T-619-17
Sentencia T-619/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
PRECEDENTE SOBRE PRESCRIPCION DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN
RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE DEPENDE ECONOMICAMENTE
DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION
PRECEDENTE DE IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14%
EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE DEPENDE ECONOMICAMENTE
DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A)
PERMANENTE A CARGO
Fue solo hasta el 10 de mayo de 2017, que la Sala Plena de
esta corporación adoptó la decisión de unificación sobre el carácter
imprescriptible del incremento pensional del 14% por persona a cargo (sentencia
SU-310 de 2017).
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia al incurrirse en una violación directa de la
Constitución por desconocimiento del principio constitucional in dubio pro
operario
Existió un defecto por violación directa de la constitución,
ya que si bien al momento de adoptarse las decisiones, en el desarrollo de los
respectivos procesos laborales ordinarios, no había una línea jurisprudencial
de esta Corte armónica ni reiterada en el asunto (por lo que resulta imposible
imputarle a las providencias un desconocimiento del precedente constitucional),
los respectivos operadores jurídicos tenían la obligación de aplicar lo
dispuesto en el artículo 53 Constitucional, en lo relacionado con el principio
de favorabilidad laboral ante la presencia de dos interpretaciones razonables
de la Corte Constitucional sobre una misma norma de seguridad social. Esto
implica que para todos los casos fallados con posterioridad a la Sentencia de
Unificación 310 de 2017, se configurará un desconocimiento del precedente constitucional
en la materia.
Referencia: Expedientes
T-6.175.430, T- 6.182.018, T – 6.210.646, T- 6.212.215, y  T- 6.212.216.
Acciones de
Tutela interpuestas por: (i) Reynaldo Chaparro contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral (T- 6.175.430);
(ii) Alfredo Benavides Ramírez contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas
Causas de Barranquilla y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla
(T- 6.182.018); (iii)  Luis Carlos Angulo Comas contra el
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral (6.210.646); (iv) Misael Reyes
Mancera contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá (T- 6.212.215); (v) Pedro Martínez Caro contra el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral (T- 6.212.216).
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., 4 de octubre de dos mil
diecisiete (2017).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Los expedientes T- 6.182.018 y
T.6.175.430, que se estudian a continuación, fueron seleccionados
y acumulados para revisión y fallo en una sola sentencia, por presentar unidad
de materia, mediante el Auto del 16 de junio de 2017, proferido por la Sala de
Selección Número Seis de esta corporación[1]. La misma
Sala, en virtud del Auto del 30 de junio de 2017, dispuso en su numeral décimo
segundo, que los expedientes T-6.210.646, T-6.212.215 y T-6.212.216, fueran
acumulados a los dos primeros, que ya habían sido repartidos al Magistrado
sustanciador, por la misma razón de unidad de materia, para que todos los
asuntos sean decididos en la presente providencia.
I.       ANTECEDENTES
Todos los expedientes acumulados para revisión en la presente
sentencia presentan una identidad de hechos antecedentes que pueden ser
sintetizados en:
1. A todos los accionantes les fue reconocida una pensión de vejez
por el extinto Instituto de Seguros Sociales, entre los años 1999 y 2006, la
cual disfrutan actualmente.
2. Todos se encuentran casados hoy en día y afirman tener a sus
respectivas cónyuges a cargo, toda vez que estas no perciben renta ingreso
laboral o pensional alguno; razón por la cual dependen económicamente de los
accionantes para la satisfacción de todos sus gastos y necesidades.
3. Por lo anterior, interpusieron ante Colpensiones respectivas
peticiones a través de las cuales solicitaban, en cada uno de los casos, que la
pensión de la cual son beneficiarios les fuera aumentada en un 14% por tener a
sus cónyuges a cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del
Decreto 758 de 1990 (por medio del cual fue aprobado el Acuerdo 049 del mismo
año).
4. En todas las oportunidades la respuesta de la entidad fue
negativa a la solicitud. Así, los ahora accionantes interpusieron demandas
laborales ordinarias en contra de Colpensiones, en las que solicitaron que los
jueces laborales les reconocieran el incremento pensional solicitado y
consecuentemente ordenaran a la entidad demandada aumentar las prestaciones en
el referido monto.
5. Todas las demandas fueron negadas por los respectivos
despachos, en unas ocasiones en ambas instancias, en otras tan solo en segunda,
revocando decisiones que en una primera oportunidad habían reconocido el
incremento pedido. El argumento para desestimar los argumentos de los
demandantes se centró, en todos los casos, en que a consideración de tales
despachos había operado el fenómeno jurídico de la prescripción en la
oportunidad para solicitar los incrementos pensionales, el cual era de tres (3)
años que serían contabilizados a partir del momento del reconocimiento
pensional, razonamiento plenamente respaldado en la jurisprudencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de
dicha jurisdicción.
6. Por lo anterior, todos los demandantes decidieron interponer
las acciones de tutela, contra las respectivas providencias judiciales que
negaron los incrementos pensionales, que en esta oportunidad revisa la Sala,
considerando que las decisiones vulneraban sus derechos a la seguridad social, al
debido proceso, al mínimo vital, entre otros, al desconocer el precedente de
esta corporación en el asunto, el cual había determinado, en numerosas
sentencias, que la oportunidad para reclamar dichos incrementos no prescribe,
razón por la cual, la omisión de aplicar esta línea jurisprudencial en sus
casos les vulneró el principio de favorabilidad (artículo 53 constitucional),
según el cual cuando existan dos normas aplicables en un asunto, deberá optarse
por aquella que resulte más favorable al  trabajador.
7. Todos los despachos que conocieron los amparos constitucionales
negaron las pretensiones de las respectivas acciones de tutela, argumentando,
entre otras,  que: i) lo que se pretendía con su interposición era una tercera
instancia; ii) no fueron decisiones caprichosas ni arbitrarias, contrarias a
derecho, sino que estaban amparadas en la jurisprudencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que era enfática en señalar que la
oportunidad para reclamar los incrementos pensionales del 14% por cónyuge a
cargo prescribía si no era elevada la solicitud de manera oportuna; iii)
independientemente de si esa postura se comparte o no, no está desprovista de
sustento jurídico por lo que no había reproche alguno a los despachos
accionados.
8. Teniendo en cuenta lo anterior, para facilitar y agilizar la
lectura de la presente providencia, pretendiendo evitar reiteraciones
argumentativas que harían el análisis más engorroso, la Sala optará por
insertar un cuadro que reseñe las fechas y los hechos más importantes de los
antecedentes anteriormente compilados, en cada caso concreto que será objeto de
revisión. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de acciones de tutela
que son interpuestas contra providencias judiciales e implican un estudio de
procedencia más detallado por parte del juez constitucional, se anexarán en la
parte final de la sentencia los antecedentes precisos de cada uno de los
expedientes acumulados para la respectiva constancia y remisión que sea
necesaria llevar a cabo.
ACCIONANTE/
EXPEDIENTE
PENSIÓN RECONOCIDA
MATRIMONIO
PETICIÓN/
RESPUESTA
PRIMERA INSTANCIA PROCESO
LABORAL ORDINARIO
SEGUNDA INSTANCIA PROCESO
LABORAL ORDINARIO
PRIMERA INSTANCIA TUTELA
SEGUNDA INSTANCIA TUTELA
Alfredo Benavidez Ramírez/ T –
6.182.018.
Pensión de vejez, Resolución ISS Nº 006844 de 2004 (01/12/2004).
Gladys Isabel Gómez, de 70 años de
edad, desde el 25 de diciembre de 1967.
Petición del 14/04/2014, solicitando
ante Colpensiones el incremento pensional del 14% por persona a cargo.
Respuesta negativa.
26/11/2015 el   Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas de Barranquilla NEGÓ el incremento por
considerar que en el asunto había operado la figura de la prescripción
alegada por la entidad accionada.
29/08/2016 el Juzgado Octavo Laboral
del Circuito de Barranquilla CONFIRMÓ el fallo de primera instancia,
al sostener que la oportunidad para reclamar el incremento pensional había
prescrito, al no haberse efectuado dentro de los 3 años contados a partir del
reconocimiento.
07/02/2017 la Sala Segunda de Decisión
Laboral, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla NIEGA
la acción de tutela apegándose al precedente de la Corte Suprema de Justicia
en la materia.
La decisión no fue impugnada.
Reynaldo Chaparro/ T – 6.175.430
Pensión de vejez, Resolución ISS Nº
020977 de 2004 (27/07/04)
Clara Inés Beltrán González desde
el 01 de octubre de 1998
Petición del 23/09/2014, solicitando
ante Colpensiones el incremento pensional del 14% por persona a cargo.
Respuesta negativa.
01/06/2016 el   Juzgado 32 Laboral del
Circuito de Bogotá CONCEDIÓ el incremento solicitado.
18/08/2016 la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá REVOCÓ la sentencia
de primera instancia, al considerar el derecho al incremento pensional había
prescrito.
22/02/2017 la Corte Suprema de
Justicia en su Sala de Casación Laboral NEGÓ la acción de tutela, al
considerar que la providencia atacada por dicha vía no es arbitraria o
caprichosa, ni está desprovista de sustento jurídico.
24/07/2017 la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia CONFIRMÓ el fallo recurrido al
considerar que la acción de tutela se había interpuesto como una tercera
instancia.
Misael Reyes Mancera/ T – 6.212.215
Pensión de vejez, Resolución ISS Nº
016995 de 2008 (13/06/08)
Myriam González Roncacio desde el 26
de septiembre de 2009
Petición del 16/10/2013, solicitando
ante Colpensiones el incremento pensional del 14% por persona a cargo.
Respuesta negativa.
16/10/2016 el   Juzgado 22 Laboral del
Circuito de Bogotá CONCEDIÓ el incremento solicitado.
30/11/2016 la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá REVOCÓ la sentencia
de primera instancia, al considerar el derecho al incremento pensional había
prescrito.
10/05/2017 la Corte Suprema de
Justicia en su Sala de Casación Laboral NEGÓ la acción de tutela, al
considerar que la providencia atacada por dicha vía no es arbitraria o
caprichosa, ni está desprovista de sustento jurídico, independientemente de
que se comparta la línea jurisprudencial de ese tribunal.
La decisión no fue impugnada.
Luis Carlos Angulo Comas/ T –
6.210.646
Pensión de vejez, Resolución ISS Nº
003 de 1999 (09/12/99)
Nubia Cecilia Algarín Hernández desde
el 13 de junio de 1973
Petición del 21/11/2014, solicitando
ante Colpensiones el incremento pensional del 14% por persona a cargo.
Respuesta negativa.
13/04/2016 el Juzgado Trece Laboral
del Circuito de Barranquilla NEGÓ la solicitud al encontrar que en el
caso concreto había lugar a decretar probada la excepción de prescripción
alegada por la entidad accionada.
26/08/2016 el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla CONFIRMÓ íntegramente la decisión de
primera instancia, acogiendo la tesis de la Corte Suprema de Justicia, en su
especialidad laboral, según la cual, los incrementos pensionales por persona
a cargo son objeto de prescripción de no ser reclamados a tiempo.
15/03/2017 la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia NEGÓ la acción de tutela al considerar
que las providencias que se pretenden enervar no resultan arbitrarias ni
caprichosas, ni están desprovistas de sentido jurídico, al encontrase sujetas
a la jurisprudencia de ese tribunal.
18/05/2017 la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia CONFIRMÓ el fallo recurrido al
considerar que la acción de tutela al advertir que la decisión cuestionada se
ajustaba a lo dispuesto en el artículo 488 del CST y a la jurisprudencia de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia aplicable al
caso.
Pedro Martínez Caro/ T – 6.212.216
Pensión de vejez, Resolución ISS Nº
008423 de 2006 (01/03/06)
Marina Martínez desde el 09 de abril
de 1975
Petición del 06/03/2015, solicitando
ante Colpensiones el incremento pensional del 14% por persona a cargo.
Respuesta negativa.
20/04/2016 el   Juzgado 28 Laboral del
Circuito de Bogotá CONCEDIÓ el incremento solicitado.
05/12/2016 la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá REVOCÓ la sentencia
de primera instancia, al considerar el derecho al incremento pensional había
prescrito.
10/05/2017 la Corte Suprema de
Justicia en su Sala de Casación Laboral NEGÓ el amparo de un lado, por
no acreditar el requisito de inmediatez y de otro, consideró que la
providencia reprochada está sustentada en fundamentos de índole jurídica para
sustentar su criterio judicial.
La decisión no fue impugnada.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1. La Corte Constitucional es
competente para conocer de las acciones de tutela referidas, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política,
en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud de los
Autos del 13 y del 30 de junio de 2017, expedidos por la Sala de Selección de
Tutela Número Seis de esta Corte, conformada por las Magistradas Gloria Stella
Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera, que decidieron someter a revisión de
manera acumulada las decisiones adoptadas por los respectivos jueces de
instancia.
B.
CUESTIÓN PREVIA: LA PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Condiciones de procedencia general de la acción de tutela
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia[2], y los
artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene
un carácter residual y subsidiario, razón por la cual, sólo procede
excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando
existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias
del caso concreto; así mismo, prosperará como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a
un derecho fundamental. En este último evento, la protección se extenderá hasta
que se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[3]. Por lo
anterior, generalmente el juez constitucional tendrá la tarea de verificar que
toda acción de tutela acredite cuatro requisitos: legitimación en la causa
tanto por activa como por pasiva, inmediatez y subsidiariedad, para que el
amparo sea considerado procedente, y solo con posterioridad a este examen podrá
estudiar de fondo el tema que está conociendo.
3. Ahora bien, el asunto que ocupa la
atención de la Sala consiste en una serie de amparos constitucionales
interpuestos contra siete providencias judiciales, que son las decisiones que
los diferentes accionantes consideran dieron origen a la trasgresión iusfundamental
alegada en común, esto es, la declaratoria de la prescripción en la oportunidad
para solicitar el incremento pensional en un 14% por persona a cargo. La
anterior particularidad implica que el análisis de procedencia de estas acciones
no puede agotarse con el estudio de los cuatro requisitos generales antes
enunciados, ya que al pretender enfrentar una decisión proferida por jueces, en
ejercicio de su función de administrar justicia, la acción de tutela se torna
en un instrumento realmente excepcional, que no debe ser confundido con una
nueva instancia procesal para la discusión de asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que dieron origen a un litigio. Esto implica un
análisis de procedencia mucho más minucioso, conforme a los parámetros
señalados por la jurisprudencia de esta corporación.
4. Para efectos de lograr la mayor
claridad, dada la extensión del asunto objeto de revisión, por su carácter
acumulado, la Sala procederá (i) en primer lugar, a exponer de manera genérica
las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) en segundo lugar, a explicar el contenido y el alcance de cada
una de ellas en abstracto, y de esta manera, (iii) se analizará si las acciones
de tutela que en esta oportunidad revisa la Corte, en cada uno de los casos,
acreditan todos presupuestos de procedencia. Para facilitar esto último, dadas
las enormes similitudes que presentan los casos objeto de revisión, los
requisitos descritos en los numerales 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 serán estudiados
conjuntamente.  (iv) Finalmente, en todos aquellos expedientes en los que se
verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos indispensables,
conforme a lo anteriormente expuesto, se decretará su procedibilidad, para así
poder efectuar un estudio de fondo en cada uno de los asuntos.
5. Requisitos de generales procedencia y
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
La sentencia C-590 de 2005 estableció
unas causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, las cuales deben ser acreditadas en todos los casos
para que el asunto pueda ser examinado por el juez constitucional. De esta
forma, la providencia referida planteó seis (6) requisitos de carácter general
que habilitan la interposición de este tipo de acciones, en casos muy
excepcionales de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, a través
de elementos que debe cumplir el demandante. Al mismo tiempo, delimitó ocho (8)
situaciones o causas especiales de procedibilidad, como formas de
violación de un derecho fundamental por la expedición de una providencia
judicial. Se trata de las hipótesis de prosperidad de la acción de tutela
contra la providencia judicial[4].
Esto quiere decir que para que la acción de tutela con este tipo de
pretensiones prospere deberá ser procedente y probar al menos una de las
causales especiales.
Los requisitos generales procedencia
de la acción de tutela interpuestas contra providencias judiciales, que
le permiten
al juez constitucional entrar a analizar de fondo el asunto son “a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones (…),
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que
sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos (…), c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración (…), d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…), e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…)”, y por último,
“f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)”[5].
Para un mayor entendimiento a lo que
implican estos requisitos generales debe precisarse, como se anunció, aunque
sea sumariamente, el contenido de cada uno de ellos, para proseguir a estudiar
la procedencia de cada una de las acciones de tutela que en esta oportunidad
revisa la Sala.
5.1 Que se hayan agotado todos los
mecanismos de defensa, ordinarios y extraordinarios, es decir que se encuentre
acreditado el requisito de subsidiariedad según lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, que establece cómo la acción de tutela
constituye un mecanismo de protección para los derechos fundamentales de
carácter residual y subsidiario, es decir, que únicamente será procedente
cuando no exista otro medio de defensa judicial que resulte eficiente e idóneo,
o cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable[6].
5.2 Que la acción sea presentada en
un término razonable y oportuno, es decir, que se respete el principio de
inmediatez. Si bien es cierto que la acción de tutela no está sometida
a un término de caducidad, sí tiene que ser interpuesta en un plazo razonable y
proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el caso de las
providencias judiciales, desde que quedó en firme. Por lo anterior, el juez de
tutela no podrá conocer de un asunto, y menos aún conceder la protección de los
derechos fundamentales señalados como afectados, cuando la solicitud se haga de
manera tardía, pues deberán ser observadas las circunstancias en cada caso
concreto para determinar si la acción fue o no interpuesta en un término prudencial.
A pesar de ello esta corporación ha considerado que “un plazo de seis (6)
meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en
otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela”[7].
En últimas, este requisito le impone la carga al demandante de interponer la
acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la
conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales[8],
dependiendo de las circunstancias particulares que rodean el caso[9].
5.3 Si se está alegando en la tutela que
la providencia sobrelleva una irregularidad procesal, debe explicar o
argumentar por qué tiene un impacto en el sentido de la decisión por tener un
efecto decisivo o determinante en la providencia. De ahí que, la
acción de tutela solamente será procedente cuando haya una vulneración
sustancial al debido proceso, es decir, cuando haya un yerro procesal
trascendente[10].
5.4 La parte accionante debe identificar
los hechos que generarían el daño, los derechos fundamentales que le fueron
vulnerados, e igualmente debe demostrar que los alegó en sede de instancia,
como por ejemplo, en la impugnación del primer fallo. Se trata de unas cargas
explicativas mínimas, a pesar de que la tutela es una acción informal, que
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar
la causal, o las causales de procedibilidad especial contra la providencia
judicial que se ha configurado para que sea considerado procedente el mecanismo
extraordinario de la tutela contra providencia judicial[11].
5.5 Se requiere además que la
decisión judicial accionada no sea un fallo de tutela, en otras
palabras, que no se trate de un escenario de tutela contra tutela, ni de una
decisión resultante del control abstracto de constitucionalidad ejercido por la
Corte Constitucional[12].
Lo anterior, de acuerdo con la sentencia SU-1219 de 2001, en la que se
estableció la improcedencia general de este tipo de acciones[13].
5.6 Que el asunto revista de relevancia
constitucional. Esto se explica en razón del carácter subsidiario de la
acción de tutela, logrando así determinar objetivamente qué asuntos competen al
juez constitucional, y cuáles son del conocimiento de los jueces ordinarios, ya
que el primero solamente conocerá asuntos de dimensión constitucional; de lo
contrario podría estar arrebatando competencias legales que no le corresponden.
Así mismo, resulta fundamental que los argumentos contra la providencia
tutelada se construyan en términos constitucionales[14].
Este requisito sólo es posible establecerlo luego de verificar el cumplimiento
de los anteriores, teniendo en cuenta que únicamente después del examen de los
hechos y los argumentos expuestos es que resulta lógicamente posible establecer
si el asunto es una discusión jurídica constitucional o infraconstitucional.
6. La verificación de los anteriores
requisitos en los expedientes T- 6.182.018, T-6.175.430, T- 6.212.215, T–6.210.646
& T- 6.212.216.
-
6.1 El requisito de subsidiariedad en las sentencias
de tutela objeto de revisión: Se tiene
probado que en todos de los casos analizados los accionantes agotaron todos los
mecanismos judiciales ordinarios existentes, que eran idóneos y eficaces para
buscar la protección de sus intereses. Así las cosas, en todos los expedientes
que en este momento estudia la Sala los accionantes partieron como
peticionarios, ante Colpensiones, entidad ante la cual solicitaron el
reconocimiento y pago de una diferencia favorable del 14% en la cuantía de las
pensiones que venían disfrutando, por tener a sus respectivas cónyuges a cargo,
pero, en todos los casos la respuesta administrativa fue negativa. En virtud de
lo anterior, acudieron todos los actores a la vía laboral ordinaria agotando
ambas instancias ante los respectivos jueces de conocimiento[15]. Por ende,
concluye la Sala que en todos los casos objeto de revisión se encuentra
acreditado el requisito de subsidiariedad de las respectivas acciones de
tutela.
-
6.2 El requisito de inmediatez en las sentencias de
tutela objeto de revisión: Se tiene probado que en la
mayoría de los casos analizados no transcurrieron más de seis (6) meses, desde
el momento en que fue adoptada la decisión que, en segunda instancia, les negó
a los respectivos accionantes el incremento pensional solicitado ante la
jurisdicción ordinaria, en el desarrollo de los respectivos procesos laborales.
Así las cosas, desde que la decisión ante el juez laboral quedó en firme, y el
momento de interponer el amparo constitucional pasaron:  4 meses y 22 días (T- 6.182.018), 5
meses y 23 días (T-6.175.430), 5 meses y 2 días (T- 6.212.215), y finalmente 5 meses
y 27 días (T
– 6.210.646). Plazos todos que la Sala considera juiciosos, prudentes y que
demuestran un verdadero interés en que se proteja una presunta vulneración en
los derechos fundamentales de los respectivos actores, razón por la cual se
concluye que en los 4 casos enunciados, se cumple con el requisito de
inmediatez.
En
lo que tiene que ver con el expediente T- 6.212.216, se tiene que el actor dejó
transcurrir un poco más de nueve (9) meses desde que la sentencia que negó, en
sede ordinaria, sus pretensiones y el momento en que acudió a la acción de
tutela para controvertir lo dispuesto en dicha providencia. Sin embargo, la
Sala reitera que el ejercicio de este amparo constitucional no tiene un plazo o
término fijo para su interposición, y que en el caso del señor Pedro Martínez
Caro, se evidencia que actúo siempre sin apoderado, un motivo que por sí solo
no justifica un paso tan extenso del tiempo. A pesar de ello, teniendo en
cuenta que lo que reclama es el reconocimiento de un derecho que, como se verá
más adelante, i) fue considerado imprescriptible por la Sala Plena de esta
Corte, ii) que hace parte de la mesada pensional, factor con incidencia directa
en el mínimo vital del actor y su cónyuge, iii) que puede generar una afectación,
que por demás perdura por el paso del tiempo[16]
en un pensionado que ostenta una mesada de un salario mínimo, es necesario
considerar que, si bien trascurrió un lapso importante, este no es desmedido o
desproporcionado, menos aun tratándose de un derecho imprescriptible que es
vulnerado de manera permanente y constante, por lo que la Sala encuentra
también acreditado el requisito de inmediatez, a diferencia de lo que concluyó
en sede de instancia la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia (sentencia del 10 de mayo de 2017).
-
6.3
Las
decisiones judiciales accionadas no son fallos de tutela: Del estudio que
se hizo en la acreditación del requisito de subsidiariedad, se puede concluir,
sin mayor dificultad, que en ninguno de los casos que en este momento revisa la
Sala se está en un escenario de una acción de tutela interpuesta contra una
sentencia de tutela. Así las cosas, en algunos de los expedientes revisados se
tiene que los accionantes cuestionan dos decisiones que en desarrollo de un
proceso laboral ordinario les negaron, en dos instancias, el incremento
pensional solicitado (T – 6.182.018 y T –6.210.646), mientras que en otros, tan
solo cuestionan la constitucionalidad de una providencia que, en segunda
instancia, además de negar el aumento del 14% revocaron decisiones, que en el
desarrollo de los respectivos procesos laborales ordinarios habían concedido
las pretensiones que solicitaban el aumento de la cuota pensional (T –
6.175.430, T – 6.212.215 y T – 6.212.216).
No obstante esta sutil diferencia, se tiene probado que ninguno de los fallos
accionados a través del amparo constitucional es una sentencia de tutela, por
lo que este requisito se decretará acreditado en todos los casos.
-
6.4 La irregularidad trascendente alegada en común: De
la lectura en conjunto de los antecedentes transcritos, se evidencia cómo todos
los actores invocan exactamente el mismo yerro, esto es, la declaratoria de la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, en la oportunidad para
reclamar el incremento de sus respectivas pensiones en un 14% por tener a sus
cónyuges a cargo. Situación que, a su juicio, vulnera el derecho fundamental a
la igualdad por no aplicar el principio constitucional de la favorabilidad en
los derechos laborales y de la seguridad social (artículo 53), y por desconocer
el precedente que en el asunto habían dispuesto, al momento de proferirse las
sentencias laborales ordinarias, algunas de las Salas de Revisión de esta
corporación.
Esta irregularidad alegada en
común es de trascendental importancia, ya que desconocer el precedente de esta
Corte, además de vulnerar la igualdad de trato jurídico que exponen los
actores, involucraría una violación al debido proceso, toda vez que los
procesos que compartan unos mismos supuestos de hecho, deben ser resueltos de igual
manera. Así, la mayoría de los actores explican con suficiencia por qué, a su
juicio, el vicio es sustancial, relativo a la extinción del derecho
(prescripción) es decir, por qué tiene incidencia en la resolución del asunto
y/o en la afectación de los derechos fundamentales alegados como vulnerados, ya
que argumentan con generosidad, por qué las sentencias adoptadas por los
respectivos jueces laborales habrían desconocido el precedente de la Corte Constitucional,
en un asunto que es de su interés directo. De esta forma, exponen distintas
providencias en que esta corporación ha revisado casos muy similares a los
suyos, y ha procedido a decretar que la oportunidad para reclamar el incremento
pensional del 14% por persona a cargo es imprescriptible[17]. Por lo
anterior, se concluye que en los anteriores expedientes, se encuentra
plenamente acreditado este requisito de procedibilidad.
Puesto lo anterior de presente, debe la
Sala llevar a cabo un análisis más detallado en lo que tiene que ver con el
expediente T- 6.212.216, toda vez que, en principio, se evidencia que el
accionante se limita a hacer alusión vaga e imprecisa a diferentes sentencias
de la Corte Constitucional que en nada tienen que ver con el incremento
pensional solicitado, conformándose a basar su exposición y argumentación, en
señalar que la Corte Suprema de Justicia desconoció su propia jurisprudencia,
particularmente la sentencia 20 de octubre de 2010, con radicación Nº
110013105004-20100013501, lo que haría imposible deducir, de su exposición, que
las providencias accionadas adolecen de un vicio por desconocimiento del
precedente constitucional. Sin embargo, no puede pasarse por alto que el señor
Pedro Martínez Caro interpuso directamente la acción de tutela que se está
revisando, esto es, sin apoderado judicial, a pesar de lo cual, logró indicar
con suficiencia que en su caso considera que se presentó un desconocimiento del
principio de favorabilidad al trabajador, al destacar que “(…) lo que
yo sé es que prescriben son las mesadas, nunca el derecho, y por tanto con los
fallos del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral, los principios de favorabilidad, la primacía de la realidad sobre la
formalidad, la progresividad”[18].
En razón de lo cual, se infiere que pretendía hacer referencia a una violación
directa de la Constitución, pues si bien sus argumentos son breves, dan cuenta
del defecto de las sentencias, y la razón antijurídica por la que el actor
consideró vulnerados sus derechos.
-
6.5
La identificación los hechos que generarían el daño,
los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados, y la prueba que
fueron alegados en sede de instancia: Todos los
accionantes se encuentran en idéntica situación fáctica, teniendo en cuenta que
a todos les fue reconocida una pensión de vejez por el extinto Instituto de
Seguros Sociales, la cual actualmente disfrutan. Así mismo, en todos los casos
objeto de Revisión se evidencia que están actualmente casados y afirman
convivir con sus respectivos cónyuges, quienes en ninguno de los casos, por
diferentes motivos, trabajan ni perciben ingreso alguno, por lo que dependen de
la pensión reconocida a los respectivos actores para su sostenimiento.
En virtud de lo anterior, todos los
actores acudieron a Colpensiones solicitando que administrativamente les fuera
reconocido un incremento del 14% en sus respectivas pensiones, petición que en
todos los casos fue negada por la entidad administradora de pensiones. Por
ende, todos acudieron a interponer demandas laborales ordinarias que, en ambas[19]
o tan solo en segunda instancia[20],
concluyen que en sus respectivos casos había operado la prescripción en la
oportunidad para haber elevado tal solicitud, amparando sus respectivas
decisiones en la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Decisión judicial reiterada, que
constituye el hecho vulnerador que los accionantes de los expedientes T-
6.182.018, T-6.175.430, T- 6.212.215 y T-6.210.646 invocan al interponer los
amparos constitucionales contra las distintas providencias judiciales, ya que
alegan en común que dicha conclusión no solo es contraria al principio de
favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, sino que la
mayoría de los actores[21]
señalan cómo las decisiones desconocen la jurisprudencia de esta corporación
que indica que para ese tipo de solicitudes no aplica nunca el fenómeno
jurídico de la prescripción, precedente que por ser más beneficioso, sostienen
les debe ser aplicado.
Por otra parte, si bien el accionante
del proceso T- 6.212.216, no señala como hecho vulnerador el desconocimiento
del precedente constitucional, sino que hace referencia exclusivamente a una
decisión adoptada por el mismo despacho accionado, calendada el 20 de octubre
de 2016, a partir de la cual afirma cómo “(…) es claro que los
incrementos previstos en el Decreto 758 de 1990, son aplicables a los
beneficiarios del régimen de transición (…) frente a la duda de la
vigencia de los incrementos, por cuanto la Ley 100 de 1993 no los contempla, se
impone dar aplicación a los principios de favorabilidad e inescindibilidad del
derecho laboral.”[22].
Para concluir, que la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia a su caso, desconoce el carácter imprescriptible del derecho
reclamado, haciendo alusión al artículo 53 constitucional[23],
se deduce, según lo expuesto con anterioridad, que el accionante pretendía
advertirle al juez constitucional que, en su opinión, se estaba ante un fallo
que violaba directamente la Carta Política, pues con los principios superiores
enunciados y de la narrativa desplegada, resulta imperativo concluir que
solicita la aplicación de la favorabilidad y la interpretación
normativa/jurisprudencial más benéfica al trabajador.
Adicionalmente, se encuentran suficientemente
señalados los derechos de carácter fundamental que los actores consideran
transgredidos: i) el mínimo vital[24],
ii) la seguridad social en pensiones[25],
iii) la igualdad[26],
vi) el debido proceso[27],
v) la vida digna[28],
vi) el acceso a la administración de justicia[29] y
finalmente, vi) el derecho a la vida[30].
En lo que tiene que ver con la alegación
en sede de instancia, existe plena certeza de que los actores de los
expedientes T- 6.182.018, T-6.175.430, T- 6.212.215 y T – 6.210.646 pusieron de
presente a los respectivos jueces que conocieron de los procesos laborales
ordinarios, la irregularidad procesal que consideran vulneraba sus derechos
fundamentales[31]
que, como se ha señalado con insistencia, consistía en el desconocimiento de la
jurisprudencia constitucional que en el asunto particular era más favorable, al
decretar la imprescriptibilidad de la oportunidad para reclamar el incremento
pensional del 14% por persona a cargo.
Finalmente, en lo relativo al expediente
T- 6.212.216 la Sala encuentra que el señor Pedro Martínez Caro no alegó en sede
de instancia irregularidad alguna que, en principio, pudiera hacer procedente
una acción de tutela dirigida contra providencias judiciales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que en la primera instancia de su proceso laboral ordinario,
le fue jurisdiccionalmente reconocido el incremento que solicitó. Sin embargo,
tanto el entonces demandante como Colpensiones apelaron dicha decisión. Entre
los argumentos de este, se expuso que “los incrementos deben ser conocidos
desde el reconocimiento pensional, 01 de marzo de 2006 o 06 de marzo de 2011,
toda vez que el artículo 50 del Decreto 758 de 1990 establece que su
prescripción es de cuatro años y el 151 del CST establece un término de tres
años”[32].
En idéntico sentido, su demanda se limitaba a señalar cómo con las pruebas
obrantes se “acreditaron los supuestos que exige la norma para acceder a lo
peticionado [el incremento pensional]”[33].
A pesar de ello, como quiera que la sentencia de primera instancia del proceso
ordinario laboral le reconoció el derecho al incremento, está plenamente
justificado que el actor no hubiera expuesto la irregularidad sobre el
desconocimiento del principio de favorabilidad en la instancia ordinaria, pues
con el fallo de primera instancia se le dio plena aplicación a este postulado
constitucional. Razón por la cual, se encuentra también acreditado el requisito
en este caso.
-
6.6 La relevancia constitucional de los casos objeto
de revisión: Analizados, caso por caso, los otros
cinco requisitos de procedencia de las acciones de tutela que en esta
oportunidad estudia la Sala, se concluye sin mayor dificultad que estos
revisten, en todos los casos, de especial importancia y relevancia
constitucional por dos razones capitales. En primer lugar, se observa como las
providencias judiciales accionadas presuntamente están vulnerando derechos de
carácter fundamental como la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital o la
seguridad social, entre otros, que constituyen bienes jurídicos preponderantes
en el ordenamiento jurídico, por lo que reciben especial protección en la
Constitución, al punto de poder ser protegidos mediante el ejercicio de la
acción de tutela. En segundo lugar, porque el vicio que la mayoría de los
actores[34]
le están imputando a las sentencias, que consideran vulneran los derechos
señalados, no es otro que el desconocimiento del precedente de esta corporación,
según el cual el incremento pensional del 14% es imprescriptible en cuanto a la
oportunidad para ser reclamado, e igualmente, como todos los accionantes alegan
la vulneración de un principio de rango constitucional como es la favorabilidad
en la aplicación de normas y jurisprudencia en asuntos de derecho laboral y
seguridad social (artículo 53 Constitución Política).
7. La procedencia de las acciones de
tutela objeto de revisión
Hechas las anteriores consideraciones,
debe reiterarse que para que una acción de tutela interpuesta en contra de una
sentencia, o cualquier otra providencia judicial, pueda ser considerada
procedente por parte del juez constitucional debe acreditar el cumplimiento
integral de todos los requisitos descritos con anterioridad (causales
generales), de lo contrario, no podrá estudiarse el caso de fondo por la
improcedencia como tal del respectivo amparo. Así las cosas, la Sala encuentra
que los amparos constitucionales interpuestos por: (i) Alfredo
Benavides Ramírez en contra del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas de
Barranquilla y del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla (T-
6.182.018); (ii) Reynaldo Chaparro en contra de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá (T- 6.175.430); (iii) Misael Reyes
Mancera en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá (T- 6.212.215); (iv) Luis Carlos Angulo Comas en contra del
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla (T-6.210.646); y (v) Pedro Martínez Caro en
contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (T- 6.212.216) serán
estudiadas de fondo por superar todos los requisitos generales de procedencia
de este tipo de acciones, de conformidad con el análisis desarrollado
anteriormente.
C. PLANTEAMIENTO DE LOS
PROBLEMAS JURÍDICOS, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
8. Acorde con los fundamentos fácticos
expuestos, y después de haber resuelto que las acciones de tutela contenidas en
los expedientes T-
6.182.018,
T-
6.175.430, T- 6.212.215, T-6.210.646 y T- 6.212.216 son
procedentes, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión resolver el siguiente
problema jurídico: ¿vulneraron los respectivos despachos accionados[35]
los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad
de los accionantes[36],
por desconocer directamente la Constitución Política y un precedente
constitucional vinculante, al considerar que el incremento pensional del 14%
por cónyuge a cargo, prescribe si transcurren tres años sin ser reclamado, en
lugar de considerar que tan solo prescriben las mesadas no reclamadas,
interpretación más favorable al trabajador[37]?
9. Para resolver el anterior problema
jurídico la Sala procederá: (i) En primer lugar, a reiterar el concepto del
desconocimiento del precedente constitucional, con ello expondrá cómo existían
dos líneas jurisprudenciales contradictorias y reiteradas por las distintas
Salas de Revisión de esta Corte frente al carácter imprescriptible o no del incremento
pensional del 14% por persona a cargo, lo anterior, para poder establecer si
los despachos accionados incurrieron en esta causal de prosperidad de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales. (ii) En segundo lugar, exponer
el alcance de la violación directa de la Constitución y del principio de
favorabilidad (artículo 53 C.P.), para proceder a explicar cómo la Sala Plena
de esta Corte superó la disyuntiva jurisprudencial mencionada, a través de la
Sentencia de Unificación 310 de 2017. (iii) Finalmente, pasará a determinar si
los despachos judiciales accionados violaron directamente la Constitución con
la adopción de las sentencias que en el desarrollo de los respectivos procesos
laborales ordinarios negaron el incremento pensional solicitado por quienes
ahora son actores en sede de tutela, bajo el argumento de que este había
prescrito.
D. EL POSIBLE DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL POR LA NEGATIVA A RECONOCER EL CÁRACTER IMPRESCRIPTIBLE DEL
AUMENTO PENSIONAL EN UN 14% POR PERSONA A CARGO.
10. Existe un desconocimiento del
precedente constitucional, entendido como causal específica de la acción de
tutela contra providencias judiciales, cuando se evidencia una violación al
debido proceso, artículo 29 constitucional, y al derecho a la igualdad de trato
jurídico, artículo 13 de la Carta Superior, que deben tener las personas en un
Estado Social de Derecho, en el que aquellos procesos que compartan unos mismos
supuestos de hecho y de derecho, deberán fallarse, en principio, de igual
manera. De esta forma, mediante la sentencia T-838 de 2007, reiterada en la
sentencia T-109 de 2009, esta corporación estableció que la causal de violación
del precedente puede asumir tres formas: (i) por aplicación de disposiciones
legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad, (ii) por la existencia de providencias judiciales que contrarían
la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad, y (iii)
finalmente por la expedición de providencias judiciales que vayan en contra del
alcance de los derechos fundamentales fijados por esta Corte mediante la ratio
decidendi de las sentencias de tutela.
Esto quiere decir que la tutela contra
providencias judiciales por esta causal específica puede desplegarse en dos
planos: por violación del precedente de constitucionalidad o por violación de
la jurisprudencia en vigor en tutela establecida por las Salas de Revisión de
la Corte Constitucional. En estos términos, la tutela contra providencia
judicial por desconocimiento del precedente procede para controvertir
decisiones contrarias a las reglas y subreglas establecidas por esta Corte,
incluso si no se adecúan a precedentes establecidos por la Corte Suprema de
Justicia o el Consejo de Estado.
Por ende, se concluye que constituye
efectivamente una violación del precedente jurisprudencial desconocer la ratio
decidendi de las sentencias de tutela proferidas por las diferentes salas
de revisión de esta Corte, toda vez que en el evento que un juez conozca un
asunto de presuntas violaciones de derechos fundamentales reclamados mediante
acciones de tutela, no podrá inaplicar la jurisprudencia reiterada y armónica
de esta corporación en los diferentes temas, cuando la materia que esté
conociendo sea equivalente en cuanto a los hechos, peticiones y problema
jurídico, so pretexto de aplicar una jurisprudencia contraria que sea
promulgada por la Corte Suprema de Justicia, en cualquiera de sus Salas de
Casación, o el Consejo de Estado, como máximas autoridades de cada una de las
jurisdicciones especializadas.
11. El Decreto 758
de 1990 por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 del mismo año, dispuso en
su artículo 21 que las pensiones de vejez o de invalidez podrían ser
incrementadas “En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal,
por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa
económicamente de éste y no disfrute de una pensión”.  De esta forma, dicha
disposición normativa plantea 3 requisitos para que este aumento sea
reconocido: i) tener una pensión mínima, ii) tener a su cargo cónyuge o
compañero(a) permanente y (iii) que exista una verdadera dependencia económica
de este último frente al titular de la pensión, al no recibir ingreso alguno.
Sin embargo, en caso de que desaparezcan las causas que le dieron origen al
incremento, bien sea porque la persona que estaba a cargo fallece, se pensiona,
o sobreviene divorcio o separación, se extingue para el pensionado el derecho a
recibir el incremento que le había sido otorgado.
12. El referido incremento pensional del
14%, a pesar de ser considerado un derecho propio de la seguridad social, fue
objeto de controversia y debate en sede de control concreto de
constitucionalidad, donde las diferentes Salas de Revisión de esta corporación
se habían venido pronunciando, en dos sentidos, respecto del tema de la
prescripción del incremento por cónyuge o compañero permanente a cargo. Por un
lado, se encontraban las sentencias en las que se sostenía, de manera armónica
con la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, que los incrementos pensionales eran objeto de prescripción, y por
otro, aquellas que defienden el carácter imprescriptible del mismo. En otras
palabras, existían dos posibles interpretaciones de la disposición contenida en
el artículo 21 del Acuerdo 049 antes citado, la primera consideraba que los
incrementos pensionales no formaban parte integrante de la pensión, por lo que
no gozarían de los atributos del derecho pensional, como la
imprescriptibilidad; la segunda, consideraba que el derecho a ellos subsiste
mientras perduren las causas que le dieron origen, amparándose en el principio
de favorabilidad en materia laboral, por lo que la oportunidad para reclamar
este aumento era imprescriptible.
13. La primera tesis, si se quiere
restrictiva, se encuentra plasmada en las sentencias T-791 de 2013, T-748 de
2014, T-123 de 2015 y T-038 de 2016, en las cuales las diferentes Salas de
Revisión indicaron que “(…) conforme al precedente jurisprudencial
sentado por la Corte Suprema de Justicia, si bien los incrementos pensionales
nacen del reconocimiento de la prestación, estos no forman parte integrante de
ella ni del estado jurídico de la persona pensionada, por lo que no gozan del
atributo de la imprescriptibilidad. Además precisaron que aunque el precedente
constitucional “tiene la fuerza de instituir interpretaciones que ciñan la
aplicación del ordenamiento legal a lo consagrado por la Carta Política” [T-791
de 2013], la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene fuerza de
precedente y es una garantía para que las decisiones de los jueces estén
apoyadas en una interpretación uniforme y sólida del ordenamiento jurídico, por
lo que no es posible afirmar que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente constitucional”[38].
Para arribar a la anterior conclusión,
se expusieron, entre otros, los siguientes argumentos: i) la
imprescriptibilidad, si bien había sido reconocida por la Corte Constitucional,
no constituía una posición ampliamente desarrollada o reiterada en múltiples
ocasiones, por lo que no podía considerarse jurisprudencia en vigor[39],
ii) ni el incremento del 14% ni los demás aumentos pensionales hacen parte
integrante de la pensión de vejez o de invalidez, por lo que no gozan de
atributos que el ordenamiento jurídico ha señalado para este tipo de
prestaciones, como la imprescriptibilidad[40], iii) las
sentencias de tutela proferidas por otras Salas no caracterizaban un “antecedente
trascendental”[41],
iv) la Corte Constitucional no había adoptado un pronunciamiento ni una postura
uniforme que decretara la imprescriptibilidad para reclamar el aumento[42],
v) las autoridades judiciales que negaban el carácter imprescriptible de este
incremento lo hacían basándose en la jurisprudencia dictada por el órgano de
cierre de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, que además
coincidía con una de las dos posiciones adoptadas por las Salas de Revisión[43].
14. Por otra parte, la segunda tesis,
que reconoce el carácter imprescriptible de estos derechos, se encuentra
reiterada en las sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 de 2015, T-369
de 2015, T-395 de 2016 y T-460 de 2016. Esta línea jurisprudencial consideró
que “(…) en virtud del principio de imprescriptibilidad del derecho a
la seguridad social, los incrementos que por ley se desprenden de la pensión
son imprescriptibles, salvo las mesadas no reclamadas en tiempo conforme a la
regla general de prescripción de las acreencias laborales contenida en el
artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente (…) se
sostuvo que la prescripción del incremento pensional del 14%, es una
interpretación contraria y violatoria del artículo 53 de la Constitución
Política, pues al existir dos interpretaciones posibles de una misma norma
jurídica, debe acogerse aquella que resulta más favorable al trabajador
(principio de duda en favor del trabajador o in dubio pro operario)”[44].
A esta resolución llegaron las
respectivas Salas de Revisión considerando, entre otras, las siguientes
razones: i) tanto en sede de control abstracto como concreto de
constitucionalidad, se ha mantenido una posición uniforme en cuanto a
considerar que los derechos a la seguridad social no prescriben, por lo que el
atributo de imprescriptibilidad se predica del derecho en sí mismo, pero no de
las prestaciones periódicas o mesadas que este genere y no sean oportunamente
cobradas[45],
ii) aceptar la prescripción del derecho a los incrementos pensionales,
contrariaría el mandato de favorabilidad e implicaría una violación directa de
la Constitución, ya que la interpretación que decreta la imprescriptibilidad
del incremento pensional es la que mejor realiza los derechos fundamentales de
los ciudadanos[46],
iii) el derecho a reclamar los ajustes, aumentos y/o reliquidación de la
pensión está estrechamente vinculado con el derecho a la pensión en sí misma,
por lo tanto también es imprescriptible[47], iv) la
interpretación normativa según la cual, el derecho en mención no se encuentra
sometido a la regla de prescripción de las acreencias laborales de tres años,
es la que verdaderamente realiza los derechos fundamentales y el principio de
favorabilidad[48],
v) “(…) si bien el precepto contenido en el artículo 22 del Acuerdo
049 de 1990 señala que el incremento no hace parte de la pensión, no es menos
cierto que a renglón seguido (…) expresa que el derecho a ellos subsiste
mientras perduren las causas que le dieron origen. Es decir, se trata de un
mandato posterior, que prevalece sobre el anterior, de acuerdo con las reglas
de aplicación de la ley, contenidas en la Ley 153 de 1887”[49].
15. Por consiguiente, ante la evidente
divergencia jurisprudencial no es posible afirmar que los despachos accionados[50]
incurrieron en un desconocimiento del precedente constitucional, como causal especial
de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, a la hora de
proferir las sentencias que los diferentes actores consideran vulneratorias de
sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que estas se encuentran
amparadas  no solo en la aplicación del precedente  jurisprudencial sentado por
el órgano de cierre en materia laboral, sino también, en muchos de los casos,
en la línea jurisprudencial de esta corporación que sostenía, en consonancia
con la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que este tipo de derechos
sí prescribían en caso de no reclamarse dentro de los tres años siguientes al
reconocimiento prestacional o al matrimonio.
Más aún, cuando esta Corte no había
proferido una posición uniforme en el asunto que en esta oportunidad ocupa la
atención de la Sala, que fuera de obligatorio acatamiento
para los jueces cuestionados, pues como quedó evidenciado, las
diferentes Salas de Revisión se habían venido pronunciando en dos sentidos
diferentes respecto del tema de la prescripción del incremento pensional del
14% por persona a cargo, razón por la cual es imposible hablar de la existencia
de una línea jurisprudencial clara y expresa, o de una postura reiterada y
uniforme de esta corporación en el asunto, que fuera desconocida por los jueces
de instancia. Lo anterior, teniendo en cuenta que fue solo hasta el 10 de mayo
de 2017, que la Sala Plena de esta corporación adoptó la decisión de
unificación sobre el carácter imprescriptible del incremento mencionado
(sentencia SU-310 de 2017).
E. LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN POR PARTE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES CONTROVERTIDAS POR ALFREDO
BENAVIDES RAMÍREZ (T-6.182.018), REYNALDO CHAPARRO (T- 6.175.430), MISAEL REYES
MANCERA (T- 6.212.215), LUIS CARLOS ANGULO COMAS (T-6.210.646) & PEDRO
MARTÍNEZ CARO (T-
6.212.216).
16.
La violación directa de la Constitución es una causal de especial de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, derivada
del contenido normativo de la Carta Política que en virtud de su artículo 4º consagra
el deber de todos los jueces de aplicar las normas constitucionales de manera
preferente, es decir, incluso en casos de incompatibilidad entre estas y otras
normas del ordenamiento jurídico. Dicha causal hace referencia a un vicio de
fondo de las providencias, y surge cuando “(…) la decisión se apoya
en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución, y
aquellas en las cuales el funcionario judicial se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, cuando la violación de la Constitución
resulta manifiesta y la negativa de resolver el punto ante una solicitud
expresa por alguna de las partes en el proceso”[51]. Por
ende, esta circunstancia puede presentarse por dos vías: a) por omitir darle
aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, o b) cuando exista una
violación directa y flagrante de la Carta Política que no resulte encuadrable
en las causales genéricas de procedibilidad; es decir, “cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de
la Carta Política”[52].
En
este sentido, ha establecido la jurisprudencia constitucional que la referida
causal se estructura cuando un operador jurídico adopte una decisión que
desconoce de manera flagrante la Constitución, ya sea porque: “(i) deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii)
aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución[53]. En
el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental
de aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución”[54]
(negrilla y subrayado fuera del texto original).
17.
En consonancia con lo anterior, uno de los principios que vinculan a los jueces
en Colombia a la hora de adoptar sus decisiones es el de favorabilidad laboral,
que opera como un verdadero mandato constitucional, consagrado en el artículo
53 de la Constitución, y consiste en la primacía de la “(…) situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho” como mínimo fundamental, lineamiento
reforzado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo[55]. Este
principio opera siempre que se tengan dos normas jurídicas vigentes[56]
que sean aplicables a un caso concreto, pero que en su aplicación produzcan
efectos contrarios o disyuntivos, donde uno será más benévolo al sujeto que el
otro, caso en el cual el operador jurídico deberá optar por el más beneficioso[57].
Sin embargo, su implementación no se ve reducida a un conflicto entre normas o
disposiciones legales, sino que esta Corte ha reiterado que la favorabilidad opera, no sólo al presentarse un conflicto entre
normas, sino también cuando existe una norma que admite varias interpretaciones[58].
Así mismo, esta Corte ha determinado que la aplicación de este principio de favorabilidad en materia laboral es obligatoria para todas las
autoridades judiciales, que se encuentran por ello sujetas a la aplicación del
principio constitucional[59].
Puesto lo anterior de presente, la
jurisprudencia constitucional ha señalado cómo la aplicación de este principio
no puede ser arbitraria ni hecha a la ligera, sino que tiene que existir una
ponderación objetiva por parte del operador jurídico, que según lo expuesto en
la sentencia T-599 de 2011 debe analizar que: “(i) la duda debe ser seria y
objetiva, pues ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, se
debe considerar la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica de una u otra
interpretación; además, (ii) la efectiva concurrencia de las interpretaciones
en juego para el caso concreto, es decir, que las mismas puedan ser aplicables
a los supuestos fácticos concretos de las disposiciones normativas en
conflicto”[60],
esto último para desprender de cualquier tipo de arbitrariedad al juez en el caso
concreto exigiendo que su actuación esté debidamente motivada[61].
18.
De manera muy reciente, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió
unificar sus posturas excluyentes frente a la disyuntiva jurisprudencial que
existía con respecto a la prescripción o no de la oportunidad para reclamar el
incremento pensional del 14% por persona a cargo, razón por la cual consideró,
en la sentencia SU-310 de 2017, que en virtud del desarrollado principio de
favorabilidad en materia laboral, y particularmente en el in dubio pro
operario[62],
debía optarse por la aplicación del precedente que resultaba más beneficioso al
trabajador, aquel que verdaderamente lograba materializar los derechos
fundamentales, por lo que basándose en cinco (5) argumentos, consideró que la
imprescriptibilidad del derecho al aumento prestacional era la interpretación
que más se ajustaba a la Constitución[63].
De igual forma, dicha providencia argumentó que no se configuró un desconocimiento
del precedente constitucional, por cuanto al momento de proferirse las
decisiones que en esa oportunidad revisó la Corte no existía en la corporación
una posición uniforme ni pacifica en el asunto. No obstante lo anterior,
concluyó que las negativas, tanto administrativa como judicial, al
reconocimiento del incremento pensional so pretexto de la prescripción de este
derecho, configura una violación directa de la Constitución, por
desconocimiento del principio de favorabilidad.
Teniendo
en cuenta lo anterior, la citada sentencia de unificación concluyó que existió
una violación directa de la constitución toda vez que en virtud del mandato
constitucional de in dubio pro operario, la interpretación que es acorde
con el principio constitucional de favorabilidad es la que señala que los
incrementos pensionales de que tratan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de
1990, no prescriben por el paso del tiempo. Por ende, coligió la Corte que las
autoridades en esa oportunidad accionadas, en virtud del deber de solidaridad[64],
debieron aplicar la interpretación más favorable de la norma considerando que
las personas a cargo de los accionantes eran, en su mayoría, sujetos de
especial protección constitucional, por lo que los incrementos pensionales
solicitados pretendían garantizarles una vida digna y su mínimo vital.
19.
Así las cosas, la Sala entiende que en los casos que en esta oportunidad son
objeto de revisión, todos considerados procedentes, si bien no hubo un
desconocimiento del precedente jurisprudencial, sí existió un defecto por
violación directa de la constitución, ya que si bien al momento de adoptarse
las decisiones, en el desarrollo de los respectivos procesos laborales
ordinarios, no había una línea jurisprudencial de esta Corte armónica ni
reiterada en el asunto (por lo que resulta imposible imputarle a las
providencias un desconocimiento del precedente constitucional), los respectivos
operadores jurídicos tenían la obligación de aplicar lo dispuesto en el
artículo 53 Constitucional, en lo relacionado con el principio de favorabilidad
laboral ante la presencia de dos interpretaciones razonables de la Corte
Constitucional sobre una misma norma de seguridad social. Esto implica que para
todos los casos fallados con posterioridad a la Sentencia de Unificación 310 de
2017, se configurará un desconocimiento del precedente constitucional en la
materia.
Adicionalmente,
la Sala está en la obligación aplicar el precedente recientemente unificado[65]
en los casos analizados, a pesar de que las decisiones accionadas fueron
proferidas cuando no existía una línea jurisprudencial uniforme, y anteceden a
la fecha de expedición de la sentencia de unificación, toda vez que antes de
que se dictara la presente sentencia, la Sala Plena de la Corte adoptó
una decisión de unificación sobre la imprescriptibilidad del 14% por persona a
cargo, frente a la cual la Sala Tercera de Revisión no puede ser indiferente,
no solo por haber desarrollado el análisis de los cargos que ahora se invocan,
sino por tratarse de un precedente constitucional vinculante y de obligatorio
acatamiento.
Sobre esto último, debe aclararse que
precedente se entiende como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a
un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo.”[66]. Con base en
tal determinación, y teniendo en cuenta (i) que en la ratio decidendi de
la SU-310 de 2017 se encuentra una regla aplicable al presente asunto[67];
ii) que esta ratio resuelve un problema jurídico semejante al propuesto
en los casos de los señores: Alfredo Benavides Ramírez (T- 6.182.018), (ii)
Reynaldo Chaparro (T- 6.175.430), (iii) Misael Reyes Mancera (T- 6.212.215), (iv)
Luis Carlos Angulo Comas (T-6.210.646) y (v) Pedro Martínez Caro (T-6.212.216);
y iii) que los hechos de los asuntos bajo estudio son equiparables a los que
fueron resueltos en los casos acumulados mediante la sentencia de unificación,
la Sala considera que la decisión precitada es un precedente vinculante para el
asunto objeto de revisión, máxime porque se trata de una decisión proferida por
el órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, a través de su facultad
de unificación.
Resolución
del asunto objeto de revisión
20. Haciendo énfasis que las providencias judiciales accionadas a
través de los distintos amparos que en esta oportunidad revisa la Sala, no
incurrieron en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, por no
existir una posición pacífica, univoca y reiterada frente a la
prescriptibilidad del incremento pensional del 14% al momento de proferirse las
respectivas decisiones, se concluye, de manera idéntica a lo resuelto en la sentencia
de unificación 310 de 2017, que lo que realmente se configura es una violación
directa de la Constitución, como causal especial de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por haber omitido la aplicación del
principio de in dubio pro operario (art. 53 C.P.) a la hora de adoptar
sus fallos.
En este sentido, la Sentencia de Unificación 310 de 2017
estableció que existe una violación al debido proceso, a la seguridad social y
al mínimo vital, todos derechos fundamentales, cuando los jueces nieguen un
incremento pensional del 14% por persona a cargo, bajo el argumento que la
oportunidad para la reclamación de dicho aumento prescribió por el paso del
tiempo. Lo anterior, como fue expuesto, por no darle aplicación al principio
constitucional de in dubio pro operario, que opera como un verdadero
mandato, según el cual, ante la existencia de dos interpretaciones sobre una
misma norma jurídica, el operador jurídico está en la obligación de optar por la
que resulte más favorable al trabajador, como por ejemplo aquella que reitere
el carácter imprescriptible del incremento pensional que ocupa la atención de
la Sala.
21. Puesto lo anterior de presente, se tiene probado que el
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas de Barranquilla, el Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de la misma ciudad[68], la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[69],
el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de la misma ciudad[70], en
el marco de los procesos laborales iniciados por Alfredo Benavides Ramírez (T-
6.182.018), Reynaldo Chaparro (T- 6.175.430), Misael Reyes Mancera (T-
6.212.215),  Luis Carlos Angulo Comas (T- 6.210.646) y Pedro Martínez Caro (T-
6.212.216) en contra de Colpensiones, por la negativa de esta entidad de
aumentar en un 14% sus respectivas pensiones de vejez por tener a sus cónyuges
a cargo, optaron por acoger la interpretación jurisprudencial conforme a la
cual los incrementos contenidos en los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de
1990 prescriben por el paso del tiempo, dejando de lado la posición
constitucional que reconoce el carácter imprescriptible de tales incrementos.
Así las cosas, la Sala encuentra que a pesar de existir diferentes
líneas jurisprudenciales al momento de proferirse las sentencias en el
desarrollo del proceso laboral ordinario, tanto estos jueces, como quienes
conocieron en sede de instancia las respectivas acciones de tutela que se
interpusieron contra las sentencias de los jueces laborales, optaron por
aplicar la interpretación que resultaba menos favorable a los intereses y la
situación de: Alfredo Benavides Ramírez (T- 6.182.018), Reynaldo Chaparro (T-
6.175.430), Misael Reyes Mancera (T- 6.212.215), Luis Carlos Angulo Comas (T-
6.210.646) y Pedro Martínez Caro (T- 6.212.216), esto es, aquella que
manifestaba como el incremento pensional del 14% por persona a cargo sí
prescribía.
Igualmente, teniendo en cuenta los lineamientos de la Sentencia de
Unificación 310 de 2014, considera la Sala que, con
el fin de garantizar los derechos de los tutelantes, le correspondía al Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas de
Barranquilla, al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad, a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al Juzgado
Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad, escoger la interpretación más favorable para los
respectivos pensionados, es decir, aquella que reiteraba el carácter
imprescriptible del incremento pensional del 14% que solicitaban, aplicando de esta
forma el principio constitucional de in dubio pro operario. Situación que fue replicada por quienes fungieron como
jueces de tutela.
22. Por estas razones, dando
aplicación del precedente vinculante dictado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional y teniendo en cuenta los hechos probados en el proceso de
tutela, la Sala Tercera de Revisión concluye que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social de los respectivos accionantes[71]
y de sus cónyuges, beneficiarias del incremento pensional solicitado. Por ende,
la Sala revocará las providencias dictadas por los jueces de tutela en ambas
instancias, que negaron el amparo solicitado, para en su lugar, tutelar las
garantías iusfundamentales transgredidas.
23. En lo que tiene que ver con las sentencias adoptadas en el
desarrollo de los respectivos procesos laborales ordinarios, la Sala procederá
a confirmar las providencias:  i) del 01 de junio de
2016 dictada por el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá,
ii) del 16 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado 22 Laboral
del Circuito de Bogotá, y iii) del 20 de abril de 2016 dictada por el Juzgado
28 Laboral del Circuito de Bogotá, que reconocieron respectivamente en primera
instancia a los señores Reynaldo Chaparro (T-6.175.430), Misael Reyes Mancera
(T-6.212.215) y Pedro Martínez Caro (T-6.212.216) los incrementos pensionales
solicitados. En consecuencia, dejará sin efectos las decisiones del 18 de
agosto de 2016, del 30 de noviembre de 2016 y del 05 de diciembre de 2016, a
través de las cuales la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en los tres casos, revocó las decisiones que acaban de ser
confirmadas por encontrar, de manera equivocada, que en el caso de los entonces
demandantes se había configurado el fenómeno jurídico de la prescripción.
24. Por otra parte, en el caso de los señores Alfredo Benavides Ramírez (T- 6.182.018) y Luis Carlos Angulo
Comas (T- 6.210.646), sus pretensiones fueron desestimadas en la Jurisdicción
Ordinaria Laboral en ambas instancias, donde los respectivos jueces
consideraron que la oportunidad para reclamar el incremento pensional del 14%
había prescrito, exonerando a Colpensiones de cualquier medida. Con la adopción
de estas decisiones, los operadores jurídicos vulneraron directamente la
Constitución Política al no darle aplicación al principio de favorabilidad e in
dubio pro operario, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de
la presente sentencia. Por ello, la Sala procederá: i) a dejar sin efectos las
sentencias del 29 de agosto de 2016 proferida por el Juzgado Octavo Laboral del
Circuito de Barranquilla[72] y del 26 de agosto de 2016 proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla[73]; ii) revocar las decisiones del 26
de noviembre de 2015 proferida por el Juzgado
Tercero Municipal de Pequeñas Causas de Barranquilla[74],
y del 13 de abril de 2016 proferida por el Juzgado Trece Laboral del
Circuito de Barranquilla[75]. En su lugar, se reconocerá
directamente a los señores Alfredo Benavides Ramírez (T- 6.182.018) y Luis
Carlos Angulo Comas (T- 6.210.646), el derecho al incremento de la mesada
pensional, en un 14%, por tener a cargo a sus respectivas cónyuges.
25. La anterior decisión se
adopta teniendo en cuenta que: i) las autoridades judiciales accionadas y los
jueces de tutela se han negado en ocasiones previas a reconocer el derecho
reclamado por los actores; ii) las sentencias directas de reemplazo garantizan
adecuadamente la efectividad de los derechos fundamentales al mínimo vital y a
la seguridad social de los accionantes; y iii) la sentencia SU-310 de 2017, por
medio de la cual la Corte unificó el criterio jurisprudencial en materia de
reconocimiento y pago del incremento pensional del 14%, adoptó un remedio
constitucional en idéntico sentido. Por ende, teniendo en cuenta los
lineamientos dispuestos por la Sala Plena de esta corporación en la providencia
anotada, y los efectos vinculantes de los que gozan las sentencias de
unificación de la Corte Constitucional, la Sala ordenará dejar sin efectos
todas las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos laborales
ordinarios iniciados por Alfredo Benavides Ramírez (T- 6.182.018) y Luis Carlos
Angulo Comas (T- 6.210.646) y, a su vez, revocar las decisiones que en dichos
procesos se adoptaron en primera instancia. En su lugar, procederá a ordenar
directamente a Colpensiones que, en el plazo máximo de diez (10) días, contados
a partir de la notificación de este fallo, expida un nuevo acto administrativo
definitivo en el cual reconozca el incremento pensional del 14% a estos dos
accionantes.
26. Finalmente, como fue
expuesto con anterioridad, en el presente caso la vulneración iusfundamental
se configuró por una violación directa de la Constitución por no aplicar a las
situaciones de los distintos actores el precedente jurisprudencial más
favorable conforme al artículo 53 superior, y no por un desconocimiento del
precedente constitucional por existir dos posiciones contrarias de esta Corte
al momento de proferirse los fallos, que serán dejados sin efecto, frente al
carácter prescriptible del incremento pensional del 14%. Sin embargo, la Sala
debe advertir que en virtud de la expedición de la Sentencia de unificación 310
de 2017, cualquier providencia judicial, proferida después del 10 de mayo de
2017[76], que niegue el incremento pensional
del 14% por persona a cargo, bajo el argumento de que la oportunidad para
reclamar dicho aumento prescribe por el paso del tiempo, no constituirá una
violación directa de la Constitución, como ocurrió en los casos revisados, sino
estarán configurando una violación al precedente constitucional en el asunto,
dado el carácter vinculante y obligatorio de las sentencias de unificación de
jurisprudencia que adopte la Sala Plena de la Corte Constitucional, que en la
materia establecieron el carácter imprescriptible de este derecho consagrado en
los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social y al mínimo vital de los señores Alfredo Benavides Ramírez, Reynaldo
Chaparro, Misael Reyes Mancera, Luis Carlos Angulo Comas y Pedro Martínez Caro.
SEGUNDO.- REVOCAR las sentencias de tutela: 1) del 07 de febrero de 2017 proferida,
en única instancia, por la Sala Segunda de Decisión Laboral, del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla[77]; 2) del 22 de febrero de 2017 y del 24
de abril de 2017, proferidas en primera instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia por la Sala de
Casación Penal de la misma corporación, respectivamente[78]; 3) del 10 de mayo de 2017, proferida
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[79]; 4) del 15 de marzo de 2017 y del 18 de mayo de 2017, proferida en primera instancia por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia por la Sala de Casación
Penal de la misma corporación, respectivamente[80]; y 5) del 10 de mayo de 2017,
proferida en única instancia por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia[81].
TERCERO.- CONFIRMAR las sentencias del
01 de junio de 2016 dictada por el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá, del
16 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá
y del 20 de abril de 2016 dictada por el Juzgado 22 Laboral del Circuito de
Bogotá, que reconocieron en primera instancia a los señores Reynaldo Chaparro
(T- 6.175.430), Misael Reyes Mancera (T- 6.212.215) y Pedro Martínez Caro
(T-6.212.216) respectivamente, los incrementos pensionales del 14% por cónyuge
a cargo, en desarrollo de los respectivos procesos laborales ordinarios que los
actores agotaron en contra de Colpensiones.
CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO las
sentencias del 18 de agosto de 2016, del 30 de noviembre de 2016 y del 05 de
diciembre de 2016, a través de las cuales la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en los tres casos, revocó las decisiones
confirmadas en la tercera orden de la presente sentencia, por considerar
equivocadamente que en el caso de Reynaldo Chaparro (T- 6.175.430), Misael Reyes
Mancera (T- 6.212.215) y Pedro Martínez Caro (T-6.212.216) se había configurado
el fenómeno jurídico de la prescripción en la oportunidad para reclamar el
aumento pensional que reclamaban.
QUINTO.- REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2015 proferida por el Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas de Barranquilla, y DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del 29 de agosto de 2016 proferida por el Juzgado Octavo Laboral del
Circuito de Barranquilla, a través de las cuales se decretó, en desarrollo de
un proceso laboral ordinario, que el derecho del señor Alfredo Benavides
Ramírez a solicitar el incremento pensional del 14% había prescrito. En su
lugar, dictar directamente sentencia de reemplazo, y en consecuencia, DECLARAR
que el señor Alfredo Benavides Ramírez es beneficiario del incremento del 14%,
por cónyuge a cargo, sobre la pensión mensual de vejez (literal b, art. 21,
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990).
SEXTO.- REVOCAR la sentencia
del 13 de abril de 2016 proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de
Barranquilla, y DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de agosto de 2016 proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, través de las cuales se decretó, en desarrollo de un proceso
laboral ordinario, que el derecho del señor Luis Carlos Angulo Comas a
solicitar el incremento pensional del 14% había prescrito. En su lugar, dictar directamente sentencia de reemplazo, y en
consecuencia, DECLARAR que el señor Luis Carlos Angulo Comas es
beneficiario del incremento del 14%, por cónyuge a cargo, sobre la pensión
mensual de vejez (literal b, art. 21, Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990).
SÉPTIMO.- ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que en un término no mayor a diez (10)
días contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca de
manera definitiva el derecho al incremento pensional del 14%, por cónyuge a
cargo, a los señores Alfredo Benavides Ramírez, Misael Reyes Mancera, Luis
Carlos Angulo Comas, Reynaldo Chaparro y Pedro Martínez Caro.
OCTAVO.- LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con
alcaración de voto
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e)
ANEXOS
Expediente T – 6.182.018
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1. El señor Alfredo
Benavidez Ramírez presentó el día 20 de enero de 2017 acción de tutela en
contra del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas de Barranquilla y el
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma localidad, al considerar que
las entidades judiciales le estaban vulnerando sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la seguridad social en pensiones, a la igualdad y al debido
proceso, toda vez que con sus decisiones, calendadas el 05 de agosto de 2015 y
el 29 de agosto de 2016 respectivamente, expedidas en el desarrollo de un
proceso laboral ordinario, vulneraron el principio de favorabilidad del
trabajador, al decretar probada la excepción de prescripción frente a su
solicitud de incremento pensional en un 14% por tener a su cónyuge a cargo,
conclusión que según el demandante, viola directamente la Constitución.
B.
HECHOS RELEVANTES
2. El señor Alfredo
Benavidez Ramírez tiene 72 años y cumplió los requisitos de edad y semanas
cotizadas, que exigía el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (régimen de
transición), para obtener una pensión de vejez el día 01 de diciembre de 2004.
El reconocimiento prestacional fue efectuado por el extinto Instituto de
Seguros Sociales a través de la Resolución Nº 006844 de 2004[82].
De igual forma, está casado con la señora Gladys Isabel Gómez, de 70, desde el
25 de diciembre de 1967[83], quien no percibe renta actualmente ni
le ha sido reconocida pensión alguna, por lo que depende económicamente de su
cónyuge para sufragar todos sus gastos económicos.
3. El señor Benavidez
Ramírez solicitó, mediante petición calendada 14 de abril de 2014, ante
Colpensiones, el incremento de su pensión de vejez en el 14% por tener a su
cónyuge a cargo, solicitud que fue desestimada por la entidad; por ende, el 05
de agosto de 2014, presentó demanda laboral ordinaria contra dicha entidad, con
idéntica pretensión de aumento de la cuantía pensional.
4. El proceso laboral ordinario
fue conocido en primera instancia por el   Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas de Barranquilla, el cual a través de la sentencia del 26 de
noviembre de 2015 negó las pretensiones por considerar que en el asunto había
operado la figura de la prescripción alegada por la entidad accionada. La
anterior decisión fue objeto de impugnación, por lo que en segunda instancia
conoció del asunto el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, el
cual, mediante sentencia del 29 de agosto de 2016, confirmó el fallo de primera
instancia, negando el incremento pensional, al sostener que la oportunidad para
su reclamación había prescrito, al no haberse efectuado dentro de los 3 años
contados a partir del reconocimiento pensional.
5. Así
las cosas, el señor Benavidez Ramírez interpuso la acción de tutela que en esta
oportunidad revisa la Sala, en contra de las providencias judiciales referidas,
al considerar que incurren en un defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente constitucional, al omitir darle aplicación al principio de
favorabilidad, por lo que hace alusión a las sentencias T-831 de 2014, T-369 de
2015, T-419 de 2011, T-117 de 2013, entre otras. Solicita revocar las
decisiones cuestionadas, y en su lugar ordenarle a los despachos accionados
adoptar una decisión que tenga en cuenta el precedente de esta corporación.
C.
RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS
Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla
6. El Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla, accionado mediante el amparo constitucional, manifestó que en su
parecer la acción de tutela debía ser declarada improcedente, ya que la
decisión controvertida no es arbitraria ni caprichosa, sino que es una
sentencia debidamente realizada y ejecutoriada, la cual estuvo suficientemente
sustentada en la línea jurisprudencial trazada en la materia por la Corte
Suprema de Justicia, en su especialidad laboral. Así las cosas, sostuvo que lejos
de presentarse una vulneración en los derechos fundamentales del actor, el
despacho “procedió respetando las prescripciones constitucionales y legales
aplicables al caso concreto, toda vez que, las pretensiones se concentraron en
el reconocimiento y pago de los incrementos contenidos en el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 1990 (…) para llegar a la conclusión que el derecho del
reclamante a solicitar los incrementos de marras se encontraba prescrito
(…) siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia”[84].
D.
DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
(Atlántico), el 07 de febrero de 2017
7. El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla denegó la acción de tutela interpuesta por el
señor Benavidez Ramírez, al considerar que, si bien la sentencia T-369 de 2015
reconoció la imprescriptibilidad del incremento pensional del 14% por cónyuge a
cargo, el precedente de la Corte Suprema de Justicia es de carácter
obligatorio, conforme a lo señalado por esta corporación en la sentencia de unificación
SU-1185 de 2001. De ahí que, “no puede alegarse violación de derecho
fundamental alguno, pues la precedencia de nuestro Tribunal de cierre predica
que los incrementos pensionales por persona a cargo si prescriben, argumento
esgrimido por el juez de primera instancia como lo afirma en sus descargos, y
por el juez de segunda instancia en sentencia de fecha 29 de agosto de 2016
(…) por lo tanto estima la Sala que la sentencia proferida por los Juzgados
accionados no fue arbitraria, pues dentro de las mismas se tuvo en cuenta los
lineamientos legales y jurisprudenciales”[85].
La
anterior decisión no fue objeto de impugnación.
Expediente
T – 6.175.430
LA
DEMANDA DE TUTELA
1. El señor Reynaldo
Chaparro presentó acción de tutela el 10 de febrero de 2017 en contra de la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al
considerar que, con la adopción de la sentencia calendada el 18 de agosto de
2016, esta última autoridad vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna,
el mínimo vital, la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y el
acceso a la administración de justicia, toda vez que con esa decisión negó el
incremento de la pensión mínima legal del accionante en un 14% por persona a
cargo, al considerar que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción
en el caso concreto, revocando con ello una decisión que en primera instancia
había reconocido dicho aumento.
B.
HECHOS RELEVANTES
2. El señor Reynaldo
Chaparro tiene 73 años y acreditó debidamente todos los requisitos que el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 exigía para poder ser beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En
razón de lo anterior, el extinto Instituto de Seguros Sociales le reconoció,
mediante la Resolución Nº 020977 del 27 de julio de 2004[86],
una pensión de vejez que actualmente sigue disfrutando. De igual forma, está
casado con la señora Clara Inés Beltrán González, desde el 01 de octubre de
1998[87], quien depende económicamente del
actor, dado que no es beneficiaria de ninguna pensión[88],
y no percibe ingreso alguno, puesto que por su avanzada edad, 63 años, no le es
posible desarrollar actividades laborales.
3. El señor Reynaldo
Chaparro, solicitó a Colpensiones, a través de una petición presentada el día
23 de septiembre de 2014, que su pensión de vejez mínima legal fuera
incrementada en un 14%, debido a que tiene a su cónyuge a cargo[89].
La anterior solicitud tuvo respuesta negativa por parte de la entidad
administradora, que negó el aumento pensional mediante respuesta calendada el
mismo 23 de septiembre de 2014[90], con radicado 2014-7915369. Por lo
anterior, el señor Chaparro presentó demanda laboral ordinaria contra dicha
entidad el día 14 de julio de 2015, en la cual solicitaba, de manera idéntica,
el aumento pensional del 14% por persona a cargo.
4. El conocimiento de la
demanda laboral ordinaria le correspondió en primera instancia al Juzgado 32
Laboral del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia del 01 de junio de 2016
concedió el incremento solicitado, a partir del 23 de septiembre de 2011. La
anterior decisión fue objeto de impugnación por parte de la entidad accionada.
De esta manera, en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia, mediante
decisión del 18 de agosto de 2016, al considerar el derecho al incremento
pensional había prescrito.
5. Así
las cosas, el señor Reynaldo Chaparro interpuso la acción de tutela que en esta
oportunidad revisa la Sala, en contra de las providencias judiciales referidas,
al considerar que incurren en un defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente constitucional, al omitir darle aplicación las sentencias T-369 de
2015 de esta corporación y STP-7340-2026 (Radicado 85943) de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justica. En este orden de ideas, expone
que en virtud del principio de favorabilidad, debe aplicarse en su caso
concreto la interpretación más beneficiosa de una misma norma, la cual expone
la imprescriptibilidad de este tipo de derechos.
C.
RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS
Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral
6. Informó que en el proceso
ordinario laboral No. 2015-0055701, en el que Reynaldo Chaparro demandó a
Colpensiones, por la negativa de la entidad en aumentarle su pensión mínima de
vejez por cónyuge a cargo, se emitió providencia el día 18 de agosto de 2016,
en la cual se dispuso revocar la sentencia proferida por el Juzgado 32 Laboral
del Circuito de Bogotá, el 01 de junio de 2016, para en su lugar absolver a la
demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra por el actor. Sin embargo,
el Tribunal accionado nada dijo sobre lo expuesto en el escrito de tutela ni se
pronunció sobre la procedencia o las pretensiones del amparo constitucional.
D.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: sentencia proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de febrero de
2017
7. La Corte Suprema de
Justicia en su Sala de Casación Laboral negó las pretensiones de la acción de
tutela interpuesta por el señor Reynaldo Chaparro, al considerar que la
providencia atacada por dicha vía no es arbitraria o caprichosa, ni está
desprovista de sustento jurídico. Por el contrario, aduce que la sentencia
cuestionada se apoya en el adecuado análisis de la situación fáctica y jurídica
sometida al escrutinio del tribunal accionado, lo que le impide al juez de
tutela interferirla sin rebasar la órbita de su competencia. Al respecto,
sostuvo que el Tribunal Superior de Bogotá “(…) para revocar la
decisión de instancia y absolver a la entidad demandada, luego de referirse a
las normas que gobiernan el asunto sometido a su decisión, explicó que el
incremento del 14% no hace parte de la pensión, por lo que extendió la
exigibilidad, de aquel se cuenta a partir del momento en que se reconoce la
pensión”[91]. Finalmente, señaló como la
prescripción jamás fue interrumpida por el señor Chaparro, quien efectuó la
reclamación de incremento más de 10 años después del reconocimiento pensional,
por lo que al margen de que dicha postura se comparta o no, la decisión
cuestionada no es ni caprichosa, ni carece de base jurídica o fáctica, por lo
que resulta razonable.
Impugnación
8. Mediante escrito del 07
de marzo de 2017 el actor impugnó la decisión del juez de tutela, por
considerar que se trata de una sentencia incongruente que no se ajusta a los
hechos que motivaron la interposición del amparo constitucional, ni tampoco al
derecho impetrado, por error de hecho y de derecho en el examen y consideración
de la petición de aumento pensional. Así mismo, se trata de una decisión que se
niega a cumplir el mandato legal de garantizar el pleno goce de los derechos
del actor, se funda en consideraciones inexactas e incurre en errores
esenciales de derecho, que termina avalando el defecto sustantivo por violación
del precedente constitucional en la materia al que arribó el Tribunal
accionado. Para ello, expone el contenido del principio de favorabilidad del
artículo 53 constitucional y hace alusión a diversas sentencias de esta
corporación que manifiestan como, en situaciones similares a la del actor, debe
aplicarse la interpretación normativa más favorable al trabajador[92].
Segunda
instancia: sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de abril de 2017
9. La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo recurrido al considerar que
la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991 (C-543 de 1992), que regulaba la acción de tutela contra
providencias judiciales, dado que no se puede recurrir a este amparo como una
herramienta adicional, cuando no se logró lo buscado por el interesado en el
proceso ordinario, por lo que quien administre justicia tiene autonomía para
interpretar la norma que más se ajuste al caso, para valorar las pruebas y
decidir el asunto con fundamento en las prescripciones legales y
constitucionales pertinentes. Así mismo, sostuvo que “en el asunto se
constata, que los funcionarios judiciales accionados valoraron el acervo
probatorio allegado a la actuación y conforme a la normatividad y jurisprudencia
aplicable al caso, negaron el reconocimiento del reajuste pensional al advertir
que se había configurado el fenómeno de la prescripción de la acción, pues dejó
transcurrir los 3 años previstos en el artículo 488 CST para exigir lo pretendido
a través de este mecanismo (…)”[93].
De ahí, concluyó que lo que la parte accionante busca es cuestionar el
raciocinio del juez laboral por lo que los argumentos presentados por el señor
Reynaldo Chaparro con incompatibles con el amparo de tutela, por lo que deben
negarse las pretensiones.
Expediente T – 6.212.215
A. LA DEMANDA DE
TUTELA
1. El señor Misael Reyes
Mancera presentó
acción de tutela el 02 de mayo de 2017 en contra de la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al considerar que, con la
adopción de la sentencia calendada el 30 de noviembre de 2016, esta última
autoridad vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital,
a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y el acceso a la
administración de justicia, así como el principio de favorabilidad laboral del
trabajador; toda vez que con esa decisión negó el incremento de la pensión
mínima legal del accionante en un 14%, al considerar que había operado el
fenómeno jurídico de la prescripción en el caso concreto, revocando con ello
una decisión que en primera instancia había reconocido dicho aumento.
B. HECHOS
RELEVANTES
2. El señor Misael Reyes Mancera tiene
68 años, y fue beneficiario del régimen de transición pensional contenido en el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. En virtud de esta normativa, el extinto
Instituto de Seguros Sociales -ISS- le reconoció una pensión de vejez mediante
la Resolución No. 016995 del 13 de junio de 2008[94],
de la cual disfruta hoy en día. Así mismo, el señor Reyes Mancera contrajo, el
día 26 de septiembre de 2009[95],
matrimonio con Myriam González Roncacio, quien no recibe ninguna clase de
pensión por parte de un fondo privado ni por parte de Colpensiones, así como
tampoco recibe sueldo o rédito por actividad laboral o independiente alguna.
3. El señor Reyes Mancera solicitó, vía
petición, a Colpensiones, que su pensión de vejez fuera aumentada en un 14% por
tener a su cónyuge a cargo, mediante escrito del 16 de octubre de 2013[96].
Sin embargo, la respuesta de la entidad, mediante Resolución No.2013-739830 del
16 de octubre de 2013[97],
fue negativa, al considerar que no le asistía ese derecho ya que el
reconocimiento pensional del entonces peticionario fue posterior al 01 de abril
de 1994.
4. Por lo anterior, el señor Reyes
Mancera interpuso demanda laboral ordinaria en contra de Colpensiones,
solicitando el incremento del 14% del monto de su pensión. De esta manera,
conoció en primera instancia del asunto el Juzgado 22 Laboral del Circuito de
Bogotá, despacho que mediante sentencia del 16 de octubre de 2016 concedió el
incremento solicitado, a partir del 16 de octubre de 2010. Sin embargo, esta
decisión fue apelada por la entidad accionada, por lo que en segunda instancia
el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, mediante sentencia del 30 de
noviembre de 2016, revocó la decisión que concedía el incremento solicitado al
encontrar probada la excepción de prescripción, por lo que, absolvió a
Colpensiones de las pretensiones incoadas por el demandante[98].
5. Así las cosas, el señor Misael Reyes
Mancera interpuso la acción de tutela que en esta oportunidad revisa la Sala,
en contra de la providencia judicial que le negó el incremento pensional, al
considerar que esta decisión omitió tener en cuenta que tanto el, cómo su
cónyuge, son personas de la tercera edad, cuyo único ingreso, para solventar
sus necesidades básicas, es la pensión mínima del accionante, y cómo dejó de
lado la aplicación del principio de favorabilidad, reconocido en el artículo 53
de la Constitución Política, en virtud del cual debe aplicarse al caso del
actor la interpretación de la norma pensional que le resulta más beneficiosa,
es decir, aquella que decreta la imprescriptibilidad en el asunto. Por ende,
insiste que la sentencia del 30 de noviembre de 2016 incurrió en un defecto
fáctico al desconocer el precedente constitucional, en particular lo dispuesto
en la sentencia T-369 de 2015.
C. RESPUESTA DE
LAS ENTIDADES ACCIONADAS
6. A pesar de que el magistrado
sustanciador[99]
ordenó mediante Auto del 04 de mayo de 2017[100] vincular a
Colpensiones y al Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá, y mediante oficios
con radicado Nº 6640 al 6649[101]
notificó a todos los interesados en el asunto acerca de la admisión del amparo
constitucional, y dispuso correr traslado para que, si lo consideraban
pertinente, se pronunciaran sobre los hechos materia de tutela y ejercieran su
derecho de defensa, ninguna de las partes se pronunció al respecto.
D. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 10 de mayo de 2017
7. La Corte Suprema de Justicia en su
Sala de Casación Laboral negó las pretensiones de la acción de tutela
interpuesta por Misael Reyes Mancera, ya que independientemente de que se
comparta la decisión en virtud de la cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá declaró que había operado la prescripción para solicitar el
aumento pensional por persona a cargo, estas no resultan ni arbitrarias ni
subjetivas, ya que el accionante presentó su reclamación administrativa más de
4 años después de la exigibilidad del derecho, de suerte que la prosperidad del
medio exceptivo propuesto por Colpensiones era patente. Por ende, manifestó que
se trata de una decisión apoyada en un criterio razonable, según el cual los
incrementos no hacen parte de la pensión y por ende, no siguen la misma suerte
de la prescripción de las mesadas pensionales, sino el derecho en sí mismo
considerado; consideración que encuentra pleno respaldo en la jurisprudencia
que en la temática ha fijado el máximo tribunal de dicha jurisdicción.
Adicionalmente, anotó cómo la Corte
Constitucional tan solo en algunas oportunidades ha dicho que el incremento
pensional del 14% no está sujeto a prescripción total, como ocurrió en las
sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 y T-361 de 2015 o en las
providencias T-395 y T-460 de 2016, pero de igual forma en otras decisiones
había manifestado lo contrario, esto es, que tales conceptos si prescriben,
haciendo referencia a las sentencias T-748 de 2014, T-791 de 2013, T-123 y
T-541 de 2015, así como la T-038 de 2016, por lo que no había una línea
uniforme en la materia. De lo anterior, concluyó el juez de tutela que la
providencia atacada se apoyó en un adecuado análisis de la situación fáctica y
jurídica, lejos de cualquier arbitrariedad o capricho, por lo que, no era
posible cuestionar su legalidad por discrepancias de criterio frente a
interpretaciones normativas.
La anterior decisión no fue
objeto de impugnación.
Expediente T – 6.210.646
A. LA DEMANDA DE
TUTELA
1. El señor Luis Carlos Angulo Comas
interpuso acción de tutela el 23 de febrero de 2017 en contra del Juzgado
Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, al considerar que estas autoridades judiciales vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad
humana, así como sus derechos adquiridos y la seguridad jurídica, con la
adopción de las decisiones del 13 de abril de 2016 y del 26 de agosto de 2016
respectivamente, proferidas en desarrollo de un proceso laboral ordinario, en
virtud de las cuales declararon probada la excepción de prescripción en su
caso, razón por la cual le negaron su derecho al aumento pensional en un 14%
por tener a su cónyuge a cargo.
B. HECHOS RELEVANTES
2. El señor Luis Carlos Angulo Comas
tiene 72 años, y fue beneficiario del régimen de transición pensional contenido
en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. En virtud de esta normativa el
extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- le reconoció una pensión de vejez
mediante la resolución No. 003 del 09 de diciembre de 1999[102],
la cual disfruta hoy en día. Así mismo, el señor Angulo Comas contrajo
matrimonio el día 13 de junio de 1973[103] con la señora
Nubia Cecilia Algarín Hernández, quien actualmente no labora ni disfruta de
pensión reconocida alguna, por lo que depende económicamente de su marido para
sufragar todos sus gastos y necesidades[104].
3. El señor Angulo
Comas presentó ante Colpensiones una petición, el día 21 de noviembre de 2014[105],
a través de la cual le solicitaba a la entidad administradora que su pensión
fuera aumentada en un 14% por tener a su cónyuge a cargo. Sin embargo, la
respuesta fue negativa a sus intereses, dado que mediante oficio No.
BZ-2014-9774462-3047110, del mismo 21 de noviembre de 2014[106],
le fue negado el incremento pretendido.
4. Debido a la
negativa administrativa, el señor Angulo Comas presentó demanda laboral
ordinaria en contra de Colpensiones, donde solicitaba que la pensión que le fue
reconocida en 1999 fuera aumentada en un 14%, como se ha expuesto, por tener a
su cónyuge a cargo. Así, en primera instancia conoció del asunto el Juzgado
Trece Laboral del Circuito de Barranquilla, que mediante sentencia del 13 de
abril de 2016 negó la pretensión elevada al encontrar que en el caso concreto
había lugar a decretar probada la excepción de prescripción alegada por la
entidad accionada. Esta decisión fue debidamente apelada, razón por la cual en
segunda instancia conoció del asunto el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, autoridad que confirmó íntegramente la decisión adoptada en
primera instancia, a través de sentencia del 26 de agosto de 2016, acogiendo la
tesis de la Corte Suprema de Justicia, en su especialidad laboral, según la
cual, los incrementos pensionales por persona a cargo son objeto de
prescripción de no ser reclamados a tiempo.
5. Por lo anterior,
el señor Luis Carlos Angulo Comas, considerando que las decisiones mencionadas
violan directamente la Constitución Política, interpuso la acción de tutela,
que en esta oportunidad revisa la Sala, contra ambas providencias judiciales,
solicitando que el juez constitucional además de revocarlas, declare que en su
caso no se ha configurado la prescripción de la oportunidad para reclamar el
derecho al aumento pensional en un 14%. En este orden de idEas, sostiene que
las sentencias tuteladas desconocen un precedente jurisprudencial de las
distintas salas de revisión de esta corporación, más favorable al trabajador y
a su situación particular (haciendo referencia a las sentencias T-395 de 2015,
T-369 de 2015, T-319 de 2015 y T-2017 de 2013), por lo que su desconocimiento
impide la aplicación del principio de favorabilidad, vulnerando los derechos
fundamentales del actor y en últimas, como se anotó, viola directamente la
Carta Política.
C. RESPUESTA DE
LAS ENTIDADES ACCIONADAS
6. A pesar de que la magistrada
sustanciadora[107]
ordenó mediante Auto del 09 de marzo de 2017[108]  vincular a
Colpensiones así como a todas las partes y terceros involucrados en el proceso
ordinario laboral que fue adelantado, y mediante oficios con radicado Nº 11077
al 11085[109]
notificó a todos los interesados en el asunto acerca de la admisión del amparo
constitucional, y dispuso correr traslado para que, si lo consideraban
pertinente, se pronunciaran sobre los hechos materia de tutela y ejercieran su
derecho de defensa, ninguna de las partes se pronunció al respecto.
D. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de marzo de 2017
7. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela interpuesta por el señor
Angulo Comas, al considerar que las providencias que se pretenden enervar no
resultan arbitrarias ni caprichosas, ni están desprovistas de sentido jurídico.
Por el contrario, afirma que las sentencias tuteladas se apoyan en un adecuado
análisis de la situación fáctica y jurídica sometida al escrutinio de los
jueces ordinarios, lo que le impide al juez de tutela interferir en ellas sin
rebasar la órbita de competencia. Así, concluye que la decisión de declarar
probada la excepción previa de prescripción y sostener que los incrementos
pensionales reclamados no forman parte de la pensión consagrados en el Acuerdo
049 de 1990, por lo que son susceptibles de prescripción en caso de no ser
reclamados oportunamente, se ajusta plenamente a los parámetros legales y la
jurisprudencia de ese tribunal[110],
por lo que no le amerita ningún reparo a las sentencias accionadas.
Impugnación
8. Mediante escrito del 31 de marzo de
2017, el accionante impugnó el fallo de tutela, considerando que este último no
se pronunció frente a los derechos adquiridos, ni sobre el principio de
igualdad frente a las decisiones de la Corte Constitucional, ni sobre la
especial protección constitucional que merecen el actor y su cónyuge, en razón
de su edad. Igualmente, considera que la sentencia modifica el alcance del
artículo 22 del acuerdo 049 de 1990, dado que se le da prescriptibilidad a un
derecho que subsiste, mientras perduran las causas que le dieron origen.
También sostiene que la sentencia de tutela no aplicó el principio de
favorabilidad, condición más beneficiosa ni in dubio pro operario a
favor del señor Angulo Comas ni su esposa, afectando con ello su mínimo vital.
Razones por las cuales, persiste la vulneración iusfundamental que lo
llevó a interponer el amparo constitucional, e insiste en la revocatoria de las
decisiones proferidas en desarrollo del proceso laboral ordinario, que
decretaron la prescripción de la oportunidad para solicitar el incremento
pensional.
Segunda
instancia: Sentencia proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de mayo de 2017
9. La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia confirmó íntegramente la decisión de primera instancia en
sede de tutela. Para ello, consideró que estaba demostrado cómo la actuación
laboral a la que se hizo referencia en la solicitud de amparo se adelantó bajo
los parámetros del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, con
garantías al debido proceso que impiden considerar posibles vías de hecho, toda
vez que las decisiones cuestionadas están amparadas en los principios de
autonomía e independencia que rigen la labor de administrar justicia, ya que al
advertir que según el artículo 488 del CST se había presentado el fenómeno
jurídico de la prescripción se actuó conforme al ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
aplicable al caso. Entonces, considerando que el reconocimiento pensional, en
favor del señor Angulo Comas, ocurrió el 09 de diciembre de 1999, y sólo hasta
el año 2014 efectúo la respectiva reclamación administrativa, las autoridades
accionadas no tenían otra opción que declarar probada la excepción de
prescripción. Finalmente, anota que el actor lo que pretende, a través de la
interposición de la acción de tutela, no es nada distinto a censurar la
actuación desplegada por los jueces ordinarios como tercera instancia, lo que
la torna en improcedente.
Expediente T – 6.212.216
A. LA DEMANDA DE
TUTELA
1. El señor Pedro Martínez Caro
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el día 26 de abril de 2017, al considerar que
dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la vida, al mínimo vital y a la seguridad social, con la adopción de la
sentencia del 05 de julio de 2016, proferida en desarrollo de un proceso
laboral ordinario, donde el actor solicitaba que Colpensiones aumentara en un
14% el valor de su pensión por tener a su cónyuge a cargo. La sentencia
accionada, no solo declaró probada la excepción de prescripción, alegada por la
entidad demanda, sino que adicionalmente revocó una sentencia que, en primera
instancia, había reconocido el incremento solicitado, la cual fue adoptada por
el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, el 20 de abril de 2016.
B. HECHOS
RELEVANTES
2. El señor Pedro Martínez Caro tiene 72
años, y fue beneficiario del régimen de transición pensional, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año, razón por la cual el extinto Instituto de Seguros le
reconoció una pensión de vejez a partir del 01 de marzo de 2006, a través de la
Resolución Nº 008423 de 2006[111],
la cual disfruta actualmente. Así mismo, contrajo matrimonio, el 09 de abril de
1975[112],
con Marina Martínez, quien actualmente no labora, ni percibe ingreso pensional
o laboral alguno, por lo que depende económicamente de su cónyuge.
3. El señor Martínez Caro
presentó ante Colpensiones una petición[113], el día 06
de marzo de 2015, a través de la cual solicitaba que su pensión de vejez fuera
aumentada en un 14%, al tener a su cónyuge a cargo. Sin embargo, la entidad le
negó el incremento solicitado a través de la Resolución Nº 2015-2016624.
4. Por la negativa
administrativa, señalada en el numeral anterior, el señor Martínez Caro
instauró demanda laboral ordinaria en contra de Colpensiones[114],
con idéntica pretensión a la consignada en la petición administrativa, esto es,
el aumento de su pensión en un 14% por persona a cargo. El asunto fue conocido
en primera instancia por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá,
autoridad que concedió lo pedido en la demanda, y ordenó a Colpensiones
reconocer el aumento solicitado, mediante sentencia del 20 de abril de 2016. La
anterior decisión fue apelada por la entidad condenada, razón por la cual,
conoció del asunto en segunda instancia el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, autoridad que profirió la sentencia
del 05 de julio de 2016, en virtud de la cual revocó la decisión de primera
instancia, y negó el incremento pensional, al considerar que la oportunidad
para reclamar ese derecho había prescrito.
5. El señor Pedro Martínez Caro procedió
a interponer acción de tutela en contra de la sentencia del 05 de julio de
2016, antes reseñada, al considerar que esta decisión desconocía el precedente
judicial de la Corte Constitucional que le resultaba más favorable a su
situación, según el cual, la oportunidad para efectuar la reclamación del
incremento pensional no prescribe, así como las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia[115].
Igualmente, sostiene que la providencia cuestionada incurre en defectos
sustantivos, orgánicos (de naturaleza procedimental) y fácticos, por lo que
solicita revocar el fallo tutelado y consecuentemente ordenar a Colpensiones
reconocerle el incremento pensional solicitado.
C. RESPUESTA DE
LAS ENTIDADES ACCIONADAS
Colpensiones
6. Colpensiones solicitó declarar
improcedente el amparo constitucional, al considerar que desconoce el alcance
subsidiario de la acción de tutela en el asunto que reclama el accionante.
Explica que, el señor Martínez Caro agotó las vías judiciales y que la acción
de tutela no es la vía adecuada para la reclamación pretendida, dejar sin
efectos un pronunciamiento judicial, ya que esto solo procede ante la
inexistencia de otro mecanismo judicial. De igual forma, expone cómo el asunto
objeto de tutela versa sobre derechos que deben ser conocidos por el juez
ordinario competente, agotando los mecanismos legales establecidos para ello,
lo cual ya fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, que absolvió a la entidad de todas las pretensiones.
Finalmente, señala que la Corte Constitucional ha dado unas pautas para
considerar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, contenidas en la sentencia C-590 de 2005, los cuales no se
encuentran acreditados al analizar el amparo interpuesto en el caso concreto.
D. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 10 de mayo de 2017
7. El Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela interpuesta por el señor Pedro
Martínez Caro de un lado, por no acreditar el requisito de inmediatez, toda vez
que entre el momento de adoptarse la decisión, presuntamente vulneratoria de
derechos fundamentales, y el momento en que se interpuso el amparo
constitucional transcurrieron más de 9 meses, tiempo que consideró el fallador
desproporcionado. De otro lado, argumentó que la providencia reprochada está
sustentada en fundamentos de índole jurídica para sustentar su criterio
judicial, que independientemente de compartirse o no, es completamente
razonable, ya que el tribunal accionado subrayó la contradicción
jurisprudencial existente, relativa al carácter prescriptible o no del
incremento pensional que se solicitaba, destacando la postura pacífica de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, consistente en que
dichos aumentos están sujetos al fenómeno de la prescripción, acogiendo esta
última tesis. Por lo anterior, concluye que la sentencia no resulta ser
arbitraria ni caprichosa, por el contrario, se apoyó en un adecuado análisis de
la situación fáctica y jurídica sometida al escrutinio del fallador accionado,
por lo que, no constituye una arbitrariedad edificar la declaración de la
prescripción en la materia basándose en lo que en la temática ha adoctrinado el
máximo tribunal de la Jurisdicción Ordinaria Laboral.
La anterior decisión no fue
objeto de impugnación.
[1] Presidida por las
magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[2] Ver, entre otras,
sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15 y T-548/15, y T-317/15.
[3] Acerca del perjuicio irremediable,
esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para que torne
procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho
cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que
la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que
las actuaciones de protección han de ser impostergables”: Sentencia
T-896/07.
[4] Para que prospere la
acción de tutela contra la providencia judicial deberá probarse que la misma:
i) incurre en un defecto orgánico, referente a la competencia del juez natural
para haber adoptado dicha decisión, ii) en un defecto material o sustantivo,
iii) desconoce el precedente constitucional , iv) viola directamente la
Constitución, v) incurre en un defecto procedimental absoluto, vi) en un
defecto fáctico, vii) es el resultado de un error inducido o, viii) que se
trate de una decisión sin motivación (causales especiales de
procedibilidad del amparo).
[5] Las causales se
pueden sintetizar en que: i) se cumpla con el carácter subsidiario de la acción
de tutela, con la certeza de que han sido agotados todos los medios de defensa
judicial; ii) que se cumpla con el requisito de inmediatez; iii) que exista
legitimación en la causa al ser parte del proceso en el que se adoptaron las
decisiones judiciales controvertidas mediante el amparo constitucional, aunque
este criterio pueda ser modulado y no se requiere necesariamente que el actor
haya conformado directamente la relación jurídico procesal de la providencia
atacada. De ahí que, hasta este punto del análisis de procedencia, no se
observa nada diferente a los fundamentos generales que deben ser analizados para
encontrar que una acción de tutela genéricamente pueda ser conocida de fondo y
de este modo, ser objeto de un pronunciamiento judicial. Entonces, las causales
generales realmente particulares de la acción de tutela contra sentencias
consisten en establecer: iv) que no se trate una sentencia de tutela, ni de una
decisión proferida en el control abstracto de constitucionalidad ejercido por
esta Corte ;v) que el accionante cumpla con unas cargas argumentativas y
explicativas mínimas identificando los derechos fundamentales afectados,
precisando los hechos que generan la vulneración y, tal y como fue enunciado
anteriormente, cuando se trate de un defecto procedimental, el actor argumente
por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es decir, con incidencia en la
resolución del asunto y/o afectación de los derechos fundamentales invocados.
Finalmente, vi) se deberá concluir que el asunto revista de relevancia
constitucional. A esta decisión solo podrá llegarse después de haber evaluado
juiciosamente los cinco requisitos anteriores, ya que es a raíz del correcto
entendimiento del problema jurídico que las respectivas acciones de tutela
consagran que se puede identificar la importancia predicada.
[6] En virtud de su
naturaleza subsidiaria, la jurisprudencia ha descartado “la utilización de
la tutela como vía preferente para el restablecimiento de los derechos”:
sentencia T-603/15 y ha reconocido que tal calidad “obliga a los asociados a
incoar los recursos ordinarios con los que cuenten para conjurar la situación
que estimen lesiva de sus derechos y que impide el uso indebido de la acción
como vía preferente o instancia adicional de protección”. En cualquier
caso, deberá verificarse si los mecanismos judiciales ordinarios resultan
eficaces para la protección del derecho, pues en caso de que así no sea, la
acción de tutela será procedente de manera definitiva. Al respecto, la
sentencia T-222/14 dispuso: “[e]ste requisito de subsidiariedad implica, en
otros términos, que el amparo constitucional procede siempre y cuando, en
principio, no exista en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial para
defender el derecho que se discute. La idea es que la tutela no se convierta en
un sustituto ni en una vía paralela a otras instancias. Precisamente, todos los
procesos judiciales deberían, como en efecto tiene que suceder, ser los
principales guardianes y defensores de los derechos fundamentales de las
personas. Los primeros llamados a protegerlos son los jueces ordinarios
(Artículo 4 CN). A partir de allí, esta Corporación ha fijado unas reglas que
deben tenerse en cuenta”. En
este sentido la sentencia T-222/14 expuso cómo dicho análisis no finaliza al
corroborar la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, sino que
además, implica verificar si dicho medio de defensa resulta eficaz e idóneo,
puesto que en caso de no serlo, la acción de tutela será el mecanismo indicado
para proteger los derechos fundamentales y en consecuencia, evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. Así las cosas, la eficacia consiste en
que el mecanismo esté “diseñado de forma tal que brinde oportunamente una
protección al derecho”:
sentencia T-113/13. A su vez, se entiende que una acción judicial es impropia,
cuando “no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no
ofrece una solución integral frente al derecho comprometido”: sentencia
T-47/14. Igualmente,
la
jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, el cual se puede dar “cuando se presenta una situación
de amenaza de vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse
y que pueda generar un daño irreversible”: sentencia T-326/13. Para la
configuración de este tipo de perjuicio es necesario que concurran los
siguientes elementos: “(i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir;
(ii) grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de
la persona en un grado relevante; (iii) que requiera medidas urgentes para
conjurarlo; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su
integridad”: Sentencia T-326/13.
[7] Ver entre otras las
sentencias T-328/10, T-526/05 y T-692/06.
[8] Cfr. Sentencia
SU-961/99.
[9] “De la
jurisprudencia de esta Corporación se puede derivar que solamente es aceptable
un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la
vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias
específicas: (i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”: Sentencia
T-158/06.
[10] Ver entre otras las sentencias T-008/98,
y SU-159/00.
[11] Sentencia T-658/98.
[12] Sentencia T-282/96.
[13] Ver entre otras las
sentencias T-133/15, T-373/14, y T-272/14.
[14] Ver sentencia T-103/14.
[15] i) T- 6.182.018
(Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas de Barranquilla y el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito, respectivamente), ii) T-6.175.430 (Juzgado 32
Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Distrito Judicial de
Bogotá, respectivamente), iii) T- 6.212.215 (Juzgado 22 Laboral del Circuito de
Bogotá y la Sala Laboral del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente), iv)
T – 6.210.646 (Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, respectivamente), y finalmente
& v) T- 6.212.216 (Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala
Laboral del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente).
[16] Ver sentencia
T-037/13.
[17]A saber las sentencias: T-831 de
2014, T-369 de 2015, T-419 de 2011 y T-117 de 2013 (T- 6.182.018); T-369 de
2015 (T-6.175.430);
T-369 de 2015 (T- 6.212.215); y finalmente las providencias T-395 de 2015,
T-369 de 2015, T-319 de 2015 y T-2017 de 2013 (T – 6.210.646).
[18] Folio 10, Cuaderno Nº1.
[19] Expedientes T-
6.182.018 y T – 6.210.646.
[20] Expedientes
T-6.175.430, T- 6.212.215 y T-
6.212.216.
[21] Expedientes T- 6.182.018,
T-6.175.430, T- 6.212.215 y T – 6.210.646.
[22] Folio 10, Cuaderno
Nº3.
[23] Ibídem.
[24] Expedientes T-
6.182.018, T-6.175.430, T- 6.212.215 y T- 6.212.216.
[25] Expedientes T-
6.182.018, T-6.175.430, T- 6.212.215 y T- 6.212.216.
[26] Expedientes T- 6.182.018, T-6.175.430,
T- 6.212.215 y T –
6.210.646.
[27] Expedientes T-
6.182.018,
T-6.175.430,
T- 6.212.215, T – 6.210.646 y T- 6.212.216.
[28] Expedientes
T-6.175.430, T- 6.212.215, T
– 6.210.646.
[29] Expedientes
T-6.175.430 y T- 6.212.215.
[30] Expediente T- 6.212.216.
[31] * Expediente T-6.182.018: El señor Alfredo Benavides en su
escrito de impugnación a la sentencia que en primera instancia le fue
desfavorable, le puso de presente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, que existía un precedente constitucional más favorable en su caso
concreto, el cual debía aplicársele. Así las cosas, en la sentencia de segunda
instancia se dejó constancia que: “Fundamenta el accionante la vulneración
de los derechos fundamentales alegados (al debido proceso, al mínimo vital,
seguridad social, favorabilidad e igualdad) en que los jueces accionados no
tuvieron en cuenta los lineamientos jurisprudenciales sentados en la sentencia
T-369 de 2015 sobre la imprescriptibilidad en materia pensional del incremento
pensional del 14% por cónyuge a cargo que reitera lo sentado en las sentencias
T-831 de 2014 y T-217 de 2013 que resulta más favorable al peticionario (…)”
(Folio 53, Cuaderno Nº2).
* Expediente T-6.175.430: El señor Reynaldo Chaparro,
actuando mediante apoderada, interpuso demanda laboral ordinaria en contra de
Colpensiones, por la negativa de esta entidad en reconocer el aumento pensional
del 14% por persona a cargo, así en el escrito que fue objeto de conocimiento
por parte de los jueces laborales, manifestó, entre otras, que: “El derecho al
incremento pensional, como tal, es imprescriptible de conformidad con el
artículo 22 del mencionado Acuerdo 049, en cuanto dispone que el derecho a
ellos subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen (…) no se le
`puede aplicar prescripción, argumentación pronunciada por la Corte
Constitucional en su Sentencia T-217 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada, y cuyos
apartes me permito plasmar a continuación (…) la imprescriptibilidad de la
pensión se predica del derecho considerado en sí mismo, pero no de las
prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que no han sido cobradas,,
las cuales se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de las
acreencias laborales de tres años, prevista en el Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social” (Folios 23-28 Cuaderno Nº2).
* Expediente T-6.212.215: El señor Misael
Reyes Mancera, actuando mediante apoderada, interpuso demanda laboral ordinaria
en contra de Colpensiones, por la negativa de esta entidad en reconocer el
aumento pensional del 14% por persona a cargo, así en el escrito que fue objeto
de conocimiento por parte de los jueces laborales, haciendo referencia a lo
dispuesto en la sentencia T-217 de 2013, puso de presente, entre otras, que:
“(…) En caso de que exista duda sobre la vigencia jurídica de los incrementos
señalados en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, hemos de recurrir al
principio de favorabilidad del artículo 53 de la carta magna desarrollado en el
artículo 288 de la Ley 100 de 1993 (…) El derecho al incremento pensional, como
tal, es imprescriptible e conformidad con el artículo 22 del mencionado acuerdo
049, en cuanto dispone que el derecho a ellos subsiste mientras perduren las
causas que le dieron origen, no es posible que por vía judicial se disponga la
extinción del derecho, porque es la misma ley creadora quien los
mantiene”(Folio 5, Cuaderno Nº2).
* Expediente
T-6.210.646: El
señor Luis Carlos Angulo Comas, actuando mediante apoderado, interpuso demanda
laboral ordinaria en contra de Colpensiones, por la negativa de esta entidad en
reconocer el aumento pensional del 14% por persona a cargo, así en el escrito
que fue objeto de conocimiento por parte de los jueces laborales, manifestó,
entre otras, que: “(…) el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1.990 ordena que tales
derechos [el aumento pensional del 14%] subsisten mientras perduren las causas
que les dieron origen, pues ellas pueden ser anteriores al reconocimiento de la
pensión o incluso posteriores a ellas, pues la condición para que se conceda
tal derecho de incremento, está condicionada únicamente al cumplimiento de los
presupuestos establecidos. Sobre ellos solo se aplicará la prescripción de las
mesadas que se causaren sin reclamar y no del derecho como tal, pues para ello
este incremento tiene el carácter legal y no convencional, y subsiste como bien
he citado y ordena la norma, mientras perduren las causas que le dieron origen,
las cuales pueden ser anteriores o posteriores al reconocimiento de la Pensión
de Vejez (…) Nuestra Honorable Corte Constitucional se pronunció respecto de la
procedencia del 14% en sentencia T-217 adiada el diecisiete de abril del año
2013 de la siguiente manera (…)” (Folios 24, 25, Cuaderno Nº2).
[32] Folio 23, Cuaderno Nº2.
[33] Folio 30, Cuaderno Nº2.
[34] Expedientes T-
6.182.018, T-6.175.430, T- 6.212.215, T – 6.210.646.
[35] (i) El Juzgado Tercero Municipal
de Pequeñas Causas de Barranquilla y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Barranquilla (T- 6.182.018); (ii) La Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá (T- 6.175.430); (iii) La Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá (T- 6.212.215); (iv) El Juzgado Trece
Laboral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla (T-6.210.646); y (v)  La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
(T-6.212.216).
[36] (i) Alfredo Benavides Ramírez (T-
6.182.018), (ii) Reynaldo Chaparro (T- 6.175.430), (iii) Misael Reyes Mancera
(T- 6.212.215), y (iv) Luis Carlos Angulo Comas (6.210.646); y (v) Pedro
Martínez Caro.
[37] Principio de in dubio pro
operario.
[38] Sentencia SU-310/17.
[39] Sentencia T-701/13.
[40] Ibídem.
[41] Sentencia T-748/14.
[42] Sentencia T-123/15.
[43] Sentencia T-039/16.
[44] Sentencia SU-310/17.
[45] Sentencia T-217/13.
[46] Sentencia T-831/14.
[47] Sentencia T-319/15.
[48] Sentencia T-369/15.
[49] Sentencia T-460/16.
[50] (i) El Juzgado Tercero Municipal
de Pequeñas Causas de Barranquilla y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Barranquilla (T- 6.182.018); (ii) La Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá (T- 6.175.430); (iii) La Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá (T- 6.212.215); y (iv) El Juzgado
Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla (6.210.646).
[51] Sentencia T-492/03.
[52] Sentencia T-555/09.
[53] En este supuesto “la
Corte ha establecido que el juez debe tener en cuenta en sus providencias que,
con base en el artículo 4º superior, la Constitución es norma de normas y que
por tal razón, en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre
una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”, Sentencia T-395/16.
[54] Sentencia SU-198/13.
[55] “NORMAS MÁS
FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas
vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se
adopte debe aplicarse en su integridad”.
[56] Sobre este asunto
particular, vale la pena anotar que esta misma Sala de Revisión en la Sentencia
T-395/16 se pronunció frente a la vigencia de los artículos 21 y 22 del Acuerdo
049 de 1990, concluyendo no solo que se encuentran vigentes, sino que adicionalmente
son aplicables para aquellas pensiones reconocidas en virtud de la
reglamentación contemplada en el Acuerdo señalado, teniendo en cuenta que: “(…)
(i) existe en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
una interpretación unánime sobre la vigencia de los artículos 21 y 22 del
Acuerdo 049 de 1990, interpretación sustentada, entre otras cosas, en la
disposición constitucional que contempla la favorabilidad laboral, y la
inescindibilidad que comportan las reglas laborales; (ii) la vigencia de las
normas no fue objeto de debate en las instancias del proceso laboral ni en el
proceso de tutela; y (iii) en los pronunciamientos de la Corte Constitucional
respecto de la prescripción del incremento pensional no se ha contemplado la
derogatoria de las normas pertinentes para el asunto, acogiendo implícitamente
la tesis de la Corte Suprema de Justicia”.
[57] Al respecto la
jurisprudencia constitucional ha señalado que se requiere que las
interpretaciones contradictorias sean efectivamente concurrentes al caso bajo
estudio, ya que “(…) las opciones hermenéuticas deben aplicar a los
supuestos de hecho de las disposiciones en juego y a las situaciones que
delimiten fácticamente cada caso bajo examen”. En estos términos, no sería
admisible hablar de dos interpretaciones divergentes cuando se pueda establecer
que las mismas no son aplicables a un mismo supuesto de hecho o que no
consulten los límites fácticos de los casos por resolver”, Sentencia
T-395/16.
[58] En la sentencia
C-168/la Corte señaló como: “La favorabilidad opera, entonces, no sólo
cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos
normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite
varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su
integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más
ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador”.
[59]“En este orden, si
bien los jueces, incluyendo las Altas Cortes, cuentan con un amplio margen de
interpretación en las normas laborales, no les es dable hacerlo en contra del
trabajador, es decir, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles
aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Una conducta contraria
configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a
la seguridad social, por desconocimiento directo del artículo 53
Constitucional”:
Sentencia T-350/12.
[60] Sentencia T-395/16.
[61]  “El control
racional del discurso jurídico está determinado entonces por la posibilidad
real de escrutinio sobre las razones para la decisión de los operadores
jurídicos: que sea posible un juicio sobre la suficiencia de los argumentos, su
idoneidad, su corrección, y su pertinencia”: Sentencia T-545/04.
[62] Ver, sentencias
T-832A/2013, T-730/2014, T-569/2015, entre otras.
[63] Las razones que la
Sentencia de Unificación 310 de 2017 empleó para arribar a esta conclusión
pueden sintetizarse en:
i) La imprescriptibilidad de los
incrementos pensionales contenidos en el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990
encuadra en el marco normativo de dicha norma, al reconocer que al subsistir el
derecho al incremento perduran las causas que le dieron origen, y corresponde
con la interpretación autorizada por las normas constitucionales, ya que es respetuosa
del principio de in dubio pro operario.
ii) Fue la primera respuesta que
se dio al problema jurídico, y es la que más ha sido reiterada por las
distintas Salas de Revisión.
iii) Es la postura más
justificada, ya que las sentencias que en sede de control concreto de
constitucionalidad han decretado la prescriptibilidad de estos derechos, se han
preocupado más en argumentar que no existía en el asunto un precedente
jurisprudencial claro y fijo, que a demostrar que la interpretación más
restrictiva era más acorde con los principios constitucionales aplicables.
iv) La interpretación más
favorable al trabajador es la respuesta que mejor y con mayor suficiencia se
encuentra motivada a la luz de los principios del orden constitucional vigente.
v) El deber de las autoridades
judiciales y administrativas cumplir con el deber de protección a sujetos de
especial protección constitucional, así como en condiciones de debilidad física
y económica.
[64] Artículos 1º, 48 y 95.2 de la
Constitución.
[65] SU-310/17.
[66] SU-053/15.
[67] Consistente en la
imprescriptibilidad de la oportunidad para reclamar el incremento pensional del
14%, la no configuración de un desconocimiento del precedente jurisprudencial
como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sino de la existencia de una violación directa de la
Constitución, por desconocimiento del principio de in dubio pro operario
en el asunto.
[68] Expediente T-
6.182.018.
[69] Expediente T- 6.175.430, T-
6.212.215. y T- 6.212.216.
[70] Expediente T-6.210.646.
[71] Alfredo Benavides
Ramírez (T- 6.182.018), Reynaldo Chaparro (T- 6.175.430), Misael Reyes Mancera
(T- 6.212.215),  Luis Carlos Angulo Comas (T- 6.210.646) y Pedro Martínez Caro
(T-6.212.216).
[72] Adoptada en segunda
instancia, en desarrollo del proceso laboral ordinario iniciado por Alfredo
Benavides Ramírez en contra de Colpensiones.
[73] Adoptada en segunda
instancia, en desarrollo del proceso laboral ordinario iniciado por Luis Carlos
Angulo Comas en contra de Colpensiones.
[74] Adoptada en primera
instancia, en desarrollo del proceso laboral ordinario iniciado por Alfredo
Benavides Ramírez en contra de Colpensiones.
[75] Adoptada en primera
instancia, en desarrollo del proceso laboral ordinario iniciado por Luis Carlos
Angulo Comas en contra de Colpensiones.
[76] Fecha en que se
adoptó la SU-310/17 por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
[77] Alfredo Benavides
Ramírez (T- 6.182.018).
[78] Reynaldo Chaparro (T-
6.175.430).
[79] Misael Reyes Mancera
(T- 6.212.215).
[80] Luis Carlos Angulo
Comas (T-6.210.646).
[81] Pedro Martínez Caro
(T-6.212.216).
[82] Folio 17, cuaderno Nº
2.
[83] Folio 24, cuaderno Nº
2.
[84] Folios 42 y 43,
cuaderno Nº 2.
[85] Folio 56, cuaderno Nº
2.
[86] Folio 41, cuaderno
Nº2.
[87] Folio 46, cuaderno
Nº2.
[88] Según consta en
certificado expedido por la Unidad de Gestión de Pensiones y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP, el día 04 de julio de 2013. Folio
47, cuaderno Nº2.
[89] Folios 43 y 44, cuaderno Nº2.
[90] Folio 45, cuaderno
Nº2.
[91] Folio 19, Cuaderno
Nº3.
[92] Entre ellas: C-168 de
1995, T-001 de 1999, T-599 de 2011, T-350 de 2012, T-230 de 1998, T-198 de
1999, T-155 de 2011, T-791 de 2013, T-831 de 2014, entre otras.
[93] Folio 7, cuaderno
Nº4.
[94] Folios 22-23,
cuaderno Nº2.
[95] Folio 21, cuaderno
Nº2.
[96] Folios 17-19,
cuaderno Nº2.
[97] Folio 20, cuaderno
Nº2.
[98] Folio 12, Cuaderno
Nº2. Igualmente, se anota que la revocación se produjo en el desarrollo de una
audiencia oral, en la cual se resolvía la apelación interpuesta y no asistieron
ni el demandante ni el apoderado de la entidad demanda.
[99] Fernando Castillo
Cadena (Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia).
[100] Folio 2, cuaderno
Nº3.
[101] Folios 4-18, cuaderno
Nº3.
[102] Folio 112, cuaderno
Nº2.
[103] 116, cuaderno Nº2.
[104] 97, cuaderno Nº2.
[105] 113 Y 114, cuaderno
Nº2.
[106] 115, cuaderno Nº2.
[107] Clara Cecilia Dueñas
Quevedo (Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia).
[108] 37-38, cuaderno Nº3.
[109] 39-52, cuaderno Nº3.
[110] Hace referencia a 3
sentencias: i) CSJ SL-25346 (13/09/2006), ii) CSJ SL-25344 (7/07/2005), iii)
CSJ SL 25884 (25/10/2005).
[111] Folio 15, Cuaderno Nº3.
[112] Folio 16, cuaderno Nº3.
[113] Folio 14, Cuaderno Nº3.
[114] Radicado
110013105028-20150035600.
[115] Haciendo alusión específicamente
a la sentencia del 20 de octubre de 2010, con radicación Nº
110013105004-20100013501.