T-263-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-263/09
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Protección
especial a trabajadores en condiciones de debilidad manifiesta
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DEL DISCAPACITADO-Despido previa autorización de la oficina de trabajo
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Se
aplica a aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud
durante el transcurso del contrato laboral
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION FRENTE A CONTRATOS DE TRABAJO A TERMINO
INDEFINIDO Y A NO RENOVACION DE CONTRATOS A TERMINO FIJO-Exigencia
de autorización de la oficina del trabajo
JUEZ CONSTITUCIONAL-Si
logra establecer que el despido o la terminación del contrato de una persona
discapacitada se produjo sin autorización de oficina de trabajo se presume que
fue por la discapacidad
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL
SERVICIO DE SALUD-Deber de garantizarlo
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL
SERVICIO DE SALUD-Criterios jurisprudenciales que obligan a las EPS a prestar
servicios de salud
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL
SERVICIO DE SALUD-Imposibilidad de suspender el tratamiento a pesar de la
desvinculación laboral del paciente y en consecuencia, la suspensión de aportes
al Sistema de Salud
Las entidades
públicas y privadas responsables de prestar el servicio público de salud no pueden
suspender válidamente la prestación de tratamientos médicos ya iniciados. En
este orden, en aplicación de la jurisprudencia constitucional, la
desvinculación laboral del paciente, y en consecuencia, la suspensión de los
aportes al Sistema de Salud, no constituyen una razón válida de orden
constitucional para interrumpir un tratamiento médico en curso.
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL
SERVICIO DE SALUD-Necesidad de continuar con el tratamiento para el cáncer de
seno
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA
DE SERVICIOS TEMPORALES-Obligación de reintegrar a un cargo acorde con las actuales
condiciones de salud
Referencia: expediente T-2173913
Acción de tutela instaurada por Maribel Zuluaga Gómez
contra la empresa de servicios temporales Acción S.A. y Susalud E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
tres (3) de abril de dos mil nueve (2009).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional integrada por
los Magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO y GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos dictados por el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado
Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, que resolvieron la acción de
tutela promovida por Maribel Zuluaga Gómez contra la empresa de
servicios temporales Acción S.A. y Susalud E.P.S.
I. ANTECEDENTES.
El 17 de octubre de 2008, Maribel Zuluaga
Gómez interpuso acción de tutela ante el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá contra la empresa de servicios temporales
Acción S.A. y Susalud E.P.S., por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la vida digna, salud y seguridad social.
Fundamentó su acción en los siguientes:
1. Hechos:
1.1 La
accionante indica que se encuentra afiliada a Susalud E.P.S. en calidad de
cotizante desde el 1° de abril de 1999.
1.2 Sostiene que
en virtud de la celebración de un contrato de trabajo con la  empresa de servicios temporales Acción S.A.,
el 19 de julio de 2007 se vinculó a dicha empresa como "trabajadora en misión” en
la “empresa cliente Wyeth Consumer Health Care Ltda.”, con un salario de
$2.577 la hora.
1.3 Señala que de
acuerdo con el diagnóstico de su médico tratante adscrito a Susalud E.P.S.,
padece cáncer de mama “en parte no especificada”.
1.4 Afirma que en
consideración del diagnóstico anotado, se encuentra sometida a un tratamiento
médico oncológico. En este sentido, indica que mediante fórmula médica del 2 de
octubre de 2008, su médico tratante le prescribió “4
ciclos adicionales de paclitaxel y luego terapia hormonal hasta por 5 años.”, así como un “primer ciclo de QXT con taxanos así: Paclitaxel
240mg i.v en 3 h día 1. // Premedicar con: // Dexametasona 8 Mg I.V //
Ranitidina 50MG I.V // Clemastina 2MG I.V // Ondasetron 24mg I.V,” y
“control con CH en 3 semanas.”
1.5 Manifiesta
que a pesar de su estado de salud y de la necesidad de recibir tratamiento
médico, el 25 de septiembre de 2008 la empresa de
servicios temporales Acción S.A. le informó que “al tenor de la Cláusula
Segunda del Contrato de Trabajo” suscrito el 19 de julio de 2007, dicho
contrato se daba por terminado a partir de esa fecha.
1.6 Explica que
como consecuencia de su desvinculación laboral, se efectuó su desafiliación del
Sistema de Salud, situación que deriva en la imposibilidad de recibir la
atención médica que requiere para su recuperación.
1.7 Por último,
precisa que debido a la terminación de su contrato de trabajo, no posee los
recursos económicos suficientes para costear de manera particular la atención
médica referida.
2. Solicitud de tutela
Por lo anterior, Maribel Zuluaga Gómez solicitó
ante al juez de tutela ordenar a
la empresa de servicios temporales
Acción S.A. que efectúe su reintegro a esa empresa, a fin de que pueda
conservar su afiliación al Sistema de Salud y recibir el tratamiento prescrito
por su médico tratante.
3. Trámite de instancia
3.1 La acción de tutela fue tramitada
ante el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá, el cual mediante auto
del día 21 de octubre de 2008 ordenó su notificación a Acción S.A. y a Susalud
E.P.S.
Respuesta de la empresa de servicios temporales
Acción S.A.
3.2 Mediante escrito del 24 de octubre de
2008, la empresa de servicios temporales Acción S.A., actuando por intermedio
de su apoderada general, señora Liliana Tatiana Domínguez González, solicitó al
juez de tutela denegar el amparo invocado.
3.3 Para fundamentar su petición, Acción S.A. indicó que la
terminación del contrato suscrito con la actora el 19 de julio de 2007 obedeció
a la terminación de la labor para la cual fue contratada, razón que, a su
juicio, tiene respaldo en lo dispuesto para el efecto en la Ley 50 de 1990 “Por la cual se introducen reformas al Código
Sustantivo del Trabajo”, el Decreto 4369 de 2006 “Por el cual se reglamenta el
ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales” y la
cláusula segunda del contrato en comento. Al respecto, precisó que de
conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación”, los
empleadores no pueden despedir un trabajador que padezca una limitación,
prohibición no aplicable en el presente caso, toda vez que, en su criterio, "La
enfermedad que padece la accionante, no constituye una limitación."
3.4 Con relación a las incapacidades
médicas dadas a la accionante por Susalud E.P.S., la empresa sostuvo que "dada
la imposibilidad del empleador de terminar las relaciones contractuales
laborales, cuando el trabajador se encuentre incapacitado, se extendió el
término de duración del contrato, a pesar de la prohibición expresa consagrada
en la ley, con la atenuante del favorecimiento (sic) a la trabajadora,
en razón, su estado de incapacidad. La terminación del contratante se llevó a
cabo, cuando la trabajadora se había reintegrado a sus labores."
3.5 Frente a la pretensión de tutela
relativa a recibir la atención médica requerida, Acción S.A. señaló que, a
diferencia de lo estimado por la accionante, Susalud E.P.S es la entidad
responsable de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de
salud, y no esa empresa.
3.6 Finalmente, la empresa accionada
precisó: "La acción de tutela, no fue establecida para dirimir
conflictos laborales, en cuanto a la terminación o no de los contratos y no
contempla la acción de reintegro de un trabajador al cual se le ha terminado su
contrato, de acuerdo a los convenios establecidos en el texto del mismo y sin
violar las disposiciones legales pertinentes."
Respuesta de Susalud E.P.S.
3.7 En escritos dirigidos al juez de
tutela el 27 de octubre de 2008 y el 24 de marzo de 2009 a la Corte Constitucional,
el representante legal de Susalud E.P.S., señor Juan Carlos Trujillo García, solicitó
no conceder la tutela interpuesta.
3.8 Para el
efecto, Susalud E.P.S. señaló que debido a la terminación del contrato de
trabajo celebrado con Acción S.A., "la accionante no volvió a realizar
el pago de su cuota mensual a Susalud E.P.S., razón por la cual se le ha
suspendido la prestación del servicio de salud."
3.9 En tal
sentido, afirmó que en el presente caso corresponde la vinculación al trámite
de tutela de secretaría local de salud, "para que continúe el
tratamiento de la enfermedad catastrófica.”
4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente.
4.1 Copia del
carné de afiliación de Maribel Zuluaga Gómez a Susalud E.P.S., en calidad de
cotizante dependiente desde el 1° de abril de 1999 (folio 6, cuaderno 2).
4.2 Copia de la
carta dirigida el 25 de septiembre de 2008 por Lina Tatiana Domínguez González,
Directora Nacional de Administración de Personal de la empresa de servicios temporales Acción S.A., a Maribel Zuluaga Gómez,
mediante la cual le informa la terminación de su contrato de trabajo (folio 5,
cuaderno 2).
4.3 Copia de las
incapacidades dadas a Maribel Zuluaga Gómez por Susalud E.P.S., como
consecuencia del diagnóstico médico “tumor maligno de mama, parte no
especificada.” (folios 8 a 13, cuaderno 2).
4.4 Copia de la
orden médica dada el 2 de octubre de 2008 a Maribel Zuluaga Gómez por el médico
Julián Rivera Díaz, mediante la cual se indica: “paciente que aún se
encuentra en tto oncológico para cáncer de mama, se formularán 4 ciclos
adicionales de paclitaxel y luego terapia hormonal hasta por 5 años. // Se
formulará primer ciclo de QXT con taxanos así: Paclitaxel 240MG I.V en 3 h día
1. // Premedicar con: // Dexametasona 8 MG I.V // Ranitidina 50MG I.V //
clemastina 2MG I.V // Ondasetron 24MG I.V // Control con CH en 3 semanas.” (folio
14, cuaderno 2).
4.5 Copia del
contrato de trabajo “por el tiempo que dure la realización de la obra o
labor determinada” suscrito el 19 de julio de 2007 entre Maribel Zuluaga
Gómez, en calidad de “trabajadora en misión”, y la
empresa de servicios temporales Acción S.A. (folios 15
y 16, cuaderno 2).
II. LAS SENTENCIAS QUE SE REVISAN.
1.  Sentencia de primera instancia
1.1 En sentencia del día 31 de octubre de
2008, el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá denegó el amparo
invocado.
1.2 Para ello, el juez de instancia sostuvo que de
conformidad con la Ley 50 de 1990 y la sentencia de la Corte Constitucional
C-330 de 1995 -mediante la cual se declaró la exequibilidad del numeral 3° del
artículo 77 de dicha ley-, la terminación de un contrato de trabajo como
consecuencia de la culminación de la obra o labor determinada, así como por el
vencimiento del término del mismo, resulta ajustada al ordenamiento jurídico.
1.3 En este orden, señaló: "[P]ese a que la
señora Maribel Zuluaga Gómez padece de cáncer de seno, la causa por la que se
dio por terminado su contrato laboral fue la expiración del término máximo de
duración para los contratos de obra o labor contratada, por lo que la conducta
adoptada por parte de la empresa temporal Acción S.A. se encuentra ajustada a
la normatividad legal y a la jurisprudencia emitida por la H. Corte
Constitucional, por lo que se declarará infundada demanda de tutela impetrada
en contra de la entidad aludida [Acción S.A.].”
1.4 Con relación a la prestación de los servicios
médicos requeridos por la accionante, el juez de tutela indicó que en
aplicación del Decreto 1406 de 1999 por el cual se reglamentan algunos aspectos
del Sistema de Salud, las empresas promotoras de salud, en este caso Susalud
E.P.S., válidamente pueden suspender la atención médica a sus pacientes en caso
de que se haya producido la terminación de la relación laboral entre estos y su
empleador y, en consecuencia, se hayan suspendido los aportes al Sistema de
Salud.
1.5 Así, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo
306 de 2005 “Por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del
Régimen Subsidiado.”, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, el juez de instancia ordenó: "Prevenir a la señora Maribel
Zuluaga Gómez que en el evento de no tener la capacidad económica para seguir
cotizando en el Sistema de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo,
tiene derecho a que sea atendida en calidad de vinculada mientras que se
realiza la encuesta SISBEN por parte de la Secretaría Distrital de Salud."
2.
Impugnación de Maribel Zuluaga Gómez
2.1 Mediante escrito del 18 de noviembre de 2008, la
accionante solicitó ante el juez de instancia revocar el fallo adoptado, y en
su lugar, conceder la tutela interpuesta.
2.2 Al sustentar la impugnación, reiteró los hechos y
consideraciones expuestas en la demanda de tutela.
3. Sentencia de segunda instancia
3.1 En sentencia del 18 diciembre de 2008, el Juzgado
Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá confirmó la decisión adoptada el
31 de octubre de 2008 por el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá,
mediante la cual se negó el amparo de tutela.
3.2 Para sustentar su decisión, en primer lugar, el
juez de segunda instancia señaló que a la luz del ordenamiento jurídico, los
padecimientos de salud de la accionante no constituyen causa suficiente para
que Acción S.A. no de por terminado su contrato de trabajo con esa empresa. Al
respecto, señaló: “lo anterior acorde con lo pregonado por el a-quo, se
constituye en una situación contractual, que en ninguna manera vulnera su
derecho al trabajo, a la vida digna, a la salud y menos a una estabilidad
laboral reforzada, por no constituir una enfermedad grave como el cáncer, un
fuero que impida la terminación del contrato en los términos establecidos en
él,”.
3.3 En segundo lugar, al igual que el juez de tutela de
primera instancia, precisó que a la luz de las normas que regulan la materia,
las empresas promotoras de salud pueden suspender legítimamente la prestación
de los servicios requeridos por sus pacientes, si no se efectúan los aportes al
Sistema de Salud.
3.4 Dado lo anterior, el Juzgado Cuarenta y Cinco
Penal del Circuito de Bogotá afirmó: "Secuencia de lo anterior es
concluir en la inadvertencia de los derechos fundamentales cuyo amparo solicita
la actora por lo que procede es confirmar lo decidido por el ad-quo, e instar a
la demandante para que acuda a la Secretaría Distrital de Salud, para que a
través de las I.P.S. a ella adscritas, le presten los servicios de salud que
requiere para el manejo de su enfermedad, mientras le realizan la encuesta del
Sisben y de esta manera se haga acreedora del régimen subsidiado.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE.
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991 y con la selección y el reparto efectuados el 26 de febrero de 2009, esta
Sala es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con los hechos expuestos, corresponde
a la Corte determinar si: (i) la empresa de servicios temporales Acción S.A.
vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Maribel
Zuluaga Gómez, al efectuar la terminación unilateral de
su contrato de trabajo a pesar de sus padecimientos de salud, en razón del
cáncer que la aqueja; y (ii) si Susalud E.P.S. vulneró los derechos
fundamentales de la accionante a la vida digna y a la salud, al interrumpir el
tratamiento médico prescrito por su médico tratante, como consecuencia de la
suspensión en el pago de los aportes al Sistema de Salud y la terminación de su
relación laboral con la empresa de servicios temporales Acción S.A.
2.2 Para dar solución al problema
jurídico planteado, en primer lugar, la Sala reiterará el criterio
jurisprudencial de esta Corporación relativo al  derecho a la estabilidad
laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancia de debilidad
manifiesta o indefensión como resultado del deterioro de su estado de salud. En
segundo lugar, se referirá a la protección de los
derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, en los casos en que
las empresas promotoras de salud niegan la continuidad en la atención médica
requerida por sus afiliados, sin que para el efecto exista una justificación
constitucional admisible.
2.3 Finalmente, con base en lo anterior,
esta Sala de Revisión estimará si se deben amparar los derechos fundamentales
invocados por Maribel Zuluaga Gómez y, por tanto, revocar la sentencia de
tutela proferida el 18 diciembre de 2008 por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal
del Circuito de Bogotá, dentro del presente trámite.
3. El derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancia de debilidad
manifiesta o indefensión. Reiteración de jurisprudencia.
3.1 De conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política, el Estado tiene
la obligación de proteger de manera especial el ejercicio del derecho a la
igualdad de “[A]quellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” De este
modo, la misma norma constitucional establece que el Estado es responsable de  sancionar
“los abusos y maltratos que contra ellas se cometan.”
En igual sentido, con
relación a la protección que el Estado debe a quienes en virtud de sus
condiciones físicas se encuentran en una situación de debilidad o indefensión,
el artículo 47 Constitucional establece que “El Estado adelantará una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especial que
requieran.”
Así mismo, en
concordancia con el artículo 53 Superior según el cual entre los principios
mínimos fundamentales que deben orientar las relaciones laborales se encuentran
la estabilidad en el empleo y la garantía de la seguridad social, el artículo
54 de la Carta dispone que “Es obligación del Estado y de los empleadores
ofrecer formación y rehabilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la reubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud.[1]”
3.2 En virtud de las normas
constitucionales señaladas, la Corte ha sostenido que en el marco de las
relaciones de trabajo, la protección especial a quienes por su condición económica, física o mental, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión, implica la
titularidad del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada[2],
esto es, (i) el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón
de su situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se
configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a
que el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el
despido con base en la verificación previa de dicha causal, a fin de que el
mismo pueda ser considerado eficaz[3].
Al respecto, en la sentencia C-531 de 2000,
al analizar la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que
dispone la prohibición de despedir de su trabajado a
una persona limitada por razones relacionadas con su situación especial, salvo
en los casos en que medie autorización del inspector de trabajo, la Corte indicó[4]:
“El ámbito laboral constituye, por
consiguiente, objetivo específico para el cumplimiento de esos propósitos
proteccionistas, en aras de asegurar la productividad económica de las personas
discapacitadas, así como su desarrollo personal. De ahí que, elemento
prioritario de esa protección lo constituya una ubicación laboral acorde con
sus condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos
para su subsistencia y el sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 334),
para todos aquellos que se encuentren en edad de trabajar.
Para la consecución de esos fines, la efectividad del
ejercicio del derecho al trabajo, como ocurre para cualquier otro trabajador,
está sometida a la vigencia directa en las relaciones laborales de unos
principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta
Política. Cuando la parte trabajadora de dicha relación está conformada por un
discapacitado, uno de ellos adquiere principal prevalencia, como es el
principio a la estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar
de cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras
no exista una causal justificativa del despido, como consecuencia de la
protección especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este
grupo de personas.
Tal seguridad ha sido identificada como una
"estabilidad laboral reforzada" que a la vez constituye un derecho
constitucional,
igualmente predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres
embarazadas y los trabajadores aforados, (…).” (Negrilla fuera del texto original).
3.3 Ahora bien, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la protección laboral reforzada en comento no
sólo se aplica a quienes tienen la calidad de inválidos o discapacitados[5].
Por el contrario, en criterio de esta Corporación, la estabilidad laboral
reforzada se hace extensiva a todos los trabajadores que se encuentren en una
situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la grave afectación de
su estado de salud[6].
En efecto, en la sentencia T-198 de 2006[7],
la Corte precisó:
“Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de
salud durante el trascurso del contrato laboral, deben ser consideradas como
personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, razón por la
cual frente a ellas también procede la llamada estabilidad laboral reforzada,
por la aplicación inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la
persona dentro de la categoría protegida, consagrando las medidas de defensa
previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional de las personas en
circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y
ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para
deducir la ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión
para proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera
sido vulnerado. En materia laboral, la protección especial de quienes por su
condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende
también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados o de invalidez.” (Negrilla fuera del texto original).
3.4 Así, en aplicación del derecho a la
estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación
de debilidad manifiesta como resultado de la disminución de su capacidad física,
tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure una
causal objetiva que amerite la desvinculación laboral, previamente verificada
por el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces.
Ahora bien, en atención a la tesis
anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando la relación
laboral depende de un contrato de trabajo a término fijo o de obra o labor
contratada, el vencimiento del término de dicho contrato o la culminación de la
obra, no significan necesariamente una justa causa para su terminación[8].
De este modo, en todos aquellos casos en que (i) subsistan las causas que dieron
origen a la relación laboral y (ii) se tenga que el trabajador ha cumplido de
manera adecuada sus funciones, el trabajador tiene el derecho de conservar su
trabajo aunque el término del contrato haya expirado o la labor haya
finiquitado[9].
En efecto, en la sentencia T-449 de 2008, la Corte señaló:
"[E]n los contratos laborales celebrados a término definido en
los que esté inmerso un sujeto de especial protección y en los que el objeto
jurídico no haya desaparecido, no basta con el vencimiento del plazo ó de la
prorroga para dotar de eficacia la terminación unilateral del contrato, sino que, es obligación del patrono acudir ante Inspector del
Trabajo para que sea éste quien, en aplicación del principio constitucional de
la primacía de la realidad sobre las formas, determine si la decisión del
empleador se funda en razones del servicio, como por ejemplo el incumplimiento
por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles, y no en
motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le
haya dado al vínculo laboral.” (Negrilla fuera del
texto original).
En estos casos, con relación a los
contratos de trabajo de obra o labor contratada, en la sentencia T-1083 de
2007, este Tribunal aclaró:
“Al respecto, es importante tener en cuenta que este tipo de
relaciones laborales se constituyen con el objeto de adelantar una específica
tarea que debe ser cuidadosamente determinada al momento del surgimiento del
vínculo y que una vez concluida tendrá como consecuencia la finalización del
mismo. Por tal razón, la aspiración de continuidad es en principio extraña a
este tipo de  contratos, lo cual no obsta para que, en los casos en los
cuales la realidad de la relación permita advertir que el objeto del contrato
no es el desempeño de una obra o labor determinada sino una prestación
continuada, y que por ende, la denominación del mismo constituye más bien una
forma de evadir la estabilidad del mismo, el empleador estará obligado a
requerir de la Oficina del Trabajo la correspondiente autorización para dar por
terminado el contrato de un sujeto de especial protección, como podría serlo
una persona que sufre discapacidad.” (Negrilla
fuera del texto original).
3.5 En virtud de
lo anterior, si el juez constitucional logra establecer
que el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona cuya
salud se encuentra afectada seriamente se produjo sin la autorización de la
autoridad del trabajo, deberá presumir que la causa de desvinculación
laboral es la circunstancia de debilidad e indefensión del trabajador[10]
y, por tanto concluir, que se causó una grave afectación de los derechos
fundamentales del accionante. Así, el juez deberá conceder el amparo invocado,
declarar la ineficacia del despido y ordenar su reintegro a un cargo acorde con
su situación especial[11].
3.6 En suma, en virtud
del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación
de su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser despedido en razón
de su situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta que se configure
una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral, previa verificación
y autorización de la autoridad laboral correspondiente. En tal sentido, cuando
la relación laboral dependa de un contrato de trabajo a término fijo o de obra
o labor contratada, el trabajador tiene derecho a conservar su trabajo, aunque
el término del contrato haya expirado o la labor para la cual fue contratado haya
expirado, esto si subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral
y se tenga que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus funciones. De
este modo, para efectos del fallo de tutela, el despido que se produzca sin el
lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales será ineficaz y, por tanto,
el juez de amparo deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro
del trabajador a un cargo acorde con su estado de salud.
4. Principio
de continuidad en la prestación de los servicios médicos. Reiteración de
jurisprudencia.
4.1 En
concordancia con el artículo 49 de la Constitución Política, “La atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.”,
razón por la cual “Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.[12]”
4.2 En virtud de
la norma constitucional, en varias oportunidades esta Corte se ha pronunciado
sobre el derecho a la prestación continúa, permanente y sin interrupciones, de
los servicios de atención médica y de recuperación de la salud[13],
en el marco del principio de eficiencia del Sistema de Seguridad Social en
Salud[14]. Al respecto, con el
propósito de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la salud[15]
y a la vida digna, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener
que las entidades públicas y privadas responsables de prestar el servicio
público de salud, no deben suspender la prestación de tratamientos médicos en
curso, pues una omisión en este sentido vulnera los derechos fundamentales a la
salud y a la vida digna de los pacientes. Así, dichas entidades no pueden
abstenerse legítimamente de su obligación constitucional y legal de procurar la
conservación, recuperación y mejoramiento del estado de salud de los usuarios
del Sistema de Salud, así como tampoco del suministro continuo y permanente de
los tratamientos médicos ya iniciados.
En efecto, en la
sentencia T-1198 de 2003, la Corte precisó:
“Los criterios que informan el deber de las EPS de garantizar la
continuidad de las intervenciones médicas ya iniciadas son: (i)  las
prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de
manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que
tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar
actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción
injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o
administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la
empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a
la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.” (Negrilla fuera del texto original).
4.3 Sobre el
particular, la Corte ha señalado que el derecho a la continuidad en la prestación
de los servicios médicos debe ser comprendido en concordancia con los
siguientes aspectos: (i) la necesidad del paciente de recibir tales servicios[16]
y (ii) el principio de la buena fe y la confianza legítima[17].
Con relación al
primer criterio indicado, la Corte ha concluido que "Por necesarios, en
el ámbito de la salud, deben tenerse aquellos tratamientos o medicamentos que
de ser suspendidos implicarían la grave y directa afectación de su derecho a la
vida, a la dignidad o a la integridad física. En este sentido, no sólo aquellos
casos en donde la suspensión del servicio ocasione la muerte o la disminución
de la salud o la afectación de la integridad física debe considerarse que se
está frente a una prestación asistencial de carácter necesario.[18]”
En este sentido, la Corte ha precisado que el derecho a
la continuidad de la prestación de los servicios de salud no sólo protege el
derecho a mantener el servicio, también garantiza las condiciones de calidad en
las que se accedía al mismo[19].
Por su parte,
con relación al principio de la buena fe y la confianza legítima, en la
sentencia T-573 de 2005[20], la Corporación subrayó:“La
continuidad en la prestación del servicio público de salud se ha protegido no sólo
en razón de su conexión con los principios de efectividad y de eficiencia sino
también por su estrecha vinculación con el principio establecido en el artículo
83 de la Constitución Nacional de acuerdo con el cual "Las actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante estas." Esta buena fe constituye el fundamento sobre el cual se
construye la confianza legítima, esto es, la garantía que tiene la persona de
que no se le suspenderá su tratamiento una vez iniciado.” (Negrilla por
fuera del texto original).
4.4 En
desarrollo de tales criterios, la jurisprudencia constitucional ha establecido
las condiciones conforme a las cuales, las entidades encargadas de prestar
servicios de salud no pueden abstenerse de suministrar dichos servicios de
manera continua, permanente y oportuna:
“Para
que se continúe con un tratamiento médico o con el suministro de un
medicamento, es necesario determinar si la suspensión de los medicamentos viola
derechos fundamentales, y para esto se deben cumplir los siguientes requisitos:
1.Debe ser un médico tratante de la EPS quien haya determinado el tratamiento u
ordenado los medicamentos; 2. El tratamiento ya se debió haber iniciado, o los
medicamentos suministrados (...). Esto
significa que debe haber un tratamiento médico en curso. 3. El mismo médico
tratante debe indicar que el tratamiento debe continuar o los medicamentos
deben seguir siendo suministrados.[21]” (Negrilla
fuera del texto original).
4.5 Igualmente,
en consideración de lo anterior, en la sentencia T-170 de 2002, la Corte indicó
algunas de las razones que no constituyen un fundamento legítimo a la luz de la
Constitución para que las entidades prestadoras de servicios de salud se
abstengan de dar continuidad a la prestación de los servicios médicos ya
iniciados:
“(i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de
pagarlos; (ii) porque el paciente ya no
esta inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su
lugar de trabajo;  (iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacia
beneficiario; (iv) porque la EPS considera que la persona nunca reunió los
requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado;  (v)
porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho
aún aportes a la nueva entidad; o (vi) porque se trata de un servicio
específico que no se había prestado antes al paciente, pero que hace parte
integral de un tratamiento que se le viene prestando.” (Negrilla fuera del texto original).
4.6 Bajo las
circunstancias anotadas, la Corte ha estimado que a fin de garantizar la
protección de los derechos fundamentales del paciente, la entidad pública o
privada que al momento de la suspensión de los servicios médicos se encontraba
suministrando el tratamiento médico requerido por el afiliado, debe garantizar
su culminación[22]. En este sentido, dichas
entidades sólo podrán suspender válidamente los servicios médicos requeridos
por un paciente, hasta tanto el nuevo prestador de los mismos haya asumido su
suministro efectivo[23].
Así, para
efectos del fallo de tutela, se debe concluir que no resulta ajustado al
principio de prevalencia de los derechos fundamentales, el someter al enfermo a
trámites administrativos como la solicitud de los servicios médicos requeridos
en calidad de participante vinculado del Sistema de Salud o la petición de
inclusión en el régimen subsidiado, si la entidad accionada conoce el estado de
salud del paciente y el tratamiento médico que éste requiere para su
recuperación[24].
En efecto, en la
sentencia T-127 de 2007[25], la Corte subrayó:
“[C]onsidera la Corte que si los servicios requeridos (i) se encuentran dentro del Plan (POS o POSS), (ii) venían
siendo prestados por la entidad accionada (EPS, ARS o por la empresa
solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor) y (iii) fueron
ordenados por su médico tratante, entonces, será la entidad accionada
(EPS, ARS o la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado
el menor), la encargada de continuar con su suministro, con cargo a sus
propios recursos.” (Negrilla fuera del
texto original).
4.7 En conclusión,
las entidades públicas y privadas responsables de prestar el servicio público
de salud no pueden suspender válidamente la prestación de tratamientos médicos ya
iniciados. En este orden, en aplicación de la jurisprudencia constitucional, la
desvinculación laboral del paciente, y en consecuencia, la suspensión de los
aportes al Sistema de Salud, no constituyen una razón válida de orden
constitucional para interrumpir un tratamiento médico en curso.
5. Estudio del caso concreto.
5.1 Con base en las consideraciones y
fundamentos expuestos anteriormente, esta Sala de Revisión determinará si (i) la
empresa de servicios temporales Acción S.A. vulneró el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de Maribel Zuluaga Gómez, al efectuar la terminación unilateral de su contrato de trabajo a
pesar de sus padecimientos de salud; y (ii) si Susalud E.P.S. vulneró los
derechos fundamentales de la accionante a la vida digna y a la salud, al
interrumpir el tratamiento médico prescrito por su médico tratante, como
consecuencia de la suspensión en el pago de los aportes al Sistema de Salud y
la terminación de su relación laboral con Acción S.A.
5.2 Para
resolver el presente caso, en las consideraciones generales de esta Sentencia, en
primer lugar, esta Sala concluyó que en virtud del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta como resultado de la afectación de su salud, tiene derecho a
conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de su situación de
vulnerabilidad y a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva
que amerite su desvinculación laboral, previa verificación y autorización de la
autoridad laboral correspondiente. En tal sentido, afirmó que cuando la
relación laboral depende de un contrato de trabajo a término fijo o de obra o
labor contratada, el trabajador tiene el derecho de conservar su trabajo aunque el término del contrato haya expirado o la labor para la cual
fue contratado haya expirado, esto si subsisten las
causas que dieron origen a la relación laboral, y se tenga que el trabajador ha
cumplido de manera adecuada sus funciones. Al respecto, por último, reiteró que
para efectos del fallo de tutela, el despido que se produzca sin el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales será ineficaz, y por tanto, el juez de amparo deberá conceder la
protección invocada y ordenar el reintegro del trabajador a un cargo acorde con
su estado de salud.
En este orden, en segundo lugar, la Sala
señaló que las entidades públicas y privadas responsables de prestar el servicio
público de salud no pueden suspender la prestación de tratamientos médicos ya
iniciados. Por ello, precisó que la desvinculación laboral del paciente y la
suspensión de los aportes al Sistema de Salud, no constituyen una razón válida
de orden constitucional para justificar la interrupción de un tratamiento
médico en curso.
5.3 En
concordancia con el criterio jurisprudencial expuesto, como pasará a
demostrarse, la presente acción de tutela debe prosperar en relación con la
pretensión de tutela relativa al reintegro de Maribel Zuluaga Gómez a la
empresa de servicios temporales Acción S.A.
En efecto, se encuentra probado que el 19
de julio de 2007 la accionante celebró un contrato de trabajo con la empresa de servicios temporales Acción
S.A. Igualmente, se encuentra probado que de acuerdo
con el diagnóstico de su médico tratante adscrito a Susalud E.P.S., Maribel Zuluaga Gómez padece cáncer de mama.
Así mismo, de conformidad con las pruebas
que obran en el expediente, está demostrado que a pesar de su estado de salud y
de la necesidad de conservar su afiliación al Sistema de Salud a fin de recibir
el tratamiento médico oncológico prescrito, el 25 de septiembre de 2008 dicha
empresa decidió la terminación del contrato referido, en aplicación de su
cláusula segunda, esto es, la presunta culminación de la labor para la cual fue
contratada.
Ahora bien, si se tiene que en atención
al criterio jurisprudencial expuesto en los fundamentos normativos de esta
sentencia, el trabajador que se encuentre en una
situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de su
salud, tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada, esta Corte concluye
que en el presente caso se debe conceder el amparo invocado.
Esto por cuanto, (i) se encuentra
plenamente establecido que la actora padece serios problemas de salud y (ii) no
existe prueba de que la presunta causal objetiva de desvinculación haya sido
verificada por la autoridad laboral competente y, por tanto, de que exista una
autorización para despedir a la accionante. En igual sentido, aunque la
relación laboral en cuestión depende de un contrato de trabajo de obra, (i) no
existe prueba de que Maribel Zuluaga Gómez no haya cumplido de manera adecuada
las funciones para las cuales fue contratada y (ii) aún subsisten las causas
que dieron origen a la relación laboral, toda vez que dada la condición de trabajadora
en misión de la accionante, ésta puede ser remitida a otra empresa que contrate
los servicios de Acción S.A.
En virtud de lo anterior, dado que se
encuentra demostrado que la empresa de servicios temporales Acción S.A. vulneró
el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Maribel Zuluaga
Gómez, al efectuar la terminación unilateral de su
contrato de trabajo a pesar de sus padecimientos de salud en razón del cáncer
que la aqueja, esta Sala ordenará a la empresa de
servicios temporales Acción S.A. que dentro del
término de  las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
efectúe el reintegro laboral de la accionante a un cargo
acorde con sus actuales condiciones de
salud y según el criterio de su médico tratante.
En todo caso, Acción S.A. deberá reintegrar a la accionante a un cargo de igual o mayor jerarquía al que venía desempeñando antes
de su desvinculación laboral. En tal sentido, Acción S.A. deberá darle la
primera opción laboral que surja como resultado de la ejecución de cualquier
contrato de prestación de servicios de esa empresa y otra persona natural o
jurídica, y en caso de no existir dichos contratos, deberá contratarla dentro
de la misma empresa, de tal manera que sus labores no interfieran con la
recuperación de su estado de salud[26].
5.4 Ahora bien, igualmente esta Corte
encuentra que Susalud E.P.S. vulneró los derechos
fundamentales de la accionante a la vida digna y a la salud, al interrumpir el
tratamiento médico oncológico prescrito por su médico tratante.
En efecto, de
conformidad con las pruebas que obran en el expediente, está demostrado que la
accionante se encuentra afiliada a Susalud E.P.S. en calidad de cotizante desde
el 1 de abril de 1999. De la misma manera, como se señaló anteriormente, que de
acuerdo con el diagnóstico de su médico tratante adscrito a Susalud E.P.S.,
padece cáncer de mama, enfermedad que ha implicado su sometimiento a
tratamiento médico oncológico. Al respecto, existe prueba de que el 2 de
octubre de 2008 su médico tratante adscrito a esa E.P.S., le prescribió “4 ciclos adicionales de paclitaxel y luego terapia hormonal hasta
por 5 años.”, así como un “primer ciclo de QXT
con taxanos así: Paclitaxel 240mg i.v en 3 h día 1. // Premedicar con: //
Dexametasona 8 Mg I.V // Ranitidina 50MG I.V // Clemastina 2MG I.V //
Ondasetron 24mg I.V,” y “control con CH en 3 semanas.”
En concordancia
con lo sostenido por Susalud E.P.S. durante el presente trámite, debido a la
terminación del contrato de trabajo celebrado con Acción S.A., "la
accionante no volvió a realizar el pago de su cuota mensual a Susalud E.P.S.,
razón por la cual se le ha suspendido la prestación del servicio de
salud." Al respecto, es preciso tener en cuenta que de conformidad con
el escrito de tutela, debido a la terminación de su
contrato de trabajo, la accionante no posee los recursos económicos suficientes
para costear de manera particular la atención médica que requiere para la recuperación
de su estado de salud.
Así las cosas, en aplicación de la
jurisprudencia constitucional indicada en los fundamentos normativos de esta
sentencia, esta Sala encuentra que no es de recibo el argumento expuesto por
Susalud, en el sentido de alegar la desvinculación laboral de la accionante y
la suspensión de los aportes al Sistema de Salud, como razones válidas de orden
constitucional para interrumpir el tratamiento médico oncológico en curso.
Esto por cuanto, (i) se encuentra probado
que un médico tratante adscrito a Susalud E.P.S. prescribió el tratamiento
médico en comento; (ii) que dicho tratamiento inició con anterioridad a la
desvinculación laboral de la accionante de Acción S.A.; y (iii) que el mismo
médico tratante indicó la necesidad de continuar con el tratamiento anotado.
En consecuencia, esta Corporación ordenará a Susalud E.P.S. garantizar la continuidad y culminación de
los servicios médicos requeridos por la accionante. Para el cumplimiento de
esta orden, la Corte dispondrá que esa empresa, dentro del término de las 48
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, de conformidad con el
criterio del médico tratante, hasta su culminación suministre el tratamiento
médico requerido por la accionante para que, en lo posible, recupere su estado
de salud.
5.5 En virtud de
lo anterior, dado que quedó demostrado que la empresa de servicios temporales
Acción S.A. vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
de Maribel Zuluaga Gómez, y que Susalud E.P.S. y por
ende sus derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, esta Corporación deberá revocar la decisión adoptada el 18 diciembre
de 2008 por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, dentro
del presente trámite.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la decisión adoptada el día dieciocho (18) de diciembre de 2008 por el
Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la
acción de tutela instaurada por Maribel Zuluaga Gómez contra la empresa
de servicios temporales Acción S.A. y Susalud E.P.S., y en su lugar, CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales a la vida digna, la salud y la
estabilidad laboral reforzada.
Segundo.- ORDENAR a la empresa de servicios temporales Acción S.A. que dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el
reintegro laboral de la accionante a un cargo acorde con sus actuales condiciones de salud, de
acuerdo con lo prescrito por su médico tratante y de conformidad con la parte
motiva de esta sentencia.
En cumplimiento de esta orden judicial, el reintegro se deberá hacer a un cargo de
igual o mayor jerarquía al que la accionante venía desempeñando.  En tal
sentido, Acción S.A. deberá darle la primera opción laboral que surja como
resultado de la ejecución de cualquier contrato de prestación de servicios de
esa empresa y otra persona natural o jurídica, y en caso de no existir dichos
contratos, deberá contratarla dentro de la misma empresa, de tal manera que sus
labores no interfieran con la recuperación de su estado de salud.
Tercero.- ORDENAR a Susalud E.P.S. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, de
conformidad con el criterio del médico tratante, hasta su culminación,
suministre el tratamiento médico requerido por la accionante para que, en lo
posible, recupere su estado de salud.
Cuarto.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Al respecto, se puede consultar el Convenio 159 de la Organización
Internacional del Trabajo, incorporado en el ordenamiento jurídico interno
mediante la Ley  82 de 1988.
[2] Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias T-992 de
2008, T-976 de 2008, T-953 de 2008, T-1083 de 2007, T-661 de 2006, T-530 de
2005, T-309 de 2005 y T-689 de 2004.
[3] Sobre el contenido del derecho a la estabilidad laboral reforzada,
en la sentencia T-962 de 2008, la Corte señaló: “Al
respecto, la Corporación ha precisado que a la luz de la Constitución Política
y las normas que regulan la materia, en el marco del derecho fundamental al
trabajo, a los disminuidos físicos les asiste tres derechos esenciales: (i) tener
las mimas oportunidades para acceder a un empleo y gozar de todos los
beneficios que se desprenden de la ejecución del contrato de trabajo (Sentencia T-513 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Gálvis); (ii) permanecer en él mientras no se
configure una causal objetiva que justifique su desvinculación (Sentencia C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Gálvis); y (iii) desempeñar trabajos y funciones acordes con sus
condiciones de salud que le permitan acceder a los bienes y servicios
necesarios para su subsistencia (Sentencias T-504
de 2008 y T-1040 de 2001).” (Negrilla fuera del texto
original).
[4] En esta oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad de  la
expresión "salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo",
contenida en el inciso 1°. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Igualmente,
declaró la exequibilidad del inciso 2° del mismo artículo, “bajo el supuesto
de que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto
a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como
de especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos,
sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece de todo efecto jurídico
el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su
limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que
constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o
terminación del respectivo contrato.” (Negrilla fuera del texto
original).
[5] En la sentencia T-992 de 2008, la Corte tuteló los
derechos fundamentales al
mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada, el trabajo y la seguridad
social de un trabajador que como consecuencia de un accidente
de tránsito, fue sometido a incapacidades médicas superiores a 180 días. En
consideración de su situación de incapacidad laboral, su empleador lo despidió
alegando la configuración de la causa relativa a la existencia de un período de
incapacidad superior a 180 días (numeral 15 del artículo 62 el Código
Sustantivo del Trabajo). En esa oportunidad, al estimar que el empleador
vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, toda vez que
efectuó el despido del actor cuando éste se encontraba incapacitado y sin
autorización de la autoridad del trabajo correspondiente, la Corte ordenó:  “Segundo.-
ORDENAR al señor José Aucaris Galvis Márquez que dentro del término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, previa valoración
médica, reintegre sin solución de continuidad, al accionante en el cargo que
venia desempeñando y en caso de que persista la incapacidad parcial, lo ubique
en un puesto de trabajo conforme a sus capacidades laborales, respetando el
ingreso que devengaba y su dignidad laboral. // Tercera.- ORDENAR al empleador
demandado abstenerse de despedir al demandante hasta tanto recupere su
capacidad funcional, en un nivel que le permita desempeñar un empleo en
condiciones normales.”
En el mismo sentido, en la sentencia T-513 de 2006, la
Corte concedió la tutela interpuesta por una trabajadora del la E.S.E. Hospital
San Antonio de Soatá, quien a pesar de padecer el Mal de Chagas, fue despedida
de su trabajo por estructuración de la entidad. En su decisión, al verificar la
violación del derecho fundamental de la accionante a la estabilidad laboral
reforzada, en razón a la disminución de su estado de salud, la Corte ordenó: “En
consecuencia la E.S.E. accionada i) en las 48 horas siguientes a la
notificación de esta decisión dispondrá lo conducente para que la actora sea
valorada y asistida médicamente, dentro del estricto término que los
procedimientos médicos así lo indiquen; ii) conocida la valoración, decidirá,
en las 48 horas siguientes, sobre la adecuación de las condiciones de trabajo,
la reubicación o la desvinculación de la actora del cargo que ocupaba el 31 de
enero de 2005, para lo cual solicitará la intervención dispuesta en el artículo
26 de la Ley 367 de 1997 e iniciará los trámites para que la señora Figueroa
Barón sea valorada con miras a que le sea reconocida la pensión
correspondiente, de ser ello necesario; y iii) adelantará, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta providencia, las gestiones dirigidas
a que la actora reciba el “equivalente a ciento ochenta días del salario”, a
título de indemnización, de conformidad con la misma disposición.”
[6] Este criterio encuentra respaldo en lo previsto en el numeral 1°
del artículo 1° del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo,
incorporado en el ordenamiento jurídico interno mediante la Ley  82 de 1988: “A
los efectos del presente convenio, se entiende por "persona
inválida" toda personas cuyas posibilidades de obtener y conservar
un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas
a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente
reconocida.” (Negrilla fuera del texto original).
[7] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[8] Sentencia T-1083 de 2007. En esta oportunidad, esta Corporación
precisó:”La Sala considera pertinente esbozar
algunas consideraciones respecto del tipo de contratos de trabajo frente a los
cuales opera la estabilidad laboral reforzada consagrada a favor de los
discapacitados. Al respecto, cabe destacar que dicha protección no se aplica
exclusivamente a los contratos de trabajo celebrados por un término indefinido,
puesto que la jurisprudencia constitucional ha encontrado necesario hacer
extensiva la exigencia de autorización de la Oficina del Trabajo a las
hipótesis de no renovación de los contratos a término fijo. En tal sentido, se ha señalado que el vencimiento del plazo
inicialmente pactado o de una de las prórrogas, no constituye razón suficiente
para darlo por terminado, especialmente cuando el trabajador es sujeto de
especial protección constitucional. Para dar por terminado un contrato de
trabajo que involucra a un sujeto de especial protección y que, pese a haber
sido celebrado por un plazo determinado, de conformidad con el principio de
primacía de la realidad sobre las formas, envuelve una relación laboral cuyo
objeto aún no ha cesado, no basta el cumplimiento del plazo, sino que deberá
acreditarse además, el incumplimiento por parte del trabajador de las
obligaciones que le eran exigibles. Y es que, en última instancia, lo que
determina la posibilidad de dar por terminada la relación laboral en la que es
parte uno de estos sujetos es la autorización que para tal efecto confiera la
Oficina del Trabajo, entidad que para el efecto examinará, a la luz del
principio antes mencionado, si la decisión del empleador se funda en razones
del servicio y no en motivos discriminatorios, sin atender a la calificación
que formalmente se le halla dado al vínculo laboral.” (Negrilla fuera del texto original).
[9] Sobre el particular, en la sentencia C-016 de 1998, mediante la cual la Corte analizó la
constitucionalidad de los artículos 46 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo,
esta Corporación precisó: "[E]l sólo vencimiento del plazo
inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para
legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo
así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad,
en cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de mantener su empleo,
si de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y
de otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la
Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral.” (Negrilla fuera del
texto original).
[10] Al respecto, se pueden consultar entre otras, las sentencias T-518
de 2008, T-1219 de 2005 y T-1040 de 2001.
[11] En la sentencia  T-449 de 2008, la Corte
concluyó que en estos casos ”el juez estará en la obligación de
proteger los derechos fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia
del despido, obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario
reubicarlo, y en el caso de no haberse verificado el pago de la indemnización
prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá
igualmente condenar al empleador al pago de la misma.”
[12] En concordancia con la norma constitucional, se puede
consultar el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales según el cual, “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental. 2. Entre las
medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La
reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene
del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha
contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.” En el mismo sentido, se encuentra la Observación No.
14 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. El derecho al disfrute del nivel más alto posible de
salud: “1. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para
el ejercicio de  los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud  que le permita vivir dignamente.”
(Negrilla fuera el texto original).
[13] Sentencias T-837 de 2006, T-672 de 2006, T-335
de 2006, T-922 de 2005, T-842 de 2005, T-573 de 2005, T-568 de 2005, T-128 de
2005, T-442 de 2003, T-1198 de 2003, T-308 de 2005, entre otras.
[14] De conformidad con el artículo 1° de la Ley 100 de 1993, el
principio de eficiencia implica "la mejor utilización social y
económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles
para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en
forma adecuada, oportuna y suficiente.
[15] De conformidad con la sentencia C-463 de
2008, el carácter fundamental del derecho a la salud se deriva del propio texto
constitucional. Al respecto, la Corte explicó que el principio de universalidad
del derecho a la salud dispuesto en el artículo 48 Superior, conlleva un doble
significado: respecto del sujeto y respecto del objeto del
Sistema General de Salud. (i) Respeto del sujeto, esto es, del destinatario de
la seguridad social en salud, el principio de universalidad implica que todas
las personas habitantes del territorio nacional tienen que estar cubiertas,
amparadas o protegidas en materia de salud. (ii) Respecto del objeto, esto es,
la prestación de los servicios de salud en general, este principio implica que
todos los servicios de salud deben ser prestados en razón de las necesidades de
los usuarios del Sistema. Así, la Corte concluyó que del principio de
universalidad en materia de salud se desprende primordialmente el entendimiento
de la Corporación del derecho a la salud como un derecho fundamental, pues un
rasgo primordial de la fundamentalidad de un derecho es su exigencia de
universalidad, es decir, que sea predicable y reconocido para todas las
personas sin excepción.
[16] Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-765 de 2008,
T-567 de 2008 y T-363 de 2007.
[17] Criterio reiterado en las sentencias T-761 de 2008, T-344 de 2008 y
T-998 de 2007.
[18] Sentencia T-829 de 1999.
[19] Respecto de la calidad de los servicios de salud en el ámbito del
derecho a su prestación continua, en la sentencia T-760 de 2008, la Corte
precisó: “Para establecer si
una entidad viola el derecho de una persona al acceso a los servicios de salud
al desmejorar las condiciones de acceso al mismo, la Corte advirtió que el juez
debe estimar, por lo menos, dos aspectos. En primer lugar, (1) el juez debe
definir “(…) si la medida resultante no constituye una política pública
regresiva, no justificada con base en la consecución de un fin
constitucionalmente legítimo y que fue tomada sin realizar un análisis
suficiente de otras posibilidades distintas a la medida contraria al
cumplimiento del deber de progresividad. En caso que este análisis resulte
fallido, la medida vulnerará el derecho a la salud y, por ende, no será
admisible. En segundo lugar, (2) cuando se acredite que la política adoptada no
es regresiva e injustificada, será procedente el ejercicio de ponderación entre
los postulados antes anotados, labor que deberá satisfacer dos requisitos
básicos [a] que la medida resultante no afecte el núcleo esencial de cada
postulado, constituyéndose como una política desproporcionada o irrazonable que
impide el goce cierto del derecho a la salud (Sentencia
T-739 de 2004) […] [y b] que la política implantada sea
compatible con la protección adecuada de los fines básicos del derecho a la
salud, entre ellos, y en un lugar central, la conservación de la vida en
condiciones dignas (Sentencia T-739 de 2004).”
[20] En el mismo sentido, se puede consultar la
sentencia T-993 de 2002.
[21] Sentencia T-138 de 2003.
[22] Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-785 de 2006, T-672
de 2006, T-185 de 2006, T-721 de 2005, T-305 de 2005, T-875 de 2004, T-1079 de
2003, T-993 de 2002.
[23] Entre otras, se puede consultar la sentencia T-127 de 2007.
[24] Este criterio se puede confrontar con lo resuelto en las sentencias
T-567 de 2008, T-344 de 2008 y T-363 de 2007.
[25] En esta oportunidad, la Corte consideró que “de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional citada, Coomeva
EPS viola el derecho fundamental a la salud de Julián Orlando García Delgado al
suspender el suministro de un tratamiento médico que requiere, antes de que
éste haya sido efectivamente asumido por otro prestador.” Este criterio fue reiterado en la sentencia T-760 de 2008.
[26] Una orden en igual sentido fue dada por
esta Corporación en la sentencia T-962 de 2008. En esta oportunidad, la Corte
tuteló los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, el trabajo y el
mínimo vital de una mujer que había sido despedida de su trabajo, a pesar de
que padecía serios problemas de salud. La cooperativa de trabajo asociado para
la cual trabajaba justificó el despedido en que, dada la imposibilidad de dar
cumplimiento a la recomendación de reubicación efectuada por su médico
tratante, la actora debía renunciar. Así, al estimar que la accionante
tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, la Corte resolvió: “ORDENAR
a la Cooperativa de Trabajo Asociado de
Maquila y Logística, Maquilcoop, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta Sentencia, efectúe la reubicación laboral de Maribel Bermúdez Mosquera en un trabajo
acorde con su estado de salud, de acuerdo con lo prescrito por su médico
tratante y de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. En cumplimiento de esta decisión judicial,
el reintegro se deberá
hacer a un cargo de igual o mayor jerarquía al que la accionante venía
desempeñando. Para ello, Maquilcoop debe darle la primera opción laboral que
surja como resultado de la ejecución de cualquier contrato de prestación de
servicio de trabajo asociado celebrado entre la cooperativa y otra persona
natural o jurídica, y en caso de no existir dichos contratos, deberá
contratarla dentro de la misma cooperativa, de tal manera que sus labores no
interfieran con la recuperación de su estado de salud.”