T-661-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-661/03
DERECHO AL TRABAJO-No se probó
existencia de veto/DERECHO AL TRABAJO-No se probó relación de
subordinación
Referencia:
expediente T-727540
Acción de tutela incoada por Jorge Enrique Mora
contra Codensa S.A. ESP
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil tres (2003).
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado 47
Civil Municipal de Bogotá, al resolver sobre la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La tutela instaurada
El peticionario, Jorge Enrique Mora, aduce que es electricista y ha
venido realizando distintos trabajos a suscriptores y usuarios cuyas
instalaciones son conectadas a las redes de distribución eléctrica de Codensa
S.A. ESP. Afirma que la demandada le impide realizar su labor, por cuanto le dice
a las empresas contratistas que desde 1982, en la antigua Empresa de Energía de
Bogotá, existe un “veto” a la actividad que desempeña, lo cual no es cierto,
tal como lo demuestra con un documento anexo.
Manifiesta que solicitó trabajo en la empresa “A.N.”, contratista de
Codensa S.A. ESP (no especifica fecha) y luego de unos días le comunicaron que
por la existencia del reporte sobre el “veto” no lo contratarían. Así mismo,
que el 10 de marzo de 2002 acudió a la firma “MINCOL”, pero luego de que le entregaran
la dotación, el ingeniero José Antonio Fajardo le informó que devolviera los
elementos debido a la existencia del “veto”.
Relata que en la entidad demandada, la señora Diana Garzón, de la
oficina de Recursos Humanos, le comunicó que en pantalla no le figuraba
problema alguno, pero que aparecía en el archivo un informe de 1982 de la
Empresa de Energía de Bogotá (no especifica su contenido).
Agrega que laboró en “MEC Profesionales de Codensa S.A. ESP” desde
el 19 de octubre de 2001 hasta el 1 de marzo de 2002.
Considera que se le está vulnerando su derecho al trabajo y que se
le han causado perjuicios económicos y morales pues tiene cinco hijos y debido
a la falta de dinero no ha cancelado los servicios públicos, hasta el punto que
le embargaron su casa por no pagar las cuotas.
El actor aportó al expediente fotocopia de una carta a él enviada el
15 de enero de 2003 por parte del Gerente Administrativo de la Empresa de
Energía de Bogotá S.A. ESP en la que le informa que no tiene ningún antecedente
de relación laboral con él y que la empresa no tiene ninguna participación en
los contratos que realiza tanto Codensa S.A. ESP, como sus firmas contratistas
(folio 3).
2. Respuesta de la entidad demandada
A través del apoderado general, Codensa S.A. ESP, asegura que no ha
desconocido derecho fundamental alguno del accionante, puesto que las empresas
contratistas son autónomas para seleccionar su personal. Expresa que el petente
no demostró la supuesta vulneración alegada y además la información
suministrada es errada.
Asegura que la empresa no tiene contrato alguno con la firma
“MINCOL”, citada por el actor, pero sí con “MICOL Ltda.”, la cual expidió una
certificación en la que consta que el ingeniero José Antonio Fajardo no tenía
para la fecha indicada en la demanda relación contractual o laboral con esa
firma.
Manifiesta que el actor no ha tenido ni tiene relación laboral
alguna con Condensa S.A. ESP, motivo por el cual no es procedente en este caso
la tutela.
II. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION
A través de Sentencia proferida el 6 de marzo de 2003, el Juzgado 47
Civil Municipal de Bogotá denegó el amparo deprecado. Consideró que no existen
pruebas que determinen la veracidad de lo afirmado por el accionante y que la
acción de tutela es un mecanismo ágil y con términos perentorios que no permite
la práctica de pruebas para determinar con exactitud si le asiste o no la
razón. Por ese motivo conmina al peticionario para que acuda a la jurisdicción
ordinaria y ejerza las acciones correspondientes.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA
DECISION
La procedencia de la acción de tutela
frente a la vulneración o amenaza cierta de un derecho fundamental.
Improcedencia de la tutela en este caso por cuanto no se demostró la violación
alegada por el actor
1. La acción de tutela ha sido concebida por el Constituyente como
un mecanismo preferente y sumario al alcance de todas las personas para obtener
la protección de los derechos fundamentales frente a la vulneración o amenaza
por parte de las autoridades públicas o por particulares, en los estrictos
casos señalados en la ley.
2. En efecto, la tutela procede contra particulares -tal como esta
Corporación lo ha sostenido[1]-
siempre y cuando se cumplan los requisitos constitucionales establecidos en el
artículo 86 de la Carta y los de orden legal que señala el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991[2].
Así las cosas, la tutela procederá contra particulares cuando éstos presten un
servicio público, o cuando con su conducta se afecte grave y directamente el
interés público o cuando el solicitante se encuentre en estado de subordinación
o indefensión respecto del demandado.
3. Pero, esa amenaza o violación del derecho fundamental alegada
debe existir, ser real, no puede ser futura e incierta. Es imprescindible que
se trate de una acción u omisión que sea imputable a alguien y ese alguien debe
corresponder con la persona contra quien se dirige la acción. La existencia del
agravio y de la conducta activa u omisiva debe ser plenamente establecida por
el juez constitucional para que pueda proferir una orden concreta e inmediata,
de manera que restablezca el orden jurídico constitucional quebrantado y
destinada a que el demandado actúe o se abstenga de hacerlo.
Igualmente, debe verificarse una relación de causalidad entre el
acto u omisión que se imputa al demandado y el daño real o la verdadera amenaza
del perjuicio que alega el peticionario. Sin ella no hay lugar a que sea
procedente ni viable la tutela[3].
4. Ahora bien, conforme al artículo 25 de la Constitución, el
trabajo es un derecho y una obligación social, y goza de especial protección
por parte del Estado, en todas sus modalidades[4].
La especial protección de ese derecho comprende todas las profesiones y oficios
y a todos los empleados, ya sean públicos o privados y su garantía no sólo se
enmarca dentro del ámbito del acceso y permanencia en condiciones dignas y
justas, sino a que el mismo no sea restringido o limitado por la acción y
omisión de otro. Este derecho puede ser validamente protegido mediante la
acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, siempre que haya sido
amenazado o desconocido en los términos descritos.
5. En el caso objeto de análisis el actor alega que la empresa
demandada le desconoce su derecho al trabajo, por cuanto le impide el acceso al
mismo al “vetarlo” frente a los contratistas para que no le den empleo.
De las diligencias se desprende que el actor no tiene ningún tipo de
relación laboral con la accionada, motivo por el cual no se encuentra en
situación de subordinación frente a ella. Tampoco se advierte que se halle en
circunstancia de indefensión y, por lo tanto, que no pueda adelantar en su
contra las acciones ordinarias correspondientes en caso de que a ello hubiere
lugar.
No se demostró tampoco dentro del plenario el supuesto “veto”
alegado por el peticionario, pues él mismo aporta una carta enviada por la
Empresa de Energía de Bogotá[5],
según la cual no tiene antecedente de relación laboral entre la entidad y el
actor. Además, Codensa S.A. ESP expresó que no tiene ninguna relación
contractual con la empresa “MINCOL”, la cual, según el peticionario, no lo
vinculó por la presunta censura, y aunque dijo que sí tiene contrato con la
firma “MICOL”, ésta certificó que el ingeniero José Antonio Fajardo no tenía
ningún vínculo contractual con esa empresa para la fecha señalada en el escrito
de tutela, es decir, para el 10 de marzo de 2002.
Por otro lado, es importante destacar que aunque el actor relaciona
algunos hechos que considera indicadores de la actitud reprochable por parte de
la demandada, lo cierto es que no resultan ser claros ni precisos. Además, no
existe petición alguna ante la empresa con el fin de cuestionar el proceder
irregular que le imputa, ni relación laboral que lo ate a ella.
De acuerdo con lo anterior, no encuentra la Sala ninguna actitud
reprochable imputable a la demandada y ninguna vulneración o amenaza cierta de
los hechos narrados por el actor que hagan posible conceder la protección
solicitada.
Con fundamento
en estas breves consideraciones, la Corte confirmará el fallo de instancia.
6. No obstante y
por razones de pedagogía constitucional, debe recordarle al fallador que si
bien es cierto el trámite que se le debe imprimir a la acción de tutela es ágil
y sumario, no por ello puede el juez escudarse en la perentoriedad de los
términos para desconocer su deber de practicar las pruebas solicitadas y las
que considere pertinentes y conducentes para esclarecer los hechos y así llegar
a la plena convicción de que en un caso determinado existió o no vulneración o
amenaza de derechos fundamentales. Es deber del juez escudriñar sobre el asunto
puesto bajo su conocimiento e indagar sobre los hechos para verificar no sólo
su veracidad sino las violaciones de la Carta Política que, aunque no sean
señaladas por el peticionario, surjan como consecuencia de su labor judicial.
IV. DECISION
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado 47
Civil Municipal de Bogotá, que denegó la tutela interpuesta por Jorge Enrique
Mora.
Segundo. Por Secretaría, LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Ver, entre otras, las sentencias T-507 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-172 de 1993, T-443 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), T-134 de 1994, T-105 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y SU-166
del 12 de marzo de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[2]
Ver Sentencia T-755 del 11 de octubre de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[3]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-471 de 1994 (M.P. Hernando
Herrera Vergara).
[4]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-584 de 1998 (M.P. Hernando
Herrera Vergara).
[5]
Folio 3 del expediente.