T-938-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-938/12
DERECHO A LA
EDUCACION DE MENOR DE EDAD Y DERECHO DE PETICION-Fundamental
ACCION DE TUTELA CONTRA
PARTICULAR ENCARGADO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Procedencia
LEGITIMACION POR PASIVA DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION-Deber
de velar por la educación de todos los menores bajo su jurisdicción sin
importar la naturaleza del centro educativo
LEGITIMACION POR ACTIVA-Representación legal de madre de menor de
edad para obtener entrega de certificados de estudio
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia
excepcional en caso de no existir otro medio de defensa judicial
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE LA
ACCION DE TUTELA-Requisito
de procedencia
DERECHO DE PETICION-Fundamental
DERECHO DE PETICION FRENTE
A PARTICULARES-Alcance
ante instituciones de carácter privado y organizaciones que prestan servicios
de interés general
DERECHO DE PETICION FRENTE
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS O PUBLICAS-Procedencia
DERECHO DE PETICION-Alcance de la respuesta
DERECHO
DE PETICION ANTE INSTITUCION EDUCATIVA DE CARACTER PRIVADO-Negación a solicitud no
conduce a la insatisfacción del derecho
NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO
A LA EDUCACION-Constituido por la permanencia en el sistema educativo
RETENCION DE CERTIFICADOS
DE ESTUDIO POR MORA EN PAGO DE ACREENCIAS EDUCATIVAS-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA
EDUCACION DE MENOR DE EDAD-Mora
en pago de acreencias debidas a institución educativa no puede convertirse en
obstáculo para entrega de certificados de estudio
DERECHO A LA
EDUCACION-No existe vulneración por cuanto menor de edad
se encuentra actualmente inscrito en institución educativa
ACCION DE TUTELA DE MENOR
DE EDAD CONTRA COLEGIO-Realizar acuerdo de pago frente a
obligaciones incumplidas para obtener entrega de certificados de estudio
Referencia: expediente T-3546217
Asunto: Acción de tutela instaurada por Ofelia
Durán Díaz, en nombre propio y en representación de su hijo Sebastián Acosta
Díaz, en contra del Colegio Inmaculado Corazón de María –Misioneras Claretianas–
y de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, trece (13)  de noviembre de dos
mil doce (2012)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9° de la
Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela
proferidos por el Juzgado 33 Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado 8º  Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad, correspondientes al trámite de la acción de
amparo constitucional impetrada por
Ofelia Durán Díaz, en nombre propio y en representación de su hijo Sebastián
Acosta Díaz, en contra del Colegio Inmaculado Corazón de María
–Misioneras Claretianas– y de la
Secretaría Distrital de Educación de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Ofelia
Durán Díaz, en nombre propio y en representación de su hijo Sebastián Acosta
Díaz, interpuso acción de
tutela en contra del Colegio Inmaculado
Corazón de María –Misioneras Claretianas– y de la
Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, con la finalidad de obtener la protección del derecho
fundamental de petición, como consecuencia de los siguientes:
1.1.
Hechos
1.1.1.
El menor Sebastián Acosta Díaz cursó hasta el séptimo grado en el Colegio
Inmaculado Corazón de María –Misioneras Claretianas–.
1.1.2.
El día 24 de enero de 2012, la madre del menor, Ofelia Díaz Durán, presentó
derecho de petición ante el plantel educativo –con copia al Ministerio de
Educación Nacional y a la Secretaría de Educación del Distrito– en el cual manifestó:
“muy comedidamente me permito solicitarle proceder inmediatamente a hacer
entrega de toda la documentación que registre mi hijo con el fin de
matricularlo en un colegio Distrital dada la situación económica en que me
encuentro, no obstante señalar que por orden del Ministerio de Educación
Nacional está prohibido retener los documentos de un estudiante”. (Folio
14, cuaderno 1).
1.1.3. Por medio de escrito presentado el 10 de
febrero de 2012, la rectora de la citada institución educativa dio respuesta al
derecho de petición en los siguientes términos: “para la entrega de la
documentación registrada o entregada al Colegio y correspondiente al alumno
Sebastián Acosta Díaz, basta con que se presente a la
Secretaría de la Institución en horas de despacho para retirar los documentos
y dar el recibo correspondiente. En cuanto a los certificados de los estudios
de los grados cursados en el Colegio, debe solicitarlos en la secretaría de la
institución y serán expedidos previo el lleno de los requisitos establecidos”.
(Folio 16, cuaderno 1).
1.1.4. Por su parte, el día 13 de febrero de 2012,
mediante escrito No. 2012EE8039, el Ministerio de Educación Nacional se
pronunció sobre el citado derecho de petición, en el sentido de aclarar que
según la normatividad vigente: “si los padres de familia demuestran un hecho
sobreviniente que les impida cumplir el pago, no le es posible a la institución
educativa retener los certificados de evaluación de los estudiantes;
recomendamos acercarse a la institución educativa nuevamente para realizar un
acuerdo de pago, y en caso de no ser posible llegar a un arreglo, comunicarse
con la Secretaría de Educación de su municipio”. (Folio 19, cuaderno 1).
1.1.5. Más adelante, el menor fue inscrito en el
Instituto Guimarc quien expidió constancia
el 5 de marzo de 2012, en la que planteó: “teniendo en cuenta que prima el
derecho a la educación se le permitió inscribirse mientras su familia soluciona
en el colegio Inmaculado Corazón de María la situación de deuda por
costos educativos y la cual le impide acceder al certificado de grado séptimo.
Me comunique personalmente con la institución Inmaculado Corazón de María
y comprobé que el niño sí cursó el grado séptimo pero que no ha retirado
papeles pues adeuda al colegio una cierta cantidad”. Por lo demás, se dijo:
“acudiendo al principio de buena fe (consagrado en nuestra constitución),
[la] señora OFELIA DIAZ DURAN (…) madre del menor, manifestó que ella se
compromete a pagar lo que debía en el Colegio Inmaculado Corazón de María para
que de esta manera pudiera tener los certificados actualizados en nuestro
plantel”. (Folio 34, cuaderno 1).
1.2.
Solicitud y fundamentos de la demanda de tutela
Con
fundamento en los citados hechos, la peticionaria interpuso acción de tutela
contra la institución educativa demandada, pues consideró que en la respuesta a
su derecho de petición se limitó a “suministrar una información a la
suscrita como si la hubiese cumplido totalmente, CUANDO EN REALIDAD ESTA
RETENIENDO LOS CERTIFICADOS DEL GRADO 7 DE MI HIJO”. (Folio 4, cuaderno 1).
Adicionalmente,
sostuvo que al acercarse al plantel educativo con el fin de retirar los documentos,
“solamente [le] hicieron entrega de los del grado sexto, quedando pendiente
los del grado séptimo lo cual hace caso omiso de entregármelos y ni siquiera
cuando [me] acerco al plantel ni me ponen cuidado ni me dejan entrar y a
mi hijo lo tengo provisionalmente en un colegio Distrital y si no hago entrega
de los documentos que acrediten que él ha cursado los años 6 y 7 lo retiran y
le estarían violando el derecho constitucional a la educación”. (Folio 4,
cuaderno 1).
1.3.
Oposición a la demanda de tutela
1.3.1.
La Secretaría de Educación de Bogotá dio respuesta a la acción de tutela en la
que planteó, en primer lugar, la falta de legitimación por pasiva pues no está “llamada
a responder sobre los hechos narrados por el actor, acerca de la retención
de certificaciones escolares por parte de la institución educativa privada,
por causa de deudas económicas”. (Folio 27, cuaderno 1).
En
segundo término, reiteró el precedente jurisprudencial que existe sobre
retención de certificados escolares y planteó: “nuestro máximo Tribunal
Constitucional  estableció una regla de gran trascendencia: Los planteles
educativos privados no pueden invocar la mora en el pago de la pensiones para
retener los certificados de notas de sus alumnos cuando los padres o acudientes
se vean afectados por un hecho sobreviniente, valga decir, como la
pérdida del empleo, enfermedad grave, quiebra o similares, que alteren de forma
grave sus condiciones económicas. Pero esto no implica que las obligaciones
pendientes de pago queden sin efecto, puesto que existen mecanismos idóneos
para que las instituciones educativas efectúan el cobro de los servicios
educativos”. (Folio 28, cuaderno 1).
1.3.2.
Por su parte, la Rectora del Colegio Inmaculado Corazón de María señaló que no
se vulneró el derecho de petición, en vista de que sí se dio una respuesta aunque
la misma no haya sido favorable a los intereses de la accionante.
Adicionalmente, puso de presente que: “ni por sí misma o ‘motu proprio’ [la
actora] ha propuesto arreglo por la deuda por pensiones de estudio y de
transporte escolar que tiene contraída con el colegio, ni ha aceptado los
llamados que [se] le han hecho para lograr un acuerdo de pagos y expedirle las
constancias del caso”. (Folio 31, cuaderno 1).
II. TRÁMITE PROCESAL
2.1.
Primera instancia
A
través de sentencia del 9 de marzo de 2012, el Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá negó
el amparo solicitado, al considerar que el plantel educativo no vulneró el
derecho de petición de la accionante, pues “fue diligente en responder la [solicitud]
incoada por la actora, dentro de la oportunidad legalmente prevista para ello,
igualmente considera este estrado que el contenido de la respuesta resolvió de
fondo lo solicitado por la tutelante, como quiera que fue explícita en indicar
el procedimiento a seguir para obtener la documentación y las certificaciones
de estudio de su hijo”. (Folio 39, cuaderno 1).
2.2.
Impugnación
La accionante interpuso recurso de apelación frente a
la citada decisión a través de escrito
del 14 de marzo de 2012, en el cual reiteró que sí se había vulnerado su
derecho fundamental de petición y, además, alegó que “ya se había llegado a
un acuerdo de pago con la institución como fue el haber firmado un pagaré por
la deuda, pero como no tengo la totalidad del dinero como lo exige la rectora, (…)
retuvo [el certificado de estudios], por [lo que]  no ha dado estricto
cumplimiento [a dicho derecho]”. (Folio 43, cuaderno 1).
2.3.
Segunda instancia
En
sentencia del 16 de abril de 2012, el Juzgado 8º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá confirmó
la decisión del a quo. En cuanto a las razones que respaldaron el
recurso, la citada autoridad judicial señaló: “que no existe vulneración al
derecho de petición, en tanto que éste le fue resuelto a la actora, sin que
importe para el despacho que el mismo se haya dado en sentido negativo,
precisamente por la deuda que soporta la señora Ofelia con el Colegio
Inmaculado Corazón de María”. (Folio 53, cuaderno 1).
En
cuanto al derecho a la educación del menor, el despacho aclaró que “no
parece afectado en la medida en que éste se encuentra matriculado en una
institución privada de educación y no distrital como lo aseguró la actora,
luego, lo primero desvirtúa el llamado de protección deprecado por Ofelia Díaz
Durán”. (Folio 53, cuaderno 1).
2.4.
Pruebas que obran en el expediente
1.
Copia del derecho de petición
presentado por la señora Ofelia Díaz Durán el día 24 de enero de 2012 ante el
Colegio Inmaculado Corazón de María, en el que solicitó la entrega de los
documentos y certificados de estudio de su hijo. (Folio 14
a 15, cuaderno 1).
2.
Copia de la respuesta al derecho
de petición planteada por el Colegio Inmaculado Corazón de María el 10 de
febrero de 2012, en la cual advirtió que la entrega de los certificados de
estudio se realizaría después del cumplimiento de los requisitos establecidos,
haciendo referencia al pago de los rubros escolares debidos. (Folio 16,
cuaderno 1).
3.
Copia de la comunicación del
Ministerio de Educación Nacional del día 13 de febrero de 2012, en relación con
el derecho de petición presentado por la peticionaria. (Folio 19, cuaderno 1).
4.
Acta de la diligencia de
declaración jurada que rindió el 1º de marzo de 2012 la señora Ofelia Díaz
Durán ante el juez de tutela de primera instancia.
5.
Copia de la constancia expedida el
5 de marzo de 2012 por el Instituto Guimarc, en la que se planteó que: “teniendo
en cuenta que prima el derecho a la educación se le permitió inscribirse
mientras su familia soluciona en el colegio Inmaculado Corazón de María
la situación de deuda por costos educativos y la cual le impide acceder al
certificado de grado séptimo. Me comunique personalmente con la institución Inmaculado
Corazón de María y comprobé que el niño sí cursó el grado séptimo pero que
no ha retirado papeles pues adeuda al colegio una cierta cantidad”. Por lo
demás, se dijo: “acudiendo al principio de buena fe (consagrado en nuestra
constitución), [la] señora OFELIA DIAZ DURAN (…) madre del menor, manifestó que
ella se compromete a pagar lo que debía en el Colegio Inmaculado Corazón de
María para que de esta manera pudiera tener los certificados actualizados en
nuestro plantel”. (Folio 34, cuaderno 1).
III.
REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1.
Competencia
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas en
el trámite de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
3.2.
Problemas jurídicos y esquema de resolución
A partir de las circunstancias fácticas que dieron
lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas en las
respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe resolver los
siguientes problemas jurídicos: (i) ¿se encuentran acreditados en el presente
caso los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, especialmente en
lo referente a la legitimación por pasiva del Colegio Inmaculado Corazón de María
y de la Secretaria de Educación de Bogotá? Una vez superado el
examen de procedencia, es preciso resolver los siguientes interrogantes: (ii) ¿
se vulneró el derecho fundamental de petición de la señora Ofelia Díaz Durán,
en la medida en que el colegio demandado se negó, a través de escrito del 10 de
febrero de 2012, a expedir el certificado correspondiente al grado séptimo del
menor Sebastián Acosta Díaz, en respuesta a su solicitud del 24 de enero de 2012?;
y, finalmente, (iii) ¿se desconoció el derecho a la educación del citado menor,
en cuanto no se hizo entrega del certificado mencionado por parte de la
institución educativa demandada, con ocasión del incumplimiento en el pago de
las obligaciones escolares por parte de sus padres?
Para
resolver los citados problemas jurídicos, inicialmente, la
Sala (i) verificará el
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela; (ii) con
posterioridad reiterará los precedentes jurisprudenciales sobre el alcance del
derecho de petición; (iii) luego se
pronunciará sobre la
expedición de certificados en casos de incumplimiento de obligaciones
escolares; (iv) y finalmente resolverá el
caso concreto.
3.3.
Requisitos de procedencia de la acción de tutela
Antes
de realizar el examen de los asuntos de fondo que se plantean en el presente
caso, la Sala debe verificar el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela. Para tal efecto, en primer lugar, es
preciso examinar si la controversia que se somete a decisión del juez de amparo
constitucional involucra la protección de derechos fundamentales y, en segundo
término, si se satisfacen los elementos objetivos y subjetivos que condicionan su
prosperidad. Los elementos subjetivos se refieren a la acreditación de la
legitimación por activa y por pasiva de los sujetos que intervienen como parte
en el proceso, mientras que los elementos objetivos se circunscriben al
cumplimiento de los principios de subsidiaridad y de inmediatez.
3.3.1.
Alegación de derechos constitucionales fundamentales
El
artículo 86 de la
Constitución Política dispone que: “toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Como
se infiere de lo expuesto, el amparo constitucional está previsto para conocer
de controversias relacionadas con la posible amenaza o violación de derechos
fundamentales, sin que pueda llegar a ser utilizada para resolver asuntos que
comprendan disputas sobre derechos de carácter legal.
En
el asunto bajo examen, se solicita la protección de dos derechos de carácter
fundamental. Por un lado, la señora Ofelia Díaz Durán, alega el amparo del derecho
de petición, ya que la respuesta que el plantel educativo demandando le dio a
su solicitud no fue satisfactoria frente a lo pedido y, por el otro, se invoca
la salvaguarda del derecho a la educación del menor Sebastián Acosta Díaz, pues
su permanencia en el servicio educativo está en riesgo por la falta de entrega
de los certificados escolares que fueron solicitados al Colegio Inmaculado
Corazón de María.
Tanto
el derecho de petición como el derecho a la educación de los niños han sido
reconocidos como derechos fundamentales, no sólo en los artículos 23 y 44 del
Texto Superior, sino también en la abundante jurisprudencia constitucional que
sobre ellos se ha proferido[1]. En este contexto, es claro que los derechos objeto
de controversia en el presente caso sí son de raigambre constitucional y, por
lo tanto, se cumple este presupuesto inicial para la procedencia del amparo
constitucional.
3.3.2.
Legitimación por pasiva
3.3.2.1.
El artículo 86 de la
Constitución Política consagra que la acción de tutela se podrá interponer
contra la acción u omisión de cualquier autoridad pública e incluso de los
particulares “encargados de la prestación de un servicio público o cuya
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”, en
los términos en que se establezca en la ley. A este respecto, el Decreto 2591
de 1991 consagró las condiciones en las que es posible presentar una acción de
tutela contra particulares. Precisamente, el artículo 42 del citado decreto
señala como primera causal la siguiente: “Cuando contra quien se hubiere
hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público de
educación”.
3.3.2.2.
Así las cosas, en primer lugar, la Corte encuentra que la acción de tutela es
procedente contra el Colegio Inmaculado Corazón de María, pues como se observa
de la normatividad expuesta, este mecanismo de defensa judicial se puede
interponer contra particulares encargados de la prestación del servicio público
de educación, como expresamente se consagra en la causal primera del artículo
42 del Decreto 2591 de 1991, previamente citado.
3.3.2.3.
En segundo término, también sería procedente la acción de tutela contra la
Secretaría de Educación de Bogotá, ya que se trata de una autoridad pública,
en los términos previstos en el inciso 1° del artículo 86 de la
Constitución Política. No obstante, es preciso recordar que en el escrito de
contestación al amparo constitucional, la citada Secretaría manifestó que
carecía de legitimación por pasiva, en vista de que “no es la llamada a
responder sobre los hechos narrados por el actor, acerca de la retención de
certificaciones escolares por parte de la institución educativa privada, por
causa de deudas económicas. (…)”[2].
En
criterio de esta Corporación, si bien la
Secretaría de Educación de Bogotá tiene a su cargo importantes funciones
dirigidas a asegurar la educación como un derecho y servicio público (CP art.
67), en condiciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y
aceptabilidad[3], no por ello puede ser llamada a responder por la
posible violación o amenaza de derechos fundamentales, cuyo origen subyace en
una acción u omisión que no le es imputable. En todo caso, no es conducente el
argumento de la entidad al señalar que, siendo una institución privada sus
labores de vigilancia no son pertinentes, pues sin importar la naturaleza del
centro educativo, la Secretaría tiene el deber de velar por la educación de
todos los menores bajo su jurisdicción.
Por
esta razón,  este Tribunal ha admitido que “[la] legitimación por pasiva de
la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño.”[4]
Del análisis de los hechos y del material probatorio
consignado en el expediente, se deduce que los derechos fundamentales invocados
por la tutelante, es decir, el derecho de petición y el derecho a la educación,
no han sido vulnerados o amenazados por una acción u omisión atribuida a la
entidad demandada. Ciertamente, para el caso concreto, se observa que el
derecho de petición se dirigió y tuvo como destinatario exclusivo al Colegio
Inmaculado Corazón de María –Misioneras Claretianas–, siendo enviado como copia
informativa de lo que allí se solicitaba a la
Secretaria de Educación de Bogotá y al Ministerio de Educación Nacional, sin
que se hubiese requerido un pronunciamiento específico de su parte.
Adicionalmente, en cuanto al derecho a la educación,
la conducta que origina el presente amparo se encuentra en la negativa del
citado plantel educativo de entregar los certificados correspondientes al grado
séptimo, sin que ello le sea imputable a la
Secretaría y sin que aparezca una solicitud dirigida a promover el ejercicio de
sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente, en lo
referente a la atribución de “ejercer la inspección, vigilancia, control y
evaluación de la calidad y prestación del servicio educativo en la ciudad”[5].
De
esta manera, en desarrollo de lo expuesto, la
Corte encuentra acreditada la legitimación por pasiva del Colegio Inmaculado
Corazón de María, mas no de la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, pues los derechos
fundamentales cuya protección se invoca no han sido vulnerados o amenazados por una acción u
omisión de su parte.
3.3.3.
Legitimación por activa
La Constitución Política,
en el artículo 86, reconoce el derecho de toda persona de reclamar mediante
acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto
constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que
consagra: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no este en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud”. (Negrilla por fuera del texto original).
En
esta ocasión existen dos sujetos cuyos derechos fundamentales se encuentran en
disputa y frente a quienes se predica la legitimación por activa. Por un lado,
la peticionaria, esto es, la señora Ofelia Díaz Durán, quien solicitó la
protección constitucional de su derecho fundamental de petición, pues consideró
que la respuesta dada a su solicitud fue incompleta; y por el otro, el menor
Sebastián Acosta Díaz, en vista de que su madre también interpuso esta acción
en su representación legal[6], con la finalidad de obtener el amparo del derecho a
la educación, el cual supuestamente fue vulnerado por la negativa de la
institución educativa demandada de entregar el certificado correspondiente al
grado séptimo.
3.3.4.
Principio de subsidiaridad
En
artículo 86 de la
Constitución Política dispone que la tutela “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
De este mandato constitucional surge el denominado  principio de subsidiaridad,
conforme al cual sólo es procedente el amparo cuando ya se hubiesen agotado las
instancias regulares que la jurisdicción ordinaria o contenciosa prevé para la
resolución de los conflictos o cuando se evidencia la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
En
el presente caso, la accionante –en representación de sus propios intereses y
los de su hijo– no cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertir
la decisión adoptada por el Colegio, en el ámbito de protección de los derechos
de petición y de educación. Por una parte, porque los medios de control en el
contencioso administrativo no son procedentes frente a una institución de
carácter privado, cuando ésta desarrolla su actividad en el ámbito exclusivo de
la prestación de un servicio público[7]; y por la otra, porque los distintos procedimientos
previstos en el ámbito civil no consagran la posibilidad de cuestionar este
tipo de actos.
Por
consiguiente, en el caso bajo examen, se encuentra plenamente acreditado el
principio de subsidiaridad, como requisito objetivo de procedibilidad de la
acción de tutela.
3.3.5.
Principio de inmediatez
El
último requisito de procedencia que debe constatar el juez de tutela es el
cumplimiento del principio de inmediatez. Al respecto, el artículo 86 del Texto
Superior dispone que el amparo constitucional está previsto para la “protección
inmediata” de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los términos reconocidos en la ley. Así las cosas, es claro la
acción de tutela tiene como objetivo la protección de las garantías iusfundamentales
que de manera perentoria requieren de la intervención del juez constitucional. En
el presente caso, no transcurrieron más de 10 días entre la supuesta respuesta
insatisfactoria del plantel educativo y la presentación de la acción por parte
de la madre, término que la Corte considera razonable para la formulación del
amparo.
Una
vez examinados los requisitos de procedencia de la presente acción de tutela, la
Sala procederá al estudio de los aspectos de fondo propuestos en el punto 3.2
de esta providencia y a la resolución del caso concreto.
3.4. Estudio de los elementos de fondo
3.4.1.
Sobre el derecho de
petición
El
derecho fundamental de petición se presenta como una garantía esencial de las
personas para establecer vías adecuadas de interlocución con la administración,
de suerte que se convierte en una de las expresiones más importantes de la
participación ciudadana. El artículo 23 de la
Constitución Política establece: “toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución”. En desarrollo de este mandato
constitucional, la jurisprudencia de la
Corte ha establecido que este derecho garantiza, por una parte, la posibilidad
de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas y en ciertos
casos a organizaciones privadas y, por la otra, el derecho a obtener una
respuesta oportuna, clara, completa, de fondo y congruente con lo pedido[8].
En
cuanto a su procedencia frente a particulares, este Tribunal ha planteado el
especial alcance del derecho de petición ante instituciones de carácter privado
y el determinante papel que juega en los casos en que dichas organizaciones
prestan servicios en los que se compromete el interés general. Al respecto ha
planteado:
“De conformidad con los argumentos
expuestos y por tratarse de un derecho constitucional fundamental, debe
entenderse que la acción de tutela resulta procedente tratándose del derecho de
petición frente a particulares encargados de la prestación de un servicio
público, o cuando desarrollan actividades similares que comprometen el
interés general. Además, porque entenderlo en otra forma llevaría a un
desconocimiento del derecho a la igualdad frente a las entidades públicas que
prestan determinado servicio en forma directa, y cuyas actuaciones se
encuentran sujetas al control legal a través de la acción de tutela, en tanto
que las entidades particulares que desarrollan la misma actividad, estarían
exentas de esta carga, generándose una evidente e injusta discriminación.
Así entonces, las organizaciones privadas
que se encuentran incursas en las hipótesis descritas, esto es, -que prestan un
servicio público o desarrollan una actividad similar-, están obligadas a dar
respuesta oportuna a las peticiones que le sean planteadas. Respuestas que,
además, tienen que ser sustanciales en cuanto que deben resolver o aclarar la
inquietud formulada”[9].
Esta
obligación está por supuesto en cabeza de las instituciones educativas, sean de
naturaleza privada o pública, pues prestan uno de los servicios esenciales en
el Estado Social de Derecho, como lo es la educación.
Por
último, la jurisprudencia ha dejado en claro el alcance de la respuesta al
derecho de petición, en el sentido de considerar que esta se satisface incluso
si se responde de forma negativa. Sobre la materia se ha expuesto que:
“El núcleo esencial del derecho de petición reside en
la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para
sí el sentido de lo decidido.
La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1.
Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se
cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.
Por lo anterior, la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta
escrita”[10].
En
desarrollo de los precedentes expuestos, los elementos del derecho de petición
que resultan relevantes para el presente caso son su procedencia frente a
instituciones educativas de carácter privado y la respuesta adecuada por parte
de la entidad cuestionada, sin que la negación a la solicitud conduzca a la
insatisfacción del derecho.
3.4.2.
Reiteración de jurisprudencia sobre retención de certificados de estudio por
mora en el pago de acreencias educativas
El
artículo 44 de la Carta reconoce a la educación como uno de los derechos
fundamentales en cabeza de los niños, básicamente por la importancia que tiene en
el desarrollo de la vida de un individuo. Al respecto, este Tribunal ha
planteado:
“indudable que el derecho a la educación pertenece a
la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo esencial, comporta
un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa
el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Esta
Corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para que
el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su
especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas
en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. La
educación está implícita como una de las esferas de la cultura y es el medio
para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del
hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la
igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5, 13,
68 y 69 de la C.P. En este orden de ideas, en la medida en que la persona tenga
igualdad de probabilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la
vida para efecto de realizarse como persona”[11].
Por tanto, la educación, como derecho fundamental de
los niños, está íntimamente ligada a otras garantías constitucionales tales
como el libre desarrollo de la personalidad y la libre escogencia de profesión
u oficio. Desde esta perspectiva, no cabe duda de que la educación se concibe
como un derecho fundamental en la medida en que resulta inherente al ser humano
y representa para este un factor de desarrollo individual estrechamente
vinculado al logro de sus propias expectativas de vida.
Por otra parte, la
Corte ha dicho que el núcleo esencial de este derecho lo constituye, entre
otras, la permanencia en el sistema educativo, por virtud del cual se prohíben
comportamientos como “la
negativa de los centros académicos de entregar certificaciones escolares o la
intención de impedir que los niños puedan continuar con sus estudios con el
argumento [de] que sus padres son morosos[12]; [los] cobros educativos excesivos[13]
o la negativa a matricular estudiantes que no han podido sufragar tal gasto
debido a la precaria situación económica de sus padres” [14].
En
desarrollo de lo expuesto, a juicio de este Tribunal, no admite duda que la
mora en el pago de las acreencias debidas a una institución educativa, no puede
convertirse en un obstáculo para que un niño complete de manera adecuada sus
estudios. Esta prohibición se fundamenta en una importante distinción: una es
la obligación patrimonial que existe entre la entidad y los padres de familia que
contratan el servicio educativo, y otra –diferente– es la relación que se
presenta entre el menor y una institución educativa, cuyo desarrollo implica la
materialización de un derecho fundamental. Sin duda se trata de dos relaciones
que guardan un estrecho vínculo de conexidad, mas cada una de ellas tiene
rasgos particulares que la identifican. Al respecto se ha pronunciado la
Corte al señalar:
“(…) que es
una violación del derecho a la educación, la negativa de entregar documentos
que son resultado de una labor académica para asegurar el cumplimiento del
contrato de prestación de servicios educativos. Lo anterior, por cuanto los
diplomas, calificaciones, certificados y demás documentos que acrediten el
desempeño de una labor académica, son fundamentales para demostrar el
cumplimiento de los logros obtenidos y poder acreditarlos a quienes lo
soliciten.
Así las cosas, cuando el derecho de las entidades
educativas a obtener el pago de los créditos que obren a su favor por concepto
de matrículas y pensiones entra en conflicto con el derecho a la educación,
debe prevalecer éste toda vez que no es admisible que un interés meramente
económico sacrifique irrazonablemente las finalidades que persigue la relación
enseñanza-aprendizaje”[15].
Por
esta razón, en aras de garantizar la permanencia de los estudiantes en el
sistema educativo, se han establecido por esta Corporación unos parámetros
jurisprudenciales que le permiten al juez de tutela identificar en qué casos un
conflicto económico debe ceder ante la necesidad de garantizar la continuidad
en la educación. Estos parámetros han sido aplicados en los casos en que los
colegios se niegan a entregar certificados de estudio (requisito necesario para
inscribir al menor en otra institución educativa), a pesar de la posibilidad de
hacer uso de otras acciones judiciales para perseguir el pago de las acreencias
debidas.
En
desarrollo de lo expuesto, la Corte ha dicho que un establecimiento educativo
no puede negarse a entregar los citados certificados en caso de mora en el pago
de acreencias patrimoniales que tienen su origen en una relación
enseñanza-aprendizaje, cuando:
“1.-
[Surge] un hecho durante el año lectivo que afecte económicamente los
proveedores de la familia (pérdida del empleo, enfermedad grave, quiebra de la
empresa, etc.) y que haga razonable la mora en el pago de los costos de la
educación, caso en el cual el solicitante de la tutela debe aclarar y probar al
juez tal circunstancia y su actuación dirigida a buscar los medios para cancelar
lo debido y, 2.- [Cuando] no exista un aprovechamiento grave y escandaloso de
la jurisprudencia constitucional que protege el derecho a la educación en tales
circunstancias, es decir, que no se invoque la protección de un derecho
teniendo como base la mala fe del deudor que aún contando con los recursos para
cancelar su deuda se hace renuente al pago. Es claro que corresponderá al juez
de tutela verificar en cada caso en particular, las razones por las cuales un
padre de familia, incurre en mora con respecto al pago de la pensión de su
hijo, y si se justifica en cierta medida, la indebida retención de los
certificados académicos o de su diploma de bachiller.
Es claro que quien acude a esta acción no
está abusando de ella, ni pretende eludir el cumplimiento de sus obligaciones,
sino que realmente la mora en el pago de las pensiones se justifica en el
acaecimiento de un hecho que cambió la economía familiar, cual es la pérdida
del empleo de quien mantenía el hogar. Así las cosas, es evidente que no
estamos simplemente frente a la “cultura de no pago”, sino por el contrario la
mora en el pago de las pensiones se generó por un hecho ajeno a la voluntad de
los padres del menor”[16].
En fallos recientes la
Corte ha categorizado estos parámetros con el señalamiento de cuatros
requisitos específicos, en los cuales resulta inconstitucional la retención de
documentos por parte de los directivos de los planteles educativos, a saber:
“(i) la efectiva imposibilidad de los
padres o tutores del estudiante de cumplir con las obligaciones pecuniarias
adeudadas al plantel educativo, (ii) que dichas circunstancias encuentran
fundamento en una justa causa, tales como la pérdida intempestiva del empleo,
la muerte de uno de los miembros del núcleo familiar, la enfermedad catastrófica
o incurable de alguno de ellos u otra calamidad similar, entre otras, (iii) que
el deudor haya adelantado gestiones dirigidas a lograr un acuerdo de pago o el
cumplimiento de la obligación dentro del ámbito de sus posibilidades y, además,
(iv) que el deudor haya intentado gestionar ante entidad de carácter estatal o
privada la solicitud de crédito para dar cabal cumplimiento a sus
obligaciones.”[17]
Una
vez el juez de tutela examine que están acreditados los citados requisitos,
deberá dar primacía a la educación del menor y ordenar la expedición y entrega
de los certificados de estudio.
4.
Estudio del caso concreto
4.1.
En el presente caso, la accionante alegó la vulneración de su derecho
fundamental de petición, en vista de que consideró que la respuesta que le dio
la institución educativa a su solicitud del 24 de enero de 2012 fue
insuficiente, ya que –en la práctica– no hizo entrega del certificado
correspondiente al grado séptimo. Por lo demás, también planteó la afectación
del derecho a la educación del menor Sebastián Acosta Díaz, pues la negativa a entregar
el documento solicitado, puede conducir al entorpecimiento de la inscripción
del menor en otro plantel educativo.
4.2.
Con fundamento en los hechos descritos, en los argumentos expuestos y en los
precedentes establecidos por esta Corporación, esta Sala considera que no se
vulneró el derecho de petición de la señora Ofelia Díaz Durán, ni el derecho a
la educación del menor Sebastián Acosta Díaz, por las siguientes razones:
4.2.1.
Como se puede evidenciar del estudio del expediente, la accionante pidió a
través del ejercicio del derecho de petición que se le hiciera entrega de la
documentación que registrara el menor Acosta Díaz en el Colegio Inmaculado
Corazón de María. En su respuesta, el citado plantel educativo  le informó que
para la entrega de dichos documentos debía cumplir con el requisito del pago de
las acreencias escolares adeudadas. En la demanda de tutela afirma que dicha
respuesta vulnera el citado derecho fundamental, pues al haber retenido el
certificado del grado séptimo la misma fue incompleta. Como previamente se
señaló, y así lo ha sostenido la jurisprudencia, el núcleo esencial del derecho
de petición reside en obtener una resolución pronta y oportuna a la cuestión
planteada, mas no a que la misma necesariamente deba ser favorable a los
intereses del peticionario. La respuesta no implica la aceptación de lo
solicitado, sino la definición clara y completa de todos los cuestionamientos
que se hubiesen puesto de presente en una solicitud. Por esta razón, la
institución educativa no vulneró el derecho de petición de la peticionaria.
4.2.2.
En cuanto al derecho a la educación del menor Acosta Díaz, en el trámite de la
tutela ante el juez de la primera instancia, el Colegio Inmaculado Corazón de
María allegó un certificado por parte del Instituto Guimarc, en el que se hizo
constar que: “teniendo en cuenta que prima el derecho a la educación se le
permitió inscribirse [al menor] mientras su familia soluciona en el colegio Inmaculado
Corazón de María la situación de deuda por costos educativos y la cual le
impide acceder al certificado de grado séptimo. Me comunique personalmente con
la institución Inmaculado Corazón de María y comprobé que el niño sí
cursó el grado séptimo pero que no ha retirado papeles pues adeuda al colegio
una cierta cantidad”. Además, señaló que: “acudiendo al principio de
buena fe (consagrado en nuestra Constitución), [la] señora OFELIA DIAZ
DURAN con C.C 40.368746 de Villavicencio madre del menor, manifestó que ella se
compromete a pagar lo que debía en el Colegio Inmaculado Corazón de María para
que de esta manera pudiera tener los certificados actualizados en nuestro
plantel”. (Folio 34, cuaderno 1).
Como
se infiere de la citada certificación, el menor se encuentra inscrito en un
nuevo plantel educativo. En efecto, el Instituto Guimarc aceptó su inscripción
sin el certificado de estudio reclamado, en primer lugar, con fundamento en el
carácter prevalente del derecho a la educación frente a la mora en el pago de las
acreencias estudiantiles y, en segundo término, por el compromiso manifestado
por la peticionaria de pagar “lo que debía en el colegio Inmaculado Corazón
de María para que de esta manera pudiera tener los certificados actualizados”.
(Folio 34, cuaderno 1).
Esta
certificación prueba que al menor se le está garantizando su permanencia en el
sistema educativo y, por ende, su derecho a la educación, pues la falta de
entrega del certificado por parte del Colegio Inmaculado Corazón de María, no impidió
su inscripción en un colegio diferente. Por este motivo, el razonamiento del
juez de segunda instancia es acertado cuando concluye que: “se aprecia que
el derecho fundamental de educación del menor de edad, no aparece afectado en
la medida en que éste se encuentra matriculado en una institución privada de
educación”. (Folio 53, cuaderno 1).
Así
las cosas, resulta claro para la Sala que en el presente caso no existe
vulneración alguna al derecho a la educación en vista de que actualmente el
menor sí se encuentra inscrito en una institución educativa.
En
consecuencia, se evidenció durante el trámite de la presente acción de tutela, que
el menor sí pudo inscribirse en una nueva institución educativa que le
garantiza su derecho a la educación, por lo que no se encuentra acreditada la
vulneración del citado derecho fundamental.
4.2.3.
Finalmente, a pesar de que no vulneraron los derechos de petición y de educación,
esta Sala ordenará a las partes que lleguen a un acuerdo de pago que pueda
poner fin al presente conflicto.
Esto en vista de que no fue posible constatar si se
cumplieron o no los requisitos jurisprudenciales enunciados previamente. En cuanto
a la prueba de la “efectiva imposibilidad de los padres o tutores del
estudiante de cumplir con las obligaciones pecuniarias adeudadas al plantel
educativo”, la Sala considera que aunque existen elementos en el caso que
permiten inferir que sí existía una dificultad económica por parte de los
padres, no hay elementos que  ofrezcan certeza al respecto.
En cuanto a este requisito, en caso de que este fuese
un aspecto fundamental para la resolución del presente caso, la
Sala hubiese participado activamente[18],
solicitando pruebas y documentos que permitieran constatar las carencias
económicas de los padres del menor involucrado. Aun así, en vista de que el
menor ya se encuentra inscrito en otra institución educativa y por tanto no se
hace necesario comprobar esta situación, la
Corte no solicitó material probatorio adicional que permitiera constatar o
negar esta situación.
Del tercer requisito que establece “que el deudor
haya adelantado gestiones dirigidas a lograr un acuerdo de pago o el
cumplimiento de la obligación dentro del ámbito de sus posibilidades”
tampoco existen medios de prueba que permitan probar este hecho pues la
institución educativa alega que en ningún momento se dieron estos acercamientos
y la tutelante afirma todo lo contrario. Finalmente, y en concordancia con los
vacíos probatorios enunciados, tampoco obra prueba alguna de que la peticionaria
hubiese intentado gestionar ante entidad de carácter estatal o privada la
solicitud de crédito para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones.[19]
Por
tanto no ha sido posible establecer con certeza si los requisitos
jurisprudenciales se cumplen o no en el presente caso y por tanto, teniendo en
cuenta el interés superior del menor, la
Sala ordenará la realización de un acuerdo de pago.
Si
bien es cierto que el menor se encuentra inscrito en el Instituto Guimarc y no
se ha visto afectado su derecho a la educación, la entrega del certificado
correspondiente al grado séptimo todavía no se ha efectuado por parte del
Colegio Inmaculado Corazón de María, pues se encuentra condicionada al futuro
pago del dinero que adeuda la accionante. Por este motivo, podría presentarse
en el futuro una situación de riesgo frente al derecho a la educación, si al
momento de culminar sus estudios, dicho certificado no llegase a ser entregado.
Para
estos efectos es preciso recordar que, en la diligencia de ampliación de la
demanda decretada por el juez de primera instancia, la peticionaria puso de
presente que había suscrito un pagaré en el momento de inscripción del niño en
la citada institución educativa. Al respecto, dijo que:
“PREGUNTADO: Qué documentos suscribió usted al momento
de matricular a su hijo en el Colegio Inmaculado Corazón de María. CONTESTO:
Firmé un pagaré, y las cosas de la matrícula”. (Folio 22, cuaderno 1).
La
existencia del pagaré es un importante precedente para poder estructurar un
nuevo acuerdo de pago y como tal deberá tenerse en cuenta su existencia y las
consecuencias que de el se derivan. Ante esta realidad, resulta necesario que
la citada institución educativa realice un acuerdo de pago viable con la
peticionaria, en el que se tengan en cuenta –como lo ha expuesto esta
Corporación– no sólo su contexto económico, sino también la posibilidad de
hacer efectiva la deuda en un plazo razonable. Del mismo modo que se deberán
tener el cuenta los intereses financieros de la institución educativa con quien
se mantiene la deuda[20].
Siguiendo
los recientes pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia[21] y en atención a las funciones que se cumplen en
materia de inspección, vigilancia y control[22], esta Sala ordenará a la
Secretaría de Educación de Bogotá para que acompañe el proceso de realización
del acuerdo de pago y asegure que el monto cobrado sea el que efectivamente se
adeuda y que no se exijan rubros excesivos o no contemplados inicialmente en la
relación contractual. Una vez se llegue a un acuerdo, la institución educativa
deberá entregar los certificados retenidos.
4.2.4. En consecuencia, la
Sala negará el amparo solicitado frente a los derechos invocados. No obstante,
con fundamento en las consideraciones expuestas, se ordenará al Colegio Inmaculado Corazón de María y a la señora Ofelia
Díaz Duran, que lleguen a un
acuerdo viable de pago frente a las obligaciones incumplidas que permita la
entrega del certificado de estudio reclamado por la accionante. El proceso de
elaboración de este acuerdo deberá acompañarse por la
Secretaría de Educación del Distrito, en cumplimiento de sus funciones de
inspección vigilancia y control.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 16 de abril de 2012, proferida por el
Juzgado 8 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, por medio
de la cual se ratificó la decisión adoptada por el juez de tutela de primera
instancia, en la que se negó la protección incoada por la accionante, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al Colegio Inmaculado Corazón de María y a la señora
Ofelia Díaz Durán para que realicen un acuerdo de pago viable que permita saldar
la deuda pendiente y obtener la
entrega del certificado de estudio reclamado por la accionante, en un término
máximo de diez (10) siguientes
a la notificación de esta providencia.
TERCERO.- ORDENAR a la
Secretaría de Educación de Bogotá que, en ejercicio de sus funciones de
inspección, vigilancia y control, acompañe el
proceso de realización del acuerdo de pago previsto en el ordinal anterior, en
los términos expuestos en esta providencia.
CUARTO.-
LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado Ponente
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente con permiso
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
El derecho a la educación ha sido catalogado como un derecho
fundamental desde 1992. Al respecto, en la sentencia
T-002 de dicho año, se dispuso que: “la educación es un derecho fundamental
dada la finalidad que cumple en el acceso al conocimiento y a los demás bienes
y valores de la cultura, los cuáles son consustanciales al desarrollo del ser
humano e inherentes a su naturaleza y a su dignidad”.
[2]
Folio 27, cuaderno 1.
[3]
Sentencia T-329 de 2010.
[4]
Sentencias T-278 de 1998, T-519 de 2001, T-1001 de 2006, T-500 de 2009 y T-213
de 2011.
[5]
Literal c) del artículo 3° del  Decreto 330 de 2008, "Por
el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la
Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones".
[6]
Código Civil, artículo 62.
[7]
El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo (vigente para la época de
los hechos) disponía que: “La jurisdicción de lo
contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y
litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las
sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y
los juzgados administrativos de conformidad con la
Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las
controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno. // La
jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las
decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Superior de la
Judicatura y de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, no tendrán control jurisdiccional.”
Sobre la distinción entre función pública y servicio público se puede
consultar, entre otras, la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: María Elena
Giraldo Gómez, Bogotá DC, 26 de julio de 2001, Radicación: ACU-356.
[8]
Las distintas reglas que la jurisprudencia ha elaborado sobre el derecho de
petición se pueden consultar en la sentencia T-523 de 2010.
[9]
Sentencia T- 105 de 1996.
[10]
Sentencia T-377 de 2000. Subrayado por fuera del texto original.
[11]
Sentencia T-396 de 2004.
[12]
Sentencias SU-624 de 1999  y T-265 de 1996.
[13]
Sentencia T-550 de 2005.
[14]
Sentencia T-1228 de 2008. Frente a la obligación de permanencia se ha dicho:
“(...) debe afirmarse la existencia de un derecho público subjetivo frente al
Estado de permanecer en el sistema educativo. La voluntad expresa del
constituyente ha sido la de proteger la educación en su integridad. La
Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo,
salvo que existan elementos razonables –incumplimiento académico o graves
faltas disciplinarias del estudiante- que lleven a privar a la persona del
beneficio de permanecer en una entidad educativa”. Sentencia T-402 de 1992.
[15]
Sentencia T-1227 de 2005.
[16]
Sentencia T-209 de 2005.
[17].  Esta
posición ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias: T-038 de
2002, T-801 de 2002, T-439 de 2003, T-135 de 2004, T-295 de 2004, T- 727 de
2004, T-845 de 2005, T-990 de 2005, T-1107 de 2005,               T-1288 de
2005, T-868 de 2006, T-967 de 2007, T-086 de 2008, T-339 de 2008, T-979 de
2008, T-459 de 2009, T-720 de 2009, T-837 de 2009, T-087 de 2010, T-349 de
2010, T-426 de 2010, T-944 de 2010, T-616 de 2011 y T-659 de 2012.
[18]
Sobre la “participación activa del juez de amparo” ver las
Sentencias T-659 de 2012 y T-616 de 2011.
[19].  Ver ente otras. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias: T-038
de 2002, T-801 de 2002, T-439 de 2003, T-135 de 2004, T-295 de 2004, T- 727 de
2004, T-845 de 2005, T-990 de 2005, T-1107 de 2005, T-1288 de 2005, T-868 de
2006, T-967 de 2007, T-086 de 2008, T-339 de 2008, T-979 de 2008, T-459 de
2009, T-720 de 2009, T-837 de 2009, T-087 de 2010, T-349 de 2010, T-426 de
2010, T-944 de 2010, T-616 de 2011 y T-659 de 2012.
[20] Al respecto, se pueden
consultar las sentencias T-979 de 2008, T-459 de 2009, T-720 de 2009, T-837 de
2009, T-087 de 2010, T-349 de 2010, T-426 de 2010, T-944 de 2010, T-616 de 2011
y T-659 de 2012.
[21]
Sentencia T-659 de 2012.
[22] El literal c) del
artículo 3° del Decreto 330 de 2008, “Por el cual se
determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la
Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones”,  dispone
que: “Artículo 3º Funciones. Corresponde a la
Secretaría de Educación del Distrito ejercer de conformidad con el Decreto Ley
1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por
el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, las
siguientes funciones: (…) C. Ejercer la
inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del
servicio educativo en la ciudad.”