C-895-03
Sentencia C-895/03
Sentencia C-895/03
COSA JUZGADA MATERIAL-Configuración
COSA JUZGADA-Inexistencia por presentarse
cargos distintos
ESTATUTO DE PROFESIONALIZACION
DOCENTE-Objetivo,
aplicación y alcance
CONCURSO-Concepto/IDONEIDAD-Concepto/CARRERA
DOCENTE-Concepto
ESCALAFON DOCENTE-Concepto
Se entiende por Escalafón Docente el
sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de
acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y
competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir
alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la
carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo
asignar el correspondiente salario profesional.
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL-Etapas de concurso para
ingresar
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL-Provisión de cargos
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL-Nombramiento en periodo de
prueba
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL-Ingreso a carrera
ESCALAFON DOCENTE-Estructura
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL-Retiro del servicio
ESCALAFON DOCENTE-Requisitos para inscripción y
ascenso
ESCALAFON DOCENTE-Inscripción y ascenso
CONCURSO PARA CARGOS DIRECTIVOS
DOCENTES-Requisitos
especiales/CONCURSO PARA CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES-Inscripción en el
escalafón
ESCALAFON DOCENTE-Retiro del servicio/ESCALAFON
DOCENTE-Exclusión/ESCALAFON DOCENTE-Pérdida de los derechos de
carrera
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL-Causales genéricas de retiro
del servicio
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL-Tipos de evaluaciones
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL-No superación del periodo de
prueba
ESCALAFON DOCENTE-Evaluación de competencias/ESCALAFON
DOCENTE-Evaluación de desempeño
CARRERA DOCENTE-Requisitos
ESCALAFON DOCENTE-Ubicación en función de los
títulos no indica inscripción sin concurso
CARRERA DOCENTE-Norma acusada no establece
sistema de ingreso automático
INGRESO EN EL ESCALAFON-Concepto ligado al grado en el
escalafón y al nivel salarial, no debe confundirse con el tema de provisión de
los cargos en la carrera docente
ESCALAFON DOCENTE-Conformación
ESCALAFON DOCENTE-Sistema de ascenso, variación
de grados y nivel salarial no puede identificarse con un concurso de ascenso
para proveer cargos de carrera
EDUCACION-Doble connotación jurídica
DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE-Situación no puede asimilarse
pura y simplemente a la de los demás servidores públicos dada su especifidad
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Ausencia de vulneración
LEGISLADOR-Regulación del ingreso,
permanencia y retiro de los servidores públicos
JUICIO DE IGUALDAD-Aplicación sobre ámbitos donde
el legislador goza de una amplia libertad de configuración
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN
LEGISLATIVA-Evaluación
del desempeño de docentes y directivos docentes
DERECHO A LA IGUALDAD-Facultad de prescindir de los
servicios del docente o directivo docente cuyo desempeño resulta
insatisfactorio no implica trato discriminatorio frente a los demás servidores
públicos
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Ausencia de vulneración por
prerrogativa otorgada a directivo docente
EDUCACION-Dada su calidad de servicio
público está sujeta a la Constitución y la ley
EDUCACION-Inspección y vigilancia del
Estado
ENSEÑANZA-Ejercicio/LEGISLADOR-Competencia
para garantizar la profesionalización y dignificación de la actividad docente
EDUCACION-Importancia de la
profesionalización
LEY GENERAL DE EDUCACION-Profesionalización de la
actividad docente como uno de los propósitos fundamentales
LEY GENERAL DE EDUCACION-Finalidad de la formación de
docentes
La Corte no encuentra, contrariamente
a lo afirmado por la demandante,  que  en esta situación se esté estableciendo
una diferencia de trato contraria a la Constitución en relación con los demás
servidores públicos, pues como se desprende de las consideraciones anteriores
la situación en que encuentra  el directivo docente  que previamente al
concurso y eventual acceso a un  cargo  directivo docente  se encuentra
escalafonado en la carrera docente   no puede compararse con la de los demás
servidores públicos inscritos en la carrera administrativa, como tampoco con el
caso de la persona que directamente concursa para un cargo directivo docente
sin haber sido inscrito antes como docente en el escalafón. Así las cosas no
siendo posible efectuar la comparación por ser situaciones diferentes, el
juicio de igualdad propuesto por la demandante no puede llevarse a cabo en este
caso.
Referencia:
expediente D-4554
Demanda
de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, 21, 23, 24, 25, 31, 35 y
36 (parciales) del Decreto 1278 de 2002“por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente ”
Actora: Marcela Patricia Jiménez Arango
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., siete (7) de
octubre de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango, presentó demanda contra los artículos
2, 21, 23, 24, 25, 31, 35 y 36 (parciales) del Decreto 1278 de 2002 “por el
cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”
Mediante auto del 4 de abril de
2003, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado
de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de
rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención
ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la
República, al Presidente del Congreso, así como a los Ministros del Interior y
Justicia y de Educación, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptuaran
sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
Así mismo ordenó invitar a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia con el mismo fin.
Cumplidos los trámites ya
relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del
Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de
la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de
la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No.
44.840 del 20 de junio de 2002. Se subraya lo demandado.
“ DECRETO NUMERO 1278 DE 2002 ”
(junio 19)
por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente
El Presidente de la República
de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el
artículo 111 de la Ley 715 de 2001,
DECRETA
CAPITULO I
Objeto, aplicación y alcance
(…)
Artículo 2°. Aplicación. Las normas de este estatuto
se aplicarán a quienes se vinculen a partir de la vigencia del presente
decreto para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y
a quienes sean asimilados de conformidad con lo dispuesto en esta misma norma.
Los educadores estatales ingresarán primero al
servicio, y si superan satisfactoriamente el período de prueba se inscribirán
en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto.
(…)
CAPITULO III
Carrera y escalafón docente
(…)
Artículo 21. Requisitos para inscripción y ascenso en
el Escalafón Docente. Establécense los siguientes requisitos para la
inscripción y ascenso de los docentes o directivos docentes estatales en los
distintos grados del Escalafón Docente:
Grado Uno: a) Ser normalista superior;
b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluación del
período de prueba.
Grado Dos: a) Ser licenciado en Educación o
profesional con título diferente más programa de pedagogía o un título de
especialización en educación;
b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluación del período
de prueba; o la evaluación de competencias en caso de que esté inscrito en el
Grado Uno.
Grado Tres: a) Ser Licenciado en Educación o
profesional;
b) Poseer título de maestría o doctorado en un área
afín a la de su especialidad o desempeño, o en un área de formación que sea
considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de los
estudiantes;
c) Haber sido nombrado mediante concurso;
d) Superar satisfactoriamente la evaluación del
período de prueba; o la evaluación de competencias en caso de que esté inscrito
en el Grado Uno o Dos.
Parágrafo. Quien reúna los requisitos de los Grados
Dos o Tres puede aspirar a inscribirse directamente a uno de estos grados,
previa superación de la evaluación del período de prueba.
Una vez inscrito, se considera ascenso pasar de un
grado a otro dentro del Escalafón Docente, previa acreditación de requisitos y
superación de las correspondientes evaluaciones de desempeño y de competencias,
y existencia de disponibilidad presupuestal.
(…)
Artículo 23. Inscripción y Ascenso en el Escalafón
Docente. En cada entidad territorial certificada existirá una repartición
organizacional encargada de llevar el registro de inscripción y ascenso en el
Escalafón de los docentes y directivos docentes estatales, con las
correspondientes evaluaciones y los documentos de soporte para cada grado y
nivel salarial, comunicando a la dependencia que se encargue de las novedades
de nómina cada vez que se presente una modificación de los mismos.
Los ascensos en el Escalafón y la reubicación en un
nivel salarial superior procederán cuando la entidad territorial certificada
convoque a evaluación de competencias y se obtenga el puntaje establecido en el
artículo 36 de este decreto. Dicha convocatoria establecerá el monto de la disponibilidad
presupuestal para efectos de ascenso y reubicación salarial. No podrán
realizarse ascensos y reubicación que superen dicha disponibilidad.
Artículo 24. Exclusión del Escalafón. La exclusión del
Escalafón Docente procederá por una de las siguientes causales:
a) Por las causales genéricas de retiro del servicio;
b) Por evaluación de desempeño no satisfactoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto.
Parágrafo. La exclusión del Escalafón
Docente por evaluación no satisfactoria trae como consecuencia el retiro del
servicio, y se efectuará por el nominador mediante acto motivado, el cual no
será susceptible de los recursos de la vía gubernativa, por tratarse de un acto
de ejecución[1].
Artículo 25. Reingreso al servicio y al Escalafón
Docente. El docente o directivo docente que sea destituido del cargo y excluido
del Escalafón Docente por orden judicial o por fallo disciplinario, sólo podrá
reingresar al servicio una vez haya transcurrido el tiempo de la inhabilidad
impuesto en la respectiva decisión, o en un tiempo no menor a los tres (3)
años, contados desde la ejecutoria del acto de destitución, en caso de que no
se haya fijado término de inhabilidad, y deberá volver a someterse a concurso
de ingreso y a período de prueba antes de volver a ser inscrito en el Escalafón
Docente, en el grado que le corresponda de acuerdo con el título académico que
acredite; iniciando de nuevo en el Nivel Salarial A del correspondiente grado.
El docente que sea retirado del servicio por no
superar la evaluación del período de prueba, podrá presentarse a concurso en la
siguiente convocatoria y, en caso de ser nombrado, ingresará de nuevo a período
de prueba.
El docente que sea excluido del Escalafón Docente y
retirado del servicio por obtener calificación no satisfactoria en evaluación
de desempeño, podrá concursar en la siguiente convocatoria, debiendo someterse
de nuevo a período de prueba, y en caso de que la supere, será inscrito
nuevamente en el Escalafón Docente, en el grado que le corresponda de acuerdo
con el título académico que acredite, pero iniciando en el Nivel Salarial A.
El directivo docente que no supere el período de
prueba, o que obtenga calificación no satisfactoria en evaluación de desempeño,
o que voluntariamente no desee continuar en tal cargo, será regresado a una
vacante de docente si venía vinculado al servicio estatal y se encontraba
inscrito en el Escalafón Docente, conservando el grado y el nivel que tenía.
Dicho tiempo de servicio de directivo se contabilizará para realización de
evaluación de competencias y superación de nivel salarial o de grado. Si no
estaba vinculado a la docencia estatal antes de ocupar el cargo directivo, será
excluido del Escalafón Docente y retirado del servicio.
(…)
CAPITULO IV
Evaluación
(…)
Artículo 31. Evaluación de período de prueba. Al
término de cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba,
que comprenderá desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán
someterse los docentes y directivos docentes que se hayan vinculado durante
dicho año, siempre y cuando hayan estado sirviendo el cargo por un período no
menor a los cuatro (4) meses durante el respectivo año; de lo contrario,
deberán esperar hasta el año académico siguiente.
Los docentes y directivos docentes que obtengan una
calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) en la evaluación de
desempeño y de competencias del período de prueba, la cual se considera
satisfactoria, serán inscritos en el Escalafón Docente, en el grado que les
corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten, según lo
dispuesto en el artículo 21 de este decreto.
Los docentes que obtengan una calificación inferior al
sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño o en competencias, serán
retirados del servicio.
Los directivos docentes que obtengan una calificación
inferior al sesenta por ciento (60%) en desempeño o en competencias en la
evaluación del período de prueba, si se encontraban inscritos en el Escalafón
Docente, serán regresados a la docencia una vez exista vacante. Si no se
encontraban inscritos, serán retirados del servicio.
Parágrafo. Quien sin justa causa no se presente a una
evaluación de período de prueba será retirado del servicio, a menos que
provenga del servicio docente estatal, en cuyo caso será reubicado en la
docencia y devengará el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con
el grado y nivel salarial que poseía.
(…)
Artículo 35. Evaluación de competencias. La
competencia es una característica subyacente en una persona causalmente
relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo.
La evaluación de competencias será realizada cada vez
que la correspondiente entidad territorial lo considere conveniente, pero sin
que en ningún caso transcurra un término superior a seis (6) años entre una y
otra. Se hará con carácter voluntario para los docentes y directivos docentes
inscritos en el Escalafón Docente que pretendan ascender de grado en el
Escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado. Se hará por grados en el
escalafón y por cargos directivos docentes. Debe permitir la valoración de por lo menos los
siguientes aspectos: competencias de logro y acción; competencias de ayuda y
servicio; competencias de influencia; competencias de liderazgo y dirección;
competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal.
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional será
responsable del diseño de las pruebas de evaluación de competencias y definirá
los procedimientos para su aplicación, lo cual podrá hacerse a través de
cualquier entidad pública o privada que considere idónea.
Artículo 36. Resultados y consecuencias de las
evaluaciones de desempeño y de competencias. Las evaluaciones de desempeño y de
competencias tendrán las siguientes consecuencias según sus resultados:
1. Evaluación ordinaria periódica de desempeño
anual:
El docente que obtenga una calificación inferior al
sesenta por ciento (60%), la cual se considera no satisfactoria, duran te
dos (2) años consecutivos en evaluación de desempeño, será excluido del
escalafón y, por lo tanto, retirado del servicio.
Los directivos docentes que obtengan una calificación
inferior al sesenta por ciento (60%) durante dos (2) años consecutivos,
serán regresados a la docencia una vez exista vacante, si provenían de la
docencia estatal; en cuyo caso percibirán el salario que corresponda a dicho
cargo, de acuerdo con el grado y el nivel salarial que poseían. Si no provenían
de la docencia estatal, serán excluidos del Escalafón Docente y retirados del
servicio.
2. Evaluación de competencias:
Serán candidatos a ser reubicados en un nivel salarial
superior, o a ascender en el escalafón docente, si reúnen los requisitos para
ello, quienes obtengan más de 80% en la evaluación de competencias. Para las
reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje hasta el
monto de las disponibilidades presupuestales anuales.
Parágrafo. Las evaluaciones de desempeño son susceptibles
de los recursos de reposición y apelación, las cuales deben ser resueltas
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación, por el
inmediato superior y por el superior jerárquico respectivamente.
III.    LA DEMANDA
Para la actora el primer inciso del
artículo 2°, el literal b) del
artículo 24,  los apartes acusados  del primer y segundo incisos  del numeral 1
del artículo 36, e inciso final del artículo 25 y el  inciso final  y el
parágrafo del artículo 31,  del Decreto 1278 de 2002, establecen un trato
desigual entre  los  servidores de la educación, toda vez que establecen unas
reglas de acceso y retiro solamente aplicables a quienes se vinculen al
servicio docente después de la entrada en  vigencia del Decreto 1278 de 2002,
con lo que  para unos mismos funcionarios del
Estado,- los docentes en este caso -,  se fijan reglas diferentes “generando
una discriminación sin fundamento objetivo alguno”.
Recuerda que el ingreso a los cargos
públicos  de carrera se debe efectuar a través de un concurso público abierto y
no de mecanismos automáticos de incorporación o de concursos cerrados. Cita
textualmente al respecto algunos apartes de la sentencias C-037/96 y C-266/02.
Controvierte en este sentido el hecho de
que con el  segundo inciso del artículo 2° y el parágrafo del artículo 21 se
establezca un sistema de ingreso automático a la carrera docente, en cuanto en
ellos se autorizaría “el ingreso” y la “inscripción directa” a la carrera
docente con la simple superación del periodo de prueba.
Así mismo en relación con el artículo 23,
y los apartes acusados del segundo inciso del artículo 35  del Decreto 1278 de
2002 concluye que se establece una especie de concurso cerrado de ascenso,
contrario a la constitución (arts 13-40-7 y 125 C.P.) y en contravía de la
jurisprudencia de esta Corporación en la materia a que se ha hecho referencia
(sentencias C-037/96 y C-226/02).
Hace énfasis en el hecho de que los
artículos demandados, al establecer la modalidad de concurso cerrado contrarían
el principio de igualdad de oportunidades para acceder al Escalafón, pues ello
implica que los ciudadanos que no se encuentren previamente vinculados a la
docencia puedan acceder a cargos públicos, violando con ello el numeral 7 del
artículo 40 de la Carta Política.
Finalmente, respecto del
literal b) del artículo 24, del inciso final del artículo 25, del inciso final
y del parágrafo del artículo 31 y del segundo inciso del numeral 1 del artículo
36 del Decreto 1278 de 2002  considera que no existe razón suficiente que
justifique que tratándose de la carrera docente sean necesarias dos
evaluaciones insatisfactorias para retirar del servicio a un docente o a un
directivo docente mientras que  para los demás servidores públicos es
suficiente una única calificación insatisfactoria. Menos aún que se  de la
prerrogativa a los directivos docentes de permanecer vinculados a la carrera
como docentes, cuando  no han superado las dos evaluaciones de desempeño
señaladas en la ley en su caso, lo que genera “una odiosa discriminación”.
IV.    INTERVENCIONES
1.  Ministerio de
Educación Nacional
La entidad señalada a
través de apoderada judicial, debidamente acreditada, interviene en el presente
proceso con el fin de solicitar la declaratoria de exequibilidad de las
disposiciones acusadas con fundamento en las consideraciones que se resumen
enseguida.
Afirma que no es de recibo
el argumento de la demandante en el sentido de que se viole el principio de
igualdad, al establecer un nuevo régimen de carrera docente con la expedición
del Decreto 1278 de 2002, pues como  ya lo señaló la Corporación  (Sentencia
C-313/03) las normas acusadas lo que están haciendo es preservar los derechos
adquiridos de los docentes vinculados con anterioridad a la expedición del
mismo.
Destaca que el
derecho a la igualdad  se hace efectivo respecto de situaciones similares y
debe aplicarse de tal manera que los iguales tengan tratamiento igual y los
desiguales tengan consideraciones diferentes.
En cuanto a la
violación del artículo 40, numeral 7, de la Carta Política, afirma que éste “se
refiere es al Poder Político (elegir y ser elegido), y en consecuencia los
cargos efectuados por la actora no son acordes con lo contemplado en las
disposiciones acusadas”.
En relación con la
presunta vulneración del artículo 125 superior, estima que, la expedición del
Decreto 1278 de 2002, precisamente tuvo como uno de sus fundamentos éste
precepto constitucional, toda vez que, el Decreto en ningún momento establece
el ingreso automático a la carrera docente sino que señala como regla general
la realización del concurso público de ingreso.
Recuerda que tal
como  lo establece el artículo 18 del Decreto 1278 de 2002, “…el docente
deberá concursar y superar satisfactoriamente el periodo de prueba, para ser
nombrado en propiedad y poder ingresar al Escalafón Docente…”, y  es solo a
partir de ese momento que gozará de los derechos y garantías propios de la
carrera docente.
Precisa que el artículo 21 del Decreto
1278 de 2002  no autoriza  la “inscripción directa” ni el “ascenso”  en los
cargos de la carrera docente.
Afirma que   una vez inscrito en el
escalafón docente  es lógico que el servidor  pueda aspirar a ascender  de
grado o a pasar de un nivel salarial a otro y que esta circunstancia no puede
considerarse que vulnere la Constitución.
2. Academia Colombiana de jurisprudencia
El Presidente de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por esta
Corporación,  hizo llegar el concepto que preparó el académico Hernán Alejandro
Olano García, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de las norma
demandadas, a partir de las consideraciones que se sintetizan a continuación.
El interviniente afirma que, la finalidad
del Decreto 1278 de 2002, es: “… que el gremio de docentes se encuentre
integrado por personal comprometido con su propio desarrollo y con su
conocimiento intelectual, ya que su avance será el de las instituciones a las
que están vinculados y su compromiso profundo está relacionado con la adecuada
formación de la niñez y la juventud…”.
Recuerda  que la ley 115 de 1994
- Ley General de Educación -, fue expedida con el fin de dar cumplimiento a lo
mandado en los artículos 67 y 68 de la Carta Política, creando un sistema
nacional de educación, y estableciendo dentro del mismo varios propósitos,
especialmente el referido a la Profesionalización de la actividad docente.
Cita algunos apartes de las
sentencias C-673 de 2001, C- 973 de 2001 y C-507 de 1997, proferidas por ésta
Corporación, en donde  la Corte aborda al tema del valor de la educación para
la sociedad y sobre la importancia del adecuado diseño del sistema educativo
para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación.  Recuerda
así mismo que  el Constituyente encomendó al Legislador la labor de garantizar
la profesionalización y dignificación de la actividad docente, pues la
consecución de tal objetivo es de gran importancia.
En relación con los cargos
planteados en la demanda  concluye los siguiente: “Mirados en su conjunto
los requisitos  muestran una clara diferenciación en el trato de los dos grupos,
que no se justifica debemos afirmar, como lo ha hecho la Corte, que el merito
rige la carrera docente y garantiza la igualdad de oportunidades para  los
diferentes profesionales inscritos en el escalafón. Advirtiendo a este respecto
que el legislador extraordinario, dentro de su amplia facultad de configuración
legislativa, estimó que aunque existen otras maneras  de definir y medir el
mérito, las escogidas por el Legislador  no son del todo objetivas y
razonables”.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Señor Procurador
General de la Nación allegó el concepto número 3236    recibido el 28 de mayo
de 2003, en el cual solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia
C-313 de 2003, en relación con el inciso primero del artículo 2 acusado y
declarar la exequibilidad del artículo 2, inciso segundo, y de los demás
artículos acusados, de conformidad con las siguientes consideraciones.
Recuerda que en la Ley 715 de
2001, artículo 111, se le concedieron facultades extraordinarias al Presidente,
para expedir un nuevo régimen de carrera docente para los docentes, directivos
docentes y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la
misma Ley.
Señala que, tales facultades
ya fueron declaradas exequibles por la Corte, a través de sentencia C-617/02,
donde se precisó que no existía vulneración al derecho a la igualdad por el
hecho de establecerse  regímenes distintos para los docentes a partir de la
expedición de dicha ley. Señala que al respecto en anterior concepto ya   había
solicitado a la Corte que diera aplicación al fenómeno de cosa juzgada material
constitucional sobre este punto.
Destaca entonces que, los
artículos acusados no vulneran el derecho a la igualdad de trato frente a la
ley, pues como lo estableció la Corte en las sentencias C-617/02 y C-313/03, se
busca es garantizar los derechos adquiridos por los docentes que ya estaban
vinculados al servicio de educación estatal, de forma tal que este punto ya
constituye cosa juzgada constitucional, pues la Corte, estimó que no se vulnera
el derecho a la igualdad por la existencia de un régimen para docentes antiguos
y otro para los nuevos.
Afirma que el Decreto
1278 de 2002, no establece un sistema de ingreso automático en la carrera
docente sino que por el contrario el ingreso se encuentra sometido a concurso
como claramente se desprende de los artículos 12 y 18 de la misma norma. Al
respecto precisa  que “… el sistema ha sido previsto para que todas las
personas que reúnan los requisitos previstos en la ley, se presenten a través
de concurso público y en orden de elegibilidad descendente se nombre a
quienes superaron las pruebas establecidas, y luego demostraron sus habilidades
en el periodo de prueba…”
Frente al cargo por
la supuesta vulneración de los artículos 125 y 40, numeral 7, constitucionales,
estima que, no tiene fundamento, toda vez que el Decreto 1278, en el artículo
21 acusado, establece los requisitos para la inscripción y ascenso en el
escalafón docente, de acuerdo al sistema de ingreso, a través de concurso
público abierto, para proveer los empleos docentes y directivos docentes de
carácter abierto, de forma tal que frente a la vinculación de personas a cargos
docentes de carrera vacantes no existe discusión alguna.
Afirma que, el artículo 21 demandado
parcialmente, no introduce un sistema de ascenso automático en el escalafón
docente ni tampoco un sistema de concurso cerrado para ascenso entre quienes ya
se encuentren vinculados al servicio docente por el sistema de carrera.  En ese
orden de ideas, existen dos situaciones: “…Una, la de los docentes y
directivos docentes vinculados en periodo de prueba que en todo caso deben ser
vinculados mediante el sistema de concursos abiertos para proveer cargos
docentes vacantes, en donde pueden participar todas las personas en igualdad de
condiciones que reúnan los requisitos; y de la otra, la inscripción en uno de
los tres grados y en uno de los cuatro niveles salariales del escalafón que
tienen grado, proceso éste que es posterior al concurso y al vencimiento del
período de prueba y paso esencial para quedar inscrito en el escalafón, que es
la parte final del proceso de selección que comenzó …”.
Concluye en éste punto que,
durante el proceso de vinculación a cargos docentes, el Decreto 1278 de 2002,
se encuentra en concordancia con lo establecido en las Sentencias C-037/96 y
C-266/02, proferidas por ésta Corporación.  De forma tal que, no existe
concurso de ascenso cerrado para el servicio público docente, pues la única
manera de proveer cargos docentes vacantes para cualquier nivel educacional es
a través de concursos públicos abiertos.
Considera que: “… cuando se convoca a
un concurso para proveer cargos docentes, ello es sin perjuicio del derecho que
tienen los docentes en carrera e inscritos en el escalafón de que una vez
cumplidos los requisitos legales, la autoridad educativa competente los
reclasifique en el grado y nivel salarial que le corresponda, ya que cuando
pasan de un nivel a otro, el beneficiario no deja ningún empleo vacante sino
que simplemente pasa a otra categoría con un nivel salarial distinto...”.
Estima que, los términos
carrera y escalafón no pueden tenerse como sinónimos, de forma tal que el sistema
de ascenso en el escalafón es un derecho que adquieren en principio los
docentes que ya vienen vinculados al servicio tan pronto como reúnan los
requisitos legales, pero que también lo tienen los particulares cuando se
designan en el cargo de docentes en periodo de prueba y han superado la
evaluación, de forma tal que pueden ser inscritos de manera definitiva en el
escalafón docente, esto es lo que debe entenderse que autoriza el parágrafo del
artículo 21 demandado.
Precisa de otra parte que el
artículo 23 demandado, tampoco vulnera los artículos 125 y 40, numeral 7,
constitucionales, toda vez que, la inscripción y ascenso en el escalafón
docente no implica acceder a un nuevo empleo, pues el docente o directivo
mantiene la plaza a la que accedió mediante el respectivo concurso.   Así pues,
lo que la norma establece sobre este tema es: “…el procedimiento a través
del cual se va a producir la actuación administrativa de escalafonamiento en
grado y nivel salarial …”.
Por esa razón, considera que
el artículo demandado, se encuentra ajustado a la Constitución, ya que el
ascenso en el escalafón no impide que existan convocatorias públicas con el fin
de acceder a cargos docentes cada vez que se presente una vacante, bien sea
porque ocurra cualquier causa de retiro del servidor público o porque se creen
nuevas plazas.
Afirma que si se tiene en
cuenta que la carrera docente y el sistema de escalafón docente, son diferentes
y distintos a otros sistema de carrera, el trato diferenciado entre docentes y
otros servidores públicos se encuentra justificado.  Además, porque las
funciones de los dos cargos son diferentes y por tanto no puede tener
consecuencias el desempeño de un cargo frente al otro.
En cuanto a los puntajes
mínimos que deben alcanzar los docentes en la evaluación del desempeño o en
competencias en la evaluación del período de prueba, advierte  que: “…Es al
legislador a quien le corresponde establecer los estándares y los criterios de
las pruebas a que deben someterse los servidores públicos, en materia de
idoneidad y competencia”.
En relación con lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002, afirma que: “…los
docentes imparten enseñanza y conocimiento y  por tanto no se les puede evaluar
con los mismos parámetros que a los funcionarios que ejercen funciones
administrativas y judiciales, pues en el caso de los docentes deben exigirse
calidades éticas e intelectuales específicas, en tanto que tienen a su cargo un
asunto de inmensa trascendencia social, como es la formación de la infancia y
la juventud …”. Recuerda así mismo que  en el caso de los docentes el
examen es el mecanismo idóneo para que estos se encuentren permanentemente
actualizados, y por tanto, en la medida en que se preparen, formen y
actualicen, ello redundará en beneficio de la calidad educativa.
Afirma, entonces, que no se puede
considerar vulnerado el principio de igualdad por el hecho que   los demás regímenes legales de carrera
dispongan que con una sola evaluación insatisfactoria procede el retiro del
servicio, mientras  para los docentes procede luego de dos calificaciones
insatisfactorias consecutivas, pues esta regulación atiende es  a la
especificidad de la actividad docente.
Explica finalmente que el directivo
docente - que provenía de la docencia y se encontraba inscrito en el escalafón
docente -, a quien se  evalúe de manera insatisfactoria  por su actividad como
directivo no puede ser excluido del escalafón docente por cuanto la
calificación  insatisfactoria no se refiere a su actividad como docente sino
como directivo docente
En este sentido precisa que no  se vulnera
ninguna disposición constitucional con esta posibilidad que simplemente es una
consecuencia de la inscripción en el escalafón docente, del que solamente se le
podrá excluir como resultado de la evaluación insatisfactoria de su actividad
como docente.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 5° de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la
demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues  las norma acusadas
hacen parte de un Decreto con fuerza de ley dictado  por el Gobierno con
fundamento en el artículo 150-10 de la Constitución.
2.      La materia sujeta a examen
La demandante solicita la declaratoria de
inexequibilidad i)  del primer inciso del artículo 2°, del literal b)
del artículo 24, del inciso final del artículo 25, del inciso final, el
parágrafo del artículo 31  y el numeral 1 del  artículo 36 del Decreto 1278  de
2002,  por considerar que vulnera el principio de igualdad, en cuanto se señala
un régimen diferente  de ingreso y retiro de la carrera para los servidores
que se vinculen al servicio docente antes y después de la entrada en vigencia
del Decreto 1278 de 2002, ii) del segundo inciso del artículo 2°, del
parágrafo del artículo 21, del artículo 23, del  segundo inciso del artículo 35
con los que se establecería un sistema de ingreso automático a la carrera
docente así como una especie de concurso cerrado de ascenso, contrario a la
Constitución (arts 13-40-7 y 125 C.P.) y en contravía de la jurisprudencia de
esta Corporación en la materia (sentencias C-037/96 y C-226/02), iii)
del numeral 1 del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002 que establece como
causal de exclusión del escalafón docente y de retiro del servicio   dos
evaluaciones  consecutivas negativas, mientras que  para los demás servidores
públicos la ley solamente exige una evaluación insatisfactoria con lo que se
vulneraría el principio de igualdad (art 13 C.P.)  y iv) del literal b)
del artículo 24, del inciso final del artículo 25, del inciso final y del
parágrafo del artículo 31 y del segundo inciso del numeral 1 del artículo 36
del Decreto 1278 de 2002 que permiten  al directivo docente que no supera una
evaluación, regresar  a  un cargo docente  una vez exista vacante, si provenía
de la docencia y se encontraba inscrito en el escalafón docente, con lo que
igualmente se desconocería el principio de igualdad frente al caso de los demás
servidores públicos.
El interviniente en nombre del Ministerio
de Ecuación Nacional se opone a los argumentos planteados en la demanda.
Precisa que las normas acusadas no establecen ninguna discriminación entre los
docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002 y los docentes que ingresaron
antes de su vigencia al servicio docente.
Afirma que las normas acusadas,
contrariamente a lo señalado en la demanda, no establecen en manera alguna un
sistema  de ingreso automático  a la carrera docente como se desprende de la
simple lectura completa y sistemática de las mismas. Afirma así mismo que es
apenas lógico que una vez inscrito en el escalafón docente  se pueda aspirar a
ascender  de un grado a otro  o pasar de un nivel salarial a otro, sin que con
ello se vulnere la Constitución.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia
considera por el contrario que las normas acusadas efectivamente  desconocen
los mandatos superiores y en particular el principio de mérito  por lo que
solicita que se declare la inexequibilidad de las mismas.
El señor Procurador General de la Nación
por su parte solicita estarse a lo resuelto en la sentencia C-313/03 en
relación con el cargo formulado en contra del primer inciso del artículo 2° del
Decreto 1278 de 2002 y la declaratoria de exeqibilidad  de las demás
disposiciones acusadas.
Aclara que las normas acusadas no
establecen un sistema  de ingreso automático a la carrera docente sino que, por
el contrario, en ellas se señala para ingresar a la misma  la obligatoriedad
del concurso, y además i) la necesidad de superar satisfactoriamente el periodo
de prueba y ii) la inscripción en el escalafón.
Aclara igualmente que las normas acusadas
tampoco establecen un  sistema de concurso cerrado  de ascenso.  Al respecto
advierte que los  términos  carrera, escalafón y nivel salarial no pueden
asimilarse. Precisa  igualmente  que  el grado y el nivel salarial son de
carácter personal, por lo que  el ascenso  de un grado y nivel salarial no
implica  vacante alguna que deba ser llenada mediante concurso.  Cuando haya
que proveer vacantes de cargos docentes o de directivos docentes  se deberá
acudir a las listas de elegibles resultado de  convocatorias  públicas de
concursos abiertos en los que pueden participar tanto los docentes inscritos en
el escalafón como cualquier persona.
Señala de otra parte que las normas
acusadas no pueden considerarse como violatorias del artículo 13 superior por
establecer  un sistema  de evaluación para los docentes diferente del de los
demás servidores públicos, pues dicha diferencia se fundamenta  en la
especificidad de su actividad que supone un proceso permanente de
actualización y mejoramiento tendiente a asegurar la calidad de la educación.
Explica finalmente que el directivo
docente - que provenía de la docencia y se encontraba inscrito en el escalafón
docente -, a quien se  evalúe de manera insatisfactoria  por su actividad como
directivo no puede ser excluido del escalafón docente por cuanto la
calificación  insatisfactoria no se refiere a su actividad como docente
previamente adquirida sino a la del cargo directivo docente que desempeña.
Corresponde a la Corte en consecuencia
determinar si  con las normas demandadas i) se vulnera el artículo 13
superior  por establecerse en la ley regímenes  diferentes  para los servidores
que ingresaron antes y después de la entrada en vigencia del Decreto1278 de
2002;   ii) se establece un sistema de ingreso automático  y un concurso
de  ascenso cerrado para  la carrera docente,  contrario a la Constitución y a
la jurisprudencia de esta Corporación;  iii) si  cuando  el numeral 1
del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002   señala que en el caso de los
docentes y directivos docentes serán necesaria una evaluación insatisfactoria
durante dos años consecutivos para proceder al retiro del servicio y a la
exclusión del escalafón docente, se establece un tratamiento diferenciado
contrario  a la Constitución, si se le compara con el tratamiento dado por la
ley a  los demás servidores públicos a los que se les retirará del servicio con
una sola evaluación insatisfactoria; y iv) si la posibilidad que se
prevé en varias de las disposiciones acusadas para los directivos docentes que
provenían de la docencia y se encontraban inscritos en el escalafón docente de
regresar   a la docencia una vez exista vacante luego de  no superar alguna de
las evaluaciones establecidas en su caso en el Decreto 1278 de 2002  respecto
de su actividad como directivos docentes desconoce la Constitución (art. 13
C.P.).
3.  Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario
efectuar algunas precisiones relativas a i) los efectos de la cosa juzgada en
el presente proceso, iii) El sistema de ingreso y retiro de la carrera docente
establecido en el estatuto de profesionalización docente y el contenido y
alcance de las disposiciones acusadas, que resultan pertinentes para el
análisis de los cargos planteados en la demanda.
3.1 Los efectos de la cosa juzgada en el
presente proceso
3.1.1 Cosa juzgada absoluta en relación
con el cargo planteado  contra el primer inciso del  artículo 2° del Decreto
1278 de 2002
Como lo pone de presente el señor
Procurador en su concepto,  la Corte en la sentencia C-313 de 2003  declaró la
exequibilidad del artículo 2° del Decreto 1278 de 2002  frente al cargo
planteado en  ese proceso en relación con la supuesta vulneración del principio
de igualdad por el hecho de señalarse que las normas de dicho estatuto se
aplicaran  solamente  a quienes se vinculen  a partir de su vigencia para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes y a quienes se asimilen a él
de conformidad con el artículo 65  del mismo decreto.
Dado que la actora plantea en el presente
proceso el mismo cargo  en contra del primer inciso del artículo 2° habrá de
estarse a lo resuelto en dicha sentencia sobre el particular, por configurarse
en este caso el fenómeno de  cosa juzgada absoluta.
3.1.2 Cosa juzgada material  en relación
con el cargo planteado con el mismo fundamento  por la supuesta vulneración del
principio de igualdad   en contra del literal b) del artículo 24, del inciso final del
artículo 25, del inciso final y el parágrafo del artículo 31, y del numeral 1
del artículo 36    del Decreto 1278  de 2002
En la medida en que la actora
plantea exactamente el mismo cargo  en el presente proceso en  contra del
literal b) del artículo 24, del inciso final del artículo 25, del inciso final
y el parágrafo del artículo 31, y del numeral 1 del artículo 36 del Decreto
1278  de 2002  y que las consideraciones hechas en la Sentencia C-313 de 2003
en relación con el artículo 2° del Decreto 1278 de 2002 son necesariamente  las
mismas que deben predicarse de todo el texto del  referido Decreto, la Corte
igualmente se estará a lo resuelto en dicha sentencia, por configurarse en este
caso el fenómeno de  cosa juzgada material.
3.1.3 Ausencia de cosa
juzgada  en relación con el   cargo planteado  en contra del segundo inciso de
artículo 2°   del Decreto 1278 de 2002
Cosa diferente debe señalarse
en relación con el  cargo planteado en el presente proceso en contra del
segundo inciso del artículo 2° del decreto 1278 de 2002, por el supuesto
desconocimiento de los artículos  13, 40-7 y 125 - por cuanto con dicho inciso
se estaría estableciendo un sistema de ingreso automático a la carrera docente
-,  pues en relación con dicho cargo la Corte no se pronunció en la Sentencia
C-313 de 2003  a que se ha hecho referencia.
En este sentido al respecto los efectos de
cosa juzgada  de la declaratoria de exequibilidad del artículo 2° en la
Sentencia C-313 de 2003 son simplemente relativos  y debe entonces examinarse
el cargo planteado en la presente demanda.
3.1.4 Ausencia de cosa juzgada  en
relación con los  cargos planteados en contra del  artículo 23, el inciso final del artículo 31,  el
aparte acusado del  segundo inciso del artículo 35 y los apartes acusados del
numeral 1 del artículo 36  del Decreto 1278  de 2002
La Corte constata, de otra parte, que en
la Sentencia C-734 de 2003 la Corporación  declaró la exequibilidad de algunos
apartes de los artículos 23, 31 y 35, así como del numeral 1 del artículo 36
del Decreto 1278 de 2002[2],
por los cargos planteados en esa ocasión  referentes a la supuesta vulneración
de los artículos 125 y 130 superiores, - en el caso del artículo 23[3]-,   y de
los artículos 53 y 125 constitucionales, - en el caso de  los incisos tercero y
cuarto del artículo 31, el  segundo inciso del artículo 35 y del numeral 1 del
artículo 36[4]-.
Dado que  la Corte en la parte resolutiva
de la referida sentencia  limitó los efectos de su decisión a los cargos
analizados en esa ocasión  y que en el presente proceso  los cargos planteados
por la actora  contra las mismas disposiciones son diferentes, pues  hacen
referencia  es a la supuesta vulneración por las normas acusadas de los
artículos 13, 40-7 y 125 por cuanto se estaría estableciendo un sistema de
ingreso automático a la carrera y un concurso cerrado de ascenso, de la misma
manera que se estaría dando a los docentes y directivos docentes un tratamiento
que resulta discriminatorio comparado con el de los  demás servidores
estatales, es claro  que   los efectos de la cosa juzgada son  simplemente
relativos  y por tanto  la Corte debe proceder a efectuar el análisis del cargo
planteado en la presente demanda contra los apartes acusados  de los
artículos  23, 31, 35 y 36 del decreto 1278 de 2002.
3.2  El sistema de ingreso y retiro de
la carrera docente establecido en el estatuto de profesionalización docente y
el contenido y alcance de las disposiciones acusadas
3.2.1 De acuerdo con el artículo 1° del
Decreto 1278 de 2002 el objeto del mismo es establecer el Estatuto de
Profesionalización Docente para regular las relaciones del Estado con los
educadores a su servicio, garantizando que la docencia[5] sea
ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación,
experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que
orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del
servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo
y crecimiento profesional de los docentes.
El artículo 2° precisa que las normas de
dicho estatuto se aplicarán a quienes se vinculen a partir de la vigencia del
mismo para desempeñar cargos docentes[6]
y directivos docentes[7]
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y
secundaria) o media, y a quienes sean asimilados de conformidad con lo
dispuesto en la misma norma[8].
3.2.2 Los artículos 8,  16 y 19 definen por
su parte qué se entiende en la norma por concurso,  carrera docente y escalafón
docente, conceptos que si bien se encuentran interrelacionados no cabe
confundir, como se desprende de los textos que a continuación se transcriben.
Artículo 8°. Concurso para
ingreso al servicio educativo estatal. El concurso para ingreso al servicio
educativo estatal es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de
aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y
condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera
docente, se determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su
ubicación en el mismo, con el fin de garantizar disponibilidad permanente para
la provisión de vacantes que se presenten en cualquier nivel, cargo o área de
conocimiento dentro del sector educativo estatal.
Artículo 16. Carrera
docente. La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de
la profesión docente en el sector estatal. Se basa en el carácter profesional
de los educadores; depende de la idoneidad en el desempeño de su gestión y de
las competencias demostradas; garantiza la igualdad en las posibilidades de
acceso a la función para todos los ciudadanos aptos para el efecto; y considera
el mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia, la
promoción en el servicio y el ascenso en el Escalafón.
Artículo 19. Escalafón
Docente. Se entiende por Escalafón Docente el sistema de clasificación de
los docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación
académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias,
constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante
su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base
en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente
salario profesional.
La idoneidad encierra el
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y
valores que se consideran imprescindibles para el desempeño de la función
docente.
3.2.3 En el segundo inciso del artículo 2°
del Decreto 1278 de 2002 se señala que los educadores estatales ingresarán
primero al servicio, y si superan satisfactoriamente el período de prueba se
inscribirán en el Escalafón Docente, disposición que hay que analizar en
concordancia  con los artículos 7, 9, 11, 12, 18 y  20  del mismo Decreto  en
los que se regulan las diferentes etapas necesarias  para el ingreso a la
carrera docente, a saber   i) el concurso necesario para dicho ingreso, ii) la
manera como debe procederse a la provisión de cargos, iii) el nombramiento en
periodo de prueba y la necesaria superación de la evaluación correspondiente, y
iv) la  inscripción en el escalafón docente.
En dichos artículos se señala lo
siguiente:
Artículo 7°. Ingreso al
servicio educativo estatal. A partir de la vigencia de este decreto, para
ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer título de licenciado
o profesional expedido por una institución de educación superior debidamente
reconocida por el Estado o título de normalista superior y, en ambos casos, superar
el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la
docencia, en el nivel educativo y en el área de conocimiento de su formación.
Quienes posean título de
normalista superior expedido por una escuela normal superior reestructurada,
expresamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, podrán ejercer
la docencia en educación primaria o en educación preescolar.[9]
Artículo 9°. Etapas del concurso para
ingresar al servicio educativo estatal. Cuando no exista listado de
elegibles respectivo, la entidad territorial certificada convocará a concurso
público y abierto para cargos docentes y directivos docentes, el cual se
realizará según reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, y tendrá las
siguientes etapas:
a) Convocatoria;
b) Inscripciones y
presentación de la documentación;
c) Verificación de requisitos
y publicación de los admitidos a las pruebas;
d) Selección mediante prueba
de aptitudes y competencias básicas.
Tiene por objeto la escogencia
de los aspirantes más idóneos que harán parte del correspondiente listado de
elegibles;
e) Publicación de resultados
de selección por prueba de aptitud y competencias básicas;
f) Aplicación de la prueba
psicotécnica, la entrevista y valoración de antecedentes;
g) Clasificación. Tiene por
objeto establecer el orden en el listado de elegibles, según el mérito de cada
concursante elegible, asignando a cada uno un lugar dentro del listado para
cada clase de cargo, nivel y área del conocimiento o de formación, para lo cual
se tendrán en cuenta los resultados de la prueba de aptitudes y competencias
básicas; la prueba psicotécnica; la entrevista y la valoración de antecedentes.
Para los directivos se calificarán los títulos de postgrado relacionados con las
funciones del cargo y la experiencia adicional;
h) Publicación de resultados;
i) Listado de elegibles por
nivel educativo y área de conocimiento, en orden descendente de puntaje para
cada uno de ellos.
Parágrafo. El Gobierno Nacional
reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada
una de las etapas del concurso, la elaboración de las pruebas de selección y
señalará los puntajes correspondientes para la selección y clasificación, determinando
cuáles de ellas admiten recursos y su procedimiento.[10]
Artículo 11. Provisión de
cargos. Cuando se produzca una vacante en un cargo docente o directivo
docente, el nominador deberá proveerla mediante acto administrativo con quien
ocupe el primer lugar en el respectivo listado de elegibles del concurso.
Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien ocupe el primer lugar, se
podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y quien rehúse el
nombramiento será excluido del correspondiente listado.
Parágrafo. Los listados de
elegibles tendrán una vigencia de dos (2) años, contados a partir de su
publicación.
Artículo 12. Nombramiento
en período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para
un cargo docente o directivo docente será nombrada en período de prueba hasta
culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado, siempre y
cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses.
Al terminar el año
académico respectivo, la persona nombrada en período de prueba será sujeto de
una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o
directivo docente adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el
Escalafón Docente, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto.
Parágrafo 1°. Los
profesionales con título diferente al de licenciado en educación, deben
acreditar, al término del período de prueba, que cursan o han terminado un
postgrado en educación, o que han realizado un programa de pedagogía bajo la
responsabilidad de una institución de educación superior, de acuerdo con la
reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional.
Parágrafo 2°. Quienes no
superen el período de prueba serán separados del servicio, pudiéndose presentar
de nuevo a concurso cuando haya otra convocatoria.
Artículo 18. Ingreso a la
carrera. Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los
educadores estatales que sean seleccionados mediante concurso, superen
satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente.
Artículo 20. Estructura
del Escalafón Docente. El Escalafón Docente estará conformado por tres (3)
grados. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado
estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D).
Quienes superen el período
de prueba se ubicarán en el Nivel Salarial A del correspondiente grado, según el título académico que acrediten;
pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de
tres (3) años de servicio, siempre y cuando obtengan en la respectiva
evaluación de competencias el puntaje indicado para ello, según lo dispuesto en
el artículo 36 del presente decreto.
Cabe precisar que quien no supere el
período de prueba  o quien sin justa causa no se presente a la evaluación
respectiva será retirado del servicio. En todo caso el servidor podrá
presentarse  de nuevo a concurso cuando haya otra convocatoria. Si se trata de
un  directivo docente que provenía de la docencia y previamente se encontraba
inscrito en el escalafón docente podrá regresar a la docencia una vez exista
vacante[11].
3.2.4 Por su parte los artículos 21 y 23
establecen los requisitos para la inscripción en  los diferentes grados del
escalafón docente  y el posterior ascenso en dicho escalafón.
Artículo 21. Requisitos
para inscripción y ascenso en el Escalafón Docente. Establécense los
siguientes requisitos para la inscripción y ascenso de los docentes o
directivos docentes estatales en los distintos grados del Escalafón Docente:
Grado Uno: a) Ser normalista
superior;
b) Haber sido nombrado
mediante concurso;
c) Superar
satisfactoriamente la evaluación del período de prueba.
Grado Dos: a) Ser licenciado
en Educación o profesional con título diferente más programa de pedagogía o un
título de especialización en educación;
b) Haber sido nombrado
mediante concurso;
c) Superar
satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de
competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno.
Grado Tres: a) Ser Licenciado
en Educación o profesional;
b) Poseer título de maestría
o doctorado en un área afín a la de su especialidad o desempeño, o en un área
de formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza -
aprendizaje de los estudiantes;
c) Haber sido nombrado
mediante concurso;
d) Superar
satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de
competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno o Dos.
Parágrafo. Quien reúna los
requisitos de los Grados Dos o Tres puede aspirar a inscribirse directamente a
uno de estos grados, previa superación de la evaluación del período de prueba.
Una vez inscrito, se
considera ascenso pasar de un grado a otro dentro del Escalafón Docente, previa
acreditación de requisitos y superación de las correspondientes evaluaciones de
desempeño y de competencias, y existencia de disponibilidad presupuestal.
Artículo 23. Inscripción y
Ascenso en el Escalafón Docente. En cada entidad territorial certificada
existirá una repartición organizacional encargada de llevar el registro de
inscripción y ascenso en el Escalafón de los docentes y directivos docentes
estatales, con las correspondientes evaluaciones y los documentos de soporte
para cada grado y nivel salarial, comunicando a la dependencia que se encargue
de las novedades de nómina cada vez que se presente una modificación de los
mismos.
Los ascensos en el Escalafón
y la reubicación en un nivel salarial superior procederán cuando la entidad
territorial certificada convoque a evaluación de competencias y se obtenga el
puntaje establecido en el artículo 36 de este decreto. Dicha convocatoria
establecerá el monto de la disponibilidad presupuestal para efectos de ascenso
y reubicación salarial. No podrán realizarse ascensos y reubicación que superen
dicha disponibilidad.
De acuerdo con las disposiciones
transcritas  se considera ascenso pasar de un grado a otro dentro del Escalafón
Docente, previa acreditación de requisitos y superación de las correspondientes
evaluaciones de desempeño y de competencias, y existencia de disponibilidad
presupuestal y que los ascensos en el Escalafón y la reubicación en un nivel
salarial superior procederán cuando la entidad territorial certificada convoque
a evaluación de competencias y se obtenga un puntaje superior a 80% en dicha
evaluación. Dicha convocatoria establecerá además el monto de la disponibilidad
presupuestal para efectos de ascenso y reubicación salarial pues no podrán
realizarse ascensos y reubicación que superen dicha disponibilidad. Es decir
que el concepto de ascenso en el decreto sub examine, ligado  al grado  en el
escalafón y al nivel salarial, no debe confundirse con el tema de la provisión
de los  cargos en la carrera docente que deberán siempre ser llenados acudiendo
a la lista de elegibles del respectivo concurso (art. 11 del Decreto 1278 de
2002) y cuando no exista listado de elegibles, la entidad territorial
certificada deberá convocar a concurso público y abierto para el efecto (art. 9
del Decreto 1278 de 2002).
3.2.5 Cabe precisar, de otra parte que en
el Decreto 1278,  en relación con los directivos docentes, se señalan
requisitos especiales en el artículo 10 para participar en los concursos para
cargos de directivo docente, al tiempo que el artículo 22 del mismo Decreto
establece reglas especiales para su  inscripción en el escalafón dependiendo
de si provienen o no de la docencia estatal y ya se encontraban o no inscritos
en el escalafón docente. Al respecto  los artículos  referidos señalan :
Artículo 10. Requisitos
especiales para los directivos docentes. Para participar en los concursos
para cargos directivos docentes de los establecimientos educativos, los
aspirantes deben acreditar los siguientes requisitos:
a) Para director de educación
preescolar y básica primaria rural: Título de normalista superior, o de
licenciado en educación o de profesional, y cuatro (4) años de experiencia
profesional;
b) Para coordinador: Título
de licenciado en educación o título profesional, y cinco (5) años de
experiencia profesional;
c) Para rector de institución
educativa con educación preescolar y básica completa y/o educación media:
Título de licenciado en educación o título profesional, y seis (6) años de
experiencia profesional.
Parágrafo. El Gobierno
Nacional establecerá los perfiles para cada uno de los cargos directivos y el
tipo de experiencia profesional que será tenida en cuenta para estos concursos
Artículo 22. Escalafón de
Directivos Docentes. Los Directivos Docentes, una vez superado el
concurso respectivo y la evaluación del período de prueba, serán inscritos en
el Escalafón Docente en el grado que les corresponda de acuerdo con el título
que acrediten, o conservarán el grado que tenían, en caso de que provengan de
la docencia estatal y estén ya inscritos en el Escalafón Docente.
La promoción a cada uno de
los cargos Directivos Docentes estará representada por una mejor remuneración,
de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el decreto de salarios.
3.2.6 De acuerdo con los  artículos 24  y
64 del Decreto 1278 de 20002[12]
el retiro del servicio, la exclusión del Escalafón Docente y la pérdida de los
derechos de carrera procederá:
a) Por las causales genéricas de retiro del servicio a
que alude el artículo 63 del Decreto 1278 de 2002[13].
b) Por evaluación de desempeño no satisfactoria, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 a 36  del mismo  Decreto 1278 de
2002.
En relación  con estas últimas
disposiciones cabe destacar que en  el Decreto 1278 de 2002 se establecen tres
tipos de evaluaciones, a saber.
a) La evaluación de periodo de prueba[14]
b) La evaluación de desempeño[15]
c) La evaluación de competencias[16]
3.2.6.1 En relación con  la evaluación del
período de prueba como ya se señaló, su no superación impide la inscripción en
el escalafón docente e implica el retiro del servicio.
3.2.6.2 En el caso de la evaluación de
competencias ella  se hará con carácter voluntario para los docentes y
directivos docentes inscritos en el Escalafón Docente que pretendan ascender de
grado en el Escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado.  Dicha evaluación,
que como ya explicó la Corte deberá atender a precisos criterios objetivos[17],  será
realizada cada vez que la correspondiente entidad territorial lo considere
conveniente, pero sin que en ningún caso transcurra un término superior a seis
(6) años entre una y otra.
Serán candidatos a ser reubicados en un
nivel salarial superior, o a ascender en el escalafón docente, si reúnen los
requisitos para ello, quienes obtengan más de 80% en la evaluación de
competencias. Para las reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden
de puntaje hasta el monto de las disponibilidades presupuestales anuales.
3.2.6.3 En el caso de la evaluación de
desempeño, sometida igualmente a precisos criterios objetivos[18],   de lo
que se trata es de la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y
responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente o directivo y al
logro de los resultados. Será realizada al terminar cada año escolar a los
docentes o directivos que hayan servido en el establecimiento por un término
superior a tres (3) meses durante el respectivo año académico.
El docente que obtenga una calificación
inferior al sesenta por ciento (60%), la cual se considera no satisfactoria,
durante dos (2) años consecutivos en evaluación de desempeño, será excluido del
escalafón y, por lo tanto, retirado del servicio.
Los directivos docentes que obtengan una
calificación inferior al sesenta por ciento (60%)  en la evaluación de
desempeño durante dos (2) años consecutivos, serán regresados a la
docencia una vez exista vacante, si provenían de la docencia estatal; en cuyo
caso percibirán el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el
grado y el nivel salarial que poseían. Si no provenían de la docencia estatal,
serán excluidos del Escalafón Docente y retirados del servicio.
4.      Análisis de los cargos
4.1. El sistema de ingreso  a la carrera
docente previsto en el Decreto 1278 de 2002.
Para la demandante  en el
Decreto 1278 de 2002 se establece un sistema automático de ingreso a la
carrera docente que desconocería el mandato contenido en los artículos 13, 40-7
y  125 superiores, así como los criterios fijados por la Corte en esta materia
en la Sentencia C-037 de 1996. En particular la actora se refiere al inciso final
del artículo 2° en el que se señala que  los educadores estatales  ingresarán
primero al servicio y si superan  satisfactoriamente  el período de prueba  se
inscribirán en el escalafón docente. De lo que concluye que el  ingreso a la
carrera  docente se dará sin necesidad de participar en un concurso público,
con la simple superación del período de prueba.
La actora alude así mismo al
parágrafo del artículo 21 que en su concepto  autoriza la inscripción  directa
al escalafón docente, previa  la  superación de la evaluación del periodo de
prueba.
Al respecto  la Corte debe
señalar que  como se desprende de las consideraciones preliminares de esta
sentencia, el Decreto 1278 de 2002 establece claramente  tres requisitos que
deben cumplirse para que la persona pueda beneficiarse   de los derechos y
garantías de la carrera docente  (art. 18 del Decreto 1278 de 2002)[19]  a saber,
i) superar el concurso de ingreso, ii) superar satisfactoriamente la evaluación
del período de prueba y iii) ser inscrito en el escalafón docente.
En este sentido  es claro que
el  segundo inciso del artículo 2° no puede entenderse  aislado del conjunto
del Decreto 1278 de 2002 y de las reglas que en él se señalan para el ingreso a
la carrera docente. Dicha disposición hay que analizarla  en efecto en
concordancia  con los artículos 7, 8, 9, 11, 12, 18 y  20  del mismo Decreto,
a que ya se hizo alusión en esta sentencia, en los que se regulan las
diferentes etapas necesarias  para el ingreso.
La expresión “los educadores
estatales ingresarán primero al servicio” supone entonces, como por lo demás
claramente se señala en los artículos 7, 8 y 9 del Decreto 1278 de 2002[20],  i) la
realización, previa  a dicho ingreso  al servicio, del concurso público, ii) la
elaboración de una lista de elegibles y iii) la provisión del cargo de acuerdo
con las reglas señaladas en el artículo 11 del mismo decreto[21].
Ahora bien, en relación con el parágrafo
del artículo 21 a que alude igualmente la demandante[22] cabe
señalar que la posibilidad que en él se establece para quien reúna los
requisitos de los grados dos o tres  a que alude dicho artículo, de aspirar a
inscribirse directamente a uno de ellos, previa superación de la evaluación del
período de prueba, no esta estableciendo la posibilidad de ingresar a la
carrera docente sin necesidad de concurso público.
Con dicho texto lo que el legislador
pretende  es que  en función de los títulos que se posean  por una persona se
dé la posibilidad  a los licenciados en Educación o  a los profesionales con
título diferente que hayan adelantado además un programa de pedagogía o  posean
un título de especialización en educación - requisitos exigidos para el grado
2- , así  como a quienes  poseen título de maestría o doctorado, - requisito
exigidos para el grado 3-  de ser ubicados en el escalafón  de una vez en el
grado que corresponde  a su nivel educativo, cumpliendo obviamente con todos
los demás requisitos señalados en la ley,  lo que supone necesariamente la
superación del concurso de ingreso.
Lo que la norma está señalando
es la posibilidad  de inscribirse directamente en uno de esos grados en función
de los diplomas que se poseen  y no de inscribirse directamente en  el
escalafón docente sin necesidad de concurso público.
Así las cosas, en el presente
caso claramente con las normas acusadas no se configura  la hipótesis que
analizó la Corte en la sentencia invocada por la demandante en sustento de sus
afirmaciones,  a saber la Sentencia C-037 de 1996, en la que se declaró la
inexequibilidad del primer inciso del artículo  193 de la Ley  270 de 1996
Estatutaria de la  Administración de Justicia que establecía el ingreso
automático a la carrera judicial  de los  funcionarios y empleados que con
anterioridad a la expedición de la misma ley hubiesen sido vinculados a la Rama
Judicial mediante la respectiva designación en propiedad para el cargo, por
período fijo o a término indefinido, sin necesidad de providencia que así lo
declarara y por tanto sin necesidad de concurso público de ingreso.[23]
No cabe entonces considerar
que las normas  a que alude la actora estén estableciendo un sistema de ingreso
automático a la carrera docente, pues tal no es su objeto ni el entendimiento
que puede darse de las mismas.   Así las cosas la Corte declarará la
exequibilidad  del segundo inciso del artículo 2° y del parágrafo del artículo
21 del Decreto 1278 de 2002, frente al cargo planteado en este sentido y así
los señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.2 El sistema de ascenso y variación de
grados y nivel salarial en el escalafón docente no debe ser confundido con  un
concurso de ascenso  cerrado para proveer cargos de carrera.
Para la actora los mandatos  contenidos
en los artículos 23 y  35 del Decreto 1278 de 2002 referentes a la inscripción
y ascenso en el escalafón docente  y a la evaluación de competencias a la que
deberán someterse los docentes y directivos docentes  inscritos en el escalafón
docente que pretendan ascender de grado en el escalafón o cambiar de nivel
salarial en el mismo grado, estarían estableciendo una modalidad de concurso
cerrado para el acceso a los cargos de la carrera docente que desconocería los
artículos 13, 40-7 y 125 superiores, así como los criterios fijados por la
Corte en esta materia en la Sentencia C-266 de 2002.  Sentencia en la que la
Corte estableció la inconstitucionalidad  de  los concursos cerrados para
acceder a cargos públicos en la Procuraduría General de la Nación y declaró en
consecuencia la inexequibilidad  parcial del numeral 2º del artículo 192 del
Decreto 262 de 2000 por esta circunstancia[24].
Al respecto la Corte señala que como se
desprende de las consideraciones preliminares de esta sentencia  el concepto de
ascenso en el decreto sub examine, ligado  al grado  en el escalafón y al nivel
salarial, no debe confundirse con el tema de la provisión de los  cargos en la
carrera docente que deberán siempre ser llenados acudiendo a la lista de
elegibles del respectivo concurso (art. 11 del Decreto 1278 de 2002) y cuando
no exista listado de elegibles, la entidad territorial certificada deberá
convocar a concurso público y abierto para el efecto (art. 9 del Decreto 1278
de 2002).
Recuérdese  en efecto que de acuerdo con el
artículo 19 del Decreto 1278 de 2002 se entiende por Escalafón Docente el
sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de
acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y
competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir
alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la
carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo
asignar el correspondiente salario profesional.
En este sentido como lo señala el artículo
20 del  mismo decreto el escalafón docente está conformado por tres grados que
se establecen con base en la formación académica  y que cada grado estará
compuesto  por cuatro niveles saláriales (A,B,C y D). Quienes superen el
período de prueba se ubicarán en el nivel Salarial A del correspondiente grado,
según el título académico que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel
siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años de servicio, siempre y
cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias un puntaje superior
al 80 %.
Los artículos 21 y 23 del mismo decreto
precisan que se considerará ascenso pasar de un grado a otro dentro del
Escalafón Docente, previa acreditación de requisitos y superación de las
correspondientes evaluaciones de desempeño y de competencias, - con aplicación
y preferencia de criterios objetivos -, y existencia de disponibilidad
presupuestal y que los ascensos en el Escalafón y la reubicación en un nivel
salarial superior procederán  solamente cuando la entidad territorial certificada
convoque a evaluación de competencias y se obtenga el  puntaje  aludido -
superior a 80%- Dicha convocatoria establecerá además el monto de la
disponibilidad presupuestal para efectos de ascenso y reubicación salarial pues
no podrán realizarse ascensos y reubicación que superen dicha disponibilidad.
Es decir que el grado  en el escalafón y al nivel
salarial tiene,  como lo  precisa el señor Procurador General de la Nación,  un
carácter personal, por lo que  el ascenso  en  grado
o la variación de un  nivel salarial  a otro no implica  vacante alguna que
deba ser llenada mediante concurso.  Cuando se deba proveer vacantes de cargos
docentes o de directivos docentes  se deberá acudir a las listas de elegibles
resultado de  convocatorias  públicas de concursos abiertos en los que pueden
participar tanto los docentes inscritos en el escalafón como cualquier persona.
Es decir que  el sistema de
ascenso y variación de grados y nivel salarial en el escalafón docente a que
aluden los textos acusados por la actora no puede identificarse en manera
alguna con  un concurso de ascenso  para proveer cargos de carrera, pues tal no
es el objeto del mismo.
En consecuencia la Corte declarará la exequibilidad
del artículo 23 y de los apartes acusados del segundo inciso del artículo 35
del Decreto 1278 de 2002, frente al cargo analizado en el presente acápite y
así lo señalará en la parte resolutiva  de esta sentencia.
4.3  El retiro del servicio y la exclusión del
escalafón de docentes y directivos docentes por la  evaluación  de desempeño
no satisfactoria  durante dos años consecutivos. Ausencia de vulneración del
principio de igualdad  frente a los demás servidores públicos
Para la actora los apartes acusados del
numeral 1 del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002  en los que se señala que  “El
docente que obtenga una calificación inferior al sesenta por ciento (60%), la
cual se considera no satisfactoria, durante dos (2) años consecutivos en
evaluación de desempeño, será excluido del escalafón y, por lo tanto, retirado
del servicio” y que “los directivos docentes que obtengan una
calificación inferior al sesenta por ciento (60%) durante dos (2) años
consecutivos, serán regresados a la docencia una vez exista vacante, si
provenían de la docencia estatal; en cuyo caso percibirán el salario que
corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y el nivel salarial que
poseían. Si no provenían de la docencia estatal, serán excluidos del Escalafón
Docente y retirados del servicio”, establecen  un tratamiento
discriminatorio frente a los demás servidores públicos a los cuales  con una
sola evaluación insatisfactoria se les retirará del servicio y se les privará
de los derechos de carrera.
4.3.1
Consideración preliminar.  La especificidad de la actividad docente y su
reconocimiento en la Constitución y la ley.
Esta corporación se ha pronunciado ya en
repetidas ocasiones sobre el valor de la educación para la sociedad y sobre la
importancia del adecuado diseño del sistema educativo para asegurar el
cumplimiento de los fines fijados para ella en la Constitución[25].
La Corte ha explicado que la educación
adquiere en la Constitución una doble connotación jurídica. El Artículo 67 de
la Constitución Política define en efecto  la educación como un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social: el acceso al
conocimiento, a la técnica, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la
cultura[26].
Como derecho involucra tanto las
libertades de enseñanza y aprendizaje (art. 27 C.P.), como el acceso y
permanencia gratuitos en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro
de los derechos educativos según la capacidad de pago (art. 67 inc. 4 C.P.). En
su doble dimensión derecho - deber la Constitución exige que se curse  como
mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica,  entre los cinco y los
quince años de edad (art. 67 inc. 3 C.P.).
Esta connotación incluye así mismo la
formación "en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia;
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente" (art. 67 inc. 2
C.P.).
En su calidad de servicio público (art.
67 inc.1 C.P.), la educación está sujeta al régimen constitucional de los
servicios públicos en general (art. 365 C.P.), como al  régimen específico  de
prestación que fije la ley (art. 150-23)[27].
En esa  dimensión igualmente, la
educación está sujeta a la inspección y vigilancia del Estado, "con el fin
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo" (art. 67 inc. 5
C.P.).,
Dentro de este marco se encuentra también el mandato
de que la enseñanza esté "a cargo de personas de reconocida idoneidad
ética y pedagógica", así como la competencia legislativa de garantizar
"la profesionalización y dignificación de la actividad docente" (art.
68 inc. 3 C.P.) .
En cuanto a la importancia del cometido de
profesionalizar la educación, la Corte, con ocasión de la demanda contra el
artículo 4º del Decreto 2277 de 1979 – relativo a la aplicación de las
disposiciones sobre escalafón docente a los educadores no oficiales que
soliciten el ingreso al mismo –, tuvo la ocasión de reiterar lo ya dicho en la
sentencia C-507 de 1997:
“La
importancia de la profesionalización de la educación se ve reflejada en el fin
último que pretende alcanzar: asegurar la idoneidad ética y pedagógica de los
docentes. Pese al dicho del demandante sobre la contradicción de la medida con
diversas normas de derechos fundamentales, lo cierto es que ni existe
prohibición expresa al legislador que le impida propender por la
profesionalización de la actividad docente, sea pública o privada, como tampoco
esta finalidad se muestra prescindible o irrelevante a la luz de la necesidad
de ‘un personal altamente calificado que cuente con los medios materiales e
intelectuales apropiados para dedicarse a la formación de hombres’ y mujeres.”[28]
A lo anterior cabe agregar, como lo ha
recordado ya la Corte  que el Constituyente no habría establecido el mandato
dirigido al Legislador de garantizar “la profesionalización y dignificación de
la actividad docente" (art. 68 inc. 3 C.P.) si no hubiera estimado que la
consecución de tal objetivo era de gran importancia[29].
Conforme a lo expuesto, el legislador ha desarrollado
el mandato constitucional en procura de la profesionalización de la actividad
docente como un aspecto necesario para garantizar la calidad e idoneidad de
quienes se dedican a la educación, aspecto plenamente concordante con lo
dispuesto por la Carta Política (arts 67 y 68 C.P.) [30].
En la Ley 115 de 1994, Ley General de
Educación, el legislador define como uno de los propósitos fundamentales de la
Ley la profesionalización de la actividad docente. En consonancia con dicho propósito
el artículo 109 de la misma ley establece, de manera general, las finalidades
en la formación de docentes: (1) formar un educador de la más alta calidad
científica y ética; (2) desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como
parte fundamental del saber del educador; (3) fortalecer la investigación en el
campo pedagógico y en el saber científico; y, (4) preparar educadores a nivel
de pregrado y postgrado para los distintos niveles y formas de prestación del
servicio educativo.
Por su parte, el artículo 110 de la Ley 115
de 1994 señala que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida
idoneidad moral, ética y pedagógica, razón por la cual el Estado deberá
procurar el mejoramiento profesional de los educadores, con miras a lograr un
servicio educativo de calidad. Por último, el artículo 111 de la Ley General de
Educación dispone que la formación de los educadores estará dirigida a su
profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento.
En este orden de ideas  es claro para la
Corte que  la situación de los docentes y directivos docentes no puede
asimilarse pura y simplemente  a la de los demás servidores públicos pues
comporta una clara especificidad reconocida como acaba de señalarse por la
Constitución y  que ha sido desarrollada por el Legislador al establecer el
marco normativo aplicable a la actividad docente.
4.3.2 La ausencia de vulneración del principio de
igualdad
Atendiendo las consideraciones anteriores  la Corte
constata que las disposiciones acusadas establecen en este caso, tratamiento
diferente a situaciones distintas, al tiempo que responde a los criterios
establecidos por esta Corporación para justificar la diferenciación que el
legislador hace en ciertas circunstancias[31].
En efecto, como ha dicho esta Corporación
en forma reiterada:
"En la realización del juicio de
igualdad es necesario establecer, cuáles son las situaciones o supuestos que deben
ser objeto de comparación, desde el punto de vista objetivo o material y
funcional, atendiendo todos los aspectos que sean relevantes en las respectivas
relaciones o circunstancias, con el fin de determinar qué es lo igual que
merece un trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un
trato diferenciado. Realizado esto, es preciso determinar si el tratamiento que
se dispensa en una situación concreta obedece o no a criterios que sean
objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad
constitucional legítima"[32].
Ahora bien, en el juicio de igualdad
propuesto por la demandante,  lo primero que ha de tenerse en cuenta es que el
término de comparación utilizado por ella resulta inapropiado, pues  como acaba
de explicarse no es posible establecer válidamente, una equivalencia entre los
docentes y directivos docentes  y los demás servidores públicos.
Ahora bien,  debe tenerse en cuenta  así
mismo que el Constituyente dejó en manos del Legislador la tarea de establecer
la regulación del ingreso permanencia y retiro de los servidores públicos y que
el artículo 125 superior en este sentido establece una causal de retiro de la
carrera administrativa- a saber,  la calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo-  cuyo desarrollo corresponde al legislador, de la misma
manera que a este corresponde el desarrollo concreto de las demás causales que
de acuerdo con  el mismo artículo 125 superior  está llamado a  establecer.  El
Legislador en este sentido bien puede en consecuencia, en tanto respete los
mandatos generales que sobre carrera administrativa le señala la Constitución,
así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad que le son exigidos
para  el ejercicio de su potestad de configuración, establecer  mecanismos de
evaluación y consecuencias de la calificación no satisfactoria, diferentes
según los casos de que se trate,  tomando en cuenta las especificidades propias
de la actividad que adelanten los servidores públicos en sus respectivos
ámbitos de competencia.
En el presente caso  la Corte ha de  tomar
en cuenta necesariamente esta circunstancia debiendo verificar simplemente  que
el trato diferenciado bajo análisis resulte adecuado para conseguir una
finalidad permitida por la Constitución  Política,  y que   la medida  adoptada
no sea manifiestamente  innecesaria[33].
No sobra recordar al respecto  en efecto
que  “cuando el juicio de igualdad se aplica sobre ámbitos donde el
legislador goza de una amplia libertad de configuración política, el grado de
intensidad del escrutinio que lleva a cabo el juez constitucional no puede ser
de tal magnitud que termine por sustituir la función que le corresponde
desarrollar al Congreso como representante de la voluntad popular”[34].
Ahora bien,  la Corte llama la atención sobre el hecho
de que los responsables de la función docente, - que son los docentes y
directivos docentes como lo señala el artículo 4 del Decreto 1278 de 2002[35]-, en función del
cumplimiento de los objetivos fijados en la Constitución para la educación  se
encuentran en un permanente proceso de ajuste de metodologías, programas y
contenidos y consecuentemente de los sistemas de organización y  de
administración  de los establecimientos docentes  cuyos resultados tienen unas
etapas de preparación y aplicación que no resultan inmediatas sino que en la
mayoría de  los casos exigen un seguimiento durante varios periodos
académicos   del trabajo de los docentes y directivos docentes así como de los
alumnos, para facilitar y consolidar  la asimilación de los nuevos métodos y
contenidos a que se ha hecho referencia,  lo que  exige  aplicar en su caso
criterios específicos de evaluación que  necesariamente serán  diferentes  de
los que se pueda llegar a aplicar en otras actividades regidas por supuestos e
imperativos igualmente diferentes.
Para la Corte resulta razonable que el legislador
atienda estas circunstancias y que en materia de evaluación  del desempeño de
los docentes y directivos docentes, - que por lo demás, como lo señalan los
artículo 32 y 34 del Decreto 1278 de 2002[36],
comprende entre otros elementos el análisis del logro de resultados de la
actividad docente,-  establezca que dicha evaluación se efectúe anualmente,
dando a los responsables de la actividad docente herramientas para la
consolidación del aprendizaje individual y colectivo de los nuevos  métodos e
instrumentos educativos  y la medición del desarrollo institucional alcanzado,
pero señalando  que si durante dos años consecutivos no se alcanzan los
resultados individuales esperados, la administración puede prescindir de los
servicios del  docente o directivo docente  cuyo desempeño resulta
insatisfactorio.
Así las cosas, no cabe entonces
considerar que se esté estableciendo un tratamiento discriminatorio  frente a
los demás servidores públicos, pues como  acaba de explicarse, las
disposiciones acusadas responden a la especificidad de la actividad docente y
al cumplimiento de los fines señalados en la Constitución para la misma por lo
que no puede  afirmarse que con las disposiciones acusadas se esté
desconociendo el artículo 13 superior.
Así las cosas la Corte declarará la
exequibilidad de los apartes acusados del numeral 1 del artículo 36 del Decreto
1278 de 2002, por el cargo planteado en este sentido y así lo señalará en la
parte resolutiva de esta sentencia.
4.4 La posibilidad  dada a los directivos docentes -
que provenían de la docencia y se encontraban previamente inscritos en el
escalafón docente -, de regresar a la actividad docente cuando  no superan las
evaluaciones establecidas en el Decreto 1278 de 2002. Ausencia de vulneración
del principio de igualdad.
Para la  actora  el
literal b) del artículo 24[37],
el inciso final del artículo 25[38],
el inciso final y del parágrafo del artículo 31[39] y el
segundo inciso del numeral 1 del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002[40]  vulneran
el principio de igualdad  por cuanto establecen para los directivos docentes
una prerrogativa que no se reconoce a los demás servidores públicos que
consiste en poder regresar a la docencia luego de ser retirado del cargo de
directivo docente por  no haber aprobado alguna de las evaluaciones
establecidas  en el Decreto 1278 de 2002.
Al respecto la Corte señala que como lo
explica el señor Procurador en su concepto, la prerrogativa a que aluden las
normas acusadas atiende a la circunstancia específica en que se encuentra el
docente que habiendo concursado y cumplido todos los requisitos para ser
inscrito en el escalafón docente y por tanto  gozar  de los derechos y
garantías  de la carrera docente,  se somete  luego a otro concurso para
acceder a un cargo directivo docente. Situación que es diferente de la persona
que accede a un cargo de directivo docente, sin haber ejercido la docencia y
por tanto sin encontrarse previamente inscrito en el escalafón docente.
En el primer caso, que es al que se
aplican las normas acusadas, resulta razonable que el legislador prevea para el
docente escalafonado en la carrera docente  cuando éste i) no supera o no se
presenta a la evaluación de periodo de prueba del cargo de directivo docente al
que pretendía  acceder,  o cuando ii)  habiendo superado el periodo de prueba,
y habiendo sido nuevamente inscrito en el escalafón como docente
administrativo,  no supera  durante dos años consecutivos la evaluación en
relación con su desempeño en el cargo administrativo docente  al que accedió, o
voluntariamente no desea continuar en tal cargo,  que  pueda regresar  a  la
actividad docente  cuando exista vacante, conservando el grado y el nivel que
tenía como docente en el escalafón.
El hecho de  concursar y eventualmente
acceder y ejercer un cargo administrativo docente no  debe en efecto  privarlo
de sus derechos  de carrera como docente, previamente obtenidos luego de haber
cumplido los requisitos exigidos  en la ley para el efecto.
En ese orden de ideas la Corte no
encuentra, contrariamente  a lo afirmado por la demandante,  que  en esta
situación se esté estableciendo una diferencia de trato contraria a la
Constitución en relación con los demás servidores públicos, pues como se desprende
de las consideraciones anteriores la situación en que encuentra  el directivo
docente  que previamente al concurso y eventual acceso a un  cargo  directivo
docente  se encuentra escalafonado en la carrera docente   no puede compararse
con la de los demás servidores públicos inscritos en la carrera administrativa,
como tampoco con el caso de la persona que directamente concursa para un cargo
directivo docente  sin haber sido inscrito antes como docente en el escalafón.
Así las cosas no siendo posible efectuar
la comparación por ser situaciones diferentes, el juicio de igualdad propuesto
por la demandante no puede llevarse a cabo en este caso.
En consecuencia la Corte declarará la exequibilidad del literal b) del artículo 24, del inciso final del artículo
25, del inciso final y del parágrafo del artículo 31 y del segundo inciso del
numeral 1 del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002, frente al cargo analizado
en este acápite y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- ESTAR A LO
RESUELTO  en al Sentencia C-313/03 en relación con
el cargo por la supuesta vulneración del principio de igualdad  formulado en
contra del primer inciso del  artículo 2°, del literal b) del artículo 24, del
inciso final del artículo 25, del inciso final y el parágrafo del artículo 31,
y del numeral 1 del artículo 36  del Decreto 1278  de 2002.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE por el cargo  analizado, el segundo
inciso  del artículo 2° del  Decreto 1278  de 2002
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE por el cargo  formulado, el parágrafo del
artículo 21 del  Decreto 1278  de 2002
Cuarto.-  Declarar EXEQUIBLE, por el cargo formulado el artículo 23
del  Decreto 1278  de 2002.
Quinto.-  Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado  el literal b) del
artículo 24 del  Decreto 1278  de 2002.
Sexto.-  Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado el inciso final
del artículo 25 del  Decreto 1278  de 2002.
Séptimo.-  Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados el inciso
final y el parágrafo del artículo 31 del  Decreto 1278  de 2002.
Octavo.- Declarar EXEQUIBLES, por el cargo formulado de las
expresiones   “La
evaluación de competencias será realizada cada vez que la correspondiente
entidad territorial lo considere conveniente, pero sin que en ningún caso
transcurra un término superior a seis (6) años entre una y otra. Se hará con
carácter voluntario para los docentes y directivos docentes inscritos en el
Escalafón Docente que pretendan ascender de grado en el Escalafón o cambiar de
nivel en un mismo grado. Se hará por grados en el escalafón y por cargos
directivos docentes”,
contenidas en el segundo inciso  del artículo 35 del
Decreto 1278  de 2002.
Noveno.- Declarar EXEQUIBLES, por el cargo formulado la expresiones
“la cual se considera no
satisfactoria, duran te dos (2) años consecutivos en evaluación de desempeño” y  “durante dos (2) años consecutivos,
serán regresados a la docencia una vez exista vacante, si provenían de la
docencia estatal; en cuyo caso percibirán el salario que corresponda a dicho
cargo, de acuerdo con el grado y el nivel salarial que poseían. Si no provenían
de la docencia estatal, serán excluidos del Escalafón Docente y retirados del
servicio”, contenidas en el numeral 1 del artículo 36 del  Decreto 1278  de 2002.
Notifíquese, comuníquese,
cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA C-895 DE OCTUBRE 7 DE 2003
(Expediente D-4554).
LEY DE
DESARROLLO DE ACTO LEGISLATIVO-Inconstitucionalidad
por vigencia antes de reforma constitucional (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE
UNIDAD DE MATERIA EN ESTATUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE-Vulneración no es subsanable (Aclaración de voto)
Aclaro mi voto en relación con la
Sentencia C-895 de octubre 7 de 2003, por cuanto en las Sentencias C-617 y
C-618 de 2002 manifesté que, a mi juicio la Ley 715 de 2002 es inexequible en
su integridad, razón por la cual salvé entonces el voto.
Fecha ut supra.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
Aclaración de voto a la Sentencia
C-895/03
ACTO
LEGISLATIVO EN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Vigencia
(Aclaración de voto)
ACTO
LEGISLATIVO-Desarrollo legal antes de vigencia
(Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE
UNIDAD DE MATERIA EN LEY DE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Vulneración (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-4554
Demanda de inconstitucionalidad en contra
de los artículos 2, 21, 23, 24, 25, 31, 35 y 36 (parciales) del Decreto 1278 de
2002 “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta
Corporación, el suscrito magistrado se ve precisado a aclarar su voto en
relación con la decisión que paso a especificar, la cual se encuentra contenida
en la sentencia C-895 de 2003.  Al respecto se tiene:
El decreto 1278 de 2002 es un decreto legislativo expedido
con fundamento en la ley 715 de 2001, la cual, si bien fue declarada exequible
por esta Corporación, por mi parte no compartí esa decisión expresando al
efecto mi salvamento de voto.
En abono de esta aclaración
reafirmo lo que ya expresé en tres salvamentos de voto, destacando en lo
pertinente los siguientes apartes:
El Acto Legislativo 01 de 2001, por expresa
disposición de su artículo 4º “rige a partir del 1º de enero del año 2002”.
Es decir, la presentación del proyecto de ley para regular la organización y
funcionamiento del Sistema General de Participaciones de los Departamentos,
Distritos y Municipios, a que se refiere el parágrafo transitorio del nuevo
texto del artículo 356 de la Constitución Política conforme a la modificación
de que fue objeto por el artículo 2º del Acto Legislativo aludido, no podía
realizarse sino, a “más tardar el primer mes de sesiones del próximo período
legislativo”, o sea el inmediatamente posterior al 1º de enero del año
2002, fecha en la cual entró a regir ese Acto Legislativo.
Como queda visto de la sola lectura de la Ley 715 de
2001, ella fue sancionada y promulgada el 21 de diciembre de 2001, fecha en la
cual entró a regir.
Ello significa, sin más, que anticipó su vigencia al
Acto Legislativo que dice reglamentar, lo que resulta absolutamente reñido no
sólo con la lógica jurídica, sino, también, con la lógica formal.
De haberse cumplido a plenitud por el legislador con
lo dispuesto por el constituyente, el proyecto que dio origen a la Ley 715 de
2001, no podría haberse presentado sino con posterioridad al 1º de enero de
2002, dentro del primer mes del período legislativo próximo a iniciarse, es
decir a partir del 20 de julio de 2002.
De haber sucedido así, el régimen del situado fiscal y
la participación de los municipios en los ingresos de la Nación a que se
referían los artículos 356 y 357 de la Constitución Política habría continuado
vigente para las entidades territoriales durante un año más. Ello, de manera
contraria a la Carta les fue desconocido con inmensas repercusiones de orden
fiscal por la presentación anticipada, el trámite acelerado, la pronta sanción
y la promulgación de la ley con premura, para que tuviera vigencia inmediata,
esto es a partir del 21 de diciembre de 2001 de suerte tal que, sus
disposiciones, lesivas de los intereses fiscales de departamentos, distritos y
municipios pudieran reflejarse en la aprobación del presupuesto para el año
2002, como en efecto ocurrió pasando por encima de la voluntad del
constituyente para darle satisfacción a la pretensión del ejecutivo, varias
veces manifestada en ese sentido por el señor Ministro de Hacienda.
En virtud de haberse actuado como se actuó, se llegó
al quebranto no sólo de la Carta Política, sino, como resulta evidente, del
propio orden que debe observarse en el discurrir lógico de la legislación,
pues, aquí, por una extraña paradoja la hija del Acto Legislativo 01 de 2002, o
sea la Ley 715 de 2001, inició su vigencia antes de la de aquél, lo que en el
orden biológico sería tanto como la posibilidad de que la madre naciera después
del hijo, fenómeno extraño e inadmisible pero que, sin embargo, la Corte en
Sentencia C-618 de esta misma fecha no tuvo ningún reato en aceptar y de la
cual los suscritos magistrados discrepamos, como hemos de recordarlo ahora en
este salvamento de voto por tratarse de la misma ley.
2ª. Aún aceptando, como en efecto se impone hacerlo
por respeto a las decisiones de la Corporación, que la Ley 715 de 2001 no es
inexequible por las razones jurídicas señaladas en el numeral precedente,  como
así se decidió por la Corte en Sentencia C-618 de esta misma fecha, a nuestro
juicio algunas de las normas contenidas en dicha ley y cuya inexequibilidad se
impetra por el actor en este proceso, son contrarias a la Constitución, por
cuanto:
2.1.  Conforme al artículo 158 de la Constitución
Política los proyectos de ley deben referirse “a una misma materia y serán
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”,
exigencia constitucional respecto de la cual se dijo por la Corte en Sentencia
C-025 de 4 de febrero de 1993, que “se inspira en el propósito de
racionalizar y tecnificar el proceso normativo tanto en su fase de discusión
como de elaboración de su producto final. El principio de unidad de materia que
se instaura, contribuye a darle un eje central a los diferentes debates que la
iniciativa suscita en el órgano legislativo. Luego de su expedición, el
cumplimiento de la norma, diseñada bajo este elemental dictado de coherencia
interna, facilita su cumplimiento, la identificación de sus destinatarios
potenciales y la precisión de sus comportamientos prescritos. El Estado Social
de Derecho es portador de una radical pretensión de cumplimiento de las normas dictadas
como quiera que sólo en su efectiva actualización se realiza. La seguridad
jurídica, entendida sustancialmente, reclama, pues, la vigencia del anotado
principio y la inclusión de distintas cautelas y métodos de depuración desde la
etapa gestativa de los proyectos que luego se convertirán en leyes de la
República”, razón esta por la cual, ese vicio, si existe en una ley, “no
es subsanable” según expresó la Corte en la sentencia citada y, “por la
vía de la acción de inconstitucionalidad, la vulneración del indicado principio
puede ser un motivo para declarar la inexequibilidad de la ley” (magistrado
ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
Con apoyo en estas
disquisiciones aclaro mi voto frente a lo resuelto por esta Corporación en la
referida sentencia.
Fecha ut supra,
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
[1] El aparte tachado fue  Declarado inexequible en la
Sentencia C-3137/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[2] En
dicha sentencia se decidió en efecto:
“(…)Declarar EXEQUIBLES, por el cargo
formulado,  las expresiones “Los ascensos en el Escalafón y la reubicación
en un nivel salarial superior procederán cuando la entidad territorial
certificada convoque a evaluación de competencias y se obtenga el puntaje
establecido en el artículo 36 de este decreto”, contenidas en el segundo
inciso del artículo 23 del Decreto 1278 de 2002  “por el cual se expide el
Estatuto de Profesionalización Docente”.
(…)
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo formulado,  la
expresión “Los docentes que obtengan una calificación inferior al
sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño o en competencias, serán
retirados del servicio”, contenida en
el tercer inciso, y las expresiones “o e competencias” y “Si no se
encontraban inscritos, serán retirados del servicio”,  contenidas en el  cuarto
inciso del artículo 31 del Decreto 1278 de 2002 “por el cual se expide el
Estatuto de Profesionalización Docente”.
(…)
Declarar EXEQUIBLES, por los  cargos
formulados,  las expresiones “La evaluación de competencias será realizada
cada vez que la correspondiente entidad territorial lo considere conveniente,
pero sin que en ningún caso transcurra un término superior a seis (6) años
entre una y otra”   contenidas en el segundo inciso del artículo 35,
(…)
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo formulado,  el
numeral 1  del artículo 36  del Decreto 1278 de 2002  “por el cual se expide
el Estatuto de Profesionalización Docente”.
[3] La Corte sintetizó la acusación hecha en
esa ocasión de la siguiente manera: “Para el
demandante  las normas referidas desconocen los artículos 125 y 130 de la
Constitución Política, pues considera que conforme con lo dispuesto en ellos,
le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil dirigir, administrar y
vigilar todo el sistema de la carrera administrativa, por lo que ni el Gobierno
nacional, ni las autoridades territoriales tienen facultades para administrar
la carrera y por tato para  ejercer las competencias que dichos textos les
confieren”
[4] La Corte sintetizó la acusación hecha en esa ocasión
de la siguiente manera: “El actor considera que los
textos  normativos demandados vulneraban los artículos 53 y 125 de la
Constitución Política, por cuanto a partir de una “aparente regulación
técnica y eficientista de la carrera docente”, generan la inestabilidad en
el cargo ocupado por los docentes, “desconociendo que los preceptos
constitucionales mencionados establecen que la estabilidad en el empleo es uno
de los elementos esenciales de la carrera administrativa”.
[5] Artículo
4°. Función docente. La función docente es aquella de carácter
profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de
enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras
actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de
los establecimientos educativos.
La función docente, además de la asignación académica,
comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de
orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres
de familia de los educandos; las actividades de actualización y
perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación
institucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas,
contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección,
planeación, coordinación, evaluación, administración y programación
relacionadas directamente con el proceso educativo.
[6] Artículo
5°. Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y
personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de
las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente
de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de
su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación,
calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de
profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas,
atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación
estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del se ctor
que incidan directa o indirectamente en la educación.
[7] Artículo
6°. Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de
dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación
en las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son
responsables del funcionamiento de la organización escolar.
Los cargos de directivos docentes estatales serán:
director rural de preescolar y básica primaria; rector de institución educativa
en educación preescolar y básica completa y/o educación media; y coordinador.
El rector y el director rural tienen la responsabilidad
de dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un
establecimiento educativo. Es una función de carácter profesional que, sobre la
base de una formación y experiencia específica, se ocupa de lo atinente a la
planeación, dirección, orientación, programación, administración y supervisión
de la educación dentro de una institución, de sus relaciones con el entorno y
los padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el personal
docente, directivo docente a su cargo, administrativo y respecto de los
alumnos.
El coordinador
auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las
funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares
no lectivas.
[8] Artículo 65. Asimilación. Los educadores con
título profesional inscritos en el escalafón docente de conformidad con el
Decreto‑ley 2277 de 1979 y vinculados en propiedad a un cargo docente o
directivo docente estatal, podrán asimilarse al nuevo escalafón si se someten a
la misma evaluación de desempeño y de competencias realizadas para superar el
periodo de prueba aplicadas a los educadores que poseen su misma formación
profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de este decreto.
Los educadores que quieran asimilarse al
nuevo escalafón y obtengan calificación satisfactoria en esta prueba, serán inscritos
en el nuevo escalafón en el grado que les corresponda de conformidad con la
formación que acrediten de acuerdo con el artículo 20 de este decreto, y serán
ubicados en el primer nivel salarial de dicho grado, debiendo superar las otras
evaluaciones y tiempos para cambiar de nivel salarial.
[9] El Parágrafo de
este artículo fue declarado inexequible en la sentencia C-313/03 M.P. Álvaro
Tafur Galvis
[10] Los apartes tachados fueron declarados
inexequibles en la sentencia  C-734/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[11] Artículo
31. Evaluación de período de prueba. Al término de cada año académico se
realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá desempeño y
competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando
hayan estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses
durante el respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año
académico siguiente.
Los docentes y directivos docentes que obtengan una
calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) en la evaluación de
desempeño y de competencias del período de prueba, la cual se considera
satisfactoria, serán inscritos en el Escalafón Docente, en el grado que les
corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten, según lo
dispuesto en el artículo 21 de este decreto.
Los docentes que obtengan una calificación inferior al
sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño o en competencias, serán
retirados del servicio.
Los directivos docentes que obtengan una calificación
inferior al sesenta por ciento (60%) en desempeño o en competencias en la
evaluación del período de prueba, si se encontraban inscritos en el Escalafón
Docente, serán regresados a la docencia una vez exista vacante. Si no se
encontraban inscritos, serán retirados del servicio.
Parágrafo. Quien sin justa causa no se presente a una
evaluación de período de prueba será retirado del servicio, a menos que
provenga del servicio docente estatal, en cuyo caso será reubicado en la
docencia y devengará el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con
el grado y nivel salarial que poseía.
[12] Artículo
24. Exclusión del Escalafón. La exclusión del Escalafón Docente
procederá por una de las siguientes causales:
a) Por las causales genéricas de retiro del servicio;
b) Por evaluación de desempeño no satisfactoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto.
Parágrafo. La exclusión del Escalafón Docente por
evaluación no satisfactoria trae como consecuencia el retiro del servicio, y se
efectuará por el nominador mediante acto motivado. el cual no será
susceptible de los recursos de la vía gubernativa, por tratarse de un acto de
ejecución. (el aparte tachado fue declarado inexequible en la Sentencia
C-313/03)
Artículo 64. Exclusión del Escalafón Docente. El
retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo
anterior conlleva la exclusión del escalafón docente y la pérdida de los
derechos de carrera.
[13] Artículo 63. Retiro del servicio. La cesación
definitiva de las funciones docentes o directivos docentes de los educadores
estatales se produce en los siguientes casos:
a) Por renuncia regularmente aceptada;
b) Por obtención de la jubilación o pensión de vejez,
gracia o invalidez;
c) Por muerte del educador;
d) Por la exclusión del escalafón como consecuencia de
calificación no satisfactoria en la evaluación o de desempeño;
e) Por incapacidad continua superior a 6 meses;
f) Por inhabilidad sobreviniente;
g) Por supresión del cargo con derecho a indemnización;
h) Por pérdida de la capacidad laboral docente, de
acuerdo con las normas que regulan la seguridad social;
i) Por edad de retiro forzoso;
j) Por destitución o desvinculación como consecuencia
de investigación disciplinaria;
k) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso
de abandono del mismo;
l) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar
los requisitos para desempeñar el empleo, de conformidad con el artículo 5° de
la Ley 190 de 1995, normas que la modifiquen o deroguen.
m) Por orden o decisión judicial;
n) Por no superar satisfactoriamente el periodo de
prueba;
o) Por haber sido condenado a pena privativa de la
libertad por delito doloso;
p) Por las demás causales que determinen la
Constitución, las leyes y los reglamentos.
.
[14] Artículo
31. Evaluación de período de prueba. Al término de cada año académico se
realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá desempeño y
competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando
hayan estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses
durante el respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año
académico siguiente.
Los docentes y directivos docentes que obtengan una
calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) en la evaluación de
desempeño y de competencias del período de prueba, la cual se considera
satisfactoria, serán inscritos en el Escalafón Docente, en el grado que les
corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten, según lo
dispuesto en el artículo 21 de este decreto.
Los docentes que obtengan una calificación inferior al
sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño o en competencias, serán
retirados del servicio.
Los directivos docentes que obtengan una calificación
inferior al sesenta por ciento (60%) en desempeño o en competencias en la
evaluación del período de prueba, si se encontraban inscritos en el Escalafón
Docente, serán regresados a la docencia una vez exista vacante. Si no se
encontraban inscritos, serán retirados del servicio.
Parágrafo. Quien sin justa causa no se presente a una
evaluación de período de prueba será retirado del servicio, a menos que
provenga del servicio docente estatal, en cuyo caso será reubicado en la
docencia y devengará el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con
el grado y nivel salarial que poseía.
[15] Artículo
32. Evaluación de desempeño. Entiéndese por evaluación de desempeño la
ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades
inherentes al cargo que desempeña el docente o directivo y al logro de los
resultados.
Será realizada al terminar cada año escolar a los
docentes o directivos que hayan servido en el establecimiento por un término
superior a tres (3) meses durante el respectivo año académico. El responsable
es el rector o director de la institución y el superior jerárquico para el caso
de los rectores o directore s.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la
evaluación de desempeño, los aspectos de la misma, y la valoración porcentual
de cada uno de los instrumentos y de los evaluadores, de acuerdo con los
artículos siguientes.
[16] Artículo
35. Evaluación de competencias. La competencia es una característica
subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación
exitosa en un puesto de trabajo.
La evaluación de competencias será realizada cada vez
que la correspondiente entidad territorial lo considere conveniente, pero sin
que en ningún caso transcurra un término superior a seis (6) años entre una y
otra. Se hará con carácter voluntario para los docentes y directivos docentes
inscritos en el Escalafón Docente que pretendan ascender de grado en el
Escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado. Se hará por grados en el
escalafón y por cargos directivos docentes. Debe permitir la valoración de por
lo menos los siguientes aspectos: competencias de logro y acción; competencias
de ayuda y servicio; competencias de influencia; competencias de liderazgo y
dirección; competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal.
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional será
responsable del diseño de las pruebas de evaluación de competencias y definirá
los procedimientos para su aplicación, lo cual podrá hacerse a través de
cualquier entidad pública o privada que considere idónea.
[17] Ver Sentencia C- 734/03 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[18] Ibidem,  Sentencia C- 734/03 M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[19] Artículo 18. Ingreso a la carrera. Gozarán de
los derechos y garantías de la carrera docente los educadores estatales que
sean seleccionados mediante concurso, superen satisfactoriamente el período de
prueba, y sean inscritos en el Escalafón Docente.
[20] Dichos artículos en sus apartes pertinentes
señalan:
Artículo 7°. Ingreso al servicio educativo estatal.
A partir de la vigencia de este decreto, para ingresar al servicio educativo
estatal se requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por una
institución de educación superior debidamente reconocida por el Estado o título
de normalista superior y, en ambos casos, superar el concurso de méritos que
se cite para tal fin(…)
Artículo 8°. Concurso para ingreso al servicio
educativo estatal. El concurso para ingreso al servicio educativo estatal
es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de aptitudes,
experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de
personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, se
determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su ubicación en el
mismo, con el fin de garantizar disponibilidad permanente para la provisión de
vacantes que se presenten en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento
dentro del sector educativo estatal.
Artículo 9°. Etapas del concurso para ingresar al
servicio educativo estatal. Cuando no exista listado de elegibles
respectivo, la entidad territorial certificada convocará a concurso público y
abierto para cargos docentes y directivos docentes, el cual se realizará según
reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, y tendrá las siguientes
etapas (…).
[21] Artículo 11. Provisión de cargos. Cuando se
produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador
deberá proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar
en el respectivo listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no
aceptación voluntaria de quien ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los
siguientes en estricto orden de puntaje y quien rehúse el nombramiento será
excluido del correspondiente listado.
Parágrafo.
Los listados de elegibles tendrán una vigencia de dos (2) años, contados a
partir de su publicación.
[22] Artículo 21. Requisitos para inscripción y ascenso
en el Escalafón Docente. Establécense los siguientes requisitos para la
inscripción y ascenso de los docentes o directivos docentes estatales en los
distintos grados del Escalafón Docente:
Grado Uno: a)
Ser normalista superior;
b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluación del
período de prueba.
Grado Dos: a)
Ser licenciado en Educación o profesional con título diferente más programa de
pedagogía o un título de especialización en educación;
b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluación del
período de prueba; o la evaluación de competencias en caso de que esté inscrito
en el Grado Uno.
Grado Tres: a)
Ser Licenciado en Educación o profesional;
b) Poseer título de maestría o doctorado en un área
afín a la de su especialidad o desempeño, o en un área de formación que sea
considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes;
c) Haber sido nombrado mediante concurso;
d) Superar satisfactoriamente la evaluación del
período de prueba; o la evaluación de competencias en caso de que esté inscrito
en el Grado Uno o Dos.
Parágrafo. Quien reúna los requisitos de los Grados Dos
o Tres puede aspirar a inscribirse directamente a uno de estos grados, previa
superación de la evaluación del período de prueba.
Una vez inscrito, se considera ascenso pasar de un
grado a otro dentro del Escalafón Docente, previa acreditación de requisitos y
superación de las correspondientes evaluaciones de desempeño y de competencias,
y existencia de disponibilidad presupuestal. (subrayas fuera de texto).
[23] En dicha providencia se señaló al respecto
lo siguiente:
“ARTICULO 193. PERMANENCIA EN LA CARRERA. Los actuales
funcionarios y empleados que con anterioridad a la expedición de la presente
Ley hubiesen sido vinculados a la Rama Judicial mediante la respectiva
designación en propiedad para el cargo, por período fijo o a término
indefinido, quedan incorporados al sistema de Carrera Judicial previsto en esta
ley Estatutaria y a los derechos derivados de la misma, sin necesidad de
providencia que así lo declare.
PARAGRAFO: Con el fin de determinar su ingreso a la
Carrera los funcionarios y empleados que se hallen en período de prueba serán
evaluados, por una sola vez, en su desempeño durante todo el tiempo en que
hayan ejercido el cargo con tal carácter, en la forma que establezca el
reglamento que para el efecto expida la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
(…)
Como se ha establecido en
esta providencia, el artículo 125 de la Constitución dispone que la regla
general para la vinculación a los empleos y órganos del Estado, es el sistema
de carrera. Por tal razón, la Carta exige que en estos casos habrá de tenerse en
cuenta las capacidades, la preparación y el profesionalismo de los aspirantes,
con lo cual se logrará una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de una
función pública, y se garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores y
la oportunidad de ellos mismos para ascender o promocionarse según sus propios
méritos. Es con fundamento en esas razones que la norma constitucional citada
prevé, también como regla general, que el ingreso al sistema de carrera, salvo
que la ley disponga algo diferente, deberá hacerse a través de concurso
público, pues este mecanismo se constituye en el más idóneo no sólo para
conocer las reales aptitudes de los candidatos a un cargo de carrera, sino
también para asegurar la aplicación del derecho constitucional fundamental de
la igualdad (Art. 13 C.P.). (…)
Bajo estos criterios, se tiene que al ser el sistema de
carrera garante del derecho previsto en el artículo 13 superior, y al permitir
el concurso público una igualdad de oportunidades para acceder a un cargo
dentro del Estado, entonces las excepciones que defina la ley, según se ha
establecido en esta providencia, deberán ser proporcionadas y razonables a la
luz del artículo 125 superior. Tal es el caso, por ejemplo, de los empleos que
exijan altos niveles de confianza o de responsabilidad política.
Por los motivos expuestos, resulta constitucionalmente
reprochable que el inciso primero del artículo bajo examen, sin justificación o
razonamiento alguno, determine indistintamente que todo aquel que, salvo los
casos de vinculación por concurso -los cuales se explicarán más adelante-,
hubiese sido nombrado en propiedad en un cargo para un período fijo o a término
indefinido, quede automáticamente incorporado al sistema de carrera judicial de
que trata el presente proyecto, sin necesidad de providencia que así lo
determine. Con esta medida, se estaría permitiendo que las personas que señala
la disposición gocen de los beneficios y de la estabilidad que conlleva el
sistema de carrera, sin haber tenido necesidad de concursar o de demostrar
frente a otros candidatos sus aptitudes, conocimientos y preparación
profesional. Repárese, además, en que una cosa es haber sido nombrado en un
cargo y otra ingresar al sistema de carrera, pues lo primero no implica
necesariamente lo segundo. Lo anterior, constituye para la Corte una palmaria
vulneración del derecho a la igualdad y se convierte en una excepción que
desconoce flagrantemente el propósito esencial del artículo 125 superior, al
determinar como regla general para vincularse a los empleos estatales, el
concurso público.”Sentencia
C-037/96 M.P. Vladimiro naranjo Mesa.
[24] En dicha sentencia la Corte analizó el
aparte que se resalta del artículo 192  del Decreto 262 de 2000.
“ARTÍCULO 192. Concursos. Los concursos son:
1)
Abiertos: para el ingreso de nuevo personal a la carrera de la Procuraduría
General. En ellos podrán participar también quienes se encuentren inscritos en
carrera.
2) De ascenso: para ascender en cargos de carrera de la
Procuraduría General. En ellos sólo podrán participar quienes se encuentren
inscritos en la carrera de la entidad.
El concurso deberá convocarse de ascenso cuando existan
en la entidad por lo menos cinco (5) empleados inscritos en carrera que cumplan
los requisitos para ascender, determinados en este decreto, según certificación
que expedirá el jefe de la División de Gestión Humana.
Convocado
un concurso de ascenso, éste continuará teniendo tal naturaleza si se admiten
en él por lo menos cinco (5) empleados inscritos en carrera. En caso contrario,
se declarará desierto y se convocará a concurso abierto. En este último evento,
quienes fueron inicialmente admitidos continuarán en el concurso abierto para
ascender, sin necesidad de nueva inscripción.
Parágrafo. Con el fin de dar cumplimiento a una
decisión judicial, la Comisión de Carrera deberá dejar sin efecto el concurso
que se encuentre en trámite para proveer el respectivo empleo, en los casos en
que el empleado reintegrado fuere titular de derechos de carrera al momento de
su desvinculación.”
Y al Respecto concluyó la
Corporación lo siguiente:
“4.4. En consecuencia, la Corte concluye que excluir a
ciudadanos no inscritos en la carrera, del concurso de ascenso para proveer
cargos superiores en la carrera de la Procuraduría General de la Nación,
constituye una medida irrazonable, contraria al sistema de ingreso, permanencia
y ascenso a los cargos públicos cuyo fundamento son la calidad y el mérito de
los aspirantes (artículo 125 C.P.). Tal exclusión vulnera además el derecho
político fundamental a acceder a cargos públicos (art. 40 num. 7 C.P.) en
igualdad de oportunidades (art. 13 C.P.). En consecuencia, la expresión “sólo”
empleada en el numeral 2º del artículo 192 del Decreto 262 de 2000, la cual
impone a la Procuraduría General convocar concursos cerrados de ascenso, es
contraria a la Constitución, y así lo declarará la Corte en la parte resolutiva
de esta providencia.”
Sentencia C- 266/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25] Ver al respecto entre otras las sentencias,
C.-507/97 M.P. Calos Gaviria Díaz, C-673 y C-973/01 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, C-1109/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño,  C-008/01 y C-313/03 M.P.
Álvaro Taur Galvis.
[26] Ver Sentencia C-008/01 M.P. Álvaro Tafur
Galvis
[27] Ver Sentencia C-008/01 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[28] Corte Constitucional, Sentencia C-507 de
1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz. (Se trataba de una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 10 del Decreto 2277 de 1979 por
violación del derecho a la igualdad entre los docentes no licenciados en
educación y los docentes que si lo son. La Corte declaró inconstitucionales los
apartes del mencionado artículo que impedían a los primeros acceder a los más
altos grados del escalafón docente).
[29] Ver Sentencia C-973/01 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa
[30] ARTICULO 67. La educación es
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de
la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y
que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia
en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en
la dirección, financiación y administración de los servicios educativos
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.
ARTICULO 68. Los
particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las
condiciones para su creación y gestión.
La comunidad educativa participará en la dirección de
las instituciones de educación.
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida
idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y
dignificación de la actividad docente.
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el
tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado
ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a
una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.
La erradicación del analfabetismo y la educación de
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
son obligaciones especiales del Estado..
[31] En relación con la aplicación del test de
igualdad ver entre otras las sentencias C-530 de 1993 M. P. Alejandro Martínez
Caballero,  C-412/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-673/01 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa,  C-586/01 y C-233/02 M.P. Alvaro Tafur Galvis, C-742/01 M.P.
Alfredo Beltrán Sierra, con aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo
Rentería, .
[32] Sentencia C-654/97, M.P. Antonio Barrera
Carbonell. En el mismo sentido ver entre otras las sentencia C-669/02 M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[33] Ver Sentencia C-093/01 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[34] Sentencia C-563 de 1997 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[35] Artículo
4°. Función docente. La función docente es aquella de carácter
profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de
enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras
actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de
los establecimientos educativos.
La función docente, además de la asignación académica,
comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de
orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres
de familia de los educandos; las actividades de actualización y
perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación
institucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas,
contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de
dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación
relacionadas directamente con el proceso educativo.
Las personas que ejercen la función docente se
denominan genéricamente educadores, y son docentes y directivos docentes.
[36] Artículo
32. Evaluación de desempeño. Entiéndese por evaluación de desempeño la
ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades
inherentes al cargo que desempeña el docente o directivo y al logro de los
resultados.
Será realizada al terminar cada año escolar a los
docentes o directivos que hayan servido en el establecimiento por un término
superior a tres (3) meses durante el respectivo año académico. El responsable
es el rector o director de la institución y el superior jerárquico para el caso
de los rectores o directores.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la
evaluación de desempeño, los aspectos de la misma, y la valoración porcentual
de cada uno de los instrumentos y de los evaluadores, de acuerdo con los
artículos siguientes.
Artículo 34. Aspectos a evaluar en el desempeño.
Los instrumentos de evaluación de desempeño estarán diseñados de forma tal que
permitan una valoración de los siguientes aspectos de los docentes evaluados:
Dominio de estrategias y habilidades pedagógicas y de evaluación; manejo de la
didáctica propia del área o nivel educativo de desempeño; habilidades en
resolución de problemas; nivel de conocimiento y habilidades relacionadas con
el plan de estudios de la institución; actitudes generales hacia los alumnos;
manejo de las relaciones del grupo; trato y manejo de la disciplina de los
alumnos; sentido de compromiso institucional; preocupación permanente por el
mejoramiento de la calidad de la educación; logro de resultados.
Parágrafo.
Para los directivos se expedirá una reglamentación especial sobre las áreas de
desempeño a evaluar, las cuales den cuenta por lo menos de: su liderazgo;
eficiencia; organización del trabajo; resultados de la institución
educativa, medida de acuerdo con los índices de retención y promoción de
los alumnos y con los resultados de la evaluación externa de competencias
básicas de los estudiantes, que se realizará cada tres (3) años.
[37] Artículo
24. Exclusión del Escalafón. La exclusión del Escalafón Docente procederá por
una de las siguientes causales:
a) Por las causales genéricas de retiro del servicio;
b) Por evaluación de desempeño no satisfactoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto.
[38] Artículo
25. Reingreso al servicio y al Escalafón Docente. (…)
El directivo docente que no supere el período de
prueba, o que obtenga calificación no satisfactoria en evaluación de desempeño,
o que voluntariamente no desee continuar en tal cargo, será regresado a una
vacante de docente si venía vinculado al servicio estatal y se encontraba
inscrito en el Escalafón Docente, conservando el grado y el nivel que tenía.
Dicho tiempo de servicio de directivo se contabilizará para realización de
evaluación de competencias y superación de nivel salarial o de grado. Si no
estaba vinculado a la docencia estatal antes de ocupar el cargo directivo, será
excluido del Escalafón Docente y retirado del servicio.
[39] Artículo 31. Evaluación de período de prueba. (…)
Los directivos docentes que obtengan una calificación
inferior al sesenta por ciento (60%) en desempeño o en competencias en la
evaluación del período de prueba, si se encontraban inscritos en el Escalafón
Docente, serán regresados a la docencia una vez exista vacante. Si no se encontraban
inscritos, serán retirados del servicio.
Parágrafo. Quien sin justa causa no se presente a una
evaluación de período de prueba será retirado del servicio, a menos que
provenga del servicio docente estatal, en cuyo caso será reubicado en la
docencia y devengará el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con
el grado y nivel salarial que poseía.
[40] Artículo 36. Resultados y consecuencias de las
evaluaciones de desempeño y de competencias. Las evaluaciones de desempeño y de
competencias tendrán las siguientes consecuencias según sus resultados:
1. Evaluación ordinaria periódica de desempeño
anual:
El docente que obtenga una calificación inferior al
sesenta por ciento (60%), la cual se considera no satisfactoria, duran te
dos (2) años consecutivos en evaluación de desempeño, será excluido del
escalafón y, por lo tanto, retirado del servicio.
Los directivos docentes que obtengan una calificación
inferior al sesenta por ciento (60%) durante dos (2) años consecutivos,
serán regresados a la docencia una vez exista vacante, si provenían de la
docencia estatal; en cuyo caso percibirán el salario que corresponda a dicho
cargo, de acuerdo con el grado y el nivel salarial que poseían. Si no provenían
de la docencia estatal, serán excluidos del Escalafón Docente y retirados del
servicio.