Sentencia T-067/20
INSCRIPCION
EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Vulneración por la UARIV al
negar inscripción de los accionantes por concluir que el hecho victimizante no
ocurrió en el marco del conflicto armado interno
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial
protección constitucional
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO-Alcance del concepto contenido en la Ley 1448 de
2011
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO-Aspectos característicos de su definición
(i) La
norma contiene una definición operativa del término “víctima”, en la medida en
que no define la condición fáctica de víctima, sino que determina un ámbito de
destinatarios para las medidas especiales de protección contempladas en dicho
estatuto legal. (ii) La expresión “conflicto armado interno” debe
entenderse a partir de una concepción amplia, es decir, en contraposición a una
noción estrecha o restrictiva de dicho fenómeno, pues esta última vulnera los
derechos de las víctimas. (iii) La expresión “con ocasión del conflicto
armado interno” cobija diversas situaciones ocurridas en el contexto de dicho
conflicto armado. Por ende, se debe atender a criterios objetivos para
establecer si un hecho victimizante tuvo lugar con ocasión del conflicto armado
interno o si, por el contrario, se halla excluido del ámbito de aplicación de
la norma por haber sido perpetrado por “delincuencia común”. (iv) Con
todo, existen “zonas grises”, es decir, supuestos de hecho en los cuales
no resulta clara la ausencia de relación con el conflicto armado interno. En
este evento, es necesario llevar a cabo una valoración de cada caso concreto y
de su contexto para establecer si existe una relación cercana y suficiente con
la confrontación interna. No es admisible excluir a priori la
aplicación de la Ley 1448 de 2011 en estos eventos. (v) En caso de duda
respecto de si un hecho determinado ocurrió con ocasión del conflicto armado,
debe aplicarse la definición de conflicto armado interno que resulte más
favorable a los derechos de las víctimas. Esta regla es acorde con la Ley 1448
de 2011 que establece que se debe presumir la buena fe de las víctimas en sus
afirmaciones, y que “[e]n los casos de reparación administrativa, el intérprete
de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el deber de
escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca a la
dignidad y libertad de persona humana, así como a la vigencia de los Derechos
Humanos de las víctimas”. (vi) La posición de víctima no puede
establecerse únicamente con base en la calidad o condición específica del
sujeto que cometió el hecho victimizante. (vii) Los hechos atribuidos a
los grupos post-desmovilización se consideran ocurridos en el contexto del
conflicto armado, siempre que se logre establecer su relación de conexidad con
el conflicto armado interno
INSCRIPCION EN EL
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Finalidad
Es un instrumento para identificar a los
destinatarios de ciertas medidas de protección y “por su conducto (i) se materializan las entregas de ayudas de
carácter humanitario; (ii) el acceso a planes de estabilización socio económica
y programas de retorno, reasentamiento o reubicación y, (iii) en términos
generales el acceso a la oferta estatal y los beneficios contemplados en la ley
INSCRIPCION EN EL
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Constituye un derecho
fundamental de las víctimas
DERECHO AL DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA MOTIVACION DE LOS ACTOS QUE RESUELVEN SOLICITUDES
DE INCLUSION EN EL RUV-Orden a la UARIV de expedir
un acto administrativo debidamente motivado que resuelva la inclusión en el RUV
ACCION DE TUTELA
EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Orden a la
UARIV inscribir a la accionante y a su grupo familiar en el RUV
Referencia: Expedientes acumulados T-7.302.551 y T-7.393.538
Acciones de tutela presentadas por Eugenia Echavarría, en calidad de
agente oficiosa de su hija Alejandra María Ruiz Echavarría, y Ana Fidelia Torres García en contra de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV–
Magistrado
sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos
mil veinte (2020)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
pronuncia la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos
en el expediente T-7.302.551, en primera instancia, por el Juzgado Primero
de Familia de Oralidad de Itagüí, el 9 de noviembre de 2018, y, en segunda
instancia, por la Sala Quinta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de
Medellín, el 11 de enero de 2019, dentro del proceso de tutela iniciado por Eugenia Echavarría, en calidad de agente oficiosa de su hija
Alejandra María Ruiz Echavarría; y del fallo proferido en el expediente
T-7.393.538, en primera instancia, por el Juzgado Diecisiete Civil del
Circuito de Cali, el 10 de diciembre de 2018, dentro del proceso de tutela
iniciado por Ana Fidelia Torres García, en ambos casos en contra de la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV–.
Los expedientes de la referencia fueron
seleccionados para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis,
mediante auto proferido el 14 de junio de 2019 y notificado el
3 de julio de 2019, en donde se decidió su acumulación por presentar
unidad de materia[1].
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-7.302.551
1.1. Demanda y solicitud
La señora Eugenia Echavarría, de 61 años[2], en calidad de agente oficiosa de su hija mayor de edad Alejandra
María Ruiz Echavarría, presentó acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(en adelante Unidad para las Víctimas), con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la igualdad material, al reconocimiento como víctima, a la reparación
integral en términos de indemnización por vía administrativa y a la prevalencia
del derecho sustancial, además, del principio de buena fe. Lo anterior, al
estimarlos vulnerados en razón de la negativa de la entidad de incluir a
Alejandra María y su grupo familiar en el Registro Único de Víctimas –RUV– por
el hecho victimizante de homicidio de su hijo Miguel Ángel Ruiz Echavarría, bajo
el argumento de que el mismo no se dio con ocasión del conflicto armado interno.
A continuación se presentan los hechos más
relevantes según fueron descritos en la demanda:
1.1.1. Alejandra María
Ruiz Echavarría tiene en la actualidad 43 años[3],
es madre cabeza de familia y se encuentra a cargo de su hija María Camila
Restrepo Ruiz, de 15 años[4],
quien vive con ella. Alejandra también es madre de Brenda Andrade Ruiz, mayor
de edad y ya independiente de su hogar materno, y de Miguel Ángel Ruiz
Echavarría[5],
hoy fallecido.
1.1.2. El 12 de marzo
de 2011, a sus 14 años, Miguel Ángel Ruiz Echavarría fue asesinado en el barrio
la Aldea del municipio de Itagüí, Antioquia, “por cruzar una frontera
invisible”[6].
Narró la agente oficiosa que la autoría del asesinato se atribuye a “las
bandas criminales asociadas al paramilitarismo que operaban en esa zona del
departamento”[7].
1.1.3. Esa tragedia
familiar le produjo a Alejandra María un grave desequilibrio mental que fue
diagnosticado como “1) Trastorno afectivo bipolar, 2) Episodio depresivo
grave presente con síntomas psicóticos consecuente a problemas relacionados con
la desaparición o muerte de un miembro de la familia”[8].
1.1.4. Según narró la
señora Eugenia Echavarría el deterioro en la salud mental de Alejandra María es
crónico, degenerativo y avanzado, al punto que se le ha imposibilitado volver a
trabajar y, por recomendaciones médicas, requiere de cuidado permanente debido
a “su ideación suicida”[9].
1.1.5. Alejandra María
fue valorada con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sin embargo,
le ha sido negada la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez, por lo
que no cuenta con ningún tipo de ingresos económicos que le permitan asumir los
gastos necesarios para su sostenimiento y el de su hija María Camila.
1.1.6. El 24 de marzo
de 2012, un año después de ocurridos los hechos, la señora Alejandra María
rindió declaración ante la Personería Municipal de Itagüí, como víctima del
homicidio de su hijo Miguel Ángel Ruiz Echavarría, con la finalidad de ser
incluida en el RUV[10].
1.1.7. Mediante
Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017, la Unidad para las
Víctimas decidió la no inclusión en el RUV de Alejandra María Ruiz Echavarría
por el hecho victimizante de homicidio de su hijo Miguel Ángel[11]. En
la parte considerativa del documento se lee:
“Que en razón a lo anterior, atendiendo rigurosamente el
relato de la declarante, y los documentos adjuntos, no se cuenta con elementos
técnicos suficientes, que permitan comprobar que la ocurrencia de estos hechos,
estén directamente relacionados con motivos ideológicos o políticos, o que
obedezca al accionar de grupos armados, es importante mencionar, que la sola
presencia de grupos armados en el lugar donde ocurrió el hecho, no significa
que el mismo se configure en el marco del conflicto, y aunque los hechos
presentados, pueden manifestar diferentes condiciones de vulnerabilidad
establecidas por un contexto violento, no se logra inferir que su situación se
encuentre acorde con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
|| No obstante el objeto de la presente resolución no desvirtúa que el
Homicidio del hijo de la deponente haya sido hecho violento.
[…]
Que una vez analizados los elementos jurídicos, técnicos y
de contexto, se establece que no es procedente el Reconocimiento de los hechos
victimizantes de Homicidio, bajo los parámetros de la Ley 1448 de 2011, dado
que al realizar el proceso de valoración no se logró contar con elementos
suficientes que comprobaran que los mismos, fueron perpetuados en el marco de
conflicto armado, por lo tanto no se realizará la inscripción de la deponente
ni de su grupo familiar, en el Registro Único de Víctimas (RUV)”[12].
1.1.8. Frente a dicho
acto administrativo fueron presentados los recursos de reposición y apelación,
al considerar que la Unidad para las Víctimas omitió realizar un análisis
juicioso y profundo de la solicitud. Sin embargo, según lo expresó la agente
oficiosa, la decisión inicial fue confirmada sin hacer ninguna valoración de
los argumentos expuestos por la víctima para ser incluida en el Registro, y así
poder acceder a las medidas especiales de reparación integral[13].
1.1.9. La señora
Eugenia Echavarría señaló que en el municipio de Itagüí, para la época de
ocurrencia de los hechos, existía un conflicto armado en razón de presencia de
grupos de criminalidad organizada que se rearmaron luego de la desmovilización de
los paramilitares, quienes ejercían el control territorial y de la población,
al punto de que existían fronteras invisibles que los ciudadanos no podían
traspasar[14].
1.1.10. Afirmó la
agente oficiosa que es ella quien en la actualidad debe velar por el cuidado de
su hija Alejandra María y de su nieta María Camila, y responder por el
sostenimiento del hogar, y que no cuenta con ingresos económicos suficientes para
proveerles lo necesario.
1.1.11. En razón de lo
anterior, la señora Eugenia Echavarría solicitó que
se ordene a la Unidad para las Víctimas que proceda a incluir a su hija Alejandra María Ruiz Echavarría
y su grupo familiar en el RUV, por el hecho victimizante de homicidio de Miguel Ángel Ruiz Echavarría. Consecuencialmente, que le
ordene hacer efectivas las medidas de reparación a las que tenga derecho, teniendo en cuenta su actual condición de salud, que la hace merecedora
de un enfoque y trato diferencial.
1.2.
Respuesta de la entidad demandada
Mediante auto interlocutorio No.
0849 del 1 de noviembre de 2018, el Juzgado Primero de Familia de
Oralidad de Itagüí admitió la acción de tutela, decretó como prueba el interrogatorio
de la señora Eugenia Echavarría y corrió traslado de la demanda a la Unidad para
las Víctimas[15].
El 6 de noviembre de 2018, la Oficina Asesora
Jurídica de la Unidad para las Víctimas solicitó que se negaran las
pretensiones invocadas en la acción de tutela, debido a que la entidad, dentro
del marco de su competencia, ha realizado todas las gestiones necesarias para
cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o
pongan en riesgo los derechos fundamentales de la señora Alejandra María Ruiz
Echavarría[16].
Agregó que existe una carencia actual de objeto en razón de que la Unidad
procedió a dar respuesta de fondo, precisa y concisa a la solicitud de
inclusión en el RUV, a través de la Resolución No. 2017-147417 del 23 de
noviembre de 2017, que decidió no incluir a la agenciada ni a su grupo familiar
en el Registro[17];
la Resolución No. 2017-147417R del 12 de febrero de 2018, que resolvió el
recurso de reposición confirmando el anterior acto administrativo[18]; la
Resolución No. 2018-19679 del 25 de abril de 2018, que resolvió el recurso de apelación
en igual sentido[19];
y la comunicación 201872018872781 del 6 de noviembre de 2018, que dio respuesta
a un derecho de petición radicado por Alejandra María Ruiz Echavarría, en el
sentido de informar su estado en el Registro Único de Víctimas, por el hecho
victimizante de homicidio, siendo víctima directa Miguel Ángel Ruiz Echavarría.
En esa oportunidad se le informó que la decisión de no inclusión en el RUV se
encuentra en firme, no es susceptible de recurso alguno y no puede ser
modificada[20].
1.3.
Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia
El 7 de noviembre de 2018, el Juzgado
Primero de Familia de Oralidad de Itagüí practicó el interrogatorio de la
señora Eugenia Echavarría[21],
quien en esa oportunidad además de reiterar los hechos expresados en la demanda
de tutela, afirmó:
-
Actualmente se dedica a la costura de prendas según encargo de terceros,
en su casa.
-
Antes de la muerte de Miguel Ángel Ruiz, su hija Alejandra María era la
que trabajaba y asumía todos los gastos del hogar como cabeza de familia, y
ella, la abuela, era la que se quedaba con los tres nietos y los cuidaba.
-
Con la muerte de Miguel Ángel, Alejandra María perdió la cordura y dejó
su empleo, por lo que le tocó ponerse a trabajar junto con su hija mayor en el oficio
de costurera.
-
Su hija fue evaluada con una pérdida de capacidad laboral del 59,2%,
pero el fondo de pensiones le negó la pensión de invalidez porque solo tenía 37
semanas cotizadas. Desde hace un año Sura no le paga las incapacidades.
-
En la actualidad ella, con la ayuda de su hija mayor, es quien asume
todos los gastos del hogar, de su hija Alejandra María y de su nieta de 15 años
María Camila, quien se encuentra terminando el bachillerato.
-
El padre de Miguel Ángel nunca lo reconoció ni le ayudó económicamente a
Alejandra María con los gastos del niño. De él no se volvió a saber nada.
-
No tiene un ingreso mensual fijo, a veces hace lotes de $200.000 o
$300.000, ya que pagan $1.000 por cada prenda.
-
Los gastos mensuales son los siguientes: $500.000 de arriendo; $50.000
de servicios públicos; $180.000 de internet, que es obligatorio por el estudio
de su nieta; $100.000 de transporte de María Camila; y para la alimentación no
tiene un valor establecido, ya que solo compran lo esencial.
-
Su esposo le ayuda muy de vez en cuando, él vive con las hermanas en
Medellín y se hizo embargar todo el salario para no colaborar; la tiene afiliada
como beneficiaria a la EPS.
-
Alejandra no hace nada, “la depresión no la deja, ella toma droga
psiquiátrica, yo la vigilo todo el tiempo, ve televisión, ayuda en los oficios,
la pongo a empacar prendas a que me ayude a ver si así despierta, pero en cualquier
momento resulta llorando por el vacío que le dejó el hijo y ha manifestado
ganas de morir dice que para qué vivir así”[22].
El Juzgado Primero de
Familia de Oralidad de Itagüí, mediante sentencia No. 100 del 9 de noviembre de
2018, declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Eugenia
Echavarría, actuando como agente oficiosa de su hija Alejandra María Ruiz Echavarría.
Lo anterior, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debido a que
dicho mecanismo no es idóneo y efectivo para decidir la solicitud de inclusión
en el RUV y el consecuente reconocimiento de las medidas de reparación, siendo
ello de competencia de la Unidad para las Víctimas. Adicionalmente, porque no
se demostró la existencia de un perjuicio irremediable[23].
1.4. Impugnación
La anterior decisión fue impugnada por la agente
oficiosa. Señaló que el derecho de petición, que fue el que se analizó en la
sentencia impugnada, no fue el objeto de la acción de tutela. En cambio, el
juez de primera instancia dejó de analizar los derechos efectivamente invocados
y los hechos descritos en la demanda y en el acta de interrogatorio, a partir
de los cuales podía deducirse la existencia de un perjuicio irremediable, en la
medida en que Alejandra María es víctima de la omisión del deber de protección
que tiene el Estado colombiano, lo que no solo hacía viable que el asunto se discutiera
a través de la acción de amparo, sino que se accediera a la protección
solicitada[24].
1.5.
Decisión que se revisa del juez de tutela de segunda instancia
La Sala Quinta de Decisión de Familia del Tribunal
Superior de Medellín, mediante sentencia del 11 de enero de 2019, confirmó la sentencia
No. 100 del 9 de noviembre de 2018. Concluyó que la acción de tutela no es el
mecanismo de defensa idóneo para obtener la inclusión del núcleo familiar de la
agenciada en el RUV, pues el acto de no inclusión puede controvertirse mediante
el correspondiente proceso contencioso administrativo. Agregó que no se probó
la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera posible la concesión transitoria
de la acción de amparo[25].
2. Expediente T-7.393.538
2.1. Demanda y solicitud
La señora Ana Fidelia Torres García presentó acción
de tutela en contra de la Unidad para las Víctimas, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales de petición y a ser reconocida como víctima, al estimarlos
vulnerados en razón de la negativa de la entidad de incluirla en el Registro
Único de Víctimas –RUV– por los hechos victimizantes de amenaza y
desplazamiento forzado, bajo el argumento de que no se logró establecer que los
mismos se dieran con ocasión del conflicto armado interno.
A continuación se presentan los hechos más
relevantes según fueron descritos en la demanda:
2.1.1. Ana Fidelia
Torres García es desplazada del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca,
lugar en el que trabajaba como vendedora informal de comida, haciendo oficios
varios y prestando dos motores de lancha.
2.1.2. La accionante comenzó
a recibir amenazas por parte de hombres armados, quienes en varias ocasiones le
manifestaron que atentarían contra su vida si no les entregaba los motores de
lancha, y que le “iba a ir peor que a [su] esposo quien está desaparecido”[26]. Ante
esa situación, el 18 de noviembre de 2017, se vio obligada a abandonar su casa
y todas sus pertenencias para proteger su vida, desplazándose a la ciudad de
Cali junto con su nieto[27].
2.1.3. Ana Fidelia
rindió declaración ante la Personería Municipal de Cali el 9 de febrero de
2018, por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado ocurridos
el 17 y 18 de noviembre de 2017 en el municipio de Buenaventura, Valle del
Cauca, con la finalidad de ser incluida en el RUV.
2.1.4. Mediante
Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018, la Unidad para las Víctimas
decidió no incluir en el RUV a Ana Fidelia Torres García junto con su grupo
familiar, y no reconocer los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento
forzado, al no poderse determinar que se encuadraron en el marco del conflicto
armado interno[28].
Frente a dicho acto administrativo fue presentado el recurso de reposición y en
subsidio apelación. Sin embargo en ambas ocasiones la decisión anterior fue
confirmada[29].
2.1.5. La accionante
señaló que en el municipio de Buenaventura, para la época de ocurrencia de los
hechos, existía una fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley, que
ejercían control territorial y cometían todo tipo de actos vandálicos debido a
la ausencia del Estado.
2.1.6. Ana Fidelia narró que es afrodescendiente,
madre soltera y cabeza de hogar, pues se encuentra a cargo de su nieto menor de
edad, y que en la actualidad no tiene un lugar estable para vivir en la ciudad
de Cali ni condiciones que le permitan retornar al municipio de Buenaventura.
2.1.7. En razón de lo
anterior, la accionante solicitó que se ordene a la
Unidad para las Víctimas que proceda a incluirla en el RUV por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, ocurrido el 18 de noviembre de 2017, a raíz
de las amenazas recibidas por parte de grupos armados al margen de la ley.
2.2.
Respuesta de la entidad demandada
Mediante auto interlocutorio No.
1156  del 27 de noviembre de 2018, el Juzgado Diecisiete Civil del
Circuito de Cali admitió la acción de tutela, vinculó al trámite a la
Presidencia de la República y al Departamento de la Prosperidad Social y corrió
traslado de la demanda a la Unidad para las Víctimas[30].
Mediante comunicación recibida el 3 de diciembre de
2018, la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas solicitó que
se negaran las pretensiones invocadas en la acción de tutela, debido a que la
entidad, dentro del marco de su competencia, ha realizado todas las gestiones
necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que
se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales de la señora Ana
Fidelia Torres García[31].
Agregó que la Unidad procedió a dar respuesta de fondo, precisa y concisa a la
solicitud de inclusión en el RUV, a través de la Resolución No. 2018-27196 del
2 de mayo de 2018, que decidió no incluir en el Registro a la accionante junto
con su grupo familiar, por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento
forzado[32];
la Resolución No. 2018-27196R del 27 de agosto de 2018, que resolvió el recurso
de reposición confirmando el anterior acto administrativo[33]; y la
Resolución No. 2018-47482 del 5 de septiembre de 2018, que resolvió el recurso
de apelación en igual sentido[34].
Mediante comunicación recibida el 3 de diciembre de
2018, la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que no le asiste ninguna competencia en lo que tiene que ver con la
ayuda humanitaria, la indemnización administrativa o la inclusión en el Registro
Único de Víctimas. En razón de ello, solicitó que la entidad fuera desvinculada
del trámite o que se negara el amparo constitucional[35].
2.3.
Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia
El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali,
mediante sentencia del 10 de diciembre de 2018, negó la protección
constitucional solicitada por la señora Ana Fidelia Torres García al concluir
que la Unidad para las Víctimas no le vulneró sus derechos fundamentales, toda
vez que la actuación administrativa adelantada se fundamentó en la información
recopilada y la imposibilidad material de concluir, a partir de la misma, que
el desplazamiento de la accionante fue un hecho relacionado con el conflicto
armado interno[36].
La anterior decisión no fue impugnada.
3. Actuaciones en sede de revisión
3.1. La Sala Quinta de Revisión, mediante Auto del
24 de septiembre de 2019[37],
decretó algunas pruebas con la finalidad de obtener elementos
de juicio que le permitieran adoptar una decisión más informada en el caso
objeto de estudio. Adicionalmente, suspendió los términos del presente proceso.
Las pruebas decretadas fueron las siguientes:
3.1.1. Solicitó a la Unidad para las Víctimas, en
el expediente T-7.302.551, que (i) informara los elementos
jurídicos, técnicos y de contexto y los elementos materiales probatorios que le
sirvieron de sustento para negar la inclusión en el RUV de Alejandra
María Ruiz Echavarría junto con su grupo familiar, por el hecho
victimizante de homicidio de su hijo Miguel Ángel Ruiz Echavarría; y (ii) adjuntara
copia del Formato Único de Declaración para la solicitud de inscripción en el
Registro Único de Víctimas, o su equivalente, junto con los demás elementos
materiales probatorios que fueron valorados para la adopción de las
resoluciones mediante las cuales se decidió la no inclusión en el RUV de
Alejandra María Ruiz Echavarría.
En el expediente T-7.393.538, que (i)
informara los elementos jurídicos, técnicos y de contexto y los elementos
materiales probatorios que le sirvieron de sustento para negar la inclusión en
el RUV de Ana Fidelia Torres García junto con su grupo
familiar, por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento
forzado; (ii) adjuntara copia del Formato Único de Declaración para la
solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas, o su equivalente,
junto con los demás elementos materiales probatorios que fueron valorados para
la adopción de las resoluciones mediante las cuales se decidió la no inclusión
en el RUV de Ana Fidelia Torres García; (iii) adjuntara copia de la Resolución No. 2018-27196
del 2 de mayo de 2018, por medio de la cual la Unidad para las Víctimas decidió
no incluir en el RUV a Ana Fidelia Torres García junto con su grupo familiar, y
no reconocer los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado, al
no poderse determinar que se encuadraron en el marco del conflicto armado
interno; y (iv) informara si la señora Ana Fidelia Torres
García se encuentra inscrita en el RUV por el hecho victimizante de la
desaparición forzada de su cónyuge, y si hay pruebas de dicho acontecimiento en
el expediente del trámite de inscripción en el RUV que se resolvió a través de
la Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018.
3.1.2. Solicitó a la Fiscalía 235 delegada
ante los jueces penales del circuito de Itagüí, Antioquia, de la Unidad
Seccional de Fiscalías de Itagüí, o a quien sea la fiscalía competente, que (i)
informara el estado actual y el resultado de la investigación penal
identificada con número SPOA 050016000206201116225, por el fallecimiento en
forma violenta de Miguel Ángel Ruiz Echavarría, el día 12 de marzo de 2011,
luego de ser víctima de atentado con arma de fuego en el barrio la Aldea de Itagüí,
Antioquia; y (ii) adjuntara copia del expediente que incluya las piezas
probatorias que permitan identificar el contexto en el cual tuvo ocurrencia el
hecho, en caso de haberlas.
3.1.3. Solicitó a la señora Eugenia
Echavarría, quien actúa en calidad de agente oficiosa de su hija Alejandra
María Ruiz Echavarría, que (i) informara cualquier hecho o situación
adicional que sea necesaria tener en cuenta para la decisión del caso
estudiado; y (ii) adjuntara copia de la certificación de pérdida de
capacidad laboral de la señora Alejandra María Ruiz Echavarría.
3.1.4. Solicitó a la señora Ana Fidelia Torres
García que (i) informara cualquier hecho o situación adicional que sea
necesaria tener en cuenta para la decisión del caso estudiado; (ii)
informara si denunció la desaparición forzada de su cónyuge ocurrida en
Buenaventura, según fue descrita en la demanda de tutela, y si solicitó la
inclusión en el Registro Único de Víctimas por ese hecho victimizante y, en
caso de haberlo realizado, cuál fue la respuesta obtenida; y (iii) adjuntara
copia del registro civil de nacimiento del nieto con el que actualmente convive
en la ciudad de Cali y que integra su grupo familiar.
3.2. Mediante comunicación del 11 de octubre de
2019, de un lado, la Secretaría General de la Corporación informó que se dio
cumplimiento al Auto del 24 de septiembre de 2019, recibiendo las respuestas de
la Fiscalía 235 Seccional de Itagüí y de la señora Ana Fidelia Torres García.
Adicionalmente, señaló que los oficios enviados a la señora Eugenia Echavarría fueron
devueltos por la Oficina de Correo 472, con la anotación de “No existe”[38]. De otro
lado, informó que durante el término de traslado de las pruebas recibidas, solo
se acercó a la Secretaría el Departamento de la Prosperidad Social[39].
Las comunicaciones recibidas fueron las siguientes:
3.2.1. El 2 de octubre de 2019, la Fiscalía 235
Seccional Itagüí[40]
informó que en efecto “tuvo a su cargo la carpeta con SPOA
050016000206201116225 por el delito de Homicidio, en razón de la muerte
violenta del menor MIGUEL ÁNGEL RUIZ ECHAVARRÍA, de 14 años de edad, ocurrida
el día 12 de marzo de 2011 en la calle 62 con carrera 56 a un costado del
inmueble demarcado con el número 62-06 vía pública del municipio de Itagüí y
producida con arma de fuego”[41].
Y agregó: “Realizadas las labores preliminares
urgentes para establecer las causas  y responsables de su deceso, no se obtuvo
resultado positivo alguno, razón por la cual se dispuso el archivo provisional
de la indagación el día 23 de enero de 2012, encontrándose desde entonces
INACTIVA la investigación, sin que hasta la fecha se haya obtenido información
adicional alguna que permita su reactivación”[42].
Con la respuesta se adjuntó copia de las piezas
procesales más importantes obrantes en la carpeta, para efectos de que se
identifique el contexto en que tuvo ocurrencia el hecho violento[43].
3.2.2. El 4 de octubre de 2019, la señora Ana
Fidelia Torres García remitió copia de su cédula de ciudadanía, con fecha de
nacimiento del 24 de agosto de 1963[44],
y del registro civil de nacimiento de Jonatan Estiven Torres García, en donde
se indica como fecha de nacimiento el 26 de febrero de 2005 y que su madre es Ana
Fidelia Torres García[45].
3.2.3. El 15 de octubre de 2019, el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica (E) de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas[46]
solicitó negar la protección del derecho fundamental al reconocimiento de las
accionantes como víctimas del conflicto armado interno. Lo anterior con
fundamento en los siguientes argumentos:
(i) De acuerdo con el artículo 3 de la Ley
1448 de 2011, la inclusión en el RUV depende de la relación del hecho con el
conflicto armado interno, reconociendo únicamente las graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La regla
es que “[t]odo evento que no se relacione con el conflicto armado interno o
que no tenga un impacto humanitario, no será objeto de reconocimiento y por
ende no dará lugar a la inclusión en el RUV”[47]. La
excepción a la anterior regla se presenta por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado que, según el artículo 1 de la Ley 387 de 1997, tiene dos
circunstancias adicionales para su reconocimiento: la violencia generalizada y
las situaciones de disturbios al interior del país.
(ii) Los elementos jurídicos de valoración
de la circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes son el
conflicto armado interno colombiano (art. 3, Ley 1448 de 2011), la relación
cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado (Sentencia C-781 de
2012), la violencia generalizada (art. 1, Ley 387 de 1997) y la extemporaneidad
(art. 155, Ley 1448 de 2011).
(iii) Los elementos de contexto de las
circunstancias y hechos victimizantes declarados “corresponden a la
verificación, por medio de fuentes institucionales y/o académicas, de las
dinámicas, modo de operación identificación de presencia de grupos armados y el
índice de riesgo de victimización de la población en la época en la que ocurren
los hechos victimizantes descritos. Esta herramienta permite contrastar la
información suministrada en el formato único de declaración”[48].
(iv) Los elementos técnicos se dividen en
dos universos. El primero, relacionado con la información con la que cuenta la Unidad
a través de la Red Nacional de la Información, “por medio de la cual se
logran obtener hallazgos que permiten contrastar la información suministrada, a
través de la consulta de las fuentes institucionales que se especializan en
cada uno de los hechos victimizantes”[49]
(art. 2.2.2.3.11, Decreto 1084 de 2015). El segundo, se relaciona “con los
elementos o pruebas sumarias que suministra la o el declarante en el Formato
Único de Declaración” (art.156, Ley 1448 de 2011).
(v) Situación administrativa de la señora Alejandra
María Ruiz Echavarría:
“Frente al caso, es pertinente indicar que [a] la accionante mediante
la Resolución No. 2017-147417 del 23 de Noviembre de 2017 se [le] negó la
inclusión en el RUV por el hecho victimizante de homicidio de su hijo Miguel
Angel Ruíz Echavarría, en la medida que no se determinó una relación cercana y
suficiente entre el hecho y el conflicto armado interno.
Por su parte, mediante la Resolución No. (sic) mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación se analizó el contexto de los hechos y se
determinó que de acuerdo con el relato que hizo la misma tutelante, se concluye
que los hechos no tienen relación con el conflicto armado y adicional no se
niega por impetrarlo uno u otro autor, sino que por las condiciones de los
hechos responde a un tema personal.
Sobre el particular la declaración señala:
“se encontraron con unos tipos en una moto, salieron corriendo y los de
la moto le dispararon (…) mi hijo lo mataron porque traspasaron lo que ellos
llaman la calle o barrera invisible, estas bandas son las que imponen las
reglas del barrio”.
Adicional la certificación de la Fiscalía General de la Nación que
aportó la tutelante con la declaración indica:
“El Acta de Inspección Técnica a Cadáver adelantada por funcionarios de
Policía Judicial en la misma fecha y lugar de los hechos señala como hipótesis
de la causa de su muerte “proyectil de arma de fuego”, configurándose así el
punible de homicidio.
(…)
La noticia criminal se encuentra en etapa de indagación, sin que hasta
ahora se haya logrado la individualización de los autores”.
De lo anterior, se evidencia que no se negó el registro contrario a los
lineamientos de la Corte Constitucional, por cuanto se ajusta a lo que se
conoce como delincuencia común [Sentencia T-068 de 2019].
[…]
De los elementos que rodearon los hechos del presunto homicidio, se
evidencia que no se cumple con los lineamientos que la misma Corte
Constitucional determinó para establecer si un hecho es victimizante en el
marco del conflicto armado, por el contrario unos hombres que conducen una moto
y disparan presuntamente, indican que los autores pertenecen a delincuencia
común.
Adicional, de lo que se evidencia en la certificación de la Fiscalía
General de la Nación se investiga un homicidio sin autores determinados.
Por lo cual, carece de fundamento determinar que en el presente asunto
se vulneraron los derechos fundamentales de la tutelante, al negar el registro
único de víctima[s], en la medida [en] que las resoluciones se fundamentan [en]
elementos de contexto objetivo que no generan duda, frente a que los hechos no
tienen relación con el conflicto armado ni que lo perpetraron grupos
desmovilizados”[50].
(vi) Situación administrativa de la señora Ana
Fidelia Torres García:
“En el caso de la tutelante, la Unidad para las Víctimas mediante la
RESOLUCIÓN No. 2018-27196 del 2 de Mayo de 2018 ordenó no reconocer [e]l
registro único de víctimas por desplazamiento forzado y amenazas, al determinar
después de realizar el análisis de contexto de los hechos, que no se cumplía
con los parámetros previstos en la Ley 1448 de 2011 y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
Del relato que realiza la accionante se desprenden varios elementos que
conducen a que no se configura como tal un desplazamiento forzado por motivos
del conflicto armado, en la medida, que i) se trasladó en varias ocasiones de
Buenaventura a Cali, y regresaba, y como lo reitera la actora, en varias ocasiones
regresaba a su casa. Por último, reconoce que las personas que presuntamente la
coaccionaron para abandonar su hogar son personas conocidas por ella al vivir
en el mismo barrio.
Sobre el particular la declaración señala:
“problemas amenazándome, ellos querían sacarme de mi casa. ellos me
iban a amenazar diciéndome que cuando iba a desocupar, que necesitaban mi casa
y que no me metiera en problemas, pero yo no me iba, en varias ocasiones iban a
mi casa y me sacaban y yo me tenía que ir de Buenaventura a Cali, Valle pero no
duraba mucho porque mi nieto es muy resabiado con la comida y la gente se aburría
de él, por esa razón en varias oportunidades me tocaba volver a mi casa, así
pasaron muchas ocasiones pero fue el día 17 de noviembre de 2017 cuando me
encontraba en mi casa con mi nieto siendo casi las 12:30 de la media noche,
cuando sentí que me tocaron la puerta entonces yo fui a entreabrir y me dijeron
te llego el momento era, (sic) dos hombres vestidos de camuflado, ellos me
tumbaron la puerta y se me fueron encima y me empezaron a quitar la blusa que
llevaba puesta, yo les vi las caras y son gente misma del barrio”.
Por otra parte, si la actora en varias ocasiones abandonó la vivienda y
regresaba, por lo cual el desplazamiento no se configura por cuanto si se
cumpliera con los elementos desde el primer traslado de Buenaventura a Cali no
se hubiese regresado [refirió la Sentencia T-888 de 2013].
De lo anterior, según las afirmaciones de la misma tutelante, se
evidencia que son personas del mismo barrio que la demandante conoce, por lo
cual no puede inferirse que son sujetos miembros de algún grupo armado al
margen de la ley, y si podría tratarse de delincuencia común por el presunto
delito de violación.
De la lectura objetiva de las actuaciones administrativas que expidió
la UARIV se desprende que se analizó el contexto de los hechos y la relación de
los mismos con hechos del conflicto armado, por lo cual se determinó que no se
cumplía con los parámetros de la Ley 1448 de 2011” (mayúsculas originales)[51].
(vii) En relación con los casos estudiados la
Unidad para las Víctimas anexó[52]:
Caso de Alejandra María Ruiz Echavarría:
-
Copia de la Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017, “por
la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en
virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del
Decreto 1084 de 2015”.
-
Copia de la notificación por aviso del 21 de diciembre de 2017, de la
Resolución No. 2017-147417.
-
Copia del recurso de reposición, y en subsidio apelación, interpuesto en
contra de la Resolución No. 2017-147417.
-
Copia de la Resolución Nº 2017-147417R del 12 de febrero de 2018, “por
la cual se decide sobre el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017 sobre la no inclusión en
el Registro Único de Víctimas”.
-
Copia de la Resolución N° 2018-19679 del 25 de abril de 2018, “por la
cual se decide el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución
No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017 de no Inclusión en el Registro
Único de Víctimas”.
Caso de Ana Fidelia Torres García:
-
Copia de la Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018, “por la
cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud
del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto
1084 de 2015”.
-
Copia de la citación para notificación personal de la Resolución No.
2018-27196 del 2 mayo 2018, fechada el 22 de julio de 2018.
-
Copia del recurso de reposición, y en subsidio apelación, interpuesto en
contra de la Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018.
-
Copia de la Resolución Nº 2018-27196R de 27 de agosto de 2018, “por la
cual se decide sobre el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018 sobre la no inclusión en el Registro Único
de Víctimas”.
-
Copia de la Resolución N° 2018-47482 del 5 de septiembre de 2018, “por
la cual se decide el recurso de apelación interpuesto en contra de la
Resolución 2018-27196 del 2 de mayo de 2018 de no Inclusión en el Registro
Único de Víctimas”.
Se precisa que la Unidad para las Víctimas no
adjuntó copia del Formato Único de Declaración para la solicitud de inscripción
en el RUV, o su equivalente, ni otros elementos materiales probatorios que haya
valorado para la adopción de las decisiones de no inclusión en el RUV de Alejandra
María Ruiz Echavarría y Ana Fidelia Torres García, junto con
sus respectivos núcleos familiares.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro de los trámites de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 y el numeral 9°
del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Examen de procedencia de la acción de tutela
Antes de la formulación del problema jurídico
relacionado con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
por Eugenia Echavarría, en calidad de agente oficiosa de su hija Alejandra
María Ruiz Echavarría, y Ana Fidelia Torres García, la Sala debe analizar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
Para ello, estudiará si se demuestran los presupuestos de: (i)
legitimación en la causa, por activa y por pasiva; (ii) subsidiariedad;
y (iii) inmediatez.
2.1. Legitimación en la causa
2.1.1. Legitimación en la causa por activa.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991[53]
establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”. Y agrega: “También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
En los casos objeto de análisis el requisito en
mención se cumple cabalmente pues las acciones de tutela fueron presentadas, en
el expediente T-7.302.551, por la señora Eugenia
Echavarría, en calidad de agente oficiosa de su hija Alejandra María Ruiz
Echavarría, quien se encuentra en situación de discapacidad[54], y, en el expediente T-7.393.538, por la
señora Ana Fidelia Torres García, quien actúa en nombre
propio. En ambos casos se trata de personas mayores de edad, quienes son las
titulares de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.
2.1.2. Legitimación
en la causa por pasiva. El mismo artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1
y 5 del Decreto 2591 de 1991, establecen que la acción de tutela procede contra
cualquier autoridad pública e incluso contra particulares[55]. Así, la legitimación por pasiva se
entiende como la aptitud procesal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o la amenaza del
derecho fundamental, cuando alguna resulte demostrada.
En el caso objeto de análisis, se advierte que la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV–, que es la entidad
a la que se atribuye la vulneración de derechos fundamentales, está legitimada
en la causa por pasiva para actuar en este proceso.
2.2. Subsidiariedad
2.2.1.
De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario. El principio de
subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es procedente
siempre que (i) no exista un medio alternativo de defensa judicial; o
(ii) aunque exista, este no sea idóneo y eficaz en las condiciones del caso
concreto; o (iii) sea necesaria la intervención del juez constitucional
para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio irremediable en los
derechos constitucionales.
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que pese a la existencia de otros medios de defensa judicial, el
examen de procedencia de la acción tutela debe tener en cuenta su eficacia,
apreciada en concreto, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el
accionante, en particular cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional[56].
2.2.2. En los casos que ocupan a la Sala
de Revisión, se cuestionan las decisiones de la Unidad para las Víctimas de
negar la inclusión en el RUV de las señoras Alejandra María Ruiz Echavarría, por
el hecho victimizante de homicidio de su hijo Miguel Ángel Ruiz Echavarría, y Ana
Fidelia Torres García, por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento
forzado.
En principio, las accionantes podrían
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y hacer uso de los medios
de control de nulidad (art. 137 CPACA) y de nulidad y restablecimiento del
derecho (art. 138 CPACA) para controvertir la legalidad de dichos actos.
No obstante, la jurisprudencia
constitucional ha reiterado que resulta desproporcionado exigirle a una víctima el agotamiento de los medios de
defensa judicial en sede contencioso administrativa y,
con fundamento en ello, declarar la improcedencia de la acción de tutela[57]. En efecto, la solución en dicha jurisdicción toma un
tiempo que impide a las víctimas acceder a medidas humanitarias, que se
caracterizan por ser inmediatas y dirigidas a garantizar el mínimo vital. En
cuanto a las medidas de reparación en sede administrativa, las mismas están
orientadas justamente a evitar que las víctimas deban agotar engorrosos y
demorados procesos judiciales para obtener una respuesta en un contexto de
victimización masiva.
2.2.3. Entonces, la
acción de tutela resulta ser el mecanismo adecuado para asegurar la protección oportuna
de los derechos de las víctimas, particularmente cuando su goce efectivo
depende de la inclusión en el Registro Único de Víctimas[58]. En ese orden, para esta Sala las acciones constitucionales bajo
estudio superan el requisito de subsidiariedad y proceden de manera definitiva.
2.3.  Inmediatez
2.3.1. La acción de tutela está instituida en la
Constitución Política como un mecanismo expedito que busca garantizar la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares.
Así, uno de los principios que rigen la procedencia
de la acción de tutela es la inmediatez. Lo anterior significa que, si bien la
solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe
hacerse dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so
pena de que se determine su improcedencia[59].
Para analizar el cumplimiento de este requisito, la
Sala llevará a cabo su estudio individual en cada uno de los expedientes de la
referencia.
2.3.2. En relación con el expediente T-7.302.551, la Unidad para
las Víctimas expidió la Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre
de 2017, que le negó la inclusión en el RUV a la señora Alejandra
María Ruiz Echavarría por el hecho victimizante de homicidio
de su hijo. Dicho acto administrativo fue notificado
por aviso enviado el 21 de diciembre de 2017[60]. Posteriormente, en respuesta a los recursos de reposición y
apelación interpuestos en contra de la anterior decisión, en su orden, la
entidad profirió la Resolución No. 2017-147417R del 12 de febrero de 2018, notificada
por aviso fijado el 15 de marzo de 2018 y desfijado el 22 del mismo mes y año[61]; y la
Resolución No. 2018-19679 del 25 de abril de 2018, notificada el 19 de junio de
2018[62].
La acción de tutela fue presentada el 18
de octubre de 2018. En ese orden, la Sala entiende cumplido el requisito de
inmediatez, pues entre la notificación del último acto administrativo y la solicitud
de amparo transcurrieron casi cuatro meses, término que se estima razonable.
2.3.3. En lo
que respecta al expediente T-7.393.538, la Unidad para las Víctimas expidió la Resolución No.
2018-27196 del 2 de mayo de 2018, que le negó la inclusión en
el RUV a la señora Ana Fidelia Torres García por los
hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado[63]. Luego
de interponer los recursos de reposición y apelación en contra de la anterior
decisión, en su orden, la entidad profirió la Resolución No. 2018-27196R del 27
de agosto de 2018, notificada personalmente el 26 de septiembre de 2018[64]; y la
Resolución No. 2018-47482 del 5 de septiembre de 2018, notificada personalmente
el 19 de noviembre de 2018[65].
La acción de tutela fue presentada el
26 de noviembre de 2018. Así, la Sala entiende cumplido el requisito de
inmediatez, ya que se acudió a la solicitud de amparo en el mismo mes en que
fue notificado el último acto administrativo.
3. Planteamiento de los problemas jurídicos
Previamente la Sala precisa que
si bien las demandas de tutela hacen un listado de los derechos fundamentales que
se consideran vulnerados en razón de la decisión de la Unidad para las Víctimas
de negar la inclusión de Alejandra María Ruiz Echavarría y Ana Fidelia Torres
García en el Registro Único de Víctimas –RUV–, de los hechos, las peticiones y
las pruebas que se describen en el acápite de antecedentes es posible concluir
que el principal derecho cuya vulneración debe analizarse es el debido proceso
administrativo. De su protección puede depender la garantía de los demás
derechos que se invocan.
Acreditados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela en los asuntos de la referencia, corresponde
a la Sala resolver los siguientes problemas
jurídicos:
(i)
¿La Unidad para las Víctimas vulneró el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de la señora Alejandra María Ruiz Echavarría, al negar su inscripción en el RUV bajo el argumento de que el hecho
victimizante de homicidio de su hijo adolescente no ocurrió en el marco del
conflicto armado interno?
(ii)
¿La Unidad para las Víctimas vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al reconocimiento
como víctima de la señora Ana Fidelia Torres
García, al negar su inscripción en el RUV bajo el
argumento de que el hecho victimizante de desplazamiento
forzado no ocurrió en el marco del conflicto armado interno?
Para
dar respuesta a los anteriores interrogantes, la Sala recordará su jurisprudencia
constitucional acerca de: (i) el concepto
de víctima establecido en la Ley 1448 de 2011 y la Ley 387 de 1997; (ii)
la inclusión en el RUV como herramienta para
garantizar los derechos fundamentales de las víctimas; y (iii) el
derecho al debido proceso administrativo y la motivación de los actos que
resuelven solicitudes de inclusión en el RUV. Finalmente, (iii)
resolverá los casos concretos.
4. El concepto de víctima establecido en la
Ley 1448 de 2011 y la Ley 387 de 1997. Reiteración de jurisprudencia[66]
4.1. La Ley 1448 de 2011[67] (Ley de
Víctimas) establece el marco jurídico general en materia de protección y
garantía del derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado interno a
la atención, asistencia y reparación integral por vía administrativa.
Dicha normativa define el universo de las víctimas
que tienen derecho a acceder a las medidas allí establecidas, entendiendo que configuran
tal categoría “aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (art. 3, Ley
1448 de 2011). Se excluye de tal definición a quienes hayan sufrido un daño en
sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común (par. 3º, ibídem).
Así, con fundamento en la Ley 1448 de 2011, puede
entenderse que los hechos victimizantes son aquellos que (i) hayan
ocurrido a partir del 1º de enero de 1985; (ii) se derivan de una
infracción al derecho internacional humanitario o de una violación grave y
manifiesta al derecho internacional de los derechos humanos; y (iii) se
hayan originado con ocasión del conflicto armado interno.
4.2. La Corte Constitucional ha señalado que la
normativa referida no define la condición fáctica de víctima, sino que
incorpora un concepto operativo de dicho término, cuya función es
establecer un marco de aplicación en relación con los destinatarios de las
medidas especiales de protección allí previstas[68]. Adicionalmente,
ha sostenido de forma reiterada que la expresión “con ocasión del conflicto
armado interno” contenida en el artículo 3 antes citado[69], debe
entenderse a partir de un sentido amplio, pues dicha noción cubre diversas
situaciones ocurridas en un contexto de confrontación armada[70].
En la Sentencia C-253A de 2012[71], esta
Corporación advirtió que se presentan tres posibilidades para la aplicación de
la Ley 1448 de 2011 respecto de la relación de los hechos victimizantes con el
conflicto armado interno. Ellas son: (i) en casos en los cuales existen
elementos objetivos que permiten encuadrar ciertas conductas dentro del
conflicto armado interno[72];
(ii) en extremos en los que, por el contrario, también resulta claro que
se está frente a actos de delincuencia común no cubiertos por las previsiones
de la ley; y (iii) en “zonas grises”, en las cuales no es posible
predeterminar de antemano si existe relación con el conflicto armado, pero
tampoco es admisible excluirlas a priori de la aplicación de la Ley de
Víctimas con base en una calificación meramente formal. En estos supuestos, el
análisis de cada situación debe llevarse a cabo en consonancia con el objetivo
mismo de la ley y con un criterio tendiente a la protección de las víctimas.
En oposición al concepto de actuaciones en el marco
del conflicto armado interno, la Corte ha definido los actos de delincuencia
común como “aquellas conductas que no se inscriban dentro de los
anteriores elementos definitorios y, particularmente, que no se desenvuelvan
dentro del conflicto armado interno”[73]. Al respecto, en
la Sentencia C-781 de 2012, resaltó las notorias dificultades que representa en
la práctica la distinción entre víctimas de la violencia generada por
delincuencia común y víctimas del conflicto armado, pues frecuentemente esta
requiere de un ejercicio de valoración y ponderación en cada caso concreto, de
distintos factores del contexto del conflicto armado interno para determinar si
existe esa relación cercana y suficiente amparada por la Ley 1448 de 2011.
Por lo tanto, indicó que resulta indispensable que
en cada caso concreto se evalúe el contexto en que se produce la
vulneración de los derechos de las víctimas y se valoren distintos elementos
para determinar la relación de conexidad con el conflicto armado interno, teniendo
en cuenta la complejidad de tal fenómeno[74].
4.3. En síntesis, reiterando la Sentencia T-163 de
2017, para la correcta aplicación del concepto de víctima del conflicto armado interno
establecido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se deben tener en cuenta
las siguientes reglas jurisprudenciales[75]:
(i) La norma contiene una definición
operativa del término “víctima”, en la medida en que no define la
condición fáctica de víctima, sino que determina un ámbito de destinatarios
para las medidas especiales de protección contempladas en dicho estatuto legal.
(ii) La expresión “conflicto armado
interno” debe entenderse a partir de una concepción amplia, es decir, en
contraposición a una noción estrecha o restrictiva de dicho fenómeno[76],
pues esta última vulnera los derechos de las víctimas.
(iii) La expresión “con ocasión del
conflicto armado interno” cobija diversas situaciones ocurridas en el
contexto de dicho conflicto armado. Por ende, se debe atender a criterios
objetivos para establecer si un hecho victimizante tuvo lugar con ocasión del
conflicto armado interno o si, por el contrario, se halla excluido del ámbito
de aplicación de la norma por haber sido perpetrado por “delincuencia común”.
(iv) Con todo, existen “zonas
grises”, es decir, supuestos de hecho en los cuales no resulta clara la
ausencia de relación con el conflicto armado interno. En este evento, es
necesario llevar a cabo una valoración de cada caso concreto y de su contexto
para establecer si existe una relación cercana y suficiente con la
confrontación interna. No es admisible excluir a priori la aplicación de
la Ley 1448 de 2011 en estos eventos.
(v) En caso de duda respecto de si un hecho
determinado ocurrió con ocasión del conflicto armado, debe aplicarse la
definición de conflicto armado interno que resulte más favorable a los derechos
de las víctimas. Esta regla es acorde con la Ley 1448 de 2011 que establece que
se debe presumir la buena fe de las víctimas en sus afirmaciones, y que “[e]n
los casos de reparación administrativa, el intérprete de las normas consagradas
en la presente ley se encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación
o la interpretación que más favorezca a la dignidad y libertad de persona
humana, así como a la vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas”[77].
(vi) La posición de víctima no puede
establecerse únicamente con base en la calidad o condición específica del
sujeto que cometió el hecho victimizante.
(vii) Los hechos atribuidos a los grupos
post-desmovilización se consideran ocurridos en el contexto del conflicto
armado, siempre que se logre establecer su relación de conexidad con el
conflicto armado interno.
4.4. Ahora
bien, tratándose del hecho victimizante de desplazamiento forzado este
Tribunal, en la Sentencia C-280 de 2013, estableció la relación existente entre
la definición de víctima descrita en la Ley 1448 de 2011 y el concepto previsto
en la Ley 387 de 1997[78],
que plantea una visión más amplia al
señalar que el desplazamiento puede provenir de la violencia generalizada,
violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho
internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público[79].
La Sala de Seguimiento de la Sentencia
T-025 de 2004[80]
adoptó el Auto 119 de 2013 en el cual aclaró que era inconstitucional negar la
inclusión en el RUV de las personas que manifestaban su condición de
desplazamiento cuando los hechos narrados no estaban relacionados con el
conflicto armado interno. Al respecto, sostuvo:
“[…] esta Sala Especial considera que la práctica de la Dirección de
Registro que consiste en negar la inscripción en el Registro Único de Víctimas
a las personas desplazadas por situaciones de violencia generalizada (como se
ha presentado en aquellos casos en los que los actores son las BACRIM y sus
acciones no se presentan con ocasión del conflicto armado) y, en términos más
amplios, en aquellas circunstancias en las que el desplazamiento no guarda una
relación cercana ni suficiente con el mismo, no es acorde con la lectura que
esta Corporación ha realizado de la definición operativa de víctima incorporada
en la Ley 1448 de 2011, ni con la abundante y consistente jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con los elementos mínimos para adquirir la
condición [de] persona desplazada; con el derecho fundamental del que goza a
ser reconocida mediante el registro; y con la consecuente garantía de su
protección, asistencia, y atención desde el momento mismo del desarraigo hasta
lograr su estabilización socioeconómica mediante el retorno o la reubicación”[81].
Frente al concepto operativo de víctima incorporado
en la Ley 1448 de 2011, la Sala de Seguimiento refirió que “los
pronunciamientos de exequibilidad que ha proferido la Sala Plena no pueden
entenderse en el sentido de dejar sin atención ni protección a las personas que
se vieron forzadas a desplazarse en circunstancias que se encuentran en los
escenarios definidos por la Ley 387 y que cumplen con los requisitos mínimos
para adquirir tal condición”[82].
Ellos son: (i) la coacción que hace necesario el traslado, y (ii)
la permanencia dentro de las fronteras de la propia Nación[83].
Así, la Corte ha señalado que no es posible restringir el
alcance de la protección prevista en la Ley 387 de 1997 invocando, para el
efecto, la definición de víctima establecida en la Ley 1448 de 2011. Como se
indicó, según el Auto 119 de 2013, es inconstitucional negar la inclusión en el
RUV con el argumento de que el hecho victimizante de desplazamiento forzado no
surgió con ocasión del conflicto armado[84].
5. La inclusión en el RUV como herramienta para
garantizar los derechos fundamentales de las víctimas. Reiteración de jurisprudencia[85]
5.1. La Ley
1448 de 2011 establece en su artículo 154 que la Unidad para
las Víctimas es la responsable del funcionamiento del Registro Único de
Víctimas –RUV–. En
desarrollo de dicha competencia, el artículo 156 dispone que la entidad cuenta
con un término máximo de sesenta (60) días hábiles para decidir las solicitudes
de inclusión en el RUV, en el sentido de otorgar o negar el registro.
Para ello, los
funcionarios realizarán (i) la verificación de los hechos victimizantes
a partir de la consulta de las bases de datos que conforman la Red Nacional de
Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. Y (ii) la
valoración de la información contenida en la solicitud de registro, así como la
información recaudada en el proceso de verificación, de acuerdo con los
principios constitucionales de dignidad humana, buena fe, confianza legítima y
prevalencia del derecho sustancial.
5.2. El artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 1084 de 2015[86]
define el RUV como “una herramienta administrativa que soporta el
procedimiento de registro de las víctimas” y sirve como instrumento técnico
para (i) la identificación de la población que ha sufrido un daño en los
términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011[87] y de sus necesidades; y (ii)
el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar los
derechos constitucionales de las víctimas. La inscripción no tiene efectos
constitutivos con respecto a la calidad de víctima.
El artículo
2.2.2.1.4. del Decreto 1084 de 2015[88] señala que los servidores públicos encargados de diligenciar el
registro, deben interpretar y aplicar las normas a la luz de los principios de
favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial y participación
conjunta, además de los derechos a la confianza legítima, a un trato digno y al
hábeas data. Adicionalmente, dispone que la Unidad para las Víctimas tiene que
adelantar “las medidas necesarias para que el Registro Único de Víctimas
contribuya al conocimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica”.
A
su vez, el artículo 2.2.2.3.5. del decreto compilador[89] determina que los
servidores públicos encargados de recibir las solicitudes de registro deben “informar
de manera pronta, completa y oportuna a quien pueda ser víctima en los términos
del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, sobre la totalidad de sus derechos y el
trámite que deben surtir para exigirlos” y tienen, entre otras, las
siguientes responsabilidades: (i) garantizar la atención preferente,
digna y respetuosa de las
personas que solicitan la inscripción; (ii) brindar orientación; y (iii)
recaudar en el Formato Único de Declaración “la
información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron el hecho victimizante, así como la caracterización
socioeconómica del solicitante y de su núcleo familiar, con el propósito de
contar con información precisa que facilite su valoración, desde un enfoque
diferencial, de conformidad con el principio de participación conjunta
consagrado en el artículo 29 de la Ley 1448 de 2011”.
Finalmente, el artículo 2.2.2.3.11. del Decreto 1084 de 2015[90] establece  que la verificación de los hechos victimizantes impone a
la Unidad para las Víctimas el deber de evaluar “elementos
jurídicos, técnicos y de contexto que le permitan fundamentar una
decisión frente a cada caso particular”. Además, realizar “consultas
en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información
para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras fuentes que se
estimen pertinentes”.
5.3. Este Tribunal ha
destacado la importancia que tiene la inscripción en el RUV, pues constituye
una herramienta administrativa para garantizar los derechos fundamentales de
las víctimas. Así, la inscripción en el RUV
materializa el reconocimiento de la calidad de víctima, lo cual, a su
vez, permite el acceso a las medidas de asistencia, atención y reparación
integral por vía administrativa, previstas en la Ley 1448 de 2011[91]. Ahora, tratándose del
desplazamiento forzado el reconocimiento que otorga el registro es más fuerte y
amplio en relación con otras víctimas, pues la ley establece medidas orientadas
a proteger, de un lado, derechos como el mínimo vital, en la medida en que la
atención humanitaria brinda protección en salud, alimentación y alojamiento, y,
de otro lado, el derecho de acceso a un recurso efectivo mediante la reparación
por vía administrativa sujeta a los principios de progresividad, gradualidad y
sostenibilidad (arts. 17 al 18, Ley 1448 de 2011)[92].
El
registro, entonces, es un instrumento para identificar a los destinatarios de
ciertas medidas de protección[93] y “por su conducto (i) se
materializan las entregas de ayudas de carácter humanitario; (ii) el acceso a
planes de estabilización socio económica y programas de retorno, reasentamiento
o reubicación y, (iii) en términos generales el acceso a la oferta estatal y
los beneficios contemplados en la ley”[94].
5.4. Ahora
bien, la acción de tutela permite ordenar la inscripción o la revisión
de la resolución que define la inclusión en el RUV cuando se verifique que la
Unidad para las Víctimas dentro de su actuación:
“(i) ha efectuado una interpretación de las normas
aplicables contraria a los principios de favorabilidad y buena fe; (ii) ha
exigido formalidades irrazonables o desproporcionadas o ha
impuesto limitantes para acceder al registro que no se encuentran en las normas
aplicables; (iii) ha proferido una decisión que no cuenta con una motivación
suficiente; (iv) ha negado la inscripción por causas ajenas al
solicitante; o (v) ha impedido que el solicitante exponga las razones por
las cuales considera que se halla en situación de desplazamiento forzado
interno o que ejerza los recursos arbitrados por el ordenamiento para
controvertir la decisión administrativa que le niega la inscripción en el
Registro”[95].
5.5.
Para terminar, diferentes salas de revisión de la Corte Constitucional han
revisado fallos de tutela adoptados en procesos en los que los accionantes se
encontraban inconformes con las decisiones administrativas de la Unidad para
las Víctimas que les negaban la inclusión en el RUV. En varios de los casos
analizados, las salas advirtieron problemas relacionados con la motivación de
los actos administrativos y el desconocimiento de los principios de la carga de la
prueba, buena fe y favorabilidad, por lo
que ordenaron la inclusión directa en el Registro o la expedición de un nuevo
acto administrativo bajo estrictos parámetros de apreciación de los hechos[96].
5.5.1.
En la Sentencia T-163 de 2017, la Sala Quinta de Revisión analizó
la tutela presentada por una mujer que realizó declaración para ser incluida en
el RUV por los hechos victimizantes de amenaza, desplazamiento forzado y el
homicidio de su cónyuge. Precisó que su pareja fue extorsionada por miembros de
las “Águilas Negras” y que por denunciar este hecho fue asesinado. En esa
oportunidad, la Sala consideró que la Unidad para las Víctimas vulneró los
derechos fundamentales de la accionante al negar la inscripción argumentando
que los hechos esbozados como victimizantes  “no ocurrieron con ocasión del
conflicto armado porque fueron perpetrados por las denominadas bandas
criminales”. Señaló que la entidad había desconocido los principios de
carga de la prueba, buena fe y favorabilidad al momento de valorar la
declaración de la solicitante y las pruebas aportadas, razón por la que ordenó
su inclusión en el RUV.
5.5.2.
En la Sentencia T-301 de 2017, la Sala Séptima
de Revisión conoció de la acción de amparo presentada por una mujer indígena en
la que solicitó ser incluida en el RUV, junto con su núcleo familiar, por el
supuesto reclutamiento forzado y el homicidio de uno de sus hijos. La Sala
consideró que no se había llevado a cabo la verificación del hecho victimizante
y que el “acto administrativo expedido por la UARIV
no fue motivado y solo cuenta con información superficial que no da cuenta de
un proceso de análisis específico que resuelva de manera concreta la solicitud
puesta a consideración de la entidad”. En consecuencia, ordenó a la Unidad
para las Víctimas que expidiera una nueva resolución en la que expusiera
los motivos para acceder o no a la pretensión de inscripción.
5.5.3.
En la Sentencia T-478 de 2017, la Sala Quinta de Revisión estudió la acción
de tutela presentada por una mujer de 82 años que solicitó que se ordenara a la
Unidad para las Víctimas valorar nuevamente su petición de ser inscrita en el
RUV por el homicidio de su hijo, ocurrido el 1 de febrero de 1994 en el Barrio El Salado de la Comuna 13 de Medellín.
Concluyó que la entidad demandada no vulneró los derechos de la accionante en
atención a que “no existe una prueba, siquiera sumaria, que permita, en
aplicación de los principios de buena fe y pro homine” determinar que el
asesinato del hijo de la peticionaria tuviera una motivación política o ideológica asociada al conflicto
armado. Sin perjuicio de ello, la Sala dejó claro que la investigación
adelantada por la Fiscalía General de la Nación se encontraba suspendida, de
manera que de existir nuevos elementos materiales probatorios sería viable
revisar la decisión sobre la inclusión en el Registro de la solicitante.
5.5.4.
En la Sentencia T-584 de 2017, la Sala Sexta de Revisión estudió el caso de una peticionaria que solicitó ser
incluida en el RUV, junto con su núcleo familiar, debido al homicidio de su
cónyuge. En esa oportunidad, la Sala se pronunció sobre el concepto de víctima
del conflicto armado interno previsto en la Ley 1448 de 2011 y la importancia
de la inclusión en el RUV. Concluyó que la entidad demandada había realizado “una
indebida aplicación de las normas legales para evaluar y decidir la petición de
la actora, además exigió de manera desproporcionada a la interesada la
prueba de la ocurrencia y autoría del hecho victimizante”, lo que a
su juicio constituía una limitante formal para acceder al registro. En
consecuencia, y debido a la existencia de una sentencia judicial en la que
estaba probado que el homicidio se había dado con ocasión del conflicto armado,
se ordenó la inclusión de la accionante en el RUV.
5.5.5. En la Sentencia T-227 de
2018, la Sala Séptima de Revisión examinó diferentes fallos de tutela en
los que se habían estudiado los casos de dos madres y un padre a los que la
Unidad para las Víctimas les había negado la inclusión en el RUV, por el hecho
victimizante de homicidio de sus hijos. Ello, al considerar que no se había
demostrado que los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado interno.
En esa ocasión, señaló:
“La [Unidad para las Víctimas] vulnera el derecho
fundamental al debido proceso y de las víctimas a ser incluidas en el RUV
cuando decide negar la inscripción en esta herramienta al concluir que el hecho
victimizante no ocurrió en el marco del conflicto armado interno y la
determinación se adoptó por el análisis exclusivo de la declaración rendida por
el solicitante y la presentación de elementos de contexto. En estos eventos, la
UARIV tiene la carga de la prueba por lo que inicialmente, debe valorar la
información suministrada por la persona teniendo en cuenta los principios de
buena fe así como el de favorabilidad y, en caso de duda, tendrá que expedir un
acto administrativo motivado en el que mediante la evaluación de elementos
jurídicos, técnicos y de contexto y elementos materiales probatorios demuestre
que no hay lugar a la inscripción”[97].
Con fundamento en lo
anterior, concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso, dejó
sin efectos las decisiones de la Unidad para las Víctimas de no inclusión de
los solicitantes en el RUV y le ordenó expedir nuevos actos administrativos que resuelvan las solicitudes en los
que deberá (i) exponer los motivos que sustenten
la decisión adoptada, (ii) evaluar elementos jurídicos, técnicos, de
contexto y, particularmente, (iii) valorar los documentos obrantes en
los expedientes de la Fiscalía sobre las investigaciones adelantadas por los
homicidios de los hijos de los accionantes.
5.5.6. En la Sentencia
T-274 de 2018, la Sala Quinta de Revisión conoció de un caso en donde se cuestionaba
la decisión de la Unidad para las Víctimas de negarle a una mujer el
reconocimiento como víctima, así como su inclusión en el RUV por el hecho
victimizante de homicidio de su cónyuge, al considerar que este no tenía
relación con el conflicto armado interno. Al encontrar que existía un mínimo de
requisitos probatorios que, de acuerdo con el principio de presunción de buena
fe (art. 5, Ley 1448 de 2011), permitían concluir la procedencia de la
inclusión en el RUV, concedió la tutela de los derechos fundamentales de la
accionante al debido proceso y a ser reconocida su condición de víctima. En
consecuencia, ordenó a la entidad hacer el respectivo registro, para que
pudiera gozar de los beneficios que de ello se derivan.
5.5.7. En la Sentencia T-333 de 2019, la
Sala Octava de Revisión concedió el amparo del debido proceso
administrativo al comprobar que “la Unidad de Víctimas vulneró el derecho
fundamental […] de la accionante y de su hijo ya que los actos administrativos
(i) desconocieron la vigencia de la definición de víctima del desplazamiento
que prevé la Ley 387 de 1997 […] al fundamentar la negativa del registro en la
ausencia de una relación con el conflicto armado, sin analizar las demás
hipótesis previstas en la referida ley y (ii) realizaron un análisis genérico
de la situación sin agotar algunos de los procedimientos para la búsqueda y
obtención de información particular”[98].
Consecuencialmente, ordenó a la Unidad para las Víctimas la expedición de un nuevo acto administrativo
que resolviera la solicitud de inclusión en el RUV.
5.6.
En suma, de acuerdo al marco jurídico y la jurisprudencia constitucional, el
RUV es una herramienta administrativa en donde la inscripción no tiene efectos
constitutivos de la calidad de víctima por ser un acto meramente declarativo;
que debe contribuir a la verdad y a la reconstrucción de la memoria histórica;
y permite, entre otras, la identificación de los destinatarios de las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011. En
consecuencia, la inscripción en el RUV es un medio para garantizar el mínimo
vital que se protege con la atención humanitaria, así como el derecho a la
reparación integral que se materializa a través de herramientas administrativas
establecidas en la Ley de Víctimas.
Ahora
bien, dentro del proceso de verificación de los hechos victimizantes objeto de
las solicitudes de inclusión en el RUV, la Unidad para las Víctimas deberá
valorar la información contenida en la solicitud de registro, así como la
recaudada a través de otros medios, teniendo en cuenta, de un lado, los
principios constitucionales de carga de la prueba, buena fe y favorabilidad, y,
de otro lado, los elementos jurídicos, técnicos y de contexto.
6.
El derecho al debido proceso administrativo y la motivación de los actos que resuelven solicitudes de inclusión
en el RUV[99]
6.1.
El trámite que se adelanta para dar respuesta a una solicitud de inscripción en
el RUV constituye una actuación administrativa. Por ello, debe aplicarse el
artículo 29 de la Constitución en la medida en que el debido proceso rige todas
las actuaciones judiciales y administrativas. Este derecho comprende el “conjunto
de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben
concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo”[100].
El derecho al debido proceso
administrativo representa un límite al ejercicio del poder público y garantiza
que las actuaciones del Estado, en todas sus manifestaciones, respeten los
derechos de los administrados, entre ellos, el de defensa y contradicción.
6.2.
En el derecho al debido proceso administrativo se incorpora un deber de las
autoridades de motivar con suficiencia sus decisiones. El
deber de motivación evita posibles abusos o arbitrariedades de la entidad que profiere
el acto administrativo, asegura las condiciones sustanciales y procesales para
que el administrado ejerza la defensa de sus derechos al controvertir la
decisión que le es desfavorable y hace posible que los funcionarios judiciales
adelanten el control jurídico del acto[101].
Ahora bien, este Tribunal recalcó que el
deber de la Unidad para las Víctimas de motivar las decisiones que resuelven
solicitudes de inclusión en el RUV, se encuentra reforzado por el artículo 42
del Decreto 4800 de 2011 (artículo 2.2.2.3.16. del Decreto
compilador 1084 de 2015). Dicha norma establece que el acto administrativo
deberá contener, entre otras cosas, “[l]a
motivación suficiente por la cual se llegó a la decisión de no inclusión”, de manera que el administrado conozca las razones que la
sustentan y cuente con los elementos de juicio suficientes para controvertirla[102]. Ello implica que el funcionario no puede
limitarse a negar la petición de la persona por la mera valoración de la
declaración realizada para la inscripción, sino que su determinación debe
sustentarse en material probatorio suficiente[103].
6.3.
En la Sentencia T-333 de 2019, la Sala Octava de Revisión, a
propósito del estudio de un caso que involucraba el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, señaló que la Unidad para las Víctimas tiene las
obligaciones que a continuación se enuncian al momento de expedir los actos
administrativos correspondientes, obligaciones que también
aplican a otros casos de victimización:
“(i) Garantizar una
aplicación correcta del derecho vigente en lo relativo a la definición de
víctima de desplazamiento forzado.
(ii) Incorporar un
análisis detenido y cuidadoso de los diversos criterios técnicos y de contexto,
a partir de las previsiones legales y las reglas definidas por la
jurisprudencia constitucional.
(iii) Asegurar un
examen previo en búsqueda de la verdad de lo ocurrido que permita adoptar una
decisión fundada en la realidad.
(iv) Llevar a efecto
diligentemente la notificación de sus decisiones”.
En la mencionada decisión, la Sala
recordó las reglas que ha derivado la jurisprudencia constitucional desde la
Sentencia T-821 de 2007, que orientan la valoración de las solicitudes de
inscripción y el modo en que debe motivarse una decisión al respecto, para ese
momento en el Registro Único de Población Desplazada creado con fundamento en
la Ley 387 de 1997, y que son extensibles al RUV.
Estos criterios se
encuentran reflejados hoy en día en la Ley 1448 de 2011, y constituyen la
interpretación constitucional adecuada para garantizar los derechos de las
víctimas a obtener (i) respuestas humanitarias que, por su naturaleza,
son de carácter inmediato pues están orientadas a garantizar el mínimo vital y
la dignidad humana en condiciones extremas de sufrimiento; así como (ii)
la reparación integral en sede administrativa, sin que las víctimas se vean
sometidas a las estrictas condiciones que rigen la prueba en instancias
judiciales[104].
Es decir, el acceso al RUV no solo garantiza el debido proceso administrativo,
sino otros derechos fundamentales de las víctimas a la atención, asistencia
humanitaria y reparación integral.
Las reglas son:
6.3.1.
La carga de la prueba en los relatos que se consideran contrarios a la
verdad le corresponde a la Unidad para las Víctimas. Al momento de valorar los
enunciados de la declaración, la Unidad debe tener en cuenta la presunción de
buena fe. En consecuencia, si estima que el relato o las pruebas son contrarios
a la verdad, debe demostrar que ello es así, dado que la presunción de la buena
fe supone una inversión de la carga de la prueba. En esos casos, corresponde a
la autoridad demostrar que los hechos esenciales de la narración no son ciertos
y que, por tal razón, el solicitante no se encuentra en las circunstancias
descritas.
6.3.2.
Es irrelevante la incoherencia en la declaración respecto de circunstancias
diferentes al hecho victimizante alegado. Si la Unidad para las Víctimas
advierte una incompatibilidad entre los enunciados de la declaración, para efectos
de rechazar la inclusión en el RUV, tiene que verificar que sí se trate de una
incompatibilidad referida al hecho victimizante alegado y no a otros hechos
accidentales o accesorios[105].
6.3.3.
Es suficiente la prueba sumaria para acreditar el hecho victimizante. Al momento de
valorar si existen razones objetivas y fundadas para considerar la ocurrencia
del hecho victimizante que el solicitante describe, la Unidad para las Víctimas
debe tomar en consideración el principio de buena fe. En consecuencia, no hace
falta que la persona aporte plena prueba sobre su dicho. Basta una prueba
siquiera sumaria del acaecimiento de los hechos para determinar que una persona
sí se encuentra en la situación señalada.
6.3.4.
Prohibición de negar la inscripción en el registro con fundamento en el
desconocimiento de los hechos descritos. El desconocimiento de la Unidad para las
Víctimas de los hechos descritos en la declaración no es prueba suficiente de
la no ocurrencia del acontecimiento. En efecto, los hechos victimizantes pueden
ir desde su notoriedad a nivel nacional hasta su reserva a ámbitos privados.
6.3.5.
Obligación de interpretar el derecho aplicable de manera favorable a la
persona que ha sido victimizada. De acuerdo con el principio de
favorabilidad, los enunciados legales o reglamentarios deben interpretarse de la
manera que mejor convenga a las personas que han sufrido violaciones con
ocasión del conflicto armado interno o que se han visto obligadas a huir de su
lugar habitual de trabajo o residencia.
6.4. Teniendo en cuenta las
pautas establecidas en las consideraciones anteriores, a continuación procede
la Sala a determinar si la actuación de la Unidad para las Víctimas desconoció el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de las señoras Alejandra María Ruiz Echavarría y Ana
Fidelia Torres García, y, de ser el caso, el tipo de remedio constitucional que debe
adoptarse.
7.
Solución de los casos concretos
7.1. Expediente T-7.302.551. La Unidad para las Víctimas vulneró el
derecho fundamental al debido proceso administrativo de Alejandra María Ruiz
Echavarría
7.1.1. La señora Eugenia Echavarría, de 61 años[106], en calidad de agente oficiosa de su hija mayor de edad Alejandra
María Ruiz Echavarría, presentó acción de tutela en contra de la Unidad para las Víctimas con el propósito de obtener el
amparo de los derechos fundamentales de la agenciada, entre ellos, a ser
reconocida como víctima del conflicto armado interno, para efectos de gozar de
los beneficios que de ello se derivan. La solicitud se fundamentó en la
negativa de la entidad de incluir a Alejandra María y su grupo familiar en el
Registro Único de Víctimas –RUV– por el hecho victimizante de homicidio de su
hijo Miguel Ángel Ruiz Echavarría, bajo el argumento de que el mismo no se dio
con ocasión del conflicto armado interno.
7.1.2. Está probado que
mediante Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017, la Unidad para
las Víctimas negó la inclusión en el RUV de Alejandra María Ruiz Echavarría por
el hecho victimizante de homicidio de su hijo Miguel Ángel, porque no se
determinó una relación entre el hecho y el conflicto armado interno[107].
Frente a dicho acto administrativo fueron presentados los recursos de
reposición y apelación, los cuales, en su orden, fueron decididos a través de
la Resolución No. 2017-147417R del 12 de febrero de 2018[108] y la Resolución No. 2018-19679 del 25 de abril de 2018[109], en el sentido de confirmar la decisión inicial.
Adicionalmente, mediante comunicación
201872018872781 del 6 de noviembre de 2018, la Unidad para las Víctimas dio
respuesta a un derecho de petición radicado por Alejandra María Ruiz
Echavarría, en el que solicitaba información acerca de su estado en el Registro
Único de Víctimas. En esa oportunidad se le indicó que la decisión de no
inclusión en el RUV se encuentra en firme, no es susceptible de recurso alguno
y no puede ser modificada[110].
7.1.3. Examinados los actos
administrativos descritos encuentra la Sala que la Unidad para las Víctimas
vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de Alejandra
María Ruiz Echavarría, toda vez que no motivó de forma adecuada sus decisiones.
La entidad no incorporó un análisis detenido y cuidadoso de los diversos
elementos técnicos y de contexto, a partir de las previsiones legales y las
reglas definidas por la jurisprudencia constitucional, que permitiera
identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
hechos objeto de análisis. A continuación, se fundamenta esta conclusión.
7.1.4. En la Resolución No. 2017-147417 del 23 de
noviembre de 2017, la Unidad para las Víctimas anunció que para analizar el
hecho victimizante declarado por Alejandra María, esto es, el homicidio de su
hijo Miguel Ángel Ruiz Echavarría, ocurrido el 12 de marzo de 2011 en el barrio
La Aldea del municipio de Itagüí, Antioquia, por presuntas acciones de grupos
armados, acudiría a la evaluación de los elementos jurídicos, de
contexto y técnicos que le permitieran fundamentar la decisión. Entendiendo
que:
-
En cuanto a los presupuestos jurídicos, consideraría (i)
la obligación de interpretar los derechos y deberes consagrados en la
Constitución Política, de conformidad con los tratados internacionales
ratificados por Colombia; (ii) los principios de buena fe, favorabilidad
y prevalencia del derecho sustancial, entre otros; y (iii) el principio
de enfoque diferencial.
-
En relación con los elementos de contexto, consultaría
información sobre dinámicas, modos de operación y eventos relacionados
directamente con el conflicto armado en la zona y tiempo específicos, que le permitieran
evidenciar la situación de orden público al momento de la ocurrencia de los
hechos.
-
Frente a los elementos técnicos, tendría en cuenta las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos objeto de
análisis, para lo cual realizaría consultas en las bases de datos y sistemas
que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de
Víctimas, así como en otras fuentes pertinentes.
La
señora Alejandra María Ruiz Echavarría en la declaración rendida en la
Personería de Itagüí, el 24 de marzo de 2012, señaló:
“(…) le
gustaba mucho ir a fiestas (…) él siempre se iba los viernes o sábados a
divertirse (…) a veces salía a buscarlo y lo traía, otras no lo encontraba (…) el
día 12 de marzo de 2011, mi hijo no amaneció en la casa y yo me tuve que ir a
trabajar (…) un cuñado me llamó y me dijo que [a] Miguel Ángel lo habían matado
(…) en el velorio un joven como de 15 años, se me acercó y me dijo (…) se
encontraron con unos tipos en una moto (…) los de la moto les dispararon (…) porque
traspasaron lo que ellos llaman la calle o la barrera invisible (…)”[111] (negrillas fuero
de texto).
Tomando en cuenta la declaración, le correspondía a
la Unidad para las Víctimas la verificación del hecho victimizante en atención
a la situación de orden público que en su momento se vivía en el barrio La
Aldea, del municipio de Itagüí, Antioquia, máxime cuando se anunciaba una
problemática de control del territorio y de la población por parte de actores
armados ilegales, sucesores de los grupos paramilitares desmovilizados. Para
ello, debió evaluar elementos jurídicos, técnicos y de contexto que le
permitieran fundamentar una decisión frente al caso concreto. En esa labor bien
pudo solicitar información relevante al Ministerio de Defensa Nacional, a los
organismos del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y a las demás entidades
del Estado (par. 1, art. 2.2.2.3.11, Decreto 1084 de 2015).
En la Resolución que niega la inscripción en el
RUV de la agenciada, se lee:
“[…], atendiendo rigurosamente el relato de la declarante, y
los documentos adjuntos, no se cuenta con elementos técnicos suficientes, que
permitan comprobar que la ocurrencia de estos hechos, estén directamente
relacionados con motivos ideológicos o políticos, o que obedezca al accionar de
grupos armados, es importante mencionar, que la sola presencia de grupos armados
en el lugar donde ocurrió el hecho, no significa que el mismo se configure en
el marco del conflicto, y aunque los hechos presentados, pueden manifestar
diferentes condiciones de vulnerabilidad establecidas por un contexto violento,
no se logra inferir que su situación se encuentre acorde con lo establecido en
el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. || No obstante el objeto de la presente
resolución no desvirtúa que el Homicidio del hijo de la deponente haya sido
hecho violento”[112].
Si bien en el acto administrativo se da cuenta de algunas
herramientas técnicas consultadas[113],
llama la atención de la Sala, además del tiempo transcurrido entre la
declaración y la decisión de la Unidad para las Víctimas[114], que no
se hace ninguna referencia concreta a elementos técnicos y de contexto que
permitan identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos objeto de análisis[115].
7.1.5. En el escrito de reposición y apelación
presentado en contra de la Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de
2017, la agente oficiosa de Alejandra María es insistente en afirmar que el
homicidio de su nieto Miguel Ángel fue de “autoría de las bandas criminales
asociadas al paramilitarismo que operaban en [esa] zona del departamento, [y]
el motivo fue el cruce de una frontera invisible”[116]. Pese a tal
planteamiento, se queja de que la entidad no realizó una investigación efectiva
que conduzca al esclarecimiento de la violación, de acuerdo con el artículo 24
de la Ley 1448 de 2011. Así, señaló:
“[…] en la exposición de motivos no se evidencia ningún argumento
concreto para que proceda la negativa de la inclusión, porque tal y como lo
señala la Ley 1448 de 2011 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es [e]l
Estado colombiano en cabeza de la UARIV quien debe indagar sobre los móviles y
actores que operaban en la zona en la época en que ocurrió la victimización y
en detalle los móviles y autores del homicidio directamente, no es a la víctima
indirecta, en este caso mi hija o yo, quienes debemos demostrar el conflicto
presente en Itagüí o los autores o los grupos que operan allí, por lo tanto, no
hay razones suficientes para esta negativa”[117].
La solicitante relaciona fuentes de información
periodística y académica para argumentar que en el municipio de Itagüí, para la
época de ocurrencia de los hechos, había presencia de actores armados ilegales,
entre ellos, bandas criminales (Bacrim) que se rearmaron después del proceso de
desmovilización de los paramilitares, que ejercían el control del territorio y
de la población a través de la demarcación de “fronteras invisibles”.
7.1.6. La Resolución No. 2017-147417R del 12 de
febrero de 2018[118],
que resolvió el recurso de reposición, pareciera estar analizando otro caso que
nada tiene que ver con el que fue objeto de declaración. En el documento se
lee: “Que la deponente inicialmente manifestó lo siguiente ‘(…) no tenía
problemas con nadie, nunca recibió amenazas (…) estaba sentada en una
carpintería (…) esperando una plata (…) pero un hombre armado le quitó la vida
(…) no sé porque la mataron, no conozco casi los hechos (…)’”[119].
A continuación, se describen unos elementos de
contexto que no se relacionan con el lugar en donde ocurrieron los hechos, esto
es, el municipio de Itagüí, Antioquia:
“En [el caso] concreto se evidenció a través de un informe de [la] Fundación
Ideas Paz, lo siguiente: ‘(…) Un análisis sobre las tasas de homicidios en
Colombia en 2012, permite concluir que los niveles más elevados se producen en
municipios en donde hay disputas entre agrupaciones del crimen organizado. Le
siguen las que se dan en zonas donde mueren combatientes en medio de la
confrontación entre el Estado y las guerrillas. Obviamente, suben donde hay
confluencia de estos dos factores y/o hay actuaciones de las guerrillas contra
la población. También hay que decir que los índices de homicidios, si bien
altos en no pocos municipios (76 municipios superaron el doble del promedio
nacional de 39.5 en los últimos diez años, mientras que en 2003 esta condición la
cumplieron 291), se han venido atenuando en los últimos diez años y su
cubrimiento territorial es mucho más limitado que los niveles que se
registraban hace una década…. Antioquia, en su conjunto, ha bajado
significativamente, tal como se aprecia en los mapas. Si bien Remedios registró
la tasa más alta en 2012, de 276, y Segovia la quinta, de 204 hpch, en su
conjunto este departamento muestra disminuciones ostensibles en el Bajo Cauca y
en otras regiones. Algo parecido ocurrió en el sur de Córdoba. Las
disminuciones no necesariamente reflejan que hayan dejado de hacer presencia
estructuras de crimen organizado. Muestran solamente que disminuyeron las
disputas. En esencia, Los Urabeños se han visto favorecidos ante el debilitamiento
de Los Rastrojos. En cambio, los municipios afectados del nordeste antioqueño
vieron incrementar sus índices debido a las disputas entre bandas criminales
por la minería del oro. (…)’”[120].
Al final, la Unidad para las Víctimas sin acudir a
fuentes de información pertinentes para efectos de establecer una
caracterización de la zona en donde tuvo ocurrencia el homicidio del
adolescente Miguel Ángel Ruiz Echavarría, llega a las siguientes conclusiones,
con fundamento en las que confirma la decisión recurrida:
“[…] Respecto al lugar de los hechos, esta Dirección de acuerdo a la
situación particular considera que si bien en esta zona del país existen
actores armados no se puede afirmar que la sola presencia de estos sea el elemento
que determine las circunstancias bajo las cuales se presentó la muerte del
joven MIGUEL ANGEL RUIZ ECHAVARRIA, puesto que [de] acuerdo al contexto del
caso bajo estudio, la información suministrada y consultada no es indicio
suficiente para catalogar tal situación dentro del conflicto armado interno,
siendo que también se pudo presentar por tema de problemática personal; puesto
que si bien no se desconoce que hay estructuras formadas, existen personas no
pertenecientes a las mismas que se cobijan de este actuar para realizar hechos
ilegales.
Finalmente, no se evidencia material probatorio que encierre de forma
determinante que el hecho ocurrió dentro del conflicto armado interno, por lo
cual no se puede establecer los autores del hecho, razón por la cual esta
Dirección considera que su situación particular no está cobijada bajo el marco
normativo aquí analizado”[121].
7.1.7. Por su parte, la Resolución No. 2018-19679
del 25 de abril de 2018[122],
acudiendo a una descripción fáctica que no permite su relación con el homicidio
del hijo de la señora Alejandra María Ruiz Echavarría, ocurrido en el
barrio La Aldea del municipio de Itagüí, Antioquia[123], concluyó:
“[…] según el sano criterio de este Despacho, no hay elementos de juicio
para determinar que el homicidio aquí analizado, se diera con ocasión y en
desarrollo del conflicto armado, y es en esa justa medida que se confirmará en
todas y cada una de sus partes el acto impugnado”[124].
7.1.8. Los actos administrativos
descritos no incorporan un análisis detenido y cuidadoso de los diversos
elementos técnicos y de contexto pertinentes, a partir de las
previsiones legales y las reglas definidas por la jurisprudencia
constitucional, que permitiera identificar las circunstancias en que tuvo
ocurrencia el hecho victimizante declarado por Alejandra María Ruiz Echavarría.
Ello, vulnera su derecho fundamental al debido proceso administrativo, en la
medida en que no se hace una motivación adecuada de las decisiones adoptadas.
La motivación
expuesta por la Unidad para las Víctimas para llegar a la conclusión de que el
homicidio de Miguel Ángel Ruiz Echavarría correspondió a un hecho de
delincuencia común, es genérica, es decir, no responde al caso particular y
concreto descrito por Alejandra María. Es tan clara la magnitud del defecto,
que en ningún momento se aborda la problemática de orden público que se
presentaba para la época de ocurrencia de los hechos en el municipio de Itagüí,
Antioquia, según la descripción realizada por la declarante. Lo
anterior, con miras a establecer si se presentaba una relación cercana
y suficiente con el desarrollo del conflicto armado interno, de acuerdo con la Ley
1448 de 2011.
7.1.9. En el acápite 4, referente al concepto
de víctima establecido en la Ley 1448 de 2011, la Sala recordó que este
Tribunal ha adoptado una concepción amplia del concepto de conflicto armado, en
aras de reconocer la complejidad real e histórica que ha caracterizado la
confrontación interna colombiana y garantizar una atención a las víctimas que
asegure el goce efectivo de sus derechos.
Adicionalmente, recordó que la Corte ha reconocido
la existencia de “zonas grises”[125]
en las que no resulta clara la ausencia de relación con el conflicto armado
interno. En dichos eventos, es necesario realizar un ejercicio de valoración y
ponderación en cada caso concreto, de distintos factores del contexto de la
confrontación interna, para efectos de determinar si el hecho guarda o no una
relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado interno.
De tal forma, no es admisible excluir a priori la aplicación de la Ley
1448 de 2011. En todo caso, la valoración debe hacerse con aplicabilidad de los
principios constitucionales de carga de la prueba, buena fe y favorabilidad[126].
Ese análisis, necesario para identificar las
distintas dinámicas de violencia en el municipio de Itagüí, Antioquia, está
ausente en las decisiones de la Unidad para las Víctimas objeto de estudio, en
donde más bien parece que se le traslada la carga probatoria a quien afirma ser
víctima del conflicto armado interno, con desatención de los principios de
buena fe y favorabilidad.
7.1.10. En
síntesis, la Sala encuentra que la Unidad para las Víctimas vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de Alejandra
María Ruiz Echavarría, porque
realizó un análisis genérico de la situación y no acudió a los elementos técnicos y de
contexto necesarios, a partir de las reglas y principios aplicables, para la
búsqueda y obtención de información pertinente que permitiera establecer las
circunstancias en que ocurrieron los hechos relacionados con el
homicidio del adolescente Miguel Ángel Ruiz Echavarría.
Por lo anterior, la
Sala dejará sin efectos las Resoluciones No. 2017-147417 del 23 de noviembre de
2017, 2017-147417R del 12 de febrero de 2018 y 2018-19679 del 25 de abril de
2018. En consecuencia, ordenará a la Unidad para las Víctimas que realice una nueva
evaluación en la que se defina de manera clara, comprensible y precisa (i)
si Alejandra María Ruiz Echavarría se encuentra o no comprendida por los
supuestos mencionados en la Ley 1448 de 2011, teniendo en cuenta que el hecho puede
enmarcarse dentro de lo que jurisprudencialmente se ha entendido como una “zona
gris”. Para
el efecto, (ii) deberá apoyar su decisión en elementos técnicos y
de contexto pertinentes, que permitan establecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrieron los hechos, dando aplicación a los principios
constitucionales de carga de la prueba, buena fe y favorabilidad.
En ese orden,
revocará las sentencias del 9 de noviembre de 2018, del Juzgado Primero de
Familia de Oralidad de Itagüí, y del 11 de enero de 2019, de la Sala Quinta de
Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, que declararon
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Eugenia Echavarría.
7.2. Expediente T-7.393.538. La
Unidad para las Víctimas vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo y al reconocimiento
como víctima de Ana Fidelia Torres
García
7.2.1. La señora Ana Fidelia Torres García, de 56
años[127],
presentó acción de tutela en contra de la Unidad para
las Víctimas con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales, entre ellos, a ser reconocida como víctima del conflicto armado,
para efectos de gozar de los beneficios que de ello se derivan. La solicitud se
fundamentó en la negativa de la entidad de incluirla, junto con su nieto, en el
Registro Único de Víctimas –RUV– por los hechos victimizantes de amenaza y
desplazamiento forzado, bajo el argumento de que no se logró establecer que los
mismos se dieran con ocasión del conflicto armado interno.
7.2.2. Está probado que
mediante Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018, la Unidad para las
Víctimas negó la inclusión en el RUV de Ana Fidelia Torres García junto con su
grupo familiar, por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento
forzado, al no poderse determinar que se encuadraron en el marco del conflicto
armado interno[128].
Frente a dicho acto administrativo fueron presentados los recursos de
reposición y apelación, los cuales, en su orden, fueron decididos a través de
la Resolución No. 2018-27196R del 27 de agosto de 2018[129] y la Resolución No. 2018-47482 del 5 de septiembre de 2018[130], en el sentido de confirmar la decisión inicial.
7.2.3. Examinados los actos
administrativos descritos encuentra la Sala que la Unidad para las Víctimas
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al
reconocimiento como víctima de Ana Fidelia Torres García, toda vez (i)
no aplicó de forma correcta el derecho vigente relativo a la definición de
víctima del desplazamiento forzado y, como consecuencia de ello, (ii) no
incorporó un análisis detenido y cuidadoso de los diversos elementos técnicos y
de contexto, a partir de las previsiones legales y las reglas definidas por la
jurisprudencia constitucional, que permitiera identificar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de análisis. A
continuación, se fundamenta esta conclusión.
7.2.4. En la Resolución No. 2018-27196 del 2 de
mayo de 2018, la Unidad para las Víctimas anunció que acudiría a la
evaluación de los elementos jurídicos, de contexto y técnicos para
analizar los hechos victimizantes declarados por Ana Fidelia, esto es, la amenaza
ocurrida el 17 de noviembre de 2017 y el desplazamiento forzado acaecido al día
siguiente, en el barrio Lleras Camargo del municipio de Buenaventura, Valle del
Cauca (lugar en donde afirmó residir durante doce años), debido al accionar de
presuntos grupos armados.
La
señora Ana Fidelia Torres García en la declaración rendida en la Personería Municipal
de Cali, el 9 de febrero de 2018, señaló:
“(…) al
parecer alguien a quien le vendí fritanga o le lav[é] una ropa, les comento que
yo tenía dos motores y le describió mi casa y desde ese momento me empezaron a
causar problemas amenazándome, ellos querían sacarme de mi casa. Ellos me iban
a amenazar diciéndome que cuando iba a desocupar, que necesitaban mi casa y que
no me metiera en problemas (…) el día 17 de noviembre de 2017 (…) me dijeron te
lleg[ó] el momento (…) salí de la casa cogí mi ropa y junto a mi nieto salí
caminando hacia una carretera donde se agarra el bus que va para Cali (…)”[131].
Tomando en cuenta la declaración, le correspondía a
la Unidad para las Víctimas la verificación de los hechos victimizantes en
atención a la situación de orden público que en su momento se vivía en el
municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Para ello, debió evaluar los elementos
jurídicos, técnicos y de contexto que le permitieran fundamentar una decisión
frente al caso concreto del desplazamiento forzado de Ana Fidelia junto con su
nieto. En esa labor bien pudo solicitar información relevante al Ministerio de
Defensa Nacional, a los organismos del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional
y a las demás entidades del Estado (par. 1, art. 2.2.2.3.11, Decreto 1084 de
2015).
En la Resolución que niega la inscripción en el
RUV de la accionante, se lee:
“Ahora bien, de acuerdo a los elementos constitutivos del
hecho victimizante de AMENAZA, y del caso particular de análisis no se
evidencia que la realidad de la misma provenga de forma fehaciente de una
dinámica propia del desarrollo del conflicto armado interno, entendiéndose que
de los hechos declarados no se arroja como resultado situaciones que configuren
graves infracciones a los postulados de Derecho Internacional Humanitario. Es
así que, del análisis del caso se concluye que de acuerdo a la presencia que
ejercían los Grupos Armados en el departamento de ocurrencia de los hechos, no
resulta evidente que la declaración se enmarque dentro de un contexto de la Ley
1448 de 2011, puesto que las situaciones de tiempo, modo y lugar se dan en un
escenario diverso al de un conflicto armado interno, situación que analizada
frente a los elementos técnicos, de contexto y jurídicos existentes
imposibilitan el reconocimiento del hecho victimizante de AMENAZA, pues en
efecto, no se identifican los factores que condicionan de forma decisiva que su
ocurrencia se produjo en el marco del conflicto armado interno lo que
constituye el fundamento esencial del amparo de la Ley 1448 de 2011.
De las condiciones en las que se presentaron los hechos
declarados y frente al hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO es
relevante precisar que aunque en el desarrollo del conflicto armado interno se
practican diversas estrategias para lograr su finalidad, es decir, que no se
presenta un solo modelo estratégico a seguir para conseguir su propósito, la
situación fáctica declarada relaciona aspectos de índole particular que
describen circunstancias y motivos personales en los que se origina el
traslado, es así que pese a las alteraciones de orden público y las situaciones
de violencia que pudieron presentarse en el municipio de ocurrencia de los
hechos declarados, la sola presencia de Grupos Armados no es el único factor
que desencadena en situaciones de tiempo, modo y lugar para enmarcar los hechos
declarados en las dinámicas del desarrollo del conflicto armado interno como
graves infracciones a los Derechos Humanos y al derecho internacional
humanitario, por lo tanto, para el presente caso no puede afirmarse que debido
a la presencia de dichos grupos en el territorio las situaciones de tiempo,
modo y lugar declaradas se enmarquen en el desarrollo del conflicto armado
interno, puesto que, el traslado declarado exhibe una afectación de naturaleza
personal, es decir que, esta situación de cara al esquema de DESPLAZAMIENTO
FORZADO que atiende el nivel de las dinámicas un conflicto armado interno no
comprende graves violaciones e infracciones a los postulados de Derecho
Internacional Humanitario, por consiguiente, del análisis del caso en concreto
se concluye que a pesar de la presencia de Grupos Armados en el municipio de
ocurrencia de los hechos declarados resulta evidente que la declaración no se
enmarque dentro de un contexto del parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 1448
de 2011, puesto que las situaciones de tiempo, modo y lugar se dan en un
escenario diverso y aislado del conflicto armado interno, situación que
analizada frente a los elementos técnicos, de contexto y jurídicos existentes
impiden el reconocimiento del hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO,
pues en efecto, no se identifican los factores que condicionen de forma
decisiva que su ocurrencia se produjo en el marco del conflicto armado interno
lo que constituye el fundamento esencial del amparo de la Ley 1448 de 2011”[132].
Si bien en el acto administrativo se da cuenta de
algunas herramientas técnicas consultadas[133],
llama la atención de la Sala que no se hace ninguna referencia concreta a
elementos técnicos y de contexto que permitan identificar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de análisis[134].
Adicionalmente, no se hace un estudio de los hechos victimizantes en el marco
de la Ley 387 de 1997, según la cual el desplazamiento forzado puede darse con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: “Conflicto armado
interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”
(art. 1, Ley 387 de 1997).
7.2.5. En el escrito de reposición y apelación
presentado en contra de la Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018, Ana
Fidelia cuestiona que la Unidad haya tomado la decisión de negar su inscripción
en el RUV con fundamento exclusivo en la declaración por ella realizada, sin
presentar un análisis de otros elementos técnicos y de contexto consultados. Señaló:
“[…] Buenaventura […] ha sido permeado por los distintos actores
armados que operan en el territorio colombiano, la Unidad no ha desplegado un
estudio de contexto urbano de Buenaventura para establecer con media certeza
que este municipio también ha sido afectado con la transformación del conflicto
por la incidencia de los distintos aciertos de paz y las medidas de reinserción
de los miembros de los grupos en procesos de desarme”[135].
La recurrente cuestionó, entonces, la incipiente
motivación que ofrece la Unidad para las Víctimas para concluir que los hechos
victimizantes por ella declarados no tienen relación con el conflicto armado
interno, desatendiendo los principios de carga de la prueba, buena fe y
favorabilidad.
7.2.6. La Resolución No. 2018-27196R del 27 de
agosto de 2018[136],
que resolvió el recurso de reposición, incluye nuevos elementos relacionados
con el modo en que ocurrieron los hechos. A continuación se trascriben:
“1. ¿[S]sabe usted qué grupo o persona fue el autor de este hecho? los
paramilitares del barrio Lleras. 2. ¿[C]ómo era la situación de orden público[?]
yo vivía en Buenaventura, Valle del Cauca en el barrio Lleras con mi nieto de
13 años, ahí ya llevaba 12 años viviendo ahí, mi marido vivía conmigo, pero un
día dijo que iba a comprar un pescado para comer y no volvió solo encontramos
la ropa al otro día, pero mi marido en la casa dej[ó] dos motores Yamaha de 200
en el patio de la casa[,] mi casa era de esas que tiene entrada delantera y
trasera. [Y]o vendía fritanga en mi casa además de hacer oficios varios yo a
veces le prestaba los motores a un amigo de mi esposo para que los trabajara y
me diera algo de dinero, en el barrio había presencia de los (grupos armados) y
al parecer alguien a quien le vendí fritanga o le lav[é] una ropa, les coment[ó]
que yo tenía dos motores y le describió mi casa y desde ese momento me
empezaron a causar problemas amenazándome, ellos querían sacarme de mi casa. [E]llos
me iban a amenazar diciéndome que cuando iba a desocupar, que necesitaban mi
casa y que no me metiera en problemas, pero yo no me iba, en varias ocasiones
iban a mi casa y me sacaban y yo me tenía que ir de Buenaventura Cali, Valle[,]
pero no duraba mucho porque mi nieto es muy resabiado con la comida y la gente
se aburría de él, por esa razón en varias oportunidades me tocaba volver a mi
casa, así pasaron muchas ocasiones pero fue el día 17 de noviembre de 2017
cuando me encontraba en mi casa con mi nieto siendo casi las 12:30 de la media
noche, cuando sentí que me tocaron la puerta entonces yo fui a entreabrir y me
dijeron te lleg[ó] el momento era[n] dos hombres vestidos de camuflado, ellos
me tumbaron la puerta y se me fueron encima y me empezaron a quitar la blusa
que llevaba puesta, yo les vi las caras y son gente misma del barrio, al ver
que me querían violar [y]o empecé a patear como podía la puerta hasta que mi
nieto que estaba dormido se despertó, y empezó a gritar que no me hicieran
nada, y gritaba tan duro que llegaron algunos vecinos a la casa y ellos se
salieron de mi casa por la puerta de atrás, la gente al ver que se habían ido
también se fue de mi casa y cuando eso pas[ó] esos dos hombres de camuflado
volvieron a casa y me tiran toda mi ropa a la calle, y se van. [Y]o en medio
del miedo me qued[é] en mi casa s[i]n dormir hasta las 4am ya se podía decir
que era 18 de noviembre de 2017 y salí de la casa cogí mi ropa y junto a mi
nieto salí caminando hacia una carretera donde se agarra el bus que va para
Cali y me mont[é] [llegué] a Cali, a las 8am y como ya no podía estar donde
antes me quedaba me fui para el barrio Marroquín 2 donde una muchacha de Buenaventura
que es cristiana y siempre que venía a citas médicas me dejaba quedar en su
casa. [A]hí estoy actualmente con mi nieto[,] pero me quiero devolver a
buenaventura, porque ya me siento mal de estar en esa casa sin aportar dinero. […].
3. ¿[C]ómo se dio la amenaza? responde: de manera verbal y física con violencia
casi sexual porque no pudieron violarme. 4. ¿[E]n qué circunstancias se dio la
amenaza? responde: en mi casa. 5. ¿[A]lguien más de su familia había recibido
amenazas? solamente yo y mi nieto. 6. ¿[Q]ué autoridad del orden nacional o
territorial conoce sobre estos hechos? responde ninguna. 7. [¿O]tras personas
que no son de su grupo familiar han sido víctimas de estos mismos hechos[?] no,
solamente a mí porque mi casa ten[í]a entrada delantera y trasera además de dos
motores que me había dejado mi esposo. 7. ¿[S]abe las causas que motivaron la
amenaza? responde ellos se querían quedar con mi casa y [t]odo lo que había
adentro y yo no les dejaba mi casa. 8. ¿[H]a tomado medidas por cuenta propia
para protegerse a usted y/o a su familia? responde he salido por días de la
casa y de Buenaventura, pero la situación se ha repetido por eso me toc[ó]
desplazarme definitivamente hacia Cali, Valle del Cauca. 9. ¿[R]ecibe algún
tipo de protección por parte del [E]stado, organización, movimiento o persona en
particular? responde: ninguna por el momento. […]”[137].
Al final, la Unidad para las Víctimas sin acudir a
fuentes de información pertinentes para efectos de establecer una
caracterización de la zona en donde tuvieron ocurrencia las amenazas y el
desplazamiento forzado de la accionante[138],
llega a las siguientes conclusiones, con fundamento en las que confirma la
decisión recurrida:
“Respecto del hecho victimizante de desplazamiento forzado se pudo
ubicar un lugar de salida y un lugar de arribo, pero no se pudo verificar el
actor armado generador del hecho ya que de acuerdo a la narración de los hechos
de la declaración, no se ha podido obtener una relación con el conflicto
armado, ya que si bien indica que los motivos por los cuales se generó el
desplazamiento, no indica claramente que se haya causado por incursión de
grupos armados y no obstante frente a lo indicado en el recurso, aunque se
encontraba ubicada en una parte del municipio donde se encontraban varios actores
armados, no se tiene claridad que el actor armado esté vinculado a grupos
armados reconocidos dentro del conflicto armado interno, pues si bien la
deponente no se encuentra de acuerdo con la delimitación de los actores del
conflicto, es de recordar que la ley de víctimas se encuentra enfocada
solamente a todos aquellos grupos de víctimas que se generaron en el contexto
del conflicto armado por grupos armados y organizados reconocidos dentro del
marco del derecho internacional humanitario, de esta manera si bien indica
actores generadores del hecho, no se indica si estos tienen una relación con
los grupos armados reconocidos dentro del conflicto además de que el actuar de
los actores no se constituye conforme al contexto de la zona para ese momento
de tiempo, por lo que no se ha podido establecer la coacción generada y
encausada de forma directa hacia la población para abandonar la zona, de la
misma manera tampoco se pudo verificar si el (sic) deponente tenía un lugar de
relevancia dentro del municipio lo que le hubiere generado las amenazas y un
posterior desplazamiento”[139].
7.2.7. Por su parte, la Resolución No. 2018-47482
del 5 de septiembre de 2018[140],
acudiendo a la citación de un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo
acerca de líderes y organizaciones sociales, que no permite su relación
con los hechos victimizantes descritos por la accionante, ocurridos en el
barrio Lleras Camargo del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, los días
17 y 18 de noviembre de 2017, concluyó:
“[…] teniendo en cuenta los argumentos presentados por la señora ANA
FIDELIA TORRES GARCIA en la declaración inicial, los lineamientos expuestos en
el ordenamiento jurídico y la situación de orden público que se presentaba en
el lugar de los hechos para la época de ocurrencia; esta entidad encuentra que
no es viable jurídicamente reconocer el hecho victimizante de AMENAZA,
DESPLAZAMIENTO FORZADO, toda vez que, frente a las circunstancias narradas no
existe elementos que lleven a determinar esa relación cercana y suficiente con
el conflicto armado, requisito indispensable para ser considerado víctima en
los términos de la Ley 1448 de 2011”[141].
7.2.8.
En la motivación de los actos administrativos descritos la Unidad para las Víctimas
consideró el concepto de víctima dispuesto en la Ley 1448 de 2011, omitiendo
valorar las otras formas de victimización previstas en la Ley 387 de 1997, pese a que, según la Sentencia C-280
de 2013 y el Auto 119 del mismo año, estas no fueron suprimidas con la
expedición de la Ley de Víctimas (el concepto de víctima establecido en la Ley
1448 de 2011 y la Ley 387 de 1997 fue desarrollado en el acápite 4).
Así las
cosas, la motivación se limitó al concepto de víctima relacionándolo
exclusivamente con el conflicto armado interno, desconociendo la obligación de
evaluar dicha categoría a partir de la concepción amplia dispuesta en la Ley
387 de 1997, es decir, no solo por hechos relacionados con el conflicto armado
sino con “disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores
que puedan alterar drásticamente el orden público” (art. 1, Ley 387 de
1997).
Lo
anterior, tuvo una implicación directa en el análisis de los elementos técnicos
y de contexto, que, de forma incipiente, se ocuparon de establecer si los
hechos narrados por la señora Ana Fidelia Torres García se enmarcaban en el
conflicto armado interno.
Adicionalmente,
se observa que la motivación expuesta por la Unidad para las Víctimas es
genérica, es decir, no responde al caso particular y concreto descrito por la
accionante. Si bien acude a algunos elementos de contexto, esto es, un informe
de la Defensoría del Pueblo acerca del riesgo por situación de peligro que
viven al menos 778 familias en Buenaventura, debió solicitar información
relevante que le facilitara la verificación de los hechos victimizantes en el
marco de la situación de orden público que vivía la comunidad en el barrio
Lleras Camargo de dicho municipio. Ello sugiere un incorrecto análisis del
contexto del desplazamiento forzado declarado por Ana Fidelia.
7.2.9. Ahora bien, en la respuesta a la acción de
tutela la Unidad para las Víctimas hizo las siguientes afirmaciones: “Del
relato que realiza la accionante se desprenden varios elementos que conducen a
que no se configura como tal un desplazamiento forzado por motivos del
conflicto armado, en la medida, que i) se trasladó en varias ocasiones de
Buenaventura a Cali, y regresaba, y como lo reitera la actora, en varias
ocasiones regresaba a su casa. […] reconoce que las personas que presuntamente
la coaccionaron para abandonar su hogar son personas conocidas por ella al
vivir en el mismo barrio”[142].
Y continúa: “[…] según las afirmaciones de la misma tutelante, se evidencia
que son personas del mismo barrio que la demandante conoce, por lo cual no
puede inferirse que son sujetos miembros de algún grupo armado al margen de la
ley, y si podría tratarse de delincuencia común por el presunto delito de
violación”[143].
La entidad
parece desconocer que Ana Fidelia señaló que el hecho definitivo del
desplazamiento forzado se dio el 18 de noviembre de 2017, luego de las amenazas
recibidas el día anterior. Desde ese día abandonó, junto con su nieto, su casa
ubicada en el barrio Lleras Camargo del municipio de Buenaventura (lugar en
donde afirmó residir durante doce años), y se fue a vivir a la ciudad de Cali.
La anterior descripción aparece en la parte de la declaración que es citada en
la Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018, y que es ampliada en la
Resolución No. 2018-27196R del 27 de agosto de 2018.
La Unidad
para las Víctimas no hace ninguna verificación de los hechos descritos por Ana
Fidelia  para llegar a la conclusión de que fueron perpetrados por delincuentes
comunes. Lo anterior, desconoce los principios de carga de la
prueba, buena fe y favorabilidad, a partir de los que surge una clara
obligación de la entidad en relación con la verificación de los hechos
victimizantes declarados.
7.2.10. En
síntesis, la Sala encuentra que la Unidad para las Víctimas vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo y al reconocimiento como víctima de Ana Fidelia Torres García, porque los actos que
decidieron su situación (i) desconocieron la vigencia de la definición
de víctima del desplazamiento forzado que prevé la Ley 387 de 1997[144], al fundamentar la
negativa de la inscripción en el RUV en la ausencia de una relación con el
conflicto armado interno, sin analizar las demás hipótesis previstas en la
referida ley; y (ii) realizaron un análisis genérico de la situación sin
agotar los procedimientos necesarios para la búsqueda y obtención de
información particular.
Por lo anterior,
la Sala dejará sin efectos las Resoluciones 2018-27196 del 2 de mayo de 2018,
2018-27196R del 27 de agosto de 2018 y 2018-47482 del 5 de septiembre de 2018.
En consecuencia, ordenará a la Unidad para las Víctimas que incluya a la señora
Ana Fidelia Torres García, junto con su grupo familiar, en el Registro Único de
Víctimas –RUV– por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, para que
pueda gozar de los beneficios que de ello se derivan.
En ese
orden, revocará la sentencia del 10 de diciembre de 2018, del Juzgado
Diecisiete Civil del Circuito de Cali, que negó el amparo constitucional solicitado
por la señora Ana Fidelia Torres García.
8.
Conclusión
La Unidad para las Víctimas
vulnera el derecho fundamental al debido proceso administrativo cuando no
motiva de forma adecuada sus decisiones. Para no incurrir en tal afectación, la
entidad debe realizar la verificación de los hechos victimizantes relacionados
en la declaración acudiendo a la evaluación de los elementos jurídicos,
técnicos y de contexto que le permitan fundamentar una decisión frente a cada
caso particular. Adicionalmente, cuando se trate del hecho victimizante de
desplazamiento forzado debe aplicar de forma correcta el derecho vigente, teniendo
en cuenta que el concepto de víctima dispuesto en la Ley 1448 de 2011 debe
complementarse con las otras formas de victimización previstas en la Ley 387 de
1997, que prevé además del conflicto armado interno, otras situaciones como los
disturbios y las tensiones interiores, y la violencia generalizada (art. 1, Ley
387 de 1997).
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada dentro del trámite de revisión
mediante Auto del 24 de septiembre de 2019.
SEGUNDO. En el expediente T-7.302.551, REVOCAR las
sentencias del 9 de noviembre de 2018, del Juzgado Primero de Familia de
Oralidad de Itagüí, y del 11 de enero de 2019, de la Sala Quinta de Decisión de
Familia del Tribunal Superior de Medellín,  que declararon improcedente la
acción de tutela presentada por la señora Eugenia Echavarría. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental al debido proceso administrativo de Alejandra
María Ruiz Echavarría.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones No.
2017-147417 del 23 de noviembre de 2017, 2017-147417R del 12 de febrero de 2018
y 2018-19679 del 25 de abril de 2018. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad para las
Víctimas que, en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la notificación de la presente sentencia, expida un nuevo acto
administrativo que resuelva la solicitud de inscripción en el Registro Único de
Víctimas de Alejandra María Ruiz
Echavarría y su núcleo familiar. En el nuevo acto, que será susceptible de los
recursos dispuestos en la ley, deberá realizar una nueva evaluación en
la se defina de manera clara, comprensible y precisa (i) si Alejandra
María Ruiz Echavarría se encuentra o no comprendida por los supuestos
mencionados en la Ley 1448 de 2011, teniendo en cuenta que el hecho puede
enmarcarse dentro de lo que jurisprudencialmente se ha entendido como una “zona
gris”. Para
el efecto, (ii) deberá apoyar su decisión en elementos técnicos y
de contexto pertinentes, que permitan establecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrieron los hechos, dando aplicación a los principios
constitucionales de carga de la prueba, buena fe y favorabilidad.
CUARTO. En el expediente T-7.393.538, REVOCAR la
sentencia del 10 de diciembre de 2018, del Juzgado Diecisiete Civil del
Circuito de Cali, que negó la protección constitucional solicitada por la
señora Ana Fidelia Torres García. En su lugar, CONCEDER
el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso administrativo y al reconocimiento como víctima.
QUINTO. DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones 2018-27196 del 2 de mayo de 2018, 2018-27196R
del 27 de agosto de 2018 y 2018-47482 del 5 de septiembre de 2018. En
consecuencia, ORDENAR a la Unidad para las Víctimas
que, en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la notificación de la presente sentencia, incluya a la
señora Ana Fidelia Torres García, junto con su grupo familiar, en el Registro
Único de Víctimas –RUV– por el hecho victimizante de desplazamiento forzado,
para que pueda gozar de los beneficios que de ello se derivan.
SEXTO. ORDENAR a la Secretaria General de esta Corporación que remita copia de esta
providencia, para lo de su competencia, a la Sala Especial de Seguimiento de la
sentencia T-025 de 2004.
SÉPTIMO. LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-067 DE 2020
INSCRIPCION EN EL
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Se
debió ordenar la inscripción en el RUV en los dos casos decididos (Salvamento
parcial de voto)
(i)Los 2 casos presentaban similitudes
sustanciales en los hechos y pretensiones; (ii) los 2 casos planteaban
obstáculos probatorios; (iii) la diferencia en el hecho victimizante no
generaba la aplicación de un estándar probatorio más estricto en el primer caso;
y (iv) las circunstancias de la accionante obligaban a la Corte a adoptar una
medida de protección que no generara mayores dilaciones en el reconocimiento de
su condición de víctima del conflicto armado
Referencia:
Expediente T-7.302.551 y T-7.393.538 Acumulados
Acciones de tutela presentadas por Alejandra María
Ruiz Echavarría, a través de agente oficiosa; y Ana Fidelia Torres García en
contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
1.- Con el acostumbrado respeto por las decisiones de
la Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me llevaron a
salvar parcialmente el voto que emití en la sesión de la Sala Quinta de
Revisión celebrada el 19 de febrero de 2020 en la que se profirió la Sentencia
T-067 de 2020.
El salvamento de voto parcial está relacionado con la
medida de protección emitida con respecto a la accionante Alejandra María Ruiz
Echavarría, pues la Sala se limitó a ordenarle a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas -en adelante UARIV- que evalúe nuevamente las
circunstancias de la accionante para determinar su inscripción en el Registro
Único de Víctimas -en adelante RUV-. Esta medida, a mi juicio, es insuficiente
y generó un trato diferenciado e injustificado, frente a la protección brindada
en el otro caso examinado. Para demostrar la insuficiencia de la medida y el
trato disímil expondré: (i) las circunstancias más relevantes de los casos;
(ii) las consideraciones expuestas por la mayoría de la Sala para adoptar las
medidas de protección diferenciadas; y (iii) las razones por las que considero
que en los dos asuntos debió ordenarse la inclusión de las accionantes en el
RUV.
2.- La Sentencia T-067 de 2020 decidió dos
casos acumulados. El primero, corresponde a la acción de tutela
formulada por Alejandra María Ruiz Echavarría, a través de agente oficioso, en
la que adujo que la decisión de la UARIV de no incluirla en el RUV por el hecho
victimizante del homicidio de su hijo de 14 años, en la zona urbana de Itagüí,
vulneró sus derechos fundamentales. El segundo, corresponde a la acción
de tutela formulada por Ana Fidelia Torres García en la que denunció que la
misma autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales con la decisión de
no incluirla en el RUV por el desplazamiento forzado de la que fue víctima.
Caso 1. Alejandra María Ruiz Echavarría contra la
UARIV
3.- Alejandra María Echavarría tiene 43 años y es
madre de 3 hijos. El 12 de marzo de 2011, su hijo Miguel Ángel Ruíz, de 14
años, fue asesinado en el barrio La Aldea del municipio de Itagüí,
aparentemente, por cruzar una frontera invisible impuesta por bandas criminales
asociadas al paramilitarismo. Como consecuencia del homicidio en mención,
Alejandra María sufrió un grave desequilibrio mental, diagnosticado como
trastorno afectivo bipolar y depresión grave con síntomas psicóticos, y fue
calificada con una pérdida de capacidad laboral del 59.2%.
El 24
de marzo de 2012, Alejandra María rindió declaración ante la Personería de
Itagüí con el fin de ser incluida en el RUV por el homicidio de su hijo, menor
de edad. En Resolución de 23 de noviembre de 2017, la UARIV no accedió a
la solicitud de la peticionaria porque no existen elementos que permitan
concluir que el homicidio estuvo relacionado con el conflicto armado interno.
En contra de la resolución se presentaron los recursos de reposición y
apelación en los que se cuestionó la precariedad del análisis y se presentaron
elementos de contexto sobre la presencia de bandas asociadas con el
paramilitarismo en el municipio de Itagüí. Sin embargo, la Unidad confirmó la
decisión inicial.
Alejandra María, a través de su agente oficiosa, formuló acción de
tutela en la que indicó que la actuación de la UARIV vulneró sus derechos fundamentales
y solicitó, como medida de restablecimiento, la inscripción en el RUV. Los
jueces de instancia declararon improcedente la tutela por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
4.- La
Sala Quinta de Revisión evaluó la actuación administrativa adelantada en el
caso de Alejandra María y advirtió que la unidad accionada: (i) tardó mucho
tiempo en emitir la resolución; (ii) no evaluó los elementos técnicos y de
contexto a pesar de que en los recursos de reposición y de apelación se aportaron
noticias e información académica sobre la presencia de bandas criminales
asociadas al paramilitarismo en Itagüí; y (iii) en el acto en el que resolvió
la reposición hizo referencia a elementos de contexto de un caso diferente. Con
base en estas circunstancias, la Sala estableció la violación del derecho al
debido proceso de la accionante y, en consecuencia, dejó sin efectos las
resoluciones emitidas por la UARIV y le ordenó que adelantara una nueva
evaluación en la que examine todos los elementos técnicos y de contexto para
determinar si procede la inscripción de la accionante en el RUV.
Caso 2. Ana Fidelia Torres García contra la UARIV
5.-
Ana Fidelia Torres vivía en el municipio de Buenaventura, en donde trabajaba en
la venta informal de comida, la realización de oficios varios y el alquiler de
2 motores de lancha, de propiedad de su esposo desaparecido. El 17 de noviembre
de 2017, hombres armados y uniformados llegaron a su casa, la amenazaron e
intentaron agredirla sexualmente, razón por la que abandonó su hogar y sus
pertenencias, y se desplazó con su nieto a la ciudad de Cali.
El 9 de
febrero de 2018, Ana Fidelia rindió declaración en la Personería Municipal de
Cali por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado con la
finalidad de ser incluida en el RUV. En Resolución del 2 de mayo de 2018, la
UARIV denegó la inscripción porque no se probó la relación del desplazamiento
con el conflicto armado interno. En contra de esta decisión se formularon los
recursos de reposición y apelación, pero la decisión se confirmó por la unidad.
Ana
Fidelia formuló acción de tutela en la que indicó que la actuación
administrativa de la UARIV vulneró sus derechos fundamentales y solicitó, como
medida de restablecimiento, la inscripción en el RUV. El juez de única
instancia denegó el amparo
porque la decisión de la unidad accionada se sustentó en la información recopilada y en la imposibilidad
material de concluir que el desplazamiento estuvo relacionado con el conflicto
armado.
6.- La
Sala Quinta de Revisión señaló que, de acuerdo con las previsiones de la Ley
387 de 1997, el desplazamiento forzado puede generarse como consecuencia del
conflicto armado interno, pero también por disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los derechos humanos, infracciones al DIH u otras circunstancias que alteren
drásticamente el orden público. A partir de este concepto la Sala concluyó que
la UARIV vulneró los derechos al debido proceso de la accionante y a ser
reconocida como víctima, debido a que: (i) no aplicó de forma correcta el
derecho vigente relacionado con la definición de víctima de desplazamiento
forzado, pues sólo consideró la relación con el conflicto armado interno y no
las otras hipótesis que pueden provocar el desplazamiento; y (ii) no examinó
los elementos técnicos y de contexto a partir de los principios fijados por la
jurisprudencia constitucional. En consecuencia, la Sala concedió el amparo de
los derechos fundamentales de la actora, dejó sin efectos las resoluciones cuestionadas en la acción
de tutela y ordenó la inscripción de la accionante y su núcleo familiar en
el RUV.
La Sentencia T-067 de 2020 debió ordenar la
inscripción en el RUV en los dos casos decididos
7.- Tal y como lo señalé inicialmente considero que la medida de
amparo otorgada en el primer caso examinado en la providencia de la que me
aparto parcialmente fue insuficiente, pues como se dispuso en el otro proceso
también debió ordenarse directamente la inscripción en el RUV. Esta
diferenciación es injustificada por las siguientes razones: (i) los 2 casos
presentaban similitudes sustanciales en los hechos y pretensiones; (ii) los 2
casos planteaban obstáculos probatorios; (iii) la diferencia en el hecho
victimizante no generaba la aplicación de un estándar probatorio más estricto
en el primer caso; y (iv) las circunstancias de Alejandra María obligaban a la
Corte a adoptar una medida de protección que no generara mayores dilaciones en
el reconocimiento de su condición de víctima del conflicto armado.
8.- En primer lugar, los casos examinados en la Sentencia T-067 de
2020 presentan las siguientes similitudes sustanciales: (i) las acciones de
tutela adujeron que la violación de los derechos fundamentales se derivó de la
actuación de la misma autoridad, que corresponde a la UARIV; (ii) las promotoras
del amparo pidieron, como medida de protección de sus derechos fundamentales,
la inclusión en el RUV; (iii) las solicitudes de amparo cuestionaron las
decisiones de la unidad accionada porque no aplicaron los principios
constitucionales y legales que rigen el examen de la condición de víctima; (iv)
en los dos casos la unidad accionada omitió su obligación de adelantar un
análisis de contexto y evaluar que el homicidio se produjo en el entorno de
graves violaciones a derechos humanos que se producía en ese lugar y en ese
momento histórico de dicha sociedad; y (v) las acciones de tutela se formularon
por sujetos de especial protección constitucional.
En efecto, las accionantes atraviesan circunstancias que obligan a
brindar especial protección constitucional. En el primer caso, Alejandra María Ruiz Echavarría padece graves
enfermedades mentales que afectaron su capacidad laboral, razón por la
satisfacción de sus necesidades básicas y las de su hija menor de edad dependen
del trabajo informal de su madre como costurera. En el segundo caso, Ana
Fidelia Torres es madre cabeza de familia y debe
proveer la manutención de su nieto menor de edad. Como se ve, se trata de
mujeres que además de los hechos violentos de los que fueron víctimas enfrentan
otras circunstancias que las ponen en una situación de mayor vulnerabilidad.
Los elementos descritos evidencian que los casos decididos en la
Sentencia T-067 de 2020 presentaban similitudes sustanciales que, prima
facie, obligaban a la Sala a la adopción de las mismas medidas de
protección.
9.- En
segundo lugar, los casos contaban con elementos probatorios similares. En el
primero, obraba la declaración de la peticionaria sobre el homicidio de su
hijo, la noticia criminal y el archivo de la investigación porque no se recaudaron
elementos que permitieran establecer el autor del delito. En el segundo, se
aportó la declaración de la accionante en la que narró las amenazas recibidas y
las circunstancias en las que se produjo el desplazamiento.
En los
procedimientos administrativos y judiciales relacionados con el reconocimiento
y la protección de las víctimas del conflicto armado interno se presentan
dificultades para la obtención de los elementos de prueba. Por esta razón, la
Ley 1448 de 2011 estableció la dignidad, la buena fe, la igualdad, el debido
proceso, entre otros, como los principios rectores en este tipo de actuaciones.
Estos principios parten del reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de
las víctimas y de los problemas que enfrentan para recaudar pruebas de los hechos victimizantes, razón
por la que el artículo 5º ibídem señala que:
“La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio
legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera
sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda
a relevarla de la carga de la prueba.”
Por su parte, la
jurisprudencia constitucional ha comprobado las dificultades en materia
probatoria y, en particular, los problemas para determinar la relación del
hecho victimizante con el conflicto armado. Por lo tanto, ha precisado la
obligación de que las solicitudes de inclusión en el RUV se analicen en
concordancia
con el objetivo y los principios de la Ley 1448 de 2011, con un criterio
tendiente a la protección de las víctimas y evaluen el contexto en el que se genera la vulneración de los
derechos para determinar la relación de conexidad con el conflicto armado[145].
Las
dificultades probatorias referidas, reconocidas legal y jurisprudencianente, se
presentaron en los casos examinados en esta oportunidad, razón por la que era
necesario aplicar el mismo estándar probatorio. En concreto, en los dos asuntos
decididos la valoración de los elementos de prueba debió regirse por los
principios de dignidad humana, buena fe, debido proceso, igualdad,
favorabilidad y evaluación del contexto.
10.- En tercer lugar, la diferencia en el hecho victimizante no resultaba
suficiente para que se emitieran medidas de protección disímiles. La mayoría de
la Sala indicó que el desplazamiento forzado puede generarse por la relación
con el conflicto armado o por las otras circunstancias reconocidas en la Ley
387 de 1997. Por lo tanto, como la Unidad accionada no consideró las otras
hipótesis de desplazamiento y este se probó con la declaración de la promotora
del amparo se ordenó la inscripción de Ana Fidelia Torres y su grupo familiar
en el RUV.
Aunque la precisión normativa referida es correcta
esta sólo tiene incidencia en la definición del hecho victimizante de
desplazamiento forzado, pero no genera una distinción del estándar probatorio
como la que se aplicó en la sentencia. En efecto, la mayoría de la Sala admitió
que el desplazamiento forzado, por alguna de las causales reconocidas en la ley
para la inclusión en el RUV que no precisó, se acreditara con la declaración de
la peticionaria y los elementos de contexto sobre la situación de orden público
en Buenaventura.  En contraste, en el caso del homicidio del menor de edad, a
pesar de que la peticionaria rindió la declaración sobre el hecho victimizante
y presentó los elementos de contexto sobre la fuerte presencia de grupos
paramilitares en la zona urbana de Itagüí en el año 2011, la Sala no tuvo por
acreditada la relación con el conflicto armado.
La distinción descrita es injustificada y viola el
mandato de igualdad, ya que las causas que pueden provocar el desplazamiento
forzado y que han sido reconocidas en la ley para el reconocimiento de la
condición de víctima no generan una diferencia en el estándar de la prueba. Por
el contrario, tal y como se explicó en precedencia, a partir de los mandatos
constitucionales de respeto de la dignidad humana, primacía de los derechos inalienables de la persona,
igualdad, especial protección de personas en situación de debilidad manifiesta; los principios previstos en la Ley 1448
de 2011 y la jurisprudencia constitucional las solicitudes de reconocimiento de
la condición de víctima, sin distinción, deben regirse por los principios de
buena fe, carga de la prueba, igualdad, pro homine y favorabilidad.
De manera que, resultaba imperativo que en la
sentencia se destacara que existen otras circunstancias que pueden provocar el
fenómeno de desplazamiento, las cuales debieron ser consideradas por la unidad
accionada, pero este reconocimiento no generaba un estándar probatorio mayor
para el caso del homicidio como el que materialmente aplicó la Sala.
11.- Finalmente, considero que
las circunstancias expuestas en la acción de tutela formulada por Alejandra
María Echavarría y los elementos de prueba obrantes en el trámite
constitucional debieron ser evaluados según los principios referidos en el
párrafo 9 de este salvamento y evaluados con el mismo estándar del segundo
caso. Con estos criterios resultaba probada la relación del hecho victimizante
con el conflicto armado interno, pues el contexto de paramilitarismo en el
lugar donde ocurrió el homicidio del hijo de la accionante permitía llegar a
esa conclusión.
En efecto, en el expediente obra la declaración de la actora, quien
señaló que de acuerdo con información suministrada por personas que estuvieron
con su hijo de 14 años la noche del homicidio, este se produjo por cruzar una
frontera invisible impuesta por los grupos paramilitares que controlan la zona.
Asimismo, la actora presentó elementos de contexto a través de noticias y
documentos académicos sobre las dinámicas del narcotráfico en la zona urbana de
Itagüí,  el cual estaba liderado y controlado por grupos paramilitares, y
generó la tasa más alta de homicidios en el país en el año 2011. Finalmente,
aportó la decisión de la Fiscalía General de la Nación en la que se archivó la
investigación, por imposibilidad de identificación del autor, la cual
demostraba que exigencias probatorias más fuertes en el procedimiento
administrativo para el reconocimiento de su condición de víctima resultan
desproporcionadas.
Adicionalmente, en el presente caso las circunstancias de
vulnerabilidad de la accionante y las falencias en el trámite administrativo
obligaban a la Corte a adoptar una medida de protección que no generara mayores
dilaciones en el reconocimiento de la condición de víctima. De una parte, la
actora padece graves problemas de salud mental desencadenados por la muerte de
su hijo, los cuales redujeron su capacidad laboral en más del 50%; carece de
ingresos económicos que le permitan solventar sus necesidades y las de su hija
menor de edad, y actualmente depende de los ingresos esporádicos de su madre,
quien trabaja de manera informal como costurera. De otra parte, la UARIV tardó
más de 5 años en responder la petición de reconocimiento de la condición de
victima elevada por la accionante[146]
y cuando resolvió los recursos formulados contra la decisión evaluó
circunstancias diferentes a las de la peticionaria. En consecuencia, Alejandra
María Echavarría ha esperado durante 8 años que la entidad accionada emita una
respuesta seria, oportuna y de fondo sobre su condición de víctima del
conflicto armado.
12.- En síntesis, con base en los elementos descritos
considero que, tal y como se concluyó en relación con la accionante Ana Fidelia
Torres, estaban acreditados los elementos para que la Sala ordenara
directamente la inscripción de Alejandra María Echavarría en el RUV por el
homicidio de su hijo, menor de edad, en la zona urbana del municipio de Itagüí.
En estos términos quedan expuestas las razones que me
llevaron a salvar parcialmente el voto con respecto a las consideraciones
expuestas en la sentencia T-067 de 2020.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Folios 5 al 35 del cuaderno de revisión del expediente T-7.302.551.
[2] A folio 8 del cuaderno principal obra fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la señora Eugenia Echavarría en donde se indica como fecha de
nacimiento el 23 de agosto de 1958. En adelante, los folios a que se
haga referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale otra
cosa.
[3] A folio 9 obra fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora
Alejandra María Ruiz Echavarría en donde se indica como fecha de nacimiento el
30 de marzo de 1976.
[4] A folio 16 obra fotocopia del registro civil de nacimiento de María
Camila Restrepo Ruiz en donde se indica como fecha de
nacimiento el 23 de mayo de 2004, siendo su madre Alejandra María Ruiz Echavarría
y su padre Manuel Felipe Restrepo Ruiz.
[5] A folio 37 obra fotocopia del registro civil de nacimiento de Miguel
Ángel Ruiz Echavarría en donde se indica como fecha de
nacimiento el 1 de mayo de 1996, siendo su madre Alejandra María Ruiz
Echavarría.
[6] Folio 3. A folio 36 aparece certificado expedido por la fiscalía 235
delegada ante los jueces penales del circuito de Itagüí, Antioquia, de la
Unidad Seccional de Fiscalías de Itagüí, fechada el 16 de enero de 2012, en
donde se lee: “Que esta agencia fiscal adelanta investigación, distinguida con
número SPOA 050016000206201116225, por el fallecimiento en forma violenta de
MIGUEL ÁNGEL RUIZ ECHAVARRÍA, […], suceso registrado el día 12 de marzo de
2011, luego de ser víctima de atentado con arma de fuego en el barrio la Aldea
de Itagüí - Antioquia, concretamente en la [carrera 56 con calle 62]. || El
acta de Inspección Técnica a Cadáver adelantada por funcionarios de Policía
Judicial en la misma fecha y lugar de los hechos señala como hipótesis de la
causa de su muerte ‘proyectil de arma de fuego’, configurándose así el punible
de homicidio. || El Informe Pericial de Necropsia No. 2011010105360000064,
concluye que su muerte fue consecuencia natural y directa de ‘choque traumático
por heridas múltiples penetrantes en cráneo, tórax y abdomen producidas por
proyectil de arma de fuego’. La noticia criminal se encuentra en etapa de
indagación, sin que hasta ahora se haya logrado la individualización de los
autores. || La presente certificación se expide ante petición de la señora
Alejandra María Ruiz Echavarría, […], con la única finalidad de presentarla
ante el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social en aras de la
reclamación administrativa a que puede tener derecho como progenitora del
occiso”. La certificación está suscrita por la fiscal Francia Elena Daza
Restrepo.
[7] Folio 3.
[8] Ibídem. A folios 10 al 15 obra historia
clínica del Instituto de Salud Mental Integral S.A.S. (SAMEIN) de julio de
2018. En los documentos aparece el siguiente diagnóstico: “Trastorno depresivo
recurrente, episodio depresivo grave presente, con síntomas psicóticos.
Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la
familia. Trastorno disociativo [de conversación], no especificado” (folio 10).
En el apartado examen mental, se lee: “Colabora poco, no establece contacto
visual, permanece agachada, actitud indiferente, psicomotor con inhibición,
permanece en la misma posición, afecto plano, disociación ideoafectiva,
pensamiento ilógico, tangencial, con pararespuestas, sensopercepción sin
alteraciones, sensorio conciente, alerta desorientada, alteración de memoria de
trabajo, juicio y raciocinio comprometido, introspección nula” (folio 10).
[9] Folio 3.
[10] La señora Alejandra María Ruiz Echavarría señaló en su declaración:
“(…) le gustaba mucho ir a fiestas (…) él siempre se iba los viernes o sábados
a divertirse (…) a veces salía a buscarlo y lo traía, otras no lo encontraba
(…) el día 12 de marzo de 2011, mi hijo no amaneció en la casa y yo me tuve que
ir a trabajar (…) un cuñado me llamó y me dijo que [a] Miguel Ángel lo habían
matado (…) en el velorio un joven como de 15 años, se me acercó y me dijo (…)
se encontraron con unos tipos en una moto […] los de la moto les dispararon […]
porque traspasaron lo que ellos llaman la calle o la barrera invisible (…)”. El
relato se toma de la Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017
emanada de la Unidad para las Víctimas (folio 32).
[11] A folios
31 al 34 aparece la Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017,
expedida por la Dirección Técnica de Registro y Gestión de la Información de la
Unidad para las Víctimas, a través de la cual se decidió “NO INCLUIR a la
señora ALEJANDRA MARÍA RUIZ ECHAVARRÍA, […], ni a su grupo familiar, en el
Registro Único de Víctimas (RUV) y NO RECONOCER el hecho victimizante de
Homicidio de MIGUEL ÁNGEL RUIZ ECHAVARRÍA, […]” (mayúsculas originales) (folio
33).
[12] Folios 32 y 33.
[13] A folios
22 al 24 aparece fotocopia de la Resolución No. 2017-147417R del 12 de febrero
de 2018, “por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017 sobre la no inclusión en
el Registro Único de Víctimas”. En las conclusiones de dicho acto
administrativo se lee: “Respecto al lugar de los hechos, esta Dirección de
acuerdo a la situación particular considera que si bien en esta zona del país
existen actores armados no se puede afirmar que la sola presencia de estos sea
el elemento que determine las circunstancias bajo las cuales se presentó la
muerte del joven MIGUEL ÁNGEL RUIZ ECHAVARRÍA, puesto que [de] acuerdo al contexto
del caso bajo estudio, la información suministrada y consultada no es indicio
suficiente para catalogar tal situación dentro del conflicto armado interno,
siendo que también se pudo presentar por tema de problemática personal; puesto
que si bien no se desconoce que hay estructuras formadas, existen personas no
pertenecientes a las mismas que se cobijan de este actuar para realizar hechos
ilegales” (mayúsculas originales) (folio 23, reverso). A
folios 17 al 21 aparece fotocopia de la Resolución No. 2018-19679 del 25 de
abril de 2018, por la cual se decide el recurso de apelación. En el documento
se lee: “[…] teniendo en cuenta los argumentos presentados por la señora
ALEJANDRA MARÍA RUIZ ECHAVARRÍA en la declaración inicial, los lineamientos
expuestos en el ordenamiento jurídico y la situación de orden público que se
presentaba en el lugar de los hechos para la época de ocurrencia; esta entidad
encuentra que no es viable jurídicamente reconocer el hecho victimizante Homicidio,
toda vez que, frente a las circunstancias narradas no existe[n] elementos que
lleven a determinar esa relación cercana y suficiente con el conflicto armado,
requisito indispensable para ser considerado víctima en los términos de la Ley
1448 de 2011” (mayúsculas y negrillas originales) (folio 20).
[14] Folio 5.
[15] Folio 43.
[16] El escrito de respuesta y sus anexos obran a folios 52 al 74.
[17] Folios 70 al 72.
[18] Folios 64 al 66.
[19] Folios 67 al 69.
[20] El oficio obra a folio 54.
[21] El acta obra a folios 45 al 47.
[22] Folio 46.
[23] El fallo obra a folios 48 al 51.
[24] Folios 77 y 78. El escrito concluyó: “[Ese] despacho NO se tomó el
tiempo para analizar la jurisprudencia señalada en la acción de tutela donde
expresamente se indica la facultad que tiene el juez de tutela para ordenar la
inclusión de víctimas en el RUV, al no estudiar el caso a profundidad es lógico
que señale asuntos de los cuales se nota su absoluto desconocimiento; no abordó
los derechos que consideré violados ni los argumentos que los fundamentan y
sigue siendo mi hija la perjudicada, es por esto que solicito que se revise con
detalle cada uno de los elementos que constituyen la acción de tutela y el
expediente para que se llegue al convencimiento más allá de toda duda que mi
hija debe ser incluida en el RUV y debe acceder a las medidas reparadoras […]”(mayúsculas
originales) (folio 78).
[25] Folios 6 al 10 del cuaderno de impugnación.
[26] Folio 1 del cuaderno principal. En adelante, los folios a que
se haga referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale
otra cosa.
[27] En la Resolución No. 2018-27196R del 27 de agosto de 2018, proferida
por la Dirección Técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para
las Víctimas, se lee: “[…] ¿sabe usted qué grupo o persona fue el autor de este
hecho? Los paramilitares del barrio Lleras […]. ¿cómo era la situación de orden
público? Yo vivía en Buenaventura, Valle del Cauca en el barrio Lleras con mi
nieto de 13 años, ahí ya llevaba 12 años viviendo […], mi marido vivía conmigo,
pero un día dijo que iba a comprar un pescado para comer y no volvió solo
encontramos la ropa al otro día, pero mi marido en la casa dejó dos motores
Yamaha de 200 en el patio de la casa […] mi casa era de esas que tiene entrada
delantera y trasera. [Y]o vendía fritanga en mi casa además de hacer oficios
varios yo a veces le prestaba los motores a un amigo de mi esposo para que los
trabajara y me diera algo de dinero, en el barrio había presencia de los
(grupos armados) y al parecer alguien a quien le vendí fritanga o le lavé una
ropa, les comentó que yo tenía dos motores y le[s] describió mi casa y desde
ese momento me empezaron a causar problemas amenazándome, ellos querían sacarme
de mi casa. [E]llos me iban a amenazar diciéndome que cuando iba a desocupar,
que necesitaban mi casa y que no me metiera en problemas, pero yo no me iba, en
varias ocasiones iban a mi casa y me sacaban y yo me tenía que ir de
Buenaventura […] pero no duraba mucho […], así pasaron muchas ocasiones pero
fue el día 17 de noviembre de 2017 cuando me encontraba en mi casa con mi nieto
siendo casi las 12:30 de la media noche, cuando sentí que me tocaron la puerta
entonces yo fui a entreabrir y me dijeron te llegó el momento [eran] dos
hombres vestidos de camuflado, ellos me tumbaron la puerta y se me fueron
encima y me empezaron a quitar la blusa que llevaba puesta, yo les vi las caras
y son gente misma del barrio, al ver que me querían violar yo empecé a patear
como podía la puerta hasta que mi nieto que estaba dormido se despertó, y
empezó a gritar que no me hicieran nada, y gritaba tan duro que llegaron
algunos vecinos a la casa y ellos se salieron de mi casa por la puerta de
atrás, la gente al ver que se habían ido también se fue de mi casa y cuando eso
pasó esos dos hombres de camuflado volvieron a casa y me tiran toda la ropa a
la calle, y se van. [Y]o en medio del miedo me quedé en mi casa s[i]n dormir
hasta las 4am ya se podía decir que era 18 de noviembre de 2017 y salí de la
casa cogí mi ropa y junto a mi nieto salí caminando hacia una carretera donde
se agarra el bus que va a Cali […]” (folios 23, reverso, y 24).
[28] El acto administrativo referido no obra en el expediente.
[29] A folios 4 al 6 obra fotocopia de la Resolución No. 2018-47482
del 5 de septiembre de 2018, a través de la cual se decide el recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo
de 2018 de “No inclusión en el Registro Único de Víctimas”. Según se señala en
el anterior acto administrativo, el recurso de reposición fue decidido por
medio de la Resolución No. 2018-27196R del 27 de agosto de 2018. En la
resolución que resuelve el recurso de apelación se lee: “[…] tomando como
referencia los documentos aportados […] se puede evidenciar que no existe
información verídica la cual nos permite (sic) cumplir con lo preceptuado en la
Ley 1448 de 2011, ya que no se logró la identificación de los responsables del
Desplazamiento y Amenaza de la señora ANA FIDELIA TORRES GARCÍA, de igual forma
no se logró establecer que el hecho victimizante lo [perpetraron] grupos al
margen de la ley, por tanto se permite concluir que no se reúnen los requisitos
plasmados en dicha ley para reconocer el hecho victimizante declarado por la
recurrente. || Por consiguiente, […], no es viable jurídicamente reconocer el
hecho victimizante de AMENAZA, DESPLAZAMIENTO FORZADO, toda vez que, frente a
las circunstancias narradas no existe[n] elementos que lleven a determinar esa
relación cercana y suficiente con el conflicto armado, requisito indispensable
para ser considerado víctima en los términos de la Ley 1448 de 2011” (folio 5,
reverso).
[30] Folios 8 y 9.
[31] El escrito de respuesta y sus anexos obran a folios 17 al 28.
[32] Folio 17, reverso.
[33] Folios 23 al 25.
[34] Folios 26 al 28.
[35] El escrito de respuesta y sus anexos aparecen a folios 29 al 39.
[36] El fallo obra a folios 40 al 49. En la sentencia se lee: “[…] este
estrado judicial debe advertir que comparte las conclusiones de la Unidad en el
sentido de que no existe una prueba, siquiera sumaria, que permita, en
aplicación de los principios de buena fe y pro homine, reconocer que el
desplazamiento de la peticionaria fue una acción que se enmarcó dentro del
conflicto armado. En especial, se llega a la anterior conclusión si se observa
que uno de los argumentos de la resolución, es que la Fiscalía General de la
Nación no ha podido determinar que existió un vínculo entre el Homicidio del
esposo de la accionante, el cual ocurrió años atrás, y el conflicto armado
interno, sin que se avizore denuncia alguna ante los entes fiscales, respecto
de las presuntas amenazas que ocasionaron el desplazamiento de la actora. ||
Bajo estos lineamientos debe establecerse que la sola denuncia realizada por la
señora ANA FIDELIA TORRES GARCÍA ante la defensoría del pueblo, no es
suficiente para determinar que su desplazamiento se ocasionó con ocasión del
conflicto armado interno del país en los términos de la Ley 1448 de 2011, lo
que no implica, que esta no haya sido objeto de amenazas o de violencia en el
sector donde habitaba. Empero, como se reseñó en la parte jurisprudencial de la
presente providencia, ello en sí, no es suficiente para acceder a los
beneficios creados por el gobierno para las personas que sufrieron de forma
directa el conflicto con las insurgencias de nuestro país” (cursivas y
mayúsculas originales) (folios 48, reverso, y 49).
[37] Folios 38
al 42 del cuaderno de revisión del expediente T-7.302.551.
[38] Folios 90
al 92 y 123 al 125 del cuaderno de revisión del expediente T-7.302.551.
[39] Folio 89 del cuaderno de revisión del expediente T-7.302.551.
[40] El oficio No. 2011-16225 del 2 de octubre de 2019 está firmado por
el asistente de fiscal II, Carlos Arturo Herrera palacios (folio 49 del
cuaderno de revisión del expediente T-7.302.551).
[41] Folio 49 del cuaderno de revisión del expediente T-7.302.551.
[42] Ibídem.
[43] Folios 50 al 64 del cuaderno de revisión del expediente
T-7.302.551.
[44] Folio 66 ibíd.
[45] Folio 67 ibíd.
[46] Doctor Juan Felipe Acosta Parra. En CD obrante a folio 105
aparece copia de la Resolución No. 01131 del 25 de octubre de
2016 y del acta de posesión, que lo acreditan como jefe encargado de la Oficina
Asesora Jurídica. Asimismo, copia de la Resolución No. 006240 de 2018, mediante
la cual se delega la representación judicial y extrajudicial de la entidad al
jefe de la dependencia mencionada.
[47] Folio 100, reverso, del cuaderno de revisión del expediente
T-7.302.551.
[48] Folio 101 del cuaderno de revisión del expediente T-7.302.551.
[49] Folio 102 ibíd.
[50] Folios 102 y 103 del cuaderno de revisión del expediente
T-7.302.551.
[51] Folios 103, reverso, y 104 del cuaderno de revisión del
expediente T-7.302.551.
[52] Ver CD
obrante a folio 105 ibíd.
[53] “Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[54] A folios 10 al 15 del cuaderno principal del expediente
T-7.302.551obra historia clínica del Instituto de Salud Mental
Integral S.A.S. (SAMEIN) de julio de 2018. En los documentos aparece el
siguiente diagnóstico: “Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo
grave presente, con síntomas psicóticos. Problemas relacionados con la
desaparición o muerte de un miembro de la familia. Trastorno disociativo [de
conversación], no especificado” (folio 10). En el apartado examen mental, se
lee: “Colabora poco, no establece contacto visual, permanece agachada, actitud
indiferente, psicomotor con inhibición, permanece en la misma posición, afecto
plano, disociación ideoafectiva, pensamiento ilógico, tangencial, con
pararespuestas, sensopercepción sin alteraciones, sensorio conciente, alerta
desorientada, alteración de memoria de trabajo, juicio y raciocinio
comprometido, introspección nula” (folio 10).
[55] Frente a
este segundo grupo, el inciso quinto del artículo 86 de la Constitución precisa
que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
[56] En ese sentido, la Sala Sexta de Revisión
señaló que “el juicio de procedibilidad de la acción de
tutela se torna menos riguroso frente a los sujetos de especial protección
constitucional, dentro de los cuales se encuentran las personas víctimas de la
violencia como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se
hallan y del especial amparo que la Constitución les brinda” (Sentencia T-584 de 2017).
[57] Corte
Constitucional, Sentencias T-192 de 2010, T-006 de 2014, T-692 de 2014, T-525 de 2014, T-573 de 2015, T-417 de
2016, T-301 de 2017, T-584 de 2017, T-227 de 2018 y
T-274 de 2018, en las que esta Corporación ha sido enfática al advertir que
tratándose de víctimas de la violencia resulta desproporcionado exigir el
agotamiento de los medios de defensa judicial existentes en la jurisdicción
contencioso administrativa.
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2016.
También pueden consultarse las Sentencias T-163 de 2017, T-301 de 2017, T-478
de 2017, T-584 de 2017 y T-333 de 2019, entre muchas otras.
[59] En ese
sentido, puede consultarse Corte Constitucional, Sentencias T-526 de 2005,
T-834 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006,
T-1084 de 2006, T-792 de 2007, T-825 de 2007,  T-243 de 2008, T-265 de 2009,
T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-887 de 2009, T-328 de 2010,
T-805 de 2012, entre muchas otras.
[60] Folio 52. Ver CD obrante a folio 105.
[61] Folio 52, reverso.
[62] Ibídem.
[63]
Ver CD obrante a folio 105 del cuaderno principal del expediente T-7.302.551.
[64] Folio 17, reverso.
[65] Ibídem.
[66] En este
apartado la Sala sigue de cerca las Sentencias T-163 de 2017, reiterada en la
T-274 de 2018, y la T-333 de 2019.
[67] “Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
[68] Corte
Constitucional, Sentencia C-069 de 2016.
[69] Expresión
declarada exequible por este Tribunal en la Sentencia C-781 de 2012.
[70] Ver, entre otras, las Sentencias C-253A de 2012, C-781
de 2012 y T-478 de 2017. En la Sentencia C-781 de 2012 se recordó que la Corte
ha adoptado una concepción amplia del concepto de conflicto armado, a partir de
criterios objetivos decantados por la jurisprudencia constitucional (tanto en
sede de revisión como de control abstracto de constitucionalidad), con el fin
de garantizar una atención adecuada y oportuna a las víctimas y asegurar el
goce efectivo de sus derechos. Afirmó, entonces, que una noción amplia del
conflicto es aquella que reconoce toda la complejidad real e histórica que ha
caracterizado a la confrontación interna colombiana. Adicionalmente, en la
Sentencia T-478 de 2017, Sala Quinta de Revisión sostuvo que “el entendimiento
del concepto de conflicto armado desde una perspectiva amplia se contrapone a
una noción estrecha de dicho fenómeno, en la cual éste: (i) se limita a un
conjunto específico de acciones y actores armados, (ii) se caracteriza por el
uso de ciertas armas y medios de guerra, o, (iii) se circunscribe a áreas
geográficas específicas. Así, esta Corporación ha determinado que esa
concepción estrecha de conflicto armado vulnera los derechos de las víctimas y,
además, reduce las posibilidades de cumplimiento del deber de prevención,
atención y protección que deben brindar las autoridades a todos los habitantes
del territorio colombiano frente a actos violentos”.
[71] Reiterando lo expresado en la Sentencia C-291 de 2007.
[72] Para establecer el alcance y la definición del
conflicto armado interno y determinar los actos que deben entenderse cobijados
por las normas que regulan tales confrontaciones, mediante la Sentencia C-291
de 2007, la Corte explicó que, “[e]n términos materiales, para que un
determinado hecho o situación que ha ocurrido en un lugar en el que no se han
desarrollado los combates armados quede cubierto bajo el ámbito de aplicación
del Derecho Internacional Humanitario, es
necesario que tal hecho o situación guarde una relación cercana y suficiente
con el desarrollo del conflicto”. Igualmente, “[l]a jurisprudencia
internacional ha proporcionado distintos criterios para determinar la
existencia de un nexo cercano entre un determinado hecho o situación y el
conflicto armado internacional o interno en el que ha tenido lugar; así, ha
señalado que tal relación cercana existe ꞌen la medida en que el crimen
sea moldeado por o dependiente del ambiente en el que se ha cometido –v.g.
el conflicto armado-ꞌ (…) [a]l determinar la existencia de dicha
relación las cortes internacionales han tomado en cuenta factores tales como la
calidad de combatiente del perpetrador, la calidad de no combatiente de la
víctima, el hecho de que la víctima sea miembro del bando opuesto, el hecho de
que el acto pueda ser visto como un medio para lograr los fines últimos de una
campaña militar, o el hecho de que el acto haya sido cometido como parte de los
deberes oficiales del perpetrador, o en el contexto de dichos deberes”
(negrillas fuera de texto). Finalmente, la Corte señaló que, en los casos de
comisión de crímenes de guerra, “es suficiente establecer que ‘el
perpetrador actuó en desarrollo o bajo la apariencia del conflicto armado’”,
y que “el conflicto no debe necesariamente haber sido la causa de la
comisión del crimen, sino que la existencia del conflicto debe haber jugado,
como mínimo, una parte sustancial en la capacidad del perpetrador para
cometerlo, en su decisión de cometerlo, en la manera en que fue cometido o
en el objetivo para el que se cometió” (negrillas fuera de texto).
[73] Corte
Constitucional, Sentencia C-253A de 2012.
[74] Corte
Constitucional, Sentencia C-781 de 2012. Posición reiterada en
la Sentencia T-478 de 2017.
[75] Posición
también reiterada en la Sentencia T-478 de 2017.
[76] Como
fue señalado anteriormente, una perspectiva estrecha de conflicto armado es
aquella en la cual este fenómeno (i) se limita a un conjunto específico de
acciones y actores armados, (ii) se caracteriza por el uso de ciertas armas y
medios de guerra, o (iii) se circunscribe a áreas geográficas específicas
(Sentencia T-478 de 2017).
[77] Artículos
5 y 27 de la Ley 1448 de 2011.
[78] “Por la
cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.
[79] El
artículo 1º de la Ley 387 de 1997 dispone: “DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han
sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de
cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios
y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público”.
[80] La Corte
Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 declaró “la existencia de un
estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada”.
[81] Corte
Constitucional, Auto 119 de 2013. A través de dicha
decisión, como consecuencia de la vulneración masiva, generalizada y reiterada
de los derechos fundamentales de la población desplazada, ocasionada por
actores cuyas acciones no se presentaron con ocasión del conflicto armado
interno, la Corte indicó que, estas víctimas “[…] no cuentan con mecanismos
ordinarios para satisfacer la situación de emergencia que es producto del
desarraigo, sino que, por el contrario, se sitúan en un estado de mayor
vulnerabilidad y de déficit de protección por parte de las autoridades
responsables, al quedar excluidas del universo de beneficiarios de las medidas
de asistencia, atención y protección contempladas en la ley como resultado de
su no inscripción en el Registro Único de Víctimas”. Y agregó “[…] la ausencia
de atención y protección en estos casos que es fruto de la decisión de no
inclusión en el registro y la consecuente exclusión de los beneficios de la Ley
de Víctimas, es contraria al amparo constitucional que esta Corporación ha
reconocido en reiteradas ocasiones a favor de la población desplazada por la
violencia en el marco de la Ley 387 de 1997”.
[82] Corte
Constitucional, Auto 119 de 2013.
[83] Ibídem. Desde el año 1997, esta Corporación determinó los parámetros para
establecer cuando una persona es víctima de desplazamiento forzado (Sentencia
T-227 de 1997, citada en la Sentencia T-064 de 2014). Indicó que “[s]ea cual
fuere la descripción que se adopte sobre desplazados internos, todas contienen
dos elementos cruciales: la coacción que hace necesario el traslado y la
permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si estas dos
condiciones se dan, no hay la menor duda de que se está ante un problema de
desplazados” (Sentencia T-064 de 2014).
[84] Esta regla
fijada fue reiterada en pronunciamientos posteriores. Así, por ejemplo, en las
Sentencias T-064 de 2014, T-584 de 2017 y T-133 de 2019. En la Sentencia T-064
de 2014, la Sala Tercera de Revisión señaló: “En conclusión, la Sala de
Seguimiento advirtió que para efectos de adquirir la condición de persona
desplazada por la violencia, basta con que se configuren los dos requisitos
materiales que ha señalado desde un principio este Tribunal, los cuales son:
(i) la coacción que hace necesario el traslado y (ii) la permanencia dentro de
las fronteras de la propia Nación. A partir de allí debe habilitarse la
inscripción en el RUV, con miras a que dichos sujetos puedan acceder a las
medidas de asistencia, atención y protección integral a las cuales tienen
derecho, con independencia de si su desplazamiento fue originado con ocasión
del conflicto armado y sin importar la calidad o motivos del autor del ilícito
ni de su modo de operar”.
[85] En este
apartado la Sala sigue de cerca la Sentencia T-227 de 2018.
[86] “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación”. Artículo 2.2.2.1.1. compilado
del artículo 16 del Decreto 4800 de 2011.
[87] El artículo 3 de la Ley 1448 establece los lineamientos definitorios
de la calidad de víctima.
[88] Artículo 2.2.2.1.4.
compilado del artículo 19 del Decreto 4800 de 2011.
[89] Artículo 2.2.2.3.5. compilado del artículo 31 del Decreto 4800
de 2011.
[90] Artículo 2.2.2.3.11. compilado del artículo 37 del
Decreto 4800 de 2011.
[91] Corte
Constitucional, Sentencias T-163 de 2017, T-478 de 2017 y SU-599 de 2019.
[92] El tema fue abordado en las Sentencias C-781 de 2012 y C-753 de 2013.
[93] Corte
Constitucional, Sentencia T-290 de 2016.
[94] Corte
Constitucional, Sentencia T-556 de 2015.
[95] Corte
Constitucional, Sentencia T-328 de 2007. En esa oportunidad la Sala Tercera de
Revisión sintetizó las hipótesis en las que es procedente ordenar la
inscripción en el RUV o la revisión de la declaración rendida para la inclusión
en el registro. Lo anterior se reiteró en las Sentencias T-630 de 2007, T-156
de 2008, T-1134 de 2008, T-582 de 2011, T-087 de 2014, T-112 de 2015, T-301 de
2017, T-584 de 2017, T-227 de 2018 y T-274 de 2018.
[96] No existe
un criterio unificado en relación con el remedio constitucional adoptado debido
a que en algunas oportunidades se ha impartido la orden de inscripción del
solicitante en el RUV, mientras que en otras se ha dispuesto la realización de
una nueva valoración por parte de la Unidad para las Víctimas. Pueden
consultarse, entre muchas otras, las Sentencias T-006 de 2014, T-064 de 2014,
T-087 de 2014, T-517 de 2014, T-112 de 2015, T-556 de 2015, T-417 de 2016,
T-299 de 2018 y T-342 de 2018. Con todo, en la Sentencia T-133 de 2019, la Sala
Octava de Revisión fijó unas reglas generales que pueden ser tenidas en cuenta
al momento de elegir la orden a impartir, con la finalidad de armonizar las
competencias asignadas a la Unidad como ejecutora de la política pública en
materia de víctimas.
[97] Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2018.
[98] Agregó que “le correspondía a la UARIV estudiar de forma concreta,
empleando los mecanismos idóneos que la ley prevé y con la precisión que
corresponde, si el desplazamiento forzado padecido por la accionante y por su
hijo se originó no solo como consecuencia del conflicto armado interno sino de
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
drásticamente el orden público”.
[99] En este
acápite la Sala sigue de cerca la Sentencia T-333 de 2019.
[100] Corte
Constitucional, Sentencia C-034 de 2014.
[101] Corte
Constitucional, Sentencia T-707 de 2015.
En la Sentencia SU-250 de 1998, esta Corte reconoció que la motivación de los
actos administrativos es expresión del principio de publicidad que se consagró
en el artículo 209 superior, que establece que “[l]a función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad […]”. Además, que el Estado colombiano se encuentra
sometido al derecho, tal como se desprende del artículo 1 constitucional, por
lo que la motivación “le da una información al juez en el instante que pase a
ejercer el control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden
jurídico y si corresponde a los fines señalados en el mismo”.
[102] Corte
Constitucional, Sentencia T-991 de 2012.
[103] Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2018.
[104] “31. Los
programas de reparación tienen por objeto hacer realidad el derecho humano de
las víctimas a un recurso adecuado y efectivo. Son procesos administrativos establecidos
por los Estados con miras a hacer frente a una gran cantidad de víctimas,
determinar quién puede alegar ser víctima y qué violaciones deben reparase, y
establecer medidas de reparación (beneficios) por los daños sufridos (Instrumentos del
estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto: Programas de
reparaciones (publicación
de las Naciones Unidas, número de venta: S.08. XIV 3), págs. 9 y 10).
Están encaminados a velar por que las víctimas sean tratadas en pie de igualdad
y de manera coherente, dado que las víctimas que han sufrido el mismo tipo de
violación se beneficiarán de las mismas formas de reparación. || 32. Los
programas de reparación nacionales son el instrumento más eficaz para que las
víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario obtengan reparación. Sin ellos,
las víctimas tendrían que demostrar su condición ante un tribunal, entre otras
cosas, presentando todas las pruebas necesarias, pagando los onerosos costos
judiciales, y esperando varios años antes de que se apruebe la reclamación, si
es que se aprueba (A/69/518,
párr. 4)”.
Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad,
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Informe sobre
experiencias prácticas de programas de reparaciones. Doc. A/HRC/42/45, 11 de
julio de 2019, párrafos 31 y 32.
[105]
Tratándose del hecho victimizante de desplazamiento forzado, la Corporación
advirtió que “en caso de existir duda sobre las declaraciones de los
solicitantes, se entiende que la entidad debe motivar con suficiente material
probatorio la negativa a la inscripción en el RUV”. En ese mismo sentido,
reconoció que “el acto administrativo por el cual se niega la inclusión en el
RUV debe contar con motivación suficiente, por lo que la mera contradicción en
la declaración de una persona no puede dar lugar a que se profiera una decisión
en sentido negativo. En este escenario, la entidad, dentro de sus competencias,
debe asumir la carga probatoria y demostrar que no se cumplen los supuestos
para acceder a la solicitud de inscripción” (Sentencia T-301 de 2017).
[106] A folio 8 del cuaderno principal obra fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la señora Eugenia Echavarría en donde se indica como fecha de
nacimiento el 23 de agosto de 1958. En adelante, los folios a que se
haga referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale otra
cosa.
[107] A folios
31 al 34 aparece la Resolución No. 2017-147417 del 23 de noviembre de 2017,
expedida por la Dirección Técnica de Registro y Gestión de la Información de la
Unidad para las Víctimas, a través de la cual se decidió “NO INCLUIR a la
señora ALEJANDRA MARÍA RUIZ ECHAVARRÍA, […], ni a su grupo familiar, en el
Registro Único de Víctimas (RUV) y NO RECONOCER el hecho victimizante de
Homicidio de MIGUEL ÁNGEL RUIZ ECHAVARRÍA, […]” (mayúsculas originales) (folio
33).
[108] Folios 64 al 66.
[109] Folios 67 al 69.
[110] El oficio obra a folio 54.
[111] El relato se toma de la Resolución No. 2017-147417 del 23 de
noviembre de 2017 emanada de la Unidad para las Víctimas (folio 32).
[112] Resolución No. 2017-147417 de 2017. Folios 32 y 33.
[113] Al
respecto se lee: “Para el análisis del hecho(s) victimizante(s) declarados,
como parte de las herramientas técnicas han sido consultadas el día 22 de
octubre de 2012, todas las personas relacionadas en la presente resolución, en
las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación y la Policía
Nacional de Colombia. Asimismo, en la Red Nacional de Información se realizó la
consulta en el Sistema de Información de Reparación Administrativa (SIRA)
Decreto 1290 de 2008, en el Sistema de Información Víctimas de la Violencia
(SIV) Ley 418 de 1997, en el Registro Único de Víctimas (RUV) Ley 1448 de 2011
y en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) Ley 387 de 1997 y la
Agencia Colombia de Reintegración (ACR), encontrando que ninguno de los
relacionados en la declaración cuentan con información que desvirtúe lo(s)
hecho(s) victimizante(s) analizado(s) en la presente resolución” (negrillas
fuera de texto).
[114] Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 156 de La Ley
1448 de 2011, la Unidad para las Víctimas cuenta con un término máximo de
sesenta (60) días hábiles para decidir las solicitudes de inclusión en el RUV,
en el sentido de otorgar o negar el registro.
[115] Se lee en
la actuación: “Que una vez analizados los elementos jurídicos, técnicos
y de contexto, se establece que no es procedente el Reconocimiento de
los hechos victimizantes de Homicidio, bajo los parámetros de la ley 1448 de
2011, dado que al realizar el proceso de valoración no se logró contar con
elementos suficientes que comprobaran que los mismos, fueron perpetuados en el
marco del conflicto armado, por tanto no se realizará la inscripción de la
deponente ni de su grupo familiar, en el Registro Único de Víctimas (RUV)”
(negrillas fuera de texto) (folio 33).
[116] El escrito se incluye en el CD obrante a folio 105 del cuaderno de
revisión.
[117] Ibídem.
[118] Folios 64 al 66.
[119] Folio 64, reverso.
[120] Folio 65.
[121] Folio 65, reverso.
[122] Folios 67 al 69.
[123] En la decisión
se lee: “[…] se
procedió a verificar los elementos de contexto, circunstancias de tiempo y
lugar asociadas al evento, para así tener un conocimiento más amplio de cómo
eran las expresiones de conflicto armado en la zona de ocurrencia de los hechos
manifestados, como resultado de esta verificación, en el municipio de Itagüí -
Antioquia, para la época de 12 de marzo de 2011 se encontró: || En Caracol
Radio, en noticia titulada “Enfrentamiento entre pandillas de Medellín deja
cinco muertos y varios heridos, disponible en: http://caracol.com.co/radio, se
indicó. ‘(…) Cinco personas muertas y seis heridas dejan hasta el momento el
ataque cometido en la noche de este jueves por pandilleros en la cancha de
fútbol La Maracaná, en el barrio la Esperanza, de la comuna de Castilla, en el
noroccidente de Medellín. El comandante de la Policía Metropolitana,
general Yesid Vásquez, relató que en ese escenario deportivo se disputaba un
partido de fútbol cuando llegaron dos sicarios, supuestos miembros de la banda
delincuencial de ‘los Cachorros’, que dispararon con armas calibre nueve
milímetros contra supuestos rivales del combo ‘Los Bananeros’. Las once
personas alcanzadas por las balas fueron llevadas a los hospitales La María, en
Castilla, Pablo Tobón Uribe, y a la clínica León Trece, y cinco de ellas
murieron mientras recibían atención en esos centros médicos. Cuatro de las
personas fallecidas fueron identificadas como David Alejandro García Sánchez,
de 22 años; Juan Felipe Jaramillo Fernández de 20, y dos menores de 16 y 17
años, y las autoridades no han suministrado la identidad del quinto, fallecido
en la madrugada. Los cinco heridos siguen hospitalizados, pero se encuentran
fuera de peligro. El general Vásquez Prada ratificó que el tiroteo se desató
luego de que un menor de edad fuera atacado con bate de beisbol en ese mismo
sector y confirmó que por esta matanza no hay detenidos, pero los organismos
judiciales tienen conocimiento de los alias de las dos personas que habrían
hecho los disparos, y el nombre de otra persona que habría ordenado este
trágico ataque. El oficial anunció que la Policía tendrá una presencia
permanente de personal uniformado y de investigadores en el sector de La
Esperanza y otros sitios de la comuna seis, debido al temor de que se
incrementen los homicidios en retaliaciones entre bandas por esta masacre de La
Maracaná […]’”(negrillas fuera de texto) (folio 68).
[124] Agregó: “Respecto al lugar de los hechos, esta Dirección de acuerdo
a la situación particular considera que si bien en esta zona del país existen
actores armados no se puede afirmar que la sola presencia de estos sea el
elemento que determine las circunstancias bajo las cuales se presentó la muerte
del joven MIGUEL ANGEL RUIZ ECHAVARRIA, puesto que [de] acuerdo al contexto del
caso bajo estudio, la información suministrada y consultada no es indicio
suficiente para catalogar tal situación dentro del conflicto armado interno,
siendo que también se pudo presentar por tema de problemática personal; puesto
que si bien no se desconoce que hay estructuras formadas, existen personas no
pertenecientes a las mismas que se cobijan de este actuar para realizar hechos
ilegales” (folio 68, reverso).
[125] Corte
Constitucional, Sentencia C-253A de 2012.
[126] En
relación con las zonas grises o intermedias reconocidas en la Sentencia C-253A
de 2012, la Sala Séptima de Revisión, en la Sentencia T-171 de 2019, señaló:
“[…] si la caracterización de una zona gris no se describe en el acto
administrativo, se desdibuja la aplicación del principio de favorabilidad.
Cuando el funcionario no está en uno de los dos extremos de convicción
posibles, ya sea la certeza sobre la conexión con el conflicto o si el hecho es
producto de la delincuencia común, debe entonces tomarse la decisión más
favorable para la víctima. || […] || Las afirmaciones simplemente formales en
las que se dice que no hay una relación con el conflicto armado interno o en
aquellas que se citan algunas fuentes, pero no se consulta toda la información
disponible para describir detallamente el contexto de la zona en la que
ocurrieron los hechos, es deficiente para caracterizar el modo de operación de
los grupos armados en una zona determinada del territorio nacional”.
[127] A folio
66 del cuaderno de revisión del expediente T-7.302.551 obra copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Ana Fidelia Torres García, con fecha de nacimiento
del 24 de agosto de 1963.
[128] El acto administrativo referido puede consultarse en el CD obrante a
folio 105 del expediente T-7.302.551.
[129] Folios 23 al 25.
[130] Folios 26 al 28.
[131] El relato se toma de la Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de
2018 emanada de la Unidad para las Víctimas (CD obrante a folio 105 del
expediente T-7.302.551).
[132] Resolución No. 2018-27196 del 2 de mayo de 2018 (CD obrante a folio
105 del expediente T-7.302.551).
[133] Al
respecto se lee: “Para el análisis del hecho(s) victimizante(s) declarados,
como parte de las herramientas técnicas han sido consultadas el día 02 de mayo
de 2018, todas las personas relacionadas en la presente resolución, en las
bases de datos de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional de
Colombia. Asimismo, en la Red Nacional de Información se realizó la consulta en
el Sistema de Información de Reparación Administrativa (SIRA) Decreto 1290 de
2008, en el Sistema de Información Víctimas de la Violencia (SIV) Ley 418 de
1997, en el Registro Único de Víctimas (RUV) Ley 1448 de 2011 y en el Registro
Único de Población Desplazada (RUPD) Ley 387 de 1997 y la Agencia para la Reintegración
y Normalización (ARN), encontrando que ninguno de los relacionados en la
declaración cuentan con información que desvirtúe lo(s) hecho(s)
victimizante(s) analizado(s) en la presente resolución”.
[134] Se lee en
la actuación: “Que analizados los elementos encontrados respecto de la
verificación jurídica, técnica y de contexto, sobre las circunstancias
de tiempo, modo y lugar referidas en la declaración, se concluyó que no es
viable jurídicamente efectuar la inscripción del (la) solicitante en el
Registro Único de Víctimas –RUV, de el(los) hecho(s) victimizante(s) de
Desplazamiento Forzado, Amenaza, por cuanto Causas diferentes: No serán
considerados víctimas quienes hayan sufrido afectaciones por hechos diferentes
a aquellos directamente relacionados con el conflicto armado interno, de
conformidad con el artículo 2.2.2.3.14 del Decreto 1084 de 2015”.
[135] Ver CD
obrante a folio 105 del expediente T-7.302.551.
[136] Folios 23 al 25.
[137] Folios 23, reverso, y 24.
[138] En la decisión se lee: “(…) Los grupos armados ilegales que amenazan
a la comunidad son las (grupos armados) de Colombia (grupos armados); el
(grupos armados) –hasta antes del acuerdo con el gobierno nacional– y otro
identificado como (grupos armados), que haría presencia en barrios de la zona
urbana. En algunos de los delitos ocurridos presuntamente estarían involucradas
estas estructuras como son las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento
forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes, contra la integridad
sexual, desplazamientos forzados individuales y masivos y las extorsiones.
Incluso se conocieron hechos recientes como el desplazamiento forzado de una
familia en Ladrilleros, quienes señalaron que los ‘(grupos armados)’ amenazaron
con reclutar a los menores de edad integrantes de la misma. En el casco urbano
de Buenaventura hombres armados que se identifican como (grupos armados)
también buscan jóvenes que hayan prestado servicio militar, para pagarles un
millón de pesos por sus “servicios”. Un muchacho de la Comuna 12 declaró tuvo
que huir con su familia al negarse a integrar este grupo armado ilegal. En
cuanto al (grupos armados), el 24 de agosto en la Comuna 12 fue dejada una
pañoleta roja y negra en la calle, causando intimidaciones de las (grupos
armados) a varios pobladores; previamente, el 04 de julio, apareció una bandera
en la zona turística de El Malecón y en el barrio Juan 23 de la Comuna Siete
declara una familia amenazas si los jóvenes no se iban reclutados con ellos. El
aumento de las extorsiones es preocupante en las comunas 3 y 4, en donde l[o]s (grupos
armados) les cobran a conductores de lanchas en las que se transporta carga y
pasajeros y pasajeros Buenaventura y el Naya, Raposo, Micay, Mallorquín y
Dagua, principalmente. Otro factor grave de riesgo está relacionado con la
violencia sexual. Se recibieron denuncias en las cuales sujetos buscan llevarse
a la fuerza a jovencitas para sostener relaciones sexuales y por lo cual ha
habido familias que debieron desplazarse. (…)”. La cita se toma de un informe
de la Defensoría del Pueblo acerca del riesgo por situación de peligro que
viven al menos 778 familias en Buenaventura.
[139] Folio 25.
[140] Folios 26 al 28.
[141] Folio 27, reverso.
[142] Folios 103, reverso, del cuaderno de revisión del expediente
T-7.302.551.
[143] Folio 104 ibíd.
[144] Reconocida
por la Sala Plena de este Tribunal en la Sentencia C-280 de 2013 y la Sala de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, a través del Auto 119 de 2013.
[145]
Sentencias T-149 de 2019 M.P. Diana Fajardo Rivera; T-301 de 2017 M.P. Aquiles
Arrieta Gómez, T-299 de 2018 M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otras.
[146]
El 24 de marzo de 2012, Alejandra María Echavarría
rindió declaración ante la Personería de Itagüí con el fin de ser incluida en
el RUV y la unidad  accionada se pronunció sobre esta solicitud en resolución
emitida el 23 de noviembre de 2017.