T-501-99
Sentencia T-501/99
Sentencia
T-501/99
ACCION DE TUTELA-Procedencia
excepcional pago de acreencias laborales
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES-Situación económica o presupuestal no es óbice para desconocer
obligaciones laborales
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES-Pago de aportes a la seguridad social en salud
Reiteración de
jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-206124
Peticionario: Pedro
Nel Flórez Blandón
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé
de Bogotá, D.C., julio trece (13) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, ALFREDO BELTRÁN SIERRA y EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ, procede a revisar el proceso de tutela promovido por Pedro Nel
Flórez Blandón contra las Empresas Públicas Municipales de Candelaria (Valle)
-EMCANDELARIA-, según la competencia de que es titular de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía
con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES.
1. Los hechos.
1.1. Pedro Nel
Flórez Blandón, presta sus servicios como fontanero auxiliar de las Empresas
Públicas Municipales de Candelaria (Valle), -EMCANDELARIA - desde el primero de
septiembre de 1995.
1.2.
A la fecha de la interposición
de la tutela de la referencia, la entidad demandada le adeudaba al actor los
salarios correspondientes a los meses de julio de 1998 a enero de 1999, las
vacaciones de los tres últimos años, la prima de navidad, el subsidio familiar
y el auxilio de transporte desde su ingreso y no se encontraba afiliado al
sistema de seguridad social en salud.
1.3.
Las Empresas Públicas
Municipales de Candelaria, a través de su representante legal, aducen no tener
fondos para cancelar las acreencias laborales que tiene para con el actor y
para con el resto de empleados. Sin embargo, manifiesta que se está haciendo lo
posible para poner al día las obligaciones laborales pendientes, sin desconocer
el derecho que cada empleado tiene a recibir su salario.
Igualmente, expresa que en cuanto al
subsidio de transporte no le adeuda al actor ningún valor por ese concepto,
toda vez que la ley no le obliga a ello y en lo referente a la seguridad social
en salud, afirma que los empleados de la empresa estuvieron afiliados a Coomeva
E.P.S., pero que en el año 1998 debido a la crisis financiera no pudieron
seguir efectuando los pagos a dicha entidad promotora de salud por lo que
optaron por reintegrar a los trabajadores los valores causados por servicios
médicos y por los medicamentos requeridos por ellos o su familia.
1.4. El actor pone
de presente que su situación económica es precaria, pues no cuenta con otros
recursos para satisfacer sus necesidades mínimas y las de su familia, teniendo
que aguantar hambre.
1.5. Con fundamento
en los hechos expuestos, Pedro Nel Flórez Blandón considera violados sus
derechos fundamentales al trabajo, a una remuneración mínima vital y móvil, a
la seguridad social y a la vida.
2. La pretensión.
El demandante
solicita se le ordene a las Empresas Públicas Municipales de Candelaria el pago
de los salarios adeudados, la prima de navidad, las vacaciones de los tres
últimos años, el subsidio familiar, el auxilio de transporte y su afiliación al
sistema de seguridad social en salud.
II. ACTUACION
PROCESAL.
Unica instancia.
El Juzgado Promiscuo
Municipal de Candelaria (Valle), mediante sentencia del 16 de febrero de 1999,
resolvió rechazar por improcedente la tutela impetrada por Pedro Nel Flórez
Blandón, por considerar que las circunstancias y condiciones por las que se
solicitó el amparo permiten concluir que deben ser denegadas por improcedentes,
"como quiera que para la satisfacción de lo pedido por el accionante
existen otras herramientas judiciales, se debe acudir a la justicia ordinaria o
a la contencioso administrativo según el caso".
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Planteamiento del problema.
Corresponde a esta
Sala, decidir sobre la procedencia de la acción de tutela para proteger el
derecho al mínimo vital del demandante, el que ha sido violado por la Empresas
Públicas Municipales de Candelaria (Valle) al no pagarle oportunamente su
salario.
2. Solución al problema.
2.1. En primer
término corresponde analizar la existencia de otro medio de defensa judicial y
el incumplimiento en el pago del salario.
El juez de instancia
negó el amparo solicitado por el actor aduciendo la existencia de un medio
judicial diferente a la tutela para obtener lo pretendido, desconociendo con
ello reiterada jurisprudencia de esta Corporación[1], al no evaluar la
eficacia e idoneidad del mencionado medio, en relación con el amparo que se le
solicitaba y la protección que requerían los derechos fundamentales invocados
como vulnerados.
En relación con el
pago de salarios esta Corporación en múltiples pronunciamientos[2] ha reconocido que la
acción ante la jurisdicción laboral o administrativa, para su reconocimiento y
pago resultaría idónea y eficaz, cuando la cesación de pagos no representa para
el empleado como para quienes de él dependen, una vulneración de su mínimo
vital, que exija una protección rápida y eficaz del juez constitucional.
Lo anterior
significa, que el juez de tutela sólo puede negar el amparo que se le solicita,
en tratándose de la cesación de pagos de carácter salarial, cuando se ha
verificado que el mínimo vital del trabajador y de los suyos no se ha visto ni
se verá afectado por el incumplimiento en que ha incurrido el empleador con el
no pago del salario. Obligación esta, que se deriva directamente del derecho
fundamental de todo ser humano a tener un trabajo en condiciones dignas y
justas.
La situación
económica que afrontan las Empresas Públicas Municipales de Candelaria (Valle),
argumento esgrimido para sustentar el incumplimiento de las obligaciones
laborales, es similar al que soportan cientos de municipios y entidades de
carácter público y privado. Sin embargo, ello no justifica que se abuse de las
condiciones y de la posición que frente a ellos ostentan los empleados, hasta
el punto que no se adopten las medidas preventivas necesarias para evitar el
cese en los pagos salariales, con lo que sin lugar a dudas se desconocen
derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias.
La principal
obligación de los entes nominadores consiste, en relación con los empleos
públicos, según el artículo 122 de la Constitución, en que "para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente." Obligación constitucional que es desconocida por los
distintos entes públicos.
2.2. Acorde con lo
anterior se procederá analizar la viabilidad del amparo solicitado por el
demandante.
Está
probado que Pedro Nel Flórez Blandón labora para las Empresas Públicas
Municipales de Candelaria (Valle), y que para la fecha de la interposición de
esta acción, la entidad había incumplido en la cancelación oportuna de los
salarios a que tiene derecho.
Igualmente, ha de
tenerse en cuenta que el demandante tiene a su cargo el sostenimiento de su
familia, lo que supone una serie de gastos mínimos, y que para sufragarlos solo
dispone de su salario, por lo que el no pago de los sueldos adeudados le ha
venido causando un grave daño.
Como consecuencia de
lo anterior el mínimo vital del actor resulta afectado a causa del
incumplimiento en que ha incurrido EMCANDELARIA, de cancelar en forma oportuna
los salarios a que tiene derecho. Mínimo vital que, en término de la
jurisprudencia de esta Corporación, está representado por “los
requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la
persona y de su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario
sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio
ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad
de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más
elementales del ser humano[3]”
En este orden de
ideas, es claro para esta Sala de Revisión, que en el caso objeto de revisión,
no sólo se desconoció el mínimo vital del actor y su familia, mínimo que está
obligado el Estado a proteger a través de una orden de carácter imperativo y de
inmediato cumplimiento que puede impartir el juez constitucional, sino el
principio de confianza legítima en las autoridades estatales. Pues, si bien
no es admisible que un particular desconozca sus obligaciones para con sus
empleados, aún si afronta una crisis económica, tal como lo ha precisado esta
Corporación en diferentes oportunidades, con mayor razón las autoridades
estatales, representadas en este caso, por una entidad del orden municipal,
deben dar estricto cumplimiento a este deber patronal.
En conclusión por
estar amenazado el mínimo vital del demandante y su familia se concederá la
tutela en lo que toca a su salario, ordenando a las Empresas Públicas de
Candelaria asumir su pago y continuar sufragándolo mientras el trabajador se
encuentre vinculado laboralmente. Pero en lo referente a las demás prestaciones
sociales adeudadas, la liquidación de las sumas de dinero que por ese concepto
debe cancelar EMCANDELARIA al actor, no podrá ser establecida en sede de
tutela.
2.3. En cuanto hace
relación al pago de los aportes al sistema de seguridad social, EMCANDELARIA
confesó que “Lamentablemente en el año 1998 debido a nuestra crisis
financiera los funcionarios no continuaron afiliados a Coomeva”. Por lo
anterior, le asiste razón al solicitante respecto al derecho a la salud, en
conexión con el derecho a la vida. Se vería afectado dicho derecho si Pedro Nel
Flórez Blandón o su familia no pudieran ser atendidos por mora en la cotización
a "Coomeva".
Con respecto a la
anterior situación, esta Sala considera que con la actitud de un ente estatal
que mantiene desprotegidos a sus propios servidores, se infringen no solamente
los postulados constitucionales que lo obligan como parte esencial del Estado
Social de Derecho, sino que también está desconociendo sus propias cargas y
obligaciones como patrono.
Es un hecho que, si
el trabajador y su familia no pueden acudir a ente alguno para ser atendidos en
sus más elementales necesidades de salud, porque el patrono -en este caso el
mismo Estado- no los tiene afiliados, permanecen expuestos a los riesgos
propios de los percances que sufran, aun con peligro para sus vidas, y se ven
precisados, como aquí acontece, a asumir los costos respectivos de su propio
peculio, contrariando las normas constitucionales y legales y haciendo inútiles
los avances del sistema jurídico en lo que se refiere a la seguridad social
como servicio público y derecho irrenunciable de todo trabajador.
Por las razones
expuestas, habrá de revocarse la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de
Candelaria (Valle) del 16 de febrero de 1999, dictada dentro de la acción de
tutela instaurada por Pedro Nel Flórez Blandón contra las Empresas Públicas
Municipales de Candelaria, que denegó el amparo solicitado. En su lugar, se
ordenará a esta entidad que, en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de este fallo, si no lo hubiere hecho ya, proceda a cancelar la
totalidad de los salarios atrasados, correspondientes al actor, siempre que
exista partida presupuestal disponible. En caso contrario, el indicado plazo se
concede para iniciar los trámites presupuestales pertinentes, informando al
juez de instancia. Igualmente se ordenará a la entidad demandada, que, dentro
del mismo término, se hagan las cotizaciones correspondientes a Coomeva, en
relación con el solicitante de la tutela Pedro Nel Flórez Blandón.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Candelaria (Valle), el 16 de febrero de 1999 y en su lugar CONCEDER
la tutela en los términos expresados en
la parte motiva de esta providencia a Pedro Nel Flórez Blandón de los derechos
a la vida, al trabajo y a la seguridad social, conculcados por las Empresas
Públicas Municipales de Candelaria (Valle).
Segundo: ORDENAR
a la indicada entidad que en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de este fallo, si no lo hubiere hecho ya, proceda a cancelar la
totalidad de los salarios atrasados, correspondientes al actor, siempre que
exista partida presupuestal disponible. En caso contrario, el indicado plazo se
concede para iniciar los trámites presupuestales pertinentes, informando de las
gestiones que se realicen al juez de instancia.
Tercero: ORDENAR a
la entidad demandada, que dentro del término señalado pague a Coomeva las
cotizaciones correspondientes por concepto de la atención de la salud, respecto
al solicitante Pedro Nel Flórez Blandón.
Cuarto: El
desacato a lo aquí dispuesto, se sancionará por el correspondiente juez de
instancia en los términos previstos por el artículo 52 del Decreto 2591 de
1991.
Quinto: Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General (E)
[1] T-100/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz;
T-001/97 M.P. José Gregorio Hernández; T-351/97 M.P. Fabio Morón Díaz; T-384/98
M.P. Alfredo Beltán Sierra
[2] T-437/96 M.P. José Gregorio
Hernández; T-273/97 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-075/98 M.P. José Gregorio
Hernández; T-399/98 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[3]
Sentencia T-011/98 M.P. José Gregorio Hernández.