C-133-19
Sentencia
C-133/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY 1774 DE 2016 ARTICULO 5-Estarse a lo resuelto en Sentencia C-666 de 2010
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte
Constitucional
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición y fundamento/COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Predicable
de fallos de exequibilidad o inexequibilidad/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Categorías del alcance/COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos respecto de
exequibilidad
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Configuración/COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Configuración
COSA
JUZGADA ABSOLUTA-Configuración
COSA
JUZGADA RELATIVA-Configuración
COSA
JUZGADA APARENTE-Configuración
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración por existencia de identidad
normativa y de cargos
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL Y NUEVO JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Criterios
de valoración
COSA
JUZGADA RELATIVA-Objeciones presidenciales
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD-Contenido normativo
acusado
Referencia: expedientes D-11443
y D-11467 Ac.
Demandas de
inconstitucionalidad contra el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016 “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de
1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras
disposiciones”.
Actoras: María Cristina
Pimiento Barrera y Esperanza Pinto Flórez (D-11443) – Juliana Marcela Chahín
del Río (D-11467)
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C.,  veintisiete (27) de marzo
de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, una vez cumplidos los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
1.
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la
Constitución Política, las ciudadanas María Cristina Pimiento Barrera y
Esperanza Pinto Flórez solicitaron a la Corte que se declarara la
inexequibilidad del artículo 5 (parcial) de la Ley 1774 de 2016, que adicionó
el título XI-A, “De los delitos contra los animales”, al Código Penal (expediente
D-11443).
2.
Por su parte, la ciudadana
Juliana Marcela Chahín del Río demandó el  mismo precepto normativo (expediente
D-11467).
3.
En sesión del 25 de mayo de
2016, la Sala Plena de esta Corporación dispuso la acumulación del expediente
D-11467 al D-11443.
4.
En auto de 14 de junio de
2016, fueron admitidas ambas demandas únicamente por el cargo de violación al
deber constitucional de proteger el ambiente. Los argumentos frente a la
violación de los fines esenciales del Estado y el derecho a la igualdad fueron
inadmitidos y posteriormente rechazados[1].
5.
Mediante sentencia C-041 de
2017, la Sala Plena resolvió:
“Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la
expresión ‘menoscaben gravemente’ prevista en el artículo 5º de la Ley 1774 de
2016, que adicionó el artículo 339A al Código Penal.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 3º previsto en el
artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339B al Código
Penal. Se DIFIEREN los efectos de esta decisión por el término de dos (2) años,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, para que el
Congreso de la República adapte la legislación a la jurisprudencia
constitucional”.
6.
Con posterioridad, a
través del auto 547 de 2018 se declaró la nulidad del numeral segundo del
referido fallo, por violación de la cosa juzgada constitucional según lo resuelto en la sentencia C-666 de 2010 reiterada en la sentencia C-889
de 2012.
7.
Conforme a lo expuesto,
corresponde a la Sala Plena proferir sentencia de reemplazo parcial de la
sentencia C-041 de 2017, en cumplimiento de lo ordenado en auto 547 de 2018 y,
en consecuencia, pronunciarse sobre la existencia de cosa juzgada respecto del
cargo de inconstitucionalidad dirigido contra el parágrafo 3º, artículo 5 de la
Ley 1774 de 2016.
II. TEXTO DE LA NORMA
ACUSADA
A continuación, se resalta el aparte
demandado:
“LEY 1774 DE 2016
(enero 6)
Diario Oficial No. 49.747 de
6 de enero de 2016
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
“Por medio de la cual
se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”.
ARTÍCULO 5°. Adiciónese al Código Penal
el siguiente título:
TÍTULO XI-A:
DE LOS DELITOS CONTRA
LOS ANIMALES
CAPÍTULO ÚNICO
Delitos contra la vida, la
integridad física y emocional de los animales
Artículo 339A. El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal
doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la
muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física,
incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e
inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión,
oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de
cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Artículo 339B. Circunstancias de agravación punitiva. Las
penas contempladas en el artículo anterior se aumentarán de la mitad a tres
cuartas partes, si la conducta se cometiere:
a) Con sevicia;
b) Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren
en vía o sitio público;
c) Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia
de aquellos;
d) Cuando se cometan actos sexuales con los animales;
e) Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos
anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.
Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las
prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales
que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento,
mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción
de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente
aceptadas.
Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a
controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas,
no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.
Parágrafo 3°. Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7° de la
Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.”
III. LAS DEMANDAS DE
INCONSTITUCIONALIDAD
En relación con el cargo examinado, en
la demanda correspondiente al expediente D-11467 presentada por la ciudadana
Juliana Marcela Chahín del Río, se solicita la declaratoria de inexequibilidad
del parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016 en tanto desconoce el
artículo 79 superior.
A su juicio, el mandato constitucional
en mención supone la obligación del Estado de velar por la protección del medio
ambiente, del que hacen parte los animales, bien sean domésticos o salvajes,
respecto de los cuales la Ley 1774 de 2016 otorgó la categoría de seres
sintientes. Sobre el particular, la actora señaló que aquellos “no tienen la
capacidad de razonar como lo hacemos los seres humanos, pero si (sic) poseen la
capacidad de sentir (dolor, sed, sufrimiento, angustia, cansancio, miedo, todos
aquellos producidos los (sic) tratos crueles y maltratos que les proporcionan
seres humanos) y deben estar amparados por el ordenamiento jurídico y la
Constitución”.
Indica que la Ley 1774 de 2016 estaba
destinada a proteger a los animales; sin embargo, excluyó del ámbito de
cobertura a los toros, gallos, becerros y demás animales que participan en
espectáculos artísticos desconociendo su calidad de seres sintientes.
Por último, refiere que los animales
usados en galleras y en el “espectáculo taurino” son seres vivos que sienten el
dolor propiciado en esas actividades, con la única finalidad de garantizar la
diversión “a causa del dolor y sufrimiento, maltrato y tortura a que son
sometidos”.
IV. INTERVENCIONES[2]
1.
Ministerio de
Justicia y del Derecho: solicita
que se declare exequible el aparte demandado, por cuanto con base en la
exequibilidad condicionada del artículo 7 de la Ley 84 de 1989, los animales
utilizados en el rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas,
becerradas, tientas, riñas de gallos, no están exentos de cuidado y protección.
En esa
medida, no se infringe la obligación de protección del medio ambiente y sus
integrantes, comoquiera que la disposición acusada no permite el trato cruel de
los animales, al contrario, se sustenta sobre la protección especial contra el
sufrimiento y el dolor estatuida en la sentencia C-666 de 2010. Concluye que los
animales que hacen parte de las actividades consagradas en el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, sí son objeto de cuidado, protección y garantías como seres
sintientes.
2.
Universidad Libre
Bogotá, Facultad de Derecho:
considera que la disposición acusada es exequible, atendiendo a que las
actividades culturales y artísticas no fueron incluidas en el marco del tipo
penal de maltrato animal, debido a que son manifestaciones protegidas por el
ordenamiento jurídico, pues están relacionadas con la cultura, identidad y
costumbres de algunas regiones del país.
Aclara que
“la legislación penal no obedece a una tendencia permanente a criminalizar
toda conducta eventualmente dañina para la sociedad, sino aquellas que
efectivamente, suponen un riesgo importante para los asociados, aquellas que
realmente tienen un impacto social y lesionan bienes que jurídicamente están
llamados a ser tutelados por la norma penal. Tal situación no ocurre con las
actividades artísticas y culturales establecidas en el artículo 7º de la Ley 84
de 1989 y que justamente, se presentan como una excepción a la conducta punible
del maltrato animal”.
Concluye que las peleas de gallos,
corridas de toros, rejoneo, corralejas, novilladas, becerradas y tientas, si
bien involucran expresiones de maltrato animal, no se desarrollan en un
contexto aislado e independiente sino en el marco de manifestaciones culturales
y de costumbres locales, lo que genera que sean socialmente tolerables o
aceptadas. Ahora bien, colige que su rechazo por algunas partes de la
comunidad, no implica que deban ser penalmente prohibidas, puesto que no
constituyen un riesgo para los asociados susceptible de ser penalizado por la
ley.
3.
Intervenciones
ciudadanas. Sergio Manzano Macías y otros[3]: solicitan
que se declare la inconstitucionalidad del parágrafo 3º del artículo 5 de la
Ley 1774 de 2016, pues si las actividades reseñadas incumplen las condiciones
determinadas en la sentencia C-666 de 2010, constituyen la conducta tipificada
como maltrato animal en dicha legislación. Afirman que la obligación de
protección de dichos seres sintientes está ligada a los derechos de tercera y
cuarta generación, al tiempo que está asociada al deber del Estado de evitar la
promoción dela violencia contra los animales frente a los niños y niñas
concebido en el ánimo proteccionista del Código de Infancia y Adolescencia.
Refieren la existencia de múltiples
manifestaciones históricas e internacionales en relación con este deber,
especialmente la denominada Declaración Universal de Bienestar Animal que
consagra que “el precepto de bienestar animal es concomitante e intrínseco
con el de protección animal: es el ejercicio del poder del Estado, de las
autoridades y de los mismos ciudadanos, tendiente a garantizar el bienestar de
los animales”. Agregan que el amparo constitucional en este tema deviene de
los artículos 2º, 11, 67, 79, 80, 95 y 277 superiores, así como de la promoción
de la constitución ecológica determinadas en sendas sentencias de tutela y de
control abstracto expedidas por esta Corporación.
A manera de conclusión, sostienen que es
indispensable la aplicación de un test de proporcionalidad, dados los
diferentes intereses inmersos en esta problemática, “por un lado, aquellos
que practican, asisten y propugnan por la continuidad de la conocida ‘fiesta
brava’; y por otro lado, aquellos que defendemos la vida como valor supremo
-sin desconocer la política alimentaria-, y la protección animal mucho más
cuando el Estado legitima el sufrimiento animal”.
En tal contexto, se requiere analizar el
correcto entendimiento de la Ley 1272 de 2009, según el cual no se amparan las
corralejas como una expresión de barbarie, sino como desarrollo cultural.
Coligen que “del bienestar animal deviene un correlativo entre la ciudadanía
y su entorno natural, y por ende con el futuro sostenible de la humanidad”.
4.
También fueron recibidas
de manera extemporánea las intervenciones de la Fiscalía General de la Nación[4], la  Universidad de Caldas[5] y los ciudadanos Jonathan Ramírez
Nieves[6], Alejandro Aponte Cardona[7].
V. CONCEPTO DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El
Ministerio Público solicita que se declare exequible la norma demandada.
Asegura que la Constitución comprende la obligación de amparar el medio
ambiente y por consiguiente a los animales (artículos 79, 80 y 95.5 superiores).
Reseña que si bien, en la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 de 2016 fueron
incorporados preceptos encaminados a la protección animal, también incluyeron
excepciones al régimen sancionatorio como el rejoneo, el coleo, las corridas de
toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas
de gallos.
Señala que la norma acusada remite al
artículo 7 de la Ley 84 de 1989, el cual fue objeto de pronunciamiento por este
Tribunal en sentencia C-666 de 2010 “por el mismo cargo aducido en la
demanda actualmente estudiada, es decir, la protección al medio ambiente”.
Sin embargo, considera que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional “en tanto no existe identidad de objeto (las normas demandadas
son distintas)”, sin perjuicio de lo cual debe ser tomada como precedente
en el presente asunto.
Reseña que precisamente en ese
pronunciamiento, se fijaron unos límites justificados al deber de protección
animal relacionados con i) la libertad religiosa; ii) los hábitos alimenticios
de los seres humanos; iii) la investigación y experimentación médica; y iv)
algunas manifestaciones culturales. Sobre este último punto, refiere que la
cultura encuentra amparo constitucional en los artículos 2º, 7º, 8, 70 y 71 de
la C. Pol., a partir de los cuales se destaca la importancia del desarrollo
cultural de la nación y de la protección de las expresiones artísticas, aunado
a que está ligada al libre desarrollo de la personalidad, la unidad nacional,
la tolerancia y el pluralismo dentro de la sociedad. Empero, aquella que no es
absoluta y se debe armonizar con otros bienes protegidos.
A manera conclusiva, manifiesta que el
legislador cuenta con la facultad constitucional para determinar las conductas
exceptuadas del tipo penal de maltrato animal, cuando se trata de actividades
culturalmente arraigadas, “en atención a que deben garantizarse las
discusiones democráticas para que no se imponga una sola visión del mundo o un
único modo de vida en una sociedad plural”.
VI.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.       La Corte Constitucional es competente para conocer del
presente asunto, por cuanto la normatividad acusada hace parte de una ley de la
República -artículo 241.4 superior-.
2.       En la sentencia C-041 de 2017 se resolvieron dos cargos en dos demandas diferentes que se
acumularon en Sala Plena. En la primera demanda (Exp. D-11443), las demandantes
sostuvieron que el artículo 5º (parcial) contenido en el artículo 339A de la
Ley 1774 de 2016, violaba el principio de legalidad, dado que el término “menoscaben
gravemente” era abierto, indeterminado y difuso. Por este cargo la norma
examinada fue declarada exequible en el numeral primero de
la parte resolutiva.
Además, en la otra demanda (Exp. D-11467) se acusó el parágrafo 3º
del artículo 5º ejusdem[8], al considerar que se
vulneraba el artículo 79 de la C. Pol. contentivo de la obligación del Estado
de velar por la protección animal. Al respecto, se decretó la inexequibilidad
del precepto estudiado, cuyos efectos difirió a dos años en el numeral
segundo de la referida decisión. Con
posterioridad, el auto 547 de 2018 resolvió declarar la nulidad del numeral
segundo de la parte resolutiva de la referida sentencia, comoquiera que había
violado la cosa juzgada constitucional derivada de las sentencias C-666 de 2010
y C-889 de 2012.
En esa medida, al no
haber ningún pronunciamiento sobre el ordinal primero, la declaración de exequibilidad
adelantada en la sentencia C-041 de 2017 sobre la expresión “menoscaben
gravemente”, permanece incólume y, en esta
oportunidad, solo compete a la Corte dictar la decisión de reemplazo en
relación con el contenido anulado (ordinal segundo).
Problema jurídico y metodología de decisión
3.       Habida cuenta de lo expuesto, esta Corporación deberá
determinar si existe cosa juzgada constitucional frente al parágrafo 3º del
artículo 5 de la Ley 1774 de 2016 por medio del cual se adicionó el artículo
339A del Código Penal, con relación al pronunciamiento efectuado en la
sentencia C-666 de 2010 sobre el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, reiterado en
sentencia C-889 de 2012.
Para tal efecto, se abordará: i) el desarrollo jurisprudencial de
la cosa juzgada constitucional, ii) el alcance de las sentencias C-666 de 2010
y C-889 de 2012, y iii) se analizará el referido problema jurídico que se
circunscribe a la nulidad decretada sobre el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia C-041 de 2017.
La cosa juzgada constitucional[9]
4.       De conformidad con el artículo 243 superior, los fallos que
profiera la Corte Constitucional en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que está prohibido a las
autoridades reproducir las proposiciones jurídicas declaradas inexequibles por
razones de fondo, mientras subsistan en la Constitución las disposiciones que
le sirvieron para hacer la confrontación.
Con base en dicho lineamiento, esta Corporación ha sostenido que
sus determinaciones adquieren carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas, porque una vez se ha pronunciado pierde en principio la
competencia para resolver nuevamente sobre el mismo asunto, para la garantía de
la seguridad jurídica, la igualdad y la confianza legítima. Además, ello se
acompasa con el inciso cuarto del artículo 6º del Decreto ley 2067 de 1991,
según el cual se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas
por una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada[10].
5.       Ahora bien, por regla general la determinación de la
materia juzgada obedece a varios factores como son la disposición examinada, el
cargo de inconstitucionalidad presentado y el análisis constitucional sobre la
proposición jurídica, los cuales de presentar una coincidencia o identidad de
criterios impide a la Corte en principio volver a pronunciarse[11].
En efecto, se ha sostenido que la cosa juzgada constitucional se
predica tanto de los fallos de inexequibilidad como de exequibilidad. También
ha entendido que es la propia Corte la llamada a fijar los efectos de sus
fallos en la función de intérprete autorizado de la Constitución, por lo que el
alcance de la cosa juzgada constitucional presenta distintos matices o
tipologías, que han sido definidas paulatinamente por la jurisprudencia
constitucional[12].
6.       En este contexto, por vía jurisprudencial se han
establecido diferencias claras entre cosa juzgada formal y material, cosa
juzgada absoluta y relativa, cosa juzgada aparente, entre otros, lo cual
responde al ámbito de la decisión adoptada por la Corte de manera expresa o
implícita. Particularmente, cuando la disposición enjuiciada ha sido declarada
exequible se ha señalado[13]:
i)
Formal. Existe un pronunciamiento previo por la Corte respecto de
la disposición legal que se sujeta a un nuevo escrutinio constitucional[14]; entonces, la decisión debe declarar
estarse a lo resuelto en providencia anterior -exequibilidad, inexequibilidad,
condicionamiento-[15].
Conforme
a lo consagrado por esta Corporación, “la cosa juzgada constitucional
formal[16]
se verifica: ‘(…) cuando existe
una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que
es llevada posteriormente a su estudio...’[17],
o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es
decir, formalmente igual[18].
Este evento hace que ‘... no se pueda volver a revisar la decisión adoptada
mediante fallo ejecutoriado...’[19]”[20].
ii)      Material. A pesar de
demandarse una disposición formalmente distinta, el contenido normativo resulta
idéntico al de otra que fue objeto de examen constitucional. La Corte ha
definido que “habrá cosa juzgada constitucional
material cuando: ‘(…) existen dos
disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo.
En estos casos, es claro que si ya se dio un juicio de constitucionalidad
previo en torno a una de esas disposiciones, este juicio involucra la evaluación
del contenido normativo como tal, más allá de los aspectos gramaticales o
formales que pueden diferenciar las disposiciones demandadas[21].
Por tanto opera el fenómeno de la cosa juzgada’[22]. (…) En un sentido más amplio, la cosa juzgada material opera ‘cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto
objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un
precepto de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política (…)’[23]”[24].
Este juicio implica la evaluación del contenido normativo, más
allá de los aspectos formales que diferencien las disposiciones revisadas,
luego también se configura cuando se haya variado el contenido del artículo
siempre que no se afecte el sentido esencial del mismo[25]. Los
presupuestos para la declaración están dados por una decisión previa de
constitucionalidad sobre una regla de derecho idéntica predicable de distintas
disposiciones jurídicas, la similitud entre los cargos del pasado y del
presente y el análisis constitucional de fondo sobre la proposición jurídica[26].
Por lo tanto, la decisión es de estarse a lo resuelto en
providencia anterior y declarar la inexequiblidad, exequibilidad simple[27] o condicionada de la disposición
acusada[28].
iii)
Absoluta. Cuando el pronunciamiento de constitucionalidad
de una disposición no se encuentra limitado por la propia decisión por lo que
se entiende examinada respecto a la integralidad de la Constitución. De esta
manera, no puede ser objeto de control de constitucionalidad[29].
iv)
Relativa. Se presenta cuando el juez constitucional limita
los efectos de la decisión dejando abierta la posibilidad de formular un cargo
distinto al examinado en decisión anterior. Puede ser explícita cuando
se advierte en la parte resolutiva los cargos por los cuales se adelantó el
juicio de constitucionalidad e implícita cuando puede extraerse de forma
inequívoca de la parte motiva de la decisión sin que se exprese en la
resolutiva[30].
v)
Aparente. Aunque se hubiere adoptado una decisión en la
parte resolutiva declarando la exequibilidad, en realidad no se efectuó
análisis alguno de constitucionalidad, siendo una cosa juzgada ficticia. Este
supuesto habilita un pronunciamiento de fondo por la Corte[31].
7.
Cuando se trata de establecer si se
produjo cosa juzgada se tiene que verificar si el objeto de control y el cargo
de inconstitucionalidad son, desde un punto de vista jurídico, iguales, esto
es, se debe constatar la identidad en el objeto y la identidad en el cargo. En
sentencia C-287 de 2017 se indicó sobre el particular:
“(…) La delimitación de aquello que constituye
la materia juzgada exige analizar siempre dos elementos: el objeto
de control y el cargo de inconstitucionalidad. Conforme a ello existirá cosa
juzgada si un pronunciamiento previo de la Corte en sede de control abstracto
recayó sobre la misma norma (identidad en el objeto) y si el reproche
constitucional planteado es equivalente al examinado en oportunidad anterior
(identidad en el cargo).
Se tratará del mismo objeto de control cuando el
contenido normativo que fue juzgado previamente es igual al acusado, o bien
porque se trata del mismo texto, o bien porque -pese a sus diferencias-
producen los mismos efectos jurídicos. La variación de algunos de los elementos
normativos, o la modificación de su alcance como consecuencia de la adopción de
nuevas disposiciones, son circunstancias que pueden incidir en el objeto
controlado.
Será el mismo cargo cuando coinciden el parámetro
de control que se invoca como violado y las razones que se aducen para
demostrar tal infracción. De acuerdo con ello, si las normas constitucionales
que integraron el parámetro de control sufren una modificación relevante o, sin
ocurrir tal variación, el tipo de razones para explicar la violación son
diferentes, no podrá declararse la existencia de cosa juzgada y procederá un
nuevo pronunciamiento de la Corte (…)[32]”
Entonces, según lo sostenido por esta Corporación, se tratará
del mismo objeto de control cuando el contenido normativo que fue juzgado es
igual al acusado, bien porque se trata del mismo texto o porque, pese a sus
diferencias, producen los mismos efectos jurídicos[33]. A su vez, se trata del
mismo cargo cuando coinciden el parámetro de control que se invoca como violado
y las razones que se aducen para demostrar la infracción[34].
8.
De otra parte, ha
manifestado este Tribunal que la cosa juzgada formal, material, absoluta y
relativa, puede enervarse cuando se presenten circunstancias extraordinarias
que lo ameriten, como la modificación del parámetro de constitucionalidad, el
cambio del significado material de la Constitución y la variación del contexto[35].
En tales eventos al
presentar la demanda es exigible una especial carga argumentativa por implicar
un nuevo juicio de constitucionalidad[36].
En efecto, el accionante “no puede (…) limitarse a enunciar los mismos
desacuerdos que en el pasado fueron planteados y esperar que esta Corporación emprenda,
en una especie de juicio oficioso, un examen a fin de establecer si existen
razones adicionales para reabrir el debate constitucional”.[37]
9.
Tratándose de objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad (art. 241.8
superior), la Corte ha establecido que ejerce un control previo que produce
efectos de cosa juzgada constitucional relativa[38], toda vez que el
examen que realiza “se circunscribe, prima facie, al análisis y decisión de
las objeciones tal como fueron formuladas por el Ejecutivo, lo cual limita el
alcance de la cosa juzgada constitucional”[39].
Específicamente ha sostenido que los efectos de la cosa juzgada “deben entenderse relacionados tan sólo con las
razones expuestas por el Gobierno al objetar, con los preceptos
constitucionales respecto de los cuales se ha hecho la confrontación y con los
aspectos que han sido materia del análisis explícito efectuado por la Corte”.[40]
Ahora bien, el examen no
solo comprende el control material de las objeciones presentadas por el
Gobierno, sino que se extiende al procedimiento legislativo que se observó en
el trámite legislativo[41].
Así mismo, se ha afirmado que “en ciertas ocasiones se hace
necesario que esta Corporación se pronuncie sobre aspectos que no fueron
planteados explícitamente por el Gobierno, pero cuyo análisis resulta ser un
presupuesto indispensable para el estudio de las razones de
inconstitucionalidad formuladas en las objeciones mismas”[42].
Luego la competencia de la Corte también se habilita sobre asuntos que resulten
centrales para el estudio de las razones de inconstitucionalidad que
fundamentan las objeciones[43].
Alcance de los pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional
en las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012
Sentencia C-666 de 2010
10.  En esa oportunidad, la Corte analizó la acción pública de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989[44] “por la cual se adopta el Estatuto
Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se
regula lo referente a su procedimiento y competencia”. La demanda invocó el
presunto desconocimiento de la función ecológica de la propiedad, la prohibición de
tratos crueles o degradantes, el deber de protección del medio ambiente por
parte del Estado, entre otros preceptos superiores.
Los problemas jurídicos propuestos en esa providencia se
dirigieron a determinar:
“i. Si la excepción del artículo 7º de la ley
84 de 1989 encuentra fundamento en la consideración de hechos o manifestaciones
culturales y sociales de las actividades en ella incluidas; y de ser así,
ii. Si, partiendo de que en Colombia está
prohibido el maltrato animal y los actos de crueldad contra animales porque
desconocen el deber constitucional de protección a los mismos, las actividades
incluidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 resultan acordes a la
Constitución en cuanto son manifestaciones culturales y expresiones del
pluralismo que se deriva de una interpretación incluyente de la misma”.
11.
Sobre el particular, la Corte
encontró que el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 estaba ajustado al
ordenamiento constitucional, en tanto la exoneración de ciertas actividades de
las sanciones correspondientes por incurrir en conductas de maltrato animal, se
relacionaba exclusivamente con manifestaciones culturales que cuentan con arraigo
social en algunas regiones del país.  No obstante, advirtió que “es
necesario armonizar dichas manifestaciones culturales con el deber de
protección animal, que como antes se concluyó, tiene también rango
constitucional en el ordenamiento jurídico nacional”.
Se afirmó que la referida norma no se muestra
ponderada entre la obligación de cuidado animal y las manifestaciones
culturales que comprometen la integridad de dichos seres, lo cual demuestra la
existencia de “un déficit normativo del deber de protección animal, porque
el legislador privilegia desproporcionadamente las manifestaciones culturales
tales como las corridas de toros, las corralejas, las becerradas, las
novilladas, el rejoneo, las tientas y las riñas de gallos, las cuales implican
un claro y contundente maltrato animal. Este déficit de protección resulta más
evidente cuando se examina el ordenamiento jurídico en su conjunto y se aprecia
que la satisfacción de otros intereses también valiosos para el sistema
constitucional colombiano no desconoce el deber constitucional de protección
animal. Así, el interés de procurar la alimentación de los seres humanos no ha
impedido que el sacrificio de animales con este fin sea tributario del deber de
evitar sufrimientos y procurar su bienestar, siendo obligatoria la
insensibilización antes de proceder a su sacrificio; en igual medida las
actividades investigativas encuentran limitaciones basadas en el sufrimiento
producido a los animales, estando prohibido que se cause dolor innecesario a
los seres vivos empleados en dichas actividades”.
12.
En esa medida, para este
Tribunal era necesario armonizar los valores superiores enfrentados en aras de
lograr una lectura sistemática de la Constitución.  Al respecto, puntualizó que
“la excepción de la permisión del maltrato animal contenida en el precepto
acusado debe ser interpretada de forma restrictiva y, por consiguiente, no debe
tener vacíos que dificulten o, incluso, hagan nugatorio el deber de protección
de los animales que se deriva de la Constitución: en  este sentido, la
excepción prevista en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 debe incluir elementos
mínimos que garanticen en la mayor medida posible el bienestar de los animales
involucrados en dichas manifestaciones culturales”.
Esto requiere la intervención del legislador
que, en uso de su libertad de configuración normativa, es el llamado a regular
detalladamente la autorización del trato animal que se deriva  de la
disposición examinada en esa ocasión, “[l]abor que debe ser complementada con el concurso
de las autoridades administrativas con competencias normativas en la materia,
de manera tal que se subsane el déficit normativo del deber de protección
animal al que ya se hizo referencia. En este sentido deberá expedirse una
regulación de rango legal e infralegal que determine con exactitud qué acciones
que impliquen maltrato animal pueden ser realizadas en desarrollo de corridas
de toros, becerradas, novilladas, rejoneos, riñas de gallos, tientas y coleo, y
en las actividades conexas con dichas manifestaciones culturales, tales como la
crianza, el encierro, el adiestramiento y el transporte de los animales
involucrados en las mismas”.
13.
Por consiguiente, esta
Colegiatura advirtió que “el sentido que la regulación que se expida
respecto de las actividades contenidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989
deberá tener en cuenta el deber de protección a los animales y, en
consecuencia, contener una solución que de forma razonable lo armonice en este
caso concreto con los principios y derechos que justifican la realización de
dichas actividades consideraciones como manifestaciones culturales”. Tal
normativa debe, entonces, fijar la protección frente al sufrimiento y dolor de
los animales involucrados en tales manifestaciones culturales y promover la
eliminación de tales actividades, en un futuro.
Al respecto, la Corte aclaró que “determinar
al detalle los elementos normativos que debe incorporar dicha regulación, que
cabe dentro de la órbita exclusiva del legislador” (negrilla fuera de
texto original), excede el ámbito de su competencia. Sin perjuicio de lo
anterior, señaló que una interpretación acorde con el régimen constitucional
supone que “el cuerpo normativo que se cree no podrá, como ocurre hasta el
momento en regulaciones legales Ley 916 de 2004- o de otra naturaleza
–resoluciones de organismos administrativos o, incluso, de naturaleza privada-,
ignorar el deber de protección animal –y la consideración de bienestar animal
que del mismo se deriva-, y, por tanto, la regulación creada deberá ser tributaria
de éste”.
A juicio de la Sala, el legislador incluso
podía proscribir las actividades culturales que se desarrollan en tal  contexto
“si considera que debe primar el deber de protección sobre la
excepcionalidad de las expresiones culturales que implican agravio a seres
vivos, pues como lo ha definido esta Corporación en numerosas oportunidades la
Constitución de 1991 no es estática y la permisión contenida en un cuerpo
normativo preconstitucional no puede limitar la libertad de configuración del órgano
representativo de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno de la
sociedad”.
14.
En consonancia con lo
expuesto, esta Corporación indicó que el fundamento principal para tener una
consideración especial con las excepciones establecidas en el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, consiste en el arraigo social -práctica tradicional, reiterada y actual- de tales expresiones culturales en algunas zonas del país.
Así las cosas, al armonizar los valores en pugna, concluyó que dicho texto
normativo es congruente con el orden constitucional “únicamente en
aquellos casos en donde la realización de dichas actividades constituye una
tradición regular, periódica e ininterrumpida de un determinado municipio o
distrito dentro del territorio colombiano” (negrilla fuera de texto
original).
De igual forma, adujo que “la idea de práctica
cultural  de tradición no hace referencia únicamente al lugar en el cual
se realizan, sino que de la misma hace parte la oportunidad  o el momento en que dichas actividades son llevadas a cabo.
Una interpretación diferente conllevaría a una limitación desproporcionada al
deber de protección animal, por cuanto posibilitaría la realización de las
actividades excepcionadas teniendo en cuenta únicamente el foro de su realización,
más no el motivo o la causa de las mismas, elemento que es igualmente esencial
al carácter tradicional de corridas de toros, corralejas, becerradas, riñas de
gallos, coleo, rejoneo o novilladas. Por esta razón la exequibilidad de las
excepciones contenidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 se entenderá
supeditada a que dichas actividades, además de realizarse en los lugares en
donde constituyan tradición, tengan lugar única y exclusivamente en aquellas
ocasiones en que usualmente se hayan realizado en los respectivos municipios o
distritos en que estén autorizadas”.
Finalmente, agregó que las actividades
determinadas en la norma revisada son las únicas excepciones al deber de
protección animal, pues son las que atienden al criterio de arraigo y tradición
en el territorio nacional, por tanto a partir de esta interpretación
restrictiva no pueden ampliarse a otras expresiones similares en que se
involucre la presencia de tales seres sintientes. Sobre el particular,
consideró “[l]a lectura acorde con la Constitución, y con la estructura con que se
concibió la disposición, lleva a concluir que la única posibilidad
constitucionalmente admisible es que de la misma se haga una lectura
restrictiva, que, en consecuencia, maximice el deber constitucional de protección
de los animales.”
15.
Ahora bien, la Corte
aclaró que el respeto por la Constitución supone que ningún municipio o
distrito pueda destinar recursos para la construcción de escenarios destinados
exclusivamente al
rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las
becerradas, las tientas y las riñas de gallos, pues se desconocería el deber de protección animal dando
prevalencia al fomento a la cultura. En efecto, afirmó que “respecto de estas precisas
actividades y de cualquiera que involucre maltrato animal se concluye que el
Estado podrá permitirlas
cuando se consideren manifestación cultural de la población de un determinado
municipio o distrito, pero deberá abstenerse de difundirlas, promocionarlas,
patrocinarlas o cualquier otra forma de intervención que implique fomento a las
mismas por fuera de los límites establecidos en esta sentencia. Sólo así se
alcanza una interpretación armónica de dos principios constitucionales que se
contraponen en las concretas actividades que excepciona el artículo 7º de la
ley 84 de 1989”.
16.
De conformidad con lo
anotado, esta Corporación coligió en relación con el ejercicio de armonización
respecto de la norma demandada en esa oportunidad:
“i. Las manifestaciones
culturales en las cuales se permite excepcionalmente el maltrato animal deben
ser reguladas de manera tal que se garantice en la mayor medida posible el
deber de protección animal. Existe el deber estatal de expedir normas de rango
legal e infralegal que subsanen el déficit normativo actualmente existente de
manera que cobije no sólo las manifestaciones culturales aludidas por el
artículo 7 de la Ley 84 de 1989 sino el conjunto de actividades conexas con las
mismas, tales como la crianza, el adiestramiento y el transporte de los
animales.
ii. No podría entenderse que las actividades exceptuadas puedan
realizarse en cualquier parte del territorio nacional, sino sólo en aquellas en
las que implique una manifestación ininterrumpida de tradición de dicha
población. Contrario sensu, no podría tratarse de una actividad carente de
algún tipo de arraigo cultural con la población mayoritaria del municipio en
que se desarrolla la que sirva para excepcionar el deber de protección animal.
iii.  La realización de dichas actividades deberá estar
limitada a las precisas ocasiones en que usualmente éstas se han llevado a
cabo, no pudiendo extenderse a otros momentos del año o lugares distintos a
aquellos en los que resulta tradicional su realización.
iv. Las manifestaciones culturales en las cuales está
permitido el maltrato animal son aquellas mencionadas por el artículo 7 de la
Ley 84 de 1989, no se entienden incluidas dentro de la excepción al deber de
protección animal otras expresiones que no hayan sido contempladas en la
disposición acusada. Lo contrario sería crear contextos impermeables a la
aplicación de principios fundamentales y deberes constitucionales incluidos en
la Constitución, algo que excede cualquier posibilidad de interpretación por
parte de los poderes constituidos y los operadores jurídicos.
v. Las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar
dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva
de estas actividades”.
17.
Con fundamento en lo
anterior, declaró la exequibilidad del artículo 7º de la Ley 84 de 1989 en el
entendido:
“1) Que la excepción allí planteada permite, hasta
determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la
práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con
animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo
caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el
transcurso de esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de
la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y
cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles
contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes
de protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos
municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una
tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización
responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán desarrollarse en aquellas
ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios
o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean estas las únicas actividades
que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de
protección a los animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún
caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la
realización exclusiva de estas actividades” (negrilla fuera de texto
original).
Sentencia C-889
de 2012
18.
Con posterioridad a la
sentencia C-666 de 2010, la Corte abordó una demanda de inconstitucionalidad formulada
contra algunos apartes de los artículos 14 y 15 de la Ley 916 de 2004[45] “por la cual se
establece el Reglamento Nacional Taurino”, por el presunto desconocimiento
de  la autonomía de las entidades territoriales -artículos 1º, 7º, 136, 311 y
313 de la C. Pol. A juicio del demandante, los municipios y distritos que tengan
plazas de toros permanentes, están obligados a permitir la actividad taurina
por disposición de la ley, anulando su autonomía en la decisión de no
autorizarlas, “retirándoles cualquier forma de participación activa, vulnerando
adicionalmente el principio constitucional de autonomía de las entidades
territoriales, establecido en el artículo 1º de la Constitución, principio que
además está ligado a la soberanía popular y a la democracia participativa”.
El problema jurídico formulado en esa
providencia consistió en definir si ¿Las expresiones demandadas, en tanto
sujetan la autorización para el uso de las plazas de toros permanentes a la
comunicación del interesado a las autoridades administrativas correspondientes,
vulneran la autonomía de las entidades territoriales, porque presuntamente les
imponen la obligación de permitir el espectáculo taurino en dichos inmuebles?”.
19.
Este Tribunal aseguró que
el caso objeto de estudio se circunscribía a los límites de la función de
policía de las autoridades municipales frente a la autorización de espectáculos
taurinos en plazas de toros permanentes, sin que en momento alguno ello pudiera
incidir en las condiciones constitucionalmente válidas para realizar corridas
de toros, pues ese asunto se resolvió en la sentencia C-666 de 2010.
Así las cosas, en primer lugar reiteró la
distinción entre poder, función y actividad de policía, con base en lo cual
coligió que el Congreso es el único órgano con competencia para fijar las
exigencias para la realización de tales actividades, incluida la taurina, “sin
que esté obligado constitucionalmente a otorgar márgenes discrecionales de
evaluación a los alcaldes, pues ello no sería nada distinto que transferirles
el ejercicio del poder de policía, lo que contradeciría la Carta Política”.
En esos términos, aseveró que “los
requisitos particulares que deben ser evaluados por las autoridades locales, en
modo alguno puede[n] considerarse como el desconocimiento del grado de
autonomía que la Constitución les confiere, ni menos como la comprensión de la
autoridad local como una ‘simple tramitadora’ de requisitos.  Antes bien, es un
ejercicio prima facie legítimo de las potestades que se derivan del poder de
policía, ligado tanto al principio democrático como al principio de Estado
unitario”.
20.
La Corte manifestó que no
existe ninguna ley que proscriba los espectáculos taurinos. Al contrario, la
jurisprudencia constitucional ha avalado la regulación de esa actividad en la
Ley 916 de 2004, “en cuanto es una tradición cultural de la Nación,
susceptible de ser reconocida por el Estado”, bajo algunas circunstancias
dada la tensión que la misma suscita frente al mandato de bienestar animal. De
tal manera, recordó que la jurisprudencia ha fijado algunas restricciones a
saber: “(i) el cumplimiento de condiciones de arraigo cultural, oportunidad,
localización y excepcionalidad (…); y (ii) la prohibición del incentivo
público, mediante la promoción y la dedicación de recursos, a fines
exclusivamente relacionados con las prácticas de tauromaquia”.
En tal contexto, las corridas de toros han
sido consideradas una expresión cultural por parte del Congreso y, por ende, se
trata de un asunto que corresponde a las competencias de la Nación y las
entidades territoriales articuladamente, bajo el imperio de la ley y con la
observancia de las reglas jurisprudenciales fijadas para que sean compatibles
con el respeto del mandato de bienestar animal.
21.
Con todo, la Corte reiteró
que lo anotado en la sentencia C-666 de 2010 “debe interpretarse en el marco
de las limitaciones propias del ejercicio de la función de policía, que está
precedida de la existencia de un mandato legal previo para que los entes locales
puedan imponer restricciones al ejercicio de actividades ciudadanas, entre
ellas la celebración de espectáculos taurinos.  Por lo tanto, las
entidades territoriales podrían válidamente prever una prohibición general de
la actividad taurina, solo cuando esa opción administrativa esté respaldada por
el ordenamiento legal”.
Así, tal como ha insistido la Corte “la vía institucionalmente aceptable para esa
decisión es el debate democrático y no la extensión riesgosa y jurídicamente
injustificada de las competencias de las autoridades locales, en tanto ejercen
la función de policía”. Ahora
bien, la actividad del legislativo debe observar “las restricciones y
limitaciones, derivadas de la delimitación excepcional al mandato
constitucional del bienestar animal, previstas en la sentencia C-666/10”, de
manera que se podría, incluso, prohibir dichas prácticas.
22.
En atención a lo
considerado, la Corte declaró exequible las expresiones demandadas de los
artículos 14, 15, 17, 18 y 19 de la Ley 916 de 2004 “por la cual se
establece el Reglamento Nacional Taurino”, sobre la previa comunicación al
órgano administrativo en las plazas permanentes contenidas. De otra parte,
declaró inexequible la expresión “que requiera autorización previa”
contenida en los artículos 17 y 18[46]
de la misma ley, en razón a que “se estaría imponiendo un estándar de
cumplimiento de requisitos legales menos rigurosos, en el caso particular de
las corridas celebradas en plazas de toros permanentes”.
Análisis del parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016
23.  En el asunto de la referencia, la Corte debe
resolver sobre la constitucionalidad del parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley
1774 de 2016 “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84
de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras
disposiciones”, por los cargos formulados en las demandas estudiadas en
esta oportunidad.
Inicialmente,
esta Corporación en sentencia C-041 de 2017 resolvió:
“Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la
expresión ‘menoscaben gravemente’ prevista en el artículo 5º de la Ley 1774 de
2016, que adicionó el artículo 339A al Código Penal.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 3º previsto en el
artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339B al Código
Penal. Se DIFIEREN los efectos de esta decisión por el término de dos (2) años,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, para que el
Congreso de la República adapte la legislación a la jurisprudencia
constitucional”.
Sin
embargo, a través del auto 547 de 2018 se declaró la nulidad del numeral
segundo del referido fallo, por violación de la cosa juzgada constitucional según lo resuelto en la sentencia C-666 de 2010 reiterada en la sentencia
C-889 de 2012.
De tal forma,
se consta que el referido auto dejó incólume la decisión de exequibilidad
dispuesta en el ordinal primero de la sentencia C-041 de 2017 y, por ende,
corresponde a la Sala Plena proferir sentencia de reemplazo parcial en lo que
respecta al numeral segundo de la parte resolutiva de ese fallo, dada la
declaratoria de nulidad reseñada que habilita este pronunciamiento excepcional.
En esa medida, procede a resolver sobre la existencia de cosa juzgada respecto
del cargo de inconstitucionalidad dirigido contra el parágrafo 3º, artículo 5
de la Ley 1774 de 2016.
24.  El reproche promovido por la parte accionante se
funda en que la norma en mención desconoce el artículo 79 superior, es decir,
el deber de protección del Estado hacia los animales como integrantes del
medio ambiente, puesto que exceptúa del régimen penal las manifestaciones
enlistadas en el artículo 84 de la Ley 89 de 1989. Aduce que los animales
usados en tales actividades son seres vivos que padecen el dolor propiciado en
esas actividades, con la única finalidad de garantizar la diversión “a causa
del dolor y sufrimiento, maltrato y tortura a que son sometidos”.
Las intervenciones del Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Universidad Libre Bogotá, Facultad de Derecho,
solicitaron que se declarara la exequibilidad del precepto acusado.  Por su
parte, el ciudadano Sergio Manzano Macías y otras 8 personas que aducen actuar
en representación de colectivos ambientalistas y de defensa animal solicitaron
se declare la inexequibilidad.
El
Ministerio Público instó una declaratoria de exequibilidad de la norma
demandada. Reseñó que: i) si bien, en la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 de 2016
fueron incorporados preceptos encaminados a la protección animal, también
incluyeron excepciones al régimen sancionatorio como el rejoneo, el coleo, las
corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas
y las riñas de gallos; ii) el legislador cuenta con la facultad constitucional
para determinar las conductas exceptuadas del tipo penal de maltrato animal,
cuando se trata de actividades culturalmente arraigadas, “en atención a que
deben garantizarse las discusiones democráticas para que no se imponga una sola
visión del mundo o un único modo de vida en una sociedad plural”; y iii) la
sentencia C-666 de 2010 no constituye cosa juzgada constitucional en el
presente caso, al referirse a normas diferentes a la presente demanda, sin
embargo es precedente en materia de los límites constitucionales al deber de
protección animal.
25.  Ahora bien, sea lo primero aclarar el contexto
normativo de la disposición acusada previo efectuar un pronunciamiento de
mérito, para lo cual se procede con su transliteración:
“ARTÍCULO 5°. Adiciónese al Código Penal
el siguiente título:
TÍTULO XI-A:
DE LOS DELITOS CONTRA
LOS ANIMALES
CAPÍTULO ÚNICO
Delitos contra la vida, la
integridad física y emocional de los animales
Artículo 339A. El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal
doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la
muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física,
incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e
inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión,
oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de
cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Artículo 339B. Circunstancias de agravación punitiva. Las
penas contempladas en el artículo anterior se aumentarán de la mitad a tres
cuartas partes, si la conducta se cometiere:
a) Con sevicia;
b) Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren
en vía o sitio público;
c) Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia
de aquellos;
d) Cuando se cometan actos sexuales con los animales;
e) Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos
anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.
Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las
prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales
que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento,
mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción
de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente
aceptadas.
Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a
controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas,
no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.
Parágrafo 3°. Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7° de la
Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.”
A partir de tal contenido
normativo, se evidencia que el parágrafo 3º demandado hace parte de una
inclusión que efectuó la Ley 1774 de 2016 al Código Penal -Ley 599 de 2000-.
Efectivamente, se adicionó un título a la referida norma sustantiva, relativo a
los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales
que, en primer lugar, incorporó la consagración del tipo penal de maltrato
animal en el artículo 339A ejusdem. A continuación, se enlistaron las
causales de agravación punitiva -artículo 339B- y se fijaron algunas
excepciones a dicho régimen sancionatorio penal.
En tal contexto, el aparte
acusado enunció la no imposición de la pena determinada en la correspondiente
descripción típica con relación a las conductas incluidas en el artículo 7 de
la Ley 84 de 1989, es decir, el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas,
las corralejas, las becerradas y las tientas, así como las riñas de gallos.
26.  En relación con el artículo 7 de la Ley 84 de
1989, se advierte que en la sentencia C-666 de 2010, la Corte declaró su
exequibilidad condicionada a:
“1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación
legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las
actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí
contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir
protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de
esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de
1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de
entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el
futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2)
Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los
que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e
ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad;
3) que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se
han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén
autorizadas; 4) que sean estas las únicas actividades que pueden ser
excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los
animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar
dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva
de estas actividades”.
27.  Expuesto lo anterior, la Corte procede a analizar la norma
acusada frente a la cosa juzgada formal y material de lo resuelto en las sentencias
C-666 de 2010 y C-889 de 2012. En
primer lugar, corresponde determinar la existencia de identidad de objeto y
cargo, frente a la sentencia C-666 de 2010.
i)
Respecto del objeto demandado.
Encuentra la Sala que la
disposición examinada en esta oportunidad, primae facie, es diferente a
la analizada en el referido fallo. En efecto, la presente demanda se dirigió
contra el parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016 por medio del cual
se enlistaron comportamientos a los cuales no se impondría pena relacionados
con la conducta de maltrato animal; mientras que en esa ocasión se revisó el
artículo 7 de la Ley 84 de 1989, contentivo de unas actividades exoneradas de
las contravenciones dispuestas en el Estatuto de Protección Animal.
Empero,
la norma acusada hace una remisión al artículo 7 de la Ley 84 de 1989, para
determinar las expresiones culturales que están excluidas del tipo penal de
maltrato animal. Tal reenvío normativo constituye un elemento de juicio
relevante a la hora de determinar la identidad de objeto.
Si bien es cierto no se
trata del mismo tenor literal, pues el presente asunto versa sobre una norma
penal dispuesta en el parágrafo 3º del art. 5 de la Ley 1774 de 2016 y el fallo
en mención abordó la disposición contravencional consagrada en el art. 7 de la
Ley 84 de 1989, la Corte considera que la remisión normativa que efectúa la
primera respecto de la segunda, configura una igual finalidad en la norma
analizada en ambos asuntos[47].
Sobre el particular, en auto
547 de 2018, la Sala Plena manifestó que “[a]unque
se podría aducir que la remisión que se hace cambia el contenido de la norma,
ya que en últimas se exceptuarían dichas conductas de una sanción mucho más
drástica como la penal[48], el contenido de las excepciones es exactamente el mismo, ya que
se trata de las excepciones a las sanciones – contravencionales y penales – que
se derivan del maltrato animal y que tienen algún contenido cultural como el
rejoneo, el coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y
tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos
espectáculos”.
Por consiguiente, se colige
que existe identidad de objeto entre la norma acusada en la demanda de
la referencia y la disposición estudiada en la sentencia C-666 de 2010, sin
perjuicio de que se trate de textos diferentes, puesto que conforme a lo
indicado por la jurisprudencia, este cometido también se cumple cuando las disposiciones producen los
mismos efectos jurídicos[49], como ocurre
en el presente caso respecto de la determinación de las excepciones de maltrato
animal.
ii)
Ahora bien, en relación
con la uniformidad del cargo propuesto, se tiene que tanto en el
asunto bajo examen como en la sentencia C-666 de 2010, se invocó el
desconocimiento de la obligación estatal de velar por la protección del medio
ambiente y los seres que lo integran. De tal manera, como se expuso en el
cuadro consignado en los anteriores fundamentos jurídicos (supra 23), en los
dos asuntos se comparte el mismo sustento constitucional, esto es, el artículo
79 superior.
En esa medida, la Sala considera que se trata
de un cargo idéntico, en tanto presentan igual parámetro de control, es decir,
el deber de protección animal derivado del artículo 79 C. Pol.; y comparten
razones similares para sustentar la presunta vulneración, esto es, que se
infringe la referida obligación cuando se permite la realización de actividades
que ocasionan sufrimiento y dolor a los animales, considerados como seres
sintientes.
Con
fundamento en lo expuesto, la Corte concluye que se configura la cosa
juzgada material respecto al parágrafo 3º del art. 5 de la Ley 1774 de
2016, al existir un pronunciamiento previo sobre la constitucionalidad de las
excepciones allí consagradas en la sentencia C-666 de 2010, comoquiera que se
acredita la coincidencia de criterios en cuanto i) al contenido
normativo examinado que pese a obrar en diferentes disposiciones cuenta con los
mismos efectos jurídicos, y ii) el reproche constitucional
efectuado y el análisis realizado.
28.  Por otra parte, aclara la Corte que no ocurre lo mismo
con la sentencia C-889 de 2012, por cuanto la preceptiva acusada
en esa oportunidad se relaciona con la comunicación y autorización administrativa
de las autoridades locales para la realización de espectáculos taurinos y otras
manifestaciones culturales con animales. Asunto que difiere diametralmente del
objeto de la disposición examinada en el presente caso, la cual contempla las
excepciones a la penalización del maltrato animal. Bajo tales precisiones, es
evidente que ambas normas no comparten un objeto idéntico ni efectos jurídicos
afines.
Tampoco se observa similitud
de cargo, toda vez que la demanda estudiada en esta oportunidad invoca la
vulneración del deber de protección del medio ambiente y los animales, mientras
que en el fallo en mención la acusación se circunscribió a la violación de la
autonomía de las autoridades municipales o distritales en la autorización de
tales actividades culturales.
Si bien, esta sentencia
reiteró que la regulación e, incluso, la prohibición de las expresiones
culturales que traen inmersos actos con animales como el rejoneo, el coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, es de
exclusiva competencia del legislador en virtud del principio democrático[50], es dable concluir que este es
solo un precedente aplicable al presente asunto, sin que en momento alguno
pueda ser invocada la decisión allí adoptada como cosa juzgada constitucional,
por cuanto no se presenta la identidad de objeto ni de cargo exigida para tal
efecto por la jurisprudencia.
29.  En síntesis, analizada la concurrencia de los
presupuestos para acreditar la existencia de la cosa juzgada constitucional
respecto de las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012, la Corte identificó:
Caso sub examine
C-666 de 2010
C-889 de 2012
Objeto
Parágrafo 3º del art. 5º de la Ley
1774 de 2016 que dispone:
“Quienes adelanten las conductas
descritas en el art. 7 de la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas
previstas en la presente ley”.
Si hay identidad de objeto
Art. 7º de la Ley 84 de 1989 que
establece:
“Quedan exceptuados de lo expuesto en
el inciso 1º. y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el
rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y
tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en
estos espectáculos.”
No hay identidad de objeto
Arts. 14 y 15 (parciales) Ley 916 de 2004
“Artículo 14. Requisitos para la celebración de espectáculos
taurinos. La celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa
comunicación al órgano administrativo competente o, en su caso, la previa
autorización del mismo en los términos previstos en este reglamento.
Para la celebración de espectáculos
taurinos en plazas permanentes bastará únicamente, en todo caso, con
la mera comunicación por escrito. En las plazas no permanentes será
necesaria la autorización previa del órgano administrativo competente.
La comunicación o la solicitud de
autorización podrán referirse a un espectáculo aislado o a una serie de ellos
que pretendan anunciarse simultáneamente para su celebración en fechas
determinadas.
Artículo 15.
Documentación. Las solicitudes de autorización o las comunicaciones a que hacen
referencia los artículos anteriores se presentarán por los organizadores con
una antelación mínima de ocho días y en ella deberá expresarse lo siguiente:
(…)
Junto con las solicitudes o
comunicación se acompañará por el interesado los siguientes
documentos: (…)”.
Cargos
Desconocimiento del  deber
constitucional de protección animal, la calidad de seres sintientes de
los animales y la indefensión en que se encuentran aún bajo el principio de
diversidad cultural.
Si hay identidad de cargo
Vulneración de los artículos 1, 4, 8,
12, 58, 79, 95 numeral 8º y 313 C. Pol., que contienen el deber de
protección a los animales en el marco de la  protección del medio
ambiente.
No hay identidad de objeto
Infracción de los arts. 1º, 7º, 136,
287, 311 y 313 C. Pol., que contienen la autonomía de las entidades
territoriales.
30.  Finalmente, la Corte no desconoce que el examen
de constitucionalidad de una norma contravencional[51] -de tipo prohibitivo- debe ser
más flexible debido al margen de discrecionalidad que se permite a la
administración en la aplicación de tales disposiciones. En contraposición, el
juicio de control abstracto sobre una norma penal supone un análisis más
riguroso en tanto compromete la libertad del individuo y dado su carácter de ultima
ratio[52].
Al respecto, este Tribunal ha considerado que es desproporcionado
e irrazonable y, por tanto, contrario al régimen superior, asignar un
tratamiento más riguroso a la contravención que al delito[53], situación que
indefectiblemente irradia el alcance de la intervención del juez constitucional[54].
Bajo tal
contexto, se destaca que si el resultado del control de constitucionalidad del
contenido normativo de carácter contravencional fue la exequibilidad
condicionada del artículo 7º de la Ley 84 de 1989, toda vez que la regulación o
prohibición de las actividades que traen inmersos actos con animales como el
rejoneo, el coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y
tientas, es de exclusiva competencia del legislador en virtud del principio
democrático; a fortiori procede igual razonamiento tratándose de una
proposición jurídica de tipo permisivo que excluye de punibilidad tales
conductas, como ocurre en el presente caso. Así como en la sentencia C-666 de
2010, se efectuó una invitación para avanzar en la protección de tales seres
sintientes por parte de esa rama del poder público bajo las directrices allí
impartidas, en esta oportunidad la Corte reitera que la adopción de normas
de contenido permisivo o prohibitivo en esta materia compete exclusivamente al
Congreso de la República, como máximo garante del principio democrático.
31.  Conforme a lo expuesto, la Corte
resolverá estarse a lo resuelto en la sentencia C-666 de 2010, por haberse
configurado la cosa juzgada material respecto al parágrafo 3º del artículo 5 de
la Ley 1774 de 2016, el cual declarará exequible de manera condicionada en los
términos referidos en dicho fallo.
Se
recuerda que en esa providencia se avaló la realización de prácticas como el rejoneo, el coleo, las
corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y tientas,
así como las riñas de gallos y los procedimientos asociados a la realización de
estos espectáculos -enlistados en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, Estatuto
Nacional de Protección de los Animales-, en los lugares donde se desarrollen en
las condiciones de tiempo, modo y lugar asociadas a la tradición, pues en
dichas circunstancias esos espectáculos -que implican afectación del bienestar
de los animales- se ajustan a la Constitución pues se justifican a la luz de la
obligación de salvaguarda de las expresiones culturales (arts. 2, 7, 8, 70 y 71
C. Pol.)[55],
contexto en el cual se declaró la exequibilidad condicionada de la norma.
Adicionalmente, la Corte
determinó que la competencia para la eventual proscripción de las expresiones
culturales que impliquen maltrato animal debía disponerla el legislador,
pues esta decisión debe adoptarse en un escenario democrático y pluralista,
donde se discuta la relación adecuada entre la salvaguarda de las expresiones
culturales propias de la tradición cultural y la protección de los animales[56].
Conclusión
32.  En esta oportunidad, la Corte advierte que la norma acusada
en la demanda de la referencia -parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1774 de
2016- y la disposición estudiada en la sentencia C-666 de 2010 -artículo 7º de
la Ley 84 de 1989-, cuentan con identidad de objeto y de cargo. En efecto,
ambas persiguen la inexequibilidad de sendas normas que incorporan actividades
exceptuadas del régimen sancionatorio por maltrato animal -penal y
contravencional-; aunado a que comparten el cargo formulado relacionado con el
desconocimiento del deber del Estado de protección del medio ambiente y de los
animales, contemplado en el artículo 79 superior. En esa medida, existe cosa
juzgada constitucional de carácter material frente a la norma demandada, con
ocasión de lo decidido en la sentencia C-666 de 2010 que declaró la
constitucionalidad condicionada del artículo 7º de la Ley 84 de 1989.
33.  En torno a la sentencia C-889 de 2012, se
observa que pese a que constituye un precedente en la materia al haber
reiterado que únicamente el legislador puede llegar a
regular estas prácticas, no se reunieron los presupuestos necesarios a fin de
declarar la existencia de cosa juzgada respecto de este fallo, al no
comprobarse la similitud de objeto y reproche constitucional.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
ESTARSE
A LO RESUELTO en la sentencia C-666 de 2010, que declaró la exequibilidad
condicionada del artículo 7º de la Ley 84 de 1989 y, en consecuencia, declarar EXEQUIBLE,
en los términos de la mencionada sentencia, el parágrafo 3º del artículo 5º de
la Ley 1774 de 2016, bajo el entendido:
1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación
legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las
actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí
contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir
protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de
esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de
1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de
entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el
futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2)
Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los
que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e
ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad;
3) que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se
han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén
autorizadas; 4) que sean estas las únicas actividades que pueden ser
excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los
animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar
dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva
de estas actividades.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con impedimento
aceptado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA C-133/19
Referencia:
Expedientes D-11443 y D-11467
Demandas de
inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 1774 de 2016, “por medio de
la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el
Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”
Magistrados
Ponentes:
José
Fernando Reyes Cuartas
Antonio
José Lizarazo Ocampo
Una
sentencia de reemplazo desafortunada para seres
humanos y animales no humanos
1. Con el
respeto acostumbrado por las decisiones adoptadas por la mayoría de la Sala
Plena de la Corporación me aparto de lo resuelto en la Sentencia C-133 de 2019[57], que estimó constitucional no sancionar
como delito contra la vida e integridad física y emocional de los animales las
prácticas de rejoneo, coleo, corridas de toros, entre otras, cuando se
realicen bajo las circunstancias expresadas en la Sentencia C-666 de 2010[58]. Esto con ocasión de la acción interpuesta
contra el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016[59].
La Sala Plena
argumentó que con anterioridad a esta demanda se había pronunciado sobre la
posibilidad de que tales actividades se adelanten sin reproche del Estado, en
la Sentencia C-666 de 2010, y, por lo tanto, se atuvo a lo resuelto en tal
oportunidad, en aplicación de la figura de la cosa juzgada material.
2. En mi
concepto, la decisión de la mayoría es equivocada por tres motivos. El primero,
porque fue proferida luego de declarar una nulidad que no era procedente
respecto de la Sentencia C-041 de 2017[60].
El segundo, porque afecta la competencia del Legislador en materia penal, el
principio de legalidad y, en últimas, el derecho a la libertad personal. Y, el
tercero, debido a que no resolvió el problema jurídico que demandaba este caso,
omitiendo avanzar en el deber de protección animal. A continuación expongo cada
uno de estos argumentos.
(i) La
Sentencia C-133 de 2019 reemplazó una providencia que era irreemplazable
3. La Sentencia C-133 de 2019[61]
resolvió la demanda D-11467, interpuesta por la ciudadana Juliana Marcela
Chahín del Río contra una norma que dispuso no sancionar  penalmente el
maltrato animal involucrado en prácticas tales como el rejoneo, coleo y
corridas de toros[62]. Sin
embargo, esta acción había sido ya resuelta en la Sentencia C-041 de 2017[63]. ¿Por qué, entonces, se profirió la
Sentencia C-133 de 2019? Lo anterior fue debido a que la Corte Constitucional
consideró en el Auto 547 de 2018[64] que
este Tribunal había incurrido en una causal de nulidad en el pronunciamiento de
2017, por lo cual lo dejó sin efectos[65] y, en
consecuencia, era necesario que se emitiera una nueva providencia.
4. En el citado Auto se afirmó
que, como lo manifestaron quienes solicitaron la nulidad[66], en
la Sentencia C-041 de 2017 se incurrió en desconocimiento de la cosa
juzgada formal. Al respecto, sostuvo la mayoría de la
Sala Plena que:
“…tuvieron razón
los solicitantes en que se vulneró la cosa juzgada constitucional de carácter
formal, ya que en el numeral segundo de la sentencia C-041 de 2017 no
solo se desconoció la permisión dispuesta en la sentencia C-666 de 2010 para la
realización de expresiones culturales que conllevan maltrato animal en
condiciones de arraigo y tradición, sino también la definición que en esa misma
providencia hizo de la competencia del legislador para disponer la prohibición
de las mismas.” (resaltado fuera de texto).
5. De la anterior determinación
me separé porque, a mi juicio, la Sentencia C-041 de 2017 no estaba incursa en
el mencionado error. La exposición detallada de los motivos para disentir la
realicé en el salvamento de voto que titulé: “Confusión entre
cosa juzgada y precedente: un mal precedente para la cosa juzgada”; no
obstante, es necesario retomar uno de dichos argumentos.
La nulidad de las sentencias
emitidas por la Corte Constitucional es excepcional, por lo cual, de un lado,
la solicitud está sometida a unas cargas específicas de procedencia y de
argumentación y, del otro lado, la competencia de este Tribunal se sujeta a las
razones expuestas por quien promueve el incidente. En el caso concreto, en
consecuencia, si la solicitud de nulidad contra la Sentencia C-041 de 2017 se
invocó por el presunto desconocimiento de la cosa juzgada formal, la Corte
debía verificar específicamente dicho cargo; y, en efecto, así presuntamente lo
hizo y procedió a declarar su configuración en el Auto 547 de 2018. Mi postura,
sin embargo, tuvo por objeto advertir que, en el fondo, la mayoría no declaró
una cosa juzgada formal, sino material, con lo cual desconocía la
autorrestricción que tiene la Sala Plena al resolver este tipo de peticiones.
6. Este exceso al resolver la
petición de nulidad se pone de manifiesto ahora en la Sentencia C-133 de 2019,
dado que en esta se afirma que lo que se configuró fue el fenómeno de la cosa
juzgada material y no formal[67], con lo cual se prueba que el
Auto 547 de 2018 sí constituyó un ejercicio oficioso sobre decisiones previas
de la misma Corporación en sede de control abstracto; y que, en consecuencia,
es un mal precedente para el alcance de muchas de las instituciones construidas
a lo largo de su jurisprudencia por esta misma Corporación, como la de la
nulidad de las decisiones adoptadas por la Sala Plena y, por supuesto, la de la
cosa juzgada constitucional.
7. En conclusión, la Sentencia
C-133 de 2019 se profirió para reemplazar una Sentencia que era irremplazable,
por no estar afectada por el motivo de nulidad que fue propuesto por quienes
promovieron el incidente resuelto en el Auto 547 de 2018, ni por nungún otro
reparo, como a continuación se explicará.
(ii) La
Sentencia C-133 de 2019 reemplazó al Legislador y afectó la libertad personal
8. En la Sentencia C-133 de 2019
la mayoría defendió que el problema jurídico que debía analizar se había
resuelto previamente en la Sentencia C-666 de 2010, por lo cual concluyó que se
configuraba la cosa juzgada material. En mi concepto esto no es acertado, dado
que es diferente valorar una excepción en materia contravencional a una
excepción en materia sancionatoria penal[68].
8.1. Volviendo al estudio de la
decisión adoptada en el año 2010[69], el
cuestionamiento que realizó este Tribunal en ese momento consistió en
establecer si, pese a considerarse el maltrato animal como una contravención, era
válido -al amparo del mandato previsto en el artículo 79 de la Constitución
Política- excepcionar de tal reproche el maltrato dado en el contexto de prácticas
de rejoneo, coleo, corridas de toros, entre otras (excepciones
previstas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989).
En esa ocasión se efectuó una
adecuación entre la garantía a las expresiones culturales y el deber de
protección animal -cuyo déficit era claro con la medida legislativa analizada-,
concluyendo que era razonable no sancionar como contravención las referidas
actividades solamente en aquellos casos en los que se cumplieran una serie
de condiciones (circunstancias que más adelante retomaré).
8.2. En la demanda que se
resolvió en la Sentencia de la que ahora me separo, la Corte debía preguntarse
si era permitido que el Legislador, luego de considerar la afectación a
la vida e integridad física y emocional de los animales como delito[70], estableciera que el maltrato en el
marco de las prácticas previstas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 era
válido, esto es, no fuera sancionado penalmente (permisión establecida en
el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016).
8.3. Aunque la pregunta parece
similar, el escenario de aplicación de cada una de las normas estudiadas es,
sin duda, disímil; diferencia que se evidencia en el hecho de que existen
principios, como el de legalidad, que no se aplican -por lo menos con la misma
intensidad- en materia contravencional, en comparación con el ámbito penal. Por
lo anterior, afirmar una cosa juzgada material no era solo improcedente sino
problemático.
9. La primera dificultad del
estudio de constitucionalidad del parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1774 de
2016, objeto de análisis en la Sentencia C-133 de 2019, era la siguiente: ¿a
qué se refirió el Legislador cuando afirmó que no se sancionarían penalmente “las
conductas descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989”?
10. La respuesta de la mayoría de la Sala Plena puede reescribirse
de la siguiente manera.
La remisión
puede indicar una de las siguientes dos cosas:
10.1. Que las conductas son el rejoneo, coleo, corridas de toros y las demás allí previstas de manera
simple; o,
10.2. Que las conductas son el rejoneo,
coleo, corridas de toros y las demás allí previstas pero con el
condicionamiento aplicado en la Sentencia C-666 de 2010.
Y la respuesta,  por virtud de la aplicación de la cosa
juzgada material, consistió en que:
10.3. La única lectura constitucional a la
norma demandada (por eso la decisión es condicionada) es la segunda, esto es,
que las prácticas que no configuran delito son aquellas que se llevan a cabo
atendiendo a las circunstancias previstas en el pronunciamiento del 2010.
11. ¿Esto qué implica? A mi juicio, tal decisión implica una
interferencia en la competencia democrática del Legislador en materia penal,
con una evidente lesión: (i) al principio de legalidad penal y (ii) a la
libertad personal. Me explico a continuación.
11.1. A partir de lo resuelto en la Sentencia C-113 de 2019 no se
configura un delito contra la vida e integridad física y emocional de los
animales cuando quiera que, por ejemplo, en una corrida de toros:
(i) el animal reciba “protección especial contra el sufrimiento y el dolor” y “siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro
las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación
entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna”; (ii) la
corrida se desarrolle “en aquellos municipios o distritos en los que las
mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida
y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad”; (iii) la
corrida se realice “en aquellas ocasiones en las que usualmente se han
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas”;
(iv) se entienda que “estas las únicas actividades que pueden ser
excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los
animales”; y, (v) “las autoridades municipales en ningún caso podrán
destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización
exclusiva de estas actividades.”[71]
En mi concepto, una descripción como la expuesta no satisface la
necesidad de que exista una determinación clara y precisa de las circunstancias
en las que una conducta de maltrato da lugar a una infracción penal. No permite
diferenciar lo que es permitido de lo que es prohibido. Así, por ejemplo, ¿cómo
entender la obligación de eliminar o morigerar a futuro las conductas
especialmente crueles para efectos de determinar, en un año, por
ejemplo, qué está penalizado?, ¿es probable que aquello que constituya delito
ahora, bajo el mismo condicionamiento no lo sea en dos años?
Estas y otras indeterminaciones que origina la Corte con su
Sentencia conceden un margen de apreciación demasiado amplio a los jueces
penales y, por lo tanto, afectan el principio de legalidad en materia penal y,
en últimas, la protección de la libertad individual de las personas, pues no es
claro lo que pueden hacer en el marco de dichas actividades para efectos de no
ser sancionados a través del derecho penal.
11.2. Además de lo anterior, y evidenciando aún más la afectación a
la libertad individual, la Sentencia C-133 de 2019 amplió los eventos en los
que es sancionado penalmente el maltrato animal en el marco de las actividades de rejoneo, coleo, corridas de toros, entre otras. Así, pese a que
podía entenderse que el Legislador había querido excluir de sanción penal todos
los eventos de maltrato en las referidas actividades (párafo 10.1, supra),
la mayoría de la Corte consideró que la única lectura posible (por eso la Sentencia
es condicionada) era la que afirmaba que no eran todos los eventos, sino solo
los que cumplían con las condiciones de la Sentencia C-666 de 2010.
Esto es, ante la duda acogió la interpretación más restrictiva para
la libertad personal, pues era claro que sin la intervención de la Corte una
aplicación literal de la disposición demandada excluía de sanción penal el 100%
de los casos en los que se adelantaran prácticas de rejoneo, coleo, toreo,
entre otras. Así, antes de la Sentencia C-133 de 2019 un torero “x” que llevara
a cabo una corrida de toros en el Amazonas (lugar en el que esta práctica no
tiene arraigo[72]) no
debía ser objeto de sanción; luego de dicha Sentencia, ese mismo torero en el
Amazonas sí sería sujeto de aplicación de sanción, por orden de una sentencia
de este Tribunal y no por decisión expresa, clara e inequívoca del Congreso de
la República.
12. En este sentido, es claro que la Corte Constitucional interfirió
en una competencia del Legislador sin dar cuenta de las razones por las cuales
lo hizo -pues su anáisis, de hecho, se restringió a establecer que había cosa
juzgada sin referirse al principio de legalidad-, en una materia en la que
estaba de por medio la garantía de la libertad.
En estos términos, la mayoría, luego de verificar que una permisión
absoluta de las prácticas en estudio es inconstitucional
(interpretación propuesta en el párrafo 10.1, supra), corrigió
la norma de una manera que valoro errada, pues trajo el remedio que había
aplicado en un caso similar, el resuelto en el año 2010, a un asunto en el que
plantea varios problemas, dado que el principio de legalidad en materia penal
es mucho más intenso que en materia contravencional y, por lo tanto, el asunto
que ahora debía resolverse exigía ponderaciones diferentes a las que se
realizaron en el pasado. Pero, además, estimo que el condicionamiento del año
2010 era insuficiente en términos de protección animal, dado que, tras casi una
década, la regla de la Corte Constitucional en este tipo de casos debe ser la
prohibición absoluta de este tipo de prácticas de maltrato animal, las cuales
no pueden manetenerse por más tiempo -ni siquiera- a partir de una
justificación cultural, como aquellas relacionadas con el toreo.
(iii) La
Sentencia C-133 de 2019 reemplazó el problema jurídico propuesto en la demanda,
omitiendo avanzar en materia de protección animal
13. Desde mi perspectiva, la Sala
Plena al emitir este fallo de reemplazo no atendió el problema jurídico que
exigía la demanda, pues hacerlo precisaba de un estudio que culminara con una
medida judicial que no desconociera: los deberes hacía los animales, las
garantías penales y la competencia del Legislador en esta última materia.
Esta adecuación entre mandatos
constitucionales, observo, fue abordada en la Sentencia C-041 de 2017, que, sin
razón objetiva -como lo he ya advertido- fue anulada. De la posición expuesta
en dicha oportunidad, por considerarla adecuada, destaco que se hayan tenido en
cuenta los avances normativos, jurisprudenciales y de derecho comparado para
fortalecer y dotar de un contenido más claro la protección de los animales en
el marco constitucional, haciendo efectivo el mandato de progresividad[73].
14. Así, esta Corporación ha
venido reconociendo que, con fundamento en el principio de solidaridad y a
partir de la protección del medio ambiente y de la dignidad humana, existe un
deber de protección animal y, en consecuencia, una prohibición de maltrato.
Esta línea ha tenido como presupuesto básico la consideracion de los animales
como seres sintientes, con un valor intrínseco individual[74]. En
la misma dirección, el Legislador ha dado pasos importantes al prohibir el uso
de animales silvestres en circos fijos e itinerantes[75] y al
reconocerles la condición de sintiencia[76], penalizando el
maltrato que afecta su vida o su integridad física o emocional[77]. En
el ámbito internacional, el avance en el Derecho también es significativo,
evidenciándose que algunos ordenamientos han viabilizado, por ejemplo, la
protección del derecho a la libertad animal de algunas especies, a través de la
garantía del hábeas corpus[78].  Por último, no pueden
desconocerse los aportes que, por ejemplo, desde la teoría jurídica y la
filosofía del Derecho han realizado diferentes autores, así como las pruebas
que desde la etología, entre otras áreas, muestran a partir del comportamiento
de los animales las capacidades que le pertenecen a las diferentes especies.
15. Estas reflexiones, en
consecuencia, permitían concluir que el déficit de protección animal de la
disposición demandada era mucho más fuerte o intenso que aquél observado en el
año 2010, pues desde aquella época se ha venido consolidando un estandar que
exige, salvo circunstancias excepcionales, el rechazo al maltrato. Por esto,
también considero que no era pertinente la aplicación en este caso de los
condicionamientos fijados en aquella oportunidad.
¿Qué solución, entonces,
era la constitucionalmente adecuada?
16. Si (i) la disposición
demandada podía interpretarse en el sentido en que el Legislador permitía todas
las actividades de rejoneo, coleo, taurinas, entre otras, sin sanción, con
un claro desconocimiento de la prohibición de maltrato animal, y (ii)
no era viable a la Corte asumir el papel de configuración legislativa en
materia penal (con las consecuencias negativas advertidas en el anterior
acápite), la decisión que debió adoptarse era la de inexequibilidad.
17. ¿Cómo compatibilizar lo
anterior con la competencia del Legislador en materia penal? Al respecto,
considero que la solución propuesta en la Sentencia C-041 de 2017 trataba de
solucionar este aspecto, al decidir que la inexequibilidad tendría efectos
diferidos, por dos (2) años, tiempo dentro del cual el Legislador debía ajustar
la excepción prevista en la norma demandada a la jurisprudencia constitucional.
Este remedio, por lo tanto, sí atendía a los reparos formulados en la demanda y
partía de un análisis que valoraba todo aquello que debía tenerse en cuenta.
Adenda
Aunque podrían imaginarse otras
soluciones viables, que armonicen los principios en conflicto, he tratado de
mostrar cómo la Sentencia C-133 de 2019 reemplazó una decisión que, en mi concepto,
no debió anularse por encontrarse en el cauce constitucional correcto. La
Sentencia C-041 de 2017 sí tomaba en serio el compromiso de justicia de los
seres humanos con los animales no humanos, pues atendía dos aspectos
principales: el primero, el mandato claro existente sobre el avance que debe
darse en esta materia para eliminar el maltrato animal injustificado y,
segundo, el valor intrínseco de tales sujetos a partir de su sintiencia, que
exige ir ajustando nuestras expresiones culturales asociadas con animales a
prácticas de respeto y consideración. Con la actuación de la Corte al anular la
providencia del 2017 y, luego, expedir la providencia de la que me separo, se
privó a la sociedad en general de una lectura más digna del ser humano frente a
otros seres que, no solo por compasión, sino por su propio estatus moral, deben
ser considerados y tener un lugar en el Derecho.
Además, con esta decisión de reemplazo,
la Sala Plena asumió la labor del Legislador, pues adicionó al enunciado
demandado un conjunto de condiciones para determinar en qué casos el maltrato
animal allí previsto no se exceptúa de la sanción penal, actuación que adelantó
sin dar cuenta con suficiencia de la razón por la cual esta interferencia era
aceptable, máxime cuando, materialmente, con tal decisión amplió los eventos de
penalización (párrafo 11.2, supra), y agregó tal indeterminación a la
norma que no son claras las circunstancias en las que las conductas serán
castigadas ni, bajo la misma norma, si aquello que hoy no es reprochable lo
será, por ejemplo, en un año (párrafo 11.1, supra). Por estas dos
últimas precisiones, en consecuencia, estimo que lo resuelto por la Corte es
lesivo del derecho a la libertad personal, pues precisamente por la garantía de
este principio fundamental es el Congreso de la República quien debe, en
primera instancia y salvo situaciones plenamente justificadas, configurar los
delitos y, además, hacerlo de manera tan clara y precisa que todos los
ciudadanos tengan la certeza de qué les es permitido realizar, para evitar que
la protección de dicho bien tan preciado en Democracia caiga en la definición
del caso a caso, a partir de una valoración del juez penal que, sin duda bien
intencionada, no tenga lineamientos ciertos de aplicación.
En conclusión, la Sentencia C-133 de
2019 no protegió adecuadamente ni a los seres humanos ni a los animales no
humanos.
En los anteriores términos dejo
expuestas las razones que justifican mi decisión de salvar el voto a la
Sentencia C-133 de 2019.
Fecha
ut supra
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1]
Auto de 5 de julio de 2016.
[2]
Las intervenciones del Ministerio de Defensa Nacional, la
Asociación Defensora de Animales y del Ambiente, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca y la Universidad del Norte no fueron incluidas en el
presente acápite por cuanto versaron exclusivamente sobre el aparte demandado
en el expediente D-114443, el cual no es objeto del presente pronunciamiento.
[3]
Erika Johana Guzmán Torres (Fundación Bogotá Adopta FUBA), Eduardo Peña Garzón
(Animal Defenders International - ADI), Carlos Alberto Crespo Carrillo
(Fundación Resistencia Natural – REN Por una Cultura de Liberación Animal),
María Constanza Moreno Acero (Federación de Entidades Defensoras de Animales y
del Ambiente de Colombia), Deyanira Mateus Fuentes (Animal Defenders
International - ADI), Andrea Hurtado Lozano (Equipo Bogotá por los Animales),
Ludwig Daniel Dorado Martin  (Equipo Bogotá por los Animales) y Felipe Andrés
Soler Pulido (Nodo Duitama).
[4]
Intervención presentada el 3 de agosto de 2016, cuando el
término de fijación en lista del presente asunto venció el 29 de julio.
[5]
Intervención presentada el 1º de agosto de 2016.
[6]
Ibídem.
[7]
Intervención presentada el 4 de agosto de 2016.
[8]
“Quienes adelanten
las conductas descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 no serán objeto
de las penas previstas en la presente Ley”.
[9]
Argumentos reiterados en la sentencia C-064 de 2018.
[10]
Sentencia C-310 de 2002. Cfr.
Sentencias C-516 de 2016 y C-096 de 2017.
[11]
Cfr. sentencias C-153 de 2002,
C-505 de 2002, C-1055 de 2004, C-007 de 2016, C-298 de 2016, C-516 de 2016,
C-096 de 2017 y C-312 de 2017, entre otras.
[12]
Sentencias C-310 de 2002. Cfr. C-113 de 1993, C-301 de 1993,
C-037 de 1996, C-516 de 2016 y C-096 de 2017.
[13]
Sentencias C-310 de 2002, C-538 de 2012, C-073 de 2014, C-572
de 2014, C-674 de 2016, C-007 de 2016, C-516 de 2016, C-096 de 2017 y C-312 de
2017.
[14] En sentencia C-007 de 2016 se indicó “existirá cosa juzgada
formal cuando la decisión previa de la Corte ha recaído sobre un texto igual al
sometido nuevamente a su consideración”.
[15] Cfr. Sentencias C-310 de 2002, C-178 de 2014, C-007 de 2016, C-516 de 2016 y  C-190 de 2017.
[16]
Sentencia C-774 de 2001.
[17]
Sentencia C-489 de 2000.
[18]
Sentencia C-565 de 2000.
[19]
Sentencia C-543 de 1992.
[20]
Sentencias C-228 de 2015 y C-008 de 2017.
[21] Sentencias C-532 de 2013; C-287 de 2014; y C-427 de 1996, entre
muchas otras.
[22]
Sentencia C-228 de 2015.
[23]
Sentencia C-583 de 2016 citando las sentencias C-427 de 1996 y sentencia C-1064
de 2001.
[24] Sentencia C-008 de 2017.
[25]
Ibídem.
[26] Cfr. Sentencias C-153 de
2002, 310 de 2002, C-829 de 2014, C-516 de 2016 y C-096 de 2017. Esta
Corporación ha distinguido entre disposición y norma:
la primera corresponde al texto en que es formulada como el artículo, el inciso
o el numeral, en tanto la segunda concierne al contenido normativo o la
proposición jurídica (C-096 de 2017 y C-312 de 2017).
[27] La
jurisprudencia ha aclarado que “Una vez reproducida la norma exequible,(…)
el fallo anterior implica un precedente frente al cual la Corte Constitucional
tiene varias opciones (…). La primera, es respetar el precedente, garantizando
la preservación de la consistencia judicial, de la estabilidad del derecho, de
la seguridad jurídica, del principio de la confianza legítima y de otros
valores, principios o derechos protegidos por la Constitución y ampliamente
desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte (…). Cuando la Corte opta por
esta alternativa, decide seguir la ratio decidendi anterior, mantener
la conclusión que de ella se deriva, estarse a lo resuelto y, además, declarar
exequible la norma demandada (…). Otra alternativa, es que la Corte llegue a la
misma conclusión de su fallo anterior pero por razones adicionales o
diversas. \\ La segunda posibilidad que tiene la Corte, es apartarse del
precedente, asumiendo la carga argumentativa que la obliga a justificar por
medio de ‘razones poderosas’ que respondan a los criterios que también ha
señalado la Corte en su jurisprudencia, que el cambio se hace para evitar la
petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores (…). Ha dicho
esta Corporación que los efectos de la cosa juzgada material de un fallo de
exequibilidad son específicos (…) y se enmarcan dentro de la doctrina
sobre precedentes judiciales que garantiza la interpretación de la Constitución
como un texto viviente (…).”. Cfr. Sentencia C-007 de 2016.
[28] En sentencia
C-096 de 2017, la Corte indicó: “En el caso de la cosa juzgada material en
la que la norma fue declarada inexequible, la Corte debe estarse a lo
resuelto y declarar inexequible la norma ahora controlada: por
contrariar el inciso 2 del artículo 243 de la Constitución Política, si la
norma fue expedida con posterioridad a la notificación de la sentencia cubierta
de cosa juzgada, al desconocer la prohibición constitucional de reproducción de
normas inexequibles y por ser contraria al inciso 1 del mismo artículo,
como proyección de la cosa juzgada constitucional, si la norma fue expedida con
anterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad, ya que en este caso no
se puede hablar de una reproducción de la norma inexequible. Si la
decisión fue de exequibilidad (…) de acuerdo con la sentencia C-516 de 2016, el
nuevo pronunciamiento deberá ser estarse a lo resuelto. (…) ‘en el caso de
las sentencias de constitucionalidad condicionada la cosa juzgada tiene como
consecuencia, entre otras posibles, que la interpretación excluida del
ordenamiento jurídico (norma) no puede ser objeto de reproducción o aplicación
en otro acto jurídico. Adicionalmente en los supuestos en los cuales la Corte
ha adoptado una sentencia aditiva la cosa juzgada implica que no se encuentra
permitido reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha
juzgado necesario adicionar’ [sentencia C-462/13]. Por
consiguiente, cuando se trata de una sentencia interpretativa (de
constitucionalidad condicionada), aditiva o sustitutiva y (…) [la] cosa juzgada
[es] material, la Corte deberá estarse a lo resuelto e introducir la misma
interpretación, adición o sustitución respecto del nuevo texto. Esto no quiere
decir, que la norma objeto de una sentencia interpretativa o integradora no
pueda ser objeto de nuevas demandas, pero por cargos o razones diferentes a los
ya considerados.”
[29]
Cfr. Sentencias C-310 de 2002 y
C-516 de 2016.
[30]
Ibídem.
[31]
Cfr. Sentencias C-505 de 2002 y
C-516 de 2016.
[32]
Sentencia C-007 de 2016.
[33] Sentencias C-287 de 2017, C-273 y C-007 de
2016, C-1076 de 2002 y C-551 de 2001.
[34]
Auto 547 de 2018.
[35]
Cfr. Sentencias C-007 de 2016, C-516 de 2016 y C-096 de 2017.
[36]
Cfr. Auto 066 de 2007, Auto 136 de 2014 y C-007 de 2016.
[37] En la sentencia
C-007 de 2016, la Corte exigió el cumplimiento de los siguientes
requerimientos: i) cuando se trate de la modificación formal de la Carta
Política o de disposiciones integradas al bloque de constitucionalidad, debe
explicarse el alcance del cambio y demostrar en qué sentido resulta relevante
para la validez constitucional de la norma acusada. ii) Tratándose de un cambio
del significado material del Estatuto Fundamental, apoyado en la doctrina de la
Constitución viviente, debe exponerse concretamente las razones que demuestran
una variación relevante del marco constitucional anterior. Es necesario
explicar la modificación efectuada al parámetro constitucional, expresar los
factores que acreditan dicha reforma y evidenciar la importancia del nuevo
entendimiento constitucional respecto de las razones de la decisión pasada.
iii) Para el caso del cambio del contexto normativo, existe la obligación de
explicar el alcance de la variación realizada y evidenciar la forma en que
afecta, de manera constitucionalmente relevante, el entendimiento de la
disposición nuevamente cuestionada.
[38]
Sentencias C-233 de 2014 y C-098 de 2017.
[39]
Sentencia C-482 de 2008. Cfr. C-849 de 2005 y C-874 de
2005.
[40]
Sentencia C-256 de 1997. Cfr. C-482 de 2008 y C-096 de 2017.
[41]
Sentencia C-233 de 2014.
[42]
Sentencia C-1404 de 2000.
[43] En la sentencia C-233
de 2014 se indicó que los motivos que justifican la extensión excepcional de la
competencia “son de doble naturaleza: lógica y constitucional. Lo primero,
porque las reglas de derecho que se han de aplicar al estudio de las objeciones,
se derivan, en no pocos casos, de otras reglas o principios más generales, no
mencionados en las objeciones, pero que resultan insoslayables para fundamentar
cualquier decisión. Lo segundo, porque dado que el mandato del artículo 241-8
superior califica las decisiones de la Corte en estos casos como definitivas,
si no se efectúa en ellas el análisis de constitucionalidad de los mencionados
temas conexos, éstos quedarán cobijados por el efecto de cosa juzgada
constitucional que se deriva de la decisión final sobre la objeción como tal y,
en consecuencia, ningún ciudadano podrá controvertirlos en el futuro”.
[44]
“Artículo 7: Quedan
exceptuados de lo expuesto en el inciso 1, en los literales a), d), e), f) y g)
del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, las
novilladas, corralejas, becerradas y tientas así, como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
[45] “Artículo 14. Requisitos para la celebración de espectáculos taurinos. La celebración de espectáculos
taurinos requerirá la previa comunicación al órgano administrativo competente
o, en su caso, la previa autorización del mismo en los términos previstos en
este reglamento.
Para la celebración de espectáculos
taurinos en plazas permanentes bastará únicamente, en todo caso, con la
mera comunicación por escrito. En las plazas no permanentes será
necesaria la autorización previa del órgano administrativo competente.
La comunicación o la solicitud de autorización
podrán referirse a un espectáculo aislado o a una serie de ellos que pretendan
anunciarse simultáneamente para su celebración en fechas determinadas.
Artículo 15. Documentación. Las solicitudes de autorización o las
comunicaciones a que hacen referencia los artículos anteriores se presentarán
por los organizadores con una antelación mínima de ocho días y en ella deberá
expresarse lo siguiente: (…)
Junto con las solicitudes o
comunicación se acompañará por el interesado los siguientes
documentos: (…)”.
[46] Analizados con ocasión de la integración de unidad normativa
efectuada en esa sentencia.
[47] Así, en auto 547 de 2018 la Sala
Plena afirmó que “existe identidad de objeto y cargos, en relación con la
Sentencia C-666 de 2010 y el numeral segundo de la Sentencia C-041 de 2017,
dado que aunque no se trata de las mismas normas, ya que en la Sentencia C-041
de 2017 el objeto de control de constitucionalidad se trataba de una norma
penal (artículo 5º -parcial – y parágrafo 3º de la Ley 1774 de 2016), y en la
C-666 de 2010 de una norma contravencional (artículo 7º de la Ley 84 de 1989),
la identidad objetiva se presenta con la remisión que se realiza en el
parágrafo 3º del artículo 339B de la Ley 1774 de 2016 a la Ley 84 de 1989 en
donde se terminan exceptuando conductas relacionadas con las mismas prácticas
declaradas exequibles, pero condicionadas, como “el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las
riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
[48] El artículo 10º señala que, “Los actos
dañinos de crueldad descritos en el artículo 6º de la presente ley, serán
sancionados con pena de arresto de 1 a 3 meses y multa de $5.000 a $50.000.
PARÁGRAFO.- Cuando como consecuencia del daño o acto cruel se produzca la
muerte o se afecte gravemente la salud del animal o éste quede impedido por
pérdida anatómica o de la función de uno o varios órganos o miembros o con
deformación grave y permanente, la pena será de arresto de 15 días a 4 meses y
multas de $10.000 a $100.000”. Por otra parte el artículo 11 señala que, “Cuando
uno o varios de los hechos sancionados en el artículo 6º, se ejecuten en vía o
sitio público, la pena de arresto será de 45 días a 6 meses y multas de $7.500
a $50.000”.
[49] Sentencias C-287 de 2017, C-273 y C-007 de
2016, C-1076 de 2002 y C-551 de 2001.
[50] En auto 547 de 2018 se manifestó
sobre el particular: “La cosa juzgada de esta decisión fue reiterada en la
Sentencia C-889 de 2012 que aunque se refiere a otra normas y cargos, se
basaron en la ratio decidendi de la Sentencia C-666 de 2010 en lo referente a
que únicamente el legislador puede llegar a regular estas prácticas incluso con
la posibilidad de prohibirlas, y teniendo en cuenta los condicionamientos
previstos en dicha decisión en atención al principio democrático.”
[51] La Corte ha considerado que en
relación con la diferencia entre delito y contravención que en la “legislación
se han calificado como delitos las conductas que se considera afectan los
bienes jurídicos de mayor importancia, o comportan una mayor lesividad para los
intereses protegidos, quedando las contravenciones limitadas a los hechos de
menor gravedad, o que vulneran derechos de menor relevancia. La decisión por
una u otra denominación, permite al legislador, entre otras cosas, establecer
procedimientos distintos, más breves en el caso de las contravenciones, fijar
un régimen sancionatorio proporcional a la entidad del bien jurídico tutelado,
etc.”. Cfr. Sentencia C-364 de 1996.
[52]
En sentencia C-226 de 2002, este Tribunal manifestó que “el Legislador tiene
un amplio margen de apreciación y una libertad de configuración para determinar
el contenido concreto del derecho penal, en desarrollo de la política criminal
del Estado, pero también que dichas decisiones legislativas deben sujetarse a
los principios establecidos por la Constitución. Esto explica por qué el
control que el juez constitucional ejerce sobre esas definiciones legislativas
es un control de límites, a fin de que el Legislador permanezca en la órbita de
discrecionalidad que la Carta le reconoce, esto es, que no incurra en
desbordamientos punitivos, pero que tampoco desproteja aquellos bienes
jurídicos que por su extraordinario valor, la Constitución excepcionalmente
haya ordenado una obligatoria protección penal. (…) La Corte ha concluido
entonces que ‘sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es
acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la
vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad
humanas’. Igualmente la Corte ha reiterado que el Legislador goza de
discrecionalidad para establecer penas diversas a distintos hechos punibles,
pero siempre y cuando ‘se fundamenten en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como,
la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión
que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en
el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros’”.
[53]
Sentencia C-226 de 2002. En sentencia C-364 de 1996 se indicó
sobre el particular: “De la confrontación realizada infiere la Corte que no
sólo se estableció la misma pena para el delito y la contravención, sino que se
asignó a esta última un tratamiento más gravoso que a aquél, lo cual resulta
desproporcionado e irrazonable. Si el legislador consideraba que la conducta de
hurto calificado, cuando el valor de lo apropiado es inferior a diez salarios
mínimos legales mensuales, es un hecho de menor transcendencia sociojurídica, y
lo calificó como contravención, debió ser consecuente con su valoración y, por
tanto, debió otorgarle un trato punitivo menos gravoso que el fijado para el
delito”.
[54] En este aspecto, la sentencia C-746 de 1998 refirió que “Hacer
más gravosa la situación de la persona incursa en una contravención, que la
dispuesta por la legislación penal para el delito de hurto, atenta contra el
derecho a la igualdad. Es más, avalar la constitucionalidad de la normatividad
analizada equivaldría a admitir que la legislación penal colombiana es mucho
menos severa con quienes hurtan bienes de gran valor, que con quienes, en
muchos casos llevados por apremiantes circunstancias familiares y personales,
se ven expuestos a la tragedia del delito.”
[55] Auto 547 de 2018.
[56]
En sentencia C-889 de 2012 también se afirmó que dicha
competencia es exclusiva del legislador ya que es el único titular del
poder de policía, es decir, de la facultad de “prever límites y condiciones
para el ejercicio de actividades ciudadanas, en aras de la protección del orden
público y la convivencia social”.
[57]
MM.PP. Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas.
[58]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[59]
El artículo 5 de la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el
Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento
Penal y se dictan otras disposiciones.”
[60]
MM.PP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván
Palacio Palacio. La anulación parcial de la Sentencia C-041 de 2017 se
efectuó a través del Auto 547 de 2018. MM.PP. Antonio José Lizarazo Ocampo y
José Fernando Reyes Cuartas.
[61]
MM.PP. Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas.
[62] Parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016.
[63] MM.PP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván
Palacio Palacio.
[64] MM.PP. Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes
Cuartas
[65]
Debo aclarar que en la Sentencia C-041 de 2017 se resolvieron dos demandas,
dirigidas cada una contra diferentes disposiciones de la Ley 1774 de 2016
(D-11443 y D-11467). Ahora bien, en el Auto 547 de 2018 se declaró la nulidad
respecto de la demanda formulada bajo el radicado D-11467, por lo tanto, fue
parcial.
[66] Este
pronunciamiento obedeció a una solicitud de los
ciudadanos Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan Pablo Osorio Marín, quienes
invocaron las siguientes razones de nulidad: (i) vulneración de la garantía del
juez natural; (ii) violación de la cosa juzgada constitucional formal por no
atender el precedente de lo resuelto en las sentencias C-666 de 2010,
C-889 de 2012, y el Auto 025 de 2015; (iii) vulneración de la garantía de
cosa juzgada constitucional, al extender jurisprudencialmente un tipo penal a
conductas no contempladas por el legislador; e (iv) inobservancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio.
[67] También
destaco que: mientras que en el Auto 547 de 2018 se sostuvo que en la Sentencia
C-041 de 2017 se había desconocido “la cosa juzgada constitucional con lo resuelto en las
Sentencias C-666 de 2010 reiterado en la Sentencia C-889 de 2012”; en la Sentencia C-133 de 2019 se afirmó que no
se evidenciaba lesión a la cosa juzgada respecto de la Sentencia C-889 de 2012,
sino solo respecto de la Sentencia C-666 de 2010.
[68]
Sobre la improcedencia de considerar configurada esta institución da cuenta
detallada el salvamento de voto que suscribí al Auto 547 de 2018.
[69]
A través de la cual se analizó la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley
84 de 1989, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia.”
[70] Con la Ley 1774 de 2016 el Legislador
decidió trascender a la esfera del derecho penal -ultima ratio- el maltrato
animal, estableciendo una pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36)
meses, entre otras consecuencias, a quien incurra en conductas que le causen a
“un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado”
la muerte o lesiones que afecten “gravemente su salud o integridad física”.
[71]
Todas las condiciones aquí mencionadas son las previstas en el condicionamiento
efectuado en la Sentencia C-666 de 2010.
[72]
Una de las circunstancias de lugar que se previeron en el condicionamiento
efectuado en la Sentencia C-666 de 2010.
[73]
Tal como advertí en el salvamento de voto al Auto 547 de 2018, por ejemplo, el
condicionamiento previsto en la Sentencia C-666 de 2010 evidencia una posición
jurisprudencial que expresa el imperativo de eliminar a futuro las prácticas
crueles incursas incluso en aquellas prácticas que aún están permitidas como
consecuencia de la protección a prácticas culturales.
[74]
Con posterioridad a la Sentencia C-666 de 2010, de esta línea hacen parte
importante las sentencias C-283 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-467
de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y, C-045 de 2019. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo.
[75]
Ley 1638 de 2013.
[76]
Es de advertir que este reconocimiento legal, fue posterior al realizado por esta
Corporación que, por lo menos desde el año 2010, ya se refería a tal estatus de
sintiencia a partir de los mandatos constitucionales.
[77]
Ley 1774 de 2016, de la que precisamente hace parte la disposición que analizó
a Corte Constitucional en la Sentencia C-133 de 2019.
[78]
Como sucedió en Argentina con los casos de la Chimpancé Cecilia y la Orangutana
Sandra.