C-145-18
Sentencia
C-145/18
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN PROCESOS DE
REORGANIZACION Y VALIDACION DE ACUERDOS EXTRAJUDICIALES-Exequibilidad
[L]as potestades
conferidas al acreedor garantizado para que ejecute su garantía real por fuera
del proceso de reorganización y, así mismo, en caso de hacerse parte del
proceso, su obligación sea pagada con preferencia de las de los otros
acreedores que participan del acuerdo de reorganización, solo proceden siempre
que los demás bienes del deudor sean suficientes para asegurar el pago de las
obligaciones alimentarias de los niños y las salariales y prestaciones
derivadas del contratos de trabajo, en caso de haberlas. En estos casos el juez
del concurso deberá verificar y adoptar la correspondiente decisión.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
De conformidad
con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad
debe contener: (i) el
señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción
literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las
mismas; (ii) el
señalamiento de las normas constitucionales que se consideren
infringidas; (iii) las
razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere
el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la
expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón
por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de violación
CONCEPTO DE
VIOLACION-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
INTERVENCION DEL
ESTADO EN LA ECONOMIA-Alcances y fuentes
La intervención
del Estado puede tener diferentes alcances y fuentes. En relación con lo primero, la
intervención es global, cuando se ocupa de la economía del país como un todo;
sectorial, en aquellos casos en que está dirigida a una determinada área de
actividad, de servicios o agentes del mercado; y particular, en los supuestos
en los cuales busca hacer frente a una persona o situación específica,
económicamente relevante. Respecto a lo segundo, la intervención puede
originarse de forma unilateral si el Estado emite un mandato con el que regla
un supuesto económico determinado o puede ser convencional, si se deriva de
acuerdos con actores del mercado, para adoptar un determinado curso de
actuación en un sector específico de la economía.
INTERVENCION DEL
ESTADO EN LA ECONOMIA-Tipos
Es posible hacer referencia al
intervencionismo conformativo,
que se identifica con las regulaciones que establecen requisitos de existencia,
formalización y funcionamiento de los actores económicos; existe también un
intervencionismo finalístico,
en aquellos casos en que se señalan los objetivos generales a los cuales han de
orientarse los agentes, principalmente al interior del Estado y, por último,
puede predicarse uno de carácter condicionante, cuando se fijan las reglas de juego del
mercado o de un sector económico.
INTERVENCION DEL
ESTADO EN LA ECONOMIA-Fines
La jurisprudencia de la Corte ha
identificado cuatro fines generales de intervención del Estado en la economía. El
Estado interviene (i) para
lograr una redistribución del ingreso y de la propiedad, con el objeto de
lograr un orden político, económico y social justo; (ii) con el
propósito de asegurar la sostenibilidad fiscal y estabilidad económica, a
través de la dirección general de la economía, la regulación de la política
económica, fiscal y social, así como la política monetaria, cambiaria y
crediticia; (iii) como
director general de la economía, en diversos sectores y actividades específicas
ordenadas por la propia Constitución y, todo lo anterior, y (iv) con el objeto
general de fijar las condiciones del funcionamiento del mercado y la
convivencia social.
INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ESFERA SOCIAL Y ECONOMICA-Relacionada con cumplimiento de
diversas funciones
La intervención del Estado en la esfera
social y económica, se relaciona con un complejo conjunto de funciones: “una función de redistribución del ingreso y de la
propiedad expresamente consagrada en varias disposiciones de la
Constitución con miras a alcanzar un "orden político, económico y social
justo" (Preámbulo); una función de estabilización económica también
consagrada en diversas normas superiores (artículos 334 inc, 1°, 339, 347, 371
y 373 de la C.P.); una función de regulación económica y social de múltiples
sectores y actividades específicas según los diversos parámetros trazados en la
Constitución (artículos 49 y 150, numeral 19, por ejemplo); y, todas las
anteriores, dentro de un contexto de intervención general encaminado a definir
las condiciones fundamentales del funcionamiento del mercado y de la
convivencia social, como el derecho de propiedad privada pero entendido como
"función social" (artículo 58 C.P.) o la libertad de iniciativa
privada y de la actividad económica siempre que se respete también la
"función social" de la empresa (artículo 333 C.P.) en aras de la
"distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo" (artículo 334 C.P.)”.
MEDIDAS DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Se fundamentan en la competencia constitucional del Estado para
intervenir en la economía
MEDIDAS DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Límites
constitucionales
CREDITOS ALIMENTARIOS DE LOS MENORES DE EDAD Y CREDITOS DE LOS
TRABAJADORES-Carácter
constitucional
Los créditos alimentarios de los niños y los
créditos de los trabajadores, que hacen parte de la primera clase dentro del
esquema legal de prelación de créditos (Art. 2495 del C. C.), tienen
fundamentos constitucionales claros y su relevancia y preferencia superior
no puede ser injustificadamente restringida o irrazonablemente afectada por el
Legislador.
PRELACION DE CREDITOS-Definición
CREDITO-Clases
PREVALENCIA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS EN PRELACION DE CREDITOS-Alimentos prevalecen
sobre demás créditos de primera clase
PRELACION DE CREDITOS LABORALES-Reiteración de
jurisprudencia
CORTE
CONSTITUCIONAL-Posibilidad de dictar sentencias
moduladas
La
Corte ha considerado conforme con la propia Constitución la posibilidad de
dictar sentencias moduladas, en las que se declare una exequibilidad
condicionada, en aquellos eventos en los que sea posible conservar el precepto
normativo en el ordenamiento jurídico, con aplicación al principio pro legislatore,
siempre y cuando exista una interpretación de la norma que al incorporarla al
alcance normativo del precepto o al entendimiento del enunciado normativo, subsane
la posible vulneración de la Carta Política y la torne en constitucional.
Referencia: Expediente D-12250
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013, “[p]or
por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías
mobiliarias”.
Demandante: Romeo Pedroza Garcés
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá,
D.C., cinco (5) de diciembre dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 4º
del artículo 241 de la Constitución Política, una vez cumplidos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Romeo
Pedroza Garcés presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 50
y 51 de la Ley 1676 de 2013, “[p]or por la cual se promueve el acceso al
crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”. La demanda fue
admitida mediante Auto del 11 de agosto de 2017, por los cargos de violación al
principio de unidad de materia, al derecho a la igualdad y a los
derechos de los trabajadores y de los menores de edad. A su vez, fue inadmitida
respecto de los cargos por desconocimiento del deber oficial de promover la
prosperidad general y asegurar el cumplimiento de los fines sociales del
Estado, de la función social de la empresa y de la obligación de intervención del
Estado en la economía.
Una vez subsanada, a través de Auto del 4 de septiembre de 2017, el
Despacho admitió la impugnación, adicionalmente, por el desconocimiento de la prevalencia
del interés general y de la función social de la empresa. En consecuencia, el
trámite de constitucionalidad quedó circunscrito a los cargos por violación (i)
de los derechos
de los trabajadores y (ii) de los menores de edad, (iii) del
derecho a la igualdad, (iv) y de los principios de
unidad de materia, (v) función social de la empresa y (vi) prevalencia
del interés general. En la misma providencia del
4 de septiembre de 2017, se dispuso la fijación en lista de la demanda, se corrió
traslado al Procurador General de la Nación y se comunicó el inicio del proceso
al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, así como a los Ministros
del Interior, de Justicia y del Derecho, y del Trabajo.
De igual forma, con el objeto de que emitieran concepto técnico
sobre la demanda de la referencia, conforme a lo previsto en el artículo 13 del
Decreto 2067 de 1991, se invitó a participar a la Defensoría del
Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como a las facultades de derecho de las universidades Externado,
Libre y Nacional de Colombia, Javeriana, de los Andes, Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, Eafit de Medellín, del Atlántico, Industrial de Santander, de
Ibagué, de Antioquia y del Rosario. Con los mismos
fines, se convocó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia,
al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados del Trabajo de
Colombia, a las Superintendencias Financiera, de
Industria y Comercio, y de Sociedades, y a la Cámara de Comercio de Bogotá.
Por último, el Despacho ordenó suspender los términos dentro de la
presente actuación, en aplicación del artículo 1º del Decreto Ley 889 de 2017. Posteriormente,
mediante Auto del 2 de mayo de 2018, la Sala Plena de esta Corporación levantó
la referida suspensión. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de
la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a
resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto de las
disposiciones acusadas.
“LEY 1676 DE 2013
(agosto 20)
Diario Oficial No. 48.888 de 20
de agosto de 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se promueve el acceso
al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
ARTÍCULO 50. LAS GARANTÍAS REALES
EN LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN. A partir de la
fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse
demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor
sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad
económica del deudor y que hayan sido reportados por el deudor como tales
dentro de la información presentada con la solicitud de inicio del proceso; con
base en esta información se dará cumplimiento al numeral 9 del artículo 19 de
la Ley 1116 de 2006.
Los demás procesos de ejecución de la
garantía real sobre bienes no necesarios para la actividad económica del
deudor, podrán continuar o iniciarse por decisión del acreedor garantizado. El
juez del concurso podrá autorizar la ejecución de garantías reales sobre
cualquiera de los bienes del deudor, en los términos del artículo 17 de la Ley
1116, cuando estime, a solicitud del acreedor garantizado, que los citados
bienes no son necesarios para la continuación de la actividad económica del
deudor. También procederá la ejecución de los bienes dados en garantía cuando
el juez del concurso estime que los bienes corren riesgo de deterioro o
pérdida.
Los bienes en garantía reportados por el
deudor al inicio del proceso de reorganización de que trata el inciso 1o de
este artículo, deberán ser presentados en un estado de inventario debidamente
valorado a la fecha de presentación de los estados financieros allegados con la
solicitud.
En caso de que los bienes objeto de
garantía estén sujetos a depreciación, el acreedor podrá solicitar al promotor
y, en su caso, al juez del concurso, que se adopten medidas para proteger su
posición de acreedor con garantía real, tales como la sustitución del bien
objeto de la garantía por un bien equivalente, la dotación de reservas, o la
realización de pagos periódicos para compensar al acreedor por la pérdida de
valor del bien.
El promotor con base en esta información
y demás documentos de prueba que aporte el acreedor garantizado, al presentar
el proyecto de calificación y graduación y determinación de derechos de voto,
reconocerá al acreedor garantizado el valor de la obligación como garantizada
con los intereses inicialmente pactados hasta la fecha de la celebración del
acuerdo de reorganización y hasta el tope del valor del bien dado en garantía.
Confirmado el acuerdo de reorganización,
el acreedor garantizado tendrá derecho a que se pague su obligación con
preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo. Si el acreedor
garantizado tuviere una obligación pactada a plazo, el pago se realizará en el
plazo originalmente pactado y siempre y cuando se pague el monto vencido con
anterioridad a la apertura del proceso de reorganización. Igual tratamiento
tendrá el acreedor garantizado que accede a que se venda el bien dado en
garantía como parte del acuerdo de reorganización.
Si el acreedor garantizado vota
afirmativamente el acuerdo de reorganización y acepta que se pague su crédito
en el marco del acuerdo de reorganización con una prelación distinta a la
establecida en el inciso anterior, podrá solicitar que la obligación que no sea
garantizada se reconozca como crédito garantizado hasta el tope del valor del
bien dado en garantía.
En caso de incumplimiento del acuerdo de
reorganización, el liquidador en el proyecto de calificación y graduación de
créditos reconocerá como obligación garantizada, el valor de la obligación
hasta el tope del valor del bien reportado a la fecha de la solicitud de
apertura del proceso de reorganización si este es mayor.
En caso de no presentarse el acuerdo de
reorganización o de su no confirmación, a la liquidación por adjudicación se
aplicará lo dispuesto en el presente artículo para la liquidación judicial.
PARÁGRAFO. Las facilidades de pago de
que trata el artículo 10 de la Ley 1116 de 2006, solo podrán referirse a
las obligaciones por retenciones de carácter obligatorio a favor de las
autoridades fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 32
de la Ley 1429 de 2010.
ARTÍCULO 51. LAS GARANTÍAS REALES
EN LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN DE ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE REORGANIZACIÓN. El
tratamiento de las garantías reales en el proceso de reorganización empresarial
también se aplicará en el proceso de validación judicial de acuerdos
extrajudiciales de reorganización.
III. LA DEMANDA
3.1. El actor afirma
que, con el propósito de solucionar problemas relativos a la insolvencia de las
empresas, las disposiciones acusadas permiten a los acreedores que cuentan con
una garantía real obtener el pago de sus créditos, con preferencia sobre cualquier
otra clase de acreedor, o sustraerse del proceso concursal y continuar con la
ejecución. Como consecuencia, sostiene que el Legislador alteró el orden legal
de prelación de acreencias y desconoció la protección especial de los créditos
derivados de (i) los derechos de los trabajadores y (ii) los
derechos de los menores de edad.
3.2. Así mismo, indica
que las normas demandadas infringen (iii) el derecho a la igualdad, pues
mientras a todos los acreedores se les obliga a concurrir al trámite de
reorganización empresarial, al garantizado se le permite continuar con el proceso
ejecutivo. Este puede sustraer, “el activo de la masa concursal o, en el
peor de los eventos, se le mantiene el activo pero permitiéndole exigir el pago
de manera preferente, inmediata y en los mismos términos pactados”. Se le
habilita a lo anterior, afirma, “aun cuando ello contradiga la solución
pactada con todos los creedores o que su exigencia lleve a la liquidación de la
empresa como fuente de pago”.
3.3.
El
demandante sostiene que las disposiciones acusadas menoscaban también (iv)
el principio de prevalencia del interés general, base del proceso de
reorganización concursal, tanto desde el punto de vista de la comunidad como
desde el de los acreedores, pues privilegian la satisfacción de un crédito
particular sobre el “salvamento de una actividad empresarial que genera
prosperidad”.  De otra parte, considera que vulneran (v) la función
social de la empresa, pues anteponen el interés particular del prestamista con
garantía real a la viabilidad de la actividad empresarial “de la cual
depende el desarrollo nacional, como fuente de empleo, ingresos, tributos y
demás beneficios para la comunidad”. Añade que “los
privilegios que otorga la Ley 1676 de 2013 afectan esencialmente la posibilidad
de reorganización de una empresa, pues perderá activos a manos de estos
acreedores que de otra forma hubiera podido recomponer para el fortalecimiento
de su actividad, o en otros casos tendrá que pagar a ese acreedor sin atender a
sus posibilidades de recuperación”.
3.4.  Por último, señala
que el Legislador desconoció el principio de unidad de materia, en la medida en
que la Ley parcialmente acusada tenía como finalidad establecer un régimen de
garantías mobiliarias y, sin embargo, los artículos acusados se refieren a
bienes inmuebles. En su criterio, esto carece de “toda conexidad temática,
sistemática y teleológica con el objeto de la regulación, pues, no está
ampliando los bienes admisibles como garantía, sino que se está modificando una
legislación existente en torno a otro tipo de derechos”. A juicio del demandante,
el citado principio se menoscaba, así mismo, porque se excepcionan los
principios de universalidad material y procesal, a la vez que se modifica el
orden de prelación de créditos, “sin que se hubiera anunciado esa reforma
parcial y sin que se hubiera publicado la nueva ley 1116 de 2006 con
integración de esa reforma parcial”.
3.5.
Con
base en los anteriores argumentos, el demandante solicita a la Corte declarar
la inexequibilidad de los artículos censurados.
IV. SÍNTESIS DE LAS INTERVENCIONES
4. Presentaron intervenciones dentro del presente proceso las Superintendencias Financiera y de
Sociedades, los
Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho, y de Comercio, Industria y
Turismo; la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Confederación
Colombiana de Cámaras de Comercio, la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y las
Universidades Externado, Libre y Nacional de Colombia, Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia y
del Rosario. De igual forma, se allegaron seis intervenciones ciudadanas[1].
Básicamente tres posiciones se han adoptado
en torno al debate de constitucionalidad planteado por el demandante. Con algunas diferencias,
un grupo de intervinientes comparte en
esencia la tesis de la impugnación, según la cual, las normas acusadas
modifican al esquema civil de prelación de créditos y, como consecuencia, resultan
inconstitucionales. Otro conjunto de intervenciones considera que las
disposiciones controvertidas no implican un cambio en la prelación de créditos
y, por lo tanto, son compatibles con la Carta Política. Por último, otros
intervinientes estiman que los cargos formulados carecen de aptitud sustantiva
para provocar un pronunciamiento de fondo.
4.1.
La
primera posición sostiene que los artículos demandados implican una
modificación tácita a las normas generales sobre prelación de créditos[2].
A su juicio, los preceptos controvertidos privilegian los acreedores con
garantía mobiliaria, al permitirles obtener el pago de sus acreencias de manera
preferente y por fuera del escenario concursal, sobre bienes no necesarios para
la continuación de la actividad económica, sin considerar la existencia de
acreedores con mejor derecho. Como resultado, indica que se desconoce la
prevalencia (i) de los créditos laborales y (ii) de los créditos
derivados de alimentos a favor de menores de edad y, por lo tanto, se infringen
la protección especial que la Constitución confiere a ambos grupos de sujetos[3].
En consecuencia, algunos solicitan a la Corte declarar la inexequibilidad y
otros piden la exequibilidad condicionada de las normas acusadas, bajo el
entendido de que los créditos laborales y los créditos por alimentos tienen
prevalencia sobre los créditos de los acreedores garantizados.
Un
interviniente[4] precisa que
no es aplicable la interpretación del artículo 52 de la misma Ley atacada en
este caso, fijada en la Sentencia C-447 de 2015[5], que
concluyó que no había tenido lugar un cambio en la prelación de créditos, en
relación con el ejercicio de una prerrogativa similar a la ahora analizada[6].
Señala que, según el referido Fallo, en el trámite de liquidación judicial el
acreedor garantizado puede optar por quedarse con el bien en garantía y entregar
el saldo al liquidador para que lo aplique al pago de los demás acreedores, lo
cual supone que puede satisfacer su derecho, siempre que el patrimonio restante
sea suficiente para cubrir los créditos de primer orden. En cambio, según el
interviniente, el artículo 50 demandado en esta oportunidad otorga al acreedor garantizado
el derecho a obtener incondicionalmente el pago con el bien correspondiente, lo
cual supone una alteración al orden de prelación de créditos, violatoria de los
derechos de acreedores de primera categoría, entre ellos, los de los trabajadores
y los menores de edad.
Esta
primera posición afirma también que el trato preferente al acreedor garantizado
desconoce el principio de universalidad del derecho concursal, según el cual,
todos los bienes y obligaciones del deudor deben hacer parte del trámite de
reorganización. Explica que la prerrogativa concedida parte de la existencia de
una garantía real, elemento que es relevante para la prelación de pagos, pero
no frente al proceso concursal, en orden a justificar un trato diferenciado. Como
resultado, considera que las disposiciones demandadas (iii) desconocen
el derecho a la igualdad sin que exista una razón constitucional que lo
justifique.
De
otra parte, la mayoría de este grupo de intervinientes[7]
estima que las normas acusadas desconocen el principio de (iv) prevalencia
del interés general y de la (v) función social de la empresa. Señalan que
el cambio en la prelación de créditos establece ventajas individuales, sin
importar los créditos de la generalidad que ha tomado parte del concurso ni la
suficiencia patrimonial del deudor. Adicionalmente, precisa que las normas
acusadas impiden que todo el patrimonio del deudor quede vinculado al proceso
concursal, lo cual constituye un obstáculo para que la empresa pueda
reorganizarse, obtener liquidez y mantener su actividad económica.
Por
último, de estos intervinientes, cinco se pronuncian sobre la presunta
violación del (vi) principio de unidad de materia[8].
Tres consideran que no se produce su menoscabo puesto que, no obstante los
preceptos demandados se refieren a inmuebles, lo hacen en el marco general de
las garantías mobiliarias, tema del que se ocupa el contenido general de la Ley
1676 de 2013[9]. Así mismo,
indican que según el informe de ponencia para primer debate del proyecto que
dio lugar a la Ley 1676 de 2013, las reglas de tratamiento de las garantías
reales hacen armónico el régimen de insolvencia empresarial con la reforma al
régimen de garantías propuesto[10]. Dos intervinientes
consideran, en cambio, que los artículos acusados no tienen relación con el
tema de las garantías mobiliarias, de modo que desconocen el principio de
unidad de materia[11].
4.2.
En
contraste con la anterior posición, un segundo grupo de intervinientes[12]
defiende en lo fundamental el punto de vista de que los artículos demandados no
modificaron, ni expresa ni tácitamente, el orden de prelación de créditos previsto
en el Código Civil, entre otras, por las razones expresadas en la Sentencia
C-447 de 2015, de manera que resultan ajustados a la Constitución[13].
Considera, además, que los derechos de los trabajadores y de los menores de
edad se encuentran garantizados en el proceso judicial de insolvencia. Esto,
por cuanto la existencia de créditos preferentes en virtud de garantías reales
no afecta la posición de acreedores de primera clase, dado que el pago de sus
créditos, pese a llevarse a cabo por fuera del acuerdo concursal, no puede realizarse
con desconocimiento de los demás acreedores.
Por
otro lado, esta posición asume que las normas objetadas persiguen fines
constitucionalmente legítimos, tales como promover el acceso al crédito, el
crecimiento económico y la financiación de las empresas como fuente generadora
de empleo. Señala, así mismo, que los artículos demandados no desconocen el
derecho a la igualdad porque el privilegio con el que cuenta el acreedor ha
sido otorgado por el propio deudor, en desarrollo y ejercicio de la autonomía
de su voluntad. Adicionalmente, afirman que los artículos demandados no violan
los principios del interés general ni la libertad de empresa, en la medida en
que la posibilidad concedida a los acreedores con garantía real solo opera en
aquellos casos en los cuales los bienes no son necesarios para su operación o
para su actividad económica o financiera, de manera que, finalmente, la medida permite
reducir el valor total del pasivo y, por ende, protege la función social de la
empresa.
4.3.
Por
último, un grupo de intervenciones plantea que la demanda carece sistemáticamente
de aptitud sustantiva. Afirma que el cargo por violación a los derechos de los
niños y a los derechos de los trabajadores no cumple el requisito de certeza, pues
parte de una interpretación aislada de las disposiciones demandadas. Esto, en
la medida en que, así como se consideró en la Sentencia C-447 de 2005, conforme
a una interpretación sistemática de los preceptos acusados y de las reglas del
Código Civil, se llega a la conclusión de que el esquema legal de prelación de
créditos no ha sido modificado y tampoco, ni expresa ni tácitamente, derogado[14].
Respecto
de la supuesta violación del derecho a la igualdad, asevera que el argumento de
la demanda incurre en un equívoco, por cuanto el artículo 50 demandando
solamente niega la entrada de futuros acreedores que pretendan el cobro sobre
bienes necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor y que
hayan sido reportados por este como tales, sin que ello implique que se niegue
su presencia al inicio del trámite de insolvencia[15].
De otra parte, argumenta que el cargo se funda en una premisa no cierta, sobre
la supuesta igualdad entre todos los acreedores en un proceso de insolvencia.
Señala que, conforme a los artículos 24 y 31 de la propia Ley 1676 de 2013 y de
normas de la Ley 1116 de 2000 y del Código Civil, existe antes bien un
tratamiento diferenciado entre acreedores, dependiendo de la correspondiente
prelación de créditos. Además, se precisa que el cargo es insuficiente, en
tanto no se indican los sujetos comparables y por qué debía el Legislador
proporcionarles el mismo trato[16].
De
otra parte, este grupo de intervenciones estima que los cargos por violación a
los principios de prevalencia del interés general y función social de la
empresa carecen de suficiencia[17] y certeza
porque se fundan en aproximaciones subjetivas y vagas, según las cuales, las
normas controvertidas “busca[n] proteger los intereses de acreedores
habilidosos y no cumple[n] la función de permitir el acceso al crédito”.
Indica que el actor deja de lado el hecho de que la autorización al juez para
que el acreedor garantizado continúe con la ejecución, luego del inicio del
proceso de reorganización, solo puede versar sobre bienes no necesarios para la
continuación de la actividad económica, con lo cual se confirma y protege la
continuidad del objeto social de la empresa. Además, consideran que ignora
también que los preceptos impugnados tienen la finalidad de garantizar la
continuidad de la actividad económica del deudor, propender por su recuperación
financiera y proteger a la comunidad[18].
En
relación con el cargo por violación a la unidad de materia, estos
intervinientes señalan que, según la demanda, la supuesta inconstitucionalidad
se produce porque, si bien la Ley se ocupa de normas sobre garantías
mobiliarias, el artículo 50 impugnado hace referencia a “bienes inmuebles
necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor”. En su
criterio, la referida mención se halla completamente justificada, pues según el
artículo 1, el objeto de la Ley es incrementar el acceso al crédito mediante la
ampliación de bienes que puedan ser objeto de garantías mobiliarias y, a su
vez, el artículo 5 prevé que se pueden constituir garantías mobiliarias sobre
bienes inmuebles por adhesión y por destinación[19].
Algunos consideran, paralelamente, que la Ley no hace la diferenciación
entre bienes muebles e inmuebles que indica el demandante, quien hace
simplemente una lectura o interpretación a su acomodo”. Así, se afirma que
las acusaciones por este motivo son “irreales, subjetivas y carentes de
certeza”.
Los
intervinientes anteriores, en algunos casos solicitan a la Corte
declararse inhibida de emitir un pronunciamiento de mérito y en otros piden la
declaratoria de exequibilidad de las disposiciones acusadas.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
Mediante
escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad procesal
correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto
previsto en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución Política. En su
escrito solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de los
artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013, “en el entendido
de que el acreedor con garantía real tendrá derecho al pago de su obligación
con preferencia, únicamente, cuando se hayan cancelado los créditos de alimentos
a favor de menores de edad y las obligaciones derivadas de relaciones
laborales, en ese estricto orden, de modo tal que se garantice el cumplimiento
del mandato constitucional de especial protección a los niños y de la
prevalencia de sus derechos e interés, y de la garantía de los derechos de los
trabajadores, derivada de la protección del derecho al trabajo respectivamente”.
El
Ministerio Público advierte que las normas demandadas establecen un privilegio
a favor de los acreedores garantizados sobre los demás que hacen parte del
acuerdo de reorganización, al ponerlos en primer lugar en el orden de prelación
de créditos. En este sentido, considera que el trato preferencial dispuesto en
los preceptos demandados: (i) atenta contra los derechos fundamentales
de los niños y el interés superior del menor, al desconocer la preferencia de
los créditos a favor de los menores de edad que, de no garantizarse, afectarían
su existencia y su calidad de vida. De la misma manera, estima que (ii) vulnera
los derechos de los trabajadores, al dejar de lado igualmente la preferencia en
el pago de los créditos provenientes de la relación laboral.
Por
otro lado, sostiene que los artículos objetados no vulneran los principios de
prevalencia del interés general y de la función social de la empresa, en la
medida en que no tienen como finalidad dejar sin recursos la masa patrimonial
de la empresa en trámite de reorganización. Además, subraya que las garantías que
puede perseguir el acreedor garantizado son aquellas consistentes en bienes  no
esenciales para desarrollar la actividad económica de la empresa, de manera que
en realidad la finalidad de la regulación es conservar la viabilidad de la aquella
y, de esta manera, proteger el trabajo como expresión de su función social.
Finalmente,
considera que el Legislador no desconoció el principio de unidad de materia,
puesto que las garantías mobiliarias a las que se refiere el título II de la
Ley 1676 de 2013, guardan estrecha relación con el propósito de promover el
crédito y asegurar las garantías reales en los procesos de reorganización
empresarial reguladas en los artículos 50 y 51 de la citada normatividad.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues
los artículos acusados hacen parte de una Ley de la República, en este caso, de
la Ley 1676 de 2013.
6.2. Cuestión previa. Aptitud sustantiva
de la demanda
2. Antes de
identificar el eventual problema jurídico a resolver, es necesario determinar
la aptitud sustantiva de la demanda, pues además de algunas observaciones
generales sobre los argumentos de la impugnación efectuadas por ciertos intervinientes,
como se reseñó, varios de ellos plantean una crítica a todas las acusaciones y
a su capacidad para provocar una decisión de fondo. Según se indicó, en la fase
de admisión se admitieron y se inadmitieron algunos cargos. Sin embargo, debe recordarse
que en ese momento se verifica que la demanda cumpla los requerimientos legales
para ser estudiada (artículo 6º del Decreto 2067 de 1991), pero se trata, en
todo caso, de una primera evaluación sumaria que no compromete ni limita la
competencia de la Sala Plena de la Corte al conocer el proceso.
Este Tribunal conserva, en efecto, la
atribución para adelantar en la sentencia, una vez más, el respectivo análisis
de procedibilidad. Está habilitada para determinar si hay lugar a decidir de
mérito el asunto y en relación con cuáles disposiciones o fragmentos de normas.
En esta fase, además, la Sala cuenta “con el apoyo de mayores elementos de
juicio, puesto que aparte del contenido de la demanda, también dispondrá de la
apreciación de los distintos intervinientes y el concepto del Ministerio
Público, quienes, de acuerdo con el régimen legal aplicable al proceso de
inconstitucionalidad, participan en el debate una vez admitida la demanda”[20].
3. De conformidad
con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad
debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar
de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones
por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere el
caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la
expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la
razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
A la luz de lo anterior, una de las
exigencias de las demandas de inconstitucionalidad consiste en la formulación
de uno o varios cargos contra las normas legales que se impugnan, por
desconocimiento de las disposiciones constitucionales que se consideran
infringidas. En este sentido, la Corte ha considerado que dichos cargos deben
reunir ciertos requisitos para que se ajusten a la naturaleza normativa,
abstracta y comparativa del control que realiza la Corte y permitan comprender
el problema de transgresión constitucional que se propone. Este presupuesto ha
sido sintetizado en la necesidad de que los cargos sean claros, específicos,
pertinentes, suficientes y satisfagan la exigencia de certeza.
La claridad hace relación a que
los argumentos sean determinados y comprensibles y permitan captar en qué
sentido el texto que se controvierte infringe la Carta. Deben ser entendibles,
no contradictorios, ilógicos ni anfibológicos. Conforme la exigencia de la certeza,
de una parte, se requiere que los cargos tengan por objeto un enunciado
normativo perteneciente al ordenamiento jurídico e ir dirigidos a impugnar la
disposición señalada en la demanda y, de la otra, que la norma sea susceptible
de inferirse del enunciado acusado y no constituir el producto de una
construcción exclusivamente subjetiva, con base en presunciones, conjeturas o
sospechas del actor.
La especificidad de los cargos
supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la demostración de que
el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la
explicación de la manera en que esa consecuencia le es atribuible. Es necesario
que los cargos sean también pertinentes y, por lo tanto, que planteen un
juicio de contradicción normativa entre una disposición legal y una de
jerarquía constitucional y que el razonamiento que funda la presunta
inconstitucionalidad sea de relevancia constitucional, no legal, doctrinal,
político o moral. Tampoco el cargo es pertinente si el argumento en que se
sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de
eventual ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es aplicada la
disposición.
Por último, la suficiencia implica
que la demostración de los cargos contenga un mínimo desarrollo, en orden a
demostrar la inconstitucionalidad que se le imputa al texto demandado. El cargo
debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho
la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio
democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el
resultado del acto político del Legislador[21].
En los anteriores términos, es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad
satisfaga las mencionadas exigencias mínimas, para que puede ser emitido un
pronunciamiento de fondo. En caso contrario, no poseerá aptitud sustantiva y la
Corte deberá declararse inhibida para fallar.
4. El
demandante acusa de inconstitucionales los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de
2013, sobre el tratamiento de las garantías reales en los procesos de
reorganización empresarial, una de las clases de trámites de los procesos
de insolvencia. La Ley 1116 de 2006 estableció el Régimen de Insolvencia
Empresarial, como mecanismo para la protección del crédito y la recuperación y conservación
de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de
empleo, bajo el criterio de agregación de valor (Art. 1). El Legislador
estructuró el Régimen de Insolvencia a partir de dos clases de trámites: los procesos
reorganización y los procesos de
liquidación judicial.
Los procesos de
reorganización buscan, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y
normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su
reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. A estos
procesos hay lugar en caso de cesación de pagos o de incapacidad de pago
inminente del deudor (Arts. 1 y 9 ídem). Por
su parte, los procesos de liquidación judicial pretenden la liquidación pronta
y ordenada de la empresa, mediante el aprovechamiento del patrimonio del deudor
(Art. 1 ídem). Este camino se adopta ante el incumplimiento del
acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un
acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999 o
la concurrencia de las causales de liquidación judicial inmediata previstas en
la presente Ley (Art. 47 ídem).
5. La Ley 1676 de
2013, demandada en este caso, tiene el propósito de promover e incrementar el
acceso al crédito, mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que
pueden ser objeto de garantía mobiliaria, a través de la simplificación de la
oponibilidad, constitución, prelación y ejecución de las mismas (Art. 1). Un
relevante campo de esta regulación eran, evidentemente, los supuestos en los
cuales el deudor entra en incapacidad de pago, razón por la cual, el Legislador
estableció en el Capítulo II, artículos 50 a 52, la forma en que proceden tales
garantías reales en los dos trámites del régimen insolvencia. En el artículo 50
dispuso cómo operan en los procesos de reorganización y en el artículo 52 prescribió
la manera en que aplican en los procesos de liquidación judicial (Art. 52). En
el artículo 51 ídem solamente extendió a los supuestos de validación
judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización las reglas aplicables a
los trámites de reorganización. El actor demanda los artículos 50 y 51.
6. El artículo 50
establece, en primer lugar, la regla de que a partir de la fecha de inicio del
proceso de reorganización, no podrá admitirse ni continuarse demanda de
ejecución o cualquier otro proceso de cobro en su contra, sobre bienes muebles
o inmuebles necesarios para el desarrollo de su actividad económica y que hayan
sido reportados por el deudor como tales dentro de la información presentada
con la solicitud de inicio del proceso (inciso 1º). Estos bienes deberán ser relacionados
en un estado de inventario debidamente valorado a la fecha de presentación de
los estados financieros allegados con la solicitud (inciso 3º). Con base en esta
información, deberá darse cumplimiento al numeral 9 del artículo 19 de la Ley
1116 de 2006 (inciso 3º)[22].
En segundo lugar, la disposición
establece que los demás procesos de ejecución de la garantía real, es decir,
aquellos sobre bienes no necesarios para la actividad económica del deudor,
podrán continuar o iniciarse por decisión del acreedor garantizado. En este
supuesto, el juez del concurso puede autorizar la ejecución de garantías reales
sobre cualquiera de los bienes del deudor, en los términos del artículo 17 de
la Ley 1116 de 2006, cuando estime, a solicitud del acreedor, que no son
necesarios para la continuación de la actividad económica del deudor[23]. Esta posibilidad también procede cuando el
juez estime que los bienes en garantía corren riesgo de deterioro o pérdida
(inciso 2º).
En tercer lugar, la norma señala que cuando
los bienes sobre los cuales recae la garantía estén sujetos a depreciación, el
acreedor también podrá solicitar al promotor y, en su caso, al juez del
concurso, que se adopten medidas para proteger su posición de acreedor con
garantía real. Dentro de estas medidas se encuentran, por ejemplo, la sustitución
del bien objeto de la garantía por un bien equivalente, la dotación de reservas
o la realización de pagos periódicos para compensar al acreedor por la pérdida
de valor del bien (inciso 4º). A partir de lo anterior, el promotor, al
presentar el proyecto de calificación y graduación y determinación de derechos
de voto, reconocerá al acreedor garantizado el valor de la respectiva
obligación, con los intereses inicialmente pactados hasta la fecha de la
celebración del acuerdo de reorganización y hasta el tope del valor del bien
dado en garantía (inciso 5º).
En
cuarto lugar, la disposición acusada prevé que, una vez confirmado el acuerdo
de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se pague su
obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo. Además,
si la obligación tiene un plazo, el pago deberá realizarse en la fecha originalmente
pactada, siempre y cuando se sufrague el monto vencido con anterioridad a la
apertura del proceso de reorganización. Igual tratamiento se contempla si el
acreedor garantizado accede a que se venda el bien dado en garantía como parte
del acuerdo de reorganización (inciso 6º). Por otra parte, la norma prescribe
que si el acreedor garantizado vota afirmativamente el acuerdo de
reorganización y acepta que se pague su crédito en el marco del acuerdo de
reorganización con una prelación distinta a la concedida por la disposición,
podrá solicitar que la obligación se reconozca como crédito garantizado hasta
el tope del valor del bien dado en garantía (inciso 7º).
En quinto lugar, el artículo demandado indica
que, en caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, el liquidador en
el proyecto de calificación y graduación de créditos reconocerá como obligación
garantizada, el valor de la obligación hasta el tope del valor del bien
reportado a la fecha de la solicitud de apertura del proceso de reorganización
si este es mayor (inciso 8º). De igual forma, en caso de no presentarse el
acuerdo de reorganización o de su no confirmación, a la liquidación por
adjudicación se aplicará lo dispuesto en este artículo para la liquidación
judicial. Por último, de acuerdo con el parágrafo, las facilidades de
pago de que trata el artículo 10 de la Ley 1116 de 2006, solo podrán referirse
a las obligaciones por retenciones de carácter obligatorio a favor de las
autoridades fiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la
Ley 1429 de 2010.
7.  En este orden
de ideas, el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 establece un conjunto de
prerrogativas a favor del acreedor con garantía real respecto del deudor que ha
entrado en un proceso de reorganización. Como primera cuestión, el precepto introduce
una modificación tácita al artículo 20 de la Ley 1116 de 2006. Esta norma preveía
que a partir del inicio del proceso de reorganización no podía admitirse ni
continuarse, so pena de nulidad, ninguna demanda de ejecución o cualquier otro
proceso de cobro en contra del deudor y que todos aquellos trámites o medidas
que estuvieran en curso debían ser resueltos en el marco del trámite, por el
juez del concurso. Por el contrario, el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 indica
que los procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes no necesarios
para la actividad económica del deudor o que corren riesgo de deterioro
o pérdida, (i) podrán continuar o iniciarse a solicitud del acreedor
garantizado, previa autorización del juez del concurso.
De otra parte, el artículo concede
también al acreedor garantizado varias potestades: (ii) la posibilidad
de solicitar medidas para proteger su posición cuando los bienes puedan
depreciarse, lo que estará representado en el valor que luego se le reconocerá dentro
del acuerdo de reorganización. Así mismo, (iii) confirmado el acuerdo de
reorganización, tendrá derecho a que se pague su obligación con preferencia de
los demás acreedores que hacen parte de dicho acuerdo; (iv) si la
obligación está sometida a plazo, el pago se realizará en el término pactado,
incluso si ha aceptado la venta del bien dado en garantía como parte del
acuerdo; (v) si el acreedor garantizado ha admitido que su crédito se pague
dentro del trámite de reorganización, sin la prelación conferida por el
artículo en mención, podrá solicitar que su crédito sea garantizado hasta el
tope del valor del bien dado en garantía; y (vii) si el acuerdo de
reorganización es incumplido, tiene derecho a que en el marco del trámite de
liquidación judicial se le reconozca como obligación garantizada el tope del valor
del bien  reportado.
8. Por su parte, el
artículo 51 de la Ley 1676 de 2013 establece que el anterior tratamiento se aplicará
también en el proceso de validación judicial de acuerdos extrajudiciales de
reorganización. Estos acuerdos son promovidos por fuera del
proceso de reorganización, para los mismos fines, con el consentimiento del
deudor y a iniciativa de un número plural de acreedores equivalentes a la
mayoría absoluta. Una vez celebrados, cualquiera de las partes que haya tomado
parte de dicho acuerdo podrá pedir al juez del concurso que hubiere sido
competente para tramitar el proceso de reorganización, la apertura de un
proceso de validación del acuerdo extrajudicial de reorganización (Art. 84 de
la 1116 de 2006). El actor acusa el artículo 51 de la Ley 1676 de 2013, como se
infiere fácilmente, en tanto establece la aplicación de las reglas previstas
para los casos de reorganización, al proceso de validación judicial de los
acuerdos extrajudiciales de reorganización.
9. Precisado
el sentido de los dos artículos demandados, procede la Sala a determinar la
aptitud de los cargos. El
actor afirma que, con el propósito de solucionar los problemas relativos a la
insolvencia de las empresas, las disposiciones acusadas permiten a los
acreedores que cuentan con una garantía real obtener el pago de sus créditos,
con preferencia sobre cualquier otra clase de acreedor, o sustraerse del
proceso concursal y continuar con la ejecución. Como consecuencia, sostiene que
se alteró el orden de prelación de créditos y se desconoció la protección
especial de las obligaciones derivadas de (i) los derechos de los
trabajadores y (ii) los derechos de los menores de edad. Así mismo,
considera que las normas acusadas violan (iii) el derecho a la igualdad,
(iv) y los principios de unidad de materia, (v) función
social de la empresa y (vi) prevalencia del interés general.
10. A juicio de la Sala,
cuentan con aptitud sustantiva los cargos por violación a los derechos de los menores
de edad y de los trabajadores. Si bien es cierto se demandan en su integridad
los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013, el actor subraya que las
disposiciones permiten a los acreedores garantizados sustraerse del proceso
concursal, es decir, “extraer el bien del concurso si es que no fuera
necesario para la operación, y en caso de ser necesario, podrá exigir el
incumplimiento de sus pagos de manera preferente, sin tener que aceptar la
fórmula de salvamento...” Así mismo, indica: “si se permite que un solo
acreedor los ejecute (los bienes) al margen de la solución colectiva,
solo servirá para que el activo se remate en un valor inferior al comercial…[24]
cuando el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 establece que “el acreedor
garantizado tendrá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los
demás acreedores que hacen parte del acuerdo” queda claro que se ha modificado
el orden de prelación legal, y que el prestamista con garantía pasa a tener
mayor protección que los acreedores que siempre han tenido mejor derecho…”[25]
En los anteriores términos, el actor
resalta fundamentalmente el hecho de que el Legislador permitió al acreedor
abstraerse del trámite de reorganización y continuar de forma individual el
cobro de su crédito, en aprovechamiento de su garantía real. Así mismo, destaca
que le confirió el derecho a que se pague su obligación con preferencia de las
de los demás acreedores, una vez confirmado el acuerdo de reorganización al que
se encuentra sometido el deudor. En consecuencia, es inequívoco que, pese a no precisar
los fragmentos normativos atacados, la impugnación no recae sobre todo el
artículo 50 de la Ley 1676 de 2013, el cual concede distintas prerrogativas al
acreedor (ver supra 7), sino solamente sobre el inciso 2º y la primera
parte del 6º.
Lo anterior porque es en tales apartados
que se prevén las regulaciones controvertidas por el demandante. Así, en el
inciso 2º se concede al acreedor con garantías sobre bienes no necesarios para
la actividad económica del deudor o que corren riesgo de
deterioro o pérdida, seguir adelante con la ejecución, sin tomar parte del
proceso de reorganización. Y de otro lado, en la primera parte del inciso 6º se
otorga al acreedor una preferencia para el pago de su crédito sobre todos los
demás acreedores que hacen parte del acuerdo, luego de que esta ha sido confirmado.
La acusación, así mismo, versa sobre el artículo 51 de la Ley 1676 de 2013, en
cuanto prescribe tener en cuenta, entre otras, las mismas reglas anteriores,
del artículo 50 ídem, en el proceso de validación judicial de
acuerdos extrajudiciales de reorganización.
11. Los
argumentos
por violación de los derechos de los menores de edad y de los trabajadores cumplen
el requisito de certeza, en la medida en que parten de una
interpretación razonable de los incisos impugnados. A juicio del demandante, se
modificó la prelación de créditos y, en particular se alteró la primera
categoría dentro de la cual se encuentran las obligaciones alimentarias de los
menores de edad y aquellas de carácter laboral. Este es un sentido susceptible
de ser derivado de las normas controvertidas, pues pese a que el acreedor
garantizado, según las reglas civiles, se encuentra en el segundo grado de
prelación (Art. 2497.3 del C.C.), el inciso 2º, artículo 50, de la Ley 1676 de
2013 le concede la posibilidad de no tomar parte del proceso de reorganización,
al cual han concurrido todos los acreedores, incluidos los de primer grado
(Art. 2496 del C.C), y ejecutar individualmente su garantía. Además, el régimen
de insolvencia, del que hace parte el proceso de reorganización, aplica, entre
otras, a las “las personas naturales comerciantes” (Art.
2 de la Ley 1106 de 2006), quienes pueden tener acreedores alimentarios, los
cuales, por ende, podrían resultar afectados con la alteración al régimen de
prelación.
De lo anterior se sigue que el acreedor
garantizado tiene prelación sobre todos los demás y, por lo tanto, sobre los
créditos que las normas civiles confieren el primer grado, en la medida en que
mientras estos deben tomar parte del proceso de reorganización y allí hacer
valer sus derechos, aquél está facultado para no concurrir y cobrar su crédito
por fuera del trámite. En consecuencia, es razonable concluir, como lo hace el
demandante, que se introdujo una modificación a la prelación de los créditos,
por lo menos en la modalidad consagrada en la norma.  De igual manera, la
primera parte del inciso 6º, artículo 50, de la Ley 1676 de 2013, otorga derecho al
acreedor garantizado de que, confirmado el acuerdo de reorganización, su
crédito sea pagado de forma preferente respecto de los pertenecientes a todos
los demás acreedores que hacen parte de aquél, incluidos los acreedores de
primer grado. Por lo tanto, también en este caso es posible considerar que se
alteró la prelación de créditos para esta específica fase del trámite de reorganización.
12. Dos son los argumentos básicos de
los intervinientes que consideran que el cargo carece de certeza, en tanto
parte de una interpretación no derivable de las normas acusadas, pues en
realidad no se produjo una alteración a la prelación de créditos alegada por el
actor. Primero, que la Ley no derogó ni modificó expresamente las reglas sobre
prelación de créditos previstas en el Código Civil. Segundo, que en la
Sentencia C-447 de 2015 la Corte concluyó que no había tenido lugar esa
modificación, en relación con el ejercicio de una prerrogativa similar a la
ahora analizada, consagrada en el artículo 52 de la Ley 1617 de 2013.
12.1. En relación con el argumento de
la no ocurrencia de la derogatoria, es necesario precisar que el punto de
partida de los cargos analizados no es en realidad que se haya producido una
derogatoria absoluta de las reglas de prelación contenidas en el Código Civil.
Aquello que los cargos ponen de manifiesto, en estricto sentido, es que se
introdujo una excepción a la regulación sobre las reglas de prelación, para el específico
trámite de reorganización. Esta conclusión, como es claro, no supone que el Legislador
haya derogado explícitamente disposición alguna (derogatoria expresa) ni requiere
la existencia de una contradicción total entre el contenido de la norma demandada
y el de las reglas del régimen civil sobre prelaciones de crédito (derogatoria
tácita). Tal conclusión es solamente el resultado de un razonamiento lógico, a
partir de la identificación del alcance cada una de las normas indicadas.
12.2. En cuanto al argumento del
pronunciamiento anterior de la Corte, en la Sentencia C-447 de 2015, este
Tribunal en efecto analizó la aptitud de una demanda, por omisión legislativa
relativa, dirigida contra un fragmento del artículo 52 de la Ley 1716 de 2013,
a partir de sus dos contenidos normativos básicos. En el primero se establece
la posibilidad de excluir y adjudicar al acreedor garantizado los bienes
en garantía de propiedad del deudor en liquidación judicial, cuando estos no
superan o son inferiores al valor de la obligación garantizada (incisos 1º y
2º).  En el segundo, se prevé que si el valor del bien supera la obligación
garantizada, la adjudicación del producto de la enajenación o del bien en
garantía se hará al acreedor y el remanente se aplicará a los demás acreedores
(incisos 3º y 4º).
Respecto del
primero, la Sala observó que el Legislador establece solamente una posibilidad,
precisamente porque la exclusión y adjudicación al acreedor garantizado
de los bienes en garantía del deudor en liquidación judicial, cuando son
inferiores al valor garantizado, sólo procede si los demás bienes
son suficientes para cubrir los créditos de primera clase, conforme al artículo
2498 del Código Civil[26].
Respecto del segundo, señaló que la adjudicación del bien o del producto
de su enajenación al acreedor, si el precio supera
el de la obligación garantizada, no implica que se pueda desconocer
la prelación de créditos. A partir de lo anterior, consideró que
la disposición acusada no suponía en sí misma, ni se desprendía de ella, que en
el evento de que el valor del bien supere el valor de la obligación garantizada
se pueda desconocer la prelación de créditos.
De esta forma, en
la decisión anterior, el hecho de que la exclusión y adjudicación al acreedor
garantizado de
los bienes del deudor en liquidación judicial sea una sola posibilidad
permitió a la Corte concluir que la prerrogativa en cuestión está condicionada
a que los acreedores de primera clase puedan ser satisfechos y, por lo tanto,
que la prelación de estos no había sido variada. Así mismo, la Sala precisó que
la adjudicación del bien o del producto de su venta a dicho
acreedor, en supuestos en los que la obligación es de menor valor al bien,
tampoco incide ni impide aplicar las reglas sobre prelación de créditos, pues esto
no se deriva de la norma y además, cabe agregar, en estos casos subsisten
remanentes luego de la adjudicación que podría satisfacer los demás créditos.
Las disposiciones
ahora demandadas, en cambio, poseen otra redacción  que impide llegar a la
misma conclusión anterior. El inciso 2º del artículo 50 de la Ley
1676 de 2013 concede el derecho al acreedor garantizado de ejecutar
individualmente su garantía y no tomar parte del proceso de reorganización,
mientras que todos los demás acreedores, incluidos los de primer grado, deben
concurrir al proceso de insolvencia (Art. 2496 del C.C). En este sentido, es razonable
concluir que la norma consagra una prioridad incondicionada, a favor de los
acreedores de segunda clase respecto de aquellos, según las normas civiles, se
encuentran en el primer grado. De la misma manera, la primera parte del inciso
6º, artículo 50,
ídem, otorga con claridad el derecho al referido acreedor de que su
crédito sea pagado “con preferencia” respecto de aquellos de los demás
acreedores que hacen parte del acuerdo, incluidos los acreedores de primer
grado. De aquí también es factible concluir que se alteró la posición de los
acreedores de primer grado, en el marco del acuerdo de reorganización.
13. En este orden de ideas, sin afirmar
que la anterior sea la única interpretación posible de los apartados
demandados, la Sala Plena concuerda con varios intervinientes en que se trata
de un sentido razonable y susceptible de ser derivado de los artículos
objetados[27], por lo
cual, considera que los cargos en mención superan el requisito de certeza.
14. La impugnación por estos dos
argumentos cumple también los presupuestos de claridad y pertinencia,
pues se comprende en qué sentido, al introducir una excepción a la prelación de
créditos para los procedimientos de reorganización, en los términos vistos con
anterioridad, a juicio del actor, los segmentos normativos acusados alteran el
primer grado de prelación de los créditos, en los que se encuentran aquellos
derivados de las obligaciones alimentarias de los menores de edad y los salarios,
sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo. Esta
consecuencia, a su vez, se censura, no a partir de criterios de conveniencia u oportunidad,
sino a causa de su presunta incompatibilidad con los mandatos
constitucionales sobre los derechos de los niños (Art. 44 de la C.P.) y de los
trabajadores (Art. 53 de la C.P.).
15. Los
cargos satisfacen, por último, las exigencias de suficiencia y especificidad,
en la medida en que el actor desarrolla elementalmente la
impugnación, de modo que logra generar dudas sobre la constitucionalidad de los
fragmentos demandados. Al mostrar que los titulares de los dos tipos de
créditos de primer grado a que se ha hecho referencia son, al parecer, desplazados
por los acreedores garantizados en el marco del proceso de reorganización, propicia
en efecto incertidumbre sobre la conformidad de esas regulaciones legales con
los mandatos superiores invocados. Esto ocurre, además, porque del argumento
planteado por el demandante surge una contradicción concreta, específica y
manifiesta entre tales contenidos normativos.
16.
La
Sala observa, por el contrario, que carecen de aptitud sustantiva los cargos
por violación del derecho a la igualdad y los principios de prevalencia del
interés general, función social de la empresa y unidad de materia.
16.1.
En
primer lugar, como lo ha reiterado la Corte, cuando la demanda
se plantea por
violación del derecho a la igualdad, a causa de que se excluyen o incluyen, de
modo incompatible con la Constitución, grupos o individuos, el actor debe
plantear al menos (i) los términos de confrontación (personas,
elementos, hechos o situaciones comparables, sobre los que la norma acusada
establece una diferencia y las razones de su similitud), (ii) la
explicación, mediante argumentos constitucionales, acerca del presunto trato
discriminatorio introducido por las disposiciones acusadas y (iii) la
razón precisa por la cual, se alega, no existe una justificación constitucional
de dicho tratamiento distinto.
La argumentación debe orientarse a
demostrar que, a la luz de parámetros objetivos de razonabilidad, la
Constitución ordena incluir o excluir, a ese subgrupo dentro del conjunto de
los destinatarios comprendidos por la medida en cuestión[28]. En el presente caso, el demandante
argumenta que mientras a todos los acreedores se les obliga a concurrir al trámite
de reorganización y se les impide continuar los procesos de ejecución
ordinarios para que participen de la negociación de salvamento, al garantizado
se le permite continuar con su ejecución, “sustrayendo el activo de la masa
concursal o, en el peor de los eventos, se le mantiene el activo pero
permitiéndole exigir el pago de manera preferente, inmediata y en los mismos
términos pactados, aun cuando ello contradiga la solución pactada con todos los
creedores o que su exigencia lleve a la liquidación de la empresa fuente de
pago”.
El demandante, sin embargo, no expone la
forma en que se configuran los elementos básicos del test de igualdad, que
logren evidenciar elementalmente en qué sentido ha tenido lugar la alegada
lesión de ese derecho fundamental. No indica por qué los grupos de
sujetos que confronta, los cuales tienen en efecto características distintas, se
encuentran en una situación análoga para los efectos de la regulación, que los
haga realmente comparables y merecedores del mismo trato. Tampoco asumió la
carga de mostrar que la supuesta desigualdad no cuenta con una justificación
constitucional válida o que introduce una restricción desproporcionada al
derecho.  Como
consecuencia, el cargo no supera el requisito de suficiencia y, por lo
tanto, no tiene capacidad para motivar un examen de fondo.
16.2. De otra parte,
el actor argumenta que, debido a las prerrogativas que se conceden al acreedor
garantizado en las normas acusadas, se infringen los principios de
prevalencia del interés general y la función social de la empresa, pues se
privilegia la satisfacción de un crédito particular sobre el “salvamento de
una actividad empresarial que genera prosperidad”. Se sobrepone, en su
criterio, el interés particular del prestamista con garantía real a la
viabilidad de la actividad empresarial “de la cual depende el desarrollo
nacional, como fuente de empleo, ingresos, tributos y demás beneficios para la
comunidad”. Esta argumentación, así mismo, no cumple el requisito de certeza, por
cuanto el actor parte de considerar que las normas cuestionadas fijan y dan
mayor importancia al interés particular del acreedor con garantía real, que al
interés público de la actividad de la empresa como base del desarrollo, sin que
este sentido y alcance sean susceptibles de ser derivados de aquellas.
En el contexto del proceso de reorganización,
el Legislador concedió, en efecto, unas prerrogativas al acreedor que cuenta con
una garantía mobiliaria. Pese a esto, es necesario reparar en que, de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la propia Ley 1676 de 2013, la
regulación en conjunto tiene el propósito de generar mayores oportunidades para
el acceso al crédito, mediante la ampliación de bienes que pueden ser objeto de
garantía mobiliaria y la simplificación, entre otras, de la ejecución de tales
aseguramientos reales. Dichas normas, en consecuencia, se encuentran diseñadas
precisamente con el fin de promover el sector empresarial, al diversificar el
conjunto de garantías mobiliarias disponibles para los acreedores.
En ese sentido, una de las estrategias
elegidas por el Legislador, para que el crédito sea más accesible, es
precisamente la medida cuestionada, que concede una prelación importante a los
citados tipos de acreedores dentro de un proceso de insolvencia, pues esto
constituye un incentivo para la generación del crédito. La previsión señalada, por
lo tanto, no puede ser necesariamente interpretada como una sobreposición del
interés particular sobre el interés público y una renuncia a la función social
de la empresa, dado que ha sido proyectada por el Legislador como uno de los
mecanismos orientados a la reactivación crediticia de la empresa, con el
propósito de generar mayores beneficios generales, como lo sostuvieron también
varios intervinientes[29]. La conclusión
del impugnante no es, de esta forma, adecuadamente deducible de la literalidad
de las disposiciones objeto de censura, de manera que tampoco pueden presentar
el efecto que el demandante les adjudica. En virtud de estas razones, los
cargos en cuestión carecen de certeza.
De igual modo, la impugnación por
desconocimiento del interés general y la
función social de la empresa no reúne los requisitos de especificidad y suficiencia.
La argumentación es genérica y no repara en las particularidades de la
normatividad atacada. En particular, el demandante no explica por qué una norma
que se refiere a la posibilidad de ejecutar las garantías mobiliarias, solo
cuando se trate de bienes no necesarios para la continuación de la actividad
económica del deudor o que se encuentren en posibilidad de deteriorarse o
perderse, supone una afectación al normal funcionamiento de la empresa.
16.3.  Por último, el cargo por violación al principio
de unidad de materia carece de certeza y suficiencia. Los argumentos
básicos del demandante consisten en que la Ley parcialmente acusada tenía como
finalidad establecer un régimen de garantías mobiliarias y, sin embargo, los
artículos acusados se refieren a bienes inmuebles. Por otro lado, en que modifican
el orden de prelación de créditos, “sin que se hubiera anunciado esa reforma
parcial y sin que se hubiera publicado la nueva ley 1116 de 2006 con
integración de esa reforma parcial”. En relación con lo primero, la Sala
comparte con una de las intervinientes que el actor asume un concepto aislado de
“mueble”, sin tener en cuenta los alcances de la regulación fijados por
la propia Ley 1676 de 2013.
Así, en el artículo 5, perteneciente al
Capítulo II, denominado “Sistema Unitario de Garantías sobre
los Bienes Muebles”, del Título I, relativo al “Ámbito y
Aplicación General de la Ley”, el Legislador se refiere a
“Garantías mobiliarias sobre muebles adheridos o destinados a inmuebles”.
En esta norma se establece que “podrán constituirse garantías mobiliarias
sobre bienes inmuebles por adhesión o por destinación, si estos pueden
separarse del inmueble sin que se produzca detrimento físico de este. Los
bienes así gravados podrán ser desafectados al momento de la ejecución de la
garantía”. De este modo, la temática de la Ley no se refiere solamente a
bienes muebles en su sentido básico, como lo considera el actor, sino también a
inmuebles por adhesión y por destinación. El ataque del demandante no cumple, en
consecuencia, el requisito de certeza.
Por otra parte, dado que la Ley 1676 de
2013 tiene el propósito de promover e incrementar el acceso al crédito,
mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía
mobiliaria (Art. 1º), es evidente que un espacio relevante de este tipo de
regulación son los supuestos en los cuales el deudor entra en incapacidad de
pago, en la medida en que es ese, uno de los contextos en donde cobra mayor
relevancia el papel de las garantías. Por esta razón, prima facie existe
una conexidad material entre las normas demandadas, relativas a las formas de
operar de las garantías reales en procesos de insolvencia, y el propósito
general de la Ley, de aumentar las opciones de acceso al crédito a través de
tales garantías. Así, el cargo no reúne el requisito de suficiencia, debido
a que no tiene la capacidad de generar una mínima duda sobre de la
constitucionalidad de las disposiciones atacadas.
17. En este orden de
ideas, la Corte se inhibirá de pronunciarse sobre los cargos por
violación del derecho a la igualdad y de los principios de prevalencia del
interés general, función social de la empresa y unidad de materia. La impugnación
quedará circunscrita, en consecuencia, a los cargos por violación de los
derechos de los niños (Art. 44 de la C.P.) y de los trabajadores (Art. 53 de la
C.P.). Se precisa, así mismo, que por las razones expuestas supra (fundamento
10), la demanda recae solamente sobre el inciso 2º y la primera parte del
inciso 6º, del artículo 50, así como sobre el artículo 51, de la Ley 1676 de
2013.
6.3.
Problema jurídico y estructura de la decisión
18.
En
el marco del trámite de reorganización, el inciso 2º del artículo 50 de la Ley
1676 de 2013 confiere al acreedor garantizado el derecho a no tomar parte del
proceso, al cual han concurrido todos los demás acreedores (incluidos los de
primer grado), y ejecutar individualmente su garantía. En similar sentido, la
primera parte del inciso 6º  ídem  le otorga el derecho a que, confirmado
el acuerdo de reorganización, su crédito sea pagado con preferencia respecto de
los créditos de los demás acreedores que hacen parte del acuerdo (incluidos los
de primer grado). El demandante pone de manifiesto que las dos anteriores
prerrogativas introducen excepciones al régimen de prelación de créditos y, en
particular, a la primera categoría dentro de la cual se encuentran las
obligaciones alimentarias y las derivadas de las relaciones laborales. Por esta
razón, en su criterio, desconocen los derechos de los niños
(Art. 44 de la C.P.) y de los trabajadores (Art. 53 de la C.P.).
Unos
intervinientes respaldan la demanda, esencialmente con apoyo en los mismos
argumentos planteados por el actor, pues consideran que los preceptos
impugnados privilegian los acreedores con garantía mobiliaria, al permitirles
obtener el pago de sus acreencias de manera preferente y por fuera del
escenario concursal, sin considerar la existencia de acreedores con mejor
derecho. En oposición, otros intervinientes aseguran que los derechos de los
trabajadores y de los menores de edad se encuentran garantizados en el proceso
judicial de insolvencia. Esto, por cuanto la existencia de créditos preferentes
en virtud de garantías reales no afecta la posición de acreedores de primera
clase, dado que el pago de las obligaciones a su favor, si bien se lleva a cabo
por fuera del acuerdo concursal, no puede realizarse con desconocimiento de los
demás acreedores.
19. En este orden
de ideas, la Sala deberá determinar si las potestades conferidas al acreedor
garantizado para que, en un contexto de insolvencia, ejecute su garantía por
fuera del proceso de reorganización y, así mismo, en caso de hacerse parte del
proceso, su obligación sea pagada con preferencia de las de todos los demás acreedores
que participan del acuerdo de reorganización, viola los derechos  los derechos de
los niños (Art. 44 de la C.P.) y de los trabajadores (Art. 53 de la C.P.). Con el propósito
de ilustrar los aspectos centrales del debate, dado que las normas acusadas hacen
parte de una regulación para fomentar el crédito empresarial, la Sala reiterará
su jurisprudencia sobre (i) las características de la intervención del
Estado en la economía y sus límites. A continuación, (ii) recordará el
fundamento constitucional de los créditos alimentarios de los menores de edad y
de los derivados del contrato de trabajo. Por último, (iii), analizará
la compatibilidad con la Constitución de los apartados demandados.
6.4.
Fundamentos
i.
La intervención del Estado en la economía
20. Con
base en el artículo 333 de la C.P., la Corte ha sostenido reiteradamente que la
empresa
es la base del desarrollo y tiene una función social que supone obligaciones.
Así mismo, ha indicado que en el Estado recae el deber de fortalecer y promover
el desarrollo empresarial e impedir que se obstruya o se restrinja la libertad
económica, en la medida en que la empresa es fuente de empleo y de bienes y
servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos[30].
En este sentido, se ha considerado que la situación económica de las empresas no
es indiferente para el Estado[31]
y que la intervención de este como director general de la economía puede
resultar obligatoria para garantizar la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo[32].
21.
La intervención del Estado puede tener diferentes alcances y fuentes. En
relación con lo primero, la intervención es global, cuando se ocupa de la
economía del país como un todo; sectorial, en aquellos casos en que está
dirigida a una determinada área de actividad, de servicios o agentes del
mercado; y particular, en los supuestos en los cuales busca hacer frente a una
persona o situación específica, económicamente relevante. Respecto a lo
segundo, la intervención puede originarse de forma unilateral si el Estado
emite un mandato con el que regla un supuesto económico determinado o puede ser
convencional, si se deriva de acuerdos con actores del mercado, para adoptar un
determinado curso de actuación en un sector específico de la economía[33].
22. De
otro lado, pueden distinguirse tres modos de intervencionismo. Es posible
hacer referencia al intervencionismo conformativo, que se identifica con
las regulaciones que establecen requisitos de existencia, formalización y
funcionamiento de los actores económicos; existe también un intervencionismo finalístico,
en aquellos casos en que se señalan los objetivos generales a los cuales han de
orientarse los agentes, principalmente al interior del Estado y, por último,
puede predicarse uno de carácter condicionante, cuando se fijan las
reglas de juego del mercado o de un sector económico[34].
23.
La jurisprudencia de la Corte ha identificado cuatro fines generales de
intervención del Estado en la economía[35]. El
Estado interviene (i) para lograr una redistribución del ingreso y de la
propiedad, con el objeto de lograr un orden político, económico y social justo;
(ii) con el propósito de asegurar la sostenibilidad fiscal y estabilidad
económica, a través de la dirección general de la economía, la regulación de la
política económica, fiscal y social[36], así
como la política monetaria, cambiaria y crediticia[37];
(iii) como director general de la economía, en diversos sectores y
actividades específicas ordenadas por la propia Constitución[38]
y, todo lo anterior, y (iv) con el objeto general de fijar las
condiciones del funcionamiento del mercado y la convivencia social.
24. Desde otro punto de vista, la Corte ha considerado que, a la
luz del artículo 334 de la C.P., se prevé intervención por mandato de la ley en:
a) la explotación de los recursos naturales; b) en el uso del
suelo; c) en la producción, distribución y consumo de los bienes y d)
en los servicios públicos y privados. Conforme al mismo precepto, se ha
señalado que (i) en relación con objetivos de eficiencia y
estabilidad económica, el Estado interviene para la racionalización de la
economía, a fin de conseguir en el plano nacional y territorial el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes; alcanzar de manera progresiva los
objetivos del Estado Social de Derecho y para dar pleno empleo a los
recursos humanos;
(ii) en aspectos de equidad y distribución, interviene con el
objetivo de lograr una distribución equitativa de oportunidades y los
beneficios del desarrollo y el acceso efectivo a bienes básicos; y (iii)
en lo concerniente al desarrollo económico y la competitividad,
interviene con el objetivo de promover la productividad y competitividad, el
desarrollo armónico en las regiones y la preservación de un ambiente
sano[39].
25. En este orden de ideas, la intervención del
Estado en la esfera social y económica, se relaciona con un complejo conjunto
de funciones:
“una
función de redistribución del ingreso y de la propiedad[40]
expresamente consagrada en varias disposiciones de la Constitución con miras a
alcanzar un "orden político, económico y social justo" (Preámbulo);
una función de estabilización económica también consagrada en diversas normas
superiores (artículos 334 inc, 1°, 339, 347, 371 y 373 de la C.P.); una función
de regulación económica y social de múltiples sectores y actividades
específicas según los diversos parámetros trazados en la Constitución
(artículos 49 y 150, numeral 19, por ejemplo); y, todas las anteriores, dentro
de un contexto de intervención general encaminado a definir las condiciones
fundamentales del funcionamiento del mercado y de la convivencia social, como
el derecho de propiedad privada pero entendido como "función social"
(artículo 58 C.P.) o la libertad de iniciativa privada y de la actividad
económica siempre que se respete también la "función social" de la
empresa (artículo 333 C.P.) en aras de la "distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo" (artículo 334
C.P.)”[41].
26. De esta forma, el Estado interviene en la economía mediante
una multiplicidad de maneras, en cumplimiento de diversas funciones y con el
propósito de garantizar también varios fines constitucionales. Actúa obviamente
para
racionalizar el mercado, fijar límites y reglas y, de este modo, salvaguardar
bienes e intereses de carácter social, general y ambiental protegidos por la
Carta. Sin embargo, interviene también con el objetivo de impedir la
obstrucción o restricciones a la libertad económica, a la libre competencia y
para controlar abusos de posiciones dominantes en el mercado nacional. Pero,
además de esto, el Estado tiene la potestad y, en ocasiones el deber, de promover
el desarrollo económico, la competitividad, la productividad y reactivar la
empresa, en tanto base del desarrollo (Art. 333 de la C.P.).
27. En el marco
anterior surgen, por ejemplo, medidas como las de reactivación empresarial, las
cuales buscan la recuperación de la empresa. El Legislador diseña estas
regulaciones especiales para facilitar la reactivación y viabilidad de la
empresa, con el fin de preservarla como fuente de empleo y de desarrollo, de
conformidad con el artículo 333 superior[42].
Se sustituyen los intereses particulares de obtener a toda costa el pago de
obligaciones insolutas, por otro de interés general, de contenido social, a fin
de que la empresa supere dificultades transitorias, y  continúe con sus
actividades, de las cuales no ha de beneficiarse únicamente el empresario sino
la sociedad[43].
28. Debe tenerse en
cuenta, sin embargo, que así como cuando el Estado interviene y limita la
libertad económica de los agentes del mercado está sujeto a límites
constitucionales[44],
también en todos aquellos supuestos en los cuales el Estado actúa en dirección
contraria, favor de los intereses de la empresa, en pro de su recuperación, de
reactivación o su impulso, el Legislador se halla también sometido a límites. Así,
la Corte ha afirmado que este tipo de intervención i) necesariamente debe llevarse
a cabo por ministerio de la ley;  ii) no puede afectar el núcleo esencial
de la libertad de empresa;  iii) debe obedecer a motivos adecuados y
suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía; iv) debe
obedecer al principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad[45].
De este modo, la Sala ha considerado que las
regulaciones como, verbigracia, las de insolvencia, son constitucionalmente
válidas, en tanto (i) se realizan por previsión legal, (ii) no afectan el núcleo esencial de la empresa sino que, por el contrario,
buscan preservar su existencia; (iii) obedecen a motivos adecuados y
suficientes, i. e. la preservación de la empresa en tanto promotora del
desarrollo y fuente de empleo; (iv) responde al principio de solidaridad, pues
atiende al mismo para establecer un régimen especial que busca apoyar a la
empresa y a sus trabajadores en una situación  especial y; (v) cumple con los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pues no desconoce los derechos
de los acreedores de la empresa ni del Estado, sino que establece un régimen
especial para el cumplimiento de las obligaciones del deudor[46].
29. En consecuencia, la
Corte reitera que el Estado se encuentra constitucionalmente facultado para
intervenir en la economía, ya sea con el fin de racionalizar el mercado, garantizar
las libertades económicas y, así mismo, promover, recuperar e impulsar la empresa.
Sin embargo, en cualquier caso, la injerencia oficial en la economía está
sujeta a restricciones, en la medida en que, además de llevarse a cabo por ministerio
de la ley, entre otras condiciones, debe responder a criterios de razonabilidad
y proporcionalidad. Singularmente, no pueden ser conculcados los derechos
fundamentales de los sujetos implicados de alguna manera con la medida
regulatoria en cuestión.
ii. El carácter constitucional de los créditos
alimentarios de los menores de edad y de los trabajadores
30. La figura de la prelación
de créditos es una consecuencia del principio, según el cual, el patrimonio del deudor es prenda común de todos sus acreedores (Art. 2492 del C. C.). Esta norma implica que todos los bienes que
integran el patrimonio del obligado garantizan los créditos a su cargo y en el
evento de incumplimiento puede ser perseguido por los acreedores. Sin embargo, cuando
los bienes del deudor no son suficientes para cubrir las obligaciones
insolutas, surge la institución de la prelación del créditos, a través
de la cual a los titulares de un derecho de crédito, frente a una masa de
bienes, se les aplican unas reglas mínimas, con la finalidad de garantizar la
protección de las personas que por alguna característica especial merecen ser
tratados de manera preferente frente a los demás acreedores[47].
31. La legislación civil
contempla cinco clases de créditos. La primera clase está conformada por
(i) los salarios y prestaciones provenientes del contrato de trabajo, (ii)
las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores, (iii)
las expensas funerales del deudor difunto, (iv) los gastos de la
enfermedad de que haya fallecido el deudor, (v) los artículos necesarios
de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres
meses, (vi) los créditos por alimentos a favor de menores y, por último,
(vii) los créditos del fisco y los de las municipalidades por concepto de
impuestos (art. 2495 C.C.). Estos créditos tienen un privilegio general, pues
afectan a todos los bienes del deudor, y personal, en tanto no se transfieren a
terceros poseedores. Además, adquieren preferencia sobre todos los demás, por
cuanto las acreencias se pagan en el mismo orden de numeración en que aparecen
incluidas en el artículo 2495 del Código Civil, cualquiera que sea la fecha del
crédito[48].
A la segunda clase
pertenecen los créditos que (i) se encuentran en cabeza del posadero,
causados en virtud de la posada; (ii) los del acarreador, en razón del
transporte, y los (iii) del acreedor prendario respecto de la prenda.
Con relación a los dos primeros, los créditos deben provenir de los gastos de
alojamiento, de acarreo, expensas y daños, de modo que tienen como fundamento
el contrato de acarreo, arrendamiento de transporte u hospedaje. El crédito en
este supuesto es un derecho con garantía real, porque autoriza al titular para
perseguir la cosa sin importar en manos de quién se encuentre. Por lo tanto, si
el bien es insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda, el déficit
insoluto pasa a la categoría de los créditos no privilegiados, pagándose a
prorrata de su monto. Adicionalmente, se sufragan con preferencia respecto de
los demás créditos, con excepción de los de la primera clase[49].
La tercera clase de
créditos corresponde a aquellos que cuentan con garantía hipotecaria, los
cuales, como en el caso de la prenda, confieren un derecho real en cabeza del
titular. La cuarta clase comprende (i) los créditos del fisco
contra los recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes
fiscales, (ii) los de los establecimientos de caridad o de educación
costeados por fondos públicos, y (iii) los del común de los
corregimientos contra los recaudadores, administradores y rematadores de sus
bienes y rentas, (iv) los del hijo a quien el padre administra los
bienes y los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra sus
respectivos tutores o curadores. Estos créditos son de carácter general,
pues se extienden sobre todos los bienes del deudor, excepto sobre los
inembargables. Al igual que los de la primera clase, son personales, lo que
significa que no pueden hacerse efectivos contra terceros poseedores y,
adicionalmente, se pagan una vez se hayan cancelado los créditos de las tres
clases anteriores[50].
Por último, a los créditos de
quinta clase pertenecen los no incluidos en ninguna de las clases anteriores y a
sus titulares se les conoce con la denominación de acreedores “quirografarios”
(artículo 2509 del C.C.). Se pagan con el remanente de bienes que queda luego
de haber pagado todos los demás, a prorrata de sus valores y sin consideración
a su fecha de causación.
32. El artículo 2495 del Código Civil establecía el orden en que debían
pagarse los créditos de la primera clase y ubicaba en el quinto lugar los
derivados de alimentos de menores de edad. Por lo tanto, cuando concurrían varios
acreedores frente al deudor, por créditos originados en causas distintas pero pertenecientes
a la primera clase, los alimentos del menor debían ser sufragados en el quinto
lugar. En este sentido, debían sufragarse primero las obligaciones con fuentes
en prestaciones laborales, las costas judiciales, las expensas funerales y los gastos
de enfermedad, y luego sí, las acreencias por concepto de alimentos de los
menores de edad. Sin embargo, en la Sentencia C-092 de 2002[51], la Corte declaró
inexequible esa posición y determinó que, por razones constitucionales, los
créditos de los niños debía tener la máxima prioridad dentro de la primera
clase.
Sostuvo que,
como estaba redactado el artículo 2495 del C.C., si los bienes del deudor
resultaban insuficientes para cancelar el valor de la obligación alimentaria,
se desconocían los derechos de los niños a reclamar lo necesario para su
subsistencia y con el fin de garantizar su desarrollo integral y armónico, lo
que comprende la salud, la habitación, la alimentación, la educación, el vestido,
la recreación, etc. De este modo, la Sala estimó que se infringía ostensiblemente
el artículo 44 de la C.P., el cual consagra la primacía de los derechos de los
menores, entre éstos el de alimentos, “pues sin ese sustrato básico para
vivir dignamente, no les es posible ejercer los demás derechos fundamentales”.
La Corte
subrayó que en los casos de concurrencia de varios acreedores frente a un mismo
deudor, se medía realmente la efectividad del mandato constitucional de prevalencia
de los derechos de los niños sobre los de los demás, respecto a su derecho a
recibir alimentos, en la medida en que es en ese contexto que se enfrentan sus
prerrogativas frente a las de otros[52].
Por lo tanto, consideró que es precisamente en estos supuestos en los cuales los
derechos de los niños deben prevalecer. Argumentó que al sopesar los derechos
de los menores de edad frente a los derechos de los demás acreedores, debe
darse preferencia a aquellos, en la medida en que la Constitución no consagra
la primacía de los derechos de ningún otro grupo de personas, como sí lo hace
respecto de los derechos de los niños.
De este modo,
concluyó: “[e]s claro que el Constituyente buscó la protección de los
derechos de los menores por encima de todos los demás sujetos del Estado,
teniendo en cuenta que en ellos se encuentra el futuro del mismo y que son
personas vulnerables e indefensas cuya vida apenas comienza, motivo por el cual
debe propenderse por la búsqueda de su bienestar.  Cualquier norma que
desconozca esta prevalencia va en contravía del espíritu de la Carta y, por
tanto, debe ser declarada inconstitucional”[53].
33. Por otra parte, la Sala Plena también ha identificado la
protección constitucional especial que tienen los créditos de primer grado, derivados
del contrato de trabajo.  El artículo 157 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por la ley 50 de 1990, Art. 36, modificó el artículo 2495
del Código Civil. De esta manera, previó que los  créditos
causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, la cesantía
y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales “pertenecen a la
primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen
privilegio excluyente sobre todos los demás”.
Consecuencialmente, el Legislador previó que el juez civil que conozca del
concurso de acreedores o de quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de
los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del
empleador. De igual forma, prescribió que si la quiebra impone el despido de
trabajadores, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán
como gastos pagaderos con preferencia sobre los demás créditos.
La Corte ha
considerado que el derecho de los trabajadores
al pago oportuno de su remuneración salarial es una garantía que no se agota en
la simple enunciación de un deber surgido de la relación laboral, sino que se
trata de un verdadero derecho fundamental. Ha subrayado que está íntimamente
ligada a la protección de valores y principios básicos del ordenamiento
jurídico, que velan por la igualdad de los ciudadanos, el ideal de un orden
justo, el reconocimiento de la dignidad humana, el mínimo material sobre el
cual puede concretarse el libre desarrollo de la personalidad, y se realiza el
amparo de la familia como institución básica de la sociedad. La retribución
salarial está directamente relacionada con la satisfacción del derecho
fundamental de las personas a la subsistencia, reconocido por la Corte
Constitucional como emanación de las garantías a la vida (Art. 11
C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25
C.P.), y a la seguridad social (Art. 48
C.P.)[54].
En efecto, el artículo 25 de la C.P.
establece que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Adicionalmente, el
artículo 53 de la C.P. consagra a favor de los trabajadores, entre otros, los
derechos a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; a la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; y a la seguridad social, así como al pago oportuno
y al reajuste periódico de las pensiones legales. Esta disposición también
establece que los convenios internacionales del trabajo, debidamente ratificados,
hacen parte de la legislación interna y que la ley, los contratos, los acuerdos
y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni
los derechos de los trabajadores.
De manera coherente con lo anterior, el
Convenio 95 de la OIT, “relativo a la protección del salario” señala
que, en caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los
trabajadores empleados deben ser considerados como acreedores preferentes en lo
que respecta a los salarios, y deben tener una relación de prioridad frente a
los demás créditos preferentes[55]. Con
base en este estándar, la jurisprudencia de la Corte ha fijado la subregla,
según la cual, “en el marco de procesos de insolvencia… los derechos
consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución y el derecho al mínimo
vital, hacen imperativo que el proceso liquidatorio sea respetuoso de los
derechos de los trabajadores, particularmente en lo concerniente al
reconocimiento de la prelación de los créditos de carácter laboral…”[56].
34. En los términos anteriores, la Corte ha reconocido que las
prestaciones, los salarios y todas las prestaciones
provenientes del contrato de trabajo tienen ascendencia constitucional y, por
ende, no pueden ser degradados por disposiciones civiles, que pretendan
conferirle una menor primacía, respecto de créditos de otra clase o que,
incluso, las releguen dentro del grupo de los de primera clase, con la única
excepción de las deudas alimentarias del menor de edad.
Precisamente,
la Corte ha sostenido que la prelación excluyente
señalada en el artículo 157 del C.S.T.[57], si bien no se hace efectiva, por las razones expuestas, frente a
las obligaciones alimentarias a favor de los menores de edad, “sí cuentan
con una prelación especial frente a los demás créditos que se pretendan hacer
valer, de conformidad con la protección constitucional que ostentan dentro de
una relación laboral” [58].
El salario, indicó la Corte, como contraprestación recibida por las tareas
desarrolladas, debe ser cancelada de manera cumplida y oportuna, por constituirse
en fuente de sostenimiento del empleado y su grupo familiar, siendo por regla
general, parte de su mínimo vital[59].
35. En suma, los créditos alimentarios de
los niños y los créditos de los trabajadores, que hacen parte de la primera
clase dentro del esquema legal de prelación de créditos (Art. 2495 del C. C.),
tienen fundamentos constitucionales claros y su
relevancia y preferencia superior no puede ser injustificadamente restringida o
irrazonablemente afectada por el Legislador.
iii.
Los apartados demandados son susceptibles de una interpretación acorde con la
Constitución
36. Las potestades
conferidas al acreedor garantizado para que, en un contexto de insolvencia,
ejecute su garantía por fuera del proceso de reorganización y, así mismo, en
caso de hacerse parte del proceso, su obligación sea pagada con preferencia de
las de los otros acreedores que participan del acuerdo de reorganización (inciso
2º y primera parte del inciso 6º del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013) hacen
parte de una regulación general de intervención del Estado en la economía, con la
finalidad de promover la empresa. No obstante, bajo una primera interpretación,
la Sala observa que la intervención efectuada específicamente a través de los
preceptos demandados es excesiva, pues estos desconocen los derechos de
los niños (Art. 44 de la C.P.) y de los trabajadores (Art. 53 de la C.P.). Los apartados
acusados son susceptibles, sin embargo, de una interpretación acorde con los
citados mandatos constitucionales, en los términos en los que se explicarán.
37. Los artículos censurados hacen parte de la
Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan
normas sobre garantías mobiliarias. El objetivo general de la
regulación es incrementar
el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que
pueden ser objeto de garantía mobiliaria simplificando la constitución,
oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas (Art. 1º). La regulación es
aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías
mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras,
determinadas o determinables y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones
sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u
obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles (Art.
2).
38. En
la exposición de motivos se indicó que Colombia carecía de un sistema efectivo
de acceso al crédito, lo cual no solo perjudicaba el crecimiento de la empresa
como fuente generadora de riqueza y de empleo, sino que también afectaba a los
consumidores de bienes y servicios, en la medida en que los altos costos de
financiación terminaban trasladándose al precio de los bienes y servicios[60]. El propósito principal del proyecto,
en consecuencia, consistió en la promoción del acceso al crédito de las micro,
pequeñas y medianas empresas, sin perjuicio de que otros actores económicos
también se beneficiaran de los mecanismos flexibles y seguros para constituir
garantías mobiliarias. Para lograr lo anterior, se buscó efectuar una reforma
integral al Régimen de Garantías Mobiliarias, mediante su actualización,
conceptualización unificada y modernización de los mecanismos para su constitución,
publicación y ejecución[61].
Se identificaron
como problemas el hecho de que la prenda era generalmente limitada por la ley a
pocas operaciones de crédito y a escasos tipos plenamente identificables de
bienes muebles. De igual forma, que las normas establecían costos altos para documentos
públicos en relación con los montos comunes de los créditos con garantías
mobiliarias, así como la circunstancia de que el sistema de registro de los
contratos de prenda y de fiducias en garantía no proporcionaba medios públicos
y de bajo costo para averiguar la existencia de gravámenes previos sobre los
bienes. Además, se advirtió que la ejecución era onerosa y demorada y los
bienes se depreciaban, los registros eran ineficientes y los procedimientos de
ejecución costosos[62].
Como
resultado, en la Ley se amplió la noción de prenda al concepto de garantía real
sobre bienes muebles y se crearon nuevas reglas para la constitución de las
garantías mobiliarias y su oponibilidad (Títulos 1 a 3). Se estableció el
registro de garantías mobiliarias (Título IV), en la forma de un sistema
de archivo, de acceso público a la información de carácter nacional, para dar publicidad
a través de Internet, a los formularios de inscripción inicial, modificación,
prórroga, cancelación, transferencia y ejecución de garantías mobiliarias. De
igual manera, se crearon diversas reglas de prelación (Título V) y se
establecieron mecanismos especiales de ejecución de las garantías mobiliarias
(Título VI).
39. En
este orden de ideas, el Legislador buscó remediar un problema relevante del
sector empresarial relacionado con la ausencia de mecanismos idóneos para la obtención
de crédito, que se reflejaba en su crecimiento y desarrollo y en su capacidad
para generar riqueza y ser fuente de empleo. Su pretensión fue, así, promover
la apertura al
crédito, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas. Con esta
finalidad, creó unas reglas específicas sobre garantías mobiliarias, diseñadas
para generar confianza a los acreedores y agilidad en la realización de las
transacciones, así como mecanismos para propiciar facilidades y seguridades en
torno a la satisfacción de las obligaciones.
40.
De
esta forma, la Sala observa que a través de la Ley 1676 de 2013 el
Legislador puso en marcha una específica forma de intervención del Estado en la
economía. No pretendió fijar restricciones o racionalizar el mercado, para
salvaguardar bienes ambientales u otros derechos fundamentales. Tampoco actuó
estrictamente con el objeto de garantizar los atributos propios de las
libertades económicas de los sujetos. Por el contrario, su objetivo fue promover
el desarrollo económico, la competitividad y la productividad, así como
reactivar la empresa, en particular, la micro, pequeña y
mediana empresa, a partir de unas reglas modernas y un sistema
efectivo para el acceso al crédito.
41. Pues
bien, como se indicó en los fundamentos de esta Sentencia, el Estado se
encuentra constitucionalmente facultado y, en ciertas ocasiones, obligado a intervenir
en la economía, ya sea con el fin de racionalizar el mercado, garantizar las
libertades económicas y, así mismo, promover, recuperar e impulsar la empresa.
Sin embargo, en cualquier caso, esa injerencia está sujeta a límites, en la
medida en que, además de llevarse a cabo por ministerio de la Ley, entre otras
condiciones, debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Singularmente, se destacó, no pueden ser injustificadamente restringidos los
derechos fundamentales de los sujetos implicados de alguna manera con la medida
regulatoria en cuestión.
42. En
el presente asunto, es necesario determinar si las disposiciones demandadas,
las cuales desarrollan un importante papel para las finalidades de la Ley, en
tanto relacionadas con prelaciones del acreedor garantizado en el marco de los
procesos de reorganización, son irrazonables o implican el desconocimiento de
los derechos fundamentales de sujetos afectados por la medida regulatoria. Para
la Sala, los preceptos acusados son susceptibles de dos interpretaciones
razonables y adecuadamente derivables de su texto.
42.1.
La
primera interpretación corresponde al alcance otorgado por el demandante. El
inciso 1º, artículo 50, de la Ley 1676 de 2013 establece que a partir de la
fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse
demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor
sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad
económica del deudor y que hayan sido reportados por este como tales dentro de
la información presentada con la solicitud de inicio del proceso.
Por
otra parte, según el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, para el desarrollo del
proceso de reorganización, el deudor deberá allegar con destino al promotor un
proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el
cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las
mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos
del Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas que lo
modifiquen o adicionen. Esto quiere decir que en el contexto del trámite de
reorganización, el deudor debe reportar todas las obligaciones y los
acreedores, por ejemplo, que se ubican en el primer grado de prelación,
conforme al artículo 2495 del Código Civil. En estas condiciones, todos ellos
tomarán parte de la actuación y entrarán a hacer valer sus derechos, conforme a
dicho orden de prioridad[63].
Pese
a lo anterior, el primer precepto controvertido (inciso 2, artículo 50, de la
Ley 1676 de 2013), concede
el derecho al acreedor garantizado de no tomar parte del proceso de
reorganización y de ejecutar su garantía, sobre bienes no necesarios para la
actividad económica del deudor o que corran riesgo de deterioro o pérdida,
previa autorización del juez del concurso. Según una primera interpretación,
independientemente de si al proceso han concurrido, o no, menores de edad a
reclamar el pago de obligaciones alimentarias y acreedores a cobrar salarios y
prestaciones derivadas del contrato de trabajo y, en particular, al margen de si
los bienes alcanzan para satisfacer sus créditos, el acreedor garantizado puede
ejecutar su garantía por fuera del trámite.
Bajo este
alcance, la norma introduce una alteración a la prelación de créditos y, en
particular, a la primera categoría, dentro de la cual se encuentran las
obligaciones alimentarias y laborales. Esto, en la medida en que el acreedor
garantizado, pese a encontrarse en el segundo grado de prelación (Art. 2497.3
del C.C.), tiene derecho a abstraerse del proceso, al cual han concurrido los acreedores
de primer grado (Art. 2496 del C.C), y ejecutar su garantía. Pero en particular,
al acreedor garantizado se le otorga mayor prelación que a los acreedores que
las normas civiles confieren el primer grado porque, aun si la masa patrimonial
no es suficiente para sufragar las deudas alimentarias y laborales, aquél tiene
la prerrogativa de ejecutar su garantía y reducir el patrimonio que podía haber
satisfecho en mejor medida los intereses de niños y trabajadores, lo cual es
precisamente el sentido de la figura de la prelación de créditos. Aquí resulta
indiferente el hecho de que los bienes ejecutables solo puedan ser aquellos no
necesarios para la actividad económica del deudor o que corran riesgo de
deterioro o pérdida, pues lo relevante es que las acreencias
constitucionalmente privilegiadas pueden no resultar satisfechas porque la
regulación da prevalencia a quien cuenta con una garantía mobiliaria.
Lo propio ocurre con la primera parte,
inciso 6º,  del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013, bajo la interpretación que se
ha expuesto. El artículo 34 de la Ley 1116 de 2006 establecía: “las
estipulaciones del acuerdo (de reorganización) deberán tener carácter
general, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y
respetarán para efectos del pago, la prelación, los privilegios y preferencias
establecidas en la ley. Esta disposición se encontraba en consonancia con
las reglas civiles de la prelación de créditos y, por lo tanto, respetaba
también las prelaciones de ascendencia constitucional, como las relativas a
obligaciones alimentarias de los niños y aquellas de carácter laboral. Sin
embargo, el inciso 6º del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 modificó esta
norma, en la medida en que prescribe que, “confirmado el
acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se
pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del
acuerdo”.
Así, el precepto anterior otorga derecho
al acreedor garantizado de que su crédito sea pagado de forma preferente
respecto de las pertenecientes a todos los demás acreedores que hacen parte del
acuerdo, incluidos los acreedores de primer grado. Por lo tanto, el apartado
normativo que se analiza alteró también la prelación de créditos y, en
particular, la primera categoría, dentro de la cual se encuentran las
obligaciones alimentarias y las laborales, para esta específica fase del
trámite de reorganización. El acreedor garantizado tiene derecho a que la
obligación a su favor sea pagada de manera preferente, con independencia de los
términos del acuerdo y de si existe suficiente patrimonio para cubrir las
obligaciones derivadas de alimentos de los menores de edad y de las
prestaciones que se desprenden del contrato de trabajo.
En consecuencia, bajo esta primera
interpretación, las reglas acusadas, como manifestación de la intervención del
Estado en la economía, para el fomento del crédito empresarial a través del
sistema de garantías mobiliarias, implican un desconocimiento de
los derechos fundamentales de los niños y los trabajadores. Las disposiciones resultan
inconstitucionales, pues
hacen prevalecer los derechos de los acreedores con garantía mobiliaria, sobre
los derechos de los niños y los derechos de los trabajadores, pese a que ambos
tienen explícito respaldo constitucional y no pueden ser desplazados. Como se
indicó, el principio de prevalencia de los derechos de los niños tiene una particular
manifestación en el esquema de prelación de créditos. De igual forma, los
acreedores laborales cuentan, en segundo lugar, con una prelación especial
frente a los demás créditos de la primera categoría, de conformidad con la
protección constitucional que tiene el trabajo, sobre el cual se funda el
Estado (Art. 1º de la C.P.).
42.2.
Las
normas demandadas, con todo, son susceptibles de una segunda interpretación. Según
el artículo 2498 del Código Civil, “[a]fectando a una misma especie crédito
de la primera y créditos de la segunda, excluirán éstos a aquéllos; pero si
fueren insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos de la primera
clase, tendrán éstos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en
dicha especie, en el orden y forma que se expresan en el inciso primero del
artículo 2495”. Este precepto significa que el crédito del
acreedor con garantía mobiliaria puede excluir a los créditos de primera clase
respecto del bien sobre el que recae el derecho real, salvo que los demás
bienes del deudor no sean suficientes para cubrirlos, pues en este evento, los
créditos de primer grado tendrán preferencia.
De
acuerdo con la regla anterior, la exclusión en favor de los créditos de segunda
clase respecto de los de primera, entre los que están los créditos de los niños
y los de los trabajadores, está condicionada. Ese desplazamiento solamente
procede en aquellos supuestos en los cuales el patrimonio remanente sea
suficiente para pagar en su totalidad los créditos de quienes se encuentran en
el primer grado de prelación. De tal modo, conforme a esta segunda opción
interpretativa, la citada regla civil no resulta excepcionada por las normas
acusadas sino que tiene aplicación en el contexto en que ellas operan, respecto
del trámite de reorganización. Pues bien, si el alcance de los contenidos
demandados es identificado en contexto con el artículo 2498 del Código Civil, la
conclusión que se sigue es que aquellos no alteraron la prelación de créditos
de los niños y de los trabajadores, en la medida en que se asegurará a su pago,
en todo caso, antes que los créditos de los acreedores con garantía mobiliaria.
Por
consiguiente, conforme a este segundo sentido, las potestades
conferidas al acreedor garantizado para que ejecute su garantía por fuera del
proceso de reorganización y, así mismo, en caso de hacerse parte del proceso,
su obligación sea pagada con preferencia de las de los otros acreedores que
participan del acuerdo de reorganización (inciso 2º y
primera parte del inciso 6º del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013), solo proceden
siempre que los demás bienes del deudor sean suficientes para asegurar el pago
de las obligaciones alimentarias de los niños y las salariales y prestaciones
derivadas del contratos de trabajo, en caso de haberlas. El juez del concurso
deberá verificar y adoptar la correspondiente decisión. Bajo esta
interpretación, por lo tanto, las normas censuradas resultan respetuosas de la protección
prevalente que la Constitución confiere a los niños (Art. 44 de la C.P.) y de los
derechos que la Carta garantiza a los trabajadores (Art. 25 y 53 de la C.P.).
En consecuencia, constituyen una manifestación legítima y razonable de la
intervención del Estado en la economía, para el impulso y la promoción de la
empresa, mediante el acceso al crédito.
43.
La
Corte ha considerado conforme con la propia Constitución la posibilidad de
dictar sentencias moduladas, en las que se declare una exequibilidad
condicionada, en aquellos eventos en los que sea posible conservar el precepto
normativo en el ordenamiento jurídico, con aplicación al principio pro
legislatore, siempre y cuando exista una interpretación de la norma que al
incorporarla al alcance normativo del precepto o al entendimiento del enunciado
normativo, subsane la posible vulneración de la Carta Política y la torne en
constitucional[64].
En el presente asunto, como se dijo, hay
una interpretación de los apartados demandados que es abiertamente
inconstitucional, pues desconoce los derechos prevalentes de los menores de
edad (Art. 44 de la C.P.) y los derechos de los trabajadores (Arts. 25 y 53).
Sin embargo, las disposiciones censuradas son susceptibles de un segundo
sentido, conforme al cual resultan compatibles con la Carta. De acuerdo con
este segundo alcance, las potestades conferidas al acreedor garantizado
para que ejecute su garantía real por fuera del proceso de reorganización y,
así mismo, en caso de hacerse parte del proceso, su obligación sea pagada con
preferencia de las de los otros acreedores que participan del acuerdo de
reorganización, solo proceden siempre que los demás bienes del deudor sean
suficientes para asegurar el pago de las obligaciones alimentarias de los niños
y las salariales y prestaciones derivadas del contratos de trabajo, en caso de
haberlas. En estos casos el juez del concurso deberá verificar y adoptar la
correspondiente decisión.
En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad
condicionada del inciso 2º y primera parte del inciso 6º del artículo
50 de la
Ley 1676 de 2013, siempre que se entiendan en el sentido anteriormente indicado. De otro lado, el
actor acusó también el artículo 51 ídem, en tanto
establece la aplicación del tratamiento sobre garantías reales previstas para
los casos de reorganización empresarial, al proceso de validación judicial de
los acuerdos extrajudiciales de reorganización. Como efecto de la decisión que
se adopta respecto del artículo 50, las dos reglas sobre las prerrogativas del
acreedor garantizado analizadas tendrán que ser aplicadas al proceso de
validación judicial de los acusados extrajudiciales de organización, bajo los
condicionamientos señalados en esta Sentencia. Por lo tanto, así habrá de
disponerse en la parte resolutiva.
VII. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar
EXEQUIBLE el inciso 2º, artículo 50, de la Ley 1676 de 2013, en
el entendido de que la potestad conferida al acreedor garantizado solo procede siempre
que los demás bienes del deudor sean suficientes para asegurar el pago de las
obligaciones alimentarias de los niños y las salariales y prestacionales derivadas
del contrato de trabajo, en caso de haberlas, todo lo cual deberá ser
verificado por el juez del concurso.
Segundo.-
Declarar
EXEQUIBLE la expresión “[c]onfirmado el
acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se
pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del
acuerdo”,
del inciso 6º, artículo 50, de la Ley 1676 de 2013, en el entendido
de que este derecho solo opera siempre que los demás bienes del deudor sean
suficientes para asegurar el pago de las obligaciones alimentarias de los niños
y las salariales y prestacionales derivadas del contrato de trabajo, en caso de
haberlas, todo lo cual deberá ser verificado por el juez el concurso.
Tercero.-
Declarar
EXEQUIBLE el artículo 51 de la Ley 1676 de 2013, en el entendido
de que el tratamiento de las garantías reales en el proceso de reorganización
empresarial aplicará en el proceso de validación judicial de acuerdos
extrajudiciales de reorganización, bajo los condicionamientos previstos en los ordinales
primero y segundo de esta Sentencia.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese el expediente
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Presidente
Con aclaración de voto
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Impedimento aceptado
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA C-145/18
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargos
(Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente D-12250
Magistrada
Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA
1. Con el debido respeto por las
decisiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, suscribo el presente
salvamento de voto, en relación con la sentencia de la referencia. En
particular, considero que la Sala Plena debió declararse inhibida para emitir
un pronunciamiento de fondo, pues el accionante no formuló un verdadero cargo
de inconstitucionalidad por la presunta vulneración de los artículos 44 y 53 de
la Constitución Política.
2. Aunque la
demanda no planteó una acusación concreta por la supuesta vulneración de tales
artículos, la Sala Plena concluyó que existe un cargo de inconstitucionalidad
cierto, claro, específico, pertinente y suficiente. Sin embargo, ni en la
demanda ni en la sentencia de la cual me aparto se explica de qué manera los
apartados normativos cuestionados vulneran esos preceptos superiores. En esa
medida, no es posible advertir una oposición objetiva y verificable entre los
contenidos acusados de los contenidos acusados de los artículos 50 y 51 de la
Ley 1676 de 2013 y los artículos 44 y 53 de la Constitución Política.
3. Cabe anotar
que los reparos que el demandante formuló por la supuesta vulneración de los
derechos de los niños y de los trabajadores están contenidos en sus acusaciones
por la presunta vulneración de los artículos 1 y 13 de la Constitución
Política. La Sala Plena decidió declararse inhibida para pronunciarse frente a
estas acusaciones, por falta de certeza y suficiencia, toda vez que el
demandante (i) infirió que el legislador le da una mayor importancia al
interés del acreedor con garantía real y (ii) no explicó por qué el
supuesto trato diferenciado entre acreedores carece de justificación
constitucional. En esa medida, no se entiende cómo los mismos argumentos que
fueron descartados por falta de aptitud sustantiva pueden llegar a estructurar
un cargo de inconstitucionalidad por la vulneración de los artículos 44 y 53
superiores.
4. Finalmente,
las razones con base en las cuales se declara la exequibilidad condicionada de los
contenidos normativos cuestionados son de naturaleza legal, pues tienen como
parámetro las normas del Código Civil relativas a la prelación de créditos, y
no los artículos constitucionales que se consideran vulnerados. Ahora bien,
incluso si se tratara de una discusión meramente legal, lo cierto es que la
sentencia pierde de vista que una interpretación sistemática de las normas
relacionadas con los procesos de insolvencia y reorganización empresarial exige
tener en cuenta que los créditos correspondientes a las obligaciones
alimentarias y laborales deben garantizarse con prelación[65].
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Suscritas por Igor Alexis Peña Zúñiga,
María del Mar Martínez Ortiz, Humberto Antonio Sierra Porto, Juan David Gómez
Pérez, Diana Lucía Talero Castro y José Alexander Malagón Medina.
[2] Academia Colombiana de Jurisprudencia. Universidades Externado, Libre y Nacional de Colombia, Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, de Ibagué y de Los Andes. Esta posición también es suscrita por la
interviniente María del Mar Martínez.
[3] Como casos especiales, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y la Superintendencia Financiera dan a entender que efectivamente la
prelación de créditos fue modificada, pero argumentan que la prerrogativa
concedida al acreedor garantizado es ajustada a la Constitución. La Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado considera que la medida tiene un fin
constitucionalmente deseable, consistente en la disponibilidad de crédito
empresarial accesible, con plazos y tasas aceptables, lo cual es fundamental
para la creación, promoción y conservación de las empresas, la base del desarrollo
de la economía nacional (Art 333 de la C.P.). Así mismo, señala que se trata de
un medio adecuado y razonable para lograr los referidos fines, pues resulta
esencial para conservar la idoneidad de la garantía en circunstancias de
normalidad empresarial o en el marco de un proceso de reestructuración. Agrega,
así mismo, que la medida es compatible con la protección internacional de los
trabajadores, pues la OIT ha señalado que los créditos de estos deben estar
cobijados por un privilegio, pero no ha afirmado que deba ser absoluto sobre
los demás créditos, sino solo sobre los demás créditos comunes. Y en tercer
lugar, indica que el medio escogido “maximiza el bienestar de todos, al
permitir la conservación de la empresa, el acceso al crédito y el respeto por
los derechos de los acreedores con privilegio, como los trabajadores y los
acreedores con garantías reales”. Por su parte, la Superintendencia de
Sociedades sostiene que del porcentaje de las personas naturales admitidas a
reorganización hasta el 2017 (29%), no todos tienen a cargo obligaciones
alimentarias y, de otra parte, existen acciones afirmativas del Legislador que
garantizan el mínimo vital de los deudores y sus dependientes, “tales como
la inembargabilidad de un porcentaje de sus salarios, el patrimonio de familia
inembargable y el hecho de que tanto la persona jurídica como natural continúan
con la actividad productiva en la reorganización”. En conclusión, señala
que “es poco probable que la presencia de créditos relevados de someterse al
acuerdo pero vinculados al concurso, en cabeza de acreedores garantizados,
afecte el pago de obligaciones alimentarias”.
[4] Universidad de los Andes.
[5] M.P. Mauricio González Cuervo.
[6] Prerrogativa consagrada en el artículo
52 de la misma Ley parcialmente acusada en este caso.
[7] Con excepción del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
y la Universidad Nacional de Colombia.
[8] Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Universidades Nacional de Colombia y de Ibagué, Ministerio de
Comercio y Superintendencia de Sociedades.
[9] Instituto Colombiano de Derecho Procesal y Universidades Nacional de Colombia.
[10] Argumento de la Superintendencia de
Sociedades.
[11] Universidades de Ibagué y Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
[12] Instituto Colombiano de derecho Procesal, Superintendencias Financiera y de
Sociedades, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Universidades
del Rosario, de Antioquia e Industrial de Santander. Ciudadanos Igor Alexis
Peña Zúñiga, Juan David Gómez Pérez y Diana Lucía Talero.
[13] Debe advertirse que, si bien las
universidades de Antioquia y de Santander coinciden en que no se presenta un
cambio en la prelación de créditos, solicitan a la Corte que declare la
exequibilidad condicionada de los artículos demandados bajo el entendido que los
créditos laborales, los créditos por alimentos a favor de menores y los
créditos pensionales, tienen prevalencia sobre los créditos de los acreedores
garantizados.
[14] Ministerios del Interior, y de Justicia y del Derecho.
Ciudadano Humberto Sierra Porto.
[15] Ministerio del Interior.
[16] Ciudadano Humberto Sierra Porto.
[17] Instituto Colombiano de Derecho
Procesal.
[18] Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho. Ministerios
del Interior y de Justicia y del Derecho.
[19] Ministerio de Justicia y del Derecho.
[20] Ver, sentencias C-623 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil,
reiterada en la Sentencia C-031 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Ver, así mismo, las Sentencias C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1300
de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-074 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar
Gil; C-929 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-623 de 2008. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; C-1123 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-031 de 2014. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[21] Una explicación amplia de las exigencias que deben
cumplir los cargos puede encontrarse en la Sentencia C-1052 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] El artículo 19.9 de la Ley 1116 establece: Inicio
del proceso de reorganización. La providencia que decreta el
inicio del proceso de reorganización deberá, comprender los siguientes
aspectos: (…) 9. Ordenar a los administradores del deudor y al promotor que, a
través de los medios que estimen idóneos en cada caso, efectivamente informen a
todos los acreedores la fecha de inicio del proceso de reorganización,
transcribiendo el aviso que informe acerca del inicio expedido por la autoridad
competente, incluyendo a los jueces que tramiten procesos de ejecución y
restitución. En todo caso, deberá acreditar ante el juez del concurso el
cumplimiento de lo anterior y siempre los gastos serán a cargo del deudor.
[23] Según el inciso 1º del artículo 17 de la
Ley 1116 de  2006,  “[a] partir de la fecha
de presentación de la solicitud, se prohíbe a los administradores la adopción
de reformas estatutarias; la constitución y ejecución de garantías o cauciones
que recaigan sobre bienes propios del deudor, incluyendo fiducias mercantiles o
encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones,
pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de
mutuo acuerdo de procesos en curso; conciliaciones o transacciones de ninguna
clase de obligaciones a su cargo; ni efectuarse enajenaciones de bienes u
operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor o
que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables,
incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa
finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido; salvo que exista
autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso”.
[24] Fl. 9 de la demanda.
[25] Fl. 11 íbíd.
[26] El artículo 2498 del Código Civil indica: “Exclusión de
créditos entre sí. Afectando a una misma especie crédito de la primera y
créditos de la segunda, excluirán éstos a aquéllos; pero si fueren
insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos de la primera clase,
tendrán éstos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha
especie, en el orden y forma que se expresan en el inciso primero del artículo
2495”.
[27] Cfr. en particular, los conceptos técnicos emitidos por
las Universidades de Los Andes, Nacional, de Ibagué y Externado de Colombia,
así como por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
[28] Cfr. Sentencias C-089 de 2016. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; C-283 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-257 de
2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[29] Especialmente Confecámaras, las Superintendencias Financiera y de Sociedades, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
[30] Sentencias C-870 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería; C-1319 de 2000. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; C-645 de 2002,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-870 de 2003,
M.P. Jaime Araújo Rentería; C-100 de 2005, M.P.
Álvaro Tafur Galvis; C-242 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-823 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño; C-823 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia
C-992 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, citadas en la Sentencia C-620 de 2012.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[31] Sentencias C-992 de 2006. M.P. Álvaro
Tafur Galvis y C-527 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[32] Sentencia C-527 de 2013. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[33] Cfr. Sentencia. C-150 de 2003.
[34] Ibíd.
[35] Sentencia C-150 de 2003, reiterada en la C-186 de 2011.
[36] Arts. 339 y 347 C.P.
[37] Arts. 371 y 373 C.P.
[38] Arts. 150.18, 19, 23, entre otras.
[39] Sentencia C-148de 2015.
[40]
A diferencia de lo que establece nuestra Constitución, en otros países los
defensores de un estado mínimo rechazan que el Estado pueda legítimamente
intervenir para redistribuir la propiedad o el ingreso porque estiman que ello
es contrario a la libertad, crea sobre costos y trabas a la iniciativa privada
y es fuente de privilegios. Ver, por
ejemplo, Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia. Blackwell. Oxford, 1974;
Hayeck, Frederich. Law, legislation and
liberty. Volumen 3. Routledge, Londres, 1979. Ello
coincide con los intentos de desregular algunas industrias y sectores así como
de reducir la autonomía de los órganos de regulación en Estados Unidos y en
Gran Bretaña durante la década de los ochenta.
[41] Sentencias C-150 de 2003. M.P. Manuel
José Cepeda, citada en la Sentencia C-148 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[42] Sentencias C-1319 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y C-1143
de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[43] Sentencia C-854 de 2005,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[44] En virtud de los principios de igualdad y razonabilidad que rigen
la actividad legislativa, la Corte ha señalado que cualquier restricción de las
libertades económicas debe (i) respetar el núcleo esencial de la libertad
involucrada, (ii) obedecer al principio de solidaridad o a alguna de las
finalidades expresamente señaladas en la Constitución, y (iii) responder a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Cfr. Sentencias C-615 de
2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-516 de 2004. M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-992 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-352 de 2009. M.P. , M.P.
María Victoria Calle Correa; C-486 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa;
C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;  C-263 de 2011. M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] C-639 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-615 de 2002.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-620 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[46] Sentencia C-620 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Sentencia T-1033 de 2007. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández. La Corte ha señalado que las reglas de prelación (…) determinan el orden y la forma en que debe pagarse cada uno de
ellos. Se trata entonces de una institución que rompe el principio de igualdad
jurídica de los acreedores, de modo que debe ser interpretada restrictivamente,
ya que no hay lugar a decretar preferencias por analogía; sólo existen aquellas
expresamente contempladas en la ley”. Sentencia
C-092 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería.
[48] Sentencia C-092
de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentería.
[49] Ibíd.
[50] Ibíd.
[51] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[52] De este modo, indicó: “Esto se deriva
de un razonamiento muy simple: el concepto de prevalencia hace referencia,
necesariamente, al concepto de relación. Cuando se dice que algo prevalece, es
menester que existan otros elementos por encima de los cuales ese algo se pueda
situar pues, de lo contrario, no hay una verdadera prevalencia, sino una simple
ubicación espacio-temporal sin mayores implicaciones”.
[53] La Sala Plena resolvió: “Declarar
INEXEQUIBLE la expresión "la quinta causa de", contenida en el
numeral 5 del artículo 2495 del Código Civil, adicionado por el artículo 134
del Decreto 2737 de 1989, y EXEQUIBLE en forma condicionada el resto de la
misma disposición, esto es, siempre que se entienda que los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y que los créditos por
alimentos en favor de menores prevalecen sobre todos los demás de la primera
clase”.
[54] Corte Constitucional. Sentencia SU-995 del 9 de diciembre de 1999
(M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-1033 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[55] Artículo 11 del Convenio 95 de la OIT, aprobado por Colombia
mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado el 7 de junio de 1963: “1. En caso
de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores empleados
en la misma deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que
respecta a los salarios que se les deban por los servicios prestados durante un
período anterior a la quiebra o a la liquidación judicial, que será determinado
por la legislación nacional, o en lo que concierne a los salarios que no
excedan de una suma fijada por la legislación nacional.//2. El salario que
constituya un crédito preferente se deberá pagar íntegramente antes de que los
acreedores ordinarios puedan reclamar la parte del activo que les
corresponda.//3. La legislación nacional deberá determinar la relación de
prioridad entre el salario que constituya un crédito preferente y los demás
créditos preferentes”
[56] Sentencia C-071 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[57] “Los  créditos causados o exigibles de los trabajadores por
concepto de salarios, la cesantía y demás prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales «pertenecen a la primera clase que establece el
artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todos
los demás»” (subrayado fuera de texto).
[58] Sentencia T-1033 de 2007. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[59] Ibíd.
[60] Gaceta del Congreso 69, del 15 de marzo
de 2012, p. 16.
[61] Ibíd., p.
3.
[62] Ibíd.,
p. 17.
[63] Esto, con excepción de los créditos por alimentos cuya ejecución
se encuentre en curso, puestos estos, según el artículo 1116 de 2006, continuarán
su curso y no serán suspendidas ni levantadas las medidas cautelares decretadas
y practicadas.
[64] Cfr. por
todas, la Sentencia C-112 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[65] Cfr. Ley 1116 de 2006, artículos 4.2 y 41.