Su089-95
Sentencia No
Sentencia No.
SU-089/95
DERECHO A LA
INFORMACION/DERECHO AL BUEN NOMBRE/VERACIDAD DE LA INFORMACION
El conflicto
entre el derecho al buen nombre y el derecho a la información, se presenta
cuando aquél se vulnera por la divulgación de ésta. Hay que partir de la base
de que la información debe corresponder a la verdad, ser veraz, pues no existe
derecho a divulgar información que no sea cierta. _ la información para ser
veraz debe ser completa. Mientras la información sobre un deudor sea veraz, es
decir, verdadera y completa, no se puede afirmar que el suministrarla a quienes
tienen un interés legítimo en conocerla, vulnera el buen nombre del deudor.  Si
realmente éste tiene ese buen nombre, la información no hará sino reafirmarlo;
y si no lo tiene, no podrá alegar que se le vulnera.
CADUCIDAD DEL
DATO-Límite temporal
El término para
la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el legislador. Pero,
mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que
evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas
crediticias, defendiendo así el interés general. Si el pago se ha producido en
un  proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga
un término de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años. Sin embargo,
cuando el pago se ha producido una vez presentada la demanda, con la sola notificación
del mandamiento de pago, el término de caducidad será solamente de dos (2)
años, es decir, se seguirá la regla general del pago voluntario.
DERECHO A LA
INFORMACION-Autorización
previa
En relación con
el derecho a la información y la legitimidad de la conducta de las entidades
que solicitan información  de sus eventuales clientes, a las centrales de
información que para el efecto se han creado,  así como la facultad de reportar
a quienes incumplan las obligaciones con ellos contraídas,  tiene como base
fundamental y punto de equilibrio, la autorización que el interesado les
otorgue para disponer  de esa información, pues al fin y al cabo, los datos que
se van a suministrar conciernen a él, y por tanto, le asiste el derecho, no
sólo a autorizar su circulación, sino a rectificarlos o actualizarlos, cuando a
ello hubiere lugar. Autorización que debe ser expresa y voluntaria por parte
del interesado, para que sea realmente eficaz, pues de lo contrario no podría
hablarse de que el titular de la información hizo uso efectivo de su  derecho.
REF: PROCESO T- 41.500
DEMANDANTE: PATRICIA NARVAEZ BEJARANO contra
DATACREDITO de COMPUTEC.
PROCEDENCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Laboral.
MAGISTRADO
PONENTE: JORGE ARANGO
MEJIA.
Sentencia aprobada
en sesión de la Sala plena, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, el
primer (1er.) día del mes de  marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio
Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio
Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero,
Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, decide sobre el fallo proferido por
la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en el proceso promovido por la
señora Patricia Narváez Bejarano, a través de apoderado judicial.
El expediente llegó
a la Corte Constitucional, por remisión que hizo la Corte Suprema de Justicia,
en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección
de la Corte eligió, para su revisión, el expediente de la referencia.
I.       ANTECEDENTES
La señora Patricia
Narváez Bejarano, por medio de apoderado judicial, presentó, el 6 de mayo de
1994, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,  acción de
tutela contra Datacrédito de Computec S.A., por las siguientes razones:
A. Hechos
1.  La
señora Patricia Narváez Bejarano solicitó  ante una cooperativa y una
corporación de ahorro y vivienda, respectivamente, el otorgamiento de un
crédito, el cual le fue negado porque su  nombre aparecía reportado ante la
central de datos que maneja Datacrédito.
2.  La
razón de rechazo, dice la actora, le  fue sumistrada verbalmente por empleados
de las entidades ante las que elevó sus solicitudes de crédito.
3.  Ante
ese hecho, la señora Narváez, en carta del 19 de marzo de 1993, dirigida al
doctor Santiago Concha Scarpetta, administrador de la firma Computec S.A., de
la ciudad de Cali, solicitó excluír su nombre de la central de datos que él
administra, pues ella nunca autorizó el reporte, ni la inclusión de su nombre y
de los datos relacionados con ella, a ninguna central de información o  banco
de datos.
4.  En
respuesta a esa petición, la asesora jurídica de la firma Computec S.A, en
carta del 29 de marzo, pidió a la actora el envío de las solicitudes de
crédito, para verificar si  realmente había concedido autorización para el
reporte de su nombre.
5.  En
julio 23 de 1993, en carta dirigida nuevamente al administrador de la firma
Computec S.A., la actora insistió en la exclusión de su nombre de esa central
de información.
6.
La señora Narvaéz afirma que su comportamiento crediticio ha sido
satisfactorio. Prueba de ello, dice, es que ninguna entidad crediticia le ha
iniciado  proceso ejecutivo para obtener el pago de sus obligaciones,  o la ha
constituído en mora.
7.
Así mismo considera, que la información suministrada por Datacrédito de
Computec. S.A., le  ha ocasionado graves perjuicios, en especial, porque no ha
podido adquirir vivienda propia.
B. Derechos
fundamentales presuntamente vulnerados
Con la información
que reposa en Datacrédito,  y por el hecho de no habérsele dado una respuesta a
la solicitud de exclusión de su nombre de esa central, la actora considera
vulnerados sus derechos a la intimidad y el de petición.
C. Pretensiones
La demandante
solicita:
1.
La exclusión de su nombre, de la central de datos que maneja Datacrédito
de Computec S. A., seccional Cali. Así como la orden a esa entidad, de
abstenerse, en lo sucesivo, de suministrar información relacionada con ella.
2.
El pago de los perjuicios correspondientes, en especial, los
arrendamientos que ha tenido que sufragar, por no haber sido concedido  el
crédito para adquirir su vivienda propia. Perjuicios tasados en el escrito de
tutela en la suma de dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000, oo).
D. Pruebas
aportadas
Entre las pruebas
aportadas por la demandante, están las siguientes:
·   Carta
suscrita por la actora, de fecha 19 de marzo de 1993, solicitando  a la firma
Computec S.A., la exclusión de su nombre de esa central de información.
·   Respuesta
de la Asesora Jurídica de Computec. S.A., de fecha 29 de marzo de 1993, en
donde se le pide a la actora el envío de las respectivas solicitudes de
crédito.
·   Solicitud
suscrita por la actora, de fecha julio 23 de 1993, insistiendo en la exclusión
de su nombre de la central de datos.
·
Certificaciones expedidas por las distintas entidades finacieras y comerciales,
con las que la demandante posee vínculos crediticios.
Documentos relacionados con las solicitudes de
crédito, y un contrato de arrendamiento.
E.      Actuación
procesal
Admitida la acción
de tutela, el  Tribunal solicitó a la firma Computec S.A., el envío de una
"constancia fidedigna sobre los hechos que motivaron su información a
entidades crediticias sobre mal manejo de créditos por parte de la señora
Patricia Narváez Bejarano...". En cumplimiento de esta orden, la firma
Computec S.A., remitió al Tribunal, entre otros, los siguientes documentos:
Copia del modelo de contrato que
suscribe Computec S.A, con las entidades interesadas en su servicio.
Comunicación de la Superintendencia
Bancaria dirigida al Gerente General de Computec S.A., señalando exactamente
los datos que esa firma puede suministrar a sus clientes, a efectos de no
violar la reserva bancaria.
La información que manejan sobre el
comportamiento comercial de la señora Patricia Narvaéz Bejarano y que
suministran a sus clientes. Esta información es la siguiente:
"-  Cartera
Bancaria, BANCO ANDINO. No. 07014179A4537, fecha de apertura, julio de 1990,
fecha de vencimiento, marzo 1993. Según último informe, la obligación fue
pagada satisfactoriamente.
"-
Tarjeta de crédito DINERS CLUB DE COLOMBIA. No. 365378837731008, fecha de
apertura, noviembre de 1984 y vencimiento noviembre de 1994, según último
informe, en su manejo ha observado mora  de 60 días. Actualmente está a paz y
salvo.
"-
Tarjeta de crédito CREDENCIAL. No. 54322031317181008, fecha de apertura
septiembre de 1985 y vencimiento noviembre de 1994, según último informe, en su
manejo ha observado mora de 120 días. Actualmente está a paz y salvo."
F.      Sentencia
de primera instancia
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, una vez notificada la entidad
acusada, mediante sentencia del diez y siete de mayo  (17) de mayo de 1994, CONCEDIO
la tutela solicitada.
La razón esgrimida
por el Tribunal, para conceder el amparo solicitado, hace referencia al derecho
que tiene toda persona a actualizar la información que cualquier  banco de
datos tenga sobre  ella, derecho que la entidad acusada vulneró, pues a pesar
de la solicitud realizada por la demandante,  en el sentido de que se
rectificara la información que esa entidad estaba suministrando, no tuvo en
cuenta que los datos proporcionandos eran "antiguos", pues se
relacionaban con moras que la demandante había registrado con dos entidades
crediticias, con quienes  ya se encuentra a paz y salvo.
Así, pues, en
concepto del Tribunal, la solicitud presentada por la demandante a la entidad
acusada,  le " imponía el deber de rectificar esa información haciendo desaparecer
esos datos negativos..." (negrillas fuera de texto),  pues ellos
podían perjudicar a la demandante, vulnerando su derecho a la intimidad y al
buen nombre.
El Tribunal
consideró que la petición de exclusión del  nombre de la actora de la central
de datos que maneja la entidad acusada, es una especie de  solicitud de
rectificación. Por esta razón, en el fallo se partió de ese supuesto.
G. Impugnación
En esencia,  la
impugnación presentada por el apoderado de Datacrédito S.A., hace referencia a
la naturaleza del dato comercial y a su relación con el derecho a la intimidad.
Explica que el suministro de datos de carácter económico, siempre y cuando sean
reales y veraces, es legítimo y no desconoce derecho fundamental alguno.
Además,  que la
historia del comportamiento comercial de una persona, hace parte del suministro
de una información real y no virtual sobre ella, siendo  las entidades
financieras quienes, en últimas, la evalúan y deciden si prestan o no el
servicio solicitado, pues, a pesar de que el acceso a él es más  difíci, cuando
se ha incurrido en mora, no siempre se niega. No ocurre lo mismo con quienes
presentan moras vigentes, pues, por política gremial, no se les permite el
acceso a nuevos servicios.
Finaliza afirmando
que con la decisión de borrar cualquier información relacionada con el manejo
del crédito de las personas, se vulnera el derecho a la igualdad de quienes
cumplen en tiempo sus obligaciones comerciales, y muestran un buen
comportamiento comercial.
H.  Sentencia de
segunda instancia
La Corte Suprema de
Justicia, Sala Laboral, mediante fallo del veintidós (22) de junio de 1994, REVOCÓ
el proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala
Laboral.
En concepto de la
Corte, cuando las informaciones que se  suministran son    veraces, no puede
hablarse de una vulneración de los derechos a la intimidad o al buen nombre.
En el caso materia
de estudio, la entidad acusada no suministró un dato irreal o malintencionado.
Simplemente informó sobre el estado de mora en que incurrió la actora; la
duración de la misma y  el estado actual de su situación comercial. Así, pues,
como el dato suministrado es cierto, no puede alegarse vulneración del derecho
al buen nombre o a la intimidad de la demandante.
Por otra parte, la
entidad acusada está obligada a suministrar  los datos que posee sobre el
comportamiento comercial de las personas allí reportadas, en virtud del contrato
suscrito con las entidades crediticias, cuyo objeto principal es el sumistro de
esa información. Igualmente, a las entidades les asiste el derecho a conocer
esa información, como un mecanismo de protección de su patrimonio y del ahorro
privado que manejan.
Por tanto,  concluye
así la Corte:
" No aparece
entonces acertado que un banco de datos, como se pretende en este asunto, esté
obligado a borrar la información acerca del mal comportamiento comercial de una
persona, ya sea porque no paga o porque se demora en hacerlo, pues precisamente
su labor se concreta, en cumplimiento a los contratos firmados  con sus
usuarios, a brindarles ese tipo de información cuyo análisis determinará si se
otorga o no el crédito."
Por las anteriores
consideraciones, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, no encontró
razón alguna que justificara ordenarle a Datacrédito la exclusión del nombre de
la demandante de sus archivos.
II.      CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera:    Competencia
La Corte
Constitucional es competente para decidir este asunto, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, en
concordancia con las normas pertinentes del decreto 2591 de 1991.
Por tanto, procede
la Corte Constitucional a resolver este asunto, previas las siguientes
consideraciones.
Segunda.- ¿La
manera como una persona atienda sus obligaciones económicas para con las
instituciones de crédito, pertenece al ámbito de su intimidad?
La primera pregunta
que surge al intentar el análisis de este asunto, es ésta: ¿la conducta de una
persona en lo tocante al cumplimiento de sus obligaciones con los
establecimientos de crédito y con el comercio, es asunto que sólo pertenece a
su fuero íntimo, desprovisto, por lo mismo, de implicaciones sociales? ¿O, por
el contrario, es algo que forma parte de su comportamiento social, sobre lo
cual los demás miembros de la comunidad, especialmente los dedicados a la
concesión de créditos, tengan eventualmente el derecho a recibir información?.
Cuando el artículo
15 de la Constitución consagra el derecho a la intimidad personal y familiar,
es evidente que ampara, en primer lugar, aquello que atañe solamente al
individuo, como su salud, sus hábitos o inclinaciones sexuales, su origen
familiar o racial, sus convicciones políticas y religiosas. Ampara, además, la
esfera familiar, lo que acontece en el seno de la familia, que no rebasa el
ámbito doméstico.  Nadie extraño tiene, en principio, por qué conocer cómo
discurre la vida familiar.  Sólo en circunstancias anormales, y precisamente
para volver a la normalidad, el Estado, por ejemplo, interviene, y
temporalmente el derecho a la intimidad familiar debe ceder frente a otro
superior.
Al respecto, el
autor Eduardo Novoa Monreal, hace el siguiente "recuento empírico"
sobre las actividades, situaciones y fenómenos pertenecientes a la vida
privada:
" a] ideas y
creencias religiosas, filosóficas, mágicas y políticas que el individuo desee
sustraer del conocimiento ajeno;
"b] aspectos
concernientes a la vida amorosa y sexual;
"c] aspectos no
conocidos por extraños de la vida familiar, especialmente los de índole
embarazosa para el individuo o para el grupo;
"d] defectos o
anomalías físicos o psíquicos no ostensibles;
"e]
comportamiento del sujeto que no es conocido de los extraños y que de ser
conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación de éstos hacen de
aquél;
"f] afecciones
de la salud cuyo conocimiento menoscabe el juicio que para fines sociales o
profesionales formulan los demás acerca del sujeto;
"g] contenido
de comunicaciones escritas u orales de tipo personal, esto es, dirigidas
únicamente para el conocimiento de una o más personas determinadas;
"h] la vida
pasada del sujeto, en cuanto pueda ser motivo de bochorno para éste;
"i] orígenes
familiares que lastimen la posición social y,  en igual caso, cuestiones
concernientes a la filiación y a los actos de estado civil;
"j] el
cumplimiento de las funciones fisiológicas de excreción, y hechos o actos
relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o socialmente
inaceptables (ruidos corporales, intromisión de dedos en cavidades naturales,
etc.);
"k] momentos
penosos o de extremo abatimiento; y,
"j] en general,
todo dato, hecho o actividad personal no conocidos por otros, cuyo conocimiento
por terceros produzca turbación moral o psíquica al afectado (desnudez,
embarazo prematrimonial).
" Con lo
anterior hemos tratado de presentar la más amplia gama  de hechos, relaciones y
fenómenos que normalmente un sujeto tiene el derecho a ocultar al conocimiento
de los demás. ..." (Cfr. "Derecho a la vida privada y libertad de
información", Editorial Siglo XXI, págs. 45 y 46, 1979)
Entendidas así la
intimidad personal y familiar, es claro que resulta exagerado colocar en su
mismo plano el comportamiento de una persona en materia crediticia.  Ello, por
varias razones.
La primera, que el
ser buen o mal pagador es algo que necesariamente no sólo interesa al deudor,
sino a éste y a quienes son sus acreedores actuales o potenciales.
La segunda, que lo
relativo al crédito tiene un contenido económico, que no puede equipararse con
lo que pertenece a planos superiores, como la vida, la libertad y la dignidad
del hombre.
Dicho en los
términos más sencillos, quien obtiene un crédito de una entidad dedicada a esta
actividad y abierta al público, no puede pretender que todo lo relacionado
exclusivamente con el crédito, y en especial la forma como él cumpla sus
obligaciones, quede amparado por el secreto como si se tratara de algo
perteneciente a su intimidad. Lo anterior sin perjuicio de lo que se señalará
sobre la titularidad del dato personal, en otra parte de esta sentencia.
Tercera.-  El
derecho al buen nombre
El artículo 15 de la
Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.
El nombre es, según
una de las acepciones del Diccionario de la  Lengua Española, "fama,
opinión, reputación o crédito". Es, en consecuencia, el resultado del
comportamiento en sociedad. Tiene buen nombre quien lo ha adquirido merced a su
buena conducta, pues él no se recibe gratuitamente de los demás.  Y la buena
fama, la buena opinión que los demás tengan de alguien, es el resultado de la
buena conducta que observan en él.
El buen nombre se
tiene o no se tiene, según sea la conducta social.  Es, por lo mismo, objetivo,
en la medida en que lo configuran los hechos o actos de la persona de quien se
trata.
El derecho al buen
nombre no es una abstracción, algo que pueda atribuírse indiscriminadamente a
todas las personas. En los casos concretos habrá que ver sin quien alega que se
le ha vulnerado, lo tiene realmente. Al respecto, esta Corte ha señalado:
"El buen nombre
alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en
relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones
humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más
valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye
factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida.
"Se atenta
contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir,
sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma directa y personal,
ya a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o
erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del
individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de
los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en
cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen.
"Pero el
derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza, exige como
presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de
quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros
términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del
individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la
colectividad.
"...a él es
aplicable íntegramente lo dicho en esta providencia en el sentido de que no
puede alegar desconocimiento o vulneración de su buen nombre quien, por su
conducta -en este caso la mora en el pago de las cuotas de administración- da
lugar a que se ponga en tela de juicio su credibilidad."  (Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-229 de 1994. Magistrado Ponente Dr. José Gregorio
Hernández)
En lo que tiene que
ver con el manejo del crédito, es evidente que la fama de buen o mal pagador se
origina en la forma en que usualmente la persona atiende sus obligaciones.  Es
ella misma quien realiza los actos que configuran su fama.
Es elemental, por lo
dicho, que la vulneración del buen nombre sólo puede aducirla quien lo tiene,
porque lo ha ganado.
De otra parte, es
claro que el buen nombre es un concepto diferente por completo a la intimidad
personal y familiar: ésta es secreta para los demás, en tanto que aquél es
público por naturaleza, y lo que es público por naturaleza no puede tornarse en
íntimo, porque sería inadecuado.
Cuarta.- El
derecho a la información
El artículo 20 de la
Constitución consagra el derecho a informar y a recibir información veraz e
imparcial.
¿Qué es una
información veraz? Sencillamente, la que corresponde a la verdad.  Pero no a
una verdad a medias, sino a la verdad completa.
Quinta.- El habeas
data: su contenido y los medios jurídicos para su protección.
A diferencia de lo
que ocurre en otras legislaciones, en Colombia el habeas data está
expresamente establecido en la Constitución.  Al respecto, el artículo 15,
después de consagrar los derechos de todas las personas a la intimidad y al
buen nombre, agrega: "De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas". Este,
concretamente, es el habeas data.
¿Cuál es el núcleo
esencial del habeas data? A juicio de la Corte, está integrado por el derecho
a la autodeterminación informática y por la libertad, en general, y
en especial económica.
La autodeterminación
informática es la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para
autorizar su conservación, uso y circulación, de conformidad con las
regulaciones legales.
Y se habla de la
libertad económica, en especial, porque ésta podría ser vulnerada al
restringirse indebidamente en virtud de la circulación de datos que no sean
veraces, o que no haya sido autorizada por la persona concernida o por la ley.
El sujeto activo
del derecho a la autodeterminación informática es toda persona, física o
jurídica, cuyos datos personales sean suceptibles de tratamiento automatizado.
El sujeto pasivo
es toda persona física o jurídica que utilice sistemas informáticos para la
conservación, uso y circulación de datos personales. En la materia de que trata
esta sentencia, tales datos deberán referirse a la capacidad económica de la
persona, y, concretamente, a la manera como ella atiende sus obligaciones
económicas para con las instituciones de crédito.
El contenido del habeas
data se manifiesta por tres facultades concretas que el citado artículo 15
reconoce a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o almacenados:
a) El derecho a conocer
las informaciones que a ella se refieren;
b) El derecho a
actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los
hechos nuevos;
c) El derecho a
rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.
Existe, además, el
derecho a la caducidad del dato negativo, no consagrado expresamente  en el
artículo 15 de la Constitución, pero que se deduce de la misma
autodeterminación informática, y también de la libertad. El alcance de este
derecho se analizará posteriormente, en esta misma providencia.
Hay que aclarar que
la actualización, y la rectificación de los datos contrarios a la verdad, son,
en principio, obligaciones de quien maneja el banco de datos; y que si él no
las cumple, la persona concernida puede exigir su cumplimiento.
Además, para
facilitar el conocimiento de los datos por la persona concernida, debe notificarse
a ésta sobre la inclusión de tales datos en el banco. La oportunidad para tal
notificación, también debe ser definida por el legislador.
Se advierte,
finalmente, que el habeas data tiene que ver, además, con la manera como
se manejen los datos. Al respecto, el inciso 2o., del artículo 15 dispone:
" En la
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución."
En consecuencia, los
datos conseguidos, por ejemplo, por medios ilícitos no pueden hacer parte de
los bancos de datos y tampoco pueden circular. Obsérvese la referencia especial
que la norma hace a la libertad, no sólo económica sino en todos los órdenes.
Por esto, con razón se ha dicho que la libertad, referida no sólo al aspecto
económico, hace parte del núcleo esencial del habeas data.
Igualmente, si un
banco de datos, abusando de sus funciones, incluye entre la información sobre
un deudor, datos que por su contenido pertenecen a la esfera íntima del
individuo, podrá la persona cuya intimidad se vulnera exigir la exclusión de
tales datos. Y si tal exclusión no se hace voluntariamente, acudir a la acción
de tutela para proteger su derecho fundamental.
Sexta.- El
conflicto entre el derecho a la información y el derecho al buen nombre
El conflicto entre
el derecho al buen nombre y el derecho a la información, se presenta cuando
aquél se vulnera por la divulgación de ésta.
Hay que partir de la
base de que la información debe corresponder a la verdad, ser veraz, pues no
existe derecho a divulgar información que no sea cierta.
En el caso que nos
ocupa, la pregunta que debe contestarse es ésta: ¿existe un derecho de los
establecimientos de crédito a recibir información veraz sobre la conducta de
sus posibles deudores en lo tocante al cumplimiento de sus obligaciones?. Y, de
otra parte, ¿tiene el deudor derecho a impedir que el acreedor informe sobre la
manera como él cumplió o cumple sus obligaciones?.
En relación con la
primera pregunta, es menester tener en cuenta estas razones.
Las instituciones de
crédito, precisamente por manejar el ahorro del público, ejercen una actividad
de interés general, como expresamente lo señala el artículo 335 de la
Constitución.  No tendría sentido pretender que prestaran sus servicios, y en
particular otorgaran créditos, a personas de las cuales no tienen información.
Por el contrario: un manejo prudente exige obtener la información que permita
prever qué suerte correrán los dineros dados en préstamo.
Obsérvese que cuando
un establecimiento de crédito solicita información sobre un posible deudor, no
lo hace por capricho, no ejerce innecesariamente su derecho a recibir
información.  No, la causa de la solicitud es la defensa de los intereses de la
institución que, en últimas, son los de una gran cantidad de personas que le
han confiado sus dineros en virtud de diversos contratos.
El deudor, por su
parte, no tiene derecho, en el caso que se examina, a impedir el suministro de
la información, principalmente por tres razones.  La primera, que se trata de
hechos que no tienen que ver solamente con él; la segunda, que no puede oponerse
a que la entidad de crédito ejerza un derecho; y la tercera, que no se
relaciona con asuntos relativos a su intimidad. Lo anterior, bajo el entendido
que la circulación de esa  información está condicionada a la autorización
previa del interesado, como se explicará más adelante.
Séptima.- La
información veraz en asuntos de crédito
Pretenden algunos
que la información en esta materia debe limitarse al hecho de si alguien es o
nó deudor, y si al momento de suministrar la información está o no está en
mora.  Este aspecto cobra importancia en la medida en que se relaciona con la
actualización y rectificación de las informaciones, tema al cual se refiere el
artículo 15 de la Constitución al tratar de los bancos de datos.
Se ha dicho que la
información para ser veraz debe ser completa.  En lo atinente a un crédito,
por ejemplo, un banco no daría información completa, si se limitara a expresar
que el deudor ya no debe nada y ocultara el hecho de que el pago se obtuvo
merced a un proceso de ejecución, o que la obligación permaneció en mora por
mucho tiempo. Igualmente, no sería completa si no se informara desde qué fecha
el cliente está a paz y salvo.
El otorgamiento de
créditos es una actividad que implica el correr un riesgo.  Y éste es diferente
según el posible deudor haya sido una persona de las que usualmente cumplen
oportunamente sus obligaciones o, por el contrario, se cuente entre quienes
suelen incurrir en mora o ser demandados en procesos de ejecución.  Por esto,
es claro que incurre en culpa el encargado de otorgar préstamos que no examina
esta circunstancia.
Pero, se dice, el
deudor tiene derecho a que la información se actualice, y si ya la obligación
desapareció, solamente debe expresarse que nada debe.  Hay aquí un equívoco,
pues el actualizar una información, es decir, el ponerla al día, no implica el
borrar, el suprimir, el pasado.  Significa solamente registrar, agregar, el
hecho nuevo.  En el caso del deudor moroso que finalmente paga, voluntaria o
forzadamente, la información completa sobre su conducta como deudor debe
incluir todas estas circunstancias.
Y el derecho que
quien fue deudor moroso tiene a que se ponga al día la información, exige que
se registre no sólo el pago, voluntario o forzado, sino la fecha del mismo,
como hechos nuevos. No que se borre todo lo anterior, como si no hubiera
existido.  Sostener lo contrario llevaría al absurdo de afirmar que actualizar
una historia, es consignar únicamente el último episodio, eliminando todo lo
anterior.
De otra parte, hay
que aclarar que  el revelar un dato verdadero, en condiciones
normales, no constituye una sanción, sino el ejercicio del
derecho a informar y recibir información veraz e imparcial, consagrado por el
artículo 20 de la Constitución.
Octava.-  El
derecho a la información y el derecho a la igualdad en relación con los
deudores
En presencia de dos
deudores, uno de los cuales ha cumplido voluntaria y oportunamente sus
obligaciones, en tanto que el otro ha incurrido en mora y sólo ha pagado
obligado por un proceso de ejecución, se quebranta el derecho a la igualdad
cuando sobre los dos la información se reduce a expresar que nada deben.
Pero hay más: el
deudor que cumple estrictamente tiene derecho, como parte del que tiene al buen
nombre, a que en la información se diga que cumplió oportunamente sus
obligaciones.  Callar esta circunstancia, si bien no vulneraría su buen nombre,
no contribuiría a cimentarlo.
En conclusión:
mientras la información sobre un deudor sea veraz, es decir, verdadera y
completa, no se puede afirmar que el suministrarla a quienes tienen un interés
legítimo en conocerla, vulnera el buen nombre del deudor.  Si realmente éste
tiene ese buen nombre, la información no hará sino reafirmarlo; y si no lo
tiene, no podrá alegar que se le vulnera.
Novena.- Límite temporal
de la información: la caducidad de los datos.
Como se ha visto, el
deudor tiene derecho a que la información se actualice, a que ella contenga los
hechos nuevos que le beneficien.
Y, por lo mismo,
también hacia el pasado debe fijarse un límite razonable, pues no sería lógico
ni justo que el buen comportamiento de los últimos años no borrara, por así
decirlo, la mala conducta pasada.
¿Qué ocurre en este
caso?. Que el deudor, después de pagar sus deudas, con su buen comportamiento
por un lapso determinado y razonable ha creado un buen nombre, una buena fama,
que en tiempos pasados no tuvo.
Corresponde al
legislador, al reglamentar el habeas data, determinar el límite temporal
y las demás condiciones de las informaciones. Igualmente corresponderá a esta
Corporación, al ejercer el control de constitucionalidad sobre la ley que
reglamente este derecho, establecer si el término que se fije es razonable y si
las condiciones en que se puede suministrar la información se ajustan a la
Constitución.
Es claro, pues, que
el término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el
legislador.
Pero, mientras no lo
haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso
del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo
así el interés general.
En este orden de
ideas, sería irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática
del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de todos los siguientes
hechos:
a)  Un pago
voluntario de la obligación;
b) Transcurso de un
término de dos (2) años, que se considera razonable, término contado a  partir
del pago voluntario.  El término de dos (2) años se explica porque el deudor,
al fin y al cabo, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento,
aunque haya sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya
sido inferior a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual
al doble de la misma mora; y,
c) Que durante el
término indicado en el literal anterior, no se hayan reportado nuevos
incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras obligaciones.
Si el pago se ha
producido en un  proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser
público, tenga un término de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años,
que es el mismo fijado para la prescripción de la pena, cuando se trata de
delitos que no tienen señalada pena privativa de la libertad, en el Código
Penal. Pues, si las penas públicas tienen todas un límite personal, y aun el
quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto de rehabilitación, no se vé
por qué no vaya a tener límite temporal el dato financiero negativo. Ahora,
como quiera que no se puede perder de vista la finalidad legítima a la que
sirven los bancos de datos financieros, es importante precisar que  el límite
temporal mencionado no puede aplicarse razonablemente si dentro del mismo
término ingresan otros datos de incumplimiento y mora de las obligaciones del
mismo deudor o si está en curso un proceso judicial enderezado a su cobro.
Esta última
condición se explica fácilmente pues el simple pago de la obligación no puede
implicar la caducidad del dato financiero, por estas razones: la primera,  la
finalidad legítima del banco de datos que  es la de informar verazmente sobre
el perfil de riesgo de los usuarios del sistema financiero; la segunda, la
ausencia de nuevos datos negativos durante dicho término, que permite presumir
una rehabilitación comercial del deudor moroso.  Es claro que si durante los
cinco (5) años mencionados se presentan nuevos incumplimientos de otras
obligaciones, se pierde la justificación para excluir el dato negativo. ¿Por
qué? Sencillamente porque en este caso no se ha reconstruído el buen nombre
comercial.
Sin embargo, cuando
el pago se ha producido una vez presentada la demanda, con la sola notificación
del mandamiento de pago, el término de caducidad será solamente de dos (2)
años, es decir, se seguirá la regla general del pago voluntario.
Igualmente debe
advertirse que si el demandado en proceso ejecutivo invoca excepciones, y éstas
properan, y la obligación se extingue porque así lo decide la sentencia, el
dato que posea el banco de datos al respecto, debe desaparecer.  Naturalmente
se exceptúa el caso en que la excepción que prospere sea la de  prescripción,
pues si la obligación se ha extinguido por prescripción, no  ha habido pago, y,
además, el dato es público.
Hay que aclarar que
el dato en este caso es público, porque la prescripción debe ser declarada por
sentencia o providencia judicial que tenga la fuerza de ésta. Al respecto, la
Sala Plena de esta Corporación precisó:
" La
prescripción de la acción cambiaria o de una obligación no puede alegarse ante
el juez de tutela ni ser reconocida por éste, sino ante el juez competente.
(...)
"Así, pues, el
competente para resolver si se ha producido o no la prescripción de la acción
cambiaria respecto de una determinada obligación es aquel juez al que
corresponda decidir sobre el proceso que instaure el acreedor con miras a su
cobro.
" (...)
"(...) [pero]
ni siquiera el juez competente puede reconocer una prescripción si ante él no
se alega y se la somete al pertinente estudio jurídico, menos aún puede el juez
de tutela -ajeno al proceso en que se debate lo relativo al derecho del
acreedor y a la obligación del deudor- partir del supuesto de que ha operado la
prescripción de la acción cambiaria o de la obligación misma y de que, por
tanto, no cabe ya la vía ejecutiva, para, con base en ello, concluir que el
Banco de Datos debe eliminar toda referencia al nombre del deudor." (Cfr.
Sentencia SU-528 de 1993. Magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández
Galindo)
Se advierte
expresamente que todo lo que se ha dicho sobre el término de caducidad refleja
los criterios generales que  la Corte estima razonables a la luz de la
Constitución. Pero naturalmente, el legislador, al dictar la ley estatutaria
correspondiente, podrá, según su buen criterio, apartarse, determinando lo que
él mismo estime razonable, siempre y cuando se ajuste a la Constitución. Y
podría, por ejemplo, llegar a establecer una caducidad especial en los
casos en que la obligación se extingue por prescripción.
Décima.-
Necesidad de autorización previa
Lo expuesto en esta
providencia, en relación con el derecho a la información y la legitimidad de la
conducta de las entidades que solicitan información  de sus eventuales
clientes, a las centrales de información que para el efecto se han creado,  así
como la facultad de reportar a quienes incumplan las obligaciones con ellos
contraídas,  tiene como base fundamental y punto de equilibrio, la
autorización que el interesado les otorgue para disponer  de esa información,
pues al fin y al cabo, los datos que se van a suministrar conciernen a él, y
por tanto, le asiste el derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a
rectificarlos o actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar.
Autorización que
debe ser expresa y voluntaria por parte del interesado, para que sea realmente
eficaz, pues de lo contrario no podría hablarse de que el titular de la
información hizo uso efectivo de su  derecho. Esto significa que las cláusulas
que en este sentido  están siendo usadas por las distintas entidades, deben
tener una forma y un contenido que le permitan al interesado saber cuáles son
las consecuencias de su aceptación.
Décimaprimera.-
La información y la confianza pública
El crédito es un
factor fundamental en la vida económica, particularmente en el sistema
capitalista.  Piénsese, si no, en las tarjetas de crédito, en las ventas a
plazo, en las cuentas corrientes bancarias, etc.
Pero, para que el
crédito opere normalmente, es necesario que exista la confianza pública, es
decir, la creencia fundada en que las gentes, en general, harán honor a sus
compromisos.
A crear esa
confianza pública contribuye la circulación de información veraz sobre las
personas en su papel de deudores.   Basta imaginar un mundo en que tales
informaciones no existieran, dominado por la incertidumbre y la desconfianza.
Décimasegunda.-
Las informaciones no imponen obligaciones
A todo lo dicho
puede agregarse otro argumento: las informaciones que una entidad acreedora,
directamente o por intermedio de un banco de datos, suministra sobre un deudor,
no son obligatorias.  La persona que las recibe, generalmente un
establecimiento de crédito, las evalúa y, con base en ellas y en otras
circunstancias, decide.  Esas informaciones son apenas un dato, que, sumado a
otros, permite apreciar el riesgo que implica la concesión del crédito.
Décimatercera.-
La primacía del interés general
Uno de los
principios fundamentales del orden jurídico es la premacía del interés general,
según el artículo primero de la Constitución.  Ese interés general solamente
ocupa un lugar inferior en la escala de los valores en relación con los
derechos a la vida y a la libertad de la persona, que son consecuencia de su
dignidad.
En tratándose de los
aspectos económicos, la primacía del interés general es indiscutible, como
expresamente lo consagra el artículo 58 de la Constitución, al tratar del
derecho de propiedad, por definición derecho de contenido económico.
En la información
sobre el cumplimiento en asuntos de crédito, como ya se ha esbozado, está de
por medio el interés general.  Teniendo en cuenta éste, corresponde al Gobierno
regular el "manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados
del público", siguiendo los objetivos y criterios trazados por el
legislador (art. 150 C.P.); compete y corresponde también al Presidente de la
República ejercer la "inspección, vigilancia y control" sobre las
personas que realicen las mismas actividades (art. 189, numeral 24).
Finalmente, el artículo 335, ya citado, declara expresamente que estas
actividades son "de interés público".
Mal puede
sostenerse, en consecuencia, que un erróneo concepto de la intimidad prevalezca
sobre la obligación que tienen quienes manejan recursos captados del público,
de velar por éstos. Obligación, como ya se dijo, fundada en el interés general.
Décimacuarta.-
Unificación de la jurisprudencia
Por medio de esta
sentencia, la Corte unifica su jurisprudencia en esta materia, en los términos
hasta aquí expuestos.
Décimaquinta.- El
caso en concreto
Una de las razones
que esgrime la demandante para solicitar la tutela en el presente caso, radica
en el hecho de que ella nunca ha autorizado el reporte de su nombre a banco o
central de datos alguno. Ante esta afirmación, se solicitó a las distintas
entidades que  aparecen relacionadas por  Datacrédito, informar si la señora
Patricia Narváez Bejarano, "... al momento de suscribir los respectivos
contratos de cuenta corriente o tarjeta de crédito autorizó expresamente,
la inclusión de informaciones relacionadas  con su comportamiento comercial,
hábitos de pago, manejo de su cuenta, etc., manejados por alguna entidad
autorizada para el efecto, lo mismo que el suministro de tales informaciones a
quienes tuvieren interés legítimo en ellas...".
Como respuesta a
esta solicitud, el Banco de Occidente señaló que la actora al suscribir el
contrato de apertura y utilización de tarjeta de crédito, aceptó una cláusula
del mismo, donde concede autorización a la entidad, entre otras cosas, para
publicar su nombre como deudor moroso si a ello hubiere lugar. Sin embargo, ese
Banco señala que el informe que ha dado sobre el comportamiento comercial de la
señora Narváez Bejarano a las distintas centrales de información, ha sido el de
"MANEJO NORMAL"
Por su parte, el
Banco Superior informó que al otorgarle a la actora la tarjeta de crédito
Diners Club de Colombia no solicitó ninguna autorización para reportar
informaciones relacionadas con su comportamiento comercial.
Finalmente el Banco
Andino, a través del oficio ST1152, del 11 de noviembre de 1994, dijo:
"...la señora
Patricia Narváez Bejarano, no figura ni figuró como titular de cuentas
corrientes o tarjetas de crédito en nuestra institución.
" La única
relación que la señora Patricia Narváez Bejarano tuvo con esta institución, consistió
en un crédito otorgado para la financiación de la compra de unos tiquetes
aéreos a la aerolínea Eastern, el cual registraba un saldo al 10 de diciembre
de 1990 de $ 41.115,25 por capital.
"... cabe
señalar que revisados nuestro archivos no aparece ninguna autorización
impartida por la señora Narváez Bejarano para que esta institución incluyera
informaciones relacionadas con su comportamiento comercial, hábitos de pago,
manejo de sus cuentas, etc, en bancos de datos o registros de deudores morosos manejados
por alguna entidad autorizada para el efecto..."
Como se puede
observar, sólo una entidad de las relacionadas en el informe  de Datacrédito
solicitó a la señora Patricia Narváez Bejarano, autorización para el reporte de
su nombre como deudora morosa.
Así mismo, existe
contradicción entre lo reportado por la entidad demandada y el Banco de
Occidente, pues mientras Datacrédito señala que la actora presentó una mora de
120 días, el Banco dice que el reporte que ha suministrado a las distintas
centrales de datos ha sido el de "MANEJO NORMAL", contradicción que
debe resolverse en favor de la demandante, pues si las entidades son las que
suministran la información que Datacrédito después hace circular, es decir, son
las que originan esos datos,  debe concluírse que sólo ellas conocen la
situación real de su cliente.
Por otra parte, la
información que está suministrando Datacrédito no es completa, pues no se está
incluyendo la fecha en que la actora empezó a estar en mora, como tampoco  en
qué momento dejó de estarlo.  Dato éste de gran importancia, pues a partir de
él se puede establecer con certeza cuál ha sido la línea de comportamiento
comercial de la persona.
Si bien se
comparten, en términos generales, las consideraciones de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en relación con el manejo de la información  por
parte de los bancos de datos, se debe revocar  la decisión, porque en el caso
concreto, como se explicó, a la demandante se le vulneraron sus derechos. Por
tanto, se ordenará a Datacrédito de Computec S.A., que en el término de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo corrija y
actualice en  su central de información, los datos que posee sobre la señora
Patricia Narváez Bejarano.
No se condenará al
pago de perjuicios, porque no se demostró su existencia.
III. DECISION.
En mérito de lo
expuesto,  la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCASE
la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, de 24 de junio de 1994. En consecuencia, CONCEDESE
la tutela solicitada y ORDENASE a Datacrédito de Computec S.A., que
en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este
fallo CORRIJA Y ACTUALICE  en su central de información,  los datos que
posee sobre la señora Patricia Narváez Bejarano.
SEGUNDO:
COMUNIQUESE la presente
sentencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral,
para que sea notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
TERCERO: No hay lugar a condena en perjuicios, por
no haberse demostrado su existencia.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General