C-798-03
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-798/03
AUXILIAR DE LA JUSTICIA-Reglas para la
designación
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Procesos
judiciales/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites
constitucionales
LEGISLADOR-Proporcionalidad y
razonabilidad en la legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del
derecho al debido proceso
DERECHO A LA IGUALDAD-Inexistencia de
vulneración cuando existen acuerdos de voluntad de las partes
DESIGNACION DE PERITOS Y SECUESTRE-No
constituye en si misma una decisión de carácter jurisdiccional
DEBIDO PROCESO-Formas propias de cada
juicio como garantía de defensa y seguridad jurídica para los intervinientes
DESIGNACION DE PERITOS Y SECUESTRES-No
desconoce las garantías de defensa y seguridad jurídica
DESIGNACION DE PERITOS Y SECUESTRES-Medida
compatible con los principios de celeridad, economía, efectividad y eficacia
del ordenamiento procesal y con el debido proceso
AUXILIAR DE LA JUSTICIA-Exclusión de las
listas
REGIMEN DE INHABILIDADES-Finalidad
moralizadora
INHABILIDADES PARA EJERCER FUNCIONES PUBLICAS-Clases
POTESTAD DEL LEGISLADOR-Diseño de régimen
de inhabilidades
REGIMEN DE INHABILIDADES PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA
FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS-Desempeño es
una manifestación del derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político
FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS-Posibilidad
de acceder tiene límites
REGIMEN DE INHABILIDADES PARA ACCEDER A CARGOS O FUNCIONES PUBLICAS-Legislador se encuentra habilitado para limitar el ejercicio de
derechos fundamentales
LEGISLADOR-Amplia facultad para regular
las causales de inhabilidad así como su duración en el tiempo pero de manera
proporcional y razonable
INHABILIDADES INTEMPORALES-Legitimidad
constitucional
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Quebrantamiento
NORMA ACUSADA-Coincidencia en cuanto a
la persona pero no frente a la causa y el objeto
AUXILIAR DE LA JUSTICIA-Naturaleza del
cargo
SANCION DISCIPLINARIA-Doble función
NORMA ACUSADA-Inexistencia de doble
sanción
EXCLUSION DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA-Comprende
efecto de hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas/EXCLUSION
DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA-No vulneración del principio non bis in idem
JUEZ-Condiciones para que pueda delegar
algunas diligencias en proceso judicial
PROCESO-Finalidad/PROCESO-Definición
El proceso es el conjunto de etapas y actuaciones surtidas en un
despacho judicial que tiene como finalidad la aplicación de principios
constitucionales y legales al conflicto puesto a consideración del juez para su
resolución. En otros términos, “El proceso es el conjunto de actos necesarios
para la declaración o ejecución de un derecho. Su finalidad es obtener,
mediante la intervención del poder público, la protección jurídica de un bien o
derecho de conformidad con la ley”.
CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Admite con
carácter excepcional función judicial a autoridades ajenas a la Rama Judicial
CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Indica que
autoridades administrativas y particulares pueden cumplir determinadas
funciones judiciales
LEGISLADOR-No podrá disponer que a
través de delegación un funcionario judicial invista de jurisdicción a
empleados de su despacho
MEDIDAS CAUTELARES-Imposibilidad de
delegar su práctica a los empleados de los despachos judiciales
MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO JUDICIAL-Alcance/MEDIDAS
CAUTELARES EN PROCESO JUDICIAL-Objeto
DILIGENCIA DE SECUESTRO-Involucra
actuaciones de las cuales se generan consecuencias jurídicas
DILIGENCIA DE ENTREGA DE BIENES-Naturaleza
judicial/DILIGENCIA DE ENTREGA DE BIENES-Objeto/DILIGENCIA DE ENTREGA
DE BIENES-Improcedencia de delegar a empleados del Despacho judicial
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud
sustantiva de la demanda
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Regulación
de procesos judiciales
LEGISLADOR-Competencia para establecer
estructura probatoria del proceso
PRUEBAS-Facultad de las partes para
aportarlas y controvertirlas
PRUEBAS-Posibilidad de las partes para
aportar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados
es razonable
POTESTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA-Norma
demandada constituye ejercicio legítimo, razonable y proporcionado
PRUEBAS-No vulneración de los principios
de contradicción y publicidad por solicitud de común acuerdo de las partes
MEDIOS DE PRUEBA-Autorización y
finalidad
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-Libertad
probatoria
PRUEBA ANTICIPADA-Objeto
PRUEBA ANTICIPADA CON FINES JUDICIALES-Procedencia
y legitimidad de las pruebas es compatible con el principio de contradicción de
la prueba
PRUEBA ANTICIPADA CON FINES JUDICIALES-Fundamento
PRUEBA ANTICIPADA CON FINES JUDICIALES-Validez
y valoración
NOTIFICACION-Concepto/NOTIFICACION-Finalidad
La notificación es el acto material por medio del cual se pone en
conocimiento de las partes o de terceros interesados los actos particulares o
las decisiones proferidas por la autoridad pública. “La notificación tiene como
finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación
administrativa y de su desarrollo, de manera que se garanticen los principios
de publicidad, de contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien
pueda ser condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten que materialmente
sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose
a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad,
dentro del término que la ley disponga para su ejecutoria. Sólo a partir del
conocimiento por las partes o terceros de las decisiones definitivas emanadas
de la autoridad, comienza a contabilizarse el término para su ejecutoria”.
NOTIFICACION PERSONAL-Casos en que debe
surtirse
NOTIFICACION PERSONAL-Procedimiento
NOTIFICACION PERSONAL-Diferencias entre
acto de notificación y comunicación
COMUNICACION-Concepto
La comunicación es un medio de información a través del cual se
solicita la comparecencia al Despacho de la persona a quien se va a notificar
de una decisión judicial. Por lo tanto, para los fines que se persiguen con la
comunicación, es intrascendente si ella es remitida por el secretario o por la
parte interesada en que se produzca la notificación, siempre que se atiendan
los límites de procedimiento señalados por el legislador.
COMUNICACION-Envío por el interesado
constituye una medida razonable
La disposición impugnada dispone que, luego de trascurrido el plazo
fijado para que el secretario envíe la comunicación, el interesado en la
notificación podrá remitir dicha comunicación si el empleado judicial no ha
cumplido con su deber funcional. Constituye ésta una medida razonable en cuanto
pretende garantizar los principios de celeridad y economía de las actuaciones
procesales, pues evita dilaciones innecesarias en el trámite, y no impide que
la persona a quien deba notificarse de la actuación judicial ejerza el derecho
de defensa. El precepto impugnado representa entonces al ejercicio legítimo de
la potestad de configuración normativa que corresponde al Congreso para la
fijación de la actuación procesal y está en concordancia con el deber
constitucional fijado en el artículo 95-7 para que toda persona colabore para
el buen funcionamiento de la administración de justicia.
NOTIFICACION Y COMUNICACION-No ostentan
carácter de actuaciones jurisdiccionales
DERECHO A LA IGUALDAD-Exigencias de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional
PORCENTAJE DE POSTURA PARA REMATE DE BIENES-Competencia del legislador para fijarlos no vulnera derecho a la
igualdad del tercero interesado en la subasta
REMATE DE BIENES-Situación de hecho de
los terceros intervinientes es diferente frente al acreedor
Los terceros
intervinientes no se hallan en la misma situación de hecho frente al acreedor
ejecutante ni se encuentran en el mismo plano jurídico, en la medida en que
mientras éste tiene un interés cierto, fundado en una obligación clara, expresa
y exigible a su favor, aquellos son ajenos al debate procesal y a la relación
dada entre las partes.
ADJUDICACION DE BIENES-Solicitud del ejecutante/ADJUDICACION
DE BIENES-Procedencia de la solicitud
PROCESO DE EJECUCION-Finalidad
REMATE-Acto judicial complejo que
comporta doble naturaleza jurídica
REMATE-Ejercicio de una función legítima
del Estado
TRAMITE JUDICIAL-Posibilidad del
ejecutado
REMATE JUDICIAL-Concurrencia de
actuaciones
ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR PARTICULARES-Función transitoria
FUNCION ADMINISTRATIVA-Ejercicio por
particulares
LEGISLADOR-Facultad para señalar
términos y condiciones de participación de particulares en el cumplimiento de
funciones administrativas y judiciales
CAMARAS DE COMERCIO, NOTARIAS Y MARTILLOS-Función en las diligencias de remate
HIPOTECA-Derecho real/HIPOTECA-Atributos
de persecución y preferencia
HIPOTECA-Ejercicio de la acción real
NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO AL ACTUAL PROPIETARIO-Regulación
NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO AL ACTUAL PROPIETARIO-No corresponde a la sustitución procesal propiamente dicha sino a
la acción real
PROCESO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO-Vinculación
y responsabilidad del actual propietario
CREDITO HIPOTECARIO-Cobro no puede
llevarse a cabo con la vulneración de derechos de tercero propietario
PROCESO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO-Propósito
específico/PROCESO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO-Se caracteriza por
dirigirse únicamente sobre la garantía real
PROCESO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO-Legitimidad
de la vinculación oficiosa del actual propietario
PROCESO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO-Actual
propietario responderá por la obligación principal pero únicamente hasta el
valor del bien hipotecario o dado en prenda
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance
CORTE CONSTITUCIONAL-Determina los
efectos de sus decisiones
CORTE CONSTITUCIONAL-Posibilidad de
incorporar decisiones con alcances diferentes
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inadmisibilidad
de afirmaciones indefinidas o indeterminadas
Referencia: expedientes acumulados D-4496 y D-4503
Demanda
de inconstitucionalidad contra apartes de los artículos 3º, 8º, 12, 18, 28, 29,
58, 65 y 66 y contra los artículos 52 y 56 de la Ley 794 de 2003
Actores: León José Jaramillo Zuleta y Francisco Edilberto Mora
Quiñónez
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá D. C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil tres (2003).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241
numeral 4 de la Constitución Política, y cumplidos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
en relación con las demandas de
inconstitucionalidad presentadas por los ciudadanos León José Jaramillo Zuleta
y Francisco Edilberto Mora Quiñónez contra apartes de los artículos 3º, 8º, 12,
18, 28, 29, 58, 65 y 66 y contra los artículos 52 y 56 de la Ley 794 del 8 de
enero de 2003, por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se
regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones[1].
Dada la distinción material entre los
preceptos demandados y la individualización de los cargos formulados por los
actores en este proceso, se realizará por separado el examen de constitucionalidad
de cada disposición. Con tal propósito, en cada acápite se hará referencia a lo
siguiente: 1) texto de la norma acusada; 2) cargo de inconstitucionalidad; 3)
sentido de las intervenciones institucionales y ciudadanas; 4) concepto del Procurador
General y 5) consideraciones de la Corte Constitucional.
I.  CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
1. Demanda contra el artículo 3º, numeral 1, literal d) de la Ley
794 de 2003
1. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo en referencia y
se subraya lo demandado:
Artículo 3°. Los artículos 9° y 9A del
Código de Procedimiento Civil, quedarán así:
“Artículo 9°. Designación,
aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista. Para la designación,
aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista de los auxiliares de la
justicia se observarán las siguientes reglas:
1. Designación. Los auxiliares
de la justicia serán designados, así:
a) La de los peritos, secuestres,
partidores, liquidadores, curadores ad lítem, contadores, agrimensores,
síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado sustanciador o
por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia.
Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por los
contrayentes;
En el auto de designación del curador
ad lítem, se incluirán tres nombres escogidos de la lista de dichos auxiliares
de la justicia. El cargo será ejercido por el primero que concurra a
notificarse del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo, según sea el caso,
acto que conllevará la aceptación de la designación. Los otros dos auxiliares
incluidos en el auto conservarán el turno de nombramiento en la lista. En el
mismo auto el Juez señalará los gastos de curaduría que debe cancelar la parte
interesada. El pago podrá realizarse mediante consignación a órdenes del
juzgado o directamente al auxiliar y acreditarse en el expediente. Si en el
término de cinco (5) días, contados a partir de la comunicación de su
designación, no se ha notificado ninguno de los curadores nombrados, se
procederá a su reemplazo observando el mismo procedimiento;
b) La designación será rotatoria, de
manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando
se haya agotado la lista. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia
faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su
reemplazo en el acto, con cualesquiera de las personas que figuren en la lista
correspondiente, y estén en aptitud para el desempeño inmediato del cargo.
Cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del
mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente
calificada para el oficio;
c) Los traductores e intérpretes
serán únicos, a menos que se trate de documentos o de declaraciones en
diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos estos;
d) Las partes podrán de
consuno, en el curso del proceso, designar peritos y secuestre, y reemplazar a
este;
e) Los secuestres podrán designar
bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean
indispensables para el buen desempeño del cargo y señalar sus funciones. El
juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia
que no admite apelación;
f) El curador ad lítem de los relativamente incapaces será
designado por el juez, si no lo hiciera el interesado;
g) Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente
por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la
partición o la liquidación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 608.
2. Aceptación del cargo. Todo nombramiento se notificará por
telegrama enviado a la dirección que figure en la lista oficial, y en éste se
indicará el día y la hora de la diligencia a la cual deban concurrir. Copia
debidamente sellada por la oficina de telégrafo respectiva, se agregará al
expediente. Lo anterior, sin perjuicio de que dicha notificación se pueda
realizar por otro medio más expedito, de lo cual deberá quedar constancia en el
expediente. En la misma forma se hará cualquiera otra notificación.
El cargo de auxiliar de la justicia
es de obligatoria aceptación dentro de los cinco (5) días siguientes al envío
del telegrama correspondiente o a la notificación realizada por cualquier otro
medio, so pena de que sea excluido de la lista, salvo justificación aceptada.
Los peritos deberán posesionarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la
aceptación.
Si la persona designada estuviere
impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no
tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo, no concurriere a la diligencia o
no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá
inmediatamente a su relevo.
3. Designación y calidades. En
las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil
(200.000) habitantes, solamente podrán designarse como auxiliares de la
justicia personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la
autoridad competente de conformidad con la reglamentación que sobre el
particular realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa acreditación
por parte del aspirante de los requisitos técnicos, la idoneidad y la
experiencia requeridas. Las licencias deberán renovarse cada cinco (5) años.
En los demás lugares para la
designación de los auxiliares de la justicia se aplicará lo dispuesto en los
literales a) y b) del numeral 1 del presente artículo.
Las listas de auxiliares de la
justicia serán obligatorias para magistrados, jueces e inspectores, y en ningún
caso podrán ser nombrados auxiliares que no figuren en las mismas, so pena de
incurrir en falta disciplinaria.
Las entidades públicas que cumplan
funciones técnicas en el orden nacional o territorial podrán ser designadas
como perito sin necesidad de obtener la licencia de que trata este parágrafo.
4. Exclusión de la lista. Las
autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares de la justicia, e
impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales según
(...)
1.2. Cargos de inconstitucionalidad
El ciudadano León José Jaramillo Zuleta solicita la declaratoria de
inexequibilidad del literal d) numeral 1 del artículos 3º de la Ley 794/03.
En su criterio, esta disposición vulnera los artículos 13, 29, 116 y
228 de la Constitución Política, los que prescriben que la administración de
justicia es una función privativa de los funcionarios del Estado, regida por la
garantía al debido proceso y el principio de igualdad de los ciudadanos ante la
ley.
Sostiene que el precepto impugnado traslada atribuciones de la
jurisdicción a manos de particulares y permite que las partes desplacen al
funcionario judicial, quien es el director del proceso.
Agrega que esta es una norma que lesiona el debido proceso y
desplaza a la autoridad judicial, “pues las partes –si así lo quieren- (...)
pueden imponer al juez el nombramiento del perito o del secuestre, esto es
designando una persona de su directa y entera confianza o subordinación para
eventualmente imponer intereses (...) indebidos o injustos frente a terceros, o
a la comunidad toda. Prima aquí entonces el interés particular frente al
interés general, lo que juzgamos es contrario a los más altos postulados de
nuestra Carta Política”[2].
1.3. Intervenciones
1.3.1. El Ministerio del Interior y de Justicia, por intermedio de
su Directora de Ordenamiento Jurídico, solicita a la Corte pronunciarse a favor
de la exequibilidad del aparte acusado. En opinión de la interviniente, la
designación de peritos o secuestre por las partes del litigio no afecta el
carácter de director del proceso que ostenta el juez. Por el contrario, lo que
se quiere, especialmente cuando se trata de la designación de secuestre, es
ofrecer mayores garantías de confianza en cuanto a la protección de los bienes,
sin que se advierta vulneración de derechos ni postulados superiores.
1.3.2. El ciudadano Ramiro Bejarano Guzmán interviene en el proceso
para solicitar que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para sustentar
su petición expone algunos argumentos de carácter general, aplicables a todas
las normas acusadas, además de expresar criterios particulares en defensa de cada
disposición impugnada.
Estima que ninguna de las normas acusadas supone desplazamiento de
la autoridad pública, ni entrega de la función pública de administrar justicia
a los particulares, ni violación al debido proceso, ni limitación del acceso a
la justicia, como lo asevera el accionante. Por el contrario, agrega que la
decisión del legislador de hacer partícipes a particulares o a funcionarios
diferentes del juez de ciertos actos de impulsión del proceso, en lugar de
reñir con la Constitución, interpreta cabalmente no sólo el Preámbulo de la
misma sino también su artículo 1º.
Afirma además que el alegato del demandante pretende descargar en
las autoridades todo el impulso de los actos procesales, hasta los más nimios,
haciendo caso omiso del deber de los particulares y de toda persona de
contribuir a desarrollar y ejecutar la aspiración de la Carta de que Colombia
sea un Estado social de derecho, fundado en la solidaridad de las personas que
lo integran y en la prevalencia del interés general.
Así entonces, advierte que todas y cada una de las normas acusadas
simplemente apuntan a concretar esa solidaridad que impone responsabilidades a
los usuarios de la administración de justicia.
En relación con la demanda del literal d) numeral 1 del artículo 3º
de la Ley 794/03 considera que nada de extraño ni violatorio de la Carta puede
haber “por el hecho de que las partes de común acuerdo designen y remuevan a un
secuestre o a un perito quienes son solamente auxiliares de justicia, pues esta
última la dicta el juez en sus fallos. Es por lo demás, una antigua disposición
que jamás ha merecido reparo”[3].
1.3.3. El ciudadano Pablo Felipe Robledo del Castillo interviene en
el proceso para defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
En relación con el literal d) en referencia, expresa que la posibilidad de que
las partes designen peritos o secuestres y los reemplacen de mutuo acuerdo, no
es inconstitucional. Esta actuación se ajusta a los mandatos de la Carta Política
al permitirle a las partes la sana y lógica utilización de trámites
simplificados para evacuar las pruebas o las actuaciones judiciales, en donde
ningún menoscabo se le causa al proceso. Al contrario, permite descongestionar
los despachos judiciales e imprimirle celeridad a los procesos, con el fin de
lograr una justa y pronta justicia y, si se quiere, darle cumplimiento al deber
ciudadano regulado en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución que
establece como deber de la persona y del ciudadano colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia.
1.3.4. El ciudadano Henry Sanabria Santos interviene en el proceso a
fin de solicitar a la Corte que declare exequible el literal d) demandado.
Expresa que cuando las partes, en ejercicio de la libertad que les concede la
norma, designan de común acuerdo un perito o un secuestre, lo que hacen es
prestarle una valiosa colaboración al juez en la medida que le están indicando
qué auxiliar de la justicia, en sentir de aquéllas, es el más idóneo para
rendir un experticio o para custodiar unos bienes que han sido objeto de
medidas cautelares.
Agrega que lo que la norma acusada está dando a las partes son
herramientas suficientes para cumplir con el deber que impone el numeral 7º del
artículo 95 de la Constitución, según el cual todo ciudadano debe colaborar
para con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Por ello, considera que el precepto demandado no niega el acceso a
la administración de justicia ni desconoce la calidad que tiene el juez de
director del proceso, pues éste cuenta con suficientes poderes que le permiten
adoptar las medidas necesarias para garantizar que dichos cargos se ejerzan
correctamente y sancionar los desafueros o conductas que afecten el normal desarrollo
del proceso.
1.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare
exequible el literal d) numeral 1 del artículo 3º de la Ley 794/03, en la
medida en que tal prerrogativa está reconociendo la posibilidad para que las
partes de común acuerdo hagan la designación y procedan a remover el secuestre.
En su criterio, este hecho no implica que se desplace el poder
jurisdiccional del Estado a los particulares, en razón a que esta actuación no
equivale a impartir justicia, simplemente corresponde al obedecimiento de un
deber constitucional de las partes cual es el de colaborar con el buen
funcionamiento de la administración de justicia (CP, art. 95-7). Además, el
hecho que la designación se haga de común acuerdo, evita que una de las partes
procesales defraude a la otra, pues la decisión se adopta con el concurso de
sus voluntades.
Destaca también que el dictamen rendido por el perito se somete a
consideración de las partes a efectos de darle publicidad y oportunidad para
ser controvertido; además, que habrá lugar a la valoración judicial en el
momento procesal correspondiente, todo ello en aras de garantizar el debido
proceso.
1.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
1.5.1. El numeral 1 del artículo 3º de la Ley 794/03 fija las reglas
para la designación de los auxiliares de la justicia. En el literal d), que
contiene el precepto demandado, faculta a las partes para que de consuno, en el
curso del proceso, puedan designar peritos y secuestre, y reemplazar a éste.
Considera el demandante que esta disposición vulnera los artículos
13, 29, 116 y 228 de la Constitución Política, los que establecen que la
administración de justicia es una función privativa de los funcionarios
judiciales. Por ello deduce que, en contravía a estos postulados, la norma
acusada traslada atribuciones jurisdiccionales a particulares y permite que las
partes desplacen al funcionario judicial, quien es el director del proceso.
Los intervinientes y el Procurador General coinciden en solicitar la
declaratoria de exequibilidad de la disposición acusada al estimar que con ella
no se otorga poder jurisdiccional a particulares, no impide el respeto de los
principios de los principios de publicidad y contradicción de las pruebas ni
disminuye el poder de dirección del proceso que asiste al juez. Afirman que,
por el contrario, la disposición acusada es coherente con el postulado
constitucional consagrado en el artículo 95 numeral 7 de la Constitución, según
el cual es deber de la persona y del ciudadano colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia.
Así entonces, corresponde a la Corte determinar si el legislador se
excedió en el ejercicio de sus atribuciones al facultar a las partes para que,
en el curso del proceso, puedan de común acuerdo designar peritos y secuestres,
y reemplazar a éste.
1.5.2. El legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad
para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento,
las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho
sustancial[4].
Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º).
Estos límites están representados por la prevalencia y el respeto de
los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como
la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la
justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución);
en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la
igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de
justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las
actuaciones de los particulares (CP art. 83).
En atención a referentes Superiores como los señalados, la Corte
tiene establecido que la legitimidad de las normas procesales y el desarrollo
del derecho al debido proceso están dados por su proporcionalidad y
razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas. Por ende, “la
violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la
omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para
alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el
evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que
se pretende obtener con su utilización”[5].
En estas condiciones, ninguna vulneración al derecho a la igualdad
puede desprenderse de una decisión adoptada con el concurso de voluntades de
las partes para propender por la consecución oportuna de las pruebas, que
permitan al juez, como director del proceso e investido de la función de
impartir justicia, tomar la decisión que corresponda.
La disposición cuestionada no admite la imposición de la voluntad de
una de las partes del proceso en detrimento de la otra. Ella es muy clara y
precisa al exigir que la designación de aquellos auxiliares de la justicia se
haga de común acuerdo entre ellas.
De otro lado, de su texto tampoco se infiere que se afecte el ámbito
de decisión judicial que corresponde al juez por cuanto la designación de
peritos y secuestre no constituye en sí misma una decisión de carácter
jurisdiccional al no representar la aplicación del derecho en la solución de la
controversia sometida al juez. Por ende, la norma no está trasladando una
actuación jurisdiccional a las partes en el proceso, como lo entiende el actor.
Al respecto, esta Corporación ha sostenido que la expresión “formas
propias de cada juicio” incorporada en el artículo 29 de la Constitución
Política, alude a las reglas señaladas por la ley que, de conformidad con la
naturaleza de cada juicio, en ejercicio de la cláusula general de competencia y
consultando la justicia y el bien común, determinan las etapas de un proceso y
constituyen la garantía de defensa y seguridad jurídica para los intervinientes
en el litigio[6].
Por ello, es inadmisible sostener que una disposición que permita a
las partes designar de común acuerdo a auxiliares de la justicia representa el
desconocimiento de las garantías de defensa y seguridad jurídica que involucra
el derecho fundamental al debido proceso, si ha sido la ley la que las faculta
para decidir y han sido ellas partícipes de su elección.
Si los procesos judiciales están instituidos por regla general para
resolver conflictos que se susciten entre las partes, que someten sus diferencias
a la decisión de un servidor público que actúa en nombre y representación del
Estado como garante del interés general, no podrá en momento alguno inferirse
que la disposición acusada les permita hacer compatibles sus intereses para
defraudar a terceros o para atentar contra el interés general, como de manera
infundada lo estima el demandante.
En contra del argumento del actor y a favor de la constitucionalidad
de la medida adoptada por el legislador está no sólo el caro principio de la
buena fe que asiste a las personas en un Estado social de derecho, sino también
la improcedencia de la acción pública ejercida a partir de interpretaciones
subjetivas sobre los efectos o la eventual aplicación indebida que de la ley
puedan hacer sus destinatarios. Así pues, son completamente ajenas a la acción
de inconstitucionalidad argumentos como el presentado por el accionante, quien
expresa que la norma acusada faculta a las partes para designar a “una persona
de su directa y entera confianza o subordinación para eventualmente imponer
intereses (...) indebidos o injustos frente a terceros, o a la comunidad toda”[7].
Por el contrario, el precepto cuestionado facilita el curso del
proceso al permitir la actuación de auxiliares de la justicia que cuentan con
aceptación de las partes, lo que evitará eventuales recusaciones a los
designados y dilaciones innecesarias. Esta medida es compatible entonces con
los principios de celeridad, economía, efectividad y eficacia del ordenamiento
procesal.
Así las cosas, el que las partes se pongan de acuerdo para designar
ciertos auxiliares de la justicia en nada altera los presupuestos del Estado de
derecho ni desplaza al juez de su papel como director del proceso, puesto que las
determinaciones judiciales seguirán siendo tomadas por este funcionario. De
contera, tampoco se vulnera el debido proceso, entendido éste como el derecho
que tiene toda persona a ser juzgada con base en leyes preexistentes, por juez
competente y con observancia plena de las formas de cada juicio (CP art. 29),
en la medida en que las partes procesales no quedan investidas de potestades
jurisdiccionales o de facultades para decidir el conflicto ni la ley introduce
modificaciones a las reglas y principios del procedimiento.
Entonces, como bien lo resaltan los intervinientes y el Procurador
General de la Nación, el precepto impugnado, además de respetar los preceptos
superiores invocados por el actor, es plenamente compatible con lo prescrito
por el artículo 95 numeral 7 de la carta Política, en que se señala como deber
de la persona y del ciudadano colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia.
En suma, la autorización dada por la disposición acusada para que
las partes de común acuerdo puedan designar dentro del proceso peritos y
secuestre constituye el ejercicio legítimo de la potestad de configuración
normativa para determinar las formas propias de cada juicio que asiste al
legislador y concreta, de manera razonable y proporcionada, los principios que
rigen la administración de justicia. Estas facultades resultan constitucionales
y no alteran las atribuciones para designar o remover los auxiliares de la
justicia que en ejercicio de su deber de dirección y control del proceso ordinariamente
corresponden al juez. Por lo tanto, al ser infundados los cargos formulados
contra este precepto, se declarará su exequibilidad.
2. Demanda contra el artículo 3º, numeral 4, literal k) de la Ley
794 de 2003
2. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo en referencia y
se subraya lo demandado:
Artículo 3°. Los artículos 9° y 9A del
Código de Procedimiento Civil, quedarán así:
“Artículo 9°. Designación,
aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista. Para la
designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista de los
auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:
(...)
4. Exclusión de la lista. Las
autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares de la justicia, e
impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales según el
caso:
a) A quienes por sentencia
ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la
administración de justicia;
b) A quienes hayan rendido dictamen pericial
contra el cual hubieren prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho;
c) A quienes como secuestres,
liquidadores o curadores con administración de bienes, no hayan rendido
oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o
reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho
propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente;
d) A quienes no hayan cumplido a
cabalidad con el encargo de curador ad lítem;
e) A las personas a quienes se les
haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia;
f) A quienes hayan entrado a ejercer
un cargo oficial mediante situación legal o reglamentaria;
g) A quienes hayan fallecido o se
incapaciten física o mentalmente;
h) A quienes se ausenten
definitivamente del respectivo territorio jurisdiccional;
i) A quienes sin causa justificada no
aceptaren o no ejercieren el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia
para el que fueron designados;
j) Al auxiliar de la justicia que
haya convenido honorarios con las partes o haya solicitado o recibido pago de
ellas con anterioridad a la fijación judicial o por encima del valor de esta;
k) A quienes siendo
servidores públicos hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias.
Parágrafo 1°. La exclusión y la
imposición de multas se resolverá mediante incidente el cual se iniciará por el
juez de oficio o a petición de parte, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ocurrencia del hecho que origina la exclusión o de su conocimiento. Para
excusar su falta el auxiliar deberá justificar su incumplimiento.
Parágrafo 2°. También serán excluidas
de la lista las personas jurídicas cuyos miembros incurran en las causales
previstas en los numerales b), c), d), e), i) y j) del presente artículo, así
como las personas jurídicas que se liquiden.
Las personas jurídicas no podrán
actuar como auxiliares de la justicia por conducto de personas que incurran en
las causales de exclusión previstas en este artículo.”
2.2. Cargos de inconstitucionalidad
El ciudadano Francisco Edilberto Mora Quiñónez solicita la
declaratoria de inexequibilidad del literal k) numeral 4 del artículos 3º de la
Ley 794/03.
Estima que la disposición acusada vulnera el artículo 29 de la
Constitución Política al admitir que se juzgue dos veces por un mismo hecho al
auxiliar de justicia que haya sido sancionado disciplinariamente, “recayéndose
en una excesiva extralimitación del ius puniendi estatal y como
consecuencia en una violación flagrante al debido proceso”[8].
2.3. Intervenciones
2.3.1. La representante del Ministerio del Interior y de Justicia
solicita a esta Corporación que se declare la exequibilidad del literal k)
acusado. En su opinión, no resulta absurdo que la norma disponga la exclusión
de la lista de auxiliares de la justicia cuando ellos han sido objeto de
sanción disciplinaria, máxime si se tiene presente que su labor resulta
esencial dentro del propósito de alcanzar la realización efectiva de los cometidos
estatales a través de la edificación de una administración de justicia que
responda a las necesidades de la comunidad y a las exigencias de la esfera
estatal.
No obstante, sostiene la interviniente que al ser los auxiliares de
la justicia sujetos disciplinables en los términos de la Ley 734/02, la
exclusión de la lista y la imposición de la multa a que se refiere el literal
demandado no constituye la imposición de una doble sanción por el mismo hecho
dado que su finalidad es “garantizar la moral pública y asumir decisiones
frente a la violación del régimen de inhabilidades conforme al cual los
particulares no pueden desempeñar funciones públicas cuando han recibido
sanciones disciplinarias”[9].
Considera finalmente que “la constitucionalidad de la disposición
que se estudia sólo es predicable si la misma se interpreta conforme al tenor
de la Ley 734 de 2002, la que a su vez encierra el contenido del artículo 28 de
la Constitución Política, que señala que no puede haber penas imprescriptibles
ni perpetuas”[10].
2.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la
constitucionalidad condicionada del literal k) del artículo 3º de la Ley 794/03,
“bajo el entendido que cuando se ha impuesto inhabilidad permanente ello
imposibilita al sancionado para ser incluido en la lista de auxiliares de la
justicia”[11].
Expresa el Procurador que la destitución del cargo implica la falta
de cualidades suficientes del sancionado, que le impiden desempeñar funciones
públicas. Destaca que los auxiliares de justicia son particulares que
transitoriamente cumplen función pública; así que al hallarse una persona
inhabilitada como consecuencia de la sanción de destitución resulta obvio que
también esté limitada para integrar tales listas y no obstante la existencia de
la prohibición resulta incluida, de manera inmediata la autoridad judicial
deberá proceder a retirarla. De tal suerte que la exclusión es la consecuencia
del cumplimiento de la inhabilidad, es decir, que dicha decisión no constituye
una nueva sanción, sino la consecuencia que acarrea la restricción para
desempeñar funciones públicas.
Señala también que resulta razonable y proporcionado que la persona
que durante su desempeño como servidor público fuere sancionada con la
destitución, automáticamente esté inhabilitada para actuar como auxiliar de la
justicia, toda vez que el hecho socava la credibilidad y confianza necesaria de
quien sea designado como tal, respecto del correcto desempeño de su función,
que amerita estricta sujeción a los principios de moralidad, idoneidad,
probidad, lealtad, transparencia pues en ocasiones de su dictamen puede
depender o fundamentarse un fallo judicial.
2.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
2.5.1. El numeral 4 del artículo 3º de la Ley 794/03 señala las
causales por las cuales las autoridades judiciales excluirán de las listas de
auxiliares de la justicia a sus integrantes y les impondrá multas hasta 10
salarios mínimos legales mensuales, según el caso. La disposición acusada
corresponde al literal k), que incluye como destinatarios de estas medidas “A
quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por razones
disciplinarias”.
El demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad del
literal k) dado que, en su sentir, viola el artículo 29 de la Constitución
Política al disponer que se juzgue dos veces por un mismo hecho al auxiliar de
la justicia que fuere sancionado disciplinariamente con destitución.
El Ministerio del Interior y de Justicia y el Procurador General
consideran que la norma no vulnera la Constitución pues resulta coherente que,
por la naturaleza de su actuación, los auxiliares de la justicia sean excluidos
de la lista cuando sean destituidos como servidores públicos.
Corresponde entonces a la Corte Constitucional determinar si se
vulnera el postulado del non bis in ídem con la exclusión de la lista de
auxiliares de la justicia a quienes siendo servidores públicos hubieren sido
sancionados disciplinariamente con destitución.
2.5.2. Las inhabilidades constituyen un impedimento para acceder a
un empleo, oficio o actividad determinados. La expedición del régimen de
inhabilidades tiene como finalidad garantizar los principios de moralidad,
transparencia e imparcialidad de la función pública, a fin de atender el
interés general y los fines esenciales del Estado.  El régimen de inhabilidades
está definido en la Constitución Política y la ley.[12]
En consideración al hecho que la genere, en el ordenamiento jurídico
existen dos tipos de inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas. De
una parte, están las inhabilidades que se fijan como consecuencia de la
imposición de una condena o de una sanción disciplinaria. En este evento, las
inhabilidades pueden ser de índole permanente o temporal y, en ambos casos,
opera con carácter general frente al desempeño futuro de funciones públicas. De
otra parte, están las inhabilidades que se desprenden de una posición
funcional o del desempeño de ciertos empleos públicos. Éstas pueden también ser
permanentes o transitorias pero, a diferencia del anterior grupo, no tienen
carácter general y se aplican con carácter restringido sólo frente a los cargos
o actuaciones expresamente señalados por la autoridad competente.
Las inhabilidades del primer grupo constituyen igualmente una
sanción, como consecuencia del delito o de la falta disciplinaria; por el
contrario, las del segundo grupo no representan una sanción sino una medida de
protección del interés general en razón de la articulación o afinidad entre las
funciones del empleo anterior y las del empleo por desempeñar.[13]
Es igualmente oportuno señalar que el legislador dispone de una
amplia potestad de configuración normativa para diseñar el régimen de
inhabilidades de quienes aspiran a desempeñar funciones públicas y en su
ejercicio podrá establecer lo relacionado con los hechos que den origen a las
inhabilidades, su duración o vigencia y los alcances de la limitación, entre
otros aspectos, siempre que no contradiga lo dispuesto en la Constitución y que
fije reglas razonables y proporcionales[14].
En la sentencia
C-373 de 2002 se mencionaron los siguientes aspectos del régimen de
inhabilidades para acceder a cargos o funciones públicas, sobre los cuales se
había pronunciado la Corte Constitucional hasta ese momento:
-    La posibilidad de acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos es una manifestación del derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político como derecho fundamental
de aplicación inmediata (Artículos 40 y 85 de la C.P.).
-    Como no existen derechos absolutos, la
posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos está
sometida a límites que procuran la realización del interés general y de los
principios de la función administrativa[15].
-    En ese marco, un régimen de inhabilidades no es
más que la exigencia de especiales cualidades y condiciones en el aspirante a
un cargo o función públicos con la finalidad de asegurar la primacía del
interés general, para el que aquellos fueron establecidos, sobre el interés
particular del aspirante[16].
-    Al establecer ese régimen, el legislador se
encuentra habilitado para limitar el ejercicio de derechos fundamentales como
los de igualdad, acceso al desempeño de cargo o función públicos, al trabajo y
a la libertad de escogencia de profesión u oficio[17].
-    El legislador tiene una amplia discrecionalidad
para regular tanto las causales de inhabilidad como su duración en el tiempo
pero debe hacerlo de manera proporcional y razonable para no desconocer los valores,
principios y derechos consagrados en el Texto Fundamental.  Por lo tanto, sólo
aquellas inhabilidades irrazonables y desproporcionadas a los fines
constitucionales pretendidos serán inexequibles[18].
-    Las inhabilidades intemporales tienen
legitimidad constitucional pues muchas de ellas aparecen en el Texto
Fundamental y el legislador bien puede, en ejercicio de su capacidad de
configuración normativa, establecer otras teniendo en cuenta los propósitos buscados
y manteniendo una relación de equilibrio entre ellos y la medida dispuesta para
conseguirlos[19].
2.5.3. El actor alega que la norma acusada vulnera el principio del non
bis in ídem.
De acuerdo con el artículo 29 de la Carta Política, este principio
garantiza que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Por su
parte, la jurisprudencia constitucional tiene definido que para que ocurra el
quebrantamiento de tal principio, los dos procesos que se surtan contra alguien
deben ofrecer una identidad de persona, de causa y de objeto[20].
Al estudiar la norma demandada a partir de estos presupuestos se
observa que efectivamente existe coincidencia en cuanto a la persona destituida
en el proceso disciplinario y la excluida de la lista de auxiliares de la
justicia. Pero no ocurre lo mismo con la causa y el objeto de las dos
actuaciones, pues la finalidad de cada una, los bienes jurídicos tutelados y el
interés jurídico que se protege son diferentes en cada caso.
De una parte, los cargos de auxiliares de la justicia son oficios
públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta
intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad[21]. Además, los
auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado sino que
son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un
régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del
Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil.
De otra parte, la sanción disciplinaria tiene función preventiva y
correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos
en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben
observar en el ejercicio de la función pública. Además, la destitución y la
inhabilidad general son sanciones disciplinarias impuestas al servidor público
por la comisión de faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima[22].
Además de no existir identidad de causa y objeto que pudieran fundar
el cargo, tampoco se impone una doble sanción. Como se indicó, la inhabilidad
impuesta al concluir el respectivo proceso disciplinario constituye una sanción
que impide al servidor público desempeñar funciones públicas, sea con carácter
permanente o carácter transitorio. Con la sanción de inhabilidad los efectos de
la restricción se prolongan en el tiempo. Tanto es así que, como lo consagra el
Código Disciplinario Único, la destitución y la inhabilidad general implican la
imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por
el término señalado en el fallo[23].
Así entonces, al disponer la norma acusada que deberán ser excluidos
de la lista de auxiliares de la justicia quienes siendo servidores públicos
hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias, no permite entender que
simultáneamente la persona actúa en calidad de servidor público y de auxiliar
de la justicia ni que le imponga una sanción adicional como auxiliar de la
justicia. Lo que ordena el precepto es que se dé cumplimiento a la inhabilidad
que acompañe la sanción de destitución impuesta por haber cometido faltas
gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. En otras palabras, la
disposición cuestionada se limita a exigir el cumplimiento de la inhabilidad
para desempeñar funciones públicas, como las que cumplen los auxiliares de la
justicia, pero ello no significa, como lo entiende el actor, que se admita la
imposición de otra sanción por una falta ya sancionada.
En suma, la disposición demandada no vulnera el principio del non
bis in ídem pues la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia no
constituye la imposición de una sanción adicional a la destitución sino el
efecto de hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Es
decir que, al cumplir los auxiliares de la justicia funciones públicas, no
podrán estar incluidos en las correspondientes listas mientras estén
inhabilitados para el ejercicio de tales funciones con ocasión de la sanción de
destitución como servidores públicos. Por lo tanto, en consideración al cargo
formulado, se declarará la exequibilidad de la norma demandada.
3. Demandas contra los artículos 8º y 12 de la Ley 794 de 2003
3. 1. Texto de las normas acusadas
A continuación se transcribe el texto de los artículos en referencia
y se subraya lo demandado:
Artículo 8°. El artículo 31 del Código
de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 31. Reglas generales.
La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que
se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias que deban
surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega
de bienes en dicha sede en cuanto fuere menester.
En las cabeceras de
Distrito Judicial, el juez, sin perjuicio de las facultades de comisionar a
otras autoridades, podrá delegar la práctica de medidas cautelares y
diligencias de entrega de bienes, en el Secretario y Oficial Mayor, siempre que
estos sean abogados, quienes practicarán dichas medidas con las mismas
facultades del juez.”
Parágrafo 1°. En los procesos en que
se decreten medidas cautelares que puedan practicarse como previas a la
notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo,
cuando no esté notificado el demandado o faltare alguno de ellos por notificarse,
a petición y costa de la parte actora y sin necesidad de que el juez lo ordene,
se anexará a cada despacho comisorio destinado al secuestro de bienes, una
copia del auto admisorio o del mandamiento de pago y de la demanda y sus
anexos, para efectos de que el comisionado lleve a cabo la diligencia de
notificación personal que también podrán adelantar los funcionarios
mencionados en inciso 2 de este artículo.
Artículo 12. El artículo 107 del
Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 107. Presentación y
trámite de memoriales e incorporación de escritos y comunicaciones. El
secretario hará constar la fecha de presentación de los memoriales que reciba,
pero solo pasará al despacho de modo inmediato y con el respectivo expediente, aquellos
que requieran decisión o los agregará a este si se encuentra allí para que
resuelva simultáneamente todas las peticiones pendientes. Los demás escritos y
comunicaciones que no contengan una solicitud o no requieran de un
pronunciamiento se agregarán al expediente por el secretario sin necesidad
de auto que lo ordene. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso
o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá
esperar a que este transcurra en relación con todas las partes.
La presentación personal de los
escritos que la requieran, deberá hacerse en la forma y con los efectos
indicados para la demanda en el artículo 84.
Cuando el escrito se envíe desde un
lugar diferente al de la autoridad judicial a la cual va dirigido el original
del mismo podrá transmitirse por cualquier medio después de haber sido
autenticado como se expresa en el inciso anterior; en ese caso se aplicará lo
dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 84.
El juez podrá, de oficio o a solicitud
de parte, ordenar a la oficina remitente que le envíe fotocopia autenticada por
esta del original del telegrama.
Los despachos que cuenten con medios
técnicos, podrán utilizarlos para recibir memoriales en los términos que
acuerde el Consejo Superior de la Judicatura.
Parágrafo. El juez iniciará sin
tardanza la correspondiente investigación disciplinaria, cuando el secretario
no pase oportunamente al despacho los memoriales o expedientes. La omisión de
este deber constituye falta que se sancionará de conformidad con las normas que
regulan el régimen disciplinario.”
3.2. Cargos de inconstitucionalidad
3.2.1. El señor Jaramillo Zuleta considera que el inciso tercero del
artículo 8º de la Ley 794/03 vulnera el artículo 116 de la Constitución, dado
que la norma Superior señala los funcionarios investidos de potestad
jurisdiccional y entre ellos no se incluyen a los empleados mencionados en el
precepto que se demanda. Advierte también que los secretarios y oficiales
mayores, para los propósitos del mencionado artículo constitucional, no son
particulares. Agrega que la norma acusada contraría aquel artículo Superior al
establecer no una delegación de carácter excepcional o transitoria sino
permanente.
Sostiene también que el precepto impugnado es artificioso e
inconveniente. Lo primero por cuanto, so pretexto de liberar de trabajo al
juez, se va a recargar aún más de responsabilidades a los secretarios y
oficiales mayores, que son los funcionarios más atareados de los Despachos
Judiciales. Afirma que “es artificioso el argumento de que estos funcionarios
puedan descongestionar el respectivo Despacho teniendo la posibilidad  de
surtir estas diligencias, dado que no gozan del tiempo requerido para ello”[24]. Así mismo, considera
que la medida es inconveniente pues los jueces harán buen uso de la delegación
“lo que ocasionará más congestión de asuntos pendientes por proveer”[25].
A su juicio, la parte final del parágrafo debe igualmente retirarse
del ordenamiento jurídico, como consecuencia de la inexequibilidad del inciso
atacado.
3.2.2. El señor Mora Quiñónez solicita igualmente la declaratoria de
inexequibilidad del inciso tercero del artículo 8º por considerarlo violatorio
de los artículos 29, 116, 228, 229 y 230 de la Constitución Política.
Manifiesta que la jurisdicción, entendida como la función pública de
administrar justicia mediante un proceso, es un poder subordinante que se
ejerce por un órgano del Estado en nombre del pueblo y que lleva subyacente la
fuerza vinculante de sus decisiones. Agrega que son los jueces, como
funcionarios, los encargados de tan esencial labor, no así los empleados, que
son las demás personas que ocupan cargos en corporaciones y despachos
judiciales.
En opinión del actor, el otorgamiento de amplísimas facultades
judiciales al secretario u oficial mayor de un despacho judicial implica
delegación de la jurisdicción, dado que el juez traslada a un empleado del
despacho facultades como operador judicial.
Además, advierte que si en gracia de discusión se admitiera el
traslado de jurisdicción a un empleado del despacho, es claro que no es en una
ley ordinaria como debe hacerse, sino a través de las formalidades
constitucionales propias de una ley estatutaria.
Estima que el precepto acusado vulnera el artículo 29 Superior, que
dispone que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia
de la plenitud de las formas de cada juicio. Por ello, reitera que “mal se hace
al pretender legislativamente trasladar jurisdicción parcialmente en manos de
empleados que no satisfacen plenamente los requisitos para adquirir la misma,
así sean estos últimos profesionales del derecho, desconociendo el pilar
fundamental sobre el que se soporta el Estado social de derecho”[26].
Afirma igualmente que “en materia procedimental, que es el tema que
se regula en las normas acusadas, también rige el principio del juez natural,
esto es, aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento
de un determinado asunto”[27],
principio que además aparece incluido como garantía judicial en el artículo 8
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa
Rica”.
Para el demandante la disposición cuestionada vulnera también el
artículo 116 de la Carta por cuanto la delegación del juez a favor de los
empleados de su despacho choca con la descripción de quiénes son los únicos
autorizados constitucionalmente para el ejercicio permanente y transitorio de
la jurisdicción.
En relación con la violación de los artículos 28, 116 y 229
Superiores, considera que “de ser admisible la delegación de funciones
jurisdiccionales al empleado del despacho, aún sea éste abogado, conculca a los
asociados el acceso a la administración de justicia, toda vez que
constitucionalmente no está permitido trasladar en virtud de una ley ordinaria,
y en forma permanente, la jurisdicción. Esta delegación jurisdiccional, se
encuentra prevista constitucionalmente únicamente respecto de los conciliadores
o árbitros y valga aclararlo, en forma transitoria”[28].
Finalmente, para ilustrar sobre el desconocimiento del artículo 230
de la Carta Política, el actor formula este interrogante: ¿Cómo garantiza el
Estado que el empleado judicial al que se le ha delegado la función
jurisdiccional se someta a la legalidad, cuando es sobre el juez que pesa esta
obligación constitucional?
De otro lado, el señor Mora Quiñónez acusa como inconstitucionales
los apartes subrayados del artículo 12 de la Ley 794/03, pero no expresa en su
escrito los argumentos en que funda su apreciación.
3.3. Intervenciones
3.3.1. El Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte
que se pronuncie a favor de la exequibilidad del aparte acusado del artículo 8º
de la Ley 794/03[29].
En su criterio, la potestad delegada se limita a la ejecución
material de una decisión asumida por el juez, previo estudio de las
circunstancias fácticas y legales para ello, de tal suerte que se garantice el derecho
que se pretende hacer valer a través del litigio, empleando condiciones que
propugnan por la celeridad y la economía sin afectar en absoluto las
prerrogativas propias de todo proceso. Lo que la norma busca es que el juez se
dedique a lo fundamental y delegue la práctica de actuaciones materiales en
otros empleados del Despacho, lo que agiliza la solución de litigios y
garantiza el acceso de todas las personas a una pronta definición de sus
controversias.
En cuanto a la necesidad de expedir una ley estatutaria para la
inclusión de los términos sujetos a discusión en este acápite, precisa que la
norma demandada en modo alguno modifica o deroga aspectos propios de la Ley 270
de 1996 puesto que no implica modificación de aspectos esenciales propios de sujeción
a la Ley estatutaria, sino simplemente delegación de tareas ciertas para casos
concretos dentro de la órbita de injerencia procesal, lo que de contera lleva
implícita la no afectación de la regulación superior de la Administración de
Justicia.
3.3.2. El ciudadano Miguel Enrique Rojas Gómez interviene en defensa
de la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 8º de la Ley 794/03.
En su criterio, la práctica de diligencias como la de secuestro y la entrega de
bienes, no comporta el ejercicio de función jurisdiccional.
Manifiesta igualmente que la delegación de funciones en el
secretario o en el oficial mayor no implica que el juez se despoje de ellas,
dado que por tratarse de subalternos suyos, conserva el control inmediato y
directo sobre la actividad que ellos realizan. Advierte también que el concepto
de juez no se puede identificar con la persona humana que físicamente realiza
la actividad judicial, sino con el despacho judicial, del cual también son
parte el secretario y el oficial mayor.
3.3.3. Para el señor Bejarano Guzmán el legislador bien puede
disponer que el juez pueda delegar a dos subalternos suyos para que practiquen
medidas cautelares de embargo y secuestro o diligencias de entrega, tanto más,
como en este caso, que la delegación no es indiscriminada ni arbitraria, sino
sólo en cabeceras de distrito judicial y siempre que los delegatarios sean
abogados, es decir que estas facultades se radican en cabeza de personas que
cuentan con conocimientos jurídicos suficientes para evacuar este tipo de
pruebas.
3.3.4. Para el señor Robledo del Castillo el precepto demandado no
vulnera el artículo 116 de la Constitución, puesto que la decisión que se
delega es producto de una decisión judicial y lo que se ha delegado es su
ejecución o cumplimiento, lo que hoy es dable incluso hacerse a través de
alcaldes o inspectores de policía, sin que ellos pertenezcan a la Rama Judicial
del Poder Público. Afirma que “Los secretarios y los oficiales mayores son
funcionarios, autoridades administrativas de la Rama Judicial y en este sentido
están plenamente autorizados para poder asumir, bajo una disposición legal y
una delegación del juez correspondiente, la práctica de estas diligencias
cautelares o de entrega de bienes”[30].
Para oponerse al cargo expuesto por el demandante en el sentido que
la delegación que permite la norma impugnada es de carácter permanente, afirma
que, por el contrario, el precepto sí consagra una delegación transitoria, ya
que la actuación de esos empleados es exclusivamente para la práctica de esa
diligencia y no para adelantar todas las actuaciones del proceso.
Señala finalmente que en este caso no se está delegando jurisdicción
sino competencia por mandato legal y es constitucionalmente admisible que la
ley autorice la delegación de esta última.
3.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare
exequible el inciso tercero y la parte final del parágrafo 1º del artículo 8º
de la Ley 794/03. Considera que la delegación contenida en la norma bajo examen
no está prohibida por el Constituyente, es decir, que el Legislador cuenta con
amplia discrecionalidad para preverlo. De suerte que al autorizar al secretario
y oficial mayor para que practiquen dichas diligencias, se está facilitando la
materialización de las medidas cautelares decretadas dentro de un proceso y que
se ejecuten decisiones judiciales previamente adoptadas por el juez del
conocimiento, tales como ordenar la entrega de bienes. Con esta disposición,
además de ser razonable y proporcionada, se da cumplimiento a los principios de
celeridad y eficiencia que rigen la función judicial.
Advierte el Procurador que los poderes delegados al secretario y
oficial mayor no son discrecionales sino reglados y recaen sobre una materia
específica, situación que garantiza el derecho fundamental del debido proceso.
Tampoco observa trasgresión del artículo 116 de la Carta porque los
funcionarios delegados no quedan revestidos de función jurisdiccional, pues su
competencia se circunscribe exclusivamente a aspectos concretos, como son la
práctica de medidas cautelares y la entrega de bienes.
De otra parte, solicita a la Corte que se inhiba para pronunciarse
sobre la constitucionalidad de los apartes acusados del artículo 12 de la
citada Ley, por ineptitud sustancial de la demanda, en atención a la ausencia
de argumentos que demuestren, faciliten o permitan realizar un juicio de
constitucionalidad respecto a su texto.
3.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
3.5.1. El inciso tercero del artículo 8º de la Ley 794 de 2003 fija
las siguientes condiciones para que el juez pueda delegar algunas diligencias
en procesos judiciales: i) circunscribe territorialmente la eventual
delegación en cabeceras de Distrito Judicial; ii) señala las actuaciones
que podrán ser delegadas, esto es la práctica de medidas cautelares y
diligencias de entrega de bienes; iii) determina los delegatarios y fija
los requisitos académicos que éstos deben cumplir, es decir el secretario y el
oficial mayor, siempre que sean abogados; y iv) señala que para la
práctica de dichas medidas los delegatarios dispondrán de las facultades del
juez que delega.
Se acusa este precepto por vulneración del artículo 116 de la
Constitución Política por cuanto el secretario y el oficial mayor no están
incluidos dentro de los servidores públicos que pueden ser investidos de
potestad jurisdiccional.
Para los intervinientes, la atribución otorgada al juez por el
aparte demandado está de acuerdo con los preceptos Superiores puesto que se
limita a la ejecución material de decisiones adoptadas por el juez, que no
comporta el ejercicio de función jurisdiccional y el juez conserva el control
directo sobre la actuación de los delegatarios. La medida responde a los
principios de celeridad y eficacia, sin que se afecten prerrogativas propias
del proceso judicial. Expresan que dicha delegación no es indiscriminada,
arbitraria ni permanente, se presenta sólo en las cabeceras de distrito
judicial y exige la calidad de abogados a los delegatarios. Además, por su
naturaleza, no requiere ser aprobada por ley estatutaria.
El Procurador General estima que la disposición es razonable y
proporcionada para la materialización de las medidas cautelares decretadas por
el juez y propende por el cumplimiento de los principios de celeridad y
eficiencia de la administración de justicia. Se trata de poderes reglados y
específicos, que garantizan el debido proceso, y no configura la delegación de
función jurisdiccional.
En estas circunstancias, corresponde a la Corte determinar si la
autorización legislativa dada al juez para delegar la práctica de medidas
cautelares y diligencias de entrega de bienes en el secretario y oficial mayor
vulnera el artículo 116 de la Carta Política.
3.5.2. La delegación constituye un mecanismo a través del cual el
titular de un empleo o función inviste de autoridad o competencia a otro
funcionario para que atienda el cumplimiento de funciones propias del empleo
que desempeña el delegante.
El secretario y el oficial mayor son, en los términos de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia[31],
empleados de la rama judicial del poder público, que actúan bajo la dirección e
instrucción del juez, quien a su vez es el titular del despacho y el director
del proceso.
Pero, ¿Podrá el legislador autorizar al juez para delegar en el
secretario y el oficial mayor el cumplimiento de actuaciones inherentes a
procesos judiciales que se surtan bajo su dirección?
El proceso es el conjunto de etapas y actuaciones surtidas en un
despacho judicial que tiene como finalidad la aplicación de principios
constitucionales y legales al conflicto puesto a consideración del juez para su
resolución. En otros términos, “El proceso es el conjunto de actos necesarios
para la declaración o ejecución de un derecho. Su finalidad es obtener,
mediante la intervención del poder público, la protección jurídica de un bien o
derecho de conformidad con la ley”[32].
En la organización del poder público rige como principio el
cumplimiento de la función judicial por funcionarios de la rama judicial. No
obstante, como la Carta Política no postula la estricta asignación de funciones
con base en la estructura orgánica, admite, con carácter excepcional, que
autoridades ajenas a aquella rama del poder público puedan ser investidas de
función judicial.
En ese sentido, el artículo 116 de la Constitución dispone que,
además de los jueces y corporaciones de la rama judicial y de la justicia penal
militar, el Congreso de la República, determinadas autoridades administrativas
y particulares podrán también cumplir determinadas funciones judiciales[33]. Indica lo anterior
que servidores públicos diferentes a los funcionarios judiciales podrán cumplir
función judicial siempre que atiendan las exigencias constitucionales fijadas
para el efecto, entre ellas que sea atribuida por la ley en materias precisas.
Así mismo, en atención a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 113
y 116 de la Constitución, es legítimo que el legislador admita la delegación
del juez en sus subalternos, con la condición que el objeto de la delegación no
involucre la toma de decisiones de carácter judicial, las cuales están
reservadas al funcionario judicial. Por ende, el legislador no podrá disponer
que a través de delegación un funcionario judicial invista de jurisdicción a
empleados de su despacho, quienes tampoco ostentan la calidad de autoridad
administrativa[34].
Por su parte, las medidas cautelares en el proceso judicial pueden
recaer sobre bienes o sobre personas y tienen como finalidad asegurar el
cumplimiento efectivo de las determinaciones que adopte el juez.
El secuestro[35]
juega un papel fundamental en el proceso y, por las condiciones en que se lleva
a cabo, acarrea consecuencias de responsabilidad para el Estado en tanto que de
la práctica de esta medida cautelar se suceden consecuencias jurídicas, que
deben ser resueltas por el funcionario judicial.
En la respectiva diligencia se constatará el estado físico y
jurídico del bien y deberá decidirse en relación con las oposiciones que se
presenten, para lo cual, en atención al principio de inmediación, se decretará
la práctica de pruebas y se dictarán autos interlocutorios que, por involucrar
derechos de terceros, admiten la interposición de los recursos de reposición y
apelación.
Así las cosas, la diligencia de secuestro involucra actuaciones de
las cuales se generan consecuencias jurídicas de carácter judicial. Por
consiguiente, dado que el artículo 116 de la Carta Política no señala a los
empleados de los despachos judiciales como destinatarios de función judicial,
ninguna práctica de medidas cautelares podrá ser delegada en ellos, máxime
cuando los delegatarios actúan con las mismas facultades del juez delegante.
En igual sentido, según lo dispuesto por los artículos 337 a 339 del
Código de Procedimiento Civil, la diligencia de entrega de bienes es de
naturaleza judicial. En ella se definen derechos oponibles de terceros, se
identifican inmuebles, se tramitan oposiciones a la entrega y se reconoce el
derecho de retención, entre otras. Su carácter judicial impide igualmente, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución, que el juez
pueda ser autorizado por el legislador para delegar en empleados de su despacho
la práctica de diligencias de entrega de bienes.
Ante estas circunstancias, el señalamiento de límites para el
ejercicio de la delegación, como son la formación académica de los delegatarios
o la determinación de la circunscripción jurisdiccional en que podrá llevarse a
cabo, es un asunto ajeno al carácter judicial de las actuaciones que podrían
constituir el objeto de la delegación. Por ello, limitar la delegación de la
práctica de medidas cautelares y diligencias de entrega de bienes a cabeceras
de Distrito Judicial y a secretarios y oficiales mayores que ostenten la
calidad de abogados, no se relaciona con el cumplimiento de las exigencias
consagradas en el artículo 116 Superior para la participación de determinadas
autoridades administrativas en el ejercicio de funciones judiciales.
Por consiguiente, se declarará la inexequibilidad del inciso tercero
del artículo 8º de la Ley 794/03, así como la expresión “que también podrán
adelantar los funcionarios mencionados en el inciso 2 de este artículo”
contenida en el parágrafo 1º del mismo artículo, que faculta al comisionado
para delegar este tipo de diligencias en los empleados de su despacho.
3.5.3. El actor acusa igualmente algunos apartes del artículo 12 de
la Ley 794 de 2003. Pero, a pesar de señalarla en el acápite de normas
demandadas, no expone cargo alguno en su contra.
Ante esta situación, ¿cuál es la decisión que debe adoptar la Corte?
3.5.4. En relación con el cumplimiento de los requisitos de la
acción de inconstitucionalidad, la Corte ha señalado que ella representa un
derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político (C.P., art. 40) y se caracteriza por su naturaleza pública e
informal.
La acción permite entonces que todos los ciudadanos intervengan en
defensa de la integridad y supremacía de la Constitución Política, sin exigir
el cumplimiento de estrictas condiciones para su ejercicio, pues lo que se
pretende, en los términos del artículo 2º de la Constitución, es propender por
la consolidación de los fines esenciales del Estado y facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan.
Sin embargo, la informalidad de la acción no se traduce en la
inexistencia absoluta de parámetros para su ejercicio ya que a la Corte
Constitucional no le corresponde construir el escenario de la confrontación
jurídica pues, en tales circunstancias, estaría ejerciendo una revisión
oficiosa de inconstitucionalidad, la cual no le está permitida por la Carta
Política.
En este sentido, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, por el
cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban
surtirse ante la Corte Constitucional, consagra los requisitos de las demandas
en las acciones públicas de inconstitucionalidad. Ellos son:
1º.   El señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar
de la publicación oficial de las mismas;
2º.  El señalamiento de las normas constitucionales que se
consideran infringidas;
3º.  Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;
4º.  Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por
la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y
5º.  La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la
demanda.[36]
Así,
el ciudadano no está exento del cumplimiento de un mínimo de exigencias que
permitan a la Corte Constitucional identificar las normas que acusa y los
motivos por los cuales las encuentra contrarias al ordenamiento superior. Al
respecto, la Corte Constitucional ha hecho permanente referencia a la
obligación que tienen los demandantes de atender un mínimo de requisitos,
inherentes a la acción pública que ejercen. Por ejemplo, en la sentencia C-236
de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, esta Corporación señaló que:
Cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por
la vía de la acción, se le impone la carga procesal de señalar las normas
constitucionales violadas y también el concepto de su violación. Esto último
comporta la obligación de determinar con toda claridad de qué modo las normas
acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constitución, con el fin de
destruir la presunción de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte
pueda extender el análisis de constitucionalidad frente a normas no invocadas
expresamente en la demanda. Pero lo que no puede ser admitido es que bajo una
interpretación que haga el demandante del contexto de un cuerpo normativo se
puedan deducir, por vía indirecta, presuntas violaciones de la Constitución,
por la manera en que el legislador reguló una determinada materia. (...)
Adicionalmente, la Corte encuentra fallas protuberantes en la
formulación de los cargos, consistentes en establecer generalizaciones en lo
relativo a la violación de los preceptos constitucionales señalados, sin hacer
el cotejo concreto entre la norma que se acusa y la disposición constitucional
que se afirma transgredida.
En estas condiciones la Corte, conforme a las consideraciones
precedentes, concluye que la demanda con la cual se inició el presente proceso
es sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de
inconstitucionalidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella
mediante el ejercicio del control constitucional.
Igualmente, la Corte ha señalado que debe establecerse una relación
de correspondencia lógica entre las normas demandadas, las normas
constitucionales que se consideran vulneradas y las razones por las cuales se
estima desatendido el principio de supremacía de la Constitución Política. En
la sentencia C-1095 de 2001 dijo que “se trata de exponer la secuencia
argumentativa de acuerdo con la cual los textos legales demandados se reputan
como inconstitucionales.  Por ello, es necesario que exista claridad en el
señalamiento de las normas acusadas y de las normas constitucionales
infringidas como también en la exposición de las razones de la vulneración pues
esos requisitos constituyen presupuestos del debate que se plantea ante la
Corte.  Esta Corporación no puede emprender el análisis de rigor si no existe
claridad sobre las normas que se han demandado, sobre aquellas disposiciones
del Texto Fundamental que se estiman violadas o si desconoce los motivos por
los cuales el actor asume que se presenta contrariedad entre éstas y aquellas”.
Como se indicó, el actor no
formula argumento alguno que permita a la Corte deducir los fundamentos de
inconstitucionalidad de los apartes subrayados del artículo 12 en referencia.
Por lo tanto, al no darse cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo
2º del Decreto 2067 de 1991, tal como lo advierte el Procurador General, la
Corte se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo sobre la referida
disposición.
4. Demanda contra el artículo 18 de la Ley 794 de 2003
4. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo en referencia y
se subrayan los apartes demandados:
Artículo 18. El artículo 183 del
Código de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 183. Oportunidades
probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados para ello en este código.
Cualquiera de las partes,
en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar
experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De
existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el
peritazgo correspondiente.
Si se trata de prueba documental o
anticipada, también se apreciarán las que se acompañen a los escritos de
demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, o a aquellos en
que se promuevan incidentes o se les dé respuesta. El juez resolverá
expresamente sobre la admisión de dichas pruebas, cuando decida la solicitud de
las que pidan las partes en el proceso o incidente.
Cuando el proceso haya pasado al
despacho del juez para sentencia, las pruebas practicadas por comisionado que
lleguen posteriormente, serán tenidas en cuenta para la decisión, siempre que
se hubieren cumplido los requisitos legales para su práctica y contradicción.
En caso contrario, y cuando en la misma oportunidad llegaren pruebas
documentales cuyos originales o copias se hayan solicitado a otras oficinas, el
juez de primera instancia no las tendrá en cuenta, pero serán consideradas por
el superior. Este, de oficio o a petición de parte, ordenará el trámite que
falte a dichas pruebas. Si se trata de documentos, la parte contraria a la que
los adujo podrá tacharlos de falsos dentro del término de ejecutoria del auto
que admita la apelación.
Parágrafo. En todos los procesos, las
partes de común acuerdo podrán antes de que se dicte sentencia de primera
instancia, realizar los actos probatorios previstos en los numerales 1, 2, 3, y
7 del artículo 21 del Decreto 2651 de 1991 y adicionalmente podrán:
a) Presentar documento en
el cual consten los puntos y hechos objeto de una inspección judicial; en este
caso se incorporará al expediente y suplirá esta prueba. El escrito deberá
autenticarse como se dispone para la presentación de la demanda;
b) Solicitar, salvo que
alguna de las partes esté representada por curador ad lítem, que la
inspección judicial se practique por las personas que ellas determinen.
4.2. Cargos de inconstitucionalidad
El señor Jaramillo Zuleta considera que los apartes subrayados
violan el artículo 29 de la Constitución Política, el cual dispone que “Es nula
de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
En su sentir, se trata de normas que vulneran la esencia misma de
los medios probatorios, por cuanto “el debido procedimiento para llevar las
pruebas a juicio del juez, no es otro que el filtro al que deben someterse, a
saber: contradicción, publicidad, dirección y control de las mismas por parte
del juez, que es el delegado de la sociedad toda para que ausculte la pulcritud
o inmaculación de la prueba”[37].
Concluye que los preceptos acusados ocasionan la “resurrección del
tristemente célebre sistema de la ‘tarifa legal’, lo cual se hace pasando por
encima de principios fundamentales, como lo es la atribución del juzgador para
valorar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de la
experiencia”[38].
4.3. Intervenciones
4.3.1. El Ministerio del Interior y de Justicia sostiene que las
normas en referencia, al permitir que las partes presenten conceptos
especializados, no afecta el carácter de director del proceso que ostenta el
juez. Agrega que “Si se hace una interpretación sistemática de la norma puede
concluirse que todo aquello relacionado con estas medidas se encuentra sujeto a
las precisas instrucciones del Juez, pero procurando un amplio espectro
probatorio que incentive la igualdad, la transparencia y la contradicción”[39]. Por lo expuesto,
solicita a la Corte que declare la exequibilidad de dichas disposiciones.
4.3.2. El ciudadano Bejarano Guzmán estima que las normas son
exequibles puesto que el hecho de permitir que las partes presenten experticios
o realicen algunos actos probatorios, como la práctica de una inspección, en
modo alguno significa que ellas dictarán el derecho o ejercerán la iuris
dictio, dado que esta función sigue reservada al juez, como único
capacitado para valorar los medios de prueba.
4.3.3. El señor Robledo del Castillo se opone a los cargos de
inconstitucionalidad formulados contra las disposiciones acusadas. Considera
que no riñen con la dirección probatoria del juez y muy por el contrario, como
se aprecia en su texto, reconocen al juez su dirección y potestad probatoria,
al indicarle que cuando lo considere puede ordenar de oficio una prueba
pericial al respecto. Las normas demandadas simplemente conceden a las partes
la posibilidad de presentar experticios con el ánimo de que sean valorados, si
a ello hubiere lugar, así como dictámenes periciales. Agrega que, “el
experticio, si no hay contradicción probatoria, se convierte en prueba
pericial, lo cual es absolutamente razonable; y por otra parte, mucho menos las
otras facultades probatorias, por cuanto ellas se ejercen de común acuerdo por
las partes procesales, sin que ello cercene las facultades oficiosas del juez
en materia probatoria”[40].
4.3.4. El señor Sanabria Santos solicita que se declaren exequibles
los apartes impugnados del artículo 18 de la ley en referencia. Considera que
con estas disposiciones no se vulneran los derechos de acceso a la
administración de justicia ni el debido proceso, pues dichas pruebas siempre
serán sometidas a contradicción y el juez, en caso de duda, podrá de oficio
actuar para llegar a la verdad.
4.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare
exequible el inciso tercero del artículo 18 de la Ley 794/03. Considera que en
los eventos en que el Legislador ha facultado a las partes para que en las
oportunidades procesales puedan presentar experticios emitidos por
instituciones o profesionales judiciales, tales medios probatorios quedan
sometidos a los principios de publicidad y contradicción, para que la parte
contraria los pueda conocer y objetar. Con ello se garantiza el debido proceso
y el derecho de defensa que concurre a favor de las partes procesales. Sin
embargo, la disposición agrega que en caso de contradicción entre varios de
tales experticios, el juez podrá decretar prueba pericial, es decir que a
través de este medio de prueba se garantiza la contradicción de las pruebas
aportadas por las partes.
Así mismo, solicita a la Corte que se inhiba para pronunciarse sobre
la constitucionalidad del parágrafo del artículo 18 de la citada Ley, por
ineptitud sustancial de la demanda, en atención a la ausencia de argumentos que
demuestren, faciliten o permitan realizar un juicio de constitucionalidad
respecto a su texto.
4.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
4.5.1. El primer precepto demandado del artículo 18 de la Ley 794/03
faculta a las partes para presentar, por su iniciativa y en la oportunidad procesal
indicada experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados
y dispone que en caso de existir contradicción entre varios de ellos, el juez
decretará el peritazgo correspondiente. El parágrafo acusado establece que las
partes podrán de común acuerdo realizar los actos probatorios en él señalados.
Considera el actor que las pruebas así aportadas al proceso impiden
su valoración de acuerdo con las reglas de la sana crítica y de la experiencia,
además de vulnerar el artículo 29 de la Constitución puesto que, en su sentir,
no cumplen con los requisitos de contradicción y publicidad.
Los intervinientes y el Procurador General coinciden en afirmar que
el hecho de permitir a las partes la presentación de conceptos especializados
no modifica el carácter de director del proceso que tiene el juez. Agregan que
la norma garantiza los principios de contradicción y publicidad puesto que en
caso de hallar contradicciones corresponderá al funcionario judicial decretar
el peritazgo correspondiente.
Con base en el cargo formulado y de acuerdo con las intervenciones
surtidas en el proceso y el concepto del Procurador General, corresponde a la
Corte Constitucional determinar si el legislador vulneró el artículo 29 de la
Carta Política al establecer que las partes del proceso judicial, en las
oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrán presentar experticios
emitidos por instituciones o profesionales especializados.
4.5.2. Como se señaló en acápite precedente, el legislador dispone
de amplia facultad para regular los diversos procesos judiciales, en cuyo
ejercicio deberá atender los principios consagrados en la Constitución Política
y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida legislativa
adoptada[41].
Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido a
los alcances de la potestad legislativa en la determinación de la estructura
probatoria del proceso y a su conformación por los medios de prueba admisibles,
la oportunidad de los sujetos procesales para aportar o solicitar pruebas, las
atribuciones del juez para decretarlas y practicarlas, la facultad oficiosa
para producir pruebas y a las reglas atinentes a su valoración.
En la sentencia C-1270 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, la
Corte reiteró su línea jurisprudencial en esta materia y reconoció la
constitucionalidad del derecho de las partes a presentar y solicitar la
práctica de pruebas, lo que no es incompatible con el respeto de los principios
de contradicción y publicidad. Sobre el particular expresó lo siguiente:
3.2. Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al
legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y, por
consiguiente, la estructura probatoria de los procesos, no es menos cierto que
dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías
mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo consustancial al derecho de
defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan
a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y
solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en
su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se
asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la
prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno
derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se
practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de
realización y efectividad de los derechos (arts. 2 y 228); y vi) el derecho a
que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
3.3. Siendo el proceso un conjunto sucesivo y coordinado de
actuaciones en virtud del cual se pretende, hacer efectivo el derecho objetivo,
restablecer los bienes jurídicos que han sido lesionados o puestos en peligro y
garantizar los derechos fundamentales de las personas, resulta razonable que el
legislador haya determinado unas oportunidades dentro del proceso en donde las
partes puedan presentar y solicitar pruebas, y el juez, pronunciarse sobre su
admisibilidad y procedencia, e incluso para ordenarlas oficiosamente y, además,
valorarlas.
Se deduce de lo anterior y de la atribución señalada en el artículo
150-2 de la Constitución --según la cual corresponde la Congreso de la
República “expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus
disposiciones”--, que hace parte del ámbito de competencia de aquella
Corporación Pública establecer la estructura probatoria del proceso y señalar
en ella las oportunidades procesales para que las partes presenten o soliciten
pruebas.
Para garantizar el debido proceso, que incorpora los principios de
contradicción y publicidad de la prueba, y a fin de evitar la presentación de
pruebas ocultas o sorpresivas, el legislador prescribe en la norma demandada
que la prueba podrá aportarse por las partes, pero sólo dentro de una etapa
procesal específica.
Las partes gozan de la misma facultad para aportarlas, además de
garantizárseles el derecho a controvertirlas por los medios y dentro de la
oportunidad fijados en la ley. Por su parte el juez deberá decretar el
peritazgo correspondiente en caso de existir contradicción entre varios de
ellos.
Así entonces, la Sala considera que, en cumplimiento de la carga
procesal que les asiste, es razonable que el legislador permita que las partes
aporten pruebas, entre ellas los experticios emitidos por instituciones o
profesionales especializados, a fin de que el juez disponga de los elementos de
juicio que le permitan tomar una decisión justa y razonada en atención a las
especificidades del caso sometido a su consideración. Además, el hecho de
aportar tales pruebas no impide a su contraparte controvertirlas ni al juez
valorarlas en su oportunidad.
Al respecto, en la ponencia para primer debate en la Cámara de
Representantes se expresó lo siguiente:
Se incorpora al artículo el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 446
de 1998, que faculta a las partes, en cualquiera de las oportunidades
probatorias que tienen, para presentar experticios privados, advirtiéndose que
esa incorporación no pretende modificar la norma actual sino integrar al Código
de Procedimiento las modificaciones que ha sufrido.
Muy saludable para el desarrollo del principio de celeridad resultan
las reformas introducidas por la Ley 446 de 1998, en cuanto permite llevar al
proceso pruebas documentales que de alguna manera sustituyan los engorrosos
dictámenes periciales, sin que pueda decirse que ello afecta las garantías de
la parte a quien se oponen, por cuanto ella dispone de los mecanismos
procesales de oposición, ya que las pruebas que acepte o decrete el juez se
ponen en traslado a la contraparte.[42]
Siendo ello así, la norma demandada constituye un ejercicio
legítimo, razonable y proporcionado de la potestad de configuración
legislativa, que no contraría los preceptos constitucionales mencionados por el
actor ni suple al juez en la dirección y control del proceso, pudiendo éste
decretar o negar pruebas a fin de procurar la mejor decisión en el caso
sometido a su consideración.
Con base en los anteriores presupuestos, es igualmente infundado el
reparo formulado contra el parágrafo del artículo 18. Es natural que los
límites fijados en aquella disposición no podrán vulnerar los principios de
contradicción y publicidad de la prueba[43]
cuando son las partes las que de común acuerdo las realizan, presentan o
solicitan. Además, el hecho de condicionar la participación consensuada de las
partes a que se lleve a cabo antes de dictarse sentencia de primera instancia,
garantiza que las pruebas serán valoradas en su oportunidad procesal por el
juez.
En consecuencia, por no impedir el respeto de los principios de
contradicción y publicidad de la prueba, se declarará la exequibilidad de los
apartes demandados del artículo 18 de la Ley 794/03.
5. Demanda contra el artículo 28 de la Ley 794 de 2003
5. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo en referencia y
se subraya lo demandado:
Artículo 28. El artículo 300 del
Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 300. Inspecciones
judiciales y peritaciones. Con citación de la presunta contraparte o sin
ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial
sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un
proceso.
Podrá pedirse dictamen de
peritos, con o sin inspección judicial y con o sin citación de la parte
contraria. No obstante, cuando una u otra verse sobre libros y papeles de
comercio, se requerirá previa notificación de la presunta contraparte.
La petición se formulará ante el juez
del lugar donde debe practicarse.
5.2. Cargos de inconstitucionalidad
El señor Jaramillo Zuleta considera que el aparte subrayado vulnera
el derecho de defensa y el debido proceso (CP art. 29), por lo cual solicita
que se declare su inexequibilidad.
Para respaldar su apreciación señala que “dada la esencia misma de
la prueba pericial, que lo es el concepto de un tercero que requiere especiales
conocimientos científicos, técnicos, artísticos, etc., respecto de un punto
litigioso, la vida, la existencia misma de la prueba, depende de que haya sido
sometida al rigor de la contradicción de la futura contraparte. De no ser ello
así, ninguna prueba habrá;  podrá haber opinión de expertos sobre un
determinado punto, pero no prueba pericial como lo conciben los sagrados
cánones del derecho probatorio”[44].
5.3. Intervenciones
5.3.1. El ciudadano Bejarano Guzmán, en el mismo sentido de su
intervención en el acápite anterior, estima que el precepto impugnado es
exequible puesto que el hecho de permitir que las partes presenten experticios
o puedan realizar ciertos actos probatorios, como la práctica de una
inspección, en modo alguno significa que ellas dictarán el derecho, lo cual
sigue estando reservado al juez, como único capacitado para valorar los medios
de prueba.
5.3.2. Para el señor Robledo del Castillo la norma acusada debe ser
declarada exequible al no violar ni el debido proceso ni el derecho de defensa,
pues el derecho de contradicción se garantizará en el proceso en que se
pretenda hacer valer la prueba. En su criterio, el Legislador simplemente
adopta la posibilidad de que se practiquen y valoren pruebas anticipadas; pero,
como no se ha cumplido con los principios de publicidad y contradicción, ellos
deberán garantizarse en el proceso judicial en que se quiera hacer valer la
prueba. Igual ocurre con otros medios probatorios, como la inspección judicial
anticipada y regulada por el artículo 300 del C. de P. C., la cual, cuando se
efectúa sin citación de la parte contraria, está supeditada para su efectiva
valoración a que su publicidad y contradicción se efectúe en el proceso
judicial en que se haga valer.
5.3.3. El señor Sanabria Santos solicita que se declare exequible el
aparte acusado del mencionado artículo 28, pues no se desconocen los principios
constitucionales invocados por el actor, dado que el juez cuenta con poderes
probatorios y con la obligación de someter las pruebas a contradicción y a
valorarlas en la sentencia de acuerdo con los postulados de la sana crítica.
5.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare
exequible el inciso tercero del artículo 28 de la Ley 794/03. Considera que una
prueba anticipada practicada en las condiciones que señala la disposición,
podrá ser aportada al proceso judicial, pero advierte que si no se cumplió con
la audiencia e intervención de la presunta contraparte, será necesario que se
someta a su publicidad y contradicción, en los términos del artículo 29 de la
Constitución, para efectos de ser controvertida y posteriormente valorada por
el juez a la luz de la sana crítica y garantizar así el derecho de defensa y el
debido proceso.
Señala que la disposición acusada responde a la naturaleza propia de
los procesos civiles y que la peritación resulta útil para verificar los hechos
que interesen o puedan interesar en un futuro proceso y los que requieran
especial conocimiento de carácter técnico o artístico.
5.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
5.5.1. El inciso tercero del artículo 28 de la Ley 794/03 dispone
que, con carácter de prueba anticipada, podrá pedirse dictamen de peritos, con
o sin inspección judicial y con o sin citación de la parte contraria. Agrega la
norma que, no obstante, cuando una u otra verse sobre libros y papeles de
comercio, se requerirá previa notificación de la presunta contraparte.
El demandante considera que esta disposición vulnera el artículo 29
de la Constitución Política por cuanto no exige que la prueba sea sometida a
contradicción por la futura contraparte, por lo que en rigor no existe prueba
sino una simple opinión de expertos.
Los intervinientes y el Procurador General coinciden en solicitar la
declaratoria de exequibilidad de la norma acusada. Estiman que la prueba
anticipada será considerada en el proceso en que se pretenda hacer valer. Por
lo tanto, si no fue sometida a contradicción de la contraparte, ello deberá
garantizarse en el correspondiente proceso.
En consideración a lo señalado, la Corte deberá determinar si la
prueba anticipada de dictamen de peritos no sometida a contradicción vulnera el
derecho de defensa y el debido proceso que asisten a la futura contraparte.
5.5.2. Los medios de prueba son autorizados por el legislador de
manera taxativa o enunciativa y tienen como fin crear en el juez certeza sobre
la verdad de los hechos que son materia del proceso, para que pueda aplicar el
derecho al caso sometido a su decisión.
El Código de Procedimiento Civil admite la libertad probatoria al
prescribir que sirve como prueba cualquier medio que sea útil para la formación
del convencimiento del juez (art. 175).
Las pruebas pueden practicarse en el curso del proceso o fuera de
él. De esta segunda opción hacen parte las pruebas anticipadas, las cuales
pueden practicarse con fines judiciales o extrajudiciales.
La prueba anticipada constituye un apoyo para el futuro demandante,
porque puede ofrecerle certeza acerca de sus pretensiones y definir la
estrategia que empleará en su demanda. También podrá indicarle que no hay
fundamentos para iniciar un proceso o que el resultado obtenido en ella no será
usado en su demanda. Así mismo, la prueba anticipada permite a la futura
contraparte preparar oportunamente su defensa, al conocer la prueba que
eventualmente podrá ser usada en su contra; también permite dar a conocer a terceros
interesados sobre la posible iniciación de un proceso que les puede afectar y
así alistar su participación en él. La prueba anticipada igualmente aporta al
desarrollo del proceso y a la resolución justa del conflicto, puesto que hay
pruebas que desaparecen o se transforman sustancialmente con el transcurso del
tiempo.
En la sentencia C-830 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte
Constitucional hizo referencia, en los siguientes términos, a las pruebas
anticipadas: “Desde el punto de vista práctico las pruebas anticipadas con
fines judiciales se explican por la necesidad de asegurar una prueba que
después, al adelantarse el proceso correspondiente y por el transcurso del
tiempo  y el cambio de los hechos y situaciones, no podría practicarse, o su
práctica no arrojaría los mismos resultados, como ocurre por ejemplo cuando una
persona que debe rendir testimonio se encuentra gravemente enferma. Desde el
punto de vista constitucional dichas pruebas tienen su fundamento en la
garantía de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa o contradicción, contemplados en los Arts. 229
y 29 de la Constitución, en cuanto ellos implican, para las partes e
intervinientes del proceso, no solamente la facultad de acudir a la
jurisdicción y lograr que se cumpla la plenitud de  las formas propias del
mismo, sino también la de aducir y pedir la práctica de las pruebas necesarias
con el fin de controvertir las de la contraparte y alcanzar la prosperidad de
sus pretensiones o defensas, de conformidad con las normas sustanciales”.
Ahora bien, como lo indica el actor, para la validez y valoración de
las pruebas deberá garantizarse a la contraparte el escenario para
controvertirlas dentro del proceso en el que se pretenda hacerlas valer. Pero,
esta garantía del principio de contradicción de la prueba no se opone a la
procedencia y legitimidad de las pruebas anticipadas, aún si se obtuvieron sin
la citación de la futura contraparte, dado que la determinación de la validez y
la eficacia de la prueba anticipada no asisten al juez que la practica sino al
juez que conoce de la controversia o ante quien se pretenda hacerla valer.
Es decir que en su momento procesal la contraparte tendrá la
oportunidad para controvertir las pruebas anticipadas y ello no se opone al
derecho de defensa ni al debido proceso que consagra el artículo 29 Superior.
Así las cosas, es legítima la decisión del legislador de admitir la
petición de pruebas anticipadas, aunque se practiquen sin citación de la eventual
contraparte. En consecuencia, por los cargos analizados, se declarará exequible
el inciso demandado.
6. Demanda contra el artículo 29 de la Ley 794 de 2003
6. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo en referencia y
se subraya lo demandado:
Artículo 29. El artículo 315 del
Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 315. Práctica de la
notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se
procederá así:
1. La parte interesada solicitará al
secretario que se efectué la notificación y éste sin necesidad de auto que lo
ordene, remitirá en un plazo máximo de cinco (5) días ­una comunicación a quien
debe ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio
postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, en la que informará
sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que
se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al Juzgado, a recibir
notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega
en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio
distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez
(10) días; si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días.
En el evento de que el
Secretario no envíe la comunicación en el término señalado, la comunicación
podrá ser remitida directamente, por la parte interesada en que se efectúe la
notificación. Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos
legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada.
Dicha comunicación deberá ser enviada
a la dirección que le hubiere sido informada al Juez de conocimiento como lugar
de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente. Si se
trata de persona jurídica de derecho privado con domicilio en Colombia, la
comunicación se remitirá a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de
Comercio o en la oficina que haga sus veces.
Una copia de la comunicación,
cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deberá ser entregada al
funcionario judicial o a la parte que la remitió, acompañada de constancia
expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la dirección correspondiente,
para efectos de ser incorporada al expediente.
2. Si la persona por notificar
comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia, previa su
identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se extenderá
acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre del
notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquél
y el empleado que haga la notificación. Al notificado no se le admitirán otras
manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo
actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de los
recursos de apelación y casación.
Si el notificado no sabe, no quiere o
no puede firmar, el notificador expresará esa circunstancia en el acta; el
informe del notificador se considerará rendido bajo juramento, que se entenderá
prestado con su firma.
3. Cuando el citado no comparezca
dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue al proceso la copia
de la comunicación y la constancia de su entrega en el lugar de destino, el
secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, procederá en forma inmediata a
practicar la notificación por aviso en la forma establecida en el artículo 320.
4. Si la comunicación es devuelta con
la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la
dirección no existe, se procederá, a petición del interesado, como lo dispone
el artículo 318.
Parágrafo. Para efectos de las
notificaciones personales, los comerciantes inscritos en el registro mercantil
y las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia, deberán
registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente
del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección
donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito deberán
registrar, además, una dirección electrónica si se registran varias
direcciones, el trámite de la notificación podrá surtirse en cualquiera de
ellas.”
6.2. Cargos de inconstitucionalidad
El señor Jaramillo Zuleta solicita a la Corte que declare la
inexequibilidad del inciso cuarto antes subrayado.
Manifiesta que el precepto es inconstitucional porque ignora que la
vinculación del demandado o la notificación personal son deberes del Estado,
que ejerce por intermedio de la autoridad jurisdiccional. Por ello, considera
que el incumplimiento de este deber podrá generar responsabilidad disciplinaria
o incluso penal, “pero jamás podrá caber la posibilidad del desplazamiento de
este deber en un particular (a buen seguro su propia contraparte), porque eso
es resignar la función jurisdiccional”[45].
6.3. Intervenciones
6.3.1. El Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte
que se pronuncie a favor de la exequibilidad del aparte acusado. En su criterio
la norma impugnada no pretende que la notificación, como figura procesal que
es, sea trasladada a los sujetos en litigio, sino evitar la nulidad de los
procesos por carencia de notificación, de tal suerte que tanto los empleados
judiciales como las partes presten su concurso para garantizar la satisfacción
de ese requisito, con lo cual el proceso es más dinámico.
Considera que el correspondiente funcionario judicial sigue obligado
a ceñirse a la norma y, por consiguiente, a cumplir dentro del término previsto
su deber de notificación, puesto que, en el evento en que ello no suceda,
procede la investigación y la imposición de la sanción respectiva; no obstante,
ello no afecta a quienes se encuentran involucrados en el litigio.
6.3.2. El ciudadano Miguel Enrique Rojas Gómez interviene en defensa
de la constitucionalidad del inciso cuarto del artículo 29 de la Ley 794/03.
Advierte que la convocatoria de una persona para que concurra al despacho
judicial a recibir notificación personal de una providencia es por esencia un
acto informal, ya que con él no se entiende realizada una notificación. Lo
único importante de dicho acto es su idoneidad para cumplir su cometido, es
decir informar a quien debe ser notificado para que concurra al despacho
judicial. Así las cosas, concluye que un acto tan simple como ese no puede
considerarse como típicamente jurisdiccional.
6.3.3. El señor Bejarano Guzmán estima que no se privatiza la
justicia por el hecho que la nueva versión del artículo 315 del C. de P.C. haya
autorizado a una parte a colaborar con las gestiones para que se surta la
notificación personal del auto admisorio de la demanda. En el texto del Código
de Procedimiento Civil siempre ha sido así, como lo evidencia el hecho que la
parte interesada en una notificación tenga que pagar expensas judiciales para
que un funcionario pueda trasladarse o desplazarse a buscar al demandado.
En su opinión, lo que el nuevo sistema de notificación hace es
simplemente cambiar el grado y alcance de esa colaboración, en el sentido de
que si el Secretario no ejecuta los actos inherentes para que se surta una
notificación personal, lo haga directamente la parte interesada, mediante el
envío de una simple comunicación o de un aviso a la persona por notificar. Tal
colaboración es necesaria y además legítima.
Considera que el acto de notificación no es de carácter
jurisdiccional y por lo tanto no le está vedado a una de las partes contribuir
a su ejecución. Notificar es hacer saber y no es un acto reservado a ninguna de
las tres ramas del poder público; por el contrario, se trata de una gestión que
de realizarse en volúmenes considerables exige conocimientos y organización
especiales de los que normalmente carecen los despachos judiciales.
En últimas, la nueva normatividad simplemente busca la vinculación
efectiva de los demandados al proceso.
6.3.4. Para el señor Robledo del Castillo la norma debe ser
declarada exequible pues lo que permite hacer al interesado son actos
operativos, que no implican ninguna decisión reservada al juez o al personal
administrativo del Despacho. Resulta irrelevante jurídicamente que esa
comunicación pueda ser enviada por el Secretario o por la parte, de manera concurrente
o cuando el Secretario no la remita.
Estima que de ser cierta la tesis del accionante, la parte no
podría, por ejemplo, llevar y radicar despachos comisorios o llevar y radicar
oficios, que son actuaciones procesales de carácter administrativo.
6.3.5. El señor Sanabria Santos considera que el inciso demandado es
exequible, pues constituye desarrollo del numeral 7 del artículo 95 de la
Constitución Política. Estima además que no se trata de una función judicial ya
que de la lectura integral de la norma se desprende que es el secretario del
Despacho el llamado a remitir la respectiva comunicación y que cuando dicha
comunicación sea remitida por el demandante, se debe acreditar que
efectivamente ésta fue recibida por el demandado.
6.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare
exequible el inciso cuarto del artículo 29 de la Ley 794/03, porque la
comunicación tal como está prevista en el precepto acusado, es un medio de
información a través del cual se solicita la comparecencia de la persona a
quien se le va a hacer la notificación para efectos de realizarla, pero jamás
la sustituye.
6.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
6.5.1. El inciso cuarto del artículo 29 de la Ley 794/03 faculta a
la parte interesada en que se efectúe la notificación, a enviar directamente la
comunicación a quien deba ser notificado de la existencia del proceso, en el
evento en que el secretario no la envíe en el término señalado. Agrega la norma
que en caso de ser remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos
legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada.
El actor considera que esta disposición vulnera la Constitución
Política al trasladar a un particular el cumplimiento de funciones
jurisdiccionales, como son la vinculación o la notificación personal del
demandado.
Los intervinientes y el Procurador General solicitan la declaratoria
de exequibilidad de la disposición acusada. En su criterio, la comunicación no
constituye una actuación jurisdiccional y es irrelevante para el proceso si
ella es remitida por el secretario, por la parte interesada o por ambos.
Estiman que la norma, por el contrario, representa el desarrollo legislativo
del deber constitucional asignado en el artículo 95-7 a toda persona de
colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Así las cosas, corresponde a la Corte determinar si el precepto
impugnado vulnera los artículos 29 y 116 de la Constitución Política al admitir
que la parte interesada en que se efectúe la notificación personal de la
existencia de un proceso, pueda remitir la comunicación en el evento en que el
secretario no la envíe en el término señalado.
6.5.2. Según lo ha expresado esta Corporación, la notificación es el
acto material por medio del cual se pone en conocimiento de las partes o de
terceros interesados los actos particulares o las decisiones proferidas por la
autoridad pública. “La notificación tiene como finalidad garantizar el
conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa y de su
desarrollo, de manera que se garanticen los principios de publicidad, de
contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser
condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten que materialmente sea
posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a
los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro
del término que la ley disponga para su ejecutoria. Sólo a partir del
conocimiento por las partes o terceros de las decisiones definitivas emanadas
de la autoridad, comienza a contabilizarse el término para su ejecutoria”[46].
El artículo 314 del Código de Procedimiento Civil señala los casos
en que debe surtirse la notificación personal, entre los cuales incluye el auto
que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento de pago ejecutivo
y, en general, de la primera providencia que se dicte en todo proceso.
Por su parte, el artículo 315 consagra el procedimiento para llevar
a cabo la notificación personal, que incluye las siguientes fases:
- La parte interesada solicita al secretario que se efectúe la
notificación
- El secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, remitirá en un
plazo máximo de 5 días una comunicación a quien debe ser notificado, a su
representante o apoderado
- La comunicación se enviará por medio de servicio postal autorizado
por el Ministerio de Comunicaciones, en la que se informará sobre la existencia
del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar
- En la comunicación se prevendrá al destinatario para que
comparezca al Juzgado a recibir notificación dentro de los 5 días siguientes a
la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser
entregada en municipio distinto al de la sede del Juzgado, el término para
comparecer será de 10 días y si fuere en el exterior, el término será de 30
días
- En el evento en que el secretario no envíe la comunicación en el
término señalado, la comunicación podrá ser remitida directamente por la parte
interesada en que se efectúe la notificación
- Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos
legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada
- Si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en
conocimiento la providencia, previa su identificación mediante cualquier
documento idóneo
- Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada y
el interesado allegue al proceso copia de la comunicación y la constancia de su
entrega en el lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que lo
ordene, procederá en forma inmediata a practicar la notificación por aviso
La desagregación de algunas fases del procedimiento fijado por el
legislador para la notificación personal permite distinguir entre el acto de
notificación y la comunicación que se remita para solicitar al interesado que
comparezca al despacho judicial a notificarse.
La comunicación, como lo expresa el Procurador General, es un medio
de información a través del cual se solicita la comparecencia al Despacho de la
persona a quien se va a notificar de una decisión judicial. Por lo tanto, para
los fines que se persiguen con la comunicación, es intrascendente si ella es
remitida por el secretario o por la parte interesada en que se produzca la
notificación, siempre que se atiendan los límites de procedimiento señalados
por el legislador.
En la ponencia para primer debate en el Senado de la República se
aludió a la necesidad de introducir algunas reformas al régimen de
notificaciones, a fin de garantizar los principios que rigen la administración
de justicia. Se consideró que con las medidas propuestas no se desnaturalizaría
la institución ni se introducirían novedades ajenas a nuestra realidad
socio-jurídica. En este sentido, se expresó lo siguiente en aquella ocasión:
Sobre el particular, los suscritos Ponentes, al igual que todas las
personas que participaron en la elaboración del pliego de Modificaciones y los
especialistas que se consultaron, coinciden en la idea de que se hace
absolutamente necesario modificar sustancialmente el actual régimen de
notificaciones personales, por cuanto éste es obsoleto e inoperante y, más aún,
contrario a los fines de la justicia, pues conlleva desmedidas dilaciones para
trabar la litis, lo que se traduce en el desconocimiento de los derechos de
quien acude ante la justicia.
El sistema de notificaciones imperante, hace prácticamente
inejecutable la orden de notificación dada por el juez: Los notificadores
carecen de facultades para procurar la notificación en lugares diferentes a los
que el demandante hubiese señalado en la demanda, y las personas cuya
notificación se busca acuden a maniobras elusivas, apoyados en el estricto
marco que la ley permite a los funcionarios encargados de practicarlas. Podría
decirse que en la actualidad, por las razones expuestas, la diligencia de
notificación se ha constituido en el principal escollo del proceso, obstáculo
que debe ser removido, en la idea de que la reforma logre un aporte decisivo a
la eficiencia del aparato judicial y a la reducción de los tiempos de duración
de los procesos, sin menoscabo, obviamente, de los derechos de todos los
sujetos procesales. Es realmente un clamor de todos los usuarios y servidores
de la Administración de Justicia, que se modifique radicalmente el actual
sistema de notificación personal.
(...)
Del análisis de nuestras propias instituciones y de muchas de las
existentes en países culturalmente afines, encontramos justificado proponer
para el proceso civil colombiano la adopción de un sistema de notificación
amplificado, ..., que para nada resulta en una institución ajena a nuestra
realidad socio-jurídica, pero sí en una institución que brindaría solución al
grave problema de las notificaciones personales en los procesos civiles, que
tanto retardo causan a los trámites judiciales y tanto desencanto al sistema
general de Administración de Justicia.
Este sistema lo encontramos compatible con preceptos y principios
constitucionales y legales, en tanto desarrollan el principio de buena fe y de
economía y celeridad del proceso, sin menoscabo del derecho de defensa y del
debido proceso pues las condiciones en las que se surte la notificación a
través de otra persona no trascienden en núcleo doméstico o laboral y de las
relaciones de dependencia que vinculan  a estas personas con el demandado. Y,
así como nuestra legislación permite que para las acciones de clase la
notificación se haga con cualquier dependiente, con tanta más razón es
concebible que también pueda esperarse igual proceder leal de quienes habitan
la residencia del sujeto procesal que debe notificarse o laboran con él.
(...)
Con todas estas modificaciones ya referidas y otras muy puntuales
que se encuentran en el texto de los artículos, consideramos los Ponentes que
se hace una reforma integral y significativa al trámite de la notificación
personal, lo que se traduce en celeridad y menor desgaste del aparato judicial
y de todos los sujetos procesales”[47].
La disposición impugnada dispone que, luego de trascurrido el plazo
fijado para que el secretario envíe la comunicación, el interesado en la
notificación podrá remitir dicha comunicación si el empleado judicial no ha
cumplido con su deber funcional.
Constituye ésta una medida razonable en cuanto pretende garantizar
los principios de celeridad y economía de las actuaciones procesales, pues
evita dilaciones innecesarias en el trámite, y no impide que la persona a quien
deba notificarse de la actuación judicial ejerza el derecho de defensa.
Además, como bien lo expresan los intervinientes y el Procurador
General, tanto la notificación como la comunicación no ostentan el carácter de
actuaciones jurisdiccionales, de las que correspondan a la competencia
privativa del juez. El acto de notificación es una labor asignada a los
empleados del Despacho y no al funcionario judicial[48]. Esta tendencia se
conserva en la disposición acusada, tal como se consideró desde el trámite
legislativo del respetivo proyecto, en el cual se resaltó que “la labor del
juez apuntaría a velar y revisar la legalidad de todas las actuaciones
adelantadas con miras a la concreción de la notificación, pero no se desgastará
en los asuntos operativos, los cuales bien pueden trasladarse al sujeto
procesal interesado en que se surta la notificación personal”[49].
El precepto impugnado representa entonces al ejercicio legítimo de
la potestad de configuración normativa que corresponde al Congreso para la
fijación de la actuación procesal y está en concordancia con el deber
constitucional fijado en el artículo 95-7 para que toda persona colabore para
el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Desde esta perspectiva, es infundado el cargo de
inconstitucionalidad formulado contra el artículo 29 en referencia, por cuanto
el legislador no traslada a la parte interesada la labor de la notificación y
menos aún le asigna el ejercicio de función jurisdiccional. Por lo tanto se
declara su exequibilidad.
7. Demanda contra el artículo 52 de la Ley 794 de 2003
7. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo 52, que fue
demandado en su totalidad.
Artículo 52. El artículo 516 del
Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 516. Avalúo y pago con
productos. Practicados el embargo y secuestro, y en firme la sentencia
que ordena seguir adelante la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes
conforme a las reglas siguientes:
El ejecutante deberá presentarlo en
el término de diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la
notificación del auto que ordena cumplir lo resuelto por el superior, o a la
fecha en que quede consumado el secuestro, según el caso. Para tal efecto,
podrá contratar directamente con entidades o profesionales especializados o con
un avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia.
Si no lo presenta el ejecutante, el
demandado tendrá diez días para hacerlo en la misma forma. Si ninguna de las
partes aporta dicho avalúo, el juez designará el perito avaluador, salvo que se
trata de inmuebles o de vehículos automotores en cuyo caso aplicará las reglas
previstas para estos. En los casos previstos en este inciso no habrá lugar a
objeciones.
Si una parte no presta colaboración
para el avalúo de los bienes o impide su inspección por el perito, se dará
aplicación a lo previsto en el artículo 242, sin perjuicio de que el juez
ejerza el poder de coerción mediante la orden que sea necesaria para superar
los obstáculos que se presenten.
Tratándose de bienes inmuebles, el
valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por
ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para
establecer su precio real. En este evento, con el avalúo catastral deberá
presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas mencionadas en el
inciso segundo.
Cuando se trate de vehículos
automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de
rodamiento incrementado en un cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio del
derecho otorgado en el inciso cuarto a quien lo presenta. En tal caso, también
podrá acompañarse como dictamen, el precio que figure en publicación
especializada, adjuntando una copia informal de la página respectiva.
La contradicción del dictamen se
sujetará, en lo pertinente, a lo dispuesto en el artículo 238. Sin embargo en
caso de objeción, al escrito deberá acompañarse un avalúo como fundamento de la
misma y no serán admisibles pruebas diferentes.
Cuando el valor se hubiere acreditado
con certificación catastral o de impuesto de rodamiento, ésta sólo será
susceptible de objeción por error grave. El auto que resuelva la objeción será
apelable en el efecto diferido.
En los casos de los numerales 5 a 8
del artículo 682 y de inmuebles, si el demandante lo pide se prescindirá del
avalúo y remate de bienes, con el fin de que el crédito sea cancelado con los
productos de la administración, una vez consignados por el secuestre en la
cuenta de depósitos judiciales.”.
7.2. Cargos de inconstitucionalidad
El señor Jaramillo Zuleta solicita que se declare la inexequibilidad
del artículo 52 de la Ley 794, por ser contrario a los principios de igualdad y
debido proceso consagrados en los artículos 13 y 29 de la Carta Política.
Estima que la disposición viola el artículo 29 Superior porque
despoja a la prueba pericial, con la que se va a fundamentar el remate de
bienes, de los requisitos que debe tener como garantía del debido proceso;
prevé dictámenes no susceptibles de objeción y, en otros casos, cercena el
derecho de contradicción limitando las posibilidades probatorias.
Así mismo, considera el actor que el artículo acusado da
preponderancia a la parte fuerte en los procesos ejecutivos, es decir los
demandantes, sobre la parte débil, los demandados, “todo en contra de las
previsiones expresas y categóricas del artículo 13 de la Carta que, por el
contrario, manda proteger a las partes débiles desde el punto de vista
económico”[50].
7.3. Intervenciones
El señor Robledo del Castillo solicita a la Corte declarar exequible
el artículo 52 demandado.
En su criterio, las partes están facultadas para presentar avalúos,
pero soportados. Formula este interrogante: ¿Qué de malo puede haber en que una
parte presente un avalúo, no hecho por él sino por profesionales o entidades
especializadas o por auxiliares de la justicia, y si la otra lo acepta, pueda
el bien rematarse en pública subasta partiendo de la base que corresponda a ese
avalúo, o que presentado y habiendo discusión, el juez adopte un avalúo para
rematar el inmueble?
Estima que la norma demandada busca también utilizar registros o
datos públicos en el avalúo de bienes para que, cuando sean útiles, puedan ser
tenidos en cuenta por la Administración de Justicia y así evitar gastos
procesales innecesarios o dilaciones injustificadas si el valor del bien puede
obtenerse de la información pública disponible.
Por ello, considera que la norma acusada no es inconstitucional y
muy por el contrario, garantiza a las partes y a la Administración de Justicia
un sistema de avalúos simple y adecuado.
7.4. Concepto del Procurador General
En el concepto del Ministerio Público no se alude a la demanda
contra el artículo 52 de la Ley 794.
7.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
7.5.1. El actor considera que el artículo 52 de la Ley 794/03
vulnera los artículos 13 y 29 de la Carta Política. Por su parte, el
interviniente afirma que la norma es constitucional porque garantiza a las
partes y a la Administración de Justicia un sistema de avalúos simple y
adecuado.
Para sustentar el cargo por vulneración del artículo 13 Superior, el
accionante afirma que la norma demandada otorga preponderancia a la parte
fuerte en los procesos ejecutivos, es decir los demandantes, sobre la parte
débil, los demandados. Y, como cargo por vulneración del artículo 29 de la
Carta, expresa que el referido artículo 52 despoja a la prueba pericial de los
requisitos que debe cumplir como garantía del debido proceso, prevé dictámenes
no susceptibles de objeción y cercena el derecho de contradicción.
7.5.2. Observa la Corte que los enunciados generales expuestos en la
demanda no contienen un mínimo de fundamentación objetiva que configuren un
cargo específico de inconstitucionalidad sino reparos de índole subjetivo,
relacionados con eventuales aplicaciones que el actor infiere de la aplicación
de la norma acusada.
Como lo ha
expuesto esta Corporación, para evitar que la acción pública se convierta en un
control oficioso, donde la Corte configure los reparos de constitucionalidad
contra las normas que debe estudiar a la luz de la Carta Política, se necesita
saber en concreto las razones por las que el demandante encuentra que la norma
acusada viola los principios Superiores invocados, pues “Es doctrina de la
Corte la de que, pese al carácter informal de la acción pública de
inconstitucionalidad, que surge a la vez del derecho político, en cabeza de
todo ciudadano, y del interés colectivo en la preservación del ordenamiento
jurídico y de su estatuto básico, los jueces a quienes se encomienda la
delicada función de guarda de la integridad y supremacía de la Carta no pueden
cumplir su tarea si no se les indica, al menos en sencillo esbozo, las razones
en que se funda el ciudadano para pedir que una norma sea declarada contraria a
los preceptos fundamentales. No es cosa baladí poner en tela de juicio una
regla de Derecho, cuya vigencia no debería verse interrumpida por determinación
del organismo jurisdiccional competente, a menos que ante él se perfile un
razonamiento mínimo orientado a demostrar su incompatibilidad con postulados o
mandatos del Constituyente”.[51]
Así entonces, la
Corte Constitucional, con base en estas consideraciones y en las expuestas en
el acápite 3.5 de esta sentencia, ante la ausencia de cargos de
inconstitucionalidad que cumplan el mínimo de condiciones exigidas para el
ejercicio de esta acción, se inhibirá para emitir un pronunciamiento de fondo
en relación con la demanda presentada contra el artículo 52 de la Ley 794 de
2003.
8. Demanda contra los artículos 56 y 66-3 de la Ley 794 de 2003
8. 1. Texto de las normas acusadas
A continuación se transcriben las normas en referencia y se subrayan
en lo demandado:
Artículo 56. El artículo 526 del
Código de procedimiento civil quedará así:
“Artículo 526. Depósito
para hacer postura. Todo el que pretenda hacer postura en la subasta
deberá consignar previamente en dinero, a órdenes del juzgado el cuarenta por
ciento del avalúo del respectivo bien.
Sin embargo, quien sea
único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por
cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al veinte por
ciento del avalúo; en caso contrario consignará la diferencia”.
Artículo 66. El artículo 557 del Código
de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 557. Remate y
adjudicación de bienes. Para el remate y adjudicación de bienes se
procederá así:
1. Se dará aplicación a los artículos
523, 525 a 528, 529 en lo pertinente y 530.
2. El acreedor con hipoteca de primer
grado, podrá hacer postura con base en la liquidación de su crédito; si quien
lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerirá la autorización
de aquél y así sucesivamente los demás acreedores hipotecarios.
3. Desierta la licitación
podrá el acreedor, dentro de los cinco días siguientes, pedir que se le
adjudique el bien para el pago de su crédito y las costas, por el precio que
sirvió de base.
Si fueren varios los
acreedores, la misma facultad la tendrá el de mejor derecho.
4. Si el precio del bien fuere
inferior al valor del crédito y las costas, se adjudicará el bien por dicha
suma; si fuere superior, el juez dispondrá que el acreedor consigne a orden del
juzgado la diferencia con la última liquidación aprobada del crédito, y de las
costas si las hubiere, en el término de tres días, caso en el cual hará la
adjudicación. Las partes podrán de común acuerdo prorrogar este término hasta
por seis meses.
Si el acreedor no realiza oportunamente
la consignación, se procederá como lo dispone el inciso final del artículo 529,
sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda solicitar nueva licitación.
5. Si son varios los acreedores y se
han liquidado costas a favor de todos, se aplicará lo preceptuado en el numeral
8° artículo 392.
6. Cuando el proceso verse sobre la
efectividad de la prenda y ésta se justiprecie en suma no mayor a un salario
mínimo mensual, en firme el avalúo, el acreedor podrá pedir su adjudicación
dentro de los cinco días siguientes en la forma prevista en los numerales 3 y 4
del presente artículo, que se aplicarán en lo pertinente.
7. Cuando a pesar del remate o de la
adjudicación del bien la obligación no se extinga, el acreedor podrá perseguir
otros bienes del ejecutado, siempre y cuando éste sea el deudor de la
obligación. En este evento, el proceso continuará como un ejecutivo singular
sin garantía real, sin necesidad de proferir de nuevo mandamiento ejecutivo ni
sentencia. El ejecutante no estará obligado a prestar caución para el decreto y
práctica de las medidas cautelares.
En el nuevo proceso se admitirán
demandas de tercerías de acreedores sin garantía real que se presenten antes de
que quede en firme la providencia que señale fecha y hora para el nuevo remate,
y en lo pertinente se aplicará el artículo 540.[52]
8.2. Cargos de inconstitucionalidad
El señor Jaramillo Zuleta solicita la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 56 y del numeral 3 del artículo 66 de la Ley
794/03.
Para sustentar su petición expresa lo siguiente: “El artículo 56 que
modifica el art. 626 del C.P.C. lo consideramos contrario al artículo 13 de la
Constitución, pues desvirtúa el principio de la igualdad, en desmedro de los
débiles, y dándole preponderancia siempre a la parte fuerte, pues impone a los
terceros que van a hacer postura una consignación del 40% del ‘avalúo del respetivo
bien’, en tanto que al único ejecutante o acreedor de mejor  derecho, le basta
que su crédito represente tan sólo el 20% del avalúo”[53].
Agrega que “Por idénticos motivos es que consideramos contrario a la
Carta el numeral tercero del artículo 66, porque creemos que es un tratamiento
injusto, indebido, que el acreedor quede con la facultad de pedir que se le
adjudique el bien en la primera convocatoria, si además advertimos que el
régimen que acusamos le da exagerada superioridad sobre todo el mundo para que
manipule el avalúo del bien materia de remate; luego restringe la participación
del público exigiendo una consignación gravosa del 40% y, por último, (...) lo
faculta para que muy fácilmente (...) pueda dentro de los 5 días pedir la
adjudicación del bien. (...) Esto desvirtúa la igualdad ‘real y efectiva’ que
proclama el artículo 13 de la Constitución, además de lesionar el debido
proceso garantizado en el artículo 29”[54].
8.3. Intervenciones
8.3.1. Para el Ministerio del Interior y de Justicia la norma
demandada debe ser declarada exequible, por cuanto no conlleva a la violación
del derecho a la igualdad.
Considera que no puede equipararse la posición que el acreedor asume
en la subasta con aquella adoptada por los posibles interesados, ya que debe
tenerse presente que el interés del acreedor se encuentra plenamente
demostrado, incluso por circunstancias que se han revelado durante el proceso y
que no necesariamente salen a flote durante la subasta; de otro modo, habría de
ser reconocida a su favor la gestión efectuada para poder culminar la
controversia. Así entonces, el tratamiento diferenciado que contienen los
preceptos demandados está provisto de una justificación objetiva, razonable y
proporcional.
Para concluir afirma que “existe una razón constitucionalmente
válida para determinar un tratamiento disímil a quienes prestan su atención
para subastar, tratamiento que cumple con los requisitos citados y en
consecuencia, estimamos que no se atenta contra el artículo 13 de la
Constitución Política”[55].
8.3.2. El señor Robledo del Castillo solicita la declaratoria de
exequibilidad de las disposiciones impugnadas.
En relación con el artículo 56 de la Ley 794 considera que no se
viola el derecho a la igualdad, por cuanto es justificada la distinción que
allí se plantea, dado que la situación de los terceros que quieran comprar el
bien es diferente a la de las partes y eso les permite gozar de ciertas
prerrogativas, que justifican una consagración legislativa diferente.
Frente a los cargos contra el artículo 66 manifiesta que el
procedimiento allí consagrado es beneficioso incluso para la parte demandada
pues al contemplar que el demandante solicite su adjudicación ante la no
presentación de postores en la subasta, evita que el bien siga bajando de base
para remate y por esa vía venderse a precios irrisorios o muy bajos. Al
contrario, estima conveniente que los acreedores, una vez fracasada la primera
licitación, soliciten la adjudicación ya que el bien aún puede rematarse por un
“precio digno, que consulte los precios del mercado”.
8.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare
exequible el artículo 56 y el numeral 3º del artículo 66 de la Ley 794/03.
En su concepto, el artículo 56 no dispensa un tratamiento
discriminatorio, pues el acreedor o ejecutante es parte dentro del proceso y
los terceros intervinientes que pretenden hacer valer postura dentro de la
subasta no tienen ni adquieren dicha calidad. El trato distinto no constituye
una discriminación y tiene una justificación objetiva y razonable que debe apreciarse
según la finalidad y los efectos de la medida, en cuanto hay dos condiciones
esenciales para poder hacer postura: i) de carácter subjetivo, cuando el
ejecutante sea parte única o que el acreedor sea de mejor derecho en los
términos del artículo 1488 del Código Civil y ii) de índole objetiva,
referente a la cuantía del crédito, porque en caso contrario el ejecutante
deberá consignar la diferencia.
Expresa igualmente que con la medida se protege el derecho de
propiedad que tiene el acreedor-ejecutante sobre la acreencia u obligación
insoluta que no puede ser desconocida ni vulnerada, sino que por el contrario
le da la opción para que haga postura y el bien o bienes sean adjudicados y
abonados a cuenta de la deuda.
Estima que la medida se justifica en aras de proteger la
administración de justicia y racionalizar el acceso a la misma, puesto que al
imponer “como carga procesal a los interesados en hacer postura en una
diligencia de remate, el consignar previamente y a órdenes del juzgado el 40%
del valor del avalúo del respectivo bien, con ello se está impidiendo que haya
avalancha compulsiva de postores que dilaten injustificadamente la tramitación
del proceso, de tal manera que quienes cumplan con la exigencia legal es porque
realmente tienen interés de participar de manera seria en la subasta y
pretenden realmente que el bien se adjudique al mejor postor”[56].
8.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
8.5.1. El artículo 56 de la Ley 794/03 hace referencia al depósito
que debe efectuar quien pretenda hacer postura en la subasta de bienes.
Consagra como regla general que los interesados deberán consignar previamente
en dinero y a órdenes del juzgado, el cuarenta por ciento del avalúo del
respectivo bien. No obstante, permite que el ejecutante único o el acreedor
ejecutante de mejor derecho pueda rematar por cuenta de su crédito el bien
materia de subasta sin necesidad de consignar el porcentaje antes indicado, con
la condición que su crédito equivalga por lo menos al veinte por ciento del
avalúo o que consignen la diferencia si es inferior a este porcentaje.
Por su parte, el numeral 3º del artículo 66 de la misma ley
establece que, en caso de declararse desierta la licitación, el acreedor podrá
pedir que se le adjudique el bien para el pago de su crédito y las costas, por
el precio que sirvió de base o, en caso de ser varios los acreedores, que la
misma facultad la tendrá el acreedor de mejor derecho.
El actor estima que la diferencia de trato dispensada por el legislador
al señalar porcentajes diferentes de la consignación exigida a terceros
interesados en hacer postura en la subasta, frente al porcentaje fijado para el
ejecutante único o el acreedor ejecutante de mejor derecho, vulnera el derecho
a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.
Expresa también que el inciso 3º del artículo 66 vulnera el
precitado principio Superior, puesto que otorga un tratamiento injusto e
indebido a favor del ejecutante, permitiéndole manipular a su favor el avalúo
del bien materia de remate para luego facilitarle pedir la adjudicación, además
de restringir la participación de los terceros interesados a los que exige la
consignación de un porcentaje que estima gravoso.
Los intervinientes y el Procurador General solicitan la declaratoria
de exequibilidad de las normas acusadas. En su criterio constituyen medidas
razonables y proporcionadas y no atentan contra el derecho fundamental de
igualdad.
En estas condiciones, la Corte deberá determinar si el señalamiento
de porcentajes diferentes para la consignación que deben efectuar los
interesados y el ejecutante único o el acreedor de mejor derecho para hacer
postura en la subasta de un bien desconoce del derecho de igualdad consagrado
en el artículo 13 de la Carta Política. Así mismo, si el legislador vulneró
este precepto constitucional al estipular que el acreedor o el acreedor de
mejor derecho puedan pedir, una vez desierta la licitación, que se les
adjudique el bien para el pago de su crédito y las costas.
8.5.2.
La jurisprudencia constitucional tiene establecido que el derecho a la igualdad
exige que dos situaciones que sean iguales, deben ser tratadas de la misma
forma, desde un punto de vista que sea relevante de acuerdo con la finalidad
perseguida con la incorporación de la norma al ordenamiento jurídico. Por ello,
exige que el juez evalúe si el trato diferente dado por el órgano de
representación política se fundamenta o no en situaciones diferentes y
establezca si el criterio invocado por la ley es o no relevante y válido para
diferenciar las situaciones.
Ha considerado igualmente que para establecer si una disposición
legal es discriminatoria y por lo tanto contraria a la Carta Política, el juez
constitucional deberá efectuar un juicio de constitucionalidad. En esta labor,
la primera condición que debe verificar es que la norma otorgue un trato
diferente a personas ubicadas en la misma situación de hecho. Si ello ocurre,
entonces examinará si el tratamiento desigual persigue alguna finalidad
constitucionalmente válida que lo justifique y si la limitación al derecho a la
igualdad es adecuada para alcanzar tal finalidad. Además, establecerá que dicha
restricción sea ponderada o proporcional stricto sensu.[57]
A partir de estos presupuestos, la Corte procede a determinar la
constitucionalidad de los preceptos impugnados. Con tal propósito verificará la
presencia de los elementos antes mencionados.
En relación con el artículo 56 de la Ley 794/03, el actor advierte
la diferencia de trato que el legislador otorga a terceros interesados en hacer
postura en la subasta de remate, al exigirles que consignen previamente en
dinero y a órdenes del juzgado, el 40% del avalúo del respectivo bien, mientras
que, de otra parte, al ejecutante único o al acreedor de mejor derecho les
permite rematar por cuenta de su crédito, sin necesidad de consignar el porcentaje,
siempre que aquél equivalga por lo menos al 20% del avalúo.
En ejercicio de
su facultad de configuración, el legislador esta facultado para fijar el
porcentaje que estime necesario para garantizar la seriedad de la oferta, con
lo cual bien puede señalar porcentajes distintos a quienes se hallen en
situaciones de hecho diferentes.
Siendo ello así,
la diferencia entre el porcentaje del avalúo que debe representar el crédito y
el monto de la consignación que terceros interesados en la subasta deben efectuar
a órdenes del juzgado no constituye en sí misma un factor de discriminación
para éstos ni un elemento que impida su participación en la diligencia, pues,
como se expresó durante el trámite legislativo del proyecto, todo oferente
deberá estar en capacidad de consignar el 100% de su oferta dentro de los 3
días siguientes a la adjudicación, lo que impone tener siempre esa
disponibilidad.[58]
Así las cosas,
el legislador no ha vulnerado el derecho a la igualdad que asiste al tercer
interesado en la subasta puesto que, además de tratarse de un porcentaje
razonable y de garantizar la seriedad de su intervención, es proporcional
frente al monto del avalúo del bien que será subastado. La disposición
impugnada persigue una finalidad constitucional legítima, cual es la
realización del crédito a favor del ejecutante, y no contiene una medida
irrazonable o desproporcionada que afecte o impida la participación de terceros
interesados en la subasta del bien.
La Corte
comparte entonces la interpretación dada por el Procurador General, en el
sentido que los terceros intervinientes no se hallan en la misma situación de
hecho frente al acreedor ejecutante ni se encuentran en el mismo plano
jurídico, en la medida en que mientras éste tiene un interés cierto, fundado en
una obligación clara, expresa y exigible a su favor, aquellos son ajenos al
debate procesal y a la relación dada entre las partes.
De otro lado, si
con el propósito de garantizar el derecho a la igualdad de todos los
interesados en formular postura, el argumento de inconstitucionalidad propuesto
por el actor se generalizara a todas las diligencias en que se subasten bienes,
debería exigirse que en todo evento en que el crédito del ejecutante represente
más del 40% del valor del avalúo, lo que constituye la mayoría de casos, tal
porcentaje debería ser también garantizado por los terceros interesados en la
subasta. No obstante, tal medida imposibilitaría el remate de bienes y estaría
en contravía de lo trazado por los principios que rigen la función
jurisdiccional. Por ello, el mecanismo diseñado por el legislador en la
disposición demandada representa un punto de equilibrio y ponderación de los
intereses que puedan representar los intervinientes en el proceso judicial y
los terceros interesados en adquirir un bien en subasta pública.
Aspecto
semejante es el contemplado en el numeral 3 del artículo 66, que permite al
ejecutante, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se declare desierta
de la licitación, pedir que se le adjudique el bien para el pago de su crédito
y las costas, por el precio que sirvió de base.
Esta es una
medida razonable que favorece los intereses del deudor al permitir que se
adjudique el bien por un valor superior al que correspondería si fuere
necesario convocar una nueva subasta, con porcentaje de base inferior al de la
actual. Nótese cómo la solicitud de adjudicación procede sólo cuando se haya
declarado desierta la licitación, lo cual impone agotar previamente una serie
de actuaciones y fases precisas, en las que los terceros interesados bien
podrán participar, pero que no culminaron con la adjudicación del bien al mejor
postor.
Además de las
ventajas indicadas, la disposición respeta los principios de celeridad y
economía de la actuación procesal y constituye un ejercicio legítimo de la
potestad de configuración legislativa que asiste al Congreso en esta materia, a
la cual se alude en acápites anteriores.
Por lo tanto, se declararán exequibles el artículo 56 y el numeral 3
del artículo 66 de la Ley 794/03, en tanto no vulneran el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Carta Política.
9. Demanda contra el artículo 58 de la Ley 794 de 2003
9. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo en referencia y
se subraya lo demandado:
Artículo 58. El artículo 528 del
Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 528. Remate por
comisionado. Para el remate podrá comisionarse al juez del lugar donde
estén situados los bienes, si lo pide cualquiera de las partes; en tal caso, el
comisionado procederá a efectuarlo previo el cumplimiento de las formalidades
legales.
El comisionado está facultado para
recibir los títulos de consignación para hacer postura y el saldo del precio
del remate, los cuales deberán hacerse a la orden del comitente y enviarse a
éste por el comisionado junto con el despacho comisorio. Si el rematante no
consigna oportunamente el saldo, así lo hará constar el comisionado a
continuación del acta de la diligencia, para que el comitente resuelva lo que
fuera pertinente.
Parágrafo 1°. A petición
de quien tenga derecho a solicitar el remate de los bienes, se podrá comisionar
a las Notarías, Cámaras de Comercio o Martillos legalmente autorizados.
Las tarifas, expensas y
gastos que se causen por el remate ante las mencionadas entidades, serán
sufragadas por quien solicitó el remate, no serán reembolsables y tampoco
tenidas en cuenta para efectos de la liquidación de las costas.
Parágrafo 2°. La
Superintendencia de Notariado y Registro fijará las tarifas de los derechos
notariales que se cobrarán por la realización de las diligencias de remate. Las
tarifas de las Cámaras de Comercio y Martillos serán fijadas por el Gobierno
Nacional. Para estos efectos, las entidades dispondrán de un término de tres
(3) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley.”
9.2. Cargos de inconstitucionalidad
El señor Jaramillo Zuleta solicita la declaratoria de
inexequibilidad de los parágrafos 1º y 2º del artículo 58 de la Ley 794/03. El
actor estima que estas disposiciones vulneran la Constitución Política al
admitir la participación de particulares en el aspecto más esencial de
la jurisdicción, esto es su potestad coactiva.
9.3. Intervenciones
9.3.1. El Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte
que declare la exequibilidad de los apartes demandados, en la medida en que “la
labor delegada a las instancias referidas [notarías y cámaras de comercio] no
implica en absoluto delegación de funciones jurisdiccionales, sino la simple
participación de particulares para adelantar tareas materiales que hagan
efectivas las órdenes de los jueces y en consecuencia, permitan la realización
efectiva del derecho reconocido conforme a los términos del Estatuto Superior”[59].  Considera, así
mismo, que la Carta Política establece que los particulares podrán coadyuvar
con el sector público para lograr el cumplimiento de sus cometidos de manera
ágil, expedita y transparente.
Así las cosas, agrega, “avalamos el mecanismo escogido por el
legislador con el cual se quiere desjudicializar los remates por considerar que
ellos son trámites de naturaleza administrativa que generan congestión y por
consiguiente demoras para la práctica de las subastas por señalamiento de
fechas muy posteriores como consecuencia del gran número de procesos,
audiencias y diligencias que el juez tiene que practicar en los mismos”[60].
9.3.2. Según lo expuesto por el señor Bejarano Guzmán, el hecho de
facultar a las notarías, cámaras de comercio o martillos para que realicen los
remates o subastas ordenados por el juez, en modo alguno implican actos propios
de la administración de justicia, como erradamente lo supone el demandante.
Afirma que “Si hay algo claro en la hora actual, es el hecho de que
los jueces no están capacitados para dedicarse a realizar subastas, pues el
mundo moderno implica conocimientos especiales y destrezas singulares de las
que carecen los funcionarios de la justicia, doctos en el arte de decir el
derecho. Por eso la reforma cuestionada por esta demanda, antes que agredir la
justicia la auxilia en grado superlativo. Además de las anteriores razones, hay
que tener en cuenta que si bien el artículo 528 del C. de P. C. permite
comisionar para la diligencia de remate, acto que no es jurisdiccional, la
aprobación e improbación del mismo, sigue radicada en cabeza del juez, según
los artículos 529 y 530 del mismo estatuto. Así las cosas, no hay trasgresión a
ninguna de las disposiciones denunciadas como violadas por el hecho de que el
remate lo realice un tercero, pues el juez controlará siempre la legalidad de
tal acto, aprobándolo o improbándolo”[61].
Agrega que “si subastar no es un acto exclusivo de los jueces o de
los funcionarios públicos, nada de anormal, ni de inconstitucional puede haber
en el hecho de que una norma expedida por el Congreso permita que lo ejecute un
Martillo, y mucho menos siendo ese el oficio y la especialización de estos
últimos. Las Cámaras de Comercio no son entidades particulares, sino de orden
legal, como lo dispone el artículo 78 del C. de Co., por lo cual respecto de
ellas la censura de la demanda cae en el vacío, lo mismo que respecto de los
Notarios, quienes ejercen funciones públicas”[62].
9.3.3. La ciudadana María del Rosario Suárez Cuervo intervino en el
proceso para coadyuvar la demanda contra el aparte subrayado del artículo 58 de
la Ley 794/03.
Considera que de acuerdo con el C. de P.C. y con lo que se lee en el
inciso primero de su artículo 528, el particular comisionado deberá dar
cumplimiento a formalidades previas al remate. Eso implica que debe revisar su
propia competencia a la luz de las reglas generales de la comisión del C. de
P.C., por lo que deberá expedir a solicitud de parte un auto fijando fecha y
hora para la diligencia de remate, hacer el aviso al que se refiere el artículo
525 del mismo estatuto y disponer lo necesario para que se realicen las
publicaciones en prensa y radio que allí se establecen; además, deberá recibir
títulos judiciales, iniciar la diligencia de remate y en ella adjudicar los
bienes al mejor postor.
Presenta el siguiente silogismo para fundamentar la
inconstitucionalidad de la norma acusada: a) si la función de remate y
adjudicación de los bienes del deudor en pública subasta es de naturaleza
jurisdiccional, y b) si los particulares sólo pueden ejercer funciones
jurisdiccionales como conciliadores o árbitros expresamente habilitados por las
partes, de acuerdo con la Constitución; entonces c) la función de remate
y adjudicación de los bienes del deudor en pública subasta no puede ser asignada
a un particular que no tenga la calidad de árbitro o de conciliador
expresamente habilitado por las partes.
Considera que en un remate judicial es el Estado el que interviene
en el patrimonio de un particular, para enajenar activos suyos. Ese acto es
judicial, porque sólo los jueces pueden por vía de autoridad realizar esa venta
definitiva.
Si bien en el marco de un proceso judicial se desarrollan
actividades administrativas, como son los actos preparatorios del remate, ello
no se opone a que hayan actos de naturaleza judicial como la fijación de fecha
y hora para la diligencia de remate.
En su criterio, el que las actuaciones del comisionado –sea éste un
juez, martillo, cámara de comercio o notario- deban ser revisadas
posteriormente por el juez comitente, no las convierte en funciones de carácter
administrativo, ni permiten en términos más generales entender que no son
judiciales.
De otro lado, manifiesta que sólo administran justicia aquellos
sujetos a quienes constitucionalmente se les ha habilitado para el efecto. Se
trata de una materia en la que hay reserva constitucional, porque sólo a la
Carta corresponde fijar quiénes pueden cumplir esa función. Los casos en los
cuales un particular puede ejercitarla en nombre del Estado son únicamente los
expresados en el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución. En ese
orden de ideas, es evidente que es inconstitucional toda ley que asigne
funciones jurisdiccionales a un particular por fuera de esos dos eventos:
árbitros y conciliadores.
A las cámaras de comercio y a los notarios no les es aplicable lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 Superior, por cuanto son
particulares con autoridad en el marco preciso de la función pública que se les
ha asignado, pero no para todos los efectos.
9.3.4. El señor Robledo del Castillo estima que la norma debe ser
declarada exequible. En respaldo de su apreciación expresa lo siguiente:
El proceso necesita del juez para proferir los actos
jurisdiccionales pero no para los actos administrativos. Ahora bien, ¿es la
diligencia de remate y su fase preparatoria una labor jurisdiccional y por ende
no puede ser adelantada por particulares bajo la comisión de un juez? En
respuesta, considera que los actos preparatorios y la licitación no son nada
distinto a la publicidad de la venta de un bien y la adjudicación al mejor
postor bajo ciertas formalidades. El verdadero acto jurisdiccional es el de
declarar desierto el remate, aprobar o improbar el remate, que son actos
reservados para el comitente, pues no puede el comisionado, sea juez o Martillo
legalmente autorizado, notaría o cámara de comercio, proceder a tales
manifestaciones, pues no sólo son actos jurisdiccionales sino reservados al
comitente.
La medida no es inconstitucional pues se ha dicho que la parte que
solicite el servicio de remate a través de notarías debe sufragarlo o, en su
defecto, podrá rematarlo gratuitamente a través del juez.
Las actuaciones para rematar un bien no comportan decisiones
jurisdiccionales. Una cosa es el cumplimiento material de la decisión y otra la
toma de la decisión jurisdiccional y la revisión de su cumplimiento. El acto
jurisdiccional es ordenar el remate de los bienes, que lo dispone el juez
comitente de conocimiento (nunca el comisionado) y el otro acto jurisdiccional
es la declaratoria de desierto o la aprobación o la improbación del remate, que
le corresponde también al comitente. Los demás actos son actos meramente
administrativos del proceso, tales como fijar fecha y hora, las publicaciones,
el recibir títulos, el recibir posturas y adjudicar el bien al mejor oferente,
las que bien puede hacer un particular autorizado por la ley.
En ese sentido la norma es constitucional y no se trata de la
situación prevista en el artículo 116 de la Carta Política que alude a las funciones
jurisdiccionales por particulares, pues como se señaló, ni las cámaras de
comercio, ni los notarios, ni los martillos legalmente autorizados, están
siendo comisionados para tales efectos, pues se trata de actos meramente
administrativos.
9.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que se inhiba
para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los parágrafos 1º y 2º del
artículo 58 de la Ley 794/03, por ineptitud sustancial de la demanda, en
atención a la ausencia de argumentos que demuestren, faciliten o permitan
realizar un juicio de constitucionalidad respecto a su texto.
9.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
9.5.1. En el parágrafo 1º del artículo 58 de la Ley 794/03 el
legislador faculta al juez para que, a petición de quien tenga derecho a
solicitar el remate de bienes, comisione para el efecto a notarías, cámaras de
comercio o martillos legalmente autorizados. Prescribe igualmente que las
tarifas, expensas y gastos que se causen serán sufragados por quien solicitó el
remate, los que no serán reembolsables ni tenidos en cuenta para la liquidación
de las costas. En el parágrafo 2º asigna competencia al Gobierno Nacional y a
la Superintendencia de Notariado y Registro para fijar en un término de 3 meses
el correspondiente régimen tarifario.
El actor considera que los parágrafos acusados vulneran la
Constitución Política al contemplar la participación de particulares para
ejercer función de carácter jurisdiccional.
Dos de los intervinientes solicitan la declaratoria de exequibilidad
de las normas demandadas pues consideran que la subasta no constituye un acto
exclusivo de los jueces y que la participación de notarías y cámaras de
comercio no constituye delegación de funciones jurisdiccionales sino el
cumplimiento especializado de tareas materiales ordenadas por el juez. Un
tercer interviniente coadyuva la impugnación de los parágrafos en referencia.
En su criterio, al ser la función de remate y adjudicación de bienes del deudor
en pública subasta de naturaleza jurisdiccional, está prohibido por el artículo
116 de la Constitución admitir la participación de particulares -como son las
cámaras de comercio, notarías y martillos- en su cumplimiento.
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que se inhiba
para emitir un pronunciamiento de fondo en esta materia porque el actor no
expuso los motivos por los cuales encuentra que los preceptos acusados violan
la Carta Política.
9.5.2. Para efectuar el estudio de constitucionalidad de las normas
acusadas, la Corte debe resolver previamente la solicitud de inhibición
formulada por el Procurador General.
Al respecto se tiene que, aunque el demandante no señala de manera
expresa los principios constitucionales que estima vulnerados por aquellas
disposiciones, como lo destaca el Procurador, de los reparos específicos de
inconstitucionalidad formulados en su escrito y dada la informalidad de esta
acción, la Corte infiere que es el artículo 116 de la Carta Política el que, al
señalar las condiciones para que particulares puedan ser investidos de la
función de administrar justicia, le sirve de fundamento para su petición.
Siendo ello así, corresponde a esta Corporación determinar si la
decisión del legislador de admitir la comisión judicial a notarías, cámaras de
comercio y martillos legalmente autorizados, para que lleven a cabo la
diligencia de remate de bienes, excede los límites de la participación de
particulares en cumplimiento de la función de administración de justicia señalados
por el artículo 116 de la Constitución Política.
9.5.3. Según lo ha expresado esta Corporación, los procesos de
ejecución tienen como finalidad satisfacer los derechos que se desprenden de un
crédito cuando los deudores no cumplen voluntariamente con las obligaciones
contraídas libremente con el acreedor. De tal suerte que estos procesos no
tienen por objeto la declaración de derechos controvertibles sino hacer
efectivos aquellos ya reconocidos en actos o títulos que contienen una
obligación, clara, expresa y exigible[63].
Para que se cumpla la obligación a favor del ejecutante, la ley
tiene prevista la práctica de medidas cautelares –embargo y secuestro-, así
como el remate de los bienes afectados con tales medidas.
En relación con la naturaleza del remate, esta Corporación ha
sostenido, en el mismo sentido que lo expresado por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, que constituye un acto judicial complejo,
“toda vez que comporta una doble naturaleza jurídica, la de ser un acto o
negocio jurídico sustancial de compraventa y a la vez un acto procesal, en
cuanto se combinan los elementos del derecho civil y del derecho procesal. En
esa medida, se ha aceptado la posibilidad de que su validez se vea afectada por
la ocurrencia de vicios de carácter sustancial o por actuaciones meramente
procesales”[64].
El remate constituye entonces el ejercicio de una función legítima
del Estado, que cumple a través de los jueces de la República con aplicación de
los principios, derechos y garantías que orientan la administración de
justicia.
Durante el trámite judicial el ejecutado podrá acreditar el pago de
la obligación demandada y de las costas, evento en el cual el juez declarará
terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros,
si no estuviere embargado el remanente.
Ahora bien, en el remate judicial concurren diferentes actuaciones,
que son objeto de regulación legislativa. Algunas de ellas corresponden a una
fase previa o preparatoria de la subasta, otras son propias de la realización
de la diligencia y finalmente están las que se generan a partir de la
adjudicación de los bienes objeto de licitación.
Entre ellas se tienen las relacionadas con la determinación del
avalúo de los bienes a ser subastados; la resolución de las peticiones sobre
levantamiento de embargos o secuestros, o recursos contra autos que hayan
decidido sobre desembargos o declarado que un bien es inembargable o decretado
la reducción del embargo; el auto de señalamiento del remate y la orden para
que se hagan las correspondientes publicaciones; efectuar el reconocimiento de
los postores y la verificación de las consignaciones; decidir sobre la
intervención de terceros y de las oposiciones que se presenten en la
diligencia; adjudicar al mejor postor los bienes materia de licitación y
declarar cerrada la diligencia; devolver, en la diligencia de remate, los
títulos de las sumas depositadas a quienes las consignaron, excepto la que
corresponda al rematante; extender el acta del remate; resolver los incidentes
de nulidad que se presenten con ocasión de la diligencia; declarar el remate
sin valor y ordenar la devolución del precio al rematante; aprobar el remate y
disponer las medidas conducentes a la cancelación de los gravámenes prendarios
o hipotecarios que afecten el bien objeto de remate, la cancelación del embargo
y del secuestro, la expedición de copia del acta de remate y del auto
aprobatorio, la entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados,
la entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado
tenga en su poder, la expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante
de las acciones o efectos públicos nominativos que hayan sido rematados y la entrega
del producto del remate al acreedor hasta la concurrencia de su crédito y las
costas, y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado.
9.5.4. De otra
parte, según lo prescrito por el artículo 116 de la Constitución, los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales,
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir
fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Por su
parte, el artículo 210 de la Carta establece que los particulares pueden
cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.
Al armonizar el contenido de los dos artículos Superiores precitados
se tiene que el legislador, en concordancia con la cláusula general de
competencia, está facultado para señalar los términos y condiciones en los
cuales los particulares podrán participar en el cumplimiento de funciones
administrativas y de administración de justicia, en esta última como jurados en
causas criminales, conciliadores o árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad. Así mismo, podrá autorizar su
participación en actuaciones o diligencias dentro de procesos judiciales, a
condición que no se les faculte ni ellos se arroguen la toma de decisiones que
impliquen la definición del litigio, esto es, aquellas que trasciendan a la
aplicación de las normas para resolver el caso concreto, pues de lo contrario
se vulneraría el mandato contemplado en el artículo 116 de la Constitución[65].
De tal suerte que si las cámaras de comercio, notarías y martillos
no son entidades ni órganos de naturaleza pública sino particulares que
participan en el cumplimiento de funciones públicas[66], el legislador bien
podrá disponer que éstos puedan ser autorizados para adelantar diligencias de
remate de bienes en los procesos de ejecución, siempre y cuando no quede a su
cargo determinaciones de carácter jurisdiccional que hayan de adoptarse con
ocasión de la subasta, las cuales corresponden con exclusividad al juez[67].
En el caso de las normas impugnadas, el papel de dichos particulares
se limitará entonces a la realización de las diligencias de remate, es decir en
su calidad de meros ejecutores de las decisiones judiciales, situación que les
impide tomar decisiones que por su naturaleza corresponden al funcionario
judicial.
Siendo ello así, se declarará la exequibilidad de los parágrafos 1º
y 2º del artículo 58 de la Ley 794/03, en el entendido que las cámaras de
comercio, notarías y martillos legalmente autorizados actuarán en las
diligencias de remate de bienes como ejecutores de la orden impartida por el
juez.
10. Demanda contra el artículo 65 de la Ley 794 de 2003
10. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo en referencia y
se subraya lo demandado:
Artículo 65. El artículo 554 del
Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 554. Requisitos de la
demanda. La demanda para el pago de una obligación en dinero con el solo
producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda, además de cumplir los
requisitos de toda demanda ejecutiva, deberá indicar los bienes objeto de gravamen.
A la demanda se acompañará título que
preste mérito ejecutivo, así como el de la hipoteca o prenda, y si se trata de
aquella un certificado del registrador respecto de la propiedad del demandado
sobre el bien inmueble perseguido y los gravámenes que lo afecten, en un
período de veinte años si fuere posible. Cuando se trate de prenda sin
tenencia, el certificado deberá versar sobre la vigencia del gravamen. El
certificado que debe anexarse a la demanda debe haber sido expedido con una
antelación no superior a un (1) mes.
La demanda deberá dirigirse contra el
actual propietario del inmueble, la nave o la aeronave materia de la hipoteca o
de la prenda.
Si el pago de la obligación a cargo
del deudor se hubiere pactado en diversos instalamentos, en la demanda podrá
pedirse el valor de todos ellos, en cuyo caso se harán exigibles los no
vencidos.
Cuando el acreedor persiga, además,
bienes distintos de los gravados con la hipoteca o la prenda, se seguirá
exclusivamente el procedimiento señalado en los anteriores capítulos de este
título.
En el caso del artículo 539, en la
demanda deberá informarse, bajo juramento, la fecha en que fue notificado el
acreedor.
Parágrafo. El registrador deberá
inscribir el embargo, aunque el demandado haya dejado de ser propietario del
bien. Acreditado el embargo, si el bien ya no pertenece al demandado, el
juez de oficio tendrá como sustituto al actual propietario a quien se le
notificará el mandamiento de pago.
10.2. Cargos de inconstitucionalidad
El señor Mora Quiñónez solicita a la Corte declarar inexequible el
aparte subrayado del parágrafo del artículo 65 de la Ley 794/03, por estimar
que vulnera los artículos 2 y 58 de la Constitución Política.
Considera el actor que el Legislador desplaza “en forma absoluta y
arbitraria al deudor inicial de sus responsabilidades e impone cargas
dificultosas en cabeza del propietario inscrito. Obsérvese que el propietario
inscrito jamás podrá oponer al mandamiento de pago, todas aquellas excepciones
personales (de la carga del deudor inicial), toda vez que sus fundamentos
fácticos escapan de la órbita de su conocimiento. Sólo podrá proponer
técnicamente las excepciones reales que son de su competencia, bastando por ese
solo hecho para afirmar que con la norma acusada que le sustituye oficiosamente
como deudor, sin haberlo querido, y se violan [los artículos 2º y 58 de la
Carta Política]”[68].
En su criterio, “con la sustitución que en forma oficiosa el juez
que conoce del trámite del Proceso Ejecutivo Hipotecario o Prendario efectúa en
cabeza del propietario inscrito en el bien, al convertirle en deudor de un
crédito, respecto del cual nunca ha exteriorizado o manifestado su voluntad, ni
se le ha permitido participar en dicha decisión, vulnera clara y gravemente el
texto Constitucional”[69]
que dispone que uno de los fines esenciales del Estado es el de facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan.
Para sustentar la vulneración del artículo 58 de la Carta, el
demandante sostiene que el Legislador ha dispuesto la sustitución del
propietario del bien (tercero adquirente) por el deudor inicial de la
obligación (vendedor), con lo cual se compromete el patrimonio y la propiedad
privada del primero de ellos fuera del límite del valor del bien, cuando ésta
no ha sido su decisión libre y consciente. Ilustra su apreciación en los
siguientes términos: “Aparece bastante claro que si es mi decisión adquirir un
Bien que soporta un gravamen real como garantía de una obligación dineraria,
nadie puede oponerse a la misma; a sabiendas por mi parte, que el bien gravado
con prenda o hipoteca que adquiero, responderá con su valor preferentemente en
el evento en que se presente el incumplimiento en el pago.  Se observa que mi
voluntad únicamente se ha concretado en adquirir el bien gravado con las
implicaciones ya comentadas y que sólo hasta este límite he comprometido mi
patrimonio, mas nunca mi voluntad económica se ha dirigido a la sustitución
total por ese sólo hecho, de la persona del deudor inicial, vendedor del bien
en el caso propuesto, tal y como lo pretende la norma acusada”[70].
10.3. Intervenciones
El Ministerio del Interior y de Justicia solicita la declaratoria de
exequibilidad del aparte impugnado. En su criterio, la disposición demandada
“no transfiere la deuda al tercero poseedor, sino que simplemente prevé una
fórmula que agilice el procedimiento de tal suerte que la acción real no
requiera de formalismos adicionales para culminar de todos modos, en la
concreción del paso expresamente establecido por el Legislador. A su vez, debe
anotarse que  tratándose de la acción real, el actual propietario del bien
puede aducir todas las excepciones igualmente de carácter real, de donde se
colige que en absoluto se trata de establecer un mecanismo que deje a éste sin
medios de defensa”[71].
10.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare
exequible el aparte acusado del parágrafo del artículo 65 de la Ley 794/03,
dado que representa el ejercicio legítimo de la libertad de configuración para
establecer reglas del procedimiento, con el fin de garantizar el contenido y la
eficacia material del derecho real. Con la norma demandada se garantizan
principios inherentes a la administración de justicia, en especial la celeridad
procesal, economía, eficiencia y respeto de los derechos del nuevo propietario.
Señala que no hay vulneración de los derechos al debido proceso y
propiedad, toda vez que en el momento de adquirir el inmueble, el adquirente
tiene la oportunidad de conocer la existencia del gravamen que recae sobre el
bien, por cuanto dicha anotación aparece en el folio de matrícula inmobiliaria
y hay subrogación por ministerio de la ley del correspondiente crédito; más
aún, si el crédito hipotecario ha sido pagado en su totalidad, podrá cancelar
el gravamen, de lo contrario estará en la obligación de efectuar el
correspondiente pago, so pena de tener que soportar el cobro coactivo.
Agrega que, “en este orden de ideas, la norma impugnada no desconoce
el artículo 29 constitucional, porque el propietario actual del inmueble
hipotecado está expuesto a que se inicie el proceso ejecutivo en caso del no
pago oportuno de la acreencia, cuya existencia no es desconocida, además, tiene
la oportunidad de hacerse parte dentro del proceso al ser notificado del
mandamiento de pago; en caso de satisfacer la acreencia, queda subrogado y
facultado para iniciar el reintegro correspondiente”[72].
Tampoco “hay desconocimiento del derecho de propiedad previsto en el
artículo 58 de la Carta Política, habida cuenta que es deber del Estado
garantizarla cuando se ha adquirido con arreglo a las leyes civiles. En este
evento, el nuevo propietario asume el riesgo de mantener vigente el gravamen
por cuanto la obligación está insoluta, pero si no la paga en forma oportuna,
queda expuesto a que en su contra se promueva una acción ejecutiva con título
hipotecario, se persiga el bien y si se mantiene en la renuencia, dicho bien
será rematado para que con su producto se satisfaga la acreencia”[73].
10.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
10.5.1. El segundo aparte del parágrafo del artículo 65 de la Ley
794/03 dispone que una vez acreditado el embargo, si el bien ya no pertenece al
demandado, el juez de oficio tendrá como sustituto al actual propietario a
quien se le notificará el mandamiento de pago.
El actor solicita la declaratoria de inexequibilidad de dicha
disposición por vulnerar los artículos 2 y 58 de la Carta Política, dado que el
propietario inscrito no podrá oponer al mandamiento de pago excepciones
personales, aunque ellas correspondan al deudor inicial. En su criterio, la norma
desconoce el mandato contenido en el artículo 2 Superior, al no permitir la
participación del propietario en la decisión que lo convierte en deudor de un
crédito, respecto del cual nunca ha exteriorizado o manifestado su voluntad.
Estima que dicho precepto atenta igualmente contra el artículo 58 de la
Constitución al comprometer la propiedad del tercero adquirente fuera del valor
del bien, cuando ésta no ha sido su decisión libre y consciente.
Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia y el
Procurador General solicitan la declaratoria de exequibilidad de la disposición
demandada. Consideran que con ella el legislador no transfiere la deuda al
tercero poseedor y, tratándose de la acción real, el actual propietario puede
aducir las excepciones correspondientes. Agregan que la norma constituye el
ejercicio legítimo de la libertad de configuración para establecer reglas del
procedimiento y garantiza los principios inherentes a la administración de
justicia. Estiman igualmente que el adquirente tiene la oportunidad de conocer
la existencia del gravamen que recae sobre el bien y hay subrogación del
crédito por ministerio de la ley. Por lo tanto, concluyen, no hay vulneración
del debido proceso ni del derecho de propiedad del actual propietario del bien.
De esta manera, en consideración al cargo, a la intervención del
Ministerio y al concepto del Procurador, la Corte Constitucional deberá
determinar si la facultad oficiosa que el legislador otorga al juez para tener
como sustituto al actual propietario cuando el bien ya no pertenece al
demandado, vulnera los artículos 2 y 58 de la Constitución.
10.5.2. La hipoteca es un derecho real que confiere a su titular los
atributos de persecución y preferencia. En razón del primero, el acreedor puede
perseguir la cosa hipotecada, en manos de quien ella se encuentre[74]. El atributo de
preferencia significa que el producto de la venta forzada del inmueble
hipotecado se destinará a cancelar la obligación hipotecaria, con preferencia a
cualquier otro crédito, sin perjuicio del reconocimiento de los créditos
privilegiados de primera clase contemplados en el artículo 2495 del Código
Civil.[75]
La norma subrogada por el ahora impugnado artículo 65 de la Ley
794/03 disponía que “La demanda deberá dirigirse contra el actual
propietario del inmueble, la nave o aeronave materia de hipoteca o de la prenda”[76]. En tales
circunstancias, señaló la Corte, “de conformidad con la ley, la jurisprudencia
constante y la doctrina, cuando solamente se ejerce la acción real nacida de la
hipoteca, se demanda únicamente al actual propietario del bien hipotecado, no
se demanda al deudor”[77].
La norma actual, que constituye el objeto de la presente acción de
inconstitucionalidad, prescribe que “Acreditado el embargo, si el bien ya no
pertenece al demandado, el juez de oficio tendrá como sustituto al actual
propietario a quien se le notificará el mandamiento de pago”. Esta
disposición traslada al juez la facultad oficiosa para tener como sustituto al
actual propietario.
No obstante, la figura a que alude este precepto no corresponde a la
sustitución procesal propiamente dicha sino a la acción real, a la nacida de la
hipoteca, sin que ella se extienda a la que se origine del derecho de crédito,
que corresponderá al deudor. Ello se justifica en tanto lo públicamente
conocido es el valor de la hipoteca o de la prenda, cuya anotación aparece en
el folio de matrícula inmobiliaria y se emplea para la subrogación del
correspondiente crédito.
En relación con esta materia, son oportunas las siguientes
consideraciones expuestas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia e incorporadas en la precitada sentencia C-192 de 1996 de esta
Corporación:
Cuando la persona del deudor, esto es, el sujeto pasivo de la
obligación garantizada con hipoteca, es la misma propietaria del inmueble sobre
el que recae el gravamen, frente a ella tiene el acreedor doble garantía: una,
de tipo personal, consistente en que el patrimonio de aquélla es prenda general
de cualquier acreedor; y otra, ya de linaje real, consistente en que el bien
raíz hipotecado está prioritaria y directamente afectado al pago de su
acreencia. Garantías ambas que las puede ejercitar separada o conjuntamente; la
personal y la conjunta por los lineamientos del proceso ejecutivo y la real por
los del ejecutivo con título hipotecario o prendario.
Pero donde con mayor claridad puede apreciarse tal aspecto que
importa la hipoteca, como quiera que el derecho del acreedor se bifurca, es en
el supuesto de que el deudor y el dueño de la cosa sean personas diferentes,
bien porque el constituyente del gravamen pierda por cualquier causa la
titularidad en el dominio de la misma, ora porque con ella se haya garantizado
obligación ajena en los términos del artículo 2439 del Código Civil. Es
entonces cuando las dos garantías de que arriba se habló presentan matices diversos,
como que, evidentemente, contra el deudor no tendrá el acreedor mas que una
acción personal, atendiendo precisamente la naturaleza del derecho de crédito
que le pertenece; por lo mismo, el patrimonio del deudor, in integrum y hasta
el importe de la deuda, constituye en tal caso su garantía personal. Y a la par
con ella, está favorecido también con la garantía real de hipoteca, en el
evento de que el deudor no cumpla la obligación, que se traduce, quepa
repetirlo, en la facultad de perseguir exclusivamente el bien hipotecado, a fin
de obtener la venta del mismo y satisfacer su acreencia con el producido, lo
cual podrá ejercer mediante acción que dirija contra el dueño de la cosa, sea
el que fuere, haya o no constituido el gravamen, exceptuando el caso, claro
está, del que lo adquirió en pública subasta en las condiciones previstas en el
artículo 2452 del Código Civil.
Nótese que la razón para resultar demandado el tercer poseedor
estriba, no en que esté personalmente obligado a la deuda, sino sólo por
encontrarse en poder del inmueble hipotecado.
En la hipótesis comentada, es claro, pues, que contra el deudor no
podrá ejercerse la acción real; a su turno, contra el dueño de la cosa se
carece de acción personal, como no sea el que garantizó deuda ajena se haya
obligado a ello expresamente (parte final del artículo 2439 ya citado).(Gaceta Judicial, No. 2439, pág. 116). (Subrayado fuera de texto)
De esta
manera, el actual propietario estará vinculado por el hecho de tener en su
poder el inmueble hipotecado. Sin embargo, la responsabilidad a su cargo no
podrá extenderse más allá de lo que corresponda en relación con el bien
hipotecado.
De tal
suerte que el cobro del crédito no puede llevarse a cabo con la vulneración de
derechos del tercero propietario. Tampoco la fluidez del proceso ejecutivo
puede garantizarse a costa de relativizar o inobservar los postulados
constitucionales que lo rigen. Por lo tanto, la norma demandada no podrá
interpretarse hasta el extremo de considerar que la sustitución procesal que
ordene el juez pueda transformar la garantía real que vincula al actual
propietario en la garantía personal que vincula al deudor.
Y ello es así en cuanto, como lo expuso esta Corporación, “cada
proceso está concebido para cumplir una determinada función que no puede ser
desbordada hacia finalidades no previstas en el esquema de las relaciones
jurídicas que le sirven de fundamento.  El proceso ejecutivo con título
hipotecario o prendario está diseñado y concebido con el propósito específico
de que una vez vencido el plazo de la obligación, la seguridad jurídica real e
indivisible del bien gravado cobre su plenitud y pueda el acreedor con título
real hacer efectivo su crédito, independientemente de si el plazo del
cumplimiento de la obligación se pactó instantáneamente o por instalamentos;
por ende, esta acción se caracteriza por dirigirse únicamente sobre la garantía
real ya que previamente el acreedor la estima suficiente para cubrir su
crédito, sin que sea necesario perseguir otros bienes distintos del gravado con
la garantía real”[78].
Entonces, en
atención a los siguientes presupuestos, es legítima la vinculación oficiosa del
actual propietario del bien hipotecado: i) el amplio margen de
discrecionalidad que el legislador tiene para regular el procedimiento;  ii)
la autonomía de la voluntad de los ciudadanos para enajenar o adquirir un bien
hipotecado y iii) la legitimidad por pasiva que asiste al poseedor del
bien hipotecado.
Dicha vinculación oficiosa no la cuestiona el actor. Por el
contrario, la considera procesalmente admisible. Su reparo se enfoca a la
eventual interpretación que pueda darse a la expresión “como sustituto”
que emplea la norma acusada, la cual podría amparar la sustitución de toda la
obligación del deudor por el actual propietario. Como en efecto tal
interpretación podría sustentarse con base en la estructura gramatical de la
disposición impugnada y ser alegada en el proceso, se declarará la
exequibilidad de la expresión “acreditado el embargo, si el bien ya no
pertenece al demandado, el juez de oficio tendrá como sustituto al actual
propietario a quién se le notificará el mandamiento de pago”, en el
entendido que el actual propietario responderá por la obligación principal pero
únicamente hasta el valor del bien hipotecado o dado en prenda.
Esta determinación de la Corte es independiente del contenido
normativo consagrado en el artículo 67 numeral 7 de la Ley 794 de 2003 y de su
exequibilidad, el cual es objeto de reparo de constitucionalidad en los
términos señalados en el acápite 11 de esta sentencia.
11. Demanda contra el artículo 66-7 de la Ley 794 de 2003
11. 1. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto del artículo en referencia y
se subraya lo demandado:
Artículo 66. El artículo 557 del Código
de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 557. Remate y
adjudicación de bienes. Para el remate y adjudicación de bienes se
procederá así:
1. Se dará aplicación a los artículos
523, 525 a 528, 529 en lo pertinente y 530.
2. El acreedor con hipoteca de primer
grado, podrá hacer postura con base en la liquidación de su crédito; si quien
lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerirá la autorización
de aquél y así sucesivamente los demás acreedores hipotecarios.
3. Desierta la licitación podrá el
acreedor, dentro de los cinco días siguientes, pedir que se le adjudique el
bien para el pago de su crédito y las costas, por el precio que sirvió de base.
Si fueren varios los acreedores, la
misma facultad la tendrá el de mejor derecho.[79]
4. Si el precio del bien fuere
inferior al valor del crédito y las costas, se adjudicará el bien por dicha
suma; si fuere superior, el juez dispondrá que el acreedor consigne a orden del
juzgado la diferencia con la última liquidación aprobada del crédito, y de las
costas si las hubiere, en el término de tres días, caso en el cual hará la
adjudicación. Las partes podrán de común acuerdo prorrogar este término hasta
por seis meses.
Si el acreedor no realiza
oportunamente la consignación, se procederá como lo dispone el inciso final del
artículo 529, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda solicitar
nueva licitación.
5. Si son varios los acreedores y se
han liquidado costas a favor de todos, se aplicará lo preceptuado en el numeral
8° artículo 392.
6. Cuando el proceso verse sobre la
efectividad de la prenda y ésta se justiprecie en suma no mayor a un salario
mínimo mensual, en firme el avalúo, el acreedor podrá pedir su adjudicación
dentro de los cinco días siguientes en la forma prevista en los numerales 3 y 4
del presente artículo, que se aplicarán en lo pertinente.
7. Cuando a pesar del
remate o de la adjudicación del bien la obligación no se extinga, el acreedor
podrá perseguir otros bienes del ejecutado, siempre y cuando éste sea el deudor
de la obligación. En este evento, el proceso continuará como un ejecutivo
singular sin garantía real, sin necesidad de proferir de nuevo mandamiento
ejecutivo ni sentencia. El ejecutante no estará obligado a prestar caución para
el decreto y práctica de las medidas cautelares.
En el nuevo proceso se
admitirán demandas de tercerías de acreedores sin garantía real que se
presenten antes de que quede en firme la providencia que señale fecha y hora
para el nuevo remate, y en lo pertinente se aplicará el artículo 540.
11.2. Cargos de inconstitucionalidad
El señor Mora Quiñónez solicita a la Corte que declare la
exequibilidad del numeral 7 del artículo 66 de la Ley 794/03 pero condicionada
en el entendido que dicho precepto “no sea aplicable a los procesos ejecutivos
hipotecarios que surgen con ocasión de los créditos que se otorgan a través del
sistema de Financiación de Vivienda Individual a largo plazo [puesto que éste]
es un crédito de características especiales, que actualmente no permanece ajeno
a la actividad administrativa, dado el enorme impacto socio económico que por
la inactividad estatal causó el afortunadamente extinto UPAC”[80].
A juicio del impugnante, “el deudor del sistema de vivienda con
crédito hipotecario, que además de cancelar cuota inicial, entregar subsidio,
pagar elevadas cuotas mensuales, perder mejoras y no alcance a cumplir en algún
momento determinado sus obligaciones con el acreedor hipotecario y afronte el
trámite y costos del proceso ejecutivo hipotecario, perderá su vivienda en
pública subasta o por la adjudicación del bien al acreedor y continuará
debiendo”[81].
Así entonces, concluye el actor que al existir jurisprudencia en
este aspecto, la cual ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, se
vulnera el artículo 243 de la Constitución con la inclusión del numeral
demandado.
11.3. Intervenciones
Los intervinientes no expresaron su criterio en relación con la
demanda del numeral 7 del artículo 66 de la Ley 794/03.
11.4. Concepto del Procurador General
El Procurador General de la Nación no se pronunció en relación con
la demanda interpuesta contra el artículo 66 numeral 7 de la Ley 794/03.
11.5. Consideraciones de la Corte Constitucional
11.5.1. El actor solicita a la Corte que, de manera condicionada,
declare exequible el inciso 7 del artículo 66 de la Ley 794/03, en el entendido
que no se aplicará en los procesos ejecutivos hipotecarios por créditos de
financiación de vivienda individual. Para sustentar el cargo expone algunas
consideraciones sobre la inconveniencia y los efectos de la norma. Solicita la
aplicación del artículo 243 de la Carta Política, que alude a la cosa juzgada
constitucional.
En el proceso no se registraron intervenciones ciudadanas frente a
la constitucionalidad de este numeral; tampoco el Procurador General lo incluyó
en su concepto.
11.5.2. En éste, al igual que lo sucedido en los acápites 3 y 7 de
esta sentencia, la Corte observa que el actor no cumplió con los requisitos
mínimos propios de la acción de inconstitucionalidad porque no señala las
razones por las cuales estima violada la norma Superior invocada (CP art. 243),
tal como lo exige el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.
En relación con la cosa juzgada constitucional esta Corporación ha
señalado que representa una cualidad de las sentencias que profiere y que “se
traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y
obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las
condiciones y requisitos previstos por la ley”[82].
Ello significa que las materias sobre las cuales se ha dado un pronunciamiento
por la Corte no podrán ser objeto de nuevo debate o revisión.
La jurisprudencia también ha señalado que es la propia Corte, en su
condición de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución
Política, la que determina los efectos de sus decisiones, lo cual sirve de
fundamento a los fenómenos de la cosa juzgada absoluta y de la cosa juzgada
relativa.
Así, las sentencias de la Corte pueden incorporar decisiones con
alcances diferentes. De una parte, pueden contener una presunción de control
integral de constitucionalidad[83]
o limitarse a los cargos específicos formulados contra la norma demandada.
También “Puede suceder que la Corte haya declarado la exequibilidad de una
disposición legal solamente desde el punto de vista formal, caso en el cual la
cosa juzgada operará en relación con este aspecto quedando abierta la
posibilidad para presentar y considerar nuevas demandas de inconstitucionalidad
por su contenido material; o bien puede acaecer que la Corte al declarar la
exequibilidad de una norma haya limitado su decisión a un aspecto
constitucional en particular o a su confrontación con determinados preceptos de
la Carta Política, situación en la cual la cosa juzgada opera solamente en
relación con lo analizado y decidido en la respectiva sentencia”[84].
En este escenario general sobre la cosa juzgada constitucional, en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad no son admisibles
afirmaciones indefinidas e indeterminadas como las señaladas por el actor para
solicitar la declaratoria de inexequibilidad de una disposición legislativa.
Corresponde al ciudadano interesado mostrar un mínimo de argumentación, fundada
y coherente, en la estructuración de cargo, que ilustre acerca de las razones
por las cuales considera que se violan normas constitucionales, y no limitarse
a manifestar que determinado precepto es inexequible por la inconveniencia de
su aplicación o por estar en contra de la jurisprudencia constitucional, sin
mencionar al menos la sentencia en la cual encuentra desarrollada la regla
jurisprudencial que invoca.
En estas circunstancias, como a la Corte le está prohibido el
ejercicio de un control oficioso de constitucionalidad, no procede otra
alternativa que la inhibición para emitir pronunciamiento de fondo en relación
con la demanda del numeral 7 del artículo 66 de la Ley 794/03.
II.  DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar exequibles, por los
cargos formulados, los literales d) numeral 1 y k) numeral 4 del artículo 3º de
la Ley 794 de 2003.
Segundo.- Declarar inexequible el inciso
tercero del artículo 8º de la Ley 794 de 2003, así como la expresión “que
también podrán adelantar los funcionarios mencionados en el inciso 2 de este
artículo” contenida en el parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 794 de
2003.
Tercero.- Inhibirse para emitir
pronunciamiento de fondo en relación con la demanda interpuesta contra las
expresiones “aquellos que requieran decisión” y “o no requieran de un
pronunciamiento” contenidas en el artículo 12 de la Ley 794 de 2003.
Cuarto.- Declarar exequibles, por los
cargos formulados, el inciso tercero y el parágrafo del artículo 18; el inciso
tercero del artículo 28; el inciso cuarto del artículo 29; el artículo 56 y el
numeral 3 del artículo 66 de la Ley 794 de 2003.
Quinto.- Declarar exequibles, por los cargos
formulados, los parágrafos 1º y 2º del artículo 58 de la Ley 794 de 2003, en el
entendido que las cámaras de comercio, notarías y martillos legalmente
autorizados actuarán en las diligencias de remate de bienes como ejecutores de
la orden impartida por el juez.
Sexto.- Inhibirse para emitir
pronunciamiento de fondo en relación con la demanda interpuesta contra el
artículo 52 y el numeral 7 del artículo 66 de la Ley 794 de 2003.
Séptimo.- Declarar exequible, por los
cargos formulados, el aparte acusado del parágrafo del artículo 65 de la
Ley 794 de 2003, en el entendido que el actual propietario responderá por la
obligación principal pero únicamente hasta el valor del bien hipotecado o dado
en prenda.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
IVAN
HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario
General (e)
Salvamento de
voto a la Sentencia C-798/03
LEGISLADOR-Límites
constitucionales a la facultad de regular procedimientos judiciales (Salvamento
de voto)
LEGISLADOR-Cualquier
regulación del proceso que impida el acceso a la administración de justicia
infringe los derechos y garantías constitucionales (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sustitución procesal oficiosa constituye un
obstáculo al deudor principal para la tutela judicial efectiva de sus derechos
(Salvamento de voto)
Disiento de la decisión mayoritaria, por cuanto la
sustitución procesal oficiosa consagrada en la norma acusada constituye un
obstáculo al deudor principal para la tutela judicial efectiva de sus derechos
y el ejercicio del derecho de contradicción y audiencia bilateral, porque se le
impide actuar dentro del proceso ejecutivo en el cual fue originalmente
demandado.
NORMA ACUSADA-Restringe
la posibilidad del deudor principal de acceder a la justicia y vulnera su
derecho al debido proceso (Salvamento de voto)
Los derechos de persecución y preferencia en favor
del acreedor hipotecario no se oponen a que el deudor que constituyó el
gravamen pueda acceder a la administración de justicia para oponerse a las
pretensiones que en su contra ha interpuesto el acreedor. En efecto, considero
que la norma acusada restringe su posibilidad de acceder a la justicia y
vulnera su derecho al debido proceso, entendidos como el derecho de toda
persona a controvertir las pretensiones, solicitar pruebas y contradecir las
allegadas en su contra. Frente a este asunto, es preciso tener en consideración
que las facultades normativas del legislador en relación con la configuración
de los procesos, se encuentran limitadas por las garantías constitucionales
inherentes al debido proceso.
Expedientes acumulados D-4496 y D-4503
Demanda de inconstitucionalidad contra
apartes de los artículos 3º, 8º, 12, 18, 28, 29, 58, 65 y 66 y contra los
artículos 52 y 56 de la Ley 794 de 2003.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el acostumbrado respeto, manifiesto mi
disentimiento parcial con la posición mayoritaria adoptada por la Corte en la
sentencia de la referencia, en relación con la declaratoria de
constitucionalidad de la frase “Acreditado el embargo, si el bien ya no
pertenece al demandado, el juez de oficio tendrá como sustituto al actual
propietario a quien se le notificará el mandamiento de pago” contenida en
el artículo 65 de la Ley 794 de 2003.
Si bien es cierto que el legislador tiene la
atribución constitucional de regular los procedimientos judiciales (artículo
150 numeral 2 del ordenamiento superior), no puede desconocerse que tiene unos
límites constitucionales para el ejercicio de esta potestad, como es la
necesidad de preservar el derecho de los ciudadanos al acceso a la
administración de justicia (artículo 229 de la Constitución) y las reglas
básicas del debido proceso (artículo 29 ibídem). De esta manera, cualquier
regulación del proceso que impida a las personas el acceso a la administración
de justicia para solicitar el reconocimiento de pretensiones o para
controvertir las formuladas en su contra, cuando tienen un interés jurídico en
la causa controvertida, infringe los derechos y garantías constitucionales
antes señalados.
Por lo anterior, es que disiento de la decisión
mayoritaria, por cuanto la sustitución procesal oficiosa consagrada en la norma
acusada constituye un obstáculo al deudor principal para la tutela judicial
efectiva de sus derechos y el ejercicio del derecho de contradicción y
audiencia bilateral, porque se le impide actuar dentro del proceso ejecutivo en
el cual fue originalmente demandado. De esta suerte, la oposición a las
pretensiones del acreedor se reserva al actual propietario del bien gravado con
hipoteca, limitándose irrazonablemente el derecho de defensa, pues éste sólo
podrá proponer las excepciones reales, es decir, las inherentes a la obligación
cambiaria, toda vez que las excepciones de naturaleza personal sólo pueden ser
propuestas por el deudor que participó en el negocio jurídico subyacente, quien
en este caso ha perdido su calidad de demandado en virtud del contenido
normativo controvertido. Así entonces, el deudor principal, inicialmente
demandado, puede tener interés en intervenir en el proceso para oponerse al
mandamiento de pago, alegando situaciones que se originan en la causa o en el
acto de creación del título o de su transferencia, e incluso, alegando la
excepción de pago, pero en virtud de la regla procesal acusada se le impide
ejercer sus derechos.
A mi juicio, los derechos de persecución y
preferencia en favor del acreedor hipotecario no se oponen a que el deudor que
constituyó el gravamen pueda acceder a la administración de justicia para
oponerse a las pretensiones que en su contra ha interpuesto el acreedor. En
efecto, considero que la norma acusada restringe su posibilidad de acceder a la
justicia y vulnera su derecho al debido proceso, entendidos como el derecho de
toda persona a controvertir las pretensiones, solicitar pruebas y contradecir
las allegadas en su contra. Frente a este asunto, es preciso tener en
consideración que las facultades normativas del legislador en relación con la
configuración de los procesos, se encuentran limitadas por las garantías
constitucionales inherentes al debido proceso.
En virtud de los argumentos anteriores, considero
que la frase “acreditado el embargo, si el bien ya no pertenece al
demandado, el juez de oficio tendrá como sustituto al actual propietario a
quien se le notificará el mandamiento de pago” contenida en el artículo 65
de la Ley 794 de 2003  debió haber sido declarada inexequible.
Fecha ut Supra,
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Salvamento parcial y Aclaración de voto
a la Sentencia C-798/03
PERITOS Y SECUESTRES-Señalamiento o
reemplazo por las partes condicionado a la aprobación del juez (Salvamento
parcial de voto y aclaración de voto)
AUXILIAR DE LA JUSTICIA-Exclusión de la
lista de alguien que hasta el momento estaba habilitado para serlo (Salvamento
parcial de voto y aclaración de voto)
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Confunde la delegación con la comisión (Salvamento parcial de voto
y aclaración de voto)
Referencia:
expedientes D-4496 y D-4503
Demanda de inconstitucionalidad contra apartes de los artículos 3º,
8º, 12, 18, 28, 29, 58, 65 y 66 y contra los artículos 52 y 56 de la Ley 794 de
2003.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Con todo el respeto que me merece la mayoría de la
Corporación, me permito consignar las razones de mi salvamento parcial y
aclaración de voto, en relación con los siguientes puntos:
1.  Respecto del
literal d) del numeral 1 del artículo 3º y del parágrafo del artículo 18 de la
ley 794 de 2003, debo manifestar que voto la norma bajo el entendido que lo que
las partes hacen, que es señalar peritos y secuestres o remplazarlos, siempre
está condicionado a la aprobación del juez ya que el juez es el supremo
director del proceso y no las partes.
2.  En relación
con el artículo 3º, numeral 4 literal k) lo voto en el entendido que se trata
de la exclusión de la lista de alguien que hasta ese momento estaba habilitado
para ser auxiliar de la justicia; ya que si no lo estaba, la consecuencia es
que no debió ingresar a la lista de auxiliares de la justicia.
3.  Respecto del
artículo 8º en la parte en que fue declarado inexequible, salvo el voto por
cuanto en mi sentir se confunden conceptos, que deben mantenerse separados: Uno
es el concepto de la delegación cuyas características en el Derecho
Administrativo son claras y que normalmente se presenta entre un superior
jerárquico (delegante) y un subalterno (delegatario; hoy en día se acepta que
puede existir delegación sin que el delegatario sea inferior jerárquico del
delegante).  En la Rama Judicial esta “delegación sin jerarquía” es lo que se
denomina comisión, donde un juez comisiona a otro, de quien no es superior
jerárquico para que realice actos jurídicos a su nombre.  Esas dos figuras son
distintas a la ejecución material de lo ya decidido por el juez,
que, en mi sentir, si puede hacerse en funcionarios de su despacho.  No se
entiende como el juez puede “comisionar” para la ejecución a funcionarios
administrativos como son los inspectores de policía y sin embargo no puede hacerlo
con funcionarios de la Rama Judicial pertenecientes a su propio despacho.
Fecha ut supra.
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1]
La Ley 794 fue publicada en el Diario Oficial No. 45.058 del 8 de enero de
2003.
[2]
Folio 5 del expediente.
[3]
Folio 114 del expediente.
[4]
Cfr. artículo 150 numerales 1 y 2 de la Constitución Política y
sentencias C-680-98, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y C-1512-00, M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[5]
Corte Constitucional. Sentencia C-1512-00, M.P. Alvaro Tafur Gálvis. En el
mismo sentido ver la sentencia C-925-99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[6]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-140-95, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa, y C-927-00, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[7]
Folio 5 del expediente.
[8]
Folio 25 del expediente.
[9]
Folio 101 del expediente.
[10]
Folios 101 y 102 del expediente.
[11]
Folio 167 del expediente.
[12]
En relación con estas características de las inhabilidades, la Corte su
pronunció, en estos términos, en la sentencia C-209-00, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa: “Es así como la Constitución Política y la ley se han encargado de
fijar un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, a través del cual se
persigue impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos
que no observen las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para
asegurar la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando
un cargo público”.
[13]
Los siguientes son ejemplos de inhabilidades
que constituyen sanción: i) de índole permanente y con carácter general
frente al desempeño de todo tipo de funciones públicas: las señaladas en el
artículo 122 de la Constitución y en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002,
aplicables al servidor público condenado por delitos contra el patrimonio del
Estado o destituidos por faltas disciplinarias que afecten el patrimonio
económico del Estado. En la sentencia C-948–02, M.P. Alvaro Tafur Gálvis, la
Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “pero cuando
la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será
permanente” contenida en el artículo 46 de la Ley 734/02 o Código
Disciplinario Único. En esta sentencia la Corte reiteró el carácter de sanción
disciplinaria que adquiere la inhabilidad permanente señalada por la comisión
de este tipo de faltas disciplinarias.  ii) de índole permanente y con
carácter específico frente a algunos empleos públicos: las señaladas para los
miembros del Congreso (art. 179-1) o para los magistrados de las Cortes y del
Consejo de Estado (art. 232-3); iii) de índole temporal y con carácter
general frente a cualquier función pública: la inhabilidad de diez a veinte
años que se imponga al servidor público que sea destituido como consecuencia de
la comisión de una falta disciplinaria (Ley 734, arts. 44 y 46).
A su vez, son ejemplos de inhabilidades que no
constituyen sanción sino un impedimento para el desempeño de algunas funciones
o empleos públicos específicos:  i) de carácter permanente: las
señaladas para el Presidente de la República (art. 197) o para el Fiscal
General de la Nación (art. 249). La Corte Constitucional ha considerado que las
inhabilidades intemporales, aunque no tengan el carácter de sanción o pena, no
vulneran el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la imprescriptibilidad
de las penas. Ver sentencia C-948-02, M.P. Alvaro Tafur Gálvis. ii) de
carácter transitorio: la señalada para el Contralor General de la república
(art. 267)
[14]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias –617-97, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, y C-948-02, M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[15]
Corte Constitucional.  Sentencias C-509-94 y C-558-94.
[16]
Corte Constitucional.  Sentencia C-631-96.  En el mismo sentido, Sentencia
C-564-97.
[17]
Corte Constitucional.  Sentencia C-925-01.
[18]  Corte Constitucional.  Sentencias C-194-95, C-329-95,
C-373-95, C-151-97 y C-618-97.  En este último pronunciamiento se dijo sobre el
particular:  “Sin embargo, en la medida en que la propia Constitución
atribuye a la ley la posibilidad de regular esta materia, se entiende que el
Congreso “tiene la mayor discrecionalidad para prever dichas causales, sin más
limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política”, puesto que
corresponde a ese órgano político “evaluar y definir el alcance de cada uno de
los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad
así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a
quienes incurran en ellas”.   Así las cosas, a pesar de que una inhabilidad
limita un derecho fundamental, como es el derecho ciudadano a ser elegido a un
determinado cargo, en estos casos no procede efectuar un control estricto de
constitucionalidad, por cuanto la propia Carta ha atribuido al Congreso la
función de establecer  esas causales, con el fin de proteger la moralidad e
imparcialidad de la administración. Por ello, en principio sólo pueden ser
declaradas inexequibles aquellas inhabilidades para ser alcalde que en forma
desproporcionada, innecesaria o irrazonable limiten el derecho de las personas
a ser elegidas para ese cargo, por cuanto se estaría violando el derecho de
todos los ciudadanos a una igual participación política (CP arts. 13 y 40) y la
libertad de configuración del Legislador, que como se dijo, en esta materia
goza de un amplio margen de discrecionalidad”.
[19]
Esta Corporación ha declarado la constitucionalidad de inhabilidades
intemporales en las Sentencias C-037-96; C-111-98, C-209-00 y C-952-01.  En
este último fallo la Corte señaló, en relación con la naturaleza jurídica de
las inhabilidades, que están concebidas no como penas sino como  “una
garantía a la sociedad de que el comportamiento anterior al ejercicio del cargo
fue adecuado y no perturbará el  desempeño del mismo, así como que el interés
general se verá protegido y podrá haber tranquilidad ciudadana acerca de la
idoneidad, moralidad y probidad de quien ejercerá en propiedad el referido
cargo”.  De esta posición de la Corte se apartaron los Magistrados Rodrigo
Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett, para quienes las inhabilidades
constituyen una sanción, son cobijadas por la proscripción de penas
imprescriptibles dispuesta en el artículo 28 de la Carta y, por lo mismo, no
pueden ser intemporales, salvo que con esa calidad hayan sido previstas por el
constituyente.
[20]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-244-96, M.P. Carlos Gaviria
Díaz, y C-728-00, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[21]
Cfr. Artículo 8º del Código de Procedimiento Civil.
[22]
Cfr. Artículos 16 y 44 de la Ley 734 de 2002.
[23]
Cfr. Artículo 45-1-d) de la Ley 734 de 2002.
[24]
Folio 6 del expediente.
[25]
Ibídem.
[26]
Folio 29 del expediente.
[27]
Folio 30 del expediente.
[28]
Folio 33 y 34 del expediente.
[29]
Ninguno de los intervinientes se pronunció en relación con la demanda de los
apartes subrayados del artículo 12 de la Ley 794/03.
[30]
Folio 126 del expediente.
[31]
Según lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, los servidores
públicos de la rama judicial, en consideración a la naturaleza de sus
funciones, pertenecen a dos categorías, a saber: i) los magistrados de
las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales,
quienes ostentan la calidad de funcionarios, y ii) las demás personas
que ocupan cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos
y entidades administrativas de la Rama Judicial, que tienen la calidad de
empleados.
[32]
Corte Constitucional. Sentencia T-419-94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[33]  Este es el contenido del artículo 116 de la
Constitución, con la reforma introducida por el artículo 1º del Acto
Legislativo 03 de 2002: “Artículo 116. La Corte Constitucional,
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces,
administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.
El Congreso ejercerá determinadas funciones
judiciales.
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.
Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni
juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de
jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos
que determine la ley”.
[34]
En la sentencia C-733-00, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte declaró
exequible el aparte acusado del artículo 32 del Código de Procedimiento Civil,
que admitía la comisión para la práctica de diligencias judiciales en los
alcaldes y demás funcionarios de policía, siempre que no se tratara de la
recepción o práctica de pruebas. Una de las consideraciones que se tuvo en
cuenta para adoptar la decisión en ese proceso fue el carácter de autoridades
administrativas de los comisionados, condición que no atienden el secretario ni
el oficial mayor de los despachos judiciales. Al respecto, manifestó la Corte
que “las disposiciones referidas a la ejecución del secuestro restringen en
el tiempo y en el espacio la función encomendada a los comisionados, la cual
por no referirse a la instrucción de sumarios ni al juzgamiento de delitos,
puede excepcionalmente, en los términos del artículo 116 de la C.P., atribuirse
a determinadas autoridades administrativas. En todo caso, la decisión del
comisionado que resuelva la oposición será apelable en el efecto devolutivo si
fuere desfavorable al opositor, y en el diferido en el caso contrario. Sobra
destacar que la apelación la decide la autoridad judicial”.
[35]
A partir de la estructura normativa del precepto demandado, se infiere que éste
alude a la figura del secuestro de bienes, dado que la medida de embargo se
ordena por el juez pero se ejecuta por quien debe cumplir la orden.
[36]
El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 fue revisado en su constitucionalidad
por esta Corporación y encontrado ajustado al ordenamiento superior, en la medida
en que “allí se establecen unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer
más viable el derecho sin atentar en ningún momento contra su núcleo esencial”.
Así mismo, en la sentencia C-741-01, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se hace
referencia a la razonabilidad de los requisitos exigidos en las demandas de
inconstitucionalidad. Al respecto dijo esta Corporación: “El
artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 establece los elementos indispensables que
debe reunir la demanda en los procesos de inconstitucionalidad. Se trata de
unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer más viable el derecho [de
participación política], sin atentar en ningún momento contra su núcleo
esencial. Así, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo
formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace,
hay una ineptitud sustancial de la demanda que impide que la Corte se pronuncie
de fondo. Además, el artículo 241 de la Constitución al consagrar de manera
expresa las funciones de la Corte, señala que a ella le corresponde la guarda
de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos
términos del artículo. De acuerdo con esta norma, no corresponde a la Corte
Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han
sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción
pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto
es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”.
[37]
Folio 6 del expediente.
[38]
Ibídem.
[39]
Folio 98 del expediente.
[40]
Folio 128 del expediente.
[41]   En la sentencia C-596-00, M.P. Antonio Barrera
Carbonell, se dijo: “La
Corte reiteradamente ha reconocido cierta autonomía y libertad del legislador
para regular las formas y formalidades del debido proceso, que sólo encuentra
su limite en los mandatos constitucionales que consagran los derechos, deberes
y garantías, en los que constituyen principios y valores esenciales del orden
constitucional, y en el respeto por la racionalidad y razonabilidad de las
normas en cuento ellas se encaminen a alcanzar fines constitucionales legítimos.
Por consiguiente, el control de constitucionalidad debe dirigirse a establecer
si en relación con las normas procesales que se acusan el legislador ha actuado
o no con sujeción a los referidos límites”
[42]
Informe Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley 284 de 2002 Cámara, 204
de 2001 Senado. En:  Gaceta del Congreso No. 468 del 5 de noviembre de
2002, pág. 4.
[43]  En la sentencia T-1012-99, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, la Corte se refirió, en estos términos, a los principios de
contradicción y publicidad de la prueba: “para evitar así mismo la
arbitrariedad en las decisiones del Estado, el proceso ha de organizarse
conforme a unos principios generales, que constituyen lo que la doctrina
universal conoce como el ‘debido proceso. Entre tales principios, resultan
esenciales en un Estado democrático el de la publicidad y la contradicción. El
primero, impide que existan en el proceso actuaciones ocultas para las partes o
para quienes intervienen en él por ministerio de la ley como sujetos
procesales, cual sucede con el Ministerio Público, la Fiscalía o la Defensoría
de Familia.  Tal publicidad, resulta indispensable para la formación válida de
la relación jurídico-procesal, pues, de no ser así, el demandado quedaría
expuesto a que contra él se profiriera una sentencia adversa sin haber sido
siquiera debidamente anoticiado de la existencia de la demanda promovida en su
contra. Es decir, presupuesto necesario para que pueda existir la contradicción
a lo largo del proceso, es el de la publicidad de las actuaciones que en él se
surtan, por quienes se encuentran legitimados para el efecto. Sólo de esta
manera puede tener cabal realización la garantía democrática de que nadie puede
ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio”.
[44]
Folio 7 del expediente.
[45]
Folio 7 del expediente.
[46]
Corte Constitucional. Sentencia T-419-94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[47]
Informe Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley 204 de 2001 Senado. En:
Gaceta del Congreso No. 152 del 8 de mayo de 2002, pág. 5 a 7.
[48]
Cfr. Artículo 315-2 del Código de Procedimiento Civil.
[49]
Informe Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley 284 de 2002 Cámara, 204
de 2001 Senado. En:  Gaceta del Congreso No. 468 del 5 de noviembre de
2002, pág. 5 y 6.
[50]
Folio 8 del expediente.
[51]
Corte Constitucional. Sentencia C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[52]
La constitucionalidad del numeral 7 del artículo 66 de la Ley 794/03 se estudia
en el acápite 11 de esta sentencia.
[53]
Folio 8 del expediente.
[54]
Folio 9 del expediente.
[55]
Folios 103 y 104 del expediente.
[56]
Folios 159 y 160 del expediente.
[57]
En relación con los elementos del juicio de igualdad puede verse la sentencia
C-1047 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[58]
En el informe ponencia para segundo debate al proyecto de ley 284 de 2002
Cámara, 204 de 2001 Senado, se señaló lo siguiente acerca de los porcentajes
fijados para hacer postura en la subasta de bienes:  “Se incrementa la base
para hacer postura del 20 al 40% para darle seriedad a la participación en el
remate, sin que este aumento represente una exigencia desmedida, pues todo
oferente debe estar en capacidad de consignar el 100% de su oferta dentro de
los 3 días siguientes a la adjudicación, luego debe tener siempre esa
disponibilidad”.  En: Gaceta del Congreso No. 549 del 28 de
noviembre de 2002, pág. 4.
[59]
Folios 99 y 100 del expediente.
[60]
Folio 100 del expediente.
[61]
Folio 115 del expediente.
[62]
Folio 116 del expediente.
[63]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-573 de 2003.
[64]
Ibídem.
[65]
En relación con la dificultad para efectuar una distinción precisa entre
función judicial y función administrativa, ante todo cuando se alude a la
participación de particulares, ver la sentencia C-1038-02, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett. En esta sentencia la Corte fija criterios formales y
materiales para la determinación de la naturaleza de la función. No obstante,
reconoce que dichos criterios “obviamente no son exhaustivos ni son de
aplicación mecánica, pues en ocasiones pueden estar en tensión unos con otros”.
[66]
La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la naturaleza de las
notarías y cámaras de comercio. Así por ejemplo, en la sentencia C-399-99, M.P.
Alejandro Martínez caballero, señaló que, de conformidad con la Carta, la
actividad notarial es un servicio público confiado de manera permanente a
particulares y, en la sentencia C-1142-00, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, dijo que no obstante su naturaleza privada, las cámaras de comercio
cumplen funciones públicas de aquellas que corresponde ejecutar al Estado.
[67]
En la exposición de motivos del proyecto de ley No. 204 de 2001 Senado, se
expresó que la finalidad de esta medida es la buscar la descongestión de los
despachos judiciales y solucionar las “demoras para la práctica de las
subastas por señalamientos de fechas muy posteriores, dado el gran cúmulo de
procesos y de audiencias y diligencias que el juez tiene que practicar en los
mismos”. En: Gaceta del Congreso No. 65, del 2 de abril de 2002, pág. 13.
[68]
Folio 39 del expediente.
[69]
Folio 39 del expediente.
[70]
Folio 40 del expediente.
[71]
Folio 105 del expediente.
[72]
Folio 164 del expediente.
[73]
Ibídem.
[74]
Así lo dispone el inciso primero del artículo 2452 del Código Civil: "La
hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien
fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido".
[75]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-192-96, M.P. Jorge Arango Mejía. En la sentencia C-664-00, M.P. Fabio Morón
Díaz, se afirmó que “la hipoteca no es otra cosa que una seguridad real e
indivisible, que consiste en la afectación de un bien al pago de una
obligación, sin que haya desposesión actual del constituyente, y que le permite
al acreedor hipotecario, vencido el plazo, embargar y hacer rematar ese bien,
sea quien fuere la persona que estuviere en posesión de él, para hacerse pagar
de preferencia a todos los demás  acreedores con títulos quirografarios”.
[76]
Artículo 1º del Decreto 2282 de 1989.
[77]
Corte Constitucional. Sentencia C-192-96, M.P. Jorge Arango Mejía.
[78]
Corte Constitucional. Sentencia C-664-00, M.P. Fabio Morón Díaz.
[79]
La constitucionalidad del numeral 3 del artículo 66 de la Ley 794/03 fue
estudiada en el acápite 8 de esta sentencia.
[80]
Folios 41 y 42 del expediente.
[81]
Folio 43 del expediente.
[82]
Corte Constitucional. Sentencia C-543-92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[83]
Corte Constitucional. Auto de Sala Plena No. 174-01, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[84]
Corte Constitucional. Sentencia C-153-02, M.P. Clara Inés Várgas Hernández.