T-395-10
Sentencia T-395/10
Sentencia T-395/10
PROCESO PENAL EN AUSENCIA DEL IMPUTADO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto
fáctico como causal específica de procedencia
DEFECTO FACTICO POR LA OMISION EN EL
DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS
DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL
ACERVO PROBATORIO
DEFECTO FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA
DEL MATERIAL PROBATORIO
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR VIOLACION DEL DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Requisitos
CARACTERIZACION DE LA “DECISION SIN
MOTIVACIÓN” COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD
DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA
PRESUNCION DE INOCENCIA Y AL BUEN NOMBRE-El perjuicio que en este caso se ocasionó al actor y a su
grupo familiar con el desconocimiento abierto de las garantías constitucionales
y al derecho de defensa
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Orden de adelantar la investigación
correspondiente para determinar la plena identidad del autor del delito de
homicidio
JUZGADO PENAL-Orden de disponer lo conducente en relación
con la libertad del capturado, por haberse incurrido en las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
Referencia: expediente T-2.495.674
Acción de Tutela instaurada por Juan Carlos Cárdenas
Castaño, obrando como apoderado del señor Manuel Mena, contra el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Yolombó (Antioquia).
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez
(2010).
La Sala Séptima de Revisión
de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9°
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente.
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la Sentencia dictada el
19 de noviembre de 2009 por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión de
Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal, que confirmó la Sentencia del 7 de
octubre del mismo año, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Antioquia, que resolvió declarar improcedente la tutela incoada por Juan Carlos Cárdenas Castaño, obrando como
apoderado del señor Manuel Mena contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Yolombó (Antioquia).
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Uno de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia
correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
Juan Carlos Cárdenas Castaño,
apoderado judicial del señor Manuel Mena solicita al juez de tutela que ampare
los derechos fundamentales a la libertad, a la familia y al debido proceso de
su poderdante. En consecuencia, pide se declare la nulidad de la actuación a
partir de la audiencia de juzgamiento y se ordene la libertad inmediata de su
prohijado.
1.1.1.  Hechos
1.1.1.1.
El 24 de julio de 1988, en un
emplazamiento minero ubicado en el corregimiento de “El Tigre”, municipio de
Vegachí –Antioquia-, una persona de tez morena identificada con el alias de “El
Morenazo” le ocasionó la muerte al señor Jhon Jairo Cruz Cardona, quien, al
igual que el homicida, se dedicaba a la actividad minera.
Todos los testigos que concurrieron al
proceso, en su mayoría también mineros, identificaron a alias “El Morenazo”
como la persona que ocasionó la muerte al señor Cruz. Así mismo, aquellos
declarantes a quienes se les indagó por la apariencia física de alias “El
Morenazo”, manifestaron que este señor era fácilmente reconocible pues
presentaba una cicatriz a causa de una quemadura, que se extendía por todo el
costado derecho de su rostro, pasando por su brazo derecho hasta la mano del
mismo costado y, además, carecía de dentadura en el maxilar superior.
La mayor parte de los testigos afirmaron
desconocer el verdadero nombre de alias “El Morenazo”, sin embargo, algunos
testigos manifestaron que se llamaba “Luis” y que provenía de la ciudad de
Cartagena; sólo el señor Euclides de Jesús Echavarría Trujillo declaró que en
alguna oportunidad otros compañeros mineros habían visto la cédula a alias “El
Morenazo”, advirtiendo que se llamaba Manuel Mena y que era oriundo del Chocó.
Con base en esta última declaración, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Vegachí –Antioquia-, despacho que adelantó la
instrucción, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil las tarjetas
dactilares de las personas que respondieran al nombre de Manuel Mena, solicitud
ante la cual, la Registraduría remitió las tarjetas de dos personas.
1.1.1.2.
Señala el apoderado judicial
del señor Mena que el día 6 de abril de 1989, el Juzgado 91 de Instrucción
Criminal de Amalfi –Antioquia-, al definir la situación jurídica de una de las
dos personas de las que la Registraduría remitió las tarjetas, concluyó sin
motivación alguna que su prohijado era alias “El Morenazo”, pese a que no
detenta ninguno de los rasgos físicos atribuidos por los testigos al verdadero
autor del homicidio, y tampoco tuvo en cuenta que jamás ha visitado la zona
donde ocurrieron los hechos.
1.1.1.3.
Aduce, que el 8 de octubre de
1994, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó (Antioquia), dictó sentencia
condenatoria contra el señor Manuel Mena, sustentado en el mismo material
probatorio que valoró el Juzgado de Instrucción Criminal al definir la
situación jurídica, e incurriendo en idéntica ausencia de motivación.
Contra esta decisión, el defensor de
oficio asignado al señor Manuel Mena omitió interponer recursos, así como
también se sustrajo durante todo el proceso de ejercer la más mínima actividad
probatoria o argumentativa a favor de los intereses de su defendido.
1.1.1.4.
Alega el representante en
sede de tutela, que dado que su defendido fue juzgado en ausencia, no tuvo
conocimiento de la existencia de la sentencia condenatoria dictada en su
contra, sino hasta el mes de junio de 2007, fecha en la que fue capturado
cuando llegaba a la terminal de transportes de la ciudad de Bogotá, proveniente
de la ciudad de Cartagena. Así mismo, en razón de su precaria situación
económica, “no fue sino hasta hace tres meses que contó con asesoría legal”, que
le es suministrada por el “Proyecto Inocencia” de la Universidad Manuela
Beltrán.
1.1.1.5.
En la actualidad, el señor
Mena se encuentra recluido en la penitenciaria “La Picota” de la ciudad de
Bogotá, condenado a 16 años de prisión.
1.1.2.
Argumentos jurídicos de la
tutela
1.1.2.1.
En primer lugar, indica el
apoderado judicial del señor Mena, que para que la acción de tutela proceda
contra una decisión judicial requiere “que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional”, requisito que se cumple en el
caso sub iúdice, pues se trata del estudio de una vulneración intensa a
los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso del señor Manuel
Mena, ocasionada por una decisión judicial sin motivación y proferida en un
proceso en el que su poderdante careció, materialmente, de defensa técnica.
1.1.2.2.
Continúa afirmando que el
hecho de que en su oportunidad no se hubieran agotado los mecanismos ordinarios
de defensa que asistían al señor Mena, tal como el agotamiento del recurso de
apelación, o el extraordinario de casación, no puede esgrimirse como una razón
válida para negar la procedencia de la presente acción de tutela, en tanto tal omisión
es solamente imputable a su defensor de oficio.
1.1.2.3.
Por otra parte, señala que los
argumentos sobre los que se funda la presente acción de tutela no podrían,
eventualmente, ventilarse por la vía de la acción de revisión, lo que
fundamenta la procedencia del recurso de amparo en este caso.
En efecto, la presente acción de tutela tiene como
fundamento: i) la ausencia de motivación de la sentencia condenatoria proferida
contra el señor Mena; ii) el error fáctico por omisión en que incurrió el a-
quo al sustraerse de la más mínima actividad probatoria, y iii) la
violación al derecho de defensa técnica; consideraciones todas que si bien
cuestionan el contenido de justicia de la sentencia condenatoria a la que se
viene haciendo referencia y, por esa vía, su constitucionalidad, no se adecuan
a los estrictos supuestos de la acción de Revisión.
Por lo anterior, resulta sencillo concluir que en el
presente caso no existe ningún mecanismo de defensa judicial efectivo distinto
a la acción de tutela para amparar los derechos fundamentales de su prohijado,
lo que justifica su procedencia en el presente caso.
1.1.2.4.
Agrega, que aún en el caso de
resultar procedente la interposición de la acción excepcional de revisión, en
el caso sub iúdice nos enfrentamos ante el riesgo de consumación de un
perjuicio irremediable, lo cual amerita que se conceda el recurso de amparo.
1.1.2.5.
Por último, refiere que la
estancia de su poderdante en un centro carcelario durante el período que por lo
general tarda el trámite de la acción de revisión, comportaría un perjuicio
irremediable, aún más, para él y para su núcleo familiar, lo que amerita, a la
par con las consideraciones expuestas, la procedencia de la presente acción de
tutela
1.2.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Recibida la solicitud de
tutela, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, la admitió y ordenó
vincular como parte accionada a la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Yolombó (Antioquia) y corrió traslado de la demanda.
Así mismo, solicitó al Juzgado Promiscuo del Circuito
de Yolombó remitir el expediente contentivo del proceso penal adelantado en
contra de Manuel Mena, informando si contra la misma se interpuso el recurso de
apelación.
Notificados en debida forma
de la admisión de la acción de tutela, el Juez  Promiscuo del Circuito de
Yolombó (Antioquia) simplemente señaló que en la actuación que tiene a su
cargo, no se aprecia que se hubiere interpuesto recurso de apelación.
Por su parte, la Fiscalía Delegada ante el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó (Antioquia) no se pronunció sobre el
asunto.
1.3.
PRUEBAS DOCUMENTALES
OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran
en el expediente, entre otras,
las siguientes:
1.3.1.
Poder debidamente autenticado
que otorga el señor Manuel Mena al Doctor Juan Carlos Cárdenas Castaño para que
ejerza la defensa de sus intereses en sede de Tutela (folio 33, cuaderno de
pruebas No. 2).
1.3.2.
Copia de las diligencias de
vinculación al proceso, notificación personal, emplazamiento y declaración de
persona ausente realizadas por el Juez Promiscuo Municipal de Vegachí –
Antioquia (folios 88- 91, cuaderno No. 2)
1.3.3.
Copia del Auto del 6 de abril
de 1989, mediante el cual el Juzgado 91 de Instrucción Criminal de Amalfi-
Antioquia, definió la situación jurídica del señor Mena (folios 35-40, cuaderno
No. 2).
1.3.4.
Copia de la Resolución de
Acusación del 5 de mayo de 1994, proferida por el Fiscal Seccional de Yolombó,
a través de la cual acusa al señor Mena de ser el autor del homicidio (folios
95 y 96, cuaderno No. 2).
1.3.5.
Copia de la sentencia
condenatoria proferida contra el señor Manuel Mena por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Yolombó (Antioquia), el 8 de octubre de 1994 (folios 42-55, cuaderno
No. 2)
1.3.6.
Copia de las tarjetas
decadactilares, remitidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil de las
personas inscritas con el nombre de Manuel Mena a las actuaciones (folios 57 y
58, cuaderno No. 2).
1.3.7.
DVD contentivo de la crónica
realizada en el programa “Testigo Directo” de Telemundo en relación con el caso
del señor Mena, en la que resulta fácilmente verificable a simple vista que no
detenta los rasgos físicos que caracterizan a alias “El Morenazo”.
1.3.8.
Copias de fotografías de
cuerpo entero y de detalle tomadas al señor Mena en su lugar de reclusión
(folios 61-67, cuaderno No. 2).
1.3.9.
Copia del Auto proferido el 11
de junio de 2008 por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de la ciudad de Bogotá, en el que se niega la práctica de los exámenes médicos
encaminados a demostrar que el señor Manuel Mena no comparte los rasgos físicos
del autor de la conducta por la que se le condenó, prueba solicitada por el
apoderado en sede de tutela (folio 69, cuaderno No. 2).
1.3.10.
Diligencia de inspección
judicial llevada a cabo por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia el
día cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009) sobre el proceso penal
adelantado en contra del señor Mena por la comisión del delito de homicidio y
en la que se anexan las siguientes actuaciones (folios del cuaderno No.2):
.3.8.1.
Declaración de Euclides de Jesús
Echavarría Trujillo (folios 80-83).
.3.8.2.
Declaración de Jorge Eliécer
Torres Jaramillo (folios 83-85).
.3.8.3.
Oficio No. 29790 proveniente de la
Registraduría Nacional del Estado Civil (folio 86)
.3.8.4.
Oficio No. 248 de la Subestación
de Policía de Amalfi- Antioquia (folio 87)
.3.8.5.
Oficio No. 557 procedente del
Grupo de Policia Judicial Seccional Bolivar (folio 88).
.3.8.6.
Edicto emplazatorio (folio 89).
.3.8.7.
Declaración de persona ausente
(folios 90 y 91)
.3.8.8.
Definición de situación jurídica
(folios 92-94).
.3.8.9.
Resolución de Acusación,
notificación personal y diligencia de posesión del defensor de oficio señor
Fernando Masso Bejarano (folios 95-98).
.3.8.10.
Copia de memorial presentado por
la doctora Sancy Mosquera de Pérez al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó
(Antioquia) para que remita la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas de
Bogotá (folio 99).
.3.8.11.
Copia de memorial presentado por
el doctor Freddy Mauricio García Robledo al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Yolombó (Antioquia) para que remita la actuación al Juzgado de Ejecución de
Penas de Bogotá (folio 100).
Pruebas solicitadas por la Sala Séptima de Revisión[1]:
1.3.9. Dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses en el que mediante Oficio No. BOG-2010-008837 de 21 de abril
de 2010, concluye: “El examinado MANUEL MENA,  no presenta ni pudo haber
presentado cicatrices relacionadas con quemaduras en el costado derecho de su
rostro, ni en ninguno de los miembros superiores. Las estructuras dentales que
se observan son naturales, sin tratamiento odontológico invasivo de operatorio
dental, no ha tenido prótesis dentales superiores, ni ha habido ausencia
ostensible de estructuras dentales en la línea de sonrisa, por lo tanto las
estructuras dentales que se observan son las originales”.
1.4.
DECISIONES JUDICIALES
1.4.1.
Decisión de primera
instancia
Mediante Sentencia proferida el 7 de octubre de 2009, la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia, resolvió declarar
improcedentes las pretensiones de amparo constitucional después de explicar los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales y bajo los siguientes argumentos:
i)
Existieron medios de defensa
judiciales idóneos a favor de Manuel Mena durante el trámite del proceso adelantado
en su contra, que no agotó, independientemente de que no haya concurrido al
mismo;
ii)
Su vinculación a la investigación
como persona ausente no se apartó del ordenamiento procesal penal vigente para
el momento de los hechos;
iii)
No probó una inminente situación
de perjuicio irremediable;
iv)
La solicitud de protección
constitucional se interpuso por fuera de un término razonable. En efecto,
advierte la Sala que la sentencia condenatoria data del 18 de octubre de 1994,
la captura de Manuel Mena se produjo en el mes de junio de 2007 y fue sólo
hasta el 22 de septiembre de 2009, luego de transcurridos más de 24 meses de la
aprehensión, cuando el accionante implora el amparo constitucional, no
cumpliéndose con el principio de inmediatez que caracteriza la procedencia de
la acción de tutela.
1.4.2.
Impugnación
Dentro de la oportunidad legal prevista, el apoderado
del accionante, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, planteando los siguientes problemas jurídicos originados en la
decisión de la Sala:
i)
¿Resulta razonable reprocharle a
quien fue declarado como persona ausente, no haber agotado los medios de
defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico?
ii)
¿Resulta procedente la acción de
tutela pese a que entre la ocurrencia del hecho vulnerador de derechos
fundamentales y la interposición de la acción constitucional haya transcurrido
un lapso de tiempo considerable?
iii)
¿Resulta procedente la acción de
tutela pese a que entre la ocurrencia del hecho que vulnera los derechos
fundamentales y la interposición de la acción constitucional ha transcurrido un
lapso considerable de tiempo, en aquellos eventos en que la afectación de derechos
fundamentales es actual?
En relación con el primero de ellos, señala que el
reproche de la Sala al señor Mena de no haber agotado todos los medios de
defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico resulta abiertamente contradictorio,
pues la propia Sala reconoce que el señor Mena fue declarado persona ausente.
En efecto, el señor Mena no fue declarado contumaz, pues no escogió hacer caso
omiso del llamado de la justicia, sencillamente jamás se enteró de la
existencia de un proceso penal en su contra; por lo tanto, mal hace la Sala en
reprocharle a quien estuvo materialmente imposibilitado para agotar dichos
mecanismos, el hecho de no haberlos ejercitado.
Sobre este mismo punto agrega, que pese a la presencia
en el proceso de un abogado de oficio, el reproche formulado por el Tribunal
resulta desproporcionado, pues debe recordarse que entre los motivos esgrimidos
como sustento de la tutela, se encuentra precisamente la violación del derecho
de defensa, en atención a la manifiesta negligencia mostrada por el defensor de
oficio asignado al señor Mena, tanto así, que aunque parezca increíble, la
única actuación adelantada por el apoderado, consistió en coadyuvar las
pretensiones de la Fiscalía y abogar en contra de los intereses de su
defendido, a tal punto que aunque reconoció que no existían pruebas directas
que lo implicaran, solicitó que se le condenara.
Descendiendo al segundo problema jurídico planteado por
el apoderado del accionante, manifiesta éste que con respecto al principio
general de inmediatez, la Honorable Corte Constitucional ha sostenido
reiteradamente que existen excepciones, esto es, casos en los cuales, pese a
haber transcurrido un lapso largo de tiempo entre el hecho vulnerador del
derecho fundamental y la interposición de la acción de tutela, ésta resulta
procedente, en atención a la teleología del citado requisito.
Al respecto, relaciona fragmentos de algunas
sentencias de esta Corporación tales como T-101 de 2009, T- 519 de 2006, T- 158
de 2006 y T-055 de 2008.
Señaló que el principio de inmediatez en este caso es
procedente porque: i) el señor Mena no tuvo conocimiento del contenido de la
sentencia condenatoria proferida en su contra, sino transcurridos varios meses
desde su captura; ii) los profesionales de derecho que conocieron del caso del
señor Manuel Mena, no estudiaron el expediente y, en consecuencia, no
ejercieron la acción de tutela, omisión que no puede imputarse al poderdante;
iii) El señor Mena carecía y carece de los conocimientos mínimos que le
permitieran interponer personalmente la acción de tutela con mayor prontitud,
como lo reclama el Tribunal.
Sobre el último problema jurídico planteado, arguye el
apoderado del accionante, que mal haría un juez constitucional en hacer caso
omiso de la vulneración actual de derechos fundamentales bajo el argumento que
el hecho que dio inicio a tal vulneración acaeció tiempo atrás.
Y, es que en el caso del señor Mena, la vulneración de
derechos fundamentales no puede ser más actual, pues ha estado injustamente
privado de la libertad por dos años y sigue estando recluido a causa de un
protuberante error judicial.
Siendo ello así, no le era dado a la Sala rechazar de
plano la acción de tutela sin siquiera analizar de fondo la grave vulneración
de derechos fundamentales que sufre el señor Mena, pues lo que se hizo, es
tanto como reconocer que independientemente de que alguien haya sido privado
injustamente de la libertad y que ello haya logrado probarse ampliamente
mediante la documentación obrante en la acción de tutela, debe seguir privada
de la libertad simplemente porque no interpuso la acción de tutela con
anterioridad.
1.4.3.
Decisión de segunda
instancia
Mediante sentencia proferida el 19 de noviembre de
2009, en Sala de Decisión de Tutelas No. 2, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia confirmó la providencia apelada bajo los mismos
argumentos sobre falta de inmediatez y no agotamiento de mecanismos defensivos
ordinarios dispuestos por el legislador al interior de la actuación judicial.
Adicionalmente, sostuvo que al accionante no le era
desconocida la existencia de la investigación en su contra, por cuanto, de la
prueba testimonial incorporada al proceso es coincidente en indicar que luego
de perpetrar el homicidio en la finca “La Macarena” del corregimiento “El
Tigre” del municipio de Vegachi- Antioquia, huyó de la región.
Por otro lado, según lo informado por la Fiscalía del
Circuito de Yolombó, durante el trámite de la investigación impartió orden de captura
para lograr la comparecencia del implicado sin que hubiese sido posible. De
manera que, los resultados negativos de las labores desarrolladas para
ubicarlo, no desnaturalizan el conocimiento de la existencia de la
investigación en su contra, atendiendo la naturaleza del delito contra la vida
objeto de investigación; sin embargo, voluntariamente decidió no hacerse
presente ante la administración de justicia.
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
El señor Manuel Mena fue condenado en ausencia por la
comisión del delito de homicidio contra el señor Jhon Jairo Cruz Cardona. Ahora
bien, varios testimonios indicaron que el homicida era conocido con el alias de
“El Morenazo”, que para algunos respondía al nombre de “Luís”, oriundo de
Cartagena, y sólo un testigo señaló haber oído a algunas personas que afirmaron
haber visto su cédula de ciudadanía en la que aparecía el  nombre de Manuel
Mena y que era oriundo del Chocó. Con todo, los testimonios coinciden en
advertir que quien ocasionó la muerte del señor Cruz Cardona carece de sus
dientes superiores y tiene una cicatriz de quemadura en el lado derecho de la
cara que se extiende hasta su mano derecha, características que no presenta el
accionante. Según el apoderado del actor, a pesar de contar con estos datos, el
juez de conocimiento no los tuvo en cuenta al recibir la información de la
Registraduría y omitió verificar la coincidencia de características específicas
del homicida con la tarjeta dactilar del señor Manuel Mena, configurándose un
defecto fáctico como requisito de procedencia de esta acción de tutela contra
la sentencia condenatoria.
Igualmente, advierte el apoderado que durante el
proceso penal que se llevó a cabo en ausencia, el actor no contó con defensa
técnica pues el defensor de oficio no ejerció ningún medio de defensa y, por el
contrario, afirmó que su representado sí era culpable del delito.
Finalmente, el apoderado del actor afirma que el juez
de conocimiento incurrió también en falta de motivación pues no presentó
justificación suficiente para determinar que el señor Manuel Mena corresponde a
la misma persona identificada por los testigos como alias “El Morenazo”, autor
del homicidio.
Los jueces de tutela declararon improcedente la acción
de amparo, en primera instancia,  por no cumplirse el requisito de inmediatez
teniendo en cuenta que la captura se realizó en el año 2007 y hasta el año 2009
se presentó la acción de tutela y, además, porque durante el proceso penal no
se presentaron los recursos disponibles. En segunda instancia, además de las
razones anteriores, se declaró la improcedencia de la acción de tutela por
considerar que si el proceso penal se llevó a cabo en ausencia fue como
consecuencia de la fuga del accionante.
Lo descrito en precedencia muestra que el
problema jurídico que corresponde resolver a la Sala se circunscribe a
determinar si ¿en el curso del proceso penal que terminó con la condena del
señor Manuel Mena, el juez de conocimiento incurrió en falta de motivación de
la decisión, en defecto fáctico y en defecto procedimental por vulneración del
derecho a la defensa técnica del accionante?
Para resolver el problema jurídico
planteado, la Sala debe estudiar: primero, la procedencia excepcional de
la acción de tutela para discutir providencias judiciales; segundo, la
caracterización del defecto fáctico como causal específica de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; tercero, los requisitos
para la configuración de la violación de la defensa técnica y cuándo ésta es
susceptible de convertirse en un defecto procedimental; cuarto, los
elementos constitutivos de la causal específica de falta de motivación; y quinto,
con base en esos elementos, decidir si, para el caso concreto del señor Manuel
Mena, procede la acción de tutela para dejar sin efectos la sentencia que lo
declaró culpable del homicidio del señor Jhon Jairo Cruz Cardona.
2.3.
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Ha sido constante en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que si bien es cierto la sentencia
C-543 de 1992[2]
declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que
disponían la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
ejecutoriadas, no lo es menos que esa misma providencia expresó que, de forma
excepcional, esta acción constitucional procede contra decisiones judiciales
que, aunque en apariencia estuvieran revestidas de la forma jurídica de una
sentencia, en realidad implicaran una vía de hecho.
Así, entonces, este Tribunal
Constitucional ha sostenido invariablemente que la acción de tutela procede
para estudiar la validez constitucional de decisiones judiciales que
constituyen vías de hecho. Cabe recordar que esta tesis surge de la aplicación
directa de los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por cuatro razones
principales:
La primera, porque la
salvaguarda de los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho
prevalece y resulta obligatoria para todas las autoridades públicas, sin
excluir a los jueces. Debe recordarse que uno de los fines esenciales del
Estado constitucional es reconocer la eficacia de los derechos y deberes
fundamentales, de ahí que su protección y garantía ocupa una posición
preponderante en la estructura funcional y orgánica de la Administración.
La segunda, porque los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, los cuales constituyen una
razón suficiente para negar la tutela contra providencias judiciales, no
autorizan violar la Constitución ni legitiman decisiones que contrarían esos
mismos principios y las reglas constitucionales básicas que les dan fundamento.
Así, es evidente que una vía de hecho constituye una clara amenaza a la
seguridad jurídica y a la estabilidad del ordenamiento jurídico, por lo que la
defensa en abstracto de esos principios puede, al mismo tiempo, quebrantarlo en
el caso concreto.
La tercera, porque, por ningún
motivo, la autonomía judicial puede confundirse con la arbitrariedad judicial,
de ahí que la independencia y autonomía del juez únicamente ampara las
decisiones adoptadas dentro de los parámetros legales y constitucionales, pues
esas garantías no significan autorización para violar la Constitución.
Finalmente, porque el principio
de separación de jurisdicciones no implica el distanciamiento de la legalidad y
la constitucionalidad. Por el contrario, el artículo 4º de la Carta es claro en
señalar que la Constitución es norma de normas y, por consiguiente, ella debe
informar todo el ordenamiento jurídico y, en especial, es exigible en la
aplicación e interpretación de la ley.
Con base en tales premisas,  a partir de las sentencias
T-079[3]
y T-158 de 1993[4],
esta Corporación desarrolló el concepto de vía de hecho. Inicialmente, fue
entendido como la decisión “arbitraria y caprichosa” del juez que
resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la providencia
resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen el caso
concreto o las pruebas que se encontraban en el expediente. La sentencia T-231
de 1994[5]
señaló cuatro defectos protuberantes que, analizado el caso concreto,
permitirían estimar que una providencia judicial es realmente una vía de hecho,
a saber:
i) defecto sustantivo, es el que se presenta cuando la
decisión se adopta en consideración con una norma indiscutiblemente
inaplicable;
ii) defecto fáctico, el que ocurre cuando el juez
falla sin el sustento probatorio suficiente para aplicar las normas en que se
funda la decisión;
iii) defecto orgánico, se presenta cuando el juez
profiere su decisión sin tener competencia para hacerlo; y,
iv) defecto procedimental cuando el juez actúa
desconociendo el procedimiento o el proceso debido para cada actuación.
Después de varios años de decantar el concepto de vía
de hecho, la Corte Constitucional consideró necesario replantearlo y ampliarlo
a las “causales genéricas de procedibilidad de la acción”. Así, en la Sentencia
C-590 de 2005[6],
la Sala Plena de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni acción”,
que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 porque restringía el
ejercicio de la acción de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de
Justicia en ejercicio del recurso extraordinario de casación en materia penal.
En esta oportunidad, se dejó claro que la tutela procede contra todas las
providencias judiciales ejecutoriadas cuando se cumplen con los requisitos
generales de la tutela y se prueba alguna de las causales específicas de
procedibilidad de esta acción constitucional contra sentencias.
En cuanto a los requisitos generales de procedencia de
la tutela, la sentencia C-590 de 2005, los sistematizó así:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial
al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber del
actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración.  De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.  No obstante, de acuerdo con la
doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.  Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se
trate de sentencias de tutela.  Esto por cuanto los debates sobre la protección
de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho
más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.”
En cuanto a las causales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias, ese mismo fallo los resumió así:
“Para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.  Violación
directa de la Constitución.
Estos eventos
en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la
superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos
de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales”
Conforme
a lo expuesto, la acción de tutela procede contra decisiones judiciales, como
la que ahora se acusa, siempre y cuando éstas violen derechos fundamentales y
con ello se demuestre una de las causales especiales de procedibilidad de la
acción constitucional.  Por esas razones, en el análisis del caso concreto, la
Sala procederá a estudiar si la providencias proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó
(Antioquia), en el proceso penal
adelantado con motivo del homicidio del señor Jhon Jairo Cruz Cardona, vulnera derechos fundamentales, en los
términos señalados en la sentencia C-590 de 2005, que pueda superarse mediante
la presente acción de tutela.
2.4.
CARACTERIZACIÓN DEL DEFECTO
FÁCTICO COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES.
2.4.1. Respecto
del defecto fáctico, la Corte[7]
ha sido clara en orientar y limitar su procedibilidad a la manifiesta actuación
arbitraria o abusiva del funcionario judicial, descartando cualquier tipo de
reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que pueda
surgir al interior del debate jurídico y probatorio. No es factible alegar la
ocurrencia de una vía de hecho, cuando la providencia judicial encuentra
fundamento en un determinado criterio jurídico o en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables al caso, ya que tal situación
afectaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la
ley y para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance.
Así entonces, para sustentar el fundamento de las
distintas decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son
autónomos e independientes y en sus providencias gozan de la potestad de
valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a las reglas de la sana
crítica y según los parámetros de la lógica y la experiencia. Ahora bien, el
reconocimiento de esa discrecionalidad no significa que el juez esté facultado
para decidir arbitrariamente el asunto sometido a su consideración, pues la
libertad en la valoración probatoria está supeditada a la Constitución y la
ley.
La doctrina constitucional sobre la procedibilidad de
la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse incurrido en defecto
fáctico es sumamente clara, exige que “se hayan dejado de valorar pruebas
legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas
legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance
y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía
de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un
fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito
funcional de esta jurisdicción”[8].
Así, desde los primeros pronunciamientos de esta Corte se
determinó que la existencia de un defecto fáctico que convierte una decisión
judicial en una vía de hecho, se presenta cuando se constata que “el
apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado.”[9].
Por tanto, si bien el juzgador goza de un amplio
margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión
y formar libremente su convencimiento[10],
“inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y
61 CPL)”[11],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. La evaluación del
acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, “la adopción de
criterios objetivos[12],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[13], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[14],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.”[15]
2.4.2. En
desarrollo de lo explicado, la jurisprudencia de la Corte ha fijado el alcance
del defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, señalando que éste se presenta cuando
resulta evidente que se omitió decretar pruebas que eran necesarias o la
valoración de las existentes, o su evaluación fue realizada de manera
caprichosa o arbitraria[16].
Al respecto ha dicho la Corte:
"En otras palabras, se presenta
defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar
pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido'. Existe defecto fáctico por no valoración del
acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en
el expediente bien sea porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.' Hay lugar al
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio cuando
o bien 'el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar
una prueba obtenida de manera ilícita"[17].
Como se observa, la Corte ha identificado dos
dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: i) Una dimensión
negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa[18]
u omite su valoración[19]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente.[20]
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[21].
ii) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.[22]
Tales situaciones a la luz de la jurisprudencia,
aparecen ilustradas en los siguientes casos ya resueltos por esta Corporación:
2.4.2.1.  Defecto fáctico por la omisión en el decreto
y la práctica de pruebas.
Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial
omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia
impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables
para la solución del asunto jurídico debatido[23].
El tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a esta modalidad
de la vía de hecho por defecto fáctico es, por ejemplo, el
ilustrado en la sentencia SU-132 de 2002, en la que la Corte sostuvo:
“La negativa a la práctica o valoración de un medio
probatorio por un juez dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en
la ineficacia de ese medio para cumplir con la finalidad de demostrar los
hechos en que se soporta una determinada pretensión, toda vez que constituye un
derecho para todas las personas presentar pruebas y controvertir las que se
presenten en su contra. La Corte se pronunció en este sentido en la Sentencia
T-393 de 1994 y manifestó que ‘..la negativa a la práctica de pruebas sólo
puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la
verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o
sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las
considere manifiestamente superfluas (arts. 178 C.P.C. y 250 C.P.P); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación
en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el
investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una
prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de
defensa y del debido proceso’”.
En el caso
de la sentencia T-526 de 2001[24],
igualmente la Corte constató un evidente defecto fáctico en las providencias
judiciales objeto de acción de tutela. En este caso la conducta de los
funcionarios judiciales impidió la correcta identificación del autor material
de un hecho punible en perjuicio de un tercero que fue procesado como reo
ausente y posteriormente privado de su libertad.   En esta ocasión, el defecto
fáctico se presentó ante la no recepción de los testimonios de las personas que
podían identificar plenamente al autor material de la conducta punible, la no apreciación
de ciertos hechos, como la diferencia de edad entre el responsable del hecho
(22 años) y el erróneamente sindicado (35 años), la diferencia del lugar de la
residencia del erróneamente sindicado (norte de Bogotá), con el lugar en que se
capturó al responsable el día de los hechos (sur de Bogotá) y, la no
apreciación de la prueba documental que acreditaba la buena conducta del
erróneamente sindicado[25].
En esta oportunidad consideró la Corte:
“...en este
caso concreto encuentra que no se desplegó actividad probatoria alguna
tendiente a obtener la plena identidad del procesado a pesar de que se
advertían irregularidades que ofrecían serias dudas en relación con la
identidad de la persona sindicada, lo que constituye una vía de hecho, como
quiera que los jueces solamente pueden resolver con fundamento en las pruebas
que sobre la cuestión fáctica obren en el expediente.
(...)
En el presente caso existe un
evidente defecto fáctico, pues no existe prueba alguna de la que razonablemente
se pueda deducir que el sujeto aprehendido al momento de la comisión del
ilícito, es el mismo que fue capturado y se encuentra privado de la libertad.”(Negrillas
de la Sala)
En la sentencia T-488 de 1999[26], la Corte consideró que
la omisión en la práctica de la prueba antropoheredobiológica en un proceso de
filiación, por la especial importancia de este medio probatorio, constituía un
típico defecto fáctico con capacidad de afectar los derechos fundamentales de
las partes. Afirmó la Corte:
“El presente análisis tiene como punto de partida la
circunstancia de que ambos jueces dejaron de practicar, no obstante haber sido
decretada, lo que impidió la valoración y apreciación de una prueba conducente
y determinante para la decisión final del proceso de filiación natural
instaurado a nombre del menor Jorge Eduardo González Guillén, como era el
experticio científico mencionado, por motivos ajenos a la parte demandante y
atribuibles a la falta de coordinación para su realización entre el ente
estatal encargado de practicarla y la respectiva autoridad judicial que conocía
del asunto.
Así las cosas, se considera
necesario reiterar, que la práctica de pruebas constituye una de las
principales actuaciones dentro de la conducción del proceso, en la medida en
que su importancia radica en la participación de la misma en la conformación
del convencimiento del fallador sobre los hechos materia de decisión.
Debe la
Sala reiterar a propósito de lo antes expresado en las consideraciones
generales, que la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable
y objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en
forma específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre
en una vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez
que desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo.” (Negrillas fuera de texto)
2.5.2.2.  Defecto fáctico por la no valoración del
acervo probatorio.
Otras de las hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial,
a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para
efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta
evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[27].
El análisis de la jurisprudencia en fallos que se destacan
es el siguiente:
En la sentencia T-814 de 1999[28], la Corte resolvió un
caso en el cual los jueces de lo contencioso administrativo no advirtieron ni
valoraron, para efectos de tomar la decisión del caso (acción de cumplimiento
contra la Alcaldía de Cali, con ocasión de la construcción del metro ligero),
el material probatorio debidamente allegado al proceso. Esta situación a juicio
de la Corte, constituyó una vía de hecho por defecto fáctico. Sobre el punto
consideró la Corte:
“Ni en el fallo del Tribunal ni en el fallo del
Consejo de Estado se hace una valoración de la prueba mencionada, que les
permitiera a estas Corporaciones deducir la obligación para el alcalde de dicha
ciudad de promover la consulta popular, previa a la realización del proyecto
del metro ligero de Cali, pues para ellas el aspecto probatorio en estos
procesos no es relevante. En efecto, el Tribunal dijo que las pruebas arrimadas
al proceso de la acción de cumplimiento “no tienen influencia alguna en esta
decisión” y el Consejo de Estado por su parte, si bien mencionó el aludido
testimonio en los antecedentes no hizo ninguna valoración del mismo.
La razón por la cual tanto el Tribunal como el Consejo
ignoraron las mencionadas pruebas indudablemente estriba en la interpretación
que estas Corporaciones tienen en cuanto a la procedencia de la acción de
cumplimiento, porque en diferentes apartes de sus sentencias se afirma
rotundamente que el deber incumplido debe emerger directamente de la norma. Es
decir, que de ésta debe desprenderse una especie de título ejecutivo,
configurado por una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
descartándose por consiguiente toda posibilidad de interpretación sobre el
incumplimiento de la norma por la autoridad demandada, con arreglo a los
métodos tradicionalmente admitidos, y con sustento a las pruebas que oportuna y
regularmente aporten las partes o las que oficiosamente está en la obligación
de decretar y practicar el juez de conocimiento.
Considera la Sala, en consecuencia, que se
estructura la vía de hecho por defecto fáctico, porque ni el Tribunal ni el
Consejo al decidir sobre las pretensiones  de la acción de cumplimiento,
valoraron la prueba antes referenciada, y omitieron decretar y practicar las
pruebas conducentes y tendientes a establecer la existencia o no del
incumplimiento de la autoridad demandada.” (Negrillas de la Sala)
2.5.2.3.  Defecto fáctico
por valoración defectuosa del material probatorio.
Tal situación se advierte
cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva[29].
Ello se presenta en hipótesis de incongruencia entre lo
probado y lo resuelto, como en el caso de la sentencia T-450 de 2001[30], en el que
un juez de familia en un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía
de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió aumentarle la
cuota alimentaria al demandado. Afirmó la Corte:
“En
el proceso que ahora es objeto de revisión, no se aprecian las pruebas y
razones que justifiquen la decisión tomada por el Juez 15 de Familia de Bogotá,
pues aunque la materia sobre la que versa el proceso –aumento de cuota
alimentaria- compromete principios centrales dentro de la organización social
(v.gr. la protección del menor, la vigencia del principio de solidaridad, el
valor de la justicia y la equidad), que, en principio, alentarían una postura
activa por parte del juez competente con el propósito de proteger integralmente
los derechos de un menor, su acción no puede estar absolutamente desligada de
las pruebas allegadas o decretadas dentro del proceso –en esta oportunidad, las
presentadas por la madre- Así, todo reconocimiento superior a las sumas
probadas dentro del proceso, e incluso a los derechos alegados, debe estar
plenamente sustentada, so pena de convertir a la decisión judicial en un acto
arbitrario que tiene un grave vicio fáctico y lesiona los derechos de la parte
vencida en el juicio –en este caso el señor Apóstol Espitia Beltrán-.
“En
el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de
aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente,
y si bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a
proteger los derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que
demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones suficientes
para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al
debido proceso que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón
el juez de instancia a quien le correspondió conocer de la tutela, cuando
afirma que: “a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias
de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que
si no puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la
decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de
motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente
el debido proceso”.  Por estas razones el fallo de instancia será confirmado.”
(Negrillas fuera de texto)
Esta modalidad de defecto fáctico también opera cuando no
se aplica la regla de exclusión de la prueba ilícita y con base en esta, el
juez de la causa decide el asunto jurídico debatido. Este punto fue ampliamente
estudiado en el caso que se resolvió con la sentencia SU-159 de 2002[31], en el cual
se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita
de comunicaciones) comunicara su vicio a las demás pruebas del proceso.
Consideró la Corte:
“Sin duda, la cuestión que merece
el mayor análisis constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho
por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la conversación
telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General
como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de
fundamento a la resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son
derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes separadas,
independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la
información periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas
las pruebas sean fruto de ella. En este caso, claramente no lo fueron dado que la
Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la condujo a pruebas
independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y
después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las
comunicaciones provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre
cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes del comité
correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de
criterios de adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas
completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada
y grabada.
(...)
La Corte también rechaza la insinuación
de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La
Constitución garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso
sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos
del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de
frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo
cual se deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que además
de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en
un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de
las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente
para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni
valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una
cantidad suficiente de pruebas sanas."
En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha
advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a una
vía de hecho por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria
hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[32].
2.5.
CARACTERIZACIÓN DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA
La Corte[33]
ha precisado el concepto de defensa técnica como el derecho del sindicado a
escoger su propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por
uno de oficio designado por el Estado, quien a su vez debe contar con un nivel
básico de formación jurídica, sin perjuicio de que el procesado pueda adelantar
actuaciones en su propia defensa en los términos que señala la ley. Igualmente
esa defensa debe ser ininterrumpida tanto en la etapa de la investigación como
en la del juzgamiento[34].
El
derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, lo integran el conjunto de
facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo
básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de
manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y
se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello
una recta y cumplida administración de justicia.[35] El
debido proceso, en sentido abstracto, ha sido entendido como el derecho que
tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el
ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer sus derechos
sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo.  Así, el
contenido y los alcances del debido proceso están determinados por este
conjunto de garantías y facultades, las cuales, a su vez, están establecidos en
función de los derechos, valores e intereses que estén en juego en el
procedimiento, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad[36].
Siguiendo este criterio, el inciso 4° del artículo 29
Superior prevé, entre las garantías que hacen parte integral del debido proceso
penal, el derecho de los sindicados a una defensa técnica, es decir, el derecho
a ser asistidos por un abogado durante todo el proceso, esto es, tanto en su
etapa de investigación como en la de juzgamiento. Esto significa que el
conjunto de facultades y garantías que componen el derecho al debido proceso
penal debe ser adecuada y suficientemente más amplio que el de un procedimiento
en el cual no están de por medio, por una parte, el derecho a la libertad
individual y por la otra, la seguridad jurídica, la eficacia del sistema de
justicia y la convivencia ciudadana.[37]
Tal garantía puede materializarse a través del nombramiento de un abogado por
parte del sindicado –defensor de confianza-, mediante la asignación de un
defensor público – función encargada a la Defensoría del Pueblo -, o, cuando no
hay defensores públicos disponibles en el lugar donde se surte el proceso, a
través del nombramiento de un defensor de oficio.
La
defensa técnica del procesado, en cuya virtud quien lo apodere en el
plano jurídico debe tener un mínimo de formación, conocimiento y experiencia,
asegurar que el proceso se adelante con arreglo a las normas fundamentales y en
los términos de la ley, con la necesaria imparcialidad de los acusadores y los
jueces y por motivos nítida y previamente definidos por el legislador, no es
posible si no se busca con eficacia al procesado o si el abogado de oficio -en
el caso del reo ausente- elude sus más elementales responsabilidades en la
tarea de la defensa[38].
Al
respecto, la Corte Constitucional reitera:
"...encuentra la Corte que el inciso tercero del
artículo 29 de la Constitución Nacional en forma precisa establece que "Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento...";
al respecto, se considera que es voluntad expresa del Constituyente de 1991, la
de asegurar a todas las personas, en el específico ámbito de los elementos que
configuran el concepto de debido proceso penal y de derecho de defensa también
en el ámbito penal, el respeto pleno al derecho constitucional fundamental a la
defensa técnica y dicha voluntad compromete, con carácter imperativo y general,
al legislador, a la ley y a los jueces.
Esto significa, que dichas funciones de defensa del
sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser
adelantadas por una persona que no se encuentre científica y técnicamente
habilitada como profesional del derecho, so pena de la configuración de una
situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones
constitucionales, o de inconstitucionalidad de la disposición legal o
reglamentaria que lo permita. Además, dicha defensa técnica comprende la
absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en
el caso del reo ausente; en este sentido es claro que el legislador debe
asegurar que las labores del defensor sean técnicamente independientes y
absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal del
defensor". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-592 del 9
de diciembre de 1993. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz)
Así,
la garantía sustancial del derecho a la defensa técnica se materializa, o bien
con el nombramiento de un abogado por parte del sindicado (defensor de confianza),
o bien mediante la asignación de un defensor de oficio nombrado por el Estado,
de quienes se exige en todos los casos, en consideración a su habilidad para
utilizar con propiedad los medios e instrumentos de defensa previamente
instituidos, adelantar una actuación diligente y eficaz, dirigida asegurar no
solo el respeto por las garantías del acusado, sino también a que las
decisiones proferidas en el curso del proceso se encuentren ajustadas al
derecho y a la justicia.
En el proceso penal, el ejercicio del derecho a la
defensa se circunscribe  a las facultades que la ley le reconoce a la parte
acusada, las cuales se concretan básicamente en la posibilidad de pedir y
aportar pruebas, de controvertir aquellas que han sido allegadas al proceso y
de impugnar las decisiones adoptadas en el mismo.
Por otra parte, nuestro sistema de procedimiento penal
acepta que se procese penalmente a un sindicado en su ausencia, posibilidad
que, como ya lo ha establecido esta Corporación, encuentra plena aceptación a
la luz del ordenamiento constitucional.[39]
Ello requiere, empero, que dentro del proceso, los derechos e intereses de  la
persona ausente estén representados por un abogado defensor que, en la medida
en que ello sea exigible, aporte y controvierta pruebas e impugne las
decisiones judiciales.  El ejercicio de la función de defensoría de oficio de
una persona ausente presenta ciertas dificultades, pues la inasistencia del
sindicado al proceso, además de imposibilitar la defensa material, limita las
posibilidades de llevar a cabo una adecuada defensa técnica.  Por lo
tanto, la ausencia del reo obliga al abogado de oficio a actuar con suma
diligencia, para subsanar las deficiencias de la defensa y asegurar los
derechos del sindicado. Así, la responsabilidad sobre la defensa del
reo ausente recaerá totalmente sobre el defensor de oficio.  Esto implica que,
en estos casos, los defensores de oficio, -abogados titulados-, deben ser
particularmente diligentes y por lo tanto, responden hasta por culpa levísima,
correspondiente al nivel de experto, pues están representando los intereses de
personas que, además de ver comprometida su libertad individual, no tienen la
posibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos[40].
Ahora bien, de acuerdo con los presupuestos fácticos
que determinan la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la jurisprudencia constitucional sostiene que, en principio, las
fallas o deficiencias en la defensa técnica del procesado no constituyen una vía
de hecho judicial. A juicio de la Corte, en cuanto no existe una relación
de necesidad entre una y otra, las posibles faltas en la asistencia letrada
solo habilitan al afectado para reclamar su protección judicial y ejercer los
recursos ordinarios y extraordinarios preestablecidos en el proceso, sin que
tal habilitación se extienda por sí misma al amparo constitucional.
Desde esta perspectiva la Corte
ha considerado que se sólo entiende violado el núcleo esencial del derecho a la
defensa técnica, cuando concurren los siguientes cuatro elementos:
i)
Debe ser evidente que el
defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a
una estrategia procesal o jurídica.
Esto implica que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, desde ninguna
perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro del margen de libertad con que
cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada. A
este respecto, la jurisprudencia ha puesto de presente que las fallas de la
defensa no pueden estar referidas a aspectos que se encuentren por dentro de la
estrategia del abogado para proteger los intereses del sindicado.  En efecto,
el defensor cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de
su cargo.  Por tal motivo, para comprobar la vulneración del núcleo esencial
del derecho a la defensa técnica, es necesario que haya una ausencia evidente
de estrategia por parte del defensor.  En palabras de la Corte: “Para que pueda solicitarse el amparo
constitucional mediante la mencionada acción será necesario, adicionalmente,
demostrar los siguientes cuatro elementos: (1) que efectivamente existieron
fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser
amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para
escoger la estrategia de defensa adecuada”[41]. Ello implica que,
para que se pueda alegar una vulneración del derecho a la defensa técnica, debe
ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de
cualquier asomo de estrategia.
ii)
Que
las mencionadas deficiencias no le sean imputables al procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la
acción de la justicia.
Habrá  de
distinguirse en estos casos, entre quienes no se presentan al proceso penal
porque se ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible conocer su
existencia. Así, sin perjuicio de que el reo ausente cuente con las
acciones y recursos pertinentes, no puede éste válidamente alegar deficiencias
en la defensa técnica, en sede de tutela, cuando ellas han sido efecto de su
intención de evadir los efectos de la respectiva decisión judicial.  Ello se
debe a que, en este caso, su interés, al ser antijurídico, dejaría,
lógicamente, de estar protegido por el ordenamiento.  En tal situación se
encuentran, entre otras, quienes, conociendo la existencia de un proceso penal
en su contra, no se presentan ante la justicia con el fin de evitar su
responsabilidad. Al respecto la Corte ha afirmado que: “Para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la
mencionada acción será necesario, adicionalmente, demostrar (…) (2) que las
mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado”[42].
A su vez, en otra ocasión, distinguiendo entre quienes no se presentan al
proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible
conocer su existencia, dijo:
“En el caso del procesado ausente, debe distinguirse entre
el procesado que se oculta y el sindicado que no tiene oportunidad de enterarse
de la existencia del proceso, para efectos de determinar los derechos que les
asiste. Así, cuando la persona se oculta, está renunciando al ejercicio
personal de su defensa y delegándola en forma plena en el defensor libremente
designado por él o en el que le nombre el despacho judicial del conocimiento.
No obstante, conserva la facultad de hacerse presente en el proceso en
cualquier momento e intervenir personalmente en todas las actuaciones a que
haya lugar de acuerdo con la etapa procesal respectiva; pero no puede pretender
que se repitan las actuaciones ya cumplidas, aunque sí solicitar la declaración
de nulidad por falta de defensa técnica.” Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
iii)
Que
la falta de defensa material o técnica revista tal trascendencia y magnitud que
sea determinante de la decisión judicial; de manera tal, que pueda afirmarse que se
configura una vía de hecho judicial por uno de los cinco defectos sustantivo,
fáctico, orgánico, procedimental o por consecuencia.
iv)
Que,
como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los
derechos fundamentales del procesado.
Si las deficiencias
en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la
decisión judicial o no aparejan una afectación ulterior de sus restantes
derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra la
respectiva decisión judicial.[43]
En este orden de ideas, la ausencia de
defensa técnica debe haber tenido repercusiones respecto de otros derechos
fundamentales del sindicado y debe evaluarse dentro del contexto general del
derecho al debido proceso.  En tal medida, si, a pesar de las deficiencias en
la defensa, el sindicado es absuelto, no puede afirmarse que se haya perpetrado
una vulneración del derecho fundamental de defensa técnica.  Ello se debe a que
el derecho a la defensa técnica, es parte integrante del derecho al debido
proceso, que tiene un carácter teleológico.  Por tal razón, a pesar de
que el derecho a la defensa técnica es autónomo, en estos casos es necesario
considerarlo a partir del derecho al debido proceso, el cual, pese a sus
imperfecciones puntuales, puede lograr su objetivo general, aquel en función
del cual está establecido como derecho fundamental, que es la protección de los
derechos sustanciales del sindicado.  Carecería de objeto pretender su
protección, cuando el sindicado ya ha sido absuelto.
Entonces, frente a una presunta
vulneración del derecho fundamental a una defensa técnica, es necesario
estudiar cada caso concreto para evaluar sus precisas consecuencias a partir de una ponderación que tenga en cuenta las
circunstancias particulares del caso concreto, previa verificación del
cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción de tutela.
2.6.
CARACTERIZACIÓN DE LA
‘DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN’, COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD.
La
sentencia C-949 de 2003[44],
en los intentos iniciales de esta Corte por  sistematizar las causales
genéricas de procedibilidad, habló por primera vez de la ‘decisión sin
motivación’ como una categoría independiente. No obstante, en varias
ocasiones esta causal ha sido confundida o subsumida dentro de la causal
conocida como ‘defecto sustancial’[45].
A pesar de ello, dadas sus características, la ‘decisión sin motivación’, como
causal específica de procedibilidad tiene la entidad suficiente para ser
considerada de manera individual, como bien se precisó en la sentencia C-590 de
2005, en la que se reiteró que esta causal se configura con “el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.”
En
un estado democrático de derecho, como garantía ciudadana, la obligación de
sustentar y motivar de las decisiones judiciales, resulta vital en el ejercicio
de la función jurisdiccional. La necesidad de justificar las decisiones
judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley ha prescindido  de
este deber,  garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que
defina el conflicto jurídico.  En este sentido, la motivación de los actos
jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido
mínimo del debido proceso, dado que  constituye una barrera a la arbitrariedad
judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento
jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia[46].
Ahora,
en relación a la valoración de esta causal por parte del juez de tutela, en la
sentencia T-233 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), esta Corporación
precisó lo siguiente:
“(…) la
motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde
analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo
que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no
encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del
principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de
interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la
argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en
últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión
judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte
reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los
casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”. (Subraya fuera de texto).
Por último, es importante tener en cuenta que en
análisis al que se acaba de hacer referencia,  no le corresponde al juez de
tutela establecer cual debía haber sido la conclusión del juez después de un
pormenorizado análisis de todos los anteriores elementos, “pero sí es su
obligación señalar que sin dicho análisis la providencia atacada presenta un grave
déficit de motivación que la deslegitima como tal”[47].
2.7.
CASO CONCRETO
2.7.1. Cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
2.7.1.1.
La Sala considera que el asunto bajo examen tiene una evidente
relevancia constitucional.
El asunto no
sólo se refiere a las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa
(Art. 29 C.P.) sino que preponderantemente está encaminado a resolver la
presunta vulneración del derecho a la libertad personal de una persona (Art. 28
Superior), al buen nombre (Art. 15 de la Carta) y a la presunción de inocencia
(Art. 29, inciso 4°), todos ellos, por supuesto, de rango constitucional pero
además hallan protección en Tratados Internacionales de Derechos Humanos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad (Art. 93 Superior)[48].
2.7.1.2.
Inexistencia de otro mecanismo judicial idóneo.
Es
necesario advertir que el asunto que hoy ocupa la atención de esta Sala,
satisface el presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que
la providencia materia de revisión no pueden controvertirse por una vía
distinta a esta acción.
Ello
es así, en primer lugar, por cuanto siendo la falta de defensa técnica uno de
los fundamentos del accionante para solicitar el amparo constitucional,
constituye razón suficiente para descartar el posible agotamiento de los recursos
de reposición, apelación y casación, en tanto que el defensor de oficio
designado no solicitó pruebas, ni controvirtió las allegadas y tampoco impugnó
la decisión judicial en procura de la defensa de los derechos del sindicado.
Ahora bien, en cuanto a la acción
de revisión penal, debe verificarse, en primer término, cuáles son sus causales
de procedencia, a saber:
“Artículo  192 (Código de
Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004) Procedencia. La acción de revisión
procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
1. Cuando se haya condenado a dos
(2) o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino
por una o por un número menor de las sentenciadas.
2. Cuando se hubiere dictado
sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por
prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente
formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.
3. Cuando después de la sentencia
condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de
los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.
4. Cuando después del fallo en
procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho
internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual
el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento
protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e
imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar
existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.
5. Cuando con posterioridad a la
sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue
determinado por un delito del juez o de un tercero.
6. Cuando se demuestre que el fallo
objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba
falsa fundante para sus conclusiones.
7. Cuando mediante pronunciamiento
judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió
para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad
como de la punibilidad.”
Esta Sala
observa que ni las alegadas causales de procedibilidad de esta acción de tutela
contra la providencia judicial condenatoria del señor Manuel Mena, ni la
situación particular del actor, se encuadran dentro de alguna de las causales
taxativas de la acción de revisión penal. Basta la lectura de las mismas para
concluir que las irregularidades en que presuntamente incurrió el Juez
Promiscuo del Circuito de Yolombó, que invoca el actor como violatorias de sus
derechos fundamentales, no coinciden con las causales de la acción de revisión,
pero, en cambio, sí se traducen claramente en causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Incluso la causal consagrada en
el numeral 3° arriba citado, que podría, en principio,  generar ciertas dudas
sobre su aplicabilidad en este caso, se advierte que en el presente asunto no
se está alegando la existencia de hechos nuevos o el surgimiento de pruebas no
conocidas al tiempo de los debates, pues en el curso del proceso penal ya podía
comprobarse si a quien se estaba sindicando se trataba efectivamente del autor
del homicidio. La captura del señor Manuel Mena no es en sí misma un hecho
nuevo y menos aún es prueba nueva la verificación de que sus características
físicas no sean coincidentes con las de alias “El Morenazo”, pues con esta
información podía contarse en el momento de la condena aunque el juez de
conocimiento haya omitido la realización de pruebas tendientes a la plena
identificación de autor y que no surgieron con la captura del señor Mena sino
que, existiendo, no fueron tenidas en cuenta o, mejor, no fueron practicadas o
decretadas.
De tal manera, esta Sala
considera que en este caso, la acción de revisión no es procedente y, por
tanto, no es un mecanismo judicial idóneo cuya ausencia de interposición
conduzca a la improcedencia de la presente acción de tutela.
2.7.1.3.
Se cumplió el
requisito de la inmediatez[49].
Contrario a lo indicado por los jueces de instancia,
la acción de tutela fue interpuesta dentro de un término oportuno, justo y razonable, el 28 de octubre de 2009. En efecto, si bien la sentencia acusada fue proferida
el 8 de octubre de 1994, el actor fue condenado en ausencia, por lo cual no
puede tenerse en cuenta esa fecha para determinar la oportunidad de la
interposición de la acción de tutela, simplemente, porque no tenía conocimiento
de la providencia.
Por su parte, la captura del accionante se efectuó en
junio del año 2007 y dos años después se presentó la acción de tutela, sin
embargo, a pesar del transcurso de ese tiempo, esta Sala considera que se
cumple el requisito de la inmediatez, teniendo en cuenta la situación
particular del señor Mena: además de encontrarse recluido en un centro
carcelario, no tiene recursos económicos ni conocimientos suficientes del
derecho, y, para ese momento, no había contado con asesoría jurídica alguna. No
fue sino hasta cuando el “proyecto inocencia” de la Universidad Manuel Beltrán
decidió asumir el caso, que el accionante tuvo la oportunidad de buscar la
defensa de los derechos que considera vulnerados.
Así, teniendo en
cuenta la situación especial del actor, esta Sala considera que el requisito de
inmediatez debe entenderse cumplido para efectos de la procedencia de la acción
de tutela en revisión. La Corte ha entendido que la razonabilidad del tiempo
para interponer una acción de tutela debe evaluarse en cada caso concreto sin
que pueda determinarse a priori[50].
De tal manera, ha considerado cumplido el requisito de inmediatez en eventos en
que se prueba la imposibilidad real del actor de interponer con anterioridad la
acción de tutela.
En sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte se refirió por primera vez a la
razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela, señalando:
“La posibilidad de interponer la
acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de
caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con
fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el
asunto de fondo. Sin embargo, el problema jurídico que se plantea en este punto
es: ¿quiere decir esto que la protección deba concederse sin consideración al
tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violación del
derecho fundamental?
Las consecuencias de la premisa
inicial, según la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se
limitan al aspecto procedimental de la acción, en particular a su
admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la
sentencia.  Todo fallo está determinado por los hechos, y dentro de estos puede
ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción, como puede que
sea irrelevante (…)
Teniendo en cuenta este sentido de
proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.”
(Negrillas de la Sala)
Posteriormente, en
sentencia T-684 del 8 de agosto de 2003[51]
se fijaron reglas para la determinación del cumplimiento del requisito de
inmediatez:
“La Corte Constitucional en otras
oportunidades ha fijado la regla según la cual la tutela debe interponerse
dentro de un plazo razonable. La razonabilidad del término no se ha establecido
a priori, sino que serán las circunstancias del caso concreto las que la
determinen. Sin embargo, se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos
factores para analizar la razonabilidad del término: 1) si existe un
motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad
injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados” (Negrillas
fuera de texto)
En tal sentido, en
sentencia T- 1140 del 10 de noviembre de 2005[52]
la Corte consideró lo siguiente:
“En efecto, el juez en cada caso
debe sopesar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el hecho que dio
origen a la acción y la presentación de la misma y establecer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Así mismo,
debe existir una proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido. En otras
palabras, que la acción de tutela (medio) pueda ser utilizada en cualquier
tiempo no significa que la misma no requiera de un término razonable para
hacerlo, en cuanto el fin perseguido es la protección integral y eficaz de los
derechos vulnerados. De tal manera no le es dable al accionante esperar en
forma prolongada el transcurso del tiempo para ejercer la acción cuando desde
el mismo momento de la acción u omisión de la autoridad o particular contra
quien dirige su tutela sentía desconocidos sus derechos, pues si lo pretendido
es que la protección sea eficaz, lo lógico sería que se presentara lo antes
posible.”
Igualmente la Corte
ha establecido que cuando se trata de la presentación de acciones de tutela
contra providencias judiciales, el término de interposición debe ser más
estricto. Así, en la citada sentencia T- 1140 de 2005 consideró la Corte lo
siguiente:
“De lo anterior, puede inferirse
que la razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela debe
estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de procesos
judiciales y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad
del término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan
ante la justicia constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las
posibilidades de defensa en el mismo proceso judicial, la diligencia del
accionante en el mismo, y los posibles derechos de terceros que se han generado
por el paso del tiempo.”
Más recientemente, la
Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008[53], estimó que,
al momento de determinar si se presentaba el fenómeno de la inmediatez en
materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era necesario
examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.
Al estudiar el
asunto bajo revisión, observa esta Sala que (i) la inactividad del actor
se justifica al estar recluido en un centro carcelario sin haber contado con
asistencia jurídica previa, teniendo en cuenta su precaria situación económica
y, al no haber cursado un solo grado de instrucción académica, no tenía
conocimiento sobre la posibilidad de ejercer la presente acción; (ii) la
anterior descripción ubica al señor Manuel Mena en una situación de especial
indefensión; y (iii) dos años –bajo estas circunstancias- no puede
considerarse un plazo irrazonable pues, sin haber mediado asistencia legal
anterior, una vez tomado el caso por el “proyecto inocencia” se procedió a la
interposición de la acción de tutela.
En este orden de
ideas, considera esta Sala cumplido el requisito de inmediatez en la
interposición de la presente acción de tutela.
2.7.1.4.
El peticionario discute
presuntas irregularidades que, de comprobarse, tienen un efecto decisivo en
la sentencia y afectan sus derechos fundamentales, pues, evidentemente, si
las mismas no se hubieren presentado, no se le hubiera culpado de ser el autor
del homicidio y, por tanto, no estaría privado de su libertad.
2.7.1.5.
La simple lectura de los
antecedentes de esta sentencia muestran que la solicitud de tutela identifica
plenamente tanto los hechos que generaron la supuesta vulneración como los
derechos que considera vulnerados: el derecho al debido proceso, a la
defensa técnca y a la libertad personal del señor Manuel Mena.  De esta forma,
también se cumple este requisito de procedencia de la acción de tutela.
2.7.1.6.
Finalmente, es evidente
que el presente asunto no pretende discutir una sentencia de tutela.
Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de
la acción de tutela, la Sala procede a estudiar si la sentencia proferida por
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó en el proceso penal iniciado con
motivo del homicidio del señor Cardona, incurrió en alguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela
contra sentencias.
2.7.2. Cumplimiento
de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
En el presente caso, el accionante solicita la tutela de
su derecho al debido proceso, toda vez que, en su criterio, el Juez Promiscuo
del Circuito de Yolombó incurrió en una vía de hecho al proferir en su contra
sentencia condenatoria a dieciséis años de prisión por el delito de homicidio.
Según el actor, no se practicaron pruebas determinantes para la identificación
de la autor del homicidio, no se motivó suficientemente la decisión y se
presentó una carencia absoluta de defensa técnica ya que el defensor de oficio
no ejerció actividad alguna tendiente a proteger sus intereses.
Para
establecer si hay lugar al amparo constitucional pretendido, lo primero que se
debe determinar es si en el proceso penal adelantado contra el actor se
incurrió en una vía de hecho judicial, esto es, si se incurrió en
irregularidades susceptibles de vulnerar sus derechos fundamentales y de
configurarse en causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Para tal efecto,  procede la Sala a relacionar
los hechos y las actuaciones judiciales que se llevaron a cabo dentro del
proceso penal que dieron lugar al precitado conflicto, en los siguientes
términos:
i)
El 29 de julio de 1988 el Juzgado
Promiscuo Municipal de Vegachí (Antioquia) declaró la apertura de la
investigación por el homicidio del señor John Jairo Cruz Cardona y dispuso la
práctica de pruebas. Recibió los testimonios a los que se hizo referencia líneas
arriba y, tras tomar testimonio del señor Euclides de Jesús Echavarría Trujillo
que afirmó haber escuchado en alguna oportunidad que la cédula de ciudadanía
que portaba alias “El Morenazo” tenía el nombre de Manuel Mena, oriundo del
Chocó, solicitó las tarjetas dactilares de las personas que se llamaran de esa
manera a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luego de recibir la
información de la identidad de dos personas con el mismo nombre, consideró que
se trataba del hoy accionante y ordenó su captura. Por resultar infructuosa la
captura, se procedió al emplazamiento y el 26 de enero de 1989 se declaró
persona ausente (folios 80 a 91 del cuaderno de pruebas No. 2).
ii)
El 13 de abril de 1989, asumida la
competencia por el Juzgado 91 de Instrucción Criminal de Amalfi (Antioquia), se
nombró defensor de oficio al implicado y se resolvió situación jurídica, dictándole
medida de aseguramiento (folios 35 a 40 del cuaderno de pruebas No. 2).
iii)
EL 5 de mayo de 1994, la Fiscalía
Seccional de Yolombó, ante la ejecutoria del cierre de investigación, calificó
el mérito del sumario y acusó al señor Manuel Mena ante el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Yolombó por el homicidio del señor John Jairo Cruz Cardona
(folios 95 y 96 del cuaderno de pruebas No. 2).
iv)
El 8 de octubre de 1994, el Juez
Promiscuo del Circuito de Yolombó condenó al señor Manuel Mena a la pena
principal de dieciséis años de prisión como autor responsable de homicidio
agravado contra el señor John Jairo Cruz Cardona (folios 42 a 55 del cuaderno de pruebas No. 2). La anterior decisión fue tomada por el Juzgado sólo teniendo
en cuenta las pruebas aportadas por el Juez Promiscuo Municipal de Vegachí y
con base en lo señalado por el defensor de oficio quien afirmó que “el móvil
del hecho y la contumacia se convierten en pilares para su condena”. El Juez no
verificó la identidad del autor del homicidio, no decretó o practicó nuevas
pruebas para el efecto.
2.7.2.1. Defecto
fáctico por omisión del decreto y la práctica de pruebas determinantes.
La sentencia
T-902 de 2005[54]
define este tipo de defecto fáctico así: “se presenta cuando el funcionario
judicial omite el decreto o práctica de pruebas, lo cual tiene como
consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que
resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido”. Cuando
este tipo de defecto ocurre en el curso de un proceso penal, adquiere una gravedad
mayor por tratarse de la determinación del ejercicio del derecho a la libertad
personal, al buen nombre y a la presunción de inocencia.
El examen del
trámite del proceso penal que se adelantó en contra del demandante en la
presente acción de tutela, muestra desde el inicio de la investigación la
extrema deficiencia observada en el esclarecimiento de los hechos que dieron
lugar a ese proceso, particularmente en lo relacionado con la individualización
e identificación del sujeto activo del delito de homicidio.
Si bien es
cierto, no cabe duda como lo adujeron en su momento tanto el juez de
instrucción como el de conocimiento, de la materialidad del hecho punible, sí
existían serias dudas en relación con la persona que se estaba sindicando como
autor del mismo, pues lo único que aparece probado en el proceso es que según
todos los testigos la persona que le ocasionó la muerte al señor Cruz Cardona
respondía al apodo de “El Morenazo”, según algunos, su nombre era Luis, quien
no tenía dentadura en su maxilar superior y presentaba una cicatriz por
quemadura en el costado derecho de su cuerpo desde su cara hasta la mano de ese
costado. Sólo un testigo manifestó que a algunas personas les había escuchado
haber visto su cédula y que su nombre verdadero era Manuel Mena, oriundo del
Chocó.  Con ese dato se solicitó informe a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, entidad que envió la cartilla decadactilar de dos personas con ese
nombre de los cuales el Juez Promiscuo Municipal de Vegachí escogió al
accionante al observar que su cédula tenía como observaciones “Cic.Cara Med.
Der. Anular iz.”, ordenó su vinculación a través de captura y el Juez 91 de
Instrucción Criminal de Amalfi al resolver situación jurídica ordenó medida de
aseguramiento. Finalmente, el Juez Promiscuo del Circuito de Yolombó lo condenó
sin ninguna otra consideración.
En efecto, luego
de recibir la información de la Registraduría, no se practicó una sola prueba
que concretara la especificación de las características físicas y morfológicas
del autor del hecho punible, pues las únicas personas que hubieran podido ampliamente
establecerlas eran los testigos del homicidio a quienes les era fácil verificar
que sí se tratara de la misma persona a la que vieron cometer el delito y, como
se observó, esas declaraciones no fueron recibidas en ninguna etapa del
proceso.
Luego de que
la mayoría de los testigos afirmaron conocer a alias “El Morenazo” con el
nombre de Luis, solamente con fundamento en el nombre dado por un testigo que
había oído que algunos de sus compañeros mineros habían visto la cédula de
ciudadanía del “Morenazo” y que registraba el nombre de Manuel Mena, con las
tarjetas Idactilares remitidas por la Registraduría, el Juez Promiscuo
Municipal de Vegachí decidió vincular al hoy accionante, sin ser ello
controvertido por el juez de conocimiento. A pesar de la coincidencia, debió el
juez tener en cuenta que no existía absoluta seguridad sobre el verdadero
nombre de alias “El Morenazo” razón por la cual ha debido reunir a los testigos
del homicidio y compañeros de trabajo del homicida para verificar que la
persona que aparecía en la Registraduría como Manuel Mena fuera efectivamente
el homicida. Ello porque podrían presentarse múltiples hipótesis como que el
Morenazo portara una cédula robada o que también se llamara de esa manera, o
que se hubiera equivocado el único testigo que afirmó haber oído que la cédula
de “El Morenazo” registraba el nombre Manuel Mena o que incluso a quienes oyó
sostenerlo hayan mentido o errado en su afirmación. Una simple citación a los
mismos testigos hubiera bastado para comprobar si se trataba de la misma
persona que habían visto cometer el homicidio.
Esto resulta
totalmente desafortunado desde el punto de vista del debido proceso, pues los
funcionarios judiciales que actuaron en las distintas etapas del proceso penal
omitieron ordenar y recibir una serie de testimonios fundamentales para la
plena identificación e individualización del procesado.
Lo anterior
no significa que la Corte pretenda invadir la órbita de las autoridades
judiciales en la función de apreciación autónoma de las pruebas, porque
entiende que la determinación de la situación fáctica concreta en cada proceso
corresponde al funcionario judicial. Pero en este caso encuentra que no se
desplegó actividad probatoria suficiente tendiente a obtener la plena identidad
del procesado a pesar de que se advertían irregularidades que ofrecían notables
dudas en relación con la identidad de la persona sindicada, lo que constituye
una violación al principio de la presunción de inocencia, como quiera que los
jueces solamente pueden resolver con fundamento en pruebas suficientes.
En el
presente caso existe un evidente defecto fáctico, pues no se presentan pruebas susceptibles
de deducir razonablemente sin lugar a dudas que el sujeto apodado “El
Morenazo”, es el mismo que fue capturado en el año 2007 y que se encuentra
privado de la libertad.
El artículo
180 del Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha en que fue expedida
la sentencia condenatoria (Decreto 2700 de 1991) establece que toda sentencia
contendrá “...2º) La identidad o individualización del procesado”. El artículo
127 del Código de Procedimiento Penal actual (Ley 906 de 2004) señala que “la
Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta
identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores
judiciales.” Aspecto que hace parte de la esencia misma del proceso penal[55] y, que como
se vio, en el que se  adelantó en contra del señor Manuel Mena no se cumplió.
La pregunta que surge es ¿debe el señor Manuel Mena permanecer privado de su
libertad a sabiendas de que se profirió una sentencia que incumplió con lo
dispuesto en las disposiciones citadas?
La respuesta
a este interrogante es negativa. Los fines del Estado según lo dispone el
artículo 2 de la Carta, son garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo, así como la de “proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”, y, los funcionarios encargados de administrar justicia deben
propender con mayor ahínco por el cumplimiento de esos fines.
En un asunto
que guarda bastante similitud con el que ahora ocupa la atención de la Corte en
cuanto no se identificó de manera efectiva al presunto autor del delito -esa
vez por homonimia- se expresó “...es apenas elemental que se les exija
identificar a la persona cuyos derechos y garantías afectan al ordenar su
vinculación a un proceso penal; particular relevancia deben darle estos
funcionarios a la labor de individualizar plenamente a la persona investigada,
en casos como el que dio origen a la tutela que acá se revisa, en el que no
sólo se impuso una medida de aseguramiento, sino que se procedió en contra de
una persona ausente, sin prueba de que esta se ocultara. Al ocuparse la Corte
Constitucional de decidir, en la sentencia C-488 de 1996, sobre la
exequibilidad del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, consideró los
especiales requisitos de la declaración de persona ausente, en los siguientes
términos:
‘El artículo
356 del Código de Procedimiento Penal establece los requisitos para la
declaración de persona ausente. Estos son:
1) Sólo se
puede declarar persona ausente a quien esté debidamente identificado. Es decir,
no basta solamente conocer el nombre del procesado sino que es necesario
establecer su individualidad, son datos tales como edad, filiación, documento
de identidad, lugar de origen y residencia, historia escolar, laboral, etc. que
también se exigen respecto del indagado (art. 359 C. de P.P.), con lo cual se busca amparar no sólo al sindicado, sino a terceros que eventualmente
puedan verse comprometidos en una acción penal por razones de homonimia...”[56].
Esta Sala de
Revisión considera que en el proceso penal en el que finalmente resultó
condenado Manuel Mena, las autoridades tanto en la etapa de instrucción como en
la del juicio no cumplieron con los requisitos exigidos para lograr la plena
individualización e identificación del sindicado. Por ello, en el presente caso
no duda la Sala en manifestar que existió una evidente vulneración al debido
proceso del actor, pues, con la apariencia del estricto cumplimiento de las
formalidades exigidas en la ley para proferir sentencia, se incurrió en
omisiones de tal índole que configuraron un defecto fáctico, que significó para
el accionante la privación de su libertad.
En efecto, se
hubiera llegado a una decisión distinta si en aquella época se hubieran
confrontado las características físicas particulares de alias “El Morenazo” de
quien todos los testigos coincidieron en afirmar que presenta cicatriz por
quemadura en el lado derecho de su cara, extendida por el brazo y la mano de
ese costado, con las del señor Manuel Mena, cuya cédula sólo indica un “cic.
Cara med. Der. Anular iz.” pero que no ineludiblemente se trata de la
descripción de una quemadura que, por lo demás, según los testigos, es bastante
notoria y que se presenta únicamente en el costado derecho del cuerpo. Todos
estos datos conducen a la existencia de una duda razonable sobre la identidad
del autor, por lo cual, en virtud de la presunción de inocencia, era
indispensable la realización de pruebas adicionales que condujeran a una
decisión plenamente fundamentada sobre la autoría del homicidio, y que
garantizaran los derechos fundamentales del sindicado al buen nombre, a la
presunción de inocencia y a la libertad personal.
En un Estado Social de Derecho, en el que la
efectividad de los principios constitucionales es presupuesto esencial para su
realización, las decisiones penales condenatorias deben basarse en pruebas
suficientes que no den lugar a dudas razonables, en virtud del derecho a la
presunción de inocencia.
En este orden de ideas, esta Sala, en aras de suplir
la omisión de la prueba de verificación de que “El Morenazo” y Manuel Mena
fueran la misma persona, solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses que estableciera “si las
características físicas del señor Manuel Mena presentan o pudieron haber
presentado en algún tiempo una cicatriz por quemadura en el costado derecho del
rostro que se extienda por el brazo y hasta la mano de ese mismo costado, e
igualmente, (…)  si su dentadura en el maxilar superior es la original.” Esta
autoridad informó a esta Sala que:
“El examinado MANUEL MENA,
no presenta ni pudo haber presentado cicatrices relacionadas con quemaduras en
el costado derecho de su rostro, ni en ninguno de los miembros superiores. Las
estructuras dentales que se observan son naturales, sin tratamiento odontológico
invasivo de operatorio dental, no ha tenido prótesis dentales superiores, ni ha
habido ausencia ostensible de estructuras dentales en la línea de sonrisa, por
lo tanto las estructuras dentales que se observan son las originales”.
En relación con el derecho a la presunción de
inocencia, según lo ha identificado la Corte[57],
presenta al menos tres manifestaciones, a saber:
i) El primer aspecto, que es en el que se circunscribe
la situación del señor Manuel Mena, hace referencia al modo como se
establece la responsabilidad penal y, más concretamente, a la forma como opera
la carga de la prueba[58].
No es el acusado quien debe probar su inocencia, pues él se presume inocente
hasta tanto el Estado no pruebe lo contrario, a saber, que es culpable.
ii) Otro aspecto tiene que ver con la imputación de la
responsabilidad penal o de participación en hechos delictivos a un individuo
que no ha sido juzgado. Es factible que a una persona o a varias se les achaque
el haber participado en la comisión de un delito. Ese solo hecho, sin embargo,
no significa que con la acusación la persona o personas puedan ser tenidas por
culpables. Solo podrán serlo en el momento en que su responsabilidad haya sido
debidamente comprobada por medio de un juicio justo.
iii) El tercer aspecto hace relación al tratamiento de
personas que están siendo investigadas por un delito y como consecuencia de
ello se les ha dictado medida de aseguramiento bien con beneficio de libertad
provisional o bien sin beneficio de libertad provisional.
En esa misma oportunidad la Corte hizo referencia al caso
Raquel de Mejía contra Perú conocido por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en la que analizó la caracterización de la presunción de
inocencia con base en lo señalado por el artículo 8.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[59].
La señora Raquel Martín de Mejía fue violada y torturada al parecer por fuerzas
gubernamentales quienes la acusaban a ella y a su marido de favorecer a grupos
de izquierda como Sendero Luminoso y le indilgaban el cargo de terrorismo. Su
marido fue secuestrado y muerto. Ella fue sentenciada de terrorismo en un
proceso en desarrollo del cual se vulneró su derecho al debido proceso y se
infringió, en concreto, su derecho a la presunción de inocencia.
Frente al caso de Raquel Martín de Mejía, dijo la
Comisión que el principio de inocencia configura una presunción en favor del "acusado
de un delito, según la cual éste es considerado inocente mientras no se haya
establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme[60]." En
este evento, es al Estado a quien corresponde determinar la responsabilidad
penal del sindicado; es el Estado quien  "debe probar su culpabilidad más
allá de toda duda razonable[61]."
Según la Comisión Interamericana, la presunción de inocencia guarda relación
con "el ánimo y la actitud del juez que debe conocer de la acusación penal[62]." El juez
debe examinar el caso sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia puede partir
de que el acusado es culpable. La tarea del juez consiste en "construir
la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los
elementos de prueba con los que cuenta[63]."
La conclusión a la que llega la Comisión
Interamericana en el caso Martín de Mejía es que el juez ordenó la detención de
la imputada, formuló acusación e inició un proceso penal con fundamento en una
mera denuncia. El juez no analizó si realmente existían los suficientes
elementos de prueba para justificar la acusación y, al obrar de ese modo,
invirtió el orden de la presunción pues desplazó la carga de la prueba en
cabeza del acusado. La Comisión encontró que esa inversión del onus probandi
vulneraba el artículo 8 de la Convención Interamericana y, más concretamente,
la presunción de inocencia y el derecho a ser oído por una instancia imparcial
y el derecho a un juicio justo[64].
En igual sentido, La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sido clara al respecto al manifestar que: “(…) Está más allá de toda
duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia
seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las
infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas
acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos,
no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado
pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin
sujeción al derecho o a la moral.”[65]
Asimismo aquel tribunal internacional ha sostenido que: “el principio de
legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son
inseparables”[66],
agregando también que “el concepto de derechos y libertades y, por ende, el de
sus garantías, es también inseparable del sistema de valores y principios que
lo inspira. En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a
la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada
uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de
los otros”[67].
En la citada sentencia C-827 de 2005, la Corte
concluyó que “la presunción de inocencia es  una presunción iuris tantum que
se distingue de la presunción iuris et de iure pues esta última no
admite prueba en contrario. La presunción iuris tantum  exime a quien la
alega de la actividad probatoria. Basta con caer en el supuesto del hecho
indicador establecido por la norma para que opere la presunción. Del hecho
indicador, esto es, de la resolución de acusación, no se deduce la culpabilidad
del sindicado sino su inocencia. A diferencia de lo que ocurre con la
presunción iuris et de iure, la presunción iuris tantum admite
que el hecho indicador pueda ser desvirtuado. Es ahí en donde aparece una
actividad probatoria, esto es, la acción del Estado orientada a probar la
culpabilidad del acusado y, desde esta perspectiva, a desvirtuar la presunción
de inocencia cuando el juez por medio de sentencia que pone fin a un proceso
desarrollado con fundamento en todas las garantías de defensa y contradicción
concluye la culpabilidad del imputado”.
Y, refiriéndose a la Sentencia C-491 de 1996[68],
afirmó: “Si esto no fuera así, y la resolución de acusación se entendiera como
un acto definitivo, imposible de modificar - aún cuando en el curso del juicio
se demostrara que ella se ha configurado sobre una base precaria y deleznable
-” entonces, ha dicho la Corte Constitucional, “la resolución de acusación
carecería del más elemental sentido de justicia.”
En
relación con la presunción de inocencia del sindicado, ha dicho la Corte que “No
debe perderse de vista que esa estructura básica de acusación y juzgamiento se
halla inescindiblemente vinculada a los principios que en el proceso penal
orientan la actividad probatoria, fundamentalmente al principio de presunción
de inocencia y al principio que exonera al penalmente investigado de declarar
en contra de sí mismo o de sus más próximos allegados  - Artículos 29 y 33
de la Carta -.
En
cuanto a la presunción de inocencia del sindicado, hay que indicar que se trata
de un punto de referencia ineludible, explicable por los profundos contenidos
de violencia implícitos en el poder punitivo del Estado y concebido como una
garantía para que sólo haya lugar a la imposición de la pena cuando se tenga
absoluta certeza sobre la responsabilidad del procesado.  La
vigencia de esa presunción le marca al proceso penal un derrotero particular en
materia probatoria pues se parte de una presunción que hay que desvirtuar
plenamente ya que aún en caso de duda se mantiene su efecto vinculante.
Ello es así en cuanto a la racionalidad del Estado constitucional, como Estado
de justicia, le repugna la sola posibilidad de condenar a un inocente”[69].
En el caso que nos ocupa, el Juez Promiscuo del
Circuito de Yolombó no inició actividad probatoria alguna tendiente a demostrar
que la determinación del autor efectuada por el Juez Promiscuo Municipal de
Vegachí, seguida por el Juez 91 de Instrucción Criminal de Amalfi y por el
Fiscal del Circuito de Yolombó, no admitía duda alguna. En efecto, el Juez de
conocimiento asumió que con lo establecido por esos funcionarios se encontraba
plenamente demostrada la autoría del delito, sin preocuparse si quiera por
referirse a ese extremo del debate en la sentencia condenatoria.
Lo anterior demuestra una violación a la presunción de
inocencia del accionante, de quien se supuso ser el autor del delito sólo con
base en las pruebas aportadas por la instrucción, sin que las mismas arrojaran
suficiente claridad sobre la identificación del autor del homicidio. Y la
vulneración de este derecho fundamental como manifestación del debido proceso y
del derecho de defensa se deriva de una omisión de la práctica o decreto de
pruebas determinantes como causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Vulneración que además se traduce
ineludiblemente en la violación de la libertad personal y al buen nombre del
señor Manuel Mena.
2.8.2.2.
Defecto procedimental por violación del derecho a la defensa técnica
Como se afirmó en las consideraciones de la presente
Sentencia, la acción de tutela contra providencias judiciales procede
únicamente cuando en ellas se presentan las causales generales y específicas de
procedencia. A su vez, no toda deficiencia en la defensa técnica configura una
vía de hecho judicial.  Para que ello sea así, se requiere demostrar además,
como ya se indicó en precedencia, que: (i) la falla no haya estado
amparada por una estrategia de defensa, (ii) que sea determinante del
sentido de la decisión judicial, (iii) que no sea imputable al procesado
o de su propósito de evadir la acción de la justicia y (iv) que aparezca
la vulneración de los derechos fundamentales[70].
Verificados tales elementos a la luz de las
condiciones específicas del caso que nos ocupa se tiene lo siguiente:
i) En cuanto
a las deficiencias en la defensa técnica por la inactividad del defensor de
oficio, del estudio del expediente contentivo del proceso penal se pudo constar
que, efectivamente, el defensor de oficio del señor Manuel Mena, no ejerció las
funciones que le correspondían, pues no impugnó ninguna de las providencias
emitidas por el ente acusador, no solicitó una sola prueba, ni controvirtió las
allegadas dentro de la etapa de instrucción. Tampoco aportó memorial alguno una
vez proferida la resolución que decretó el cierre de la etapa de instrucción.
Sucedió lo mismo durante la etapa del juicio, en la cual limitó su
participación a intervenir en la audiencia pública de juzgamiento y sólo para
afirmar que su defendido era culpable, señalando que “aunque no aparezca o
aparentemente no están los requisitos para dictar sentencia condenatoria contra
su patrocinado, por no haber testigos directos, sí existen testigos de oídas
que merecen credibilidad en razón a que entre otras cosas los deponentes eran
compañeros del occiso y del sindicado y conocían aspectos personales. El móvil
del hecho y la contumacia, se convierten en pilares para la condena, el único
autor de la muerte causada a John Jairo fue mi defendido de oficio”[71].  Tampoco
impugnó la Sentencia condenatoria.
ii) Se
observa en la sentencia condenatoria (folios 42 a 55 del cuaderno de pruebas No. 2) que el Juez Promiscuo del Circuito de Yolombó esgrimió como
uno de los fundamentos de la condena, la posición del defensor de oficio, para
argumentar que incluso él mismo coincidió en la culpabilidad del acusado.
Además, si el defensor hubiere actuado diligentemente como la naturaleza de su
profesión ordena, hubiera solicitado la práctica de pruebas tendientes a la
plena identificación del autor, provocando seguramente una decisión distinta.
iii)
Con la información obrante en el expediente es claro que el señor Manuel Mena
ni siquiera tuvo conocimiento del proceso penal que cursaba en su contra, con
lo cual se desvirtúa la posibilidad de que la ausencia de defensa técnica se
tratara de una estrategida del mismo para eludir la justicia.
iv) Al tratarse de un juzgamiento en ausencia, la defensa
técnica debía contar con un grado de diligencia superior, deber evidentemente
ignorado en este caso, en el que la actuación del abogado defensor no sobrepasa
si quiera el más laxo de los exámenes de diligencia, vulnerándose así y de
manera flagrante, los derechos fundamentales del actor al debido proceso, a la
presunción de inocencia y a la defensa.
Recuérdese que, como ya se explicaba[72], la Corte Constitucional
ha establecido que “nuestro sistema de
procedimiento penal acepta que se procese penalmente a un sindicado en su
ausencia, posibilidad que, como ya lo ha establecido esta Corporación,
encuentra plena aceptación a la luz del ordenamiento constitucional.[73]  Ello
requiere, empero, que dentro del proceso, los derechos e intereses de  la
persona ausente estén representados por un abogado defensor que, en la medida
en que ello sea exigible, aporte y controvierta pruebas e impugne las
decisiones judiciales.  El ejercicio de la función de defensoría de oficio de
una persona ausente presenta ciertas dificultades, pues la inasistencia del
sindicado al proceso, además de imposibilitar la defensa material, limita las
posibilidades de llevar a cabo una adecuada defensa técnica.  Por lo
tanto, la ausencia del reo obliga al abogado de oficio a actuar con suma
diligencia, para subsanar las deficiencias de la defensa y asegurar los
derechos del sindicado. Así, la responsabilidad sobre la defensa del
reo ausente recaerá totalmente sobre el defensor de oficio.  Esto implica que,
en estos casos, los defensores de oficio, -abogados titulados-, deben ser
particularmente diligentes y por lo tanto, responden hasta por culpa levísima,
correspondiente al nivel de experto, pues están representando los intereses de
personas que, además de ver comprometida su libertad individual, no tienen la
posibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos”[74].
Al
verificarse en este caso la concurrencia de los elementos necesarios para la
configuración de un defecto procedimental por violación de la defensa técnica,
concluye esta Sala de Revisión que, en efecto, la providencia acusada también
incurrió en esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias judiciales.
2.8.2.3.
Falta de motivación de la decisión.
Como ya se
explicaba líneas arriba, la ausencia de motivación como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales sólo se
configura cuando “en que la argumentación es decididamente defectuosa,
abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela
intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado”[75].
En este caso
se observa que la sentencia acusada no adolece estrictamente de falta de
motivación sino que la misma se basó en un acervo probatorio insuficiente, por
lo que la causal que se configura es, tal como ya lo determinó esta Sala, un
defecto fáctico por omisión de práctica o decreto de pruebas determinantes.
La
argumentación es coherente en cuanto estudia los hechos, las pruebas obrantes,
las posiciones de las autoridades que intervinieron en el proceso, así como del
defensor de oficio, con base en lo cual esgrimió su decisión final. Por tanto,
si bien omitió como base de su motivación la práctica de pruebas relevantes,
ello constituye otro de tipo de causal como lo es el defecto fáctico.
2.8.3.
Conclusión
Considera
entonces la Sala, que el perjuicio que en este caso se ocasionó al actor y a su
grupo familiar con el desconocimiento abierto de las garantías constitucionales
y al derecho de defensa, conducen inevitablemente a la prosperidad de la acción
de tutela incoada por el accionante, quien, por lo demás, ha visto vulnerados
sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al buen
nombre.
La libertad personal, principio y derecho fundante del
Estado Social de Derecho, comprende “la posibilidad y el ejercicio positivo de
todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones
individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de
los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que
interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola,
oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”.[76]
El derecho a la libertad personal, no obstante ser
reconocido como elemento esencial del Estado de Derecho, no alcanza dentro del
mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto e ilimitado. Ha precisado esta
Corte: “Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional
y su importancia, no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben
armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta,
pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia
social y la vida institucional no serían posibles...”[77].
El artículo 28 de la Carta Política, representa la
cláusula general de tutela y reconocimiento del derecho a la libertad personal,
ya que consagra de manera precisa, clara y expresa que: Toda persona es
libre, al mismo tiempo, establece los fundamentos jurídicos mediante los
cuales se admite su restricción, al disponer que: “Nadie puede ser molestado en
su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su
domicilio registrado..”, salvo que concurran tres requisitos, a saber:
1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con
la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos
previamente definidos en la ley.
Igualmente,
el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el
derecho a la libertad personal así: “1. Toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personales. 2.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados
partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. En el mismo sentido, el
artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “1.
Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado
de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta”.
Ahora bien, aunque en este caso el actor fue
previamente condenado por autoridad judicial competente, lo cierto es que dicha
autoridad incurrió en defectos fácticos y procedimentales que originaron la
privación de la libertad de una persona a quien todavía cobijaba la presunción
de inocencia, lo cual contraría elementos esenciales de un Estado Social y
Constitucional de Derecho.
Lo anterior además infringió el derecho al buen nombre
del señor Mena y de su familia. En sentencia T-949 de 2003[78] en el que se presentó un
caso de homonimia y se condenó injustamente a una persona que no era el autor
del homicidio, la Corte consideró que se habían vulnerado sus derechos al buen
nombre y al habeas data. En el presente caso, si bien no se trata de un caso de
homonimia, la falta de identificación plena del autor se tradujo también en la
violación del derecho al buen nombre.
La Constitución Política consagra el buen nombre en tanto
derecho fundamental en su artículo 15, y establece para el Estado el deber de
respetarlo y hacerlo respetar. La consagración constitucional de estos derechos
encuentra múltiples correlatos al nivel de los instrumentos internacionales de
derechos humanos que vinculan al país, en particular la Declaración Americana e
Derechos y Deberes del Hombre (artículo 5)[79],
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12[80]) el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17[81])
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11[82] y artículo 14[83]), que
consagran el derecho de las personas a recibir la protección de las autoridades
frente a los ataques contra su honra y su reputación. Se trata de un derecho
que, como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, “por estar ligado al
respeto de la dignidad humana, principio fundamental  del Estado Social de
Derecho (art. 2 C.P.), y valor fundamental  de la Comunidad internacional[84]”[85], es objeto
de protección constitucional expresa.
El derecho al buen nombre ha sido definido como “la buena
opinión o fama   adquirida por un individuo en razón a la virtud y al mérito,
como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él”[86]. Como se
expresó en la sentencia T-494 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), “este
derecho está atado a todos los actos o hechos que una persona realice y por las
cuales la sociedad hace un juicio de valor sobre sus virtudes y defectos”. Igualmente,
la Corte Constitucional elaboró sobre esta definición en la sentencia C-489 de
2002 en los siguientes términos:
“El buen nombre ha sido entendido
por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que
de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas
o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno
de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto
por el Estado, como por la sociedad”.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que sólo se entiende lesionado el derecho fundamental al buen
nombre en casos como el que nos ocupa, cuando quiera que se difunden afirmaciones,
informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no
tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e
imagen ante la sociedad: “el derecho al buen nombre, como expresión de la
reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones
falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto
público que se tiene del individuo”[87].
La sentencia T-494 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)[88] reiteró esta regla al
establecer que “son atentados al derecho al buen nombre todas aquellas
informaciones contrarias a la verdad, que, sin justificación alguna,
distorsionen el prestigio social que tiene una persona”. En el mismo sentido,
la sentencia T-228 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)[89] precisó que “se
atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es
decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma directa y
personal, ya a través de los medios de comunicación de masas- informaciones
falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene
del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la
confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o
cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su
imagen”.
La vía de hecho que se refleja en el proceso penal
llevado a cabo en contra del accionante y, específicamente, en la sentencia
condenatoria proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó, en
cuya virtud fue privado de la libertad, tiene una gravedad superlativa al
generar un flagrante menoscabado de derechos fundamentales de inmenso valor
constitucional e internacional y, además, contradice en sí misma los postulados
del Estado Social de Derecho que impone a todas los órganos y autoridades
estatales la obligación cardinal de garantizar la efectividad de los principios
y normas constitucionales.
Por lo
tanto, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación adelantar la
investigación correspondiente para determinar la plena identidad del autor del
delito de homicidio, perpetrado en la persona de John Jairo Cruz Cardona. Así
mismo, se ordenará al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó donde se
encuentra el expediente contentivo del proceso penal adelantado en contra de Manuel
Mena, disponer dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de
copia de esta providencia librada por la Secretaría de la Corte, lo conducente
en relación con la libertad del capturado cuya identidad respecto de la autoría
del delito sobre el cual versó el proceso penal no se encuentra probada.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2009 por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia
adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia el 7 de octubre
de 2009, en cuanto negaron la acción de tutela interpuesta por Manuel Mena en
contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó. En su lugar, CONCEDER el
amparo de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la
libertad personal y al buen nombre, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: DEJAR
SIN EFECTO la actuación surtida en el
proceso penal que dio origen a la presente acción de tutela desde la
vinculación del accionante y ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación
adelantar la investigación correspondiente para determinar la plena identidad
del autor del delito de homicido perpetrado en la persona de John Jairo Cruz
Cardona.
Tercero:  ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó, donde se encuentra el
expediente contentivo del proceso penal seguido contra Manuel Mena, disponer
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la copia de
esta providencia librada por la Secretaría de la Corte, lo conducente en
relación con la libertad del capturado Manuel Mena, por haberse incurrido en
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales a que se refiere la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Por
Secretaría envíese de manera inmediata copia de esta sentencia al Juzgado
Promiscuo del Circuito de Yolombó para los efectos señalados en el numeral
anterior.
Quinto:
Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Auto de decreto de pruebas del 15 de abril de 2010.
[2] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[3] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[4] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[5] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[6] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[7] Ver entre otras la Sentencia T-1068 de 2006 y Sentencia T-266 del 3 de
abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[8] Sentencia T-266 del 3 de abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[9] Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una
sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse,
entre otras, las sentencias T-231 del 13 de mayo de 1994 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz y T-567 del 7 de octubre de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[11] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera
Carbonell.
[12] Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de
diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional
en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio
por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento
patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas
se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto
concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas
en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el
peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias
de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas
constructoras de la familia”.
[13] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera
Carbonell.
[14] Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994
MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al
peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta
asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos
términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la
interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
[15] Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP:
Manuel José Cepeda Espinosa.
[16] Sentencias T-814 del 19 de octubre de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-450 del 4 de mayo de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SU-159 del 5 de marzo de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa T- 462 del 5 de
junio de  2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T- 1065 del 7 de diciembre de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto; T-458 del 7 de junio de 2007 M.P. Àlvaro Tafur Galvis, T-831 de agosto 22 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo
[17] Sentencia
T- 1065 del 7 de diciembre de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto
[18] Ibíd. sentencia T-442 del 11 de octubre de  1994 MP. Antonio Barrera
Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad
judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la
presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales,
porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe
realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios,
derechos y valores constitucionales”.
[19] Cfr. sentencia T-239 del 30 de mayo de 1996
MP. José Gregorio Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su
decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía
de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de
tutela.  La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del
equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta
indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales
para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora,
fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[20] Cfr. sentencia T-576 del 10 de diciembre de 1993 MP. Jorge Arango
Mejía.
[21] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[22] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994.
[23] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[24] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[25] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[26] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
[27] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[28] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[29] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[30] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[31] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[32] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera
Carbonell.
[33] Cfr. T-831 de agosto 22 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo
[34] Sentencia T-610 del 7 de junio de 2001 M.P Jaime Araujo Rentería
[35] Sentencia T-001 del 12 de
enero de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
[36] Cfr. Sentencia T-546 del 15 de mayo de  2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[37] Ibídem.
[38] Cfr. Sentencia SU-960 del 1 de diciembre de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[39] Sentencia C-488 del 26 de septiembre de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[40] Cfr. Sentencia T-106 del 10 de febrero de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[41] Sentencia T-654 del 11 de noviembre de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[42] Ibídem.
[43] En
este sentido se ha manifestado la Corporación, por ejemplo, al negar el amparo en un caso en el cual el juez había valorado una prueba obtenida al margen del
debido proceso, sin que el sindicado hubiera tenido oportunidad de defenderse.
En esta oportunidad la Corporación entendió que sólo procedía la acción de
tutela si la mencionada prueba constituía un elemento central de manera tal
que, sin ella, la decisión judicial hubiese sido, necesariamente, diversa. Como
en el caso existían otros elementos que podían justificar la mencionada
decisión la Corte no concedió la respectiva anulación. Sentencia T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[44] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[45] Por ejemplo en la sentencia T-233 del 29 de marzo de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se dijo “Respecto del defecto sustantivo referido, que
la jurisprudencia de la Corte denomina falta de motivación de la decisión
judicial (…)”, o en la T-114 del 21 de febrero de 2002, M.P.  Eduardo Montealegre Lynett, la Corte consideró
que en ese  caso el tribunal demandado incurrió en “vía de hecho por defecto
sustantivo” por dos razones, siendo la primera de ellas la “insuficiente
argumentación” o en las sentencias T-200,  T-684, T-688 y T-1237 de 2004
(En todas M.P. Clara Inés Vargas Hernández) , al momento de citar el precedente
que ilustra el uso de la ‘decisión sin motivación’ como causal específica, se
estableció en la nota de pie de página: “[s]obre defecto sustantivo,
pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01,
SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02”. (subraya fuera de
texto).
[46] Cfr. Sentencia T-302 del 3 de abril de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[47] Cfr.  T-247 del 28 de marzo de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
[48] Artículos 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; artículos 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[49]Sobre las razones para exigir la
inmediatez como un requisito de procedencia de la tutela contra sentencias cabe
recordar lo expuesto por la Sala Sexta de Revisión en sentencia T-095 de 19 de
febrero de 2009 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[50] Cfr. Sentencia T-265 del 3 de abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[51] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[52] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[53] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[54] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[55] Sentencia T-749 del 7 de octubre de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[56] Sentencia T-361 del 5 de agosto de  1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz
[57] Sentencia C-827 del 10 de agosto de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[58] Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá,
2004, p. 397.
[59] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 10.970. Informe
No. 5/96. Raquel Martín de Mejía (Perú). Consultar en. www.cidh.org
[60] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 10.970. Informe
No. 5/96.
[61] Ibídem.
[62] Ibídem.
[63] Ibídem.
[64] En el caso de Raquel de Mejía, la Comisión concluyó que la aplicación del artículo 13 del Decreto Ley 25.475 “al omitir
garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho a gozar de un proceso justo
consagrado en el artículo 8 de la Convención, resulta per se incompatible con la obligación consagrada en el artículo 1.1 de la misma.” (...) “La aplicación de
esta ley en el trámite de su proceso, en el concepto de la Comisión, constituye una violación de su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial y a
ser presumida inocente. En efecto, según surge de las pruebas aportadas, una
vez presentada la denuncia por la presunta comisión del delito de terrorismo,
el juez de instrucción abrió el proceso y dictó orden de captura. Vencido el
plazo de instrucción, se remitió el expediente al Fiscal Provincial de Leima,
quien no obstante determinar que en el caso de Raquel de Mejía ‘... los
indicios que dieron mérito a la formulación de la denuncia no han logrado
ser sustentadas hasta el momento ...’, remitió el proceso a la corte
Superior. Ésta procedió a nombrar Fiscal Supremo quien, en cumplimiento de lo
prescrito en el artículo 13 del Decreto 25.475, acusó a Raquel Mejía por el
delito de terrorismo y solicitó la pena de 20 años de prisión, sin considerar
siquiera que no existía evidencia alguna de responsabilidad penal de ésta.”
Consultar más detalles de este caso en: Informe de la Comisión de Derechos Humanos No 5/96 Raquel Martín de Mejía (Perú) en: www.cidh.org.
[65] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del  30 de mayo de
1999 Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Párrafo 204
[66] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-8/87,
del 30 de enero de 1987, párrafo 24.
[67] Ídem, párrafo 26.
[68] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[69] Sentencia C-156 del 5 de marzo de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[70] Cfr. Sentencias  T-654
del 11 de noviembre de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-784 del 24 de junio
de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-028 del 20 de enero de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-066
del 28 de enero de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-068 del 28 de enero de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[71] Folios 50 y 51 del cuaderno de pruebas No. 2.
[72] Ver página 27 de esta providencia.
[73] Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[74] Cfr. Sentencia T-106 del 10 de febrero de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[75] Sentencia T-233 del 29 de marzo de  2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[76] Sentencia C - 301 del 2 de agosto de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido, sentencia C - 634 del 31 de mayo de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[77] Sentencia C - 578 del 4 de diciembre de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[78] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[79] Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la
protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y
a su vida privada y familiar.
[80]  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a
su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias y ataques.”
[81] Artículo 17  1. Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.
[82] Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio
o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques
[83]  Artículo 14. “toda persona afectada por informaciones inexactas o
agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar
por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones
que establezca la ley. (…)”
[84] Ver Sentencia C-410 del 25 de abril de  2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[85]  Sentencia C-392 del 22 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[86] Sentencia T-411 del 13 de septiembre de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[87] Sentencia C-489 del 26 de junio de  2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[88]  En este caso la Corte estudió la situación de un particular cuya
reputación personal y profesional había sido afectada por el envío, por parte
de otro particular, de cartas a personas que lo conocían, en las que se hacían
afirmaciones denigrantes sobre su conducta.
[89]  En esta providencia la Corte estudió el caso de ciertos residentes de
un conjunto habitacional que interpusieron tutela contra la administración del
conjunto, dado que ésta publicaba en una cartelera pública los nombres de
quienes estaban incursos en mora en el pago de los gastos comunes.