C-898-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-898/05
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-No configuración
ACCION DE GRUPO Y ACCION POPULAR-Distinción
ACCION DE GRUPO-Inconstitucionalidad del requisito de condiciones
uniformes respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad
ACCION DE GRUPO-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
número mínimo de actores para la presentación de la demanda
ACCION DE GRUPO-Representación de personas afectadas
ACCION DE GRUPO-Obligación de expresar en la demanda
criterios para identificar y definir el grupo
ACCION DE GRUPO-Integración del grupo
SENTENCIA DE ACCION DE GRUPO-Requisitos del contenido cuando es
favorable
ACCION DE GRUPO-Imposibilidad del juez de determinar el
grupo en la sentencia o  de individualizar los miembros del mismo
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos deben cumplirse materialmente
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Demanda formulada contra proposición
jurídica inexistente
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia sobre nuevo cargo planteado
por Ministerio
Referencia:
expediente D-5673
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 56; las expresiones “El señalamiento de los requisitos que deben
cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que
puedan reclamar la indemnización correspondiente”, contenidas en el numeral
2° del artículo 65; y contra el artículo 66 de la Ley 472 de 1998, “Por la
cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan
otras disposiciones”.
Actor: John Jairo Torres
Poveda
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., treinta (30) de
agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano John Jairo Torres Poveda presentó demanda
contra el artículo 56, las expresiones “El señalamiento de los requisitos
que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin
de que puedan reclamar la indemnización correspondiente”, contenidas en el
numeral 2° del artículo 65, y contra el artículo 66 de la Ley 472 de 1998, “Por
la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan
otras disposiciones”.
Mediante auto del 24 de febrero
de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr
traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para garantizar la
intervención ciudadana, y comunicar la iniciación del proceso al señor
Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, así
como a los Ministros del Interior y de Justicia y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con el fin de que, si lo estimaban oportuno,
conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.
Así mismo, ordenó invitar en
este proceso a la Academia Colombiana de Jurisprudencia con el mismo fin.
Cumplidos los trámites ya relacionados, propios
de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la
Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de
las normas demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial
No. 43.357 del 5 de agosto de 1998. Se subraya lo demandado.
“Ley 472 de 1998”
(agosto 5)
“por la cual se desarrolla el artículo 88 de la
Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”
(…)
T I T U L O III
DEL PROCESO EN LAS ACCIONES DE GRUPO
(...)
CAPITULO III
De la jurisdicción y competencia
(...)
Artículo 56. Exclusión del grupo. Dentro de los cinco (5) días siguientes
al vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un
mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y, en
consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia.
Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en dos
situaciones:
a) Cuando se haya solicitado en forma expresa la
exclusión del grupo en el término previsto en el inciso anterior;
b) Cuando la persona vinculada por una sentencia pero
que no participó en el proceso, demuestre en el mismo término que sus intereses
no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo o que
hubo graves errores en la notificación.
Transcurrido el término sin que el miembro así lo
exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide
excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por indemnización de
perjuicios.
(...)
CAPITULO VII
Alegatos, sentencia y recursos
(...)
Artículo 65. Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se
sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y
además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá:
1. El pago de una indemnización colectiva, que
contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales.
2. El señalamiento de los requisitos que deben cumplir
los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan
reclamar la indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 61 de la
presente ley.
3. El monto de dicha indemnización se entregará al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el
Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:
a) Las indemnizaciones individuales de quienes
formaron parte del proceso como integrantes del grupo, según la
porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. El Juez
podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y distribuir la
indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y según
las circunstancias propias de cada caso;
b) Las indemnizaciones correspondientes a las
solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no
hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el
Juez en la sentencia.
Todas las solicitudes presentadas oportunamente se
tramitarán y decidirán conjuntamente mediante Acto Administrativo en el cual se
reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos
exigidos en la sentencia para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor
se decretó la condena.
Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el
monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, el
Juez o el Magistrado podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto
de la condena, dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir del
fenecimiento del término consagrado para la integración al grupo de que trata
el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes después de haber
pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado.
4. La publicación, por una sola vez, de un extracto de
la sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes
siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado
obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados
igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso,
para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a
la publicación, para reclamar la indemnización.
5. La liquidación de las costas a cargo de la parte
vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del
extracto de la sentencia.
6. La liquidación de los honorarios del abogado
coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización que
obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados
judicialmente.
Artículo 66. Efectos de la sentencia. La sentencia tendrá efectos de cosa
juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que,
perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su
decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso”.
III.    LA DEMANDA
El demandante afirma que las normas
acusadas vulneran los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política.
El actor pretende que se declare la
inexequibilidad de los artículos y expresiones demandadas, como quiera que
éstas: “...violan flagrantemente el derecho de defensa, el derecho de
igualdad, el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de
justicia, (...) porque en ellas se permite que la conformación del grupo sea
establecida y definida en la sentencia, coartando la posibilidad jurídica para
quienes finalmente queden incluidos en el grupo de excluirse, así como de
ejercer a lo largo del proceso todos sus derecho como sí pueden hacerlo quienes
sean incluidos en el grupo en la oportunidad prevista en la ley...”.
1.1.  Artículo 65, numeral 2°
El actor considera que la norma referida
vulnera el derecho al debido proceso al disponer que la sentencia que ponga fin
al proceso, en la medida en que acoja las pretensiones, debe contener entre
otros elementos, el señalamiento de los requisitos que deben cumplir los
beneficiarios que han estado ausentes del proceso con el fin de que puedan
reclamar la indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el
artículo 61 de la Ley 472 de 1998, pues de tal señalamiento: “... se
desprende una atribución al juez competente en materia de acciones de grupo, de
individualizar a las personas que conforman el grupo hasta el momento de la
sentencia, fijando para tal fin los requisitos con que deben contar los
mismos.   Siendo ello así, se hace imposible ejercer los derechos
constitucionales y legales por el momento procesal en que son definidos los
integrantes del grupo...”.
A su juicio, con la individualización de
los integrantes del grupo en la sentencia, se obliga a quienes no se hicieron
parte en el proceso a acogerse a lo decidido y probado en el mismo, situación
que se puede presentar tanto cuando las personas no tienen conocimiento de la
existencia del proceso, como en el caso en el que dichas personas pese a
conocer el proceso, no consideraron estar incluidas en la definición del grupo
establecido en la demanda”, de suerte que con tal definición posterior de las
calidades de los individuos, se dificulta el ejercicio del derecho de defensa,
pues éstos pierden la oportunidad procesal para manifestar sus pretensiones,
participar en la definición del abogado  que habrá de representarlos al
integrarse el Comité a que alude el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, y fijar
las directrices de su defensa técnica. Lo que en consecuencia apareja el
desconocimiento del derecho al debido proceso. Así mismo, el actor señala que
si en la sentencia se define  quiénes son los beneficiarios de la
indemnización, no puede hacerse obligatoria su aceptación por ese simple hecho,
pues la persona puede considerar que esa indemnización es en realidad
insuficiente.
Señala que si bien el artículo 52 de la
Ley 472 de 1998 prevé que en la demanda se deben expresar los criterios para
identificar los individuos y definir el grupo, lo cierto es que el numeral 2
del artículo 65 permite la variación de esos criterios, así que es probable que
sólo hasta el momento de la sentencia sea posible tener la certeza de
pertenecer o no al grupo, especialmente si se considera que en la demanda misma
se puede excluir a determinadas personas que por sus condiciones especiales
considere el demandante que no son beneficiarias de la indemnización, de forma
tal que: “... los inicialmente excluidos del grupo pierden el derecho de
participar activamente en el proceso, ejerciendo sus derechos fundamentales de
igualdad y debido proceso, entendiendo que sobre esos hechos se configurará
cosa juzgada por lo que tendrán, quieran o no, que adherirse a lo dispuesto en
la sentencia, teniendo en cuenta que para ese estado de las cosas ya habrá
prescrito su posibilidad de excluirse del grupo...”.
De otra parte, considera que la
disposición acusada vulnera el derecho a la igualdad, en la medida en que la
facultad del juez para determinar la configuración del grupo en la sentencia, “restringe
las oportunidades y derechos de las personas que entran a conformar el grupo,
una vez concluido el proceso, en cuanto no gozaron de las mismas oportunidades
ni derechos de asumir su defensa,  actitudes y posturas frente al supuesto de
la acción de grupo, de lo que sí pudieron hacer uso quienes tuvieron la certeza
de pertenecer al grupo desde un comienzo”.
En ese entendido, manifiesta que es clara
la discriminación injustificada en que incurre la norma acusada, pues: “...
las personas constituidas como parte del grupo desde el comienzo del proceso
cuentan con más herramientas procesales que aquellos que se definen con
posterioridad a la sentencia.  Esto es así porque al tener la certeza de que se
tienen las condiciones uniformes respecto de las cuales se generaron
perjuicios, se está investido de la facultad de presentar todos los mecanismos
que la ley provee para el ejercicio del derecho de defensa en los términos y
condiciones que se permite por el ordenamiento jurídico, y de tal forma se
asumen diversas actitudes que hacen que la sentencia se dirija en un
determinado sentido.  Lo que no sucede con quienes se vinculan al dictarse la
decisión, puesto que ya se han evacuado todas las etapas del proceso y han
precluido los términos para ejercer las diversas modalidades que reviste el
derecho de defensa...”.
1.2.  Artículo 56
Considera el accionante que el artículo 56
vulnera los derechos al debido proceso,  la igualdad y el acceso a la
administración de justicia, en la medida en que en dicha disposición incurre en
varios errores, a saber: “En primer lugar, nuevamente se permite al juez
determinar en la sentencia quién es parte del grupo, con las consecuencias
antes señaladas.  En segundo lugar, se exige a quien no participó en el proceso
una carga adicional que vulnera el principio de igualdad, entendiendo que por
ser vinculado de manera intempestiva en la sentencia, debe iniciar un proceso
con el fin de que se declare una indebida representación, ya que de lo
contrario quedará vinculado a los efectos del a sentencia.   Con un agravante
violatorio a todas luces del debido proceso y a la igualdad, y es que no hay
término para ejercer el derecho de exclusión en estos eventos, ya que es
inaplicable el consagrado en el inciso primero del artículo 56, y
adicionalmente existe un vacío respecto del juez competente para conocer esta
acción de indebida representación...”.
En esos términos, afirma que la indebida
representación de intereses no es el único evento en el cual las personas que
integran finalmente el grupo pueden verse afectadas en sus derechos, pues
también puede suceder que el representante efectivamente logre una
indemnización para el grupo mala o buena, pero no por ello deja de ser un
agravio para la persona que no tuvo oportunidad para actuar directamente en el
proceso, ejercer su derecho pleno de acceso a la justicia, a través de su
influencia en la determinación del abogado o la conformación del Comité que
represente sus intereses, ya que lo que sucede es que queda vinculado para unos
efectos jurídicos finales, pero no a consecuencia de cómo él pudo haber actuado
directamente en el proceso, sino por lo que se le impone en virtud de la
actuación del representante escogido por otros, por el simple hecho de
compartir unas determinadas circunstancias con otras personas que conforman el
grupo, contrariando además lo previsto en el artículo 49 de la Ley 472 de 1998.
Hace énfasis en que la disposición acusada
vulnera el derecho a la igualdad, pues establece una discriminación, dado que: “...
las personas definidas en el grupo desde el comienzo tienen la posibilidad de
excluirse del mismo, si así lo desean, mientras que la persona vinculada por
una sentencia, pero que no participó en el proceso, debe demostrar que sus
intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante, cono
lo que se ve de manera ostensible una desigualdad en las oportunidades y formas
que tienen unas personas y otras personas de excluirse del grupo, ya que los
definidos desde el principio con el mero hecho de precisar su voluntad de
desvincularse así lo lograrán, mientras que los vinculados una vez proferido el
fallo tendrán la difícil carga de la prueba en la que acrediten la indebida
representación de sus intereses, lo cual no tiene razón de ser, ya que unas y
otras personas comparten igualdad de condiciones y características por lo cual
no se justifica un trato diferenciado...”.
De otra parte, considera que el inciso
final del artículo 56 comporta una omisión legislativa de tipo relativo, pues
si bien regula la posibilidad de ejercer el derecho de exclusión, omite fijar
el término para efectos de su ejercicio cuando en la sentencia resulte
vinculado un nuevo miembro, y en consecuencia obliga a éste de manera
imperativa a acogerse a los resultados de la misma, pese a la voluntad que
tiene la persona de ser excluido, pero cuyo derecho legítimo no pudo ejercer
por no contar un término legal para esos fines.
1.3.
Artículo 66
A juicio del actor, el referido artículo
vulnera los mandatos constitucionales, toda vez que: “... No es posible
desde ningún punto de vista que la sentencia individualice las personas que van
a ser beneficiarias de la indemnización y, por tanto, ellas sin tener
conocimiento del proceso o conociéndolo –con la seguridad por ejemplo de que no
estaban cobijadas por la definición de grupo-, queden vinculadas a la
sentencia, con los efectos de cosa juzgada.  Lo anterior se traduce en que no
es posible para un ‘beneficiario’ de una acción de grupo instaurar de manera
individual un proceso singular, por cuanto, haya recibido o no la
indemnización, se entiende cobijado en la sentencia...”.
En ese entendido, manifiesta que al
vinculado en la sentencia se le restringe la posibilidad de demandar en acción
individual, en tanto queda vinculado a lo dispuesto en un fallo, pero no por lo
que él pudo aducir en su defensa a través de la designación del apoderado o en
la participación en la integración del Comité, ni por las pruebas que pudo
haber presentado, sino que de manera automática se le impone de forma
unilateral una decisión en la que no tuvo ningún tipo de intervención y que por
lo tanto le fue totalmente ajena.
Sobre el particular cita apartes de las
sentencia C-540 de 1997 y C-893 de 2001.
En esos términos, considera entonces que: “...es
necesario, para la debida y efectiva aplicación de este derecho, que quien
resulte beneficiado de la sentencia debe tener la oportunidad de actuar de
manera directa y efectiva en pro de su defensa, ello se logra teniendo la real,
mas no formal, oportunidad para ejercerlo, designando su abogado, o de
conformidad con la Ley 472 de 1998, participando en la conformación del Comité
presentando y solicitando diversos medios de prueba, y ejerciendo si es del
caso su legítimo derecho de exclusión, es decir participando de manera activa
en el procedimiento de administración de justicia...”.
1.4.  Cosa Juzgada
El actor advierte que no existe cosa
juzgada constitucional en relación con el numeral 2° del artículo 65 acusado,
pues aun cuando la Corte en sentencia C-732 de 2000 se pronunció en relación
con dicha norma, a su juicio, en aquella oportunidad esa Corporación se limitó
a estudiar la constitucionalidad de los numerales 2° y 4° del artículo 65 de la
Ley 472 de 1998 a la luz de lo previsto en el artículo 29 superior, y de
acuerdo con el cargo expuesto en esa oportunidad.
IV.    INTERVENCIONES
1.  Ministerio del
Interior y de Justicia
El Ministerio
referido a través de apoderado judicial, interviene en el presente proceso y
solicita la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones acusadas, con
base en las razones que a continuación se sintetizan.
Para el interviniente
el actor incurre en un error de interpretación del numeral 2° del artículo 65
y de las demás normas que acusa, en la medida en que a juicio del demandante
dicha norma faculta al juez que falla un proceso de acción de grupo para
introducir en la sentencia nuevos requisitos y condiciones para efectos de
definir el grupo, diferentes a aquellos que desde la presentación y la admisión
de la demanda fueron tenidos como determinantes del grupo de personas que por
recibir perjuicios individuales por una misma causa se consideran titulares de
la acción, de conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artículo 48 de la
Ley 472 de 1998, dándole en consecuencia un alcance diferente al previsto por
el legislador.
Señala que el numeral
2° del artículo 65 acusado establece el contenido de la sentencia cuando la
misma es favorable al grupo demandante, disponiendo que en ella en forma
expresa se indiquen los requisitos que deben cumplir aquellas personas ausentes
en el proceso pero que por reunir las mismas condiciones de las demás personas
del grupo pueden favorecerse de las indemnizaciones señaladas en la sentencia,
de manera que tales requisitos y condiciones no son otros diferentes a los
previstos en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Sobre el particular cita un
aparte de la sentencia C-732 de 2000.
En esos términos,
considera que de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 65 de la Ley
472 de 1998, es claro que el beneficio instituido a favor de los no
concurrentes al proceso, con el fin de que éstos puedan resultar favorecidos
con la sentencia estimatoria, se encuentra previsto expresamente en el artículo
55 ibídem, y por tanto el artículo 65 acusado si bien se refiere al tema, se
limita a desarrollar tal supuesto a efectos de que el mismo adquiera plena
validez y eficacia, así que el numeral 2° del artículo 65 ibídem: “... no
faculta al juez para introducir nuevos requisitos y condicionamientos para la
conformación del grupo accionante, lo cual constituiría una flagrante violación
del derecho al debido proceso, sino que por el contrario, desarrolla unos de
los fines esenciales del Estado de Derecho como es el de asegurar la
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política...”.
Advierte que el
actor, al interpretar que el numeral 2° del artículo 65 atribuye facultades al
juez que la Ley 472 de 1998 no le concede, incurre en dos errores, a saber: i)
que la sentencia, al señalar los requisitos que deben cumplir los ausentes
en el proceso, individualiza a todos los integrantes del grupo, y ii) que
la sentencia al individualizar a todos los integrantes del grupo, en especial a
aquellos que no participaron en el proceso, los obliga a acogerse a lo
dispuesto en ella.
En ese orden de
ideas, aclara que lo previsto en el numeral 2° del artículo 65 acusado es la
enunciación en la sentencia de los requisitos para acogerse a la misma, los
cuales se encuentran previstos como ya se dijo en el artículo 55 de la Ley 472
de 1998, de forma tal que no configuran un señalamiento particular hacia una o
unas personas determinadas, y además la norma atacada no contiene disposición
alguna que haga obligatorio acogerse a la sentencia que ponga fin a un proceso
de acción de grupo a aquellas personas en quienes concurran las mismas
condiciones que tienen los individuos del grupo demandante, pero que no han
integrado dicho grupo ni en la presentación, ni durante el transcurso del
proceso, o que habiendo pertenecido a él en algún momento procesal han hecho
uso del derecho de exclusión en forma oportuna.
Al respecto cita las
sentencias C-036 de 1998, C-215 de 1999 y C-732 de 2000, en las cuales la Corte
ya se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad del artículo 65 de la
Ley 472 de 1998, y en ese sentido ha dicho esta Corporación que tal precepto
jurídico en lugar de vulnerar la Constitución Nacional desarrolla y efectiviza
los derechos de las personas naturales o jurídicas que han padecido un
perjuicio individual generado en una misma causa.
Finalmente, considera
que en el literal b) del artículo 56 acusado, se incurrió en una omisión
legislativa, en la medida en que dicha norma indica que cuando un miembro de un
grupo interesado que no participó en el proceso no desea quedar vinculado a los
efectos de la sentencia, debe demostrar en “el mismo término” que sus intereses
no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo o que
hubo errores de notificación, sin señalar la norma a qué mismo término se
refiere, de forma tal que podría pensarse que i) dicho término hace
referencia a los cinco (5) días siguientes a proferirse la sentencia de acuerdo
con lo previsto en el literal a) del artículo 56 ibídem, o bien ii) que
el término es el de veinte (20) días posteriores a que se publique el extracto
de la sentencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4° del artículo 65
demandado.
2.  Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
El Ministerio
referido a través de apoderado judicial, interviene en el presente proceso y
solicita la declaratoria de exequibilidad de los artículos y del numeral
demandados, con base en las razones que a continuación se sintetizan.
Considera que el
actor ha hecho una errónea interpretación del contenido normativo del numeral
2° del artículo 65 acusado, pues a juicio del demandante, el juez contará con
la atribución de determinar a los integrantes del grupo en la sentencia y que,
por ende podrían quedar obligados por lo resuelto en el proceso personas que no
intervinieron y que no tuvieron posibilidad de defenderse, cuando en realidad
la norma “en ningún momento establece que quienes no pudieron hacer parte en
el proceso tendrán que sujetarse a lo establecido en la sentencia. La norma
está encaminada a resarcir perjuicios individuales, pero por economía procesal,
cuando el daño que lo causó afectó a un número plural de personas, ellas pueden
conjuntamente instaurar la acción. Por lo mismo, si el juez después de analizar
los hechos y pruebas presentados a lo largo del proceso, considera que personas
que no fueron parte en el mismo pero que igualmente hubieran podido integrar el
grupo, deberá determinar los requisitos para que dichos ‘ausentes’ puedan
recibir el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios”.
Estima que la norma
acusada (art. 65, num. 2°) no vulnera los derechos a la igualdad y al debido
proceso; por el contrario, evita que quien no concurrió al proceso pueda
beneficiarse de lo resuelto en la sentencia sin la necesidad de impulsar un
nuevo proceso, de forma tal que los cargos en ese sentido no son procedentes
especialmente si se considera que el potencial beneficiado con lo resuelto en
la sentencia conoce de antemano el resultado de la misma y la forma en que se
llevaron a cabo todas las etapas del proceso, y por tanto será éste quien
decida si se acoge a lo allí resuelto.
En ese entendido,
señala que una lectura armónica del numeral 2° del artículo 65 acusado con lo
previsto en el artículo 55 de la Ley 482 de 1998, permite aclarar aun más la
situación, pues esta última norma establece lo relativo a la integración del
grupo en el sentido que quien no concurra al proceso, siempre que su acción no
haya prescrito y/o caducado, “podrá” acogerse dentro de los veinte días
siguientes a la publicación de la sentencia, así que: “... la posibilidad de
quedar cobijado por lo que haya dispuesto la sentencia es facultativa del
afectado, quedando siempre a salvo sus acciones particulares”, y por tanto
se reitera se trata de una norma que faculta y no que obliga a los que quieran
pertenecer al grupo para efectos de reclamar la indemnización.
De otra parte, arguye
que el artículo 56 no vulnera las normas superiores, toda vez que dicha
disposición se refiere a la situación de las personas que desde el principio
estaban vinculadas al proceso, de manera que la norma hace mención a las
personas pertenecientes al grupo, esto es, aquellos que sabían de la existencia
del proceso, y que por lo mismo éste se les debió notificar en la forma
establecida en el artículo 53.
Advierte que: “...
No se trata de personas que fueron determinadas en la sentencia, como lo hace
ver el demandante, sino de personas que ya habían sido puestas en conocimiento
de la existencia de la acción que se adelantaba, pero que por cualquier razón
no participaron en él y que, por lo mismo, pueden quedar excluidas de los
efectos del fallo si quedan cobijadas en alguno de los dos eventos consagrados
en el artículo 56.  Es decir, que si no manifestaron su consentimiento para
excluirse, deberán demostrar que existió algún error en la notificación y que
por ello la existencia del proceso no les fue comunicada, o que aún sabiendo
que este cursaba, sus intereses no fueron bien representados.  Es claro que el artículo
se refiere es a las personas que fueron parte del grupo desde el comienzo del
proceso”.
3.  Academia
Colombiana de Jurisprudencia
La Secretaria General
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por
esta Corporación, hizo llegar el concepto que preparó el académico Ernesto
Rengifo García, solicitando que se declare la constitucionalidad de las
disposiciones demandadas.
Recuerda que: “... La acción de grupo
es un mecanismo procesal de naturaleza patrimonial y resarcitoria, cuyo objeto
es obtener el reconocimiento y pago de una indemnización de los perjuicios
causados a una colectividad determinada.  (...)   La razón de la acción de
grupo se centra en la reivindicación de un interés de carácter individual cuyo
objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno
de los miembros del grupo, siempre que, en cuanto al daño sufrido, se reúnan
condiciones de uniformidad respecto de todos ellos...”.
Considera que el proceso previsto por la
ley para tramitar las acciones de grupo no vulnera de manera alguna la
Constitución y su trámite respeta el debido proceso, prueba de ello es que uno
de los elementos distintivos del mismo radica en una exigente carga de
publicidad, consistente en la obligatoriedad de dar una aviso general en medios
de comunicación masivos, tanto del auto admisorio de la demanda, como de la
sentencia que acoge las pretensiones, de forma tal que no se trata de un
proceso privado sino de un trámite abierto a la intervención de cualquiera que
sea miembro del grupo y que no haya entablado la demanda inicial del proceso.
En ese orden de ideas, advierte que: “...
los llamamientos o avisos al público despuntan trascendentales en el trámite
especial diseñado por el legislador para las acciones de grupo, en la medida en
que de sus contenidos se delimita la conformación sustancial del grupo,
permitiendo que a los llamados mediante avisos acudan los miembros del grupo
que no entablaron la demanda para de esta manera integrar debidamente la parte
demandante”,  lo que hace entonces el juez mediante el aviso es noticiar a
la comunidad en general acerca de la existencia de un proceso, en el cual se
ventilan unas pretensiones relacionadas con el resarcimiento de un perjuicio
uniforme sufrido por un grupo mínimo de 20 integrantes.
Hace énfasis en que el juez al ordenar la
publicación del auto admisorio de la demanda y posteriormente de la sentencia
condenatoria no está conformando ni delimitando el grupo, pues éste se ha
integrado desde el momento mismo de la ocurrencia del hecho que les causó
perjuicios uniformes a sus miembros, de forma tal que lo único que hace es
garantizar los derechos de quienes no participaron en el trámite inicialmente
en calidad de demandantes.
En esos términos, aclara que mediante los
avisos lo único que se pretende es la uniformidad de condiciones que exige el
artículo 3° de la Ley 472 de 1998 como un requisito de la acción de grupo,
especialmente si se considera que con las publicaciones del auto admisorio de
la demanda y de la sentencia es que nace o precluye el derecho de los miembros
del grupo para manifestar su voluntad de pertenecer o excluirse de éste, pues
luego de la publicación del auto admisorio de la demanda se da un término para
que concurran al proceso quienes tengan algún interés en él, bien sea para
participar del grupo demandante o para excluirse del mismo por cualquier
motivo, igual situación se presenta con la sentencia.
Por otra parte, señala que: “... el
legislador, en los casos de ausencia de miembros del grupo, estatuyó una
representación de orden legal, en cabeza de aquel o aquellos que entablan la
demanda de acción de grupo, y a favor de quienes, a pesar de gozar de
condiciones uniformes en cuanto al daño, no han tomado parte en dicha acción
judicial.   De esta manera, los que han sufrido el daño y, pese a ello, no han
buscado el modo de obtener reparación, ven representados sus intereses en la
demanda incoada por quienes sí han estado prestos y solícitos a hacer valer sus
derechos...”, de suerte que, si uno de los perjudicados no desea ser
alcanzado por los efectos de la cosa juzgada y la representación grupal, deberá
excluirse del grupo en la oportunidad señalada, puesto que el derecho de
exclusión tiene que ser ejercido dentro del término perentorio establecido por
el legislador, pues con ello se garantiza el funcionamiento razonable de la
administración de justicia y a la vez los derechos del eventual demandado.
Indica que el actor realiza una
equivocada interpretación de lo previsto en el numeral 2° del artículo 65
acusado, toda vez que el grupo se conforma desde el momento mismo en que se
verifica la ocurrencia del hecho que da lugar al perjuicio uniforme, es decir
cuando se reúnen las condiciones uniformes respecto de una misma causa que
originó perjuicios individuales, es más, en términos procesales el grupo se
conforma con aquellos que presentan la demanda aunados a quienes deciden
concurrir al proceso luego de los avisos al público sobre la existencia del
trámite o sobre el fallo condenatorio.
En ese entendido, advierte que: “...
El juez, al dictar sentencia, no está llamado a conformar el grupo, porque
éste, para entonces ya está configurado.  Lo que le corresponde, según el
contenido de la norma atacada, es indicar en su fallo, las condiciones que se
requieren para ser merecedor de la indemnización, las que, por demás, han de
ser congruentes con las consignadas en la demanda inicial...”, de forma tal
que el numeral 2° del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 al fijar los requisitos
que deben cumplir los beneficiarios ausentes, lo que está haciendo es respetar
el debido proceso de las partes, al señalar con fuerza de cosa juzgada a
quienes ha de beneficiar la sentencia, protegiendo en consecuencia los derechos
de quienes estuvieron ausentes del trámite, evitando en consecuencia que
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios a un
número plural de personas reciban un tratamiento desigual o diferente.
En lo que tiene que ver con el artículo
56 acusado, estima que éste no vulnera la Constitución, toda vez que insiste
la facultad del juez para conformar el grupo en la sentencia, no aparece
prevista en el texto de la norma ni tampoco se puede inferir en su contenido.
Precisa que con la misma disposición tampoco se vulnera el derecho a la
igualdad pues  no son comparables las situaciones que se presentan respecto de
las personas que habiendo sido  debidamente notificadas deciden excluirse del
proceso en la oportunidad señalada en el artículo 56-1  de la de aquellas que
habiendo sido debidamente notificadas  y no habiendo actuado en el proceso
deciden excluirse una vez proferida la sentencia. En este último caso
considera lógico que sea posible  solicitar no quedar cobijado por la
sentencia  solo por  quien demuestre que sus intereses no estuvieron bien
representados, o que existieron graves errores de notificación. Precisa que lo
que se está señalando por la norma son  unas causales concretas  tendientes a
garantizar el debido proceso de quien puede  validamente invocarlas, situación
que es diferente  de  la de aquellas personas a quienes, pese a que se les
notició  debidamente la existencia del proceso, dejaron funcionar el aparato
jurisdiccional –no actuaron- y posteriormente pretenden desconocer la sentencia
resultante del proceso.
De otra parte, estima que el legislador
no incurrió en una omisión legislativa en la disposición acusada, puesto que si
bien el legislador no fue muy afortunado en la redacción del artículo 56, por
vía de interpretación se puede colegir que éste sí fijó un término, el cual no
puede ser otro que el de los 20 días posteriores a la publicación de la
sentencia que se concedió a quien quiere hacer parte del grupo luego de
proferido el fallo, pues: “... si el término se dio para solicitar ser
incluido en el grupo, es apenas natural que dentro del mismo se pueda recabar
la exclusión del grupo.   En otras palabras, el término de 20 días siguientes a
la publicación de la sentencia, corre simultáneamente para quien quiere hacerse
parte del grupo, como para quien quiere excluirse del mismo...”.
Ahora bien, en lo que respecta al
artículo 66 acusado, señala que éste no vulnera la Constitución Nacional, toda
vez que –no solo, reitera, es falso que el juez pueda integrar el grupo en la
sentencia- sino que  la cosa juzgada en las acciones de grupo obedece no sólo a
intereses públicos que son propios de la administración de justicia, sino
también al reconocimiento del derecho al debido proceso del demandado, quien no
tendrá que enfrentar más procesos por un mismo hecho, o mejor, por una misma
causa que originó perjuicios individuales a un número plural o a un conjunto de
personas.
En esos términos, considera que: “...
La cosa juzgada para aquellos que no se excluyeron del grupo encuentra
fundamento en la representación que opera en este tipo de acciones.   En
efecto, hay que partir del supuesto de que el proceso es público y que existe
la posibilidad para todos los miembros del grupo de intervenir en él.   Si
cualquier miembro del grupo optó por no participar en el trámite, debe asumir
las consecuencias de su inactividad y por lo tanto estarse a los argumentos y
pruebas presentadas por el grupo, y por supuesto, a las resultas del
proceso...”.
Concluye entonces que el artículo 66 no
viola per se el acceso a la administración de justicia ni el derecho a
la igualdad, por el contrario se aviene a los principios de economía, celeridad
y eficacia que deben regir en la administración de justicia, y en consecuencia
el propósito de la norma es: “otorgar prevalencia al interés de una adecuada
administración de justicia sobre el interés privado de quien por no participar
en el trámite judicial de una acción de grupo queda cobijado por las resultas
del proceso...”.
4.
Intervención Ciudadana
4.1.  Ciudadano Hernán Fabio López Blanco
El ciudadano Hernán Fabio López Blanco,
intervino en el presente proceso con el fin de solicitar a la Corte la
declaratoria de  exequibilidad de las disposiciones acusadas, a partir de las
razones que a continuación se sintetizan.
Afirma que el actor fundamenta su
acusación en un entendimiento que no se desprende  de las normas que acusa pues
las mismas en ningún momento establecen que en la sentencia el juez podrá
establecer el grupo mínimo de veinte personas que exige la Ley 472 de 1998.
Recuerda que en relación con la
conformación del grupo existen dos tesis a saber, i) la primera
sostenida por el Consejo de Estado en providencia del 20 de junio de 2000 (Exp.
AG-004), en el sentido de que desde la presentación misma de la demanda deben
estar presentes, al menos veinte personas que reúnan requisitos similares de
acuerdo con lo previsto en el inciso 3° del artículo 45 de la Ley 472 de 1998,
y ii) la segunda sostenida por la doctrina  según la cual la acción
puede  iniciarse actuando como demandantes un número de personas inferior al
exigido por la ley, pero bajo el supuesto de que en la demanda se debe allegar
la identificación de ese mínimo de personas y la prueba sumaria que acredite
que reúnen las condiciones necesarias para hacer parte del grupo.
Advierte, que a su juicio es adecuada la
tesis sostenida por el Consejo de Estado, toda vez que: “... si el art. 46
de la Ley hace referencia a la interposición de una demanda por un ‘número
plural’ o ‘un conjunto’ de  personas, necesariamente lleva a concluir que
quienes presenten la demanda deben ser varios; y si el inciso final del mismo
artículo destaca que ‘El grupo estará integrado al menos por veinte personas’,
veo obvio que está cualificando cuál debe ser ese número plural o ese conjunto,
es decir que como demandantes deben comparecer presentado la demanda, otorgando
el poder o poderes respectivos, al menos los veinte, aspecto que corrobora el
art. 52 de la ley al exigir en el numeral 2°, que la demanda debe contener ‘la
identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de
identidad y domicilio...”.
En esos términos, señala que el grupo para
efectos de poder dar curso al proceso implica que al menos veinte sujetos
interpongan la acción, pero como pueden existir otros sujetos que no comparecen
y que pueden perfectamente ser parte del mismo, es decir que se trate de un
grupo compuesto por más de veinte sujetos, en donde se faculta a esos
integrantes del grupo aún no identificados a presentarse antes de la apertura
de las pruebas y a través de un escrito en el que se indique el nombre, el daño
sufrido, el origen del mismo, y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer
al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, de forma tal que
la acción tiene sentido en la medida en que desde el comienzo existe realmente
un grupo mínimo, identificado y determinado sin perjuicio de que posteriormente
otros sujetos de derecho puedan llegar a adicionarlo a más tardar en la etapa
de apertura a pruebas, con el fin de que en dicho periodo pueda cuantificarse
individualmente el valor de los perjuicios sufridos por cada uno de los que se
presentaron.
En ese orden de ideas, estima que: “...
si antes de la apertura a pruebas no existe el grupo integrado al menos por
veinte personas, la acción de grupo no puede seguirse tramitando, por
presentarse un caso especial de no procedibilidad de la acción; llegada esa
oportunidad procesal y constatado por el juez que no existe el número mínimo
requerido, no le queda alternativa diferente a la de proferir un auto
declarando la terminación del proceso, por ser esta circunstancia uno de los
eventos atípicos de terminación anormal de un proceso, de índole semejante, por
ejemplo, al de la muerte del cónyuge en los procesos de divorcio, o al de la
destrucción del bien dado en prenda en el ejecutivo con acción real...”.
4.2.
Ciudadano Julián Alfredo Gómez Díaz
El ciudadano Julián Alfredo Gómez Díaz,
intervino en el presente proceso con el fin de solicitar a la Corte que
declarare exequibles los artículos y expresiones acusadas, con fundamento en
las razones que a continuación se sintetizan.
Considera que los artículos acusados no
hacen mención alguna a la determinación del grupo en la sentencia con los
efectos jurídicos sugeridos por el demandante, dado que éste olvida que el
artículo 53 de la Ley 472 de 1998 establece que a los miembros del grupo se les
debe informar del auto admisorio de la demanda de acción popular, por un medio
masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, teniendo en cuenta a
los eventuales beneficiarios, de forma tal que la citada Ley, sí prevé que el
grupo debe ser delimitado en el auto admisorio fijando las condiciones de los
posibles beneficiarios.
En ese sentido, advierte que la Ley fija
los parámetros para que el juez pueda determinar el grupo sin que ello implique
una vulneración del derecho al debido proceso de las víctimas y los
beneficiarios, y es esa la razón por la que la Ley 472 de 1998 establece que no
se podrá delimitar con posterioridad a la publicación que se haga de la demanda
a los miembros del grupo, recurriendo a elementos diversos a los establecidos
en la demanda y valorados en el auto admisorio, especialmente si se considera
que la publicación tiene por finalidad específica permitir que quienes se crean
afectados por la demanda de la que se informa, decidan a su arbitrio si se
hacen parte en el proceso en los términos del artículo 55 o si por el contrario
se excluyen del mismo al tenor de lo previsto en el artículo 56.
En ese orden de ideas, considera que la
única interpretación válida que se puede dar al numeral 2° del artículo 65
acorde con su finalidad: “... es la de darle efectos de cosa juzgada –a las
voces del artículo 56- a aquellos beneficiarios que comparten las condiciones
uniformes definidas en la demanda y valoradas en la admisión de la misma, que
no pueden ser otros que los convocados al proceso.   Pero ello en manera alguna
autoriza a afirmar, como lo hace el demandante, que la ley permita que el grupo
se delimite o fije en la sentencia.  Esa es una debida interpretación que le da
un alcance a la ley que no lo tiene...”.
Finalmente, argumenta que el artículo 55
de la Ley 472 de 1998 se refiere a la integración del grupo, por la demanda
originada en daños ocasionados a un número plural de personas o a una misma
actuación u omisión o varias actuaciones u omisiones, de forma tal que en tales
eventos quienes hubieren sufrido un perjuicios pueden hacerse parte dentro del
proceso antes de la apertura a pruebas a través de un escrito en el que se
indique el nombre, el daño sufrido, el origen del mismo, el deseo de acogerse
al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda
como un mismo grupo, y en esos términos los nuevos adherentes deberán someterse
a las condiciones de uniformidad expuestas en la demanda que fueron reconocidas
por el juez en la admisión, sin que ello implique modificar esas condiciones
pues éstas ya fueron publicadas para los eventuales interesados y por
consiguiente son las que se toman en cuenta para solicitar la integración.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Señor Procurador
General de la Nación, allegó el concepto número 3805, recibido el 25 de
abril de 2005, en el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las
normas y expresiones acusadas, de conformidad con las siguientes
consideraciones.
La Vista Fiscal, recuerda que el artículo
88 de la Constitución Nacional estableció las acciones de grupo como un
mecanismo de protección de los derechos de las personas, y le encomendó al
legislador su regulación, quién a través de la Ley 472 de 1998 desarrolló tal
mandato constitucional, y en esa tarea definió la acción de grupo en el
artículo 3°, las condiciones de procedencia de la acción en el artículo 46 y
los titulares de la misma en el artículo 48.
Considera que: “... la acción de grupo
es un instrumento de defensa judicial que se caracteriza fundamentalmente por
ser principal e indemnizatoria de los daños causados a un ‘número plural de
personas’, como de manera clara lo señala el artículo 88, inciso segundo, del
ordenamiento superior, número que según lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, no
puede ser inferior a veinte (20)”.
Advierte que la acción de grupo es de aquellas que no
sólo busca el beneficio del particular, sino que favorece a la administración
de justicia, en aras de la economía procesal con el fin de evitar el desgaste
que implica adelantar varios procesos por la misma causa y contra la misma
persona, de forma tal que dicha acción como su nombre lo indica incluye el
concepto de grupo.    Al respecto cita la sentencia
C-1062 de 2000.
En esos términos, señala que:  “ el
Constituyente determinó el grupo como un número plural de personas, que debe
estar integrado al menos por veinte individuos según lo dispuso el legislador
en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, y que tienen un
elemento en común que no es otro que la causa del daño y el bien o interés cuya
afectación debe ser enmendada, lo cual hace que sea posible la actuación
judicial conjunta...”.   Sobre el particular cita apartes de las sentencias
C-215 de 1999 y C-1062 de 2000.
Hace énfasis en que tanto el Constituyente
como el legislador al definir el grupo necesario para que proceda la acción de
grupo establecieron como un requisito la existencia de un número plural de
personas, con un elemento común que es la causa del daño que se pretende
reparar a través de ese mecanismo de defensa judicial, de forma tal que el
grupo debe estar integrado por personas que han sufrido un daño a un interés
jurídico, originado en un hecho idéntico cometido además por el mismo agente o
atribuible a un mismo responsable, y en donde exista una relación de causalidad
entre el hecho generador del daño y el perjuicio cuya indemnización se busca.
En ese orden de ideas, estima que no le
asiste al actor al considerar que las normas acusadas vulneran la Constitución
Nacional, toda vez que como quedó establecido:  “... la acción de grupo es
un mecanismo de defensa judicial que tiene por objeto que todas aquellas
personas que sufrieron un mismo daño a un interés jurídico, causado por un
hecho idéntico, cometido por el mismo agente o atribuible a un mismo
responsable, y en donde existe una relación de causalidad entre el hecho
generador del daño y el perjuicio cuya indemnización se busca, puedan acceder
en conjunto a la administración de justicia, el parágrafo del artículo 48 de la
Ley 472 de 1998, establece que el actor, o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por
hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder...”.
Aclara que el artículo 52, numerales 2°
y 4°, al establecer los requisitos de la demanda determina que en ella se debe
expresar la identificación de los poderdantes y si no fuere posible
proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo se deben
señalar los criterios para identificarlos y definirlos.
De otra parte, indica que el artículo 53
de la Ley 472 de 1998 establece que la notificación de la demanda a los
demandados se realizará personalmente y a los miembros del grupo se les
informará a través de un medio masivo de comunicación teniendo en cuenta a los
eventuales beneficiarios, y a su vez el artículo 55 de la citada Ley señalas
las oportunidades que tienen quienes hubieren sufrido un perjuicio originado en
daños ocasionados por una misma acción u omisión o por varias acciones u
omisiones para integrarse al grupo que inició el proceso en dos claras
oportunidades i)antes de la etapa de apertura a pruebas y a través de un
escrito en el cual se indique el nombre, el daño sufrido, el origen del mismo,
y el deseo de acogerse el fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que
interpuso la demanda como un mismo grupo, y ii) dentro de los veinte
días siguientes a la publicación de la sentencia suministrando la información
antes referida, caso en el cual no podrá invocarse daños extraordinarios o
excepcionales con el fin de obtener una indemnización mayor, y tampoco habrá un
beneficio con la condena en costas.
Así mismo, indica que el artículo 56 de
la Ley 472 de 1998, establece el derecho que tienen los miembros del grupo a
separarse del mismo, facultad que opera en dos precisas oportunidades i) cuando
la persona haya manifestado expresamente su deseo de ser excluido del grupo,
dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado
de la demanda, y ii) cuando sin haber participado en el proceso se
encuentra  vinculado por la sentencia, pero demuestra en el mismo término que
sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante del
grupo o que se presentaron graves errores en la notificación.
Precisa que  “no es el demandante, ni
el juez en la sentencia o en parte alguna del proceso quienes, según su
discernimiento, pueden determinar a los miembros del grupo, pues la misma Carta
Política en el artículo 88 y la Ley 472 de 1998 señalan los factores que tanto
uno como el otro deben observar para individualizar a los miembros del
mismo...” Así mismo que  los integrantes del grupo “son las
personas que sufrieron un mismo daño a un interés jurídico, causado por un
hecho idéntico, cometido por el mismo agente o atribuible a un mismo
responsable, y donde existe una relación de causalidad entre el hecho generador
del daño y el perjuicio cuya indemnización se busca”. Por lo que “es la
misma Carta política y el legislador  quienes señalaron los parámetros  para
determinar el grupo, por lo tanto, el juez en la sentencia debe someterse a
ellos”.
En ese entendido, manifiesta que no le
asiste razón al demandante cuando expresa que los artículos acusados de la Ley
472 de 1998 permiten que la conformación del grupo sea establecida y definida
en la sentencia.
Por otra parte, señala que el artículo 56
de la Ley 472 de 1998 no vulnera precepto constitucional alguno, dado que: “...
el deber de la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el
proceso de demostrar que sus intereses no fueron representados en debida forma
o que hubo graves errores en la notificación no es una carga adicional para
tales personas, sino que constituye la condición mínima que la Ley debe exigir
a los integrantes de un grupo que ha instaurado una acción de ese tipo para
ejercer su derecho de exclusión...”. Precisa que contrariamente a lo
afirmado en la demanda  tampoco es cierto  que  se deba iniciar un nuevo
proceso para probar tales situaciones, pues el mismo artículo 56 no lo dispone
así, y en consecuencia la demostración de que sus intereses no fueron
representados en forma adecuada o que hubo errores graves en la notificación
debe hacerse ante el mismo juez que dictó la sentencia.
Así mismo, aclara que el artículo 56
demandado sí establece un término para demostrar la indebida representación o
los errores graves en la notificación al señalar que -ello debe hacerse en
el mismo término-, esto es en el periodo de cinco (5) días a que se refiere
el inciso primero del mismo artículo 56, otra cosa es que tal norma no hiciera
mención expresa a partir de cuando debe contarse tal término, pero si se lee su
texto, se infiere claramente que es a partir del momento en que se tuvo
conocimiento de que fue vinculado por la sentencia sin haber participado en el
proceso.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.   Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las normas
acusadas hacen parte de una Ley de la República.
2.   La materia sujeta a examen
Para el actor  el numeral 2 del artículo
65 y los artículos  56 y 66 de la Ley  472 de 1998  permiten  que el juez
determine  el grupo en la sentencia y particularmente individualice a las
personas que lo conforman en ese momento procesal, circunstancia  que
coartaría  la posibilidad  de excluirse del mismo,  así como el ejercicio a lo
largo del proceso  de sus derechos a las personas incluidas a última hora por
el juez en la sentencia.
A partir de esta premisa  el actor se
refiere  a cada uno  de  los  textos acusados  para poner  en evidencia  que
sus mandatos, en la hipótesis a que él alude -a saber, la determinación en la
sentencia de los miembros del grupo, incluidos aquellos que no conocieron del
proceso o que conociéndolo “tenían la seguridad de no  estar cobijados por la
definición de grupo” dada inicialmente-, se convierten en preceptos
discriminatorios para las personas así vinculadas en la sentencia, por cuanto
las privan i) de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en las mismas
condiciones de los demás miembros del grupo y en particular de escoger el
abogado  que las represente y de incidir en la definición del  comité a que
alude el artículo 49 de la Ley  ii) de la posibilidad de excluirse  del grupo y
de los resultados del proceso en las mismas condiciones de los demás  miembros
del grupo, pues  solamente podrán excluirse demostrando que sus intereses no
fueron bien representados, exigiéndoseles entonces una carga adicional
violatoria de la igualdad; iii)   de la posibilidad de demandar en un proceso singular,
dado que quedaron  vinculados a lo dispuesto en el fallo “no por lo que ellas
pudieron aducir en su defensa a través de la designación de apoderado o  la
participación en la integración del comité, ni por las pruebas que pudieron
haber presentado, sino de manera automática” por el juez en la sentencia, lo
que viola  su derecho  al acceso a la administración de justicia.
Así mismo afirma que en el presente caso
se  presenta una omisión relativa del legislador al no preverse en el inciso
final del  artículo  56 de la Ley  472 de 1998  la regulación  que garantice el
derecho de defensa  de las personas  que  se encuentren en la hipótesis a que
el actor alude[1],
así como  la posibilidad de excluirse del proceso en condiciones de igualdad
frente a los demás miembros del grupo. Regulación que considera   no puede ser
la señalada en el  literal b) del mismo artículo 46  pues exigirles a  esas
personas probar que sus derechos no fueron debidamente representados o que hubo
graves  errores en la notificación  desconoce el hecho  de que su vinculación
solo se produjo en la sentencia y en este sentido se les imponen cargas que no
se compadecen con esa situación.
Precisa finalmente que no cabe entender
configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con lo
decidido en la sentencia  C-732 de 2000  respecto del numeral 2 del artículo 65
de la Ley 472 de 1998 pues los cargos planteados  en ese proceso eran
diferentes.
Los intervinientes  coinciden en que el
actor hace una errónea interpretación de las disposiciones acusadas pues es
claro que éstas en ningún caso pueden entenderse en el sentido de permitir que
el juez  individualice en la sentencia los miembros del grupo ni que éste se
fije en ese momento procesal.
Precisan que el mandato contenido en el
numeral 2 del  artículo 65 de la Ley 472 de 1998   según el cual el juez  en la
sentencia que ponga fin al proceso -cuando acoja las pretensiones incoadas-
incluirá  “el señalamiento de los requisitos  que deben cumplir los
beneficiarios  que ha estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar
la indemnización correspondiente”, en manera alguna puede  interpretarse en el
sentido de  permitir al juez  determinar en ese momento quienes son los
miembros del grupo y proceder a individualizarlos.
Advierten que una cosa es  el señalamiento
de requisitos para reclamar la indemnización por parte de quienes siendo parte
del grupo no participaron en el proceso -que no pueden ser otros que los
señalados en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998-   y otra muy distinta la
definición del grupo  y la individualización de sus integrantes. Aclaran que
contrariamente a lo que afirma el actor  dicho numeral no faculta  al juez para
introducir  nuevos requisitos y condicionamientos para la conformación del
grupo y que una interpretación de la norma en este sentido no resulta posible
bajo ninguna circunstancia pues no solo en ningún caso la misma se desprende
del texto del numeral aludido, -ni de los demás artículos acusados-,  sino que
ello sería evidentemente contrario al debido proceso.
Recuerdan que la ley regula claramente en
los artículos  46, 52, 53, 55 y 56 las condiciones para que i) quienes reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que  originó perjuicios
individuales ejerzan la acción de grupo, ii) el juez  defina  a partir  de los
criterios señalados en la demanda el grupo y convoque al proceso a sus
integrantes iii) e informe de las condiciones señaladas en la ley para  tomar
parte en el o para excluirse. Todo ello a partir de los presupuestos y
procedimientos  señalados por la Constitución y la Ley.
Precisan  entonces que  detectados los
errores de interpretación  en que incurre el actor se derrumba la acusación
formulada contra el numeral 2 del artículo 65 y los artículos 65 y 66 de la Ley
472 de 1998 por la presunta vulneración de los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución.
Uno de los intervinientes plantea la
existencia de un vacío en el literal b) del artículo 56 de la Ley 472 d 1998
en cuanto  no es claro cuál es el término a que allí se alude.  Otros intervinientes
y el señor Procurador consideran que dicho término si se encuentra fijado en la
ley si se  hace un análisis sistemático de la misma.
El señor Procurador afirma igualmente que
el actor hace una interpretación errada de las normas acusadas. Precisa que no
es el demandante ni el juez en la sentencia  o en parte alguna del proceso
quienes, según su discernimiento pueden determinar los miembros del grupo, pues
la misma Carta política en el artículo 88 y la ley 472 de 1998 señalan los
factores que  tanto uno como el otro deben observar para individualizar a los
miembros del mismo. Precisa que los integrantes del grupo son las personas que
sufrieron un mismo daño a un interés jurídico, causado   por un hecho idéntico,
cometido por el mismo agente o atribuible a un mismo responsable, y donde
existe una relación de causalidad entre el hecho generador del daño y el
perjuicio cuya indemnización se  busca, luego es la misma Carta  Política y el
legislador quienes señalaron los parámetros para determinar el grupo. En ese
sentido afirma que  no le asiste razón al demandante  cuando afirma  que las
disposiciones acusadas permiten que la conformación del grupo  sea establecida
y definida en la sentencia.
La vista fiscal puntualiza igualmente que
no  asiste razón al actor cuando afirma  que   se obliga a quien quiere
excluirse del grupo  a iniciar un proceso para demostrar que sus intereses no
fueron bien representados  o que hubo errores graves de notificación, pues
dicha demostración debe hacerse ante el mismo juez que dictó la sentencia.
Concluye  entonces que ninguna vulneración
a los preceptos constitucionales invocados como violados  cabe predicar de las
disposiciones acusadas.
Ahora bien,  para la Corte a partir   i)
de la afirmación  del actor en el sentido de que  si bien en relación con el
numeral 2 del artículo 65 la Corte se pronunció en la Sentencia C-732 de 2000,
no cabe predicar configurado en este caso el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, y  ii)  de las consideraciones coincidentes hechas por los
intervinientes y el señor Procurador  en el sentido de que el actor plantea su
demanda  con fundamento en una interpretación errada  del alcance de las
disposiciones que acusa,   corresponde a la Corte establecer  ante todo  i) el
alcance de la  cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-732 de
2000; y ii)  si el numeral 2 del artículo 65 y los artículos 56 y 66 de la Ley
472 de 1998  acusados  pueden llegar a interpretarse -como  lo afirma el
demandante- en el sentido  de permitir que el grupo  a que alude la referida
ley pueda ser establecido en la sentencia  y específicamente que el juez pueda
individualizar a las personas que conforman dicho grupo  en esa etapa procesal
y variar las características del mismo respecto de la convocatoria hecha al
inicio del proceso.
Solo en caso de resultar posible la
interpretación  de las normas acusadas de la que parte el actor, estaría
llamada la Corte a examinar si dichas normas  en la hipótesis a que él alude -a
saber, la determinación en la sentencia de miembros del grupo que no conocieron
del proceso o que conociéndolo “tenían la seguridad de no  estar cobijadas por
la definición de grupo” dada inicialmente-  vulneran o no  los derechos de
defensa, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia  de
quienes quedarían incluidos en ese momento en el grupo, así como  si se
presenta una omisión relativa del legislador al no preverse en el inciso final
del  artículo  56 de la Ley  472 de 1998  la regulación  que garantice, el derecho
de defensa de las personas vinculadas en la sentencia, así como la posibilidad
para ellas  de excluirse del grupo en condiciones de igualdad frente a aquellos
miembros del grupo que no fueron incluidos en  esa etapa procesal.
3.   El alcance de la  cosa juzgada
constitucional derivada de la sentencia C-732 de 2000
Cabe recordar que en relación con el
numeral 2 del artículo 65  de la ley 472 de 1998   la Corporación se pronunció
en  la Sentencia C-732 de 2000[2],
donde declaró la exequibilidad  de dicho numeral así como del numeral 4 del
mismo artículo. Empero  en relación con   lo decidido en dicha providencia no
puede entenderse configurado el fenómeno de la cosa juzgada pues la acusación
que se formula en el presente proceso es totalmente diferente de la que fue
analizada por la Corte en esa ocasión  donde, si bien no se limitó en la parte
resolutiva los efectos de la decisión,   en la misma se analizó exclusivamente
la acusación planteada en esa oportunidad, que consistía en que i) no era
posible admitir la posibilidad que en las acciones de grupo las personas que no
hubieren intervenido en el proceso se pudieran beneficiar de él, pues el debido
proceso supone haber sido vencido en juicio por quienes ostentan la calidad de
parte dentro del proceso y ii) la violación del derecho de contradicción así
como desconocimiento del equilibrio procesal, por cuanto el demandado no puede
oponerse a los hechos ni a las pretensiones de quienes se presentan con
posterioridad a la iniciación del proceso.
Es decir que en el presente caso podría
darse curso al examen de los cargos planteados en la demanda  contra el
referido numeral sin que   se plantee como obstáculo la existencia de una
sentencia previa –a saber la Sentencia C-732 de 2000-  pues  de la misma no
cabe entender configurado el fenómeno de la cosa juzgada  constitucional.
Cosa diferente es que, como pasa a
explicarse,  la acusación formulada en el presente proceso contra dicho numeral
2 del artículo 65 así como contra los artículos 56 y 66  de la Ley 472 de
1998,   se haya planteado en términos que no permiten su examen por la Corte,
por basarse en  una hipótesis que no se  desprende de las disposiciones
acusadas, lo que hace que la demanda esté formulada contra normas inexistentes
y en consecuencia  deba inhibirse la Corte por ineptitud sustancial de la
demanda.
4. El objeto de las acciones de grupo, las
principales características de su regulación  constitucional y legal y el
contenido y alcance del numeral 2 del artículo 65 y de  los artículos 56 y 66
de la Ley 472de 1998 acusados.
El artículo 88 de la Constitución
establece  en su primer inciso que la ley regulará las acciones populares para la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la
libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en
ella.
De acuerdo con el  segundo inciso del
mismo artículo 88  superior  corresponde a la ley regular las acciones originadas en los daños
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las
correspondientes acciones particulares.
La Corte ha explicado que si bien tanto la acción de
grupo como la acción popular son acciones colectivas (CP art. 88), que superan
las limitaciones de los esquemas procesales puramente individualistas para la
protección de los derechos,  sin embargo se distinguen al menos en dos
aspectos: De un lado, en su finalidad, pues la acción popular tiene un
propósito esencialmente preventivo, mientras que la acción de grupo cumple una
función reparadora o indemnizatoria, por lo que la primera no requiere que
exista un daño sobre el interés protegido, mientras que la segunda opera una
vez ocurrido el daño, ya que precisamente pretende reparar dicho perjuicio[3]. De otro lado, dichas
acciones también se diferencian en los derechos o intereses protegidos, pues la
acción popular ampara esencialmente derechos e intereses colectivos, mientras
que la acción de grupo recae sobre la afectación de todo tipo de derechos e
intereses, sean éstos colectivos o individuales, ya que ella es un instrumento
procesal colectivo, pero que busca reparar los daños producidos a individuos
específicos[4].
Precisamente por ello la sentencia C-1062 de 2000[5] condicionó la
constitucionalidad del artículo 55 de la ley 472 de 1998, en la medida en que
dicha disposición restringía el objeto de protección de las acciones de grupo,
a que los daños por indemnizar derivaran “de la vulneración de derechos e
intereses colectivos”. La Corte declaró exequible esa disposición, pero en
el entendido “de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los
demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que sea
su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o
de grupo”. Dijo entonces la  Corporación en la mencionada sentencia:
“Como se ha dejado sentado, la naturaleza de
la acción de clase o de grupo es esencialmente indemnizatoria de los perjuicios
provenientes de la afectación de un interés subjetivo, causados a un número
plural de personas por un daño que se identifica en el hecho vulnerante y en el
responsable. De restringir el ejercicio de esa acción a una determinada
categoría de derechos, se produciría una restricción consecuencial de los
alcances resarcitorios que con ellas se pretenden lograr, con abierto
desconocimiento del propósito de la norma superior al establecer que “[t]ambién
regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de
personas”
La regulación específica de las acciones
de grupo se encuentra contenida en el  título III de la ley 472 de 1998 “Por la
cual se desarrolla el artículo 88 0 de la
Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
De acuerdo con los artículos 3 y 46 de la
misma ley las acciones de
grupo, son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de
personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que
originó perjuicios individuales para dichas personas.
Así mismo  en dichos artículos se señala que la acción
de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios.
El  artículo 46 precisa que el grupo estará integrado
al menos por veinte (20) personas.
Cabe precisar que en relación con las expresiones  “Las condiciones uniformes deben tener
también lugar respecto de los elementos que  configuran la responsabilidad” originalmente  contenidas en los
artículos 3 y 46  aludidos, la Corte se pronunció en la Sentencia   C-569 de
2004[6]   para declarar su inexequibilidad,
por cuanto consideró que las mismas comportaban un elemento restrictivo para el
ejercicio de la acción de grupo consistente  en la preexistencia del grupo como
requisito de procedibilidad de la misma, preexistencia  que no encontraba sustento
constitucional[7].
Así mismo que
en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo de Estado, luego de
dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el número mínimo
aludido  no puede entenderse tampoco como una limitante para la presentación de
la demanda pues no es indispensable la concurrencia de todos ellos al momento
de  dicha presentación, toda vez que, de
conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de
1998, “[e]n la acción de grupo el actor o quien actúe como
demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas
individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad
de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni
haya otorgado poder”.  El Consejo de
Estado ha advertido que si bien  la acción puede ser interpuesta por una
persona esta debe actuar en relación con el daño
causado a  un grupo no inferior de 20 personas y que la demanda debe, en todo
caso  establecer los criterios que permitan la identificación del grupo
afectado[8].
Ahora bien, en la ley se regulan así mismo  la
caducidad de la acción (art 47)[9]
; los titulares de la misma  (art 48)[10];
su ejercicio mediante abogado (art 49)[11];
las jurisdicciones y tribunales competentes (arts 50 y 51)[12]. Los requisitos de la
demanda  (art 52)[13];
las reglas de admisión, notificación y traslado (art. 53 y 54)[14]; la integración del
grupo (art 55)[15]
y los mecanismos de exclusión del mismo (art 56)[16]; la contestación y
excepciones previas (art 57); las medidas cautelares (arts 58, 59 y 60); la
diligencia de conciliación  (art 61)[17];
el periodo probatorio (art 62)[18];
los alegatos (art 63); la sentencia su oportunidad, contenido y efectos  (arts
64, 65 y 66)[19];
y los recursos  contra la sentencia (art 67).
De dicha regulación cabe destacar para los efectos de
esta sentencia  que i) En la acción de grupo el actor o quien actúe como
demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas
individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de
los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder.
(art 48), ii)  Dentro de los requisitos de la demanda se señala entre otras
cosas   además de la identificación del demandado y la justificación sobre la
procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3º y 49 de
la ley, la obligación de expresar los criterios para identificarlos y definir
el grupo, si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de
un mismo grupo (art 52); iii) en el auto admisorio el juez  deberá valorar la
procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3º y 47 de
la ley y en el mismo auto, además de disponer su traslado al demandado por el
término de diez (10) días, deberá  ordenar que se informe a los miembros del
grupo a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo
eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios (art 53) Es decir que
señalados en la demanda los criterios para identificar y definir el grupo y
luego de valorada por el juez  a partir de los mandatos constitucionales y
legales  la procedencia de la acción respecto del grupo así planteado y
definido, el juez convocará a los integrantes del mismo que no se hayan hecho
presentes al proceso  mediante un medio masivo de comunicación; iv) En cuanto a
la integración del grupo  concretamente el artículo 55 señala que cuando la
demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas
por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de
la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un
perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a
pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su
nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y
de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo
grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya
prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá
acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la
publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no
podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una
indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas; v) Dado
que como ha explicado la Corte la interposición de la acción de grupo no priva
a las personas que así lo quieran de excluirse del mismo y optar por  adelantar
una acción individual[20]
el artículo 56   -acusado por el actor- señala que dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda,  y previa  la
convocatoria pública a que se ha hecho referencia- cualquier miembro del grupo
-cuyas características se han establecido en el auto admisorio de la demanda-
podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y, en consecuencia, no ser
vinculado por el acuerdo de conciliación  que pueda darse de acuerdo con el
artículo 61 de la Ley o  por la sentencia.  La posibilidad de excluirse del
grupo subsiste aún después de proferida la sentencia  pero en ese caso la
persona vinculada por la sentencia -por integrar el grupo definido en el auto
admisorio  objeto de la publicación atrás reseñada y no por que en la sentencia
se le haga parte del mismo  por el juez como lo pretende equivocadamente el
actor- pero que no participó en el proceso,  deberá demostrar ante el  mismo
juez que profirió la sentencia que sus intereses no fueron representados en
forma adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la
notificación para poder excluirse del grupo y no quedar vinculada por la
decisión. Si decide excluirse del grupo en las condiciones aludidas, podrá
intentar acción individual por indemnización de perjuicios. vi) La sentencia
que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código
de Procedimiento Civil y además, -cuando acoja las pretensiones incoadas-,
dispondrá: entre otros requisitos a) “2. El señalamiento de los requisitos que
deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de
que puedan reclamar la indemnización correspondiente” -texto acusado por el
actor que  no comporta contrariamente a lo que el afirma la posibilidad para el
juez de variar  la conformación del grupo establecido en auto admisorio sino
que alude a los requisitos señalados en el artículo 55, a saber, nombre, el
daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de
pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo
grupo- ,  b) “4. La publicación, por una sola vez, de un extracto de la
sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes
siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer
lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados
igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso,
para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a
la publicación, para reclamar la indemnización”. vii) finalmente  cabe destacar
que el artículo 66 de la Ley 472 de 1998 -texto  igualmente acusado por el
actor- señala que la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con
quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo
interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del
grupo y de las resultas del proceso”.
De dichos elementos   es claro que no se
desprende  en manera alguna la   hipótesis  a que alude el actor en el sentido
de que en las normas acusadas - numeral 2 del artículo 65, artículos 56 y 66
de la ley 472 de 1998-  se establece la posibilidad para el juez de establecer
en la sentencia el grupo  ni de individualizar en ese momento los integrantes del
mismo, o de variar las  características  del grupo que fueron objeto de la
convocatoria efectuada con la publicación del auto admisorio de la demanda.
Ni  los textos referidos  aluden a dicha
posibilidad ni  resulta posible en manera alguna interpretarlos en el sentido
señalado por el demandante.
5.   Inhibición por ineptitud sustancial
de la demanda.
Es necesario recordar que para el ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad se exigen unos mínimos requisitos
formales que debe cumplir el escrito que contenga la respectiva demanda, con el
fin de que ésta sea tramitada.
Ha  advertido la Corte que los requisitos que el
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece para que los ciudadanos puedan
ejercer la acción pública de inconstitucionalidad deben cumplirse no solo
formal sino materialmente, so pena de ineptitud de la demanda[21]. Así ha dicho
claramente la Corte:
“Por consiguiente, si un ciudadano demanda
una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos
requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que,
conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se
pronuncie de fondo[22].
En efecto, el artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las
funciones de la Corte ,y señala  que a ella le corresponde la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos
del artículo.  Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional
revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas
por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo
puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una
acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal.
3- La formulación de un cargo
constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos
materiales que debe cumplir el demandante ya que, como lo dijo la Corte al
declarar la exequibilidad de esa exigencia, “el ataque indeterminado y sin
motivos no es razonable”[23].
Al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera
específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una
verdadera controversia constitucional. En tales circunstancias, antes de
pronunciarse de fondo sobre una demanda, la Corte debe verificar si el actor ha
materialmente formulado un cargo, pues de no ser así, la decisión debe ser inhibitoria,
ya que la demanda sería “sustantivamente inepta, por no contener cargos
concretos de inconstitucionalidad susceptibles de ser analizados y evaluados
por ella mediante el ejercicio del control constitucional”[24].
Nótese que la jurisprudencia de esta Corporación exige la existencia de
acusaciones susceptibles de ser analizadas y discutidas mediante el trámite
propio del control constitucional abstracto, lo cual implica que el demandante
debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma
legal...”[25]
Ahora bien,  cabe  señalar que
en  el  estudio preliminar realizado a la demanda, para efectos de decidir
sobre su admisión, se estimó que la misma reunía los requisitos  formales
exigidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, pero en virtud de la labor
de substanciación del proyecto final de decisión constitucional se ha
encontrado que la argumentación expuesta presenta una formulación apenas
aparente de los cargos de inconstitucionalidad  planteados en contra de las
disposiciones  acusadas.
En efecto como se ha visto, para el actor
el numeral 2 del artículo 65 y los artículos  56 y 66 de la Ley  472 de 1998
permiten  que el juez  determine  el grupo en la sentencia y particularmente
individualice a las personas que lo conforman en ese momento procesal,
circunstancia  que  coartaría  la posibilidad  de excluirse del mismo,  así como
el ejercicio a lo largo del proceso  de sus derechos a las personas incluidas a
última hora por el juez en la sentencia.
Empero,  como se desprende  del análisis
del contenido y el alcance de las disposiciones acusadas, ha de concluirse que
las mismas  en manera alguna pueden interpretarse en el sentido  de que con
ellas o con cualquier otra norma de la Ley 472 de 1998 se otorgue al juez la
posibilidad de determinar el grupo en la sentencia o de individualizar los
miembros del mismo en esa etapa procesal.
Así las cosas, debe señalarse que, en
cuanto  la acusación formulada en la demanda  contra los artículos acusados,
se hace por el actor a partir de  esa hipótesis  y que esta  no se desprende de
las normas acusadas ni de la Ley en que ellas se contienen, y que  en ningún
caso las mismas podría interpretarse en el sentido que él señala, es claro que
la demanda fue formulada contra proposiciones jurídicas inexistentes.
Esta circunstancia impide a la Corte hacer
el control abstracto de constitucionalidad,  que por definición supone la
confrontación entre las normas superiores y otras de rango inferior, pues si
estas últimas no existen, y sólo son deducidas por el actor de una indebida o
irrazonable interpretación del alcance de las mismas, no habrá lugar a efectuar
comparación normativa alguna.
Al respecto en Sentencia C-504 de 1995[26] la Corporación expresó
que "Para que la Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de
verdad jurídica, la inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable
que la demanda recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el
actor o implícito. (...) Pero esa técnica de control difiere de aquella
encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido
suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad
de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden. (...) Para llegar a
la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley
es menester definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que
dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución".
Así las cosas ha de concluirse
que en cuanto  la acusación formulada en la demanda  en contra del numeral 2
del artículo 65 y los artículos 56 y 66 de la ley 472 de 1998,  se hace por el
actor a partir de una hipótesis que no se desprende de las normas acusadas ni
de la Ley en que ellas se contienen y que  en ningún caso las mismas podría
interpretarse en el sentido que él señala es claro que la demanda fue formulada
contra  normas inexistentes, lo que lleva a la Corte a inhibirse por ineptitud
sustancial de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
6. La imposibilidad de analizar
el  supuesto vacío normativo a que se alude por uno de los intervinientes
respecto del literal b) del artículo 56 de la Ley 472 de 1998
Ahora bien, existe un
planeamiento del  interviniente en representación del Ministerio del Interior y
de Justicia sobre el posible vacío que se presenta en el literal b) del
artículo 56 de la Ley 472 de 1998, al señalar que el miembro del grupo
interesado que no participó en el proceso y que no desea quedar vinculado por
la sentencia, debe demostrar “en el mismo término” que sus intereses no fueron
representados en forma adecuada por el representante del grupo o que hubo
errores en la notificación “sin señalar, la norma, a qué mismo término se
refiere”, por lo el interviniente considera oportuno que la Corte se pronuncie
al respecto, “para dar mayor claridad sobre a qué término se refiere el
referido literal”.
Al respecto, debe tenerse
presente que la competencia de esta  Corporación para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de una norma, surge de una demanda planteada en debida
forma, pues si no existe este presupuesto, no puede entrar esta Corporación a
efectuar un análisis oficioso o con base en cargos que formulen -con
independencia de los planteados en la demanda- los intervinientes o el
Ministerio Público, los que, ha advertido por lo demás la Corte, no están
llamados a plantear cargos nuevos[27].
Si bien  la Corporación puede
examinar las normas acusadas en relación con toda la Constitución cuando se dan
las condiciones ya indicadas, esto es, una demanda planteada en debida forma,
en el presente caso  resulta claro que ese presupuesto no existe.
Así las cosas,  en la medida en
que no le corresponde  a la Corporación  hacer un examen oficioso de las
normas  sin que se haya planteado un cargo en debida  forma por un ciudadano,
la Corte ha de abstenerse  en la presente sentencia de efectuar  el  examen del
supuesto vacío normativo a que se alude por algunos intervinientes respecto del
literal b) del artículo 56 de la Ley 472 de 1998.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la
acusación formulada en contra del numeral 2 del artículo 65 y los artículos 56
y  66 de la Ley  472 de 1998 por ineptitud sustancial de la demanda.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
-a saber, la determinación en la sentencia de
miembros del grupo que no conocieron del proceso o que conociéndolo “tenían la
seguridad de no  estar cobijadas por la definición de grupo” dada inicialmente-
[2]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[3]
Sobre estas distinciones, ver, entre otras, las sentencias SU-067 de 1993,
T-244 de 1998, T-046 de 1999, C-215 de 1999 y C-1062 de 2000.
[4]
Ver sentencia C-569/04 M.P. Rodrigo Uprymny Yepes
[5]
M.P. Álvaro Tafur Galvis
[6]
M.P. Rodrigo Uprymny Yepes
[7]
En el mismo sentido ver igualmente la Sentencia T- 728/04 M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[8] “La solicitud de nulidad del
Ministerio Público será negada porque la demanda reunió todos los requisitos
exigidos por la ley 472 y el trámite que se imprimió al proceso, sigue  los
lineamientos exigidos en la misma normatividad.
1. La
acción de grupo tiene un carácter primordialmente reparatorio y ha sido
concebida, en aras de la economía procesal, para que un número plural de
personas pueda obtener la reparación de los daños que, individualmente han
padecido y que tienen una causa común, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 88 Constitucional y la ley 472 de 1998.
2. En reciente providencia (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,  Auto de 30 de septiembre de 2004,
Radicación número:  250002325000200400028  01, Actor: Edilma María Solano y
Otros.,Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Referencia: Acción  de Grupo), para un caso similar al que ahora se estudia,
esta Sala con posterioridad al pronunciamiento de constitucionalidad de la
Corte Constitucional (Sentencia C 569
de 2004) sentó su criterio en torno a los artículos 3 y  46 de de la ley 472,
en cuanto se refiere al número mínimo de miembros del grupo que debe presentar
la demanda, para que proceda la acción. Allí se indicó que no es indispensable
la concurrencia de todos ellos al momento de presentación de la demanda, toda
vez que, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la
Ley 472 de 1998, “[e]n la acción de grupo el actor o quien actúe como
demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas
individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de
los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”,
aunque si bien puede ser interpuesta por una persona esta debe actuar en nombre
de un grupo no inferior de 20 personas. La demanda debe, pues, establecer los
criterios que permitan la identificación del grupo afectado.
3.
La Sala encuentra que no asiste razón al Ministerio Público  en relación con la
no integración del grupo, puesto que en el proceso está acreditado que el grupo
está integrado por más de 20 demandantes.
En efecto, si bien la demanda se ejerció únicamente
por 5 personas, en ella se señalaron los criterios que permiten identificar el
grupo de la siguiente manera:
“(…)El grupo en nombre del cual se impetra esta
acción, son los habitantes de las zonas rurales y la cabecera del corregimiento
especial  de la Gabarra, que padecieron con posterioridad al 29 de mayo de
1999, la incursión paramilitar y las amenazas de estos contra pobladores de esa
(sic) corregimiento; grupo de personas que como consecuencia de esto tuvieron
que refugiarse en la República Bolivariana de Venezuela y/o desplazarse
forzadamente de su lugar de domicilio a otros lugares del país, padeciendo
daños morales, de vida en relación y patrimoniales..
El criterio para acreditar la pertenencia al grupo,
para los individuos que estén ausentes del proceso, será probando con cualquier
medio de convicción que tenía domicilio en la cabecera o áreas rurales del
corregimiento de la Gabarra para el 29 de mayo de 1999 y fue víctima  de
desplazamiento por la presencia paramilitar a esa región; o con la presentación
de la denuncia de haber sido desplazados en aquella fecha o los días
posteriores; o demostrando que aparece inscrito en el registro nacional de
desplazados como afectado por ese fenómeno y como lugar de expulsión el área
urbana o rural de la Gabarra con posterioridad a la fecha indicada; o
demostrando que aparece en los registros de refugiados o desplazados elaborados
por autoridades públicas de Venezuela y Colombia; o demostrando con cualquier
otro documento público la calidad de desplazado de La Gabarra.
El grupo de individuos perjudicados con la acción y
omisión de agentes públicos pertenecientes a las entidades demandadas, como se
probará en el trámite de la acción, es de tres mil quinientas (3500) personas.”
(fl. 10)
Dichos criterios son suficientes para identificar los
miembros del grupo afectado y concluir que está integrado por más de veinte
personas, tal y como lo consideró, en su momento el A Quo al admitir la demanda.
(…)
Al encontrarse probado  en el proceso que los
demandantes reúnen las condiciones expuestas en la demanda como criterio
identificador del grupo, es claro para la Sala que, de conformidad con el
parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, están legitimados para ejercer
la acción en nombre de un grupo que aparece como superior a 20 personas.
En tal virtud, no se configura en este caso la nulidad
prevista en el numeral 4 del artículo 140 del C.P.C.” Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo  del Consejo de Estado del 10 de Febrero de 2005
M.P. Ruth Stella Correa Palacio REF.: EXPEDIENTE No.
AG-25000-23-06-000-2001-00213-01 fl. 1283.
[9]
Artículo 47. Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda
por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro
de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la
acción vulnerante causante del mismo.
[10]
Artículo 48. Titulares de las acciones. Podrán presentar acciones de grupo las
personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual
conforme lo establece el artículo 47.
El Defensor del Pueblo, los
Personeros Municipales y Distritales podrán, sin perjuicio del derecho que
asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de cualquier
persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión.
En este caso será parte en el proceso judicial junto con los agraviados.
Parágrafo. En la acción de
grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas
que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin
necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia
acción, ni haya otorgado poder.
[11]Artículo
49. Ejercicio de la acción. Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto
de abogado. Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados,
deberá integrarse un comité y el juez reconocerá como coordinador y apoderado
legal del grupo, a quien represente el mayor número de víctimas, o en su
defecto al que nombre el comité.
[12]
Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las
acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las
personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
La jurisdicción civil ordinaria
conocerá de los demás procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las
acciones de grupo.
[13]
Artículo 52. Requisitos de la demanda. La demanda mediante la cual se ejerza
una acción de grupo deberá reunir los requisitos establecidos en el Código de
Procedimiento Civil o en el Código Contencioso Administrativo, según el caso, y
además expresar en ella:
1. El nombre del apoderado o
apoderados, anexando el poder legalmente conferido.
2. La identificación de los
poderdantes, identificando sus nombres, documentos de identidad y domicilio.
3. El estimativo del valor de los
perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneración.
4. Si no fuere posible
proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los
criterios para identificarlos y definir el grupo.
5. La identificación del
demandado.
6. La justificación sobre la
procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3º y 49 de
la presente ley.
7. Los hechos de la demanda y las
pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso.
Parágrafo. La demanda se dirigirá
contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, el cual debe
ser determinado. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que
existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia, de oficio
ordenará su citación.
[14]
Artículo 53. Admisión, notificación y traslado. Dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la presentación de la demanda, el juez competente se
pronunciará sobre su admisión. En el auto que admita la demanda, además de
disponer su traslado al demandado por el término de diez (10) días, el juez
ordenará la notificación personal a los demandados. A los miembros del grupo
se les informará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier
mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios. Para este
efecto el juez podrá utilizar simultáneamente diversos medios de comunicación.
Si la demanda no hubiere sido
promovida por el Defensor del Pueblo, se le notificará personalmente el auto
admisorio de la demanda con el fin de que intervenga en aquellos procesos en
que lo considere conveniente.
Parágrafo. El auto admisorio
deberá valorar la procedencia de la acción de grupo en los términos de los
artículos 3º y 47 de la presente ley.
[15]
Artículo 55. Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños
ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o
por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o
intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse
parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la
presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el
origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de
individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al
proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de
conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia,
suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños
extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco
se beneficiará de la condena en costas.
La integración de nuevos miembros
al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la
indemnización contenida en ella.
Las acciones individuales
relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a
solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo,
terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados
de la acción de grupo.
[16]
Artículo 56. Exclusión del grupo. Dentro de los cinco (5) días siguientes al
vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un
mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y, en
consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia.
Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en dos
situaciones:
a) Cuando se haya solicitado en
forma expresa la exclusión del grupo en el término previsto en el inciso
anterior;
b) Cuando la persona vinculada
por una sentencia pero que no participó en el proceso, demuestre en el mismo
término que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el
representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación.
Transcurrido el término sin
que el miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo
vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por
indemnización de perjuicios.
[17]
Artículo 61. Diligencia de conciliación. De oficio el juez, dentro de los cinco
(5) días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del
grupo demandante para solicitar su exclusión del mismo, deberá convocar a una
diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las
partes, que constará por escrito.
La diligencia deberá celebrarse
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de convocatoria. No
obstante, en cualquier estado del proceso las partes podrán solicitar al juez
la celebración de una nueva diligencia a efectos de conciliar sus intereses y
poner fin al proceso.
En la diligencia podrá participar
el Defensor del Pueblo o su delegado, para servir de mediador y facilitar el
acuerdo; si el Defensor hubiere presentado la demanda, dicha función
corresponderá al Procurador General de la Nación o su delegado, quien obrará
con plena autonomía. En la audiencia también podrán intervenir los apoderados
de las partes.
El acuerdo entre las partes se
asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que para ella se establecen en
esta ley. El acta de conciliación que contenga el acuerdo hace tránsito a cosa
juzgada y presta mérito ejecutivo.
El juez ordenará la
publicación del acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia
circulación nacional.
[18]
Artículo 62. Pruebas. Realizada la audiencia de conciliación, el Juez
decretará las pruebas solicitadas y las que de oficio estime pertinentes, y
señalará un término de veinte (20) días para que se practiquen, dentro del cual
fijará las fechas de las diligencias necesarias. Si la complejidad del proceso
lo requiere, dicho término podrá ser prorrogado de oficio o a solicitud de
parte, hasta por otro término igual.
[19]
Artículo 65. Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso
se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y
además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá:
1. El pago de una indemnización
colectiva, que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales.
2. El señalamiento de los
requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del
proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, en los
términos establecidos en el artículo 61 de la presente ley.
3. El monto de dicha
indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual
será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:
a) Las indemnizaciones
individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo,
según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. El
Juez podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y distribuir
la indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y
según las circunstancias propias de cada caso;
b) Las indemnizaciones
correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los
interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los
requisitos exigidos por el juez en la sentencia.
Todas las solicitudes presentadas
oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante Acto
Administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa
comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que
forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena.
Cuando el estimativo de
integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las
solicitudes presentadas, el Juez o el Magistrado podrá revisar, por una sola
vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días
siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la
integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los
dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán
devueltos al demandado.
4. La publicación, por una sola
vez, de un extracto de la sentencia, en un diario de amplia circulación
nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto
que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a
todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no
concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización.
5. La liquidación de las costas a
cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la
publicación del extracto de la sentencia.
6. La liquidación de los
honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%)
de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no
hayan sido representados judicialmente.
Artículo 66. Efectos de la
sentencia. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes
fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo
interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del
grupo y de las resultas del proceso.
[20]
Ver entre otras las sentencias C.-036/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-215/99
M.P. Marta Sáchica Méndez, C-1062/00 M.P. Álvaro  Tafur Galvis, C- 569/04 M.P.
Rodrigo Uprymny Yepes.
[21]
Sentencia C-362 de 2001
[22]
Ver, entre otras, las sentencias C-024/94 Fundamento Jurídico No 9.1.c,
C-509/96 y C-236/97.
[23]
Sentencia C-131/93. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No.
1.3
[24]
Sentencia C-236/97. MP Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte No
3.
[25]
Sentencia C-447/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[26]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[27]
Ver  Sentencia C-977 de 2002  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo
sentido ver, entre otras, la sentencia C-154 de 2004. M.P. Alvaro Tafur Galvis.