T-917-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-917/06
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DEL MENOR-Agresión
de otros menores consistente en persecución para desvestirlo, ultrajarlo y
filmarlo
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA-Concepto/DERECHO
A LA DIGNIDAD HUMANA-Ambitos de protección
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DEL MENOR-Mayor
vulnerabilidad
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DEL MENOR-Protección
reforzada/DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DEL MENOR-Protección se extiende
a garantizar la intangibilidad mental  moral y espiritual
DERECHO A LA INTIMIDAD DEL MENOR-Medidas
correctivas en el contexto escolar deben estar guiadas pedagógicamente
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA EN
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Protección implica proceso
restaurativo que ofrezca adecuada reparación a la víctima y recupere vínculos
de partes con comunidad
La protección
al derecho a la dignidad humana como a la intimidad y autonomía de los
menores no se circunscribe a la garantía de un proceso disciplinario que
sancione a los agresores sino también comprende la provisión de un proceso
restaurativo que ofrezca una adecuada reparación a la víctima y restaure los
vínculos de las partes con la comunidad. El proceso disciplinario puede
culminar con una sanción de los alumnos responsables. Sin embargo, dicho
proceso puede en algunos casos ser insuficiente para asegurar el goce efectivos
de los derechos constitucionales vulnerados por quienes cometieron la falta
disciplinaria. Esto sucede cuando las consecuencias de la falta continúan
perpetrándose de diversas maneras en el ámbito de la propia comunidad
educativa. En tales eventos, la protección no formal sino real y efectiva de
los derechos fundamentales lesionados exige medidas adicionales al proceso
disciplinario. Corresponde a cada establecimiento educativo definir cuales son
las medidas adicionales aconsejables para lograr el objetivo tutelar de los
derechos y, al mismo tiempo, para evitar que las secuelas de la lesión de
dichos derechos se proyecte por distintas vías y continúe incidiendo
negativamente en el ámbito de la comunidad educativa
JUSTICIA RESTAURATIVA-Mecanismo
alternativo de solución de conflictos que busca regenerar vínculos de victima y
agresor con su comunidad
PROCESO RESTAURATIVO-Concepto/JUSTICIA
RESTAURATIVA-Informe presentado por el Grupo de Expertos creado por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
De acuerdo al
Informe de la reunión del grupo de expertos sobre justicia restaurativa que
elaboró los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia
restaurativa en materia penal presentado por el Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas por proceso restaurativo se entiende todo proceso en que la
víctima, el agresor y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros
de la comunidad afectados participen conjuntamente de forma activa en la
resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de
un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación,
la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir
sentencias.
PROCESO RESTAURATIVO-Depende de voluntad
de quienes se encuentran involucrados
Este tipo de
procesos dependen de la voluntad de las partes Un
resultado restaurativo es la culminación de un proceso en donde se haya
dado la oportunidad de que las partes se expresen acerca de lo sucedido, se
repare el daño causado, se restauren los vínculos de las personas con la
comunidad. Por lo tanto, un resultado restaurativo comprende respuestas de
arrepentimiento, perdón, restitución,
responsabilización, rehabilitación y reinserción comunitaria, entre otros, que
garanticen el restablecimiento de la dignidad de la víctima, su reparación y la
restitución de los lazos existentes al interior de la comunidad, incluidos los
lazos existentes entre la comunidad y quienes agredieron a la víctima, en el
evento de que sigan perteneciendo a la comunidad.
PROCESO RESTAURATIVO-Importancia/JUSTICIA
RESTAURATIVA-Presupuestos para aplicar la mediación
La importancia de este tipo de
procesos radica en que la falta no se concibe solo como una trasgresión de una
norma, sino como un acontecimiento que afecta a la víctima, y repercute también
en el agresor y en la comunidad. Por lo tanto un proceso de esta naturaleza es
importante para el presente caso que ha tenido proyecciones en toda la comunidad,
siempre que se den dos condiciones previas. La primera es que el menor afectado
por los hechos así lo desee. Esta decisión deberá ser autónoma e informada, de
tal forma que la víctima tenga claro de qué se trata el proceso restaurativo,
cuál es su objetivo, cuáles son los pasos del mismo, el rol que la víctima
cumple en dicho proceso y cuáles son sus implicaciones. A la víctima deben
serle ofrecidas alternativas, de manera flexible, para no exponerla a procesos
en que no se siente dignamente tratada. Así mismo, la decisión del menor de
llevar a cabo este proceso deberá ser expresa, sin perjuicio de que pueda
cambiar de parecer. La segunda condición es que alguno de los menores
disciplinados vuelva a ser o haya seguido siendo parte de la comunidad educativa.
Lo anterior responde a la importancia de verificar su voluntad de seguir siendo
parte de la comunidad educativa pues sin esa condición el proceso carece de
sentido. No obstante, las dos condiciones son necesarias. Así, una de las dos
condiciones no es suficiente para que se lleve a cabo el proceso sino que se
requiere la concurrencia de las dos para que éste proceda.
DERECHO
DISCIPLINARIO SANCIONADOR-Vigencia de principios
rectores del debido proceso
DERECHO
DISCIPLINARIO SANCIONADOR-Garantías del derecho
penal le son aplicables con ciertas especificidades
DERECHO DISCIPLINARIO-Imposibilidad de asimilar íntegramente
principios del derecho penal
PRINCIPIO
DE TIPICIDAD EN DERECHO DISCIPLINARIO-Alcance
PRINCIPIO
DE TIPICIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA-Aplicación flexible
DEBIDO
PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Aplicación
Las
instituciones educativas comprenden un escenario en donde se aplica el derecho
sancionador. Dichas instituciones tienen por mandato legal que regir sus
relaciones de acuerdo a reglamentos o manuales de convivencia. Esas normas
deben respetar las garantías y principios del derecho al debido proceso. Las
instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que
consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad
educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas.
Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas
claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad
educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario.
Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las
garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves. Las
instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia
disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de
las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del
procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción.
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Procedimiento a seguir para la imposición de sanciones
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Aspectos que se deben tener en cuenta en trámite sancionatorio
PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIETNO
EDUCATIVO-Descripción de
conductas no puede ser tan vaga que permita
aplicación arbitraria.
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Análisis conjunto de conductas tipificadas como faltas
disciplinarias y deberes de los estudiantes/PRINCIPIO
DE TIPICIDAD EN PROCESO DISCIPLINARIO-Características
esenciales de comportamiento sancionado deben encontrarse claramente descritas
Para analizar las conductas tipificadas como faltas
disciplinarias se debe también atender a los deberes estatuidos para los
estudiantes.  De acuerdo a la jurisprudencia sobre la tipicidad en el derecho
disciplinario, se entiende que las conductas previstas como faltas
disciplinarias han de leerse de manera complementaria con los deberes, en este
caso, establecidos para los estudiantes. La
jurisprudencia ha establecido que la tipicidad de una falta disciplinaria no
comprende una descripción precisa y detallada de la conducta, como en el ámbito
penal; sin embargo, y aun cuando se tiene que los tipos en el derecho
disciplinario son abiertos, de la enunciación de la falta, en conjunto con los
deberes correlativos, se debe poder establecer con claridad la conducta
prohibida objeto de sanción.
MORAL SOCIAL-Concepto/MORAL
CRISTIANA-Acorde con la Constitución en el entendido de "moral
social" o "moral general"
CONSEJO
DIRECTIVO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ESTATAL-Conformación
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO PRIVADO-Plena autonomía para definir
quienes serán miembros de consejo directivo
DEBIDO
PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Implica materialización del derecho a la defensa
La materialización del derecho a la
defensa en  los procesos disciplinarios en una institución educativa, exige que
dicho proceso prevea (1) la comunicación formal de la
apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las
conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que
puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y
precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar
(con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la
calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el
traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado
pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las
pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus
descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción
proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el
encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada
una de las decisiones de las autoridades competentes.
DERECHO DE DEFENSA-No puede condenarse sin haber sido oído
El derecho a la defensa comprende el
derecho a ser oído, el derecho a optar por guardar silencio, así como a dar su
propia versión de los hechos y a solicitar, presentar y controvertir las
pruebas dentro del proceso. Lo anterior garantiza  la defensa de los intereses
del procesado al igual que la dignidad del sujeto a quien se investiga. El
negar la posibilidad a una persona que se encuentra siendo investigada de
manifestar su posición respecto de lo que sucede en el proceso vulnera el
derecho al debido proceso.
DEBIDO
PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Vulneración
por no ejercicio efectivo del derecho de contradicción de estudiantes
SECRETARIA
DE EDUCACION-Tiene competencia
para conocer del recurso de  apelación cuando así lo establece el manual de
convivencia del colegio
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO PRIVADO-Autonomía para establecer
condiciones de permanencia de estudiantes
Una
institución privada tiene la autonomía para establecer las condiciones de
permanencia de un estudiante en la institución educativa para la renovación de
su contrato de matrícula. No obstante, esas condiciones se refieren
estrictamente a las establecidas en el Manual de Convivencia como parte del
contrato de vinculación, las cuales también deben prever el procedimiento en
caso de exclusión. Por lo tanto, en armonía con
la función social de las instituciones educativas y como se desprende del derecho
a la educación como un derecho-deber que comporta responsabilidades los
colegios tienen la posibilidad de no renovar la matrícula de un estudiante
cuando haya incumplido con las responsabilidades que se desprenden del
reglamento interno o Manual de Convivencia. No obstante dicho procedimiento no
puede ser arbitrario y debe seguir un procedimiento previo en el que se
garantice el respeto al derecho a la defensa del menor.
Referencia: expedientes T-1319218, T-1322747, T-1323408  y
T-1330627
Acciones de tutela instauradas por los padres del menor Esteban;
los padres del menor Jorge; los padres del menor José; los padres
del menor Daniel contra el Colegio.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
nueve (9) de noviembre de dos mil seis (2006).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales,  ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos por los Juzgados, Primero Civil Municipal y
Juzgado Primero Civil del Circuito, Juzgado Cuarto Civil Municipal y Juzgado
Primero Civil del Circuito, Juzgado Segundo Civil Municipal y  Segundo Civil
del Circuito, Juzgado Segundo Civil Municipal  y Tercero Civil del Circuito,
respectivamente, dentro de los procesos de tutela instaurados por los padres de
los menores Esteban, Jorge, José, Daniel, en contra de el Colegio.
La Sala advierte
que, como medida de protección de la intimidad de los menores involucrados
en este proceso, ha ordenado suprimir de esta providen­cia y de toda futura
publicación de la misma los nombres de los menores y el de sus familiares y
allegados, el nombre del colegio que atienden o atendían, al igual que los
datos e informaciones que permitan su identificación. Dado que son varias las
personas a quienes se les debe suprimir el nombre, y teniendo en cuenta la
longitud de esta sentencia, la Sala de Revisión ha preferido cambiar los
nombres reales de los menores y sus familiares por nombres ficticios[1],
en lugar de sustituirlos por letras –como se acostumbra hacer en estos casos-,
para facilitar la lectura de la presente providencia y la comprensión de los
hechos que dieron lugar a la acción de tutela de la referencia. Así mismo,
siempre se referirá a la institución educativa como el Colegio, a su
Director como el Rector y a la ciudad donde sucedieron los hechos como
el municipio. Cuando se trate de un nombre ficticio, éste se escribirá en
letra cursiva y no se usarán apellidos.
I.
ANTECEDENTES
Los hechos que
motivaron la interposición de las acciones de tutela que se analizan a
continuación, se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
1. Los
accionantes quienes actúan en nombre y representación de sus hijos, consideran
que el Colegio violó los derechos fundamentales a la educación, libre
desarrollo de la personalidad, igualdad, buen nombre y debido proceso de sus
hijos, en los procesos disciplinarios que a cada uno les fue seguido por el
comportamiento desplegado en la noche del 6 de junio del año 2005 durante una
salida pedagógica del grado noveno al departamento del Huila. Los accionantes
solicitan que se de la orden de renovación de la matrícula de los menores para
ser reintegrados al Colegio, que se ordene aclarar en un medio público la
verdadera situación ocurrida, y ordenar a las directivas del Colegio que
se observe y respete la normatividad vigente y aplicable a los procesos
disciplinarios.
2. Hacia las
9:30 de la noche del 6 de junio, luego de que el curso 903 del Colegio,
asistiera al desierto de la Tatacoa y después de retirarse a sus habitaciones,
se suscitó un incidente en un pasillo, con el grupo de 15 alumnos que se
hospedaba en una de las habitaciones del hogar religioso de paso que les servía
de albergue.
3. Cuenta la
madre del menor Santiago que éste fue derribado al suelo por iniciativa
de su compañero de clase Esteban; mientras sus otros compañeros Jorge
y Andrés lo sostenían por los pies, para tratar de despojarlo de las
prendas de vestir con que cubría la parte inferior de su cuerpo, el menor Esteban
le bajaba sus pantalones e instó a otros de sus compañeros para que utilizaran
las cosquillas con el fin de lograr que el adolescente agredido soltara las
piezas que sostenía para tratar de resistir quedar al desnudo, hecho que
finalmente no pudo evitar y tuvo que girar su cuerpo boca abajo pretendiendo
cubrir sus genitales.
4.  En tal
posición de indefensión le fueron arrojadas por Daniel uvas sobre la
cola y otros de los participantes, intentaron aplastárselas con los pies[2],
entre tanto los hechos eran filmados por el joven, también menor de edad, José.[3]
5.   El
incidente se interrumpió gracias a que alguien alertó la presencia de un
profesor[4] y los participantes se
dispersaron tratando de ocultar los hechos y la víctima[5].
Adicionalmente, una señora del servicio doméstico, de nombre Marta [6]
quien escuchó el llanto del joven Santiago, alertó a la profesora
Lilian, quien acudió inmediatamente para apersonarse de los hechos.
6. Los alumnos
se dispersaron. Uno de ellos ayudó al agredido a vestirse y éste salió llorando
hacia su cama[7]. Unos de los compañeros
agresores se dirigieron a donde se encontraba el agredido y trataron de
persuadirlo para que no siguiera llorando y de que lo que le había pasado no
era nada grave[8].
7.  La madre del
menor agredido en escrito conjunto con su hijo, presentó la queja
correspondiente ante el Rector de la institución educativa el día 13 de junio
del año 2005, y pidió al Colegio “la inmediata, oportuna y ejemplarizante
decisión que el caso requiere”.  En similar sentido actuó el docente Jesús
M. Fonseca Burgos, quien conducía la excursión, en su informe sobre la salida
pedagógica.
8. El relato fue
ampliado con el informe de salida a San Agustín Huila, presentado por la
docente Blanca Lilia González Becerra y el escrito de Miguel Ángel Fonseca
Barrera, pariente del profesor, Jesús M. Fonseca, quien asistió a la excursión[9].
9.  El Rector
del Colegio, luego de citar a los padres de cinco de los alumnos involucrados,
los cuales habían sido individualizados en la reunión que tuvo lugar momentos
después del incidente como partícipes activos del mismo; inició procesos
disciplinarios a los alumnos Andrés, Esteban, Jorge, Daniel,
y José alumnos del grado noveno.
10.  Mediante
comunicaciones de fecha 17 de junio del año 2005, fueron puestos en
conocimiento de los padres de cada uno de los alumnos implicados el incumplimiento
de deberes y las faltas en que el Colegio consideró que se encontraban
incursos los alumnos:
1.  Incumplimiento de tres de los deberes
sociales de los estudiantes, establecidos en el artículo 12 del Manual de
Convivencia, con el siguiente enunciado:
“identificar, valorar y respetar las buenas costumbres, tradiciones
y normas de la familia, de la institución, del Municipio y de la Nación”
“Guardar una gran lealtad a la institución, defendiéndola,
honrándola y acreditándola con sus actuaciones y comportamientos”;
“Valorar y respetar los derechos, bienes propios, ajenos, la
integridad física y moral de los estudiantes de la comunidad educativa”.
2.  Incumplimiento de uno de los deberes que los estudiantes tienen
para con sus compañeros, establecido en el artículo 12 del Manual de
Convivencia, con el siguiente enunciado:
“Emplear un lenguaje culto, cordial y buenos modales en las
relaciones interpersonales dentro y fuera del Colegio”
3.  Incumplimiento de uno de los deberes disciplinarios establecido
en el artículo 12 del Manual de Convivencia, con el siguiente enunciado:
“mantener un excelente, digno y respetuoso comportamiento en la
capilla y demás sitios de reuniones comunitarias”
“Propiciar la conservación de la salud física y mental absteniéndose
del porte y divulgación de material pornográfico...”
4.  Comisión de una falta grave, enunciada en el artículo 14 del
Manual de Convivencia en los siguientes términos:
“Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los compañeros”
Estas faltas fueron cometidas el día 6 de junio entre las 9:30 y las
10:00 PM, en la Casa Religiosa Ciudad de Paso de Neiva, en el marco de la
salida pedagógica que adelantaba el mencionado curso.  Allí según la denuncia,
participó en actos de abuso sexual, usando la fuerza, violando la integridad
moral y la intimidad propia del cuerpo en sus partes genitales mediante la
filmación y toma de fotos del abuso y el posterior intento de amedrentamiento y
chantaje para que el estudiante agredido no denunciara el abuso»
En los mismos
escritos se les informó sobre las pruebas con que contaba el Colegio y sobre el
término de que disponían para presentar los descargos.[10]
11.  El 28 de junio siguiente fueron
recibidos por el plantel educativo documentos que contenían las explicaciones y
descargos del caso, presentados por todos los padres de los menores y por los
mismos menores.[11]
12.  El 28 de
junio de 2005, se recibieron varias declaraciones de algunos compañeros de
estudio, quienes asistieron a la salida pedagógica (Alejandro, Camilo,
Carlos y del propio afectado Santiago)[12]. [13].
13.  El 27 de
julio del 2005 el Recto del Colegio, presentó a los integrantes del
Consejo Directivo del Colegio, el informe correspondiente sobre los procesos
disciplinarios números 001/05, 002/05, 003/05, 004/05 y 005/05 (Art. 17 del
manual de convivencia), en dicho informe se dio cuenta del procedimiento
seguido, de la filosofía católica del colegio “en lo relacionado con el
respeto a la persona humana a su libertad e intimidad corporal.  Se considera
en la moral cristiana que El PUDOR como protección a la intimidad personal es
un valor al servicio de otros de mayor jerarquía como la templanza, la pureza y
la castidad…” se indicaron las faltas cometidas por los alumnos, se
analizaron los descargos, se individualizó el tipo de participación que tuvo
cada uno de los implicados y se hizo una propuesta de sanciones: “1.
CANCELACION DE MATRICULA…” y “2. NO RENOVACION DEL CONTRATO DE MATRICULA PARA
EL AÑO 2006”.  Al final se indicó conforme lo señalado en el mismo artículo
del Manual de Convivencia[14] que: “se tienen tres
días hábiles para resolver el caso y previamente se debe tomar el
concepto de la asamblea de profesores y del comité de evaluación y promoción
del grado noveno.”
14. El 1 de
agosto de 2005, se reunió el Consejo Directivo del plantel educativo conforme
con lo acordado “en la reunión anterior del miércoles 27 de julio” para
realizar el estudio de los procesos disciplinarios[15].
Luego de la lectura del acta anterior se hicieron algunas anotaciones como:
Se hizo la consulta el 28 de julio a la Asamblea de Profesores,
según lo dispuesto en el artículo 20 del Manual de Convivencia. Su concepto lo
presentan los docentes delegados al Consejo Directivo.
“Se estudió el expediente por parte del Coordinador de Disciplina, y
en reunión del lunes 1 de agosto, el rector y los coordinadores analizaron el
resultado de la revisión que se le hizo al mencionado documento.  Se dio la
palabra al profesor Luís Vargas quien informó sobre esa labor de estudio del
expediente y presentó los siguientes comentarios:
- La terminología que el profesor Guillermo utilizo en su
informe ha debido ser más puntual en cuanto a utilizar términos sobre faltas
previstas en el Manual de Convivencia y no términos de delitos.  Es necesario
que el Consejo Directivo identifique el incidente con los términos adecuados a
un proceso disciplinario, de modo que sea claro y entendible para los padres de
familia y para los organismos de control y vigilancia…
- Se deben corregir las fechas que aparecen en la queja, el informe
del profesor y en la notificación a los padres de familia…”
Así mismo, se
hizo el correspondiente estudio de los procesos, se sacaron algunas
conclusiones[16] y se realizaron los
acuerdos sobre la definición de las faltas y el tipo de sanción a imponer[17]:
1.  Definición de las faltas cometidas en relación con las faltas
preestablecidas en el Manual de Convivencia.  Por
unanimidad los participantes en el Consejo aprobaron que la conducta de los
cinco estudiantes se tipifique en las siguientes Faltas Graves, establecidas en
el Artículo 14:
“Todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres”
“Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los
compañeros”
“Irrespeto a sus profesores y a sus compañeros”
2.  Definición del tipo de sanción a imponer.  El Rector recordó las dos modalidades de sanción que
corresponden a una falta grave: cancelación de matrícula en forma inmediata y
cancelación convertida en no renovación del contrato de matrícula para el año
2006.  Para ilustrar sobre la decisión a tomar el Rector procedió a leer
el artículo 20 del Manual de Convivencia sobre cancelación de matrícula y el
artículo 10º sobre las condiciones para la permanencia en el plantel, que
incluye en el numeral 2º. La indisciplina como una causal.  Agregó que el
contrato de matrícula no se renueva automáticamente y que el mismo acuerdo
establece unas causales para su no renovación.
Se acordó también que “el Coordinador
de Disciplina no registró el incidente en el Observador del Estudiante porque
la queja fue presentada por la madre y el estudiante Santiago directamente a la
Rectoría y por esos hechos el Rector inició el proceso disciplinario...”
Finalmente, en el acta de dicha reunión
consta la aprobación de la cancelación inmediata de la matrícula para los cinco
estudiantes y la mención de solicitud de su aprobación a la Junta Directiva de
la Asociación de Padres de Familia, de acuerdo con el inciso final del Art. 20
del Manual de Convivencia, la cual se obtuvo, conforme se expresó en el propio
acto de sanción.
15.  El 5 de agosto del 2005 el Rector
del Colegio, expidió las resoluciones[18] 008, 009,
010, 011 y 012, por medio de las cuales, se impuso la sanción de “cancelación
de matrícula prevista en el artículo 20 del Manual de Convivencia”  a los
cinco estudiantes antes mencionados.  En su parte resolutiva puede leerse:
«ARTICULO
PRIMERO: Imponer la sanción de cancelación de matrícula prevista en el artículo
20º del Manual de Convivencia al estudiante (...)
ARTICULO SEGUNDO:
Informar al estudiante (...) y a sus padres de familia, que a partir de la
notificación puede permanecer hasta cinco días hábiles como vinculado a la
institución.
ARTICULO
TERCERO:  Recordar que contra la presente Resolución se puede interponer el
recurso de reposición ante el Rector y el Consejo Directivo, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación.»
En el expediente se encuentra igualmente
un documento denominado “Exposición de procedimientos y motivos sobre cinco
procesos disciplinarios a estudiantes  y en relación con las resoluciones
rectorales números 008, 009, 010, 011 y 012”[19] en el
cual se analizaron los procesos, los descargos y las sanciones impuestas.
16.   Posteriormente, el 12 de agosto,
los padres del menor Esteban, junto con su hijo, interpusieron recurso
de reposición y subsidiariamente el de apelación, en el que solicitaban la
revocación de la resolución de sanción.[20]
17. En similar
sentido obraron los padres del menor José, mediante escrito presentado
el mismo día; quienes fundamentaron su discenso en la versión expuesta
inicialmente que compromete al menor agredido de haber intentado “quitar los
pantalones a su compañero Daniel, quien reaccionó y para no dejarse hizo caer a
Santiago al suelo y pidió ayuda a los más cercanos para devolverle el juego que
inicialmente el mismo Santiago propició.
Hicieron alusión a que el Manual de
Convivencia contemplaba en su artículo 21, la posibilidad de interponer recurso
de apelación ante el Director del núcleo educativo, contrario a lo indicado en
la resolución No. 012, por medio de la cual se impuso la sanción.
Estimaron que se vulneró el procedimiento
a seguir establecido en el artículo 17 del manual de convivencia, ente otras
cosas, por las siguientes:
·
(…) “el Director del curso [Guillermo] en
ningún momento  llamó a los alumnos para solicitarles una explicación sobre lo
ocurrido”.
·
No se comunicó a la “Coordinación para hacer un
registro escrito del hecho y de las pruebas en forma clara y detallada”.
·
“Pese a que el Docente aportó un informe escrito
e incluyó presuntamente como pruebas documentales, unas fotografías y un video,
los cuales el Rector consideró como pruebas suficientes para la apertura del
proceso; consideramos en cuanto al video, que dicha prueba NO EXISTE, ya que a
pesar de ser solicitada verbalmente, no se tuvo una respuesta favorable.”
·
El Rector de la
institución educativa inició el proceso disciplinario con base en el informe
del docente, el cual tildaron de “falto de veracidad” y “mal intencionado”
·
“(…) con las pruebas aportadas al proceso, no se
determinó la existencia del dolo”.  Restaron valor probatorio a los informes de
los profesores y declaraciones de quienes llamaron  “algunos amigos del
afectado”.
·
En la comunicación mediante la cual el rector
del colegio les informó sobre la apertura de investigación se les redujo a
cuatro días el término de que disponían para rendir los descargos.
·
(…) “A pesar de que se presentaron escritos,
donde se relatan los hechos, no se solicitó la presencia de los estudiantes,
para escucharlos en forma personal” y “solo se vincularon a cinco estudiantes
que tuvieron la valentía y honradez de aceptar la participación en el juego… y
no se vinculó a los diez restantes, los cuales a pesar de no ser
individualizados, se sabe de su participación en los hechos, en franca
violación al principio constitucional del Derecho a la igualdad.”
·
“El Rector presentó ante el Consejo Directivo
únicamente dos modalidades de sanción… lo que nos deja ver que el Consejo
Directivo no estudió el caso, sino que se limitó a votar por alguna de las dos
opciones…”
Dijeron, adicionalmente, que el Consejo
Directivo no estaba bien conformado, pues el representante de los estudiantes
es del grado noveno y no de último grado y que participaron en la votación
personas que no están previstas en el “Art. 143 del Código de la Educación”,
como el Coordinador de Disciplina, la Coordinadora Académica, la Coordinadora
de Primaria, el Vicepresidente del Club deportivo y otros.
Consideraron violado el principio de
congruencia  por cuanto “en el auto de apertura se establecen unas faltas
por las cuales se deben investigar y el Consejo Directivo en el oficio de
exposición de motivos sanciona por más faltas…”
Mencionaron que hasta ese momento no
habían encontrado copias de las actas que demostraban las reuniones que el
Rector del Colegio manifestaba había tenido lugar con miembros de la Junta
Directiva; e hicieron alusión al artículo 10 del Manual de Convivencia que
establece como circunstancia que ocasiona la pérdida del derecho a permanecer
en la institución “cuando reiteradamente presenta actitudes negativas de
indisciplina o mal comportamiento…” y no como se mencionó en la resolución
de sanción “el mal comportamiento”.
Estimaron que no se cumplió con el
procedimiento del artículo 20 del mismo Manual, porque en su criterio, debió
seguirse un proceso gradual de imposición de sanciones amonestación verbal o
escrita, notificación a los padres de familia; y consideraron que el
correctivo adecuado no era “expulsarlos o estigmatizarlos ante una comunidad
educativa y una sociedad”.
Bajo los anteriores presupuestos
solicitaron reponer la resolución atacada, o en su defecto se revocara por el
fallador de segunda instancia y subsidiariamente se decretara la nulidad de lo
actuado. Para finalizar pidieron que su hijo permaneciera en el Colegio,
hasta tanto no se desataran “los mecanismos jurídicos interpuestos” y
que el Colegio sirviera de mediador para elevar una disculpa al menor
afectado y a su señora madre, por cuanto su hijo “incurrió en un acto de
indisciplina bochornoso e involuntario…”
18. Los padres del menor Daniel junto
con su hijo, presentaron el 18 de agosto del 2005 recurso de reposición y en
subsidio de apelación[21] en contra de la
resolución No.008 del mismo año.
En su escrito solicitaron aceptar la
versión de su hijo “en el sentido de aceptar que él mismo solamente
participó en los hechos, en el lanzamiento de una uva, que cayó sobre el cuerpo
de Santiago, y que se trató de un juego en el que “al primero que intentaron
hacerle algo similar a lo de Santiago fue precisamente a Daniel”.
Reclamaron el
esclarecimiento de los hechos “por parte de todos los alumnos del grado que
gozaron de la salida pedagógica y presenciaron lo sucedido para poder formar un
mejor juicio.”  Expresaron su inconformidad con “la terminología”
utilizada por el profesor Guillermo en su informe, en el cual “sin
ninguna base infiere la comisión de delitos…”
Así mismo, consideraron violado el
artículo 29 de la C.P. por falta de defensa técnica; porque no se les informó
que podrían pedir, aportar y controvertir pruebas; y porque consideraron
violada la presunción de inocencia de su hijo en el curso del proceso.
Trajeron a colación las formalidades y garantías del proceso penal, las cuales dijeron
no se habían seguido y debieron haberse trasladado al proceso disciplinario.
Adicionalmente, cuestionaron la motivación de la resolución sancionatoria e
indicaron que no se contó con prueba objetiva que “conduzca a la certeza de
una conducta consciente que de manera intencionada se haya dirigido a vulnerar
los deberes que tipifica el señor Rector en la investigación (...) ni del tipo
penal de actos sexuales abusivos”; trajeron a colación la edad de los
implicados “jóvenes que oscilan en una edad entre los 14 y 15 años, que por
inmadurez mental, su inexperiencia frente a situaciones complejas de la vida,
su falta de información completa y profunda sobre algunos comportamientos que a
la luz de los adultos son inadecuadas socialmente…” y manifestaron que no
hubo proporcionalidad entre la sanción, el grado de participación y la gravedad
de la falta.
Al final del documento el menor expresó
una disculpa por lo sucedido, hecho que motivó en su ingenuidad,
irresponsabilidad e inexperiencia.
19.  El mismo 12
de agosto, los padres del joven Jorge,[22] interpusieron
recurso de reposición y en subsidio de apelación. Insistieron en
responsabilizar al afectado de haber iniciado el incidente indicando que fue “un
hecho de indisciplina que inició el estudiante Santiago y sus amigos, quienes
incitaron a los quince compañeros que se encontraban en la habitación para
participar de juegos y bromas (recocha según el lenguaje de los menores)…”
y tildaron el informe del docente como falto de realidad, cuestionando los
términos e imputaciones delictivas efectuadas por el docente, el cual, a su
modo de ver,  sobredimensiona los hechos respecto de la queja presentada por la
madre y el menor agredido.
Criticaron la falta de mención en la
resolución  sancionatoria de la posibilidad de interponer el recurso de
apelación que les asistía, conforme con el Manual de Convivencia, y
manifestaron que las pruebas obtenidas no fueron legalmente decretadas, practicadas
y valoradas; en consecuencia, estimaron violado el artículo 29 de la C.P. y el
17 del Manual de Convivencia del plantel educativo.  Los argumentos utilizados
fueron muy similares a los relatados en la impugnación del menor José y
agregaron que del auto mediante el cual se ordenó la apertura del proceso, se
deducía que el “Padre, estableció que posteriormente a la presentación de
los descargos presentaría un simple informe realizado por él, analizado
solamente por él y desde su propio punto de vista (…) lo que nos dio a entender
que él iba a omitir cualquier evaluación de los hechos y de las pruebas que se
presentaron, por parte de otras personas, como serían, el Consejo Directivo, la
Asociación de Padres de Familia y los Docentes…”
A diferencia de los demás escritos, en
éste no se manifestó ninguna excusa por los hechos sucedidos.
20.  En el trámite del recurso de
reposición  y con fecha 25 de agosto de 2005, se recibió “RATIFICACIÓN Y
AMPLIACIÓN DEL INFORME DE SALIDA PEDAGÓGICA A SAN AGUSTÍN LOS DIAS 3-4-5-6 y 7
DE JUNIO...”remitido por el profesor Guillermo[23].
Igualmente, el 1 de septiembre de 2005 se
recibió ratificación de la queja presentada por la madre del menor Santiago
y por éste,  quienes solicitan al Rector mantenerse en su decisión.
Añadió la madre del menor, que “por ejemplo el joven Jorge, ha sido
reiterativo en faltas disciplinarias, tan es así que se le privó el año
anterior de tener la beca, por un comportamiento de esa índole, por escribir
grafitis (sic) en los baños y quien en los juegos intercolegiados cometió
faltas de repercusión disciplinaria en contra del Colegio.”
21. Mediante Resoluciones Nos.013, 016
del 9 de septiembre siguiente el rector del plantel educativo, previas
reuniones con el Consejo Directivo  los días 22 y 24 de agosto, con el fin de
estudiar y decidir los recursos, respectivamente, resolvió:
ARTICULO
PRIMERO: Ratificar en todo su contenido la resolución (...) por medio de la
cual se impone la sanción de cancelación de matrícula al estudiante (...)
ARTICULO
SEGUNDO: Dar traslado del proceso disciplinario (...) a la Secretaría de
Educación para que resuelva el recurso subsidiario de apelación, solicitado por
los padres de familia del estudiante (...)»
En el segundo párrafo de la comunicación
mediante la cual se dio traslado de las investigaciones disciplinarias a la
Secretaría de Educación, el señor Rector manifestó:
Nuestro Manual de
Convivencia, al tratar en el artículo 21 el tema de los recursos contra las
sanciones por faltas graves, dispone lo siguiente.  “Contra las actuaciones
que surjan del proceso disciplinario procederán los recursos de reposición y
apelación; contra las sanciones impuestas por el Rector mediante resolución
procede el recurso de reposición y subsidiariamente el recurso de apelación ante
el Director de Núcleo Educativo.”  Como quiera que los padres de familia
interpusieran el recurso de reposición con subsidio de apelación, me permito
hacer el traslado correspondiente a su despacho, en el entendido de que el
Director de Núcleo Educativo es un funcionario perteneciente a la Secretaría de
Educación Municipal.  Considero oportuno informarle que de los tres Directores
de Núcleo pertenecientes a esa Secretaría, dos son padres de familia del
Colegio (…).»[24] (Negrillas fuera de
texto)
22. Entre tanto
y por solicitud de los padres de familia de los menores implicados con
excepción de los padres del menor Daniel, el Personero Municipal, con
fecha 12 de agosto dio respuesta al derecho de petición  por ellos presentado,
luego de haber practicado “visita especial a las instalaciones del
mencionado centro educativo”[25].
En el documento
de siete páginas el señor personero cuestionó todo el procedimiento seguido por
el Colegio y consideró que dicho procedimiento había vulnerado el
derecho al debido proceso[26]. El documento concluye
con la recomendación para los padres de familia de iniciar las acciones que
consideraran necesarias “recordándoles de igual manera que en esta agencia
del ministerio Público local, serán atendidas sus inquietudes.”[27]
23.  El recurso
de apelación fue resuelto el 13 de diciembre de 2005 por “LA SECRETARIA DE
EDUCACION Y LA DIRECCION DE NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO”. La Secretaría
concluyó que el Colegio había vulnerado el debido proceso de los menores
investigados.[28]   De este modo, mediante acto firmado por el Secretario de
Educación del municipio y los directores del Núcleo Educativo,  se resolvió:
ARTICULO PRIMERO: Declarase NULO el presente proceso, por los vicios
de forma que contienen, de conformidad con lo manifestado en las
consideraciones.
ARTICULO SEGUNDO: Aclárese que constitucional, legal y
administrativamente no se podrá IMPONER SANCION  sin previo proceso.
ARTICULO TERCERO:  Declarase por parte de la Secretaría de Educación
y de la Dirección de Núcleo, EXCESIVA  la SANCION impuesta a la falta
disciplinaria, por tal razón RECONSIDERESE  ésta dentro del nuevo proceso que
se llegare a iniciar, teniendo en cuenta que no podrá abarcar el próximo año
lectivo.
ARTICULO CUARTO: Compulsase copias del presente a la Personería
Municipal y al señor Obispo de la Diócesis del Municipio, para los fines
pertinentes.
24. Los cinco menores involucrados en los
procesos disciplinarios, terminaron sus actividades escolares correspondientes
al año académico 2005 en el aludido establecimiento educativo, y entre tanto se
resolvieron los respectivos recursos en el trámite administrativo. Sin embargo,
a los menores no les fue renovada su matrícula para el año lectivo 2006. La
anterior decisión se tomó antes de conocer el pronunciamiento de segunda
instancia de la Secretaría de Educación aduciendo que la no renovación de la
matricula no respondía al procesos disciplinario que se les había seguido sino
al incumplimiento de los menores de sus deberes y a la autonomía que gozan las
instituciones privadas para renovar o no el contrato de matricula cada año
lectivo.
II.
LAS ACCIONES DE TUTELA Y LAS SENTENCIAS OBJETO
DE REVISIÓN.
1.      Expediente T-1319218. El caso de Esteban.
1.1.
La acción de tutela.
1.1.1  Los
padres del menor Esteban, instauraron acción de tutela, por cuanto
consideraron vulnerados los derechos fundamentales a la Educación, al Debido
Proceso y a la igualdad de su hijo, por el Colegio.
Luego de
presentar su versión de los hechos, según la cual se endilga al menor Santiago
y sus amigos de haber propiciado el incidente, sustentaron su demanda en
argumentos similares a los que sirvieron de soporte para los recursos
interpuestos dentro de los procesos disciplinarios, narrados con anterioridad,
en los que se indica que el Rector del Colegio inició el proceso, “influenciado
por el profesor” Guillermo.
Concretaron la
violación al derecho de defensa en que “los menores no tuvieron la
oportunidad de defenderse o ser defendidos  por sus padres, personero del
Colegio” (sic), que la decisión de expulsión viola el artículo 143 del
Código de la Educación, respecto de la conformación del Consejo Directivo y
sin estar autorizados para ello.
La violación del
principio de “presunción de inocencia” la fundamentaron en que, en su
criterio, los menores fueron prejuzgados “los acusaron sin tener prueba
alguna, solamente lo que expresó el profesor, el sobrino, la madre del
afectado, cuando en realidad ellos no vieron nada, porque no estaban presentes
en el lugar donde sucedieron los hechos  (en un pasillo frente a las
habitaciones donde se encontraban más de 15 niños jugando o “recochando”
según término utilizado por los menores) estas son pruebas de referencia o de
oídas, eliminadas del contexto jurídico..”
Sostuvieron la
violación al derecho a la igualdad en que «en ningún momento fueron
escuchados los menores acusados, “de cómo sucedieron los hechos” para llevar a
cabo el ejercicio del derecho a la defensa, pero el consejo Directivo sí
escuchó personalmente al acusador profesor Guillermo, al niño Santiago y a la
mamá»
Cuestionaron el
proceso por no haber realizado valoraciones psicológicas de los implicados, no
haberse tenido en cuenta si los estudiantes habían estado incursos en procesos
disciplinarios y porque “No les importó infamar el buen nombre de los
menores y sus familias...”
Hicieron alusión
a la solicitud efectuada al personero municipal y la consiguiente respuesta por
él suministrada, junto con la declaración de nulidad del proceso, efectuada por
la “Secretaría de Educación”[29]:
Sin haber recibido de la Secretaría de Educación, la Respuesta al
recurso de Apelación, el Rector en el Boletín informativo general del
año lectivo 2005, de calificaciones de cada estudiante acusado, se niega a
renovar la vinculación al colegio de nuestros hijos en el año 2006, escribiendo
“POR SU INCUMPLIMIENTO EN SUS DEBERES DE ESTUDIANTE, CONSIGNADOS EN EL MANUAL
DE CONVIVENCIA Y EN EL CONTRATO DE MATRICULA, NO SE LE PUEDE RENOVAR SU
VINCULACIÓN AL COLEGIO EN EL 2006”[30]
Concluyeron, que no obstante haberle
solicitado el día 14 de diciembre de 2005 al Rector del Colegio, a
través de derecho de petición que se diera cumplimiento a la resolución de la
Secretaría de Educación y Núcleo Educativo, hasta ese día no se les había
notificado sobre la fecha de matrícula; en tales condiciones solicitaron  se
ordenara al Colegio matricular a su hijo Esteban y pidieron que
su rector no continuara vulnerando sus derecho a la educación y al libre
desarrollo de la personalidad.
1.1.2.  Los
argumentos de defensa de la institución accionada fueron allegados al proceso,
el 31 de enero del año 2006, después de emitida y notificada la sentencia.
En su
comunicación el Rector, luego de recapitular los hechos y actuaciones
adelantadas por el Colegio defendió cada una de las garantías
constitucionales cuyo cumplimiento se había cuestionado.[31]
Sobre el debido proceso el Rector sostuvo:
En el sector educativo siempre hemos considerado que el debido
proceso en los establecimientos educativos no puede consistir en un complejo
esquema procesal, con un rigorismo de formas, que implicaría la implementación
en el establecimiento educativo de una oficina jurídica que tramitara todos los
procesos por faltas que suelen cometer los estudiantes.  Consideramos que esos
procesos no pueden equiparar a procesos judiciales, en cuanto a las
formalidades que esos estrados se siguen, (sic) observando desde luego pautas
generales como el derecho a la defensa y las precauciones generales señaladas
en el Código del Menor.  Los educadores consideramos que en estos procesos
disciplinarios o se trata de hacer exactamente lo que hacen en los estrados
judiciales tenemos nuestros formatos para el registro escolar de las
valoraciones académicas, el observador del estudiante la carpeta acumulativa
etc., y no somos juristas ni jueces.  No existe una ley o decreto del
Ministerio de Educación que establezca las formas y procedimientos  seguir en
procesos disciplinarios a estudiantes y sobre el particular los
establecimientos educativos consultamos la Jurisprudencia y Sentencias de la
Corte Constitucional.  Creemos que los colegios tienen un margen de autonomía
para determinar los formatos y protocolos congruentes e idóneos para lograr el
objetivo de respetar los principios que rigen los procesos disciplinarios en
general (…)  En el marco de esta justificación de la no observancia de tantas
formalidades es que solicito al Señor Juez tenga en cuenta como válidos
nuestros procedimientos, por ejemplo las respuestas verbales que di a los
padres de familia acerca de peticiones hechas en sus descargos, explicándoles
en mi oficina por qué las consideraba innecesarias, al haberse logrado suficiente
ilustración y porque no se veía que esas las acciones que me pedían iban a
desvirtuar el hecho (…)
En relación con la legalidad en la conformación del Consejo
Directivo del Colegio y por ende su competencia para actuar imponiendo
sanciones o absolviendo, debo explicar que en el ámbito del derecho de libertad
de enseñanza, los particulares pueden fundar y dirigir establecimientos
educativos, garantizando la participación de la comunidad educativa en la
dirección, sin que ella se convierta en coadministración por parte de
estamentos que no pertenece a la entidad propietaria o gestora del colegio.  Es
por eso que el Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley general de
educación o ley 115 de 1994, cuando se refiere a los organismos del gobierno escolar,
en los artículos 19, 20 y 23 distingue lo pertinente a establecimientos
educativos oficiales y a establecimientos privados, indicando que la
integración y funciones de entes como el Consejo Directivo, en los colegios
privados puede hacerse incluyendo los mismos u otros integrantes prescritos
para los consejos de colegios oficiales, y tener las mismas u otras funciones,
a voluntad de quien sea la autoridad máxima del colegio.  Para el caso que nos
ocupa, el Colegio es una institución educativa católica de carácter
privado, fundada mediante decreto canónico No. 70 del seis de diciembre de
1956, emanado del Obispo, entonces Obispo de la Diócesis.  Esa entidad
religiosa suscribió con el Municipio, el día 6 de enero de 2003, el contrato
administrativo (…)  El Municipio asigna personal directivo (…) confiado a la
Diócesis para que administre ese personal y convirtiéndose esa asignación en un
subsidio para los estudiantes matriculados.  Este subsidio no modifica –como es
apenas natural desde el punto de vista jurídico – el carácter privado del
establecimiento educativo y su régimen interno (…)
El Consejo Directivo no puede crearse a sí mismo sino por una
resolución de rectoría, tan solo puede proceder a definir un reglamento de
funcionamiento pero no su carácter, composición y funciones, las cuales son
determinadas por el propietario del establecimiento educativo con base en las
normas legales sobre consejos directivos en establecimientos educativos.  El
hecho de que el Consejo Directivo no se hubiera reunido antes del proceso
disciplinario no modifica la función que el Manual de Convivencia le asigna
para estudiar los procesos disciplinarios y decidir si absuelve o impone una
sanción.  Para las personas, incluso funcionarios de las Secretarías de
Educación que no respetan las diferencias entre consejos directivos de colegios
oficiales y consejos directivos de colegios privados, o no leen bien las normas
que sobre Consejo Directivo de establecimientos privados establece el Decreto
1860 de 1995, el Ministerio de Educación Nacional expidió una Directiva en el
año 2003, en la cual explica esas diferencias.
Pido al Señor Juez que fije su atención en la heterogeneidad de
nuestro Consejo Directivo, que resulta más participativo y más diverso en su
composición de la que se establece para los colegios oficiales.  También debe
llamar la atención el que habida cuenta de esa diversidad, se haya manifestado
en este caso tanta unanimidad, en la tipificación de la falta, en la
calificación de la misma y en la escogencia de la sanción (…) Considérese
también el procedimiento democrático del Consejo Directivo, pues la sanción no
fue impuesta.  Yo propuse en mi informe unas posibles sanciones, pero consta en
las actas del Consejo que no hubo arbitrariedad, que hubo debate (…)  A la
señora Maria del Carmen  y a su hijo (…) el Consejo Directivo  los citó, en el
marco del estudio del recurso de reposición, porque quiso ratificar su certeza
sobre los hechos acaecidos, siendo esto un acto de responsabilidad de ese
organismo; y no se llamó a los estudiantes acusados porque en esa declaración y
ratificación de los quejosos no hubo ilustraciones nuevas que nos hicieran
cambiar el concepto que nos formamos sobre la verdad de los hechos y el grado
de participación de los estudiantes en los mismos».[32]
Luego de citar la cláusula sexta (antes
transcrita) sobre autonomía institucional, consagrada en el contrato
interadministrativo celebrado entre la Diócesis y el Municipio  indicó que
dicha cláusula debía “ser tenida en cuenta cuando” se hablara “de
situaciones relacionadas con la libertad de la institución para determinar la
admisión de estudiantes y las condiciones de su permanencia y continuidad.”
Mencionó que en virtud del artículo octavo  del mismo contrato “... EL
MUNICIPIO  tendrá la responsabilidad de garantizar a los padres de familia de
los estudiantes que ingresaron al Colegio, la continuidad en el sistema
escolar...”[33]
correspondía al Municipio garantizar el derecho a la educación de los
estudiantes.
Adicionalmente, se solicitó al  Juzgado,
Tener en cuenta
la distinción entre derecho a la educación y derecho a la permanencia en un
establecimiento educativo.  El derecho a permanencia está soportado en el
derecho a la educación que el particular debe garantizar por la duración y
hasta el término fijado en el contrato de matrícula.  El estudiante que pierde
el derecho a la permanencia en un establecimiento privado o en uno oficial no
pierde el derecho a la educación y a continuar en el sistema educativo cuya
oferta de cupos es responsabilidad de la entidad territorial
(...) no encuentro justificación a una violación al derecho a la
igualdad, pues nada más injusto que tratar por igual a quienes tienen
comportamientos y méritos diferentes, habiéndoles brindado el colegio igualdad
de oportunidades de aprendizaje y formación y las mismas reglas de juego
establecidas en el contrato de matrícula y en el Manual de Convivencia.
Tampoco encuentro justificación a la acusación de violación al
derecho al libre desarrollo de la personalidad, que justamente encuentra su
límite en el obligatorio respeto de la dignidad de la persona y de sus
derechos.  Estos límites los enuncia el Manual de Convivencia de nuestro
Colegio y tienen su fundamento en el orden legal y constitucional.
Es absolutamente falso como lo indican las citaciones a los padres
que no se recibieron sus descargos o que no tuvieron “oportunidad de defenderse
o ser defendidos por sus padres” pues los atendí para la citación en que debían
hacer los descargos y todas las veces que solicitaron hablar conmigo o en
respuesta a sus peticiones.  Consta que cuando el informe estuvo preparado le
entregue copia al personero, le recordé sus atribuciones en estos casos y le
invité al Consejo Directivo.  Igualmente a los padres de familia y estudiantes
les recordé cual era la participación del personero escolar en el tema.[34]
Por otra parte, el Rector
consideró que la Secretaría de Educación debió haberse declarado impedida para
recibir y estudiar ese recurso, porque:
Las Secretarías
de Educación de las Entidades Territoriales no tienen competencia para
pronunciarse en tal sentido.  Sus competencias están definidas en el artículo
7º de la Ley 715 de 2001 y allí no está contemplada esta función, que
corresponde exclusivamente a los jueces de tutela (sic).  Por esa razón tampoco
el ordenamiento de funciones de la Alcaldía del Municipio le ha asignado
a la Secretaría de Educación esas funciones, que van contra la ley y en forma
errada el Manual de Convivencia del Colegio le atribuye carácter de
segunda instancia.  Como lo ha señalado la Honorable Corte constitucional en la
sentencia T-314 de 1994, corresponde solamente a los jueces de tutela analizar
si en las actuaciones sancionatorias de los establecimientos educativos se ha
respetado el debido proceso establecido en su Manual de Convivencia.  El señor
Juez lo puede también comprobar consultado reiterado conceptos que sobre el
particular ha dado el Ministerio de Educación Nacional.  Las Secretarías de
Educación de las Entidades territoriales no tienen no son instancias en el
(sic) procesos disciplinarios de estudiantes y no tiene facultad para
intervenir en ellas y por ende no pueden ordenar que se cambien las
determinaciones ni pueden ejercer presiones para obligar a los establecimientos
educativos tomar decisiones en contra de las tomadas en su autonomía escolar
las cuales solamente las puede tomar el mismo establecimiento educativo o los
jueces de la República.»
Finalmente, solicitó negar las peticiones
del accionante por cuanto “infundadamente acusa al Colegio de violación de
los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la honra y buena fama, a la
educación, a la defensa y al libre desarrollo de la personalidad al estudiante
(...)”
1.1.3. El 31 de
enero de 2006 cuarenta integrantes de la planta de personal del Colegio
dirigieron a la Juez Primero Civil Municipal, un documento de respaldo al
Rector del plantel y al proceder de la institución por los hechos ya conocidos[35].
1.2.
Primera instancia
Mediante
sentencia del 25 de enero de 2006, la Juez Primero Civil Municipal concedió “la
tutela respecto al Derecho de Petición” que consideró, les había “sido
vulnerado a los accionantes”, ordenando al Rector del Colegio
resolver “cada uno de los aspectos” planteados y “explicar los
fundamentos tenidos en cuenta para la decisión (...) bien sea  en forma
favorable o negada”, caso en el cual advirtió a los tutelantes que “dependiendo”
del resultado “sería viable presentar la tutela” por los demás derechos;
y conminó “a la parte accionada para que en lo sucesivo” se abstuviera “de
realizar actos como los que dieron origen a la prosperidad de la tutela, en
razón a que existe término legal de quince días para resolver los derechos de
petición que elevan los  usuarios ante sus dependencias”
En la sentencia
se dijo que “el actuar de la parte accionada de no resolverse la petición
presentada en la Secretaría de aquella institución el día quince de Diciembre
del año próximo pasado, como tampoco el habérseles comunicado en legal forma a
los petentes conforme lo dispone la ley” conllevaba  eludir el deber de “dar
respuesta efectiva” a la petición.
Con
posterioridad a la notificación de la Sentencia y respecto de la orden allí
impartida, el 27 de enero del 2006 el Colegio, dirigió una comunicación
a la Juez de instancia, en la cual manifestó que la tardanza de la respuesta se
debía al periodo de vacaciones, que suspende el término para responder el
derecho de petición[36].
Igualmente, se
anexó una copia de la respuesta aludida mediante la cual el Colegio
informó a los padres de familia del menor sobre la imposibilidad de mantenerlo
vinculado al plantel educativo[37].
1.3.
La impugnación
Los padres de familia del menor Esteban,
mediante escrito presentado el 31 de enero del 2006, impugnaron la decisión;
invocaron la violación de los mismos derechos antes solicitada por la negativa
del Rector del plantel educativo para dar cumplimiento  a la orden impartida
por la Secretaría de Educación y la Dirección del Núcleo Educativo del
municipio.  Solicitaron la expedición de la orden de matrícula por parte
del Colegio y que provisionalmente se permitiera a su hijo asistir a clases.
1.4.
Del trámite y la decisión de segunda instancia
El Juzgado Primero Civil del Circuito del
municipio solicitó al Rector del establecimiento educativo copia de
la carpeta contentiva del proceso disciplinario seguido al alumno Esteban,
y ordenó su testimonio [del rector] y el del profesor Guillermo, los
cuales fueron recibidos el día 17 de febrero del 2006.  Adicionalmente, pidió a
la Secretaría de Educación Municipal y Departamental certificar la naturaleza
jurídica del Colegio.
El Director del
Núcleo de Desarrollo Educativo, remitió  una certificación suscrita por él en
cuyo texto luego de mencionarse el “Convenio con el Colegio para la
prestación del servicio público educativo”,  puede leerse:  La Razón
Social (Nombre) COLEGIO es de propiedad de la Diócesis del municipio.
Mediante auto
del 17 de febrero del 2006, se vinculó a la “Alcaldía Municipal y a la
Secretaría de Educación Municipal, actuación que se surtió sin que ninguno de
los interesados alegara la nulidad del proceso.[38]
Se aportó al proceso un ejemplar del Acta
Final de Evaluación de Disciplina, firmada por el Coordinador de Disciplina del
Colegio, en la cual se da cuenta de que en reunión celebrada el 7 de diciembre
del año 2005, “se reunió la asamblea de profesores de la sección de
bachillerato, bajo la presidencia delegada por el Rector, al coordinador de
disciplina, con el objeto de realizar la evaluación final del comportamiento y
disciplina, en orden a dar aplicación al artículo 10º del Manual de Convivencia.”
También se allegaron al proceso,
fotocopias de registros de comportamiento de indisciplina del alumno Esteban,
efectuados por diferentes profesores, en los meses de marzo, junio, agosto y septiembre
del año 2005.
En dicha reunión se trataron varios casos
de indisciplina de alumnos del Colegio, por diferentes motivos, algunos de los
cuales concluyeron con la recomendación de no renovación de la matrícula.
Igualmente, se consideró el caso materia de este proceso y sobre el particular
se consignó en el acta:
El Director de
Grupo, propone la discusión el caso de los estudiantes Esteban, Jorge, José,
Daniel y Andrés, incursos en un proceso disciplinario que condujo a sanción
de cancelación de matrícula, el cual se encuentra actualmente en apelación ante
la Secretaría de Educación.  La Asamblea acuerda recomendar al Rector NO
RENOVAR LA MATRICULA, pues el profesorado mantiene el concepto presentado
ante el Consejo Directivo a través de sus voceros.»
Mediante providencia del 28 de febrero
del 2006,  la Juez Primero Civil del Circuito confirmó la decisión de primera
instancia en lo relacionado con la violación al derecho de petición y, negó la Acción
de Tutela instaurada por los - padres del menor Esteban-; adicionó la
sentencia proferida por la “Juez Primero Civil Municipal, TUTELANDO el
DERECHO A LA EDUCACIÓN del menor –Esteban- el cual viene siendo vulnerado por
la ALCALDÍA MUNICIPAL y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (...)”   y   además,
ordenó a dichos organismos, procedieran a “REUBICAR al menor –Esteban- en
una institución educativa de carácter público  ó en la otra institución
educativa de carácter privado con la cual tiene convenio el municipio diferente
al COLEGIO, para efectos de cursar el año lectivo de 2006 (...)”[39]
En sus fundamentos consideró cumplida la
orden impartida al Colegio en primera instancia, y procedió entonces a
analizar los derechos considerados vulnerados por los impugnantes.  Argumentó
que en el curso del proceso se surtieron los recursos que estaban a disposición
del estudiante, describiendo sus resultados y descartó la violación del debido
proceso, “por cuanto a la fecha no existe proceso disciplinario en contra
del alumno (...) sin que haya lugar para que se utilice esta acción de tutela
como una tercera instancia para hacer pronunciamientos en un proceso”,
sostuvo que:
Si la Secretaría de Educación encontró falencias en el proceso
disciplinario adelantado por el Colegio (...) tal como lo consagra en su
decisión de segunda instancia, que lo llevaron a tomar la decisión de ANULAR
dicho proceso, ordenando iniciar uno nuevo, con dicha decisión se agota la
competencia para resolver  la segunda instancia, pues se presenta un
contrasentido jurídico y procedimental el hecho de declarar una nulidad de todo
lo actuado y sin embargo, entrar a resolver de fondo el mérito del asunto
emitiendo pronunciamientos sobre la calidad de la sanción impuesta, y
estableciendo de ante mano que la sanción a imponer en el nuevo proceso no
podrá abarcar el próximo año lectivo, incurriéndose en esta forma en una
incongruencia del fallo y por ende existe la vía contenciosa administrativa
para atacar tal resolución.
(...)
Entonces, el problema jurídico que resulta es: si el Colegio,
tiene la facultad o no para no renovarle la matrícula para el año 2006 Décimo
Grado al menor (...) haciéndose necesario resaltar que el término RENOVAR,
significa hacer una cosa de nuevo o substituirla con otra, reiterar, repetir
algo, cosa diferente a CANCELACIÓN.»
Tomando en cuenta la naturaleza privada
del plantel educativo, los lineamientos que para ello contempla la Ley 115 de
1994 (Ley de Educación) la autonomía que de allí se desprende, la
Jurisprudencia de esta Corporación, el incumplimiento de los deberes del
estudiante consagrados en el Manual de Convivencia, según los “diversos
llamados de atención por parte de los educadores del Colegio”, consideró el
juez de segunda instancia  que el hecho de firmar el Contrato de Matrícula, no
significa que el mismo deba RENOVARSE automáticamente, aunado a la información
oportuna de la no renovación futura del mismo,  sumados a que la decisión “no
fue tomada a capricho del representante del Colegio, como lo quieren hacer ver
los tutelantes, toda vez, que como se observa en el Acta Final de Evaluación de
Disciplina”, se recomendó la no renovación de la matrícula, y que  “no
puede invocarse la protección de un Derecho Fundamental cuando quien solicita
dicha protección ha transgredido los lineamientos y condiciones básicas para el
desarrollo del mismo”; consideró, que al no renovársele la matrícula al
menor, el Colegio no vulneraba  su derecho fundamental a la educación, y que
por el contrario,  mantener al menor Esteban en el centro educativo era
nocivo para su proceso de formación y aprendizaje.
Por otra parte,  habiendo vinculado al
proceso  tanto a la Alcaldía Municipal como a la Secretaría de Educación y
basándose en que “es deber del Estado garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio educativo y asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio (...)  y, que “el Derecho a la Educación es un derecho
inherente a la persona y un servicio público”,  estimó que el Municipio
debería garantizar la continuidad del menor en el sistema escolar.
2.     Expediente T- 1322747. El caso de Jorge.
2.1.
La acción de tutela.
2.1.1. Los
padres del alumno Jorge, instauraron acción de tutela, en contra del
Colegio. Sustentaron su petición en argumentos muy similares a los
expuestos en la tutela anterior, en los que se consideran violados los derechos
fundamentales de su hijo a la educación, debido proceso, igualdad, buen nombre,
intimidad y honra.
Hicieron énfasis
en el comportamiento del profesor Guillermo, a quien calificaron como “responsable
de la salida, y por tanto del comportamiento del grupo de alumnos.[40]”
Los –padres
del menor Jorge- manifestaron que de acuerdo a los artículos 16 y 17 del
Manual de Convivencia antes de la apertura del proceso disciplinario se debía
haber determinado la gravedad de la falta, la existencia de dolo y, aún cuando
la falta se hubiera determinado como grave, debieron implementarse las
sanciones de manera gradual.
En resumen, con
la acción de tutela se pretendía obtener la orden de matrícula en beneficio de
su hijo con fundamento en los planteamientos de la Personería y la Secretaría
de Educación del Municipio.
2.2.
Del trámite y decisión en primera instancia.
2.2.1. El
Juzgado Cuarto Civil Municipal conoció en primera instancia  de esta acción; en
su desarrollo, el 24 de enero del 2006, se recibió ratificación y declaración
de los –padres del menor Jorge-, quienes al ser interrogados sobre otros
aspectos adicionales expusieron:
A la fecha varios niños de los implicados han querido ingresar a
otro colegio y la respuesta ha sido negativa, ya que están estigmatizados  como
violadores al parecer por referencias dadas por personal del Colegio
averiguar sobre estos datos y las secretarias o quienes responden dicen que
ellos salieron por violadores.  Un Cirujano, El Dr. Rafael Hernández, que
atiende a los profesores por cuenta de Colombiana de Salud, recibió información
de una profesora del Colegio, que nuestro hijo Jorge era un
violador e iba a ser expulsado del colegio por ese motivo.  Todo esto ha
afectado psicológicamente en grado sumo a nuestro hijo, a nosotros los padres y
a toda la familia, de oídas se dice que el Rector hizo que la señora
madre del niño Santiago acusador de nuestro hijo y de sus compañeros
ampliara informaciones mucho tiempo después de haberse culminado el proceso y
una vez que supo que la Secretaría de Educación del Municipio diera fallo
favorable a nuestro hijo y a sus compañeros tal como reza la resolución emitida
el 9 de diciembre de 2005 por dicha entidad, donde se ratifica que hubo
violaciones varias al debido proceso, al buen nombre, a la honra, a la
educación y a los derechos fundamentales de los niños como el derecho a la
legítima defensa y en general  a los que en la presente Tutela invocamos.
Además de encontrar que las imputaciones que les hicieron eran falsas.[41]
2.2.2.  Mediante
oficio 051 fechado el 24 de enero del 2005, el Secretario del Juzgado Cuarto
Civil Municipal, comunicó al  Rector del Colegio que:
Mediante el presente y con motivos de NOTIFICACIÓN comedidamente le
informo que en el Juzgado 4º Civil Municipal se dictó auto de la fecha,
mediante el cual se ordena dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el
Art. 7º del Decreto 2591 de 1991” [se transcribió la norma]
“Por lo expuesto en dicho Artículo se dispone que a
fin de proteger los derechos y así evitar la generación de daños se comunique
al señor Rector del Colegio que permita al estudiante Jorge
ingresar a la institución
Educativa con el fin de que cumpla con sus respectivas labores educativas a
partir de la fecha dispuesta para la iniciación de la jornada académica el
corriente año.”
En el expediente no se encuentra ni original, ni
copia del auto en mención; sin embargo, aparece copia de otro oficio con el
mismo número librado en la misma fecha en el cual se le informa al mismo
funcionario académico (el Rector)  que:
(...) se dictó auto de fecha enero 23, mediante el
cual se ordena en el numeral Cuarto  de la parte resolutiva dar estricto
cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 7º del  Decreto 2591 de 1991, el cual
a la letra dice:  CUARTO:  De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2591 de
1991 y con el fin de proteger derechos y así evitar la generación de daños, se
dispone comunicar mediante oficio al señor Rector del
Colegio o que permita al
estudiante Andrés ingresar a la institución Educativa con el fin de
que cumpla con sus respectivas labores educativas  a partir de la fecha
dispuesta para la iniciación de la jornada académica del corriente año”[42]
El 25 de enero
del año 2006, los padres del menor Jorge, se presentaron ante el señor
Juez Cuarto Civil Municipal, quien luego de tomarles juramento, les preguntó
por el motivo de su presencia al despacho y los interrogados,
CONTESTARON: Hoy a las siete y treinta de la mañana
(7:30 a.m.)  nos hicimos presentes con nuestro hijo uniformado al Colegio
portando Fotocopia del Oficio Civil No. 051 de este Juzgado y dirigido al
Rector del Colegio (...) para que diera cumplimiento a lo ordenado en dicho
oficio lo preceptuado en el Art. 2591 de 1991 Art. 7 (sic) con el fin de dar
cumplimiento a medida provisional (...) negándose el
Rector A ACEPTAR LO ORDENADO
EN DICHO DOCUMENTO EN RAZÓN QUE ESTE NO ESTABA FIRMADO POR NINGÚN Juez, que el
no acataba lo ordenado en dicho oficio, además que era un atrevimiento que el
niño portara el uniforme del Colegio por que no se hallaba matriculado y que el
único vinculo con el Colegio era la matrícula y así simplemente desacatando la
orden dada por el Juzgado.  Además manifestó que él no le está negando al
derecho a la Educación por que en el municipio hay más colegios (...)”[43]
2.2.3.  En el expediente se encuentra,
fotocopia de una comunicación fechada el 22 de agosto del año 2005, dirigida al
Rector del Colegio, mediante la cual la Personera delegada ante lo
administrativo, allega copia del acta de visita al plantel educativo y le
manifiesta que  “en ningún momento profirió concepto al respecto, como ya se
anotó simplemente se dio contestación al derecho de petición”
2.2.4.  En esta tutela se practicó
diligencia de inspección judicial en el Colegio el 26 de enero de 2005,
en la cual participaron los accionantes –padres del menor Jorge y la madre
del menor Andrés-; en su desarrollo se le explicó que “si bien la
accionante involucra  una serie de derechos presumiblemente violados, la
mayoría lo son como consecuencia del principal cual es el Debido Proceso (sic),
es decir el derecho a la educación, a la igualdad, al Buen Nombre a la
Intimidad y a la Honra van de la mano de la violación o no al Debido
Proceso...” luego de haberse puesto a disposición del funcionario judicial
el AZ relacionado con los procesos disciplinarios sobre el cual se consignó “Dentro
de el aparecen una serie de hojas tamaños oficio y carta algunas con membretes
que dice Colegio, algotras (sic) no unos elaborados al parecer en computador
otros a mano alzada y observándose especialmente que (...) no están debidamente
foliados.”
Consideró además el juez de instancia
necesario  “verificar lo establecido en el reglamento del Consejo Directivo,
es decir su establecimiento conformación y nombramiento” al haber sido
informado por el Rector del plantel sobre una reestructuración del mismo. Se
relacionaron a grandes rasgos los documentos correspondientes a los procesos
disciplinarios destacándose el hecho de no haber sido llevados en cuadernos
independientes y se interrogó al Rector sobre “esta actuación
irregular”. Sin embargo, cuando el Rector relataba el procedimiento
empleado fue interrumpido  por –la madre del menor Jorge- «para manifestar
que los observadores de alumno no existían a la fecha en que sucedieron los
hechos se conformaron después.  Ante esto el señor Rector  MANIFIESTA.  Siempre
ha existido observador del alumno inicialmente tenía una carpeta para cada
curso y a mitad de año se diseño una carpeta para cada estudiante, con el ánimo
de corroborar los dos dichos anteriores el señor Juez solicita se muestre al
despacho como se estaba llevando esta situación y como se lleva ahora, para tal
efecto se traslada junto con la señora coordinadora académica presente a la
sala de profesores (...) el señor Juez encontró dos gabinetes metálicos de 4
puestos cada uno grises (...) el señor Juez al azar saca un fólder de los
muchos existentes correspondiendo al de (...)  se puede ver que existe un
formato para este niño en particular, que  contiene una encuesta, un registro
citaciones, un registro de méritos estímulos y distinciones y un registro de
comportamiento de disciplina»[44]
Dentro de la diligencia se interrogó al
Coordinador de Disciplina y al Rector del plantel sobre varios aspectos del
proceso; vale la  pena mencionar:
(...) Siguiendo
con el art. 17 el paso siguiente era el llevar a cabo las pruebas pedidas y las
que se creyeran convenientes, esto quiere decir que se ha debido recibir la
versión de Jorge y el testimonio de los alumnos que hubiesen estado
presentes en el momento de los hechos por lo tanto demuéstrenos como se llevó a
cabo la práctica de esas pruebas.  MANIFESTO: a los cinco se les entregó la
notificación para los descargos  y todos optaron por llevar el formato y
traerlo diligenciado pero mas adelante no hubo ampliación o declaración alguna
de los posibles testigos, me limité a los cinco que mencionaron y aunque habían
otros observadores no se mencionó a nadie más después de esta etapa que la
podemos llamar recolección de las pruebas (...)
Finalmente, el funcionario judicial se
refirió a la medida provisional que ordenó “permitir la asistencia a clase
de Jorge” comunicada dos días antes de la diligencia de inspección,
respecto de lo cual el Rector, respondió “Ayer radiqué una respuesta
a este oficio con el sustento por el cual no puedo recibir niños que no estén
matriculados y allí sustento por que no se puede ya que la legislación
educativa me lo impide.  Igualmente y de acuerdo a lo manifestado por la
accionante en el sentido de que en otra institución dicho eso.”  Con esa
frase se concluyó la diligencia luego de dejar constancia de la colaboración
prestada por los participantes para su desarrollo.
2.2.5.  El 30 de enero del 2006 el
Colegio allegó al juzgado un escrito que contiene los planteamientos de su
defensa, los cuales son muy similares a los expuestos dentro del escrito
allegado al Juzgado  Primero Civil Municipal en el caso del expediente
T-1319218[45].
2.2.6.  Mediante sentencia del 2 de
febrero del 2006 el Juzgado Cuarto Civil  Municipal resolvió tutelar los
derechos fundamentales al debido proceso, educación, igualdad, buen nombre,
intimidad y honra del estudiante Jorge, ordenando al plantel educativo
renovar su matrícula.
El juez consideró
que la vulneración al
debido proceso se refería a los “vacíos” encontrados en el procedimiento
seguido por la institución.  Cuestionó no haberse llevado cuadernos separados
para cada uno de los implicados y manifestó que de conformidad con el artículo
17 del Manual se debió conocer por parte del Director del curso y del alumno la
situación, y mediante un informe detallado hacerlo llegar al Coordinador, quien
debería hacer un registro del hecho en forma clara y detallada de la segunda
parte del procedimiento.  En forma escrita el señor Coordinador ha debido poner
en conocimiento, los hechos y las pruebas en forma clara y detallada al
Rector.
Cuestionó la conformación del Consejo
Directivo y la competencia de éste para imponer la sanción[46],
dado que lo preceptuado en el Manual de Convivencia debía “acogerse a
plenitud”.  Esgrimió además que no se dio cumplimiento al artículo 319 del
Código del Menor, al no haberse contado con la autorización de la asociación de
padres de familia para “la expulsión del alumno”.
No se encuentra a lo largo de la
providencia, fuera de la mención que se hace sobre la conceptualización de los
demás derechos protegidos, argumento alguno que concrete su vulneración.
El juez de primera instancia decidió “tutelar
el derecho fundamental al debido proceso de Jorge, y como consecuencia de esto
los derechos fundamentales a la educación, igualdad, buen nombre, intimidad y a
la honra invocados por el accionante; dejar sin efecto la sanción de
cancelación de la matrícula impuesta al menor Jorge debiendo proceder el
Colegio en la forma expuesta en los considerandos anteriores respecto de este
aspecto.”[47]
2.3.
Impugnación
El Colegio
expidió la resolución No. 003, el 06 de febrero del presente año, en
cumplimiento de la orden impartida, mediante la cual resolvió matricular
“por orden judicial” provisionalmente  como estudiante del grado 10 (...) al
menor (...) y presentó al día siguiente el escrito de impugnación.  Basó su
defensa en la improcedencia de la acción de tutela contra hechos superados y
en la discrecionalidad del Colegio para la admisión de alumnos.  Dijo
adicionalmente que la libertad de enseñanza reconocía que los planteles
educativos podían ser de naturaleza pública o privada, lo cual justificaba las
diferencias en el carácter, composición y funciones de los organismos.
Adicionalmente, tachó de falaces las
consideraciones relacionadas con la falta de autorización para la imposición de
la sanción, materia que afirmó fue de “escrupulosa observancia por parte del
Colegio” y que está consignada en los documentos que hacen parte del
expediente y consta en los considerandos de las resoluciones, pero que el
funcionario judicial no requirió en su diligencia.
2.4.
Trámite y decisión de segunda instancia
Los –padres del menor Jorge-,
presentaron recurso de apelación ante la Juez Primero Civil del Circuito[48],
a quien correspondió el pronunciamiento de segunda instancia.
Sostuvieron que en el proceso
disciplinario se trataron las faltas disciplinarias “como delitos” lo que
corresponde a los jueces penales y calificaron de atrevidas las afirmaciones
del impugnante al calificar la decisión del juez de “improcedente, errada,
inapropiada, atrevida y mentirosa, afirmando que “las carencias o falencias que
se presenten en la instrumentalización de un proceso, cualquiera que él sea,
por si mismas no representan vulneración de derechos fundamentales como la
Honra, el Buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, ni
a la intimidad“
Agregaron que al efectuarse la matrícula
provisional de su hijo en el Colegio, se mantenía la sanción, ya que el
proceso disciplinario había sido anulado además de considerar que se había
demostrado con suficiencia que la “conducta por la cual” se le cuestionó había
sido “absolutamente inofensiva”.
Estimaron errada la interpretación del Rector
al invocar el hecho superado, como causal de improcedencia de la tutela, el
cual se habría configurado si el Colegio hubiese accedido a matricular a
su hijo antes del pronunciamiento del Juez de instancia.
Afirmaron que la razón dada por el
Colegio relativa a su potestad para no renovar la matrícula contradice el
alcance de los derechos previamente definidos por la Constitución, máxime
cuando no existe justificación alguna que sustente tal decisión y que el hecho
de que la institución educativa fuera de carácter privado, no le otorgaba
discrecionalidad para permitir el ingreso de un alumno al plantel, puesto que
de cualquier forma, hacía parte del Estado Colombiano (situación que predicaron
desconocía el Rector del plantel) en virtud del contrato interadministrativo
ya  mencionado.
Para finalizar tildaron de contradictorio
el proceder del Rector al comunicar en el informe final del año lectivo
que “por su incumplimiento en sus deberes de estudiante, consignados en el
Manual de Convivencia y en el contrato de matrícula, no se le puede renovar su
vinculación al colegio en  2006”[49] por
no esperar la decisión de la segunda instancia administrativa, con lo cual
dijeron violaron los derechos de los menores, como la honra, el buen nombre, intimidad
y la educación.
La señora Juez de conocimiento, mediante
providencia del 17 de febrero de 2006, ordenó vincular a dicha tutela a la
Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Educación Municipal.  Este último al
igual que en el caso precedente respondió con el siguiente texto: “me
permito comunicarle que este Despacho a través de oídas ya estaba enterado de
la Acción de Tutela, por lo que considera que en aras de no dilatar el sumario,
y por el restablecimiento de los derechos de los niños, se declare saneada la
nulidad y se continúe con el curso del proceso.”
Así mismo, la funcionaria dispuso
trasladar al expediente las siguientes pruebas:  interrogatorio del Rector,
declaración del profesor Guillermo, Acta 07 sobre reunión ordinaria del
Consejo Directivo del Colegio, acta final de evaluación de disciplinaria  y
copia del oficio SED-050-084-06; y solicitar al Colegio copia de la hoja
de vida del alumno, en la que se encontró una anotación  relacionada con un
incidente de indisciplina del estudiante en el mes de noviembre, con el
respectivo soporte documental.
Mediante providencia emitida el 2 de
marzo del 2006 la Juez Primero Civil del Circuito, revocó “la totalidad del
fallo de primera instancia” y negó la tutela de los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, buen nombre, intimidad, honra, libre desarrollo de
la personalidad y petición; adicionalmente, tuteló el derecho a la educación
del menor el cual consideró vulnerado por la Alcaldía Municipal y la Secretaría
de Educación del Municipio.
Como fundamentos de su decisión,[50]
en primer término, se refirió al derecho de petición de respuesta efectuado por
los padres del estudiante Jorge el 19 de diciembre de 2005, la cual
había sido suministrada con anterioridad a la emisión de la sentencia de
primera instancia, motivo por el cual tal vulneración había “cesado”.
En segundo lugar, y con relación al
debido proceso administrativo dijo que si bien era cierto se había dado lugar a
una investigación, y que la sanción de cancelación de matrícula impuesta había
sido objeto de los recursos de reposición y apelación los cuales concluyeron
con la  anulación del proceso, ello significaba que ésta nunca fue impuesta, y
destacó la contradicción de la decisión administrativa al “resolver de fondo
el mérito del asunto emitiendo pronunciamiento sobre la calidad de la sanción
impuesta, y estableciendo de ante mano que la sanción a imponer en el nuevo
proceso no podrá abarcar el próximo año lectivo” cuando previamente había
tomado la decisión de anular el proceso.  No habiendo proceso disciplinario
estimó, “no existe violación del debido proceso”.
Consideró que con base en el art. 201 de
la Ley 115 de 1994 y la correspondencia entre las obligaciones derivadas del
mismo derecho-deber fundamental a la educación, le estaba permitido al Colegio
abstenerse de renovar el contrato de matrícula del estudiante Jorge.
Citó las obligaciones a cumplir provenientes del propio contrato, las cuales
condicionan su renovación y ratificó que “no puede invocarse
la protección de un Derecho Fundamental cuando quien solicita dicha protección
ha transgredido los lineamientos y condiciones básicas para el desarrollo del
mismo”,  destacó que “Siendo el
derecho a la educación un derecho inviolable, inalienable e intransferible su
goce y disfrute debe estar dentro de los marcos de libertad, es decir, sin
entrar a transgredir a los demás, o su goce se ve limitado frente a la
seguridad de todos y las justas exigencias del bien común.”
Insistió en las consecuencias nocivas
para el propio alumno al hacer forzoso el seguimiento del proceso educativo en
el mismo plantel, y consideró que el derecho a la educación debía ser
garantizado por la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación.
Respecto de los derechos a la honra y al
buen nombre dijo, que para perturbar “la imagen decorosa, respetable,
honorable de una persona, se tiene que demostrar que los actos ejercidos por la
entidad acusada deben haber sido públicos, por cualquier medio de comunicación
y en consecuencia de dicha publicación, ponga en posición de indefensión,
degradante de la persona, frente a los demás individuos de la comunidad” y
no había dentro del expediente alguna prueba que indicara tal proceder de parte
del Rector o los profesores del Colegio, y que ellos “se ganan de
acuerdo con las acciones realizadas por el individuo...” y que fue el mismo
menor “con su actuar el que dio origen a los hechos acaecidos en el mes de
junio del año 2005...”
En cuanto al libre desarrollo de la
personalidad e intimidad, manifestó que los mismos comportaban “la autonomía
de cada uno para realizarse según sus particulares valores, aspiraciones, aptitudes,
expectativas, tendencias, gustos, ideas y criterios, trazando a su propia
existencia”(...) “en cuanto no choque con los derechos de los demás ni
perjudiquen el bienestar colectivo, ni se opongan al orden jurídico” lo
cual implicaba que el menor Jorge no hubiera transgredido los derechos
de las demás personas; y que por su parte, el Colegio se ciñó a la
competencia de su actividad propia, sin entrometerse en los ámbitos personales
o familiares que no le conciernen directamente.
3.     Expediente T-1323408. El caso del menor José.
3.1.
La acción de tutela.
3.1.1.  Los – padres del menor José-
señores, instauraron acción de tutela contra el Colegio por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen
nombre, a la intimidad y a la honra de su hijo, en escrito muy semejante al
usado en las acciones de sus demás compañeros.  Responsabilizaron de los hechos
al menor Santiago y solicitaron además, ordenarle al Colegio
aclarar en un medio público la verdadera situación ocurrida “ya que el mismo
profesorado, junto con el Rector difundieron la mala información, dando a
entender que los menores eran unos delincuentes (...)”
3.1.2.  El Juez
de Primera Instancia recibió declaración juramentada del Profesor Guillermo,
en la cual se le interrogó por “la observación impuesta en el boletín
informativo correspondiente al cuarto período y final” del menor, quien
indicó que la nota se había generado  “en el mal comportamiento de él en la
salida hacia San Agustín, más el reiterado mal comportamiento en el salón de
clase” (...)  “En el segundo semestre la situación de mal comportamiento
empeoró tomando una actitud desafiante en clase, la actitud era acostarse en el
pupitre, no contestar absolutamente nada cuando se le preguntaba, portar mal el
uniforme, a veces mostrando los interiores, con una cuchilla o cualquier otro
objeto dañaba el pupitre (...)”
El 24 de enero
de 2006, el Rector del plantel educativo allegó al  proceso, sus
argumentos de defensa en los que fundamenta la negativa del colegio a renovar
los contratos de matrícula, en la vigencia de los mismos y en los requisitos
que en él se estipulan, los cuales indica que no se cumplieron debido a la
falta grave en que incurrió el alumno y el proceso disciplinario que concluyó
con la decisión de cancelación de matrícula,  y agrega que el día en que se
informó la decisión a los padres de familia no se había recibido la respuesta
al recurso de apelación.
El 31 de enero
del 2006, ante  solicitud  formulada  por el Juez de conocimiento, el mismo Rector
presentó escrito ampliando sus explicaciones iniciales. En su documento narró,
como el señor Mauricio, hijo de la secretaria del Colegio, quien cumple
dicha labor desde hace más de 34 años, solicitó previamente autorización para
asistir a la salida pedagógica e hizo alusión al informe por él efectuado en
forma espontánea.  Luego hizo un recuento del proceso administrativo y una
exposición en defensa de la legalidad de la conformación del Consejo Directivo
del Colegio con base en el Decreto 1860 de 1994  (Art. 19, 20 y 23)
reglamentario de la Ley 115 de 1994,  de la autonomía de la institución,[51]
y del apego a la protección de los derechos fundamentales.
3.2.
Primera instancia.
El Juzgado Segundo Civil Municipal,
mediante sentencia del 1 de febrero de 2006, tuteló los derechos fundamentales
al debido proceso, a la educación y a la igualdad del menor José.
El juez, luego de transcribir el
artículo 17 del manual de convivencia del plantel educativo, estableció la
violación “en forma abierta e inmisericorde” el debido proceso,
conclusión que sustentó con los planteamientos efectuados por la Secretaría de
Educación al resolver el recurso de apelación.  Además, manifestó que se había
desconocido el derecho de defensa del menor,  de quien afirmó,  nunca haber
sido escuchado ni sus padres o acudientes en lo que llamó un “seudo-proceso
disciplinario” y que si bien, en principio era viable no renovar el contrato de
estudio, ello no era dable, dado el pronunciamiento de la segunda instancia administrativa.
Concluyó el pronunciamiento con  la
siguiente cita religiosa “Antes de juzgar al prójimo, pongámosle a él en
nuestro lugar y a nosotros en el suyo, y a buen seguro que será entonces
nuestro juicio recto y caritativo”.  San Francisco de Sales.
3.3.
Impugnación
El Colegio
impugnó la decisión mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2006.
Consideró la acción de tutela improcedente contra hechos superados, como quiera
que ésta buscaba proteger el debido proceso disciplinario que concluyó con la
sanción de “cancelación de la matrícula”, la cual nunca fue aplicada, ya
que los alumnos involucrados en el proceso terminaron el año lectivo y la
decisión administrativa que anuló el proceso fue recibida “de manera tardía”
cuando ya había terminado el año escolar, de manera que no es posible aplicarla
retroactivamente.
Igualmente, reafirmó su consideración de
contar con la discrecionalidad para la admisión de los alumnos, la cual no fue
“producto de la imposición de la sanción disciplinaria”, sino de la
potestad “de la institución” para renovar el contrato y de la autonomía
de las instituciones educativas privadas “que encierra no solo la
independencia de estas para determinar su ideario y proyecto educativo, el
régimen interno de organización y la administración de sus recursos, gestión
financiera y curricular de acuerdo con las normas canónicas”. Dijo que tal
determinación fue adoptada e informada a los alumnos con antelación a conocerse
el resultado de la Secretaría de Educación y el Núcleo Educativo y atribuyó a
la primera el deber garantizar el derecho a la educación de los alumnos.
Finalmente, se refirió al derecho a la
defensa de los estudiantes dentro del proceso administrativo argumentando que
en los anexos allegados al despacho de instancia da “cuenta de las
citaciones y entrevistas con los  padres de familia y el estudiante (...) y sea
oportuno decir que muchas otras veces los atendí sin que se dejara constancia
escrita de esa actuación”, por lo tanto cuestiona la decisión del funcionario
al fundamentar la violación del debido proceso en ese supuesto y sin “elaborar
de manera razonada las tesis explicativas del por qué las actuaciones del
colegio eran violatorias de derechos fundamentales” (...) “El juicio de
razonabilidad que resulta del cotejo de la situación de hecho puesta en
conocimiento, con la norma constitucional, está totalmente ausente en la
decisión respecto de los otros derechos considerados como violados, diversos al
debido proceso.  No cualquier desconocimiento ni amenaza, puede tomarse como
causa determinante y justificativa de la acción de tutela sino de aquella que
evidencia un daño esencial del núcleo del derecho (...)”
El 7 de febrero de 2006, el Rector,
aportó copia de la resolución de matrícula para el alumno José, en cuyos
considerandos dejó constancia de su desacuerdo con la decisión de instancia y
de que la orden “provisional” se efectuaba en acatamiento de la misma, para
evitar “incurrir en desacato a un fallo judicial.”[52]
3.4.
Segunda Instancia
El Juzgado Segundo Civil del Circuito,
confirmó el fallo de instancia.  Para la juez, en virtud de la declaración de
nulidad del procedimiento disciplinario del alumno José, decisión de
carácter obligatorio para sus destinatarios, el Colegio no contaba con
razón  alguna para no renovar su contrato de matrícula, y que tal negativa daba
lugar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación
del menor, se preguntó la funcionaria “¿si al terminar el año lectivo todos
los estudiantes quedan a la deriva respecto de su permanencia en el colegio
para el año siguiente? (...)cuál es la situación de los educandos? Salen a
vacaciones con la incertidumbre de si el año próximo los recibirán, así su
conducta y la de sus padres haya sido intachable?”.  Adicionalmente, no
encontró la falladora “a lo largo del plenario, causa que justifique el
trato discriminatorio que se le está dando al menor” al no matricularlo,
por lo cual estimó también violado el derecho a la igualdad del estudiante.
Por último, llamó la atención al Rector
del Colegio por haber impartido una orden de matrícula provisional, indicando
que las “órdenes del Juez de Tutela son de obligatorio e incondicional
cumplimiento”, por lo cual dijo, no le era permitido hacer este tipo de
condicionamiento.
4.     Expediente T-1330627. El caso de Daniel.
4.1.
La acción de tutela.
4.1.1. Los
padres del estudiante Daniel, accionaron en igual forma, solicitando
amparo constitucional para los mismos derechos fundamentales: educación, debido
proceso, defensa, igualdad, buen nombre, intimidad y honra.
En este caso,
los padres del menor sostuvieron una versión muy similar a la de los tres
compañeros restantes, en la cual responsabilizaron al joven Santiago de
intentar desvestir a su hijo y de haber incitado a todo el grupo  a participar
en los “juegos y bromas”, manifestando que fue “uno de sus
compañeros” quien “le lanzó una uva” en las nalgas.  Los demás
argumentos consignados en el documento mantienen bastante semejanza en su forma
y fondo con los escritos de tutela anteriores; y dentro de las peticiones
incluyeron la de ordenar al Colegio “aclarar en un medio público la
verdadera situación ocurrida, ya que el mismo profesorado, junto con el rector
difundieron la mala información dando a entender que los menores eran unos
delincuentes, violadores (…)”[53]
4.1.2.  El 24 de
enero del 2006 el Rector del Colegio, allegó al  proceso, sus
argumentos de defensa en los mismos términos relatados para el expediente
T-1323408. Fundamentó la negativa del colegio a renovar los contratos de
matrícula, en la vigencia de los mismos y en los requisitos que en él se
estipulan.
En este caso, también
el 31 de enero de 2006, el mismo Rector amplió sus explicaciones al
responder la petición formulada  por el Juez de conocimiento.  En su escrito
habló de la relación de la familia del señor Mauricio con el Colegio,
que se extendía a más de 34 años, de la autorización que obtuvo el señor Mauricio,
hijo de la secretaria del Colegio, para asistir a la salida pedagógica e hizo
referencia al informe por él presentado en forma espontánea.  Defendió la
legalidad de la conformación del Consejo Directivo del Colegio con base en el
decreto 1860 de 1994  (Art. 19, 20 y 23) reglamentario de la Ley 115 de 1994,
de la autonomía de la institución, y del apego a la protección de los derechos
fundamentales.
4.2.
Primera instancia.
El Juzgado Segundo Civil Municipal,
mediante sentencia del 1 de febrero del 2006, decidió amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la educación y a la igualdad del menor Daniel
y ordenó al Rector del Colegio renovar su contrato de educación.
El juez, luego de transcribir el artículo
17 del Manual de Convivencia del plantel educativo, estableció que no se había
cumplido con el debido proceso, e hizo alusión a los planteamientos efectuados
por la Secretaría de Educación al resolver el recurso de apelación.
Adicionalmente, sostuvo que no se había garantizado el derecho de defensa del
menor, que nunca se le escuchó a él, a sus padres o acudientes en lo que llamó
un “seudo-proceso disciplinario” y que si bien, en principio era viable no
renovar el contrato de estudio, ello no era dable, dado el pronunciamiento de
la segunda instancia administrativa.
Concluyó el pronunciamiento con  la misma
frase  religiosa.
4.3.
Impugnación
El Colegio
impugnó la decisión mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2006.
Consideró la acción de tutela improcedente contra hechos superados, como quiera
que ésta buscaba proteger el debido proceso disciplinario que concluyó con la
sanción de “cancelación de la matrícula”, la cual nunca fue aplicada,
habida cuenta que los alumnos involucrados en el proceso terminaron el año
lectivo de manera ordinaria y la decisión administrativa que anuló el proceso
fue recibida “de manera tardía” cuando ya había terminado el año escolar, de
manera que no es posible aplicarla retroactivamente.
Así mismo, se refirió a los principios
que rigen las relaciones entre los particulares que prestan el servicio público
de educación e insistió en contar con la discrecionalidad para la admisión de
los alumnos, debido a la naturaleza de la institución educativa (católica de carácter
privado), decisión que dijo no  fue “producto de la imposición de la sanción
disciplinaria”, sino de la potestad “de la institución” para renovar el
contrato y de la autonomía de las instituciones educativas privadas “que
encierra no solo la independencia de estas para determinar su ideario y
proyecto educativo, el régimen interno de organización y la administración de
sus recursos, gestión financiera y curricular de acuerdo con las normas
canónicas”.
En general, los planteamientos
efectuados, fueron los mismos expuestos para el expediente T-1323408.
Igualmente, el Colegio allegó copia de la
orden provisional de matrícula del alumno Daniel efectuada en los
términos anotados para el caso anterior.
4.4.
Segunda instancia
El Juzgado Tercero Civil del Circuito del
Municipio, confirmó en su integridad el fallo de instancia.  Consideró el
juez de segunda instancia que una vez declarada la nulidad del procedimiento
sancionatorio el alumno Daniel quedaba en igualdad de condiciones y
oportunidades a los demás alumnos para ser admitido al plantel educativo y al
no renovarle el contrato de matrícula “le está creando una discriminación
injustificada” por lo cual estimó violados los derechos fundamentales a la
igualdad y a la educación.  Agregó que al no aplicar el numeral 6 del artículo
10 del manual de convivencia sobre el procedimiento previo para que “el
alumno” perdiera su permanencia en la institución”  se encontraba
vulnerado también el derecho fundamental al debido proceso.  Manifestó el
funcionario que no era posible hablar de un hecho superado, como quiera que
habiéndose concedido en efecto suspensivo el recurso administrativo, antes de
conocerse su decisión, el Colegio decidió no renovar la matrícula del
estudiante.
5.     De las pruebas y el trámite en la  Corte Constitucional
5.1.  Mediante providencia del 2 de mayo
de 2006 la Corte Constitucional consideró necesario preguntar al Rector del
Colegio cuál fue la razón para dar traslado a la Secretaría de Educación de
los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que concluyeron
con los procesos disciplinarios 01, 02, 03, 04 y 05,  le solicitó remitir
copias de dichos procesos.  Además le preguntó por la conformación y funciones
del Núcleo Educativo, a que se refiere el artículo 21  del Manual de
Convivencia.
Así mismo, se interrogó a la Secretaría
de Educación, por la conformación del núcleo educativo, su elección, su
competencia, sus funciones; y si el Secretario de Educación hacía parte del
mismo. Adicionalmente, se preguntó  por el fundamento jurídico para que la
Secretaría de Educación conociera en segunda instancia de los recursos de
apelación antes mencionados.
El 12 de mayo de 2006 se recibió una
comunicación del Secretario de Educación del Municipio, en la cual
sostuvo que “la Alcaldía Municipal administra la educación a través de la
Secretaría de Educación Municipal como máxima autoridad; quien hace parte del
Núcleo de Desarrollo Educativo al tenor del artículo 4º.  del decreto 1246
de 1990”[54], del cual anexó copia.
(Negrillas fuera de texto).
De igual forma indicó  que “la
Dirección de Núcleo de Desarrollo Educativo está conformado por tres
funcionarios, nombrados en propiedad e incorporados en la Planta Global de
Cargos del Municipio durante el proceso de certificación y que dos de ellos han
sido asignados al Área de Gestión, Control y Calidad Educativa y uno al Área de
Planeación y Sistemas de Información”; y remitió fotocopia del decreto
municipal de creación de los cargos. [55]
Finalmente, atribuyó al artículo 21 del
Manual de Convivencia del plantel educativo la facultad de responder “los
recursos de apelación ante las faltas disciplinarias”  y concluyó “Los
Directores de Núcleo de Desarrollo Educativo están adscritos a Áreas de la
secretaría de Educación Municipal, como máxima autoridad educativa en la
entidad territorial certificada del Municipio. [56]
(Subrayado por fuera del texto)
5.2.  Por su parte el Rector del
Colegio,  el 15 de mayo de 2006, remitió a esta Corporación vía fax, su
correspondiente respuesta, en ella manifestó:
El Núcleo
Educativo (...) se refiere a una división que podían hacer los Municipios con
el fin de administrar la educación, organizando su jurisdicción en zonas
geográficas llamadas Núcleos de Desarrollo Educativo, los cuales podían ser uno
o más, según la extensión territorial, densidad de población y complejidad del
servicio educativo (...)  Un efecto de la norma era que cada establecimiento
educativo quedaba incorporado a un Núcleo de Desarrollo Educativo y en
dependencia del Director de Núcleo Educativo, en lo relacionado con las
atribuciones de ese cargo...”
Más adelante dijo que la Ley 715 de 2001,
derogó el artículo 154 de la Ley General de Educación y con él los Núcleos de
Desarrollo Educativo, pero que en virtud del artículo 39 de la misma norma a
los Directores de Núcleo, quienes  conservaron su carácter de directivos
docentes, se les podía asignar funciones administrativas, académicas o
pedagógicas “Esto significa que hacia futuro esos cargos desaparecerán, pues
al desaparecer la figura del Núcleo como unidad operativa no se justifica la
subsistencia de este cargo”, y expuso que “se dio traslado a la
Secretaría de Educación de los recursos (...) porque a la fecha de ese trámite
habían desaparecido los Núcleos (...) indicando que  después de la Ley 715 de
2001 el Colegio no hizo la correspondiente modificación en su Manual de
Convivencia porque al no presentarse la necesidad de adelantar procesos
disciplinarios a estudiantes  durante los años 2003, 2004 y hasta mediados del
2005 (...) no se detectó la necesidad de modificar la segunda instancia o de
apelación.”
Del mismo modo, remitió por correo
certificado una carpeta con fotocopias de “los folios que forman parte de
los procesos disciplinarios” en 366 folios.
5.3   El  21 de marzo de 2006, mediante escrito
allegado por el Secretario de Educación del Municipio, la Asesora
Jurídica de la Secretaría de Educación y los padres de familia del menor Jorge,
allegaron, fotocopias de dos valoraciones psicológicas, efectuadas a los
menores Esteban y Jorge, en las cuales el  psicólogo Carlos
Humberto Otálora M. Manifiesta:
En Esteban se evidencia la
inseguridad y desconfianza en sí mismo, la vergüenza, como consecuencia del
gran perjuicio que se posa como una sombra sobre él, especialmente después de
la expulsión del colegio, que para su comunidad es la confirmación de que todo
lo que se habla de él es cierto.  Agrava el panorama de Esteban, el
hecho de que la trascendencia del chisme (Por el mal manejo que se le hizo al
caso, las personas hablan demás: que violó, que es borracho, drogadicto, les
dicen “los violadores del seminario”), ha llevado a que haya sido rechazado de
dos instituciones a las cuales quiso ingresar y que la sanción social sea
ejercida de manera injusta y aplastante (...)
En Jorge el rechazo social le
ha llenado de desconfianza hacia los demás, especialmente porque él ha ocupado
académicamente los primeros puestos, como también se ha destacado en su
deporte, el básquetbol.  Ha pasado inesperadamente, de una posición
privilegiada al escarnio público...
En Jorge se evidencia la
inseguridad y desconfianza en sí mismo, la vergüenza, como consecuencia del
gran perjuicio que se posa como una sombra sobre él, especialmente después de
la expulsión del colegio, que para su comunidad es la confirmación de que todo
lo que se habla de él es cierto.  Agrava el panorama de Jorge, el hecho
de que la trascendencia del chisme (...)[57]
5.4. Mediante auto del  veinticuatro (24) de
julio de dos mil seis (2006) se ordenó la suspensión de términos de la presente
acción de tutela y se solicitó al Colegio a través de su Rector
respondiera el siguiente cuestionario:
1.  ¿Si los menores Esteban, Jorge, José y Daniel se
encuentran en este momento matriculados en el Colegio?
2. ¿De encontrarse matriculados los menores Esteban, Jorge, José,
Daniel cuál es la calidad de su vinculación?
3. De no encontrarse matriculados los menores Esteban, Jorge,
José, Daniel cuándo fue cancelada su matrícula y bajo qué circunstancias o
atendiendo a qué razones?
También se solicitó a la Secretaría de Educación
Municipal respondiera el siguiente cuestionario:
1. ¿En qué institución educativa se encuentran matriculados los
menores Esteban, Jorge, José, Daniel?
2. ¿Desde cuando están matriculados en dicha institución y qué
calidad tiene dicha matrícula?
Mediante escrito recibido el nueve (9) de agosto
de dos mil seis (2006) la Secretaría de Educación del Municipio
respondió el cuestionario de la siguiente manera:
Esteban, se encuentra estudiando actualmente en –otro
colegio-, a 45 minutos del Municipio, donde se encuentra residiendo
su núcleo familiar. Se encuentra en un estado sicológico definido como grave,
en razón a la estigmatización que ha hecho la sociedad por la divulgación de
los hechos por parte de directivos y profesores del Colegio.
Jorge, se encuentra estudiando en –otro colegio- del Municipio,
en razón a una orden emitida por el Alcalde Municipal de esta ciudad, después
de haber intentado en varias instituciones educativas de carácter privado y
oficial no haber recibido respuesta favorable. También se encuentra en un
estado sicológico definido como grave, en razón a la estigmatización que ha
hecho la sociedad por la divulgación de los hechos por parte de directivos y
profesores del Colegio.
José, se encuentra estudiando en el Colegio en razón a
que el fallo de segunda instancia fue favorable al niño y en contra del
colegio, en condición de provisionalidad hasta cuando se produzca fallo de
revisión de la Corte Constitucional, según lo dicho por el Rector de la
Institución en oficio enviado a los padres del menos, igualmente en un estado
sicológico moderado y en posición de inferioridad y estigmatización dentro de
la institución educativa.
Del menor Daniel, no se pudo
establecer ninguna información.
La Secretaría remitió los escritos presentados
por los padres de los menores ante los interrogantes realizados por la Corte.
El Colegio no remitió escrito alguno.
5.5. Mediante auto del once (11) de septiembre
de 2006 se solicitó al Colegio remitir copia del Acuerdo No. 003 del 20 de mayo de 1999 que establece las funciones
del Consejo Directivo de la institución. El 22 de
septiembre de 2006 se recibió dicha información en la Secretaría de esta
Corporación.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral
noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34,
35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Presentación del caso y problemas jurídicos.
2.1. Los menores Esteban,
Jorge, José y Daniel durante una salida pedagógica
del grado noveno del Colegio participaron de un suceso en el que uno de
sus compañeros fue perseguido en grupo, desvestido y filmado. Por los
anteriores hechos el Colegio inició un proceso disciplinario en su
contra.
En los cuatro casos presentados, ninguno de los tutelantes
controvierte que haya existido participación de los menores en los hechos que
comprometieron la dignidad del menor Santiago durante la salida
pedagógica del 6 de junio de 2006[58]. Sin
embargo, sostienen que el procedimiento no se ajustó a las garantías del debido
proceso, y se desconocieron otros derechos. Los padres de los menores en nombre
de quienes se interpone acción de tutela consideran que los procesos
disciplinarios que se siguieron en contra de sus hijos se les vulneró el
derecho a la educación, al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad y al
buen nombre. A los cuatro alumnos se les abrió un
proceso disciplinario por haber incumplido, de acuerdo al Manual de Convivencia
de la institución, con tres deberes sociales de los estudiantes, un deber
respecto de sus compañeros y un deber disciplinario: i) “identificar, valorar
y respetar las buenas costumbres, tradiciones y normas de la familia, de la
institución, del Municipio y de la Nación”; ii) “Guardar una gran
lealtad a la institución, defendiéndola, honrándola y acreditándola con sus
actuaciones y comportamientos”; iii) “Valorar y respetar los derechos,
bienes propios, ajenos, la integridad física y moral de los estudiantes de la
comunidad educativa”; iv) “Emplear un lenguaje culto, cordial y buenos
modales en las relaciones interpersonales dentro y fuera del Colegio”; v) “mantener
un excelente, digno y respetuoso comportamiento en la capilla y demás sitios de
reuniones comunitarias”; vi) “Propiciar la conservación de la salud
física y mental absteniéndose del porte y divulgación de material
pornográfico...”[59] y una falta grave: i) “Actitudes
morbosas que afecten la buena formación de los compañeros”[60].
Los cuatro alumnos fueron encontrados
responsables de cometer, dos faltas graves: i) “Todo acto contra la moral
cristiana y las buenas costumbres”; y ii) “Actitudes morbosas que
afectan la buena formación de los compañeros”. Por lo tanto, el Colegio en
agosto de 2005 ordenó la cancelación de sus matrículas, resolución que no fue
aplicada durante lo que restaba del periodo académico del 2005. Los menores
interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicha
resolución. En todos los casos la decisión fue declarada nula en segunda
instancia por la Secretaría de Educación del Municipio debido a que se
consideró que el Colegio había vulnerado el derecho al debido proceso de
los menores. Sin embargo, para los cuatro casos, el
colegio, aduciendo el incumplimiento de los deberes del estudiante consignados
en el Manual de Convivencia y en el contrato de matrícula, no renovó la
matrícula de los estudiantes para el año 2006. Dicho acto tuvo lugar en fecha
anterior a que fuera resuelto el recurso de apelación que declaró nulo el
proceso disciplinario. El Colegio argumenta que dicha cancelación no
obedecía a los hechos por los cuales se les siguió el proceso disciplinario ni
fue consecuencia del mismo, sino que se fundó en la autonomía que tienen las
instituciones educativas privadas para decidir sobre la renovación de la
matrícula de sus estudiantes, lo que en su concepto no viola ni el derecho a la
educación ni el derecho a la permanencia en una institución educativa.
Las razones por las que los padres de los
menores consideran vulnerados los derechos de sus hijos tienen algunos matices,
por lo que a continuación se recordarán los argumentos de cada uno de los casos
así como las decisiones de instancia, para después establecer los problemas
jurídicos que la Corte ha de resolver.
2.1.       Esteban  (T-1319218)
Para los padres
del menor Esteban, el Colegio vulneró el derecho al debido
proceso de su hijo durante el proceso disciplinario ya que i) el menor no tuvo
la oportunidad de defenderse o ser defendido por sus padres ni por el personero
del Colegio; ii) la decisión de expulsión del menor vulnera el artículo 143 del
Código de la Educación, que establece la conformación del Consejo Directivo,
por lo que al encontrarse indebidamente conformado el Consejo Directivo éste no
podía tomar decisión alguna; iii) su hijo fue juzgado sin tener prueba
adicional a las declaraciones de la víctima, su madre y personas que no
presenciaron los hechos; iv) no existieron valoraciones sicológicas dentro del
proceso disciplinario. Los padres, mediante derecho de petición al Colegio,
solicitaron el cumplimiento de la resolución que declaró nulo el proceso
disciplinario.
El juez de
tutela de primera instancia resolvió conceder la acción respecto del derecho de
petición para que se diera respuesta a los padres, ya fuera en sentido negativo
o positivo[61]. Sobre las otras
pretensiones el juzgado se abstuvo de pronunciarse pues “en este momento ya
existe una decisión tomada por la autoridad de Educación en relación con el
trámite agotado en la investigación disciplinaria, la sanción disciplinaria
allí impuesta y aún no se sabe la posición que el señor Rector tome respecto a
lo decidido como también la resolución que tome respecto del derecho de
petición elevado por los petentes padres del menor estudiante Esteban.”[62]
El juez de segunda instancia decidió vincular al proceso a la Alcaldía
Municipal y a la Secretaría de Educación Municipal. Mediante sentencia de
segunda instancia se negó la acción de tutela y se ordenó a la Alcaldía
Municipal y a la Secretaría de Educación “REUBICAR al menor Esteban en una
institución educativa de carácter público  ó en la otra institución educativa
de carácter privado con la cual tiene convenio el municipio diferente al
COLEGIO, para efectos de cursar el año lectivo de 2006”
Actualmente el
menor se encuentra matriculado en –otro colegio-, a 45 minutos del
Municipio, donde residen sus padres[63].
2.2.       Jorge.
Los padres del
menor Jorge instauraron acción de tutela contra el Colegio por
considerar que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de su hijo
pues  en la determinación de responsabilidad del menor debió haberse analizado
la existencia del dolo para la aplicación de la falta y aún cuando su conducta,
después de la valoración del dolo, se hubiera calificado como una falta grave
debieron haberse implementado las sanciones de manera gradual. Así mismo,
consideran que no tuvo la oportunidad de ejercer su defensa durante el proceso
y que éste no fue llevado en un cuaderno separado de los demás.
El Juzgado
Cuarto Civil Municipal, mediante sentencia del 2 de febrero de 2006, concedió
la acción de tutela por vulneración al debido proceso y resolvió ordenar al
Colegio la renovación de la matrícula del menor[64].
El Juzgado consideró que se había vulnerado el debido proceso pues no se habían
llevado los procesos en cuadernos separados y tampoco se había seguido el
procedimiento establecido en el artículo 17 del Manual de Convivencia que
establece los pasos e instancias que debe surtir el proceso. También consideró
que el Consejo Directivo no podía tomar la determinación de la sanción puesto
que no había sido integrado de conformidad con el reglamento. Mediante
providencia del 2 de marzo del 2006 la Juez Primero Civil del Circuito, revocó
“la totalidad del fallo de primera instancia” y negó la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buen nombre, intimidad,
honra, libre desarrollo de la personalidad y petición; no obstante, tuteló el
derecho a la educación del menor el cual consideró vulnerado por la Alcaldía
Municipal y la Secretaría de Educación. Para el juzgado la sanción que se
desprende del proceso disciplinario nunca fue impuesta toda vez que el proceso
fue anulado por la Secretaría de Educación cuando resolvió el recurso de
apelación.
Actualmente  el
menor se encuentra matriculado en –otro Colegio del municipio-, en razón a una orden emitida por el Alcalde Municipal[65].
2.3.       José.
Los padres del menor José, instauraron
acción de tutela contra el Colegio por vulneración al debido proceso.
Los tutelantes consideran que durante el proceso disciplinario se desconoció el
procedimiento establecido en el artículo 17 del Manual de Convivencia de la
Institución. Lo anterior ya que no se le permitió al menor defenderse durante
el proceso. Los padres solicitaron la renovación de la matrícula del menor y la
aclaración, por parte del colegio, en un medio público de la verdadera
situación ocurrida “ya que el mismo profesorado, junto con el rector
difundieron la mala información, dando a entender que los menores eran unos
delincuentes (...).”
El Juzgado Segundo Civil Municipal,
mediante sentencia del 1 de febrero de 2006, resolvió tutelar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la educación y a la igualdad del menor José.
Consideró que durante el proceso se le había vulnerado del derecho al debido
proceso ya que no se había seguido el procedimiento establecido para los
procesos disciplinarios y especialmente se había vulnerado el derecho a la
defensa[66]. El Juzgado Segundo
Civil del Circuito de la misma ciudad, confirmó el fallo de instancia.  El juez
consideró que en virtud de la declaración de nulidad del procedimiento
disciplinario del alumno José el Colegio no contaba con ninguna razón
para no renovar su contrato de matrícula, y que tal negativa daba lugar a
vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación del
menor.
Actualmente el
menor se encuentra matriculado en el Colegio con “matricula
condicional” hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el caso. Su
vinculación en provisionalidad se debe a que el fallo de tutela de segunda
instancia le fue favorable y así lo ordenó[67].
2.4.        Daniel.
Los padres del
estudiante Daniel instauraron acción de tutela contra el Colegio
por considerar que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de su
hijo al desconocer el procedimiento para ese tipo de casos y no haberle
permitido al menor ejercer una defensa apropiada. Los padres solicitaron la
renovación de la matrícula de su hijo y “aclarar en un medio público la
verdadera situación ocurrida, ya que el mismo profesorado, junto con el rector
difundieron la mala información dando a entender que los menores eran unos
delincuentes, violadores (…)”[68]
El Juzgado Segundo Civil Municipal,
mediante sentencia del 1 de febrero del 2006, decidió amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la educación y a la igualdad del menor Daniel
y ordenó al Rector del Colegio renovar su contrato de educación. Lo
anterior pues durante el proceso disciplinario no se había seguido el
procedimiento establecido en el artículo 17 del Manual de Convivencia y
adicionalmente no se había permitido una adecuada defensa al menor. El Juzgado
Tercero Civil del Circuito, mediante fallo de segunda instancia confirmó en su
integridad la decisión de primera instancia.
No fue posible
establecer en donde se encuentra estudiando el menor Daniel o si en
efecto hace parte actualmente de alguna institución educativa[69].
2.5.       Problemas jurídicos
A partir de los hechos antes narrados la Sala
considera que ha de resolver los siguientes problemas jurídicos:
1. ¿Se vulneró el derecho a la dignidad del
menor Santiago cuando fue perseguido en grupo, desvestido, ultrajado y
filmado durante una salida pedagógica del colegio en el que cursaba el grado
noveno?
2. ¿Vulneró el Colegio el derecho
fundamental al debido proceso de los estudiantes
Esteban, Jorge, José y Daniel, en la investigación
disciplinaria que se les siguió por los hechos  resumidos en el apartado 2.1.?
3. ¿Tenía competencia el Secretario de Educación
para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de las resoluciones
08, 09, 10, 11 y 12 de 2005 a través de las cuales se sancionó con la
cancelación de la matricula escolar a los estudiantes a que se refiere el
presente caso?
Para resolver estos problemas, la Sala, primero,
recordará su jurisprudencia sobre el derecho a la dignidad humana de los
menores. Segundo, hará una breve alusión a la jurisprudencia acerca del debido
proceso en materia disciplinaria en general y su aplicabilidad a los procesos
disciplinarios en instituciones educativas. Tercero, analizará, de acuerdo al
Manual de Convivencia del colegio, cuál era el procedimiento establecido para
los procesos disciplinarios y si dicho procedimiento, así como su aplicación en
estos casos, se encuentra ajustado a las garantías que se desprenden del
derecho al debido proceso. Cuarto, verificará si de acuerdo a las normas
vigentes aplicables la Secretaría del Distrito era la competente para conocer
del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del colegio de cancelar
la matrícula de los estudiantes. Por último, se determinará si la decisión de
no renovar los contratos de matrícula de los estudiantes respondió a los hechos
sucedidos el 6 de junio de 2005 o a otros diferentes para establecer la
legitimidad de dicha decisión.
3.     La Constitución protege el derecho de un estudiante a no ser
agredido por sus compañeros mediante la persecución en grupo para desvestirlo y
filmarlo.
Tanto el derecho
a la dignidad humana como el derecho a la intimidad protegen a un menor de la
agresión de otros menores consistente en la persecución en grupo para
desvestirlo, ultrajarlo y filmarlo.
3.1.
El derecho a la dignidad humana, a la autonomía
y a la intimidad de los menores.
Como lo ha
reconocido en diversas oportunidades la Corte Constitucional el concepto de
dignidad humana[70] “(i) es un principio
fundante del ordenamiento jurídico y en este sentido tiene una dimensión
axiológica como valor constitucional, (ii) es un principio constitucional y
(iii) tiene el carácter de derecho fundamental autónomo.”[71]
En el contexto de la dignidad humana como principio y derecho la Corte ha
sostenido que la protección de la Carta se refiere a “(i) la autonomía o
posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características (vivir como se quiere), (ii) ciertas condiciones materiales
concretas de existencia (vivir bien), (iii) la intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).”[72]
Respecto al
tercer ámbito de protección, la intangibilidad de la integridad física e
integridad moral, la Corte dijo en la sentencia T-220 de 2004[73]:
El tercer ámbito también aparece teñido por esta nueva
interpretación, es así como integra la noción jurídica de dignidad humana (en
el ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona
concretamente su integridad física y su integridad moral), la posibilidad de
que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. De tal forma que
conductas dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un
desconocimiento a la dimensión física y espiritual de las personas se
encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los predicados
normativos de la dignidad humana; igualmente tanto las autoridades del Estado
como los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para
conservar la intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover
políticas de inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos
de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a
los mismos.”
Para la Corte, la debida funcionalidad del derecho a la dignidad
humana implica que el ámbito de su protección se extiende a la interdicción de
conductas que entrañen la afectación de la dimensión individual y social de la
persona. La construcción social de la realidad y la valoración social de
ciertas conductas, desde sus niveles particulares de significado, son las que
en últimas determinan el ámbito de lo prohibido y de lo que resulta objeto de
amparo constitucional[74].
La Corte también
ha precisado que la protección de la dignidad humana de los menores se
encuentra reforzada en razón a los artículos 44 y 45 de la Constitución[75]
y por lo tanto dicha protección se extiende a garantizar la intangibilidad
mental, moral y espiritual del menor:
En el caso del derecho fundamental a la dignidad de los menores, los
ámbitos de protección extienden sus fronteras de tal forma que lo que en
algunos casos puede no considerarse como una afectación del derecho, por
ejemplo, en el ámbito de la protección de la integridad moral en caso de
personas mayores de edad, si pueda ser considerado como tal en el caso de los
menores. En estos eventos, debido al estado de mayor vulnerabilidad en que se
encuentra el menor frente a las agresiones morales, el ámbito de la dignidad se
extiende con el fin de garantizar la intangibilidad mental, moral y espiritual
del menor. En esa medida se justifican mayores prohibiciones al ejercicio de
las libertades de los terceros que puedan afectarlos[76].
Muchas veces el
derecho a la intimidad también se ve comprometido cuando existe una vulneración
de la dignidad humana en el anterior contexto. Sobre el derecho a la intimidad
la Corte ha dicho:
18. El derecho fundamental a la intimidad está determinado en su
dinámica funcional por tres ámbitos de protección, según ciertas coordenadas o
circunstancias sociales y normativas: (i) la no divulgación o conocimiento, por
parte de terceros, de los hechos, situaciones, comportamientos e informaciones
que la persona desea mantener reservadas para sí o para el núcleo familiar[77],
(ii) la no intromisión en los ámbitos físicos o espaciales donde la persona
desenvuelve su existencia (residencia, lugar de trabajo, cuartos de hotel,
etc.)[78],
y (iii) la no intromisión en el cuerpo físico como ámbito propio y exclusivo de
existencia[79].
La cualificación como derecho fundamental parte de su consagración expresa en
una disposición constitucional (art. 15 CN) y de su especial relación con el
derecho a la dignidad humana en términos funcionales[80]. Es decir,
en la medida en que su ámbito específico de protección (la reserva), constituye
un medio idóneo para la protección de la autonomía individual (libertad), para
proteger ciertas condiciones materiales de existencia en los espacios privados
(bienestar), y para garantizar la posibilidad de incardinación social y de no
discriminación (igualdad). Finalmente, su condición de derecho público
subjetivo está determinada por la concurrencia de tres elementos definitorios.
Un titular universal: la persona natural; un objeto debido: la interdicción de
las conductas que interfieran el ámbito de su protección (reserva de
información, no intromisión en espacios reservados, no intromisión en el
cuerpo); y un destinatario universal de la prestación: toda persona pública o
privada.[81]
Específicamente
sobre el derecho a la intimidad de los menores se ha afirmado:
Conductas con una potencialidad relativa de incidencia en el ámbito
de protección del derecho están excluidas del amparo constitucional. En esta
medida, formas al parecer inocentes de intromisión en las esferas privadas son,
tratándose de menores, duramente censuradas por el orden jurídico. Esto implica
que, por ejemplo, en el contexto escolar, donde las directivas y los profesores
fungen como instancia de poder y de autoridad, las medidas correctivas deban
estar guiadas pedagógicamente y de manera especial, evitando que las mismas por
la forma en que se tomen resulten afectando esferas íntimas del menor.
Implica igualmente que, en ciertas hipótesis, la información que
concierne al menor deba mantenerse en reserva de manera más estricta, teniendo
en cuenta que en el caso de los menores las eventuales repercusiones que
traería su publicidad, pueden llegar a afectar de manera grave su psiquis y
generarle penosos traumatismos, o daños irreversibles. Como se ve, esta
situación es especial en consideración al niño o adolescente, y no es
predicable, por lo menos como regla general, cuando el caso involucra solamente
personas mayores de edad.[82]
3.2.
Aplicación al caso concreto. Relevancia de un
proceso restaurativo
En el presente
caso la Corte encuentra que un menor ha sido víctima de agresiones físicas y
morales por parte de sus compañeros al haber sido perseguido en grupo,
desvestido, ultrajado y filmado, lo que compromete seriamente su dignidad, al
igual que su derecho a la autonomía y a la intimidad. Dentro del proceso
también se encuentra que la comunidad ha tildado a los menores como
“violadores” lo que no corresponde con la realidad de los hechos conocidos por
la Corte y tiene repercusiones negativas en la víctima, y también en quienes la
agredieron puesto que por vía del rumor se les imputan actos y calificativos
que los estigmatizan[83]. De la Constitución y de
la anterior jurisprudencia se desprende una protección tanto al derecho a la
dignidad humana como a la intimidad y autonomía de los menores.  La protección
de tales derechos no se circunscribe a la garantía de un proceso disciplinario
que sancione a los agresores sino también comprende la provisión de un proceso
restaurativo que ofrezca una adecuada reparación a la víctima y restaure los
vínculos de las partes con la comunidad. Pero más importante que lo anterior es
la situación actual del menor agredido quien bajo ninguna circunstancia debe
soportar la ventilación pública de los hechos, la distorsión de lo que
aconteció, su estigmatización como “violado” o la burla por parte de la
comunidad educativa a la que pertenece, por lo que el Colegio en cualquier
evento debe garantizar la cesación de los tratos lesivos a la dignidad del
menor cualquiera que sea su manifestación.
El proceso
disciplinario puede culminar con una sanción de los alumnos responsables. Sin
embargo, dicho proceso puede en algunos casos ser insuficiente para asegurar el
goce efectivos de los derechos constitucionales vulnerados por quienes
cometieron la falta disciplinaria. Esto sucede cuando las consecuencias de la
falta continúan perpetrándose de diversas maneras en el ámbito de la propia
comunidad educativa. En tales eventos, la protección no formal sino real y
efectiva de los derechos fundamentales lesionados exige medidas adicionales al
proceso disciplinario. Corresponde a cada establecimiento educativo definir
cuales son las medidas adicionales aconsejables para lograr el objetivo tutelar
de los derechos y, al mismo tiempo, para evitar que las secuelas de la lesión
de dichos derechos se proyecte por distintas vías y continúe incidiendo
negativamente en el ámbito de la comunidad educativa. Varias de esas medidas se
pueden enmarcar en lo que se conoce como justicia restaurativa.
Las prácticas de justicia restaurativa se
consideran sistemas de justicia alternativa o complementaria de los sistemas de
justicia ordinarios y buscan regenerar los vínculos sociales, psicológicos y
relacionales de la víctima y el agresor con su comunidad mediante un proceso en
el que participan todos los involucrados con miras a obtener un resultado
restaurativo. Sin embargo, este tipo de procesos dependen de la voluntad de las
partes.  De acuerdo al Informe de la reunión del grupo de expertos sobre
justicia restaurativa que elaboró los principios básicos sobre la utilización
de programas de justicia restaurativa en materia penal presentado por el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas por proceso restaurativo se
entiende todo proceso en que la víctima, el agresor y, cuando proceda,
cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados participen
conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del
delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos
restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de
conversaciones y las reuniones para decidir sentencias.[84]
Si bien tales principios han sido desarrollados en el ámbito penal, su
origen y su pertinencia no se circunscriben a dicho ámbito, puesto que dichos
procesos se puedan seguir para restaurar la vida en cualquier comunidad cuando
se ha presentado una falta imputable a alguno de sus miembros que trasciende,
más allá de la víctima, a la comunidad entera. Cada comunidad educativa es
libre de definir si adopta o no procesos restaurativos, en qué casos y con qué
implicaciones.
Un resultado restaurativo es la culminación
de un proceso en donde se haya dado la oportunidad de que las partes se
expresen acerca de lo sucedido, se repare el daño causado, se restauren los
vínculos de las personas con la comunidad. Por lo tanto, un resultado
restaurativo comprende respuestas de arrepentimiento,
perdón, restitución, responsabilización, rehabilitación y reinserción
comunitaria, entre otros, que garanticen el restablecimiento de la dignidad de
la víctima, su reparación y la restitución de los lazos existentes al interior
de la comunidad, incluidos los lazos existentes entre la comunidad y quienes
agredieron a la víctima, en el evento de que sigan perteneciendo a la
comunidad.
La importancia de este tipo de procesos
radica en que la falta no se concibe solo como una trasgresión de una norma,
sino como un acontecimiento que afecta a la víctima, y repercute también en el
agresor y en la comunidad. Por lo tanto un proceso de esta naturaleza es
importante para el presente caso que ha tenido proyecciones en toda la
comunidad, siempre que se den dos condiciones previas.
La primera es que el menor afectado por
los hechos así lo desee. Esta decisión deberá ser autónoma e informada, de tal
forma que la víctima tenga claro de qué se trata el proceso restaurativo, cuál
es su objetivo, cuáles son los pasos del mismo, el rol que la víctima cumple en
dicho proceso y cuáles son sus implicaciones. A la víctima deben serle
ofrecidas alternativas, de manera flexible, para no exponerla a procesos en que
no se siente dignamente tratada. Así mismo, la decisión del menor de llevar a
cabo este proceso deberá ser expresa, sin perjuicio de que pueda cambiar de
parecer.
La segunda condición es que alguno de los
menores disciplinados vuelva a ser o haya seguido siendo parte de la comunidad
educativa. Lo anterior responde a la importancia de verificar su voluntad de
seguir siendo parte de la comunidad educativa pues sin esa condición el proceso
carece de sentido.
No obstante, las dos condiciones son
necesarias. Así, una de las dos condiciones no es suficiente para que se lleve
a cabo el proceso sino que se requiere la concurrencia de las dos para que éste
proceda.
En conclusión,
la Corte ordenará al Colegio que en el evento en que los tratos lesivos
para la dignidad del menor víctima de los hechos se estén proyectando en su
contra, como por ejemplo debido a la ventilación pública de los hechos, su
estigmatización o la burla por parte de los miembros de la comunidad, deberá
tomar medidas para que éstos cesen. Dentro de estas medidas cabe adoptar algún
tipo de proceso restaurativo a condición de que i) el menor afectado así lo
acepte de manera autónoma, expresa e informada; y ii) alguno de los menores
disciplinados vuelva a ser o haya seguido siendo parte de la comunidad
educativa y acepte también participar en un proceso restaurativo.
Pasa ahora la
Corte ha determinar si en el presente caso se ha vulnerado el derecho al debido
proceso de los menores en nombre de quienes se interpone la presente acción de
tutela. Esto es necesario no solo porque así lo han planteado los accionantes
sino porque el hecho de que los menores hayan vulnerado el derecho a la
dignidad así como la intimidad de otro menor, no significa que su derecho al
debido proceso disciplinario pueda ser, a su turno, desconocido. Para
determinar si existió una vulneración se seguirá el esquema planteado
comenzando con una breve alusión a la jurisprudencia de la Corte sobre el
debido proceso en materia disciplinaria.
4.     El debido proceso en materia disciplinaria
En materia
disciplinaria la Corte ha establecido la aplicabilidad del derecho al debido
proceso que se desprende del artículo 29 de la Constitución. Así, los
principios de legalidad, publicidad, imparcialidad, favorabilidad, presunción
de inocencia, contradicción, celeridad, protección de los derechos
fundamentales en la consecución y valoración probatoria y consagración del non
bis in idem, informan todo el derecho sancionador[85] del que hace
parte el derecho disciplinario. También ha dicho que las garantías del derecho
penal le son aplicables al derecho disciplinario, mutatis mutandi, con ciertas
especificidades[86]  ya que “su
aplicación se modula para adecuar el ejercicio del poder disciplinario a la
naturaleza y objeto del derecho disciplinario[87] y, especialmente, al
interés público y a los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad
que informan la función administrativa”[88].”[89]
Las características que distinguen la aplicación de los mencionados principios
entre el derecho penal y el derecho disciplinario fueron reiteradas en la
sentencia T-1093 de 2004[90]:
La jurisprudencia constitucional
ha señalado en particular tres elementos clave que distinguen la operancia del
debido proceso en el campo penal de su aplicación en el campo disciplinario: “(i) la imposibilidad de transportar integralmente los
principios del derecho penal al derecho disciplinario, (ii) el incumplimiento
de los deberes funcionales como fundamento de la responsabilidad disciplinaria
y (iii) la vigencia en el derecho disciplinario del sistema de sanción
de las faltas disciplinarias denominado de los números abiertos, o numerus
apertus, por oposición al sistema de números cerrados o clausus del derecho
penal.”[91]
En cuanto al primero de estos
elementos, la Corte ha precisado que las garantías propias del proceso penal no
tienen plena aplicabilidad en el campo administrativo disciplinario por la
diferencia que existe entre el bien jurídico protegido por una y otra
sub-especialidad del derecho punitivo: “mientras en el primero se protege el
orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos,
preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración
se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo
cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas
garantías-quedando a salvo su núcleo esencial-en función de la importancia del
interés público amenazado o desconocido.”[92]
Así, los objetivos que persigue el derecho penal son distintos a los que persigue
el derecho disciplinario: “la ley disciplinaria tiene como finalidad
específica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la
garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con
las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro”[93].
En relación con el segundo de
estos elementos, la Corte ha explicado que los servidores públicos, en el
ejercicio de los cargos para los cuales hayan sido nombrados, deben propender
por el logro del objetivo principal para el cual fueron nombrados, a saber,
servir al Estado y a la comunidad con estricta sujeción a lo dispuesto en la
Constitución, la ley y el reglamento-“por lo tanto, pueden verse sometidos a
una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño
vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., arts. 6o. y 123)[94].”[95]
Así, la finalidad del derecho disciplinario es la de salvaguardar la
obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores
públicos[96];
por ello, el fundamento de la responsabilidad disciplinaria es la inobservancia
de los deberes funcionales del servidor público, tal y como los establecen la
Constitución, las leyes y los reglamentos aplicables: “de allí que el
derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto
ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el
desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al
particular que cumple funciones públicas[97]. En este
sentido también ha dicho la Corte que si los presupuestos de una correcta
administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el
desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la
consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de
castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas
que-por contrapartida lógica-son entre otras, la negligencia, la imprudencia,
la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un
deber de cuidado o diligencia[98]”[99].
(…)
Esta Corte también ha precisado en
númerosas oportunidades que, dadas las especificidades propias del campo
disciplinario, el principio de legalidad, y en particular el de tipicidad,
tiene unas características propias que son similares, pero no idénticas, a las
que adquiere en el ámbito penal; ha expresado la jurisprudencia constitucional
que dicho principio de tipicidad no tiene en el derecho disciplinario la misma
connotación que presenta en el derecho penal, en donde resulta ser más
riguroso: “la razón de ser de esta diferencia, se encuentra en la naturaleza
misma de las normas penales y las disciplinarias. En las primeras, la conducta
reprimida usualmente es autónoma. En el derecho disciplinario, por el
contrario, por regla general los tipos no son autónomos, sino que remiten a
otras disposiciones en donde está consignada una orden o una prohibición”[100].
También ha explicado la Corte sobre este punto lo siguiente:
“Ahora bien, aunque la
tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación
administrativa, no es demandable en este campo el mismo grado de rigurosidad
que se exige en materia penal. La naturaleza de las normas, el tipo de
conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección, la finalidad de la
sanción y la participación de normas complementarias son, entre otros, factores
que determinan la diversidad en el grado de rigurosidad que adquiere el
principio de tipicidad en cada materia[101]. // De esta manera,
lo que se exige frente al derecho al debido proceso no es que los principios de
la normatividad sustantiva y procesal del derecho penal se apliquen a todas las
actuaciones judiciales, administrativas o de carácter sancionatorio, sino que
en todo caso de actuación administrativa exista un proceso debido, que impida y
erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer los
principios de legalidad y de justicia social, así como los demás principios y
fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, los intereses
legítimos y los derechos de origen legal o convencional de todas las personas[102].”[103]
En particular, la Corte ha
indicado que existen diferencias importantes en cuanto a (i) la precisión con
la cual han de estar definidas las conductas en las normas disciplinarias
aplicables, y (ii) la amplitud del margen del fallador disciplinario en el
proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias.[104]
En consonancia
con la anterior jurisprudencia, la Corte ha resaltado que en materia de derecho
al debido proceso en el ámbito disciplinario éste también se rige por el
principio de tipicidad, por lo que se requiere que tanto la conducta por la
cual se va a juzgar al sujeto como la sanción a imponer, hayan sido definidas
de antemano, es decir, con anterioridad a los hechos y con claridad en las
leyes o reglas aplicables, así no tengan el grado de precisión exigible en el
ámbito penal. La sentencia T-954 de 2005[105] reiteró la
importancia de este principio para la preservación del debido proceso en el
ámbito disciplinario al afirmar que:
“como
salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, hace parte de
las garantías del debido proceso (-el principio de tipicidad)-, pues permite
conocer previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables, tanto en
materia penal como disciplinaria. Este principio además protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y administrativa
y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y
sancionatorio del Estado” [106].
La aplicabilidad del principio de tipicidad en el campo disciplinario ha sido
reconocida en reiteradas oportunidades por la Corte; así, por ejemplo, en la
sentencia C-404 de 2001[107]
se señaló que “dentro de los principios que rigen el derecho disciplinario,
está sin duda el de la tipicidad, que exige que la conducta del servidor
público que la ley erige como falta sea previamente definida por el legislador,
así como la sanción correspondiente”.
“Ahora bien, aunque la tipicidad
hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación administrativa, no
es demandable en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en
materia penal. La naturaleza de las normas, el tipo de conductas que se
reprimen, los bienes objeto de protección, la finalidad de la sanción y la
participación de normas complementarias son, entre otros, factores que
determinan la diversidad en el grado de rigurosidad que adquiere el principio
de tipicidad en cada materia[108].
// De esta manera, lo que se exige frente al derecho al debido proceso no es
que los principios de la normatividad sustantiva y procesal del derecho penal
se apliquen a todas las actuaciones judiciales, administrativas o de carácter
sancionatorio, sino que en todo caso de actuación administrativa exista un
proceso debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que
haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los
demás principios y fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales,
los intereses legítimos y los derechos de origen legal o convencional de todas
las personas.”[109]
Así, la Corte ha
aceptado que en materia disciplinaria la precisión con la que se debe establecer
un tipo no exige la rigurosidad del derecho penal por lo que se admite la
consagración de tipos abiertos al igual que un margen del fallador
disciplinario en el proceso de adecuación típica de las conductas
disciplinarias:
4.3.1.1. En relación con la precisión
de la definición previa de las conductas que serán sancionadas, la Corte ha
aceptado de tiempo atrás que en este ámbito es admisible que las faltas
disciplinarias se consagren en “tipos abiertos”, “ante la imposibilidad del
legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se
subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de
los actos antijurídicos de los servidores públicos”[110]. La
infracción disciplinaria implica siempre el incumplimiento o desconocimiento de
un deber del servidor público; “la negligencia, la imprudencia, la falta de
cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen
la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones
públicas”. En esa medida, las normas disciplinarias estructuradas en forma
de tipos abiertos remiten a un complemento normativo, integrado por todas las
disposiciones en las que se consagran los deberes, mandatos y prohibiciones
aplicables a los servidores públicos; y es a este complemento al cual debe
acudir el juez disciplinario al momento de decidir sobre la existencia de
responsabilidad y la procedencia de las sanciones correspondientes. Así, “la
tipicidad en las infracciones disciplinarias se establece por la lectura
sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y
de aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales
funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”[111].
En igual medida, el juez disciplinario debe contar, al nivel de la definición
normativa de la falla disciplinaria, con un margen de apreciación más amplio
que el del juez penal, que le permita valorar el nivel de cumplimiento,
diligencia, cuidado, prudencia con el cual cada funcionario público ha dado
cumplimiento a los deberes, prohibiciones y demás mandatos funcionales que le
son aplicables; ello en la medida en que “es necesario garantizar de manera
efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio asignados a los
funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o
extralimitación en su cumplimiento”[112].
También se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del
tipo disciplinario por el hecho de que asumir una posición estricta frente a la
aplicación del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a
transcribir, dentro de la descripción del tipo disciplinario, las normas que
consagran los deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores
públicos[113].
4.3.1.2. El correlato necesario de
la admisibilidad constitucional del sistema de tipos abiertos en materia
disciplinaria, es la existencia de un mayor margen de apreciación para el
fallador disciplinario al momento de efectuar la adecuación típica de una
conducta a la definición normativa de la falla a sancionar. Ha dicho la Corte
que “a diferencia de la materia penal, en donde la descripción de los hechos
punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor
margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la
diversidad de comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública
y del régimen disciplinario”[114];
y que “en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego,
elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a
contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en
condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que
permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano competente para interpretar y
aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos”[115].
También ha precisado en este mismo sentido la Corte que “mediante la ley
disciplinaria se pretende la buena marcha de la administración pública
asegurando que los servidores del Estado cumplan fielmente con sus deberes
oficiales, para lo cual se tipifican las conductas constitutivas de falta
disciplinaria en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y
apreciación en cabeza del fallador”[116].
Por ende, “el investigador disciplinario dispone de un campo amplio para
determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho
de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa,
es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de
cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad”[117].[118]
Los principios
anteriores tienen proyecciones específicas en el ámbito de las instituciones
educativas.
4.1.
El derecho al debido proceso en el ámbito
disciplinario en las instituciones educativas.
Las
instituciones educativas comprenden un escenario en donde se aplica el derecho
sancionador. Dichas instituciones tienen por mandato legal que regir sus
relaciones de acuerdo a reglamentos o manuales de convivencia[119].
Esas normas deben respetar las garantías y principios del derecho al debido
proceso. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades
sobre el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las
instituciones educativas fijando los parámetros de su aplicación.
Las
instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que
consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad
educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas.
Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas
claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad
educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario.
Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las
garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves[120].
Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en
materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa
determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo
establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier
sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de
sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las
conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la
indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas[121])
y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3)
el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado
pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las
pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus
descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción
proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el
encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada
una de las decisiones de las autoridades competentes[122].
Adicionalmente el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez
psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las
condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de
medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos
prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su
futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los
adolescentes su permanencia en el sistema educativo[123].
Pasa ahora la
Sala a analizar si se respetó el derecho al debido proceso de los menores
durante el proceso disciplinario. De acuerdo a las vulneraciones alegadas la
Sala analizará i) si las reglas que estipuladas en el Manual de Convivencia del
Colegio cumplen con el principio de tipicidad; ii) si se ha respetado el
principio de legalidad al prever el procedimiento con anterioridad al inicio
del proceso; iii) si se ha respetado el derecho a la defensa; y iv) si se ha
respetado el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, antes de
abordar los anteriores problemas es necesario hacer un recuento del proceso
disciplinario establecido en el Manual de Convivencia del Colegio, así
como el procedimiento específico que el Colegio siguió.
4.2.
El Colegio
vulneró el derecho al debido proceso de los menores Esteban, Jorge, José y
Daniel en los procesos disciplinarios seguidos en su contra.
4.2.1
El procedimiento establecido por el Colegio
en su Manual de Convivencia para los procesos disciplinarios.
De acuerdo al
Manual de Convivencia del Colegio existen dos procedimientos a través de
los cuales se pierde la permanencia en la institución. El primero se refiere a
la no renovación del contrato académico para el siguiente año lectivo en razón
al mal comportamiento, lo que no requiere necesariamente de un procedimiento
disciplinario. La segunda se refiere a la pérdida de la permanencia en la
institución por la cancelación de la matrícula después de un proceso
disciplinario por encontrarse incurso en las faltas denominadas como graves en
el Manual de Convivencia. El artículo 10 del Manual establece en lo pertinente:
Artículo 10.
De la permanencia
Se pierde el
derecho a pertenecer en la Institución:
1. Cuando se
descubre que ha habido dolo en la presentación de los certificados tanto de
identidad como académicos.
2.Cuando reiteradamente presenta actitudes negativas de disciplina o
mal comportamiento y han sido registradas en el Observador del Estudiante y
dadas a conocer tanto al estudiante como a sus padres, previo agotamiento del
debido proceso.
3.Cuando presenta bajo rendimiento académico ya que la educación es
un derecho-deber y por consiguiente no se vulnera lo establecido al respecto en
la Constitución Nacional.
4.Cuando el estudiante reprueba por primera vez el año escolar y
observó mala conducta y reiterada indisciplina.
5.Se pierde la calidad de estudiante del Colegio cuando al
finalizar el año lectivo mantiene juicios de valor de insuficiencia y/o
deficiencia en cuatro o más asignaturas ya que el estudiante ha demostrado
irresponsabilidad e indisciplina académica.
6.  En caso de exclusión la Rectoría previo informe a la Junta
Directiva de la Asociación de Padres de Familia compulsará el acto
administrativo correspondiente.
El anterior
artículo establece que la permanencia en la institución puede perderse cuando
el estudiante “reiteradamente presenta actitudes negativas de disciplina o
mal comportamiento”, pero dicha conducta, para que proceda la pérdida de la
permanencia, se encuentra sujeta a: i) el registro de dichos comportamientos en
el Observador del Estudiante; ii) el conocimiento de dicho registro a los
padres y al estudiante y; iii) al agotamiento del debido proceso. El
agotamiento del debido proceso puede entenderse de dos maneras. La primera se
refiere a que después de haber cumplido con el registro y el informe a los
padres y al estudiante el Rector debe presentar un informe de lo anterior a la
Junta Directiva de la Asociación de Padres de familia para que apruebe la
determinación y así el Rector proceda a expedir el correspondiente acto
administrativo. Así mismo, en este procedimiento el estudiante, de acuerdo al
artículo 11 del mismo Manual, tiene derecho a “ser escuchado cuando incurra
en cualquier tipo de falta leve o grave cometida dentro o fuera del plantel y
al debido proceso.”[124]
La segunda forma
de perder la permanencia corresponde al procedimiento establecido en el
artículo 17 del Manual para los procesos disciplinarios cuando se encuentre una
reincidencia en faltas leves o la comisión de faltas graves que, verificada la
conducta desencadena la cancelación de la matrícula. Las faltas graves se
encuentran en el artículo 14 del Manual de Convivencia que en lo pertinente
dice:
Artículo 14. Faltas Graves
- Todo acto contra la moral y las buenas costumbres.
- Comportamiento agresivo de palabra y hecho contra directivos,
profesores, compañeros o personas que trabajen en la institución.
- Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los
compañeros.
- Irrespeto a sus profesores y a sus compañeros.
El Manual
también establece que “el proceso evaluativo de las faltas lo harán los
profesores, Directores de curso, Coordinadores de Sección, la Rectoría y el
Consejo Directivo, como entes disciplinarios de la Institución.”[125]
El procedimiento
disciplinario, de acuerdo a los artículos 17 y 21 del Manual es el siguiente:
Artículo 17.
Para las faltas graves determinadas por la reincidencia de las
faltas leves por el incumplimiento de compromisos se dará lugar al inicio del
proceso disciplinario.
Cometida la falta se proseguirá a estudiar su veracidad y a
determinar su autor o autores para establecer la responsabilidad así:
- Conocimiento de la falta por el director de curso y el alumno.
- Comunicación a coordinación para hacer el registro escrito del
hecho y de las pruebas en forma clara y detallada.
- En forma escrita poner en conocimiento de los hechos junto con las
pruebas del rector.
- Revisados y verificados los hechos y pruebas la Rectoría
determinará si existe o no mérito suficiente para continuar con el proceso.
- Si existe mérito suficiente la Rectoría y/o investigador
determinará continuar con la investigación; se hará citación a padres de
familia o acudiente junto con el estudiante para comunicarle y notificarle la
apertura del proceso disciplinario.
- El investigador formulará por escrito los cargos, y de igual forma
se le comunicará al acudiente y al estudiante, señalando con precisión las
faltas así como las pruebas que fundamentan los cargos formulados.
- Una vez notificados dispondrá de cinco días hábiles para presentar
descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere
para su defensa.
- Cumpliendo el término anterior el investigador practicará las
pruebas que considere convenientes para clarificar los hechos.
- Una vez superada la etapa anterior el investigador mediante un
informe claro y detallado lo remitirá al Consejo Directivo quien dentro de los
tres días hábiles siguientes estudiará el caso para absolver o imponer la
sanción si hubiere lugar a ella, de lo cual, informará a la Junta Directiva de
la Asociación de Padres de Familia si se llegase a determinar la expulsión del
estudiante. El Rector mediante resolución motivada comunicará la sanción tanto
a los padres de familia como al estudiante.
Artículo 21. Recursos contra las sanciones graves.
Contra las actuaciones que surjan del proceso disciplinario
procederán los recursos de reposición y apelación; contra las sanciones
impuestas por el Rector mediante resolución procede el recurso de reposición y
subsidiariamente el recurso de apelación ante el Director del Núcleo Educativo.
Los recursos deben interponerse sucesivamente por escrito durante los cinco
días hábiles a la notificación.
En el Manual se
encuentran unas disposiciones que se deben aplicar como principios generales
cuando se presenten faltas a los deberes de los estudiantes. Así, en su
artículo 20 se establece que:
Artículo 20. A los estudiantes que
incumplan los deberes consagrados en el presente Manual de Convivencia se les
aplicarán los correctivos en forma progresiva siguiendo el debido proceso así:
- AMONESTACIÓN VERBAL PRIVADA: Por faltas leves, los profesores,
directores de grupo u otra autoridad educativa harán la corrección verbal
respectiva y se amonestará al estudiante haciendo notar que en la próxima falta
se le hará amonestación escrita.
- AMONESTACIÓN VERBAL ESCRITA: Por reincidencia en faltas leves y
por faltas graves el profesorado, director de grupo y coordinador registrarán
en el observador del Estudiante el motivo de la amonestación aclarando que es
de carácter escrito y se establecerá el respectivo compromiso de mejoramiento y
se rubricará tanto por el estudiante como por el profesor que le hizo la
reconvención.
- NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA: Por faltas graves,
reincidencia en faltas leves, se notificará a los padres de familia para
informarles sobre la comisión de faltas del estudiante y se establecerán por
escrito los respectivos compromisos de mejoramiento advirtiéndoles que si
existiere un próximo llamado de atención quedará en condición de última
oportunidad de permanencia en el Colegio.
- CANCELACIÓN DE LA MATRICULA: Por faltas graves, por reincidencia
en faltas leves, por indisciplina permanente, desinterés en el estudio e
incumplimiento del contrato de prestación del servicio de educación, pérdida de
dos grados académicos luego del análisis y concepto de la Asamblea de
Profesores, comités de evaluación y promoción, previa información y
autorización de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia, el
Rector producirá la resolución motivada para el estudiante y padre de familia o
su representante informándole sobre la cancelación de la Matrícula.
Dicha regla
indica que ante el incumplimiento de los deberes los correctivos deben ser
aplicados en forma gradual pues “los correctivos y sanciones previstas en el
presente Manual de Convivencia, cumplen la función de hacer reflexionar y
ayudar a superar las dificultades y errores de los estudiantes en cuanto a sus
actitudes y comportamientos.”[126]
En conclusión,
la pérdida de la permanencia en la institución puede darse de dos maneras. La
primera establece la pérdida de la permanencia cuando un estudiante presenta de
manera reiterada actitudes negativas de disciplina o mal comportamiento,
lo que desencadena un procedimiento específico: i) el registro de dichos
comportamientos en el Observador del Estudiante; ii) la comunicación de dicho
registro a los padres y al estudiante; iii) la presentación de un informe a la
Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia por parte del Rector; iv)
la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia de la
determinación; y v) la expedición del acto administrativo que declara la
pérdida de permanencia. El anterior procedimiento debe respetar el debido proceso,
que en este caso se concreta en dar la oportunidad al estudiante de ejercer su
derecho de defensa.
La segunda forma
de perder la permanencia en la institución procede ante la comisión de las
faltas graves o la reincidencia de las faltas leves estipuladas en el artículo
14 del Manual de Convivencia lo que desencadena el proceso disciplinario
reseñado.
El procedimiento
establecido en el Manual de Convivencia del Colegio en principio, tal y
como aparece estipulado en su manual respeta las disposiciones constitucionales
en cuanto prevé un procedimiento para aplicar sanciones en el que se establecen
tiempos para ejercer el derecho de defensa, una verificación de los hechos, el
conocimiento de las partes de las instancias mediante notificaciones y
comunicaciones y una aplicación gradual de las sanciones y correctivos que
atiende criterios de formación educativa.
Pasa ahora la
Sala a analizar el proceso disciplinario que se siguió contra los menores en
nombre de quienes se interpuso acción de tutela.
4.2.2
El proceso disciplinario aplicado a estos casos.
Dado que el proceso disciplinario contra los
cinco estudiantes se siguió en un mismo expediente se reseñará cada una de sus
partes de manera conjunta, empezando por una cronología del mismo:
Fecha
Actuación
6 de junio de 2005
Salida pedagógica en donde ocurrieron los
hechos que llevaron a la apertura del proceso disciplinario.[127]
Sin fecha ni radicación
Informes separados de la salida del Coordinador Guillermo
y de Lilian.[128]
9 de junio de 2005
Carta dirigida al Rector por parte de Mauricio,
quien estuvo presente en la salida pedagógica.[129]
13 de junio de 2005
Queja formal presentada a la Rectoría por parte de la
madre de la supuesta víctima.
16 de junio de 2005
Comunicación a los padres de los menores para que se
presenten el día 17 de junio a las 930 de la mañana  junto con su hijo en la
rectoría para notificarles por escrito las faltas en las que presuntamente
incurrió su hijo y recibir sus descargos.[130]
17 de junio de 2005
Notificación escrita a los padres de los menores de la
apertura del proceso No. 05 de 2005. (Término para presentar descargos 23 de
junio de 2005).[131]
18 de junio de 2005
Los padres del menor Jorge solicitan la expedición
de copias del proceso disciplinario 02 de 2005[132].
21 de junio de 2005
Se presenta declaración escrita del padre del menor
Daniel[133] y del
mismo menor.[134]
23 de junio de 2005
Se presenta pliego de descargos ante la rectoría y por
escrito por parte de los padres de los menores y por los menores.[135]
23 de junio de 2005
Se presenta ampliación de la denuncia de la madre de la
víctima.
28 de junio de 2005
Se presenta declaración escrita de los hechos por parte
del menor Esteban.[136]
28 de junio de 2005
Declaración escrita de Camilo.[137]
28 de junio de 2005
Declaración escrita de Alejandro[138].
29 de junio de 2005
Declaración escrita de Carlos.[139] Se expide la Resolución 006 del
29 de junio de 2005 “por la cual se reestructura el Consejo Directivo[140].
1 de julio 2005
Ampliación de los descargos por parte de los padres del
menor Esteban.
27 de julio de 2005
El Rector presenta informe de los hechos al
Consejo Directivo.[141]
29 de julio de 2005
Se realiza la primera reunión del año del Consejo
Directiva, aprueban Acta 01 de 2005. El Rector da a conocer al Consejo la
Resolución 006 de 2005 por medio de la cual se reestructura el Consejo
Directivo. Se da a conocer al Consejo el inicio de los procesos
disciplinarios.[142]
1 de agosto de 2005
El Consejo Directivo toma la determinación de cancelar la
matrícula del menor.[143]
2 de agosto de 2005
Acta No. 04 de 2005 con la que se aprueba el Acta del día
anterior.[144]
3 de agosto de 2005
La Junta de Padres autoriza la cancelación de la matrícula.[145]
4 de agosto de 2005
El Rector envía comunicación escrita y separada a los
padres de los menores citándolos para el 5 de agosto para darles a conocer la
decisión del Consejo Directivo.[146]
5 de agosto de 2005
El Rector expide la Resolución 011 de agosto
de 2005 mediante la cual establece que el menor ha cometido, de acuerdo al
artículo 14 del Manual de Convivencia, dos faltas graves: i) “Todo acto
contra la moral cristiana y las buenas costumbres”; y ii) “Actitudes
morbosas que afectan la buena formación de los compañeros”. La Resolución
establece la posibilidad de interponer recurso de reposición ante el Rector y
el Consejo Directivo durante los 5 días hábiles siguientes a la notificación
de la Resolución[147]. En el
mismo sentido la resolución 012 de 2005 para José;[148] resolución 009 de 2005 para Jorge;[149] resolución 008 de 2005 para Daniel.[150]
12 de agosto de 2005
Los padres del menor Esteban interponen recurso de
reposición la resolución 011 de 2005 y en subsidio se interpone el recurso de
apelación[151]. Los
padres del menor José interponen recurso de reposición de la
Resolución 012 de 2005 y en subsidio se interpone el recurso de apelación[152]. Los padres de Jorge interponen
recurso de reposición contra la Resolución 009 del 2005 y en subsidio se
interpone el recurso de apelación[153].
17 de agosto de 2005
Los padres del menor Daniel interponen
recurso de reposición contra la resolución 008 de 2005 y en subsidio se
interpone el recurso de apelación[154].
22 de agosto de 2005
Se reúne el Consejo Directivo para analizar el recurso de
reposición[155].
24 de agosto de 2005
Se reúne el Consejo Directivo y confirma la
Resolución 011 de 2005[156].
9 de septiembre de 2005
Se expiden las Resoluciones 013, 014, 016 y
017 del 9 de septiembre de 2005 mediante las cuales se ratifica la
cancelación de la matrícula de los menores y de acuerdo al artículo 21 del
Manual de Convivencia pasa a la Secretaría de Educación para que resuelva el
recurso de apelación.[157]
1 de diciembre de 2005
Acta 07 de 2005 en la que el Consejo Directivo
establece que independientemente de la decisión de la Secretaría Educativa
sobre el recurso de apelación la matricula de los estudiantes no será
renovada.[158]
7 de diciembre de 2005
Acta final de disciplina de la Asamblea de
Profesores. [159]
9 de diciembre de 2005
Se hace entrega del Boletín Informativo de 4
Período y Final en el que se dice: “Por su incumplimiento en los deberes
de estudiante, consignados en el Manual de Convivencia y en el contrato de
matrícula no se le puede renovar su vinculación al colegio en el 2006.”[160]
13 de diciembre de 2005
La Secretaría de Educación decide anular el
proceso disciplinario que se siguió contra los menores por violación al
debido proceso[161].
Habiendo
establecido los criterios aplicables al caso así como el procedimiento que
surtió la investigación disciplinaria de los menores, pasa la Sala a verificar
la debida aplicación de los parámetros constitucionales.
4.3.       Análisis del cumplimiento del debido proceso durante los procesos
disciplinarios.
Para establecer
si el Colegio respetó el debido proceso de los estudiantes con la
determinación de cancelar la matrícula de los menores Esteban, José, Jorge
y Daniel se debe analizar dos cuestiones por separado. La primera se
refiere al proceso disciplinario en el que el colegio decidió cancelar las
matrículas de los estudiantes. Si bien el proceso fue anulado en la segunda
instancia y, como se ha mencionado, se alega que su desvinculación de la
institución obedeció a una decisión supuestamente separada del proceso
disciplinario anulado mediante la cual se decidió no renovar las matrículas de
los estudiantes, cabe señalar que subsisten rasgos constitucionales del proceso
disciplinario que deben ser analizados y que este análisis es relevante habida
cuenta de que a varios menores no se les renovó la matrícula. Para dicho
análisis primero se verificará el respeto al principio de tipicidad en lo que
se refiere a las faltas imputadas a los menores. Segundo, se analizará si se
respetó el principio de legalidad. Tercero, se determinará si se respetó el
derecho a la defensa de los menores. Finalmente, se mirará la competencia de la
Secretaría de Educación del Municipio para conocer de la segunda
instancia en el proceso.
La segunda
cuestión se refiere a la determinación de la no renovación de la matrícula de
los menores por parte del Colegio, lo que se hizo antes de conocer la
decisión de segunda instancia sobre el proceso disciplinario, aduciendo el
incumplimiento de los deberes del estudiante y la autonomía de la institución
educativa como entidad privada. Una vez resuelta la primera cuestión se pasará
a analizar el procedimiento que llevó a la no renovación de las matrículas y
si, al igual que en el caso anterior dicha determinación respetó las garantías
del derecho al debido proceso, como establecido en su Manual.
4.4.       El proceso disciplinario llevado en contra de los menores en nombre
de quienes se interpone esta acción de tutela.
4.4.1
Las reglas disciplinarias establecidas en el
Manual de Convivencia del Colegio e imputadas a los estudiantes en
nombre de quienes se instauró la presente acción de tutela vulneran el
principio de tipicidad.
Del principio de
tipicidad aplicable al proceso disciplinario en las instituciones educativas
como garantía del debido proceso se desprende que en términos generales una
regla que establece las conductas por las que se pierde la permanencia en una
institución educativa no puede ser tan vaga que permita una aplicación
arbitraria. En particular la regla debe proveer una información clara y
adecuada que permita al estudiante entender cuál es la conducta reprochada.
El Manual de
Convivencia del Colegio establece en su artículo 14 las faltas graves,
de las que se deriva la pérdida de la permanencia en la institución:
Artículo 14. Faltas Graves
- Todo acto contra la moral y las buenas costumbres[162].
- Comportamiento agresivo de palabra y hecho contra directivos,
profesores, compañeros o personas que trabajen en la institución.
- Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los
compañeros.
- Irrespeto a sus profesores y a sus compañeros.
El 5 de agosto
de 2005 el Rector del Colegio expidió las resoluciones 008, 009, 011,
012 mediante las cuales se estableció que los menores estudiantes José,
Jorge, Esteban y Daniel habían cometido
dos faltas graves de acuerdo al artículo 14 del Manual de Convivencia. Las
faltas por las que los menores fueron investigados corresponden al
incumplimiento de tres deberes sociales de los estudiantes, un deber respecto
de sus compañeros, un deber disciplinario y una falta grave: i) “identificar,
valorar y respetar las buenas costumbres, tradiciones y normas de la familia,
de la institución, del Municipio y de la Nación”; ii) “Guardar una gran
lealtad a la institución, defendiéndola, honrándola y acreditándola con sus
actuaciones y comportamientos”; iii) “Valorar y respetar los derechos,
bienes propios, ajenos, la integridad física y moral de los estudiantes de la
comunidad educativa”; iv) “Emplear un lenguaje culto, cordial y buenos
modales en las relaciones interpersonales dentro y fuera del Colegio”; v) “mantener
un excelente, digno y respetuoso comportamiento en la capilla y demás sitios de
reuniones comunitarias”; vi) “Propiciar la conservación de la salud
física y mental absteniéndose del porte y divulgación de material
pornográfico...”[163]; vii) “Actitudes
morbosas que afecten la buena formación de los compañeros”[164]. Las sanciones fueron imputadas por las faltas
consistentes en realizar: i) “Todo acto
contra la moral cristiana y las buenas costumbres”; y ii) “Actitudes
morbosas que afectan la buena formación de los compañeros”.
Para analizar las conductas tipificadas como faltas
disciplinarias se debe también atender a los deberes estatuidos para los
estudiantes.  De acuerdo a la jurisprudencia sobre la tipicidad en el derecho
disciplinario, se entiende que las conductas previstas como faltas
disciplinarias han de leerse de manera complementaria con los deberes, en este
caso, establecidos para los estudiantes. El artículo 12 del Manual de
Convivencia del Colegio establece los deberes de los estudiantes:
Artículo 12.
A nivel social y
organizativo
(...)
-Valorar y respetar los derechos, bienes propios,
ajenos, la integridad física y moral de los estudiantes de la comunidad
educativa.
(...)
Deberes Disciplinarios
-
Observar diariamente las
normas de presentación personal, en el vestir, el corte clásico de cabello, en
la higiene y urbanidad que exige la institución.
-
Utilizar únicamente la puerta
señalada para la entrada y la salida de la institución.
-
Utilizar y mantener
adecuadamente las instalaciones e implementos deportivos para evitar
accidentes.
-
Hacer uso adecuado de los
sanitarios, evitando el desaseo la escritura, la escritura y gráficos en
puertas y paredes.
-
Obrar correcta y
diligentemente en todas las circunstancias, en especial durante la ausencia de
profesores y directivos.
-
Mantener un excelente, digno
y respetuoso comportamiento en la capilla y demás sitios de reuniones comunitarias
-
Observar respeto y silencio
en los desplazamientos por las dependencias del Colegio para no interferir en
el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y/o administrativas
-
Propiciar la conservación de
la salud física y mental absteniéndose del porte y divulgación de material
pornográfico así como del consumo de bebidas embriagantes y el uso de
sustancias sicoactivas.
-
Avisar oportunamente a quien
corresponda sobre situaciones de peligro, daños, robos, riñas y actos inmorales
o de mal comportamiento por parte de compañeros o personas ajenas al colegio.
-
No portar el uniforme en
sitios como salones de juegos discotecas, tabernas, bares y otros similares.
-
Acatar las orientaciones y
sugerencias de los profesores y directivos de la institución[165].
La jurisprudencia
ha establecido que la tipicidad de una falta disciplinaria no comprende una
descripción precisa y detallada de la conducta, como en el ámbito penal; sin
embargo, y aun cuando se tiene que los tipos en el derecho disciplinario son
abiertos, de la enunciación de la falta, en conjunto con los deberes
correlativos, se debe poder establecer con claridad la conducta prohibida
objeto de sanción.
La Sala
encuentra que en el Manual de Convivencia la falta por la que fueron
sancionados los menores corresponde a: “todo acto contra la moral y las
buenas costumbres” y que las resoluciones mediante las cuales se ordenó
cancelar la matrícula a los estudiantes los responsabilizaron por “todo acto contra la moral cristiana y las buenas
costumbres.” La falta atribuida a los
menores vulnera el principio de tipicidad, lo que invalida el proceso
disciplinario.
En efecto, la imputación de la falta “todo acto contra
la moral cristiana y las buenas costumbres” tiene dos problemas a la luz
del debido proceso. El primero, es que dicha falta no se encuentra establecida
en el Manual de Convivencia, como se anotó, por lo que se viola el principio de
tipicidad. La diferencia se encuentra en que la falta establecida en el Manual
hace alusión a la “moral” mientras que la falta imputada dice “moral
cristiana”. Existe una gran diferencia entre los dos conceptos.  La alusión a
la moral cristiana designa la moral de un grupo religioso determinado. De otra
parte la noción de “moral” hace alusión a la moral general, es decir a la moral
social que, como se dijo en la sentencia C-224 de 1994[166],
“es la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia”.  Así,
pueden existir comportamientos que no vayan en contra de la moral general y que
si vayan en contra de la moral cristiana de donde se desprende la diferencia en
la tipificación de la falta.
El segundo problema que se encuentra es que la falta  es
amplia y vaga, ya que no alude a un comportamiento que sea previamente
determinable. La falta remite a dos conceptos: la “moral cristiana” o “moral” y
las “buenas costumbres”. Los dos, son conceptos amplios que pueden abarcar
cualquier cantidad y diversidad de conductas y que no encuentran, de manera
autónoma, un parámetro objetivo para su determinación en el propio Manual de
Convivencia. Así, para que la conducta sancionada hubiera podido ser
previamente determinable ésta debía haber sido acompañada de los correlativos
deberes incumplidos y consagrados en el Manual de Convivencia.
Así mismo, la Sala encuentra que aún cuando la conducta
imputada hubiere sido la que contempla el Manual de Convivencia “todo acto
contra la moral y las buenas costumbres” ésta tampoco cumple con un grado
de determinación suficiente ya que de la misma o de la remisión a unos deberes
específicos predeterminados, no se puede establecer cuál es la conducta
prohibida.
Por lo tanto, la Corte advierte al Colegio que
deberá corregir su Manual de Convivencia en el sentido de determinar con
claridad cuáles son las conductas que comprenden una falta disciplinaria. Lo
anterior en el entendido de que de su lectura los estudiantes deben poder saber
cuáles son las características esenciales del comportamiento que será objeto de
sanción disciplinaria.
Lo anterior no
significa que la conducta de los estudiantes en contra de su compañero no sea
reprochable y lesiva de su dignidad, autonomía e intimidad, como ya se
concluyó. Tampoco implica que dicha conducta no haya sido violatoria del Manual
de Convivencia. Lo que sucede es que en el procedimiento disciplinario se
incurrió en las fallas anteriormente señaladas.
4.4.2    .  El Colegio no vulneró el debido proceso en lo que respecta
a la integración y las funciones del Consejo Directivo de la institución.
Pasa ahora la Sala a verificar si se
respetó el principio de legalidad en cuanto a la modificación de la composición
y las funciones del Consejo Directivo de la institución después de iniciado el
proceso disciplinario.
La apertura formal del proceso se dio el
16 de junio de 2005, fecha en la que se comunicó a los padres de los menores lo
que había sucedido y se les cito en el Colegio para el siguiente día para
notificarles por escrito las faltas en que presuntamente habían incurrido sus
hijos.[167]
Posteriormente, mediante Resolución 006 del 29 de junio de 2005 expedida por el
Rector se modificó la composición del Consejo Directivo y sus funciones. El
siguiente cuadro muestra los dos textos:
Acuerdo 03 de 1999
Resolución 006 de 29 de junio de 2005
Artículo 1. El Consejo Directivo del Colegio, como instancia de
participación de la comunidad educativa, es un organismo de coordinación y
asesoría con el Rector que coadyuva en la orientación del Colegio y asesora
para la toma de decisiones.
Artículo 1. Carácter. El Consejo Directivo del Colegio, es la
instancia principal de participación de la comunidad educativa, órgano asesor
y de colaboración con el rector y los directivos, para la toma de decisiones
y la buena marcha de la institución.
Artículo 2. El Consejo Directiva estará integrado por:
- El rector,
quien lo presidirá
- Dos
representantes de los profesores,
- Dos
representantes de los padres de familia,
- Un
representante de los alumnos
- Un
representante de los exalumnos
- Un
representante del sector productivo
- Un
representante de la Diócesis del Municipio
Artículo 2. El Consejo Directivo del
Colegio esta compuesto por las siguientes personas:
El Rector, quien lo preside, y en representación
del Obispo Diocesano
Dos Representantes de los profesores, uno de los niveles de
preescolar y básica primaria y otro de los niveles de básica secundaria y
educación media, elegidos por la asamblea de docentes,
Dos representantes de los padres de familia elegidos por el
Consejo de Padres de Familia, o uno de ellos por la Asociación de Padres de
Familia cuando el número de sus afiliados alcance la mitad más uno de los
padres de familia de los estudiantes del colegio,
Dos estudiantes de los estudiantes, uno de los niveles de
preescolar y básica primaria y otro de los niveles de básica secundaria y
educación media, elegidos por el consejo de estudiantes,
Un representante de los exalumnos elegido
en reunión de asamblea de exalumnos convocada por el Rector,
Un representante del sector productivo designado por la Cámara de
Comercio del Municipio
Los Coordinadores de la Institución,
Un orientador o docente de apoyo designado por el Rector,
Un representante de los administrativos y personal de servicios
generales elegido en asamblea,
El vicepresidente del Club Deportivo del Colegio.
Parágrafo: La forma de designación de los dos padres de familia
establecida en el presente artículo, entrará en vigencia a partir de la
iniciación del año escolar 2006.
Artículo 4.
Son funciones del Consejo Directivo del colegio,
las siguientes:
a) Asesorar al
Rector en la toma de las decisiones de éste para el buen funcionamiento del
colegio;
b) Considerar las
iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que redunden en la
práctica de la participación democrática en la vida escolar;
c) Considerar
las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que redunden en la
práctica de la participación democrática en la vida escolar;
d) Tomar las
decisiones que afecten al funcionamiento del Colegio cuando según el Manual
de Convivencia no sean de competencia de otra autoridad;
e) Servir de
instancia para resolver conflictos que se presenten entre directivos y
docentes con alumnos después de haber agotado el conducto regular y los
procedimientos previstos en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia;
f) Adoptar el
Reglamento o Manual de Convivencia que presente el Rector a su consideración;
g) Asumir la
garantía y defensa de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado;
h) Participar
en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a inscripción y consideración
de la Secretaría de Educación competente;
i) Participar
en el proceso de autoevaluación del Colegio para la caracterización del
servicio educativo;
j) Participar
en el proceso de evaluación institucional;
k) Establecer
estímulos y sanciones para el buen desempeño del alumno en todos los órdenes;
l) Recomendar
criterios y promover actividades y relaciones de tipo académico, deportivo,
cultural, recreativo y social de la comunidad educativa con otras
instituciones.
m) Fomentar la
confrontación de la asociación de padres de familia y demás agremiaciones
culturales y deportivas;
n) Reglamentar
los procesos electorales a que haya lugar;
o) Darse su
propio reglamento.
Artículo 4. Funciones. Son funciones
del Consejo Directivo del Colegio las siguientes:
1. Tomar las decisiones que afecten el
funcionamiento del establecimiento educativo, siempre y cuando no sean
competencia de otra autoridad y después de haber agotado los procedimientos
previstos en el reglamento o Manual de Convivencia; y en el Manual de
funciones.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se
presenten entre docentes y administrativos, con los alumnos del
establecimiento educativo, después de haber agotado los procedimientos
establecidos en el Reglamento o Manual de Convivencia;
3. Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia de la Institución
y estudiar sus modificaciones, con base en las normas vigentes y la filosofía
y principios del Proyecto Educativo Institucional;
4. Participar en la fijación de los costos educativos, en la parte
que no sea competencia de otra autoridad, de acuerdo con la normatividad que
rige para el sector privado de la educación.
5. Analizar y apoyar con equidad e imparcialidad las decisiones
que se adopten en pro del bien común;
6. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la
comunidad educativa cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado;
7. Participar en la construcción, actualización y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del Plan de estudios;
8. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño
académico y social de los alumnos;
9. Participar en la evaluación de los directivos-docentes,
docentes y personal administrativo de la institución;
10. Fomentar la conformación de la asociación de padres de familia
y de estudiantes;
11. Apoyar la participación y las relaciones de tipo académico,
deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de
organismos juveniles y comunitario;
12. Fomentar la conformación con la Asociación de padres de
familia, para propiciar colaboración y apoyo mutuos en las diferentes
actividades programadas;
13. Reglamentar los procesos electorales previstos en el Proyecto
Educativo Institucional;
14. Mantener sigilo profesional sobre las deliberaciones y
decisiones que se tomen en el consejo o fuera de él;
15. Mantener informados a los estamentos respectivos, de las
decisiones que tome el Consejo, manteniendo el sigilo profesional que la
ética y la moral imponen;
16. Estudiar las iniciativas presentadas a su consideración para
el bien del establecimiento y estimular y controlar el buen funcionamiento de
la institución;
17. Servir de
instancia para estudiar los informes que la dirección del Colegio presente,
acerca de procesos disciplinarios a estudiantes y decidir sobre la absolución
o imposición de la sanción.
18. Estudiar los informes de gestión y de resultados obtenidos por
el Colegio en los diferentes aspectos previstos en el proyecto educativo
institucional y en sus planes operativos.
19. Darse su propio reglamento.
Las modificaciones de la conformación del
Consejo Directivo establecieron que: i) el Rector actuaba en representación del
Obispo Diocesano; ii) se especificó el mecanismo de elección de los integrantes
del Consejo Directivo; iii) se aumentó la representación de los estudiantes de
uno a dos y se estableció el nivel que representa cada uno de ellos; iv) se
añadió la representación de los coordinadores de la institución, de un orientador
o docente de apoyo, de un representante de los administrativos y personal de
servicios generales así como el vicepresidente del Club Deportivo  del Colegio.
En cuanto a las modificaciones de las
funciones del Consejo se le atribuyó explícitamente al Consejo la función de “servir
de instancia para estudiar los informes que la dirección del Colegio presente,
acerca de procesos disciplinarios a estudiantes y decidir sobre la absolución o
imposición de la sanción.” De acuerdo al anterior articulado el Consejo
servía de “instancia para resolver conflictos que se presenten entre
directivos y docentes con alumnos después de haber agotado el conducto regular
y los procedimientos previstos en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia”
al igual que asumía “la garantía y defensa de los derechos de toda la
comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado”. Lo
anterior también se mantuvo en la nueva disposición sobre las funciones del
Consejo. No obstante, la anterior función se encontraba estipulada en el
artículo 17 del Manual de Convivencia al determinar que el Consejo Directivo
decidiría sobre los informes presentados por el Rector en los procesos
disciplinarios después de lo cual la decisión debía ser confirmada por la
Asamblea de Padres de Familia.
La Sala encuentra que si bien el
articulado sobre las funciones del Consejo Directivo fue modificado en un
momento posterior a la iniciación del proceso disciplinario dichas funciones,
en lo pertinente, se mantuvieron. Por lo tanto el único cambio que se desprende
de la Resolución 006 de 2005 que afecta el proceso disciplinario fue la
modificación de la conformación del Consejo Directivo. El hecho de que las
normas modificadas respondan a una inclusión mayor de la comunidad educativa
hace que no se encuentre un desmedro del derecho de los menores y dado que la
rigurosidad de aplicación de los principios del derecho penal y derecho
disciplinario en instituciones que prestan educación básica y media es menor
hace que dicho cambio no represente una vulneración al derecho en esta
oportunidad.
Los tutelantes sostienen que la decisión
del Consejo Directivo de cancelar la matrícula de los menores vulnera el
artículo 143 del Código de la Educación. El artículo 143 de la Ley 115 de 1994
dice:
ARTICULO 143. Consejo directivo de los
establecimientos educativos estatales. En cada establecimiento educativo del
Estado existirá un Consejo Directivo integrado por:
a) El rector del establecimiento educativo, quien lo
convocará y presidirá;
b) Dos representantes de los docentes de la
institución;
c) Dos representantes de los padres de familia;
d) Un representante de los estudiantes que debe estar
cursando el último grado de educación que ofrezca la institución;
e) Un representante de los ex alumnos de la institución,
y
f) Un representante de los sectores productivos del
área de influencia del sector productivo.
Para la elección de los representantes a que se
refiere este artículo, el Gobierno Nacional establecerá la reglamentación
correspondiente que asegure la participación de cada uno de los estamentos que
lo integran y fije el período para el cual se elegirán.
PARAGRAFO. Los
establecimientos educativos con escaso número de docentes o de alumnos y que se
hayan acogido al régimen de asociación previsto en los artículos 138 y 140 de
esta ley, contarán con un consejo directivo común elegido de manera
democrática.
La norma establece los integrantes del
Consejo Directivo de las instituciones educativas estatales. Por lo tanto, la
obligación que se desprende de la norma no se dirige a los colegios privados.
Así, no le asiste razón a los tutelantes en cuanto a la obligación del
Colegio de mantener la estructura del Consejo Directivo establecida en la
norma dado que el Colegio no es una entidad educativa estatal sino un colegio
de carácter privado que goza de autonomía para definir cuáles habrán de ser los
miembros del Consejo Directivo[168]. De acuerdo a lo
anterior, la Sala encuentra que el Colegio no vulneró el debido proceso durante
los procesos disciplinarios seguidos contra los menores, en este aspecto.
4.4.3    El Colegio vulneró el derecho a una
adecuada defensa de los menores en  nombre de quienes se interpone la acción de
tutela.
La materialización del derecho a la
defensa en  los procesos disciplinarios en una institución educativa,  como se
anotó en el apartado 4.1, exige que dicho proceso prevea (1) la comunicación formal de la apertura del
proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de
sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las
conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la
indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación
provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al
imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos
formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en
su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
(5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un
acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los
hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda
controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones de las autoridades competentes.
La Sala
encuentra que tanto los menores como los padres de estos tuvieron conocimiento
de la apertura del proceso[169], se les concedió un
término razonable para presentar sus descargos, cosa que hicieron tanto los
padres como los menores de manera escrita[170]. Así mismo,
del informe que presentó el Rector al Consejo Directivo se encuentra una
valoración de las declaraciones de los menores y sus padres así como de la
víctima y de otros testigos de los hechos, las pruebas que fundamentan la
decisión y una diferenciación de la responsabilidad de cada uno de los
implicados en los hechos[171]. Sin embargo, la Sala
observa que los menores no tuvieron la posibilidad de ser oídos, lo que vulnera
su derecho a una adecuada defensa.
En las cuatro
acciones de tutela presentadas, y ahora acumuladas, los tutelantes sostuvieron
que se había vulnerado el derecho a la defensa “puesto que los menores no
tuvieron la oportunidad de defenderse o ser defendidos por sus padres,
personero del Colegio, o representante de los exalumnos, (...). De la misma
forma se vulneró el derecho a la igualdad, ya que en ningún momento fueron
escuchados los menores acusados, “de cómo sucedieron los hechos”, para llevar a
cabo el ejercicio del derecho a la defensa, pero el Consejo Directivo sí
escuchó personalmente al acusador profesor Fonseca Burgos, al niño Santiago y a
la mamá.[172]
En dos de los casos se solicitó
explícitamente que los menores fueran escuchados. Así, los padres del menor Jorge,
en su presentación de descargos solicitaron como prueba la “recepción de la
versión de Jorge.”[173] Así mismo
los padres del menor José solicitaron en el pliego de descargos  que “de
antemano como parte de la institución, le solicitamos muy respetuosamente se
tengan en cuenta nuestras consideraciones anteriormente expuestas y por lo
mismo solicitamos se recepcionen las declaraciones de todos los implicados
incluyendo la presunta víctima. Además del resto de alumnos que fueron testigos
presénciales de los hechos aproximadamente quince), para que confirmen que la
versión dada por el Docente y el tercero no coincide con la verdad real.”[174]
Ninguna de las dos peticiones fue
considerada ya que ni los menores fueron escuchados ni tampoco se les explicó
la razón de dicha negativa al igual que tampoco se les comunicó porque no se
decretarían las pruebas solicitadas.
Los padres del menor Daniel
también sostuvieron que “como ya se referenció en el numeral 7 precedente de
esta sustentación, la defensa se limitó a que el Colegio le ordenó a Daniel, y
a sus padres de familia que plasmaran sus versiones en un formato prediseñado
sin ninguna formalidad garantista propia del derecho sancionatorio, sin
permitirles referirse a las pruebas existentes en su defensa y menos
controvertir y conocer las pruebas existentes.”[175]
Los padres del
menor Esteban en el recurso de reposición, y en subsidio de apelación de
la resolución que ordenó la cancelación de la matrícula de su hijo, indicaron
que “dentro del proceso presuntamente existía un video donde se demostraba
la existencia de los hechos, el cual nunca pudo ser controvertido puesto que
fue negado a pesar de ser solicitado en varias oportunidades. A pesar de que se
presentaron escritos, donde se relatan los hechos, no se solicitó la presencia
de los estudiantes, para escucharlos en versión libre y espontánea como se
afirma en el Acta 002 del Consejo Directivo.”[176]
En respuesta a
los anteriores argumentos el Rector manifestó “es absolutamente falso como
lo indican las citaciones a los padres que no se recibieron sus descargos o que
no tuvieron “oportunidad de defenderse o ser defendidos por sus padres” pues
los atendí para la citación en que debían hacer los descargos y todas las veces
que solicitaron hablar conmigo o en respuesta a sus peticiones. Consta que
cuando el informe estuvo preparado le entregue copia al personero, le recordé
sus atribuciones en estos casos y le invite al Consejo Directivo. Igualmente, a
los padres de familia y estudiantes les recordé cual era la participación del
personero escolar en el tema.”[177]
Como consecuencia del proceso disciplinario los
directivos del Colegio ordenaron mediante resolución la cancelación de
la matrícula de los menores al haberlos encontrado responsables de haber
vulnerado el artículo 14 de su Manual de Convivencia que consagra las faltas
graves en la institución. Contra dicha resolución los padres de los menores
interpusieron recurso de reposición y recurso de apelación. El Consejo
Directivo era el organismo encargado de conocer dicha reposición. Para lo
anterior el Consejo se reunió el 22 de agosto de 2005. En el Acta se observa
que se discutieron los recursos de reposición de los casos disciplinarios 01,
02, 03, 04 y 05 de 2005 y se acordó que todos los miembros del Consejo debían
leer cada expediente y los recursos para discutirlos en la siguiente sesión[178]. Dos días después, el 24 de agosto de 2005, el Consejo se
reunió y decidió confirmar las anteriores resoluciones[179].
En la reunión se analizaron los recursos de reposición instaurados por
los padres de los menores contra las resoluciones que cancelaron sus
matrículas. Del Acta se puede establecer que a la reunión asistieron, además de
quienes conforman el Consejo, Guillermo, la madre de Santiago y
el menor Santiago. Los anteriores asistieron a la reunión a petición del
Rector con el objetivo de que conocieran del recurso de reposición contra la
cancelación de la matrícula de los estudiantes y para que presentaran sus
argumentos.  En la reunión también se encontraba presente el personero[180]
de los estudiantes quien expresó que:
(...) todos los
estudiantes se enteraron del incidente, pero él no tuvo una versión de primera
mano porque ninguno de los implicados habló con él. Afirma que una vez
conocidos los hechos, escuchando al profesor Guillermo, a Santiago
y a su señora madre, reconoce que el hecho fue grave y amerita la sanción.[181]
La calificación de los comportamientos de
los menores como faltas graves fue ratificada al igual que las sanciones
anteriormente impuestas. El Rector  reiteró que en estas condiciones los
estudiantes debían permanecer en el colegio hasta que fuera resuelto el recurso
de apelación.
De lo anterior
se desprende que los menores disciplinados nunca tuvieron la posibilidad de ser
escuchados por el Consejo Directivo ni tampoco por el Rector. Así mismo, las
pruebas que solicitaron nunca fueron decretadas ni tampoco se les explicó
porque éstas no serían consideradas o realizadas. Si bien en la primera fase
del proceso tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos de manera
escrita, el Rector le dio la posibilidad a la víctima y a su madre de ser
escuchados personalmente por el Consejo Directivo mientras que dicha
posibilidad no fue otorgada a los menores. El anterior desequilibrio durante el
proceso vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso de los menores Esteban,
José, Jorge y Daniel.
El derecho a la defensa comprende el
derecho a ser oído, el derecho a optar por guardar silencio, así como a dar su
propia versión de los hechos y a solicitar, presentar y controvertir las pruebas
dentro del proceso. Lo anterior garantiza  la defensa de los intereses del
procesado al igual que la dignidad del sujeto a quien se investiga. El negar la
posibilidad a una persona que se encuentra siendo investigada de manifestar su
posición respecto de lo que sucede en el proceso vulnera el derecho al debido
proceso. A pesar de que en varias oportunidades los representantes de los
menores manifestaron el deseo de que sus hijos fueran personalmente escuchados,
de que se les diera la posibilidad de contar su versión de los hechos
personalmente ni el Rector ni el Consejo Directivo lo hicieron. De igual manera
tampoco fueron consideradas las pruebas solicitadas, entre las que también se
encontraba la solicitud de ser oídos. Sin embargo, la anterior posibilidad si
fue otorgada a la víctima del proceso y a su madre.  Por eso, la Sala concluye
que el Colegio vulneró el derecho a la defensa de los menores durante el
proceso disciplinario al no haberles permitido expresar personalmente su
versión de los hechos, a pesar de haber admitido que la víctima y su madre si
fueran personalmente oídos.  A lo anterior se suma no haber considerado las
pruebas por ellos solicitadas ni expresarles el porqué de dicha determinación,
dado que si bien el juzgador disciplinario no está obligado a decretar todas
las pruebas solicitadas,  sí tiene el deber de indicar cuáles estima
impertinentes, irrelevantes, inconducentes, lo cual no sucedió en este caso.
4.4.4    El  Colegio no vulneró el principio de
presunción de inocencia durante los procesos disciplinarios seguidos en contra
de los menores Esteban, José, Jorge y Daniel.
Los padres de los menores en nombre de
quienes se interpone la presente acción de tutela consideran que durante el
proceso disciplinario se incurrió en una vulneración al debido proceso por
violación a la presunción de inocencia y por prejuzgamiento. Lo anterior ya que
en una carta dirigida al Rector el señor Mauricio, acompañante de
la salida pedagógica, éste consideró que los actos por los cuales a los menores
se les inició el proceso disciplinario constituían delitos y además sugería la
expulsión de los menores del colegio. En dicha carta se puede leer:
“No se puede permitir que hechos como estos
mancillen el nombre de la institución de la cual usted es cabeza, pues como
usted lo debe saber los actos que se cometieron contra la persona de este menor
están tipificados en el Código Penal como acto sexual diverso, al ser un ataque
directo contra la sexualidad de esta persona. Pero también debe tener presente
usted señor rector, que los actos ocurridos pueden traer consecuencias
emocionales y psicológicas en la época presente o en años posteriores para este
menor, sumado a la situación misma que se vive en el hogar de este alumno al
ser huérfano de padre.
Como lo dije en las primeras líneas me
siento en la obligación de comunicar a usted los hechos ocurridos, como también
lo harán los respectivos profesores, y a la par solicitarle siga los
procedimientos determinados en los manuales para con los responsables de la agresión,
aplicándole lo máximo que disponga los reglamentos del colegio, como debe ser
la expulsión, para con esto dejar un precedente en la institución y en las
demás instituciones académicas para que esta clase de actos y atropellos no se
vuelvan a presentar, sin olvidar las acciones judiciales que frente a esta
clase de actos esta legitimada para interponer la madre del menor e incluso
usted mismo”[182]
En el informe de la salida pedagógica presentado por el
profesor Guillermo dice:
A mi modo de ver frente al menor Santiago
se han cometido algunos delitos como:
Xenofobia: por cuanto el menor agredido es un alumno
de estrato socioeconómico medio-bajo, huérfano de padre.
Pornografía infantil: al llevar a cabo una
filmación de las partes intimas del menor y los ultrajes propinados al mismo.
Acto sexual diverso: en cuanto se agredió la
sexualidad del menor, sin accesos carnales, pero sí con una agresión en lo
físico, moral y psicológico.
Chantaje: ya que el estudiante Jorge y Camilo
trataron de ocultar a Santiago para convencerlo que el hecho no era
tan importante y que lo único que lograría era que la mamá estuviera enferma o
que volviera a experimentar una crisis como la que se vivió con la muerte del
padre, a lo cual Santiago respondió con llantos histéricos, siendo
ayudado por Carlos, quien con lagrimas en los ojos ayudó a su compañero
y permitió descubrir el incidente.
(...)
En calidad de director y responsable de la
salida pedagógica, mi posición frente a los acontecimientos narrados es
solicitar se lleve a cabo el debido proceso frente a estos cuatro estudiantes
implicados, y los que en la investigación se determine su participación, siendo
sancionados con la exclusión del plante.” [183]
La carta presentada por el señor Mauricio no representa la posición del Colegio
ya que éste no es profesor de la institución y su condición de acompañante en
la salida pedagógica no le otorga una vinculación oficial en el colegio. Por lo
tanto, aún cuando las manifestaciones del señor Mauricio son incorrectas
nada tienen que ver ni con el proceso ni con la posición oficial del Colegio.
Si bien en el informe de salida se dio una calificación
errónea a los hechos por los que se inició el proceso disciplinario, el
Colegio nunca avaló dicha calificación. De acuerdo a las pruebas que
constan en el expediente el Rector, cuando dio apertura formal al
proceso disciplinario estableció que la investigación obedecía al
incumplimiento de tres deberes sociales de los
estudiantes, un deber respecto de sus compañeros y un deber disciplinario: i) “identificar,
valorar y respetar las buenas costumbres, tradiciones y normas de la familia,
de la institución, del Municipio y de la Nación”; ii) “Guardar una gran
lealtad a la institución, defendiéndola, honrándola y acreditándola con sus
actuaciones y comportamientos”; iii) “Valorar y respetar los derechos,
bienes propios, ajenos, la integridad física y moral de los estudiantes de la
comunidad educativa”; iv) “Emplear un lenguaje culto, cordial y buenos
modales en las relaciones interpersonales dentro y fuera del Colegio”; v) “mantener
un excelente, digno y respetuoso comportamiento en la capilla y demás sitios de
reuniones comunitarias”; vi) “Propiciar la conservación de la salud
física y mental absteniéndose del porte y divulgación de material
pornográfico...”[184] y una falta grave: i) “Actitudes
morbosas que afecten la buena formación de los compañeros”[185].
Así mismo, durante la reunión del 1 de agosto del Consejo
Directivo se tomó nota del error en el que había incurrido el señor Guillermo
y se procedió a corregirlo[186]. Finalmente, el Colegio, cuando decidió
cancelar las matrículas de los menores consideró que éstos habían cometido dos
faltas graves: i) “Todo acto contra la moral cristiana y las buenas
costumbres”; y ii) “Actitudes morbosas que afectan la buena formación de
los compañeros”y nunca calificó como delitos los actos cometidos.
También se debe anotar que durante todo
el proceso disciplinario no se encuentra prueba de que el Rector en su
investigación haya vulnerado el principio de presunción de inocencia toda vez
que desde que conoció el informe de la salida pedagógica y la queja de la madre
de la víctima, encaminó todas las actuaciones durante el proceso sin
prevenciones ni direccionamientos, sino con miras a establecer los hechos
ocurridos. De acuerdo a lo anterior, solicitó los descargos de los padres de
los menores y de los menores mismos y solicitó el testimonio de otros de los
estudiantes que se encontraban presentes, además de los informes de los
profesores que los acompañaban. Si bien existieron falencias respecto del
derecho a la defensa de los menores no le asiste razón a los tutelantes cuando
consideran que el Colegio incurrió en prejuzgamiento o una
vulneración de la presunción de inocencia.
No obstante, no sobra aclarar que, según
los hechos conocidos por la Corte, aun cuando la calificación de las conductas,
reconocidas por los mismos menores, no es el objeto de este proceso, dichos
hechos no corresponden a actos de “violadores”, como se continúa rumorando.
La Secretaría de Educación del
Municipio, como órgano encargado de conocer de la segunda instancia de los
procesos disciplinarios en el Colegio, consideró que durante los
procesos disciplinarios se había vulnerado el derecho al debido proceso por lo
que se declaró la nulidad del procedimiento. El Colegio no dio aplicación a la
resolución de cancelación de la matrícula. No obstante, procedió a no renovar
las matrículas de los estudiantes aduciendo otra razón: el incumplimiento de
los deberes del estudiante y la autonomía del Colegio para la renovación de los
contratos de matrícula. De acuerdo a lo anterior, pasa la Sala a verificar si
en efecto la Secretaría de Educación del Municipio tenía
competencia para decidir la apelación de la resolución que decidió cancelar la
matrícula de los menores en nombre de quienes se interpone la tutela así como
los efectos de dicha decisión. Después se verificará si la decisión del Colegio
de no renovar los contratos se encuentra ajustada a las reglas sobre la materia
o si vulnera el derecho al debido proceso en los términos ya mencionados.
De acuerdo al anterior análisis, y al
margen de la anulación del proceso disciplinario por parte de la Secretaría de
Educación, se encuentra que en lo relativo a los puntos constitucionales
revisados en el procedimiento disciplinario, el Colegio  vulneró el derecho al
debido proceso de los menores por no haber respetado el principio de tipicidad
y no haber permitido el ejercicio efectivo del derecho de contradicción, componente
esencial del derecho de defensa.
5.     Competencia de la Secretaria de Educación para conocer de la
apelación de la decisión de cancelación de matrícula de los menores.
Desde el año 1972 el Colegio ha funcionado en “el marco de
contratos suscritos por la diócesis inicialmente con el Ministerio de
Educación, posteriormente con el Departamento y a partir del 06 de enero de
2003 con el Municipio”[187].  El último contrato se
celebró el 6 de enero de 2003 por un término de tres años renovables, entre el
municipio y la Diócesis del Municipio –[188].
El 15 de febrero de 2006 y a petición de la
Corte Constitucional la Secretaría de Educación Municipal, Oficina del Área de
Gestión, Control y Calidad Educativa, presentó una certificación sobre el
contrato para la prestación del servicio de educación entre el Colegio y
la alcaldía de dicho municipio:
(...) actualmente el Municipio,
representado por el alcalde municipal tiene un convenio con el Colegio,
para la prestación del servicio público educativo, donde el Municipio asume los
costos y pago de toda la planta de personal: Directivos (Rector y
Coordinadores), Docentes y Administrativos. Razón por la cual esta Secretaría
ejerce inspección y vigilancia en todos los aspectos sobre la institución
educativa en mención.
La Sala encuentra que el Colegio es un
Colegio privado de carácter confesional[189]
que presta el servicio de educación en virtud de un contrato realizado con el
Municipio. La Ley 115 de 1994 estableció la posibilidad de que el Estado
contratara con las iglesias y confesiones religiosas la prestación del servicio
de educación[190]:
ARTICULO 200. Contratos con las iglesias y confesiones
religiosas. El Estado podrá contratar con las iglesias y confesiones religiosas
que gocen de personería jurídica, para que presten servicios de educación en
los establecimientos educativos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
8° de la Ley 60 de 1993[191], los demás requisitos
de estos contratos no serán distintos de los exigidos para la contratación
entre particulares.
PARAGRAFO.
Autorízase al Ministerio de Educación Nacional para revisar los contratos
vigentes para la prestación del servicio educativo con las iglesias,
comunidades religiosas y confesiones religiosas con el fin de ajustarse a las
normas de la presente Ley, especialmente en lo relativo a la autonomía para la
vinculación de docentes y directivos docentes.
El Contrato entre el municipio y la Diócesis,
celebrado 6 de enero de 2003,  reitera el carácter privado del Colegio,
así como su autonomía institucional sin perjuicio del ejercicio de vigilancia y
control que le corresponde al Municipio[192]:
Cláusula cuarta: Obligaciones del
Municipio: (…) 3) Realizar las funciones de inspección y vigilancia sobre la
prestación del servicio educativo.
Cláusula sexta: Autonomía
institucional: siendo el Colegio un colegio católico, de propiedad de la
Diócesis del Municipio, gozará de autonomía para determinar su ideario y
proyecto educativo, el régimen interno de la organización y la administración
de sus recursos, gestión financiera y curricular de acuerdo con las normas
canónicas y con lo estipulado en la Ley 115 de 1994 y en la Ley 715 de 2001,
sin perjuicio del ejercicio de inspección y vigilancia.[193]
El Colegio
como entidad privada tiene la autonomía para establecer las reglas que rigen la
comunidad educativa. El Manual de Convivencia del Colegio estableció en
artículo 21 que la segunda instancia para los procesos disciplinarios
corresponde a la Secretaría de Educación del Municipio:
Artículo 21. Recursos contra las sanciones graves.
Contra las actuaciones que surjan del proceso disciplinario
procederán los recursos de reposición y apelación; contra las sanciones
impuestas por el Rector mediante resolución procede el recurso de reposición y
subsidiariamente el recurso de apelación ante el Director del Núcleo Educativo.
Los recursos deben interponerse sucesivamente por escrito durante los cinco
días hábiles a la notificación.
En virtud de la Constitución y de la ley,
la regla general es que el Estado no debe interferir en la autonomía, máxime si
esta obedece a una determinada orientación filosófica, de un colegio de
carácter privado[194], sin desconocer el
deber de vigilancia y control[195] que incumbe a las
autoridades públicas correspondientes. El Colegio, en ejercicio de la autonomía
propia de los establecimientos educativos, en especial los de carácter privado,
expidió su Manual de Convivencia, que es la disposición que reúne todas las reglas
de la comunidad educativa[196]. En dicho Manual y sin
encontrarse ante un deber legal de hacerlo, el Colegio decidió que la segunda
instancia en los procesos disciplinarios correspondía a la Secretaría de
Educación del Municipio. Dicha decisión nada tiene que ver con el
contrato de servicio educativo suscrito entre la diócesis y el municipio sino
que responde a la autonomía propia de las instituciones privadas educativas.
Por lo tanto, es en virtud de dicha autonomía que la regla fue consagrada y una
vez otorgada esta competencia, el Colegio no puede desconocerla,
mientras no modifique su Manual en este aspecto. De lo anterior surge que el
Colegio tenía la obligación de cumplir con la decisión de la Secretaría del
Municipio que declaró la nulidad del proceso disciplinario.
Sin embargo, el Colegio también puede
reiniciar el proceso disciplinario siempre que el mismo respete las garantías
del debido proceso, y el menor que fue víctima de la agresión de los alumnos
disciplinados tiene el derecho  a que las conductas lesivas de sus derechos
sean sancionadas.
La Sala también advierte que no es
necesario que el Colegio modifique su Manual de Convivencia para reiniciar los
procesos disciplinarios ya que en éste existen deberes específicos que pueden
servir de fundamento para un proceso disciplinario en este caso,
independientemente de cuál sea finalmente su resultado.
Así, la
anulación del proceso disciplinario fue declarada legítimamente por la
Secretaría de Educación del municipio.
Después de que
esta Corte ha señalado los aspectos que se consideran vulneraciones al debido
proceso de los menores, pasa ahora la Sala a analizar el procedimiento que
realizó el Colegio para no renovar las matrículas de  éstos.
6.     La no renovación de los contratos de matrícula para el año 2006 de
los menores en nombre de quienes se interpone la presente acción de tutela
vulnera su derecho al debido proceso.
Las
normas sobre la permanencia de un estudiante en una institución educativa
disponen que “el reglamento interno de la institución educativa establecerá
las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en
caso de exclusión.[197]” sobre la matrícula de
los estudiantes dicen:
ARTICULO 95. Matrícula. La matrícula es el acto que
formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará por
una sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose
establecer renovaciones para cada período académico.
ARTICULO 201. Matrícula de alumnos en los
establecimientos educativos privados. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 95 de la presente Ley, los establecimientos educativos privados podrán
renovar la matrícula de los alumnos o educandos para cada período académico,
mediante contrato que se regirá por las reglas del derecho privado.
El contrato deberá establecer, entre otros, los
derechos y obligaciones de las partes, las causales de terminación y las condiciones
para su renovación.
Serán parte integrante del contrato, el proyecto
educativo institucional y el reglamento interno o manual de convivencia del
establecimiento educativo.
En ningún caso este contrato podrá incluir condiciones
que violen los derechos fundamentales de los educandos, de los padres de
familia, de los establecimientos educativos o de las personas naturales o
jurídicas propietarias de los mismos[198].
Así, una
institución privada tiene la autonomía para establecer las condiciones de
permanencia de un estudiante en la institución educativa para la renovación de
su contrato de matrícula. No obstante, esas condiciones se refieren
estrictamente a las establecidas en el Manual de Convivencia como parte del
contrato de vinculación, las cuales también deben prever el procedimiento en
caso de exclusión.
En la sentencia
C-555 de 1994[199] la Corte revisó la
constitucionalidad de los artículos 95 y 96 (parciales)[200]
de la Ley 115 de 1994, que establecen las condiciones de la matrícula y
permanencia en una institución educativa. Los cargos por los que las normas
fueron demandados consistían en que “la renovación periódica de la matrícula
y la previsión de un procedimiento de exclusión del alumno, sin contar con su
simultáneo ingreso o reinserción en otro centro de enseñanza, desconoce la
obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar y básica-nueve años-en
las instituciones del Estado.” La Corte declaró la constitucionalidad
de las normas demandadas. Dijo:
La Corte Constitucional ha reiterado
en infinidad de ocasiones que los derechos constitucionales no son absolutos.
Al deber del Estado de impartir educación, correlativamente se acompañan en el
plano individual derechos públicos subjetivos, que no pueden ser absolutos. El
esfuerzo fiscal y humano que realiza el Estado, que no es otra cosa que la
comunidad organizada, reclama de los estudiantes un debido aprovechamiento de
las oportunidades brindadas en condiciones de escasez. En este orden de ideas,
concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si
reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave
indisciplina, puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión del sistema
educativo que, si bien se funda en la permanencia como principio,
excepcionalmente admite la separación del estudiante cuando se dan causas
graves y objetivas según la apreciación de un criterio pedagógico, maduro y
democrático que en las circunstancias concretas la juzgue indispensable.
En el evento de que llegare a
imponerse, como sanción disciplinaria, la exclusión del establecimiento
educativo público, supeditar la ejecución de la medida a que simultáneamente se
contemple el reingreso del estudiante a otro centro docente estatal, aparte de
restarle toda fuerza y sentido, olvida que la conducta que la ha motivado
traduce el incumplimiento de un deber ante la sociedad y el Estado, esto es,
frente a todo el sistema educativo público al cual pertenece el primero[201].
Por lo tanto, en
armonía con la función social de las instituciones educativas y como se
desprende del derecho a la educación como un derecho-deber que comporta
responsabilidades los colegios tienen la posibilidad de no renovar la matrícula
de un estudiante cuando haya incumplido con las responsabilidades que se
desprenden del reglamento interno o Manual de Convivencia. No obstante dicho
procedimiento no puede ser arbitrario y debe seguir un procedimiento previo en
el que se garantice el respeto al derecho a la defensa del menor.
6.1.
El procedimiento seguido para la no renovación de
las matrículas de los estudiantes para el año lectivo 2006.
De acuerdo al
Manual de Convivencia existen dos modalidades de sanción por faltas graves la
cancelación inmediata de la matrícula del estudiante o la cancelación como no
renovación del contrato de matrícula para el siguiente año. En el presente caso
el Colegio en el boletín informativo de cuarto periodo y final, y antes
de conocer la decisión de segunda instancia en el proceso disciplinario por el
cual se dictó resolución en la que se cancelaba la matrícula de los cuatro
estudiantes, decidió no renovar las matrículas de estos.
El 1 de diciembre de 2005 se adoptó el Acta 07 de 2005 en
la que el Consejo Directivo establece que independientemente de la decisión de
la Secretaría Educativa sobre el recurso de apelación la matrícula de los
estudiantes no será renovada. Se dijo:
4. Propuesta de la Secretaría de
Educación.
El Rector informa que con relación a
la reunión que se realizó con el secretario de Educación, la Asesora Jurídica
de esa secretaría y los directores del Núcleo Educativo, el día 22 de noviembre
de 2005, el señor Secretario de Educación solicita que se le pase por escrito
la decisión del Consejo Directivo, si aprueba o acepta la propuesta de
conciliación que presentó la Secretaría de Educación con relación a los
procesos disciplinarios adelantados a los estudiantes Jorge, Esteban,
Daniel, Andrés y José. Se recuerda que la conciliación propuesta por
la Secretaría consiste en recibirlos para el año 2006. En unanimidad se decide
que no se acepta esa propuesta y se mantiene la decisión de cancelación de
matrícula, a la espera del resultado del recurso de apelación, y
independientemente de la respuesta contenida en ese fallo, al tratarse del
término del año escolar el Consejo decide optar por la no renovación del
contrato de matrícula para el año 2006 a los mencionados alumnos. Se
recordó que de esa reunión sostenida el 22 de noviembre de 2005 con los
funcionarios de la Secretaría de Educación, no se levantó acta porque ellos
dijeron que no se requería.”[202]
El 7 de diciembre de 2005 se reúne la Asamblea de Profesores en la
que se dijo:
El Director del grupo, propone la discusión
del caso de los estudiantes Jorge, Esteban, Daniel, Andrés y José,
incursos en un proceso disciplinario que condujo a sanción de cancelación de
matrícula, el cual se encuentra actualmente en apelación ante la Secretaría de
Educación. La Asamblea acuerda recomendar al Rector No renovar la matrícula,
pues el profesorado mantiene el concepto presentado ante el Consejo Directivo a
través de sus voceros.” [203]
El 9 de
diciembre de 2005 se entregaron las calificaciones finales de los estudiantes.
El boletín de cada uno de los estudiantes será reseñado a continuación.
6.1.1
Esteban.
Observaciones:
Aparecen 12 fallas en el 4 periodo
Por su
incumplimiento en sus deberes de estudiante, consignados en el Manual de
Convivencia y en el contrato de matrícula, no se le puede renovar su
vinculación al colegio en 2006.
6.1.2
Jorge.
Observaciones:
Aprueba su curso invicto. Felicitaciones.
Aparecen 2
fallas en el 4 período.
Por su
incumplimiento en sus deberes de estudiante, consignados en el Manual de
Convivencia y en el Contrato de matrícula, no se le puede renovar su
vinculación al colegio en 2006.[204]
6.1.3
José.
Observaciones:
Por reiterado incumplimiento de los deberes de estudiante, consignados en el
Manual de Convivencia y en el Contrato de matrícula, no se le puede renovar su
vinculación al colegio[205].
6.1.4
Daniel.
Observaciones:
Por su incumplimiento en sus deberes de estudiante, consignados en el Manual de
Convivencia y en el Contrato de matrícula, no se le puede renovar su
vinculación al colegio en 2006.[206]
Como respuesta
por la no renovación de las matrículas de los menores el Rector dijo:
(...) De acuerdo con el ordenamiento legal que rige para el sector
educativo, en los establecimientos educativos de propiedad de los particulares
–para el caso el Colegio es de propiedad de la Diócesis del Municipio
la vinculación del estudiante al servicio educativo se legaliza mediante un
contrato de matrícula, que se rige por las reglas del derecho privado y tiene
una duración precisa.  Lo anterior se sustenta entre otras razones, en el
ejercicio del derecho a la libertad de enseñanza, dentro del cual está amparada
la libertad de los particulares a elegir, para cada año escolar, a los
estudiantes a los cuales se les prestará el servicio educativo.  El contrato de
matrícula que suscribimos, el Colegio por medio del suscrito (...) y los padres
de familia (...) para prestar el servicio educativo a su hijo Esteban,
dice en la cláusula décima cuarta lo siguiente:  “El presente contrato tiene
una vigencia de un año lectivo, contado a partir del día en que se suscribe la
matrícula según calendario publicado por el Colegio y hasta el nueve (09) de
diciembre del mismo año 2005, su ejecución será sucesiva por períodos mensuales
y podrá renovarse para el año siguiente, siempre y cuando el ALUMNO  y los
PADRES  hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en el presente
contrato y en el Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio”.  Este
contrato se cumplió y aunque se estableció la sanción de cancelación de
matrícula, que es una causal de terminación del contrato, se garantizó la
permanencia del estudiante (...) y la prestación del servicio educativo durante
el tiempo en el cual se tramitaron los recursos de reposición y de apelación
interpuestos por los padres de familia (...) En su parte resolutiva [respuesta
de la Secretaría de Educación al recurso de apelación] En ninguna de los cuatro
artículos (...) nos indica la obligación de matricular al estudiante al año
escolar 2006, porque se entiende que esa entidad no puede establecer una
obligación de ese tipo, cuando ya se ha terminado el año escolar y el contrato
de matrícula.  Debo señalar que la oportuna comunicación de la no renovación de
matrícula, facilitaba a los mismos la búsqueda de cupo en el sistema educativo.[207]
La Sala
encuentra que la decisión de no renovar las matrículas de los estudiantes no
respetó el derecho al debido proceso cuando i) no se permitió a los estudiantes
saber cuáles eran las faltas cometidas diferentes de las que dieron lugar al
proceso disciplinario y ii) no se les permitió ejercer su derecho de defensa
por lo que dicha actuación vulnera el derecho al debido proceso de los menores.
El Colegio
argumenta que la decisión de no renovar las matrículas nada tenía que ver con
el procedimiento disciplinario sino que respondía a que los menores habían
incumplido los deberes de los estudiantes además de alegar la autonomía del
colegio como institución privada[208]. Sin embargo, las actas
de la junta del Consejo Directivo muestran que cuando se llevó el caso de los
menores todos advirtieron que “como ya se había dicho antes” se
recomendaba no renovar las matrículas de los menores[209].
Por lo tanto, los deberes incumplidos sí parecían referirse a los hechos por
los que se les llevó a cabo el proceso disciplinario y no responden a otro
proceso diferente. Si bien se mencionan “otras faltas”, no se especifica cuáles
fueron, cómo fueron comprobadas, cuándo se determinó su ocurrencia ni cómo se
les brindó a los estudiantes la oportunidad de defenderse.
El Colegio, sin conocer la decisión de segunda instancia de los procesos
disciplinarios, decidió no renovar los contratos de matrícula de los menores
aduciendo la libertad de los establecimientos de carácter privado. Sin embargo,
a los estudiantes se les comunicó sobre la no renovación de la matrícula debido
al incumplimiento de deberes estipulados en el Manual de Convivencia y en el
contrato de matrícula. En dicha comunicación el Colegio no señaló cuales eran
los deberes incumplidos ni tampoco permitió a los estudiantes ejercer su
derecho a la defensa vulnerando el derecho al debido proceso. De las pruebas
que reposan en los expedientes se puede establecer que la no renovación de la
matrícula de los estudiantes respondió a los actos que fueron establecidos por
el colegio como faltas disciplinarias graves aun cuando los procesos
disciplinarios que llevaron a esa conclusión habían sido anulados. Por lo
tanto, la decisión de no renovación de la matrícula de los menores Esteban,
José, Jorge y Daniel vulnera el derecho al debido proceso por haber
sido una determinación arbitraria que no permitió el derecho a la defensa de
los menores además de tratarse de un mecanismo que desconoce la decisión de
segunda instancia sobre los procesos disciplinarios que se llevaron en contra
de los menores. Así dicha decisión deberá ser dejada sin efectos.
En aras de
garantizar el derecho a la educación de los estudiantes implicados se ordenará
a la Secretaría de Educación del Municipio que en el evento en que los
menores no quieran regresar al Colegio garantice la continuidad de la
educación de los menores ya sea manteniendo definitivamente el cupo en
instituciones educativas en donde se encuentran estudiando de manera
provisional, o que se garantice el cupo en otro establecimiento educativo
diferente.[210]
Finalmente, se
reitera que esta decisión de tutelar el debido proceso de los menores no
significa que estos estudiantes no hayan realizado conductas merecedoras de
reproche, que puedan eventualmente ser sancionadas disciplinariamente. Al
contrario, como se concluye en el apartado 2.1., sí se presentó una vulneración
de los derechos del menor agredido. Sin embargo, hubo fallas en el proceso que
concluyó con la decisión de cancelar las matrículas.
7.     Conclusiones
La Sala
encuentra que los hechos por los que se iniciaron los procesos disciplinarios
son graves y han vulnerado la dignidad del menor afectado, la cual se proyecta
también a otros derechos como la intimidad, dado que sus partes íntimas fueron
expuestas en público, y su autonomía, dado que dicha exposición fue forzada por
otros estudiantes contra la voluntad y los esfuerzos de la víctima. Todos los
participantes en los hechos no niegan su responsabilidad, por lo cual el objeto
del presente proceso no es pronunciarse sobre dicha responsabilidad ni
calificar las conductas de los menores implicados. Al margen de lo anterior la
Sala encuentra que i) pueden derivarse de estos hechos otras situaciones en que
la dignidad del menor afectado siga siendo lesionada; ii) el proceso
disciplinario es insuficiente para restablecer los vínculos con la comunidad de
todos los estudiantes por lo que sería conducente que se surtiera un proceso restaurativo;
iii) el proceso disciplinario llevado en contra de los menores tutelantes – el
cual como se advirtió fue anulado por la Secretaría de Educación del
Municipio-, desconoció el debido proceso en los aspectos constitucionales
analizados en esta sentencia; iv) en virtud del Manual de Convivencia del
Colegio la Secretaría de Educación del Municipio tenía competencia
para pronunciarse en segunda instancia sobre los procesos disciplinarios
llevados por el Colegio y es legitima su decisión de anulación de los
procedimientos; v) la decisión de no renovación de las matrículas de los
menores, supuestamente independiente del anterior proceso disciplinario,
también vulneró su derecho al debido proceso por sancionar a los menores sin
indicarles las faltas por las que se adoptó dicha decisión ni darles la
oportunidad de defenderse.
De acuerdo a lo
anterior la Corte ordenará al Colegio: i) que en el evento en que los
tratos lesivos para la dignidad del menor víctima de los hechos se estén
proyectando en su contra, como por ejemplo debido a la ventilación pública de
los hechos, su estigmatización o la burla por parte de miembros de la
comunidad, deberá tomar medidas para que éstos cesen; ii) tales medidas pueden
comprender un tipo de proceso restaurativo de lazos comunitarios a condición de
que a) el menor afectado así lo acepte de manera autónoma, expresa e informada;
y b) alguno de los menores disciplinados vuelva a ser o haya seguido siendo
parte de la comunidad educativa; iii) tutelar el derecho al debido proceso de
los menores en nombre de quienes se instauró la acción de tutela y en
consecuencia en el evento en que los menores implicados deseen regresar al
colegio éste no podrá negarse a matricularlos. Sin embargo, podrá volver a
realizar el proceso disciplinario respetando las garantías del debido proceso y
la consecuencia de dicho proceso puede consistir en cualquiera de las sanciones
previstas en el Manual de Convivencia, incluida la más severa; iv) dejar sin
efectos la no renovación de la matrícula de los menores por no haber respetado
el derecho al debido proceso; v) en aras de garantizar la continuidad de la
educación de los menores se ordenará a la Secretaría de Educación del
Municipio que en el evento en que los menores no quieran regresar al
Colegio se les mantenga el cupo en las instituciones educativas en donde se
encuentran estudiando de manera provisional, o en otro establecimiento
educativo diferente; vi) advertir al Colegio
que deberá corregir su Manual de Convivencia en el sentido de determinar con
claridad cuáles son las conductas que constituyen una falta disciplinaria. Lo
anterior en el entendido de que de su lectura debe poderse determinar cuáles
son las características esenciales del comportamiento que será sancionado
disciplinariamente; y vii) abstenerse de mencionar en el texto de esta
providencia, el nombre de los menores involucrados en los hechos del presente
asunto, con el fin de salvaguardar su intimidad. Igualmente, y con el propósito
de garantizar mayor sigilo al respecto, en las reproducciones que se hagan del
presente texto, salvo en las destinadas a las partes y a las autoridades
vinculadas, deberán omitirse los nombres de la institución demandada y de las
demás personas relacionadas con los hechos del caso.
RESUELVE:
Primero.-LEVANTAR
la suspensión de términos decretada mediante auto
del 24 de julio de 2006, en el asunto de la referencia.
Segundo.- ORDENAR al Colegio que, en el evento en que los
tratos lesivos para la dignidad del menor víctima de los hechos se estén
proyectando en su contra tome medidas para que éstos cesen.
Tercero.-
ORDENAR al Colegio
que en el evento en que a) el menor afectado así lo acepte de manera
expresa e informada y b) alguno de los menores disciplinados vuelva a ser o
haya seguido siendo parte de la comunidad educativa, se diseñe un mecanismo
para reparar los daños causados y restablecer los vínculos con la comunidad, el
cual puede consistir en una modalidad de proceso restaurativo.
Cuarto.-
CONCEDER las acciones de tutela interpuestas por
los padres de los menores Esteban, Jorge, José y Daniel y en
nombre de éstos contra el Colegio en los términos expuestos en esta
providencia y en consecuencia ORDENAR que en el evento en que los
menores implicados deseen regresar al colegio éste no podrá negarse a
matricularlos. Sin embargo, podrá volver a realizar el proceso disciplinario
respetando las garantías del debido proceso y la consecuencia de dicho proceso
puede consistir en cualquiera de las sanciones previstas en el Manual de
Convivencia, incluida la más severa. Por lo tanto, se REVOCAN las
sentencias proferidas por Juzgado Primero Civil del Circuito del Municipio
y se CONFIRMAN, por las razones y en los términos expuestos en esta
providencia, las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito del Municipio y el Juzgado Tercero Civil del Circuito del
Municipio.
Quinto.-
DEJAR sin efectos la decisión de no renovación de
la matrícula de los menores por no haber sido respetado el derecho al debido
proceso.
Sexto.-
ORDENAR a la Secretaría de Educación del
Municipio que en el evento en que los menores no quieran regresar al
Colegio se les mantenga el cupo en las instituciones educativas en donde se
encuentran estudiando de manera provisional, o en otro establecimiento
educativo diferente.
Séptimo.- ADVERTIR al Colegio que deberá corregir su Manual
de Convivencia en el sentido de determinar con claridad cuáles son las
conductas que podrían implicar responsabilidad disciplinaria.
Octavo.-
ABSTENERSE de mencionar en el texto público de esta
providencia, el nombre de los menores involucrados en los hechos del presente
asunto, con el fin de salvaguardar su intimidad. Igualmente, y con el propósito
de garantizar mayor sigilo al respecto, en las reproducciones que se hagan del
presente texto, salvo en las destinadas a las partes y a las autoridades
vinculadas, DEBERÁN OMITIRSE los nombres de la institución demandada y
de las demás personas relacionadas con los hechos del caso.
Noveno.-LIBRAR
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado Ponente
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La decisión de excluir de cualquier publicación los nombres originales
de menores implicados en procesos de tutela, así como los de sus familiares, en
tanto medida de protección, ha sido adoptada -entre otras- en las siguientes
sentencias: T-523 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón); T-442 de 1994 (M.P.
Antonio Ba­rre­ra Carbonell); T-420 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa);
T-1390 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-1025 de 2002 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil); y T-510 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[2] Declaración de Esteban, uno de los menores involucrados en
la agresión, folio 24 cuaderno de primera instancia, acción de tutela 1319218;
declaración del menor agredido Santiago, folio 147 del mismo cuaderno;
ampliación de declaración de Santiago y su señora madre, folios 167 y
168 del mismo cuaderno “al estudiante Santiago le pusieron varias uvas sobre
el ano y se las espicharon.  Como él estaba boca abajo no pudo advertir quienes
le hicieron eso...”
[3] Informe de la docente Lilian, folio 125 cuaderno principal
expediente T-1323408.
[4] Declaración del menor Alejandro, pág 150, cuaderno de primera
instancia acción de tutela T-1319218.
[5] “llegó Esteban con una sábana y me dijo “tapémoslo y
escondámoslo”. Ibídem.
[6] Informe de la docente Lilian, folio 125, cuaderno principal
expediente de tutela T.1323408 y 160 cuaderno principal expediente T-1319218;
informe del docente Guillermo folios 13 y 14 del cuaderno principal de
este último expediente.
[7] Alejandro, uno de los compañeros que presenció los hechos,
narró “le limpié la cola a Santiago y le puse los interiores y Santiago  se
fue llorando hacia su cama.”
[8] Contó su compañero Carlos que inmediatamente después de ser enterado
de los hechos por Juan Melo, se dirigió a la habitación de Santiago “y no me
dejaron entrar, les dije a los que estaban allí que si no me dejaban entrar le
iría a contar todo al profesor Jesús. Cuando entré vi a Santiago muy sollozo,
Jorge tenía abrazado a Santiago con la excusa que lo estaba consolando. Según
lo ocurrido, para Jorge era una broma y el llorar de Santiago era
insignificante.” Coincide con las anteriores versiones la declaración del menor
Camilo (Declaración rendida dentro del proceso disciplinario seguido por el
Colegio, visible a folio 149 del cuaderno de primera instancia expediente
T-1319218): «“...Santiago venía por el corredor llorando lo cogí (sic) y le
pregunte que qué le había pasado que viniera a mi habitación para hablar y que
se tranquilizara.  Al entrar en la habitación estaban mis compañeros de cuarto
(...) yo lo estaba tranquilizando por que (sic) el estaba muy nervioso, en ese
momento entró Jorge (sic) y Andrés, Jorge dijo que se salieran todos menos
yo, y Andrés estaba acostado en una cama mientras Jorge trataba de
convencer a Santiago de que lo que le había pasado no era nada, que
llorara por algo que valiera la pena por ejemplo si se enfermara la hermana o
que se muriera la mamá...” (negrillas fuera de texto).
[9] Expediente T-1319218, Folio 161.
[10] Folios 343-350 del anexo del expediente T-1319218: “antes del
jueves 23 de junio a las 5 pm. Según lo dispuesto en el Artículo 17 del Manual
de Convivencia...” [Una vez notificados dispondrá de cinco días hábiles para
presentar descargos].  Para uno de los estudiantes el término se redujo a
un día según la fecha de vencimiento indicada.
[11] (Escrito firmado por los –padres del menor
Esteban y el menor. Folios 20 a 23 del cuaderno de primera instancia,
expediente T-1319218.) Descargos presentados por los padres de Esteban. Consideraron
que su hijo sólo participó en un “Juego de Niños, y que en ningún momento
actuó ni física ni moralmente en contra de sus compañeros”; en términos
generales manifestaron que su hijo Esteban siempre había sido un niño
decente, y que en ningún momento “irrespetó con su lenguaje o su
comportamiento a ninguno de los participantes en la salida pedagógica, mucho
menos a Santiago”.  Agregaron que la participación de su hijo en el
incidente se limitó a hacerle cosquillas al menor agredido, a quien sindicaron
de haber iniciado el juego al “intentar quitarle la correa a Daniel”,
indicaron que ese tipo de juegos “hacen parte de la relación y comunicación
con sus compañeros y constituyen una etapa de su desarrollo psicosexual...”
Estimaron
que no podía dársele credibilidad a los testimonios de Alejandro, Carlos y
Camilo, por cuanto a éstos se les había dado a conocer la queja de Santiago
y el informe del profesor Guillermo, de quien solicitaron rendir
testimonio en su presencia y bajo juramento y pidieron compulsarle copias ante
la Fiscalía General de la Nación, para investigar y sancionar el delito de
calumnia.
(Cuaderno
de primera instancia, folios 23 a 30, expediente T-1322747). Descargos
presentados por los padres de Jorge. Consideraron que su hijo no irrespetó
“los valores y buenas costumbres, normas de la familia, la institución y la
nación”, ya que no tuvo la intención de transgredirlas ni  causarle daño a
su compañero.  Estimaron que el comportamiento de Jorge  se debió a “la
euforia del momento, al querer reír y sacarle humor a la situación, como es
normal en la edad en que se encuentran, le bajó los pantalones al niño
Santiago, nuestro hijo lo soltó para que se defendiera...” y que los “adolescentes
hoy en día no miden las consecuencias de sus actos, ya que para ellos todo es
juego y broma, porque están en una etapa de transición de niños a jóvenes...”
Agregaron
que su menor hijo no utilizó “actitudes ni palabras morbosas que afecten al
joven” Santiago y que “sólo se trató de una travesura, una broma
entre adolescentes, quienes trataban de hacer algo diferente a la seriedad que
la salida tenía...”
Indicaron
que la denuncia del menor Santiago “probablemente” fue incitada por “el
profesor” Guillermo, a quien tildaron de tener una mentalidad perversa e
imputaron a Santiago haber iniciado el “juego”.  “Además, quienes
iniciaron este juego tonto de tomar fotografías a los compañeros en los
baños fue el propio Santiago y sus amigos más cercanos” supuesto que sostienen
en una fotografía que se encuentra en el expediente del proceso disciplinario,
tomada “dos días antes del suceso del 6 de junio…en la cual se observa a
Santiago  en el baño, con alegría…”
Igualmente,
hicieron alusión a conductas penales y argumentaron las razones por las cuales
no consideraban a su hijo inmerso en ellas; y responsabilizaron de los hechos
al profesor Guillermo a quien sindicaron  de haber causado torturas
psicológicas a los jóvenes involucrados, por haberlos amenazado con “hacerlos
expulsar del colegio” motivo por el cual José y Andrés “lloraron hasta
altas horas de la noche” del 6 de junio y de haber faltado  a sus deberes
como docente. “Al no escuchar y permitir que los estudiantes expresaran sus
puntos  de vista y las explicaciones adecuadas del hecho, para ayudar a
resolver sus dificultades, sino que se parcializó y entro en cólera contra
nuestros hijos; no permitió convertir la falla o error de los estudiantes en
una oportunidad formativa para mejorar su personalidad y adquirir conciencia de
responsabilidad” Por su parte, el estudiante Jorge, allegó un documento
titulado declaración del estudiante, en el cual narró los hechos de la
siguiente forma:
Entre las
9 y 10 de la noche, estando yo en la habitación, observé que la mayoría del
grupo de alumnos que dormía en esta zona estaban haciendo relajo, filmando
entrevistas entre compañeros y otras cosas a las que no puse mayor atención. En
un momento fui al baño para hacer mis necesidades fisiológicas, y entonces oí
que algunos compañeros querían abrir la puerta del baño para filmarme. Como no
pudieron abrirla escuché a Santiago que le decía a Andrés que me
filmara por encima de la puerta, pero Andrés no quiso.  Posteriormente
según me dijeron unos amigos Santiago alcanzó una silla para que
otro compañero se subiera en ella y me filmara por encima de la puerta.  Yo me
puse furioso al ver la cámara y dejaron de filmarme.  Al salir del baño observe
que la cámara filmadora era manejada por diferentes compañeros, y no pude saber
quien fue el que me filmó; en ese momento me hicieron una entrevista de relajo
que conteste como tal.  Posteriormente me dirigí a la habitación con el ánimo
de dormir y cuando me disponía a hacerlo vi un tumulto de compañeros en el
pasillo y me dio curiosidad de ir a mirar que era lo que estaba pasando, por lo
cual salí del recinto y me encontré con Esteban Y Daniel que
estaban sentados en el suelo, y Santiago estaba intentando desvestir a Daniel,
pero en una mala maniobra Santiago cayó al suelo, y en ese momento Daniel
dijo “cojan al chulo” y yo que acababa de llegar le cogí el tobillo de la
pierna izquierda y Andrés lo tomó de la pierna derecha;  Esteban le
hacía cosquillas mientras varias manos de compañeros que no pude identificar
intentaban bajarle los pantalones. Momentos en los cuales Santiago se
encontraba riendo; en ese momento Andrés y YO lo soltamos y nos fuimos
hablando y riendo hacia la habitación, posteriormente Santiago se dio
vuelta  quedando boca abajo. Cuando ya estaba a unos pocos pasos de la
habitación alguien gritó “Chucho, Chucho”, yo me voté a mi cama, mientras los
otros corrieron a la habitación (...)» (negrillas fuera de texto)
(Folios 20 a 26
cuaderno principal expediente T1323408). Descargos presentados por los
padres del menor José. En escrito del 23 de junio de 2005
argumentaron, que José “se encontraba jugando con la filmadora ha
hacer (sic) reporteros  con otros de sus compañeros, entre los cuales se
encontraba -3 estudiantes-, entre otros”, que parte del juego “ocurrió
entre las diferentes habitaciones y el pasillo” y que inicialmente Santiago
fue partícipe del mismo “mostrando complacencia...” Agregaron, que “José
llegó al pasillo, cuando los hechos ya estaban ocurriendo, es decir Santiago
estaba en el suelo en posición boca arriba, donde tres de sus compañeros  se
encontraban jugando con el, uno le tenía las piernas, otro las manos y otro le
bajaba los calzoncillos”, por lo que estimaron que su hijo no
participó en los hechos y que su intención al filmar “no era la de atentar
contra la integridad moral y física de su compañero...”  (negrillas fuera
de texto)
Hicieron énfasis
en la condición de “inmadurez psicológica” de su menor hijo y en su consecuente
incapacidad de autodeterminación. Indicaron que el Colegio debía acudir
a procedimientos evaluativos de las presuntas faltas cometidas, como el
diálogo, la conciliación, terapias, etc. Calificaron las faltas como leves y
sostuvieron que José “en ningún momento vulneró los valores de la
institución, de sus compañeros y mucho menos los de su profesor, si hubo
momentos de recocha y complacencia que lo llevo a comportarse de manera
inadecuada...”
La Familia del
menor José hizo alusión a la configuración de tipos penales  e indicó que su
hijo nunca estuvo en contacto físico y verbal con el menor Santiago y
expuso las razones por las cuales consideró que no podía estar incurso en
ninguno de ellos. Agregaron, que para investigar los posibles delitos debía
mediar denuncia del afectado  y en tal caso sindicaron al profesor Jesús
Fonseca Burgos como único responsable de ellos, por cuanto a él se le había
entregado “la custodia” de los menores.
Sostuvieron
además, que José “no tomo fotos, ni filmó en los baños como si ocurrió según
testimonios verbales en los cuales actuó Santiago”, y que el menor agredido
participaba en los juegos con sus compañeros, basándose en una “foto que obra
dentro del expediente donde aparece el alumno...” en una actitud que califican
como complaciente y de aceptación.
Adicionalmente estimaron que en el informe escrito
presentado por el profesor Guillermo, se violó el derecho a la igualdad
“por cuanto en la denuncia hecha por el docente en el numeral uno, el
manifiesta que otro alumno, tuvo comportamientos indebidos en el bus” y
cuestionaron la razón por la cual no se le investigó también
disciplinariamente.  Consideraron exagerado y carente de credibilidad  el
documento del docente, por haber  efectuado afirmaciones  como las de “agresión
física” y dirigirse a sus alumnos como “agresores”, de quien también
cuestionaron su ética pues estimaron su escrito carente de imparcialidad, y
dijeron, que “ataca a los alumnos en forma desafiante con expresiones como
‘me llegué el agua hasta donde me llegue los hago expulsar del Colegio’...”.
Finalmente,
consideraron que los hechos ocurridos no debían ser objeto de investigación
disciplinaria, puesto que “sí hubo faltas leves tanto de los alumnos como de
la Institución...” y pidieron que se les garantizara que “el cuerpo
docente no tome represalias contra estos estudiantes”.
(Folio 16
cuaderno principal expediente T-1330627) Descargos de los padres del menor
Daniel. Declararon el 21 de junio ante la Secretaria del Colegio, indicando
que su hijo lo “único” que había hecho era lanzar “una cáscara de uva
y que desafortunadamente cayó sobre el cuerpo de Santiago”; consideraron
que había existido responsabilidad de los implicados pero que era mayor la del
agredido por cuanto manifestaron que según versión de su hijo éste había
participado “en la toma de fotos a los niños en los baños, puesto que
alcanzaba las sillas para que los niños lograran su cometido”. El menor Daniel
en declaración  recogida en la misma fecha narró:
“Todo
ocurrió entre las 9:30 y 10:00 pm, cuando a mi Daniel me intentaban
desvestir, y pasó Santiago y se cayó, allí empezó Esteban
a desvestirlo, mientras Jorge y Andrés le sostenían las piernas y José
filmaba esto.  En lo único que participé; botando una cáscara de uva y sin
culpa le cayó a Santiago.  Todo culminó cuando dijeron el profesor.
Acepto que tengo culpa, pero Santiago desde que llegamos participó en
las grabaciones de los baños alcanzando sillas y al principio de que lo
empezaron a desvestir el se reía” (negrillas fuera de texto)
[12] Al menor agredido se le interrogó sobre los siguientes aspectos:
1.  ¿Es cierto, si o no, que usted incitó a
que se filmara a otros estudiantes o se les tomara fotos, mientas estaban en el
baño…?
No a mi me fotografiaron en los baños de lo
cual hay pruebas pero yo no filme ni fotografié a nadie ni siquiera tenía
cámara
2.  Es cierto, si o no, que en esa salida
usted alcanzó una silla para que otro estudiante se subiera a filmar a un
estudiante que se encontraba en el baño a puerta cerrada?
No los más altos se paraban de puntas y lo
hacían en ningún momento alcance dicha silla
3.  Es cierto, si o no, que usted intentó
desvestir a Daniel el día 6 de junio, en la Casa de paso donde se hospedaban?
No para nada, en la casa de paso el día 6
no nos hospedamos en la misma habitación y yo permanecí en la habitación con Carlos
y-otros dos compañeros más-,
4. Es cierto, si o no, a usted le pusieron
uvas e las nalgas, mientras lo tenían sujetado y luego se las espicharon?  ¿En
caso afirmativo, recuerda usted quienes hicieron ese comportamiento?
Sí, pero desafortunadamente no vi a los que
hicieron esto
5.
Es cierto, si o no, que
usted aprobó y permitió la acción (...)
No, ellos dicen que yo aprové(sic) porque
me reí pero es que ellos me hicieron cosquillas a lo que yo respondo con risa o
sea soy “cosquilloso”
6.  Es cierto, si o no, que el estudiante Jorge
lo llevó a una pieza, después de protagonizado el atropello de que usted
fue víctima, para intentar ocultarlo del profesor Guillermo y
convencerlo de no denunciar el hecho?
Sí el me decía que no llore por esas
bobadas que llorara cuando mi mamá se muriera o mi hermana estuviera enferma
que yo ya había llorado mucho la muerte de mi padre que para que seguía
llorando
7. Ratifica usted los cargos que presentó
(…)
Sí yo mismo le narré ha (sic) mi mamá para
hacer esos cargos.
[13] Ver folios 147 a 150 del cuaderno de primera instancia expediente
T-1319218.
[14] “Art. 17… Una vez superada la etapa anterior el investigador
mediante un informe claro y detallado lo remitirá al Consejo Directivo quien
dentro de los tres días hábiles siguientes estudiará el caso para absolver o
imponer la sanción si hubiere lugar a ella, de lo cual, informará a la Junta
Directiva de la Asociación de Padres de Familia si se llegase a determinar la
expulsión del estudiante. El Rector mediante resolución motivada comunicará la
sanción tanto a los padres de familia como al estudiante.”
[15] Ver  cuaderno de primera instancia expediente T-1319218, folios 134
a 139.
[16] ... “investigar si Santiago participó también y previamente
en intentos similares, como lo dicen algunos descargos. Se respondió a esta
inquietud recordando que a Santiago se le interrogó sobre esta
afirmación y él lo niega”.
“Llama la
atención que aunque se dice que en la pieza había quince estudiantes que
pudieron haber visto, nadie ha tenido el valor de acercarse a defender a los
cinco estudiantes.  Tampoco los implicados mencionan a otros estudiantes.  Se
considera que no hay necesidad que (sic) tomar declaración a todos los
estudiantes.  Con certeza se sabe que los implicados fueron los cinco y el
muchacho afectado y que los demás estaban en sus habitaciones y Santiago
en sus declaraciones no menciona a nadie. Los que aparecieron después llegaron
a defender a Santiago .  El hecho es claro y está escrito en los
descargos.”
[17]Sobre el régimen de faltas y sanciones el manual de convivencia del
Colegio contempla:
«ARTICULO
10. DE LA PERMANENCIA.
El estudiante matriculado en el Colegio pierde
el derecho a pertenecer a él en los siguientes casos:
(…)
2.
Cuando reiteradamente
presenta actitudes negativas de disciplina o mal comportamiento y han sido
registradas en el Observador del Estudiante…(negrillas fuera de texto)
(…)
Artículo 15.  EVALUACION DE LAS FALTAS
Las faltas disciplinarias se califican como leves o
graves.
Son faltas leves, las contempladas en el Artículo 13 y
serán faltas graves la reincidencia de faltas leves y las contempladas en el
Artículo 14.
Artículo 14  FALTAS GRAVES
(…)
Todo acto contra la moral y las buenas costumbres.
(…)
Comportamiento agresivo de palabra y hecho contra
directivos, profesores, compañeros o persona que trabajen en la institución.
Actitudes morbosas que afecte la buena formación de
los compañeros.
(…)
Irrespeto a sus profesores y a sus compañeros.
(…)
Artículo 20. A los estudiantes que incumplan los
deberes consagrados en el presente Manual de Convivencia se les aplicarán los
correctivos en forma progresiva siguiendo el proceso debido así:
AMONESTACION VERVAL PRIVADA: Por faltas leves, los
profesores…
AMONESTCION VERBAL ESCRITA: Por reincidencia en faltas
leves y por faltas graves el profesorado, director de grupo y coordinador
registrarán en el observador del estudiante…
NOTIFICACION A LOS PADRES DE FAMILIA. Por faltas
graves, reincidencia en faltas leves…
CANCELACION DE MATRICULA: Por faltas graves, por
reincidencia en faltas leves, por indisciplina permanente, desinterés por el
estudio e incumplimiento del contrato de prestación del servicio de educación…
[18] Los considerandos de las resoluciones comentadas son los
siguientes:
“1.
Que la educación que garantiza una institución educativa tiene una doble
naturaleza de derecho-deber, en virtud de la cual el derecho a la permanencia
esta condicionado al mínimo cumplimiento por parte de los estudiantes de los
deberes que son correlativos al derecho.
2.  Que
el Manual de Convivencia Escolar del Colegio establece en su artículo 10º las
circunstancias que ocasionan pérdida del derecho a permanecer en la
institución, entre las cuales se indica, en el numeral 2º, “el mal
comportamiento”.
3.  Que
contra el estudiante (…) fue interpuesta una queja por una presunta falta y que
el Rector del Colegio ha seguido el procedimiento regular prescrito en el
artículo 17º del Manual de Convivencia para investigar y presentar informe al
Consejo Directivo de la institución.
Que el
Consejo Directivo en sesión realizada el 27 de julio de 2005 recibió y estudió
el informe presentado por el Rector y se volvió a reunir el 1º de agosto para
tomar una decisión, determinando que (…) participó activamente en la comisión
de unas faltas graves previstas en e artículo 14º del Manual de Convivencia en
los siguientes términos:  “Todo acto contra la moral cristiana y las buenas
costumbres”; “Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los
compañeros”; “Irrespeto a sus profesores y a sus compañeros".
5.  Que
el Rector del Colegio solicitó autorización a la Junta Directiva de la
Asociación de Padres de Familia para proceder a ejecutar mediante Resolución la
decisión del Consejo Directivo, obteniendo de esa entidad una respuesta
positiva oficiada con fecha del 3 de agosto de 2005”
[19] Folios 127 a 132 del cuaderno  de primera instancia expediente de
tutela T-1319218.
[20] Ver considerando número 1, de la resolución que resuelve el
recurso, folio 112 ibídem.
[21] Folios 18 a 23, cuaderno de primera instancia, expediente
T-1330627.
[22] Folios 34 a 42 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1322747.
[23] Folios 119 a 123 cuaderno de primera
instancia, expediente T-1319218 «... llegamos a la 5:00 p.m. al sitio de
alojamiento en Neiva, tomamos un descanso y luego salimos a hacer un recorrido
por la ciudad llegando al sector norte allí se les ofreció gaseosa y pizza.
Luego regresamos caminando a la casa de paso (sitio de alojamiento) y como
supuestamente todos estábamos cansados nos dirigimos a descansar.  Mientras
charlaba con un grupo de estudiantes en la sala comedor frente al televisor,
los demás fueron a sus respectivas habitaciones.  De pronto noté un gran
silenció, pedí el permiso respectivo a quienes estaban con migo(sic) y me
dirigí hacia la parte oriental de la casa encontrándome con un grupo pequeño de
estudiantes entre los cuales estaba Andrés, quien me manifestó que la
salida había sido muy agradable y que si sería posible que se repitiera cuando
ellos estuvieran el (sic) grado 11º. Yo me senté a charlar en la habitación en
donde ellos estaban, explicándoles las dificultades que ya se presentaban en
grupos de estudiantes de los grados 10º y 11º.  Después de varios minutos de
charla y al ver las cosas tan ordenadas, me disponía a despedirme de ellos para
que se acostaran a descansar.  Cuando en forma rápida y agitada Mauricio
(quien me estaba acompañando en la salida), me llamó para que bajara a la sala
comedor por que se había presentado un problema y que la profesora Lilian
los había reunido.  Efectivamente, llegué al comedor y me limité a escuchar
primero a Alejandro, luego a Carlos y a algunos otros cuyos
nombres no puedo recordar.  Tomé nota de las personas implicadas según los
relatos, y luego de hacer un breve análisis les hablé claro de todas las faltas
que acababan de cometer, como consta en el informe entregado al Rector (...)
Enfáticamente les manifesté que el informe se entregaría a Rectoría tan pronto
como regresáramos de Neiva. Ante esta aseveración, Jorge  y Andrés iniciaron
a hacer componendas y a llamar a los compañeros para persuadir tanto a Santiago
como a los demás compañeros para que esto no pasara a mayores consecuencias.
Fue tanta la actividad desplegada por Jorge hasta el punto que la
profesora Lilian optó por llevar a Santiago a dormir a la pieza
en donde ella estaba hospedada y luego mandó a Jorge a dormir a la cama
que yo estaba ocupando en la habitación que compartía con Manuel (…)
Una vez que se iba controlando la situación Andrés irrumpió en llantos,
gritos y puñetazos contra la pared y como no hizo caso a los llamados de
atención para que hiciera silencio y dejara dormir a todos los que estaban
cerca de él, tuve que decirle que sino se callaba tendría que llamar a la
policía y esta fue la única forma de calmarlo y obligarlo a obedecer.»
[24] Ver folio 111, cuaderno de primera instancia, expediente T-1319218.
[25] Folios 26 a 32, expediente T-1319218.
[26] Folios 26-32 C.1, T-1319218. “1.  El Colegio, inició procesos
disciplinarios contra (…) a dichos procesos se dio apertura de manera
independiente (…) pero se observa que todos los procesos reposan en un mismo
fólder.  Teniéndose en cuenta que en nuestra legislación se ordena tramitar
cualquier tipo de proceso, de manera completamente independiente a cualquier
otro tipo de proceso cuyo disciplinado sea persona distinta, podemos presumir
anomalía en este trámite…
(...)
4.
(…) el proceso
adelantado se inicia con fundamento en la madre de familia del alumno Santiago,
sin que se haya aportado prueba alguna sobre los hechos, se halla también un
informe del docente Guillermo, en el que igualmente no se anexa prueba,
se verifica también una misiva de un acompañante a la excursión, donde
igualmente manifiesta la comisión de unos hechos pero no se aporta prueba sobre
la ocurrencia de los mismos.  Seguidamente se da inicio al proceso,
analizándose por esta agencia del ministerio Público local, presuntas
irregularidades consistentes en: En ningún momento la respectiva queja ni los
informes presentados se acompañaron de pruebas, motivo por el cual el
investigador debía agotar todos los medios probatorios existentes y necesarios para
determinar la comisión de la presunta falta así como su(s) autor(es), en el
caso que nos ocupa el rector determinó iniciar con el trámite, y se nota como
la citación para informar a los padres de la apertura del proceso disciplinario
en contra de sus hijos, con fecha anterior al auto que ordena lo mismo, y no se
encontró en el expediente el formato de notificación respectiva, y como tenemos
en cuenta que el manual de convivencia no estipula las maneras de notificación
a emplear, deben surtirse conforme a la normatividad existente referente al
proceso disciplinario; lo que se efectuó fue la entrega de un documento
mediante el cual se notifica la apertura del proceso y se mencionan las faltas
objeto del mismo, pero no consideramos que sea esa la formalidad adecuada… No
se halla dentro de la información analizada el documento que contiene el pliego
de cargos respectivo… no se halla documento alguno de valoración idónea de las
pruebas, de igual manera considera este despacho que si existe un video fílmico
que registra los hechos, debe ser apreciado…pues se nota por las diferentes
declaraciones, informes y quejas que el docente Guillermo, no fue
testigo presencial de los hechos, razón por la cual se puede incurrir en un
prejuzgamiento…
5.
Se observa de la misma forma,
como se obvia los parámetros legales establecidos para emitir autos…
6.
En el acta No. 01/05, el
Rector del Colegio manifiesta al consejo directivo la apertura de un
proceso disciplinario a los estudiantes por falta gravísima, la cuestión ahora
es determinar e que acápite del Manual de convivencia se establecen este tipo
de faltas…
9.
En el acta No. 02/05,
con preocupación se aprecia como el rector del plantel educativo, manifiesta
que:  “No procedió a buscar más pruebas, como lo solicitan en los descargos…”,
demostrándose de esta manera una violación al debido proceso, establecido en la
carta política en su artículo 29; puesto que por lo menos debió negarme (sic)
mediante resolución motivada la práctica de las pruebas solicitadas y no hizo
(sic), de igual manera no se practicaron y se procedió a imponer sanción sin
valoración de pruebas.  Configurándose de esta manera otra causal para invocar
la nulidad…
15. Finalmente se notó… que durante el
término que el expediente debía permanecer en secretaría para su eventual
revisión por parte de los posibles recurrentes, no se verificó la presencia del
mismo el día 9 de agosto de 2005, pues se intentó practicar la visita especial
y se tuvo que dejar constancia de la imposibilidad de practicar la misma,
debido a la ausencia del rector de la ciudad, quien había dejado el expediente
en su despacho y no en la secretaría…
(…) esta Personería Municipal, considera
que presuntamente se ha vulnerado el principio fundamental del debido proceso,
en la actuación disciplinaria adelantada  contra sus menores hijos (…)”
[27] Folios 26-32 C.1, T-1319218.
[28] Ver folios 31-39 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1319218. Entre otras, con algunas de las siguientes consideraciones:
«(....)
2.
(…) para dicha salida el Colegio no hizo
el trámite de permiso respectivo ante la Secretaría de Educación Municipal.
3.
Que la salida pedagógica fue acompañada por los
siguientes adultos: (…)  Mauricio (…) a pesar de que el señor, no es
padre de familia de ningún alumno, ni tiene conexión directa con el colegio;
cabe anotar, además que el señor Mauricio firma el informe del 9 de
junio de 2005, con cédula y Tarjeta Profesional (posición jurídica) de abogado,
¿buscando qué?
(…)
10.
Es claro que el documento del profesor Guillermo,
el cual fue presentado bajo el nombre de “Informe de salida pedagógica”, además
de que no contiene ningún reporte sobre la actividad en sí realizada, es un
“informe” altamente motivado, agraviante y nocivo, que además de violar la
presunción de inocencia de los estudiantes, pues fue tomado como base para la
investigación, estigmatiza a los implicados en condiciones y actuaciones
humanas que al momento ni siquiera habían sido denunciadas por el presuntamente
agredido.
(…)
11.
(...) se encuentran declaraciones de los
estudiantes implicados en los procesos disciplinarios, en los cuales aparece la
firma del respectivo estudiante y la firma del señor Rector, donde no se
hace relación alguna a que los estudiantes hubieran estado acompañados por su
representante legal (padres de familia), o en su defecto el acudiente, teniendo
en cuenta que dichos estudiantes se encuentran incursos dentro de un proceso
disciplinario estaban rindiendo una exposición, declaración o versión de los
hechos, que por términos de procedimiento es equivalente a su derecho de
defensa y por ser menores de edad, tenía la obligación el Colegio de
asegurarles su representación en dicha diligencia.
12.
Que en la Resolución No. 006 del 29 de junio de
2005, por medio de la cual se Reestructura el Consejo Directivo, se derogan los
artículos 1, 2 y 4 del Acuerdo No. 003 del 20 de mayo de 1999.  Las instancias
en este caso son diferentes: las Resoluciones las expide el Rector y los
Acuerdos los expide el Consejo Directivo, por tal razón la reestructuración del
Consejo Directivo expuesta en la resolución No. 006 es nula; “no se podía
adecuar la norma para juzgar una conducta cometida con anterioridad a la
reestructuración”.
13.
Que en el inciso cuarto (4º) del artículo 19
del Decreto 1860 de 1994, en alusión a las instituciones educativas privadas,
establece que “deberán acogerse a las fechas que para el efecto de la
organización del gobierno escolar, se establecen en este capítulo. En caso
contrario, la licencia de funcionamiento quedará suspendida.”  Y así mismo, el
Parágrafo 2º. Del Artículo 21 del Decreto No. 1860 de 1994 establece que la
conformación del Consejo Directivo deberá quedar integrado dentro de los
primeros sesenta días calendario al de la iniciación de clases del año
lectivo.  En este caso, según consta en el Acta No. 01/05 del Consejo
Directivo, éste realiza su primera reunión hasta el día 29 de junio de 2005,
después de transcurrir cerca de cuatro (04) meses.
14.
Que al Acta No. 01/05 del 29 de junio de 2005
del Consejo Directivo del Colegio registra el informe del Rector
presentado a dicho organismo sobre Análisis de procesos disciplinarios,
calificado el incidente como de FALTA GRAVISIMA, (folio 69 del expediente),
cuando a folios 18, 20, 22, 24, la presunta falta es calificada como de GRAVE,
sin dar explicación alguna de el por qué, dicha calificación.
15.
Que la Secretaría de Educación no le encuentra
el sentido del Acta No. 04/05 del Consejo Directivo de fecha 2 de agosto,
mediante la cual se aprueba unas partes del Acta No. 01 del día anterior, sin
que en el Acta No. 05/05 exista aprobación de las Actas No. 03/05 y 04/05,
entonces, en donde quedó la aprobación de dichas actas?
16.
Que no existen evidencias del trabajo realizado
por el Personero Escolar en relación con los procesos disciplinarios siendo que
éste en su papel de Personero Escolar, es el representante de los alumnos.
17.
Que en el texto del Acta No. 06/2005 del Consejo
Directivo se evidencia la invitación a escuchar al profesor Guillermo,
al estudiante Santiago y a su mamá, en el Consejo Directivo, sin que
haya evidencias de atender en igualdad de condiciones y oportunidades a los
demás estudiantes implicados y a sus padres como representantes legales.
18.
Cabe anotar que el estudiante Santiago,
quien fue la presunta víctima, se encontraba haciendo parte activa de la
“recocha” y que por situación propia de ésta terminó siendo la parte pasiva de
la situación, sintiéndose posteriormente agredido.
19.
Que de las consideraciones anteriores la
Secretaría de Educación ha develado las  violaciones a derechos
constitucionales tales como: Presunción de Inocencia, Debido Proceso, Derecho
de Defensa, Derecho a la Educación, las que se ponen de manifiesto solamente en
la FORMA como se ha adelantado dicho proceso.
20.
En cuanto al FONDO del asunto, desde la ocurrencia
de los hechos en la salida pedagógica hasta la última actuación que realizó el
Colegio contra los alumnos implicados, se vislumbra una serie de faltas contra
Derechos fundamentales tales como libre Desarrollo de la Personalidad,
Educación, Intimidad, Debido Proceso, Defensa; así mismo se observa un
prejuzgamiento, una estigmatización de los alumnos supuestamente agresores y el
agredido y una absurda tipificación penal, sin contar con el daño moral y
social que se le ha causado a dichos alumnos (agresores y agredido).
21.
Ante la actual situación que vive el país que
reclama una sociedad basada en la tolerancia y la sana convivencia, como
formación educativa y social tratándose de hechos de interrelación dentro de
una institución educativa, los cuales deben ser utilizados positivamente para
la formación de los estudiantes y la solución de sus conflictos, entonces
convendrá la práctica de la CONCILIACION,  razón por la que la Secretaría de
Educación, junto con los Directores de Núcleo de desarrollo educativo de la
ciudad, acudió ante el Rector del Colegio primeramente en reunión
privada y luego ante el Consejo Directivo, para expresarles la intención de
esta entidad en su deseo de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes,
con la respectiva sanción acorde y proporcional a la falta donde no quedaran
vencedores ni vencidos, procurado finiquitar el asunto sin resquebrajar más la
situación moral y social tanto de los alumnos como la de los padres, dentro y
fuera del colegio.  Dicha petición la cual fue expuesta en estos mismos
términos fue negada por el padre Rector y el Consejo Directivo del Colegio.[28]
22.
Que la Secretaría de Educación considera
necesario hacer aclaración sobre la Función de la Sanción Disciplinaria, la
cual tratándose de menores de edad en etapa de adolescencia, como es el caso
que nos ocupa, ésta deberá ser formativa, es decir, una continuidad del proceso
educativo iniciado por el plantel ahondando en el proceso formativo del
estudiante, razón por la cual EXPULSAR  a los estudiantes por la comisión de
una falta, significa renunciar y vulnerar el proceso de formar que la sociedad
y la constitución le han entregado a las instituciones educativas, el que no
debe relegarse a la mera entrega de conocimientos sino también a ayudar a la formación
de la personalidad del estudiante en todos los aspectos. Debe entonces
aprovecharse el incidente presentado para recabar en la formación de la
personalidad de los estudiantes de conformidad con la evolución que vive la
sociedad y no dentro de parámetros obsoletos, labor que involucra no solo a
quienes estuvieron incursos en los hechos sino a quienes están en proceso de
formación, al igual que a los encargados de dicho proceso por cuanto que la
persona humana sólo acaba su proceso de formación con la extinción de las
funciones vitales del individuo.
23.
La conducta observada por los estudiantes debió
conducir a un proceso disciplinario tal que calificara la actuación y no lo
contrario.  No podían quienes tenían la responsabilidad de comenzar y terminar
el proceso educativo con la salida pedagógica, llegar a calificar de falta
disciplinaria desplegada del comportamiento de los estudiantes, de conformidad
con la tipificación que otorga el CODIGO PENAL a ciertos comportamientos que si
son conductas absolutamente desviadas y contrarias tanto a la moral como a la
sociedad que por su daño a la víctima y a la sociedad están catalogados como
DELITOS, toda vez que no son los competentes para calificar las actuaciones de
los estudiantes, que son menores de edad y que se encuentran en pleno
desarrollo y descubrimiento tanto de su sexualidad como de su personalidad;
niños “sanos”, que además durante los ocho o más años que llevan dentro del
colegio no se habían visto incursos en algún proceso disciplinario, ni de ninguna
otra índole.  Como juzgar tan duro y de forma irreversible niños entre los
trece y quince años de edad en plena formación, cuando el país pregona la
REINSERCION a la sociedad y el PERDON a verdaderos delincuentes que llevan años
haciendo daño al país, asesinando otros seres humanos solo escudándose tras
unos ideales impropios y sin bases; cómo puede un Colegio regentado por la
Diócesis que predica el amor al prójimo, el perdón, la caridad, el poner la
otra mejilla, etc., calificar comportamientos “propios” de un adolescente en
pleno desarrollo, de ACTOS DELINCUENCIALES, afectando la dignidad humana de los
niños y sus padres y para completar, determinar la EXPULSION, como la mejor
manera de evadir realmente la cuota de responsabilidad que lleva el colegio en
dichos actos.
24.
Puntualizando el numeral anterior, quiere hacer
aclaración la Secretaría de Educación, que indiscutiblemente se cometió un
hecho de unos alumnos que atentaron de una u otra forma, en contra de otro
alumno, el cual se sintió agredido, pero que en ningún momento llegó a imaginar
que se consiguiera formar semejante proceso tan lesivo para la amistad y
permanencia en la institución de sus compañeros. Pero si hubo comisión de un
acto de indisciplina obviamente debe darse una  sanción teniendo en cuenta las
circunstancias eximentes o atenuantes, lo cual no figura dentro del proceso,
además dicha sanción deberá ser formativa y que no contradiga los principios de
objetividad, imparcialidad y proporcionalidad y que además contribuya a la prevalencia
de la justicia, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los
derechos y garantías debidos a las personas que en cualquier proceso
intervienen, razón por la cual LA MEDIDA DE EXPULSION DE LOS ESTUDIANTES,
además de socavar el Derecho a la Educación y Permanencia dentro de la
institución educativa, es exagerada, no forma sino que reprime, generando
resentimientos entre los estudiantes y en la sociedad dentro de la cual
conviven.  Por otra parte, la sanción a imponerse debe abarcar un marco
temporal dentro del mismo año lectivo en que se cometió, para ser corregida la
falta.  No podría considerarse la imposición de una sanción que abarque otro
año lectivo o más haciéndose en cierta forma imprescriptible.
Que la
Secretaría de Educación se sostiene en su posición de la prevalencia del
Derecho a la Educación y continuidad dentro de la Institución Educativa,
teniendo la oportunidad de resarcir la falta en el mismo plantel en donde se
cometió.  Así mismo, que se imponga una sanción altamente formativa que se
extienda a todos aquellos que de una u otra forma tiene cuota de
responsabilidad-llámense alumnos, padres de familia, profesores y rector-en la
comisión de los hechos que dieron inicio a este proceso.»
[29] Ver folios 1 a 10 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1319218.
[30] Los contratos de matrícula de educación básica y secundaria rezan:
(...) “CAUSALES DE LA TERMINACIÓN O DE NO RENOVACIÓN: El presente contrato
terminará o no será renovado por una o varias de las siguientes causas:  a) Por
expiración del término fijado, esto es, la terminación del año lectivo (...) f)
Por sanción y por exclusión o cancelación de matrícula del estudiante...”
Folio 37 vto. Cuaderno de Segunda Instancia, expediente T-1322747.
[31] Ver folios 91 a 100 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1319218.
[32] Ver folios 91 a 100 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1319218. En relación con el derecho al buen nombre, a la honra, a la
educación, y a la igualdad, entre otras cosas  dijo: “(…) no considero que el
Colegio haya violado el derecho al buen nombre y el derecho a la honra, porque
nunca hice revelación dolosa de las faltas cometidas, por ningún medio allegado
a la opinión pública.  Desde el comienzo mantuve la reserva, aún interna en el
Colegio, hasta terminar la fase de investigación y presentar el informe escrito
al Consejo Directivo. Allí sus integrantes recibieron el informe y pidieron
acceso a todo el expediente par poderse ilustrar más y mejor (…) siempre bajo
la exigencia de reserva que se recordó a sus integrantes  (...) Entiendo que
por divulgación de los mismos padres de familia otras personas en la ciudad se
enteraron de forma inexacta sobre los hechos (...)
(...) De
acuerdo con el ordenamiento legal que rige para el sector educativo, en los
establecimientos educativos de propiedad de los particulares –para el caso el
Colegio es de propiedad de la Diócesis la vinculación del estudiante al
servicio educativo se legaliza mediante un contrato de matrícula, que se rige
por las reglas del derecho privado y tiene una duración precisa.  Lo anterior
se sustenta entre otras razones, en el ejercicio del derecho a la libertad de
enseñanza, dentro del cual está amparada la libertad de los particulares a
elegir, para cada año escolar, a los estudiantes a los cuales se les prestará el
servicio educativo.  El contrato de matrícula que suscribimos, el Colegio por
medio del suscrito (...) y los padres de familia (...) para prestar el servicio
educativo a su hijo Esteban, dice en la cláusula décima cuarta lo
siguiente:  “El presente contrato tiene una vigencia de un año lectivo,
contado a partir del día en que se suscribe la matrícula según calendario
publicado por el Colegio y hasta el nueve (09) de diciembre del mismo año 2005,
su ejecución será sucesiva por períodos mensuales y podrá renovarse para el año
siguiente, siempre y cuando el ALUMNO  y los PADRES  hayan cumplido
estrictamente las condiciones estipuladas en el presente contrato y en el
Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio”.  Este contrato se cumplió
y aunque se estableció la sanción de cancelación de matrícula, que es una
causal de terminación del contrato, se garantizó la permanencia del estudiante
(...) y la prestación del servicio educativo durante el tiempo en el cual se
tramitaron los recursos de reposición y de apelación interpuestos por los
padres de familia (...) En su parte resolutiva [respuesta de la Secretaría de
Educación al el recurso de apelación] En ninguna de los cuatro artículos (...)
nos indica la obligación de matricular al estudiante al año escolar 2006,
porque se entiende que esa entidad no puede establecer una obligación de ese
tipo, cuando ya se ha terminado el año escolar y el contrato de matrícula. Debo
señalar que la oportuna comunicación de la no renovación de matrícula,
facilitaba a los mismos la búsqueda de cupo en el sistema educativo.”
[33] Tal referencia está consagrada en el parágrafo segundo del artículo
citado que se refiere a  las causales de terminación del contrato
interadministrativo  “CLAUSULA OCTAVA:  TERMINACIÓN- Son causales para
la terminación del presente contrato: (...)” Folio 52, cuaderno de segunda
instancia, expediente T-1319218.
[34] Ver folios 91 a 100 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1319218.
[35]  (...) "La actitud asumida por el padre Rector fue
demasiado benevolente y prudente ya que quiso que a través del diálogo y la
concertación se reconociera la falta por parte de los jóvenes involucrados para
que asumieran su responsabilidad y la reparación inmediata de la misma, actitud
que no fue acogida por los  padres de familia de  estos jóvenes quienes, según
nuestra apreciación no adoptaron una posición formativa para sus hijos y
convirtieron el procedimiento pedagógico formativo en un proceso jurídico” Folios
169 a 171 del cuaderno de primea instancia, expediente T-1319218.
[36] Ver folios 82 y 83 cuaderno de primera
instancia, expediente T-1319218: “En atención al referido oficio (...) le
explico que el derecho de petición que presentaron a esta institución los
padres del menor Esteban, fue radicado acá el día 15 de diciembre y el
personal docente y directivo, del cual hago parte como rector, se encontraba en
vacaciones legales, cuyo calendario iba del 12 de diciembre al 16 de enero,
fecha en que nos presentamos a laborar.  De este calendario informé a todos los
padres de familia en las sesiones de clausura realizadas el 9 de diciembre.
Por la anterior razón el término para responder ese derecho lo
empecé a contar desde el lunes 16 de enero de 2006.  El día miércoles 25 de
enero se presentaron en el colegio las personas antes mencionadas y después de
una conversación acordamos que ellos vendrían a las 2:00 PM. a recibir la
respuesta y explicación a su petición.  No concurrieron a esa hora y el texto
de la carta se la hemos hecho llegar hoy a su residencia.”
[37] Ver folios 82 y 83 cuaderno de primera
instancia, expediente T-1319218. “1.  En la respuesta de la Secretaría de
Educación (...) no encuentro en ninguno de los cuatro artículos de la parte
resolutoria una decisión de obligar al Colegio a realizar la matrícula de su
hijo (...) para el año escolar 2006.
2.  El Colegio (...) es una institución
educativa católica de carácter privado, fundada mediante decreto canónico No.
70 del seis de diciembre de 1956, emanado del Obispo.  De acuerdo con el
ordenamiento legal que rige para el sector educativo, en los establecimientos
educativos de propiedad de los particulares – para el caso el Colegio es
de propiedad de la Diócesis del municipio la vinculación del estudiante
al servicio educativo se legaliza mediante un contrato de matrícula, que se
rige por las reglas del derecho privado y tiene una duración precisa.  Lo
anterior se sustenta, entre otras razones, en el ejercicio del derecho de
libertad de enseñanza, dentro del cual está amparada la libertad de los
particulares a elegir, para cada año escolar, a los estudiantes a los cuales se
les prestará el servicio educativo.
3.  A la fecha de terminación del contrato
de matrícula, el día 9 de diciembre de 2005, se comunicó a ustedes, en la
sesión de clausura y entrega de informes finales, por medio del Director del
Curso 0903, y en conversación que sostuvimos en la rectoría acerca del
cumplimiento por parte del Colegio del contrato, la expiración del mismo en esa
fecha y su no renovación para el año escolar 2006.
4.  En el día de hoy ustedes se presentaron
en el Colegio, junto con su hijo (...) quien portaba el uniforme del
Colegio sin estar matriculado en el mismo.  En mi despacho les expliqué las
razones por las cuales no puedo tener estudiantes en el Colegio que no han
legalizado su vinculación al mismo por medio del contrato de matrícula. En
efecto, no existen en la legislación escolar otras formas de vinculación de
estudiantes a las instituciones educativas distintas de las de estudiante
matriculado.
(...)
6.  La observación escrita en el Informe
del cuarto período académico y final, es la comunicación escrita en la fecha y
ocasión propia a efectos de conocer el motivo y la decisión de no renovar
contrato de matrícula, a fin de que los padres de familia puedan buscar
oportunamente otro establecimiento educativo»
[38] Ver folios  22, 23 y 42 del cuaderno de 2ª instancia, expediente
T-1319218.
[39] Ver folios 67 a 86, cuaderno de segunda instancia, expediente
T-1319218.
[40] Ver folio 3, cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
Se dice que Guillermo era “responsable de la salida, y por tanto del
comportamiento del grupo de alumnos, quien en lugar de utilizar una estrategia
adecuada para el manejo del caso de indisciplina, entró en ira, amenazando y
amedrentando, utilizando términos soeces, a los jóvenes implicados en el
suceso, “con hacerlos expulsar del Colegio, le diera el agua donde le diera”, y
luego, por intermedio de una persona ajena al Colegio, sobrino del profesor, Mauricio,
los amenazó, con hacerlos demandar por el niño Santiago para que fueran
a parar a “La Casa del Menor”, afectando psicológicamente en grado sumo a
nuestros hijos, quienes no pudieron conciliar el sueño y lloraron hasta altas
horas de la noche, al punto de que en la madrugada el profesor Guillermo
ingresó a uno de los cuartos volviéndolos a amenazar, a amedrentar, diciéndoles
que si no se calmaban, o sea, dejaban de llorar mandaba traer una PATRULLA DE
LA POLICIA, para que se los llevaran»
[41] Ver folios  98 y 99 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1322747.
[42] Ver folio 124 cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
[43] Ver folio 125 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1322747.
[44] Ver folios 168 a 172 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1322747.
[45] Ver página 30 de esta decisión.
[46] “(...) encontramos la resolución número 006 del 29 de junio del
año 2005, emanada de la Rectoría del establecimiento y mediante la cual se
reestructura el consejo Directivo.  Aunque tiene poca monta esta observación si
es del caso y en honor al derecho a la defensa y en especial al debido proceso,
dejar en claro que así las cosas y siendo este último quien concedió la
sanción, no haya facultad legal para ello, pues se impuso sanción por quien no
es competente al no estar debidamente conformado, lo que se ha debido hacer
para la modificación era citar al Consejo Directo existente y entre ellos
proceder a la reestructuración propuesta por el Rector, lo que hace ver que
desde aquí se están haciendo mal las cosas.”  Ver folio 288 cuaderno de
primera instancia, expediente T-1322747.
[47] Folio 288, C,1. T-1322747. “quiere decir entonces que de
conformidad con el precedente constitucional estudiado este despacho dejará sin
efecto la sanción impuesta cual fue la de no renovar la cancelación de
matricula y ordenará al Colegio, que si está dentro de los términos de
ley inicie de nuevo el proceso disciplinario contra Jorge y en el curso
del mimos de estricto cumplimiento al Manual de Convivencia y al Código del
Menor, artículo 319, a fin de no vulnerar el derecho al debido proceso
solicitado por los accionantes.”
[48] Ver folios 5 a 10 del cuaderno de segunda instancia, expediente
T-1322747.
[49] Ver folio 57 cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
[50] Ver folios 56 a 80 del cuaderno de segunda instancia, expediente
T-1322747.
[51] “Cuando en la ley 115 de 1994 se contemplaba este tipo de
contratos, se prevenía acerca del respeto a la autonomía del régimen interno de
las entidades privadas que recibían personal oficial, estableciendo en su
artículo 188 lo siguiente:  “PLAZAS DOCENTES EN COMISION:  El subsidio a las
instituciones educativas privadas sin ánimo de lucro que cubren matrículas y
pensiones de acuerdo con las tarifas establecidas para las instituciones
educativas estatales, podrá ser también en plazas en comisión, mediante
contrato.  El subsidio no implica pérdida de autonomía de la institución de
carácter privado para la administración de los recursos humanos, físicos, y
financieros de la respectiva institución.”
[52] Ver cuaderno principal, folio 154, expediente T-1323408.
[53]  Ver folios 2 a 11 del cuaderno principal, expediente T-1323408.
[54] Folios 78-79, C.1. T-1319218.
[55] Folios 78-79, C.1. T-1319218.
[56] Folios 78-79, C.1. T-1319218.
[57] Ver fotocopias de las valoraciones fechadas el 13 de marzo de 2006,
visibles a folios 39 a 42 del cuaderno correspondiente a la revisión de la
Corte Constitucional, expediente T-1319218.
[58] T1319218. Folio 24. El menor Esteban manifestó: “El día 6 de
junio de 2005, a las 9:30 yo me encontraba en el pasillo del hogar de paso en
el cual nos hospedábamos en la ciudad de Neiva, jugando sentados en el piso y
contra la pared junto a Daniel, cuando de repente llegó Santiago
e intentó despojar a Daniel de su pantalón, comenzando por su correa,
Santiago realizó un mal movimiento, y se enredó con las piernas de Daniel
cayendo de espaldas al piso, en ese momento Daniel empezó a gritar cojan
a Santiago, cojan a Santiago, en ese instante Andrés y Jorge
lo agarraron por las piernas y yo comencé a hacerle cosquillas, Santiago
se encontraba con los boxer escurridos y los compañeros que estaban detrás
terminaron de bajárselos, él de inmediato se volteó, luego Daniel le
arrojó una uva sobre la cola y otras personas que estaban allí intentaron
aplastarla.”
Los padres
de José en el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
resolución que ordenó la cancelación inmediata de su matricula manifestaron su
deseo de que el Colegio sirviera de mediador para elevar una disculpa al menor
afectado y a su señora madre, por cuanto su hijo “incurrió en un acto de
indisciplina bochornoso e involuntario…”
T-1330627.
Folio 16. Daniel en su declaración manifiesta: “Todo ocurrió entre las
9:30 y 10:00 pm, cuando a mi Daniel me intentaron desvestir y pasó Santiago y
se cayó, allí empezó Esteban a desvestirlo mientras Jorge y Andrés
le sostuvieron las piernas y José filmaba esto. En lo único que
participe: botando una cáscara de uvas y sin culpa le cayó a Santiago.
Todo culminó cuando dijeron el profesor. Acepto que tengo culpa, pero Santiago
desde que llegamos participó en las grabaciones de los baños (…) y al
principio de que lo empezaron a desvestir el se rió.” El menor Daniel en
el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución que
ordenó la cancelación inmediata de su matricula expresó una disculpa por lo
sucedido, hecho que motivó en su ingenuidad, irresponsabilidad e inexperiencia.
T-1322747.
Folios 31-32, C. 1.  Jorge manifestó en su declaración “El día 6 de
junio en las horas de la noche, cuando nos encontrábamos en la casa hogar de
paso de Neiva, sitio de hospedaje, ocurrió un hecho inapropiado por parte de
algunos compañeros, en el cual me ví involucrado. (…) Posteriormente me dirigí
a la habitación con el ánimo de dormir y cuando me disponía a hacerlo vi un
tumulto de compañeros en el pasillo y me dio curiosidad de ir a mirar que era
lo que estaba pasando, por lo cual salí del recinto y me encontré con Esteban y
Daniel que estaban sentados en el suelo, y Santiago estaba intentando
desvestir a Daniel, pero en una mala maniobra Santiago cayó al
suelo, y en ese momento Daniel dijo “cojan al chulo” y yo que acababa de
llegar le cogí el tobillo de la pierna izquierda y Andrés lo tomó de la
pierna derecha; Esteban le hacía cosquillas mientras varias manos de
compañeros que no pude identificar intentaban bajarle los pantalones. (…) Cabe
aclarar que todo fue un simple juego o broma en el cual Santiago era uno
de los protagonistas y gestores del mismo, nunca se hizo con malas, ni
perversas intenciones, ni mucho menos con intenciones morbosas.”
[59] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 12.
[60] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 14.
[61] Dicha petición fue respondida de manera negativa en el sentido de
no renovar la matrícula del menor.
[62] Folio 77 C.1.
[63] Respuesta de la Secretaría de Educación al auto del veinticuatro
(24) de julio de dos mil seis 2006.
[64] Durante el proceso el juzgado mediante oficio notifico al rector
del colegio que, como medida provisional, se había decidido que el colegio
debía permitir al menor asistir a clases. Sin embargo, no se encuentra en el
proceso el auto que dicta la medida provisional y el Rector del colegio
respondió en declaración ante el juzgado que no podía permitir que una persona
asistiera a clase sin encontrarse matriculado ya que la ley no se lo permitía.
El juzgado realizó una inspección judicial en el Colegio.
[65] Respuesta de la Secretaría de Educación  al auto del veinticuatro
(24) de julio de dos mil seis 2006.
[66] Expediente T-1323408. Sentencia del Juzgado 2 Civil Municipal. “Se
puede sancionar sin que el acusado tenga derecho a una defensa? La respuesta
siempre será negativa; en todo caso eso fue lo que el Colegio ha hecho,
sancionar sin permitir que el investigado tuviera la posibilidad de defenderse
en lo extenso de la acepción, es decir, controvertir las pruebas y solicitar
las que estime conveniente para su defensa. En el proceso disciplinario no se
observó ni lo uno ni lo otro, aún más nunca se escuchó al estudiante
involucrado y menos se citó y escuchó a los padres o acudientes del mismo.”
[67] Respuesta de la Secretaría de Educación al auto del veinticuatro
(24) de julio de dos mil seis 2006.
[68]  Ver folios 2 a 11 del cuaderno principal, expediente T-1323408.
[69] Respuesta de la Secretaría de Educación del Municipio al
auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis 2006.
[70] Ver la sentencia T-881 de 2002 MP: Eduardo Montealegre Lynett en la
cual se hace un exhaustivo recuento de los alcances funcionales y normativos
del concepto dignidad humana.
[71] Sentencia C-355 de 2006 MP: Jaime Araujo Rentería y Clara Inés
Vargas Hernández. AC: Jaime Araujo Rentería; Manuel José Cepeda Espinosa. SV:
Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis.
[72] Sentencia T-881 de 2002 MP: Eduardo Montealegre Lynett. En la
sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett también se dijo: “17. El
derecho fundamental a la dignidad humana está determinado en su dinámica
funcional, por un contenido específico en tres ámbitos de protección: el ámbito
de la autonomía, el del bienestar material y el de la integridad física y
moral. Su cualificación como fundamental parte de una interpretación de varias
disposiciones constitucionales que determinan su dimensión normativa en el
ámbito interno (arts. 1, 42 y 53 y 70 CN). De otro lado, su condición de
derecho público subjetivo está determinada por la concurrencia de tres
elementos definitorios. Un titular universal: la persona natural; un objeto
debido: la interdicción de las conductas que interfieran el ámbito de su
protección (autonomía, bienestar e integridad); y un destinatario universal de
la prestación: toda persona pública o privada.”
[73] Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
[74] Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
[75] Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett. “20. Tanto
el contenido como la protección de los derechos fundamentales de los menores,
responde a consideraciones especiales en el orden interno. Esta realidad
jurídica se enmarca en la disposición constitucional que prescribe la
protección especial de los menores y la prevalencia de sus derechos frente a
los de los demás (art. 44 CN), así como el derecho a la protección y a la
formación integral de los adolescentes (art. 45 CN).
De otro
lado, es importante resaltar que el propio orden jurídico reconoce la
protección especial en el caso de aquellas personas que se encuentran en una
situación de debilidad, de indefensión o de disparidad por su situación física
y su situación de desarrollo psicológico (art. 13 inc. 3, y 44 CN). Como se ve,
esta consideración es perfectamente aplicable a los menores de edad.
Estas
disposiciones normativas sumadas a la funcionalidad de los derechos, implican que
los contenidos y la forma de protección de los derechos de los niños esté
sujeta a ciertas variaciones. Así por ejemplo, la fuerza de irradiación
normativa de los derechos o de los principios constitucionales que jueguen en
contra de los intereses de los niños, deberá ceder prima facie ante la
presencia de un derecho o de un principio que ampara los intereses del menor.
Este juicio de intensidad es el que implica que el ámbito de protección de los
derechos fundamentales del menor se ensanche y gane en extensión frente al de
los otros.”
[76] Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
[77] Sobre este ámbito de protección del derecho a la intimidad y
algunas de las particularidades del mismo, ver la  Sentencia  SU-1723 de 2000.
En esta oportunidad un reconocido cantante  pretendía que se suspendiera la
emisión de un programa de televisión en el que se relataban algunos apartes de
su vida entre los que se encontraban hechos delictivos. En este caso la Corte
acepta que el ámbito de protección de la intimidad (no difusión de información
personal) se ve restringido cuando el personaje es público, la información es
difundida en un medio de comunicación,  la misma es veraz, imparcial y
respetuosa, y la difusión tiene una especial relación con el interés general.
Así mismo, puede consultarse la  Sentencia T-213 de 2004, en la  cual una
servidora pública (fiscal) pretendía la suspensión de la distribución y
comercialización de un libro de periodismo informativo en el que se asociaba su
nombre con un escándalo de corrupción.  En este caso la Corte acepta que el
ámbito de protección de la intimidad (no difusión de información personal) se
ve restringido cuando la persona es servidora pública, la información está
sustentada en documentos y las opiniones desfavorables se prediquen no
meramente sobre (y por) la persona, sino sobre ella en calidad de funcionaria.
De otro lado, sobre reserva de información personalísima puede consultarse la
Sentencia T-1390 de 2000, caso en el cual se discutía el tema de la
indefinición sexual de un menor, los derechos fundamentales y el consentimiento
informado.  Por la especial naturaleza del tema y buscando proteger la
intimidad personal y familiar, la Corte omitió publicar los nombres y
circunstancias que permitieran identificar a las personas relacionadas con el
caso.
[78] Sobre este ámbito de protección del derecho a la intimidad, la
Corte ha considerado que, por ejemplo, con la generación de malos olores o de
ruido que ingresa al lugar de habitación se desconoce el derecho a la
intimidad, véase las  Sentencias T-454 de 1995, T-622 de 1995 y T-863 A de
1999, entre otras.
[79] Sobre este ámbito de protección del derecho a la intimidad, ver la
Sentencia T-293 de 1998, caso en el cual la Corte consideró que someter a un
menor de edad a la desnudez (exposición del cuerpo) en un salón de clases,
constituía una vulneración de su derecho a la intimidad. En un sentido similar,
ver la Sentencia T-412 de 1999,  caso en el cual se consideró que, al obligar a
una menor de edad a exhibir su cuerpo ante sus padres y ante las directivas del
colegio, con el propósito de establecer un presunto estado de embarazo, se
vulneró el derecho a la intimidad.
[80] Sobre la calificación de un derecho fundamental a partir de su
relación conceptual con el principio de dignidad humana,  ver la  Sentencia
T-227 de 2003.
[81] Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
[82] Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
[83] Ver fotocopias de las valoraciones fechadas  el 13 de marzo de
2006, visibles a folios 39 a 42 del cuaderno correspondiente a la revisión de
la Corte Constitucional, expediente T-1319218. En las pruebas recibidas en esta
Corporación se encuentra una valoración sicológica de los menores Esteban y
Jorge  en la que se dice:
“En Esteban
se evidencia la inseguridad y desconfianza en sí mismo, la vergüenza, como
consecuencia del gran perjuicio que se posa como una sombra sobre él,
especialmente después de la expulsión del colegio, que para su comunidad es la
confirmación de que todo lo que se habla de él es cierto. Agrava el panorama de
Esteban, el hecho de que la trascendencia del chisme (Por el mal manejo
que se le hizo al caso, las personas hablan demás: que violó, que es borracho,
drogadicto, les dicen “los violadores del Colegio”), ha llevado a que
haya sido rechazado de dos instituciones a las cuales quiso ingresar y que la
sanción social sea ejercida de manera injusta y aplastante (...)
En Jorge el
rechazo social le ha llenado de desconfianza hacia los demás, especialmente
porque él ha ocupado académicamente los primeros puestos, como también se ha
destacado en su deporte, el básquetbol.  Ha pasado inesperadamente, de una
posición privilegiada al escarnio público...
En Jorge se
evidencia la inseguridad y desconfianza en sí mismo, la vergüenza, como
consecuencia del gran perjuicio que se posa como una sombra sobre él,
especialmente después de la expulsión del colegio, que para su comunidad es la
confirmación de que todo lo que se habla de él es cierto. Agrava el panorama de
Jorge, el hecho de que la trascendencia del chisme (...)”
Así mismo, los padres del menor Jorge
remitieron un escrito, a través de la Secretaría de Educación, cuando se
respondió al auto de pruebas decretado por la Corte el 24 de julio de 2006.
Dicen: “(...) y que de un momento a otro, todo cambió en consecuencia a las
acusaciones que un profesor, mal intencionado, le hizo a él y a otros
compañeros, llegando a generar graves perjuicios para su desarrollo personal,
pues se encuentra en la adolescencia, edad susceptible a cambios e
inestabilidades emocionales.
(...)
nuestro
hijo sufre de un estado de depresión grave, como lo informó el psicólogo
tratante, ordenado por la misma Secretaría de Educación, porque jamás imaginó,
que con la primera dificultad o mal entendido que él tenía en su Colegio
durante 10 años, y su excelente conducta y rendimiento académico, durante toda
su vida estudiantil, para el señor Rector, la mejor y más fácil solución, ante
esta dificultad, fue cancelarle y no renovarle la matrícula para los siguientes
años, en otras palabras “expulsarlo del colegio” sin darle la oportunidad de
defensa y sin tener en cuenta el daño que podría causar esta decisión para
nuestro hijo y los demás menores involucrados junto con sus  familias, (...)”
[84] Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Prevención
del Delito y Justicia Penal. Informe del Secretario General sobre Justicia
restaurativa. Adición. Informe de la reunión del Grupo de Expertos sobre Justicia
Restaurativa. 7 de enero de 2002. E7CN.15/2002/add.I.
[85] Sobre el contenido y alcance del derecho sancionador a la luz de
los derechos constitucionales, pueden consultarse la Sentencia C-827 de 2001
MP: Álvaro Tafur Galvis.
Sentencia
T-561 de 2005 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. “Entre las garantías que, según
ha reconocido la jurisprudencia constitucional, forman parte del ámbito de
protección del derecho al debido proceso disciplinario, se encuentran las
siguientes, que la Corte ha enumerado a título meramente enunciativo:
(a) en términos
generales, el respeto por los principios de publicidad, contradicción, defensa,
legalidad e imparcialidad;
(b) “la
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se imputan las conductas posibles de sanción; la formulación de los
cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a
que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como
faltas disciplinarias; el traslado al imputado de todas y cada una de las
pruebas que fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término
durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las
pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus
descargos; el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente; la imposición de una sanción
proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el
encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada
una de las decisiones”;
(c) “los
principios de la presunción de inocencia, el de in dubio pro reo que emana del
anterior, los derechos de contradicción y de controversia de las pruebas, el
principio de imparcialidad, el principio nulla poena sine lege, la prohibición
contenida en la fórmula non bis in ídem y el principio de la cosa juzgada”; y
(d) el
principio de no reformatio in pejus.”
[86] Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa. “La Corte
ha explicado que si bien los diversos regímenes sancionadores tienen
características en común, sus especificidades exigen un tratamiento diferencial
que modula necesariamente el alcance y la forma de aplicación de las garantías
constitucionales propias del debido proceso.” Así, en la sentencia C-597 de
1996 (MP: Alejandro Martínez Caballero) la Corte explicó que “entre el derecho
penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser
desestimadas. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental
como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas,
por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las
garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo
no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que
además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas
que están sometidas a una sujeción especial-como los servidores públicos-o a
profesionales que tienen determinados deberes especiales, como médicos,
abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los
principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una
cierta flexibilidad en relación con el derecho penal.” Este análisis se
complementó en la sentencia C-948 de 2002 (MP: Álvaro Tafur Galvis), en la que
se señaló: “Así mismo dentro del ámbito sancionador administrativo cabe
destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones privativas de la
libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la necesaria
observancia de un procedimiento legalmente establecido”.
[87]Así, la Corte ha expuesto que: “La no total aplicabilidad de las
garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en
el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue
fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria
de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y
funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de
estas garantías-quedando a salvo su núcleo esencial-en función de la
importancia del interés público amenazado o desconocido.”. (Sentencia C-181
de 2002. MP: Marco Gerardo Monroy Cabra).
[88]  Sentencia C-095 de 2003, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver en este
mismo sentido, entre otras, las sentencias T-438 de 1992, C-195 de 1993, C-244
de 1996 y C-280 de 1996.
[89] Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[90] Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[91]  Sentencia C-948 de 2002 MP: Álvaro Tafur Galvis.
[92] Sentencia T-146 de 1993.
[93] Sentencia C-948 de 2002. MP: Álvaro Tafur Galvis.
[94]  Sentencia C-708 de 1999 MP: Álvaro Tafur Galvis.
[95]  Sentencia C-948 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis.
[96] Sentencia C-341 de 1996.
[97] Ver Sentencia C-373/02 MP: Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los
Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.
[98] Ver Sentencia C-181 de 2002 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra S.P.V.I. de
los Magistrados Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro
Tafur Galvis.
[99]  Sentencia C-948 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis.
[100]  Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[101] En relación con el criterio de flexibilidad razonable que se admite
en la legalidad exigible en el derecho administrativo sancionador, la Corte
señaló en la sentencia C-564 de 2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra, que:   “el
derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal,
suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones
administrativas que se presente, sino que se opta por establecer
clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los
diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos
criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer
la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la
proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho
que se sanciona y la sanción que pueda imponerse,  lo que le permite tanto al
administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco
de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto”.
Al respecto, ver igualmente la Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[102]  Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-599 de 1992, MP:
Fabio Morón Díaz.  En relación con la  no total aplicación de las garantías del
derecho penal en el derecho administrativo sancionador, la Corte indicó lo
siguiente en la sentencia T-145 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz:  “La
no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo
administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social
en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y
resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más
a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en
ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías-quedando a
salvo su núcleo esencial-en función de la importancia del interés público
amenazado o desconocido”.
[103] Sentencia
C-099 de 2003, MP: Jaime Córdoba Triviño.
[104] Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[105] Sentencia T-954 de 2005 MP: Alfredo Beltrán Sierra.
[106] Sentencia C-653 de 2001. MP:  Manuel José Cepeda Espinosa.
[107]    Sentencia C-404 de 2001 MP:  Marco Gerardo Monroy Cabra.
[108] En relación con el criterio de flexibilidad razonable que se admite
en la legalidad exigible en el derecho administrativo sancionador, la Corte
señaló en la sentencia C-564 de 2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra, que:   “el
derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal,
suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones
administrativas que se presente, sino que se opta por establecer
clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los
diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos
criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer
la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros,  con la
proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho
que se sanciona y la sanción que pueda imponerse,  lo que le permite tanto al
administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco
de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto”.
Al respecto, Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[109]  Sentencia C-099 de 2003, MP: Jaime Córdoba Triviño.
[110] Sentencia C-948 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis.
[111] Sentencia
C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[112]  Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[113] En anteriores pronunciamientos de esta Corte-ver la sentencia C-404
de 2001-se ha señalado esta razón práctica citando a los doctrinantes del
Derecho Administrativo, por ejemplo el español Alejandro Nieto, que se ha
pronunciado en los siguientes términos sobre el particular: “Las normas
penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a advertir que
determinadas conductas llevan aparejada una pena. Los tipos sancionadores
administrativos, por el contrario, no son autónomos sino que se remiten a otra
norma en la que se formula una orden o prohibición cuyo incumplimiento supone
cabalmente la infracción. Estas normas sustantivas constituyen, por ende, un
pretipo, que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. Y por ello si
se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor habría de
consistir en la reproducción de la orden o prohibición del pretipo con la
advertencia añadida de la sanción que lleva aparejada su incumplimiento, es
decir una reproducción de textos en doble tipografía”. NIETO GARCÍA,
Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos. Madrid, 1994.
P. 298. Citado por Daniel Ossa Arbeláez en DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Ed. Legis Bogotá 2000.
[114] Sentencia C-427 de 1994 MP: Fabio Morón Díaz.
[115] Sentencia C-427 de 1994 MP: Fabio Morón Díaz.
[116] Sentencia C-155 de 2002  MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[117] Sentencia C-124 de 2003 MP. Jaime Araujo Rentería.
[118] Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[119] Ley 115 de 1994. Artículo 87. Reglamento o manual de convivencia.
Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia,
en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los
padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.
[120] La sentencia T-500 de 1992 (José Gregorio
Hernández Galindo) revisó el caso de un estudiante de un colegio al que le fue
negada la matrícula para su último año de bachillerato por porte de armas en la
institución educativa aun cuando había aprobado el año anterior. La Corte
determinó que el estudiante sí había incurrido en una falta disciplinaria al
portar un arma en la institución educativa. Sin embargo, se encontró una
vulneración al debido proceso del estudiante por lo que la Corte decidió
conceder la tutela. La Corte dijo que “no aparece en el expediente prueba alguna
que demuestre el cumplimiento de estos requisitos, de lo cual se desprende que
en realidad el proceso no culminó como estaba previsto en las normas aplicables
y que la exclusión de los afectados se produjo irregularmente, razón por la
cual habrá de revocarse el fallo de segunda instancia que a su vez revocó el
que acertadamente confería el amparo solicitado.” Sobre el debido proceso en
instituciones educativas en materia disciplinaria dijo: “Con miras a
desarrollar esa garantía debe partirse del principio general de la legalidad de
la falta y de la sanción a ella correspondiente, esto es, de la previa y
precisa determinación que todo establecimiento educativo debe hacer en su
reglamento interno de los hechos u omisiones que contravienen el orden o el
régimen disciplinario y de las sanciones que, de acuerdo con la gravedad de las
informaciones, puedan imponerse.
El mismo
reglamento debe contemplar los pasos que habrán de seguirse con antelación a
cualquier decisión sancionatoria. Si bien no tan rigurosos y formales como en
los procesos judiciales, los trámites que anteceden a la imposición del castigo
deben hallarse consagrados en dicho régimen y en ellos asegurarse que el
estudiante goce de una oportunidad adecuada y razonable de defensa.”
[121] En cuanto a la tipicidad en materia disciplinaria en las
instituciones educativas se tiene que las reglas que regulen las conductas que
estipulen sanciones disciplinarias deben consagrar expresamente las actuaciones
y omisiones que constituyan una falta disciplinaria. Si bien, como ya se ha
expuesto, el derecho disciplinario permite la prescripción de tipos abiertos
que se encuentran complementados con los deberes que las mismas reglas
disciplinarias establecen, la determinación de las faltas disciplinarias debe
contener un grado de especificidad tal que permita identificar de manera clara
la conducta prohibida. Sin olvidar que la rigurosidad que se requiere en el
derecho disciplinario no es plenamente exigible en el contexto de las
instituciones educativas.
[122] En
la sentencia T-459 de 1997 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz)[122]
la Corte conoció del caso de un estudiante a quien no se le renovó la matrícula
por un comportamiento reiterado de fallas (faltas injustificadas, retrasos,
posible hurto). El estudiante interpuso acción de tutela pues consideraba que
se le había vulnerado su derecho al debido proceso. La Corte determinó que la
institución académica había vulnerado el derecho al debido proceso al no
cumplir con las instancias que se encontraban previstas en su manual de convivencia
y decidió tutelar el derecho. Sobre el debido proceso en los colegios se dijo:
“Las faltas y procedimientos
disciplinarios constituyen uno de los temas fundamentales cuya regulación
corresponde a los manuales de convivencia. Si bien el ejercicio de las
potestades sancionatorias de los colegios está amparado por la autonomía antes
mencionada, la cual les permite aplicar un grado considerable de
discrecionalidad a la hora de juzgar las faltas cometidas por los estudiantes e
imponer las sanciones que correspondan, éste se encuentra sometida a las
garantías que comporta el derecho fundamental al debido proceso (C.P., artículo
29). La jurisprudencia constitucional sobre esta materia ha señalado que los
procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas deben garantizar
el derecho de defensa de la persona a quien se impute la comisión de una
determinada falta, razón por la cual los reglamentos deben contener como mínimo
(1) la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas
y, (2) el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción.
En un pronunciamiento que hacía
referencia a los procesos disciplinarios llevados a cabo por las universidades
y que esta Sala juzga aplicable al caso de los colegios, la Corte señaló el
contenido mínimo del procedimiento que deben observar las instituciones
educativas en orden a la efectividad del derecho de defensa:
"En resumen, la efectividad del
derecho al debido proceso dentro de los procedimientos sancionadores aplicados
por las instituciones universitarias, sólo queda garantizada si el mencionado
procedimiento comporta, como mínimo, las siguientes actuaciones: (1) la
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los
cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a
que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias
que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como
faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las
pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término
durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o
escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere
necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de
las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la
imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y(7) la
posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades
competentes".
[123] En la sentencia T-437 de 2005 (Clara Inés Vargas
Hernández) la Corte revisó el caso de un menor que fue expulsado del colegio
faltando un mes para terminar el año escolar por comportamiento agresivo ya que
se encontró involucrado en un acto violento contra otro compañero. El tutelante
consideraba que se le había vulnerado su derecho al debido proceso con la
expulsión intempestiva. La Corte, además de reiterar lo afirmado anteriormente
por su jurisprudencia  también estableció que en los procesos disciplinarios
para respetar el debido proceso las sanciones debían ser razonables,
proporcionales y necesarias y los trámites sancionatorios deben tener en cuenta
factores como el contexto en el que sucedió la falta: “No sobra advertir que
hace también parte del debido proceso el hecho de que las sanciones sean
razonables, proporcionales y necesarias, es decir, persigan un fin
constitucionalmente legítimo, acorde a la conducta que se reprime teniendo en
cuenta los bienes jurídico constitucionales que están de por medio, e imperiosa
frente a las faltas que se cometen, esto es, que la conducta del estudiante sea
tal que impida la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta que la
sanción impuesta. Sólo de cumplirse estas condiciones, el derecho a la
educación no se vería afectado.
Se hace necesario aclarar que para casos concretos en
donde están implicados los niños, los principios del artículo 29 deben ser
armonizados con el artículo 44 de la misma Constitución, y las normas del
bloque de constitucionalidad relacionadas, pues como lo ha destacado
recientemente ésta Sala en la Sentencia T-251 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández:
“el derecho al debido proceso de que son titulares los
niños y adolescentes que se encuentran matriculados en un plantel educativo
público, no puede ser entendido simplemente en términos de la existencia de
unas conductas prohibidas y unos pasos e instancias que es preciso agotar para
la imposición de unas sanciones que, según el caso, pueden ir desde simples
llamados de atención hasta la expulsión del colegio. En efecto, el sometimiento
de un menor de edad a un trámite sancionatorio académico no puede ser ajeno a
factores tales como ( i ) la edad del infractor, y por ende, su grado de
madurez psicológica; ( ii ) el contexto que rodeo la comisión de la falta; (
iii ) las condiciones personales y familiares del alumno; ( iv ) la existencia
o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; ( v ) los
efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante
para su futuro educativo y ( vi ) la obligación que tiene el Estado de
garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo. En
otras palabras, las autoridades académicas competentes para aplicar un régimen
sancionatorio, no pueden actuar de manera mecánica, sin preguntarse al menos
¿quién cometió la falta?; ¿por qué razones actuó de esa manera?; ¿se trata de
un hecho aislado, o por el contrario, demuestra la existencia de un grave
problema estructural que aqueja a la institución educativa que se dirige?; dado
el contexto socioeconómico en que se desenvuelve el estudiante, la imposición
de la sanción ¿truncará definitivamente su posibilidad de continuar con sus
estudios?, en otras palabras, la sanción a imponer ¿constituye realmente la
mejor respuesta que un sistema educativo puede dar frente a unos determinados
hechos que afectan de manera grave la convivencia escolar?”.
[124] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo
11. Derechos de los Estudiantes
(…)
A nivel disciplinario
- Ser escuchado cuando incurra en cualquier tipo de
falta leve o grave cometida dentro o fuera del plantel y  al debido proceso.
- Conocer los registros que sobre su comportamiento y
desempeño escolar se hagan en el Observador del estudiante o en cualquier otro
documento de la Institución.
[125] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 15.
Evaluación de las Faltas
(…)
El proceso
evaluativo de las faltas lo harán los profesores, Directores de curso,
Coordinadores de Sección, la Rectoría y el Consejo Directivo, como entes
disciplinarios de la Institución, teniendo en cuenta aspectos como la gravedad
o levedad de la misma, la naturaleza de la falta, las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, los motivos determinantes, los antecedentes y la reincidencia.
[126] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 19.
[127] Folios 358-364, anexo del expediente T-1319218.
[128] Folios 358-364, anexo del expediente T-1319218.
[129] Folios 358-364, anexo del expediente T-1319218.
[130] Folio 353-357, anexo del expediente T-1319218.
[131] Folio 343, anexo del expediente T-1319218.
[132] Folio 236, 345, 347, 349 anexo del expediente T-1319218. la notificación para los padres del menor Esteban
fue recibida el 21 de junio de 2005 a las 5:40PM.
[133] Folio 309, anexo del expediente T-1319218.
[134] Folio 310, anexo del expediente T-1319218.
[135] Folio 311, 319 anexo del expediente T-1319218 presentada por los
padres del menor Jorge. Folio 321, anexo del expediente T-1319218
presentada por los padres del menor José.
[136] Folio 305, anexo del expediente T-1319218.
[137] Folio 149, Expediente T-1319218. En la declaración el menor dice no
se testigo presencial del los hechos  y que cuando encontró a Santiago
lo llevó a su cuarto para consolarlo y preguntarle qué era lo que había pasado.
[138] Folio 150, Expediente T-1319218. “El lunes 6 de junio de 2005 en
las horas de la noche, yo me encontraba recostado en el cuarto que me
adjudicaron con mi hermano entonces escuche alguien quien dijo “cojan Santiago”,
entonces vi que lo cogieron Jorge, Andrés, de la pierna derecha y la
pierna izquierda, respectivamente, al igual que Daniel lo cogió de una
mano, y lo empezaron a desvestir, Esteban comenzó a bajarle la
pantaloneta, y Santiago ponía resistencia, pero al fin le quitaron la pantaloneta,
después empezaron a bajarle la ropa interior. Por lo cual opuso más
resistencia, entonces comenzaron a hacerle cosquillas y Santiago se
soltó, en ese momento José lo filmó, Santiago se giró boca a bajo
para no exhibir sus genitales , en ese momento dijeron “viene chucho”, y todos
salieron corriendo para sus cuartos y Daniel le colocó una uva en la
cola, después llegó Esteban y me dio una sabana y me dijo “tápenlo y
escóndanlo” y yo le dije “no sea tan hijueputa” le quite la sabana a Esteban
y le limpie la cola a Santiago  y le puse los interiores, y Santiago
se fue llorando hacia su cama y Jorge y Andrés le dijeron: No
llore por esa bobada, llore si se muere su mamá o su hermana”.
[139] Folio 148, Expediente T-1319218. En la declaración el menor dice no
se testigo presencial del los hechos y cuenta que fue a ver que le había
sucedido a Santiago cuando este ya se encontraba en su cuarto.
[140] Folio 256, anexo del expediente T-1319218.
[141] Folio 295, anexo
del expediente T-1319218. La reconstrucción de los
hechos, de acuerdo al Informe presentado por el Rector fue el siguiente:
“Efectivamente el estudiante Santiago fue tomado
contra su voluntad el día 6 de junio entre las 930 y 1000 PM., al ser derribado
en el suelo y sostenido de los pies por los estudiantes Jorge y Andrés,
mientras el estudiante Esteban le quitaba la ropa y otros, entre ellos
el mismo Esteban y otros que no han podido ser identificados, le hacían
cosquillas para evitar que se defendiera con los brazos y el estudiante José
filmaba el hecho. Mientras Santiago estaba boca abajo le tiraron uvas
sobre las nalgas descubiertas y se las espicharon, pero solo se pudo
identificar a Daniel como uno de los que le tiraron una uva.”
De acuerdo al mismo
informe las pruebas tomadas en consideración fueron “la denuncia de la madre
de Santiago y Santiago, estudiante del curso 903, el informe presentado por el
profesor Guillermo, las declaraciones tomadas a los acusados y las
declaraciones tomadas a los estudiantes mencionados en las declaraciones.”
Sobre la
responsabilidad diferenciada se encuentra:
Es oportuno señalar
que los cinco estudiantes acusados fueron los únicos que ante el interrogatorio
realizado por el profesor Guillermo en el sitio y momento de los hechos,
levantaron la mano para aceptar su participación en ellos. Pero en sus
descargos no mencionaron a otros estudiantes que hubieran participado en la
acción objeto de este proceso.
Andrés: Andrés participó en
los hechos al sostener por un pie al estudiante Santiago mientras estaba
derribado en el suelo y el estudiante Esteban le quitaba la ropa y otros
le hacían cosquillas para evitar que se defendiera con los brazos y el
estudiante José filmaba el hecho. Andrés lo reconoció en sus
descargos y ante el profesor Guillermo, momentos después del incidente.
En sus descargos menciona la participación de los otros cuatro estudiantes
coincidiendo con la referida y en la denuncia presentada por –la madre de la
víctima y la víctima-
Esteban: Esteban participó en
los hechos incitando a someter a Santiago, quitándole la ropa incluido
el bóxer o pantaloncillo y haciéndole cosquillas con otros no identificados,
para evitar que se defendiera con los brazos y el estudiante José
filmaba el hecho.
José: José participó en los
hechos pues formaba parte del grupo que acordó realizar la acción y tomó la
cámara para filmar.
Jorge: José participó en los
hechos al sostener por un pie al estudiante Santiago mientras estaba
derribado en el suelo y el estudiante Esteban le quitaba la ropa. Una
declaración afirma que antes había intentado hacer lo mismo con otro
estudiante. Posteriormente intentó ocultar a Santiago y persuadirlo para
que no denunciara el hecho.
Daniel: Daniel
participó en los hechos arrojando una uva sobre el ano de Santiago.
Ratifica con su declaración los hechos referidos por la denuncia de–la madre
de la víctima y la víctima-.
[142] Folio 303, anexo del expediente T-1319218.
[143] Folio 134-139, Expediente T-1319218. En el acta aparece el
representante de los estudiantes de bachillerato más no consta la presencia del
personero escolar aunque se dice que “El padre rector se reunió con el
Personero escolar, le informó del proceso disciplinario que se adelanta y le
hizo entrega del Promemoria titulado “Informe al Consejo Directivo a los
integrantes del Consejo Directivo del Colegio acerca de cinco procesos
disciplinarios.” Explico el Rector que los estudiantes acusados aunque podían
haber informado al personero escolar no lo han hecho, por lo que él se siente
en el deber de informarle, considerando las atribuciones que tiene para velar
por el cumplimiento de los deberes de los estudiantes y la protección de sus
derechos. Le pidió la debida reserva, estudiar el informe y lo invito a la
reunión del Consejo Directivo, en la cual podía participar con voz pero sin
voto.”
[144] Folio 284, anexo del Expediente T-1319218.
[145] Folio 275, anexo del Expediente T-1319218. El mismo día el Rector
envía comunicación escrita a la Asociación de Padres de Familia en la que se
indica la decisión del Consejo Directivo y el trámite que continúa  para la
Asociación de acuerdo al Manual de Convivencia y al artículo 319 del Código del
Menor. (Folio 277, anexo del Expediente T-1319218).
[146] Folio 279-283, anexo del Expediente T-1319218.
[147] Folio 271, anexo del Expediente T-1319218.
[148] Folio 270, anexo del Expediente T-1319218.
[149] Folio 273, anexo del Expediente T-1319218.
[150] Folio 274, anexo del Expediente T-1319218.
[151] Folio 267, anexo del Expediente T-1319218.
[152] Folio 220, anexo del Expediente T-1319218.
[153] Folio 237, anexo del Expediente T-1319218.
[154] Folio 214, anexo al expediente T-1319218.
[155] Folio 206, anexo al expediente T-1319218. Acta 05 de 2005 del
Consejo Directivo, 22 de agosto de 2005. en el Acta se observa que se discuten
los recursos de reposición de los casos disciplinarios 01, 02, 03, 04 y 05 de
2005 y se acuerda que todos deben leer cada expediente y los recursos para
discutirlos en la siguiente sesión.
[156] Folio 113-118 Expediente T-1319218. Acta 06 de 2005 Consejo
Directivo. En el Acta se analiza el recurso de reposición instaurado por los
padres de los menores contra la resolución que canceló su matrícula. Son parte
de la reunión Guillermo, la madre de Santiago y  el menor  Santiago.
Los anteriores se encuentran en la reunión a petición del Rector para que
puedan conocer de la reposición contra la cancelación de la matrícula de los
estudiantes y para que presentaran sus argumentos. En la reunión también se
encuentra presente el personero de los estudiantes.
“El
personero expresó que todos los estudiantes se enteraron del incidente, pero él
no tuvo una versión de primera mano porque ninguno de los implicados habló con
él. Afirma que una vez conocidos los hechos, escuchando al profesor Guillermo,
a Santiago y a su señora madre, reconoce que el hecho fue grave y
amerita la sanción”. La calificación de los comportamientos de los menores como
faltas graves fue ratificada al igual que las sanciones anteriormente
impuestas. El Rector reitera que en estas condiciones los estudiantes
permanecen en el colegio hasta que sea fallado el recurso de apelación.
[157] Folio 183 y ss, anexo del expediente T-1319218.
[158] Folio 31, C2. Expediente T-1319218. “4. Propuesta de la Secretaría de Educación.
El Rector informa que con relación a la reunión que
se realizó con el secretario de Educación, la Asesora Jurídica de esa
secretaría y los directores del Núcleo Educativo, el día 22 de noviembre de
2005, el señor Secretario de Educación solicita que se le pase por escrito la
decisión del Consejo Directivo, si aprueba o acepta la propuesta de
conciliación que presentó la Secretaría de Educación con relación a los
procesos disciplinarios adelantados a los estudiantes Jorge, Esteban,
Daniel, Andrés y José. Se recuerda que la conciliación propuesta por la
Secretaría consiste en recibirlos para el año 2006. en unanimidad se decide que
no se acepta esa propuesta y se mantiene la decisión de cancelación de matrícula,
a la espera del resultado del recurso de apelación, y independientemente de
la respuesta contenida en ese fallo, al tratarse del término del año escolar el
Consejo decide optar por la no renovación del contrato de matrícula para el año
2006 a los mencionados alumnos. Se recordó que de esa reunión sostenida el
22 de noviembre de 2005 con los funcionarios de la Secretaría de Educación, no
se levantó acta porque ellos dijeron que no se requería.”
[159] Folio 40, C2. Expediente T-1319218. “El
Director del grupo, propone la discusión del caso de los estudiantes Jorge,
Esteban, Daniel, Andrés y José, incursos en un proceso disciplinario que
condujo a sanción de cancelación de matrícula, el cual se encuentra actualmente
en apelación ante la Secretaría de Educación. La Asamblea acuerda recomendar
al Rector No renovar la matrícula, pues el profesorado mantiene el concepto
presentado ante el Consejo Directivo a través de sus voceros.”
[160] Informe del Rector del Colegio. Folio 92, Expediente
T-1319218. “En reunión final de disciplina, realizada el día cinco de diciembre
de 2005, la asamblea de profesores aconsejó al señor Rector no renovar contrato
de matrícula al estudiante Esteban, en
la certeza moral de que cometió una falta grave y en ejercicio del derecho que
le asiste al colegio como institución privada de reservarse derecho de
admisión. Se indicó al Director de curso, escribir esa información en las observaciones
del informe final.
[161] Folio 175, anexo del expediente T-1319218.
La Secretaría de Educación, al desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la resolución que canceló la matrícula de los
estudiantes, decretó la nulidad del proceso pues: i) para la salida pedagógica
no se solicitó permiso a la secretaría de Educación Municipal; ii) el informe
de Guillermo incurrió en prejuzgamiento y vulneró la presunción de
inocencia de los menores; iii) las competencias del Consejo Directivo fueron
modificadas por el Rector para que conociera del proceso disciplinario cuando
el proceso ya había iniciado (resolución 006 de 29 de junio de 2005); iv) la
conformación del Consejo Directivo desconoció las normas que lo regulan
(Decreto 1860 de 1994, arts. 19 y 21); v) hubo irregularidades en la aprobación
de las actas 03 y 04 de 2005; vi) no existe prueba de la participación del
personero escolar en el proceso. La decisión resolvió:
Artículo Primero:
Declárese NULO el presente proceso, por los vicios de forma que contienen
(-sic-), de conformidad con lo manifestado en las consideraciones.
Artículo Segundo:
Aclárese que constitucional, legal y administrativamente, no se podrá IMPONER
SANCIÓN sin previo proceso.
Artículo Tercero:
Declárense por parte de la Secretaría de Educación y de la Dirección de Núcleo del
Municipio, EXCESIVA la SANCIÓN impuesta a la falta disciplinaria, por tal
razón RECONSIDERESE ésta dentro del nuevo proceso que se llegaré a iniciar,
teniendo en cuenta que no podrá abarcar el próximo año lectivo.
Artículo Cuarto: Compúlsense copias del presente a la
Personería Municipal y al señor Obispo de la Diócesis del Municipio,
para los fines pertinentes.
[162] Se debe resaltar que el manual de Convivencia establece la falta
como todo acto contra la moral pero los estudiantes fueron encontrados
responsables de haber actuado contra la moral cristiana.
[163] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 12.
[164] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 14.
[165] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 12. los demás
deberes establecidos son:
A nivel
social y organizativo.
-Conocer y
cumplir el Manual de Convivencia de la comunidad educativa del Colegio.
-Cumplir
estrictamente con el cronograma de actividades pedagógicas previamente
acordadas para la superación de logros no alcanzados.
-Conocer y
cumplir las normas emanadas del Ministerio de Educación y demás estamentos
educativos.
-Guardar
una gran lealtad a la Institución, defendiéndola, honrándola y acreditándola
con sus actuaciones y comportamientos.
-Hacer por
convicción todo aquello que favorezca la formación integral y se proyecte en
bien de la comunidad.
-Cumplir
con exactitud el horario que se determine para las clases, las celebraciones
culturales, sociales, pastorales y deportivas que organice la Institución.
-Asistir
puntualmente a la jornada de clase, permanecer adentro de la Institución en los
sitios asignados de acuerdo a las actividades programadas y observar el debido
comportamiento.
-Solicitar
permiso para ausentarse de la Institución durante el horario de clases cuando
exista causa justificada. El permiso se presenta al coordinador de la sección
correspondiente, por escrito y firmado por los padres de familia.
-Respetar
las insignias patrias y los emblemas del Colegio interpretando sus significados
y guardando compostura cuando en su presencia se rindan honores.
-Portar en
forma completa, con la mayor pulcritud los uniformes de la Institución, sin
adicionar prendas o adornos diferentes.
-Solicitar
permiso al Consejo Directivo para organizar y realizar actividades en nombre
del colegio.
-Respetar
y cuidar el aseo de las instalaciones, jardines, prados y el mobiliario del
Colegio, responder por los daños causados.
-Portar el
carné estudiantil como documento necesario para la identificación dentro y
fuera del plantel.
-Contribuir
con las iniciativas positivas y oportunas para el progreso y buena marcha del
establecimiento educativo.
-Identificar,
valorar y respetar las buenas costumbres, tradiciones y normas de la familia,
de la institución, del Municipio y de la Nación.
-Ser
solidarios ante las situaciones de dificultad de la familia y demás miembros de
la comunidad.
-Valorar y
respetar los derechos, bienes propios, ajenos, la integridad física y moral de
los estudiantes de la comunidad educativa.
-Utilizar
los servicios de la cafetería escolar solo en las horas señaladas.
-Comportarse
adecuadamente en el servicio de transporte público y escolar.
[166] Sentencia C-224 de 1994 MP: Jorge Arango
Mejía. En la sentencia se revisó el artículo 13 de la Ley 153 de 1887 que
establecía que “la costumbre, siendo general y
conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación
positiva". La Corte declaró la exequibilidad de la norma en el entendido
de que “la expresión "moral cristiana" significa "moral
general" o "moral social", como se dice en la parte
motiva de esta sentencia.”
[167] Folio 353-357, anexo del expediente T-1319218.
[168] Sobre el gobierno escolar la Ley 115 de
1994 dice: Artículo 142. Conformación del gobierno escolar. Cada
establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por
el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico.
Las
instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno
escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia
el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán
consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los
administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y
verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades
sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de
organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la
participación democrática en la vida escolar.
Los
voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán
presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero,
administrativo y técnico-pedagógico.
Tanto
en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa
debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en la
dirección de las mismas.
[169] El 16 de junio de 2005 el Rector del Colegio envió las
respectivas comunicaciones a los menores y padres de los menores para citarlos
en su despacho para darles a conocer la apertura del proceso. Ver folios
353-357, anexo del expediente T-1319218.
[170] Folios 306-340, expediente T-1319218.
[171] Folio 154 Expediente T-1319218. Según el
Informe presentado por el Rector al Consejo Directivo las pruebas tomadas en
consideración fueron “la denuncia de la madre de la víctima y la víctima,
estudiante del curso 903, el informe presentado por el profesor Guillermo, las
declaraciones tomadas a los acusados y las declaraciones tomadas a los
estudiantes mencionados en las declaraciones.”
Folios
158-159 Expediente T-1319218. En el Informe
también se hace alusión a la responsabilidad diferenciada:
“Es
oportuno señalar que los cinco estudiantes acusados fueron los únicos que ante
el interrogatorio realizado por el profesor Guillermo en el sitio y
momento de los hechos, levantaron la mano para aceptar su participación en
ellos. Pero en sus descargos no mencionaron a otros estudiantes que hubieran
participado en la acción objeto de este proceso.
Andrés: Andrés participó en los hechos al sostener por un pie al
estudiante Santiago mientras estaba derribado en el suelo y el
estudiante Esteban le quitaba la ropa y otros le hacían cosquillas para
evitar que se defendiera con los brazos y el estudiante José filmaba el
hecho. Andrés  lo reconoció en sus descargos y ante el profesor Guillermo,
momentos después del incidente. En sus descargos menciona la participación de
los otros cuatro estudiantes coincidiendo con la referida y en la denuncia
presentada por la madre de la víctima y la víctima.
Esteban: Esteban participó en los hechos incitando a someter a Santiago
quitándole la ropa incluido el bóxer o pantaloncillo y haciéndole cosquillas
con otros no identificados, para evitar que se defendiera con los brazos y el
estudiante José filmaba el hecho.
José: José participó en los hechos pues formaba parte del grupo
que acordó realizar la acción y tomó la cámara para filmar.
Jorge: Jorge participó en los hechos al sostener por un pie al
estudiante Santiago mientras estaba derribado en el suelo y el
estudiante Esteban le quitaba la ropa. Una declaración afirma que antes
había intentado hacer lo mismo con otro estudiante. Posteriormente intentó
ocultar a Santiago y persuadirlo para que no denunciara el hecho.
Daniel: Daniel participó en los hechos arrojando una uva sobre el
ano de Santiago. Ratifica con su declaración los hechos referidos por la
denuncia de la madre de la víctima y de la víctima..”
[172] T-1322747. Folio 4; T-1330627. Folio 3; T-1323408. Folio 4 ;
T-1319218. Folio 3.
[173] T-1322747. Folio 30.
[174] T-1323408. Folio 26.
[175] T-1330627. Folio 20.
[176]  T-1319218. Anexo, Folio 250.
[177] T-1330627. Folio 87.
[178] Folio 206, anexo al expediente T-1319218. Acta 05 de 2005 del
Consejo Directivo, 22 de agosto de 2005.
[179] Folio 113- 118 Expediente T-1319218. Acta 06 de 2005 Consejo
Directivo.
[180] La Ley 115 de 1994 establece las funciones
del personero. ARTICULO 94. Personero de los estudiantes. En todos los
establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año
lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el
establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de
sus derechos y deberes.
El
personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones:
a)
Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como
miembros de la comunidad educativa, y
b)
Presentar ante el rector del establecimiento las solicitudes que considere
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes.
PARAGRAFO.
Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes
serán resueltas en última instancia por el Consejo directivo el organismo que
haga las veces de suprema autoridad del establecimiento.
[181] Folio 206, anexo al expediente T-1319218. Acta 05 de 2005 del
Consejo Directivo, 22 de agosto de 2005.
[182] Folios 360, anexo del expediente T-1319218. Informe de Miguel Ángel
Fonseca Barrera.
[183] Folios 358-364, anexo del expediente T-1319218.
[184] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 12.
[185] Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 14.
[186] Ver cuaderno de primera instancia
expediente T-1319218, folios 134 a 139. “Se hizo la consulta el 28 de julio a
la Asamblea de Profesores, según lo dispuesto en el artículo 20 del Manual de
Convivencia. Su concepto lo presentan los docentes delegados al Consejo
Directivo.
“Se estudió el expediente por parte del
Coordinador de Disciplina, y en reunión del lunes 1 de agosto, el rector y los
coordinadores analizaron el resultado de la revisión que se le hizo al
mencionado documento.  Se dio la palabra al -Coordinador de Disciplina-
quien informó sobre esa labor de estudio del expediente y presentó los
siguientes comentarios:
-              La terminología que el
profesor Guillermo utilizo en su informe ha debido ser más puntual en
cuanto a utilizar términos sobre faltas previstas en el Manual de Convivencia y
no términos de delitos.  Es necesario que el Consejo Directivo identifique el
incidente con los términos adecuados a un proceso disciplinario, de modo que
sea claro y entendible para los padres de familia y para los organismos de
control y vigilancia (...)”
[187] Declaración rendida por el Rector ante la Juez Primero Civil
del Circuito, folios 15 a 18 cuaderno de segunda instancia, expediente
T-1319218.
[188] Algunas de sus cláusulas pueden leerse a
continuación:
CLÁUSULA
PRIMERA. (…) Administrar por parte de la Diócesis el personal directivo
docente, dicente y administrativo, asignado por el Municipio para la prestación
del servicio público educativo, en el Colegio, de acuerdo con su ideario
y proyecto educativo católico, en los niveles de (…) CLÁUSULA SEGUNDA (…)  La
Diócesis a través del Colegio, se compromete a:  1)  Administrar a
través del rector, al personal asignado por el Municipio, de conformidad con la
legislación vigente para servidores públicos, Estatuto de profesionalización
Docente, Código Disciplinario Único, Código Contencioso  Administrativo, las
normas sobre jornada laboral (…) CLÁUSULA CUARTA (…) 1.  Asignar, de la plata
de personal global del Municipio para el sector educativo, las siguientes
plazas: cuatro directivos conformados por un rector y tres coordinadores, dos
psico-orientadores escolares, cuarenta y siete docentes, un secretario, cuatro
auxiliares administrativos, tres celadores, cinco auxiliares de servicios
generales y tres operarios.  2.)  Para todos los procesos de selección del
personal y el trámite de novedades del mismo, el MUNICIPIO obrará de común
acuerdo con la DIÓCESIS y teniendo en cuenta los perfiles establecidos en el
proyecto educativo institucional.  3)  Realizar las funciones de inspección y
vigilancia sobre la prestación del servicio educativo.  4) Pagar los salarios y
demás prestaciones económicas del personal asignado (…) con los respectivos
fondos del sistema general de participaciones (…)  DEL RECTOR:  El obispo
Diocesano propondrá a un sacerdote para ejercer la rectoría del colegio que
será nombrado por el MUNICIPIO de acuerdo con la normatividad vigente (…) las
actuales plazas docentes ocupadas por sacerdotes en el Colegio seguirán
siendo provistas por personas de la misma condición presentadas por el Obispo
de la Diócesis (…) CLÁUSULA SEXTA:  AUTONOMÍA INSTITUCIONAL; Siendo El
Colegio un colegio católico, de propiedad de la Diócesis del Municipio,
gozará de autonomía para determinar su ideario y proyecto educativo, el régimen
interno de organización y la administración de sus recursos, gestión financiera
y curricular de acuerdo con las normas canónicas y con lo estipulado en la Ley
115 de 1994 y en la Ley 715 de 2001 (…) A la terminación del presente contrato
quedarán de propiedad de la DIÓCESIS todas las mejoras realizadas en la planta
física y los bienes muebles adquiridos por el Colegio (…)» (negrillas fuera de texto).
[189] Folios 45-53, C2. Expediente T-1319218. Contrato
entre el municipio y la diócesis: 6 de enero de 2003. Contrato de
administración No C9M10022003. “Cláusula sexta:
Autonomía institucional: siendo el Colegio un colegio católico, de
propiedad de la Diócesis del Municipio, gozará de autonomía para
determinar su ideario y proyecto educativo, el régimen interno de la
organización y la administración de sus recursos, gestión financiera y
curricular de acuerdo con las normas canónicas y con lo estipulado en la Ley
115 de 1994 y en la Ley 715 de 2001, sin perjuicio del ejercicio de inspección
y vigilancia”
[190] En la Sentencia
C-027 de 1993 MP: Simón Rodríguez Rodríguez la Corte revisó la
constitucionalidad de la Ley 20 de 1974 (Concordato). El artículo X ("Artículo
X. 1. El Estado garantiza a la Iglesia Católica la libertad de fundar,
organizar y dirigir bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica centros de
educación en cualquier nivel, especialidad y rama de la enseñanza, sin
menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Estado. 2.
La Iglesia Católica conservará su autonomía para establecer, organizar y
dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de
formación de religiosos.
El
reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por
dichos centros será objeto de reglamentación posterior") de dicha norma
fue declarado constitucional. La Corte dijo: Por lo
comentado de esta norma se precisa que ella demuestra su conformidad con el
artículo 68 constitucional, el cual determina que los particulares tienen la
opción de fundar establecimientos de educación, claro está con la vigilancia y
control que sobre esta materia tiene el Estado al tenor del artículo 67 inciso
5° de la Constitución Nacional, cuando señala: "Corresponde al Estado
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin
de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo" , preceptos que
en lo pertinente, están acordes con lo que al respecto señala el inciso final
del artículo X del Concordato.
El fin que persigue el Estado en aspectos como el de la educación,
coincide en gran manera con el de la Iglesia Católica. La instrucción a la
niñez y a la juventud de la que se ocupa la Religión Católica resulta ser uno
de los grandes objetivos perseguidos por la organización estatal ya que se
trata de la formación de los futuros ciudadanos que han de regir los destinos
de la Nación.
Sobre la base del reconocimiento por parte del Estado, de los
pénsumes académicos y los grados y títulos impartidos por la Iglesia Católica
en el ejercicio de su función educativa y consagrado tal reconocimiento oficial
en el inciso 2° del artículo X, esta Corporación considera que cuando el
numeral 2o. del inciso 1° de este artículo habla de autonomía para establecer y
dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de
formación de religiosos, la autonomía se entiende referida en cuanto a la
oportunidad que tienen las personas, naturales o jurídicas como la Iglesia para
fundar establecimientos educativos, autonomía que no excluye al Estado para que
éste en ejercicio de su potestad soberana y porque la educación es un servicio
público ejerza en toda su extensión la vigilancia y control que por mandato
constitucional del artículo 67 inciso 5°, se le debe practicar a todos los
centros docentes, sean ellos religiosos o no. Estas inspección y vigilancia se
contemplan en el inciso 1° numeral 2o. del artículo X.
Es pues exequible el artículo X.”
[191] Ley 60 de 1993. Artículo 8. ARTICULO 8o. Solamente en donde se
demuestre la insuficiencia de instituciones educativas del Estado podrá
contratarse la prestación del servicio educativo con entidades privadas sin
ánimo de lucro, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura de
los servicios educativos estatales y siempre que la prestación del servicio se
adecue al cobro de derechos académicos establecidos para las instituciones del
Estado. Lo anterior sin perjuicio de que puedan permanecer las situaciones
contractuales vigentes a la expedición de la presente ley. El Gobierno Nacional
reglamentará lo dispuesto en este artículo.
[192] Ley 115 de 1994. Artículo 152. Funciones de las
Secretarías de Educación Municipales. Las secretarías de educación municipales
ejercerán las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias
atribuidas por la Ley 60 de 1993, la presente ley y las que le delegue el
respectivo departamento.
En los
municipios donde no exista secretaría de educación municipal, estas funciones
serán ejercidas por el alcalde, asesorado por el Director del Núcleo
respectivo.
Ley 60 de 1993.
Artículo
2o. Competencias de los Municipios. Corresponde a los Municipios, a través de
las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas
municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras principales de
las acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación
de los servicios directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de
carácter nacional, a las ordenanzas y a los respectivos acuerdos municipales,
así:
1. En
el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones
legales sobre la materia:
-Administrar
los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica primaria y
secundaria y media.
-Financiar
las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su
mantenimiento, y participar con recursos propios y con las participaciones
municipales en la financiación de los servicios educativos estatales y en la
cofinanciación de programas y proyectos educativos.
-Ejercer la
inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los servicios
educativos estatales.
(...)
[193] Folios 45- 53, C2. Expediente T-1319218.
Contrato entre el municipio y la diócesis: 6 de enero de 2003. Contrato de
administración No C9M10022003.
[194] Ley 115 de 1994. ARTICULO 77. Autonomía
escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto
educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de
autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas
para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas
establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y
características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar
actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que
establezca el Ministerio de Educación Nacional.
PARAGRAFO.
Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los organismos que
hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y
desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
[195] Ley 115 de 1994. ARTICULO 152. Funciones de las Secretarías de
Educación Municipales. Las secretarías de educación municipales ejercerán las
funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la
Ley 60 de 1993, la presente ley y las que le delegue el respectivo
departamento.
En los
municipios donde no exista secretaría de educación municipal, estas funciones
serán ejercidas por el alcalde, asesorado por el Director del Núcleo
respectivo.
ARTICULO
153. Administración municipal de la educación. Administrar la educación en los
municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo;
nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a
los docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar
y en general dirigir la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo
establecido en la presente Ley, el Estatuto Docente y en la Ley 60 de 1993.
Ley 60 de
1993. ARTICULO 2o. Competencias de los Municipios. Corresponde a los
Municipios, a través de las dependencias de su organización central o de las
entidades descentralizadas municipales competentes, en su carácter de entidades
ejecutoras principales de las acciones en materia social, dirigir, prestar o
participar en la prestación de los servicios directamente, conforme a la ley, a
las normas técnicas de carácter nacional, a las ordenanzas y a los respectivos
acuerdos municipales, así:
1. En el
sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones
legales sobre la materia:
(…)
-Ejercer la
inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los servicios
educativos estatales.
[196] Ley 115 de 1994. ARTICULO 87. Reglamento o manual de convivencia.
Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia,
en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres
o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.
ARTICULO
201. Matrícula de alumnos en los establecimientos educativos privados. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la presente Ley, los
establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos
o educandos para cada período académico, mediante contrato que se regirá por
las reglas del derecho privado.
El
contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y obligaciones de las
partes, las causales de terminación y las condiciones para su renovación.
Serán
parte integrante del contrato, el proyecto educativo institucional y el
reglamento interno o manual de convivencia del establecimiento educativo.
En ningún
caso este contrato podrá incluir condiciones que violen los derechos
fundamentales de los educandos, de los padres de familia, de los
establecimientos educativos o de las personas naturales o jurídicas
propietarias de los mismos.
Decreto 1860
de 1994. Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto
educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia.
El
reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos
y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la
comunidad educativa.
En
particular debe contemplar los siguientes aspectos:
1. Reglas
de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención
frente al consumo de sustancias psicotrópicas.
2.
Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y
conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos,
instalaciones e implementos.
3. Pautas
de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
4. Normas
de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben
incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o
reclamos al respecto.
5.
Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad.
Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación.
6. Pautas
de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por
razones de apariencia.
7.
Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el
derecho a la defensa.
8. Reglas
para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de
voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el
proceso de elección del personero de los estudiantes.
9.
Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte,
recreación dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la
institución a los alumnos.
10.
Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que
sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión.
11. En
cargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material
didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.
12. Reglas
para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.
[197] Ley 115 de 1994. ARTICULO 96. Permanencia en el establecimiento
educativo. El reglamento interno de la institución educativa establecerá las
condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso
de exclusión.
La reprobación
por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no será causal de
exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal
expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de
convivencia.
[198] Decreto 1860 de 1994. Artículo 17. Reglamento o manual
de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley
115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte
integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de
convivencia.
El reglamento o manual de convivencia debe
contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa.
En particular debe contemplar los
siguientes aspectos:
1. Reglas de higiene personal y de salud
pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, la conservación
individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias
psicotrópicas.
2. Criterios de respeto, valoración y
compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de
uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.
3. Pautas de comportamiento en relación con
el cuidado del medio ambiente escolar.
4. Normas de conducta de alumnos y
profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la definición de
claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto.
5. Procedimientos para resolver con
oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se
presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y
de conciliación.
6. Pautas de presentación personal que
preserven a los alumnos de la discriminación por razones de apariencia.
7. Definición de sanciones disciplinarias
aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa.
8. Reglas para la elección de
representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros en los
demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso de
elección del personero de los estudiantes.
9. Calidades y condiciones de los servicios
de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás conexos con el
servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos.
10. Funcionamiento y operación de los
medios de comunicación interna del establecimiento, tales como periódicos,
revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre
pensamiento y a la libre expresión.
11. En cargos hechos al establecimiento
para aprovisionar a los alumnos de material didáctico de uso general, libros,
uniformes, seguros de vida y de salud.
12. Reglas
para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.
[199] Sentencia C-555 de 1994 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[200] Ley 115 de 1994. Artículo 95. Matrícula. La matrícula es el
acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se
realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento
educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada período
académico.
Artículo
96. Permanencia en el Establecimiento Educativo. El
reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de
permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión.
La
reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del
alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando
no esté asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento
institucional o manual de convivencia. (se subrayan las partes demandadas)
[201] Sentencia C-555 de 1994 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. En la
sentencia también se reiteró la jurisprudencia de la Corte sobre el tema: “En
punto a la formación en disciplina y responsabilidad como elementos esenciales
de la educación, la Corte ha puesto de presente, la reflexión básica siguiente:
"La
educación que la Carta Política consagra como derecho y como servicio público
no comprende tan sólo la transmisión de conocimientos o la instrucción del
estudiante en determinadas áreas, sino que encierra, ante todo, la formación
moral, intelectual y física de la persona, tal como lo declara sin rodeos el
artículo 67, inciso 5º, de la Constitución.
La labor
educativa que desempeñan la familia, los planteles y el Estado no termina en el
individuo que la recibe sino que, como tantas veces lo ha expresado esta Corte,
cumple una función social en cuanto sus resultados-positivos o
negativos-repercuten necesariamente en la colectividad cuando el estudiante
entra en relación con ella. De los principios y valores que profese y
practique-los cuales no adquiere por generación espontánea, sino que le deben
ser inculcados desde la más tierna infancia hasta el último grado de la
formación profesional-depende en gran medida el comportamiento del individuo en
el medio social, el cual se traduce, a la vez-miradas las cosas globalmente-en
la forma de vida de la sociedad entera. Nada bueno puede esperarse de un
conglomerado cuyos integrantes, por el descuido de sus mayores, carecen de una
mínima estructura moral o de los principios básicos que hagan posible la
convivencia pacífica, el mutuo respeto, el acatamiento del orden jurídico y el
sano desarrollo de las múltiples relaciones interindividuales y colectivas.
El
hombre-considera la Corte-debe estar preparado para vivir en armonía con sus
congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para
asumir sus propias responsabilidades y para ejercer la libertad dentro de las
normas que estructuran el orden social.
Así, pues,
de ninguna manera ha de entenderse completo ni verdadero un derecho a la
educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al
concepto vacío de pertenencia a un establecimiento educativo. La vinculación
formal de la persona a un plantel resulta ser inútil si no está referida al
contenido mismo de una formación integral que tome al individuo
en las distintas dimensiones del ser humano y que se imparta con la mira puesta
en la posterior inserción de aquel en el seno de la sociedad.
De lo
dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas,
en materia académica, disciplinaria, moral y física, o cuando demanda de él
unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando
impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre
que desempeñe tal papel de modo razonable y sujeto al orden jurídico, no está
violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario,
entregando a éste la calidad de educación que la Constitución
desea". (Sentencia T-341 del 25 de agosto de 1993. MP Dr. José Gregorio
Hernández Galindo).
Finalmente,
se anotó en la sentencia de la Corte Constitucional T-402 del 3 de junio de
1992:
"La
Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo,
salvo que existan elementos razonables-incumplimiento académico o graves faltas
disciplinarias del estudiante-que lleven a privar a la persona del beneficio de
permanecer en una entidad educativa determinada".
[202] Folio 31, C2. Expediente T-1319218.
[203] Folio 40, C2. Expediente T-1319218. “El
Director del grupo, propone la discusión del caso de los estudiantes
Jorge, Esteban, Daniel, Andrés y José,
incursos en un proceso disciplinario que condujo a sanción de cancelación de
matrícula, el cual se encuentra actualmente en apelación ante la Secretaría de
Educación. La Asamblea acuerda recomendar al Rector No renovar la matrícula,
pues el profesorado mantiene el concepto presentado ante el Consejo Directivo a
través de sus voceros.”
[204] T-1322747. Folio 57, C.1.
[205] T-1323408. Folio 48, C.1.
[206] T-1330627. Folios 5- 6, C.1.
[207] Ver folios 91 a 100 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-1319218.
T-1319218. Folios  82 y 83 C, 1. “1. En la
respuesta de la Secretaría de Educación (...) no encuentro en ninguno de los
cuatro artículos de la parte resolutoria una decisión de obligar al Colegio a
realizar la matrícula de su hijo (...) para el año escolar 2006.
2.  El Colegio (...) es una institución
educativa católica de carácter privado, fundada mediante decreto canónico No.
70 del seis de diciembre de 1956, emanado del Obispo.  De acuerdo con el
ordenamiento legal que rige para el sector educativo, en los establecimientos
educativos de propiedad de los particulares – para el caso el Colegio es
de propiedad de la Diócesis del Municipio la vinculación del estudiante
al servicio educativo se legaliza mediante un contrato de matrícula, que se
rige por las reglas del derecho privado y tiene una duración precisa.  Lo
anterior se sustenta, entre otras razones, en el ejercicio del derecho de
libertad de enseñanza, dentro del cual está amparada la libertad de los
particulares a elegir, para cada año escolar, a los estudiantes a los cuales se
les prestará el servicio educativo.
3.  A la fecha de terminación del contrato
de matrícula, el día 9 de diciembre de 2005, se comunicó a ustedes, en la
sesión de clausura y entrega de informes finales, por medio del Director del
Curso 0903, y en conversación que sostuvimos en la rectoría acerca del
cumplimiento por parte del Colegio del contrato, la expiración del mismo en esa
fecha y su no renovación para el año escolar 2006.
4.  En el día de hoy ustedes se presentaron
en el Colegio, junto con su hijo (...) quien portaba el uniforme del Colegio
sin estar matriculado en el mismo.  En mi despacho les expliqué las razones por
las cuales no puedo tener estudiantes en el Colegio que no han legalizado su
vinculación al mismo por medio del contrato de matrícula. En efecto, no existen
en la legislación escolar otras formas de vinculación de estudiantes a las
instituciones educativas distintas de las de estudiante matriculado.
(...)
6.  La observación escrita en el Informe
del cuarto período académico y final, es la comunicación escrita en la fecha y
ocasión propia a efectos de conocer el motivo y la decisión de no renovar
contrato de matrícula, a fin de que los padres de familia puedan buscar
oportunamente otro establecimiento educativo”
[208] Ley 115 de 1994. Artículo 201. Matrícula
de alumnos en los establecimientos educativos privados. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 95 de la presente Ley, los establecimientos educativos
privados podrán renovar la matrícula de los alumnos o educandos para cada
período académico, mediante contrato que se regirá por las reglas del derecho
privado.
El
contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y obligaciones de las
partes, las causales de terminación y las condiciones para su renovación.
Serán
parte integrante del contrato, el proyecto educativo institucional y el
reglamento interno o manual de convivencia del establecimiento educativo.
En
ningún caso este contrato podrá incluir condiciones que violen los derechos
fundamentales de los educandos, de los padres de familia, de los
establecimientos educativos o de las personas naturales o jurídicas
propietarias de los mismos.
[209] En el Acta Final de Evaluación de
Disciplina, firmada por el Coordinador de Disciplina del Colegio, se da cuenta
de que en reunión celebrada el 7 de diciembre del año 2005, “se reunió la
asamblea de profesores de la sección de bachillerato, bajo la presidencia
delegada por el Rector, al coordinador de disciplina, con el objeto de realizar
la evaluación final del comportamiento y disciplina, en orden a dar aplicación
al artículo 10º del Manual de Convivencia.”
En dicha reunión
se trataron varios casos de indisciplina de alumnos del Colegio, por diferentes
motivos,  algunos de los cuales concluyeron con la recomendación de no
renovación de la matrícula.  Igualmente, se consideró el caso materia de este
proceso y sobre el particular se consignó en el acta:
“El Director de
Grupo, propone la discusión el caso de los estudiantes Daniel, Esteban,
Jorge, José y Andrés, incursos en un proceso disciplinario que condujo a
sanción de cancelación de matrícula, el cual se encuentra actualmente en
apelación ante la Secretaría de Educación. La Asamblea acuerda recomendar al
Rector NO RENOVAR LA MATRICULA, pues el profesorado mantiene el concepto
presentado ante el Consejo Directivo a través de sus voceros.”
[210] Sobre la vinculación de la Secretaría de Educación al
proceso se tiene que en los expedientes T-1319218 y T-1322747 se vinculó a la
Secretaría de Educación al proceso durante la segunda y primera instancia
correspondientes. En el segundo caso, la Secretaría respondió con el siguiente
texto: “me permito comunicarle que este Despacho a través de oídas ya estaba
enterado de la Acción de Tutela, por lo que considera que en aras de no dilatar
el sumario, y por el restablecimiento de los derechos de los niños, se declare
saneada la nulidad y se continúe con el curso del proceso.”
Así mismo, la
secretaría participó en el proceso en sede de revisión ya que mediante auto del
2 de mayo de 2006 y auto del 24 de julio de 2006 se le preguntó a la Secretaría
de Educación sobre diversos aspectos del proceso. La Secretaría respondió el 12
de mayo de 2006 y el 9 de agosto de 2006.