T-534-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-534/13
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA PARTICULAR DEL SISTEMA
FINANCIERO Y ASEGURADOR-Reiteración
de jurisprudencia sobre su procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL
AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Frente a entidades particulares del sistema financiero
y asegurador
Todo
ciudadano está facultado para presentar acción de tutela, por sí mismo o por
interpuesta persona, con el fin de reclamar ante los jueces de la República la
protección inmediata de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados
o amenazados por acciones u omisiones de una autoridad pública, al igual que
por particulares encargados de la prestación de un servicio público o respecto
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. El
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que la estructura del
sistema financiero y asegurador se encuentra conformado por los
establecimientos de crédito (bancos incluidos), sociedades de servicios
financieros y de capitalización, entidades aseguradoras y por los
intermediarios de seguros y reaseguros. Por otra parte, las entidades
financieras, fijan los requisitos y condiciones de acceso y operación de
créditos, las tasas de interés, los sistemas de amortización, etc., y en esa
medida, son depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan.
Sus actos gozan de la credibilidad de los usuarios, a quienes  pueden colocar
en situación de indefensión, debido a la posición dominante en la que se
encuentran por la asimetría de la información financiera, situación que exige
al Estado controlar sus actividades y precaver cualquier abuso en que puedan
incurrir.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza jurídica
Con
respecto a la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, para esta
Corporación es indiscutible su carácter subjetivo, fundamental y exigible, por
cuanto en el Estado colombiano no solo es derecho fundamental aquél
expresamente reseñado como tal dentro de la Carta Política, sino también
aquellos que puedan adscribirse a normas constitucionales en las que se valoran
bienes jurídicos cardinales, como elementos merecedores de protección especial.
Incuestionablemente, la vivienda digna constituye elemento de trascendental
magnitud para la materialización y efectividad de la dignidad humana, a la cual
le es inmanente. Carecer las personas de un lugar decoroso de habitación, les
impide sobrellevar la pervivencia con intimidad, autoestima, conformación
familiar y protección, además de conllevar adicionales riesgos contra la salud a
consecuencia de la intemperie.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION
DESPLAZADA-Procedencia de la acción
de tutela
El
derecho a la vivienda digna, como fundamental que es, puede ser exigido por vía
de tutela, de acuerdo a su contenido mínimo, que debe comprender la posibilidad
real de gozar de un espacio material delimitado y exclusivo, en el cual la
persona y su familia puedan habitar y llevar a cabo los respectivos proyectos
de vida, en condiciones que permitan desarrollarse como individuos dignos,
integrados a la sociedad. En este sentido, la tutela del derecho fundamental a
la vivienda digna procede de manera directa, sin necesidad de apelar a la
conexidad, admitiendo la acción constitucional acorde con los requisitos
generales determinados al efecto. Con todo, no puede olvidarse que el derecho
fundamental a la vivienda digna está sujeto a un criterio de progresividad en
su cobertura, que permite que su ejecución siga parámetros de justicia distributiva,
debiendo priorizarse cuando se requiera con mayor apremio, por razones de edad
(niñez, senectud), embarazo y discapacidad, entre otras.
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD DE ENTIDAD FINANCIERA CON
POBLACION DESPLAZADA-Entidades deben
tener en cuenta situación económica por condición de vulnerabilidad, exclusión
y marginalidad de víctimas de desplazamiento
Las personas que han sido desplazadas, y por ende, son
víctimas de la violencia se encuentran en una especial condición de
vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella
situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas
garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos,
sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la
segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad
de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un
individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo
de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento
social. Es allí donde cobra importancia la observancia de parte de la sociedad
en general y de las entidades estatales del principio de solidaridad, pues con
él las relaciones sociales y jurídicas que surgen con personas en estas
condiciones deben observar características especiales que tengan en cuenta su
situación. Por esto, en virtud del principio de buena fe y del deber de
solidaridad las instituciones financieras tienen unas cargas cuando los
deudores se ven avocados a circunstancias de debilidad manifiesta, como es el
caso de las personas desplazadas por la violencia y siendo consecuentes con el
deber de solidaridad deben tener en cuenta la condición de desplazado y sus
condiciones económicas especiales.
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA PARTICULAR DEL SISTEMA
FINANCIERO Y ASEGURADOR-Caso en que
persona desplazada por la violencia solicita aclaración de obligación
hipotecaria y entidades desconocen los abonos realizados
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL USUARIO BANCARIO-Vulneración por abuso de posición dominante de entidad
financiera
La Sala observa que el caso bajo estudio se trata de
un presunto abuso de la posición dominante de las entidades financieras
acreedoras de la obligación hipotecaria que asumió la accionante cuando
adquirió el bien inmueble que actualmente es su vivienda. Igualmente se extrae
que la obligación hipotecaria fue cedida en varias oportunidades tanto por los
sujetos pasivos como por los mismos acreedores, pues es evidente que la
obligación inicial la concedió el Banco Hipotecario, luego pasó a Granahorrar
(hoy BBVA), luego a la Compañía Central de Inversiones S.A. y luego a la
Compañía de Gerenciamiento de Activos CGA, quienes además, contaban cada una
con un administrador de cartera distinto, los cuales no reconocieron los
acuerdos de pago suscritos, dado que aparecía como una obligación incumplida.
ENTIDAD BANCARIA-Debe brindar información financiera cierta, veraz y comprensible sobre
el estado de obligaciones financieras del cliente
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y VIVIENDA DIGNA DE LA
POBLACION DESPLAZADA-Orden a entidad
financiera realice un estudio histórico de obligación hipotecaria, teniendo en
cuenta abonos realizados y formule acuerdo de pago conforme a posibilidades
económicas, según principio de solidaridad
Referencia: expediente T-2.076.439.
Acción de tutela instaurada por Elicenia Díaz López
contra Granahorrar (luego BBVA), Central de Inversiones S.A., la Compañía de
Gerenciamiento de Activos CGA Ltda y otros.
Derechos fundamentales invocados: Vivienda digna,
salud, especial protección a las personas en situación de desplazamiento
forzado.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil trece
(2013).
La
Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Nilson Pinilla
Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido
la siguiente:
SENTENCIA
En
la revisión del fallo único de instancia proferido por el Juzgado Primero
Laboral de Neiva, dentro de la acción de tutela instaurada por Elicenia Díaz
López contra Granahorrar (posteriormente BBVA) y la Compañía de Gerenciamiento
de Activos CGA Ltda., y otros, aduciendo vulneración a los derechos
fundamentales a la vivienda digna, a la vida y a la salud.
El
expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado
despacho judicial, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991, y la Sala Once de Selección de tutelas[1]
lo eligió para revisión.
La
acción de tutela en referencia fue inicialmente asignada para revisión al Magistrado
Nilson Pinilla Pinilla mediante auto de Sala de Selección de fecha 5 de
noviembre de 2008 cuya ponencia no fue aceptada por los demás miembros de la Sala
Sexta de Revisión, razón por la cual fue asignado el 1° de noviembre de 2013,
al Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub para su sustanciación.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
La señora Elicenia Díaz López solicita al
juez de tutela que ampare transitoriamente sus derechos fundamentales a la
vivienda digna y a la salud, y en consecuencia, se ordene a las entidades
financieras demandadas aclarar el estado real del crédito hipotecario que
asumió al adquirir el inmueble en el que vive teniendo en cuenta su especial
condición de vulnerabilidad como desplazada por la violencia.
1.1.1.  Hechos en que sustenta la demanda
1.1.1.1.
La actora Elicenia Díaz López
manifestó que junto con su esposo Libardo Bahena López vivían “en el
corregimiento de Gaitana, jurisdicción del municipio de Planadas Tolima”,
donde sufrieron “los rigores de las presiones de grupos al margen de la ley”,
situación que los obligó a vender lo poco que tenían y desplazarse a Neiva,
encontrándose inscritos en el “Sistema Único de Registro Nacional de
Población Desplazada” (fs. 2 y 20 cd. inicial).
1.1.1.2.
Indicó que posteriormente, con
dinero de la venta de pertenencias, le compró un inmueble a la señora Diana
Yaneth Suárez Burgos, ubicado en el carrera 1ª G N° 22-28 barrio Rojas Trujillo
de Neiva, que se encontraba hipotecado a la “entidad Bancaria Granahorrar,
hoy fusionado con el BBVA”, obligación N° 350500048067, a nombre del señor Hugo Alberto Trujillo González. Afirmó que asumió “la
responsabilidad de la obligación hipotecaria sobre el bien” (f. 3 ib.).
1.1.1.3.
En el proceso de fusión, la
entidad financiera cedió la referida obligación, entre otras, a Promociones y
Cobranzas Beta S. A.[2],
con la cual acordó “diferir la obligación por cuotas”, iniciando el pago
el 27 de diciembre de 2005.
1.1.1.4.
La accionante aseveró que los
abonos “se hicieron en efectivo mediante consignaciones a la cuenta
corriente N° 350500048067 Banco Granahorrar, a nombre del señor Hugo Alberto
Trujillo González”, con un total consignado de “$15.300.000” que,
según ella, “era el valor total de la obligación hipotecaria”, por lo
cual solicitó a la entidad “levantar la hipoteca por pago total de la
obligación”, pero la sociedad Promociones y Cobranzas Beta S.A. le
manifestó que la cartera había sido vendida a Central de Inversiones S. A.,
CISA.
1.1.1.5.
La señora Elicenia afirmó que
en noviembre 1° de 2006 elevó derecho de petición a CISA, solicitando
exoneración del pago de intereses[3],
sin obtener respuesta alguna, y 22 de noviembre del mismo año, presentó nueva
solicitud, respondiéndosele que “el cliente debía asumir un mayor valor por
la suma de $750.000oo pesos m/cte y que debería ser cancelada a más tardar el día
20 de noviembre de 2006, a fin de no deteriorar la negociación inicial”.
Posteriormente le adujeron “incumplimiento de la obligación”,
sugiriéndole “solicitar a Central de Inversiones S. A. (CISA) una nueva
negociación” (está en negrilla en el texto original).
1.1.1.6.
Refirió que debido a
quebrantos de salud causados por la situación que estaba viviendo, fue hospitalizada
con “depresión psicológica, trastorno mental caracterizado por sentimientos
de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión”, por ello durante un lapso no
tuvo conocimiento del estado de la obligación (f. 5 ib.).
1.1.1.7.
Al igual, manifestó que el 8
de agosto de 2007[4]
elevó petición a la Gerente de CISA, en la que solicitó “de manera vehemente
la ratificación del Comité de Vicepresidencia N° 00044 del día 10 de agosto de 2005, a efecto de proceder al levantamiento de la hipoteca sobre el predio de matrícula inmobiliaria
N° 200-38916, ubicado en la carrera 1 G N° 22-28 del barrio Rojas Trujillo del
municipio de Neiva. Anexándole copia de los respectivos pagos y solicitándoles
a la vez se condonara cualquier valor adicional puesto que ya se había
cancelado la totalidad de la obligación, adicionalmente acudiendo a la
consideración como colombianos y participes de la difícil situación económica
por la que pasábamos y que mirara, con buenos ojos mi situación de desplazada
por la violencia que azota las regiones de nuestro país” (f. 7 ib.).
1.1.1.8.
El 16 de mayo de 2008, recibió
Libardo Bahena (esposo de la demandante) un oficio de Serlefin Ltda.,
firmado por la Directora del Comité de Cartera de la Compañía de Gerenciamiento
de Activos, CGA Ltda., informándole que: “Central de Inversiones  S.A había
cedido la obligación a la Compañía de Gerenciamiento de Activos ‘CGA’ Ltda y de
antemano nos manifestaban que después de evaluar la propuesta por el Comité de
Cartera de CGA, ésta no había sido considerada viable, y por ende se iban a
continuar (sic) con las acciones judiciales pertinentes para la
normalización de la obligación.”
1.1.1.9.
Por último, expuso la
demandante haber solicitado a Serlefin Ltda. certificar el saldo total a
pagar de la deuda, por lo cual “expiden un estado de cuenta a 31 de
diciembre de 2007, por la suma $21.966.920.23”, situación que envió
de nuevo a la clínica a la actora, según lo que expone, “y para colmo de
males les he solicitado me expidan la historia del crédito Hipotecario inicial
que fue por la suma de $11.300.000,oo en el año de 1994… y tampoco es posible
porque esta Compañía de Gerenciamiento de Activos CGA Ltda. no tiene esa
información, y si la tiene no entiendo porque no la niega (sic), sin
embargo lo que si saben es cobrarnos $21.966.920,13 adicionales a los
$15.300.000,oo que ya se les canceló, y por ende se generó el pago total de
obligación” (f. 8 ib.).
1.1.1.10. Así, afirmó encontrarse “en una evidente situación de indefensión,
con relación a estas organizaciones, pues carezco de recursos económicos que me
permitan llegar a otras instancias”.
1.2.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito mediante auto del
14 de agosto de 2008, admitió la demanda y concedió tres días a las partes
demandadas para pronunciarse sobre los hechos en que se fundamenta la acción.
1.2.1.
Contestación emitida por Promociones y Cobranzas Beta S. A.
Mediante apoderado, dicha sociedad respondió dentro
del término legal los requerimientos e indicó que la entidad que representa “firmó
contrato de prestación de servicios con Central de Inversiones S. A. CISA (…),
para gestionar la administración, cobro y recaudo de la cartera morosa, que
ésta última haya adquirido (...) y la revisión judicial de los procesos que con
ocasión de la recuperación le sean encomendados”, hasta  el 31 de diciembre
de 2002.
Aclaró que “nunca fue cesionaria de la entidad
Bancaria Granahorrar, hoy BBVA tan solo gestionó de manera comercial la cartera
morosa, que como ya se mencionó, Central de Inversiones S. A. había comprado;
lo que significa, que éramos tan solo el puente entre ésta y los deudores
morosos, por ello las decisiones respecto a la aprobación o no aprobación de un
acuerdo de pago eran totalmente potestativas de Central de Inversiones S. A.
(CISA)” (f. 58 cd. inicial).
Por lo anterior, la entidad no puede certificar si el
acuerdo de pago mencionado por la señora Elicenia Díaz López fue cumplido o no
a cabalidad, debido a que en el año 2006 se terminaron de manera definitiva las
relaciones de tipo comercial con CISA, por ello “las obligaciones que se
encontraban a nuestro cargo fueron trasladadas en su totalidad (física y
sistemáticamente)” a Serlefin Ltda., nuevo operador  comercial escogido
para continuar la labor, “entidad que tiene la capacidad actual de ofrecer
información necesaria sobre la gestión comercial y jurídica que se le está
adelantando al proceso contra el señor Hugo Alberto Trujillo González… que
interesa a la accionante” (f. 59 ib.).
1.2.2.
Contestación del Banco
Bilbao Vizcaya Argentina Colombia S. A., ‘BBVA’.
La representante legal del BBVA afirmó que el crédito
N° 350500048067, objeto de la acción de tutela, no es propiedad del Banco que
representa, toda vez que fue vendido por éste a la Compañía Central de
Inversiones S. A. CISA, según contrato de compraventa de cartera suscrito en
diciembre 24 de 2004, siendo esa entidad el sujeto pasivo de la acción. Por
ello, BBVA no puede certificar un pago de una obligación que para la época no
era de su propiedad.
En consecuencia, solicita exonerar a BBVA de toda
responsabilidad, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Refirió
además que la pretensión contiene una petición contractual de orden económico,
cuyo análisis escapa a la órbita de la jurisdicción constitucional (fs. 182 a 185 ib.).
1.2.3.
Respuesta de COVINOC S. A.
La Directora Jurídica de esta sociedad manifestó que “el
crédito a cargo del señor Hugo Alberto Trujillo González (…), fue adquirido por
la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda. (cartera hoy administrada por
Covinoc S. A.), a través de compraventa de cartera e inmuebles celebrada con la
entidad Central de Inversiones S. A., el pasado 6 de julio de 2007”.
Agregó que “verificadas nuestras bases de datos de
Cartera Central de Inversiones S. A. (CISA) nos vendió el crédito del señor
Hugo Alberto Trujillo González, por cuanto el acuerdo que suscribió con la
citada entidad fue incumplido”; como son “hechos ocurridos antes de la
cesión de la Compañía de Gerenciamiento de Activos ‘Ltda’ CGA, y que los
registros que nos cedieron se encuentran en las bases de datos como ciertos
recibidos por Central de Inversiones S. A., esta compañía es un tercero ajeno a
ese acuerdo de pago suscrito por el deudor con dicha entidad”.
Indicó que el crédito en mención no ha sido pagado, lo
que hace imposible que la compañía efectúe la cancelación del gravamen
hipotecario del bien inmueble, por cuanto la obligación se encuentra
garantizada con dicha hipoteca (fs. 192 a 198 ib.).
1.2.4.
Objeción de Servicios
Legales y Financieros Serlefin Ltda.
La coordinadora de “Cisa Serlefin Ltda. Neiva”
anexó copia de la respuesta enviada al señor Hugo Alberto Trujillo González, en
diciembre 23 de 2006, donde se lee:
“El comité de vicepresidencia N° 44 de fecha 30 de
junio de 2005 aprobó el pago total de la obligación N° 350500048067 por el
valor de 17.000.000 pagaderos en un plazo de 18 cuotas a partir del 30/06/2005
hasta el 15/06/2006, acuerdo que usted incumplió y del cual solicitó la
ratificación del mismo con el fin de mantener el acuerdo de pago y continuar
con el mismo.
Así las cosas el Comité de Vicepresidencia N° 46 de
fecha 09 de noviembre de 2006 aprobó la modificación del acuerdo aprobado
inicialmente en el Comité de Vicepresidencia N° 44 del 30/06/2005, para la
extinción total de la obligación N° 350500048067 por el valor de 17.000.000,
más un mayor valor que el cliente deberá cancelar  por $750.000 para el
20/11/2006.”
Aclaró que el mayor valor que el cliente debe
cancelar, es determinado por el incumplimiento de su acuerdo de pago (fs. 200 a 203 ib.).
1.2.5.
Aclaración de Central de Inversiones S. A., CISA.
El apoderado de dicha entidad indicó que, en razón a
su objeto social, esa sociedad adquirió esta obligación por cesión de
Granahorrar, hoy BBVA, obligación que a su vez fue vendida a la Compañía de
Gerenciamiento de Activos (CGA), mediante contrato celebrado en junio 6 de 2007
y entregada el 31 de octubre de 2007.
Por ello, CISA no ostenta titularidad de la
obligación, presentándose el fenómeno de falta de legitimación pasiva en la
presente acción. Con todo, la entidad ha dado respuesta a todos los derechos de
petición elevados, haciendo una relación de hechos y fechas para soportar lo
afirmado (fs. 235 a 239 ib.).
1.2.6.
Intervención de la Compañía
de Gerenciamiento de Activos, CGA, Ltda.
La Directora de Contratos, Conceptos y Tutelas de esta
empresa, manifestó que “verificadas nuestras bases de datos de Cartera Central
de Inversiones S. A. (CISA) nos vendió el crédito del señor Hugo Alberto
Trujillo González como un crédito sin acuerdo de pago y vigente”, con
garantía a cargo de persona natural, que a la fecha de corte se encontraba
en mora con un saldo de $21.966.920,23 (no está en negrilla en el texto
original, f. 248 ib.).
Por lo anterior, indicó que el asunto corresponde a
hechos ocurridos antes de la cesión, registros que se encuentran “en las
bases de datos como ciertos, recibidos por Central de Inversiones S. A.”,
siendo CGA un tercero ajeno al acuerdo de pago suscrito por el deudor, debiendo
“Central de Inversiones S. A. (…) indicar si esa situación corresponde a
la realidad, dado que el crédito nos fue cedido como vigente si bien es cierto,
contaba con la nota de haberse suscrito un acuerdo de pago, este había sido
incumplido” (no está en negrilla en el texto original).
En tal virtud, solicitó negar la protección incoada
por la actora, por no haber vulneración a derechos fundamentales por parte de la
Compañía de Gerenciamientos de Activos Ltda., por cuanto “los hechos
ocurrieron en el año 2006 y el crédito de señor González nos fue cedido el 7 de
julio de 2007” (fs. 248 a 255 ib.).
1.3.
DECISIONES JUDICIALES
1.3.6.
Decisión de única instancia
– Juzgado Primero Laboral del Circuito
Mediante fallo del 27 de agosto de 2008, que no fue impugnado,
el Juzgado Primero Laboral de Neiva negó el amparo solicitado. Estimó estar
frente a un conflicto contractual cuya definición puede y debe ventilarse ante
la jurisdicción civil, esto es, ante un Juez Civil Municipal o del Circuito, de
acuerdo a la cuantía de la obligación en controversia, donde podrá demostrarse
la cancelación de la deuda hipotecaria, que le habría generado la posibilidad
de perder la vivienda. Adujo entonces, que la acción de tutela no era el medio
para la controversia, la cual está reservada para garantizar derechos
fundamentales cuando no existe otro medio de defensa judicial (fs. 261 a 267 ib.).
1.4.
PRUEBAS
1.4.1.
Pruebas relevantes que
obran en el expediente
-
Copia del certificado de tradición
del inmueble adquirido por la señora Elicenia Díaz López el 7 de marzo de 2006.
Matrícula inmobiliaria No. 200-38916.
-
Copia del certificado de registro
expedido por Acción Social en el que consta que la actora y su esposo se
encuentran incluidos en el Sistema Único de Registro Nacional de Población
Desplazada por la Violencia desde el 5 de enero de 2006.
-
Copias de los comprobantes de
consignación entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 en los que constan los
pagos consignados por el esposo de la accionante a BBVA que ascienden a $
16.200.000 pesos.
-
Copia de derecho de petición
presentado por la actora a Central de Inversiones CISA el 1 de noviembre de
2006, en el que solicita que se estudie la posibilidad de condonar los
intereses.
-
Copia de derecho de petición
presentado por la accionante a Central de Inversiones  CISA, el 22 de noviembre
de 2006, en el que reitera su solicitud inicial e informa su condición de
desplazada por la violencia.
-
Copias de consultas médicas y
hospitalización del año 2006 en los que consta que la accionante sufrió de
depresión.
-
Copia del escrito emitido por
Serlefín LTDA., del 16 de mayo de 2008, en el cual informa a la actora que la
obligación fue cedida por Granahorrar (hoy BBVA) a Central de Inversiones S.A.,
quien cedió las obligaciones a la Compañía de Gerenciamiento de Activos CGA
LTDA.
-
Copia de certificación de estado
de cuenta emitida el 4 de junio de 2008 en la que informa que al 31 de
diciembre de 2007 la obligación asciende $ 21.966.920 pesos.
1.4.2.
Pruebas ordenadas en sede
de Revisión
Mediante auto del 9 de marzo de 2009 emitido por el
Magistrado Ponente inicial, (fs. 26 a 27 cd. Corte), la entonces Sala Séptima
de Revisión de tutelas, ordenó suspender los términos y dispuso la práctica y
acopio de las siguientes elementos de comprobación:
(a) Se solicitó
a BBVA S. A. remitir información completa de la historia,
evolución y estado actual del crédito del señor Hugo Alberto Trujillo González,
originalmente otorgado por Granahorrar en Neiva, por valor de $ 15.300.000. En
respuesta, se allegó un informe detallado sobre el crédito N° 350500048067,
otorgado al referido señor por el Banco Central Hipotecario, BCH, aclarándose
que la obligación hizo parte de la cesión de activos, pasivos y contratos entre
BCH y Granahorrar, en febrero 4 de 2000 (f. 44 ib.). Agregó así mismo:
“De acuerdo con la información suministrada por el
Banco Central Hipotecario el crédito se liquidó bajo las siguientes
condiciones:
Fecha de desembolso
Agosto 10 de 1994
Valor desembolso
$ 11.550.000.00
Tasa de interés
UPAC más 13% E.A
Plazo
180 meses (15 años)
Conforme se estableció en el contrato de cesión, la
responsabilidad sobre la reliquidación es del B. C. H., proceso que se llevó a
cabo de conformidad con lo dispuesto en la ley de vivienda 546 de 1999 y la
Circular 007 de la Superintendencia bancaria, determinando que sobre el saldo
de la deuda al 31 de diciembre de 1999 ($28.337.893,00) le correspondía un
alivio por valor de $6.7883.720,00, valor que se encuentra aplicado en la
obligación, con retroactividad al 01 de enero de 2000. Para el 31 de enero de
1999, la obligación se encontraba al día en el pago de sus cuotas de
armonización mensual, circunstancia por la cual no era necesaria su
reestructuración.
(…) el crédito fue redenominado a unidades de valor
real (UVR) con sistema de amortización 1 (aprobado por la Superintendencia
Bancaria) el cual corresponde a un sistema de amortización constante a capital
en UVR.”
Se reportó también que BBVA no tiene conocimiento de
las condiciones pactadas en el acuerdo de pago suscrito entre las partes en
diciembre de 2005, ya que para esta fecha la obligación no era de Granahorrar y
no fue parte en la transacción celebrada, desconociéndose la situación actual
del crédito (fs. 44 a 46 ib.).
(b) Por otra parte, se solicitó a Central de Inversiones S. A. allegar copia del acuerdo
de pago suscrito con la señora Elicenia Díaz López, el acta de incumplimiento
del mismo y lo relacionado con la venta de la cartera a Promociones y Cobranzas
Beta S. A., reseñándose las condiciones
del Comité de Vicepresidencia de Cartera N° 44, que “aprobó la extinción de
la obligación N° 350500048067 a cargo del deudor Hugo Alberto Trujillo”,
aprobándose un nuevo acuerdo de pago “con un valor de $17.000.000, para ser
cancelados en 18 cuotas”, a saber:
1.
30/06/2005
$500.000
2.
15/08/2005
$800.000
3.
15/09/2005
$800.000
4.
15/10/2005
$960.000
5.
15/11/2005
$960.000
6.
15/12/2005
$960.000
7.
15/01/2006
$960.000
8.
15/02/2006
$960.000
9.
15/03/2006
$960.000
10.
15/04/2006
$960.000
11.
15/05/2006
$960.000
12.
15/06/2006
$1.460.000
13.
15/07/2006
$960.000
14.
15/08/2006
$960.000
15.
15/09/2006
$960.000
16.
15/10/2006
$960.000
17.
15/11/2006
$960.000
18.
15/12/2006
$960.000
Aclaró que “la anterior formulación no implica
novación, restructuración ni desistimiento de las acciones judiciales que se
hayan iniciado para la recuperación de las sumas adeudadas; lo que indica que
los valores antes mencionados son un mecanismo de facilidad de pago unilateral,
brindado por Central de Inversiones S. A., y en caso de incumplimiento
alguno de las facilidades de pago aquí establecida se entenderá que en el
presente acuerdo no tiene ningún efecto y por lo tanto cualquier pago que se
hubiere realizado se tendrá como un abono a la obligación y se aplicará conforme
a los términos iniciales del crédito, es decir los que figuren en los
títulos de deuda respectivos. Así mismo la obligación continuará vencida y no
habrá lugar a mejorar la calificación ante las centrales de riesgo hasta tanto
se cumpla la presente facilidad de pago y/o se cancele totalmente la
obligación” (está subrayado en el texto original, f. 37 ib.),
certificándose luego el incumplimiento del acuerdo de pago, en fechas y valores
establecidos por  la compañía así (f. 38 ib.):
Fechas
aprobadas
Valor
del pago aprobado
Fechas
de los pagos realizados por el cliente
Valor
consignado por el cliente
1
30/06/2005
$500.000
30/06/2005
$500.000
2
15/08/2005
$800.000
23/08/2005
$800.000
3
15/09/2005
$800.000
18/10/2005
$300.000
4
15/10/2005
$960.000
19/10/2005
$100.000
5
15/11/2005
$960.000
27/12/2005
$600.000
6
15/12/2005
$960.000
13/01/2006
$700.000
7
15/01/2006
$960.000
26/01/2006
$600.000
8
15/02/2006
$960.000
03/03/2006
$1.400.000
9
15/03/2006
$960.000
11/04/2006
$2.000.000
10
15/04/2006
$960.000
08/05/2006
$1.200.000
11
15/05/2006
$960.000
08/06/2006
$1.300.000
12
15/06/2006
$1.460.000
05/07/2006
$1.350.000
13
15/07/2006
$960.000
10/08/2006
$800.000
14
15/08/2006
$960.000
25/08/2006
$690.000
15
15/09/2006
$960.000
31/08/2006
$1.000.000
16
15/10/2006
$960.000
21/09/2006
$780.000
17
15/11/2006
$960.000
18
15/12/2006
$960.000
Explicó que debido a la ratificación y modificación
del acuerdo de pago inicial, por $17.000.000, incumplido, en el Comité Regional
de la Sucursal Bogotá N° 61, celebrado el 11 de septiembre de 2007 se negó la
ratificación de pagos del cliente y la exoneración del mayor valor por $
750.000, para la extinción de la obligación N° 350500048067 (f. 40 ib).
(c) También se solicitó a la Compañía de
Gerenciamiento de Activos, CGA, que indicara “en qué estado recibió el
crédito del señor Hugo Alberto Trujillo González, con cédula de ciudadanía Nº
12.123.360, y si aún lo tiene, en que condiciones se encuentra; y lo demás que,
en el mismo ámbito, estime de interés frente a este asunto”, denotando que
el crédito fue cedido por CISA a CGA Ltda. y especificando “las condiciones
de aprobación”, así (f. 79 ib):
Entidad
originadora
Banco Central Hipotecario
Fecha
Liquidación
10 de agosto de 1994
Valor
desembolsado
11.550.000.00
Tasa
de Interés Remunerado
UVR + 12.70% Efectiva Anual
Tasa
de Interés de Mora
UVR + 19.05% Efectiva Anual
Plazo
180 meses
Tipo
de Cartera
Hipotecaria
Aclaró el saldo de la deuda a “28 de febrero de 2009”, a saber:
350500048067
UVR
PESOS
Cotización
UVR feb. 28 de 2009
Capital
vigente
17,859.6028
3,272,540.04
Capital
vencido
83,246.7663
15,253,887.72
Int
corrientes
20,581.2742
3,623,902.67
183.2370
Int
de mora
19,777.1338
3,623.902.67
Otros
447,800.00
Saldo
de la deuda
141,464.7771
26,369,381.36
Manifestó también que a marzo 17 de 2009 “hay
dieciséis (16) copias de pagos hechos por los deudores mediante consignaciones”
(f. 80 ib.):
N°
Consignación
Fecha
de Consignación
Valor
de la consignación
1.
30/06/2005
$500.000
2.
23/08/2005
$800.000
3.
18/10/2005
$300.000
4.
19/10/2005
$100.000
5.
27/12/2005
$600.000
6.
13/01/2006
$700.000
7.
26/01/2006
$600.000
8.
03/03/2006
$1.400.000
9.
11/04/2006
$2.000.000
10.
08/05/2006
$1.200.000
11.
08/06/2006
$1.300.000
12.
05/07/2006
$1.350.000
13.
10/08/2006
$800.000
14.
25/08/2006
$690.000
15.
31/08/2006
$1.000.000
16.
21/09/2006
$780.000
(d) Finalmente se citó a la señora Elicenia
Díaz López, para que bajo juramento respondiera ante el Juzgado 1°
Laboral del Circuito de Neiva “qué relación tiene con el señor Hugo Alberto
Trujillo González”, a lo cual contestó que ninguna, “porque ni lo
conozco; no sé quien es ese señor… leyendo yo las escrituras de la casa, ha
sido el dueño, pero eso ha pasado por varios dueños y la que vine a pagar el
plato fui yo, porque no me asesoré bien y me metí con esa casa en problemas,
teniendo en cuenta que yo he hecho muchos sacrificios para obtenerla,
trabajando en la calle, haciendo empanadas, buñuelos y tengo testigos que a mi
me ha tocado hacer todo eso… La que nos vendió a nosotros fue Diana Yaneth
Suárez”, pero después de haber realizado el negocio se “dio cuenta
que eran unas personas como tramposas” (no está en negrilla en el texto
original)
Formulada la pregunta sobre por qué el señor Hugo
Alberto Trujillo González no acudió directamente a solicitar el amparo, reiteró
que “nunca hemos conocido a ese señor, nosotros fuimos en contra de la
señora que nos vendió para que nos solucionara ese problema de la hipoteca. Ese
señor Hugo Alberto fue dueño de la casa, pero mucho tiempo antes que Diana
Yaneth quien me vendió a mí dicho inmueble. Como no obtuve ninguna solución
acudí a la acción de tutela, porque en la vida lo único que tengo es ese
rancho, no tengo nada más. Nunca me solucionaron ni el banco, ni Central de
Inversiones S. A., ni la Compañía de Gerenciamiento de Activos a pesar de ser
una persona desplazada como lo soy yo”.
Al recibir la casa, “el compromiso con BETA era que
debía pagar $15.300.000… y yo pagué cumplidamente y terminé de pagar a puro
sacrificio porque la meta mía era pagar esa casa. Cuando me salen con el cuento
que… tenía que entrar a pagar $21 millones y pico, y los quince millones
trescientos eran considerados como pago de intereses”.
Explicó que, sin embargo, en diciembre 27 de 2005
realizó acuerdo de pago en Cobranzas Beta y en diciembre 13 de 2006 terminó de
pagar la última cuota “de $960.000, para un total consignado de $15.300.000”,
pero en octubre 29 de 2006 le llegó el oficio N° 001172 de CISA, en el que se leía
que “el cliente debía asumir un valor de $750.000, que debía ser cancelado a
más tardar el 20 de noviembre de 2006”, es decir 9 días antes de recibir la
notificación.
Adujo que quedó a paz y salvo de los $15.300.000 en diciembre
13 de 2006, día que pagó la última cuota, por lo cual acudió a Beta solicitando
el paz y salvo; sin embargo, se le informó que el crédito ya no estaba ahí,
pues había pasado a CISA, a donde también concurrió, preguntando “por qué
Beta había entrado a negociar con ellos, si yo ya le había cancelado a
Cobranzas Beta”, obteniendo como respuesta que las cuotas pendientes de
pago las debía cancelar a CISA, por ello las tres últimas cuotas las canceló en
esa entidad, pero no presentó comprobantes. CISA replicó que el crédito había
pasado a la Compañía de Gerenciamiento de Activos, CGA, que reclama el pago de
veintiún millones de pesos (fs. 111 a 113 ib.).
(e) El 9 de junio de 2010, la señora Elicenia Díaz
López allegó a la Secretaria General de esta Corporación un escrito,
manifestando que las diferentes entidades que han tenido el crédito
hipotecario, lo cobran en beneficio de sus respectivos intereses, así:
“Para la Sociedad Promociones y Cobranzas Beta S.A.
S.A., el 14 de noviembre de 2006, la obligación N° 350500048067 por un valor de
$17,000.000 de los cuales cancele $14.120.000.Quedando un saldo pendiente de
$2.880.000, para cuyo pago se me concedió un plazo de tres meses comprendidos
entre el 24 de octubre de 2006 al 15 de diciembre del mismo año, debiendo
cubrir tres cuotas por la suma de $960.000 c/u; para la Sociedad CISA SERLEFIN
LTDA., 6 meses después (21 de agosto de 2007) la obligación ascendió a $
20.559.922,98; para la misma firma en junio 4 de 2008 (2 años y 7 meses
después), la obligación presentaba un saldo total de $21.966.920,23 y
finalmente para la compañía COVINOC el día 6 de mayo de 2010 (3 años y 7 meses
después) la obligación registra un saldo total de $31.264.879,17.”
Anexó sendas respuestas de las diferentes entidades, a
derechos de petición por ella elevados en aras a obtener el paz y salvo de la
obligación que, según asevera, fue cancelada; adjuntó fotocopia de los
comprobantes de consignación dentro de la obligación N° 350500048067,
relacionados así (f. 85 a 100 ib.):
Banco
Fecha
Valor
Titular
Depositante
Granahorrar
27/12/2005
600.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
Granahorrar
13/1/2006
700.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
Granahorrar
27/12/2005
600.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
08/05/2006
1.200.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
Granahorrar
11/04/2006
2.000.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
Granahorrar
06/03/2006
1.400.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
08/10/2006
800.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
05/07/2006
1.350.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
08/06/2006
1.300.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
21/09/2006
780.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
31/08/2006
1.000.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
25/08/2006
690.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
16/11/2006
30.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
17/10/2006
930.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
13/12/2006
960.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
BBVA
17/11/2006
960.000
Hugo
A. Trujillo
Libardo
Bahena
(f) El 29 de julio de 2013, la Directora de Cobranzas
de la Compañía de Gerenciamiento de Activos, CGA, presentó un escrito
resumiendo los hechos e incluyendo elementos nuevos, como la comunicación
dirigida en papelería de Covinoc a la señora Elicenia Díaz López en febrero 26
de 2013, que tiene como referencia “respuesta al derecho de petición”,
donde se lee la oferta de pago que ella presentó, por intermedio de un abogado,
por “dos millones quinientos mil pesos (2.500.000) para la cancelación del
crédito, en  el comité nacional N°18122 de 14 de diciembre de 2012, fue
evaluada la propuesta presentada considerándola no viable, como ya le ha sido
informado”, sin embargo le advierten que “es posible considerar una
nueva solicitud para lo cual le sugerimos comunicarse con nuestro operador…,
donde con gusto le brindaran las alternativas de pago para la cancelación
total del crédito N° 350500048067”,
además de informarle que el crédito al corte de febrero 28 de 2013, es de “$43,852,087”.
Además, dicha Directora de Cobranzas de CGA aportó el
certificado de tradición y matrícula inmobiliaria de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Neiva, generado con el “Pin 1763422953884542”, “matrícula
200-38916”, impreso “el 26 de julio de 2013 a las 8:15:32am”, donde se constata (fs. 159 a 162 cd. Corte, no está en negrilla en el
texto original):
“…   …   …
Anotación N° 12 fecha 5/3/1993… Especificación:
gravamen: 210 hipoteca abierta de cuantía indeterminada personas que
intervienen en el acto… De: Aristizábal Calderón Lucelly A: Banco Central
Hipotecario…
…   …   …
Anotación N° 14 fecha 14/7/1994… Especificación:
gravamen: 210 hipoteca abierta de cuantía indeterminada personas que
intervienen en el acto… De: Trujillo González Hugo Alberto A: Banco Central
Hipotecario…
Anotación N° 15 fecha 17/11/1994… se cancela la
anotación N° 12… Especificación: Cancelación: 650 cancelación hipoteca –
abierta de cuantía indeterminada personas que intervienen en el acto… De: Banco
Central Hipotecario A: Aristizábal Calderón Lucelly…
…   …   …
Anotación N° 18 fecha 11/4/2006… Especificación: modo
de adquisición: 0125 compraventa. Personas que intervienen en el acto… De:
Suárez Burgos Diana Janeth CC 52907452 A: Díaz López Elicenia CC 51818965…
Anotación N° 19 fecha 11/4/2006… Especificación: limitación
al dominio: 0304 afectación a vivienda familiar Personas que intervienen en
el acto… A: Díaz López Elicenia…”
Sobre lo solicitado a cada entidad y las respuestas
oportunamente allegadas a la Secretaría General de la Corte Constitucional, se
hará referencia a lo largo de las consideraciones y el análisis del caso
concreto.
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
La Sala debe establecer si el Banco
Granahorrar (hoy BBVA), Promociones y
Cobranzas Beta S. A., Central de Inversiones S. A. (CISA) y Compañía de
Gerenciamiento de Activos, CGA, Ltda., han
vulnerado los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la salud de la
actora, al desconocer su situación vulnerable por ser víctima de desplazamiento
forzado y encontrarse en una etapa de estabilización económica y negarse
ofrecerle acuerdos de pago acordes con su situación con base en el histórico de
la obligación crediticia asumida por ella con miras a facilitar el pago de la
hipoteca que se estableció sobre el inmueble ubicado en la carrera 1ª G N°
22-28 de Neiva antes de que ella lo comprara.
La actora, que al formular la demanda manifestó tener
50 años de edad (f. 2 cd. inicial), se encuentra inscrita junto con su cónyuge
Libardo Bahena López en el Sistema Único de Registro Nacional de Población Desplazada por
la Violencia, desde el 5 de enero de 2006 (f. 20 ib.), por ser
víctimas de desplazamiento forzoso, que les hizo radicarse en Neiva, donde al
llegar adquirieron el inmueble.
Con el fin de solucionar el problema jurídico, se
reiterará la jurisprudencia sobre i) la procedencia de la acción de tutela contra empresas
particulares del sistema financiero, ii) el derecho a la vivienda
digna, su naturaleza jurídica y la acción de tutela como mecanismo efectivo de
protección al estar comprobada su vulneración o riesgo y iii) el deber especial
de solidaridad de las entidades bancarias frente a víctimas de desplazamiento
forzado. Con base en las consideraciones desarrolladas se procederá a analizar
el caso concreto.
2.3.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA EMPRESAS PARTICULARES DEL SISTEMA FINANCIERO. Reiteración de
jurisprudencia.
Todo ciudadano está facultado para presentar acción de
tutela, por sí mismo o por interpuesta persona, con el fin de reclamar ante los
jueces de la República la protección inmediata de sus derechos fundamentales
que estén siendo vulnerados o amenazados por acciones u omisiones de una
autoridad pública, al igual que por particulares encargados de la prestación de
un servicio público o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión[5].
2.3.1.
El Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, Decreto 663 de abril 5 de 1993, establece que la estructura
del sistema financiero y asegurador se encuentra conformado por los
establecimientos de crédito (bancos incluidos[6]),
sociedades de servicios financieros y de capitalización, entidades aseguradoras
y por los intermediarios de seguros y reaseguros.
2.3.2.
Por otra parte, las entidades
financieras, fijan los requisitos y condiciones de acceso y operación de
créditos[7],
las tasas de interés, los sistemas de amortización, etc., y en esa medida, son
depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan. Sus actos
gozan de la credibilidad de los usuarios, a quienes  pueden colocar en
situación de indefensión[8],
debido a la posición dominante en la que se encuentran por la asimetría de la
información financiera, situación que exige al Estado controlar sus actividades
y precaver cualquier abuso en que puedan incurrir (inciso 4° art. 333 Const.).
En un Estado Social de Derecho nadie puede desarrollar
atribuciones injustificadas que desequilibren las relaciones sociales y
económicas, cuyo desarrollo debe ser equitativo, despojado de riesgos de
desproporción y de afectación a otras personas, resultando antijurídica cualquier
superioridad que se ejerza contra otro, particularmente si se trata de alguien
que está buscando satisfacer una necesidad básica, de la magnitud del derecho
constitucional a la vivienda digna.
Conforme a lo anterior, la Corte en la Sentencia SU-157[9], consideró:
“Ahora bien, pese a que no existe
norma que de manera expresa así lo determine[10], en el derecho Colombiano
es claro que la actividad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas
características así lo determinan. En efecto, la importancia de la labor que
desempeñan para una comunidad económicamente organizada en el sistema de
mercado, el interés comunitario que le es implícito, o interés público de la
actividad y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad
de su acción, indican que la actividad bancaria es indispensablemente un
servicio público.
Así mismo, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha reconocido el carácter de servicio público de la
industria bancaria. Al respecto se dijo:
"la actividad relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a
su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa al
postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses
particulares (artículo 1º de la Constitución Política), lo cual se concreta en
el carácter de servicio público"[11]”.
Por otro lado, se habla de un estado de indefensión y
de una relación de subordinación frente a quien se alega la vulneración de
derechos, en este caso la persona jurídica particular que presta un servicio
público autorizado por el Estado.
Así, la Corte ha expresado que “el estado de indefensión se manifiesta cuando la
persona ofendida por la acción u omisión del particular se encuentra inerme o
desamparada, es decir sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y
elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su
derecho fundamental. El juez de tutela debe apreciar los hechos y
circunstancias del caso a fin de establecer si se presenta la indefensión a que
se refieren los numerales 4 y 9 del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, para
que proceda la acción de tutela contra particulares”[12].
En cuanto a la subordinación ha dicho que “La subordinación se predica, cuando existe una
relación jurídica de dependencia que tiene su origen en la obligatoriedad
emanada de un orden jurídico o social determinado, como es el caso, de los
trabajadores frente a sus empleadores, o la de los estudiantes respecto de sus
maestros o directivos del plantel educativo al que pertenecen[13], entre
otros.”[14].
En este orden de ideas, para el presente caso la
acción de tutela resulta procedente al estar los accionados en una posición
dominante frente a la accionante en cuanto a la relación contractual se
refiere, entiéndase obligación hipotecaria a cargo.
2.4.
EL DERECHO A LA VIVIENDA
DIGNA, NATURALEZA JURÍDICA Y LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO EFECTIVO PARA
SU GARANTÍA. Reiteración de jurisprudencia.
2.4.1.
Es importante resaltar que la
vigencia del derecho a la vivienda digna dentro del ordenamiento interno no
sólo obedece a su consagración en el artículo 51 de la Carta Política[15], pues
también está estipulado en instrumentos jurídicos internacionales que reconocen
los derechos humanos[16],
prevalecientes en el orden interno al estar ratificados por el Estado
colombiano, de acuerdo con el artículo 93 superior[17].
2.4.2.
Con respecto a la naturaleza
jurídica del derecho a la vivienda digna, para esta Corporación es indiscutible
su carácter subjetivo, fundamental y exigible, por cuanto en el Estado
colombiano no solo es derecho fundamental aquél expresamente reseñado como tal
dentro de la Carta Política, sino también aquellos que puedan adscribirse a
normas constitucionales en las que se valoran bienes jurídicos cardinales, como
elementos merecedores de protección especial[18].
Incuestionablemente, la vivienda digna constituye
elemento de trascendental magnitud para la materialización y efectividad de la
dignidad humana, a la cual le es inmanente. Carecer las personas de un lugar
decoroso de habitación, les impide sobrellevar la pervivencia con intimidad,
autoestima, conformación familiar y protección, además de conllevar adicionales
riesgos contra la salud a consecuencia de la intemperie.
De esa manera, además de ser un derecho social,
económico y cultural de máxima dimensión, por sí mismo y por su inescindible
interrelación con la dignidad humana, la Corte Constitucional le ha reconocido
reiteradamente a la vivienda digna su connatural nivel de derecho fundamental[19], frente al
cual el Estado tiene el deber de fijar las condiciones necesarias para hacerlo
real y efectivo, sin distinción, con tres campos específicos de regulación, en
torno a la realización de planes de vivienda de interés social; el
establecimiento de sistemas adecuados de financiación a largo plazo; y las
formas asociativas de ejecución de programas[20].
2.4.3.
En consecuencia, el derecho
a la vivienda digna, como fundamental que es, puede ser exigido por vía
de tutela, de acuerdo a su contenido mínimo, que debe comprender la
posibilidad real de gozar de un espacio material delimitado y exclusivo, en el
cual la persona y su familia puedan habitar y llevar a cabo los respectivos
proyectos de vida, en condiciones que permitan desarrollarse como
individuos dignos, integrados a la sociedad. En este sentido, la tutela del
derecho fundamental a la vivienda digna procede de manera directa, sin
necesidad de apelar a la conexidad, admitiendo la acción constitucional acorde
con los requisitos generales determinados al efecto.
Con todo, no puede olvidarse que el derecho
fundamental a la vivienda digna está sujeto a un criterio de progresividad en
su cobertura, que permite que su ejecución siga parámetros de justicia
distributiva, debiendo priorizarse cuando se requiera con mayor apremio, por
razones de edad (niñez, senectud), embarazo y discapacidad, entre otras.
2.5.
EL DEBER ESPECIAL DE
SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES BANCARIAS FRENTE A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO. Reiteración jurisprudencial.
2.5.1.  Esta Corporación ha entendido la materialización del
deber de solidaridad contenido en la Constitución, como la exigencia tanto del
Estado como de los particulares de brindar el socorro y la ayuda  a las
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Concretamente la jurisprudencia ha estudiado este principio en las relaciones
entre bancos-clientes, debido a las circunstancias de conflicto armado en las
que vive Colombia, en las cuales a las entidades financieras se les exige tener
presente la situación especial de las víctimas de la violencia respecto a la
dificultad para cumplir con sus obligaciones crediticias. De esta manera, se
abordó el tema en primer lugar, frente a las personas víctimas de secuestro,
extendiendo luego su aplicación a la población desplazada.
2.5.2.  En este orden, la Corte Constitucional en la Sentencia
T-520 de 2003[21]
analizó la circunstancia de una víctima de secuestro que tenía obligaciones con
entidades financieras y, una vez dejado en libertad, las entidades le exigieron
el pago de la totalidad de los créditos, para lo cual procedieron a instaurar
las correspondientes demandas judiciales, sin que hubieren aceptado la
reliquidación propuesta por el accionante. Ante esta situación, el actor
instauró acción de tutela con el fin de que se le permitiera una fórmula de
arreglo acorde con sus condiciones económicas para cancelar lo adeudado.
En esta oportunidad, la Corte determinó que a la luz de la Constitución
se habían vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad, por cuanto las entidades financieras habían
exigido el pago sin considerar los efectos que tuvo el secuestro del accionante
sobre las posibilidades económicas de cumplir.
Para adoptar la decisión, se tuvo en cuenta las circunstancias de
debilidad manifiesta del actor por razón del secuestro, frente a la legítima
expectativa de la entidad financiera en el cumplimiento de la obligación
contraída. Luego de analizar esos intereses en conflicto y determinar el
alcance del principio de solidaridad, se determinó la posición que debía asumir
la entidad financiera como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales afectados, en lo acarreado por la inobservancia de la
solidaridad.
En este sentido, ordenó la Corte:
la suspensión, por término determinado de los procesos ejecutivos iniciados por
los Bancos; la novación de los contratos inicialmente suscritos; y, llegar a un
nuevo acuerdo en relación con las cuotas del préstamo. Además, el juez
constitucional señaló la forma como se deben liquidar los intereses durante el
período en que el ciudadano sufrió el secuestro, aclarando en todo caso, que no
se trataba de una condonación de la obligación.
2.5.3.
Por otra parte, en la Sentencia
T-419 de 2004[22]
la Corte Constitucional estudió el caso de un desplazado que solicitaba al
Banco Agrario la condonación de un crédito hipotecario, teniendo en cuenta que
por una circunstancia imprevisible y de fuerza mayor, cual es, el
desplazamiento forzado de su lugar de residencia y de trabajo ocasionado por
las acciones de violencia de las FARC, no había podido cumplir con las
obligaciones financieras previamente adquiridas.
En esta providencia se estudiaron e hicieron
extensivos a la población víctima de desplazamiento los criterios expuestos en
la anteriormente citada Sentencia T-520 de 2003, en relación con las personas
secuestradas, concluyendo que existe vulneración a los derechos fundamentales
de una persona desplazada, cuando una entidad bancaria exige el pago de su
obligación sin considerar los efectos que tiene la condición de desplazado
sobre sus posibilidades de cumplir tal pago, puesto que este desconocimiento
rompe el deber de solidaridad frente a las personas que se encuentran en circunstancias
de debilidad manifiesta.
Bajo estos parámetros, tuteló el derecho fundamental
de petición del accionante, determinando que el Banco Agrario debía emitir una
respuesta  teniendo en consideración la condición de desplazado del
peticionario para efectos de cancelar el crédito adquirido con la entidad. De
esta manera, la Corte ordenó al Banco que le suministrara una respuesta
adecuada a la situación que el peticionario planteaba, e indicó que debía
informar lo siguiente: si existen alivios de crédito por hacer parte de la
población desplazada por la violencia; si podía acceder a algunos de los
créditos de que trata la Ley 418 de 1997 “por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones”; si el Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario, FINAGRO, podía hacer el redescuento de la obligación  del
actor; si tenía derecho a subsidios; si contaba con otras garantías además de
la hipoteca, que previeran las situaciones como la que padecía el demandante,
que es el abandono del inmueble que garantiza la obligación y pérdida de los
demás bienes.
En todo caso, se advirtió al Banco el deber de resolver lo pretendido
por el actor y garantizarle que en la fórmula de arreglo que acordara se
tuviera en cuenta su condición de desplazado y sus condiciones económicas.
2.5.4.
En la misma línea, la Sentencia
T-358 de 2008[23],
al estudiar el caso de un desplazado por la violencia, contra quien el Banco
Agrario había iniciado proceso ejecutivo por el incumplimiento en el pago de su
obligación, concluyó que la entidad financiera vulneró los derechos
fundamentales del peticionario, al exigir el cumplimiento de su obligación sin
tener efectivamente  en cuenta su condición de desplazado.
Recordó que para la Corte “los esfuerzos estatales
frente a la crisis humanitaria generada por el desplazamiento deben
corresponder a la gravedad de la situación, lo cual significa que no solo
han de concretarse en las medidas necesarias para conjurar el
sufrimiento y los perjuicios derivados de abandonar el domicilio, el trabajo, el
hogar, la familia, los amigos, etc., sino que las mismas también deben ‘ser
eficientes y eficaces, proporcionales a los daños pasados, presentes y futuros
que soportan las familias obligadas a abandonar su terruño, sin que, de manera
alguna, puedan desconocer o agravar su situación’[24].(Negrillas
propias)
En consecuencia, ordenó la Sala de Revisión al banco
accionado terminar el proceso ejecutivo adelantado en contra del actor y, en
esa medida, plantear  y acordar  nuevas opciones reales para el pago de la
deuda, teniendo en cuenta la condición de desplazado. Igualmente, ordenó que en
caso de que por causa del incumplimiento del demandante en el pago de su
crédito se hubieren generado reportes negativos a las centrales de riesgo, se
realizaran las gestiones necesarias para la exclusión de los mismos.
2.5.5.
De la misma manera, en la Sentencia
T-312 de 2010[25],
se estudió la solicitud realizada al juez constitucional de una persona
desplazada de suspender la exigibilidad de la obligación crediticia adquirida
con BANCAMIA, así como el cobro de todos los intereses de mora y de plazo,
hasta tanto no se normalizara su precaria situación económica en razón del
desplazamiento.
En esta ocasión, hizo especial énfasis la Sala Séptima
de Revisión en la particular situación de indefensión en la cual se encuentran
quienes sufren el flagelo del desplazamiento como consecuencia del conflicto
interno de orden público que ha padecido el Estado colombiano en su historia
reciente, advirtiendo que, en virtud del principio de solidaridad, es deber del
Estado atender las necesidades de este sector vulnerable de la población. No
obstante lo anterior, reiteró que la solidaridad no es un deber exigido
únicamente a los organismos e instituciones estatales, sino que está
estrechamente correlacionado con los particulares, como es el caso de las
entidades financieras.
En este sentido, sostuvo la Corte:
“(…) se hace necesario estimar en qué medida una
entidad bancaria es garante de los derechos de un ciudadano que ha sido
desplazado y frente al cual se pueden exigir obligaciones de carácter
crediticio, que le permiten legítimamente ejercer la acción ejecutiva, pero que
del otro lado, en la condición de deudor se encuentra una persona puesta contra
su voluntad en un estado de indefensión y debilidad manifiesta.
El anterior planteamiento puede definirse en forma
clara remitiéndonos a la jurisprudencia desarrollada por esta Corporación, la
cual en sus sentencias ha equiparado las condiciones de desplazamiento con las
de un persona secuestrada; aunque no son circunstancias similares en su forma,
si lo son en el fondo, puesto que representan dos de las más constantes
violaciones contra la vida y libertad personal en el marco del conflicto
armado.
(…)
A juicio de la Sala, tanto el secuestro como el
desplazamiento dejan a la víctima en una situación especial que amerita la
protección constitucional[26]
por parte del juez de tutela, más aún cuando se enfrentan a obligaciones de
carácter económico, puesto que en el primer caso, por lo general, una vez
pagada la suma exigida por el rescate, las condiciones financieras no son las
mismas que cuando no estaba privado de la libertad; en el segundo caso, quien
es desplazado abandona la totalidad de actividades de las cuales derivaba el
sustento diario para sí y su familia, quedando expuesto a las inclemencias de
la vida en un lugar ajeno a su círculo social, económico y cultural.”
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
determinó la Corte que BANCAMIA vulneró los derechos fundamentales del
accionante, puesto que, pese a la manifestación de éste de la imposibilidad de
cumplir con sus obligaciones debido a su condición de desplazamiento, no se
brindó soluciones efectivas que materializaran, en el caso particular del
actor, el principio de solidaridad.
De esta manera, tras destacar que el accionante no
tiene la misma capacidad de pago debido a que ha sido víctima del
desplazamiento, ordenó otorgar un plazo justo dentro del cual la su situación
económica se estabilice. Adicionalmente, advirtió que el banco no puede hacer uso de las cláusulas
aceleratorias que pudieron haber suscrito en el contrato con el accionante para
efectos de hacer exigible la totalidad de la deuda, ni podrá cobrar intereses
moratorios durante el periodo señalado. Sin embargo, aclaró que tiene derecho a
cobrar los intereses moratorios que se hayan causado con anterioridad al
desplazamiento.
2.5.6.
En el mismo sentido, se
pronunciaron las Sentencia T-697 de 2011[27],
T-181 de 2012[28],
T-207 de 2012[29]
y T-386 de 2012[30],
en las cuales se dio aplicación a las reglas construidas
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la
aplicabilidad del principio de solidaridad ante la iniciación de procesos
ejecutivos en contra de un deudor que haya adquirido la calidad de víctima del
desplazamiento forzado luego de la suscripción del respectivo contrato de
mutuo.
2.5.7.
En conclusión, las personas
que han sido desplazadas, y por ende, son víctimas de la violencia se
encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y
marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida
por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le
permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en
este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de
los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera,
como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un
nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de
los intercambios regulares y del reconocimiento social. Es allí donde cobra importancia
la observancia de parte de la sociedad en general y de las entidades estatales
del principio de solidaridad, pues con él las relaciones sociales y jurídicas
que surgen con personas en estas condiciones deben observar características
especiales que tengan en cuenta su situación. Por esto, en virtud del principio
de buena fe y del deber de solidaridad las instituciones financieras tienen
unas cargas cuando los deudores se ven avocados a circunstancias de debilidad manifiesta,
como es el caso de las personas desplazadas por la violencia y siendo
consecuentes con el deber de solidaridad deben tener en cuenta la condición de
desplazado y sus condiciones económicas especiales.
2.6.
CASO CONCRETO
2.6.1.  Resumen de los hechos
2.6.1.1.
Manifiesta la actora, la
señora Elicenia Díaz López, que junto con su esposo Libardo Bahena López,
vivían en el corregimiento de Gaitana en un municipio en el Tolima, donde
sufrieron presiones de grupos al margen de la ley, situación que los obligó a
abandonar su lugar de residencia y acceder al Registro Nacional de Población
Desplazada desde el 5 de enero de 2006.
2.6.1.2.
Señala que con el dinero de la
venta de sus pertenencias, el 7 de marzo de 2006, adquirió un inmueble a la
señora Diana Yaneth Suárez Burgos, ubicado en la carrera 1ra G No. 22-28 en el
Barrio Rojas Trujillo de Neiva, que se encontraba hipotecado a la entidad
Bancaria Granahorrar, hoy fusionado con el BBVA, a nombre del señor Hugo
Alberto Trujillo González (obligación hipotecaria No. 350500048067).
2.6.1.3.
La actora aclaró que con la
compra del bien inmueble asumió la responsabilidad de la obligación
hipotecaria, con el conocimiento de pagar el acuerdo de pago realizado el 30 de
junio de 2005 con la Gerencia Nacional de Cartera de la Sociedad Promociones y
Cobranzas Beta S.A. que ascendía a diecisiete millones de pesos ($ 17.000.000).
Para mayor claridad, con base en los documentos recolectados en sede de
revisión ante esta Corporación, se pudo comprobar lo siguiente:
La entidad financiera BBVA S.A. indicó que el crédito
hipotecario N° 350500048067 fue otorgado por el Banco Central Hipotecario
(BCH), al señor Hugo Alberto Trujillo González, identificado con C. C.
12.123.360, con fecha de desembolso agosto 10 de 1994, por valor de
$11.550.000, a 180 meses de plazo (15 años), que a diciembre 31 de 1999
ascendía a $28.337.893, encontrándose al día.
De conformidad con lo dispuesto en la ley de vivienda
546 de 1999 y la circular de la entonces Superintendencia Bancaria, se le
otorgó un alivió por $6.788.372, valor que se aplicó a la obligación, con
retroactividad al 1° de enero de 2000, siendo redenominado a unidades de valor real
(UVR).
El crédito hizo parte de la cesión parcial de activos
y pasivos celebrada entre el BCH y el Banco Granahorrar, que a su vez “formó
parte de la venta de cartera celebrada entre el Banco Granahorrar y Central de
Inversiones S. A. CISA, el 24 de diciembre de 2004”. Esta última entidad tenía como operador comercial de administrador de su cartera, primero
a Cobranzas Beta S.A. y luego a Serlefin LTDA.
La Compañía Central de Inversiones S.A.,CISA –a través
de SERLEFIN LTDA- indicó que se realizó un acuerdo de pago el 30 de junio de
2005, para la extinción de la obligación N° 350500048067, por valor de
17.000.000, para ser cancelados en 18 cuotas[31],
advirtiendo que en caso de incumplimiento las facilidades de pago establecidas
se entenderán sin efecto y continuarían las condiciones iniciales del crédito.
Destacó que tal acuerdo fue incumplido por parte del deudor[32] y refirió que la
obligación fue vendida a la Compañía de Gerenciamiento de Activos, CGA Ltda.,
mediante contrato celebrado en julio 6 de 2007, con entrega en octubre 31 del
mismo año[33].
COVINOC S.A., es la firma que administra la cartera de la Compañía de
Gerenciamiento Comercial CGA y que se encuentra facultada para gestionar las
obligaciones y dar respuesta a las solicitudes presentadas por los deudores.
Sobre el cumplimiento alegado por la actora de
aquellas 18 cuotas asumidas, adjuntó al escrito de tutela las copias de los
comprobantes de pago de quince meses entre el 27 de diciembre de 2005 y el 13
de diciembre de 2006[34].
Puede verse que al 14 de noviembre de 2006 Promociones y Cobranzas Beta S.A.
afirma que la obligación de $ 17.000.000 se había pagado hasta 14.120.000 y se
le concedió plazo para la cancelación del saldo de $2.880.000 en tres cuotas
de  960.000 (octubre, noviembre y diciembre de 2006), (folio 118 cuaderno de
revisión). Posteriormente SERLEFIN LTDA., certifica que al 31 de diciembre de
2007 el saldo total de la deuda asciende a $21.966.920 millones de pesos (fl.
125 del cuaderno de revisión).
Compañía de Gerenciamiento de Activos, CGA, Ltda.,
denotó que adquirió el crédito con incumplimiento del acuerdo de pago y
obligación pendiente, aclarando que al 17 de marzo de 2009 los deudores
realizaron dieciséis consignaciones a la obligación N° 350500048067 y resaltando
que el saldo de la deuda a febrero 28 de 2009, era “26.396.381”[35].
La Sala desea en este punto destacar, que actualmente,
al 26 de febrero de 2013, COVINOC –entidad que administra la cartera de la
Compañía de Gerenciamiento de Activos, CGA- manifestó que la obligación
asciende a $ 43.852.087 pesos. Presentó oferta de pago por intermedio de
apoderado judicial por la suma de $2.500.000 para la cancelación del crédito.
2.6.1.4.
Con fundamento en estos
hechos, y en que la actora no tenía comprensión sobre el estado de su deuda, e
incluso, solicitó con varios derechos de petición  la cancelación de la
hipoteca por cuanto consideró que había cumplido con los pagos pactados, la
señora Elicenia Díaz interpuso acción de tutela el 17 de junio de 2008[36] al
considerar que Granahorrar (hoy BBVA), Promociones y Cobranzas Beta S.A.,
Central de Inversiones S. A. (CISA) y Compañía de Gerenciamiento de Activos,
CGA, Ltda., han vulnerado, entre otros, su derecho fundamental a la vivienda
digna al desconocer su condición de vulnerabilidad al ser desplazada por la
violencia y al negarse a dar por cancelada una obligación crediticia que ella
asumió cuando adquirió el inmueble que como garantía de ese crédito se
estableció sobre el predio ubicado en la carrera 1ª G N° 22-28 de Neiva, antes
de que ella lo comprara sabiendo que existía tal gravamen.
La actora durante este tiempo, por la situación
vivida, sufrió graves quebrantos de salud mental caracterizados por
sentimientos de depresión grave, los cuales fueron sustentados en la historia
clínica allegada al expediente[37].
2.6.1.5.
El Juzgado Primero Laboral de
Neiva en sentencia de agosto 27 de 2008, no recurrida, negó el amparo
solicitado al considerar evidente estar “frente a un conflicto contractual
cuya definición puede y debe ventilarse ante la jurisdicción civil”[38], donde puede
demostrar la amortización de la obligación hipotecaria, que a su entender le “ha
generado la posibilidad de la pérdida de su vivienda”[39].
2.6.1.6.
Las entidades demandadas, en
sus respectivos escritos de respuesta, afirmaron que adquirieron la obligación
vigente con un acuerdo de pago incumplido por parte de la señora Elicenia Díaz López,
lo que hace imposible acceder a la pretensión de ella (levantamiento de la
hipoteca), sin que antes cancele la totalidad de la deuda.
2.6.1.7.
En síntesis la Sala observa
que el caso bajo estudio se trata de un presunto abuso de la posición dominante
de las entidades financieras acreedoras de la obligación hipotecaria que asumió
la accionante cuando adquirió el bien inmueble que actualmente es su vivienda.
Igualmente se extrae que la obligación hipotecaria fue cedida en varias
oportunidades tanto por los sujetos pasivos como por los mismos acreedores,
pues es evidente que la obligación inicial la concedió el Banco Hipotecario,
luego pasó a Granahorrar (hoy BBVA), luego a la Compañía Central de Inversiones
S.A. y luego a la Compañía de Gerenciamiento de Activos CGA, quienes además,
contaban cada una con un administrador de cartera distinto, los cuales no
reconocieron los acuerdos de pago suscritos, dado que aparecía como una
obligación incumplida.
2.6.2.
Examen de procedencia de la
acción de tutela
2.6.2.1.
Legitimación por activa
2.6.2.1.1.
El
artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo
que puede ser ejercido por toda persona “por sí mismo o por quien actúe a su
nombre”, para obtener la protección urgente de los derechos fundamentales
que se estimen violados por la acción u omisión de cualquier autoridad estatal
o entidad particular, en este último caso en ciertos eventos. En el mismo sentido lo establece el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,
al contemplar la posibilidad de reclamar la protección de los derechos
fundamentales a través de representante, y presumir los poderes como
auténticos.
2.6.2.1.2.
En lo referente al caso
concreto, se encuentra probada la legitimación por activa, pues la actora actúa
a nombre propio por considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las
entidades financieras demandadas.
2.6.2.2.
Legitimación por pasiva
2.6.2.2.1.
El artículo 5 del decreto 2591
de 1991 dispone la procedencia de la acción de tutela contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas o de particulares (en ciertos casos) que
viole o amenace violar los derechos fundamentales. En desarrollo de esta
disposición, la Corte Constitucional ha mencionado que la legitimación pasiva
debe ser entendida como la facultad procesal que se le reconoce al demandado
para que éste desconozca o controvierta la reclamación que el actor dirige
contra él mediante demanda[40].
2.6.2.2.2.
En el caso concreto, tal como
ya fue mencionado en las consideraciones de la presente providencia, las
personas jurídicas demandadas son entidades financieras que ejercen un servicio
público, el cual se concreta en el manejo, aprovechamiento e inversión de
recursos captados del público. De la misma forma, la jurisprudencia ha
entendido que por la posición dominante que ostentan estas entidades, los
usuarios del sistema financiero se encuentran en una situación de indefensión.[41]
2.6.2.2.3.
Respecto a lo que debe
entenderse por el estado de indefensión, la
Corte en su jurisprudencia ha señalado que éste no tiene origen en la
obligatoriedad que se deriva de un vínculo jurídico, sino en la situación de
ausencia o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir
u oponerse a la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales[42].
La indefensión no puede ser, entonces, analizada en abstracto, sino que
requiere de un vínculo entre quien la alega y quien la genera, que permita
asegurar el nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental.
También ha dicho la Corte que
la “situación de indefensión se sujeta a la condición respecto de la cual
toda persona que solicite la protección de cualquier derecho fundamental, no
tenga a su disposición otro mecanismo que le permita defenderse de los agravios
causados por un particular, de cuyos actos se desprenda la amenaza o violación
de los derechos fundamentales”.[43]
En suma, en el caso concreto se cumple con la
legitimación por pasiva, en virtud de la posición que ostentan las entidades
financieras en la relación son sus deudores.
2.6.2.3.
Principio de inmediatez
2.6.2.3.1.
La naturaleza principal de la
acción de tutela es: i) proteger y restablecer los derechos fundamentales que
han sido vulnerados, y ii) evitar un perjuicio irremediable cuando exista una
amenaza real e inminente a un derecho fundamental. Es por esa razón que el
accionante debe solicitar la protección en un plazo razonable o prudencial, es
decir, la acción de tutela no puede ejercitarse en un tiempo indefinido desde
el momento en que ocurrió el hecho que originó la vulneración o amenaza, porque
perdería su misma naturaleza[44].
2.6.2.3.2.
En el presente caso, la Sala
observa que sí existe inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela, toda
vez que la accionante acudió a este recurso en junio de 2008, luego de haber
presentado varias solicitudes a las entidades financieras para conocer el
estado de la deuda y para que le valieran los pagos realizados con miras a
levantar la hipoteca. Por ello, la Sala entiende que el tiempo es razonable,
teniendo en cuenta que los conflictos que suscitaron la falta de comprensión en
el saldo adeudado de la obligación hipotecaria por la actora desde finales de
2006, la obligaron a presentar varios derechos de petición en el transcurso del
año 2007.
2.6.2.4.
Principio de subsidiariedad
2.6.2.4.1.
El artículo 86, inciso 3, de la
Constitución y el artículo 6, numeral 1°, del Decreto 2591 de 1991 disponen que
la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, y en caso de existir otros medios, procede de manera
excepcional cuando (i) exista una amenaza de perjuicio irremediable en
términos de derechos fundamentales y/o (ii) las acciones judiciales
ordinarias no sean idóneas para la protección inmediata de los derechos
involucrados.
La Corte Constitucional ha establecido que los medios
alternativos con los que cuenta el interesado tienen que ser aptos para obtener
la protección con la urgencia que el asunto amerita, de modo que si los medios
de defensa resultan ineficaces o insuficientes para proteger los derechos
fundamentales o evitar un perjuicio irremediable, la acción de tutela debe ser
procedente[45].
2.6.2.4.2.
Descendiendo al caso que se
examina, la actora se encuentra en una situación de indefensión, como ya se
señaló, por ser una persona víctima de la violencia que por su misma necesidad
asumió la obligación de una deuda hipotecaria para asegurar su vivienda luego de
ser desplazada forzosamente, y al mismo tiempo, por encontrarse en una entidad
financiera que ejerce una posición dominante.
Igualmente, considera la Sala, que para aclarar el
estado del saldo de la obligación hipotecaria y proceder a la eventual
cancelación de la hipoteca, no existen otros medios de defensa judicial que
resulten idóneos y efectivos para defender los derechos fundamentales que se
encuentran en amenaza de ser vulnerados. La actora presentó varios derechos de
petición solicitando aclarar el saldo de la deuda, sin que fuera aclarado de
manera comprensible para ella, y en cambio, sólo se le reiteró en varias
oportunidades que el acuerdo había sido incumplido y por tanto los pagos
efectuados no tenían ningún efecto, y se le señalaba el aumento del saldo a
deber. Esta situación conlleva a que se encuentre en riesgo la casa donde vive,
porque con sus condiciones económicas ya no puede asumir un saldo mayor al que
presuntamente ya pagó y la deuda continúa ascendiendo sin tenerse claridad
sobre lo debido.
2.6.3.
Análisis de la vulneración
alegada
2.6.3.1.
Se hace imprescindible
formular dos precisiones previas para proceder a realizar el examen de fondo
del caso bajo estudio. La primera es resaltar que la actora es una persona que
fue desplazada por la violencia, se encuentra incluida en el RUPD desde el 5 de
enero de 2006, y posterior a estos hechos la tutelante adquiere el bien
inmueble que va a ser su vivienda y asume la obligación hipotecaria.
La segunda precisión que es necesario formular, es que
la señora Elicenia en el escrito de tutela fundamenta sus pretensiones de
condonación de la deuda y/o de sus intereses causados en la vulneración del
derecho a la vivienda digna, sin embargo, previamente a la presunta violación
de este derecho fundamental, lo que en realidad se puede evidenciar es que la
accionante como deudora de la obligación hipotecaria no entiende las razones
por las cuales el saldo a pagar cambió y por qué la entidad financiera le informa
que el acuerdo ha sido incumplido, cuando ella entiende que ha consignado ya la
mayor parte de la obligación. Precisamente por esta situación es que la actora
presenta derechos de petición a las entidades financieras, para aclarar el
estado de su deuda. En efecto, esta interpretación de la demanda puede
sostenerse con lo manifestado por ella en el relato de los hechos:
“De acuerdo con las consignaciones realizadas durante
todo el año 2006 (…) y como consecuencia la Entidad Bancaria GRANAHORRAR debía
levantar la Hipoteca por PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, Sin embargo me lleve una
sorpresa porque PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA, no había hecho ningún reporte del
saneamiento de la deuda.
En consecuencia me dirigí a PROMOCIONES Y COBRANZAS
BETA, para verificar los pagos haber que sucedía pero me dijeron que había
vendido la cartera a CENTRAL DE INVERSIONES S.A. “CISA”, y que por tal razón me
tenía que entender con ellos de ahora en adelante, situación muy complicada
porque en Central de Inversiones no me pusieron atención y aparentemente nadie
sabía nada de nada (…)
Por último solicitamos a SERLEFIN LTDA, se sirviera
entonces certificarnos, cual era el saldo total a pagar de la deuda, y nos
expiden un estado de cuenta a 31 de diciembre de 2007, por la suma de $
21.966.920,23. Situación que me mandó de nuevo a la clínica, es la cosa más
absurda de la vida, es la injusticia más descarada del mundo. Y para colmo
de males les he solicitado me expidan historia del crédito Hipotecario inicial
que fue por la suma de $11.300,oo en el año de 1994, a favor de HUGO ALBERTO TRUJILLO GONZÁLEZ, y tampoco es posible porque ésta COMPAÑÍA DE
GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS CGA LTDA. No tiene (sic) esa información, y si
la tiene no entiendo porque (sic) no la niega sin embargo lo que si saben
cobrarnos $21.966.920, adicionales (…)”[46]
(énfasis de la Sala)
La falta de claridad de su obligación, además es
reiterada en sede de revisión ante esta Corporación durante la audiencia
especial realizada el 25 de marzo de 2009, en la cual la señora Elicenia
manifestó que el acuerdo que ella asumió con Cobranzas Beta el 27 de diciembre
de 2005 lo terminó de pagar el 13 de diciembre de 2006 y no entiende por qué
las entidades financieras que asumieron la obligación posteriormente afirman
que el acuerdo fue incumplido[47].
De manera que, en su solicitud, la accionante invoca
el derecho a la vivienda digna, sin hacer alusión expresa a ningún otro derecho
fundamental, pero es evidente que la vulneración previa a estos derechos es la
falta de claridad en la deuda asumida por ella frente a las entidades
bancarias. Por ello, es preciso señalar que esta Corte al respecto ha indicado
que “La ausencia de técnica jurídica en la solicitud no puede ser obstáculo
para que el juez constitucional desentrañe el interés del peticionario y
analice los hechos y las pruebas que surjan de la tramitación de la acción. Por
esta razón la Corte Constitucional tiene establecido que es deber del juez de
tutela “verificar la veracidad de los hechos narrados, apreciar las pruebas y
deducir la violación de los derechos fundamentales invocados, o de otros, que
también requieren protección’”[48].
Así, además de la protección constitucional del derecho a la vivienda
digna, esta Sala determinará si las entidades financieras accionadas con su
actuar han vulnerado o vulneran actualmente el derecho fundamental de la
accionante al debido proceso sustentado en el acceso a la información clara y
cierta de sus obligaciones financieras, y en consecuencia, si existe una
amenaza del derecho a la vivienda digna.
2.6.3.2.
Precisado lo anterior, la Sala
observa que es un hecho cierto que la accionante asumió la obligación
hipotecaria, iniciando con el deber de pagar el monto del último acuerdo de
pago que ascendía a $17.000.000. Vale la pena señalar que este acuerdo de pago
fue pactado entre Diana Janeth Suarez Burgos con Central de Inversiones S.A.,
es decir, con la persona que le vendió la casa a la actora, y que después, ella
misma asumiría.
La señora Elicenia presentó un derecho de petición a
Central de Inversiones el 1 de noviembre de 2006, en el que aceptó que había
pagado hasta la fecha $13.350.000 millones de pesos, y solicitó que se
estudiara la posibilidad de realizar una condonación de los intereses por el
incumplimiento de pagos en el periodo del año 2005. El 14 de noviembre del 2006
Promociones y Cobranzas Beta S.A., respondió aduciendo que “(…) para la
extinción total de la(s) obligación(es) 350500048067 por un valor de
$17.000.000 de los cuales usted ha cancelado $ 14.120.000 en las siguientes
fechas: $ 500.000 el 30/jun/2005, $800.000 el 23/ago/2005, $ 300,000
el 18/oct/2005, $ 100.000 el19/oct/2005, $ 600,000 el 27/dic/2005, $ 700.000 el
13/ene/2006, $ 600.000 el 26/ene/2006, $ 1,400,000 el 03/mar/2006, $ 2,000,000
el 11/abr/2006, $ 1,200,000 el 08/may/2006, $ 1,300,000 el 08/jun/2006, $
1,350.000 el 05/jul/2006, $800,000 el 10/ago/2006, $690,000 el 25/ago/2006,
$1,000,000 el 31/ago/2006, $780,000 el 21/sep/2006 y se concede plazo para
la cancelación del saldo de $ 2,880,000 en las siguientes fechas: $960.000
el 24/oct/2006, $960.000 el 15/nov/2006 y $960.000 el 15/dic/2006.
ADICIONALMENTE EL DEBERÁ CANCELAR LA SUMA DE $ 750,000 EL 20/NOV/2006, COMO
MAYOR VALOR DE LA NUEVA NEGOCIACIÓN”
Hasta esta respuesta -14 de noviembre de 2006-, la
señora Elicenia debía a la entidad financiera dos millones ochocientos ochenta
mil pesos ($2´880.000.oo). La actora presentó de nuevo derecho de petición
informándole a la entidad financiera su condición de desplazada por la violencia
y reiteró la condonación de los intereses sobre los pagos incumplidos por la
anterior deudora. No obstante ello, el 29 de noviembre de 2006, Central
de Inversiones comunicó a la señora Elicenia que “Teniendo en cuenta el
incumplimiento presentado en el acuerdo de pago de la obligación (…), se
presento (sic) la ratificación de los pagos al comité de cartera, ente que
determino (sic), que con el fin de no deteriorar la negociación inicial,
el cliente debería asumir un mayor valor por la suma de $750.000, suma que debería
ser cancelada a más tardar el día 20 de noviembre de los corrientes. De
no efectuarse dicho pago se originará incumplimiento en el acuerdo suscrito por
las partes”[49].
(Énfasis de la Sala)
Cabe resaltar en este punto, que esta última
comunicación fue emitida directamente por la entidad financiera acreedora de la
obligación, Central de Inversiones, y no por su operador de cartera, que al
momento de tomar la administración de la deuda de la señora Elicenia era
Promociones Cobranzas Beta S.A., quien en un principio ya había señalado la
forma de pago del saldo y el mayor valor a pagar. No obstante, se puede ver
cómo este nuevo escrito que comunica a la actora sobre el mayor valor a pagar,
tiene fecha del 29 de noviembre de 2006 y le exige a la deudora pagarlo el 20
de noviembre, con el agravante de afirmar que si no se cumple se generará un
incumplimiento y se deteriorará la negociación inicial. De manera que, la
actora, ya había incurrido en un incumplimiento, como lo reconoció SERLEFIN
LTDA, nuevo operador de Central de Inversiones el 23 de diciembre de 2006[50].
Luego, la obligación fue cedida a la Compañía de
Gerenciamiento de Activos CGA LTDA, la cual tenía como operador de cartera
primero a SERLEFIN[51],
y después a Covinoc[52],
los cuales recibieron la obligación hipotecaria de la señora Elicenia con la
anotación del incumplimiento de los acuerdos de pago, y con base en esto,
señalaron que “son hechos ocurridos antes de la cesión a la Compañía de gerenciamiento
de Activos LTDA CGA, y que los registros que nos cedieron se encuentran en las
bases de datos como ciertos recibidos por Central de Inversiones S.A., esta
compañía es un tercero ajeno a ese acuerdo de pago suscrito por el deudor con
dicha entidad”[53].
La misma Compañía de Gerenciamiento de Activos señaló en el trámite de la
acción de tutela que desconocía los hechos referentes a la carta emitida el 29
de noviembre  que exigía el pago del mayor valor el 20 de noviembre de 2006, y
sólo adujo que el crédito no tenía acuerdo de pago y permanecía vigente.
2.6.3.3.
Pues bien, de todas estas
actuaciones deducidas del expediente en el momento de la interposición de la
acción de tutela, para la Sala es claro que la obligación hipotecaria fue
cedida en tres ocasiones distintas a tres entidades financieras distintas
(Granahorrar hoy BBVA, Central de Inversiones y Compañía de Gerenciamiento de
Activos CGA[54]),
y éstas, tenían además, administradores de cartera también distintos (Sociedad
Promociones y Cobranzas Beta, SERLEFIN y Covinoc). En el momento de asumir la
obligación hipotecaria la señora Elicenia acordó con Central de Inversiones, y
como administrador de la cartera, la Sociedad Promociones y Cobranzas Beta, luego
se entendería con las demás, quienes sólo señalaron que su obligación había
sido incumplida e iniciaron el cobro de la obligación como si no hubiera
existido ningún pago a favor. Puede verse que la última comunicación que tuvo
la actora sobre el estado de la obligación hipotecaria, luego de saber que sólo
debía $2.880.000 y le reconocieron como valor cancelado el monto de $14.120.000[55], es la
certificación emitida por SERLEFIN en la cual se afirma que el valor adeudado
es de $21.966.920 y que la propuesta de pago es inviable. De allí se entiende
que desconocieron los pagos realizados por ella anteriormente. Además las
respuestas de los posteriores administradores de cartera y de la misma Compañía
de Gerenciamiento de Activos CGA, respecto al estado de la obligación
crediticia se limitan a contar el recuento de la cesión de la obligación, a señalar
que existió un acuerdo de pago no tiene vigencia por el incumplimiento de las
condiciones.
2.6.3.4.
Es así como, para la Sala es
posible deducir que las entidades financieras abusaron de su posición
dominante, al no ser claras y precisas con la información sobre el estado de la
obligación hipotecaria sobre el histórico, poniendo a disposición del usuario
el acuerdo inicial de la deuda para comprender los intereses moratorios y la
sanción del mayor valor impuesta de $750.000 y la cláusula del “deterioro de la
negociación inicial”, sobre cuál era la causa del incumplimiento; los pagos
atrasados de la primera deudora o el hecho de que la actora no cumpliera con
las últimas cuotas. También, la Sala observa que existe un desconocimiento de
los derechos de la accionante a acceder a una información veraz, cierta,
precisa y clara sobre su deuda, toda vez que luego de saber que tenía un monto
de $2.880.000 como saldo, las entidades financieras siguientes se limitaron a
señalar que se trataba de un acuerdo de pago incumplido sin aclararle a la
actora en qué consistía y que consecuencias tenía el incumplimiento, y en
cambio, exigían el pago de la deuda inicial sin reconocer los pagos efectuados
por la accionante.
Es cierto que la persona que vendió la vivienda a la
accionante había incumplido las cuotas de pago en el año 2005 y que la señora
Elicenia conocía de esto, sin embargo la entidad financiera nunca informó sobre
este hecho y esperó hasta el final para cobrar un mayor valor, que además fue
exigido para pagar en una fecha de imposible cumplimiento, pues ya había
acaecido y por ende, la actora se encontraba automáticamente de nuevo en estado
de incumplimiento y había deteriorado la negociación inicial [56].
En relación al abuso de la posición dominante de las
entidades financieras y al desconocimiento de los derechos fundamentales de los
usuarios del sistema, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en
señalar que,
“Para la Corte es claro que las entidades bancarias
tienen una posición dominante frente a los usuarios del sistema financiero. En
efecto, son ellas quienes fijan los requisitos y condiciones de los créditos,
tasas de interés, sistemas de amortización etc. Son ellas las depositarias de
la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos gozan de la
presunción de veracidad por parte de los clientes.
En este orden de ideas, la acción de tutela procede
tanto por la violación al derecho de petición como por las vulneraciones que
puedan emanar de una relación asimétrica como es la que se entabla entre una
entidad financiera y los usuarios, al tener los bancos atribuciones que los
colocan en una posición de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y
omisiones desconocer o amenazar derechos fundamentales de las personas.
En relación con las obligaciones que emanan de los
contratos bancarios si algo debe saber el usuario, sin ninguna duda en forma
expresa, diáfana y clara, es cuánto debe y por qué concepto, máxime si la
entidad financiera emite comunicados contradictorios e ininteligibles.
(…)
Si los clientes de las entidades bancarias no pueden
preguntar sobre las condiciones exactas de sus créditos ¿qué tipo de peticiones
pueden entonces hacerse a los bancos y corporaciones de crédito? Se pregunta
esta Corte”[57]. (Énfasis de la Sala)
Igualmente, la Corte en sentencia T- 608 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández adelantó las siguientes consideraciones en lo que concierne a
las relaciones existentes entre los bancos y sus clientes:
“De esta manera, una entidad financiera al remitir a
sus clientes una información en la que se refleja el estado actual y real de
las obligaciones que éstos poseen con dicha entidad, no sólo establece un canal
de comunicación cliente-entidad financiera, sino que además, la entidad financiera
expone a su cliente su actual posición jurídica respecto de tales obligaciones,
y en consecuencia, crea en el usuario una confianza cierta acerca del estado de
las mismas. Es por esta razón, que sentada la posición por parte de la
entidad bancaria, ésta no podrá variarse de manera unilateral e inconsulta,
pues de hacerlo, no sólo evita que su cliente controvierta la nueva posición
jurídica que se le quiere imponer, sino que además, viola su derecho al debido
proceso y desconoce abiertamente el principio de respeto al acto propio.”[58]
(Énfasis de la Sala)
Con base en estas precisiones de la jurisprudencia, la
Sala encuentra que incluso en el caso concreto, una vez se comunicó a la actora
el estado de la obligación hipotecaria –el 14 de noviembre de 2006-, días
después -29 de noviembre- se le reiteró el mayor valor a pagar por
incumplimiento, pero adicionalmente se le señaló que en caso de no cumplir con
esto se deterioraría la negociación inicial, y la fecha para dar cumplimiento
ya había vencido. Por lo que la carga que se le impuso a la accionante fue aún
más agravada y se defraudó la confianza legítima que había adquirido de la
información entregada previamente que señalaba deber sólo un saldo de
$2.880.000.
En este punto es importante afirmar que la actora
presentó copia de los comprobantes de pago de cada una de las cuotas finales,
hasta diciembre de 2006, sin embargo las correspondientes a noviembre y
diciembre no son legibles, cuestión que no es suficiente para que el banco
asuma que la negociación inicial fue incumplida, pues ya las cuotas iniciales
-2005- habían sido consignadas a un valor menor y no se había declarado
inválida la negociación, y en cambio, a la Sala le llama la atención que la
entidad financiera hubiera asumido el incumplimiento sólo hasta el final de las
cuotas cercanas a cumplir con el pago total de la obligación y desconociera
todo lo pagado hasta el momento. Esto al final es un actuar arbitrario de parte
de la entidad financiera, pues es quien se abroga el poder de determinar cuándo
la obligación ha sido incumplida e iniciar de nuevo con el valor principal de
la negociación sin tener en cuenta todos los pagos ya efectuados por los
usuarios.
Ahora bien, la Sala es conciente que luego del proceso
de tutela y la revisión en sede de esta Corporación, con la cantidad de
material probatorio allegado por las entidades demandadas en este tiempo, la
obligación adeudada por la actora y su histórico ya es clara, inclusive el
Banco BBVA realiza un recuento más profundo sobre la obligación hipotecaria
original en comparación con su primer escrito en sede de tutela[59], pero en el momento
en el que la señora Elicenia interpuso la acción de tutela a la señora no
le fueron atendidas de manera clara y comprensible sus solicitudes y se abusó
de la posición dominante de estas entidades, por ejemplo no se observa cuáles
son las condiciones de la negociación inicial de la obligación hipotecaria, si
existía una aceptación expresa sobre el “deterioro de la negociación inicial
por incumplimiento”, y aún así, si existiera, para esta Sala esta cláusula es
una muestra clara del abuso de la posición dominante.
2.6.3.5.
Por otra parte, es cierto que
la señora Elicenia asumió la obligación hipotecaria luego de haber sido
desplazada forzosamente, a diferencia de lo que ha estudiado la jurisprudencia
constitucional para reconocer una protección especial en estos casos, en los
que la persona desplazada ha asumido la obligación previamente y por
ocasión del desplazamiento no puede continuar con el pago oportuno de la
obligación ante la entidad financiera[60].
Sin embargo, no es posible desconocer del todo que la actora es una víctima de la
violencia y que merece un trato especial por respeto a su proceso de
estabilización económica.
La Sala reconoce que la entidad financiera tiene
derecho a perseguir las obligaciones crediticias en las que es acreedor, pero
de ninguna manera esto justifica un trato arbitrario con sus usuarios, y menos
tratándose de víctimas de la violencia, quienes se encuentran en una situación
vulnerable. En ese sentido, las entidades financieras, por su posición
dominante, tienen la obligación de garantizar un debido proceso en las
relaciones con estas personas, y una forma de hacerlo es asegurando un acceso
adecuado, comprensible y acorde con la condición de vulnerabilidad de la
información que manejan.
Así,  está claro que la inscripción de la demandante y
de su cónyuge en el Sistema Único de Registro Nacional de Población Desplazada
desde enero 5 de 2006, no los hacen merecedores per se de especial
protección constitucional, que repercuta en exoneración o alivio de la deuda
garantizada con el inmueble que habitan. No obstante lo anterior, esta Sala
considera que el principio de solidaridad debe observarse en las relaciones
entre entidades financieras y víctimas de la violencia en todo momento, pues el
principio de solidaridad consagrado en la Carta, juega un rol fundamental en el
equilibrio social de las cargas, en la medida en que es un principio
constitucional que: (i) constituye una pauta de comportamiento conforme a la
cual deben obrar las personas[61]
con miras a la realización de fines constitucionales[62]; (ii) es un criterio de
interpretación judicial útil en tales causas y (iii) es un límite a los
derechos propios[63],
en circunstancias en que se requiere el apoyo a otros, para consolidar y
afianzar finalmente los derechos de todos[64].
En el caso de las víctimas de
desplazamiento forzado, debe tenerse en cuenta que una vez inician la etapa de
estabilización económica, también están en una condición vulnerable en el
sentido en que se enfrentan a distintos cambios en su vida a los cuales no
estaban acostumbrados en la forma de vida que tuvieron que abandonar, por esto
la sociedad general y el Estado debe se consciente del trato especial que
merecen y comprender sus circunstancias sin aprovecharse de su situación de
necesidad. Bien lo señaló la Corte en la sentencia T-419 de 2004[65];
“El desconocimiento de los derechos fundamentales
alegados por una persona desplazada (vida, igualdad, libertad u otro derecho
fundamental), se violan cuando una entidad bancaria le exige el pago de su
obligación sin considerar los efectos que tiene la condición de desplazado
sobre sus posibilidades de cumplir tal pago se rompe el deber de solidaridad
frente a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, en cuyo caso, es deber del Estado o de los particulares, según la
situación, de acudir con la ayuda necesaria, dentro de la órbita de su
competencia, (…) Entonces, si en el presente caso, la entidad financiera no ha
tenido en cuenta la condición de desplazado del actor, la acción de tutela
puede ser procedente. Por el contrario, si la entidad financiera ha
suministrado al demandante la información adecuada a esta condición y a su
actual situación económica, la acción de tutela no procede”.
Se puede verificar de los hechos narrados por la
actora y los documentos allegados en sede de Revisión, que el inmueble sobre el
cual versa la hipoteca fue adquirido por la actora casi dos meses después de
haber sido reconocida como víctima de desplazamiento forzado con su esposo –lo
que puso en conocimiento a las entidades financieras acreedoras de la
obligación-, lo que conlleva a concluir que, más allá de encontrarse en una
situación de vulnerabilidad por causa del desplazamiento, también se encontraba
en un estado de necesidad que la llevó a asumir una obligación crediticia para
lograr de nuevo tener una vivienda adecuada que le asegurara su subsistencia.
Con base en esto, la Sala considera que a pesar de que es cierto que la
accionante asumió la deuda aún conociendo su estado de vulnerabilidad, también
es cierto que no fue totalmente autónoma para decidir, pues su necesidad de
tener una casa donde vivir la obligó a asumir la deuda que pensó poder pagar.
2.6.4.
Conclusiones y decisión a
tomar
2.6.4.1.
En síntesis, en el caso
concreto, si bien es cierto que la actora asumió la deuda luego de su
desplazamiento forzado, se presentó un desconocimiento de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la información financiera cierta,
veraz y comprensible sustentada en el abuso de la posición dominante de las
entidades demandadas, quienes desde un comienzo sólo buscaban cobrar la
obligación hipotecaria asumida por la actora sin aclararle debidamente las
condiciones y desconocer todos los pagos efectuados con base en una cláusula de
“deterioro de la negociación inicial por incumplimiento” que le fue informada
luego de alcanzar a pagar casi el momento de la deuda asumida.
2.6.4.2.
Por todas las consideraciones
esbozadas, la Sala Sexta de Revisión, concederá la protección de los derechos
fundamentales de la señora Elicenia Díaz, pero no conforme a las pretensiones
formuladas por ella en el escrito de tutela, sino en el sentido en que las
entidades demandadas desconocieron su derecho al debido proceso y al acceso a
una información adecuada y pertinente de su obligación hipotecaria. De manera
que en esta ocasión, y como ya se explicó, no se ordenará la condonación de la
deuda o de sus intereses moratorios, sino que, en la medida en que las
entidades se limitaron a señalar que la deuda había sido cedida, que se
registraba un incumplimiento y que debía asumir el mayor valor con la deuda
inicial, sin aclarar exactamente en qué había consistido el incumplimiento, sus
efectos, sus intereses adeudados y cambiar la fecha exigida para el pago
provocándose un incumplimiento automático, se ordenará que se realice un
peritaje sobre el monto actual de la obligación hipotecaria No. 350500048067,
su histórico y las condiciones inicialmente pactadas y se tengan en cuenta los
pagos efectuados por la accionante por la negociación realizada el 15 de junio
de 2005 hasta diciembre de 2006 con un saldo por pagar de $2.880.000. Además,
en el momento de la reliquidación, la entidad financiera deberá abstenerse de
cobrar los intereses moratorios sobre la deuda a partir del momento de la
interposición de la acción de tutela, pues fue a partir de allí que debió
concederse la protección de los derechos fundamentales, sin que se generen
cargas adicionales a la tutelante.
En efecto, en aras de hacer efectiva la protección de
los derechos fundamentales de la accionante, se ordenará al juez de instancia
que requiera a un tercero imparcial tomado de la lista de los auxiliares de
justicia, como un perito experto en la temática del caso bajo revisión para
que, con toda la información que le alleguen las partes y del expediente de
esta providencia, verifique el estado del valor real de la obligación, su
histórico, pagos efectivos, intereses moratorios, etc., y vigile un acuerdo de
pago que se diseñe y se adapte a las condiciones de la señora Díaz.
Igualmente, dado que la accionante fue desplazada por
medios violentos y se le debe otorgar protección especial, la Sala requerirá a la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por intermedio de su
Directora o quien haga sus veces, para que si aún no lo ha realizado, en el
término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo,
valore la actual condición de vida de la señora Elicenia Díaz López y su grupo
familiar, en aras a vincularla a los alivios y programas a que tenga derecho,
establecidos en la Ley 1448 de 2011, especialmente los relacionados con
subsidios de vivienda, asistencia crediticia y tasas de descuento que le puedan
ser aplicados, sí a ello hubiere lugar.
3.       DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término de revisión, decretada mediante auto de marzo
9 de 2009.
Segundo.- REVOCAR la sentencia del 27 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado Primero
Laboral de Neiva, mediante la cual fue denegada la tutela pedida por la señora Elicenia Díaz López contra el Banco Granahorrar (hoy
BBVA), Promociones y Cobranzas Beta S. A., Central de Inversiones (CISA) y
Compañía de Gerenciamiento de Activos, CGA, Ltda., y en su lugar, CONCEDER,
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
información financiera clara y cierta teniendo en cuenta el proceso de
estabilización económica de la población desplazada, a la señora Elicenia
Díaz López, por las razones de esta providencia.
Tercero.- ORDENAR al juez de primera instancia, el Juzgado Primero Laboral del
Circuito, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta providencia, designe a un tercero imparcial de la lista de
auxiliares de la justicia, quien con la información que alleguen las entidades
demandadas, especialmente la Compañía de Gerenciamiento Comercial ACG LTDA (hoy
Compañía de Gerenciamiento de Activos S.A.S en liquidación) y a Covinoc S.A.,
su representante legal o quien haga sus veces, y la parte actora, realice un
estudio histórico de la obligación hipotecaria de la señora Elicenia Díaz
López, teniendo en cuenta (i) las condiciones pactadas desde su origen, (ii)
la tasa pactada conforme a un crédito de vivienda, (iii) los pagos realizados
en cumplimiento de esta obligación, (iv) el acuerdo de pago suscrito en el año
2005 y que fue asumido por la accionante, (v) el valor real del bien inmueble,
(v) los pagos efectuados por ella hasta 2006 que ascendían a un valor de catorce
millones ciento veinte mil pesos ($14.120.000) para deducirlos de la
liquidación actual de la obligación hipotecaria y (vi) abstenerse del cobro de
intereses moratorios a partir de la fecha de la interposición de la acción de
tutela.
Una
vez notificada la sentencia y de adelantar el proceso referenciado en el
presente numeral, las partes deberán llegar a nuevos acuerdos de pago con el
fin de continuar con la relación contractual, sin embargo, estos se harán
teniendo en cuenta las posibilidades económicas del accionante para esa época y
el principio de solidaridad.
Cuarto.- ORDENAR  a la Defensoría del Pueblo que en ejercicio de las
funciones que le asigna el artículo 282 de la Constitución, asesore y
acompañe a la señora Elicenia Díaz López y allegue al juez de
primera instancia, con copia a la Corte Constitucional, un informe sobre las
actuaciones adelantadas por las entidades demandadas y los acuerdos de pago
celebrados.
Quinto.- REQUERIR a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
intermedio de su Directora o quien haga sus veces, para que si aún no lo ha
realizado, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
de este fallo, valore la actual condición de vida de la señora Elicenia Díaz
López y su grupo familiar, en aras a vincularla a los alivios y programas a que
tenga derecho, establecidos en la Ley 418 de 1997 y la Ley 1448 de 2011,
especialmente los relacionados con subsidios de vivienda, asistencia crediticia
y tasas de descuento que le puedan ser aplicados, sí a ello hubiere lugar.
Sexto.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que alude el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Auto del 5 de noviembre de 2008, Sala de Selección conformada
por los Magistrados Manuel José Cepeda y Humberto Antonio Sierra Porto.
[2] Granahorrar, en el proceso de fusión con
BBVA, cedió la obligación a
Promociones y Cobranzas Beta, que a su vez la cedió luego a Central de
Inversiones S. A., CISA, la cual posteriormente la vendió a Compañía de Gerenciamiento
de Activos, CGA, Ltda.
[3] Fs. 32 y  33 cd. inicial.
[4] Fs. 51 y 52 ib..
[5] Cfr. artículos 86 Const. y 42 D. 2591 de 1991.
[6] Los establecimientos bancarios son “las instituciones financieras
que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente
bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a
término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito”,
numeral 2° del artículo 2° del Decreto 663 de 1993.
[7] Recuérdese que el artículo 335 superior obliga a promover “la
democratización del crédito”.
[8] Ver sentencias T-312 de mayo 3 de 2010, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-1018 de diciembre 9 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; T-386 de mayo 25 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-909 de noviembre 12 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[9] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[10] El Decreto 1593 de 1959, que se expidió con
fundamento en el inciso i) del artículo 1º del Decreto 753 de 1956, fue
derogado por el 3º de la Ley 48 de 1968, razón por la cual no está vigente.
[11] Sentencia T-443 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[12] Sentencia T-288 de 1995.
[13] Ver sentencia T-1062 de 2001
[14] Sentencia T-360 de 2009.
[15] Art. 51 Const.: “Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
[16] Numeral 1° del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 1966; artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 27
de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 21 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; artículo 5.2 del Convenio 117 de la Organización Internacional del Trabajo sobre política social; artículo 5°, literal e, iii de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
artículo 43.1, literal d de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares; artículo 28.1 y 2, literal d de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; artículo 14.2 literal h de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículos 14, 16 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
[17] Ver por ejemplo la sentencia T-908 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[18] T-1094 de diciembre 19 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[19] Cfr., además de las sentencias ya citadas en este acápite,
T-791 de agosto 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería; T-1091 de octubre 26
de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1103 de noviembre 6 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-065 de febrero 4 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; T-484 de junio 20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[20] T-1094 de 2012, precitada.
[21] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[23] M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[24] “T-086 de 2006 (9 de febrero), M. P. Clara Inés Vargas Hernández”.
[25] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[26] En este sentido la sentencia T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda, indicó: “También ha resaltado esta Corporación que, por las
circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor
parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad ‑
que se ven obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y
sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de
las fronteras del territorio nacional’ para huir de la violencia generada por
el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un
nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y
sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el
otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘Las personas
desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los
hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’.
[27] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[28] M.P: María Victoria Calle Correa.
[29] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[30] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[31] Cfr. literal I, correspondiente al acápite de pruebas ordenadas en
sede de revisión, numeral 2°, pag. 7.
[32] Cfr. literal I, correspondiente al acápite de pruebas ordenadas en
sede de revisión, numeral 2°, pag. 8.
[33] F. 40 cd. Corte.
[34] Los comprobantes de pago de los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2006 no son legibles suficientemente.
[35] Cfr. literal I, correspondiente al acápite de pruebas ordenadas en
sede de revisión, numeral 3°, pag. 9.
[36] Folio 55 del cuaderno de primera instancia.
[37] Ver cuaderno de primera instancia.
[38] Fs. 265 y 266 cd. inicial.
[39] F. 266 ib..
[40] Ver sentencia T-416 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández. “(…) la legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la
medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no
se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la
entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la
vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello. Cfr. sentencias T-1015/06. MP. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[41] Ver sentencia T-172 de 2007 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[42] Ver entre otras, sentencias T-921 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-482 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1217 de 2008 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-909 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo.
[43] Cfr. T-482 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-909 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo.
[44] Ver, sentencia T-196 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
[45] Cfr. Sentencia T-191 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[46] Ver escrito de tutela del cuaderno principal.
[47] Ver folio 111 del cuaderno de revisión.
[48] Ver entre otras, sentencias T-390 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-277 del 2006 M.P. Jaime Córdoba Treviño y T-312 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[49] Folio 21 del cuaderno principal.
[50] Folio 173 del cuaderno principal.
[51] Ver folio 199 del cuaderno principal en el cual se puede notar
que esta entidad señala que es el operador de cartera de la Compañía de gerenciamiento de Activos CGA, al 16 de mayo de 2008.
[52] Ver folio  194 Covinoc afirme ser el administrador de cartera
de la Compañía de Gerenciamiento de Activos, al 10 de julio de 2008.
[53] Folio 194 del cuaderno principal.
[54] “Por
otra parte y en razón al objeto social, Central de Inversiones S.A. adquirió la
obligación No. 350500048067, por cesión a el Banco (sic) Granahorrar,
obligación que a su vez posteriormente fue vendida a la compañía de
gerenciamiento de Activos LTDA., mediante contrato de compra venta de activos
celebrado el 06 de julio de 2007 y entregada el 31 de octubre de 2007”.
[55] La actora habría cancelado 16 cuotas que sumarían $14.120.000[55] Cfr. literal I, correspondiente al acápite de pruebas ordenadas en
sede de revisión, numeral 2°, pag. 8.
[56] La comunicación de fecha del 29 de noviembre de 2006, exige el pago de
$750.000 como mayor valor a pagar por el incumplimiento el 20 de noviembre del
mismo año.
[57] Cfr. Sentencia T-1085 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentaría y T-129 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[58] En sentencia T-959 de 2000, M.P. Rodrigo Escobar Gil, sobre el
particular señaló lo siguiente: “es claro que las entidades
bancarias, como prestadoras de un servicio de interés público, y depositarias
de la confianza pública, asumen una posición dominante frente a sus clientes, a
quienes les suministran una información que presumen veraz, y a través de la
cual informan a sus clientes de manera puntual y exacta sobre el estado de sus
obligaciones financieras. Es a partir de esta información que los clientes
pueden establecer si sus obligaciones crediticias ya están canceladas o aún
persiste un saldo pendiente.”
[59] Ver folios 44 al 46 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional. Igualmente lo hace la Compañía de Gerenciamiento de Activos LTDA en
escrito del 26 de julio de 2013, en el que se hace referencia al acuerdo de
pago suscrito el 7 de junio de 2005, al derecho de petición presentado por el
cónyuge de la actora el 23 de octubre de 2006 en el cual se establecen las
últimas dos cuotas a pagar y se hace énfasis en que el acuerdo fue incumplido
porque los pagos se realizaron de manera irregular.
[60] “a) La obligación contraída por una víctima de desplazamiento
forzado previa su ocurrencia no es exigible mientras persistan las
circunstancias de indefensión y debilidad que caracterizan el delito del
desplazamiento y sus consecuencias, debido a que ello acarrea la pérdida o
alteración de los medios de producción que de forma tradicional habían sido
empleados por la víctima para la manutención propia y la de su familia. Sin
embargo, debido a que ordenar la suspensión de la obligación crediticia
hasta la estabilización socio-económica de la víctima podría resultar
desproporcionado [frente al derecho de las entidades de perseguir el pago del
crédito y mantener así el acceso de otras personas a los servicios
financieros], se hace imperiosa la renegociación de la deuda y la terminación
de cualquier proceso ejecutivo que se  hubiese iniciado para su exigibilidad…”.
Cfr T-697 de septiembre 20 de  2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Se advierte que el sentido de cada una de esas
medidas fue explicado ampliamente en la sentencia T-520 de 2003 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil). Por tratarse de jurisprudencia reiterada y uniforme, la Sala no profundizará en ello. Se puede confrontar el acápite 3º de los fundamentos de la
sentencia citada.
[61] Sentencia C-459 de 2004.
[62] Sentencia T-170 de 2005.
[63] Sentencia C-459 de 2004.
[64] La Corte Constitucional, en la Sentencia T-434 de 2002. Señaló sobre el principio de
solidaridad, lo siguiente: “En cuanto a su contenido, esta Corporación lo
define como: “un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su
pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio
esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés
colectivo”. // De esta manera, cada miembro de la comunidad, tiene el deber de
cooperar con sus congéneres ya sea para facilitar el ejercicio de los derechos
de estos, o para favorecer el interés colectivo.//Este deber, que vincula y
condiciona el actuar tanto del Estado, como de la sociedad y la familia, no es
ilimitado, y por esta razón el intérprete en cada caso particular, debe
establecer los límites precisos de la exigibilidad”.
[65] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.