C-487-00
Sentencia C-487/00
Sentencia
C-487/00
PRINCIPIO DE
UNIDAD DE MATERIA-Alcance/PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Interpretación amplia y ausencia de conexidad
La Corte se ha
referido al principio de la unidad de materia, y ha señalado que éste se
inspira en el propósito de conseguir que el Legislador, racionalice y
tecnifique el proceso normativo, que se consigue si el proyecto de que se
trate, adopta un tema o asunto principal con arreglo al cual se desarrolla e
integra todo el cuerpo normativo del mismo. Pero sin embargo ha precisado que
dada la importancia que tiene el principio democrático en el ordenamiento
constitucional, la unidad de materia debe ser interpretada de manera amplia.
Por consiguiente, sólo se violan las reglas que busca preservar ésta cuando una
determinada norma no guarda relación objetiva causal o teleológica con la
temática general que denomina en la ley de la cual forma parte. Es de anotar,
que cuando el Constituyente estableció el principio de la unidad de materia en
modo alguno cualificó la noción de ésta, pues sólo condicionó su exigencia a la
circunstancia de que hubiera una relación material, objetiva, racional y
evidente entre el asunto que se debía regular y el articulado contentivo de su
desarrollo. Lo que resulta inaceptable y opuesto por consiguiente al aludido
principio es la ausencia de conexidad entre las diferentes normas que integran
la ley y la cuestión principal que constituye el objeto de dicha regulación.
PRINCIPIO DE
UNIDAD DE MATERIA-Integración
por normas sustantivas y procesales con conexidad temática o teleológica
No se opone a la
noción de unidad de materia la circunstancia de que una ley pueda estar
integrada por normas sustantivas y procesales, si ellas guardan entre sí una
conexidad temática o teleológica, en virtud de la cual todas ellas estén
dirigidas a conseguir el desarrollo normativo del asunto u objeto material que
constituye el meollo de la ley.
Referencia:
expediente D-2614
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 16 de la ley 446 de 1998.
Actor: Diego
Alejandro Martínez Molina
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá D.C., mayo cuatro (4) de
dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecido en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Diego Alejandro Martínez Molina demandó el
art. 16 de la ley 446 de julio 7 de 1998, "por la cual se adoptan como
legislación permanente algunas normas del decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la ley 23 de
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones de descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia".
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte procede a
decidir acerca de la demanda en referencia.
II.
NORMA DEMANDADA.
A continuación se transcribe el texto de
la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No.
43.335 del 8 de julio de 1998.
Ley 446
de 1998
(JULIO 7)
Por la cual
se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991,
se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la
Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del
Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
ARTICULO
16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la
Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a
las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará
los criterios técnicos actuariales.
III. LA DEMANDA.
Considera el demandante que la norma
acusada quebranta el principio de unidad de materia, que consagra el art. 158
de la C.P., por las siguientes razones:
Conforme a dicho principio toda ley debe
versar o referirse única y exclusivamente a una misma materia y no puede
abordar asuntos o cuestiones diferentes.
El mandato constitucional en referencia
fija unos parámetros muy claros a la acción del legislador buscando que esta se
ejerza de nuevo racional y responsable, respetando principios fundamentales del
estado derecho como la seguridad jurídica y propendiendo la congruencia de las
normas creadas con el sistema jurídico superior y obligando al legislador a
preparar y discutir los proyectos en forma técnica y ordenada, evitando asi la
aparición apresurada, anónima y sorpresiva de mandatos legales desconectados de
la temática principal.
El campo material de la ley es un límite
que se fija el propio legislador al momento de tramitarla; por ello, dicho
límite puede encontrarse en la forma como ella es encabezada. Atendiendo al
ámbito de la regulación que aparece definido en el enunciado inicial de la
referida ley, puede observarse que su objeto es eminentemente procesal,
característica que deduce de las siguientes consideraciones:
"a. Las normas jurídicas a las que
expresamente se refiere para modificarlas o derogarlas son todas de reconocido
carácter procesal (Decreto 2651 de 1991, Código de Procedimiento Civil, Ley 23
de 1991, Decreto 2279 de 1989)".
"b. Los conceptos a los cuales se
hace alusión (descongestión, eficiencia y acceso a la justicia) se refieren
todos a la mejoría de los instrumentos procesales para llevar al caso concreto
la justicia de las normas de tipo sustancial".
"c. Las normas contenidas en su
articulado, salvo el artículo 16, en ningún momento se adentran en la
definición de las relaciones jurídicas entre los particulares, sino que se
refieren a su aplicación en la realidad".
Sin embargo, el art. 16 que se acusa es una
norma de carácter sustancial, "encajada indebidamente en una ley de tipo
procesal”, puesto que:
No consagra instrumento alguno tendiente a
llevar a su realización práctica las normas relativas a las obligaciones
nacidas del incumplimiento del deber de no dañar al otro.
Aborda temas relativos a la existencia y
cuantificación de las obligaciones de reparar los daños causados a las personas
y a los bienes.
Reforma el contenido de normas sustanciales
referentes a la reparación de daños, estableciendo una forma de valorarlos
totalmente diferente a la existente en nuestro sistema jurídico.
Dado que el artículo 16 de la ley 446 de
1998 es una norma de carácter sustancial, y la ley dentro de la cual esta
contenida regula una materia de índole procesal, se ha sobrepasado el límite
material  fijado por el propio legislador, y violado el mandato de la unidad de
materia consagrado en la Constitución.
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.
Mediante apoderado, el Ministerio solicita
de la Corte declarar la exequibilidad de la norma acusada, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
La norma censurada no regula ningún
supuesto que incida o pueda incidir sobre los derechos y deberes a la
reparación por las partes, de donde resulta claramente que se trata de una
norma de contenido evidentemente formal o adjetivo.
El hecho de que una norma sea adjetiva no
la diferencia objetivamente de una que posee contenido sustancial, porque la
heterogeneidad de criterios que debe atender el legislador al momento de
formular una normatividad completa y coherente con el objetivo perseguido,
permite la inclusión de disposiciones de distinto carácter, lo cual no
desconoce el principio del art. 158 superior, "si el estatuto en que se
mezclan resulta coherente teleológica y temáticamente".
2. INTERVENCIÓN CIUDADANA.
El ciudadano Ramiro Bejarano Guzmán
intervino en el proceso para oponerse a la pretensión del demandante, por
considerar que el precepto acusado no es contrario a la Constitución. En apoyo
de su posición señala:
La norma acusada no contiene una regulación
de carácter sustancial relacionada con el régimen de la responsabilidad por
daños, "sino que define el criterio con base en el cual un juez debe
valorarlos en un proceso judicial"
La norma demandada es de carácter procesal,
pues lo que ella expresa es lo mismo que ha venido haciendo nuestra
jurisprudencia, pues para valorar un daño hay que tener en cuenta los
principios de reparación integral y equidad y aplicar los conocimientos técnicos
actuariales.
Por reparación integral ha de entenderse
una indemnización que comprenda todos los daños causados, esto es, el daño
emergente, el lucro cesante y, cuando sea viable, el restablecimiento del
perjuicio moral. Una suma que no tenga en cuenta estos elementos no indemnizará
el daño. Y que una indemnización sea equitativa, naturalmente significa que sea
proporcionada con el daño sufrido, o lo que es lo mismo, que repare el
perjuicio causado y no que enriquezca al afectado.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
El señor Procurador solicita a la
Corte que se declare la constitucionalidad del artículo demandado, y al efecto
señala los siguientes argumentos.
El derecho procesal estudia y señala el
conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del
Estado, fijando los procedimientos que se han de seguir para obtener la
realización del derecho positivo en asuntos concretos.
El derecho procesal es uno solo, ya
que regula la función jurisdiccional y sus principios son comunes a todas sus
ramas (procesal penal, civil, contencioso administrativo, etc.). El derecho
sustancial, por el contrario, consagra en abstracto los derechos que realiza el
derecho formal o procesal.
El hecho de que una norma de carácter sustancial
sea incorporada en el texto de una ley procesal no la torna inconstitucional,
siempre que ella guarde relación temática con el asunto principal que ella
regula.
La necesidad de preservar la unidad de
materia no comporta la exigencia de que todas las normas que conforman una ley
deban ser de naturaleza procesal o sustancial, sino que la ley puede contener
normas de una y otra, sin que se altere la congruencia temática, pues ésta hace
relación a que el contenido de las mismas debe guardar relación con el asunto
principal que aquélla regula, evitando asi que una ley contenga regulaciones de
diversas materias y someta a la comunidad a la mayor incertidumbre jurídica.
La norma censurada guarda relación con la
materia que regula la ley, en cuanto ésta busca descongestionar la
administración de justicia, garantizar su eficiente funcionamiento y el
democrático acceso de los asociados a ésta.
“En este orden de ideas encontramos que
para lograr ese propósito, se impuso la necesidad de que el legislador con la
ley 446/98 señalará normas en materia procesal civil, familia, contencioso
administrativa, y mecanismos alternativos de solución de conflictos en todas
las ramas del derecho. La norma contenida en el artículo 16 de la ley 446/98,
responde además, a la existencia de un binomio independiente pero indisoluble
entre la norma sustancial y la procesal, que pretenden un objetivo común, y no
es otro que la realización y la materialización de la justicia, cuando el juez
en un asunto concreto sometido a su conocimiento, en su sentencia debe decretar
la indemnización de los daños ocasionados a las personas o cosas, a favor de
quien los ha sufrido, es decir, de los titulares de los derechos.”
En conclusión, la norma acusada es
constitucional en la medida que le señala al juez los principios y criterios
con los que se debe indemnizar de manera integral los daños causados a las
personas o a las cosas, en el momento de decidir un proceso sometido a su
conocimiento. Allí se evidencia un punto de encuentro entre la valoración de
los daños ocasionados a personas o cosas y la forma como debe el juez en un
proceso decretar su reparación integral, que constituye la unidad de materia
por conexidad teleológica y sistemática, que le permite al juez la realización
de la justicia, la protección y la garantía tutelar de los derechos reconocidos
a los administrados por la misma Constitución Política y la ley.
VI. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS.
1. Planteamiento del problema.
De los cargos formulados en la demanda, la
intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho, y el concepto del
Procurador General de la Nación, deduce la Corte que el asunto objeto de su
pronunciamiento se reduce a determinar si siendo, en concepto del actor, la
materia de la ley 446/98 eminentemente procesal, se contraviene por la norma
acusada el principio de unidad de materia y de correspondencia entre el título
de la ley y su contenido, en razón de que ésta regula un asunto que es de
índole material o sustancial.
2. Solución al problema.
2.1 Según los principios contenidos en los
arts. 158 y 169 de la Constitución, en general todo proyecto de ley debe
referirse a una misma materia y son inadmisibles las disposiciones o
modificaciones que no guarden ninguna congruencia, relación o conexidad con ella,
y en tal virtud, el título de las leyes debe corresponder precisamente a su
contenido.
La Corte en forma recurrente se ha referido
al principio de la unidad de materia, y ha señalado que éste se inspira en el
propósito de conseguir que el Legislador, racionalice y tecnifique el proceso
normativo, que se consigue si el proyecto de que se trate, adopta un tema o
asunto principal con arreglo al cual se desarrolla e integra todo el cuerpo
normativo del mismo. Pero sin embargo ha precisado que dada la importancia que
tiene el principio democrático en el ordenamiento constitucional, la unidad de
materia debe ser interpretada de manera amplia. Por consiguiente, sólo se
violan las reglas que busca preservar ésta cuando una determinada norma no
guarda relación objetiva causal o teleológica con la temática general que
denomina en la ley de la cual forma parte[1].
2.2. Es de anotar, que cuando el
Constituyente estableció el principio de la unidad de materia en modo alguno
cualificó la noción de ésta, pues sólo condicionó su exigencia a la
circunstancia de que hubiera una relación material, objetiva, racional y
evidente entre el asunto que se debía regular y el articulado contentivo de su
desarrollo. Lo que resulta inaceptable y opuesto por consiguiente al aludido
principio es la ausencia de conexidad entre las diferentes normas que integran
la ley y la cuestión principal que constituye el objeto de dicha regulación.
Por lo anterior, estima la Corte, que
tampoco se opone a la noción de unidad de materia la circunstancia de que una
ley pueda estar integrada por normas sustantivas y procesales, si ellas guardan
entre sí una conexidad temática o teleológica, en virtud de la cual todas ellas
estén dirigidas a conseguir el desarrollo normativo del asunto u objeto
material que constituye el meollo de la ley.
Desde esta perspectiva debe admitirse que
el artículo 16 de la ley 446/98, aún en el supuesto de que pudiera catalogarse
como una norma sustantiva, no viola el principio de la unidad de materia,
porque el fin que se persigue con ella también se dirige a lograr la
descongestión de la justicia, la eficiencia procesal y a facilitar el acceso
de las personas al ejercicio de la justicia, que es cuestión o tema central de
la ley referida.
En efecto, el fin que se persigue con la
norma acusada, cuando se conmina al juzgador a considerar los principios de
reparación integral y equidad, en el proceso de valoración del daño irrogado a
una persona para tasar la indemnización, no es otro que el de buscar una
justicia recta y eficiente y facilitar la solución del respectivo conflicto,
asi como la de evitar que para efectos de la indemnización de los daños en forma
integral sea necesaria la tramitación de nuevos procesos, lo cual,
indudablemente, contribuye a la descongestión de los despachos judiciales.
2.3. En conclusión, la norma acusada no
viola el principio de unidad de materia. En tal virtud, por las razones
anteriores será declarada exequible.
VI. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE el artículo 16 de
la ley 446 de 1997, en cuanto su contenido normativo no viola el principio de
unidad de materia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y archívese el expediente.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto 061/00
Referencia: expediente D-2614
Corrección de la parte
resolutiva de la
Sentencia
C-487/2000.
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá D.C., junio ocho (8) de
dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
CONSIDERANDO
Que en la sentencia C-487 de mayo 4 de
2000, esta Corporación resolvió lo siguiente:
“Declarar EXEQUIBLE el artículo 16
de la ley 446 de 1997, en cuanto su contenido normativo no viola el principio
de unidad de materia”.
Que por un error mecanográfico, en la parte
resolutiva de dicha sentencia se equivocó el año al cual corresponde la ley
446, siendo el correcto 1998 y no 1997.
Que, en consecuencia, es necesario corregir
la parte resolutiva de la citada providencia,
RESUELVE:
Primero. Corregir la parte resolutiva de la Sentencia C-487 de
mayo 4 de 2000, en la siguiente forma:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 16 de
la ley 446 de 1998, en cuanto su contenido normativo no viola el principio de
unidad de materia.
Segundo. Ordenar a la Relatoría de esta Corporación, que
adjunte copia del presente auto a la sentencia respectiva, con el fin de que
sea publicado junto con ella en la Gaceta de la Corte Constitucional
correspondiente.
Tercero. Ordenar a la Secretaría General de la Corte, que envíe
copia del presente auto al archivo de ésta Corporación, para que sea
incorporado al expediente correspondiente.
Cuarto. Ordenar a la Secretaría General de la Corte, que envíe
copia del presente auto a todas las autoridades a las que se les comunicó la
sentencia de la referencia.
Notifíquese, publíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretario General
[1] Sentencias C-25/93,
C-544/93, C-390/96, C-352/98, C-478/98, C-671/98, C-672/99, C-580/99, C-644/99,
C 897/99, entre otras.