C-123-20
Sentencia C-123/20
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
El artículo 2 del Decreto 2067 de
1991 señala que la demanda de inconstitucionalidad debe contener: (i) la
identificación de las disposiciones acusadas como inconstitucionales mediante
su transcripción literal por cualquier medio o el aporte de un ejemplar de la
publicación oficial; (ii) el señalamiento de las disposiciones constitucionales
presuntamente vulneradas; (iii) las razones que sustentan la acusación, es
decir, el “concepto de violación”; (iv) la descripción del trámite legislativo
impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado, cuando
fuere el caso; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para controlar
la constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos del concepto de violación
CONCEPTO
DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carga mínima de argumentación
ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incumplimiento del requisito de certeza y suficiencia
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-No prospera el cargo por tratarse de una interpretación subjetiva del
demandante
LEY-Presunción de constitucionalidad
DEBIDO
PROCESO-Levantamiento
de suspensión de términos
Referencia:
Expediente D-13329
Demanda
de inconstitucionalidad en contra del artículo 113 (parcial) del Código Civil.
Magistrado
ponente:
CARLOS
BERNAL PULIDO
Bogotá, D. C., quince (15) de abril
de dos mil veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, en especial de la prevista por
el artículo 241.4 de la Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
El 11 de junio de 2019, el ciudadano
Jorge Luis Gómez Abril presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de
las expresiones “con el fin” y “procrear”, contenidas en el
artículo 113 del Código Civil.
2.
Mediante el auto del 27 de junio de 2019,
el magistrado Alberto Rojas Ríos (i) admitió la demanda en contra de la
expresión “procrear”, en relación con los cargos por la presunta
vulneración de los artículos 16 y 42 de la Constitución Política e inadmitió
el cargo relacionado con la vulneración del artículo 18 ibídem, (ii) inadmitió
la demanda en contra de la expresión “con el fin” por la presunta
vulneración de los artículos 16, 18 y 42 de la Constitución, (iii) ordenó
comunicar la iniciación de este proceso al Presidente del Senado, al Presidente
de la Cámara de Representantes, al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar
(“ICBF”), a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Distrital de Bogotá, (iv)
invitó a participar en el proceso a varias universidades del país, así como a
diferentes organizaciones y asociaciones, (v) corrió traslado al
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia
y (vi) fijó en lista el proceso de la referencia para que los ciudadanos
pudieran intervenir.
A.
NORMA DEMANDA
3.
A continuación, se transcribe y se
subraya la disposición demandada:
“LEY 84 DE 1873
(26 de mayo[1])
“TÍTULO IV
DEL MATRIMONIO
ARTÍCULO 113.
DEFINICIÓN. El matrimonio es un contrato solemne por el cual
un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear
y de auxiliarse mutuamente”.
(…)”.
B.
LA DEMANDA
4.
El actor solicitó que se declarara la
inexequibilidad de la expresión demandada. Como fundamento de la acusación,
explicó que el Código Civil colombiano define el matrimonio como un contrato
solemne. Al tener dicha naturaleza jurídica, está sujeto a las normas que
regulan el régimen de responsabilidad de los contratos.
5.
Señaló que la decisión del legislador de
incluir la procreación como un fin del matrimonio origina una obligación para las
partes. Si tal parte incumple la obligación, debe responder por ello. Esto “obliga
a la parte que no se encuentra en la disposición de procrear a indemnizar a la
otra parte contratante”. A juicio del demandante, esta conclusión vulnera
el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la C.P) y el
derecho de la pareja a elegir de forma libre y responsable el número de hijos
(artículo 42 de la C.P).
6.
En opinión del demandante, “la
procreación simplemente debería ser una circunstancia que la pareja es libre de
elegir, no un fin del contrato de matrimonio”.
C.
INTERVENCIONES
7.
Durante el trámite del presente asunto se
recibieron dieciocho escritos de intervención. De la totalidad de
intervinientes, seis defendieron la exequibilidad simple de la expresión
demandada[2],
seis solicitaron la declaratoria de inexequibilidad[3],
uno pidió que se declarara la existencia de cosa juzgada[4]
y cinco consideraron que la Corte debe declararse inhibida para emitir
un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda[5].
Solicitudes
de exequibilidad
8.
Personería de Bogotá D.C. Solicitó
la exequibilidad de la expresión demandada. Señaló que “al regular el
contrato matrimonial, el legislador ha fijado de forma irrenunciable los fines
del matrimonio que se entienden buscados y queridos por los contrayentes”
en ejercicio de su libertad. Así, no existe vulneración alguna del artículo 16
de la Constitución Política porque “si los cónyuges deciden contraer el
matrimonio en conocimiento de sus fines, es porque deciden entrar a la
institución matrimonial tal cual ella es”. En relación con la vulneración
del artículo 42 de la Constitución Política, afirmó que la norma demandada no
puede ser concebida como una obligación impuesta por el Estado a los cónyuges y
que “la definición de la procreación como un fin del matrimonio no afecta de
ninguna manera [su autonomía] para decidir conjuntamente el número de
hijos a tener, sin injerencias externas”.
9.
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Pidió la exequibilidad de la disposición normativa.
Señaló que la procreación “es una posibilidad que se le da a los esposos,
pero no es un deber, ya que (…) no es un elemento de la esencia del contrato.
De esta forma, se protegen derechos (…) como la autodeterminación reproductiva,
la autonomía individual y el libre desarrollo de la personalidad”.
10.
Fundación Marido y Mujer. Defendió la exequibilidad de la expresión demandada.
Afirmó que, si bien el matrimonio es un contrato que genera vínculos jurídicos
para los contrayentes, no se produce ningún efecto “si los cónyuges deciden
no tener hijos o no pueden por condiciones biológicas”. Agregó que el
Código Civil no categoriza la procreación como una obligación, a pesar de que
sea una finalidad del contrato de matrimonio. Por tanto, la disposición
demandada no vulnera los artículos 16 y 42 de la Constitución.
11.
Intervenciones ciudadanas. Marco Fidel Ramírez Antonio, María Cecilia Henao de
Brigard y la organización Red Familia Colombia, en sus respectivos escritos, abogaron
por la exequibilidad de la expresión demandada. De forma subsidiaria señalaron
que existe cosa juzgada, porque el artículo 113 del Código Civil ya fue
sometido a control de constitucionalidad y fue declarado exequible en la
Sentencia C-577 de 2011. Asimismo, afirmaron que “la misma Corte
Constitucional reconoce que la finalidad que busca el contrato de matrimonio no
excluye la libertad de los contrayentes de procrear o no”[6].
Por tal motivo, consideran, además, que la demanda es inepta porque no
cumple con la carga argumentativa mínima y porque es contraria a la jurisprudencia
constitucional sobre la materia.
Solicitudes
de inexequibilidad
12.
Defensoría del Pueblo. Solicitó a la Corte que declare la inexequibilidad de
la expresión demandada y, de forma subsidiaria, que sustituya la expresión “procrear”
por la de “decidir libremente tener descendencia o no”. Afirmó que
la disposición acusada “vulnera el libre desarrollo de la personalidad, la
autonomía de las personas a decidir el número hijos que quieren tener,
incluyendo [sic.] la posibilidad de no tener descendencia y (…) la
autonomía reproductiva de las mujeres, pues imprime una carga expresa de
procrear al establecer que eso es lo que se espera de ellas, como individuos
que decidieron formalizar contractualmente su decisión de convivir y compartir
un proyecto de vida”.
13.
Observatorio de Intervención
Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y ciudadanos. Felipe Alfonso Páez Cañón, Gabriel Esteban Gómez
Herrera, Laura Daniela Pérez Cárdenas, Santiago Cardozo Correcha, Danna Camila
Pineda Zea y Michel Quijano Molina solicitaron a la Corte que declare la
inexequibilidad de la norma demandada. En su concepto, “la ley no puede de
manera tácita exigir la procreación como un fin esencial del contrato de
matrimonio, pues las mismas partes haciendo uso del principio de la autonomía
de la voluntad (…) pueden decidir si desean procrear o no”. Afirmaron que,
al incluir la procreación como finalidad del matrimonio, “el legislador
impone la obligación a la pareja de engendrar”. Pretendidamente esto
vulnera la libertad de las personas para decidir libre y responsablemente el
número de hijos que quieren tener.
14.
Asimismo, agregaron que, si se acepta la
procreación como una finalidad del matrimonio, “se estaría desconociendo la
autodeterminación reproductiva de las parejas homosexuales e, incluso de
aquellas heterosexuales que decidan no tener hijos o que por condiciones
biológicas no pueden procrear”. En tal sentido, de forma subsidiaria, algunos
de los intervinientes solicitaron a la Corte dictar una sentencia de
exequibilidad condicionada, en la cual se reconozca que la expresión “de
procrear” debe entenderse en el sentido “de que no cobija a parejas del
mismo sexo que acuden al matrimonio y que dicha disposición legal no constituye
obligación para los cónyuges ni es causal para poder iniciar acción judicial”.
15.
El ciudadano Luis Bernardo Díaz solicitó
a la Corte que declarara la inconstitucionalidad de la expresión demandada.
Afirmó que el término “procrear” genera “una imposición del deber de reparar
integralmente al cónyuge que desee tener descendencia (…) por parte de quien no
lo desee”. En ese sentido, sostuvo que tal circunstancia “desconoce la
autonomía reproductiva de los contrayentes en la medida en que ata la decisión
de establecer un vínculo jurídico con la pareja a la finalidad de procrear”.
Solicitud de declaratoria de
cosa juzgada
16.
Conferencia Episcopal de Colombia. Solicitó a la Corte que declarara que existe cosa
juzgada constitucional. Señaló que en las sentencias C-886 de 2010 y C-577 de
2011 la Sala Plena ya había analizado los mismos cargos y
se había declarado “inhibida
para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda”. Asimismo, recordó que en la Sentencia
C-358 de 2016 la Corte había
declarado la exequibilidad del artículo 113 el Código Civil. Estos
pronunciamientos darían lugar a la configuración de “la figura de la cosa
juzgada”.
Solicitudes de sentencia
inhibitoria
17.
Ministerio de Justicia y del
Derecho. Consideró que las
razones presentadas por el accionante no satisfacen los requisitos de certeza y
pertinencia. En primer lugar, no son ciertas por cuanto se refieren “a
una norma que no se deriva de la expresión acusada sino de una deducida por [el
demandante] a partir de la interpretación subjetiva que hace sobre el
alcance de dicha expresión (procrear) en el contexto del matrimonio como un
contrato solemne”. En segundo lugar, no son pertinentes “porque sus
argumentos parten de consideraciones puramente subjetivas sobre la
interpretación de la expresión acusada y sobre una posible indebida
aplicación”.
18.
Clínica Jurídica de Derechos
Humanos e Interés Público de la Universidad de La Sabana. Recalcó que la demanda es inepta y, como pretensión subsidiaria, pidió una
declaración de exequibilidad simple de la disposición demandada. En primer
lugar, afirmó que la demanda no cumple
con los requisitos de certeza y suficiencia porque el accionante “basa su
argumentación en una interpretación subjetiva y aislada de la disposición”.
En segundo lugar, indicó que, a partir de una interpretación sistemática, “(…)
es posible concluir que la procreación se concibe como una facultad de los
cónyuges y no como una imposición” y, por tanto, “tal interpretación
resulta conforme con los artículos 16 y 42 de la Constitución Política en tanto
no se configura una limitación a las libertades”.
19.
Organización Colombia Diversa. Solicitó a la Corte que se declare inhibida para
emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
Afirmó que, en primer lugar, “la Corte ya ha abordado lo relacionado con el
término “de procrear” del artículo 113 del Código Civil, en las Sentencias
C-577 de 2011 y SU-214 de 2016” y el demandante no logró argumentar por qué
se debe abordar de nuevo este debate. En segundo lugar, adujo que el accionante
no había expresado su pretensión de forma clara y suficiente. Para esta
organización, “la inhibición genera una posibilidad de dejar este debate
abierto para que se puedan presentar mejores argumentos a futuro, lo cual es
particularmente sensible para grupos poblacionales que viven los efectos
directos e indirectos de esta norma”.
20.
Asociación Colombiana de Juristas
Católicos. Sustentó una
pretensión de inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda y, de forma
subsidiaria, la exequibilidad simple. En relación con la primera solicitud,
afirmó que la demanda no contiene razones (i) ciertas porque “(…) se
basa en una interpretación caprichosa [a partir de la cual el demandante]
deduce proposiciones que no han sido suministradas por el legislador” y (ii) suficientes,
“toda vez que [el demandante] no demuestra la violación a normas fundamentales
y cómo estas se ven afectadas por tal vulneración en concreto”. En relación
con la segunda solicitud, señaló que: (i) “la procreación en el
matrimonio constituye la esencia que reviste de trascendencia pública al
vínculo y que exige su protección por parte de la sociedad y del Estado”, (ii)
la procreación en el matrimonio es acorde con los principios fundamentales de
la Constitución, y que (iii) declarar inexequible la expresión demandada
“conduciría a un déficit de protección constitucional para la familia”.
21.
Intervenciones ciudadanas. Lina Paola Barrios López, Adriana Rocío Herrera
Ortiz y Carol Andrea Buitrago Jiménez solicitaron a la Corte que se declarara
inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la
demanda. En su opinión, las razones argumentativas expuestas en la demanda no
son ciertas, pertinentes ni suficientes por cuanto: (i) “no llevar a cabo la procreación en el
matrimonio no suprime el carácter de familia al cual han accedido los cónyuges
en virtud de la expresión de su consentimiento” –entonces, el argumento acerca de la
procreación como obligación del matrimonio no sería pertinente–, (ii) la procreación es una posibilidad que el
legislador ofrece a los casados, no una obligación y (iii) la Corte ya
ha emitido sentencias en las que ha declarado la exequibilidad del artículo 113
del Código Civil.
D.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
22.
Mediante concepto de 10 de septiembre de
2019, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional
inhibirse de proferir un fallo de fondo “toda vez que no se cumplen las
condiciones para el estudio de constitucionalidad”. Indicó que “el
concepto de violación [de un derecho constitucional], debe estructurarse en
razones claras, específicas, pertinentes, suficientes y ciertas”. Sin
embargo, afirmó que en el caso sub examine “no se encuentran las
razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la presunción de
constitucionalidad de la norma y que justifique llevar a cabo su control
jurídico”. Asimismo, respecto a la interpretación según la cual la
procreación es una obligación, indicó que el demandante “parte de un
análisis aislado de la disposición y deja de lado que el incumplimiento de los
deberes adquiridos libre y voluntariamente (…) resulta en un listado taxativo
de causales de divorcio, previamente conocidas y aceptadas por ellos”.
23.
Con todo, sostuvo que el legislador, “respetando
los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad e
inalienabilidad de los derechos de los cónyuges” definió el matrimonio en
el artículo 113 del Código Civil como un contrato que, una vez celebrado, “se
constituye en fuente de derechos y obligaciones (…) de tipo personal y
patrimonial”. En este sentido, de los efectos personales únicamente surgen
los fines –no obligaciones– de la cohabitación, la fidelidad, el socorro
y la ayuda mutua, cuyo incumplimiento es sancionado. La procreación no es
entonces una obligación propia del vínculo matrimonial. Si así fuera, su incumplimiento
desencadenaría consecuencias tales como la nulidad o disolución de este por
parejas infértiles. Además, la expresión demandada, “tendría que estar
plasmada en los requisitos para la constitución y perfeccionamiento del
matrimonio, lo cual efectivamente, no sucede”.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
24.
De conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 241, de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre
la demanda de inconstitucionalidad de la referencia promovida en contra de la
expresión “procrear” contenida en el artículo 113 del Código Civil.
B.
CUESTIÓN PREVIA.
Aptitud
sustantiva de la demanda
25.
En consideración a las
solicitudes del Procurador General de la Nación y de algunos de los
intervinientes en el proceso de la referencia[7], la Sala se pronunciará sobre la aptitud
sustantiva de la demanda. El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 señala que la
demanda de inconstitucionalidad debe contener: (i) la identificación de
las disposiciones acusadas como inconstitucionales mediante su transcripción
literal por cualquier medio o el aporte de un ejemplar de la publicación
oficial; (ii) el señalamiento de las disposiciones constitucionales presuntamente
vulneradas; (iii) las razones que sustentan la acusación, es decir, el “concepto
de violación”; (iv) la descripción del trámite legislativo impuesto por
la Constitución para la expedición del acto demandado, cuando fuere el caso; y (v)
la razón por la cual la Corte es competente para controlar la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
26.
Con relación al
concepto de la violación, la jurisprudencia constitucional ha señalado que este
se formula en debida forma cuando: (i) se identifican las disposiciones constitucionales
vulneradas; (ii) se expone el contenido normativo de las disposiciones
acusadas –este implica señalar qué normas se han vulnerado–; y (iii) se
expresan las razones por las cuales los textos demandados vulneran la
Constitución[8].
En consecuencia, la
Corte ha
determinado que
toda demanda de inconstitucionalidad debe fundarse en razones
(i) claras, es decir, [el demandante debe] seguir un curso de exposición comprensible y
presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la
ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en
interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos
demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda
atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o
excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de
constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas
[…]; y (v) suficientes; esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la
constitucionalidad del enunciado o disposición demandada[9].
27.
Estas exigencias imponen
una carga mínima de argumentación a quien promueve una acción pública de
inconstitucionalidad. La satisfacción de dicha carga es indispensable para
adelantar el control constitucional respectivo[10]. De no cumplirse, la Corte
Constitucional deberá proferir un fallo inhibitorio, por la ineptitud
sustancial de la demanda[11].
Caso
concreto: aptitud sustantiva de los cargos formulados por el accionante
28.
La Corte
considera que los cargos de inconstitucionalidad propuestos por el demandante
no son aptos. En particular, las razones expuestas en la demanda no cumplen con
los requisitos de certeza y suficiencia[12].
29.
En primer lugar, los cargos propuestos
por el demandante carecen de certeza.
El accionante argumenta que la expresión “procrear”, instituida en el
artículo 113 del Código Civil como una de las finalidades del contrato de
matrimonio, es el objeto de una obligación para los contrayentes cuyo
incumplimiento podría generar que el cónyuge que no esté en disposición de procrear,
por decisión propia o circunstancias ajenas, tenga el deber de indemnizar al
otro cónyuge. A juicio del demandante, ello supone una vulneración del derecho
al libre desarrollo de la personalidad de cada cónyuge y del derecho de la
pareja a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que quiere
tener. Estos derechos están protegidos por los artículos 16 y 42 de la
Constitución Política.
30.
Al respecto, la Corte considera que la confrontación constitucional que el actor
plantea es solo aparente. Los argumentos de la demanda se fundamentan en una
interpretación subjetiva e incorrecta del artículo 113 del Código Civil. Esta
disposición instituye a la procreación como una finalidad del matrimonio y no
como el objeto de una obligación jurídica cuyo incumplimiento genere
responsabilidad.
31.
En sentencias anteriores la Corte Constitucional se ha
declarado inhibida para pronunciarse sobre cargos similares con el argumento de
que el artículo 113 del Código Civil no impone a los cónyuges una obligación de
procrear. En dichas sentencias, la Corte afirmó que “la procreación no es, entonces, una obligación, sino
una posibilidad que se les ofrece a los casados y que el legislador, atendiendo
a lo que suele ser normal en la realidad, reconoció, otorgándole el carácter de
finalidad, lo que no implica la imposición de una obligación inexcusable de
tener hijos, ni un desconocimiento de los derechos a la autodeterminación
reproductiva”[13].
32.
En segundo lugar, los cargos
propuestos por el demandante carecen de suficiencia. El
actor no aportó ningún
elemento de juicio que suscite una duda mínima sobre la constitucionalidad de
la expresión acusada. La demanda no expone argumentos que sustenten
la tesis de que la alusión del artículo 113 del Código Civil a la procreación
como finalidad del matrimonio implique una vulneración de los artículos 16 o 42
de la Constitución Política. Tampoco da cuenta de que los jueces interpreten la
disposición acusada como fuente de una obligación jurídica cuyo incumplimiento
genere responsabilidad.
33.
El accionante no aportó las
razones por las cuales considera que la interpretación que la Corte
Constitucional ha dado a la expresión demandada, en sentencias inhibitorias, no
es la correcta de acuerdo con la Constitución Política.
34.
De lo anterior se sigue que el demandante
no presentó siquiera razones suficientes para crear una duda razonable en
contra de la presunción de constitucionalidad de la que gozan disposiciones
legales como la demandada[14] en virtud de la legitimidad democrática
que ostenta el legislador[15].
35.
Con fundamento en las
consideraciones expuestas, la Sala se declarará inhibida para proferir una
decisión de fondo en relación con la demanda de la referencia.
36.
Suspensión de
términos adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura y levantamiento de
términos en el presente asunto.
Mediante los Acuerdos de 15, 16, 19, 22
de marzo de 2020[16],
y 11 de abril de 2020[17],
el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo
el país a partir del 16 de marzo y hasta el 26 de abril de 2020. No obstante, el artículo 1 del Decreto
Legislativo 469 de 2020 dispuso que la Sala Plena de la Corte Constitucional
podrá levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo
Superior de la Judicatura, cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus
funciones constitucionales. Por lo tanto, en este caso, la Sala Plena dispondrá
el levantamiento de la suspensión de términos para fallar el presente asunto.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
LEVANTAR en el presente proceso la
suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Segundo.- Declararse INHIBIDA para emitir un
pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad del artículo 113 de la
Ley 84 de 1873, por ineptitud sustantiva
de la demanda.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase,
ALBERTO ROJAS RIOS
Presidente
Con salvamento de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
[1] Diario
Oficial No 2.867 de 31 de mayo de 1873.
[2]La Personería de Bogotá, el ICBF, la
Fundación Marido y Mujer, la Organización La Red Familia Colombia, la ciudadana
María Cecilia Henao de Brigard y el ciudadano Marco Fidel Ramírez Antonio.
[3] La Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la
Facultad de Derecho de la Universidad Libre, la Defensoría del Pueblo y los
ciudadanos Danna Camila Pineda Zea, Laura Daniela Pérez Cárdenas y Santiago
Cardozo Correcha.
[4] La
Conferencia Episcopal de Colombia.
[5] El Ministerio de Justicia y del
Derecho, La Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público de la
Universidad de La Sabana, la Organización Colombia Diversa, la Asociación
Colombiana de Juristas Católicos, la Red Familia Colombia y la ciudadana Lina
Paola Barrios López.
[6] Sentencia C-577 de 2011.
[7] El Ministerio de Justicia y del
Derecho, La Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público de la
Universidad de La Sabana, la Organización Colombia Diversa, la Asociación
Colombiana de Juristas Católicos, la Red Familia Colombia y la ciudadana Lina
Paola Barrios López.
[8] Sentencia
C-391 de 2019, entre otras.
[9] Sentencia
C-330 de 2013.
[10] Principalmente, ver la Sentencia C-1052 de 2001, reiterada, entre
otras, en las sentencias C-247 de 2017, C-002 de 2018, C-087 de 2018 y C-221 de
2019.
[11] Sentencia C-1052 de 2001.
[12] Es importante aclarar que, aunque en la fase de admisión de la
demanda el magistrado sustanciador haya admitido de forma parcial los cargos propuestos
por el demandante, la Corte puede examinarlos de nuevo y, si los considera
ineptos, tiene competencia para proferir un fallo inhibitorio. El análisis
sobre la aptitud de los cargos en la fase de admisión de la demanda es
preliminar y no limita de ningún modo la competencia de la Sala Plena de la
Corte (ver, entre otras, las sentencias C-1115 de 2004, C-1300 de 2005, C-074
de 2006 y C-929 de 2007). Además, en este caso es razonable analizar de nuevo la
aptitud de los cargos propuestos porque, después de la fase de admisión, el
Procurador General de la Nación y varios intervinientes en el trámite de
constitucionalidad solicitaron a la Corte proferir un fallo inhibitorio.
[13] Sentencias C-577 de 2011 y C-886 de 2010.
[14] Corte
Constitucional, Sentencia C-096 de 2013.
[15] Corte
Constitucional, Sentencia C-247 de 2017.
[16] Acuerdo PCSJA2011517 de 15 de marzo de
2020, Acuerdo PCSJA20-11518 de 16 de marzo de 2020, Acuerdo PCSJA20-11519 de 16 de marzo
de 2020, Acuerdo PCSJA2011521
de 19 de marzo de 2020, Acuerdo PCSJA2011526 de 22 de marzo de 2020.
[17] Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril
de 2020.