cuentan con esa formación académica, para
quienes la norma habilita la prestación del servicio militar por 12 meses[11].
De otra parte, manifestó que existen diferencias en
relación con el “patrón de control de constitucionalidad”, en especial,
con la metodología que actualmente utiliza la Corte para evaluar si las medidas
legales acusadas trasgreden el artículo 13 Superior[12].
Por estas razones, reiteró que en el presente asunto no se presenta el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional.
b. El cargo
de inconstitucionalidad
Para el ciudadano la norma demandada es
inconstitucional porque consagra un trato diferenciado que afecta a los
soldados no bachilleres frente a aquellos que cuentan con ese nivel educativo.
En tal sentido, preciso que la disposición: i) desconoció la obligación de
tratar de forma paritaria a los destinatarios de la medida, quienes “(…) comparten
más circunstancias relevantes que los asemejan frente a las que los diferencian”[13];
y, ii) no superó el juicio integrado de igualdad, porque las medidas estudiadas
son legítimas y compatibles con la Carta, pero no son necesarias y razonables[14].
El peticionario consideró que en el presente asunto la
intensidad del juicio de igualdad debe ser estricto porque, si bien no se trata
de una categoría sospechosa contenida en el artículo 13 Constitucional, tiene “potencialidad
discriminatoria”[15]
porque los destinatarios de la norma, particularmente los soldados no
bachilleres, han resultado marginados históricamente por condiciones sociales
de inequidad, pues se trata de jóvenes de bajos recursos, en especial del
sector rural que viven en condiciones de vulnerabilidad por pobreza y no tienen
acceso a la educación o dejan sus estudios para trabajar[16].
En este escenario, indicó que las diferencias en los
logros académicos no son una circunstancia relevante que justifique un
tratamiento discriminatorio en sujetos que comparten más similitudes que diferencias[17].
De acuerdo con lo anterior, aplicó el juicio de igualdad de intensidad estricta
con fundamento en las siguientes razones:
i) La
disposición acusada persigue fines constitucionalmente válidos referidos con: a)
cumplir el servicio militar obligatorio de acuerdo con el artículo 216 de la
Constitución; y b) permitir a los soldados no bachilleres el acceso a los
programas de formación laboral productiva mediante el establecimiento de un
término diferenciado para la prestación de su deber militar, lo cual encuentra
respaldo en el artículo 67 Superior[18].
ii) La medida
resulta idónea para el logro de los propósitos indicados porque ofrece a los
jóvenes que no han concluido el bachillerato el acceso a programas de formación
laboral productiva, lo que les reporta mejores condiciones de empleabilidad[19].
iii)
Sin embargo, la norma acusada no supera
los presupuestos de necesidad y de razonabilidad. En efecto, el ciudadano
señaló que la medida no constituye la única forma de garantizar la educación
básica y media de aquellos jóvenes que no han accedido a ese nivel de formación
académica.
Expuso que el ejercicio de la potestad legislativa
debe considerar las condiciones en que los jóvenes prestan el servicio militar obligatorio
y los mecanismos para promover el acceso a la formación laboral productiva, bajo
estrictos criterios de razonabilidad, particularmente para que la medida
adoptada genere la menor afectación posible en los derechos y en las libertades
de los ciudadanos[20].
Bajo ese entendido, el Estado cuenta con múltiples
posibilidades para vincular a los jóvenes a la educación formal, especialmente
a través de: i) la oferta del Servicio Nacional de Aprendizaje-en adelante
SENA; ii) la celebración de convenios con instituciones públicas o privadas de
educación básica y media; iii) los créditos educativos u otras modalidades de financiación;
y, iv) la creación de programas académicos de validación del bachillerato,
financiados o directamente prestados por entidades públicas. Estas opciones,
según el demandante, son menos lesivas de los derechos de los jóvenes a
diferencia de “(…) la extensión del término de prestación del servicio
militar obligatorio por 6 meses adicionales, para los soldados no bachilleres.”[21]
Y además, generan un mayor beneficio en las garantías superiores de los
destinatarios de la disposición, puesto que la oferta educativa contiene “(…)
mejores niveles de formación que los que podrían lograrse en un término de 6
meses.”[22]
Indicó que la circunstancia de que los jóvenes
provenientes de los estratos más pobres de la sociedad soporten una carga de
mayor prestación del servicio militar obligatorio, debe surgir de la decisión
libre, autónoma y voluntaria del conscripto de permanecer más tiempo en las
filas para acceder a la oferta educativa. En otras palabras, los conscriptos no
bachilleres deben tener la posibilidad de escoger y decidir sobre su formación
académica. Dicha situación no debe ser promovida a través de la “(…) arbitrariedad,
ni la desigualdad, es decir, a partir de la imposición de un periodo
irrenunciable de prestación del servicio militar durante 18 meses.”[23]
En otras palabras, precisó que:
“(…) si el parágrafo cuarto del artículo 13 de la
Ley 1861 de 2017 otorga la posibilidad a los conscriptos bachilleres de escoger
un periodo de prestación superior a 12 meses para que puedan acceder a la etapa
de formación laboral productiva, así mismo le debe ser garantizado al
conscripto no bachiller que no tenga interés en estudiar, sino por ejemplo en
retornar a la sociedad para vivir conforme a la opción de vida que su autonomía
decida, la misma posibilidad de elegir si desea permanecer en las filas por más
de doce meses, para hacerse titular de los beneficios derivados de dicha
modalidad de prestación.”[24]
En consideración a lo expuesto, para el ciudadano
resulta evidente que “(…) el establecimiento de un término de 18 meses para
la prestación del servicio militar obligatorio para aquellos jóvenes que no han
concluido estudios de educación básica y media, no constituye una medida
necesaria ni mucho menos indispensable para garantizar su acceso a la formación
laboral productiva.”[25]
Insistió en que los fragmentos acusados no superan el test integrado y estricto
de igualdad y, por lo tanto, deben declararse inexequibles por desconocer el
artículo 13 de la Constitución. En suma, la demanda identificó dos grupos de
personas incorporadas a filas: de una parte, los bachilleres y de otra,
aquellos que no cuentan con esa formación académica. Indicó que existe una
medida que regula de forma diferenciada la prestación del servicio militar
obligatorio. Quienes tienen educación secundaria cumplirán el deber en 12 meses
y podrán elegir el cambio a contingentes de 18 meses. Los incorporados que no
acreditan bachillerato prestarán servicio por 18 meses, sin posibilidad de
solicitar la modificación a contingentes de 12 meses.
IV. INTERVENCIONES
Intervención de entidades públicas
Ministerio de Defensa Nacional[26]
La autoridad intervino y solicitó declarar EXEQUIBLE
la disposición demandada porque no desconoce la Constitución. En efecto, consideró
que la Ley 1861 de 2017 estableció que no solo los soldados sin bachillerato
presten el servicio militar obligatorio por un término de 18 meses; sino
también aquellos que cuentan con dicha formación académica, siempre que
soliciten el cambio de contingente a 18 meses. Indicó que el informe de
ponencia para primer debate en el Senado de la República del proyecto de ley
189 de 2016-Senado, expresó lo siguiente:
“Durante la prestación del servicio
militar obligatorio, el conscripto que no haya terminado sus estudios de educación
básica secundaria podrá terminarlos mientras cumple con la prestación del
servicio militar, y que aquellos que ya tengan título de bachiller, accederán a
un componente de formación laboral productiva, proporcionada por el Servicio
Nacional de Aprendizaje-SENA, es decir, los incorporados para prestar el
servicio militar por el término de 18 meses.”[27]
Expuso que la formación laboral productiva está
prevista para los conscriptos que “(…) hayan culminado sus estudios
secundarios”[28]
y que prestan el servicio militar obligatorio durante 18 meses “(…) porque
para acceder a la educación superior en el SENA, como cualquier institución
educativa, se debe acreditar el bachillerato; quienes no lo han terminado tiene
la posibilidad de hacerlo dentro del servicio.”[29]
A tal efecto, manifestó que el parágrafo 4º de la disposición censurada permite
que el conscripto que presta servicio militar por 12 meses pueda cambiar a los
contingentes incorporados por un término de 18 meses y obtener los beneficios
derivados de tal situación. Precisó que “(…) durante los 12 meses no alcanza
el tiempo para dar aplicación a las etapas previstas en el artículo 13 de la
Ley 1861 de 2017, es decir, la formación militar básica, la formación laboral
productiva y la aplicación práctica y experiencia (sic) de la formación militar
básica.”[30]
Indicó que la regla general contenida en la ley permite
incorporar contingentes por un periodo de 18 meses, entre los que se encuentran
soldados que han cumplido con sus estudios de bachillerato y aquellos que no. De
igual forma, autoriza la prestación del servicio militar por 12 meses para
quienes tienen el título de bachiller con la finalidad de “(…) coadyuvar con
las demás autoridades de la República, en el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado, así como en la defensa de la independencia y las
instituciones públicas.”[31]
Sostuvo que la reducción del periodo de prestación del
servicio militar obligatorio de 18 a 12 meses, implicaría “(…) suprimir el
periodo y el proceso de formación laboral productiva del soldado, y negarle la
oportunidad y el derecho de acceder al mejoramiento de sus condiciones
intelectuales y profesionales (…)”[32],
lo que contraría la finalidad del Legislador y el “espíritu de la norma”[33].
Para el interviniente, la disposición supera la
aplicación del test integrado de igualdad, porque los supuestos de hecho
alegados por el demandante no son susceptibles de comparación, debido a que
existen diferencias entre los soldados bachilleres y aquellos que no lo son. Es
decir, son grupos “desiguales” con consecuencias jurídicas diferentes,
sin que dicho tratamiento sea discriminatorio[34].
En tal sentido, insistió en que:
“(…) [la proposición] simplemente establece un trato
diferenciado, cada uno con sus propios beneficios (unos en el tiempo del
servicio militar, y los otros en el acceso a la formación laboral productiva)
(…) la ley no prevé un ánimo desigual dirigido a favorecer un estamento de la
sociedad en beneficio de otro, ni en su propio beneficio, sino garantizar el
cumplimiento de la obligación constitucional y otorgar prerrogativas por la
prestación del servicio, lo cual es completamente válido y razonable.”[35]
Expresó que la finalidad de la norma es la siguiente:
“(…) coadyuvar con las demás autoridades de la
República, en el cumplimiento de los fines del Estado, así como en la defensa
de la independencia y las instituciones públicas, al tiempo que se facilita el
proceso de formación laboral productiva del soldado (…)”[36].
En tal sentido, la duración diferenciada del servicio
militar no vulnera la igualdad porque les facilita a los jóvenes sin
bachillerato el acceso gratuito a la educación y su proyección laboral, lo que
configura una medida idónea para el cumplimiento de fines constitucionales
válidos[37].
Relató que el carácter obligatorio de la prestación
del servicio militar fue incluido en el artículo 165 de la Constitución de 1886
y reglamentado por la Ley 1ª del 19 de febrero de 1945. Posteriormente, el
artículo 216 de la Constitución de 1991 estableció que la prestación del
servicio militar en Colombia es una obligación de todos los hombres mayores de
edad[38].
Finalmente, al parecer refiriéndose a otra demanda de
inconstitucionalidad, planteó la “Excepción de ineptitud sustancial de la acción
pública de inconstitucionalidad” con base en que la demanda “(…)
instaurada parcialmente en contra del artículo 11, de la ley de reclutamiento, donde
las actoras plantean la violación a los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución”
adolece de claridad en el sentido de que “(…) la accionante solo postula que
la norma es inconstitucional por que (sic) no se permite la entrega de la
libreta militar para identificarse como hombre, cuando este no es un documento
de identificación establecido por ley.”[39]
Adicionalmente, consideró que la demanda tampoco reúne los presupuestos de
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia[40].
Ministerio del Interior[41]
La entidad intervino y solicitó la declaratoria de EXEQUIBILIDAD
de la norma demandada, debido a que no vulnera la Carta. En efecto, manifestó
que el artículo 2º Superior consagra los fines del Estado Social de Derecho,
especialmente, aquellos relacionados con la defensa de la independencia
nacional, el mantenimiento de la integridad del territorio, la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. La realización de los mencionados
mandatos constituyentes radica, entre otras instituciones, en la Fuerza Pública[42].
Expuso que el artículo 216 Constitucional consagró que
todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones democráticas.
En tal sentido, la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen
del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo[43].
Indicó que la Ley 1861 de 2017 reguló el cumplimiento
de ese deber superior. El artículo 10º ejusdem estableció la obligación
de todo varón colombiano y mayor de edad de definir su situación militar. De
igual forma, previó el régimen de exenciones de prestación del servicio militar
en todo tiempo, entre otras disposiciones[44].
Indicó que la norma acusada (artículo 13) reglamentó
la duración del servicio militar obligatorio en 18 meses y además, identificó
las siguientes etapas en el proceso de prestación de dicha obligación: i)
formación militar básica; ii) formación laboral productiva; iii) aplicación
práctica y experiencia de la formación militar básica; y iv) descansos[45].
Refirió que el precepto censurado configura una
excepción a la duración del periodo obligatorio, fundada en criterios de
formación académica, que permite diferenciar entre quienes finalizaron o no el
bachillerato[46].
Indicó que dicha medida supera el test de igualdad, porque el fin es
regular la duración del servicio militar obligatorio y garantizar la formación
laboral productiva para aquellos conscriptos que no sean bachilleres. El medio
empleado fue establecer un tiempo obligatorio de 18 meses, diferente al
de bachilleres que es de 12 meses, con el objetivo de que el conscripto que no
cuenta con esa formación académica acceda a la formación laboral productiva
proporcionada por el SENA. Finalmente, indicó que existe una relación
legítima entre medio y fin porque consagró un tiempo diferente de
duración del servicio, con fundamento en la formación académica[47].
De esta forma, la medida no desconoce el artículo 13
de la Constitución, porque “(…) simplemente establece un trato diferencial
propio de las distintas situaciones objeto de regulación por ley (…)”[48]
en tal sentido, no existe “(…) ánimo discriminatorio de favorecer un
estamento de la sociedad en beneficio de otro, ni en su propio beneficio”[49],
lo que busca la norma es garantizar a los ciudadanos que no han accedido a la
educación media, la posibilidad de tener formación laboral productiva[50].
Departamento Nacional de Planeación-DNP[51]
La autoridad intervino y solicitó declarar EXEQUIBLE
la disposición jurídica censurada, con fundamento en que, si bien la norma
acusada diferencia el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio con
base en la formación académica, no vulnera el principio de igualdad porque el
tratamiento diferenciado atiende las particulares condiciones de los
conscriptos y pretende garantizar una mayor formación laboral productiva a
través del SENA, dirigida a quienes no han tenido la posibilidad de acceder a
la oferta educativa, lo que les permitirá obtener una mayor competencia “(…)
para enfrentar los retos laborales que se les presenten luego de haber cumplido
con este deber.”[52]
Expuso que los antecedentes legislativos de la Ley
1861 de 2017 dan cuenta de que la finalidad del precepto era la modernización y
profesionalización de la Fuerza Pública, mediante la actualización de las
normas que rigen los procesos de reclutamiento, control y movilización de las
reservas, particularmente, “(…) propiciar en la prestación del servicio
militar obligatorio, un espacio en el cual el conscripto pueda contribuir a la
defensa de la Nación y del orden constitucional, al mismo tiempo que pueda
desarrollar sus proyectos de vida.”[53]
Policía Nacional de Colombia[54]
La institución intervino y solicitó declarar EXEQUIBLE
la disposición acusada porque no vulnera la igualdad y por el contrario,
garantiza el derecho a la educación de los conscriptos. Refirió que la norma
acusada desarrolla el artículo 216 de la Carta y que la finalidad del Legislador
fue la de consagrar “prerrogativas” en favor de aquellos soldados que no
son bachilleres y que deben cumplir con la obligación de prestar el servicio
militar. En tal sentido, el periodo de 18 meses permite la adecuada formación
académica de “este personal”, circunstancia que no es exigida a quienes
culminaron sus estudios de bachiller, por lo que su incorporación es por 12
meses[55].
Reiteró lo expuesto en la Sentencia C-511 de 1994, en
el sentido de que existe una distinción entre bachiller y no bachiller, “(…)
pues las condiciones materiales bien marcadas distinguen por el grado de
capacitación intelectual a los unos frente a los otros.”[56]
Indicó que la norma acusada se justifica en la
necesidad de capacitar a quienes no han tenido la oportunidad de escolarizarse
y además “(…) permitirle como consecuencia, hacerse así ciudadanos más
integrales y como (sic) mayor capacidad de desenvolvimiento para afrontar los
retos que los roles sociales exigen en la actualidad.”[57]
Manifestó que la medida enjuiciada no es
discriminatoria porque establece un “beneficio adicional” que les
permite a los jóvenes formarse académicamente, con lo cual, una vez culminan
con la prestación del servicio militar, se encuentran en las mismas condiciones
de aquellos conscriptos bachilleres, lo que demuestra que “(…) dicha estrategia
[materializa] el efectivo cumplimiento del derecho fundamental a la igualdad.”[58]
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA[59]
La entidad intervino y expresó que ACOGERÁ la
decisión que la Corte profiera en el presente asunto. Indicó que su objetivo es
la formación técnica y tecnológica profesional gratuita y promover la expansión
y el desarrollo económico y social armónico del país. Por esta razón, la
posición de la entidad “(…) debe ser neutral” por lo que “(…) no
resulta pertinente adoptar una posición frente a la inconformidad de los
tiempos del servicio militar obligatorio”[60].
Ministerio del Trabajo[61]
Esa entidad intervino de manera extemporánea[62]
y manifestó que carece de recursos técnicos para emitir pronunciamiento alguno.
Indicó que el tema objeto de debate excede las competencias de esa institución.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN[63]
El Ministerio Público, mediante concepto
No. 6629 del 14 de agosto de 2019, solicitó a la Corte declarar la INCONSTITUCIONALIDAD
de las expresiones normativas acusadas. Para esa autoridad, el problema
jurídico que debe resolver este Tribunal es el siguiente:
“¿La distinción en el término de
duración del servicio militar obligatorio (art. 13, L. 1861), fundada en el
grado de escolaridad alcanzado por el conscripto vulnera el derecho a la
igualdad (Art.13, C.P)?”[64]
Refirió que la intención del Legislador fue
“(…) unificar el servicio militar, a un solo tiempo, para poder mejorar el
proceso de selección y la calidad del recurso humano en las Fuerzas Militares y
de Policía.”[65]
En igual sentido, los antecedentes del proyecto de ley precisaron que: “(…)
esta propuesta (…) unifican (sic) la modalidad del servicio y equipara el
tiempo de la prestación a 18 meses, para que los jóvenes colombianos reciban un
trato justo e igualitario donde no exista ningún tipo de diferencia para
efectos de su incorporación a las filas.”[66]
Precisó que todo colombiano varón y mayor
de edad debe cumplir con la obligación constitucional de prestar el servicio
militar y su duración, según la norma acusada, depende del grado de
escolaridad. En otras palabras, para la Vista Fiscal “(…) la regla indica
que son 18 meses, pero, a quienes cuentan con título de bachiller, se les
reduce a 12 meses.”[67]
Manifestó que los jóvenes que tienen un
título académico de bachiller y aquellos que no, son sujetos comparables por
ser varones colombianos, mayores de edad y son aptos para prestar el servicio
militar, lo que justifica un trato semejante. Bajo esta perspectiva, el
Procurador explicó que el nivel de escolaridad, resulta indiferente para el cumplimiento
de los fines superiores derivados de dicha obligación[68].
Expuso que, en este caso, debe aplicarse el
juicio de igualdad con intensidad intermedia, puesto que la medida puede
resultar “potencialmente discriminatoria”[69], particularmente para
aquellos conscriptos que no son bachilleres por su condición de extrema pobreza
o quienes por decisión propia “(…) no quieren someterse a la denominada
educación formal”[70].
Bajo esa perspectiva, indicó que la norma
tiene como finalidad que los conscriptos sin título de bachiller accedan a la
formación laboral productiva y finalicen sus estudios, para lo cual estableció
un periodo en filas de 18 meses. Por su parte, los soldados bachilleres prestan
servicio militar por 12 meses con el objetivo de procurar que su proceso de
profesionalización y vinculación laboral no se afecte por el cumplimiento de
dicho deber. En tal sentido, la medida no está prohibida por la Carta y se
funda en los artículos 216 y 67 superiores.
No obstante, la prestación del servicio
militar por 18 meses para quienes no son bachilleres no es una medida adecuada
ni conducente porque “las filas castrenses no son el escenario más idóneo
para escolarizarse”[71].
De esta manera, insistió en que el “(…) cumplimiento de un deber
constitucional (defensa de la independencia nacional y de las instituciones públicas)
no puede amalgamarse con el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad y a la educación que también le asisten al conscripto.”[72]
Adicionalmente, expresó que la Ley 1861 de
2017 no consagró causal o circunstancia fáctica que justifique la necesidad de
contar con estudios de bachillerato para prestar el servicio militar
obligatorio, por tal razón, la medida analizada vulnera el derecho a la
igualdad de quienes no cuentan con dicha formación académica[73].
De otra parte, refirió que la norma acusada
restringe el derecho a la igualdad sin que medie justificación válida para tal
fin, porque vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad y de
elegir profesión u oficio. En efecto, para el Ministerio Público, si el
conscripto ha decidido libremente no acceder a la oferta de educación formal “(…)
verá extendido su tiempo de servicio militar obligatorio y afectado su proyecto
de vida sin que le sea posible cambiar de contingente por particular decisión o
condición.”[74]
Consideró que la disposición tampoco
establece si el soldado “debe o puede” obtener el título de bachiller
mientras cumple su obligación con el Estado, lo que demuestra la desproporción
de la medida y “(…) deja (…) la posibilidad de titularse como una mera
conjetura o hipótesis que, se reitera, en nada incide en la prestación del
servicio militar.”[75]
Para el Procurador, deben declararse
inexequibles algunas expresiones de la norma acusada. Sin embargo, “(…) ello
significaría que la materia se quedara (sic) sin regulación, pues la duración
del servicio militar obligatorio es una cuestión sumamente relevante”, por
lo cual, solicitó EXHORTAR al Congreso de la República para que regule
la materia y diferir los efectos de la decisión mientras expide la regulación
correspondiente[76].
En otras palabras, pidió a la Corte declarar INEXEQUIBLES el inciso 1º y
los parágrafos 1º y 4º del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017 y que “(…) DIFIERA
(sic) los efectos de esta decisión por el término máximo de dos (2)
legislaturas.”[77]
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Conforme al numeral 4º
del artículo 241 del texto superior, la Corte es competente para conocer de la
constitucionalidad del artículo 13 (parcial) de la Ley 1861 de 2017, ya que se
trata de una demanda contra disposiciones contenidas en una ley de la
República.
Asuntos preliminares
2. La demanda, las
intervenciones y el concepto del Ministerio Público generan para la Sala Plena
la necesidad de pronunciarse sobre cuestiones previas antes de analizar la
acusación de inconstitucionalidad presentada. Por tal razón, se estudiarán los
siguientes aspectos preliminares: i) la existencia o no de cosa juzgada en
relación con la Sentencia C-511 de 1994; y, ii) la aptitud sustantiva de
la demanda.  Una vez se hayan verificado los anteriores elementos, y de ser
procedente, la Corte abordará el estudio de fondo de la demanda de la
referencia.
Inexistencia de cosa juzgada constitucional
en relación con la Sentencia C-511 de 1994
3. El demandante advirtió que la norma parcialmente demandada,
si bien no guarda plena identidad, sí reproduce algunos de los efectos del
artículo 13 de la Ley 48 de 1993, particularmente la diferencia en el tiempo de
duración de la prestación del servicio militar para los soldados no
bachilleres, frente a aquellos que cuentan con dicha formación académica.
Adicionalmente, indicó que la disposición de 1993 fue declarada exequible en Sentencia
C-511 de 1994. Por tal razón, la Sala procederá a verificar si operó el
fenómeno de la cosa juzgada en relación con la decisión previamente
referenciada.
4. En múltiples pronunciamientos, la Corte ha precisado la
naturaleza jurídica de la cosa juzgada constitucional[78], sus dimensiones[79],
las funciones y clases[80].
En el caso objeto de estudio en esta oportunidad, es claro que frente a la Sentencia
C-511 de 1994 no operó el fenómeno de la cosa juzgada, particularmente
porque no existe identidad entre el contenido normativo analizado en aquel
momento y el que conoce actualmente la Corte.
En efecto, la Sentencia C-511 de 1994 estudió la constitucionalidad del artículo 13 de la
Ley 48 de 1993. Según los demandantes de aquella época, dicha norma desconocía
el principio de igualdad porque establecía diferencias en la duración de la
prestación del servicio entre bachilleres, no bachilleres y campesinos. La
Corte, en esa oportunidad, declaró exequible la disposición acusada, al
considerar que las modalidades y los correspondientes términos establecidos
para atender la obligación del servicio militar no implicaban un trato privilegiado
y por el contrario protegían otras manifestaciones de servicio consideradas
como deber en la Carta, como las mayores responsabilidades de los “bachilleres”
en aspectos relacionados con el bienestar social a la comunidad, la
preservación del medio ambiente y la conservación ecológica.
5. Al comparar los contenidos normativos objeto de control
constitucional previo y el analizado en el presente asunto, puede evidenciarse
que son distintos, tal y como se expone a continuación:
Comparación del contenido normativo
Artículo 13 de la Ley 48 de 1993
Artículo 13 de la Ley 1861 de 2017
ARTÍCULO 13. MODALIDADES PRESTACIÓN SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO.  El
Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación
de la prestación del servicio militar obligatorio.
Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre
la prestación del servicio militar:
a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses.
b. Como soldado bachiller, durante 12 meses.
c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12
meses.
d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.
PARÁGRAFO 1o. Los soldados, en especial los
bachilleres, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes
a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización
de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para
la preservación del medio ambiente y conservación ecológica.
PARÁGRAFO 2o. Los soldados campesinos prestarán
su servicio militar obligatorio en la zona geográfica en donde residen. El
Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta su preparación
académica y oficio.
ARTÍCULO 13. DURACIÓN SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO. El
servicio militar obligatorio tendrá una duración de dieciocho (18) meses y
comprenderá las siguientes etapas:
a) Formación militar básica;
b) Formación laboral productiva;
c) Aplicación práctica y experiencia de
la formación militar básica;
d) Descansos.
PARÁGRAFO 1o. El servicio militar obligatorio para
bachilleres mantendrá el período de doce (12) meses. Los conscriptos bajo
esta modalidad de servicio no podrán acceder a la formación laboral
productiva.
PARÁGRAFO 2o. El conscripto accederá a la formación laboral
productiva que será proporcionada por el Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena), previo cumplimiento de requisitos exigidos por esta institución
educativa.
PARÁGRAFO 3o. La organización de Reclutamiento y
Movilización promoverá a través de convenios que el conscripto que no haya
terminado su educación básica secundaria o educación media, pueda obtener su
título de bachiller al terminar la prestación del servicio militar
obligatorio.
PARÁGRAFO 4o. El conscripto obligado a prestar servicio
militar por doce (12) meses podrá solicitar el cambio a los contingentes
incorporados por un término de servicio militar de dieciocho (18) meses,
obteniendo los beneficios de estos. Los ciudadanos incorporados para la
prestación del servicio militar a dieciocho (18) meses no podrán solicitar el
cambio a los contingentes incorporados para un término de servicio militar de
doce (12) meses.
La norma de 1993 estableció diferentes modalidades
para la prestación del servicio militar, a las que le asignó una duración
determinada, de la siguiente manera:
Modalidad
Duración de la prestación del servicio militar
Soldado regular
18 a 24 meses
Soldado bachiller
12 meses
Auxiliar de policía bachiller
12 meses
Soldado campesino
12 hasta 18 meses.
El informe de ponencia para segundo debate en el
Senado de la regulación de 1993, precisó que la disposición estableció la
modalidad de servicio militar en la Policía Nacional, de bachilleres y
auxiliares. Indicó que la norma consagró diferentes categorías para la
prestación del deber militar con la finalidad de “(…) atender la exigencia
del servicio militar obligatorio.”[81]
La Corte, en Sentencia C-511 de 1994, manifestó
que la norma tuvo en cuenta patrones geográficos que permitían “(…) la
subclasificación entre ciudadanos urbanos y rurales, en consideración a la
situación sociocultural, económica e histórica propia de cada enclave y según
patrones intelectuales.” En el mismo sentido, indicó que: “Las diferentes
modalidades establecidas para atender la obligación de prestar el servicio militar
distinguen entre soldado regular (18 a 24 meses), soldado bachiller (12 meses),
auxiliar de policía bachiller (12 meses) y soldado campesino (12 a 18 meses)
(…)”.
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1861 de 2017 enjuiciado
en esta oportunidad, estableció la regla general de prestación del servicio
militar en 18 meses, sin reproducir, prima facie, las categorías de la
Ley 48 de 1993. Además, el parágrafo 1º de la norma acusada introdujo una
excepción al mismo, pues prevé que el servicio militar obligatorio para
bachilleres mantendrá el periodo de 12 meses.
Al revisar los antecedentes legislativos de la
disposición censurada, se observa que la finalidad del Legislador era la de
unificar las modalidades y el término de prestación del servicio militar. En
tal sentido, la exposición de motivos del proyecto de ley 101 de 2015-Cámara,
manifestó que la iniciativa:
“(…) busca unificar el servicio militar,
a un solo tiempo, para poder mejorar el proceso de selección y la calidad del
recurso humano en las Fuerzas Militares y de Policía; por consiguiente el
propósito de este proyecto es el de proponer una reforma de la Ley 48 de 1993, en todo su contexto y en cumplimiento del
mandato constitucional contemplado en el artículo 216.”[82]
Por su parte, el informe de ponencia para primer
debate en Cámara expresó que:
“(…) el
servicio militar obligatorio se presta, actualmente, bajo cuatro modalidades:
regulares, bachilleres, auxiliares bachilleres y campesinos. Como se menciona
anteriormente, con esta iniciativa se unifica la modalidad en la prestación del
servicio militar, lo cual responde a las necesidades actuales y futuras del
servicio, y adicionalmente permite mayor movilización y mejor distribución de
los soldados para cubrir la totalidad del territorio nacional. Hoy en día, los
soldados campesinos prestan el servicio en sus municipios de origen y los
bachilleres en las grandes urbes, dificultando su distribución por la geografía
nacional. Así las cosas, esta propuesta legislativa unifican (sic) la modalidad
del servicio y equipara el tiempo de la prestación a 18 meses, para que los
jóvenes colombianos reciban un trato justo e igualitario donde no exista ningún
tipo de diferencia para efectos de su incorporación a las filas.”[83]
Bajo este entendido, el contexto de las normas que
disponen un tratamiento diferenciado para la prestación del servicio militar
cambió radicalmente entre lo dispuesto en la Ley 48 de 1993 y el contenido de
la Ley 1861 de 2017. Particularmente, introdujo el componente de educación y
formación laboral productiva, estableció un término general de duración de la
obligación castrense en 18 meses y consagró la excepción en el menor tiempo de
permanencia para los bachilleres. Esta Corporación ha establecido que una
modificación en el contexto normativo en el que se encuentra la norma que fue
objeto de control que genere una variación en su comprensión o en sus efectos,
impide la configuración de la cosa juzgada y habilita la Competencia de la
Corte para adoptar una decisión de fondo[84].
De igual manera, desde una perspectiva sustantiva el
debate y el cargo de inconstitucionalidad invocados en la demanda de la
referencia son diferentes. Si bien se invoca el artículo 13 y se cuestiona una
norma que regula la duración del servicio militar obligatorio, la acusación de
esta oportunidad difiere del asunto estudiado en la Sentencia C-511 de 1994,
porque se refieren a acusaciones de vulneración de parámetros de igualdad
distintas a las estudiadas en la mencionada providencia. En suma, la Corte encuentra
que la norma analizada en el presente asunto no guarda identidad formal ni
material con el artículo 13 de la Ley 48 de 1993. En tal sentido, no se
configuró la cosa juzgada en el presente asunto, específicamente, en relación
con la Sentencia C-511 de 1994.
De igual forma, la Sala precisa que la Sentencia
C-511 de 1994 no es un precedente relevante para la resolución del presente
asunto. Los contenidos normativos analizados en aquella oportunidad, tal y como
se explicó anteriormente, no son replicables en la norma estudiada en esta
ocasión. La decisión de 1994 no es un referente interpretativo porque abordó un
debate diferente al que se estudia actualmente, lo que no configura un
precedente relevante para este caso.
Aptitud de la demanda[85]
6. El demandante
consideró que la norma acusada es
inconstitucional porque consagra un trato diferenciado que afecta a los
soldados no bachilleres frente a aquellos que cuentan con formación secundaria.
En tal sentido, precisó que la disposición: i) desconoció la obligación de
tratar de forma paritaria a los destinatarios de la medida, quienes “(…)
comparten más circunstancias relevantes que los asemejan frente a las que los
diferencian”[86];
y, ii) no superó el juicio integrado de igualdad, porque si bien las medidas
estudiadas se fundan en razones constitucionalmente legítimas y compatibles con
la Carta, no son necesarias y razonables al existir otras alternativas de
acceso a la educación formal de bachillerato menos lesivas de los derechos
fundamentales de los conscriptos[87].
A su turno, el Ministerio de Defensa Nacional expresó
en su intervención que la demanda “(…)
instaurada parcialmente en contra del artículo 11, de la ley de reclutamiento,
donde las actoras plantean la violación a los artículos 1, 13 y 16 de la
Constitución” adolece de claridad porque “(…) la accionante solo postula
que la norma es inconstitucional por que (sic) no se permite la entrega de la
libreta militar para identificarse como hombre, cuando este no es un documento
de identificación establecido por ley.”[88]
Adicionalmente, consideró que la demanda tampoco reúne los presupuestos de
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia[89].
7. Al respecto, la Corte observa que los argumentos expuestos por el
interviniente para sustentar la petición de inhibición no guardan identidad con
el objeto de la demanda de la referencia y, al parecer, se refieren a un asunto
completamente ajeno al que conoce actualmente este Tribunal. No obstante, para
la Sala, la demanda cumple con los requisitos de aptitud porque fue clara
al exponer un hilo conductor en la argumentación que permite comprender su
contenido y las justificaciones que la sustentan; ii) cierta porque
recae sobre una proposición jurídica real y existente, como es la regulación de
la duración del servicio militar obligatorio y su distinción entre quienes
cuentan y no con título de bachiller; iii) específica: en la medida que
precisa la manera como el precepto objeto de censura vulnera la Constitución,
mediante la formulación de un cargo de inconstitucionalidad concreto; iv) pertinente
en la medida que los reproches tienen origen en la Carta; y v) suficiente porque
expuso todos los elementos de juicio y despierta una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la proposición jurídica acusada.
La formulación del problema jurídico
8. Con base en los antecedentes expuestos, el problema jurídico que debe
abordar la Corte se refiere a si ¿los fragmentos acusados desconocen el
principio de igualdad al establecer que los conscriptos no bachilleres
prestarán el servicio militar por 18 meses con el objetivo de surtir la etapa
de formación laboral productiva, pero sin la posibilidad de solicitar el cambio
a la modalidad de contingente incorporado por 12 meses, propia de soldados
bachilleres, que, en principio, no acceden a dicho componente educativo, pero
sí tienen la posibilidad de modificar voluntariamente su vinculación a la
duración general de la obligación  militar?
9. Para abordar el problema jurídico enunciado, la Corte analizará los
siguientes aspectos: i) La naturaleza y alcance del principio de igualdad; ii) el
juicio integrado de igualdad y sus niveles de escrutinio; iii) El deber de prestar
el servicio militar y sus modalidades. Finalmente, iv) examinará la
constitucionalidad de los fragmentos acusados.
El principio de igualdad
10. La jurisprudencia de
esta Corporación ha reconocido el carácter múltiple de la igualdad, en el
sentido de que cumple un papel triple en nuestro ordenamiento jurídico, pues
simultáneamente se trata de un valor, un principio y un derecho fundamental[90].
De esta manera, la igualdad como valor
reconduce a una norma que establece fines dirigidos a todas las autoridades
creadoras del derecho, en especial al Legislador. En su dimensión de principio,
se trata de un deber ser específico[91],
un mandato de optimización que debe ser materializado en el mayor grado
posible. Y finalmente, como derecho subjetivo, hace referencia a deberes de
abstención como la prohibición de discriminación y, en obligaciones de acción,
como la consagración de tratos favorables para grupos en situación de debilidad
manifiesta[92].
Las diversas dimensiones de la igualdad se
derivan de su consagración en diferentes normas constitucionales, por ejemplo, el
preámbulo que establece entre los valores que pretende asegurar en el nuevo
orden constitucional, la igualdad; y el artículo 13 de la Carta, considerado
como la fuente del principio y del derecho fundamental a la igualdad, entre
otras disposiciones[93].
De esta manera, el artículo 13 superior
consagra la estructura básica de la igualdad a partir de los siguientes
elementos: i) el principio de igualdad y la prohibición de trato
discriminatorio; ii) el mandato de promoción de la igualdad material; y, iii)
la adopción de medidas asistenciales para personas que se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta[94].
Adicionalmente, la igualdad contiene dos
mandatos específicos: de una parte, el deber de tratamiento igual a supuestos
de hecho equivalentes; y de otra, la obligación de consideración desigual ante
situaciones diferentes que ameriten una regulación diversa[95]. Este
Tribunal ha descrito que la igualdad carece de contenido material específico,
puesto que no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad
humana, sino que puede alegarse frente a cualquier trato diferenciado carente
de justificación. De allí que su principal rasgo sea su carácter relacional[96].
11. En
suma, la igualdad tiene una naturaleza triple, pues se considera de manera
simultánea como valor, principio y derecho fundamental. El principal rasgo es
su carácter relacional. El artículo 13 de la Carta consagró la igualdad y
estableció los mandatos que lo componen, los cuales se sintetizan como el deber
de igual trato a situaciones idénticas y diferenciado ante circunstancias que
no son asimilables, la prohibición de cualquier consideración discriminatoria y
finalmente, la responsabilidad de adoptar acciones positivas que permitan
alcanzar la igualdad material, especialmente en grupos marginados y en
situación de debilidad manifiesta.
El test de igualdad, sus elementos y su intensidad
12. La Corte ha expresado que el examen de validez
constitucional de un trato diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium
comparationis), consiste en determinar si el criterio de diferenciación
utilizado por el Legislador observó el principio de igualdad (artículo 13 C.P)[97]. Esta concepción supone que el
establecimiento de algunos tratos diversos es posible[98].
El análisis constitucional
de la situación desigual reprochada exige la identificación de los siguientes
presupuestos: i) los términos de comparación, es decir, las personas,
elementos, hechos o situaciones que efectivamente son comparables; y, ii)
respecto a los cuales se establece un trato desigual[99].
13. La Sentencia C-345
de 2019[100]
estudió los diferentes métodos hermenéuticos utilizados por la Corte para
examinar normas jurídicas acusadas de vulnerar el principio de igualdad. Bajo ese
entendido, reiteró la posibilidad del uso del juicio integrado de igualdad que
fusiona componentes de raíces europeas y norteamericanas, pues consideró que son
teóricamente compatibles y complementarios[101]. En este juicio, el juez
constitucional, al evaluar un precepto jurídico que desconoce el artículo 13
superior, combina el juicio de proporcionalidad europeo con los
niveles de escrutinio norteamericano, lo cual da lugar a un escrutinio
de igualdad con intensidades leve, intermedio o estricto[102].
En esta providencia, la Sala precisó, unificó
los componentes del juicio integrado de igualdad y advirtió que el análisis de
proporcionalidad en sentido estricto debe realizarse por el juez constitucional
con algunos matices, particularmente en las intensidades intermedia y estricta,
mas no en la débil. Indicó que dicha postura se justifica en la pretensión de
evitar la arbitrariedad del Legislador y optimizar los mandatos superiores. En
tal sentido, el juez constitucional debe analizar los costos y beneficios en
términos constitucionales implicados en la medida examinada, en correspondencia
con las intensidades del juicio[103].
14. La proporcionalidad en
sentido estricto se debe analizar y robustecer a medida que la intensidad del
juicio aumenta. Bajo ese entendido, en el juicio integrado de igualdad leve, el
juez constitucional no debe utilizar esta herramienta argumentativa, puesto que
la deferencia hacia el Legislador es mayor y a aquel le corresponde realizar
las ponderaciones del caso.
Al contrario, el juez
constitucional debe evaluar la proporcionalidad en sentido estricto en los
eventos en los que aplica un juicio integrado de igualdad de intensidad
intermedia o estricta, pues en dichos casos la libertad de configuración
normativa del Legislador disminuye en virtud de ciertos mandatos constitucionales
que debe garantizar. Conforme a lo expuesto, en el escrutinio intermedio se
constata que la norma que establece un trato asimétrico no es evidentemente
desproporcionada[104], en tanto que, en la
intensidad estricta, se verifica que no sea desproporcionada.
15. Con fundamento en las
precisiones que anteceden, el juicio integrado de igualdad está compuesto de la
siguiente manera[105]:
- El escrutinio leve
o débil está dirigido a verificar que la actividad legislativa se
ejerza dentro del marco de razonabilidad y que, por ende, no se adopten
decisiones arbitrarias o caprichosas. De esta forma, para que una norma sea declarada
constitucional, la medida que trae un trato diferente debe ser potencialmente
adecuada para alcanzar una finalidad que no esté prohibida constitucionalmente.
Por lo tanto, en este tipo de
juicio el ejercicio de la Corte se dirige a establecer si la finalidad y
el medio utilizado no se encuentran prohibidos por la Constitución, además si
este último es idóneo o adecuado para alcanzar el objetivo propuesto.
Esta intensidad de escrutinio
(leve) se usa como regla general, debido a que existe, en principio, una
presunción de constitucionalidad de las normas expedidas por el Legislador. En
la Sentencia C-673 de 2001[106],
esta Corporación recordó hipótesis en las que ha aplicado el escrutinio de
intensidad leve, como, por ejemplo, en casos relacionados (i) con materias
económicas y tributarias, (ii) con política internacional, (iii) cuando está de
por medio una competencia específica definida por la Carta en cabeza de un
órgano constitucional, (iv) cuando se examina una norma preconstitucional
derogada que aún produce efectos y (v) cuando no se aprecia, en principio, una
amenaza para el derecho en cuestión[107].
-
Por otra parte,
el escrutinio intermedio exige que el fin sea
constitucionalmente importante y que el medio para lograrlo sea efectivamente
conducente. Además, debe verificarse que la medida no sea evidentemente
desproporcionada. Esta intensidad del juicio se aplica cuando: i) la medida
puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental; o, ii) existe
un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre
competencia[108].
Asimismo, se utiliza en los casos en que existen normas basadas en criterios
sospechosos pero con el fin de favorecer a grupos históricamente discriminados.
Se trata de casos en los que se establecen acciones afirmativas, tales como las
normas que emplean un criterio de género o raza para promover el acceso de la
mujer a la política o de las minorías étnicas a la educación superior[109].
- Por último, el escrutinio estricto o fuerte
evalúa (i) si el fin perseguido por la norma es imperioso; (ii) si el medio
escogido, además de ser efectivamente conducente, es necesario, esto es, si no
puede ser reemplazado por otros menos lesivos para los derechos de los destinatarios
de la norma; y, por último, (iii) si los beneficios de adoptar la medida
exceden o no las restricciones impuestas sobre otros valores o principios
constitucionales; es decir, si la medida es proporcional en sentido estricto.
Esta modalidad de
escrutinio se aplica a hipótesis en las que la Carta señala mandatos
específicos de igualdad, lo que se traduce en una menor libertad de
configuración del Legislador y, por consiguiente, en un juicio de
constitucionalidad más riguroso. De esta forma, la Corte ha aplicado el
escrutinio estricto o fuerte cuando la medida: i) contiene una clasificación
sospechosa como las enumeradas no taxativamente en el inciso 1° del artículo 13
del texto superior; ii) afecta a personas en condiciones de debilidad
manifiesta o grupos discriminados o marginados; iii) en principio, impacta
gravemente un derecho fundamental; o (iv) crea un privilegio[110].
16. En conclusión, la aplicación del test de igualdad para
verificar la violación a ese principio, implica un análisis a partir de niveles
de intensidad diferente, de tal suerte que el juicio será leve, intermedio o
estricto, conforme al contenido de la norma objeto de estudio.
La prestación del servicio militar
obligatorio y sus modalidades
17. La Constitución de 1991 no contiene una cláusula
expresa que imponga el servicio militar obligatorio. El artículo 216 de la
Carta establece que todos los colombianos están obligados a tomar las armas
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones. Del mismo modo, señala que la ley determinará las
condiciones eximentes y las prerrogativas del mismo[111].
A partir de una lectura sistemática del
texto superior, este Tribunal ha entendido el deber de prestar el servicio militar
como una obligación correlativa que surge del derecho de los colombianos a que
el Estado defienda la independencia nacional, mantenga la integridad
territorial y asegure la convivencia pacífica[112].
La Sentencia C-406 de 1994[113] precisó que el
servicio militar es un deber de los colombianos y se sustenta en la defensa de
la independencia nacional y la protección de las instituciones públicas,
presupuestos necesarios para el logro de los fines esenciales del Estado, en
particular, el de asegurar a la población el ejercicio de sus derechos.
Por su parte, en Sentencia C-511 de 1994[114] la Corte consideró
que la Constitución impone a los colombianos, en relación con la fuerza
pública, obligaciones genéricas y específicas. Las primeras referidas a
respetar y apoyar a las autoridades democráticas, defender y difundir los derechos
humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Por su parte, entre los
deberes particulares se encuentra la obligación de tomar las armas cuando la
necesidad pública lo exija para defender la independencia nacional y las
instituciones públicas.
La Sentencia C-561 de 1995[115] indicó que la
prestación del servicio militar corresponde a un deber ineludible de la
persona, fundamentado en el principio de prevalencia del interés general (art.
1º superior) y como expresión concreta del cumplimiento de la Constitución y la
ley, específicamente la obligación de respeto y apoyo a las autoridades
democráticas legítimamente constituidas.
De otro lado, la Sentencia C-339 de 1998[116] reiteró que la
Constitución prevé la prestación del servicio militar obligatorio y difiere a
la ley la fijación de las condiciones que eximen su prestación y las prerrogativas
que se derivan de su cumplimiento. De igual manera, aclaró que dicho deber,
amparado en la Carta, no supone la desprotección del conscripto ni un obstáculo
para su desarrollo humano. En tal sentido, los ciudadanos tienen la posibilidad
de exigir sus garantías constitucionales por parte del Estado. Sin embargo, precisó
que también adquieren compromisos con la sociedad, entre los que se encuentra
el deber de prestar servicio militar obligatorio[117]. La Sentencia C-456
de 2002[118]
manifestó que el artículo 216 de la Constitución le confiere al Legislador
la facultad de definir las condiciones en las que los colombianos tienen que
cumplir con el deber de prestar el servicio militar.
Recientemente, la Corte ha reiterado la
postura jurisprudencial descrita que entiende el servicio militar como un deber
derivado del inciso 2º del artículo 216 de la Constitución, en el sentido de
que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las
necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las
instituciones. De igual manera, ha referido que dicha obligación también se
sustenta en el inciso 2º del artículo 2º superior, que indica que las
autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia[119].
18. Esta Corporación ha
considerado que el servicio militar es un deber de los ciudadanos para
contribuir al mantenimiento del orden público, mediante su prestación temporal
en beneficio de la sociedad civil. En otras palabras, es una manera de participar
en la tarea de asegurar la convivencia pacífica de los habitantes del
territorio colombiano, por lo que su esencia implica un servicio especial e
impostergable. Es decir, es una forma de responsabilidad social que mantiene la
conexidad entre la sociedad civil y el Estado[120].
19. La Ley 1ª de 1945
regulaba el servicio militar en Colombia. Su artículo 3º preveía que:
“ARTICULO 3° Todo varón colombiano que se halle comprendido
entre los 20 y los 50 años, está obligado a prestar el servicio militar en el
Ejército, así:
1° Como soldado en el Ejército de primera línea:
a) Bajo banderas, por un año, partir del 1° de enero
de aquel en que cumpla 20 años de edad. El Gobierno queda autorizado para
derogar el servicio hasta dos años, en caso de necesidad manifiesta.
b) en las reservas de primera y segunda clase, hasta
el 31 de diciembre del año en que cumple los 30 años de edad.
2° En el Ejército de segunda línea o Guardia
Nacional:
Como reservista de primera y segunda clase, desde el
1° de enero del año en que el individuo cumple los 31 años de edad, hasta el 31
de diciembre del año en que cumple los 40.
3° Como en el Ejército de tercera línea o Guardia
Territorial:
Como reservista de primera y segunda clase, desde el
1° de enero del año en que cumple los 41 años de edad, hasta el 31 que cumple
los 41 años de edad, hasta de diciembre del año en que cumple los 50.”
20. Con posterioridad a la
promulgación de la Constitución de 1991, fue expedida la Ley 48 de 1993[121]. El
artículo 3º de la mencionada normativa dispuso que:
“Todos los colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones
que establece la presente Ley.”
El artículo 10º consagraba lo siguiente:
“Todo
varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la
fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de
bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller.
La obligación militar de los colombianos termina el
día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad.”
Por su parte, el artículo 11 establecía que
la duración del servicio militar sería de 12 a 24 meses, según lo determinara
el Gobierno. En tal sentido, el artículo 13 de la ley, prescribía las
siguientes modalidades de prestación de la obligación:
“El
Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de
la prestación del servicio militar obligatorio.
Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la
prestación del servicio militar:
a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses.
b. Como soldado bachiller, durante 12 meses.
c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12
meses.
d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.
PARÁGRAFO 1o. Los soldados, en especial los
bachilleres, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes a
su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización de
actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la
preservación del medio ambiente y conservación ecológica.
PARÁGRAFO 2o. Los soldados campesinos prestarán su
servicio militar obligatorio en la zona geográfica en donde residen. El
Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta su preparación
académica y oficio.”
21. Seguidamente, fue expedida
la Ley 1861 de 2017[122]
que consagró en su artículo 4º lo siguiente:
“El
servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los
colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría
edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la Fuerza
Pública.
Todos los colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la Independencia
nacional, y las instituciones públicas con los beneficios y exclusiones que
establece la presente ley, salvo para quienes ejerzan el derecho fundamental a
la objeción de conciencia.
PARÁGRAFO 1o. La mujer podrá prestar el servicio militar
de manera voluntaria y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo
exijan y el Gobierno nacional lo determine, y tendrán derecho a los estímulos y
prerrogativas que establece esta ley.
PARÁGRAFO 2o. Por ningún motivo se permitirá a la
fuerza pública realizar detenciones ni operativos sorpresa para aprehender a
los colombianos que a ese momento no se hubieran presentado o prestado el
servicio militar obligatorio.
El artículo 11 consagra que todo
varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista
de primera o segunda clase, a partir de la fecha en que adquiere su mayoría de
edad y hasta el día en que cumpla 50 años. Por su parte, el artículo 13
(demandado parcialmente en esta ocasión), regula la duración del servicio
militar obligatorio en los siguientes términos:
ARTÍCULO 13. DURACIÓN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. El servicio militar obligatorio
tendrá una duración de dieciocho (18) meses y comprenderá las siguientes
etapas:
a) Formación militar básica;
b) Formación laboral productiva;
c) Aplicación práctica y experiencia de la formación
militar básica;
d) Descansos.
PARÁGRAFO 1o. El servicio militar obligatorio para
bachilleres mantendrá el período de doce (12) meses. Los conscriptos bajo esta
modalidad de servicio no podrán acceder a la formación laboral productiva.
PARÁGRAFO 2o. El conscripto accederá a la formación
laboral productiva que será proporcionada por el Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena), previo cumplimiento de requisitos exigidos por esta institución
educativa.
PARÁGRAFO 3o. La organización de Reclutamiento y
Movilización promoverá a través de convenios que el conscripto que no haya
terminado su educación básica secundaria o educación media, pueda obtener su
título de bachiller al terminar la prestación del servicio militar obligatorio.
PARÁGRAFO 4o. El conscripto obligado a prestar
servicio militar por doce (12) meses podrá solicitar el cambio a los
contingentes incorporados por un término de servicio militar de dieciocho (18)
meses, obteniendo los beneficios de estos. Los ciudadanos incorporados para la
prestación del servicio militar a dieciocho (18) meses no podrán solicitar el
cambio a los contingentes incorporados para un término de servicio militar de
doce (12) meses.
22. No obstante, si bien la prestación
del servicio militar es una obligación derivada de mandatos constitucionales,
este Tribunal, particularmente en el ejercicio del control de
constitucionalidad concreto[123],
ha precisado que esas cargas deben cumplirse en términos razonables y
proporcionales a los propósitos que les sirven de fundamento. En tal sentido, el
deber de tomar las armas está sometido a “(…) los postulados constitucionales
y (…) [el respeto por] los derechos fundamentales y las libertades básicas de
los llamados a filas.”[124]
Bajo ese entendido, la Constitución autorizó
a exigir ciertos comportamientos y cargas a los ciudadanos, siempre que los
mismos no vulneren los derechos fundamentales de las personas[125], por lo
que las tensiones entre los derechos y los deberes deben resolverse en el marco
del principio de la proporcionalidad.
23. En suma, este Tribunal ha
considerado que si bien no existe una cláusula específica en la Constitución
que establezca el deber de prestar el servicio militar obligatorio, aquel se
sustenta en los artículos 1º, 2º y 216 superiores. En tal sentido, se trata de
un deber de los colombianos de tomar las armas para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas.
La Carta autoriza al Legislador para
que regule lo relacionado con el cumplimiento del deber militar. En tal
sentido, la Ley 48 de 1993, estableció que la duración de la prestación de la
mencionada obligación sería entre 12 y 18 meses, según la modalidad de
prestación del mismo[126].
Por su parte, la Ley 1861 de 2017, estableció como regla general el término de
duración de 18 meses, pero consagró una excepción en el plazo para los
bachilleres, en el entendido de que estarán incorporados por 12 meses[127].
Finalmente, esta Corte ha precisado
que el cumplimiento de dicha carga, soportable para todos los ciudadanos, debe
garantizar los postulados superiores, en el sentido de que no puede vulnerar
los derechos fundamentales de quienes son incorporados a filas. De esta manera,
las tensiones que se generen entre este deber y las cláusulas constitucionales,
deben resolverse con base en criterios de razonabilidad y de proporcionalidad.
Análisis de los apartes
acusados
24. El ciudadano demandó
algunos contenidos del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, que regulan la
prestación del servicio militar obligatorio, porque supuestamente desconocen el
principio de igualdad, en el sentido de que los bachilleres cumplen con el
deber por un periodo de 12 meses, mientras que aquellos que carecen de dicha
formación académica, están en filas por 18 meses, sin la posibilidad de cambiar
al contingente incorporado por menor tiempo.
25. La Sala realizará el
análisis constitucional de los apartes demandados. Para tal fin seguirá la
siguiente metodología: i) establecerá el alcance de los fragmentos acusados;
ii) verificará la procedencia del juicio integrado de igualdad y su intensidad;
y, iii) aplicará los presupuestos del escrutinio a cada una de las hipótesis normativas
derivadas de los contenidos enjuiciados.
El alcance de los fragmentos demandados
26. Este Tribunal ha
establecido que el juicio de constitucionalidad está condicionado a determinar
la compatibilidad de la disposición demandada con las normas superiores y de
ninguna manera se extiende a la definición de su contenido y alcance[128]. Lo anterior se
fundamenta en la necesidad de garantizar la separación funcional de las
jurisdicciones, la independencia y la autonomía de los jueces que las integran,
puesto que a estos últimos les corresponde la labor de aplicar e interpretar
las normas jurídicas[129].
No obstante, en hipótesis
excepcionales, la Corte ha definido de manera previa el alcance de la
disposición controvertida, particularmente cuando la definición hermenéutica tiene una evidente e
indiscutible trascendencia constitucional, y cuando de esta determinación
dependen los resultados del examen de compatibilidad normativa derivados del
control abstracto de constitucionalidad[130].
De esta forma, la definición del
alcance normativo de la disposición acusada exige la concurrencia de las
siguientes circunstancias[131]:
a. La presencia de una duda hermenéutica razonable, es decir, cuando
la disposición acusada admite distintas interpretaciones plausibles, por
existir algún tipo de indeterminación, bien sea de tipo lingüístico (semántico[132]
o sintáctico[133]), de tipo lógico (por una
contradicción[134], un vacío[135],
o una redundancia[136]), o de tipo pragmático[137].
b. Cuando el juicio de constitucionalidad depende de la
trascendencia o relevancia de la definición o la Corte se enfrenta a que una o
más de las interpretaciones posibles sean contrarias a la Carta[138].
27. De acuerdo con lo
anterior, la determinación del alcance del precepto acusado es necesario, entre
otras, porque resulta materialmente imposible adelantar el control abstracto de
constitucionalidad, si previamente no se ha definido su significado jurídico,
particularmente cuando se trata de disposiciones con un contenido complejo, en
atención a la materia regulada, sus destinatarios y las relaciones
internormativas que surgen de la misma. En estos casos, la Corte no desborda
sus competencias, pues en realidad se realiza una confrontación entre la norma
suprema y uno de los contenidos posibles de la disposición sometida a examen[139].
28. Bajo ese entendido, en el
presente asunto, el control abstracto de constitucionalidad propuesto recae
sobre el inciso 1º parcial, y los parágrafos 1º y 4º del artículo 13 de la Ley
1861 de 2017, que consagran el término general de duración del servicio militar
obligatorio, las etapas de prestación del mismo, las excepciones que establecen
un término diferenciado de 12 meses para los conscriptos bachilleres, la
posibilidad de que ese grupo pueda optar por el cambio de contingente al de 18
meses de duración y la prohibición para los incorporados por 18 meses, quienes
no pueden cambiar a contingentes de 12 meses.
29. De acuerdo con lo
expuesto, el alcance de la norma en este caso debe ser determinado porque se trata
de una disposición compleja, debido a que está compuesta por varias
proposiciones que interactúan entre sí y que establece características y
consecuencias jurídicas diversas entre grupos de individuos. No obstante, fue
demandada parcialmente lo que genera la necesidad de determinar las
implicaciones jurídicas de todo el precepto y de los apartados acusados, con la
finalidad de precisar el alcance de la acusación y el pronunciamiento de la
Corte. Para
tal efecto, la Sala hará una breve referencia a los antecedentes legislativos
que dieron lugar a los fragmentos reprochados, con énfasis en las finalidades
del proyecto de ley y los medios empleados para tal propósito.
La prestación del
servicio militar en condiciones de igualdad
30. El proyecto de ley
número 154 de 2015 Cámara, que posteriormente fue acumulado al 101 de 2015
Cámara, tuvo iniciativa gubernamental y preveía en su artículo 13 que el
servicio militar tendría una duración de 18 meses[140].
La exposición de motivos presentada por el Ministerio de Defensa de la época
refirió que dicha norma “(…) unifica la prestación del servicio militar para
que todos los ciudadanos que lo presten lo hagan en condiciones de igualdad.”[141]
Insistió en que, con el
proyecto de ley, la obligación de prestar el servicio militar, se cumple bajo
una sola modalidad “(…) sin distinción entre ciudadanos aptos, por razones
de índole económica, social o de escolaridad”[142],
lo que permitía establecer una obligación equitativa que protege y garantiza
los derechos y las libertades de los ciudadanos[143].
El informe de ponencia
positiva para primer debate de los proyectos 101 y 154 de 2015 Cámara
(acumulados) reiteró lo expresado por la exposición de motivos presentada por
el Gobierno Nacional, en el sentido de que la norma pretendía unificar la
prestación del servicio militar para que su cumplimiento se realizara en
condiciones de igualdad[144].
En ese sentido, propuso a debate el texto inicial sin ninguna modificación[145].
No obstante, también se
presentó un informe de ponencia negativa[146] que refirió, en relación con la
duración del servicio militar obligatorio, la unificación de las distintas
modalidades en desarrollo del principio de igualdad, con el argumento de que “(…)
mantener esta diferenciación es discriminatoria con los conscriptos y vulnera
el principio de igualdad.”[147]
Sin embargo, advirtió que dicha norma no aplicó de manera adecuada el principio
de igualdad por condición más beneficiosa, en el sentido de que la unificación
debió darse por el menor término, es decir, 12 meses[148].
Durante el primer debate
del proyecto de ley 154 de 2015 ante la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, el Ministro de Defensa de aquel momento insistió en que la
norma acusada unifica “(…) los periodos dieciocho (18) meses (sic) para todo
el mundo, eso me parece que hace honor a la necesidad de no discriminar y que
el servicio sea uno con iguales capacidades (sic).”[149]
En esa misma sesión, el
Representante José Luis Pérez Oyuela expresó que “(…) hoy, se está fijando
un (…) solo servicio militar, lo decía el Ministro, quedaría en dieciocho
meses, único periodo. (…) se va a unificar el servicio militar y va a haber un
solo soldado de la patria.”[150]
31. Conforme a lo expuesto,
la finalidad del proyecto de ley era la de garantizar la prestación del
servicio militar en condiciones de igualdad, es decir, sin distinciones económicas,
sociales o de escolaridad. Para tal efecto, el Gobierno Nacional propuso la
eliminación de las modalidades para el cumplimiento de dicha obligación y la
unificación del periodo en 18 meses.
Promoción de la educación, especialmente de
la formación laboral productiva
32. Una vez fue aprobado
sin modificaciones[151],
el texto del proyecto de ley fue presentado en el informe de ponencia para
segundo debate sin cambios[152].
Durante la sesión del 15 de noviembre de 2016, adelantada en la Plenaria de la
Cámara, el Representante José Luis Pérez Oyuela indicó lo siguiente:
“(…) todo aquel que
preste el servicio militar se le garantizará a ochenta mil hombres que puedan
hacer carrera técnica en el SENA es decir (sic) que de los 18 meses sus últimos
4 meses van a ocuparse en la adaptación a la vida civil que un soldado de la
patria pueda hacer carrera en el SENA, es decir (sic) que ya están los recursos
(para ochenta mil jóvenes que prestarán el servicio militar y tendrán su
carrera técnica del SENA. (…) De esta manera (sic) he querido aclararle a la
plenaria y a los colombianos de una manera muy breve que a cien mil hombres se
les va a disminuir el tiempo de servicio militar de 24 meses a 18 es decir
(Sic) 6 meses y de esos 18 cerca de 4 meses van a estudiar carreras técnicas
del SENA.”[153]
(Énfasis agregado)
Por su parte, el
Representante Federico Eduardo Hoyos Salazar expuso los argumentos que se
relacionan a continuación:
“Es de la mayor
importancia el incentivo de la carrera técnica del Sena (sic) Presidente, yo le
pido muy cordialmente a usted señor ponente (…) que (…) tengan en cuenta una
solicitud de esta bancada que (sic) las carreras técnicas que se ofrezcan a los
soldados regulares en su formación técnica durante el tiempo que prestan su
servicio doctor José Luis, que ojalá las carreras que el Sena (sic) ofrezca tengan
un componente importante en ciencia, innovación, tecnología y emprendimiento
para los soldados regulares.”[154]
33. En los debates
iniciales, los Congresistas expusieron la necesidad de que durante la
prestación del servicio militar se fomentara la educación, particularmente la
formación laboral, mediante la oferta de carreras técnicas a través del
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA.
El trato diferenciado con
ocasión del nivel de escolaridad
34. En el segundo debate, el
Representante Rafael Eduardo Paláu Salazar refirió lo siguiente:
“(…) quero (sic)
manifestar a su vez y por último que tengo la preocupación que los bachilleres
en Colombia que presten servicio militar pasen de 12 meses a 18, yo estoy de
acuerdo con que se nivelen con 18 meses pero no con que los bachilleres en
nuestro país obligatoriamente tenga que llevarse a 18 (…)”[155]
Posteriormente, durante
el debate, el Representante José Luis Pérez Oyuela presentó las siguientes
aclaraciones:
“(…) Los soldados
bachilleres, hay una proposición (…) en el sentido de que se mantengan los 12
meses no va a ser cierto como venía en la ponencia porque estoy seguro que la
plenaria va a acompañar esa proposición, los bachilleres mantienen sus 12 meses
y los regulares se les baja a 18 meses, así está el artículo 13 (…) los regulares
mal llamados regulares bajan de 24 a 18 pero van a tener entre 3 meses y 4
meses cursos técnicos del Sena (…) ya está la proposición para que quede el
servicio militar de los 12 meses para los bachilleres y 18 para los regulares
(…)”[156]
Frente a esta
proposición, el Representante Alirio Uribe Muñoz intervino con los siguientes
argumentos:
“(…) frente al
artículo 13 yo reconozco el esfuerzo que se hace para volver a dejar a los
bachilleres, yo lo propuse todo el tiempo en 12 meses, incluso yo por (sic)
condición más beneficiosa en el debate de proponentes lo proponía (sic) que
todo el servicio militar en general se redujera a 12 meses, porque, porque
(sic) los unos son bachilleres y los otros no, entonces tienen que prestar 6
meses más de servicio militar y en términos de igualdad por condición más
beneficiosa lo que debió haber hecho este proyecto fue haber dejado el servicio
militar en un año para todos (…)”[157]
En igual sentido, la
Representante Angélica Lisbeth Lozano Correa cuestionó la norma en los términos
expuestos a continuación:
“(…) por qué preferir
lo que propone el Gobierno, que los jóvenes más pobres de nuestro país se les
imponga una obligación de año y medio, 18 meses, prestando servicio militar y a
los jóvenes bachilleres que al menos tienen el acceso a la educación básica y
muchos la expectativa real de la superior, se les deje solo 12 meses.
Yo quiero darle algunos
datos, el Ministro de Defensa hace rato me ha dicho que las personas
bachilleres en servicio militar no existían, yo tengo un dato y es que 238.447
en los últimos 5 años, en 5 años pero se gradúan de bachillerato cerca de 600
mil personas al año por supuesto hay que descontar a las mujeres, 1.084.000
colombianos pobres, jóvenes pobres, sin educación, estamos a punto de aprobar
se les (sic) refuerza el círculo de pobreza y se les mantenga una
discriminación perversa en su perjuicio de agravar su situación de pobreza con
un servicio de 18 meses. (…) porque a los pobres tratarlos peor y sumirlos en
mayor pobreza con 18 meses de servicio militar obligatorio y a los bachilleres
con solo 12 meses.”[158]
Finalmente, el texto
aprobado fue el siguiente:
“Artículo 13.
Duración del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio
tendrá una duración de dieciocho (18) meses.
Parágrafo. El servicio
militar obligatorio para bachilleres mantendrá el periodo de doce (12) meses.”[159]
35. La modificación
introducida al proyecto de ley tenía como finalidad proteger la situación
especial de los bachilleres a través de un periodo de prestación del servicio
militar diferenciado, es decir, menor al de la regla general. En aquel momento,
fue evidente el debate en torno al posible desconocimiento del derecho a la
igualdad por parte de algunos Congresistas, que consideraron que la
incorporación por 18 meses para quienes no cuentan con educación secundaria era
discriminatoria puesto que agravaba la situación de pobreza de los conscriptos.
El componente de
formación laboral productiva en el servicio militar obligatorio
36. El informe de ponencia
para primer debate al proyecto de ley 189 de 2016 Senado[160]
introdujo modificaciones sustanciales al artículo 13 que regula la duración del
servicio militar obligatorio. En tal sentido, indicó que:
“Se establece una
duración única de 18 meses para la prestación del servicio militar obligatorio.
Para los soldados bachilleres se mantiene un tiempo de servicio de 12 meses.
Actualmente la Ley 48 de 1993 establece un tiempo de servicio de hasta 24
meses.”[161]
Con fundamento en lo
anterior, el ponente[162]
propuso el siguiente texto a consideración de la Comisión Segunda del Senado:
“Artículo 13. Duración
del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio tendrá una
duración de dieciocho (18) meses y comprenderá las siguientes etapas:
a) Formación militar
básica.
b) Formación laboral
productiva.
c) Aplicación práctica y
experiencia de la formación militar básica.
d) Descansos.
Parágrafo. El servicio militar obligatorio
para bachilleres mantendrá el periodo de doce (12) meses. Los conscriptos bajo
esta modalidad no podrán acceder a la formación laboral productiva.
Parágrafo 2º. El conscripto accederá a la
formación laboral productiva que será proporcionada por el Servicio Nacional de
Aprendizaje Sena (sic), previo cumplimiento de los requisitos exigidos por esta
institución educativa.
Parágrafo 3º. El conscripto que no haya
terminado su educación básica secundaria o educación media, accederá a esta
formación, para que obtenga su título de bachiller al terminar la prestación
del servicio militar obligatorio.
Parágrafo 4º. El conscripto obligado a
prestar servicio militar por doce (12) meses podrá solicitar el cambio a los
contingentes incorporados por un término de servicio militar de dieciocho (18)
meses, obteniendo los beneficios de estos.”[163]
(Lo énfasis agregado)
La justificación de este
cambio fue sustentada de la siguiente manera:
“Durante la prestación
del servicio militar obligatorio, el conscripto que no haya terminado sus
estudios de educación básica secundaria podrá terminarlos mientras cumple con
la prestación del servicio militar, y aquellos que ya tengan título de
Bachiller, accederán a un componente de formación laboral productiva,
proporcionado por el Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena (sic)”[164]
Durante el debate, el
ponente[165]
de la iniciativa precisó los aspectos que se relacionan a continuación:
“El proyecto busca
incentivar la prestación del servicio militar (…) el tema más importante (…) la
formación de ese muchacho se complementará no solo en el campo militar, sino
que le daremos unos elementos académicos que permitan que cuando termine el
servicio militar, pueda enfrentar mejor los retos del futuro. Entonces enviamos
un mensaje muy claro al Ministerio de Educación (…) de finalización del
bachillerato en aquellos muchachos que no lo hayan terminado; a los otros les
abrimos unas posibilidades muy interesantes, para que al mismo tiempo que hagan
su servicio militar, inicien carreras técnicas y tecnológicas con el Sena (sic).”[166]
Por su parte, la
Senadora Nidia Marcela Osorio Delgado expuso que:
“(…) la capacitación a
través del SENA, para que realmente tengamos unos jóvenes que mientras están
prestando su servicio a la Patria (sic), tengan posibilidad de una educación y
capacitación (sic). Con el fin de que cuando terminen su servicio, continúen su
vida profesional (…) es decir, que se convierta en un proyecto de vida y en un
incentivo, para que tengamos tantos jóvenes, que de manera voluntaria van a querer
hacer parte de las fuerzas militares.”[167]
37. Esta fase del proceso
legislativo reafirmó la finalidad de fomentar el acceso a la educación de los
conscriptos, mediante los siguientes mecanismos: i) la terminación de la
educación secundaria durante la prestación del servicio militar, para quienes
no cuentan con dicha modalidad educativa; y ii) el componente de formación
laboral productiva, proporcionado por el SENA.
La prohibición de cambio
de contingente para los incorporados por 18 meses
38. En el debate citado
previamente, el Senador Luis Fernando Velasco Chaves, en torno a la restricción
para que los incorporados por 18 meses cambien a contingente de 12 meses, aclaró
lo siguiente:
“Lo que busca la
modificación del artículo 13, es que aquel que esté prestando su servicio
militar por 18 meses, no pida, una vez esté en el desarrollo de la prestación
del servicio militar, que lo cambien a doce meses; porque evidentemente toda la
planeación se pierde.”[168]
El texto aprobado en la
sesión del 10 de mayo de 2017, adicionó al parágrafo 4º el contenido que se
relaciona a continuación:
“Parágrafo 4º. El
Conscripto obligado a prestar servicio militar por doce (12) meses podrá
solicitar el cambio a contingentes incorporados por un término de servicio
militar de dieciocho (18) meses obteniendo los beneficios de estos. Los
ciudadanos incorporados para la prestación del servicio militar a dieciocho
(18) meses no podrán solicitar el cambio a los contingentes incorporados para
un término de servicio militar de doce (12) meses.”[169]
39. Según lo expuesto, con
la finalidad de salvaguardar la planeación en la prestación del servicio
militar, fue introducida la prohibición para que los conscriptos llamados a
filas por 18 meses no pudieran cambiarse a los contingentes incorporados por 12
meses.
La garantía de la
voluntad en la prestación del deber militar
40. En el cuarto debate, el
Senador ponente expresó que:
“(…) nosotros queremos
llevar el servicio militar obligatorio más hacia un servicio militar
voluntario, más hacia generar más que obligaciones, generar una serie de incentivos
que hagan que nuestros mejores muchachos entiendan en el servicio militar una oportunidad
de crecimiento, ¿de qué manera?
Primero, aquellos que no
han terminado su bachillerato generar una serie de convenios desde las Fuerzas
Militares y el Ministerio de Educación, departamentos y municipios para
ayudarles a terminar ese bachillerato y, los demás ayudarlos como ocurren en
otras partes del mundo a incentivarlos con carreras tecnológicas (…) con el
Sena (sic).”[170]
(Lo énfasis agregado)
De igual manera, el
Senador William Jimmy Chamorro Cruz manifestó que “(…) se está incentivando
a los jóvenes a que ellos voluntariamente presten el servicio militar (…) los
jóvenes deberán presentarse, por supuesto que sí, obviamente que hay unos
incentivos (…) [que] conlleva a que el servicio militar sea opcional.”[171]
Finalmente, el texto del artículo 13 fue aprobado sin modificaciones[172].
41. Para el Legislador, era
de suma importancia garantizar la voluntad de los conscriptos para que el
servicio militar se convirtiera en una oportunidad de crecimiento personal.
Para lograr dicho objetivo, se establecieron incentivos de fomento a la
educación, al menos en dos dimensiones: i) la terminación del bachillerato para
los conscriptos que no tienen esa formación académica; y, ii) la oferta educativa
a través del SENA.
El entendimiento de la
norma por los intervinientes en el proceso de la referencia
42. Los intervinientes expresaron
que los preceptos acusados se sustentan en la garantía del acceso a la
educación de los conscriptos no bachilleres, particularmente en los últimos 6
meses del periodo general de prestación del servicio. En efecto, el Ministerio
de Defensa Nacional indicó que la formación laboral productiva está prevista
para los conscriptos que “(…) hayan culminado sus estudios secundarios”[173]
y que prestan el servicio militar obligatorio durante 18 meses “(…) porque
para acceder a la educación superior en el SENA, como cualquier institución
educativa, se debe acreditar el bachillerato; quienes no lo han terminado tiene
la posibilidad de hacerlo dentro del servicio.”[174]
A tal efecto, manifestó que el parágrafo 4º de la disposición censurada permite
que el conscripto que presta servicio militar por 12 meses pueda cambiar a los
contingentes incorporados por un término de 18 meses y obtener los beneficios
derivados de tal situación. Precisó que “(…) durante los 12 meses no alcanza
el tiempo para dar aplicación a las etapas previstas en el artículo 13 de la
Ley 1861 de 2017, es decir, la formación militar básica, la formación laboral
productiva y la aplicación práctica y experiencia (sic) de la formación militar
básica.”[175]
Sostuvo que la reducción del periodo de prestación del
servicio militar obligatorio de 18 a 12 meses implicaría “(…) suprimir el
periodo y el proceso de formación laboral productiva del soldado, y negarle la
oportunidad y el derecho de acceder al mejoramiento de sus condiciones
intelectuales y profesionales”[176],
lo que contraría la finalidad del Legislador y el “espíritu de la norma”[177].
Por su parte, el
Ministerio del Interior expuso que dicha medida regula la duración del servicio
militar obligatorio y garantiza la formación laboral productiva para aquellos
conscriptos que no sean bachilleres. El tiempo obligatorio de 18 meses,
diferente al de bachilleres que es de 12 meses, cumple con el objetivo de que
el conscripto que no cuenta con esa formación académica, acceda a la formación
laboral productiva proporcionada por el SENA.
La Policía Nacional de
Colombia manifestó que el periodo de 18 meses permite la adecuada formación
académica de “este personal”, circunstancia que no es exigida a quienes
culminaron sus estudios de bachiller, por lo que su incorporación es por 12
meses[178].
43. De acuerdo con lo
expuesto, los fragmentos acusados tienen el siguiente alcance:
43.1.    Regular de manera
general la prestación del servicio militar de todos los jóvenes que cumplen la
mayoría de edad. La norma no distingue destinatarios a partir de sus
condiciones económicas o sociales. Esta diferenciación fue hecha por el
artículo 13 de la Ley 48 de 1993, que establecía las categorías de soldado
regular, soldado bachiller, auxiliar de policía bachiller y soldado campesino.
No obstante, si contiene distinción en razón de la formación académica.
43.2.    Unificar la duración del
servicio militar por 18 meses.
43.3.    Comprende las siguientes
etapas: i) formación militar básica; ii) formación laboral productiva; iii)
aplicación práctica y experiencia de la formación militar básica; y, iv)
descansos.
43.4.    Los soldados que no
hayan terminado su educación básica secundaria o educación media podrán obtener
su título de bachiller al terminar la prestación del servicio militar
obligatorio.
43.5.    Establecer, como
excepción, que los bachilleres cumplirán su obligación militar en 12 meses. En esta
modalidad de servicio, este contingente no accede a la formación laboral productiva.
43.6.    El término de 18 meses
busca materializar todos los componentes del servicio militar obligatorio, en
especial la formación laboral productiva a los conscriptos que no son
bachilleres durante los últimos 6 meses de la incorporación a filas. Este
componente será proporcionado por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA[179],
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta institución educativa.
43.7.    Habilitar al conscripto
que presta el servicio por 12 meses para cambiar a contingentes incorporados
por un término de 18 meses.
43.8.     Los llamados a filas
por un periodo de 18 meses no podrán modificar su periodo a 12 meses.
44. Luego de determinar el
alcance del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, la Sala verificará si los
fragmentos acusados desconocen el principio de igualdad, con base en los
criterios definidos por la jurisprudencia de este Tribunal, particularmente al
fijar un término diferenciado para la prestación del servicio militar por razón
de la condición de bachiller y prohibir que los conscriptos que no son
bachilleres y prestan servicio militar por 18 meses, periodo en el que reciben
el componente de formación laboral productiva, cambien a contingentes incorporados
por 12 meses, previsto para las personas que tienen estudios de bachillerato y
en el que no acceden a dicho contenido formativo.
Presupuestos que hacen
procedente el juicio integrado de igualdad. Parámetro de control y criterio de
diferencia
45. Para el ciudadano la
norma demandada es inconstitucional porque desconoce el artículo 13 superior al
consagrar un trato diferenciado que afecta a los soldados no bachilleres frente
a aquellos que cuentan con ese nivel educativo. En tal sentido, precisó que la
disposición: i) desconoció la obligación de tratar de forma paritaria a los
destinatarios de la medida, quienes “(…) comparten más circunstancias
relevantes que los asemejan frente a las que los diferencian”[180];
y, ii) no superó el juicio integrado de igualdad, porque si bien las medidas
estudiadas se fundan en razones legítimas y compatibles con la Carta, no son
necesarias y razonables[181].
Refirió
que la medida acusada persigue fines superiores válidos, relacionados con la prestación del servicio militar obligatorio y el acceso a programas de formación
laboral productiva. Sin embargo, indicó que no es necesaria ni razonable,
puesto que de una parte, no constituye
la única forma de fomentar la educación básica y media de los
jóvenes que no han accedido a la misma; y de otra, le impuso al conscripto no bachiller, de
manera arbitraria y desigual, un periodo irrenunciable de prestación del
servicio militar durante 18 meses, mientras que los contingentes incorporados
para un periodo de 12 meses (bachilleres) sí pueden optar a la
formación laboral productiva mediante la solicitud de cambio de incorporación a
18 meses.
Para algunos
intervinientes[182],
los fragmentos acusados deben declararse exequibles porque la medida enjuiciada
permite que los jóvenes, durante el término de 18 meses, se formen
académicamente, lo que materializa el derecho a la educación y les permite
desempeñarse en igualdad de condiciones con los conscriptos bachilleres. Por su
parte, el Procurador General de la Nación consideró que la disposición
reprochada restringe el derecho a la igualdad de quienes no cuentan con título
de bachiller.
46. Los fragmentos acusados del artículo 13 de la Ley 1861 de
2017, establecen una diferenciación entre los conscriptos bachilleres y
aquellos que no lo son, respecto de la duración del término para prestar el
servicio militar, debido a que quienes cuentan con dicha formación académica
son incorporados por un periodo de 12 meses, mientras que el otro grupo debe
asumir dicho deber por un plazo de 18 meses, con la expresa restricción para
cambiar de vinculación a 12 meses. Según las autoridades intervinientes y los
antecedentes legislativos, el tratamiento diferenciado, particularmente la
extensión de 6 meses en la prestación del servicio militar para los conscriptos
que no son bachilleres, se justifica en la necesidad de promover el acceso a la
educación, especialmente a la formación laboral productiva[183].
De igual forma, la restricción para que los llamados a filas por 18 meses no
puedan cambiar a la modalidad de 12 meses, fue sustentada por el Legislador en
dos razones: i) la debida planeación del proceso de reclutamiento[184];
y, ii) el espacio de tiempo requerido para impartir todos los componentes del
servicio militar.
47. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que los grupos descritos
son comparables porque son los destinatarios de las expresiones acusadas,
varones y mayores de edad, que deben cumplir con el servicio militar
obligatorio, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. No
obstante, es evidente el tratamiento diferenciado en la duración del llamado a
filas, puesto que para los bachilleres el periodo es de 12 meses y para quienes
no tienen esta formación es de 18 meses sin posibilidad de cambio a la
categoría de menor duración. Formulados entonces los términos de la comparación y la
situación que produce la asimetría alegada, la Sala determinará si esta
desigualdad es o no constitucional, para lo cual apelará a la metodología del
juicio integrado de igualdad.
Intensidad del juicio
integrado de igualdad
48. El primer elemento indicativo de la rigurosidad del juicio
de igualdad es el reconocimiento del amplio margen de configuración del
Legislador en materia de servicio militar obligatorio. En efecto, el artículo
216 de la Carta prescribe que todos los colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan. De esta suerte, la ley
determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y
las prerrogativas por la prestación del mismo. De igual manera, el artículo 67
superior establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social.
La
norma reprochada parcialmente regula el término general de duración para la
prestación del servicio militar obligatorio y la excepción que reduce el plazo
por la condición de bachiller. De igual manera, la posibilidad de promover que
los conscriptos que no hayan terminado la educación básica secundaria o media,
puedan obtener su título al terminar el cumplimiento de la obligación militar. Se
trata de una medida de fomento a la educación mediante el componente de formación
laboral productiva.
Conforme
a lo expuesto, los fragmentos acusados son la expresión de la libertad de
configuración normativa del Legislador en materia de prestación del servicio
militar obligatorio y de las medidas de fomento de la educación. Esta
circunstancia indicaría que el juicio de igualdad sería, en principio, de
intensidad débil.
49. No obstante, en
ocasiones, la verificación de este elemento no es suficiente para determinar la
intensidad del juicio, pues se debe analizar la naturaleza de la afectación y
su impacto en los derechos fundamentales en tensión. Por ejemplo, la Sentencia
C-725 de 2015[185],
decidió que debía aplicar el escrutinio estricto de igualdad a una medida que
señalaba que los condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años eran
inhábiles para ser testigos de matrimonio. A pesar del amplio margen de
configuración que la Constitución le otorga al Legislador para regular asuntos
atinentes sobre la familia y el matrimonio, la Corte consideró que dicha
situación no era suficiente para aplicar el test leve, por cuanto la
disposición demandada involucraba la vulneración de los derechos fundamentales
a la honra, a la dignidad, a la buena fe y a la función resocializadora de la
pena.
50. Bajo ese entendido, en el presente asunto están en tensión
de una parte, el deber de prestar el servicio militar obligatorio, y de otra, el
derecho a la igualdad por la distinción que se hace en materia de promoción de
la educación, especialmente, la posibilidad de elegir entre formarse
académicamente, a través de un determinado modelo, o de no hacerlo mientras se
presta el servicio militar obligatorio.
La Sentencia C-520 de 2016[186] reiteró el
carácter fundamental del derecho a la educación, a partir de su interacción con
la dignidad humana y la potencialización de otras garantías como la igualdad de
oportunidades, el trabajo, la participación política, la seguridad social y el
mínimo vital, entre otros. En tal sentido, insistió en que la educación tiene
las siguientes características: i) es una herramienta necesaria para hacer
efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior[187]; ii) es un medio para la proyección social
del individuo y la realización de otros derechos fundamentales[188]; iii) es un elemento dignificador de las
personas[189]; iv) es un mecanismo para la construcción de
la equidad social[190]; y, v) es un instrumento para el
desarrollo de la comunidad.
De igual forma, sostuvo que la
educación es un servicio público, por lo que, de conformidad con los artículos 365
a 369 de la Carta, se encuentra a cargo del Estado, tiene asignación
prioritaria del erario a título de gasto social, su prestación debe ceñirse a
los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad social y
redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable.
Además, la regulación y el diseño del sistema debe orientarse al aumento constante de la cobertura y
la calidad.[191]
51. Bajo este entendido, el
derecho a la educación es fundamental y tiene las siguientes dimensiones: i) la
asequibilidad o disponibilidad del servicio; ii) la accesibilidad; iii) la
adaptabilidad; y, iv) la aceptabilidad. Como se advirtió, tiene un impacto
directo en otros derechos, ya que resulta necesario para materializar la
libertad de elegir un plan de vida concreto y la posibilidad de desarrollar un
papel activo en la sociedad[192].
52. En otras palabras, el
derecho a la educación guía la definición de un proyecto de vida. Por tal
razón, este Tribunal ha establecido que el Estado debe garantizar un amplio
margen de decisión sobre el modelo educativo institucionalmente ofrecido[193].
Lo anterior, garantiza los componentes de asequibilidad, accesibilidad y
adaptabilidad, con lo cual las personas reciben una educación que tiene en
cuenta sus intereses y sus capacidades, además, resulta idónea y adecuada para
los educandos[194].
53. De acuerdo con lo
expuesto, en el presente asunto debe aplicarse el juicio de igualdad de
intensidad intermedia, debido a que, si bien están en tensión el deber de
prestar servicio militar obligatorio, el derecho a la igualdad por la
distinción en materia de promoción de la educación, los fragmentos acusados no
establecieron categorías sospechosas de discriminación o privilegios que
llevarían a un test estricto.
En efecto, la norma
acusada parcialmente no estableció categorías sospechosas de discriminación de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 superior, puesto que la distinción
la realizó con fundamento en la formación académica de los ciudadanos que deben
prestar el servicio militar obligatorio.
En tal sentido, la Sala
se aparta de la argumentación presentada en la demanda, en el sentido de que debe
aplicarse un juicio de intensidad estricta porque la disposición está dirigida
contra grupos marginados históricamente por condiciones de inequidad económica.
La situación de pobreza de las personas no puede considerarse como una categoría
sospechosa de discriminación, sino que dicha condición ha sido utilizada por
este Tribunal como un criterio identificador de grupos de especial protección[195]
sobre los que deben implementarse medidas positivas de diferenciación. Adicionalmente,
la Sala advierte que la norma parcialmente acusada no estableció un privilegio
a favor de los soldados bachilleres, sino que reguló la prestación del servicio
militar y adicionalmente estableció una medida de fomento de la educación disponible
para los que cuentan con estudios de secundaria y obligatoria para aquellos que
carecen de ese nivel de instrucción. Esta medida fue acusada de atentar contra
el principio de igualdad.
Verificación de los
presupuestos del juicio intermedio de igualdad
54. Establecido el nivel de
intensidad intermedio del escrutinio de igualdad para resolver la acusación
contenida en la demanda de la referencia, la Corte procederá a verificar si las
hipótesis normativas derivadas de los fragmentos acusados superan los
presupuestos del juicio integrado utilizado.
La finalidad de la
medida es constitucionalmente relevante
55. Los apartes demandados
del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017 cumplen los siguientes propósitos: i) regular
la obligación de prestar el servicio militar obligatorio; y, ii) promover la
posibilidad de acceder a la educación de los mayores de edad llamados a filas y
que no han culminado estudios de bachillerato. La prestación del servicio
militar obligatorio cumple propósitos constitucionalmente relevantes,
especialmente, aquellos relacionados con tomar las armas para defender la
independencia nacional y las instituciones democráticas. De igual manera, la
Corte ha expresado que el mencionado deber también reviste una responsabilidad
social, por lo que, el componente educativo en el cumplimiento del deber
dignifica la labor del soldado y permite su formación integral durante el
servicio a la patria. La medida persigue un objetivo constitucional importante
al regular el cumplimiento de una obligación constitucional y promover la
posibilidad de acceder a la educación de los conscriptos que no son bachilleres.
En este escenario, durante la prestación del deber militar podrán terminar la
educación secundaria o recibir formación laboral productiva. A continuación, la
Corte examinará la idoneidad la medida enjuiciada:
La regulación del término del servicio
militar es idónea
56. En efecto, la fijación
de un término general de 18 meses para la prestación del servicio militar
obligatorio configura un medio idóneo y conducente utilizado por el Legislador
para el cumplimiento del mencionado deber, puesto que fija las condiciones
temporales para que los varones mayores de edad sean incorporados a filas. La
medida resulta idónea para garantizar el acceso al componente educativo de los
conscriptos no bachilleres. Durante este periodo podrán terminar la educación
secundaria y recibirán capacitación laboral productiva. De igual manera, la
excepción establecida para los conscriptos bachilleres también es idónea en
términos de prestación del servicio militar, ya que regula el periodo de este
grupo especial y contempla la posibilidad de acceder posteriormente al
componente de formación laboral productiva mediante el cambio de contingente.
También asegura que no exista una interrupción prolongada e injustificada de su
formación académica y profesional con ocasión del llamado a filas.
La medida es
evidentemente desproporcionada para los conscriptos no bachilleres en materia de
libertad para escoger el modelo de formación académica
57. El estudio de la proporcionalidad en sentido estricto exige
analizar si la medida enjuiciada reporta mayores beneficios para los principios
constitucionales en tensión. Bajo esta perspectiva, conforme lo afirma BARAK, el
proceso interpretativo de cada principio y de las normas infraconstitucionales
que los desarrollan y permiten su ejercicio, debe efectivizar, en la mayor
medida posible, las razones axiológicas que lo justifican[196].
58. Los fragmentos acusados consagran dos formas de posible acceso
a la educación para los conscriptos que no son bachilleres, de una parte, la
consecución del grado de secundaria durante la prestación del servicio militar;
y de otra, la formación laboral productiva en los últimos 6 meses del término
general. En otras palabras, estos incorporados deben permanecer 18 meses. En
este periodo podrán terminar sus estudios de secundaria o acceder al componente
de formación laboral productiva.
La
Sala verifica que la medida censurada genera asimetrías injustificadas entre
los conscriptos bachilleres y aquellos que no cuentan con esa formación académica
al momento de la incorporación. El trato diferente no produce mayores
beneficios entre el deber de prestar servicio militar obligatorio y el derecho
a la igualdad en materia de promoción en el derecho a la educación. Particularmente
la faceta de libertad para elegir el modelo de formación académica de quienes
no han terminado sus estudios de secundaria. Por el contrario, la distinción resulta
violatoria de las mencionadas garantías superiores.
En efecto, aquellos
incorporados que no son bachilleres cumplen su deber militar por 18 meses. En
este periodo podrán terminar sus estudios de secundaria o acceder al componente
de formación laboral productiva durante los últimos 6 meses. Por su parte, los
bachilleres que prestan servicio por 12 meses pueden elegir el cambio a la
incorporación de 18 meses y acceder a la modalidad educativa ofrecida, de
acuerdo con el parágrafo 4º del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017.
59. A juicio de la Corte,
la restricción para que los incorporados por 18 meses soliciten el cambio a
contingentes de 12 meses resulta inconstitucional, por las siguientes razones:
59.1.    Los apartes acusados regulan
que los conscriptos no bachilleres permanezcan por un mayor tiempo para terminar
sus estudios de secundaria o recibir el componente de formación laboral
productiva. La medida no contempla la oportunidad de que este grupo decida
libremente si accede o no a dicha capacitación, tal y como está previsto para quienes,
al momento de la incorporación, cuentan con formación secundaria. Lo anterior,
desconoce las facetas de asequibilidad y de accesibilidad de la educación,
porque impone a los incorporados por 18 meses a adelantar estudios de
bachillerato y de formación laboral productiva, sin que tengan la posibilidad
de elegir, mediante la expresión de su consentimiento libre e informado, dicha
modalidad de instrucción. Bajo esta perspectiva, las razones que justifican un
menor tiempo de prestación del servicio militar de los bachilleres,
relacionadas con la necesidad de garantizar sus posibilidades educativas, también
son aplicables a los soldados que carecen de título de bachiller al momento de
ser llamados a filas, por lo que resulta constitucional que tengan la opción de
decidir si acceden o no al componente educativo durante la prestación de su
obligación militar. En otras palabras, los conscriptos nos bachilleres también
tienen el derecho a elegir formarse académicamente o no conforme a los planes
de vida adoptados. La medida analizada no garantiza la libertad de elección de
este grupo, lo que resulta inconstitucional.
En este punto es importante
enfatizar que esta Corporación ha precisado que, durante el proceso de
incorporación al servicio militar obligatorio, las autoridades competentes
deben garantizar el consentimiento libre de los conscriptos sobre la forma en
que cumplirán con su deber de tomar las armas para defender la Nación. Por esta
razón, los jóvenes deberán ser informados por las autoridades militares sobre
los derechos y los deberes que les asisten mediante un espacio de
inter-comunicación, inter-relación e inter-acción que genere confianza, respeto
y compromiso. Este escenario garantiza que los llamados a filas puedan elegir con
plena conciencia sobre los aspectos que afectan su proyecto de vida y
desarrollo personal[197].
En otras palabras, si quieren o no o continuar con sus estudios académicos
mientras prestan el servicio militar obligatorio.
Para tal efecto, este Tribunal
ha precisado que no es suficiente que las autoridades brinden al incorporado información
de manera mecánica, procedimental o simplemente mediante la cumplimentación de
proformas. Deben garantizar los siguientes aspectos, en especial por la posible
afectación de los derechos fundamentales del conscripto:
“(…) evaluar
el grado de percepción y comprensión del joven aspirante que recibe la
información, y ello sólo es posible mediante una conversación abierta, sincera,
con datos claros y precisos entre los sujetos participantes que minimice las
barreras de la comunicación que puedan surgir en algunos casos por las
diferencias en los niveles educativo, cultural, socioeconómico y condiciones de
vida.”[198]
De igual manera, la Corte ha reiterado que:
“El consentimiento informado, en sede de
las actuaciones de las Fuerzas Militares, implica que estas deben crear un
espacio de diálogo e interacción con los jóvenes incorporados a filas o que se encuentran
en dicho proceso, con el fin de que cualquier manifestación de voluntad que
hagan ante las autoridades militares sea el reflejo de una decisión informada,
esto es, con pleno conocimiento de las implicaciones que puede traerles dicha
decisión para su vida tanto personal como profesional. En este orden de ideas,
son las autoridades militares las encargadas de brindar toda la información
requerida por los jóvenes para que sus decisiones relativas a la prestación del
servicio sean libres e informadas.”[199]
Posteriormente, esta Corporación indicó
que:
“7.3. Lo anterior, evidencia la
relevancia que tiene el consentimiento informado a la hora de tomar decisiones
que impliquen cambios en la situación militar de las personas, e impone a las
autoridades militares la obligación de ofrecer una información íntegra que
permita a los jóvenes evaluar las implicaciones de la opción elegida.”[200]
La Sala recuerda que uno de los
propósitos de la norma acusada parcialmente era la de garantizar la voluntad de
los incorporados o, en palabras del Senador ponente “(…) llevar el servicio
militar obligatorio más hacia un servicio militar voluntario (…) generar una
serie de incentivos que hagan que nuestros muchachos entiendan en el servicio
militar una oportunidad de crecimiento (…)”[201]. Los fragmentos
acusados, al restringir el cambio de contingente, no consultan la finalidad del
Legislador para establecer la medida de fomento a la educación, durante la prestación
del servicio militar basada en la garantía de la voluntad del llamado a filas.
59.2.    La planeación del
proceso de incorporación no es una razón suficiente para validar la
constitucionalidad de la medida enjuiciada. El principal argumento del
Legislador para establecer la prohibición de cambio de contingente para los
soldados no bachilleres es evitar que se “pierda” la planeación[202].
Para la Corte, este es un aspecto operativo, que de ninguna manera puede
justificar una afectación tan intensa del derecho a la igualdad de los
conscriptos sin bachillerato. De igual forma, el análisis sistemático del
principio de planeación implicaría que también se desconocería en relación con
los soldados bachilleres, pues aquellos pueden cambiar de incorporación para
recibir el componente de formación laboral productiva, situación que carece de
fundamento superior.
59.3.    Finalmente, el argumento
de que el conscripto no bachiller requiere prestar servicio por 18 meses para agotar
todos los componentes del mismo, incluido el de formación laboral productiva, también
queda desvirtuado por las razones expuestas previamente, particularmente porque
la extensión de 6 meses frente a los contingentes bachilleres, no guarda
relación con el deber militar, sino que se refiere a la necesidad de acceder a
la educación, la cual, en todo caso debe garantizar la libertad de elección del
conscripto. Esta medida, como ha quedado demostrado, no es proporcionada, por
desconocer el principio de igualdad.
60. De acuerdo con lo expuesto,
la prestación de servicio militar no significa el desconocimiento de los
derechos fundamentales de los llamados a filas. De ahí la importancia, de que,
aun en este escenario, se garantice en igualdad de condiciones con los demás
conscriptos, el amplio margen de decisión sobre la formación académica o
laboral productiva que recibirá durante el servicio y que impactará en su
desarrollo individual y colectivo.
61. En tal sentido, la Sala
encuentra que la medida enjuiciada, relacionada con la duración del servicio
militar obligatorio por 18 meses para los conscriptos no bachilleres para que
accedan al componente de formación laboral productiva, sin que puedan solicitar
el cambio a contingentes incorporados por 12 meses, desconoce el principio de
igualdad porque restringe de manera injustificada y desproporcionada la
libertad para elegir la modalidad de educación que le asiste a todas las
personas. En tal sentido, la promoción de la educación durante la prestación del
servicio militar, con observancia de las condiciones expuestas por la Corte,
deberá ser objeto de reglamentación interna por parte de las autoridades
competentes.
Decisiones a adoptar y su
alcance
62. Con fundamento en los
argumentos precedentes, la Corte adoptará las siguientes decisiones:
62.1.     La regla general de
duración del servicio militar de 18 meses y la excepción para los bachilleres
de prestarlo por 12 meses, son constitucionales, puesto que persiguen objetivos
superiores relacionados con la defensa de la soberanía nacional y la educación,
utiliza medios idóneos y conducentes y, además, configura una medida
proporcionada. Estos contenidos normativos no consagran la discriminación
alegada por el ciudadano. En tal sentido, el inciso 1º y el parágrafo 1º del
artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, no desconocen la Carta y serán declarados
exequibles.
62.2.     La posibilidad que
tienen los conscriptos bachilleres para solicitar el cambio a contingentes
incorporados por un término de 18 meses, también es constitucional, puesto que
superó el test intermedio de igualdad y no configuró la discriminación alegada
por el demandante. De esta manera, el parágrafo 4º del artículo 13 de la Ley
1861 de 2017, que contiene dicho precepto, será declarado exequible.
62.3.     No obstante, la
limitación para que los conscriptos incorporados por 18 meses cambien a
contingentes que prestan el servicio por 12 meses es desproporcionada y
desconoce el derecho a la igualdad en el ejercicio de la libertad para escoger
la modalidad de formación educativa. En tal sentido, la Sala declarará la
inexequibilidad de la expresión “no” contenida en el parágrafo 4º del
artículo 13 de la Ley 1861 de 2017.
63. La Sala no accederá a
lo solicitado por el Procurador General de la Nación, en el sentido de diferir
los efectos de la declaratoria de inexequibilidad que se adopta en este caso,
particularmente porque la decisión no genera vacíos ni inconsistencias
normativas sobre la duración general del servicio militar, sus componentes y la
excepción al mismo, ya que dicha regulación no fue expulsada del ordenamiento
jurídico, por lo que no se generaron indeterminaciones de orden legal sobre el
cumplimiento de la obligación militar[203].
Conclusiones
64. La Corte Constitucional
estudió la demanda de la referencia que consideraba inconstitucionales algunos
apartes del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, porque consagra un trato
diferenciado que afecta a los soldados no bachilleres frente a aquellos que
cuentan con ese nivel educativo. En tal sentido, la demanda precisó que la
disposición: i) desconoce la obligación de tratar de forma paritaria a los
destinatarios de la medida, quienes “(…) comparten más circunstancias
relevantes que los asemejan frente a las que los diferencian”[204];
y, ii) no supera el juicio integrado de igualdad, porque si bien las medidas
estudiadas se fundan en razones constitucionalmente legítimas y compatibles con
la Carta, no son necesarias y razonables[205].
65. Antes de estudiar de
fondo el asunto sometido a debate, la Sala acreditó la inexistencia de cosa
juzgada en relación con
la Sentencia C-511 de 1994, porque los contenidos normativos estudiados
en aquel momento son distintos a los analizados en esta oportunidad.
Posteriormente, formuló el siguiente problema jurídico:
¿Los fragmentos acusados
desconocen el principio de igualdad al establecer que los conscriptos no
bachilleres prestarán el servicio militar por 18 meses con el objetivo de
surtir la etapa de formación laboral productiva, pero sin la posibilidad de
solicitar el cambio a la modalidad de contingente incorporado por 12 meses,
propia de soldados bachilleres, que, en principio, no acceden a dicho
componente educativo, pero sí tienen la posibilidad de modificar
voluntariamente su vinculación a la duración general de la obligación  militar?
66. La Sala dio respuesta al
problema jurídico planteado, en el marco del juicio abstracto de
constitucionalidad, de la siguiente manera:
44. La regla general de duración del servicio militar de 18
meses y la excepción para los bachilleres de prestarlo por 12 meses son
constitucionales. Persiguen objetivos superiores relacionados con la defensa de
la soberanía nacional y la educación de personas que sirven al país. Las
medidas utilizadas son idóneas, conducentes y evidentemente proporcionadas. La
posibilidad que tienen los conscriptos bachilleres para solicitar el cambio a
contingentes incorporados por un término de 18 meses, también es
constitucional. La disposición no genera el trato diferenciado injustificado
alegado por el demandante.
a. En tal sentido, el
inciso 1º y los parágrafos 1º y 4º del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, no
desconocen el texto superior y serán declarados exequibles.
45. La limitación para que los conscriptos incorporados por 18
meses cambien a contingentes que prestan el servicio por 12 meses es
desproporcionada. Desconoce el derecho a la igualdad en el ejercicio de la
libertad para escoger la modalidad de formación educativa o de no educarse
formalmente. La prestación del servicio militar no significa el desconocimiento
de los derechos fundamentales de los llamados a filas. De ahí la importancia,
de que, aun en este escenario, se garantice en igualdad de condiciones con los
demás conscriptos, el amplio margen de decisión sobre la formación académica o
laboral productiva que recibirá durante el servicio y que impactará en su
desarrollo individual y colectivo. En tal sentido, la Sala declarará inexequible
la expresión “no” contenida en el parágrafo 4º del artículo 13 de la Ley
1861 de 2017.
46. La Sala no accedió a la petición de diferir los efectos
de esta decisión presentada por el Procurador General de la Nación. No genera vacíos ni
inconsistencias normativas sobre la duración general del servicio militar, sus
componentes y la excepción al mismo. La expulsión del ordenamiento jurídico no
cobijó a todas las expresiones normativas acusadas. Finalmente, el fallo no causó
indeterminaciones de orden legal sobre el cumplimiento de la obligación
militar.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
DECLARAR EXEQUIBLES el inciso 1º y los parágrafos
1º y 4º del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, por el cargo analizado, salvo
la expresión “no” contenida en este último, la cual se declara INEXEQUIBLE.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese y archívese el expediente.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE GABINO PINZÓN
SÁNCHEZ
Conjuez
MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Conjuez
HELÍ ABEL TORRADO
TORRADO
Conjuez
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
M.P. Fabio Morón Díaz.
[2]
Ibidem.
[3]
Folio 41 cuaderno principal.
[4]
Folio 43 cuaderno principal.
[5]
Folio 44 cuaderno principal.
[6]
Ibidem.
[7]
Folio 45 cuaderno principal.
[8]
Ibidem.
[9]
Folio 46 cuaderno principal.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem.
[12] Folio 47 cuaderno principal
[13] Folio 46 cuaderno principal.
[14] Ibidem.
[15] Folio 50 cuaderno principal.
[16] Ibidem.
[17] Folio 51 cuaderno principal.
[18] Folio 51 cuaderno principal.
[19] Ibidem.
[20] Folio 52 cuaderno principal.
[21] Ibidem.
[22] Ibidem.
[23] Folio 18v cuaderno principal.
[24] Ibidem.
[25] Folio 52 cuaderno principal.
[26] Folio 116-120 cuaderno principal.
[27] Folio 116v cuaderno principal.
[28] Folio 117 cuaderno principal.
[29] Ibidem.
[30] Ibidem.
[31] Ibidem.
[32] Ibidem.
[33] Ibidem.
[34] Folio 117v cuaderno principal.
[35] Ibidem.
[36] Ibidem.
[37] Ibidem.
[38] Folio 118 cuaderno principal.
[39] Folio 118v cuaderno principal.
[40] Folios 119-119v cuaderno principal.
[41] Folios 106-108 cuaderno principal.
[42] Folio 107 cuaderno principal.
[43] Ibidem.
[44] Ibidem.
[45] Folio 107v cuaderno principal.
[46] Ibidem.
[47] Folio 107v-108 cuaderno principal.
[48] Folio 108 cuaderno principal.
[49] Ibidem.
[50] Ibidem.
[51] Folios 110-111 cuaderno principal.
[52] Folio 110v cuaderno principal.
[53] Folio 10 V cuaderno principal. Cita de la Gaceta 274 de 2016.
[54] Folios 121-123 cuaderno principal.
[55] Folio 121v-122 cuaderno principal.
[56] Folio 122 cuaderno principal.
[57] Ibidem.
[58] Folio 123 cuaderno principal.
[59] Folios 125-129 cuaderno principal.
[60] Folios 127-128 cuaderno principal.
[61] Folios 161-183 cuaderno principal.
[62] El escrito fue radicado el 13 de diciembre de 2019 vía correo
electrónico.
[63] Folios 155-158 Cuaderno Principal
[64] Folio 156 cuaderno principal.
[65] Folio 156v cuaderno principal. Cita de la Gaceta del Congreso 650
del 3 de septiembre de 2015, pág. 15.
[66] Ibídem. Cita de la Gaceta del Congreso 189 del 26 de abril de 2016,
pág. 2.
[67] Folio 157 cuaderno principal.
[68] Folio 157-157v cuaderno principal.
[69] Folio 157v cuaderno principal.
[70] Ibidem.
[71] Folio 158 cuaderno principal.
[72] Ibidem.
[73] Ibidem.
[74] Folio 158-158v cuaderno principal.
[75] Folio 158v cuaderno principal.
[76] Ibidem.
[77] Ibidem.
[78] Derivada del artículo 243 de la Constitución.
[79] Crf., entre otras, las sentencias C-004 de 2003, M.
P. Eduardo Montealegre Lynett y C-090 de 2015, M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[80] Sentencia C-228 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[81] Gaceta del Congreso de 17 de septiembre de 1992. Págs. 2-3.
[82] Gaceta del Congreso número 650 de 2015.
[83] Gaceta del Congreso número 189 de 2016.
[84] Sentencia C-096 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[85] El contenido de este apartado fue tomado de la argumentación
desarrollada por este despacho en la Sentencia C-042 de 2018 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[86] Folio 46 cuaderno principal.
[87] Ibidem.
[88] Folio 118v cuaderno principal.
[89] Folios 119-119v cuaderno principal.
[90] Sentencia C-250 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[91] Sentencia C-015 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
[92] Sentencia C-862 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[93] Sentencia C-250 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[94] Sentencia C-586 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[95] Sentencia C-250 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[96] Ibídem.
[97] Sentencia C-539 de 2009 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[98] Sentencia C-345 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[99] Sobre la aplicación de estos dos presupuestos de procedibilidad del
test de igualdad, puede verse, por ejemplo, la Sentencia C-053 de 2018 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, en la cual se analizó una norma que ordenaba
tramitar el grado jurisdiccional de consulta en caso de proferimiento de fallos
disciplinarios absolutorios en primera instancia en contra de miembros de las
Fuerzas Militares, lo cual, de acuerdo con los demandantes, violaba la igualdad
porque en ningún otro régimen disciplinario procedía la consulta en esos casos.
En dicha providencia se dijo que “es claro que el patrón de igualdad está
marcado por el tratamiento que se da a la procedencia del grado de consulta, ya
que el derecho a un trato igual ante la Ley es predicable de todos los
servidores públicos, como una categoría general. […] Atendiendo a ese patrón de
igualdad, la Corte estima que en efecto hay un trato desigual respecto del
grado de consulta en los distintos procedimientos disciplinarios. Por ende,
pasa a revisar si ese trato desigual que se presenta respecto del grado
jurisdiccional de consulta entre los distintos regímenes disciplinarios supera
o no un test de igualdad”.
[100] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[101] Sentencia C-093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[102] En la Sentencia C-093 de 2001 M. P. Alejandro Martínez Caballero,
la Corte examinó una norma del antiguo Código del Menor, que establecía la edad
mínima de 25 años para poder adoptar un niño. En ese momento, la Corte
determinó que la medida era exequible y que no violaba la igualdad. Allí
explicó que “[e]l juicio integrado de proporcionalidad, que combina las
ventajas del análisis de proporcionalidad de la tradición europea y de los
tests de distinta intensidad estadounidenses, implica entonces que la Corte
comienza por determinar, según la naturaleza del caso, el nivel o grado de
intensidad con el cual se va a realizar el estudio de la igualdad, para luego
adelantar los pasos subsiguientes con distintos niveles de severidad. Así, la
fase de ‘adecuación’ tendrá un análisis flexible cuando se determine la
aplicación del juicio dúctil, o más exigente cuando corresponda el escrutinio
estricto. Igualmente sucederá con los pasos de ‘indispensabilidad’ y ‘proporcionalidad
en estricto sentido’”.
[103] Sentencia C-345 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[104] En la Sentencia C-270 de 2007 M.P. Catalina Botero Marino se
analizó, bajo la óptica del juicio de proporcionalidad en su versión más
estricta, la medida correctiva de retención transitoria, consistente en
mantener al infractor en una estación o subestación de policía hasta por 24
horas, establecida en el artículo 192 del Decreto 1355 de 1970. Allí se explicó
que en el test intermedio se exige que “que la medida no resulte
evidentemente desproporcionada en términos del peso ponderado del bien
constitucional perseguido respecto del bien constitucional sacrificado”.
[105] Sentencia C-345 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[106] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[107] Específicamente, la Corte enumeró como ejemplos en los que ha
aplicado el  escrutinio débil o suave “casos que versan exclusivamente sobre
materias 1) económicas, 2) tributarias o 3) de política internacional, sin que
ello signifique que el contenido de una norma conduzca inevitablemente a un
test leve. Por ejemplo, en materia económica una norma que discrimine por razón
de la raza o la opinión política sería claramente sospechosa y seguramente el
test leve no sería el apropiado. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de una
norma contenida en un tratado que afecta derechos fundamentales. […] Por otra
parte, la jurisprudencia de la Corporación ha aplicado igualmente en tres
hipótesis más un test leve de razonabilidad de medidas legislativas: 4) cuando
está de por medio una competencia específica definida por la Constitución en
cabeza de un órgano constitucional; 5) cuando se trata del análisis de una
normatividad preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente; y
6) cuando del contexto normativo del artículo demandado no se aprecie prima
facie una amenaza para el derecho en cuestión”.
[108] Sentencia C-673 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[109] Como el criterio sospechoso no promueve una diferenciación, sino
que intenta reducir la brecha entre dos o más comunidades, este Tribunal
considera este trato legítimo, pues es efectivamente conducente para obtener
una finalidad constitucionalmente importante.
[110] Para la Corte, el escrutinio estricto o fuerte se aplica “1)
cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en
forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1º
del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en
personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o
discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías
insulares y discretas; 3) cuando la medida que hace la diferenciación entre
personas o grupos prima facie afecta gravemente el goce de un derecho
constitucional fundamental; 4) cuando se examina una medida que crea un
privilegio”. Sentencia C-673 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[111] Sentencia T-099 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[112] Sentencia SU-277 de 1993 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[113] M.P. Jorge Arango Mejía.
[114] M.P. Fabio Morón Díaz.
[115] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[116] M.P. Carlos Gaviria Diaz.
[117] Sentencia T-762 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[118] M.P. Jaime Córdoba Triviño. Al respecto también las Sentencias
C-740 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-621 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil,
C-755 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y C-728 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, entre otras.
[119] Sentencias T-218 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T-667 y T-603 ambas de 2012 y con ponencia de la Magistrada Adriana María
Guillen Arango, T-774 de 2013 María Victoria Calle Correa, T-099 de 2015 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, T-294 de 2016, T-457 de 2016 M.P. Alejandro
Linares Cantillo, entre otras.
[120] Sentencia T-224 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[121] “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y
Movilización” reglamentada por el Decreto 2048 de 1993.
[122] “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control
de reservas y la movilización.”. El artículo 81 de la Ley 1861 de 2017,
derogó la Ley 48 de 1993.
[123] La Sentencia C-584 de 2015 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado, estudió el alcance de las sentencias de tutela en los
procesos de revisión de constitucionalidad y precisó lo siguiente: “(…) no
se puede soslayar el hecho de que al fallar en sede de revisión las acciones de
tutela seleccionadas para interpretar el alcance de derechos fundamentales o
para otorgar justicia material, la ratio decidendi de las sentencias de tutela no
solamente vinculan a las partes, sino también a los operadores jurídicos. En
efecto, una sentencia de tutela puede fijar criterios que trascienden el caso
específico y, por consiguiente, deben ser tenidos en cuenta por las autoridades
y por los jueces al enfrentar casos idénticos. A su turno, tampoco puede
olvidarse que el carácter abstracto del control de constitucionalidad de las
leyes indica que la cuestión llevada al conocimiento de la Corte tiene su
origen en una acción pública de constitucionalidad que obliga al Tribunal a
adelantar un análisis del contexto de las normas demandadas y como las mismas
han sido aplicadas a casos concretos. Esto significa que en el juicio de
control de constitucionalidad de la ley, la Sala Plena de la Corte no sólo debe
ser congruente con la interpretación de la ley que ha adelantado en sede de
tutela, sino también deberá tener presente la ratio decidendi de las sentencias de revisión. De
hecho, en varias oportunidades, esta Corporación ha adoptado las decisiones de
constitucionalidad abstracta en consideración con reglas jurisprudenciales
elaboradas en sentencias de tutela. Por ejemplo, en la admisión de la
posibilidad de demandas en contra de interpretaciones judiciales de leyes o en
la incorporación del derecho viviente como objeto del control material de
constitucionalidad de las leyes y, ya en el ámbito que ahora se quiere
destacar, la asunción en sede de control abstracto de demandas en contra de
preceptos legales antes excepcionados en sede de tutela por la propia Corte o
cuyas consecuencias habían sido controvertidas en previas acciones de tutelas también
conocidas y decididas por la Corporación.”
[124] Sentencia SU-200 de 1997 MM.P.P. Carlos Gaviria Díaz y José
Gregorio Hernández Galindo.
[125] Sentencias T-603 y T-667 ambas de 2012 y con ponencia de Adriana
María Guillén Arango. Al respecto también la Sentencia T-294 de 2016 M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
[126] Artículo 13 Ley 48 de 1993.
[127] Artículo 13 Ley 1861 de 1993.
[128]  En la Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte
expresó lo siguiente: “Esta Corporación ha venido señalando que, en
principio, no le corresponde al juez constitucional resolver aquellos debates
suscitados en torno al proceso de aplicación o interpretación de la ley, pues
es claro que en estos casos no se trata de cuestionar el contenido literal de
la norma impugnada, sino el sentido o alcance que a éste le haya fijado la
autoridad judicial competente. Según lo ha señalado, en tanto es la propia
Constitución la que establece una separación entre la jurisdicción
constitucional y las otras jurisdicciones, los conflictos jurídicas que surjan
como consecuencia del proceso de aplicación de las normas legales han de ser
resueltos por los jueces ordinarios y especializados a quien se les asigna
dicha función”.
[129] Sentencia C-893 de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[130] En la Sentencia C-426 de 2002, la Corte afirmó lo siguiente: “No
obstante, también este alto Tribunal ha admitido que por vía de la acción
pública de inexequibilidad se puedan resolver los conflictos atinentes a la
interpretación de las normas jurídicas, cuando aquellas ‘están involucrando un
problema de interpretación constitucional’ y el mismo se origina directamente
en el texto o contenido de la disposición impugnada. El hecho de que a un
enunciado normativo se le atribuyan distintos contenidos o significados,
consecuencia de la existencia de un presunto margen de indeterminación
semántica, conlleva a que la escogencia práctica entre sus diversas lecturas
trascienda el ámbito de lo estrictamente legal y adquiera relevancia
constitucional, en cuanto que sus alternativas de aplicación pueden resultar
irrazonables y desconocer mandatos superiores”.
[131] Sentencia C-893 de 2012 M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
[132]  Las indeterminaciones semánticas se refieren al significado de las
palabras, bien sea porque tienen un alto nivel de generalidad o vaguedad, o
bien sea porque son ambiguas.
[133] Las indeterminaciones sintácticas se refieren a la construcción
gramatical tal y como ocurre con las denominadas ambigüedades sintácticas.
[134] Las contradicciones se presentan cuando a un mismo supuesto o
hipótesis de hecho se atribuyen consecuencias jurídicas diversas e
incompatibles.
[135] El vacío se presenta cuando una hipótesis fáctica carece de
consecuencia jurídica expresa en el ordenamiento.
[136]  La redundancia se presenta cuando un mismo supuesto o hipótesis de
hecho es contemplada por diversas disposiciones jurídicas, de manera
concordante y reiterativa.
[137]  Sobre las indeterminaciones en el Derecho, ver Genaro Carrió, Notas
sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, Ed. AbeledoPerrot, 1994.
[138] Sentencia C-893 de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[139] En diversas ocasiones esta Corporación ha
realizado este ejercicio interpretativo. En la sentencia C-156 de 2003, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, por ejemplo, la Corte debía resolver una demanda en
contra de los artículos 413 y 414.1 del Código Civil. A juicio del accionante,
el régimen de alimentos allí establecido era contrario al principio de
igualdad, en cuanto establecía un trato diferenciado injustificado y
discriminatorio entre los hijos y padres adoptivos de los biológicos, y entre
hermanos extramatrimoniales y matrimoniales. La Corte sostuvo que el reproche
de inconstitucionalidad se debía a una integración normativa deficiente, al
pasar por alto las reformas sucesivas del Código Civil; en particular, sostuvo
que como en realidad  se deben alimentos congruos al cónyuge a los
descendientes y ascendientes legítimos, extramatrimoniales y adoptivos o
adoptantes, no había lugar a alegar la vulneración del derecho a la igualdad. A
partir de esta definición interpretativa, concluyó que los preceptos acusados
no transgredían los preceptos constitucionales, y declaró su exequibilidad.
Por su parte, la Sentencia C-1024 de 2004,
M.P. Rodrigo Escobar Gil, evaluó la constitucionalidad del artículo 3 de la ley
797 de 2003, en virtud del cual “quienes ingresen por primera vez al sector
público en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados
al Instituto de Seguros Sociales, durante el mismo lapso”. En esta
oportunidad la Corte sostuvo que dada la ambigüedad de la norma, debía
excluirse de su ámbito de aplicación a las personas que por primera vez
ingresan al sector público en cargos de carrera, pero que previamente se
encontraban vinculados al régimen de ahorro individual con solidaridad. La
razón de tal exclusión, es que este grupo de personas serían objeto de un serio
y grave desequilibrio en la imposición de las cargas públicas de solidaridad,
con claras y profundas desventajas que no tienen ningún tipo de compensación, y
verían cercenada su libertad de elección de régimen pensional.
En un sentido semejante se encuentran las
sentencias C-496 de 2004, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-081 de 1996;
C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-389 de 1996, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; C-690 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-488 de
2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1436 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra;
C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1255 de 2001, M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes; C-128 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-415 de 2002,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-156
de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-901 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; y C-107 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[140] Gaceta del Congreso 891 de 2015. Pág. 5.
[141] Ibidem. Pág. 13.
[142] Ibidem. Pág. 16.
[143] Ibidem.
[144] Gaceta del Congreso 189 de 2016, pág. 2.
[145] Ibidem. Pág. 8.
[146] Suscrita por el Representante Alirio Uribe Muñoz.
[147] Gaceta del Congreso 189 de 2016, Pág. 24.
[148] Ibidem.
[149] Acta número 27 de 11 de mayo de 2016, contenida en la Gaceta del
Congreso 638 de 2016, Pág. 13.
[150] Ibidem. Pág. 15.
[151] Ibidem. Pág. 26. Gaceta del Congreso 901 de 2016, pág. 24.
[152] Gaceta del Congreso 901 de 2016. Pág. 9.
[153] Acta de Plenaria número 180 de 15 de noviembre de 2016. Gaceta del
Congreso 36 de 2017. Pág. 28
[154] Ibidem. Pág. 38.
[155] Ibidem. Pág. 39.
[156] Ibidem. Pág. 40 y 41.
[157] Ibidem. Pág. 42-43.
[158] Ibidem. Pags. 52-53.
[159] Gaceta del Congreso número 1051 de 2016. Pág. 14.
[160] Antes proyecto de ley 101 y 154 de 2015 Cámara.
[161] Gaceta del Congreso 274 de 2017. Pág. 2.
[162] Senador Luis Fernando Velasco Chaves.
[163] Gaceta del Congreso 274 de 2017 págs. 3-4 y 16.
[164] Ibidem. Pág. 3.
[165] Senador Luis Fernando Velasco Chaves.
[166] Gaceta del Congreso 510 de 2017. Pág. 15.
[167] Ibidem. Pág. 18.
[168] Ibidem. Pág. 21.
[169] Gaceta del Congreso 399 de 2017. Pág. 9 y
21.
[170] Acta 79 de 31 de mayo de 2017. Gaceta del
Congreso 1002 del 1º de noviembre de 2017. Pág. 51-52.
[171] Ibidem. Pág. 52.
[172] Gaceta 528 de 2017. Pág. 11. Al respecto tambien ver Gacetas 46 y
49 de 2018, 685 de 2017 y 719 de 2017.
[173] Folio 117 cuaderno principal.
[174] Ibidem.
[175] Ibidem.
[176] Ibidem.
[177] Ibidem.
[178] Folio 121v-122 cuaderno principal.
[179] El SENA es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía
administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo. Tiene la función de invertir
en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos mediante la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país. Para tal efecto, ofrece formación profesional integral a
los trabajadores de todas las actividades económicas y a quienes, sin serlo,
requieran de la misma, con la finalidad de aumentar la productividad nacional y
promover la expansión y el desarrollo económico mediante la equidad social
redistributiva (Artículo 1º y 3º de la Ley 119 de
1994).
[180] Folio 46 cuaderno principal.
[181] Ibidem.
[182] Ministerios de Defensa y del Interior, Departamento Administrativo
de Planeación-DNP, la Policía Nacional de Colombia.
[183] Folio 108 cuaderno principal.
[184] Gaceta del Congreso 510 de 2017 pág. 21.
[185] M.P. Myriam Ávila Roldán.
[186] M.P. María Victoria Calle Correa.
[187] Sentencia T-002 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[188] Sentencia T-534 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
[189] Sentencia T-672 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
[190] Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[191]  Sentencia T-994 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[192] Sentencia T-207 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[193] Al respecto ver la Sentencia T-207 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[194] Sentencia T-008 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[195] Sentencia C-110 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[196] Barak A. Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus
restricciones. Palestra. 2017, Lima. Pág. 89.
[197] Sentencia T-976 de 2012 M.P. Alexei Julio Estrada. Reiterada en la
Sentencia T-294 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[198] Ibidem. Al respecto tambien ver las Sentencias T-711 de 2010 M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[199] Sentencia T-587 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[200] Sentencia T-746 de 2015 M.P. Myriam Ávila Roldán.
[201] Acta 79 de 31 de mayo de 2017. Gaceta del Congreso 1002 del 1º de
noviembre de 2017. Pág. 51-52.
[202] Gaceta del Congreso 510 de 2017. Pág. 21.
[203] Al respecto ver la Sentencia C-325 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. De igual forma, la Sentencia C-112 de 2000, MP Alejandro
Martínez Caballero, en la que la Corte precisó:  “(…) es doctrina reiterada
de esta Corte que el juez constitucional no está atrapada (sic) en la
disyuntiva de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento
(declaración de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de
inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte
compete "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten
los ciudadanos contra las leyes" (CP 241 ord 4º). Por consiguiente, al
decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia
que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución.”. También la Sentencia C-112 de 2000 M.P. Alejandro Martínez
Caballero en la que indicó: “(…) es doctrina reiterada de esta Corte que el
juez constitucional no está atrapada (sic) en la disyuntiva de mantener en
forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración de
constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de
inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte
compete "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten
los ciudadanos contra las leyes" (CP 241 ord 4º). Por consiguiente, al
decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia
que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución.”
[204] Folio 46 cuaderno principal.
[205] Ibidem.