C-295-02
Sentencia C-088/94
Sentencia
C-295/02
REGIMEN DE LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Reforma
por normatividad estatutaria
LEY ESTATUTARIA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Aspectos
esenciales del régimen de los servidores
SITUACION
ADMINISTRATIVA EN LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA
LEY ESTATUTARIA-Asuntos que se ocupa
LEY ESTATUTARIA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Autonomía
legislativa para definir aspectos que hacen parte
LEY ESTATUTARIA-Reforma
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA-No abstención por eventual naturaleza ordinaria de
disposiciones
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA-Consideración de naturaleza ordinaria al efectuarse
el análisis
LEY ESTATUTARIA-Reforma por disposición de idéntica
naturaleza
LEY ESTATUTARIA-Requisitos para aprobación, modificación o
derogación
LEY ESTATUTARIA-Condiciones especiales para aprobación,
modificación o derogación
PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA-Trámite
PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA-Trámite en una
sola legislatura
PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA-Votación por
mayoría absoluta
CERTIFICACION DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA SOBRE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA-Aprobación por mayoría absoluta
PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA-Votación
ordinaria acredita aprobación por mayoría absoluta
La Corte admitió en la Sentencia que la
forma de votación ordinaria, previa la verificación del quórum deliberatorio,
es suficiente para acreditar la aprobación por mayoría absoluta de una
determinada propuesta legislativa que la requiera, si ninguno de los
congresistas presentes  solicita la verificación posterior.
LEY ESTATUTARIA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Materias
que hacen parte
De acuerdo
con la jurisprudencia reiterada de  esta  Corporación, es claro que en materia
de administración de justicia únicamente aquellas disposiciones que de una
forma u otra (i.) afectan la estructura general de la administración de
justicia,  (ii.) establecen y garantizan la efectividad de los principios
generales sobre el tema, o (iii.) desarrollan aspectos sustanciales de esta
rama del poder público, deben observar los requerimientos especiales de la ley
estatutaria
LEY
ESTATUTARIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Elementos estructurales esenciales de la función
pública
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA-Alcance respecto de materias propias de ley
ordinaria
Aún en el caso  que se pudiese llegar a
considerar que las materias en mención no forman parte de la Ley Estatutaria,
ello no implicaría necesariamente la declaratoria de inexequibilidad de las
disposiciones pertinentes, pues como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación,  el hecho de haberse regulado una materia propia de una ley
ordinaria en una ley estatutaria o en una ley orgánica, no la hace por si
inconstitucional, pues, en últimas, es un problema de técnica legislativa que
no compromete las mayorías requeridas para aprobar una ley ordinaria. Por lo
demás, si la Corte busca proteger la competencia de las leyes ordinarias, no
requiere declarar inexequibles esas disposiciones  sino simplemente señalar que
esas normas no son orgánicas o estatutarias y pueden por ende ser modificadas
por normas legales ordinarias.
COSA JUZGADA
MATERIAL-Reproducción de
disposición/COSA JUZGADA MATERIAL-Traslado de cargos en la
administración de justicia
LEY ESTATUTARIA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Modificación/LEY
ESTATUTARIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Traslado de funcionario o
empleado por razones de salud o seguridad
SERVIDOR JUDICIAL-Traslado por razones de salud o seguridad
SERVIDOR JUDICIAL-Traslado para protección y seguridad
integral de la familia
Circunstancias tanto de seguridad como de
salud pueden afectar no solamente al servidor  público de la justicia
directamente  sino también a su núcleo familiar, motivo por el cual el traslado
en caso de verse afectados su  cónyuge, compañero o compañera permanente,
descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad y primero civil,
resulta razonable frente a, no solamente de los derechos  arriba enunciados,
sino  particularmente a la obligación que asiste al Estado de garantizar la
protección integral de la familia,  así como los derechos fundamentales de los
niños dentro de los que se incluye, entre otros,  los derechos a la vida, a la
integridad física, a la salud y a tener una familia y no ser separados de
ella.
SERVIDOR JUDICIAL-Traslado no implica condiciones menos
favorables y debe mediar consentimiento expreso
SERVIDOR JUDICIAL-Competencia para emisión de concepto
previo y decisión sobre traslado de funcionario o empleado
LEY ESTATUTARIA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Flexibilización
de traslados recíprocos entre funcionarios o empleados de diferentes sedes
territoriales
SERVIDOR JUDICIAL-Traslados recíprocos entre funcionarios o
empleados de diferentes sedes territoriales
SERVIDOR JUDICIAL-Autorización previa para traslados
recíprocos entre funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales
COSA JUZGADA
MATERIAL-Traslado de
funcionario o empleado judicial entre cargos cuya nominación corresponda a
distintas autoridades
LEY ESTATUTARIA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Adición
SERVIDOR JUDICIAL
DE CARRERA-Solicitud de
traslado para cargo vacante en forma definitiva
CARRERA JUDICIAL-Fundamento
CARRERA JUDICIAL-Principios generales
CARGOS EN RAMA
JUDICIAL-Provisión en
propiedad para empleos en vacancia definitiva
CARRERA JUDICIAL-Traslado de funcionario o empleado
SERVIDOR JUDICIAL
DE CARRERA-Traslado ante
verificación de vacante definitiva
CARRERA JUDICIAL-Sede territorial
LEY ESTATUTARIA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Inflexibilidad en materia de traslados
ACTO REGLAMENTARIO-Inadmisión para regular materias sobre las
cuales no se ocupó la ley estatutaria
LEY ESTATUTARIA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Creación
de traslado horizontal no regulado en ella y establecida por el Consejo de la
Judicatura
CARRERA JUDICIAL-Principios/CARRERA JUDICIAL-Principios
de igualdad y méritos
VACANCIA
DEFINITIVA EN CARRERA JUDICIAL-Posibilidad de ocuparla por traslado de servidor de carrera
CONCURSO PARA
CARRERA JUDICIAL-Participantes
lo hacen en relación con un cargo y no con sede territorial específica
CARRERA JUDICIAL-Distinción entre inscritos y quienes
concursan
VACANCIA
DEFINITIVA EN CARRERA JUDICIAL-Mérito de cada uno ante solicitudes de traslado para ocuparla
VACANCIA
DEFINITIVA EN CARRERA JUDICIAL-Elementos objetivos para selección ante solicitudes de traslado para
ocuparla
CARRERA JUDICIAL-Mérito como elemento preponderante en
ingreso, estabilidad, ascenso y retiro
SERVIDOR JUDICIAL-Traslado por razones del servicio
SERVIDOR JUDICIAL-Traslado no podrá sustentarse en cualquier
causa sino por razones del servicio
SERVIDOR JUDICIAL-Solicitud de traslado por cualquier
eventualidad señalada en disposición
Referencia:
expediente P.E. 013
Revisión previa del
proyecto de ley estatutaria No. 24/00 Senado y No. 218/01 Cámara “Por la cual
se modifican el artículo 134 y el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de
1996”
Magistrado Ponente:
Dr.
ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C.,
veintitrés (23) de abril de dos mil dos (2002).
I. ANTECEDENTES
Mediante oficio del 3 de julio de 2001, el
Presidente del Senado de la República, H. Senador Mario Uribe Escobar, remitió
a la Corte Constitucional el expediente correspondiente al trámite surtido en
el Congreso de la República por el Proyecto de Ley Estatutario No. 24/00 del
Senado y No. 218 de la Cámara de Representantes, "Por la cual se
modifican el artículo 134 y el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de
1996” para que respecto de él se surta la revisión previa sobre su
exequibilidad, de acuerdo con el artículo 153 de la Constitución Política.
Una vez repartido el expediente, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2067 de 1991, el Magistrado
Sustanciador asumió mediante auto del 23 de julio de 2001 el conocimiento del
presente asunto, y ordenó, previo el recaudo de algunas pruebas solicitadas a
los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, fijar en lista el proceso de revisión, correr traslado por
treinta días al señor Procurador General de la Nación y comunicar la iniciación
del trámite a los Ministros del Interior y de Justicia y el Derecho, como
también al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
De esta manera, una vez cumplidos todos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto 2067
de 1991,  y recibidas formalmente  las pruebas solicitadas procede la Corte a
resolver sobre la exequibilidad del proyecto de ley de la referencia.
II.  EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE
EXAMINA
A continuación se transcribe en su
integridad el texto del proyecto de ley cuyo examen adelanta en esta
oportunidad la Corte Constitucional, tomado de la versión que aparece publicada
en la Gaceta del Congreso No. 269 del día martes 5 de junio del año 2001.
“TEXTO DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 218 DE 2001 CAMARA
024 DE 2000 SENADO
“Por la cual se modifican el artículo 134 y el numeral
6 del artículo152 de la Ley 270 de 1996”
Artículo 1º. El artículo 134 de la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 134. Traslado. Se
produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que
ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el
cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial.
Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de
la Judicatura.
Procede en los siguientes eventos:
1º. Cuando el interesado lo solicite por
razones de salud o seguridad, debidamente comprobadas, que le hagan imposible
continuar en el cargo o por estas mismas razones se encuentre afectado o
afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente o
ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre que ello
no implique condiciones menos favorables para el funcionario y medie su
consentimiento expreso.
2º. Cuando lo soliciten por escrito en
forma recíproca funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales, en
cuyo caso sólo procederá previa autorización de la Sala Administrativa de los
Consejos Superior o Seccional de la Judicatura.
Cuando el traslado deba hacerse entre
cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades, sólo podrá llevarse
a cabo previo acuerdo entre éstas.
3º. Cuando lo solicite un servidor público
de carrera para un cargo que se encuentre vacante en forma definitiva, evento
en el cual deberá resolverse la petición antes de abrir la sede territorial
para la escogencia de los concursantes.
4º. Cuando el interesado lo solicite y la
petición esté soportada en un hecho que por razones del servicio o por
cualquier otra causa la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura califique como aceptable.
Artículo 2º. El numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996
quedará así:
6. Ser trasladado, a su solicitud, por
cualquiera de la eventualidades consagradas en el artículo 134 de esta ley.
Artículo 3º. La presente rige a partir de su promulgación.
III. INTERVENCIONES CIUDADANAS
1.   Mediante escrito recibido en la Secretaría General
de la Corte Constitucional el día 13 de agosto de 2001, los ciudadanos Carlos
Fernando Madrid Arbelaez y Gloria Montoya Echeverri, defienden la exequibilidad
del proyecto de ley en estudio con base en los argumentos que a continuación se
resumen.
Explican que, no obstante el artículo 204
de la Ley 270 de 1996 remite a los Decretos 052 de 1987 y 1660 de 1978, normas
que son aplicables hasta tanto se expida una ley que regule la carrera judicial
y las situaciones administrativas de los funcionarios judiciales, la única
fuente normativa es el último de los decretos mencionados como quiera que la
Corte Suprema de Justicia declaró la inexequibilidad del artículo 124 del
Decreto 052 de 1987 por exceso en el uso de las facultades extraordinarias del
Gobierno Nacional al proferirlo (Magistrado Ponente Hernando Gómez Otálora).
Señalan que una regulación en ese sentido
resulta necesaria conforme a lo expresado por la Ley 443 de 1998 y su Decreto
Reglamentario 1567 del mismo año (art. 33 parágrafo 2).  Y, a manera de
ilustración, hacen una relación de las normas que rigen la materia en la
carrera notarial (Decreto 960 de 1970 art. 178), en la Fiscalía General de la
Nación (Decreto Ley 2699 de 1991 art. 76), en la Contraloría General de la
República (Ley 106 de 1993 art. 150-2) y en la Procuraduría General de la
Nación (Ley 201 de 1995 art. 184)
De otra parte, advierten que el artículo
134 vigente de la Ley 270 de 1996, toma en cuenta sólo algunas hipótesis de
excepción para los traslados y, en consecuencia, consideran conveniente que se
extiendan para comprender algunas que han tenido aplicación anteriormente en la
Rama Judicial y que no pueden reputarse inconstitucionales por sí solas.  Al
respecto se refieren, además, a las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional en relación con la mencionada norma, para concluir que en dicho
análisis “subyace la compresión de que la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, tiene la capacidad de regular este tema, por manera
que establecer otras hipótesis, como lo son las razones de salud o de
seguridad, debidamente comprobadas, que hagan imposible continuar con el cargo
o que afecten su núcleo familiar básico; en forma recíproca por empleados o
funcionarios de diferentes sedes territoriales o cuando exista una vacancia
definitiva de un cargo de carrera, son otras alternativas igualmente válidas de
regulación, pues tienen íntima ligazón con el estado actual del país, con las
circunstancias tanto del personal adscrito al servicio, como de su familia y
permiten además los traslados recíprocos o la provisión de los cargos vacantes
por medio de él, sin desatender las facultades constitucionales confiadas al
Consejo Superior de la Judicatura, en el artículo 256”
Posteriormente, se detienen en el  análisis
del numeral 3° del texto modificatorio del artículo 134 de la ley 270 de 1996,
respecto del cual manifiestan que puede ser mal interpretado como vulneratorio
de los derechos de quienes mediante concurso de méritos aspiran al cargo que se
provee por medio del traslado.  Sobre el tema, luego de presentar un estudio
sobre las normas relacionadas con la carrera administrativa, enfatizan sobre la
diferencia existente, en el caso de la rama judicial, entre los conceptos de
vinculación y ascenso, conforme al artículo 164 de la Ley Estatutaria.
Hacen énfasis así mismo  en que de acuerdo
con las normas citadas, no se concursa para una sede territorial específica, la
cual puede definirse en la fase final del concurso “[D]entro de los cinco
(5) días siguiente a la publicación de los resultados finales, de conformidad
con la ley y el reglamento expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de Judicatura (sic).”; esto, a juicio de los intervinientes
armoniza con el hecho de que el numeral 3 del artículo 134 toma en cuenta que
los requisitos se cumplen en relación con un cargo, independientemente de la
sede, generando así un régimen más abierto y equitativo respecto de quienes no
pueden concursar para el mismo cargo en diferente sede territorial, pero que
por los traslados, pueden mejorar su condición familiar, social y personal.
Con base en los argumentos resumidos, los
ciudadanos intervinientes solicitan declarar la exequibilidad del proyecto de
ley sometido al estudio de esta Corte.
2. La ciudadana Bernardita Pérez Restrepo, mediante
escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 13
de agosto de 2001, participa en el  proceso exponiendo los argumentos que a
continuación se sintetizan.
La interviniente hace alusión a los
antecedentes normativos del tema de los traslados de los funcionarios de la
rama judicial, en especial, a las regulaciones de los Decretos 1660 de 1978 y
052 de 1987, y concluye que las situaciones administrativas pueden ser
reglamentadas conforme a lo dispuesto en la Ley 443 de 1998. Recuerda además
que en el Acuerdo 106 de 1996 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
se previó la inclusión en el registro de elegibles de los jueces que
solicitaban un traslado, regulación que fue sin embargo anulada por el Consejo
de Estado. Así mismo anota que la Corte Constitucional en la Sentencia T-396 de
1998, ya había aclarado que “en lista de elegibles no pueden estar los
jueces de carrera, pues ellos ya están nombrados, en otras palabras,
‘elegidos’”
En relación con la naturaleza del traslado,
explica que existen dos tipos de regulaciones sobre la materia, la primera, que
le da el tratamiento de derecho en cabeza de los empleados de carrera que
enfrentan una situación extraordinaria (seguridad, caso fortuito, fuerza mayor
y salud), tal y como lo regulan los artículos vigentes de la Ley Estatutaria,
que no exige la existencia de una vacante y, la segunda, como novedad
administrativa que tiene lugar de manera ordinaria y que exige la existencia de
una forma de vacancia (absoluta, vacaciones, incapacidad, permiso, comisión,
etc...), la cual se rige por normas ordinarias,  de acuerdo  a lo señalado en
su concepto  por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996.
Al respecto, afirma que el traslado no es
una forma de proveer cargos en la rama judicial o de sustituir nombramientos,
sino, como se regula en otras normatividades de la función pública, una
situación administrativa o novedad laboral (Ley 115 de 1993) que genera una
vacante o cargo que debe proveerse en los términos del concurso de méritos y en
cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política.
Con base en lo anterior, concluye que el
proyecto de ley objeto de estudio corresponde materialmente a un contenido de
ley ordinaria, cuyo trámite como ley estatutaria daría lugar a su
inexequibilidad conforme a la jurisprudencia Constitucional vigente en su
concepto, por lo que exhorta a la Corte para que “revise su doctrina en aras
del principio de conservación del derecho y en razón a que se trata de un
procedimiento legislativo reforzado”, y solicita se declare la
exequibilidad  de los textos analizados“... ADVIRTIENDO QUE SOLO SE
PRONUNCIA EN EL SENTIDO DE LA NATURALEZA DE LA NORMA y que en consecuencia la declara
constitucional como LEY ORDINARIA.  No debiendo en consecuencia, pronunciarse
materialmente para así garantizar la acción ciudadana posterior, esencial a las
leyes ordinarias.” (destacado original).
IV. INTERVENCIONES OFICIALES
1. Corte Suprema de Justicia
El señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, H Magistrado Jorge Antonio Castillo Rugeles, hace las siguientes
anotaciones sobre el proyecto de ley de la referencia:
En primer término, señala que conforme a la
normas constitucionales y estatutarias respectivas, la selección de
funcionarios judiciales a través del sistema de carrera administrativa es un
acto complejo que se agota en etapas asignadas por la Constitución y la Ley a
estamentos diferentes y recalca que la potestad nominadora no está en cabeza
del Consejo Superior de la Judicatura ni de los Consejos Seccionales.
Con base en lo anterior, afirma que el
nombramiento y la confirmación de los funcionarios es una facultad reservada al
nominador y, en el caso específico de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado; sostiene que de su preservación depende el respeto del objetivo de
la carrera judicial, como quiera que el mantenimiento de la “legítima
injerencia” de los nominadores en el proceso de selección de los candidatos
a ocupar plazas de magistrados en los correspondientes tribunales, hace parte
de la naturaleza de la elección y su desconocimiento quebranta la Constitución
Política (C.P. arts. 209 y 257-2)
En este orden
de ideas señala que los numerales 2 y 4  del artículo 1° del proyecto prevén
una calificación del Consejo Superior de la Judicatura que sólo puede
entenderse como un estudio administrativo sobre la situación del solicitante,
mas no como una imposición del candidato a nombrar o del lugar donde será trasladado,
pues según el criterio del interviniente, la decisión final corresponde al
nominador, a quien no puede afectársele la autonomía en el ejercicio de dicha
función, y quien además tiene el conocimiento inmediato sobre las necesidades
del servicio.
Sobre el punto agrega que de no ser  así se
promovería un régimen excesivamente flexible, que podría dar lugar a que
motivaciones insuficientes para el traslado se avalen por el Consejo, en tanto
las considere aceptables y mediante ese juicio subjetivo se provean los cargos
de la Rama Judicial.  En consecuencia, considera que debe declararse
inexequible la expresión “por cualquier otra causa” establecida en el
numeral 4 del artículo 1 del proyecto de ley bajo estudio, por cuanto afirma
que constituye un perjuicio para quienes agotaron las etapas del concurso para
un cargo que, en últimas, se provee con un traslado, contrariando así los
principios de la carrera judicial.
En relación con los numerales 1 y 3,
sostiene, además, que generan un vacío normativo al no indicar a quién
corresponde evaluar  los motivos de solicitud del traslado.
Llama la atención sobre el hecho que el
artículo 1 del proyecto de ley bajo estudio se refiera indistintamente a “funcionarios
o empleados”, lo cual, a su juicio, permitiría la Consejo Superior o a los
Seccionales de la Judicatura, “imponer traslados de funcionarios o empleados
de niveles regionales a las Altas Corporaciones”.  Para respaldar su
argumento transcribe el aparte pertinente de la sentencia de la Corte
Constitucional que revisó el artículo 134 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia (C-037 de 1996)
Finalmente, el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia afirma que el numeral 3° de la norma estudiada vulnera los
derechos a la igualdad, acceso a la función pública y debido proceso de quienes
concursan y ocupan un lugar en el Registro de Elegibles, y para fundamentar su
afirmación transcribe apartes de las sentencias SU-086 de 1999 y SU-133 de
1998.
2. Consejo Superior de la Judicatura
El señor Presidente de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, H. Magistrado Carlos
Enrique Marín Velez, expone las consideraciones  que en seguida se resumen en
relación con el proceso de revisión de la referencia.
Informa que la Corporación que representa
formuló, en su momento, algunas observaciones que fueron acogidas por el
ponente del proyecto, especialmente en relación con la salud de los parientes
del servidor público y la supresión del requisito de la ocurrencia de una
fuerza mayor para la aprobación de los traslados recíprocos.
Considera la Corporación interviniente que
la Corte Constitucional puede aclarar la omisión del texto del numeral 1 del
artículo 134 del proyecto, en cuanto se refiere al señalamiento de la entidad
de la Rama Judicial a la que corresponde autorizar el traslado por razones de
salud o de seguridad. Al respecto, estima que debe entenderse que se requiere
el concepto previo favorable de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, en tanto corresponde a una función constitucionalmente asignada
por el artículo 257 superior.  Así mismo, indica que en la parte final de dicho
numeral se hace referencia al funcionario, cuando debe entenderse que
también comprende al empleado, conforme al artículo 125 del la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia.
Informa, por otra parte que la inclusión de
los numerales 3 y 4 del artículo 134 del proyecto en mención fue sugerida por
el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, y afirma que dichas disposiciones
deben declararse inexequibles por reñir, a su juicio, con la filosofía del
Sistema de Carrera Judicial, consagrado en la Constitución y en la Ley 270 de
1996, y reglamentado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.[1]
3.  Ministerio del Interior
El apoderado de este Ministerio señala que
el contenido del proyecto de ley de la referencia escapa al trámite de una ley
de naturaleza estatutaria, como quiera que, tratándose de las causales por las
cuales procede el traslado de los servidores públicos, conforme a los términos
del artículo 204 de la Ley 270 de 1996, esa materia debe reglamentarse por la
vía ordinaria[2].
Así mismo, advierte sobre este punto que no todas las materias que competen a
la administración de justicia son del resorte de una ley estatutaria y que por
el hecho de regularse en ellas, no se excluyen del ámbito propio de las leyes
ordinarias[3]
(Corte Constitucional, Sentencia C-114 de 1999).
En
consecuencia, solicita a la Corte que se declare inhibida para conocer del
trámite de revisión, en tanto la materia regulada por el proyecto de ley de la
referencia es del resorte de una ley ordinaria.
V. EL CONCEPTO FISCAL
El Procurador General de la Nación,
mediante concepto No. 2730, recibido en la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 22 de noviembre del año 2001, para dar cumplimiento a los
artículos 242 y 278 numeral 5o. de la Constitución, solicita declarar exequible
el proyecto de ley estatutaria de la referencia con base en los argumentos que
a continuación se reseñan.
Luego de
hacer un análisis sobre el trámite surtido por el proyecto de ley, el jefe del
Ministerio Público advierte sobre la inexistencia en el expediente de un
documento que permita verificar la aprobación por la Cámara de Representantes
del informe de la comisión de conciliación,  y en consecuencia, solicita a la
Corte requerir al Secretario General de esa célula legislativa para que
certifique esa votación, por cuanto observa que es la única instancia en la que
falta constatar el cumplimiento del requisito de la mayoría absoluta.
Sobre el
requisito de tramitar este tipo de leyes en una sola legislatura (C.P. art. 153),
explica que se dio cumplimiento al mismo, ya que el proyecto fue presentado el
24 de julio de 2000 y culminó su trámite el 20 de junio de 2001.
Sobre el
contenido de la ley, el Ministerio Público explica que el artículo 134 vigente
regula el tema de los traslados en la rama judicial de manera restrictiva, pues
sólo los prevé por motivos de seguridad, salud o fuerza mayor plenamente
comprobados.  Sostiene que el Consejo Superior de la Judicatura quiso
flexibilizar el régimen mediante los artículos 1 y 6 del Acuerdo 106 de 1996,
disponiendo que los funcionarios y empleados inscritos en carrera, por derecho
propio formaban parte del Registro de Elegibles para proveer cargos de carrera
de similar categoría y especialidad a aquel en que se encontraran nombrados y
por tal razón podían ser incluidos en la lista que se elaborara para la
provisión de una vacante.
Sobre esta
última previsión del Acuerdo, anota que la Corte Constitucional en sentencia
T-396 de 1998 decidió su inaplicación por ser manifiestamente inconstitucional
y seguidamente transcribe algunos argumentos expuestos en dicha providencia,
los cuales, advierte, fueron tenidos en cuenta por el ponente del proyecto de
ley en estudio.
También hace
alusión a las causas que motivaron la presentación del proyecto de ley, entre
las que destaca la necesidad de atemperar la rigidez existente en la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, lo que en un principio se
pretendió con la derogación de las normas pertinentes y luego, tras
modificaciones introducidas durante el trámite legislativo, con la adopción del
texto bajo estudio, acogiendo así el concepto del Consejo Superior de la
Judicatura que se rindió a petición del Senador Ponente en el que se advertía
sobre la posibilidad de que se declararan inconstitucionales los Decretos 1660
de 1978 y 053 de 1987.
En relación
con los traslados de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, el
Procurador afirma que no se trata de una materia que deba estar regulada en la
Ley Estatutaria, en tanto no aborda aspectos relevantes de la carrera judicial,
como lo son los principios y criterios que regulan la vinculación, ascenso y
retiro de los escalafonados, como tampoco implica ingreso o mejoramiento del
servidor, sino su movilización estrictamente horizontal.
A esa
conclusión llega, siguiendo lo previsto en el texto del artículo 204 de la Ley
270 de 1996; sin embargo explica que el hecho de que el tema fuera regulado en
esta norma estatutaria, obligó, en su criterio, a que para su modificación se
recurriera a una ley de la misma naturaleza, sin que ello signifique que
debiera estar regulado en esta clase de ley, pero sí atendiendo el criterio de
la Corte Constitucional según el cual la circunstancia  de que una materia
quede inserta en una ley de mayor categoría, pese a no ser de su resorte, hace
necesario que se modifique o derogue mediante el mismo trámite.
De otro lado,
en criterio de la vista fiscal, la reforma bajo estudio se aviene a la
Constitución Política, al tomar en consideración el derecho del servidor
público a elegir conforme a sus necesidades personales o familiares el lugar
donde más le convenga prestar su servicio y solicitar el traslado para no
permanecer contra su voluntad en un lugar extraño como acontece actualmente.
Esta previsión, considera, hace prevalecer los derechos a la familia, los niños
y al libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a fijar el lugar
de residencia (C.P., arts. 5, 16, 24, 42, 44)
Desde la
perspectiva laboral, estima que se fortalecen los criterios de estabilidad,
permanencia y bienestar del trabajador, lo cual, indica, redunda en la
eficiente prestación del servicio público y en la garantía para acceder a la
administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).
Con base en
los argumentos  que se han resumido, el Procurador General de la Nación
solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del Proyecto de
Ley bajo estudio, previa la certificación del cumplimiento del requisito de la
aprobación del acta de la Comisión Accidental por parte de los miembros de la
Cámara de Representantes.
VI.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.  Competencia
De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 núm. 8o. de la Consti­tución
Política esta Corporación es competente  para revisar y decidir  sobre la
exequibilidad de los proyectos de leyes esta­tutarias, una vez aprobados en los
debates correspon­dientes en las cáma­ras del Congreso de la República, como
ocurre con el proyecto que se examina, el cual fue remitido a esta Corpora­ción
con las constancias pertinentes.
2. La solicitud de inhibición.
Previamente
al análisis formal y material de la disposición sometida a control de
constitucionalidad, la Corte estima necesario efectuar algunas consideraciones
en relación con la petición de inhibición efectuada por el representante del
Ministerio del Interior.
En concepto
de dicho representante, la materia regulada por las normas sometidas a control
de constitucionalidad no es de naturaleza estatutaria sino ordinaria, por lo
que no corresponde a la Corte en estas circunstancias ejercer  en relación con
ellas el control automático a que hace referencia el  numeral 8° del artículo
241 de la Constitución.
Para el
interviniente,  en efecto, del artículo 204  de la ley 270 de 1996 estatutaria
de la administración de justicia[4]
se desprendería   que la materia relativa a las causales  por las cuales
procede el traslado  de los servidores públicos de la administración judicial
debe ser regulada mediante  una ley ordinaria.
Al respecto
la Corte  debe señalar que no es pertinente la solicitud de inhibición
planteada por el representante del Ministerio de Justicia, por cuanto (i) la
interpretación que éste hace del  artículo 204  de la ley 270 de 1996 no
corresponde a la realidad, (ii)  su petición  no toma en cuenta  el análisis
que del contenido material  de los artículos 134 y 152  de la ley 270 de 1996
hizo esta Corporación en la sentencia C-037 de 1996,  (iii) en el citado fallo
se señaló claramente que el procedimiento aplicable  para reformar aquellos
aspectos  del régimen de la administración de justicia  incluidos en la ley 270
de 1996 - dentro de los cuales figuran entre otros los establecidos en los
artículos 134  y 152 de la misma ley -, sería el establecido en el artículo 153
de la Constitución, y (iv) el control atribuido a la Corte en el numeral 8 del
artículo 241 es previo, automático e integral.
(i) El
interviniente  pretende derivar  del artículo 204  de la ley 270  de 1996  la
conclusión  de que  todos los aspectos relativos  a la “carrera judicial”  y
el  “régimen para las situaciones laborales administrativas”  dentro de las que
incluye el tema de los traslados  de los servidores judiciales, deben ser
objeto de la ley ordinaria  a que alude dicho artículo.  Olvida sin embargo
que  en la ley estatutaria  fueron regulados  diferentes aspectos considerados
por el Legislador como esenciales  en relación con el régimen de los servidores
de la rama judicial (artículo 125 a 175 de la ley 270 de 1996),  y que en la
Sentencia  C-037 de 1996 mediante la cual  se revisó por esta Corporación el
proyecto de ley estatuaria que se convertiría en la ley 270 de 1996  no se
acogieron los mismos argumentos que ahora esgrime, los que fueron  planteados
en esa ocasión para solicitar la inexequibilidad del artículo 135 y del
capítulo 2 del título VI  de dicha ley.
Al respecto
cabe recordar  el texto de la citada sentencia  sobre este punto:
“ARTICULO
135. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. Los funcionarios y empleados pueden hallarse
en alguna de las siguientes situaciones administrativas.
1.        En
servicio activo, que comprende el desempeño de sus funciones, la comisión de
servicios y la comisión especial.
2.        Separados
temporalmente del servicio de sus funciones, esto es: en licencia remunerada
que comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o accidente
de trabajo o por el hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en uso de
permiso; en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o
prestando servicio militar.
1.
Intervención del ciudadano Eurípides de Jesús Cuevas.
El interesado
considera que los artículos 135 y subsiguientes, que regulan las “situaciones
administrativas en que pueden situarse los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial”, las comisiones de servicios, la provisión de vacantes temporales,
las comisiones especiales, las licencias, permisos, vacaciones, suspensión y
retiro del servicio, deben ser declaradas inexequibles, al igual que las normas
contenidas en el capítulo 2o. del título VI del proyecto de ley, que regulan lo
atinente a la “Carrera Judicial”, ya que se trata de asuntos que se deben
regular mediante una ley ordinaria y no una ley estatutaria. Afirma que “como
el propio Proyecto de ley así lo reconoce en el artículo 204, en el cual
preceptúa que 'hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la Carrera
Judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas
de los funcionarios y empleados judiciales, continuarán vigentes, en lo
pertinente, el Decreto Ley 052 de 1987 y el Decreto 1660 de 1978...', lo que
significa que esas materias no son propias de una ley estatutaria, sino de una
ley ordinaria, por lo que su inclusión en este proyecto, quebranta los
artículos 150, y 152 de la Constitución Nacional.”
2. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
Para
la Corte que, al igual que se explicó para los artículos anteriores, el
legislador goza de plena competencia para definir las situaciones
administrativas de los servidores públicos vinculados a la rama judicial, según
lo permiten los artículos 122 y siguientes, 150-23 228  y 257-2 y 3 de la Carta
Política. En el presente caso, dicha definición aparece como conveniente y no
quebranta postulado constitucional alguno. Del mismo modo, considera esta
Corporación que una ley estatutaria encargada de regular la administración de
justicia bien puede ocuparse de estos asuntos, en los términos que se ha
interpretado el alcance de la atribución contemplada en el literal b) del
artículo 152 constitucional.  (subrayas fuera de texto )
El
artículo será declarado exequible.”
Es decir, que
ya la Corte,  basada  en su interpretación del alcance en este caso  de la
atribución contemplada en el  literal b) del artículo 152 de la Constitución,
había desechado la orientación  que el interviniente plantea en relación con el
artículo 204  de la ley 270, según la cual todos los aspectos relativos  a las
situaciones laborales administrativas y a la carrera judicial  son materia de
ley ordinaria y por tanto no pueden incluirse en la ley estatutaria de
administración de justicia.
En dicha
sentencia la Corte interpretó el alcance  del  literal b) del artículo 152  de
la Constitución en el sentido de dejar al legislador la autonomía suficiente
para definir cuáles aspectos debían hacer parte de este tipo de leyes,
precisando que no todo aspecto que de una forma u otra se relacionara con la
administración de justicia debía necesariamente hacer parte de una ley
estatutaria, sino que una ley de esta naturaleza debía “ocuparse esencialmente
sobre la estructura general de la administración de justicia y sobre los
principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función
de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su
conocimiento”[5].
(ii)  Ahora
bien, dentro de los aspectos que la Corte consideró que hacían parte de la ley
estatutaria de administración de justicia, incluyó el contenido de los artículos
134  y 152 de la ley 270 de 1996  relativos al traslado y a los derechos de los
servidores judiciales.
En efecto,
cabe  destacar que en  la Sentencia C-037 de 1996 se analizó  la
constitucionalidad de los artículos 134  y 152 del proyecto de ley estatutaria,
que se convertirían en la ley 270 de 1996, ahora objeto de reforma,   sin que
la Corte hubiere hecho anotación alguna acerca de la eventual naturaleza
ordinaria de la materia regulada por dichas disposiciones[6].
(iii)  Cabe
recordar  igualmente que   atendiendo el régimen jerárquico de las leyes,  la
Corte señaló expresamente  que para proceder a modificar, adicionar, reemplazar
o derogar las normas contenidas en esta ley estatutaria, debía acudirse  al
trámite previsto en los artículos 152 y 153 de la Carta Política.
Así la Sentencia  al analizar la
constitucionalidad del artículo 204 de la ley 270 de 1996, señaló en relación
con las posibles modificaciones al texto de la ley estatutaria   lo siguiente:
“De acuerdo con
los artículos 125 y 150-23, le corresponde al legislador, a través de
disposiciones de carácter ordinario, regular los aspectos propios del régimen
de carrera en sus diferentes modalidades: administrativa, judicial,
diplomática, etc. En lo que atañe a la carrera judicial, la Corte ha
sostenido en la presente providencia que es propio de una ley estatutaria sobre
administración de justicia encargarse de regular algunos aspectos básicos de
dicho régimen, principalmente en lo que se refiere a los principios y criterios
que deben imperar respecto de la vinculación, ascenso y retiro de funcionarios
y empleados de la rama judicial. Con todo, lo anterior no significa, ni puede
significar, que sea el proyecto bajo examen el encargado de regular en forma
íntegra todos los aspectos del sistema de carrera, pues para ello el
Constituyente ha delegado esa responsabilidad en el legislador ordinario (Arts.
125 y 150-23 C.P.). Significa lo expuesto, entonces, que para esta
Corporación el Congreso de la República sí puede expedir una ley
ordinaria sobre carrera judicial que se ocupe de los aspectos que no fueron
regulados en la ley estatutaria sobre administración de justicia, aunque,
atendiendo el régimen jerárquico de las leyes, las disposiciones ordinarias que
se expidan no podrán modificar, adicionar, reemplazar o derogar las normas
contenidas en esta ley estatutaria, pues para ello deberá someterse la
respectiva ley al trámite previsto en los artículos 152 y 153 de la Carta
Política.”[7]
Es decir, que
contrariamente a lo señalado por el interviniente, corresponde al Legislador
efectuar la reforma   de los  artículos 134 y 152 de la ley 270 de 1996
mediante el procedimiento previsto en el artículo 153 de la Constitución.
(iv) No sobra
recordar que el hecho de que las disposiciones objeto de análisis se encuentren
contenidas en una ley estatutaria, con independencia de que se pueda estimar o
no que  ellas hayan debido ser objeto de una ley ordinaria, determina la
competencia de esta Corporación para hacer el respectivo juicio de
constitucionalidad, sin que en ningún caso pueda dejar de efectuar el control
a ella encomendado por el numeral 8° del artículo  241 Constitucional.
Es
importante  señalar  al respecto que dentro de los elementos identificados a
partir de la Constitución y la ley  por la jurisprudencia para caracterizar el
control de constitucionalidad de una ley estatutaria[8], figura precisamente
el que éste es  automático, previo  e  integral, sin que pueda la Corporación
abstenerse de efectuarlo  tomando en cuenta la eventual naturaleza ordinaria de
las disposiciones sometidas a su examen. Cosa diferente es que esta
circunstancia  pueda ser considerada al efectuar el análisis de
constitucionalidad respectivo.
No asiste
razón por lo tanto al representante del Ministerio del Interior  en su petición
de inhibición  en el presente asunto sometido a examen de la Corte.
Con
fundamento en la argumentación precedente, la Corte desestima también la
petición de la ciudadana  Bernardita Pérez Restrepo en el sentido de  que se
abstenga de efectuar un examen de fondo de las disposiciones aludidas,  y se
limite a declarar su constitucionalidad “como ley ordinaria”,  “advirtiendo
que  solo se pronuncia en el sentido de la naturaleza de la norma”.
En efecto,
como se ha explicado no queda duda de que el legislador al reformar los artículos
134 y 152 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia,
debía hacerlo mediante una disposición de idéntica naturaleza, así como de la
obligación para esta Corporación  de efectuar el control integral de las
disposiciones objeto de este proceso.
Entonces,
procede la Corte a efectuar el análisis  formal y material de las disposiciones
sometidas a examen previo y automático de constitucionalidad.
3. Revisión del proyecto de ley
estatutaria  N° 24 de 2000 Senado y  218 de 2001 Cámara  desde el punto de
vista formal
De
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política, para la aprobación,
modificación o derogación de las leyes estatutarias es necesario cumplir,
además de los requisitos generales previstos en los artículos 157 y siguientes
de la Carta para la aprobación de las leyes ordinarias, con las condiciones
especiales señaladas en el artículo 153 superior, es decir, se requiere que su
trámite se surta dentro de una sola legislatura y que las decisiones sean
adoptadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso.
3.1. El trámite surtido para la
aprobación del proyecto de ley sujeto a revisión
De los documentos que obran en el
expediente, se tiene que el trámite surtido para la aprobación el proyecto de
ley que se revisa fue el siguiente:
El Proyecto de ley estatutaria No. 24/00
Senado y No. 218/01 Cámara “Por la cual se modifican el artículo 134 y el
numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996” fue presentado por el
senador GERMÁN VARGAS LLERAS, el día 24 de julio de 2000 ante el Secretario
General del Senado de la República. Este funcionario lo envió ese mismo día al
Presidente de la Corporación, quien a su vez, ordenó su publicación, la que se
efectuó en la Gaceta del Congreso No. 290 del 27 de julio del citado año,
(folios 98 y 99 del expediente).
El proyecto  fue repartido a la Comisión
Primera Constitucional Permanente de esta Corporación para su trámite, cuyo
Presidente designó como ponente al Senador CARLOS ARTURO ANGEL ARANGO. El
informe de ponencia para primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso
No.467 del 22 de noviembre de 2000 (folio 106 del expediente), y fue aprobado
junto con el pliego de modificacione, según  consta en el Acta N° 19 del 11 de
diciembre 2000, publicada en la Gaceta del Congreso No. 38, el día 11 de
diciembre del mismo año (folio 174 del expediente),  mediante votación
ordinaria con un quórum decisorio de 12 senadores, según certificación expedida
por el Secretario General de dicha Comisión, de fecha 27 de julio de 2001.
(folio 83 del expediente).  En esta certificación no aparecen discriminados los
votos a favor y los votos en contra del proyecto.
Para segundo debate fue designado como
ponente el Senador CARLOS ARTURO ANGEL ARANGO, quien presentó el proyecto junto
con las modificaciones aprobadas en primer debate a la plenaria del Senado en
ponencia  que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 141 del 23 de abril
de 2001 ( folios 120 y 121 del expediente).
La plenaria del Senado aprobó el proyecto
por las mayorías requeridas en la Constitución para las leyes estatutarias, con
un quórum ordinario de 88 senadores de 102, según constancia expedida por el
Secretario General de esa Corporación, y de conformidad con el contenido del
acta No. 35 de la sesión plenaria del día 2 de mayo de 2001, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 190 de la misma fecha (folios 129 y 130 del
expediente). El texto definitivo aprobado fue publicado en la Gaceta No. 177
del 7 de mayo de 2001, tal y como  consta en el folio 141 del expediente.
Siguiendo el trámite establecido para la
aprobación de leyes estatutarias, se remitió el proyecto al Presidente de la
Cámara de Representantes el día 3 de mayo de 2001, quien a su vez lo remitió a
la Comisión Primera el día 24 del mismo mes y año, para lo de su competencia.
El Presidente de esta célula legislativa designó como ponente para primer
debate al Representante CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO; la respectiva ponencia fue
publicada en la Gaceta No. 247 del 29 de mayo de 2001 (folios 183 y 184 del
expediente).
En esta etapa del trámite legislativo se
modificó el título original del proyecto, al indicarse de manera expresa las
disposiciones objeto de modificación, y se reestructuró el contenido del texto
propuesto por el Senado de la República.
El proyecto, junto con el correspondiente
pliego de modificaciones fue discutido y aprobado en la Comisión por la mayoría
de sus miembros (29 de los 33 representantes que integran la Comisión Primera),
según consta en el acta No. 32 de la sesión del 29 de mayo de 2001 publicada en
la Gaceta No. 384 del 13 de agosto de 2001 (folio 305 del expediente). El texto
definitivo del proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara fue
publicado en la Gaceta 269 del 5 de junio del referido año, tal y como obra
prueba en el folio 289 del expediente.
La ponencia para segundo debate fue
presentada ante la plenaria de la Cámara por el mismo representante  que tuvo a
su cargo la presentación de la ponencia para primer debate. El día 14 de junio
del 2001, la plenaria de la Cámara impartió su aprobación al proyecto por una
mayoría de 129 representantes, “sin modificaciones al texto aprobado en
Comisión”, según consta en la certificación del 3 de agosto de 2001, expedida
por el Secretario General de esa Corporación que se encuentra en el folio 82
del expediente.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 161 de la Constitución, desarrollado por el artículo 185 de la Ley 5ª.
De 1992, se designó una comisión de conciliación, con el fin de adoptar un
único texto del Proyecto de Ley Estatutaria sub examine, y en efecto se optó
por el aprobado por la H. Cámara de Representantes, tal como consta en el acta
de conciliación de fecha 2 de junio de 2001, suscrita por los parlamentarios
–Germán Vargas Talero, Representante y José Renán Trujillo García, Senador
-.(folio 91 del expediente)
En el Senado de la República, el informe de
la comisión de conciliación fue aprobado en la sesión plenaria del 20 de junio
de 2001, como consta en el acta No. 48 de la misma fecha, con un quórum de 86
de 102 senadores, y según certificación expedida por el Secretario General de
esa Corporación, de fecha 3 de agosto del citado año (folios 84 a 87 del
expediente).
La Plenaria
de la Cámara de Representantes por su parte  en  sesión de 20 de junio de 2001,
aprobó el Acta de Conciliación suscrita por la Comisión Accidental de Mediación
del Proyecto de Ley Estatutaria No. 218 Cámara-  024 Senado -, con un quórum y
una votación de 130 Representantes a la Cámara, según constancia de fecha 31 de
enero de 2002 expedida  por el Secretario General de la Cámara de
Representantes a solicitud de este Despacho.  (folio 414 del expediente.)
Del examen
detallado del trámite legislativo anteriormente descrito impartido al proyecto
de ley de la referencia, la Corte concluye que el Congreso de la República dio
cumplimiento a los requisitos generales y especiales previstos por la
Constitución para la expedición de las leyes estatutarias, como pasa a examinarse:
3.2. Trámite en una sola legislatura
En cuanto se refiere a  la exigencia de que
el proyecto sea tramitado en una sola legislatura[9], en el presente caso se
cumplió con ese requisito constitucional previsto en el artículo 153 de la
Carta, toda vez que el trámite correspondiente se inició el día veinticuatro
(24) de julio de dos mil (2000) con la presentación del respectivo proyecto por
el senador Germán Vargas Lleras ante el Secretario General del Senado de la
República, y culminó el 20 de junio de 2001 fecha en la cual las plenarias del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, aprobaron el informe
de la Comisión Accidental de Conciliación.[10]
3.3. La votación por mayoría absoluta
De igual manera, el órgano legislativo dio
cumplimiento a la exigencia constitucional relativa a la aprobación del
proyecto de ley estatutaria por la mayoría de los miembros del Congreso, pues
según el recuento atrás efectuado, tanto en las sesiones de las comisiones
primeras constitucionales de la Cámara de Representantes y del Senado de la
República, como en las plenarias de las mismas células legislativas, las aprobaciones
surtidas se dieron con dicha mayoría.
La
Corte  para llegar a esta conclusión examinó  de manera particular, tanto  la
aprobación que se surtió en  la Plenaria de la Cámara de Representantes del
Informe de  la Comisión  Accidental de Mediación, como la aprobación en primer
debate del proyecto de ley efectuada por la Comisión  Primera del Senado.
En
el primer caso, atendiendo  la advertencia  formulada por el Señor Procurador
General de la Nación sobre la ausencia de prueba en el expediente respecto de
la aprobación  por la Plenaria de la Cámara del informe de conciliación
anotado, el Magistrado Sustanciador solicitó al  Secretario General de la
Cámara de Representantes  certificación  sobre el quórum y la votación  con que
se aprobó por  dicha Corporación  el acta de conciliación  suscrita por la
Comisión accidental integrada  por el H. Representante Germán Navas Talero y el
H. Senador José Renán Trujllo García.  Mediante escrito  del 31 de enero  del
2002  dicho Secretario certificó  que en sesión plenaria  del  veinte (20) de
junio de dos mil uno (2001) “fue considerado y aprobado  por ciento treinta
(130)  Honorables Representantes a la Cámara  el  informe de la Comisión
Accidental de Mediación al proyecto de ley estatutaria  N° 218 de 2001 Cámara- 024
de 2000 Senado ‘POR MEDIO DE LA CUAL  SE MODIFICAN UNOS ARTÍCULOS  DE LA LEY
270 DEL 7 DE MARZO DE 1996 ESTATUTARIA DE LA ADMNISTRACIÓN DE JUSTICIA’ ”.
De
otra parte, tomando en cuenta que la  aprobación  del proyecto por la Comisión
Primera del Senado se produjo mediante votación ordinaria, según constancia
suscrita por el Secretario General de dicha Comisión,  sin que estuviera
acreditado dentro del expediente el número preciso de votos afirmativos con el
cual se había surtido dicha aprobación, suficiente para configurar la mayoría
absoluta, el Magistrado Sustanciador solicitó al Secretario General del Senado
de la República una certificación  sobre la aprobación en dicha  célula
legislativa  del proyecto bajo examen de constitucionalidad, discriminando  los
votos a favor y en contra del mismo.
En
respuesta a este requerimiento el Secretario  de la Comisión Primera del Senado
de la República  señaló “que este Proyecto de ley  fue aprobado por la Comisión
Primera del H. Senado de la República, el día 11 de diciembre del 2000, según
consta en  el Acta  N° 19 publicada   en la Gaceta del Congreso N° 38 de
2001.”  Y “ que  la aprobación de esta iniciativa  se presentó mediante
votación ordinaria, (artículo 129 Ley 5ª de 1992), y  de la cual no queda constancia
ni del modo ni del sentido de los votos emitidos”.
Como
en esta respuesta no se informó el número preciso de votos a favor respecto de
la aprobación del proyecto de ley, que permitiera determinar con absoluta
claridad la aprobación por mayoría absoluta del mismo, la Corte encuentra
oportuno recordar las  consideraciones que respecto  del modo de votación con
el cual se aprobó el proyecto bajo estudio hizo esta Corporación en la
Sentencia C-179 de 2002 en relación con  su idoneidad para dar cumplimiento a
la exigencia de aprobación por mayoría absoluta que la carta formula respecto
de las leyes estatutarias.
Al
respecto, la Corte dijo lo siguiente:
“Según el tenor
literal del artículo 153 de la Constitución Política, “(l)a aprobación, modificación
o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los
miembros del Congreso”. Esta norma encuentra su desarrollo específico en los
siguientes artículos de la Ley 5ª de 1992, Orgánica del Reglamento del
Congreso:
-  En el artículo
117 que define las distintas clases de mayorías decisorias, entre ellas la
mayoría absoluta, en los siguientes términos:
“ARTICULO
117. Mayorías
decisorias. Las decisiones que se adoptan a través de los diferentes modos
de votación surten sus efectos en los términos constitucionales. La mayoría
requerida, establecido el quórum decisorio, es la siguiente:
1. Mayoría simple. Las decisiones se toman por la mayoría de los votos
de los asistentes.
2. Mayoría
absoluta. La decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los
integrantes.
3. Mayoría
calificada. Las decisiones se toman por los dos tercios de los votos de los
asistentes o de los miembros.
4. Mayoría
especial. Representada por las tres cuartas partes de los votos de los miembros
o integrantes.”(Destaca la Corte)
- En el artículo 119, que en concordancia
con el 153 superior, recuerda que para la aprobación de leyes estatutarias debe
contarse con la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Dice así esta
disposición en lo pertinente:
“ARTICULO 119. Mayoría absoluta. Se requiere para la
aprobación de:
...
“4. Leyes
estatutarias en una sola legislatura. Su modificación o derogación se
adelanta con la misma votación (artículo 153 constitucional).(Destaca la Corte)
- En los artículos
204 y 205, que son claros al indicar que la exigencia de mayoría absoluta para
la aprobación de leyes estatutarias, se refiere no solamente a la aprobación
que se surte en las plenarias de las cámaras legislativas, sino también a
aquella que se verifica en las comisiones parlamentarias durante el primer
debate. Dicen así estas normas del Reglamento del Congreso, ubicadas en la
Sección Sexta del Capítulo Sexto, relativa a “Especialidades del Proceso
Legislativo”:
“SECCION  6a.
“Especialidades
en el proceso legislativo ordinario.
“
ARTICULO 204. Trámite. Los proyectos de ley
orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley
sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo
ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en
el presente Reglamento.
“ARTICULO 205. Votación. La aprobación de los
proyectos indicados en el artículo anterior requerirá el voto favorable de la
mayoría de las Cámaras y sus Comisiones Constitucionales, en cualesquiera de
los trámites del proceso legislativo y en las condiciones constitucionales.”
(Destaca la Corte)
De la
lectura armónica de las disposiciones orgánicas que acaban de transcribirse y
del artículo 153 de la Constitución, se concluye que los proyectos de leyes
estatutarias requieren ser votados favorablemente por la mayoría de los votos
de los congresistas integrantes de las comisiones de la Cámara de
Representantes y del Senado de la República en donde se les de el primer
debate, no bastando la mayoría de votos de los presentes.
Las
certificaciones suscritas por los secretarios del Senado de la República y de
la Comisión Primera de esa corporación legislativa, dan cuenta de la presencia
de quórum decisorio, es decir de la asistencia de la mayoría de los integrantes
de la Comisión Primera del Senado[11]
en el momento en que se aprobó el proyecto de ley estatutaria bajo examen, y de
su aprobación por votación ordinaria, más no indican expresamente que tal
aprobación se haya surtido por mayoría absoluta.
La votación
ordinaria es un modo de votación, que se distingue de la nominal y de la
secreta. El concepto es definido con nitidez por los artículos 128 y 129 de la
Ley 5ª de 1992 en los siguientes términos:
“ARTICULO 128. Modos de votación. Hay tres modos
de votación, a saber: La ordinaria, la nominal y la secreta.
“La votación
ordinaria se usará en todos los casos en que la Constitución, la ley o el
reglamento no hubieren requerido votación nominal.
“ARTICULO 129.
Votación ordinaria. Se efectúa dando los Congresistas, con la mano, un golpe
sobre el pupitre. El Secretario informará sobre el resultado de la votación, y
si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe.
“Si se pidiere la
verificación por algún Senador o Representante, en su caso, se procederá de este
modo: los que quieran el SI se pondrán de pie, permaneciendo en esta postura
mientras son contados por el Secretario y se publica su número. Sentados, se
procederá seguidamente con los que quieran el NO y se ponen a su vez de pie; el
Secretario los cuenta e informa su número y el resultado de la votación.
“El Congresista
puede solicitar que su voto conste en el acta, indicándolo en forma inmediata y
públicamente.
“Podrá emplearse
cualquier procedimiento electrónico que acredite el sentido del voto de cada
Congresista y el resultado total de la votación.”
La votación
ordinaria es entonces una de la posibles maneras de aprobar una decisión en el
Congreso, comúnmente llamada “pupitrazo”. El artículo 129 que acaba de
transcribirse señala que “El Secretario informará sobre el resultado de la
votación, y si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto
el informe”. La verificación persigue determinar el número de votos proferidos
a favor o en contra, y la referida norma señala un método para establecerlo:
“los que quieran el SI se pondrán de pie, permaneciendo en esta postura
mientras son contados por el Secretario y se publica su número. Sentados, se
procederá seguidamente con los que quieran el NO y se ponen a su vez de pie; el
Secretario los cuenta e informa su número y el resultado de la votación.”
La expresión
“El Secretario informará sobre el resultado de la votación, y si no se pidiere
en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe”, admite diversas
interpretaciones: i) conforme con una primera, debe entenderse que si no hay
verificación posterior, y el secretario dice que la decisión fue aprobada o
improbada, debe presumirse que así lo fue, pero que de esta información
secretarial no es posible concluir si la aprobación se surtió por mayoría
absoluta, es decir que contó con el apoyo de más de la mitad de los integrantes
de la célula legislativa. ii) otra interpretación sería entender que dado que
para que haya votación es menester que esté acreditado el quórum decisorio, es
decir la presencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva célula
congresional[12],
cuando el secretario dice que la decisión o propuesta fue aprobada, debe
entenderse que lo fue por la mayoría de los integrantes, a pesar de no haber
mediado verificación sobre este hecho.
La Corte
dentro de un criterio de flexibilidad que excluye rigorismos en las exigencias
del trámite legislativo, adoptado con miras a hacer efectivo el principio
democrático, acepta que a partir de la lectura del artículo 129 de la Ley 5ª de
1992, Orgánica del Reglamento del Congreso, puede admitirse que la forma de
votación ordinaria, previa la verificación del quórum deliberatorio, es
suficiente para acreditar la aprobación por mayoría absoluta de una determinada
propuesta legislativa que la requiera, si ningún congresista solicita la
verificación posterior. No obstante, hace un llamado de atención al órgano
legislativo, exhortándolo a verificar en todo caso futuro el número de votos
afirmativos que permitan concluir con certeza que se han cumplido las
exigencias constitucionales relativas a la mayoría absoluta”[13].
(subrayas fuera de texto)
Es decir que la Corte admitió en la
Sentencia citada  que la forma de votación ordinaria, previa la verificación
del quórum deliberatorio, es suficiente para acreditar la aprobación por
mayoría absoluta de una determinada propuesta legislativa que la requiera, si
ninguno de los congresistas presentes  solicita la verificación posterior.
Así las cosas, tomando en cuenta lo dicho
en la Sentencia C-179 de 2002, cuyos considerandos reitera la Corte,  y estando
establecido, de acuerdo con el acta respectiva, que  en la sesión de la
Comisión Primera del Senado en la que se procedió  a la votación  del proyecto
de ley bajo examen de constitucionalidad en este proceso,  estaban presentes 12
de los 19 senadores que conforman esa Comisión (artículo 2° de la Ley 3ª de
1992), y que después de la aprobación por votación ordinaria  con el quórum
decisorio necesario, ningún parlamentario solicitó la verificación posterior,
debe entenderse cumplido el requisito a que alude el artículo 153 de la
Constitución.
Habiéndose encontrado que la ley cumple con
todos los requisitos formales para la aprobación o modificación de leyes
estatutarias, entra la Corte a hacer el examen de fondo al proyecto de ley
enviado para control automático de constitucionalidad.
4. Revisión del proyecto de ley
estatutaria  N° 24 de 2000 Senado y  218 de 2001 Cámara  desde el punto de
vista material.
4.1 La naturaleza de las disposiciones
contenidas en el proyecto de ley estatutaria  N° 24 de 2000 Senado y  218 de
2001 Cámara  y su incidencia en el examen  de constitucionalidad efectuado en
este proceso.
Diferentes
intervinientes, y el Señor Procurador General,  insisten en afirmar que la
materia de las disposiciones objeto de control de constitucionalidad  en este
proceso no es de aquellas que deben hacer parte de una ley estatutaria.
Circunstancia que si bien, como atrás se explicó, no impide en manera alguna el
que se procediera a efectuar el examen de constitucionalidad de las
disposiciones contenidas en el proyecto de ley estatutaria  N° 24 de 2000
Senado y  218 de 2001 Cámara, merece que se hagan las siguientes precisiones.
De acuerdo
con la jurisprudencia reiterada de  esta  Corporación[14], es claro que en
materia  de administración de justicia únicamente aquellas disposiciones que de
una forma u otra (i.) afectan la estructura general de la administración
de justicia,  (ii.) establecen y garantizan la efectividad de los
principios generales sobre el tema, o (iii.) desarrollan aspectos
sustanciales de esta rama del poder público, deben observar los requerimientos
especiales de la ley estatutaria
Ahora bien,
como también ya se explicó,  la Corte consideró en su momento[15] que las materias
contenidas en los artículos 134 y 152 de la ley 270 de 1996 que ahora se
reforman, bien podían hacer parte de la ley estatutaria de justicia  en la
medida en que ellas se ajustaban  a los criterios antes anotados, en cuanto se
referían a  elementos estructurales  esenciales de la función pública de
justicia. Valoración que hoy corrobora esta Corporación en relación con los
nuevos contenidos  que las normas sometidas al presente control de
constitucionalidad incorporan a los artículos 134 y 152 de la  ley 270 de 1996,
los que amplían de manera significativa, como se verá mas adelante, uno de los
derechos reconocidos a los servidores judiciales  dentro del régimen general a
ellos aplicable.
No sobra recordar,  que aún en el caso  que
se pudiese llegar a considerar que las materias en mención no forman parte de
la Ley Estatutaria, ello no implicaría necesariamente la declaratoria de
inexequibilidad de las disposiciones pertinentes[16], pues como también lo
ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación,  el hecho de
haberse regulado una materia propia de una ley ordinaria en una ley estatutaria
o en una ley orgánica, no la hace por si inconstitucional, pues, en últimas, es
un problema de técnica legislativa[17]
que no compromete las mayorías requeridas para aprobar una ley ordinaria[18]. Por lo demás, si la
Corte busca proteger la competencia de las leyes ordinarias, no requiere
declarar inexequibles esas disposiciones  sino simplemente señalar que esas
normas no son orgánicas o estatutarias y pueden por ende ser modificadas por
normas legales ordinarias[19].
Hechas estas
precisiones, procede la Corte examinar la constitucionalidad de cada una de las
disposiciones sometidas a su consideración en este proceso.
4.2. El análisis de constitucionalidad
del artículo  1° del proyecto de ley estatutaria  N° 24 de 2000 Senado y  218
de 2001 Cámara.
4.2.1 Texto de la disposición
Artículo 1º. El
artículo 134 de la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 134. Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un
funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de las
misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan
distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de
los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Procede en los
siguientes eventos:
1º. Cuando el
interesado lo solicite por razones de salud o seguridad, debidamente
comprobadas, que le hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas
razones se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero
permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o
único civil, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el
funcionario y medie su consentimiento expreso.
2º.
Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de
diferentes sedes territoriales, en cuyo caso sólo procederá previa autorización
de la Sala Administrativa de los Consejo Superior o Seccional de la Judicatura.
Cuando el traslado
deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades,
sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas.
3º. Cuando lo
solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre vacante
en forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de
abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.
4º. Cuando el
interesado lo solicite y la petición esté soportada en un hecho que por razones
del servicio o por cualquier otra causa la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura califique como aceptable.
4.2.2. La reproducción  efectuada  por
el artículo 1° del proyecto de ley bajo examen  del primer inciso  del artículo
134 de  la ley 270 de 1996. Configuración de la cosa juzgada material.
El  artículo 1°
del proyecto de ley bajo examen reproduce de manera idéntica  el primer inciso
del artículo 134 de la ley 270 de 1996[20],
artículo  declarado constitucional en su integridad por la Corte en la
Sentencia C-037 de 1996[21]
con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, con base en las siguientes
consideraciones :
“De acuerdo con lo previsto en el
artículo 157-2 de la Carta Política, al Consejo Superior de la Judicatura - en
particular a la Sala Administrativa- le asiste la atribución de trasladar
cargos en la administración de justicia, con sujeción a los parámetros que
defina el legislador. La norma bajo examen se encarga de desarrollar este
postulado y determina como razones de traslado la seguridad del funcionario o
del empleado y los casos de fuerza mayor, cada uno de los cuales aparece
plenamente justificatorio de una medida de tal naturaleza, según los pormenores
que para cada evento analice la Sala Administrativa del Consejo Superior. En
ese orden de ideas, encuentra la Corte que la disposición tiene suficiente
respaldo constitucional, aunque se debe aclarar que la obligación de las
entidades nominadoras de acatar las decisiones que se adopten sobre traslados,
no abarca a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado y al fiscal general de la Nación, en razón del
fuero constitucional especial del que son titulares.
En estos términos
la norma se declarará exequible”.
En este
sentido en relación con dicho inciso esta Corporación deberá estarse a lo
resuelto en la citada sentencia, por configurarse el fenómeno de cosa juzgada
material en tanto los textos normativos anotados son idénticos.
4.2.3. La modificación efectuada  por el
artículo 1° del proyecto de ley bajo examen   al  numeral 1° del artículo 134
de  la ley 270 de 1996.
El artículo
1° bajo examen  agrega a las razones  de seguridad invocadas en el  numeral 1°
del artículo 134  de la Ley 270 de 1996, la de salud para que proceda el
traslado de un funcionario judicial, así como el hecho de afectarse  la salud o
la seguridad  de  su  conyuge, compañero o compañera permanente, descendiente o
ascendiente   en primer grado de consanguinidad y primero civil.
Contrariamente
a lo establecido en el texto vigente,  no se especifica en este campo la
competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
para decidir acerca de los traslados, ni el carácter obligatorio de los mismos
para los nominadores,  a que alude el inciso segundo de dicho numeral[22].
Para la
Corte  esta disposición   es acorde con los preceptos constitucionales en la
medida que resulta razonable  que por motivos  de salud  debidamente
comprobadas  un servidor pueda solicitar  su traslado. Al respecto cabe
recordar que la Constitución protege el derecho a la vida (art 11  C.P.), a la
salud (art. 49 C.P. ),  y al trabajo en condiciones dignas (art. 25 C.P.), al
tiempo que  consagra la obligación de proteger de manera especial a aquellas
personas que  por su condición física o mental se encuentran en condiciones de
debilidad manifiesta  (art. 13 C.P.), en concordancia  además con el principio
de efectividad de los derechos (artículo 2 ibidem). Los que en el caso de una
persona enferma  pueden verse afectados cuando en el sitio donde  se labora no
existen las condiciones para tratar adecuadamente su enfermedad.
En relación
con los motivos de seguridad  a los que ya hacía referencia la norma  reformada
con la disposición bajo examen, resulta igualmente razonable que ocurra por esa
causa el traslado, pues a través de esta norma también se pretende proteger el
derecho a la vida y a la integridad física (arts. 1 y 11 C.P), así como las
condiciones dignas en que se debe desarrollar el derecho al trabajo (art. 25
C.P.), lo que excluye situaciones de permanente zozobra e intranquilidad,
circunstancias  que a su vez también afectan el buen cumplimiento del servicio
público  de administración de justicia.
Ahora bien,
circunstancias tanto de seguridad como de salud pueden afectar no solamente al
servidor  público de la justicia directamente  sino también a su núcleo
familiar, motivo por el cual el traslado en caso de verse afectados   su
cónyuge, compañero o compañera permanente, descendiente o ascendiente   en
primer grado de consanguinidad y primero civil, resulta razonable frente a, no
solamente de los derechos  arriba enunciados, sino  particularmente a la
obligación que asiste al Estado de garantizar la protección integral de la
familia (art. 42 C.P.),  así como los derechos fundamentales de los niños (art.
44 C.P.)  dentro de los que se incluye, entre otros,  los derechos a la vida, a
la integridad física, a la salud y a tener una familia y no ser separados de
ella.
Cabe recordar que esta Corporación  había
ya tomado  en consideración similares argumentos  al declarar la
constitucionalidad del  artículo 152 del proyecto de ley que se convertiría en
la ley 270 de 1996, cuyo numeral  6 consagraba el derecho  del servidor
judicial  a ser  trasladado, a solicitud suya, previa evaluación, cuando por
razones de salud o de seguridad debidamente comprobadas, no fuera posible
continuar en el cargo y cuyo numeral 8  estableció como derecho  del servidor
la protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares.
En esa
ocasión la Corte hizo las siguientes consideraciones, que además resultan
plenamente aplicables a la disposiciones actualmente en examen. Dijo esta
Corporación:
“ La constitucionalidad de la presente disposición, se
fundamenta en el hecho de que las prerrogativas allí establecidas tratan de
garantizar la estabilidad y la promoción laboral de los empleados y
funcionarios de la rama judicial, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25, 53 y 122 y siguientes de la Carta Política. Así, pues, al gozar
el servidor público de esos derechos podrá contar con mayores garantías de desarrollo
personal y profesional, lo cual redundará necesariamente en una mejor y más
eficiente administración de justicia. Por lo demás, nótese que cada uno de los
numerales del artículo bajo examen guarda estrecha relación con el tema de este
proyecto de ley, incluyendo la protección y seguridad física del trabajador y
de sus familiares (Num. 8o), lo cual, si bien resulta aplicable a todos los
asociados, se incluye en este caso de manera especial, habida cuenta de la
naturaleza de las funciones y del mayor riesgo que en algunas ocasiones, ante
la realidad de las circunstancias que afronta nuestra sociedad, representa ser
miembro de la rama judicial.
El artículo será
declarado exequible.”[23]
Ahora bien,
no sobra señalar que la norma estudiada  precisa que atender la solicitud  de
traslado no deberá implicar condiciones menos favorables para el servidor que
lo solicita y que deberá mediar su consentimiento expreso.
En la medida
en que la norma no determina  la autoridad encargada  de  evaluar la solicitud
formulada por el  servidor interesado y de proponer a éste alternativas de
traslado, considera la Corte  que una lectura sistemática de las disposiciones
Constitucionales, así como de la Ley Estatutaria de administración de justicia,
lleva a la conclusión de que es a la Sala Administrativa de los Consejos
Superior  o Seccional de la Judicatura, según el caso, a la que corresponde
esta competencia. Sin embargo, debe aclararse como  se hizo en la sentencia
C-037 de 1996[24],
que ello se entiende sin perjuicio  de la competencia propia de  cada nominador
y en particular  de aquella reconocida a  la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional.
Es decir que como lo señala el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia
corresponde a la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la
Judicatura  emitir un concepto previo en relación con el cumplimiento de los
requisitos señalados por el numeral bajo examen, pero la decisión  de aceptar
el traslado o no corresponde al respectivo nominador.
Finalmente
debe aclararse que si bien el aparte final  del numeral 1° que se revisa[25]  hace referencia
solamente al “funcionario”,  debe entenderse, como se desprende lógicamente de
la lectura sistemática del conjunto del artículo, que la preceptiva legal se
aplica  igualmente al caso del “empleado judicial”.
En estos
términos el numeral primero bajo examen guarda plena armonía  con la
Constitución  y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.2.4. La modificación efectuada por el
artículo 1° del proyecto de ley bajo examen al  numeral  2° del artículo 134
de  la ley 270 de 1996.
La norma bajo
examen suprime la exigencia contenida en el primer inciso del numeral 2°  del
artículo 134 de la ley 270 de 1996[26],
de que exista fuerza mayor plenamente comprobada por la Sala Administrativa del
Consejo Superior o de los Consejos Seccionales de la Judicatura, para autorizar
los traslados recíprocos entre funcionarios o empleados  de diferentes sedes
territoriales.
Flexibiliza
así la disposición la posibilidad de realizar traslados recíprocos previa solicitud
escrita de los funcionarios o empleados interesados, manteniendo en todo caso
la  autorización previa  de la Sala Administrativa  del Consejo Superior o de
los Consejos Seccionales de la Judicatura.
La Corte  no
encuentra reparo constitucional  a esta disposición, toda vez que con ella, al
tiempo que se facilita un traslado en función de las situaciones particulares
de los servidores interesados, se asegura, a través de la autorización previa
que prevé la norma, el interés del servicio y la seriedad   de las solicitudes
presentadas.
Cabe precisar,
como lo recuerda el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en su
intervención, que en todo caso la autorización previa a que hace alusión la
disposición se entiende sin perjuicio  de la competencia propia de  cada
nominador y en particular  de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, La Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional (art. 256
C.P., y arts. 131 y 175 de la ley 270 de 1996).   En este sentido  la
autorización a que se refiere la norma debe entenderse como un simple estudio
administrativo  respecto de la situación del solicitante, sin que  esta  pueda
entenderse como una imposición  del candidato a nombrar  o del lugar  a donde
será trasladado, pues la decisión  final del traslado en todos los casos
corresponde al nominador.
En estos
términos, la Corte declarará la exequibilidad del inciso estudiado y así lo
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Ahora bien,
en relación  con el inciso segundo del numeral bajo examen  que reproduce sin
ningún cambio el inciso segundo del numeral 2° del artículo 134 de la ley 270
de 1996[27],
declarado constitucional en su integridad por la sentencia C-037 de 1996, la
Corte constata que ha operado el fenómeno de cosa juzgada material por lo que
en relación con él se estará a lo resuelto en dicha sentencia.
4.2.5. El análisis de
constitucionalidad  del  numeral 3°  adicionado al artículo 134 de  la ley 270
de 1996 por el artículo 1° objeto de examen.
De acuerdo
con este numeral 3° que se agrega por el proyecto de ley bajo examen al artículo
134  de la ley 270 de 1996, procederá igualmente el traslado  cuando lo
solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre vacante
en forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de
abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.
Tanto el
Presidente del Consejo Superior de la Judicatura como el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia  consideran que esta disposición debe ser declarada
inexequible por contrariar “la filosofía  del sistema de carrera judicial,
dispuesto  por la Constitución  Política  y la ley 270 de 1996” [28],  así como los
derechos a la igualdad,  al acceso  a la función pública, el  debido proceso  y
los principios  de lealtad y buena fe  en relación  con los aspirantes  que
cumplan las condiciones  exigidas en la ley para ocupar los cargos que serían
proveídos mediante la figura del traslado, que verían de esta manera  impedida
su posibilidad de acceder a ellos[29].
Por el contrario, los ciudadanos intervinientes abogan por la declaratoria de
exequibilidad del numeral 3,  en  función de “garantizar  un régimen más
abierto, igualitario y justo para quienes no pueden concursar  para el mismo
cargo en diferente sede territorial, pero que por los traslados, pueden mejorar
su condición  familiar, social y personal”[30].
La Corte debe
en consecuencia examinar el citado numeral 3° en relación con la regulación
existente en materia de carrera judicial, así como frente a la supuesta
violación de los principios invocados por los intervinientes y en particular el
principio de igualdad.
4.2.5.1 La disposición bajo examen y el
régimen de carrera judicial.
De acuerdo
con el artículo 156  de la ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de
justicia,  la carrera judicial se basa en el carácter
profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la
garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los
ciudadanos aptos para tal efecto, y en la consideración del mérito como
fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el
servicio.
Con base en dichos
objetivos, en la misma ley estatutaria se señalan  los principios generales que
regularán la carrera judicial y que orientan necesariamente el sentido de las
leyes ordinarias que se expidan para su desarrollo con base en las facultades
constitucionales contenidas en  los artículos 25, 53, 122, 125 y 228 de la
Carta Política.
Así, los
artículos 157 a 175 de la Ley 270 de 1996, se ocupan  de determinar el régimen
de administración de la carrera, su campo de aplicación,  el régimen de la
Fiscalía General de la Nación,  los requisitos para desempeñar cargos  en dicha
carrera, las etapas del proceso de selección, su programación, el concurso de
méritos, el registro de elegibles, las listas de candidatos para proveer
cargos, el procedimiento para  proceder a los nombramientos respectivos, la
evaluación de los servidores, las causales de retiro  de los mismos, así como
las competencias y atribuciones de los órganos encargados de la administración
de la carrera.
Dichos
artículos hacen parte del capítulo sexto de la ley estatutaria,  donde se
establece  el  régimen  general aplicable a los servidores de la rama judicial
y del cual se ocupan los artículos 125  a 155 de la Ley estatuaria.
Ahora bien,
para la Corte el análisis sistemático del numeral 3, que  la disposición
objeto de análisis de constitucionalidad  agrega al  artículo 134 de la ley 270
de 1996,   en relación con el conjunto de las normas contenidas en el capítulo
sexto anotado,  permite concluir que aquel  no  contradice el espíritu de las
disposiciones consagradas en dicha ley  en materia de carrera judicial, sino
que compagina con dichas normas  y ante todo con los mandatos constitucionales
en la materia (art 125 C.P.), independientemente de las modificaciones que su
introducción  pueda eventualmente generar en los textos reglamentarios  como se
verá más adelante.
Al respecto
son pertinentes las siguientes consideraciones.
- La ley estatutaria de administración de justicia
dispone  en el artículo 132[31]
que la provisión de  cargos en la rama judicial  se podrá hacer en propiedad
para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las
etapas del proceso de selección si el cargo es de carrera, o se trate de
traslado en los términos del artículo 134[32].
Es decir que la ley estatutaria ya
contemplaba  como una de las hipótesis para la provisión de cargos en
propiedad, incluidos los cargos de carrera,  la figura del traslado  regulada
en el artículo 134 de la ley 270 de 1996.
- La disposición que se analiza no implica el
desconocimiento de los derechos  a acceder a  la carrera judicial de quienes
participan en  los concursos de méritos  y  hacen parte del respectivo registro
de elegibles, por cuanto la figura del traslado  de un funcionario de carrera
introducida en el numeral 3 analizado, no implica  la desaparición de la
vacante  en términos absolutos.
Al respecto
es preciso aclarar que el traslado al que se está haciendo alusión es aquel que
procede ante la verificación de una vacante definitiva y no a los traslados
recíprocos cuyos requisitos son diferentes, precisión a la que se hace
referencia para resaltar que en la hipótesis bajo estudio la provisión del
cargo con el simple traslado de un funcionario de la rama judicial no elimina
la vacante sino que la hace subsistir en la plaza dejada por el funcionario que
obtiene dicho traslado.
Ahora bien,
debe la Corte señalar que en la ley estatutaria no se establece una limitante
absoluta en materia  de selección de sedes territoriales que obligue  a quien
haya superado las etapas respectivas del concurso de méritos  a quedar
supeditado a determinada sede territorial, lo que en caso de provisión mediante
traslado de cargo específico para el cual supuestamente habría concursado,
implicaría el desconocimiento de sus derechos, al no poder ser nombrado en la
sede para la cual concursó.
El parágrafo del  artículo 165  de la ley
270 de 1996 relativo al registro de elegibles  señala simplemente al respecto
que “En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en
cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés”.
Es decir que la limitante a que aluden los
intervinientes, si es que ella existe,   no provine de la ley estatutaria, sino
del reglamento respectivo, el cual necesariamente deberá ser adaptado  en
función del nuevo contenido dado por el Legislador al artículo 134 de la ley
270 de 1996, que en ninguna caso podría ser tomado en cuenta por esta
Corporación  para declarar la inexequibilidad de la norma.
- Los argumentos con base en los cuales  fue
inaplicado por esta Corporación  en la Sentencia T-396 de 1998,  el Acuerdo N°
106 del 21 de mayo de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura, que se
invocan en las intervenciones como  una muestra  de la inconstitucionalidad del
numeral bajo examen, ponen en evidencia más bien la posibilidad  que tiene el
Legislador  para encontrar mediante una reforma a la ley estatutaria de
administración de justicia, una solución ajustada a la Carta, al problema de
inflexibilidad en materia de traslados  que se intentó  resolver sin éxito,
mediante  el  referido Acuerdo, finalmente  anulado por el Consejo de Estado
en sentencia del 16  de marzo de 2000, con ponencia  del  Consejero Nicolás
Pájaro Peñaranda.
En efecto, en
esa ocasión se señaló por esta Corporación lo siguiente:
“Es un hecho que
no se discute que la demandante es funcionaria de carrera administrativa y
venía desempeñando el cargo de Juez Primero Civil Municipal de Anserma. Es
decir, que luego de haber superado el respectivo concurso fue designada en
dicho cargo; por lo tanto, habiéndose cumplido y agotado, en relación con la
actora, las etapas del proceso de selección para el ingreso de funcionarios a
los cargos de carrera judicial, en los términos de los arts. 160, 162, 164 y
165 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, no es procedente
lógica ni jurídicamente considerar, sin haberlo regulado así la referida ley,
que la demandante por el hecho de ser funcionaria de carrera hace parte de la
lista de elegibles. Es cierto que su nombre formó parte de la lista de
elegibles y que la provisión del cargo por ella ocupado, se produjo de la
respectiva lista de candidatos que oportunamente se envió a la autoridad
nominadora, pero producido el nombramiento y su confirmación (arts. 133, 166 y
167 Ley 270/96), indudablemente dejó de pertenecer a la lista de elegibles.
Las normas del
Acuerdo 106 de 1996 introducen una excepción a la normatividad contenida en la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia sobre la materia, pues regulan
una situación especial, como es la relativa a la permanencia en la lista de
elegibles de personas que ya han sido designadas en un cargo de carrera,
cuestión que es materia propia de la Ley Estatutaria y no del Consejo Superior
de la Judicatura que, aunque tiene facultades para “administrar la carrera
judicial” y expedir actos reglamentarios en esta materia, sólo puede ejercer
estas atribuciones de conformidad con la Constitución y la ley (arts. 256 C.P.,
157, 160, 162, parágrafo, 164, parágrafo primero, 165, 174, y normas
concordantes de la ley 270/96). No es admisible, por lo tanto, que se pueda
expedir un acto reglamentario no para desarrollar, ejecutar o hacer aplicables
los mandatos de dicha ley estatutaria, sino para regular materias sobre las
cuales ella misma no se ha ocupado.
Es la Ley
Estatutaria la que ha determinado en que condiciones se puede acceder, bajo el
sistema de carrera administrativa a un cargo como funcionario de la carrera
judicial, y en ella no se regula una situación como la prevista en el referido
Acuerdo.
En realidad, lo
que regula el Acuerdo 106/96 es una especie de traslado horizontal, diferente a
la modalidad de traslado reglamentada en el art. 134 de la Ley Estatutaria que
dice:
“TRASLADO. Se
produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que
ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el
cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial.
Nunca podrá haber traslado entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de
la Judicatura”.
“Procede en los
siguientes eventos:
1, Cuando lo
decida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por razones
de seguridad, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el
funcionario y que medie su  consentimiento expreso.”
“En este caso,
tendrá el carácter de obligatorio para los nominadores, de conformidad con el
reglamento que al efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura”.
“2. Los traslados
recíprocos entre funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales
sólo procederán, previa autorización de la Sala Administrativa de los Consejos
Superior o Seccional de la Judicatura, por razones de fuerza mayor que ésta
encontrare plenamente justificadas”.
“Cuando el
traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas
autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas”.
Por lo demás, el
art. 132-1 de la referida ley señala que la provisión de  empleos vacantes
definitivamente, se hace en propiedad luego de superadas todas las etapas del
proceso de selección, si el cargo es de carrera, o mediante el mecanismo del
traslado, en las condiciones previstas en la norma transcrita.
En síntesis,
conforme a las consideraciones precedentes, no puede predicarse que la
demandante formara parte de la lista de elegibles para el cargo mencionado, ni
mucho menos que le fuera aplicable la previsión legal relativa al traslado de
funcionarios y empleados en la Rama Judicial. Por lo tanto, no tenía derecho a
ser incluida como candidata en la mencionada lista, para proveer el cargo de
Juez Segundo Civil Municipal de Chinchiná, y en tales condiciones no es
procedente la tutela para proteger un presunto derecho a la igualdad, pues no
le ha sido desconocido.
Acorde con lo expuesto, se inaplicará para el caso
concreto el Acuerdo 106/96 del Consejo Superior de la Judicatura, por ser
manifiestamente inconstitucional. En consecuencia, se confirmará la sentencia
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado que revocó la dictada en primera instancia concediendo la tutela, y
se ordenará que las cosas vuelvan al estado que tenían en el momento en que se
instauró la demanda.”[33]
Como se dijo en la citada sentencia, resultaba  inadmisible que se
expidiera un acto reglamentario no para desarrollar, ejecutar o hacer
aplicables los mandatos de la ley estatutaria, sino para regular materias sobre
las cuales ella misma no se había ocupado, pues es a la Ley estatutaria a la
que corresponde determinar en  qué condiciones se puede acceder, bajo el
sistema de carrera administrativa a un cargo como funcionario de la carrera
judicial, y en ella no se  había regulado  una situación como la prevista en el
referido Acuerdo.
La especie de
traslado horizontal así creado, diferente a la modalidad de traslado
reglamentada en el art. 134 de la Ley 270 de 1996, no había sido regulada por
la ley estatutaria y mal podía el Consejo de la Judicatura pretender
establecerla  en estas circunstancias.
Ahora bien,
contrariamente a esa situación, la disposición  que ahora se examina entra a
hacer parte  de la ley estatutaria  de administración de justicia, norma que es
a la que corresponde,  como se ha visto, regular estas materias.
Cabe aclarar
que dicha disposición no reproduce el contenido del acuerdo anulado, sino que
opta  por una solución diferente, que con las precisiones que se hacen a
continuación, resulta perfectamente compatible con el contenido de los demás
artículos de la ley estatutaria y con los principios de la carrera judicial.
4.2.5.2  La disposición bajo examen y
los  principios de igualdad  y mérito en la carrera judicial.
Dentro de los
principios  de la carrera judicial,  la garantía de igualdad en las
posibilidades de acceso a la función  judicial para todos los ciudadanos al
efecto aptos, y la consideración del mérito como fundamento principal para el
ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio resultan indispensables.
Por ello considera la Corte necesario detenerse en el análisis de las posibles
implicaciones que en este campo pueda tener la norma bajo examen.
Como quedó
explicado,  la posibilidad de  llenar una vacante para un cargo de carrera
mediante el traslado  de un servidor público de carrera no implica la
imposibilidad  de que quienes concursen y hagan parte de la lista de elegibles
accedan  a la función judicial, pues estos podrán hacerlo en cualquiera de las
vacantes dejadas por quienes hayan sido beneficiados con el correspondiente
traslado.
Empero podría
señalarse, que quienes acceden por primera vez  a la carrera judicial estarían
en una situación  de inferioridad  en relación con quienes ya se encuentran en
ella, teniendo en cuenta que la apertura de las sedes  territoriales para la
escogencia por  los concursantes de los cargos vacantes  solo se  realizará una
vez resueltas las peticiones de traslado, con lo que muy seguramente  la sedes
mas solicitadas por razones geográficas,  sociales, económicas o de seguridad
serán siempre llenadas  a través de los traslados, resultando de esta manera
discriminados los nuevos aspirantes  a los que les corresponderá escoger
solamente entre las sedes mas alejadas y de menor interés.
Al respecto
cabe indicar que quienes participan en los concursos para acceder a la carrera
judicial  lo hacen en relación con un cargo y no con una sede territorial
específica, como se desprende del análisis de los artículos  164 y 165 de la
Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia[34].
Así mismo, la Corte llama la atención sobre
el hecho de que las situaciones y sujetos interesados en este caso no son
comparables, como quiera que es diferente la situación jurídica de quien
desempeña un cargo en la rama judicial y se encuentra ya  inscrito en la
carrera,  de la de  quien se encuentra concursando y tan solo tiene una
expectativa de acceder a ella. En ese orden de ideas, para la Corte el
Legislador  dentro del marco de su potestad de configuración bien puede otorgar
una prioridad en la selección de las plazas vacantes a quienes  ya se
encuentran inscritos en la carrera judicial.
Cabe precisar sin embargo que para no
contrariar el principio de igualdad (art. 13 C.P.) y el principio del mérito
que orienta la carrera judicial (art 125 C.P.)  debe ser este último principio
el que rija la aplicación de la norma que se introduce en la Ley Estatutaria y
que en consecuencia tanto la posibilidad de aceptar la solicitud del o los
interesados, como,  si es del caso, la  selección de la persona que pueda ser
trasladada,   deberá tomar en cuenta los méritos de cada uno tanto en relación
con  sus condiciones de ingreso a la carrera judicial, como en el desempeño de
su función.
En este sentido no escapa a la Corte  la
necesidad de hacer prevalecer el derecho a acceder a la carrera judicial de
quien en el concurso de méritos respectivo obtuvo, a título de ejemplo, un
puntaje total de 600, frente al derecho al traslado de un servidor judicial que
al momento de ingresar a la carrera obtuvo, igualmente a titulo de ejemplo, un
puntaje total de 300.
Así mismo,  ante varias  solicitudes de
traslado  para una misma vacante la Corte concluye que deberán  existir
elementos objetivos para la selección  del servidor que podrá ser beneficiado
con el traslado, basados en  las  condiciones de ingreso a la carrera judicial
y en los resultados de las evaluaciones en el desempeño  de la función de cada
uno  de los solicitantes, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley
Estatutaria.
Tomando en cuenta las anteriores
consideraciones la Corte declarará la exequibilidad del numeral 3° estudiado
pero condicionado a la existencia de factores objetivos[35] que  permitan la
escogencia del interesado con base en el mérito, que como se ha dicho
reiteradamente es  el elemento preponderante a tomar en cuenta en materia de
ingreso, estabilidad en el empleo, ascenso y retiro del servicio, tal como lo
dispone el artículo 125 de la Constitución.
4.2.6 El análisis de constitucionalidad
del  numeral 4°, adicionado por el artículo 1° objeto de examen, al artículo
134 de  la ley 270 de 1996.
De acuerdo con el numeral 4° que se agrega
por el proyecto de ley bajo examen al artículo 134  de la ley 270 de 1996,
procederá igualmente el traslado  cuando el interesado –funcionario o empleado
judicial- lo solicite y la petición esté soportada en un hecho que por razones
del servicio, o por cualquier otra causa, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura califique como aceptable.
4.2.6.1 El traslado por razones del
servicio.
Estima la
Corte que las razones del servicio, como causa para pedir y lograr un traslado
constituye motivo objetivo y, por tanto, puede y debe ser plenamente
demostrado, y en cuanto persigue que la administración de justicia se imparta
de manera continua, eficaz y eficiente, no riñe en forma alguna con los
preceptos constitucionales.
La
disposición,  por el contrario, busca desarrollar el artículo 123 de la
Constitución, según el cual los servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad, al tiempo que pretende garantizar el derecho de
acceder a la administración de justicia (artículo 229 C.P.)  y a que ésta
funcione en debida forma  asegurando a los servidores judiciales  condiciones
adecuadas para la prestación del servicio a su cargo.
No encuentra
por tanto reparos esta Corporación  para que dichas razones del servicio puedan
justificar una solicitud de traslado.
4.2.6.2 La indeterminación  de la
expresión “o por cualquier otra causa”.
Ahora bien,
como lo recuerda el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en su
intervención, “las causas que motivan un traslado, no solo deben estar
taxativamente  consagradas, sino que deben ser serias, contundentes y
plenamente  comprobadas para poder autorizarlo, pues de lo contrario cualquier
causa baladí, que para el Consejo sea ‘aceptable’, permitiría  el traslado en
desmedro de la carrera judicial  y la seriedad para la provisión de cargos en
la Rama”.
Para la
Corte, si bien en este campo resulta pertinente considerar la necesidad de
facilitar a los funcionarios el cumplimiento de su función, atendiendo las
circunstancias subjetivas que los puedan afectar,  no puede perderse de vista
que se debe garantizar ante todo el adecuado funcionamiento  del servicio
público de administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.), la primacía de
los intereses generales (art. 1 C.P.)  y la protección de los derechos de  los
funcionarios y empleados de carrera judicial (art 125 C.P.).
La expresión
“o por cualquier otra causa”, dada su imprecisión no solamente deja en manos
del Consejo Superior de la Judicatura  y no de Legislador la determinación de
las circunstancias en las cuales procede un traslado,  sino que no permite
asegurar  la prevalencia  del interés general, la continuidad del servicio, ni
la protección de los derechos de quienes  se han sometido al concurso de
méritos.
Por ello esta
Corporación  declarará la inexequibilidad de la expresión aludida y así lo
consignará en la parte resolutiva de esta Sentencia.
Ahora bien,
de acuerdo con el numeral 4° en análisis   corresponde a la Sala
Administrativa  del Consejo Superior de la Judicatura  calificar  la solicitud
efectuada  por el servidor interesado,  que como acaba de señalarse  no podrá
sustentarse en cualquier causa sino sólo en razones del servicio.
Dicha
calificación  deberá entenderse  como en los demás casos en  que se ha hecho
referencia a las competencias del Consejo Superior de la Judicatura en esta
Sentencia, sin perjuicio  de las que correspondan al respectivo nominador, y en
particular a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, La Fiscalía
General de la Nación y la Corte Constitucional. Es decir que la calificación  a
que se alude constituye un requisito necesario para el trámite de la respectiva
solicitud pero  no la decisión definitiva en relación con el traslado, la cual
corresponde al nominador.
En atención a
las anteriores consideraciones  la Corte declarará la exequibilidad del numeral
4° estudiado, en los términos señalados,  con excepción de la expresión  “o por
cualquier otra causa” que se  declarará inexequible.
4.3. El análisis de constitucionalidad
del artículo 2° del proyecto de ley estatutaria  N° 24 de 2000 Senado y  218 de
2001 Cámara.
4.3.1 El texto de la norma.
Artículo 2º. El
numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996 quedará así:
(...)
6. Ser trasladado, a
su solicitud, por cualquiera de la eventualidades consagradas en el artículo
134 de esta ley.
De acuerdo con esta disposición, además de
los que le corresponden como servidor público,  todo funcionario o empleado de
la rama Judicial  tiene derecho,  de acuerdo con las disposiciones legales  y
reglamentarias  a  ser trasladado, a solicitud suya, por cualquiera de la
eventualidades consagradas en el artículo 134 de esta ley.
La novedad de la disposición consiste en
señalar como derecho no solamente las hipótesis consagradas en el numeral 6 del
artículo 52 de la Ley 270 de 1996        - por motivos de seguridad y salud-,
sino todas las eventualidades establecidas en el reformado artículo 134 de la
ley, hipótesis que como se examinó en el aparte pertinente de esta sentencia
parten todas de la solicitud del interesado.
Para la Corte, esta circunstancia que
claramente amplía el derecho reconocido a los servidores judiciales en este
campo, no contraviene ninguna disposición constitucional.
Cabe precisar que el  derecho señalado para
todas las hipótesis establecidas en el referido artículo 134, no implica que
automáticamente se efectuará el  traslado solicitado por el funcionario o
empleado judicial, pues como se examinó al estudiar la constitucionalidad de
cada uno de los numerales de dicha norma, en ellos se establecen condiciones y
requisitos que deberán ser cumplidos por los interesados, así como la
competencia específica de la Sala Administrativa del Consejo Superior y de los
Consejos  Seccionales de la Judicatura,  como de los respectivos nominadores,
tanto para emitir los conceptos a que alude la norma, como para aceptar o no
las solicitudes de traslado presentadas.
4.4. La constitucionalidad  del artículo
3° del proyecto de ley estatutaria  N° 24 de 2000 Senado y  218 de 2001 Cámara.
Por último el
artículo  3°  del proyecto de ley estatutaria  bajo examen  de la Corte
señala  que la misma rige a partir de su promulgación, con lo que
simplemente  se está dando aplicación al principio de publicidad de las leyes
para que sean de obligatorio cumplimiento (art. 165 C.P.).  En consecuencia, se
declarará la exequibilidad de este artículo.
5. Decisión.
Tomando en cuenta  las anteriores
consideraciones esta Corporación declarará  la exequibilidad  de las
disposiciones sometidas a examen previo de constitucionalidad en este proceso
con excepción de  la expresión  “o por cualquier  otra causa”  contenida
en el numeral 4°  del artículo 1° estudiado.
Cabe precisar que  en relación con los
numerales  2°  y 4°  de dicho artículo 1°, la Corte condiciona la
exequibilidad  a que las competencias atribuidas en ellos a la Sala
Administrativa del Consejo Superior  o de los Consejos Seccionales de la
Judicatura  se entiendan sin perjuicio  de la competencia propia de  cada
nominador (art. 256 C.P., y arts. 131 y 175 de la ley 270 de 1996) y en
particular  de aquella reconocida a  la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional.
Ello implica que
la autorización y la calificación a que aluden dichos numerales como
competencia de la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la
Judicatura  debe entenderse como un simple estudio administrativo  respecto de
la situación del solicitante, y no  como una imposición  del candidato a
nombrar  o del lugar  a donde será trasladado, pues la decisión  final del
traslado en todos los casos corresponde al nominador.
Idéntica precisión
debe hacerse en relación con los numerales 1° y 3°, en los que si bien no se
menciona expresamente a la Sala Administrativa de los Consejos Superior  o
Seccional de la Judicatura, ha de entenderse que dicha Sala tiene competencia
para atender las solicitudes a los que ellos se refieren.
En relación con el numeral 3° la Corte
considera necesario condicionar igualmente su exequibilidad a la existencia de
factores objetivos  que permitan la escogencia del interesado con base en el
mérito  de acuerdo a los criterios expuestos en el aparte pertinente de esta
Sentencia.
Finalmente
debe aclararse que si bien el aparte final  del numeral 1° hace referencia
solamente al “funcionario”,  debe entenderse, como se desprende lógicamente de
la lectura sistemática del conjunto del artículo, que la preceptiva legal se
aplica  igualmente al caso del “empleado judicial”.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-  ESTAR A LO RESUELTO  en la sentencia  C-037 de 1996 en
relación con el primer inciso y con el numeral segundo inciso segundo, del
artículo 134 de la ley 270 de 1996, reproducidos por el artículo 1° del
proyecto de ley estatutaria No. 24 de 2000 Senado y No. 218 de 2001 Cámara “Por
la cual se modifican el artículo 134 y el numeral 6 del artículo 152 de la Ley
270 de 1996”.
Segundo.-  Declarar EXEQUIBLE bajo
las condiciones expuestas en la parte motiva de esta providencia los numerales 1°, 2°, y 4°  adicionados
al texto del articulo 134 de la Ley 270 de 1996 por el artículo 1° del proyecto
de ley estatutaria No. 24 de 2000 Senado y No. 218 de 2001 Cámara “Por la
cual se modifican el artículo 134 y el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270
de 1996”,  con excepción de la expresión “o por cualquier otra causa”,
contenida en el numeral 4°,  que se declara INEXEQUIBLE.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 3°  adicionado al texto del
articulo 134 de la Ley 270 de 1996 por el artículo 1° del proyecto de ley
estatutaria No. 24 de 2000 Senado y No. 218 de 2001 Cámara “Por la cual se
modifican el artículo 134 y el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de
1996”, bajo el entendido que deben existir factores objetivos que permitan
la escogencia del interesado con base en el mérito de acuerdo a los criterios
expuestos en la parte motiva  de esta Sentencia.
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° del proyecto de ley
estatutaria No. 24 de 2000 Senado y No. 218 de 2001 Cámara “Por la cual se
modifican el artículo 134 y el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de
1996.
Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 3° del proyecto de ley
estatutaria No. 24 de 2000 Senado y No. 218 de 2001 Cámara “Por la cual se
modifican el artículo 134 y el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de
1996.
Sexto.- Enviar copia de este fallo al Presidente del Senado
de la República, al Presidente de  la Cámara de Representantes y al Presidente
de la República, para los efectos pertinentes.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,  insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO
RENTERIA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
CLARA INES
VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H.
Magistrado doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, no firma la presente sentencia
por cuanto se encuentra en comisión en el exterior, la cual fue debidamente
autorizada por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]  En sustento de su
tesis, transcribe apartes de la Sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Expediente No. 14749 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda , mediante la cual
se declaró la nulidad del Acuerdo 106 de 1996 expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura; así como de la Sentencia T-396 de 1998 M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[2]
Artículo 204.- “Hasta tanto se expida una ley ordinaria que regule la
carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales
administrativas de los funcionarios y empleados judiciales...”.
[3]
Sobre el tema transcribe apartes de la sentencia C-114 de 1999 y C-037 de 1996.
[4] ARTICULO 204. Hasta tanto se
expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y establezca el régimen
para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados
judiciales, continuarán vigentes, en lo pertinente el Decreto Ley 052 de 1987 y
Decreto 1660 de 1978, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a la Constitución
Política y a la presente ley.
[5] Ver
Sentencia C-037/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa  en la introducción al numeral
3. de la sentencia  sobre “ Revisión del proyecto de ley No. 58 de 1994 Senado
y 264 de 1995 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, desde el
punto de vista material.” .
(...) conviene precisar que
en esta sentencia no se hará un nuevo pronunciamiento acerca de las
características, alcances y particularidades de las leyes estatutarias en
general y de las decisiones que al respecto adopte esta Corporación, por haber
estado esas consideraciones expuestas en la Sentencia No. C-011 del veintiuno
(21) de enero de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
No obstante, se estima
pertinente puntualizar que, para la Corte, una ley estatutaria encargada de
regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b) del
artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general
de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y
procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes
conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento.
De conformidad con lo
anterior, esta Corporación entiende que el legislador goza, en principio, de
la autonomía suficiente para definir cuáles aspectos del derecho deben hacer
parte de este tipo de leyes. Sin embargo, debe señalarse que esa
habilitación no incluye la facultad de consagrar asuntos o materias propias de
los códigos de procedimiento, responsabilidad esta que se debe asumir con base
en lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 150 superior, es decir, a través
de las leyes ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo
establecer una diferenciación clara y contundente respecto de las materias que
deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, pues, resulta claro que, al igual
que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los derechos
fundamentales (literal A del artículo 152), no todo aspecto que de una forma
u otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer
parte de una ley estatutaria. De ser ello así, entonces resultaría
nugatoria la atribución del numeral 2o del artículo 150 y, en consecuencia,
cualquier código que en la actualidad regule el ordenamiento jurídico, o
cualquier modificación que en la materia se realice, deberá someterse al
trámite previsto en el artículo 153 de la Carta.
[6]  En esa ocasión dijo la Corte en relación
con al artículo 134 de la ley 270 de 1996 lo siguiente:
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 157-2 de la Carta
Política, al Consejo Superior de la Judicatura -en particular a la Sala
Administrativa- le asiste la atribución de trasladar cargos en la
administración de justicia, con sujeción a los parámetros que defina el
legislador. La norma bajo examen se encarga de desarrollar este postulado y
determina como razones de traslado la seguridad del funcionario o del empleado
y los casos de fuerza mayor, cada uno de los cuales aparece plenamente
justificatorio de una medida de tal naturaleza, según los pormenores que para
cada evento analice la Sala Administrativa del Consejo Superior. En ese orden
de ideas, encuentra la Corte que la disposición tiene suficiente respaldo
constitucional, aunque se debe aclarar que la obligación de las entidades
nominadoras de acatar las decisiones que se adopten sobre traslados, no abarca
a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado y al fiscal general de la Nación, en razón del fuero
constitucional especial del que son titulares.
En estos términos la norma se declarará exequible.
Y en relación con el artículo  152 expresó:
“La constitucionalidad de la presente disposición, se
fundamenta en el hecho de que las prerrogativas allí establecidas tratan de
garantizar la estabilidad y la promoción laboral de los empleados y
funcionarios de la rama judicial, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25, 53 y 122 y siguientes de la Carta Política. Así, pues, al gozar
el servidor público de esos derechos podrá contar con mayores garantías de
desarrollo personal y profesional, lo cual redundará necesariamente en una
mejor y más eficiente administración de justicia. Por lo demás, nótese que cada
uno de los numerales del artículo bajo examen guarda estrecha relación con el
tema de este proyecto de ley, incluyendo la protección y seguridad física del
trabajador y de sus familiares (Num. 8o), lo cual, si bien resulta aplicable a
todos los asociados, se incluye en este caso de manera especial, habida cuenta
de la naturaleza de las funciones y del mayor riesgo que en algunas ocasiones,
ante la realidad de las circunstancias que afronta nuestra sociedad, representa
ser miembro de la rama judicial.
El artículo será declarado exequible.
[7]
Sentencia C-037/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[8]  Ver Sentencia C-011 de 1994 M.P. Alajandro Martínez
Caballero.
“ 1. El
control de una ley estatutaria es jurisdiccional. Según el artículo 113 de la
Constitución, en Colombia existe separación de funciones entre las diversas ramas
del poder público, las cuales colaboran armónicamente para la realización de
los fines del Estado. En virtud de dicha separación, el Congreso de la
República hace las leyes (art. 114 y 150) y la Corte Constitucional realiza
funciones judiciales (art. 116 y 241).
Si bien dicha separación de
funciones no impide que el Congreso ejerza ciertas funciones judiciales (art.
116 inciso 2°), es lo cierto que en ningún texto constitucional se autoriza a
la Corte Constitucional a legislar. Al no estar permitido esto último se colige
que está prohibido (arts. 241 y 6º).
Por tanto, si bien el control
de constitucionalidad de una ley estatutaria es en realidad un control sobre un
proyecto de ley, ello no implica que la Corte Constitucional sea colegisladora.
En otras palabras, la naturaleza jurídica del objeto estudiado no conlleva un
cambio en la naturaleza de la función judicial.
En efecto, le está prohibido
a la Corte estudiar la conveniencia u oportunidad del proyecto de una norma
jurídica. La Corte falla en derecho, a partir de una confrontación del texto
estudiado con la totalidad de la preceptiva superior.
Además la sentencia de la
Corte no tiene naturaleza legislativa sino que, como toda sentencia, tiene
fuerza de cosa juzgada constitucional (art. 243).
Cosa distinta es aceptar,
como se acepta aquí, que la formalización de una ley se realiza mediante un
proceso complejo.
Así las cosas, en la
expedición de una ley estatutaria intervienen las tres ramas del poder público
-legislativa, judicial y ejecutiva, en orden cronológico-, así como el
Ministerio Público -en el concepto de rigor de la revisión constitucional- y
los ciudadanos -pueden intervenir para impugnar o defender la norma-. Se
observa, pues, que sólo con la sanción presidencial el proyecto de ley estatutaria
se convierte en ley de la República. Durante el trámite de la ley intervienen
diferentes instituciones pero cada una realiza una función específica
-legislativa, judicial, de vigilancia, de participación política y ejecutiva,
también en orden cronológico-, pero no por ello se puede afirmar que todas
ellas son o se convierten en colegisladoras. No. Cada institución ejerce su
función.
2. El control de una ley
estatutaria es automático. Según el artículo 39 del Decreto 2067 de 1991, que
regula el procedimiento constitucional:
El Presidente del Congreso
enviará a la Corte Constitucional copia auténtica de los proyectos de leyes
estatutarias inmediatamente después de haber sido aprobados en segundo debate.
Si faltare a dicho deber, el Presidente de la Corte solicitará copia auténtica
del mismo a la secretaría de la Cámara donde se hubiere surtido el segundo
debate.
Se observa, pues, que el
conocimiento de una revisión constitucional de una ley estatutaria no requiere
para su inicio del estímulo de una demanda presentada por un ciudadano. Basta
la aprobación de un proyecto de ley estatutaria en segundo debate en el
Congreso de la República y automáticamente surge la competencia por parte de
esta Corporación.
3. El control de una ley
estatutaria es previo. Según el artículo 153 de la Carta, "dicho trámite
(del proyecto de ley estatutaria) comprenderá la revisión previa, por parte de
la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto". Se advierte
pues que el propio texto constitucional define con claridad el carácter previo
del control que nos ocupa.
4. El control de una ley
estatutaria es integral. Según el artículo 241 superior, "a la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución". Ello es apenas natural en un sistema jurídico jerárquico en
el que la Constitución es norma de normas, como bien lo afirma el artículo 4°
ídem. Por tanto es posible afirmar que la Corte revisa la constitucionalidad,
sólo la constitucionalidad pero toda la constitucionalidad de un proyecto de
ley estatutaria. Es más, el numeral 8° del propio artículo 241 afirma que el
control de constitucionalidad, de un proyecto de ley estatutaria se realiza
"tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su
formación".
5. El control de una ley
estatutaria es definitivo. Según el mismo numeral 8° del artículo 241, a la
Corte le corresponde "decidir definitivamente sobre la
constitucionalidad" de la norma objeto de esta sentencia. Los alcances de
esta expresión ameritan la siguiente reflexión:
Para la Corte Constitucional,
el carácter definitivo del control que nos ocupa implica que una vez expedida
una ley estatutaria, ésta no podrá ser demandada en el futuro por ningún
ciudadano.
Esta afirmación se explica en
los siguientes términos:
Los fallos que en ejercicio
del control constitucional profiera la Corte Constitucional son, como se anotó,
integrales. Por tanto, al momento de confrontar la norma revisada con la
preceptiva constitucional, la Corte analiza todos y cada uno de los artículos
del proyecto de ley estatutaria a la luz de todos y cada uno de los artículos
del estatuto superior. En este sentido, los artículos que la Corte encuentre
exequibles es porque son conformes con la totalidad del ordenamiento
constitucional. Los que encuentre inexequibles son retirados del ordenamiento
jurídico. Por tanto, una vez sancionado el proyecto y convertido en ley de la
República, éste goza ya de un juicio de constitucionalidad favorable,
constatado por medio de una sentencia.
No sobra agregar que en
sentencia de 9 de mayo de 1916 dijo la Corte Suprema de Justicia que, en
tratándose de las objeciones presidenciales a una ley, declarada la
exequibilidad, no podía después, por la vía de la acción demandarse la ley porque
desconocería la autoridad de cosa juzgada. En esa época no existía norma que
estableciera la cosa juzgada constitucional hoy expresamente consagrada en el
artículo 243 de la Constitución Política.
Ahora bien, las sentencias
que la Corte Constitucional profiera en ejercicio del control que nos ocupa,
"hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", según el artículo 243
antes citado.
En consecuencia, una ley
estatutaria no sólo goza de constitucionalidad integral desde el inicio de su
vigencia, sino que la sentencia que así lo constató goza de la fuerza de la
cosa juzgada constitucional.
Distinto sería, sin
embargo, observa la Corte, el caso en el que el presunto vicio de
inconstitucionalidad surja con posterioridad al control previo que ella
realizó, evento en el cual ciertamente procede el control de constitucionalidad
mediante acción ciudadana, de conformidad con el artículo 241 numeral 4° y 242
numeral 1°.
Por ejemplo, si al momento de
la sanción presidencial se viola la Constitución -si la ley es sancionada por
un  ministro u otro funcionario distinto del Presidente de la República-, el
vicio de constitucionalidad es sobreviniente al pronunciamiento -previo- de la
Corte y por tanto no ha sido objeto de sentencia alguna.
De conformidad con lo
anterior, la Corte Constitucional se separa del concepto del Procurador General
de la Nación, que estima que en todos los casos las leyes estatutarias son
demandables en el devenir por los ciudadanos.
6.
El control de una ley estatutaria es participativo. Según el artículo 153
inciso 2° y 242 numeral 1°, cualquier ciudadano podrá intervenir en este tipo
de procesos para defender o impugnar la exequibilidad del proyecto de ley
estatutaria. Por su parte el artículo 40 numeral 6° establece que es un derecho
político de los ciudadanos intervenir en este tipo de procesos.”
[9] De conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de
la Constitución, una legislatura está conformada por dos períodos de sesiones
ordinarias, que van  del  20 de julio al 16 de diciembre el primero, y del 16
de marzo al 20 de junio el segundo. En efecto, dicho texto constitucional reza
así: “ARTICULO 138. El Congreso, por derecho propio, se reunirá en
sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola
legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará
el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio.”
[10] En
la sentencia C-011 de 1994, la Corte estimó que el trámite legislativo de las
leyes estatutarias debía agotarse en una sola legislatura, como lo dispone el
artículo 153 de la Constitución, pero que la revisión previa de exequibilidad
de proyecto que debe adelantar la Corte Constitucional, no debía cumplirse
necesariamente dentro de ese mismo plazo, pues ello constituía una
interpretación absurda del canon constitucional mencionado. No puede entonces
admitirse que el "trámite" señalado por el artículo 153 incluya la
revisión por la Corte.
[11] De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley 5ª de 1992, el
quórum decisorio ordinario implica la presencia de la mayoría de los
integrantes de la respectiva corporación.
[12] Cf.
artículo 116 de la Ley 5ª de 1992
[13]
Sentencia C-179 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  Con  Salvamento de
Voto de los Magistrados  Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil.
[14] Ver
entre otras las Sentencias  C-055/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero,
C-037/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,  C- 662/2000 M.P. Fabio Morón Diaz,
C-646 y C-670/2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] Ver
Sentencia C-037/96 M.P. Vladirmiro Naranjo Mesa.
[16] Ver
Sentencia C-037/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[17] Ver Sentencia  C-353/94 M.P. Jorge Arango Mejía
[18]
Ver Sentencia  C-600A/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[19]
Idem
[20] “ARTICULO 134. TRASLADO: Se produce traslado cuando se
provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones
afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos,
aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslado entre las
dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Procede en los siguientes eventos:
[21] Ver
numeral tercero de la parte resolutiva de la citada sentencia.
[22] “1. Cuando lo decida la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura por razones de seguridad, siempre que ello no
implique condiciones menos favorables para el funcionario y que medie su
consentimiento expreso.
En este caso, tendrá el carácter de obligatorio para
los nominadores, de conformidad con el reglamento que al efecto expida la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.”
[23]
Sentencia C-037/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[24] La Corte en la Sentencia C.037 de 1996 condicionó en
efecto  la constitucionalidad  del artículo 134  en el sentido que  se debía
aclarar que “la obligación de las entidades nominadoras de acatar las decisiones
que se adopten sobre traslados, no abarca a los magistrados de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y al Fiscal
General de la Nación, en razón del fuero constitucional especial del que son
titulares”.
[25] “Cuando el interesado lo solicite por razones de salud
o seguridad, debidamente comprobadas, que le hagan imposible continuar en el
cargo o por estas mismas razones se encuentre afectado o afectada su cónyuge,
compañera o compañero permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de
consanguinidad o único civil, siempre que ello no implique condiciones menos
favorables para el funcionario y medie su consentimiento expreso”.
[26]
“2.Los traslados recíprocos entre funcionarios o
empleados de diferentes sedes territoriales solo procederán, previa
autorización de la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de
la Judicatura, por razones de fuerza mayor que ésta encontrare plenamente justificadas.
Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya
nominación corresponda a distintas autoridades, solo podrá llevarse a cabo
previo acuerdo entre éstas.”
[27]
“Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a
distintas autoridades, solo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas”.
[28] Ver
intervención del Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.  folio 380
del expediente.
[29] Ver
intervención del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Folio 373 del
expediente.
[30] Ver
intervención de los ciudadanos Carlos Fernando Madrid Arbelaez  y Gloria
Montoya Echeverri. Folio 149 del expediente.
[31] ARTICULO 132. FORMAS DE
PROVISION DE CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL. La provisión de cargos en la Rama
Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1.             En propiedad.
Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las
etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de
traslado en los términos del artículo siguiente.
2.             En
provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia
definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente
previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal,
cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.
Cuando el
cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador
solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la
Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de
candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo.
En caso de vacancia temporal en
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o
el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará
directamente por la respectiva Corporación.
3.             En encargo. El
nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en
encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario
o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al
nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad
con las normas respectivas.
PARAGRAFO: Cuando la autoridad
que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala
Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado
mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato.
[32] La
norma señala textualmente “en los términos del artículo siguiente” ,  es decir
en principio el artículo 133. Sin embargo en cuanto es  en realidad el artículo
134 el que se ocupa  del tema de los traslados  a que se refiere  la norma , ha
de entenderse que es a este artículo al que se refirió el legislador.
[33]
Sentencia T-396/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[34] ARTICULO 164. CONCURSO DE
MERITOS. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la
evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y
condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera
judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fija su
ubicación en el mismo.
Los concursos de méritos en la carrera judicial se
regirán por las siguientes normas básicas:
1.             Podrán participar en el concurso los
ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer,
reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y
empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos
requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la
que pertenecen.
2.             La convocatoria es norma obligatoria que
regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Cada dos años se
efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los Consejos
Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que,
según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.
3.             Las solicitudes de los aspirantes que no
reúnan las calidades señaladas en la convocatoria o que no acrediten el
cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán mediante
resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa.
4.             Todo concurso de méritos comprenderá dos
etapas sucesivas de selección y de clasificación.
La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de
los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles y
estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio,
señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
La etapa de clasificación tiene por objetivo establecer
el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible,
asignándosele a cada uno un lugar dentro del Registro para cada clase de cargo
y de especialidad.
PARAGRAFO PRIMERO. La Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los
procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes
correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera.
PARAGRAFO SEGUNDO. Las pruebas que se apliquen en los
concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la
documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter
reservado.
ARTICULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala
Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará
con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente Registro
de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama
Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los
siguientes principios:
La inscripción en el registro se hará en orden
descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de
selección determine el reglamento.
La inscripción individual en el registro tendrá una
vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año,
cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime
necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar.
Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de
empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la
incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
PARAGRAFO:
En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier
momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés.
[35] La
aplicación de factores objetivos se encuentra a la base de toda la
jurisprudencia constitucional en materia de carrera judicial. Al respecto ver
entre otras las Sentencias C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, SU-086 de
1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-451 de 2001 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.