C-746-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-746/11
(Bogotá DC, 5
de octubre de 2011)
Referencia: Expediente D- 8467.
Demanda de inconstitucionalidad: contra el artículo
154, numeral 8 (parcial) del Código Civil, modificado por el artículo 6 de la
Ley 25 de 1992.
Actor: Julián Arturo Polo Echeverry.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
El
ciudadano Julián Arturo Polo Echeverry, en ejercicio de acción pública, demanda
la inconstitucionalidad del numeral 8 (parcial) del artículo 154 del Código
Civil, modificado por el artículo 6º de la ley 25 de 1992.
1. Texto normativo demandado.
El texto de las normas mencionadas es el siguiente,
subrayando los apartes demandados:
CÓDIGO CIVIL
“(…)
Artículo
154. Modificado por la Ley 25/92, art. 6. Son causales de divorcio:
(…)”
8. La
separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de
dos años.” (aparte acusado subrayado)
2. Demanda: pretensión y fundamentos.
2.1. Pretensión.
El actor solicita sea declarado
inconstitucional el aparte subrayado del numeral 8
del artículo 154 del Código Civil, (modificado
por el artículo 6º. de la ley 25 de 1992), por considerar que vulnera el
artículo 16 de la Constitución Política.
2.2.
Fundamento: vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad (CP,
art. 16).
El aparte demandado del artículo
acusado lesiona el derecho al libre desarrollo de la personalidad contenido en
el artículo 16 de la Constitución Política, al establecer como una de las
causales objetivas de divorcio la separación de cuerpos judicial o de hecho que
haya perdurado por más de dos (2) años, sujetando al transcurso del periodo
indicado la libre elección del cónyuge de continuar o no con el vínculo
matrimonial.
En otras palabras, el aparte de
la norma demandada limita el derecho a la escogencia libre del estado civil -a
planear una nueva vida-, de quien decida no seguir conviviendo con su esposo o
esposa, imponiéndole el deber de   continuar con el estado civil de “casado”, al
fijar un término de dos años de estar separado de hecho o judicialmente para
solicitar el divorcio al juez de familia, con las consecuencias que ello tiene
en materia de sociedad conyugal. La vulneración del postulado de libre
desarrollo de la personalidad se pone en evidencia al no poder contraer un
nuevo vínculo matrimonial aunque lo deseara y, frente a una nueva pareja, estar
obligado a unirse a ella por vínculos naturales.
3. Intervenciones públicas y ciudadanas.
3.1. El Ministerio del Interior y de Justicia.
El actor en su demanda busca la consagración de una
causal de divorcio unilateral, la cual no está consagrada en el ordenamiento
jurídico colombiano. En realidad se trata de una demanda por omisión
legislativa que,  en el caso en análisis, sería por ausencia absoluta de
legislación que contemple en Colombia la figura del divorcio unilateral, por lo
cual no hay norma sobre la que resulte procedente un examen de constitucionalidad
y que como lo ha expresado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, “...
hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las
omisiones legislativas absolutas; si no hay actuación, no hay acto que comparar
con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser
objeto de control”[1].
No prospera el cargo de violación expuesto, pues no es la
norma acusada la que desconoce el derecho al libre desarrollo de la
personalidad del cónyuge que quiera solicitar el divorcio de manera unilateral,
sino que el desconocimiento de ese derecho estaría dado por la ausencia de
legislación que consagre la figura del divorcio unilateral, razón por la cual
no es viable para la Corte realizar un examen de constitucionalidad por ausencia
de objeto sobre el que recaiga.
3.2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.
La familia se constituye por vínculos naturales y
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, la que una vez
constituida se convierte por mandato superior en el núcleo esencial de la
sociedad y se erige en una institución que representa en interés público y la
hace acreedora de la protección integral por parte del Estado, por encima de
los particulares, incluidos los cónyuges. Así lo entiende el legislador al
establecer como causal de divorcio la separación de cuerpos por un lapso de dos
(2) años, por lo que la simple decisión de uno de los cónyuges de disolverla no
puede ser un acto instantáneo e inmediato, pues los elementos que concurren en
la institución familiar no son del resorte de los miembros de la pareja, ni
siquiera de los dos en todas las ocasiones, ya que otros intereses se entienden
establecidos. El tratamiento legal del matrimonio no se aparta del contemplado
en la ley para la generalidad de los contratos, cuya solución prematura es por el
mutuo disenso o por justas causas declaradas por el juez.
3.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Ninguna libertad en Colombia es absoluta, todas son
limitadas, por lo que “la opción de ser casado por ceremonia o casado
consensual o de vivir en pareja temporal o permanente, tiene limitaciones y
quien tome estas opciones deberá cumplir con las obligaciones que su estado de
familia le impone.” Las causales de divorcio y las de nulidad del
matrimonio limitan el ejercicio del derecho a cambiar discrecionalmente la
condición de casado, soltero, divorciado, etc. puesto que para casarse es
necesario cumplir ciertos requisitos, cuando se alega una causal de divorcio,
ésta debe probarse, por lo que se descarta el divorcio por repudiación.
Establecer el plazo de dos (2) años para poder alegar las
causales de separación se justifica en la medida que la experiencia conlleva a
que las parejas que viven en matrimonio tienen crisis que son de la esencia de
la vida en pareja y que salvo graves ofensas, se tiene la esperanza de reconstruir
la vida en común, más aun cuando hay hijos. Esta opción dada por el legislador
busca preservar la unidad de la familia y en nada impide que el cónyuge
inocente demande el divorcio inmediatamente ocurra una causal que genere
sanción al culpable.
Si el parte acusado fuere declarado inexequible, se llegaría
a la conclusión de que se establecería el divorcio por repudiación y se
patrocinaría la irresponsabilidad de los cónyuges, lo que sería manifiestamente
contrario a la obligación de actuar con responsabilidad.
3.4. Universidad del Rosario.
Procede la exequibilidad de la norma demandada o que en
caso de que la Corte declare la inexequibilidad, lo haga modulando el fallo, en
el sentido de que el cónyuge que dé pie al divorcio, sea tenido como culpable
de la ruptura, responda por la infracción unilateral de su compromiso e
indemnice en debida forma al afectado.
El sistema jurídico colombiano como en la mayoría de las
legislaciones del mundo cuenta con una institución matrimonial cuyo objeto es
dar origen a la familia, que surge con un compromiso entre las partes de
carácter contractual, público y solemne con un régimen de deberes y propósitos
inmodificables por las partes que conlleva a un estado civil que por
disposición es de origen legal, indisponible y regido por normas positivas. El
constituyente de 1991 confirió amplias facultades al legislador en materia de
configuración normativa frente al régimen jurídico de este contrato y la
institución que le da origen.
Resalta que el estado civil no es de libre elección, como
lo es el casarse y tener hijos, adoptarlos o darlos en adopción, sino impuesto
por las normas positivas, indisponible, imprescriptible e inalienable y regido
por normas de orden público.  Lo que muta a elección del sujeto no es el estado
civil, sino la fuente o lo que le da origen al estado civil. El matrimonio o el
repudio que se propone, no hacen que el estado civil se vuelva electivo, pues
mientras se esté casado se tendrá ese estado civil, con los correspondientes
derechos y obligaciones y si se deja de estarlo, se tendrá el estado civil de
ex casado, son también los derechos y obligaciones que correspondan.
3.5. Universidad Santo Tomás.
La Corte debe declarar la inexequibilidad del aparte
demandado del numeral 8 del artículo 154 del c.c., ya que el término de dos
años de separación de cuerpos exigidos por la ley para que se constituya en
causal de divorcio es una limitación a la órbita de la libertad personal de dos
sujetos o uno de ellos que ya no quieran compartir y mantener la relación, que
carece de justificación constitucional. La norma acusada vulnera la
Constitución pues impide que una decisión de la persona tenga efectos
inmediatos buscados por el sujeto, imponiendo a los individuos un vínculo que
no desean, coaccionando la libertad por un término demasiado largo y
dificultando la separación de las vidas en común.
3.6. Participación Ciudadana[2].
La norma demandada no es inconstitucional: el matrimonio
es una de las formas de crear familia como núcleo fundamental de la sociedad,
el cual se rige por la ley civil, constituyéndose en un deber del Estado y de
la sociedad su protección. La norma acusada no es un ejercicio abusivo de la
autonomía del legislador para regular las causales de divorcio, puesto que la
misma Constitución (Art. 42.9) le confiere facultades para reglamentar lo
referente al contrato matrimonial y sus consecuencias, deberes y derechos de
los cónyuges, y en general todo lo relacionado con sus condiciones de validez,
separación y disolución del vínculo.
La causal octava del artículo 154 del código civil,
objeto de acusación en la presente demanda persigue dos objetivos: el primero,
dirigido a proteger la institución del matrimonio y la vida familiar, al verse
desdibujada con la separación de cuerpos de los cónyuges por el periodo de dos
años o más, viéndose vulnerado uno de los deberes y objetivos del mismo; y en segundo
término, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al establecer la
posibilidad que cuando los cónyuges no estén de acuerdo con el divorcio y la
convivencia no sea irresistible por alguna de las otras causales de divorcio,
se pueda probar la ineficiencia de la unión demostrando dos años de separación
de cuerpos.
4. Concepto del Procurador General de la Nación[3].
La Corte debe declararse inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo,   por ineptitud sustancial de la demanda: se atribuye
al texto demandado un sentido que no se encuentra él y resulta contrario a su
lectura objetiva, lo que implica el análisis constitucional de textos legales
que no se encuentran incluidas en la demanda, omitiendo el contexto de la norma
acusada y pretendiendo agregar a la ley una nueva causal de divorcio, la del
divorcio unilateral.
No existe ni puede existir prima facie, contradicción
alguna entre la norma legal demandada y la norma constitucional invocada,
puesto que la norma Superior reconoce el derecho al libre desarrollo de la
personalidad dentro de los límites fijados por los derechos de los demás y por
el orden jurídico del cual hace parte la norma acusada. El artículo 42 Superior
establece el régimen jurídico del matrimonio al disponer “[l]as formas del
matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los
cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil”
y que “los efectos civiles de todo matrimonio cesaran por divorcio con
arreglo a la ley civil” por lo cual en esta materia el legislador cuenta
con plena competencia tanto general como especifica por mandato constitucional.
La pretensión del actor, más que reprochar la inconstitucionalidad de los dos
años de separación contenida en la causal demandada es instituir una nueva
causal, la del divorcio unilateral, pretensión que supone la existencia de una
omisión absoluta para la cual no tiene competencia la Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional
es competente para conocer de la presente demanda al estar dirigida contra una
disposición de la una ley -Ley 25 de 1992-, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 241.4 de la Constitución Política.
2. Marco y alcance de la normatividad demandada.
2.1. Con el fin de ajustar las normas relativas al
matrimonio para adecuarlas a la nueva Carta Política (Art. 42), el legislador
expidió la Ley 25 de 1992, mediante la cual se adoptaron disposiciones
relativas, entre otros asuntos,   a las formas de matrimonio, la edad y
capacidad para contraerlo, y particularmente, a la disolución del vínculo: (i) por
la muerte real o presunta de alguno de los cónyuges o (ii) por divorcio
judicialmente decretado (Ley 25/92, art. 5, modificatorio del artículo 152 del
Código Civil).
2.2. El artículo 6 de la Ley 25 de 1992 -modificatorio del
artículo 154 del Código Civil-, estableció las causales para solicitar el
divorcio, determinando dos tipos: unas denominadas subjetivas, relacionadas
con el incumplimiento de obligaciones y deberes conyugales, solo alegables por
el cónyuge inocente, y que dan lugar al divorcio sanción,  dentro de las que se
encuentran las causales 1[4],
2[5], 3[6], 4[7], 5[8] y 7[9] del artículo
154; otras llamadas causales objetivas, relacionan con el rompimiento de los
lazos afectivos que motivan el matrimonio, alegables por cualquiera de los
cónyuges que desee disolver el vínculo matrimonial, como las causales de los
numerales 6[10],
8[11] y 9[12].
2.3. La norma acusada modificó la Ley 1 de 1976 -artículo 4,
numeral 8- que había descrito la misma causal como consistente en “la
separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de dos años”.
Así, la Ley 25/92 -artículo 6, numeral 8- agregó que la separación de cuerpos
puede ser “de hecho” y no solo judicialmente decretada. Tal es el texto
vigente del artículo 154 del Código Civil.
2.4. La separación de cuerpos entraña la suspensión de la
vida en común de los cónyuges, pudiendo ser declarada judicialmente o darse de
hecho. La separación judicial procede invocando alguna de las causales de
divorcio, solo alegables por el cónyuge inocente en cuanto causales subjetivas;
y por el mutuo consentimiento de los cónyuges manifestado ante el juez
competente (Art. 165 C.C.). Por otro lado, la separación de hecho se da cuando
se rompe la convivencia conyugal, sea acordada por ambos cónyuges o decidida
por uno de ellos, sin que haya intervenido un juez (Corte Constitucional,
C-1495/00).
2.5. En cuanto al efecto de la separación de cuerpos sobre
la sociedad conyugal, el Código Civil prevé su disolución -entre otras
causales- por la “separación judicial de cuerpos”, salvo que los
cónyuges consientan mantenerla por tratarse de una separación temporal (C.C.,
art. 167y 1820). Al   contrario, la separación de cuerpos de hecho no lleva a
la disolución de dicha sociedad, pudiendo en todo caso ser acordada por los
cónyuges mediante escritura pública protocolizada ante notario.
3. Aptitud del cargo de la demanda.
3.1. No comparte esta Corte la solicitud de inhibición por
la supuesta configuración de omisión legislativa absoluta, por lo siguiente:
(i) la consecuencia de una inexequibilidad de la expresión demandada sería la
modificación de la causal existente de divorcio basada en la separación de
cuerpos, no la consagración de una causal autónoma sustentada en un supuesto
normativo no contemplado en el Código Civil y leyes reformatorias; (ii) la
demanda se dirige contra un texto cierto de la ley que se considera contrario a
un derecho constitucionalmente consagrado, por las razones expresadas.
3.2. En la demanda objeto de examen el demandante soporta el
cargo,  manifestando que el aparte de la disposición acusada vulnera el
artículo 16 de la Carta Política -libre desarrollo de la personalidad-, pues al
establecer que la causal de divorcio se configura con transcurso dos años de
separación de cuerpos -judicial o de hecho-, se limita de una manera
desproporcionada el ejercicio de la libertad de las personas de decidir sobre
la terminación del vínculo matrimonial, acorde a sus deseos y convicciones
personales, no pudiendo planear una nueva vida, ni escoger su estado. Así, tras
señalar la norma acusada, indicar la disposición constitucional vulnerada y
estructurar un cargo de posible inconstitucionalidad del texto legal, el
demandante cumple con los presupuestos mínimos de admisibilidad de la demanda.
4. Problema jurídico constitucional (cargo único:
vulneración del artículo 16 constitucional).
4.1. En esencia, el actor alega que el requisito de dos años
de separación de cuerpos, como exigencia fáctica para la procedencia del
divorcio con base en dicha causal, se erige como una limitación
desproporcionada al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que,
deseando dar por terminado el vínculo matrimonial, no puede hacerlo en virtud
de dicha restricción. Para el demandante, la sola decisión de uno o los dos
cónyuges de separarse corporalmente de su pareja, debería bastar para la
configuración de esta causal objetiva de divorcio. En otras palabras, la
pretensión de inconstitucionalidad de la expresión “que haya perdurado por
más de dos años” predicada de la separación de cuerpos, conduce a la
consagración del divorcio unilateral e inmediato por la mera separación de
cuerpos de uno de los cónyuges.
4.2. Así, el problema de constitucionalidad a resolver es el
siguiente: ¿la exigencia legal de dos años de duración de la separación de
cuerpos para invocar el divorcio, vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad del cónyuge separado que desea disolver su vínculo conyugal, por
obligarlo a permanecer en el vínculo e impedirle contraer nuevo matrimonio, en
dicho lapso?
4.3. La Sala procederá a examinar los siguientes puntos: (i)
afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad por la
disposición demandada; (ii) limitación del derecho del cónyuge, como ejercicio
de la potestad de configuración legislativa en materia de divorcio y separación
de cuerpos; (iii) fundamentación, finalidad, razonabilidad y proporcionalidad
en la limitación del derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad.
5. Afectación del derecho al libre desarrollo de
la personalidad por la disposición demandada.
5.1. El artículo 16 constitucional -presuntamente vulnerado-
dispone que “todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la
personalidad…”. El derecho al libre desarrollo de la personalidad se
identifica con el ámbito reservado al individuo para la toma de decisiones
vitales, correspondiéndole a las propias personas y no al Estado decidir la
manera como gobiernan sus derechos y construyen sus proyectos y modelos de
realización personal. Y contempla las conductas humanas posibles y las
posiciones jurídicas de libertad que no están prohibidas por la Constitución o
determinadas normas de inferior jerarquía. Interpretando lo anterior, ha dicho la
Corte Constitucional que este derecho se vulnera “cuando a la persona se le
impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su
vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan
sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano”[13].
En síntesis, el derecho al libre desarrollo de la
personalidad consagra una protección general de la capacidad que la
Constitución reconoce a las personas para autodeterminarse, y con ello, de
escoger pareja, contraer matrimonio, cesar la vida compartida y el vínculo
conyugal y optar por un nuevo estado civil.
5.2. La disposición demandada, al fijar un término de dos
años para la invocación del divorcio, en efecto restringe en algún grado la
potestad subjetiva de autodeterminación de las personas cónyuges que han optado
por la separación definitiva de cuerpos con miras a la disolución del vínculo a
través del divorcio. Lo anterior, porque lo(s) obliga a permanecer en
matrimonio indeseado y le(s) impide contraer de nuevo con quien les plazca,
limitación que puede afectar sus personales proyectos de realización individual
en una materia fundamental como lo es la decisión de convivencia y la elección
de estado civil.
5.3. Sin embargo, la sola restricción de la potestad de
autodeterminación no es sinónimo de inconstitucionalidad, menos cuando el
Legislador se basó en disposiciones superiores para regular tales materias. Es
menester examinar si la limitación del derecho cuenta con justificación
constitucional.
6. Limitación del derecho del cónyuge, como ejercicio de
la potestad de configuración legislativa en materia de divorcio y separación de
cuerpos.
6.1. La legislación ha venido incorporando nuevas
regulaciones en materia de divorcio y separación de cuerpos. Inicialmente, la
norma civil no regulaba forma alguna de divorcio. Luego, la Ley 1 de 1976 lo
introdujo en el matrimonio civil con las respectivas causales de procedencia,
entre las que estableció “la separación de cuerpos decretada judicialmente
que perdure más de dos años”, advirtiendo que el divorcio “solo
podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo
motivan” (Ley 1/76; CC, arts. 154 y 156). Posteriormente, tras la vigencia
de la Constitución de 1991, la Ley 25/92 -artículo 6, numeral 8- agregó que la
separación de cuerpos puede ser “de hecho” y no solo judicialmente
decretada, permitiendo que la decisión de uno de los cónyuges -o ambos- de
cesar la convivencia marital se erija en causal de divorcio con el transcurso
del tiempo. Al declarar exequible la expresión “o de hecho” del artículo
6, numeral 8 de la Ley 25/92, y con ello principalmente la posibilidad de que
el cónyuge separado invoque la interrupción de la vida en común, la Corte
Constitucional dijo: “En consecuencia, la expresión en estudio en cuanto
permite a uno de los cónyuges invocar la interrupción de la vida conyugal, por
más de dos años, para obtener una sentencia de divorcio, no contraría sino que
desarrolla debidamente la Constitución Política, porque los cónyuges que no
logran convivir demuestran por este solo hecho el resquebrajamiento del vínculo
matrimonial…” (C-1495/00).
6.2. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 -CP, art.
42- decidió que corresponde al Legislador, a través de la ley civil, regir
entre otros aspectos: “las formas del matrimonio”; “la edad y
capacidad para contraerlo”; “los deberes y derechos de los cónyuges”;
“su separación” y “la disolución del vínculo” matrimonial, y “lo
relativo al estado civil de las personas”.
A su vez, la Constitución Política fijó unos principios y
parámetros generales que enmarcan el ejercicio de la potestad legislativa en
materia de familia y matrimonio, como los siguientes: la familia es “el
núcleo fundamental de la sociedad” (CP; art. 42.1); La “protección
integral de la familia” es deber del Estado y la sociedad (CP, art 42.2);
la familia se constituye “por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio” (CP, art. 42.1); las relaciones familiares deben
regularse, basadas en “la igualdad de derechos y deberes de la pareja” y
en “el respeto recíproco” entre todos sus integrantes (art. 42.4, CP);
deberá tenerse en cuenta que la “honra, la dignidad y la intimidad de la
familia son inviolables” (art. 42.3, CP) y que “cualquier forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad” y
debe ser sancionada por la ley (art. 42.5, CP); en materia de paternidad y
maternidad, el Congreso de la República está compelido a reglamentar la
progenitura “responsable” (art. 42-7, CP); y respecto de los efectos
civiles derivados del divorcio, la ley civil debe regularlos para “todo
matrimonio” (art. 42-11, CP). En igual sentido, la Convención Americana de
Derechos Humanos -art. 17.4- reconoce en el Legislador la responsabilidad de
tomar “medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges”, “en cuanto
al matrimonio”, “durante el matrimonio” y “en la disolución del
matrimonio”.
Se observa que mientras la familia y el matrimonio son
objeto de desarrollos constitucionales a través de normas consagratorias de
principios jurídicos y valores sociales, la “separación” y la “disolución
del vínculo” le está atribuida al Congreso de la República sin que la
Constitución Política preestablezca causales, términos o supuestos fácticos
específicos. Así, en materia de causales de divorcio, de separación
de los cónyuges o del estado civil de los mismos, el margen de
configuración que expresamente le asigna el Constituyente al Legislador es bastante
amplio, exento de precisas regulaciones constitucionales que prefiguren la
tarea legislativa.
6.3. Al partir de la separación de cuerpos para la
invocación del divorcio, el Legislador dispuso esta consecuencia jurídica en
claro desarrollo de su potestad de configuración. Y al cualificar el supuesto
normativo como la separación “que haya perdurado por más de dos años”,
también actuó en el margen de configuración amplia que la Constitución le ha
reconocido en el inciso 6 del artículo 42 constitucional para regular la “separación
y la disolución del vínculo”.
6.4. Con todo, la titularidad de la potestad legislativa y
la atribución constitucional de un amplio margen de configuración, no son
suficientes para concluir en la constitucionalidad de la expresión normativa
demandada. En sentencia C-1037 de 2003, la Corte Constitucional expresó: “el
Constituyente deja librado al Congreso un gran espacio de configuración
legislativa para implantar las mencionadas causales, al no establecer
directrices específicas para desarrollar esa materia. Empero, esa autorización
no debe entenderse como una habilitación para que desconozca derechos,
principios y valores reconocidos por la propia Carta Política, debido a que
estos sirven de fundamento y de límite a toda la actividad legislativa”. Así,
es necesario precisar, adicionalmente, si tal limitación es constitucionalmente
justificable.
7. Fundamentación, finalidad, razonabilidad y
proporcionalidad en la limitación del derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad.
7.1. Fundamentación constitucional de la restricción del
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
7.1.1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no
es un derecho absoluto: es una potestad subjetiva, constitucional y legalmente
restringible. La propia Constitución admite su acotamiento concretado en “los
derechos de los demás” y en el “orden jurídico”. Interpretando lo
anterior, ha dicho la Corte Constitucional que este derecho se vulnera “cuando
a la persona se le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir
aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y
circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización
como ser humano”[14],
y, por consiguiente, “…las restricciones de las autoridades al artículo 16,
para ser legítimas, no sólo deben tener sustento constitucional y ser
proporcionadas sino que, además, no pueden llegar a anular la posibilidad que
tienen las personas de construir autónomamente un modelo de realización
personal, por cuanto estarían desconociendo el núcleo esencial de este derecho”[15].
7.1.2. El establecimiento del término de “más de dos
años” para que la separación de cuerpos pueda ser aducida como causal de
divorcio, se ha hecho en nombre de “derechos de los demás” -del cónyuge
remiso o de los hijos en caso de haberlos, y aún de terceros- por una norma
legal que integra el “orden jurídico” regente. Tal afectación se
justifica, inicialmente, al haber sido impuesto por el ordenamiento legal, en
consideración a los derechos ajenos cuya protección se persigue.
7.1.3. Sin embargo, ni la propia intervención jurídica del poder
en el ámbito de la autodeterminación puede, en caso alguno, vaciar de contenido
este derecho, ni retraer ilegítimamente su ejercicio: debe procurar una
finalidad constitucional válida y responder a un criterio de razonabilidad y
proporcionalidad en relación con el derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Por eso reitera la Corte: “El margen de configuración
le permite al Congreso elegir la política legis­lativa; los fines específicos
que se quieran alcanzar y los medios adecuados parar ello, sin desconocer los
mínimos de protección ni adoptar medidas irrazonables o desproporcionadas”[16].
7.2. Finalidad constitucional de la medida legislativa -exigencia
de dos años de separación de cuerpos para ser invocada como causal de
divorcio-.
7.2.1. La Constitución Política (art. 42.1) señala el matrimonio
como una institución principal que da origen a la familia. La familia, a su
vez, “es el núcleo fundamental de la sociedad” (CP, art. 42.1) y el
Constituyente de 1991 responsabiliza al Estado y a la sociedad de garantizar “la
protección integral” de la misma (CP, art. 42.2), en cumplimiento de lo
cual la regulación de las relaciones matrimoniales deben apuntar a la
preservación “de su armonía y unidad”, la “igualdad de derechos y
deberes de la pareja” y “el respeto recíproco” entre sus miembros
(CP, art. 42.3). Así, la familia, su integridad, unidad y esencialidad, son valores
y principios constitucionales a los que apunta el matrimonio como modo de
constitución de ella.
7.2.2. Definido el específicamente el matrimonio como “un
contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir
juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente” (C.C., art. 113), se destaca
como un acuerdo de voluntades encaminado a: (i) la  unión o comunidad de vida
de los contrayentes, que incluye la satisfacción de sus recíprocas necesidades
sexuales y afectivas; (ii) la procreación, crianza y educación de la prole; y
la ayuda y auxilio recíproco en las contingencias materiales y sociales de la
vida en común. La comunidad de vida en que se basa el matrimonio es expresión
de la “unidad” familiar a que alude el artículo 42.3 superior como valor
constitucional; y la procreación y crianza de los hijos tiene fundamento
constitucional en la regulación constitucional sobre el derecho de la pareja a “decidir
libre y responsablemente el número de sus hijos” y a “sostenerlos y
educarlos mientras sean menores o impedidos” (CP, 42.5). De este modo, la
protección constitucional a la familia guarda una relación necesaria con el
matrimonio, no solo como forma solemne de constituirla, sino como la
institución que, al comprometer relaciones maritales y filiales, concurre a la
realización del mandato constitucional de “protección integral de la
familia”.
7.2.3. La naturaleza de los efectos personalísimos derivados
del matrimonio y de su carácter constitutivo de familia, explica la doble
condición del matrimonio como contrato y como institución. En cuanto lo
primero, la ley civil basa su existencia en la voluntad libre de contraerlo;
respecto de los segundo, como institución o estado, el matrimonio se configura
con una serie de normas de orden público, inmodificables por las partes,
relativas principalmente a la regulación de sus efectos. En ese marco de
cláusulas imperativas limitantes de la autonomía de la voluntad de los
contrayentes, se destaca la improcedencia de disposiciones que apunten a la
fijación de términos o condiciones resolutorias del vínculo conyugal, en la
medida en que los fines del mismo, como el proyecto de vida en común de los
contrayentes y la formación y cuidado de los hijos que puedan existir, demandan
una vocación de estabilidad del matrimonio, sin perjuicio de su eventual
disolución en los términos de ley. Así, de las comunidades de vida -solemnes o
de hecho- llamadas a constituir una familia -entre parejas heterosexuales u
homosexuales[17]-,
y específicamente del matrimonio, se predica una vocación hacia la permanencia
de la unión, expresada en normas imperativas que escapan a la voluntad de las
personas, que en modo alguno entrañan su indisolubilidad.
7.2.4. En suma, el matrimonio no es un fin en sí mismo,
sino una forma de constitución de familia, a la que la Constitución califica de
núcleo social fundamental y sujeto de la protección especial el Estado. La
disposición demandada -la prolongación por más de dos años de la separación de
cuerpos para erigirse en causal de divorcio- apunta a la defensa del matrimonio
de las crisis coyunturales que naturalmente lo rodean, disponiendo que la
separación de cuerpos sea una oportunidad de reflexión de la decisión
definitiva de disolución del vínculo y, a la vez, un tiempo de preparación de
los efectos que apareja un virtual divorcio respecto de los hijos, de los
bienes sociales, de terceros y de los propios cónyuges, esto es, de la
institución familiar que la Constitución privilegia como “núcleo fundamental
de la sociedad”, constituyendo una forma de “protección integral” de la
misma. Desde esta perspectiva, encuentra la Corte que la disposición
constitucional persigue un fin constitucionalmente válido y declarado por el
propio Constituyente.
7.3. Proporcionalidad y razonabilidad de la limitación
del derecho.
7.3.1. Si bien la protección de la unidad familiar y de la
estabilidad del matrimonio pueden lograrse a través de la educación, la
promoción de una cultura de tolerancia y respeto, el asesoramiento y acompañamiento
a la familia, entre otros. Con todo, considera la Corte que la regla
establecida en la causal acusada es un mecanismo que, a más de ser idóneo para
el logro de fines constitucionalmente válidos, es determinante para
estructuración de una decisión responsable de restablecimiento o disolución del
vínculo conyugal. El paso del tiempo permite la evaluación ponderada por los
cónyuges de los conflictos surgidos en la convivencia y, en todo caso, la mejor
previsión y preparación de las consecuencias que el mismo tiene frente a las
relaciones familiares, los hijos, los bienes, los proyectos de vida. De allí,
la razonabilidad de la medida restrictiva.
7.3.2. Frente a la proporcionalidad en sentido estricto de
la medida, es pertinente una mirada a las consideraciones que el Congreso de la
Republica tuvo en cuenta en la expedición de la Ley 25 de 1992 y en cuya
ponencia para primer debate de Senado, se dijo: “Somos conscientes desde
luego que ese avance legislativo tiene que hacerse teniendo en cuenta la
realidad cultural del país, donde juegan papel preponderante las creencias
religiosas de las mayorías colombianas. De allí que en lo atinente a las
causales de divorcio proponemos introducir algunas modificaciones que no pueden
considerarse, en manera alguna, revolucionarias; se trata, simplemente, de
atemperar la realidad colombiana (sic) las causales que en la gran mayoría los
países del mundo están hoy vigentes, cabalmente porque la civilización así lo
ha considerado”[18].
Aquí se destaca que la disposición vigente demandada representó un avance
significativo respecto del régimen anterior de causales de divorcio establecido
en la Ley 1 de 1976: la norma posterior acusada, permitió que, sin alegaciones
de culpabilidad, cualquiera de los cónyuges pueda tramitar su divorcio a partir
de la cesación de convivencia con su pareja, sujeto en todo caso a su
prolongación por más de dos años. En seste caso, el Legislador permitió la
expansión del derecho a la libre disolución del vínculo matrimonial en el marco
de las regulaciones imperativas que protegen el matrimonio y la familia, con
respeto por la dignidad de la pareja que en algún momento acordó su entrega
incondicional y permanente en matrimonio.
7.3.3. La restricción establecida en la causal acusada busca
compatibilizar valores y principios constitucionales dirigidos a la protección
de la familia  con el derecho de libre desarrollo de la personalidad: de una
parte, despliega la obligación constitucional de la sociedad y del Estado de
garantizar la protección integral de la familia a través de una unión
matrimonial relativamente estable; de otra parte, consagra la posibilidad
reconocida a cualquiera de los cónyuges de obtener el divorcio a través de la
separación de cuerpos, luego de transcurrido el término legal.
En efecto, de negarse la posibilidad de la separación de
hecho por la decisión personal de cualquiera de los cónyuges, o de haberse
extendido la exigencia temporaria de la separación de cuerpos, sin disolución
de vínculo, a un lapso tan dilatado que imposibilitara o dificultara
drásticamente la posibilidad real y existencial de establecer nuevas relaciones
sentimentales y organizar una vida de pareja, se estaría realizando la
finalidad constitucional de protección de la familia y la unidad conyugal con
detrimento del derecho de elección del estado civil, arrojando sobre el derecho
de autodeterminación una carga desproporcionada que reduciría drásticamente su
ámbito de realización: en ambos casos, la restricción hubiera sido desmesurada
y contraria a la regla de proporcionalidad de la medida. Del mismo modo, la
consagración del divorcio unilateral e inmediato por la mera decisión de
separación de cuerpos a cargo de alguno de los cónyuges -efecto que
sobrevendría a una decisión de inexequibilidad del término de dos años-, podría
introducir niveles significativos de desprotección de la institución
matrimonial y de la familia como núcleo de la sociedad.
7.4.4. Ha sido el propio Legislador quien, en ejercicio de
su potestad de configuración, realizó con la expedición de la Ley 25/92 un
ejercicio de ponderación para conciliar la finalidad constitucional y el
derecho fundamental, visto el contenido del derecho en cuestión. Es importante
insistir en que el sacrificio del derecho contemplado en la disposición, ¡es
temporal! No se suprime la posibilidad de que, por la decisión libre de uno de
los cónyuges -o de ambos- proceda el divorcio. Al contrario, difiere esa
facultad en el tiempo, abriendo un compás de espera para su concreción
definitiva y pudiendo acudir a ella una vez culminen los dos años de
separación. Como lo ha planteado esta Corporación, [19] no se puede obligar a
los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial a perpetuidad en contra de su
voluntad e interés, puesto que estaríamos frente a la vulneración a la dignidad
humana y del principio al libre desarrollo de la personalidad; la normatividad
impugnada, lejos de atar a los cónyuges definitivamente, la ley les abre un
camino para la realización, a breve plazo, de su decisión de reconstruir su
convivencia u optar por la asunción de un destino de vida diferente. Por ello, esta
Corte estima conducente la restricción temporal, adoptada por la ley, tendiente
a la protección de la unidad familiar y a procurar razonablemente la
estabilidad del matrimonio, sin negación ni menoscabo fundamental de su derecho
de autodeterminación conyugal y familiar.
7.4.5. En conclusión, la limitación transitoria o temporal
impuesta por la disposición acusada al derecho al libre desarrollo de la
personalidad, no es una medida que vacíe o anule la dignidad o el derecho del cónyuge
a optar por un nuevo estado civil como proyecto de vida, ni representa una
restricción desproporcionada de su autonomía para elegir libre y
responsablemente el estado civil que le plazca u optar por la conformación de
una nueva relación sentimental y una nueva familia.
8. Razón de la decisión de constitucionalidad.
8.1. La disposición demandada, al fijar un término de dos
años de separación de cuerpos para la invocación del divorcio, restringe en
algún grado la potestad subjetiva de autodeterminación de los cónyuges que han
optado por la separación definitiva de cuerpos con miras a la disolución del
vínculo a través del divorcio.
8.2. Tal limitación legal se basó en disposiciones
superiores regulatorias de las materias del divorcio y la separación. De una
parte, la Constitución Política confía al Legislador la regulación de la
disolución del vínculo y la separación de cuerpos, y con ello, de las
condiciones -por ejemplo de tiempo- para que esta separación pueda erigirse en
causal de divorcio; de otra parte, la Constitución admite la restricción del
libre desarrollo de la personalidad,   impuesta en consideración al derechos de
los demás, por el orden jurídico.
8.3. La disposición demandada -la prolongación por más de
dos años de la separación de cuerpos para erigirse en causal de divorcio-
apunta a la realización de principios y valores declarados y privilegiados por la
Constitución Política: la protección integral de la familia como núcleo
esencial de la sociedad, de su unidad, y del matrimonio como forma de
constitución de aquella, y la protección de los hijos, de los intereses de
los   propios cónyuges y de terceros. Son fines constitucionalmente válidos y
justificatorios de la restricción transitoria al derecho de los cónyuges.
8.4. La exigencia de los dos años de separación corporal
de los cónyuges para su invocación como causal de divorcio, es una limitación
temporaria y no una medida que vacíe o anule la dignidad o el derecho del
cónyuge separado, ni   representa una restricción desproporcionada de su
autonomía para elegir libre y responsablemente el estado civil que le plazca u
optar por la conformación de una nueva relación sentimental o de familia.
Por lo anterior, se declarará la constitucionalidad de la
disposición normativa demandada.
III. DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado
del numeral 8 del artículo 154 del Código Civil, por el cargo analizado.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA
MENDEZ
Secretaria General
[1]
Folio 47 cuaderno ppal.
[2]
En los folios 67 a 72 cuaderno principal, se encuentran las intervenciones de
los ciudadanos Verónica Muriel Carrioni y Laura Jiménez Cortes.
[3]
Concepto No 5156, recibido en la Corte Constitucional el 24 de mayo de 2011. Folios. 98 a 107 cuaderno ppal.
[4]
“Las relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los cónyuges.”
[5]
“El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno
de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.”
[6]
“Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.”
[7]
“La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.”
[8]
“El uso habitual de sustancias alucinógenas o
estupefacientes, salvo prescripción médica.”
[9] “Toda conducta
de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un
descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo
techo.”
[10]
“Toda enfermedad o
anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que
ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la
comunidad matrimonial.”
[11]
“La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya
perdurado por más de dos años.”
[12]. “El consentimiento de ambos cónyuges manifestado
ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.”
[13]
Sentencia T- 429 de 1994.
[14]
Sentencia T- 429 de 1994.
[15]
Sentencia C-309 de 1997.
[16]
Sentencia C- 507 de 2004.
[17]
Ver sentencia C-577 del 26 de julio de 2011.
[18]
Historia de las Leyes. Senado de la República, legislatura 1992. Tomo VI.  pág. 42.
[19]
Sentencia C- 985 de 2010.