T-945-09
Sentencia T-025/04
SENTENCIA T-945/09
(Diciembre 16; Bogotá DC)
CONCURSO DE MERITOS PARA PROVEER CARGOS DE DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES-Finalidad/
CONCURSO DE MERITOS PARA PROVEER CARGOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES-Marco
normativo
ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER GENERAL-Definición/ ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER
PARTICULAR-Definición
ACTO ADMINISTRATIVO DE TRAMITE O PREPARATORIOS-Definición/ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO-Definición
PUBLICACION DE RESULTADOS DEL CONCURSO DE MERITOS-Constituyen actos administrativos de trámite
Dentro
de las etapas del concurso de docentes, los actos previos a la conformación de
la lista de elegibles, entre los que se encuentra la publicación de los
resultados obtenidos en las pruebas, son verdaderos actos de trámite en tanto
que le dan impulso al proceso de selección, pero no definen la actuación.
LISTA DE ELEGIBLES-Constituye actos administrativos definitivos
En
cuanto a los actos definitivos que adopta la administración en los concursos de
mérito, se tiene la lista de
elegibles que se define como un instrumento que garantiza la transparencia del
proceso de selección, provee información sobre quiénes tienen derecho a ser
nombrados en los cargos para los cuales se hizo la convocatoria y sobre quiénes
tendrán en el futuro un derecho preferencial a ser nombrados en vacantes que
surjan durante los dos años de la vigencia de la lista. Solamente la
conformación de la lista de elegibles que debe adoptarse mediante acto
administrativo, define la situación jurídica de los participantes, puesto que
adquieren un derecho particular y concreto que les da la certeza de poder
acceder al cargo para el cual concursaron.
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia general
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO DE TRAMITE-Procedencia por cuanto no es susceptible de acción
contencioso administrativa
ACCION DE TUTELA CONTRA PUBLICACION DE RESULTADOS DE
CONCURSO DE MERITOS-Procedencia por
ineficacia de los otros medios de defensa judicial
En
los casos de la referencia en los que los actores cuestionan el acto de la
publicación de resultados de las pruebas practicadas con ocasión del concurso
de méritos de docentes y directivos docentes a nivel nacional, que constituyen
actos de trámite contra los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, por regla general, no
proceden los recursos por la vía gubernativa, ni tampoco las acciones
contencioso administrativas, los accionantes carecen, prima facie, de otros
medios de defensa judicial y, por tanto, de acciones eficaces para la
protección inmediata de los derechos fundamentales invocados por los
peticionarios en cada una de las acciones de tutela. Ahora bien, en gracia de
discusión, si se admitiese que contra el acto de publicación de resultados de
las pruebas es admitida por esa jurisdicción la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, difícilmente podría alegarse la eficacia del medio judicial para
lograr la protección de los derechos fundamentales, puesto que la prolongada
espera para la culminación de un proceso contencioso administrativo, que aún
cuando no siempre tal circunstancia desvirtúa un medio de defensa judicial
aplicable, en los casos bajo revisión es relevante puesto que no les garantiza
a los peticionarios el acceso inmediato al derecho fundamental de rango
constitucional a acceder a cargos públicos por vía de un concurso de mérito,
dado que con probabilidad a su terminación, ya los derechos en disputa se hayan
extinguido teniendo en cuenta que parte del debate de fondo sobre esos actos,
radica precisamente en la naturaleza de trámite o no de esos actos.
ICFES-Publicación
el 26 de marzo de 2007 y en forma independiente de los resultados del concurso
de méritos para corregir el error de los que se habían publicado el 7 de
febrero de 2007 en forma promediada
Los actores interpusieron las acciones de tutela
para solicitar que se ordene a las entidades demandadas dar validez a los
resultados publicados el 7 de febrero de 2007 en los que se presentó un solo
resultado y se estableció un promedio total, correspondiente a la sumatoria de
las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnica, en
contraposición de los resultados publicados el 26 de marzo de 2007, en los que
separó los puntajes obtenidos en las pruebas de aptitud y competencias básicas
del obtenido en la prueba psicotécnica, con lo cual no fueron convocados a las
etapas siguientes del concurso y por tanto excluidos del mismo. Para la Corte no resulta aceptable la primera de
las formas en que se presentaron los resultados, dado que ni en la convocatoria
ni en los Decretos 1278 de 2002 y 3982 de 2006 se encuentra contemplada
disposición alguna que permita promediar los puntajes obtenidos. resulta
irrazonado aceptar la validez de los resultados aprobatorios publicados por el
ICFES el 7 de febrero de 2007 como lo pretenden los demandantes, pues es claro,
desde la convocatoria y los decretos que la rigen, que al no superar el puntaje
mínimo en una de las pruebas, los concursantes no alcanzaron los puntajes
requeridos para ocupar las vacantes y por tanto, no resultan ser la mejor
opción para la provisión de los cargos, toda vez que han perdido el mérito para
ello y por tanto no se cumple la finalidad del concurso.
DERECHO DE PETICION EN CASO DE PRESENTARSE MULTIPLES
SOLICITUDES-Es posible omitir la
notificación individual y es válida la notificación global o general
En relación con el procedimiento utilizado por las
entidades para responder las peticiones individuales y las reclamaciones
relacionadas con los resultados de las pruebas, para lo cual se utilizó un
escrito general que se dirigió a todos los peticionarios, encuentra la Sala de
Revisión que tal proceder no sólo responde a la obligación de la administración
de adelantar sus tareas con eficiencia, economía y celeridad –de acuerdo con lo
establecido en el artículo 209 de la Constitución Política–, sino también es
posible la notificación global o general, por cuanto se adecua al cumplimiento
de los requisitos trazados por la jurisprudencia constitucional tratándose de
múltiples solicitudes sobre el mismo punto, formuladas con idénticos
argumentos. Es así como en sentencia T-466 de 2004[1], la Corte encontró que siendo la notificación de la
respuesta al interesado una exigencia inherente al núcleo esencial del derecho
de petición, cuando se presentan peticiones masivas, es perfectamente posible
omitir la notificación individual de manera excepcional y restringida, siempre
y cuando se garantice que los ciudadanos afectados tengan amplias posibilidades
de conocer la respuesta a sus peticiones.
PUBLICIDAD
DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ABARCAN UNA GRAN CANTIDAD DE DESTINATARIOS-Notificación se efectúa con la publicación de una
lista en un lugar público o, por medios electrónicos
Resulta
perfectamente razonable y proporcionado que el legislador, en uso de la
facultad de configuración legislativa, establezca un tipo de publicidad
diferente a la notificación personal, que no resulte altamente dispendiosa para
la administración pública, en especial, cuando se trata de actos
administrativos que abarcan una cantidad amplia de destinatarios o una
multitud, perfectamente determinada e individualizada, para lo cual opta por
realizar una forma de notificación que se entienda efectuada con la publicación
de una lista en un lugar público o por cualquier otro sistema de notificación
válido, como los medios electrónicos destinados al suministro u obtención de
información.
PUBLICIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER
PARTICULAR Y CONCRETO-Notificación
personal como principio general/PUBLICIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE
CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Notificación mediante la publicación de una
lista en un lugar público es la excepción a la regla de la notificación
personal
Referencia: expedientes
T-1711686 y acumulados.
Accionante: José
Nicolás Zapata Castrillón y otros.
Accionados: Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), Comisión Nacional
del Servicio Civil (CNSC) y otros.
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Jorge Pretel Chaljub y
Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente:
Mauricio González Cuervo.
I.
ANTECEDENTES.
1.   Demandas.
Bajo
el expediente T-1711686, mediante autos de fechas 4, 11 y 24 de octubre de 2007
proferidos por la Sala de Selección No.10[2],
y auto de marzo 7 de 2008 proferido por la Sala de Selección No.3[3],
que corresponde a la última acumulación, 162 expedientes adicionales fueron
anexados al expediente de la referencia para ser fallados en la misma sentencia
por encontrar que ellos guardan unidad de materia.
1.1.
Elementos de la demanda.
- Derechos vulnerados: igualdad, trabajo y debido
proceso y el principio de confianza legítima.
- Hecho que ocasiona la vulneración: haber sido
excluidos por el ICFES y la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- del
concurso de mérito para docentes y directivos docentes, a nivel nacional.
- Pretensión: se ordene a las entidades accionadas
dar validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitud y
competencias básicas que aprobaron, y se les cite a entrevista y valoración de
antecedentes.
1.2.
Fundamentos fácticos de las demandas[4].
Las
acciones de tutela bajo estudio interpuestas por los demandantes contra el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –en adelante ICFES–,
y la Comisión Nacional del Servicio Civil –en adelante CNSC–, se refieren a
problemas comunes relacionados principalmente con la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, al trabajo y al
principio constitucional de la confianza legítima de los accionantes, por haberles
sido modificado los resultados obtenidos en el concurso de mérito para docentes
y directivos docentes, que fueron publicados inicialmente en la página web de la
Institución, siendo por ese hecho además excluidos del concurso, cuando según
el ICFES la razón del cambio de resultados se sustentó en el deber de ajustarlos
a la normativa vigente.
La CNSC, mediante las convocatorias No.04 a 052 de
2006, fijó el calendario correspondiente y convocó a concurso de méritos a los
docentes y directivos docentes a nivel nacional, de conformidad con lo previsto
en el Decreto Ley 1278 de 2002 (Art.9°) normativa reglamentada por el Decreto 3982
de 2006, que en su artículo 5° estipuló que el ICFES debía diseñar, adoptar y
aplicar las pruebas para llevar a cabo la selección de docentes a nivel
nacional.
Los accionantes se inscribieron al concurso de
méritos con el propósito de optar por una plaza docente del servicio educativo
estatal en las entidades territoriales de Antioquia, Armenia, Atlántico, Barrancabermeja, Bello, Boyacá,
Bucaramanga, Caldas, Cali, Caquetá, Cartagena, Cesar, Córdoba, Cundinamarca,
Dosquebradas, Envigado, Florencia, Fusagasuga, Girardot, Girón, Guainía,
Guaviare, Huila, Ibagué, Itagüí, Guajira Lorica, Magangué, Magdalena, Maicao, Manizales,
Medellín, Meta, Montería, Neiva, Palmira, Pereira, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Soacha, Sogamoso, Sucre, Turbo, Valle del Cauca, Valledupar,
Vichada, Bolívar y Tulúa.
A partir de los parámetros previstos en el Decreto 3982 de
2006 (Art. 10), los accionantes presentaron el 14 de enero de 2007 de manera
conjunta las pruebas de aptitud verbal, matemática, competencia básicas y la
psicotécnica.
El ICFES realizó la publicación de la primera lista de
elegibles el 7 de febrero de 2007, en la que aparecen los peticionarios con
resultado APROBADO y días después de estudiar las reclamaciones
efectuadas en contra del mencionado acto administrativo, dictó la Resolución
No.000069 del 1° de marzo de 2007, en la que fijó el 20 de marzo del mismo año,
como fecha para dar respuesta conjunta a las peticiones elevadas por los
participantes del concurso.
Afirman los peticionarios que una vez el ICFES constató la
existencia de un error en los resultados al haber sido mal promediados,
profirió la Resolución No.089 de marzo 20 de 2007, por la cual dio por
terminada la actuación administrativa especial, ordenó publicar los nuevos
resultados del examen, y pidió a la CNSC ajustar el cronograma del concurso,
tarea esta última que fue realizada mediante Resolución N°088 de marzo 23 del mismo
año.
Indican los demandantes que el 26 de marzo de 2007, el
ICFES publicó la nueva lista de elegibles en la que separó el promedio de los
resultados obtenidos en las pruebas de aptitud y competencias de los obtenidos
en la prueba psicotécnica, desconociendo con ello, que lo obtenido en estas
pruebas se debía promediar conforme con lo estipulado en el Decreto Ley 1278 de
2002 y en el Decreto Reglamentario 3982 de 2006.
Por estas razones solicitan los actores que se ordene
a las entidades demandadas dar validez a los resultados favorables de las
pruebas de aptitudes y de competencias básicas inicialmente presentados y en
los que aprobaron la primera etapa del concurso de acuerdo a los puntajes
debidamente promediados y que en consecuencia se les cite a entrevista y
valoración de antecedentes y se suspenda, provisionalmente, las etapas
siguientes del concurso de méritos en las cuales participan mientras se fallan
las acciones de tutela.
1.3. Razones de derecho
La mayoría de los actores
sustentaron sus demandas en las siguientes consideraciones jurídicas:
Desconocimiento del derecho
fundamental a la igualdad por la modificación del procedimiento utilizado para
procesar los resultados obtenidos en las pruebas, con lo cual se dio un valor
superior a la prueba psicotécnica sobre las pruebas de aptitudes y competencias
básicas, respecto de los anteriores concursos que se han venido realizando
desde el año 2005, en donde la valoración se realizaba promediando todas las
pruebas de aptitudes, competencias y psicotécnica, ésta última tenida en cuenta
sólo hasta el momento de la entrevista.
Rechazan además el interés de las entidades accionadas de
dar supremacía normativa al Decreto Reglamentario 3982 de 2006 que dispuso que
los concursantes que hubieran obtenido resultados favorables en las pruebas de
aptitud y competencias y las psicotécnicas, podían ser convocados a entrevista
y valoración de antecedentes, frente a la metodología fijada por el Decreto Ley
1278 de 2002 que en el Art. 9°, establece que una vez los aspirantes aprueben la
etapa de aptitudes y competencias básicas, con un puntaje mínimo de 60 puntos
para aspirantes a cargos docentes y 70 puntos para aspirantes a directivos
docentes, serían convocados posteriormente para presentar la prueba
psicotécnica, entrevista y valoración de antecedentes. Con ello estiman
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y al trabajo
así como el principio de la confianza legítima, respeto a la jerarquía
normativa, a la legalidad y a los límites existentes dentro de la ley, porque
consideran que al concederle supremacía al Decreto 3982 de 2006 y desconocer
las reglas del Decreto Ley 1278 de 2002, se está avalando la violación del
debido proceso concursal de los participantes que estimaban que las
valoraciones y puntajes producto de las pruebas a realizar, (aptitud y
competencias básicas y la psicotécnica) se adelantarían conforme a lo previsto
en el Decreto Ley y no en una norma reglamentaria ilegítimamente modificatoria
de la primera.
Consideran también vulnerado su derecho al trabajo,
puesto que al haber sido excluidos del concurso como consecuencia de la
indebida aplicación del Decreto 3982 de 2006, no podrán ser promovidos o
nombrados en cargos públicos dentro de la carrera administrativa por el sistema
de méritos.
Por último, afirman que la conducta desplegada por las
entidades demandadas configura una vulneración del derecho al debido proceso
por cuanto: (i) no obstante haber presentado peticiones individuales para que
se aclare la situación particular de cada uno de ellos, éstas han sido
respondidas de manera colectiva, lacónica y evasiva sin resolver el fondo de
las cuestiones planteadas; (ii) en la convocatoria del concurso no se establece
la existencia de los recursos contra las decisiones que se tomen, los actos
contra los cuales proceden, los efectos en que se deben conceder, ni el
procedimiento que debe seguirse para resolverlos; y (iii) a la fecha de
presentación de la demanda de tutela no se les había notificado un acto
administrativo motivado mediante el cual se les informara que habían reprobado
el concurso.
4. Respuesta de las entidades accionadas.
4.1.
Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
Dentro del trámite de las
acciones de tutela, la CNSC mediante escritos de contenido similar, dio
respuesta en los siguientes términos:
En
primer lugar, afirma la Comisión que ella no ha desconocido derecho fundamental
alguno de los peticionarios, puesto que la segunda publicación de resultados de
las pruebas, se ajusta a las reglas de juego a las cuales se acogió cada
concursante al momento de efectuar la inscripción, y las cuales fueron
definidas en las convocatorias 04 a 052 de 2006, acorde con lo establecido en
el Decreto 3982 de 2006.
En
dichas convocatorias, específicamente se señaló en el capítulo de la evaluación
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3982 de 2006,
que: “La calificación mínima para superar las pruebas de aptitudes y Competencias
Básicas y Psicotécnica y por ende ser admitido a la valoración de antecedentes
y entrevista, es de sesenta puntos (60.00)  para docentes y setenta (70.00) puntos
para cargos directivos docentes”. Adicionalmente, se indicó que el carácter
de las pruebas es de orden eliminatorio e individual.
Sostiene
que es innegable que existió un error inicial por parte del ICFES al haber
presentado los resultados de las pruebas de manera unificada en la primera
publicación de resultados a la que aluden los accionantes, pero aduce que ello
no puede ser un criterio válido para que los participantes pretendan acogerse a
formulas de cálculo ajenas al concurso e insiste en el mantenimiento de un
error puramente formal so pena de la legalidad del resultado. Con apoyo en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, asevera que las autoridades públicas
están en el deber de enmendar este tipo de errores en el concurso de méritos,
en el entendido que no puede reinar la ilegalidad sobre el marco normativo y
legítimo del concurso y los derechos objetivos de los demás participantes.
La
segunda publicación de resultados, en su criterio, no es más que una aclaración
formal relacionada con la manera de presentarlos, pero no implicó ninguna
modificación de los puntajes obtenidos en cada prueba. Por el contrario, el
ajuste a las disposiciones pertinentes se efectuó para evitar la vulneración de
los principios de mérito y transparencia de las convocatorias y de los derechos
fundamentales de los demás aspirantes que sí cumplieron con el puntaje
requerido. Destaca que la calidad aprobatoria o no de las pruebas debe ser
estimada por el mismo concursante según lo dispuesto en la Convocatoria para
los puntajes mínimos aprobatorios.
En
el caso concreto de los demandantes, quienes obtuvieron más de 60.00 puntos en
la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas, pero menos de ese puntaje en la
Prueba Psicotécnica, se entiende que no podrán ser admitidos para la prueba de
Análisis de Antecedentes y de Entrevista, según lo dispuesto en la Convocatoria
y en el Decreto.
Aclara
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 3982 de 2006,
que estipula la obligación de publicar los resultados y el término para
efectuar las reclamaciones, es indiscutible que los concursantes gozan de
medios de defensa eficaces para atacar o controvertir las decisiones tomadas en
el curso de las convocatorias.
Estima,
además, que la acción de tutela es improcedente por cuanto controvierte un acto
de contenido general como lo es el Decreto 3982 de 2006 que se encuentra
vigente, su presunción no ha sido desvirtuada, es de obligatorio cumplimiento y,
por tanto, no es susceptible de inaplicarse. Igualmente, la vía tutelar no es
el medio de defensa correspondiente, por cuanto se pretende mediante este
mecanismo esquivar los medios judiciales ordinarios, suficientes y eficaces
previstos en la ley para atacar el acto que contiene el resultado
insatisfactorio, dentro de la cual pueden inclusive solicitar la suspensión
provisional de los actos administrativos. Tampoco se presenta la inminencia de
un perjuicio irremediable que pudiera evitarse con el ejercicio transitorio de
la acción de tutela.
Por
último, para fundamentar sus argumentos cita apartes de las sentencias
proferidas en casos similares por los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial de Cali y de Buga.
4.2.
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación –ICFES–
Mediante
escritos de contenido similar, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICFES
dio respuesta a las diferentes acciones de tutela presentadas para oponerse a
las pretensiones de los actores, al considerar que el amparo de los derechos
fundamentales alegados es improcedente por cuanto los peticionarios disponen de
otros medios de defensa judiciales para controvertir la legitimidad del
concurso. Para sustentar sus afirmaciones, expone los siguientes argumentos y
señala que el marco normativo del concurso dispuesto para las convocatorias 004
y 052 de 2006, está compuesto por el Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto 3982
de 2006, a diferencia de las que fundamentaron el concurso docente del año
2005, en el que se aplicaron las normas vigentes para ese momento, que eran
además del Decreto 1278 de 2002, los Decretos 3238 y 4235 de 2004 y 3333 de
2005. De esta forma, el ICFES efectuó las siguientes precisiones.
En
primer lugar, señaló que la entidad que representa no ha vulnerado el derecho
al trabajo de los demandantes, puesto que cada una de las actuaciones que se
surten en las etapas del concurso, solamente dan impulso para adoptar la
decisión final y no constituyen en sí misma actos definitivos. Así, entonces,
durante las etapas los participantes sólo tienen una expectativa de pasar el
concurso y sólo adquieren un derecho cuando se expide el acto administrativo
que define la situación jurídica de cada uno de ellos. Por eso, el hecho de
adquirir la condición de participante no le otorga a los accionantes el derecho
a acceder a un cargo público vacante, pues debe superar todas las etapas y las
pruebas con los puntajes requeridos, para entrar finalmente a conformar la
lista de elegibles que es la que permite acceder al cargo respectivo.
En
segundo lugar, afirma la entidad, que no se cambiaron las reglas del concurso
establecidas mediante Decreto 3982 de 2006, que señala dos tipos de pruebas
cuya evaluación persigue objetivos diferentes y por tanto el resultado de cada
una de ellas debe presentarse por separado y no como un solo resultado
correspondiente al promedio total entre las pruebas de aptitud numérica,
verbal, competencias básicas y psicotécnicas. Por lo tanto, teniendo en cuenta
que una vez publicados los resultados el ICFES estableció que la forma en que
habían sido presentados se apartaba del procedimiento señalado en el decreto y
en las convocatorias que rigen el concurso, decidió a partir del 8 de febrero
de 2007 dejar por fuera de servicio el módulo de resultados en la página Web y
el 26 de marzo de 2007 los publicó nuevamente, observando los criterios según
los cuales se exige presentar separadamente los puntajes de las pruebas de
aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas. Por esta razón, lo que se
pretendió fue ajustar las reglas y los resultados al procedimiento reseñado y
no desconocerlas en su conjunto, como afirman los accionantes.
Tampoco
se desatendió la reclamación formulada por los demandantes al no haber recibido
notificación personal, puesto que el procedimiento utilizado por la entidad se
ajusta a las exigencias trazadas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[5],
según la cual, ante el alto número de reclamaciones, es aceptable que la
administración responda con un escrito general a todos los peticionarios,
atendiendo los principios de eficiencia, economía y celeridad estipulados en el
artículo 209 del ordenamiento superior.
Es
así como para atender el alto número de reclamaciones sobre los resultados
publicados el 7 de febrero de 2007, por medio de una actuación administrativa
especial ordenada en la Resolución 069 del 1° de marzo de 2007, se señaló el 20
de marzo de 2007 como fecha para responderlas de manera conjunta y definitiva.
En esa oportunidad, mediante Resolución 00089 del 20 de marzo de 2007 el ICFES
dio por concluida la actuación que incluyó la revisión de los resultados, no sólo
de los peticionarios, sino de la totalidad de participantes; dispuso una nueva
publicación y dejó sin efectos la publicación efectuada el 7 de febrero de
2007. Por tal razón, la CNSC, mediante la Resolución 088 del 23 de marzo de
2007, modificó el cronograma de las convocatorias y fijó para el 26 de marzo de
2007 la publicación definitiva de los resultados.
Efectuada
la nueva publicación, el ICFES recibió las reclamaciones que fueron atendidas
el 16 de abril de 2007, al finalizar la actuación administrativa especial
ordenada mediante la Resolución 105 del 4 de abril del mismo año.
En
su parecer, las resoluciones 069 ,089 y 105 del 1°, 20 de marzo y 4 de abril de
2007 respectivamente, fueron actos de mero trámite expedidos para atender de
manera conjunta las reclamaciones, para impulsar la realización de las etapas
subsiguientes del concurso y garantizar la culminación del mismo, mas no para
modificar las reglas establecidas en la convocatoria y la ley, y que la entidad
ha respetado. Por ello no es viable suspender las siguientes etapas del
concurso, por cuanto no se demostró un perjuicio irremediable y éstas deben ser
atendidas dentro de los términos fijados por la CNSC en los cronogramas
establecidos.
En
tercer lugar, manifiesta el ICFES que no varió los puntajes obtenidos por los
participantes, sino que ajustó la presentación de los resultados a las
exigencias de la Ley. Por tanto, no es cierto que hubiese modificado el método
de evaluación, toda vez que el mismo se ajustó a lo señalado en el artículo 10
del Decreto 3892 de 2006. Explica que de conformidad con lo regulado por ese
Decreto y en las convocatorias 004 a 052 de 2006, la ponderación de las pruebas
se efectuó de la siguientes forma: (i) la prueba de aptitudes y competencias
básicas tiene por objeto establecer niveles de dominio sobre los saberes
profesionales básicos como también las concepciones del aspirante frente al
conocimiento disciplinar y frente a sus funciones; es de carácter eliminatorio
y requiere 60 puntos para docentes y 70 puntos para directivos docentes como
calificación mínima para pasar a la siguiente prueba y adicionalmente tiene un
valor del 50% dentro del concurso; (ii) la prueba psicotécnica, por su parte,
valora las aptitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de
los aspirantes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de
gestión institucional; tiene carácter eliminatorio; requiere el mismo puntaje
para pasar a la siguiente etapa y tiene un valor del 20% dentro del concurso; y
(iii) la prueba de análisis de antecedentes y la entrevista tienen carácter
clasificatorio y tienen un valor del 20% y de 10% respectivamente dentro del
concurso.
El
ajuste entre una y otra publicación recayó precisamente en la presentación de
los resultados, separando el de la prueba de aptitudes y competencias básicas, del
resultado de la prueba psicotécnica y, en consecuencia, la aprobación o no de
la prueba debe deducirse del puntaje obtenido en cada una de ellas.
En
cuarto lugar, sostiene el ICFES que se dio aplicación a lo dispuesto en el
Decreto 3982 de 2006 por tratarse de una norma vigente, especial, que goza de
la presunción de legalidad, de imperioso cumplimiento, y que no transgrede los
lineamientos establecidos en el Decreto Ley 1278 de 2002, cuyas variaciones
introducidas con relación a las etapas del concurso y a la aplicación conjunta
de las pruebas, se enmarcan en el contexto de las facultades reglamentarias. El
Decreto no varió, suprimió o modificó los aspectos a evaluar; simplemente
consideró que si debían aplicarse dos pruebas escritas, resultaba más
conveniente aplicarlas en la misma oportunidad, separando los puntajes
obtenidos en cada una de ellas. Así, entonces, lo que se varió fue la forma de
presentar los puntajes, actuación ésta que no constituye una trasgresión del
ordenamiento legal ni la vulneración de los derechos de los participantes,
quienes aceptaron las reglas de concurso.
Por
último, con apoyo en algunos fallos proferidos por diferentes despachos
judiciales en los que se debatieron los mismos aspectos materia de esta acción,
estima el ICFES que el mecanismo constitucional que aquí se presenta resulta
improcedente, por cuanto no es competencia del juez de tutela declarar la
nulidad de los actos administrativos o decretar la suspensión provisional de
los mismos.
5. Hechos y medios de prueba relevantes.
No obstante que se trata de más de 200 docentes
involucrados en las acciones de tutela de la referencia, la Sala resalta los
siguientes medios de prueba relevantes presentados por las partes, que resultan
comunes a los casos objeto de revisión:
- Convocatorias
004 a 052 a concurso público de mérito para el cual participaron los actores, en
las que se señaló la Ley 115 de 1994, el Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto
Reglamentario 3982 de 2006 como normas rectoras del concurso de méritos.
También se fijaron las bases en relación con los principios orientadores; la
forma de divulgarla; el valor de los derechos de participación; las etapas,
fechas y lugares para efectuar la inscripción; las distintas pruebas que se
aplicarían,  valor en el concurso, sitio de realización; las etapas de
publicación de resultados y la atención de reclamaciones; las etapas de
valoración de antecedentes y entrevista; el carácter y ponderación de las
pruebas; la calificación mínima para superar las pruebas; publicación de
resultados de las pruebas y reclamaciones; conformación de la lista de elegibles
y lo relacionado con el período de prueba.
- Informe de resultados de las pruebas publicados el 7 de
enero de 2008 de manera promediada, en la que aparecen aprobados los actores
para continuar en la siguiente etapa.
- Informe de resultados de las pruebas publicados el 26 de
marzo de manera separada, en el que se distingue las pruebas de aptitudes y
competencias básicas de la prueba psicotécnica.
- Copia de la Resolución 069 del 1° de marzo de 2007 proferida
por el Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, mediante la cual se ordenó adelantar una actuación
administrativa especial para dar respuesta conjunta a las más de 4.000
peticiones de revisión de resultados, presentadas por los concursantes una vez
efectuada la publicación de los resultados el 7 de febrero de 2007 por parte
del ICFES. En el mismo acto administrativo, se señaló como fecha para la
respuesta el 20 de marzo de 2007.
- Copia de la Resolución 089 del 20 de marzo de 2007 proferida
por el Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, por medio de la cual el ICFES dio por terminada la
actuación administrativa especial ordenada en virtud de la Resolución 069 del
1° de marzo de 2007, solicitó a la CNSC el ajuste de los cronogramas del
concurso, dejó sin efecto la publicación de resultados efectuada el 7 de
febrero de 2007 y ordenó una nueva publicación.
- Copia de la Resolución No.088 del 23 de marzo de 2007,
proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, “Por medio de la cual se
modifica el cronograma establecido en las convocatorias No.04 a 052 para la
provisión de empleos de docentes y directivos docentes”. En este acto
administrativo, además de ordenar la modificación del cronograma de las
convocatorias, fijó para el 26 de marzo de 2007, la etapa de publicación de los
resultados y del 27 de marzo al 2 de abril de 2007, para llevar a cabo la etapa
de atención de reclamaciones.
- Copia de la Resolución No.105 del 4 de abril de 2007,
proferida por el Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, “Por la cual se ordena adelantar una actuación
administrativa especial para atender peticiones masivas relacionadas con la
publicación de resultados realizada el 26 de marzo de 2007, correspondiente a
los resultados de las pruebas aplicadas por el ICFES, el 14 de enero de 2007,
en desarrollo de las convocatorias 004 a 052 de la CNSC para proveer cargos
Docentes y Directivos Docentes estatales”. En este acto administrativo, se
señaló para el 16 de abril la fecha en que la entidad daría respuesta conjunta
a más de 3.000 reclamaciones presentadas por los participantes con ocasión de
la segunda publicación de resultados.
- Comunicado emitido por el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, publicado en el Diario Oficial, edición 46.604
del 19 de abril de 2007, para dar respuesta conjunta a las numerosas
reclamaciones, recursos, derechos de petición y escritos con el mismo contenido
interpuestas con ocasión de la publicación de resultados efectuada el 26 de
marzo de 2007 en desarrollo del concurso docentes y directivos docentes.
6. Fallos de tutela e impugnación
6.1. Fallos de primera instancia:
6.1.1. A continuación se resume de manera general
el sentido de las decisiones que se revisan en los procesos de tutela que son
propios de esta sentencia.
La mayoría de los jueces de instancia concedieron las
tutelas presentadas, ordenando a las accionadas proferir el acto administrativo
correspondiente que le dé validez al acto administrativo mediante el cual el
ICFES le comunicó a los accionantes el resultado aprobatorio de las pruebas,
permitiéndoles continuar participando en el concurso[6].
También se dispuso la revocatoria de los actos administrativos de publicación
de resultados, para que en su lugar se valide la prueba de competencias, y se
realice la prueba psicotécnica en conjunto con la entrevista, de acuerdo con su
interpretación del Decreto Ley 1278 de 2002[7].
Las razones invocadas para el efecto fueron las siguientes:[8]
- En
estos casos se estimó la procedencia del mecanismo constitucional, pues a pesar
de existir otros medios de defensa judicial, como son la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa y
la consecuente suspensión de la ejecución del acto, su efectividad a juicio de
los falladores, está muy lejos de asegurar la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes en la misma forma que la acción de tutela.
- En
el mismo sentido, se constató la vulneración del principio de confianza
legitima, no sólo en el Decreto 3982 de 2006 que reglamentaba el concurso, sino
también en los actos administrativos emitidos por las entidades accionadas,
siendo legítimo que los participantes de la convocatoria confiaran en que las
reglas y derechos derivados de ellas estaban jurídica y sólidamente amparados y
que no iban a ser modificados de forma unilateral.
- Destacaron que el derecho al trabajo invocado por los
actores, no podía ser objeto de amparo porque no es un derecho fundamental,
menos aún, cuando los accionantes sólo tenían una expectativa frente al acceso
a la carrera.
- Verificaron
además la vulneración del derecho al debido proceso de los accionantes ya que las
etapas del concurso, delineadas en el Decreto Ley 1278 de 2002 no podían ser
alteradas o modificadas por el Decreto Reglamentario, por ser la norma superior
que rige el proceso del concurso. Señalaron que no hay lugar a duda en cuanto a
que el Decreto Ley, establece las etapas del concurso y determina que las
personas que superen la prueba de aptitudes y competencias básicas harían parte
del listado de elegibles, siendo estas pruebas las únicas eliminatorias en el
procedimiento. Por ende, el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, no debía ni
podía modificar la estructura del proceso, ya que no era posible que
contrariara la norma que debía reglamentar.
Así,
consideran que precisamente lo que pretendió hacer el Decreto enunciado fue
modificar la estructura del proceso de selección, ordenando la práctica de la
prueba psicotécnica a todos los aspirantes cuando ello no estaba previsto. Estiman
que ese Decreto no determinó el carácter eliminatorio de esa prueba, debiendo
mantenerse la interpretación según la cual la única prueba eliminatoria del
proceso debía ser la de aptitudes y competencias, de acuerdo con el num. 4 del
Art. 9 del Decreto-Ley 1278 de 2002.
De
otro lado, se analizó el efecto del acto administrativo inicial en el cual se
le informó a los accionantes su clasificación, determinando que la entidad
accionada no podía remover del mundo jurídico un acto administrativo que creaba
situaciones concretas y subjetivas por su simple voluntad, soslayando cualquier
posibilidad de contradicción y de recursos por parte del ciudadano afectado con
la decisión. Así, es claro que se ha violado el derecho fundamental al debido
proceso administrativo, de modo que el segundo acto administrativo que también
se le notifica al ciudadano en el que las accionadas dan a conocer un nuevo
resultado carece de valor.
Por
tanto, se concluyó en estos casos que la actuación del ICFES fue desacertada
porque en lugar de realizar una aplicación armónica tanto del Decreto 3982 de
2006 como del Decreto-Ley 1278 de 2002, decidió arbitrariamente, determinar que
eran dos las pruebas eliminatorias dentro del concurso: de un lado, las de
aptitud y competencias básicas y, de otro, la psicotécnica, cuando las únicas
pruebas eliminatorias según el Decreto Ley eran las de aptitudes y competencias
básicas. Así, se dijo, los accionantes tienen derecho a ser incluidos en la
lista de elegibles pues la prueba psicotécnica tiene un carácter calificatorio
más no eliminatorio.
Finalmente, concluyen que las accionadas no contaron
desde un principio con la infraestructura necesaria para atender de fondo cada
una de las reclamaciones y para cumplir con el deber de garantizar que los
derechos constitucionales de los aspirantes fueran respetados a cabalidad. Por
tanto, señalaron que no podía darse validez al argumento según el cual las
entidades se vieron superadas por las circunstancias del caso, pues éstas han
debido prever la magnitud de la situación y no trasladar la falta de previsión
al ciudadano concursante.
6.1.2. Ahora
bien, en 16 de los expedientes revisados por esta Sala[9],
los jueces de instancia negaron la acción de tutela por alguna de las siguientes
razones:
- El accionante cuenta con los medios ordinarios
judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para demandar
las normas reguladoras del proceso de selección de docentes y directivos
docentes estatales; normas que además gozan de presunción de legalidad y
respecto de las cuales puede solicitar la medida cautelar de suspensión
provisional.
- No
se está frente a un perjuicio inminente ni irremediable que sea necesario conjurar
con la acción de tutela.
- En el caso concreto, se verificó que ni en la primera ni
en la segunda publicación de los resultados, los accionantes habían obtenido
más de 60 puntos de calificación. El puntaje alcanzado por los actores era más
bajo que el promedio exigido para hacer parte de la lista de elegibles.
- Los
accionantes cuentan sólo con una expectativa de obtener uno de los cargos
docentes vacantes que salieron a concurso, sin que se les hubiera garantizado
el acceso a ninguno de los ofertados, por lo que no se les vulneraron ninguno
de los derechos invocados.
- La
forma de interpretar las normas que rigen el concurso, no se ubica dentro del
concepto de debido proceso, sino dentro de aspectos de ilegalidad de la
actuación administrativa  por indebida interpretación de la norma, lo cual debe
ser discutido  en un proceso contencioso administrativo.
- Para
concluir, señalan los juzgadores de instancia, que la exclusión de los actores
del concurso por no haber pasado las pruebas de aptitudes y competencias
básicas, no conlleva la vulneración de sus derechos fundamentales, pues no
cumplen ni siquiera los requisitos mínimos exigibles en el concurso para
continuar en el trámite correspondiente.
6.2. Impugnación
Inconformes con las decisiones
en que las tutelas fueron concedidas, en la mayoría de los casos el ICFES y en
algunos de ellos la CNSC, impugnaron los fallos de primera instancia, reiterando
los argumentos expuestos en las respuestas dadas a las acciones de tutela.
Adicionalmente, plantearon la nulidad por haber desconocido las reglas
establecidas para la notificación y comunicación de las providencias, puesto
que no se utilizaron los medios más expeditos para su realización,
desconociendo que se trataba de entidades cuya única sede es la ciudad de
Bogotá D.C..
Por tal motivo, los términos
para contestar las tutelas empezaron a correr a partir de la notificación de la
primera entidad y no del envío de las comunicaciones de ley a las entidades. En
todos los casos la solicitud de nulidad fue rechazada y en la mayoría de los
casos las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por extemporáneas.
6.3. Fallos de segunda
instancia.
6.3.1. En varios casos[10]
las sentencias de primera instancia fueron revocadas por el Consejo de Estado con
sustento en alguna de las siguientes razones:
- Los
actores cuentan con otro mecanismo de defensa judicial de mayor idoneidad para
proteger los derechos supuestamente vulnerados, como es el de recurrir a la
jurisdicción contenciosa administrativa e interponer una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitando la medida cautelar de suspensión
provisional, puesto que el juez administrativo es el juez natural del asunto y
quien puede desvirtuar la legalidad y constitucionalidad de los actos atacados,
los que en todo caso, no son objeto de reclamación por vía de tutela.
- Con
base en los nuevos resultados publicados por el ICFES, los accionantes
involucrados no superaron la calificación mínima establecida en las normas
regulatorias del concurso y en consecuencia no podían seguir a la etapa
siguiente del concurso, toda vez que en esta oportunidad las accionadas
calificaron por separado la prueba psicotécnica y la de aptitudes y
competencias básicas, que son eliminatorias.
- No
se advirtió vulneración del derecho fundamental al debido proceso o del
principio de confianza legítima, habida cuenta que el ICFES estaba obligado a
corregir unas operaciones aritméticas no autorizadas en los mencionados
decretos, en cumplimiento del deber establecido en el artículo 6° de la
Constitución Política, según el cual todos los servidores públicos son responsables
“por omision o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
6.3.2. En el expediente T-1.722.583[11],
el Consejo de Estado confirmó las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en primera instancia, al considerar que las entidades
vinculadas vulneraron el derecho al debido proceso de los accionantes por no
haber previsto la forma de atacar los actos administrativos proferidos al
interior del concurso. Por tal razón, modificó la forma de cumplimiento del
amparo, para lo cual ordenó al ICFES proferir de nuevo el acto administrativo
en el que se determine si la persona aprobó o reprobó el concurso, pero precisando
los recursos procedentes, de manera que sea viable para los accionantes
atacarlos, si así lo desean, a través de los mecanismos ordinarios propios de
la jurisdicción contencioso administrativa.
6.3.3. En los expedientes T-1.716.252, T-1.722.567, y
T-1.734.130, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, revocó
la decisión de primera instancia y declaró la cesación del procedimiento por
carencia de objeto, toda vez que la situación que generó la vulneración de los
derechos había sido corregida por el ICFES al haber expedido las resoluciones
en las que se daba validez a los resultados aprobatorios publicados el 7 de
febrero de 2007.
6.3.4. En el expediente T-1.828.345 la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Sentencia proferida
el 11 de diciembre de 2007: (i) revocó las providencias proferidas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y negó el amparo a los accionantes[12]
(ii) confirmó las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, mediante las cuales se les negó el amparo a los accionantes[13];
y (iii) confirmó la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, mediante la cual se le negó el amparo al accionante[14].
7. Pruebas solicitadas en
sede de revisión.
7.1. Mediante auto del
3 de marzo de 2008, la Sala Quinta de Revisión de Tutela de la Corte
Constitucional ordenó oficiar a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC –
para que allegara al proceso de tutela de la referencia, copia de las
convocatorias No.004 a 052 realizadas por esa entidad, en las que fijó el
calendario académico y convocó a concurso de méritos de docentes y directivos
docentes. También solicitó a dicha entidad que informara: (i) la manera como se
efectuó la divulgación de los actos administrativos que convocaron a concurso
de méritos de personal docentes y directivos docentes; (ii) la norma jurídica
aplicada, entre el Decreto 1278 de 2002 y el Decreto Reglamentario 3982 de
2006, para elaborar la convocatoria del concurso de méritos de personal docente
y directivos docentes; y (iii) el estado del proceso del concurso docente y
directivos docentes etnoeducadores afrocolombianos, particularmente, la
investigación relacionada con ese concurso en el departamento de Sucre; y (iv) el
criterio que predominó para resolver, en caso de existir, antinomias entre el
Decreto 1278 de 2002 y el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, en la elaboración
de los actos administrativos que efectuaron la convocatoria.
7.2. De la  misma forma
se ordenó oficiar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior –ICFES–, para que enviara copia de los actos administrativos: (i) del
7 de febrero de 2007, mediante el cual se efectuó la primera publicación de los
resultados de la página web, de las pruebas escritas de aptitud verbal,
matemática, competencias básicas y psicotécnicas, presentadas por los
aspirantes al concurso de docentes y directivos docentes, para proveer las
vacantes en el departamento de Antioquia; (ii) del 26 de marzo de 2007, por
medio del cual efectuó la segunda publicación de los nuevos resultados; y (iii)
el acto por medio del cual dio respuesta a las peticiones y/o reclamaciones
presentadas por los participantes al concurso de mérito de docentes y
directivos docentes, con ocasión de la publicación de los primeros resultados,
el 7 de febrero de 2007. Adicionalmente le solicitó resolver los siguientes
interrogantes:
1.    ¿En
qué etapa se encuentra actualmente el concurso de méritos convocado mediante
resoluciones No. 04 a 052 de 2007?
2.    De
los participantes inscritos para proveer las vacantes existentes en el Departamento
de Antioquia y que han instaurado acciones de tutela ¿Quiénes se encuentran
nombrados en propiedad actualmente?
7.3. Durante el trámite se
aportaron al proceso los siguientes documentos:
7.3.1. Mediante escrito
allegado a esta Corporación, el día 11 de marzo de 2008, la Asesora Jurídica de
la Comisión Nacional del Servicio Civil dio respuesta a cada uno de los
interrogantes planteados por la Corte Constitucional. En primer lugar, precisó
que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 3982 de 2006, y
en aplicación del principio de publicidad que rige los actos administrativos de
carácter general, las convocatorias 004 a 052 de 2006, fueron divulgadas a
través del diario de amplia circulación nacional, El Tiempo, contratado para
tal efecto, en el que se publicó el domingo 26 de noviembre un aviso dirigido a
los interesados, sobre la apertura del concurso abierto de méritos para empleos
de docentes y directivos docentes. Adicionalmente, fueron remitidas copias de
las convocatorias a las 49 entidades territoriales certificadas en educación,
participantes en el referido proceso de selección, con el fin de que fueran
publicadas en sus respectivas páginas web.
En relación con el segundo de
los interrogantes, indicó la Comisión que dado que las convocatorias
consignaron que las normas que las regirían serían la “Ley 115 de 1994,
Decreto –Ley 1278 de 2002, Decreto 3982 de 2006 y demás normas que las
reglamenten, modifiquen o sustituyan.”, se desprende claramente que en la
elaboración y publicación de las convocatorias se aplicaron tanto el estatuto
de profesionalización docente expedido mediante el Decreto 1278 de 2002, como
el Decreto 3982 de 2006, reglamentario del mismo, el cual fue expedido por el
Gobierno Nacional con base en las competencias asignadas en la Ley 715 de 2001
y atendiendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia
C-175 de 2006, el cual señala que corresponde a la CNSC la administración y
vigilancia de los sistemas de carrera especial de origen legal que rige los
docentes y directivos docentes.
Respecto del tercer
interrogante, sostuvo esa entidad que el concurso de méritos para seleccionar
docentes y directivos docentes etnoeducadores afrocolombianos y raizales, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1278 de 2002, el Decreto 804 de 1995
y el Decreto reglamentario 3982 de 2006, se encuentra reglamentado en los
Decretos 3323 de 2005 y 140 de 2006.
Precisa que el proceso de
selección iniciado en el Departamento de Sucre corresponde a un concurso de
méritos convocado directamente por el ente territorial mediante Decreto
Departamental No.0779 del 30 de enero de 2006, antes de que la CNSC asumiera la
competencia en la función de administración y vigilancia del sistema de carrera
docente. Ante las múltiples quejas presentadas, “en relación con la
calificación de las pruebas y la expedición del resultado del conjunto de
pruebas practicadas en desarrollo del concurso, sin que se hubiese conformado
lista de elegibles ni generado acto de contenido particular y concreto, la
CNSC, en ejercicio de su función de vigilancia, asumió dicho proceso de
selección, para lo cual expidió la Resolución 1436 del 8 de octubre de 2007,
mediante la cual, se dejó sin efecto la calificación de la “Prueba de Análisis
de Antecedentes”, la calificación de la prueba “Proyecto Etnoeducativo” y
se anuló la prueba de “Entrevista” practicadas dentro del proceso de
selección, ordenando a la entidad territorial realizarlas nuevamente.
Actualmente, la CNSC estudia para su aprobación el proyecto de Acuerdo que
reglamenta la aplicación de dichas pruebas y el cronograma de ejecución del
mismo.
Sobre el último de los
interrogantes, aclara que en la elaboración de las convocatorias 004 a 052, no
se encontraron disposiciones contrarias entre el Decreto Ley 1278 de 2002 y el
Decreto Reglamentario 3982 de 2006, por cuanto éste último reglamenta
parcialmente el Decreto Ley y establece el procedimiento de selección mediante
concurso para la carrera docente y se determinan criterios para su aplicación.
La facultad reglamentaria se encuentra prevista en el artículo 9 del Decreto
Ley 1278 de 2002 que faculta al Gobierno nacional para reglamentar el contenido
y los procedimientos de cada una de las etapas del concurso, la elaboración de
las pruebas de selección y clasificación, los recursos que proceden y su
procedimiento.
Junto con el escrito, la
representante de la CNSC adjuntó: (i) Copia de los avisos informativos sobre el
concurso abierto de méritos para empleos de docentes y directivos docentes,
publicado en el periódico El Tiempo el 26 de noviembre de 2006; (ii) orden de
servicio No.0111 de fecha 23 de noviembre celebrada entre la CNSC y El Tiempo
S.A., para la publicación del aviso sobre la convocatoria; (iii) Resolución
No.1436 del 8 de octubre de 2007, proferida la CNSC “Por la cual se adoptan
unas determinaciones en relación con el concurso de méritos para la selección
de directivos docentes y de docentes etnoeducadores afrocolombianos en el Departamento
de Sucre.”; y (iv) convocatoria 05 correspondiente a la entidad territorial
del municipio de Armenia, Quibdó.
7.3.2. El 11 de marzo
de 2008, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICFES dio respuesta al
requerimiento de la Corte Constitucional, mediante escrito en el que precisó
respecto de la información documental solicitada, lo siguiente: a) De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 3982 de 2006,
mediante el cual se fijó la estructura del concurso, la CNSC como entidad
convocante definió el cronograma para llevar a cabo las diferentes etapas del
concurso, el cual fue incluido en las convocatorias que fueron divulgadas en
las páginas Web de la CNSC, el Ministerio de Educación y el ICFES. En relación
con la publicación de resultados se señaló expresamente que esta etapa tendría
lugar el 7 de febrero de 2007 en la dirección electrónica de la CNSC, y del 8
al 14 de febrero del mismo año, se destinaría para atención por parte del
ICFES, de las reclamaciones de los usuarios derivadas de los resultados de las
pruebas; b) adjuntó copia de la Resolución No 088 del 23 de marzo de 2007, por
medio de la cual la CNSC fijó la publicación de resultados para el 26 de marzo
de 2007; y c) con ocasión de la publicación de resultados llevada a cabo el 7
de febrero de 2007, el ICFES recibió cerca de 5000 reclamaciones, razón por la
que fueron expedidas los siguientes actos administrativos, cuya copia adjuntó:
- Resolución 069 del 1° de
marzo de 2007, “Por la cual se resolvió adelantar una actuación administrativa
especial, con el propósito de dar respuesta conjunta a los derechos de petición
presentados a que llegaren a presentarse con el mismo contenido ante el ICFES
y/o la Comisión Nacional del Servicio Civil en relación con los resultados de
la prueba escrita del concurso de mérito para seleccionar docentes y directivos
docentes presentada el 14 de enero de 2007.”
- Resolución No.089 del 20 de
Marzo de 2007, por la cual se dio por terminada la actuación iniciada mediante la
Resolución No.069 del 1° de marzo de 2007, una vez efectuada la revisión de las
pruebas por parte del ICFES según la petición generalizada de los reclamantes.
Adicionalmente, dispuso la publicación de los resultados obtenidos por quienes
participaron en la prueba realizada el 14 de enero de 2007 y especificó que esa
nueva publicación se efectuaría en la fecha que determinara la CNSC de acuerdo
con los ajustes que se hicieran al cronograma previamente definido por la
Comisión.
- Resolución No.088 del 23 de
marzo de 2007, expedida por la CNSC, por medio de la cual se modificó el
cronograma establecido en las convocatorias 04 a 052 y señaló como fecha para
la publicación de los resultados el 26 de marzo de 2007.
- Resolución No.105 del 4 de
abril de 2007, expedida por el ICFES, “Por la cual se ordena adelantar una
actuación administrativa especial para atender peticiones masivas relacionadas
con la publicación de resultados realizada el 26 de marzo de 2007,
correspondiente a los resultados de las pruebas aplicadas por el ICFES el 14 de
enero de 2007, en desarrollo de las convocatorias 004 a 052 de la CNSC para
proveer cargos Docentes y Directivos docentes estatales”.
- Comunicado del 16 de abril
de 2007, por el cual se dio respuesta conjunta y definitiva a las peticiones y
reclamaciones recibidas con ocasión de la publicación de resultados efectuada
el 26 de marzo de 2007, en el concurso en mención.
- En cuanto a los
interrogantes que le formuló la Corte Constitucional, sostiene que la entidad
que representa desconoce la etapa en la cual se encuentra el concurso, toda vez
que su competencia se circunscribió exclusivamente al diseño, elaboración y
aplicación de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas,
así como la publicación de los resultados y atención de reclamaciones,
correspondiéndole a la CNSC, de acuerdo con el Decreto 3982 de 2006, efectuar
las convocatorias y definir los cronogramas para que se lleven a cabo las
etapas posteriores.
De la misma forma indicó, que
desconoce cuantas vacantes se encuentran provistas con concursantes que
hubiesen demandado en acción de tutela, por cuanto la provisión de las vacantes
se realiza por parte de las respectivas Secretarías de Educación, con sujeción
a la lista de elegibles que suministre la CNSC, conformadas por quienes
aprobaron el concurso, etapas éstas en las que no interviene el ICFES.
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.  Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer de todas las acciones de tutela de la referencia con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral
noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34,
35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas Jurídicos
La Sala considera que los problemas jurídicos a resolver
en esta oportunidad son los siguientes:
1. ¿Se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso administrativo y al trabajo de los accionantes con ocasión de la
publicación que efectuó el ICFES el 26 de marzo de 2007 de los resultados de
las pruebas de aptitudes, competencias y psicotécnica, en forma independiente,
corrigiendo con ese hecho los resultados publicados el 7 de febrero de 2007 en
los que se habían promediado las pruebas en mención a fin de atender, según
dicha entidad, las exigencias del Decreto 3982 de 2006? ¿Existe violación del
principio de la confianza legítima de los actos por ese hecho?
2. ¿Se vulneraron el principio de legalidad, confianza
legítima y debido proceso, con ocasión de la aplicación prevalente del Decreto
Reglamentario 3982 de 2006, que aparentemente modificó las etapas del concurso
para ingresar al servicio educativo estatal previstas en el Decreto 1278 de
2002?
3. ¿Se vulneraron los derechos fundamentales de
petición y debido proceso de los accionantes, con ocasión de la respuesta
masiva dada por el ICFES respecto de la publicación de los resultados de los
puntajes y la cual fue publicada en el Diario Oficial?
Para efectos de entrar a
resolver lo planteado y antes de analizar el caso concreto, la Sala abordará, a
la luz de la jurisprudencia de esta Corte, el estudio de: (i) Los concursos de
mérito para proveer cargos de docentes y directivos docentes y la convocatoria
como norma reguladora; (ii) los actos de la administración, los actos de
trámite o preparatorios y los actos definitivos en los concursos de méritos; (iii)
la publicación de resultados y la lista de elegibles como etapas de concurso de
méritos. (iv) A partir del análisis de los temas antes enunciados, la Sala revisará
la procedencia de la acción de tutela y, por último, (v) acometerá el estudio
de los casos concretos.
3.
El marco normativo en los concursos de méritos para proveer cargos de docentes
y directivos docentes. La convocatoria como norma reguladora
3.1. Ha
sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional[15],
que el mecanismo de provisión de cargos vacantes en cargos públicos por
medio del sistema de los concursos resulta ser el componente idóneo para que el
Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las
capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los
distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos al que mejor
pueda desempeñarlo, apartándose de consideraciones subjetivas, de preferencias
o animadversiones y de toda influencia política, económica o de otra índole.
Así, ha dicho la Corte que los concursos de mérito
tienen por finalidad: “que la vacante existente se llene con la mejor
opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto
puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser
elegido o nombrado”[16]. Por tanto, el mérito es la condición esencial
para el ingreso, permanencia y la promoción en la función pública bajo el régimen
jurídico que corresponde fijar al Legislador, quien señala, además, el sistema
de nombramiento, los requisitos y condiciones para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes, así como las causales de retiro del servicio
oficial.
La
jurisprudencia de esta Corte ha determinado, asimismo, que la regulación
relativa a la carrera en la función pública por parte del Legislador ordinario
o extraordinario, se encuentra limitada por la búsqueda de la eficiencia y la
eficacia en el servicio público, la garantía de igualdad de oportunidades y la
protección de los derechos subjetivos, entre otros valores y principios de
origen constitucional que restringen la libertad de configuración en esta
materia[17].
Dentro
del régimen de la carrera existen también unas carreras especiales de orden
constitucional y de orden legal. En relación con las primeras, esta Corte ha señalado y reiterado en numerosa
jurisprudencia[18] que hacen parte
de las carreras especiales de origen constitucional: la carrera de las fuerzas
militares (art. 217 CP); la de la Policía Nacional (art. 218 inciso 3º CP); la
de la Fiscalía General de la Nación (art. 253 CP); la de la Rama
Judicial (numeral 1º artículo 256 CP); la de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (art. 266 CP[19]);
la de la Contraloría General de la República (numeral 10 artículo 268 CP); la
de la Procuraduría General de la Nación (artículo 279 CP); así como el régimen
de las Universidades Estatales (art. 69 CP)[20].
Por
su parte, dentro de las carreras especiales de origen legal, se encuentran la
del personal que presta sus servicios en el Departamento Administrativo de
Seguridad, en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Carrera Diplomática y la Carrera de Docentes[21].
En
este sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido la existencia de
tres tipos de carreras: la administrativa general, regulada por la ley 909 del
2004; las especiales de origen constitucional y las especiales o específicas de
creación legal. De este modo, en relación con los regímenes especiales, ha
destacado que éstos tienen origen constitucional, en el sentido de que existe
un mandato expreso del constituyente para que ciertas entidades del Estado se
organicen en un sistema de carrera distinto al general, y también tienen origen
legal, en la medida que es el legislador, ordinario o extraordinario, quien
toma la decisión de crearlos por medio de leyes o de decretos con fuerza de ley[22].
Ahora
bien, propiamente en lo tocante a las carreras especiales ha dicho la Corte que
estas carreras son especiales en cuanto responden a la naturaleza de las
entidades a las cuales se aplica, contienen regulaciones específicas para el
desarrollo de la carrera y se encuentran en disposiciones diferentes a las que
regulan el régimen general de carrera. Por lo anterior, ha dicho la Corte
Constitucional que, “…de acuerdo con los artículos 125, 130 y 150 de la
Carta, existen tres categorías de sistema de carrera administrativa, que son la
carrera administrativa general, y las carreras administrativas especiales de
origen constitucional y las carrera administrativas especiales o regímenes
especiales de origen legal, conocidas también como “sistemas específicos de
carrera administrativa”[23].
3.2. Dentro de las carreras especiales de origen legal, se
encuentra el régimen de Carrera de los Docentes regido por el Decreto 1278 de
2002, expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas al
Presidente de la República en el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001[24],
el cual contiene el Estatuto de Profesionalización Docente que gobierna el
ingreso, ascenso, retiro y, de manera general, la totalidad de los supuestos
que rodean la permanencia del docente dentro del régimen especial de carrera
que ha de aplicarse a la comunidad educativa[25].
Uno
de los fines esenciales que pretende ser realizado por medio de la aplicación
de las disposiciones contenidas en el Estatuto consiste en garantizar: “que
la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento
de su formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos
esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y
retiro del servidor docente”[26].
En
la Sentencia T-588 de 2008, esta Corporación afirmó que las disposiciones del
Estatuto Docente “se encaminan a asegurar que los profesionales que ocupan
tales plazas son, de manera efectiva, las personas que han acreditado las más
altas calidades para desempeñarse en tales cargos. Dicho objetivo, que se
predica en términos generales de la provisión de cargos de toda la
Administración, adquiere especial importancia en el caso de la docencia, debido
a su definitiva influencia en la formación de ciudadanos, razón suficiente para
avanzar en el propósito cardinal del estatuto consistente en la
profesionalización de la comunidad educativa.”
Es
así como el Estatuto prevé el sistema de ingreso, permanencia y ascenso por
medio de la valoración de aptitudes, experiencia y competencias básicas de los
docentes. En él se define el concurso para ingreso al servicio educativo
estatal, como un proceso de evaluación de aptitudes que termina con la
elaboración de un listado de elegibles dispuestos ordenadamente según el
resultado obtenido por los candidatos que hayan participado. Con la
conformación de las listas se busca garantizar disponibilidad permanente para
la provisión de vacantes en atención a la demanda del servicio educativo[27].
3.3. Por su parte, en desarrollo de las facultades de
reglamentación otorgadas al Gobierno Nacional en el Estatuto Docente[28]
fue expedido el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, que estableció el
procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente. Dicho
Decreto determinó los criterios para su aplicación y en el artículo 3° fijó la
estructura del concurso.
La
norma reglamentaria dispone que todos los cargos vacantes definitivos de docentes[29]
y directivos docentes[30]
de la planta de cargos del servicio educativo estatal que se encuentra
administrado por las entidades territoriales certificadas, deberán ser
convocados para provisión mediante concurso. La convocatoria está a cargo de la
Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– de acuerdo con el cronograma que
fije para la aplicación de las pruebas que diseñará y aplicará el ICFES (Art. 5
del Decreto 3982 de 2006). La convocatoria debe ser divulgada por los medios
masivos que garanticen su amplia difusión y en ella se debe especificar los
requisitos para participar en el concurso; la forma de hacer la inscripción y
el valor de los derechos de la participación[31].
Con
base en tales previsiones, mediante las convocatorias 04 a 052 del 30 de
noviembre de 2006, regidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto Ley 1278 de 2002
y el Decreto Reglamentario 3982 de 2006 y demás normas que las reglamenten, modifiquen
o sustituyan, la CNSC convocó a concurso público de méritos para la selección
de docentes y directivos docentes del servicio directivo estatal en diferentes
entidades territoriales[32].
Adicionalmente,
se señalaron en los capítulos pertinentes de la convocatoria las bases del
concurso en relación con los principios orientadores; la forma de divulgarla;
el valor de los derechos de participación; las etapas, fechas y lugares para
efectuar la inscripción; las distintas pruebas que se aplicarían, el puntaje
mínimo aprobatorio, el valor en el concurso, el sitio de realización; las
etapas de publicación de resultados y la atención de reclamaciones; las etapas
de valoración de antecedentes y entrevista; el carácter y ponderación de las
pruebas; la calificación mínima para superar las pruebas; la publicación de
resultados de las pruebas y reclamaciones; la conformación de la lista de
elegibles y lo relacionado con el periodo de prueba.
3.4. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004[33]
sobre carrera administrativa en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13
del Decreto 1227 de 2005[34]
que la reglamenta, y a ella quedan obligados tanto la CNSC, como la entidad que
convoca el concurso y todos los participantes.
En
lo concerniente a las bases de los concursos públicos y en especial de los
concursos para el personal docente, la sentencia T-256 de 1995[35]
de la Corte Constitucional precisó claramente la necesidad de asegurar su
garantía, así:
“... Al señalarse por la administración las bases del
concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para
los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la
administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe
respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que
califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra
previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al
realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta
o desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe
actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83
C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la actividad
administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera,
puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus
intereses por el proceder irregular de aquélla”.
De conformidad con la anterior jurisprudencia que ha
sido reiterada en varias oportunidades por esta Corporación[36],
definidas las reglas del concurso, su aplicación debe ser rigurosa “para evitar arbitrariedades o subjetivismos que alteren
la igualdad o que vayan en contravía de los procedimientos que de manera
general se han fijado en orden a satisfacer los objetivos del concurso. De este
modo, el concurso se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que
impone precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas
cargas a los participantes”[37].
3.5. El concurso público para docentes y directivos
docentes, debe ceñirse a un conjunto de etapas que de manera forzosa deben ser
observadas en su trámite, tales como: convocatoria, inscripciones y
presentación de la documentación, verificación de requisitos y publicación de
los admitidos a las pruebas, entre otras. Las etapas que conforman la
estructura del concurso para los docentes a la luz del artículo 9 del Decreto -
Ley 1278 de 2002 y del artículo 3° del Decreto – Reglamentario, son las
siguientes:
Decreto 1278 de 2002
(Art. 9°)
Decreto 3982 de 2006
(Art. 3°)
a) Convocatoria;
b) Inscripciones y presentación de la
documentación;
c) Verificación de requisitos y publicación de los
admitidos a las pruebas;
d) Selección mediante prueba de aptitudes y
competencias básicas.
Tiene por objeto la escogencia de los aspirantes más
idóneos que harán parte del correspondiente listado de elegibles;
e) Publicación de resultados de selección por prueba
de aptitud y competencias básicas;
f) Aplicación de la prueba psicotécnica, la
entrevista y valoración de antecedentes;
g) Clasificación. Tiene por objeto establecer el
orden en el listado de elegibles, según el mérito de cada concursante
elegible, asignando a cada uno un lugar dentro del listado para cada clase de
cargo, nivel y área del conocimiento o de formación, para lo cual se tendrán en
cuenta los resultados de la prueba de aptitudes y competencias básicas; la
prueba psicotécnica; la entrevista y la valoración de antecedentes. Para los
directivos se calificarán los títulos de postgrado relacionados con las
funciones del cargo y la experiencia adicional;
h) Publicación de resultados;
i) Listado de elegibles por nivel educativo y área
de conocimiento, en orden descendente de puntaje para cada uno de ellos.
a) Convocatoria;
b) Inscripción y publicación de admitidos a las
pruebas;
c) Aplicación de pruebas de aptitudes, competencias
básicas y psicotécnicas;
d) Publicación de resultados de las pruebas de
aptitudes, competencias básicas psicotécnicas;
e) Recepción de documentos, verificación de
requisitos y citación a entrevista;
f) Valoración de antecedentes y entrevista;
g) Publicación de resultados de la valoración de
antecedentes y entrevista;
h) Conformación y publicación de lista de elegibles;
i) Nombramiento en período de prueba;
j) Período de prueba.”
El artículo 9° del Decreto Ley 1278 de 2002, diferenció las
pruebas de aptitudes y competencias básicas de las pruebas psicotécnicas y estableció
que una vez los aspirantes superen las pruebas de aptitud y de competencias
básicas, serían convocados para presentar la prueba psicotécnica, entrevista y
valoración de antecedentes, las cuales constituyen una etapa posterior a la
primera. Lo anterior, significa que una vez superada la prueba de aptitudes y de
competencias básicas, pasan a la siguiente etapa, consistente en la aplicación
de las pruebas psicotécnica, entrevista y la valoración de antecedentes. Para
formar parte de la lista de elegibles, es necesario superar la totalidad de las
pruebas del concurso.
Por su parte, el artículo 3° del Decreto
Reglamentario 3982 de 2006, reproduce los mismos aspectos a evaluar contemplados
en el Decreto Ley, pero prevé que la prueba de aptitudes y competencias básicas
y la prueba psicotécnica conforman una etapa y la valoración de antecedentes y
entrevista, configuran otra etapa posterior. Aunque el Decreto Reglamentario también diferencia, claramente –tal como lo hace el
Decreto Ley–, las dos pruebas por el objeto que persigue, por razones prácticas
determinó que las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la prueba
psicotécnica se debían realizar el mismo día, a la misma hora y lugar.
En efecto, el artículo 9° del Decreto 1278 de 2002,
dispone que la prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por objeto la
escogencia de los aspirantes más idóneos que harán parte del correspondiente
listado de elegibles. El artículo 10 del Decreto–Reglamentario, establece que
la prueba de aptitudes básicas tiene por objeto: “…establecer niveles de
dominio sobre los saberes profesionales básicos, como también las concepciones
del aspirante frente al conocimiento disciplinar y frente a sus funciones de
acuerdo con lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto-ley 1278 de
2002.”. Por su parte, estipuló que la prueba psicotécnica “…valorará las
actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los
aspirantes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión
institucional”.
De otra parte, en el artículo 13 del Decreto Reglamentario,
se estipuló que las pruebas son de carácter eliminatorio, lo que significa que
se requiere un puntaje mínimo aprobatorio, que sirve para eliminar los
participantes en un concurso.
Es así como, de conformidad con lo dispuesto en la
mencionada disposición, “[l]a calificación mínima para superar cada una de
las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas y por ende ser
admitido a la valoración de antecedentes y entrevista, es de 60 puntos para
cargos docentes y de 70 puntos para cargos directivos docentes”. (Art. 13
D.R. 3982 de 2006). De esta manera, quien no obtenga un puntaje igual o
superior al mínimo aprobatorio establecido en las reglas de la convocatoria, no
podrá ser admitido a la siguiente etapa de valoración de antecedentes y
entrevista y, por tanto, será excluido del concurso.
Adicionalmente en las convocatorias 004 y 052 para el concurso de docentes y directivos
docentes, además del carácter de
eliminatorias, se consagró que la prueba de aptitudes y competencias básicas, tendría
un valor en el concurso del 50%, y para la prueba psicotécnica, se asignó un valor
de 20%. El resultado final del concurso correspondía a la suma ponderada de las
calificaciones obtenidas con valores que se determinaron así:
“a) Prueba de aptitudes y competencias básicas
50%
b) Prueba psicotécnica                                         20%
c) Valoración de antecedentes                              20%
d) Entrevista                                                         10%”
Ahora
bien, en relación con las demás etapas del concurso, tanto el Decreto Ley 1278
de 2002 y el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, estipulan las etapas de
publicación para dar a conocer los resultados de las pruebas practicadas y
además la conformación en estricto orden de mérito y como resultado de los
puntajes obtenidos en las pruebas, de las listas de elegibles por cada entidad
territorial certificada para la cual convocó el concurso.
Así,
del análisis comparativo de las normas citadas, se concluye que el Decreto
Reglamentario reprodujo los aspectos a evaluar contenidos en el Decreto Ley
1278 de 2002, las cuales deben realizarse en el mismo día, hora y lugar. No
obstante, para conformar la lista de elegibles es necesario superar la
totalidad de las pruebas del concurso, tanto en virtud del Decreto Ley 1278 de
2002 como del Decreto Reglamentario 3982 de 2006.
4.  Los actos de la
administración. Actos de trámite o preparatorios y actos definitivos en los
concursos.
4.1. El acto administrativo, ha sido definido como “La
declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la
administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la
potestad reglamentaria”[38].
Son variadas e innumerables las formas en que la doctrina y
la jurisprudencia ha clasificado los actos de la administración, bien por su
contenido, por la autoridad que interviene en su elaboración, por la mayor o
menor discrecionalidad de quien lo expide o por la incidencia que tengan en la
decisión final, entre otras. Dentro de éste catálogo, se ha diferenciado
claramente los llamados actos administrativos de carácter general y los actos administrativos
de carácter particular.
Así, los llamados actos administrativos de carácter
general, son aquellos en los que los supuestos normativos aparecen enunciados
de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por lo tanto
versados a una pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas aquellas
que se encuentren comprendidas en tales parámetros. Puede existir un acto
general que se dirija a algunas pocas personas o a ninguna en particular.
Por el contrario, los actos de carácter particular, son de
contenido específico y concreto; producen situaciones y crean efectos
individualmente considerados. Dentro de esta clasificación, la administración
pública puede expedir un acto de contenido individual que puede estar referido
a muchas personas concretamente identificadas[39].
4.2. También se han distinguido los actos
administrativos según el contenido de la decisión, en actos de trámite o
preparatorios y actos definitivos. Los primeros no expresan en concreto la
voluntad de la administración, simplemente constituyen el conjunto de
actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión
administrativa que se plasma en el acto definitivo y en la mayoría de los casos
no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas.
Según el inciso final del artículo 50 del C.C.A., “son
actos definitivos que ponen fin a la actuación administrativa, los que deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin
a una actuación cuando hagan imposible continuarla”. En tal virtud, según
lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia[40], los actos de trámite y preparatorios, como su
nombre lo indica, dan impulso a la actuación preliminar de la administración, o
disponen u organizan los elementos de juicio que se requieren para que ésta
pueda adoptar, a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el
fondo del asunto. Es obvio, como lo advierte el aparte final de la norma
citada, que un acto de trámite puede tornarse definitivo, cuando de alguna
manera, decida sobre la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación
administrativa, de suerte que se haga imposible la continuación de ésta. Estos
actos no producen efectos jurídicos
para los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos subjetivos
personales.
Con el fin de garantizar la eficiencia y celeridad
de las funciones que le competen a la Administración, el artículo 49 del C.C.A.[41], ha previsto que tales actos preparatorios o de
trámite no sean susceptibles, por regla general, de recursos en vía
gubernativa, ni de acciones judiciales autónomas, de forma que su control
solamente sea viable por medio de la discusión del acto definitivo que concreta
la voluntad administrativa, bien sea a través de los recursos procedentes
contra él o bien como causal de anulación ante la jurisdicción en lo
contencioso administrativo (art. 84 C.C.A). No obstante, dado que el control de
estos actos debe hacerse a partir de los actos definitivos y demostrando la
relevancia de la irregularidad previa en la ilegalidad de la decisión final, es
necesario esperar a la decisión final para plantear la invalidez del
procedimiento.
Por tanto, contra los actos de trámite la acción de
tutela procede de manera excepcional cuando el respectivo acto tiene la
potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la
actuación administrativa y ha sido fruto de una actuación abiertamente
irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las
garantías establecidas en la Constitución[42].
5.
La publicación de resultados y su forma de notificación y la lista de elegibles
como etapas del concurso de méritos
5.1. Vistas las anteriores definiciones, dentro de las
etapas del concurso de docentes señalada en acápite anterior, los actos previos
a la conformación de la lista de elegibles, entre los que se encuentra la publicación
de los resultados obtenidos en las pruebas, son verdaderos actos de trámite en
tanto que le dan impulso al proceso de selección, pero no definen la actuación.
Ha sostenido el Consejo de Estado, en relación con la naturaleza de la
publicación de los resultados de un concurso de méritos que:
“(…) las publicaciones de los
resultados del concurso, son determinaciones que constituyen actos de trámite,
los cuales fueron expedidos dentro de la actuación propia del concurso y las
determinaciones que en ellos se adoptan, se realizan justamente para impulsar y
dar continuidad al proceso propio de las convocatorias, en cumplimiento de los
deberes legales de las entidades involucradas.”[43]
Así como se indicó en el capítulo anterior, por
disposición del artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, contra el
acto de la publicación de resultados de las pruebas en un concurso de mérito no
proceden los recursos y por tanto, tales actos no requieren ser notificados
personalmente, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del
mismo estatuto, solamente se notifican en forma personal, las decisiones que
pongan término a una actuación administrativa.
No obstante lo anterior, para dar cumplimiento al
principio de publicidad de los actos administrativos, el artículo 14 del
Decreto Reglamentario 3982 de 2006, estipuló que para dar a conocer a cada uno
de los participantes los resultados de las pruebas “…la convocatoria
señalará los medios y términos de publicación de resultados de cada una de las
pruebas, así como los medios y tiempos de presentación de reclamaciones”.
En desarrollo de tal precepto, las Convocatorias 04 a 052, señalaron como una
de las etapas del concurso, la publicación de los resultados, para lo cual
dispuso que se haría a través de la página Web de la CNSC, el día 7 de febrero
de 2007. Adicionalmente, previó una etapa para la atención por parte del ICFES
de las reclamaciones por resultados de las pruebas, que se llevaría a cabo
entre el 8 y el 14 de febrero de 2007, por la página Web del ICFES.
5.2. Ahora bien, en cuanto a los actos definitivos que
adopta la administración en los concursos de mérito, se tiene la lista de elegibles que se define como un
instrumento que garantiza la transparencia del proceso de selección, provee
información sobre quiénes tienen derecho a ser nombrados en los cargos para los
cuales se hizo la convocatoria y sobre quiénes tendrán en el futuro un derecho
preferencial a ser nombrados en vacantes que surjan durante los dos años de la
vigencia de la lista.
Solamente
la conformación de la lista de elegibles que debe adoptarse mediante acto
administrativo, define la situación jurídica de los participantes, puesto que
adquieren un derecho particular y concreto que les da la certeza de poder
acceder al cargo para el cual concursaron. Durante las etapas del concurso, tan
sólo tiene una expectativa de pasarlo.
En relación con el surgimiento
de derechos dentro del desarrollo de concurso de méritos, la Corte en sentencia
T-1241 de 2001[44],
dijo lo siguiente:
“(…)
la conformación de la lista de elegibles es la formalización de un derecho
subjetivo que surge de la certeza de los resultados del concurso, esto es, una
vez se encuentran en firme las calificaciones, se conoce el puntaje definitivo
obtenido por los aspirantes y las impugnaciones a las calificaciones
presentadas por los concursantes ya han sido resueltas. La lista de elegibles
organiza la información de los resultados del concurso y señala el orden en que
han quedado los aspirantes. Esta lista tiene como finalidad hacer públicos los
nombres y lugares ocupados por los distintos aspirantes, de tal forma que se
facilite tanto el proceso de nombramiento en el cargo para el cual concursaron,
como la eventual impugnación de la inclusión, ubicación o puntaje de un
aspirante en la lista por posible fraude, incumplimiento de los requisitos de
la convocatoria, o por error numérico que altere el orden en la lista”.
Para
la carrera docente, la lista de elegibles es conformada por la CNSC en estricto
orden de mérito y como resultado de los puntajes obtenidos en las pruebas en
orden descendente, por cada entidad territorial certificada para la cual se
convocó el concurso, en la cual se incluirá a quienes hayan obtenido como
mínimo en el resultado final del concurso los 60.00 puntos para cargos docentes
y setenta (70.00) para cargos directivos docentes. (Art. 15 Decreto 3982 de
2006). Dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la publicación de la lista
de elegibles, los interesados podrán presentar reclamaciones.
6.
Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a los actos
administrativos de trámite.
6.1. La
acción de tutela en los términos del artículo
86 de la Carta, es un mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario[45],
que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales de una
persona vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o incluso de los particulares, en los términos prescritos por la ley[46].
Esta acción constitucional, según la reiterada
jurisprudencia de esta Corte, procede generalmente cuando la persona no dispone
de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo ese otro medio
alternativo de protección, éste no resulta idóneo para el amparo efectivo de
los derechos vulnerados o amenazados[47].
También, procede como mecanismo transitorio, en aquellas circunstancias en las
que a pesar de existir un medio adecuado de protección, se requiere evitar un
perjuicio irremediable, por lo que se exige una perentoria acción
constitucional[48].
6.2. Ahora bien, la idoneidad del otro medio de
defensa alternativo supone en los términos del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991[49],
una evaluación, en concreto, de ese mecanismo de defensa propuesto por el juez
constitucional, lo que supone valorar los elementos de cada caso particular
para determinar la eficacia o no del medio de defensa alternativo. Es por esto
que el fallador debe confirmar que el medio de defensa judicial sugerido tiene
la aptitud necesaria para brindar una solución “clara, definitiva y precisa”[50]
al quebrantamiento o amenaza del derecho fundamental que se alega vulnerado.
Por ende, en la sentencia T-384 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) se
consideró pertinente verificar en concreto, si “el otro medio de defensa
judicial existente, en términos cualitativos, ofre[ce] la misma protección que
el juez constitucional podría otorgar a través del mecanismo excepcional de la
tutela”[51].
En tales términos, si el mecanismo alternativo propuesto
es eficaz –teniendo en cuenta el objetivo de protección que abriga y su
resultado previsible y oportuno[52]–,
la tutela resulta ser improcedente como mecanismo de protección, a menos que se
pruebe la existencia de un perjuicio irremediable que autorice la protección
constitucional transitoria. De lo contrario, esto es, de ser el mecanismo
alternativo ineficaz, la tutela deviene en el medio pertinente para conjurar la
violación o amenaza del derecho fundamental invocado.
6.3. En situaciones relacionadas con la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de actos
administrativos, normativamente la tutela es un mecanismo viable de protección
en virtud del artículo 86 de la Carta, y según lo previsto en los artículos 6[53],
7[54]
y 8[55]
del Decreto 2591 de 1991[56].
No obstante, esta Corporación ha considerado en general, como regla, que la
tutela es improcedente en contra de actos administrativos teniendo en cuenta
que existen normalmente otros mecanismos ordinarios de defensa judicial que
resultan aptos para asegurar la protección de los derechos alegados[57],
como pueden ser las acciones contencioso administrativas. Sin embargo, estas
consideraciones no son óbice para que en ciertas situaciones la Corte
Constitucional haya considerado procedente la tutela como mecanismo transitorio
o principal –según el caso–, ante actuaciones administrativas que hayan implicado
para las personas afectadas un perjuicio irremediable. Ello ha ocurrido
especialmente en aquellas ocasiones en las que la acción de tutela es el único
medio del que dispone una persona para evitar un perjuicio irremediable[58],
o en circunstancias en las cuales la acción de tutela es el único medio idóneo
de protección del derecho invocado[59].
La
figura del perjuicio irremediable, necesaria para la procedencia de la tutela,
demanda que se acredite concurrentemente, (a) que el perjuicio que se alega es inminente,
es decir que, “amenaza o está por suceder prontamente”.[60]
(b) Que las medidas necesarias para impedir el perjuicio, son urgentes,
a fin de que no se de “la consumación de un daño irreparable”[61];
y (c) que el perjuicio sea grave, es decir, que afecte bienes jurídicos
que son “de significación para la persona, objetivamente”[62].
Es
más, esta Corporación ha resaltado que de configurarse un perjuicio
irremediable, “el juez de tutela pued[e] suspender la aplicación del acto
administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no
se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”[63].
6.4.
En los casos de la referencia en los que los actores cuestionan el acto de la
publicación de resultados de las pruebas practicadas con ocasión del concurso
de méritos de docentes y directivos docentes a nivel nacional, que –como se
indicó en los acápites anteriores–, constituyen actos de trámite contra los cuales,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo, por regla general, no proceden los recursos por la vía
gubernativa, ni tampoco las acciones contencioso administrativas, los
accionantes carecen, prima facie, de otros medios de defensa
judicial y, por tanto, de acciones eficaces para la protección inmediata de los
derechos fundamentales invocados por los peticionarios en cada una de las
acciones de tutela.
Bajo ese supuesto, dado el carácter de actos ejecutivos y
no de fondo, como lo sostiene el Consejo de Estado, la acción contencioso
administrativa que eventualmente propusieran los actores, desde el inicio puede
ser rechazada o finalmente puede respecto de ellos proferirse una decisión
inhibitoria, que en últimas implicaría la desprotección judicial del derecho al
debido proceso administrativo invocado por los demandantes.[64]
En efecto, el riesgo que se describe no es hipotético. Se
funda en la percepción que tiene la jurisdicción contencioso administrativa
sobre la naturaleza de los actos de trámite o de ejecución, los cuales, se ha
dicho, no son susceptibles de acción jurisdiccional. A título de ejemplo, se
resalta lo mencionado en una reciente providencia del máximo Tribunal de lo
contencioso administrativo, en la que se afirmó sobre los actos de trámite que:
“(…) al ser un acto que no define
una actuación determinada, se tiene que el mismo no contiene una declaración de
la administración que cree, transforme o extinga una situación jurídica
determinada, por lo que sería inane una declaración judicial sobre un acto
que analizado individualmente, no tiene efectos jurídicos claros y concretos.
La doctrina se ha referido al caso
de la impugnación judicial de actos de trámite, conceptuando que:
"Dentro de los actos excluidos de la
jurisdicción contenciosa, en principio, se pueden distinguir los actos de
trámite de los actos definitivos. El acto de trámite no incide en la
decisión de la misma que haya de tomarse, tiene en cuenta aspectos de puro
procedimiento.”[65] (Las subrayas fuera del
original).
En
particular, sobre los actos de ejecución, también ha dicho el máximo Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, lo siguiente:
“Al respecto, la Sala encuentra que, por
regla general, los actos de ejecución que se dicten para el cumplimiento de
una sentencia judicial no son actos administrativos, a menos que la
administración, al dar cumplimiento al fallo, profiera decisiones que
desconocen el mismo, como cuando reincorpora al servicio público a un servidor
en condiciones diferentes a las consideradas en la decisión judicial (…). En
tales eventos, el interesado tiene la posibilidad de cuestionar la decisión de
ejecución contraria a la orden judicial, pues, de lo contrario, no tendría vía
para demandar tales decisiones”[66].
También
la justicia constitucional se ha pronunciado sobre este hecho. En la sentencia
SU-201 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), esta Corte afirmó que era
procedente la acción de tutela contra situaciones generadas por actos
administrativos de trámite, dado que en general éstos no son susceptibles de
acción contenciosa, así:
"Los únicos actos susceptibles de acción
contenciosa administrativa son los actos definitivos, no los de trámite o
preparatorios; (…)
"No obstante, a juicio de
esta Corte, aunque en principio no procede la tutela contra los actos de trámite
o preparatorios, que simplemente se limitan a ordenar que se adelante una
actuación administrativa dispuesta por la ley, de manera oficiosa por la
administración, en ejercicio del derecho de petición de un particular o cuando
éste actúa en cumplimiento de un deber legal ( art. 4o. C.C.A.), excepcionalmente,
algunos actos de trámite o preparatorios, pueden conculcar o amenazar los
derechos fundamentales de una persona, en cuyo caso, sería procedente la acción
de tutela como mecanismo definitivo".
"Adicionalmente, existen
otras razones para avalar la procedencia de la tutela contra los actos de
trámite o preparatorios. Ellas son:
- Esta clase de actos no son
susceptibles de acción contenciosa administrativa y, en tal virtud, no existe
medio alternativo de defensa judicial que pueda ser utilizado para amparar los
derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados de manera
inmediata.(…)”. (Las subrayas no pertenecen al original).
En este orden de ideas, si bien el Consejo de Estado ha
reconocido que es posible que proceda eventualmente la acción contenciosa sobre
actos de ejecución o de trámite cuando la administración se aparta del alcance
del fallo[67]
o son actos de fondo, ello no implica a priori la procedibilidad de la
protección contencioso administrativa en las circunstancias de la referencia,
pues la regla general es la improcedencia de la acción. Ello significa una
incertidumbre sobre la eventual protección que ese mecanismo de defensa pueda
conferir a la protección del derecho constitucional fundamental a la garantía
del debido proceso de los peticionarios.
Ahora
bien, en gracia de discusión, si se admitiese que contra el acto de publicación
de resultados de las pruebas es admitida por esa jurisdicción la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, difícilmente podría alegarse la
eficacia del medio judicial para lograr la protección de los derechos
fundamentales, puesto que la prolongada espera para la culminación de un
proceso contencioso administrativo, que aún cuando no siempre tal circunstancia
desvirtúa un medio de defensa judicial aplicable, en los casos bajo revisión es
relevante puesto que no les garantiza a los peticionarios el acceso inmediato
al derecho fundamental de rango constitucional a acceder a cargos públicos por
vía de un concurso de mérito, dado que con probabilidad a su terminación, ya los
derechos en disputa se hayan extinguido teniendo en cuenta que parte del debate
de fondo sobre esos actos, radica precisamente en la naturaleza de trámite o no
de esos actos.
Sobre el particular la Corte Constitucional se
pronunció en la Sentencia SU-133 de 1998, (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo) en los siguientes términos:
“La Corte estima que la satisfacción plena de los
aludidos derechos no puede diferirse indefinidamente, hasta que culmine el
proceso ordinario, probablemente cuando ya el período en disputa haya
terminado. Se descarta entonces en este caso la alternativa de otro medio de
defensa judicial como mecanismo de preservación de los derechos en juego, que
son de rango constitucional, de aplicación inmediata (art. 85 C.P.) y que no
pueden depender de un debate dado exclusivamente en el plano de la validez
legal de una elección, sin relacionarlo con los postulados y normas de la Carta
Política.”
Así la cosas, la acción de tutela es procedente en los
casos bajo revisión por cuanto los actores carecen de medio de defensa judicial
o, aún existiendo éste, no resulta ser idóneo para el amparo efectivo de los
derechos invocados como vulnerados.
Adicionalmente, de tenerse como válidos los resultados
publicados el 26 de marzo de 2007, ello supone para los peticionarios un
perjuicio irremediable que es cierto, al verse excluidos de las demás
etapas del concurso, después de tener la calidad de aprobados según los
resultados promediados publicados con anterioridad el 7 de febrero de 2007; grave,
porque no tienen la posibilidad de acceder a los cargos públicos dentro de la
carrera administrativa por el sistema de méritos; e inminente, porque
las actuaciones administrativas tienen presunción de legalidad y suponen su
inmediata ejecución.
7.
Estudios de los casos concretos
7.1. Los actores interpusieron las acciones de tutela para
solicitar que se ordene a las entidades demandadas dar validez a los resultados
publicados el 7 de febrero de 2007 en los que se presentó un solo resultado y
se estableció un promedio total, correspondiente a la sumatoria de las pruebas
de aptitudes y competencias básicas y psicotécnica, en contraposición de los
resultados publicados el 26 de marzo de 2007, en los que separó los puntajes
obtenidos en las pruebas de aptitud y competencias básicas del obtenido en la
prueba psicotécnica, con lo cual no fueron convocados a las etapas siguientes
del concurso y por tanto excluidos del mismo.
Argumentan
los actores, que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales
toda vez que la publicación inicial de los resultados en forma promediada
constituye un acto administrativo que fue revocado unilateralmente y sin su consentimiento.
Adicionalmente, estiman que al haber publicado posteriormente los resultados en
forma separada, se dio prioridad a las disposiciones contenidas en el Decreto
reglamentario 3982 de 2006, siendo lo correcto aplicar la metodología
establecida en el Decreto–Ley 1278 de 2002. Tampoco comparten la respuesta
colectiva a sus reclamaciones individuales, las cuales no resuelven el fondo
del asunto. Por último, destacan que en las convocatorias no se estableció la
procedencia de los recursos.
7.2. Tanto el ICFES como la CNSC consideran que no ha
existido vulneración de los derechos fundamentales alegados, puesto que la
segunda publicación de los resultados, se ajusta a las reglas establecidas por
el Decreto Ley 1278 de 2002, el Decreto Reglamentario 3982 de 2006 y las
convocatorias del concurso y su objetivo no es otro que corregir el error de
carácter meramente formal cometido por la administración en la publicación
inicial de las pruebas de manera unificada, lo cual no puede ser criterio
válido para que los participantes pretendan obtener provecho.
7.3. Los jueces de primera instancia, en la mayoría de los
casos concedieron el amparo solicitado argumentando la vulneración del derecho
al debido proceso de los accionantes, puesto que la actuación del ICFES fue
desacertada porque en lugar de realizar una aplicación armónica tanto del
Decreto 3982 de 2006 como del Decreto-Ley 1278 de 2002, decidió arbitrariamente
y en contrario, determinar que eran dos las pruebas eliminatorias, de un lado,
las de aptitud y competencias básicas y, de otro, la psicotécnica, cuando no
cabe duda que las únicas pruebas eliminatorias serían las de aptitudes y
competencias básicas. Así, los accionantes tienen derecho a ser incluidos en la
lista de elegibles pues la prueba psicotécnica tiene un carácter calificatorio
mas no eliminatorio. Adicionalmente, estimó que el resultado aprobatorio que el
ICFES notificó a los actores, es un acto administrativo creador de derechos de
carácter subjetivo, particular y concreto, que las entidades accionadas no
podía remover del mundo jurídico sin posibilidad de contradicción por medio de
los recursos que la ley otorga. Por tanto, el segundo acto administrativo, en
el que se da a conocer un nuevo resultado, carece de valor.
7.4. Planteado el entorno fáctico de los asuntos objeto
de revisión, sea lo primero señalar que el pronunciamiento sobre la legalidad
del Decreto Reglamentario 3982 de 2006 y sobre su indebida aplicación dentro de
la convocatoria del concurso, no será objeto de estudio por parte de esta Sala
pues dicho asunto escapa la competencia de las tutelas objeto de revisión que
le competen a esta Corporación. Adicionalmente, no observa la Sala una
manifiesta inconstitucionalidad de la norma por la cual deba ser inaplicada por
inconstitucionalidad. No obstante lo anterior, la Corte lo tendrá en cuenta al
momento de fallar.
7.5. Ahora bien, de conformidad con los hechos reseñados
y a la luz de las normas que rigen el concurso de docentes y directivos
docentes, se tiene que en desarrollo de las etapas señaladas en la convocatoria
en relación con los resultados de las pruebas, el ICFES publicó en la página
Web de la entidad el día 7 de febrero de 2007 de manera promediada los
resultados de los exámenes presentados por los demandantes y, posteriormente,
el 26 de marzo de 2007, nuevamente publicó los resultados de manera separada
por cada una de las pruebas presentadas. Así, en la primera publicación se
realizó un promedio según el cual los peticionarios adquirieron la calidad de
aprobados y en la segunda se hizo en forma separada por cada prueba, razón por
la que fueron excluidos del concurso.
7.6. Para la segunda publicación de los resultados, las
entidades accionadas procedieron de la siguiente forma:
- Teniendo en cuenta que con ocasión de la
publicación de resultados que se llevó a cabo el 7 de febrero de 2007, el ICFES
recibió más de 4.000 peticiones de contenido similar orientadas en su mayoría a
la revisión de los resultados, mediante la Resolución 069 del 1 de marzo ordenó
adelantar una actuación administrativa especial para dar respuesta conjunta a
las mencionadas peticiones. En el mismo acto, dirigido principalmente a
establecer la aplicación de los criterios de valoración de la prueba previstos
en el Decreto 3982 de 2006, se señaló como fecha para la respuesta el 20 de
marzo de 2007.
- Mediante la Resolución No. 089 del 20 de marzo de
2007, el ICFES: (i) dio por terminada la actuación administrativa especial;
(ii) ordenó solicitarle a la CNSC el ajuste de los cronogramas definidos en la
convocatoria del concurso para el cumplimiento de las diferentes etapas; y
además (iii) dispuso ordenar una nueva publicación de resultados para lo cual
dejó sin efecto la publicación efectuada el 7 de febrero de 2007.
En la parte motiva de la mencionada Resolución,
precisó que para resolver de fondo las distintas solicitudes que los
concursante presentaron, adelantó una revisión general de los resultados de las
pruebas, encontrando que la presentación que se publicó el 7 de febrero de 2007,
“se apartó de lo dispuesto en el procedimiento que rige el concurso, en la
medida en que, las pruebas de aptitudes y competencias básicas debían conformar
un puntaje y la prueba psicotécnica otro, en tanto que en la publicación
señalada se presentó un solo resultado correspondiente a la sumatoria de las
cuatro pruebas (aptitud numérica, verbal, competencias básicas y psicotécnica)
y se estableció un promedio total.”
También indicó la entidad que, por tal razón, una
vez ajustó los resultados a las reglas definidas en el Decreto 3982 de 2006,
encontró necesario efectuar una nueva publicación que no conllevaría
modificación de los puntajes obtenidos por los concursantes, para presentar dos
resultados: uno de pruebas de aptitudes y competencias básicas y otro de prueba
psicotécnica.
- Por su parte, la CNSC expidió la Resolución No.088
de 23 de marzo de 2007, en la que ordenó la modificación del cronograma de las
convocatorias para el concurso y fijó para el 26 de marzo de 2007 la etapa de
publicación de los resultados y para la etapa de atención de reclamaciones del
27 de marzo al 2 de abril de 2007.
- Por último, en razón a que con ocasión de la
segunda publicación de resultados el ICFES recibió más de 3.000 reclamaciones,
mediante Resolución 105 del 4 de abril de 2007, ordenó adelantar una actuación
administrativa especial y señaló el 16 de abril de 2007 para dar respuesta
conjunta a las peticiones, lo que en efecto sucedió a través de un comunicado
que se dio a conocer el día señalado por los diferentes medios.
7.7. Para la Corte no resulta aceptable la primera de
las formas en que se presentaron los resultados, dado que ni en la convocatoria
ni en los Decretos 1278 de 2002 y 3982 de 2006 se encuentra contemplada
disposición alguna que permita promediar los puntajes obtenidos. Por el
contrario, esta forma desdice el carácter diferenciador otorgado a cada una de
las pruebas, bien por su objeto, o, bien por el valor, dentro del concurso o
por el carácter de eliminatoria que se les imprimió a las pruebas, como ya se
explicó en la parte considerativa de esta providencia.
Así, mientras la prueba de aptitudes y competencias
básicas representa el 50% del valor en el concurso y tiene por objeto
establecer el nivel de dominio que tiene el docente sobre la disciplina y las
funciones que desempeña, la prueba psicotécnica, representa el 20% sobre el
valor del concurso y tiene por objeto valorar la aptitud, habilidad y motivación
del concursante en la realización del proceso pedagógico que le compete en la
institución educativa.
De la misma forma, de acuerdo con lo estipulado en
el artículo 13 del Decreto Reglamentario y en las Convocatorias 004 a 052 de
2006, además de tratarse de dos pruebas, cuyo objeto y valor dentro del
concurso era distinto, tenían un carácter eliminatorio para las cuales se
requería reunir un puntaje mínimo de 60 puntos para los docentes y 70 puntos
para los directivos docentes, lo que significa que de no aprobarse alguna de
las pruebas, por no superar el puntaje requerido, no es posible ser llamado a
la siguiente etapa.
Por tanto, resulta irrazonado aceptar la validez de
los resultados aprobatorios publicados por el ICFES el 7 de febrero de 2007
como lo pretenden los demandantes, pues es claro, desde la convocatoria y los
decretos que la rigen, que al no superar el puntaje mínimo en una de las
pruebas, los concursantes no alcanzaron los puntajes requeridos para ocupar las
vacantes y por tanto, no resultan ser la mejor opción para la provisión de los
cargos, toda vez que han perdido el mérito para ello y por tanto no se cumple
la finalidad del concurso.
Pero independientemente de la forma en que se hubiesen
presentado los resultados en una y otra publicación, lo cierto es que los
demandantes no aprobaron una de las pruebas programadas por no superar el
puntaje mínimo exigido[68]. En consecuencia, dado el carácter eliminatorio que
le impuso la convocatoria como norma reguladora del concurso, los concursantes
debían ser excluidos del concurso, pues, lo contrario, es decir, insistir como
lo pretenden los accionantes en que sean llamados a las demás etapas del
concurso hasta la inclusión en la lista de elegibles, implica el otorgamiento
de un derecho por razones distintas a sus méritos y calidades, lo cual
desvirtúa plenamente la finalidad del concurso y contradice las reglas que
previamente se fijaron.
7.8. Tanto el ICFES como la CNSC obraron amparadas en el
cumplimiento de los principios constitucionales dentro de los que se desarrolla
la función pública y a los que se debe sujetar por ende todo concurso público
como son igualdad de oportunidades, mérito, publicidad, objetividad,
imparcialidad, confiabilidad, transparencia, validez, eficacia y eficiencia.
Era deber de la entidad ante tal equivocación, so
pena de incurrir en la modificación de los términos de la convocatoria, adoptar
los correctivos para dar estricto cumplimiento a las normas reguladoras. Así lo
ha previsto la Corte Constitucional en repetidas oportunidades y, más
recientemente, en la sentencia T-766 de 2006 al considerar jurídicamente viable
que la administración corrija los errores cometidos en el trámite de un
concurso de méritos:
“La situación gira en torno a sí al
demandante se le había admitido como inscrito y él eventualmente no cumplía con
los requisitos previstos en la ley, pero resulta plausible que el ordenamiento
jurídico permita a la autoridad corregir sus errores, pues de otra manera los
actos a pesar de su ilegalidad, tendrían que quedar intactos, con el argumento
de que no serían modificables porque la administración incurrió en un error al
expedirlos, cuando tanto el sentido lógico de las cosas, como los principios de
justicia y equidad, indican que es conveniente y necesario enmendar las
equivocaciones, más aún si éstas pueden atentar contra los derechos de otras
personas. En todo caso, no es la acción de tutela el instrumento adecuado por
el cual se pueda entrar a discutir si un candidato cumplió o no con los
requisitos mínimos para concursar, pues es la autoridad administrativa quien de
manera directa o indirecta decidirá sobre este punto.”
Por lo anterior, los peticionarios no pueden alegar
un derecho adquirido derivado de la primera publicación de los resultados,
puesto que ningún derecho surge a partir de un error cometido por la
administración y menos aún si se tiene en cuenta que para su consolidación se
requiere el mérito y las capacidades del concursante, aspectos que no se
presentan en el caso particular pues, ni siquiera, como ya se dijo, superaron
el puntaje mínimo exigido para la prueba psicotécnica.
7.9. De otra parte, el hecho de que la entidad haya
dejado sin efectos la publicación llevada a cabo el 7 de febrero de 2007 para
ajustarla a los términos de la convocatoria y a la norma reguladora del
concurso no significa, como lo afirman los demandantes, que se haya incurrido
en una revocatoria directa de un acto administrativo de manera unilateral y sin
el consentimiento expreso de los interesados o se haya vulnerado el derecho al
debido proceso por no haberse notificado en forma personal tales
determinaciones o por no prever contra tales actos los medios para su
impugnación, puesto que de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia y según la postura del Consejo de
Estado en sentencia que fue citada en apartado anterior de esta sentencia y que
esta Sala comparte, la etapa de la publicación de los resultados de las pruebas
son determinaciones que constituyen actos de trámite, cuyo fin es el de darle
impulso al proceso de las convocatorias pero no definir el tramite mismo,
contra los cuales por disposición legal no proceden los recursos y, por ende,
tales actos no requieren ser notificados personalmente, toda vez que se trata
de decisiones que no ponen fin a una actuación administrativa.
Sobre este aspecto subraya la Sala –como ya se
explicó–, que la única determinación que se adopta mediante acto administrativo,
susceptible de todos los recursos de la vía gubernativa, es la conformación de
la lista de elegibles, en tanto que es el acto mediante el cual el participante
adquiere un derecho particular y concreto, pues durante las etapas tiene
solamente la expectativa de pasarlo. En este acto administrativo se excluye
implícitamente a los no clasificados, siendo el mismo demandable ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.
De la misma forma se destaca que no obstante la
naturaleza preparatoria o de trámite del acto de publicación de resultados,
tanto el Decreto Reglamentario 3982 de 2006 y las convocatorias, estipularon
como medio de publicidad de tales actos la publicación a través de la página Web
de las entidades accionadas y además contemplaron dentro de sus estipulaciones
una etapa para la atención de las reclamaciones, que garantizó el derecho de
defensa de los participantes en el concurso.
7.10. Con base en lo anterior, en relación con el
procedimiento utilizado por las entidades para responder las peticiones
individuales y las reclamaciones relacionadas con los resultados de las
pruebas, para lo cual se utilizó un escrito general que se dirigió a todos los
peticionarios, encuentra la Sala de Revisión que tal proceder no sólo responde
a la obligación de la administración de adelantar sus tareas con eficiencia,
economía y celeridad –de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la
Constitución Política–, sino también es posible la notificación global o
general, por cuanto se adecua al cumplimiento de los requisitos trazados por la
jurisprudencia constitucional tratándose de múltiples solicitudes sobre el
mismo punto, formuladas con idénticos argumentos.
Es así como en sentencia T-466 de 2004[69], la Corte encontró que siendo la notificación de la
respuesta al interesado una exigencia inherente al núcleo esencial del derecho
de petición, cuando se presentan peticiones masivas, es perfectamente posible omitir
la notificación individual de manera excepcional y restringida, siempre y
cuando se garantice que los ciudadanos afectados tengan amplias posibilidades
de conocer la respuesta a sus peticiones, como sucedió en el presente caso. Sobre
el particular, afirmó la Corte en la sentencia mencionada:
“Al respecto es necesario reiterar que la
jurisprudencia de la Corte ha enfatizado que la notificación de la respuesta al
interesado forma parte del núcleo esencial del derecho de petición. Sin
embargo, esta Sala considera que en casos como el presente, siempre que se
cumplan los requisitos que luego se señalarán, es aceptable desde la
perspectiva constitucional que la administración responda con un escrito
general a todos los peticionarios. Este proceder se adecua, además, a la obligación
de la  administración de adelantar sus tareas en seguimiento de los principios
de eficiencia, economía y celeridad, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 209 de la Constitución.
Ahora bien, para que este tipo de respuesta sea
admisible constitucionalmente, deben cumplirse varios requisitos, a saber:
1)
que exista un alto número de peticiones elevadas por personas distintas acerca
del mismo punto, y que ellas estén formuladas con el mismo formato y los mismos
argumentos, de tal manera que se pueda presumir que hay una organización formal
o informal que coordina e impulsa esas solicitudes;
2) que se dé suficiente publicidad al escrito de
respuesta, de tal  manera que se garantice efectivamente que los peticionarios
directos puedan tener  conocimiento de la contestación brindada;[70]
3) que se notifique de la respuesta a las directivas
de las organizaciones  que han impulsado y coordinado la presentación de miles
de solicitudes del mismo corte o, en el caso de que se trate de organizaciones
informales, a los líderes de ellas que se puedan identificar; y
4) que el escrito de respuesta aporte los elementos
necesarios para que cada uno de los peticionarios pueda conocer que en el
documento se le está dando respuesta a su solicitud personal, bien sea porque
en el escrito se mencionen los nombres de cada uno de los solicitantes o bien
porque la respuesta se dirige hacia grupos u organizaciones que permitan
individualizar a los destinatarios de la contestación.”
De la misma forma, esta Corporación ha sostenido en
múltiple jurisprudencia, que en relación con el principio de publicidad de los
actos administrativos, existe en el ordenamiento jurídico variados tipos de
notificación, que constituyen formas válidas y razonadas de cumplir con el
requerimiento de la notificación personal.
En efecto, resulta perfectamente razonable y
proporcionado que el legislador, en uso de la facultad de configuración
legislativa, establezca un tipo de publicidad diferente a la notificación
personal, que no resulte altamente dispendiosa para la administración pública,
en especial, cuando se trata de actos administrativos que abarcan una cantidad
amplia de destinatarios o una multitud, perfectamente determinada e
individualizada, para lo cual opta por realizar una forma de notificación que
se entienda efectuada con la publicación de una lista en un lugar público o por
cualquier otro sistema de notificación válido, como los medios electrónicos
destinados al suministro u obtención de información.
Así lo dispuso la Corte Constitucional en la
sentencia C-620 de 2004[71] al señalar:
“Si
bien es cierto, el principio general en materia de publicidad, de los actos
administrativos  de carácter particular y concreto es la notificación
personal; existen casos en los cuales el ordenamiento jurídico  ha establecido
un tipo de notificación diferente para dichos actos. Notificación esta  que es
la excepción a la regla.
(…)
Así
las cosas, el legislador extraordinario señaló una excepción al principio
general de notificación personal de los actos administrativos de carácter
personal y concreto.  Dicha excepción consiste en que la notificación de este
acto particular  se llevará a cabo a través de una notificación no personal
sino que se “entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar
público de la lista respectiva.”
Este
tipo de notificación, obedece al tipo de acto administrativo particular y
concreto que se emite.  Es decir, el acto de nombramiento de jurados de
votación puede implicar la selección de una multitud de personas con el fin de
que ejerzan ese deber constitucional.
En
otras palabras, este acto administrativo particular y concreto, puede
establecer deberes constitucionales a miles de personas –el caso de las grandes
ciudades – perfectamente determinadas e individualizadas. Lo que produce, que
sea un acto administrativo particular y concreto, pero además sui generis, por
la cantidad de destinatarios que posee.
En
concordancia con aquello, el legislador extraordinario, estableció un sistema
que no fuera altamente dispendioso para la administración pública – que hubiera
consistido en  realizar una notificación personal a cada jurado seleccionado[72]
– y optó por realizar una notificación que se entendería efectuada con la
fijación o publicación de la lista de jurados seleccionados, en un lugar
público.
En
conclusión, debido a la especialidad del acto administrativo particular y
concreto de nombramiento de jurados de votación, se creó una excepción a la
regla general de notificación de dichos actos.”
Revisados los expedientes de los casos objeto de revisión,
la Sala encuentra que las peticiones y reclamaciones presentadas con ocasión de
la publicación de los resultados del 7 de febrero de 2007, fueron resueltas por
medio de la Resolución No. 069 del 20 de marzo de 2007 proferida por el ICFES y
ampliamente divulgadas el 26 de marzo de 2007 por diferentes medios de
comunicación en los que se dio a conocer la corrección de los resultados. De la
misma forma, las reclamaciones y peticiones presentadas contra la segunda
publicación también fueron resueltas mediante la Resolución No.105 del 4 de
abril de 2007 y ampliamente difundidas el 16 de abril de 2007 por distintos
medios de comunicación, inclusive, mediante la publicación en el Diario Oficial.
7.11. De conformidad con lo anteriormente expuesto, encuentra
la Sala de Revisión que el procedimiento adelantado por las entidades
accionadas para publicar los resultados, no vulnera los derechos fundamentales
de los accionantes, puesto que se ajustó a las normas que rigieron el concurso.
Es así como, siendo necesario que el ICFES y la CNSC corrigieran las
irregularidades presentadas para dar estricto cumplimiento a las normas
reguladoras del concurso, no le era dable entonces a los actores, alegar la
existencia de un derecho a su favor a partir de tal error, ni tampoco acceder a
las vacantes puesto que no superaron la totalidad de las pruebas. De otra
parte, se evidenció que los peticionarios fueron suficientemente informados a
través de diferentes medios de comunicación sobre los ajustes que se efectuaron
y además gozaron de la posibilidad de interponer las reclamaciones frente a los
motivos de inconformidad, con lo cual por estos aspectos tampoco encuentra la
Corte que la conducta desplegada por las entidades sea vulneratoria de los
derechos alegados por los demandantes.
Con fundamento en lo anterior, la Sala Quinta de
Revisión procederá a impartir las siguientes órdenes, acogiendo las que se
impartieron por esta Corporación en Sentencia T-588 de 2008, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, en la que se resolvieron casos similares a los que
originaron las presentes acciones de tutela:
1.- Confirmará las
sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia dentro de los expedientes T-1.721.668, T-1.721.670,
T-1.721.671, T-1.721.673, T-1.721.675, T- 1.732.024, T-1.732.025, T-1.732.027 y
T- 1.735.298; Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del expediente T-1.722.160;
Tribunal Administrativo de Sucre expediente T-1.734.274; Tribunal Superior de
Antioquia dentro de los expedientes T-1.711.686 y T-1.724.249; Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Guadalajara – Buga expediente  T-1.732.011; Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Vitervo en el expediente T- 1.734.228;
y por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo en el expediente T-1.720.915,
mediante las cuales se les negó el amparo a los accionantes.
2.-
Revocará las sentencias proferidas en única instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro de los siguientes expedientes mediante las
cuales se concedió el amparo a los accionantes  y en su lugar negará por
improcedentes las tutelas por las razones expuestas: T-1.714.155, T-1.714.156, T-1.715.574,
T-1.715.575, T-1.715.576, T-1.715.577, T-1.715.578, T-1.715.579, T-1.715.580, T-1.715.581,
T-1.715.582, T-1.715.583, T-1.715.584, T-1.718.141, T-1.718.142, T-1.719.389, T-1.719.390,
T-1.719.391, T-1.719.392, T-1.719.393, T-1.719.394, T-1.719.395, T-1.719.396, T-1.719.397,
T-1.719.398, T-1.719.401, T-1.720.571, T-1.720.572, T-1.720.573, T-1.720.574, T-1.720.575,
T-1.720.576, T-1.720.577, T-1.720.578, T-1.720.579, T-1.720.580, T-1.720.581, T-1.720.582,
T-1.720.583, T-1.720.584, T-1.720.585, T-1.720.586, T-1.720.623, T-1.720.624, T-1.720.625,
T-1.721.114, T-1.721.115, T-1.721.116, T-1.721.117, T-1.721.666, T-1.721.667, T-1.721.669,
T-1.721.672, T-1.721.674, T-1.723.062, T-1.724.243, T-1.724.244, T-1.724.245, T-1.724.246,
T-1.724.247, T-1.724.248, T-1.724.250, T-1.724.251, T-1.724.266, T-1.724.422, T-1.724.423,
T-1.724.424, T-1.724.425, T-1.724.426, T-1.724.427, T-1.724.428, T-1.724.429, T-1.724.431,
T-1.724.432, T-1.724.433, T-1.724.435, T-1.728.204, T-1.728.205, T-1.728.206, T-1.728.207,
T-1.728.208, T-1.728.209, T-1.728.210, T-1.728.211, T-1.731.880, T-1.731.886, T-1.732.026,
T-1.734.041, T-1.734.282, T-1.734.283, T-1.734.284, T-1.734.285, T-1.734.286, T-1.734.287,
T-1.734.288, T-1.734.289, T-1.734.290, T-1.734.291, T-1.734.292, T-1.734.293, T-1.734.396,
T-1.734.397, T-1.734.398, T-1.734.400, T-1.734.401, T-1.734.402, T-1.734.416, T-1.734.555,
T-1.734.556, T-1.734.557, T-1.734.558, T-1.734.559, T-1.734.560, T-1.734.561, T-1.734.562,
T-1.734.563, T-1.734.564, T-1.734.565, T-1.734.566, T-1.734.567, T-1.734.568, T-1.734.569,
T-1.735.297, T-1.735.299, T-1.735.300 y T-1.735.302.
3.-
Confirmará las sentencias proferidas por el Consejo de Estado en los siguientes
expedientes, mediante las cuales revocó las sentencias de primera instancia proferidas
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y rechazó o negó por improcedente
el amparo de los accionantes: T-1.715.234, T-1.715.236, T-1.716.248, T-1.716.251,
T-1.722.519, T-1-722.524, T-1-722.526, T-1.722.566, T-1.722.609, T-1.722.610, T-1.722.611,
T-1.723.830, T-1.727.903 y T- 1.734.133.
5. Revocará la sentencia proferida por el Consejo de
Estado en el expediente T-1.722.583 mediante la cual confirmó las concedidas
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
6. Revocará las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado en los siguientes expedientes que
revocaron las concedidas por Tribunal Administrativo de Antioquia y declararon
la cesación de procedimiento por carencia de objeto: T-1.716.252, T-1.722.567,
y T- 1.734.130.
7.-Confirmará
la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en el expediente T-1.828.345 accionante Keybis Milena Morales
Bracamonte y otros mediante la cual: (i) revocó las providencias proferidas por
el Tribunal Administrativo de Antioquia y negó el amparo a los accionantes (ii)
confirmó las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
mediante las cuales se les negó el amparo a los accionantes; y (iii) confirmó
la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la
cual se le negó el amparo al accionante.
En mérito de lo anterior, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término del trámite de revisión
decretada mediante auto del 3 de marzo de 2008.
Segundo.-
CONFIRMAR las sentencias proferidas
por: (i) el Tribunal Administrativo de Antioquia del: 6 de agosto de 2007, Sala
Segunda de Decisión, accionante Irene Mena González  T-1.721.668; 2 de
agosto de 2007, Sala Décima de Decisión, accionante Ofelia Patricia Álvarez del
Río             T-1.721.670; 25 de julio de 2007, Sala Sexta de
Decisión, accionante María Elcy Echeverri Suarez T-1.721.671; 3 de
agosto de 2007, Sala Novena de Decisión, accionante Janeth López Atehortua T-1.721.673;
9 de agosto de 2007, Sala Novena de Decisión, accionante Doralba de Jesús
Jaramillo Tapias T-1.721.675; 3 de agosto de 2007, Sala de Decisión,
accionante Andrés Felipe Penagos Betancur T-1.732.024; 3 de agosto de
2007, Sala de Decisión, accionante Luz Enid Tuberquia Usuga T-1.732.025;
24 de julio de 2007, Sala Décima de Decisión, accionante Hamilton Enrique
Cuesta Parra T-1.732.027; y del 23 de agosto de 2007, Sala Novena de
Decisión, accionante Martha Doris Rivas Castaño T-1.735.298; (ii) el
Tribunal Administrativo de Córdoba del 15 de agosto de 2007, Sala Primera de
Decisión, accionante Carmen de Jesús Sánchez Rojas T-1.722.160; (iii) el
Tribunal Administrativo de Sucre del 22 de agosto de 2007, Sala Segunda de
Decisión, accionante Luis Alfredo Rodríguez Muñoz T-1.734.274; (iv) el
Tribunal Superior de Antioquia, del 15 de junio de 2007, Sala Civil – Agraria,
accionante José Nicolás Zapata Castrillón expediente T-1.711.686 y del 18
de julio de 2007, Sala Primera de Decisión, accionante Dora Nancy Mira Vásquez T-1.724.249;
(v) el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de Santa Rosa de Viterbo
del 28 de junio de 2007, Sala Única de Decisión, accionantes Arturo Barón
Manrique y Ronaldo Albeiro Martínez Carreño T-1.734.228; (vi)  el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Guadalajara – Buga del 2 de agosto de 2007,
accionante Carlos Alberto Villafañe Gómez T-1.732.011; (vii) el  Juzgado
Penal del Circuito de Roldadillo del 21 de agosto  de 2007, accionante Luz Mary
González Muñoz expediente T-1.720.915; mediante las cuales se les negó
el amparo a los accionantes.
Tercero.- REVOCAR las sentencias proferidas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia  del: 6 de julio de 2007, Sala Tercera de
Decisión, accionante Genith Vásquez Sandoval T-1.714.155; 6 de julio de
2007,  Sala Tercera de Decisión, accionante Diana María Restrepo Tabares T-1.714.156;
21 de junio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Yimy Giovany Bejarano
Bejarano T-1.715.574; 26 de junio de 2007, Sala de Decisión, accionante
Martha Cecilia Gil Palacio T-1.715.575; 26 de junio de 2007, Sala de
Decisión, accionante Francisco José Serna Palacios T-1.715.576; 26 de
junio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Yoany Alberto Román Villada T-1.715.577;
19 de junio de 2007,  Sala Sexta de Decisión, accionante Olga Lucia Flórez
Londoño T-1.715.578; 21 de junio de 2007,  Sala Octava de Decisión,
accionante Miriam Luz Dary Pérez Castro T-1.715.579; 21 de junio de
2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Blanca Iris Ortiz Cardona T-1.715.580;
21 de junio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Luis Ovidio Pérez
Montoya T-1.715.581; del 21 de junio de 2007,  Sala Quinta de Decisión,
accionante María Orfeli Higuita Rueda T-1.715.582; 12 de junio de 2007,
Sala Quinta de Decisión, accionante Carlos Alberto Toro Giraldo T-1.715.583;
21 de junio de 2007,  Sala Quinta de Decisión, accionante Óscar Alonso Betancur
Parra T-1.715.584; 13 de julio de 2007,  Sala Sexta de Decisión,
accionante Hugo Ferney Ramírez Montes T-1.718.141; 03 de julio de 2007,
Sala Octava de Decisión, accionante Rosa Adela Muriel Álvarez T-1.718.142;
26 de junio de 2007, el , Sala Novena de Decisión, accionante Diana Janeth
Acosta Herrera T-1.719.389; 26 de junio de 2007,  Sala Novena de
Decisión, accionante Mary Luz Lujan Carvajal         T-1.719.390; 26 de
junio de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante María Doralba Avendaño
Martinez T-1.719.391; 25 de junio de 2007,  Sala Quinta de Decisión,
accionante Jhonny Eleasar Ortiz Lemos T-1.719.392; 26 de junio de 2007,
Sala Novena de Decisión, accionante Martha Cecilia Parra Muñoz T-1.719.393;
26 de junio de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Celina María Rojo
Álvarez T-1.719.394; 06 de junio de 2007,  Sala Novena de Decisión,
accionante Sergio Herney Ríos Valencia T-1.719.395; 26 de junio de
2007,  Sala de Decisión, accionante Uber Herson Marín Nieto T-1.719.396;
26 de junio de 2007, el , Sala de Decisión, accionante Rosa Elena Gómez Builes T-1.719.397;
28 de junio de 2007,  Sala Tercera de Decisión, accionante Sol Marina Hurtado
Mosquera T-1.719.398; 28 de junio de 2007,  Sala Primera de Decisión,
accionante Carmen Margoth Hoyos Severiche T-1.719.401; 11 de julio de
2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Rubén Darío Tabares Echavarría T-1.720.571;
26 de junio de 2007,  Sala de Decisión, accionante María Oralia Sánchez Sánchez
T-1.720.572; 11 de julio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante
Jaime de Jesús Suarez Escobar T-1.720.573; 11 de julio de 2007,  Sala
Octava de Decisión, accionante Carlos Andrés Bermúdez Alzate T-1.720.574;
11 de julio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Mariluz Ramírez Pérez
T-1.720.575; 03 de julio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante
Nidia Elizabeth Salinas Vera T-1.720.576; 11 de julio de 2007,  Sala
Octava de Decisión, accionante Mary Din Gulfo T-1.720.577; 26 de junio
de 2007,  Sala de Decisión, accionante Yorlady Eugenia Betancur Hincapié T-1.720.578;
26 de junio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Juliet Viviana Hernández
Fonnegra T-1.720.579; 26 de junio de 2007,  Sala de Decisión, accionante
Noriel Humberto Zuleta Agudelo T-1.720.580; 26 de junio de 2007,  Sala
de Decisión, accionante Luz Marina Vélez Figueroa T-1.720.581; 26 de
junio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Yenny del Carmen Rentería Mena T-1.720.582;
11 de julio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Vladimir Antonio
Cuesta Nagles T-1.720.583; 11 de julio de 2007,  Sala Octava de
Decisión, accionante Luis Eduardo Castaño Bedoya T-1.720.584; 26 de
junio de 2007,  Sala de Decisión, accionante José Gregorio Gómez Argumedo T-1.720.585;
11 de julio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Manuel Fernando Gómez
Alzate T-1.720.586; 24 de mayo de 2007,  Sala Octava de Decisión,
accionante Carlos Dubier Taborda Serna T-1.720.623; 24 de mayo de 2007,
Sala Octava de Decisión, accionante Juan Pablo Mesa Palacio T-1.720.624;
29 de mayo de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Olga Lucia Sánchez
Valencia T-1.720.625; 27 de julio de 2007,  Sala de Decisión, accionante
Jaime Humberto Vargas Montoya T-1.721.114; 27 de julio de 2007,  Sala de
Decisión, accionante Rodrigo Antonio Mesa Marín T-1.721.115; 27 de julio
de 2007,  Sala de Decisión, accionante Manuel Pascual Palacios Palacios T-1.721.116;
27 de julio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Zuli Yuana Henao Florez T-1.721.117;
06 de agosto de 2007,  Sala Segunda de Decisión, accionante Luz Merly Ríos
Copete T-1.721.666; 06 de agosto de 2007,  Sala Segunda de Decisión,
accionante Carmen Julia Escobar Mejía T-1.721.667; 06 julio  de 2007,
Sala de Decisión, accionante Carlos Mario López Ramírez T-1.721.669; 26
julio de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Ana Judith Ortiz García T-1.721.672;
26 julio  de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Luis Erley Moncada
Montoya T-1.721.674; 06 julio  de 2007,  Sala Sexta de Decisión,
accionante Joe Andrei Salcedo Múnera T-1.723.062; 17 de junio de 2007,
Sala Quinta de Decisión, accionante Raúl Alexander Vélez Tamayo T-1.724.243;
18 de julio de 2007,  Sala Primera de Decisión, accionante Ana Cristina Zapata
Dederlé                         T-1.724.244; 18 de julio de 2007,  Sala
Décima de Decisión, accionante Luz Elena Sánchez Gómez T-1.724.245; 18
de julio de 2007,  Sala Primera de Decisión, accionante, accionante Denis
Torres Rivera T-1.724.246; 18 de julio de 2007,  Sala Primera de
Decisión, accionante, accionante Nora Astrid Giraldo Duque T-1.724.247;
18 de julio de 2007,  Sala Primera de Decisión, accionante Ana Lena Pérez Henao
T-1.724.248; 18 de julio de 2007,  Sala Primera de Decisión, accionante
Diana Lucía Pérez Correa T-1.724.250; 18 de julio de 2007,  Sala Primera
de Decisión, accionante Martha Isabel González Giraldo T-1.724.251; 26
de junio de 2007,  Sala Cuarta de Decisión, accionante María Magdalena Restrepo
Pérez T-1.724.266; 10 de julio de 2007,  Sala Novena de Decisión,
accionante Cenide Yaneth Medina Balbín T-1.724.422; 10 de julio de
2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Edwin Eliécer Cuesta Paz T-1.724.423;
10 de julio de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Hernando León Tamayo
Bedoya T-1.724.424; 10 de julio de 2007,  Sala Novena de Decisión,
accionante Edgar Arturo Echeverri Pérez T-1.724.425 ; 10 de julio
de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Arelis del Carmen López Vega T-1.724.426;
10 de julio de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Deicy Lorena Cortés
Rincón T-1.724.427; 10 de julio de 2007,  Sala Novena de Decisión
accionante Eliécer de Jesús Mazo Monsalve T-1.724.428; 13 de julio de
2007,  Sala Primera de Decisión, accionante Luz Mary Espinoza Cuesta T-1.724.429;
13 de julio de 2007,  Sala Primera de Decisión, accionante Juan Felipe Espinosa
Pereañez T-1.724.431; 10 de julio de 2007,  Sala Novena de Decisión,
accionante Lourdes de Jesús Vergara Suárez T-1.724.432; 13 de julio de
2007,  Sala de Decisión, accionante Ricardo Suárez Monsalve T-1.724.433;
24 de julio de 2007,  Sala Tercera de Decisión, accionante Hugo Alexander Ortiz
Uribe T-1.724.435; 08 de agosto de 2007,  Sala Novena de Decisión,
accionante Claudia Marina Zuluaga Zuluaga T-1.728.204; 17 de agosto de
2007,Sala Novena de Decisión, accionante Cristina del Carmen Cardona Herrera  T-1.728.205;
17 de agosto de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Claudia Patricia
Higuita Garcés T-1.728.206; 17 de agosto de 2007,  Sala Novena de
Decisión, accionante María Dionis Menoyos Gaviria T-1.728.207; 08 de
agosto de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Jorge Aníbal Medina Pérez T-1.728.208;
08 de agosto de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Ana Julia Rovira
Gutiérrez T-1.728.209; 17 de agosto de 2007,  Sala Novena de Decisión,
accionante Carlos Federico Mendoza Fandiño T-1.728.210; 17 de agosto de
2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Álvaro Valencia Hernández T-1.728.211;
17 de agosto de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Zeila Katherine
Restrepo Bolívar T-1.731.880; 03 de Septiembre de 2007,  Sala Cuarta de
Decisión, accionante Gloria Eelena Tamayo Pérez T-1.731.886; 01 de
agosto de 2007,  Sala Segunda de Decisión, accionante Leidy Yuranny Arias
Cartagena T-1.732.026; 01 de agosto de 2007,  Sala Tercera de Decisión,
accionante Zulema del Carmen Espinosa T-1.734.041; 28 de junio de 2007,
Sala Novena de Decisión, accionante Bibiana María Tobón Uribe T-1.734.282;
28 de junio de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Wilson Arley Gómez
Toro T-1.734.283; 29 de junio de 2007,  Sala Novena de Decisión,
accionante Carlos Alberto Pacheco T-1.734.284; 28 de junio de 2007,
Sala Novena de Decisión, accionante Juliana María Vargas Mora T-1.734.285;
06 de julio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Diana Lucia Castillo Patiño T-1.734.286;03
de julio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Libia Inés Escobar Aguirre T-1.734.287;
03 de julio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Francia Zuleyma Toral Lozano
T-1.734.288; 03 de julio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Clara
Inés Flórez Villa T- 1.734.289; 06 de julio de 2007,  Sala de Decisión,
accionante Gladys Osorio Orozco T- 1.734.290; 06 de julio de 2007,  Sala
de Decisión, accionante Sergio Orlando Ríos Ospina T- 1.734.291; 06 de julio
de 2007,  Sala de Decisión, accionante Fátima del Rosario Ortiz Gallo T-1.734.292;
03 de julio de 2007,  Sala de Decisión, accionante Luis Fernando Ruiz Coronado T-
1.734.293; 23 de julio de 2007  Sala Segunda de Decisión, accionante Gladis
Emilia Prisco Villa T-1.734.396; 23 de julio de 2007  Sala Segunda de
Decisión, accionante Harney Palacios Bejarano T-1.734.397; 23 de julio
de 2007  Sala Segunda de Decisión, accionante Sulma Yaceny Serna Rivera T-1.734.398;
18 de julio de 2007  Sala Décima de Decisión, accionante Juana Delida Palacios
Rodríguez T-1.734.400; 18 de julio de 2007  Sala Tercera de Decisión,
accionante Jhon Jairo Serna Moreno T-1.734.401; 13 de julio de 2007  Sala
Primera de Decisión, accionante María Yolanda Echavarría Morales T-1.734.402;
13 de julio de 2007  Sala Primera de Decisión, accionante Olga Elizabeth
Palacio Roldán T-1.734.416; 27 de julio de 2007  Sala de Decisión,
accionante Mary Luz Vélez Montoya T-1.734.555; 25 de julio de 2007  Sala
Segunda de Decisión, accionante Beatriz Cecilia Cardona Sánchez T-1.734.556;
27 de julio de 2007  Sala de Decisión, accionante Lludi Andrea Buitrago Arias T-1.734.557;
26 de julio de 2007  Sala Cuarta de Decisión, accionante Jhon Jairo Solano
Cabrera T-1.734.558; 27 de julio de 2007  Sala Octava de Decisión,
accionante María Teresa Yépes Zambrano T-1.734.559; 27 de Julio de 2007
Sala de Decisión, accionante Josué Elevi Martínez Pérez T-1.734.560; 26
de julio de 2007  Sala Cuarta de Decisión, accionante Yassfir Joaozinho Perea
Lozano T-1.734.561; 26 de julio de 2007  Sala Cuarta de Decisión,
accionante Guillermo de Jesús Gil Amaya T-1.734.562; 26 de julio de
2007  Sala Cuarta de Decisión, accionante Claudia Milena Mena Medrano T-1.734.563;
10 de julio de 2007  Sala Novena de Decisión, accionante Edgar Vianey Rendón
Loaiza T-1.734.564; 10 de julio de 2007  Sala Novena de Decisión,
accionante Angélica María Molano Cristancho T-1.734.565; 10 de julio de
2007  Sala Novena de Decisión, accionante Virginia Mena Zúñiga T-1.734.566;
10 de julio de 2007  Sala Novena de Decisión, accionante Karol Marcela Vargas
Arboleda T-1.734.567; 10 de julio de 2007  Sala Novena de Decisión,
accionante María Margarita Zapata Gómez T-1.734.568; 10 de julio de
2007  Sala Novena de Decisión, accionante Álvaro de la Cruz Sepúlveda Lezcano T-1.734.569;
23 de agosto de 2007  Sala Novena de Decisión, accionante Tanela Rodríguez
Perea T-1.735.297; 23 de agosto de 2007  Sala Novena de Decisión,
accionante Olga Nancy Arias Vélez T-1.735.299; 23 de agosto de 2007
Sala Novena de Decisión, accionante Jhon Edison Cataño Correa T-1.735.300;
y del 23 de agosto de 2007  Sala Novena de Decisión, accionante Fabián Eulises
Posada Múnera T-1.735.302. En su lugar NEGAR por improcedentes
las tutelas por las razones expuestas.
Cuarto.-
CONFIRMAR las siguientes sentencias proferidas por el Consejo
de Estado, mediante las cuales revocó las sentencias de primera instancia
proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y rechazó o negó por
improcedente el amparo de los accionantes: 9 de agosto de 2007, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección segunda – subsección B, accionante Jaime de
Jesús Berrío Mora T-1.715.234; 26 de julio de 2007, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección segunda – subsección B, accionante Miriam
Elena Sierra García T-1.715.236; 19 de julio de 2007, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección segunda – subsección B, accionante Doris
del Socorro Román Quintero T-1.716.248; 26 de julio de 2007, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección segunda – subsección B, accionante Donaldo
Lemos García T-1.716.251; 9 de agosto de 2007, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección segunda, subsección A, accionante Ledys Adriana Pérez
Castaño T-1.722.519; 02 de agosto de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B,
accionante Nydia del Carmen Londoño Munera T-1.722.524; 9 de agosto de
2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda - subsección B,
accionante Yadira Espitaleta Torres T-1.722.526; 9 de agosto de 2007,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda - subsección B,
accionante Jessie Paola Ramírez Arias T-1.722.566; 9 de agosto de 2007,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda – subsección B,
accionante Durley Zuluaga Bedoya T-1.722.609; 9 de agosto de 2007, Sala
de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, accionante
Paula Andrea Arboleda Urrego T-1.722.610; 2 de agosto de 2007, Sala de
lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, accionante Martha
Cecilia Muriel Urrego T-1.722.611; 02 de agosto de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección
segunda – subsección B, accionante Jesús Emilio Pulgarín Muñoz T-1.723.830;
26 de julio de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda –
subsección B, accionante Alfredo Manuel Bogles Cervera T-1.727.903; y
del 03 de agosto de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección
primera, accionante Diego Alejandro Guerrero Marín T-1.734.133.
Quinto.- REVOCAR la sentencia proferida el 9 de agosto del 2007 por el
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, dentro del expediente T-1.722.583,
accionante Judy Arlensi Cardona Callejas y otros y en su lugar NEGAR por
improcedente la tutela por las razones expuestas de los accionantes Judy
Arlensi Cardona Callejas, Dora Margoth Villa Londoño, Olga de Jesús Hoyos
Salazar y Gustavo Tapia Beltrán.
Sexto.-  REVOCAR las
sentencias proferidas por La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta del Consejo de Estado en los siguientes expedientes, por medio de las
cuales revocaron las concedidas por Tribunal Administrativo de Antioquia y
declararon la cesación de procedimiento por carencia de objeto: 15 de agosto de
2007, accionante Rovidio de Jesús Patiño T-1.716.252; 15 de agosto de 2007, accionante Adriana Idarraga
Gómez T-1.722.567; y del 23 de agosto
de 2007, accionante María Teresa Gómez Arenas T-1.734.130.
Séptimo.-
CONFIRMAR la sentencia del 11 de diciembre de 2007, del Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, accionante Keybis Milena Morales
Bracamonte y otros T-1.828.345; mediante la cual: (i) REVOCÓ las
siguientes providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia
y DENEGÓ el amparo a los siguientes accionantes: Sala Segunda de
Decisión, 5 de junio de 2007, Accionante: Sandra Elena Tobón Cartagena; Sala Sexta
de Decisión, 3 de agosto de 2007, Accionante: Nelsón Arismendi Marín; Sala
Décima de Decisión, 25  de julio de 2007, Accionante: María Eugenia Lora
Higuita; Sala  Décima de Decisión, 25 de julio de 2007, Accionante: Bladimir
Vargas Montoya; Sala Sexta  de Decisión, 3  de agosto de 2007, Accionante: Sandra
Patricia Seguro; Sala Sexta de Decisión, 27 de julio de 2007, Accionante: Olga
María Torrente Usuaga; Sala Segunda de Decisión, 1 de agosto de 2007, Accionante:
Virgelina Gómez Lara;  Sala de Decisión, 15  se agosto de 2007, Accionante:
Sulbed Yepes Escobar; Sala Sexta de Decisión, 2  de agosto de 2007, Accionante:
Consuelo María Acosta Monterrosa; Sala Sexta de Decisión, 2  de agosto de 2007,
Accionante: Danis del Carmen Pereira Rivero; Sala de Decisión, 15  de agosto de
2007, Accionante: Carlos Humberto Lujan Montaño; Sala Sexta de Decisión, 3 de
agosto de 2007, Accionante: Jhonny Ovideo Sánchez Cardona; Sala Segunda de
Decisión, 13 de agosto de 2007, Accionante: Teobaldo Bejarano Romaña; Sala
Tercera  de Decisión, 16 de agosto de 2007, Accionante: José Ignacio Muñoz
Montoya; Sala Sexta de Decisión, 13 de agosto de 2007, Accionante: Darley
Maturín Córdoba; Sala Tercera  de Decisión, 28 se agosto de 2007, Accionante: Wilson
de Jesús Duque Gil; Sala Sexta  de Decisión, 23 de agosto de 2007, Accionante: Ana
Cecilia Arroyave Granda; Sala Tercera de Decisión, 29 de agosto de 2007, Accionante:
Sandra María Giraldo Cuervo; Sala Segunda de Decisión, 3 de septiembre de 2007,
Accionante: Miguel Francisco Gómez Martínez; Sala Sexta de Decisión, 23 de
agosto de 2007, Accionante: Eumaira López Londoño; Sala Sexta de Decisión, 23
de agosto de 2007, Accionante: Rubén Darío Salazar Estrada; Sala Tercera de
Decisión, 4 de septiembre de 2007, Accionante: Francisco Rodrigo Echeverry
Pérez; Sala Cuarta de Decisión, 31 de agosto de 2007, Accionante: Beatriz Elena
Restrepo Zapata; Sala Tercera de Decisión, 4 de septiembre de 2007, Accionante:
Luis Reyes Palacios Córdoba; Sala Segunda de Decisión, 3 de septiembre de 2007,
Accionante: Glenis María Gómez Gómez; Sala del Sexta de Decisión, 23 de agosto
de 2007, Accionante: Orlando Adolfo Álvarez Celis; Sala Segunda de Decisión, 3
de septiembre de 2007, Accionante: Gustavo Ángel Quitían González; Sala Primera
de Decisión, 30 de agosto de 2007, Accionante: Román Darío Arroyave Arango;
Sala Cuarta de Decisión, 3 de septiembre de 2007, Accionante: Yesenia Ester
Trejo Orozco; Sala Octava de Decisión, 5 de septiembre de 2007, Accionante: Flor
María Pérez Paniagua; Sala Primera de Decisión, 13 de Septiembre de 2007,
Accionante: Toribio Pauth Bello; Sala Quinta de Decisión, 30 de agosto  de
2007, Accionante: Dora Patricia Montoya Osorio; Sala Décima de Decisión, 3 de
septiembre de 2007, Accionante: Sandra María Giraldo Cuervo; Sala Octava de
Decisión, 13 de Septiembre de 2007, Accionante: Israel Valencia Álvarez; (ii) CONFIRMÓ
las siguientes providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, mediante las cuales se les NEGÓ el amparo a los siguientes
accionantes: Sala Cuarta de Decisión, 13 de julio de 2007, Accionante: Keybis
Milena Morales Bracamonte; Sala Cuarta de Decisión, 13 de julio de 2007; Accionante:
Kenia Luz Romero Ricardo; Sala Cuarta de Decisión, 26 de julio de 2007, Accionante:
Blanca Amelia Rhenals Vélez Ricardo; Sala Primera de Decisión, 9 de Agosto de
2007, Accionante: Álvaro Luis Carmona Mejía; Sala Primera de Decisión, 9 de
Agosto de 2007, Accionante: Diana Patricia Carrasca Hernández; Sala Cuarta de
Decisión, 13 de julio de 2007, Accionante: Elkin Robert Salas Navarro; Sala
Primera de Decisión, 13 de Agosto de 2007, Accionante: Yamileth Romaña Salas;
Sala Cuarta de Decisión, 16 de agosto  de 2007, Accionante: Marly Isabel Petro
Fernández; Sala Primera de Decisión, 15 de Agosto de 2007, Accionante: Asterio
Francisco Pineda Delgado; Sala Cuarta de Decisión, 21 de agosto de 2007, Accionante:
Martín Eduardo Vargas Escobar, Sala Cuarta, 16 de agosto de 2007; Accionante: Ruth
Sofía Calderón Acevedo; Sala Cuarta de Decisión, 21 de agosto de 2007,
Accionante: Eugenio Miguel Villalba Fajardo; Sala Primera de Decisión, 22 de
Agosto de 2007, Accionante: Roger Andrés Ramos Galeano; Sala Cuarta de Decisión,
21 de agosto de 2007 Accionante: Marcos León Benítez Peña; Sala Tercera de
Decisión, 24 de agosto de 2007, Accionante: Margarita Elena Castillo Pacheco;
Sala Segunda de Decisión, 29 de Agosto de 2007, Accionante: Margarita Elena
Castillo Pacheco; Sala Primera de Decisión, 22 de Agosto de 2007, Accionante: Filiberto
Castro Navarro; Sala Cuarta de Decisión, 3 de septiembre de 2007, Accionante: Digna
Rosa Peralta Zúñiga; Sala Cuarta de Decisión, 3 de septiembre de 2007, Accionante:
Orlando José Flórez Puertas; Sala Primera de Decisión, 28 de Agosto de 2007,
Accionante: Emilson  Manuel Montiel Rodríguez; Sala Cuarta de Decisión, 16 de
agosto de 2007, Accionante: Claudia Bertel Contreras; Sala Tercera de Decisión,
3 de septiembre de 2007, Accionante: Luis Alfredo Díaz Contreras; Sala Tercera
de Decisión, 4 de septiembre de 2007, Accionante: Emérita Esther Reyes Vergara;
Sala Tercera de Decisión, 4 de septiembre  de 2007, Accionante: Edis Edith
Herazo Escudero; Sala Tercera de Decisión, 4 de septiembre  de 2007, Accionante:
Nira Adalgiza Petro Martelo; Sala Tercera de Decisión, 11 de septiembre  de
2007,  Accionante: Aída Rebeca Mendoza Hernández;  Sala Cuarta de Decisión, 13
de julio de 2007, Accionante: Ana Rosa Espitía Ortiz; Sala Primera de Decisión,
20 de septiembre  de 2007, Accionante: Carolina Andrea Soto Yeneris; Sala
Cuarta de Decisión, 4 de octubre de 2007, Accionante: Eutimio Escobar Noguera; y
(III) CONFIRMÓ la providencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre, el 23 de agosto de 2007, mediante la cual se le NEGÓ  el
amparo al accionante Wilson de Jesús Canchila Contreras.
Octavo.-
Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
JORGE IGNACIO PRETEL CHALJUB
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[2] Mediante auto del 4
de octubre de 2007 fueron acumulados al expediente T-1.711.686 (José Nicolás
Zapata Castrillón) los siguientes: T-1.714.155 (Genith Vásquez Sandoval);
T-1.714.156 (Diana María Restrepo Tabares); T-1.715.234 (Jaime de Jesús Berrío
Mora); T-1.715.236 (Miriam Elena Sierra García); T-1.715.574 (Yimy Giovany
Bejarano Bejarano); T-1.715.575 (Martha Cecilia Gil Palacio); T-1.715.576
(Francisco José Serna Palacios); T-1.715.577 (Yoany Alberto Román Villada); T-1.715.578
(Olga Lucia Flórez Londoño); T-1.715.579 (Miriam Luz
Dary Pérez Castro); T-1.715.580 (Blanca Iris Ortiz
Cardona); T-1.715.581 (Luis Ovidio Pérez Montoya); T-1.715.582 (María Orfeli
Higuita Rueda); T-1.715.583 (Carlos Alberto Toro Giraldo); T-1.715.584 (Óscar
Alonso Betancur Parra); T-1.716.248 (Doris del Socorro Román Quintero);
T-1.716.251 (Donaldo Lemos García); T-1.716.252 (Rovidio de Jesús Patiño );
T-1.718.141 (Hugo Ferney Ramírez Montes); T-1.718.142 (Rosa Adela Muriel
Álvarez); T-1.719.389 (Diana Janeth Acosta Herrera); T-1.719.390 (Mary Luz
Lujan Carvajal); T-1.719.391 (María Doralba Avendaño Martinez); T-1.719.392
(Jhonny Eleasar Ortiz Lemos); T-1.719.393 (Martha Cecilia Parra Muñoz );
T-1.719.394 (Celina María Rojo Álvarez); T-1.719.395 (Sergio Herney Ríos
Valencia); T-1.719.396 (Uber Herson Marín Nieto); T-1.719.397 (Rosa Elena Gómez
Builes ); T-1.719.398 (Sol Marina Hurtado Mosquera); T-1.719.401 (Carmen
Margoth Hoyos Severiche); T-1.720.505 (Eduar Enrique Rivero Anaya ). Este
expediente fue desacumulado para ser fallado en sentencia distinta, por cuanto
uno de los entes demandados no es el mismo y las situaciones fácticas, así como
la problemática jurídica son diferentes; T-1.720.571 (Rubén Darío Tabares
Echavarría); T-1.720.572 (María Oralia Sánchez Sánchez); T-1.720.573 (Jaime de Jesús Suarez Escobar); T-1.720.574
(Carlos Andrés Bermúdez Alzate); T-1.720.575 (Mariluz Ramírez Pérez);
T-1.720.576 (Nidia Elizabeth Salinas Vera); T-1.720.577 (Mary Din Gulfo);
T-1.720.578 (Yorlady Eugenia Betancur Hincapié); T-1.720.579 (Juliet Viviana
Hernández Fonnegra); T-1.720.580 (Noriel Humberto Zuleta Agudelo); T-1.720.581
(Luz Marina Vélez Figueroa); T-1.720.582 (Yenny del Carmen Rentería Mena);
T-1.720.583 (Vladimir Antonio Cuesta Nagles); T-1.720.584 (Luis Eduardo Castaño
Bedoya); T-1.720.585 (José Gregorio Gómez Argumedo); T-1.720.586 (Manuel
Fernando Gómez Alzate); T-1.720.623 (Carlos Dubier Taborda Serna); T-1.720.624
(Juan Pablo Mesa Palacio); T-1.720.625 (Olga Lucia Sánchez Valencia); T-1.720.915
(Luz Mary González Muñoz); T-1.721.114 (Jaime Humberto Vargas Montoya);
T-1.721.115 (Rodrigo Antonio Mesa Marín ); T-1.721.116 (Manuel Pascual Palacios
Palacios ); T-1.721.117 (Zuli Yuana Henao Florez); T-1.721.666 (Luz Merly Ríos
Copete); T-1.721.667 (Carmen Julia Escobar Mejía); T-1.721.668 (Irene Mena
González ); T-1.721.669 (Carlos Mario López Ramírez ); T-1.721.670 (Ofelia
Patricia Álvarez del Río); T-1.721.671 (María Elcy Echeverri Suarez);
T-1.721.672 (Ana Judith Ortiz García); T-1.721.673 (Janeth López Atehortua);
T-1.721.674 (Luis Erley Moncada Montoya); T-1.721.675 (Doralba de Jesús
Jaramillo Tapias); T-1.722.160 (Carmen de Jesús Sánchez Rojas); T-1.722.519
(Ledys Adriana Pérez Castaño); T-1.722.524 (Nydia del Carmen Londoño Munera);
T-1.722.526 (Yadira Espitaleta Torres); T-1.722.566 (Jessie Paola Ramírez
Arias); T-1.722.567 (Adriana Idarraga Gómez); T-1.722.583 (Judy Arlensi Cardona
Callejas y otros); T-1.722.609 (Durley Zuluaga Bedoya); T-1.722.610 (Paula
Andrea Arboleda Urrego); T-1.722.611 (Martha Cecilia Muriel Urrego);
T-1.723.062 (Joe Andrei Salcedo Múnera).
Mediante auto del 11 de octubre de 2007, fueron acumulados los
siguientes expedientes: T-1.723.830 (Jesús Emilio Pulgarín Muñoz);
T-1.724.243 (Raúl Alexander Vélez Tamayo.); T-1.724.244 (Ana
Cristina Zapata Dederlé); T-1.724.245 (Luz Elena Sánchez Gómez)
T-1.724.246 (Denis Torres Rivera.); T-1.724.247 (Nora Astrid
Giraldo Duque); T-1.724.248 (Ana Lena Pérez Henao.); T-1.724.249 (Dora Nancy
Mira Vásquez.); T-1.724.250 (Diana Lucía Pérez Correa); T-1.724.251 (Martha
Isabel González Giraldo); T-1.724.266 (María Magdalena Restrepo Pérez.);
T-1.724.422 (Cenide Yaneth Medina Balbín); T-1.724.423 (Edwin Eliécer Cuesta
Paz.); -1.724.424 (Hernando León Tamayo Bedoya); T-1.724.425
(Edgar Arturo Echeverri Pérez.) T-1.724.426 (Arelis del
Carmen López Vega); T-1.724.427 (Deicy Lorena Cortés
Rincón) ; T-1.724.428 (Eliécer de Jesús Mazo
Monsalve); T-1.724.429 (Luz Mary Espinoza Cuesta):
T-1.724.431 (Juan Felipe Espinosa Pereañez.); T-1.724.432
(Lourdes de Jesús Vergara Suárez.): T-1.724.433 (Ricardo Suárez Monsalve.):
T-1.724.435 (Hugo Alexander Ortiz Uribe.); T-1.727.903 (Alfredo Manuel Bogles
Cervera.);T-1.728.204 (Claudia Marina Zuluaga Zuluaga.); T-1.728.205
(Cristina del Carmen Cardona Herrera.); T-1.728.206 (Claudia Patricia Higuita
Garcés.); T-1.728.207 (María Dionis Menoyos Gaviria); T-1.728.208
(Jorge Aníbal Medina Pérez.); T-1.728.209 (Ana Julia
Rovira Gutiérrez.); T-1.728.210 (Carlos Federico Mendoza Fandiño.); T-1.728.211
(Álvaro Valencia Hernández.
Mediante auto del
24 de octubre de 2007 fueron acumulados los siguientes expedientes: T-
1.731.880 (Zeila Katherine Restrepo Bolívar); T- 1.731.886 (Gloria Eelena
Tamayo Pérez); T- 1.732.011 (Carlos Alberto Villafañe Gómez); T- 1.732.023
(Edwin Sepúlveda Lora) este expediente fue desacumulado y devuelto por vicios procedimentales
mediante auto de noviembre 16 de 2007. Ingresó nuevamente a la Corte
Constitucional con el No.T-1.933.649 y por auto de junio 26 de 2008 no fue
seleccionado; T- 1.732.024 (Andrés
Felipe Penagos Betancur); T- 1.732.025 (Luz Enid Tuberquia Usuga); T- 1.732.026 (Leidy Yuranny Arias Cartagena); T- 1.732.027 (Hamilton Enrique Cuesta Parra); T- 1.734.041 (Zulema del
Carmen Espinosa); T- 1.734.130 (María Teresa Gómez Arenas ); T- 1.734.133
(Diego Alejandro Guerrero Marín); T- 1.734.228 (Arturo Barón Manrique y Ronaldo
Albeiro Martínez Carreño); T- 1.734.274 (Luis Alfredo Rodríguez Muñoz);
T- 1.734.282 (Bibiana María Tobón Uribe); T- 1.734.283 (Wilson Arley Gómez
Toro); T- 1.734.284 (Carlos Alberto Pacheco); T-
1.734.285 (Juliana María Vargas Mora); T- 1.734.286 (Diana Lucia Castillo
Patiño); T- 1.734.287 (Libia Inés Escobar Aguirre); T- 1.734.288 (Francia
Zuleyma Toral Lozano); T- 1.734.289 (Clara Inés Flórez Villa); T- 1.734.290
(Gladys Osorio Orozco); T- 1.734.291 (Sergio Orlando Ríos
Ospina); T- 1.734.292 (Fátima del Rosario Ortiz Gallo); T- 1.734.293 (Luis Fernando Ruiz Coronado ); T- 1.734.396 (Gladis
Emilia Prisco Villa); T- 1.734.397 (Harney Palacios Bejarano); T- 1.734.398
(Sulma Yaceny Serna Rivera); T- 1.734.400 (Juana Delida Palacios Rodríguez); T-
1.734.401 (Jhon Jairo Serna Moreno); T- 1.734.402 (María Yolanda Echavarría
Morales); T- 1.734.416 (Olga Elizabeth Palacio Roldán); T- 1.734.555
(Mary Luz Vélez Montoya); T- 1.734.556 (Beatriz Cecilia Cardona Sánchez); T- 1.734.557 (Lludi Andrea Buitrago Arias); T-
1.734.558 (Jhon Jairo Solano Cabrera); T- 1.734.559 (María Teresa Yépes
Zambrano); T- 1.734.560 (Josué Elevi Martínez Pérez); T-
1.734.561 (Yassfir Joaozinho Perea Lozano); T- 1.734.562 (Guillermo
de Jesús Gil Amaya); T- 1.734.563 (Claudia Milena Mena
Medrano; T- 1.734.564 (Edgar Vianey Rendón Loaiza); T- 1.734.565 (Angélica
María Molano Cristancho); T- 1.734.566 (Virginia Mena Zúñiga) T-
1.734.567 (Karol Marcela Vargas Arboleda); T- 1.734.568 (María Margarita Zapata
Gómez); T- 1.734.569 (Álvaro de la Cruz Sepúlveda Lezcano); T- 1.735.297
(Tanela Rodríguez Perea); T- 1.735.298 (Martha Doris Rivas
Castaño); T- 1.735.299 (Olga Nancy Arias Vélez); T- 1.735.300 (Jhon
Edison Cataño Correa); T- 1.735.302 (Fabián Eulises Posada
Múnera).
[3] Expediente T-1828345 (Keybis Milena Morales Bracamonte y otros).
[4] Los nombres de los accionantes en cada expediente y los detalles de
cada caso se encuentran en el Anexo 1 de esta sentencia.
[5] Ver sentencia T-466 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] De conformidad con la información que reposa en los expedientes, en
los siguientes casos se pudo constatar las resoluciones expedidas por el ICFES
para dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos, mediante las cuales da
validez a los resultados aprobatorios obtenidos en las pruebas realizadas en el
concurso: T-1.715.236 (Resolución No.173 de junio 7 de
2007); T-1.715.576 (Resolución No.203 de junio 25 de 2007); T-1.715.578
(Resolución No.203 de junio 25 de 2007);  T-1.715.579(Resolución No.215 de
julio 3 de 2007);  T-1.715.583 (Resolución No.206 de junio 27 de 2007);
T-1.716.248 (Resolución No.173 de junio 7 de 2007);  T-1.716.251 (Resolución
No.169 de junio 4 de 2007);  T-1.716.252 (Resolución No206 de junio 27 de
2007);  T-1.719.395 (Resolución No.173 de junio 7 de 2007); 1.720.623 (Resolución
No.169 de junio 4 de 2007); T-1.720.624 (Resolución No.169 de junio 4 de
2007);   T-1.720.625 (Resolución No.173 de junio 7 de 2007);  T- 1.722.519
(Resolución No.192 de junio 19 de 2007);  T-1.722.524 (Resolución No.173 de
junio 7 de 2007); T-1.722.566 (Resolución No.201 de junio 21 de 2007);   T-1.723.830 (Resolución No.179 de junio 12 de 2007), y T-1.722.567 (Resolución
No.209 de junio 28 de 2007).
[7] Esta orden fue proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, en sentencia del 29 de mayo de 2007, expediente
T.1.722.583 acumulado, en el caso de la accionante Olga de Jesús Hoyos Salazar.
[8] La información detallada sobre las sentencias revisadas por la Corte
Constitucional en la presente acción de tutela se encuentra en el Anexo 1 de
esta sentencia.
[9]
Expedientes T-1.711.686, T-1.720.915, T-1.721.668, T-1.721.670,
T-1.721.671, T-1.721.673, T-1.721.675, T-1.722.160, T- 1.724.249, T-1.732.011,
T-1.732.024, T-1.732.025, T-1.732.027, T-1.734.228, T-1.734.274  y  T-735.298.
[10] Expedientes
T-1.715.234, T-715.236, T-1.716.248, T-1.716.251, T-1.722.519, T-1.722.524,
T-1.722.526, T-1.722.566, T-1.722.609, T-1.722.610, T-1.722.611, T-1.723.830,
T-1.727.903, T-1.734.133.
[11] En el expediente
T-1.722.583 acumulado, los accionantes son Judy Arlensi Cardona Callejas, Dora
Margoth Villa Londoño, Olga de Jesús Hoyos Salazar y Gustavo Tapia Beltrán.
[12] Sandra Elena Tobón Cartagena; Nelsón Arismendi
Marín; María Eugenia Lora Higuita; Bladimir Vargas Montoya; Sandra Patricia
Seguro; Olga María Torrente Usuaga; Virgelina Gómez Lara; Sulbed Yepes Escobar;
Consuelo María Acosta Monterrosa; Danis del Carmen Pereira Rivero; Carlos
Humberto Lujan Montaño; Jhonny Ovideo Sánchez Cardona; Teobaldo Bejarano
Romaña; José Ignacio Muñoz Montoya; Darley Maturín Córdoba; Wilson de Jesús
Duque Gil; Ana Cecilia Arroyave Granda; Sandra María Giraldo Cuervo; Miguel
Francisco Gómez Martínez; Eumaira López Londoño; Rubén Darío Salazar Estrada;
Francisco Rodrigo Echeverry Pérez; Beatriz Elena Restrepo Zapata; Luis Reyes Palacios
Córdoba; Glenis María Gómez Gómez; Orlando Adolfo Álvarez Celis; Gustavo Ángel
Quitían González; Román Darío Arroyave Arango; Yesenia Ester Trejo Orozco; Flor
María Pérez Paniagua; Toribio Pauth Bello; Dora Patricia Montoya Osorio; Sandra
María Giraldo Cuervo; y Israel Valencia Álvarez.
[13] Keybis Milena
Morales Bracamonte; Kenia Luz Romero Ricardo; Blanca Amelia Rhenals Vélez
Ricardo; Álvaro Luis Carmona Mejía; Diana Patricia Carrasca Hernández; Elkin
Robert Salas Navarro; Yamileth Romaña Salas; Marly Isabel Petro Fernández;
Asterio Francisco Pineda Delgado; Martín Eduardo Vargas Escobar, Ruth Sofía
Calderón Acevedo; Eugenio Miguel Villalba Fajardo; Roger Andrés Ramos Galeano;
Marcos León Benítez Peña; Margarita Elena Castillo Pacheco; Margarita Elena
Castillo Pacheco; Filiberto Castro Navarro; Digna Rosa Peralta Zúñiga; Orlando
José Flórez Puertas; Emilson  Manuel Montiel Rodríguez; Claudia Bertel
Contreras; Luis Alfredo Díaz Contreras; Emérita Esther Reyes Vergara; Edis
Edith Herazo Escudero; Nira Adalgiza Petro Martelo; Aída Rebeca Mendoza
Hernández; Ana Rosa Espitía Ortiz; Carolina Andrea Soto Yeneris; Eutimio
Escobar Noguera.
[14] Wilson de Jesús Canchila Contreras.
[15] Ver, entre otras, la
Sentencia T-588 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, en la que esta
Corporación estudio asuntos de similar naturaleza a la de las presentes
acciones de tutela.
[16] Sentencia SU-133 de
1998.
[17] Ver entre otras la
sentencia C-753 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[18] Sentencias C-1230 de 2005, C-175 de 2006 y C-211 de 2007,
entre otras.
[19] Modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 2003.
[20] Ver sentencia C-746
de 1999.
[21] Sentencias C-507/95, C-746/99, C-725/00, C-517/02 y
C-313/03.
[22] Ver sentencia C-1230
del 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] Sentencia C-753 de
2008, ya citada.
[24] La disposición
mencionada determina: “Artículo 111. Facultades extraordinarias: Concédase
precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República por el
término de seis (6) meses, para: (…) 111.2. Se conceden facultades
extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses
contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir un nuevo
régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos
docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la
presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y
competencias y con los recursos. // El nuevo régimen de carrera docente y
administrativa se denominará Estatuto de Profesionalización Docente y tomará en
cuenta entre otros los siguientes criterios: // 1. Mejor salario de ingreso a
la carrera docente. // 2. Requisitos de ingreso. // 3. Escala salarial única
nacional y grados de escalafón. // 4. Incentivos a mejoramiento profesional,
desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de
especialización. // 5. Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia,
ascensos y exclusión de la carrera. // 6. Oportunidades de mejoramiento
académico y profesional de los docentes. // 7. Asimilación voluntaria de los
actuales docentes y directivos docentes contemplado en el Decreto-ley 2277 de
1979. // Para la preparación del proyecto de Estatuto de Profesionalización
Docente, el Ministerio de Educación Nacional conformará un grupo de trabajo
integrado por dos representantes del Honorable Congreso de la República, dos
representantes de la Federación Colombiana de Educadores, dos expertos
designados por el señor Presidente de la República, y el Ministro de Educación
Nacional, quien presidirá el grupo. Elegido un nuevo Presidente de la
República, éste designará a una persona para que integre dicho grupo de
trabajo. (…)”
[25] Ver entre otras, las
sentencias T-534 de 2007 y T-588 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[26] Art. 1° del Decreto
1278 de 2002.
[27] En
sentencia C-208 de 2007 la Sala Plena declaró la exequibilidad del Decreto Ley
1278 de 2002 “siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a
las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración
y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos
educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población
indígena, con la aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un
estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la
materia, las disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las
contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias.”
[28] Estas facultades fueron otorgadas en el Parágrafo del artículo 9º.
del Decreto 1278 de 2002, de la siguiente forma: “PARÁGRAFO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> El Gobierno Nacional
reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada
una de las etapas del concurso, la elaboración de las pruebas de selección y
señalará los puntajes correspondientes para la selección y clasificación, determinando
cuáles de ellas admiten recursos y su procedimiento.” Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-734 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[29] “Artículo
5°. Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y
personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de
las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente
de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de
su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación,
calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de
profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y
deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de
orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones
del sector que incidan directa o indirectamente en la educación.”
[30] “Artículo
6°. Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de dirección,
planeación, coordinación, administración, orientación y programación en las
instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables
del funcionamiento de la organización escolar. // Los cargos de directivos
docentes estatales serán: director rural de preescolar y básica primaria;
rector de institución educativa en educación preescolar y básica completa y/o
educación media; y coordinador. // El rector y el director rural tienen la
responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor
de un establecimiento educativo. Es una función de carácter profesional que,
sobre la base de una formación y experiencia específica, se ocupa de lo
atinente a la planeación, dirección, orientación, programación, administración
y supervisión de la educación dentro de una institución, de sus relaciones con
el entorno y los padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa
sobre el personal docente, directivo docente a su cargo, administrativo y respecto
de los alumnos. // El coordinador auxilia y colabora con el rector en las
labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de los alumnos o
en funciones académicas o curriculares no lectivas.”
[31] Ver artículos 6, 7,
8 y 9 del Decreto 3982 de 2006.
[32] La CNSC, con el propósito de proveer empleos docentes y
directivos docentes, ordenó las siguientes convocatorias: 004 Antioquia[32], 005 Armenia, 006 Atlántico, 007
Barrancabermeja, 008 Bello, 009 Boyacá, 010 Bucaramanga, 011 Caldas, 012 Cali,
013 Caquetá, 014 Cartagena, 015 Cesar, 016 Córdoba, 017 Cundinamarca, 018
Dosquebradas, 019 Envigado, 020 Florencia, 021 Fusagasuga, 022 Girardot, 023
Girón, 024 Guainía, 025 Guaviare, 026 Huila, 027 Ibagué, 028 Itagüí, 029 La
Guajira 030 Lorica, 031 Magangue, 032 Magdalena, 033 Maicao, 034 Manizales, 035
Medellín, 036 Meta, 037 Montería, 038 Neiva, 039 Palmira, 040 Pereira, 041
Putumayo, 042 Quindío, 043 Risaralda, 044 Soacha, 045 Sogamoso, 046 Sucre, 047
Turbo, 048 Valle del Cauca, 049 Valledupar, 050 Vichada, 051 Bolívar y 052
Tulúa.
[33] El
artículo 3° de la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”, determina que las disposiciones contenidas en esa ley se
aplicarán al personal docente, con carácter supletorio, en caso de presentarse
vacíos en la normatividad que regula este sistema especial de carrera.
[34] El
decreto 1227 de 2005, reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto –
Ley 1567 de 1998.
[35] M.P.
Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido se pueden ver las sentencias T-
298 de 1995, T- 325 de 1995, T- 433 de 1995, T- 344 de 2003.
[36] Ver entre otras las
sentencias C-041 de 1995, T-136 de 2005, T-470 de 2007 y más recientemente la
sentencia T-588 de 2008, ya citada.
[37] Cfr. T-588 de 2008.
[38] García de Enterría, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo I. Civitas
Ediciones. Madrid. España 2001. pag. 540. Ver también Sentencia C-620 de 2004,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[39] Sentencia Consejo de
Estado.  Exp. N1570A  de 1997. Sección Quinta.
[40] Ver entre otras las
sentencias, SU-201 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-088 de 2005, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa y T- 105 de 2007, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[41] En sentencia C-339 de 1996, M.P. Julio César Ortiz
Gutierrez, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo, la Corte Constitucional señaló que la
imposibilidad de presentar recursos contra los actos de trámite no vulnera la
Constitución, si se tiene en cuenta que los mismos “no producen efectos
jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican
sus derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan sus
intereses jurídicos”, de manera que los fundamentos o supuestos de derecho
que tuvo en cuenta el legislador para establecer la improcedencia de recursos
de vía gubernativa contra los actos de carácter general, de trámite,
preparatorios o de ejecución “atienden a la necesidad de evitar la parálisis
o el retardo, la inoportunidad y la demora en la actividad administrativa, que
debe estar, salvo excepciones señaladas en la ley, en condiciones de decidir en
la mayor parte de los asuntos previamente a la intervención del administrado o
interesado.”
[42] Ver entre otras las
sentencias T-123 de 2007, M.P. y T-574 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[43] Consejo de Estado, Sentencia del 11 de octubre de 2007, C.P.
Alejandro Ordóñez Maldonado, al pronunciarse sobre un caso de similares
características al que hoy ocupa la atención de esta Sala de Revisión. Esta
posición del Consejo de Estado fue retomada por la Corte Constitucional en
Sentencia T-588 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, en la que decidió
un asunto de similares características a las que hoy ocupa la atención de esta
Sala de Revisión.
[44] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, reiterada por la sentencia T-588 de 2008, ya citada.
[45] Ver entre otras las
sentencia T-827 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-648 de 2005 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; T-1089 de 2005.M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-691 de 2005
M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-015  de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[46] En los términos que
señala el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[47] Lo que permite que
la tutela entre a proteger de manera directa los derechos presuntamente
vulnerados.
[48] Sobre la procedencia
de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de 2004, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; SU–544 de 2001
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T–1670 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, y la
T-225 de 1993 en las cuales se sentaron la primeras directrices sobre la
materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. También
puede consultarse la sentencia T-698 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y la
sentencia T-827 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[49] El artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991 dispone que “La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentre el solicitante”.
[50] Corte
Constitucional. Sentencia T-803 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[51] Sentencia T-384 de 1998
M.P. Alfredo Beltrán Sierra, citada por la sentencia T-206 de 2004. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[52] Corte
Constitucional. Sentencia T-822 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa
sentencia se cita la T-569 de 1992 M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, que señaló
lo siguiente: “De allí que tal acción no sea procedente cuando exista un
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”
[53] Art. 6º Decreto 2591 de 1991. “La acción de tutela
no procederá: 1º Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante.” (La subraya fuera del original).
[54] Dice el Artículo 7º del Decreto 2591 de 1991: “Desde
la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere
necesario  y urgente para proteger el derecho, suspenderá la ejecución del
acto concreto que lo amenace o vulnere.” (Subraya fuera del original).
[55] Dice el artículo 8º
del decreto 2591 de 1991: “Cuando se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá
ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y las demás procedentes
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. En estos casos, el
juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto
particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se
solicita, mientras dure el proceso.” (Subraya fuera del
original).
[56] Sentencia
T-007 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[57] Sentencia
T-007 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[58] Ello se ha
presentado, por ejemplo, en casos en que se produce una discriminación en
concursos públicos y en el acceso a cargos de esta naturaleza, que compromete
seriamente la confianza de los particulares en el Estado (art. 83 C.P.);  el
derecho de acceder en igualdad de condiciones a los cargos públicos (art. 13 y
40 CP), el debido proceso (art. 29 C.P.) y el derecho al trabajo (art. 25
C.P.). La cuestión a resolver, en estos casos, es constitucional. De otra
parte, el mecanismo ordinario que podría ser utilizado, no es plenamente idóneo
para resarcir los eventuales daños. En consecuencia, la tutela se concede como
mecanismo principal para evitar la lesión de los derechos fundamentales
involucrados. Sobre este particular pueden revisarse las sentencias  T-100 de 1994,
M.P. Carlos Gaviria Díaz;  T-256 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-325
de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-389 de 1995, M.P. Fabio Morón
Díaz; T-455 de 1996 y T-083 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU 133 de 1998,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[59] Sentencia
T-007 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[60] Sentencia
T-225 de 1993; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[61] Sentencia T-1316 de 2001.
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, citada en la sentencia T-206 de 2004. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[62] Sentencia
T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[63] Sentencia T-435 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. Por otra parte, en la sentencia SU-039 de 1997, la Corte constitucional
afirmó: “...es posible instaurar simultáneamente la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin que interese
que se haya solicitado o no la suspensión provisional del acto administrativo,
pues en parte alguna la norma del art. 8 (del Decreto 2591 de 1991) impone como
limitante que no se haya solicitado al instaurar la acción contenciosa
administrativa dicha suspensión”. Ver también las sentencias T-514 de 2003,
T-596 de 2001, T-754 de 2001, T-873 de 2001, C-426 de 2002 y T-418 de 2003,
entre otras, sobre estas consideraciones.
[64] Sentencia T-373 de 2008,
M.P. Mauricio González Cuervo.
[65]Sentencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 19 de agosto de 2004, expediente
12279, con ponencia del H. Consejero Ramiro Saavedra Becerra, en la que esa
Corporación se inhibió de fallar de fondo en un asunto sometido a su
consideración, pues la demanda pretendía la nulidad de un acto considerado por la
Sala como de trámite.
[66] Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de septiembre del 2002. Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero.
Exp. 7764.
[67] Consejo de
Estado. Sección Tercera. Sentencia del 9 de agosto de 1991, expediente 5934.
[68] Ver anexo 2.
[69] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[70] En la sentencia T-079 de 1998,
M.P. Jorge Arango Mejía, ya se había autorizado que la respuesta  a un derecho
de petición elevado por cientos de personas fuera notificada a través de los
medios o de su exposición en lugares públicos. La sentencia trata sobre un
derecho de petición presentado en un municipio por múltiples personas. La
petición no contenía ninguna dirección y el alcalde decidió fijar copia de la
respuesta en la alcaldía y en la Oficina de Planeación. La Corte consideró que
con esta actividad no se había satisfecho la exigencia de dar a conocer la
respuesta a los peticionarios. Por eso, señaló que el alcalde debía actuar en
forma más diligente para que su respuesta pudiera ser conocida por los
peticionarios. Al respecto se expresó: “El Alcalde podrá utilizar medios
escritos, como carteles puestos en lugares especialmente visibles, en los
municipios de Funza, Madrid y Mosquera, y publicados en periódicos locales,
etc.; medios radiales, por ejemplo, programas institucionales o dirigidos a la
comunidad, sobre los que se tenga certeza de que son ampliamente escuchados. Es
decir, el medio o los medios escogidos por el Alcalde, deben lograr que los
peticionarios se enteren del contenido de la Resolución de su solicitud.”
[71] M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[72] Téngase en cuenta
que en Bogotá , por ejemplo, los jurados de votación generalmente  pasan de la
cifra de cien mil.