T-486-18
Sentencia T-486/18
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no hay desconocimiento
del precedente ni se incurrió en defecto fáctico en proceso de reparación
directa
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales
y especiales de procedibilidad
VALOR VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL DE
ORGANOS DE CIERRE JURISDICCIONAL Y POSIBILIDAD DE APARTAMIENTO-Jurisprudencia
constitucional
PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que
justifiquen su decisión
GUARDA MATERIAL DE LA ACTIVIDAD PELIGROSA-Jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre diferencia entre víctima que ejerce la actividad
peligrosa y los terceros afectados con la misma para establecer el título de
imputación
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO
EXCEPCIONAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado
FUERZA MAYOR COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD-Imputación de
responsabilidad objetiva por riesgo
La forma en la que la Nación alega y prueba
dentro de estos procesos de reparación directa la existencia de una causal
eximente de responsabilidad es determinante para la imputación de
responsabilidad objetiva por riesgo. Lo anterior en razón a que la fuerza mayor
como exonerante no la constituye el simple hecho externo como causal extraña,
sino una cualidad que va más allá de este hecho, como es la capacidad de
acreditar que hubo una imposibilidad de detener los efectos dañinos. Por esta
razón, un mismo hecho externo puede en unos casos configurar una eximente de
responsabilidad, y en otros no hacerlo
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Exhorto al Consejo
de Estado, para que tenga en cuenta la importancia de decidir oportunamente los
procesos de tutela que sean de su conocimiento
Referencia:
Expediente T-6.884.551
Acción
de tutela instaurada por Alexander Alonso Bedoya Pérez en contra del Tribunal
Administrativo de Nariño
Procedencia:
Sección Cuarta del Consejo de Estado
Asunto:
Tutela contra providencia judicial por desconocimiento del precedente y defecto
fáctico.
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., trece
(13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y
las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo de segunda instancia proferido el 21 de junio de 2018 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que revocó la sentencia de primera instancia que
profirió el 28 de septiembre de 2017 la Sección Segunda de a misma corporación,
mediante la cual se concedió el amparo.
El asunto llegó a esta
Corporación por la remisión que hizo la segunda instancia constitucional, en
virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y en
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección N° 8, mediante
auto del 16 de agosto de 2018, escogió el asunto para su revisión.
I. ANTECEDENTES
El 30 de agosto de 2017, Alexander
Alonso Bedoya Pérez promovió acción de tutela en contra de la decisión adoptada
el 15 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el marco
del proceso de reparación directa iniciado por el accionante en contra del
Ministerio de Defensa y la Armada Nacional.
El actor considera que dicha decisión
vulneró sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia al no declarar la responsabilidad del Estado y desconocer el
precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme al cual se
debe aplicar un régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional, en
los casos en que un funcionario de las Fuerzas Militares resulte lesionado o
muerto en una actividad peligrosa, siempre que la misma le haya sido asignada
para el cumplimiento de sus funciones y no haya sido este quien tenía la guarda
material de la actividad.
A.
Hechos
y pretensiones
1.  El 18 de julio
de 2008, el señor Alexander Alonso Bedoya Pérez se vinculó como infante de
marina profesional a la Armada Nacional, Batallón Fluvial de Infantería No. 10.
2.  El 12 de abril
de 2011, cuando se dirigía hacia una misión en el río Tapaje, sector Bocanegra,
ubicado en el litoral nariñense del Pacífico, el bote en el que se transportaba
naufragó por lo que fue arrojado al río, lo que le ocasionó graves lesiones en
la columna y extremidades inferiores, que le significaron la pérdida de su
capacidad laboral en un 100 por ciento.
3.  Al momento del
accidente, la lancha se encontraba bajo el mando del señor SSCIM Ricardo Pinedo
Jairo como Comandante ECFP 10-1 ANDORRA[1],
quien por esquivar una troza de madera ejecutó una maniobra que ocasionó el
volcamiento del bote y la caída de los militares que se desplazaban en él. La
labor desempeñada por el demandante en dicha misión era la de maniobrar la
ametralladora del vehículo.
4.   El 9 de mayo de
2012, el señor Bedoya Pérez y otras ocho personas, interpusieron acción de
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa y Armada
Nacional – por los daños que se les causaron.
5.  A través de
Resolución 893 del 5 de julio de 2012, la Armada Nacional reconoció en favor
del señor Alexander Bedoya una indemnización por disminución de la capacidad
laboral del 100%, en cuantía de $45.755.226.
6.  El 28 de marzo
de 2016 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto denegó las
pretensiones del actor al considerar que el daño fue causado en virtud de un
riesgo propio del servicio.
7.  El actor
interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia
en el cual citó la Sentencia del 27 de octubre (sic) de 2002[2]
de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia de la Consejera
María Elena Giraldo Gómez, en la que se accedió a las pretensiones en un caso
idéntico, a partir del reconocimiento de responsabilidad objetiva.
En esta ocasión, “cuando un Subteniente,
en Misión de Vigilancia en el Río Gamués, perdió la vida, cuando el bote en el
que viajaba chocó contra un tronco que bajaba por la corriente. Allí el riesgo
que se imputó a la Nación no se derivó de la actividad militar de combate o
defensa que asumió el Subteniente, sino el proveniente de la actividad
peligrosa por la movilización fluvial”[3].
Además, indicó que este Tribunal, en Sentencia
SU-200 de 1997[4],
fue enfática en reconocer que el mero hecho de ser soldado profesional no
implica el deber de asumir riesgos de forma ilimitada y sin ningún tipo de
consideración y cuidado.
8.  El 15 de febrero
de 2017, el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió la impugnación y decidió
declarar demostrada la eximente de responsabilidad de la fuerza mayor a favor
de la entidad demandada y confirmó en lo demás la sentencia del a quo.
Indicó que cuando se decide sobre la
responsabilidad administrativa de la Nación por las lesiones de una persona que
ejerce labores castrenses se debe tener en cuenta que, en su calidad de
profesional de las armas, esta ha aceptado los riesgos propios que conlleva
esta actividad, por lo que este tipo de controversias deben ser resueltas bajo
la óptica de la falla del servicio. Es decir que solo la demostración
plena de una falla del servicio o del rompimiento de las cargas en relación con
la función desempeñada, da lugar a la imposición de una condena en contra de la
demandada.
Por eso, con base en un testimonio,
concluyó que “no existió negligencia o falta de cuidado por parte del piloto
de la nave, pues los dichos del testigo indican que éste condujo la lancha como
lo hacía usualmente, tomando los caminos fluviales acostumbrados y con la
prudencia que se requería”[5].
Así mismo, se refirió a la fuerza mayor y señaló que “era dable afirmar que
la intempestiva aparición de la troza y el posible desprendimiento de la peña
originaron el volcamiento de la nave y superaron las circunstancias que el
piloto pudo resistir”[6].
9.  El 30 de agosto
de 2017, el señor Alexander Bedoya interpuso acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo de Nariño y adujo que su decisión no solo fue el
resultado de una valoración indebida del acervo probatorio, sino que incurrió
en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
En este se ha establecido que, en los
casos en que se causa daño a un miembro de las Fuerzas Militares en ejercicio
de una actividad riesgosa, la responsabilidad del Estado resulta comprometida
bajo un régimen objetivo de responsabilidad, siempre y cuando la víctima del
daño no tenga la guarda material de la actividad riesgosa. Por esta razón,
adujo que dicho fallo vulneró los derechos al debido proceso (art. 29 C.N.) y de
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.N.) al desconocer el
precedente y dar un trato diferente a su caso sin tener en cuenta que, en un
caso similar, se declaró la responsabilidad del Estado bajo un régimen
objetivo.
Concretamente, indicó que, en la Sentencia
del 26 de febrero de 2015 (Expediente radicado 520012331000200000621), la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Hernán
Andrade Rincón, estableció que “en los casos de daños ocasionados por la
materialización de los riesgos propios de la actividad peligrosa en la que
sufre un menoscabo quien no tiene la guarda material sobre una actividad, la
reparación debe ser adoptada bajo el régimen de responsabilidad objetivo cuando
no está probada la falla del servicio”.
Así mismo, refirió las sentencias del
7 de septiembre del 2000, del Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, y
del 23 de junio de 2010, de la Consejera Ruth Stella Correa, en las
cuales se aclara que el servidor público que se lesiona como consecuencia de la
conducción de un automotor no puede invocar el ejercicio de la actividad
peligrosa para reclamar del Estado la indemnización del daño que sufra pues es
precisamente él mismo quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente
en el ejercicio de la actividad peligrosa. Por el contrario, “si el afectado
es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la
administración solo se exonerará si acredita que el hecho se produjo por culpa
exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio,
exclusivo y diferente, o por fuerza mayor”.
Agrega que la Sección Tercera ha sido
consistente en señalar que, en este supuesto, la responsabilidad está
fundamentada en “la concreción o materialización de un riesgo de naturaleza
excepcional que asociado al ejercicio de una actividad o instrumento peligroso,
tiene una alta probabilidad de irrogar daños que no se encuentran en la
obligación de soportar (…) en este tipo de escenarios en los que un agente
estatal no asume directa y voluntariamente la actividad peligrosa (V.ra. manejo
o conducción de aeronaves) no se le puede señalar que haya sido un riesgo
asumido por la víctima, de allí que sea preciso resarcir el daño causado”[7].
10.
Indica
que el accidente le dejó secuela de cuadriplejia a sus 30 años, por lo cual
esta compelido a usar silla de ruedas de por vida y a depender de otros para la
realización de cualquier actividad.
B.
Actuación
de instancia y contestación de la acción de tutela
Repartida la acción de tutela, la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de Estado la admitió
mediante auto del 5 de septiembre de 2017, y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo como accionado, y al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Pasto, al Ministerio de Defensa, a la Armada Nacional, y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceros interesados en
las resultas del proceso. Además, solicitó al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Pasto la remisión en calidad de préstamo el expediente del proceso
de reparación directa.
Respuesta del
Tribunal Administrativo de Nariño[8]
El 18 de septiembre de 2017, el
Tribunal Administrativo de Nariño dio contestación a la acción de tutela y
señaló que las
pruebas que se aportaron permitieron establecer que las lesiones que sufrió
Alexander Alonso Bedoya Pérez cuando desempeñaba funciones como Infante
Profesional fueron consecuencia de un hecho de la naturaleza, por lo cual
aplicó la eximente de responsabilidad de fuerza mayor a favor de la Armada
Nacional. Por eso, señala que la acción de tutela es improcedente y que no
puede el actor ahora pretender deducir consecuencias favorables que no pudo
obtener en el proceso contencioso administrativo mediante esta vía residual.
Respuesta del Ministerio de
Defensa[9]
El 21 de septiembre de 2017, la
Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa
envió escrito con el que pretendió dar contestación a la acción de tutela de la
referencia. Sin embargo, omitió pronunciarse sobre los hechos del presente caso
porque envió contestación respecto de un caso completamente ajeno al actual.
C.
Decisiones
objeto de revisión
Primera instancia
Mediante sentencia del 28 de
septiembre de 2017[10],
la Sección Segunda del Consejo de Estado, luego de analizar los defectos
sustantivo por desconocimiento del precedente, fáctico y decisión judicial sin
motivación, amparó los derechos fundamentales del actor al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia a partir de la aplicación de la Sentencia
del 27 de octubre [sic] de 2002, Sección Tercera y, en
consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 15 de febrero de 2017 que
confirmó la primera instancia en el proceso de reparación directa
520013333100520120013900.
Señaló que en esta providencia, el
Consejo de Estado accedió a las pretensiones de un caso similar al actual, y
sostuvo que “el régimen objetivo de responsabilidad <<por
riesgo>> (sin irregularidad de conducta) se deriva, entre otros, del
ejercicio o de la estructura de instrumentos (lanchas, botes, etc) dedicados a
actividades peligrosas y tiene como factor de imputación el riesgo que excede
los inconvenientes a la prestación del servicio y las cargas normales que deben
soportar los administrados (…)”[11].
En esta ocasión, la Sección Segunda resolvió el caso particular a partir de la
responsabilidad por riesgo:
“(…)
cuando efectuaba un movimiento de infiltración por el río Gamués (…) el bote en
que viajaba un destacamento naufragó al colisionar contra un tronco que
arrastraba la corriente, hecho en el cual falleció ahogado el Subteniente Mesa
Correa Germán, en misión del servicio (…) la ocurrencia de la muerte se produjo
con vinculación a la concreción del riesgo del ejercicio de una actividad
peligrosa, como es la movilización en un bote. Y no hay duda que ese riesgo fue
creado por el Estado y se concretó en el ejercicio de sus propias actividades.
(…)
la prueba relativa a la presencia de un tronco que bajaba por la corriente no
se erige en demostrativa por si sola de la causa irresistible e imprevisible
para el Estado, de imposibilidad manifiesta de impedir el naufragio”[12].
Con fundamento en lo anterior, el juez
dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño y ordenó al
demandado dictar una providencia de remplazo, teniendo en cuenta los
lineamientos de la parte motiva[13].
Impugnación
Mediante escrito del 17 de enero de
2018, la Directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa impugnó la
decisión del a quo. Para ello, adujo que no es posible amparar los
derechos del actor por cuanto el fallo no cumple con ninguna de las causales
específicas de procedibilidad de tutela contra providencia judicial.
En primer lugar, indica que el Tribunal
no incurrió en defecto fáctico; prueba de ello es el régimen por el cual
fundamentó su sentencia, el tipo de vinculación del demandante, el informe
administrativo por lesión, la junta médica y la declaración del señor Carlos
Mario Benítez Atencia. Así mismo, manifestó que el demandante, quien tenía la
carga de la prueba, no demostró que el piloto de la motonave hubiera efectuado
una maniobra equivocada que ocasionara el siniestro.
Agrega que el informe de lesiones no es
un documento en el que se reconozca responsabilidad y que asumir esto implicaría
anular la función jurisdiccional de los jueces contenciosos administrativos,
quienes son los encargados de determinar cuándo existió responsabilidad
estatal.
En segundo lugar, en relación con la
causal de desconocimiento del precedente, aduce que la jurisprudencia del
Consejo de Estado no es pétrea por lo que es de esperarse que después de 15
años haya cambiado. Por ello, indica que actualmente existe una nueva línea de
la misma Sección Tercera que es similar a la adoptada por el Tribunal demandado
(Sentencia del 12 de octubre de 2017, radicado
63001-23-31-000-2009-00104-01 [43986] Actor: Hersilia de Jesús Henao y otros)
en la cual señaló: “tratándose de supuestos en los cuales se discute la
declaratoria de responsabilidad estatal con ocasión de daños sufridos por
agentes de seguridad del Estado, como los militares o agentes de Policía, entre
otros, en principio, aquella no se ve comprometida dado que como tales daños se
producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se cubren
con la indemnización a fort fait [sic], a la cual tienen derecho
por virtud de esa vinculación. Por tanto, solo habrá lugar a una reparación
cuando los daños reclamados se hubieren producido por una falla del servicio, o
cuando se hubiere sometido a un funcionario a un riesgo excepcional, diferente
o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros (…) evento en el que se debe
aplicar el régimen de responsabilidad objetivo por la creación del riesgo” [14].
A partir de lo anterior, el Ministerio
de Defensa indicó que no existió violación del precedente vertical pues se
demostró que el Tribunal Administrativo de Nariño acogió la jurisprudencia de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, y que “la lesión sufrida por el
accionante debe ser cubierta por la indemnización a forfait y no por medio del
proceso de reparación directa, adicionalmente porque un índice de pérdida de la
capacidad laboral del 100% conlleva a que la entidad pensione por invalidez al
uniformado para garantizar su mínimo vital”[15].
Segunda instancia
Mediante Sentencia del 21 de junio de
2018[16],
la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió revocar la sentencia de
primera instancia por considerar que la providencia del Tribunal no incurrió en
desconocimiento del precedente de la Sección Tercera, pues incluso lo citó, y
decidió apartarse de él. Además, sostuvo que conforme a la reciente Sentencia
del 8 de febrero de 2017 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
(CP. Hernán Andrade Rincón) “los soldados profesionales podrán acceder a la
reparación directa, únicamente cuando se pruebe la falla del servicio o se
observe un sometimiento a un riesgo excepcional”.
Concluyó que el actor asumió
voluntariamente los riesgos propios de la actividad militar, razón por la cual
no se configuran las causales que permitan la aplicación de un régimen objetivo
de responsabilidad.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante auto del 9 de octubre de
2018, esta Sala de Revisión ofició al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto (Nariño) para que
autorizara el préstamo de expediente de la acción de reparación directa a esta Corporación.
En el mismo auto, se ordenó la suspensión de los términos para decidir por 5
días hábiles. A través de oficio del
26 de octubre de 2018, la Secretaría General de esta Corporación informó al
despacho que no se recibió comunicación alguna por parte de juzgado oficiado.
Sin embargo, el pasado 27 de noviembre de
2018, se recibió repuesta extemporánea de parte del Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Pasto, mediante la cual remitió en calidad de
préstamo el proceso de reparación directa No. 2012-00139 del señor Alexander
Alonso Bedoya Pérez.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
1.  Corresponde a la
Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, los fallos proferidos
dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de
revisión y planteamiento del problema jurídico
2.  Alexander Alonso
Bedoya Pérez interpuso acción de tutela en contra de la Sentencia del 15 de
febrero de 2017 del Tribunal Administrativo de Nariño, la cual decidió en
segunda instancia su demanda de reparación directa en contra de la Nación, por
considerar que, en primer lugar, incurrió en el defecto por desconocimiento
del precedente, al ignorar las sentencias de la Sección Tercera del Consejo
de Estado sobre el régimen objetivo de responsabilidad por riesgo cuando el
daño proviene de la realización de actividades peligrosas (conducción de
automotor) o de la utilización de artefactos que en su estructura son
peligrosos (manejo de armas)[17],
las cuales eran aplicables a su caso; y en segundo lugar, configuró un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria. Por eso, consideró que el
demandado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia al no reconocer que el Estado fue responsable por
los daños que padeció como consecuencia del accidente.
El ad quem revocó la
sentencia del juez de primera instancia que había concedido, y resolvió negar
el amparo de los derechos fundamentales por considerar que el Tribunal
Administrativo de Nariño no incurrió en un desconocimiento del precedente de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.  Por esta razón,
una vez verificada la procedencia de la presente acción de tutela, la Sala
deberá determinar si: ¿La sentencia del 15 de febrero de 2017 del Tribunal
Administrativo de Nariño desconoció el precedente de la Sección Tercera del
Consejo de Estado sobre responsabilidad objetiva por riesgo excepcional e
incurrió en defecto fáctico al valorar las pruebas dentro del proceso de
reparación directa promovido por el accionante en contra del Ministerio de
Defensa y la Armada Nacional, y por lo tanto vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia?
En tanto la presente acción de tutela
pretende controvertir una decisión de carácter judicial proferida en el marco
de la jurisdicción contenciosa administrativa, será necesario que la Corte
Constitucional aborde: (i) las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el
examen de los requisitos generales de procedencia; (iii) los
requisitos específicos de procedibilidad con énfasis en el desconocimiento del
precedente y el defecto fáctico; (iv) la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la acción de reparación directa y el régimen objetivo de responsabilidad
por riesgo excepcional, en particular sobre la fuerza mayor como causal
de exoneración de responsabilidad en títulos objetivo y subjetivo de
responsabilidad, y el supuesto en que la víctima no
tenía la guarda material de la actividad peligrosa; y finalmente, (v) el
análisis del caso concreto.
Procedencia excepcional de la tutela
contra decisiones judiciales[18]
y los requisitos generales de procedencia
4.  El artículo 86
de la Constitución Política prevé que la acción de tutela procede contra toda
acción u omisión de cualquier autoridad pública. Los jueces como autoridades
públicas deben ajustar sus actuaciones a la Constitución y a la ley, y
garantizar los principios, deberes y derechos fundamentales reconocidos en la
Carta Política.
De acuerdo con esas obligaciones,
esta Corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales que vulneren los derechos fundamentales de las partes,
y que se aparten de los preceptos superiores. Sin embargo, se trata de una
procedencia excepcional, en atención a la naturaleza subsidiaria de la acción
de tutela y en aras de salvaguardar la cosa juzgada, la autonomía e
independencia de la función judicial, y la seguridad jurídica.
5.  En concordancia
con el carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 identificó los siguientes
requisitos generales de procedencia: (i) la relevancia constitucional de la
cuestión discutida, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de
los derechos fundamentales de las partes; (ii) el cumplimiento del presupuesto
de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, esto es, que se hayan agotado
todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) la
observancia del requisito de inmediatez, es decir, que la acción se interponga
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal que tenga un
efecto decisivo en la sentencia cuestionada; (v) la identificación razonable
tanto de los hechos que generaron la vulneración, como de los derechos
vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Examen de los
requisitos generales de procedencia en el caso que se analiza
6.  La Sala
establecerá, a continuación, si concurren los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en relación
con la sentencia proferida el 15 de febrero de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Nariño al que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
accionante.
En primer lugar, se verifica que
se cumple con el presupuesto de legitimación por activa: Lo anterior por
cuanto se ha determinado que está legitimado por activa quien promueva una
acción de tutela, siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que
la persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de
apoderado judicial o mediante agente oficioso (artículo 86 de la C.P. y 10 del
Decreto 2591 de 1991) y (ii) que procure la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, supuestos que se verifican en el
presente proceso pues la tutela fue interpuesta a nombre del directamente afectado
en el proceso de reparación directa.
De otra parte, esta Corporación
ha señalado que “Las autoridades judiciales, cuando incurren en vía de
hecho, vulneran el derecho fundamental al debido proceso que asiste a quienes
intervienen en el respectivo proceso judicial. Por el contrario, quienes
pudiendo intervenir en un proceso y no participan en él, carecen de legitimidad
para cuestionar, en sede de tutela, una actuación judicial”[19]. La
afectación del debido proceso se concreta durante el trámite judicial
correspondiente, frente a quienes allí intervengan y, por eso, dado que el
señor Alexander Alonso Bedoya Pérez fue parte demandante en el proceso de
reparación directa cuya decisión de segunda instancia es controvertida en este
proceso, tiene legitimación para actuar en sede de tutela en relación con los
hechos de este caso.
Así mismo, se advierte el cumplimiento
del requisito de legitimación por pasiva, debido a que la acción de tutela
se dirigió en contra del Tribunal Administrativo de Nariño que profirió la
sentencia a la que se le atribuyó la afectación de los derechos fundamentales
del actor.
En segundo lugar, la cuestión
objeto de debate es de evidente relevancia constitucional, ya que se
discute la eventual afectación de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia porque la autoridad judicial
accionada no aplicó la tesis jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo
de Estado sobre responsabilidad objetiva por riesgo, según la cual, en los
casos en que se ocasionen daños por la materialización de los riesgos propios
de la actividad peligrosa en la que resultó lesionado o muerto quien no tenía
la guarda material sobre la actividad, se debe declarar responsable al Estado
sin necesidad de probar la falla en el servicio. Se advierte entonces la
relevancia constitucional de la cuestión discutida, al vislumbrarse una clara
confrontación de principios constitucionales y derechos fundamentales
reconocidos en la Carta Política.
En tercer lugar, la tutela cumple
con el requisito de subsidiariedad porque el peticionario agotó todos
los mecanismos judiciales de defensa a su disposición, pues la sentencia
acusada corresponde a la decisión de segunda instancia proferida en el marco de
la acción de reparación directa incoada por el accionante en contra del
Ministerio de Defensa y la Armada Nacional. Es decir, al haber interpuesto el
recurso de apelación, el actor carece actualmente de otro mecanismo de defensa
judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa para hacer valer sus
derechos fundamentales.
De igual modo, se advierte que en
el presente caso no procede el recurso de unificación de jurisprudencia
previsto por el ordenamiento jurídico (artículo 256 y siguientes de la Ley 1437
de 2011) como recurso extraordinario en contra de las sentencias de segunda
instancia proferidas por los tribunales administrativos. Lo anterior debido a
que el caso no se enmarca dentro de la causal única que puede motivar este
recurso, que es que “la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado”. En este caso, como se verá
más adelante, no se verificó una sentencia de unificación que haya fijado
criterios claros y uniformes sobre la materia; que haya determinado un único
régimen de responsabilidad aplicable a todos los casos donde haya existido un
daño como consecuencia de la configuración de un riesgo por actividad peligrosa[20]; o
que hubiese eliminado del análisis la ausencia de nexo de causalidad en casos
de responsabilidad objetiva.
En cuarto lugar, la acción de
tutela fue interpuesta en un término razonable, requisito que atiende a
la finalidad de este mecanismo para lograr la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales[21].
Lo anterior, por cuanto la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño es
del 15 de febrero de 2017, y el amparo fue presentado el 30 de agosto de 2017
ante el Consejo de Estado, es decir, en un plazo de 6 meses, el cual resulta
razonable.
En quinto lugar, el actor
identificó de manera razonable los hechos y actuaciones que generaron la
vulneración de sus derechos. Las circunstancias fácticas están claramente
detalladas en el escrito de tutela y debidamente soportadas en las pruebas
documentales obrantes en el expediente. El accionante identificó la providencia
judicial que considera transgresora de sus derechos fundamentales. Asimismo,
precisó el defecto de la providencia judicial cuestionada -desconocimiento del
precedente y las razones en las que sustenta su configuración.
En sexto lugar, la acción de
tutela no se dirigió contra un fallo de tutela. El demandante formuló la
acción constitucional contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño que resolvió la apelación formulada por el Ministerio
de Defensa en contra de la providencia de primera instancia dictada el 28 de
marzo de 2016 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto,
dentro del proceso de reparación directa que el actual accionante promovió en
contra de la Nación.
Requisitos específicos de
procedibilidad: El desconocimiento del precedente y el defecto fáctico.
7.  Los requisitos
específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en
razón de su gravedad, hacen que éste sea incompatible con los preceptos
constitucionales y vulnere los derechos fundamentales de las partes. Las
condiciones de procedibilidad se han clasificado por la jurisprudencia
constitucional así:
Defecto orgánico:
ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada
carece en forma absoluta de competencia.
Defecto procedimental absoluto:
se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.[22]
Defecto fáctico:
se presenta en los eventos en los que el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión,
o la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada.
Defecto material o sustantivo:
se configura en los casos en los que la autoridad judicial juzga el asunto con
base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al
caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.[23]
Error inducido: sucede
cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esa
circunstancia lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.[24]
Decisión sin motivación:
implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales del deber de
exponer los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.
Desconocimiento del precedente: se
configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado
asunto y el funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial
establecida.[25]
Violación directa de la
Constitución: se estructura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política.
El
desconocimiento del precedente[26]
8.  El
precedente se ha definido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores
a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo[27]. Dicha obligatoriedad responde a motivos de diversa índole
que se complementan.
La
primera razón corresponde a la protección del derecho a la igualdad de las
personas que acuden a la administración de justicia y de los principios de
confianza legítima y de seguridad jurídica. En efecto, el desconocimiento de
las providencias previas que estudiaron casos equiparables al analizado, en
principio, comportaría una grave amenaza a los derechos y principios
mencionados.
El
segundo argumento responde al carácter vinculante del precedente, en especial
si es fijado por órganos cuya función es unificar jurisprudencia. Tal y como lo
ha explicado esta Corte el reconocimiento de esa obligatoriedad se funda en una
postura teórica que señala que “el Derecho no es una aplicación mecánica de
consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la
práctica jurídica de inicios del siglo XIX (…), sino una práctica argumentativa
racional”[28]. Esta consideración le otorga al
precedente la categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto.
9.  La
jurisprudencia constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes, el
horizontal y el vertical, esta distinción está fundada en la autoridad que
profiere el fallo que se tiene como referente. En efecto, el horizontal
hace referencia al respeto que un juez debe tener sobre sus propias decisiones
y sobre las tomadas por jueces de igual jerarquía, mientras que, el vertical
apunta al acatamiento de las sentencias emitidas por las instancias superiores
en cada jurisdicción, encargadas de unificar la jurisprudencia.
El
precedente que emana de los altos tribunales de justicia en el país (Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere un
carácter ordenador y unificador que busca realizar los principios de primacía
de la Constitución, la igualdad, la confianza legítima y el debido proceso.
Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener
la coherencia del sistema jurídico[29].
En
la práctica jurídica actual, las instancias de unificación de jurisprudencia
son ineludibles, debido a que el Derecho es dado a los operadores jurídicos a
través del lenguaje, herramienta que no tiene contenidos semánticos únicos. Por
lo tanto, es altamente susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que
pueden generar diversas interpretaciones o significados. Esa posibilidad genera
la necesidad de que, en primer lugar, sea el juez el que fije el alcance de
este en cada caso concreto y, en segundo lugar, existan órganos que permitan
disciplinar esa práctica jurídica en pro de la igualdad.
10.  El carácter
vinculante, obligatorio y de fuente de derecho de la jurisprudencia emanada de los
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y de la Corte
Constitucional en todo el ordenamiento jurídico cuando involucra su
interpretación constitucional, está ampliamente reconocido. La Sentencia
C-816 de 2011[30]
explicó que “la fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas
cortes surge de su definición constitucional como órganos jurisdiccionales
de cierre, condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en
sus respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial,
únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una
orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la
interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de
igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus
decisiones judiciales superiores”. (Negrilla fuera del texto)
11.  Como
consecuencia de la obligatoriedad del precedente, la jurisprudencia
constitucional estableció parámetros que permiten determinar si en un caso
resulta aplicable. La Sentencia T-292 de 2006[31] fijó los siguientes criterios: (i) que en la ratio
decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial
aplicable al caso a resolver; (ii) que esta regla resuelva un problema
jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y (iii) que los hechos
sean equiparables a los resueltos anteriormente.
La
falta de acreditación de estos tres elementos impide establecer que un conjunto
de sentencias anteriores constituya precedente vinculante para el caso concreto
y, por ende, al juez no le es exigible dar aplicación al mismo.
12.  Ahora
bien, cuando los funcionarios judiciales encuentren cumplidos los tres
criterios mencionados, tienen la posibilidad de apartarse del precedente,
siempre y cuando (i) lo identifiquen de manera expresa y (ii) ofrezcan una
justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta de
las razones por las qué se apartan de la regla jurisprudencial previa[32]. Así se protege el carácter dinámico del derecho y la
autonomía e independencia de que gozan los jueces.
13.
De
manera que sólo cuando un juez desconoce una regla jurisprudencial vinculante y
plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga
argumentativa descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, relacionada con el desconocimiento del
precedente judicial y, en consecuencia, vulnera los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a la administración
de justicia.
El defecto
fáctico[33]
14.  Desde sus
inicios esta Corte estableció que los jueces de conocimiento tienen amplias
facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en
cada caso concreto[34].
Por ello, determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio, la
evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela debe
privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[35].
No obstante, tal
poder discrecional debe estar inspirado en los principios de la sana crítica,
atender necesariamente criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y
motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad sería entendida como arbitrariedad judicial, hipótesis en
la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela
podría revocar la providencia atacada[36].
15.   La
jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto fáctico se
configura cuando: (i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran
necesarias en el proceso; (ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria de
las pruebas presentadas; (iii) no se valora en su integridad el material
probatorio, y/o (iv) las pruebas carecen de aptitud o de legalidad, por su
inconducencia, o porque fueron recaudadas de forma inapropiada, “caso último
en el que deben ser consideradas como pruebas nulas de pleno derecho”[37].
Así mismo, esta
Corte puntualizó que este defecto tiene dos dimensiones, una positiva[38]
y otra negativa[39].
La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por completo
equivocada, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello; y la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
Con todo, esta
Corporación ha sido enfática en señalar que para que la tutela resulte
procedente ante un error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[40].
16.   La
cualificación del defecto fáctico implica que el yerro debe ser relevante, no
solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también
respecto a la controversia jurídica bajo examen[41].
De tal suerte que:
“no competente [sic] al juez constitucional
remplazar al juzgador de instancia en la valoración de las pruebas
desconociendo la autonomía e independencia de éste al igual que el principio
del juez natural, ni realizar un examen del material probatorio que resulta
exhaustivo, en tanto, como lo señaló esta Corporación en sentencia T-055 de
1997, ‘tratándose del análisis del material probatorio, la independencia
judicial cobra mayor valor y trascendencia’”[42].
En efecto, la
jurisprudencia ha destacado que el análisis del juez constitucional debe ser
cuidadoso y no basta con establecer una lectura diferente de las pruebas, pues
en la actividad probatoria está de por medio el principio de autonomía
judicial. En ese sentido, la Sentencia SU-489 de 2016[43]
indicó que la determinación del defecto fáctico:
“(…) no puede resultar de una proyección automática,
pues la valoración probatoria del juez natural es, al menos en principio,
resultado de su apreciación libre y autónoma, aunque sin duda, no arbitraria,
la que no puede, sin más, ser desplazada e invalidada, por un criterio
simplemente diferente, dado por el juez de tutela. Así, si bien este defecto
puede en realidad presentarse, y las personas o ciudadanos afectados deben ser
protegidos ante tal eventualidad, el juez constitucional ha de ser
extremadamente prudente y cauteloso, para no afectar con su decisión, ese
legítimo espacio de autonomía del juez natural.”
17.  Adicionalmente,
la parte actora tiene la carga de la prueba salvo excepciones, pues se trata de
cuestionar “una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las
garantías constitucionales y legales existentes”[44].
18.  En síntesis,
dado que el defecto fáctico se puede presentar: (i) por la omisión en el decreto
y la práctica de pruebas; (ii) por la falta de valoración del acervo probatorio
y (iii) por desconocimiento de las reglas de la sana crítica; le corresponde al
accionante demostrarle al juez de tutela la forma en la que se produjo el yerro
en cualquiera de las modalidades referidas y cómo este tiene una incidencia
directa en la decisión.
La jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado sobre la acción de reparación directa y el régimen
objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional. Supuesto en que la
víctima no tiene la guarda material de la actividad peligrosa
19.  La Constitución
Política de 1991, en contraste con las normas constitucionales y legales
anteriores que no previeron de forma directa la responsabilidad del Estado[45],
consagró en su artículo 90 el principio general de responsabilidad patrimonial
de la administración pública bajo la siguiente fórmula:
“El
Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En
el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de
tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
Así mismo, la Carta Política reconoció
otros principios y derechos constitucionales que apoyan la configuración de la
responsabilidad patrimonial del Estado, como son la primacía de los derechos
inalienables de la persona[46];
la búsqueda de la efectividad del principio de solidaridad[47]
(art. 1º C.N.); la igualdad frente a las cargas públicas (art. 13 C.N.); así
como la obligación de proteger el patrimonio de los asociados y de reparar los
daños causados por el actuar del ente público[48],
en atención a los artículos 2, 58 y 90 de la Constitución[49].
En concordancia con la cláusula
constitucional de responsabilidad del Estado, el Legislador estableció el medio
de control de reparación directa en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, el
cual establece lo siguiente:
“En
los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada
podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado.
De
conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando
la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que
haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”.
Respecto al medio procesal referido, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que este es un mecanismo judicial de
reparación integral de los daños causados por la acción u omisión del Estado
que desarrolla la cláusula general de responsabilidad patrimonial prevista en
el artículo 90 de la Carta Política, en el Preámbulo, y en los artículos 1º, 2º
y 6º de la Constitución, en lo que respecta al valor de justicia.
De otra parte, es preciso recordar que conforme
a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política y a la jurisprudencia
especializada del Consejo de Estado, los elementos indispensables para imputar
la responsabilidad al Estado son (i) el daño antijurídico, (ii) la
imputabilidad del Estado y (iii) el nexo causal. Así lo ha sostenido la Corte
Constitucional al señalar:
“La
responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene
como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los
ciudadanos, consagrado en los artículos 2, 58 y 90 de la Constitución,
ampliamente desarrollado por vía jurisprudencial, y se configura por la
concurrencia de tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o
lesión, una actuación imputable al Estado y una relación de causalidad”[50]
(Subrayas
fuera del original)
En el mismo sentido, el Consejo de
Estado señaló que la responsabilidad estatal se configura cuando “(i) ocurra
un daño antijurídico o lesión, (ii) éste sea imputable a la acción u omisión de
un ente público y [iii] exista una relación de causalidad entre el daño y la
acción u omisión del ente público; ampliándose de este modo el espectro de la
responsabilidad estatal al superar el postulado inicial de la falla en el
servicio”[51].
En primer lugar, el daño antijurídico
ha sido entendido como aquel daño patrimonial o extrapatrimonial que se causa
en forma lícita o ilícita a un ciudadano, sin que éste se encuentre en la
obligación jurídica de soportarlo. Sobre el particular esta Corporación ha
señalado:
“El
daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza
plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP
art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y
libertades de los particulares frente a la actividad de la administración (…)
la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser
antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino
porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el
perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable”[52].
En segundo lugar, la imputación es
el componente
que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado[53]. En
otras palabras, es el título en razón del cual se atribuye el daño causado por
el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de
atribución de la responsabilidad (la falla del servicio, el riesgo excepcional,
la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Por esta razón,
puede afirmarse que no
basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al
Estado, es decir, “debe existir un título que permita su atribución a una
actuación u omisión de una autoridad pública”[54].
La Corte Constitucional también ha establecido que esta imputación está
relacionada, pero no debe confundirse, con la causación material. Por ello,
coincide con el Consejo de Estado en que, para imponer al Estado la
obligación de reparar un daño, “es menester, que además de constatar la
antijuridicidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que
le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad
material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de
la imputatio facti´”[55].
Y en tercer lugar, la atribución de
responsabilidad sólo es posible cuando el daño ha tenido un vínculo con el
servicio. El
nexo causal es el vínculo que debe existir entre el daño y la acción y
omisión del agente estatal. Esto quiere decir que las actuaciones
de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas
cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público.
Finalmente, es preciso señalar que para
que la
Nación se exonere de responsabilidad deberá acreditar que éste último elemento,
el nexo causal, “no existe o que es apenas aparente, mediante la
comprobación de una causa extraña, como: (i) el hecho exclusivo de la víctima,
(ii) la fuerza mayor, o (iii) el hecho exclusivo y determinante de un tercero”[56].
20. En cuanto a la responsabilidad
del Estado por los daños que sufren los miembros de la Fuerza Pública en
ejercicio de sus funciones, la jurisprudencia del Consejo de Estado
-Sección Tercera- ha considerado, en varios pronunciamientos, que debido a que “las
personas que se vinculan a un cuerpo de seguridad del Estado asumen los riesgos
propios del servicio”[57]
esos daños no comprometen, en principio, la responsabilidad del Estado debido a
que se producen en ejercicio de las funciones que dichos sujetos asumen, las
cuales implican riesgos superiores a los ordinarios.
Por ello, ha indicado que los riesgos
propios del servicio inherentes a las actividades que desarrolla la Fuerza
Pública se cubren con el régimen prestacional de naturaleza especial previsto
para aquéllos, particularmente un sistema de indemnización predeterminada y
automática (a forfait) prestablecida en las normas laborales para los
accidentes de trabajo[58].
De otra parte, ha considerado como
factor determinante en el análisis de la responsabilidad del Estado por los
daños sufridos por los miembros de la Fuerza Pública la forma de vinculación
del agente. Por esta razón, ha diferenciado el régimen entre quienes prestan el
servicio de forma voluntaria, y en esa medida asumen libremente los riesgos
propios del servicio (i.e. soldados profesionales); y los conscriptos, respecto
de los cuales el vínculo no es de carácter laboral pues
este surge como cumplimiento del deber constitucional de defensa de la
independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas (i.e.
soldados que prestan servicio militar obligatorio)[59].
Sobre el particular, la Sentencia del
26 de febrero de 2015[60]
indicó que, en el primero, el vínculo surge en virtud de una relación legal y
reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de
nombramiento y la consiguiente posesión del servidor, mientras que en el
segundo, “surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa
de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas,
en el cual no hay vínculo de carácter laboral alguno”. Por lo tanto, a
diferencia del soldado profesional que goza de una protección integral de
carácter salarial y prestacional, el soldado o auxiliar de Policía que presta
servicio militar obligatorio no goza de protección laboral frente a los riesgos
a los cuales se le somete, por cuanto la ley tan solo le reconoce algunas
“prestaciones” que no son laborales y tampoco se asimilan al régimen a
forfait previsto por la ley para los soldados profesionales.
21. De otra parte, pese a existir la
indemnización a forfait, la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha establecido que “la reparación [plena] de esos daños
resulta procedente cuando estos se hubieran producido por la falla del servicio
o cuando el funcionario hubiere sido sometido a un riesgo de naturaleza
excepcional, diferente o mayor al que debían afrontar sus demás compañeros o
incluso cuando el daño sufrido por la víctima hubiere sido causado con un arma
de dotación oficial, dado que en este último evento se abriría paso el régimen
de responsabilidad objetivo por la creación del riesgo”[61].
Lo anterior indica que la Sección
Tercera ha
aplicado en la solución de estos casos diferentes regímenes de responsabilidad
atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjeron los hechos.
Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño
especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la
igualdad frente a las cargas públicas; el de falla probada cuando la
irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste
proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de
artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha
considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido
por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de
un tercero, por rompimiento del nexo causal[62].
22. Debido a que el caso que nos ocupa
está relacionado con la ejecución de actividades de riesgo, como
lo es la conducción de una lancha de propiedad del Estado (riesgo
creado por el Estado para prestar un servicio), es preciso señalar que el
Consejo de Estado ha efectuado un desarrollo jurisprudencial diferenciado para
dos hipótesis en las cuales se ha declarado responsable al Estado. La primera,
referida a los supuestos en que el accidente o suceso que dio lugar al daño
(lesión o muerte) mientras el agente se transportaba en el vehículo (terrestre,
aéreo, fluvial, marítimo) sucedió debido a una falla del servicio de la
administración; y la segunda relacionada con los supuestos en que el
agente que resultó dañado por razón del incidente no era quien tenía la guarda
de la actividad peligrosa, es decir, no era quién conducía el automotor, por lo
que no resulta relevante si el accidente que dio lugar al daño ocurrió o no por
razón de una falla en el servicio.
23. Con relación a la primera
hipótesis, la Sentencia del 6 de julio de 2017[63] estudió
la acción de reparación directa formulada en contra de la Nación con el fin de
que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios
ocasionados por la muerte de un soldado profesional que falleció mientras se
encontraba en una operación luego de que, debido a un ataque de grupos al
margen de la ley, cayera de una embarcación civil, conducida por lancheros, en
la que se transportaba por el río Tamaná (Chocó).
Esta sentencia, en aplicación de las
anteriores reglas, señaló que si bien por tratarse de un soldado profesional
podía entenderse que había asumido los riesgos inherentes a la actividad
militar de forma voluntaria “dicha asunción del riesgo no implicaba, per se,
que aquél debía exponerse a todo tipo de peligro y que el Ejército se liberaba
del deber de brindar los elementos y de disponer de todas las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la seguridad y la defensa de sus hombres”.
Luego de analizarse el material
probatorio, se concluyó que existió falla del servicio y que se materializó un
riesgo mayor, dado que la decisión del comandante de la tropa de consentir el
desplazamiento fluvial en lanchas particulares representó un riesgo adicional,
pues dejó en evidencia la presencia de la tropa por el río y favoreció la
acción violenta de los grupos armados, quedando el personal de soldados
completamente expuesto a merced del fuego enemigo. Además, al ser conducidas
las lanchas por personal sin adiestramiento militar, era esperable que los
lancheros reaccionaran como lo hicieron. Por ello, “la muerte del soldado
César Augusto Lozano Rodríguez no devino del riesgo que él voluntariamente
asumió cuando ingresó a las Fuerzas Militares, sino por el estado de
indefensión en el que quedó cuando el comandante (…) permitió que se movilizara
en una embarcación no segura ni apta para el transporte fluvial”, razón por
la cual se confirmó la responsabilidad del Ejército Nacional y se ordenó la
indemnización de perjuicios.
De otra parte, en la Sentencia del 30
de enero de 2013[64],
se analizó la acción de reparación directa en contra de la Nación con el fin de
que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios
ocasionados por la muerte de soldados profesionales quienes murieron por
ahogamiento durante una operación militar luego de que fueran hostigados por la
guerrilla mientras se desplazaban en una rudimentaria chalupa en el río
Caribona (Bolívar) sin chalecos salvavidas, como consecuencia de la orden dada
por el comandante de la patrulla.
En esta sentencia se recordó que, en
cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, la Sección
Tercera en pleno había señalado recientemente que así como la Constitución
Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad
extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un
único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas
fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración de las circunstancias
particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios
jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación.
Así había sido establecido por esa
sección desde la Sentencia del 23 de agosto de 2012[65] en la
cual se aclaró además que:
“el
uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la
realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que
la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que
rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado (…)”.
La muerte de los soldados se produjo
durante un operativo militar, previo el ataque armado de un grupo subversivo,
lo que en principio correspondería a la materialización de los riesgos que
asumieron las víctimas cuando optaron por vincularse a la fuerza pública lo
cual, en consecuencia, excluiría la responsabilidad patrimonial de la entidad
demandada y haría a los beneficiarios de las víctimas acreedores a las indemnizaciones
establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)[66]. Sin
embargo, las pruebas demostraron que también el Estado incurrió en falla del
servicio y contribuyó eficazmente a la causación del daño por no haber
dispuesto las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de esos
daños, en particular, “dotarlos de chalecos salvavidas, o al menos prever
que los elementos de dotación que transportaban (…) se convertirían en un
lastre en caso de caer al agua”. Lo anterior, a pesar de haberse previsto
desde el inicio del operativo que el desplazamiento se llevaría a cabo por vía
fluvial.
En suma, se determinó que las
omisiones de la entidad estatal contribuyeron eficazmente a la configuración
del daño al exponerlos a riesgos que no estaban en el deber de soportar, razón
por la cual se ordenó a la Nación indemnizar los perjuicios ocasionados con su
muerte.
24. La segunda hipótesis
de atribución de responsabilidad al Estado por daños ocasionados a los miembros
de las Fuerzas Militares en el ejercicio de actividades peligrosas, se refiere
al régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, que es aplicable
a los casos en que el agente que resultó dañado por razón del incidente no
tenía la guarda de la actividad (no conducía el vehículo o no manipulaba el
instrumento del servicio), lo anterior sin que sea necesario probar la falla
del servicio.
Sobre el particular, en la
Sentencia del 7 de septiembre del 2000[67]
se estudió el caso de una persona que ingresó a prestar servicio militar
a la Infantería de Marina y mientras cumplía una orden de servicio, sufrió
lesiones al accidentarse de una motocicleta de propiedad de la Nación, las
cuales le generaron una incapacidad permanente parcial. En esta ocasión se
determinó:
“si
bien es cierto que la Sala ha considerado que en relación con el ejercicio de
actividades peligrosas como la conducción de vehículos automotores, se presume
la responsabilidad de la administración y por lo tanto, los asuntos de esta
naturaleza se resuelven bajo el régimen de responsabilidad objetiva, en el caso
concreto no puede aplicarse dicho régimen porque la persona perjudicada fue la
misma que ejerció la actividad. En consecuencia, en el caso concreto para que
prospere la pretensión de reparación del demandante, éste debió demostrar la
falla del servicio en la causación del accidente o que éste se produjo como
consecuencia de un daño especial que no estaba en el deber jurídico de
soportar”.
Al respecto, dicho fallo señaló que la Sentencia
del 13 de febrero de 1997[68]
ya había desarrollado esta postura al conceptuar que:
“Quien
maneja un arma, conduce un vehículo, etc, no podrá invocar después el ejercicio
de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización por el daño
que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor,
etc, en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera
prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le
recomienda (…) por el contrario, si el afectado es un tercero, quedará relevado
de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerara si
acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el
hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza
mayor”.
Por lo anterior dado que, en este caso,
la guarda de la actividad peligrosa era del demandante no procedía la
imputación a título de responsabilidad objetiva. Además, en razón a que este no
demostró la falla del servicio en la causación del accidente ni tampoco que
éste se produjo como consecuencia de un daño especial que no estaba en el deber
jurídico de soportar, la Sala negó las pretensiones indemnizatorias. Esta misma
regla de decisión fue aplicada en la Sentencia del 23 de junio de 2010[69].
Otra de las providencias relacionadas
con esta segunda hipótesis, la cual fue citada por el actor en la apelación
debido a las similitudes fácticas que considera existen en los casos, es la Sentencia
del 27 de noviembre de 2002[70],
mediante la cual se estudió el suceso de un Subteniente del Ejército Nacional
que murió ahogado junto con 19 militares más, luego de que la lancha en la que
se movilizaban por el río Gamués (Putumayo) se volcara y naufragara al
estrellarse contra un tronco que bajaba por la corriente, la cual era bastante
fuerte para el momento del accidente.
En esta ocasión, el demandante había
alegado que la muerte del Subteniente constituía una falla del servicio
presunta de la administración porque no se tomaron todas las medidas necesarias
para evitar el accidente. La Sala reconoció la responsabilidad del Estado a
través del título de imputación de la responsabilidad objetiva por riesgo.
Sobre este régimen de responsabilidad, la sentencia indicó:
“El régimen
objetivo de responsabilidad “por riesgo” (sin irregularidad de conducta) se
deriva, entre otros, del ejercicio o de la estructura de instrumentos (lanchas,
botes etc) dedicados a actividades peligrosas, y tiene como factor de
imputación el riesgo que excede los inconvenientes a la prestación del servicio
y las cargas normales que deben soportar los administrados o los integrantes de
un grupo en igualdad de condiciones. Por consiguiente, en aquellos casos en que
se prueba que el Estado genera ese tipo de actividad debe soportar
patrimonialmente las consecuencias del hecho lesivo siempre y cuando se
demuestren además los otros elementos, como son el daño y el nexo de causalidad
adecuado. El Estado sólo podrá exonerarse cuando demuestre causa extraña
(fuerza mayor, o hecho exclusivo o del tercero o de la víctima) que rompa el
nexo de causalidad entre el daño y la conducta de riesgo, porque fue eficiente
y determinante”.
Así las cosas, señaló que en el régimen
de responsabilidad por riesgo, deben demostrarse tres elementos: (i) el hecho
dañino, sin necesidad de probar la calificación de la conducta subjetiva del
demandado; (ii) la existencia de un daño cierto, particular y que recaiga sobre
una situación protegida jurídicamente; y (iii) el nexo de causalidad entre el
daño padecido y la conducta de riesgo imputada y probada contra el Estado[71].
Particularmente, sobre la actividad de
conducción de lancha, señaló que esta actividad “crea un riesgo no sólo por
la estructura del instrumento sino además por la utilización en otro elemento
físico como es el agua, que responde a componentes que no son manejables
siempre por la fuerza del hombre”.
Sobre el particular, la sentencia señaló
que si bien el demandado adujo como hecho constitutivo de causa extraña por
fuerza mayor la colisión del bote con un tronco que bajaba por la corriente,
este no indicó ni probó que este hecho externo se hizo irresistible e
imprevisible para el Estado, lo cual era indispensable para tener por probada
la exoneración aducida, razón por la cual no se reconoció la misma.
25. Especialmente, sobre la fuerza
mayor como causal de exoneración en la teoría del riesgo excepcional, este
proveído señaló:
“la
irresistibilidad radica en que ante las medidas adoptadas, le fue imposible al
deudor evitar que el hecho se presentara, por escapar por entero a su control.
Por lo tanto la prueba relativa a la presencia de un tronco que bajaba por la
corriente no se erige en demostrativa por si sola de la causa irresistible e
imprevisible para el Estado, de imposibilidad manifiesta de impedir el
naufragio. Se resalta que la fuerza mayor como exonerante no la constituye
el simple hecho externo como causa, sino una cualidad que va más allá de este
hecho, como es otro: el imposibilitante de detener los efectos dañinos”
(Subrayas fuera del original).
En este caso, la Sección Tercera
verificó el cumplimiento de los tres requisitos de la responsabilidad por
riesgo, y respecto del nexo causal, señaló que no se reconoció la fuerza mayor
debido a que la existencia del tronco como un hecho externo no se erigió como
demostrativa, por si sola, de la causa irresistible e imprevisible para el
Estado. Por el contrario, se requería tener como probada la imposibilidad
manifiesta de la Nación de impedir el naufragio y detener los efectos dañinos.
Por esta razón, pese a que en este caso la Nación ya les había reconocido a los
beneficiarios del subteniente las prestaciones sociales determinadas en la
legislación laboral (cesantía definitiva y compensación por muerte), declaró
que había lugar al reconocimiento de la indemnización plena por responsabilidad
estatal.
Una nueva providencia relevante en esta
segunda hipótesis es la Sentencia del 26 de febrero de 2015[72],
citada por el Tribunal Administrativo de Nariño al resolver la segunda
instancia de la reparación directa. En esta se estudió el caso de un militar
que, mientras prestaba servicio obligatorio en Pasto (Nariño), sufrió heridas
de gravedad en su cuerpo y rostro al activarse una granada de forma imprudente
por un superior, las cuales le generaron una incapacidad laboral permanente del
100%, y una merma fisiológica del 100%, puesto que perdió el ojo izquierdo,
impidiéndole desempeñarse en su vida en la forma en que lo hacía antes.
En esta sentencia se insistió en que,
bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad aplicables a un caso (daño
especial, falla del servicio, riesgo excepcional), el daño no sería imputable
al Estado cuando éste haya sido producido por culpa exclusiva de la víctima,
por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero.
Sobre el particular, explicó:
“en
cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causal
eximente de responsabilidad por parte de la entidad demandada, deberán
analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere
producido el daño (…) para que tales eximentes de responsabilidad tengan
plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta
necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño
y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo” (Negrita
fuera del original).
A partir de un análisis de las pruebas y
del hecho de que no fue el actor quien manipuló la granada de fragmentación, la
sentencia concluyó que concurrían los elementos para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado bajo el título jurídico de imputación de
riesgo excepcional, al cual el lesionado se vio sometido por haber resultado
herido como consecuencia del estallido de una granada de dotación oficial
mientras prestaba servicio militar, sin que la demandada hubiere acreditado
causa extraña que pudiere eximirla de responsabilidad.
Por último, en Sentencia del 26 de
marzo de 2014[73]
se estudió el caso de un soldado voluntario que sufrió graves lesiones al
precipitarse a tierra el helicóptero en el que se transportaba desde la Base de
Tolemaida hasta el Cerro Las Águilas (Cauca) mientras cumplía una misión propia
del servicio. Se pretendía la responsabilidad administrativa del Ejército
Nacional.
En este caso, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en primera instancia negó las pretensiones por no encontrar
probada la falla del servicio. Sin embargo, el Consejo de Estado en segunda
instancia resaltó que debido a la condición de soldado voluntario que tenía la
víctima, su vinculación se realizó de forma libre y, en consecuencia, la misma
estaba sometida a los riesgos propios del servicio.
Además, señaló que la actividad de
conducción de aeronaves es considerada peligrosa y que el soldado víctima no
tenía su guarda material al no estar manejando el helicóptero. Por ello luego
de analizar el material probatorio con fundamento en un régimen objetivo por
actividad peligrosa, concluyó que “el señor Rodolfo Rodríguez, en desarrollo
de una actividad propia del servicio, sufrió un accidente aéreo sin que tuviera
a su cargo la guarda material de la nave, como consecuencia de lo cual resultó
lesionado y como quiera que no se probó la existencia de una causal de
exoneración de la responsabilidad, la entidad demandada está llamada a
responder por el daño irrogado al demandante”.
Conclusión
26. Hasta aquí
es preciso recapitular, en primer lugar, que la regla conforme a la cual se
atribuirá responsabilidad objetiva por riesgo excepcional a la Nación en los
casos en que el agente afectado no haya tenido la guarda material de la
actividad peligrosa y no se haya alegado por parte de la demandada la
configuración de una causa extraña como eximente de responsabilidad, ha sido
pacífica[74].
No obstante, si
bien esta línea es estable, también es cierto que, dado que la
Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual
en particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado no establece que un
único título de imputación es aplicable a eventos que guarden ciertas
semejanzas fácticas entre sí. Por el contrario, una lectura sistemática de la
jurisprudencia de la Sección Tercera permite advertir que este título puede
variar en consideración al material probatorio obrante en el proceso y a los
criterios jurídicos que el juez estime relevantes al momento de valorarlo,
dentro del marco de su argumentación.
Así mismo, como
se observó, la forma en la que la Nación alega y prueba dentro de estos
procesos de reparación directa la existencia de una causal eximente de
responsabilidad es determinante para la imputación de responsabilidad objetiva
por riesgo. Lo anterior en razón a que la fuerza mayor como exonerante
no la constituye el simple hecho externo como causa extraña, sino una cualidad
que va más allá de este hecho, como es la capacidad de acreditar que hubo una
imposibilidad de detener los efectos dañinos. Por esta razón, un mismo hecho
externo puede en unos casos configurar una eximente de responsabilidad, y en
otros no hacerlo.
Análisis
del caso concreto
27. Establecidos
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela formulada por
Alexander Alonso Bedoya Pérez contra la sentencia que profirió el Tribunal
Administrativo de Nariño el 15 de febrero de 2017, la Sala determinará, a
continuación, si se está ante la configuración del desconocimiento del
precedente y del defecto fáctico que el actor le atribuyó a dicha providencia
judicial y que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, constituyen
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela.
28. En primer lugar, el
accionante indicó que la sentencia cuestionada desconoció el precedente sentado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, de acuerdo con el cual, en los casos en que se causa daño (lesión o
muerte) a un miembro de las Fuerzas Militares en ejercicio de una actividad peligrosa
(conducción de automotor o manejo de armas, por ejemplo), la responsabilidad
del Estado resulta comprometida bajo un régimen objetivo de responsabilidad,
siempre y cuando la víctima del daño no tenga la guarda material de la
actividad riesgosa y no logre comprobarse por parte de la Nación la
configuración de una causal eximente de responsabilidad.
Para el análisis del defecto descrito,
lo primero que advierte la Sala es que, en las hipótesis en que el ejercicio de
una actividad peligrosa un agente de las Fuerzas Militares resulta afectado, el
Consejo de Estado ha acudido al estudio de diversos títutos de imputación para
atribuir o no la responsabilidad patrimonial a la Nación. Lo anterior, ha
dependido en todos los casos del material probatorio que obra en el proceso y
de los criterios jurídicos de valoración de la prueba empleados por el juez,
los cuales, en unos casos, han permitido atribuir responsabilidad por falla del
servicio, en otros, de forma objetiva bajo el régimen de riesgo, o en otros,
simplemente encontró acreditada una causal extraña que exonera de
responsabilidad al Estado.
Precisamente por ello, para realizar el
estudio de un caso de este tipo, el juez natural no enmarca el problema
jurídico dentro de la aplicabilidad que tenga o no un determinado régimen de
responsabilidad para la hipótesis que analiza, pues esto solo puede deteminarse
una vez se examinen las particularidades de cada caso. Por ello, se observa que
acertadamente el Tribunal Administrativo de Nariño formuló el problema jurídico
en los siguientes términos:
“Se
debate en esta instancia, la existencia de la responsabilidad que pudiera
corresponderle a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, por los
perjuicios morales, materiales y por daño a la vida en relación que, se dice,
sufrió el Infante de Marina Profesional Alexander Alonso Bedoya Pérez durante
los hechos ocurridos el 12 de abril de 2011”[75].
Respecto de la regla jurisprudencial
particular invocada por el demandante (responsabilidad objetiva por riesgo en
casos donde el agente dañado no tenía la guarda material de la actividad
peligrosa) se observó que la misma era aplicable al asunto decidido en la
sentencia cuestionada del Tribunal Administrativo de Nariño, dado que fue
formulada por el Consejo de Estado, su superior jerárquico, y se encontraba
vigente al momento de proferir la decisión[76].
Además, porque se verificaron los criterios desarrollados por la jurisprudencia
constitucional para determinar la obligatoriedad del precedente[77]. Así, se advirtió (i)
que la ratio decidendi de las sentencias citadas en los fundamentos 24 y 25
contienen una regla jurisprudencial aplicable al
caso del demandante; (ii) que esta regla resolvió problemas jurídicos
semejantes al que se propuso en este caso y (iii) que los hechos de dichos
casos en los cuales el agente dañado no tenía la guarda material de la
actividad, son equiparables a los del presente caso.
De hecho, no es cierto como lo quiere
hacer ver el demandado en su contestación, que dicha regla de decisión haya
sido formulada solamente en un fallo del año 2002 pues, como se observó, la
misma ha sido reiterada en jurisprudencia reciente de la máxima autoridad en
asuntos contencioso administrativos.
Ahora bien, una lectura de la
providencia acusada permite advertir que la misma no desconoció la existencia
de dicho precedente. En tal sentencia, una vez el Tribunal identificó que, al
igual que en la Sentencia del 28 de Agosto de 2014 que este mismo cita in
extenso y la cual reitera la regla de decisión descrita en los fundamentos
24 y 25 de esta sentencia, “el señor Alexander Alonso Bedoya Pérez se encontraba
en el bote que naufragó en calidad de pasajero, es decir que no estaba bajo su
responsabilidad la conducción del mismo, ni tenía la guarda material de la
actividad”[78],
procedió inmediatamente a realizar el estudio del caso a partir de esa regla
jurisprudencial sobre el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo
excepcional.
La sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño reconoció el precedente descrito y con base en esa
regla jurisprudencial emprendió el análisis del caso. No obstante, a diferencia
del caso que cita, el juez natural encontró que en éste sí se configuró una
causa extraña que impedía atribuir la responsabilidad a la Nación bajo dicho
título de imputación, por lo cual indicó:
“Con
fundamento en estas precisiones, en este caso se debe aplicar el régimen
objetivo de riesgo excepcional, según el cual no es necesario demostrar la
falla del servicio en que pudo incurrir la entidad demandada, pero ésta se
puede exonerar si acredita una causal eximente de responsabilidad, la cual para
la Sala, se encuentra configurada por lo siguiente:
Respecto
de la ocurrencia de los hechos que hoy lamentan los demandantes, la única
prueba directa, que permite entender los detalles del accidente, es el
testimonio convocado por la propia parte accionante, que corresponde al militar
Carlos Mario Benítez Atencia, quien se desplazaba en el bote que naufragó (…)
Declaró el testigo que cuando el piloto de la embarcación trató de esquivar un
trozo de madera se acercó mucho a la orilla, porque esa era la parte más
profunda del río “ya que esa es siempre la parte donde uno navega…”, sin
embargo, encontró que, al parecer, parte de la peña que circunda el río se
había desprendido, lo cual causó, en forma que no se podía prever, que la
embarcación naufragara (…)
Este
testimonio, corroborado por la versión que en el ordinal segundo del acápite de
los hechos en que se sustenta la demanda se transcribe, permite concluir que no
existió negligencia o falta de cuidado por parte del piloto de la nave, pues
los dichos del testigo indican que éste condujo la lancha como lo hacía
usualmente, tomando los caminos fluviales acostumbrados y con la prudencia que
se requería, pues ni siquiera insinuó que el militar condujera con exceso de
velocidad, bajo efectos de sustancias alcohólicas, de cansancio o de cualquier
otra circunstancia que hubiese significado una falla del servicio.
Tal
circunstancia más bien constituye lo que normativamente se define como fuerza
mayor, pues a pesar de conducir de la manera usual,
debido a la aparición intempestiva de una troza el piloto fue conminado a
ejecutar una maniobra para esquivarla, que a su vez ocasionó que los motores de
la embarcación tropezaran con una peña que se había desprendido del barranco.
Todo ello inevitable e imposible de prever”[79].
La Sala considera que si bien el
Tribunal accionado, pese a haber manifestado que aplicaría el régimen objetivo
de riesgo excepcional menciona que en ese caso no se configura una falla del
servicio, lo hace con la finalidad de probar que los hechos externos que dieron
lugar al accidente constituyen una fuerza mayor que fue imposible de prever y
de resistir por quien conducía la lancha. Es decir, al analizar si el conductor
de la lancha desplegó o no una conducta negligente, el Tribunal no analizaba la
falla del servicio como tal, sino que estudiaba si había o no fuerza mayor, dado
que, si el conductor podía resistir, prevenir o prever el resultado, no se
habría configurado una fuerza mayor, sino que existiría culpa atribuible al
Estado.
De este modo, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Nariño no desconoció el precedente aplicable
al caso del actor. Por el contrario, a partir del (i) testimonio del señor
Carlos Mario Benítez Atienza que se encontraba en la lancha al momento del accidente;
(ii) los hechos relatados por el demandante en su demanda de reparación
directa; y (iii) las reglas de la experiencia y de la sana crítica, concluyó
que la causa extraña descrita fue la que causó el accidente, razón por la cual
no podía atribuirse responsabilidad a la Nación.
29. Lo anterior, nos lleva precisamente
a concluir, en segundo lugar, que la sentencia cuestionada no
incurrió en un defecto fáctico, como lo alega el actor. El accionante
indicó en el escrito de tutela que la sentencia del Tribunal vulneró sus
derechos fundamentales pues incurrió en una vía de hecho “por una valoración
indebida del acervo probatorio obrante en el expediente”[80].
Es decir, el actor alega que la sentencia incurrió en un defecto fáctico
positivo por realizar una evaluación del material probatorio completamente
equivocada.
La Sentencia T-041 de 2018[81]
señaló que “esta dimensión implica la evaluación de errores en la
apreciación del hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se
equivoca: i) al fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena
o adiciona en su expresión fáctica y hace que produzca efectos que
objetivamente no se establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle
mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios
técnico-científicos o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o
las reglas de la experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana
crítica, como método de valoración probatoria”.
En esta misma sentencia, la Corte
Constitucional recordó que los principios de la sana crítica son
los presupuestos del correcto entendimiento humano que el juez observa para
determinar el valor probatorio de la prueba. En ellas interfieren las reglas de
la lógica con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen
de igual manera a que el magistrado y/o juez pueda analizar la prueba
(testimonios, peritazgos, inspecciones judiciales) con arreglo a la sana razón
y a un conocimiento experimental de las cosas[82].
Conforme lo ha señalado esta Corporación, la doctrina en materia probatoria ha
establecido que estas reglas no son otra cosa que el análisis racional y lógico
que se hace de la prueba: (i) racional, por cuanto se ajusta a la razón
o el discernimiento humano; y (ii) lógico, por enmarcarse dentro de las
leyes del conocimiento[83].
La expresión sana crítica, conlleva la obligación para el juez de analizar en
conjunto el material probatorio para obtener, con la aplicación de las reglas
de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que corresponda[84].
Por su parte, señaló que las reglas
de la experiencia son aquellas reglas de la vida y de la cultura
general formadas por inducción, que constituyen una vocación espontánea o
provocada de conocimientos anteriores y que se producen en el pensamiento como
nutrientes de consecutivas inferencias lógicas[85].
Una máxima de experiencia por definición es una conclusión empírica fundada
sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio
hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las
distintas ramas de la ciencia.
Sobre el particular, encuentra la Sala
que el fallo sí se sustentó debidamente en el acervo probatorio, entre ellos,
el testimonio del señor Carlos Benítez y los hechos esgrimidos en la demanda de
reparación directa por el actor.
Sobre el particular, es preciso señalar
que no encuentra la Sala cuáles fueron las razones por las cuales el demandante
alegó la configuración del defecto fáctico, pues él mismo omite explicarlo. Es
decir, no se observó que el señor Alexander Bedoya haya explicado cómo se
produjeron los defectos que alega (qué prueba fue indebidamente valorada) y
cómo los mismos tuvieron incidencia directa en el sentido de la decisión[86]. Lo
anterior, a pesar de que el juez constitucional ha establecido que en los casos
en que se pretenda cuestionar una decisión del juez natural mediante la acción
de tutela, la carga de la prueba le corresponde al demandante[87].
Además, luego del estudio del expediente
de reparación directa que fue recibido en préstamo del Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Pasto, la Sala pudo concluir que el Tribunal
Administrativo de Nariño sí realizó el análisis del material probatorio a
partir de los principios de la sana crítica, y tuvo en cuenta las reglas de la
experiencia al reconocer, como lo ha hecho el Consejo de Estado en otros casos,
que el agua es un elemento físico que responde a componentes que no son
manejables por la fuerza del hombre[88]
y que, por ello, la aparición intempestiva de una troza de madera en el río
era un hecho externo inevitable e imposible de prever por quien conducía la
lancha.
Es preciso señalar que dentro del
expediente de reparación directa, recibido en calidad de préstamo por este
despacho, consta una “solicitud de apertura de investigación por lesiones
personales” radicada ante el Inspector General de la Armada Nacional de
Colombia, en la cual el señor Julio Alonso Bedoya Cuervo (padre de la víctima)
formuló como pretensión que se sancione como corresponda al Sargento Jairo
Ricardo Pinero “quien aprovechándose de su calidad, maniobró el bote de
manera irresponsable a alta velocidad y como consecuencia de lo anterior
caus[ó] lesiones irreparables al infante de marina profesional Alexander Alonso
Bedoya Pérez, las cuales le impiden desempeñar cualquier actividad física de
por vida, por resultar cuadripléjico”[89].
Sin embargo, la Sala no encontró que tal afirmación fuera alegada y
respaldada con material probatorio alguno dentro del texto de la demanda de
reparación directa, ni en ningún otro momento procesal.
Por el contrario, las únicas pruebas que
obran en el expediente conducen a la configuración de un hecho externo y
permiten inferir que el mismo fue imprevisible e irresistible por la Armada
Nacional. Por ello, la Sala encuentra que el Tribunal explicó las razones por
las cuales este hecho se hizo irresistible e imprevisible para quien conducía
el bote oficial, lo cual le permitió tener por probada la exonerante aducida.
Lo anterior por cuanto señaló que quien conducía el bote realizó una maniobra y
adoptó medidas para evitar chocar contra el trozo de madera, y además, “condujo
la lancha como usualmente lo hacía, tomando los caminos fluviales acostumbrados
y con la prudencia que se requería”[90]
lo que indica que el piloto se encontró en una imposibilidad manifiesta de impedir
el naufragio.
Además, en el Pronóstico de Pleamares y
Bajamares del IDEAM para dicha región en el día 12 de abril de 2011, se pudo
constatar que a las 4:00pm, momento en el que se ejecutó la misión, no había
marea alta[91].
Así consta también en la declaración jurada que rindió Carlos Mario Benítez
quien señaló que, el día del accidente, se encontraban realizando control de
registro y área del Sector Bocanegra de dicho río “en un desplazamiento rio
abajo ya que el caudal de este era muy bajo”[92].
Por lo anterior, no existía en principio una razón para que no se hubiera
ejecutado la misión por un eventual riesgo de marea que pudiera desencadenar en
alguna catástrofe, lo que también indica que hubo diligencia por parte de la
Armada Nacional en la escogencia de la hora para realizar el desplazamiento.
Estos argumentos, como es sencillo advertir, concurren en el reforzamiento de
la tesis acerca de la existencia de fuerza mayor, eximente de responsabilidad
para el Estado, como lo concluyó la autoridad judicial accionada.
A su vez, tales apreciaciones permiten
inferir que el Tribunal demandado realizó un análisis racional y lógico de las
pruebas conforme a los principios de la sana crítica y las reglas de la
experiencia.
30. Por último, no puede olvidarse que “la
intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de
conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido”, pues los
principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez
constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio[93].
31. En concordancia con lo expuesto, la
Sala encuentra que la Sentencia del 15 de febrero de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño no incurrió en ninguno de los defectos
alegados por el accionante.
Por las anteriores razones, se confirmará
el fallo de tutela de segunda instancia que denegó la acción de tutela formulada
por Alexander Alonso Bedoya Pérez y, en consecuencia, dejó en firme la Sentencia
del 15 de febrero de 2017 proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Nariño dentro del proceso de reparación directa del actor.
No obstante, dado que la Sala
advirtió que el ad quem tardó cuatro meses en proferir su decisión dentro
del actual proceso de tutela y que, en total, el Consejo de Estado tardó seis
meses en tramitar la impugnación presentada por el Ministerio de Defensa el 17
de enero de 2018 – término que supera el legal y que no se compadece de la
relevancia constitucional de los asuntos que aquí se debaten – se exhortará a
dicha autoridad judicial para que en próximas oportunidades tenga
en cuenta la importancia de decidir oportunamente los procesos de tutela que
sean de su conocimiento.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR,
por las razones expuestas en esta sentencia, el fallo de tutela de segunda
instancia proferido el 21 de junio de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que revocó la sentencia de tutela de primera instancia y DENEGÓ la
acción de tutela formulada por Alexander Alonso Bedoya Pérez.
Segundo.- Por
Secretaría General, EXHORTAR al Consejo de Estado para que en próximas
oportunidades tenga en cuenta la importancia de decidir oportunamente los
procesos de tutela que sean de su conocimiento.
Tercero.- Por
Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistra
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio 120, cuaderno 1.
[2] Revisada la jurisprudencia se
encontró que la sentencia a la que se refería el actor era la del 27 de
noviembre de 2002, por lo cual en los considerandos se corrige esta
imprecisión del demandante.
[3] Folio 121, cuaderno 1.
[4] MP: Carlos Gaviria Díaz y José
Gregorio Hernández.
[5] Folio 20, cuaderno 1.
[6] Folio 122, cuaderno
1.
[7] Sentencia del 26 de
febrero de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, CP: Hernán Andrade
Rincón.
[8] Folios 105 y 106 del
cuaderno 1.
[9] Folios 110 a 112 del
cuaderno 1.
[10] C.P. Gabriel Valbuena
Hernández
[11] Folio 122, cuaderno 1.
[12] Folio 123, cuaderno 1.
[13] En cumplimiento de
esta providencia, el Tribunal Administrativo de Nariño alcanzó a proferir
sentencia de remplazo del 26 de enero de 2018 la cual obra a folios 162 a 176
del cuaderno 1 del expediente de tutela. No obstante, dado que como se verá la
sentencia del a quo fue revocada, esta quedó sin efectos.
[14] Folios 139 a 142 del
cuaderno 1.
[15] Folios 139 a 142 del
cuaderno 1.
[16] C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto
[17] Sentencias del 7 de
septiembre del 2000, (13184), C.P. Ricardo Hoyos Duque; del 23 de junio de 2010
(17632), C.P. Ruth Stella Correa Palacios; y del 26 de febrero de 2016 (30835)
C.P. Hernán Andrade Rincón.
[18] Estas consideraciones
fueron extrapoladas de la sentencia T-211 de 2018 de esta Sala de Revisión.
[19] Sentencia T-240 de
2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[20] Sentencia T-211 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[21] Ibídem.
[22] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “… sólo
en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte
ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de
idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea
abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio
del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución
ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez
constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico”.
[23] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia SU-159/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “(…)
opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador”.
[24] Cfr. Corte Constitucional,
sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible
distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos
propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas
providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la
Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del
incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con
el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se
trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a
pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado,
actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha
realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.
En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del
debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no
lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros
órganos estatales.”
[25] Sentencia T-292 de
2006.M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Este capítulo ha sido
desarrollado en las sentencias SU-053 de 2015, T-667 de 2015, T-534 de 2017,
T-202 de 2017, T-606 de 2017, T-211 de 2018 proferidas por este despacho.
[27] Sobre la definición de precedente, las sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[28] Sentencia
C-634 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Sentencia T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: “En
este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta
especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como
conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta,
acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia
inevitable”.
[30] M.P. Mauricio
González Cuervo.
[31] Reiterada
en muchas oportunidades: Sentencias T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio, T-1033 de 2012, M. P. Mauricio González Cuervo y T-285 de 2013, M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[32]
Sentencias T-082 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-794 de 2011,
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva. En esta última, dicho en otras palabras se explica: “La Corte también
refirió al grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente
jurisprudencial emitido por las altas cortes. Resulta válido que dichas
autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan
en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa
opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i)
hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en
vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar
suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de
mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales. Esta opción,
aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en reconocer
que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de derecho
legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del
precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho
consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del
stare decisis.”
[33] Este capítulo ha sido
desarrollado por la Sentecia T-202 de 2017 de este despacho.
[34] La Corte
Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[35] Ver, entre otras,
las sentencias T-231 de 1994, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-008 de 1998,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett;
SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-114 de
2010, M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva. En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido. El respeto
por los principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden que el
juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio”.(negrita fuera del texto original).
[36] Ver sentencia T-442
de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien el
juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio
en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento,
inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho poder
jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone
necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables.
No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria,
irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez
simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna
no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente”.
[37] Sentencia SU-489 de
2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[38] Sentencia SU-159 de
2002, entre otras.
[39] Sentencias T-442 de
1994 y SU-159 de 2002, entre otras.
[40] Sentencias SU-198 de
2013, precitada, y T-636 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[41] Sentencia T-310 de
2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] Sentencia SU-447 de
2011, M.P. Mauricio González Cuervo, citada por la sentencia T-213 de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas.
[43] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[44] Sentencia T-230 de
2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[45] Respecto al
fundamento y desarrollo de la responsabilidad del Estado antes de la
Constitución Política de 1991, consolidada principalmente mediante la acuciosa
labor de los jueces, inicialmente de la Corte Suprema de Justicia y luego por
el Consejo de Estado ver la sentencia C-957 de 2014.M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[46] Sentencia C-043 de
2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[47] Sentencia C-333 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[48] Sentencia C-043 de
2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[49] Sentencia C-832 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia C-778 de 2003. M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[50] Sentencia C-918 de 2002, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett. En el mismo sentido, ver las Sentencias C-428 de
2002, Fundamento 4.1.4. y C-619 de 2002, Fundamento 3.4.
[51] Sentencia del 9 de
mayo de 2012, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
[52] Sentencia C-918 de 2002, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[53] Ibídem.
[54] Sentencia C-333 de
1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[55] Ibídem.
[56] Sentencia SU-449 de
2016, M.P.
[57] Sentencia del 13 de
mayo de 2015 (C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera).
[58] Ibídem.
[59] Sentencia del 6 de
julio de 2017, Sección Tercera, Subsección A. C.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera.
[60] C.P. Hernán Andrade Rincón.
[61] Sentencia del 12 de
mayo de 2016 (C.P. Marta Nubia Velásquez Rubio) citada en la Sentencia T-202 de
2017 de este despacho.
[62]
Sentencias del 30 de julio de 2008 (Exp. 18.725), C.P. M.P. Ruth Stella Correa
Palacio y del 23 de abril de 2009 (Exp. 17.187).
[63]Sección Tercera,
Subsección A. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
[64] Sección Tercera,
Subsección B. C.P. Danilo Rojas Betancourth (E)
[65] M.P. Hernán Andrade Rincón.
[66] Sentencias de 5 de
diciembre de 2006, exp, 20 621 M.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 10 de
agosto de 2005, exp, 16.205. M.P. María Elena Giraldo Gómez.
[67] C.P. Ricardo Hoyos Duque.
[68] exp: 9912
[69] C.P. Ruth Stella
Correa.
[70] C.P. Maria Elena
Giraldo Gómez.
[71] Este título de imputación de
diferencia del daño excepcional, en que “para que se configure la responsabilidad
por riesgo excepcional, es necesario que el daño se cause en desarrollo de
una actividad que genera un riesgo para la sociedad, es decir que en sí misma
es peligrosa, por ello al desarrollarla el Estado a sabiendas de su
peligrosidad se ve obligado a reparar dichos daños, mientras que en el caso del
daño especial se quebranta el llamado principio de la igualdad ante las
cargas públicas, es decir que el Estado en desarrollo de una actividad que
beneficia a toda la sociedad causa perjuicios a otros ciudadanos que no están
en la obligación de soportar dicho daño, así la actuación sea legítima, por
ello el Estado debe indemnizarlos”.
[72] C.P. Hernán Andrade Rincón.
[73] C.P. Olga Mélida
Valle de la Hoz
[74] Los supuestos en los
cuales la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado no ha sido
pacífica, son aquellos en los cuales el servidor víctima era quien cnducía el
automotor o portaba el arma, es decir, cuando era quien tenía la guarda
material de la actividad peligrosa (Ver Sentencias del 23 de junio de 2010,
C.P. Ruth Stella Correa; 9 de octubre de 2014, C.P. Stella Diaz; y 25 de marzo
de 2015, C.P. Hernán Andrade).
[75] Folio 14 del cuaderno
1.
[76] Sentencia T-211 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[77] Sentencia T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
reiterada en las Sentencias T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio,
T-1033 de 2012, M. P. Mauricio González Cuervo y T-285 de 2013, M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[78] Folio 20 del cuaderno
1 (Página 11 de la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño).
[79] Folio 18 del cuaderno 1 (Página 9
de la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño).
[80] Folio 3 del cuaderno
1.
[81] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[82] Sentencia C-622 de
1998, M. P. Fabio Morón Díaz.
[83] Azula Camacho, Jaime.
Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del Proceso, Tomo VI.
Editorial Temis, Bogotá, 2015. Página 66.
[84] López Blanco, Hernán
Fabio. Procedimiento Civil, Tomo III. Segunda Edición. DUPRE Editores. Bogotá,
2008. Página 79.
[85] Muñoz Sabaté, Luis.
Fundamentos de Pruebas Judicial Civil. J.M. Bosch Editor. Barcelona, 2001.
Página 437.
[86] Sentencia T-202 de 2017, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[87] Sentencia T-230 de 2007, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[88] Sentencia del 27 de
noviembre de 2002.
[89] Folio 293 del
cuaderno 1 del expediente de reparación directa recibido en préstamo.
[90] Folio 20 del cuaderno 1 (Página
11 de la sentencia de Tribunal Administrativo de Nariño).
[91] Folio 349 del cuaderno 1 del expediente de reparación directa
recibido en préstamo.
[92] Folio 89 del cuaderno 2 del expediente de reparación directa
recibido en préstamo.
[93] SU-198 de 2013, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva.