T-528-20
Sentencia T-528/20
Referencia: Expediente T-7.852.056
Acción de tutela interpuesta por Gerardo
Rodríguez Moreno en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., quince
(15) de diciembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio
José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos por
el Juez Sexto Penal del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior de la misma
ciudad, en primera y segunda instancia respectivamente, dentro de la acción de
tutela presentada por el señor
Gerardo Rodríguez Moreno (en adelante, “GRM”) en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, “Colpensiones”).
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
El 14 de noviembre de 2019, GRM[1]
interpuso acción de tutela en contra de Colpensiones[2]. Como
fundamento de su actuación, alegó que dicha entidad está vulnerando sus
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, por negarse a
reconocer su pensión de vejez. Puntualmente, señaló que es beneficiario del
régimen de transición y que reúne los requisitos previstos por el Acuerdo 049
de 1990, para ser titular de la citada prestación, en específico, acredita la
exigencia de las 500 semanas, si se tienen en cuenta los tiempos laborados y no
cotizados con empleadores públicos. Por esta razón, solicita al juez
constitucional que (i) deje sin efectos las resoluciones SUB 240540 del
4 de septiembre de 2019, SUB 271169 del 1° de octubre de 2019 y DPE 12656 del 5
de noviembre de 2019, y (ii) ordene a Colpensiones a reconocer y pagar
su pensión de vejez, con el correspondiente retroactivo.
B.
HECHOS RELEVANTES
1.
GRM nació el 26 de junio de 1926. Actualmente tiene
94 años, sufre de problemas de salud y presenta dificultades económicas. En
cuanto a su condición médica, afirma que padece “hipertensión esencial
(primaria), poliartritis, osteoartrosis e incontinencia urinaria (…) [y
que] se encuentra en un estado de movilidad reducida (…) [por lo que]
(…) cuando necesita salir a la calle debe ser auxiliado, por lo menos por dos
personas”[3].
Y, respecto de su situación económica, señala que “sus únicos ingresos son
el subsidio económico del programa Colombia Mayor y lo que en algunas ocasiones
sus hijos le brindan”[4].
Tiene un puntaje Sisbén de 16.47[5]
y se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud. Únicamente vive con su
compañera permanente, “quien también es una persona de la tercera edad y de
escasos recursos económicos”[6].
2.
GRM afirma que entre los 40 y 60 años trabajó
513 semanas. Por una parte, para las Empresas Varias de Medellín entre el 18 de
septiembre de 1967 y el 7 de marzo de 1977[7].
Sin embargo, la empresa no le hizo “cotizaciones a alguna caja o fondo de
previsión social”[8].
Y, por otra parte, para la empresa Girpel Ltda., entre el 21 de junio de 1978 y
el 30 de octubre de ese mismo año, y para el señor William Rodríguez, entre el
4 y el 10 de mayo de 1979[9].
En esos períodos, GRM sí cotizó al Instituto del Seguro
Social (en adelante, “ISS”)[10].
3.
El 11 de julio de 2019, el apoderado de GRM
presentó ante Colpensiones solicitud de pensión de vejez[11]. Sobre el
particular, consideró que es beneficiario del régimen de transición y que
cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, esto es, tener
más de 60 años y haber cotizado más de 500 semanas entre los 40 y 60 años.
4.
En Resolución SUB 240540 del 4 de septiembre de
2019, Colpensiones negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
solicitada[12],
toda vez que, en su opinión, el actor no cumple con los requisitos mínimos para
acceder a su otorgamiento. Primero, afirmó que no acredita las exigencias
previstas en las Leyes 71 de 1988 y 33 de 1985, ya que, aunque satisface el
requisito de edad, no atiende la obligación “(…) de los 20 años continuos o
discontinuos como funcionario público al servicio del Estado, pues revisada su
historia laboral solo acredita en dicha calidad (…) 487 semanas y se requieren
7200”[13].
Segundo, manifestó que tampoco acata los supuestos establecidos en la Ley 797
de 2003, pues “no logra acreditar los requisitos mínimos de semanas
cotizadas, toda vez que cuenta con 554 semanas de 1300 requeridas”[14].
5.
GRM interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación[15].
Argumentó que es beneficiario del régimen de transición pensional y que le es
aplicable el Acuerdo 049 de 1990, pues al 1° de abril de 1994 tenía 67 años. Sostiene
que cumple con los requisitos previstos por dicho régimen para obtener la
pensión de vejez, esto es, tener 60 años y haber cotizado más de 500 semanas
durante los últimos 20 años. Fundamentó su recurso en que, como lo ha señalado
la Corte Constitucional, es posible acumular los tiempos de servicios prestados
en el sector público y en el sector privado, “así el empleador no haya hecho
cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social”[16]. Por lo
anterior, solicitó que se revoque la Resolución SUB 240540.
6.
En Resoluciones SUB 271169 del 1° de octubre de
2019[17]
y DPE 12656 del 5 de noviembre del año en cita[18],
Colpensiones resolvió los recursos de reposición y apelación respectivamente. De
nuevo sostuvo que GRM no tiene los requisitos para acceder a la pensión de
vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, pues tan solo “registra 67
semanas cotizadas al sistema pensional exclusivamente al ISS”[19].
En particular, sobre este punto, consideró que las semanas laboradas y no
cotizadas con empleadores públicos distintos a dicha entidad únicamente son
computables a partir del 16 de octubre de 2014, fecha en la que se profirió la
sentencia SU-769, toda vez que este “(…) Alto Tribunal no le confirió [a
dicha providencia] efectos retroactivos”[20]. Por lo
demás, afirmó que tampoco cumple con los requisitos previstos en (i) el
Decreto 758 de 1990, pues “entre el 26 de junio de 1986 y el 26 de junio de
1966 solo acreditaba 67 semanas cotizadas con exclusividad al ISS”[21];
(ii) en la Leyes 71 de 1988 y 33 de 1985, porque “no cumple con [la
exigencia] de los 20 años continuos o discontinuos como funcionario público”[22],
y (iii) en la Ley 797 de 2003, ya que “no tiene las 1300 semanas
exigidas para pensión en el año 2019, toda vez que a la fecha de emisión del
presente acto tiene un total de 554 semanas cotizadas”[23]. Por lo anterior, confirmó en todas sus partes la
Resolución SUB 240540.
C.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ACCIONADA
7.
El 18 de noviembre de 2019, Colpensiones
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, en la medida en que no
se cumple con el requisito de subsidiariedad[24].
A su juicio, “toda controversia que se presente en el marco del Sistema de
Seguridad Social entre afiliación, beneficiarios o usuarios, empleadores y
entidades administrativas debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria
laboral”[25].
Por otra parte, alegó que la obligación del juez de tutela es defender el
patrimonio público. En este sentido, manifestó que no le compete ordenar la
inclusión en nómina de quien no cumple los requisitos legales establecidos y no
ha agotado los procedimientos administrativos.
D.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia de
primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito
de Medellín[26]
8.
El 28 de noviembre de 2019, el Juzgado Sexto
Penal del Circuito de Medellín amparó los derechos de GRM de manera transitoria.
Al respecto, manifestó lo siguiente: Primero, determinó que la tutela era
procedente, pues la edad y el estado de salud del accionante justificaban la
intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
9.
Segundo, señaló que el accionante sí cumplía los
requisitos de edad y de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez prevista
en el Acuerdo 049 de 1990, ya que –para el 26 de junio
de 1986– había (i) cumplido 60 años y (ii) cotizado más de 500 semanas. Al
respecto, indicó que, en virtud del principio de favorabilidad, “deben
tenerse en cuenta todos los períodos laborados cotizados o no al ISS”[27].
Por lo anterior, dejó provisionalmente sin efectos las resoluciones
cuestionadas y ordenó a Colpensiones reconocerle transitoriamente la pensión de
vejez a GRM, por lo que le impuso al actor el deber de instaurar la demanda
laboral en un término máximo de cuatro meses.
Escritos
de impugnación
10.       El 29 de noviembre de 2019, Colpensiones impugnó la sentencia de
primera instancia[28]. En primer lugar, sostuvo que la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, pues las controversias entre los beneficiarios y
las entidades administradoras del sistema deberán ser conocidas por la
jurisdicción ordinaria laboral. En segundo lugar, y en relación con lo
anterior, alegó que el juez de primera instancia excedió sus competencias e
invadió las del juez ordinario. En tercer lugar, afirmó que dicha autoridad
judicial desconoció su obligación de proteger el patrimonio público, pues
ordenó la inclusión en nómina de una persona que no cumple con “los
requisitos legales establecidos” y “no agotó los procedimientos
administrativos para tal fin”[29].
Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción.
11.       El 5 de diciembre de 2019, GRM también impugnó la sentencia de
primera instancia[30].
Alegó que “desde un punto de vista subjetivo (…) [la vía ordinaria no es]
idónea y eficaz, y se convierte en una exigencia excesiva”[31],
pues tiene 93 años, su salud está seriamente deteriorada y vive en una
situación económica precaria. Adicionalmente, afirmó que fue diligente al haber
agotado todos los trámites administrativos para reclamar ante Colpensiones su
pensión de vejez. Finalmente, solicitó que, como lo ha ordenado la Corte
Constitucional en casos similares, se le conceda de manera definitiva su
pensión de vejez[32].
Cumplimiento del fallo de
primera instancia[33]
12.       El 13 de enero de 2020, Colpensiones informó que dio cumplimiento a
la orden del juez de primera instancia, a través de la Resolución SUB 5344 del
11 de enero de 2020, en la que le reconoció a GRM una pensión de vejez a partir
del 1° de febrero de 2020, por cuatro meses, por valor de $ 877.803.
Sentencia de
segunda instancia: Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín[34]
13.       El 23 de enero de 2020, el Tribunal Superior de Medellín revocó la
sentencia de primera instancia. Por una parte, indicó que la tutela es
procedente. En particular, destacó que se cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues “el accionante se encuentra en un estado de debilidad
manifiesta”. Y, por la otra, consideró que la misma debe ser denegada, porque
hay “incertidumbre sobre la existencia de su derecho a una pensión”. En
este sentido, manifestó que el juez constitucional no está llamado a resolver
la controversia, ya que “se trata de una discusión legal sobre un derecho
litigioso”. La tutela, a su juicio, es “un proceso sumario (…)
[cuyo] objeto es estrictamente la protección de derechos fundamentales y no
la definición de controversias legales”.
E.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y
PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
14.       Por medio del auto del 14 de febrero de 2020, la Sala de Selección
de Tutelas Número Dos dispuso la revisión del presente asunto[35], correspondiendo la sustanciación a la Sala de Revisión Número 4
presidida por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo.
15.       Durante el trámite del presente proceso, con ocasión de la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia por el COVID-19, el Consejo
Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país
desde el 16 de marzo[36]
hasta el 1° de julio de 2020[37].
Con posterioridad a esa fecha, los actos procesales continuaron su curso, en el
estado en que se encontraban antes de haberse dispuesto la suspensión.
16.       Así, en auto del 7 de septiembre de 2020, con el fin de recaudar elementos de juicio relevantes para
definir esta controversia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64
del Acuerdo 02 de 2015, se decretaron las siguientes pruebas:
“PRIMERO. - DISPONER que, por Secretaría General de esta
Corporación, se oficie al señor GERARDO RODRÍGUEZ MORENO, a través de su
apoderado judicial, para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a
partir de la comunicación del presente auto, proceda a remitir la siguiente
información:
-
¿Ha adelantado las gestiones pertinentes para la
obtención de la pensión por la vía de la justicia ordinaria? En caso
afirmativo, informe en qué estado se encuentran esas gestiones. Y, en caso
negativo, explique los motivos por los cuales no ha acudido a dicha
jurisdicción.
-
¿Quiénes integran su núcleo familiar?
-
¿De dónde deriva usted y su núcleo familiar sus
ingresos económicos?
-
¿Cuenta con el apoyo económico de un familiar?
En caso afirmativo, detalle en qué consiste.
-
¿Es beneficiario de algún tipo de subsidio? En
caso afirmativo, informe qué tipo de subsidio recibe.
-
¿Cuál es su estado actual de salud? Remita los
soportes correspondientes, tales como historia clínica, exámenes, órdenes
médicas, entre otros.
SEGUNDO. - DISPONER que, por Secretaría General de esta Corporación, se oficie a COLPENSIONES,
para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
comunicación del presente auto, proceda a remitir la siguiente información:
-
¿Actualmente el señor Gerardo Rodríguez Moreno
es beneficiario de alguna pensión? En caso afirmativo, informe de cuánto es el
valor.
-
¿Cuántas semanas ha cotizado el señor Gerardo
Rodríguez Moreno? Remita las certificaciones correspondientes y la historia
laboral completa.
-
¿Por qué razón el accionante no cumple con los
requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en
el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990?
-
¿Qué implica que el solicitante de una pensión
de vejez “presente certificados sobre tiempo de servicios al sector público no
cotizado”?
-
¿Por qué razón sostiene que “entre el 26 de
junio de 1986 y el 26 de junio de 1966 solo acreditaba 67 semanas cotizadas con
exclusividad al ISS”?
-
¿Por qué razón no computó las semanas en las que
el accionante trabajó con [Empresas Varias de Medellín], con las cotizaciones
efectuadas de manera exclusiva con Colpensiones?
-
¿Por qué razón considera que la acumulación del
tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no
efectuó las cotizaciones solo es procedente a partir del 16 de octubre de 2014?”
Información
suministrada por el señor Gerardo Rodríguez Moreno[38]
17.       El 6 de noviembre de 2020, el apoderado del señor GRM dio respuesta
a la información requerida. Primero, informó que el actor “no ha adelantado
ninguna gestión para la obtención de la pensión por la vía de la justicia
ordinaria”[39],
pues una vez Colpensiones negó el derecho reclamado, “se optó por acudir a
la acción de tutela como mecanismo idóneo y eficaz que garantizara de manera
definitiva su derecho a la pensión de vejez, ante [su] precario estado
de salud (…), su avanzada edad y su difícil situación económica”[40].
Segundo, describió que el núcleo familiar está integrado por su hijastra, tres
hijos, la nuera y el nieto de ella.
18.       Tercero, explicó que el actor no tiene ingresos económicos y que una
de las hijas de la hijastra es la ayuda con las necesidades del hogar.
Adicionalmente, GRM recibe “el apoyo económico de una sobrina, quien a veces
le da algo de dinero, pero no es una suma que sea segura o que tenga una
cuantía y una periodicidad determinadas”[41].
Cuarto, manifestó que el accionante “no es beneficiario de ningún tipo de
subsidio y que no volvió a recibir el subsidio económico del Programa Colombia
Mayor”[42].
Y, quinto, relató que su salud “está seriamente deteriorada, ya que sufre de
hipertensión esencial (primaria), poliartritis, osteoartrosis e incontinencia
urinaria. Fue sometido a una faguectomía bilateral, para extraerle cataratas de
ambos ojos. Adicionalmente, se encuentra en un estado de movilidad reducida”[43].
Información suministrada por Colpensiones[44]
19.       Mediante oficio del 11 de noviembre de 2020, la Directora de
Acciones Constitucionales de Colpensiones dio respuesta al requerimiento de la
Corte. Primero, indicó que, como consecuencia del fallo de tutela de segunda
instancia, GRM “fue retirado de nómina por la Resolución SUB 86374 del 1° de
abril de 2020”[45].
Segundo, reiteró que no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de
vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, ya que, si bien cuenta con la edad
requerida, “no acredita 500 semanas cotizadas exclusivamente al ISS dentro
de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad [sino solo]
registra 67 semanas cotizadas al sistema pensional exclusivamente al ISS”[46].
Para esta entidad, no es posible en el presente caso computar los tiempos de
servicios no cotizados al ISS, pues ello únicamente es procedente respecto de
los derechos surgidos a partir de la fecha de comunicación de la sentencia
SU-769 de 2014, lo que no ocurre en el asunto bajo examen, toda vez que el
derecho de GRM se causaría en 1986, fecha en la que cumplió los 60 años.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
20.       La Sala Cuarta de Revisión es competente para conocer de la presente
acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991, y en virtud del Auto del 28 de agosto de
2020, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres.
B.
PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCIÓN DE TUTELA
21.       De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política, para la procedencia de la acción de tutela en un caso concreto debe
analizarse (i) si la persona respecto de la cual se predica la vulneración es
titular de los derechos invocados –legitimación por activa–; (ii) si la
presunta vulneración puede predicarse respecto de la entidad o persona
accionada –legitimación por pasiva–; (iii) si la tutela fue interpuesta en
un término prudente y razonable después de ocurridos los hechos que dieron origen
a la afectación o amenaza de los derechos –inmediatez–; y (iv) si
el presunto afectado dispone o no de otro medio de defensa judicial, idóneo y
eficaz, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable –subsidiariedad–.
22.       Teniendo en cuenta lo anterior, antes de abordar el estudio de fondo,
la Sala analizará en el caso concreto la procedencia de la acción de tutela. En
particular, definirá si el amparo propuesto es o no procedente para cuestionar
los actos por medio de los cuales Colpensiones negó el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez.
Procedencia de
la acción de tutela - Caso concreto
23.       Legitimación por activa: El artículo 86
de la Constitución dispone que la acción de tutela puede ser instaurada por la
persona directamente afectada o por quien actúe en su nombre.
24.       En el presente caso, GRM está legitimado en la causa por activa,
toda vez que ejerció la acción en defensa de sus derechos a la seguridad social
y al mínimo vital, a través de un apoderado judicial, como alternativa válida
prevista en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[47].
25.       Legitimación por pasiva: Los artículos 5
y 13 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con lo previsto en el artículo 86 de
la Constitución, disponen que la acción de tutela procede contra cualquier
acción u omisión en que incurra una autoridad pública que haya violado, viole o
amenace con violar un derecho fundamental. Al mismo tiempo que prevé la
posibilidad de interponer esta acción contra las actuaciones u omisiones de
particulares, de acuerdo con los casos taxativos y excepcionales previstos en
el citado artículo del Texto Superior y desarrollados en el artículo 42 del
mencionado Decreto. De ahí que, la Corte ha sostenido que para satisfacer el
requisito de legitimación en la causa por pasiva es necesario acreditar dos
requisitos: (i) que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales
procede el amparo; y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza
del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u
omisión[48].
26.       En el caso bajo estudio, la Sala considera satisfecho el requisito
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la acción de tutela se
dirigió en contra de Colpensiones, una entidad de naturaleza pública
organizada como empresa industrial y comercial del Estado, a la cual se le
acusa de haber transgredido los derechos fundamentales del accionante, al
negarse a reconocer y pagar una pensión de vejez.
27.
Inmediatez: El
artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela podrá ser
ejercida “en todo momento”. Por esta razón, la jurisprudencia ha señalado
que no es posible consagrar un término o plazo de caducidad para instaurarla[49].
Con todo, la Corte también ha señalado que, dada su vocación de ser un
instrumento para dar una respuesta inmediata a una hipótesis de violación o
amenaza de los derechos, su naturaleza se desdibujaría de admitirse su uso en
un intervalo de tiempo que no resulte prudente y razonable, luego de acaecidos los
hechos que motivan su ejercicio[50]. Es decir, que su interposición se habilita
cuando existe una amenaza que requiera de una intervención urgente del juez
constitucional para proteger uno o varios derechos fundamentales[51].
Así las cosas, al no existir un término definido, la relación de inmediatez
entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador debe evaluarse en cada caso
concreto, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad[52].
28.       En el caso bajo examen, la Sala observa que la tutela cumple con el
requisito de inmediatez. En efecto, GRM interpuso la acción de tutela el día 14
de noviembre de 2019, luego de la negativa de Colpensiones a reconocer y pagar la
pensión de vejez solicitada, por medio de las Resoluciones SUB 240540 del 4 de
septiembre de 2019, SUB 271169 del 1° de octubre de 2019 y DPE 12656 del 5 de
noviembre de 2019, por lo que solo transcurrieron nueve días entre la fecha en
la que fue negada su petición y aquella en la que interpuso la acción, plazo que
se considera razonable para el ejercicio del amparo constitucional[53].
29.       Subsidiariedad de la acción de tutela: De
conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto 2591 de
1991, (i) la acción de tutela es improcedente si existe un medio de defensa idóneo
y eficaz para resolver el problema jurídico y no existe un riesgo de
configuración de un perjuicio irremediable[54].
Por el contrario, (ii) la tutela será procedente de manera definitiva,
cuando no existan mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el
asunto puesto a consideración; y, (iii) de manera excepcional, el amparo será
procedente de forma transitoria, con el fin de proteger los derechos
fundamentales del actor, cuando la persona disponga de medios de defensa
idóneos y eficaces, pero exista el riesgo de configuración de un perjuicio
irremediable.
30.       Un mecanismo judicial es idóneo cuando es materialmente apto
para resolver el problema jurídico planteado y producir el efecto protector de
los derechos fundamentales. Por su parte, es eficaz, cuando está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o
vulnerados[55].
Lo anterior implica que el juez constitucional no puede valorar la idoneidad y
la eficacia del otro medio de defensa judicial en abstracto. Por el contrario,
debe determinar si, de acuerdo con las condiciones particulares del accionante,
dicho mecanismo le permite ejercer la defensa de los derechos que estima
vulnerados de manera oportuna y competente.
31.       Esta corporación ha manifestado que, en principio, la acción de
tutela es improcedente para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones de
carácter pensional, principalmente por dos razones. Primero, porque se trata de
un asunto supeditado al cumplimiento de unos requisitos definidos previamente
en la ley[56].
Segundo, porque existen otros medios judiciales para tal propósito. Por una
parte, la Jurisdicción
Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social es competente para conocer de
“[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la
seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios,
los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras”[57]. Y, por la otra, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra habilitada para dar
trámite a los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre
los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos,
cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”[58].
32.       Sin embargo, esta corporación ha admitido la procedencia excepcional
de la acción de tutela para acceder al reconocimiento de derechos pensionales,
bien sea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o
como medio principal defensa judicial, cuando las vías previamente señaladas no
resultan idóneas ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales
trasgredidos, a partir de las circunstancias específicas de cada caso.
33.       Así, la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera pacífica
varios criterios que permiten evaluar si, en los asuntos en los que se solicita
el reconocimiento y pago de una pensión, los otros medios judiciales son idóneos
y eficaces para ejercer la defensa material de los derechos, de conformidad con
las particularidades del caso sometido a decisión[59]. Precisamente,
se ha dicho que el juez constitucional debe valorar, entre otros, (i) la
edad del accionante, puesto que las personas de la tercera edad y los menores
son, en principio, sujetos de especial protección constitucional; (ii) su
estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda
encontrarse; (iii) la composición de su núcleo familiar; (iv) las
circunstancias económicas que lo rodean; (v) el hecho de haber agotado
cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener el
reconocimiento del derecho; (vi) el tiempo transcurrido entre la primera
solicitud y el momento de interposición del amparo constitucional; (vii) el
grado de formación escolar del actor y el posible conocimiento que tenga sobre
la defensa de sus derechos; y (viii) la posibilidad de que se advierta, sin
mayor discusión, la titularidad sobre las prestaciones reclamadas.
34.       De acuerdo con lo anterior, la posibilidad de otorgar una protección
constitucional en materia pensional es excepcional y no se orienta a soslayar
los medios judiciales ordinarios con que cuenta el accionante, sino a garantizar
la efectividad de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital,
conforme lo dispone el artículo 2 de la Carta, en el que se consagra como fin
del Estado garantizar la efectividad de los derechos previstos en la
Constitución. Por lo tanto, le corresponde al juez examinar en cada caso los
criterios previamente expuestos puesto que el derecho que se reclama podría
convertirse en el único medio que tienen las personas para garantizar para sí
mismos su subsistencia y, por ende, lograr una vida digna[60].
35.       En el presente caso, la Sala encuentra que la acción ordinaria
laboral no es idónea ni eficaz[61]
en el caso concreto, dadas las especiales circunstancias del tutelante, que se
exponen a continuación.
36.       Primero, GRM es un sujeto de especial protección constitucional en
razón a su edad, pues tiene 94 años, es decir, es un
adulto mayor que pertenece a la tercera edad, ya que ha sobrepasado por más de
20 años la esperanza de vida de un hombre en Colombia[62]. Adicionalmente,
el accionante está en situación de vulnerabilidad por su estado de salud,
puesto que padece “hipertensión esencial (primaria), poliartritis,
osteoartrosis e incontinencia urinaria[,] (…) se encuentra en un estado
de movilidad reducida (…) y cuando necesita salir a la calle debe ser
auxiliado, por lo menos por dos personas”[63].
37.       Segundo, GRM también se halla en una situación de vulnerabilidad por
su situación económica. En efecto, el actor no tiene ingresos económicos y no
es beneficiario de ningún tipo de subsidio. Su único sustento, como el mismo lo
afirma y no fue controvertido, es “el apoyo económico de una sobrina, quien
a veces le da algo de dinero, pero no es una suma que sea segura o que tenga
una cuantía y una periodicidad determinadas”[64]. Tiene un
puntaje en el Sisbén de 16.47[65]
y se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud. Por lo demás, a partir
de los elementos de juicio que fueron recaudados en sede de revisión, no se
advierte que su núcleo familiar esté en capacidad de proveerle un sustento
económico suficiente, pues de las seis personas que lo integran, únicamente la
hija de su hijastra tiene trabajo y ayuda con sus ingresos al hogar.
38.       Tercero, la Sala encuentra que GRM ha realizado, por medio de su
apoderado, todas las actuaciones administrativas a su disposición para obtener
el derecho reclamado. En efecto, presentó ante Colpensiones la solicitud para
acceder al reconocimiento de su pensión de vejez y, posteriormente, interpuso
recursos de reposición y en subsidio de apelación, en contra de la negativa de
la entidad de acceder al otorgamiento del derecho mencionado. De manera que, es
claro que el accionante ha desplegado un grado mínimo de diligencia con el fin
de proteger sus derechos al mínimo vital y la seguridad social.
39.       Por lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que la acción de tutela interpuesta por GRM cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues por las circunstancias ya expuestas, no resulta razonable
ni proporcionado exigirle al accionante acudir al proceso ordinario laboral. En
este caso, la espera podría agravar su situación y aumentar el riesgo de
afectación de sus derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala procede a
plantear el problema jurídico y resolver el fondo del asunto sub
examine.
C.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
40.
En el caso bajo examen, GRM interpuso acción de
tutela en contra de Colpensiones para la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Alegó que es
beneficiario del régimen de transición y reúne los requisitos previstos por el
Acuerdo 049 de 1990 para obtener una pensión de vejez. En particular, argumentó
que acreditó el requisito de 500 semanas, si se tienen en cuenta los tiempos
laborados y no cotizados con empleadores públicos.
41.       Por su parte, Colpensiones negó la solicitud del accionante, al
considerar que no cumple los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990. Al
respecto, sostiene que GRM (i) únicamente “registra 67 semanas
cotizadas al sistema pensional exclusivamente al ISS”, y (ii) las semanas
laboradas y no cotizadas con empleadores públicos, solo son computables si el
derecho del accionante se causó después de la fecha en la que se profirió la
sentencia SU-769 de 2014, “en la medida en que el Alto Tribunal no le
confirió efectos retroactivos [a dicho] fallo”[66]. Así, el
derecho de GRM se causaría en 1986, fecha en la que cumplió los 60 años.
42.       En consecuencia, le corresponde a esta Sala responder el siguiente
problema jurídico: ¿Colpensiones vulneró los derechos de GRM al mínimo vital y
a la seguridad social, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez reclamada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, con base en el
argumento de que las semanas laboradas y no cotizadas con empleadores públicos,
solo son computables si el derecho del accionante se causa después de la fecha
en la que se profirió la sentencia SU-769 de 2014?
43.       Para resolver el interrogante planteado, la Sala (i) explicará el
alcance y contenido del derecho a la seguridad social; (ii) presentará las
reglas sobre el régimen de transición en materia pensional; (iii) reiterará la
jurisprudencia constitucional sobre la posibilidad de computar las semanas laboradas y no cotizadas con empleadores públicos, con
los aportes realizados directamente al ISS, en el marco del Acuerdo 049 de
1990; (iv) abordará el examen de la fecha de causación o adquisición del
derecho a la pensión de vejez para sumar los tiempos de servicios no cotizados
a dicha entidad de previsión social y, por último, (v) resolverá el caso
concreto.
D.
EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PENSIÓN DE VEJEZ
44.       El artículo 48 de la Constitución dispone que la seguridad social es
(i) un derecho irrenunciable que se garantiza a todos los colombianos y (ii) un
servicio público. Este se presta bajo la dirección, la coordinación y el
control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad. La ley establecerá los términos en los que se prestará.
45.       En ejercicio de la potestad de configuración que le otorgó el
constituyente, el legislador promulgó la Ley 100 de 1993, por medio de la cual
organizó el sistema de seguridad social integral. El objeto de este sistema es “garantizar
los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener (…) [una]
(…) calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de
las contingencias que la afecten”[67].
Para tal fin, el sistema de la seguridad social integral está formado por los
regímenes generales en (i) pensiones; (ii) salud; (iii) riesgos laborales; y
(iv) servicios sociales complementarios[68].
46.       El régimen de pensiones tiene por objeto garantizar el amparo contra
las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada
Ley 100 de 1993.
47.       Precisamente, una de las prestaciones que se contemplan es la
pensión de vejez. Su finalidad es proteger a las personas cuando, con ocasión
de su edad, presentan una disminución en su capacidad laboral, la cual se
traduce en la existencia de dificultades para obtener los recursos necesarios dirigidos
a asegurar una vida digna.
48.
El artículo 33 de la citada Ley 100 de 1993 prevé
los requisitos para hacerse acreedor de la pensión de vejez en el Régimen Solidario
de Prima Media con Prestación Definida, materia objeto de controversia[69].
Así, tal precepto dispone que el afiliado deberá: (i) cumplir 55 años si es
mujer, o 60 años si es hombre; y (ii) haber cotizado un mínimo de 1000 semanas
en cualquier tiempo. Con la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003, la edad
para acceder a la pensión de vejez se incrementó a 57 años para las mujeres y
62 para los hombres. De igual manera, el número de semanas cotizadas varió,
exigiendo en la actualidad un total de 1.300 semanas. Una vez la persona
acredita los requisitos de edad y semanas cotizadas en la ley para acceder a la
pensión de vejez, Colpensiones o la autoridad competente deberá reconocer la
citada prestación[70],
liquidarla de acuerdo con los parámetros que se prevén en el ordenamiento
jurídico y pagarla de manera mensual.
E.
EL RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN PREVISTO EN MATERIA PENSIONAL
49.       En la Ley 100 de 1993 se previó un esquema de transición en el
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida a favor a los
trabajadores que, debido a su edad o al tiempo trabajado, tenían expectativas
legítimas de acceder a la pensión de vejez con los requisitos que se
encontraban dispuestos en las normas vigentes, al momento en que estaban
prestando sus servicios. En esta medida, el inciso segundo del artículo 36 de
la ley en cita dispuso que, para aquellas personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema de Seguridad Social en Pensiones tengan 35 o más años de
edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez,
el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
pensión de vejez, serán los establecidos en el régimen anterior al cual se
encontraran afiliados[71].
50.       El Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de
transición. En efecto, en el parágrafo transitorio 4 estableció que dicho
régimen no podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010, salvo para
aquellos trabajadores que, estando en dicho régimen, además, tuviesen cotizadas
al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigor del citado acto de reforma, en cuyo caso lo conservarían hasta el año
2014.
51.       Ahora bien, conforme se establece en los incisos 8 y 13 del artículo
48 del Texto Superior, en lo que atañe a los derechos pensionales, es preciso
aclarar que ellos se adquieren cuando se cumplen por el afiliado los requisitos
previstos en la ley, esto es, el número de semanas cotizadas (o tiempo
laborado) y la edad mínima exigida. En efecto, el primero de los incisos en
mención establece que: “Para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas cotizadas o
el capital necesario (…)”; mientras que, en el segundo de ellos, se dispone
que: “(…) Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los
requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento”.
52.       De lo anterior se deriva que los afiliados titulares del régimen de
transición que cumplan con todos los requisitos para pensionarse, de acuerdo
con las condiciones del régimen que les sea aplicable y con anterioridad a la
fecha prevista para su extinción, esto es, el 31 de diciembre de 2014, se
encuentran por dicha razón cobijados por la garantía de los derechos
adquiridos, sin importar la fecha en que la finalmente se produzca por el ente
competente el reconocimiento formal del derecho. En efecto, como lo señala la
Constitución, la intervención de la citada autoridad es meramente declarativa,
más no constitutiva del derecho a la pensión de vejez, ya que esta se causa tan
pronto se cumplan los requisitos establecidos por el legislador, los cuales, en
el caso del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, se
concretan en: (i) la edad mínima requerida; y (ii) el tiempo de cotización o de
servicios, según el régimen normativo que sea aplicable.
53.
En línea con lo anterior, la Corte ha señalado
que, en virtud del principio de favorabilidad, las entidades y autoridades
competentes para establecer si una persona tiene derecho a la pensión de vejez,
especialmente con ocasión de la aplicación del régimen de transición, no solo
deben estudiar los requisitos del sistema al cual se encontraba afiliada la
persona al momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, sino también todos
aquellos otros regímenes que regían antes de la expedición del Sistema General
de Pensiones[72].
54.       Uno de los regímenes pensionales anteriores es precisamente el previsto
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año, y
respecto del cual se produce la controversia objeto de decisión. En concreto,
en tal régimen, en el artículo 12, se disponen las exigencias para acceder al
reconocimiento de la pensión de vejez, en los siguientes términos:
“Tendrán derecho a la pensión
de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años si
se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas
(500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número
de mil (1.000) semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo”.
F.
DE LA POSIBILIDAD DE
ACUMULAR LAS SEMANAS LABORADAS Y NO COTIZADAS CON EMPLEADORES PÚBLICOS JUNTO CON
LOS APORTES REALIZADOS AL ISS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
55.       En virtud del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, los afiliados al
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y cuyas cotizaciones
fueron realizadas con exclusividad al Seguro Social (ISS), tienen derecho a que
su pensión de vejez, conforme al régimen de transición, se estudie con
fundamento en dicho Acuerdo.
56.       Sin embargo, en la medida en que algunas personas no contaban con el
número de semanas de cotización exclusivas al ISS, se presentó ante la Corte el
debate de si era o no posible acumular las semanas
laboradas y no cotizadas con empleadores públicos[73]. Sobre el
particular, este Tribunal encontró que el citado artículo 12 del Acuerdo 049 de
1990 admitía dos interpretaciones plausibles.
57.       Una primera en la que se puede concluir que los beneficiarios del
régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de servicios exigido
por la ley exclusivamente al Seguro Social. De esta manera, no es posible
acumular las semanas aportadas o tiempos laborados a otros fondos o cajas de
previsión social, públicas o privadas, principalmente por dos razones: por un
lado, porque el Acuerdo 049 fue expedido exclusivamente para regular las
prestaciones reconocidas por el Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios y, por el otro, porque dicho régimen no contempla explícitamente
la posibilidad de acumular tiempos.
58.       Una segunda interpretación es la que considera que sí es posible
acumular los tiempos de servicios trabajados y no cotizados del sector público, así como los cotizados al ISS desde el sector privado. Para el
efecto, se exponen las siguientes razones: (i) el Acuerdo 049 no dispone
explícitamente que el número de semanas cotizadas requeridas sean aportadas
exclusivamente al ISS, y (ii) el régimen de transición no se refiere a las
reglas que aplican para el cómputo de las semanas cotizadas, pues su marco de
regulación se circunscribe a tres puntos concretos: edad, tiempo de servicios y
tasa de reemplazo. De ahí que, frente a lo que no esté contemplado en el
Acuerdo 049 de 1990 es necesario acudir a las reglas genéricas del Sistema
General de Pensiones, es decir, a la Ley 100 de 1993. En consecuencia, debe aplicarse
el parágrafo 1° del artículo 33, en el que expresamente se permite la
acumulación de tiempos.
59.       Esta segunda interpretación es acorde con la protección de las
expectativas legítimas de los cotizantes y de los principios de favorabilidad y
pro homine en materia laboral. En efecto, el artículo 53 de la
Constitución dispone que uno principios esenciales del trabajo, es el de tener
en cuenta la “situación más favorable al trabajador[,] en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.
Así lo han sostenido distintas Salas de Revisión, entre otras, en las sentencias
T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-695 de 2010, T-334 de 2011, T-559 de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de
2013, T-596 de 2013, T-906 de 2013, T-143 de 2014.
60.       No obstante, cabe mencionar que en la sentencia T-201 de 2012, la
Sala Sexta de Revisión consideró que la jurisprudencia solo admitía la
acumulación en el supuesto de las 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo y
no respecto de la hipótesis de cotizar 500 semanas, dentro de los veinte años
anteriores al cumplimiento de la edad exigida.
61.       Por lo anterior, la Sala Plena consideró necesario unificar la
postura para evitar fallos contradictorios. Así, en la Sentencia SU-769 de
2014, se determinaron las siguientes reglas jurisprudenciales. Primero, para el
reconocimiento de la pensión de vejez de los titulares del régimen de transición,
a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible realizar la acumulación de los tiempos trabajados
para las entidades públicas, con aquellos aportes realizados al seguro social.
Esta es interpretación más respetuosa de los principios de favorabilidad
y pro homine.
62.       Segundo, tal posibilidad aplica, también en aquellos casos en los
que el empleador del sector público no efectuó ninguna cotización o no realizó
el respectivo descuento, por cuanto antes de la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, al asumir la carga pensional, la entidad pública estaba en la
obligación de responder por los aportes para pensiones. En caso de no haberlo
hecho, debía entonces asumir el pago de estos a través del correspondiente bono
pensional. En tal sentido, el hecho de no haberse realizado las cotizaciones no
podía ser una circunstancia imputable al empleado, ni se trataba de una carga
que este debía soportar, mucho menos para efectos del reconocimiento de un
derecho pensional.
63.       Tercero, las reglas anteriormente señaladas aplican tanto para
acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores
al cumplimiento de la edad, como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en
cualquier tiempo.
64.       Este precedente ha sido reiterado de manera pacífica por las
distintas Salas de Revisión de la Corte, entre otras, en las sentencias T-521
de 2015, T-547 de 2016, T-710 de 2016, T-722 de 2016, T-088 de 2017, T-148 de
2017, T-429 de 2017, T-280 de 2019 y T-401 de 2020.
65.       Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia recientemente asumió esta misma posición, por virtud de la
cual el derecho a la pensión de vejez de los titulares del régimen de transición
en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, autoriza acumular las cotizaciones
realizadas a Colpensiones (antes ISS) con los tiempos servidos en el sector
público, independientemente de que se hubiesen realizado o no las cotizaciones.
Así, por ejemplo, en la sentencia del 1° de julio de 2020 sostuvo que: “sí
es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en ese
reglamento, contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas
o no a una caja, fondo o entidad de previsión social. En consecuencia, todos
los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto
de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales[74]”.
G.
DE LA PROHIBICIÓN DE FIJAR
DIFERENCIACIONES RESPECTO DE LA FECHA DE CAUSACIÓN O ADQUISICIÓN DEL DERECHO A
LA PENSIÓN DE VEJEZ, PARA COMPUTAR LOS TIEMPOS DE SERVICIOS NO COTIZADOS AL ISS
66.       Esta Sala advierte que la autoridad administrativa competente no
puede establecer diferenciación alguna respecto de la fecha de causación o
adquisición del derecho a la pensión de vejez, para condicionar el cómputo de
los tiempos de servicios no cotizados al ISS.
67.       En efecto, tal y como ocurre en el presente caso, Colpensiones ha
venido condicionando el cómputo de los tiempos cotizados a que se hubieran cumplido
los requisitos para acceder a la pensión de vejez, con posterioridad a la fecha
de la sentencia SU-769 de 2014, en aplicación del concepto BZ2016-51233509 del
19 de mayo de 2016 de la Gerencia Nacional de Doctrina y Vicepresidencia
Jurídica y Secretaría General de la entidad en cita. Particularmente, en el
citado documente se señala que “[e]l cómputo de los tiempos cotizados o
laborados (…) deberá ser aplicado para resolver las solicitudes de
reconocimiento pensional en las que el derecho a la pensión de vejez, en los
términos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, se cause o
adquiera a partir de la fecha de comunicación de la Sentencia SU-769 de 2014,
[esto es, el] 16 de octubre de 2014, (…), en la medida que el Alto
Tribunal no le confirió efectos retroactivos al fallo unificador”.
68.       Esa interpretación no es de recibo principalmente por tres razones:
69.       Primero, la determinación de los derechos pensionales debe
realizarse por las autoridades que tienen que adoptar una decisión sobre la
materia, de acuerdo con el régimen normativo que le es aplicable en dicho
momento, conforme a las interpretaciones vinculantes que sobre su rigor existan
en la jurisprudencia. Así las cosas, para efectos de comprobar si cabe o no
otorgar una pensión de vejez por la vía del régimen de transición, siguiendo el
Acuerdo 049 de 1990 y acumulando tiempos de servicios no cotizados, no es
posible exigir un requisito no previsto por el ordenamiento jurídico, como lo
es el de limitar el acceso del derecho, a partir de la verificación de si su
causación tuvo lugar antes o después del momento en que se unificó la línea
jurisprudencial sobre dicha materia, por una parte, porque tal condicionamiento
no se estableció dentro de las subreglas señaladas por la Corte y, por la otra,
porque los requisitos para ser titular del citado derecho están en la Ley 100
de 1993, en el Acuerdo 049 de 1990 y en el Acto Legislativo 01 de 2005, sin que
allí se establezca una diferenciación temporal con ocasión de la fecha de adquisición
del derecho.
70.       Segundo, como ya se dijo, la sentencia SU-769 de 2014 no condicionó
el cómputo de los tiempos a que el beneficiario hubiera cumplido los requisitos
para obtener su pensión de vejez, con posterioridad a la fecha de emisión de dicha
sentencia. Por tal razón, una autoridad administrativa no puede agregar tal
limitante apelando a una figura distinta, como lo es la relativa a los efectos
en el tiempo de un fallo judicial. En efecto, nadie discute que la interpretación
asumida por la Sala Plena de la Corte resulta plenamente exigible a partir del
momento en que se produjo la unificación. Pero ello no autoriza extrapolar
dicha regla, agregándole un condicionamiento temporal a las normas que en
materia de seguridad social disponen los requisitos para acceder al derecho
pensional. Lo que se deriva de la unificación es que toda decisión que de allí
en adelante se adopte, tiene que hacerse a partir del criterio interpretativo que
se haya asumido y, en este caso, lejos de distinguirse entre titulares del
derecho por el momento de causación de la pensión, lo que se reforzó fue la
obligación de interpretar el régimen de seguridad social conforme a los
principios de favorabilidad y pro homine, los cuales obligan a extender
la cobertura en términos de universalidad.
71.       Tercero, en todo caso, desde antes de la sentencia de unificación de
la Corte, de manera pacífica, uniforme y reiterada, se había determinado por
las distintas Salas de Revisión la viabilidad de computar los tiempos de
servicios laborados en el sector público y en el sector privado, sin establecer
distinción alguna respecto de la fecha de causación del derecho, por lo que
Colpensiones estaba obligada a cumplir estos precedentes de manera estricta. En
efecto, tal y como se expuso con anterioridad, la unificación se dio con miras
a especificar si la acumulación era procedente frente a las dos hipótesis de
acceso al derecho a la pensión de vejez previstas en el Acuerdo 049 de 1990, y
no en relación con el momento de adquisición del derecho, en el que la
jurisprudencia jamás ha admitido una diferenciación, como se puede evidenciar,
entre otras, en las sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010,
T-760 de 2010,     T-695 de 2010, T-334 de 2011, T-559 de 2011, T-100 de 2012,
T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-596 de 2013, T-906 de 2013 y T-143 de 2014. En
este sentido, cabe insistir en que las autoridades administrativas carecen de
autonomía para apartarse del precedente constitucional[75], pues la
definición que, con fuerza de autoridad, realiza esta corporación del contenido
y alcance de los derechos resulta imperativa para la administración, sin
importar que tal labor provenga del control abstracto o del control concreto de
constitucionalidad.
72.       Así lo sostuvo recientemente la Corte en dos casos similares al que
aquí se estudia. Por una parte, en la sentencia T-429 de 2017, este Tribunal amparó
el derecho de un peticionario de la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049
de 1990, al que Colpensiones le negó el reconocimiento pensional, con el
argumento de que únicamente tendría en cuenta los tiempos cotizados en el
sector público y privado, “en las que el derecho […] se
cause o adquiera a partir de la fecha de comunicación de la Sentencia SU-769 de
2014”. Esta corporación determinó que tal interpretación era inadmisible y
advirtió a Colpensiones que “debe resolver las solicitudes de reconocimiento
pensional computando los tiempos cotizados tanto en el sector público como en
el privado, sin establecer diferenciación
alguna respecto a la fecha de causación o adquisición del derecho a la pensión
de vejez, a fin de dar estricto cumplimiento al precedente constitucional” (Se destaca).
73.       De igual manera, en la sentencia T-280 de 2019, la Corte amparó los
derechos de la accionante a la seguridad social y al mínimo vital, en un caso
en el que Colpensiones negó una pensión al no tener en cuenta los tiempos
cotizados al Departamento de Risaralda y al exigir que su derecho se causara
con posterioridad a la sentencia SU-769 de 2014. Esta
corporación consideró que tal postura contraría los principios de favorabilidad
y pro homine, por lo que en la parte resolutiva reiteró a Colpensiones “que
debe resolver las solicitudes de reconocimiento pensional computando los
tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado, sin
establecer diferenciación alguna respecto a la fecha de causación o adquisición
del derecho a la pensión de vejez, a fin de dar estricto cumplimiento al
precedente constitucional” (Se destaca).
H.
SOLUCIÓN DEL CASO
CONCRETO
74.       En el caso bajo examen se tienen los siguientes hechos probados: GRM
nació el 26 de junio de 1926 y trabajó 561,29 semanas. Su actividad laboral se
llevó a cabo de la siguiente manera: (i) entre el 18 de septiembre de 1967 y el
7 de marzo de 1977 para las Empresas Varias de Medellín[76], sin que
dicha compañía realizara “cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión
social”[77];
(ii) entre el 21 de junio de 1978 y el 30 de octubre de dicho año para la
empresa Girpel Ltda.; (iii) entre el 4 y el 10 de mayo de 1979 para el señor
William Rodríguez, y (iv) entre el 7 de junio de 1988 y el 4 de mayo de 1989
para Tax Triunfo Ltda.[78]
De estas tres últimas, GRM sí cotizó al Instituto del Seguro Social en las
correspondientes a los numerales (ii) y (iii).
75.       La actividad laboral de GRM se puede constatar en el gráfico que se
ilustra a continuación:
Entidad donde trabajó
Desde
Hasta
Semanas
Empresas Varias De Medellín E.S.P.[79]
18/09/1967
07/03/1977
494
Girpel Ltda.[80]
21/06/1978
30/10/1978
18,86
William Rodríguez[81]
04/05/1979
10/05/1979
1,00
Tax Triunfo Ltda.[82]
07/06/1988
04/05/1989
47,43
Total
561,29
76.       De los hechos anteriormente expuestos, la Sala constata que el
accionante es titular del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, por cuanto –a la fecha de entrada en vigencia del Sistema
General en Pensiones– cumplía con el requisito de edad mínima de 40 años. En
efecto, para el 1° de abril de 1994, el accionante tenía 67 años. En
consecuencia, GRM tiene derecho a que se examine si cumplía con los requisitos
para obtener su pensión de vejez, de conformidad con lo dispuesto en el régimen
al cual se encontraba afiliado al momento en que entró en vigor la ley en
mención. En este caso, el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990.
77.       Sobre la base de lo anterior, la Sala encuentra que el accionante
cumple con los requisitos previstos en el mencionado Acuerdo para obtener la
pensión de vejez. En efecto, el artículo 12 de dicho régimen exige como supuestos
para acceder al derecho reclamado tener (i) “60 años o más de edad si se es
varón” y (ii) un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o
haber acreditado un número de mil (1.000) semanas de cotización sufragadas en
cualquier tiempo”. La satisfacción de estos requisitos se advierte de la
siguiente manera:
78.       Primero, el accionante cumple con el requisito de edad, puesto que GRM
llegó a los 60 años el 26 de junio de 1986. Segundo, también cumple con el
requisito de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima. Al respecto, como se indicó anteriormente, tanto
la Corte Constitucional[83]
como la Corte Suprema de Justicia[84]
han determinado que, para efectos de obtener la pensión de vejez prevista en el
Acuerdo 049 de 1990, es posible contabilizar las semanas laboradas en el sector
público, así estas hayan sido sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de
previsión social. En consecuencia, en el caso bajo examen, se deben tener en
cuenta las semanas que GRM trabajó para las Empresas Varias de Medellín, a
pesar de que esta no le hizo “cotizaciones a alguna caja o fondo de
previsión social”[85].
Así, se tiene que el accionante cuenta con 513,86 semanas entre el 26 de junio
de 1966 y el 26 de junio de 1986, al sumarse las cotizaciones realizadas por
Girpel Ltda. y por el señor William Rodríguez. Esto se puede evidenciar en la
siguiente tabla:
Entidad donde trabajó
Desde
Hasta
Semanas
Empresas Varias De Medellín E.S.P.[86]
18/09/1967
07/03/1977
494
Girpel Ltda.[87]
21/06/1978
30/10/1978
18,86
William Rodríguez[88]
04/05/1979
10/05/1979
1,00
Total:
513,86
79.
Como lo ha indicado la Corte, la contabilización
de las semanas laboradas en el sector público con las cotizadas al ISS debe resolverse
sin atención a la fecha de causación del derecho a la pensión de vejez. De esta
manera, no es de recibo la consideración de Colpensiones de que tal cómputo
solo procede si el derecho del accionante se generó antes de la fecha en la que
se profirió la sentencia SU-769 de 2014. Como ya se dijo: (i) dicha exigencia
no se consagra en ninguna de las normas que rigen la materia, (ii) tampoco es
un requisito señalado en dicha providencia, y (iii) desde antes de la sentencia
de unificación, de manera pacífica, uniforme y reiterada, este Tribunal había
determinado la viabilidad de computar tiempos de servicios laborados en el
sector público y el sector privado, y en ninguno de sus fallos estableció
diferenciación alguna respecto de la fecha de adquisición del derecho. Por lo
demás, (iv) al momento en que el accionante presentó la solicitud de reconocimiento
de su pensión de vejez, esto es, el día 11 de julio de 2019, ya se había
proferido la sentencia de unificación en mención y esta era plenamente
vinculante para la mencionada administradora de pensiones.
80.       Tercero, GRM cumple con el límite temporal
previsto por el Acto Legislativo 01 de 2005. En efecto, en el citado acto de
reforma se dispuso que el régimen de transición no podría extenderse
más allá del 31 de julio de 2010 –fecha en la que entró en vigencia– salvo para
aquellos trabajadores que, estando en dicho régimen, tuviesen, además, cotizadas
al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigor del mencionado Acto Legislativo, en cuyo caso lo conservarían hasta el
año 2014. Frente a lo anterior, cabe señalar que Corte ha establecido que
tienen un derecho adquirido los beneficiarios del régimen de transición
que antes del 31 de julio de 2010 cumplieron con los requisitos para obtener
una pensión, de conformidad con el régimen al cual se encontraban afiliados[89].
Así las cosas, en el asunto sub-judice, el accionante cumplió con los
requisitos para pensionarse al amparo del Acuerdo 049 de 1990, el día 26 de junio de 1986, pues, para esa fecha, había cotizado más de
500 semanas y había llegado a la edad de 60 años. Por lo tanto, cuando entró en
vigor el Acto Legislativo en cita, el actor ya tenía un derecho adquirido.
81.       De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que Colpensiones vulneró
los derechos del actor a la seguridad social y al mínimo vital, como
consecuencia de su negativa a reconocer su pensión de vejez. En particular, como
ya se demostró previamente, lo hizo al no contabilizar las semanas que GRM
trabajó para el sector público. De haberlo hecho –como lo exige la
jurisprudencia constitucional– habría constatado que cumple con los
requisitos para obtener el derecho reclamando, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo 049 de 1990. En consecuencia, la Sala concederá el
amparo definitivo de los derechos constitucionales previamente señalados y, por
lo tanto, dejará sin efectos las Resoluciones SUB 240540 del 4 de septiembre de
2019, SUB 271169 del 1° de octubre de 2019, DPE 12656 del 5 de noviembre de
2019, así como la Resolución SUB 86374 del 1° de
abril de 2020, y ordenará a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de
vejez de GRM con el correspondiente retroactivo, sin
perjuicio de la prescripción establecida en el artículo 488 del Código
Sustantivo del Trabajo[90].
I.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
82.       De conformidad con los fundamentos expuestos en esta providencia, le
correspondió a la Sala Cuarta de Revisión determinar si Colpensiones vulneró
los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del actor, al negarse a
reconocer y pagar una pensión de vejez, con el argumento de que las semanas
laboradas y no cotizadas con empleadores públicos, para efectos del régimen de
transición aplicable por la vía del Acuerdo 049 de 1990, solo son computables
si el derecho del accionante se causó antes de la fecha en la que se profirió
la sentencia SU-769 de 2014.
83.       Primero, la Sala determinó que la tutela era procedente, pues el mecanismo
ordinario no es idóneo ni eficaz, dado que el accionante es un sujeto de
especial protección constitucional en razón a sus 94 años, a su delicado estado
de salud y la difícil situación económica en la que se encuentra. También
destacó que el actor desplegó un grado mínimo de diligencia dirigido a
salvaguardar el derecho invocado.
84.       Segundo, la Sala explicó el alcance y contenido del derecho a la
seguridad social. Así mismo, presentó las reglas sobre el régimen de transición
en materia pensional, con énfasis en el Acuerdo 049 de 1990. Con posterioridad,
reiteró la jurisprudencia sobre la posibilidad de acumular tiempos cotizados a
entidades diferentes al ISS, en el marco de aplicación del artículo 12 del citado
Acuerdo, en términos concordantes con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. En
particular, destacó que la Corte ha interpretado de manera pacífica, reiterada
y uniforme que la autoridad responsable de reconocer la pensión deberá acumular
los tiempos cotizados a entidades públicas, para efectos de contabilizar las
semanas requeridas. De igual manera, enfatizó que la autoridad administrativa
no puede establecer diferenciación alguna respecto de la fecha de causación del
derecho a la pensión de vejez, con miras a condicionar el cómputo de los
tiempos de servicios no cotizados al ISS.
85.       Tercero, con fundamento en lo anterior, esta
Sala encontró que Colpensiones le había vulnerado los derechos a la seguridad
social y al mínimo vital al accionante, pues no cabía negar el reconocimiento
de la pensión, sobre la base de condicionar el cómputo de las semanas en que
trabajó en el sector público, a la circunstancia de si el derecho alegado se
causó antes de la fecha en la que se profirió la sentencia SU-769 de 2014. Por
lo demás, se acreditó que el actor satisface en su integridad todos los
requisitos para ser titular de la pensión de vejez, conforme al régimen
previsto en el Acuerdo 049 de 1990.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 23 de enero de 2020 por el Tribunal Superior de Medellín, por
medio de la cual revocó el fallo adoptado el 28 de noviembre de 2019 por el
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín, que había amparado
provisionalmente los derechos del accionante. En su lugar, CONCEDER de
manera definitiva el amparo de los derechos a la seguridad social y al mínimo
vital del señor Gerardo Rodríguez Moreno.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones SUB 240540 del 4 de
septiembre de 2019, SUB 271169 del 1° de octubre de 2019 y DPE 12656 del 5 de
noviembre de 2019, por medio de las cuales Colpensiones negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez al accionante, así como la Resolución
SUB 86374 del 1° de abril de 2020, en la que Colpensiones retiró de nómina al
señor Gerardo Rodríguez Moreno.
TERCERO.- ORDENAR a Colpensiones que, dentro de los diez (10) días siguientes
a la notificación de la presente providencia, profiera un nuevo acto
administrativo por medio del cual reconozca y pague la pensión de vejez, con el
correspondiente retroactivo, al señor Gerardo Rodríguez Moreno, sin perjuicio
de la prescripción establecida en el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo.
CUARTO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Actuando por medio de apoderado. El poder fue debidamente allegado.
Ver, cuaderno principal, folio 38.
[2] Cuaderno principal, folio 1.
[3] Cuaderno principal, folio 10.
[4] Ibídem.
[5] Cuaderno principal, folio 63.
[6] Ibídem. Según lo informó mediante escrito presentado el 6 de
noviembre de 2020, su compañera permanente falleció durante el trámite de
revisión de la presente tutela.
[7] Cuaderno principal, folios 19-26.
[8] Cuaderno principal, folio 2.
[9] Cuaderno principal, folios 27-30
[10] También trabajó para Tax Triunfo Ltda., entre el 7 de junio de 1988
y el 4 de mayo de 1989. Sin embargo, por haber sido con posterioridad al hecho
de haber cumplido 60 años, esas semanas cotizadas no son relevantes para
efectos de la pensión de vejez solicitada.
[11] Cuaderno principal, folios 31-32.
[12] Cuaderno principal, folios 35-36.
[13] Cuaderno principal, folio 35.
[14] Cuaderno principal, folio 36.
[15] Cuaderno principal, folios 39-43.
[16] Cuaderno principal, folio 41.
[17] Cuaderno principal, folios 46-48.
[18] Cuaderno principal, folios 47-53.
[19] Cuaderno principal, folio 47.
[20] Ibídem.
[21] Cuaderno principal, folios 47 y 51.
[22] Ibídem.
[23] Ibídem. La fecha de emisión del acto corresponde al 1° de octubre
de 2019 (Resolución 271169).
[24] Cuaderno principal, folios 47-49.
[25] Cuaderno principal, folio 47.
[26] Cuaderno principal, folios 160-164.
[27] Cuaderno principal, folio 60.
[28] Cuaderno principal, folios 71-84.
[29] Cuaderno principal, folio 73.
[30] Cuaderno principal, folios 89-94.
[31] Cuaderno principal, folio 90.
[32] Sentencias T-656 de 2016, T-471 de 2017, T-728 de 2017, T-350 de 2018,
T-207A de 2018 y T-049 de 2019.
[33] Cuaderno principal, folios 103-109.
[34] Cuaderno principal, folios 110-117.
[35] Cuaderno de revisión, folios 11-21.
[36] Inicialmente, por medio de Acuerdo PCSJZ20-11517. Este fue
prorrogado por medio de los Acuerdos PCSJZ20-11521, PCSJZ20-11526,
PCSJZ20-11532, PCSJZ20-11546, PCSJZ20-11549 y PCSJZ20-11556. Esta suspensión
afecta los términos de los procesos de revisión de tutela.
[37] Por medio del Acuerdo PCSJZ20-11567, el Consejo Superior de la
Judicatura decidió levantar la suspensión de términos judiciales a partir del 1
de julio de 2020.
[38] Todas las citas conforme a escrito remitido por vía virtual.
[39] Escrito remitido por vía virtual el 6 de noviembre de 2020 por el
apoderado de GRM, el señor Felipe Cardona Cardona, pág. 1 de 3.
[40] Ibídem.
[41] Ibídem, pág. 2 de 3.
[42] Ibídem.
[43] Ibídem, pág. 3 de 3.
[44] Todas las citas conforme a escrito remitido por vía virtual.
[45] Escrito remitido por vía virtual el 11 de noviembre de 2020 por la
Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones, pág. 2 de 6.
[46] Ibídem, pág. 3 de 6.
[47] La norma en cita dispone que: “La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos (…)”.
[48] Sobre el particular, en la Sentencia
T-1001 de 2006 se expuso: “la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración
de los derechos del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el
particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”.
[49] Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992.
[50] Corte Constitucional, sentencias SU-961 de 1999 y T-291 de 2017.
[51] Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018.
[52] Corte Constitucional, sentencia T-606 de 2004.
[53] Corte Constitucional, sentencia T-295 de 2018.
[54] La Corte ha desarrollado el concepto de perjuicio
irremediable y ha establecido que para su configuración se requiere la
concurrencia de un daño que reúna los elementos de gravedad e
inminencia, y que requiera de medidas de urgentes e impostergables para
su solución.
[55] Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2009.
[56] Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2019.
[57] Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 2.
[58] Ley 1437 de 2011, artículo 104.4.
[59] Estos requisitos fueron
sistematizados por la Corte en la sentencia T-634 de 2002 reiterada, entre
otras, por las sentencias T-050 de 2004, T-159 de 2005 y T-079 de 2016.
[60] Corte Constitucional, sentencias T-200 de 2011 y T-165 de 2016.
[61] El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social prevé en el
artículo 2 que “[l]a Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de
seguridad social conoce de: (…) 4. Las controversias relativas a la
prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los
relacionados con contratos”. Además, su artículo 11° indica: “Competencia en
los procesos contra las entidades del sistema de seguridad social integral. En
los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema
de seguridad social integral, será competente el juez laboral del circuito del
lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar
donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a elección del
demandante”. En este sentido, ver sentencia T-280 de 2019.
[62] De acuerdo con el DANE, en el año 2020, la expectativa de vida de
un hombre en Colombia era de 73,08 años de edad a nivel nacional. Fuente:
“Indicadores Demográficos según Departamento 1985-2020” Conciliación Censal
1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020. Susceptible de consulta en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/IndicadoresDemograficos1985-2020.xls
[63] Cuaderno principal, folio 10.
[64] Conforme al escrito remitido por el accionante de forma virtual.
[65] Cuaderno principal, folio 63.
[66] Ibídem.
[67] Ley 100 de 1993, artículo 1.
[68] Ley 100 de 1993, artículo 8.
[69] La Ley 100 de 1993 previó la coexistencia del Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida junto con el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad (RAIS). De conformidad con lo previsto por el
artículo 59 de la Ley 100 de 1993, el RAIS "es el conjunto de
entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los
recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones
que deban reconocerse a sus afiliados”. En este régimen, los aportes son
depositados en una cuenta individual de ahorro pensional administrada por las
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones. Como lo dispone el artículo
60 de la mencionada ley, dicha cuenta “constituye un patrimonio autónomo
propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es
independiente del patrimonio de la entidad”. En este sentido, “las
cotizaciones de los afiliados ingresan a su reserva que se incrementa con los
intereses que recibe, por todo el tiempo cada asegurado y se hace efectivo
cuando se completa un valor suficiente para asegurar el pago de la pensión”.
Esta última, en el caso de la vejez, se obtiene cuando el titular de la cuenta
individual cuenta con un capital acumulado que permita obtener una pensión mensual
superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, independientemente
de su edad.
[70] Colpensiones es la administradora principal del Régimen Solidario
de Prima Media con Prestación Definida. En tal virtud, le corresponde, entre
otros, determinar los derechos pensionales de sus afiliados. No
obstante, como lo dispone el artículo 52 de la Ley 100, "Las
cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o
privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas
entidades subsistan (...)", como, por ejemplo, con la UGPP.
[71] En el aparte pertinente, la norma en cita consagra que: “(…) La
edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres, o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (…)”.
[72] Corte Coonstitucional, sentencia T-280 de 2019.
[73] Corte Constitucional, sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009,
T-583 de 2010, T-695 de 2010, T-760 de 2010, T-093 de 2011, T-334 de 2011,
T-559 de 2011, T-714 de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-832A de 2013,
T-906 de 2013 y T-143 de 2014.
[74] Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL1981-2020
del 1 de julio de 2020, Rad. No 84243. Ver, también, Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, Sentencia SL 1947-2020 del 1 de julio de 2020, Rad. No
70918.
[75] Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011.
[76] Cuaderno principal, folios 19-26.
[77] Cuaderno principal, folio 2.
[78] Cuaderno principal, folios 27-30
[79] Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL, expedido el
4 de julio de 2019, No. 201907890905055000960013. Cuaderno Principal, folio 19.
[80] Reporte de semanas cotizadas en pensiones, actualizado a noviembre
11 de 2020. Presentado por Colpensiones en su escrito del 11 de noviembre de
2020.
[81] Ibídem.
[82] Ibídem.
[83] Corte Constitucional, sentencias SU-769 de 2014, T-090 de 2009,
T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-695 de 2010, T-334 de 2011,
T-559 de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-596 de 2013,
T-906 de 2013, T-143 de 2014, T-521 de 2015, T-547 de 2016, T-710 de 2016,
T-722 de 2016, T-088 de 2017, T-148 de 2017, T-429 de 2017, T-280 de 2019 y
T-401 de 2020, entre otras.
[84] Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL1981-2020
del 1 de julio de 2020, Rad. No 84243. Ver, también, Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, Sentencia SL 1947-2020 del 1 de julio de 2020, Rad. No
70918.
[85] Cuaderno principal, folio 2.
[86] Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL, expedido el
4 de julio de 2019, No. 201907890905055000960013. Cuaderno Principal, folio 19.
[87] Reporte de semanas cotizadas en pensiones, actualizado a noviembre
11 de 2020. Presentado por Colpensiones en su escrito del 11 de noviembre de
2020.
[88] Ibídem.
[89] Corte Constitucional, sentencias T-370 de 2016
y T-798 de 2012.
[90] La norma en cita dispone que: “Las acciones correspondientes a los
derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos
de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o
en el presente estatuto.”