C-665-07
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-665/07
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Utilización
de la expresión “para la próxima semana”
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-No
existe fórmula textual específica para realizar anuncio
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Necesidad
de analizar el contexto en el que se hizo el anuncio/REQUISITO DE ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Cumplimiento
Tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia, la apelación al contexto del debate como elemento de identificación
del anuncio se predica tanto del anuncio, en sí mismo considerado, como de la
fecha de votación y de la intención misma de someter a votación el proyecto
específico. En el caso en estudio, se concluye que lo querido por la Comisión
era que el debate y votación tuvieran lugar la primera sesión del segundo
periodo de la legislatura, tal y como lo muestra el consecutivo del acta. Entonces, el anuncio fue hecho previamente y en fecha
determinable por ser la primera sesión que tendría lugar el año siguiente, como
en efecto sucedió.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Utilización
en el anuncio de la expresión “debate” o “para ser debatidos”
En el presente caso los anuncios utilizaron
la expresión “debate” o “para ser debatidos”. En primer lugar, los artículos
157 y 158 de la Ley 5 de 1992 señalan que el debate es el mecanismo por el cual
los miembros de la célula legislativa discuten el contenido de los asuntos
sometidos a su consideración, para luego proceder a su votación. Es decir, a
pesar de que estos términos no son equivalentes, los dos se encuentran
estrechamente relacionados y el trámite legislativo no sería posible sin  la
existenia ni del uno o ni del otro. Ahora bien, en cuanto al significado de la expresión
“debate” en el anuncio del artículo 160 de la Carta Política, esta Corporación
consideró que debe entenderse, por el contexto, que se está haciendo en
cumplimiento de tal disposición y por tanto, comprende la intención de
deliberar como votar el proyecto.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN TRAMITE
LEGISLATIVO-No exigencia
de que la publicación de la ponencia deba ser anterior al anuncio de votación
El requisito de publicidad de los
proyectos de ley, se cumple respecto del texto del proyecto sometido a
aprobación de cada cámara, con su publicación en el órgano oficial de
comunicación del legislativo, que es la Gaceta del Congreso, antes de darle
curso en la comisión respectiva (C.P. artículo 157). Igualmente, las ponencias,
con las modificaciones al texto que ellas propongan, deben publicarse de la
misma manera, como lo indica el artículo 156 del Reglamento del Congreso; no
obstante, para agilizar el trámite del proyecto, este requisito de publicidad
puede ser suplido por la reproducción del documento por cualquier medio
mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la célula legislativa que los
va a discutir. Sin embargo, la jurisprudencia es clara en señalar que el
requisito establecido en el artículo 156 del Reglamento del Congreso se refiere
a la publicación del informe de ponencia previo al debate, y por tanto, no
resulta procedente establecer una analogía frente al anuncio. En este sentido
podría concluirse que tanto el anuncio como la publicación de la ponencia deben
realizarse en forma previa al debate y votación, pero no existe un
condicionamiento dirigido a exigir que la publicación de la ponencia sea previa
al anuncio. En el caso en estudio, puede observarse que se cumplió con el
requisito señalado en el artículo 156 del Reglamento del Congreso, toda vez que
el Proyecto de Ley fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 699 del 7 de
octubre de 2005. La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta No.
898 del 14 de diciembre de 2005. El proyecto fue discutido y aprobado el 29 de
marzo de 2006, tal y como se había anunciado previamente (Gaceta del Congreso
No. 221 del 28 de junio de 2006). Es decir, el informe de ponencia fue conocido
por todos los miembros de la célula legislativa en forma previa al debate.
CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DE
TABACO-Resulta compatible
con la Constitución
El “Convenio Marco de la OMS
para el control del tabaco”, hecho en Ginebra el veintiuno (21) de mayo de dos
mil tres (2003), constituye un importante instrumento internacional para evitar
y contrarrestar las nefastas consecuencias del consumo del tabaco, en especial
para la salud y el  medio ambiente. En este sentido se encuentra en consonancia
con los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución, disposiciones que orientan
la política exterior del Estado Colombiano.
CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DE
TABACO-Medidas
relacionadas con la reducción de la demanda del tabaco
VENTA DE TABACO A MENORES DE EDAD-Prohibición
En cuanto a la prohibición de venta de
tabaco a menores de edad tal disposición se encuentra encaminada a proteger el
derecho a la salud de los niños que en virtud del artículo 44 de la Carta
Política tiene el carácter de fundamental, así como la especial protección a la
juventud consagrada en el artículo 45 constitucional. Así mismo, desarrolla las
medidas de protección a favor de la infancia contenidas en la Convención
Internacional sobre las Derechos del Niño aprobada mediante la Ley 12 de 1991.
Considera la Corporación que en los niños el consumo de tabaco tiene mayor
incidencia nociva en su salud por encontrarse en plena etapa de desarrollo y
además por carecer de la capacidad de autodeterminación y de autorregulación,
movidos principalmente por las influencias externas.
Referencia: expediente LAT-301
Revisión oficiosa de la Ley 1109 de 2006 “Por
medio de la cual se aprueba el ‘Convenio Marco de la OMS para el control del
tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003)”
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., veintinueve (29)
de agosto de dos mil siete (2007)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados, doctores Rodrigo Escobar Gil
-quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Catalina Botero Marino, Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson
Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1109 de 2006 “Por medio
de la cual se aprueba el ‘Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco”,
hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003)”
I.
ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 16 de enero de 2007, el
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte
Constitucional copia auténtica de la Ley 1109 de 2006 “Por medio de la cual
se aprueba el ‘Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco”, hecho
en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003)”
Por Auto del 8 de febrero del
mismo año, el Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento de la Ley de la
referencia y notificó a las Secretarías Generales de la Cámara y Senado para
que remitieran toda la información concerniente al trámite legislativo dado a
la ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Protección Social,
Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Comercio, a la Federación
Colombiana de Municipios, Federación Nacional de Departamentos, a la
Universidad del Rosario y a la Federación Nacional de Productores de Tabaco-
FEDETABACO.
Cumplidos los trámites
indicados para este tipo de actuaciones, procede la Corte a pronunciar su
decisión.
II. TEXTO DEL CONVENIO QUE SE
REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
“LEY 1109 DE 2006
(diciembre 27)
Diario Oficial No. 46.494 de 27 de
diciembre de 2006
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la OMS para
el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil
tres (2003).
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Convenio Marco de la OMS Para el Control del
Tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003),
que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del
Instrumento Internacional mencionado).
CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO
PREÁMBULO
Las Partes en el presente Convenio.
Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud
pública,
Reconociendo que la propagación de la epidemia de tabaquismo es un
problema mundial con graves consecuencias para la salud pública, que requiere
la más amplia cooperación internacional posible y la participación de todos los
países en una respuesta internacional eficaz, apropiada e integral,
Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad internacional por
las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales
del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco en el mundo entero,
Seriamente preocupadas por el aumento del consumo y de la
producción de cigarrillos y otros productos de tabaco en el mundo entero,
particularmente en los países en desarrollo, y por la carga que ello impone en
las familias, los pobres y en los sistemas nacionales de salud,
Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el
consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad,
morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades relacionadas con el tabaco no
aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a estar expuesto al
humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco,
Reconociendo además que los cigarrillos y algunos otros productos
que contienen tabaco están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de
crear y mantener la dependencia, que muchos de los compuestos que contienen y
el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y
cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte
en las principales clasificaciones internacionales de enfermedades,
Reconociendo también que existen claras pruebas científicas de que
la exposición prenatal al humo de tabaco genera condiciones adversas para la
salud y el desarrollo del niño,
Profundamente preocupadas por el importante aumento del número de
fumadores y de consumidores de tabaco en otras formas entre los niños y
adolescentes en el mundo entero, y particularmente por el hecho de que se
comience a fumar a edades cada vez más tempranas,
Alarmadas por el incremento del número de fumadoras de
consumidoras de tabaco en otras formas entre las mujeres y las niñas en el
mundo entero y teniendo presente la necesidad de una plena participación de la
mujer en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas, así
como la necesidad de estrategias de control del tabaco específicas en función
del género,
Profundamente preocupadas por el elevado número de miembros de
pueblos indígenas que fuman o de alguna otra manera consumen tabaco,
Seriamente preocupadas por el impacto de todas las formas de
publicidad, promoción y patrocinio encaminadas a estimular el consumo de
productos de tabaco,
Reconociendo que se necesita una acción cooperativa para eliminar
toda forma de tráfico ilícito de cigarrillos y otros productos de tabaco,
incluidos el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación,
Reconociendo que el control del tabaco en todos los niveles, y
particularmente en los países en desarrollo y en los países con economías en
transición, necesita de recursos financieros y técnicos suficientes adecuados a
las necesidades actuales y previstas para las actividades de control del
tabaco,
Reconociendo la necesidad de establecer mecanismos apropiados para
afrontar las consecuencias sociales y económicas que tendrá a largo plazo el
éxito de las estrategias de reducción de la demanda de tabaco,
Conscientes de las dificultades sociales y económicas que pueden
generar a mediano y largo plazo los programas de control del tabaco en algunos
países en desarrollo o con economías en transición, y reconociendo la necesidad
de asistencia técnica y financie ra en el contexto de las estrategias de
desarrollo sostenible formuladas a nivel nacional,
Conscientes de la valiosa labor que sobre el control del tabaco
llevan a cabo muchos Estados y destacando el liderazgo de la Organización
Mundial de la Salud y los esfuerzos desplegados por otros organismos y órganos
del sistema de las Naciones Unidas, así como por otras organizaciones
intergubernamentales internacionales y regionales en el establecimiento de
medidas de control del tabaco,
Destacando la contribución especial que las organizaciones no
gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil no afiliados a la
industria del tabaco, entre ellos órganos de las profesiones sanitarias,
asociaciones de mujeres, de jóvenes, de defensores del medio ambiente y de
consumidores e instituciones docentes y de atención sanitaria, han aportado a
las actividades de control del tabaco a nivel nacional e internacional, así
como la importancia decisiva de su participación en las actividades nacionales
e internacionales de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier
intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de
control del tabaco, y la necesidad de estar informados de las actuaciones de la
industria del tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del
tabaco,
Recordando el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en el que se declara que toda
persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental,
Recordando asimismo el preámbulo de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, en el que se afirma que el goce del grado
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica o social,
Decididas a promover medidas de control del tabaco basadas en
consideraciones científicas, técnicas y económicas actuales y pertinentes,
Recordando que en la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, se establece que los Estados
Partes en dicha Convención adoptarán medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica,
Recordando además que en la Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, se establece que los Estados Partes en dicha Convención
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud,
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
PARTE I. INTRODUCCION.
ARTÍCULO 1. LISTA DE EXPRESIONES
UTILIZADAS.
Para los efectos del presente Convenio:
a) “comercio ilícito” es toda práctica o conducta prohibida por la
ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta
o compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar esa
actividad;
b) una “organización de integración económica regional” es una
organización integrada por Estados soberanos a la que sus Estados Miembros han
traspasado competencia respecto de una diversidad de asuntos, inclusive la
facultad de adoptar decisiones vinculantes para sus Estados Miembros en
relación con dichos asuntos;1
c) por “publicidad y promoción del tabaco” se entiende toda forma
de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el
posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el
uso de tabaco;
d) el “control del tabaco” comprende diversas estrategias de
reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud
de la población eliminando o reduciendo su consumo de productos de tabaco y su
exposición al humo de tabaco;
e) la “industria tabacalera” abarca a los fabricantes,
distribuidores mayoristas e importadores de productos de tabaco;
f) la expresión “productos de tabaco” abarca los productos
preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco
y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé;
g) por “patrocinio del tabaco” se entiende toda forma de
contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el
posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el
uso de tabaco.
ARTÍCULO 2. RELACIÓN ENTRE EL PRESENTE
CONVENIO Y OTROS ACUERDOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
1. Para proteger mejor la salud humana, se alienta a las Partes a
que apliquen medidas que vayan más allá de las estipuladas por el presente
Convenio y sus protocolos, y nada en estos instrumentos impedirá que una Parte
imponga exigencias más estrictas que sean compatibles con sus disposiciones y
conformes al derecho internacional.
1.  Cuando proceda, el término “nacional” se referirá a las
organizaciones de integración económica regionales.
2. Las disposiciones del Convenio y de sus protocolos no afectarán
en modo alguno al derecho de las Partes a concertar acuerdos bilaterales o
multilaterales, incluso acuerdos regionales o subregionales, sobre cuestiones
relacionadas con el Convenio y sus protocolos o sobre cuestiones adicionales, a
condición de que dichos acuerdos sean compatibles con sus obligaciones
establecidas por el presente Convenio y sus protocolos. Las Partes interesadas
notificarán esos acuerdos a la Conferencia de las Partes por conducto de la
Secretaría.
PARTE II. OBJETIVO, PRINCIPIOS BASICOS Y
OBLIGACIONES GENERALES.
ARTÍCULO 3. OBJETIVO.
El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es proteger a las
generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la
exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de
control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional
e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia
del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS BÁSICOS.
Para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus protocolos y
aplicar sus disposiciones, las Partes se guiarán, entre otros, por los
principios siguientes:
1. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias,
la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la
exposición al humo de tabaco y se deben contemplar en el nivel gubernamental
apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
para proteger a todas las personas del humo de tabaco.
2. Se requiere un compromiso político firme para establecer y
respaldar, a nivel nacional, regional e internacional, medidas multisectoriales
integrales y respuestas coordinadas, tomando en consideración lo siguiente:
a) la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las
personas de la exposición al humo de tabaco;
b) la necesidad de adoptar medidas para prevenir el inicio,
promover y apoyar el abandono y lograr una reducción del consumo de productos
de tabaco en cualquiera de sus formas;
c) la necesidad de adoptar medidas para promover la participación
de las personas y comunidades indígenas en la elaboración, puesta en práctica y
evaluación de programas de control del tabaco que sean socialmente y
culturalmente apropiados para sus necesidades y perspectivas; y
d) la necesidad de adoptar medidas para que, cuando se elaboren
estrategias de control del tabaco, se tengan en cuenta los riesgos relacionados
específicamente con el género.
3. La cooperación internacional, particularmente la transferencia
de tecnología, conocimientos y asistencia financiera, así como la prestación de
asesoramiento especializado, con el objetivo de establecer y aplicar programas
eficaces de control del tabaco tomando en consideración los factores
culturales, sociales, económicos, políticos y jurídicos locales es un elemento
importante del presente Convenio.
4. Se deben adoptar a nivel nacional, regional e internacional
medidas y respuestas multisectoriales integrales para reducir el consumo de
todos los productos de tabaco, a fin de prevenir, de conformidad con los
principios de la salud pública, la incidencia de las enfermedades, la
discapacidad prematura y la mortalidad debidas al consumo de tabaco y a la
exposición al humo de tabaco.
5. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, según
determine cada Parte en su jurisdicción, son un aspecto importante del control
total del tabaco.
6. Se debe reconocer y abordar la importancia de la asistencia
técnica y financiera para ayudar a realizar la transición económica a los
cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden gravemente afectados
como consecuencia de los programas de control del tabaco, en las Partes que
sean países en desarrollo y en las que tengan economías en transición, y ello
se debe hacer en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo
sostenible.
7. La participación de la sociedad civil es esencial para
conseguir el objetivo del Convenio y de sus protocolos.
ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES GENERALES.
1. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y
revisará estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales
de control del tabaco, de conformidad con las disposiciones del presente
Convenio y de los protocolos a los que se haya adherido.
2. Con ese fin, cada Parte, con arreglo a su capacidad:
a) establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador
nacional o centros de coordinación para el control del tabaco; y
b) adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas y/o otras medidas eficaces y cooperará, según proceda, con
otras Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir
el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de
tabaco.
3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud
pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que
proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses
creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional.
4. Las Partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre
medidas, procedimientos y directrices para la aplicación del Convenio y de los
protocolos a los que se hayan adherido.
5. Las Partes cooperarán según proceda con las organizaciones
intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos competentes
para alcanzar los objetivos del Convenio y de los protocolos a los que se hayan
adherido.
6. Las Partes, con arreglo a los medios y recursos de que
dispongan, cooperarán a fin de obtener recursos financieros para aplicar
efectivamente el Convenio mediante mecanismos de financiamiento bilaterales y multilaterales.
PARTE III. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA
REDUCCION DE LA DEMANDA DE TABACO.
ARTÍCULO 6. MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS
PRECIOS E IMPUESTOS PARA REDUCIR LA DEMANDA DE TABACO.
1. Las Partes reconocen que las medidas relacionadas con los
precios e impuestos son un medio eficaz e importante para que diversos sectores
de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco.
2. Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes a decidir y
establecer su propia política tributaria, cada Parte tendrá en cuenta sus
objetivos nacionales de salud en lo referente al control del tabaco y adoptará
o mantendrá, según proceda, medidas como las siguientes:
a) aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias y, si
corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos de
salud tendentes a reducir el consumo de tabaco; y
b) prohibir o restringir, según proceda, la venta y/o la
importación de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de
aduana por los viajeros internacionales.
3. De conformidad con el artículo 21, en sus informes periódicos a
la Conferencia de las Partes, estas comunicarán las tasas impositivas aplicadas
a los productos de tabaco y las tendencias del consumo de dichos productos.
ARTÍCULO 7. MEDIDAS NO RELACIONADAS CON
LOS PRECIOS PARA REDUCIR LA DEMANDA DE TABACO.
Las Partes reconocen que las medidas integrales no relacionadas
con los precios son un medio eficaz e importante para reducir el consumo de
tabaco. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas eficaces que sean necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de los artículos 8o a 13 y
cooperará con las demás Partes según proceda, directamente o por intermedio de
los organismos internacionales competentes, con miras a su cumplimiento. La
Conferencia de las Partes propondrá directrices apropiadas para la aplicaci ón
de lo dispuesto en esos artículos.
ARTÍCULO 8. PROTECCIÓN CONTRA LA
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO.
1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera
inequívoca que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad,
morbilidad y discapacidad.
2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción
nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de
protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo
interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según
proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y
aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.
ARTÍCULO 9. REGLAMENTACIÓN DEL CONTENIDO
DE LOS PRODUCTOS DE TABACO.
La Conferencia de las Partes, en consulta con los órganos
internacionales competentes, propondrá directrices sobre el análisis y la
medición del contenido y las emisiones de los productos de tabaco y sobre la
reglamentación de esos contenidos y emisiones. Cada Parte adoptará y aplicará
medidas legislativas, ejecutivas y administrativas u otras medidas eficaces
aprobadas por las autoridades nacionales competentes para que se lleven a la
práctica dichos análisis y mediciones y esa reglamenta ción.
ARTÍCULO 10. REGLAMENTACIÓN DE LA
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS DE TABACO.
Cada Parte adoptará y aplicará, de conformidad con su legislación
nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces para exigir que los fabricantes e importadores de productos de tabaco
revelen a las autoridades gubernamentales la información relativa al contenido
y las emisiones de los productos de tabaco. Cada Parte adoptará y aplicará
asimismo medidas eficaces para que se revele al público la información relativa
a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que estos
pueden producir.
ARTÍCULO 11. EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE
LOS PRODUCTOS DE TABACO.
1. Cada Parte, dentro de un periodo de tres años a partir de la
entrada en vigor del Convenio para esa Parte, adoptará y aplicará de
conformidad con su legislación nacional, medidas eficaces para conseguir lo
siguiente:
a) que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no
se promocione un producto de tabaco de manera falsa, equívoca o engañosa o que
pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la
salud, riesgos o emisiones, y no se empleen térm inos, elementos descriptivos,
marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan
el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determinado
producto de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales
como “con bajo contenido de alquitrán”, “ligeros”, “ultra ligeros” o “suaves”;
y
b) que en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en
todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos figuren también
advertencias sanitarias que describan los efectos nocivos del consumo de
tabaco, y que puedan incluirse otros mensajes apropiados. Dichas advertencias y
mensajes:
i) serán aprobados por las autoridades nacionales competentes;
ii) serán rotativos;
iii) serán grandes, claros, visibles y legibles;
iv) deberían ocupar el 50% o más de las superficies principales
expuestas y en ningún caso menos del 30% de las superficies principales
expuestas;
v) podrán consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos.
2. Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo
empaquetado y etiquetado externos de los mismos, además de las advertencias
especificadas en el párrafo 1(b) de este artículo, contendrán información sobre
los componentes pertinentes de los productos de tabaco y de sus emisiones de
conformidad con lo definido por las autoridades nacionales.
3. Cada Parte exigirá que las advertencias y la información
textual especificadas en los párrafos 1(b) y 2 del presente artículo figuren en
todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y
etiquetado externos de los mismos en su idioma o idiomas principales.
4. A efectos del presente artículo, la expresión “empaquetado y
etiquetado externos” en relación con los productos de tabaco se aplica a todo
envasado y etiquetado utilizados en la venta al por menor del producto.
ARTÍCULO 12. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN,
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DEL PÚBLICO.
Cada Parte promoverá y fortalecerá la concienciación del público
acerca de las cuestiones relativas al control del tabaco utilizando de forma
apropiada todos los instrumentos de comunicación disponibles. Con ese fin, cada
Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u
otras medidas eficaces para promover lo siguiente:
a) un amplio acceso a programas integrales y eficaces de educación
y concienciación del público sobre los riesgos que acarrean para la salud el
consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades
adictivas;
b) la concienciación del público acerca de los riesgos que
acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco,
así como de los beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los
modos de vida sin tabaco, conforme a lo especificado en el párrafo 2o del
artículo 14;
c) el acceso del público, de conformidad con la legislación
nacional, a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera
que revista interés para el objetivo del presente Convenio;
d) programas eficaces y apropiados de formación o sensibilización
y concienciación sobre el control del tabaco dirigidos a personas tales como
profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales,
profesionales de la comunicación, educadores, responsables de las políticas,
administradores y otras personas interesadas;
e) la concienciación y la participación de organismos públicos y
privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la industria
tabacalera en la elaboración y aplicación de programas y estrategias
intersectoriales de control del tabaco; y
f) el conocimiento público y el acceso a la información sobre las
consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas de la producción y
el consumo de tabaco.
ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y
PATROCINIO DEL TABACO.
1. Las Partes reconocen que una prohibición total de la
publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de
tabaco.
2. Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios
constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición comprenderá,
de acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la
Parte en cuestión, una prohibición total de la publicidad, la promoción y el
patrocinio transfronterizos originados en su territorio. A este respecto, cada
Parte, dentro de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del
Convenio para la Parte en cuestión, adoptará medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de
conformidad con el artículo 21.
3. La Parte que no esté en condiciones de proceder a una
prohibición total debido a las disposiciones de su constitución o sus
principios constitucionales aplicará restricciones a toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones compre nderán, de
acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte
en cuestión, la restricción o una prohibición total de la publicidad, la
promoción y el patrocinio originados en su territorio que tengan efectos
transfronterizos. A este respecto, cada Parte adoptará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas e informará en
consecuencia de conformidad con el artículo 21.
4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus
principios constitucionales, cada Parte:
a) prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco que promueva un producto de tabaco por cualquier medio que sea falso,
equívoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una impresión
errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o
emisiones;
b) exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su
promoción y patrocinio, vaya acompañada de una advertencia o mensaje sanitario
o de otro tipo pertinente;
c) restringirá el uso de incentivos directos o indirectos que
fomenten la compra de productos de tabaco por parte de la población;
d) exigirá, si no ha adoptado una prohibición total, que se
revelen a las autoridades gubernamentales competentes los gastos efectuados por
la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio
aún no prohibidas. Dichas autoridades podrán decidir que esas cifras, a reserva
de lo dispuesto en la legislación nacional, se pongan a disposición del público
y de la Conferencia de las Partes de conformidad con el artículo 21;
e) procederá dentro de un plazo de cinco años a una prohibición
total o, si la Parte no puede imponer una prohibición total debido a su
constitución o sus principios constitucionales, a la restricción de la
publicidad, la promoción y el patrocinio por radio, televisión, medios impresos
y, según proceda, otros medios, como Internet; y
f) prohibirá o, si la Parte no puede imponer la prohibición debido
a su constitución o sus principios constitucionales, restringirá el patrocinio
de acontecimientos y actividades internacionales o de participantes en las
mismas por parte de empresas tabacaleras.
5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica medidas que
vayan más allá de las obligaciones establecidas en el párrafo 4o.
6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de
otros medios necesarios para facilitar la eliminación de la publicidad
transfronteriza.
7. Las Partes que hayan prohibido determinadas formas de
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco tendrán el derecho soberano de
prohibir las formas de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de
productos de tabaco que penetren en su territorio, así como de imponerles las
mismas sanciones previstas para la publicidad, la promoción y el patrocinio que
se originen en su territorio, de conformidad con la legislación nacional. El
presente párrafo no respalda ni aprueba ninguna sanción en particular.
8. Las Partes considerarán la elaboración de un protocolo en el
cual se establezcan medidas apropiadas que requieran colaboración internacional
para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio
transfronterizos.
ARTÍCULO 14. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LA
DEMANDA RELATIVAS A LA DEPENDENCIA Y AL ABANDONO DEL TABACO.
1. Cada Parte elaborará y difundirá directrices apropiadas,
completas e integradas, basadas en pruebas científicas y en las mejores
prácticas, teniendo presentes las circunstancias y prioridades nacionales, y
adoptará medidas eficaces para promover el abandono del consumo de tabaco y el
tratamiento adecuado de la dependencia del tabaco.
2. Con ese fin, cada Parte procurará lo siguiente:
a) idear y aplicar programas eficaces de promoción del abandono
del consumo de tabaco en lugares tales como instituciones docentes, unidades de
salud, lugares de trabajo y entornos deportivos;
b) incorporar el diagnóstico y el tratamiento de la dependencia
del tabaco y servicios de asesoramiento sobre el abandono del tabaco en
programas, planes y estrategias nacionales de salud y educación, con la
participación de profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y
asistentes sociales, según proceda;
c) establecer en los centros de salud y de rehabilitación
programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de la
dependencia del tabaco; y
d) colaborar con otras Partes para facilitar la accesibilidad y
asequibilidad de los tratamientos de la dependencia del tabaco, incluidos
productos farmacéuticos, de conformidad con el artículo 22. Dichos productos y
sus componentes pueden ser medicamen tos, productos usados para administrar medicamentos
y medios diagnósticos cuando proceda.
PARTE IV. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA
REDUCCION DE LA OFERTA DE TABACO.
ARTÍCULO 15. COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS
DE TABACO.
1. Las Partes reconocen que la eliminación de todas las formas de
comercio ilícito de productos de tabaco, como el contrabando, la fabricación
ilícita y la falsificación, y la elaboración y aplicación a este respecto de
una legislación nacional y de acuerdos subregionales, regionales y mundiales son
componentes esenciales del control del tabaco.
2. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para que todos los
paquetes o envases de productos de tabaco y todo empaquetado externo de dichos
productos lleven una indicación que ayude a las Partes a determinar el origen
de los productos de tabaco y, de conformidad con la legislación nacional y los
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, ayude a las Partes a
determinar el punto de desviación y a vigilar, documentar y controlar el
movimiento de los productos de tabaco y su situación legal. Además, cada Parte:
a) exigirá que todos los paquetes y envases de productos de tabaco
para uso al detalle y al por mayor que se vendan en su mercado interno lleven
la declaración: “Venta autorizada únicamente en (insertar el nombre del país o
de la unidad subnacional, regional o federal)”, o lleven cualquier otra
indicación útil en la que figure el destino final o que ayude a las autoridades
a determinar si está legalmente autorizada la venta de l producto en el mercado
interno; y
b) examinará, según proceda, la posibilidad de establecer un
régimen práctico de seguimiento y localización que dé más garantías al sistema
de distribución y ayude en la investigación del comercio ilícito.
3. Cada Parte exigirá que la información o las indicaciones que ha
de llevar el empaquetado según el párrafo 2o del presente artículo figuren en
forma legible y/o en el idioma o los idiomas principales del país.
4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de
tabaco, cada Parte:
a) hará un seguimiento del comercio transfronterizo de productos
de tabaco, incluido el comercio ilícito, reunirá datos sobre el particular e
intercambiará información entre autoridades aduaneras, tributarias y otras
autoridades, según proceda y de conformidad con la legislación nacional y los
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes aplicables;
b) promulgará o fortalecerá legislación con sanciones y recursos
apropiados, contra el comercio ilícito de productos de tabaco, incluidos los
cigarrillos falsificados y de contrabando;
c) adoptará medidas apropiadas para garantizar que todos los
cigarrillos y productos de tabaco falsificados y de contrabando y todo equipo
de fabricación d e estos que se hayan decomisado se destruyan aplicando métodos
inocuos para el medio ambiente cuando sea factible, o se eliminen de
conformidad con la legislación nacional;
d) adoptará y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar
el almacenamiento y la distribución de productos de tabaco que se encuentren o
se desplacen en su jurisdicción en régimen de suspensión de impuestos o
derechos; y
e) adoptará las medidas que proceda para posibilitar la
incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de productos de
tabaco.
5. La información recogida con arreglo a lo dispuesto en los
párrafos 4(a) y 4(d) del presente artículo será transmitida, según proceda, en
forma global por las Partes en sus informes periódicos a la Conferencia de las
Partes, de conformidad con el artículo 21.
6. Las Partes promoverán, según proceda y conforme a la
legislación nacional, la cooperación entre los organismos nacionales, así como
entre las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales
pertinentes, en lo referente a investigaciones, enjuiciamientos y
procedimientos judiciales con miras a eliminar el comercio ilícito de productos
de tabaco. Se prestará especial atención a la cooperación a nivel regional y subregional
para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco.
7. Cada Parte procurará adoptar y aplicar medidas adicionales,
como la expedición de licencias, cuando proceda, para controlar o reglamentar
la producción y distribución de los productos de tabaco a fin de prevenir el
comercio ilícito.
ARTÍCULO 16. VENTAS A MENORES Y POR
MENORES.
1. Cada Parte adoptará y aplicará en el nivel gubernamental
apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces para prohibir la venta de productos de tabaco a los menores de la edad
que determine la legislación interna, la legislación nacional o a los menores
de 18 años. Dichas medidas podrán consistir en lo siguiente:
a) exigir que todos los vendedores de productos de tabaco
indiquen, en un anuncio claro y destacado situado en el interior de su local,
la prohibición de la venta de productos de tabaco a los menores y, en caso de
duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la
mayoría de edad;
b) prohibir que los productos de tabaco en venta estén
directamente accesibles, como en los estantes de los almacenes;
c) prohibir la fabricación y venta de dulces, refrigerios,
juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan
resultar atractivos para los menores; y
d) garantizar que las máquinas expendedoras de tabaco bajo su
jurisdicción no sean accesibles a los menores y no promuevan la venta de
productos de tabaco a los menores.
2. Cada Parte prohibirá o promoverá la prohibición de la
distribución gratuita de productos de tabaco al público y especialmente a los
menores.
3. Cada Parte procurará prohibir la venta de cigarrillos sueltos o
en paquetes pequeños que vuelvan más asequibles esos productos a los menores de
edad.
4. Las Partes reconocen que, para que sean más eficaces, las
medidas encaminadas a impedir la venta de productos de tabaco a los menores de
edad deben aplicarse, cuando proceda, conjuntamente con otras disposiciones
previstas en el presente Convenio.
5. A la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente
Convenio o de adherirse al mismo, o en cualquier otro momento posterior, toda
Parte podrá indicar mediante una declaración escrita que se compromete a
prohibir la introducción de máquinas expendedoras de tabaco dentro de su
jurisdicción o, según proceda, a prohibir completamente las máquinas
expendedoras de tabaco. El Depositario distribuirá a todas las Partes en el
Convenio las declaraciones que se formulen de conformidad con el presente artículo.
6. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces, con inclusión de
sanciones contra los vendedores y distribuidores, para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los párrafos 1 a 5 del presente artículo.
7. Cada Parte debería adoptar y aplicar, según proceda, medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para
prohibir la venta de productos de tabaco por personas de una edad menor a la
establecida en la legislación interna, la legislación nacional o por menores de
18 años.
ARTÍCULO 17. APOYO A ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS ECONÓMICAMENTE VIABLES.
Las Partes, en cooperación entre sí y con las organizaciones
intergubernamentales internacionales y regionales competentes, promoverán según
proceda alternativas económicamente viables para los trabajadores, los
cultivadores y eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco.
PARTE V. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
ARTÍCULO 18. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y DE LA SALUD DE LAS PERSONAS.
En cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente
Convenio, las Partes acuerdan prestar debida atención a la protección ambiental
y a la salud de las personas en relación con el medio ambiente por lo que
respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación de productos de tabaco, en sus
respectivos territorios.
PARTE VI. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA
RESPONSABILIDAD.
ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDAD.
1. Con fines de control del tabaco, las Partes considerarán la
adopción de medidas legislativas o la promoción de sus leyes vigentes, cuando
sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal y civil, inclusive la
compensación cuando proceda.
2. Las Partes cooperarán entre sí en el intercambio de información
por intermedio de la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo
21, a saber:
a) información, de conformidad con el párrafo 3(a) del artículo
20, sobre los efectos en la salud del consumo de productos de tabaco y la
exposición al humo de tabaco; y
b) información sobre la legislación y los reglamentos vigentes y
sobre la jurisprudencia pertinente.
3. Las Partes, según proceda y según hayan acordado entre sí,
dentro de los límites de la legislación, las políticas y las prácticas jurídicas
nacionales, así como de los tratados vigentes aplicables, se prestarán
recíprocamente ayuda en los procedimientos judiciales relativos a la
responsabilidad civil y penal, de forma coherente con el presente Convenio.
4. El Convenio no afectará en absoluto a los derechos de acceso de
las Partes a los tribunales de las otras Partes, donde existan esos derechos,
ni los limitará en modo alguno.
5. La Conferencia de las Partes podrá considerar, si es posible,
en una etapa temprana, teniendo en cuenta los trabajos en curso en foros
internacionales pertinentes, cuestiones relacionadas con la responsabilidad,
incluidos enfoques internacionales apropiados de dichas cuestiones y medios
idóneos para apoyar a las Partes, cuando así lo soliciten, en sus actividades
legislativas o de otra índole de conformidad con el presente artículo.
PARTE VII. COOPERACION TECNICA Y
CIENTIFICA Y COMUNICACION DE INFORMACION.
ARTÍCULO 20. INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. Las Partes se comprometen a elaborar y promover investigaciones
nacionales y a coordinar programas de investigación regionales e
internacionales sobre control del tabaco. Con ese fin, cada Parte:
a) iniciará, directamente o por conducto de organizaciones
intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos
competentes, investigaciones y evaluaciones científicas, cooperará en ellas y
promoverá y alentará así investigaciones que aborden los factores determinantes
y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco
e investigaciones tendentes a identificar cultivos alternativos; y
b) promoverá y fortalecerá, con el respaldo de organizaciones
intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos competentes,
la capacitación y el apoyo destinados a todos los que se ocupen de actividades
de control del tabaco, incluidas la investigación, la ejecución y la
evaluación.
2. Las Partes establecerán, según proceda, programas de vigilancia
nacional, regional y mundial de la magnitud, las pautas, los determinantes y
las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.
Con ese fin, las Partes integrarán programas de vigilancia del tabaco en los
programas nacionales, regionales y mundiales de vigilancia sanitaria para que
los datos se puedan cotejar y analizar a nivel regional e internacional, según
proceda.
3. Las Partes reconocen la importancia de la asistencia financiera
y técnica de las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales y de otros órganos. Cada Parte procurará:
a) establecer progresivamente un sistema nacional de vigilancia
epidemiológica del consumo de tabaco y de los indicadores sociales, económicos
y de salud conexos;
b) cooperar con organizaciones intergubernamentales
internacionales y regionales y con otros órganos competentes, incluidos
organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la vigilancia regional y
mundial del tabaco y en el intercambio de información sobre los indicadores
especificados en el párrafo 3(a) del presente artículo; y
c) cooperar con la Organización Mundial de la Salud en la
elaboración de directrices o procedimientos de carácter general para definir la
recopilación, el análisis y la difusión de datos de vigilancia relacionados con
el tabaco.
4. Las Partes, con arreglo a la legislación nacional, promoverán y
facilitarán el intercambio de información científica, técnica, socioeconómica,
comercial y jurídica de dominio público, así como de información sobre las prácticas
de la industria tabacalera y sobre el cultivo de tabaco, que sea pertinente
para este Convenio, y al hacerlo tendrán en cuenta y abordarán las necesidades
especiales de las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en
transición. Cada Parte procurará:
a) establecer progresivamente y mantener una base de datos
actualizada sobre las leyes y reglamentos de control del tabaco y, según
proceda información sobre su aplicación, así como sobre la jurisprudencia
pertinente, y cooperar en la elaboración de programas de control del tabaco a
nivel regional y mundial;
b) compilar progresivamente y actualizar datos procedentes de los
programas nacionales de vigilancia, de conformidad con el párrafo 3(a) del
presente artículo; y
c) cooperar con organizaciones internacionales competentes para
establecer progresivamente y mantener un sistema mundial con objeto de reunir
regularmente y difundir información sobre la producción y manufactura del
tabaco y sobre las actividades de la industria tabacalera que tengan
repercusiones para este Convenio o para las actividades nacionales de control
del tabaco.
5. Las Partes deberán c ooperar en las organizaciones
intergubernamentales regionales e internacionales y en las instituciones
financieras y de desarrollo a que pertenezcan, a fin de fomentar y alentar el
suministro de recursos técnicos y financieros a la Secretaría del Convenio para
ayudar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en
transición a cumplir con sus compromisos de vigilancia, investigación e
intercambio de información.
ARTÍCULO 21. PRESENTACIÓN DE INFORMES E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. Cada Parte presentará a la Conferencia de las Partes, por
conducto de la Secretaría, informes periódicos sobre su aplicación del
Convenio, que deberían incluir lo siguiente:
a) información sobre las medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas o de otra índole adoptadas para aplicar el Convenio;
b) información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo
surgido en la aplicación del Convenio y sobre las medidas adoptadas para
superar esos obstáculos;
c) información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica
suministrada o recibida para actividades de control del tabaco;
d) información sobre la vigilancia y la investigación
especificadas en el artículo 20; y
e) información conforme a lo especificado en los artículos 6.3,
13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 y 19.2.
2. La frecuencia y la forma de presentación de esos informes de
todas las Partes serán determinadas por la Conferencia de las Partes. Cada
Parte elaborará su informe inicial en el término de los dos años siguientes a
la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte.
3. La Conferencia de las Partes, de conformidad con los artículos
22 y 26, considerará mecanismos para ayudar a las Partes que sean países en
desarrollo o tengan economías en transición, a petición de esas Partes, a
cumplir con sus obligaciones estipuladas en este artículo.
4. La presentación de informes y el intercambio de información
previstos en el presente Convenio estarán sujetos a la legislación nacional
relativa a la confidencialidad y la privacidad. Las Partes protegerán, según
decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie.
ARTÍCULO 22. COOPERACIÓN CIENTÍFICA,
TÉCNICA Y JURÍDICA Y PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO.
1. Las Partes cooperarán directamente o por conducto de los
organismos internacionales competentes a fin de fortalecer su capacidad para
cumplir las obligaciones dimanantes de este Convenio, teniendo en cuenta las
necesidades de las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en
transición. Esa cooperación promoverá la transferencia de conocimientos
técnicos, científicos y jurídicos especializados y de tecnología, según se haya
decidido de común acuerdo, con objeto de establecer y fortalecer estrategias,
planes y programas nacionales de control del tabaco encaminados, entre otras
cosas, a lo siguiente:
a) facilitar el desarrollo, la transferencia y la adquisición de
tecnología, conocimiento, aptitudes, capacidad y competencia técnica
relacionados con el control del tabaco;
b) prestar asesoramiento técnico, científico, jurídico y de otra
índole a fin de establecer y fortalecer estrategias, planes y programas
nacionales de control del tabaco, con miras a la aplicación del Convenio
mediante, entre otras cosas, lo siguiente:
i) ayuda, cuando así se solicite, para crear una sólida base
legislativa, así como programas técnicos, en particular programas de prevención
del inicio del consumo de tabaco, promoción del abandono del tabaco y
protección contra la exposición al humo de tabaco;
ii) ayuda, según proceda, a los trabajadores del sector del tabaco
para desarrollar de manera económicamente viable medios de subsistencia
alternativos apropiados que sean económicamente y legalmente viables;
iii) ayuda, según proceda, a los cultivadores de tabaco para
llevar a efecto la transición de la producción agrícola hacia cultivos
alternativos de manera económicamente viable;
c) respaldar programas de formación o sensibilización apropiados
para el personal pertinente, según lo dispuesto en el artículo 12;
d) proporcionar, según proceda, el material, el equipo y los
suministros necesarios, así como apoyo logístico, para las estrategias, planes
y programas de control del tabaco;
e) determinar métodos de control del tabaco, incluido el
tratamiento integral de la adicción a la nicotina; y
f) promover, según proceda, investigaciones encaminadas a mejorar
la asequibilidad del tratamiento integral de la adicción a la nicotina.
2. La Conferencia de las Partes promoverá y facilitará la
transferencia de conocimientos técnicos, científicos y jurídicos especializados
y de tecnología con el apoyo financiero garantizado de conformidad con el
artículo 26.
PARTE VIII.  ARREGLOS INSTITUCIONALES
Y RECURSOS FINANCIEROS.
ARTÍCULO 23. CONFERENCIA DE LAS PARTES.
1. Por el presente se establece una Conferencia de las Partes. La
primera reunión de la Conferencia de las Partes será convocada por la
Organización Mundial de la Salud a más tardar un año después de la entrada en
vigor de este Convenio. La Conferencia determinará en su primera reunión el
lugar y las fechas de las reuniones subsiguientes que se celebrarán
regularmente.
2. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de
las Partes en las ocasiones en que la Conferencia lo considere necesario, o
cuando alguna de las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los
seis meses siguientes a la fecha en que la Secretaría del Convenio haya
comunicado a las Partes la solicitud, esta reciba el apoyo de al menos un
tercio de las Partes.
3. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso su
Reglamento Interior en su primera reunión.
4. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus normas
de gestión financiera, que regirán también el financiamiento de cualquier
órgano subsidiario que pueda establecer, así como las disposiciones financieras
que regirán el funcionamiento de la Secretaría. En cada reunión ordinaria
adoptará un presupuesto para el ejercicio financiero hasta la siguiente reunión
ordinaria.
5. La Conferencia de las Partes examinará regularmente la
aplicación del Convenio, adoptará las decisiones necesarias para promover su
aplicación eficaz y podrá adoptar protocolos, anexos y enmiendas del Convenio
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 33. Para ello:
a) promoverá y facilitará el intercambio de información de
conformidad con los artículos 20 y 21;
b) promoverá y orientará el establecimiento y el perfeccionamiento
periódico de metodologías comparables de investigación y acopio de datos,
además de las previstas en el artículo 20, que sean pertinentes para la
aplicación del Convenio;
c) promoverá, según proceda, el desarrollo, la aplicación y la
evaluación de estrategias, planes, programas, políticas, legislación y otras
medidas;
d) considerará los informes que le presenten las Partes de
conformidad con el artículo 21 y adoptará informes regulares sobre la
aplicación del Convenio;
e) promoverá y facilitará la movilización de recursos financieros
para la aplicación del Convenio de conformidad con el artículo 26;
f) establecerá los órganos subsidiarios necesarios para cumplir
con el objetivo del Convenio;
g) recabará, cuando corresponda, los servicios, la cooperación y
la información de las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones y órganos intergubernamentales y no
gubernamentales internacionales y regionales competentes y pertinentes como
medio para fortalecer la aplicación del Convenio; y
h) considerará otras medidas, según proceda, para alcanzar el
objetivo del Convenio, teniendo presente la experiencia adquirida en su
aplicación.
6. La Conferencia de las Partes establecerá los criterios para la
participación de observadores en sus reuniones.
ARTÍCULO 24. SECRETARÍA.
1. La Conferencia de las Partes designará una secretaría
permanente y adoptará disposiciones para su funcionamiento. La Conferencia de
las Partes procurará hacer esto en su primera reunión.
2. Hasta que se haya designado y establecido una secretaría
permanente, las funciones de secretaría de este Convenio estarán a cargo de la
Organización Mundial de la Salud.
3. Las funciones de la Secretaría serán las siguientes:
a) adoptar disposiciones para las reuniones de la Conferencia de las
Partes y de cualquiera de sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios
necesarios;
b) transmitir los informes que haya recibido en virtud del
Convenio;
c) prestar apoyo a las Partes, en particular a las que sean países
en desarrollo o tengan economías en transición, cuando así lo soliciten, en la
recopilación y transmisión de la información requerida de conformidad con las
disposiciones del Convenio;
d) preparar informes sobre sus actividades en el marco de este
Convenio, siguiendo las orientaciones de la Conferencia de las Partes, y
someterlos a la Conferencia de las Partes;
e) asegurar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes,
la coordinación necesaria con las organizaciones intergubernamentales
internacionales y regionales y otros órganos competentes;
f) concertar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes,
los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios para el
ejercicio eficaz de sus funciones; y
g) desempeñar otras funciones de secretaría especificadas en el
Convenio y en cualquiera de sus protocolos, y las que determine la Conferencia
de las Partes.
ARTÍCULO 25. RELACIONES ENTRE LA
CONFERENCIA DE LAS PARTES Y LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES.
Para prestar cooperación técnica y financiera a fin de alcanzar el
objetivo de este Convenio, la Conferencia de las Partes podrá solicitar la
cooperación de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales
competentes, incluidas las instituciones de financiamiento y desarrollo.
ARTÍCULO 26. RECURSOS FINANCIEROS.
1. Las Partes reconocen la importancia que tienen los recursos
financieros para alcanzar el objetivo del presente Convenio.
2. Cada Parte prestará apoyo financiero para sus actividades
nacionales destinadas a alcanzar el objetivo del Convenio, de conformidad con
sus planes, prioridades y programas nacionales.
3. Las Partes promoverán, según proceda, la utilización de vías
bilaterales, regionales, subregionales y otros canales multilaterales para
financiar la elaboración y el fortalecimiento de programas multisectoriales
integrales de control del tabaco de las Partes que sean países en desarrollo y
de las que tengan economías en transición. Por consiguiente, deben abordarse y
apoyarse, en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo sostenible,
alternativas económicamente viables a la producción de tabaco, entre ellas la
diversificación de cultivos.
4. Las Partes representadas en las organizaciones
intergubernamentales regionales e internacionales y las instituciones
financieras y de desarrollo pertinentes alentarán a estas entidades a que
faciliten asistencia financiera a las Partes que sean países en desarrollo y a
las que tengan economías en transición para ayudarlas a cumplir sus obligaciones
en virtud del presente Convenio, sin limitar los derechos de participación en
esas organizaciones.
5. Las Partes acuerdan lo siguiente:
a) a fin de ayudar a las Partes a cumplir sus obligaciones en
virtud del Convenio, se deben movilizar y utilizar en beneficio de todas las
Partes, en especial de los países en desarrollo y los países con economías en
transición, todos los recursos pertinentes, existentes o potenciales, ya sean
financieros, técnicos o de otra índole, tanto públicos como privados,
disponibles para actividades de control del tabaco;
b) la Secretaría informará a las Partes que sean países en
desarrollo y a las que tengan economías en transición, previa solicitud, sobre
fuentes de financiamiento disponibles para facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud del Convenio;
c) la Conferencia de las Partes en su primera reunión examinará
las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia sobre la base
de un estudio realizado por la Secretaría y de otra información pertinente, y
considerará su adecuación; y
d) los resultados de este examen serán tenidos en cuenta por la
Conferencia de las Partes a la hora de determinar la necesidad de mejorar los
mecanismos existentes o establecer un fondo mundial voluntario u otros
mecanismos financieros apropiados para canalizar recursos financieros
adicionales, según sea necesario, a las Partes que sean países en desarrollo y
a las que tengan economías en transición para ayudarlas a alcanzar los
objetivos del Convenio.
PARTE IX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
ARTÍCULO 27. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la
interpretación o la aplicación del presente Convenio, esas Partes procurarán
resolver la controversia por vía diplomática mediante negociación o cualquier
otro medio pacífico de su elección, por ejemplo buenos oficios, mediación o
conciliación. El hecho de que no se llegue a un acuerdo mediante buenos
oficios, mediación o conciliación no eximirá a las Partes en la controversia de
la responsabilidad de seguir tratando de resolverla.
2. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar oficialmente el
Convenio, al adherirse a él, o en cualquier momento después de ello, un Estado
u organización de integración económica regional podrá declarar por escrito al
Depositario que, en caso de controversia no resuelta de conformidad con el
párrafo 1o del presente artículo, acepta como obligatorio un arbitraje especial
de acuerdo con los procedimientos que adopte por consenso la Conferencia de las
Partes.
3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todos
los protocolos y a las Partes en dichos protocolos, a menos que en ellos se
disponga otra cosa.
PARTE X. DESARROLLO DEL CONVENIO.
ARTÍCULO 28. ENMIENDAS DEL PRESENTE
CONVENIO.
1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas del presente
Convenio. Dichas enmiendas serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. Las enmiendas del Convenio serán adoptadas por la Conferencia
de las Partes. La Secretaría comunicará a las Partes el texto del proyecto de
enmienda al menos seis meses antes de la reunión en la que se proponga su
adopción. La Secretaría comunicará asimismo los proyectos de enmienda a los
signatarios del Convenio y, a título informativo, al Depositario.
3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por
consenso sobre cualquier propuesta de enmienda del Convenio. Si se agotan todas
las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último recurso la
enmienda será adoptada por una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes
y votantes en la reunión. A los efectos del presente artículo, por “Partes
presentes y votantes” se entiende las Partes presentes que emitan un voto a
favor o en contra. La Secretaria comunicará toda enmienda adoptada al
Depositario. y este la hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
4. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas se entregarán
al Depositario. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3o del
presente artículo entrarán en vigor, para las Partes que las hayan aceptado, al
nonagésimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido
instrumentos de aceptación de por lo menos dos tercios de las Partes en el
Convenio.
5. Las enmiendas entrarán en vigor para las demás Partes al
nonagésimo día contado desde la fecha en que se haya entregado al Depositario
el instrumento de aceptación de las enmiendas en cuestión.
ARTÍCULO 29. ADOPCIÓN Y ENMIENDA DE LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONVENIO.
1. Los anexos y enmiendas del presente Convenio se propondrán, se
adoptarán y entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 28.
2. Los anexos del Convenio formarán parte integrante de este y,
salvo que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al Convenio
constituirá al mismo tiempo una referencia a sus anexos.
3. En los anexos sólo se incluirán listas, formularios y otros
materiales descriptivos relacionados con cuestiones de procedimiento y aspectos
científicos, técnicos o administrativos.
PARTE XI. DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 30. RESERVAS.
No podrán formularse reservas a este Convenio.
ARTÍCULO 31.  DENUNCIA.
1. En cualquier momento después de un plazo de dos años a partir
de la fecha de entrada en vigor del Convenio para una Parte, esa Parte podrá
denunciar el Convenio, previa notificación por escrito al Depositario.
2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la
fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o,
posteriormente, en la fecha que se indique en dicha notificación.
3. Se considerará que la Parte que denuncia el Convenio denuncia
asimismo todo protocolo en que sea Parte.
ARTÍCULO 32. DERECHO DE VOTO.
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2o del presente artículo, cada
Parte en el Convenio tendrá un voto.
2. Las organizaciones de integración económica regional, en los
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos
igual al número de sus Estados Miembros que sean Partes en el Convenio. Esas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados
Miembros ejerce el suyo, y viceversa.
ARTÍCULO 33. PROTOCOLOS.
1. Cualquier Parte podrá proponer protocolos. Dichas p ropuestas
serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. La Conferencia de las Partes podrá adoptar protocolos del
presente Convenio. Al adoptar tales protocolos deberá hacerse todo lo posible
para llegar a un consenso. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un
acuerdo por consenso, como último recurso el protocolo será adoptado por una
mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. A los
efectos del presente artículo, por “Partes presentes y votantes” se entiende
las Partes presentes que emitan un voto a favor o en contra.
3. El texto de todo protocolo propuesto será comunicado a las
Partes por la Secretaría al menos seis meses antes de la reunión en la cual se
vaya a proponer para su adopción.
4. Solo las Partes en el Convenio podrán ser Partes en un
protocolo del Convenio.
5. Cualquier protocolo del Convenio sólo será vinculante para las
Partes en el protocolo en cuestión. Solo las Partes en un protocolo podrán
adoptar decisiones sobre asuntos exclusivamente relacionados con el protocolo
en cuestión.
6. Las condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán
las establecidas por ese instrumento.
ARTÍCULO 34. FIRMA.
El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los
Miembros de la Organización Mundial de la Salud, de todo Estado que no sea
Miembro de la Organización Mundial de la Salud pero sea miembro de las Naciones
Unidas, así como de las organizaciones de integración económica regional, en la
sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, desde el 16 de junio
de 2003 hasta el 22 de junio de 2003, y posteriormente en la Sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 30 de junio de 2003 hasta el 29 de
junio de 2004.
ARTÍCULO 35. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN,
APROBACIÓN, CONFIRMACIÓN OFICIAL O ADHESIÓN.
1. El Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión de los Estados y a la confirmación oficial o la adhesión
de las organizaciones de integración económica regional. Quedará abierto a la
adhesión a partir del día siguiente a la fecha en que el Convenio quede cerrado
a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación,
confirmación oficial o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2. Las organizaciones de integración económica regional que pasen
a ser Partes en el Convenio sin que lo sea ninguno de sus Estados Miembros
quedarán sujetas a todas las obligaciones que les incumban en virtud del
Convenio. En el caso de las organizaciones que tengan uno o más Estados
Miembros que sean Partes en el Convenio, la organización y sus Estados Miembros
determinarán su respectiva responsabilidad por el cumplimiento de las
obligaciones que les incumban en virtud del Convenio. En esos casos, la
organización y los Estados Miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos
conferidos por el Convenio.
3. Las organizaciones de integración económica regional expresarán
en sus instrumentos de confirmación oficial o de adhesión el alcance de su
competencia con respec to a las cuestiones regidas por el Convenio. Esas
organizaciones comunicarán además al Depositario toda modificación sustancial
en el alcance de su competencia y el Depositario la comunicará a su vez a las
Partes.
ARTÍCULO 36. ENTRADA EN VIGOR.
1. El presente Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado
desde la fecha en que haya sido depositado en poder del Depositario el
cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación
oficial o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte, apruebe el
Convenio o se adhiera a él una vez satisfechas las condiciones relativas a la
entrada en vigor establecidas en el párrafo 1 del presente artículo, el
Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que el
Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
3. Respecto de cada organización de integración económica regional
que deposite un instrumento de confirmación oficial o de adhesión, una vez
satisfechas las condiciones relativas a la entrada en vigor estipuladas en el
párrafo 1 del presente artículo, el Convenio entrará en vigor al nonagésimo día
contado desde la fecha en que la organización haya depositado su instrumento de
confirmación oficial o de adhesión.
4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos
depositados por una organización de integración económica regional no se
considerarán adicionales a los depositados por los Estados Miembros de esa
organización.
ARTÍCULO 37. DEPOSITARIO.
El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario
del Convenio, de las enmiendas de este y de los protocolos y anexos aprobados
de conformidad con los artículos 28, 29 y 33.
ARTÍCULO 38. TEXTOS AUTÉNTICOS.
El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos debidamente autorizados
a esos efectos, han firmado el presente Convenio.
HECHO en GINEBRA, el día veintiuno de mayo de dos mil tres.
III.- INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio
de Relaciones Exteriores
En representación del
Ministerio de la referencia, intervino en el proceso el abogado Héctor Adolfo
Sintura Varela, para solicitar a la Corte que declare ajustada a la Carta la
Ley 1109 de 2006, así como el Acuerdo aprobado por ésta.
Para el Ministerio, el fenómeno
del consumo de tabaco y sus consecuencias afectan cada vez más a nuestras generaciones
y a las futuras. En este sentido, se hace necesario implementar acciones de
cooperación internacional entre los Estados para reducir el consumo de tabaco,
situación que genera graves daños a la salud humana y al medio ambiente.
El Ministerio agrega que cada
día se descubren más enfermedades causadas por la adicción al tabaco, que en
forma desmesurada ha afectado a los jóvenes de distintos países. Por todo lo
anterior, se está en presencia de un problema que atenta contra la salud
pública, que afecta tanto al fumador activo como al pasivo, y frente  al cual
resulta imperativo tomar medidas por parte de la Organización Mundial de la
Salud –OMS-.
En efecto, para el Ministerio
es necesario y apremiante ser parte en el Convenio aprobado unánimemente por la
Asamblea Mundial de la Salud, para prohibir la difusión, promoción y consumo
del tabaco y de esta manera cumplir a cabalidad su objetivo, esto es, brindar a
los Estados Partes un sistema eficaz para controlar el hábito y reducir los
efectos nocivos que produce el humo del tabaco en las personas y prevenir la
mortalidad generada por las enfermedades pulmonares que éste desarrolla.
Hecho el anterior preámbulo, el
representante del Ministerio asegura que en el trámite de aprobación de la ley
de la referencia se cumplieron todos los requerimientos procesales fijados por
la Constitución y la ley.
Adicionalmente, luego de hacer
un recuento de la estructura del acuerdo sometido a consideración, afirma que
el fondo de lo aprobado está conforme con las disposiciones constitucionales,
en particular con aquellas que promueven el mejoramiento de las calidades de
vida, el respeto a la vida digna de los habitantes del territorio, la
protección a la niñez y la juventud y la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional (arts 226, 227, 2, 9, 16, 44, 45).
Al someter a análisis cada una
de las disposiciones que hacen parte del Acuerdo, sostiene que, en términos
generales, el mismo se acomoda a los principios del derecho internacional que
regulan la materia y respecto de los cuales se hace alusión en el artículo 9º
de la Carta, además que se acompasa con los compromisos internacionales
adquiridos por Colombia.
2. Intervención del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo
El Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, doctor Luis Guillermo Plata, señaló que las disposiciones
relacionadas con el comercio del tabaco y de los productos del tabaco
contenidos en el instrumento bajo examen se encuentra en conformidad con los
compromisos de Colombia en materia comercial y particularmente con lo dispuesto
“en los artículos XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
aprobados mediante la Ley 170 de 1994, declarada exequible mediante la
Sentencia C-137 de 1995; y en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena (…)
conforme a los cuales los Estados Parte de los mencionados tratados
internacionales, pueden adoptar y aplicar las medidas comerciales que
consideren necesarias para proteger la salud de las personas”.
IV.- CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
En la oportunidad procesal
prevista, el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón,
presentó el concepto de rigor para solicitar a la Corte la declaración de
inexequibilidad de las normas objeto de estudio.
En primer lugar, considera que
el trámite a que se sometió la Ley 1109 de 2007 no se ajustó a los cánones
constitucionales. Sobre el particular, aclara que el Proyecto de Ley fue
radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional el 5 de octubre
de 2005. La exposición de motivos aparece publicada en la Gaceta del Congreso
No. 699 de 7 de octubre de 2005.
Posteriormente, la ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado en sentido favorable, fue
presentada por el senador Enrique Gómez Hurtado y aparece publicada en la
Gaceta del Congreso No. 898 del 14 de diciembre de 2005. Sin embargo, según
certificación expedida por el Subsecretario de la Comisión Segunda del Senado
de la República, el proyecto de Ley 128 de 2005 fue anunciado para ser
discutido y aprobado en primer debate, el 13 de diciembre de 2005. Lo anterior,
puede verificarse en la Gaceta No. 124 del 17 de mayo de 2006. Así mismo, el
proyecto fue discutido y aprobado el 29 de marzo de 2006, tal y como se había
anunciado previamente (Gaceta del Congreso No. 221 del 28 de junio de 2006).
Advierte entonces la Vista
Fiscal que: “la ponencia para debate en Comisión, fue publicada el 14 de
diciembre de 2005, es decir, con posterioridad a la realización del anuncio
para primer debate que se llevó a cabo el 13 de diciembre del mismo año. Lo
anterior indica que no se le dio el cumplimiento a las precisas exigencias que para
el trámite de los proyectos de ley han de cumplirse, según lo preceptuado por
los artículos 156 y 157 de la Ley 5 de 1992, lo que, de suyo, lleva a concluir
que también fue quebrantado el artículo 157 de la Constitución Política.”
Agrega el Ministerio Público que “Y si bien obra en el expediente constancia
de entrega de la ponencia del Proyecto de ley a los senadores de la comisión
segunda, esta constancia tiene fecha de 21 de febrero de 2006, es decir en
momento posterior a la realización del anuncio, entonces no se cumplió con el
objetivo buscado por el artículo 156 inciso 2 de la Ley Orgánica del Reglamento
del Congreso”.
Para la Procuraduría el
artículo 157 de la Ley 5 de 1992 establece que “la iniciación del primer
debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo”, lo
que guarda consonancia con el artículo 157 de la Constitución, según el cual “los
proyectos de ley deben ser publicados oficialmente por el Congreso antes de
darle curso en la comisión respectiva”. Lo anterior, con el fin de que los
congresistas puedan estudiar con la debida anticipación los asuntos sometidos a
su consideración. En su opinión, en el presente caso en el instrumento
internacional fue tramitado en la Comisión Segunda del Senado de la República,
sin el cumplimiento de tal requisito.
Para el Procurador tal vicio es
insubsanable toda vez que “el vicio se produjo en el primer debate en el
Senado de la República cuando este aún no había expresado validamente su
voluntad”.
En cuanto al proceso de
discusión en la Cámara de Representantes, el Procurador consideró que cumple
con todas las exigencias legales y constitucionales.
Por todo lo anterior, el
Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 1109 de 2006, a menos que llegara a probarse que la
publicación o la entrega de la ponencia a los Congresistas fue hecha de manera
previa al anuncio.
En lo que tiene que ver con el
fondo de las normas estudiadas, la Vista Fiscal considera que el Convenio
constituye un importante mecanismo para impulsar y consolidar las relaciones
multilaterales en materia de salud y protección del medio ambiente, lo cual se
encuentra en consonancia con los postulados establecidos en los artículos 9,
226 y 227 de la Constitución Política.
Así mismo, señala que las
restricciones establecidas en el Convenio en relación con la publicidad y venta
de los productos del tabaco son perfectamente razonables si se tiene en cuenta
que está de por medio la salud de las personas y la prevención de graves
enfermedades como el cáncer.
Así mismo, señala, el
instrumento internacional, constituye una herramienta para proteger a la niñez
y a la juventud del consumo del trabaco, tal y como lo prescriben algunos
tratados internaciones, tales como la Convención de los Derechos del Niño, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
1.1. De acuerdo a lo
establecido en el numeral 10 artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es
competente para ejercer el control integral de constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 1109 de 2006 Por
medio de la cual se aprueba el ‘Convenio Marco de la OMS para el control del
tabaco”, es aprobatoria de un Tratado Público por lo que tanto desde el
punto de vista material como formal es competencia de esta Corporación.
2. Suscripción del Convenio
2.1 Mediante aprobación
ejecutiva impartida el 1 de octubre de 2004, el entonces Presidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez, autorizó y ordenó someter a aprobación del
Congreso el Protocolo de la referencia. Dicha autorización, cuya referencia
consta a folio 57 del cuaderno N°1 de pruebas -pág. 5, Gaceta 699 de 2005- ha
sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar la
legitimidad de la suscripción de un tratado internacional.
De conformidad con lo dicho en
la Sentencia C-251 de 1997, la aprobación presidencial subsana cualquier
posible vicio de procedimiento en el trámite de suscripción de un tratado
internacional, en tanto que la voluntad del jefe de Estado, como encargado de
la dirección de las relaciones internacionales del Estado, es la única
autoridad válidamente reconocida para comprometer la voluntad del mismo en el
escenario internacional. Al respecto esta Sentencia dijo:
"El Presidente dio su
aprobación ejecutiva al presente tratado y decidió someterlo a la aprobación
del Congreso. Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los
tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º,
subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio
es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que
corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las
relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho
internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord 2º)". (Sentencia C-251
de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero)
3. El trámite de aprobación del
Convenio
3.1. De acuerdo con el inciso
final del artículo 154 de la Carta, “Los proyectos de ley relativos a los
tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se
refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.
El proyecto de ley que culminó
con la expedición de la Ley 1109 de 2006 comenzó sus debates en el Senado de la
República, donde fue radicado por la señora Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco, el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la
Vega, el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, el Ministro de la
Protección Social, Diego Palacio,el Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Jorge Humberto Botero, la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez y la
Ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez Pérez, al cual se le asignó el
número 128 de 2005, Senado. Por este aspecto, el procedimiento cumplió con el
requisito previsto en el artículo constitucional citado.
3.2. En relación con el trámite
restante, el proyecto de la referencia también cumple con las exigencias
procedimentales constitucionales y legales previstas para la aprobación de
leyes ordinarias, pues la Constitución no establece un procedimiento especial
para la aprobación de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados. Sobre el
particular la Corte ha sostenido:
“Cabe, señalar en relación a
este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes
aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias,
pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto
a  la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo
establece el inciso final del artículo 154 de la Carta”. (Sentencia C-334 de
2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis )
Procede entonces la Corte a
verificar el cumplimiento de los demás requisitos de forma.
a) Trámite ante el Senado de la
República
a.1. El 5 de octubre de 2005 la
señora Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, el Ministro del
Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, el Ministro de Agricultura,
Andrés Felipe Arias, el Ministro de la Protección Social, doctor Diego
Palacio,el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, la
Ministra de Educación, Cecilia María Vélez y la Ministra del Medio Ambiente,
Sandra Suárez Pérez, presentaron ante el Senado de la República, en
representación del Gobierno Nacional, el proyecto de Ley aprobatoria del “Convenio
Marco de la OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno
(21) de mayo de dos mil tres (2003)”. (Gaceta 699 del 7 de octubre de 2007)
a.2. La exposición de motivos
del Gobierno, junto con el texto de las disposiciones puestas a consideración
del Congreso, fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 699 del 7 de octubre
de 2005 (folios Pág. 5-17).
a.3. El proyecto de ley fue repartido al senador Enrique
Gómez Hurtado, quien presentó ponencia favorable para primer debate ante la
Comisión Segunda del Senado. La ponencia fue publicada en la Gaceta N° 898 del
14 de diciembre de 2005 (folios 9 a 12). En el expediente obra prueba que el
Proyecto de Ley fue repartido a los Senadores de la Comisión Segunda el 21 de
febrero de 2006.
a.4. De conformidad con el artículo 8º del Acto Legislativo
01 de 2003, “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión
diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”.
Tal como consta en el Acta N° 16 del 13 de diciembre de
2005, incorporada al expediente en medio magnético por la Secretaría de la
Comisión Segunda del Senado de la República, dicha Comisión realizó el anunció
correspondiente de los proyectos que, anunciados, serían votados en la sesión
del 28 o 29 de marzo de 2006.
El siguiente es el texto del anuncio, transcrito de la
copia del Acta N° 16 del 13 de diciembre de 2005, tal como aparece en el
disquete allegado al expediente.
VI
Proyectos de Ley para anunciar
y ser votados en la sesión del
martes 28 o miércoles 29 de
marzo de 2006
(…)
4.    Proyecto
de Ley Nº 128 de 2005 Senado. “Por medio de la cual se aprueba el Convenio
Marco de la OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno
(21) de mayo de dos mil tres (2003). Ponente: H. Senador Enrique Gómez Hurtado.
a.5. La aprobación del proyecto de ley por parte de la
Comisión Segunda del Senado ocurrió en la sesión del  29 de marzo de 2006, tal como
consta en el Acta N° 17 de 2006, adjunta al expediente en medio magnético por
el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, luego
de que, según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado, copia de la ponencia para primer debate hubiera sido repartida (folio
1, cuaderno de pruebas) el 21 de febrero de 2006. Inicialmente, el proyecto fue
anunciado, para lo cual se hizo referencia a la sesión en que se hizo el
anuncio. Posteriormente se sometió a votación. La siguiente es la transcripción
del anuncio del orden del día:
IV
PROYECTOS DE LEY PARA DISCUTIR
Y APROBAR EN PRIMER DEBATE,
LOS CUALES FUERON ANUNCIADOS EN
LA SESIÓN DEL MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2005.
3. Proyecto de Ley Nº 128 de
2005 Senado. “Por medio de la cual se aprueba el convenio marco de la OMS para
el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil
tres (2003). Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores; del Interior y de
Justicia; de Agricultura y Desarrollo Rural; de la Protección Social; de
Comercio, Industria y Turismo; de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Ponente: H. Senador Enrique Gómez Hurtado. Publicación:
Proyecto Original: Gaceta N° 699/05. Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 898/05.
a.6. Tal como consta en la
misma copia del Acta N° 17 de 2006, el proyecto de la ley de la referencia fue
aprobado por la Comisión Segunda del Senado de la República en sesión del 29 de
marzo de 2006, por decisión de 12 de sus 13 miembros (certificación adjunta,
folio 55, cuaderno principal).
a.6. La ponencia para segundo
debate al proyecto de ley de la referencia fue publicada en la Gaceta N° 116
del 12 de mayo de 2006, siendo ponente  Enrique Gómez Hurtado (folio 23 y ss,
cuaderno de pruebas #1).
a.7. En cumplimiento del
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 y tal como consta en el Acta N° 53
de la sesión del 12 de junio de 2006 (Gaceta del Congreso N° 227 del 5 de julio
de 2006, Pág 5 ), por instrucciones de la Presidencia del Senado de la
República, la Secretaría anunció “Lectura de ponencias y consideración de
Proyectos en segundo debate”, dentro de los cuales se incluye el proyecto 128
de 2005, Senado, correspondiente a la ley objeto de revisión. La siguiente es
la transcripción del anuncio:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima semana….
“Proyecto de ley número 128 de
2005, Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la OMS para
el control del Tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil
tres (2003)”
Así mismo, una lectura integral
del Acta N° 53 de la sesión del 12 de junio de 2006 muestra que la Secretaria
procedió a la corrección del anuncio al señalar: “Son los proyectos señora
Presidente para siguiente sesión Plenaria”. Luego, el proyecto se sometió a
aprobación en la sesión que de acuerdo con el anuncio debió votarse.
a.8. Según consta en el Acta N°
54 del 13 de junio de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso N° 231 del 12
de julio de 2006 (Pág 48 cuaderno de pruebas #2), la plenaria del Senado aprobó
el proyecto por unanimidad de los 98 senadores asistentes, según lo ratifica la
certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República
(certificación del Secretario General del Senado, folio 1, cuaderno de pruebas
#2).
b) Trámite ante la Cámara de Representantes
b.1. El proyecto de ley de la
referencia fue radicado con el número 297 de 2006 en la Cámara de
Representantes. La ponencia para primer debate se encuentra publicada en la
Gaceta del Congreso N° 411 del 28 de septiembre de 2006 y el ponente designado
fue el Representante a la Cámara Jairo Alfredo Fernández Quessep.
b.2. De conformidad con el texto del Acta N°. 13 del 4 de
octubre de 2006, la Secretaria de la Comisión señaló “Cuarto, anuncio proyectos
de ley para primer debate, según el artículo 8 del Acto Legislativo número uno
de 2003”, dentro de los que relacionó el proyecto de la ley de esta referencia.
b.3. La Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley señalado en
sesión del 10 de octubre de 2006. La aprobación contó con el voto favorable de
los 18 representantes asistentes, según certificación del Secretario General de
la Comisión, expedida el 14 de febrero de 2006. La votación consta en el Acta
N° 014 de 2006 (Pág.1).
La numeración de las actas en
que se consigna el anuncio, la votación y aprobación del proyecto de ley da
cuenta de que la sesión en que se aprobó el mismo fue la siguiente a aquella en
la que se anunció la votación.
b.4. La ponencia para segundo
debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta N° 505
del 2 de noviembre de 2006 (pág. 11), con ponencia del mismo representante a la
Cámara Jairo Alfredo Fernández Quessep.
b.5. El anuncio de votación del
proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo el 7 de
noviembre de 2006, en la sesión que figura en el Acta N° 24 de esa fecha y que
se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso N° 635 del 7 de diciembre de
2006 (página 27, folio 166, cuaderno de pruebas #3). La transcripción del
anuncio es la siguiente:
“Dirección de la Presidencia :
Doctor Jorge Homero Giraldo:
““Señor Presidente, los
proyectos a debatir en la próxima sesión de la Cámara de Representantes, de
acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Política, serán los siguientes
“(…)
“Proyecto de ley número 297 de
2006 Cámara, 128 de 2005 Senado”
b.6. Tal como consta en el Acta
N° 25 de la sesión del 14 de noviembre de 2006, la plenaria de la Cámara de
Representantes aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de
los 160 representantes asistentes (Gaceta del Congreso N° 648 de 2006), según
lo ratifica la certificación expedida el 27 de febrero de 2007 por el
Secretario General de la Cámara de Representantes (folio 3, cuaderno de pruebas
#3).
c)
Constitucionalidad del trámite dado a la Ley 1069 de 2006
Luego del recuento anterior,
pasa la Corte a analizar la constitucionalidad del trámite de aprobación de la
Ley 1109 de 2006.
c.1 Para comenzar, esta Corte
constata que el proyecto de la Ley 1109 fue publicado en el Congreso antes de
darle curso en la comisión respectiva (art. 157-1 C.P.), aprobado en primer
debate en las correspondientes comisiones de cada cámara (art. 157-2 C.P.),
aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara (art. 157-3 C.P.) y
recibió la debida sanción presidencial (art. 157-4 C.P.).
c.2 Entre el primero y segundo
debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a los ocho
días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional, así: la aprobación en
primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 29 de marzo de
2006, mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 13 de junio de 2006.
Del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara ocurrió el 10 de octubre de 2006 y el segundo debate tuvo lugar el 14 de
noviembre de 2006.
c.3 De otro lado, entre la
aprobación del proyecto en el Senado (13 de junio de 2006) y la iniciación del
debate en la Cámara de Representantes (10 de octubre de 2006) transcurrió un
lapso no inferior a los quince días, tal como lo ordena el artículo 160 de la
Carta Política.
c. 4 A lo anterior se suma que
las sesiones de comisión y plenaria se realizaron con el cumplimiento del quórum
requerido y el proyecto fue aprobado por mayoría de los congresistas
asistentes, tal como lo ratifican las certificaciones expedidas por los
respectivos secretarios generales de las comisiones constitucionales
permanentes y de las plenarias de cada cámara y que previamente fueron
relacionadas.
d)
Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como
fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003
El artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone lo
siguiente:
“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”.
El fin de la norma, a la luz de la
jurisprudencia constitucional, es evitar que los congresistas se vean
sorprendidos por proyectos cuyo debate y aprobación ignoraban que iba a tener
lugar[1].
Según la Corte, el objetivo del anuncio es “permitir a los Congresistas
saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones
presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de
los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones
intempestivas”[2].
La jurisprudencia ha señalado que es obligación del
los cuerpos legislativos presentar los anuncios en una sesión anterior a
aquella en la cual se planea someter a votación el proyecto. La calidad del
anuncio, ha insistido la Corte, impone que se establezca con certeza
–determinada o determinable- la fecha en que la votación debe tener lugar.
Así mismo, la Corporación ha establecido los
requisitos con los que debe contar  el referido anuncio “…del texto de la
norma constitucional se desprende que el anuncio constitucional a que se hace
referencia debe cumplir los siguientes requisitos[3]: a) El
anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley. b) El
anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión
distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto.
c)La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo
menos, determinable. d) Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión
distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
A la luz de tales requisitos se realizará
un análisis de los anuncios realizados en cada una de las células legislativas
en el asunto sometido a revisión.
a. Tal como consta en el Acta N° 16 del 13 de diciembre de
2005, incorporada al expediente en medio magnético por la Secretaría de la
Comisión Segunda del Senado de la República, dicha Comisión  anunció el debate
del proyecto de Ley No. 128 de 2005, que sería votado en la sesión del 28 o 29
de marzo de 2006, en los siguientes términos:
Proyectos de Ley para anunciar
y ser votados en la sesión del
martes 28 o miércoles 29 de
marzo de 2006
(…)
4.    Proyecto de Ley Nº 128 de
2005 Senado. “Por medio de la cual se aprueba el Convenio Marco de la OMS para
el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil
tres (2003). Ponente: H. Senador Enrique Gómez Hurtado.
Efectivamente, la aprobación
del proyecto de ley por parte de la Comisión Segunda del Senado ocurrió en la
sesión del  29 de marzo de 2006, tal como consta en el Acta N° 17 de 2006, y en
consecuencia, se cumple con el requisito señalado en el Acto Legislativo.
Si bien podría interpretarse
que la fecha fijada no fue cierta, de lo dicho al final de la sesión, queda
claro que la fecha era determinable por referencia a la primera sesión de la
segunda parte de la legislatura. En efecto, al finalizar la sesión, en el mes
de diciembre de 2005, el Presidente de la Comisión señaló:
“Toma la palabra el señor Presidente,
Senador JESÚS ÁNGEL CARRIZOSA FRANCO. Muy bien se levanta la sesión, por este
año muchas gracias y ya en el mes de marzo una vez se instale el Parlamento,
hemos llamado a sesiones a la semana siguiente. Así que una feliz navidad
nuevamente y un próspero año para todos.  Muchísimas gracias.”
Puede observarse, entonces, que
del contexto del Acta 16 del 13 diciembre de 2005, en cierre del primer periodo
y en vísperas de diciembre, la fecha de inicio de sesiones en marzo quedó
pendiente para el 28 o 29 del mismo mes. Posteriormente, el consecutivo de
Actas nos muestra que la sesión fue llevada a cabo el 29 de marzo de 2006, y en
ella fueron discutidos y votados lo proyectos de ley anunciados el 13 de
diciembre de 2005 (Acta 17 del 29 de marzo de 2006):
PROYECTOS DE LEY PARA DISCUTIR Y APROBAR EN
PRIMER DEBATE,
LOS CUALES FUERON ANUNCIADOS EN LA SESIÓN
DEL MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2005.
3. Proyecto de Ley Nº 128 de 2005 Senado.
“Por medio de la cual se aprueba el convenio marco de la OMS para el control
del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres
(2003). Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores; del Interior y de
Justicia; de Agricultura y Desarrollo Rural; de la Protección Social; de
Comercio, Industria y Turismo; de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Ponente: H. Senador Enrique Gómez Hurtado. Publicación:
Proyecto Original: Gaceta N° 699/05. Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 898/05.
En efecto, tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia, la apelación al contexto del debate como elemento de
identificación del anuncio se predica tanto del anuncio, en sí mismo
considerado, como de la fecha de votación y de la intención misma de someter a
votación el proyecto específico[4].
En el caso en estudio, se concluye que lo querido por la Comisión era que el
debate y votación tuvieran lugar la primera sesión del segundo periodo de la
legislatura, tal y como lo muestra el consecutivo del acta.
Entonces, el anuncio fue hecho
previamente y en fecha determinable por ser la primera sesión que tendría lugar
el año siguiente, como en efecto sucedió.
b. El anuncio hecho en la
Plenaria del Senado también merece la siguiente consideración. El secretario
General del Senado relacionó el proyecto de la referencia en el grupo de los
proyectos de ley que serían discutidos “la próxima semana”. Sin embargo, el
proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión siguiente. En efecto,
consta en el Acta N° 53 de la sesión del 12 de junio de 2006 (Gaceta del
Congreso N° 227 del 5 de julio de 2006, Pág 5 ), que:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima semana….
“Proyecto de ley número 128 de
2005, Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la OMS para
el control del Tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil
tres (2003)”
Posteriormente, en el Acta N°
54 del 13 de junio de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso N° 231 del 12
de julio de 2006 (Pág 48 cuaderno de pruebas #2), la plenaria del Senado aprobó
el proyecto por unanimidad de los 98 senadores asistentes, según lo ratifica la
certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República
(certificación del Secretario General del Senado, folio 1, cuaderno de pruebas
#2).
Sin embargo, una lectura
integral del Acta N° 53 de la sesión del 12 de junio de 2006 muestra que la
Secretaria procedió a la corrección del anuncio al señalar: “Son los proyectos
señora Presidente para siguiente sesión Plenaria”. Luego, el proyecto se
sometió a aprobación en la sesión que de acuerdo con el anuncio debió votarse.
Debe considerarse que la exigencia de la jurisprudencia es que el
anuncio se haga para fecha determinada o determinable. La misma jurisprudencia
ha admitido que el contexto de las discusiones sirve para calificar la
determinabilidad de la fecha del anuncio. Así, acudiendo al contexto de la
sesión, la Corte admite que la expresión “para la próxima semana” o para “la
próxima sesión”, puede ser manifestación válida de la intención de someter a
votación un proyecto de ley cuando se entienda que la votación se hará en la
sesión siguiente o en la sesión de la semana siguiente a aquella en que se
proclama el anuncio. Sobre este particular, la Corte dijo:
“Ejemplo adicional de que la Corte ha
acudido al contexto de las discusiones para determinar, por ejemplo, la fecha
de votación de proyecto, lo constituye el fallo contenido en la Sentencia C-780
de 2004[5].
Frente al anuncio del Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara en
el que dicho funcionario informó los proyectos que serían incluidos en la
sesión de “la próxima semana”, la Corte determinó que pese a que dicha
expresión no permitía fijar con precisión la sesión en la cual serían
discutidos, del contexto de las discusiones se entendía que la “próxima semana”
era la manera de referirse a la siguiente sesión de la Comisión, que tendría
lugar a los ocho días de aquél en el que se hizo el anuncio. Por ello,
determinó que el anuncio, hecho en esas condiciones y en ese contexto, era
válido. En esa oportunidad, la Corte admitió que aunque la expresión utilizada
por el Secretario de la Comisión podría considerarse como una irregularidad, la
misma no adquiría la categoría de vicio de inconstitucionalidad[6].” (Auto
311 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
De lo anterior, puede
concluirse que el contexto de la discusión es el que permite establecer con
precisión en qué oportunidad ha debido tener lugar el debate y la discusión de
un proyecto anunciado previamente. En esta oportunidad, la lectura integral de
la Gaceta en donde se encuentra contenido el anuncio de Plenaria en el Senado,
nos permite observar que, aunque en principio se dijo que el proyecto sería
discutido y votado la próxima semana, luego se hace la corrección y se señala
que sería la próxima sesión, tal y como efectivamente ocurrió.
c. En cuanto al trámite de primer debate en la Cámara de
Representantes en el Acta N°. 13 del 4 de octubre de 2006, publicada en la
Gaceta 612 del 4 de diciembre de 2006 (pág 16), la Secretaria de la Comisión
señaló:
“Cuarto, anuncio proyectos de ley para primer
debate, según el artículo 8 del Acto Legislativo número uno de 2003”, dentro de
los que relacionó el proyecto de la ley de esta referencia.”
De la misma manera debe tenerse en cuenta que
cerrada la sesión el Presidente de la Comsisión Representante Oscar Fernando
Bravo Realpe señaló:
“Se levanta la sesión, se convoca para el martes
próximo a las 10:00 de la mañana”
Posteriormente, la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de
la referencia en sesión del martes 10 de octubre de 2006. Es decir el día
señalado en la sesión del 4 de octubre (Acta N° 014 de 2006)
Así mismo, la numeración de las
actas en que se consigna el anuncio y la votación y aprobación del proyecto de
ley, da cuenta de que la sesión en que se aprobó el mismo fue la siguiente a
aquella en la que se anunció la votación.
d. Por último, en la Plenaria
de la Cámara de Representantes el anuncio de votación del proyecto de ley que
ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo el 7 de noviembre de 2006, en la
sesión que figura en el Acta N° 24 de esa fecha y que se encuentra publicada en
la Gaceta del Congreso N° 635 del 7 de diciembre de 2006 (página 27, folio 166,
cuaderno de pruebas #3). La transcripción del anuncio es la siguiente:
“Dirección de la Presidencia :
Doctor Jorge Homero Giraldo:
“Señor Presidente, los proyectos
a debatir en la próxima sesión de la Cámara de Representantes, de acuerdo con
el artículo 160 de la Constitución Política, serán los siguientes:
“(…)
“Proyecto de ley número 297 de
2006 Cámara, 128 de 2005 Senado”
Tal como consta en el Acta N°
25 de la sesión del 14 de noviembre de 2006, la plenaria de la Cámara de
Representantes aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de
los 160 representantes asistentes (Gaceta del Congreso N° 648 de 2006), según
lo ratifica la certificación expedida el 27 de febrero de 2007 por el
Secretario General de la Cámara de Representantes (folio 3, cuaderno de pruebas
#3).
Se puede observar que, pese a
que el anuncio se limitó a señalar que la discusión se llevaría a cabo en la
próxima sesión, el consecutivo de actos evidencian que, efectivamente, en la
sesión siguiente fue aprobado el proyecto de ley.
En cuanto a estos dos últimos
anuncios, la Corporación considera que se cumplió con el requisito del artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003 (artículo 160 constitucional), por cuanto se
hizo referencia expresa a esta norma constitucional y se utilizó la expresión
“los proyectos a debatir” y “debate”, que comprende tanto la discusión como la
votación del Proyecto.
En efecto, para empezar es indispensable
advertir que según la interpretación que de la norma ha dado el Tribunal
Constitucional, el anuncio del artículo 160 de la Carta Política (artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003) no exige
la utilización de ninguna fórmula sacramental. En efecto, a tal conclusión
llegó esta Corporación  en el Auto 311 de 2006[7],
luego de realizar un recuento de la jurisprudencia pertinente. En efecto, para
la Corte, si la finalidad del anuncio es alertar a los Congresistas y a los
interesados –ciudadanos participantes en el proceso aprobatorio- sobre los
proyectos que habrán de debatirse y votarse en una sesión determinada o
determinable, es claro que cualquier expresión verbal que inequívocamente transmita
dicha idea garantiza el cumplimiento de la exigencia constitucional. La
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 228 C.P.), inscrita como
principio de ejercicio de la función jurisdiccional, impide que el juez
constitucional exija la adopción de una frase específica para obtener un
resultado que puede lograrse de maneras distintas, utilizando expresiones
sinónimas.
Así, por ejemplo, en Sentencia C-473 de
2005, la Corte consideró exequible que el Congreso hubiera utilizado la
expresión “considerar” para cumplir con el requisito del artículo 160
superior, al tiempo que en la Sentencia C-241 de 2006 la Corte declaró
inexequible la Ley 968 de 2005 “Por medio de la cual se aprueba el estatuto
migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, Firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”, pero no sin antes reconocer
que “no existe una fórmula textual específica para realizar el anuncio. Lo
esencial es verificar si se cumplió la finalidad del anuncio, para lo cual se
deben atender las circunstancias de cada caso”. Por lo anterior, al fijar
los requisitos del anuncio en cuestión, señaló:
“(i) se hace necesario que así no esté
exactamente determinada, la fecha de votación sea determinable; (ii) se hace
imposible el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, si el anuncio para la votación se da el mismo día que ésta; (iii)
la contextualización que se da con la mención de que se está cumpliendo con los
requisitos del Acto Legislativo fortalece el que el anuncio de votación sea
válido a la luz de la Carta; (iv) no existe una fórmula textual específica
para realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la finalidad
del anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada caso; (vi)
si bien la omisión del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003
es, en principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves
irregularidades en el anuncio se presentan en el primero de los debates de todo
el trámite de aprobación de la ley.” (Sentencia C-241 de 2006 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra)
El mismo criterio fue aplicado en la
Sentencia C-322 de 2006, por la cual se estudió la exequibilidad de la Ley 984
de 2005, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de
octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999)” En la providencia la
Corte Constitucional reiteró la tesis de que no existen fórmulas sacramentales
o textuales para cumplir con el requisito del anuncio del artículo 160
constitucional.[8]
Ahora bien, el hecho de que no exista una
expresión específica diseñada para cumplir con el requisito del artículo 160
constitucional no significa que cualquier expresión verbal vinculada con este
tema supla la exigencia de anuncio impuesta por la Carta. Tal como se dijo
previamente, es requisito que dichas expresiones sinónimas transmitan la idea
consignada en el artículo 160.
Con todo, de lo dicho por la jurisprudencia
es necesario tener en cuenta que la expresión “anuncio”, consignada en
la propia Constitución, cuando la misma se utiliza en los debates legislativos
con la finalidad de mencionar los proyectos que serán debatidos en otra sesión,
debe entenderse circunscrita principalmente al cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 160 constitucional, pues, como lo estableció la
Sentencia C-1040 de 2005, el aviso previo es requerido por la Constitución
Política únicamente para efectos del cumplimiento de dicha norma, en tanto que
el ordenamiento superior no lo impone para ninguno otro trámite.
De otra parte, la apelación al contexto del
debate como elemento de identificación del anuncio se predica tanto del
anuncio, en sí mismo considerado, como de la fecha de votación y de la
intención misma de someter a votación el proyecto específico; lo cual es
independiente de que, en cada caso concreto, el contexto permita identificar
con éxito cada uno de dichos elementos. Del mismo modo, es preciso advertir que
el estudio del contexto como panorama de validación del anuncio del artículo
160 depende, como es lógico, de cada caso, pues las variables en que se
pretende ubicar dicho requisito cambian con los distintos proyectos.
La Sentencia C-276 de 2006[9] la Corte manifestó que
si bien “(…) lo ideal al hacer el anuncio a que se refiere el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”, cuando ello no
es así, tal situación no implica un incumplimiento de esta exigencia
constitucional, si del contexto general se puede inferir que la expresión
empleada para anunciar el proyecto comprende su votación”. Por ello, al
considerar el anuncio en el contexto de la sesión correspondiente, consideró
que el mismo había cumplido con el requisito constitucional previsto[10]
En consideración de la jurisprudencia
anteriormente desarrollada el Auto 311 de 2006 concluye:
“De todo lo dicho y citado puede concluirse
entonces que, respecto del requisito de anuncio, contenido en el artículo 160
constitucional, la Corte ha establecido que i) no existe fórmula sacramental o
frase textual que deba usarse en el Congreso para hacer el aviso; ii) el uso de
la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán
“considerados” o “debatidos” en otras sesiones debe entenderse como inclusivo
de la intención de votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al
requisito del artículo 160 constitucional; iii) que el contexto de las
discusiones y los debates puede utilizarse como referencia de validación para
determinar si un anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la
secretaría a solicitud de la presidencia incluía la intención de debatir y
votar el proyecto anunciado y, finalmente, si la sesión para la cual se anunció
la votación es una fecha determinable y, finalmente, iv) que el contexto del
cual pueden extraerse los criterios de validación no se limita al de la sesión
en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo
aquellas en que tuvo lugar la votación.”
En el presente caso los anuncios utilizaron
la expresión “debate” o “para ser debatidos”. En primer lugar, los artículos
157 y 158 de la Ley 5 de 1992 señalan que el debate es el mecanismo por el cual
los miembros de la célula legislativa discuten el contenido de los asuntos
sometidos a su consideración, para luego proceder a su votación. Es decir, a
pesar de que estos términos no son equivalentes, los dos se encuentran
estrechamente relacionados y el trámite legislativo no sería posible sin  la
existenia ni del uno o ni del otro.
Ahora bien, en cuanto al significado de la
expresión “debate” en el anuncio del artículo 160 de la Carta Política, esta
Corporación consideró que debe entenderse, por el contexto, que se está
haciendo en cumplimiento de tal disposición y por tanto, comprende la intención
de deliberar como votar el proyecto.
Tal fue la posición sostenida en la
Sentencia C-276 de 2006[11],
que dijo:
“En el caso bajo estudio, si bien los
distintos anuncios se hicieron para “debatir”, “para la próxima
sesión”, “para discusión”, tal anuncio comprendía tanto deliberar
como votar el proyecto. A pesar de no emplear la expresión “votación” o
“aprobación”, del contexto en que se anunció el Proyecto de ley 234 de
2004 Senado, 015 de 2004 Cámara, se deduce que los parlamentarios sabían que el
anuncio correspondía al exigido por la Constitución.”
El criterio anterior había sido precisado
ya por la Corte en la Sentencia C-1151 de 2005 cuando la Corporación estudió la
exequibilidad de la Ley 945 de 2005, que aprobó el “Protocolo de Basilea
sobre responsabilidad e indemnización por los daños resultantes de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”. En
el trámite de dicha ley, el secretario de la Comisión Constitucional Segunda
del Senado de la República anunció para “debatir” el proyecto de la ley
de la referencia, expresión de cuyo contexto la Corte dedujo la intención de
someter el proyecto a votación. El indicio contextual que promovió la
conclusión de la Corte fue la lectura y sometimiento para votación del proyecto
de ley en la sesión siguiente a aquella en que se había producido el anuncio,
lo cual permite identificar un aspecto importante en el análisis de este
tópico, cual es el de que el contexto a que se refiere la Corte para determinar
si el anuncio cumplió con los requisitos de la constitución, no se limita al
contexto de la sesión en la que ha sido anunciado el proyecto, sino que puede
incluir otras sesiones posteriores, en las que efectivamente se haya discutido
y aprobado.
De lo dicho se entiende entonces que el
anuncio para primer debate y para Plenaria en la Comisión de la Cámara se
ajustó a las exigencias constitucionales, tal como han sido interpretadas por
la jurisprudencia relacionada.
e)       Análisis
de la irregularidad a que hace referencia el Procurador General de la Nación
La Corte pasa
a analizar la existencia del vicio planteado por el Procurador General de la
Nación, en el sentido de señalar que se presentó un desconocimiento de los
artículos 156 y 157 del Reglamento del Congreso en el trámite de primer debate
en la Comisión Segunda del Senado del Proyecto de Ley objeto de estudio.
El Ministerio Público recuerda
que la ponencia para primer debate fue presentada por el senador Enrique Gómez
Hurtado y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 898 del 14 de
diciembre de 2005. Así mismo, la constancia de entrega del proyecto a los
parlamentarios tiene fecha del 21 de febrero de 2007.  Sin embargo, según
certificación expedida por el Subsecretario de la Comisión Segunda del Senado
de la República, el proyecto de Ley 128 de 2005 fue anunciado para ser
discutido y aprobado en primer debate, el 13 de diciembre de 2005, es decir en
forma previa a su publicación y entrega. A juicio del Procurador tanto la
publicación del proyecto de ley como del informe de ponencia deben hacerse con
anterioridad a la realización del anuncio.
Bajo un análisis de la norma,
esta Corporación observa que la Constitución establece que el proyecto de ley
debe ser publicado oficialmente antes de darle curso en la comisión respectiva
(CP art. 157), y que debe contar con un informe de ponencia en la comisión
encargada de tramitarlo (CP art. 160). Por otro lado, el Reglamento del
Congreso exige la publicación de la ponencia en el inciso primero de su
artículo 156. Esta disposición establece que estos informes de ponencia deben
ser presentados por escrito, en original y dos copias, al secretario de la
Comisión Permanente, y que deberán ser publicados en la Gaceta del Congreso
dentro de los tres (3) días siguientes.
En efecto, los artículos 156 y
157 de la Ley 5 de 1992 señalan:
“ARTÍCULO 156. PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA. El
informe será presentado por escrito, en original y dos copias, al secretario de
la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro
de los tres (3) días siguientes.
Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el
Presidente podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio
mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin
perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.
ARTÍCULO 157. INICIACIÓN DEL DEBATE. La iniciación del primer
debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo.
No será necesario dar lectura a la ponencia, salvo que así lo
disponga, por razones de conveniencia, la Comisión.
El ponente, en la correspondiente sesión, absolverá las preguntas
y dudas que sobre aquélla se le formulen, luego de lo cual comenzará el debate.
Si el ponente propone debatir el proyecto, se procederá en
consecuencia sin necesidad de votación del informe. Si se propone archivar o
negar el proyecto, se debatirá esta propuesta y se pondrá en votación al cierre
del debate.
Al debatirse un proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos
fundamentales acerca de los cuales conviene que la Comisión decida en primer
término.
De la lectura de los artículos
anteriormente señalados puede concluirse lo siguiente: (i) la Constitución
exige la publicación del Proyecto de Ley, en la Gaceta del Congreso, antes a
dar inicio al trámite legislativo y (ii) no existe disposición expresa alguna
que señale la obligación de publicar el informe de ponencia, en forma previa al
anuncio, establecido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, (iii) no
se podrá iniciar el debate antes de la publicación del informe de la ponencia y
(iv) tal publicación podrá realizarse en la Gaceta del Congreso, o con
autorización del Presidente, podrá distribuirse por cualquier medio mecánico
entre los miembros de la Comisión.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha
fijado la interpretación teleológica de los artículos 156 y 157 del Reglamento
del Congreso. En efecto, las Sentencias C-951 de 2001[12] y C-915 de 2001[13], señalaron que “en el proceso de
aprobación de las leyes, debe respetarse la exigencia establecida en el
artículo 156 del Reglamento del Congreso, según el cual, las ponencias para
primer debate deben ser publicadas previamente en la Gaceta del Congreso.”
Estas sentencias precisaron que el desconocimiento de esa exigencia “no
representa una irregularidad menor sino que configura un vicio de
procedimiento, pues la obligación de que la ponencia sea publicada en la Gaceta
del Congreso, antes del debate en la comisión permanente respectiva, no es, en
manera alguna, una formalidad caprichosa; ella desarrolla claros principios y
mandatos constitucionales.” Por ello esta Corporación concluyó que “la
falta de publicación de la ponencia para primer debate, antes de su aprobación,
configura un vicio de procedimiento que afecta la constitucionalidad de la
correspondiente ley”, salvo si el Congreso recurrió a la posibilidad
excepcional prevista por el inciso segundo del artículo 156 de la Ley 5 de
1992, según la cual es posible que, para agilizar el trámite de un proyecto, el
Presidente de la Comisión respectiva autorice la copia de la ponencia y su
distribución previa a los miembros de la comisión, sin perjuicio de que la
ponencia sea publicada posteriormente, y en forma oportuna, en la Gaceta del
Congreso.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa
puede observarse que lo que extraña el Procurador no es la falta de publicación
de la ponencia previo al debate, puesto que efectivamente el debate y
aprobación se produjeron el 29 de marzo de 2006, y la publicación de la
ponencia el 14 de diciembre de 2005, sino la no publicación del informe de
ponencia antes de haberse realizado el anuncio (13 de diciembre de 2005).
La Corporación considera que tal debate
puede resolverse con un análisis de los siguientes puntos: (i) el objetivo
perseguido con el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 en cuanto al
trámite de las leyes aprobatorias de los tratados públicos y (ii) la finalidad
constitucional del cumplimiento del artículo 156 del Reglamento del Congreso.
En primer término, el artículo 8º del Acto Legislativo 01
de 2003 dispone lo siguiente:
“Ningún proyecto de ley será sometido a votación
en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de
que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara
o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”.
Según lo establece la
jurisprudencia pertinente, la norma busca evitar la votación sorpresiva de los
proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas
se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las
sesiones siguientes[14].
Se tiene entonces que la
finalidad del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, es el conocimiento
por parte de la célula legislativa de los proyectos de ley que serán discutidos
en la siguiente sesión. Ciertamente, estos proyectos de ley con sus respectivas
ponencias deberán ser conocidos por los Congresistas en forma previa al debate,
sin embargo la disposición constitucional no consagra que la publicación del
informe de ponencia debe hacerse antes de la realización del anuncio. Resulta
claro también que no son equiparables los conceptos debate y anuncio.
Por otro lado, la regla de
intangibilidad del texto de los Tratados Internacionales permite inferir que el
criterio de la publicación del informe de ponencia previo al anuncio, debe ser
analizado con criterios acordes a la naturaleza misma de una ley aprobatoria de
un instrumento internacional.
En efecto, tal y como lo ha
considerado la jurisprudencia constitucional, en el trámite de una ley
aprobatoria de Tratado Internacional, la labor del Congreso se circunscribe a
la aprobación o rechazo del mismo, salvo las posibilidades establecidas en el
artículo 217 del Reglamento del Congreso.[15]
Por lo anterior se tiene que,
el anuncio cumple la función de advertir a los Congresistas del proyecto de ley
ya conocido, por haber sido publicado el Proyecto de Ley aprobatorio del
Tratado que contiene el texto íntegro del instrumento internacional, en la
Gaceta del Congreso.
Se puede entonces inferir que
en esta clase de leyes aprobatorias de Tratados, el conocimiento de su texto
por parte de los integrantes del Senado, se cumple con la publicación en la
Gaceta del Congreso, por lo cual, a su vez, se cumple la finalidad
constitucional del anuncio.
En la Sentencia C-1151 de 2005[16] consideró que “dada la naturaleza especial de las leyes
aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido
de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o
improbar la totalidad del tratado.[17] Si el tratado es multilateral, es posible
hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente
prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y
fin del tratado.[18]
Bajo esta perspectiva, el
conocimiento del proyecto de ley, mediante la publicación del mismo en la
Gaceta del Congreso, permite a los miembros de la célula legislativa el
conocimiento del texto del tratado internacional, en forma previa al trámite
legislativo. En consecuencia, el cargo por vulneración del requisito de
publicidad del informe de ponencia, debe demostrar, con suficiencia la
imposibilidad de conocer el contenido mismo del instrumento. Lo anterior, en
virtud de la prohibición de modificación por parte del Congreso.
En el presente asunto tal exigencia
adicional no está presente, teniendo en cuanta además, que se cumplió con la
finalidad señalada en los artículos 156 y 157 del Reglamento del Congreso que
buscan  que los congresistas conozcan, previo el debate, el tenor literal de
las disposiciones que se someten a su consideración y aprobación, así como de
los motivos que las fundamentan.
En efecto, el requisito de
publicidad de los proyectos de ley, se cumple respecto del texto del proyecto
sometido a aprobación de cada cámara, con su publicación en el órgano oficial
de comunicación del legislativo, que es la Gaceta del Congreso, antes de darle
curso en la comisión respectiva (C.P. artículo 157). Igualmente, las ponencias,
con las modificaciones al texto que ellas propongan, deben publicarse de la
misma manera, como lo indica el artículo 156 del Reglamento del Congreso; no
obstante, para agilizar el trámite del proyecto, este requisito de publicidad
puede ser suplido por la reproducción del documento por cualquier medio
mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la célula legislativa que los
va a discutir.[19]
Sin embargo, la jurisprudencia
es clara en señalar que el requisito establecido en el artículo 156 del
Reglamento del Congreso se refiere a la publicación del informe de ponencia
previo al debate, y por tanto, no resulta procedente establecer una analogía
frente al anuncio. En este sentido podría concluirse que tanto el anuncio como
la publicación de la ponencia deben realizarse en forma previa al debate y
votación, pero no existe un condicionamiento dirigido a exigir que la
publicación de la ponencia sea previa al anuncio.
En el caso en estudio, puede
observarse que se cumplió con el requisito señalado en el artículo 156 del
Reglamento del Congreso, toda vez que el Proyecto de Ley fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 699 del 7 de octubre de 2005. La ponencia para primer
debate fue publicada en la Gaceta No. 898 del 14 de diciembre de 2005. El
proyecto fue discutido y aprobado el 29 de marzo de 2006, tal y como se había
anunciado previamente (Gaceta del Congreso No. 221 del 28 de junio de 2006). Es
decir, el informe de ponencia fue conocido por todos los miembros de la célula
legislativa en forma previa al debate.
Finalizado el análisis de forma
del procedimiento de aprobación del proyecto de la ley de la referencia, y
concluido que el mismo cumple con los requerimientos constitucionales y
legales, procede la Corte a hacer el estudio material del Acuerdo objeto de
revisión.
4. El contenido material del
Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco
4.1. Preámbulo. El Convenio Marco de la OMS
para el control del tabaco está compuesto por el Preámbulo y 38 artículos. Tal
Convenio es un acuerdo internacional adoptado por los 192 Estados Miembros de
la OMS.
El Preámbulo incluye el
compromiso y prioridad que deben asumir los Estados Partes ante la propagación
del tabaquismo, con el fin de evitar los devastadores efectos tanto para la
salud humana, como para el medio ambiente. El Tratado se encuentra dividido en
XI Partes. La primera parte define una lista de conceptos requeridos para el
entendimiento del Convenio. La II contiene los objetivos, principios básicos y
obligaciones generales del Tratado.
4.2. Objetivos y principios. El objetivo del Convenio “es proteger
a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la
exposición al humo de tabaco”.
Los principios básicos
señalados en el Convenio son, en términos generales, los siguientes: (a) todas
las personas deben estar informadas sobre las consecuencias del consumo del
tabaco, (b) la existencia de un compromiso político para establecer y respaldar
medidas multisectoriales integrales y respuestas coordinadas para la prevención
del consumo del tabaco, (c) la cooperación internacional con énfasis en la
transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia financiara, (d) la
prevención de las enfermedades causadas por el consumo de tabaco, (e) la
participación de la sociedad civil para erradicar la dependencia al cigarrillo,
(f) la obligación de los Estados Partes de formular, aplicar, actualizar
periódicamente y revisar estrategias, planes y programas nacionales de control
del tabaco y (g) la obligación de los Estados de hacer prevalecer los objetivos
del Convenio sobre los intereses comerciales creados por la industria
tabacalera.
4.3. Medidas adoptadas por el
Convenio. En la parte tercera del
Convenio se establecen medidas relacionadas con la reducción de la demanda de
tabaco entre las que se encuentran:
(i) Medidas relacionadas con
los precios e impuestos para reducir la demanda del tabaco
El Convenio señala que los
Estados reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son
un medio eficaz para disminuir el consumo del tabaco, así mismo consagra que
dentro de su política tributaria, establecerán medidas restrictivas frente a la
venta e importación de aquellos productos.
(ii) Medidas no relacionadas
con los precios para reducir la demanda del tabaco
Los Estados Partes reconocen
que las medidas legislativas, ejecutivas y administrativas también son un medio
eficaz para reducir el consumo de tabaco.
(iii) Protección contra la
exposición al humo de tabaco
Los Estados firmantes se
obligan a adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y
otras acciones eficaces de protección contra el humo producido por el tabaco,
en lugares públicos cerrados, en lugares de trabajo, medios de transporte,
entre otros.
4.4. Reglamentación sobre los
productos del tabaco. El
Convenio señala que Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su
legislación vigente, las siguientes reglamentaciones.
(i)Reglamentación del contenido
de los productos de tabaco
La Conferencia de las Partes, creada en
virtud del Convenio, dispondrá directrices sobre el análisis y la medición del
contenido y las emisiones de los productos de tabaco y su regulación.
(ii) Reglamentación de la
divulgación de información sobre los productos de tabaco
El Convenio señala que los
Estados deberán exigir a los fabricantes de productos de tabaco la información
de los componentes del producto y sus consecuencias.
(iii) Empaquetado y etiquetado
de los productos del tabaco
Cada Estado Parte se compromete
a que en un periodo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Convenio,
adoptará las medidas necesarias con el fin de que: (a) en los paquetes y
etiquetas del tabaco no se promocione un producto de manera falsa o que induzca
a equívocos, (b) en todos los empaques del producto se advierta sobre los
efectos nocivos del consumo, y que dicha advertencia sea aprobada por las
autoridades, en el idioma nacional y sea grande clara, y visible (por lo menos
el 30% de la superficie).
(iv) Educación, comunicación,
formación y concientización
El Convenio obliga a los
Estados Partes a adoptar medidas legislativas, administrativas, entre otras,
para establecer programas de concientización de los riesgos del consumo del
tabaco y de la exposición al humo del tabaco. Esto implica el acceso al público
de la información sobre la industria tabacalera y a las consecuencias
sanitarias, económicas y ambientales adversas de la producción.
(v)Publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco
El artículo 13 de la Convención
señala que los Estados Partes reconocen que una prohibición total de la
publicidad, la promoción y el patrocinio reducirían el consumo de productos del
tabaco.
En este sentido, cada Estado,
de conformidad con su Constitución o sus principios constitucionales, procederá
a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio.
Sin embargo, si el Estado Parte
no está en condiciones de proceder a una prohibición total de la publicidad,
aplicará restricciones a la misma, y podrá tomar las siguientes acciones: (a)
prohibirá la publicidad engañosa, (b) ordenará que la publicidad vaya
acompañada de las advertencias correspondientes, (c) restringirá el uso de
incentivos que fomenten la compra del tabaco y (d) limitará el patrocinio de
productos del tabaco en acontecimientos y actividades internacionales, entre
otras.
4.5. Medidas relacionadas con
la reducción de la demanda, relativas a la dependencia y abandono del tabaco. El artículo 14 insta a los Estados Parte
para adoptar medidas para promocionar el abandono del tabaco, especialmente en
instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo y entornos
deportivos. Así mismo, obliga a los Estados a incorporar el tratamiento contra
la adicción al tabaco dentro de las estrategias nacionales de la salud.
La Parte IV del Convenio trata
de las medidas relacionadas con la reducción de la oferta del tabaco en tres
frentes principales.
(i) La erradicación del
comercio ilícito de productos del tabaco
El Convenio señala que el
Estado deberá adoptar medidas para evitar el contrabando de los productos del
tabaco, estas podrán consistir en las que sigue: (a) indicación en las
cajetillas del lugar o país donde se encuentra permitida su venta, (b)
establecimiento de programas de seguimiento de la distribución, (c) adopción de
medidas contra la falsificación de productos del tabaco, (d) vigilancia en el
almacenamiento y distribución del tabaco y (e) remisión de la información
relacionada con la venta ilegal de tabaco a la Conferencia de Las Partes y a
los organismos multilaterales.
(ii) Prohibición a menores y
por menores
Cada Estado Parte adoptará y
aplicará a nivel gubernamental medidas legislativas, ejecutivas y
gubernamentales para prohibir la venta de tabaco a menores de 18 años. Así
mismo, insta a los Estados para que tome medidas de prohibición de fabricación
de dulces y golosinas alusivos al tabaco y se garantice que las medios de
expendio de tabaco no sean de fácil acceso a los menores.
(iii) Apoyo a actividades
alternativas económicamente viables
Los Estados Partes se obligan a
promover alternativas económicamente viables para los trabajadores, los
cultivadores y los pequeños vendedores de tabaco.
4.6. Protección ambiental. La Parte V señala que los
Estados Partes deberán prestar la debida atención a la protección ambiental y a
la salud de las personas en relación con el medio ambiente, en lo que respecta
al cultivo de tabaco y a la fabricación de los productos del tabaco.
La Parte VI, conformada por el
artículo 19, señala que las leyes vigentes de cada Estado Parte deberán
ocuparse de la responsabilidad penal y civil cuando éstas procedan. Así mismo,
propugna por un intercambio de información sobre la legislación y reglamentos
vigentes.
4.6. Cooperación Técnica y
Científica. La Parte VII, conformada por los artículos 20 a 26, establecen
mecanismos de cooperación técnica y científica entre los Estados Partes.
Para tal fin promueve: (a) la
realización de investigaciones internacionales sobre el control del tabaco, (b)
el apoyo, junto con las organizaciones gubernamentales, a las personas o grupos
que se ocupen de actividades para el control del tabaco, (c) el establecimiento
de programas de vigilancia, (d) la cooperación debida a la Organización Mundial
de la Salud en la difusión, dentro de los Estados Partes, de los datos de las
investigaciones, (e) la obligación de los Estados en relación con la
presentación de informes sobre el control del tabaco a la Conferencia de Las
Partes y (f) la transferencia de tecnología entre los Estados Partes para
cumplir las obligaciones nacidas en el instrumento.
4.7. Arreglos Institucionales y
Financieros. La Parte VII establece los Arreglos Institucionales y Recursos
Financieros para el cumplimiento del Convenio.
En primer término, crea la
llamada “Conferencia de las Partes” cuya primera reunión será convocada por la
OMS a más tardar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del Convenio.
Esta Conferencia adoptará, por
consenso, sus normas de gestión financiera, examinará la aplicación del
Convenio, y señalará los Protocolos y ajustes a los que haya lugar. De la misma
manera, facilitará el intercambio de información entre los Estados Partes.
Dicha Conferencia designará una
Secretaría Permanente y adoptará decisiones para su funcionamiento. La
Conferencia de las Partes podrá solicitar el apoyo de organizaciones
gubernamentales para el desarrollo de sus objetivos.
En cuanto a los recursos
financieros, cada Estado Parte prestará el apoyo financiero necesario para
alcanzar los objetivos del Convenio. De la misma forma, de acuerdo con sus
prioridades nacionales, establecerá alternativas económicamente viables a favor
de los productores de tabaco.
El Convenio señala que los
Estados Partes, representados en entidades gubernamentales, alentarán a estos
organismos para facilitar la ayuda económica a los países en vías de
desarrollo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el
Convenio.
4.8. Disposiciones relacionadas
con la vigencia y desarrollo del Convenio. La Parte IX señala que la vía
diplomática, la negociación o cualquier otro medio pacífico de solución de
controversias, son los medios idóneos para la solución de controversias que se
originen con ocasión de la aplicación del mismo.
La Parte X establece normas
para el desarrollo del Convenio en relación con su enmienda, adopción,
reservas, denuncia, derecho al veto, protocolos, firma, ratificación,
aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión y entrada en vigor.
5)
Constitucionalidad del Acuerdo sometido a revisión
51. Constitucionalidad general
del Acuerdo Marco, de su Preámbulo, sus finalidades y de sus principios
generales
El Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco es como su nombre
lo indica, un instrumento marco que señala las pautas generales en materia de
control de tabaco, permitiendo que los Estados, con base en su Constitución y
principios generales, determinen las medidas específicas en relación con el
control del tabaco.
En relación con los Acuerdos
Marco la jurisprudencia constitucional ha señalado que este instrumento “desarrolla las pautas generales para hacer
efectiva esa cooperación, la cual se concreta a través de la celebración de
nuevos acuerdos y contratos entre las empresas, organizaciones y firmas de
ambos países, con observancia de la legislación interna de los mismos.”[20]
De la misma manera en la sentencia C-047 de 1997[21] se dijo: “Este
Acuerdo,  es  un convenio marco, pues todas las regulaciones requieren la
adopción de convenios posteriores. El Acuerdo en revisión se limita a
establecer unos parámetros que han de tenerse en cuenta para la celebración de
futuros convenios entre los dos Estados partes,  en materia de cooperación
técnica y científica. Este,  que es el Acuerdo marco, en nada se opone a la
Constitución.”
Para esta Corporación, el “Convenio
Marco de la OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra el veintiuno
(21) de mayo de dos mil tres (2003), constituye un importante instrumento
internacional para evitar y contrarrestar las nefastas consecuencias del
consumo del tabaco, en especial para la salud y el  medio ambiente. En este
sentido se encuentra en consonancia con los artículos 9, 226 y 227 de la
Constitución, disposiciones que orientan la política exterior del Estado
Colombiano.
De la misma manera, es
importante resaltar varias cuestiones fundamentales en el estudio del presente
instrumento: (i) la Corte interpreta que las medidas encaminadas a la reducción
del consumo son  acciones estatales dirigidas a concientizar a la población de
las consecuencias adversas del consumo del tabaco y (ii) como su nombre lo
indica, el instrumento es un convenio marco que señala pautas generales para
los Estados, permitiendo que cada uno de ellos, con base en su Constitución y
principios generales, determinen las medidas específicas en relación con el
control del tabaco.
El Preámbulo reconoce la
evidencia enseñada por la ciencia respecto a las consecuencias nefastas del
consumo del tabaco, y muestra la preocupación de la comunidad internacional
frente al aumento del consumo y de la producció. Así mismo, señala, que se hace
necesario la implementación de estrategias mundiales para contrarrestar la
situación.
En este sentido, tal como lo
señala la Vista Fiscal el Convenio “afianza el proceso de integración al
establecer, desde su Preámbulo, la correspondencia del Convenio con otros
instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación de la mujer, la Convención sobre Derechos del Niño”.
La finalidad del Convenio,
señalada en su artículo 3, se enmarca en la protección de las generaciones
presentes y futuras frente a las consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo, y
por tanto, desarrolla los principios contenidos en los artículos 49, 78 y 79 de
la Carta. En efecto, dichas normas señalan la obligación del Estado en la
atención a la salud y saneamiento ambiental, en relación con el control de
bienes y servicios ofrecidos a la comunidad, así como de la información que
debe suministrarse al público en su comercialización, de la misma manera
establecen la responsabilidad de los productores de sustancias que atentan
contra la salud pública. Por otro lado, señalan el deber de toda persona de
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
Lo mismo puede señalarse de los
Principios Generales y las obligaciones de los Estados señalados en el
instrumento internacional en sus artículos 4 y 5. Estos artículos establecen:
(a) la obligación de información sobre los efectos nocivos del tabaco, (b) las
medidas que debe tomar el Estado para proteger a las personas frente a la
exposición del humo y reducir el consumo, (c) la necesidad de cooperación
internacional y de transferencia de tecnología entre los Estados, (d) la
participación de la sociedad civil en la prevención del consumo, (e) las
obligaciones referentes al apoyo a centros para el control de tabaco, (f) la
prevalencia del control de tabaco frente a los intereses económicos y (g) la
cooperación internacional para alcanzar los logros señalados en el Convenio.
Los principios y las
obligaciones generadas a los Estados Partes en este Convenio protegen el
derecho a la vida tanto de los fumadores pasivos como activos, derecho
protegido por el artículo 11 de la Carta Política.
En efecto, tal y como se señala
en la exposición de motivos del proyecto de Ley 1109 de 2006, estudios de la
Organización Mundial de la Salud han demostrado que la adicción al tabaco ha
traído consigo la disminución en las expectativas de vida de las personas. En
este sentido, el tabaquismo es un problema de salud pública que ocasiona un
alto índice de incapacidad y muertes prematuras por causa de enfermedades de
carácter crónico, degenerativas e irreversibles. En el caso particular de
Colombia, en el año 2000 hubo “17.473 muertes atribuibles al consumo de
tabaco. Nuestro país presenta índices altos de consumo, vemos como en los niños
y jóvenes es alarmante el uso experimental en los jóvenes de 12 a 17 años pasó
de 12.7% en 1993 a 18.6% en 1998. (Según ENFRECII 1998, Ministerio de Salud
Tomo II Tabaquismo)”.
Por otra parte, el Convenio
busca proteger a la niñez y a la juventud de la adicción producida por el
consumo de tabaco. En este sentido, desarrolla los artículos 44 y 45 de la
Carta. Según un estudio realizado por la OMS en la ciudad de Bogotá, “realizada
en el año 2001 en colegios oficiales, demostró que el 62% de los estudiantes de
Bogotá han probado alguna vez el cigarrillo y que el 30% de los estudiantes
entre sexto y noveno grado consumió en el último mes algún producto derivado
del tabaco, en su mayoría cigarrillos”.[22]
Por otra parte, el Convenio
protege los derechos de aquellas personas no fumadoras frente a la exposición
al tabaco, las cuales tienen derecho a respirar aire puro libre de humo;
protestar cuando se consuma tabaco y sus derivados en sitios prohibidos; y a
exigir que se obligue a suspender el consumo en estos sitios. Estas personas
también tienen el derecho a acudir ante la autoridad competente para defender
sus derechos como no fumadores y solicitar su protección; exigir publicidad
masiva de los efectos nocivos y mortales que produce el tabaco y la exposición
a su humo e informar a la autoridad competente cuando se infrinjan las normas,
tal y como lo establece el Convenio.
5.2. Medidas relacionadas con
la reducción de la demanda del tabaco. Parte III del Convenio
En cuanto a las medidas
relacionadas con la reducción del consumo del tabaco, establecidas en la Parte
III del Convenio, debe señalarse que tales estrategias no han sido ajenas a la
legislación interna, y así mismo, el punto ha sido desarrollado por la jurisprudencia
constitucional. En este sentido, desde hace algunos años la legislación
nacional ha procurado establecer una política de prevención y restricción al
consumo de tabaco. Entre algunos ejemplos encontramos:
"Decreto 3340 de 1982.
Dispone que las propagandas emitidas por televisión, deberían decir que el
cigarrillo es nocivo.   /Ministerio de Comunicaciones, Salud y Presidencia de
la República.
Decreto 3446 de 1982 Ministerio
de Comercio Exterior.  Establece que en los bienes y servicios que sean nocivos
para la salud "deberá indicarse claramente y en caracteres perfectamente
legibles, bien sea en sus etiquetas, envases o empaques o en un nexo que
incluya dentro de estos, su nocividad...".
Acuerdo 3 de 1983.  Concejo de
Bogotá.  Prohíbe fumar en cines, teatros, bibliotecas, museos, coliseos
deportivos cerrados, vehículos de uso público, espacios cerrados de colegios y
demás centros de enseñanza..."
Resolución 07559 de 1984.
Ministerio de Salud.  Crea el Consejo Nacional del Cigarrillo y Salud.
Decreto Ley 30 de 1986
"Estatuto Nacional de Estupefacientes" Ministerio de Gobierno,
Justicia y Salud, sólo podría expenderse cigarrillos y tabaco a personas
mayores.  Todo empaque de cigarrillo nacional o extranjero deberá llevar en el
extremo inferior de la etiquete, y ocupando una décima parte de ella, la
leyenda "El cigarrillo es nocivo para la salud..."
Decreto 3788 de 1986.
Reglamentación a la Ley 30 de 1986.  El Ministerio de Salud.  (hoy de la
Protección Social) Justicia y del Interior y Educación.  La Dirección de
Vigilancia y Control del Ministerio de Salud, a través de la Dirección de
Vigilancia de Productos Químicos, dispondrá las medidas conducentes para que
las empresas que elaboran y distribuyen cigarrillos y tabaco incluyan las
leyendas de acuerdo con la Ley 30...".
Resolución 1191 de 1987,
Instituto Nacional de Cancerología.  Prohibe el consumo de cigarrillo en sus
instalaciones."
Acuerdo 004 de octubre 19 de
2005, de la  Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, “por el cual se reglamenta
la publicidad de cigarrillo, tabaco y bebidas con contenido alcohólico en
televisión”[23]
Acuerdo 01 de 2006, por parte
de la misma Comisión Nacional de Televisión, que reglamenta la emisión de
publicidad de bebidas con contenido alcohólico, cigarrillos y tabaco en los
canales de televisión abierta, cerrada y satelital, que modifica el anterior. [24]”
En este sentido, la política de
restricción publicitaria de venta y consumo de cigarrillo y tabaco ha sido una
constante en nuestro ordenamiento jurídico y, en términos generales, busca la
protección del medio ambiente así como de los derechos de terceros que pueden
verse afectados con la exposición al humo. Persigue, además, prevenir la
adicción temprana. En efecto, tales medidas desarrollan el derecho a la salud y
la protección del medio ambiente contempladas en los artículos 78, 79, 80 y 81
del Estatuto Superior. En este sentido, la Corporación considera necesario
reiterar la constitucionalidad de tales medidas.
En la Sentencia C-524 de 1995[25] se señaló
sobre los límites de la libertad económica lo siguiente:
“La libertad de empresa le otorga a toda persona el
derecho de ejercer y desarrollar una determinada actividad económica, de
acuerdo con el modelo económico u organización institucional que, como ya se
anotó, en nuestro país lo es la economía de mercado, libertad que al tenor del
Estatuto Supremo no es absoluta, ya que el legislador está facultado para
limitar o restringir su alcance cuando así lo exijan "el interés social,
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación". Además, no puede
olvidarse que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social
qué cumplir, la que implica ciertas obligaciones, y que la libre competencia
económica "supone responsabilidades". El Estado al regular la
actividad económíca cuenta con facultades para establecer límites o restricciones
en aras de proteger la salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el
patrimonio cultural de la Nación, o por razones de interés general o bien
común. En consecuencia, puede exigir licencias de funcionamiento de las
empresas, permisos urbanísticos y ambientales, licencias sanitarias, de
seguridad, de idoneidad técnica.”
Tal posición fue reiterada en
la Sentencia C-623 de 2004[26]
donde se señaló:
“Puede decirse que la actividad
intervencionista del Estado en la economía pretende conciliar los intereses
privados presentes en la actividad empresarial de los particulares, con el
interés general que está involucrado en dicha actividad en ciertos casos, como
en el de la prestación de los servicios públicos que se vincula la satisfacción
de necesidades básicas de los ciudadanos. Por ello, en las normas de
intervención que así expide el legislador, está presente la tensión entre la
libertad de empresa y la prevalencia del interés general. [27].
Con fundamento en la citada providencia, la Corte
recientemente concluyó que las tensiones que se presentan entre las libertades
económicas y el principio de primacía del interés general; pueden conducir a la
limitación sobre dichas libertades (tales como, la libre competencia económica,
la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, etc), siempre y cuando (i)
se lleven a cabo por ministerio de la ley (C.P. art. 334); (ii) respeten el
núcleo esencial de la libertad objeto de limitación; (iii) obedezcan al
principio de solidaridad o algún otro principio o finalidad expresamente
señalados en la Constitución y, finalmente; (iv) respondan a criterios de razonabilidad
y proporcionalidad[28].
Se concluye entonces que la
Corte Constitucional ha señalado como legítimas aquellas medidas limitativas de
la libertad de empresa que se encuentran justificadas en la búsqueda de fines
constitucionalmente válidos y en la protección de bien común.
De igual forma, la Constitución hace un especial énfasis en el
papel interventor del Estado en la economía, a través de la ley, con el fin de
que por intermedio de diferentes acciones, se procure una mejor calidad de vida
(artículo 334). Dentro de esas acciones, cabe destacar el deber de regular el
control de la calidad de bienes y servicios prestados a la comunidad, la
racionalización de la economía y el cumplimiento de las finalidades sociales
del Estado, en particular, la solución de las necesidades insatisfechas de
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Si el
mejoramiento de la calidad de vida es una de las principales metas del Estado
colombiano, entonces el amparo y cuidado de las condiciones ecológicas son el
pilar esencial sobre el cual deben recaer todas las acciones que para ese
efecto se implementen
Así las cosas para la Corte es claro que si uno de los propósitos
fundamentales del Estado se encuentra dirigido al mejoramiento de la calidad de
vida de los conciudadanos, es lógica y necesaria su intervención en algunas de
las actividades económicas, mediante la cual se protejen los derechos de la
colectividad.
En este marco la Corte pasará a
estudiar, puntualmente, la constitucionalidad de las medidas adoptadas en el
instrumento:
5.3. Medidas relacionadas con
los precios e impuestos para reducir la demanda del tabaco y aquellas no
relacionadas con ellas
En los artículos 6 y 7 el
Convenio insta a los Estados a reconocer que las medidas de impuestos y precio
son herramientas importantes para reducir el consumo del tabaco. En este
sentido, reconociendo la soberanía tributaria de cada Estado, señala que los
productos del tabaco deberán ser objetos de políticas especiales.
La Corporación considera que
tales disposiciones se ajustan a la Carta, toda vez que el instrumento se
limita a señalar directrices en materia tributaria, y respeta el derecho
soberano de los Estados a decidir y establecer su propia política fiscal,
facultad reconocida por el artículo 338 de la Carta Política. Lo mismo puede
decirse del reconocimiento que hace el Convenio en relación con la eficacia de
las medidas legislativas, ejecutivas y administrativas para prevenir el consumo
del tabaco.
5.4. Medidas relacionadas con
la protección de las personas contra la exposición al humo de tabaco.
El instrumento en su artículo 8
obliga a los Estados Partes a adoptar y aplicar medidas legislativas, administrativas
para proteger espacios públicos y de transporte libre de humo. La Corte
Constitucional considera que esta obligación a cargo de los Estados se
encuentra encaminada a proteger los derechos de los no fumadores y del medio
ambiente, y por tanto desarrolla los principios de protección a la salud y a un
medio ambiente sano establecidos en la Carta Política en sus artículos 49, 78,
79, 80 y 81.
Al respecto, cabe reiterar lo
dicho por la Corte en Sentencia C-529 de 2003[29], en relación con la restricción de
fumar en el transporte público, en esa oportunidad consideró lo siguiente:
“La importancia y el carácter
riesgoso del tránsito vehicular justifican entonces que esta actividad
pueda ser regulada de manera intensa por el Legislador, quien puede señalar
reglas y requisitos destinados a salvaguardar la vida e integridad de las
personas, así como a proteger los bienes y propiedades. Por ello esta Corte ha
resaltado que el tránsito es una actividad “frente a la cual se ha considerado
legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de garantizar
el orden y proteger los derechos de las personas” El control constitucional
ejercido sobre las regulaciones de tránsito debe entonces ser dúctil, a fin de
no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración y de las facultades
del Legislador para regular el tránsito, debido a su carácter riesgoso. Con
esos criterios entra entonces la Corte a estudiar los cargos contra los
parágrafos acusados.” (Negrilla fuera de texto).
En idéntica línea la Sentencia
C-355 de 2003[30], estudió
la constitucionalidad de la sanción a imponer a las personas sorprendidas
fumando mientras conducen, y concluyó
“Entonces,
es evidente que el Parágrafo del artículo 134 de la Ley 769 de 2002 persigue un
fin constitucional válido como lo es la seguridad vial, y por lo tanto, la
sanción allí establecida para el conductor que sea sorprendido fumando mientras
conduce se ajusta a la Constitución.”
5.5. Medidas relacionadas con
el contenido de los productos del tabaco
Los artículos 9, 10, 11 y 12
del Convenio bajo estudio, establecen la obligación para los Estados de
investigar e informar al público sobre las emisiones tóxicas relacionadas con
el consumo de tabaco. Así mismo,  los Estados exigirán a los fabricantes que
revelen tanto a las autoridades como a los consumidores en forma grande, clara
y legible: (i) los efectos nocivos del consumo y (ii) los componentes que contiene
el producto, evitando expresiones que lleven a equívocos, tales como ligeros o
ultra ligeros.
Frente al punto, ha dicho la
jurisprudencia que en virtud del artículo 78 del Estatuto Superior, compete al
legislador regular el control de calidad de los bienes y servicios que se
ofrezcan y presten a la comunidad, como también la información que debe
suministrarse al público en su comercialización. Así mismo, ha considerado que
la calidad incluye el índice de contaminación o efectos nocivos, como de todas
las características relacionadas con el producto. La providencia señaló:
“La calidad incluye la
determinación de su nivel o índice de contaminación y de los efectos conocidos
que ese nivel de contaminación puede producir". Igualmente, se regula la
información que debe contener el artículo ofrecido al público, a saber: los
componentes, usos, volumen, peso o medida, precio, forma de empleo,
características, propiedades, cantidad, etc, a la vez que se consagran
sanciones para los productores que incumplan con la idoneidad y calidad de los
bienes y servicios.
El consumo de bebidas
alcohólicas, cigarrillos y tabaco, ha sido catalogado por la misma ley 30 de
1986, en sus artículos 16 y 17, como nocivo para la salud de quienes los
utilizan, criterio que coincide con los conceptos médicos que se han allegado
al expediente y a los cuales se hará alusión más adelante.
El artículo 17 del decreto
precitado, regula la propaganda e información de bienes o servicios, que por su
naturaleza o componentes, sean nocivos para la salud y es así como dispone que
en este caso, "deberá indicarse claramente y en caracteres perfectamente
legibles, bien sea en sus etiquetas, envases o empaques o en un anexo que se
incluya dentro de éstos, su nocividad y las condiciones o indicaciones
necesarias para su correcta utilización, así como las contraindicaciones del
caso" y, en la propaganda comercial que se haga de ellos "se
advertirá claramente al público acerca de su nocividad....".[31]
En consecuencia, tales
obligaciones son constitucionales al desarrollar claros preceptos de la Carta.
5.6. Medidas relacionadas con
la promoción y patrocinio del tabaco
La Convención, en sus artículos
10, 11, 12 y 13, insta a Las Partes para que, de acuerdo con sus normas
constitucionales, establezca una política restrictiva frente a la publicidad y
promoción del tabaco.
En cuanto al punto específico
de la restricción de la publicidad del tabaco la jurisprudencia ha señalado que
el mercado, entendido como el desenvolvimiento de los procesos de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios, está gobernado por la ley de la
oferta y la demanda. El empresario tiene plena libertad de iniciativa para
escoger los instrumentos que considere idóneos y eficaces para ofrecer o
anunciar sus productos, siempre y cuando no atenten contra el bien común, los
derechos fundamentales, la función social de la empresa, las leyes reguladoras
de la actividad económica, y la información que debe suministrarse al público
en la comercialización de los productos. Dentro de esos mecanismos se encuentra
la publicidad o propaganda del bien o servicio a través de los distintos medios
de comunicación.[32]
Sin embargo, ha reiterado la
Corte, tal facultad puede ser limitada en aras de la protección  de “fines
plausibles como son: el interés general, la vida, la salud, la seguridad y los
derechos de los niños”. Es por ello que la Corte consideró constitucionales
las limitaciones establecidas en la publicidad por radio y televisión de
bebidas alcohólicas, cigarrillo y tabaco, permitida, únicamente, entre las once
de la noche y las seis de la mañana del día siguiente, y en los cinematógrafos
en la proyección de películas aptas para adultos. En efecto, esto se encuentra
conforme con la protección a la niñez y la juventud señalada en los artículos
44 y 45 de la Constitución.
Por lo anterior, las medidas
por las que propugna el Convenio pueden considerarse como constitucionalmente
validas y legítimas, teniendo en cuenta, además, que éste reconoce y respeta
las decisiones soberanas de los Estados en cuanto al tema de la restricción
total o parcial de la publicidad del tabaco.
5.7. Medidas relacionadas con la
reducción de la oferta y la demanda del consumo del tabaco.
El Convenio, en sus
disposiciones 14, 15 y 16, establece medidas tanto para disminuir la oferta
como la demanda en el consumo del tabaco y consistentes en (i) acciones
relacionadas con el abandono del consumo, (ii) acciones encaminadas a evitar el
comercio ilícito del tabaco y (ii) la prohibición de venta de tabaco a menores
de edad.
La Corporación observa que en forma
lenta la sociedad ha venido comprendiendo el riesgo que representa el  consumo
de tabaco. Hoy se sabe que el humo del cigarrillo está compuesto por sustancias
productoras de cáncer, “muchos de los compuestos que contienen y el humo que
producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos”.[33]
El grave impacto que tiene el
tabaco en la vida de las personas, motiva las medidas que busquen abandonar el
consumo de tabaco protegiendo la salud de los consumidores, y en forma
indirecta su vida, objetivos señalados por el constituyente en el artículo 49
cuando considera que “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad”. Así mismo, entiende la Corte
que los desafíos que plantea la globalización del consumo y sus consecuencias
económicas, sociales y ambientales, representan enormes retos en materia de
salud pública que deben ser abordados por todos los poderes del Estado.
Así mismo, reitera esta
Corporación que el Convenio deja a las partes en la libertad de determinar
legislativamente el contenido específico de las acciones, de acuerdo con su
Constitución, y por tanto, respeta la soberanía de los Estados en cuanto a la
imposición de medidas limitativas.
En relación con las acciones encaminadas a
evitar el comercio ilícito de productos del tabaco, tales medidas protegen el
patrimonio de la Nación, y por tanto, no riñen con artículo alguno de la Carta.
De hecho, en la Sentencia C-194 de 1998[34] se consideró que las acciones
encaminadas a evitar el contrabando de productos resultan legítimas toda vez
que “se acentúa día a día y en forma grave el déficit fiscal y reducían
considerablemente los ingresos de la Nación, con mecanismos de control y
represión, severos y radicales, tales como: la implementación de instrumentos
ágiles para detectar fraudes en contra del erario, de forma tal que la
administración cuente con los mecanismos idóneos para determinar la situación
fiscal, y de otro lado, en el ámbito represivo, la tipificación de conductas
que afectan gravemente el erario, como el contrabando”.
En cuanto a la prohibición de venta de
tabaco a menores de edad tal disposición se encuentra encaminada a proteger el
derecho a la salud de los niños que en virtud del artículo 44 de la Carta
Política tiene el carácter de fundamental, así como la especial protección a la
juventud consagrada en el artículo 45 constitucional. Así mismo, desarrolla las
medidas de protección a favor de la infancia contenidas en la Convención
Internacional sobre las Derechos del Niño aprobada mediante la Ley 12 de 1991.
Considera la Corporación que en los niños el consumo de tabaco tiene mayor
incidencia nociva en su salud por encontrarse en plena etapa de desarrollo y además
por carecer de la capacidad de autodeterminación y de autorregulación, movidos
principalmente por las influencias externas.
5.8. Medidas relacionadas con
la protección del  medio ambiente
El Convenio, en su Parte V y VI
conformada por los artículos 18 y 19, señala que los Estados Partes, en
cooperación con las organizaciones intergubernamentales, promoverán las medidas
para la protección del medio ambiente en las zonas de cultivo de tabaco, y
ofrecerán a los cultivadores alternativas económicas (art 17 y 18).
Esta Corporación considera que la defensa
del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual
estructura de nuestro Estado Social de Derecho, señalado en el artículo 79 de
la Norma Superior.
En efecto, en cuanto hace parte del
entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las
generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de la
Constitución Política. En ella se consagra un conjunto de disposiciones
superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse
las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida,
propugnan por su conservación y protección. En este sentido, resulta válido
exigir al Estado la protección del mismo, y la adopción de todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de tal fin.
5.9. Medidas relacionadas con la
Cooperación Técnica y Científica y Comunicación de Información. Arreglos
Institucionales y recursos Financieros. Parte VII y VIII
Los artículos 19, 20, 21 y 22 establecen
mecanismos de cooperación entre los Estados Parte para determinar la
responsabilidad penal y civil de las personas que incumplan las medidas
adoptadas por los Estados en virtud del Convenio. Así mismo, señalan formas de
investigación, vigilancia e intercambio de información sobre el control del
tabaco.
Por otro lado, los artículos 23 a 26
establecen la llamada Conferencia de las Partes. La primera reunión de esta
Conferencia será convocada por la Organización Mundial de la Salud a más tardar
un año después de la entrada en vigor del Convenio. En estas reuniones se
examinará la aplicación del Convenio y el perfeccionamiento periódico de
metodologías comparables de investigación y acopio de datos. De la misma
manera, se crea una Secretaría que presta apoyo a las partes en la aplicación
del instrumento internacional.
Para la Corporación estos mecanismos
desarrollan los artículos 9, 226 y 227 de la Carta Fundamental, que establece
la obligación que le incumbe al Estado colombiano de promover la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas, en aras de impulsar el fortalecimiento de los procesos de
integración sobre bases de equidad, reciprocidad, igualdad y conveniencia
nacional.
Por último, en los artículos 27 a 38 se
señalan los mecanismos para su aprobación, puesta en vigor y modificación.
Estos últimos artículos no suscitan ningún interrogante constitucional, pues se
trata de una norma que desarrolla el acatamiento de los principios del derecho de
los tratados, que Colombia ha tradicionalmente aceptado (C.P. art. 9°), y que
regula la fuerza jurídica de este instrumento internacional.
Del análisis anterior puede concluirse que
el texto del “Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco”,  que
se sometió a estudio, es concordante con las normas constitucionales
pertinentes y, por tanto, debe declararse su exequibilidad, así como la de la
ley que le dio su aprobación.
VI.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Convenio
Marco de la OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno
(21) de mayo de dos mil tres (2003)”.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la
Ley 1109 de 2006 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio Marco de la
OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de
mayo de dos mil tres (2003)”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
AUSENTE EN COMISON
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
CATALINA BOTERO MARINO
Magistrada (E)
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-665 DE 2007
PRINCIPIO DEMOCRATICO EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Vulneración
porque el anuncio de votación se hizo antes de la publicación del informe de
ponencia (Salvamento de voto)
Si bien es cierto que dentro de la redacción del texto
constitucional  no se consagra de manera expresa  que la publicación del
informe de ponencia para debate debe hacerse antes de la realización del
anuncio de la votación, también lo es que, la complitud del significado de una
disposición constitucional, sólo puede conseguirse al considerar, al mismo
tiempo, las disposiciones restantes que han sido inscritas en el texto
constitucional. En tal sentido, los preceptos superiores deben interpretarse de
manera armónica y sistemática a fin de asegurar la lógica y los fines del
trámite legislativo que es una garantía fundamental del principio democrático.
Lo anterior significa que el texto del artículo 160 superior al ser
interpretado con las demás normas constitucionales impone que el informe del
proyecto de ponencia deba realizarse con anterioridad al anuncio de la
votación. En efecto, debe precisarse que, una aplicación coherente de los
preceptos que regulan el trámite legislativo muestra la necesidad de seguir un
orden lógico en el procedimiento de creación de las leyes, lo razonable es que
primero se conozca el texto en virtud del informe de ponencia y luego se
realice el anuncio de la votación para que los congresistas puedan saber a que
proyecto de ley está haciendo referencia el aviso. En el caso concreto el
anuncio de la votación se hizo un día antes de la publicación del informe de la
ponencia para primer debate. Al no haberse publicado antes, implica que los
congresistas no sabían a que proyecto de ley se refería el aviso. Por tal
motivo, considero que no se cumplió en debida forma con los  requisitos
establecidos en el artículo 160 de la Constitución Política, y con ello se
desconoció el principio democrático.
Referencia: expediente LAT-301
Magistrado ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Revisión de constitucionalidad de la Ley
1109 de 2006, por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud, OMS, para el control del tabaco”, hecho
en Ginebra el 21 de mayo de 2003.
Con el acostumbrado respecto, el suscrito Magistrado
disiente de la decisión mayoritaria que declaró exequible la Ley 1109 de 2006,
por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, para el control del tabaco”, hecho en Ginebra el
21 de mayo de 2003.
Consideró la mayoría que el anuncio de la votación
puede realizarse antes de la  publicación del informe de ponencia o del
proyecto de ley aprobatoria de un  tratado internacional sin que ello llegue a
constituir un vicio en la formación de la ley, decisión de la cual me aparto
por considerar que aceptar tal situación iría en contra de la filosofía misma
de este requisito y desconocería el principio democrático.
En efecto, a partir de la irregularidad planteada por
el Procurador General de la Nación respecto del momento en que se realizó el
anuncio de la votación durante el trámite de primer debate en la Comisión Segunda
del Senado, ésta Corporación realizó el siguiente análisis:
“… [e]n el caso que nos ocupa puede
observarse que lo que extraña el Procurador no es la falta de publicación de la
ponencia previo el debate, puesto que efectivamente el debate y la aprobación
se produjeron el 29 de marzo de 2006, y la publicación de la ponencia el 14 de
diciembre de 2005, sino la no publicación del informe de la ponencia antes
de haberse realizado el anuncio (13 de diciembre de 2005). (Negrillas fuera del texto)
La Corporación considera que tal debate
puede resolverse con un análisis de los siguientes puntos: (i) el objeto
perseguido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 en cuanto al
trámite de las leyes aprobatorias de los tratados públicos y (ii) la finalidad
constitucional del cumplimiento del artículo 156 del Reglamento del Congreso.
(…)
Se tiene entonces que la finalidad del
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, es el conocimiento por parte de la
célula legislativa de los proyectos de ley que serán discutidos en la siguiente
sesión.  Ciertamente, estos proyectos de ley con sus respectivas ponencias
deberán ser conocidos por los Congresistas en forma previa al debate, sin
embargo, la disposición constitucional no consagra que la publicación del
informe de ponencia debe hacerse antes de la realización del anuncio.  Resulta
claro también que no son equiparables los conceptos de debate y anuncio.
(…)
“Sin embargo, la jurisprudencia es clara en
señalar que el requisito establecido en el artículo 156 del Reglamento de
Congreso se refiere a la publicación del  informe de ponencia previo al debate,
y por tanto, no resulta procedente establecer una analogía frente al anuncio.
En ese sentido podría concluirse que tanto el anuncio como la publicación de la
ponencia deben realizarse en forma previa al debate y votación, pero no existe
un condicionamiento dirigido a exigir que la publicación de la ponencia sea
previa al anuncio.
En el caso en estudio, puede observarse que
se cumplió con el requisito señalado en el artículo 156 del Reglamento del
Congreso, toda vez que el Proyecto de Ley fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 699 del 7 de octubre de 2005.  el proyecto fue discutido y
aprobado el 29 de marzo de 2006, tal como se había anunciado previamente
(Gaceta del Congreso No. 221 del 28 de junio de 2006).  Es decir, el informe de
ponencia fue conocido por todos los miembros de la célula legislativa en forma
previa al debate.
A mi juicio la anterior postura es contraria al
ordenamiento constitucional, por las razones que expongo a continuación.
Para empezar resulta conveniente señalar la premisa
metodológica a partir de la cual han sido ordenados los argumentos construidos
alrededor del “requisito de anuncio previo de votación”.   Así, en
primer lugar (i) se presentarán algunas consideraciones en torno al tema de la
forma en que debe realizarse el anuncio, argumentos que están dirigidos a
determinar cómo debe hacerse este aviso. Una vez precisado lo anterior, (ii) se
analizará lo relacionado con el momento en que debe realizarse el anuncio, a
fin de determinar cuándo ha de producirse este requisito dentro del trámite
legislativo. Finalmente (iii) se hará referencia al caso concreto.
(i) La forma en que debe realizarse el anuncio.
El punto de partida acerca de la forma como debe
realizarse el anuncio de la votación lo constituye el enunciado del artículo 8º
del Acto Legislativo 01 de 2003 que adicionó el artículo 160 superior, en el se
establece que: “ningún proyecto de ley será sometido a votación diferente de
aquella que previamente se haya anunciado.  El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se hará la votación”.
A la luz de la norma trascrita esta Corporación ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en numerosos fallos sobre el cumplimiento
del requisito del anuncio en materia de leyes aprobatorias de tratados
internacionales, línea jurisprudencial que ha ido evolucionando hacia una
compresión más flexible de las exigencias que deben cumplirse respecto de este
aviso. En lo que tiene que ver con la forma en que debe realizarse,  conviene
señalar que no existe una fórmula sacramental; sin embargo, la jurisprudencia
constitucional ha establecido algunos requisitos que deben cumplirse, entre los
cuales puede mencionarse el empleo de términos que den certeza respecto de las
fechas en que van a realizarse las sesiones para las cuales se da el aviso, con
lo cual si bien no se exige la determinación exacta del día en el que se va a
efectuar la futura votación, por lo menos debe señalarse un término cierto y
determinable.
En consonancia con lo anterior, esta Corporación en
sentencia C-533 de 2004, referente al control de constitucionalidad sobre el
texto del “Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la
República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia”, y de
su ley aprobatoria,  señaló que la finalidad del artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003 consistía en que los congresistas pudiesen conocer
previamente cuáles proyectos de ley serán sometidos a votación “sin que
pueda sorprendérseles con votaciones intempestivas”; que igualmente, aunque
no se determinase con exactitud la fecha para adelantar la votación, se trataba
de un término cierto y determinable. De igual manera, en Auto 038 de 2004, el
juez constitucional consideró que el nuevo requisito de procedimiento
legislativo previsto en el Acto Legislativo No. 01 de 2003, se acreditaba con “anunciar
en sesión previa que se convocará para votación en una fecha futura
prefijada”.
Adicionalmente, ese mismo año, en sentencia C-557 la
Corte Constitucional declaró exequible el “Convenio de Tampere sobre el
suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes
y las operaciones de socorro en casos de catástrofe”, al igual que su ley
aprobatoria, por cuanto el proyecto de ley había sido sometido a votación en la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y en
la Plenaria de ésta en sesión previamente anunciada, en tanto que dicho
requisito no resultaba aplicable al trámite en el Senado, por haberse
desarrollado el mismo en su totalidad con anterioridad a la iniciación de la
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2003. Otro tanto sucedió en sentencia C-
619 de 2004, referente al control de constitucionalidad sobre el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal” y su ley aprobatoria,
por cuanto la Corte estimó que el proyecto de ley había sido previamente
anunciado a su votación en las correspondientes Comisiones y Cámaras.
Luego, en sentencia C-780 de 2004 la Corte
revisó la constitucionalidad del “Protocolo modificatorio a la ‘Convención
de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, y de
su correspondiente ley aprobatoria. Esta Corporación encontró que el anuncio
para la votación del proyecto en el primer debate en la Cámara de
Representantes no indicaba una fecha cierta y precisa, habiéndose indicado que
el mismo sería votado “la próxima semana”, irregularidad que no
constituyó un vicio en el procedimiento.
Posteriormente, en sentencia C- 400 de 2005, la Corte adelantó la revisión oficiosa de la Ley 899 de julio
21 de 2004, “Por medio de la cual se aprueba el
´Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de
los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado´, hecho en La Haya el
veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”, declarándola inexequible, ya que
no se cumplió con los anuncios previos que debían darse, en los términos de
certeza señalados por dicha norma, tanto a los congresistas como a la
ciudadanía en general, respecto a la fecha de las sesiones en que se iban a
llevar a cabo las votaciones correspondientes a los diferentes debates. En la
mencionada providencia, el juez constitucional consideró en relación con el
requisito señalado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 que ( i )
las fórmulas utilizadas para el anuncio deben dar certeza, respecto de
las fechas de realización de las sesiones para las cuales se dio aviso;
( ii ) a la luz de lo dispuesto por la Constitución, el anuncio debe hacerse
para la votación del proyecto de ley, aunque, en ocasiones, el contexto
en el que aquél se realiza da a entender que se cumplió lo dispuesto en el
artículo 160 Superior; ( iii ) resulta inadmisible el anuncio realizado sin
especificar la razón del mismo o llevado a cabo para la discusión y no
para la votación del proyecto; y ( iv ) la naturaleza de estos yerros  no
permite su subsanación, dado que se está  en presencia de un vicio de
procedimiento con una significación constitucional evidente, así el proyecto de
ley haya sido votado por unanimidad.
Por otra parte, la Corte Constitucional en
sentencia C-473 de 2005 conoció de un caso en el cual el anuncio prescrito por
el artículo 160 constitucional se había dado con palabras diferentes a
votación. No obstante, se encontró que, más allá del término empleado, no se
había incurrido en un vicio de procedimiento puesto que lo dicho durante la
sesión daba a entender que se estaba haciendo alusión a la votación del
proyecto de ley. En concreto, el legislador había empleado el vocablo “considerar”,
el cual, según la interpretación acordada por la Corte, en el ámbito
parlamentario “comprende tanto la discusión como la votación”.
De igual manera, esta Corporación, en sentencia C- 241 de 2006 declaró inexequible
la Ley 968 del 13 de julio de 2005 "Por medio de
la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador”, ya que en el trámite de la ley de la
referencia no se cumplió con la finalidad del artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, toda vez que en una ocasión no existió claridad acerca del anuncio
de la votación del proyecto en la siguiente sesión, motivo por el cual los
congresistas no pudieron tener la certeza del momento en que se iban a realizar
las votaciones. En esa oportunidad, la Corte sistematizó las reglas
jurisprudenciales referentes al requisito del anuncio en los siguientes
términos:
“Con fundamento en el anterior análisis
jurisprudencial, para el cumplimiento de lo señalado en el Acto Legislativo se
puede afirmar que (i) se hace necesario que así no esté exactamente
determinada, la fecha de votación sea determinable; (ii) se hace imposible el
cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003,
si el anuncio para la votación se da el mismo día que ésta; (iii) la
contextualización que se da con la mención de que se está cumpliendo con los
requisitos del Acto Legislativo fortalece el que el anuncio de votación sea
válido a la luz de la Carta; (iv) no existe una fórmula textual específica para
realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la finalidad del
anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada caso; (vi) si
bien la omisión del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003
es, en principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves
irregularidades en el anuncio se presentan en el primero de los debates de todo
el trámite de aprobación de la ley.
El incumplimiento del requisito constitucional del
anuncio se volvió a evidenciar en la sentencia C- 420 de 2006 mediante la cual
la Corte declaró inexequible la ley por medio de la cual  se aprueba el "Convenio
Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de
Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”. Sobre el particular,
la Corte llama la atención sobre el hecho de que mediante Auto 88 de 2005 la
Sala Plena había devuelto la misma ley aprobatoria al Congreso de la República
para efectos de que “se subsane el vicio en que se incurrió y en
consecuencia se rehaga la  votación en segundo debate en la Plenaria de dicha
cámara legislativa, dando cumplimiento al requisito establecido en el artículo
8º del Acto Legislativo No. 01 de 2003,  cuyo desconocimiento es el que
precisamente ha sido identificado por la Corte”. En otras palabras, el
mismo instrumento internacional ha sido indebidamente tramitado por el Congreso
en dos ocasiones, debido al incumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo
01 de 2003.
De igual manera, la Corte en sentencia C-
576 de 2006 declaró inexequible la Ley 994 de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Convenio
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, debido a que no
se anunció la sesión en la cual se votaría el proyecto debido al rompimiento de
la cadena de anuncios. En tal ocasión, el Tribunal Constitucional llevó a cabo
un cambio en la jurisprudencia en cuanto a la subsanabilidad de un vicio
relativo a la omisión del anuncio previo a la votación de una ley que aprueba
un tratado internacional, en el sentido de considerar que “una falencia en
el cumplimiento el requisito del anuncio previo establecido en el artículo 160
C.P. hasta la votación en la Plenaria del Senado se considera como un vicio en
el trámite legislativo insubsanable que desencadenará la declaratoria de
inexequibilidad de la ley aprobatoria de un tratado internacional. De otro
lado, una falencia en el cumplimiento del mencionado requisito en un momento
posterior a la votación en la Plenaria del Senado se considera un vicio
subsanable que desencadenará la devolución de la ley aprobatoria de un tratado
internacional al Congreso para que subsane el vicio y continúe su trámite desde
el momento en que se produjo, cuando se reúnan las demás condiciones de
subsanabilidad”
Por último, en materia de anuncios de
votaciones, la Corte en sentencia C- 649 de 2006, mediante la cual declaró inexequible
la Ley 992 de 2005 por medio de la cual se aprobó el "Acuerdo para
el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayuu
de la República de Colombia y de la República de Venezuela", consideró que “la palabra utilizada y el contexto en el que se dio,
no permiten inferir, el cumplimiento del mandato contenido en el último inciso
del artículo 160 constitucional tal como quedó modificado por el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003”.
En definitiva, se tiene que el aviso previo es un
requisito constitucional respecto del cual se han precisando algunos elementos
que se han ido flexibilizando, pero en los que siempre debe estar presente la
claridad sobre cuando se va a producir la votación. En tal sentido, debe
precisarse que establecer reglas claras sobre la forma en que deben realizarse
los anuncios es de notable importancia, en la medida en que, tras la existencia
de este requisito yace una variedad considerable de principios constitucionales
tales como el principio democrático y su interpretación acorde con el principio
in dubio pro legislatoris.
(ii) El momento en que debe realizarse el anuncio.
La jurisprudencia constitucional también se ha ocupado
del tema relacionado con el momento en que debe producirse el anuncio para que
éste se entienda válidamente realizado, asunto que está íntimamente ligado con
el requisito anterior, pues no basta con efectuar el aviso de la forma correcta
sino que es indispensable que éste se realice de manera oportuna a fin de
garantizar los principios de publicidad y transparencia dentro del trámite
legislativo.
Así pues, esta Corporación ha establecido que cuando
el anuncio y la votación tienen lugar en la misma sesión se genera un vicio
insubsanable.  En efecto, mediante sentencias C- 333 de 2005, la Corte
revisó la constitucionalidad de la Ley 898 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el
Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3)
de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”, encontrando
que se había presentado un vicio de procedimiento insubsanable por
cuanto “se anunció el debate y votación del Proyecto de Ley No. 206 de
2003, en la misma sesión en que fue
aprobado”. En dicha providencia, se dejó sentado que ( i ) se trataba
de un vicio de procedimiento con significación constitucional evidente;
( ii ) el anuncio es un requisito impuesto por norma fundamental del
Estado; ( iii ) los incumplimientos del mismo, generan invalidez de la ley; y (
iv ) los fines del anuncio son los siguientes: afianzamiento del principio
democrático, respeto por las minorías parlamentarias, la publicidad y
transparencia del proceso legislativo.
En otra oportunidad, la Corte Constitucional se refirió a la
importancia de seguir las secuencias de las citaciones y anuncios.  Así, en
providencia C- 930 de 2005 declaró inexequible la Ley 943 del 8 de
febrero de 2005, por medio de la cual se aprobó el “Convenio
de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de
estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de La
Paz a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”, por cuanto el requisito del anuncio de la
votación se dejó de cumplir debido al rompimiento de la secuencia de
citaciones y anuncios, es decir, la votación se llevó a cabo en una sesión
distinta a la que fue anunciada. De igual manera, se estimó que la omisión del
anuncio para la votación era un vicio de procedimiento que afectaba el trámite
subsiguiente puesto que, en atención del principio de consecutividad, la
validez de cada una de las etapas del procedimiento para la formación de las
leyes depende, a su vez, de la validez de las actuaciones antecedentes.
De igual forma, en sentencia C- 644 de 2004 esta
Corporación examinó la situación que se presenta cuando en una sesión inicial
se produce el anuncio pero finalmente se deja una constancia en el sentido de
que el proyecto será discutido y aprobado en una sesión distinta:
“Esta Corporación ha reconocido que la finalidad
pretendida por la citada norma constitucional, es permitir a los Congresistas
saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones
presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de
los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones
intempestivas[35].
Bajo esta perspectiva, la Corte ha establecido que se
cumple con la citada exigencia constitucional, cuando en una sesión inicial
se ordena la lectura y se deja constancia de los proyectos que serán discutidos
y votados en una sesión diferente, siempre y cuando se convoque para su
aprobación en una fecha futura prefijada, la cual resulte al menos
determinable. (negrillas
originales )[36].
Lo dicho hasta aquí expresa la idea que no solo la
forma en que se realiza el anuncio de la votación es importante sino el tiempo
en que se efectúa, por tanto resulta necesario precisar que en virtud del artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003, el anuncio debe preceder a la votación,
con lo cual  no es posible anunciar y votar un proyecto de ley en la misma
sesión.  En otras palabras, es claro que el aviso y la votación deben tener
lugar en sesiones distintas.
De igual forma, debe anotarse que si bien es cierto
que dentro de la redacción del texto constitucional  no se consagra de manera
expresa  que la publicación del informe de ponencia para debate debe hacerse
antes de la realización del anuncio de la votación, también lo es que, la
complitud del significado de una disposición constitucional, sólo puede
conseguirse al considerar, al mismo tiempo, las disposiciones restantes que han
sido inscritas en el texto constitucional.  En tal sentido, los preceptos superiores
deben interpretarse de manera armónica y sistemática a fin de asegurar la
lógica y los fines del trámite legislativo que es una garantía fundamental del
principio democrático.
Lo anterior significa que el texto del artículo 160
superior al ser interpretado con las demás normas constitucionales impone que
el informe del proyecto de ponencia deba realizarse con anterioridad al anuncio
de la votación. En efecto, debe precisarse que, una aplicación coherente de los
preceptos que regulan el trámite legislativo muestra la necesidad de seguir un
orden lógico en el procedimiento de creación de las leyes, lo razonable es que
primero se conozca el texto en virtud del informe de ponencia y luego se
realice el anuncio de la votación para que los congresistas puedan saber a que
proyecto de ley está haciendo referencia el aviso. No resulta sensato anunciar
la futura votación de un proyecto del que aún no se tiene conocimiento de su
existencia.
La anterior argumentación se refuerza aún más si se
tiene en cuenta que el informe de ponencia tiene lugar dentro del proceso de
formación de la ley y constituye un requisito indispensable de procedibilidad
de los debates que se presentan en desenvolvimiento del iter legis.
Además su principal propósito es poner en conocimiento a los Congresistas sobre
el proyecto que va a ser debatido, a fin de propiciar una decisión informada,
consciente y reflexiva.
Así pues, que el informe de ponencia se haya rendido
con antelación al anuncio, resulta ser un requerimiento que armoniza con el
propósito perseguido con la norma contenida en el articulo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003, que no es otro distinto que la obtención de una
votación no sorpresiva e informada precedida del suficiente análisis y reflexión.
De esta manera, la relación existente entre los
momentos en que se llevan a cabo los anuncios y la publicación de los informes
de debate presenta gran relevancia constitucional, por tanto no es suficiente
decir que se cumplió con cada uno de estos requisitos de manera aislada, sino
que es necesario armonizarlos.  En efecto, puede afirmarse que existe una
estrecha relación entre cada una de las etapas del trámite legislativo  que en
definitiva impone al legislador la obligación de desarrollarlas de acuerdo con
un orden lógico y no de cualquier manera, pues entender lo contrario
desnaturaliza la democracia misma a tal punto que la realización del anuncio de
la votación no puede hacerse en cualquier momento sino en aquel que garantice a
las personas interesadas la trasparencia y publicidad suficiente del proceso,
lo cual solo puede lograrse si se realiza después que se ha publicado el
proyecto de ley y su informe.
No cabe duda que la jurisprudencia constitucional ha
conferido una gran importancia al requisito del anuncio previo. En tal sentido
no es posible considerarlo como una mera formalidad por cuanto cumple con un
propósito específico vinculado a la idea de afianzar y profundizar el sistema
democrático así como la necesidad de racionalizar la actividad del Congreso
mediante la adopción de un conjunto de medidas y reglas procedimentales.
Resulta, pues, congruente con estos fines, que, con suficiente antelación a la
votación, quienes deban resolver sobre si aprueban o no un proyecto de ley se
informen y adquieran conocimiento suficiente sobre la materia respecto de la
cual recaerá la decisión.  De otro modo se desvirtuaría el proceso de creación
legislativa y se reduciría a ser una instancia en la que las decisiones se
adoptan de manera irreflexiva y desinformada.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que para
que la voluntad legislativa sea válida es necesario el estricto y riguroso
cumplimiento de todos los requisitos que impone la Constitución y la ley, pues
tales exigencia materializan elementos propios del principio democrático como
son la publicidad, la participación política, las garantías de la oposición y
la transparencia del debate parlamentario, por tanto su trasgresión afecta la
validez del acto jurídico en dos planos igualmente importantes: de cara a la
legitimidad externa del acto – respecto de la transparencia que se exige
respecto de esta suerte de actuaciones frente a la ciudadanía en general -, así
como en relación con su legitimidad interna, esto es dentro del procedimiento
que se surte en el Congreso de la República, frente a los miembros de dicha
Corporación.
(iii) Caso concreto
En el caso concreto el anuncio de la votación se hizo
un día antes de la publicación del informe de la ponencia para primer debate.
Al no haberse publicado antes, implica que los congresistas no sabían a que
proyecto de ley se refería el aviso. Por tal motivo, considero que no se
cumplió en debida forma con los  requisitos establecidos en el artículo 160 de
la Constitución Política, y con ello se desconoció el principio democrático.
Por tanto la ausencia de esta exigencia determinaba que la Ley 1109 de 2006 ha
debido ser declarada inexequible.
Fecha ut supra.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-665 DEL
2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Incumplimiento
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Vulneración
porque el anuncio de votación se hizo antes de la publicación del informe de
ponencia (Salvamento de voto)
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Incumplimiento
como vicio de naturaleza insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: expediente LAT-301
Revisión oficiosa de la Ley 1109 de 2006 “Por
medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la OMS para el control del
tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003)”
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corte, me permito salvar
mi voto a la presente sentencia, por las siguientes razones:
1. En primer lugar, considero que en el presente caso
existe un vicio de procedimiento en el trámite de la ley sub examine,
por cuanto no se cumplió en debida forma con el requisito de anuncio previo
exigido por el artículo 160 de la Constitución Nacional, requisito que exige el
aviso previo y en sesión diferente de la fecha en la cual se efectuará la
discusión y votación de un proyecto de ley.
Como lo he sostenido reiteradamente, el vicio
procedimental por ausencia del cumplimiento de este requisito es insubsanable
por ser una exigencia de origen constitucional que se encuentra fundamentada en
la garantía de la transparencia y participación en el procedimiento
democrático.
2. Adicionalmente, estimo que en el trámite
legislativo de la ley bajo estudio se desconoció el principio de publicidad al
no haberse publicado con antelación al anuncio de la votación en  primer
debate, como lo exige el artículo 157 de la Constitución Política, el informe
de ponencia del proyecto correspondiente.
En mi criterio, la ausencia de estos dos requisitos
exigía que la Ley 1109 de 2006 fuera declarada inexequible.
Por las anteriores razones manifiesto mi disenso
frente a esta decisión.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[2] Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[3] Cfr. Sentencia C-576 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SV
Jaime Araújo Rentería
[4] C-276 de 2006
[5] M.P. Jaime Córdoba Triviño, SSVV Alfredo
Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentaría, Rodrigo Uprimny
Yepes
[6] Concluye la Sentencia C-780 de 2004 “…aunque la situación
presentada puede considerarse como irregular, en tanto -se repite- el anuncio
de que trata el último inciso del artículo 167 (sic) de la Constitución debe
ser claro y con fecha precisa, tal irregularidad no genera en este evento un
vicio que conlleve a la inconstitucionalidad de la Ley aprobada”
[7] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[8] El aparte pertinente de la sentencia en
cita establece: “…por último, se cumplió con la
finalidad del Acto Legislativo pues no se tomó por sorpresa a los congresistas
en la votación del proyecto. En efecto, a pesar de no haberse empleado
expresiones como se discutirá, se debatirá, se votará o aprobará, del contexto
en el cual se dio el anuncio, y toda vez que “no
existe una fórmula textual específica para realizar el anuncio” (Sentencia C-241/06),  del contexto
en el cual se hizo la afirmación es dable aseverar que los congresistas
pudieron tener previo conocimiento de que la votación se iba a realizar en la
siguiente sesión. Al decirse “leeremos los proyectos que se anunciarán para
el día de mañana”, teniendo en cuenta que tal expresión se dio al finalizar
la sesión, era entendible que lo que con esta expresión se pretendía -y
se logró cumplir- era no sorprender a los congresistas con la votación del
proyecto.” (Sentencia C-322 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra SV Alfredo
Beltrán Sierra)
[9] MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Marco
Gerardo Monroy Cabra. SS.VV. Humberto Sierra Porto, Alfredo Beltrán Sierra
[10] El aparte pertinente de la providencia señala “En el caso bajo
estudio, si bien los distintos anuncios se hicieron para “debatir”,
“para la próxima sesión”, “para discusión”, tal
anuncio comprendía tanto deliberar como votar el proyecto. A pesar de no
emplear la expresión “votación” o “aprobación”, del
contexto en que se anunció el Proyecto de ley 234 de 2004 Senado, 015 de 2004
Cámara, se deduce que los parlamentarios sabían que el anuncio correspondía al
exigido por la Constitución.” (Sentencia C-276 de 2006 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, Marco Gerardo Monroy Cabra. SS.VV. Humberto Sierra
Porto, Alfredo Beltrán Sierra)
[11] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Marco
Gerardo Monroy Cabra. SS.VV. Humberto Sierra Porto, Alfredo Beltrán Sierra
[12] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[13] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[14] Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[15] El artículo señalado establece:
“ARTÍCULO 217. CONDICIONES EN SU
TRÁMITE. Podrán presentarse
propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados
y Convenios Internacionales.
El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda.
Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los
Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo
admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen
establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario.
Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de
conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe
accederse o no a la autorización solicitada.”
[16] M.P. Manuel José Cepeda
[17] Según lo dispuesto en el artículo 204
del Reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados
internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común,
con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del
trámite de la ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el
reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de
aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales
(art. 217de la Ley 5ª de 1992). En relación con esta posibilidad, en la
sentencia C-227 de 1993, MP: Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el
trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse
propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados
y convenios Internacionales.
[18] El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los
tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar,
ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a)
que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que
únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la
reserva de que se trata (...)” En la práctica las soluciones convencionales son
diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982
sobre el Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro
sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático); otros autorizan las reservas
sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la
Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de
reservas (como el artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos que
prohíbe las reservas de carácter vago.). De manera general, una reserva
expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser
aprobada o aceptada por los demás Estados (Artículo 20 párrafo 1 de las
Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[19] Cfr. C-760/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José
Cepeda
[20] C-646/97 M.P. Hernando Herrera
Vergara
[21] M.P. Jorge Arango Mejía
[22] Ver exposición de motivos.
[23] Este acuerdo regula la publicidad directa, indirecta y
promocional de cigarrillo, tabaco y bebidas con contenido alcohólico en los
canales de televisión abierta, cerrada y satelital de los niveles de
cubrimiento nacional, regional, zonal y local con y sin ánimo de lucro, determinando
la prohibición de todo tipo de publicidad referente a dicha materia en el medio
televisivo. Establece disposiciones transitorias aplicables hasta el mes de
noviembre de 2006, en algunos eventos en que excepcionalmente se podrá
transmitir publicidad al respecto, salvo en franjas infantiles y señala que
a partir del 1º de diciembre del año 2006 queda totalmente prohibida en la
televisión colombiana y sin excepción alguna, cualquier clase de publicidad o
referencia a cigarrillo, tabaco y bebidas con contenido alcohólico.
[24] Las principales modificaciones consisten en señalar que no se
consideran publicidad las vallas, logotipos o diseños que forman parte natural
de un escenario que se emita en un evento deportivo cultural, siempre y cuando
no constituyan primeros planos ni ocupen preponderantemente la pantalla. Ni
tampoco las referencia de una marca relacionada con el patrocinio de dichos
eventos. En nuevo acuerdo diferencia entre la publicidad directa, indirecta y
promocional y señala los horarios y la intensidad en la que cada uno de estos
tiposd e publicidad puede ser transmitido en televisión.
[25] M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta sentencia se demandó, por
vulnerar la libertad de empresa, el artículo 19 de la Ley 30 de 1986 que
establecía que: “Las estaciones de radiodifusión sonora, las programadoras de
televisión y los cinematógrafos sólo podrán transmitir propaganda de bebidas
alcohólicas, cigarrillos y tabaco en los horarios y con la intensidad que determine
el Consejo Nacional de Estupefacientes, previo concepto de su Comité Técnico
Asesor. El Ministerio de Comunicaciones velará por el cumplimiento de esta
disposición."
[26] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[27] Sentencia C-615 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[28] Sentencia C-516 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[29] M.P Eduardo Montealegre Lynett
[30] M.P. Marco Gerardo Monroy
[31] C-524 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz
[32] Cfr. C-560 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[33] Preámbulo del Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco
[34] M.P. Hernando Herrera Vergara
[35]             Véase: Auto 038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y Sentencia C-533 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[36] Cabe precisar que, en dicha oportunidad, como se indicó, la
votación del proyecto no pudo ser realizada durante la sesión anunciada, habiendo
sido votado en sesión posterior, durante la cual se indicó que se agotaría el
orden del día de la sesión anterior. La Corte consideró que se había
configurado en tal caso un vicio en el procedimiento pero que había sido subsanado
por el Congreso dadas las especificidades del caso concreto.