T-717-16
Sentencia
T-717/16
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Servicio
público de carácter obligatorio y derecho irrenunciable
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES-Procedencia
excepcional
El derecho a la seguridad social es
susceptible de protección excepcional por medio de la acción de tutela, habida
cuenta del carácter prestacional que ostenta, cuando sean verificadas por el
juez, las circunstancias especiales que justifiquen dejar de lado los
mecanismos judiciales ordinarios establecidos inicialmente para su protección.
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional
La pensión de invalidez puede ser
exigida a través de la acción de tutela cuando se
acredita que se trata de un sujeto que por haber perdido parte considerable de
su capacidad de trabajo no puede esperar o tramitar un proceso ordinario.
PENSION DE INVALIDEZ COMO PARTE
INTEGRAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y COMO MATERIALIZACION DEL PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD
PENSION DE INVALIDEZ-Evolución
de los requisitos
REQUISITO DE FIDELIDAD PARA
PENSION DE INVALIDEZ-Inaplicabilidad e inconstitucionalidad
en el sistema pensional, consagrado en el numeral 2° del artículo 1° de la ley
860 de 2003, por desconocimiento del principio de progresividad
Los
argumentos que llevaron a la Corte a inaplicar el artículo 1° de la Ley 860 de
2003, consisten en que la referida disposición legal contraría la Carta
Política, en tanto resulta incompatible con el principio de progresividad de
los derechos sociales y afecta desmesuradamente a un grupo de personas que son
sujetos de especial protección constitucional, cual es el caso de las personas
discapacitadas y a las personas de la tercera edad, que si bien han cotizado
las 50 semanas, en las más de las veces no alcanzan a cumplir con el requisito
de fidelidad. Tanto así, que una vez esta Corporación tuvo la oportunidad de
realizar el control abstracto del artículo en mención, declaró inexequible el
requisito de fidelidad contenido en el mismo, mediante sentencia C-428 de 2009.
PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-Carácter vinculante
La obligatoriedad y alcance de los fallos de esta
Corporación, tiene su génesis en el carácter preponderante y jerárquico de la
Constitución, tal y como lo señala el artículo 4 superior, la Constitución “es
norma de normas”, y en este sentido el precedente constitucional fijado por la
Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Carta tiene fuerza
vinculante no sólo para la interpretación de la Constitución, sino también para
la interpretación de las leyes cuando regulen derechos fundamentales. Luego, el
precedente vincula a todas las autoridades, sin discriminación alguna como una
fuente obligatoria de derecho.
DERECHO A LA VIDA DIGNA, AL
MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Vulneración por Fondo de
Pensiones al exigirle a la accionante el requisito adicional de fidelidad al
sistema que ahora se encuentra excluido del ordenamiento jurídico
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Orden a Fondo de
Pensiones reconocer y pagar pensión de invalidez, aplicando el artículo 1° de
la Ley 860 de 2003 de acuerdo con la declaratoria de inexequibilidad prevista
en la Sentencia C- 426 de 2009
Referencia:
Expediente T-5.768.934
Acción
de tutela interpuesta por la Viviana Andrea Pérez Zamudio contra el Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y otros.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles
Arrieta Gómez (E), Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván Palacio Palacio, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
por los
Juzgados Veintidós (22) Civil Municipal de Bogotá D.C.[1] y
Cuarenta y Cinco (45) Civil del Circuito de la misma ciudad[2], en la
acción de tutela instaurada por la señora Viviana Andrea
Pérez Zamudio
contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y otros.
I.
ANTECEDENTES
La señora Viviana
Andrea Pérez Zamudio, por intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de
tutela contra el
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga-, Seguros de Vida
Alfa S.A., la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez de Bogotá
y Cundinamarca y la Superintendencia Nacional de Salud, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, vida
digna y confianza legítima. Para fundamentar su demanda relató los
siguientes:
1.
Hechos:
1.1. Señaló que el 27 de diciembre de 2014, Seguros
de Vida Alfa S.A., determinó que presentaba una pérdida de la capacidad laboral
del 69.11%, con fecha de estructuración el 27 de marzo de 2009, en razón a que
padecía enfermedad renal crónica terminal estadio V, lupus eritomatoso
sistémico con compromiso de órgano blando e hipertensión arterial.
1.2. Inconforme con la decisión anterior, el 14 de
enero de 2015 la actora presentó reclamación ante la aseguradora, en razón a
que la fecha de estructuración no era la correcta porque su enfermedad fue
diagnosticada el 29 de octubre de 2007.
1.3. Por su parte, la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Bogotá, mediante dictamen núm. 73774 de 29 de mayo de 2015,
ratificó la pérdida de la capacidad laboral de la accionante y la fecha de
estructuración de la misma. Es decir, la fijó en un 69.11% a partir del 27 de
marzo de 2009.
1.4.
Contra ese dictamen, la actora interpuso los recursos de reposición y
apelación. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen
núm. 1015999027-3593 de 13 de enero de 2016, estableció una pérdida de
capacidad laboral del 69.10%, enfermedad común, con fecha de estructuración del
3 de noviembre de 2008, por los diagnósticos de “Hipertensión esencial
(primaria), enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal y lupus
eritematoso sistémico”. Agregó que la fecha de estructuración se determinó
según el concepto de medicina interna de 3 de noviembre de 2008, donde se
indicó que padecía nefropatía clase III y cardiopatía hipertensiva.
1.5.
Adujo que la anterior sintomatología comenzó durante su segundo embarazo el
cual acaeció en el año 2007, al presentar las patologías de lupus eritomatoso
sistémico y nefropatía lúdica, lo que generó la enfermedad renal crónica
terminal que padece.
1.6.
Indicó que en atención a su delicado estado de salud y de embarazo, en
septiembre de 2007 renunció al cargo de gestor de cobranzas de la Cooperativa
Social para los Trabajadores Costa C.T.A., empresa para la cual trabajaba.
1.7. Manifestó que no fue posible conseguir un nuevo
empleo en razón a su precario estado de salud y a las diálisis que debía realizarse.
Aclaró, que por desconocimiento sobre la materia no realizó de manera oportuna
las gestiones necesarias para obtener la prestación pensional solicitada en la
presente acción de tutela.
1.8. Afirmó que, cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo
39 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión, en razón a que cotizó
cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) últimos años inmediatamente anteriores
a la fecha de estructuración de la enfermedad. En virtud de lo anterior,
solicitó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., el reconocimiento y
pago de la mencionada prestación.
1.9. Informó que el 22 de marzo de 2016 ingresó a la
página web del mencionado Fondo para consultar el estado de su
solicitud, en donde se indicaba que “¡Tenemos muy buenas noticias! La
solicitud presentada ha sido Aprobada (…) La solicitud se encuentra actualmente
en liquidación, para determinar el monto del derecho. Una vez culmine el
proceso estaremos informando”. Sin embargo, el 23 de mayo siguiente recibió
una llamada telefónica de una funcionaria de la entidad en la que le indicaron
que la pensión había sido negada por lo que debía iniciar el trámite de devolución
de saldos.
1.10. Sostuvo que el Fondo de Pensiones está
actuando de manera arbitraria, además de asaltar su buena fe por cuanto aprobó
la pensión de invalidez y posteriormente la negó sin justificación alguna.
1.11. Finalmente, manifestó que se encuentra
desempleada, es soltera, madre cabeza de familia y tiene dos hijas de 8 y 14
años de edad, siendo la madre de la actora la encargada del sostenimiento del
núcleo familiar.
1.12. Como consecuencia de lo anterior, solicita la
protección de los derechos fundamentales invocados y que se le ordene al Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., reconocer y pagar la pensión de
invalidez.
2. Trámite procesal y contestación de
las entidades accionadas
2.1. Mediante auto de 3 de junio de 2016[3], el
Juzgado Veintidós (22) Civil Municipal de Bogotá D.C. admitió la acción de
tutela y corrió traslado al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y al
Ministerio de Salud y Protección Social, al Fondo de Solidaridad y Garantía
–Fosyga-, a Seguros de Vida Alfa S.A., la Junta Regional y Nacional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca y a la Superintendencia
Nacional de Salud, como terceros interesados en las resultas del proceso, con
el fin de que rindieran informe sobre los hechos objeto de la tutela.
2.2. En escrito radicado el 9 de junio de 2016[4], el
representante legal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá
y Cundinamarca solicitó la desvinculación del presente trámite en razón a que
no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la actora, por el
contrario ha respetado el debido proceso de la misma. Además, el recurso de
amparo va dirigido al reconocimiento de prestaciones económicas, circunstancia
que es ajena, ya que su competencia radica en efectuar la calificación de
pérdida de capacidad laboral, la determinación del origen y la fecha de
estructuración de quien la solicita.
2.3. El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.,
se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y solicitó negarla o
declararla improcedente por cuanto no cumple con el requisito de
subsidiariedad, no ha vulnerado los derechos fundamentales reclamados por la
actora y tampoco se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.
Afirmó que la pensión de invalidez es una prestación
económica que cubre una contingencia derivada de la pérdida de capacidad
laboral del afiliado por circunstancias de origen común, siempre que se reúnan
los requisitos previstos en la legislación vigente, que en el asunto sub
examine son los establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, esto
es: “Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3)
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
En virtud de lo anterior, adujo que la accionante
solo cuenta con 17.37% de fidelidad al sistema entre la fecha en que cumplió 20
años de edad (3 de noviembre de 2006) y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez (13 de enero de 2016), por lo que no es posible reconocerle
la prestación reclamada.
Insistió que al no encontrarse acreditado el
requisito de fidelidad de cotización al Sistema General de Pensiones, conforme
a lo previsto en la legislación vigente para la fecha de estructuración de la
invalidez, no había lugar a reconocer el derecho reclamado ya que no es posible
otorgar la pensión de invalidez bajo los parámetros de una ley posterior.
Aclaró que, si bien es cierto la Corte Constitucional
mediante sentencia C-428 de 2009 declaró inexequible el requisito de fidelidad
contenido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, también lo es que las
situaciones consolidadas con anterioridad a esa providencia deben permanecer
incólumes, por tanto, como la fecha de estructuración de la invalidez acaeció
antes del referido fallo, el Fondo de Pensiones dio aplicación al mencionado
artículo.
En cuanto al requisito de subsidiariedad, señaló que
este no se cumple toda vez que la actora cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para reclamar la prestación pensional a través del proceso ordinario
laboral.
2.4. El 23 de mayo de 2016[5], el
Ministerio de Salud y Protección Social solicitó declarar improcedente la acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que esa
cartera ministerial no tiene competencia para dirimir conflictos de carácter
pensional.
2.5. El Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga-, la
entidad Seguros de Vida Alfa S.A. y la Superintendencia Nacional de Salud guardaron
silencio.
II.
SENTENCIAS OBJETO
DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
1. Fallo
de primera instancia
El 16 de junio de 2016, el Juzgado Veintidós
(22) Civil Municipal de Bogotá D.C., dictó sentencia en el caso sub examine.
En dicha providencia consideró que no era posible acceder a la solicitud de la
señora Pérez Zamudio toda vez que, existe incertidumbre sobre el derecho a la
pensión reclamada porque para el 3 de noviembre de 2008 (fecha de
estructuración de la incapacidad), el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 exigía
un término de fidelidad al Sistema al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. Agregó, que si
bien es cierto la Corte Constitucional mediante sentencia C-428 de 2009 eliminó
el requisito de fidelidad, también lo es que dicha norma resulta aplicable
porque “es un estudio de carácter legal y no constitucional” lo que
implica que la acción de tutela se torne improcedente.
En ese sentido, sostuvo que la negativa del Fondo de
Pensiones se encuentra, en principio, revestida de una presunción de legalidad,
dada por la aplicación de la ley vigente para el momento en que se estructuró
la incapacidad de la actora. Además, afirmó que han transcurrido más de 8 años
desde que la accionante dejó de trabajar a consecuencia de su pérdida de la
capacidad laboral, lo que desvirtúa la vulneración de los derechos
fundamentales al mínimo vital y vida digna, así como la existencia de un
perjuicio irremediable.
2. Impugnación
La
señora Viviana Andrea Pérez Zamudio impugnó la anterior decisión aduciendo que el
fallador de primera instancia omitió hacer un análisis de la oportunidad,
idoneidad y eficacia de la acción de tutela, utilizando argumentos sin
justificación y con base en jurisprudencia no aplicable al caso concreto.
Indicó
que lo solicitado a través del recurso de amparo no está encaminado a la
resolución de derechos litigiosos de naturaleza legal, sino a la protección de
los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, la vida
digna y la confianza legítima, que están siendo vulnerados por parte del Fondo
de Pensiones Porvenir S.A., al exigir requisitos que están fuera del
ordenamiento jurídico.
A
su juicio, el requisito de fidelidad aplicado para negar la pensión de
invalidez no es de recibo por la actora por cuanto existen sendos
pronunciamientos de la Corte Constitucional según los cuales “el requisito
de fidelidad de cotización al sistema –del 20% para el reconocimiento de la
pensión de invalidez y del 25% para la pensión de sobrevivientes, contradice el
principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales,
entre el cual se encuentra el derecho a la seguridad social”. Razón por la
cual, el Tribunal Constitucional mediante la sentencia C-428 de 2009, declaró
inexequible el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Afirmó
que a partir de la mencionada sentencia el requisito de fidelidad es
inaplicable así la fecha de estructuración de la invalidez sea antes de la
declaratoria de inexequibilidad referida, sin embargo, el A quo solo se
basó en los argumentados de Porvenir S.A., y lo expuesto en el fallo T-063 de
2009 el cual no es aplicable dado que fue proferido antes del pronunciamiento
que declaró la inconstitucionalidad del requisito de fidelidad. En ese sentido,
reprochó que el Juez de primera instancia no podía argumentar “que existe
incertidumbre sobre el derecho a pensión reclamado” porque la entidad
accionada está exigiendo de forma arbitraria y caprichosa un requisito que esta
fuera de la órbita de la legalidad.
Insistió
en que su progenitora es la encargada de suministrar la ayuda necesaria para la
subsistencia de ella y de sus dos menores hijas, circunstancia que evidencia la
existencia del perjuicio irremediable, máxime si es un sujeto de especial
protección constitucional, dada su condición de discapacidad.
Adujo
que si bien es cierto desde hace 8 años la accionante dejó de trabajar, no lo
es menos que el trámite pensional inició en el 2016 y por tanto la vulneración
de los derechos reclamados debe hacerse desde el 23 de mayo de 2016, fecha en
la que la entidad negó la prestación pensional solicitada. Agregó que la
condición de discapacidad de la actora convierte en desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez ordinario para acceder a la
pensión.
Finalmente,
manifestó que no se tuvieron en cuenta las pruebas allegadas al proceso porque
Provenir S.A., en su página web publicó que la demandante sí tenía
derecho a la pensión de invalidez y posteriormente negó dicho reconocimiento,
lo que evidencia la mala fe de la entidad.
3. Sentencia de segunda instancia
Mediante fallo de 1º de agosto de 2016[6], el
Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Civil del Circuito de Bogotá D.C., confirmó la
decisión adoptada en primera instancia. Para ello, consideró que la Corte
Constitucional ha indicado que por regla general la acción de tutela resulta
improcedente para ordenar el reconocimiento o reliquidación de derechos de
naturaleza pensional. En virtud de lo anterior, señaló que la accionante debe
acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar la prestación
pensional que arguye tiene derecho.
Aunado a lo anterior, manifestó que la actora no
probó la existencia de un perjuicio irremediable dado que para probar que se
encuentra ante la inminencia del daño irreparable no basta con hacer
afirmaciones que caen en el vacío ante la ausencia de documentos que así lo
confirmen.
4. Pruebas
A continuación se relacionan las pruebas que reposan
en el expediente:
- Poder especial otorgado por la accionante (folio 37).
- Copia simple de la calificación de segunda instancia
expedida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con sede en Bogotá.
En ese documento se observa que a la accionante se le dictaminó una pérdida de
la capacidad laboral del 69.10%, origen: enfermedad común, como consecuencia de
los diagnósticos de hipertensión esencial (primaria), enfermedad renal
hipertensiva con insuficiencia renal y lupus eritematoso sistémico, con fecha
de estructuración de 3 de noviembre de 2008 (folios 15 a 21).
- Historia laboral consolidada del régimen
de ahorro individual de la señora Viviana Andrea Pérez Zamudio, donde se
observa que cotizó al sistema entre el 2005 y el 2007 de forma interrumpida un
total de 578 días, equivalentes a 83 semanas (folio 24).
- Copia
de la cédula de ciudadanía, donde consta que la actora nació el 3 de diciembre
de 1986 (folio 35).
- Registros
civiles de nacimiento de las menores Natalia Andrea Peláez Pérez e Ivon Mariana
Pachón Pérez, según los cuales son hijas de la accionante y nacieron el 22 de
julio de 2002 y 2 de marzo de 2008, respectivamente (folios 33 y 34).
III.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala es
competente para examinar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
Consiste en
determinar si el Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. vulneró los derechos fundamentales a la
vida digna, seguridad social y mínimo vital de la señora Viviana Andrea
Pérez Zamudio quien tiene una pérdida de la capacidad laboral del
69.10%, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez,
aduciendo la falta del requisito de fidelidad al Sistema General de Pensiones
-artículo 1° de la Ley 860 de 2003-.
Para resolver el problema jurídico, la Corte
abordará los siguientes ejes temáticos: (i) la acción de tutela y el principio
de inmediatez; (ii) procedencia de la acción de tutela para ordenar el
reconocimiento de la pensión de invalidez de personas que padecen una
enfermedad de carácter degenerativo; (iii) la pensión de invalidez como parte
integral del derecho a la seguridad social y como materialización real y
efectiva de los principios de igualdad y solidaridad; (iv) los requisitos
necesarios para acceder a la pensión de invalidez contenidos en la legislación;
(v) inaplicación
e inconstitucionalidad del requisito de fidelidad al sistema pensional,
consagrado en el numeral 2° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, por
desconocimiento del principio de progresividad; y, (vi)
finalmente se dará solución al caso concreto.
3. La acción de tutela y el principio de
inmediatez
3.1. La acción de tutela es un mecanismo para
resolver de manera rápida, inmediata y eficaz casos que requieren la protección
de los derechos fundamentales vulnerados por la acción u omisión de una
autoridad pública, y por ello debe ser interpuesta en un término razonable.
3.2. El principio de inmediatez exige que la acción
de tutela sea interpuesta en un tiempo razonable y proporcional desde el hecho
vulnerador[7].
Conforme a estos criterios, esta Corporación en algunas oportunidades ha
admitido que un término de 6 meses es suficiente para recurrir a este mecanismo
constitucional. Este plazo no está prestablecido a priori, sino que es
determinado por las circunstancias particulares de cada caso. En este orden de
ideas, la Corte ha sostenido que la demora puede ser justificable, cuando la
afectación del derecho fundamental perdura y existe una relación causal entre
el ejercicio inoportuno y la vulneración[8].
No obstante, también ha sostenido que
dicha valoración es casuística, por lo que en algunos casos ha aprobado un
plazo mayor a 6 meses cuando se demuestra una justificación para la tardanza[9].
En este sentido, la sentencia T-158 de 2006
estableció que el retraso del accionante para interponer la acción de tutela sólo
puede ser aceptado bajo dos hipótesis[10]:
“De hecho, de la jurisprudencia de esta Corporación se puede
derivar que solamente es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido
entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de
tutela bajo dos circunstancias específicas: (i) Que se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de
aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales,
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros.[11]”
En este orden de ideas, la acción de tutela es procedente
inclusive cuando ha transcurrido un tiempo considerable entre el hecho
vulnerado y su interposición, en los casos en el que el accionante demuestra
que existe una vulneración continua y actual y/o cuando es un sujeto de
especial de protección.
Así, este Tribunal ha sostenido que en
cada cuestión se debe verificar “si la tutela es presentada cuando aún es
vigente la vulneración, lo que se presume cuando la acción es promovida dentro
de un término razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de los hechos que
se consideran violatorios de derechos fundamentales. En consecuencia, ante la
injustificada demora en la interposición de la acción, se vuelve improcedente
el mecanismo extraordinario”[12].
En este orden, esta Corporación estableció
algunos parámetros a observar tratándose de la inaplicación excepcional de este
requisito en materia pensional en los siguientes términos:
“Por
otra parte, y si en gracia de discusión se considerara un término excesivo para
la interposición del amparo tutela, debe tenerse en cuenta que de conformidad
con la jurisprudencia constitucional, es factible inaplicar el requisito de
inmediatez en materia pensional cuando (i) la carga de interponer la acción de
tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada en atención a la avanzada
edad del peticionario; (ii) el accionante se encuentra en circunstancia de
debilidad manifiesta por el deterioro ostensible de su salud; (iii) la decisión
en sede de tutela no afectará los derechos de terceros y el principio de
seguridad jurídica; y (iv) la conducta del interesado frente al reconocimiento
de sus derechos no ha sido negligente”[13].
3.3. En suma, la jurisprudencia constitucional
ha indicado que en aras de garantizar la eficacia y prevalencia de los derechos
fundamentales, la solicitud de amparo será procedente aun habiendo trascurrido
un extenso lapso de tiempo entre la situación que dio origen a la transgresión
alegada y la presentación de la acción de tutela, siempre que sean analizadas
las condiciones específicas del caso concreto.
4. Procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales. Reiteración jurisprudencial[14]
4.1.   El derecho a la seguridad social
ha sido concebido dentro del ordenamiento jurídico como un servicio público de
carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en observancia a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad[15].
Igualmente, se considera como un
servicio público esencial, en lo relacionado con el sistema de salud y con las
actividades vinculadas al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales[16],
que busca “mitigar las consecuencias propias de la desocupación, la vejez y
la incapacidad de las personas, y que garantiza consigo mismo el ejercicio de
otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la dignidad
humana y el mínimo vital”[17].
Al mismo tiempo se caracteriza por ser
un derecho constitucional irrenunciable[18] , cuya interpretación debe ser
realizada de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia[19] . Su carácter fundamental fue en
principio desestimado por su ubicación dentro de la Carta como un derecho de
segunda generación. No obstante, ha dejado de ser reconocido como un derecho
social en el entendido que “todos los derechos constitucionales son
fundamentales, pues se conectan de manera directa con los valores que los
Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes
especialmente protegidos por la Constitución”[20] .
Sin embargo, la posibilidad de hacer
efectivo el derecho a la seguridad social a través de la acción de tutela no es
necesariamente consecuencia de su connotación como un derecho fundamental.
Sobre este aspecto es necesario hacer referencia a la procedencia excepcional
de este mecanismo de protección constitucional respecto al reconocimiento de
prestaciones de contenido económico.
4.2. El artículo 86 de la Constitución
Política consagra la acción de tutela como un medio para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
los mismos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública[21]. La misma disposición establece que
será procedente cuando el afectado no cuente con otro mecanismo de defensa
judicial, salvo que con ella pretenda evitar un perjuicio irremediable[22].
Lo anterior denota el carácter residual
y subsidiario de la acción de tutela, que condiciona su procedencia a la previa
utilización de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, evitando que se
convierta en una oportunidad para revivir términos vencidos o que sirva para
sustituir otras vías contempladas dentro del ordenamiento jurídico para obtener
la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados.
En lo que tiene que ver con el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales de carácter económico, existen
diferentes pronunciamientos de esta Corte que indican que por regla general la
acción de tutela no procede para este evento, por cuanto dentro del
ordenamiento jurídico se encuentran previstos otros medios judiciales
tendientes a resolver este tipo de controversias, ya sea a través de la
jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso administrativa.
Empero, los jueces pueden reconocer
derechos en materia pensional cuando la reclamación es concurrente con
circunstancias que ameritan un pronunciamiento a través de la acción de tutela.
Esta Corporación, en la Sentencia T-265 de 2012, hizo mención a aquellas
situaciones excepcionales, así[23]:
a) “Cuando al realizar un análisis
del caso concreto el juez encuentra probada la ineficacia del medio judicial
ordinario existente”[24]. Se asumirá la falta de idoneidad de
dicho mecanismo y el juicio de procedibilidad deberá ser menos riguroso cuando
se trate de sujetos de especial protección constitucional, tales como niños y
niñas, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, madres
cabeza de familia o personas de la tercera edad.
b) Cuando a través de la tutela, como
mecanismo transitorio, se busca evitar la ocurrencia de un perjuicio grave,
inminente e irremediable, hasta que la jurisdicción competente resuelva el
litigio.
c) También ha sostenido la Corte que “es
necesario que la controversia planteada suponga un problema de relevancia
constitucional”[25]. Para llegar a esta conclusión, el juez
verifica el conjunto de condiciones objetivas en las que se encuentra el
accionante (como la edad, el estado de salud o la situación económica).
En este punto, en Sentencia T-093 de
2011 la Corte explicó que un asunto pensional adquiere relevancia constitucional
cuando: “i) del conjunto de condiciones objetivas se concluye que el
accionante se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta; ii) se
verifica la afectación del derecho fundamental a la seguridad social y de otros
derechos fundamentales como la vida digna, la salud, el mínimo vital y el
debido proceso; y iii) se constata la afectación de principios constitucionales
como el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley,
el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal o el principio de
irrenunciabilidad de los beneficios económicos establecidos en las normas que
dan contenido prestacional al derecho a la seguridad social”[26].
d) Cuando exista prueba, siquiera
sumaria, de que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión y
ha iniciado las actuaciones judiciales o administrativas tendientes a lograr la
reclamación que pretende a través de la acción de tutela. Al respecto ha dicho
esta corporación que “la exigencia de una cierta actividad administrativa y
judicial tendiente a obtener la protección del derecho fundamental a la
seguridad social, encuentra su justificación en la armonía que debe imperar
entre el sistema judicial y la naturaleza misma de la acción de tutela, que
exige para su procedencia el uso de los mecanismos ordinarios de defensa o la
justificación de la ineficacia de los medios regulares y la configuración de un
perjuicio irremediable que permita la procedencia del amparo como un mecanismo
transitorio”[27] .
4.3. En síntesis, el derecho a la
seguridad social es susceptible de protección excepcional por medio de la
acción de tutela, habida cuenta del carácter prestacional que ostenta, cuando
sean verificadas por el juez las circunstancias especiales que justifiquen
dejar de lado los mecanismos judiciales ordinarios establecidos inicialmente
para su protección.
5. Procedencia
de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de la pensión de
invalidez de personas que padecen una enfermedad de carácter degenerativo.
Reiteración de jurisprudencia.
5.1. El principio de subsidiariedad de la tutela
aparece claramente expresado en el artículo 86 de la Constitución en los
siguientes términos: “esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Respecto al anterior mandato, este Tribunal ha
manifestado en reiteradas ocasiones que el juez debe analizar en cada caso si
el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial o en su defecto, si
aun existiendo estos, no resultan eficaces para lograr la protección de los
derechos fundamentales presuntamente conculcados. Así lo sostuvo en sentencia
T-235 de 2010, al indicar:
“Para
que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante
debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa
judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la
protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados. A su turno,
el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio de defensa
iusfundamental, implica que, aun existiendo medios de protección judicial
idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio
irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela[28]”.
En lo relativo a la idoneidad y eficacia del
instrumento judicial ordinario, como elemento para amparar de manera definitiva
los derechos fundamentales invocados, esta corporación expresó en la sentencia
T-671 de 2011 lo siguiente:
“ …es
posible sostener que sólo cuando la persona que solicita la pensión de
invalidez esta inmersa en una de las categorías que han sido consideradas con (sic)
esta Corporación como de especial protección y se compruebe que no cuenta con
los medios económicos para asumir y aguardar los resultados del proceso
ordinario sin compromiso de sus derechos fundamentales y los de su familia, es
procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo, pues los mecanismos
legales ordinarios en estos casos, debido a su duración y a los costos
económicos que implican, no resultan idóneos y eficaces para salvaguardar los
derechos fundamentales de las personas que han sido calificadas como inválidas
y a quienes les ha sido negada su pensión de invalidez.”
Así las
cosas, como regla general la tutela es un mecanismo excepcional de defensa
judicial ya que solo después de ejercer infructuosamente todos los medios
ordinarios de defensa judicial o ante la inexistencia de los mismos, es
procedente la acción. Así lo consideró la Corte Constitucional, por ejemplo, en
la sentencia T-043 de 2014:
“Por regla general la acción de tutela resulta
improcedente para reclamar por vía judicial el reconocimiento de derechos de
naturaleza pensional. Sin embargo, en
determinados eventos el recurso de amparo procede con el puntual fin de
salvaguardar bienes iusfundamentales cuya protección resulta impostergable,
siempre y cuando los medios ordinarios de defensa judicial existentes,
atendiendo a las condiciones del asunto concreto, resulten insuficientes para
lograr dicho cometido, ya sea porque carecen de idoneidad o eficacia, o porque
se busca evitar la inminente consumación de un perjuicio irremediable.”.
No obstante, este Tribunal ha manifestado que cuando
se logra demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio a pesar de existir otras vías judiciales.
Esto se presenta cuando las condiciones físicas del peticionario permiten
deducir que se encuentra en un especial estado de indefensión y de no
intervenir de inmediato el juez constitucional se produciría un daño irremediable[29].
5.2. En ese orden de ideas, la pensión de invalidez
puede ser exigida a través de la acción de tutela cuando se acredita que se
trata de un sujeto que por haber perdido parte considerable de su capacidad de
trabajo no puede esperar o tramitar un proceso ordinario. Sobre este
aspecto esta Corporación determinó lo siguiente:
“debemos
recordar que la misma jurisprudencia constitucional ha señalado que no resulta
aceptable someter a las personas con una particular condición de
vulnerabilidad, al agotamiento de actuaciones administrativas o judiciales de
carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar judicial, no surgen
como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera oportuna y efectiva
sus derechos fundamentales, pues de someterlas a dichos trámites se podría
llegar a comprometer hasta su propia dignidad.”[30]
En desarrollo de lo anterior, para la Corte es claro
que se atenta contra los postulados que predican la vigencia y el goce efectivo
de los derechos fundamentales cuando un juez de tutela aplica mecánicamente la
cláusula de improcedencia de la acción para debatir el reconocimiento de
acreencias prestacionales, alegando la posibilidad de acudir en todos los casos
a la jurisdicción ordinaria laboral.
En reiteradas oportunidades se ha admitido la
procedibilidad de la tutela ante la evidencia de condiciones precarias que
tornarían injusto el agotamiento de un trámite judicial ordinario. Ejemplo de
lo anterior es el caso de enfermedades congénitas o degenerativas
que afectan las posibilidades de auto sostenimiento. Al respecto, en la
sentencia T-561 de 2010 este Tribunal conoció de una accionante que padecía de “esquizofrenia
esquizo-afectiva” y solicitaba el reconocimiento y pago de la pensión a
través del recurso de amparo. En dicha oportunidad se precisó que:
“En el
presente caso se observa que la esquizofrenia esquizo-afectiva, que es la
patología que aqueja a la persona necesitada de la protección tutelar, es una
condición que afecta al paciente haciéndole difícil diferenciar entre
experiencias reales e irreales, pensar de manera lógica, tener respuestas
emocionales apropiadas ante los estímulos generados por otras personas y
comportarse normalmente en situaciones sociales
Considerados
estos factores, el derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de
derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de personas que por haber
perdido parte considerable de su capacidad laboral, no pueden acceder al
mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se convierte en la única fuente
de ingresos con la que cuentan para la satisfacción de sus necesidades básicas
y las de su familia, así como para proporcionarse los controles y tratamientos
médicos requeridos. Esta penosa situación coloca a dichos individuos en un
completo estado de indefensión y vulnerabilidad que hace indispensable la
adopción de medidas urgentes para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable."
Igualmente la Corte en la sentencia
T-022 de 2013, manifestó respecto de una persona que padecía una enfermedad de
carácter degenerativa conocida como “toxoplasmosis congénita”, y solicitaba
la misma prestación pensional, lo siguiente:
“La
acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para proteger los derechos
fundamentales de la actora, porque es un sujeto de especial protección
constitucional, que no cuenta con recursos económicos suficientes que le
permitan soportar la carga de un proceso ordinario, y que para resolver su
solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez requiere que se haga un
estudio especial en el que se tenga en cuenta su derecho a no ser discriminada”.
En esa medida, es posible concluir que la acción de
tutela procede de manera excepcional para requerir el reconocimiento y pago de
una pensión de invalidez cuando se evidencie que una enfermedad, dolencia o
discapacidad impida que una persona pueda seguir derivando su sostenimiento.
6. La pensión de invalidez como parte
integral del derecho a la seguridad social y como materialización real y
efectiva de los principios de igualdad y solidaridad.
Sobre este asunto, es preciso advertir que este
Tribunal mediante sentencia T-777 de 2009 hizo especial énfasis en la
obligación que tiene el Estado, cuando dirige y orienta las políticas públicas
en materia de seguridad social, de garantizar la materialización y concreción
de los principios de solidaridad e igualdad que informan al Estado Social de
Derecho y que fueron acogidos como pilar fundamental de nuestra forma
organizacional por el constituyente primario. Al respecto el mencionado fallo
indicó lo siguiente:
“Los objetivos
de la seguridad social que deben comprender a todo el conglomerado, guardan
necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho
como el servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la
efectividad de los principios y derechos constitucionales, promover las
condiciones para una igualdad real y efectiva, adoptar medidas a favor de
grupos discriminados o marginados, proteger especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna la primacía de
los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último
del poder político, donde el gasto público social tiene prioridad sobre
cualquier otra asignación.
Estos fines
sociales se concretan en el bienestar de toda la comunidad a través del
cubrimiento de los eventos de pensión de invalidez, vejez y muerte; servicios
de salud, cubrimiento de riesgos profesionales y servicios sociales
complementarios. También comprenden la garantía que debe otorgarse a los
sujetos de especial protección constitucional como son las personas gravemente
enfermas; los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales; los mayores adultos,
la mujer embarazada y cabeza de familia, los niños menores de un año, los
desempleados; los indigentes o personas sin capacidad económica alguna, entre
otras.”
Esta
teleología esencial del Estado social de derecho, fue elevada a rango
constitucional a través del artículo 48 del estatuto superior, el cual debe ser
leído en concordancia con los artículos 1° (Estado social de derecho); 2°
(fines esenciales del Estado); 4° (supremacía de la Constitución); 13
(igualdad), 45 (derechos de los jóvenes y adolescentes); 53 (derecho al mínimo
vital) y 93 (bloque de constitucionalidad).
De
acuerdo con la amplia facultad de configuración legislativa que el artículo 48
de la Constitución Política otorgó al Congreso, éste expidió la Ley 100 de
1993, mediante la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral,
compuesto por los regímenes de salud, pensiones y riesgos profesionales.
Dentro
del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, el legislador estableció
una prestación específica para garantizar que aquellas personas que han
cotizado al sistema o que se encuentran realizando aportes y sufren una pérdida
de su capacidad laboral igual o superior al 50%, tengan derecho a acceder a una
fuente de ingresos que les permita solventar sus necesidades vitales; dicha
prestación está representada en la pensión de invalidez y a través de esta se
busca realizar el mandato previsto en el artículo 13 constitucional, al brindar
especial protección a las personas disminuidas físicamente.
La
pensión de invalidez, tal y como lo ha señalado esta Corporación, guarda un
estrecho vínculo con los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida
digna de las personas que han visto mermada su capacidad laboral en los
porcentajes legalmente establecidos. De igual manera, tiene una especial
conexidad con los principios de igualdad y de solidaridad por cuanto, como
regla general, en estos casos les es imposible a los afiliados al sistema de
pensiones acceder por sus propios medios y en forma autónoma a una fuente de
ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas.
Ahora
bien, la pensión de invalidez puede generarse por enfermedades o accidentes de
riesgo común o de origen profesional; en lo atinente a la pensión de invalidez
por riesgo común, ésta se encuentra regulada por el Capítulo III del Título II
de la Ley 100 de 1993. Según el artículo 38 del régimen de seguridad social, “se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional
y no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral”. Este es, entonces, el presupuesto fundamental de la prestación,
ya que esa contingencia explica el hecho de que no se pueda continuar laborando
y por ende justifica el reconocimiento de una suma de dinero que garantice la
subsistencia de la persona afectada.
Esta especial condición de los sujetos que han visto
menguada su capacidad laboral hace necesaria la valoración de los principios de
igualdad y solidaridad, de vida digna y el mínimo vital, para establecer la
relevancia constitucional del problema planteado y obliga a que el juez de
tutela se pronuncie sobre las disposiciones legales que rigen el derecho a la
seguridad social -pensión de invalidez-, sobre todo buscando que su interpretación
se realice conforme a la Constitución.
Así mismo debe precisarse que en un Estado social de
derecho el principio de igualdad también implica que los poderes públicos
investidos con capacidad de expedir normas atiendan a las diversas situaciones
con un criterio de racionalidad y proporcionalidad, en donde las diferencias
existentes encuentren una justificación legítima y suficiente a las distintas
consecuencias jurídicas que de ellas se deriven.
Al respecto, la Corte ha manifestado que tratándose
del derecho al mínimo vital de sujetos merecedores de especial protección, este
es consecuencia directa del principio de dignidad humana y, en el Estado Social
de Derecho, hace parte de la organización política, social y económica justa
que fue acogida como meta por el Constituyente primario bajo el principio de
progresividad.[31].
En conclusión, el reconocimiento del mínimo vital no
es una concesión altruista como muestra de generosidad, sino que debe ser visto
como un derecho fundamental enfocado en la solidaridad del Estado para con la
población que se encuentra en estado de debilidad manifiesta y cuya
materialización recae también en los particulares que administran recursos de
la seguridad social de los colombianos[32].
7. Requisitos para acceder al derecho a
la pensión de invalidez
7.1. Con la expedición de la Constitución de 1991 se
alteró sustancialmente el paradigma legal y normativo que regía la seguridad
social. Específicamente en el artículo 48, consagró el derecho a la pensión
como una garantía esencial y como un servicio público de carácter
obligatorio que se presta conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad.
La seguridad social se encuentra prevista en la Carta
Política como un derecho económico y social. En virtud de ese reconocimiento la
jurisprudencia de esta Corte ha señalado lo siguiente: “en cuanto a su
naturaleza jurídica el mismo se identifica como un derecho prestacional[33].
Ello es así, por una parte, porque todas las personas tienen el derecho de
exigir un conjunto de prestaciones a cargo de las entidades que integran el
sistema de seguridad social, no solamente dirigidas a garantizar los derechos
irrenunciables de las personas, sino también a obtener una calidad de vida
acorde con el principio de la dignidad humana[34], y por
la otra, porque para asegurar su efectiva realización, se requiere en la
mayoría de los casos acreditar el cumplimiento de normas presupuestales,
procesales y de organización, que lo hagan viable y, además, permitan mantener
el equilibrio económico y financiero del sistema[35]”.
Bajo la vigencia de la nueva Constitución se expidió
la Ley 100 de 1993. Esta normativa concretó los requisitos mínimos para lograr
el reconocimiento de la pensión de invalidez en los artículos 38 y 39, así:
“la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
(…)
“Que el
afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por  menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
Que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca el estado de invalidez.”
La pensión de invalidez por accidentes de trabajo y
enfermedad profesional está prevista en el capítulo I del libro tercero de la
Ley 100. Este, en síntesis, establece que la calificación del estado de
invalidez derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional
se sujeta a lo dispuesto para calificación de la invalidez de origen común. Así
las cosas, si bien existen diferencias sustanciales en torno al porcentaje de
la prestación, el titular de la obligación y el reconocimiento de derechos, a
grandes rasgos podría establecerse que los requisitos para acceder a la pensión
de invalidez por enfermedad o accidente de origen laboral, son los mismos que
contempla el artículo 39 de la ley 100 de 1993.
Sobre este aspecto la Ley 100 de 1993 tuvo dos
reformas. La primera, con la expedición de la Ley 797 de 2003, había dispuesto
nuevas y más rigurosas exigencias para el reconocimiento de la pensión de
invalidez, que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en
sentencia C-1056 de ese mismo año, por haber incurrido en vicios de trámite
durante su expedición[36].
Posteriormente, la Ley 860 de 2003 señaló los nuevos
requisitos para acceder a la pensión de invalidez, los cuales pueden ser
sintetizados así: (i) invalidez causada por enfermedad o accidente de
origen común cuando el beneficiario tiene 20 o más años, requiere de 50 semanas
de cotización dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración; (ii) si la invalidez es causada por enfermedad o
accidente de origen común, cuando el beneficiario es menor de 20 años de edad,
requiere de 26 semanas de cotización en el último año inmediatamente anterior
al hecho causante de su invalidez o su declaratoria; (iii) si el
afiliado cotizó el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la
pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos
3 años; y (iv) cumplir con una fidelidad del 20% al sistema después de
tener 20 años de edad.
Esta
disposición tuvo vigencia desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 1° de julio
de 2009, fecha en que fue declarada su inconstitucionalidad parcial mediante
Sentencia C-428 de 2009, donde se declaró inexequible el requisito de fidelidad
al sistema; quedando en vigor hasta la fecha, la exigencia de que la invalidez
sea igual o superior al 50% y que se haya cotizado al sistema 50 semanas
durante los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la
contingencia.
El
anterior recuento normativo reviste gran importancia para la resolución del
caso concreto sometido a consideración de esta Sala, toda vez que del estudio
de la normatividad citada, se pueden extraer los siguientes argumentos:
1.     Entre cada una
de las reformas sucesivas que se hicieron al artículo 39 primigenio de la Ley
100 de 1993, no se dejó, como se ha hecho con otros tránsitos legislativos en
materia pensional (especialmente en la pensión de vejez), un régimen de
transición.
2.     Como puede
deducirse de los textos legales transcritos, la intención del legislador en
cada una de las modificaciones, fue imponer requisitos más gravosos al acceso a
la pensión de invalidez, especialmente en lo que se refiere  al número de
semanas cotizadas (pasó de 26 a 50) y en  la inclusión de un requisito de
fidelidad consistente en aportes durante toda la vida laboral del cotizante,
superiores al 20% desde el momento en que el trabajador cumplió 20 años de edad
y la fecha en que se estructuró la invalidez.
3.     La aplicación
literal de las normas modificatorias del artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
conllevaría en algunos casos, a una flagrante violación de los principios
constitucionales de favorabilidad, progresividad,  igualdad y mínimo vital del
trabajador.
4.     Desde tiempos
muy cercanos a la expedición de las Leyes 797 y 860 de 2003, esta Corporación
devino en inaplicar el requisito de fidelidad al sistema por parecer
abiertamente contrario a postulados constitucionales contenidos en nuestra
Carta Política y en instrumentos internacionales que forman parte del Bloque de
Constitucionalidad.
7.2. Ahora bien, es pertinente indicar que la pérdida de capacidad
laboral se establece por medio de una calificación que realizan las entidades
autorizadas por la ley. Específicamente el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Decreto Ley 19 de 2012, que establece lo
siguiente:
“El estado de invalidez será
determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con
base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de
calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá
contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad
que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad
laboral.
Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de
invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en
una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de
invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no
esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro
de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco
(5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días.
Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.
El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las
anteriores entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y
de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad
en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta
Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional…”.
Así las cosas, a partir del
dictamen se determina la condición médica de la persona y se indica el
porcentaje de afectación producida por la enfermedad, debiéndose
expresar los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a la decisión
teniendo en cuenta los criterios de deficiencia, discapacidad y minusvalía de
conformidad con el artículo 7º del Decreto 917 de 1999[37]:
“[…]
DEFICIENCIA: Se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser
temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición
de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u
otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la
función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en
principio refleja perturbaciones a nivel del órgano.
DISCAPACIDAD:
Se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal
para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos
o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o
rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o
irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la
deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona.
MINUSVALÍA:
Se entiende por Minusvalía toda situación desventajosa para un individuo
determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o
impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la
edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por
la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del
grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su
discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales,
económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la
presencia de las mismas y alteran su entorno.”
Finalmente, esta misma
disposición en el artículo tercero definió la fecha de estructuración de la
invalidez como aquella “en que se genera en el individuo una pérdida en su
capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a
la fecha de calificación”.
8. Inaplicación e inconstitucionalidad del requisito
de fidelidad al sistema pensional, consagrado en el numeral 2° del artículo 1°
de la Ley 860 de 2003, por desconocimiento del principio de progresividad
8.1. El artículo 48 constitucional le atribuye a la
seguridad social una doble naturaleza; la primera, como servicio público de
obligatoria prestación por el Estado y de los particulares autorizados y, la
segunda, como un derecho garantizado a todos los ciudadanos.
8.2. Con fundamento en dicho principio, el
legislador desarrolló el Sistema General de Seguridad Social con la Ley 100 de
1993. Esta norma consagró, entre otros temas, lo atinente a las prestaciones
pensionales exigibles y los requisitos para acceder a ellas. Específicamente,
sobre la pensión de invalidez dispuso en su artículo 38 que la persona en
condición de discapacidad es aquella que “por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su
capacidad laboral”.
A renglón seguido, el artículo 39 estableció las
condiciones que se debían reunir para que se tuviera derecho a dicha
prestación, a saber:
“a. Que
el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
“b. Que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca el estado de invalidez.”[38]
Esta disposición fue modificada por el artículo 11 de
la Ley 797 de 2003, que consagraba requisitos más estrictos para acceder a la
pensión de invalidez. No obstante, esta norma fue declarada inexequible por
esta Corporación en sentencia C-1056 de 2003, debido a vicios en el trámite
legislativo.
Posteriormente, se expidió la Ley 860 de 2003, cuyo
artículo 1° consagró que el afiliado al sistema que sea declarado inválido
tendrá derecho a la pensión de invalidez siempre que acredite:
“1.
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos
del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez.
2.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez”.
El parágrafo 1° determinó que los menores de veinte
años debían acreditar solamente veintiséis semanas en el año inmediatamente
anterior al hecho causante de su invalidez o de su declaratoria. El parágrafo
2° estableció que cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, sólo requeriría
haber cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
8.3. Sin embargo, en sede de revisión de tutela, esta
Corporación decidió en reiteradas oportunidades inaplicar estos nuevos
requisitos para acceder a la pensión de invalidez, por considerar que
resultaban regresivos, haciendo uso de la excepción de inconstitucionalidad.[39]
Concretamente, determinó que el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 era contrario
al principio de progresividad de los derechos sociales puesto que representaba
una situación más gravosa para el afiliado al pasar de un régimen que exigía 26
semanas de cotización durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
estructuración de la invalidez, a uno que aumentó el tiempo de cotización a 50
en los últimos tres años anteriores a la fecha de la consumación del hecho
generador de la invalidez y adicionó el requisito de fidelidad.
Por
lo anterior esta Corporación, una vez identificados los factores
constitucionales relevantes de orden fáctico y jurídico en casos similares al que
ahora se debate, concluyó que los requisitos exigidos por el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 siendo regresivos, no obedecieron a una justificación razonable
y proporcional, lo que de paso la convertía en una disposición contraria a la
Constitución, ordenando la inaplicación de dicho artículo.
8.3.1.
Por ejemplo, en la sentencia T-1291 de 2005 la Corte Constitucional tuvo la
oportunidad de conocer el caso de una madre cabeza de familia que sufrió un
accidente el 28 de enero de 2004, que le ocasionó una incapacidad laboral del
69.05%. La AFP negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por cuanto no
se cumplía con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 1° de la Ley
860 de 2003.
En
este caso la Corte decidió: “Conforme a lo anterior y frente a la evidente
necesidad de aplicar la Constitución directamente, hay que reiterar que para
que sea posible el reconocimiento de la prestación, es necesario que el
legislador haya definido sus requisitos.  Así las cosas y ante la ausencia de
un régimen de transición y conforme al principio de favorabilidad de las normas
laborales, la Sala considera necesario dar aplicación en este caso del numeral
1 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 que dispone la cotización de veintiséis
(26) semanas de cotización al momento de producirse el estado de invalidez.
Los requisitos previstos por esta norma (como se advirtió) los cumple
cabalmente la peticionaria, (…)”.
8.3.2.
Uno de similar naturaleza fue estudiado por esta Corporación en la sentencia
T-221 de 2006. En esta oportunidad, la Sala Quinta de Revisión conoció el caso
de una mujer de 73 años de edad, quien a causa de un accidente de trabajo
contrajo cáncer pulmonar, enfermedad que redujo su capacidad laboral en un
58,6%. En este asunto, con el fin de proteger los derechos de la accionante
esta Corporación fijó lo siguiente: “Así, dado que se ha evidenciado la
regresividad injustificada de la norma, es palmaria la contradicción de ésta
con la Carta Fundamental, requiriéndose indefectiblemente su inaplicación para
dar cabida a la justicia material y al restablecimiento de los derechos que
hasta la fecha han sido vulnerados a la accionante por la aplicación indebida
de una norma que en su caso concreto resulta inconstitucional. Bajo este
argumento se concedió el amparo constitucional reclamado.
8.3.3. Estos análisis fueron realizados desde la
hipótesis de que no existía un pronunciamiento del pleno de la Corporación
sobre la constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 860 de 2003. Al respecto,
por ejemplo, la sentencia T-287 de 2008 señaló: “Por lo tanto, mientras no
haya un pronunciamiento del pleno de esta Corte sobre la exequibilidad del
artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en sede de tutela el juez podrá inaplicar
dicho artículo y ordenar que se aplique la norma anterior más favorable de la
Ley 100 de 1993 (artículo 39), cuando se constaten circunstancias de especial
vulnerabilidad.”
Los
argumentos que llevaron a la Corte a inaplicar el artículo 1° de la Ley 860 de
2003, en los casos anteriores y en  otros más[40], consisten en que la
referida disposición legal contraría la Carta Política, en tanto resulta
incompatible con el principio de progresividad de los derechos sociales y
afecta desmesuradamente a un grupo de personas que son sujetos de especial
protección constitucional, cual es el caso de las personas discapacitadas y a
las personas de la tercera edad, que si bien han cotizado las 50 semanas, en
las más de las veces no alcanzan a cumplir con el requisito de fidelidad. Tanto
así, que una vez esta Corporación tuvo la oportunidad de realizar el control
abstracto del artículo en mención, declaró inexequible el requisito de
fidelidad contenido en el mismo, mediante sentencia C-428 de 2009.
8.4. En esa ocasión, este Tribunal analizó el
principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales
expresando que este principio le impone al Estado la carga de adoptar medidas
que amplíen la cobertura de los derechos. Así, por regla general, no podrá
disminuir el nivel de protección alcanzado, es decir, se prohíbe la
regresividad en materia de estos derechos.
Explicó que, como garantía del principio de
progresividad, una norma que presente una condición desfavorable frente al
alcance de un derecho económico, social o cultural se presume regresiva y, por
tanto, le corresponde al Estado justificar ampliamente la finalidad de la
medida.
Así las cosas, decidió que el requisito de cotización
de 50 semanas en los últimos tres años antes de la estructuración de la
calificación no implicaba una regresión “pues si bien se aumentó el número
de semanas mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, de igual manera aumentó el plazo para hacer valer las semanas de uno a tres años anteriores
a la estructuración de la invalidez”[41].
Sin embargo, declaró inexequible el requisito de
fidelidad para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez por
enfermedad común o por accidente, dado que el Estado no logró desvirtuar la
presunción de regresividad de la medida. Resaltó que la norma imponía una carga
mayor para acceder a la prestación y que no existía “una conexión entre el
fin previsto en la norma -la promoción de la cultura de la afiliación a la
seguridad social y el control de los fraudes- con los efectos producidos por la
misma”[42].
8.5. En este punto, es necesario resaltar que las
decisiones proferidas por la Corte Constitucional, en ejercicio de su función
de control abstracto de constitucionalidad tienen efecto erga omnes y
hacen tránsito a cosa juzgada, tal y como lo consagran los artículos 243 de la
Constitución Política y 45 de la Ley 270 de 1996, a saber:
“Art. 243 CP.- Los fallos que la Corte dicte en
ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del
acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en
la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución”.
“Art. 45, Ley 270 de 1996.- REGLAS SOBRE LOS
EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE
CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre
los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte
resuelva lo contrario”.
En este sentido, esta Corporación ha expresado que los
efectos de los fallos de constitucionalidad se dan “a partir del día
siguiente al que se adoptó la decisión sobre la exequibilidad o no de la norma
objeto de control”[43],
y que “la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad de un precepto
jurídico, hace que este tenga carácter de definitivo en el ordenamiento o que
salga de éste, sin la posibilidad de volverlo a invocar”[44].
Asimismo, ha establecido que dichas decisiones son “obligatorias,
generales y oponibles a todas las personas, sin excepción de ninguna índole.
Luego, el conocimiento de la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
o inexequibilidad a partir de su divulgación oficial es igualmente exigible a
todos los operadores jurídicos, sin importar sus exclusivos intereses
individuales”[45].
8.6. De esta forma, se concluye que la sentencia C-428
de 2009 expulsó del ordenamiento jurídico el requisito de fidelidad al sistema,
razón por la cual el reconocimiento de la pensión de invalidez resultará
procedente siempre que se verifique que: (i) la persona haya sido declarada
inválida y (ii) haya cotizado cincuenta semanas durante los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
8.7. Sobre este
aspecto, vale la pena cuestionarse ¿qué sucede con las solicitudes de
reconocimiento de pensión presentadas antes de la sentencia que declaró la
inexequibilidad parcial del artículo 1° de la Ley 860 de 2003?
Para dar solución a este
interrogante se debe tener en cuenta la fuerza y el carácter vinculante de las
sentencias, cuya ratio decidendi se constituye en precedente
constitucional, el cual debe observarse para atender casos
similares.
Así mismo, y como se indicó en precedencia, la declaratoria de
inexequibilidad del el
artículo mencionado, lo único que hizo fue ratificar una
situación que desde un principio era inconstitucional, por lo que la disposición
enjuiciada no podía generar los efectos que pretendió.
Esta situación ha sido analizada en reiteradas
oportunidades por este Tribunal, en las sentencias T-266 de 2010, T-532 de
2010, T-615 de 2010, T-016 de 2011 y T-453
de 2011 entre muchas otras, dentro de las cuales se precisó de manera univoca,
que la exigencia del requisito de fidelidad contenido en la Ley 860 de 2003,
deviene en inadmisible sin importar la fecha de estructuración de la
enfermedad, ya que la sentencia C-428 de 2009, lo que hizo
fue corregir una situación que desde siempre fue inconstitucional, por lo que
dicha providencia tenía efecto declarativo y no constitutivo, generando con ello que las entidades
prestadores de este servicio no se excusen en que el hecho generador del derecho pensional sea anterior a
esos fallos de constitucionalidad, habida consideración de que el carácter
vinculante de la ratio decidendi se los impide[46].
Por tanto, las entidades
encargadas del reconocimiento de prestaciones sociales en pensiones debieron
inaplicar, de acuerdo al principio de progresividad, el requisito del artículo
1° de la ley 860 de 2003, como lo venía haciendo la Corte Constitucional en
sede de tutela y lo ratificó en control abstracto de constitucionalidad.
9. El carácter
vinculante del precedente constitucional
En reiteradas
ocasiones[47]
la Corte ha reconocido el carácter vinculante, obligatorio y de fuente de
derecho que tienen sus sentencias de constitucionalidad. El precedente
constitucional se ha justificado bajo los principios de primacía de la
Constitución, de igualdad, de confianza legítima y de debido proceso, entre
otros, y es asumido como una técnica judicial que busca mantener la coherencia
de los sistemas jurídicos. Por ello, el artículo 243 superior dispone: “Los
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el
contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para
hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.”
Tratándose de
las providencias dictadas por la Corte Constitucional en una Sala de Revisión
de Tutelas, es claro que sus efectos son inter partes. Empero, también se
ha precisado reiteradamente “que en el caso de las sentencias de tutela la
Corte actúa como tribunal de unificación de jurisprudencia[48]”.
Resaltando la fuerza vinculante de la ratio decidendi de los fallos de
tutela, esta Corporación en fallo T-292 de 2006 sostuvo:
“El
fundamento constitucional del carácter vinculante de tales aspectos de la parte
motiva de estas providencias, es: i) el respeto a la cosa juzgada
constitucional reconocida en el artículo 243 de la Carta, que se proyecta a
algunos de los elementos de la argumentación, conforme a las consideraciones
previamente indicadas[49].
ii) La posición y la misión institucional de esta Corporación que conducen a
que la interpretación que hace la Corte Constitucional, tenga fuerza de
autoridad y carácter vinculante general, en virtud del artículo 241 de la
Carta. Igualmente,  y en especial respecto de las sentencias de tutela, la
Corte resaltó con posterioridad otros fundamentos de la fuerza vinculante de la
ratio decidendi, tales como iii) el principio de igualdad, la seguridad
jurídica, el debido proceso y el principio de confianza legítima.
La
razón del valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, es como
se dijo, asegurar la unidad en la interpretación constitucional en el
ordenamiento y un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, por
parte de las autoridades judiciales, que asegure la seguridad jurídica.
Precisamente, sobre el tema ya se había pronunciado también la sentencia C-104
de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la que se comentó que con
respecto al  acceso a la justicia, el artículo 229 de la Carta debía ser
concordado con el artículo 13 de la Constitución, en el entendido de que
‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica, ‘no sólo la idéntica
oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico
tratamiento que tiene derecho a recibirse, por parte de los jueces y tribunales
ante decisiones similares’.
Por las
razones anteriores, puede concluirse que en materia de tutela, - cuyos efectos
ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del
alcance de la revisión constitucional[50]
-, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las
autoridades[51].
La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la
función que cumple la Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es
otra que la de ‘homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos
fundamentales’[52]
a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela
(artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los
precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y
armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas
de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del
Tribunal constituye una exigencia inevitable.”
Así, de la mano de la jurisprudencia,
es dable entender que mientras los efectos inter partes proyectan entre
los involucrados en la acción de tutela  la aplicación cabal de lo dispuesto en
la parte resolutiva de la providencia, la ratio decidendi constituye un
precedente constitucional que por regla general ha de ser observado por todas
las autoridades y por la comunidad, so pena de contrariar la Constitución.
Distintos pronunciamientos[53] de
esta Corporación han reiterado que todas las autoridades públicas, de carácter
administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se
encuentran sometidas a la Constitución y a la ley   y como parte de esa
sujeción, las autoridades administrativas están obligadas a acatar el
precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria,
contencioso administrativa y constitucional.
La anterior afirmación tiene como
sustento la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a
la ley, y desde ese mandato, el acatamiento del precedente judicial constituye
un presupuesto esencial del Estado Social de Derecho, un desarrollo de los
fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, de su jerarquía
superior; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º,
121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad; del derecho a la
igualdad; del postulado de ceñimiento a la buena fe de las autoridades
públicas; de los principios de la función administrativa; de la fuerza
vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior y de
la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241
de la Carta Política.
En
razón de lo anterior, todas las autoridades que se encuentren prestando un
servicio público, como es el caso de las administradoras de fondos de pensiones
y cesantías, se encuentran sujetas al imperio de la Constitución y la ley, como
una viva expresión del principio de legalidad que gobierna y rige el Estado
Social de Derecho, implicando ello el irrefutable y necesario acatamiento del
precedente judicial emanado de las Altas Cortes.
En suma, la obligatoriedad y alcance de los
fallos de esta Corporación, tiene su génesis en el carácter preponderante y jerárquico
de la Constitución, tal y como lo señala el artículo 4 superior, la
Constitución “es norma de normas”, y en este sentido el precedente
constitucional fijado por la Corte Constitucional como guardiana de la
supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no sólo para la interpretación
de la Constitución, sino también para la interpretación de las leyes cuando
regulen derechos fundamentales. Luego, el precedente vincula a todas las
autoridades, sin discriminación alguna como una fuente obligatoria de derecho.
9. Análisis del caso concreto
9.1. Síntesis del planteamiento de la acción de
tutela.
La señora Viviana
Andrea Pérez Zamudio, por intermedio de apoderada judicial, promovió acción de tutela en contra el Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., debido a que esta entidad negó el
reconocimiento de su pensión de invalidez, argumentando que no cumplía con el
requisito de fidelidad al sistema previsto en el artículo 1° de la Ley 860 de
2003. Además, por cuanto si bien la Corte Constitucional mediante sentencia
C-428 de 2009 declaró inexequible la referida norma, las situaciones
consolidadas con anterioridad a esa providencia deben permanecer incólumes.
Por su parte, los falladores de instancia negaron el
recurso de amparo al considerar que la accionante contaba con otro mecanismo de
defensa judicial para reclamar la pensión de invalidez, más aún si no logró
demostrar la configuración de un perjuicio irremediable.
9.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela en
el caso concreto.
En primer lugar, es preciso advertir que en el caso
examinado, el juez de primera instancia constitucional indicó la falta de
inmediatez, habida cuenta que han transcurrido más de 8 años desde
que la accionante dejó de trabajar como consecuencia de su pérdida de capacidad
laboral.
La Sala advierte que dicho razonamiento
no tiene en cuenta que se trata de un reclamo prestacional de una persona en
estado de debilidad manifiesta, que merece especial protección por parte del
juez constitucional.
Lo anterior, se debe a que: (i) la
señora Viviana Andrea Pérez Zamudio tiene 69.10% de pérdida de capacidad
laboral lo que acredita su dificultad de trabajar y percibir una remuneración;
y, (ii) la protección reforzada que amerita por su disminución física está
consagrada en los incisos 2° y 3° del artículo 13 de la Constitución Política,
que establecen el deber del Estado de brindar una protección especial a las
personas que se encuentren en estado de debilidad manifiesta por su condición
económica, física o mental, con el fin de lograr que la igualdad de estas
personas sea material y no simplemente formal. En este mismo sentido, el Pacto de
Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, entre otros, son instrumentos internacionales
suscritos y ratificados por Colombia, con el propósito de garantizar a las
personas con discapacidad el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
9.3. A juicio de la Sala, el juez de
instancia perdió de vista que el derecho pensional es imprescriptible por lo
que su vulneración conserva el carácter de actual, y en esta medida la
solicitud de amparo fue establecida de manera próxima a la vulneración. Lo
anterior, en razón a que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez fueron
realizados el 29 de mayo de 2015[54]
y el 13 de enero de 2016[55],
respectivamente y la acción de tutela fue interpuesta el 2 de junio de 2016[56].
Así mismo, de esta situación deriva la
vulneración de otros derechos fundamentales de la accionante como lo es el
mínimo vital, en razón de que el propósito de la pensión de invalidez es cubrir
las expensas necesarias para el sustento de las personas cuya vida laboral ha
cesado. De la vulneración real, continua y actual de esos derechos se infiere
un perjuicio irremediable, máxime si tiene dos hijas menores de edad que
necesitan de su manutención, a quienes con la negativa de la entidad también se
les están desconociendo sus derechos fundamentales, los cuales priman sobre los
demás, en atención al interés superior del menor.
En consecuencia, los supuestos fácticos
del caso bajo estudio se adecuan a los establecidos por la Corte para la
inaplicación del requisito de inmediatez, toda vez que la actora se encuentra
en un estado de debilidad manifiesta por el deterioro ostensible de su salud y
debido a que reclama un derecho cuya vulneración es continua.
En segundo lugar, la Sala considera que opera la
procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la
pensión de invalidez porque la actora no cuenta con fuentes de ingresos de los
cuales pueda procurarse un mínimo de subsistencia para sí y para su núcleo
familiar, ostenta la condición de madre cabeza de familia, padece de una
enfermedad en estado terminal y tiene una disminución en la capacidad
laboral calificada con el 69.10%  y desde esa perspectiva es un sujeto de
especial protección constitucional. A pesar de tratarse de la reclamación de un
derecho pensional, este se justifica en que es el único medio de subsistencia
que puede garantizar la vida digna a una persona incapacitada para laborar y
propenderse su manutención. En este sentido,  Resulta razonable
suponer que la demandante no cuenta con medios de subsistencia diferentes,
debido a la incapacidad para trabajar que le fue calificada, lo cual afectaría
gravemente su mínimo vital y calidad de vida, así como el de sus dos hijas
menores de edad.
Igualmente, se advierte que la señora Pérez Zamudio debe
recibir una especial protección constitucional, dada la disminución de la capacidad
laboral calificada en un 69.10%, que la pone en una situación de debilidad
manifiesta; precisamente, a la luz del artículo 38 de la Ley 100 de 1993 se
considera que es una persona en situación de discapacidad.
9.4. Resolución del caso concreto.
9.4.1. Como se expuso en el problema jurídico le corresponde a la
Sala Sexta de Revisión examinar si el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A., vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social
y mínimo vital de la señora Viviana Andrea Pérez Zamudio al
negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, aduciendo la falta
del requisito de fidelidad al Sistema General de Pensiones -artículo 1° de la
Ley 860 de 2003-, a pesar de que éste fue declarado inexequible por parte de esta
Corporación en la sentencia C-428 de 2009 y anteriormente inaplicado al ser
considerado contrario a la Constitución.
A juicio del Fondo de
Pensiones, el requisito de fidelidad era aplicable al caso de la peticionaria
porque la estructuración de su invalidez (3 de noviembre de 2008) fue previa a
la fecha en que se profirió la sentencia de constitucionalidad, y la misma no
tiene efectos retroactivos. Por su parte, la actora estima que es titular del
derecho a la pensión reclamada porque ha perdido más del 50% de la capacidad
laboral.
En casos similares al presente, la jurisprudencia constitucional
ha sostenido de manera uniforme y pacífica, que los fondos de pensiones vulneran
los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de un
afiliado, cuando niega el reconocimiento de la pensión de invalidez al no acreditar
el requisito de fidelidad al sistema, independientemente de que la fecha de
estructuración sea anterior a la declaratoria de inexequibilidad de dicho
requisito[57].
En efecto, esta
Corporación ha explicado que cuando retiró del sistema jurídico las normas que
consagraban el requerimiento mencionado (numerales 1 y 2 del artículo 1º de la
Ley 860 de 2003), mediante la sentencia C-428 de 2009, lo que hizo fue corregir
una situación que desde siempre fue inconstitucional, por lo que dicha
providencia tenía un efecto declarativo y no constitutivo, tal y como fue
explicado en la parte considerativa de esta providencia.
Ahora bien, Si en gracia de discusión se aceptara la interpretación según
la cual la protección operaba hacia el futuro a partir de la declaratoria de
inexequibilidad, “la vigencia
del principio pro homine en nuestro orden constitucional obligaría a preferir
la interpretación más garantista para los afectados, de manera que también en
este caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y
exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la
Constitución, en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los derechos[58]”.
En este sentido,
alegar que no se puede dar aplicación a las sentencia C-428 de 2009, en los
eventos en que el hecho generador del derecho pensional ocurrió antes del 1°
julio de 2009, no es jurídicamente válido, debido a que el requisito siempre
fue considerado inconstitucional, pues contrariaba ostensiblemente el principio
de progresividad que rige todo el Sistema General de Seguridad Social, al establecer
reformas que disminuían sustancialmente derechos adquiridos,
sin encontrar justificación para ello.
En síntesis, el precedente
constitucional en estos casos obliga a que en todo tiempo se tenga como
inadmisible la exigencia de fidelidad, así como que las
administradoras de fondos de pensiones que se encuentran prestando un servicio
público, como es el caso de la accionada, no pueden continuar excusándose en
que el hecho generador del derecho pensional sea anterior a esos fallos de
constitucionalidad, dado que  el carácter vinculante de la ratio
decidendi de las decisiones de tutela y sobretodo de
constitucionalidad se lo impide.
9.4.2. Al revisar el dictamen de pérdida de
capacidad laboral y la historia laboral de la señora Pérez Zamudio[59],
se tiene que la actora acredita el cumplimiento de los requisitos del artículo 1º
de la Ley 860 de 2003[60],
que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, como se explicará a continuación:
Con relación a la declaratoria de invalidez, la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez certificó que la accionante había
perdido un 69.10% de su capacidad para trabajar en atención a que padecía de hipertensión
esencial (primaria), enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal y
lupus eritematoso sistémico, que la disminución tenía un origen común y que la
fecha de estructuración fue el 3 de noviembre de 2008[61],
confirmándose este aspecto de la mencionada norma.
En cuanto al requisito de semanas de cotización, el Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.[62], certificó
que la peticionaria aportó lo correspondiente a 83 semanas en los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, cumpliendo igualmente
esta previsión.
Sin embargo, la entidad accionada a pesar de que
publicó en su página web que la actora tenía derecho a la pensión[63],
posteriormente la negó, exigiendo además del requisito de las 50 semanas en los
últimos tres años desde la configuración de la invalidez, el requisito de fidelidad
al sistema previsto en la ley, consistente en la cotización de al
menos el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que el afiliado cumplió veinte años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez[64].
Exigencia esta que esta Corporación ha calificado como inconstitucional, razón
por la cual había sido inaplicada en múltiples ocasiones dado que contrariaba
ostensiblemente el principio de progresividad que rige el derecho a la
seguridad social y fue, posteriormente, declarada inexequible en la sentencia
C-428 de 2009, como se expuso en el fundamento número 8 de esta providencia.
La Corte constató que la actora reúne los requisitos
para acceder a la pensión de invalidez a la luz del artículo 1º de la Ley 860
de 2003, por lo que le corresponde al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir reconocer
y pagar la prestación solicitada.
En ese sentido, la Sala estima que el Fondo de
Pensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social
y vida digna de la accionante, al exigirle el requisito adicional de fidelidad
al sistema que ahora se encuentra excluido del ordenamiento jurídico.
Al examinar las circunstancias específicas del caso,
la entidad accionada debió abstenerse de negar la pensión con fundamento en una
norma que a todas luces va en contra de los derechos de la peticionaria y que
agrava su situación, puesto que dicha mesada constituiría la única fuente de
ingreso para su subsistencia y el de su núcleo familiar[65], así
como para costear los servicios médicos que su enfermedad requiere.
En tal sentido, la Sala concluye, que en el caso
concreto la negativa de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por
parte del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, fundada en el artículo 1° de
la Ley 860 de 2003, que exigía el requisito adicional de fidelidad al sistema,
declarado inexequible por ésta corporación, resulta contraria a sus derechos
fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida digna. En consecuencia, se
revocará la sentencia proferida el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Civil del
Circuito de Bogotá de 1º de agosto de 2016, que a su turno confirmó la dictada
por el Juzgado Veintidós (22) Civil Municipal de la misma ciudad el 16 de junio
del mismo año. En su lugar se concederá el amparo pretendido en forma
definitiva, dado el grave estado de discapacidad de la accionante.
Asimismo, la Corte ordenará al Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, reconozca la pensión de
invalidez de la señora Viviana Andrea Pérez Zamudio y la incluya en nómina
de pensionados.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la
Sentencia proferida el 1º de agosto de 2016, por el Juzgado Cuarenta y Cinco
(45) Civil del Circuito de Bogotá D.C., que a su vez confirmó la dictada por el
Juzgado Veintidós (22) Civil Municipal de la misma ciudad de 16 de junio del
mismo año. En su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al
mínimo vital, seguridad social y vida digna de la señora Viviana Andrea
Pérez Zamudio.
Segundo: ORDENAR al
representante legal
del Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., o quien haga sus veces, que si aún no
lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia reconozca y ordene el pago de la pensión de
invalidez a la actora, aplicando el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 de
acuerdo con la declaratoria de inexequibilidad prevista en la Sentencia C- 426
de 2009.
Tercero: Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] 16 de junio de 2016.
[2] 1º de agosto de 2016.
[3] Folio 48, cuaderno de
instancia.
[4] Folios 72 y 73, cuaderno de
instancia.
[5] Folios 87 a 89, cuaderno
de instancia.
[6] Folios 3 a 5,
cuaderno de instancia.
[7] Sentencia C-590 de 2005.
[8] Sentencia T-684 de 2003.
[9] Sentencia T-328 de 2010.
[10] Esta regla es reiterada
en sentencia T-1028 de 2010.
[11] Sentencia T-158 de 2006.
[12] Sentencia SU-198 de 2013.
[13] sentencia SU-198 de
2013.
[14] La base argumentativa y
jurisprudencial de este acápite se encuentra en la sentencia T-618 de 2013 y
fue reiterada en la sentencia T-181 de 2015.
[15] Constitución Política.
Artículo 48, inciso 1°: “La Seguridad Social es un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley.”
[16] Ley 100 de 1993.
Artículo 4°, inciso 2°: “Este servicio público es esencial en lo relacionado
con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con respecto al Sistema
General de Pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente
vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones.”
[17] Sentencia T-201 de 2013.
Cfr. Sentencia C-623 de 2004.
[18] El inciso 2° del
artículo 48 de la Carta Política dispone que “se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social”. De igual forma el inciso 1° del artículo 3 de la Ley 100 de 1993 establece que “el Estado
garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho
irrenunciable a la seguridad social.”
[19] Sentencia T-658 de 2008. Cfr. Artículo 9° del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículo 9° del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículo 11, numeral 1, literal
e de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer; Artículo
16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
[20] Sentencia T-201 de 2013.
[21] Artículo 86, inciso 1°: “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[22] Artículo 86, inciso 3°:
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.”
[23] Cfr. Sentencias
T-052 de 2008, T-705 de 2012 y T-061 de 2013.
[24] Sentencia T-265 de 2012.
En este caso el accionante, de 56 años de edad, solicitó el reconocimiento de
la pensión de jubilación que había sido negada por el Instituto de Seguros
Sociales al considerar que el régimen pensional aplicable era el de la Ley 71 de 1988, en el cual la edad para pensionarse es de 60 años. Al parecer del actor debía
aplicarse la Ley 33 de 1985, que establece una edad de jubilación de 55 años. La Corte consideró que si bien el accionante contaba con las acciones ordinarias laborales para
obtener el derecho pensional, las mismas resultaban inocuas para la resolución
del caso concreto, puesto que la pretensión del actor era la de pensionarse con
la edad de 55 años, y por la prolongada duración de los procesos ordinarios y
suponiendo que eventualmente se acceda a su solicitud, el afectado ya habría
cumplido 60 años, edad que en los dos regímenes le permitiría pensionarse.
[25] Sentencia T-658 de 2008.
[26] En esta oportunidad la Corte concedió la tutela interpuesta por un ciudadano que solicitaba el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez negada por el ISS por no cumplir, al parecer de esta
entidad, con el tiempo de cotización requerido. La discrepancia radicó en que
parte de las cotizaciones fueron realizadas a la Caja de Previsión Social de Boyacá y no al ISS en su totalidad. La Sala consideró que el caso adquiría relevancia constitucional dado que el actor era una persona de
avanzada edad, sin ingresos permanentes que permitieran solventar los gastos
ordinarios, le resultaba imposible obtener una nueva vinculación laboral, no
era propietario de bienes ni había acumulado riqueza puesto que siempre se
desempeñó como vigilante.
[27] Sentencia T-167 de 2011.
[28]
Sentencias T-225 de 1993 y SU-544 de 2001.
[29] Sentencia T-145 de 2011.
[30] Sentencia
T-456 de 2004.
[31] Ver Sentencia T- 285 de 2007.
[32] Sentencia T-777 de 2009.
[33] Sentencias: T-102 de
1998, T-560 de 1998, SU-819 de 1999, SU-111 de 1997 y SU-562 de 1999.
[34] Sentencia C-432 de 2004.
[35] Sentencia C-227 de 2004
y C-111 de 2006.
[36] El
contenido del referido artículo 11 de la Ley 797 de 2003, disponía lo
siguiente: Artículo 11. Requisitos para obtener la pensión de
invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y
acredite las siguientes condiciones: (1). Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez. (2). Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al
hecho causante de la misma. Parágrafo. Los menores de 20 años de edad sólo
deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente
anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.”
[37] Por el cual se modifica
el Decreto 692 de 1995
[38] Texto original del artículo 39 de
la Ley 100 de 1993.
[39] Ver, entre otras, las sentencias T-221 de 2006, T-043 y 580 de 2007.
[40] Al
respecto ver las sentencias T-287/2008, T-145/2008, T-110/2008, T-104/2008,
T-103/2008, T-080/2008, T-078/2008, T-077/2008, T-069/2008, T-018/2008,
T-1072/2007, T-699A/2007, T-641/2007, T-580/2007, T-043/2007, T-221/2006, y
T-1291/2005.
[41] Sentencia C-428 de 2009.
[42] Ibíd.
[43] Sentencia C-973 de 2004.
[44] Sentencia T-048 de 2010.
[45] Sentencia C-973 de 2004.
[46] Corte Constitucional,
sentencia T-826 de 2014.
[47] Cfr. C-131
de 1993; C-252 de 2001; C-310 de 2002; C-335  de 2008, entre muchas otras.
[48] ”Ver
al respecto, por ejemplo, las sentencias T-123 de 1995, T-260 de 1995 y T-175
de 1997.”
[49] Tanto
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia como el inciso 1° del
artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, reconocen también esta fuerza vinculante.
Dicho inciso 1º expresa claramente que son vinculantes los fallos de
exequibilidad, tanto para las autoridades como para los particulares.
[50] “En el
tema de los efectos extendidos de las sentencias de tutela, deben citarse,
entre otras, las siguientes providencias:  SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-388 de 2005
(M.P.Clara Inés Vargas) y T-726 de 2005 (M.P.Manuel José Cepeda Espinosa),
entre otras. En la sentencia T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
se sostuvo que en virtud del artículo 241 de la Carta, la Corte Constitucional
ejerce cuatro tipos e control constitucional: a) El control abstracto de normas
contenidas en actos legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos
legislativos, proyetos de ley y tratados (artículo 21 numerales 1,4,5,7,8 y 10 C.P). b) El control por vía de revisión de las sentencias de tutela y que comprende el control
constitucional de providencias judiciales; c) “el control por vía excepcional
en el curso de un proceso concreto mediante la aplicación preferente de la
Constitución (artículo 4, CP)” y d) el control de los mecanismos de
participación ciudadana en sus diversas manifestaciones (artículo 241, No 2 y
3, CP)[50].
Señaló la sentencia que se cita, que “los efectos son erga omnes y pro -
futuro cuando controla normas en abstracto; son inter partes
cuando decide sobre una tutela; son inter partes cuando aplica de manera
preferente la Constitución en el curso de un proceso concreto; y son erga
omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de participación
ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias de la Corte
han de ser los anteriormente señalados”. (Las subrayas fuera del original). De
hecho en el Auto 071 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda) se dijo que cuando la
Corte aplica la excepción de inconstitucionalidad y fija los efectos de sus
providencias estos pueden extenderse respecto de todos los casos semejantes, es
decir inter pares. Finalmente debe considerarse la sentencia SU-1023 de
2001, que estableció que en circunstancias muy especiales, con el fin de no
discriminar entre tutelantes y no tutelantes que han visto violados sus
derechos fundamentales, los efectos de la acción de tutela pueden extenderse inter
comunis es decir, extenderse a una comunidad determinada por unas
características específicas. En las sentencias SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández) y T-493 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda) igualmente,
se estableció que los efectos de la sentencia de unificación serían inter
comunis para madres cabeza de familia desvinculadas de Telecom.”
[51] Ver, además, sentencia
T-1625 de 2000.
[52] SU- 640
de 1998.
[53] C-539 de 2011 y C-816 de
2011.
[54] Folios 5 a 8, cuaderno de
instancia.
[55] Folios 15 a 21, cuaderno de
instancia.
[56] Folio 46, cuaderno de instancia.
[57] Corte Constitucional.
T-001 de 2014 y T-826 de 2014.
[58] Corte Constitucional. T-597/2012.
[59] Folios 15 a 21 y 24, cuaderno de
instancia.
[60] “Artículo 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de
invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta
(50) semanas dentro de los últimos t res (3) años inmediatamente anteriores a
la fecha de estructuración y
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta
(50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al
hecho causante de la misma, y
su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20) años de
edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el
último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria.
NOTA: Parágrafo 1° declarado EXEQUIBLE
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-020 de 2015.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo
menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de
vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3)
años”.
[61] Folios 15 a 21, cuaderno
de instancia.
[62] Folio 24, cuaderno de
instancia.
[63] A folio 28 del cuaderno
de instancia, obra copia de la consulta realizada por la actora en la página web
de la entidad de 22
de marzo de 2016, según la cual: “El pasado 12/02/2016 se radicó en la
Oficina CALLE 106 la solicitud por invalidez con número de expediente PI
129258.// La validación de tus documentos finalizó, ahora el proceso se
encuentra en definición jurídica. // ¡Tenemos muy buenas noticias! La solicitud
presentada ha sido aprobada. // La solicitud se encuentra actualmente en
liquidación, para determinar el monto del derecho. Una vez culmine el proceso
estaremos informado”.
[64] Folios 30 y 31, cuaderno de
instancia.
[65] A folios 33 y 34, obran
los registros civiles de nacimiento de las menores Natalia Andrea Peláez Pérez
e Ivon Mariana Pachón Pérez, según dan cuenta que son hijas de la accionante y
que nacieron el 22 de julio de 2002 y 2 de marzo de 2008, respectivamente.