T-565-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-565/11
DESPLAZADOS
INTERNOS-Sujetos de especial protección constitucional
El
fenómeno del desplazamiento afecta en su mayor parte a mujeres cabeza de
familia, niños y personas de la tercera edad, que se ven obligados
inesperadamente a abandonar su lugar de residencia y sus actividades económicas
habituales y dirigirse a otro lugar dentro de las fronteras del territorio
nacional, para escapar de la violencia originada en el conflicto armado interno
y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, quedando expuestas a una situación mayor de
vulnerabilidad, exclusión y marginabilidad, lo que implica una violación grave,
masiva y constante de sus derechos fundamentales y en consecuencia un estado de
indefensión, debilidad y angustia, además de convertirlos en un blanco fácil de
detenciones arbitrarias, reclutamientos forzados y asaltos sexuales que les
deja profundos traumas físicos y psicológicos, que los hace merecedores de un
tratamiento especial por parte del Estado. Es decir, se genera un desarraigo
del sujeto pasivo del desplazamiento, en razón a que debe apartarse de todo
aquello que hace parte de su identidad, como lo es, su trabajo, su familia, sus
costumbres, su cultura, y traslado a un lugar desconocido o extraño para
intentar rehacer lo que fue deshecho por causas ajenas a su voluntad y por la
inactividad del Estado como garante de sus derechos y de su statu quo
DERECHOS
CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES DE POBLACION DESPLAZADA-Afectación
Debido a la multiplicidad de
derechos fundamentales cuya afectación se origina en el hecho del
desplazamiento forzado interno, que pone a las personas en circunstancias de
especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión, éstas tienen derecho a
recibir urgentemente un trato preferente, diferencial y prioritario por parte
del Estado, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 13
constitucional, esto es, deben adoptarse medidas afirmativas a su favor,
tendiente a que la igualdad sea real y efectiva.
INSCRIPCION
DE INMUEBLES EN REGISTRO UNICO DE PREDIOS RURALES ABANDONADOS POR LOS
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA-Finalidad
El Registro Único de Predios y
Territorios Abandonados por los desplazados por la violencia –RUPTA-, conforma
una base de datos que contiene los predios y territorios abandonados por sus
propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes de los mismos, a causa de la
violencia que obligó a su desplazamiento forzado. Esta base de datos es
administrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-. Ese
instrumento tiene como finalidad garantizar los derechos que tiene el
propietario, el poseedor, el mero tenedor y el ocupante de un bien inmueble que
ha sido obligado a abandonar sus tierras por el desplazamiento forzado al que ha
sido sometido, mediante el procedimiento diseñado que debe seguirse, orientado
a proteger tales derechos patrimoniales, dependiendo de si la afectación es
individual, colectiva o grupal o si se trata de una etnia (indígenas y
afrodescendientes), buscando evitar la enajenación o transferencia a cualquier
título de los mismos, mientras permanezca vigente la medida.
POBLACION
DESPLAZADA-Suministro de información oportuna sobre sus derechos y
acompañamiento de las autoridades para asegurar la protección que se les debe
brindar
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-No puede aplicarse de manera
automática, literal y con excesivo rigorismo formal sino teniendo en cuenta el
contexto socio-político y situación personal del accionante
La regla
que establece la subsidiariedad de la acción de tutela no puede aplicarse de
manera automática, literal y con excesivo rigorismo formal, sino teniendo en
cuenta, tanto la situación personal del solicitante, como el contexto de la
realidad social y política circundante, con la finalidad de permitir la
realización de derechos fundamentales dentro de los que se encuentran la
igualdad real y efectiva, el debido proceso, la prevalencia del derecho
sustancial y el acceso efectivo a la administración de justicia.
DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por Alcaldía al negarse
a conocer, tramitar y decidir la querella de policía adelantada por persona
desplazada
INSCRIPCION
DE INMUEBLES EN REGISTRO UNICO DE PREDIOS RURALES ABANDONADOS POR LOS
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA-Orden al INCODER y a Alcaldía Municipal para
que se haga inscripción
Referencia: expedientes T-2.856.456.
Acción de tutela incoada por Juan Evangelista Martínez Orozco, contra el
municipio de Simacota –Santander-.
Magistrado
Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C., veintiuno (21)
de julio de dos mil once (2011).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Luís Ernesto Vargas Silva, y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
la providencia adoptada el 15 de septiembre de 2010 por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Simacota –Santander-, en la acción de tutela incoada por Juan
Evangelista Martínez Orozco contra el municipio de Simacota –Santander-.
I. Antecedentes
El señor Juan Evangelista
Martínez Orozco, impetró acción de tutela contra la Alcaldía municipal de
Simacota –Santander-, con la finalidad de que se le amparan sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, tercera edad, derechos de los
desplazados, vivienda digna y demás derechos conexos, los cuales se habrían
infringido como ocurrencia de los hechos a que a continuación resume la Sala,
siguiendo lo expuesto por el actor:
1. Hechos
1.1. El señor Juan Evangelista
Martínez Orozco cuenta con 71 años de edad, es desplazado de la vereda Caño San
Pedro del municipio de Simacota –Santander- junto con su núcleo familiar
compuesto por su nieto Carlos Alberto Martínez Sánchez y su esposa quien
también es desplazada según declaración bajo juramento que rindió el 12 de
noviembre de 2002 ante la Personería de Barrancabermeja, debiendo por ese hecho
abandonar sus tierras.
1.2. Adquirió la posesión del
terreno rural denominado “Las Peñas” mediante contrato de compraventa suscrito
el 6 de agosto de 2001 con el señor Joaquín Áselas, predio de aproximadamente
40 hectáreas que se encuentra ubicado en la vereda San Pedro del municipio de
Simacota –Santander-. Tomó posesión del mismo a partir del 16 de agosto de
2001.
1.3. Acudió en queja ante la
Corporación Autónoma de Santander, oficina regional de mares, referida a
labores de quema que se realizó en su predio, actividad que fue verificada por
la mencionada entidad previa visita ocular al terreno, la que originó concepto
técnico número 0646 del 22 de agosto de 2005 que aparece en el expediente
0224-05, en donde consta que con dicha labor se pretendía invadir los terrenos
de su propiedad y ampliar la frontera agropecuaria y ganadera, pues se observó
la siembra de pasto de “brequiaria” en la zona, por lo que se resolvió imponer
medida preventiva a los señores Hugo Merchán, Ernesto Rojas y Eliécer Camacho,
la que no fue cumplida.
1.4. Por la actuación
perturbadora realizada sobre su predio por las mentadas personas como
poseedoras de mala fe, acudió mediante apoderado en proceso reivindicatorio,
motivo por el cual recibió amenazas de muerte.
1.5. El 21 de septiembre de 2006
diligenció solicitud individual de ingreso y protección al Registro Único de
Predios –RUP- y de protección por abandono a causa de la violencia ante el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-.
1.6. Para el 10 de junio de 2008
se citó a los señores Ernesto Rojas, Hugo Merchán y Eliécer Camacho a conciliar
a la Inspección de Policía del municipio de Simacota, a la que sólo compareció
el señor Hugo Merchán en compañía de su apoderado, pero no se llegó a ningún
acuerdo, pues argumentó ser poseedor de bien desde hace siete (7) años. Luego
el señor Merchán inició la construcción de una casa en su terreno, estando
protegido por el INCODER, sin que el Alcalde del mentado municipio hubiere
hecho efectiva la protección del inmueble.
1.7. Acudió en derecho de
petición ante la Inspección de Policía de Simacota –Santander- en el cual
expuso su situación de desplazado y la necesidad de tener sus tierras. El
alcalde municipal manifestó no tener competencia para proteger sus derechos en
atención al área del terreno en controversia (40 hectáreas).
1.8. Actualmente se encuentra en
debilidad manifiesta originada en su situación como desplazado que aún se
mantiene pues se encuentra en Barrancabermeja viviendo en condiciones de
extrema pobreza debido a que no cuenta con recursos económicos suficientes.
1.9. Por las razones expuestas
acude al juez constitucional con la finalidad de que se le protejan sus
derechos fundamentales y su situación especial de desplazado y víctima de la
violencia y en consecuencia se ordene al Alcalde Municipal de Simacota
–Santander- en primer lugar, hacer efectiva la medida de protección proferida
por el INCODER mediante resolución número 0583 del 16 de mayo de 2007, mediante
la cual se inscribió el predio “Las Peñas” en el registro de los predios
rurales abandonados por los desplazados por la violencia. En segundo lugar, se
ordene a dicha autoridad tome las medidas necesarias para el desalojo del
predio protegido por el INCODER, con el fin de restablecer sus derechos
fundamentales como desplazado.
2. Intervención de la entidad
demandada.
A pesar de haber sido vinculado
legalmente a la acción de tutela, el Alcalde municipal de Simacota –Santander-
no se manifestó respecto de los hechos de la demanda[1].
3. Decisión judicial objeto de
revisión.
Mediante sentencia proferida el
15 de septiembre de 2010, el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota
–Santander- declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que de acuerdo
con los hechos, el amparo solicitado en este caso no es el medio para la
protección de los derechos cuya vulneración se alega, debido a que lo pretendido
por el actor es el amparo a la posesión de un bien, mientras solicita se tomen
las medidas necesarias para el desalojo del predio objeto de la litis que se
encuentra protegido por el INCODER en cuanto a la inscripción en el registro de
predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia (RUP).
Agregó que la acción de tutela no
procede “para ejercer acciones judiciales, máxime como ocurre en casos como
éste, en el que se trata de la restitución de derechos perdidos, pues la
utilidad que conlleva el derecho a la protección de los bienes abandonados por
los desplazados por la violencia es la de oponerse a la prescripción
adquisitiva por posesión ilícita, para acciones reivindicatorias o policivas y
para recuperar la posesión natural del bien abandonado”.
Finalmente expresa que la
Alcaldía Municipal de Simacota, no es la entidad competente para proteger los
derechos reclamados por el actor, en razón a que éste último cumplió los
trámites respectivos de ruta individual para proteger los derechos de
propiedad, posesión, tenencia y ocupación frente al mencionado bien a través de
la inscripción ordenada por el INCODER en el Registro Único de Predios
Abandonados por los Desplazados, por tanto, debe acudir ante la jurisdicción
ordinaria civil para su respectivo trámite y recuperación.
4. Pruebas relevantes
allegadas al expediente.
Obran las siguientes pruebas
dentro del expediente de tutela:
·
Escrito de tutela firmado por el actor (folios 1 al 9 del
cuaderno 1).
·
Copia de la Resolución No. 086 del 11 de febrero de 2006, por
medio de la cual la Corporación Autónoma de Santander (CAS) resolvió imponer
multa y medida de compensación por la tala y quema de bosque en el predio “Las
Peñas” ubicado en el municipio de Simacota –Santander- al señor Hugo Merchán
Torres (folios 10 y 11 del cuaderno 1).
·
Copia de la Resolución número 0240 del 30 de septiembre de 2005,
a través de la cual la Oficina Regional de Mares de la Corporación Autónoma de
Santander (CAS), impuso a Hugo Merchán, Ernesto Rojas y Eliécer Camacho, medida
preventiva consistente, entre otras, en sembrar 3000 árboles de especies
nativas en el predio “Las Peñas” ubicado en el municipio de Simacota
–Santander-, suspender de forma inmediata las actividades de aprovechamiento
forestal y quemas en dicha área e iniciar investigación administrativa con
formulación de cargos a las mencionadas personas (folios 12, 13 y 14 del
cuaderno 1).
·
Copia del escrito firmado por el tutelante por medio del cual
solicita al Alcalde del Municipio de Simacota –Santander-, con base en la
resolución número 0583 del 16 de mayo de 2007, ordenar la entrega del predio
denominado “Las Peñas”, ubicado en ese municipio.
·
Copia del contrato de compraventa con permuta celebrado el 6 de
agosto de 2001, suscrito por Juan Evangelista Martínez Orozco como comprador y
José Joaquín Ácelas en calidad de vendedor, en donde el primero adquiere dos
parcelas denominadas “Las Peñas” y “Los Gabiones”, ubicados en el municipio de
Simacota –Santander- y el segundo recibe como contraprestación una casa de
habitación ubicada en el barrio 9 de abril del municipio de Barrancabermeja
–Santander- (folio 18 del cuaderno 1).
·
Copia del formado diligenciado el 21 de septiembre de 2006 por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- referido la solicitud
individual de ingreso y protección al registro único de predios –RUP- y de
protección por abandono por causa de la violencia, en donde aparece como
solicitante Juan Evangelista Martínez Orozco (folio 19 del cuaderno 1).
·
Copia del oficio del 25 de noviembre de 2002, firmado por María
Ibeth Martínez Blair, Profesional Especializado de la Red de Solidaridad de la
Presidencia de la República, Unidad Territorial del Magdalena Medio, a través
del cual hace constar que Ana Soir Marín de Martínez y Carlos Alberto Martínez
Sánchez, se encuentran inscritos en el Sistema Nacional de Registro de
Población Desplazada (folio 21 del cuaderno 1).
·
Copia del escrito firmado el 12 de junio de 2008 por Juan
Evangelista Martínez Orozco, dirigido al Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –INCODER- por medio del cual recuerda que esa entidad registró el
inmueble “Las Peñas” y solicita se le adjudique el predio como baldío teniendo
en cuenta su condición de desplazado (folio 22 del cuaderno 1).
·
Copia del oficio AM-658 del 29 de octubre de 2008, firmado por
Severiano Cala Cala, Alcalde del municipio de Simacota –Santander-, dirigido a
Juan Evangelista Martínez Orozco, por medio del cual le informa que revisada la
documentación sobre el predio “Las Peñas”, la alcaldía municipal y la
inspección de policía de Simacota, no tiene competencia para proteger sus
derechos en atención al área de terreno (40 hectáreas), y por tanto, como se lo
explicó la inspección de policía del corregimiento El Centro del municipio de
Barrancabermeja, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria civil para reclamar
y hacer valer sus derechos (folio 23 del cuaderno 1).
·
Copia del escrito de fecha 12 de mayo de 2008, firmado por el
tutelante por medio del cual solicita a la inspección de policía “Del Centro”,
se ordene la entrega del predio “Las Peñas” ubicada en el municipio de Simacota
–Santander- (folios 25 y 26 del cuaderno 1).
·
Copia del acta de conciliación del 10 de junio de 2008 celebrada
en la inspección de policía del corregimiento “El Centro” del municipio de
Barrancabermeja, al que asistieron Evangelista Martínez Orozco y Hugo Merchán
Torres, pretendiendo el primero la restitución de la posesión del predio “Las
Peñas”, sin que se llegara a ningún acuerdo, debido a que el señor Merchán
afirmó poseer dicho predio desde hace 7 años (folio 27 del cuaderno 1).
·
Copia del escrito del 21 de septiembre de 2006, firmado por Juan
Evangelista Martínez Orozco, dirigido a Acción Social – Movimiento Condición
Proyecto de Protección de Tierra y Patrimonio de la Población Desplazada-, a
través del cual pide sea tenido en cuenta en los trámites de protección de sus
derechos vulnerados a causa de la violencia lo que ha originado su
desplazamiento (folio 28 del cuaderno 1).
·
Copia de la certificación expedida el 12 de noviembre de 2002 por
José Darío Rodríguez Buitrago, Personero Municipal de Barrancabermeja en la que
hace constar que Ana Soir Marín de Martínez, manifestó bajo la gravedad del
juramento ser desplazada de la vereda caño san pedro del municipio de Simacota,
con núcleo familiar compuesto por su esposo y su nieto de 8 años de edad (folio
29 del cuaderno 1).
·
Oficio ORIPSOC 1001 del 7 de septiembre de 2010, suscrito por
Martha Patricia Acelas Beltrán, Registradora Seccional Socorro, por medio del
cual informó al Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota –Santander- que el
predio “Las Peñas” ingresó al Registro Único de Predios y Territorios
Abandonados por la Violencia –RUPTA- con el consecutivo 04144 y una vez
recibido en esa seccional no se inscribió en ningún folio de matrícula
inmobiliaria del círculo registral del Socorro, debido a que no se encontraron
datos de matrícula inmobiliaria o del antiguo sistema que lo individualizaran
en ese archivo. Se trata de una posesión que no se encontró en registro para
efectos de la publicidad de la inscripción (folio 38 del cuaderno 1).
·
Copia del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados
generado el 25 de agosto de 2009, en el que constan datos, entre otros, fecha
de radicación en el INCODER el 21 de septiembre de 2006, fecha de vinculación
Juan Evangelista Martínez Orozco como poseedor del mencionado predio el 6 de
agosto de 2001 y fecha de abandono del mismo el 25 de noviembre de 2002 (folios
39 a 48 del cuaderno 1).
6. Vinculación a la acción de
tutela que hizo la Sala Octava de Revisión[2].
Mediante auto del 6 de diciembre
de 2010, la Sala Octava de Revisión ordenó que por Secretaría General de esta
Corte se pusiera en conocimiento el contenido del expediente T-2.856.456 de las
siguientes entidades: al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, la
Corporación Autónoma Regional de Santander, la Alcaldía de Barrancabermeja y la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, para
que dentro de los 5 días siguientes a la recepción de dicha providencia,
ejercieran su derecho de defensa.
De la misma manera se ordenó por
Secretaría General de esta corporación se oficiara a las alcaldías de Simacota
–Santander- y de Barrancabermeja, para que, respectivamente, explicaran las
razones de su incompetencia para proteger los derechos del actor y, las
acciones concretas adoptadas para la garantía de sus derechos y en caso de no
haber adoptado ninguna, justificara tal omisión.
De igual forma, a través de auto
del 25 de enero de 2011, el Magistrado Sustanciador, resolvió comisionar al
Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota –Santander-, para que dentro de los dos
días siguientes a la recepción de la respectiva comunicación, notificara y
vinculara al proceso a los señores Hugo Merchán Torres, Ernesto Rojas Ariza,
Eliécer Camacho Vargas, Nicodemo Rincón y Filemón Rincón, quienes al parecer
vienen ejerciendo posesión sobre el predio “Las Peñas” del municipio de
Simacota –Santander-. Así mismo, requirió a la Alcaldía de Simacota
–Santander-, para que cumpla, so pena de las correspondientes sanciones
legales, con lo ordenado por el Despacho mediante auto del 6 de diciembre de
2010, en el sentido de informar en detalle las razones jurídicas por las cuales
no puede adelantar el proceso policivo incoado por Juan Evangelista Martínez
Orozco en relación con el predio “Las Peñas”.
A través de auto del 16 de
febrero de 2011, la Sala Octava de Revisión resolvió suspender los términos
para fallar el expediente T-2.856.456, hasta tanto se surta la notificación de
los accionados y se evalúen las pruebas aportadas por los mismos. De igual
forma, extendió el término de notificación a los accionados por 5 días hábiles,
contados a partir de la recepción de la comunicación, para lo cual se ordenó
por Secretaría General librar nuevamente el despacho comisorio al Juzgado
Promiscuo Municipal de Simacota –Santander-, debido a que ese juzgado informó
vía fax el 7 de febrero de 2011, que al predio “Las Peñas” solamente puede
ingresarse viajando por el Socorro, San Gil, Bucaramanga, Barrancabermeja,
tomando la panamericana hasta llegar a Puerto Nuevo y de allí hacia la vereda
San Pedro en donde al parecer Hugo Merchán Torres y otros vienen ejerciendo
posesión sobre el mentado predio. Agregó que por intermedio de Efraín Gálvis,
Técnico de la UMATA, que labora en ese sector, se le pidió la colaboración
tendiente a la notificación de la tutela a tales personas.
6.1. Respuestas recibidas por
la Sala Octava de Revisión.
6.1.1. Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural –INCODER-[3].
En escrito firmado por Mónica
Rocío Adarme Manosalva, Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – INCODER-, solicitó fuera confirmado el fallo de tutela
emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota –Santander-.
Manifestó que esa entidad tiene
competencia para realizar el registro del predio como efectivamente se hizo,
pero no para ordenar la entrega del mismo como lo pretende el tutelante.
Luego de citar las funciones
asignadas en el artículo 1º de la Ley 160 de 1970, afirmó que el INCODER
adelanta la atención a su población objetivo, dentro de los que se encuentran
los desplazados, mediante programas como la protección de los derechos sobre
la tierra en donde se encontró solicitud elevada por el tutelante el 21 de
septiembre de 2006, se diligenció el formulario y se envió la solicitud para la
respectiva anotación en el folio de matrícula inmobiliaria, la que fue devuelta
el 17 de abril de 2009. La medida de inscripción en el registro de instrumentos
públicos debe ser levantada en el momento en que la situación vuelva a la
normalidad y no haya riesgo para los solicitantes de la protección y es el
interesado quien debe comunicar al INCODER lo pertinente con el fin de que se
levante la medida sobre su predio.
De la misma manera, esa entidad
otorga subsidio integral dispuesto en el numeral 2º del artículo 31 de
la Ley 160 de 1994, que podrá cubrir hasta el 100% del valor de la tierra y de
los requerimientos financieros del proyecto productivo agropecuario, para lo
cual se realizan las respectivas convocatorias, encontrándose actualmente en
trámite la SIT-01-2010. Verificados los resultados publicados, no se encontró
radicada solicitud de proyecto a nombre del tutelante.
De acuerdo a lo estipulado en el
artículo 2º numeral 5 del Decreto 250 de 2005, que reglamentó el artículo 9º de
la Ley 387 de 1997, establece la ayuda humanitaria de emergencia tendiente a
socorrer, asistir y proteger a la población desplazada inmediatamente después
al evento de desplazamiento y a la atención de las necesidades básicas de esa
población. En este ámbito, la Coordinación de la Mesa Nacional de Atención
Humanitaria de Emergencia está a cargo de Acción Social, con corresponsabilidad
y concurrencia del Ministerio de la Protección Social, el ICBF y las entidades
territoriales. Así mismo, la Ley 1190 de 2008 impone responsabilidades a los
entes territoriales en el cumplimiento y materialización de los derechos de la
población desplazada de sus respectivas jurisdicciones.
En conclusión, la petición
formulada por el tutelante no se encuentra dentro de la órbita de competencia
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-.
6.1.2. Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional[4].
En escrito firmado por Lucy Edrey
Acevedo Menéses, apoderada de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, informó que
el grupo familiar de Juan Evangelista Martínez Orozco, compuesto por Ana Soir
Marín Martínez y su nieto Carlos Alberto Martínez Sánchez, se encuentra
inscrito en el Registro Único de Población Desplazada desde el 25 de noviembre
de 2002 y en esa condición esa entidad ha cumplido con la entrega de los
componentes de la ayuda humanitaria de emergencia tal como se muestra en los
cuadros anexos, relacionados con mercados, kit de higiene y aseo, capacitación
y apoyo económico.
Afirma que el accionante en
condición de desplazado tiene derecho a acceder a la oferta institucional que
brindan todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-, a saber: subsidio de vivienda,
que según pudo verificarse en el convocatoria del 2007 para el núcleo familiar
del accionante, registra el estado de asignado, por un valor de $10´842.500.oo;
Salud: verificado en la página web el Registro Único de Afiliados al
Sistema de Protección Social RUAF, se pudo establecer que el tutelante está
afiliado al régimen subsidiado en salud. Educación: a través del
Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación Departamental y
Municipal, se brinda priorizadamente a la población desplazada cupos para
acceder a la educación. De igual forma el SENA ofrece cursos de capacitación
para la población desplazada. Familias en Acción: a este respecto,
verificada la página web respectiva, se constató que el accionante ha sido
beneficiario en ese programa dirigido a la población desplazada. Estabilización
Socioeconómica, dispuesta en el artículo 25 del Decreto 2569 de 2000: a
través de este instrumento la población desplazada accede a programas que
garantizan la satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, salud,
alimentación y educación a través de sus propios medios o mediante los
programas que desarrolle el gobierno nacional y las autoridades territoriales.
Además, el accionante debe
acercarse a las entidades respectivas para adelantar el procedimiento
establecido en cada una de ellas con la finalidad de acceder a esa oferta
institucional.
Finaliza afirmando que Acción
Social no tiene la calidad de ente ejecutor de los programas que se adopten con
destino a la población desplazada, sino que debe coordinar con las entidades
ejecutoras la atención a dicha población, la que ya se ha llevado a cabo en el
caso del actor.
6.1.3. Alcaldía municipal de
Barrancabermeja[5].
Mediante escrito firmado por
María Teresa Serrano Vásquez, apoderada del municipio de Barrancabermeja,
sostuvo que a esa entidad no le corresponde adelantar ninguna medida
administrativa tendiente al amparo al derecho a la propiedad del inmueble cuyo
titular es el desplazado Juan Evangelista Martínez Orozco, pues en ello se
concreta su pretensión, de donde surge que ningún otro derecho o beneficio como
desplazado se controvierte, entendiéndose que los está recibiendo de parte de
esa entidad territorial.
6.1.4. Alcaldía del Municipio
de Simacota –Santander-[6].
A través de escrito firmado por
Severiano Cala Cala, Alcalde del Municipio de Simacota –Santander-, se refirió
a las razones por las cuales ese despacho no adelantó el proceso policivo
originado en la querella por perturbación de la posesión del predio “Las
Peñas”, radicada por el señor Evangelista Martínez Orozco. Indicó que ello no
fue posible debido a que los hechos perturbatorios de la posesión tuvieron
ocurrencia pocos días después del 22 de agosto de 2005, es decir, 3 años antes
de la solicitud de amparo presentado ante su despacho y la competencia de esa
alcaldía en materia de procesos ordinarios civiles de policía, regulado en los
artículos 359 y 360 de la ordenanza 017 del 27 de agosto de 2002, indica que la
perturbación de la posesión de un inmueble debe iniciarse dentro de los 6 meses
siguientes al día en que tengan ocurrencia los hechos.
Por la razón anterior, como se le
informó al tutelante mediante oficio AM-658 del 29 de octubre de 2008, debe
acudir ante los jueces civiles para que se le proteja el derecho reclamado,
debido a que esa entidad no es competente para adelantar tal procedimiento.
6.1.5. Vinculación a la acción
de tutela por las personas que presuntamente poseen el predio “Las peñas” del
municipio de Simacota –Santander[7].
Mediante oficio 099 del 4 de
abril de 2011 firmado por Martha Ligia Mancilla Sanabria, Secretaria del
Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota –Santander-, se devolvieron a esta
corporación diligenciados los comisorios, tendientes a la notificación de la acción
de tutela a los señores Hugo Merchán Torres, Ernesto Rojas Ariza, Eliécer
Camacho Vargas, Nicodemo Rincón y Filemón Rincón, quienes al parecer están
ejerciendo posesión del predio “Las Peñas” del municipio de Simacota
–Santander-.
A pesar de que esa entidad
judicial por intermedio de Efraín Duarte, empleado de la UMATA, notificó
personalmente a Hugo Merchán Torres, quien recibió el 8 de marzo de 2011 copia
de la acción de tutela en dos cuadernos de 55 y 60 folios, además recibió las
copias destinadas a las otras personas vinculadas, vencido el término otorgado
por la Sala Octava de Revisión, en esta corporación no se ha recibido ninguna
respuesta al respecto.
II. Consideraciones y
fundamentos
1.
Competencia
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las providencias proferidas
en el trámite de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso,
problema jurídico y metodología a seguir para solucionarlo.
2.1. Presentación del caso.
Esta Sala de Revisión precisa que
la exposición del caso se hará haciendo brevemente una relación cronológica de
los hechos expuestos por el actor, de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente de tutela.
En efecto, el 6 de agosto de 2001
el actor adquirió mediante contrato de compraventa con permuta dos terrenos
denominados “Las Peñas” y “Los Gabiones”, ubicados en el municipio de Simacota
–Santander-, a los cuales ingresó el 16 de agosto del mismo año. El 25 de
noviembre de 2002, la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la
República – Unidad Territorial del Magdalena- ubicada en Barrancabermeja,
inscribió al actor, a su esposa y a su nieto de 8 años en el Sistema Nacional
de Registro de la Población Desplazada por la violencia. Entre el 2002 y el
2005, los hijos del actor solían esporádicamente visitar el predio hasta que
fueron también amenazados de muerte.
El 23 de junio de 2005,
personalmente el actor acudió en queja ante la Corporación Autónoma Regional de
Santander (CAS), por labores de tala y quema de bosques realizadas por terceros
en el predio “Las Peñas”. Esa entidad llevó a cabo visita de inspección el 10
de agosto de 2005 en compañía del actor, en donde se hizo constar que “la
quema fue matizada con el propósito de invadir los terrenos de propiedad del
señor Juan Evangelista Martínez y ampliar la frontera agropecuaria y ganadera
ya que se observó la siembra de pasto Brequiaria, en la zona”.
A través de Resolución 0240 del
30 de septiembre de 2005, la Oficina de Mares de la Corporación Autónoma de
Santander, resolvió imponer medida preventiva a Hugo Merchán, a Ernesto Rojas y
a Eliécer Camacho, consistente en sembrar 3000 árboles en el predio “Las Peñas”
del municipio de Simacota –Santander-, así como suspender inmediatamente las
actividades de aprovechamiento forestal y quemas en dicha área. Resolvió igualmente
iniciar investigación y formulación de cargos. En los descargos, el señor Hugo
Merchán Torres sostuvo haber comprado el predio “Las Peñas” que consta de
aproximadamente 30 o 35 hectáreas al “señor TOLIMA”, sin contar con documento
alguno, con la afirmación de haber entregado como parte de pago un millón de
pesos, predio que trabaja para su subsistencia y la de su familia compuesta por
su esposa y tres hijos.
La citada entidad, mediante
Resolución 086 del 11 de febrero de 2006, impuso multa y medida de compensación
por tala y quema de bosque en el predio “Las Peñas” al señor Hugo Merchán
Torres.
El 21 de septiembre de 2006 el
actor solicitó al INCODER inscribir el inmueble en el registro único de predios
y de protección por abandono a causa de la violencia, la cual se aprobó el 16
de mayo de 2007 y se ofició para la anotación en el folio de matrícula
inmobiliaria, la que fue devuelta el 17 de abril de 2009 por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Socorro – Santander- con la anotación
consistente en que no se encontró ningún dato como matrícula inmobiliaria o
cualquier otro que permitiera la individualización del predio.
El 12 de mayo de 2008, en
escritos separados, el actor afirmando ser poseedor del predio “Las Peñas”,
acudió al Inspector de Policía del Corregimiento “El Centro” del municipio de
Barrancabermeja, así como al Alcalde del municipio de Simacota –Santander-
solicitando se ordenara la entrega del mencionado terreno. Previa citación
librada por la mencionada  Inspección de Policía, se declaró fracasada
audiencia de conciliación llevada a cabo el 10 de junio de 2008 entre el
querellante y el señor Hugo Merchán Torres, quien manifestó ser poseedor del
bien desde hace siete (7) años y estar en trámites legales para la adjudicación
de dicho predio.
Por su parte, el Alcalde de
Simacota –Santander-, respondió mediante oficio del 29 de octubre de 2008 que
la mencionada entidad territorial no tenía competencia, razón por la cual debía
acudir a la jurisdicción ordinaria para hacer valer sus derechos. Argumentos
que precisó en oficio del 17 de febrero de 2011 dirigido a esta Sala de
Revisión, en el sentido de que el actor acudió a la acción policiva por fuera
de los seis (6) meses que le otorga el Código de Policía de Santander para tramitar
amparos policivos por perturbación a la posesión de bienes.
El 12 de junio de 2008, el
tutelante dirigió escrito al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER-, por medio del cual solicitó la adjudicación del mencionado previo,
teniendo en cuenta su condición de desplazado por la violencia, además que el
bien aparecía registrado en esa entidad.
Por lo expuesto, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales como desplazado, a la tercera edad y
vivienda digna y en consecuencia se ordene al alcalde municipal de Simacota
–Santander-, hacer efectiva la medida de protección por medio de la cual el
INCODER resolvió el 16 de mayo de 2007 inscribir el terreno mencionado en el
registro de predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia.
Ordenar igualmente a la mentada autoridad, adoptar las medidas necesarias para
el desalojo del bien tendiente al restablecimiento de sus derechos como
desplazado.
A pesar de que la autoridad
demandada no respondió la acción de tutela, previa solicitud de la Sala Octava
de Revisión, adujo no tener competencia para resolver la querella policiva
debido a que se radicó tres años después del hecho perturbatorio y el Código
Departamental de Policía de Santander, establece que debe acudirse dentro de
los 6 meses siguientes a tal acto. Las demás autoridades vinculadas en sede de
revisión como el INCODER, Acción Social y la Alcaldía de Barrancabermeja
expusieron sus argumentos sobre las pretensiones del actor por vía de tutela,
en las que mostraron las distintas actuaciones por medio de las cuales, en el
ámbito de sus competencias, resguardaron los derechos del núcleo familiar del
actor en condición de desplazado. Sobre la pretensión consistente en el
desalojo y entrega del bien sostuvieron no tener competencia.
El Juzgado Promiscuo Municipal de
Simacota – Santander- declaró improcedente la acción de tutela, en
consideración a que el actor cuenta con la acción ordinaria civil para que se
le protejan los derechos que a su juicio han sido vulnerados. Además, que el
registro de los bienes abandonados por los desplazados por la violencia da la
posibilidad de oposición a la prescripción adquisitiva de dominio, así como
para iniciar acciones reivindicatorias o policivas y para recuperar la posesión
natural del bien abandonado.
2.2. Problema jurídico que
debe resolver la Sala Octava de Revisión.
En este orden, corresponde a la
Sala Octava de Revisión establecer  si procede o no la acción de tutela para
amparar los derechos fundamentales a la vida digna, tercera edad, vivienda y
derechos conexos, invocados por el actor como vulnerados por la Alcaldía municipal
de Simacota – Santander- debido a que se negó a tramitar una querella policiva
argumentado extemporaneidad (se acudió al amparo policivo por fuera de los seis
(6) meses dispuestos en el Código de Policía de Santander), teniendo en cuenta
los siguientes elementos de juicio: (i) el actor fue víctima del desplazamiento
forzado desde noviembre de 2002 debido a las amenazas de muerte que recibió;
(ii) quedó inscrito en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) junto
con su núcleo familiar el 25 de noviembre de 2002 en Barrancabermeja; (iii)
dejó abandonado el inmueble “Las Peñas” ubicado en el municipio de Simacota –
Santander-, sobre el que a mediados de 2005 se produjeron actos originados en
terceros que perturbaron el libre ejercicio de la posesión que afirma detentar
sobre el bien; (iv) el 21 de septiembre de 2006 diligenció solicitud individual
de ingreso y de protección al registro único de predios y de protección por
abandono a causa de la violencia, la que fue aceptada por el INCODER mediante
resolución el 16 de mayo de 2007; (v), la medida de inscripción del bien en el
mencionado registro, no pudo hacerse efectiva en el folio de matrícula
inmobiliaria respectiva por la Oficina de Instrumentos Públicos del Socorro –Santander-,
debido a la imposibilidad de identificación del predio rural, y, (vi) a
mediados de 2008 acudió en querella de policía ante la Alcaldía municipal de
Simacota – Santander- a la que no se le dio trámite por extemporánea.
2.3. Metodología a seguir para
solucionar el problema jurídico.
Para resolver el problema
jurídico resultante del caso analizado, la Sala Octava de Revisión analizará
los siguientes temas: (i) la población desplazada por la violencia como sujetos
de especial protección constitucional; (ii) los efectos de la inscripción de
los inmuebles rurales en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados
por los desplazados por la violencia–RUPTA-; (iii) la existencia de otros
medios de defensa judicial existentes y la oportunidad para acudir a ellos, hay
que analizarse no solo en relación con la situación particular del tutelante,
sino en el contexto socio - político en el que operan, y, (iv) se
procederá a la solución del caso concreto.
3. La población desplazada
como sujetos de especial protección constitucional.
En múltiples oportunidades esta
corporación se ha ocupado de analizar el desplazamiento forzado interno[8]. Ha indicado
que se trata de un fenómeno cuya dinámica actual tuvo su génesis en la década
de los ochenta y que afecta a grandes masas poblacionales, que ha sido
calificado como (i) un problema de humanidad que debe afrontarse solidariamente
por todas las personas; (ii) un verdadero estado de emergencia social, una
tragedia nacional que afecta a innumerables personas y que marcará el futuro
del país durante las próximas décadas y un serio peligro para la sociedad
política colombiana, y, (iii) un estado de cosas inconstitucional, que causa
una evidente tensión entre la pretensión de organización política y la
prolífica declaración de valores, principios y derechos dispuestos en la Constitución
y la cotidiana constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de
colombianos.
El concepto de desplazado debe
ser entendido desde una perspectiva amplia, debido a la complejidad y a las
especificidades concretas del conflicto armado existente en Colombia, las
cuales no permiten distinguir únicas circunstancias fácticas, ni parámetros
cerrados o definitivos que originan ese fenómeno nefasto, pues en realidad se
trata de una situación fáctica cambiante que no requiere de declaración por parte
de las autoridades[9],
motivo por el cual en los casos que muestran duda, debe aplicarse el principio pro
homine, del cual se desprende la exigibilidad de garantías y derechos para
el afectado y su grupo familiar[10].
En estas condiciones, el aludido
fenómeno afecta en su mayor parte a mujeres cabeza de familia, niños y personas
de la tercera edad, que se ven obligados inesperadamente a abandonar su lugar
de residencia y sus actividades económicas habituales y dirigirse a otro lugar
dentro de las fronteras del territorio nacional, para escapar de la violencia
originada en el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático
de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedando
expuestas a una situación mayor de vulnerabilidad, exclusión y marginabilidad,
lo que implica una violación grave, masiva y constante de sus derechos
fundamentales y en consecuencia un estado de indefensión, debilidad y angustia,
además de convertirlos en un blanco fácil de detenciones arbitrarias,
reclutamientos forzados y asaltos sexuales que les deja profundos traumas
físicos y psicológicos, que los hace merecedores de un tratamiento especial por
parte del Estado[11].
Es decir, se genera un desarraigo del sujeto pasivo del desplazamiento, en
razón a que debe apartarse de todo aquello que hace parte de su identidad, como
lo es, su trabajo, su familia, sus costumbres, su cultura, y traslado a un
lugar desconocido o extraño para intentar rehacer lo que fue deshecho por
causas ajenas a su voluntad y por la inactividad del Estado como garante de sus
derechos y de su statu quo[12].
Entre los derechos fundamentales
que resultan amenazados o vulnerados por el desplazamiento forzoso, la
jurisprudencia de esta corporación ha enunciado los siguientes[13]: (i) el derecho a la
vida en condiciones de dignidad, debido a las circunstancias infrahumanas
asociadas a su movilización y su permanencia en el lugar provisional de
llegada, así como los riesgos frecuentes que amenazan directamente su
supervivencia; (ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de
familia, de los discapacitados y de las personas de la tercera edad, así como
de otros grupos especialmente protegidos debido a las precarias condiciones a
las que son sometidos por el desplazamiento; (iii) el derecho a escoger su
lugar de domicilio; (iv) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a
la libertad de expresión y de asociación; (v) afectación de sus derechos
económicos, sociales y culturales que se relacionan con el nivel de vida digna
como acceso a la educación, a la salud, al trabajo, entre otros; (vi) el
derecho a la unidad familiar debido a la dispersión de las familias; (vii) el
derecho a la salud, en conexidad con la vida; (viii) el derecho a la integridad
personal, relacionado con las amenazas por los riesgos contra la salud y la
probabilidad de ataques a los que están expuestos por su condición de
desposeimiento; (ix) el derecho a la seguridad personal debido a los riesgos “específicos,
individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y
discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios derechos
fundamentales de los afectados”;  (x) la libertad de circulación por el
territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio seleccionado para
vivir; (xi) el derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesión u
oficio; (xii) el derecho a la alimentación mínima; (xiii) el derecho a la
educación en especial en los menores de edad; (xiv) el derecho a una vivienda
digna; (xv) el derecho a la paz, relacionado con la garantía de no sufrir los
rigores de la guerra; (xvi) el derecho a la personalidad jurídica, pues el
desplazamiento implica muchas de las veces la pérdida de los documentos de
identidad que dificulta su registro como desplazados y el acceso a las
distintas ayudas, y, (xvii) el derecho a la igualdad.
Debido a la multiplicidad de
derechos fundamentales cuya afectación se origina en el hecho del
desplazamiento forzado interno, que pone a las personas en circunstancias de
especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión, éstas tienen derecho a
recibir urgentemente un trato preferente, diferencial y prioritario por parte
del Estado, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 13
constitucional[14],
esto es, deben adoptarse medidas afirmativas a su favor, tendiente a que la
igualdad sea real y efectiva.
Por tales razones el alcance de
las medidas obligatorias a adoptar por parte de las autoridades permiten que
las personas desplazadas se tornen menos vulnerables, admiten la reparación de
las injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y buscan la
materialización de ciertos derechos de bienestar mínimo que soportan su
autonomía y autosostenimiento[15],
las cuales deben seguir los siguientes lineamientos principales[16]: (i) el principio de
favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la población
desplazada; (ii) los principios rectores del desplazamiento forzado interno[17], y, (iii) el
principio de prevalencia del derecho sustancial en el contexto del Estado
Social de Derecho[18].
4. La inscripción de los
bienes en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por los
desplazados por la violencia –RUPTA- y sus efectos.
El Registro Único de Predios y
Territorios Abandonados por los desplazados por la violencia –RUPTA-, conforma
una base de datos que contiene los predios y territorios abandonados por sus
propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes de los mismos, a causa de la
violencia que obligó a su desplazamiento forzado. Esta base de datos es
administrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-[19].
Ese instrumento tiene como
finalidad garantizar los derechos que tiene el propietario, el poseedor, el
mero tenedor y el ocupante de un bien inmueble que ha sido obligado a abandonar
sus tierras por el desplazamiento forzado al que ha sido sometido, mediante el
procedimiento diseñado que debe seguirse, orientado a proteger tales derechos
patrimoniales, dependiendo de si la afectación es individual, colectiva o
grupal o si se trata de una etnia (indígenas y afrodescendientes)[20], buscando
evitar la enajenación o transferencia a cualquier título de los mismos,
mientras permanezca vigente la medida.
En efecto, dentro del marco de la
protección jurídica de los bienes muebles o inmuebles abandonados como causa
del desplazamiento forzado por la violencia, se dispone que el poseedor
desplazado o quien abandonó el bien, debe poner en conocimiento este hecho de
la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Agraria, o a
cualquier entidad del Ministerio Público, con el fin de que se adelanten las
acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar. En este sentido, el
término de prescripción no se interrumpirá a favor la persona que ha sido forzada
a dejar abandonado el predio sobre el cual ejercía posesión[21]. De la misma forma,
luego del retorno de un desplazado a un terreno baldío ubicado en la zona en la
que se presentó dicho fenómeno, se acumulará de manera automática el tiempo que
estuvo alejado del predio, que ha sido debidamente reconocido por la autoridad
competente con el tiempo de ocupación y explotación del inmueble. Si la persona
no pudiere regresar al terreno baldío y acredite el cumplimiento de los
requisitos legales para su titulación, se le dará prelación en los programas de
dotación de tierras que se adelanten en beneficio de la población que debido a
la violencia se vio obligada a dejar sus tierras[22].
Ahora bien, en lo atinente al
amparo de los derechos a la propiedad, posesión, tenencia u ocupación de bienes
rurales de la población en inminente riesgo de desplazamiento o que este
fenómeno haya ocurrido, corresponde al Comité Municipal, Distrital o Departamental
de Atención a tal población[23]
lo siguiente:
1) Declarar mediante acto
administrativo motivado, la inminencia de riesgo de desplazamiento o de
ocurrencia de este fenómeno por causa de la violencia, en una zona determinada
de su territorio.
2) Proceder a identificar a los
propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes de los predios ubicados dentro
de la zona abandonada y en caso de ser posible, establecer el tiempo de
vinculación de las personas con el inmueble respectivo, para lo cual, los
alcaldes municipales, los procuradores judiciales agrarios, los jefes
seccionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, registradores de
instrumentos públicos y gerentes regionales del Incora (ahora INCODER), con
base en los registros que existan en las Umatas, en la oficinas de catastro y
de registro de instrumentos públicos, en el Incora (INCODER) o en otras
entidades, deberán presentar al Comité dentro de los 8 días calendario
siguientes a la declaratoria de inminente riesgo de desplazamiento forzado o de
ocurrencia de los primeros hechos que lo originaron, un informe sobre los
predios rurales existentes a esa fecha, con precisión del titular de los
derechos constituidos y las características básicas del inmueble. Avalado dicho
informe por el Comité, el mismo constituye prueba suficiente para que los
desplazados acrediten la calidad de poseedor, tenedor u ocupante de esos
bienes.
3) Una vez realizadas las
actuaciones descritas, el mencionado Comité, debe informar a la oficina de
registro de instrumentos públicos respectivo, sobre la declaratoria de zona de
riesgo inminente de desplazamiento, indicando los propietarios o poseedores de
predios rurales que pueden resultar afectados y a su vez solicitar se abstenga
de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título de los
mencionados bienes rurales, mientras permanezca vigente tal declaratoria, salvo
que los propietarios que deseen transferir el derecho de dominio del bien,
antes de que cesen los efectos de tal medida, obtengan autorización del Comité
para su enajenación. Únicamente en los casos en los cuales se presente la
mencionada autorización, el registrador de instrumentos públicos podrá
inscribir el acto de enajenación o transferencia, la que debe incorporarse al
contrato o acto de transferencia del derecho sobre el predio, o cuando la
transferencia se haga a favor del Incora (ahora INCODER).
4) Solicitar al Incora (ahora
INCODER) abstenerse de adelantar procedimientos de titulación de bienes baldíos
en la zona de inminente riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado,
solicitada por personas diferentes de aquellas que aparecen como ocupantes en
el informe avalado por el comité.
5) Una vez
cesen los hechos que generaron la declaratoria de zona de inminente riesgo de
desplazamiento o de desplazamiento forzado, que deberá consignarse en un acta,
se oficiará a la oficina de registro de instrumentos públicos respectivo y al
Incora (ahora Incoder) levantando la prohibición de libre enajenación,
transferencia o titulación de bienes rurales.
Además de lo
anotado, la Superintendencia de Notariado y Registro debe vigilar que los
registradores de instrumentos públicos, exijan el cumplimiento de la
autorización para enajenación antes de que cesen los hechos, otorgada por el
comité al propietario del bien, previamente a la inscripción de la enajenación
o transferencia de bienes rurales en las mencionadas zonas.
Según el Plan
Nacional para la Atención a Integral a la Población Desplazada por la Violencia[24], dentro de
las acciones preventivas de protección a esta población, se encuentran la
inscripción de la medida protectora de bienes rurales abandonados por tal
causa, en el Registro Único de Predios con la finalidad de que las autoridades
respectivas procedan a impedir acciones de enajenación o transferencia de
títulos de propiedad de dichos bienes. De la misma forma, asegurar la
protección individual de predios a quienes acrediten la propiedad, en
aplicación de los instrumentos para tal efecto; afianzar la protección de
carácter colectivo, así como identificar mecanismos comunitarios,
institucionales y jurídicos para la protección de derechos sobre territorios
étnicos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas.
Como se puede
observar, los derechos patrimoniales de propiedad, posesión y mera tenencia detentados
sobre los predios que han sido abandonados por el desplazamiento forzado por la
violencia por su propietario, poseedor, mero tenedor u ocupante, así como los
derechos que se desprenden de la propiedad de los grupos étnicos -indígenas y
afrocolombianos- desplazados obligados a separarse de sus territorios,
encuentra protección jurídica, consistente en la inscripción de la medida de
protección que busca la prohibición de las oficinas de instrumentos públicos de
inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título de los
predios rurales ubicados en zonas de inminente desplazamiento o donde este
hecho ya se ha producido, o en estas condiciones, en la abstención de adelantar
procedimientos de titulación de bienes baldíos. Si la medida es individual,
corresponde impulsar su trámite a los representantes del ministerio público, y
si es masiva o de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos, el trámite de
la medida pertinente, debe ser impulsada por los Comités Municipales,
Distritales y Departamentales de Atención a la Población Desplazada por la
violencia, de oficio o a petición del desplazado.
A su vez, el
acto de inscripción de dicha medida podría obrar como prueba en los distintos
procesos judiciales o administrativos relacionados con tales bienes como por
ejemplo cuando se dispute la propiedad, amparos policivos o judiciales a la
posesión y mera tenencia de los bienes e inclusive, en los procesos de
adjudicación de bienes baldíos.
Ese marco
normativo persigue en esencia, el resguardo de la tierra y el patrimonio de la
población desplazada, cuya finalidad se orienta a prevenir el desplazamiento,
desincentivar ese nefasto fenómeno violatorio de los derechos humanos y,
asegurar las condiciones propicias para el retorno y reparación de las víctimas.
En otros términos, la estructuración del sistema de protección patrimonial y de
tierras de los desplazados, tiene como principal propósito impedir que se
concrete el despojo, que se prive de forma viciosa la tierra o los inmuebles de
esa población afectada o en riesgo de serlo, así como asegurar las condiciones
favorables para el retorno y reparación de las víctimas.
5. La existencia de otros
medios de defensa judicial existentes y la oportunidad para acudir a ellos, hay
que analizarse no solo en relación con la situación particular del tutelante,
sino en el contexto socio - político en el que operan.
Esta
corporación ha sido enfática en indicar que en aplicación del principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, este medio de defensa judicial sólo
procede cuando: (i) no exista otro medio de defensa judicial para resolver un
conflicto relacionado con la vulneración de un derecho fundamental[25]; (ii) a
pesar de existir otras acciones ordinarias, éstas no resultan en el caso
concreto idóneas ni eficaces para la protección del derecho fundamental alegado[26]; o, (iii)
existiendo otras acciones, resulta indispensable la intervención del juez
constitucional para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable de
carácter iusfundamental[27],
acreditando la inminencia del perjuicio, la gravedad del mismo, las medidas
urgentes para evitar el daño y la impostergabilidad de las mismas.
En las hipótesis (i) y (ii), el amparo constitucional
es el medio judicial apropiado para la protección de los derechos fundamentales,
motivo por el cual lo resuelto por el juez de tutela tiene carácter definitivo.
En el supuesto (iii) la orden proferida por el juez de tutela tiene carácter
temporal, pues solamente sus efectos se mantienen hasta tanto el juez natural
resuelva la controversia mediante sentencia definitiva[28].
Siguiendo
los lineamientos de la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se acude al
amparo constitucional y existen otros medios de defensa judicial, es
particularmente relevante el análisis de los hechos relacionados con el caso
concreto, así como las condiciones específicas del solicitante, pues cuando se
está frente a sujetos de especial protección constitucional, dentro de los que
se encuentran las personas de la tercera edad, los limitados físicos, psíquicos
o sensoriales, los padres y madres cabeza de familia y los desplazados, el
análisis de procedibilidad de la acción de tutela se hace menos exigente, de
tal manera que se permita el acceso a la administración de justicia en
condiciones más favorables, pues de lo contrario implicaría someter a una
persona en debilidad manifiesta a un proceso judicial riguroso, que sería
difícil de soportar por la persona, debido a su situación especial de
vulnerabilidad[29].
Ahora bien,
acudir a la acción de tutela cuando no se han agotado los medios ordinarios de
defensa (ante la administración y judiciales) y aún no se han vencido los
respectivos términos, es distinto a que los términos otorgados por el
ordenamiento jurídico hayan transcurrido, o cuando el fenómeno de la caducidad
de la acción ha operado. En la primera hipótesis el amparo constitucional obraría
como medio transitorio de defensa de los derechos, sin que por ese hecho se
releve al actor del agotamiento de los recursos o acciones ordinarias, mientras
que en el segundo supuesto, la acción de tutela resultaría improcedente para
enmendar la desidia de las personas que han dejado de acudir a los medios
ordinarios para la defensa de sus derechos.
Sin embargo,
existen casos realmente excepcionales en los cuales es exagerado exigir el
agotamiento previo de la totalidad de los recursos o medios ordinarios
(administrativos o judiciales), como condicionamiento para acceder al amparo
constitucional, particularmente cuando se trata de personas secuestradas,
desaparecidas, incapaces físicos o mentales, interdictos, menores de edad, o de
las que se encuentren en circunstancias de extrema exclusión o vulnerabilidad,
lo que hace que de ellos no se predique la incuria o negligencia en el
agotamiento de los medios ordinarios de defensa, pues de lo contrario tal
exigencia se convertiría en un obstáculo desproporcionado de acceso efectivo a
la administración de justicia[30].
Dentro del
grupo puesto en situación extrema de vulnerabilidad se encuentran los
desplazados forzados por la violencia, razón por la cual los jueces a la hora
de aplicar las normas pertinentes, no puedan pasar desapercibido que las
personas sometidas a este nefasto fenómeno suelen desconocer sus propios
derechos, circunstancia que no puede evaluarse a la luz del principio general
del derecho en virtud del cual, el desconocimiento de la ley no sirve de excusa
para su incumplimiento. Todo lo contrario debe suceder, la ignorancia de esta
población sobre sus derechos, dada su situación de debilidad manifiesta,
demanda una especial atención por parte del Estado[31]. Esa actuación
afirmativa estatal procura por la realización de la igualdad real y efectiva
para ese grupo vulnerable, debido a que han tenido que huir de la violencia
para salvar sus vidas y las de sus seres queridos. En la mayoría de los casos
se trata de personas de escasos recursos económicos, que han vivido en lugares
apartados, que además, no han podido acceder a los beneficios de la educación y
la cultura y, en consecuencia desconocen absolutamente los procedimientos
existentes para la defensa de sus derechos, además, no tienen en su gran
mayoría la posibilidad real de acceder a una defensa técnica adecuada, de donde
surge que para la protección de sus derechos es irrazonable condicionar al
conocimiento jurídico experto[32],
por lo que le corresponde al Estado la obligación de asesoría y acompañamiento.
Precisamente
por lo anotado, la acción de tutela procede como medio de protección de los
derechos fundamentales de los desplazados, debido a que su status constitucional
especial no puede tener un simple efecto retórico, pues se trata de una
población especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática
por las cargas excepcionales que han debido soportar, cuya protección debe ser
urgente para la satisfacción de sus necesidades indispensables. Por estas
razones, la Corte ha expresado que resulta desproporcionado exigir el
agotamiento previo de recursos ordinarios como requisito de procedibilidad del
amparo constitucional[33],
cuando se esté frente a una actuación ilegítima de las autoridades encargadas
de protegerlos.
Justamente,
la situación de violencia notoria y generalizada que ha vivido el país en los
últimos tiempos, originada en actuaciones de los distintos actores armados,
pone a las personas desplazadas en situaciones extraordinarias que les
dificulta el acceso a las autoridades, lo que implica que los jueces no pueden
ser insensibles frente a ese hecho a la hora de valorar el contenido de los
conceptos de “fuerza mayor” o “caso fortuito”, a la que han sido sometidas, lo
que podría justificar el no haber acudido en oportunidad a los otros medios de
defensa existentes (agotamiento de vía gubernativa y judiciales)[34]. No cabe
duda que el desplazamiento forzado constituye un acontecimiento de fuerza mayor
para quien lo padece, en razón a que este hecho no se origina en el afectado,
pues al ser forzado, no cuenta la voluntad de quien lo padece. Es un componente
del conflicto armado o de la violencia difundida a lo largo del territorio
nacional, que hace imposible evitar que se presente (irresistible) y afecta el statu
quo de quien lo sufre, sin que pueda preverse sus inicios o al menos el
alcance del mismo (imprevisible)[35].
La tesis
expuesta ha sido tratada con suficiencia en el derecho comparado. En efecto, la
Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Akdivar y otros en contra de
Turquía que resolvió el 16 de septiembre de 1996, encontró responsable al
Estado de Turquía de incumplir las obligaciones dispuestas en los artículos 8º
y 25-1 de la Convención Europea de Derechos Humanos[36]. Los demandantes fueron
habitantes de Kelekçi en el distrito de Dicle de la provincia de Diyarbakir en
Turquía, pueblo que fue víctima de una acción terrorista por parte del PKK el
17 o el 18 de julio de 1992, en donde murieron tres aldeanos y tres resultaron
heridos. El segundo ataque perpetrado el 1 de noviembre de 1992 se dirigió en
contra de la estación de gendarme Bogazköy que fue destruida, con un miembro
del ejército muerto y 8 heridos. A partir de ese momento las fuerzas de
seguridad fueron reforzadas y se desplegaron por la zona, realizando intensas
búsquedas de los terroristas. Los demandantes alegaron que el 10 de noviembre
de 1992 el ejército lanzó un ataque contra la aldea Kelekçi, quemó 9 casas,
incluyendo las suyas y obligó a la evacuación inmediata de todo el pueblo. El 6
de abril de 1993 se prendió fuego a la mencionada aldea la que fue destruida
casi por completo.
El Gobierno
de Turquía negó las acusasiones con el argumento que las casas fueron quemadas
por el grupo terrorista PKK.
La Comisión
Europea de Derechos Humanos constató que a nivel interno, estos hechos no
dieron lugar a ninguna investigación para tratar de establecer la responsabilidad
por la destrucción. De la misma manera, a pesar de que el Alcalde del pueblo
realizó las peticiones respectivas y las declaraciones fueron recibidas por
varios funcionarios estatales, el desamparo de los aldeanos fue absoluto, pues
no recibieron asistencia y asesoría de la forma en la que podían obtener una
indemnización por la pérdida de sus hogares u otras formas de ayuda. Concluyó
igualmente la Comisión que las fuerzas de seguridad de Turquía fueron los
responsables el 10 de noviembre de 1992 de la quema de las nueve casas Kelekçi,
aunque no se desmostró que los demandantes hubiesen sido expulsados por la
fuerza de su aldea, pero la pérdida de su lugar de habitación los hizo
abandonar el pueblo y trasladarse a otro sitio.
El Gobierno
Turco sostuvo que tanto la Constitución como la ley de ese país permiten
presentar acciones en contra de la administración por los actos ilegales de los
funcionarios públicos, las cuales no fueron agotados antes de acudir a la
Comisión y a la Corte, puesto que ninguna reclamación de indemnización se
presentó ante los tribunales de ese país. A este respecto, los demandantes
expusieron que los daños causados en el contexto de la lucha contra el
terrorismo era justificada por el Estado en ese hecho y por lo tanto ese
argumento se presta para impunidad. Así mismo que sus casas habían sido
quemadas por las fuerzas de seguridad estatal porque son vistos como
refugiantes de miembros del grupo terrorista PKK, de tal manera que esa
práctica administrativa hacía ilusorios, insuficientes e inefices los medios
internos de protección de sus derechos.
En sentir de
la Comisión, en la práctica era imposible que los pobladores agotaran los
procedimientos dispuestos en el derecho Turco. De esta forma, era poco probable
que dadas las condiciones en las que se encontraban los aldeanos pudieran
acceder a los servicios de un profesional del derecho. Además, en las
circunstancias existentes, era dudoso que se realizara una investigación
imparcial interna, máxime cuando se había detectado un deseo entre los
representantes del Estado de proteger a los militares y una reticencia clara
respecto de las acusaciones en contra de las fuerzas de seguridad.
A juicio de
la Corte Europea de Derechos Humanos, los mecanismos de protección dispuestos
en la Convención, son subsidiarios a los sistemas nacionales de protección de
los derechos humanos. Sin embargo, los recursos internos disponibles deben ser
no sólo en la teoría, sino en la práctica accesibles y eficaces para la
reparación por las presuntas violaciones, pues de lo contrario los demantantes
no tendrían la obligación de acudir a ellos. Además, según las normas
generalmente reconocidas del derecho internacional, se pueden presentar
situaciones especiales que eximen al solicitante de la obligación de agotar los
recursos internos a su disposición. Esta regla es aplicable igualmente cuando
se presenta una práctica administrativa consistente en la repetición de actos
incompatibles con la Convención y se ha demostrado la existencia de tolerancia
oficial de las autoridades del Estado, a tal punto que pueden convertir en
inútil e ineficaz un procedimiento.
Enfatiza el
Tribunal que en la aplicación de las reglas jurídicas se debe tener en
cuenta debidamente el contexto de convulsión y violencia en el que se aplican los
medios tendientes a la protección de los derechos humanos que los Estados
vinculados han acordado crear. En consecuencia debe reconocerse que las
normas jurídicas no deben aplicarse con excesivo formalismo, sino con cierto grado
de flexibilidad, de tal manera que la regla del agotamiento de los medios
existentes no es absoluta ni puede aplicarse de manera automática, pues al
verificarse si se ha observado es indispensable analizar las circunstancias
particulares de cada caso. Lo expuesto significa que se deben tomar en
cuenta de forma realista, no solamente la regulación de recursos formales en el
ordenamiento jurídico de los Estados obligados, sino también el contexto
jurídico general y político en el que operan y las circunstancias personales de
los solicitantes.
En cuanto a
la aplicación en el caso concreto de la citada regla, subrayó el Tribunal que
la situación existente en el sudeste de Turquía en el momento de las quejas de
los demandantes era y sigue siendo caracterizado por las significativas luchas
civiles, debido a la campaña terrorista emprendida por el PKK y las medidas de
contrainsurgencia promovidas por el Gobierno en respuesta a la misma. En tal
situación, debe reconocerse que puede haber obstáculos para el buen funcionamiento
del sistema de administración de justicia, en particular, la dificultad para
obtener elementos probatorios en una situación tan problemática, que deben
valorarse en los procesos judiciales internos, lo que hace inútil  el
seguimiento de los recursos, además de impedir las investigaciones
administrativas que dependen de los mismos. De esta manera, las acciones ante
los Tribunales Administrativos y Civiles Turcos fueron inadecuados e
insuficientes en relación con las quejas de los demandantes, debido a que los
hechos tuvieron lugar en un área de ese país sujeto a la ley marcial,
caracterizada por conflictos civiles graves. A ello se suma la inseguridad y la
vulnerabilidad de los demandantes después de la destrucción de sus hogares; el
hecho de que se han convertido en dependientes de las autoridades en relación
con sus necesidades básicas y la ausencia de una investigación oficial sobre
los alegatos de los demandantes, además del riesgo de represalias en su contra
o de sus abogados, en el evento de tratar de iniciar un procedimiento legal en
contra de las fuerzas de seguridad. Estas son pues, a juicio de la Corte
Europea de Derechos Humanos, circunstancias excepcionales demostradas en el
caso concreto que eximen a los demandantes de acudir a los medios jurídicos
internos existentes.
De acuerdo a
lo anotado, concluye la Sala octava de Revisión de la Corte Constitucional que
ante la existencia de otro medio de defensa judicial o cuando se ha perdido la
oportunidad de acudir al mismo por causa no imputable, es de particular
relevancia el análisis no sólo de las especiales condiciones del actor, sino
del contexto socio - político en el que se desenvuelven los hechos, pues de
ello depende, no solo la posibilidad real de acceder oportunamente a los
recursos y acciones dispuestas en el ordenamiento jurídico, sino que los mismos
sean efectivos para la protección de los derechos. Solamente de esta forma,
puede determinarse con certeza, de un lado, la idoneidad y eficacia del otro
medio de defensa judicial, y, del otro, las razones que justifican la omisión
en el agotamiento de los recursos o medios de defensa dispuestos en el
ordenamiento jurídico. De lo expuesto se infiere que la regla que establece la
subsidiariedad de la acción de tutela no puede aplicarse de manera automática,
literal y con excesivo rigorismo formal, sino teniendo en cuenta, tanto la
situación personal del solicitante, como el contexto de la realidad social y
política circundante, con la finalidad de permitir la realización de derechos
fundamentales dentro de los que se encuentran la igualdad real y efectiva (art.
13 C.P), el debido proceso (art. 29 C.P), la prevalencia del derecho sustancial
(art. 228 C.P) y el acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229
C.P).
Solución
al caso concreto.
Según se expuso en el apartado
2.2 de esta providencia, en el caso examinado por esta Sala de Revisión, se
debe establecer si procede o no la acción de tutela para amparar los derechos
fundamentales a la vida digna, tercera edad, vivienda y derechos conexos,
invocados por el actor como vulnerados por la Alcaldía municipal de Simacota –
Santander- debido a que se negó a tramitar una querella de policiva argumentado
extemporaneidad (se acudió al amparo policivo por fuera de los seis (6) meses
dispuestos en el Código de Policía de Santander), teniendo en cuenta los
siguientes elementos de juicio: (i) el actor fue víctima del desplazamiento
forzado desde noviembre de 2002 debido a las amenazas de muerte que recibió;
(ii) quedó inscrito en el Registro Único de la Población Desplazada (RUPD) junto
con su núcleo familiar el 25 de noviembre de 2002 en Barrancabermeja; (iii)
dejó abandonado el inmueble “Las Peñas” ubicado en el municipio de Simacota –
Santander-, sobre el que a mediados de 2005 se produjeron actos originados en
terceros que perturbaron el libre ejercicio de la posesión que afirmar detentar
sobre el bien; (iv) el 21 de septiembre de 2006 diligenció solicitud individual
de ingreso y de protección al registro único de predios y de protección por
abandono a causa de la violencia, la que fue aceptada por el INCODER mediante
resolución el 16 de mayo de 2007; (v), la medida de inscripción del bien en el
mencionado registro, no pudo hacerse efectiva en el folio de matrícula
inmobiliaria respectiva por la Oficina de Instrumentos Públicos del Socorro –
Santander-, debido a la imposibilidad de identificación del predio rural, y, (vi)
a mediados de 2008 acudió en querella de policía ante la Alcaldía municipal de
Simacota –Santander- a la que no se le dio trámite por extemporánea.
Para
resolver el problema jurídico, enseguida esta Sala de Revisión se referirá
brevemente a los hechos y pretensiones del actor y luego a los argumentos
consignados en el fallo de tutela, los cuales se examinarán a la luz de la
Constitución y de la jurisprudencia de esta Corte. Luego se aludirá a la
integración del contradictorio en sede de revisión y a los argumentos
defensivos expuestos, en particular a la negativa de la Alcaldía municipal de
Simacota – Santander- en tramitar la querella policiva a la que acudió el
actor.
En este
orden, de los hechos narrados y de las pruebas que obran en el expediente de
tutela se desprende que el 6 de agosto de 2001, mediante documento privado que
titularon contrato de “compraventa con permuta”, el actor adquirió en su
calidad de comprador, dos parcelas denominadas “Las peñas” y “Los Gaviones”
ubicados en la vereda San Pedro del municipio de Simacota –Santander- y entregó
en retribución al vendedor José Joaquín Acelas, una casa de habitación situada
en el barrio 9 de abril del municipio de Barrancabermeja –Santander-. A los
citados terrenos ingresó el tutelante el 16 de agosto de 2002.
Por amenazas
contra su vida y la de su familia compuesta por su esposa Ana Soir Marín de
Martínez de 58 años de edad y de su nieto Carlos Alberto Martínez Sánchez de
ocho años de edad, el actor Juan Evangelista Martínez Orozco, para esa época
con 63 años de edad, debió salir desplazado hacia el municipio de
Barrancabermeja –Santander-, según manifestación jurada que hizo su esposa el
12 de noviembre de 2002 ante la Personería del mencionado municipio. El 25 del
mismo mes y año, el núcleo familiar del actor fue inscrito en el registro único
de la población desplazada por la violencia en la unidad territorial del
Magdalena de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República
ubicada en Barrancabermeja. Entre el 2002 y el 2005, los hijos del actor solían
visitar regularmente el predio, hasta que también fueron amenazados de muerte,
motivo por el cual no pudieron continuar con tales visitas.
El 23 de
junio de 2005, personalmente el tutelante acudió en queja ante la Corporación
Autónoma de Santander (CAS), por labores de tala y quema de bosques realizadas
por terceros en el predio “Las Peñas”. En compañía del actor, esa entidad llevó
a cabo el 10 de agosto de 2005 visita de inspección en el mencionado predio, en
la que hizo constar que la quema tuvo como propósito “invadir los
terrenos de propiedad del señor Juan Evangelista Martínez y ampliar la frontera
agropecuaria y ganadera ya que se observó la siembra de pasto Brequiaria, en la
zona”.
Mediante
Resolución 0240 del 30 de septiembre de 2005, la Oficina de Mares de la
Corporación Autónoma de Santander, decidió imponer medida preventiva a Hugo
Merchán, a Ernesto Rojas y a Eliécer Camacho, consistente en sembrar 3000
árboles en el mencionado predio, así como suspender inmediatamente las
actividades de aprovechamiento forestal y quemas en dicha área. De igual forma
formuló cargos contra las citadas personas. El señor Hugo Merchán Torres en los
descargos sostuvo haber comprado el terreno denominado “Las Peñas” que consta
de 30 a 35 hectáreas aproximadamente al señor “TOLIMA”, sin contar con ningún
documento, con la afirmación de haber entregado un millón de pesos
(1´000.000.oo) como parte de pago y que ese predio lo explota para su
subsistencia y la de su familia compuesta por su esposa y tres hijos. A través
de Resolución número 086 del 11 de febrero de 2006, la citada entidad impuso al
señor Merchán Torres, multa y medida de compensación por tala y quema de bosque
en el predio “Las Peñas”.
El 21 de septiembre de 2006 el
actor solicitó al INCODER inscribir el inmueble tantas veces mencionado en el
registro único de predios y de protección por abandono a causa de la violencia,
la cual se aprobó el 16 de mayo de 2007, en el siguiente sentido “Inscríbase
el predio LAS PEÑAS, cuyo POSEEDOR es el (la) señor(a) JUAN EVANGELISTA
MARTÍNEZ OROZCO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 4.571.472,
expedida en NORCASIA –SAMANÁ (CALDAS), en el registro de los predios rurales
abandonados por los desplazados por la violencia (Registro Único de Predios,
RUP) (…)”[37].
En este orden, se ofició para la anotación en el folio de matrícula
inmobiliaria, la que fue devuelta el 17 de abril de 2009 por la Oficina de
Instrumentos Públicos del Socorro –Santander-, con el argumento de no
encontrarse ningún dato como matrícula inmobiliaria o cualquier otro que
permitiera la individualización del inmueble rural.
En escritos separados,
respectivamente, con la afirmación de ser poseedor del predio “Las Peñas”, el
actor acudió el 12 de mayo de 2008 a la Inspección de Policía del Corregimiento
“El Centro” del municipio de Barrancabermeja, así como a la Alcaldía del
municipio de Simacota – Santander-, solicitando se ordenara el desalojo y
entrega del prenombrado terreno. El 10 de junio de 2008 se declaró fracasada
audiencia de conciliación llevada a cabo en la citada Inspección de Policía
entre el actor y el señor Hugo Merchán Torres, quien afirmó ser poseedor de ese
bien desde hace siete (7) años y estar en trámites legales para que se le
adjudique el predio. De esta forma, se dejó en libertad a las partes para que
acudieran a la justicia ordinaria con el fin de que hicieran valer sus
pretendidos derechos[38].
A su vez, mediante oficio del 29 de octubre de 2008, el Alcalde de Simacota
-Santander-, informó al actor que no tenía competencia para tramitar y ordenar
lo pedido, motivo por el cual debía acudir a la jurisdicción ordinaria para buscar
la protección de sus derechos. Estos argumentos se reiteraron y precisaron por
dicha autoridad en oficio del 17 de febrero de 2011 dirigido a esta Sala de
Revisión, en el sentido de que el tutelante acudió a la acción policiva por
fuera de los seis (6) meses dispuestos en el Código de Policía de Santander
para tramitar esa clase de acciones policivas.
Mediante escrito de fecha 12 de
junio de 2008, el actor solicitó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
–INCODER-, la adjudicación del mencionado terreno, con fundamento en su
condición de desplazado por la violencia, además de la inscripción del predio
previamente solicitada a esa entidad en el Registro Único de Predios
Abandonados por el desplazamiento forzoso del que fue objeto.
Por lo anotado solicitó al juez
constitucional el amparo de los derechos que invocó como vulnerados por la
Alcaldía de Simacota –Santander-, al negarse a ordenar el desalojo del bien y
su entrega, con base en la medida de protección a la que accedió el INCODER el
16 de mayo de 2007 de inscribirlo en el registro único de bienes rurales
abandonados por los desplazados por la violencia.
Aunque la entidad demandada no
contestó la acción de tutela, previa solicitud de esta Sala de Revisión, la
Alcaldía de Simacota informó que no había dado trámite a la acción policiva a
la que acudió el actor, debido a que la solicitud elevada ante esa entidad se
realizó después de tres años del hecho perturbatorio y el Código Departamental
del Policía de Santander establece que debe acudir dentro de los seis (6) meses
siguientes a tal acto. Por su parte, las autoridades vinculadas en sede de
revisión –INCODER, Acción Social, y la Alcaldía de Barrancabermeja-,
sostuvieron no tener competencia para ordenar el desalojo y la entrega del bien
solicitado, así como informaron las actuaciones  funcionales desarrolladas
tendientes a la garantía de los derechos del actor en su calidad de desplazado.
El Juzgado Promiscuo Municipal de
Simacota –Santander-, mediante fallo del 15 de septiembre de 2010, declaró
improcedente la acción de tutela, con el argumento de que la Alcaldía de ese
municipio no es competente para tramitar y ordenar el desalojo del mencionado
bien abandonado por un desplazado con base en la medida de inscripción en el
Registro Único de Predios y Terrenos Abandonados por los Desplazados (RUPTA).
De la misma forma que el juez constitucional no está autorizado para reemplazar
al juez natural de las acciones posesorias, así como tampoco para remediar
omisiones de los ciudadanos en lo relacionado con la defensa de sus derechos.
Para esta Sala de Revisión es
claro que no le corresponde, en principio, a la Alcaldía Municipal de Simacota
–Santander-, así como tampoco a la Alcaldía de Barrancabermeja, tramitar y
ordenar el desalojo del bien rural denominado “Las Peñas” con base en la medida
consistente en la inscripción individual del inmueble rural en el Registro
Único de Bienes y de Terrenos Abandonados por los Desplazados por la Violencia
(RUPTA), como lo consideró el juzgado que resolvió la acción de tutela, debido
a que dicha medida jurídica pretende garantizar el derecho de propiedad, el
libre ejercicio de la posesión o de la mera tenencia detentados sobre tales
inmuebles rurales y por tanto, evitar que las oficinas de instrumentos
públicos, inscriban actos de enajenación o transferencia a cualquier título de
los predios rurales ubicados en zonas de inminente desplazamiento o donde este
hecho ya se ha producido, así como, en esas condiciones, en la abstención del
INCODER de adelantar procedimientos de titulación de bienes baldíos para el
pretendido ocupante distinto a quien venía detentando esa posición antes del
desplazamiento, mientras permanezca vigente la medida aplicada, salvo que se
obtenga autorización del Comité Municipal, Distrital o Departamental de
protección de la población desplazada. De la misma manera, el acto de
inscripción de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria respectiva,
podría obrar como prueba en los distintos procesos judiciales o administrativos
relacionados con dicho bien, es el caso por ejemplo cuando se tramitan procesos
con fundamento en el derecho de propiedad, amparos policivos o judiciales a la
posesión y a la mera tenencia de los mismos, e inclusive, en los procesos de
adjudicación de bienes baldíos.
Sin embargo, como se precisará en
el apartado 6.2.1 de esta providencia, la medida de inscripción en el Registro
Único de Bienes y de Terrenos Abandonados por los desplazados, no puede tener
un simple efecto teórico, sino que debe traducirse en una realidad, razón por
la cual debe articularse con los demás instrumentos o medios que otorga el
ordenamiento jurídico para la realización y la eficacia de los derechos de las
personas, como en el caso concreto lo es el amparo policivo al que acudió el
actor para buscar remover los obstáculos, que le han impedido el libre
ejercicio de la posesión que afirma detentar sobre el bien inmueble que debió
abandonar debido al desplazamiento forzado del que fue víctima. Proceso
policivo al que no le dio trámite la entidad demandada, con el argumento de que
el señor Martínez Orozco acudió al mismo por fuera de los seis (6) meses
dispuestos en el Código de Policía de Santander, como quedó consignado en  el
oficio del 29 de octubre de 2008, cuyo contenido fue reiterado a esta Sala de
Revisión por el alcalde de ese municipio mediante oficio del 17 de febrero de
2011.
Con base en tal argumento
esgrimido por la entidad demandada, en el fallo de tutela se sostuvo que el
juez constitucional no puede usurpar las funciones del juez natural de las
acciones posesorias y que el amparo constitucional no puede utilizarse para
remediar las omisiones de los ciudadanos en la defensa de sus derechos. Esa
postura, a juicio de esta Sala de Revisión: (i) muestra una interpretación
restringida de los hechos y de las pruebas obrantes en el expediente de tutela,
lo que hizo que no se advirtiera la posible vulneración de derechos
fundamentales, así como (ii) no tuvo en cuenta que la existencia de otros
medios de defensa y la oportunidad para acudir ellos, debe analizarse tanto en
relación con la situación personal del tutelante, como en el contexto socio –
político en el que operan.
6.1. El juez de tutela hizo un
análisis restringido de los hechos y de las pruebas obrantes en el expediente
de tutela, lo que originó que no se advirtiera la posible vulneración de
derechos fundamentales.
En efecto, el juez de tutela al
analizar los hechos narrados por el actor y el material probatorio obrante,
entendió que el señor Juan Evangelista Martínez Orozco por vía de tutela
solicitó la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la
tercera edad, vivienda digna y demás derechos conexos, y por ende se ordenara a
la entidad demandada desalojar y entregar el bien rural que tuvo que abandonar
por las amenazas de muerte contra su vida y la de su familia, con base en la
autorización que hizo el INCODER el 16 de mayo de 2007 consistente en la
inscripción del bien rural en el Registro Único de Bienes y Territorios
Abandonados por los Desplazados, cuya posesión que afirma detentar el actor
sobre el bien, fue perturbada en su libre ejercicio a mediados del 2005 y
acudió al amparo policivo el 12 de mayo de 2008. A partir de ese análisis
concluyó que el medio judicial idóneo para remover el obstáculo al libre
ejercicio de la relación jurídica que tiene el actor con el bien, era la acción
policiva a la que acudió extemporáneamente.
En sentir de esta Sala de
Revisión, la manera de analizar tanto los hechos como las pruebas obrantes en
el expediente, hizo que el juez de tutela pasara inadvertido, no sólo la cualificación
del actor como sujeto de especial protección constitucional en su condición de
desplazado y el contexto socio – político en el que se desenvolvieron los
hechos, sino la situación particular del predio abandonado contra su voluntad
por el actor, sobre el cual se había autorizado medida preventiva de protección
patrimonial, que por demás debió impulsarse y autorizarse desde el 2002 por la
Personería municipal de Barrancabermeja, como se explicará en párrafos
subsiguientes.
No queda duda entonces que el
fallo de tutela no tuvo en cuenta que de los hechos narrados y de las pruebas
allegadas al expediente se desprende que la posible vulneración de los derechos
fundamentales del actor en su calidad de desplazado, se genera, de un lado en
la omisión de la Personería de Barrancabermeja en haberle brindado la asesoría
y acompañamiento adecuado el 12 de noviembre de 2002 cuando su esposa Ana Soir
Marín de Martínez manifestó bajo la gravedad del juramento ser persona
desplazada junto con su núcleo familiar compuesto por su esposo y su nieto, y,
del otro a que las autoridades de policía debieron tramitar la acción policiva
a la que acudió el actor el 12 de mayo de 2008, tendiente al amparo de la
posesión que afirma detentar sobre el mentado inmueble rural, pues la
extemporaneidad en acudir a ese medio de defensa no es imputable al actor
(haber radicado la querella dentro de los seis (6) meses siguientes a los actos
que obstaculizaron el libre ejercicio de la posesión), sino que devino de los
propios efectos del desplazamiento forzado del que fue víctima.
Por la razón anterior, a juicio
de la Sala, se debe analizar lo siguiente: (i) la actuación desplegada por la
Personería municipal de Barrancabermeja el 12 de noviembre de 2002 cuando
recibió la declaración de desplazamiento rendida por la esposa del actor; (ii)
los argumentos expuestos por la Alcaldía de Simacota –Santander- para no dar
trámite a la querella de policía referida a su falta de competencia por cuanto
se acudió a la misma por fuera de los seis (6) meses dispuestos en el Código de
Policía de Santander y, (iii) si es razonable exigir al actor acudir dentro de
esos términos a la acción policiva pertinente para solicitar la protección de
sus derechos, teniendo en cuenta su situación personal y el contexto socio-político
en el que actúa dicho medio de defensa judicial.
6.1.1. La actuación de la
Personería Municipal de Barrancabermeja al recibir la declaración rendida el 12
de noviembre de 2002 por la esposa del accionante sobre desplazamiento forzado
por la violencia de la que fue víctima su núcleo familiar.
El 12 de noviembre de 2002 la
señora Ana Soir Marín de Martínez rindió declaración juramentada ante la
Personería municipal de Barrancabermeja –Santander- en la que manifestó “ser
persona desplazada de la VEREDA CAÑO SAN PEDRO jurisdicción de SIMACOTA
(SANTANDER) con su Núcleo Familiar compuesto por su nieto CARLOS ALBERTO
MARTÍNEZ SÁCHEZ (8 años de edad), y su esposo JUAN EVANGELISTA MARTÍNEZ OROZCO
(63 años de edad), Por desplazamiento forzoso”[39].
Es evidente que para la
Personería Municipal de Barrancabermeja bastó con la recepción de la
declaración jurada sobre el hecho del desplazamiento forzado del que fue
víctima el actor y su núcleo familiar del lugar de asiento permanente en la
vereda Caño San Pedro del municipio de Simacota –Santander-, pero no indagó
sobre la posibilidad de que hubieran dejado abandonado algún bien mueble o
inmueble y la relación de tales personas con el mismo, de tal suerte que se
hubiese brindado la asesoría y el acompañamiento al actor tendiente a la
protección de sus bienes, como lo expresa el artículo 27 de la Ley 387 de 1997
al poner en cabeza de cualquier entidad del Ministerio Público, la obligación
de adelantar las acciones judiciales o administrativas a que haya lugar para la
protección de la posesión detentada sobre los bienes abandonados en dichas
circunstancias. Dentro de las actuaciones administrativas que buscan la
protección de la propiedad, la posesión y mera tenencia de bienes abandonados
por un desplazamiento individual, se encuentra la inscripción de los mismos en
el folio respectivo por parte de las oficinas de instrumentos públicos, previa
autorización del INCODER, por trámite impulsado por cualquier entidad que haga
parte del Ministerio Público, dentro de las que se encuentran las personerías
municipales.
Un análisis de la regulación
normativa indica, en principio, que corresponde a la persona o personas
desplazadas el deber de informar a cualquier entidad del Ministerio Público
sobre los bienes abandonados a causa de este fenómeno. Sin embargo, a juicio de
esta Sala de Revisión, de una lectura teleológica del contenido de lo normado,
se infiere que es obligación de las mencionadas entidades, no solo recibir la
declaración jurada sobre el desplazamiento, sino que al tiempo deben verificar
si las personas dejaron abandonados sus bienes y si su relación con los mismos
es la de propietario, poseedor, mero tenedor u ocupante, de tal manera que
puedan orientar su actuar hacia la protección de dichos bienes, utilizando para
ello los instrumentos dispuestos en el ordenamiento jurídico.
En este orden, la personería municipal
de Barrancabermeja el 12 de noviembre de 2002 no estableció si el actor había
dejado abandonado algún bien, así como la relación jurídica con el mismo. Es
decir, no advirtió que el predio “Las Peñas” del cual sostiene el tutelante que
obtenía su sustento y el de su familia en la vereda Caño San Pedro del
municipio de Simacota –Santander- había quedado abandonado y que su relación
con el mismo era la de poseedor de acuerdo a su afirmación en el escrito de
tutela. Por su puesto que según se deduce del material probatorio obrante, al
parecer esa información no fue puesta en conocimiento por el accionante al
Personero municipal.
La falta de actuación por parte
de la Personería municipal de Barrancabermeja, hizo que solamente hasta el 21
de septiembre de 2006, el actor diligenciara la solicitud individual de ingreso
y de protección al Registro Único de Predios –RUP- y de Protección por Abandono
a causa de la violencia, la que fue aprobada mediante Resolución número 0583
del 16 de mayo de 2007, en la que se resolvió inscribir el bien inmueble “Las
Peñas”, “cuyo POSEEDOR es el (la) señor(a) JUAN EVANGELISTA MARTÍNEZ OROZCO
(…)”[40],
en el registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la
violencia, la cual no pudo hacerse efectiva en el folio respectivo por la
Oficina de Instrumentos Públicos del Socorro – Santander- debido a la
imposibilidad de identificación del inmueble.
En este orden, a pesar de que el
actor cuenta desde el 16 de mayo de 2007 con una medida jurídica de protección
del predio del que fue obligado a desprenderse y abandonar en contra de su
voluntad, que debería evitar la inscripción de actos de enajenación a cualquier
título o restringir al INCODER la titulación del mismo a persona diferente al
actor, en caso de que se trate de un bien baldío, en la práctica, por no
haberse podido realizar la inscripción en el registro de instrumentos
públicos,  esta garantía se ha convertido en un sueño o ilusión, pues en
realidad se ha reducido a simple retórica, ha caído en el vacío; en palabras
más precisas, se ha convertido en letra muerta.
A juicio de esta Sala de
Revisión, los instrumentos o medios dispuestos en el ordenamiento jurídico para
la protección de los derechos, como en este caso lo es la medida preventiva de
inscripción del bien en el Registro Único de Bienes y Territorios Abandonados
por los desplazados por la violencia, no debe quedarse en simple teoría, sino
que en la práctica permita la protección real de los bienes abandonados por
estas personas sometidas a una situación de extrema vulnerabilidad. De tal
manera que no es suficiente que el INCODER autorice la inscripción del bien,
sino que realmente las oficinas de instrumentos públicos puedan cumplir la
misma con la realización de tal inscripción. En el caso del tutelante no pudo
inscribirse la medida preventiva en el folio de matrícula inmobiliaria en la
Oficina de Instrumentos Públicos del Socorro – Santander- con el argumento de
que no se encontraron datos de matrícula inmobiliaria o del sistema antiguo que
permitiera la individualización del bien.
De tal manera que para que la
medida preventiva autorizada por el INCODER mediante resolución 0583 del 16 de
mayo de 2007 consistente en la inscripción del predio “Las Peñas” en el RUPTA,
para proteger la posesión que afirma detentar el actor sobre el mismo, no caiga
en el vacío, sino que se convierta en una realidad, esta Sala de Revisión, como
se precisará en la parte final de los considerandos y en la parte resolutiva de
esta providencia, ordenará al INCODER que con apoyo en las entidades
respectivas, proceda a la identificación del bien, con la finalidad de que se
profiera nuevo acto administrativo en el que se aplique la mencionada medida
preventiva, con efectos retroactivos al 25 de noviembre de 2002, fecha en la
que el actor y su familia fueron inscritos como desplazados, pues es a partir
de dicha fecha que debió impulsarse por la Personería Municipal de
Barrancabermeja la inscripción del bien en tal registro, omisión que no es
imputable al actor, debido a que está en cabeza del Estado la obligación de
asesoría y acompañamiento a los desplazados, que no fue cumplida debidamente.
6.1.2. El juez de tutela no
verificó que la existencia de otros medios de defensa existentes y la
oportunidad para acudir ellos, deben analizarse tanto en relación con la
situación personal del tutelante, como en el contexto socio – político en el
que operan.
La existencia de otros medios de
defensa judicial para buscar la protección de los derechos invocados, el no
acudir oportunamente a los mismos, los hechos y las circunstancias particulares
del actor, así como el contexto en que discurrieron los hechos, fue un tema
tratado en abstracto en el fallo de tutela, en razón a que simplemente se
mencionó que el tutelante contaba con otro medio de defensa y que el juez
constitucional no puede reemplazar al juez natural de la acción posesoria, así
como tampoco para suplir la negligencia de las personas en acudir oportunamente
a las medios de defensa otorgados por el ordenamiento jurídico.
Es decir, para el juez
constitucional de instancia, la protección del libre ejercicio de la posesión
afirmada por el tutelante con el consecuente desalojo y entrega del mencionado
bien pedido mediante querella a la Alcaldía de Simacota –Santander- encuentra
garantía mediante acción civil policiva o en acción ordinaria civil ante los
jueces, a las que no acudió el actor dentro de los términos legales.
Es claro entonces que en el fallo
de tutela no se verificó la situación personal del actor, así como tampoco el
contexto social y político presente en el momento en que debía operar el otro
medio de defensa otorgado por el ordenamiento jurídico. Es por ello que la Sala
enseguida analizará dichos aspectos.
6.1.2.1. Situación personal
del tutelante y su familia.
En el caso concreto no queda duda
de que Juan Evangelista Martínez Orozco, ahora persona de la tercera edad
(cuenta en la actualidad con 71 años de edad), su esposa (en la actualidad con
67 años de edad) y su nieto (ahora con 16 años de edad), según lo hechos
narrados y las pruebas obrantes son sujetos de especial protección
constitucional debido a la condición de extrema vulnerabilidad a las que fueron
sometidos por el desplazamiento forzado que sufrieron en noviembre de 2002 a
causa de la violencia y de las amenazas de muerte que recibieron, por lo que
debieron abandonar el predio “Las Peñas” situado en la vereda Caño San Pedro
del municipio de Simacota –Santander- y ubicarse en Barrancabermeja en donde
han permanecido hasta la actualidad y en esa condición, han contado con ayuda
humanitaria de emergencia, apoyo económico, subsidio de vivienda y salud, entre
otros, según lo informó a esta Sala de Revisión la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional. Precisamente este aspecto no es
objeto de reproche por parte del actor.
6.1.2.2. El contexto socio –
político existente en la zona de desplazamiento forzado por la violencia, de
donde se vio obligado a salir el actor y su familia.
Como quedó expuesto, es notorio
que nuestro país desde hace algunas décadas ha estado sumido en una situación de
violencia generalizada proveniente de los distintos actores armados (guerrilla,
autodefensas, bandas criminales y las fuerzas armadas regulares que actúan para
combatir la insurgencia).
Al consultar el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia
de la República, página web://www.derechoshumanos.gov.co, particularmente el
Link Geografía de la confrontación y la violencia - Focos y Continuidad
Geográfica de la Confrontación Armada en Colombia-, entre 2002 y 2010, en el
Departamento de Santander, las estadísticas muestran lo siguiente: en el 2002,
se presentaron entre 6 y 10 eventos referidos a combates por iniciativa de la
Fuerza Pública y acciones armadas de los grupos irregulares. En el 2003,
estuvieron entre 11 y 20, situación que se mantuvo en el 2004. En el 2005 se
presentaron entre 1 y 10 eventos. En el 2006 se dieron entre 11 y 20; en el
2007 entre 6 y 10; en el 2008 se redujo de 1 a 5, y,  en el 2009  y 2010 se
mantuvo entre 1 y 5.
Los mapas indican la intensidad
de la confrontación armada en todo el país en el 2002 y en el 2006. En el 2002
se presentaron entre 6 y 10 eventos en el Departamento de Santander, mientras
que en el 2006 aumentaron entre 11 y 20. Se tomaron los años 2002 y 2006, en
razón a las épocas, respectivamente, del desplazamiento forzado del que fue
víctima el actor, con el consecuente abandono del inmueble “Las Peñas” situado
en el municipio de Simacota –Santander- y el momento en el que según la entidad
demandada en tutela, el accionante debió acudir en la acción policiva con la
finalidad de que se le protegiera el libre ejercicio de la posesión que afirma
detentar sobre el mencionado inmueble rural.
Por su parte, la presencia activa
de las autodefensas en el Departamento de Santander, fue la siguiente: en el
2002 la intensidad estuvo entre muy alta, alta y media en casi la totalidad del
territorio departamental; en el 2003 a pesar de mantenerse los mismos indicadores,
la presencia activa disminuyó en el área del departamento; en el 2004 se
intensificó de manera similar al 2002; en el 2005 fue igualmente intenso su
accionar, y en el 2006 se redujo a nivel medio en una restringida faja del
territorio departamental.
En los mapas se indica la
presencia activa de las autodefensas en el territorio nacional en los años 2002
y 2005, así como individualmente en esos lapsos en el Departamento de
Santander. En el 2002 la intensidad de la presencia activa fue muy alta en
algunos sectores del citado departamento, así como entre alta y muy baja en
casi todo el sector. En el 2005 la intensidad se asemeja a la descrita en el
2002. Se escogieron los años 2002 y 2005, debido a que en el primer año se
produjo el desplazamiento forzado del actor y su familia, y, en segundo se
presentaron los actos perturbatorios de la posesión que afirma detentar el
actor sobre el bien que dejó abandonado por ese nefasto fenómeno.
La presencia activa de las FARC
en el mismo departamento se muestra de la siguiente forma: en el 2002 se
presentaron entre 1 y 5 eventos referidos a acciones armadas de ese grupo
irregular y contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública, situación que
se mantuvo en el 2003, 2004, 2005 y 2006; en el 2007 se mantuvo entre 6 y 10;
en el 2008, 2009 y 2010 (enero a junio) disminuyó entre 1 y 5.
En los mapas se aprecian las
acciones armadas de las FARC en todo el territorio nacional en los años 2002 y
2006. En los mentados años se mantuvo el accionar de ese grupo insurgente entre
1 y 5 eventos en el Departamento de Santander. Es importante la indicación de
la actividad de ese grupo armado en esos años, en razón a que en el 2002 se
produjo el desplazamiento forzado del actor con el consecuente abandono del
inmueble rural en el citado departamento y en el 2006, según la entidad contra
la que se dirigió la acción de tutela, el actor debió acudir al amparo policivo
para procurar el amparo del libre ejercicio de la posesión que afirma detentar.
De igual manera, la presencia
activa del ELN en el citado departamento se dio de la siguiente manera: en el
2002 se presentaron entre 1 y 5 eventos referidos a acciones armadas de ese
grupo irregular y contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública; en el
2003 estuvo entre 1 y 5; de 2004 a 2010 (entre enero y junio de este último
año) se redujo a su mínima expresión.
En el mapa se muestran las
acciones armadas del ELN en el territorio de influencia de este grupo
insurgente. En algunos departamentos las acciones armadas en el 2002 estuvieron
entre 6 y 10, mientras que en el Departamento de Santander se mantuvieron entre
1 y 5. En la época señalada se presentó el desplazamiento forzado del actor con
el consecuente abandono del predio denominado “Las Peñas”, situado en el
municipio de Simacota –Santander-.
Como se puede observar, los
distintos actores armados (grupos guerrilleros, autodefensas y fuerza pública)
han mantenido presencia activa prácticamente desde el periodo analizado que
inició en el 2002 hasta junio de 2010 en el Departamento de Santander, de donde
se infiere que el desplazamiento forzado por la violencia no es una mera
expectativa sino que es una situación real en el Departamento de Santander en
la época mencionada.
6.2. La situación personal del
tutelante y el contexto socio – político existente, hace que no sea razonable
exigirle acudir a las acciones policiva y civil,  dentro de la oportunidad
legal dispuesta  en el Código de Policía de Santander y en el Código Civil.
Los distintos actores armados en
el Departamento de Santander mantuvieron su actividad desde el 2002, época en
que el señor Juan Evangelista Martínez Orozco fue objeto de desplazamiento
forzado junto con su familia y mayo de 2008 momento en el cual acudió en querella
de policía ante el Inspector de Policía del Corregimiento “El Centro” del
municipio de Barrancabermeja y ante la Alcaldía Municipal de Simacota
–Santander-.
Es indudable que el hecho del
desplazamiento forzado al que se sometió al actor y a su familia lo puso en una
situación de extrema vulnerabilidad, circunstancia que se ha mantenido desde el
momento en que fue objeto de ese nefasto fenómeno hasta la actualidad. No
desconoce esta Sala de Revisión que aunque según las estadísticas del
Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la
situación de orden público en el Departamento de Santander hasta el periodo
analizado (junio de 2010) tuvo mejoría al finalizar el mismo, en algunos lapsos
entre el 2002 y 2008 fue activo el accionar de los distintos actores armados,
en especial, en el 2005 se destaca la presencia masiva de las autodefensas en
casi la totalidad del Departamento de Santander, época en la que se presentaron
los hechos calificados por el actor como perturbatorios de la posesión que
afirma detentar sobre el inmueble “Las Peñas” que debió abandonar por el
desplazamiento, consistentes en tala y quema de bosques, siembra de pasto y
yuca y construcción de una casa en el mencionado predio.
Al panorama descrito que de por
sí hace notoria la dificultad del actor para acudir a las autoridades en
defensa de sus derechos, debido principalmente a las amenazas de muerte que
recibió y que no ha podido regresar definitivamente al inmueble que dejó
abandonado debido a que las circunstancias que produjeron su desplazamiento no
se han superado, se le suman, la falta de recursos económicos para acceder a
una defensa técnica y la posición geográfica del mencionado bien en el bajo
Simacota Santandereano lo que tuvo como consecuencia que el actor y su familia
se desplazaran hacia Barrancabermeja y no hacia el municipio de Simacota en el
cual se encuentra ubicado el inmueble debido a la dificultad para llegar al
casco urbano de ese municipio, prueba de ello se concreta en los obstáculos que
encontró el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota para notificar por comisión
de esta Sala de Revisión, la acción de tutela a los terceros que presuntamente
estaban ocupando el bien abandonado por el actor, pues solamente pudo hacerse por
intermedio de un empleado de la UMATA, quien en sus ocupaciones habituales
debió hacer un recorrido por la vía Simacota – Socorro – San Gil – vía a
Bucaramanga - Barrancabermeja, tomando la panamericana hasta llegar a Puerto
Nuevo y de allí hacia la vereda Caño San Pedro en donde queda situado el citado
inmueble.
En definitiva, la situación
personal del tutelante el que por amenazas de muerte se vio obligado a
abandonar el predio del cual obtenía su manutención y la de su familia, la
carencia de recursos económicos para acceder a una defensa técnica, el
desconocimiento sobre las acciones jurídicas a su alcance para la protección de
sus derechos, la falta de asesoría y acompañamiento suficiente por parte de las
entidades estatales encargadas de la protección a la población desplazada y de
sus bienes, la posición geográfica del predio “Las Peñas” que dificulta el
acceso hacia el municipio de Simacota en donde están asentadas no solo las
autoridades encargadas de la asesoría y del acompañamiento a los desplazados de
esa región, sino las que tienen competencia para tramitar las acciones
tendientes a la defensa de los derechos de dicha población, son elementos que
objetivamente indican la extrema vulnerabilidad a la que fue sometido el
accionante.
De la misma manera, la realidad
socio-política en el Departamento de Santander caracterizada por la alteración del
orden público, que no solo existía en noviembre de 2002, momento en el que se
presentó el desplazamiento forzado del actor, sino que se extendió
particularmente a mediados de 2005, época en la que el tutelante se percató de
las actuaciones de terceros que perturbaron la posesión o la mera tenencia que
afirma detentar sobre el mencionado bien, y se ha mantenido con una leve
disminución por lo menos hasta el momento del análisis de la información
consultada en el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la
República (junio de 2010), lo que obstaculizó en la práctica la posibilidad
real que tenía el accionante de acudir oportunamente a la querella de policía,
pues solamente lo hizo el 12 de mayo de 2008, vale decir, casi tres años
después de las mencionadas actuaciones calificadas por el actor como contrarias
al libre ejercicio de la posesión o de la mera tenencia que afirma detentar,
cuando debió hacerlo dentro de los seis (6) meses siguientes, motivo por el
cual la Alcaldía Municipal de Simacota –Santander-, no le dio trámite a lo
solicitado.
Justamente por lo anotado, para esta Sala de Revisión
no es razonable exigir al actor que acudiera dentro de los seis (6) meses
siguientes contados a partir del acaecimiento de la perturbación al libre
ejercicio de la posesión o de la mera tenencia, dispuesta en el artículo 359 y
360 del Código de Policía de Santander (ordenanza 017 del 27 de agosto de
2002), o dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos, a la acción
posesoria o de recuperación por pérdida de la misma ante la jurisdicción civil
(art. 976 del Código Civil), pues ello equivaldría a trasladarle una carga muy
difícil de soportar, que se sumaría a las cargas que de forma intempestiva y
excepcionales ha venido aguantando desde noviembre de 2002 hasta la actualidad
por el solo hecho del desplazamiento forzado. En este sentido, precisa la Sala
que no se remite al proceso judicial de restitución dispuesto en el artículo 79
de la Ley 1448[41]
del 10 de junio de 2011 por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, que entró en
vigencia en la mencionada fecha, esto es, estando en trámite la revisión del
fallo de tutela emitido en el caso objeto de análisis, debido a que como
requisito de procedibilidad, la víctima debe estar inscrita en el registro de
tierras despojadas y abandonadas forzosamente, creado por el artículo 76 de la
citada ley, que deberá implementarse gradualmente[42], así como también se
nombrarán los Jueces y Magistrados que conocerán de dichos procesos[43].
Las circunstancias descritas
hacen que la regla constitucional y legal dispuesta en los artículos 86 de la
Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991, sobre la subsidiariedad de la
acción de tutela  que exige el agotamiento de los medios de defensa existentes,
deba interpretarse en el caso concreto de forma flexible, esto es, sin excesivo
rigorismo formal, de tal suerte que se atiendan las particulares condiciones
personales del tutelante y el contexto social y político existente en el que
operan los recursos y acciones contempladas en el ordenamiento jurídico
tendiente a hacer eficaces los derechos, como uno de los principales fines
esenciales del Estado (art. 2 C.P.). En otros términos, el tratamiento
diferencial positivo en la aplicación de la norma procesal que impone el
agotamiento de los recursos y acciones, así como acudir en oportunidad a los
mismos, como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, en el caso
concreto, busca permitir la realización de los derechos a la igualdad real y
efectiva, a la prevalencia del derecho sustancial y al  acceso efectivo a la
administración de justicia del señor Juan Evangelista Martínez Orozco. Esta
posición se aviene al principio del enfoque diferencial reconocido por la Ley 1448
de 2011, según la cual, el Estado debe ofrecer garantías especiales y medidas
de protección a grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones a los
derechos humanos y a las normas del derecho internacional humanitario, dentro
de las que se encuentran mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores,
discapacitados, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones
sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado[44].
Por consiguiente, esta Sala de
Revisión no encuentra razonables los argumentos expuestos por el Alcalde de
Simacota – Santander-, referidos a que se acudió a la acción policiva por fuera
de los términos dispuestos en el Código de Policía de Santander, para no
tramitar la querella de policía incoada por el tutelante el 12 de mayo de 2008,
pues de un lado, es claro que el bien se encuentra ubicado en ese municipio y
aún cuando el actor acudió también a la Inspección de Policía del Corregimiento
“El Centro” que era más accesible desde el punto de vista práctico, tal
autoridad está adscrita al municipio de Barrancabermeja y por tanto no es la
competente para conocer y decidir respecto de lo solicitado. De otro lado, los
motivos para no tramitar y resolver lo pedido desconocen tanto la extrema
vulnerabilidad a la que fue puesto forzosamente el actor en su condición de
desplazado, así como el contexto social y político existente en el Departamento
de Santander que tuvo objetivamente incidencia en la posibilidad real al
alcance del actor de acudir oportunamente a los instrumentos legales ordinarios
para buscar la protección de sus derechos, debido principalmente a las amenazas
de muerte que recibió el actor y consecuentemente, desconoce directamente la
finalidad esencial del Estado cual es garantizar la efectividad de los
principios, entre otros, a la dignidad humana, Estado Social de Derecho y de
los derechos a la igualdad real y efectiva, debido proceso, prevalencia del
derecho sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia.
Estos aspectos fueron
intrascendentes para el juez que conoció y resolvió la acción de tutela, motivo
por el cual, esta Sala de Revisión debe insistir en que la actuación del juez
constitucional no puede quedarse simplemente en la consideración abstracta
sobre la existencia de otro medio de defensa judicial o en que el actor no
acudió dentro de los términos legales a tal instrumento de defensa de sus
derechos. Por el contrario, el juez como autoridad encargada de la realización
de los fines del Estado, dentro de los que se encuentran la efectividad de los
principios, derechos y deberes, debe indagar, en primer lugar, si el otro medio
de defensa es idóneo y eficaz para la garantía de los derechos, teniendo en
cuenta las particulares condiciones personales del solicitante. En segundo
lugar, debe establecer las razones que justifican la omisión del accionar
oportuno del peticionario, bien sea que se expresen en el escrito de tutela o
que de los hechos y pruebas se desprendan. En definitiva, las particulares
condiciones del peticionario, así como la situación social y política reinante,
son elementos indispensables al momento en que el juez valore la subsidiariedad
de la acción de tutela como medio de defensa de los derechos constitucionales
fundamentales, pues no basta únicamente con que en el ordenamiento jurídico
formalmente se disponga el acceso a la administración de justicia, sino que en
la práctica dicho acceso se permita en igualdad de condiciones.
Es claro que no se encuentran en
la misma situación las personas secuestradas, desaparecidas, incapaces físicos
o mentales, interdictos, menores de edad o de los puestos en circunstancias de
extrema vulnerabilidad, como es el caso de los desplazados, de quienes no puede
predicarse, por dicha circunstancia, prima facie la incuria o
negligencia en acudir dentro de los términos dispuestos constitucional o
legalmente en defensa de sus derechos, a una persona ajena a tales situaciones
y que por desidia o incuria no acudió a los recursos o acciones establecidas en
el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos.
Sobre este punto, concluye la
Sala de Revisión que la Alcaldía municipal de Simacota – Santander-, debe tramitar
la querella de policía a la que acudió el actor, siguiendo estrictamente los
lineamientos que se expresan a continuación, orientados a armonizar la medida
preventiva de protección consistente en la inscripción del predio “Las Peñas”
en el RUPTA, tendiente a la garantía de la afirmada posesión, con las demás
acciones dispuestas en el ordenamiento jurídico para la protección del libre
ejercicio de la relación existente entre el actor y el mentado bien[45].
6.2.1. Amonización en el caso
concreto de la medida de protección del predio abandonado por el desplazamiento
del que fue víctima el actor, con la querella de policía que deben tramitar y
resolver las autoridades de policía de Simacota – Santander-.
Como se anunció antes, a juicio
de esta Sala de Revisión, la querella de policía a tramitar y resolver por las
autoridades de policía del municipio de Simacota – Santander- debe articularse
con los instrumentos jurídicos de protección de los bienes abandonados por los
desplazados, motivo por el cual deben seguirse por lo menos, los siguientes
lineamientos:
a) Las autoridades de policía
deben tener en cuenta que la querella de policía fue incoada por un sujeto de
especial protección constitucional, en razón a la calidad de desplazado que
tiene el señor Juan Evangelista Martínez Orozco.
b) En el trámite y decisión a
proferir no puede pasarse desapercibida la medida de protección consistente en
la inscripción del bien en el Registro Único de bienes y de Territorios
Abandonados por los desplazados, que en virtud de esta providencia, tendrá
efectos a partir del 25 de noviembre de 2002, con las consecuencias jurídicas
que ello implica, en particular, no se interrumpirá el término de prescripción
a favor del actor sobre el predio “Las Peñas” que debió dejar abandonado en el
municipio de Simacota –Santander- por el desplazamiento forzado del que fue
víctima, según lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 387 de 1997 y 74-
inciso tercero de la Ley 1448 de 2011. En todo caso, de no tratarse de posesión
sino de mera tenencia por ocupación de un bien baldío, el tiempo de
desplazamiento se acumulará automáticamente con el de ocupación y explotación
del inmueble, debidamente reconocido por la autoridad competente, una vez que
el actor haya retornado al predio, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
7º de la Ley 387 de 1997 y 74 –inciso quinto de la Ley 1448 de 2011.
c) La querella de policía deberá
tramitarse con respeto al debido proceso, permitiendo los derechos de
contradicción y defensa y con garantía de la doble instancia.
d) Al analizarse el supuesto de
hecho en el que funda el actor la querella, las autoridades de policía deben
establecer[46]
(i) sumariamente si el querellante ostenta posesión o mera tenencia del bien,
que es distinto a sí tiene derecho a la posesión o a la mera tenencia, o si la
posesión es regular o irregular, pues estos son aspectos que se relacionan con
la situación jurídica de fondo que corresponde definir a otras autoridades,
previo trámite del proceso judicial respectivo. Para estos efectos, el caso
concreto debe apoyarse en pruebas, dentro de las que se encuentran, entre otras,
la compraventa con permuta celebrada el 6 de agosto de 2001 entre el actor y el
señor José Joaquín Acelas que permitió al primero ingresar al inmueble a partir
del 16 de agosto de 2001; en testimonios que permitan sustentar la afirmación
anterior; en la certificación expedida el 12 de noviembre de 2002 por el
Personero Municipal de Barrancabermeja en la que consta el desplazamiento
forzado del que fue víctima el actor y su familia; en la medida de protección
de inscripción del bien en el RUPTA que tiene efectos en virtud de este fallo a
partir del 25 de noviembre de 2002; en las resoluciones 0240 del 30 de
septiembre de 2005, y 0086 del 01 de febrero de 2006, emitidas por la
Corporación Autónoma de Santander (CAS), por medio de las cuales, respectivamente,
se profirieron cargos a Hugo Merchán Torres y otros y se les aplicó medida
preventiva, así como, se impuso sanción de multa y medida de compensación al
mencionado ciudadano por la tala y quema de bosques en el predio “Las Peñas”;
(ii) si de acuerdo a las normas constitucionales (art. 63 C.P) y legales (arts.
674, 678, 2518 y 2519 del C.C.), el bien es susceptible de posesión o de mera
tenencia. En este sentido, debido a que no ha sido fácil identificar el bien,
la conclusión mínima a la que debe llegarse es que existe mera tenencia,
circunstancia que igualmente es protegible su libre ejercicio por las
autoridades de policía; (iii) si las actuaciones que impiden el libre ejercicio
de la posesión o la mera tenencia son ilegítimos (de hecho). Es decir, si los
actos desplegados por el presunto perturbador (tala y quema de bosques, siembra
de pasto y yuca y construcción de una casa de habitación en dicho predio, entre
otras), obstaculizan la libertad que tiene el tutelante, en su condición de
desplazado, para ejercer la posesión o la mera tenencia del predio “Las Peñas”
y si dicha actuación no se apoya en el derecho sino que son de hecho y, (iv)
determinar con las pruebas obrantes, el nexo de causalidad entre los hechos y
el querellado. En otros términos, debe precisarse si de acuerdo al acervo
probatorio obrante, los actos perturbatorios ilegítimos se generan u originan
en el querellado.
Una vez determinados los anotados
aspectos, las autoridades de policía deben remover las situaciones de hecho que
imposibilitan el libre ejercicio de la posesión o la mera tenencia y en
consecuencia mantener el statu quo, esto es, volver las cosas al estado
anterior a las actuaciones perturbatorias, y,
e) Se debe tener en cuenta que
dentro de los derechos que tiene el señor Juan Evangelista Martínez Orozco como
víctima del desplazamiento forzado por la violencia, se encuentran la de
retornar al sitio de donde fue obligado a marcharse en contra de su voluntad y
en consecuencia a la restitución del predio “Las Peñas”, esto es, a que se
reactive la relación jurídica entre el actor y el mencionado bien, sin solución
de continuidad por el tiempo en el que estuvo fuera del mismo. Esta medida
encuentra fundamento en la obligación del Estado de asegurar a las víctimas del
desplazamiento, la protección y el restablecimiento de sus bienes inmuebles[47] y el regreso
efectivo a sus hogares de origen en condiciones de seguridad, dignidad y
voluntariedad[48],
pues ninguna situación de hecho puede legitimar el despojo o la adquisición de
forma arbitraria e ilegal[49]
de los hogares, tierras o patrimonio de que son titulares los desplazados, lo
que obliga a la restitución de los mismos cuando ello tuviere lugar, como medio
preferente de reparación en las situaciones de desplazamiento y como un
elemento basilar de la justicia restitutiva[50].
Por lo expuesto, la Sala de
Revisión revocará el fallo de tutela proferido el 15 de septiembre de 2010 por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota –Santander- que declaró improcedente
la acción de tutela incoada por el señor Juan Evangelista Martínez Orozco, y en
su lugar, tutelará sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad
real y efectiva y acceso a la administración de justicia, vulnerados por la
Alcaldía del municipio de Simacota –Santander-, al negarse a tramitar y
resolver la querella de policía a la que acudió el 12 de mayo de 2008.
Previamente a proferir las
medidas tendientes a restablecer los derechos vulnerados por la Alcaldía
municipal de Simacota – Santander-, se ordenará al INCODER que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta providencia, emprenda las
actuaciones administrativas tendientes a la identificación precisa del inmueble
“Las Peñas”, ubicado en la vereda Caño San Pedro del citado municipio para lo
cual se apoyará en los registros existentes en entidades como la Corporación
Autónoma Regional de Santander (CAS)[51]
y si es del caso en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vencidas las
cuarenta y ocho horas mencionadas, dentro del mes siguiente, el INCODER deberá
contar con la información que permita la identificación de dicho predio.
Vencido este plazo, dentro de los ocho días calendario siguientes, la
mencionada entidad deberá, revocar la Resolución 0583 del 16 de mayo de 2007 y
en su lugar, proferir el acto administrativo por medio del cual resuelve
admitir la inscripción del inmueble en el registro de los predios rurales
abandonados por los desplazados por la violencia, así como remitirlo a la
Oficina de Instrumentos Públicos del Socorro – Santander-, para que se realice
efectivamente la inscripción del mismo en el folio respectivo, cuyos efectos
empezarán a surtirse a partir del 25 de noviembre de 2002, fecha en la cual el
actor y su familia quedaron formalmente inscritos en el Registro Único de la
Población Desplazada, pues es a partir de ese momento en que la medida es
eficaz para la protección jurídica del libre ejercicio de la posesión que
afirma detentar el actor sobre el mencionado bien y de la restitución del mismo.
De esta forma, declarará que los
términos de caducidad de la acción posesoria dispuestos, en su orden, en el
artículo 360 del Código de Policía de Santander y en el artículo 976 del Código
Civil, aún no han operado, motivo por el cual la Alcaldía Municipal de Simatoca
– Santander-, deberá tramitar y resolver la querella de policía a la que acudió
el 12 de mayo de 2008 el señor Juan Evangelista Martínez Orozco, siguiendo
estrictamente los lineamientos expuestos en el apartado 6.2.1. de esta
providencia, una vez el INCODER haya cumplido con lo ordenado por la Sala de
Revisión referente a la identificación del predio y la Oficina de Instrumentos
Públicos respectiva proceda a inscribir la medida en el folio de matrícula
inmobiliaria. De la misma manera, se autorizará al actor, en caso de que lo considere
pertinente, para que acuda a la jurisdicción ordinaria civil para buscar
conservar o recuperar la posesión o la mera tenencia del inmueble denominado
“Las Peñas” ubicado en la vereda Caño San Pedro del municipio de Simatoca
–Santander- cuyo término de caducidad de un (1) año, siguiendo lo dispuesto en
el artículo 976 del Código Civil empezará a correr a partir del día siguiente de
la notificación personal al actor que el INCODER haga del acto administrativo
por medio del cual acepta la solicitud individual de ingreso del citado bien al
registro de predios rurales abandonados  por los desplazados.
Además, considera la Sala de
Revisión que el trámite de la acción policiva es el escenario natural, en
primer lugar, para establecer sumariamente la afirmada posesión del actor sobre
el mencionado predio o precisar si se trata de mera tenencia, y, en segundo
lugar, para permitir el derecho de defensa por parte del señor Hugo Merchán
Torres, presunto perturbador, quien alega también ser poseedor del mismo bien,
pero que no contestó la acción de tutela a pesar de que fue vinculado
legalmente a la misma por esta Sala de Revisión por comisión cumplida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota – Santander-.
Debido a que tanto el actor como
el señor Hugo Merchán Torres, presunto perturbador, afirman haber solicitado al
INCODER la adjudicación del bien conocido como “Las Peñas” situado en la vereda
San Pedro del municipio de Simacota –Santander-, esta Sala de Revisión ordenará
a la citada entidad que en caso de que esté tramitando alguna solicitud de
adjudicación del mentado bien, suspenda la misma hasta tanto se surta la acción
policiva o en su caso la acción ordinaria civil tendiente a conservar o
recuperar la posesión o la mera tenencia del mismo.
Finalmente, se solicitará a
la personería municipal de Simacota – Santander- que brinde acompañamiento
suficiente y constante al señor Juan Evangelista Martínez Orozco en la acción
policiva que deberá tramitar y resolver la Alcaldía Municipal de Simacota
–Santander-, según lo ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva de
esta providencia, así como en el trámite de la acción ordinaria civil ante los
jueces, en caso de que el actor acuda a ella.
6.3. A manera de conclusión.
a) El desplazamiento forzado del
que fue víctima el actor lo puso en una situación de extrema vulnerabilidad y
por lo tanto se trata de un sujeto de especial protección constitucional.
b) En el fallo de tutela no se
verificó la situación personal del actor, así como tampoco el contexto social y
político presente en el momento en que debían operar el otro u otros medios de
defensa, pues no basta simplemente con que en el ordenamiento jurídico se
establezcan formalmente recursos o acciones para la protección de los derechos,
sino que los mismos sean idóneos y eficaces para su realización.
c) Las circunstancias personales
(desplazado por la violencia y la situación de extrema vulnerabilidad en la que
se puso por ese hecho) y el contexto social y político circundante (situación
convulsionada por la actividad constante de actores del conflicto armado
interno en el Departamento de Santander y la falta de asesoría y acompañamiento
adecuado y suficiente[52]),
tuvieron incidencia objetiva en la dificultad que tuvo el actor para acudir
oportunamente a los medios de defensa, motivo por el cual no es razonable exigirle
su agotamiento dentro de los términos legales dispuestos por el ordenamiento
jurídico para las acciones policiva y ordinaria civil ante los jueces para la
protección del libre ejercicio de la posesión que afirma detentar sobre el
mentado bien inmueble.
d) La acción del Estado para la
protección de las tierras abandonadas por las personas sometidas a
desplazamiento forzado, no se restringe a la aceptación de la solicitud de
inscripción en el registro de predios rurales abandonados por ese nefasto
fenómeno que tiene efectos limitados, pues la garantía de esos derechos debe
ser plena, esto es, que asegure no solamente la prohibición de las oficinas de
instrumentos públicos de registrar actos de enajenación a cualquier título, o
de adjudicación de bienes baldíos por parte del INCODER al pretendido ocupante
distinto al solicitante luego de aplicada la medida, sino que también en la
práctica garantice la restitución de las tierras a los propietarios, poseedores
o a los meros tenedores[53].
e) Las medidas protectoras de los
inmuebles abandonados en las circunstancias anotadas deben articularse con los
demás instrumentos dispuestos en el ordenamiento jurídico para la realización y
eficacia de los derechos, como en el presente caso lo son el amparo policivo
para la protección del libre ejercicio de la posesión y de la mera tenencia y,
las acciones ordinarias civiles ante los jueces para la conservación o
recuperación de la posesión sobre dichos bienes. No se remite al proceso
judicial de restitución de tierras creado por la Ley 1448 del 10 de junio de
2011, debido a que como requisito de procedibilidad se exige la inscripción de
la víctima en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente,
establecido igualmente en la mencionada ley, el cual se irá implementando
gradualmente, así como también deben nombrarse los funcionarios judiciales que
conocerán y resolverán dichos procesos,  y,
f) El amparo policivo al que
acudió el actor y que deben tramitar y resolver las autoridades de policía del
municipio de Simacota –Santander-, previa identificación que del predio “Las
Peñas” ubicado en ese municipio haga el INCODER y de la inscripción de la medida
de protección del mismo por parte de la oficina de instrumentos públicos
respectiva, tiene como principal finalidad, remover el obstáculo al libre
ejercicio de la posesión o de la mera tenencia que sobre el mencionado inmueble
rural detenta el señor Juan Evangelista Martínez Orozco y por ende mantener el statu
quo, que se traduce en volver las cosas al estado anterior a la molestia a
la relación jurídica mantenida entre el accionante y el bien, así como la
restitución del mismo, como medio preferente de reparación por haber sido
víctima del desplazamiento forzado, de tal manera de que se asegure su regreso
en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad, una vez superada la
situación que lo obligó a abandonar el sitio habitual de residencia y trabajo.
III. DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR
los términos para la resolución del trámite de revisión, que se encontraban
suspendidos en virtud del auto del 16 de febrero de 2011 proferido por la Sala
Octava de Revisión, mientras se recibían y evaluaban las pruebas practicadas
por la Sala.
Segundo.-
REVOCAR el fallo de tutela proferido el 15 de septiembre de 2010 por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota –Santander-, que declaró improcedente
la acción de tutela incoada por el señor Juan Evangelista Martínez Orozco, y en
su lugar TUTELAR sus derechos fundamentales a la igualdad real y
efectiva y acceso a la administración de justicia, vulnerados por la Alcaldía
municipal de Simacota – Santander- al negarse a conocer, tramitar y decidir la
querella de policía a la que acudió el actor el 12 de mayo de 2008.
Tercero.- ORDENAR
al INCODER que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, emprenda las actuaciones administrativas tendientes a la
identificación precisa del inmueble “Las Peñas”, ubicado en la vereda Caño San
Pedro del municipio de Simacota –Santander- para lo cual se apoyará en los
registros existentes en entidades como la Corporación Autónoma Regional de
Santander (CAS) y si es del caso en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vencidas las cuarenta y ocho horas mencionadas, dentro del mes siguiente, el
INCODER deberá contar con la información que permita la identificación de dicho
predio. Vencido este plazo, dentro de los ocho días calendario siguientes, la
mencionada entidad deberá revocar la Resolución 0583 del 16 de mayo de 2007 y
en su lugar, proferir el acto administrativo y notificarlo personalmente al
actor, por medio del cual resuelve admitir la inscripción del inmueble en el
registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la
violencia, así como remitirlo a la Oficina de Instrumentos Públicos del Socorro
– Santander-, para que se realice efectivamente la inscripción del mismo en el
folio respectivo, cuyos efectos empezarán a surtirse a partir del 25 de
noviembre de 2002, fecha en la cual el actor y su familia quedaron formalmente
inscritos en el Registro Único de la Población Desplazada, pues es a partir de
ese momento en que la medida es eficaz para la protección jurídica del libre
ejercicio de la posesión que afirma detentar el actor sobre el mencionado bien,
así como para la restitución material del mismo.
Cuarto.- Como consecuencia
de lo anterior, DECLARAR que los términos de caducidad de las acciones
policiva y ordinaria civil, dispuestos, en su orden, en el artículo 360 del
Código de Policía de Santander y en el artículo 976 del Código Civil, para el
caso concreto del señor Juan Evangelista Martínez Orozco aún no han operado,
motivo por el cual ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Simatoca –
Santander-, tramitar y resolver la querella de policía a la que acudió el 12 de
mayo de 2008 el señor Juan Evangelista Martínez Orozco, siguiendo estrictamente
los lineamientos expuestos en el apartado 6.2.1. de esta providencia,
una vez el INCODER haya cumplido con lo ordenado por la Sala de Revisión y la
Oficina de Instrumentos Públicos respectiva haya inscrito la medida en el folio
de matrícula inmobiliaria correspondiente. De la misma manera, AUTORIZAR
al actor, en caso de que lo considere pertinente, para que acuda a la
jurisdicción ordinaria civil para buscar conservar o recuperar la posesión o la
mera tenencia del inmueble denominado “Las Peñas” ubicado en la vereda Caño San
Pedro del municipio de Simatoca –Santander-, cuyo término de caducidad de un
(1) año, siguiendo lo dispuesto en el artículo 976 del Código Civil empezará a
correr a partir del día siguiente al de la notificación personal que haga el
INCODER al actor del acto administrativo por medio del cual acepta la solicitud
individual de ingreso del citado bien al registro de predios rurales
abandonados  por los desplazados.
Quinto.- ORDENAR al
INCODER que en caso de que esté tramitando alguna solicitud de adjudicación del
inmueble rural denominado “Las Peñas”, ubicado en la vereda Caño San Pedro del
municipio de Simacota –Santander-, suspenda la misma hasta tanto se surta la
acción policiva o en su caso la acción ordinaria civil tendiente a conservar o
recuperar la posesión o la mera tenencia del mencionado inmueble rural, según
se indicó en el numeral anterior.
Sexto.- SOLICITAR a la
personería municipal de Simacota – Santander- que brinde acompañamiento
suficiente y constante al señor Juan Evangelista Martínez Orozco, tanto en la
acción policiva que deberá tramitar y resolver la Alcaldía Municipal de
Simacota –Santander-, según lo ordenado en el numeral cuarto de la parte
resolutiva de esta providencia, así como en la acción ordinaria civil a
tramitarse por los jueces, en caso en que el actor acuda a la misma.
Séptimo.- ORDENAR al Juzgado
Promiscuo Municipal de Simacota – Santander-, que notifique lo ordenado en la
presente providencia (con copia íntegra de la misma), personalmente al
demandante dentro de los tres días hábiles, contados a partir del día siguiente
al que reciba el expediente remitido  por la Secretaría General de esta
Corporación.
Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Ausente en
comisión
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA
MENDEZ
Secretaria General
[1] Según se hizo constar en el fallo de tutela proferido el 15 de
septiembre por el Juzgado Promiscuo Municipal del Simacota –Santander-,
mediante oficio 244 se ordenó dar traslado de la tutela al tutelado Alcalde
municipal de Simacota.
[2] Folios 1 a 3 del cuaderno 2.
[3] Folios 17 a 22 del cuaderno 2.
[4] Folios a 41 del cuaderno 2.
[5] Folios 49 a 53 del cuaderno 2.
[6] Folios 71 y 72 del cuaderno 2.
[7] Folios 81 al 88 del cuaderno 2.
[8] Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias:
T-025 de 2004.
[9] Sentencia T-267 de 2009.
[10] Sentencias C-372 de 2009 y T-967 de 2009.
[11] Sentencia T-025 de 2004.
[12] Sentencias T- 078 de 2004, T-085 de 2009 y, T-267 de 2011.
[13] Sentencia T-025 de 2004.
[14] Sentencias T-602 de 2003, T-669 de 2003, T-721 de 2003  y T-025
de 2004.
[15] Sentencia T-602 de 2003, citadaza en la sentencia T-025 de
2004.
[16] Sentencia T-268 de 2003 y T-025 de 2004.
[17] La Corte Constitucional en la C-278 de 2007, manifestó que estos
principios rectores “pueden, entonces (i) ser normas relevantes para
resolver casos específicos, y (ii) tener verdadero rango constitucional, si son
preceptos que reiteran normas incluidas en tratados de derechos humanos o de
derecho humanitario. El uso (i) denota que ciertos principios o algunos de sus
párrafos hacen parte de lo que la Corte ha denominado bloque de
constitucionalidad en sentido lato, mientras que el uso (ii) denota que algunos
de entre ellos forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto
sentido, ya que tienen jerarquía constitucional e, incluso, sirven de parámetro
para evaluar la constitucionalidad de las leyes”.
[18] Sentencia T-1095 de 2008.
[19] Numeral 20 del artículo 4º del Decreto 3759 del 30 de
septiembre de 2009, “por el cual se aprueba la
modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
Incoder, y se dictan otras disposiciones”.
[20]
Artículos 1 a 5 del Decreto 2007 del 24 de
septiembre de 2001, “Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos
7o., 17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la
población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario
a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas
tendientes a prevenir esta situación”.
[21]
Al respecto, artículo 27 de la Ley 387 de 1997: “La perturbación de la posesión o abandono del
bien mueble o inmueble, con motivo de una situación de violencia que obliga al
desplazamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término de prescripción
a su favor.
El
poseedor interrumpido en el ejercicio de su derecho informará del hecho del
desplazamiento a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría
Agraria, o a cualquier entidad del Ministerio Público, a fin de que se
adelanten las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar”.
[22] En este sentido, el artículo 7º de la Ley 387 de 1997,
establece que: “ACUMULACIÓN DE TIEMPO PARA TITULACIÓN DE BALDÍOS.
En el evento de retorno de un desplazado a un terreno baldío ubicado en zona de
desplazamiento, se acumulará automáticamente el tiempo de desplazamiento,
debidamente reconocido por la autoridad competente, con el tiempo real de
ocupación y explotación del terreno. PARÁGRAFO. Cuando el desplazado no
pueda retornar a un terreno baldío ubicado en zona declarada como de riesgo
inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado y acredite el
cumplimiento de los requisitos establecidos para su titulación, tendrá
prelación en los programas de dotación de tierras que adelante el Incora en
beneficio de la población desplazada por causa de la violencia”.
[23]
Según lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley
387 de 1997, los Comités municipales, Distritales y Departamentales para la
Atención Integral a la Población Desplazada, está conformado por:
“1. El Gobernador o el
Alcalde, o quien haga sus veces, quien lo presidirá.
2. El Comandante de Brigada o su delegado.
3. El Comandante de la Policía Nacional en la
respectiva jurisdicción o su delegado.
4. El Director del Servicio Seccional de Salud o el
Jefe de la respectiva Unidad de Salud, según el caso.
5. El Director Regional, Coordinador del Centro Zonal
o el Director de Agencia en los nuevos departamentos, del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
6. Un representante de la Cruz Roja Colombiana.
7. Un representante de la Defensa Civil.
8. Un representante de las iglesias.
9. Dos representantes de la Población Desplazada”.
[24] Según el Decreto
250 de 2005, serán responsables de esta línea de acción, “el Incóder, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Superintendencia de
Notariado y Registro, Red de Solidaridad Social, con la participación de los
Comités de Atención a la Población Desplazada”.
[25] Sobre el tema expuesto, pueden consultarse, entre otras, las
sentencias: C-543 de 1992, SU-111 de 1997, T-568 de 1994, SU-250 de 1998, T-580
de 2006,  T-595 de  2007 y T-812 de 2008.
[26] Sobre los conceptos de idoneidad y efectividad, ver Sentencias SU–961
de 1999, T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-847 de 2003 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[27] Al respecto, pueden consultarse las sentencias: T-1316 de 200, T-225
de 1993  y T-812 de 2008.
[28] Sentencia T-812 de 2008.
[29] Sentencia T-107 de 2010.
[30] Sentencia T-821 de 2007.
[31] Ibídem.
[32] Ibídem.
[33] Una síntesis de las decisiones de la Corte en esta materia puede
encontrarse en la sentencia SU-1150 de 2000 y en el anexo 4 de la sentencia
T-025 de 2004. Más recientemente la Corte se ha pronunciado sobre el tema en
las sentencias T-740 de 2004, T-175 de 2005, T-1094 de 2004, T-563 de 2005,
T-1076 de 2005, T-882 de 2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006 y T-468 de 2006.
[34] Sentencia T-1095 de 2008.
[35] A ese respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-015
de 1995, C-690de 1996; T-1337 de 2001; T-786 de 2003; T-013 de 2007; T-821 de
2007, C-1186 de 2008 y T-726 de 2010.
[36]
En el caso de “Akdivar and Others v. Turkey”,
del 16 de septiembre de 1996. En esta oportunidad el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos,  resolvió: “1. Dismisses by twenty
votes to one the preliminary objection concerning an alleged abuse of process;
Desestimar por veinte votos a favor y uno la excepción preliminar sobre un
supuesto abuso de proceso;
2. 2. Dismisses by nineteen
votes to two the preliminary objection concerning the exhaustion of domestic
remedies; Desestimar por diecinueve votos contra dos, la excepción
preliminar relativa al agotamiento de los recursos internos;
3. 3. Holds by nineteen votes
to two that there has been a violation of Article 8 of the Convention (art. 8)
and Article 1 of Protocol No. 1 (P1-1); Declara, por diecinueve votos
contra dos, que se ha producido una violación del artículo 8 de la Convención
(art. 8) y el artículo 1 del Protocolo N º 1 (P1-1);
4. 4. Holds by twenty votes
to one that it will not examine further whether there has been a violation of
Article 3 of the Convention (art. 3); Declara, por veinte votos a uno
que no va a examinar si ha habido una violación del artículo 3 de la Convención
(art. 3);
5. 5. Holds unanimously that
it is not necessary to decide whether there has been a violation of Article 5
of the Convention (art. 5); Por unanimidad, que no es necesario decidir
si se ha producido una violación del artículo 5 de la Convención (art. 5);
6. 6. Holds unanimously that
it is not necessary to decide whether there has been a violation of Articles 6
para. Por unanimidad, que no es necesario decidir si se ha producido una
violación de los artículos 6 párr. 1 and 13 of the
Convention (art. 6-1, art. 13); 1 y 13 de la Convención (art. 6.1, art
13.)
7. 7. Holds unanimously that
there has not been a violation of Articles 14 and 18 of the Convention (art.
14, art. 18); Por unanimidad, que no ha habido una violación de los
artículos 14 y 18 de la Convención (art. 14, art 18.)
8. 8. Holds by seventeen
votes to four that Turkey has failed to fulfil its obligation under Article 25
para. Declara, por diecisiete votos contra cuatro, que Turquía no ha
cumplido con su obligación en virtud del artículo 25 párr. 1 of the Convention (art. 25-1) not to hinder the
effective exercise of the right of individual petition; 1 de la
Convención (art. 25-1) no obstaculizar el ejercicio efectivo del derecho de
petición individual;
9. 9. Holds by nineteen votes
to two Declara, por diecinueve votos a favor y dos
(a) that the respondent State is to pay
the applicants, within three months, in respect of costs and expenses, £20,810
(twenty thousand eight hundred and ten pounds sterling) less 14,095 (fourteen
thousand and ninety-five) French francs to be converted into pounds sterling at
the rate of exchange applicable on the date of delivery of the present
judgment; (A) que el
Estado demandado debe pagar a los demandantes un plazo de tres meses, en
concepto de costas y gastos, £ 20,810 (veinte mil ochocientos diez libras
esterlinas) menos de 14.095 (catorce mil noventa y cinco) francos franceses a
convertir en libras esterlinas al tipo de cambio aplicable en la fecha de
entrega de la presente sentencia;
(b) that simple interest at an annual
rate of 8% shall be payable from the expiry of the above-mentioned three months
until settlement; (B) que
el interés simple a una tasa anual del 8% será pagadero de la expiración de los
anteriormente citados tres meses hasta la liquidación;
10. 10. Holds by twenty votes
to one that the question of the application of Article 50 of the Convention
(art. 50) as regards the claim for pecuniary and non-pecuniary damage is not
ready for decision; and consequently, Declara, por veinte votos a favor
y uno en que la cuestión de la aplicación del artículo 50 de la Convención
(art. 50) en cuanto a la reclamación por daños materiales e inmateriales-no
está listo para la toma, y ​​en consecuencia,
(a) reserves the said question; (A) las reservas de la cuestión planteada;
(b) invites the Government and the
applicants to submit, within the forthcoming three months, their written
observations on the matter and, in particular, to notify the Court of any
agreement they may reach;
(B) invita al Gobierno y los demandantes a presentar, dentro de los próximos
tres meses, sus observaciones escritas sobre el asunto y, en particular, para
notificar a la Corte de cualquier acuerdo que puedan alcanzar;
(c) reserves the further procedure and
delegates to the President of the Grand Chamber the power to fix the same if
need be. (C) reserva el
procedimiento posterior y delega en el Presidente de la Gran Sala la facultad
de fijar la misma en caso necesario”.
[37] Folios 9 y 10 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[38] Según información telefónica brindada por José Manuel
Monterrosa Torres, actual Inspector de Policía del Corregimiento “El Centro”
del municipio de Barrancabermeja –Santander-, esta fue la única actuación
surtida en el 2008, de acuerdo a lo solicitado por el actor, debido a que el
predio “Las Peñas” se encuentra ubicado en el municipio de Simacota
–Santander-, motivo por el cual a pesar de la incompetencia para conocer de
procesos policivos de bienes inmuebles que se encuentran situados en otros
sectores, la Inspección de Policía actúa como conciliador entre las partes,
dada la cercanía y posibilidad de acceso geográfico a las personas.
[39] Según certificación expedida el 12 de noviembre de 2002 por el
Personero Municipal de Barrancabermeja, que obra a folio 29 del cuaderno 1 del
expediente de tutela.
[40] Así lo consideró el INCODER en la Resolución número 0583 del 16
de mayo de 2007 que obra a folios 9 y 10 del cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[41]
Artículo 79 de la Ley 1448 de 2010:
“COMPETENCIA PARA CONOCER DE
LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN. Los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil,
especializados en restitución de tierras, decidirán en única instancia los
procesos de restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos
de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en
aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. Así mismo,
conocerán de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles
del Circuito, especializados en restitución de tierras.
Los Jueces Civiles del Circuito, especializados en
restitución de tierras, conocerán y decidirán en única instancia los procesos
de restitución de tierras y los procesos de formalización de títulos de
despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos
casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso.
En los procesos en que se reconozca personería a
opositores, los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de
tierras, tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de
su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Las sentencias proferidas por los Jueces Civiles
del Circuito especializados en restitución de tierras que no decreten la
restitución a favor del despojado serán objeto de consulta ante el Tribunal
Superior de Distrito Judicial Sala Civil, en defensa del ordenamiento jurídico
y la defensa de los derechos y garantías de los despojados.
Parágrafo 1º. Los Magistrados del Tribunal
Superior del Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de
tierras, podrán decretar de oficio las pruebas adicionales que consideren
necesarias, las que se practicarán en un término no mayor de veinte (20) días.
Parágrafo 2º. Donde no exista Juez civil del
Circuito especializado en restitución de tierras, podrá presentarse la demanda
de restitución ante cualquier juez civil municipal, del circuito o promiscuo,
quien dentro de los dos (2) días siguientes deberá remitirla al funcionario
competente”.
[42] El artículo 76 de la Ley
1448 de 2011, referido al “REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y
ABANDONADAS FORZOSAMENTE”,
es del siguiente tenor: “Créase el ´Registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente´ como instrumento para la restitución de tierras a que
se refiere esta ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus
tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas,
determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente
mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció
influencia armada en relación con el predio.
El registro se implementará en forma gradual y
progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de
seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones
para el retorno. La conformación y administración del registro estará a cargo
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que se crea por esta Ley (…)”.
Sobre este mismo
aspecto, en el artículo 18 de la Ley 1448
de 2011, se indica que: “El principio de gradualidad implica
la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas operativas de alcance
definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la
escalonada implementación de los programas, planes y proyectos de atención,
asistencia y reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos en todo
el país en un lapso determinado, respetando el principio constitucional de igualdad”.
[43] En este sentido, el artículo
119 de la Ley 1448 de 2011, establece que: “El Consejo Superior de la Judicatura, creará los
cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Civiles del
Circuito, especializados en restitución de tierras, de conformidad con el
numeral 5 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996
y normas concordantes. El Consejo Superior de la Judicatura creará los cargos
de otros funcionarios que sean requeridos para el cumplimiento de esta Ley. La
creación de los cargos a que se refiere este artículo se hará en forma gradual
y progresiva, acorde con las necesidades del servicio.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional creará en la
Superintendencia de Notariado y Registro y con carácter transitorio, la
Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de
Tierras y los cargos de coordinadores regionales de tierras y demás personal,
profesional, técnico y operativo que se requiera para atender las disposiciones
judiciales y administrativas relacionadas con los trámites registrales a que se
refiere la presente ley.
Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación y
la Fiscalía General de la Nación deberán asignar un número suficiente e idóneo
de personal que el Gobierno Nacional proveerá conforme a las facultades
extraordinarias previstas en el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 1424 de 2010,
para cumplir con sus deberes constitucionales y legales, principalmente para
atender e intervenir en los procesos de restitución de tierras ante los jueces
y Tribunales Superiores de Distrito Judicial”.
[44] Ley 1448 del 10 de junio de 2011, artículo 13, inciso segundo.
[45]
A este respecto, el artículo 12 de
la Ley 1448 de 2011, sobre el principio de coherencia interna, expone lo
siguiente: “Lo dispuesto en esta ley, procura complementar
y armonizar las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, con miras a allanar el camino hacia
la paz y la reconciliación nacional”.
[46] Sentencias T-109 de 1993 y C-241 de 2010.
[47] Sobre el tema, en el numeral 9º del artículo 28 de la
Ley 1448 de 2011 se dispone que las víctimas tienen derecho “a la
restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos
establecidos en la presente Ley”.
[48] Principios “Pinheiro” sobre la Restitución de
las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas,
adoptado por la Sub-Comisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas en agosto de 2005. Esta
posición se reitera en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1448 (Ley de
Víctimas en Colombia), relacionado con los derechos de las víctimas.
[49] Según los principios “Pinheiro” los términos “arbitrario”
e “ilegal” deben entenderse, como la carencia de fundamento legal o
ausencia de norma sobre la cual se sustenta una actuación, así como la
contradicción abierta entre una actuación y la normatividad vigente, tanto de
índole nacional como internacional.
[50] De acuerdo al principio 2.2 de los ‘Principios Pinheiro.’El derecho
a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en
sí mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los
refugiados y desplazados a quienes les asiste ese derecho.”
[51] La Corporación Autónoma de Santander en la Resolución Número
0240 del 30 de septiembre de 2005, por medio de la cual impuso medida de
protección y formuló cargos contra Hugo Merchán y otros por las actividades
consistentes en tala y quema de bosques en el predio “Las Peñas”, ubicado en la
vereda Caño San Pedro del municipio de Simacota –Santander- hizo la siguiente
descripción de ubicación del mencionado inmueble: “De la vía que va desde
Puerto Nuevo hacia el municipio de Simacota y a los 20 minutos se desvía hacia
la Vereda Sana Pedro, continúa y a los 10 minutos en el margen izquierdo se
localiza el predio Las Peñas, en las coordenadas X: 1225543 Y: 1035099, a
una altura de 149 msnm”. (Negrillas fuera de texto).
[52] A este respecto, en el
artículo 28 numeral 10º de la Ley 1448 de 2011 se establece que las víctimas
del conflicto armado tienen derecho “a la información sobre las rutas y los
medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente Ley”. En
este mismo sentido el artículo 49 ibídem, indica que a las víctimas debe
dársele asistencia y atención.   “Se entiende por asistencia a
las víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden
político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado
a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida
social, económica y política.
Por
su parte, entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación y
acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el
acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y
reparación”.
[53] Sobre el tema, el
artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 establece que “El Estado colombiano adoptará las medidas
requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los
despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y
reconocer la compensación correspondiente.
Las acciones de reparación de los despojados
son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado. En subsidio,
procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el reconocimiento de
una compensación.
En el caso de bienes baldíos se procederá con
la adjudicación del derecho de propiedad del baldío a favor de la persona que
venía ejerciendo su explotación económica si durante el despojo o abandono se
cumplieron las condiciones para la adjudicación.
La restitución jurídica del inmueble despojado
se realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión,
según el caso. El restablecimiento del derecho de propiedad exigirá el registro
de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del derecho de
posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de
pertenencia, en los términos señalados en la ley.
En los casos en los cuales la restitución jurídica
y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no pueda
retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se
le ofrecerán alternativas de restitución por equivalente para acceder a
terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, previa
consulta con el afectado. La compensación en dinero sólo procederá en el evento
en que no sea posible ninguna de las formas de restitución.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia
dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición de la presente ley”.